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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 55, de 08/03/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 55 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 54 celebrada el martes, 8 de marzo de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de 0posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas jurídicas. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 45.1, de 3 de diciembre de 1993.
(Corrección de error: «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 45.2, de 17 de diciembre de 1993) (número de expediente 122/000034) (Página 2647) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, relativa al gravamen sobre las grandes fortunas, de modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 30.1, de 14 de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000020) (Página 2653)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con artes prohibidas en España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 35, de 7 de diciembre de 1993 (número de expediente 162/000055) (Página 2662)

Página 2642


Declaración institucional:

--Sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (Página 2669)

Avocación por el Pleno de proyectos de ley:

--Del proyecto de ley de trasposición de la Directiva 89/552 de la Comunidad Económica Europea sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (número de expediente 121/000029) (Página 2669) --Del proyecto de ley de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general (número de expediente 121/000025) (Página 2669)

Solicitud de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Del proyecto de ley por la que se establecen normas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes (número de expediente 121/000035) (Página 2669)

Proposiciones no de ley (continuación):

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre criterios a aplicar para la reconversión de la siderurgia. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 20, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000033) (Página 2669)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para garantizar el mantenimiento, actual y futuro, de un régimen público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (número de expediente 173/000026) (Página 2678) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que adoptará el Gobierno para garantizar el cobro de las pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas privadas de ahorro a largo plazo (número de expediente 173/000027) (Página 2678) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para asegurar la continuidad futura de un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario (número de expediente 173/000028) (Página 2678)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 56, de 9 de marzo de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2647)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas jurídicas. (Orgánica) (Página 2647)

Defiende la proposición de ley, en nombre del Grupo Popular, el señor Robles Orozco, manifestando que a través de esta iniciativa intentan profundizar en el entramado jurídico necesario e imprescindible para poder ser eficaces en la lucha contra la droga y permitir la defensa de la sociedad frente a la plaga de las drogodependencias. Si hace unas semanas pedía en esta misma tribuna la destrucción automática de las drogas decomisadas, en este momento defiende una proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va en la misma línea de reforzar y apoyar a la sociedad civil frente al mundo del narcotráfico, extensible a otros fenómenos como el terrorismo o los delitos ecológicos.


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Menciona algunas cifras de la memoria anual del Plan Nacional de la Lucha contra las Drogas, destacando el número de personas y familias que directa o indirectamente están padeciendo el problema de la drogodependencia, y son precisamente esas cifras las que, a su juicio, justifican la oportunidad de esta iniciativa parlamentaria, encaminada a potenciar la acción popular de las asociaciones de lucha contra la droga, atribuyendo a las personas jurídicas, públicas o privadas, la legitimación para ejercer la acción popular. Señala que nuestros textos legales atribuyen la legitimidad activa a todos los ciudadanos españoles, residiendo el problema en determinar si la palabra «ciudadanos» debe interpretarse restrictivamente o, por el contrario, extensivamente; si debe considerarse referida exclusivamente a las personas físicas o cabe considerar incluidas también a las personas jurídicas. En su opinión, existen criterios del Tribunal Constitucional que apuntan a una interpretación extensiva y permiten entender que también las asociaciones pueden ejercer la acción popular, pero existe igualmente la sentencia 53/81 de ese mismo Tribunal Constitucional contraria a esta interpretación. Precisamente a terminar con esta ambigüedad y fijar un criterio claro en nuestro ordenamiento jurídico se dirige la proposición que ahora defiende en nombre del Grupo Popular, para la que pide el apoyo de los grupos de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Pérez Solano, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida por 114 votos a favor, 152 en contra y 11 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al gravamen sobre las grandes fortunas, de modificación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (Página 2653)

Defiende la proposición de ley el señor Espasa Oliver. Expone que una propuesta idéntica a esta la ha presentado ya en dos ocasiones en los trámites de los Presupuestos Generales del Estado, e insiste en ella ahora ante la caída brusca de los ingresos fiscales del Estado y el disparo del déficit público.
Reconoce que el Impuesto a través del cual intentan incrementar la capacidad recaudatoria del Estado, el que llaman impuesto de las grandes fortunas, no entraña un gran rendimiento, pero en su opinión, tiene en cambio un fuerte impacto ético y poltico. Con esta modificación se trata, además, de equilibrar la tributación de las rentas del trabajo.
La proposición de ley pretende incrementar de forma sustancial la tarifa marginal aplicable a la cuota liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio, sobre todo a partir de los mil millones de pesetas. Reitera que se trata de una propuesta fundamentalmente ética y ejemplar, más que recaudatoria, que no deberían echar en saco roto. No van a conseguir el equilibrio deseable con las rentas del trabajo ni una verdadera justicia distributiva de las cargas fiscales porque el bajo rendimiento de este impuesto no lo permiten, pero en algo contribuirán a la reducción del preocupante déficit público, independientemente del carácter ético de la medida a que antes se refería. Termina señalando que lo más probable es que en los bancos del centro y de la derecha aparezcan las voces quejumbrosas de la excesiva carga fiscal que ya vienen soportando bienes, derechos y rentas del capital, pero lo que sería sorprendente es que esas voces quejumbrosas las oyeran también del Grupo Socialista.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor García Ronda, afirmando que, a su juicio, la proposición de ley de Izquierda Unida adolece de una débil argumentación, sin entrar en otras consideraciones, fijándose en un solo aspecto de lo que propone, sin tener en cuenta todos los resultados, todo el efecto que surge tras cualquier determinación de tipo fiscal en cualquier ley. Cualquiera que haya leído el contenido de la proposición cree que coincidirá con él en que su única ventaja es la de ser breve, sin que haya en ella nada más verdaderamente interesante y, en cambio, probablemente sólo podrá traer perjuicios, tanto para nuestro sistema fiscal como por las reacciones económicas que se podrían dar.
Pregunta al señor Espasa qué tienen que ver las rentas del trabajo en relación con las rentas del capital y con el Impuesto del Patrimonio, e incluso por qué confunde este Impuesto con las rentas de capital. El Diputado proponente sabe que hablar «in genere» de rentas de trabajo y de rentas de capital es engañoso, pues hay rentas de trabajo altísimas y rentas de capital muy bajas.
En cuanto a las modificaciones que se proponen del Impuesto sobre el Patrimonio manifiesta que los porcentajes propuestos son bastante menos realistas que los vigentes. Y respecto a los objetivos del Impuesto cree que no se escapan al señor Espasa, pues en ningún sitio el Impuesto sobre el Patrimonio es sustantivo y sí complementario, siendo la tendencia europea en relación con este Impuesto incluso la de aligeramiento del mismo.


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Por otra parte, se habla de grandes fortunas a partir de 25 millones de base liquidable, lo cual cree que no se le ocurre a nadie hoy en Europa con los niveles que existen de precios y de valoraciones, pues a esa cifra llega seguramente el patrimonio de cualquier trabajador que haya tenido un mediano sueldo y haya podido ahorrar algo a lo largo de equis años. Se trata, por tanto, de una falta de realismo, ya que el Grupo proponente parece no conocer el valor actual de la moneda y en qué cifras nos movemos. Habla, por otro lado, de una ley ética y ejemplar, sin diferenciar ningún tipo de patrimonio, ni por su procedencia ni por el destino que tiene, lo cual se traduce en una ley puramente aritmética como la que ahora proponen y no en una ley ejemplar en ningún sentido. Es una proposición un tanto simple, y cuando se proponen este tipo de modificaciones debería considerarse la propia estructura económica del país, la coyuntura económica, la distribución de la riqueza y los procesos de inversión, así como el efecto, que no es sólo tributario, sobre decisiones de los agentes económicos, sobre los agentes del mercado y hasta de la elasticidad del fraude.
En definitiva, es una proposición que calificaría de un poco estrepitosa, innecesaria desde el punto de vista fiscal y tributario y un tanto demagógica en su planteamiento, así como facilona para el discurso hacia el exterior y la posible propagación que quieran hacer de ello. Por tanto, el Grupo Socialista se opondrá a su toma en consideración.
Replica el señor Espasa Oliver, duplicando el señor García Ronda. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, y la señora Rudi Ubeda del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley defendida por el señor Espasa por 21 votos a favor, 275 en contra y tres abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 2662)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con artes prohibidas en España (Página 2662)

El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la proposición no de ley del Grupo Popular para tratar de instar al Gobierno a que defienda los intereses españoles dentro de nuestro propio territorio nacional ante las agresiones que están sufriendo con las importaciones que se realizan de otros países de productos capturados con artes prohibidas en España.
Señala que existen artes pesqueras que estando prohibidas por las leyes españolas para nuestros barcos, sin embargo están permitidas por la legislación pesquera comunitaria para los barcos pesqueros de otros países de la Comunidad, con la consecuencia de una disminución de las capturas en los diferentes caladeros. Agrega que le parece bien la normativa comunitaria, pero no debemos ser más quijotes que nadie imponiendo taxativamente esta normativa para los españoles y que fuera no sólo no se cumpla sino que, además, se importe de esos países algo que perjudica gravemente a los intereses nacionales.
Solicita, por tanto, la aprobación de la proposición no de ley, que, desde luego, es ampliable y mejorable, mostrando su disposición a aceptar cuantas aportaciones puedan realizarse para perfeccionarla y proteger a los pescadores españoles de las agresiones de los países comunitarios que no cumplen la propia normativa comunitaria.
Para la defensa de las enmiendas presentadas y fijar la posición de sus respectivos grupos intervienen los señores Moragues Gomila, del Grupo Socialista, y Vidal i Sardo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Completan el turno de fijación de posiciones los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco(PNV), y Andreu Andreu, de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular, se aprueba por 303 votos a favor.


Declaración institucional (Página 2669)

El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con los grupos parlamentarios, la aprobación de una declaración institucional, a la que da lectura, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 2669)

Del proyecto de ley de trasposición de la Directiva 89/552, de la Comunidad Económica Europea, sobre la coordinación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Página 2669)

Página 2645


El señor Presidente manifiesta que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, propone al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de trasposición de la citada Directiva 89/552 de la Comunidad Económica Europea.
Se acuerda por asentimiento dicha avocación.


Del proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general (Página 2669)

El señor Presidente expone que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado asimismo proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de referencia.
Se acuerda por asentimiento dicha avocación.


Solicitud de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 2669)

Del proyecto de ley por la que se establecennormas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes (Página 2669)

El señor Presidente informa también que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley de referencia. Se aprueba por asentimiento dicha tramitación directa y en lectura única de este proyecto de ley.


Proposiciones no de ley (Continuación)(Página 2669)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre criterios a aplicar para la reconversión de la siderurgia (Página 2669)

Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor García Fonseca, manifestando que la reiteración con la que su Grupo viene planteando el tema de la reconversión y del futuro de la siderurgia integral en nuestro país les parece suficientemente justificada si tienen en cuenta dos datos fundamentales, entre otros muchos. El primero de esos datos es que la reconversión de la siderurgia integral en nuestro país, comenzada en el año 1984, va a suponer nada menos que casi un billón de pesetas de dinero público entre inversiones, gastos sociales, gasto financiero, etcétera. Un segundo dato suficientemente expresivo es que la producción de la siderurgia integral española supone el 0,25 por ciento del producto interior bruto, no tratándose, por tanto, de un tema menor, por sectorial que pueda parecer. Es, por el contrario, un tema de gran envergadura, de enormes magnitudes, de tremendos costos, y si la reconversión termina en fracaso las responsabilidades serían enormes.
Su Grupo Parlamentario piensa que el proceso desde su inicio no se está llevando por buen camino, no cumpliéndose los objetivos señalados para la primera etapa, que comprendía los años del 84 al 90, como lo demuestra el que después de esta primera reconversión el coste de la bobina caliente sigue siendo un 25 por ciento más caro que el de nuestros homólogos comunitarios. Consecuentemente, ello exige un segundo plan de reconversión que implica una reducción de capacidad y una reducción de plantilla de más de diez mil trabajadores, no pudiendo calificarse, por tanto, aquella primera reconversión más que como un rotundo fracaso.
Menciona algunos de los elementos erróneos que considera fundamentales en el fracaso de la reconversión, que da lugar a unas pérdidas de nuestra siderurgia muy superiores a las que sufren las siderurgias europeas, considerando que el nuevo plan acordado en Bruselas en sus líneas fundamentales sigue padeciendo, a su entender, de los mismos errores básicos que el anterior. Tenemos las mejores instalaciones, pero absolutamente infrautilizadas, siendo el motivo fundamental de esta proposición no de ley que con el mismo dinero, e incluso con los parámetros fundamentales aprobados en Bruselas, puedan hacerse inversiones mucho más adecuadas. Ruega a los grupos de la Cámara la toma en consideración de la proposición no de ley, asumiendo todas y cada una de las partesde la misma, que considera razonables y válidas. En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular interviene el señor Landeta Alvarez-Valdés.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González Lizondo, y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Marcos Merino, del Grupo Socialista. Sometidos a votación, se rechazan los diversos apartados que integran la proposición debatida.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2678)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno para garantizar el mantenimiento, actual y futuro, de un régimen público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (Página 2678)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que adoptará el Gobierno para garantizar el cobro de las pensiones en el futuro y para potenciar las fórmulas privadas de ahorro a largo plazo (Página 2678)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de políticageneral que piensa adoptar el Gobierno para asegurar la continuidad futura de un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario (Página 2678)

El señor Ríos Martínez defiende la moción de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, siendo consciente de que se trata de un debate reiterado en esta Cámara que, por decisión unánime, ya ha creado una Ponencia para estudiar la situación de la Seguridad Social. La moción que ahora defiende plantea por dónde entienden que debe caminarse después del debate de la semana anterior y la contestación del Gobierno en aquel debate. Su Grupo cree que es erróneo plantear la discusión sobre la situación de la Seguridad Social, y en concreto de las pensiones, desde la óptica del problema del déficit público y desde un falso dilema de confrontación. Van a defender que el Estado de bienestar y la solidaridad hay que ejercerla desde la sociedad en su conjunto, con todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. Piensa que existen condiciones hoy en el Estado español para garantizar, de cara al futuro, un sistema público de pensiones actualizadas y dignas, partiendo de la generalización de una pensión contributiva, utilizando como complemento otra figura.
Considera que hay que incrementar la cotización a la Seguridad Social haciendo participar y cotizar a las personas que hoy no participan y reduciendo el posible fraude que pueda existir.
Añade que, desde el momento en que se producen las declaraciones del Ministro de Economía y Hacienda, se crea una tensión social, una presión que ha dado lugar a verdaderas colas para establecer planes de pensiones particulares.
Sucede, además, que el Ministro es parte de un Gobierno que incluso se está planteando actuaciones más profundas, hablando, de cara al año 2020, en una línea de actuación distinta a lo que es el proceso europeo en este momento. Cree que tal situación debería llevar a solicitar el cese del señor Ministro que ha provocado este debate, aunque no lo van a hacer por prudencia y para no ir a una actuación forzada desde la Cámara. Seguidamente, procede el señor Ríos Martínez a exponer las medidas contenidas en la moción presentada por su Grupo Parlamentario. Asimismo fija la posición de Izquierda Unida en relación con las restantes mociones presentadas por otros Grupos de la Cámara sobre esta misma cuestión. En defensa de la moción del Grupo Popular interviene el señor Montoro Romero. Expone que en el debate de la semana anterior el Ministro de Economía y Hacienda rehuyó explicar a la Cámara las intenciones del Gobierno sobre las medidas que pensaba adoptar para garantizar el futuro del sistema público de pensiones en España. Hoy también ha rehuido su comparecencia cuando tan necesaria era al estar debatiendo la Cámara un asunto tan crucial para todos los españoles.
Añade que, a través de esta moción, el Partido Popular quiere dirigirse a todos los pensionistas y a todos los que con sus cotizaciones de hoy confían en llegar a ser pensionistas el día de manaña para explicarles cuáles son las raíces del problema que de manera tan insensata ha suscitado el señor Ministro con sus declaraciones. Se trata de un problema que surge aquí y ahora, y no en el año 2020 como el Gobierno pretende hacer creer. El Grupo Popular sale al paso de la política de las medias palabras, de la política de los rumores, de los globos sondas, de la polítia de promover incendios para después aparecer como bomberos que lo apagan.
La primera causa de la zozobra que vive el sistema público de pensiones radica en la continua manipulación política de la que son objeto por parte del Gobierno, manipulación que se produjo en las pasadas elecciones al utilizar don Felipe González de forma ruin el argumento del miedo para atemorizar impunemente a nuestros mayores. Considera que debe quedar claro, de una vez por todas, que las pensiones no dependen de la voluntad del gobierno de turno, sino del derecho que cada uno de los trabajadores de este país ha generado con su propio esfuerzo. El tratamiento que el Gobierno viene dando a las pensiones está cargado de cinismo, radicando su primer engaño en el método de actualización de las pensiones establecido en los

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Presupuestos Generales del Estado, con el pretexto de corregir un déficit público desbordado del que no hablaron para nada durante las elecciones generales.
Añade que la pretensión del Gobierno en este momento es la de aplicar nuevos recortes al sistema actual de pensiones, como ya advirtió la semana pasada en el debate de la interpelación.
Ha bastado sólo el transcurso de seis días para darles la clave de lo que el Gobierno pretende, como, por ejemplo, la supresión de algunas pensiones de viudedad, ampliación del período de cálculo de las pensiones, incentivos para retrasar la edad de jubilación. Y no queda aquí la cosa, ya que vendrán recortes mayores, puesto que esta es la única política que este Gobierno es capaz de hacer. Añade el señor Montoro que el Grupo Popular quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los españoles y de confianza en el futuro del sistema público de pensiones, al igual que han hecho en todas las declaraciones públicas realizadas desde que estalló este asunto. Lo hacen desde la confianza que emana de quienes creen en las potencialidades de la economía española y la capacidad que seguimos teniendo para resolver nuestros problemas, comenzando por el primero de ellos, que es la elevada tasa de paro. De ahí que insista en que el problema fundamental de las pensiones es esencialmente económico y no demográfico.
Expone algunas de las medidas propuestas por el Grupo Popular, con especial hincapié en la mejorade nuestra situación económica, y termina fijando la posición de su Grupo en relación con las mociones presentadas por otros grupos de la Cámara.
El señor Homs i Ferret defiende la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Expone que no desea anticipar lo que debe ser un debate profundo a realizar por la Ponencia nombrada al efecto, en un trabajo serio y responsable, porque no es éste el momento de entrar en el contenido de la problemática existente sino el de atender lo que ha sido una iniciativa política de diversos grupos parlamentarios para pronunciarse en torno a la situación que hoy aqueja a la Seguridad Social. Frente a las manifestaciones de los oradores precedentes, reitera la necesidad de retomar el impulso de este debate con serenidad y sin contribuir a confundir a la sociedad, ya que, en su opinión, no existe psicosis ni tensión social. Sobre la situación de las pensiones piensa que debe hacerse poca demagogia y dejar a la Ponencia antes citada que realice sus trabajos de cara a la transformación que sin duda habrá que acometer.
Concluye exponiendo los dos compromisos o declaraciones políticas que, a juicio de su Grupo, procedería realizar de cara a llevar un mensaje de serenidad y tranquilidad al colectivo de pensionistas, e igualmente expresa la postura de su grupo respecto a las demás mociones objeto de debate. En defensa de la enmienda presentada a la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Cercas Alonso, en nombre del Grupo Socialista. Asimismo fija la posición de este Grupo en relación con las tres mociones objeto de debate.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto, y el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV). Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 17 votos a favor, 270 en contra y tres abstenciones.
Asimismo es rechazada la moción del Grupo Popular por 120 votos a favor y 174 en contra.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, por 160 votos a favor, 118 en contra y 16 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CON EL FIN DE POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LA ACCION POPULAR A LAS PERSONAS JURIDICAS (ORGANICA.) (Número de expediente 122/000034)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas jurídicas.
En nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Robles Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, subo a esta tribuna a defender una nueva iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que intenta profundizar en el entramado jurídico necesario e imprescindible para poder ser eficaces en la lucha contra las drogas y permitir, fundamentalmente, la defensa de la sociedad frente a la plaga de las drogodependencias.
Hace unas semanas defendía en esta misma tribuna la necesidad del proceso de destrucción automática de las drogas decomisadas porque generaba alarma social y porque era una forma, también, de ayudar a la sociedad a defenderse contra esta plaga. En este momento defiendo, precisamente, una proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va en la misma línea de reforzar y de apoyar las asociaciones, la sociedad civil frente al mundo del narcotráfico, y extensible a otros fenómenos como el terrorismo o los delitos ecológicos.
Es innecesario, señorías, decirles lo que supone la lacra social de la droga. Son individuos, familias, sociedades, barrios enteros los que sufren en este momento el problema de las drogas, de su adicción, de su tráfico, de su deterioro social. No solamente es el individuo que la consume el que sufre ese deterioro, sino que también es su familia y su entorno social. Con mucha frecuencia son los drogodependientes y sus familias los que, fundamentalmente, sufren el desamparo, los que sufren la indefensión. Los propios datos de la memoria anual del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas dicen que son 640.000 los cocainómanos habituales, que son 150.000 los heroinómanos y que son, aproximadamente, 800.000 familias las que en nuestro país, de una u otra forma, directa o indirectamente, están padeciendo el problema del narcotráfico, de la drogodependencia. Creo que la importancia de las cifras y los daños individuales, familiares y sociales justifican, más que de sobra, la iniciativa que hoy les traemos para su consideración.
Como he dicho antes, barrios enteros, zonas geográficas de nuestro país están sufriendo ese enorme volumen de tráfico, que se puede cifrar en unos 500.000 millones anuales, y que están dejando en indefensión a las personas, a las familias, a los ciudadanos. Pero también es cierto --para reforzar estos argumentos-- que no solamente es el problema del deterioro individual y familiar, sino, también, con mucha frecuencia, es el problema del miedo a las represalias, como un factor decisivo, a la hora de no ejercer la acción de denuncia, la acción de acusación.
Por tanto, esta interpretación rígida del artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede acrecentar ese desamparo al ignorar que la acción jurídica de las personas físicas se puede ver dificultada en innumerables ocasiones por la incapacidad individual a la que conduce el deterioro de las drogas. Es, por tanto, a nuestro juicio, extraordinariamente oportuna esta iniciativa, que pretende potenciar la acción popular de las asociaciones de lucha contra las drogas. No tengo que hacer tampoco a SS.SS. una enumeración de lo que en estos momentos supone el esfuerzo y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Un aspecto de la lucha asociativa que va en beneficio del individuo, de la sociedad, y que está haciéndose desde la vocación humanitaria, desde la acción y desde el esfuerzo absolutamente vocacional y humanitario de tantas organizaciones no gubernamentales de nuestro país, que merecen el reconocimiento por su labor, que merecen el apoyo y el estímulo de esta Cámara y que merecen, también, que las dotemos, en este aspecto concreto, de eficacia jurídica para que puedan ejercer, como he dicho antes, la acusación y la denuncia al igual que lo hacen las personas físicas.
Se trata de atribuir a las personas jurídicas, públicas o privadas, la legitimación para ejercer la acción popular. Esta acción, consagrada en el artículo 125 de la Constitución con anterioridad al artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es un derecho por el que el ciudadano puede recabar la tutela judicial efectiva. Esto es así, al declarar el artículo 125 de la Constitución que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, y el artículo 24 que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Nuestros textos legales atribuyen la legitimidad activa a todos los ciudadanos españoles. Así, el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 207.1 del mismo texto, y el artículo 125 de la Constitución se manifiestan en estos términos. El problema, señorías, reside en determinar si el término ciudadano debe interpretarse restrictivamente o debe interpretarse extensivamente. Si debe concretarse a las personas físicas o también a las personas jurídicas.
Hay criterios del Tribunal Constitucional que apuntan a una interpretación extensiva y que permiten entender, por tanto, que son las asociaciones las que pueden ejercer la acción popular, pero simultáneamente también (y posteriormente a esa sentencia 53/1981 del Tribunal Constitucional) hay sentencias contrarias que deniegan en el Tribunal Supremo la posibilidad de la acción popular por las organizaciones no gubernamentales. En concreto, puedo citarles a ustedes una de 2 de marzo de 1982.
Por todo esto, por esta ambigüedad y por la necesidad de trasladar al ordenamiento jurídico español, con claridad y sin ambigüedad esta situación, es por lo que hemos traído la iniciativa que hoy les estoy presentando. Pero, además de los argumentos que yo he expresado, debemos buscar los fundamentos en la propia memoria del Fiscal General del Estado que, en la última que conocemos, precisamente argumenta en este mismo sentido, da bases jurídicas y razonamientos prácticos para proceder a trasladar al ordenamiento jurídico español

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la posibilidad de que las asociaciones jurídicas puedan ejercer la acción popular.
Señorías, además de lo expuesto, quiero recabar de ustedes todo el apoyo para estas organizaciones no gubernamentales. El fenómeno asociativo tiene el reconocimiento constitucional, pero debe tener también el reconocimiento de esta Cámara, el reconocimiento de los representantes del pueblo español para apoyarles en la acción decidida que están siguiendo en la lucha contra lacras tan importantes como el terrorismo, el narcotráfico o los delitos ecológicos.
Por tanto, señorías, se trata, para terminar, de incorporar al ordenamiento jurídico español una interpretación extensiva del término ciudadano. Extensiva a los fenómenos de lucha contra el narcotráfico, del terrorismo y del delito ecológico. En concreto, la redacción que les proponemos sería la siguiente: Artículo 1.º «Igualmente podrán ejercitar dicha acción las personas jurídicas, siempre y cuando se aprecie identidad entre su objeto o fin social y la naturaleza del delito».
Artículo 2.º El artículo 270, primer párrafo, de la misma Ley quedaría redactado en los siguientes términos: «Todos los ciudadanos españoles, así como las personas jurídicas a que se refiere el artículo 101, hayan sido o no defendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el citado artículo». Señorías, hay cientos de ciudadanos en nuestro país que demandan de este Parlamento una acción decidida en la lucha contra las drogas; pero también hay cientos de asociaciones que están todos los días padeciendo, esforzándose en la lucha contra el narcotráfico y otros aspectos tan importantes como los que he citado, que también esperan de nosotros una acción decidida.
Ellos están todos los días a pie de obra trabajando. Démosles el instrumento jurídico, sin demora, para que lo puedan hacer.
En muchas ocasiones esta Cámara se ha adelantado con reformas parciales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en el Código Penal, a las reformas anunciadas posteriormente. No hay razón para que en este momento se deje, para posteriores reformas, lo que es una oportunidad de oro que les brindamos a través de esta iniciativa y que puede traducirse en una acción rápida y eficaz para que estas asociaciones puedan ejercitar lo que está siendo una demanda constante por parte del colectivo asociativo en su lucha contra la droga. No creo que hubiera justificación para que en este momento demoráramos más una petición que, además, puede ser un arma, extraordinariamente eficaz, en la lucha contra el narcotráfico, habida cuenta de que los individuos, las personas físicas y sus familias se encuentran fuertemente desestructurados sin medios veces económicosy claramente, muchas veces, asustados ante el drama y la presión de lo que significan las mafias organizadas del narcotráfico.
Muchas gracias, señorías y espero su consideración hacia esta proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, desde Unión Valenciana, y respecto a la proposición presentada por el Partido Popular, tenemos que expresar que en la actualidad la acción popular está prevista en el artículo 125 de la Constitución Española, donde dice: Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular; y en los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se pretende modificar. El ejercicio de la acción popular viene concebido como un derecho fundamental que se ha de poner en relación directa con el artículo 24 de la misma Constitución, relativo al derecho de acción, como derecho que asiste a todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Teniendo en cuenta que este derecho viene regulado por la propia Constitución, la reforma de la Lecrim, según nuestro criterio, quedaría incompleta si previamente no se modifica el texto constitucional, pues podría incluso rozar la inconstitucionalidad al contradecir lo dispuesto en la norma suprema. Si en la Lecrim se da derecho a las personas públicas a solicitar la incoación del proceso penal y a comparecer en él como parte acusadora, habría que hacer una interpretación muy amplia y extensiva del texto constitucional, pues en éste, al referirse a la acción popular, en su artículo 125, se dice que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, con lo que en otros artículos, donde la Constitución habla de ciudadanos, habría que englobar también a las personas jurídicas.
Por otro lado, consideramos que esta modificación tampoco se hace tan necesaria, según nuestro criterio, pues en numerosas ocasiones --como también se dice en la proposición-- los tribunales han concedido legitimación a las personas jurídicas no sólo para el ejercicio de la querella, sino también para la acción popular.
Al mismo tiempo entendemos que si la modificación tiene como finalidad incluir a las personas jurídicas, por la misma razón también debería ser revisada al objeto de incluir en este derecho a los «extranjeros» --entre comillas--, con vistas a la tendencia europeísta del derecho comunitario hacia la consecución de una ciudadanía europea.
También querría hacer una breve aclaración antes de concluir.
Unicamente que la proposición presentada por

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el Partido Popular, cuando en su exposición de motivos enumera los artículos relativos a la acción penal popular, alude al artículo 207.1, que se refiere a las notificaciones, citaciones y emplazamientos del juzgado o tribunal y no a la acción penal. Creemos que éste es el artículo 201. Unicamente es con el fin de, si ha habido un error de transcripción, que se pueda mejorar. La primera exposición del representante del Partido Popular hablaba --y atendíamos con mucha diligencia--, de los temas graves, gravísimos, en los que se encuentra inmersa la droga.
Efectivamente, es un campo en donde tenemos que trabajar mucho, muchísimo, pero no creemos que esto sea imprescindible en estos momentos. Creemos que tendríamos que dedicar todos los esfuerzos a esa otra lucha más concreta con vistas a detectar definitivamente que no se mantenga la escalada tan brutal que tiene la droga.
De ahí que anunciemos que en esta proposición nuestro voto será de abstención.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario va a oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas jurídicas. Y no va a oponerse por razón de la finalidad, expresada por el portavoz del Grupo Popular, ya que compartimos la extensión de la legitimidad para actuar como parte en un proceso penal, sino porque nos parece que la proposición de ley, al menos el texto que tenemos aquí, significa una restricción en este momento de legitimación para la acción popular. Es decir, no se corresponde al texto presentado con la finalidad supuesta de esa proposición de ley.
Queremos explicarlo algo más detenidamente para justificar nuestra posición. La acción popular, que es una institución muy importante de nuestro derecho histórico procesal, está garantizada por la legislación ordinaria, los artículos mencionados por el portavoz del Grupo Popular y también --no lo ha mencionado-- el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, está nada menos que constitucionalizado, es decir, el artículo 125 de la Constitución establece la acción popular de los ciudadanos como parte o como expresión de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Por tanto, es una institución firmemente consolidada y asentada en nuestro derecho, nada menos que a nivel constitucional. Por cierto, la acción popular suele ser mencionada junto a la institución del jurado, es decir, es un instrumento de participación popular. Nuestro Grupo está a favor de la máxima extensión de la acción popular; es decir, no solamente las personas físicas, sino también las personas jurídicas, las asociaciones, no solamente el ciudadano individual, sino el ciudadano asociado. En ese sentido la jurisprudencia en este momento vigente, también consolidada, ha extendido con absoluta claridad la legitimación en la acción popular desde el ciudadano individual al ciudadano asociado, a las personas jurídicas. Esto está consolidado por numerosas sentencias de nuestros tribunales ordinarios y del Tribunal Supremo y también con absoluta claridad por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha entendido, por ejemplo, que la expresión «cualquier ciudadano», que se refiere en el artículo 53.2 de la Constitución al recurso de amparo, significa también personas jurídicas; y el Tribunal Constitucional ha entendido que la expresión «todas las personas», del artículo 24.1 de la Constitución, también se refiere a personas jurídicas. Luego está muy claro en nuestra jurisprudencia, y en la del Tribunal Constitucional en concreto, que la expresión «los ciudadanos», «todas las personas» o «cualquier ciudadano» incluye personas físicas y jurídicas, asociaciones. No hay ninguna duda en este momento, creemos, sobre que una persona jurídica puede utilizar la acción popular. Sin embargo --y es ahí donde viene la contradicción con el texto que presenta el Grupo Popular--, en el texto que se nos propone se dice como añadido al artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Igualmente podrán ejercitar dicha acción las personas jurídicas» --lo que ya está admitido por nuestra jurisprudencia--«siempre y cuando se aprecie identidad entre su objeto o fin social y la naturaleza del delito.» Es decir, que una persona jurídica que no tuviera exactamente identidad concreta entre su objeto o fin social y la naturaleza del delito, según este texto, no podría realizar la acción popular, lo que evidentemente significaría un retroceso en este momento en la legitimación de la acción popular que está consolidada en nuestra jurisprudencia.
Entendemos que esto es algo esencial en el texto presentado por el Grupo Popular «siempre y cuando se aprecie identidad», es algo absolutamente consciente y premeditado y se ha puesto en ese texto con la intención de que solamente sea cuando haya identidad entre el objeto o fin social de la persona jurídica y la naturaleza del delito. Esto es, a nuestro juicio, un retroceso respecto de la situación actual, pacífica, en nuestra jurisprudencia y la doctrina; de que la acción popular puede ser disfrutada no solamente por los ciudadanos particulares, sino también por las personas jurídicas, lo cual es muy de agradecer porque la acción popular es una manifestación del Estado de bienestar, es decir, de la participación popular, de que asociaciones

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y colectividades puedan participar en la acción de la justicia y puedan producirse los beneficios de la acción popular.
Se ha hablado de algunas desventajas de la acción popular, pero tiene muchas más ventajas que desventajas; entre otras, por ejemplo, ayudar a establecer, a fijar el objeto del proceso, a evitar que en el futuro haya problemas sobre cosa juzgada. Está admitido que la acción popular es benéfica, es algo que existe en nuestro Derecho, y ojalá existiera en muchos otros ordenamientos jurídicos que no tienen esa acción popular.
Además, la proposición de ley no modifica --lo cual sería obligado-- el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que concretamente habla de ciudadanos españoles, y no se refiere a ella. También tendría que modificar ese artículo para expresar claramente lo que se quiere decir, que la acción popular se extiende a las personas jurídicas, a las asociaciones. En definitiva, creemos que este texto que se propone restringe la situación existente, en cuanto a la legitimación, para acudir a la acción popular como acusador popular junto a los otros acusadores privados o al Ministerio Fiscal. En consecuencia, no nos parece conveniente su toma en consideración. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Solano.


El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar su posición negativa a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el Partido Popular para la modificación de dos preceptos de la Ley de Enjuciamiento Criminal, con el fin de posibilitar el ejercicio de la acción popular por las personas jurídicas o colectivas.
La posición negativa del Grupo Socialista se fundamenta en dos órdenes de razones: la primera, porque la consideramos superflua, y, la segunda, porque la consideramos restrictiva sobre el actual reconocimiento jurisprudencial de la institución jurídica de la acción popular. (Rumores.) Respecto al primer orden de razones, una interpretación literal del artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría conducir...


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Solano, un momento. Ruego a SS.SS. guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar.


El señor PEREZ SOLANO: Decía, señor Presidente, que una interpretación puramente literal o terminológica del artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría conducir a entender que sólo las personas físicas pueden ejercer la acción popular, como ocurría en el siglo pasado o a comienzos de éste. Pero esa interpretación no es la que predomina actualmente en la práctica forense, como SS.SS. conocen sobradamente. Basta ojear cualquier repertorio de jurisprudencia para comprobar que la expresión ciudadanos, contenida tanto en los artículos 125 de la Constitución como en el 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no está siendo entendida de forma restrictiva por los tribunales, limitándola sólo a las personas físicas, sino en el sentido de permitir la acción popular tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Incluso en la reciente sentencia de 4 de abril de 1993 el Tribunal Supremo ha llegado a decir que una asociación ecologista no sólo ejercita la acción popular contra el cazador de un animal protegido, un oso en los Picos de Europa, sino la acción civil reclamando la correspondiente indemnización, no para sí, evidentemente, para la asociación, sino a favor de la Administración pública que tenía encomendada la protección del animal abatido.
Ya el artículo 38 del Código Civil dispone que las personas jurídicas pueden ejercer acciones criminales sin distinguir cuál fuere el concepto en que lo hicieren, y, tras la Constitución, la acción popular se ha visto como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectivva. Es una forma de acceso a la jurisdicción, derecho que, según el Tribunal Constitucional, corresponde tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Hoy se entiende que la acción popular es un verdadero derecho de acción que asiste a todas las personas sin necesidad de que ostenten legitimación material alguna, en opinión del Profesor Gimeno Sendra. En suma, señorías, los ciudadanos pueden ejercer tanto de forma individual como asociada el derecho a la acción popular que la Constitución les concede. Precisamente, por esta razón que les acabo de indicar, la Sentencia número 241/1992 del Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre, otorgó a la Asociación de Mujeres de Policía Nacional de Guipúzcoa el amparo que habían solicitado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y de lo Penal, que no le había permitido el ejercicio de la acción popular por tratarse de una persona jurídica y porque, además, sus fines no tenían ningún punto de coincidencia con el ejercicio de la acción popular. El problema, pues, del ejercicio de la acción popular para las personas jurídicas ha sido ya resuelto por el Tribunal Constitucional, cuya doctrina es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales por aplicación del artículo 5.º 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por consiguiente, consideramos superfluo que se regule, porque no es necesario modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este sentido, dado que la realidad jurisprudencial la está reconociendo sin cortapisas.


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El segundo orden de razones por el que consideramos que es restrictiva la regulación que postula la proposición del Grupo Parlamentario Popular, es el siguiente. Efectivamente, así las cosas, la proposición de ley, si bien tiene la virtud de reconocer expresamente --y así lo manifestamos paladinamente-- que las personas jurídicas pueden ejercer la acción popular, en realidad restringe este derecho, además de forma injustificada, por lo siguiente: el actor popular, por definición, no actúa en defensa de intereses propios o ajenos, sino en defensa de la sociedad, a fin de proteger la legalidad y los intereses públicos. Es evidente que la defensa de los intereses colectivos, generales o públicos, se puede efectuar de forma mucho más eficaz desde sociedades o asociaciones que individualmente. La vitalidad, por tanto, de la acción popular lo que requiere es el fomento del fenómeno asociativo, no la búsqueda de fórmulas que limiten la posibilidad de que sea ejercida por las asociaciones. El único límite que cabría establecer para el ejercicio de la acción popular, por consiguiente, vendría determinado por la ausencia de un interés espurio en ejercer la acusación, pues el derecho a la tutela judicial efectiva sólo se reconoce para la defensa de los derechos e intereses legítimos. A esta finalidad responde precisamente la fianza que el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige al acusador popular, cuya constitucionalidad --la de la fianza-- ha sido expresamente admitida por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencias 63/1983, de 20 de julio, y 147/1985, de 29 de octubre. La identidad entre el objeto o fin social y la naturaleza del delito no garantiza la legitimidad de los intereses que defienda el acusador particular, bastaría con que una asociación tuviera como fin social acusar a los delincuentes, calificándolo como forma de defensa de la sociedad. Por el contrario, esa identidad no existirá normalmente entre ninguna asociación de vecinos, ecologista, de consumidores y el delito de prevaricación ecológico contra la salud pública, etcétera, que algún día puedan decidir perseguir, ya que lo más que llegará a haber será una cierta relación o conexión entre aquellos intereses que defiende la asociación y el bien jurídico que protegen el delito, como ocurría en la Asociación de Mujeres de Policía Nacional, amparada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia antes citada de 21 de diciembre de 1992.
La esencia en la acción popular es, como hemos visto, el derecho a ejercer la acción penal sin necesidad de una legitimación especial, precisamente porque el interés del actor se convierte en legítimo cuando el objeto de su pretensión es el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Exigir una especial legitimación, aunque sea por la vía de reclamar una cierta adecuación entre los fines de la persona jurídica y la naturaleza del delito, supone una limitación al acceso a la jurisdicción. Como la proposición es más restrictiva que la realidad jurisprudencial y que las opiniones mayoritarias de la doctrina científica, vamos a votar negativamente la proposición de ley objeto de debate.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Robles Orozco pide la palabra.) El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, considero que los grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Socialista, han utilizado el turno de fijación de posiciones para hacer en realidad un turno en contra; además, el portavoz socialista ha empezado su intervención haciendo alusión al tema. Por lo tanto, me gustaría consumir medio minuto para poder también en este sentido expresar... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.
Señor Robles, los grupos que han intervenido en este turno han fijado su posición que, como ocurre siempre que esta posición no es coincidente con la propuesta del Grupo autor de la iniciativa, cabe interpretarla como un turno en contra. Yo entiendo que los dos grupos que se han manifestado han hecho un uso correcto de esa fijación de posición, pero para que no queden dudas, le ruego que utilice un turno brevísimo de tres minutos.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Agradeciendo de antemano su generosidad, quiero expresar simplemente que creemos que es una ocasión perdida y que había ocasión para que los grupos que discrepaban... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles. Dentro de la excepcionalidad, le ruego que utilice el turno para replicar a argumentos no para una segunda intervención de oportunidad.
Puede seguir.


El señor ROBLES OROZCO: Uno de los argumentos que se ha dicho, señor Presidente, es precisamente que la redacción o la posibilidad no era la correcta. Creo que la posibilidad de haber hecho una enmienda al texto existe y el Reglamento de la Cámara lo da. Me parece --insisto-- que hay una demanda social en este momento, que las cosas normalmente no son gratuitas, es decir, que quizá... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Continúe.


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El señor ROBLES OROZCO: Decía que quizá SS.SS. no estén tan en contacto con algunas organizaciones sociales que están trabajando en el ámbito de la drogodependencia, pero es una demanda global y colectiva de todo este entramado social precisamente. Lo cierto es que aunque hay posibilidad, también hay dificultades reales para poder ejercer la acción popular por parte de las organizaciones jurídicas. Por lo tanto, esta posibilidad que se convierte muchas veces en dificultad debería tener una plasmación en nuestro ordenamiento jurídico; deberíamos no haber dejado pasar la ocasión de haber trasladado al ordenamiento jurídico con más claridad este derecho y, sobre todo --insisto--, haber escuchado y atendido en este momento lo que son las voces de la inmensa mayoría de las organizaciones que están luchando en el ámbito de las drogodependencias. Lamento que sea una ocasión perdida y, en todo caso, nosotros presentaremos nuevas proposiciones a esta Cámara para que pueda proceder a regular este aspecto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Vamos a proceder a la votación.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de posibilitar el ejercicio de la acción popular a las personas jurídicas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 114; en contra 152; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA AL GRAVAMEN SOBRE LAS GRANDES FORTUNAS, DE MODIFICACION DE LA LEY 19/1991, DE 6 DE JUNIO, DEL IMPUESTO SO-BRE EL PATRIMONIO. (Número de expediente 122/000020)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al gravamen sobre las grandes fortunas, de modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Espasa. (Fuertes rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.)Señorías, estamos en sesión. Guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Puede empezar.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la proposición de ley que Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya trae hoy a consideración de la Cámara ha sido presentada ya en dos ocasiones en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado, pero nuestro Grupo ha creído importante, más en esta situación de caída brusca e importante de los ingresos fiscales del Estado, de disparo del déficit público, aportar de nuevo una propuesta sobre la modificación de los ingresos fiscales del Estado. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Es bien cierto que el impuesto que vamos a intentar incrementar en su capacidad recaudatoria, el impuesto que nosotros llamamos de las grandes fortunas, aunque se trata técnicamente de una modificación del Impuesto sobre el Patrimonio, no tiene un gran rendimiento, pero no es menos cierto que tiene y debe tener, en nuestra opinión y espero que en la de todos ustedes --quizás no en la de los Diputados de la derecha--un impacto ético y político sustancial.
Se trata de equilibrar, en lo posible, la tributación de las rentas del trabajo. En nuestro país el impuesto rey es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los reyes de este impuesto, valga la ironía, son los trabajadores, son las rentas del trabajo, y convendría equilibrar, en la medida de lo posible, las fuentes de los ingresos fiscales del Estado.
Por eso, nuestra proposición de ley viene a incrementar la tarifa marginal aplicable a la cuota liquidable del Impuesto sobre el Patrimonio de forma sustancial, sobre todo a partir - -no se asusten SS.SS.-- de los 1.000 millones de pesetas, por eso hablamos de impuesto de las grandes fortunas. Insisto en que se trata de una propuesta política, naturalmente, fiscal también, pero, sobre todo, ética y ejemplar y no tanto recaudatoria, pero no por eso deberían SS.SS. echarla en saco roto.
Nosotros, a través de esta proposición, manteniendo en lo esencial la estructura general de la Ley, es decir, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, manteniendo los mínimos exentos, la estructura de exenciones de la Ley y las modificaciones que se produjeron en la Ley que acompañaba a los Presupuestos, modificamos de forma sustancial el tipo aplicable en la tarifa en forma de porcentaje para que la cuota íntegra se vea sensiblemente elevada, sobre todo a partir de fortunas o de base liquidable de 100 millones de pesetas, llegando al tipo máximo que proponemos, el 5,4, el doble del hoy existente, para una base liquidable de 1.000 millones de pesetas.
Sería importante tomar en consideración esta proposición de ley puesto que viene a incidir de forma sustancial en un tema pendiente que nuestro Grupo ha

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denunciado repetidamente en el proceso de una Unión Europea que nosotros queremos socialmente solidaria, territorialmente integrada y fiscalmente transparente. Señorías, el hecho de haber aceptado la libre circulación de capitales y no haber producido una armonización fiscal en el territorio de la Unión; el hecho de permitir la existencia de paraísos fiscales en territorios limítrofes a la Unión: Gibraltar, Andorra, y en países de la Unión, Luxemburgo, que se comporta de hecho como un paraíso fiscal, está distorsionando la capacidad recaudatoria e impositiva de los Estados miembros. Se nos dirá --estoy seguro--no sé si por parte del Grupo Socialista o de algún otro Diputado que es peligroso gravar más las rentas del capital puesto que esto podría producir una deslocalización de inversiones. Esta es una contraargumentación que no vamos a aceptar de ninguna forma. Creemos que es una excusa más para aumentar la poca tributación de las rentas del capital y mantener un sistema fiscal excesivamente escorado hacia los impuestos indirectos, y cuando se trata de impuestos directos, el impuesto rey, el IRPF, también demasiado escorado hacia las rentas del trabajo.
Con esta proposición de ley que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya trae hoy aquí no es que vayamos a conseguir el equilibrio deseable, perfecto, el que nosotros quisiéramos en pura justicia distributiva, de las cargas fiscales; no crean SS.SS. que esto es posible --lo he dicho al principio--, el bajo rendimiento general de este impuesto no lo permite. Por eso hablaba no tanto de una decisión de carácter estrictamente recaudatorio como sí de una decisión de carácter ético, político, de ejemplaridad y también, naturalmente, de equidad fiscal. Piensen SS.SS. en el gran debate que entre izquierda y derecha tenemos sobre si debido a la caída de los ingresos fiscales, debido al mantenimiento del gasto público y, sobre todo, del gasto social en nuestro país, el déficit ha sido -- como todos sabemos-- del 7,1 por ciento. Quisiera señalar que sabemos perfectamente que no se trata tanto de un mayor gasto cuanto de la afloración de gastos escondidos en ejercicios anteriores, por lo tanto, la utilización que hace el Gobierno y los grupos de la derecha del excesivo déficit fiscal o presupuestario de este año como ariete, como arma para reducir aún más los gastos sociales y, en general, del Estado, es una utilización ideológica que nosotros no sólo no compartimos, sino que queremos denunciar con toda vehemencia. Yo creo que el déficit de este año es en buena parte debido a cuentas nuevas, ministro nuevo; es lógico que un ministro nuevo no quiera cargar con deudas acumuladas y escondidas del gabinete anterior o del ministro anterior, pero no todo es incremento desaforado del gasto, como a veces se pretende demostrar. Aun así, es cierto que ha habido una caída importantísima en los ingresos fiscales del Estado: en IVA, IRPF, en Sociedades y en Impuestos Indirectos. Con esta modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio -- vuelvo a repetir--no vamos a corregir esta caída de ingresos fiscales, pero sí permite a las distintas fuerzas políticas fijar su posición sobre cuál es su ideal de equilibrio fiscal.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya creemos que hemos de equilibrar la capacidad recaudatoria del Estado, el esfuerzo fiscal de los ciudadanos españoles y que una forma importante --no tanto en la cuantía cuanto en la ejemplaridad y en la motivación-- de hacer más justo y equitativo el conjunto de la carga fiscal sería incrementar de forma sensible, como nosotros proponemos en nuestra proposición de ley, las tarifas a aplicar en las bases liquidables de este impuesto. Como decía al principio, el resto de la estructura de la ley nos parece aceptable, siempre y cuando se aceptase esta proposición no de ley del artículo único que, como SS.SS.
saben, viene a modificar únicamente la tarifa aplicable sobre las bases liquidables.
El Impuesto sobre el Patrimonio, que empezó siendo en nuestro país un impuesto extraordinario, después de la modificación de la Ley, en el año 1991, ha pasado a ser ya un impuesto ordinario, que tiene autonomía propia, que tiene carácter propio, que no tiene el carácter complementario censal o de comprobación que tenía respecto a las declaraciones de renta en el inicio de las declaraciones de renta en nuestro país; ahora tiene una vida propia y autónoma y en este sentido es en el que nosotros proponemos esta modificación. Creemos que esto aumentaría la mejor utilización de los patrimonios, creemos que las reglas de valoración que se contienen en el articulado de la Ley, que no modificamos, son, en líneas generales, aceptables, aunque quizá se podría modificar alguna, en el sentido de hacerlo más preciso. También nos parecen bien las reglas de valoración de estos patrimonios --sean bienes, sean derechos-- para llegar a la base liquidable; nos parece bien el mínimo exento establecido en la ley y en la última modificación que se ha producido, pero, insisto --y con ello voy a terminar, señor Presidente--, tienen ustedes la oportunidad de posicionarse sobre un impuesto que requiere el equilibrio fiscal, un impuesto que va dirigido, como dice el frontispicio de nuestra proposición de ley, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios; que pretende equilibrar, en la medida en que el impuesto mismo lo permite, la carga tributaria y cuya aceptación por parte de la Cámara sería un signo inequívoco de la voluntad de avanzar en un sistema fiscal más justo, más equilibrado, más progresista. Lo más probable es que en los bancos del centro y de la derecha aparezcan las voces quejumbrosas por la excesiva carga fiscal que ya vienen soportando bienes, derechos y rentas del capital, lo que sería sorprendente es que estas voces quejumbrosas las oyésemos también en el Grupo Socialista.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna para oponerme, como es notorio en cuanto que estoy utilizando el turno en contra, a esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, que, a mi juicio, no solamente adolece de una débil argumentación, sin entrar en otras consideraciones que trataré de calificar al final de mi intervención, como resumen, sino que, a simple vista, se ve que está hecha con lo que pudiéramos llamar orejeras económicas y fiscales en cuanto que no se fija más que en un solo aspecto de lo que propone, sin tener en cuenta todos los resultados, todo lo que viene a continuación, todo el efecto que surge tras cualquier determinación de tipo fiscal en cualquier ley.
El señor Espasa se ha autoinciensado en cuanto a la proposición de ley, diciendo que era maravillosa y que todos teníamos la oportunidad de hacer algo espléndido para la nación, pero yo, de verdad, creo que no hay nada de eso; cualquiera de SS.SS. que haya conocido la breve proposición de ley --probablemente es su única ventaja, su única gloria: la de ser breve --habrá podido ver que no hay nada en ella que sea verdaderamente interesante y que probablemente sólo podría traer perjuicios, tanto para nuestro sistema fiscal como por las reacciones económicas que se podrían dar. En primer lugar, quiero preguntar a S.S. qué tienen que ver las rentas de trabajo en relación con las rentas de capital con el impuesto sobre el Patrimonio. ¿Por qué confunde el Impuesto sobre el Patrimonio con las rentas del capital? Notorio es que el patrimonio puede venir por una acumulación de rentas previas de capital, pero también por una acumulación de rentas de trabajo, y de forma mucho más notoria aún cuando no se trata de lo que pudiéramos llamar grandes fortunas, que ahora voy a ello. Su señoría sabe que hablar «in genere» de rentas de trabajo y de rentas de capital es engañoso; hay rentas de trabajo, que no voy a especificar, altísimas y hay rentas de capital muy bajas. En ese sentido, creo que sería un poco absurdo y podrían ser contestada S.S. aludiendo al ahorro pequeño, etcétera. Por otra parte, en la proposición que hace figura por dos veces --supongo que será un error-- «base liquidada» del Impuesto sobre el Patrimonio. Supongo que es «base liquidable». En cuanto a la llamada «necesaria modificación», que figura en la exposición de motivos de su proposición, tengo que decir que no sé por qué califican de necesaria la modificación. Creo que de nuevo incurre S.S. o el Grupo al que representa en considerar como válido objetivamente aquello que no es más que una proposición subjetiva o de Grupo. ¿Por qué es necesaria la modificación? Nosotros estimamos que no. ¿Por qué hablar de porcentajes más realistas? He de decir a S.S. que los porcentajes que proponen son bastante menos realistas que los existentes. No sé a qué llaman realismo. El actual impuesto, el que tenemos, elevó la progresividad de la tarifa de un 0,2 hasta un 2 por ciento, como estaba al comienzo --el 2 por ciento alcanzaba a los patrimonios de 2.500 millones--, para empezar también en un 0,2 por ciento y terminar en un 2,5 pero para los patrimonios de 1.600 millones. Es decir, ya hay una progresividad notoria al hacer el nuevo Impuesto sobre el Patrimonio. La franja en la que se mueve este Impuesto en los países europeos es entre el 0,20 y lo más alto el 3 por ciento. En la nueva Ley también hay un efecto favorecedor para los patrimonios pequeños por la exención de los 15 millones, exención que se elevó, precisamente de esa manera se inicia la progresividad antes de lo que se iniciaba en otro momento, porque antes la progresividad empezaba más atrás, con una falta de realismo que se subsanó en el nuevo impuesto. El impuesto tiene unos objetivos que a SS.SS. no se les escapan.
En primer lugar, un control no único sino complementario al de otros controles que existen en nuestro sistema fiscal. Además, tiene la misión de cierre del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto de Sucesiones. A nuestro juicio, debe seguir siendo así. En ningún sitio el Impuesto sobre el Patrimonio es sustantivo; en todo caso, es complementario. La tendencia europea es esa e incluso me atrevo a decir que es de aligeramiento del Impuesto. Creo que no hay que distorsionar el sistema tributario, a cuyo equilibrio contribuye precisamente este Impuesto como cierre del conjunto de los impuestos directos.
En realidad, su propuesta plantea una tarifa que tiene prácticamente la misma progresividad que el actual, una progresividad que --prescindo del tramo primero, que lo mantienen en el 0,20-- se inicia en el tramo segundo, a partir de los 25 millones de base liquidable, con un 0,30 por ciento actualmente, lo que ustedes proponen a un 0,50 por ciento; lo que termina en un 2,1 por ciento en los mil millones --voy a ir hasta mil millones--, ustedes lo suben a un 4,4 por ciento en esos mismos mil millones. Luego la progresividad que pretenden introducir apenas lo es con referencia a la tarifa que hoy existe, en cuanto que la proporción es de uno a siete en la actualidad y en su caso es de uno a ocho u ocho y pico.
Por lo tanto, apenas introduce mayor progresividad, lo que no quiere decir que yo estuviera a favor de que introdujese una progresividad mayor o mucho mayor, como parece entenderse de su discurso.
¿Por qué hay esa heterogeneidad, seños Espasa, entre el discurso que quieren presentar al exterior y lo que realmente hacen? Lo único que hacen es lo que podríamos llamar musicalmente doblar el tono, subir al

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doble la tarifa y, con ello, convertir en estridente el Impuesto. A mi juicio, eso es lo único que hacen.
Hablan de grandes fortunas. Me parece que hablar de grandes fortunas a partir de 25 millones de base liquidable no se le ocurre a nadie hoy en Europa, con los niveles que existen de precios y de valoraciones. A esa cifra llega seguramente el patrimonio de cualquier trabajador que haya tenido un mediano sueldo y haya podido ahorrar algo a lo largo de equis años, porque tampoco hace ninguna diferenciación en un caso y en otro. Creo que tienen ustedes falta de realismo, ya que no parecen conocer el valor actual de la moneda y en qué cifras nos movemos. Hacen también una exageración retórica al hablar de grandes fortunas. Yo lo que creo que hay son escasas realidades cuando se trata de los tramos bajos de la base del impuesto.
Considero que en un salto como el que pretenden ustedes cabría esperar una sutileza mayor, con unas consideraciones distintas, quizá, para diferentes tipos de patrimonio, o tratamientos especiales para inversiones, etcétera. Cuando dice S.S. que se trata de hacer una ley que sea ética y ejemplar, me parece que el no diferenciar ningún tipo de patrimonio, ni por su procedencia ni por el destino que tienen, se traduce en una ley puramente aritmética como la que nos proponen y no en una ley ejemplar en ningún sentido. Alguna mayor sutileza debían haber tenido. Creo que es una proposición un tanto simple.
Cuando se propone este tipo de modificaciones --S.S. debía de estar de acuerdo en ello puesto que es más inteligente que lo que se denota por su discurso y por la proposición que hoy presenta--ha de considerarse la propia estructura económica del país, la coyuntura económica, la distribución de la riqueza y los procesos de inversión, así como el efecto, que no solamente es tributario, sobre decisiones de los agentes económicos, sobre decisiones del mercado y hasta de la elasticidad del fraude.
Su señoría ha manifestado que se le iba a decir que iba a haber una deslocalización de inversiones. No se me había ocurrido aludir a ello, no le iba a decir nada al respecto, pero ya que lo ha hecho usted he de decirle que ha planteado el problema pero no lo ha resuelto, ha dicho simplemente que le íbamos a decir que eso era cierto pero que ustedes lo pasaban por alto. Y no se trata de eso. Yo no voy a argumentar con ello; es S.S. quien lo ha hecho y no ha resuelto su propia argumentación.
Como decía anteriormente, creo que es una proposición simple, hasta un poco espesa podríamos decir y un tanto vulgar. Es una proposición que yo calificaría de un poco estrepitosa, desde luego innecesaria desde el punto de vista fiscal y tributario y, si S.S. me permite y no se lo toma a mal, le diré que un tanto demagógica en su planteamiento, un tanto demagógica y facilona para el discurso hacia el exterior y para la posible propagación que quieran hacer de ello. No caiga en el error de considerar simplemente que los impuestos son mejores, desde el punto de vista de la izquierda, cuanto mayores son. No es así.
Su señoría sabe que son otras cosas las que hacen justos a los impuestos y no meramente su cuantía.
Por todo ello, nuestro grupo se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Ronda. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el señor García Ronda nos quiere someter a una especie de ducha escocesa. Por una parte nos dice: ya que es una ley que viene de ustedes, debería ser mucho más ambiciosa, mucho más radical; total, ustedes doblan el porcentaje aplicable en los tipos marginales y, si la progresividad estaba situada de uno a siete, ustedes la ponen de uno a ocho.
Y a continuación añade: para tan corto viaje no hacen falta alforjas. Es decir, porque nos pasamos o porque nos quedamos cortos, al señor García Ronda nada le gusta de lo que propone nuestro grupo. Me parece que las cosas no son tan sencillas como el señor García Ronda pretende presentarlas. Le puedo conceder quizá que el sobretítulo de grandes fortunas (aunque yo me he cuidado muy mucho de señalar que es una modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio) pueda resultar a algunos oídos, a los oídos del señor García Ronda, un poco estentóreo, pero yo me he preocupado muy mucho de señalar que, en primer lugar, aceptábamos la estructura general de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y la votamos a favor en su momento; aceptábamos la estructura de valoración de bienes y de derechos, la estructura de las exenciones; la progresividad la aumentábamos un poco y el pocentaje de la tarifa lo doblábamos al final del recorrido, produciéndose un cierto aumento de progresividad.
Por tanto --usted mismo lo decía-- nos separan 600 millones.
Aplicamos el doble de la tarifa en los 1.000 millones cuando en la ley se aplica la mitad de la tarifa en los 1.600 millones. Se trata de una cuestión cuantitativa de opción, de sensibilidad fiscal, si usted quiere, señor García Ronda, pero en ningún caso puede descalificar la ley por corta ni pequeña.
La ley es corta voluntariamente porque se inscribe en el marco general de la ley. No hemos querido hacer otra ley del impuesto sobre el patrimonio; hemos querido simplemente aumentar un poco más la progresividad, incrementar un poco más los tipos marginales aplicables, y nada más. Del resto aceptamos toda la estructura.


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Es cierto que he hablado de rentas del capital y rentas del trabajo en una licencia, más retórica naturalmente que poética, cuando al referirme al Impuesto sobre el Patrimonio parecía que estaba hablando sólo de rentas del capital. Por supuesto que no. El Impuesto sobre el Patrimonio está perfectamente definido en la ley de 1991 y a él me refería. Lo que sí es cierto es que para nosotros este incremento de las bases liquidables, esta mayor progresividad en las bases y este incremento de la tarifa nos da esta imagen que yo he calificado de ejemplaridad, de un cierto reequilibrio en la carga fiscal, que sabemos que no es completo ni total, ni mucho menos, y que no podemos conseguirlo por esa vía, en absoluto. Pero creemos que la fuerza de la imagen tiene también su valor en política y por eso hemos presentado esta propuesta, además de que aumentaría, en la medida que pudiese, la recaudación.
Me dice usted que no es bueno comparar el tipo de gravamen y la progresividad de este impuesto en nuestro país y en el resto de los países de la Unión Europea. Yo he señalado el problema que repetidamente hemos denunciado y algunas veces ustedes han compartido, al menos sotto voce, nuestras críticas de una Unión Europea que se está construyendo sin armonización fiscal. Este es un problema que a todos nos ata, que a unos les puede servir para decir que hay que bajar aún más los impuestos, y a otros nos sirve para decir que en la medida que no tengamos una armonización fiscal vamos cojos en campos tan importantes como el de la localización de las inversiones, el de una adecuada y justa tributación fiscal en todo el territorio de la Unión y no estado a estado. Por eso he hecho esta referencia a que esta es una debilidad que incide negativamente sobre la ley y, aunque usted no ha utilizado el tema de la deslocalización de las inversiones, sí me ha recordado rápidamente que los tipos en el resto de los países de Europa no llegan a la mitad de los que proponemos nosotros. Por tanto, aquí hay un fenómeno de comparación que constantemente estamos utilizando.
Señoras y señores Diputados, la proposición de ley vale en lo que está escrito negro sobre blanco, en la voluntad política expresa --insisto-- de mantener la estructura de la ley, de aceptarla como válida y de aumentar la progresividad en las bases liquidables, que no liquidadas (este es un error del texto de nuestra proposición de ley que debe corregirse), y en el incremento de la tarifa marginal aplicable. Es una opción política apostar por esta propuesta o no aceptarla, pero en ningún caso puede decirse que está fuera de lugar, que no tiene sentido o que no es armónica con el resto del sistema fiscal del que recientemente nos hemos dotado en nuestro país.
Es perfectamente congruente, es armónica y las mismas palabras del señor García Ronda lo vienen a demostrar, ya que nos dice: Total, ustedes hacen un semitono más hacia arriba. Lo que pasa es que para el señor García Ronda y para el Grupo Socialista un semitono más en progresividad fiscal parece que ya es una estridencia. A nosotros no nos lo parece. Mantenemos la proposición de ley y nos gustaría verla, al menos, aceptada a trámite, poderla discutir después y quizás atemperar un poco la propuesta de tarifa que viene en nuestro artículo único de la repetida proposición de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor García Ronda tiene la palabra.


El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a empezar por lo del semitono. La verdad es que si es un semitono doblar el sonido, creo que el señor Espasa sabe de música todavía menos que yo. (Risas.) Por eso he hablado de estridencia. Es nada menos duplicar el impuesto y, a partir de cierto momento, más que duplicar. Creo que se lo he demostrado antes con las cifras que he dado y que no voy a repetir; basta con que cualquiera de SS.SS. compare la tarifa propuesta con la que existe hasta ahora en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. En realidad la única diferencia que existe es hasta los mil millones; la proporcionalidad es de uno a siete en la actual tarifa y ellos proponen de uno a 8,8 para que no se me diga que no soy exacto. En ese sentido, con referencia a lo que ustedes mismos pedían no hacen mucho, únicamente elevan los decibelios. Pero no señalaba solamente esta contradicción. El hecho de pedirles que fuesen coherentes no significa que tuviesen que incrementar todavía más.
Naturalmente que se puede ser más progresivo en una tarifa, pero también con otras cifras. Se puede ser más progresivo y partiendo de cifras más bajas en las zonas bajas, algo que no hacen SS.SS. porque a partir de 25 millones de base liquidable, vuelvo a subrayarlo, les parece lo que han llamado una gran fortuna, aunque ahora el señor Espasa ha atemperado un poco su retórica y ha dicho que a lo mejor habían sido un poco exagerados al calificar así a esas fortunillas. Por consiguiente, me tengo que reiterar en lo que he dicho antes y, desde luego, señalar algo que SS.SS. no pueden olvidar. Hay cuestiones importantísimas de estructura socio-económica, de coyunturas y de decisiones de agentes económicos y también cuestiones de fraude.
Otra cosa que no he dicho antes y que S.S. sabrá --si tuviera un conocimiento, que creo que lo tendrá por pequeño que sea, de las empresas, de su desarrollo y de cómo juegan los capitales o la falta de los mismos en ellas-- es que un impuesto excesivo sobre el patrimonio puede ser disuasorio para la capitalización en la propia empresa de quienes son accionistas. Puede ser disuasorio para ese incremento necesario de los capitales

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y de las reservas, porque puede hacérseles totalmente perjudicial en el caso de que lo sigan dejando en la empresa y, por tanto, se les cobrase a posteriori un impuesto sobre el patrimonio excesivamente alto. Es decir, que no eche humo de paja S.S. esa importancia que puede tener este impuesto y sobre todo las modificaciones enloquecidas que hagamos de él en la economía de nuestra nación. Estamos en una situación delicada, tenemos que calcular cada vez mejor y cualquier movimiento que hagamos tiene su efecto en el resto de la economía de nuestra nación.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, la proposición de ley relativa al gravamen sobre las grandes fortunas modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio, rectificado el 2 de octubre. En la breve exposición de motivos de Izquierda Unida se hace referencia al precepto constitucional de justicia tributaria, el cual puede verse desvirtuado por las grandes diferencias que aportan las rentas del trabajo dependiente respecto a las del capital. La proposición tan sólo se limita a modificar el artículo 30 de la ley del patrimonio, proponiendo una nueva escala de tipos. En primer lugar, señor Espasa, si considera una gran fortuna veinticinco millones de pesetas hoy --creo que ya en la segunda intervención se habrá usted dado cuenta-- , posiblemente más de uno diría que no, y a lo mejor de los que están sentados en los bancos cerca de donde estamos todos.
La postura de Unión Valenciana a este respecto es que, en primer lugar, hemos de destacar la omisión de cualquier explicación respecto a la tabla propuesta por Izquierda Unida.
Recoge en la proposición de ley una tabla sin más explicación.
¿Por qué esta y no otra? ¿Por qué, en vez del 5,47, no el 8,43 o el 2,44? No se ha aducido motivo alguno sobre la idoneidad de la tabla presentada ni sobre los posibles efectos en la distribución de la renta: aumento de recaudación previsto, destino de estas nuevas rentas, etcétera. Tampoco nos explican por qué no disminuyen el tipo aplicable hasta valores inferiores a veinticinco millones de pesetas. Por otra parte, hemos de señalar que, además de tributar en el Impuesto sobre la Renta las propiedades que tengan sujeto pasivo como rendimientos del capital inmobiliario, la finalidad del Impuesto sobre el Patrimonio --usted lo ha dicho y lo sabe muy bien-- no es la de recaudar, sino la de servir de referencia y control al Impuesto sobre la Renta. La justicia equitativa se conseguiría con una mejora en la liquidación del IRPF que ustedes no contemplan ni abordan en esta ley. Penalizan la inversión y están queriendo obligar a la gente a que no invierta, porque es mucho más cómodo no invertir, olvidarse de que las rentas del capital --que quizás es donde tendríamos que haber entrado-- están ahí y gastar el dinero. Por tanto, consideramos que la propuesta es excesivamente simplista --y perdone usted que lo diga de esta manera--, de dudosa incidencia efectiva en la redistribución de la renta, y que su inclusión como enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, hubiera evitado cualquier trámite posterior parlamentario, y no lo hicieron ustedes, o por lo menos yo no me di cuenta. (Un señor Diputado del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pronuncia palabras que no se perciben.) Pues perdón.
Finalmente le he de recordar --porque quiero hacerlo-- que un representante de Izquierda Unida, en un programa televisivo, me preguntó sobre mi voto respecto a este proyecto de ley, si se pudiera hacer de grandes fortunas --decía con grandilocuencia--que hoy se nos presenta. Quizá sea el momento de recordar mi propuesta del 10 por ciento, en la que señalar que estamos de acuerdo en que los más ricos sean más solidarios no es óbice para que esta solidaridad se transmita también desde la clase política; quizás no sea malo recordarlo en este momento.
Señor Espasa, no me lo tome a mal, pero usted ha dicho que era un proyecto ético y político. Tenía usted que haber añadido la palabra demagógico también, porque además es bonito pero no actual para este tiempo; yo creo que está un poquito desfasado en el tiempo.
Quiero aclararle una cosa. Yo creo que usted no se ha sabido expresar bien --quiero entender, porque creo que sabe usted de qué va el tema--, porque no es progresividad fiscal hablar de la subida del Impuesto sobre el Patrimonio; eso sería --y habría que hablar claro-- de las rentas del capital. Olvídense ustedes de esa parte tan folklórica y un poquito demagógica que pueden representar las grandes fortunas. Traigan un proyecto serio, firme, comprometido con la clase que estoy convencido que ustedes defienden, y posiblemente aquí tengamos un debate muy serio sobre un tema muy importante que hoy no se toca, se pasa de «raspallón», como decimos en mi pueblo, pero no se profundiza verdaderamente en lo que vale. Esto, además de ser el chocolate del loro, no es lógico y es un tipo de impuesto que usted sabe que no existe en la mayor parte del mundo. Tenemos que ir hacia otra parte, hacia otro camino donde posiblemente, casi con toda seguridad, si es justo y equitativo nos encontrará; en éste, lo lamentamos pero no lo creemos efectivo ni adecuado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.


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El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir muy brevemente para fijar la postura de nuestro grupo parlamentario en referencia a la toma en consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya relativa al gravamen sobre las grandes fortunas, modificando la Ley 19/1991, del 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Yo tenía apuntado al margen que los bancos de la derecha y del centro, señor Espasa, íbamos a emitir quejidos y voces quejumbrosas. Espero que no le parezcan quejidos ni voces quejumbrosas por lo menos la mía, pero voy a ser un poco crítico con su proposición. Ya la exposición de motivos tiene un planteamiento cuestionable, desde nuestro punto de vista, pues aunque participamos de lo que debe ser una mejor y más justa distribución de la carga impositiva, no creemos que la revisión de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio sea la vía más efectiva para hacerlo. El conseguir una mejor y más justa distribución de la renta requiere, a mi entender, un planteamiento más profundo de la política fiscal y especialmente de sus aspectos de tributación. Hay que acometer decididamente la reforma fiscal que nuestro grupo parlamentario ya ha propuesto, en varias ocasiones, en esta Cámara, apoyada por la persecución, también decisiva, del fraude fiscal. Para nosotros éstos son los dos componentes básicos en estos momentos. Por tanto, como decía antes, este objetivo que persigue la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya difícilmente puede alcanzarse con las medidas que proponen. No olviden SS.SS. la filosofía con que nació este impuesto, como instrumento de control y cierre del sistema impositivo y de carácter transitorio. En todos los países que tienen establecido este impuesto el efecto recaudatorio es mínimo. Así, por ejemplo, los porcentajes de recaudación sobre el producto interior bruto, salvo en Luxemburgo que representa el 1,34 por ciento, en el resto de los países de la OCDE no llega al 0,5 por ciento. Y si lo calculamos sobre la imposición total, salvo también en Luxemburgo, en este caso con Noruega y Alemania, en la mayoría de los países de la OCDE no llega al uno por ciento. Por tanto, desde el punto de vista de la recaudación, su importancia, como se ve, no es relevante. Y como decía el catedrático de Derecho financiero Francisco Escribano, poca o nula incidencia en tema de mayor distribución de la riqueza y aumento de la progresividad puede llevarse a cabo con un tributo que no ha alcanzado nunca el uno por ciento de los ingresos totales del Estado.
Por otro lado, hay seis países de la Unión Europea que no tienen un impuesto sobre el activo neto, con lo cual habría que comenzar por cuestionarse la propia existencia del mismo, teniendo en cuenta que con la Ley reguladora de Haciendas Locales los impuestos municipales se basan, fundamentalmente, en la riqueza inmobiliaria y que, por tanto, no pueden desvincularse el impuesto sobre el patrimonio neto y los impuestos locales que gravan la riqueza inmobiliaria, ya que inciden ambos en el mismo objeto. Creo que su tradicional papel de control e impuesto censal y la consideración de que este impuesto debería desempeñar un papel compensatorio de los efectos de la libre circulación de capitales sobre la progresividad de la imposición, tal como aparece en la exposición de motivos de la ley del impuesto, parece abocado, desde mi punto de vista, al más estrepitoso fracaso. Al margen de estas consideraciones, existe el problema de la valoración de bienes y derechos, problema que si bien se está contemplando últimamente con más decisión, no ha llegado a resolverse. Entiendo que la existencia de un único valor de aplicación para todos los impuestos del sistema tributario, calculado por la propia Administración, es una pretensión difícil por problemas administrativos y porque los diferentes impuestos gravan, en teoría, distintos hechos impositivos. Sin embargo, debería de mantenerse una coordinación y una coherencia entre las valoraciones aplicadas para la exacción de los diferentes tributos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Impuesto sobre la Renta, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al de plusvalías, etcétera. No voy a entrar a fondo en este tema sobre la valoración de bienes y derechos porque estimo que no es el momento adecuado. No quisiera terminar esta breve intervención dando la sensación de que mi grupo tiene alguna reticencia al gravamen de las grandes fortunas, ni mucho menos. Tampoco creo necesario recordar a SS.SS. los planteamientos sobre política social y redistributiva que propugna nuestro partido. Que paguen más los que más tienen, por supuesto. Pero cuidado con los planteamientos y medidas aisladas que proponemos no vayan a pagar, como en muchos casos, justos por pecadores. Intentar perseguir las grandes fortunas con el Impuesto sobre el Patrimonio es una labor imposible. Los grandes patrimonios no están en manos de las personas físicas; están, señorías, en manos de las personas jurídicas. A partir de esta reflexión hay que plantearse seriamente acometer la reforma necesaria.
Por todo ello, adelanto que nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente.


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Brevemente, voy a fijar nuestra posición en esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nuestro grupo es contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley, por consiguiente vamos a oponernos a la misma. Creemos que es una iniciativa que se equivoca, es en cierta forma superficial y muy poco equitativa, lo cual se contradice con el propósito que persigue. No podemos apoyar esta proposición de ley, entre otras cosas, porque es contraria a la tendencia general que hoy está teniendo la regulación del Impuesto del Patrimonio en todos los países de Europa y en la mayoría de los países occidentales. Esta iniciativa de Izquierda Unida va en dirección opuesta a todas las reflexiones y revisiones que están haciendo hoy los países de Europa. Por consiguiente, no nos parece que sea ahora y en este momento oportuno tomar un rumbo distinto al que está tomando toda la revisión de la fiscalidad que grava los patrimonios en todos los países de Europa. Precisamente los países europeos están abandonando la filosofía, demostrada como caduca, de gravar la tenencia de los activos para ir a gravar su rendimiento. Lo que hay que hacer es revisar la filosofía que inspira nuestras normas tributarias para incorporar en las mismas los mecanismos que deben estimular que los activos generen rendimiento, especialmente sobre la base de promover actividad productiva, que es la que puede facilitar la creación de puestos de trabajo. Hay que abandonar los tributos --dicen la mayoría de los países de Europa--, que hoy gravan la existencia de los activos por sí mismos y hay que gravar en todo caso el rendimiento de los activos. Dentro de lo que es el gravamen sobre los rendimientos de los activos hay que distinguir entre lo que son los activos ociosos y los activos productivos, que esa iniciativa tampoco lo contiene. Nuestro grupo cree que es un error, es absolutamente injusto, que persistamos en la filosofía de gravar de la misma forma los rendimientos de los activos que son productivos, de los que no lo son. Es más, nuestro grupo cree, y es una de las razones por las que nos oponemos a esta iniciativa, que lo que hay que hacer es todo lo contrario: introducir en las leyes fiscales mecanismos que estimulen la vía de generar rendimientos de la tenencia de activos. Por tanto, creemos más necesario abandonar totalmente la filosofía que contiene esta proposición de ley y, en todo caso, introducirnos en la filosofía de estimular los rendimientos de los activos especialmente productivos para que, en su momento, cuando generen los correspondientes beneficios puedan estar sometidos a los gravámenes a que hoy se someten todos los rendimientos de la actividad productiva. Creemos, señoras y señores Diputados, que ésta es una iniciativa absolutamente caduca en su filosofía, absolutamente contraria a la filosofía con que hoy están operando todas las revisiones tributarias en Europa y, por esa razón, no nos parece oportuno que se tome en consideración.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, voy a empezar mi intervención de fijación de posición en nombre del Grupo Popular, respecto a la iniciativa presentada por Izquierda Unida, referente a la modificación del artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, tranquilizando al señor Espasa en el sentido de que no va a oír voces quejumbrosas desde mis bancos, si a eso es a lo que usted tenía miedo. No es nuestra costumbre, no es la de la Diputada que aquí le habla, y más bien voy a intentar utilizar una voz suficientemente clara para que las ideas queden también suficientemente ordenadas.
Resulta difícil, señor Espasa plantear la fijación de posición respecto al texto de la proposición de ley y, al mismo tiempo, respecto a lo que usted ha dicho aquí, porque hay que reconocer que no hay una concordancia en ello. Aquí se ha estado hablando, a lo largo de todo el debate, de modificación de ley.
Efectivamente se pretende modificar una ley pero se pretende modificar un artículo de una ley. Yo creo que es bueno que vayamos acotando cuál es el ámbito de esta proposición de ley, y es el artículo que fija la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio.
Usted en su exposición ha tomado como punto de partida la exposición de motivos de esta proposición de ley y ha ido mucho más allá del contenido de la propia proposición. Usted ha hecho referencia en su intervención, en un primer momento, a la caída de los ingresos fiscales del Estado, dando la sensación de que ese problema, que existe y es real, podría tener solución, si esta tarde esta Cámara tomara en cuenta esta proposición de ley. Luego usted mismo ha reconocido, más adelante en su intervención, que las cifras de recaudación de este impuesto tienen una participación tan pequeña en el montante total de recaudación general del Estado que, realmente, no es ése uno de los motivos principales.
Pero, señor Espasa, me voy a parar en dos conceptos que usted ha mezclado, que creo hay que diferenciar y que, además, no están contenidos en el texto de su proposición de ley. Usted ha hablado de equilibrio entre las fuentes de los ingresos fiscales del Estado, y ha hablado de impuestos directos, de impuestos indirectos, rentas del patrimonio y rentas del capital. Eso, señor Espasa, es un debate sobre modelo fiscal que si Izquierda Unida plantea la iniciativa aquí indudablemente todos los grupos entraremos en ello. Mi grupo ya lo ha presentado en otros momentos, pero aunque en muchas

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ocasiones en este Parlamento utilicemos perchas endebles para sostener debates, debe reconocerme, en este caso, que la endeblez de la percha es excesiva como para que, de la propuesta de modificación de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio, pretenda usted que entremos esta tarde aquí en toda la modificación del sistema fiscal español.
Luego, señor Espasa, usted ha venido constantemente manejando, como si fuera lo mismo o como conceptos homogéneos, la distinta tributación de las rentas del capital y de las rentas del trabajo, y ha venido diciendo, una y otra vez, que se debían equilibrar.
Señor Espasa, yo soy Diputada antigua en esta casa, lo mismo que usted, y sé que S.S. sabe bastante de estos temas. Me sorprende que si no ha sido de una manera intencionada usted esté confundiendo el Impuesto del Patrimonio con el Impuesto sobre la Renta.
Si lo que plantea es que las rentas de capital tienen un «tratamiento mejor» --entre comillas--, fiscalmente hablando, que las rentas de trabajo, lo que tendrá que proponer es una modificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que no someta a una misma tarifa la parte de base imponible proveniente del trabajo y la parte de base imponible proveniente de rentas del capital. Ahí sí podremos hablar, y cada uno expresaremos nuestro criterio, sobre el diferente trato de rentas de trabajo o rentas de capital. Usted sabe, y yo estoy convencida de ello, que con esta modificación no está introduciendo ningún cambio en el sistema de tributación de las rentas del trabajo o las rentas del capital, porque tanto unas como otras al final van al mismo saco común, que es la base imponible del Impuesto sobre la Renta, y tributan al mismo tipo de tarifa, con lo cual, señor Espasa, es una argumentación que no afecta a la defensa de su texto de proposición de ley. Señor Espasa, usted ha introducido también aquí otro concepto que sí afecta a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, pero que, sin embargo, ustedes no tocan en el texto que nos traen esta tarde aquí. Usted ha hablado de la mejor utilización de los patrimonios, y es un concepto en el que efectivamente podemos entrar en él, pero señor Espasa, no lo contemplan en su texto.
Si de lo que quiere hablar aquí es de que los patrimonios que sean productivos tengan un tratamiento fiscal y los patrimonios que sean improductivos tengan tratamiento fiscal distinto, habrá que modificar no solamente la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio, que no los diferencia, sino que habrá que plantear dos tarifas diferentes, o habrá que plantear una vía de exenciones, deducciones o bonificaciones, pero en ningún caso con esta modificación se va a ver afectado.
Por último, señor Presidente, señor Espasa, ha hablado usted también del proceso de la Unión Europea y de la necesidad de una armonización fiscal. Efectivamente, todos sabemos que en una economía internacionalizada y además con libertad de movimiento de capitales es necesario que haya una armonización fiscal; pero es que ese argumento, señor Espasa, se vuelve en contra de su tesis, porque, como bien ya han dicho algunos Diputados de otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra, en estos momentos el modelo de Impuesto sobre el Patrimonio que hay en Europa sus tipos medios están por debajo de los que se están aplicando en España; me refiero a aquellos países de la Unión Económica Europea en que existe este Impuesto sobre el Patrimonio.
Voy a terminar, señor Espasa, haciendo referencia a una teoría de Hacienda Pública muy conocida, en la cual cuando se habla de imposición patrimonial se habla de tres figuras principales: por una parte, el Impuesto sobre el Patrimonio neto; por otra parte el Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales a título lucrativo, es decir, sucesiones y donaciones; y, por otra parte, el gravamen sobre las ganancias de capital o plusvalías. En España se aplican en este momento los tres: el de Patrimonio neto; el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales a título lucrativo, y el gravamen sobre ganancias de capital o plusvalías, que se integra en la base imponible del Impuesto General sobre la Renta como incrementos de patrimonio. Pues bien, según el criterio de la OCDE dice: si un país tiene un impuesto sobre las plusvalías, los argumentos a favor de otras formas de imposición patrimonial se ven afectados y, en particular, un impuesto anual sobre el patrimonio neto puede parecer menos necesario.
Por tanto, señor Espasa, por cuanto su argumentación va mucho más allá del texto de su proposición de ley que, aunque fuese aceptada, no iba a corregir todos aquellos desequilibrios que usted dice que hay --en este momento no entramos desde mi grupo a valorar si los hay o no--; y, además, señor Espasa, por cuanto las tesis fiscales en Europa van en contra de lo que usted está planteando, mi grupo va a votar en contra de la admisión de esta proposición de ley. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Finalizado el debate de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, vamos a pasar a su votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al gravamen sobre las grandes fortunas y de modificación de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 275; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PROHIBICION DE COMERCIALIZAR ESPECIES PESQUERAS CAPTURADAS CON ARTES PROHIBIDAS EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000055)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular sobre prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con artes prohibidas en España. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández de Mesa tiene la palabra.
(Rumores.--Numerosos señores Diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.-- Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy una proposición no de ley a esta Cámara para tratar de instar al Gobierno, si es que todos los grupos votan favorablemente, a que defienda los intereses españoles dentro de nuestro propio territorio nacional ante las agresiones que se están sufriendo por las importaciones que se realizan de otros países de productos capturados con artes prohibidas en España, no atendiendo a las recomendaciones de la Comunidad Europea e infringiendo, incluso, aquella normativa que prohibiría en algunos casos la utilización de determinadas artes de pesca, que están perjudicando gravemente los intereses del sector en España. Existen artes pesqueras que, estando prohibidas por las leyes españolas para nuestros barcos, sin embargo están permitidas por la legislación pesquera comunitaria para los barcos pesqueros de otros países miembros de la Comunidad Europea. La prohibición de esas artes por parte de nuestra legislación viene derivada de los daños que su utilización provoca en la mayor parte de las especies pesqueras, incluyendo los inmaduros, para lo que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado ya otra proposición no de ley para prohibir su comercialización en España, ya que a corto plazo los propios pescadores se ven gravemente perjudicados por la disminución en el volumen de peces existentes y, en consecuencia, por la disminución de las capturas en los diferentes caladeros.
No tenemos más que mirar lo que ha pasado con las flotas del Norte, con las redes de enmalle a la deriva, donde nuestra flota, que está faenando en el Atlántico Norte, está capturando especies, túnidos, por debajo de las capacidades que están realizando otros países comunitarios, y mientras nuestros pescadores realizan del orden de dos toneladas cada dos noches, los franceses realizan las capturas mediante redes de enmalle de veinte toneladas, y con esa diferencia de capturas se están permitiendo las importaciones en nuestro propio territorio de esas capturas realizadas en otros países, dándose la paradoja de que mientras los productos capturados con artes como las que están en vigor en España se están vendiendo en lonja a 100 pesetas el kilo, los franceses los venden a esos precios, sin embargo, ese mismo producto los españoles lo están vendiendo a un precio del orden de 400 o 500 pesetas, con lo cual el problema no es sólo de cantidad de capturas, no es sólo que el esfuerzo pesquero que se está realizando esté perjudicando y esquilmando nuestros caladeros, sino que también es un problema de comercialización en todo el territorio nacional. Y no nos referimos sólo a las flotas del Norte, a la flota de los túnidos, sino que podemos referirnos a otros problemas que están sucediendo hoy día en el Sur de España, como veíamos aquí la semana pasada, con las paradas biológicas que nuestros buques están realizando adaptándose a la normativa comunitaria, mientras que otros países no las realizan, y no sólo no las realizan, con grave perjuicio para los buques españoles, para las flotas españolas, sino que con posterioridad importan esas capturas cuando en España las paradas se cumplen de manera importante. Nosotros decimos que nos parece bien la normativa comunitaria, pero que no vamos a ser más quijotes que nadie y no vamos a imponer taxativamente esa normativa para los españoles mientras que desde fuera no sólo no se cumple sino que, encima, se importe algo que perjudica gravemente a los intereses nacionales. En la Comunidad Europea la utilización de las artes de enmalle está regulada por el Reglamento 345/92, que considera que la expansión y el incremento de la pesca con redes de enmalle a la deriva pueden presentar serios inconvenientes, tales como el aumento de esfuerzo pesquero con la esquilmación de caladeros y de las capturas accesorias de especies distintas de las que se buscan. Por tanto, es preciso regular la actividad con este tipo de redes.
Nosotros hemos solicitado recientemente en esta Cámara, el 26 de octubre del año 1993, un acuerdo votado mayoritariamente por todos los grupos para que, a partir del día primero del año 1994, se erradicaran definitivamente las volantas y las redes de enmalle --no sólo las de 5 kilómetros sino también las de 2,5 kilómetros--, y nos gustaría saber en este momento qué medidas

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de control y de inspección se están llevando a cabo para que, efectivamente, eso sea así y que los buques comunitarios que faenan en aguas del Atlántico Norte estén cumpliendo el acuerdo de esta Cámara trasladado al Consejo de Europa por los representantes españoles en el Parlamento Europeo.
Señorías, los pescadores españoles (España, hay que recordar, es una de las primeras potencias del mundo en materia pesquera y, desde luego, la primera de la Unión Europea) están pasando por graves problemas. Se puede decir que hay cerca de 500.000 personas que viven entre puestos directos e indirectos de la mar y que está en grave peligro la permanencia de esos puestos de trabajo por el incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de otros países y por el estricto cumplimiento por los españoles de la normativa comunitaria. Creemos que ha llegado el momento de tomar algunas medidas que protejan nuestro sector de manera clara y taxativa como lo están haciendo otros países en este momento de importante coyuntura para la Unión Europea y la integración de otros países dentro del mercado.
Los pescadores españoles, que utilizan para pescar las mismas especies artes de anzuelos selectivos, ya que las redes de enmalle y pelágicas están prohibidas en España, han comprobado en numerosas ocasiones cómo gran parte de los pesqueros franceses ignoran las limitaciones impuestas por la propia Comunidad, utilizando redes prohibidas para capturar un elevado volumen de túnidos, que posteriormente son comercializados en gran medida en los mercados españoles con grave perjuicio económico para nuestra flota. Señorías, nosotros propusimos en su día en la Cámara (lo han hecho también otros grupos parlamentarios y esperamos que esto salga adelante) que cada país pueda regular las artes de pesca dentro de sus 12 millas. Por eso consideramos importantísimo para la defensa de los legítimos intereses de los pescadores españoles que la Administración adopte una serie de medidas que, sin salirnos del marco comunitario, protejan los intereses en este momento más que nunca, en el que se habla de la ampliación de la Comunidad. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta proposición no de ley ampliable, modificable, mejorable. Estamos en disposición de aceptar cuantas aportaciones puedan hacerse para mejorarla, siempre que quede claro que esta Cámara se preocupa por los intereses de los pescadores españoles y está dispuesta a protegerlos de las agresiones de los países comunitarios que no cumplen la propia normativa de la Comunidad.
Es por ello que solicitamos la aprobación de la presente proposición no de ley para instar al Gobierno a que tome medidas para prohibir en todo el territorio español la comercialización de las especies pesqueras capturadas por medio de artes de enmalle a la deriva o por cualquier otro arte pesquero prohibido por la legislación española. Es preocupación del Grupo Parlamentario Popular desde hace varias legislaturas --desde la II y III legislatura-- en las que algunos Diputados de este grupo parlamentario ya plantearon el problema que iba a sobrevenir con la utilización de este tipo de artes por otros países comunitarios, y es bien cierto que en determinados puertos españoles se están desembarcando cantidades importantes de túnidos pescados con volantas mientras que los españoles no pueden realizarlo. En Galicia se han tomado una serie de medidas como las de no permitir la comercialización, y el que comercialice no recibe ayudas públicas para poder realizarla.
De alguna manera hay que protegerse de las agresiones exteriores y por eso nosotros instamos al Gobierno, mediante la presente proposición no de ley, para que adopte en firme, y de una vez por todas, medidas que de alguna manera protejan al sector pesquero español.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista y fijar la posición sobre esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular es una proposición que, de alguna forma, es consecuencia de la que debatimos en la Cámara el pasado 26 de octubre, como nos recordaba hace unos momentos el propio portavoz, señor Fernández de Mesa; proposición sobre medidas a tomar para mejorar la situación por la que atraviesan los pescadores españoles de bonito, que también presentó el Grupo Popular en concordancia con otra presentada por el Grupo Nacionalista Vasco sobre prohibición definitiva de las volantas para la captura de túnidos, a partir del 1.º de enero de 1994. Decía que ésta es una proposición que guarda cierta coherencia con las citadas, puesto que si en ellas se proponía la prohibición de unas artes de pesca es lógico que ahora se proponga la prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con ellas.
Es clara la posición del Gobierno español acerca de la pesca con volanta, puesto que ya desde el año 1990 una orden ministerial prohíbe el ejercicio de la pesca marítima con artes de deriva para todos los buques que faenen bajo pabellón español y a los buques extranjeros que practiquen esta modalidad en aguas jurisdiccionales españolas.
Es también público y notorio el esfuerzo que nuestros responsables de pesca están haciendo a nivel comunitario para que el uso de estas artes desaparezca

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de los mares de la Unión Europea, postura que reiteradamente está defendiendo nuestro Gobierno y que ha merecido en varias ocasiones el refrendo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Seguramente no es ajena a este esfuerzo y postura ampliamente compartida la publicación del Reglamento 345/92, del Consejo, que limita el uso de redes de enmalle a la deriva por los buques comunitarios a una longitud máxima de 2,5 kilómetros. Parece claro, por otro lado, que los pescadores españoles y la Administración pesquera española son los más conscientes de que el cumplimiento estricto de este reglamento comunitario, hubiera significado la suspensión del uso de la volanta, por el improbable y elemental hecho de su falta de rentabilidad económica. Los cálculos más optimistas no conceden rentabilidad a la pesca con este arte por menos del doble de la longitud autorizada, es decir 5 kilómetros, y aun así lo normal son longitudes hasta diez veces mayores.
Ante esta situación, los esfuerzos de la Administración española van dirigidos en dos sentidos complementarios. Por un lado, a exigir un estricto cumplimiento del reglamento en vigor, denunciando ante la Comunidad Europea las infracciones de las flotas que utilizan estos métodos, incrementando las medidas de inspección y control en los caladeros, pero también incrementando medidas de inspección en puerto y, por otro lado, a seguir trabajando con reiteración e insistencia para lograr la prohibición total y definitiva del uso de las redes de deriva. Pero mientras esto no llegue, señorías, nuestra pertenencia a la Unión Europea nos obliga a aceptar el marco normativo vigente incluso en materia de pesca y si bien las autoridades de cualquier Estado pueden introducir prohibiciones o limitaciones a sus flotas pesqueras o en las actividades pesqueras que se realicen en sus aguas territoriales, no es menos cierto que no pueden oponerse a la pesca o a su comercialización si éstas se ajustan a los requisitos que las normas comunitarias establecen. Por ello el Grupo Socialista, compartiendo la preocupación de fondo del grupo proponente y la de otros grupos de la Cámara, y sabiendo que la aprobación taxativa de lo que se plantea sería muy bien aceptada por la flota española afectada, no podemos compartir en los términos en que se plantea esta proposición no de ley, por lo que presentamos una enmienda de sustitución en la línea que hemos argumentado nuestra posición. Así, instamos al Gobierno a que continúe defendiendo a nivel comunitario la necesaria prohibición de la utilización de las redes de malla a la deriva, en concordancia con la postura mantenida hasta ahora y expresamente apoyada por este Parlamento y, a nuestro entender, única solución, total y definitiva, para el problema que nos ocupa. Asimismo instamos al Gobierno para que propugne ante la Unión Europea la adopción de las medidas necesarias para asegurar que en el ínterin no se vulneren los objetivos perseguidos por esta prohibición que resumidamente son los siguientes. En primer lugar, la protección de los caladeros al sobreesfuerzo que el uso abusivo y a veces ilegal de estas artes por flotas de la Unión Europea o de terceros países pudiera ocasionar a las reservas pesqueras nacionales; En segundo lugar, continuar manteniendo criterios de protección medioambiental y ecológicos, que han sido, son y continuarán siendo en el futuro uno de los elementos característicos de la postura defendida por España en el seno de la Comisión, porque se es muy consciente de la escasa selectividad que el uso de estas artes conlleva, permitiendo la captura de especies no objeto de la pesquería e incluso, y más importante, de especies protegidas. En tercer y último lugar, impedir o suavizar, en la medida de lo posible, los consiguientes perjuicios que la utilización de las volantas conlleva para nuestras flotas artesanales.
Creemos que esta redacción que ahora presentamos, que comparte, como ya hemos dicho, la argumentación de fondo y la preocupación del Grupo proponente, siendo además más respetuosa con la normativa comunitaria será más aceptable para la mayoría de la Cámara, por lo que solicito de SS.SS. el voto favorable para nuestra enmienda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa y para fijar la posición en relación con esta proposición, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas de las dificultades que padecen numerosos sectores agrarios y pesqueros de nuestro país desde nuestra pertenencia al Mercado Común provienen, en parte, de olvidos, imprecisiones o improvisaciones del Tratado de Adhesión. Otros problemas tienen su origen en incumplimientos o, si se prefiere, en subterfugios de algunos países comunitarios para incumplir determinadas normativas comunitarias o bien en la no aplicación, de forma eficaz, de las medidas de control adecuadas.
El Grupo Popular nos trae hoy a debate una proposición no de ley que pone de manifiesto las dificultades que sufre el sector pesquero español debidas a la utilización de métodos y artes de pesca por parte de algunos países miembros de la Unión Europea que están prohibidos por la legislación española, situación no prevista en el Tratado de Adhesión. Se trata de un problema grave que afecta y preocupa seriamente al sector pesquero, porque a pesar de estar planteado desde hace tiempo no se ha obtenido una solución hasta ahora satisfactoria. Preocupa también a todos los grupos de la Cámara, como lo demuestra que ha sido reiterado de

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muchas formas en numerosas ocasiones. Baste citar que nuestro Grupo Parlamentario lo planteó la pasada legislatura respecto a la falta de legislación comunitaria para la pesca en el Mediterráneo, especialmente referida a las diferentes artes y métodos de pesca del pescado azul entre las flotas que faenaban en el Golfo de León y sus repercusiones de competencia desleal en los mercados españoles y el subsiguiente hundimiento de los precios de nuestras capturas realizadas por métodos obligatorios de cerco frente a las realizadas por italianos y franceses con métodos de arrastre pelágico. Recientemente el Grupo Vasco (PNV) denunció una situación parecida respecto a la pesca de túnidos y otras especies con redes de enmalle y de deriva realizada por países comunitarios frente a los métodos autorizados a los pescadores españoles en aguas del Cantábrico y del Golfo de Vizcaya.
El Grupo Parlamentario Catalán coincide con los antecedentes que se relacionan en la exposición de motivos de la proposición no de ley. Coincidimos en que son graves los perjuicios económicos que afectan a nuestros pescadores, a la economía pesquera y, en general, a la economía de nuestro país; perjuicios que se derivan de la falta de homologación, de las tallas mínimas permitidas en las capturas de las distintas especies y del uso de artes por países comunitarios competidores que les permiten mayores rendimientos con menor esfuerzo, menor coste y menor mano de obra, aunque esto sea a expensas de una menor calidad por el deterioro que sufren los peces. Ello conduce a que se ofrezcan a los mercados nacionales a precios muy inferiores a los que pueden hacerlo los pescadores españoles. También estamos de acuerdo en el aspecto científico-técnico que delata los perjuicios irreparables infligidos con estos métodos agresivos de pesca pasiva e indiscriminada a los caladeros donde se practica. Coincidimos con los proponentes en que esta injusta discriminación respecto a nuestros pescadores no puede continuar en el seno de la Unión Europea y en que no deberían demorarse por más tiempo las soluciones técnicamente correctas y unificadoras que, por descontado, no pasan por autorizar a nuestros pescadores, responsables y cumplidores de las normativas nacionales y comunitarias, a faenar con las artes depredadoras que usan los pescadores de otros países, porque con ello solamente se lograría acelerar el agotamiento de los caladeros en los que faenan nuestros pescadores. Nuestro Grupo no cree tampoco que ni siquiera solidarizándonos --como hacemos-- con la justa indignación de nuestros pescadores, la solución consista en prohibir la comercialización en nuestro país de las capturas obtenidas con estas artes prohibidas por la legislación española, porque, aparte de la práctica imposibilidad de determinar el método de pesca en los controles en destino, que son los únicos permitidos, se entraría en una escalada de proteccionismo y de represalias inaceptable con los criterios comunitarios que nos alejaría de lo que todos queremos que sea el Mercado Común y la Unión Europea: un espacio económico y político con igualdad de trato y de oportunidades para todos, países, sectores económicos y personas. Con este objetivo y porque nos preocupa hallar cuanto antes la solución a este grave problema pesquero, nuestro Grupo ha presentado una enmienda que pretende lo siguiente. En primer lugar ante la reiteración con que este Congreso ha instado al Gobierno para que obtenga de los organismos comunitarios la prohibición de redes de enmalle y deriva y ante el poco éxito práctico obtenido hasta ahora, sólo nos queda --tras urgir esta prohibición-- urgir también la homologación de métodos y artes de pesca. Señorías, soy consciente de que se trata de una provocación a los organismos europeos para saber de una vez si se pronuncian por los métodos conservacionistas españoles o se inclinan por la destrucción de nuestras pesquerías más próximas; si se pronuncian por la igualdad o por la discriminación. En segundo lugar, proponemos, mientras subsistan las actuales circunstancias, adoptar desde el Gobierno aquellas medidas que permitan superar a nuestros pescadores las dificultades que se derivan de la comercialización en España de especies capturadas con métodos prohibidos por nuestra legislación.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, si fuera aceptada por el Grupo Popular, nuestro grupo podría estar de acuerdo en el primer punto, siempre que se aceptara la urgencia en vez de la continuidad en la defensa y que se incluyera la segunda idea de nuestra enmienda, consistente en la adopción de medidas en nuestro país que contrarresten los efectos de comercialización de especies pesqueras por métodos prohibidos en nuestra legislación.
La solución, por lo tanto, queda sujeta a la decisión del Partido Popular y del Partido Socialista, también por descontado del señor Presidente del Congreso, por si se diera el caso de posibilitar la coincidencia --que nuestro Grupo desea fervientemente-- para garantizar el inmediato futuro de buena parte de nuestro sector pesquero.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco respecto a la prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con artes prohibidas en España planteada por el Grupo Parlamentario Popular.


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Desde nuestro Grupo Parlamentario queremos realizar diferentes consideraciones al respecto.
En primer lugar, apreciamos que hay una incoherencia, una contradicción entre la regulación que se efectúa por parte de la Unión Europea y la existente en el Estado español en cuanto al uso de artes de pesca, en la medida en que existe una regulación que no ensambla de lleno y que es, a nuestro juicio, lo que origina el problema, la contradicción que ha suscitado el Partido Popular en su proposición no de ley.
Nosotros estimamos positivo que el Gobierno central prohibiera definitivamente --hace ya unos años-- la utilización de las redes de volante a la flota española, así como que se pesque en aguas jurisdiccionales españolas --a doce millas--, además de con las redes de enmalle a la deriva, con las redes de arrastre pelágico. Es de reconocer que en España existe una sensibilidad ecológica diferente a la que existe en otros países y, así, la adopción de estas medidas --la prohibición de la utilización de la red de enmalle a la deriva así como el arrastre pelágico-- supuso en España una contestación, una discusión. Hubo una confrontación con el sector pesquero porque, efectivamente, este tipo de artes proporcionaba un rendimiento a la flota pesquera española, pero, como digo, hubo una sensibilidad tanto por parte de la Administración central como de las administraciones autónomas pesqueras y se prohibió la utilización de este tipo de artes. En definitiva, digamos que hubo una visión y una sensibilidad medioambiental para evitar la utilización de estas artes pesqueras.
En el año 1987 la flota francesa empieza a utilizar el arrastre pelágico y las volantas --la flota de altura utiliza el arrastre y la de bajura las volantas-- y es como consecuencia de la utilización de estas redes por parte de la flota francesa cuando se produce el incremento del rendimiento pesquero de esta flota, que va unido progresivamente, según lo corroboran datos científicos, a la disminución de capturas por parte de la flota del Cantábrico, que faena bien con el sistema del cebo vivo o del anzuelo o bien por el sistema del curricán o cañas.
Señorías, el que el esfuerzo de la flota pesquera francesa de la red de deriva, si lo medimos en número de barcos y días de pesca, se haya incrementado considerablemente de 1990 a 1992 - -en los dos últimos años--, alcanzando la excepcional cifra de un 84 por ciento, es un dato a considerar.
Como tuvimos ocasión de manifestar en el debate mantenido el pasado mes de octubre con relación a la prohibición de las redes de enmalle a la deriva, yo resaltaría una serie de aspectos negativos. En primer lugar, constituyen un obstáculo normal en la navegación marítima, puesto que estas artes de pesca se colocan un metro por debajo de la superficie del mar, originando colisiones y que los barcos queden encallados con sus hélices en este tipo de artes. En segundo lugar, suponen la disminución de los rendimientos de la flota que utiliza las artes tradicionales, bien del cebo vivo, bien del curricán, y ello se comprueba con los datos que he dado de que a medida que el esfuerzo pesquero de la flota francesa aumenta disminuye el rendimiento y las capturas de la flota pesquera del Cantábrico. Y, en tercer lugar, este tipo de artes supone una mortalidad adicional, no sólo para los túnidos sino también para los cetáceos, en la medida en que las especies pesqueras quedan enmalladas y logran liberarse ya heridas, lo cual origina y adelanta la mortalidad de las mismas, así como el efecto mecánico que produce el oleaje a la hora de la utilización de este tipo de redes de enmalle a la deriva.
Desde el Grupo Vasco ya manifestábamos que el aspecto esencial en esta materia está en el control y en la fiscalización.
Evidentemente, puede ser bonito que nosotros prohibamos la comercialización de especies pesqueras capturadas con artes de pesca prohibidas en España cuando eso entra en contradicción con la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo, pues hay una libertad de mercado, hay un mercado único y efectivamente no pueden existir esos controles en frontera ni en destino.
El problema está en cómo se controla si se utilizan artes reglamentadas o artes que van en contra del reglamento.
Señorías, hay tres tipos de controles. En primer lugar, se puede controlar en alta mar, que es un control exacto, específico y muy certero, que no se realiza porque la Unión Europea no tiene mecanismos de fiscalización. En segundo lugar, se realiza el control con el desembarco de las especies en los diferentes puertos de la Unión Europea; ahí, la responsabilidad es también de los Estados y ahí está la sensibilidad, la competencia y las ganas de cumplir la normativa por parte de los Estados. Desgraciadamente, hemos de decir que tampoco se cumple con el rigor y la suficiencia necesarias. En tercer lugar, se puede realizar el control en destino, que evidentemente no tiene ninguna eficacia, ninguna virtualidad, por una sencilla razón, que el control en destino, el control en los grandes mercados españoles de ninguna manera nos puede certificar, justificar o acreditar que el pescado que en su caso se inspecciona viene de una pesca derivada de un arte de deriva legal o ilegal, puesto que eso no puede determinarse en ese momento a efectos administrativos. Por lo tanto, estaríamos faltos de pruebas a la hora de incautar una mercancía o de establecer una sanción a través del mecanismo sancionador correspondiente.
Por ello, vemos difícil el planteamiento que hace el Grupo Popular, pero nos parece interesante la iniciativa que plantea, puesto que suscita un problema que existe en la realidad pesquera de la Unión Europea. En relación a las enmiendas que han planteado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Socialista, nos posicionaríamos en este sentido.
El Grupo Catalán planteaba la necesidad de homologación.


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Efectivamente, es necesario que exista una uniformización, de forma que ensamble la legislación pesquera española con la de la Unión Europea, sobre todo en el tema de las redes de volanta, puesto que el arrastre pelágico, como sabe el Grupo Parlamentario enmendante, va a venir progresivamente. Hay flota española utilizando ya el arrastre pelágico en el Cantábrico fuera de las doce millas y los avances tecnológicos pesqueros se están fomentando porque origina rentabilidad y bien utilizados pueden preservar el medio ambiente, entiendo yo. En ese sentido, diferenciaríamos lo que es la red de enmalle a la deriva o volanta tradicional de lo que es el arrastre pelágico. En segundo lugar proponen medidas --lo redactan a través de una formulación muy genérica-- para dificultar la comercialización, con lo que nosotros estaríamos de acuerdo. Quizás hubiera sido más oportuno una precisión más exacta, pero entendemos que, en aras al consenso con el resto de los grupos parlamentarios, quizá sea la redacción adecuada.
Con relación a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, quiero indicar que hace alusión al acuerdo parlamentario del pasado 26 de octubre e insta nuevamente a la Unión Europea para la adopción de medidas, pero hay que recordar que no es la Unión Europea la que puede adoptar esas medidas, sino que lo que podrá hacer es recomendar, instar, urgir a los diversos Estados para que establezcan los mecanismos de control. Al fin y al cabo, son estos Estados, bien con el control en alta mar bien con el control en el desembarco de las especies pesqueras en el puerto, los que tendrán que realizar la fiscalización de si se utilizan o no redes de enmalle a la deriva o de arrastre pelágico, de acuerdo con la reglamentación comunitaria. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario estaría dispuesto a lograr un consenso, tanto en lo relativo al punto segundo de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista como con la enmienda que plantea acertadamente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el día 26 de octubre se adoptó por unanimidad de la Cámara una resolución por la que se instaba al Gobierno a la prohibición de determinadas artes pesqueras (volantas, malla a la deriva y arrastre pelágico) que fue acogida positivamente por el conjunto de los pescadores, además de que fue, como digo, una decisión unánime de la Cámara. Creo que hubiera sido bueno que el desarrollo posterior de la resolución presentada a raíz de aquella de 26 de octubre también hubiera buscado la unanimidad incluso en el principio, y no por un prurito de intentar que todos los grupos estuvieran presentes en la resolución, sino porque se podían producir disfuncionalidades como la que hoy se está produciendo en el debate, ya que de una buena intención como la que plantea la proposición no de ley, probablemente al final nos encontremos con una resolución que necesariamente tiene que ser aprobada por toda la Cámara - -no creo que ningún grupo parlamentario quiera ceder nada en relación con lo aprobado el 26 de octubre-- pero que, en realidad, no signifique prácticamente ningún avance sobre lo aprobado en aquella fecha. La resolución final de este trámite puede ser el conseguir que por lo menos no retrocedamos nada con respecto a lo que se consiguió el 26 de octubre, aunque en realidad avancemos poca cosa. Por eso yo creo que hubiera sido interesante haber conseguido que esa unanimidad que se logró el 26 de octubre se hubiera plasmado, no en el momento en que se está sustanciando este debate sino previamente a la entrega de esta proposición no de ley. Efectivamente, es buena la intención que plantea la proposición del Grupo Popular en el sentido de que es justo que no se comercialice en España lo que estamos prohibiendo que se pesque aquí con las leyes que estamos planteando, pero, evidentemente, al no poder lograr que salga esto de la Cámara, lo que por lo menos debería conseguirse es lo que propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en su enmienda, en el sentido de urgir a la Unión Europea a que tome medidas legislativas similares a las que se elaboren en España. Sin embargo, no parece que sea eso lo que vaya a salir del debate, ya que entendemos que la enmienda que presenta el Grupo Socialista no aporta mucho con respecto a lo aprobado el día 26 de octubre, aunque creemos que debe ser unánimemente aprobada para que al menos no se produza un paso atrás sobre lo conseguido en aquella fecha. Creemos que sería bueno que se avanzara en este proceso y que se equipara la legislación europea a la legislación española para impedir que nuestros pescadores se encuentren en esa situación de inferioridad en la que hoy día se hallan con respecto al conjunto de los pescadores europeos. No hay que olvidar que éste es un sector importantísimo en nuestro país, que además nos lleva a situaciones como las que se están dando estos días en que España está planteando serios problemas a la integración de Noruega, porque realmente se está comprobando que puede existir un daño grave al haber situaciones diferentes de unos países con respecto a otros dentro de la Unión Europea.
Por tanto, anunciando que mi Grupo Parlamentario, vistas las enmiendas, apoyará la resolución en el sentido que salga, lamentamos en última instancia que en un debate como éste no se avance mucho más de lo que

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realmente se consiguió en la resolución de 26 de octubre.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo autor de la proposición, para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular no pretende un mero acuerdo testimonial de la Cámara sobre algo en lo que estamos todos de acuerdo. Por tanto, en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular la aceptaría en los términos expresados, incluyendo en el segundo párrafo, después de «asimismo», lo siguiente: «se insta a incrementar la vigilancia y control sanitario a las importaciones de especies pesqueras».
Recuerdo a los representantes del Grupo Parlamentario Socialista lo que pasa con nuestros productos hortofrutícolas cuando llegan a Francia, y les recuerdo lo que ha pasado con los pescadores franceses cuando Francia limitó las importaciones de países de fuera de la Comunidad: han defendido los intereses de Francia, dentro de la Comunidad Europea, del sector pesquero. Nos parece bien la propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y sobre todo si el Grupo Parlamentario Socialista pudiera aceptar la segunda parte de la enmienda presentada por dicho Grupo, que tampoco obliga al Gobierno a prohibir la comercialización sino simplemente a adoptar medidas que permitan superar las dificultades que se deriven de la comercialización en España de aquellas especies pesqueras capturadas por métodos, etcétera, etcétera.
En realidad, lo que plantea el PNV en relación con el -- permítame la expresión-- «refrito» de las enmiendas presentadas --aunque el control en destino sí se puede hacer, señor representante del Partido Nacionalista Vasco, porque para eso hay especialistas en este país, y no es lo mismo pescar con redes de enmalle que con anzuelo, ni llegan en las mismas condiciones las capturas pescadas con enmalle que pescadas con anzuelo--, es incrementar el control que propone...


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego se atenga a la aceptación o rechazo de las enmiendas y no realice un debate con el representante del Grupo Vasco.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Sí, señor Presidente.
Digo que aceptamos lo que propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en cuanto a la comercialización y pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que, además de la inclusión, en el segundo párrafo de su enmienda, de que se inste a incrementar la vigilancia y control sanitario que nosotros proponemos, realice un esfuerzo, si es posible, por añadir a su enmienda el segundo apartado de la del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En ese sentido, nosotros no tendríamos inconveniente en aceptar las enmiendas presentadas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Para adelantar que aceptamos la inclusión del párrafo propuesto por el Grupo Popular, en el sentido de incrementar los requisitos de vigilancia y control sanitario a la importación de especies pesqueras. Lamentamos que no podamos aceptar el segundo párrafo de la enmienda del Grupo Catalán, porque la redacción complica y desvirtúa a nuestro entender el texto de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, por las razones que hemos expuesto en nuestra primera intervención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
El señor Vidal tiene la palabra.


El señor VIDAL I SARDO: Sí, señor Presidente.
Nosotros retiramos nuestra enmienda en aras del consenso de esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Señor Fernández de Mesa y señor Moragues, agradeceríamos que hiciesen llegar a la Presidencia el texto preciso que pretenden que se someta a votación, fruto de las transacciones que han expuesto. (Pausa.) Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición. Se somete a votación en los siguientes términos, tras la aceptación, por parte del Grupo proponente, de la enmienda del Grupo Socialista, con las siguientes modificaciones: el apartado primero de la enmienda será el que figura en la enmienda del Grupo Socialista y el segundo párrafo de la proposición no de ley será el siguiente: «Asimismo, se insta al Gobierno a incrementar la vigilancia y control sanitario de las importaciones de especies pesqueras y a que propugne ante la Unión Europea la adopción de las medidas necesarias para asegurar que no se vulneran los objetivos perseguidos por esta prohibición.» Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.


DECLARACION INSTITUCIONAL:

El señor PRESIDENTE: De acuerdo con los grupos, propongo a la Cámara la aprobación de una declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Declaración por la que se asume la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 11 de febrero de 1994 sobre la mujer en los órganos decisorios y según la cual se solicita a los partidos políticos que elaboren una política de acción positiva para lograr una representación democrática equilibrada e incrementar la participación de la mujer en la vida política y su eligibilidad para cargos políticos. Se solicita a la Comisión que aplique recursos adicionales para formular acciones y medidas, en cooperación con los Estados miembros, de los partidos políticos con vistas a aumentar el número de mujeres electas al Parlamento Europeo. El Congreso de los Diputados expresa su voluntad de hacer suya esta resolución, y manifiesta su solidaridad con sus objetivos, en el convencimiento de que, para conseguirlos, es necesario seguir avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad. ¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.) Queda aprobada. (Aplausos.)

AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

--DEL PROYECTO DE LEY DE TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552 DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA SOBRE LA COORDINACION DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION TELEVISIVA (Número de expediente 121/000029)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de transposición de la Directiva 89/552 de la Comunidad Económica Europea sobre la coordinación de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
¿Acuerda el Pleno recabar la avocación? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.


--DEL PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES Y DE INCENTIVOS FISCALES A LA PARTICIPACION PRIVADA EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL (Número de expediente 121/000025)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado también proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general.
¿Acuerda el Pleno recabar la avocación? (Asentimiento.) Queda aprobado.


SOLICITUD DE TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE CONCURSOS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DOCENTES (Número de expediente 121/000035)

El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley por la que se establecen normas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única de este proyecto de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS A APLICAR PARA LA RECONVERSION DE LA SIDERURGIA (Número de expediente 162/000033)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre criterios a aplicar para la reconversión de la siderurgia.
Tiene la palabra el señor García Fonseca. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.


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Señoras y señores Diputados, intervengo para plantear, una vez más, en nombre de mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el tema de la reconversión o, dicho de otra manera, del futuro que pueda tener la siderurgia integral en nuestro país.
La reiteración con que nuestro grupo viene planteando este tema nos parece suficientemente justificada --y creo que a todos ustedes se lo parecerá igualmente-- si tenemos en cuenta dos datos fundamentales, entre otros muchos. Un primer dato es que la reconversión de la siderurgia en nuestro país, de toda la siderurgia integral fundamentalmente, empezada en 1984, está suponiendo y va a suponer --nada más y nada menos-- casi un billón de pesetas de dinero público, entre inversiones, gastos sociales, gastos financieros, etcétera. Repito, un billón de dinero público que se está gastando, que se ha gastado ya en gran parte y que está previsto gastar en todo el proceso de reconversión siderúrgica.
Un segundo dato suficientemente expresivo, a nuestro entender, de su importancia --y de ahí la reiteración con que nuestro grupo vuelve sobre el tema en esta Cámara-- es que la producción de la siderurgia integral española supone nada más y nada menos que el 0,25 por ciento del producto interior bruto. No se trata, por tanto, de un tema menor, por sectorial que pueda parecer; es tun tema de gran envergadura y, obviamente, es un tema de gran calado. Porque la cuestión está en que siendo un tema de esta enorme importancia, de estas enormes magnitudes, de estos tremendos costos, lógicamente es de un interés no menos fundamental que esta reconversión se lleve a cabo de forma y manera que asegure con claridad un futuro a nuestra siderurgia. Si esta reconversión, con estas cifras casi escalofriantes, terminase en un fracaso, las responsabilidades serían enormes. Nosotros pensamos, y lo hemos manifestado en repetidas ocasiones en esta Cámara, que el proceso, desde su inicio, no se está llevando por buen camino, y simplemente quiero aportar algunos datos significativos, al entender de mi Grupo. La primera etapa de la reconversión, del año 1984 al año 1990 --recién terminada, por tanto, y algunas de cuyas intervenciones ni siquiera han terminado de materializarse--, a nuestro juicio no cumplió los objetivos señalados, y prueba de ello es que, según el propio Presidente de la Corporación de la Siderurgia Integral Española, después de esta primera reconversión, de cuatro años, el coste de la bobina caliente sigue siendo un 25 por ciento más caro que el de nuestros homólogos comunitarios. Este me parece que es un dato suficientemente expresivo de que si hubo una reconversión importante y costosa no se puede decir, igualmente, que haya sido una reconversión acertada. Si una vez terminada la misma los costes de nuestra bobina caliente son un 25 por ciento más caros que los de nuestros competidores comunitarios y, consecuentemente, eso exige un segundo plan de reconversión, que implica una reducción de capacidad y una reducción de plantilla de más de 10.000 trabajadores, creo que esa primera reconversión --porque no era una primera etapa, era una reconversión que terminaba, en principio, en sí misma-- no se puede calificar de otra manera que como un fracaso rotundo.
Nuestro Grupo quiere señalar algunos de los elementos erróneos que han sido factores fundamentales en el fracaso de esa reconversión. En primer lugar, hubo un plan, con una inversión de 85.000 millones de pesetas en la cabecera y acería de Altos Hornos de Vizcaya, que terminaba en 1990, y en 1991 el nuevo plan plantea nada más y nada menos que el cierre total de las instalaciones donde se invirtió una cantidad tan tremenda como la que acabo de citar; plantea su achatarramiento total. Una de dos: o el primer plan estaba muy mal diseñado --¿a quién se han pedido responsabilidades?-- o el nuevo plan no tiene en cuenta, realmente, el enorme esfuerzo que supuso el anterior.
Otro error fundamental, que nuestro Grupo viene denunciando en muchas ocasiones, es que entonces se repararon los dos trenes de bandas en caliente que había. Fue un poco como el juicio salomónico, pero llevado hasta el final. Se partió el niño en dos. En lugar de construir un solo tren de bandas en caliente, del ancho suficiente como para abastecer el mercado del automóvil, uno de los fundamentales de nuestra siderurgia, por un coste muy aproximado se repararon esos dos trenes que hoy se muestran estructuralmente incapaces para abastecer este mercado; por tanto, tenemos que importar este tipo de plancha de fuera. Repito, por una cantidad muy similar a la que se gastó hubiéramos tenido hoy un tren de bandas en caliente, que es una de las piezas clave de cualquier siderurgia moderna y uno de los elementos nucleares de cualquier siderurgia que haya tenido algún tipo de reconversión o que, simplemente, sea una siderurgia competitiva, cualesquiera que sea, tanto a nivel europeo como a nivel mundial.
A consecuencia de estos y otros errores que no quiero enumerar en aras de la brevedad, las pérdidas totales de la CSI -- repito, un 25 por ciento más cara la bobina caliente-- resultaron, en 1991, 55.000 millones de pesetas, inmediatamente terminado el primer plan; en 1992, 100.000 millones de pesetas, y en 1993, otros 100.000 millones de pesetas. Dicho en otros términos escalofriantes: la Corporación Siderúrgica Integral pierde 43 pesetas por cada 100 de ventas, mientras que la siderurgia europea que más pierde a continuación, que sería la holandesa, Hoogovens, pierde siete de cada 100 pesetas. No se puede hablar, por tanto, que las pérdidas de nuestra siderurgia son las que sufren, que padecen todas las siderurgias mundiales, porque no es así. Hay siderurgias que no solamente no tienen pérdidas, sino que tienen beneficios, como puede ser el caso de Thyssen o de Preussag. De cualquier forma,

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nuestras pérdidas no son en absoluto comparables. De 43 pesetas por cada 100 a 7 por cada 100 es una diferencia tan abrumadora que no se puede justificar de ninguna de las maneras.
El nuevo plan, ya acordado en Bruselas en sus líneas fundamentales, a nuestro entender sigue padeciendo, sigue cojeando de los errores básicos que acabo de señalar. No se contempla un tren de bandas en caliente de ancho adecuado.
Seguimos teniendo las mejores instalaciones. Concretamente la LD-III, reconocida como la acería más moderna de Europa y una de las más modernas, incluso, de las siderurgias mundiales, la tenemos absolutamente infrautilizada, a mitad de su posible utilización. Simplemente, con un tercer convertidor, que supondría 25.000 millones de pesetas, esta acería duplicaría su capacidad y no podría ser comparada ni en precio ni en calidad con una miniacería eléctrica, que supone entre 50 o 70.000 millones de pesetas y que, según todas las predicciones (predicciones cada vez más negativas en cuanto a coste de electricidad, coste de la chatarra, etcétera), en ningún momento puede competir, por supuesto, en calidad; esto de ninguna de las maneras, estructuralmente es imposible, pero ni siquiera en costes, con una LD-III que es la acería más moderna que posee nuestra siderurgia y una de las más modernas europeas.
Por tanto, el motivo fundamental de esta proposición no de ley hecha en su día (y en su día, octubre de 1993, hubiera sido un momento mucho más propicio, pero nunca es tarde para corregir errores) es que con el mismo dinero, e incluso con los parámetros básicos fundamentales aprobados en Bruselas, podrían hacerse inversiones mucho más adecuadas. Este es el sentido que todavía sigue teniendo, a nuestro entender, la proposición que hoy sometemos a consideración de todos ustedes. Porque resulta que los planes no se hacen de una vez por todas, y cuando ya parece que ante un segundo plan aprobado en Bruselas el futuro teóricamente quedaría despejado (a nuestro entender nunca lo ha estado, como acabo de exponer), nos encontramos con que, de nuevo, se vuelven a plantear recortes de plantilla que, posiblemente, repercutan en recortes de capacidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor García Fonseca.
Este es, repito, el sentido fundamental de que nosotros mantengamos viva esta proposición no de ley, hecha en un momento mucho más favorable que el de ahora, pero, repito, nunca es tarde para corregir errores. Quisiera --y este es un ruego que hago a todos los grupos parlamentarios--que tomaran en consideración esta proposición no de ley. Entiendo que puede ser discutible según la filosofía, el planteamiento o los intereses que pueda representar para cada grupo asumir todas y cada una de las partes que a nosotros nos parecen razonables y válidas. En todo caso, quisiera subrayar simplemente algunas a las que ya, indirectamente, hice defensa de ellas en esta exposición que acabo prácticamente de concluir. Me refiero fundamentalmente a las del punto 2 y 6.
Incluso en los planes laborales aprobados con alguno de los sindicatos se contemplaban medidas para estas zonas que van a estar afectadas fuertemente por reducciones de empleo, que se suman a reducciones de otras empresas y sectores en reconversión, y se planteaba que hubiera planes o programas de reindustrialización, de diversificación, etcétera, e incluso se aceptaba oficialmente liberación del suelo industrial, sociedades de capital riesgo, tanto en Asturias como en Euskadi (en Euskadi se ha hablado ya de una sociedad de capital-riesgo de 30.000 millones), planes de formación, incluidos en las negociacionese con la propia UGT en el plano laboral, etcétera. Sobre esto, hasta la fecha, que nuestro Grupo sepa, todavía no hay nada de nada, con lo cual, a una reconversión que, a nuestro juicio, no solamente no salvaguarda el futuro de la siderurgia, sino que incide en los mismos errores de las anteriores que han dado motivo a nuevas y permanentes reconversiones, se añade el vacío de programas de reindustrialización y de diversificación que mi Grupo también quiere hacer constar críticamente en esta proposición no de ley.
Estos son los puntos fundamentales de la proposición que sometemos a debate, a considereación y aprobación de todos ustedes. Simplemente quiero pedirles que la tomen con el mayor cariño y que lo expresen con un voto positivo. Nada más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Fonseca. A esta prohibición no de ley se han presentado una serie de enmiendas por parte del Grupo Popular. Para la presentación y defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el señor Landeta.


El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en esta primera intervención en este foro quiero, en primer lugar, extender mi saludo al Presidente, a los miembros de la Mesa y también a los queridos compañeros que en este momento me acompañan. En primer lugar, tengo que decir que nuestra intervención es para defender seis enmiendas presentadas a esta proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre criterios a aplicar para la reconversión siderúrgica. Tengo que decir que esta proposición no de ley se debatió el día 4 de noviembre de 1993 ante la Junta General del Principado de Asturias y en ese momento fue

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aceptado el sexto apartado y rechazado el contenido del resto.
Con dicha pretensión, Izquierda Unida pretendía la reelaboración del Plan de Competitividad de la siderurgia integral al considerar que el mismo era inadecuado. En segundo lugr, pretendía una estrategia diferente en el marco comunitario, que suponga la incorporación de la reconversión al marco de la siderurgia comunitaria. En concreto, se pretendía modificar la siderurgia estatal y la estrategia en el marco comunitario en cuanto que afecta a todo el plan siderúrgico español, porque para Izquierda Unida en Europa no existía política siderúrgica. Somos conscientes de la importancia y trascendencia que tiene la política siderúrgica para dos autonomías: Euskadi y Asturias. Para estas regiones, Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa no son una simple empresa, sino que, en los momentos actuales de las crisis tan grandes que están padeciendo estas regiones, son dos elementos trascendentales y dinamizadores para ambas regiones. A lo largo de todas las sesiones, tanto en la Comisión de Industria como en las comparecencias del Presidente del CSI, mi distinguido compañero señor Peón incidió en todo momento en la defensa de la política vasca de la siderurgia. En todo momento se interesó por los nuevos socios y la gestión de la Acería Compacta de Sestao, del adelanto del cierre de Laminados de Ansio, y también de los perjuicios que se dice que están sufriendo en los momentos actuales los socios minoritarios de Altos Hornos de Vizcaya. Fue un claro defensor --y tengo que decirlo-- también de la miniacería vasca que, en modo alguno, la consideramos incompatible con las actuaciones que se están llevando a efecto en los momentos actuales por la industria de Ensidesa.
La iniciativa a debatir se presentó en esta Cámara en octubre de 1993. En ese momento fijaba Izquierda Unida la posición sobre la misma. Hoy han transcurrido cuatro meses y el Plan se encuentra aprobado por el Consejo de la Comunidad el 17 de diciembre de 1993.
Por tanto, entendemos que esta proposición no de ley tiene indiscutiblemente un efecto testimonial, por lo menos, pero no un efecto práctico, dado que es muy difícil volver a negociar las condiciones del Plan al estar cerradas todas las negociaciones. No existe en el momento actual una vía posible de revisión desde el Plan con todas sus consecuencias.
Creo que para poder juzgar el tema siderúrgico es necesario tener en cuenta lo que de sí dio el informe Brown, informe que encargó la Comunidad Económica Europea en el año 1990, que puso de relieve que en toda Europa había un excedente de 30 millones de toneladas anuales en la fabricación de acero bruto y de 16 a 26 millones de toneladas de productos laminados.
Esto ha puesto en peligro en estos últimos años 70.000 puestos de trabajo y, de no tomarse unas medidas serias, importantes respecto a este tema, la consecuencia sería la pérdida de otros 175.000 puestos de trabajo. Debemos resaltar que los males que padece en el momento actual la siderurgia no son achacables sólo al problema de nuestra entrada en Europa. Para nosotros existió una mala política del Gobierno y una mala gestión empresarial, y basta examinar los planteamientos y las realidades que ha sufrido Ensidesa. En el año 1985 Ensidesa tenía una producción de acero de cuatro millones y medio de toneladas, en 1991 tiene 4 millones. La plantilla bajó, nada más y nada menos, que de 24.500 puestos de trabajo a 17.250 en 1991 y en el momento actual ronda los 8.900 puestos de trabajo. En las pérdidas ocurrió otro tanto. En el año 1985 Ensidesa perdía 17.500 millones de pesetas: en el año 1991, 33.864 millones de pesetas y en el año 1992-1993, lleva nada más y nada menos que 68.000 millones de pesetas de pérdidas. Esto da indiscutiblemente la idea clara de por qué defendemos que la política siderúrgica del Gobierno no fue la acertada durante todos estos años.
Para nosotros hubo errores al combatir los costes de producción; hubo errores en los tipos tan altos que se aplicaron a estas empresas y hubo errores también en el costo de la energía y otros elementos que llevaron a este desastre económico, a la quiebra técnica de estas dos empresas. Creo que España en el momento actual tiene una baza muy importante que jugar. Todos pretendemos, y este es el interés principal, que lo que se aprobó tenga éxito; que los acuerdos que ha impuesto la comunidad de que la acería compacta de Sestao tuviera un mayor capital privado, de que el cierre de laminados de Ansio, de Altos Hornos de Vizcaya, se adelante en dieciocho meses o que se haya aumentado la autorización para las ayudas comunitarias, sean los elementos fundamentales para que ese plan realmente se lleve adelante. Nosotros hemos presentado unas enmiendas que lógicamente tienen, creo, una importancia muy grande. En primer lugar, al punto 1 presentamos una enmienda de modificación que creo que tiene que votar afirmativamente toda la Cámara, porque su objetivo fundamental es lograr que las industrias siderúrgicas tengan futuro.
En segundo lugar, presentamos la enmienda número 2, también de modificación, en la que se dice que debían de potenciarse las instalaciones rentables infrautilizadas o cuya productividad fuera claramente mejorada con algunas inversiones complementarias, de acuerdo con el plan aprobado por la Unión Europea. De esta enmienda hemos eliminado una frase que hacía mención al tren de la acería de Avilés LD-III porque creo que ese criterio no sólo se debe de aplicar a Avilés y la LD-III, sino también a todas aquellas instalaciones siderúrgicas que gocen de esos pronunciamientos.


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Hemos presentado sendas enmiendas de supresión de los apartados 3, 4, 5 y 7 porque consideramos que el plan se encuentra aprobado en los momentos actuales, que es muy difícil reabrir el proceso de negociación y que es el momento de mirar hacia el futuro y entre todos sacar adelante la siderurgia en nuestro país, de la que viven tantas familias en las autonomías de Asturias y País Vasco.
Finalmente, en lo que se refiere al apartado sexto, estamos plenamente conformes con intensificar los programas de reindustrialización tanto en los sectores mineros, como en el naval, en el siderúrgico, en el agrícola y en el ganadero. La Comunidad está realizando esfuerzos en este sentido, pero nosotros somos conscientes de que deben seguir adelante los fondos estructurales y aplicar con todas sus consecuencias el programa previsto. Por todas estas razones, proponemos al grupo que ha presentado esta proposición no de ley que acepte nuestras enmiendas a fin de votar favorablemente dicha Proposición. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Landeta. ¿Qué grupos desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, quiero agradecer al señor García Fonseca y al Grupo de Izquierda Unida la presentación de esta proposición no de ley, que me permite hablar de la siderúrgica y recordar lo sucedido en una que no tuvo que desaparecer y que desapareció. El señor García Fonseca ha dicho que la primera reconversión fue un fracaso.
Yo añado que un fracaso y una chapuza, porque no se hizo lo que se debía. Y cuando ustedes hablan aquí y dicen con qué criterios se va a estudiar, yo pregunto con qué criterios se hizo entonces. ¿Con qué criterios desapareció Sagunto? Sagunto desapareció sencillamente por los criterios políticos del momento, por los criterios que los grupos políticos supieron defender. Cada uno supo defender su parcela. Usted defendió determinadas acerías en el resto del Estado español, pero no se supo defender allí, puesto que todos los informes que se dieron demostraban que la siderúrgica de Sagunto posiblemente era la única que en estos momentos hubiera podido llegar a ser si no rentable, por lo menos sí a mantener los costos que hoy en día se han vuelto a disparar, porque, efectivamente, fue una perfecta chapuza. Hoy hablan ustedes de los criterios y en el punto cuarto de su propuesta se dice: el cierre de instalaciones debe hacerse teniendo en cuenta la competitividad y obsolescencia de cada una de las plantas industriales. No sé si lo van a hacer así o no. Está claro que desde mi punto de vista España no debe ceder absolutamente nada más en siderurgia. Ya cedimos bastante los valencianos para el resto del Estado. Creo que no se debe ceder nada. Debemos mantener la producción que se tiene y se debe intentar que no haya una nueva sangría a este respecto. Ahí nos encontrarán. Fuimos los grandes perdedores.
Hoy da la impresión de que hay una confrontación regional entre dos comunidades autónomas. Yo creo que no debe existir.
Creo que se deben aunar los criterios para que no sigamos perdiendo y, por supuesto, que con la racionalidad, que no se tuvo hace años, se mantenga el proceso de reindustrialización, de regeneración de la industria siderúrgica con criterios verdaderamente objetivos y que no se adopten los que se fijaron en su tiempo cuando se desmanteló Sagunto con una bomba que, desgraciadamente, segó no solamente la riqueza de una región, sino las grandes posibilidades que tenía la siderúrgica española a través de Altos Hornos del Mediterráneo en sus instalaciones en Sagunto.
Vuelvo a repetir, que no existían criterios subjetivos de ningún tipo, única y exclusivamente los objetivos, y ahora se van a volver a cumplir. Lo que me gustaría es que no hubiera otros objetivos que no fueran la defensa integral de lo que queda.
Así que, señor García Fonseca, dentro de esa técnica le voy a apoyar y, naturalmente --vuelvo a repetir otra vez--, gracias por haber permitido que aquí se diga, aunque sucedió hace unos años, que no fue un fracaso, fue una perfecta chapuza con criterios eminentemente políticos, y que los valencianos, una vez más, no tuvimos en este hemiciclo ni en ningún sitio aquellas personas capaces de defender lo que se perdió, sin necesidad de que se hubiera hecho.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Albistur tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Quisiera subrayar la sensibilidad del señor García Fonseca en este tema --que me consta, porque como compañero de la Comisión la he vivido-- y, sobre todo, lo que de verdad hay en su proposición no de ley, en la cual se destaca que resulta a todas luces descompensada la propuesta de reducción de capacidad que se está realizando en este tema. Sin embargo, creo que el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya ha tenido la oportunidad de fortalecer por la vía parlamentaria el trabajo, por solucionar un problema que afecta a dos regiones industrializadas en declive, y lo ha hecho, pero consiguiendo

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lo que a mi modo de entender parece más una confrontación que la búsqueda de una solución.
Bien es verdad que existe una sobrecapacidad y que precisamente el problema está en la solución que se nos está planteando --la de redimensionar la siderurgia española--, pero el hecho de proponer inversiones en LD-III de Ensidesa cubriría toda la capacidad del Estado haciendo inviable el tema de Sestao. Más que la solución que se nos da en esta proposición, la miniacería en estos momentos se presenta como más competitiva, habiéndose exigido la incorporación no de capital público, sino privado, cuya rentabilidad hoy por hoy es dudosa pero que, en definitiva, se exige y se está procediendo a juntar y a reunir. Además, se exige el cierre de instalaciones y no hay ideas claras sobre el futuro de los activos de Altos Hornos de Vizcaya y las sociedades acabadoras participadas hoy mayoritariamente por Altos Hornos de Vizcaya.
El problema reside en algo que un periodista decía no hace mucho tiempo: que para nosotros no es precisamente un problema de confrontación, sino de síntesis que tenemos que buscar. Que España y, en consecuencia, el País Vasco le hayan aplicado la dosis que le correspondía o no en materia de reconversión siderúrgica es un tema que parece ser irrelevante. Esa guerra se perdió hace tiempo y quizás no combatimos suficientemente.
La cuestión hoy en día es saber si la receta, justa o injusta, va a funcionar y a garantizar, en el caso del País Vasco --y digo también en el caso de Asturias--, la producción de acero necesaria para alimentar nuestras plantas acabadoras y mantener los mercados que actualmente tiene la siderurgia española. Estaríamos de acuerdo con los puntos 6, 4 y 5 de la proposición, no así con los puntos 1, 2, 3 y 7. También estaríamos de acuerdo --porque nos parecen razonables-- con las enmiendas presentadas a los puntos 1 y 2 por parte del PP, pero creo que de alguna forma pierden su consistencia en la misma condición que la proposición tiene, no por sí mismas.
Yo terminaría invitando al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a presentar una iniciativa parlamentaria para desarrollar el punto 6 de su proposición, porque considero que hay que mirar el futuro, tratando de solucionar los enormes excedentes que va a haber en este sector.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Albistur. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor García Fonsea, voy a intervenir brevemente desde el escaño y voy a indicar que usted es una persona normalmente bienintencionada y rigurosa en el planteamiento de las cuestiones que suele presentar en esta Cámara, pero con una excepción, desgraciadamente: las iniciativas parlamentarias atinentes al sector siderometalúrgico, donde de forma casi sistemática, señor García Fonseca, de forma regular, nos provoca severas reservas mentales.
En relación a esta proposición no de ley que su Grupo presenta y usted en su nombre defiende, tengo que decirle que, en primer lugar, tiene problemas de extemporaneidad. Usted pretende modificar la esencia, los aspectos esenciales de un plan que ya ha sido aprobado en Bruselas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea y que está, además, en una fase avanzada de ejecución en algunos de sus aspectos, en algunos de sus ámbitos. Lógicamente, eso deshomologa la pretensión de que cualquiera de sus contenidos, salvo el punto 6, como luego le indicaré, sea objeto de su toma en consideración. Con esto le estoy indicando ya que nuestro voto va a ser negativo a la toma en consideración de esta proposición no de ley. Pero nos preocupa más otra cosa, señor García Fonseca. Normalmente, cuando usted presenta este tipo de iniciativas subyace en las mismas de forma sutil, de forma subrepticia, cierto tono de confrontación, de alienamiento entre los intereses a favor de unos o de otros o enfrentando a unos contra otros, de las dos grandes factorías que constituyen en este momento el sector siderometalúrgico del Estado español. Usted me hace signos que desde una perspectiva semiótica entiendo que son negativos en relación a esta interpelación que yo hago, y como ya esperaba una negación de esta naturaleza por su parte, le voy a leer unas declaraciones suyas, una intervención suya que consta en el «Diario de Sesiones» de fecha 22 de diciembre de 1993.
Dice usted --y reproduzco sus palabras-- lo siguiente: Por ejemplo, simplemente un ejemplo, yo le preguntaba que cómo es posible que el plan 1984-1990 haya gastado 85.000 millones de pesetas en las instalaciones de Baracaldo y ustedes en su plan las achatarran un año después de terminar las inversiones; un año después.
Usted me dice que es muy bonito ver las cosas desde la barrera y lo que hoy se ve mal entonces era bueno, pero usted mismo daba razones de la inviabilidad de Altos Hornos de Vizcaya --y cito palabras suyas sobre las razones de inviabilidad--, de la cabecera de Altos Hornos de Vizcaya tan absolutamente insuperables --es la cita que usted hace en este momento--como que las instalaciones de Sestao y Baracaldo están en el fondo de una ría que no permite la entrada de buques de más de un determinado tonelaje. Es una cita literal del «Diario de Sesiones». ¿Cómo puede explicar --continúa usted preguntando-- usted que esto que hoy se ve mal por

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razones de este tipo, hace cuatro años estuviera bien? ¿O es que entonces la ría de Bilbao tenía más calado? Hay otra serie de reflexiones complementarias que hace que acreditan cuál es el talante, cuál es el tono, cuáles son los presupuestos teóricos, en definitiva, de este tipo de iniciativas, donde se incorpora un tono latente de confrontación entre intereses legítimos ambos, pero que no pueden ser objeto de confrontación desde una perspectiva prudente de análisis político. No puede ser objeto de confrontación, señor García Fonseca, porque en virtud del plan europeo de viabilidad del sector y de las decisiones ya tomadas por la corporación siderúrgica integral Ensidesa en este momento se queda con la parte del león, con la columna vertebral de la industra siderometalúrgica española. Usted lo sabe perfectamente.
Altos Hornos de Vizcaya pierde su cabecera. Altos Hornos de Vizcaya --y esto ha sido comentado ampliamente en la Comisión de Industria-- ve minorada notablemente su capacidad de producción y se tiene que transformar en virtud de los requerimientos del plan aprobado por los órganos de la Unión Europea. Se ve en la necesidad de transformarse, a través de la creación de un nuevo grupo industrial, donde, además, la iniciativa y el capital privado es preminente, es hegemónico, en algo diferente, en una industria no ya siderúrgica, sino en una acería compacta, en una miniacería que va a intentar compensar lo único que en este momento en nuestra industria siderometalúrgica se puede compensar, lo único que es deficitario, que es la bobina de caliente.
Por esa razón, señor García Fonseca, por este talante que nosotros entendemos que incorpora sutilmente --no lo dice con claridad-- a sus iniciativas atinentes al sector siderometalúrgico, le vamos a votar que no. Entendemos que sólo se puede salvar el punto 6, pero quizá éste sea el menos relevante --en su propia consideración usted lo ha dicho-- y sería poco decoroso que sólo sea aprobado, que sólo sea objeto de aceptación la toma en consideración del punto 6 en el contexto de la serie de puntos que constituye su proposición no de ley. Nos parecen mucho más acertadas las enmiendas, las propuestas presentadas por el Grupo Popular. Nos parecen mucho más congruentes, mucho mejor concebidas conceptualmente. Lo que pasa es que --usted lo sabe perfectamente-- estas enmiendas suponen una modificación de la propia esencia de su proposición no de ley. El Grupo Popular, a través de estas enmiendas, lo que propone es una proposición no de ley de contenido sustancialmente diferente, por no decir que contradictorio. Nosotros, si usted las toma en consideración, votaríamos afirmativamente las enmiendas del Partido Popular.
No nos gusta su proposición porque el plan está aprobado ya por las instancias comunitarias competentes; porque el plan está ya en fase avanzada, incluso de ejecución, en concreto en lo relativo a la creación del grupo empresarial que va a gestionar la acería compacta de Sestao, la que sustituye a Altos Hornos de Vizcaya; porque éste es un plan integral y usted pretende desagregar un plan integral que está configurado como plan integral por las instancias comunitarias que lo han configurado. Es un plan que no se puede desagregar ni territorial ni empresarialmente, y esto es lo que usted solicita y porque, en definitiva, no nos gustan los elementos de confrontación que usted a veces incorpora a este tipo de iniciativas. Por estas razones ya le anuncio nuestro voto negativo a su proposición no de ley.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Molíns.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas grasias, señor Presidente.
Conoce el señor García Fonseca, y también los demás grupos parlamentarios que acuden a las sesiones de la Comisión de Industria, cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario sobre el plan de la siderurgia integral y hasta qué punto ha sido y sigue siendo crítico respecto al contenido de ese plan.
Probablemente no por las mismas razones que las del grupo parlamentario del que forma parte el señor García Fonseca pero, en cualquier caso, nuestro Grupo ha expresado, en repetidas ocasiones, con un éxito, como después diré, perfectamente descriptible, nuestra falta de acuerdo con el contenido del plan siderúrgico.
Es un plan que, para los que no lo sepan, valdría la pena recordar que implicaría la inversión --todavía no se sabe exactamente cuánto-- de más de 550.000 millones de pesetas de recursos públicos y en ningún momento hemos sabido, puede ser un error de nuestro grupo, determinar si la inversión de esos recursos que, como digo son extraordinariamente cuantiosos, va a producir los efectos que entendemos que debería producir tamaña inversión, que es la viabilidad del sector siderometalúrgico en nuestro país, de lo que quede de ese sector después de la aplicación de ese plan de reestructuración.
Conoce el señor García Fonseca que a pesar de haber intentado que el nuevo Ministerio de Industria se replanteara los contenidos del plan presentado a aprobación de la Comunidad Europea, por el hecho simplemente de haber transcurrido un año y medio sin que ese plan tuviera respuesta por parte de la Unión Europea y reformarlo en la parte que fuera necesaria, el actual Ministerio de Industria ha preferido seguir con un

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plan en los mismos términos en que fue planteado por el Ministerio anterior, insisto, hace ya dieciocho meses.
Así ha sido aprobado por la Unión Europea y a pesar de que, insisto, tampoco puedo decir que estemos en desacuerdo, pero que no tenemos ninguna razón, ni se nos ha justificado la razón por qué deberíamos tenerla para apoyar ese plan por cuanto nadie todavía nos ha dicho ni en qué se invertirán esos recursos ni cuál será el efecto sobre el sector, tampoco creemos que se pueda, en una proposición no de ley, como la que nos propone el Grupo parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, cambiar los objetivos del plan sin cambiar el propio contenido del mismo. El plan está ya aprobado por el Ministerio de Industria, por la Unión Europea, y ahora pretendemos cambiar los objetivos del plan sin cambiar el propio plan. Eso nos parece un objetivo absolutamente imposible, de tal manera que nuestro grupo parlamentario no podrá dar su voto afirmativo ni al contenido de la proposición no de ley ni tampoco a las enmiendas que pretenden en el fondo lo mismo: cambiar los objetivos sin cambiar el contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molíns.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcos Merino.


El señor MARCOS MERINO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar posición en contra de esta proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Creáme, señor García Fonseca, que lo hago con pena porque usted sabe que a mí me hubiera gustado enormemente haber conseguido el mayor consenso posible en torno al apoyo que todos estamos deseando para sacar adelante un plan de la siderurgia española que es, como todos hemos dicho de una manera o de otra, muy importante para este país, para dos empresas, como Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa, y para dos regiones de España como son Asturias y el País Vasco, más en concreto Vizcaya, que están afrontando una nueva reconversión sobre la que llueve sobre mojado y que les ha llevado a tener que afrontar una pérdida importante de aparato industrial y como consecuencia de ello una pérdida importante de empleo.
Sin embargo, a pesar de ese interés personal y de mi Grupo por haber conseguido el máximo consenso, no podemos decir que sí a su planteamiento, porque esta propuesta, en primer lugar, llega tarde, llega cuando ya ha sido aprobado el plan en Europa --se aprobó el 17 de diciembre del año pasado--y no tiene ningún sentido que ahora nosotros nos replanteemos su contenido. En segundo lugar, porque no aporta nuevas ideas, puesto que está lleno de obviedades que, dado su planteamiento y su fuera de lugar, no sirven ni para utilizar como referencia de cara al futuro.
Por otro lado, quiero recordarles a SS.SS. que en este país estamos afrontando, por desgracia, procesos de reconversión desde el año 1978 y desde entonces ha llovido mucho y todos sabemos qué conlleva un plan de reconversión, cuáles son los objetivos y cuáles son las derivadas y la resultante que al final se produce. En tercer lugar, no podemos decir que sí porque consideramos que encierra un grave problema. Abrir ahora el melón de la reconversión puede tener un efecto «boomerang» para nosotros, puesto que supondría reelaborar el plan y presentarlo de nuevo en Bruselas. Dada la situación que vive la siderurgia europea en este momento, es evidente --no hay que hacer ningún esfuerzo intelectual ni de imaginación-- que lo mejor que nos podía pasar es que nos quedáramos como estamos, pero seguramente el resultado sería mucho peor.
Saben SS.SS. --y aquí lo ha dicho alguno de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra-- que en este momento la siderurgia europea tiene un excedente de productos entre 40 y 60 millones de toneladas y un excedente de personal entre 60.000 y 80.000 trabajadores. Es evidente que con ese panorama lo mejor que nos puede pasar es que nos quedemos como estamos.
Quiero decir también a S.S. que cuando venimos aquí a plantear una solución para la siderurgia y para la reconversión no tiene nada de positivo recurrir al pasado; yo creo que se refugian en algunos errores que puedan haberse cometido --que, como voy a intentar explicar, no han sido tantos-- ocultando lo que de verdad importa en este caso, que es mirar hacia el futuro y ver de qué manera somos capaces de consolidar el aparato industrial y los empleos que este plan nos marca.
Considero que ha sido un gran éxito --que todos debemos reconocer-- del Gobierno de España por la habilidad y rapidez con que presentó el proyecto en Bruselas, cuando ni los gobiernos europeos ni las empresas europeas se estaban planteando con seriedad la situación de crisis que vivía el sector. Eso nos ha permitido sacar adelante este plan, cuando los demás países todavía siguen discutiendo sobre el futuro de la siderurgia. Ello ha permitido que, por primera vez, nuestro país se haya adelantado y haya sido capaz de sacar adelante un proyecto de reconversión para la siderurgia.


Quiero recordar a estos efectos que nosotros no tenemos nada que ver con el plan del señor Brown. Lo que ha ocurrido con el señor Brown ha venido mucho después de que nosotros hubiéramos presentado el plan, e incluso después de que nuestro plan hubiera dado muchas vueltas en Bruselas, porque fue a partir de su presentación cuando el resto de los gobiernos y de las empresas se movilizaron para ejercer una presión

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sobre el Gobierno español con el fin de que planteara mayores reducciones de capacidad de las que al principio se habían propuesto. Además S.S. plantea una dicotomía, una incompatibilidad entre dos empresas y dos regiones que sólo existen en su cabeza. No es verdad que exista dicha incompatibilidad. Desde el punto de vista político, tengo que decirle que es bastante inconsecuente que se plantee en esos términos y mucho menos que lo haga S.S. Yo creo que todos deberíamos conseguir la integración de las dos empresas, eliminando la competencia que ha habido hasta este momento entre ellas y que ha ido reduciendo la capacidad que tenían para aprovechar su fortaleza. Y cuando se consigue sacar adelante un plan de forma que las dos empresas se convierten en complementarias, usted las presenta aquí --como hizo en la Comisión-- como incompatibles. Yo creo que este es un gran error, desde el punto de vista político, y que todavía lo es más en la medida de que quien lo presenta es S.S.
Nosotros vamos a seguir defendiendo que las dos plantas tienen viabilidad en este momento, que son complementarias y, por lo tanto, de cara al futuro hay que aprovechar las fortalezas y las sinergias que, en conjunto, nos van a permitir garantizar un futuro para estas empresas. Y cuando digo garantizar un futuro, no lo digo alegremente, porque sé que el futuro no es nada fácil; el futuro en el conjunto de la siderurgia es muy complicado. Cuando algunos hablan aquí de la mala gestión del Gobierno, de la mala gestión de las empresas, se olvidan de recordar los fracasos de algunas empresas privadas, de las que no hablan nunca, pero que las podríamos cuantificar, no con los dedos de una mano, porque seguramente necesitaríamos más de las dos. Creo que la situación se define por la propia evolución del mercado, por el exceso de productos y por la necesaria reordenación de todas las empresas y todos los sectores.
Dicho esto, quiero manifestarle que el planteamiento que se hizo por parte del Gobierno en relación con el plan de la siderurgia pretendía dos cosas. En primer lugar, mantener la ubicación de las dos empresas, porque era fundamental para garantizar en el futuro estas industrias. Si desparecía de Sestao la producción de acero no hubiera sido posible mantener en el futuro las plantas acabadoras, porque no tendrían ningún sentido. Por tanto, el objetivo era garantizar la permanencia de la zona siderúrgica. Y, además de esto, se planteaba el reforzamiento, la modernización de las instalaciones; por una parte, con nuevas inversiones en Ensidesa y, por otra parte, con la planta que se va a montar en Sestao, asumiendo los nuevos condicionantes que se plantearon en Bruselas. En todo caso, esto supone sacar adelante el plan con muy pequeñas modificaciones teniendo en cuenta la situación general que se vive en la siderurgia y la situación general que existe a la hora de garantizar la competencia y la competitividad de nuestras empresas. Al señor González Lizondo le quiero decir que es verdad que en Sagunto ya se ha producido una reconversión...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señor Marcos Merino. Se trata solamente de fijar posición sobre la proposición no de ley, sin entrar en debate con los otros grupos que han fijado posición.


El señor MARCOS MERINO: Entonces diré simplemente que creo que el objetivo está cumplido con el plan que se presentó en su momento por el Gobierno, con el apoyo conseguido de la Comunidad Económica Europea, y entendemos que ahora no es posible plantear una reelaboración del plan porque abriría un melón que podría ser muy peligroso para nosotros. Por todo ello, nos vamos a oponer a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, recordando una vez más que nos hubiera gustado alcanzar un mayor consenso en la Cámara y que, en todo caso, a pesar de esto, seguimos reclamando de todos ustedes el apoyo, la unanimidad, el esfuerzo de cada uno de nosotros y de los grupos para que este proyecto se consolide y permita garantizar en el futuro los aparatos industriales y los empleos que de ello dependen.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Marcos Merino. Señor García Fonseca, tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Popular.


El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir que mi Grupo no va a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Popular por dos razones: una de carácter procedimental, ya que esto impediría la votación separada, si el Grupo lo requiriera, de alguno de los puntos, y otra más de fondo, en la que no voy a insistir porque ha sido muy bien explicitada por el propio portavoz del PNV, señor Olabarría. Simplemente querría añadir, señor Olabarría, que yo no introduzco elementos de confrontación entre comunidades. Me duele además que usted emplee palabras como talante...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca, lo que la Presidencia ha indicado al señor Marcos Merino es que éste no es un trámite para entrar en confrontación entre los diferentes grupos. El señor Olabarría ha fijado su posición, lo ha citado y ha

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hecho una interpretación, pero eso no da lugar a un turno.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, brevísimamente, además, no entro en confrontación. Sin embargo, señor Presidente, casi podría entrar en un turno de réplica porque me he sentido aludido, incluso personalmente. Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Señor Olabarría, no, mi Grupo no entra en ninguna confrontación interterritorial. He expuesto una política sobre el sector siderúrgico. Podremos coincidir o no, podrá beneficiar a unos o a otros, pero mi Grupo ha buscado la racionalidad de un sector, acertada o equivocadamente. Por tanto, me duelen palabras como confrontación unida a talante, originaria y casi etimológicamente tan próximas a etos, que dichas por usted en un tono correcto e incluso cordial, no dejan de dolerme porque me parecen completamente injustas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, vamos a pasar a la votación de esta proposición no de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre criterios a aplicar para la reconversión de la siderurgia. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos la votación separada del punto sexto de la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación los apartados uno a cinco y siete de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 16; en contra, 273; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados sometidos a votación. Votación relativa al apartado sexto de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 138; en contra, 151; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado sexto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUAL Y FUTURO, DE UN REGIMEN PUBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENSIONES ADECUADAS Y PERIODICAMENTE ACTUALIZADAS (Número de expediente 173/000026)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL COBRO DE LAS PENSIONES EN EL FUTURO Y PARA POTENCIAR LAS FORMULAS PRIVADAS DE AHORRO A LARGO PLAZO (Número de expediente 173/000027)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD FUTURA DE UN SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES JUSTO, EQUILIBRADO Y SOLIDARIO (Número de expediente 173/000028)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya consecuente a la interpelación sobre políticadel Gobierno para garantizar el mantenimiento actual y futuro de un régimen público de Seguridad Social y de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
La tramitación de este apartado del orden del día, en concordancia con la tramitación de las interpelaciones de las que traen causa las mociones, será también acumulable. Es decir, se defenderán en primer lugar las tres mociones y los intervinientes, en nombre de los respectivos grupos, fijarán además su posición sobre las otras mociones presentadas; posteriormente intervendrán los grupos que hayan presentado enmiendas y los demás que quieran fijar posición en relación con las tres mociones. Por el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, voy a tratar de defender la moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con la intención de no utilizar en este debate algo que pueda exacerbar la situación complicada que ahora mismo vive un vector bastante importante de la población. Es decir, voy a intentar que no nos echemos en cara unos y otros la situación de los pensionistas; voy a intentar defender, por tanto, la opinión que merece a Izquierda Unida la situación actual y las salidas que creemos que puede tener, siendo consciente de que éste es un debate reiterado en esta Cámara y que ya se ha creado una Ponencia, por decisión unánime de la misma, para estudiar la situación de la Seguridad Social. Por tanto, vaya mi defensa de la propuesta de Izquierda Unida por donde entendemos que debe caminarse, después de la interpelación y la respuesta que el Gobierno dio a nuestro Grupo en ese debate.
Nosotros creemos que es equivocado, que es erróneo, plantearse la discusión de la situación de la Seguridad Social y, en concreto, de las pensiones, desde la óptica del problema de déficit público, del problema de dificultad dentro de las arcas del Estado y desde un falso dilema de confrontación.
Nosotros vamos a defender que el Estado del bienestar, la solidaridad, hay que ejercerla desde la sociedad en su conjunto, con todos y cadauno de los miembros de esta sociedad; no entendemos, por tanto, que deba establecerse entre los cotizantes de un sistema y los perceptores que en cada momento haya de un sistema. Ni mucho menos vamos a entrar a entender que el problema de las pensiones sea la distribución entre los perceptores (los que cobran una pensión muy grande y los que cobran una pensión muy pequeña, reduciendo los que cobran mucho en favor de los que cobran poco); no hacemos desde esta óptica nuestro planteamiento.
Nosotros creemos que hay condiciones hoy, en el Estado español, desde una acción planificada cara al futuro, para garantizar un sistema público de pensiones actualizadas y dignas, partiendo de la generalización de una pensión contributiva y utilizando como complemento otra figura. Vamos a abordar la propuesta desde la conjunción que para nosotros supone la acción del Gobierno, un Gobierno que ha ido reduciendo paulatinamente derechos conquistados en lo que ha sido la reforma del mercado laboral, un Gobierno que se plantea actuaciones sobre el tema de cotización porque no hay un volumen de cotización, pero que no adopta medidas para incrementar la cotización. Por tanto, nosotros creemos que hay que incrementar la cotización a la Seguridad Social, haciendo participar y cotizar a las personas que no participan, hay que reducir el posible fraude que pueda existir e intentar desarrollar nuevas figuras de cotización.
El otro día, algunos sindicatos proponían en el debate que, por ejemplo, podía haber un acto de solidaridad de las empresas que tienen alto nivel tecnológico, y por tanto un valor añadido importante, participando en mayor medida para, así, facilitar esa comunicación en un sistema de Seguridad Social. Pero lo cierto es que, desde el momento en que se hacen las declaraciones del Ministro hasta hoy, se ha producido una tensión social, una desazón social, una presión que ha llevado a colas verdaderas (si ustedes hablan con algún director de cualquier entidad financiera podrá confirmárselo) para buscar su plan de pensión particular. Se ha forzado ya una salida, se ha instalado una psicosis en la mente de los españoles que nosotros consideramos que es equivocada, porque no es la solución al sistema de la Seguridad Social un sistema privado de pensiones, ni siquiera un sistema que lleve a buscar un plan de pensiones.
Si pudiéramos hacer una raya hoy y ver qué nivel de planes de pensiones teníamos en el momento de las declaraciones del Ministro, 1,2 billones de pesetas y, aproximadamente, 1.200.000 españoles acogidos, a dentro de tres meses o a dentro de un año, veríamos el incremento, el salto cualitativo que se va a dar con esta actuación. No vale aquí decir que el Ministro fue inocentón o que el Ministro fue valiente, cualquiera que sea la interpretación; el Ministro fue parte de un Gobierno que inclusive está planteándose actuaciones más profundas. Por ejemplo, el Subdirector general de Planes de Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, don José Miracle, plantea, como solución a la situación de las pensiones, el fomento del ahorro, la libre inversión y la mejora del tratamiento fiscal de las aportaciones a planes y fondos de pensiones, como mejora para abordar el sistema actual de pensiones. Eso lo está planteando quien gestiona el fondo de pensiones; no es un azar, no es un accidente, no es una declaración hecha al vuelo, es una declaración que entra dentro de una política general, que, desde nuestro punto de vista, es desmontar un sistema que aquí no está consolidado.
No se nos puede decir que vamos a equipararnos a Europa. Por utilizar Derecho comparado, la situación de las pensiones en Bélgica, por ejemplo, es la siguiente: todos los empleados, sin cotización, entre la edad de 60 a 65 años, a elegir, tienen derecho a una pensión con un mínimo de 7.000 ecus y con un máximo de 29.000 ecus; en cualquiera de los casos pensiones muy por encima, tanto en el mínimo como en el máximo, de las que hay en España. En el Reino Unido, todos los contribuyentes comprendidos entre 60 y 65 años gozan de una pensión, aunque es verdad que la cuantía es inferior a la de Bélgica. O en Italia, donde la fórmula adoptada está en función de la cotización, fijada en un mínimo de quince años. Ustedes dejaron caer como propuesta a los sindicatos la idea de ampliar la edad de cotización progresivamente, inclusive la fijación de la cuantía de la pensión, que ahora mismo se establece sobre

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lo cotizado en los últimos ocho años; ustedes han dejado caer la propuesta, como parte del Gobierno, de ir incrementando un año cada año hasta llegar a que la cotización que se fije vaya en relación con todo lo que hemos pagado en toda nuestra actividad productiva. Pues bien, así no existe en otros países, como por ejemplo en Italia o en Francia, donde no hay cotización mínima, la edad de jubilación es de 60 años y donde se suplementa, si uno quiere actuar desde la continuidad en la acción productiva, una serie de elementos, una serie de cuantías. Pero es más, se va a una jubilación que se va elevando automáticamente en unos casos trimestralmente, como es el caso italiano, o anualmente, como es el caso francés. En suma, la realidad que se nos plantea aquí, pretendidamente para el año 2020, no es la que significa un proceso europeo, por lo menos el que existe ahora mismo.
Por tanto, la primera propuesta que debiéramos hacer aquí, y no la hemos hecho por prudencia, por no ir a una actuación forzada desde la Cámara, sería o bien solicitar la dimisión del Ministro que ha provocado esta discusión o bien su cese.
Pero como eso no está en nuestras manos, lo que hemos planteado son propuestas concretas.
¿Cuál es la propuesta de Izquierda Unida? Primero, que se adopten medidas desde el Gobierno para que, mientras se terminan las conclusiones de la Ponencia que se ha creado -- que debe trabajar profunda y sosegadamente--, se defienda el sistema público de pensiones, se garantice esa actuación y no se alerte a la población, para que lideremos desde este Parlamento la ilusión por un futuro que debe ser positivo para todos los ciudadanos. Choca que lo que hoy significa un avance en la sociedad se nos venda como una complicación. Cuando estamos contentos porque cada vez nos vamos haciendo más mayores y tenemos posibilidad de vida más larga, resulta que se nos dice: ¡Ojo!, que la vida que os queda va a ser complicada a nivel de pensión, a nivel de prestación. Pues bien, nosotros creemos que no debe ser así, que se debe trabajar desde el Gobierno para defender que la solución no sea individual, que no sea desde la acción de un producto financiero como pueden ser los planes de pensiones.
La segunda propuesta que hacemos es que el Gobierno no fuerce desde fuera una reforma, ni sectorialmente desde la Seguridad Social, como puede ser la pensión de invalidez, como puede ser la de viudedad, como puede ser el Inem, como puede ser el desempleo, que tampoco se plantea desde fuera del Gobierno lo que significa la propuesta de una nueva ley de pensiones que actualice una realidad determinada. En suma, que el Gobierno dé la tranquilidad y el sosiego suficientes para, aportando a la Cámara todos los datos que posee, la Ponencia queda llegar a las conclusiones más consensuadas y unánimes, porque a mí me gustaría que en la Cámara utilizáramos el consenso, pero el consenso para mantener un tipo de Estado social y democrático de Derecho y no para mantener la reducción, un Estado económico, un Estado más o menos coyuntural, moviéndose al azar permanente del devenir de la crisis económica. Por tanto, pedimos que no se fuerce desde fuera mientras no se terminen estos trabajos y, sobre todo, que la actuación sea conforme marca nuestra Constitución: la idea de una pensión contributiva digna y actualizada y la idea de complemento de esa actuación o actuación desde los propios presupuestos para hacer frente a las pensiones no contributivas. Por otro lado, proponemos que se mejore el funcionamiento de gestión de la Seguridad Social. Y hacemos tres propuestas: una, que haya mejor información al INSS y del INSS de todos los organismos que funcionan a su alrededor, puesto que es el que va a actuar; segundo, un establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos organismos y, tercero, aumentar la recaudación que ahora mismo se hace a nivel de prestaciones indebidamente concedidas o, inclusive, la recuperación de la deuda que se tiene. Yo he dado algunas cifras en algunos debates. Se debe a la Seguridad Social un billón de pesetas. Se me dice que no, que no es así, que apenas es un 30 por ciento, porque el resto es debido a empresas que han desaparecido, que han quebrado, que no existen en la actualidad. Pero son empresas que tenían trabajadores y que debían de haber cotizado por ellos. Por tanto, la postura de nuestro grupo es ir a una pensión digna, a una pensión actualizada que no sea la que ahora mismo tenemos. Debemos plantearnos como objetivo caminar hacia ese modelo de Estado del bienestar, Estado social y democrático de Derecho.
Termino pronunciándome sobre las propuestas que han hecho los otros grupos. Nosotros compartimos el criterio de la proposición que hace el Grupo Parlamentario Popular en sus dos primeros puntos: primero, que el Gobierno garantice las pensiones públicas; y segundo, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y que se vaya a conseguir un mayor número de cotizantes a la Seguridad Social. Sin embargo, no estamos de acuerdo y vamos a votar en contra de los dos puntos siguientes: primero, la salida del sistema desde la actuación de los planes de ahorro, sin ligarlo con el propio sistema, desde una política fiscal que fomente esos planes de ahorro o de pensiones; y segundo, el tema de la reforma de la financiación de la Seguridad Social, que debe abordarse desde la Ponencia poniendo un plazo a la misma. No creemos que haya que poner plazo a la Ponencia; en todo caso, habría que buscar salidas distintas a la reforma del actual sistema de pensiones, habría que buscar salidas que significasen más recaudación, e inclusive una política fiscal distinta que, desde el conjunto de los Presupuestos, pudiera apoyar una política social.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy terminando. La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va dirigida, por un lado, a pedirnos a los grupos parlamentarios que nos pronunciemos, como si no lo hubiéramos hecho ya hace unos días en esta Cámara al pronunciarnos por la creación de la Ponencia, y nos viene a decir que nos manifestemos como Cámara, primero, en la voluntad para un sistema público de pensiones, justo, equilibrado y solidario, y segundo, nos propone potenciar y acelerar el trabajo de la Ponencia y que se haga frente a las principales reformas que debe hacer el sistema de pensiones actual. Nosotros no compartimos lo de acelerar el trabajo de la Ponencia, puede trabajar durante todo este año, y segundo, no solamente sobre la reforma, sino también sobre los incrementos de la cotización al sistema para garantizar una política social desde la óptica que debe tener el Estado del bienestar. Así como es muy amplio en las peticiones al Congreso, sin embargo, en las dos peticiones que hace al Gobierno el Grupo de Convergència es muy poco exigente. Veamos lo que le exige. Primero, realizar un exhaustivo análisis demográfico de proyección futura de la población española.
Esto ya está realizado; según el departamento correspondiente del propio Ministerio, en el año 2010 tendremos un 21 por ciento más de pensionistas de los que tenemos hoy en la década de los 90. No es un problema crucial el que desde aquí instemos a ese trabajo. Segundo, impulsar políticas activas de empleo. Nosotros estamos de acuerdo, pero empleo que cotice, reforma del mercado laboral que signifique trabajadores a tiempo parcial que también coticen, y que coticen en cuantía, porque si la cotización en el aprendizaje o en el tiempo parcial es escasa, si cotizan 1.000 o 1.200 pesetas al mes, lógicamente la pensión que puedan obtener después va a ser escasísima, se condena a lo que pudiéramos llamar una pensión de subsistencia o una pensión no contributiva a la mayoría de la población que es joven. En suma, estaríamos consolidando los tres sistemas que ahora mismo podríamos tener los tres tercios de la población: los mayores de 55 años, que tienen la pensión garantizada (eso sí, no la actualizaremos, porque tenemos alguna complicación, y reduciremos paulatinamente esa distancia que existe entre la pensión más pequeña y la grande --nosotros estamos de acuerdo, subidas lineales; solución: subimos 5.000 o 10.000 pesetas a cada pensión y las pequeñas se irán equiparando siempre a las grandes--); segunda población, los jóvenes, que van a estar condenados a no tener pensión, y los del medio, las clases medias, a los que se nos pide que gastemos menos en consumo y que ahorremos porque podemos no tener pensión del Estado o necesitar un complemento desde los planes de pensiones.
Esa no es la perspectiva que nosotros tenemos. Por tanto, no vamos a poder apoyar esa propuesta de Convergència i Unió.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para la presentación de la moción del Grupo Popular, y a la vez, en el mismo turno, para fijar su posición respecto a las otras mociones, tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la moción que el Grupo Popular somete a esta Cámara deriva de la interpelación que presentamos el pasado miércoles al Gobierno. Una interpelación en la que el señor Ministro de Economía rehuyó explicar las intenciones del Gobierno sobre las medidas que pensaba adoptar para garantizar el futuro del sistema público de pensiones en España. Por cierto, hoy también ha rehuido su comparecencia en esta Cámara que tan necesaria era cuando se está debatiendo un asunto crucial para todos los españoles. A través de esta moción el Grupo Popular quiere dirigirse a todos los pensionistas y a todos los que con sus cotizaciones de hoy confían en llegar a ser pensionistas el día de mañana. Queremos dirigirnos a ellos, que son la gran mayoría de los españoles, para explicarles cuáles son las raíces del problema que de manera tan insensata ha suscitado el señor Ministro con sus declaraciones sobre el futuro del sistema público de pensiones; un problema que surge aquí y ahora y no en el año 2020, como el Gobierno pretende hacernos creer. La moción del Grupo Popular sale al paso de la política de las medias palabras, de la política de los rumores, de la política de los globos sonda, de la política de provocar incendios para después aparecer como bomberos que los apagan. La primera causa de la zozobra que vive el sistema público de pensiones radica en la continua manipulación política de la que son objeto por parte del Gobierno. Hubo manipulación política en las últimas elecciones, cuando el PSOE y su candidato Felipe González utilizaron de forma ruin el argumento del miedo para atemorizar impunemente a nuestros mayores. Hubo manipulación política entonces y la sigue habiendo ahora cuando el señor Serra ha vuelto a afirmar que mientras gobiernen los socialistas las pensiones están garantizadas. Ese es un planteamiento falso y mezquino y todos ustedes lo saben. Debe quedar claro, de una vez por todas, que las pensiones no dependen de la voluntad del gobierno de turno, sino del derecho que cada uno de los trabajadores de este país ha generado con su propio esfuerzo.


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El tratamiento que el Gobierno está dando a las pensiones está cargado de cinismo. En los presupuestos generales del Estado para el año 1994 han cambiado el método de actualización de las pensiones. Si las previsiones oficiales de inflación fallan, no se cumplen, como es habitual, los pensionistas perderán poder adquisitivo este año 1994. Ahí radica un primer engaño, no advertir a los pensionistas de lo que se iba a hacer con sus pensiones. El pretexto para ese primer recorte fue la necesidad de corregir un déficit público desbordado, un déficit público que el Gobierno ha desbordado con su política de gasto. Ustedes --el Gobierno-- guardaron en el armario el cadáver del déficit público durante las elecciones generales porque no les convenía exhibirlo a la hora de recaudar votos.
Días después, en el debate de investidura, el señor González reconocía que el déficit público se situaría en el año 1993 en el siete por ciento del producto interior bruto, y aún se quedó corto. Segundo engaño, no decirle a los españoles la verdad sobre el déficit público de nuestra economía. Y lo que el Gobierno pretende ahora es aplicar nuevos recortes al actual sistema de pensiones. Ha puesto por delante la evolución demográfica, la excusa del envejecimiento de la población, pero ésa es sólo media verdad. El Gobierno habla de reforma del sistema público de pensiones y está pensando en recortar las pensiones. Ya lo advertí desde esta misma tribuna, durante la interpelación del pasado miércoles, y seis días han bastado para darnos la clave de lo que el Gobierno pretende: supresión de algunas pensiones de viudedad, ampliación del período de cálculo de la pensión, incentivos para retrasar la edad de la jubilación. Pero la cosa no quedará ahí. Vendrán recortes mayores, recortes, que es la única política que este Gobierno es capaz de hacer. Como botón de muestra de la eficacia de estas actuaciones, de este tipo de políticas, está la Ley de Pensiones del año 1985, que hoy ya parece inútil, o los recortes de las prestaciones de desempleo que sucesivamente se han producido en nuestro país y que para nada han servido a efectos de promover una auténtica política activa de empleo. Ese es el tercer engaño de esta dramática secuencia a la que estamos asistiendo. No se está diciendo la verdad a la sociedad, porque la auténtica amenaza para la sociedad española, para los pensionistas, radica en la falta de empleo, en otras palabras, en la falta de cotizantes por razón del elevado nivel de desempleo que padecemos y de esa enorme --millones-- cantidad de desanimados, fundamentalmente mujeres casadas que permanecen fuera del mercado laboral.
Hoy se celebra el día internacional de la mujer trabajadora, una fecha idónea para recordar la marginación de millones de españolas que no han tenido opciones para incorporarse al mercado de trabajo regular. Es toda la sociedad la que padece esa carencia, esa falta. No seremos una sociedad moderna hasta que incorporemos realmente a la mujer, y a la mujer casada, al mercado de trabajo. No lo ha hecho hasta ahora por la falta de oportunidades que le ha brindado un gobierno que, bajo el título de socialista, no deja de llamarse progresista.
El Grupo Popular quiere lanzar hoy un mensaje de tranquilidad y confianza a los españoles en el futuro del sistema público de pensiones, al igual que hemos hecho en todas las declaraciones públicas realizadas por todos los miembros de nuestro grupo desde que estalló este asunto. Lo hacemos desde la tranquilidad, desde la confianza que emana de quienes creen en las capacidades, en las potencialidades de la economía española, en esa capacidad que seguimos teniendo para resolver nuestros problemas de fondo, problemas graves, comenzando por el primero que es, sin duda, el desempleo, la alta tasa de paro. Por eso, señorías, insistimos en nuestra tesis fundamental. El problema de las pensiones en España es esencialmente económico, no demográfico. Es ese problema económico el que los gobiernos de izquierda son incapaces de resolver.
Efectivamente, hay una crisis internacional del sector público, una crisis, insisto, que tiene una dimensión mundial, pero que en nuestra sociedad adquiere tintes muy graves. En todas partes del mundo desarrollado se están realizando reformas del sector público, también se están realizando reformas de las pensiones públicas. Pero quiero recordar aquí que esas reformas se inscriben en estrategias de política económica que en España sencillamente no existen. El problema de las pensiones hay que insertarlo en un planteamiento general más ambicioso, homologable al que practican los países más desarrollados de nuestro entorno; países que efectivamente están revisando ese sistema de pensiones, pero dentro de planteamientos de políticas modernas, de políticas económicas eficaces para superar la situación de crisis económica y de falta de empleo. Son políticas de reforma de los grandes centros de gasto público, son políticas de cambio de los impuestos, de cambio de la fiscalidad, entre otros motivos, para dejarde penalizar el empleo, son políticas de privatizaciones de empresas públicas, son políticas de desregulación de sectores claves de la economía, son políticas de reformas laborales, son políticas de apoyo decidido a la actividad empresarial, al surgimiento de nuevas generaciones de empresas. Esa es la línea de reformas que nosostros propugnamos. Por ello reclamamos desde esta tribuna y en nuestra moción, en primer lugar, la aplicación de una auténtica política económica favorable al empleo, una apuesta eficaz de la política económica en nuestro país que sirva para devolvernos a las sendas de crecimiento económico, a las sendas de confianza para la inversión empresarial y a las sendas, en definitiva, de la creación de empleo. A tales efectos instamos al Gobierno a promover una política fiscal que incentive el ahorro de todos

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los españoles y procure su instrumentación a medio y largo plazo; un ahorro que no provenga del miedo, que sea posible a partir de un cambio de la fiscalidad y que sea posible porque en nuestra sociedad se extienda un sentimiento de confianza en el futuro, un sentimiento que devuelva a esa sociedad la seguridad de que puede afrontar firmemente, con decisión, ese futuro. Al mismo tiempo, apoyamos una reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social, una reforma que facilite el equilibrio financiero a través de la mejor delimitación del ámbito específico de la Seguridad Social, una reforma que cambie su financiación para no penalizar el empleo, una reforma que adecue sus prestaciones a las formas de vida actuales, más prolongadas en el tiempo y que permitan mantener determinadas actividades, por supuesto laborales, que tienen un sentido diferente en la medida en que se ha producido una prolongación de la esperanza de vida de los españoles. Queremos dejar bien establecido que el Grupo Popular no va a admitir interpretaciones reduccionistas de este problema. Allá quienes quieran responsabilizar de los males económicos de España a las viudas. Nosotros estamos y estaremos en contra de esas interpretaciones simplonas y cargadas de falacia. La cuestión de fondo, señorías, es la falta de confianza que emana de la política económica de este Gobierno. El Ministro de Economía, que no cesa en sus declaraciones públicas, acaba de reconocer que será imposible reducir el déficit público hasta el 3 por ciento en 1997. Y es que no hay objetivos claros en nuestra política económica. Sobran dudas, sobran vacilaciones y sobran guerras intestinas en el Gobierno y en el Partido Socialista.
En los últimos días hemos asistido a un cúmulo de declaraciones sobre el tema que son, en buena medida, declaraciones contradictorias la mayor parte de las veces. La sociedad española debe saber, con toda seguridad, que la solución al problema de las pensiones no pasa por el recorte sino por el cambio de la política económica; ese cambio que nosotros reclamamos. Este tren, el tren de la economía española ya no tira. Con la política económica de este Gobierno lo que se ha provocado es que se apaguen las calderas de esta economía y que no haya presión suficiente para que el convoy prosiga su marcha. No intenten hacernos creer que la solución pasa por desenganchar vagones y dejar tirados a algunos pasajeros. No hay que debatir qué vagón es el que desenganchamos o a quién dejamos en tierra; lo que hay que debatir, y con urgencia, es cómo reavivar el fuego de la caldera de la economía española.
En esa tarea, como hemos venido insistiendo todos los miembros del Grupo Parlamentario Popular, nos tendrán siempre dispuestos. Por eso solicitamos el voto favorable de la Cámara a nuestra moción; moción que aspira a ser el embrión del cambio de la política económica y social que España necesita.
Paso ahora brevemente, con su permiso,...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Brevemente porque ha sobrepasado en dos minutos su tiempo.


El señor MONTORO ROMERO: Paso a fijar la posición del Grupo Popular sobre las mociones que han presentado, consecuencia de las intepelaciones, los grupos de Izquierda Unida y Convergència i Unió.
Respecto de la moción de Izquierda Unida, vamos a votar en contra porque esa moción no enfatiza suficientemente que el problema de las pensiones en España es un problema de empleo.
No requerimos nuevas figuras de cotización, no requerimos nuevas fórmulas de financiación de ese tipo. Hace falta ese cambio de política económica, que es por el que nosotros apostamos. Por tanto anunciamos nuestro voto negativo, aunque también es cierto que el punto primero de su moción lo compartimos, pero pretender que la Cámara salve con declaraciones generales y un tanto genéricas el futuro del sistema de pensiones no va a consolar a quienes se han sentido amenazados y necesitan que su esperanza se fundamente en cambios de política económica. Respecto de la moción de Convergència i Unió, ésta no hace sino intentar descargar las responsabilidades del Gobierno, que es el papel que Convergència está asumiendo claramente en esta legislatura. De hecho, la interpelación que hizo en su día no fue más que el capotazo, el segundo, para evitar que el Gobierno fuera cogido por un toro al que, desde luego, no está sabiendo plantarle cara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Acabo en un momento, señor Presidente. Saben perfectamente que somos críticos con la actitud de apoyo al continuismo de una política económica de la que les hacemos directamente corresponsables. Les hacemos corresponsables de la falta de trabajo, de empleos en España; les estamos haciendo corresponsables de esa deficiencia de cotizantes que amenaza la Seguridad Social. Es claro que al señor Roca no le gusta la EPA y es claro también que el señor Pujol lo que aconseja es recortar las pensiones de más alta cuantía. Yo animo a Convergència a que deje esa política mercantil que está practicando y pese a provocar un auténtico cambio de política económica en España, que es la que realmente necesitamos para provocar una nueva generación de empleos y para que la Seguridad Social en España despeje las amenazas que actualmente la atenazan. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, a la vez y en el mismo turno, para fijar su posición respecto a las otras dos mociones, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Seré breve puesto que creo que este debate que estamos teniendo no debiera transcurrir entre crispaciones innecesarias entre los distintos portavoces, sino que debiera conducirse con serenidad, como ya apunté la semana pasada.
Tampoco quiero anticipar lo que debe ser un debate profundo y un trabajo serio y responsable que debe realizar la Ponencia, porque creo que no es el momento de entrar en el contenido de la problemática, sino de atender lo que ha sido una iniciativa política, por parte de varios grupos parlamentarios, de pronunciarse sobre esta situación que está generando el compromiso de afrontar un análisis de la problemática que hoy aqueja a la Seguridad Social y a todo el problema económico-financiero que ésta conlleva. Han hablado los portavoces de los distintos grupos que me han precedido de gran tensión social. Hablaba el portavoz de Izquierda Unida de psicosis en la sociedad. El portavoz del Grupo Popular decía que no se está diciendo la verdad a la sociedad. Yo creo, señorías, y reitero, que deberíamos retomar el pulso de este debate político con serenidad, no desbordando con calificativos que creo que contribuyen a confundir a la sociedad, puesto que no hay psicosis y no hay tensiones sociales, y tampoco es cierto que no se esté diciendo por parte de ningún grupo ni por nuestra parte la verdad, aunque algunas cosas que he oído en cuanto a no sé qué aspectos relativos a actuaciones de mi grupo son absolutamente falsas.
En cuanto al origen del debate, la situación de las pensiones, creo que hemos de hacer poca demagogia sobre esa cuestión. El problema que estamos analizando y que debemos solucionar en la ponencia es un problema que tiene un origen profundamente demográfico. En eso discrepo con el Grupo Popular. El origen es profundamente de alteración de la estructura demográfica de nuestra sociedad. También el problema tiene un origen económico-financiero porque está transformándose la estructura productiva de nuestro sistema económico. Por tanto, en sus dos orígenes, transformación profunda de la estructura demográfica y transformación también profunda del sistema de producción, se desarrollan unas consecuencias en torno a la previsión social en nuestro sistema económico. En consecuencia, nuestro grupo cree que la forma de afrontar estas problemáticas es avanzando en el compromiso que hemos adoptado en esta Cámara: que una ponencia constituida por todos los grupos profundice en estos temas y proponga y eleve al Gobierno un conjunto de recomendaciones. Por eso todos los grupos de esta Cámara debemos dejar que esta ponencia desarrolle su función, la función que le hemos encomendado, y por eso nuestro grupo, al debate político de la interpelación y a las mociones consecuentes que hoy analizamos, ha presentado la siguiente propuesta. Planteamos asumir dos declaraciones políticas. La primera es que esta Cámara manifieste ante la sociedad su profunda voluntad política de transmitir un mensaje de serenidad, de tranquilidad, al colectivo de pensionistas que hoy pueden estar inquietos o atentos a lo que podamos estar reflexionando sobre esta materia. Proponemos a la Cámara que acordemos, a poder ser unánimemente, nuestra profunda voluntad política de garantizar en el futuro un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario, de acuerdo --como no podía ser de otra forma-- con los principios contenidos en el artículo 41 de la Constitución española. El segundo compromiso político que transmitimos hoy a la sociedad, y que proponemos que se acuerde por mayoría de los grupos, es que esta Cámara tiene la voluntad política de efectuar un debate profundo y sereno sobre la realidad de los problemas y del futuro de nuestro sistema de pensiones. Así lo manifestamos hoy y podemos transmitir este mensaje de esta forma. A tal efecto, lo que propone nuestro grupo es que nos ratifiquemos en el instrumento que hemos acordado para realizar ese debate profundo, que no es más que la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Presupuestos para alcanzar esa función que hemos acordado entre todos. Por eso nuestra moción en el punto segundo se compromete a potenciar y acelerar los trabajos, pero no con ánimo de que la aceleración, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, sea tan rápida que no analicemos nada; no, con ánimo de que esa ponencia no se demore en el tiempo y puedan dilatarse sus resoluciones en dos, tres o cuatro años. No es este el propósito de este grupo ni de ningún grupo de esta Cámara. No queremos acelerar nada para que acelerando no estudiemos nada. En todo caso queremos potenciar y acelerar, si es posible, los trabajos para que esas conclusiones no se demoren en el tiempo y podamos conocerlas con celeridad. Por tanto, el propósito que planteamos en nuestro segundo punto, en cuanto manifiesto político, es ratificarnos en la ponencia especial, recientemente creada en esta Cámara, para que podamos elaborar ese informe en el que se analicen, por un lado, los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y, por otro, se indiquen las principales reformas que, a ser posible con el criterio unánime de todos los grupos, entendemos que debemos abordar para afrontar esos problemas.
La segunda cuestión que planteamos en nuestra moción es una instancia al Gobierno, elevar al Gobierno algunos compromisos.
Pero, claro, no vamos a elevar al Gobierno hoy parte de los contenidos que tiene que elaborar

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la ponencia. Le proponemos al Gobierno que, paralelamente a los trabajos que podamos hacer, realice un exhaustivo análisis demográfico, de proyección futura de la población española. El portavoz de Izquierda Unida se ha quedado a medio leer nuestro punto, porque estamos instando al Gobierno a realizar un exhaustivo análisis demográfico, pero con el propósito de determinar con la mayor precisión posible las necesidades financieras del sistema económico de pensiones de la Seguridad Social. No le instamos a hacer un análisis demográfico, que hay muchos ciertamente ya, sino un análisis demográfico que nos lleve a poder determinar con precisión cuáles son las necesidades financieras. Sería bueno, en ese sentido, que paralelamente a nuestros trabajos el Gobierno realizara este análisis de precisión de las incidencias financieras que puede tener la alteración de la estructura demográfica. El segundo compromiso a que instamos al Gobierno es a que se impulsen políticas activas de empleo que propicien una mayor generación de puestos de trabajo, en coherencia con lo que se está debatiendo y analizando en el marco de la reflexión de las normativas laborales que se están trasladando a esos proyectos de ley, medidas que incentiven y ayuden a estimular la contratación en este país. Por consiguiente, creemos que paralelamente a los trabajos de la ponencia, esas dos exigencias pueden ser positivas y pueden ayudar al propósito que tenemos todos, en este momento, de afrontar la reflexión sobre el sistema de pensiones públicas en España.
Señor Presidente, en relación con la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista, proponiéndonos añadir un tercer elemento de instancia al Gobierno, tengo que decir que nos parece positiva. El Partido Socialista nos propone que incorporemos un compromiso más, una instancia al Gobierno más relativa a todo lo que hace referencia a la gestión de la Seguridad Social. Esta propuesta viene a coincidir con el tercer punto de la moción de Izquierda Unida. En ese aspecto podríamos coincidir porque consiste prácticamente en trasladar, con casi igual redacción, lo que ustedes plantean en el tercer punto de la moción, y es que se establezcan por el Gobierno mecanismos de coordinación y de cooperación entre las distintas entidades y organismos que posibiliten la información sobre otras prestaciones públicas o sobre datos necesarios para la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, lo que nos parece acertado y correcto. Como también nos lo parece que se refuercen los mecanismos de control tendentes a evitar la existencia de fraude, tanto en la percepción indebida de las prestaciones como en el pago de las cotizaciones. Nos parece acertada, complementaria, contribuye a hacer más operativa y eficaz la instancia que podíamos hacer al Gobierno en cuanto a estas materias, por lo que nuestro grupo la ve bien y la aceptará en su momento. En cuanto a las mociones de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular, debo decirles que ambas tienen parecidos propósitos, ambas tienen incluso en algunos puntos semejantes redacciones y recogen algunos propósitos iguales a los de nuestra moción, aunque de la literalidad deben ustedes permitirme que pueda discrepar profundamente sobre la vacuidad que tienen esos puntos, porque en ellos a veces no se tocan más que aspectos muy generales que no nos conducen prácticamente a nada preciso. En el primer punto de la moción presentada por Izquierda Unida se señala que se adopte por el Gobierno una serie de medidas mientras se aplican las que sean fruto de las conclusiones de la ponencia.
En cambio, en el segundo punto dicen que el Gobierno no aborde ninguna medida hasta que no se aprueben las conclusiones de la ponencia. Señorías, esto es una contradicción. O tomamos medidas antes o nos esperamos a que terminen los trabajos de la ponencia. Por tanto, nos parece un poco contradictorio aprobar dichos puntos. La iniciativa del Grupo Popular coincide con el propósito que tenemos todos los grupos parlamentarios. Simplemente quiero apuntar a su representante que si deseaban que pudiéramos estar de acuerdo con el texto de su moción, le ruego y le repito que no escriban ustedes eso de que desarrolle una política económica no errática porque jamás podremos coincidir con ustedes en eso. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs. A la moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió ha sido presentada una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa y para fijar la posición respecto al resto de las mociones, tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, señores Diputados y señoras Diputadas, creo que no ha habido excepción en ninguno de los portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido en la tribuna en el sentido de que han evidenciado su voluntad de tranquilizar a la opinión pública, de terminar con este clima de incertidumbre que hemos vivido estos últimos días, y asegurar con toda rotundidad que sus derechos adquiridos o sus derechos en curso de adquisición están plenamente asegurados en el sistema de pensiones público español. Bien es cierto, como luego veremos, que el desarrollo del debate les ha llevado por otros derroteros, pero en esta primera parte de la intervención quiero quedarme con esta manifestación de voluntad que me parece constructiva. Con ese ánimo constructivo subo también a la tribuna en nombre de mi grupo.
Nos parece que el debate de estas mociones es una buena ocasión para cerrar definitivamente el falso debate

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que nos ha estado agotando en estos últimos días, y que ha estado llenando de inquietud a centenares de miles de familias españolas, para decir con claridad y con rotundidad que la situación del sistema español de pensiones no tiene problemas a corto plazo, que los retos de futuro que tiene el sistema español de pensionesvan a ser analizados por la Cámara y que todos pueden estar absolutamente tranquilos, absolutamente seguros de que esos derechos en curso de adquisición o ya adquiridos no corren el menor riesgo. Pero lamentablemente esas buenas intenciones se han ido quebrando por parte de algunos intervinientes a lo largo de la tarde, con lo cual mucho me temo que hoy volvamos otra vez a acumular toneladas de pesimismo, de interrogantes, toneladas de situaciones de agobio en tantas y tantas personas que nos están escuchando en este momento. Por eso, señorías, deberíamos hacer el esfuerzo, que espero que se mantenga en la ponencia que va a estudiar el problema del futuro de nuestras pensiones, para huir de los falsos debates. Por mucho que se empeñen los representantes del Partido Popular esta tarde, el debate que hay en España es exactamente igual al conjunto de debates que hay en los países de la Unión Europea en este momento. Está implícito en todas y cada una de las iniciativas comunitarias, sea el Libro Blanco de Delors, sea el Libro Verde que se debe convertir en el Libro Blanco de la política social y que ha presentado el Comisario Flynn a la Comisión, en todos los países comunitarios se están planteando exactamente este debate. Por tanto, no es un debate que se pueda arrojar en el pasivo del Gobierno socialista, es algo que todos los países europeos se están planteando, señor Montoro. En España, salvo que la derecha española siga pensando que España tiene que ser diferente, tenemos que plantearnos esta cuestión con seriedad, con serenidad, sin demagogias, sin oportunismos. Tenemos que plantearnos si tenemos la vocación de dejar a nuestros hijos un sistema de Seguridad Social equilibrado, justo, equitativo; hacer bueno el artículo 41 de la Constitución. No es un tema de gobiernos de derechas o de izquierdas que estén haciendo los análisis de esos sistemas de Seguridad Social. Realmente que un catedrático de la universidad española diga esas cosas en la tribuna del Parlamento me llena de profunda tristeza, porque eso está en la literatura de todos los parlamentos europeos y de todas las instituciones comunitarias. El gobierno francés, el gobierno alemán, todos los gobiernos hoy en Europa se lo están planteando.
Ciertamente las soluciones serán distintas desde la derecha y desde la izquierda, pero todo el mundo está pensando en el problema demográfico que van a sufrir nuestros países, nuestra Unión Europea en el próximo siglo. ¿Cómo puede decir usted aquí que no tenemos problema demográfico si dentro de 40 años vamos a tener el doble de ancianos de los que hay en este momento y vamos a tener menos habitantes y población en España? Cómo se puede decir desde las filas del Grupo Popular, salvo que ustedes no quieran poner remedio, y quieran que efectivamente el sistema público de pensiones quiebre y no tenga futuro. Pero justamente eso será lo que tengamos que debatir, sus posiciones y nuestras posiciones. Nosotros creemos que la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), junto con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, es la que plantea en este momento en la Cámara de manera más racional este problema.
Efectivamente, en un primer punto de esa moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se plantea algo que me parece novedoso en estos debates en la Cámara y que me parece útil de cara a un futuro. Es la reflexión que se hace desde la Cámara al conjunto de la sociedad. No se dirige solamente al Gobierno --que también lo hace en el siguiente parágrafo--; se dirige al conjunto de la sociedad. Me parece muy útil que esta tarde en el debate parlamentario los Diputados nos dirijamos a la nación diciéndole que éste no es un problema sólo del Gobierno de la nación, del Estado. Parece mentira también que la derecha vuelva otra vez a referirse como siempre al Estado y al Gobierno como el último hacedor o no hacedor de los problemas del país. Este es un problema de la sociedad española, de su conjunto, que tendrán que abordarlo sus empresarios, sus sindicatos, que tendremos que abordar los consumidores; es un problema del conjunto de la sociedad española.
El hecho de que tengamos una determinada demografía o el hecho de que tengamos unos determinados niveles de empleo no es una cuestión de este Gobierno, de esta coyuntura que está viviendo España. El profesor Julio Segura nos ilustraba ayer suficientemente en la Comisión y hacía un repaso de lo que había sido el mercado de trabajo en España en los últimos 30 años. Usted sabe, señor Montoro, que no ha sido precisamente la década socialista donde menos trabajo se ha creado en España ni donde menos cotizantes nuevos ha habido en el sistema de la Seguridad Social. Al contrario; en los últimos 30 años ha sido esta década la que ha generado más empleo y más cotizaciones sociales, pero también ha sido la que ha originado que en dos millones más de familias españolas haya un pensionista. Estemos nosotros en el Gobierno o estén ustedes --y quiera Dios que tarde mucho en producirse esa eventualidad-- habrá, y ustedes lo saben, una progresión en el número de personas que van a percibir las pensiones de la Seguridad Social. Tenemos que estudiarlo sensatamente y tenemos que decirle a la sociedad española que basta ya de referirse siempre al Gobierno, que hay que producir todo un conjunto de corresponsabilidades sociales para sacar estos problemas adelante; que no es un problema coyuntural; que los gobiernos cambian y habrá alternancia de poder.


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Precisamente un gobierno como el nuestro, cuando está planteando el horizonte del año 2030, lo está haciendo con suma responsabilidad. Sería más fácil mirar hacia otro lado y no cuestionarse, siquiera preguntarse, porque ni siquiera se están poniendo encima de la mesa elementos de reforma; se están poniendo encima de la mesa elementos de reflexión para analizar el problema que va a tener nuestro sistema de pensiones dentro de 30, 40 y 50 años. ¿Es que acaso no es razonable que un Gobierno prevea las necesidades que va a tener de carreteras o de abastecimiento de agua potable a las ciudades? ¿No es igualmente razonable que estudiemos las necesidades financieras que va a tener nuestra Seguridad Social, o dejaremos que pasen los años, las décadas, teniendo luego un problema que todos los técnicos saben, que es toda una generación que va consolidando los derechos de cada persona? Tenemos que empezar ahora a saber exactamente cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras necesidades. Por eso nosotros vamos a votar la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque creemos que éste es un problema serio, un problema que se va a plantear ineludiblemente; y porque sabemos y creemos que hay que dar respuesta a este problema, nosotros vamos a dar esa respuesta en el seno de esa ponencia creada en la Comisión de Presupuestos. Tiene que quedar claro, por tanto, esta tarde, que la Cámara va a trabajar seria y sensatamente para dar seguridad, para dar viabilidad en ese horizonte de 40 o también de 50 años al sistema público de pensiones. Hemos presentado una enmienda que complementa la moción del Grupo Catalán, porque nosotros queremos también instar al Gobierno a que mejore determinados elementos de la gestión de las prestaciones y de la gestión de la recaudación. No es que no se pueda hacer un juicio positivo, porque desde luego la Seguridad Social --y en eso han coincidido todos los grupos de la Cámara en los debates presupuestarios--es modélica en su gestión, pero se puede hacer más y, con motivo de los trabajos y de los debates que estamos teniendo, se puede aprovechar este debate para decir a la sociedad española que tenemos que hacer un pacto nacional contra el fraude; un fraude que no es fraude al Estado y al Gobierno --vuelvo otra vez con mi argumento--cuando se produce es un fraude a la sociedad española, a los estamentos y a las capas sociales más necesitadas de la población española. Hemos presentado una enmienda a la moción del Grupo Catalán porque queremos también corresponsabilizarnos todos y responsabilizar al Gobierno para que avancemos en ese camino hasta donde sea humanamente posible, puesto que en estos momentos es aún más necesario incrementar absolutamente todas las medidas que lleven a la mayor solvencia económica y financiera del sistema.En este punto estamos de acuerdo con la moción de Izquierda Unida aunque nuestra redacción nos parece más coherente.
Desgraciadamente no estamos de acuerdo con el resto de la moción de Izquierda Unida. No podemos estar de acuerdo, señor Ríos, porque no nos gusta su análisis ni nos gustan sus pretendidas soluciones, que son soluciones que no abordan estos problemas.
Permítame le diga simplemente que desde una concepción de izquierdas, profundamente comprometida con el Estado del bienestar, puedo decirle y espero no equivocarme, que la peor estrategia de defensa de ese Estado de bienestar es negar apriorísticamente cualquier reforma o cualquier innovación.
Eso no es ser de izquierdas; eso es ser conservador, señor Ríos. Los sistemas públicos de pensiones, los sistemas del Estado del bienestar tienen necesidad de adecuarse, tienen necesidad cada equis tiempo de evaluarse, de analizarse y de ver si queremos que tenga futuro. No podemos estar prisioneros de las imágenes, de las palabras, sino estar profundamente comprometidos con esa realidad para hacerla viable, porque de otra forma no será viable, señor Ríos. Tenemos necesidad ahora, como tuvimos necesidad en el año 1985, posiblemente, de podar determinadas escrecencias del sistema de bienestar social que no irá en contra del propio sistema de bienestar social, le dará viabilidad en el futuro, señor Ríos.
En todo caso, ¿por qué negarse a hacer ese análisis sobre la demografía española? En todo caso, señor Ríos, ¿por qué negarse «a priori» a que es imposible cualquier reforma, reformas a las que usted se ha referido de ampliar el período, por ejemplo, de cómputo de las bases reguladoras? ¡Si a lo mejor hasta eso favorece a los trabajadores de este país debidamente actualizado! ¿Por qué dice usted que no si eso es lo que se produce en momentos de crisis económica donde el paro está básicamente atacando a una población escasamente cualificada que en los últimos años de su vida laboral tiene unos salarios reales inferiores a los de cuando son jóvenes o cuando están en una edad madura? Por tanto, señor Ríos, como cuestión de principio, no podemos asumir el discurso de Izquierda Unida negador de analizar la realidad, negador de operar en la realidad con las reformas que sean pertinentes y que sean necesarias.
Pero sí desde luego nuestro desencuentro con usted es importante, con los señores del Patido Popular es abismal y nos gustaría que no fuese así; en este tema nos gustaría que no fuese así. (Un señor Diputado: ¡Faltaría más!) Nos gustaría que ustedes estuviesen, como han estado en Europa otras fuerzas políticas demócrata-cristianas e incluso liberales, auténticamente liberales comprometidos con el pacto social, comprometidos con ideas socialdemócratas en cuanto a lo que eran los sistemas públicos de bienestar social. Pero no es el caso, señor Montoro.


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Usted nos ha hecho una soflama esta tarde, como suele hacer.
Nos hubiera encantado encontrar en su discurso ideas, pero solamente hemos encontrado descalificaciones, adjetivaciones, juicios de intenciones y un discurso sobre ustedes mismos que no se tiene. Si se analizan todos y cada uno de los cuatro puntos de su moción y si me da tiempo, señor Presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le queda un minuto, señor Cercas. (Rumores.--La señora De Palacio Valle-Lersundi: No; no.) Silencio, señorías.


El señor CERCAS ALONSO: Ya sé que no les gusta a ustedes escuchar ciertas cosas que les duelen, pero van a tener que escuchar mucho de esto en adelante. (Rumores.) Señor Montoro, aunque no tengan realmente mucha entidad esos pequeños pellizcos de monja y maledicencias que usted ha dicho de nuestro Gobierno, empezaré por decirle que cómo puede usted afirmar desde aquí que el Gobierno intranquiliza a los pensionistas, a los trabajadores (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Dígaselo a Solbes.) e inmediatamente sacar una cita del señor Vicepresidente del Gobierno diciendo que es un cínico y que miente cuando habla; una cita que era de tranquilidad o ¿es que ha venido usted aquí a intranquilizar esta tarde también a los ciudadanos y a los pensionistas? (Rumores y protestas.--El señor Fernández-Miranda y Lozana: Lo que faltaba, que seamos nosotros.) ¿Ha venido usted a eso? (Continúan los rumores.) Cómo puede usted decir, señor Montoro, esta tarde que no hay problemas demográficos, que es un problema de política económica errática, que es un problema coyuntural esta tarde cuando no hace ni un mes, firmado por su portavoz, el señor Rodrigo de Rato Figaredo, en un tema que era justamente la creación de la ponencia de la Comisión presentan una enmienda que tratan de evitar en el preámbulo de esa proposición no de ley y ¿saben lo que quitan del preámbulo? Que se suprima que los problemas son a causa del aumento del paro y que se fundamenta el sistema público de pensiones en un sistema de reparto. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¿Qué tiene que ver eso?)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cercas, termine ya.


El señor CERCAS ALONSO: Lo discutiremos más despacio.
(Rumores.) Ustedes están constantemente variando su posición.
(Varios señores Diputados del Grupo Popular: No.) Ustedes no tienen, y lo han demostrado durante diez años en la Cámara...
(Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías ¡silencio! Señor Cercas, termine ya, por favor.
El señor CERCAS ALONSO: Termino, señor Presidente, diciendo: el día que cuenten la verdad dirán que el problema de la Seguridad Social no es un problema coyuntural, ni es un problema estructural para ustedes; es un problema ideológico porque no quieren que tenga futuro.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.--Aplausos.--El señor Montoro pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Montoro. (Continúan los rumores.)

El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, he sido contradicho y además con una falsa argumentación (Rumores.) por parte del señor Cercas, por lo que reclamo mi derecho a intervenir. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, usted sabe cómo funciona el mecanismo de las mociones. Ha defendido la moción de su grupo y ha adoptado posición respecto a las otras mociones. En su intervención ha dedicado una parte importante a hacer una ampliación de la interpelación y, en consecuencia, y usted es muy libre de administrar su tiempo, ha hecho, permítame que se lo diga, una crítica viva al Gobierno e incluso al grupo y al Partido Socialista; por tanto, en su fijación de posición el señor Cercas ha fijado su posición respecto a su moción (Rumores.) y en los términos en que ha sido planteada por S.S. por tanto, no ha lugar a ningún turno de réplica ni de contradicción.


El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, le ruego que reconsidere su posición porque el señor Cercas además ha aludido a mi condición de catedrático de universidad (Rumores y protestas.) para rechazar el argumento.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En ningún momento estimo, señor Montoro, que eso se pueda considerar como algo que sea despectivo, en absoluto. No hay turno de palabra.
(Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Hernández-Sito, ¡silencio!

El señor MONTORO ROMERO: Que conste mi discrepancia absoluta.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Que conste en acta lo que usted desee pero nada más; no tiene la palabra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor Albistur tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.


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Permítame una pequeña rectificación, soy el Diputado señor Mur.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón. Tiene S.S. la palabra.


El señor MUR BERNAD: Voy a fijar la posición en estas mociones intentando evitar la crispación que en este debate acaba de producirse, dado que el portavoz socialista ha venido a echar leña al fuego en un asunto que merecería un poco más de reposo, bastantes más ideas y menos descalificaciones.
Las mociones que aquí esta tarde se han presentado son consecuencia natural de las interpelaciones de la semana pasada sobre un tema que nos parece oportuno. Es un tema que está inquietando a la sociedad española porque está habiendo un recorte más de las prestaciones sociales y un recorte más de sus derechos. Todo tiene su origen, señorías --digámoslo claro--, en la imprudencia de algún miembro del Gobierno al tratar este asunto de manera frívola y este asunto no puede tratarse de esta manera. Nosotros creemos que este tema debe analizarse seriamente. Hay que analizar las causas si queremos evitar las consecuencias, pero hay que analizarlas sin demagogias, sin utilizar el asunto como arma arrojadiza.
Señores que sustentan al Gobierno, es el Gobierno y el Grupo Socialista quienes en este momento tienen la responsabilidad de dar garantías y tranquilidad a los ciudadanos, no son ustedes precisamente los más llamados a avivar la llama de la controversia, a generar en este momento la crispación y, sobre todo, a no aclarar cuáles son las posiciones que ustedes mantienen sobre un tema tan serio.
Las mociones presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos parecen ajustadas a la cuestión que estamos tratando, nos parecen ajustadas porque dan soluciones, porque expresan claramente una serie de medidas que hay que tomar alejadas del voluntarismo con que algunas veces se tratan estos temas en la Cámara. No es una cuestión de voluntarismo, no es una cuestión electoral, no es una cuestión a arrojar encima de los grupos de la oposición, es una cuestión que hay que abordarla seriamente. Por ello creemos que tanto la moción del Partido Popular como la moción de Convergència i Unió merecen ser apoyadas, sobre todo porque en ambas mociones queda claro algo que es muy importante y que ya se ha debatido en esta Cámara: la confianza en la ponencia especial que se ha creado. Creo que ésa es la salida, ésa es la solución y --quizá por alardes dialécticos-- en esta tarde dejémonos de utilizar un asunto tan serio, y que tan preocupada tiene a la opinión pública, tratarlo frívola y demagógicamente. Situemos las cosas en su punto, dejemos que la ponencia haga sus conclusiones y debatamos con seriedad y serenidad un tema que a nosotros también nos tiene muy preocupados.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Mur. Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención va a ser breve también y desde el escaño. Me veo en la obligación, señor Presidente, de empezar indicando que este problema es muy complejo, es un problema proclive a la polémica, a la confrontación dialéctica e ideológica y en el intercambio de reflexiones y de acusaciones que hemos escuchado se han oído cosas muy pertinentes, conceptualmente atinadas y acertadas; se han oído otras mucho menos pertinentes y se han oído algunas reflexiones francamente demagógicas, señor Presidente. Nosotros tenemos la impresión de que un debate de esta entidad, sobre un problema de esta magnitud, sobre un problema de esta naturaleza, requiere un debate mucho más riguroso; sobre todo los ciudadanos del Estado español esperaban un debate mucho más riguroso sobre esta cuestión. Hecho este pequeño preámbulo, sin ánimo de moralizar (sabe que no es una tentación a la que seamos especialmente proclives en este grupo parlamentario, señor Presidente), tenemos que indicar que este problema es tremendamente complicado y que realmente requiere apelaciones al consenso; todas las que se hagan son pocas. Es un problema que está planteado como cuestión genuina de Estado, vinculado a los elementos más elementales de la convivencia en todos los países de nuestro contexto socioeconómico. Nosotros para reformar la Seguridad Social --y seguro que nadie discute que esta reforma debe acometerse-- hemos de tener en cuenta las razones demográficas, que han sido apuntadas por algunos portavoces; las razones económico-financieras, que también son muy pertinentes y han sido apuntadas por otros; las razones del modelo de nuestro sistema público de Seguridad Social y de su régimen jurídico --que no ha sido apuntadas por casi nadie--; las razones del modelo del sistema complementario libre o complementario voluntario y su régimen jurídico --que, paradójicamente, no ha sido apuntado por casi nadie--; y otro tipo de cuestiones que a las que es inevitable aludir.
Tenemos un requerimiento constitucional para afrontar la reforma de nuestro sistema público de Seguridad Social, que es el mandato contenido de forma inequívoca en el artículo 41 de nuestro texto constitucional, en el cual se establece que el sistema público de Seguridad Social español tiene que atender a las contingencias

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que afecten a todos los ciudadanos, lo que se suele denominar técnicamente principio de universalidad de protección. Este es uno de los paradigmas del Estado del bienestar que en este momento es objeto de relativización en casi todos los países del mundo, porque esta universalización de la protección de los sistemas públicos empieza a ser realmente gravosa para los Estados en una situación de recesión económica de naturaleza estructural. Además, configura nuestro sistema público de Seguridad Social --artículo 41 del mismo texto constitucional- -con otro principio caracterizador, que es el de la suficiencia; no sólo se tiene que proteger a todo ciudadano y estoy reproduciendo su tenor literal, ante cualquier situación de necesidad, sino que esta protección tiene que ser suficiente en su dimensión y en su cuantía. Esos son los requerimientos constitucionales y de no modificar la Constitución es inevitable acomodarse a ellos cuando se conciba intelectualmente cualquier reforma de la Seguridad Social.
Además, por si esto fuese poco y el problema fuese escasamente relevante planteado en estos términos constitucionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha consagrado un principio que en este momento deja de ser dilecto a muchas personas aquí presentes, que es el principio de irregresividad. Cada vez que lo comento en sus propios términos, tal como ha sido configurado jurisprudencialmente interpretando el Tribunal Constitucional el contenido del artículo 41 de la Constitución, provoca sonrisas un tanto sarcásticas que no termino de percibir en su sentido ideológico último, señor Presidente. El principio de irregresividad significa que cualquier reforma de nuestro sistema público de Seguridad Social tiene que mantener o incrementar necesariamente el nivel y cuantía de la protección de la legislación previgente -- la que es objeto de reforma--, porque cualquier norma que configure la cuantía y dimensión de protección del sistemapúblico y las condiciones de acceso a dicha protección, es decir, los períodos de carencia, en reformas posteriores, sólo puede ser objeto de incremento o de mantenimiento. Esa legislación cristaliza automáticamente...
(Rumores.) Señor Presidente, no sé si sería algo desorbitado pedir en este momento un poco de silencio. En todo caso solicito su amparo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Agradezco su amparo, señor Presidente, y continúo con la digresión.
Enunciado el principio de irregresividad, diré que estos son requerimientos constitucionales que constan en el tenor literal del artículo 41 de la Constitución y en la jurisprudencia de desarrollo.
Atendidos estos requerimientos constitucionales nosotros tampoco vamos a querer relativizaciones de los problemas económicos y presupuestarios absurdas y políticamente imprudentes. Si en este momento, considerando a su vez los presupuestos acumulados del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de la Seguridad Social, tenemos acumulado un déficit público del 7,1 por ciento del producto interior bruto y tenemos un requerimiento en el plan de convergencia --indicado por el señor Solchaga cuando era ministro-- del 1,5 del PIB, realmente hay que hacer reflexiones muy serias sobre esta materia y sobre este problema económico-presupuestario.
Entonces, ¿qué propone mi grupo? Sirva ya esto paradefinir cuál va a ser su posición respecto a las distintas mociones presentadas por los distintos grupos de esta Cámara. En primer lugar, la reforma debe acometerse desde varios puntos de vista. Tenemos que crear un sistema contributivo que realmente lo sea, un sistema contributivo que sea autofinanciado o, por lo menos, autofinanciable. Estamos muy lejos de llegar a este sistema y, desde luego, vamos a seguir lejos de un sistema contributivo autofinanciable si seguimos recurriendo a las leyes de los Presupuestos Generales del Estado para acometer la reforma del sistema de pensiones; reduciendo su cuantía, la cuantía de las pensiones obligatorias máximas, reduciendo la cuantía de las pensiones complementarias, recurriendo a lo que la doctrina internacional denomina teorías anticúmulo o procedimientos de restricción anticúmulo; es decir, reduciendo las pensiones obligatorias en leyes de presupuestos o cuando hay una concurrencia de pensiones, limitando la cuantía de esta concurrencia a la máxima de cada una de ellas individualmente considerada. Nosotros no creemos en las teorías anticúmulo, señor Presidente, lo digo con claridad, y creemos que en un sistema contributivo autofinanciado o autofinanciable debe admitirse la concurrencia de pensiones que cada cual, en carreras de aseguramiento individual, pueda conseguir.
Necesitamos y esto es complementario con lo anterior, un sistema complementario libre o complementario privado en términos razonablemente europeos, mediante la propiciación, no sólo de instituciones de previsión social lucrativas, que es lo que está haciendo el Gobierno en este momento, sino mediante la propiciación, casi exclusivamente a través de una fiscalidad propiciatoria, de fondos y planes de pensiones. Queremos que, en condiciones de igualdad con los fondos y planes de pensiones, concurran las entidades de previsión social volutaria, concurran las mutuas de previsión social voluntaria y todas las instituciones de previsión social de carácter no lucrativo.
Esto es algo terriblemente importante, desde nuestro punto de vista, para consolidar en términos y niveles europeos un sistema complementario libre que --atendiendo a las

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alarmantes reflexiones del señor Solbes, Ministro de Economía- -llene las insuficiencias que previsiblemente va a tener en el futuro el sistema público contributivo.
Necesitamos crear, casi por último, señor Presidente, un sistema asistencial que cubra de forma universal --éste sí-- todas las situaciones de necesidad, tal como mandata en términos inequívocos el artículo 41 de la Constitución.
Necesitamos otras muchas cosas, señor Presidente --le he prometido que no iba a ser prolijo--; necesitamos una política familiarista que permita la promoción de la natalidad y no se vayan produciendo estas terribles inversiones demográficas que están descapitalizando los sistemas de financiación de nuestro sistema de Seguridad Social; necesitamos una fiscalidad propiciadora de instrumentos de ahorro, que no sólo reconduzca la capacidad de ahorro a sistemas de aseguramiento y de complemento de pensiones sino que posibile la existencia en el Estado español de instrumentos de ahorro que impidan la descapitalización de la economía y la necesidad de recurrir al mercado internacional de capitales, sin mantener, por tanto, unos tipos de interés tan altos que gravitan negativamente en la competitividad de nuestras empresas. En definitiva, se necesitan muchas cosas, señor Presidente --y con esto acabo-- que se proponen en las mociones que han sido objeto de debate en esta Cámara y algunas otras que, lamentablemente, no han sido objeto de proposición.
Nosotros, congruentemente con esta filosofía, congruentemente con estas proposiciones, vamos a votar las distintas mociones de forma parcelada. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Señor Homs, tiene la palabra para indicar si acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista, aunque algo ha apuntado en su intervención inicial, pero ya de una forma definitiva.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, acepto la enmienda planteada por el Grupo Socialista, que es de adición. (Rumores en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación de las diferentes mociones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 17; en contra, 270; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 120; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 160; en contra, 118; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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