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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 51, de 24/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 51 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 50 celebrada el jueves, 24 de febrero de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
(Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (números de expedientes 4/000071; 4/000111; 4/000202; 4/000228; 4/000178; 4/000267; 4/000244; 4/000105 y 4/000106 (Página 2458)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Canje de Notas Constitutivo del Acuerdo entre España y Tailanda sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 41.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000034) (Página 2458) --Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo Anejo, hecho en Madrid el 21 de julio de 1992.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 42.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000035) (Página 2458) --Acuerdo Marco de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en Ammán el 21 de enero de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 43.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000037) (Página 2458)

Página 2450


--Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República Argelina Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 44.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000038) (Página 2458) --Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 45.1, de 23 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000039) (Página 2458) --Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 46.1, de 23 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000040) (Página 2458) --Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en Madrid el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 47.1, de 23 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000041) (Página 2459) --Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 48.1, de 23 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000042) (Página 2459) --Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 49.1, de 23 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000043) (Página 2459) --Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 50.1, de 23 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000044) (Página 2459) --Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones, firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 62.1, de 21 de diciembre de 1993 (número de expediente 110/000056) (Página 2459)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley sobre suscripción por España de acciones de capital de la Corporación Financiera Internacional. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 29.1, de 22 de octubre de 1993 (número de expediente 121/000015) (Página 2467) --Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 10.475.298.000 pesetas, para compensar los déficits de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 38.1, de 7 de diciembre de 1993 (número de expediente 121/000024) (Página 2468)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de medidas urgentes para la cinematografía.
(Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 44.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000027) (Página 2468)

Avocación por el Pleno de proyectos de ley:

--Del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la cinematografía. (Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 44.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000027) (Página 2483)

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--Del Proyecto de Ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 40.1, de 20 de diciembre de 1993 (número de expediente 121/000026) (Página 2483)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
(Continuación):

--Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 45.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000031) (Página 2483) --Proposición de Ley de modificación de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 34.1, de 24 de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000024) (Página 2504)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:

--Real Decreto-Ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.
(«Boletín Oficial del Estado», número 36, de 11 de febrero de 1994) (número de expediente 130/000013) (Página 2505)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para el debate del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 2458)

Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora (Página 2458)

Se pospone el debate sobre este punto del orden del día ante la ausencia de miembros del Gobierno para presentar el Real Decreto-ley.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 2458)

Canje de notas Constitutivo del Acuerdo entre España y Tailandia sobre modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de Es-paña y el Gobierno del Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979 (Página 2458)

Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo Anejo, hecho en Madrid el 21 de julio de 1992 (Página 2458)

Acuerdo Marco de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en Amman el 21 de enero de 1993 (Página 2458)

Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República Argelina Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993 (Página 2458)

Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993 (Página 2458)

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Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992 (Página 2458)

Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en Madrid el 23 de julio de 1992 (Página 2459)

Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid el 23 de julio de 1992 (Página 2459)

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992 (Página 2459)

Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993 (Página 2459)

Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones, firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993 (Página 2459)

Para fijación de posiciones en relación con los puntos 40 y 45, sobre el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra y el Estatuto del Copríncipe Episcopal, intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Molíns i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Espasa Oliver, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa perCatalunya; Milián Mestre, del Grupo Popular, y Puig i Olivé, del Grupo Socialista. Se procede a las votaciones de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Se aprueba el dictamen relativo al Canje de Notas Constitutivo del Acuerdo entre España y Tailandia sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979, por 296 votos a favor. Se aprueba el dictamen sobre Acuerdo Marco de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en Ammán el 21 de enero de 1993, por 295 votos a favor y una abstención.
Se aprueba el dictamen relativo al Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República Argelina Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993, por 298 votos a favor.
Se aprueba el dictamen sobre el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993, por 295 votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba el dictamen relativo al Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992, por 292 votos a favor y dos abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en Madrid el 23 de julio de 1992, por 295 votos a favor.
Se aprueba el dictamen relativo al Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid el 23 de julio de 1992, por 295 votos a favor y una abstención.
Se aprueba el dictamen relativo al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992, por 297 votos a favor. Se aprueba el dictamen relativo al Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo

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al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993, por 295 votos a favor y una abstención.
Se aprueba el dictamen relativo al Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones, firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993, por 295 votos a favor y una abstención.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2467)

Proyecto de ley sobre suscripción por España de acciones de capital de la Corporación Financiera Internacional (Página 2467)

Para fijación de posiciones intervienen los señores Milián Mestre, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo Socialista.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 10.475.298.000 pesetas, para compensar los déficits de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990 (Página 2468)

No produciéndose fijación de posiciones por parte de ningún Grupo Parlamentario en torno a este proyecto de ley, se procede a las votaciones de los dictámenes de Comisiones.
Sometido a votación el dictamen relativo al proyecto de ley sobre suscripción por España de acciones de capital de la Corporación Financiera Internacional, es aprobado por 294 votos a favor y una abstención. Asimismo es aprobado el dictamen relativo al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para compensar los déficits de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990, por 297 votos a favor.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 2468)

Proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía.
(Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre) (Página 2468)

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Popular interviene el señor Cortés Martín, manifestando que en el debate de convalidación del Real Decreto-ley ya dijeron que el cine español necesitaba menos política y, en cualquier caso, otra política. También dijeron y reiteran ahora que el deseo del Partido Popular es que el cine español cuente con un marco legal favorable y estable que le permita salir de la terrible crisis a que le han llevado once años de política socialista. Este es el sentido del texto alternativo que presentan hoy a la Cámara, señalandoque, a diferencia del Decreto-ley, fruto de negociaciones bilaterales nocturnas, es un texto que han consultado con todos los sectores del cine y, como consecuencia de esas conversaciones, recoge muchas medidas que el Gobierno no incorporó a su propuesta, incluso después de haber sido anunciadas por la propia señora Ministra de Cultura.
Agrega que el texto de su Grupo supone una ley de fomento al cine español, para lo cual no se quedan en las cuotas y las subvenciones sino que van más allá, con medidas incentivadoras, estímulos fiscales, desgravaciones, medidas favorecedoras del crédito y otras de fomento que no son necesariamente económicas y que figuran en el texto escrito, por lo que hace gracia a SS.SS. de la enumeración de las mismas. Junto a dichas medidas piden una regulación del control de taquilla, para que sea posible una correcta protección de todos los derechos en juego, y una concreción para el cine español de la Ley de Defensa de la Competencia, para impedir prácticas que vulneran en este sector la libre competencia. Destaca como diferencias fundamentales, entre otras muchas, en relación con el proyecto del Gobierno las cuestiones relativas a las licencias de doblaje y a las subvenciones, al considerar que ambas han sido las causas esenciales de la crisis del cine español y los dos instrumentos que más ha usado el Gobierno para intentar el sometimiento del sector. Corregir la tendencia de los últimos once años exige liberar al cine español de la servidumbre del poder, y eso es precisamente lo que pretenden suprimiendo las licencias de doblaje y cambiando las subvenciones del proyecto por ayudas automáticas. Termina señalando que el texto alternativo presentado por su Grupo plantea otra política que tiene confianza en el sector, que vigila el buen uso del dinero de los contribuyentes y que concede a los espectadores la libertad de elegir. Cree que ésta es la política que el cine español necesita y espera que cuente con el apoyo de la mayoría de la Cámara. En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Clotas i Cierco, manifestando

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que, a tenor de la intervención que acaban de oír, cuesta creer que el Grupo Popular haya reflexionado sobre el tema que les ocupa esta mañana, calificando la intervención en cuestión de charlotada, sin que haya expuesto ningún argumento nuevo a los ya expresados recientemente en esta misma tribuna con motivo del debate sobre el Decreto-ley. Presentan una catastrofista situación del cine español, que achacan a una política a la que el enmendante tampoco es capaz de presentar ninguna alternativa, dedicando escasos minutos a la defensa de lo que es el motivo de este debate, es decir, la enmienda de totalidad del Grupo Popular. Agrega que se trata de una enmienda que para el Grupo Socialista y para la inmensa mayoría del sector cinematográfico merece tres calificativos, como que es una propuesta deficiente, insuficiente e imprudente. Insuficiente, porque en lugar de abordar los problemas inaplazables de nuestra cinematografía y, sobre todo, poner de acuerdo nuestra legislación con la comunitaria, se dedica a otras cuestiones, y deficiente e imprudente porque en realidad lo que hace el Grupo Popular es recoger algunas normas, ya presentadas por la señora Ministra y que incluso están en el proyecto en trámite, introduciendo algún cambio sin saber por qué, realizando una especie de refrito, con el objetivo de suprimir las licencias de doblaje.
Concluye manifestando que el Grupo Socialista, naturalmente, se opondrá a la enmienda del Grupo Popular, en lo cual se siente apoyado por la Cámara y, sobre todo, por el sector cinematográfico, que apoya el proyecto de ley presentado por el Gobierno en cuanto que contiene medidas inaplazables que deben sostener para ayudar al cine español y también para poner nuestra legislación al día con la legislación comunitaria.
Replica el señor Cortés Martín, duplicando el señor Clotas i Cierco. Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por alusiones del señor Alcaraz Masats, hace uso de la palabra el señor Robles Fraga.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad del Grupo Popular por 125 votos a favor, 172 en contra y dos abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 2483)

Del proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía. (Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre). El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara ha acordado, de conformidad con el artículo 49.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía. Se aprueba por asentimiento dicha avocación.
Proyecto de ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
El señor Presidente informa también que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado igualmente proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
Se aprueba por asentimiento dicha avocación.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
(Continuación) (Página 2483)

Proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 2483)

Presenta el proyecto, en nombre del Grupo Socialista, el señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe). Señala que no va a realizar un examen pormenorizado de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya modificación propone a la Cámara porque los señores Diputados la conocen bien, como lo demuestran las enmiendas parciales que han presentado buen número de grupos parlamentarios y que son una garantía de que el proyecto de ley saldrá mejorado de la Cámara, dado que, en sus grandes líneas, dichas enmiendas son perfectamente asumibles por el Gobierno, ya que, efectivamente, tienden a mejorar el proyecto. Desea dar las gracias a los grupos enmendantes que, aceptando el pacto de Estado ofrecido por el Gobierno, han contribuido de manera directa a crear las propias líneas maestras de la reforma, por lo que espera que consideren que esta ley es también suya. A continuación procede a exponer algunas de las líneas centrales del proyecto, afirmando que encaja dentro de una de las orientaciones fundamentales de la política del Gobierno en materia de justicia, cual es iniciar el proceso de transferencia de competencias desde el Poder Ejecutivo al Consejo General del Poder Judicial. Entre tales transferencias menciona, en primer lugar y en concreto, un viejo tema que ha sido durante muchos años

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polémico, cual es la competencia para la selección de jueces y magistrados, vieja y legítima aspiración del Consejo General.
El proyecto supone, asimismo, introducir mejoras en el propio mecanismo de selección fijado ya normativamente. Expone esquemáticamente el contenido de estas mejoras, para pasar seguidamente a un segundo bloque de temas que plantea la presente Ley y que tienen una incidencia directa e importante en el funcionamiento diario y cotidiano de los tribunales. Se trata concretamente del conjunto de medidas que procuran limitar la movilidad excesiva de jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional.
A continuación expone a la Cámara el contenido de la figura del Juez Adjunto que se introduce en el proyecto de ley, manifestando que, por un lado, se concibe como uno de los períodos obligatorios del proceso formativo inmediatamente posterior a la oposición, con pretensión además de que sea extenso en el tiempo, procurando garantizar que un juez o magistrado no vaya directamente de la oposición al ejercicio de la función jurisdiccional sino que pase un período extenso de tiempo practicando su oficio con otro juez. Al mismo tiempo existe otra posibilidad, que prevé la ley, de uso alternativo del juez adjunto en planes de ayuda y de urgencia frente a situaciones de crisis.
Por otro lado se modifica y mejora el régimen de magistrados suplentes, de jueces sustitutos y de provisión temporal, a través de una serie de medidas que garantizan que todo el proceso tiene que estar especialmente motivado en una posición de absoluta igualdad respecto a los magistrados titulares.
Como punto central de la reforma destaca la modificación en profundidad del régimen disciplinario de jueces y magistrados, ya que parece evidente que la sociedad reclama un mayor rigor en el control de las conductas de aquéllos. No puede existir ni independencia ni responsabilidad sin un adecuado régimen disciplinario. En este sentido, la reforma se orienta a un mayor rigor en la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a través de diversos instrumentos o mecanismos. Se extiende en la exposición de las medidas disciplinarias previstas en el proyecto de ley, aludiendo seguidamente a otra serie de cuestiones contempladas en el proyecto, como es la potestad reglamentaria externa del Consejo General del Poder Judicial. Concluye mencionando la autonomía presupuestaria del Consejo General en los términos que son razonables, es decir, la capacidad de elaborar el proyecto correspondiente para su unión a los Presupuestos Generales del Estado, la capacidad para fijar directrices de ejecución y su fiscalización antes de remitirla al Tribunal de Cuentas.
Afirma que se hallan ante una reforma que es urgente y, al mismo tiempo, de gran calado político, al permitir al Consejo General del Poder Judicial tener los instrumentos necesarios para que pueda asumir sus responsabilidades, así como garantizar que no puedan existir comportamientos impunes por parte de jueces y magistrados.
En cuanto a la enmienda de totalidad del Grupo Popular, el Gobierno, ciertamente, desea decir que les parece la expresión política de una soledad buscada de propósito, en una actitud manifiestamente hostil por parte de ese Grupo a colaborar con el resto de esta Cámara en la realización de este pacto de Estado en materia de Justicia. Se atrevería a pedirles que abandonen su soledad.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Popular interviene el señor Trillo- Figueroa Martínez-Conde, manifestando que mal comienzo ha tenido el Ministro de Justicia con su apelación final al Grupo Popular aludiendo a la hostilidad y soledad que demuestra con su texto alternativo. Coinciden con el señor Ministro en que la materia del proyecto es de Estado y necesita un tratamiento de consenso. Dice el señor Ministro que hay que reformar la selección y formación de los jueces y también están de acuerdo en que hay que reformar el régimen disciplinario, el régimen de los suplentes, sustitutos y de provisión temporal, y cómo no van a estar de acuerdo si ya en 1985 se lo dijeron a su antecesor, el señor Ledesma. Por tanto, completamente de acuerdo en la necesidad de la reforma y también en que se trata de una reforma parcial y urgente. Precisamente por ello han presentado el texto alternativo, porque la reforma es demasiado parcial para ser de Estado y demasiado urgente para merecer un pacto. Pregunta en qué ha participado el Grupo Popular, que representa a ocho millones doscientos mil españoles, en la redacción de este proyecto para que se hable ya de soledad y de exclusión de un pacto. El texto alternativo que presentan no va buscando la confrontación sino el diálogo, incluso al entendimiento pero para ello hay que venir con otras actitudes a esta Cámara, que es donde se hacen los pactos de Estado y no fuera de ella.
Al Grupo Popular le parece muy bien que se devuelvan al Consejo General las competencias que le sustrajeron precisamente gobiernos anteriores de don Felipe González, como son la selección, formación, perfeccionamiento, potestad reglamentaria e incluso diría que se le diese la disciplinaria sobre los agentes; todo esto les parece muy bien. Pero también habrán de hablar de la composición de ese Consejo, porque, sino, se puede producir un efecto perverso al tratarse de un órgano que, por su sistema de elección, según todas las encuestas, está desprestigiado,

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por lo que si se le añaden nuevas competencias sin tocar su composición el desprestigio puede ser mayor.
El propio Tribunal Constitucional aconsejó, en la sentencia dictada en su día, la sustitución del actual sistema de elección, como todos los señores Diputados conocen.
Pregunta por qué sostienen un sistema de elección que va contra el sentido común, contra el sentir de la ciudadanía, contra el de la mayoría de los jueces y el de la opinión pública. Esto le ha llevado al Grupo Popular a presentar una alternativa, que es volver al sistema de 1980. Podría decirse que no les gusta, como se ha dicho muchas veces en la Cámara, y el Grupo Popular quiere anunciar que está dispuesto a cualquier otra fórmula que respete el contenido de la Constitución y el mandato del Tribunal Constitucional, pero, en reciprocidad, piden que acepten que sobre este tema hay que volver a hablar, que no se cierren en el mantenimiento de ese sistema, que está desprestigiado y dañando el crédito del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir la independencia y la confianza de los españoles en el gobierno de sus jueces. Apunta, además, algunas correcciones, propugnando una mayoría reforzada para la adopción de determinados acuerdos que son trascendentes, y añade más, como es que se traiga aquí a los candidatos para evitar problemas de responsabilidad política de los vocales del Consejo, como el surgido recientemente, evitando que sea el único gobierno de un poder del Estado que no dilucida su responsabilidad ante nadie. El segundo gran capítulo de la alternativa del Grupo Popular se refiere a la consecución de jueces profesionalmente competentes, que tengan prestigio profesional, cuestión en la que el Gobierno y la oposición tienen el mismo objetivo y en la que han de coincidir necesariamente. Sobre este particular, hay que reformar el sistema de selección y de formación y considera muy bueno que el Ministerio de Justicia deje de ser el responsable, asumiendo esta tarea el Consejo General. Sin embargo, es una condición necesaria pero no suficiente. En relación con este sistema de selección alude al elevado porcentaje de jueces no reclutados por el sistema de oposición y termina resaltando la omisión en el proyecto de ley de algo tan importante como es el derecho a la indemnización por error judicial y el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Está vigente una regulación que tacha de insuficiente y defectuosa y de ahí que propongan un sistema de reparación del error judicial, ampliando la restrictiva doctrina legal del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo un procedimiento específico al efecto.
Finaliza el señor Trillo reiterando que su alternativa pretende el encuentro. Quieren jueces independientes, competentes y responsables, en lo que está seguro que habrán de coincidir con los demás Grupos parlamentarios. En turno en contra interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor Barrero López, que expone su postura contraria al texto alternativo presentado por el Grupo Popular. El Grupo Socialista, al apoyar las medidas urgentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hace otra cosa en este momento que apoyar una medida del Gobierno que el Partido Socialista presentó, bajo el epígrafe del impulso democrático, a los electores el 6 de junio y que, lógicamente, tiene la obligación de ejecutar como consecuencia del contrato con la sociedad en esa fecha. Una de las primeras medidas del impulso democrático es precisamente ésta, mediante la cual se aumenta el nivel de competencias del Consejo General del Poder Judicial, el nivel de competencias en la selección de jueces, en la capacidad presupuestaria, en la capacidad de reglamentación externa y en la capacidad disciplinaria fundamentalmente.
Asimismo ratifica su Grupo la oferta de pacto que el Ministro de Justicia presentó a esta Cámara en sesión de la Comisión de Justicia celebrada a mediados de octubre. En ella, el Ministro ofrecía a todos los Grupos parlamentarios un pacto de Estado en materia de justicia y piensan que era lógico también esa vía del diálogo y consenso en relación con las medidas urgentes que ahora contemplan, reivindicadas desde hace tiempo por las asociaciones y el Consejo General, con independencia de que, en trámites parlamentarios posteriores, se esfuercen en el perfeccionamiento de las mismas.
Ocurre, sin embargo, que la inmensa mayoría de los Grupos parlamentarios ha respondido a esta oferta de pacto, seria y no partidista, con sus aportaciones, pero no así el Grupo Popular, por lo que allá él con su responsabilidad política, al margen de las cosas que pueda decir en esta tribuna con un doble lenguaje. Pregunta que si la inmensa mayoría de las aportaciones que hace el Gobierno vienen pactadas, qué camino le queda al Grupo Popular para presentar un texto alternativo.
Parece lógico que sólo podía apoyarse en aquellas cuestiones que han sido objeto de expresas reservas por determinadas asociaciones de carácter profundamente conservador para hacer ver al pueblo español que su texto alternativo tenía algún significado, difícil camino, máxime cuando todos conocen que, en muchas ocasiones, ignoran si representan de verdad a unos votos concretos, a una parte al menos de la soberanía o exclusivamente a un gremio, una corporación o una asociación.


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En cuanto al texto alternativo del Grupo Popular, dice que se fundamenta, de acuerdo con las reservas de esas asociaciones, en cuatro puntos fundamentales, como son, primero, la designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial; segundo, el régimen de los magistrados suplentes; tercero, los sistemas de elección, y, por último, los temas disciplinarios.
Expone algunas consideraciones en torno a dichos cuatros puntos fundamentales, sobre los que, por lo demás, han debatido ampliamente en la Cámara, calificando al texto alternativo del Grupo Popular de innecesario, además de corporativistas, razones por las que no pueden votar a favor del mismo.
Replica el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde, duplicando el señor Barrero López.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora Aguilar Rivero, del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad del Grupo Popular por 119 votos a favor, 169 en contra y una abstención.


Proposición de Ley de modificación de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas (Página 2504)

El señor Costa Costa, en nombre del Grupo Socialista, da por defendida la enmienda en sus propios términos y la somete al debate subsiguiente en el próximo trámite en la Cámara.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, es aprobada por 287 votos a favor y uno en contra.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 2505)

Real Decreto-Ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora (Página 2505)

El señor Presidente recuerda que queda pendiente del orden del día la convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Pregunta a la Cámara si aprueba que pasen a debatir ahora este punto.
El señor Fernández-Miranda y Lozana, en nombre del Grupo Popular, manifiesta que aceptan la modificación del orden del día en esta ocasión, pero advirtiendo que les parece una falta de consideración y de respeto muy importante hacia la Cámara el hecho de que un Ministro del Gobierno no esté presente en su momento para la defensa de una iniciativa del mismo. De ahí que consideren excepcional esta modificación, que, si se repite en ocasiones futuras haría que el punto del orden del día afectado tuviera que verse en otra ocasión.
En nombre del Gobierno, el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) comienza expresando sus más sentidas disculpas a la Cámara por no haber podido estar presente a la hora en que había sido convocado para defender el Decreto-ley. Lo siente, sobre todo cuando es uno de los ministros que con más dedicación y continuidad asisten al Parlamento, cosa que hace con muchísimo gusto.
En relación con el Decreto-ley, manifiesta que la persistencia de las adversas condiciones climatológicas actuales recomienda, con carácter de urgencia, adoptar medidas que ayuden a paliar los efectos producidos por la sequía. El trienio 1991-1993 es, sin género de dudas, el más seco del presente siglo en la mayor parte del centro y del sur de la península, afectando fundamentalmente a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir sur, Segura y Júcar, además de Baleares. Las precipitaciones se han producido de forma muy desigual, provocando inundaciones en la mitad norte de España, pero manteniendo a la mitad sur y a Baleares en una situación de sequía en ocasiones peor a la del año pasado. Frente a esta situación, ante la que nada puede hacer el Gobierno, es necesario adoptar una serie de actuaciones correctoras, entre las que figuran el Decreto-ley para la moratoriaen el pago de las tarifas de agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.
Justifica la moratoria para las tarifas de utilización del agua en las dificultades económicas que supondría para los agricultores el abono conjunto y simultáneo de todas las exacciones pendientes en el primer ejercicio en el que se modifique la actual situación climática, y la segunda de las medidas contempladas en el Decreto-ley, en el hecho de que el embalse del Almanzora constituye una importantísima fuente de recursos para combatir la aridez de aquella zona. Se justifica el trasvase en la situación actual en que se encuentra la cuenca del Segura, que califica de dramática. Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Andreu Andreu, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Arqueros

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Orozco, del Grupo Popular, y Amate Rodríguez, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley, por 251 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta.)

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS (Números de expedientes 4/000071, 4/000111, 4/000202, 4/000228, 4/000178, 4/000267, 4/000244, 4/000105 y 4/000106)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 2/1994, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ACUERDAN MORATORIAS EN LAS TARIFAS DE UTILIZACION DEL AGUA Y UNA TRANSFERENCIA DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL ALMANZORA (Número de expediente 130/000013)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.
(Pausa prolongada al no encontrarse ningún miembro del Gobierno en el banco azul.--Rumores y fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Continúan los rumores y las fuertes protestas.)

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, nuestro grupo desea fijar su posición.
El señor PRESIDENTE: Vamos a aguardar a que el Gobierno esté en condiciones de presentar el Decreto-ley y después pasaremos a los turnos de fijación de posiciones. (Rumores.) Silencio, señorías. (Continúan los rumores y las protestas.) ¡Señorías, guarden silencio! En cualquier caso, el tiempo de la Cámara debemos utilizarlo en beneficio de nuestro trabajo.
Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. (Rumores.)

DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

CANJE DE NOTAS Constitutivo del Acuerdo entre España y Tailandia sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia, de 6 de septiembre de 1979. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 41.1, de 8 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000034) CONVENIO entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo Anejo, hecho en Madrid el 21 de julio de 1992.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 42.1, de 8 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000035) ACUERDO Marco de Cooperación Cultural, Técnica, Científica y Técnica entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en Ammán el 21 de enero de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 43.1, de 8 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000037) CONVENIO Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa entre el Reino de España y la República Argelina Democrática Popular, hecho en Argel el 5 de abril de 1993.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 44.1, de 8 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000038) TRATADO de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 45.1, de 23 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000039.) CONVENIO entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo Anejo, firmado «ad referendum» en Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 46.1, de 23 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000040.)

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TRATADO General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado «ad referendum» en Madrid el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 47.1, de 23 de noviembre de 1993.
(Número de expediente 110/000041.) TRATADO General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay y Anejo, así como el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmado en Madrid el 23 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 48.1, de 23 de noviembre de 1993.
(Número de expediente 110/000042.) ACUERDO para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 7 de abril de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 49.1, de 23 de noviembre de 1993. (Número de expediente 110/000043.) ACUERDO entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 50.1, de 23 de noviembre de 1993.
(Número de expediente 110/000044.) ACTA por la que se modifica el Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de Gobernadores para crear un Fondo Europeo de Inversiones, firmada en Bruselas el 25 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 62.1, de 21 de diciembre de 1993. (Número de expediente 110/000056.)

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Desea algún grupo intervenir en relación con alguno de estos dictámenes?

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, tengo una duda: ¿La Presidencia puede alterar --lo pregunto a efectos de conocimiento-- el orden del día sin consulta previa al Pleno?

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Fernández-Miranda...
(Rumores.) Silencio, señorías.
La Presidencia, en este momento, y dadas las características del punto séptimo del orden del día puede hacer dos cosas: proponer, por razón del buen desarrollo de la sesión de esta mañana, lo que ha propuesto o suspender la sesión. (Rumores.) Señorías...
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, dejamos en manos del buen juicio de la Presidencia continuar con la sesión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicitamos turno para fijación de posición en los puntos 40 y 45: Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y Andorra y respecto al Estatuto del Copríncipe Episcopal.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
En la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando se vieron los acuerdos y tratados que vienen al Pleno hoy, se acordó por todos los portavoces una intervención en Pleno y no en la Comisión. El Grupo de Coalición Canaria lo secundó y lo interpreta para destacar una relevancia de lectura política especial.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Vamos a hacer conjuntamente el turno de fijación de posición en el Tratado referente a la vecindad, amistad y cooperación con el Principado de Andorra y en el Estatuto del Copríncipe Episcopal. Los vamos a votar favorablemente. Creemos que la tradición secular de las relaciones que han tenido a través de la Mitra de Urgel el Estado español con respecto al Principado de Andorra y su equivalente del Copríncipe, por parte de la República Francesa su Presidente, aconsejan en este pequeño enclave, hoy en día país reconocido por las Naciones Unidas, el reconocimiento de España, que no era sencillamente una correlación diplomática con el acuerdo de las Naciones Unidas, sino hacer inmediatamente un tratado de buena vecindad, amistad y cooperación que tan necesario es hoy.
La defensa de intereses comunes geográficos, comerciales y culturales, en razón también de su lengua, hablada en Cataluña, por tanto, una lengua oficial dentro del Estado español, aconsejan llevar adelante, con todas las consecuencias positivas y favorables, el apoyo a este Tratado que aquí nos reúne. Y con respecto al Acuerdo --y termino, señor Presidente--, es de significar, nosotros también lo vamos a apoyar favorablemente con nuestro voto, que si se ha hecho este reconocimiento del Copríncipe Episcopal, el correspondiente --digamos-- a la Mitra de Urgel, el Estado español, de acuerdo con sus principios que inspiran las leyes de protección a las personas, a las dignidades y autoridades de cualquier otro país, con más razón teniendo su residencia el Copríncipe Episcopal y en este caso Obispo de la Seo de Urgell en territorio

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español, debe otorgar el protocolo de protección y de dignificación de su importante labor.
Por estas razones, señor Presidente, Coalición Canaria votará a favor de este Tratado y de este Acuerdo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Como observarán SS.SS., el hecho de intervenir en el Pleno todos los grupos parlamentarios en el momento de convalidar con nuestro voto estos dos tratados, un Tratado y un Acuerdo con el Principado de Andorra, ya marca una cierta singularidad respecto a la forma normal de tramitarse este tipo de tratados y acuerdos. Ha sido deseo de todos los grupos parlamentarios marcar esta singularidad. De hecho, es un tratado con el Principado de Andorra y el mismo Principado es un caso singular a nivel mundial, que entendemos que nos afecta muy particularmente a todos por su proximidad física y territorial, por el hecho de que uno de los copríncipes sea un connacional; a algunos, además, porque esa proximidad física le ha hecho, incluso, convertirse en paisaje familiar y a otros por la proximidad cultural y por la identidad lingüística.
Este Tratado trilateral entre el Principado de Andorra, la República francesa y el Reino de España, de buena vecindad, amistad y cooperación, trae causa en la nueva Constitución andorrana de 1993. Trae causa directamente por cuanto, en su disposición adicional primera, la Constitución andorrana mandata al Consell General y al Govern, con la asociación de los coprinceps, para negociar con los gobiernos de España y Francia la firma de un tratado internacional para establecer el marco de las relaciones con los dos estados vecinos, sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra. Y trae causa en la Constitución andorrana indirectamente también, porque la nueva Constitución propicia el Tratado.
Es bien cierto que el respeto a un Estado soberano, no permite injerencias incómodas, pero no es menos cierto también que la persistencia de un ordenamiento jurídico digamos que excesivamente tradicional no facilitaba la conclusión de un Tratado como el actual.
La nueva Constitución, al residenciar la soberanía en el pueblo, en lugar de en los copríncipes, bautizando ella misma su régimen político como Coprincipat parlamentari e incorporando a su ordenamiento jurídico, por primera vez, los principios del Derecho internacional público, universalmente reconocidos, o proclamándose como un Estado independiente de Derecho, democrático y social, ese Estado, que no es nuevo pero con una nueva Constitución, puede y debe conseguir su objetivo de obtener de los estados vecinos, España y Francia, el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación ya firmado y que hoy procederemos, con nuestro voto, a ratificar.
Igualmente, señor Presidente, ratificaremos hoy el acuerdo relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal. Así como el primero de los tratados significa, de hecho, el reconocimiento de la personalidad internacional de Andorra, el segundo regula el Estatuto del Copríncipe como persona internacionalmente protegida en territorio español, en tanto que Jefe de Estado de Andorra.
Estoy seguro, señorías, de que todos compartimos hoy un mismo sentimiento de satisfacción por el Tratado firmado. Hacemos votos para que seamos capaces de implementarlo con toda su potencialidad y para que el común interés se imponga siempre frente a los intereses divergentes que posiblemente existirán también. Nuestro Grupo Parlamentario, al tiempo de felicitarse con toda la Cámara, se compromete hacia el futuro para que así sea.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Paator): Gracias, señor Molins.
Señora Rahola, durante un minuto, tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Vicepresidente.
Sólo dos palabras, primero, para expresar, evidentemente, nuestra adhesión a los dos acuerdos. Segundo, para decir también que quisiera que en este hemiciclo y en este «Diario de Sesiones» quedara escrita nuestra felicitación, ya que se habla del Estatuto del Copríncipe, al Copríncipe de Andorra, que tanto ayudó a la soberanía de Andorra y, finalmente, como gesto simbólico, si me lo permite el Vicepresidente, unas palabras en catalán, puesto que, si Andorra ha podido hablar catalán en la ONU, entiendo que la manera de felicitar a Andorra es hablando catalán también en este hemiciclo: «Moltes felicitats Andorra per ser a l"'ONU, per tenir Estat, per tenir sobirania, per poguer utilitzar aquest idioma a aquell foro, i tota l"'esperança perque tot vagi molt bé, perque tingueu una gran projecció, i perque ajudeu a projectar la nostra cultura al món.» Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, si desea que figuren esas palabras en el «Diario de Sesiones» debe traducirlas o pasar la traducción.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, vamos a votar en un solo acto dos tratados importantes: el Tratado de Amistad entre

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la República Francesa, el Reino de España y el Principado de Andorra y el Estatuto del Copríncipe. Les anuncio que votando este Estatuto del Copríncipe van a crear ustedes una segunda Santa Sede en el mundo; va a ser el segundo lugar sagrado con poder temporal y vamos a tener el inmenso honor de tener radicada esta nueva Santa Sede en España. Por lo tanto, el tema es importante y creo que merece la atención de todos.
Nosotros vamos a votar favorablemente este tratado de amistad porque viene a culminar una trayectoria, ciertamente larga, protagonizada fundamentalmente por el pueblo andorrano, que ha terminado en una Constitución democrática y en un Estado plenamente de Derecho. Quizás valdría la pena recordar algunos hitos muy rápidamente. En 1866, Guillem d"'Arenys Plandolit consigue por primera vez el voto para los cabezas de familia; en 1933 se proclama una efímera Repúblia Andorrana; en 1981, se da fin, de alguna forma, al coprincipado absoluto, que era una reliquia de poder feudal y como buena reliquia un ejemplo vivo del poder terrenal de la iglesia que durante tantos siglos había detentado en Europa --recuerden ustedes el Sacro Imperio Romano-Germánico-- tantos otros imperios teocráticos, en Andorra --y quizá no lo sabíamos-- lo teníamos aquí, al alcance de la mano y vivo hasta 1981, pero el pueblo andorrano se ha ido dotando de mecanismos; ha acudido a las fuerzas políticas francesas, españolas, al Consejo de Europa, a asociaciones laicas de todo tipo y ha conseguido finalmente, en un proceso autoconstituyente, con la colaboración de los copríncipes francés y eclesiástico, el Obispo de la Seu d"'Urgell, dotarse de una Constitución plenamente democrática, aunque, eso sí --lo comentaré después, cuando hable del Estatuto del Copríncipe-- con alguna «ayuda», poniendo muchas comillas a esta palabra, por parte del copríncipe episcopal.
Lo veremos después.
Esto ha permitido unas elecciones plenamente democráticas con un sistema proporcional. La elección de 28 «sindics», 28 representantes de la soberanía popular, dos de los cuales nos están escuchando, nos honran con su presencia y les quiero saludar desde aquí, un «sindic» o Presidente del Parlamento, un «cap de govern» y un Gobierno, Gobierno que inmediatamente ha establecido este Tratado de Amistad y buena vecindad con Francia y España, Gobierno que ahora ostenta la representación internacional del Estado soberano que es Andorra.
Por lo tanto, Andorra ha pasado en muy pocos años, de un coprincipado feudal a un coprincipado parlamentario con la soberanía residiendo en el pueblo. Y de esto todos nos hemos de felicitar.
Andorra ha ingresado como país número 184 en Naciones Unidas; Andorra pertenece también a otras asociaciones internacionales y España --y lo ha dicho-- igual que la República Francesa, facilitará el ingreso de Andorra en todos los organismos internacionales en los que este nuevo Estado soberano quiera participar, quiera estar y necesite de alguna forma la ayuda de España. Por cierto, en recientes votaciones en Naciones Unidas el voto del representante andorrano no ha sido la primera vez que lo ha ejercido demasiado favorable a los intereses de España. Hablando del Estatuto del Copríncipe, señoras y señores Diputados, con esta declaración de inviolabilidad de la persona, como corresponde al Derecho internacional, e inviolabilidad de los edificios donde el Copríncipe episcopal ejerce como Jefe de Estado de Andorra, como decía antes, vamos a crear una pequeña Santa Sede, una pequeña imagen de lo que son los Estados Pontificios, unos estados pontificios, muy pequeños pero, al fin y al cabo, existentes en España.
Y aquí se nos presenta a nuestro Grupo, ya que parece que otros grupos no quieren abordar este tema, al menos cuatro cuestiones problemáticas. Porque, señorías, recuerden ustedes que el Copríncipe es tres cosas a la vez, es Obispo de la Iglesia Católica, Jefe de Estado de un Estado soberano, Andorra, y es ciudadano español. Y a nosotros se nos presentan algunos problemas cuando queremos casar estas tres personalidades de esta institución y de esta persona: ciudadano español, Obispo de la Iglesia Católica, Jefe de Estado de un Estado soberano.
Sobre la Iglesia Católica no me voy a pronunciar, no es ésta la sede. Sin embargo, nos gustaría conocer, porque no se conoce, si la dispensa que prevé el Derecho Canónico reformado del 76 obra en poder de este Jefe de Estado al que vamos a reconocer como inviolable. Como ciudadano español sí que nos preocupa. Y lo había dicho en la Comisión de Asuntos Exteriores este Diputado que les habla; otros Diputados de la Cámara habían presentado mociones e iniciativas para ayudar desde fuera, respetando siempre exquisitamente la soberanía del pueblo andorrano, a la promoción de los derechos humanos como los teníamos en España. Por ejemplo, la libertad sindical, que en España es plena, también la queríamos para Andorra, puesto que, como saben ustedes, más de 30.000 españoles trabajan en Andorra. Los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la libre interrupción del embarazo, poner los medios que se quieran para evitar la procreación, ligadura de trompas, vasectomía, que en nuestro país están despenalizados algunos Diputados creían que también era bueno que los tuviesen en Andorra.
En este sentido, habíamos presentado proposiciones no de ley.
El punto de anclaje era en qué medida un ciudadano del Estado español, sujeto a un ordenamiento consitucional que permite estas posibilidades, podía, como Jefe de Estado de otro Estado, impedir aquellas mismas posibilidades. Esta era nuestra preocupación y por eso habíamos planteado alguna cuestión.


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Aunque esto es algo que estamos seguros que los andorranos sabrán superar, nos preocupa la persistencia en el Código Penal andorrano, preconstitucional, de algunas normas que no casan demasiado con su actual Constitución. Nos precoupa también una ley de nacionalidad muy restrictiva, una ley de nacionalidad que impide de forma muy importante el acceso a la nacionalidad de los residentes en Andorra y que, cuando lo consigue, pueden convertirse después, por razones que no voy a explicar por cuestión de tiempo, en apátridas si pierden la nacionalidad andorrana, porque no se permite la doble nacionalidad, cuando, en cambio, el copríncipe español y francés sí la tienen. Esta es una contradicción importante que valdría la pena señalar. Es un país donde el Registro Civil aún es eclesiástico. Los ciudadanos de Andorra, señorías, si quieren casarse civilmente ¡oh, gran paradoja! deben ir a la Seo de Urgell, no pueden hacerlo en Andorra, porque no está reconocido el matrimonio civil, no está reconocido el registro civil de los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio.
Estas son cuestiones por las que creemos que el pueblo andorrano va a mejorar, va a progresar. En Andorra, por ejemplo --no sé si eso le produce envidia al Gobierno--, está permitido el despido absolutamente libre, cosa que, según los parámetros del Consejo de Europa y de otras instituciones democráticas europeas en las que Andorra va a integrarse plenamente, no es la mejor situación para aplaudirla. Hechas estas reservas, señorías, lo fundamental es que el pueblo andorrano se ha dotado de una Constitución democrática, que se ha convertido en un coprincipado parlamentario y que ha elegido libremente a dos copríncipes, un copríncipe laico, el Presidente de la República Francesa, y un copríncipe eclesiástico, el Obispo de la Seo de Urgell.
Este Diputado, que ha señalado repetidas veces su pasión por la simetría, cree sinceramente que sería mucho más simétrico que el copríncipe español fuese también una persona laica y absolutamente simétrico respecto al francés. El francés es el Jefe del Estado, como SS.SS. saben, y a buen entendedor, sobran más palabras.
Insisto --no quisiera ser tergiversado--, ésa es la opinión de un grupo parlamentario --no sé si será la opinión de otros grupos parlamentarios--, pero esto depende estrictamente de la voluntad y las soberanías de los andorranos.
Cuando hacemos esta propuesta, además de la voluntad profundamente laica que nos anima, nosotros creemos que el ideal hoy de un Estado democrático es la total y plena separación de los poderes terrenales respecto de los poderes supraterrenales, de los poderes eclesiásticos. Esta es la razón fundamental que nos mueve a mostrar perplejidad en la persistencia, por parte de la Iglesia católica, de un anclaje de una personalidad como de la un obispo a la vida terrenal, con los peligros que esto conlleva. Ustedes saben que la corrupción en el caso de los eclesiásticos tiene un nombre precioso, se llama simonía. Un eclesiástico sometido al peligro, debido al anclaje terrenal, del pecado de simonía a nosotros nos produce una cierta preocupación y, en la medida de lo posible, quisiéramos contribuir desde nuestra modesta posición a la salud de todas las almas y, en primer lugar, a las de la Iglesia católica y a las de sus jerarquías.
Termino citando tres aspectos que el Ministro de Asuntos Exteriores también señalaba en su primer viaje a Andorra. Son tres aspectos en los que, desde la amistad, desde la colaboración de España con Andorra, vamos a ser muy beligerantes. Me refiero, en primer lugar, a los aspectos de paraíso fiscal que pueda tener Andorra. Esto, según el artículo 4.º del Tratado de Amistad, podría convertirse en un acto de inamistad hacia los intereses legítimos de los ciudadanos españoles, de los contribuyentes españoles. Es evidente que quienes cometan el delito serán los españoles que utilicen Andorra como paraíso fiscal, pero no es menos cierto que en un Tratado de amistad y buena vecindad éste es un tema en el que nosotros vamos a exigir el más estricto cumplimiento. En segundo lugar, está el tema de la asociación y libertad sindical para los trabajadores que trabajan en Andorra. Son 30.000 los españoles que trabajan en Andorra y para ellos, desde el respeto a la soberanía pero también desde la firmeza y los compromisos de este Tratado que...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Espasa, vaya concluyendo, por favor.


El señor ESPASA OLIVER: Voy a terminar.
Desde la firmeza y los compromisos de este Tratado --digo-- que vamos a ratificar vamos a seguir con la mayor vigilancia que estos trabajadores españoles o de otras nacionalidades, incluso portugueses, tengan libertad de asociación y de acción sindical. Y, finalmente y en tercer lugar, señorías estamos muy satisfechos de la elección que han hecho los andorranos para poner una lengua española como lengua oficial del Estado.
Estoy seguro que la sagacidad de SS.SS. les habrá permitido darse cuenta que cuando hablo de lengua española me estoy refiriendo al catalán.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, señorías, vamos a prestar el consentimiento, mediante esta resolución de nuestra Cámara, a la obligatoriedad de unos reconocimientos y compromisos inherentes al Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre

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el Reino de España, la República Francesa y el Coprincipado de Andorra, cuya previa autorización por las Cortes Generales se requiere, según nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, ratificaremos a la vez el Acuerdo relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, de naturaleza política, al igual que el Tratado trilateral, dada la relevancia del reconocimiento del Obispo de La Seu d'Urgell como Jefe de Estado del Principado de Andorra, con todos los privilegios e inmunidades inherentes en este Acuerdo.
Ni que decir tiene la importancia simbólica de un acto parlamentario como éste para un maravilloso país pirenaico, Andorra, al que consideramos hermano desde las profundidades medievales de la historia cuando fundamentó su personalidad, consolidó su identidad cultural, gemela con la de Cataluña y la de aquellos países, regiones o nacionalidades que comparten su misma lengua, y adquirió sus bellas tradiciones de Gobierno que le han permitido sobrevivir a cualquier apetencia vecina a lo largo de los siglos hasta alcanzar su soberanía plena y su reciente reconocimiento ante la comunidad internacional como Estado 184 de la Organización de las Naciones Unidas, el 28 de junio de 1993.
Como españoles y copartícipes de su misma cultura, fe y tradiciones, nuestro Grupo Parlamentario quiere mostrar su satisfacción en este momento por la ratificación que vamos a otorgar a ambos instrumentos jurídicos, al tiempo que felicitamos al pueblo andorrano por el reconocimiento internacional de su plena soberanía y por la Constitución que a sí mismo se ha dado, umbral de esa plenitud democrática de los derechos de su ciudadanía. Este Tratado, de aplicación provisional desde la fecha de su firma el 1 y 3 de junio en Madrid, París y Andorra La Vella, supone el cumplimiento estricto del mandamiento formulado por la disposición adicional primera de la Constitución del Principado de Andorra, refrendada por el pueblo andorrano el 14 de marzo de 1993 y promulgada por los copríncipes el 29 de abril del mismo año. En ella se establece textualmente el mandato al Consell General y al Govern para negociar con España y Francia un tratado internacional trilateral, y cito textualmente, «para establecer el marco de las relaciones con los dos Estados vecinos sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra». Es cita textual traducida. El pueblo andorrano quiso así explicitar su voluntad de entendimiento con ambos Estados vecinos, y cito textualmente, «buscando la garantía del estatuto territorial y de la no dependencia política respecto de uno solo de estos Estados vecinos», a la vez que imponía, textualmente, «las condiciones de su representación internacional y del estatuto internacional de sus copríncipes».
Los representantes del Obispo y Copríncipe en el proceso de elaboración y redacción de la nueva Constitución del Principado, secundados en este punto por los representantes parlamentarios de Andorra, persiguieron principalmente un doble objetivo: primero, evitar que un tratado de esta naturaleza no supusiera un decantamiento político o una dependencia institucional de Andorra respecto al Estado francés, de modo análogo con lo que históricamente ocurrió con el Principado de Mónaco respecto a la misma Francia, con la República de San Marino respecto a Italia o, en menor medida, con Leichtenstein respeto a Austria primero y luego respecto a Suiza. Un decantamiento de esta naturaleza habría supuesto para el Estado francés un sutil mantenimiento de su vieja teoría de Andorra como entidad dependiente de Francia. La primera formulación de redacción por parte de los parlamentarios andorranos alude sin ambigüedades a este riesgo cuando fija el objetivo de reconocer, textualmente, «la no dependencia política respecto de uno solo de los Estados vecinos». En segundo lugar, establecer un equilibrio con relación a ambos Estados vecinos de Andorra, lo cual implica para España respecto a la situación anterior los principales avances siguientes: la presencia directa del Estado español mediante sus servicios diplomáticos y consulares en el Principado; la legitimación en el ejercicio delegado de la representación exterior del Principado (en la situación anterior Francia reivindicaba para sí cualquier ejercicio de la representación exterior de Andorra considerando el Principado como un territorio dependiente de su Estado); la garantía y respeto de los intereses españoles fundamentales que pudieran verse afectados desde Andorra; la paridad de trato frente a España y Francia. Conviene subrayar que la disposición adicional primera establece que el Tratado trilateral que se mandata debe negociarse con los Estados vecinos con la asociación de los copríncipes. Esta intervención excepcional de los copríncipes en la negociación del Tratado trilateral fue exigida tanto por el Obispo Copríncipe como por los parlamentarios andorranos, por todo su pueblo, todos ellos conscientes de la trascendencia del mismo en la configuración de la nueva realidad política e institucional de Andorra. Por otra parte, aquella intervención era consecuencia lógica de los principios formulados por el texto constitucional que proclama a los copríncipes como garantía de la independencia de Andorra. Por lo que se refiere al acuerdo relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993, que consta de un preámbulo y seis artículos, es un instrumento jurídico imprescindible para regular el Estatuto de Copríncipe Episcopal como persona internacionalmente reconocida y protegida, habida cuenta de su condición de Jefe de Estado andorrano y de su residencia en España.
Hemos transcrito anteriormente la propuesta originaria de la disposición adicional primera por parte de los parlamentarios andorranos. Su tenor es importante

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para conocer los orígenes y los objetivos del acuerdo sobre el Estatuto del Copríncipe Episcopal. Originariamente, los representantes del pueblo andarrano propusieron que el Tratado trilateral proclamara el estatuto internacional de los copríncipes. Desde su punto de vista, la cuestión afectaba no solamente al Obispo de Urgel, sino también al otro Copríncipe, que querían ver, en cuanto Copríncipe de Andorra, mejor diferenciado de la alta magistratura que encarna dentro del Estado francés, y evitar así la confusión tradicional por lo que al francés se ha venido haciendo desde el terreno político, jurídico y doctrinal. Pero este planteamiento fue rechazado por los representantes del Copríncipe francés, alegando que en el Derecho francés estaba perfectamente definido el Estatuto del Presidente de la República y, a su vez, Copríncipe de Andorra. Ello no obstante, manifestaron comprender las razones de la propuesta andorrana para establecer el Estatuto del Copríncipe Episcopal en una negociación bilateral con España simultánea a la del Tratado multilateral. Esta posición fue manifestada por Francia a los representantes del Estado español en el curso de la negociación del tratado trilateral.
Quiero destacar en este sentido que, aunque los representantes parlamentarios de Andorra no habían logrado una definición del Estatuto del Copríncipe francés, como tal y desligado de su condición de Presidente de la República, no obstante, y precisamente por ello, vieron la importancia de definir el Estatuto del Copríncipe español episcopal, en este caso ciudadano español, bilateralmente con España por dos razones fundamentales. La primera, se obviaba así el desequilibrio o asimetría entre los copríncipes de Andorra, que la política, la jurisprudencia y la doctrina francesas tendían a modificar para atribuir en exclusiva al Copríncipe francés competencias institucionales esencialmente andorranas, fundándose en el argumento capcioso de que sólo él era Jefe de Estado mientras que el Obispo era un mero ciudadano español. Y, segunda, aunque afortunadamente la jurisprudencia española cuenta ya con precedentes que reconocen al Obispo de Urgel su condición de Copríncipe de Andorra, no obstante, ello ha sido posible solamente tras el planteamiento previo ante las jurisdicciones españolas (planteamientos por cierto aberrantes en el fondo, pero suficientes a menudo para instrumentar campañas en los medios de comunicación) de litigios sobre actos del Obispo en el ejercicio de su autoridad como Copríncipe de Andorra. Esta experiencia ha parecido en Andorra como un menoscabo de sus instituciones soberanas y como un elemento que pudiera alentar constantemente la teoría de la desigualdad y de la asimetría de sus jefes de Estado, contrariamente a lo que establece la letra y el espíritu de la Constitución democrática del Principado. Finalmente, quisiera subrayar el carácter político que, por su naturaleza, posee tanto el Tratado trilateral como el Acuerdo sobre el status del Copríncipe Episcopal según nuestra Constitución. La naturaleza de este tratado posee un carácter político el que se encuentra comprendido en el ámbito del artículo 94.1.a) de la Constitución española, si bien la categoría puede deducirse de su contemplación bien desde una perspectiva interna, la del Derecho constitucional, bien desde una perspectiva externa, la de la comunidad internacional. De este modo, tendrán carácter político todos aquellos acuerdos que supongan un compromiso grave o estable para la política exterior española y también aquellos que tienen una especial relevancia para la comunidad internacional, ya sea por la importancia fundamental para ésta de los temas regulados en el tratado, ya sea porque, como ocurre en el caso presente, el Tratado tiene una significación política básica para definir la posición de un Estado o grupo de Estados desde el punto de vista jurídico internacional. Desde ambos enfoques puede afirmarse, pues, la naturaleza política de nuestro Tratado.
Cabe señalar, por último, señorías, la importancia que el reconocimiento del Principado de Andorra como Estado soberano posee para la definición de su estatuto internacional, sobre todo cuando el reconocimiento se lleva a cabo por los dos Estados vecinos, España y Francia, en un mismo instrumento jurídico, y cuando la organización política del Principado, hasta la entrada en vigor de la Constitución, reviste peculiaridades con importantes repercusiones en el Derecho internacional. Debe subrayarse la trascendencia de la posibilidad contemplada en este tratado de que el Principado de Andorra solicite de España o de Francia que se haga cargo de la protección de los intereses y de la representación diplomática del Principado frente a terceros Estados, conferencias u organizaciones internacionales. En consecuencia, son compromisos fehacientes que España adquiere versus Andorra en un Estado amigo, vecino y plenamente soberano, con vínculos históricos con España de entrañable tradición y que ahora vamos a refrendar. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Milián. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De Puig.


El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, señorías, la causa que nos trae hoy aquí para este tema es el hecho de que ese «pequeño país del Pirineo», como llamaba Pla a Andorra, se ha convertido en los últimos años, en los últimos meses prácticamente, en un pequeño Estado en el Pirineo. Cuando el Consejo de Europa hace unos pocos años recomendaba un cambio de la situación política e institucional

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en Andorra parecía imposible que se pudiera producir este cambio. Incluso en Andorra hubo reacciones contrarias a un cambio que podía parecer, a la vista de lo que habían sido los últimos 800 años, un cambio revolucionario. Sin embargo, en un proceso ejemplar, los andorranos pactaron un cambio político e institucional decisivo, aprobaron una Constitución, han sido reconocidos en el Derecho internacional, están ya presentes en Naciones Unidas, y los Estados vecinos y no vecinos hemos reconocido este nuevo Estado soberano... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor De Puig. Por favor, señorías, guarden silencio.


El señor DE PUIG I OLIVE: Lo que nos trae aquí hoy es la aprobación de un Tratado y de un Acuerdo. El Tratado trilateral entre España, Francia y Andorra, por el cual se produce un Acuerdo de buena vecindad, que, en realidad, es el acto más solemne e importante que realiza España con relación a este proceso andorrano que acabamos de citar. El Tratado trilateral se trata del documento por el cual España y Francia reconocen a Andorra como Estado soberano, por el cual establecen relaciones diplomáticas, por el cual se comprometen a facilitar la presencia de Andorra en los organismos e instituciones internacionales, y, además, por el cual, frente a terceros Estados u otras organizaciones internacionales, se comprometen España y Francia a facilitar a Andorra esa presencia en el caso de que no puedan llegar a ser miembros de pleno derecho. Además, por este Tratado, los andorranos, en cualquier país donde se encuentren y tengan necesidad de ayuda diplomática, podrán acudir al Consulado de la Embajada de España o al Consulado de la Embajada de Francia para que sean defendidos sus intereses.
El Tratado supone igualmente un compromiso de información bilateral en todo lo que pueda concernir a los andorranos. Ese Tratado tiene una importancia, como se ha dicho aquí, decisiva en un sentido. Había como un uso establecido por el cual, puesto que había una asimetría entre los Jefes de Estado de España y Francia, parecía que un cambio político en Andorra se podría dar una situación parecida a la de Mónaco; es decir, Francia, cuyo Jefe de Estado es a la vez Copríncipe, es quien detenta las relaciones internacionales de Andorra. Ese aspecto fue barajado, fue elemento de discusión, pero justamente este Tratado establece una total simetría en la conducta del Estado español y del Estado francés en cuanto a las relaciones internacionales de Andorra; por tanto, es un avance importante que nos afecta y que compete al Estado español. Hemos apoyado la institucionalización de Andorra como Gobierno y como Estado, naturalmente sin interferir en las decisiones que han tomado los andorranos. No debemos nosotros decidir por los andorranos, aunque se ha oído aquí esta mañana algún comentario que podía incidir a pensar que estamos hablando de las decisiones que deben tomar los andorranos. No es éste nuestro papel. Nuestro papel es tratar a Andorra como un Estado soberano y no incidir en aquello que pueden ser elementos de discusión y de debate en el seno de Andorra. Sin embargo, sí tenemos la mayor voluntad de cooperación con Andorra, país vecino en el cual viven 30.000 españoles, país con el que compartimos importantes elementos de civilización y de cultura, y donde sus ciudadanos reclaman también el apoyo y la cooperación de España. Por esa razón, mi Grupo Parlamentario está absolutamente de acuerdo en apoyar el Tratado trilateral.
Por otra parte, nos llega el Acuerdo entre España y Francia en torno a la situación personal del Obispo de la Seo de Urgel, Copríncipe de Andorra, que, según el Derecho internacional, debe tener garantizada su seguridad y debe ser persona internacionalmente protegida. Lo que hace el Acuerdo fundamentalmente es garantizar la libertad, la dignidad e impedir toda posibilidad de atentados contra su persona; la inviolabilidad personal, la inmunidad penal y civil de los delegados del Copríncipe cuando actúen como tales, proteger sus residencias, sus locales, archivos y la libre circulación, en realidad, a lo que obliga el Derecho internacional, es decir, a garantizar la protección en razón de su rango de Jefe de Estado. Con ello cumplimos una exigencia del Derecho internacional, aunque añadimos que en la actitud del Estado español y en este Acuerdo hay una voluntad de cooperación. No sólo cumplimos con una exigencia, sino que deseamos proteger y garantizar la seguridad del Jefe de Estado de Andorra que vive en territorio español. Eso debemos hacerlo al margen de que sea un obispo --en este caso éste, en otra ocasión puede ser otro-- y al margen de cualquier otra consideración con respecto al futuro institucional de Andorra. Son los andorranos los que deciden quiénes son sus copríncipes. Se puede opinar de todo y se puede opinar sobre todo, se pueden defender posiciones personales, pero a nosotros como Estado y como Congreso de los Diputados no nos compete inmiscuirnos en torno a esa Jefatura de Estado, a ese Coprincipado; ni siquiera nos compete valorar el papel del Obispo, estemos o no de acuerdo con sus criterios sociales, políticos o confesionales.
Me ha sorprendido, una vez más, el señor Espasa cuando se ha pronunciado tan dispuesto a trabajar por la salvación del alma del señor Obispo --ya lo hizo en Comisión--. A mí no deja de sorprenderme esta obsesión por lo espiritual del representante de Izquierda Unida. Creo que invierte claramente los términos.
Es el señor Obispo quien debe estar preocupado por la salvación del alma del señor Espasa. (Risas.) En cualquier caso, también comprendo el gran trabajo que le esperaría

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en ese campo al señor obispo... (Risas.) Sea como fuere, nosotros, que somos mucho más temporales, lo que venimos a decir aquí es que tenemos la mejor opinión del señor Obispo y sabemos que existen, como nunca, unas muy buenas relaciones entre el Copríncipe Episcopal y el Gobierno español, y en esa actitud de respeto y buena opinión nos vamos a mantener.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De Puig. Finalizado el debate sobre dos dictámenes, los que aparecen con los números 40 y 45 del orden del día, vamos a pasar a la votación de los diferentes puntos del apartado VIII, Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Canje de notas constitutivo del Acuerdo entre España y Tailandia sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 296.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo anejo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo marco de cooperación cultural, científica y técnica entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa entre el Reino de España y la República Argelina Democrática Popular. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 295; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, y su Protocolo anejo. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 292; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de España y la República Federativa del Brasil y del Acuerdo económico integrante del mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 295.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tratado general de cooperación y amistad entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay y anejo, así como el Acuerdo económico integrante del mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay. Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 297.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acta por la que se modifica el Protocolo sobre los estatutos del Banco Europeo de Inversiones y se faculta al Consejo de Gobernadores para crear un fondo europeo de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE SUSCRIPCION POR ESPAÑA DE ACCIONES DE CAPITAL DE LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (Número de expediente 121/000015)

El señor PRESIDENTE: Punto IX noveno del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de ley sobre suscripción por España de acciones de capital de la Corporación Financiera Internacional.
¿Desea algún grupo intervenir en relación con este punto? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir brevemente para explicar que este es un proyecto de ley de los que yo denominaría de puro trámite, ya que se trata de atender obligaciones internacionales adquiridas de facto en 1960, año en que España ingresó como miembro de la Corporación Financiera Internacional. Desde aquel entonces, nuestra nación ha acudido regularmente a las sucesivas ampliaciones de capital realizadas por la Corporación, habiendo suscrito hasta el día de hoy 20.928 acciones del capital de esta institución.
En consecuencia, con esta comunidad internacional siempre fuimos coherentes para atender las necesidades de países en desarrollo, ejerciendo en un grado moderado de cooperación el principio de solidaridad internacional, que honra tanto al que lo ejerce como al que recibe los medios facilitados por tales mecanismos. Así pues, se trata de dotar de recursos para implementar los programas de inversión de esta Corporación Financiera Internacional, institución vinculada al Banco Mundial y expandida, a su vez, a todas las actividades durante la década de los años noventa.
Las instituciones financieras de carácter supranacional amplían este capital cada cierto número de años, con el objetivo de mantener el peso de sus actividades crediticias en los países donde se actúa, que habitualmente acostumbran a ser países en desarrollo. En el caso que nos ocupa, se amplía su capital en 1.000 millones de dólares, unos 140.000 millones de pesetas. Tal y como suele ser habitual, España acude a esta ampliación aceptando el total de las acciones que le han sido ofrecidas, es decir, 16.098, lo que representa un 1,61 por ciento del total ampliado y un volumen de 2.254 millones de pesetas. Este porcentaje está en línea con el de otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, 24,76 por ciento Estados Unidos; 5,6 por ciento Alemania; 0,81 por ciento Dinamarca; 3,54 por ciento Italia; 2,44 por ciento Holanda, etcétera.
Nuestro Grupo quiere subrayar que un elemento de curiosidad lo constituye el que se habilite, en el artículo3.º del proyecto de Ley, al Banco de España para hacer efectiva esta ampliación de capital. La curiosidad relativa reside precisamente en que, con la próxima promulgación del estatuto de autonomía del Banco de España, éste ya no podrá hacerse cargo de tal desembolso, sino que deberá ser el propio Tesoro el que directamente lo realice. En definitiva, no existe por nuestra parte trasfondo político alguno en esta ampliación, ni por el carácter de la institución ligada al Banco Mundial ni por la cuota de España en esa suscripción de capital, que parece estar en línea con nuestro peso relativo en el contexto mundial y europeo, ni por el volumen que representa dicha ampliación de capital, alrededor de 2.250 millones de pesetas. En este sentido, pues, me refería a que nos encontramos ante un proyecto de ley de clásico trámite para atender nuestras ya lejanas responsabilidades internacionales, que venimos cumplimentando desde el 10 de marzo de 1960.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, una breve explicación para ratificar lo manifestado en la Comisión de Economía y Hacienda la semana pasada.
Ante la demanda y peticiones de países en vías de desarrollo, la Junta de Gobierno del Fondo Multilateral de Inversiones decidió una ampliación de capital de

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1.000 millones de dólares, mediante la cual se ofrece a España la participación de 16.098 acciones. La demanda viene motivada por peticiones de países en vías de desarrollo que promuevan actividades económicas para salir de esa situación. En este sentido, está previsto que en el próximo decenio se inviertan más de 26.000 millones de dólares para zonas de Suramérica, Africa y Asia. La participación de España va a significar una ampliación de su accionariado en esta Corporación, de forma que va a mantener un 1,61 por ciento del capital, con los mismos derechos de voto. Mediante esta medida de la Corporación, el Banco Mundial promueve acciones para desarrollar países en situación de grave crisis económica, social y política.
Por todas estas razones, señor Presidente, el Grupo Socialista apoya esta participación de España, que va a significar un volumen de 2.254 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 10.475.298.000 PESETAS, PARA COMPENSAR LOS DEFICIT DE EXPLOTACION DE LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE) CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS DE 1989 Y 1990 (Número de expediente 121/000024)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 10.475.298.000 pesetas para compensar los déficit de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha, correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990. ¿Algún grupo desea intervenir en relacióncon este punto? (Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a estos dictámenes. Votación relativa al proyecto de ley sobre suscripción por España de acciones de capital de la Corporación Financiera Internacional. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 294; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para compensar los déficit de explotación de los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE), correspondientes a los ejercicios de 1989 y 1990.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 297.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000027)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad correspondiente al proyecto de ley de medidas urgente para la cinematografía, procedente del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre. Se ha presentado una enmienda de totalidad de texto alternativo por el Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, en el debate de convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de la cinematografía dijimos que el cine español necesitaba menos política y, en cualquier caso, otra política. También dijimos, y lo reiteramos ahora, que el deseo del Partido Popular es que el cine español cuente con un marco legal favorable y estable, que le permita salir de la terrible crisis a que le han llevado once años de política socialista. Ese es el sentido del texto que hoy presentamos a la Cámara, enmienda alternativa al raquítico y continuista Decreto-ley del Gobierno. A diferencia de este Decreto-ley, fruto de negociaciones bilaterales y nocturnas, nuestro texto ha sido consultado con todos los sectores del cine y, fruto de esas conversaciones, se recogen muchas medidas que el Gobierno no incorporó al suyo, incluso algunas que fueron anunciadas por la Ministra de Cultura --ausente en este debate, demostrando una vez más su talento y su talante parlamentario--, que en uno de sus más sonoros ridículos (algunos de sus más impulsivos colaboradores, que contaron con la ayuda de los actuales responsables de la Sociedad General de Autores en aplicación del viejo do ut des, están poniendo en peligro la sociedad al ponerla con tanto descaro al servicio de la estrategia electoral y clientelar del PSOE) anunció algunas medidas que le echaron abajo cuando las llevó al Consejo de Ministros. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Nuestro texto, señor Presidente, es una ley de fomento al cine español. Por eso no nos quedamos en las cuotas y las subvenciones, sino que vamos más allá con medidas incentivadoras, estímulos fiscales, desgravaciones, exenciones, medidas favorecedoras del crédito y otras medidas de fomento que no son necesariamente económicas: enseñanza del cine, formación de profesionales,

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conservación del patrimonio cinematográfico español y un largo etcétera, que figuran en el boletín, y hago gracia a SS.SS. de la enumeración. Junto con estas medidas, pedimos una regulación del control de taquilla, para que sea posible una correcta protección de todos los derechos en juego y una concreción para el cine español de la Ley de Defensa de la Competencia para impedir las prácticas que vulneran en este sector la libre competencia y que son cínicamente esgrimidas por quienes no usan los instrumentos que les da la Ley de Defensa de la Competencia para impedirlas y así decir que es necesaria la intervención y proteger al sector. Los socialistas, señor Presidente, por propia iniciativa son incapaces de ir más allá de las cuotas y subvenciones, porque si para el socialismo controlar a la sociedad en todas sus expresiones es un principio esencial, para los estrategas electorales del socialismo español, en estos momentos crepusculares, controlar a sectores presumiblemente influyentes es un requisito de supervivencia.
Poco importa que esta política haya hundido al cine español.
El único hundimiento que les preocupa es el de su Partido, y para evitarlo todo vale. Me interesa, señor Presidente, destacar dos diferencias de nuestro proyecto con el del Gobierno de entre las muchas que hay. Me refiero a las licencias de doblaje y a las subvenciones por proyecto. Ambas han sido las causas esenciales de la crisis del cine español, pero también es verdad que han sido los dos intrumentos que más ha usado el Gobierno para intentar el sometimiento del sector. Corregir la tendencia de estos once años exige liberar al cine español de la servidumbre del poder, de éste y del que venga, y eso es lo que pretendemos suprimiendo las licencias de doblaje y cambiando las subvenciones por proyecto por ayudas automáticas. La Ministra de Cultura, cuya ausencia sigue siendo clamorosa en este debate, siguiendo la consigna gubernamental al uso dijo que con el Decreto-ley pretendía europeizar y liberalizar el sector. Pues bien, señor Presidente, las licencias de doblaje son una aberración que sólo existe en España, y es de tal categoría que cuesta explicarla a los extranjeros sin que siquiera la mayoría de los españoles supiera que existía. Este debate ha tenido la ventaja de dar a conocer a muchos españoles algo que todavía hoy no se acaban de creer: que en España, a finales del siglo XX, para doblar una película, para traducir una película hace falta una licencia, hace falta un permiso del Gobierno, como en otros tiempos hacía falta para traducir un libro. (La señora Ministra de Cultura entra en el hemiciclo.) Esta es la europeización: mantener algo que no existe en ningún país de la Unión Europea ni fuera de ella.
Parece, señor Presidente, que al Gobierno le falla de momento el reloj y que no es la puntualidad una de las virtudes de sus miembros. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En cualquier caso, saludamos la presencia de la señora Ministra de Cultura que, probablemente, incluso viene dispuesta a hablar en este debate y a explicarnos algunos extremos (Rumores.), porque si lo de la europeización que decía la señora Ministra que se lograba con estas medidas ha quedado claro, lo de la liberalización es ya para nota. El talante y el talento liberalizador de la señora Ministra de Cultura le ha llevado a crear una cuota más, lo que sin duda llenará de alborozo la sensibilidad socialista de las bancadas de la izquierda, pero abundará aún más en el hundimiento de un sector. Señor Presidente, si el buen sentido de la Cámara no lo remedia, en España tendremos, además de licencias de doblaje y cuotas de pantalla, la cuota Alborch de espectadores. (Rumores.) Esta cuota consiste en que para obtener una licencia de doblaje no basta con distribuir una película española, ahora comunitaria, sino que hará falta, además, que la película distribuida obtenga en taquilla unos ingresos brutos de 20 millones de pesetas para la primera licencia y de 50 millones para la segunda licencia, siendo necesario en este caso que haya sido traducida al menos a dos lenguas oficiales españolas.
Conviene que conozca la Cámara, para que tenga criterios antes de pronunciarse, que de las 39 películas subvencionadas por el Ministerio de Cultura en 1990 --manejo datos oficiales--, con 2.000 millones de pesetas, 17 no se han llegado a estrenar y sólo 10 de las 39 han ingresado más de 20 millones en taquilla, y de esas 10 sólo seis han obtenido más de 50 millones. La misma proporción en 1991, con 33 películas subvencionadas, 17 no estrenadas y sólo nueve con ingresos de taquilla superiores a 20 millones, es decir, con capacidad de generar una primera licencia. Es algo tan disparatado que incluso viniendo de un ministerio que hace cosas (El señor Robles Fraga: Pocas.), como el Ministerio de Cultura, nos tiene que sorprender.
Queremos pensar --y hemos reflexionado sobre ello-- y ver a qué puede deberse una medida tan absurda y tan disparatada. Se nos ha ocurrido, dándole a la imaginación, que puede deberse a una de estas posibilidades. La primera es que, siendo una norma de imposible cumplimiento, se sabe ya que no se va a cumplir, va bien de cara a determinada galería y puede servir para meter a alguien el miedo en el cuerpo. Avala esta hipótesis el hecho de que el Ministerio haya suspendido el programa de informatización del control de taquilla, única forma de conocer la verdad sobre la recaudación de las películas españolas. Otra posibilidad es que se pretenda el desabastecimiento de películas no comunitarias, pero sinceramente no encontramos la razón para ello, aunque sin duda será uno de los efectos de esta medida si la Cámara no lo remedia. Puestos a echarle imaginación, puede ser que la Ministra de Cultura --y aquí nos lo aclarará- - sea un agente infiltrado al servicio de una potencia extranjera, aunque comunitaria, eso sí (Risas.), que en cualquier caso será la principal beneficiaria

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de esta medida, porque ya hemos visto que con las películas españolas no se alcanzan los efectos que podría pensar, sin duda de buena fe, la señora Ministra, pero desconociendo los datos, que por eso se los facilito ahora y seguro que de su promesa de ser una buena parlamentaria los rectificará en la tribuna y podremos aclarar cuáles son estas razones.
(Aplausos.) Como verá, señora Ministra, no puede quejarse del número de fans que tiene en los bancos del Grupo Popular y creo que esta vez no debía dejarnos con la miel en los labios.
(Aplausos.) Puede también, señor Presidente, que esta medida sea la condición de un pacto parlamentario, pero si es así no se tratará de defender el cine, sino de dotar de más instrumentos a determinadas políticas de normalización lingüística, y entonces también conviene que la Cámara y el cine, al que se le ha dicho que esto es para ayudarle, lo sepan.
Finalmente, y es la hipótesis más verosímil, una medida tan incomprensible a primera vista dejará de serlo cuando se conozca la sorpresa que probablemente tenga preparada la Ministra de Cultura, cuya audacia e imaginación todos conocemos. (Rumores.) Se debe tratar --dejen a la pobre señora Ministra que se exprese porque, si no, limitan su libertad de expresión--. (Un señor Diputado: De pobre, nada.--Rumores.), se debe tratar de un sistema incentivador revolucionario, de la asistencia de espectadores a las películas subvencionadas por el Ministerio de Cultura. Se trataría, en definitiva, de repartir a todos los españoles un carnet de cine y crear, por supuesto, un cuerpo ad hoc de inspectores en los cines, con contratos laborales y con méritos de servicios que llegarían a consolidar la posición, que sellarían el carnet a los espectadores que fuesen a ver alguna de las películas subvencionadas por el Ministerio de Cultura. La razón de que la señora Ministra no haya dado a conocer todavía esta medida es que está esperando a los resultados del congreso del Partido Socialista, porque no se sabe cómo utilizar este carnet. Si ganasen en este congreso las tesis que podríamos llamar Corcuera, lo que ocurriría es que el carnet podría ser requerido por la autoridad en cualquier momento por la calle y el español que no reuniera los sellos que se haya determinado reglamentariamente sería oportuna y severamente sancionado.
(Rumores.) Si, por el contrario, ganasen aquellos que son partidarios de llegar al socialismo por vía de impuestos, el carnet con sus sellos se adjuntaría a la declaración de la renta y daría ventajas fiscales para los que hubieran cumplido con estas medidas incentivadoras de la señora Ministra. (Un señor Diputado: ¡Buena idea!) Una medida así, señor Presidente, no se puede tomar mucho más en serio, porque cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia y un informe publicado por el propio Ministerio de Cultura han dicho que las licencias de doblaje son causa de las dificultades de distribución de las películas españolas, que llegue la Ministra de Cultura y diga que si no quieres taza, tazón y medio, y además establece una cuota de espectadores, se nos ocurre --y nos creemos en el deber de informar a la Cámara-- que conozcan estas consecuencias antes de que adopten una decisión al respecto. Junto con las licencias de doblaje, cuya supresión inmediatamente solicitamos, el cambio en el sistema de concesión de las subvenciones es también para nosotros un requisito esencial de una nueva política cinematográfica. Las subvenciones por proyecto introducidas por los socialistas han tenido efectos perversos en el cine español, malgastando buena parte del dinero de los contribuyentes que se ha destinado al cine; ahí está la relación de películas que ni siquiera se llegan a estrenar contando con generosísimas subvenciones. Se ha desmantelado una industria que existía y ahora se toma nota de qué es lo que más se echa en falta en el actual panorama cinematográfico español. Se han encarecido enormemente los costes de producción y, al perderse la referencia de los espectadores, se ha alejado a éstos de las salas cinematográficas, principal dificultad del cine español en estos momentos. Los datos demuestran que muchas subvenciones se han dado a personas que las merecían, pero con la misma contundencia demuestran que la arbitrariedad y el amiguismohan campado a sus anchas por los pasillos del Ministerio de Cultura y de la calle de Ferraz. Fijándonos sóloen los últimos tres años, de las 39 películas subvencionadas en 1990 sólo seis han obtenido unos ingresos en taquilla iguales o superiores a la subvención recibida; sólo siete de 33 en 1991 y otras siete, pero esta vez de 32, en 1992. Estos son los datos; emplazo a la señora Ministra de Cultura a que dé otros y, si es posible, que los dé en la tribuna parlamentaria y podamos debatir. Y si no, emplazo al Grupo Socialista, si le importa el cine español, a que analice estos datos y vea cuáles son las consecuencias de la política que se ha defendido durante estos diez años, y si tienen de verdad un compromiso con el cine español, actúen en coherencia y rectifiquen la posición que han venido manteniendo hasta ahora. Hemos reflexionado, señor Presidente, hemos estudiado el asunto y lo hemos hablado con mucha gente que también lo ha estudiado con seriedad y rigor. Frente a las subvenciones por proyecto concedidas arbitrariamente por el Ministerio, coincidimos con la mayoría de los productores españoles en que lo que necesita el sector es un sistema de subvenciones automáticas, como sin duda conocerán todos los que hayan leído el informe de la Fundación Procine, que lo dice en su frontispicio. «El cine español tiene que recuperar a su público y a sus directores, actores y demás artistas y técnicos». Les sobra talento para ello, pero deben poner ese talento al servicio del público y no de lo que

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el más ilustre de nuestros directores vivos ha calificado como las covachuelas del Ministerio de Cultura.
Las subvenciones automáticas también pueden ser anticipadas -- así lo recoge nuestro texto-- pero los anticipos deben ser tales y no como ocurre ahora que se dan tarde y a fondo perdido, incluso a las películas que no llegan ni a estrenarse y a las que se vuelve a dar al año siguiente una nueva subvención. Junto con las subvenciones automáticas nuestro texto incluye unas medidas a las que damos mucha importancia.
Se trata de incentivos fiscales a la producción que se contemplan en la disposición adicional segunda.
Reconozco ante la Cámara --y verá, señora Ministra, que la queremos bien--que el copyright pertenece a S.S. Se trata de una de las medidas que S.S. presentó a bombo y platillo en la Sociedad General de Autores y que luego le echaron abajo en la mesa del Consejo de Ministros. Esta sí es una medida incentivadora en serio, pero si la deducción se establece en la ley, todo el que haga cine se podrá beneficiar de ella sin más requisito que hacer cine, es decir, sin tener que obtener y deber el favor al Ministerio. Por esto, el compromiso adquirido solemnemente por la señora Ministra...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cortés, vaya concluyendo.


El señor CORTES MARTIN: Voy concluyendo, señor Presidente. El compromiso adquirido solemnemente por la señora Ministra no se pudo mantener y, en ese momento, ya aprendió muy bien la lección de que no se es ministra de cultura de un gobierno socialista para fomentar el cine español, sino para controlarlo, y así no se puede establecer una deducción en la ley. Finalmente, señor Presidente, la tramitación casi en paralelo de la Ley de incorporación de la directiva comunitaria de televisión hace que traslademos a esa norma, por mejor sistemática legislativa, todo lo referente a coproducción con televisiones. Pero, a su vez, hemos incorporado a nuestro proyecto de ley de fomento de la cinematografía algo que se recoge en la Directiva Comunitaria para Televisión, en el artículo cinco, en el sentido de que las cuotas que protegen al cine comunitario deben favorecer preferentemente al cine español. Así decimos que el 50 por ciento de la cuota de pantalla deberá dedicarse a la exhibición de obras cinematográficas en expresión originaria española, al tiempo que, atendiendo al auténtico hecho diferencial de España en la Unión Europea, que consiste en formar parte de la comunidad Iberoamericana, se dice que todas las obras cinematográficas en expresión originaria española tendrán el mismo tratamiento que se les otorga a las obras cinematográficas comunitarias.
Mantenemos, señor Presidente, en nuestro texto la actual regulación de las cuotas de pantalla, pero decimos que esa no es la solución para el cine español. Liberalizamos otras medidas y vamos a ver si es posible que avancemos como lo están haciendo los demás países de la Unión Europea en el sentido de suprimir estas cuotas y de irlas reduciendo. Ese es el objetivo del sector. Ese es también nuestro objetivo y así lo expresamos en nuestro proyecto de ley.
Termino, señor Presidente. Deseamos el marco estable para el cine español. Es la única forma de tener una industria, de que ésta se cree y no un grupo de amigos que son muy hábiles a la hora de llegar al Ministerio. El sector debe conocer, en todo momento, cuáles son las condiciones en las que van a tener que actuar en los próximos años, que no pueden depender del decreto que en cada momento decida la ministra o el ministro de turno. Esas condiciones deben figurar en una ley, y así lo recogemos, porque el Real Decreto-ley del Gobierno no alcanza los mínimos y mantiene, reforzándolas, las medidas que han hundido al cine español.
Nuestro proyecto plantea otra política que tiene confianza en el sector, que vigila el buen uso del dinero de los contribuyentes y que concede a los espectadores la libertad de elegir. Es ésta la política que el cine español necesita. A lo mejor no es la que conviene a la estrategia electoral del Partido Socialista, pero esta Cámara, señor Presidente, está para defender los intereses generales de España, de su industria y de su cultura y no los intereses electorales de un grupo, aunque tenga la mayoría en estos momentos en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Clotas.


El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a tenor de la intervención que acabamos de oír cuesta creer que el Grupo Popular haya reflexionado sobre el tema que nos ocupa esta mañana (Rumores.) Sinceramente, pienso que el portavoz del Grupo Popular hoy se ha superado a sí mismo --no creo que le ofenda lo que voy a decir porque voy a usar un término cinematográfico-- y nos ha hecho una auténtica charlotada. (Rumores.) Una auténtica charlotada, con agentes secretos, con carnés, con nigerias, una auténtica charlotada, sin añadir un solo argumento a los ya expresados hace poco en esta misma tribuna con motivo del debate sobre el Decreto-ley, presentando esa catastrófica situación del cine español que -- según él-- se debe a una política a la que él tampoco es capaz de presentar una alternativa, y no ha dedicado más que escasos minutos a defender lo que es el motivo de este debate, que es la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular.
Esa enmienda a la totalidad, señorías, para el Grupo Socialista, y creo que para la inmensa mayoría del sector

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cinematográfico, merece tres calificativos. Es una propuesta deficiente, es una propuesta insuficiente y es una propuesta imprudente, y voy a tratar de explicar por qué utilizo estos tres adjetivos, a la vez que voy a tratar de explicar el contenido de una enmienda, algo en lo que se ha molestado muy poco el señor Cortés.
Es una propuesta insuficiente porque lejos de hacer lo que hace el proyecto de ley hoy en curso y que se pretende enmendar, que es tratar aquellos temas inaplazables, sobre todo por la necesidad de poner de acuerdo nuestra legislación con la comunitaria, en lugar de limitarse a esto, el texto del Grupo Popular trae otros temas. Pero no crean ustedes que con eso han traído a esta Cámara una ley completa del cine o de lo audiovisual --como ha dicho, por cierto, en la prensa, no lo ha dicho aquí--; no, no lo hace. Y es tan consciente de que no lo hace que reduce prácticamente a una proposición no de ley su propuesta, cuando la disposición adicional segunda nos dice que en un año el Gobierno tiene que traer aquí una ley del cine o de lo audiovisual. Por tanto, lo que ha hecho cuesta un poco calificarlo. No es una ley del cine y tampoco son las medidas urgentes e inaplazables que el Gobierno está legislando en este momento.
Es deficiente, señorías --y lo vamos a ver con un rapidísimo repaso de los temas que incluye esta propuesta--, porque en realidad lo que ha hecho el Grupo Popular es recoger algunas normas presentadas ya por la señora Ministra, algunas de las que están en el proyecto actualmente en trámite, introduciendo algún cambio, otros temas que le han parecido que se podían tratar, sin saber muy bien por qué, porque a la vez hay otros que no trata, y con todo esto ha hecho una especie de refrito que tiene sobre todo un objetivo --y no lo ha ocultado--, que es la supresión de las licencias de doblaje, y me referiré luego a esto.
¿Qué contiene esta enmienda de totalidad al proyecto de ley, que, como he dicho, es deficiente, insuficiente e imprudente? Contiene, en primer lugar, una pretendida modificación del sistema de subvenciones, que yo sinceramente creo que el señor Cortés lo ha explicado mal porque no conoce bien el tema. Lo que han hecho no es nada nuevo ni distinto de lo que existe; simplemente lo que han hecho es apoyarse en el sistema de lo que se llamó subvenciones anticipadas, que es lo que existió en este país hasta la llamada reforma Semprún y que el propio Grupo Popular atacó muchísimo porque consideró que se prestaba a políticas de amiguismo y de ventajas más o menos inconfesables. Vuelven al sistema de las subvenciones anticipadas con una gran irresponsabilidad porque lo hacen sin ningún rigor, porque me gustaría que el Grupo Popular me explicara en virtud de qué se van a conceder esas anticipaciones, cómo sabemos el éxito que puede tener en taquilla una película. Además, hay otro dato curioso y es que han suprimido, entre los requisitos para conceder esos anticipos, el que se refiere a la calidad artística del producto, que parece que eso no interesa nada al Grupo Popular.
En lo que se refiere a la cuota de pantalla, que no es una técnica obsoleta o que se está abandonando, sino que es la técnica que la Unión Europea está aconsejando para la televisión y para el cine, el Grupo Popular pretende ir extinguiéndola y lo dice claramente en uno de los artículos finales de su propuesta. Señorías la cuota de pantalla no es un invento español, es un invento inglés; existe desde el año 27 en Gran Bretaña, hasta que la señora Thatcher --seguramente muy admirada por el señor Cortés-- anuló la cuota de pantalla y se acabó el cine inglés. (Risas en el Grupo Popular.) Eso hace muy poco tiempo y no se rían porque es así (El señor Robles Fraga: Y se acabó el cine español.) Y se acabó el cine inglés en los términos en que consideramos que un cine debe existir. Quiero decir que entró en una decadencia fatal, como sabe todo el mundo, en número de espectadores, de películas, etcétera. (El señor Robles Fraga: ¡Cómo se puede decir eso!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Clotas, un momento. Señor Robles Fraga, le ruego guarde silencio.


El señor CLOTAS CIERCO: El control de taquilla que pretenden introducir en la ley existe en España desde el año 64, lo que pasa es que, naturalmente, quedó obsoleto por los avances tecnológicos y hoy lo que se plantea es la informatización del mismo y es verdad que lo ha dicho aquí el señor Cortés. Está previsto que el programa acabe este año, en diciembre de 1994, con un número de salas --no recuerdo si son setecientas y pico--que aseguran un control superior al 90 por ciento.
Respecto a la defensa de la competencia, su propuesta hace una cosa muy rara porque repite uno o dos preceptos de la ley, con lo cual se presta también a una lectura bastante singular; es decir, puede ser que los demás preceptos de la Ley de Defensa de la Competencia no deban ser tenidos en cuenta para el tema del cine. No sé lo que quiere decir el Grupo Popular cuando repite en su texto algún precepto.
También deberíamos hacer una alusión a lo que ha dicho el señor Cortés en cuanto a la cuota, que es una de las novedades que introduce la propuesta del Grupo Popular, que incluso sería positiva si fuera posible. Dice la propuesta que un 50 por ciento de la cuota se reservará al cine originariamente en español. Señor Cortés, esto es lo que no nos permite la Comunidad. Estamos haciendo una ley con urgencia para adaptarnos a la legislación de la Comunidad y ustedes están introduciendo en su texto algo que a mí no me disgustaría, si fuera posible, pero que la Comunidad no nos lo permite. Por tanto, una de las pocas novedades, por decirlo así, positivas de su propuesta resulta que parece que

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no es posible introducirla y es bastante paradójica en el momento procesal en el que estamos.
Podría referirme a otros aspectos. Me quiero referir finalmente a la supresión de las licencias de doblaje, porque en base a la supresión de las licencias de doblaje, y en base a esa política de ir eliminando la cuota, califico de imprudente y de irresponsable esta propuesta del Grupo Popular. Si hoy el Gobierno aplicara esas políticas, daríamos un golpe de muerte al cine español.
El único argumento que tiene el Grupo Popular para oponerse a las licencias de doblaje, que no son un invento socialista, señorías, sino algo que viene funcionando con cambios importantes en su reglamentación desde el 46, las licencias de doblaje que, contrariamente a la información que le han dado al señor Cortés, hoy interesa en muchos foros internacionales como una solución para proteger los cines nacionales, esas licencias de doblaje, como digo existen desde el 46. Lo único que puede decir el Grupo Popular contra ellas --lo ha dicho muchas veces-- es que sólo existen en España. Señor Cortés, no me parece un argumento presentable. ¿No hemos inventado nada a lo largo de la Historia los españoles? Algunas cosas sí (Risas.), habremos inventado las licencias de doblaje. Señor Cortés, no valen risas. No hay un solo productor, no hay un solo creador en España en el ámbito audiovisual que les apoye en este tema (Risas.) No se rían porque me parece no hay motivo para reírse. No hay un solo creador, lo que pasa es que ustedes no han hecho una ley pensando en los creadores, al revés, la han hecho de espaldas a los creadores, la han querido hacer pensando en la industria, y tampoco la han hecho pensando en la industria, la han hecho pensando en la parte mercaderil y más impresentable de la industria. Esta es la verdad.
Señorías, quiero terminar. Me ha tocado hacer algo que correspondía al portavoz del Partido Popular, explicar la enmienda de totalidad que nos ha presentado hoy. Quiero acabar diciendo que el Grupo Socialista, que naturalmente se opondrá y votará en contra de esta propuesta del Grupo Popular, se siente apoyado en esta Cámara --sobre todo en el sector cinematográfico-- y está de acuerdo con el proyecto de ley que el Gobierno ha presentado, que son las medidas inaplazables que debemos aprobar en este momento para ayudar al cine español y también, como he dicho antes, para poner nuestra legislación al día con la legislación comunitaria. Creemos que esas son las medidas y esa es la política que puede favorecer a un cine que, contrariamente a lo que dice el Grupo Popular, no está en situación desastrosa. Voy a terminar, señor Presidente, con un solo dato, para que se demuestre con claridad que la política que está llevando a cabo el Gobierno socialista no es esa política que dice el señor Cortés, ni mucho menos, sino una política que tiene el respeto de los foros internacionales, aunque no se haya enterado el portavoz del Grupo Popular.
Mire usted, el gobierno francés, que no puede ser puesto en duda como ejemplo, gasta diez veces más dinero público en proteger su cine que nosotros --nosotros estamos en unos tres mil y pico millones y ellos en treinta y cinco mil-- y consiguen apenas tres veces más taquilla que nosotros; nosotros estamos más o menos en el 10 por ciento, ellos están en el 25 o el 30 por ciento. Lo consiguen con tres veces más películas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan diez veces más dinero para conseguir un resultado, más o menos, tres veces superior. Por tanto, no podemos decir seriamente que el cine español, que ocupa con dignidad un cuarto o quinto lugar en el mundo y que, junto con el italiano y con el francés, ha sobrevivido a una competencia terrible, como la que hacen las «majors» americanas, sin respetar esa libertad de mercado ideal que aquí presenta el Grupo Popular y que no existe, porque somos nosotros, con nuestra legislación, los que intentamos que haya esa igualdad de posibilidades en el mercado para los cines nacionales. Este cine, que consigue unos resultados muy dignos, no merece los calificativos que se han vertido aquí muchas veces.
Una última palabra. El Grupo Popular nos ha dicho también muchas veces que él está por la libertad de opción de los espectadores. Nosotros también, y quiero contestar a una imagen, que es absolutamente tramposa, esgrimida aquí algunas veces por los portavoces del Grupo Popular. No se trata de que los lectores --por poner la comparación que se ha puesto aquí- - puedan leer a Cela o a otro escritor. No se trata de eso. No se trata de que lean a Cela o a otro escritor. Se trata de que en las librerías esté Cela y eso es lo que con su política, con la legislación que trae a esta Cámara pretende el Partido Socialista y el Gobierno socialista: que en los cines de España se pueda ver también cine comunitario. (La señora Martínez Saiz: ¡Para que no vaya nadie!) Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Clotas.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, quiero que conste en acta mi agradecimiento a los que diseñan la estrategia parlamentaria del Grupo Socialista que impide a la señora Ministra de Cultura subir a la tribuna, porque, ciertamente, para un portavoz al que incluso le gusta la brega parlamentaria, el tener a un contrincante como el señor Clotas le pone las cosas demasiado fáciles. (Protestas.) Yo vengo con miedo por tenerme que medir con la señora Ministra de Cultura, pero tenerlo que hacer con el señor Clotas me lo pone

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demasiado fácil, sobre todo cuando se argumenta que se trata de estudiar y hablar con rigor. (Protestas.) Antes de que vociferen SS.SS. les voy a dar un dato para que vean el rigor que tiene el señor Clotas en sus expresiones. Señor Presidente, éste es un libro del Ministerio de Cultura. El señor Clotas ha dicho que se ha acabado el cine británico con la política de la señora Thatcher. Leo el cuadro 9.1, en la página 197: Producción cinematográfica europea 1980-1990.
España: 1982, 146 películas; 1990, 47; variación, -151 por ciento. Gran Bretaña: 1982, 45 películas; 1990, 53; variación, +82,8 por ciento. Este es el rigor del señor Clotas. El señor Clotas lleva mucho tiempo queriendo ser Ministro de Cultura y castiga al Ministerio de Cultura no leyéndose su propia documentación, pero la Cámara no tiene la culpa de los problemas personales que tienen en el Grupo Socialista.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Protestas en los bancos del Grupo Socialista). Estos son los datos del Ministerio y si ustedes no tienen una fluida comunicación y al señor Clotas le ocultan esta documentación, ¡qué le vamos a hacer! Esta Cámara se merece más respeto y más rigor.
El señor Clotas, señor Presidente, lleva once años defendiendo la misma política, y su coherencia le honra, pero lo que ya es más difícil, sin embargo, es estar orgulloso de los resultados de la misma. Los datos se dieron con detalle en el anterior debate, pero quizá no esté de más refrescar la memoria de SS.SS. Durante los diez años en que el señor Clotas y el Grupo al que pertenece han estado defendiendo la política cinematográfica española, los espectadores han pasado de 176 millones a 78. El número de salas --ésas sobre las que argumenta que no hay librerías donde puedan estar los autores- - al amparo de esta brillante política, que ahora dicen que no quieren cambiar, ha pasadode 4.096 a 1.773. Sigo manejando datos del Ministerio. (El señor Robles Fraga: ¡Muy bien!) Sólo les voy a dar un dato más para describir la década prodigiosa. De 146 películas, el año pasado no se llega a 50.
Estos son los datos de los que ustedes pueden estar muy orgullosos. Pueden incluso satisfacerse mutuamente, pero no pretendan que a nosostros nos satisfaga, porque a nosotros nos preocupa el cine español. Tenemos confianza en el cine español. Creemos en su capacidad. Criticamos y con datos --con datos que además ustedes han dado-- su política, no la capacidad del cine español que incluso contando con ustedes en el Gobierno ha logrado hacer muy buenas películas, ha logrado reconocimientos individuales grandes, pero los datos son los que están y lo que pide el sector es lo que pide. Pide subvenciones automáticas, no subvenciones por proyecto. Y la señora Ministra, que dijo que iba a cambiar revolucionariamente las subvenciones, lo que ha hecho ha sido aprobar una serie de órdenes ministeriales diciendo que se concedían más de 1.000 millones de pesetas, todos ellos por proyecto que tenía que valorar un comité que nombraba la señora Ministra de Cultura. Esta es la arbitrariedad contra la que queremos ir.
Insuficiencia. Hombre, insuficiencia la del Real Decreto-ley que contempla cuatro medidas. El nuestro, por lo menos, aunque sólo sea a peso, contempla dieciséis artículos. Por lo tanto, me parece que no es el grupoque defiende el proyecto quien puede estar más legitimado para hablar de insuficiencia. Las licencias de doblaje. Yo no sé cómo pueden defenderlas tanto cuando en el propio proyecto dicen que sólo durarán cinco años. No serán tan buenas. Si las licencias son tan buenas, manténganlas para siempre. Ustedes mismos saben que es insostenible. Yo no he citado a Nigeria, lo ha hecho usted, se lo agradezco, lo hice en el anterior debate. Es el único ejemplo que tenemos. Pero que no se nos diga además que lo que se pretende es europeizar. Y ya, las carcajadas que se pueden oír son tremendas si se dice que es un sistema que se está estudiando allende nuestras fronteras. ¡Pues, bien va la cosa! Sistema de ayudas, cómo se puede controlar. Es evidente, haciendo lo que ustedes han impedido que se haga: con el control de taquilla. Eso lo contempla nuestro proyecto de ley.
Que se instale el control de taquilla. El Gobierno ha retirado los créditos para la informatización de las taquillas en estos Presupuestos. Así figura en el «Diario de Sesiones» cuando yo mismo, en nombre del Grupo Popular, se lo pregunté al Subsecretario de Cultura y dijo que era un proyecto que se había suspendido y que se iba a intentar ver si la iniciativa privada podía acudir. Lo que pasa es que ustedes no quieren que se controle la taquilla para que el cine siga en sus manos, sometido a su arbitrariedad.
Y en cuanto a la cuota española --ya, señor Presidente, es lo último que voy a decir--, que dice que es contraria al Derecho comunitario, será exactamente igual para el cine que para la televisión. Nos hemos limitado, señor Presidente, a decir literalmente lo mismo que se dice en lo que el Gobierno llama: transposición de la directiva sobre la coordinación de disposiciones legales reglamentario-adminitrativas de los Estados miembros relativos al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Pues bien, en este texto de incorporación de la legislación comunitaria a la legislación española se dice: El 50 por ciento del tiempo que se reserva, a que se refiere el número anterior, se dedicará a su vez a la emisión de obras europeas en expresión originaria española.
Esto mismo lo decimos para el cine, y manifestamos, como aduce también el sector, que las cuotas de pantalla no es un buen sistema, que es el que hay, y nosotros lo mantenemos, pero decimos que debe de ser superado. Lo están superando en otros países europeos, precisamente, además, por esta cuestión comunitaria; precisamente por eso. Pero ése es otro debate.


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Nuestro texto dice que se mantiene en los mismos términos en que está planteado ahora. Pero ya creíamos que había pasado eso que dijeron ustedes al principio de su llegada al poder del uso alternativo del Derecho. Utilizar el uso alternativo del Derecho para la televisión, sí, pero lo que ahora se dice de que también sería de aplicación al cine, no, simplemente porque se nos ha ocurrido a nosotros. Esto, lo único que demuestra es que ustedes han cambiado muy poco.
Afortunadamente, las cosas sí van a cambiar. Usted, señor Clotas, me ha aludido de una forma muy elogiosa, porque créame que en un debate cinematográfico cualquier comparación con Charlot, con un genio como él, es un elogio. (Rumores.) Aquí, lo que pasa es que el viento se va a llevar muchas cosas, va a quedar el cine español, se va a llevar muchas cosas y mientras tanto hay algunos, no muchos, pero algunos, porque ustedes lo permiten y porque ustedes lo alientan, que, como en la película de Woody Allen, cogen el dinero y corren.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.-- Protestas.--Los señores Muñoz García y Novella Suárez pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Clotas.


El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, el Grupo Socialista tiene toda la documentación, todos los datos, como supungo que todos los grupos de la Cámara, ya que estamos en un sistema democrático en el que los datos no se ocultan y en el que la información de los datos está al servicio de todos. Pero hay algo peor que no tener los datos, es manipular con ellos o no entenderlos, que es lo que reiteradamente ocurre con el portavoz del Grupo Popular. (Rumores.) Porque el que el portavoz del Grupo Popular venga aquí y nos explique, con esa mezcla de ingenuidad, por llamarlo de alguna manera, y malignidad (Rumores.), que ha decrecido el número de salas cinematográficas y de espectadores, es algo que se puede decir aquí, en Estados Unidos, en Cochinchina y donde sea, porque en este tiempo (parece que ellos no se han enterado) ha entrado el vídeo en los hogares, las programaciones de cientos de películas por semana en los distintos canales de televisión y, naturalmente, la oferta ha cambiado de tal modo que es evidente que en España, como en todas partes, ha disminuido el número de espectadores en las salas cinematográficas y el número de salas. Ese es un dato irrelevante si no se explica todo lo que lleva consigo, lo que es en otras partes y con elementos comparativos. Por tanto, el señor Cortés utiliza un dato que, a pesar de todo, es irrelevante. Yo le diría lo mismo del cine inglés. Como tampoco sabe mucho de estos temas, nos da un dato del cine inglés, pero hemos de conocer lo que eran los datos anteriores del cine inglés, y él ha de saber que hoy hay mucho cine, que no es realmente inglés, que pasa por cine inglés, como desgraciadamente ha ocurrido con alguna película, y ha sido muy notorio también con Holanda, etcétera. Por tanto, hay una mayor debilidad en el cine inglés desde las reformas de su admirada Margaret Thatcher, que todo el sector del cine inglés está de acuerdo, menos, naturalmente, el señor Cortés, que nos quiere traer aquí la reforma de la señora Thatcher, cuando yo creo que incluso la propia señora Thatcher debe haber reconocido que eso no ha ido muy bien para el cine inglés.
Vamos a ver; hay alguna cosa más. Señor Cortés, es verdad lo que usted dice respecto a la trasposición de la directiva, es verdad. Pero, mire usted, en Derecho las cosas no son tan sencillas. Lo que la Comunidad nos habilita para la televisión, no nos lo habilita para el cine. Por tanto, lo que usted hace es una apuesta muy improbable que yo le digo que la Comunidad no va a aceptar, y por ello acabo diciendo lo mismo que dije antes: este refrito, este no proyecto alternativo, esta enmienda que saca cosas de donde puede y más o menos las ensambla sin que respondan a una actitud seria y responsable sobre el cine español, ha incluido una norma que no estaría mal para el cine español si fuera posible y jurídicamente legal, cosa que el Grupo Socialista duda y creo que la Comunidad va a dudar más que nosotros. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, al fijar su posición aquí, quiere hacerlo desde un punto de vista lo más reflexivo posible, dentro de un pragmatismo lo más posibilista para ayudar a nuestra industria cinematográfica. Probablemente, ante el proyecto que trae hoy aquí el Gobierno, lo que nuestro Parlamento transformó en proyecto de ley como resultado de haber hecho la convalidación previa del Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la cinematografía, nosotros creemos que hay que aprovechar este tiempo, aprovechar el texto del Gobierno, aprovechar también el texto alternativo que trae el Grupo Popular, llevarlo por vía de enmiendas y enriquecer algo tan importante que ni puede ser objeto de un tratamiento ya legal por vía de urgencia ni por falta de reflexión de todos los intrumentos jurídicos, técnicos, legales, económicos (incluidos los fiscales y financieros, en el mejor sentido de la palabra) para ayudar y potenciar, no solamente a un sector productivo industrial, sino a un soporte cultural. Por esa razón, Coalición Canaria, entendiendo que hay factores positivos en ambos documentos, se va a

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abstener en la votación de la enmienda del Grupo Popular, va a desear que muchas de sus inteligentes y sugerentes iniciativas se canalicen por la vía de enmiendas y se lleven sobre el soporte del proyecto del Gobierno. Coalición Canaria, predicando con el ejemplo, ha presentado 23 enmiendas al texto del proyecto, y lo hacemos teniendo presentes varias cuestiones. Por empezar, por una no menor. Cualquiera de los sectores o subsectores empresariales, económicos, intelectuales, artísticos que intervienen en el mundo del audiovisual y de la cinematografía, tienen un componente de un valor expreso específico que, separándolo del conjunto lo hace una distorsión y lo hace perfectamente incomprensible en su funcionamiento. De ahí que nosotros hayamos dirigido enmiendas, y no nos gustan los proyectos en que se carga la función de la sanción sobre las salas de distribución. En todo ese mundo, si alguien es merecedor de determinadas sanciones, no podemos terminar con uno solo de los sectores que hay ahí. Pero esto sería lo de menos, porque podemos arreglar perfectamente el capítulo de sanciones y a quién tienen que ir dirigidas y cómo, porque hay algo de lo que tienen que darse cuenta los productores de películas y los distribuidores, y es que sin salas de cine no habrá proyección de películas.
Esto que parece una obviedad es donde está una de las circunstancias actuales de la crisis del mundo del cine: el cierre de salas de exhibición que ha ido produciendo determinadas distorsiones en todo el proceso mercantil que soporta el sistema. Queremos películas de calidad, de alta calidad; queremos, incluso dentro del marco de este proyecto de ley --lo que ahora diré--, películas que sean un soporte cultural de la identidad de los distintos pueblos de España, como de todo el Estado español, como de la unidad europea, a la que también haré referencia aquí. Ese cine español y europeo, inserto en esas coordenadas fundamentales, junto a una buena calidad de películas y que, al mismo tiempo que tengan calidad artística, tengan rentabilidad comercial, porque si no estamos rizando otra vez el rizo de lo imposible, y necesitamos tanto al intermediario de la distribución como a las salas de exhibición cinematográfica.
Las salas también tienen que tener el requisito de la calidad, porque a veces estamos pensando que la calidad solamente tiene que estar en lo que está sobre el soporte del celuloide; la calidad de la película es importante, pero para el espectador también el sentarse en una butaca cómoda, en una sala que reúna condiciones de seguridad, etcétera, es muy importante.
Una buena película desde una silla de madera dura se transforma en una película inaguantable y una película regular, en una sala de condiciones comodísimas para el espectador, en que el exhibidor sabe que puede invertir allí un capital para tener una sala del máximo nivel de calidad, es importante.
Por tanto, mucha atención a todos los eslabones de la cadena del mundo cinematográfico, que no termina cuando el directoor y la productora le ponen el rótulo final a la cinta del celuloide. Ahí empieza ahora otro proceso que es el que hace su accesibilidad al público, su rentabilidad comercial y, por supuesto, toda la evaluación, con todos los premios, con todos los Oscar, con todos los Goya, con todos los premios de la crítica que se le quiera dar a cualquier film.
Nosotros entendemos que el proyecto de ley que salga de esta Cámara tiene que ser lo más perfecto posible también, y yo diría, con un símil, hacerle, señora Ministra, un buen guión a este proyecto de ley. Eso es importante. Si somos capaces con nuestro esfuerzo parlamentario, con las enmiendas, de poner un instrumento en manos de toda esa cadena: de los artistas, de las productoras, de los directores, de los distribuidores y de los exhibidores, etcétera y, por tanto, del público, y hacemos un buen guión, que es nuestra obligación de legisladores, eso será positivo para el día de mañana. No olvidemos, señorías, que estamos hablando aquí también de un factor competitivo frente a eso que en el proyecto se llama terceros países, que es la potente industria cinematográfica de los Estados Unidos de Norteamérica.
Hay otra cosa que hay que hacer aquí y creo que perfeccionando el texto del proyecto de ley, que es ir más a un cine de coproducción, a un cine europeo, porque, si no se entendería el proyecto que aquí se pretende. Quiero recordarles a SS.SS.
que ha tenido entrada en esta Cámara el Convenio Europeo sobre Coproducción Cinematográfica, verdadero documento inteligente e interesante, hecho por el Consejo de Europa, que viene a definir qué se debe de entender, con unas definiciones culturales, y llamo la atención de esto. El informe del Consejo de Europa y la propuesta aprobada ya, el Convenio Europeo sobre Coproducción Cinematográfica, no hace tanto invocaciones a política proteccionistas, en el sentido estricto de la palabra, sino un llamamiento a la responsabilidad de los gobiernos y de los parlamentos nacionales para legislar posteriormente las medidas de apoyo a la cinematografía de tipo fiscal, etcétera, concretarlas y no dejarlas en esa especie de situación etérea, en música celestial, que trae el artículo 3.º del proyecto del Gobierno.
Ese fomento de las empresas y de las actividades audiovisuales no puede ser una voluntariedad puramente retórica de la Administración pública; tiene que ser una concreción en medidas que están en el índice. Pero hay que concretarlas, porque cada uno de los factores de la producción, tanto el productor de la película, los distribuidores, como los exhibidores tienen que tener tangiblemente a su alcance administrativo qué se entiende por inversión pública, qué medios de apoyo fiscal, cuáles van a ser esas medidas fiscales, cuál es la promoción exterior o interior, en qué soporte de colaboración

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de las distintas administraciones públicas o de los distintos sectores financieros o económicos implicados tienen que estar.
Pero fíjense, señorías, si el tema es importante que el propio Consejo de Europa define en el preámbulo del Convenio Europeo de Coproducción Cinematográfica este listado de valores fundamentales. Primero, que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha y salvaguardar ideas y principios del patrimonio común europeo. Considerar, además, que es necesario desarrollar las metas del Convenio Cultural Europeo que va a ser soporte de la cinematografía de coproducción. Y, después, llevar hacia adelante todo lo que es un principio, en el sentido de que debe considerarse como prioritario en esta coproducción cinematográfica en cuanto instrumento de creación y de expresión de la diversidad cultural a escala europea. Como pronto tendrán a su disposición el texto, me ahorro seguir leyendo más actuaciones.
Si hay que concretar las medidas que se contemplan de una manera muy genérica en el artículo 3, vemos esta deficiencia en el proyecto que ha traído el Grupo Popular, que debería aprovechar la ocasión para desarrollar este listado de apoyos y de incidencias con el argumento que nos aporta el Consejo de Europa, las ideas propias emanadas de los distintos sectores del mundo de la cinematografía, lo que haga la Administración en este momento y lo que como valor político, cultural y de empleo desarrolle el Parlamento para encontrar, como digo, un buen texto de ley, un buen guión para el mismo. Vamos a esperar al debate en Comisión para enriquecer el texto con las enmiendas, y las hay muy interesantes entre la del Grupo parlamentario Popular, que puedan cubrir esas deficiencias o insuficiencias, que decía el señor Clotas. Me quiero quedar sólo con estos dos calificativos que son puramente numéricos o cuantitativos. No entro en ninguna valoración de tipo peyorativo dentro de la legitimidad del lenguaje parlamentario, sino que pretendo cubrir y complementar todas esas deficiencias que están en este momento en uno y otro proyecto.
Por esta razón y en la línea de no intervenir de una manera polémica ni sesgada, el Grupo de Coalición Canaria va a abstenerse desde estos principios que he dicho.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Para la fijación de la posición del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Señorías, de cara a este texto alternativo que ha presentado el Grupo Popular, el Grupo Vasco quisiera manifestar las siguientes consideraciones. En un primer nivel, valorar la exposición de motivos que presenta el Grupo Popular en su texto alternativo porque coincidimos en las dos principales apreciaciones que se realizan en dicha exposición de motivos. Por una parte, porque con el texto que presenta el Grupo Popular se intenta poner el énfasis en aquellas medidas que incentivan la creación y consolidación de una infraestructura industrial cinematográfica que sea competitiva y de calidad, frente a aquellas otras medidas dirigidas a la intervención del mercado y a un excesivo y no bien orientado proteccionismo que en los últimos años ha demostrado su ineficacia. Nos parece que es una línea de actuación bien correcta y bien definida y con ocasión de la convalidación del Real Decreto-ley manifestamos que era uno de los focos de atención en los que insistía el Grupo Vasco: que se debe tender a la creación de una infraestructura industrial sólida, que es, indudablemente, una de las principales y más graves carencias de la cinematografía española. Sin embargo, al examinar el articulado de la ley se observa que este objetivo, bien manifestado en la exposición de motivos, no encuentra medidas que se puedan distanciar significativa y pertinentemente del texto propuesto por el Gobierno.
Entendemos, tal y como ha manifestado anteriormente el portavoz de Coalición Canaria, señor Mardones, que a partir de enmiendas al articulado se puede llegar a un punto de equilibrio entre el texto propuesto por el Gobierno y el texto que presenta ahora como enmienda a la totalidad el Grupo Popular, porque del examen del texto articulado que presenta el Grupo Popular se deriva que el texto propuesto es integrable en el proyecto de ley a través de estas enmiendas, se admite el esquema básico del proyecto del Gobierno; se mantienen las cuotas de pantalla, aun flexibilizándolas, con lo que estamos de acuerdo; se suprimen las cuotas de distribución; se mantiene la posibilidad de sanción; en definitiva, el esqueleto de lo que es el texto alternativo coincide básicamente con el texto propuesto por el Gobierno. En nuestra opinión, nos encontramos ante un problema de equilibrios entre distintos intereses de distintos agentes implicados en el mundo de la cinematografía y desde esta perspectiva haríamos un llamamiento al Gobierno, al Grupo Socialista a que intentara acercar posturas. Entendemos que es razonable el proyecto de ley que se presenta, es insuficiente, pero es positivo en su conjunto, y que a partir de dicho esquema básico, en lo que son las enmiendas que se pueden presentar, y nosotros lo vamos a hacer, por los distintos Grupos Parlamentarios, se pude llegar a un nuevo punto de equilibrio, corrigiendo la tendencia que manifiesta el proyecto de ley hacia los intereses de los creadores y de las productoras; existen otros intereses legítimos,

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existen otra serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta, desde la acción cultural, el tema de la normalización lingüística, y en este punto discrepamos básicamente de la propuesta que realiza el Grupo Popular en su texto alternativo. Da la impresión, señor Cortés, de que la Arcadia lingüística del Partido Popular es monolingüe. (El señor Cortés Martín hace signos negativos.) ¿Es la lengua vasca española? ¿Para un vasco francés también? (El señor Cortés Martín: No le quepa la menor duda.) Hay que mantener un cierto rigor en las propias consideraciones. El monolingüismo, desde el punto de vista cultural, es un empobrecimiento y desde esa perspectiva el texto propuesto por el Gobierno es mucho más rico, mucho más avanzado, por lo menos para los que creemos más en el plurilingüismo o que el futuro se basa en el plurilingüismo que en un monolingüismo.
Cuando se dice que el estado natural de las lenguas es uno, uno se pregunta cuál es ese estado natural. Coincido con la señora Rahola cuando decía en una intervención anterior que hay que valorar el propio esfuerzo que se realiza para hablar en castellano y quisiera que SS.SS. lo valoraran. Uno no está ni para hacer amenazas ni para hacer guerras, pero les puedo largar en mi propia lengua natural todo lo que quiera, pero no está el señor Gatzagaetxebarría y hablaría sólo para mí y acepto que es ridículo en esta Cámara, pero vamos a ser serios en los temas lingüísticos en un momento en que este tema está muy de actualidad y vamos a ser rigurosos en los planteamientos. Por ello, insisto en que desde la postura del Grupo Vasco hay que intentar encontrar nuevos equilibrios entre los intereses de los creadores, de los productores, entre la problemática de los receptores de la obra cinematográfica e indudablemente también entre los exhibidores que juegan su propio mundo industrial en el momento de exhibir el cine. Por ello, el Grupo Vasco va a presentar siete grupos de enmiendas a este proyecto de ley en busca de este equilibrio. Va a plantear que la fijación de la cuota de pantalla se haga en la proporción de cuatro por uno; que la modificación de la disposición final primera del Real Decreto 19/93 se haga en el sentido de limitar la vigencia de la cuota de pantalla al mismo tiempo en que se limita la cuota de distribución cinematográfica; que se flexibilice el cumplimiento de la cuota de pantalla; que se disminuya, por excesiva, la tabla de sanciones propuesta en el Real Decreto, porque se podría dar el caso, señora Ministra, de que algún exhibidor pudiera tener mayores multas que Mario Conde por lo de Banesto, lo cual, a todas luces, es excesivo y desproporcionado.
Entendemos que hay que flexibilizar las obligaciones de los exhibidores en aras de que pueda mantener el grado de libertad debido por el cumplimiento de las prescripciones legales; que hay que facilitar el acceso a la obra cinematográfica a los ciudadanos cinéfilos de pequeñas y medianas poblaciones y, en último lugar, que hay que ser más respetuoso con el marco competencial en el que se integran estas medidas de fomento de la cinematografía.
Entendemos desde el Grupo Vasco que una interpretación harto generosa de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.13 de la Constitución pudiera justificar una regulación adecuada de las cuotas de pantalla y de distribución cinematográfica como las contenidas en los artículos 5 y 6 del proyecto, pero, no obstante, no tienen cabida las competencias estatales, la previsión contenida en el párrafo segundo de la disposición adicional del proyecto, ya que, una vez establecida la cuota de pantalla y distribución, el concretar dentro de las de ámbito comunitario en qué medida pueden o no ser cubiertas por producciones en lenguas propias distintas del castellano; aquí tiene una consideración rigurosa, señor Cortés, lenguas propias distintas del castellano, es una facultad competencial de las autoridades autonómicas, pero en ningún caso del Gobierno del Estado. En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Vasco va a votar en contra del texto alternativo propuesto por el Partido Popular, por entender que a partir del proyecto del Gobierno se puede encontrar un punto de equilibrio distinto, tal y como he definido en esta intervención. Confiamos, además, señor Clotas, en que el Grupo Socialista sea capaz de integrar las propuestas que se realizan por los distintos Grupos, mediante enmiendas al articulado, en aras de un equilibrio más satisfactorio para todos los agentes implicados en el mundo de la cinematografía.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cortés Martín pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri. Tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, el artículo 72.2 dice que cualquier Diputado podrá pedir durante la discusión la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate.
En este sentido, señor Presidente, solicito a la Presidencia que por los servicios de la Cámara se dé lectura, a los efectos de ilustrar un punto de la intervención del portavoz del PNV, en la que hablaba de presumible monolingüismo en nuestro texto, de los puntos 1, 2 y 3 del artículo 5 de nuestro texto alternativo. Lo decimos para que se vea que no hay tal monolingüismo, sino que se dice: «cualquier lengua oficial española» en tres ocasiones y «expresión originaria española» en otras dos.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.
Como es un texto distribuido a todos los miembros de la Cámara, con la referencia que su señoría hace a qué puntos son aquellos a los que se han acogido, entiende la Presidencia que es suficiente. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Que lo lea!) Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al fijar la posición en nombre de mi Grupo Parlamentario en relación con el texto alternativo presentado por el Grupo Popular al proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía, se hace difícil alejarse del debate que ya se produjo en torno al proyecto del Ejecutivo que entonces consideramos de obligada tramitación.
La unidad de mercado, consecuencia inmedita de la creación de la Unión Europea, la liberalización de mercados internacionales surgida del Gatt, que ha posibilitado la cláusula de excepción cultural para proseguir el proteccionismo institucional con que a lo largo de medio siglo se ha distinguido al sector, su importancia como instrumento de comunicación social, son conceptos de inevitable reiteración. Asimismo, es inevitable la convicción compartida por cuantos intervinieron en el anterior debate respecto a que, sin protección institucional, la producción cinematográfica de este país corre un evidente peligro y, con él, peligra la cultura que representamos los integrantes de esta Cámara, la diversidad dentro de la misma, que nos enriquece, y la diversidad que nos afecta directamente como ciudadanos de la nueva unión política. La diversidad cultural europea ha hecho sonar la alarma y, frente a la liberalización generalizada impulsada, ha inventado el concepto de la excepcionalidad cultural, al que nos hemos acogido sin la más mínima duda. Una cuestión distinta es si el texto legal tras el que vamos a escudarnos es uno u otro, pero existe acuerdo común sobre la necesidad del mismo.
Establecida esta premisa --que, como decíamos, recuperamos del debate anterior--, corresponde fijar nuestro criterio sobre el texto alternativo que el Partido Popular ha traído a debate.
Lógicamente, mi Grupo Parlamentario fija posición desde el apoyo que dimos con nuestros votos al proyecto que ahora, desde la oposición, se quiere sustituir. Aquél no era, lógicamente, nuestro proyecto, pero globalmente nos pareció adecuado para hacer frente a la situación. Posiblemente, el texto alternativo hubiera podido servir de base al trámite iniciado y con la presentación de enmiendas podríamos entre todos mejorarlo. Ello sería todavía posible si se tomaran en consideración enmiendas al articulado, como han propuesto los portavoces del Grupo Vasco (PNV) y de Coalición Canaria. De entrada, nos parece loable el objetivo de consolidar una infraestructura cinematográfica competitiva, ya que ese es el primerísimo problema de nuestro sector audiovisual. Si no fuera así, no sería necesaria esta iniciativa legislativa.
Desgraciadamente, nuestro cine ha vivido el sistema de protección surgido de la utarquía en 1942, con más intención de control e instrumentalización política que de promoción; sólo una «gran industria» --entre comillas, pero queremos precisarlo; en el sentido de calidad lo decimos también-- surgió de la política proteccionista, la del doblaje, que hizo posibles algunas maravillas artísticas que a menudo posibilitaron una grotesca manipulación política de los textos traducidos, según las conveniencias de la autoridad censora del momento. La calidad alcanzada, sin embargo, condiciona ahora sobremanera el texto de ley, por cuanto nuestros espectadores se han habituado a las versiones dobladas, configurándose una realidad hoy escasamente reconducible. Ello sucede hasta el punto de que al fondo de los textos legislativos está el tema del doblaje, hoy extraordinariamente útil a la industria cinematográfica extranjera, especialmente la norteamericana, muy sensible ante las medidas proteccionistas adoptadas. Pretende llevar nuestro cine hacia una abierta competitividad; lo que en el fondo se pretende es crear una situación de autoinmolación, gracias a que los hábitos proteccionistas del pasado han mantenido vivo un cine subvencionado y no nos han permitido vislumbrar si hubiera sido posible su subsistencia de otra manera.
Desde esta dimensión juzgamos la pretensión de suprimir las cuotas de distribución, la flexibilización de las cuotas de pantalla, la supresión de ayudas por proyecto potenciando la relación económica desde los resultados de taquilla. Son medidas todas ellas que, junto a la posible aportación del mecenazgo a la promoción del cine, deberán ser consideradas transcurridos los años de vigencia de la Ley que se pretende sustituir. Porque, sin avanzar por este camino, vaticinamos un desastre para nuestro cine, pero también para el resto del cine europeo.
Es por ello que no nos parece mal que el proyecto del PP parezca impulsado por criterios muy industriales, pero nos preocupa la obsesión de una excesiva dimensión empresarial, en detrimento del hecho cultural, hasta el punto de que la calidad y el valor artístico parecen obviarse. Nos preocupa mucho más esta cuestión que otras que se refieren a cierta falta de sensibilidad autonómica e, incluso, de respeto a la diversidad cultural, a la que ha hecho también referencia el portavoz del PNV, debate que sigue vigente, pero que debe hallar su solución definitiva el día en que este país desvincule para siempre la necesidad de convivencia de los mecanismos de acceso al poder, cuestión que resolveremos, entre todos, al margen de esta ley. Sin embargo que perdamos nuestra capacidad de interpretación de la realidad,

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incluso la capacidad de juzgar nuestra propia historia, es algo que nos preocupa profundamente.
Ya dijimos en el debate anterior que momentos como éste señalan la importancia que, para algunos colectivos, tiene la cultura como identidad. Lo hemos dicho siempre, en defensa de la cultura autóctona de nuestra comunidad, y lo repetimos ahora porque es el conjunto de nuestras culturas lo que peligra. Ello nos preocupa mucho más allá del propio debate parlamentario, del juego del poder y del contrapoder, del Gobierno y la oposición. Nos preocupa hasta llevarnos a la solicitud de un ejercicio de responsabilidad política.
Para acabar, señor Presidente, permítame una referencia anecdótica a un film que personalmente me parece, en este caso, relevante. Como muchos de los que integramos esta Cámara fui observador interesado de cuantos documentos literarios se referían a nuestra Guerra Civil, cuando más perseguidos por la dictadura, mejor que mejor. Uno de dichos textos fue la novela de Ernest Hemingway «Por quién doblan las campanas» que leí y releí, como tantos de los presentes. El día que llegó, también perseguida, la versión cinematográfica a nuestras pantallas, acudí apresuradamente a su estreno. ¡Qué profunda decepción que, por otra parte, ya se apuntaba en la propia novela! Un héroe de película del oeste, salvador de patriotas españoles en el que los españoles no podíamos identificarnos, interpretado por Gary Cooper, servía a los intereses de la industria cinematográfica sin base y sin rigor cultural. Ni la mirada maravillosa de Ingrid Bergman, en el papel de una ingenua guerrillera autóctona, podía salvar la manipulación que se hacía de aquel espacio fundamental de nuestra historia contemporánea. Sería lamentable que, al final del camino, nuestro hecho social perdiera su capacidad propia de expresión.
Señor Presidente, señora Ministra, señorías, permítaseme una caricatura de la situación que debatimos. Yo diría que en estos momentos puede que estén tocando las campanas por nuestro cine, por el conjunto de nuestra dimensión sociocultural, si aplicamos criterios exclusivamente, empresariales, no obstante la necesidad de aplicar criterios de sensibilidad empresarial por respecto a la realidad estructural de nuestro cine.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Después de este presunto duelo de titanes entre el señor Cortés y el señor Clotas, habría que bajar de nuevo el debate al rigor de sus términos reales, que pueden ser en principio teóricamente los mismos en que se produjo el debate anterior, sólo teóricamente, porque a partir del debate de hoy se habla de la posibilidad, desde la derecha nacionalista --PNV y Convergència i Unió--, de un nuevo punto de equilibrio sobre el texto del PSOE y a partir de las enmiendas que ellos han presentado. La situación, por tanto, es diferente en ese matiz, en cuanto que el Partido Popular ha radicalizado su posición hasta extremos que no conocíamos en otros proyectos de ley. Quiere decir esto que, si el Partido Socialista Obrero Español acepta las enmiendas parciales que aquí han propuesto tanto Convergència i Unió como el PNV, el texto del Gobierno sufre un claro giro a la derecha y un claro giro al proteccionismo del cine norteamericano y a la desprotección del cine europeo y del cine español, con lo cual se va a producir la situación surrealista de que el único grupo que en esta Cámara va a defender el texto del proyecto de ley del Gobierno va a ser el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el único, y ya lo veremos cuando lleguen las enmiendas parciales. ¿Cuál es nuestra posición, teniendo en cuenta retrospectivamente la situación? Nosotros estamos defendiendo, en primer lugar, la cultura europea y la cultura estatal, incluidas, claro está, las culturas vaca, gallega, catalana, etcétera, y de otra parte estamos defendiendo la necesidad de una industria cinematográfica que tiene ahora su momento de inflexión: o empezamos ahora a sentar las bases de una industria cinematográfica española o tiramos la toalla.
Solamente recuerdo al señor Cortés un dato: las cuotas de pantalla están ocupadas en un 91 por ciento por el cine norteamericano en este país; datos de la Unión de Actores. Si se aprobara la enmienda del Grupo Popular, llegaríamos al 100 por ciento de cuota de pantalla del cine norteamericano, con lo que eso significa, con las consecuencias que trae a nivel cultural y a nivel industrial; renunciaríamos a la industria cinematográfica, cosa que es verdad no se ha conseguido en Inglaterra. Lo que sí se ha conseguido en Inglaterra ha sido que suba la cuota de pantalla de los Estados Unidos al 95 por ciento, eso sí es verdad. Por tanto, que se digan todas las cosas, que se diga la verdad y toda la verdad y nos dejemos de intercambios electoralistas en un momento muy complicado para la cultura y la cinematografía españolas. Nuestra posición (y ahora retomaré el tema de la coyuntura política que vivimos, muy deslizante, muy resbaladiza, como se va a ver a la hora de discutir las enmiendas parciales en torno a este proyecto de ley) es, naturalmente, en principio, defender la excepción cultural respecto a los acuerdos tremendamente liberalizadores del GATT, acuerdos que todavía no se han cerrado, se cerrarán el día 15 en Marrakech, siguen abiertos en el momento que se está produciendo una enorme ofensiva de las distribuidoras, de las «majors» norteamericanas, como se ha visto hace unos días en Berlín, o como se vio en Ginebra, a través de las declaraciones

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del señor Jack Valenti, el representante directo y genuino de las multinacionales norteamericanas, apoyado por los distribuidores españoles, uno de los cuales, el señor Saralegui, ha hecho declaraciones muy específicas en Berlín hace tres o cuatro días. Por tanto, está en peligro incluso este proyecto de mínimos respecto a la excepción cultural de cara a los acuerdos de libre-cambismo mundial --por consiguiente, a favor siempre de los Estados Unidos-- del GATT, que se va a firmar el día 15 de abril, en Marrakech.
Nosotros vamos a defender la industria cinematográfica en un momento que las distribuidoras norteamericanas --son datos oficiales, señor Cortés-- ocupan el 91 por ciento del mercado nacional español, el 91 por ciento del mercado estatal.
Nosotros estimamos que la industria cinematográfica española es potencialmente impulsora del crecimiento económico, se podrían crear a medio plazo 4.000 o 5.000 puestos de trabajo, en un momento que el 65 por ciento de los actores españoles -- catalanes, vascos, gallegos, etcétera-- está en paro. Pensamos que la industria nacional debe alcanzar como mínimo el 25 por ciento de la cuota de mercado, estamos en el 9 por ciento de la cuota de mercado, y no se olviden las cifras en este debate de titanes disfrazados de cifras que no se correspondían con la realidad. Naturalmente, pedimos que la inversión pública actúe como incentivadora, como propulsora o maquinaria de esta situación.
Hay también un elemento esencial para el desarrollo y consolidación de la industria audiovisual en este país, que es el tema de la inversión de las televisiones públicas y privadas; tema que vamos a ver a fondo en la transposición de la directiva televisión sin fronteras, pero que, indudablemente, también tiene que verse aquí a corto plazo cuando se refundan todas las leyes audiovisuales en ese macro decreto que nos ha anunciado el Ministerio de Cultura.
Nosotros pedimos un plazo de tres meses en una de las enmiendas que hemos interpuesto al proyecto de ley del Partido Socialista Obrero Español, del Gobierno del PSOE, apoyado también por Convergència i Unió.
En este sentido, consideramos que las cuotas de pantalla están dentro de las medidas necesarias para empezar a sentar la primera piedra de la industria cinematográfica española. La cuota de mercado está en el nueve por ciento, señorías. A veces aquí se han dicho cosas casi antipatrióticas, y cuando hablo de Patria, hablo de todas las patrias. Estamos en el nueve por ciento de la cuota de mercado. Con medidas de este corte como las que se plantean aquí vamos al cero por ciento de cuota de mercado, así de claro. Esa es nuestra posición, también lo es de la Unión de Actores y de los siguientes organismos que le voy a leer, señor Cortes: es la posición de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales; de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España; de Procine, que usted ha citado aquí, señor Cortés; de la Sociedad General de Autores de España; es la posición de Artistas intérpretes, Sociedad de Gestión de España; de la Asamblea de Directores, Realizadores Cinematográficos Audiovisuales de España; de la Asociación Profesional de Directores de Arte, de Cine y de Televisión; de la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales de España; y es la posición de la Unión de Actores.
El texto alternativo representa la posición de las multinacionales norteamericanas, digámoslo claramente.
(Rumores.) ¿Legítima? Claro, legítima totalmente, pero sorpresiva en el PP. ¿Por qué es sorpresiva en la táctica del PP, no digo en la estrategia? Hasta ahora, el Partido Popular solía hacerle al PSOE una especie de pase de raqueta, lo pasaba por la derecha para terminar en la izquierda, como ocurrió en el tema del PER y en otros temas, como el del mercado laboral o cualquier declaración que se haga desde esta tribuna. De pronto esta táctica se ha roto y aparece directa, clara nítidamente un posición superliberal, extraliberal, tremebundamente liberal, que afecta a la cultura nacional.
Ustedes no están defendiendo la cultura nacional. Yo sí en este caso. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.) Además con contradicciones tan serias, no sólo legales, no sólo porque no son europeístas, que no se corresponden con la directiva europea respecto a la cuota del mercado del 50 por ciento al cine español dentro de la cuota comunitaria, como se ha dicho aquí, sino absolutamente demagógicas. Si van a ampliar la cuota de mercado de los Estados Unidos del 91 al 98 por ciento, ¿cómo piden que el 50 por ciento del cine comunitario sea español? Eso es demagógico. No es posible, no sólo por razones legales, sino por razones de producción industrial. Ya no habría que producir cine español ni vasco ni catalán ni gallego, no habría sitio, no habría lugar si se quitan las cuotas de pantalla y las licencias de doblaje. No podríamos tener sitio industrial ni, consecuentemente, sitio cultural. Eso hay que decirlo así.
Porque salga en algunos periíodicos que, efectivamente, en función de canales de televisión tienen que emitir 270 películas norteamericanas al año, no vengan aquí a disfrazar esos intereses particulares con la defensa que no hacen de la cultura nacional, de los intereses nacionales y de la protección necesaria para la industria cinematográfica española. Su posición es legítima, pero más liberal que la de la señora Thatcher, mucho más.
Digamos las cosas por su nombre. (Un señor Diputado: Tú si que necesitas licencia de doblaje.) Lo mismo que nosotros no vamos a poder apoyar las enmiendas matizadamente liberales de Convergència i Unió y del PNV al proyecto del Gobierno, aunque el PSOE las acepte, lo cual, a nuestro juicio, va a ser lamentablemente, y ya daremos nuestro dictamen político sobre esta situación,

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no podemos aceptar la posición del Partido Popular porque nos parece que confunde intervenir la cultura con proteger la cultura. Nosotros vamos en la dirección de proteger, incentivar la cultura y ustedes van en la posición de intervenir en la cultura, pero a favor de la cultura norteamericana, que, repito, afecta ya al 91 por ciento de la cuota de mercado.
Termino hablando un poquitín, señor Presidente, de la coyuntura...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muy brevemente.


El señor ALCARAZ MASATS: Brevísimamente.
Los representantes de las multinacionales norteamericanas, cuyo portavoz más eminente en Europa ha sido hasta hace pocos días el señor Jack Valenti, y los representantes de la distribuidoras españolas están echando un pulso a esta situación, han dejado de comprar películas españolas estas últimas dos semanas. ¿No lo sabían? (Un señor Diputado: No.) ¿No lo sabe usted? ¿Por qué no defiende aquí el cine español en la cuota de mercado y lo tengo que defender yo? (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Alcaraz. (El señor Robles Fraga pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor ALCARAZ MASATS: ¿El señor Fraga me va a dar lecciones de democracia a mí? ¡Señor Fraga, por favor! ¡Por favor! (Fuertes y prolongados rumores y protestas.) ¡Tela marinera! (El señor Robles Fraga pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles Fraga, le llamo al orden. Silencio, señorías, por favor. (El señor Ollero Tassara pronuncia palabras que no se perciben.) Continúe y finalice, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: El señor Ollero me llama fascista.
(Continúan los rumores.) Es lamentable que no pueda llamar liberal al Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Ustedes coinciden mucho con propuestas liberales del Grupo Socialista, lo hemos dicho muchas veces, pero la propuesta que hoy traen aquí no es patriótica. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, tiene que terminar. El señor ALCARAZ MASATS: Hay un boicot al cine español en las últimas cuatro semanas. No se están comprando películas españolas por el distribuidor español Saralegui, en combinación con Jack Valentí y las «majors» norteamericanas.
Han dicho que están esperando que salga el proyecto de ley de este Parlamento para ver si este boicot lo llevan a su extremo máximo. Usted lo sabe, señor Cortés, ¿por qué no lo ha dicho aquí? Vamos a defender...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Vamos a defender el mercado nacional con todas sus variantes autonómicas, vamos a defender la posibilidad de una industria cinematográfica, vamos a enfrentarnos a ese intento de copar por los norteamericanos al 100 por ciento la cuota de mercado; y déjenme hablar, señores de la derecha civilizada, a los que ya les sobra el adjetivo. (Rumores y --protestas.--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! (El señor Robles Fraga pide la palabra.) Señor Robles Fraga, ¿a efectos de qué solicita la palabra?

El señor ROBLES FRAGA: Por alusiones, señor Presidente.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Para el uso estricto por alusiones, tiene la palabra por un minuto.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, el uso genético de las ideologías políticas sólo lo han hecho en la historia de Europa los fascistas y los nazis.
Cuando el señor Alcaraz todavía se está quitando el polvo del muro de Berlín, que le cayó encima porque no sabía que iba a caer.. (Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles Fraga, tiene que limitarse exclusivamente al contenido de la alusión y no adoptar otro tono en su intervención.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, si la reflexión histórica sobre la ideología que provocó el muro de Berlín molesta a alguien en esta Cámara no es a los representantes del Grupo Popular (Rumores.), que defendimos muy dignamente la libertad cuando otros se amparaban detrás de ese muro.
(Continúan los rumores.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Este no es un turno sobre teoría política, señor Robles.
Cíñase exclusivamente a la alusión o le retiro la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, en esta Cámara, decía Ortega, que se puede venir a hacer tres cosas: el tenor, el jabalí o el payaso. Me temo que el señor Alcaraz ha confundido lo que hay que hacer aquí dignamente para defender la libertad. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores y protestas.--El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, los turnos por alusiones no tienen réplica.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, no es réplica es que he sido aludido (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! No tiene réplica, señor Alcaraz. La alusión ha sido de S.S. y ya ha contestado.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, permítame una cuestión de orden.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay cuestión de orden.


El señor ALCARAZ MASATS: ¡Señor Presidente, le pido una cuestión de orden!

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sobre qué, señor Alcaraz (La señora Martínez Saiz: Ya está bien de que abuséis...)

El señor ALCARAZ MASATS: He sido nombrado por mi nombre en relación... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha sido contestado a una alusión que S.S. ha hecho, señor Alcaraz.
No hay más turnos; se ha terminado el debate.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, también he sido nombrado por ideología y por grupo parlamentario (Fuertes rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay palabra, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, que conste en acta mi protesta por esta forma de interpretar el Reglamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo, constará en acta, señor Alcaraz.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, de texto alternativo, del Grupo Popular, al proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía procedente del Real Decreto- ley 19/1993, de 10 de diciembre. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 125; en contra, 172; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE (Número de expediente 121/000027)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía.
¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y votación final de este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobado.


--PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS (Número de expediente 121/000026) El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado igualmente proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos.
¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación): --PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE

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JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 121/000031)

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente al proyecto de ley orgánica por el que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Para la presentación de este proyecto de ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
(Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.-- Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Los señores Diputados continúan abandonando el salón de sesiones.--Continúan los rumores.) Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia, señor Presidente.
Señorías, tengo hoy el honor de comparecer ante ustedes para presentar la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No voy, desde luego, a realizar un examen pormenorizado de su articulado, por la obvia razón de que SS.SS. lo conocen, y además lo conocen bien, como demuestran las enmiendas particulares que ha presentado buen número de grupos parlamentarios, desde el Grupo Parlamentario Socialista al Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Vasco (PNV) y el Grupo de Coalición Canaria, enmiendas que me anticipo a decir garantizan no sólo la evidencia de que SS.SS. han estudiado atentamente el texto sino la ya seguridad de que el texto saldrá de la Cámara mejor de lo que entró, dado que en sus grandes líneas son perfectamente asumibles por el Gobierno pues tienden, efectivamente, a mejorar el proyecto.
También quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que aceptando el pacto de Estado ofrecido por el Gobierno han contribuido, de manera directa, a crear las propias líneas maestras de la reforma y que, por tanto, sin perjuicio de que tengan observaciones particulares que realizar, dignas en la mayor parte de los casos de ser atendidas, quiero esperar que consideren esta ley también suya, porque es una ley de todos los grupos parlamentarios que han aceptado la oferta de pacto de Estado en materia de justicia. Sin más, voy a entrar en alguna de las líneas centrales de esa ley. Encaja dentro de una de las orientaciones fundamentales de la política del Gobierno en materia de justicia, cual es iniciar el proceso de transferencia de competencias desde el Poder Ejecutivo al Consejo General del Poder Judicial. Era una de las líneas maestras que indiqué con ocasión de la presentación del programa para esta legislatura. Se concreta en aspectos centrales. En primer lugar, en un viejo tema que ha sido durante años polémico, cual era el de la competencia para la selección de jueces y magistrados. Era una vieja y legítima aspiración del Consejo General del Poder Judicial concentrar las competencias de selección y formación como consecuencia de estimar que se trata de un proceso único en el que es simplemente artificioso tratar de establecer cortes o separaciones con distintas competencias y con distintas responsabilidades. Como consecuencia de ello, el programa del Partido Socialista recogió expresamente el ampliar las competencias del Consejo en materia de selección y de ahí que el Gobierno, en cumplimiento y ejecución de ese programa, presente este aspecto central de la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Supone asimismo introducir mejoras en el propio mecanismo de selección fijadas ya normativamente. El mecanismo general, sin perjuicio de los supuestos del tercer y cuarto turno, a que luego me referiré, supone una oposición libre y un amplio período de prácticas a través de la creación de la figura del juez adjunto que, sin duda, constituye una de las novedades del proyecto de mayor interés.
En materia de tercer turno se introducen también modificaciones. Concretamente, se pretende que deje de ser meramente un concurso para pasar a ser un concurso-oposición, con la pretensión de unir las ventajas inherentes al concurso, es decir, que entren profesionesjurídicas y profesionales ajenos al mundo de lo judicial para evitar los efectos endogámicos de la profesión pero que, sin embargo, esté combinada con las ventajas de la objetividad que implica también la oposición. Asimismo, por una simple observación de realismo y dada la oferta que en esta materia existe, se reduce del marco anterior de que cada tres plazas se reservaba una a que de cada cuatro plazas se reserve una. Se mejora también el cuarto turno, manteniéndose para él en toda su pureza el sistema de concurso de méritos y lo único que se hace es introducir modificaciones, mejoras que garanticen mejor la objetividad y la seriedad del proceso de selección. Se establece asimismo un adecuado sistema --así lo entiende el Gobierno-- de pruebas de especialización.
Un segundo bloque de temas que plantea la presente ley tiene una incidencia directa e importante, en opinión del Gobierno, en el funcionamiento diario y cotidiano de los tribunales. Me refiero al conjunto de medidas que tratan de limitar la movilidad excesiva de jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. Al efecto se ha introducido una serie de medidas entre las que destacaría aquí la imposibilidad de acceder a la jubilación voluntaria cuando han transcurrido tres años de ejercicio efectivo de la función, sin más excepción que el cuidado de los hijos o la posible presentación a un proceso electoral. Se ha limitado también

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la posibilidad de acceder al concurso de plazas vacantes de modo que a partir de la aprobación de esta ley, si SS.SS. así lo consideran, sería necesario dos años para poder concursar en el supuesto de traslado forzoso y tres años en el supuesto de que la plaza se hubiera convocado como consecuencia de un destino voluntario y se faculta al Consejo General del Poder Judicial para no sacar a concurso las plazas y vacantes que entienda --nadie mejor que el Consejo para ello, pues tiene todos los datos-- que pueden ser cubiertos por los mecanimos de jueces sustitutos, de magistrados suplentes o de jueces en provisión temporal.
En definitiva, se da instrumentos reales para que el Consejo pueda realizar una verdadera política judicial en este terreno. Decía que se introduce la figura del juez adjunto y con una misión doble. Por un lado, se concibe como uno de los períodos obligatorios del proceso formativo inmediatamente posterior a la oposición, con pretensión, además, de que sea extenso en el tiempo. Se trata de garantizar que un juez o magistrado no vaya directamente de la oposición al ejercicio de la función jurisdiccional, sino que pase un período de tiempo extenso practicando su oficio con otro juez, con otro magistrado, de suerte que realice funciones de cooperación y ayuda manteniendo, eso sí, toda la responsabilidad del ejercicio de la función judicial, como es natural, en el titular. Pero, al propio tiempo, existe otra posibilidad que prevé la ley de uso alternativo del juez adjunto en sustitución --en ocasiones, con ventaja-- respecto de otras modalidades como la del juez sustituto o el juez de provisión temporal, para intentar realizar, como es imprescindible en la política judicial, planes de ayuda, de urgencia frente a situaciones de crisis. Se modifica y mejora el régimen de magistrados suplentes, de jueces sustitutos y de provisión temporal a través de una serie de medidas que garantizan que todo el proceso tiene que estar especialmente motivado, que tiene una posición de absoluta igualdad respecto de los magistrados titulares, lo cual es imprescindible y un dato fundamental para la seguridad jurídica y, por otro lado, en un claro criterio de mostrar la preferencia no sobre criterios de mera antigüedad o de mera posición de permanencia en el tiempo en determinados puestos de trabajo; el criterio central pasa a ser el de la aptitud demostrada.
Se establece asimismo una nueva causa de pérdida de la condición de juez, concretamente, la condena por delito doloso que lleve consigo pena privativa de libertad no superior a seis meses, sin perjuicio de que he visto enmiendas que tratan de ampliar ese marco; SS.SS. decidirán en su momento. Un punto central de la reforma lo constituye, sin duda alguna, la modificación en profundidad del régimen disciplinario de jueces y magistrados. Tanto desde un punto de vista conceptual como desde un punto de vista político, parece evidente que la sociedad demandaba un mayor rigor en el control de las conductas de los jueces y magistrados. Esa necesidad estaba recogida en el programa del Partido Socialista y también se trata de llevarla a esta ley de la forma que nos ha parecido más coherente. Está claro, desde un punto de vista doctrinal, que no hay independencia sin responsabilidad; está claro, desde un punto de vista político, que no se trata de dos conceptos distintos sino exactamente del mismo concepto: uno presupone el otro y sin el uno no puede existir el otro. No puede existir ni independencia ni responsabilidad sin un adecuado régimen disciplinario. La reforma se orienta --y hay que decirlo con toda claridad-- a un mayor rigor en la exigencia de la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados. Ello se verifica a través de diversos instrumentos o mecanismos. Por un lado, en lo relativo a la mejor descripción típica de las propias conductas que pueden constituir el ilícito administrativo; por otro lado, verificando una ampliación notable del catálogo de faltas muy graves y graves, respectivamente.
En cuanto a las faltas muy graves, por ver el dato, si en la actualidad están descritas, en la Ley Orgánica, cinco, el proyecto que se somete a consideración de SS.SS. las amplía hasta un número de trece. En el caso de las faltas graves, se pasa de diez, actualmente previstas, a quince, que se proponen en el proyecto.
Además, se introduce, para garantizar ese rigor, una modificación importante del régimen de prescripción, tanto de lo relativo al cómputo del «dies a quo» como a los propios mecanismos de interrupción de la prescripción. También se amplían los plazos de la prescripción. Concretamente, en el caso de las faltas graves, pasa de ser seis meses a un año y en el de las faltas muy graves, pasa de uno a dos años.
Al propio tiempo, se incrementa el régimen de sanciones previsto para esas conductas. Alguna de ellas desaparece porque ya carece de contenido, como es la represión privada, que, en realidad, era un viejo fósil de la Ley del 70; otras se mantienen en sus propios términos, como la advertencia, la suspensión, la separación, normales, en definitiva en el régimen administrativo sancionador en general. Pero donde se introducen modificaciones y de importancia es en dos sanciones. Por un lado, en la pena de multa que, de una cuantía máxima anual de 50.000 pesetas, pasa a una cuantía de 500.000 pesetas. Por otro lado, respecto del traslado forzoso.
El traslado forzoso, una medida que puede ser muy útil para determinado tipo de conductas ilícitas, administrativamente hablando, sin embargo, al carecer de regulación concreta, de hecho, se había convertido en inaplicable. El modelo que propone la ley garantiza la posibilidad de que los órganos disciplinarios del Consejo hagan uso de esa medida cuando la estimen pertinente.


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Entre las faltas muy graves, creo que es conveniente subrayar alguna de ellas, aunque las conozcan en su texto, para fijar, de algún modo el planteamiento global del Gobierno en la valoración de su importancia. Nos parece fundamental el mantenimiento de la falta muy grave del incumplimiento del deber de fidelidad constitucional, pese a que conozco perfectamente la posición en contra del Grupo Popular, que articula a través de su enmienda a la totalidad con texto alternativo. Me parece que debe mantenerse --así lo entiende el Gobierno-- porque tiene todas las garantías desde el momento en que, para ello, es necesario que se declare en sentencia firme. Ese quebrantamiento del deber de fidelidad constitucional parece no sólo una falta muy grave, sino la más obvia y la primera. Qué menos que exigir a nuestros jueces ese deber de fidelidad a nuestro texto constitucional y exigirlo con la sanción correspondiente de una falta muy grave.
También se convierte en falta muy grave la afiliación a partidos políticos o sindicatos, el desempeño de cargos o trabajos al servicio de los mismos, el abuso de la condición de juez para obtener tratos favorables o de favor en cualquier ámbito o el incumplimiento del deber de sigilo, lo que en estos tiempos parece particularmente útil y necesario. El retraso negligente en la tramitación de las causas, la ausencia por más de un número determinado de días del puesto de trabajo.
Entre las graves se configura el abuso de autoridad frente a funcionarios, frente a las partes, frente a los clientes, a los usuarios, en definitiva, del servicio público de justicia, el incumplimiento de horario o la no asistencia a los juicios y a las vistas.
Con este aspecto que, en opinión del Gobierno, es el aspecto central junto con el de selección de jueces y magistrados hay otros temas que también merecen una, por lo menos, cita genérica. Me refiero a la articulación de medidas de apoyo judicial, posibilitando la utilización de las nuevas tecnologías y permitiendo la adscripción en régimen de apoyo en juzgados en situación de crisis de jueces sustitutos, de jueces de provisión temporal o magistrados suplentes.
Un aspecto, desde el punto de vista del Gobierno, también importante es el de la actividad informante del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional. Se amplía esa facultad de informe ya no sólo a leyes procesales y orgánicas, sino también a leyes penales y a aquéllas que tengan aspectos jurídico-constitucionales afectante a la tutela judicial o a los derechos fundamentales.
Se establece una posibilidad, siempre que el Reglamento de las Cámaras correspondiente lo permita, de que también las Cortes Generales o las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas puedan, si lo consideran pertinente, recabar informes del Consejo sobre proyectos, proposiciones de ley u otro tipo de actividad parlamentaria.
El penúltimo punto que quería destacar ante SS.SS. es el de la potestad reglamentaria externa del Consejo General. En este campo, la ley se limita a reproducir la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia, que, como saben, al margen de los aspectos que tienen reserva de ley orgánica y que no pueden ser objeto jamás de facultad reglamentaria, todo lo relativo al Estatuto del Juez, sin embargo, posibilita que los aspectos que técnicamente se conocen como de administración de la Administración de Justicia, los aspectos secundarios y periféricos al núcleo duro de la función judicial, puedan ser objeto de normativa y reglamentación para dar de nuevo instrumentos al Consejo para realizar de manera plenamente satisfactoria su función constitucional.
Finalmente, se reconoce autonomía presupuestaria del Consejo en los términos que son razonables, es decir, la capacidad de elaborar el proyecto para su unión a los proyectos generales del Estado, la capacidad para fijar directrices de ejecución y de su fiscalización ante de remitirla, como es obvio, al Tribunal de Cuentas.
Se trata --con esto termino el resumen de la presentación de esta ley-- de una reforma que es urgente pero, al mismo tiempo, de un gran calado político. Supone, nada menos, que resituar en el lugar que, ha considerado correcto el Gobierno, a la vista del esquema constitucional, el papel, el rol del Consejo General del Poder Judicial. Supone permitirle tener los instrumentos necesarios para que pueda asumir sus responsabilidades. Supone garantizar que no puedan existir comportamientos impunes tampoco de parte de jueces y magistrados.
En definitiva, ése sería el resumen político central de la ley que presento ante sus señorías.
Si me permiten, voy a hacer un breve comentario, para terminar, respecto de la enmienda a la totalidad y texto alternativo. Muy breve porque la hemos recibido hace muy pocos días y no ha habido manera de hacer una valoración integral; supongo que la harán los grupos parlamentarios. Desde el Gobierno solamente queremos decir una cosa en este tema: Nos parece la expresión política de una soledad buscada de propósito. Constituye una actitud, por parte del Grupo Popular, manifiestamente hostil a colaborar con el resto de grupos de esta Cámara en la realización de ese pacto de Estado en materia de justicia. Desde el Gobierno me atrevería a pedirles que abandonen su soledad.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, señorías, el Ministro de Justicia ha

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presentado ante el Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el que reclama el tratamiento de Estado y, consecuentemente, pide un pacto de tal naturaleza. Mal comienzo, para tal propósito, señor Belloch, su apelación final a la soledad de mi Grupo, y a la hostilidad con que interpreta nuestro texto alternativo. Pero, a pesar de ello, coincidimos con usted en que la materia es de Estado y necesita un tratamiento de consenso.
Dice usted que hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial, la selección y formación de los jueces; también estamos de acuerdo; que hay que reformar el régimen disciplinario, que hay que reformar el régimen de los suplentes, sustitutos y provisión temporal. Pero cómo no vamos a estar de acuerdo si en 1985 se lo dijimos a su antecesor el señor Ledesma. Completamente de acuerdo en la necesidad de esa reforma. También estamos de acuerdo, fíjese, en que ésta es una reforma parcial y urgente. Precisamente por eso hemos presentado el texto alternativo, porque es demasiado parcial para ser de Estado y demasiado urgente para merecer un pacto de esa magnitud.
¿En qué ha participado un Grupo Parlamentario que representa a 8.200.000 españoles en la redacción de ese proyecto para que se hable ya de soledad y de exclusión de un pacto de Estado? ¿Qué oportunidades de participación hemos tenido? Estamos confortablemente acompañados por 8.200.000 españoles, que supongo que al señor Ministro de Justicia no le serán indiferentes al regular una materia de Estado para la que quiere un pacto de tal naturaleza. Con todo, señor Ministro, he de decirle que, sumando las discrepancias, no han sido suficientes para que le hayamos hecho una enmienda de totalidad, de devolución, y sumando las coincidencias, hemos encontrado que no eran tantas como para no hacerle un texto alternativo. Pero es un texto alternativo, señor Ministro, y usted lo sabe, que no va buscando la confrontación, va buscando el diálogo. Si lo prefiere, como los diálogos pueden atascarse o bloquearse, nuestro texto va buscando incluso el entendimiento. Pero para eso hay que venir con otras actitudes a una Cámara que es donde se hacen los pactos de Estado, no fuera de la Cámara, por respetables y bellos que sean los paradores donde el señor Ministro se reúne no con parlamentarios del Partido que apoya a su Gobierno ni del Partido que reúne a 8.200.000 a pactar reformas en materia de Justicia. Por tanto, voy a subrayarle, señor Ministro, en nuestra alternativa lo que consideramos que lo es en el sentido más usual de la expresión. El Diccionario de María Moliner dice muy claramente lo que es una alternativa. Es, parece que en botánica y en biología, aquello que se superpone por los huecos donde no hay nada, donde no hay nada crecido, donde no hay una respuesta suficiente. Y ¿cómo no vamos a afrontar como urgente, como necesario, el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial cuando se afronta la reforma de dicho Consejo en el texto del Gobierno? Señor Ministro, no se trata de un empecinamiento de mi Partido. No se trata de repetir siquiera aquí los argumentos teórico-políticos, que desde Montesquieu a Dahrenforf podrían justificar que, en pura aplicación de la división de poderes, el Consejo no fuera una simple emanación del Parlamento. No pretendo hacer eso. Se trata de reflexionar al hilo de lo que usted plantea. A nosotros nos parece muy bien que se devuelvan al Consejo las competencias que le sustrajeron precisamente gobiernos anteriores de don Felipe González: la selección, la formación, el perfeccionamiento, la potestad reglamentaria, e incluso decimos más, désele la disciplinaria sobre los oficiales y agentes. A nosotros eso nos parece muy bien, pero también habrá que hablar de la composición de ese Consejo, porque si no puede producirse un efecto perverso. Si resulta que un Consejo al que todas las encuestas (y a usted le gustan al menos tanto como a mí los sondeos de opinión) entre los ciudadanos, y entre los propios jueces, la opinión pública o publicada, consideran que este órgano, por su sistema de elección, está desprestigiado, si usted a ese mismo órgano, sin tocar su composición, le añade nuevas competencias, puede estar produciendo un efecto perverso y abundar en el desprestigio que ese órgano tiene.
Pero le voy a decir más, señor Ministro. El Tribunal Constitucional, y creo que todas SS.SS. lo saben señaló en la sentencia que convalidó en parte el sistema vigente que existía el riesgo de que los partidos trasladaran al órgano de gobierno del Poder Judicial la fuerza parlamentaria que tuvieran en las Cortes por este sistema, el vigente, el que ustedes no quieren tocar. Dijo que era un riesgo probable y por ello aconsejó en esa sentencia la sustitución de ese sistema.
Y bien, señor Ministro, señorías: ¿alquien puede en esta Cámara decir, sin hipocresías, que ese riesgo que señaló el Tribunal Constitucional no se ha verificado en las dos ocasiones en que esta Cámara y el Senado han tenido oportunidad de integrar el Consejo General del Poder Judicial? Permítanme recordarles los titulares de algunos periódicos con motivo de esas dos renovaciones. Hablando claramente. Gobierno y oposición se reparten el Poder Judicial. (Renovación de 1985, primera con arreglo al sistema vigente). El PSOE controlará más de los tres quintos del Consejo General del Poder Judicial. No se preocupen que hay para todos: Los vocales del Grupo Popular votarán a Sainz de Robles. En la de 1990: El PP sienta en el Poder Judicial al sector más derechista de la judicatura. Hay, en efecto, para todos. También los hay, y lo saben SS.SS., para las minorías nacionalistas de esta Cámara que han participado en ese proceso.


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Y, señor Ministro: el responsable de la justicia en España no puede ignorar un párrafo de la sentencia de 1986 del Tribunal Constitucional, decisivo a estos efectos, que dice: Si se cae en ese riesgo (en el que le acabo de leer que hemos caído ante la opinión pública), se estará actuando contra la Constitución española, se estará actuando contra el espíritu y la finalidad de la norma prevista en la Constitución. Pues se puede decir, señor Ministro, que estamos actuando contra la Constitución española, estamos actuando contra el espíritu y la finalidad de esa norma. Pero es que es más: tocados por ese pecado original de la procedencia parlamentaria o de grupo, los vocales son luego denominados como los vocales del Grupo Popular o los vocales del Grupo Socialista, y usted, que ha sido vocal en ese Consejo y que ha procurado, como otros muchos vocales de ese Consejo, huir de esas etiquetas con su propia actuación recta, sabe que no estoy diciendo mentiras, sabe que así es, que, lo quieran o no, les persigue la maldición de origen, y son ustedes grupo parlamentario dentro del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual, parlamentarización «ab initio», parlamentarización de funcionamiento y contrariedad de lo querido por el constituyente y señalado y recordado por el Constitucional. Entonces, ¿por qué hemos de seguir manteniendo la mayoría de esta Cámara, en contra del sentido común, un sistema que pugna con el sentir de la ciudadanía, con el de la mayoría de los jueces, y usted lo sabe tan bien como yo, con el de la opinión pública y publicada? Nosotros hemos presentado una alternativa: el sistema del 80. Podrá decirse: no nos gusta. Se ha dicho muchas veces en esta Cámara. Pues, señores de la mayoría: el Grupo Popular quiere anunciar que está dispuesto a cualquier otra fórmula que respete el contenido de la Constitución y el mandato del Tribunal Constitucional, pero en reciprocidad les pedimos que acepten que sobre este problema hay que volver a hablar, que no se cierren en el dogmatismo de que ese es un sistema intacto, porque ese sistema está desprestigiado y está dañando el prestigio del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir la independencia y la confianza de los españoles en el gobierno de sus jueces.
Apuntamos algunas correcciones. Nosotros queremos que haya una mayoría reforzada para que se adopten determinados acuerdos que son trascedentes. Por ejemplo, que exista una mayoría de dos tercios en el seno del Consejo para la propuesta de nombramiento de dos magistrados constitucionales; para el nombramiento del Presidente y Presidente del Tribunal Supremo; una mayoría cualificada para los Presidentes de Tribunales Superiores, para el ejercicio de la potestad reglamentaria.
¿Qué vamos buscando? Integración en un Consejo de20, integración de voluntades, que no haya la dispersión y la atomización en los procedentes del Grupo Popular, los procedentes del Grupo Socialista. Y añadimos más, tráiganse aquí a los candidatos.
Hace unas semanas ha surgido un problema de responsabilidad política de uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ha surgido una responsabilidad por el ejercicio de sus funciones, no precisamente jurisdiccionales, en los que muchos jueces, muchas Juntas han entendido que se estaba conculcando la independencia de una Juez.
¿Dónde responde el Vocal? ¿Dónde responde el Consejo? ¿Quién dilucida la responsabilidad política? No lo sabemos. Si hubiera un sistema electivo lo dilucidarían sus electores; si fuese un sistema parlamentario, que vengan aquí y lo expliquen; pero tiene que haber una responsabilidad de ese gobierno de los jueces; es el único gobierno de un poder del Estado que no dilucida su responsabilidad ante nadie. Eso no puede ser. Vengan aquí y vengan aquí para ser promovidos, como en el sistema anglosajón de «hearing», una audiencia en la que constate la concurrencia de sus circunstancias profesionales, no aquéllas que están vedadas por el derecho a la intimidad, pero sí las que configuran una carrera que les da mérito para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Segundo gran capítulo de nuestra alternativa. Es una tradición, incluso de nuestra literatura, la añoranza del buen juez. Y estoy seguro que en la consecución de jueces profesionalmente competentes, que tengan prestigio social, el Gobierno y la oposición tienen el mismo objetivo y han de coincidir necesariamente.
Pues bien, usted ha dicho que hay que reformar el sistema de selección y de formación y que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho un esfuerzo en los últimos años. Y es cierto. Pero no ha dicho algo que han afirmado en esta Cámara en Comisión los Presidentes del Consejo en sus dos últimos mandatos. El señor Hernández Gil dijo que la situación era tal en los últimos años, después de la reforma Ledesma del 85, que podía considerarse objetivamente degradada; y el señor Sala, el actual Presidente, dijo que, siendo más de la mitad de los jueces que componen actualmente la plantilla judicial en España, de carrera, nuevos jueces de los últimos años, no había podido acometerse con suficiente garantía la selección inicial y la formación posterior de los jueces y magistrados españoles. ¿Qué soluciones damos a eso? Señor Ministro, en primer lugar, coincidimos --bienvenida sea la del proyecto-- en que, como la responsabilidad en no pequeñamedida era del actual titular de la selección, el Ministerio de Justicia, es muy bueno que el Ministerio de Justicia deje de ser el responsable y asuma el gobierno de los jueces el Consejo General del Poder Judicial, la selección y la formación. Pero esto es una condición necesaria, que no suficiente.


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Selección. Probablemente SS.SS. sabrán que en España, aunque la Constitución habla del principio del mérito y capacidad, no es el sistema de oposiciones el único sistema que rige el ingreso en la carrera judicial. Es cierto que saben todas SS.SS. que hay un tercero, un cuarto turno. Lo que probablemente ignoran los que no estén en la vida diaria de lo judicial es que hay, además del sistema de oposición, hasta 12 procedimientos distintos a la oposición para ingresar en la carrera judicial, para ejercer funciones jurisdiccionales; está el tercer turno; está el cuarto turno para magistrados; está el quinto turno del Tribunal Supremo; está el turno autonómico; están los suplentes; están los sustitutos; están los de provisión temporal; y ahora encima el proyecto crea los adjuntos, que son, además, funcionarios en prácticas. Y todos estos señores ponen sentencias. Dirán: obedece a aquella filosofía, exhumada por cierto por el señor Ledesma, de leyes y fórmulas más que pasadas de 1870 y de 1882, que, por cierto, un gobierno liberal-conservador dejó sin vigencia hasta que el señor Ledesma le dio por recuperar esos escombros, y dirán, bueno, es un sistema complementario que permite incorporar a la judicatura a personas con formación jurídica en otros ámbitos que es bueno que puedan tener esa oportunidad cuando lo decidan, tras haber desarrollado una experiencia profesional. De acuerdo. Es un poder del Estado y no puede estar integrado exclusivamente por personas que han tenido la oportunidad de hacer una oposición en su primera edad. No vamos a discutir el principio. Hay ejemplos que demuestran que, efectivamente, hay jueces y magistrados dignos y competentes que han accedido por el tercer y cuarto turno; pero de ahí a que de los 3.000 jueces en España, 430 lo sean por el tercer y cuarto turno, nos parece un exceso.
Pero es que hay más, es que al paso que vamos, van a ser más los de tercer y cuarto turno que los de oposición. Usted lo sabe, señor Belloch, porque esto sí es de su etapa. Este año se han convocado para el cuarto turno 50 plazas, para oposición y tercer turno 120, de forma que habrá 80 de oposición y 90 de tercer y cuarto turno. Le hemos dado la vuelta al sistema. Ahora resulta que el acceso, el del principio del mérito y capacidad en forma de oposición, antes denostada, ahora asumida también por el Gobierno de Felipe González, es el sistema excepcional frente al tercer y cuarto turno.
Por razones de tiempo no puedo detenerme, señor Ministro, en todo lo que hace referencia a los jueces y magistrados suplentes, sustitutos y de provisión temporal, pero sí quiero que la Cámara sea consciente de que junto a algo más de 3.000 jueces de carrera, que la Constitución española dice que han de ser de carrera, existen en la actualidad más de 1.100 jueces y magistrados suplentes, sustitutos y de provisión temporal. Sin ningún dramatismo, es una cifra escalofriante.
Nosotros...
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, le ruego concluya.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente.
Señorías, pretendemos que esos turnos se restrinjan, el tercero por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial entre cero y una plaza de cada diez del tercer turno; entre cero y una de cada seis el llamado cuarto turno; y que, además, se amplíe el nivel de exigencia. Lo digo con todo respeto y, además, con cierta nostalgia, no se puede considerar jurista a un licenciado en Derecho con seis años de ejercicio. Eso lo ha visto muy bien el proyecto de S.S. que suprime aquello que hizo el señor Ledesma. Se le puede considerar licenciado en Derecho con seis años. Vamos a llevarlo hasta diez años al menos que ya empezará a ser un jurista y ya habrá tenido tiempo de hacer otras cosas, además de fracasar a lo mejor en las oposiciones y colarse por ese turno. Y en el cuarto turno, vamos a prolongar el nivel de exigencia y a llevarlo a 15 años como jurista para ser magistrado, y vamos a dejarlo en manos del Consejo; vamos a permitir que ese concurso, como, efectivamente, sí hace en ese punto el proyecto, sea un concurso serio y una selección seria en la Escuela Superior de la Magistratura, que es simplemente una cuestión semántica y nos parece más precisa para el objetivo del proyecto de ley.
Termino, señor Presidente, con un último punto, si S.S. tiene la condescendencia de permitírmelo, porque creo que es de general interés. Entre los distintos aspectos de nuestro texto alternativo hay uno que suple una omisión que todavía no me puedo explicar, viniendo precisamente de un Gobierno que integra a algunas personalidades progresistas como sin duda lo es el Ministro de Justicia que avala el proyecto. La Constitución española, dando un paso gigantesco en lo que había sido una tradición liberal de gran raigambre que defendieron Beccaría y entre nosotros Jovellanos con aquello del delincuente honrado, reconoció el derecho a la indemnización por error judicial y anormal funcionamiento de la administración de la justicia, y en una interpretación ya muy limitada de la Constitución española los artículos 292 y siguientes de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial establecieron los requisitos, difícilmente el procedimiento, y una serie de dificultades para que los españoles pudieran resarcirse, por ejemplo, de haber estado en prisión cuando no eran culpables de un delito o de haberse tirado esperando, dicho sea en román paladino, a lo mejor once o doce años a la resolución de su causa.
Como quiera que esa regulación es insuficiente y es defectuosa, nos hemos tomado la molestia de preguntar al Gobierno en cuántas ocasiones, de los millones de resoluciones definitivas que se hacen en los últimos años de vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

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se ha fallado a favor de un español para indemnizarle por error judicial. Y el Gobierno ha contestado a mi compañero señor Padilla que entre millones de resoluciones firmes, han resultado resoluciones estimatorias 119, desde 1985 hasta la fecha; en las que pueden computarse en cinco o seis millones, las resoluciones habidas, 119; no 119.000, ni siquiera eso, 119. Consecuencia, proponemos un sistema de reparación del error judicial ampliando la restrictiva doctrina legal del Consejo General del Poder Judicial, abierta, hay que reconocer, por el Consejo de Estado en sus dictámenes, establecemos un procedimiento específico sugiriendo que en el funcionamiento anormal al menos se incluyan los retrasos que superen, fíjense, al menos en veinte veces el tiempo normal del despacho del procedimiento, que es un parámetro que parece comúnmente aceptado, que se indemnice el extravío o pérdida de los bienes que se depositan en los juzgados y tribunales, que se pague como anormal funcionamiento la prisión preventiva cuando se haya prolongado por un tiempo superior al establecido en la ley y, en fin, cualquier otra lesión en los bienes, derechos o intereses del justiciable, que es al final el que merece el trato, el ciudadano. No vaya a ser que ocurra al final que ni siquiera en un famoso caso como el de Sacco y Vanzetti aquí tuviéramos oportunidad de indemnizar tras tal fracaso judicial.
Termino, señor Presidente, ahora sí, para decir, en síntesis, como decía al principio que la nuestra es una alternativa que pretende el encuentro, señor Ministro, que quiere jueces independientes, competentes y responsables, en lo que estamos seguros que habrán de coincidir los restantes grupos parlamentarios. Hubo un tiempo en la España democrática en que se pudo hacer el consenso, en que se afrontaron las cosas de otra manera, en que hubo un Consejo General independiente, molesto para el poder ejecutivo, pero elegido de entre y por jueces y magistrados, en el que en los sondeos de opinión tenían más prestigio los jueces y magistrados, que están además sufriendo injustamente las consecuencias de ese desprestigio. Hubo un tiempo en que el centro-derecha gobernó este país y llamó a un pacto de Estado para la justicia y obtuvo una respuesta satisfactoria.
Mire, para no provocar otro debate ideológico, un liberal converso, que creo que es de común aceptación, el profesor Dahrendorf, ha dicho que el tema más urgente de la agenda política para los noventa es la reconstrucción de las instituciones del Estado de Derecho. Pues bien, si ustedes quieren que reconstruyamos entre todos lo que sólo ustedes, el Gobierno de don Felipe González, unilateralmente rompió, no se lo vamos a volver a recordar. Estamos dispuestos a trabajar por el Estado de Derecho.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados desde los bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo. ¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, el señor Barrero tiene la palabra.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, señoras y señores Diputados, desde esta tribuna mi Grupo, y yo en su nombre como portavoz, quisiera manifestar su postura contraria al texto alternativo presentado por el Grupo Popular al proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es otra mi función desde esta tribuna y como consecuencia de ello, señor Trillo, voy a intentar limitarme a criticar el texto que han presentado, ligeramente bien es cierto, a la vista del tono moderado de su intervención, tono yo diría poco creíble, es decir, el tono de aquel que considera poco creíbles los razonamientos que da desde esta tribuna, no sin antes advertir de alguna cuestión previa. El Grupo Parlamentario Socialista, al apoyar las medidas urgentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial --medidas urgentes y concretas--, no hace otra cosa en este momento que apoyar una medida del Gobierno y una medida, además, que el Partido Socialista presentó bajo el epígrafe del impulso democrático frente a los electores el 6 de junio y que tenemos la obligación, lógicamente, de ejecutar como consecuencia del contrato con la sociedad en esa fecha. Por tanto, una de las primeras medidas del impulso democrático, a través de las cuales este Gobierno es consecuente con el compromiso formal del 6 de junio, es ésta mediante la cual se aumenta el nivel de competencias en el Consejo General del Poder Judicial, el nivel de competencias en la selección de jueces, en la capacidad presupuestaria, en la capacidad de reglamentación externa, en la capacidad disciplinaria fundamentalmente.
También ratificamos como Grupo la oferta de pacto que el Ministro de Justicia presentó a esta Cámara en sesión de la Comisión de Justicia e Interior celebrada hacia mediados de octubre. En ella el Ministro ofrecía a todos y cada uno de los grupos un pacto de Estado en materia de justicia, entendiendo que merecía la pena evitar aquellas aristas que tuviéramos cada Grupo Parlamentario, propias de su ideología, y conducirnos todos por la senda más fácil del consenso en aquello en lo que pudiéramos tener una vía fácil de diálogo.
Parecía lógico que esa vía de diálogo, que también el Ministro de Justicia ha abierto con otros colectivos --como hace el Grupo Popular--, como asociaciones judiciales, asociaciones fiscales, asociaciones de colegios profesionales, asociaciones de abogados, colegios de abogados, al plantear exclusivamente en estas medidas urgentes aquello en lo que hay cuasi unanimidad de todas las asociaciones y, desde luego, del Consejo General del Poder Judicial, que ha venido reivindicándolas

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desde hace tiempo, parecía lógico, repito, que esa vía de diálogo serviría también para que el Partido Popular mostrara su apoyo, su consenso, matizado sin duda en el transcurso del trámite parlamentario que después conlleva la tramitación de toda ley, pero que mostraran su ánimo de esforzarse en apoyar medidas que lo único que precisan y lo único que quieren es que la Administración de justicia recupere el cariño de la sociedad a través de medidas que la hagan más eficaz, más transparente, más responsable. Pero no ha sido posible, señoras y señores Diputados. Es cierto que la inmensa mayoría de los grupos han respondido a esta oferta de pacto seria, no partidista, con una aportación importante a través de cada uno de sus portavoces. No así el Grupo Parlamentario Popular. Allá él con su responsabilidad política, al margen de las cosas que se puedan decir en esta tribuna con un doble lenguaje.
El Partido Popular, por otra parte, al ofrecer un texto alternativo obligado, toda vez que no quería impulsar el consenso, se ha visto sometido a un estrecho camino, a un estrecho campo de batalla para poder ofrecerlo. Si la inmensa mayoría de las aportaciones que hace el Gobierno vienen pactadas, ¿qué camino le queda, por tanto, al Grupo Popular para presentar un texto alternativo ante la soberanía popular, de acuerdo, por otra parte, en su mayoría, con el texto del Gobierno? Sólo aquellas cuestiones que han sido objeto de expresas reservas por determinadas asociaciones de carácter ideológico profundamente conservador; es decir, sólo determinadas reservas y de carácter político que han tenido a bien expresar, incluso en medios de comunicación, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales. No quedaba otro camino para hacer llegar al pueblo español aquí representado que su texto alternativo tenía algún significado.
Difícil camino, por otra parte, porque todos conocemos en el fondo que en muchas ocasiones quien está en esta tribuna no se sabe muy bien si representa de verdad a unos votos concretos, a una parte al menos de la soberanía popular o exclusivamente está representando a un gremio, a una corporación o a una asociación. El texto alternativo, señoría, que me complazco en criticar políticamente se fundamenta de acuerdo con las reservas de estas asociaciones, en cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, en la designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial, un viejo fantasma que tiene un claro recordatorio en este Parlamento, como consecuencia de la reiteración en su presentación, en contra de la inmensa mayoría, por parte del Grupo Parlamentario Popular, en segundo lugar, en el régimen de los magistrados suplentes; en tercer lugar, en los sistemas de elección, otro viejo fantasma del Grupo Parlamentario Popular y de los sectores más corporativos de la magistratura, sistemas de elección delos denominados por tercer y cuarto turno; y, por último, alguna breve alusión a los temas disciplinarios.
Designación de los vocales. No hay que hacer un esfuerzo pequeño, señor Trillo, para volver a reiterar, no sé si por quinta, por sexta, por séptima vez, los viejos argumentos que, desde hace siete u ocho años, no ya mi Grupo, sino todos los grupos venimos exponiendo, como consecuencia además de la capitalización por la soberanía popular de una enmienda de un Grupo pequeño, y no de la actitud de don Felipe González, sino de la enmienda de un Grupo pequeño, cuyo portavoz en aquella época era don Juan María Bandrés. Por tanto, es algo reiterativo, es anual o al menos bianual volver a debatir sobre el tema de la elección. No hay en este tema originalidad alguna. El señor Trillo nos plantea otra vez que, frente a la decisión soberana de la inmensa mayoría del Parlamento, el Grupo Popular, y al parecer por razones urgentes, necesita imperiosamente que volvamos a las andadas, que volvamos a 1980 y que intentemos que las asociaciones profesionales de la magistratura recuperen su poder político mediante la elección de 12 vocales para el Consejo General del Poder Judicial. En este tiempo nada, al parecer, ha variado, en este tiempo, al parecer, no hay una realidad distinta, no se han escuchado las voces de los distintos grupos parlamentarios que ya en esta Cámara se han pronunciado de manera reiterada, sino que volvemos otra vez a una vieja obsesión de una de las asociaciones más corporativas, más duras y más conservadoras de la magistratura que tiene en esto, al parecer, una especie de objetivo definitivo, sin el cual no cabe descanso alguno.
Siguen pensando SS.SS., nadie sabe por qué, que la legitimidad de aquellos vocales del Consejo General del Poder Judicial, tercer Poder del Estado, que nace del Parlamento y, por tanto, de la soberanía popular, es una legitimidad menor que aquella que nace de las asociaciones profesionales de los jueces. No es posible que se entienda por parte de un Grupo Parlamentario concreto que, aun a efectos de corporativismo, si de corporativismo estuviéramos hablando, se pueda sustituir el corporativismo que puede haber en esta sala, que viene elegida por más de 20 millones de personas, por el corporativismo de la elección a través de 3.300 jueces y magistrados; no es posible que se entienda eso. Y no es posible que se entienda, por lo tanto, de conformidad con el mandato constitucional (éste sí, interpretado correctamente) de que la justicia emana del pueblo y que los jueces sólo la administran, pero que emana del pueblo, que se entiende consecuentemente que el artículo 1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda decir cosa distinta.
Qué ocurre, señorías, porque hay que empezar a profundizar a base de calcular cuáles son los motivos o las intenciones que avalan esta propuesta, a nuestro entender descabellada y a nuestro entender, datos objetivos, que procuró una no muy feliz vivencia en el Consejo General

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del Poder Judicial durante los años ochenta, comobien saben SS.SS. El corporativismo de quien quiere que sigan siendo 3.300 jueces los que elijan a un Poder del Estado sólo tiene una trampa, pero ésta es importante. Tiene la trampa que aparece en el texto alternativo, de acuerdo con la cual para ser elegido hay que formar parte de una asociación profesional de jueces o ser avalado por el 2 por ciento de los electores.
La trampa está ahí, perfectamente moldeada, a través de dos paredes: una, es necesario pertenecer a una asociación, y es necesario, obviamente, o es conveniente que esa asociación sea la mayoritaria o alguna de las mayoritarias, aquellas que tienen un talante profundamente conservador, las que no creen que este Parlamento tenga legitimidad suficiente para elegir al tercer Poder del Estado, igual que elige al primero, al Ejecutivo, y al segundo. Por tanto, si se mantiene, como mantienen también los miembros del Grupo Parlamentario Popular, la elección de otros ocho miembros por el Congreso y por el Senado y si, según parece vaticinarse --con cierta benevolencia, bien es cierto--, el Grupo Parlamentario Popular no tendría menos de un 30 por ciento de esta Cámara en sucesivas elecciones, tenemos que en un futuro Consejo General del Poder Judicial los vocales estarían en un 30 o un 40 por ciento elegidos en buena medida bajo los parámetros del Grupo Parlamentario Popular --que, por cierto, no ha renunciado a ese derecho en las últimas elecciones del Consejo--más un 75 por ciento a través de las asociaciones profesionales, que tan caras les son a nuestros queridos compañeros del Grupo Parlamentario Popular. Esta tiene que ser la única razón, no puede haber otra, la razón de los números, porque no es viable ni es defendible desde esta Cámara que una legitimidad sea mayor que otra, ni es defendible que una legitimidad sea siquiera igual a otra, no lo es en absoluto, señorías.
Hay otra cuestión que me parece que merece la pena poner de manifiesto, no sin antes advertir --yo estoy seguro de que el señor Trillo lo ha dicho movido por la dialéctica, en el fragor de la batalla, con un tono bien es cierto que moderado- - que quizá debería pensar el señor Trillo que frases como la de «origen maldito», destinadas a definir el origen parlamentario de algunos jueces y que usted ha expresado con anterioridad en esta tribuna, tal vez no sean las frases más brillantes que se puedan decir desde esta tribuna parlamentaria. Segunda cuestión, repito, selección de jueces y magistrados, otro viejo fantasma de SS.SS. que casa perfectamente con el primero de ellos, con el corporativismo, el gremialismo y la endogamia a que hacen referencia a la hora de designar vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Haré alguna crítica. Señorías, no entendemos nosotros, pero estoy seguro de que lo entenderemos en el trámite parlamentario correspondiente y posterior a éste, que incluso en el sistema libre de oposición planteen en este momento una nueva composición del tribunal, de acuerdo con la cual se elimina un catedrático de los dos que existen en el tribunal - -alguien lo definiría nuevamente como endogamia, pero, como ya he repetido mucho la palabra, yo no lo voy a hacer-- y se pone un único tribunal que debe, sin duda con un gran esfuerzo y con una gran eficacia, conocer del examen de más de 3.500 o 4.000 opositores, como sabe S.S. que ocurre en estos casos.
Más jueces en la composición del tribunal, tribunal único para poder examinar a estos opositores, es una de las aportaciones, sin duda brillantes, que hacen ustedes en su texto alternativo.
Turno de acceso a juristas. No es cierto en absoluto que en su día, cuando como consecuencia de la labor de los ponentes, entre los cuales me encontraba, de la Ley Orgánica del Poder Judicial se decidió un tercer y cuarto turno para que juristas de reconocida competencia accedieran a la carrera judicial, se hiciera por medidas exclusivamente coyunturales. Es decir, no era porque en ese momento se necesitaran jueces. Eso era un plus a los motivos reales del porqué de la elección para la función judicial de otra sensibilidad. Le voy a recordar tres, señor Trillo: uno,...


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, le ruego concluya.


El señor BARRERO LOPEZ: Lo haré inmediatamente, señor Presidente. Uno, lograr una extracción de los jueces más acorde con la realidad en la que vivimos y no una endogamia exclusiva y excluyente que creo que todos, hasta ustedes, señorías, tendríamos que intentar evitar. Dos, otra razón: facilitar a cualquier persona por méritos propios, como consecuencia de su competencia como jurista, el acceso, que supone un enorme honor, a la función judicial, independientemente de su capacidad económica, de su capacidad laboral o de sus problemas familiares, porque bien sabemos todos, señorías, que una gran parte de los que accedían a la oposición o judicatura era jóvenes que habían terminado la carrera y que se podían permitir --lo cual es plausible-- el lujo de permanecer dos o tres años estudiando con el fin de conseguir acceder a la carrera de juez. (Rumores.) Hay muchas personas que no han tenido esa posibilidad y sí tienen esa vocación y han demostrado, a través de su capacidad jurídica en la universidad, en el juzgado, que son capaces de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con absoluta corrección. Tercer motivo, señor Trillo, porque sí queríamos que en el carrera judicial, que se cooptaba fundamentalmente por la vía de oposición del estudiante y por la vía de la memorización, tuviera también en su seno sectores con distinta sensibilidad jurídica, es decir, sectores que proceden de otro tipo de funcionarios o de la universidad.


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Quisiera hacer, ya con mucha brevedad, señor Presidente,...


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor BARRERO LOPEZ: Quisiera hacer alguna consideración ya muy rápida de algunos de los problemas que veo --algunos nada más-- en su texto alternativo.
Cuarto turno. Rápidamente voy a señalar los problemas, señor Trillo. En primer lugar, las normas del concurso que ustedes plantean no permiten ni siquiera que se oiga, que se escuche al Ministro de Justicia, al Ministerio de Justicia. En segundo lugar, no hay si siquiera un tiempo mínimo de convocatoria de las plazas de magistrado, por lo cual pueden no convocarse durante el tiempo que el Consejo General del Poder Judicial estime oportuno. Elimina, además, la capacidad para expresar el número de vacantes que considera correcto el Ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia, y también elimina, por lo tanto, la disponibilidad presupuestaria que va anexa a estas plazas. Dicho de otra manera, con este texto alternativo, y concretamente con este artículo, de un plumazo --no sé si éste era su objetivo, señor Trillo--, nos quita a este Parlamento la posibilidad de controlar el capítulo 1 del Ministerio de Justicia, que pasa directamente al Consejo General del Poder Judicial.
Termino, señor Presidente, ahora ya sí, advirtiendo de algunas cosas que nos han merecido una cierta atención a la hora de leer su texto alternativo. La responsabilidad disciplinaria: es cierto que la mayoría de los tipos que presenta el proyecto han sido aceptados y admitidos por S.S., por el Grupo Parlamentario al que representa, pero hay tres cuestiones que nos producen una cierta desazón, señor Trillo. Primero,...


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, es que anuncia tres cuestiones más. Le ruego resuma. Termine en un minuto.


El señor BARRERO LOPEZ: Muchas gracias, señoría.
Voy a mencionar las tres cuestiones de manera sumaria. En primer lugar, eliminan de la potestad disciplinaria, como falta muy grave, el deber de fidelidad a la Constitución. A ver quién entiende esto. Lo tienen todos los funcionarios, señor Trillo. ¿Qué menos que lo tengan aquellos que tienen como móvil en su función jurisdiccional velar por la Constitución de una manera más profunda que cualquier otro? En segundo lugar, eliminan el número 7 del artículo 417, de manera que quien tiene un pariente en un tribunal o alguna persona con la que es incompatible, aunque lo sepa, no es sancionado con la potestad disciplinaria ni tipificado para ser sancionado disciplinariamente. Tercero y último, señor Presidente: Elimina la falta que consiste en la abstención injustificada, con lo cual permiten que algún juez se abstenga sencillamente porque no quiere ver el asunto. Ponga esto en relación con el artículo 221, apartado 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Y termino, ya sí, señor Presidente, con alguna calificación.
Yo le agradezco profundamente, señor Trillo, pues nos conocemos desde hace años, el tono moderado. Yo lo achaco a que no tenía posibilidad de defensa de su texto alternativo.
¿Y por qué? Porque su texto alternativo, señores, es innecesario; es innecesario porque no es urgente, además. Momento habrá, si usted quiere, de hablar del tema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. No tiene un tono amplio.
Tiene que tener un tono moderado en su discurso porque es reiterativo, señoría. Es reiterativo porque es la quinta vez que hablamos de lo mismo, de la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y es, y lo he dicho y creo haberlo demostrado una vez más, señor Trillo, endogámico y corporativista. Aquellos --y yo creo que ustedes también-- que representamos a la sociedad, y no a un gremio, no podemos votar a favor de su texto alternativo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
El señor Trillo tiene la palabra.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, señorías, no esperaba yo que ésta fuera la respuesta a una oferta coherente con lo que decía ser un pacto de Estado.
Sinceramente creo, señor Barrero, que después de muchos años, en efecto, ha caído usted en aquello de preparar la intervención antes de escuchar al que justifica una proposición, porque no ha contestado al texto alternativo, se ha metido en las enmiendas parciales y ha utilizado una serie de argumentos propios, en efecto, de cuando se debatía, con apelaciones a la vigencia o muerte de Montesquieu, el Consejo General y no a los argumentos que yo he suministrado desde esta tribuna. Pero permítanme, señorías, señor Presidente, que rechace algunos de esos argumentos, con toda cordialidad, para no perder el tono. El problema del Consejo General del Poder Judicial, en la fórmula que nosotros proponemos, no es un problema de corporativismo.
Dejen eso del corporativismo, de verdad. Es como si yo pretendiera que el señor Ministro de Justicia, por ser un destacado dirigente de una prestigiosa asociación de jueces y magistrados, estuviera aportando corporativismo al Gobierno de don Felipe González. Es absurdo. Los argumentos son de ida y vuelta, señor Barrero. Por tanto, no es así. El señor Ministro de Justicia es destacado dirigente de Jueces para la Democracia, como lo fue el señor Ledesma, y no por eso habrá visto S.S. que ningún miembro de mi grupo ni de grupo alguno haya llamado al Gobierno de

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don Felipe González corporativista o que ejerza representación corporativa. No. No es un problema de corporativismo.
El sistema que nosotros proponemos es el sistema --ya que S.S.
se empecina en volver al pasado-- que propusieron ustedes, el Partido Socialista Obrero Español, en las Constituyentes, porque algunos compañeros de escaño que entonces tuvieron la fortuna de estar en las Constituyentes recordarán que la redacción final del artículo 122 la proporcionó precisamente el señor Peces-Barba, ponente del Partido Socialista Obrero Español. Pero no es sólo eso. El proyecto alternativo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la hora de confeccionar una ley que regule el Consejo General del Poder Judicial reproduce exactamente el texto que nosotros les hemos presentado ahora, fíjense, el mismo, el proyecto alternativo del año 1980, que está en el Boletín de la Cámara. Pero es más. Cuando don Fernando Ledesma manda la Ley Orgánica del Poder Judicial a esta Casa en 1983, recordarán SS.SS. que el proyecto contenía la misma fórmula que nosotros pretendemos ahora y que a usted le parece tan corporativa. No voy a apelar a la coherencia. Lo que digo simplemente, señor Barrero, es que si hay que mirar hacia atrás miremos todos y justifiquen por qué entonces se consideraba un modelo idóneo y por qué ahora no se considera.
Porque eso de que es cosa del Partido Popular y de su grupo parlamentario la desconsideración, el desprestigio del Consejo General del Poder Judicial en su origen y en su funcionamiento no me lo he inventado yo. Tengo aquí el último baremo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en el seno de la judicatura y fuera de ella. Le puedo dar incluso alguna encuesta, que no sé cómo me ha llegado, del CIS. ¿Sabe cuál es la valoración de los españoles del Consejo General entre el puesto uno y el puesto treinta? El puesto veintisiete, señor Barrero, y eso ha ocurrido del año 1985 aquí. Y el baremo del Consejo General dice: La encuesta realizada en 1987 permitió ya comprobar cómo, tras el cambio de sistema para la elección de sus vocales, se originó en buena parte de la judicatura una desafección respecto de la institución que se manifiesta en una apreciación en 1983 (vigente el sistema que a ustedes les gustaba y ya no les gusta) del 3,13 del 2,5 ya en 1987, y así sucesivamente en 1990 y en 1992. La tengo a su disposición, señor Barrero.
El problema es más de fondo. No es un problema de corporativismo o no. Nosotros no defendemos a ninguna asociación. No me parece que sea el tono para una asociación - -sea del signo que sea, sobre todo si es la mayoritaria-- los calificativos que ha empleado S.S.: retrógrado, conservador en el sentido más peyorativo, todas estas denominaciones, porque yo he tenido la delicadeza de referirme a la que es, desde luego, mucho más próxima a algunos miembros de su grupo con todo respeto, el que merecen todas las asociaciones que están en la Constitución y en las leyes, señor Barrero. ¿O es que tendría yo que pensar que a ustedes no les conviene el sistema electivo porque temen que esa asociación mayoritaria sea la que gane las elecciones? No voy a caer en eso. Medítelo S.S. A lo mejor es que usted está con unos recelos y unas defensas que nadie le está planteando. A las elecciones se concurre libremente. Las asociaciones hacen su propaganda, sus candidaturas y por sistema proporcional, que es lo que proponemos --cosa que a S.S. no le ha destacado de diferencia con el del 80-- se elige. ¿Y sabe lo que se elige? No se elige al Poder Judicial. Pido al señor Ministro que se lo explique al señor Barrero. El señor Ministro sabe muy bien y, desde luego, señor Barrero, muchos miembros de esta Cámara también, que no se elige al Poder Judicial, ni por esta Cámara ni por los jueces y magistrados en el caso de nuestra fórmula, como usted ha dicho. El Poder Judicial es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Lo deciden, lo ejercen los jueces y tribunales, cada uno de ellos. El Consejo General es simplemente el órgano de Gobierno de los jueces en relación a nombramientos, régimen disciplinario, etcétera, pero no ejerce jurisdicción, nunca ejerce poder judicial, señor Barrero. No estamos eligiendo por corporaciones a un poder del Estado. No es así. Y además hay una diferencia básica, que comentaba con mis compañeros de escaño, que ustedes no han entendido nunca y que puede que esté en la raíz del modelo. Pero creo que usted convendrá conmigo en que en un sistema parlamentario, que es el nuestro, a diferencia de un sistema asambleario, el Parlamento elabora las leyes, pero no lo hace todo como en el sistema asambleario. De esta forma, el Parlamento elabora una ley que da tanta legitimidad democrática a quienes actúan con arreglo a esa ley como si lo hiciera el propio Parlamento. Así es. Eso es así y no se puede negar. Y si hay un sistema remitido por el artículo 122 de la Constitución Española a la Ley Orgánica y la Ley Orgánica dice que serán elegidos de entre y por jueces y magistrados, es tan democrático como que lo designe el Parlamento. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No juegue usted con la terminología. Eso es tan claro y meridiano que no merece mayor comentario.


El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, le ruego concluya.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente.
Solamente para dos precisiones respecto del sistema de selección, formación, perfeccionamiento y alguna alegría que se ha permitido sobre nuestras enmiendas particulares, muy brevemente.
No creo que decir que el sistema de oposiciones sea un sistema endogámico contribuya, de verdad, a devolver

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el prestigio a la magistratura. Creo que es injusto. Creo que reproduce los recelos que motivaron aquella errática reforma del señor Ledesma; tan errática que el señor Belloch la tiene que corregir en el proyecto que nos han traído. Creo que ese tipo de planteamiento, señor Barrero, es el que no se tiene que invocar para hacer un consenso y un pacto de Estado. Ni ése ni este que dice que hay que cambiar el sistema de selección de jueces porque las oposiciones permiten el predominio sociológico de la derecha en la magistratura. Es necesario --dice-- abrir el Poder Judicial a valoraciones y sentimientos de la sociedad. ¡Cómo si la oposición no los abriera! Es el programa 2.000 del Partido Socialista el que hace esa apreciación, y parece que S.S. aún no se ha desprendido de él, cuando hay otros muchos miembros de su grupo que ni siquiera quieren oír hablar de semejante programa. Señor Presidente, termino con una referencia a una falta muy grave que figura en el proyecto para nosotros innecesaria, superflua. Dice el proyecto en el artículo 417 que son faltas muy graves: una, el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, establecido en el artículo 5.º1 de esta ley, cuando así se aprecie en sentencia firme. En primer lugar, técnicamente ya el precepto deja algo que desear, porque no me imagino cuál es el incumplimiento inconsciente de la Constitución por un juez o un magistrado.
El incumplimiento consciente, sí. Pero si lo que quiere decir es doloso, con mala fe, de dolo malo, si está apreciado por sentencia firme, ¿cómo vamos a ponerlo como la primera de las faltas graves? Además, señor Barrero, eso pugna con el propio régimen disciplinario y su concepción. Es algo que no añade nada. O es delito o simplemente no merece la pena que esté ahí.
Señor Presidente, termino diciendo, como al principio, que lamento que el señor Barrero, en nombre del grupo mayoritario, del que tendría que haber aceptado nuestra propuesta de entendimiento, haya antepuesto a los juicios los prejuicios.
Se ha hablado de trampas; se ha hablado de endogamia. Usted ha hablado de retroceso; usted ha hablado de retrógrados, y no es ése el lenguaje para un pacto de Estado. Insisto, una vez más, en que ustedes han hecho uso de sus prejuicios más que de su juicio. Así, no me extraña que mis compañeros hayan tenido que suspender las conversaciones sobre el impulso democrático.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Recuerdo a SS.SS. que estamos en el debate de totalidad.
Ténganlo en cuenta en la medida en que pueda ayudar a sus intervenciones. Tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: A la mía la va a ayudar, señor Presidente, porque voy a intervenir con mucha brevedad.
No parece que el tono del señor Trillo se haya elevado excesivamente, sin duda porque su nivel de convencimiento tampoco parece que siga excesivamente elevado.
El señor Bandrés --yo lo he dicho en esta tribuna-- fue el autor de la enmienda a través de la cual hoy el Parlamento español elige a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo único que eso significa, señor Trillo, es que cuando enmienda parte de un portavoz, aunque lo sea de un grupo pequeño, pero es correcta a juicio de los demás grupos, a excepción del de usted, evidentemente es aplaudida y aprobada. Por tanto, nada cambia que el primer texto, en los años ochenta, del Grupo Parlamentario Socialista, fuera de otra manera. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la obligación --y usted también debería tenerla-- de hacerse eco de aquellas enmiendas que sean positivas para hacer más fácil la Administración de justicia, su eficacia, etcétera, por lo que no tiene que asustar a nadie que el Grupo Socialista y tantos otros, ya en aquellos años, aprobaran aquella enmienda; enmienda que ahora además defendemos porque nos la creemos de verdad. Y no es cierto, señor Trillo, la consecuencia que la elección parlamentaria pueda tener a efectos de prensa, porque determinados partidos --especialmente el suyo-- y determinadas asociaciones se empeñen en que en los medios de comunicación no se sobrevalore esta decisión. No tenemos la culpa de que eso pueda tener un porcentaje, aunque sea menor, en el hecho de que en los sondeos aparezca la Administración de justicia como algo poco querido por la sociedad. Pero no creo yo que la medida que usted propugna, que sean elegidos por los propios jueces y fundamentalmente por las asociaciones profesionales de los jueces, aumente el crédito del Consejo General del Poder Judicial ante la sociedad. Más bien creo yo, señor Trillo, que ese crédito se aumentará cuando seamos capaces de revalorizar las instituciones, que esa sí que es una obligación de todoslos que representamos al pueblo, y no nos empeñemos --también desde algún grupo político-- en minusvalorarlas de manera continuada y habitual y hacer después gala de determinados sondeos donde se refleja esa minusvaloración que hemos ayudado a que exista.
Por lo tanto, señor Trillo, también impulso democrático significa que todos ayudemos a que las instituciones puedan ser cada vez más queridas por la sociedad, porque es fundamental que la sociedad crea y quiera a sus instituciones.
Ayuda poco, a mi entender siempre, el texto alternativo que usted presenta. Por tanto, ayúdenos usted en este impulso democrático porque es la primera ley que viene a la Cámara consecuencia de ese impulso y que tiene como objetivo -- insisto una vez más-- la revalorización de una institución fundamental para el Estado; ayúdenos, al menos, a partir de este

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momento con enmiendas positivas que nuestro grupo estará dispuesto, sin duda alguna, a aceptar, como aceptamos la del señor Bandrés. Pero nos tememos muy mucho que en algunos temas, en aquellos que porque tenían aristas el Ministro de Justicia no ha traído a esta Cámara buscando el consenso --y que usted ha traído porque las tiene-- sea muy difícil que el impulso democrático se consiga porque tenga que pasar la reválida de lo que usted diga y no el normal consenso de los grupos parlamentarios, excluido el suyo, que sí están de acuerdo en que este es un buen ejemplo de impulso democrático y que podamos ejecutar desde hoy en este Parlamento. Yo, señor Presidente, no voy a entrar en el tema de selección. No somos nosotros --que tenemos, insisto, un contrato con la sociedad desde el 6 de junio porque en nuestro programa hablábamos del impulso democrático--los que no queremos seguir en él. Otros partidos sí son sensibles a apoyar ese impulso. No juegue con el doble sentido de la palabra que permite, de un lado, decir que quienes no tiramos del carro somos nosotros y a la vez poner en ese camino piedras suficientes para que este impulso, al menos por su parte, no pueda ser posible. Allá cada uno, señor Trillo, con su responsabilidad.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
He de empezar por felicitarnos del procedimiento seguido por el Ministro de Justicia en la elaboración del anteproyecto que presentó al Consejo de Ministros consensuando previamente esta reforma con las asociaciones judiciales, trabajando conjuntamente con ellas, de donde resulta un texto, fruto del consenso, equilibrado y a nuestro modo de entender moderado.
Llama, sin embargo, la atención el carácter urgente y parcial de esta reforma, que esperamos se complete necesariamente con otra reforma más profunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que esperamos sea tramitada en breve a fin de abordar cuestiones como competencias transferibles a comunidades autónomas que la reforma que ahora nos ocupa no llega a tratar. Entrando en el contenido de la presente reforma, hay también que felicitar al Ministro de Justicia porque precisamente una de sus primeras iniciativas legislativas --tal vez la primera-- se dirija a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aras a delimitar competencias entre el Poder Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial, particularmente atribuyendo a éste todas las competencias en materia de selección de jueces, cuestión ésta que ya había sido reivindicada por el hoy Ministro de Justicia cuando ocupaba el cargo de vocal del Consejo.
En el tema de selección de jueces y magistrados consideramos acertado se continúe con el mantenimiento de los llamados tercer y cuarto turnos; esto es, con el reclutamiento de jueces y magistrados de entre juristas de reconocida competencia. Animamos a que ello continúe así en el futuro, dando sobre todo facilidades para acceder mediante concurso de méritos comprobados y no endureciendo las condiciones de dichos concursos. En efecto, la razón de ser de los tercer y cuarto turnos no debe obedecer únicamente a necesidades de reclutamiento masivo de jueces, sino a la bondad de la incorporación a la carrera judicial de juristas competentes, formados y experimentados en diversas facetas del trabajo jurídico que enriquecen, sin duda, al propio Poder Judicial.
Por ello no podemos atender, y sobre todo pedimos que no se atiendan, al menos en un próximo futuro, las voces que claman por su supresión y que, en la elaboración del texto de reforma, tanto se han dejado oír en este sentido.
Tampoco podemos pasar por alto una breve referencia al sistema de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que, a nuestro entender también acertadamente, se mantiene inalterado, pese a las voces que desde siempre han pretendido su modificación. Consideramos plenamente ajustada al espíritu constitucional y a la legitimidad democrática la elección de los vocales del Consejo General por este Parlamento, pero recordamos los matices que el Tribunal Constitucional hizo y que otras muchas voces, incluida alguna asociación judicial, como usted conoce, también hacen. En particular queremos destacar el abandono y definitivo destierro del sistema de reparto por cuotas, cuidando la transparencia en la elección de vocales, así como un examen de los candidatos por esta Cámara. Es de esperar que en breve tengamos ocasión de ajustarnos a tales principios y, en consecuencia, aprovecho la oportunidad para reclamar, además, que urgentemente se proceda a la cobertura de las cinco vacantes existentes en el Consejo, de las cuales la última es precisamente la suya, señor Ministro.
Conocemos, ya en otro orden de cosas, que no ha sido fácil llegal al texto de consenso en materia de régimen disciplinario de los jueces, y comprendemos su dificultad y la posición de las asociaciones judiciales, toda vez que un endurecimiento de tal régimen disciplinario debe darse únicamente desde la óptica del necesario pleno respeto del Poder Judicial al marco constitucional y desde la óptica del correcto y eficaz cumplimiento del servicio público que, no lo olvidemos, tan bien desempeña la Administración de justicia y el propio Poder Judicial.
Otras consideraciones ajenas a las expuestas no justificarán, de ningún modo, un mayor rigor en la descripción y determinación de tipos disciplinarios. De ahí

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que también nos alarmáramos por las noticias que, allá en el pasado mes de octubre, tuvimos sobre el documento de trabajo en esta materia, máxime cuando recordamos una desafortunada y ya en su momento respondida, intervención, procedente del Partido en el Gobierno, que en mayo de 1993 reclamaba un mayor control de los jueces; alarma lógica en todo demócrata convencido que considera que no hay mayor garantía del ejercicio eficaz y pleno de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que el disponer de un Poder Judicial claramente independiente. Sabemos del carácter urgente de esta reforma y consideramos también urgente abordar el proceso de transferencia del personal al servicio de la Administración de justicia a la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que consideramos que se pierde una ocasión de dar una muestra de voluntad política en esta materia al no reformar, eliminando, el carácter de cuerpos nacionales que la vigente ley atribuye a dicho personal. En este sentido, manifiesto que apoyaremos las enmiendas del Grupo Vasco en materias que afectan a una conclusión de las transferencias de competencias en materia judicial, cuyo ejercicio se puede considerar modélico. Sabemos que, con una voluntad política, ese escollo es salvable, pero consideramos que podría haberse utilizado esta reforma para haberlo abordado.
Pese a todo y dado que, como hemos indicado al inicio, esperamos a la mayor brevedad encontrarnos discutiendo en esta Cámara un nuevo proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hemos procedido a enmendar el que ahora se nos ha presentado sino que, por el contrario, manifestamos, aunque con las salvedades citadas, nuestro apoyo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, necesariamente tenemos que remontarnos a la comparecencia del señor Ministro ante la Comisión de Justicia e Interior el pasado día 6 de octubre, hace tan sólo cuatro meses aproximadamente, en la que hizo una oferta, a la que mi grupo parlamentario respondió congruentemente, en el sentido de que la solución de los grandes temas que atañen a sus responsabilidades tienen que darse a través de un auténtico pacto de Estado. Nosotros no sólo hemos mantenido con el señor Ministro y sus colaboradores un contacto frecuente y provechoso en tal sentido, sino que hoy nos congratulamos de la intervención del señor Ministro que a priori reconocía la bondad de las enmiendas presentadas en términos generales, sin la menor discriminación de los distintos grupos parlamentarios, y expresaba su talante positivo a dar cabida a las preocupaciones trasladadas, a través de las enmiendas respectivas, por los grupos parlamentarios en el proyecto que en definitiva se convierta en ley después de su correspondiente tramitación.
Coherentemente con aquel deseo que ya le expresamos en su comparecencia en la Comisión, coherentemente con los trabajos verificados desde entonces y no tan sólo respecto a este proyecto de ley, y con la oferta de diálogo, de consenso y de entendimiento expresada al principio de su intervención por el señor Ministro, perseveramos en ello y nos congratulamos de haber conseguido con él ese diálogo que, por supuesto, Coalición Canaria no ha logrado con el resto de los componentes del Ejecutivo.
El señor Ministro, en aquella comparecencia, señalaba como grandes bloques de actuación en estos años la coordinación de la actividad normativa del Ministerio, la reforma procesal, las transferencias a las comunidades autónomas y al Consejo General del Poder Judicial. Creemos que se distinguió perfectamente lo urgente, de lo que lo era menos, de la necesidad de dar respuesta a los problemas que la sociedad del Estado español tiene en su conjunto planteados respecto a un funcionamiento anormal ¡por qué no! de la Administración de Justicia, porque en ésta la normalidad y la eficacia es lo que debiera primar. Y hemos visto además, por encima de todo, un talante en el Ministerio proclive a un diálogo con las comunidades autónomas, acaso porque no en balde pasó años de su vida en el ejercicio de sus funciones en dos comunidades autónomas y sabe lo que son las peculiaridades y nuestras reivindicaciones. El señor Ministro hablaba de que había cierta crisis de legitimación y no de legitimidad, que teníamos que dar respuesta a una pregunta y teníamos que dar soluciones desde esta Cámara a qué es lo que deben ser los jueces, qué es lo que debe ser el Poder Judicial. Si el Poder Judicial debe estar integrado exclusivamente por quienes lo componen o se tiene que producir alguna integración más y, por supuesto, alguna reestructuración funcional de mayor cabida. Sabemos que no es precisamente este el momento para entrar en disquisiciones sobre cuál deba ser el contenido de lo que se ha dado en llamar --término que nosotros consideramos que no es especialmente afortunado--la Oficina Judicial, pero sí creemos que es preciso concebir toda la actividad judicial como una gran empresa que, para organizarla, es necesario saber lo que se quiere hacer. Hoy hemos analizado, con la premura que las escasas horas nos han posibilitado, el texto alternativo en que consiste la enmienda de totalidad del Grupo Popular, en el que existen tres grandes bloques. En primer lugar, cuál debe ser la composición, los orígenes y la formación del Consejo. Estamos en una línea de sintonía en lo esencial con cuanto expresó el señor portavoz socialista, precisamente por nuestro temor al corporativismo y porque creemos que si por algo ha resultado

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estigmatizado el Consejo del Poder Judicial ha sido no por culpa o responsabilidad de los grupos políticos minoritarios, sino precisamente porque los grupos mayoritarios quisieron en su día repartirse la tajada del poder judicial y estigmatizaron, a través de la reproducción de aquellos sentimientos políticos que motivaban las designaciones, las confrontaciones, la trascendencia de las mismas y, en definitiva, provocaron un deterioro notable de la idea purísima de la Administración de justicia que debe tener toda nuestra sociedad.
Tenemos pánico al corporativismo. Y creemos que hoy, cuando se hablaba de hipocresía y demás, no somos precisamente nosotros ni otros grupos los responsables de que la situación siga en un bloqueo pernicioso e inadmisible que tan sólo está transmitiendo frustración a todas las capas de nuestra sociedad.
Otro bloque, que constituye un número de artículos notable del texto articulado que presenta el Grupo Popular, es el relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de las actuaciones de la Administración de justicia, y creemos que ése no es el planteamiento ortodoxo de la cuestión. La Administración de justicia es Estado y creemos que precisamente, sin perjuicio de que se contemplen ahí unas pinceladas que puedan ser importantes y, a lo mejor, imprescindibles, debe ser otro el marco general. Porque hay que reconocer que el tercer bloque no es otra cosa, en muchas ocasiones, que un mero trasunto de lo que se contiene ya en el proyecto, en otras ocasiones, mejoras técnicas y, en algunas otras, por qué no, algunas discrepancias en conceptos filosóficos, muy atendibles, pero que evidentemente podían haberse producido con absoluta normalidad por el trámite de las enmiendas.
Necesitamos una justicia ágil, rápida, eficaz, prestigiosa y prestigiada, evidentemente. Creemos que es imprescindible, por encima de todo, tratar de dar solución a las reivindicaciones del Consejo General del Poder Judicial en coherencia con lo que ya ha expresado al respecto el Tribunal Constitucional, y por eso expresamos nuestra conformidad, en primer lugar, con la necesidad que existía de residenciar de manera amplia, y no generosa sino justa, las competencias que ahora quedan en el Consejo, con que es preciso acometer, sin duda, una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con que, en este caso, la prioridad que se ha dado a esta cuestión, que era fundamental, no empece para que se mantenga el criterio de urgencia que ya explicitó el señor Ministro, comprometiéndose --no sé si podrá cumplir ese compromiso-- a traer a esta Cámara en el año 1994 algo tan gordo, tan importante como es la reforma en su conjunto de la Ley Orgánica. Estamos de acuerdo en la necesidad de atribuir al Consejo General las competencias en materia de la selección de los miembros de la carrera judicial, sin duda. Estamos en desacuerdo absoluto con el tercer turno. Coalición Canaria quiere expresar terminantemente que no está de acuerdo ni mínimanente con el tercer turno. Y así como reconocemos que el cuarto turno ha sido extraordinariamente provechoso y que juristas de prestigio han accedido a los órganos jurisdiccionales por el cuarto turno, no ocurre lo mismo, por una serie de disfunciones, con el tercero, que recuerda aquel cuarto turno o puerta falsa tan famosa de la época republicana. Además, hay que poner de manifiesto cómo las excelencias intelectuales de un jurista pueden fracasar cuando se plantea la realidad diaria de lo que es la llamada Oficina Judicial, lo que es la Administración de justicia en los órganos jurisdiccionales unipersonales. Y de ahí, precisamente, el hecho de que se hayan producido fracasos que, depués de meditar profundamente la cuestión, hagan que Coalición Canaria no esté por la vía del tercer turno. Estamos de acuerdo también con la necesidad de establecer una impronta y actuar radicalmente y con rigor en el régimen disciplinario, en los poderes reglamentarios que era preciso atribuir al Consejo, en todo lo relacionado con la provisión de las vacantes, suplencias, etcétera, y, por supuesto, con la autonomía presupuestaria. Creemos que, en primer lugar, era preciso tratar de mejorar el texto, sin perjuicio de la lealtad que hemos querido mantener en este diálogo positivo que hemos tenido con el Ministerio, y de ahí que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no se haya reducido al ángel siseñor, o al amén que, en ocasiones ocurre tanto en materia de consenso. Hemos presentado más de medio centenar de enmiendas; hemos presentado 65 enmiendas precisamente porque coincidimos con la voluntad expresada por el señor Ministro de mejorar el proyecto de ley que ha sido remitido a esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.


El señor OLARTE CULLEN: Termino enseguida, señor Presidente.
Con la supresión del tercer turno, hemos recobrado una cierta tranquilidad al ver cómo configura el proyecto el llamado juez adjunto, aunque yo no sé si ahí se habrá producido un cierto frenazo en las ilusiones que en su momento pudiera abrigar el señor Ministro, pero, evidentemente, ha situado la cuestión en el proyecto de manera que da satisfacción a la pretensión de Coalición Canaria, y nos da tranquilidad.
Hemos valorado positivamente que se recojan las sugerencias que en su día hicimos a propósito de la cuestión autonómica, pero eso no ha sido obstáculo para que hayamos querido seguir profundizando en la misma y hayamos, por tanto, propuesto, a través de distintas enmiendas, la posibilidad del recurso de revisión por parte de los tribunales superiores de justicia, aunque el

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Estatuto en concreto de una comunidad no lo contemple (pero que no ponga reparos, por no contemplarlo precisamente la ley orgánica), y hemos establecido además una serie de conceptos atinentes al tema autonómico que creemos son de notable importancia.
Finalmente, señor Presidente, hemos puesto un cuidado muy especial en el régimen disciplinario y creemos que en eso no se ha profundizado adecuadamente. Hemos puesto un cuidado especial, y por la vía de las enmiendas tenemos que tratar de corregir distintas disfunciones. En primer lugar, nos oponemos al traslado forzoso por una razón: si en alguna carrera no debe producirse como sanción el traslado forzoso, opina Coalición Canaria que es precisamente la judicial. Se va a estigmatizar al poder mismo, lo van a conocer y lo van a soportar los ciudadanos de aquel lugar donde vaya destinado el juez, trasladado forzosamente, y no es igual, con todos nuestros respetos, trasladar al clásico funcionario de los manguitos de un lugar a otro que a quien está investido de la augusta tarea y la función de ejercer la Administración de justicia.
Creemos que en el Archipiélago Canario, donde tantas y tantas vacantes hay, íbamos a ser el colector de los sancionados, y si bien es cierto que en algunas ocasiones, como ocurrió con don Miguel de Unamuno y los famosos y prestigiosos demócratas del contubernio de Munich, tuvimos la satisfacción y el honor de poder compartir momentos importantes de nuestra vida con ellos, no siempre ha ocurrido así en el proceso de los funcionarios castigados, que normalmente se solían remitir por la vía de un confinamiento (o como se le llamase) al Archipiélago Canario, y eso nos preocupa profundamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.


El señor OLARTE CULLEN: Termino ya, señor Presidente.
Por todo ello, en definitiva, precisamente por considerar que en sus líneas generales el proyecto remitido por el Gobierno es extraordinariamente aprovechable, es extraordinariamente mejorable también y que podemos entre todos mejorarlo, es por lo que no podemos adherirnos, de ninguna manera, a la enmienda de totalidad con texto alternativo que propone el Partido Popular. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor Trillo, manifiesto en nombre de mi Grupo Parlamentario que vamos a votar en contra de su enmienda de totalidad con texto alternativo, no sin felicitarle, porque el Grupo Popular ha hecho un esfuerzo notable en la articulación de un texto alternativo, bien documentado jurídicamente, ajustado a los requerimientos técnicos-jurídicos de rigor en esta materia, pero de cuya filosofía discrepamos, de cuyos presupuestos teóricos discrepamos, de cuyos principios axiológicos, con un tono quizá un tanto pedante, discrepamos también.
La presentación por el Grupo Popular, en todo caso, de un texto articulado alternativo nos permite contrastar dos filosofías, dos maneras de entender --reproduciendo el tenor literal del artículo 122 de la Constitución-- la forma de organización, funcionamiento y gobierno de los jueces y magistrados. Esto sí que es un debate de Estado, la naturaleza jurídica de este debate es de Estado. Estamos hablando de uno de los más relevantes principios organizativos del orden convivencial y democrático. No es discutible que esta sea una materia de Estado, lo que pasa es que, señor Trillo --y se lo digo con toda amabilidad y con todo respeto, con el mismo tono amable que usted ha utilizado en su exposición--, nos parece desorbitada la pretensión de que el fundamento del presupuesto teórico de su texto alternativo sea nada menos que regenerar las instituciones del Estado de Derecho. Me imagino que no se atribuirán ustedes la iniciativa o la exclusiva en el espíritu regenerador de las pretendidamente degradadas instituciones democráticas del Estado de Derecho. Esta pretensión nos parece absolutamente desorbitada e injusta por lo que tiene de sectaria y de exclusión de todos los demás grupos parlamentarios. Ustedes no pueden pretender atribuirse ningún tipo de prerrogativa monopolística en exclusiva en esta materia. Pero esta iniciativa permite, como decía, señor Presidente, señor Ministro, contrastar dos formas de entender la organización, funcionamiento y gobierno del estatuto jurídico de los jueces y magistrados; la forma de entender la relación entre los tres poderes del Estado, siquiera parcialmente, porque tanto el proyecto de ley presentado por el Gobierno, como su texto alternativo, acometen una reforma de naturaleza parcial, no global, de las materias atinentes al Poder Judicial, las formas de entender las competencias del Consejo General del Poder Judicial; dos modelos en los cuales --como le he comentado-- nos aproximamos más al Gobierno, que perfila el Estado con un proyecto de ley técnicamente muy correcto, algo perfectible; si admite nuestras enmiendas, señor Ministro, será casi perfecto el proyecto de ley que ustedes han presentado. Es una perspectiva técnica de una rigurosa articulación de las materias que estamos regulando en este proyecto de ley. Se lo digo sin ninguna vanidad. Usted sabe que nuestras enmiendas complementan uno de los aspectos peor tratados, menos finamente tratados por el proyecto de ley elaborado por sus técnicos y presentado por el Gobierno.


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Nosotros discrepamos de la filosofía del Grupo Popular en esta materia, y hemos escuchado atentamente su intervención, yo la he escuchado atentamente, señor Trillo, y usted sabe que yo no hablo de oídas, usted sabe que yo poseo su texto alternativo hace algún tiempo y que lo he podido estudiar, y discrepamos por las siguientes razones, y se las voy a particularizar sin hacer ningún tipo de reflexión ideológica susceptible no de crear escándalo, como usted decía antes, sino meramente, ya a estas horas de la mañana, de alterar este tono pacífico, cuasi familiar, del debate que estamos haciendo. En primer lugar, ustedes acometen la reforma de algo que entendemos nosotros que adolece de cierta extemporaneidad, de cierto problema de temporalidad; acometen la reforma de los artículos 111, 112, 115 y 116, en sus números 1. En definitiva, acometen la reforma por considerar ustedes pretendidamente urgente una regulación nueva de esta materia: el sistema de selección y de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros entendemos que es extemporáneo en este momento regular esta materia, y no decimos que no se tenga que hacer. Incluso --si no han transcrito mal los medios de comunicación sus palabras- -, yo he oído algunas reflexiones del propio Ministro bastante críticas al sistema vigente en este momento de selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ha llegado usted a utilizar unas expresiones como problemas de legitimación, que no de legitimidad, que sería verdaderamente grave, pero sí de legitimación, en el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Creo que se tiene que acometer, pero usted sabe, señor Trillo, que en este momento no se puede acometer esta reforma porque falta suficiente consenso político, falta el suficiente consenso social y falta, sobre todo, el suficiente consenso profesional.
En esta materia no es que no estemos de acuerdo los grupos parlamentarios (que por cierto estamos dando un espectáculo que empieza a cantar un poco no pudiendo llegar a acuerdos sobre cuestiones tan de Estado como ésta), es que tampoco están de acuerdo los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y no están de acuerdo los jueces y magistrados sobre cuál es el sistema idóneo para proveer esta designación, la forma de cubrir la cobertura de estas vacantes, ni están de acuerdo los profesionales del Derecho, ni está de acuerdo la Academia, ni están de acuerdo los profesores universitarios. Esta materia se tiene que sedimentar, hay que buscar elementos de consenso, y tenemos, sobre todo, y esta es la apelación que mi Grupo modestamente puede hacer --apelación que hacemos públicamente- -, que buscar o articular o asumir todos los elementos de flexibilidad intelectual para llegar a un acuerdo que nos posibilite un legítimo, constitucionalmente, y un eficiente funcionamiento del sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una responsabilidad de todos, de ustedes y de todos los demás grupos que tenemos asiento en esta Cámara en este momento. Es una responsabilidad colectiva y compartida, y si las cosas nos salen mal, también la responsabilidad es de todos. Por eso mi Grupo, a través de mi persona, hace una apelación al rigor, a la reflexión y a la caracterización de estas materias como problemas de Estado que deben ser objeto de un consenso social, político y profesional amplio.
De todas formas, el sistema que ustedes proponen tampoco nos gusta y se lo voy a decir con honestidad palmaria. No nos gusta casi nada, aunque algunas cosas también son pertinentes y relevantes. Para empezar, en la parte de vocales del Consejo General del Poder Judicial que corresponde designar tanto al Congreso como al Senado utilizan una locución que no es neutra ideológicamente, una locución bien reveladora. Utilizan la expresión de quince años de trabajo efectivo. Esta es la expresión que resulta pertinente subrayar --y usted sabe por qué le digo que resulta pertinente subrayar--de trabajo efectivo en cualquier profesión jurídica, tanto para la parte que corresponde designar de vocales al Congreso como al Senado, a los ocho vocales que se extraen por este procedimiento.
En cuanto al procedimiento de selección de los de procedencia judicial, que se designan a través de un mecanismo endógeno dentro del mundo judicial, tampoco nos gusta el procedimiento que articulan. Sobre todo no nos gusta, y ha sido ya comentado por el señor Barrero y por otros portavoces, el sistema de asignar legitimación en esta materia, en nuestra opinión tan desproporcionada, a las asociaciones profesionales de jueces y magistrados. Otras materias de su texto alternativo que nos generan recelos siguiendo capítulo a capítulo, por orden correlativo, serían las nuevas atribuciones que otorgan al Consejo General del Poder Judicial. No nos gusta nada que le concedan también atribuciones al Consejo General del Poder Judicial en materia disciplinaria, la competencia en relación al régimen disciplinario atinente a oficiales y a agentes judiciales. Nos parece que es una competencia no atribuible al Consejo General del Poder Judicial, y tampoco al Ministerio de Justicia en exclusiva, ha de ser al Ministerio de Justicia y, en su caso, a las comunidades autónomas que ostenten competencia en esta materia.
Siguiendo con otras cuestiones relevantes de su texto alternativo, le diré que no nos gusta la desconfianza que parece rezumar en cuanto al procedimiento de selección de los denominados

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tercer y cuarto turno. Se ve claramente que el redactor de este proyecto, probablemente usted mismo, desconfía, anda con el brazo muy encogido cuando realiza la articulación que debe ser la que sirva de fundamento a la provisión de vacantes de jueces y magistrados a través de los denominados tercero y cuarto turno. Se ve que rezuma desconfianza en esta materia, como también se ve esa desconfianza en el sistema de provisión de jueces y magistrados para determinada asociación profesional, en concreto la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando establecen, por ejemplo, que cuando el Gobierno manifiesta que se puede reservar un cuarto de las plazas totales para provisión por estas vías, ustedes limitan estas plazas a la décima parte. Y cuando el Gobierno establece seis años de ejercicio profesional para poder acudir a este procedimiento de acceso a la judicatura, ustedes establecen diez años de ejercicio profesional. Nosotros no tenemos ningún tipo de renuencia, de reserva mental respecto al tercer y cuarto turno y entendemos mejor la articulación que provee el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Otras materias que no nos gustan de su texto alternativo.
Regulan --y me corregirá si no es así, señor Trillo-- una escuela superior de la Magistratura, algo parecido al sistema francés, copiado con cierto mimetismo, un Centro Superior de Estudios de la Administración de Justicia. Pero nos da la impresión de que no terminan de cerrar bien la regulación, aunque las competencias son importantes, son formativas y son, incluso, para la configuración de las bases para la promoción de juez a magistrado, entre otras cuestiones importantes. Entiendo que esta parte de su texto debía de estar mejor articulado.
En materia disciplinaria, por acabar rápidamente, porque ya veo que el tiempo se me va agotando peligrosamente, le voy a decir algo, señor Trillo, que nos ha provocado auténtica perplejidad, como se la ha provocado al portavoz socialista, señor Barrero. ¿Cómo han excluido ustedes de las faltas graves la conducta consistente en el incumplimiento de la fidelidad constitucional? Me gustaría una respuesta específica a algo que es terriblemente llamativo y espectacular. ¿Cómo no puede concebirse como falta grave nada menos que el incumplimiento del deber de fidelidad constitucional, con una regulación que ya en el texto del Gobierno, incluso, está muy edulcorada porque en borradores anteriores que yo conocía el perfil de esta conducta sancionable, constitutiva de infracción, era mucho más específico, mucho más duro y mucho más garante de la fidelidad constitucional que es tan debida a los jueces y magistrados como a cualquier otra persona sin ninguna excepción? Resulta chocante esta omisión en su texto.
El texto presentado por el Gobierno es perfectible también y estas perfecciones las vamos a acometer, quizá de forma más prolija, en trámites posteriores, señor Ministro. Es perfectible sobre todo en el aspecto que en que menos finos han sido los redactores de este proyecto, en el ajuste del proyecto de ley a los requerimientos del bloque de constitucionalidad. ¡Ojo!, esto provoca un genuino problema de constitucionalidad a este proyecto de ley, el ajuste al sistema competencial previsto y configurado por el Título VIII de la Constitución y los estatutos de autonomía en la materia que es objeto de regulación por este proyecto de ley, y este ajuste se puede cumplimentar perfectamente a través de la aceptación de nuestras enmiendas, sin ninguna petulancia se lo digo, señor Ministro. En materias tan relevantes como resolver el viejo problema, el viejo conflicto, también constitucional, de la catalogación o configuración de los cuerpos del personal al servicio de la justicia, el artículo 454.2. Ustedes no han tenido --no quiero utilizar epítetos valorativos-- pero, quizás, el coraje de afrontar la regulación de un problema que está creando importante conflictividad entre comunidades autónomas y la Administración central del Estado. Usted sabe que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 56/90, que establece que si bien en su actual configuración, en su actual tenor literal, no es inconstitucional el artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia que hay otras fórmulas u otros sistemas constitucionalmente posibles. Nosotros, en nuestras enmiendas, les proponemos el que consideramos pertinente y el que mejor se ajusta a los requerimientos del bloque de constitucionalidad. Entendemos que no deben ser catalogados, configurados los cuerpos del personal al servicio de la justicia como cuerpos nacionales, porque eso impide la eficiencia de la denominada cláusula subrogatoria contenida en muchos estatutos de autonomía, el de Euskadi, el de Canarias, el de Cataluña y algunos otros, y el ejercicio de competencias materiales, administrativas sobre el personal al servicio de la justicia, y nosotros, cuando hablamos de personal al servicio de la justicia, no se engañe, señor Ministro, nos referimos a todo el personal, nos referimos a los secretarios judiciales, a los médicos forenses y a los oficiales, agentes y auxiliares judiciales, nos referimos a todos sin ninguna excepción. Nos gustaría que se resolviera ese problema.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Hay otra serie de problemas competenciales que usted conoce, los hemos comentado en alguna ocasión; usted conoce nuestras enmiendas, que si son pertinentemente resueltas posibilitará que mi Grupo se adhiera a este importante proyecto de ley sin ningún tipo de reserva mental, señor Ministro, y este es un requerimiento no de nuestro Grupo Parlamentario, tampoco de la regeneración de las instituciones del Estado de Derecho, como decía el señor Trillo, es un requerimiento de la consolidación, de la estabilización política de un poder del Estado, y esa no es una cuestión baladí.
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Camp i Batalla tiene la palabra.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo tomó la opción en el momento de presentar enmiendas al articulado que no se correspondería ahora con una votación favorable a la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular. Por consiguiente, no les extrañe que anuncie ya desde este momento nuestro voto contrario a la iniciativa del Grupo Popular.
Nuestras enmiendas al articulado parten del llamamiento que hizo el señor Ministro en la Comisión de Justicia e Interior el día 6 de octubre, en la que planteó un esquema en el que en líneas generales coincidimos. El pedía la construcción de una Administración de justicia de calidad, ágil, rápida, eficaz.
Utilizó un término muy expresivo, una justicia no abrumada, decía el señor Ministro, y ciertamente este es un esquema atractivo, por el cual vale la pena trabajar. Decía también el señor Ministro que era necesario el establecimiento de un nuevo modelo competencial en dos líneas: a través de dar más competencias al Consejo General del Poder Judicial y a través también de dar más competencias a las administraciones territoriales autonómicas. Nos comentaba que se seguiría un camino a través de dos plazos: esta primera reforma que hoy estamos debatiendo y una segunda ya anunciada. Por consiguiente, esto nos llevó a una serie de contactos que motivan el hecho de que nuestro Grupo Parlamentario vea suficiente el documento del Gobierno para trabajar en él.
También es evidente que las enmiendas que hemos presentado pretenden mejorar este proyecto y consideramos que enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios pueden mejorarlo y mucho.
La enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular es inadecuada, podíamos decir, en un sentido positivo. Es inadecuada porque lo que pretende en buena parte lo puede conseguir a través de enmiendas al articulado y quizás también porque el núcleo político central de la enmienda, que es el proceso de designación y selección de vocales del Consejo General, como se ha dicho aquí, requiere de un clima, de una metodología que seguro que no se consigue a través de la enmienda a la totalidad. Este tema, señorías, es el que a nuestro Grupo más le preocupa, y yo no voy a entrar en este turno, después de este largo debate, en el detalle de puntos concretos ni de la enmienda de totalidad ni del proyecto; está la referencia de las enmiendas parciales que hemos presentado y a ellas me remito. Como decía el señor Presidente de la Cámara hace un momento, estamos en un debate de totalidad y nuestro Grupo pretende simplemente fijar un punto de interés, hacer un ruego en este caso a los grupos mayoritarios.
Nuestro Grupo Parlamentario siempre ha manifestado la necesidad de garantizar más independencia en la selección y elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. El modelo de elección vigente no nos entusiasma y creemos que ha de ser perfeccionado en la línea de reforzar su independencia.
Pero coincidirán conmigo, señorías --como decía antes-- en que no es a través de una enmienda a la totalidad como vamos a conseguir eso, ni lo vamos a conseguir tampoco de forma estable y suficiente a través de un acuerdo de simple mayoría. Se requiere un acuerdo de «quorum» cualificado en la Cámara. El Grupo Socialista, y en su caso el Gobierno, ha de favorecer este acuerdo y el Grupo Popular debe tener voluntad de llegar a ese acuerdo. Aquí se oyen muchas veces apelaciones al consenso y a la buena voluntad de todos, pero que no se corresponden después con el largo camino de fracasos que se producen en las negociaciones que son conocidas. Es evidente que cuando se habla a menudo de lealtad constitucional ésta conlleva la voluntad de que las instituciones funcionen; pero para que las instituciones funcionen tiene que haber voluntad política. Por ello, hay una obligación institucional de los grupos mayoritarios de llegar a un acuerdo. Mi Grupo no les pide que se pongan de acuerdo ahora en los nombres --mejor si se ponen de acuerdo en los nombres y en el mecanismo actual--, pero lo que sí parece indefendible es que no se pongan de acuerdo, y con ustedes el conjunto de la Cámara, no nos pongamos de acuerdo en el método, en la fórmula de selección y de elección de vocales. Esto no lo entendería, de ninguna forma, el conjunto de la ciudadanía.
Nuestro Grupo está dispuesto a colaborar, a través de este proyecto de ley, a través de los ámbitos de discusión que se puedan establecer en la construcción de una nueva fórmula de selección y designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en la línea de reforzar su independencia. Creo, señorías, que esta es una necesidad de todos, puesto que nuestra credibilidad quedaría en entredicho si exigimos una justicia de calidad, eficaz y rápida, que garantice de forma efectiva la tutela judicial y, sin embargo, no somos capaces de llegar a acuerdos en un tema tan básico, tan esencial, como es la composición del órgano de gobierno de la judicatura. La justicia de España, señorías, tiene demasiadas urgencias como para que no se llegue a acuerdos sobre ella.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya queremos comenzar nuestra intervención planteando al Partido Popular, en primer

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lugar, que lógicamente sus objetivos y los nuestros son totalmente distintos. Desde nuestro Grupo queremos, a partir de la situación actual, mejorar y avanzar a través del diálogo. Ustedes pretenden volver al pasado. Están planteando en el texto que hoy traen a debate en este Parlamento, en primer lugar, el politizar la justicia. Pretenden sustraer la capacidad de decisión al Parlamento, lugar en el que se residencia la soberanía popular, simplemente para trasladarlo a otro lugar y potenciar claramente el corporativismo con él.
Plantean, además, un sistema de ingresos y ascensos claramente subjetivo y arbitrario. Limitan totalmente el tercer y cuarto turnos, haciendo una regulación restrictiva, porque, en definitiva, lo que ha ocurrido, señores del Partido Popular, es que a ustedes lo único que les interesa de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la selección y ascenso y el régimen disciplinario. No les interesa más. Lógicamente, parece, por las palabras que el señor Trillo, en nombre del Partido Popular, ha pronunciado en su primera intervención, que al Partido Popular comienza a preocuparle algo que le tenía que parecer normal, y es que, desde los grupos de la oposición, queramos y sepamos dialogar, y no sólo eso, sino, además, acordar, concretar ese diálogo para avanzar y para mejorar. Es posible que lógicamente le preocupe por la posición del Grupo mayoritario de la oposición, que lo único que hace es impedir, obstaculizar la concreción de ese diálogo y contribuir, muy decididamente con ello, a la lamentable situación en la que hoy se encuentran diversos y distintos órganos institiucionales, entre ellos el propio Consejo General del Poder Judicial. Tenemos, por parte de nuestro Grupo, que mostrar la sorpresa y, a la vez, la decepción que nos causa su enmienda de totalidad. Porque, sencillamente, señores del Partido Popular, esto no es un texto alternativo. Se ha utilizado esta vía, que, lógicamente, no vamos a dudar de que sea legítima, para producir un debate político en la Cámara, pero, desde luego, lo único que ustedes han hecho no es hacer un texto alternativo, sino introducir enmiendas parciales, y ustedes lo saben. Ello por no adentrarnos, incluso, a analizar la propia conformación técnica de la enmienda que han presentado. Es una enmienda a la totalidad que ustedes han denominado así, claramente contradictoria, porque han copiado del texto del Gobierno una buena parte, que está impregnado de una filosofía diametralmente opuesta a la que el Partido Popular quiere introducir en esta reforma parcial de la Ley Orgánica General del Poder Judicial. En ese sentido, se lo voy a demostrar. Señores del Partido Popular, han hecho una enmienda a la totalidad que engloban en diez artículos referidos cada uno de ellos a otros tantos de la ley Orgánica del Poder Judicial, con tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales. De los diez artículos en los que se concreta su enmienda a la totalidad, tres son completamente una copia calcada prácticamente del proyecto de reforma parcial del Gobierno. Hay otros dos que mantienen la línea del texto del Gobierno, y lo único que hacen es modificarlo ligeramente en alguna cuestión puntual, que no sustancial.
Hay una diferenciación en el artículo 10 de ustedes, que desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no compartimos, en cuanto a establecer dos elementos diferenciados: la Escuela Superior de la Magistratura, por un lado, y el Centro de Estudios de la Administración, por otro. Lógicamente, hay un artículo 1.º en su enmienda a la totalidad que se refiere al sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. En ese texto ustedes plasman una filosofía claramente en contraposición con la que postula el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Ustedes plantean una posición claramente corporativa, un mayor peso de los jueces y magistrados, en detrimento del Parlamento. Nosotros, desde el sistema parlamentario actual, vamos a contribuir con nuestras enmiendas parciales a mejorar, pero, desde luego, nuestra posición es totalmente contraria a la filosofía que usted imprime en su texto a la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial.
En el artículo 2.º de su texto, en las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, ustedes añaden dos más simplemente, nada sustanciales, nada significativas.
En el artículo 3.º sí merece la pena, para nuestro Grupo Parlamentario, detenernos, porque introduce, dentrode la lógica de cuotas, mayorías cualificadas absolutamente para todo, y nosotros creemos precisamente que el Partido Popular ha planteado esta filosofía, sin duda, también mediatizados por la situación actual. Han podido ustedes comprobar, señores del Partido Popular, cómo, ante un Gobierno que ha renunciado a la obligación de gobernar, de dirigir, de gestionar un proceso, pueden utilizar indebidamente, al margen de los intereses generales de nuestro país, sus votos para obstaculizar, para paralizar y para impedir, en definitiva, la normalidad constitucional e institucional. Por tanto, sean coherentes a la hora de invocar, en este ámbito parlamentario, los millones de votos que tienen, y pónganlos al servicio de nuestro país y del conjunto de la ciudadanía, y hagan posible, por consiguiente, que, levantando el veto que en estos momentos tienen, se genere la normalidad suficiente a nivel institucional. No vengan, pues, a invocarnos intereses generales del país cuando permanentemente, con su actitud de oposición, los están olvidando. Se puede, pues, también plantear que la mayoría cualificada en estos momentos está siendo indebidamente utilizada, no para obligar, desde la necesidad de esa mayoría cualificada, al diálogo, al acuerdo y a dar un mayor respaldo al órgano que tenemos que elegir, sino

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para vetar su regularización, y lógicamente, por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no vamos a entrar, en relación al texto, sabiendo la aplicación que de su filosofía hace, porque tenemos la prueba en este momento, en la lógica que plantean, en primer lugar, del cuoteo y, en segundo lugar, de mayorías cualificadas para todo, a las que, sin duda, por nuestra parte, en las enmiendas parciales vamos a acompañar de mecanismos que impidan el ejercicio de veto, la utilización indebida de la necesidad de esa mayoría cualificada y, por ende, de la regularización de los órganos, sencillamente porque no queremos deteriorar la democracia.
En su artículo 4.º, cuya filosofía no compartimos, en absoluto --incluso les diría que nos preocupa--, dejan entrever los criterios de subjetividad y arbitrariedad que impulsan en este terreno sus propias propuestas, y nos causa más sorpresa aún lo que plantean, en relación a su enmienda, en el artículo 6.º Es totalmente restrictivo, y pudiéramos encontrarnos con una situación peculiar después de la redacción que ustedes plantean en su --llamado por ustedes-- texto alternativo, y es que un magistrado condenado a pena de prisión por delito doloso no perdiera la condición de tal, sencillamente porque dicen ustedes, señores del Partido Popular, que no cometió el delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, podemos encontrarnos ante la situación de que un magistrado que haya asesinado o haya violado siga ejerciendo sus funciones de magistrado, con la redacción que ustedes han propuesto. Sería ciertamente curioso que en algún momento un ciudadano pudiera decir que el magistrado que tiene que dictar la sentencia en su caso fue aquel que fue condenado por violar a tal o cual ciudadano. Sería curioso y, por tanto, nos sorprende totalmente la intención y la redacción que han dado a este artículo en concreto.


El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego concluya.


La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Pretende separar la condición de ciudadano de la condición de magistrado y situar a los magistrados en un lugar preferencial en relación al resto de la ciudadanía, que por comisión de un delito con pena de prisión le supone habitualmente la pérdida de su puesto de trabajo. No entendemos realmente este planteamiento, igual que también --y lo ha dicho ya algún Grupo Parlamentario en esta tribuna-- nos causa sorpresa y no deja de ser, valga la redundancia, sorprendente el que hayan quitado la lealtad constitucional necesaria de los magistrados de la redacción del llamado texto alternativo. Creemos que han utilizado un mecanismo reglamentario, sin duda, para provocar un debate político en torno a un tema importante, cual es la reforma parcial de la Ley Orgánica General del Poder Judicial, pero no sigan diciendo que han presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, sencillamente porque no es cierto.
Nuestro Grupo --y concluyo con esto--, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no está de acuerdo totalmente con la reforma del Gobierno en su conjunto, pero por ello hemos utilizado la vía política adecuada, la de las enmiendas parciales, con un objetivo: el de mejorar el texto inicial partiendo de que compartimos la filosofía global. Por tanto, al igual que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, consideramos que seguramente la mayoría de nuestras enmiendas van a ser aceptadas porque están motivadas, porque son propuestas razonables, porque son propuestas eficaces que, en definitiva, vienen a mejorar globalmente el texto que se nos ha presentado por parte del Gobierno, y ello lo hacemos, como siempre, en el ejercicio responsable de oposición y, lógicamente, con el objetivo de mejorar el texto del Gobierno, pero, desde luego, en ningún caso de volver atrás, como pretenden ustedes, señores del Partido Popular. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Vamos a proceder a la votación.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular al proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 119; en contra, 169; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.


--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE BASES DE DELEGACION AL GOBIERNO PARA LA APLICACION DEL DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Número de expediente 122/000024)

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad subsiguiente a la enmienda de totalidad de texto alternativo planteada por los Grupos Socialistas, Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Coalición Canaria a la proposición de ley de modificación de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con este punto? (Pausa.)

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Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente deseo decir que damos por defendida la enmienda en sus propios términos y la sometemos al debate subsiguiente en el próximo trámite de esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda de totalidad.
Enmienda de totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de modificación de la Ley de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 287; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda de totalidad.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 2/1994, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ACUERDAN MORATORIAS EN LAS TARIFAS DE UTILIZACION DEL AGUA Y UNA TRANSFERENCIA DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL ALMANZORA (Número de expediente 130/000013)

El señor PRESIDENTE: Queda pendiente del orden de día, como recuerdan SS.SS., el punto séptimo, referente a convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes. Recuerdan la propuesta de la Presidencia de debatir en un momento posterior de la sesión este punto. ¿Aprueba la Cámara que pasemos a debatir este punto? (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera decir que aceptamos la modificación del orden del día en esta ocasión, pero poniendo de manifiesto que nos parece una falta de consideración y de respeto muy importante hacia esta Cámara el hecho de que un Ministro del Gobierno no esté presente para la defensa de una iniciativa de él mismo.
Queremos decir también que hay que considerar excepcional esta modificación y que, si sucede en ocasiones futuras, el correspondiente punto del día tendrá que verse en otra ocasión. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
En nombre del Gobierno, para explicar las razones que han determinado la promulgación del Real Decreto-Ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilizacicon del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoras y señores Diputados...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señoras y señores Diputados. Debo empezar mis palabras presentado a la Cámara mis más sentidas disculpas por no haber podido estar esta mañana presente a la hora en la que había sido convocado para defender este Decreto-ley. Créanme que lo siento, sobre todo siendo como soy uno de los Ministros que con más dedicación y continuidad asiste al Parlamento, cosa que hago, por cierto, con muchísimo gusto. Les ruego que acepten mis disculpas.
Señorías, la persistencia de las adversas condiciones climatológicas actuales recomiendan adoptan, con carácter de urgencia, medidas que ayuden a paliar los efectos producidos por la sequía. El trienio 91-92, 92-93, 93-94... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro. Señorías, ruego guarden silencio. Ocupen sus escaños y, en su caso, deambulen con diligencia.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Este trienio, decía, es, hasta el momento, sin ningún género de dudas, el más seco del presente siglo en la mayor parte del centro y del sur de la Península, afectando, fundamentalmente, a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir sur, Segura y Júcar, además de Baleares.
Las reservas actuales en el conjunto de estas cuencas son sólo el 17 por ciento de la capacidad total de embalse de las mismas, mientras que el año pasado, ya muy seco, suponía el 19 por ciento y la media de los últimos cinco años el 33 por ciento.
Las precipitaciones se han producido de una forma muy desigual, lo que ha provocado inundaciones en la mitad norte de España, pero manteniendo a la mitad

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sur y a Baleares en una situación de sequía, sin mirar a la en ocasiones peor a la del año pasado.
Frente a esta situación, ante la que nada puede hacer el Gobierno, es necesario adoptar una serie de actuaciones correctoras --aprobar un real decreto-ley para la moratoria en el pago de las tarifas de aguas, un real decreto para la gestión de los recursos hidráulicos, al amparo del artículo 56 de la Ley de Aguas, trasvasar 25 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, ejecutar obras de emergencia frente a la sequía y otras frente a las inundaciones-- y financieras. Lo más urgente era poner en vigor el real decreto-ley que es objeto de esta intervención, ya que la situación económica de muchos regantes afectados por la sequía hace extremadamente difícil que puedan afrontar el pago de la tarifa del uso del agua. Asimismo, por requerir rango de ley, se ha introducido en este Real Decreto una autorización para trasvasar a la cuenca del Segura diez hectómetros cúbicos para compensar el déficit de riego. Estas medidas las propone el Gobierno en virtud de los títulos competenciales que le atribuyen los artículos 149.1.1 y 149.1.22 de la Constitución.
En primer lugar, la moratoria en el pago de la tarifa de uso del agua se hace para reducir los efectos derivados de la sequía, facilitando y facultando a los agricultores a demorar el abono de la tarifa de uso del agua, y este Real Decreto-ley constituye la continuación de otros dos promulgados anteriormente.
La persistencia de las desfavorables condiciones hizo que el Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo, prorrogase hasta el año 1994 tanto el pago de la tarifa del año 1993 como los importes aplazados para este año provenientes del año 1992.
Finalmente, y refiriéndonos siempre a las cuencas en que persiste la condición de sequía, este Real Decreto vuelve a prorrogar el abono hasta el próximo año 1995.
No hay todavía definición sobre la tarifa del año 1994, porque entendemos que es prematuro, antes de que llegue la primavera, tomar medias, pero eso no excluye que, de confirmarse la actual situación, tengamos que procedeer, asimismo, a la prórroga de la tarifa del año 1994.
El Gobierno es consciente de las dificultades económicas que supondría para los agricultores el abono conjunto y simultáneo de todas las exacciones pendientes en el primer ejercicio en el que se modifique la actual situación climática, que alguno será. Por ello, el artículo 1.º del Decreto-ley 2/1994 ya establece que el Ministerio determinará, a partir de 1995, el sistema de amortización plurianual de las deudas acumuladas.
Saben SS.SS. que estas tarifas no se pagan por disponer del agua con la que se riega. Si así fuera, simplemente habría que no aplicarlas, porque, si no hay agua con la que regar, no hay por qué exigir el pago de una exacción. Pero la exacción en cuestión no graba el uso del agua, no es un precio del agua, es la repercusión plurianual de las amortizaciones de las obras de infraestructura necesarias para regular los cauces y poder suministrar agua. No es, por tanto, un precio del agua en términos de pesetas por unidad consumida, sino una cuota de amortización de pesetas por año, en función de las inversiones efectuadas --que efectuadas están--, independientemente de que haya o no agua.
La segunda medida es la relativa al trasvase de caudales desde la cuenca del Almanzora a los regadíos meridionales de la cuenca del Segura, puesto que hoy el embalse del Almanzora constituye una importantísima fuente de recursos para combatir la aridez de esta zona. Este embalse fue concebido como un elemento de redistribución de recursos propios y permite ahora también enviar excedentes del Almanzora en un sentido contrario al tradicional, que es precisamente lo que autoriza este Real Decreto-ley. Es decir, proponemos trasvasar hacia los regadíos meridionales de la cuenca del Segura --en la comarca del Pulpí, donde hay 4.500 hectáreas hortofrutícolas de gran valor económico-- un cierto volumen de agua a través de una conducción que fue construida en el año 1993 como obra de emergencia y que ha costado 700 millones de pesetas, con una longitud de 35 kilómetros, capaz de elevar el agua hasta 225 metros de diferencia de cota. Hemos invertido 700 millones de pesetas en poder efectuar este trasvase intercuencas y ahora, que hay agua acumulada en la cabecera de este ministrasvase y hemos acabado las obras que hacen posible trasvasar, acudimos a la Cámara para solicitar la correspondiente autorización legislativa, hasta que el Plan Hidrológico Nacional consolide esta posibilidad, en el sentido Almanzora-Segura; trasvase que se produce por la situación actual en que se encuentra la cuenca del Segura, que ha recibido 56 hectómetros cúbicos, que son 12 menos de los que recibió el año pasado, que fue el más seco de toda su historia; que tiene unas existencias de sólo 100 hectómetros cúbicos --112, en el mejor de los casos--con un embalse muerto del 75 por ciento, es decir, 30 menos que hace un año.
Estos datos dan idea, dramática, pero real, de la actual situación hidrológica, ya que, a diferencia del año anterior, no se ha podido facilitar ningún volumen para riego, hasta este momento, y hemos tenido que recortar los caudales ecológicos en un 50 por ciento.
Con independencia del trasvase fijo para el abastecimiento de estos 10 hectómetros cúbicos que se hace mensualmente del Tajo al Segura, en el presente año no se ha trasvasado nada para riego y hay que indicar que las modernas técnicas de regadío no permiten interrumpir el suministro de agua durante intervalos de tiempo prolongados, entre otras cosas porque el abono se realiza a través del propio sistema de riego.
Otro problema acuciante en estos momentos es el de los agrios.
El limón y la naranja tardía necesitan de forma

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inmediata un riego que les permita alcanzar la medida necesaria para que puedan ser comercializados y compromete aún más el mercado internacional, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que se produciría, si no somos capaces de suministrar este volumen mínimo imprescindible para que los frutos alcancen la dimensión mínima necesaria para que puedan ser objeto de comercialización internacional.
Por ello, para cubrir mínimamente las necesidades, hemos hecho una evaluación del orden de 25 hectómetros cúbicos en el trasvase Tajo-Segura que se enviarán mediante el procedimiento ordinario, es decir, por decisión adoptada por la Comisión central de explotación del acueducto, sin necesidad siquiera de acuerdo de Consejo de Ministros, porque no se dan, afortunadamente, las circunstancias excepcionales que requerirían la intervención del Consejo.
La cabecera del Tajo tiene reservas suficientes para que sea la Comisión de Trasvase quien pueda tomar esta decisión, pero hoy es posible trasvasar los 10 hectómetros cúbicos porque el embalse de Almanzora está lleno y porque la previsión del Gobierno hizo que el año pasado construyésemos este trasvase de 35 kilómetros de longitud, 220 metros de diferencia de cota y 700 millones de inversión. Porque existe la infraestructura física y porque existe la capacidad en cabecera, podemos trasvasar 10 hectómetros cúbicos desde el Almanzora a la cuenca baja del Segura, que es fundamentalmente en lo que consiste la autorización que a través de este Real Decreto-ley el Gobierno traslada a las Cámaras en lo que es un elemento emblemático, iniciático de una política de trasvases de agua de una cuenca a otra de España a veces en pequeñas cantidades, a veces en grandes volúmenes, a veces desde cerca, a veces desde lejos para contribuir a vertebrar el territorio de la nación española en torno a lo que es uno de sus elementos básicos de identidad y de progreso: el agua. El agua, propiedad común de todos los españoles que a través de este Decreto-ley y mediante las inversiones necesarias la ponemos al servicio del interés general esté situado donde este, a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señorías, simplemente para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este Decreto-ley y urgiendo, en cualquier caso, al Gobierno a fin de que avance los estudios del Plan Hidrológico para que no sea una continua aprobación de decretos-ley la que vaya solucionando problemas de esta naturaleza.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Andreu. Por el Grupo Popular, el señor Arqueros tiene la palabra.


El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señorías, para fijar la postura y posición del Grupo Popular respecto al Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del río Almanzora (Almería), a los regadíos meridionales de la cuenca hidrográfica del Segura, hasta 10 hectómetros cúbicos, desde el embalse de Almanzora. Señorías, el mundo al revés. Resulta paradójico que desde Almería, la provincia más meridional, más sedienta y la más desértica de la Península Ibérica, comprendida en la Cuenca hidrográfica del Sur, se quiera transferir agua, 10 hectómetros cúbicos, a la Cuenca hidrográfica del Segura, cuando lo lógico debería ser todo lo contrario.
La provincia de Almería necesita el doble de agua de la que tiene. La media de la dotación de agua de Almería es inferior a 600 metros cúbicos por habitante y año cuando la media, considerada como aceptable, oscila entre los 1.100 y 1.300 metros cúbicos.
En los últimos diez años la Administración ha sido incapaz de controlar la demanda del agua, lo que ha provocado sobreexplotación de los acuíferos del litoral, como son los de Campo de Níjar y Campo de Dalías. El déficit hídrico de la provincia de Almería es de 226 hectómetros cúbicos al año.
Todos estos datos son expuestos por ingenieros y expertos en la materia y son necesarios, por tanto, los trasvases de agua de otras cuencas excedentarias a la del Sur y muy especial y particulamente a Almería, trasvases que deberán ser considerados en el Plan Hidrológico Nacional esperado desde hace más de ocho años en esta Cámara, prometido reiteradamente y no cumplido por los gobiernos socialistas. El embalse del Almanzora, para conocimiento de SS.SS., tiene las siguientes características más importantes. Su capacidad es de 168 hectómetros cúbicos; actualmente el agua embalsada es del orden de 135 hectómetros, lo que supone un porcentaje del 83 por ciento de su capacidad total; su ejecución comenzó en el año 1981 y la obra se terminó administrativamente en 1990. Quedan pendientes de ejecutar las conexiones y gran parte de la infraestructura de riego de su zona regable.
El pantano de Almanzora tiene, además, como ha dicho el señor Ministro, una función reguladora hiperanual, un ciclo de varios años, por lo que se infrautiliza

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dicho embalse, ya que, por trasvases de la dotación global prevista en el Plan Hidrológico Nacional, de 110 hectómetros cúbicos, esa función reguladora podría tener hasta dos ciclos anuales, con los consiguientes beneficios para la agricultura al ser regados los campos sedientos de la provincia de Almería. El cupo asignado actualmente a Almería del trasvase Tajo-Segura es de 15 hectómetros cúbicos anuales destinados a regadíos, más una dotación sin definir para consumo humano, que Almería tiene cifrada en unos 10 hectómetros cúbicos anuales. La media trasvasada de 1984 a 1990, desde el Tajo-Segura, ha sido de 7 hectómetros cúbicos al año. Esta cifra está extraída de los datos que vienen en el proyecto de directrices del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. Es noticia que los embalses del Segura están al 13 por ciento de su capacidad y han trasvasado, en estas fechas y desde el 13 de enero de este año, 10 hectómetros cúbicos hacia las Tablas de Daimiel, que no se ha dicho, pero ese agua se ha perdido en el camino, no ha llegado a Las Tablas y piden que se envíen cinco hectómetros cúbicos más; no han llegado porque se han rellenado acuíferos secos intermedios. La cantidad asignada para Almería, en un principio de 200 hectómetros cúbicos, se ha reducido en el proyectado Plan Hidrológico Nacional y se ha dejado en 100 hectómetros cúbicos, porque otros 100 hectómetros cúbicos son para Las Tablas de Daimiel, lo que demuestra que don José Bono, que se negaba al trasvase desde el Tajo a la cuenca del Segura, es más eficaz y luchador que don Manuel Chaves, todavía Presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza.
El déficit hídrico de la provincia de Almería ha sido siempre secular, muy preocupante, pero hoy día es alarmante, como se manifiesta constantemente por los agricultores, sindicatos, asociaciones empresariales, industriales y vecinos de numerosas poblaciones. Este déficit y esta necesidad tienen traslado no sólo a la agricultura extensiva e intensiva, de la que Almería es claro exponente, sino que también se refiere al consumo humano, como es el ejemplo de la sociedad Gestión de Agua del Levante Almeriense, S.A., Galasa, participada mayoritariamente por la Diputación de Almería, de gobierno socialista, que vende a doce pueblos del bajo Almanzora agua cara y de muy escasa y dudosa potabilidad, según ha manifestado el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente en contestaciones parlamentarias, al superar el agua los niveles máximos establecidos de sulfatos, por lo que se necesita un tratamiento químico-físico intensivo. Esta comunidad de doce pueblos del bajo Almanzora, a la que habrá que sumar la población de Albox, de unos 12.000 habitantes, gobernada por un alcalde de Izquierda Unida, ha solicitado entre 7 y 10 hectómetros cúbicos de agua potable procedente del Tajo-Segura y, hasta la fecha, no ha habido contestación a la petición. Dicho trasvase lo tiene que autorizar la Junta de Explotación de Trasvases, con sede en Murcia, ¡claro ejemplo de solidaridad! La provincia de Almería necesita urgentemente, y no para el año 2012 ni para el 2020, las tan deseadas demandadas obras hidráulicas como son las presas de Canjáyar, en el río Andarax, y la del Cholo, en el río Nacimiento, así como el trasvase del pantano del Negratín al río Almanzora, reclamado por este Diputado en todos los presupuestos generales del Estado desde diciembre de 1986 hasta este último. Que se cumplan las dotaciones asignadas a la provincia de agua del trasvase Tajo- Segura y que al pantano de Benínar lleguen los excedentes -- subrayado-- del río Guadalfeo y del futuro embalse de Rules; que el pantano de Benínar sea impermeabilizado, recoja las aguas de la vertiente oriental de la Alpujarra y abastezca de aguas a la vega de Adra, al campo de Dalías y a la población de Almería capital. El Grupo Popular, tanto en el Senado, mediante una moción del día 22 de septiembre de 1993, por la que se instaba al Gobierno de la nación para que remitiera a las Cortes un proyecto de ley sobre sequía, como en las dos Cámaras reclamando el Plan Hidrológico Nacional así como a través de otras iniciativas parlamentarias, lleva dos años buscando soluciones globales y no parcheos, como es este Real Decreto.
Sobre el Real Decreto 8/1993, referente al pago de las tarifas de utilización de agua diferido hasta 1994 y que ahora se pretende diferir hasta 1995, hay que puntualizar y preguntar: ¿Se ha cumplido su finalidad y objetivo? ¿Cuánto ha gastado el Gobierno de la nación en la mejora del abastecimiento de la ciudad de Almería? Según datos que tengo el ayuntamiento ha invertido 120 millones y la Junta de Andalucía ha presupuestado 850 millones de pesetas. ¿Y el Gobierno central? ¿Cuánto ha invertido en obras de interés general para la provincia, contempladas en el citado decreto y en el anexo que se comentan? Y en cuanto a la transferencia de 10 hectómetros cúbicos de agua que se decreta es hasta los regadíos meridionales de la cuenca hidrográfica del Segura, quiero pensar, con ingenuidad no exenta de cierta suspicacia, que se trata de abastecer de agua y regar los campos de Pulpí, los de Guiraos de Cueva de la Almanzora, El Saltador y Huércal-Overa, todos en la provincia de Almería, con lo que habrán de construirse conductos y tuberías que lleven agua de una cuenca a otra, porque no están terminados, señor Ministro. Como representante del pueblo almeriense y en prueba de solidaridad, propongo a mi grupo parlamentario el voto afirmativo a la convalidación del Real Decreto-ley, a la vez que demando del Gobierno Socialista que proteja a la provincia de Almería, tan necesitada no sólo en períodos preelectorales; que cubran las necesidades hídricas de Almería a la mayor prontitud y en el siglo

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XX; y a los almerienses les pido y ruego que sean graciosos en la medida que otras regiones lo sean con nosotros, con Almería, tierra seca pero hermosa y generosa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arqueros. Para fijar la posición del Grupo Socialista, el señor Amate tiene la palabra.


El señor AMATE RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy brevemente, casi telegráficamente, seguro que me lo agradecerán, porque no estamos debatiendo el Plan Hidrológico Nacional ni haciendo un debate de todas las necesidades que tiene la provincia de Almería en temas hidráulicos; hemos venido exclusivamente a convalidar este Real Decreto, que dice lo que dice, y no todas las demás necesidades, que es verdad que la provincia de Almería tiene.
Veníamos, como decía, a convalidar este Real Decreto-ley 2/1994, de 4 de febrero, por el que se conceden moratorias en la utilización del agua que se transfiere, y se transfieren 10 hectómetros cúbicos de agua desde el embalse del Almanzora hasta los regadíos meridionales de la cuenca hidrográfica del Segura. Me van a permitir SS.SS., señor Presidente, que en este trámite de fijación de posiciones manifieste mi satisfacción personal, como Diputado almeriense, la de mis compañeros de circunscripción y la de mi grupo por este Real Decreto y por lo que esto supone, satisfacción que tiene su justificación en varios motivos, a cual más importante. Por una parte, porque se amplía un año más la moratoria en el pago de las tarifas del precio del agua debido a la persistencia de las adversas condiciones climatológicas actuales en algunas regiones y que afectan fundamentalmente a agricultores de 60 pueblos de las provincias de Madrid, Cuenca, Toledo y, sobre todo, de Cáceres; agricultores que necesitan esta moratoria debido a la precariedad por la que están atravesando sus explotaciones agrarias. Satisfacción también porque pensar hace unos años que desde Almería se podría trasvasar agua a otra cuenca era una utopía imposible de soñar. En este caso, como también en otros, la utopía ha sido una idea prematura que se ha convertido ya en una hermosa realidad.
El pantano de Cuevas de Almanzora es hoy una realidad. El agua allí acumulada, esos 135 hectómetros cúbicos de los que se ha hablado, es otra hermosa realidad. Las obras de emergencia que se realizaron el pasado verano, a las que ha hecho referencia el señor Ministro, hacen posible que se pueda efectuar este trasvase desde la cuenca hidrográfica del sur a la cuenca hidrográfica del Segura, son otra realidad. Y lo más importante, en un tema tan delicado como es el agua, que tantas pasiones despierta, que enfrenta a pueblos vecinos, a comunidades e incluso a familias, la solidaridad que han demostrado los regantes del embalse del Almanzora es quizá lo más positivo que se ha producido desde la promulgación de este Real Decreto-ley.
Señor Presidente, el Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra ha empezado su intervención diciendo: el mundo al revés, en vez de venir agua de la cuenca del Segura a la provincia de Almería sale agua de Almería hacia la cuenca del Segura. La verdad es que no se ha dado cuenta de que la cuenca del Segura, la zona meridional de la cuenca del Segura también es provincia de Almería. Es decir, no sale agua de Almería para irse a otra provincia, que tampoco nos hubiera importado a los almerienses, si nos sobrase agua darla a otras comunidades que lo necesiten; lo que hemos hecho en esta ocasión, a través de las obras de emergencia, ésas que ha reseñado el señor ministro que se terminaron el verano pasado, es dar agua a una zona de Almería que se estaba secando desde otra zona también de la provincia. Señor Presidente, con estos 10 hectómetros cúbicos que se van a trasvasar se van a poder regar más de 4.500 hectáreas en la zona de Pulpí, en la provincia de Almería, y otras 550 hectáreas en la zona de los Guiraos, de Guazamara, en Cuevas de Almanzora, también en la provincia de Almería. En total, son más de 5.000 hectáreas de tierra fértil y muy productiva que, de no haberse efectuado las obras necesarias, por valor de 700 millones de pesetas, seguramente ahora estaríamos lamentando la pérdida de cosechas y consiguiente desempleo.
Hasta ahora estas zonas estaban complementado su abastecimiento con dotaciones del trasvase Tajo-Segura, que al extenderse la sequía han tenido que suprimirse. Por este motivo el Gobierno socialista ha aprobado este Real Decreto- Ley, que nosotros vamos a apoyar sin ningún problema. Señor Presidente, señorías, Almería es seguramente la provincia más deficitaria de agua de toda España, y quizá por ello allí sabemos apreciarla, valorarla y sacarle rendimiento. Existe un estudio del Ministerio de Agricultura en el que se dice que Almería es la provincia española que más rentabilidad saca, consigue por litro de agua consumido en regadío.
Como somos deficitarios en agua, siempre hemos tenido que apelar a la solidaridad de otras cuencas limítrofes para satisfacer nuestras necesidades, la verdad es, tengo que reconocerlo, sin mucho éxito hasta el momento, pero tampoco desesperamos, y sería grotesco por nuestra parte que estuviéramos solicitando solidaridad de otras cuencas y no fuéramos solidarios entre nosotros mismos cuando pueblos vecinos lo necesitan. Por este motivo, cuando en el Almanzora tenemos agua, es justo que se atienda a otras zonas que se encuentran en graves dificultades a causa de la prolongada sequía. Sólo así estaremos legitimados para exigir equidad con Almería.


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Somos conscientes de que ésta es una situación excepcional, que lo lógico es que la situación actual no dure mucho; lo normal es que Almería sea receptora de agua de otras cuencas.
Por eso, señor Presidente, señor Ministro, esperamos el Plan Hidrológico Nacional como agua de mayo. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Amate.
Vamos a pasar a la votación, una vez finalizado el debate acerca de la convalidacion o derogación de este Real Decreto- ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación del Real-Decreto-ley 2/1994, de 4 defebrero, por el que se acuerdan moratorias en las tarifas de utilización del agua y una transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 251.


El señor PRESIDENTE: Queda probada la convalidación.
¿Desea algún grupo que se someta a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley convalidado? (Pausa.) Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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