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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 47, de 16/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 47 V Legislatura RESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 46 celebrada el miércoles, 16 de febrero de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 2233)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas previstas por el Gobierno para que las inversiones del Plan de Empleo Rural redunden en iniciativas de creación de empleo estable, y contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (número de expediente 172/000028) (Página 2261) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la sociedad «PSV», en base a la vigente Ley de Cooperativas (número de expediente 172/000030) (Página 2270)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 48, de 17 de febrero de 1994.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 2233)

Del Diputado don Rafael Ballesteros Durán, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿En el desarrollo del Título III de la LOGSE se verá la conveniencia de que las Administraciones Educativas deleguen a los Municipios parte de sus competencias y la creación de las juntas locales de Educación de Adultos? (Número de expediente 180/000235) (Página 2233)

De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está desarrollando el Ministerio de Educación y Ciencia para dar cumplimiento al Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, por el que se regula la acción educativa en el exterior? (Número de expediente 180/000240) (Página 2233)

Del Diputado don Luis Angel Alegre Galilea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuáles son los motivos por los que ese Ministerio ha impuesto al Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de La Rioja el adelanto de elecciones a Rector, sin haberse cumplido por parte del Ministerio de Educación y Ciencia los compromisos de financiación adquiridos por el Gobierno? (Número de expediente 180/000279) (Página 2234)

Del Diputado don José Cholbi Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo piensa el Sr. Ministro cambiar los criterios para admitir aspirantes a los módulos de Formación Profesional Superior desde la Formación Profesional de Segundo Grado, según la denuncia que hasido admitida por el Defensor del Pueblo? (Número de expediente 180/000280) (Página 2236)

Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno publicar el Decreto que desarrolla el título del deporte de alto nivel correspondiente a la Ley 10/1990 del Deporte? (Número de expediente 180/000281) (Página 2237)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Ministerio de Educación y Ciencia la modificación de algunos de los criterios para la obtención de becas, de manera que éstos no sean discriminatorios para los agricultores y mundo rural? (Número de expediente 180/000286) (Página 2238)

De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministerio de Educación y Ciencia del Programa de Educación Compensatoria en las distintas áreas de actuación en que ésta se lleva a la práctica? (Número de expediente 180/000290) (Página 2239)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente ante el desastre ecológico producido por la rotura de la Balsa de Alpechín, ubicada en el término municipal de Baeza, en la provincia de Jaén? (Número de expediente 180/000262) (Página 2240)

De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué criterios sigue el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para seleccionar

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a los miembros de las Comisiones de Expertos? (Número de expediente 180/000272) (Página 2241)

Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la finalización de las obras de adecuación de la carretera N-420 a su paso por la provincia de Tarragona? (Número de expediente 180/000283) (Página 2242)

Del Diputado don Miguel Angel Cortés Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el contenido del acuerdo sobre ayudas a la cinematografía que, según algunos medios de comunicación, se ha alcanzado entre la Sra. Ministra de Cultura y el Portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Número de expediente 180/000269) (Página 2243)

Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas estudia tomar el Gobierno para poner en práctica la Declaración y el Plan de acción de lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia adoptada en la Cumbre de Viena de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, el 9 de octubre de 1993? (Número de expediente 180/000277) (Página 2244)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno cómo debe interpretarse la afirmación hecha por el Ministro del Interior según la cual la Guardia Civil debe suplir su carencia actual de medios suficientes aplicando la imaginación? (Número de expediente 180/000270) (Página 2245)

De la Diputada doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro del Interior: ¿Qué criterios utiliza ese Ministerio para asignar protección policial a ciudadanos españoles? (Número de expediente 180/000271) (Página 2246)

De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está desarrollando y cuáles tiene previsto desarrollar el Ministerio del Interior en asistencia policial a mujeres? (Número de expediente 180/000289) (Página 2247)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿De qué forma ha defendido el Gobierno español ante la Comisión Europea la erradicación definitiva de volantas pelágicas, a partir del día 1 de enero de 1994, de acuerdo con el mandato unánime de este Congreso de los Diputados en sesión del 26 de octubre próximo pasado? (Número de expediente 180/000273) (Página 2248)

De la Diputada doña María Dolores Sánchez Díaz, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para abaratar el dinero para las inversiones que efectúe el sector agroalimentario, de acuerdo con la evolución del mercado durante 1994? (Número de expediente 180/000288) (Página 2250)

Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las razones por las que Hacienda retrasa la devolución de declaraciones por IRPF una vez finalizado el plazo previsto? (Número de expediente 180/000275) (Página 2250)

Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula

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al Gobierno: ¿Ha influido sobre las decisiones del Gobierno en política de personal sanitario el convencimiento de que los médicos españoles han mantenido una actitud «antiservicio sanitario público»? (Número de expediente 180/000276) (Página 2251)

Del Diputado don Francisco Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que se viene denegando el reconocimiento del capital seguro de vida a los mutualistas de la Administración Local tras su integración en el Régimen General de la Seguridad Social? (Número de expediente 180/000282) (Página 2252)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la repercusión del convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y la Iglesia Católica para la realización de la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia? (Número de expediente 180/000284) (Página 2254)

De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno transponer la directiva comunitaria sobre multipropiedad? (Número de expediente 180/000285) (Página 2255)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Tiene conocimiento el Ministro sobre la estrategia del Grupo REPSOL en relación a la factoría alavesa General Química, ubicada en Lantarón y, en concreto, sobre el proceso de consolidación de balances iniciado en esta empresa susceptible de minorar la capacidad recaudatoria de la hacienda Foral de Alava? (Número de expediente 180/000265) (Página 2255)

Del Diputado don Manuel García Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿No es intención del Gobierno el informar a las Cortes Generales de la venta de la empresa pública ENAGAS a Gas Natural SDG antes de la firma de la operación, dada la dimensión e importancia estratégica que tiene la misma para el sector público y la política energética de nuestro país? (Número de expediente 180/000266) (Página 2256)

Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué posición y gestiones realiza el Gobierno acerca de la situación y futuro de la factoría automovilística «Santana Motor», de Linares (Jaén)? (Número de expediente 180/000267) (Página 2258)

Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Por qué razón no ha suspendido el Gobierno el cobro de las jornadas teóricas de la Seguridad Social a los agricultores? (Número de expediente 180/000278) (Página 2259)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el proyecto de ley que debe suprimir la cotización por peonadas teóricas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social? (Número de expediente 180/000287) (Página 2260)

Interpelaciones urgentes (Página 2261)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas previstas por el Gobierno para que las inversiones del Plan de Empleo Rural redunden en iniciativas de creación de empleo estable y contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza en las Comunidades de Andalucía y Extremadura (Página 2261)

Defiende la interpelación, en nombre del Grupo Popular, el señor Arenas Bocanegra, pretendiendo

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que el Gobierno les informe sobre las decisiones que tiene previstas para abordar políticas de creación de riqueza y empleo en las comunidades de Andalucía y Extremadura, porque es público y notorio que en estas dos comunidades se ha aplicado un sistema de política asistencial, un sistema de subsidios que ha tenido, en su opinión, consecuencias francamente negativas en lo que significa el empleo estable y la creación de riqueza en esas comunidades.
Expone el señor Arenas que si se suman las percepciones del subsidio especial agrario a lo largo de los últimos 10 años en las dos comunidades autónomas citadas, unidas a las denominadas inversiones a través del Plan de Empleo Rural, se comprobará que han supuesto cerca de dos billones, cifra que de poco ha servido para la creación de empleo, puesto que en estos dos años prácticamente se ha duplicado el paro en aquellas comunidades.
Se trata de cifras que le causan tristeza porque, al final, en el tan traído y llevado debate del Estado del bienestar, cuando una sociedad tiene más pasivos que activos se está cuestionando el sistema de protección social, el sistema de apoyo a los más débiles.
Pero el asunto es más grave si se tiene en cuenta que se hallan ante un sistema al que algunos destacados socialistas han calificado como perverso. En efecto, según la encuesta de población activa del tercer trimestre de 1993, Andalucía y Extremadura tienen 176.000 parados agrarios y, sin embargo, en esas mismas fechas perciben el subsidio del Plan de Empleo Rural 231.000 personas.
Por otra parte, se habla del Plan de Empleo Rural cuando el plan es todo menos rural, puesto que consiste exclusivamente en que inversiones que ya tiene proyectadas el Estado o las comunidades autónomas para construcción de viviendas, obras hidráulicas, realización de carreteras, etcétera, se asignen al Plan de Empleo Rural. Tampoco se trata de ningún plan de formación profesional ocupacional en el campo, en cuanto que no existe esa formación para acceder a los puestos de trabajo.
Agrega el interpelante que, según documentos de la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se reconoce que el PER ha generado importantes efectos perversos, hablando de la necesidad de evitar que la política asistencial se convierta en un factor de bloqueo de las iniciativas de desarrollo, porque se puede dar la paradoja de que, dentro de unos años, Andalucía y Extremadura se despierten del trágico sueño de que han estado consiguiendo subvenciones para desarrollarse.
En relación con las inversiones previstas para el año 1994, pide al señor Ministro que explique a la Cámara por qué en Andalucía se produce un incremento del 34 por ciento mientras que en Extremadura es de sólo el 7 por ciento, cuando la tasa de paro es incluso más alta en Extremadura que en Andalucía.
Pide asimismo al señor Ministro que justifique las indicaciones que han hecho a los inspectores de Trabajo para que no investiguen el PER ni los fondos del mismo. Igualmente considera obligado que el señor Ministro aclare ante la Cámara la denuncia formulada por un dirigente socialista diciendo que los fondos del PER son utilizados en los congresos del Partido Socialista.
Termina señalando el señor Arenas que nadie cuestiona la necesidad de las políticas asistenciales y de subsidios, pero lo importantes es que esas políticas vayan solventando los problemas estructurales que tienen las sociedades.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), informando al señor Arenas y a la Cámara que en Andalucía, hoy, hay más gente trabajando de la que había cuando empezó a funcionar el PER, concretamente del orden de 300.000 trabajadores ocupados más que entonces. También desea desmentir ante la Cámara algunas afirmaciones del interpelante como, por ejemplo, la de que el Ministerio de Trabajo dio instrucciones a la Inspección para que no controlara el PER, algo que no ha ocurrido ni durante su época de Ministro ni en ninguna otra. Están a disposición de señor Diputado las instrucciones de la Inspección de 1987, de las que él ha hablado, para demostrar que dichas afirmaciones no tienen fundamento. Destaca la importancia del PER para muchos miles de familias españolas, reconociendo la existencia de distintos puntos de vista sobre el mismo, si bien piensa que el interpelante trata de utilizar simplemente los elementos negativos que el PER pueda tener para, con ellos, ocultar los muchos mayores efectos beneficiosos conseguidos con este sistema. Y ello es así porque, al hablar del PER, se han acostumbrado a olvidar sus fundamentos, su razón de ser, su naturaleza más profunda. Con ello se olvida también que el sistema ha servido para romper las tendencias históricas que agravaron siempre la situación de regiones como Andalucía y Extremadura, condenando a su población a la emigración y al despoblamiento rural, y sobre todo se ha terminado con la humillación histórica del campesino andaluz y extremeño, poniendo a miles de personas en condiciones económicas, sociales y culturales de las que nunca disfrutaron. En lugar de una tierra de emigración Andalucía es hoy una tierra de inmigración.
Expone a continuación algunos datos relativos a los beneficiarios del PER y su evolución en los últimos años y, reconociendo que el Plan puede tener

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problemas y que hasta se han producido efectos perversos en su funcionamiento, dichos efectos se van a corregir y a tratar de solucionar, manteniendo un Plan que ha conducido a devolver la dignidad a muchos cientos de miles de personas y que ha servido para cambiar la faz de los pueblos andaluces. Si bien se puede mejorar con las opiniones y apreciaciones de todos, cree que el Plan no merece una descalificación global.
Replica el señor Arenas Bocanegra, duplicando el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la sociedad «PSV», de acuerdo con la vigente Ley de Cooperativas (Página 2270)

Defiende la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu Andreu. Señala que se trata de una interpelación que quizás ha tardado demasiado tiempo en llegar a la Cámara, seguramente porque se refiere a un asunto bastante nebuloso del que se tenía poca información real y, ante una situación que de ser manipulada de forma arbitraria que podría crear alarma social, han preferido demorar su presentación. Sin embargo, el anuncio de la interpelación ya ha dado sus frutos, puesto que ha servido para que el Gobierno exprese su voluntad de intervenir, aunque hasta ahora no ha intervenido, quedándose simplemente en un anunciado compromiso político.
En este momento se desconoce cuál va a ser la actuación concreta del Gobierno en relación con esta intervención, por lo que conviene que éste la aclare ante la Cámara dada la importancia que tiene para los afectados. En todo caso, cree necesario que se aclaren algunas manifestaciones, que califica de absolutamente irresponsables, por parte de miembros del Gobierno al decir que la intervención tiene sus límites y que no se va a utilizar nada de dinero público, dando lugar a un alarmismo social y resaltando la contradicción de esta postura con otras actuaciones del Gobierno como, por ejemplo, respecto a Banesto, donde en un solo día se habla de la existencia de problemas y se procede a la intervención del Banco, anunciando la utilización de todos los recursos legales para impedir que ese problema siga adelante. Desearía que el Gobierno aclarara esta distinta postura ante un asunto que también tiene extraordinaria importancia, tranquilizando de paso a los cooperativistas al decirles que la intervención se realizará sin límites, al igual que ha sucedido en otras operaciones, como la citada de Banesto.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), manifestando que algunas de las afirmaciones del interpelante son absolutamente equivocadas y erróneas, no correspondiéndose con ninguna realidad. Si lo que desean todos es solucionar el problema de los cooperativistas deben poner el empeño en conseguir esa solución y flaco favor les harían tergiversando los hechos e imputando al Gobierno responsabilidades que en absoluto le corresponden.
Explica a continuación la secuencia de los acontecimientos y lo que ha hecho el Gobierno, esperando que el señor Andreu tome buena nota. Entre otras cosas, afirma que el Gobierno no ha intervenido nada, aunque sí ha mantenido una grave preocupación por el problema y, sobre todo, ha prestado su colaboración para ayudar a buscar una salida positiva a la crisis de la cooperativa, porque un número importante de ciudadanos tienen comprometidos sus ahorros y sus esperanzas de tener una vivienda en esta cooperativa. Alude también a las reuniones mantenidas con representantes de los cooperativistas y a las actuaciones emprendidas para encontrar la mejor salida posible ante una mala gestión, de la que tendrán que responder los responsables ante los tribunales, porque lo que el Gobierno desea es la mayor claridad en este asunto.
Termina expresando su convencimiento de que se está en el buen camino, faltando sólo que los elementos con los que están trabajando se perfeccionen en acuerdos concretos de segregación de cooperativas y de atribución patrimonial a cada una de las promociones, junto a un acuerdo de solidaridad entre todos los cooperativistas para que se pueda terminar, por fin, construyendo las viviendas, que es lo que todos desean.
Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez).
Para fijación de posiciones intervienen el señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, y la señora Martínez Saiz, del Grupo Popular.


Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.


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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON RAFAEL BALLESTEROS DURAN, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN EL DESARROLLO DEL TITULO III DE LA LOGSE SE VERA LA CONVENIENCIA DE QUE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS DELEGUEN A LOS MUNICIPIOS PARTE DE SUS COMPETENCIAS Y LA CREACION DE LAS JUNTAS LOCALES DE EDUCACION DE ADULTOS? (Número de expediente 180/000235)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Entramos en el punto IV del orden del día: Preguntas. Tiene la palabra el señor Ballesteros Durán para formular la pregunta número 8.


El señor BALLESTEROS DURAN: Señor Presidente, señor Ministro, la LOGSE, en su artículo 54.3, señala que las administraciones educativas podrán establecer convenios de colaboración con las corporaciones locales para el desarrollo de la educación de las personas adultas.
Por otra parte, es un hecho sobradamente conocido que, incluso con anterioridad a la promulgación de esta ley, muchos ayuntamientos han asumido con sus propios medios, recursos y presupuestos programas de educación de personas adultas en sus distintas facetas, alfabetización, educación básica, cultura general, formación ocupacional, idiomas, etcétera, como una necesidad social y como un servicio más a los ciudadanos. Los ayuntamientos han apostado claramente por asumir parte de esas competencias, siempre que vengan acompañadas de los consiguientes recursos, como lo demuestran las resoluciones del V Congreso de la FEMP. Incluso, algunos ayuntamientos se han organizado ya en asociaciones, por ejemplo la FEUP, con el fin de mejorar la calidad de estos servicios que prestan.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los municipios la oferta educativa, a distancia y presencial, reglada y no reglada, para personas adultas sigue descoordinada y dispersa. Creemos que para superar estas dificultades y deficiencias se debe contar con un instrumento que planifique, coordine, gestione y evalúe las acciones que se emprendan en el entorno territorial, sea el municipio, la mancomunidad, la comarca o la provincia, para lo que se debe implantar y potenciar la creación de juntas locales para la educación de adultos presidida por el alcalde y donde participen todos aquellos que se interesen por esta actividad. La pregunta, señor Ministro, es la siguiente: ¿Cuáles son las previsiones de su Ministerio en este sentido? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señoría, la LOGSE, en su Título III, aborda específicamente la educación de las personas adultas y establece que para garantizar la formación y el desarrollo profesional y personal de los adultos las administraciones educativas colaborarán con las otras administraciones públicas con competencia en esta materia. Así, pues, señoría, es posible y es bueno que los ayuntamientos, que sin duda tienen mucho que decir respecto de la educación de adultos, colaboren en estas funciones como complemento de las actividades sociales que los propios municipios vienen realizando. Es más, la propia LOGSE prevé la posibilidad de establecer convenios de colaboración con las corporaciones locales y de desarrollar programas y cursos para atender estas necesidades. En esta línea, el Ministerio de Educación y Ciencia viene suscribiendo convenios de colaboración, para esta materia, con ayuntamientos y diputaciones provinciales; convenios que tenemos la convicción de que constituyen el instrumento más adecuado para la resolución de los problemas de la educación de personas adultas. Continuaremos, señoría, potenciando la firma de estos convenios de colaboración.
Hay que destacar, también, que el Departamento, consciente del importante papel que en la materia desempeñan las corporaciones locales, estableció, mediante una orden ministerial, la posibilidad de crear las juntas locales de educación de adultos a que S.S. se ha referido. Estas juntas locales responden a un nuevo modelo, que tiene como finalidad no sólo favorecer la obtención del título de graduado escolar para las personas que, en su momento, no pudieron conseguir el beneficio social de una educación básica, sino, también, impulsar y dinamizar una oferta educativa de carácter más amplio que satisfaga las necesidades personales, culturales y profesionales de las personas adultas, en un determinado municipio. Estas juntas locales cumplen una función de complemento, sin duda importante, a la actividad que desarrollan las juntas provinciales de educación.
Desde las direcciones provinciales de este Ministerio se viene desarrollando una labor de difusión, que queremos intensa, para que los ayuntamientos promuevan la creación de estas juntas, a las que damos desde el Departamento mucha importancia.
Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA QUE FORMULA AL

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GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES ESTA DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REAL DECRETO 564/1987, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA ACCION EDUCATIVA EN EL EXTERIOR? (Número de expediente 180/000240)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, de la señora Novoa Carcacia, que tiene la palabra.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la LOGSE consagra el derecho de todos los ciudadanos a la educación; derecho que también ampara a los españoles residentes fuera de nuestro territorio, y que encuentra su concreción en la política educativa que en el exterior desarrolla su Ministerio.
El artículo 3.1 del Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, determina que la acción educativa española en el exterior incluirá la promoción y la organización de enseñanzas regladas del sistema educativo español dirigidas a algunos españoles y extranjeros; enseñanzas de determinadas áreas del sistema educativo español que completen las propias del sistema educativo de otros países dirigidas a alumnos españoles y extranjeros. Por último, enseñanzas de lengua y cultura españolas dirigidas a alumnos españoles escolarizados en sistemas educativos de los países donde residen. Así pues, señor Ministro, esta acción educativa no sólo persigue atender las necesidades educativas de esa población española no residente en España, sino hacer proyección de nuestra lengua y nuestra cultura, objetivos ambos que han de ser relevantes dentro de la acción política.
No obstante, existe una tendencia en esta Cámara a centrar la atención en el funcionamiento del sistema educativo dentro de nuestro propio territorio, desplazando a segundo plano el interés por la labor de su Ministerio en el exterior. Por ello le pregunto: ¿Qué actuaciones está desarrollando el Ministerio de Educación para dar cumplimiento al Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, por el que se regula la acción educativa en el exterior?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en efecto, el Decreto a que se ha referido de 1987 acometió la reforma de la red educativa en el exterior. Este marco legal ha sido condicionado posteriormente por la promulgación de la LOGSE e incluso por algunas otras leyes, como por la que crea el Instituto Cervantes en 1991. Pues bien, estas disposiciones legales, junto a la experiencia acumulada por la aplicación de esa disposición reglamentaria a la que refiere S.S., hicieron aconsejable efectuar ciertas modificaciones que se llevaron a la práctica a través del Real Decreto 1027/1993, que tiene la misión de ampliar las posibilidades de acción educativa en el exterior, flexibilizando estructuras y funcionamiento de los centros, porque los requerimientos de la acción educativa en el exterior son muy variados y están en permanente evolución.
Los objetivos que se pretenden alcanzar dentro de un marco más amplio de la promoción y difusión de la cultura y lengua españolas y de la cooperación internacional, básicamente diría a S.S. que son los siguientes. En primer lugar, la promoción y organización de las enseñanzas del sistema educativo español a través de centros propios y de centros mixtos. En segundo lugar, apoyar la enseñanza de la lengua y cultura españolas en los sistemas educativos extranjeros. En tercer lugar, favorecer los intercambios en el ámbito educativo y de investigación. En cuarto lugar, mantener los vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior.
Para ello, el Departamento está llevando a cabo una serie de acutaciones en diferentes ámbitos. Por referirme a las que considero de más entidad, estarían por una parte la reorganización de los centros docentes que son titularidad del Estado español y de la enseñanza que se imparte en los mismos para atender a la población no universitaria, teniendo en cuenta las adaptaciones al país en que radique cada centro.
Hay centros, en este caso de titularidad mixta, y secciones españolas o bilingües en centros de titularidad de otros Estados u organismos internacionales.
La promoción de programas de apoyo y reforzar la atención educativa a través de equipos de asesores técnicos de nuestras embajadas o convenios, como el que existe desde 1992 con el Instituto Cervantes, completan el planteamiento de la acción educativa en el exterior del Ministerio de Educación y Ciencia. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS ANGEL ALEGRE GALILEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ESE MINISTERIO HA IMPUESTO AL PRESIDENTE DE LA COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EL ADELANTO DE ELECCIONES A RECTOR, SIN HABERSE CUMPLIDO POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA LOS COMPROMISOS DE FINANCIACION ADQUIRIDOS POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000279)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Alegre Galilea.


El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señor Ministro, ¿cuáles son los motivos por los que ese Ministerio ha impuesto al Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de La Rioja el adelanto de elecciones a rector, sin haberse cumplido por parte del Ministerio los compromisos de financiación adquiridos por el Gobierno?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alegre.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha considerado que debe darse fin a la situación transitoria prevista en la ley de creación de la Universidad de La Rioja y que debe darse pie a la normal elección de los cargos académicos y al funcionamiento de la institución universitaria riojana.
A este efecto, ha instruido al Presidente de la Comisión Gestora --que es nombrado, como sabe S.S., por el Ministro-- a que abra un proceso electoral para el momento en que se cumplen los dos años de la creación de la universidad, que parece un plazo prudente.
A partir de este momento, los órganos rectores de la Universidad serán los que la comunidad universitaria y no el ministerio designe. Pero el hecho de que la Universidad pase de la fase provisional a la de plena normalidad y uso de su autonomía no implica, bajo ningún concepto, que se abandone cualquier compromiso de financiación que se hubiera asumido por parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
Estos son los compromisos adquiridos: los que se desprenden de la Ley de creación de la Universidad, los que se desprenden de los Presupuestos Generales del Estado y de la responsabilidad del Gobierno en el sostenimiento de una universidad que nace de nuevo.
Gracias, señorías, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Alegre tiene la palabra.


El señor ALEGRE GALILEA: Señor Presidente, señor Ministro, yo creo que no se puede entender como funcionamiento normal que el día 21 de enero de 1994 se renueve una gestora y que el día 24 --es decir, tres días después-- se anuncien para marzo elecciones democráticas para una nueva gestora y, paralelamente, se prometan transferencias universitarias para primeros del año 1995. Yo más bien entiendo, señor Ministro, que todo eso es una carrera de despropósitos.
Cuando ustedes hablan de las 17 universidades de competencia del Estado, creo que sería mucho más correcto hablar de 16 universidades y de una casa de tócame Roque, que es en lo que ustedes, en definitiva, han convertido la Universidad de La Rioja.
En esa mal llamada Universidad, señor Ministro, falta ciencia y sobra conciencia; pero, entiéndame, conciencia política en exceso. Digo que falta ciencia, porque las cátedras, por ejemplo, salen con los perfiles que poseen los amigos; porque por falta de presupuesto no se pueden realizar tesis; porque no se dan los mínimos necesarios para hacer el más rudimentario plan de investigación; porque no hay biblioteca.
Los laboratorios, los pocos que existen, están en barracones y en casetas prefabricadas; se suprimen Departamentos; se crean y se suprimen vicerrectorados al azar, señor Ministro. Yo creo que así no se genera ciencia.
Pero es más, lo que sobra es conciencia política en exceso; conciencia política que en la universidad no se precisa. Las gestoras del Ministerio se ponen y se quitan por quincenas; sus miembros entran y salen de ellas como Pedro por su casa.
Ante el anuncio de elecciones democráticas, créame, señor Ministro, que tenemos candidatos tapados y oficiales, pertenecientes a las diversas familias de renovadores, de guerristas, de integradores y hasta de síntesis.
En una palabra, señor Ministro, la universidad en estos momentos está sumida en el caos y en un desconcierto absoluto, y todo ello --y eso me congratula-- porque dicen que los compromisos no tienen por qué ir paralelos a la transferencia.
Lo que sí es cierto es que cuando ustedes, o sus antecesores, desfilan por La Rioja, prometen...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alegre. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, tenga en cuenta que solamente se instruye al Presidente de la Comisión Gestora, que, como digo, es nombrado por el Ministro de Educación y Ciencia y no es elegido por el claustro universitario, a partir del momento en que la normalidad vuelve con el nombramiento de la Comisión Gestora, que se produce en el mes de enero en su plenitud.
A partir de este momento, la Universidad podrá gestionarse como quiera, con arreglo a los principios de autonomía universitaria que están incluidos en la Ley de Reforma Universitaria en estos momentos vigente.
El proceso de transferencias que se abre para nada tiene por qué tocar los compromisos de financiación que están adquiridos y que la propia Comunidad asumirá en la medida en que participe, una vez que adquiera

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la plena competencia sobre la gestión universitaria, de los gastos del Estado.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta, señoría, que ya para 1994 --y por poner un ejemplo--, se ha incrementado un 9 por ciento la subvención que en 1993 disponía la Universidad de La Roja, además de otro conjunto de inversiones que S.S.
conoce y que le puede constar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE CHOLBI DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO PIENSA EL SEÑOR MINISTRO CAMBIAR LOS CRITERIOS PARA ADMITIR ASPIRANTES A LOS MODULOS DE FORMACION PROFESIONAL SUPERIOR DESDE LA FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO, SEGUN LA DENUNCIA QUE HA SIDO ADMITIDA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO? (Número de expediente 180/000280)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Cholbi Diego, que tiene la palabra.


El señor CHOLBI DIEGO: Gracias, señor Presidente.
¿Cuándo piensa el señor Ministro cambiar los criterios para admitir aspirantes a los módulos de Formación Profesional Superior desde la Formación Profesional de Segundo Grado, según la denuncia que ha sido admitida por el Defensor del Pueblo? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cholbi.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárea Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, está próxima la publicación de una orden ministerial que regula el proceso de admisión de aspirantes a los módulos experimentales de nivel 3 o, en su caso, a los ciclos formativos de Formación Profesional, en la cual se recogerán las indicaciones que en su día el Defensor del Pueblo hizo al Ministerio de Eudcación y Ciencia.
Además de lo anterior, hay que resaltar que, con fecha 2 de noviembre pasado, la Dirección General de Formación Profesional de mi Departamento aprobó una instrucción sobre criterios de admisión de alumnos en los módulos profesionales experimentales de nivel 3, que clarifica, a instancias del Defensor del Pueblo, los criterios establecidos sobre la misma cuestión en las instrucciones anteriores, que dan lugar a la petición del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Cholbi tiene la palabra.


El señor CHOLBI DIEGO: Gracias, señor Presidente.
Como usted sabe, señor Ministro, en las instrucciones del día 16 de junio de 1992, de la Dirección General de Formación Profesional reglada y Promoción Educativa, se incumplían los artículos 11.1 y 20.2 de la LODE, provocando como consecuencia que numerosos alumnos de Formación Profesional de Segundo Grado no hayan podido acceder a los mencionados módulos de Formación Profesional. Así de claro, señor Ministro. Las normas que aplicaba el Ministerio establecían que para acceder a dichos módulos se debía seguir un orden de preferencia, discriminando muy claramente a los titulados de Formación Profesional de Segundo Grado. Ante la denuncia a que usted ha hecho referencia, que fue presentada a la Oficina del Defensor del Pueblo, se entiende que las disposiciones contemplan criterios de admisión a determinadas enseñanzas de Formación Profesional que contradicen las prescripciones que en dicho punto contiene la Ley Orgánica Reguladora del Dereho a la Educación, y al mismo tiempo recomienda a ustedes, señor Ministro, la admisión de alumnos para cursar módulos del nivel 3.
Ante esta situación, cientos de estudiantes de FP de Segundo Grado han sido rechazados. Sé que ustedes han mandado una circular con fecha 2 de noviembre, pero incluso no ha llegado a muchos centros y a muchas delegaciones del Departamento.
¿Qué medidas adoptará frente a un Director General que incumple e interpreta leyes como la LODE y la LOGSE, que configuran todo el ordenamiento educativo? De nuevo, señor Ministro, la Formación Profesional ha sufrido un agravio, y es consecuencia de que ustedes, así de sencillo, repito, no creen en ella y, al mismo tiempo, ponen al frente de la Dirección General a personas carentes de la mínima sensibilidad hacia estas tareas. Por tanto, deben cesar estas personas y dar paso a otras que crean en la Formación Profesional, que le den consistencia y que refuercen este sistema.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cholbi.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
En efecto, señoría, en el curso 1992/1993 se promulgan unas instrucciones del Ministerio que establecen un determinado orden de preferencia, que sería explicable por lo demás, pero que causa un cierto efecto, que S.S. ha puesto de manifiesto, no querido por el Departamento, para el ingreso en estos módulos profesionales.


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El Defensor del Pueblo se dirige a nosotros, estableciendo que los criterios ya están fijados específicamente en la LOGSE y que no hay por qué hacer interpretación suplementaria alguna.
Como consecuencia de ello, la propia Dirección General que emitió las instrucciones anteriores remite unas nuevas instrucciones que recuerdan la obligatoriedad de los criterios previstos en la LOGSE y que determinan que sólo en caso de empate, por así decirlo, es decir, con carácter complementario, queden en vigor los criterios de la instrucción del año anterior. De todas maneras, señoría, igualmente, por parte de la propia Dirección General se solicita a las direcciones provinciales del Departamento que revisen las reclamaciones de los alumnos no admitidos, por si en algún supuesto obedeciera al incumplimiento de los criterios generales de la LODE y normativa complementaria, en cuyo caso las direcciones provinciales tienen obligación de informar al alumno de su derecho, que pudiera haber sido vulnerado.
Con esto, señoría, yo creo que se resuelve el problema.
Próximamente se dictará una orden ministerial y, como prueba de la importancia que concedemos a los programas de Formación Profesional del Departamento, muy pronto pediré, como ayer anunciaba en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara, una comparecencia para explicar el programa de Formación Profesional que pretendo desarrollar a lo largo de los próximos tres años.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PUBLICAR EL DECRETO QUE DESARROLLA EL TITULO DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL CORRESPONDIENTE A LA LEY 10/1990 DEL DEPORTE? (Número de expediente 180/000281)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Carreño Rodríguez-Maribona.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, la Ley del Deporte, de octubre de 1990, dedica un título y seis artículos al deporte y al deportista de alto nivel. La tutela, pero también deseo de control, de federaciones y deportistas desde esta ley por parte del Consejo Superior de Deportes supone derechos, pero también obligaciones, para el ejercicio de aquéllos. Aunque se ha desarrollado gran parte de la ley, se ha desaprovechado el año 1992, olímpico, como gran oportunidad para la definición del deportista de alto nivel y los derechos que como consecuencia de ello tienen. Ha transcurrido el año 1993, en que, según compromiso adquirido por el Gobierno en esta Cámara, se complementaría el desarrollo de la Ley del Deporte, sin cumplir dicho compromiso. Es un Decreto, este del deporte de alto nivel, que, además, de no suponer incremento del gasto público, regula derechos laborales, facilidades en estudios y titulaciones, cumplimiento del servicio militar o civil sustitutorio, compatible siempre con la actividad deportiva. Subsanará, por ejemplo, la discrecionalidad existente, hasta ahora, en algo en que el señor Ministro tiene sobrada experiencia: la autorización para simultanear el servicio militar con la práctica deportiva, gestión a la que se dedican importantes cargos del Consejo Superior de Deportes y supongo de Defensa.
Pregunto, por ello: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno publicar el decreto que desarrolla el Título VI del deporte de alto nivel correspondiente a la Ley 10/1990 del Deporte? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Con su permiso, señor Presidente.
Señoría, como ya tuve oportunidad de indicar en mi primera comparecencia en la Comisión de Educación de esta Cámara, la culminación del desarrollo de la Ley del Deporte constituye un programa a desarrollar por mi Departamento, objetivo básico en esta legislatura.
De los 15 reales decretos previstos para el desarrollo de la ley del Deporte, 12 ya estaban promulgados, está prevista próximamente la aprobación de otros tres, que se encontraban en distintas fases de elaboración, uno de ellos, el de los deportistas de alto nivel a que S.S. se refiere.
Pues bien, estoy en condiciones de decir a S.S. que actualmente se encuentra ultimado el borrador del proyecto de real decreto, muy dificultoso en su elaboración, sus anexos también, en los que se fijarán los criterios objetivos para determinar los deportistas que, en cada modalidad deportiva, tendrán derecho a acceder a las medidas especiales previstas en el propio real decreto para los deportistas de alto nivel. En cumplimiento de las prescripciones legales, espero tener este borrador para remitir a las entidades y colectivos deportivos interesados a lo largo del próximo mes de marzo y luego, después que estas entidades formulen las observaciones pertinentes, se podrá enviar al Consejo de Estado y otros trámites preceptivos para que, probablemente, en el tercer trimestre del presente año pueda estar en el «Boletín Oficial del Estado».
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias.
Me alegro de que, al fin, en el año 1994 parece que va a salir definitivamente este decreto. Supongo que también paralelamente, y dado que es complemento ineludible del mismo, se apruebe también el decreto de regulación de las titulaciones deportivas que permitirán el acceso de deportistas de alto nivel, primero, al estudio y, segundo, al ejercicio de una actividad extradeportiva.
Por cierto, quiero hacer una sugerencia. La Ley del Deporte prevé la reserva de un cupo adicional de plazas de los deportistas de alto nivel, nada menos en los INEF y en los centros universitarios. ¿Por qué elimina esta ley algún deporte, por ejemplo, gimnasia, ya que la edad de los deportistas de alto nivel es incompatible con los estudios universitarios, y por qué no extiende, modificando la ley, a todos los centros educativos aquel derecho?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el decreto al que nos referimos es aparentemente sencillo, pero es muy complicado en su elaboración.
Intervienen los intereses de muchos departamentos. Ha citado S.S. el Departamento de Defensa, podría decirse que Justicia, Trabajo y Seguridad Social, con muchas implicaciones, aparte de la enorme disparidad de modalidades y pruebas deportivas que existen en nuestro deporte. En estos momentos, sabe S.S. muy bien, existen 151 modalidades olímpicas, 147 modalidades no olímpicas, con muchas pruebas todas ellas, lo cual hace muy difícil establecer parámetros, objetivos de común aplicación a todos ellos. Esto, y no cuestiones relativas a falta de trabajo, es lo que ha provocado que, hasta este momento, no esté en condiciones de comprometer la publicación del real decreto.
No obstante, S.S. también conoce que hay una serie de cuestiones que están solucionadas aun sin que la Ley del Deporte se haya desarrollado en esta materia de deportistas de alto nivel. Por ejemplo, está elaborada una relación anual de deportistas de alto nivel, por medio de la actuación conjunta...


El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo. Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA LA MODIFICACION DE ALGUNOS DE LOS CRITERIOS PARA LA OBTENCION DE BECAS, DE MANERA QUE ESTOS NO SEAN DISCRIMINATORIOS PARA LOS AGRICULTORES Y MUNDO RURAL? (Número de expediente 180/000286)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Pau i Pernau.


El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, me permitirán SS.SS. que antes de formular la pregunta explique brevemente su motivación.
El Ministerio de Educación y Ciencia establece los criterios con carácter general que determinan de manera objetiva la concesión de becas. Uno de ellos es el nivel de renta, primando naturalmente aquellas más bajas de manera que se pueda garantizar el acceso a los distintos niveles educativos de todos los ciudadanos con voluntad y capacidad para hacerlo.
Otro criterio es el del patrimonio familiar del solicitante, que si bien es un principio general que puede y debe ser aceptado, por las mismas razones expuestas anteriormente, en la práctica origina cierta discriminación sobre algunas familias agrarias cuyo patrimonio nominal en ocasiones puede considerarse elevado pero que no se corresponde con su nivel real de renta; patrimonio, además, que es imprescindible para desarrollar su actividad y que por distintas circunstancias, que ahora es difícil explicar, se viene desvalorizando e incluso en ocasiones le falta un mercado real con que realizarlo.
A las naturales dificultades, pues, del mundo rural para acceder a los distintos niveles educativos, sobre todo a los superiores, se añade ésta que entendemos puede superarse con disposiciones que tiendan a corregir este criterio general de valoración del patrimonio agrario.
Incluso me permitiría sugerir algunas como es que a partir, por ejemplo, de la ley de acompañamiento actual se introdujo en la Ley del Patrimonio una excepción para los patrimonios vinculados a exportaciones productivas; o también con la introducción, a partir de la aprobación de medidas que establezcan la figura de agricultor a título principal, que estos agricultores o estas familias tengan la posibilidad de no valoración del patrimonio a estos efectos.
En este sentido, reconociendo el esfuerzo del ministerio, sí me interesaría conocer si el ministerio tiene en estudio la posibilidad de modificar alguno de estos criterios de manera que no sean discriminatorios para el mundo rural y las familias agrícolas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
Señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
El Ministerio de Educación, señoría, viene llevando a cabo una política encaminada a garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio al derecho a la educación con el fin de compensar las desigualdades socioeconómicas que pudieran producirse entre nuestros estudiantes.
Se ha realizado un esfuerzo importante para que el sistema y el procedimiento de concesión de becas y otras ayudas al estudio tenga en cuenta las peculiaridades de los colectivos menos favorecidos por razones económicas, culturales, o por razones de carácter geográfico.
En este sentido, conoce S.S. que, junto con los criterios de aplicación general para todos los alumnos, la situación económica familiar y el rendimiento académico son los criterios generales, según se sabe, se han tomado en consideración aquellas especificidades del mundo rural que deban tener incidencia sobre el sistema de becas. En concreto, se establecen unos umbrales de renta neta, aplicables a todos los solicitantes de becas, que para el curso 1993-94 ha quedado establecido en 3 millones de pesetas de ingresos netos para una familia-tipo española de cuatro miembros, y unos umbrales, señoría, de patrimonio agrario que para esta misma familia de cuatro miembros alcanza, para este curso, la cantidad de 14.400.000 pesetas. Es decir, cualquier estudiante perteneciente a una familia del sector agrícola-ganadero, que tenga una renta neta no superior a los 3 millones de pesetas y cuyo patrimonio agrícola, es decir, tierra, ganado, maquinaria, no supere los 14.400.000 pesetas, pueda ser beneficiario de cualquier modalidad de beca de las existentes.
Anualmente las convocatorias de becas han venido elevando estos umbrales de renta y patrimonio, con el fin de irlos adaptando a la realidad socioeconómica del sector agrario, lo que ha venido produciendo un incremento en el número de becarios procedentes de familias del mundo rural español. Por citar un dato, señoría, mientras que en el curso 1990-91, 64.000 alumnos becarios eran procedentes del mundo rural, hoy, en el curso 1992-93 estos alumnos son 72.999.
En cualquier caso es una cuestión dinámica, siempre estamos estudiando el perfeccionamiento del sistema y tomo nota de lo que S.S. ha indicado en su intervención, como de cualesquiera otras cuestiones que en esta Cámara pudieran serme sugeridas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION COMPENSATORIA EN LAS DISTINTAS AREAS DE ACTUACION EN QUE ESTA SE LLEVA A LA PRACTICA? (Número de expediente 180/000290)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, de la señora Novoa Carcacia.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la educación como servicio público que garantiza el acceso a la formación y a la cultura es en la acción política uno de los principales instrumentos de corrección de las desigualdades. No obstante, existen factores sociales, económicos culturales, geográficos, o de otra naturaleza, que actúan como distorsionadores de ese principio de igualdad de oportunidades y hacen que muchos de nuestros niños y jóvenes presenten problemáticas varias ante el sistema educativo; entiéndase dificultades de integración escolar, abandono escolar prematuro, etcétera; en definitiva, síntomas de una inadecuación del sistema educativo a las necesidades pedagógicas de estos alumnos. Para responder a estas situaciones, que no por ser minoritarias dejan de ser importantes, el Ministerio de Educación desarrolla el Programa de Educación Compensatoria, y la LOGSE, en su artículo 63, determina que los poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación a las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situación de desventaja respecto al resto de la población. Es por ello, señor Ministro, que le formulo la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace el Ministerio de Educación del Programa de Educación Compensatoria en las distintas áreas de actuación en que éste se lleva a la práctica?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
En su decenio largo de existencia el Programa de Educación Compensatoria ha supuesto un esfuerzo por desarrollar una política de igualdad de oportunidades en el campo educativo español y ello a través de la compensación de las desigualdades con que determinados colectivos acceden y permanecen en nuestro sistema educativo, por razón de su origen económico o social. Tal como estableció el Real Decreto, al que se ha referido S.S., sobre educación compensatoria, se crearon una serie de estructuras de apoyo a la escuela rural destinados a superar las condiciones de aislamiento en que se desarrolla la actividad educativa, tanto para alumnos, como para profesores, en estas escuelas unitarias o incompletas.


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Hoy la orientación hacia los agrupamientos escolares, más allá de las dificultades del aislamiento de estas pequeñas escuelas, y la unificación de las redes de centros de profesores y recursos en una sola --ya he informado en esta Cámara sobre el caso--tratan de sintetizar las experiencias anteriores. También, y en el ámbito de los grupos sociales desfavorecidos, se desarrollaron distintas experiencias y se crearon las llamadas aulas ocupacionales como modelos de escolarización muy flexibles para aquellos grupos de alumnos que habían abandonado, sin la madurez cultural, ni las certificaciones académicas requeridas, la escolaridad básica y, por consiguiente, no podían acceder al mundo del trabajo. Se desarrolla un plan de atención a las minorías étnicas y culturales que ha tenido como efecto la incorporación de muchos alumnos gitanos a centros ordinarios de la red pública, como sin duda S.S.
conoce. Se impulsan programas de atención para la población infantil de origen emigrante, iniciados a partir de una experiencia del curso 1987-88, con la población portuguesa de la provincia de León, que más tarde se extiende a otros trabajadores emigrantes.
Se han puesto en marcha programas relativos a la atención educativa de los hijos de trabajadores itinerantes. La LOGSE ha permitido, sin embargo, la adopción de una nueva perspectiva sobre el caso. Sin poder extenderme más sobre la cuestión, le indicaré, señoría, que en el documento titulado Centros Educativos y Calidad de la Enseñanza, que he publicado recientemente, se han incluido una serie de medidas directamente relacionadas con la compensación de las desigualdades en materia de educación, que pretenden identificar líneas de acción inmediata relacionadas con las diferentes áreas que ha indicado S.S. y también con otras que van apareciendo como necesidades nuevas.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE ANTE EL DESASTRE ECOLOGICO PRODUCIDO POR LA ROTURA DE LA BALSA DE ALPECHIN, UBICADA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BAEZA, EN LA PROVINCIA DE JAEN? (Número de expediente 180/000262)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas, la producción agrícola basada en el cultivo del olivar y la fabricación de aceite supone el mayor factor de creación de riqueza en la provincia de Jaén y nos sitúa a la vanguardia, no sólo en nuestros país, sino en otros países de nuestro entorno europeo. Este hecho, sin duda positivo, se ha visto enturbiado por un grave accidente medioambiental producido el día 2 de febrero, al romperse una balsa de alpechín de la Empresa Oleícola de Jaén, Sociedad Anónima, ubicada en el término municipal de Baeza. La rotura de esta balsa provocó la filtración de unos cinco millones de litros de alpechín de los que aproximadamente la mitad llegaron hasta el arroyo Matadero, que es un afluente del Guadalquivir, y el resto inundaron zonas de olivar.
Entre las medidas que se tomaron está la del cierre cautelar de la empresa, que curiosamente había sido apercibida de cierre, y se inició por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la tramitación de un expediente administrativo del que se puede derivar una sanción económica de 100 millones de pesetas para la empresa responsable.
Entiendo, señor Ministro, que en situaciones como ésta, junto a las medidas correctoras se deben adoptar, otras de carácter preventivo. Además, entiendo también que la prevención en este caso debe pasar por un proceso de modernización de las almazaras, de la fábrica de aceite, y por la implantación de sistemas ecológicos para la fabricación y elaboración del aceite.
Esta medida, por otra parte, cuenta ya con el apoyo económico de la Administración y, en algunos casos, con la cofinanciación comunitaria, que subvenciona hasta el 50 por ciento de los proyectos de transformación tecnológica. La extensión de estos sistemas evitaría accidentes como el ocurrido, desgraciadamente, por la rotura de la balsa de alpechín, ubicada en Baeza, que ha motivado la pregunta que formulo al señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y que aparece en el orden del día con el número 10.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, desde el primer momento, ante la rotura del dique de contención de la balsa de alpechín objeto de su pregunta, se adoptó un conjunto de medidas para corregir los efectos de la misma. Se construyeron azudes de tierra para contener los lodos que pudieran llegar al cauce; se extrajeron estos lodos mediante bombeo a cisternas y el transporte posterior a otras balsas --esta operación fue realizada por la Confederación del

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Guadalquivir-- hasta que se produjo la rotura de los anteriores azudes por las lluvias caídas durante el fin de semana. Se produjeron desembalses para aumentar la dilución en el río, del pantano del Tranco se soltaron 250.000 metros cúbicos y desde la presa de Mengíbar se soltaron otros 250.000 metros cúbicos durante seis horas, hasta conseguir una dilución del 2 por 10.000. Se repitieron estas operaciones durante todo el fin de semana para conseguir mantener la dilución en unos límites aceptables.
Se han estado tomando muestras de calidad de las aguas en un conjunto de puntos y el laboratorio de la Confederación señala que la calidad que se obtiene del agua es ya la misma que existía antes de producirse la ruptura de la balsa, por lo que se ha decidido continuar con el ritmo semanal habitual de toma de muestras. No se aprecian síntomas de alarma en el río, tales como efectos nocivos sobre los peces o destrucción de flora.
Se ha iniciado el correspondiente expediente sancionador, por la Confederación del Guadalquivir, en aplicación de la legislación vigente, sin menoscabo de las competencias atribuidas a otros órganos de la Administración. Puedo asegurar que las medidas adoptadas garantizan que no vayan a producirse repercusiones tóxicas, pudiendo haber variado únicamente durante los primeros días algunas características del agua y del contenido de oxígeno disuelto.
Tengo a su disposición unas gráficas que indican la composición del agua y el oxígeno disuelto en la misma en distintos momentos del tiempo y en distintos lugares del cauce. La tramitación del expediente sancionador puede dar lugar a la imposición de multas a las empresas responsables de los hechos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE CRITERIOS SIGUE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE PARA SELECCIONAR A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE EXPERTOS? (Número de expediente 180/000272)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué criterios sigue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para seleccionar a los miembros de las comisiones de expertos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Criterios de carácter multidisciplinar en lo profesional y de pluralidad en lo político.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en los últimos años y durante su mandato al frente del Ministerio, se han nombrado tres comisiones de expertos; una, para el Plan de Vivienda 1992-95, la de urbanismo y la última, la de medio ambiente, donde en los últimos días se han introducido cambios por las denuncias y presiones razonables de sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos. Señor Ministro, si hoy repasamos la composición y los fines para los que se creó la comisión de expertos asesora en la elaboración del Plan de Viviendas 1992-95, podemos asegurar, en contra de lo que usted ha afirmado aquí hoy, que la elección de alguno de estos supuestos expertos se debió más a criterios de afinidad y utilidad política que a cualquier otro mérito.
Si nos fijamos en parte de los componentes de aquel grupo, no es de extrañar que la gestión gubernamental no haya sido ni esté siendo acertada y eficaz para el conjunto de los ciudadanos españoles. Señor Borrell, la verdad es que no estuvo usted muy acertado, ya que en estos momentos las empresas, algunas de ellas públicas, de las que varios de estos expertos eran responsables o las gestionaban, han suspendido pagos o han quebrado y, en otro caso, significa uno de los más grandes escándalos de la era socialista, y ya es difícil superar sus propios récord. Me refiero, señor Ministro, además del responsable de SGV, al caso de don Carlos Sotos, responsable máximo de PSV-IGS. Sería conveniente, señoría, que, para tranquilidad de esta Cámara y de los ciudadanos en ella representados, nos aclarara si usted conoce lo que el experto señor Sotos aportó o se llevó de la comisión o del Ministerio. Yo espero que no aportara mucho de los conocimientos profesionales que ha aplicado en PSV-IGS y que han llevado a que más de 20.000 familias de trabajadores en este momento no tengan ahorros ni tengan casa, después de haber confiado en un proyecto social de viviendas que supuestamente es lo que allí formó el señor Sotos, porque no se le conoce ser experto de ninguna otra cosa. Lo que al parecer sí se llevó fue una información privilegiada que luego utilizó convenientemente, al unir la campaña de la cooperativa con la del Gobierno en el plan de viviendas en todos los medios de comunicación.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: La verdad, señor Borrell, que, como lince, para los expertos no tiene usted precio.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, siempre me sorprenderá usted. No sé dónde hay empresas públicas situadas en difícil situación. ¿Dónde está la empresa pública? (La señora Martínez Sáiz: Y la SGV ¿qué?) No es una empresa pública. ¿Qué es una empresa pública? Su señoría demuestra un desconocimiento (Rumores.) tan profundo de lo que es una empresa pública...
(Rumores.) Espero que tenga usted ocasión de contestarme cuando lo desee.
¿En qué es una empresa pública PSV o IGS, en qué; a ver, en qué? (Rumores.) ¿Qué quiere usted decir cuando manifiesta que se llevó el señor Sotos tras su presencia en la Comisión? ¿Por qué tiene usted esa maledicencia subterránea? (Protestas.) ¿Por qué no se atreve usted a decir las cosas que piensa, si es que piensa alguna? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio (Rumores.) ¡Silencio! (Continúan los Rumores.)

El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Eso es faltar a la cortesía parlamentaria.


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Herández-Sito!

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): El señor Sotos fue nombrado miembro de esta Comisión en un momento en el que era responsable de un proyecto de construcción de viviendas (estamos hablando de 1991), el proyecto estaba... (Rumores.) ¡Me quieren ustedes dejar hablar! El proyecto estaba en sus inicios, constituía, sin ninguna clase de dudas, un operador importante en el mundo del cooperativismo para construir viviendas, y su participación en la comisión fue, como para el resto de los expertos de la misma, sin ninguna contraprestación, excepto los gastos relativos a la realización de las reuniones, que corrían a cargo del Ministerio.
La posterior evolución de IGS y PSV nada tiene que ver con la participación de Carlos Sotos en el comité de expertos, cuyos trabajos han sido publicados y gozan de un prestigio importante que ha contribuido, sin ninguna duda, al éxito del plan de viviendas, a pesar de sus profecías negativas al respecto. Pero IGS y PSVnada tienen que ver con la comisión de expertos, con el plan de viviendas, ni son empresas públicas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO EN RELACI'ON A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA CARRETERA N-420 A SU PASO POR LA PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/000283)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de don Joan Miquel Nadal, que formulará el señor Sedó i Marsal.


El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el 15 de diciembre, en respuesta a pregunta de un Diputado del Grupo Socialista, usted nos daba una serie de datos sobre las obras a ejecutar en los tramos pendientes de la nacional 420, en la provincia de Tarragona; nos daba una serie de datos, como decía, de distintos tramos de la misma y con unas fechas muy aleatorias. Nos decía que existía el tramo Riudecols-Reus, al que dedicaban 700 millones y que se terminaría definitivamente el próximo mes de enero. Esto lo decía usted en diciembre, a un mes vista, y este plazo no se ha cumplido, ya que no está terminado el tramo, aunque no es muy grave porque no le falta mucho.
También nos decía que el tramo Gandesa-límite de la provincia se acabaría el verano de 1994, así como el Gandesa-Mora, pero que dejaban cosas en medio. En el Gandesa-Mora dos puentes y, en todo caso, se olvidaba usted de decir que en el tramo Falset-Mora existe un tramo de doce metros de ancho, que pasa a dieciséis en un momento dado, pero a la unión de los dos tramos de doce y dieciséis metros le falta un puente, que actualmente tiene cuatro metros y medio.
Nos hablaba, asimismo, de toda una serie de obras que se iban a hacer allí. Por tanto, nosotros le hacemos la pregunta en los términos siguientes: ¿qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la finalización de las obras de adecuación de la carretera nacional 420 a su paso por la provincia de Tarragona? Tenga en cuenta, señor Ministro, que es una obra en la cual, para 100 kilómetros, llevamos más de siete años con tramos en obras y verdaderamente es insufrible circular por esa carretera. Nosotros, lo que en el fondo pretendemos con nuestra pregunta es obtener una información de plazos viables y un calendario real de la finalización de estas obras.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, continúa la ejecución de las obras en los tramos Gandesa-Mora d"'Ebre y Gandesa-límite con la provincia de Teruel, sin que hayan variado las previsiones para su terminación, que se sitúan en el verano y finales de 1994 respectivamente. Por otra parte, tal como anuncié en diciembre, la Dirección General de Carreteras entiende que las obras del tramo Riudecols-Reus están terminadas, a falta únicamente de algunos remates. Este tramo está ya en funcionamiento y los trabajos que quedan pendientes de acondicionamiento de aceras e instalación eléctrica deben ser ejecutados por el ayuntamiento, al ser de su competencia por discurrir este tramo por zona urbana.
La única novedad, respecto a mi información de diciembre, es la relativa al puente del Ametllé, que está funcionando con normalidad en el tramo ya terminado entre Mora y Falset. La solución prevista inicialmente de ensanchar el puente manteniendo las características técnicas de sus accesos está siendo objeto de reconsideración, ya que esta obra resultaría deficiente y rompería la uniformidad técnica del resto del tramo, constituyendo una causa fundamental de accidentes. Por ello, estamos estudiando una nueva solución que mejoraría las características técnicas de seguridad vial del puente y sus accesos, manteniendo al mismo tiempo la uniformidad de todo el tramo. Salvo esta pequeña circunstancia, que afecta a un tramo muy concreto, seguramente al mismo al que usted hacía referencia, y respecto a la información de diciembre, mantenemos los plazos previstos de terminación de las obras durante 1994.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MIGUEL ANGEL CORTES MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL ACUERDO SOBRE AYUDAS A LA CINEMATOGRAFIA QUE, SEGUN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACION, SE HA ALCANZADO ENTRE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA Y EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA I UNIO? (Número de expediente 180/000269)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Cortés Martín.


El señor CORTES MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Los medios de comunicación han informado que el pasado día 8 la señora Ministra de Cultura y el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) llegaron a un acuerdo sobre concesión de subvenciones a la cinematografía.
¿Podría el Gobierno informar a la Cámara del contenido de dicho acuerdo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Presidente. La reunión mantenida el pasado día 8 con el señor Roca, en su calidad de Presidente de la Delegación Catalana de la Comisión bilateral de Cooperación, se enmarca en un contexto de cierta polémica suscitada en el seno del sector cinematográfico de Cataluña sobre la territorialización del Fondo de Ayudas a la Cinematografía. Consideramos que aclarar este tema y además intentar introducir pacificación sobre el mismo era objeto de esta reunión y que debía tomarse en consideración. Pues bien, tanto el señor Roca como yo coincidimos en la decisión, que además ya se había adoptado en la Comisión Mixta del Ministerio de Cultura y la Consellería de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el pasado día 14 de enero, en el sentido de considerar que el fondo de protección a la cinematografía no era fragmentable. El acuerdo, pues, señor Cortés, ha sido ratificar que el fondo no admite territorialización porque en esta época de crisis en la que, además, el sector de la cinematografía atraviesa también una crisis específica, deben optimizarse los recursos disponibles. Por tanto, se considera recomendable que el fondo siga siendo un fondo nacional.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, no se sabe qué extraño maleficio se apodera de los sucesivos inquilinos del Ministerio de Cultura que la obsesión por ocultar lo que pasa allí se apodera incluso de personas tan locuaces como la señora Ministra (Risas.), y el que hayamos tenido que llegar a esta sesión para que se nos diga simplemente que lo que se ha acordado es la no territorialización, cuando salieron diciendo que se había logrado un acuerdo, con grandes sonrisas por parte de ambos miembros, nos da que pensar.
En cualquier caso, en el debate del proyecto de ley de ayudas a la cinematografía tendremos ocasión de ver cuáles son las distintas posiciones. Quizá la señora Ministra no nos quiere decir más porque el apoyo tan necesario

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para un Gobierno débil es inconveniente para un Gobierno que dice defender los intereses generales sin discriminaciones territoriales, que se pueden conseguir por una vía automática o por una vía de hecho.
En cualquier caso, señor Presidente, tal y como hemos tenido ocasión de repetir varias veces a la señora ministra, en Comisión y en Pleno, vamos a ayudar a la señora ministra para que pueda ser realidad su compromiso de revisar completamente el sistema de subvenciones para que las ayudas públicas no sigan siendo como hasta ahora, porque después de decir que se va a revisar completamente lo único que hace es más de lo mismo, manteniendo exactamente los mismos criterios que han permitido la discrecionalidad, favorecer a los amiguetes y ahora parece que el grupo de las personas que se puede discriminar favorablemente se puede llegar a ampliar.
Nosotros vamos a plantear en ese debate (y allí tendremos ocasión de ver cuál es el alcance de este acuerdo), que las ayudas a la cinematografía se concedan de manera automática y que no se concedan a los amigos del Gobierno del que forma parte la señora ministra ni por acuerdo con otros grupos, sino a aquellos que obtengan el respaldo del público. Esta es la cuestión clave. En la medida en que después de esa reunión se dijo que lo que se había logrado era un acuerdo para que entrasen a formar parte no la territorialización de las ayudas sino una presencia territorial en la comisión que decide sobre estas ayudas, al final el resultado puede ser el mismo.
En cualquier caso, señor Presidente, está muy próximo el debate y allí veremos cuál es la realidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas gracias, señor Presidente.
Querría insistir en este momento en que el Ministerio de Cultura, y por tanto la ministra, es la primera interesada en que las ayudas a la cinematografía vayan a apoyar los mejores proyectos del cine español, y en ello estamos trabajando. Me parece que hacer este tipo de acusaciones «a priori», cuando todavía no hemos nombrado la comisión que va a potenciar estas ayudas supone unos prejuicios sobre los que no me parece oportuno entrar en este momento.
Hemos de tener en cuenta que estamos en un Estado autonómico, que estamos en un Estado plural en lo cultural y que, por tanto, también desde el Ministerio de Cultura tenemos que tener en cuenta esta realidad y contribuir al diálogo con las administraciones autonómicas. Además, en el sector de la cinematografía tenemos que ayudar a que este diálogo tenga una mayor entidad en aquellas áreas que tiene un mayor peso también la industria cinematográfica.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTUDIA TOMAR EL GOBIERNO PARA PONER EN PRACTICA LA DECLARACION Y EL PLAN DE ACCION DE LUCHA CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA, EL ANTISEMITISMO Y LA INTOLERANCIA, ADOPTADA EN LA CUMBRE DE VIENA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL CONSEJO DE EUROPA, EL 9 DE OCTUBRE DE 1993? (Número de expediente 180/000277)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para poner en práctica la declaración y el plan de acción de lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia, adoptada en la cumbre de Viena de octubre del año pasado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted bien sabe, en la declaración y plan de acción, acordada en octubre de 1993, en Viena, aparte de una llamada a los medios profesionales de comunicación para una información responsable sobre esos temas y acordar una serie de estudios que permitan el conocimiento más profundo de esos fenómenos, se acordaron tres líneas de acción que afectan a los Gobiernos de los Estados miembros. La primera de ellas pretende el lanzamiento de una campaña de sensibilización ciudadana; la segunda, diversas medidas dedicadas a reforzar las garantías legales y de todo tipo contra cualquier forma de discriminación; y la tercera, la creación de un comité de expertos.
Puedo asegurar a S.S. que, en las tres acciones propuestas, diversos ministerios están trabajando en este momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, me alegra verle aquí, sobre todo después de que ayer el Grupo Socialista votara en

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una Comisión de este Congreso sobre su no comparecencia en un tema de gran importancia como es el de las escuchas. Pero no me voy a referir a eso. Su presencia quizá eclipse a alguno de sus ministros, pero no aclara mi preocupación, aunque desde luego su respuesta ha sido mejor que la que dio la Ministra de Asuntos Sociales la semana pasada cuando dijo que este tema le preocupaba mucho pero no demasiado. Ha sido también mejor que lo que decía el Gobierno en el mes de diciembre cuando, en respuesta a una pregunta de una Senadora socialista, decía que el racismo y el nazismo en España eran cuestiones insignificantes.
La verdad es que ha pasado ya bastante tiempo desde octubre y urgen medidas rápidas y eficaces de lucha contra los fenómenos graves de racismo, intolerancia, nazismo y antisemitismo en nuestro país. Me gustaría saber quién representará a España, y con qué instrucciones, en este comité de expertos. Espero que no sea quien dijo que el racismo y el nazismo en España eran algo insignificante, o como por ejemplo el señor Eligio Hernández, cuya actuación y diligencia en este asunto es parecida a la que está desempeñando en asuntos de su directa responsabilidad. Señor Vicepresidente, es una vergüenza que España sea refugio de nazis que publican y distribuyen su basura ideológica. Todos los Diputados de esta Cámara, incluyéndole a usted, hemos recibido este libro infecto publicado y distribuido en España; es una vergüenza nacional y europea que debe mover a una mayor agilidad y eficacia en la acción de su Gobierno. Es un deber no solamente de solidaridad europea sino también un deber comprometido por el Gobierno en Viena y en los numerosos convenios firmados por el mismo.
Nuestro Partido, que considera que éste es un tema urgente, no quiere que se espere a la próxima reforma del Código Penal y por eso ha presentado una proposición de ley organica de reforma del Código Penal para la creación del delito de apología del genocidio. Se trata de desarrollar, ya sin más espera, las medidas legales contra el racismo en todas sus formas, mediante la creación de este delito de apología del genocidio. Hay que acabar con la vergüenza de que España sea el único país europeo en el que no hay trabas legales que impidan la difusión de estas ideologías, una de cuyas formas más graves es la negación del holocausto. Sin duda es un deber que tenemos con una parte importante de nuestra historia, es un deber moral con el pueblo judío y es un deber muy importante que creo que debemos asumir todos en esta Cámara con las comunidades sefarditas españolas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señoría, déjeme decirle que, en relación con las líneas de actuación, el Ministerio de Asuntos Sociales está poniendo en práctica las primeras campañas de sensibilización de la sociedad frente al racismo y la xenofobia, que, como pide el Acuerdo de Viena, van a ir dirigidas básicamente a los jóvenes, y que incluirán no sólo el Acuerdo de Viena sino también, por ejemplo, el pasaporte antirracista que ha pedido el Parlamento Europeo en su sesión del 2 de diciembre, así como también colaborará con el Consejo de Europa en la preparación de los actos conmemorativos del Año de la Tolerancia que se celebrará en 1995.
El Ministerio de Asuntos Sociales también está creando el foro de inmigración, donde estarán representadas las administraciones, diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales y los mismos inmigrantes para que puedan hacer oír su voz en defensa de sus intereses y para que expresen sus opiniones respecto a todas las medidas que les afecten. A este foro adjuntaremos un observatorio permanente de la inmigración para que nos ayude a conocer la problemática, las características y la evolución del fenómeno migratorio.
Además, señorías, en el Código Penal no sólo incluiremos la circunstancia de agravante específica sino la tipificación del delito de actuaciones y conductas xenófobas y racistas. Déjeme decirle que, en la lucha contra el racismo y la xenofobia, estaremos unidos, y estoy seguro que todos podemos colaborar, porque todos queremos una España más solidaria en una Europa más solidaria y una España más tolerante en una Europa más tolerante.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO COMO DEBE INTERPRETARSE LA AFIRMACI'ON HECHA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN LA CUAL LA GUARDIA CIVIL DEBE SUPLIR SU CARENCIA ACTUAL DE MEDIOS SUFICIENTES APLICANDO LA IMAGINACION? (Número de expediente 180/000270)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15 del señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Puede explicar el Gobierno cómo debe interpretarse la afirmación hecha por el Ministro del Interior según la cual la Guardia Civil debe suplir su carencia actual de medios aplicando la imaginación?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en el discurso de toma de posesión del nuevo Director General de la Guardia Civil pedía a los miembros de ese Cuerpo esfuerzo, trabajo e imaginación, entre otras cosas naturalmente, para un desempeño de lo que es el trabajo de unos servidores públicos como son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Indudablemente, el carácter generoso con el que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han dedicado y se dedican al ejercicio de sus cometidos está fuera de toda cuestión. Sin embargo, señor Ministro, nosotros tenemos la sensación de que en sus palabras subyace una especie de reiteración del mensaje subliminal con el que nos tiene ya acostumbrados a actuar el Gobierno en otro orden de cosas.
Siempre las consecuencias negativas de los actos fallidos del Gobierno son responsabilidad de reparación de todos los demás, menos del propio Ejecutivo. Y la realidad nos dice, señor Ministro, que por el momento la imaginación no llena los depósitos de gasolina, la imaginación no repara las condiciones infrahumanas de habitabilidad de muchos de los cuarteles, y desde luego la imaginación no es moneda de curso legal para poder adquirir suministros, vehículos y dotaciones técnicas.
Yo creo que lo que hay que plantear estrictamente es que el ejercicio de la imaginación le corresponde al Gobierno y particularmente, como responsable y titular del Departamento, le corresponde a su señoría. Ha de desarrollar S.S. la imaginación para que efectivamente los programas presupuestarios se acomoden a las necesidades del Cuerpo; ha de desarrollar S.S. la imaginación para que efectivamente las dotaciones materiales de que disponga el Cuerpo sean acordes a las misiones que han de desempeñar; y ha de desarrollar S.S. la imaginación naturalmente para que ese futuro nuevo despliegue territorial de la Guardia Civil se acomode a los recursos y medios presentes y a los que se van a poder adquirir en el futuro más inmediato; y, sobre todo, también ha de desarrollar S.S. la imaginación para que la moral operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y particularmente de la Guardia Civil no se sienta mermada, viendo las restricciones que han de soportar, mientras que en otros ámbitos de la Administración el derroche y el gasto inútil ha sido una nota constante.
Yo creo, señor Ministro, además, que ha de desarrollar S.S. la imaginación para que casos tan recientes como inexplicables conversiones de hombre pobre en hombre rico en función del ejercicio de máxima responsabilidad al frente de la Guardia Civil no se vuelvan a repetir.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Es evidente, señoría, que usted cuela aquí lo que supone un repaso de una interpretación subjetiva de algo que el Gobierno está haciendo, de lo que naturalmente el Gobierno se ha responsabilizado, y lleva adelante los programas que tiene previstos. El Gobierno tiene una gran sensibilidad con todos los problemas que conciernen a la seguridad ciudadana y, ¿cómo no?, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, pero tal vez tengo que lamentar que debía pedirle a usted también más imaginación para hacer las preguntas, y menos zafiedad a la hora de exponerlas en un tema que me parece a mi, señoría, que está más que explicado. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA LUISA FERNANDA RUDI UBEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUE CRITERIOS UTILIZA ESE MINISTERIO PARA ASIGNAR PROTECCION POLICIAL A CIUDADANOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000271)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Rudi Ubeda.


La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué criterios utiliza su Ministerio para asignar protección policial a ciudadanos españoles?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Son criterios que vienen determinados por la necesidad de prestar seguridad a ciertas personas, a unas con carácter permanente, a otras con carácter eventual, en función de los riesgos que lo que es la investigación

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o lo que es naturalmente la seguridad de estas personas pudiera determinar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, señor Ministro, me da la sensación que no tenía usted esta tarde mucho ánimo de aclarar las cosas.
Hace unos meses, usted no era Ministro todavía, surgió algún escándalo en los medios de comunicación con respecto a la escolta policial prestada al señor Sarasola, que en algún caso se dijo que la tenía porque era amigo del Presidente del Gobierno de la Nación. En este caso, yo me voy a referir a un servicio de escolta que durante cinco meses se ha estado prestando a un Diputado regional de las Cortes de Aragón, concretamente al señor Gomáriz que, con su voto tránsfuga, el dio el gobierno a un compañero suyo de Partido, en estos momentos Presidente del Gobierno autónomo. A mí me gustaría saber, señor Ministro, si todas las personas que presentan denuncias por haber sido amenazadas son protegidas, porque la argumentación que se ha dado en Zaragoza ha sido que este señor, en el mes de septiembre, presentó una denuncia en la Comisaría Superior de Policía diciendo que había sido amenazado. Cuando la semana pasada surgió el escándalo en la prensa, el actual Delegado del Gobierno, señor García de la Riva, textualmente dijo que no consideraba necesaria la escolta policial permanente al señor Gomáriz, si bien añadió que ésta fue solicitada antes de que él accediera al cargo, por lo que --y son frases textuales de su Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón-- «tendré que hablar con el Jefe Superior de Policía para conocer los motivos por los que cuenta con esa protección». Pero es que, además, señor Ministro no sé si usted sabe cómo se ha venido prestando esa protección. Se ha venido prestando con un coche camuflado de los que utiliza la policía, que llevaba como chófer a un policía nacional y el Diputadonacional protegido iba sentado en el asiento delantero. Yo, desde luego, no entiendo de técnicas de protección, pero considero muy difícil que un señor que va conduciendo pueda ejercer la protección policial del señor al que teóricamente deba de proteger. Más bien, señor Ministro, da la sensación de que esto es una «prebenda», entre comillas, que se le ha querido dar al Diputado que, con su voto, le dio el Gobierno a un compañero suyo de Partido.
La policía, en varias ocasiones, según declaraciones de representantes de los sindicatos, había intentado, a lo largo de estos cinco meses, retirar la escolta, pero parece ser que hasta ahora, insisto, hasta que no ha salido en los medios de comunicación, no se le ha conseguido retirar. Esta escolta, señor Ministro, va a cargo de todos los españoles. Había un compañero suyo del anterior Gabinete que decía que los ministros eran bienes de Estado. Yo no sé si para el señor Marco el señor Gomáriz es un bien de la Comunidad Autónoma.
Puede que sea un bien para asegurar su escaño o su cargo en el sillón de Presidente de la Comunidad. Le aseguro que para los aragoneses y para el resto de los españoles no es ningún bien de Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias. Señoría, ya antes expuse que las escoltas se prestan por los factores de riesgo que se puedan producir a las personas, unas con carácter permanente, otras con carácter temporal. Yo dudo que el Jefe Superior de Policía haya establecido una escolta que no sea necesaria y confío en la profesionalidad de aquellas personas que, bajo su responsabilidad, tienen que tomar estas determinaciones, y las hay de todo signo político. Me da la impresión que su irritación viene más condicionada por la actuación política de la persona a la cual se le presta una protección que por la objetividad con la que se debe prestar. Señoría, el Ministerio del Interior prescinde de matices políticos y de otro tinte que pudieran tenerse en cuenta a la hora de establecer unas escoltas. Se prestan en función de las necesidades objetivas que estas personas requieren. Por lo tanto, señoría, creo que hace aquí unas apreciaciones que ponen en duda la profesionalidad de aquellos que tienen bajo su competencia y su oficio el decir cuándo sí y cuándo no deben prestar esa seguridad a ciertas personas.
Tengo que decirle que hay numerosas escoltas que se prestan así temporalmente y tengo que lamentar que trate, de forma torticera, de llevar a ese punto de confusión lo que es, sin duda, una escolta prestada con objetividad, con razones de profesionalidad, por el Jefe Superior de Policía y que en ese sentido se ha prestado.
Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES ESTA DESARROLLANDO Y CUALES TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN ASISTENCIA POLICIAL A MUJERES? (Número de expediente 180/000289)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, de la señora Novoa Carcacia.


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La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro del Interior, los delitos contra los derechos y las libertades de la mujer, especialmente las agresiones sexuales y los malos tratos, sean éstos de naturaleza física o psicológica, tienen hoy una importancia destacada, tanto por su frecuencia como, a veces, por su silencio. En la afloración de estos delitos, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un importante papel, en tanto que profesionales relacionados con la seguridad, con la protección y con el aseguramiento del libre ejercicio de los derechos de las personas. Hoy nadie se atreve a discutir que la mujer, en muchos aspectos de su consideración social, de su vida y de su integridad física y moral, se ve todavía sociológicamente desprotegida, en tanto que en el seno de nuestra sociedad perviven todavía muchos prejuicios. El cuerpo policial, como institución inmersa en esta realidad social, no es ajeno a este modo de proceder y la mujer puede sentir la desprotección desde el momento mismo en que acude a presentar una denuncia a la inspección de guardia. No cabe duda de que una realidad de esta naturaleza actúa como inhibidor de la voluntad de la víctima, permitiendo que muchos de estos delitos nunca lleguen a denunciarse.
Por estas razones, señor Ministro, esta Diputada atribuye una gran importancia a los servicios de atención policial a mujeres y es por ello por lo que formulo la siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones está desarrollando y cuáles tiene previsto desarrollar el Ministerio del Interior en asistencia policial a mujeres?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
El Ministerio del Interior viene desarrollando desde hace ya años una especial atención a la mujer víctima de determinados tipos de delitos de los que es objeto por su condición femenina, como son los delitos contra la libertad sexual o la violencia en el seno familiar o en el marco de las relaciones de pareja, conocidos como malos tratos. Esta atención tiene por finalidad no sólo facilitar la denuncia de estos delitos, sino también orientar a esas mujeres hacia los servicios sociales de ayuda que existen, tanto en el Instituto de la Mujer como en las comunidades autónomas o las corporaciones locales.
La atención policial a las mujeres que sufren malos tratos o agresiones sexuales ha mejorado hasta el punto de que en determinadas comisarías se han establecido servicios especiales de atención, integrados por funcionarias cualificadas, para llevar a cabo las diligencias policiales en estos casos.
Actualmente funcionan grupos de policía judicial de atención a la mujer, integrados en su totalidad por mujeres policías, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Santander y Málaga. También hay que tener en cuenta que en las plantillas donde aún no se han implantado estos servicios de atención especial están pendientes de su implantación, teniéndolos ya previstos en Las Palmas, Cádiz, Sevilla, Palma de Mallorca, Zaragoza, Oviedo y otras ciudades. También se está tratando de crear nuevos servicios de atención a la mujer en la comisaria policial de Alicante y se espera que entren en funcionamiento de forma inmediata.
Ahora bien, también es preciso tener en cuenta que la creación de nuevos grupos está condicionada por dos circunstancias, que son, por un lado, naturalmente, la presupuestaria y, por otro, también la formación de mujeres policía, así como una adecuada coordinación, que todavía hay que intensificar, con los servicios públicos en las diferentes instituciones públicas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿DE QUE FORMA HA DEFENDIDO EL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA COMISION EUROPEA LA ERRADICACION DEFINITIVA DE VOLANTAS PELAGICAS, A PARTIR DEL DIA 1 DE ENERO DE 1994, DE ACUERDO CON EL MANDATO UNANIME DE ESTE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN SESION DEL 26 DE OCTUBRE PROXIMO PASADO? (Número de expediente 180/000273)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, ¿de qué forma ha defendido el Gobierno español ante la Comisión Europea la erradicación definitiva de volantas pelágicas a partir del día 1 de enero de 1994, de acuerdo con el mandato unánime de este Congreso de los Diputados, en sesión del 26 de octubre próximo pasado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, en el Consejo de Pesca celebrado los días 20 y 21 de diciembre pasado la Comisión Europea optó por no presentar una propuesta derogando la utilización de redes de malla a la deriva de hasta cinco kilómetros de longitud. En este Consejo y a pesar del interés manifestado por determinados Estados miembros España no admitió que se pudiera materializar una continuidad de la prórroga. Por ello, a partir del 1 de enero de este año, salvo que se presente por la Comisión una nueva propuesta y ésta sea adoptada por mayoría cualificada, las únicas redes autorizadas son las de dos kilómetros y medio, de acuerdo con el Reglamento 345/92. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro, pero ése no es el acuerdo de esta Cámara del día 26 de octubre. El acuerdo de la Cámara del 26 de octubre es el de la erradicación total y definitiva de las volantas pelágicas, votado incluso por su propio Grupo Parlamentario, el Socialista, y no es de recibo que un eurodiputado socialista defienda en el Parlamento Europeo, bastante después de este acuerdo, en el apartado segundo, que opina que, a partir del día 1 de enero del año 1994 y por un período de tres años, debería concederse una nueva excepción relativa a la utilización de redes de malla a la deriva de más de 2,5 kilómetros, sobre todo para los franceses.
Señor Ministro, sabe usted tan bien como yo y como todos los españoles que la flota pesquera española está atravesando por uno de los momentos más duros; que desde Galicia las flotas congeladoras no saben lo que va a pasar con Argentina, con las Malvinas o con Namibia y sus negociaciones; que desde las flotas del norte y de los túnidos no saben qué es lo que va a pasar con la erradicación de las volantas pelágicas. Y los pescadores españoles son bastante más cautos en sus intervenciones de lo que lo han sido los franceses, por razones mucho más nimias, hace unos días en Francia. Y quiero decirle, señor Ministro, que este Parlamento, esta Cámara en España ha de tomar una determinación para prohibir definitivamente la importación de productos pesqueros en este país que está prohibido capturarlos a los productores y a los pescadores españoles. Es intolerable que estemos importando capturas que aquí se prohíben a nuestros pescadores. Señor Ministro, yo quiero terminar diciendo que hay que hacer mayor fuerza ante la Comunidad Europea, ante el Parlamento Europeo, al unísono, defendiendo lo que en esta Cámara hemos apoyado absolutamente todos los grupos políticos, y eliminar de una vez y definitivamente del Tratado de Adhesión ese período transitorio del año 2002 para pesca que tiene fijado España.
Está tratando ahora el Parlamento Europeo, y pretende hacerlo antes de que termine el período de sesiones y se disuelvan las Cámaras, de que en el mes de marzo la ampliación pueda ser definitiva, que entre Noruega. Si a partir del día 1.º del año 1995 entran otros países, a partir de esa misma fecha, señor Ministro, estamos dispuestos a pedir y a exigir que se termine el período transitorio de pesca que está fijado en el año 2002 para los pescadores españoles, que está arruinando a un sector del que, usted sabe, viven medio millón de familias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Como S.S. sabe, España viene manteniendo en todos los foros de la Unión Europea y básicamente en el Consejo de Ministros la misma posición, y con anterioridad al acuerdo de esta Cámara, la misma posición que por unanimidad se adoptó en esta Cámara.
Además, la hemos venido manteniendo en una situación, si no en solitario por lo menos de gran dificultad en el marco del Consejo. Como le decía a S.S., en este momento sólo se puede pescar con redes de 2,5 kilómetros y esperamos el resultado de la próxima propuesta. El Parlamento Europeo, como también sabe S.S., ha planteado una propuesta que va más allá incluso del Reglamento 345, que se puedan utilizar sólo las volantas pelágicas de 2,5 kilómetros en las doce millas. Nos parece que ése es un paso adelante que estoy convencido de que esta Cámara respalda, pero, por otra parte, es innegable la dificultad que tiene la negociación en el marco comunitario.
Hace dos semanas el Comisario de Pesca ha estado en Madrid, y uno de los elementos fundamentales sobre los que hemos estado debatiendo ha sido sobre éste; para nosotros es una cuestión fundamental no sólo que no se prorrogue la derogación de los cinco kilómetros, sino que se proceda a la eliminación de estas volantas. ¿De qué forma se va a hacer? Permítame S.S.
que lo deje para el marco de la negociación, entre otras cosas porque será necesario jugar con muchos elementos y sobre todo conseguir que tengamos un horizonte claro de eliminación de estas redes de malla a la deriva. En cuanto a la valoración con respecto al mercado, creo que hemos de ser cautos y prudentes, porque indudablemente la prohibición española nos la hemos dado nosotros mismos y es un ejemplo que estamos dando a los demás países.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA ABARATAR EL DINERO PARA LAS INVERSIONES QUE EFECTUE EL SECTOR AGROALIMENTARIO, DE ACUERDO CON LA EVOLUCION DEL MERCADO DURANTE 1994? (Número de expediente 180/000288)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, de la señora Sánchez Díaz.


La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para abaratar el dinero para las inversiones que efectúe el sector agroalimentario, de acuerdo con la evolución del mercado durante el año 1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Díaz.
El señor Ministro de Agricultura tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el sector agrario ha dispuesto durante el transcurso de los años 1992 y 1993 de una bonificación de intereses de los préstamos necesarios para financiar las inversiones en modernización de sus explotaciones, de tal manera que el interés resultante para el agricultor ha quedado en esos años dentro de la banda del 4 al 7 por ciento, en función del tipo de agricultor y de la situación de la explotación. Teniendo en cuenta que el precio del dinero ha descendido especialmente en los últimos meses de 1993, el Gobierno aprobó el 21 de enero de 1994 un nuevo Real Decreto que modifica el Real Decreto 18/1987, por el cual se repercuten al agricultor los efectos positivos de reducción de los tipos de mercado. De esta forma, con un interés del 10,25 por ciento a suscribir en los convenios para 1994, la nueva banda de interés resultante al agricultor para financiar sus inversiones se sitúa entre el 3 y el 4 por ciento. Quiero resaltar que son tipos de interés prácticamente negativos, el 3 por ciento es un tipo de interés negativo. Igualmente, el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 1/1994, de 21 de enero, que se convalidó recientemente por este Congreso de los Diputados, ha dispuesto la reducción del tipo de interés que los agricultores han de satisfacer al IRYDA por los préstamos que fueron concedidos por dicho organismo, es decir, créditos vivos ya y concedidos. Esta reducción rebaja al 9 por ciento el interés a pagar por el agricultor en los préstamos que tenían tipos superiores al 9 por ciento, lo que significa una reducción media superior a dos puntos porcentuales, de la cual se van a beneficiar un total de 22.500 agricultores. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concederá a las inversiones de la industria agroalimentaria una ayuda, en forma de bonificación de intereses en operaciones de crédito, hasta un máximo de seis puntos. Para ello, el Gobierno ha modificado el Real Decreto por el que se fomenta la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios y pesqueros. Para instrumentar estas ayudas, el Ministerio de Agricultura establecerá los correspondientes convenios con entidades de crédito, públicas o privadas, y con cooperativas agrarias que tengan sección de crédito. Estas entidades podrán conceder préstamos, con un plazo de amortización de cinco años, incluido uno de carencia, por un importe que podrá llegar a cubrir el 80 por ciento de las inversiones y gastos subvencionables.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE HACIENDA RETRASA LA DEVOLUCION DE DECLARACIONES POR IRPF UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO PREVISTO? (Número de expediente 180/000275)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Peñarrubia Agius.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que Hacienda retrasa la devolución de declaraciones por el Impuesto de la Renta, una vez finalizado el plazo previsto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en primer lugar, le diré que Hacienda no retrasa la devolución de declaraciones. En el plazo previsto se han devuelto el noventa y seis y pico por ciento, quedando pendientes un tres un poco largo por ciento. Siempre que no se ha producido la devolución responde

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a una causa justificada. En general, suele ser disconformidad en los datos, falta del domicilio que exige que, al no ser conocida la cuenta bancaria, no se haga por transferencia sino por talón, etcétera. Hay una serie de razones que exigen un período de tiempo mayor y, por supuesto, esas son las que se discuten y se devuelven en un momento posterior. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esperaba esa respuesta porque es la única posible para justificar lo injustificable, y lo injustificable es que se retrasen 50.000 millones de pesetas que afectan a casi 400.000 contribuyentes. Resulta curioso que Hacienda, que se muestra tan inflexible a la hora de exigir el cumplimiento de los plazos por parte del contribuyente, sea menos exigente cuando se trata de lo contrario, es decir, de cumplir sus propios plazos. Señor Ministro, pocos se creen las razones que ha dado para justificar el retraso, y menos quienes conocen un poco cómo funciona la Administración de Hacienda en nuestro país. Los contribuyentes españoles tienen la sensación de que, con demasiada frecuencia, sus derechos son olvidados y, sobre todo, tienen la certeza de un mal funcionamiento de la Administración de Hacienda. Ejemplos de ello le puedo dar muchos y documentados, señor Ministro. Es frecuente que las administraciones de Hacienda carezcan de impresos de un determinado modelo días antes, incluso horas antes de finalizar el plazo fijado para su presentación. Sobre este particular el Diputado que le habla hizo una pregunta en la anterior legislatura. Es frecuente también, señor Ministro que los contribuyentes reciban, en numerosas ocasiones, requerimientos intimidatorios sobre determinados conceptos tributarios, reclamando documentos que habían sido presentados en tiempo y forma, obligando a demostrar, bajo amenaza de sanción, que el error era de Hacienda y, en ningún caso, del contribuyente. Dispongo de fotocopia de una de estas perlas, señor Ministro. Los ciudadanos están cansados de que se les moleste pidiendo obviedades. De eso tengo otro ejemplo.
Quienes quieren cumplir con Hacienda se encuentran desorientados y desasistidos con el cambio de criterio de normas y hasta de impresos, no de un ejercicio a otro sino dentro de un mismo año fiscal, unas veces por decisión de la propia Administración y otras por sentencia de los tribunales, como ha ocurrido recientemente.
Con estos antecedentes, señor Ministro, no puede resultar extraño que la inmensa mayoría de los contribuyentes a los que se les ha retrasado la devolución y que tengan derecho a la misma, cuando la vayan a cobrar lo van a hacer sin los intereses de demora que legítimamente les corresponde...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Si lo que S.S. quiere decirme es que todos los servicios son mejorables, le contesto que sí, incluido el de Hacienda. Si lo que quiere poner de relieve es que funciona muy mal, le diré que no. El tres por ciento de casos en que se plantea algún tipo de discusión me parece un porcentaje bastante razonable, sobre todo si estamos hablando de ocho millones y medio de devoluciones, que tienen que ser procesadas en un período relativamente corto de tiempo.
Las razones a las que he hecho referencia son las que normalmente se aplican. ¿Que puede haber algún caso aislado en que pueda producirse alguna dificultad adicional? Es posible, pero, por supuesto se puede corregir. Me preocupa mucho esa referencia que hace S.S. a que modificamos la situación durante un cierto período de tiempo, bien por decisión de la Administración o por sentencias de los tribunales. ¿Es que me está proponiendo S.S. que no apliquemos las sentencias de los tribunales? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA INFLUIDO SOBRE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN POLITICA DE PERSONAL SANITARIO EL CONVENCIMIENTO DE QUE LOS MEDICOS ESPAÑOLES HAN MANTENIDO UNA ACTITUD «ANTISERVICIO SANITARIO PUBLICO»? (Número de expediente 180/000276)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Fernández- Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, ¿ha influido sobre las decisiones del Gobierno en política de personal sanitario el convencimiento de que los médicos españoles han mantenido una actitud «antiservicio sanitario público»? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
El Gobierno, señor Diputado, nunca ha pensado que los médicos españoles hayan mantenido una actitud «antiservicio sanitario público». Y, por tanto, difícilmente ha podido influir esa actitud en las decisiones del Gobierno. Muy al contrario, el Ministerio considera al personal médico como un pilar fundamental del sistema sanitario público y somos conscientes de la dedicación y la entrega que este personal desarrolla.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, sus afirmaciones deberían ser tranquilizantes, pero, lamentablemente, no son creíbles. Y no son creíbles porque hay médicos, hay diplomados en enfermería, hay profesionales de la sanidad, incluso trascendiendo a los medios de comunicación, que se sienten perseguidos, que se sienten discriminados por las actuaciones de las autoridades sanitarias. Estas denuncias, que han llegado incluso a nuestro Grupo parlamentario, se ven ratificadas por declaraciones de personas relacionadas con el mundo de la sanidad, con responsabilidades incluso dentro de la política sanitaria, como es el señor La Mata, responsable del Partido Socialista de Sanidad y, además, Director General de Planificación, Formación e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene a bien declarar textualmente en los medios de comunicación: En el Partido Socialista teníamos un análisis muy simple: los médicos son de derechas. En las últimas elecciones, el 60 por ciento votó al PP y, por tanto, según pensábamos, iban a hacer una política «antiservicio sanitario público». Y afirma: En el PSOE, nos equivocamos al creer que podíamos ir contra los médicos.
Señoría, estas declaraciones suponen el reconocimiento, que yo denuncio en esta Cámara esta tarde, de que el socialismo español ha perseguido por razones políticas, por razones ideológicas, a los médicos españoles que trabajaban en la sanidad pública y, además, respondiendo a una consigna preestablecida. Y tienen ahora la desfachatez de reconocer que se han equivocado, como consecuencia, sin duda alguna, de los resultados de su política y de los resultados electorales.
(Rumores.) ¿Ha colaborado S.S., en los meses que lleva como Ministra, en esta persecución política? ¿Lo han hecho sus altos cargos, el señor Temes, Director General del Insalud, o el señor Conde, Subsecretario del Ministerio, que sí pertenecen al Partido Socialista Obrero Español, con el cual usted colabora? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, la mayoría de los médicos españoles trabaja en el sistema sanitario público y más del 70 por ciento lo hace voluntariamente de forma exclusiva.
En la labor de control del Gobierno que S.S. desempeña trayendo a colación declaraciones de responsables sanitarios que, tal como acaba de leer, analizan o valoran actitudes y consideraciones respecto a la consideración que en el PSOE se haya podido hacer de la posición ideológica de los médicos, asegura S.S. que son difíciles de contestar. Son difíciles de contestar desde la seriedad y desde la racionalidad.
Las imputaciones que S.S. permanentemente está haciendo a los responsables del Ministerio de Sanidad, basadas en no sé qué figuraciones, me confortan en la medida en que demuestran que no tiene S.S. argumentos concretos para venir aquí a pedir explicaciones sobre la política sanitaria. Yo no he colaborado en mi gestión al frente del Ministerio a ninguna política de las que S.S. enuncia aquí. Y lo que sí puedo es darle cuenta de los trabajos que estamos realizando sobre el estatuto-marco del personal sanitario, sobre la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, temas serios que afectan al personal sanitario, y recomendarle que si conoce, tiene y recibe en su Grupo parlamentario denuncias de médicos y cree S.S. que están fundadas, me las remita, que con mucho gusto, y como es mi obligación, las atenderé.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO SOUVIRON GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE SE VIENE DENEGANDO EL RECONOCIMIENTO DEL CAPITAL SEGURO DE VIDA A LOS MUTUALISTAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL TRAS SU INTEGRACION EN EL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000282)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Souviron García, que tiene la palabra.


El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Presidente, señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que se viene denegando el reconocimiento de la prestación capital seguro de vida a los mutualistas de la Administración local tras su integración en el Régimen General de la Seguridad Social?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souviron.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Señor Presidente, señoría, debo distinguir dos situaciones para responder a su pregunta. Primera, la de los mutualistas...


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, si se dirige a la Presidencia o a la tribuna se le oirá mejor, incluso el señor Diputado, aunque esté a su espalda.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Decía, en primer lugar, que hay que distinguir dos situaciones. Una, la de los mutualistas acogidos antes de la integración del colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 1 de abril de 1993, que tenían adquirido el derecho al capital seguro de vida o su rescate, a los que la Seguridad Social ha reconocido, a todos, la prestación, y otra es la situación del resto de los mutualistas a quienes, a partir de dicha fecha --1 de abril de 1993--, se les aplica plenamente el Régimen General de la Seguridad Social en el que no existe el capital seguro de vida. En segundo lugar, quiero subrayar que el sistema actual es mucho más amplio y más generoso que el del antiguo régimen de la Munpal.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Souviron tiene la palabra.


El señor SOUVIRON GARCIA: La verdad es que, por hacer un pequeño resumen, desde la propia Ley creadora de la Munpal, se reconoció la prestación del capital seguro de vida como una prestación independiente, que se contempla en el propio estatuto, que desarrolla, a su vez, la ley de origen. La propia Ley Reguladora del Régimen Local no altera para nada el asunto y desembocamos así en el célebre Real Decreto 480, de 1993, en el que, al integrar la Munpal en el régimen de la Seguridad Social, se ignora totalmente esta prestación.
Evidentemente, como usted ha dicho, los mutualistas que después de esta fecha tenían el derecho adquirido a acceder a la prestación, se han visto sin ella.
La verdad es que, por ser gráfico y visto desde fuera, nos da la impresión, señor Ministro, de que el Gobierno, teniendo en una mano la Munpal y en otra la Seguridad Social, hubiera hecho un extraño juego de ilusionismo, por el cual, al pasar la Munpal de una mano a la otra, ha hecho perder ante nuestra propia vista la prestación a que venimos refiriéndonos.
Queremos incluso pensar y tener la esperanza de que esto sea así, porque querrá decir que el Gobierno, en algún momento, va a sacar de la ancha manga de la Seguridad Social la prestación y la va a poner a disposición de sus legítimos propietarios, que son, precisamente, quienes han estado cotizando toda la vida para acceder a ella.
En este caso, sin duda, el Gobierno podría ponerse una de esas amplias medallas que algún ilusionista saca en la televisión, mientras los pensionistas podrían tomarse un vaso de agua para reponerse del susto. Pero, desde luego, a lo que no están dispuestos los pensionistas es a ponerse la medalla de la resignación. Este Grupo parlamentario, cuya voz cada vez se oye más en la Cámara, como usted sabe, va a evitarlo en lo posible. Señor Saavedra, no tengo que recordarle que es usted el Ministro de las Administraciones Públicas, por tanto, de los funcionarios públicos y, en consecuencia, de los funcionarios de la Administración local, y espero que vele por sus derechos.
Soluciones hay. La Comisión liquidadora que está en marcha, podría poner un fondo especial, como el que ya se estableció para los funcionarios que, en situación similar, dependientes de la Seguridad Social, se incluyeron en el Régimen General y no habría discriminación con respecto a los funcionarios de la Administración local.
Eso es lo que espero, señor Ministro, de su figura jurídica y de su sensibilidad política. Cualquier otra respuesta no la comprenderíamos, desde luego, en el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souviron.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Souviron, primero, quede claro que la integración de los funcionarios de la Munpal en el Régimen General de la Seguridad Social fue unánimemente solicitada por los integrantes del colectivo.
Segundo, que el régimen de cobertura de la Munpal era inferior en número y cuantía a las prestaciones de la Seguridad Social.
Por ejemplo, la incapacidad laboral transitoria, que no existe en la Munpal. Tercero, la integración se efectuó por imperativo de lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local.
Y, cuarto, el Real Decreto mencionado por S.S. se hizo una vez obtenido el acuerdo de todos los sectores interesados: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio para las Administraciones Públicas, organizaciones sindicales con representación en la Administración local, la Federación Española de Municipios y Provincias y la propia mutualidad. El citado acuerdo se produjo en torno a la obtención de tres objetivos: uno, respeto escrupuloso de los derechos pasivos reconocidos o en vías de adquisición; dos, equiparación de los afiliados a la Munpal con los de la Seguridad Social en cuanto al nivel y cuantía de las

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prestaciones y, tres, garantía de la estabilidad financiera del sistema gestionado por la Munpal. Por consiguiente, no es cuestión de sacarse de la manga del Régimen General de la Seguridad Social una nueva prestación, por cuanto que no existe ni hay ninguna duda jurídica al respecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA REPERCUSION DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA IGLESIA CATOLICA PARA LA REALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA? (Número de expediente 180/000284)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, desde que en el mes de marzo de 1989 se produjo la primera incorporación de objetores de conciencia a la prestación social sustitutoria, se ha venido realizando por parte del Ministerio de Justicia una labor y un esfuerzo importantísimos para conseguir que se incremente progresivamente el número de plazas ofertadas a los jóvenes objetores. Esta labor debe estar encaminada fundamentalmente a la incorporación cada vez más rápida y ágil de los objetores a un puesto de prestación social. Además, esta necesidad de conseguir una gestión cada vez más ágil de la prestación social viene motivada por el hecho de que aumenta progresivamente la cifra de jóvenes que se declaran objetores y que, por tanto, están a la espera de realizar la prestación.
Esta situación ha provocado que cada vez se esté abriendo más el abanico de conciertos entre el Ministerio de Justicia y distintas administraciones. Además de con los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y comunidades autónomas, se están elaborando programas, en muchos casos bastante novedosos, con otras entidades como Icona y Cruz Roja y con movimientos asociativos, sin olvidar tampoco los programas de carácter humanitario y de cooperación internacional, como el que ha hecho que recientemente se incorpore un número importante de jóvenes a una labor realmente humanitaria y necesaria también, por otra parte. En este esfuerzo por conseguir el aumento del número de plazas, se ha firmado, recientemente y por primera vez, un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Iglesia Católica, con el ánimo de abrir la oferta de plazas a organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Iglesia que están llevando a cabo una labor sin duda muy importante de voluntariado social. Sobre este último aspecto, formulo al señor Ministro de Justicia la pregunta, que, literalmente, dice: ¿Cuál es la repercusión del convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y la Iglesia Católica para la realización de la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente. Señoría, señorías, efectivamente, ha enmarcado usted la pregunta dentro de las actuaciones que está realizando el Gobierno a través del Ministerio de Justicia en este campo tan complicado y difícil como es el de la prestación social sustitutoria.
En particular, se refiere S.S. al convenio firmado en enero con la Conferencia Episcopal. El Gobierno valora muy positivamente ese acuerdo, por diversas razones, y se las diré de menor a mayor. La menor, aunque pueda parecer paradójico, alude a que es previsible un incremento notable de plazas y, por tanto, incrementaremos la oferta ante esa demanda que, como S.S. ha dicho, no para de crecer. Es un dato importante, puesto que, en definitiva, a partir de ese convenio-marco, se pone en marcha un conjunto de convenios bilaterales con el conjunto, muy numeroso --S.S. lo conoce--, de instituciones de la Iglesia que se dedican a labores que podrían encuadrarse en el marco de la prestación social. Aunque no sea riguroso en este momento hablar de cifras --habrá que esperar al resultado de ese convenio--, ciertamente se puede decir que va a ser cuantioso. Hay un segundo motivo importante, que se engloba en una política más amplia de convenios. Usted ha aludido a una serie de ellos, hay otros importantes. En los próximos días, firmaremos un convenio cuantitativa y cualitativamente importantísimo con el Ministerio de Educación; poco tiempo después lo haremos con el Ministerio de Sanidad y también mantenemos una colaboración muy eficaz con el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero la razón más importante de todas, en opinión del Gobierno, está más bien en que es un signo manifiesto de las relaciones particularmente positivas de colaboración entre el Gobierno y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha comprendido que debe contribuir solidariamente a la solución de un problema de Estado y hacerlo dentro de un marco muy concreto, el de garantizar la libertad ideológica de los objetores, la neutralidad de la prestación social sustitutoria y la libre autonomía de las propias entidades colaboradoras. Nada más.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO TRANSPONER LA DIRECTIVA COMUNITARIA SOBRE MULTIPROPIEDAD? (Número de expediente 180/000285)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 de la señora Pelayo Duque.


La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
En nuestro país han sido diversos sectores y corporaciones públicas los que han venido demostrando su preocupación por la falta de regulación legal de un fenómeno que ha aparecido en toda la geografía turística española y que ha dado lugar a numerosas quejas basadas no sólo en la falta de regulación, sino también en la indefensión en que se encontraban algunos usuarios. Se trata del sistema conocido por vacaciones a tiempo compartido o multipropiedad y que dio lugar, en la anterior legislatura, a una iniciativa del Grupo parlamentario Socialista.
La decisión del Gobierno de no remitir a la Cámara un proyecto de ley hasta que no se apruebe por la Comisión Europea una directiva comunitaria en la que se ha venido trabajando desde hace algunos años no ha sido sólo una decisión prudente, sino que creo que era la adecuada, a efectos de regular en nuestro país, de manera ya normalizada, este fenómeno tan preocupante.
España es, además, el primer país europeo receptor en «time- sharing» y el segundo del mundo. Eso habla ya de la importancia del tema y de la cifra que baraja. Por ello, conocida la existencia de un anteproyecto y también el que en fecha próxima se pueda aprobar por la Comisión Europea una directiva, pregunto al Gobierno cuándo piensa transponer esa directiva al Derecho interno español.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente. Señoría, señorías, efectivamente S.S. ha aludido al proceso de creación de la directiva comunitaria dentro del marco de la Comunidad. En el mes de noviembre del año 1993 se llegó a un acuerdo de principio sobre alguno de los extremos esenciales en los que había discusión: la cuestión lingüística, lo cual es usual, por otro lado, en el marco de la Comunidad Europea; el problema de su entrada en vigor y también el problema del período de reflexión.
Posteriormente, se realizó un borrador, que pasó, como es costumbre en la Unión Europea, a los expertos juristas y lingüistas, que el 3 de este mes de febrero han elaborado ya un proyecto de toma de posición común, que refleja el punto de partida inicial, y que el próximo mes tendrá que examinar, ya, por tanto, bajo Presidencia griega, la aprobación de la directiva comunitaria. Realizado ese proceso, SS.SS. saben que el paso siguiente será la ratificación por el Parlamento Europeo. He hecho este marco porque sólo así se puede comprender la actividad prelegislativa del Gobierno en este campo.
Efectivamente, la iniciativa parlamentaria, que existió en este sentido en la legislatura anterior, se paralizócomo consecuencia de iniciarse el proceso prelegislativo, llamémoslo así, en el ámbito de la Unión Europea. La idea era muy clara, era lograr que, en definitiva, no hiciéramos un texto normativo que debiera ser inmediatamente adaptado a través de la técnica de la transposición de directiva comunitaria. El procedimiento de tramitación simultánea del proceso prelegislativo a nivel interno y del proceso prelegislativo a nivel de Unión Europea podría aparentemente ser retardatario. La realidad, desde el punto de vista del Gobierno, es, efectivamente, la contraria.
Como estamos trabajando al mismo tiempo, de suerte que el borrador se va adaptando a las sucesivas reformas que se inician o que se provocan en el seno de los organismos europeos, podremos seguramente ser uno de los primeros países, si no es el primer país, que logre la transposición de la directiva comunitaria, porque estamos trabajando de manera paralela. De suerte que, aprobada que sea, bastará el período de consultas horizontal y los informes preceptivos para que pueda convertirse en anteproyecto primero, en proyecto después y, finalmente, que SS.SS. pueda tomar la decisión que les corresponde como poder soberano. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE CONOCIMIENTO EL MINISTRO SOBRE LA ESTRATEGIA DEL GRUPO REPSOL EN RELACION A LA FACTORIA ALAVESA GENERAL QUIMICA, UBICADA EN LANTARON Y, EN CONCRETO, SOBRE EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE BALANCES INICIADO EN ESTA EMPRESA SUSCEPTIBLE DE MINORAR LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DE LA HACIENDA FORAL DE ALAVA? (Número de expediente 180/000265)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Olabarría Muñoz.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Ministro de Industria, ¿conoce la política industrial, la política empresarial del grupo Repsol, en relación a la factoría General Química, ubicada en la localidad alavesa de Lantarón y, particularmente, su política de consolidación de balances?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Sí, señor Diputado, el Ministro de Industria conoce esa política.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, nos satisface sobremanera tan eficiente cumplimiento de sus funciones de conocimiento y diligencia administrativa.
En todo caso, quizá se me olvidó a mí preguntarlo, además de su consciencia sobre esa política nos gustaría conocer también cuál es su opinión, sobre todo porque la política de consolidación de balances supone un quebranto para la capacidad recaudatoria de la Diputación Foral de Alava. Y cuando hablamos de quebranto, de disminución de la capacidad recaudatoria de la Hacienda Foral de Euskadi, estamos hablando de quebrantar también o perturbar los sutiles equilibrios económico-financieros que subyacen en el concierto económico, y esa no es una cuestión baladí. Hace falta más que conocimiento, hace falta también responsabilidad y acción cuando estamos hablando de estas cuestiones.
La política de consolidación de balances del grupo Repsol, en relación a General Química, consiste en un quebranto de la capacidad recaudatoria en materia de Impuesto de Sociedades, puesto que ya el sistema de liquidación de este impuesto se hace a través de la cifra relativa de negocios, con lo cual ya la imputación a la liquidación se hace en la Administración Tributaria del Estado, no en la Administración Foral Alavesa.
Es la primera cuestión que nos preocupa, señor Ministro.
En materia de IVA, las transacciones internas entre el grupo Repsol, por una parte, y la propia factoría General Química, están suponiendo que la cantidad soportada en materia de IVA por esta factoría es superior ya a la cantidad que esta empresa puede repercutir; otro nuevo quebranto a la capacidad recaudatoria de la Diputación Foral Alavesa.
Y, en materia de IRPF, la situación es mucho más lamentable, desgraciadamente, señor Ministro, porque estamos hablando de una reducción de plantillas que afecta a 118 trabajadores que están en este momento empleados en esta factoría, y eso supone una minoración de la capacidad recaudatoria de la Hacienda Foral a través de este impuesto, pero algo mucho más lamentable, señor Ministro, eso supone pérdida de puestos de trabajo y puede suponer también, a la postre, pérdida de tejido industrial en Alava, donde no estamos sobrados, como usted bien sabe, señor Ministro. Nosotros le pedimos que actúe, que las decisiones estratégicas del grupo Repsol no resulten lesivas para la capacidad financiera, para la capacidad recaudatoria, pero sobre todo que no contribuyan a minorar el tejido industrial de Alava y el tejido industrial, por ello, de Euskadi. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor Olabarría, está usted bastante mal informado. El grupo Repsol lo único que hace es cumplir la ley. Como dice el Real Decreto 1414/1977, de 17 de junio, si, después de concedido el régimen de declaración consolidada, la sociedad dominante lograra el control sobre una o varias sociedades, será obligatoria su inclusión en el grupo en el siguiente ejercicio.
Esto es lo que ocurre con esa sociedad. Por tanto, está cumpliendo estrictamente la ley, como es su obligación, obligación de cumplimiento de la ley que es perfectamente compatible con el régimen de concierto económico, con el cual esto está perfectamente articulado. En segundo lugar, le quiero decir que esa sociedad en este momento no está contribuyendo en absoluto a la Hacienda Foral, entre otras cosas porque no hace sino arrojar pérdidas, pérdidas que, naturalmente, significan el no ingreso en la Hacienda Foral.
En el momento en el que haya beneficios, como está generando un crédito fiscal, se consolidará con las pérdidas actualmente existentes y, en el futuro, esa empresa, tributará, naturalmente, por cifra relativa de negocios, como corresponde a otras empresas también que están en cifra relativa de negocios en el territorio foral.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL GARCIA FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿NO ES INTENCION

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DEL GOBIERNO EL INFORMAR A LAS CORTES GENERALES DE LA VENTA DE LA EMPRESA PUBLICA ENAGAS A GAS NATURAL SDG ANTES DE LA FIRMA DE LA OPERACION, DADA LA DIMENSION E IMPORTANCIA ESTRATEGICA QUE TIENE LA MISMA PARA EL SECTOR PUBLICO Y LA POLITICA ENERGETICA DE NUESTRO PAIS? (Número de expediente 180/000266)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Mi pregunta, señor Ministro, que no le sonará a nueva, es relativa a si usted tiene ya prevista la fecha, si ésta va a ser inmediata o, en todo caso, antes de que se cierre la negociación, de comparecer ante esta Cámara para explicar la venta de Enagás a Gas Natural.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor García Fonseca, con mucho gusto compareceré, explicaré y daré todas las explicaciones tan pronto como esa operación se produzca, no antes. He tenido ocasión de informar públicamente, y a ustedes también, en la propia Comisión de Industria y en otros momentos de intervenciones parlamentarias, sobre un proceso que se está gestando, un proceso que hasta ahora se ha traducido en un protocolo exclusivamente y no en una venta, en un protocolo de intenciones, en el cual se pone de manifiesto que las partes firmantes del presente documento, Gas Natural y el INH, reconocen la complejidad de la valoración de Enagás, que requiere tener en cuenta, entre otros factores, sus compromisos nacionales e internacionales, su régimen tarifario y el marco regulatorio en que se desarrollará su actividad.
Este es un proceso que está en curso. Tan pronto como este proceso dé lugar a algún tipo de decisión tendré muchísimo gusto en explicar más allá de lo que públicamente ya he tenido ocasión de transmitir. Pero sí le pido, señor García Fonseca, que no se haga usted eco de todas las especulaciones que a veces se hacen algunos grupos financieros sobre valores o no valores. Me parece que este es un proceso en el que la Cámara, naturalmente, tendrá que tener la información procedente y tendré muchísimo gusto en dársela no sólo con toda cordialidad, sino con todo lujo de detalles. Pero, cuando esto se produzca. Todavía no se ha producido.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Siento mucho su respuesta, señor Ministro. Yo le había entendido, a propósito de la interpelación donde yo incluí este tema porque me pareció de la máxima urgencia e importancia, que sí nos iba a dar una información, pero previa, a la toma de decisión final. A nosotros nos parece que la importancia y los interrogantes que el asunto suscita así lo requiere.
Y no es que quiera dar crédito a especulaciones de no sé qué empresas financieras, aunque me encuentro tan inerme que me resultaría fácil dar crédito a cualquier especulación. Porque, efectivamente, contra lo que usted acaba de indicar, nosotros no hemos recibido información ninguna sobre Enagás. Es más, ese protocolo al que ha hecho referencia ahora, mi Grupo parlamentario lo ha solicitado hace tiempo y se nos ha dado la callada por respuesta, señor Ministro.
Y el tema cada vez nos suscita mayores y más graves interrogantes. Y no son especulaciones, a no ser que usted entienda por tal las declaraciones que la prensa recoge en boca de usted mismo. Al final, se dice que el precio del gasoducto del Magreb, que algo tiene que ver con esto, va a ser financiado en base a las tarifas, en base al consumidor, y después el grupo de gasística resultante se hará cargo de la gestión española del EMPL en el Magreb. Es decir, que aquí, señor Ministro, se empieza al revés de como sucede en la naturaleza, el pez pequeño se come al grande. En vez de absorber o integrar Enagás a Gas Natural, sucede exactamente al revés. En segundo lugar, en cuanto a especulaciones de precios, señor Ministro, la primera especulación proviene de una declaración suya en el mes de octubre cuando hablaba de 100.000 millones de pesetas. Ahora parece, según sigue la curva descendente, que la van a regalar. En tercer lugar, no sólo la regalan, sino que los aspectos lesivos que pudiera tener, sobre todo los aspectos que requieren fuertes inversiones públicas, fortísimas, que no se conocen, puesto que el Plan Energético nacional habla de 110.000 millones y ahora ya se habla de 400.000...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muy brevemente.
Señor García Fonseca, lamento que se sienta insatisfecho.
Cuando quiera saber lo que yo opino sobre lo que vale, pregúntemelo a mí. No haga caso a todo lo que lee, porque no todas las cosas que lee responden a lo que yo pienso o, incluso, a veces, a lo que yo digo.
En segundo lugar, tendré muchísimo gusto en darle todos los detalles que quiera, si usted lo solicita. Por mi parte, los he dado en la Comisión de Industria y los

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volveré a dar tan pronto como pueda dar nuevos detalles sobre un proceso que está en curso, insisto. Lo que uno no puede, señor García Fonseca, es hacer frente a las especulaciones de unos y de otros. Pero créame que tienen ustedes toda la información básica. Y el protocolo, si no lo ha recibido, que, desde luego, es público y notorio, tendré muchísimo gusto en remitírselo esta misma tarde.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POSICION Y GESTIONES REALIZA EL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACION Y FUTURO DE LA FACTORIA AUTOMOVILISTICA «SANTANA MOTOR» DE LINARES (JAEN) (Número de expediente 180/000267)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASAT: Gracias, señor Presidente.
Ministro, le pregunto por la posición concreta hoy, después de las entrevistas que han tenido y de las gestiones que están realizando de cara al futuro de «Santana Motor» en Linares (Jaén).
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): El Ministerio de Industria viene haciendo, y yo mismo, en particular, gestiones desde hace meses. Hay preocupación e interés por el presente y especialmente por el futuro de Santana. Lo que le puedo decir en este preciso momento es que me siento profundamente preocupado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASAT: Desde luego, hoy no parece su día, señor Ministro. La crisis de «Santana Motor» sería para Jaén un golpe similar o superior a lo que ha sido el de Seat para Barcelona. Quiero recordarle que Jaén posiblemente es una de las últimas provincias en renta familiar de España y que con el cierre de Santana perdería un 20 por ciento del empleo industrial de la zona, es decir 2.400 trabajadores.
Pues bien, en este entorno las declaraciones de un alto cargo del Ministerio, señor Moltó, son frívolas, demuestran poco sentido del deber y se alinea con una empresa que no tiene una actuación presentable, se alinea con la empresa presionando desde esa trinchera frente a los trabajadores. Ha dicho que Suzuki tiene derecho a retirarse de Andalucía si no se siente cómoda. ¿Suzuki también tiene derecho a retirarse cómodamente cuando no cumple acuerdos en función de los cuales ha obtenido dinero público? Hace un año se decía desde el Gobierno andaluz, el señor Chaves, que había que firmar aquel trato, aquel acuerdo; se firmó porque si no supondría una auténticatragedia. Pasan pocos meses y ya no le sirve a Suzuki. Los trabajadores han cumplido el laudo a fondo, ha aumentado la productividad y la empresa no cumple nada, recibe el dinero público y ahora dice que posiblemente se vaya y el señor Moltó dice que es plenamente comprensible porque la empresa no se siente cómoda.
¿Qué política de industria era la de su antecesor, que decía que la mejor política de industria es la que no existe? Le faltó decir que el mejor Ministro de Industria es el que no existe y el que no cobra. Eso es lo que siempre ha faltado a la hora de no hacer una política con auténtica responsabilidad nacional. Tanto en Nissan como en Fujitsu, como ahora en Suzuki, ustedes están dando dinero, la empresa se va y ustedes se ponen de parte de la empresa contra los trabajadores.
Responda seriamente a esta situación, que va a dejar a una comarca seriamente deprimida y a una provincia como Jaén la va a dejar prácticamente abocada a la tragedia. No lo tome a frivolidad, señor Ministro, como ha hecho en la primera respuesta. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Seguramente, señor Alcaraz, el mejor Diputado que habla de política industrial no es usted. Lamento decírselo porque me parece que en sus palabras hay un profundo desconocimiento de la situación y una atribución de responsabilidades a los demás. Mire, si al contestarle he sido bien lacónico es porque sé lo que estoy diciendo y, como estoy profundamente preocupado por eso y he hecho gestiones para resolverlo, como ha llegado un momento, en el que quizás haya que tomar decisiones, es por lo que tengo que decirle solamente lo que le estoy diciendo. Ayer estuve reunido con los directivos de Suzuki, lo mismo que el Secretario de Estado ha estado reunido en Japón hace poco con los directivos de Suzuki, y hace unos pocos meses también tuve la ocasión de hablar y preocuparme, lo mismo que otros dirigentes públicos de la Junta de Andalucía, para resolver un problema. Si le digo lo

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que le digo es porque, no solamente se preocupa usted, con algunas expresiones frívolas y a mi juicio demagógicas, quienes nos estamos preocupando por garantizar el futuro, estamos tratando de hacer lo que somos capaces de hacer en una empresa que tiene una mayoría de capital japonés, en la cual hay pérdidas reiteradas durante bastantes años y una situación crítica en este momento. No le diré más, señor Alcaraz. Usted puede expresarse como quiera, pero éste es un problema que le preocupa a usted y me temo que a mí me tiene que preocupar todavía más que a usted.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿POR QUE RAZON NO HA SUSPENDIDO EL GOBIERNO EL COBRO DE LAS JORNADAS TEORICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS AGRICULTORES? (Número de expediente 180/000278)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Gayarre Bermejo. Tiene la palabra.


El señor GAYARRE BERMEJO: Gracias, señor Presidente.
¿Por qué razón no ha suspendido el Gobierno el cobro de las jornadas teóricas de la Seguridad Social a los agricultores?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Por una razón jurídica fundamental; que no existe norma alguna que permita aplazar el cobro de las jornadas teóricas a los agricultores. Otra cosa es el compromiso del Gobierno, como consecuencia de moción aprobada en esta Cámara, que se llevará a cabo en breve plazo, de sustituir el sistema de cotización por jornadas teóricas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gayarre.


El señor GAYARRE BERMEJO: Me alegro mucho que por lo menos reconozca que hay que cambiarlas.
Las jornadas teóricas son, en realidad, un impuesto camuflado que grava la tierra en función de su potencial productivo y no de que se contraten más o menos trabajadores por cuenta ajena.
Es un cálculo teórico realizado burocráticamente hace muchos años desde los despachos y sin conexión con la realidad. Como primer fruto de la marcha agraria, el año pasado por estas fechas, el Consejo de Ministros acordó remitir a esta Cámara un proyecto de ley por el que se suprimían las jornadas teóricas. No sé exactamente si fue un juego de palabras en boca del señor Solbes, entonces Ministro de Agricultura, para callar a los agricultores llegados de toda España. Me indigna la frivolidad manifiesta de este señor, que engañó a todas las organizaciones sindicales y agrarias y encima no se inmuta absolutamente nada, porque no se puede crear futuro en base a datos engañosos. No debe el Gobierno hablar de competitividad y jactarse de progresismo cuando tiene previsto segar el arroz a mano, o la recolección de productos a pagos por obreros manuales que demuestra el impuesto de las jornadas teóricas.
¿No se da usted cuenta, señor Ministro, de que para vivir en libertad hay que ser libre? ¿Cómo pueden los agricultores dignificar la profesión, aumentar las producciones, cuando en lo básico su propia Seguridad Social está comprometida teóricamente con pagos arcaicos que lejos de estimularnos nos hace sentirnos tercermundistas? Señor Ministro, usted sabe muy bien las razones por las cuales la agricultura debe dar un salto cualitativo. La no supresión de las jornadas teóricas son una losa que daña en su proporción y nos aleja rápidamente de ese paraíso que ustedes, los socialistas, nos están prometiendo continuamente en Europa y en el Estado de bienestar. También sabe que urge muchísimo su supresión. Son muchas las hectáreas abandonadas, las cantidades de barbecho, la supresión de la cuota láctea, la mecanización de zonas viticultoras con cosechadoras modernas, las granjas en progreso; en una palabra, todos aquellos cultivos que la reforma de la PAC nos ordena. ¿Qué razón...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.


El señor GAYARRE BERMEJO: ¿Eh?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre. (Risas.) Señor Ministro de Trabajo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Creía yo que estábamos hablando de Seguridad Social y que, por consiguiente, estábamos hablando de unos ingresos que tiene la Seguridad Social agraria para hacer frente a parte de sus obligaciones. ¿Son impuestos? Sí, la Seguridad Social se puede financiar por cotizaciones... (El señor Gayarre Bermejo: ¡Si está segando arroz a mano!)

El señor PRESIDENTE: Señor Gayarre. (El señor Gayarre Bermejo pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señor Gayarre!

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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor Gayarre, parece el tenor. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gayarre, es el turno del señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Gayarre, insisto en que cuando se habla de las jornadas teóricas se está hablando de una fuente de ingresos que tiene un régimen como el especial agrario de la Seguridad Social, cuyas cifras debieran mover también a la reflexión a su señoría. El régimen especial agrario de la Seguridad Social ingresa 183.000 millones de pesetas y gasta un billón 538.000 millones de pesetas. ¿Y sabe usted cómo se enjuga la diferencia entre lo que ingresa y el gasto? Se enjuga a través del sacrificio de todos los españoles que no trabajan ni viven del régimen agrario ni del sector agrario: es decir, por impuestos de los ciudadanos normales que trabajan en otros sectores, por el régimen general de la Seguridad Social, etcétera. Usted puede decir: Vamos a detraer parte de los ingresos. Y me parece muy bien. Pero dígame también qué gasto retiramos cuando detraemos esos ingresos, o qué otros impuestos subimos, o qué otras cotizaciones subimos, porque es lógico que tengamos que mantener, como mínimo, ese equilibrio financiero que permita pagar las pensiones hoy, mañana y pasado mañana.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO APROBAR EL PROYECTO DE LEY QUE DEBE SUPRIMIR LA COTIZACION POR PEONADAS TEORICAS EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000287)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Pau i Pernau, que tiene la palabra.


El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, mi pregunta tiene una cierta relación con la anterior y tiene su origen en la voluntad, ya expuesta por el Gobierno, de sustituir la cotización por peonadas teóricas en el régimen especial agrario de la Seguridad Social por otro sistema más objetivo y menos discriminatorio para la explotación familiar agraria. A finales de la pasada legislatura el Gobierno aprobó un proyecto en este sentido que no pudo tramitarse por la disolución anticipada de las Cámaras. Este proyecto suscitó la lógica expectación y esperanza de muchos agricultores que, lógicamente, esperan la resolución de un viejo contencioso histórico que tiene ya un valor casi más emblemático que real, porque si bien es cierto que el precio de estas peonadas teóricas ha estado congelado desde 1978, es cierto también que la actualización de los valores catastrales ha generado un aumento de las mismas y este tipo de peonadas teóricas castiga el tipo de agricultura familiar y la agricultura más competitiva. Dado que la voluntad del Gobierno ya se expresó en el momento en que aprobó este proyecto de ley, interesaría conocer si el Gobierno tiene previsto aprobarlo nuevamente y cuándo piensa remitirlo a la Cámara para su tramitación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro de Trabajo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
También creo que he contestado anteriormente a la pregunta, al tener identidad material lo que formula S.S. con lo anteriormente formulado. Sabe que en noviembre pasado se constituyó en el Senado un grupo de trabajo para analizar precisamente el sistema de financiación del régimen agrario; ya está empezando sus trabajos, y esperamos que en este mismo primer trimestre, o como máximo en abril, podamos presentar el proyecto de ley a esta Cámara, en el sentido no solamente de suprimir las jornadas teóricas, sino también de incorporar fuentes de financiación en el régimen especial agrario, como antes decía, que permita su estabilidad de futuro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Pau.


El señor PAU I PERNAU: Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Ministro, por su información.
Creo que es interesante conocer que el sector agrario está de acuerdo en que hay que financiar un sistema público de Seguridad Social, en que el actual sistema de Seguridad Social es un sistema deficitario, y hay que reconocer que el sector agrario ha contribuido histórica y globalmente a través de su participación a los fondos que hay actualmente y a la riqueza nacional. En este sentido yo creo que sería conveniente una modificación que tendiera a una cotización por peonadas teóricas, de manera que no se gravasen aquellas explotaciones a las que por tener actividades más extensivas se les atribuye un número de peonadas reales que no se corresponde con las peonadas que efectivamente se ejercen por parte del agricultor a título principal. Lógicamente nosotros estaríamos de acuerdo con esta propuesta, siempre y cuando este sistema antiguo quede exento.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA QUE LAS INVERSIONES DEL PLAN DE EMPLEO RURAL REDUNDEN EN INICIATIVAS DE CREACION DE EMPLEO ESTABLE Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO Y LA CREACI'ON DE RIQUEZA EN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA (Número de expediente 172/000028)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular sobre medidas previstas por el Gobierno para que las inversiones del Plan de Empleo Rural redunden en iniciativas de creación de empleo estable y contribuyan al desarrollo y la creación de riqueza en las comunidades de Andalucía y Extremadura.
En nombre del Grupo proponente de la interpelación tiene la palabra el señor Arenas.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a la tribuna para defender una interpelación del Grupo Parlamentario Popular que pretende que el Gobierno nos informe de cuáles son las decisiones que tiene previstas para abordar políticas de creación de riqueza y de empleo estable en las comunidades de Andalucía y Extremadura; y digo en las comunidades de Andalucía y Extremadura porque es público y notorio que en estas dos comunidades se ha aplicado un sistema de política asistencial, un sistema de subsidios, un sistema que explicaremos en esta intervención, que ha tenido, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, consecuencias francamente negativas en lo que significa el empleo estable y la creación de riqueza en estas comunidades.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En segundo lugar, señorías, porque el Ministro de Trabajo, en el Senado, respondiendo a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, anticipó en noviembre de 1993 que el Gobierno tenía un nuevo proyecto para creación de empleo estable en Andalucía y Extremadura y que lo pondría en marcha en el año 1994. La verdad es que ya estamos en el mes de febrero y desconocemos cuál es la intención del Gobierno y las políticas alternativas que tiene diseñadas.
Señorías, estamos hablando de un sistema que tiene su perfeccionamiento --entre comillas-- en el año 1984. En ese año, tras un real decreto de diciembre de 1983, se diseña un sistema para abordar lo que entonces se conocía como paro obrero, lo que hoy ya no se denomina así según los intervinientes socialistas, sino que se califica como desempleo, con menos dureza. Ese sistema descansa en tres pilares fundamentales: un subsidiopor desempleo a favor de los trabajadores eventuales agrarios, al amparo de un régimen especial agrario de la Seguridad Social; un plan de empleo rural, que como explicaré lo único que tiene de rural es la denominación, en absoluto su aplicación; y un plan de formación profesional ocupacional. Pues bien, si sumamos lo que son las percepciones del subsidio especial agrario a lo largo de estos diez años, desde 1984 hasta 1994, en estas dos comunidades, Andalucía y Extremadura, y sumamos también las denominadas inversiones a través del Plan de Empleo Rural, llegaríamos a la conclusión de que esta suma ha supuesto en los últimos diez años cerca de dos billones de pesetas, señor Ministro. Dos billones de pesetas, señorías, en unas cuantías que empiezan en el año 1984 en 42.000 millones para la percepción del subsidio; en 44.000 millones para el Plan de Empleo Rural, y que en el año 1994 suponen, en el primer capítulo, 112.000 millones y en el segundo capítulo 137.000 millones.
Señorías, ustedes dirán que con esta inversión importante se ha creado empleo en Andalucía, se ha creado empleo en Extremadura. No creo que a finales de este siglo se pueda hablar de riqueza y de pobreza si no es, exclusivamente, al amparo de un parámetro: sociedadesricas aquéllas que tienen capacidad de crear empleo; sociedades pobres aquéllas en las que se incrementa permanentemente el paro. Señorías, en Andalucía en el año 1983 había 453.000 parados; en el año 1993, 855.000 parados, según la encuesta de población activa, tercer trimestre de 1993. En la Comunidad extremeña, señorías, en 1983 había 58.000 parados; en el año 1993, tercer trimestre, según la encuesta de población activa, había 117.000 parados, 59.000 más que en 1983. Señor Ministro, ¿qué tiene que decir el Gobierno diez años después? Señor Ministro, ¿qué tiene que decir el Gobierno después de una inversión y un coste de dos billones, que supone prácticamente duplicar el paro en Andalucía y Extremadura? Pues señorías, a mí estas cifras no me producen, en absoluto, satisfacción, me causan tristeza. Puede haber quien aspire a una sociedad que tenga como objetivo la cobertura con el subsidio de desempleo y puede haber otros que aspiremos a una sociedad en la que el único objetivo sea la creación de puestos de trabajo y no nos quedemos en el subsidio. Señorías, las sociedades hoy vienen definidas en su composición sociológica y laboral por las que tienen personas activas, por aquellas que tienen un incremento de lo que son los pasivos en la sociedad. Y al final, señor Ministro, en el tan traído y llevado debate del Estado de bienestar, cuando una sociedad tiene más pasivos que activos se está cuestionando el sistema de protección social, se está cuestionando el sistema de apoyo a los más débiles. Para entendernos cuando no hay empleo, cuando no hay

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empresas que tengan beneficios, al final siempre se acude a recortar las pensiones, las prestaciones farmacéuticas, las prestaciones sanitarias, a congelar los sueldos de los funcionarios o a recortar las prestaciones por subsidios de desempleo. Ese es el final de aquellos que defienden, patrocinan y amparan sociedades en las que predominan los pasivos frente a los activos.
Pero es más grave el asunto, señorías. Algunos destacados socialistas han calificado este sistema como perverso; documentalmente así está calificado. Fíjense, paradojas de la vida. Señor Ministro, según la encuesta de población activa del tercer trimestre de 1993, en Andalucía y Extremadura hay 176.000 parados agrarios; sin embargo, en esa misma fecha perciben el subsidio del régimen especial agrario, 231.000 personas (El señor Guerra Zunzunegui: ¡qué barbaridad!) ¿Cómo es posible, señor Ministro, que un sistema diseñado expresamente para los trabajadores del campo esté por encima de las 50.000 personas que se autodeclaran, en la encuesta de población activa, como trabajadores del campo? Pero es que, señorías, se nos habla del Plan de Empleo Rural, que parece que quiere fomentar el empleo rural. Ese plan es todo menos rural. Que sepan que ese plan consiste, exclusivamente, en que inversiones que ya tiene proyectadas el Estado, que ya tiene proyectadas la Comunidad Autónoma, se asignan al Plan de Empleo Rural. Y fíjense lo que tenemos que aceptar que se califique como Plan de Empleo Rural: básicamente los presupuestos de obras públicas. Se entiende como Plan de Empleo Rural la construcción de viviendas, la reforma de edificios judiciales, las reformas en los centros penitenciarios, las obras hidráulicas, la realización de carreteras, los accesos a los puertos, las variantes, la construcción de polideportivos, las modificaciones en oficinas de la Seguridad Social. Eso es lo que se nos dice que es el Plan de Empleo Rural, cuando lo que de verdad significa es una inversión --y así hay que reconocerlo--que estaba presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado y que se vincula políticamente al Plan de Empleo Rural. Además, señorías, la tercera pata --si se me permite la expresión-- del diseño de los socialistas en esta materia es un plan de formación profesional ocupacional en el campo que presenta el siguiente balance. Por lo pronto, generaciones de jóvenes andaluces que no tienen formación profesional para competir en el mercado de trabajo de España y de Europa; en este momento, 37.000 jóvenes andaluces y extremeños reciben la percepción del subsidio. Nosotros, señorías, estamos investigando permanentemente, al lado del Ministerio de Trabajo, para conocer realmente qué ofertas de trabajo son rechazadas porque no existe cualificación profesional --sabemos de qué estamos hablando--, sin embargo, ha sido imposible obtener esos datos referidos a Andalucía y Extremadura. Pero, sorpréndase, cuando uno atiende a ocupaciones con más de 500 ofertas genéricas de empleo rechazadas, que al final tienen índices superiores al 25 por ciento de no cobertura, uno se encuentra con las de dependiente manipulador de alimentos, camarera de piso, ordenanza de oficina, camarero, cocinero, aprendiz, peluquero, conductor de camiones, e incluso en algún caso se produce un mayor número de ofertas que de demandas como sucede con las de albañil, encargado de obras públicas, ayudante de obra o revestidor de cubiertas. Esta situación de no aceptación de ofertas de empleo se produce porque se carece absolutamente de la formación profesional suficiente para acceder a esos puestos de trabajo. Eso sí, el PER permite que la construcción de viviendas, túneles, accesos a puertos y obras delicadas se desarrollen con mano de obra agraria, no especialmente cualificada, en lo que significa el sector de la construcción. Señor Ministro, tiene usted que responder, y tiene que hacerlo además porque brillantemente, como siempre, nuestra compañera la Diputada Celia Villalobos defendió en la Cámara que la percepción del subsidio de desempleo en el régimen general estuviera condicionada a no rechazar acciones formativas, y el Grupo Parlamentario de la mayoría aceptó esa enmienda. Sin embargo cuando, con la misma brillantez, la Diputada Villalobos plantea en la Cámara que la percepción del subsidio de los eventuales agrarios esté condicionada a la acción formativa, la mayoría parlamentaria dice sencillamente que no. ¿Es que la aspiración del Grupo Parlamentario mayoritario --no lo puedo creer-- es que no tengamos una sociedad andaluza con formación profesional para competir? ¿Es que están satisfechas SS.SS. de que tantos jóvenes andaluces no estén formados para competir? Explique, señor Ministro, como miembro de ese Grupo Parlamentario, las razones que les llevaron al rechazo de esa propuesta. Y mientras tanto, señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, con el sambenito de que somos los que decimos no al PER, somos los que decimos no a las políticas solidarias. Pues bien, señorías, documentos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en mi poder, y que conoce especialmente bien el señor Griñán porque antes fue Consejero de la Junta de Andalucía, dicen lo siguiente del PER: La política asistencial ha generado importantes efectos perversos. Dicen estos documentos que hay que evitar que la política asistencial se convierta en un factor de bloqueo de las iniciativas de desarrollo. También dicen --atiendan, señorías-- que se puede dar la paradoja de que, dentro de unos años, Andalucía y Extremadura se despierten del trágico sueño de que han estado consiguiendo subvenciones para subdesarrollarse. Nunca he leído conclusiones más contundentes que éstas que tienen su origen en una administración pública que actualmente está dirigida por los socialistas. Además, señor Ministro, cuando iniciamos este año 1994, ustedes plantean desde el Consejo de Ministros...


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arenas, vaya concluyendo, por favor.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ustedes plantean desde el Consejo de Ministros que han incrementado el PER. Ya he explicado antes lo que es el PER: inversiones previstas destinadas al PER. ¿Me puede explicar por qué en Andalucía el incremento es del 34 por ciento y en Extremadura del siete por ciento? ¿Cuáles son las razones objetivas? Cuando incluso la tasa de paro es más alta, señorías, en Extremadura que en Andalucía. ¿Qué les ha movido a esa especial solidaridad con Andalucía? ¿Qué les ha movido a discriminar a Extremadura en este año 1994? Yo creo que es muy importante, porque aquí no funciona la intuición, funciona, señorías, la respuesta del señor Ministro; no lo que intuimos, sino lo que nos explique el señor Ministro.
Voy terminando. El señor Ministro me parece que profesionalmente es inspector de trabajo, y de los buenos, dicen sus compañeros. ¿Cómo es posible que ustedes indiquen a los inspectores de trabajo que no investiguen el PER ni estos fondos? ¿Eso puede ser y es válido en un Estado de derecho? Explíquelo ante la Cámara. En el año 1987 se había dado esa instrucción: los inspectores no toquen el PER, no investiguen los inspectores. ¿Usted cree que puede haber algo más contradictorio que decirle a una función inspectora que no investigue, que no inspeccione. Tranquilícenos y díganos que al menos desde que usted es Ministro esa orden o esa indicación no sigue en vigor. Señorías y señor Ministro, últimamente se ha producido la denuncia de un dirigiente político que creo que usted debe aclarar en la tribuna, por el bien de la Cámara y por el bien de los fondos públicos que no proceden del bolsillo de ningún dirigente socialista sino siempre, gobierne González o gobierne Aznar, de los impuestos de los españoles. Un dirigente socialista ha dicho que los fondos del PER son utilizados en los congresos del Partido Socialista. Suba a la tribuna, desmiéntalo rotundamente y, si puede, también apórtenos testimonios de que ese dirigente socialista está arrepentido de su afirmación o es una afirmación que no tiene sentido. Usted se ríe pero el asunto tiene mérito. Es Diputado socialista y si usted está afiliado al PSOE de Andalucía, su secretario general; usted es Diputado por Córdoba. Señoría, termino diciendo que creo que el debate esta tarde va a ser importante, que creo que nadie cuestiona la necesidad de las políticas asistenciales y de subsidio, pero que lo importante es que esas políticas asistenciales y de subsidio vayan solventando los problemas estructurales que tienen las sociedades, que tienen las comunidades.
Recientemente, un compañero suyo de Gabinete, el Ministro Albero, ha dicho textualmente: el PER admite perversiones para las que no estaba diseñado. Señor Ministro, aparte de perversiones, 402.000 parados más en Andalucía, 59.000 parados más en Extremadura. Sepa que este Grupo parlamentario tiene alternativas a la situación, pero nos parece de cortesía esperar a la moción que será consecuencia de esta interpelación para expresarlas ante la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la derecha.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Arenas, le hago algunas observaciones en datos que sin duda, cuando los escuche y los pueda comprobar, aceptará.
Aceptará, por ejemplo, que hoy en Andalucía hay más gente trabajando de la que había cuando empezó a funcionar el PER, hay más población ocupada; hay del orden de 300.000 trabajadores ocupados más que entonces. Eso es algo que puede usted mirar también en la encuesta de población activa, que calla, pero que existe. También en Extremadura.
En segundo lugar, yo no voy a hablar de arrepentimientos ajenos --pregúnteselo a quien tuvo esa intervención--, pero sí le digo, desmintiendo algunas de las afirmaciones que usted ha hecho, que de ninguna manera --y eso sí quiero dejarlo claro desde el principio-- el Ministerio de Trabajo dio, no en mi época, en ningúna época, instrucciones a la Inspección para que no controlara el PER. Es más, usted ha hablado de 1987, y en 1987 --aquí están las instrucciones de la Inspección-- las instrucciones de la Inspección dicen: primera, comprobar que las jornadas certificadas por los ayuntamientos para causar derecho a la prestación por desempleo corresponden a jornadas efectivamente trabajadas, comprobando asimismo si el trabajador cumple cada mes con la obligación de declararlas en la Oficina de Empleo.
Segunda, comprobar que las jornadas certificadas por la empresa, etcétera, etcétera. Esas son, y están a su disposición, las instrucciones de la Inspección de 1987, año al que se ha referido S.S. Es posible, es muy posible, señoría, que al referirnos, como ocurre ahora con esta interpelación, al PER tengamos una dificultad inicial para abordar una cuestión como ésta, de tanta importancia para miles de familias españolas. Y digo esto no porque usted y yo podamos adoptar distintos puntos de vista --cosa que sin duda nos ocurre-- ni tampoco se lo digo porque, con frecuencia, traten ustedes de utilizar simplemente los elementos negativos, que puede tenerlos, del PER para, con ellos, ocultar los mucho mayores efectos beneficiosos conseguidos con este sistema.


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No se lo digo por esto, o al menos no se lo digo solamente por esto. Se lo digo sobre todo, señor Arenas, porque al discutir del PER se acostumbra a olvidar cuáles son sus fundamentos, se olvida su razón de ser, se olvida su naturaleza más profunda.
Se olvida con ello, y se olvida precisamente a pesar de ello, que es un sistema que ha roto las tendencias históricas, tendencias históricas que agravaron siempre la situación de regiones como Andalucía y Extremadura, como son la condena a la emigración, el despoblamiento rural, el hacinamiento urbano y, sobre todo, fíjese bien, señor Arenas, ha terminado con la humillación histórica del campesino andaluz y extremeño, poniendo a miles de personas en condiciones económicas, sociales y culturales de las que nunca antes disfrutaron.
(Rumores.) Y eso tiene usted que reconocerlo porque es un hecho cierto. (Continúan los rumores.) Solemos hacer una interpretación aproximada de los problemas... (Continúan los rumores.) Señorías, si ustedes me permiten, yo intervengo y ustedes intervienen. Eso es el turno de la democracia.
Que afectan y han afectado al campo español, olvidándonos de los cambios estructurales que su reconversión ha producido en nuestro país. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, demagogia no, señoría. Se trata sencillamente de ver las tasas de emigración que tenían Andalucía y Extremadura y las que tienen ahora; se trata, por ejemplo, de que Andalucía perdió 300.000 hombres y mujeres del año 1974 a 1980 y que del año 1980 a 1990 ha superado el 40 por ciento del incremento de la población en España; Andalucía ha aumentado su población (Rumores.), ha cambiado su tendencia histórica (Continúan los rumores.), hoy es una tierra de inmigración, hoy no es una tierra de emigración, hoy es una tierra de inmigración.
(Aplausos.--Protestas) Señorías, ese es un dato que también hay que contrastar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Ministro. ¡Silencio!, señorías. (Continúan los rumores.) ¡Silencio!, señorías, por favor.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Le agradezco, señor Presidente, poder seguir en el uso de la palabra. En 1964, el sector agrícola, porque hay cosas que también se olvidan, constituia el 9,4 por ciento del producto bruto español y empleaba a cuatro millones y medio de trabajadores. Esto era, proximamente, el 36 por ciento del empleo total. Treinta años más tarde, el sector agrícola supone solamente el 4,9 por ciento del PIB y emplea a poco más de un millón de trabajadores, lo que representa un 10 por ciento de la población ocupada. Pues bien, este proceso de reconversión (que se ha producido, si usted quiere, en un período de tiempo largo, pero atendiendo a los ciclos históricos, más bien corto) ha conducido, también históricamente, a esos problemas dramáticos que acabo de relatarles y hacerles referencia. Y algo, entre otras cosas, que se llama PER y también un buen montón de políticas activas, de políticas de desarrollo regional, de políticas locales, de políticas de iniciativas locales de empleo, ha contribuido a evitar que esto siguiera pasando. Y se lo digo y se lo repito, entre 1974 y 1980 se vieron obligados a abandonar solamente Andalucía, que usted conoce tan bien, 265.535 personas. Mire usted el último censo de población y verá que Andalucía ha crecido --como antes le decía-- el 42 por ciento de lo que ha crecido la población total española, y no por una elevada tasa de natalidad sino porque han vuelto emigrantes, porque han retornado emigrantes, porque ha ampliado sus expectativas y sus perspectivas.
(Rumores y protestas.) Usted se ha encargado de decir en qué consiste el PER, y lo ha dicho bien. Consta de tres grandes patas y una de ellas es el subsidio. Pero estos tres elementos que componen lo que se conoce como protección del desempleo agrícola han cumplido adecuadamente su función. El subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura ha manifestado unas líneas de tendencia que ya me gustaría a mí que las mantuvieran también en la prestación por desempleo del Régimen General.
En primer lugar, el análisis del número y estructura de los beneficiarios le podría poner de manifiesto --si se empleara en mirarlos-- que el subsidio conserva un marcado carácter protector de aquellas personas que están más necesitadas, y se daría cuenta de que el 82 por ciento pertenece, precisamente, a los grupos de más edad. Se daría cuenta también de que el subsidio no ha conducido a la inmovilidad profesional ni a retener a la población más joven en el sector agrario, sino que, muy al contrario, ha permitido un trasvase ordenado de esa población más joven del sector agrario, que se mueve en el medio rural, a los sectores secundario y terciario. Y sólo el 17 por ciento tiene menos de 25 años. Sin embargo, el dato más representativo, señoría, que a veces se olvida pero que es muy cierto, es que el gasto real de desempleo agrario, tras unos primeros años de crecimiento, se ha situado por debajo de lo que es el crecimiento del conjunto de las prestaciones por desempleo, e incluso ha decrecido. Hay un dato que es muy elocuente: mientras que el número de perceptores por desempleo en los últimos cuatro años se duplicó, el número de perceptores del subsidio agrario disminuyó, en ese mismo período de tiempo, un treinta por ciento. Algo habrá pasado, señoría, algo habrá pasado. (El señor Arenas Bocanegra: Que están parados.) No, hay un 30 por ciento menos de perceptores del subsidio agrario en los cuatro últimos años, un 30 por ciento menos, mientras que en el Régimen General se han duplicado. En cuanto a formación ocupacional, S.S. debe saber --o debiera saberlo--que, por ejemplo, en Andalucía

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solamente el año pasado funcionaron en el medio rural 233 escuelas taller, que formaron a 10.424 jóvenes del medio rural; y que en Extremadura fueron 58, con una formación -- solamente el año pasado-- de 2.500 jóvenes. Quiere esto decir que ese segundo pilar en el que se asienta el PER ha funcionado adecuadamente. Ha formado y lo ha hecho no solamente en tareas agrícolas sino que ha formado también en otros trabajos, lo que ha permitido, insisto, que ese trasvase histórico de población del sector primario a otros sectores se produjera sin las secuelas que usted conoce de emigración, de suburbios urbanos, etcétera. Ha permitido un desarrollo rural que usted debiera conocer, como andaluz.
Y es verdad --pero no se pueden decir dos cosas contradictorias al mismo tiempo-- que se han dedicado muchos miles de millones de pesetas a inversiones en el medio rural.
Es cierto, sin duda lo es. Pero no se puede decir, después de dar ese dato como si fuera escalofriante, que son simplemente inversiones que ya están recogidas en los presupuestos. No puede maximalizar el dato y luego dejarlo minimizado. Una cosa u otra, pero no las dos al mismo tiempo. Y es verdad que se han incorporado al Plan de Empleo Rural muchas inversiones en el medio rural, muchas, muchísimas, con una serie de jornales para estas personas, y que el Plan de Empleo Rural ha cumplido con esa función histórica, que a usted puede no gustarle. Y le añado --y no le añado mucho más-- que es verdad que el Plan de Empleo Rural tiene problemas. Y también le puedo reconocer que se han producido en su funcionamiento --como usted dice o como me ha leído-- efectos perversos. No le digo que no. Vamos a corregirlos, vamos a mejorarlos, vamos a tratar de solucionarlos, pero no convirtamos esa anécdota en categoría porque el Plan de Empleo Rural es un sistema, insisto, que ha conducido a devolver la dignidad a muchos cientos de miles de personas que no la tenían, y usted lo sabe; que ha cambiado la faz de los pueblos andaluces, y usted lo sabe; y que ha cambiado muchas cosas históricas y muchas tendencias negativas que existían en Andalucía y en Extremadura. Por consiguiente, estamos dispuestos a hablar, y lo vamos a hacer con la Junta de Andalucía --eso es lo que yo decía en el Senado--, de un plan de desarrollo rural que tiene preparado la Junta de Andalucía y también lo hará la Junta de Extremadura, plan de desarrollo rural que no va a substituir al Plan de Empleo Rural, que va a convivir con el Plan de Empleo Rural en la medida en que, hasta que no se produzcan los efectos que se persiguen con el plan de desarrollo rural, será necesario mantener esa redistribución de rentas para aquellas personas que más lo necesiten. Pero, en todo caso, S.S. sabe --se lo he dicho muchas veces y lo digo ahora otra vez más-- que si nosotros, todos, aportamos lo que son nuestras opiniones, nuestras ideas y nuestras propuestas, podremos mejorar el Plan. Lo que no merece este sistema, y se lo digo desde ahora mismo, es una descalificación global. Insisto, es un sistema que ha contribuido a solucionar muchos problemas. ¿Que tiene capacidad de ser mejorado? Sin duda, lo vamos a hacer, y lo va a hacer precisamente el Gobierno socialista en colaboración con los gobiernos de Andalucía y de Extremadura.
Muchas gracias (Desde los escaños del Grupo Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Arenas.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con toda la brevedad que pueda. He de decirle, señor Ministro, que hoy me ha decepcionado profundamente, me ha decepcionado S.S. porque me tiene acostumbrado al debate tranquilo y sereno, y no sé si es que las cifras que yo he ofrecido resultan escalofriantes para un ministro que en teoría es de trabajo o si le afecta su anterior condición de Consejero de la Junta de Andalucía, pero el caso es que ha pasado algo para que usted no conteste a mi pregunta e, incluso, para que parte de su intervención constituya un mítin difícil de mejorar. Señor Ministro, responda de su gestión, que ya no vale acordarse de la etapa anterior. ¡Que no! ¡No busquen más coartadas! ¿Quién ha tenido toda la responsabilidad en Andalucía, en Extremadura y en España de 1984 a 1994? ¡Ustedes, señor Ministro! ¡Qué habla usted del 74 ahora! ¿Toda la vida buscando coartadas anteriores? ¡Que eso ya no tiene sentido! Usted ¿qué quiere decirnos? ¿Que ustedes son buenos porque había otros antes que eran peores? ¡Si ése no es el asunto! Mire usted, el sistema de política asistencial y de subsidios no lo han inventado los socialistas en España. Lo inventó un gobierno, Unión de Centro Democrático, y se llamaba empleo comunitario, y a través de ese sistema se intentaba ser solidario con esas comunidades y, además de eso, se atendía a la necesaria paz social en Andalucía y en Extremadura.
Mire, señor Ministro, las dos cuestiones que no descubrió Unión de Centro Democrático, pero que sí han descubierto ustedes --eso no lo descubrió UCD--han sido el aprovechamiento electoral del sistema; lo han descubierto ustedes. El aprovechamiento electoral interno del sistema. Y, mire, si el señor Sanjuán no rectifica, en nuestra moción pediremos la creación de una comisión de investigación para que se aclare el tema. Una comisión de investigación. (Desde los escaños del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos.) Señor Ministro, para crear empleo y riqueza hemos perdido diez años en Andalucía --diez años duros, señor Minsitro--, a lo largo de los cuales hemos soportado el mensaje de que los subsidios los daban exclusivamente

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los socialistas. He oído alguna vez que salían del bolsillo de dirigentes de los socialistas. ¡Felipe te da los subsidios! ¡Aznar te quita los subsidios! Y uno recuerda la campaña electoral, señorías: Aznar va a quitar las pensiones. Después se recortaron las pensiones, se han recortado las prestaciones farmacéuticas, las sanitarias y se ha congelado el sueldo de los funcionarios. ¡No patrimonialicen ustedes lo que son políticas asistenciales para los débiles, que proceden de los impuestos de los contribuyentes andaluces y españoles! El Plan de Empleo Rural no es un plan de desarrollo rural. Y como usted me ha admitido que el PER tiene algunos efectos perversos, yo le voy a admitir una cuestión que es obvia: en infraestructuras los municipios de Andalucía han mejorado.
Pero yo quiero: industria, turismo interior, defensa del medio ambiente, planes de forestación, y formación profesional en esos municipios; no solamente que mejoren las calles, las aceras, que también es necesario. Esa es la filosofía distinta de ustedes y de nosotros.
Usted, señor Ministro, dice: El señor Arenas maneja los datos de una manera... Señor Ministro, en Andalucía --sépanlo, señorías--en el año 1983 había 1.555.000 andaluces trabajando.
De lo que presume el señor Ministro es de que, después de 10 años, en este momento hay en Andalucía 1.684.000 andaluces trabajando. ¿Presume de la creación de 100.000 empleos en Andalucía? Por qué no dice, señor Ministro, que frente a esa creación de empleo en Andalucía (que somos más los andauces, señor Ministros, que no nos quedamos atascados en el 83), frente a esa gran victoria que a usted le satisface, Andalucía tenía 450.000 parados y hoy tiene 855.000. (Protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Eso es así. Pero el señor Ministro, además, dice: Que cuco es el señor Arenas que no da los datos. ¿Por qué no ha dado usted el de Extremadura? No lo ha dado. ¿Le digo por qué no ha dado el de Extremadura? Porque es doloroso. En Extremadura en el año 1994 trabajan incluso menos extremeños que en el año 1983. En el año 1983, 298.000, y en el tercer trimestre de 1993, 291.000. Trabajan 5.000 extremeños menos. ¿Cómo es concebible que una sociedad en progreso, diez años después tenga 59.000 parados más y trabajen 5.000 personas menos? ¿De qué presume, señor Ministro? Dice el señor Ministro que ha habido años en que han descendido los perceptores del REA. Señor Ministro, lleva usted razón. También le tengo que decir que del año 92 al 93, no sé por qué, 30.000 más. De 201.000 a 231.000. Habla usted de que hay más empleo en la agricultura. Según mis datos, ha dicho eso. (El señor Ministro hace signos denegatorios.) Entonces aprovecho para decir lo contrario. Señorías, el empleo agrario en Andalucía y en Extremadura ha descendido. En el año 1984, 167.000 parados agrarios, y en el año 1994, 176.000. Son los datos.
Dice el señor Ministro: No hay ninguna orden a la Inspección de Hacienda para que no se meta en estos asuntos. Señor Ministro, apelo al «Diario de Sesiones» para decirle que no dije «instrucción» sino «indicación». ¿Y sabe por qué dije «indicación»? Porque, señoría, hay un sumario tristísimo en este momento en un pueblo que se llama Padul, en la provincia de Granada. Ni más ni menos que el Delegado Provincial de Trabajo en Granada, el año 1987, ratifica ante el juez (ante el juez, señor Ministro, aquí hay responsabilidad política, allí hay responsabilidad judicial), ratifica ante el juez la siguiente expresión: Hay escaso control de la Inspección de Trabajo, a la que en su momento se había indicado --se había indicado--debía abstenerse de entrar a comprobar los temas derivados del PER en los ayuntamientos. (Rumores.) Está aquí.
Usted sabe que una cosa es una instrucción escrita, que la trae aquí, y otra cosa es la indicación, que es distinto. El Delegado de Trabajo de Granada el año 87 no era un hombre del PP ni era tampoco un hombre de UCD. Y dijo esto ante el juez y lo ha ratificado.
Claro, señorías, que se habla de la humillación de los andaluces. ¿Usted sabe, señor Ministro, la humillación que significa para un alcalde que ve PSV, Banesto, Roldán, «BOE», Cesid, y ese alcalde se ve ante los tribunales por firmar peonadas falsas? ¿Usted sabe la humillación que supone para un trabajador andaluz buscar a un empresario o a un alcalde para que le firme una peonada? Eso es humillación. Y este sistema, señorías, se pongan como se pongan, con todo el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad, es un sistema que está humillando y, en cierto modo, se está aprovechando de las necesidades y de la pobreza de muchos andaluces.
Quiero terminar, señor Presidente, diciendo que el señor Ministro ha hecho referencia al Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. Señorías, el Plan es éste. Aquí está el Plan. (El señor Arenas lo muestra a la Cámara.) Y fíjense, señorías --y es duro--, lo que dice parte del Plan, no entero --le doy fotocopias a quien tenga interés--: constituye un gravísimo lastre para el desarrollo económico de la región. Esta cultura se sustenta en la generalización de un sistema de protección social que, al ir sin contraprestación alguna por parte de los beneficiarios, está teniendo efectos perversos entre los colectivos potencialmente más dinámicos de la sociedad andaluza. Hay que modificar el PER para evitar que se convierta en un factor de bloqueo de iniciativas de desarrollo. Ni todos los parados rurales son agrarios ni la agricultura andaluza puede absorberlos en su totalidad.
Gran problema del PER --destacado--: efectos perversos del subsidio de desempleo agrario vinculado al PER y de otros sistemas de subsidio.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arenas, termine ya. Concrete su señoría.


El señor ARENAS BOCANEGRA: Termino inmediatamente, señor Presidente.


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Estas son, señorías, algunas de las conclusiones.
Si nos vamos a la entidad financiera más importante de Andalucía, Unicaja --y termino de verdad, señor Presidente--, neutral, por supuesto, dice: incapacidad del PER para generar estructuras productivas. Dice: fraude generalizado. Dice: desarrollo de una conciencia --¡y qué duro esto!, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, lo dice Unicaja-- de vivir sin trabajar. Yo nunca fomentaré una conciencia de vivir sin trabajar. Y los andaluces, señor Ministro, quieren trabajar para vivir; no quieren vivir sin trabajar. Trabajar para vivir.
El Consejero de Agricultura --y termino con dos palabras-- ha dicho textualmente, señorías: El objetivo fundamental del PER era y sigue siendo generar empleo inmediato y temporal. El señor Ministro habla de que el PER genera empleo estable. Si usted está orgulloso de lo que han hecho con Andalucía con este sistema, yo le digo que mi orgullo está en la Andalucía que mantiene el subsidio a quien lo necesita, pero que nunca pierde la aspiración de ser una sociedad rica y hoy, a finales de este siglo, una sociedad rica tiene que ser siempre una sociedad de empleo, señor Ministro. Muchas gracias. (Rumores.- -Fuertes aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñan Martínez): Gracias, señor Presidente. Lamento su decepción, señor Arenas. Si usted interpreta mi tono como elevado, permítame decirle que ha sido para poder hacerme oír, porque normalmente ese Grupo suele escuchar bastante más en silencio.
(Rumores.--La señora Villalobos Talero: Es que están muy solitos.) Y se permite, por ejemplo, que la gente pueda hablar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Ministro. ¡Señorías, ruego que guarden silencio! De lo contrario, la Presidencia tendrá que adoptar otras medidas.
(Continúan los rumores.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor Presidente, no hay problema, yo puedo elevar la voz, a pesar de que luego...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, no se preocupe, que el mantenimiento del orden depende de la Presidencia exclusivamente.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): En todo caso, usted ha estado en el Parlamento andaluz y en este Parlamento, señor Arenas. Yo también, pero yo no confundo el uno con el otro, sé distinguir lo que es el Parlamento andaluz y lo que es el Parlamento nacional y sé qué discurso es para uno y qué discurso es para otro. Y sé qué temas conciernen al Gobierno andaluz y qué temas conciernen al Gobierno estatal, y sé, como no me tengo que presentar candidato a Presidente de la Junta de Andalucía, lo que tengo que decir en esta Cámara. (Aplausos.--Protestas.) Luego hablamos en privado usted y yo, pero ahora déjeme hablar en público. Señor Arenas, yo no utilizo como coartada, no me interesa utilizar como coartada el pasado, pero sí me interesa comparar el momento que se vive en un país con aquello que se vivió en otras épocas. Y si yo tengo que comparar lo que ha ocurrido en España entre 1984 y 1994 con lo que ocurrió antes, bien comparado está, porque a veces con esa comparación se puede comprobar, como antes le decía, aunque le duela, que se han roto muchas tendencias, entre otras, la emigración de los andaluces. (Rumores.) Usted, sin embargo, utiliza el pasado para revitalizar a UCD.
Pero se olvida de un dato, fíjese usted qué curioso: no está usted hablando de UCD; está usted hablando del franquismo.
(Rumores y protestas.--La señora Martínez Saiz: ¡Antiguo, que eres un antiguo!) ¿Por qué? Le voy a dar el dato. Perdóneme, señor Arenas, escúcheme. Usted dice que UCD creó el empleo comunitario. El empleo comunitario se creó en el año 1971 (El señor Arenas Bocanegra: ¡Qué barbaridad!), y en el año 1971 no gobernaba la UCD, a menos que usted asuma también ese año 1971. Sí, señor Arenas. El empleo comunitario es del año 1971.
(El señor Arenas Bocanegra pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arenas, guarde silencio, por favor. (Rumores.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Puede usted coger el «Boletín Oficial del Estado» y mirarlo. (Rumores y protestas.) Me habla usted de la creación de empleo en el medio rural. En el medio rural hay que crear empleo, pero ya le digo desde ahora mismo que en Andalucía y en Extremadura no se va a crear empleo agrícola; se va a crear empleo en el medio rural, que son dos cosas distintas, porque aún hay excedentes en el sector agrario en una y otra comunidad autónoma. Por cierto, ha aumentado también la población ocupada en Extremadura.
Es verdad que hay instrumentos para la creación de empleo y hay instrumentos que son, sencillamente, para la protección del desempleo y que son dos elementos que tienen que convivir, que no son alternativos ni uno tiene que sustituir al otro.
Tenemos que mantener esas iniciativas o políticas activas, que son capaces de generar empleo. Pero lo que no vamos a hacer es coger los recursos para proteger a los desempleados y pasarlos

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a beneficio de las empresas para que creen empleo. Eso, que es lo que dice usted en su propuesta, según yo he leído, no lo vamos a hacer, porque ya los hay, no porque nos parezca mal; porque ya los hay. (Rumores.) A nosotros nos parece muy bien una política de oferta que haga que se redistribuyan recursos y vayan a la iniciativa privada para crear empleo. No estamos contra eso. Lo que no queremos es que el PER se despoje de lo que es su propia sustancia y se convierta en elementos que se dirija a esa inversión privada, porque para eso hay ya otras iniciativas; para eso, señorías, tienen ustedes todos los fondos estructurales, tienen ustedes los incentivos regionales, tienen los incentivos para la transformación agraria. (Rumores.) Señoría, que se hayan gastado en los últimos cuatro años, 315.000 millones de pesetas del Feder en Andalucía y Extremadura, debe ser algo; que el 40 por ciento de los recursos que se invierten por el Estado del fonso social europeo sea en Extremadura y en Andalucía, querrá decir algo; que el 31 por ciento de los recursos del Feoga vayan a Andalucía y Extremadura, querrá decir algo; que el mayor volumen de incentivos regionales vayan a Andalucía y Extremadura, querrá decir algo. (Rumores.) ¡Claro que quiere decir algo! (Fuertes rumores.) Ahora; ustedes quieren que también el PER vaya para crear iniciativas empresariales. No, señor. El PER está para proteger a esas personas que todavía no han encontrado un empleo. (El señor Sanz Escalera: Ni lo encontrarán.--Rumores.) Y tendremos que hacer convivir los dos sistemas: un sistema dinámico de protección y de promoción del empleo, y un sistema de protección de los desempleados.
Señor Arenas, tiene usted en la mano un documento en el que me gustaría que pasara a la página 6. Ese documento que usted me ha leído de un director provincial; pase usted a la pagina 6.
Se lo voy a leer yo también para que lo conozcan todas SS.SS., no solamente usted.
Fíjese lo que dice ese director provincial (Rumores.): «Ante la situación y consideraciones expuestas, se estima necesario mantener --mantener-- la línea de control del subsidio de desempleo agrario iniciada en la provincia de Granada que se está ejecutando de acuerdo con las instrucciones y directrices recibidas por los servicios centrales». (Rumores.) Lo dice este documento, señor Arenas. Hay que leérselo todo, hasta el final has de ver, ya lo sabe usted (Risas.) y, por consiguiente, si usted lo hubiera leído, habría visto que ese mismo director provincial dice que hay que continuar con las instrucciones recibidas de mantener la vigilancia e inspección sobre el subsidio. (Rumores.) Y el documento que aquí tengo, señor Arenas, a su disposición, para su enriquecimiento cultural y para que usted lo pueda entregar a sus compañeros de partido, son las instrucciones de 1987 de la Inspección, por escrito, selladas, en ese año. Y se dice lo que se dice.
(Rumores.) Señoría, termino como empecé. Pero voy a terminar también haciéndole preguntas, porque me da la impresión, cuando sigo atentamente su discurso, que entre tanta retórica y tanta anécdota, algo tienen que saber los españoles sobre lo que ustedes piensan. Por ejemplo, ¿son ustedes partidarios de mantener el subsidio agrario? (Desde los bancos del Grupo Popular: Sí.) ¿Son ustedes partidarios de mantener los convenios Inem/corporaciones locales? (Desde los bancos del Grupo Popular: Sí.) ¿Son ustedes partidarios de mantener los acuerdos de 1990 con los agentes sociales? (Desde los bancos del Grupo Popular: Sí.) ¿Son ustedes partidarios de mantener el Plan de Formación Ocupacional? (Desde los bancos del Grupo Popular: No.) ¿Son ustedes partidarios de seguir con las escuelas-taller y casas de oficio en el medio rural? (Desde los bancos del Grupo Popular: Sí.) ¿Sí? Pues, sencillamente, son ustedes partidarios de seguir con la magnífica política desarrollada por el Gobierno socialista. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.-- Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que deseen fijar su posición en este debate? (Rumores y protestas.-- Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Cada vez que en esta tribuna hemos hablado del PER --y hay tres o cuatro debates ya en legislaturas anteriores--, mi Grupo ha intervenido con la mayor prudencia posible en este tema, porque se nos hace difícil justificar que en algunas zonas agrícolas, con un índice importante de paro, el PER no les llegue también a estos ciudadanos del Estado. Hemos entendido las razones que había para hacerlo en unas determinadas zonas geográficas del Estado y no queremos entrar en la discusión a fondo del tema. De lo que ha dicho el interpelante, nos quedamos con una cosa que nos parece importante y con la que coincidimos, que es la necesidad imperiosa de utilizar aquellos recursos públicos que sean necesarios para la creación de empleo, no para la subsidiación del desempleo. Nuestro Grupo ha dicho en otras ocasiones y en otros debates que estamos por el esfuerzo económico para la creación de empleo, no para hacer políticas de otra naturaleza, como es la subsidiación del desempleo.
No vamos ahora a cuestionar el PER. Simplemente hemos escuchado con atención la fotografía que nos ha hecho el interpelante y la réplica del señor Ministro, y hemos de decir con honestidad que en este momento no tenemos elementos de juicio suficientes para comprometernos en una línea o en otra.
Vamos a esperar a ver qué nos dice el Grupo proponente la semana próxima, y ahí adoptaremos nuestra postura definitiva respecto

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al PER, siguiendo nuestra elemental prudencia en este tema.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Yo creo que en este tema --tema delicado donde los haya-- habría que empezar a decir la verdad de una puñetera vez, desde la base de que entre todos tengamos cuidado con Andalucía, con su imagen y su prestigio, que ya ha empezado a sufrir. Hay aquí intervenciones ambiguas que están apoyadas, indudablemente, en una falta de comprensión de lo que es Andalucía, que nosotros podemos ampliar jugándonos su imagen o prestigio a los dados o a los votos. Por tanto, nosotros partimos en nuestra intervención de pedir que se tenga cuidado con Andalucía cuando se toque este tema, en el que no se dice la verdad, o por lo menos toda la verdad.
Primer punto, señor Ministro y señor Arenas, no hay más dinero para Andalucía en 1994. No es cierto todo lo que se ha publicado, incluso en primeras páginas. No hay más dinero para Andalucía en salarios reales del Plan de Empleo Rural. Eso sí, se realiza una jugada típica de trampa electoral; se ponen, bajo el rótulo del PER, una serie de inversiones ya previstas de antemano, tanto en los Presupuestos Generales del Estado, cuanto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza o de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se les pone simplemente a esas inversiones previstas la pegatina PER, sola, simple y llanamente. Por ejemplo, vamos a ver las obras dedicadas al PER: reforma del centro penitenciario del Puerto de Santa María o Jaén; obras de la autopista Bailén-Jaén, o más cínica aún la calificación del PER para obras de altísimo contenido técnico, como el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, o el nuevo parador de turismo de Ronda.
Por tanto, no hay ni un duro más para el PER. Hay inversiones previstas a las que se les pone la pegatina PER y no hay una subida ni del 25, ni del 30, ni del 34, como se ha dicho. No hay una lluvia de millones para Andalucía, señorías, hay una lluvia de pagatinas, de rótulos PER para Andalucía, eso es lo que hay, con fines electoralistas. Y, efectivamente, aparece una especie de bula rural para que ciertos trabajadores se empleen en estas obras, muchos de los cuales no tienen preparación tecnológica para hacerlo, para que este jornal les cuente y así alcanzar las 60 peonadas, condición para poder tener el subsidio agrario. Ese es el problema. Siempre se confunde PER con subsidio agrario y se sigue mintiendo o diciendo las verdades a medias, en contra del prestigio de Andalucía, e, incluso, con aseveraciones durísimas como aquella de que Andalucía no trabaja y vive de lo que trabaja el norte, y cosas por el estilo.
En segundo lugar, los salarios reales del PER. Esto no lo ha dicho el señor Arenas y se le ha escapado una oportunidad de oro. Los salarios reales para Andalucía disminuyen fuertemente este año. El convenio Instituto Nacional de Empleo- corporaciones locales (que es donde van los salarios reales, es decir, el que va a los ayuntamientos donde hay una lista, te colocan, cobras el salario y te sirve para computar las 60 peonadas del subsidio) baja este año. El año pasado teníamos 13.124 millones. Por ahí se habla de 140.000 millones, 120.000 millones, etcétera. ¡Pero qué historia es ésta, parece carnaval cuando se habla del PER y del subsidio en Andalucía! El año pasado --repito-- teníamos 13.124 millones, que aumentaron el 27 de mayo por razones de la sequía en un total de 1.580 millones más, es decir en 1993 teníamos 14.704 millones de salarios reales INEM-corporaciones locales para el PER. Este año tenemos 11.925 millones. Esto es lo que hay que denunciar y no se ha hecho en esta tribuna. No se dice toda la verdad, ni por el señor Ministro tampoco, que se lo han puesto como a Francisco VII. Hay un 25 por ciento menos, teniendo en cuenta la inflación respecto al PIB; un 20 por ciento en cifras absolutas, dedicadas al PER; es decir, uno de cada cuatro trabajadores del PER del año pasado no va a poder trabajar este año. Vamos a dejarnos de demagogias.
¿Cuál es el problema de fondo? Pues que todos para alcanzar el subsidio tienen que conseguir 60 jornales. Y ahí hay un sistema perverso de poder político, de poder económico, hasta de derecho de pernada, a la hora de alcanzar los 60 jornales.
Este es el problema, no el otro. No el que ciertas comunidades autónomas digan que Andalucía se lleva el dinero del norte. No es verdad. En el norte o en otros sitios hemos pagado la reconversión industrial, textil, naval. Aquí nadie ha pagado la reconversión agraria. Y cuando empezamos la reforma agraria, que ha dicho el Tribunal Constitucional que es válida, contra un recurso del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español se ha venido abajo y la ha metido de nuevo en el cajón y está aprobada la ley. Nadie ha hecho la reconversión del sector agrario en Andalucía. Nadie ha hecho la reforma agraria. En el resto de los países de Europa se hizo en el XIX, ahora habría que hacerla mucho más moderna, adecuada al tema de Europa (nosotros hablamos de reforma agraria integral, porque es participativa y habla también de los mercados de la exportación), y todo el mundo empieza a hablar mal de Andalucía porque recibe una especie de sopa boba que no se corresponde con los números reales, señorías. El problema de fondo es el control electoral y político del dinero a partir del cual tú tienes que conseguir

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60 jornales para que te den el subsidio. ¿En qué consiste el subsidio en un sector laboral que no tiene derecho al seguro de desempleo? El subsidio consiste en 30.000 pesetas mensuales. Eso, aunque lo llamemos subsidio, no lo es en una zona donde nadie ha reconvertido aquello, eso es un salario social simplemente. Se ha inventado un sistema de control político a partir del cual hay una dependencia sicológica, política, económica y de poder, eso es cierto. Ahí está el problema, no en el dinero que se recibe. Hay una distribución provincial de los fondos y se hace no daltónicamente; el poder debe ser daltónico, no debe haber distinción de colores. La distribución provincial se hace aumentando el dinero al color correspondiente, a la diputación provincial o al centro provincial que lo distribuye. Esta fue la denuncia de don Carlos Sanjuán a la hora de hablar de elecciones internas de cara al congreso de Málaga.
Hay una discriminación clara en las listas del PER. El alcalde correspondiente te puede discriminar por razones de color político también, de oportunidad, por cómo te portes. Puede haber listas negras: tú entras en el PER, tú no...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, le ruego termine.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Hay un gran poder de los firmantes --esto tampoco se ha dicho aquí--, un neocaciquismo de empresarios que están firmando falsas peonadas, a veces hasta las cobran, y no han juzgado a ninguno; a los jornaleros, sí, a los alcaldes, sí, a los empresarios a ninguno, y son responsables de firmar peonadas falsas. Eso tampoco se dice aquí.
Tengo que decir que el sistema conlleva también otra corrupción muy seria, ésta que se ha denunciado aquí y que nosotros planteamos. Vamos a unas comisiones locales de empleo; quitamos los 60 jornales, que es la dependencia política y electoral, y esa comisión local de empleo ve quién es de verdad tabernero y quién es de verdad obrero agrícola o está dedicado al tema rural. ¿Por qué no vamos a esas comisiones locales de empleo? Porque no se quiere. Las venimos planteando desde hace un montón de años, incluso anteriormente con el empleo comunitario, que efectivamente se creó en los últimos años del franquismo y que se decía que era una inversión después de la UCD para comprar orden público. Ahora no se puede comprar ni orden público porque hay una distribución que conlleva una dependencia, es cierto, electoral.
Nosotros creemos que hay que ir a criterios objetivos, comisiones locales de empleo, comisiones comarcales; que no distribuyan las provincias como lo hacen, no de manera daltónica, sino viendo siempre muy bien los colores que le interesan, el dinero que va; y hay que ir a la inversión productiva y a la reforma agraria integral. Hemos pagado reconversiones textiles e industriales. ¿Por qué no hacemos la reforma agraria en Andalucía, cuando el Tribunal Constitucional dice que por razones de utilidad pública se puede y se debe hacer? Estoy hablando de una reforma muy moderna, muy europea. Sin embargo, se está reduciendo a Andalucía a ser un asilo, un orfanato y un sitio de camareros, una gran extensión de camareros, y no estamos de acuerdo.
Termino, señor Presidente. Hay que tener cuidado con Andalucía. No juguemos con su imagen por razón de votos; no.
Andalucía ha dado dos millones de emigrantes y es muy trabajadora y muy culta, con la cultura de la paz; una Andalucía que siempre ha reaccionado masiva pero no violentamente; una Andalucía que nunca ha chantajeado con separatismos de ningún tipo, que su lema fundamental es: por sí, por España y por la humanidad.
Pero no juguemos con su prestigio; no hablemos de sopas bobas y cosas por el estilo, porque hay que decir de ahora en adelante absolutamente toda la puñetera verdad, que no se ha dicho hasta ahora.
Muchas gracias.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA A LAS PREVISIONES ACERCA DE LA INTERVENCION SOBRE LA SOCIEDAD PSV, EN BASE A LA VIGENTE LEY DE COOPERATIVAS (Número de expediente 172/000030)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la interpelación urgente del Grupo Popular, pasamos al punto 37 del orden del día, que es interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las previsiones acerca de la intervención sobre la sociedad PSV, en base a la vigente Ley de Cooperativas.
Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, esta es una interpelación que quizás ha tardado demasiado en llegar a la Cámara, es una interpelación que quizás ha debido presentarse mucho antes, pero la naturaleza de este problema es que era un asunto bastante nebuloso del que se tenía poca información veraz y real por parte de los diferentes grupos parlamentarios; una situación que, además, manipularla de una forma arbitraria podría crear alarmismo social. Porque son muchas las personas y las familias implicadas en este asunto de la PSV, es por lo que este Grupo parlamentario ha tardado un tiempo en traer esta interpelación a la Cámara.


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Es una interpelación que, en cualquier caso, ya ha tenido sus frutos, es una interpelación que ha sido importante hasta el momento. Porque no hay que olvidar que esta interpelación, que se dice que se va a presentar el jueves, se anuncia a los medios de comunicación y el viernes el Presidente González manifiesta la voluntad del Gobierno de intervenir en el asunto de la PSV. Recalco claramente que manifiesta la voluntad, porque hasta ahora no ha intervenido. Ha manifestado claramente su voluntad y, por lo tanto, hay un compromiso político de intervenir en la cuestión de la PSV, pero hasta ahora eso no está sustanciado.
Hoy día todavía no se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» cuáles son los términos de la intervención del Gobierno y no sabemos ni los tiempos, ni los plazos, ni la celeridad con que se va a producir esta intervención. Por lo tanto, conviene que el Gobierno aclare en esta tribuna cómo va a ser esa sustanciación, porque hasta ahora mismo lo único que sabemos es la expresión de esa voluntad. Creemos que eso es extraordinariamente importante para los afectados. No echen en saco roto la inquietud que tienen los afectados sobre este tema, quienes todavía no conocen exactamente en qué términos se va a producir la intervención del Gobierno.
Lo primero que le preguntaría al Gobierno es la duración.
Cuándo se va a producir la intervención, cuándo se va a producir la segregación de parcelas, cuándo se van a desbloquer los créditos hipotecarios. Porque, señores del Gobierno, no es lo mismo que se desbloqueen los créditos hipotecarios hoy a que lo hagan dentro de quince días o dentro de meses. No es lo mismo que la intervención se haga inmediatamente a que haya que esperar «sine die». Eso lo deben saber porque conocen este asunto desde hace muchísimo tiempo, desde, al menos, cuando los diferentes bancos públicos que concedían créditos a la PSV se negaron a seguir concediéndoselos. A partir de ese momento, por lo menos, sabían lo que estaba pasando en la PSV y pudieron decidir que intervenían en el asunto. Ya lo conocían desde finales de 1992; pero oficialmente, por lo menos, lo conocen ustedes desde julio de 1993. Ustedes saben desde entonces que la sociedad cooperativa PSV tiene problemas importantes para seguir adelante, que tiene problemas en su propia estructura y en su organización interna. Sin embargo, no hacen absolutamente nada, no utilizan los recursos que les da la Ley de cooperativas y dejan que el problema se prolongue en el tiempo. Creo que es urgente que nos digan ya cuándo se va a solucionar ese problema, cuándo se van a segregar las diferentes promociones de la PSV y cuándo se van a desbloquear los créditos hipotecarios.
Otro elemento que también es importante, y que hoy tiene el Gobierno la oportunidad de aclarar desde esta tribuna, es si la intervención que se haga va a ayudar a la totalidad de los cooperativistas, tanto a los de la PSV como a los de IGS.
También puede aclarar algunas manifestaciones que a mi juicio son absolutamente irresponsables por parte de algunos miembros del Gobierno. Por ejemplo, el haber dicho que esta intervención tiene límites, que esta intervención va a significar que no se utilice nada de dinero público. Creo que esa es una manifestación absolutamente irresponsable. Además de irresponsable, que pienso que crea auténtico alarmismo social, es una manifestación que se da de bruces con actuaciones del Gobierno recientes, como la que ha habido en Banesto.
Quiero recordar que, si bien el Gobierno ha tardado por lo menos siete meses desde que tiene conocimientos oficial de la situación de PSV y ha anunciado su voluntad de intervenir, sin embargo, en el asunto de Banesto, una mañana se difundió que existían problemas y la misma tarde ya estaba decidida la intervención, ya estaba decidido quién iba a ser el nuevo Presidente de Banesto y el Banco de España había utilizado todos los recursos legales para impedir que el problema siguiera adelante. Qué diferencia de actuación. Aquí hemos tardado por lo menos siete meses; siete meses en los que ha intervenido el Gobierno en todos sus estamentos.
Ha intervenido el Gobierno, a través del Vicepresidente, con reiteradas reuniones con miembros de la Unión General de trabajadores, ha intervenido el Gobierno exigiendo a la Unión General de Trabajadores que hiciera una serie de operaciones para tener garantías de que la intervención hipotética del Gobierno, porque nunca se decidía a hacerlo, iba a tener las máximas garantías.
El Gobierno ha exigido que se quiten los administradores de IGS, el Gobierno ha puesto un administrador concreto y, sin embargo, no ha intervenido. Digo el Gobierno, pero especifico aún más, el Presidente del Gobierno, que es quien mejor conoce este caso y que llega a tener una entrevista con el Secretario General de UGT el 22 de diciembre, en la cual decide una estrategia en el asunto de IGS y PSV, una estrategia por la que se le concede por parte del Instituto de Crédito Oficial 9.200 millones de pesetas de crédito; que tienen que ser avalados con el patrimonio histórico de UGT. El dinero de ese crédito no va a solucionar el problema de los 15.000 cooperativistas, que es el que genera alarma social, porque ya en esa época estaban los cooperativistas en la calle; ya en esa época el problema gordo de PSV e IGS era que había 15.000 familias que veían peligrar lo que era la mayor inversión de su vida. Sin embargo, el Gobierno dice: Les damos un crédito, se lo da el ICO, pero este crédito no va a solucionar el problema de la PSV. Este crédito va a solucionar el problema del ahorro hipotecario de la IGS, no va a solucionar el problema del alarmismo social. Quisiera que el Gobierno explicara el porqué de esa actitud, como también quisiera que explicara cómo es posible que la Dirección General de Cooperativas, que

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está obligada, por el artículo 151 de la Ley de Cooperativas, a hacer un seguimiento de las diferentes cooperativas, después de varios años no se haya dado cuenta de los enormes problemas de gestión por los que estaban pasando en la sociedad cooperativa PSV. Como también pregunto al Gobierno cómo es posible que no hubiera detectado que existían problemas dentro de IGS, concretamente dentro de su sociedad de ahorro hipotecario.
¿Cómo es posible eso? ¿Es que no tiene mecanismos de inspección este Gobierno ni los tiene el Banco de España? Ya el Banco de España nos planteó un problema cuando dejaron mucho que desear los mecanismos de inspección en el caso Banesto, pero es que parece que aquí tampoco existen mecanismos de inspección. Quisiera que el Gobierno aclare por qué pide que esos 8.000 millones de pesetas vayan a solucionar el problema de los depósitos de la sociedad de ahorro hipotecario y no el de los diferentes cooperativistas de PSV, lo que hubiera cortado inmediatamente la alarma social.
Creo que este tema es importante, porque desde luego cabría pensar que es un posición política voluntaria del señor González, que incluso ve con satisfacción ese movimiento en la calle para desprestigiar tantos años de trabajo del Secretario General de UGT. ¿Es eso? Porque eso sería gravísimo. ¡Eso sería gravísimo! ¿Cómo puede tardar el Presidente del Gobierno tanto tiempo en manifestar esa voluntad de intervención? Entiendo que hay nebulosas importantísimas sobre la actuación del Gobierno en todo este proceso. Las hay desde su principio, porque nadie puede pensar que esta operación nace sin ningún tipo de aval. ¿Es que nadie recuerda cómo era aquella propaganda PSV 460.000 viviendas, que la ligaba directamente con el plan de viviendas del Gobierno, y el Gobierno nunca dijo nada en contra de eso? ¿Alguien olvida eso? Como lo que he manifestado antes: la actuación del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Comercio, como la actuación del Banco de España, como la actuación del propio Presidente del Gobierno. Además de todas estas situaciones que el Gobierno tiene oportunidad de aclarar aquí, lo más importante (aunque yo creo que también hubiera sido bueno que el Presidente del Gobierno aclarara estos extremos) es que usted tranquilice a los cooperativistas en el sentido de que inmediatamente se va a producir una intervención del Gobierno, que yo creo que no es una intervención ortodoxa, porque la Ley de Cooperativas dice claramente que es el Consejo de Ministros el que puede designar quiénes son los interventores. Parece que va a ser el juez y de rebote... Bueno, da igual. No vamos a poner pegas legales. Aquí el tema es que se arregle el problema de los cooperativistas.
Usted tiene la oportunidad hoy de tranquilizar definitivamente a los cooperativistas, de decir que va a ser una intervención sin límites, que no van a existir límites que no están poniendo para otras operaciones como la de Banesto y que supone muchísimo más dinero; y puede también usted tranquilizarles diciendo que inmediatamente se van a segregar las promociones y desbloquear los diferentes créditos hipotecarios. Tiene usted aquí esta oportunidad, yo confío que no la desaproveche.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Tengo la oportunidad también, señor Andreu, de que, si usted me escucha, pueda darse cuenta de que algunas de las afirmaciones que hace son absolutamente equivocadas, erróneas, y no se corresponden con ninguna realidad. Si lo que queremos todos es solucionar el problema a los cooperativistas, debemos poner el empeño en eso, en solucionar el problema de los cooperativistas, porque a lo mejor flaco favor se les hace tergiversando los hechos e imputando al Gobierno responsabilidades que no le corresponden en absoluto. A lo mejor la responsabilidad en este caso no está en el Gobierno, y eso es lo que interesa conocer. Lo único que le digo --y se lo voy a decir para que usted tome nota-- es cuál ha sido la secuencia de los acontecimientos y lo que ha hecho el Gobierno en este tema. No voy a decir más que lo que ha hecho el Gobierno, nada más que eso, y espero que usted tome nota. Y, entre otras cosas, el Gobierno no ha intervenido nada; me refiero a que no ha intervenido IGS para nada ni ha nombrado a ningún administrador. Y le aclaro una cosa: el crédito que usted dice (insignificante, 10.000 millones de pesetas) se da para solucionar unos problemas de deuda que tiene IGS en los créditos de ahorro-vivienda y que si no se hubieran pagado la situación era quiebra. ¿Y usted sabe lo que significa quiebra de IGS por esos 10.000 millones? Significa quiebra de la PSV, porque IGS es la administración de PSV. Por consiguiente, esos 10.000 millones subvinieron a una necesidad inmediata, que se había planteado ya, y precisamente con ese crédito, devolviendo y reintegrando el dinero a los cuentacorrentistas que habían hecho esa imposición, se pudo solucionar un problema de quiebra, que estaba solicitada, como usted sabe.
Pero, insisto, le voy a dar secuencia de acontecimientos y usted puede pensar a partir de ahí lo que quiera.
La cooperativa PSV, que está intervenida (luego leeré el texto de la intervención que ha hecho el Gobierno; está intervenida por acuerdo del Consejo de Ministros del viernes pasado), es un proyecto de promoción de viviendas impulsado por la Unión General de Trabajadores, constituida a primeros de junio de 1988. Fue inscrita como tal el 18 de agosto de 1988 en

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el registro de la entonces Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales. Esta cooperativa contrató desde el principio, en régimen de caja única, la gestión, administración y asesoramiento del proyecto a la empresa IGS, que a su vez estaba y está participada por el propio sindicato. De acuerdo con aquel contrato IGS se comprometía a desarrollar todas y cada una de las fases del proyecto: gestión del suelo, gestión urbanística, construcción de viviendas y actividades complementarias y se reservaba a cambio la adjudicación de los locales comerciales de las distintas promociones, así como el cobro de un determinado porcentaje del precio de las viviendas, en concepto de gestión.
La cooperativa ha mantenido, desde su constitución en 1988 hasta mediados de julio de 1993, una actividad societaria normal; es decir, se han celebrado las preceptivas asambleas generales y se han celebrado en los plazos que determina la ley.
Pregunta usted qué conocíamos, en el año 1992 o en julio de 1993. ¿Sabe usted lo que ocurrió en julio de 1993? El día 10 de julio de 1993 se celebró una asamblea general de la cooperativa y esa asamblea general, que, como digo, se celebró el 10 de julio de 1993, aprobó las cuentas auditadas del ejercicio 1992 y designó los miembros del consejo rector de la cooperativa. Por consiguiente, una situación absolutamente legal en el funcionamiento societario de la cooperativa.
Es verdad que a partir de un momento determinado, fundamentalmente a partir de noviembre, se producen acontecimientos que inducen a un determinado nivel de intervenciones públicas, que es cuando se paralizan las obras en ejecución y los proyectos en curso.
El 26 de noviembre, el Director General del INFES --no de Cooperativas, que no existe-- se reúne con un interventor para tratar sobre la problemática de la cooperativa y el 2 de diciembre lo hace con el presidente y el vicepresidente del consejo rector y con representantes de las asociaciones de socios cooperativistas que por aquellas fechas se estaban constituyendo en las promociones de la Comunidad de Madrid. De estas reuniones iniciales se obtiene el compromiso por parte de INFES, y por tanto del Ministerio de Trabajo, en rueda de prensa conjunta con miembros del consejo rector de la cooperativa, de asesorar a ésta en la ejecución de un proyecto de escisión que favoreciera la creación de cooperativas más pequeñas y adaptadas a cada promoción, entendiendo que así se podría hacer más viable el objeto social de la cooperativa. Se hace conjuntamente; además, como digo, hay una rueda de prensa conjunta del órgano gestor de la cooperativa y de los responsables del Ministerio de Trabajo y se crea una comisión interministerial en la que participan tres Ministerios: Economía, Trabajo y Obras Públicas, precisamente para pilotar, juntamente con la gestora de la cooperativa, con el consejo rector, este proceso de segregación de la cooperativa en cooperativas más pequeñas.
Le confieso que hay un problema inicial, el de la caja única y gestora única, porque para poder segregar en pequeñas cooperativas se tiene que atribuir a cada promoción lo que es su patrimonio, lo que son los recursos de esa promoción, y eso no está hecho, por el principio, como antes decía, de caja única. La contabilidad de la cooperativa, en régimen de caja única, es aprobada por la asamblea general en julio de 1993, se pide su actualización y se somete a intervención y fiscalización para poder conocer el estado real de las cuentas de la cooperativa y, simultáneamente, para con el apoyo de la Administración poder iniciar ese proceso de segregación de la cooperativa en otras cooperativas o promociones, como usted quiera llamarles, más asequibles para el fin que se pretende conseguir.
En ese preciso momento se produce una petición de declaración de quiebra de IGS, compañía gestora de la cooperativa, que es levantada precisamente para la propia IGS a través de 10.000 millones de pesetas, que se aplican precisamente a subvenir el pasivo de la sociedad y, a partir de ahí, como consecuencia de la suspensión de pagos de IGS se produce también la suspensión de pagos de la cooperativa PSV.
El departamento de Trabajo, ante la nueva situación, se vuelve a reunir inmediatamente con el Secretario de Organización y administración de UGT --este último sabe usted que, además, es vicepresidente de la cooperativa--para analizar los últimos acontecimientos y ver las medidas más convenientes a adoptar.
Esta comisión interministerial ha venido trabajando desde ese momento junto con la propia administración de la cooperativa, con el consejo rector, y su función ha sido intensificar las actuaciones de apoyo y asesoramiento para buscar una salida a la crisis de la cooperativa, siempre dentro del marco de una cooperativa que ya está intervenida judicialmente, precisamente por la suspensión de pagos. El grupo de trabajo se ha reunido sucesivamente con representantes de las asociaciones de socios cooperativistas, con la coordinadora que los agrupa, con cada una de las asociaciones individualmente consideradas, con organizaciones representativas del cooperativismo de viviendas, con gestoras de este sector, con entidades financieras y con los interventores judiciales nombrados por el juez en la suspensión de pagos.
Con esta explicación he venido a señalar cómo se ha manifestado la preocupación, sin duda grande, del Gobierno y sobre todo su colaboración para ayudar a buscar una salida positiva a la crisis de la cooperativa, porque un número importante de ciudadanos tienen comprometidos sus ahorros y sus esperanzas de obtener una vivienda en esta cooperativa. En cuanto a la suspensión temporal de los órganos sociales y el nombramiento de administradores provisionales, es una medida, sin duda, de especial trascendencia,

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y así lo dice la propia Ley de Cooperativas. Adoptarla en el momento que usted dice, era imposible; era imposible adoptar una intervención de la cooperativa en julio, agosto o septiembre por la sencilla razón de que la cooperativa, a través de su asamblea, había aprobado las cuentas de la cooperativa y había renovado su consejo rector. Era imposible legal y materialmente intervenir la cooperativa; no podía hacerse legalmente de ninguna manera, no lo pedía nadie --ni usted, señoría, que dice que llega tarde esta petición--; no lo había pedido nadie, porque no se podía legalmente. Pero no solamente eso, sino que simultáneamente a ello, se producen -- ya con posterioridad a la suspensión de pagos-- nuevas circunstancias derivadas precisamente del hecho mismo de la suspensión de pagos. Así, por providencia de 1.º de febrero, el magistrado-juez decide suspender y sustituir el consejo rector de la cooperativa, y se dirige al Ministro de Trabajo para que concrete si puede aplicar el artículo 152.1.c) de la Ley de Cooperativas, entre otras cosas --y este es el motivo fundamental de la petición-- porque se da la circunstancia de que para ratificar el auto de suspensión de pagos se necesita que éste sea ratificado por la asamblea de socios, y todo el proceso de constitución de las asambleas iba a demorar la solución de los problemas por lo menos cuatro o cinco meses.
Ante esa situación, y teniendo en cuenta las dificultades de constituir este proceso asambleario, se pregunta si el Gobierno puede intervenir de manera que se suspenda la actuación de la propia asamblea de socios, es decir, de la representación máxima de los cooperativistas. Eso es lo que se pide: la sustitución de la representación máxima de los cooperativistas que, insisto, habían tenido una asamblea en julio de 1993. El Ministerio de Trabajo, después de reunirse con los cooperativistas, les consulta lo que propone el juez, y ellos ven razonable que en ese momento se pueda sustituir la asamblea por una intervención o por unos administradores en la medida que de no hacerlo se iba a retrasar todo el proceso en el que desde octubre-noviembre estamos trabajando con la cooperativa, que es el proceso, como le digo, de segregación.
Se produce, por consiguiente, ese acuerdo del pasado Consejo de Ministros, que suspende temporalmente todos los órganos sociales de la Cooperativa PSV, Promoción Social de Viviendas. Segundo, atribuye a los administradores que sean designados por el juez (a los que ya el juez, como usted sabe, ha decidido suspender y sustituir el consejo rector) las funciones de todos los órganos societarios, también de la asamblea, para que esos administradores inmediatamente puedan ratificar la suspensión de pagos. Y tercero, la suspensión de órganos sociales y la intervención administrativa terminan el mismo día en que el juzgado dicte el auto previsto en el artículo 8 de la Ley de Suspensión de Pagos, es decir, se llegue al convenio de acreedores. En ese convenio de acreedores en su momento, estarán expuestas las quitas o esperas correspondientes.
Recuerde que acreedores son los cooperativistas, y habrá que decir a los cooperativistas en ese momento cuál es la quita que le corresponde como consecuencia de la minoración patrimonial que ha sufrido su patrimonio. En ese momento serán los cooperativistas los que tendrán que decidir.
El magistrado-juez, ha nombrado cuatro administradores totales de la cooperativa, y una vez que ha dictado el auto, a que se hace referencia que lo dicte en el acuerdo del Consejo de Ministros, terminará esta suspensión temporal con el objeto, insisto, de que sean los socios los que decidan el proyecto de viabilidad que ya estará elaborado, señoría. El proyecto de viabilidad, el proceso de segregación, el proceso de obtención de créditos y el proceso de puesta en funcionamiento de las distintas promociones estará ya puesto en marcha, se llegará al convenio de acreedores con todo eso puesto en marcha, reestableciéndose entonces el funcionamiento democrático y normal de los órganos de la cooperativa. Esta es la intervención y ésta es la salida positiva a la crisis de la cooperativa que se ha adoptado. Para ello, se van a intensificar todos los esfuerzos, y todas las colaboraciones que de verdad persigan el buen fin de la operación, todas esas colaboraciones serán bien recibidas. También le quiero decir que, de la misma manera que el Ministerio de Trabajo, a través del INFES; el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vivienda; así como el Ministerio de Economía, han estado colaborando con el Consejo Rector de la Cooperativa inequívocamente, día a día, reuniéndose y dando la cara la Administración ante los propios cooperativistas, de esa misma manera va a colaborar con los administradores designados para que se consiga el buen fin de la operación, que ya le digo cuál es. El buen fin de la operación es conseguir que cada una de las promociones pueda tener su vida independiente y que ello pueda dar lugar a que las obras que ahora mismo estén paralizadas continúen y que las no iniciadas se inicien. No sé si S.S. sabe Derecho, pero lo que sí sabe es que cuando hay un proceso de suspensión de pagos por la «par conditio creditorum», por el tratamiento igual a todos los acreedores, puede haber problemas en este proceso de segregación. Es verdad que no todos los cooperativistas de todas las promociones están a la misma distancia de alcanzar el fin social que persigue la cooperativa, dado que unos tienen prácticamente la vivienda terminada y otros todavía no han visto comenzar la construcción de la misma; por consiguiente, será necesario obtener también previamente el acuerdo de todos los cooperativistas para que ellos sepan que, aun cuando estén más cerca de alcanzar el objeto social, se van a solidarizar también, en lo que es el convenio de suspensión de pagos, con todos los cooperativistas. Todo

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esto se va a realizar mano a mano con los administradores y de común acuerdo con los propios gestores de la cooperativa, señor Andreu. Por consiguiente, estoy convencido que con esta intervención, y no sólo con ella sino con todas las gestiones previas a la misma, se está en el buen camino. Solamente hace falta que los elementos sobre los que estamos trabajando se perfeccionen en acuerdos concretos de segregación de cooperativas, de determinación de cuál es cada una de esas promociones, de la atribución patrimonial a cada una de las promociones y ese acuerdo de solidaridad entre todos los cooperativistas para que por fin se puedan construir esas viviendas, que es lo que sin duda todos deseamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, estoy seguro que usted se ha guardado la réplica, porque yo no me puedo creer que usted se vaya de esta tribuna sin aclarar a los cooperativistas de la PSV y a toda la sociedad que el Gobierno está dispuesto a intervenir sin límites para solucionar este problema. No me lo puedo creer, por tanto, me imagino que la verdadera respuesta me la dará luego.
Señor Ministro, no juguemos a meternos en un debate jurídico porque hasta ahora, que yo sepa, para ser Diputado no se exige ningún título, ni siquiera el de Derecho. Lo que yo sí sé, como Diputado, es que la gente en la calle está absolutamente angustiada con este tema, lo sé, y desde luego, en lo que he podido estudiar de este asunto, veo que hay recursos y hay posibilidades legales por parte del Gobierno para que la actuación hubiese sido mucho más rápida, mucho más inmediata y mucho más clara, dando muchísimas más garantías a todos los cooperativistas, de las que hasta ahora han venido siendo. No hay que ser ninguna lumbrera para saberlo, no hay que ser García de Enterría, basta con saber leer y con ejercer simplemente como Diputado; basta con hablar con los cooperativistas en la calle. Eso es lo que hay que hacer. Aquí no se viene a sacar ningún título de Derecho, señor Ministro.
También quiero decirle una cosa que me parece importante, y quiero hacerlo para que no diga que escondemos nada. Señor Ministro, a toda la izquierda, por lo menos a la izquierda que se siente vinculada a los sindicatos, este tema nos duele y nos hace daño porque sabemos que es un tema duro para los sindicatos. Por lo menos a la izquierda nos duele; luego que cada uno se pronuncie como crea oportuno, pero este tema a la izquierda nos duele. Sabemos que ha habido una mala gestión de IGS, sabemos que ha habido una mala gestión de PSV, y tienen que responder esos señores; tendrán que responder ante los tribunales; tendrán que responder de los problemas que haya habido. Desde luego nosotros ni muchísimo menos vamos a parar eso; todo lo contrario, queremos la mayor claridad. Pero yo aquí vengo a controlar al Gobierno, le digo al Gobierno que ha tenido posibilidades de arreglar eso, y desde luego usted no me ha negado ninguna de las citas que le he hecho. Hay un informe de UGT, que es público, en el que viene punto por punto cada una de las reuniones, quiénes han intervenido por el Gobierno, Presidente, Vicepresidente, fechas, etcétera. Usted seguramente lo conocerá como yo. Si usted puede negar alguno de esos extremos, niéguelo. Aquí se ve claramente que el Gobierno conoce esto desde hace mucho tiempo y tuvo posibilidad de intervención. Yo solamente le pido eso; no vengo aquí a hacer una intervención parlamentaria brillante. Usted sabe que hay una alarma social importantísima en la calle y que, desde luego, con las explicaciones que usted ha dado no soluciona nada, sinceramente. No vengo a atacar al Gobierno por atacarlo, ni muchísimo menos; pero con esa explicación usted no tranquiliza a nadie.
Dígame, señor Ministro, ¿había dinero para Banesto? ¿Alguien puso algún límite en el dinero para Banesto? ¿Por qué tardó horas el tema de Banesto y por qué éste lleva meses? ¿Es más complejo éste aún? ¿Es más complejo contablemente en su estructura empresarial? En el tema de Banesto vemos que se decidió la intervención en cuatro horas, ha pasado mes y pico y ya parece que el tema está encarrilado. En éste, sin embargo, llevamos meses y meses. Usted me permitirá, señor Ministro, que yo piense que hay trasfondo político detrás de esto, me permitirá que lo piense y que lo manifieste; pero, aparte de eso, que ya lo he manifestado y no lo voy a reiterar, me parecería muy grave que se jugara con 15.000 cooperativistas para hacer jugadas de billar político. Me parecería muy grave.
Por tanto, señor Ministro, para aclarar esto ante la sociedad española, para que no quede ninguna duda, yo le solicito que dé la respuesta de verdad, que diga aquí que no va a haber límite en esa intervención, que no va a haber ni siquiera límite de dinero público, aunque ese dinero se recupere, por supuesto, pero que no va a haber límite de ningún tipo y que se van a solucionar los problemas de todos los cooperativistas, los que son acreedores y los que son deudores. El lío es impresionante, usted lo sabe bien, y no vamos a meternos aquí a discernir jurídicamente cómo es el lío, unos están en PSV y otros están en IGS y me parecería un mal servicio a este Parlamento que usted intentara enredarlo en marañas jurídicas cuando el problema es bastante claro y bastante diáfano. Aclare, por favor, tranquilice a los cooperativistas y dígales que éste es un problema que evidentemente en su origen no era del Gobierno, probablemente, aunque ya le he dicho aquello de la PSV y las 460.000 viviendas, pero, en fin, vamos a dejarlo.


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Este problema no era en origen, pero hay una economía social que también necesita la protección del Estado y del Gobierno que la lleva y que tiene unas responsabilidades legales, responsabilidades marcadas por la ley que no se las inventa nadie, que están en la Ley de Cooperativas, que ustedes no han hecho hasta ahora honor a ellas y confío que de ahora en adelante usted pueda decir en esta tribuna que va a solucionar el problema y que no se va a quedar ni un cooperativista sin casa y que el problema se va a arreglar en unos plazos cortos e inmediatos. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Ministro. (El señor Romero Ruiz pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
¿Decía usted, señor Romero? (El señor Romero Ruiz vuelve a pronunciar palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, guarde silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Andreu, ¿cómo no le voy a admitir que hay un trasfondo político en esto, después de oírle? Claro que se lo admito; es que le acabo de oír. Por eso que le acabo de oír, sé que hay un trasfondo político en todo esto. Fíjese que usted ha terminado diciendo lo que yo sabía que iba a decir; que hay que exigir responsabilidades a los gestores de PSV y de IGS.
Claro, me parece muy bien; claro que hay un trasfondo político en esto y cada vez nos vamos dando más cuenta los que sabemos de esto. Pero le voy a decir algo que es importante: yo no le exijo a usted saber Derecho, pero sí que no haga afirmaciones que contradigan la ley, porque la ley es la democracia, la ley es la que nos manda a todos; por consiguiente fuera de la Ley no hay nada, hay el caos, y para eso no hace falta ser jurista, para eso hace falta ser simplemente persona sensata y demócrata. Siendo persona sensata y demócrata, sabrá S.S. -- que sin duda lo sabe--que las intervenciones se pueden hacer en entidades privadas cuando están autorizadas por la ley y en los términos que la ley lo autorice. La intervención no es como usted quiera. ¿Qué es eso de intervención ilimitada? ¿Intervención ilimitada porque usted lo quiere? Pero, ¿dónde está eso? (El señor Romero Ruiz: ¡Banesto!) Cuando se interviene una entidad financiera se hace con arreglo a la ley y aquí no hay una ley que permita una intervención ilimitada. ¿Pero qué cosas está usted diciendo? La Ley de Cooperativas lo único que permite es sustituir órganos sociales por administradores que nombra el Gobierno, y eso se ha hecho. ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es eso de intervención ilimitada? ¿Qué quiere usted que le diga, que el Gobierno va a hacer las casas? No; no las va a hacer, se lo digo claramente. Le diré que sí va a colaborar. ¿Qué hay que decírselo a los cooperativistas? A ellos sí. A usted, ¿por qué? (Rumores.) A los cooperativistas se lo está diciendo el Ministerio, lo mismo que le ha dicho a usted, lo que pasa es que ellos lo han entendido, porque ellos defienden sus intereses, no necesitan a nadie que les defienda. Le digo a usted lo que ha hecho el Gobierno, y eso mismo se ha dicho a los cooperativistas. Ahora usted dice que además a los cooperativistas hay que decirles esto otro. ¿Por qué? Hay que decirles lo que va a hacer el Gobierno, y lo que va a hacer el Gobierno es colaborar a resolver un problema en el que otros parece no quieren colaborar para resolverlo, sino precisamente para enredarlo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor Mur tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Mixto sobre esta interpelación, a nuestro juicio tan oportuna y, sobre todo, tan importante después de las palabras del señor Andreu, que a nosotros también nos han alarmado, porque cuando ha dicho dinero sin límite la verdad es que, con el apasionamiento que le caracteriza al señor Diputado, creo que ha llevado esto a una situación casi límite. Creo que el tema es suficientemente importante y afecta a gran número de personas. Hablo por los que están en este asunto en Zaragoza, donde también la PSV extendió sus tentáculos constructores, bien es verdad que todavía no ha entregado ninguna vivienda. Hay, como es lógico, la inquietud y la zozobra de todos aquellos que se ven en una situación no deseada y con poca seguridad de cómo va a acabar este asunto.
Lo primero que diríamos es que este tema necesita más claridad, lleva mucho tiempo en los medios de comunicación, pero no hay clarificación por parte de quien lo puede hacer, en este caso desde las responsabilidades del Gobierno aunque el señor Ministro nos ha aclarado algo esta tarde y de alguna manera nos ha tranquilizado porque le hemos oído decir con buen criterio que en una situación como ésta, por excepcional que sea, no puede obviarse el cumplimiento de la ley, no se pueden tomar medidas que no sean generalizables ante situaciones parecidas o igualmente importantes o graves, que las hay, las ha habido y las habrá. Por

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tanto, señor Ministro, ahí estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, le diré que el Gobierno, ante la magnitud social del problema, ha estado lento, ha parecido que estaba indiferente, probablemente tenía criterios contrapuestos, y es que posiblemente el asunto PSV-UGT sea mucho más que un fiasco inmobiliario. No voy a ahondar en esta cuestión porque creo que para los efectos, para la solución del problema y para lo que quieren saber las personas, los ciudadanos que están pendientes de su vivienda, de cómo se resuelve el problema planteado en PSV, no tiene importancia. Esto me parece que no tiene importancia y por tanto es un debate en el que no quiero entrar. Evidentemente, algún día se sabrá toda la verdad de lo que ha ocurrido. No lo duden, no se pueden ocultar, a nuestro juicio, errores que han perjudicado a tanta gente. Yo creo que son muchos los perjudicados a los que se les niega alto tal elemental como una vivienda y a los que se les ha frustrado una esperanza que pusieron en un sistema que yo quiero reivindicar. Alguna experiencia profesional tengo en la gestión de cooperativas y, la verdad, creo que se ha hecho un flaco servicio al sistema cooperativo, al sistema cooperativo de viviendas, y eso tenemos que reivindicarlo desde aquí. El sistema, como otro cualquiera, no es malo en sí mismo sino que puede ser malo en función de quién lo gestione, y ahí es donde me gustaría hacer hincapié. Cuando se habla de PSV, de la cooperativa de viviendas y de los cooperativistas, creo que no se puede olvidar a IGS que, según el señor Ministro ha dicho, fue con quien se contrató la gestión, el asesoramiento y el desarrollo de la cooperativa de viviendas. Todas las cooperativas, si tienen cierta importancia, suelen buscar una gestión profesionalizada, en quien confían y a quien encomiendan todos los trabajos complejos de una promoción de viviendas.
Realmente aquí los confiaron a IGS y me parece que si alguna responsabilidad hay que buscar, primero es en la gestora.
¿Quién es la gestora, cómo ha actuado, cuánto dinero ha cobrado, quiénes son los responsables, qué responsabilidades van a tener a partir de ahora? No podemos fijarnos solamente en los cooperativistas y en la PSV siendo ellos, en definitiva, los últimos destinatarios de los esfuerzos que todos hagamos. Es verdad, lo que importa es que los cooperativistas, al final, acaben teniendo la vivienda prometida, pero tampoco hay que olvidar que aquí hay un intermediario que se llama IGS, que posiblemente tendrá que responder de lo que ha hecho, como tiene que responder cualquier profesional al que se encarga algo y luego fracasa. Desde luego, el fracaso no puede ser más sonoro, más estrepitoso y más perjudicial.
El señor Ministro dice que vamos a hacer todo lo posible por ayudar, pero la primera pregunta que me haría y que le haría es si, con los datos que conoce, los problemas planteados tienen solución, porque me da la impresión de que algunos están tan mal planteados que no tienen solución, a pesar de que PSV intentó, por su finalidad social gozar de ciertos privilegios. Yo puedo decir aquí que el Ayuntamiento de Zaragoza procedió a la recalificación de terrenos, que se negaron a promotores privados, precisamente porque se trataba de PSV y porque tenía una finalidad social. Pero aquello está sin recalificar, no tiene ninguna urbanización y, desde luego, esas viviendas tardarán años en poder ser construidas. Por tanto, no creemos falsas expectativas porque el problema es más grande desde el punto de vista práctico y urbanístico de lo que puede ser incluso desde el punto de vista financiero. No todo se puede arreglar con dinero. Creo que en esto hay que ser muy realistas; no se pueden lanzar mensajes que en este momento pueden levantar expectativas agradables a aquellos que tienen la necesidad de oír alguna palabra de esperanza, pero a los que no podemos decepcionar por segunda vez.
Por tanto, espero que el Gobierno haga lo que debe, que es hacer cumplir la Ley, que medios tiene; con la Ley en la mano, intervenir la cooperativa, sus órganos rectores y sus órganos gestores y, a partir de ahí, aplicar la ley y que pase lo que tenga que pasar. Si después, por la finalidad social, por la amplitud del problema, se tienen que adoptar algunas medidas excepcionales, siempre dentro de la Ley y parecidas a las que se han tomado en situaciones similares, nosotros seremos los primeros en apoyarlas porque creo que la finalidad y las personas así lo merecen, pero antes depúrense las responsabilidades y aclárese el papel que cada uno ha jugado aquí. Por favor, señor Ministro, le voy a hacer una reflexión que tal vez se sale un poco de la interpelación, pero hoy he leído en un medio de comunicación que uno de los administradores que han sido nombrados va a cobrar 50 millones de pesetas de sueldo. Si eso es cierto, me parece que mal empezamos a remediar los problemas, fijando sueldos multimillonarios a los administradores que tienen que solucionarlos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, la señora Martínez Saiz tiene la palabra.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para dar nuestra opinión, ante esta Cámara, sobre este grave problema que Izquierda Unida ha traído hoy a debate; grave problema que de verdad nos tiene desde hace tiempo muy preocupados.
Señorías, señor Ministro, el único objetivo de una cooperativa de viviendas es facilitar el acceso a la propiedad de una vivienda en condiciones más favorables de

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las que ofrece el mercado libre y a unos precios mucho más bajos. Estamos seguros de que éste era el objetivo de UGT cuando respaldó, en junio de 1988, la constitución de la promotora social de viviendas como entidad cooperativa y no como una sociedad mercantil.
Este proyecto social sin ánimo de lucro, al final y en virtud de la forma de gestionar y de invertir las aportaciones de los socios cooperativistas, se ha visto convertido, de momento, en un gran fraude por parte de los responsables de PSV e IGS, a más de 20.000 familias que, de momento, no pueden disponer de sus ahorros ni de unas viviendas esperadas desde hace mucho tiempo. La intención de los responsables de la sociedad gestora IGS y, en concreto, de su máximo responsable, don Carlos Sotos, al hacer frente a la compleja gestión de una cooperativa tan amplia como PSV con más de 250 promociones, está claro, ha quedado suficientemente claro que no era exclusivamente la de proporcionar viviendas dignas y más baratas que las del mercado libre. Si hubiera sido así, señorías, no hubieran utilizado más de 18.000 millones de peseta antes de finales de 1992, dinero de los cooperativistas, en hacer operaciones empresariales e inmobiliarias que nada tenían que ver y nada tienen que ver con la promoción pública de viviendas, señor Ministro, porque a ver si aprende un poco de construcción de viviendas sociales como Ministerio de Trabajo. No tenía nada que ver con esa construcción de viviendas sociales, el único y el principal objetivo de las cooperativas de viviendas.
Porque, señorías, IGS invierte en el proyecto turístico de Calviá 4.692 millones. ¿Cómo es posible que los auditores no se den cuenta de que eso no tiene nada que ver con comprar terrenos para construir viviendas sociales? ¿Qué pasa con los informes de esos interventores? ¿Qué pasa con la tutela del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo es posible que se consienta que se inviertan casi 2.000 millones en comprar terrenos en Madrid para hacer urbanizaciones de lujo? Lo que pasa es que el señor Sotos y los gestores de IGS se quisieron convertir con el dinero de los cooperativistas en especuladores y promotores privados engañando a los cooperativistas, y eso el Gobierno lo sabía, porque tenía la obligación de saberlo, porque compró terreno para especular, engañó a UGT de buena fe, engañó a los cooperativistas y se ha ido de rositas a su casa. Porque si eso lo llega a hacer un promotor privado, no sé lo que hubiera pasado, pero la ley hubiera caído sobre él, y el señor Sotos, que todos los que estamos aquí sepamos, está en su casa junto con otros gestores muy tranquilamente. Y no se puede consentir un Gobierno que engaña a los cooperativistas anunciando un plan de viviendas 92-95 por parte de PSV, como ha dicho el señor Andreu y como yo he dicho esta tarde al Ministro de Obras Públicas, en la televisión pública diciendo: plan de viviendas del Gobierno, 460.000 viviendas, PSV. Y ahora resulta que nadie sabe absolutamente nada, y el señor Sotos era considerado por el Gobierno y por el señor Borrell un experto en política de vivienda social.
Señor Ministro, señorías, hace falta tener mucha desvergüenza política, porque ahora los que no tienen la vivienda son esos cooperativistas que han aportado 40.000 millones de pesetas, pero resulta que IGS-PSV tiene en patrimonio del suelo y en activos más de 60.000 millones de pesetas. Y ahí viene la quiebra, el negociete especulativo del señor Sotos y compañía.
Y resulta que ahora todos tenemos que hacernos cargo de eso.
Señor Ministro, un poco más de seriedad, porque no se puede jugar con los trabajadores ni con el resto de los españoles.
Se puso en duda la honestidad de muchos empresarios privados a la hora de gestionar el suelo, y se ha utilizado suelo público de los ayuntamientos y de las comunidades a precio muy barato y no se ha aplicado la Ley del Suelo vigente al no gestionar ese suelo en los tiempos adecuados. Señor Ministro, ¡ya está bien, ya está bien! Y luego, encima, el Gobierno ajusta cuentas con UGT porque se opone a su política laboral teniendo este asunto en suspenso desde junio que se detecta --una cosa rarísima-- hasta ahora, porque en el informe de las auditorías, el de 1992 incluido, todo estaba perfecto, y resulta que ahora nos enteramos, y el Gobierno lo tiene en suspenso hasta que el señor González quiere y le da la gana, tiene en vilo a muchas familias. No hay derecho, porque, ¿sabe usted los intereses de esos cuatro o cinco millones de pesetas de esos cooperativistas? ¿Lo sabe usted? Pues calcúlenlo, que para calcular las propuestas económicas de otros grupos, incluido el mío, se las pintan ustedes.
Ahora, lo que hace falta es que ustedes no pierdan el tiempo y les digan a los cooperativistas lo que les va a costar su vivienda, dónde está el terreno, por cuánto lo pueden vender.
Es decir, un plan de saneamiento de esa cooperativa que diga cuándo van a disponer de sus viviendas y que el Gobierno se comprometa a tutelar esa gestión para que los cooperativistas estén seguros de que la van a tener. Todo lo demás son palabrerías, señor Ministro, porque aquí las viviendas se hacen con ladrillos, y las cooperativas --eso que ahora propone el Gobierno a los gestores--, cuando pasan de 50 a más se gestionan como empresas, con unos gastos de gestión importantes, como las grandes constructoras, y si no que se repasen los sueldos de los empleados y de los gestores de IGS y de PSV. Nos llevaremos una gran sorpresa. En 1992 se habían gastado 7.000 millones en esas empresas del Grupo IGS-PSV, que no se habían invertido en suelo, que no se habían pagado licencias.
Es más, señor Ministro, el señor Borrell y don Julio Rodríguez, Presidente del Banco Hipotecario, saben que en una reunión en Sevilla promovida por el Ministerio de Obras Públicas...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Martínez, vaya concluyendo.


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La señora MARTINEZ SAIZ: Sí, señor Presidente, pero esta «perla» no me la quiero olvidar.
En una reunión para decir cómo iba a funcionar el Plan de Vivienda 1992-1995 donde estaban los expertos del Gobierno y responsables de otras comunidades, el señor Sotos echó en cara al Presidente del Banco Hipotecario que, debido a su política de financiación y como él no tenía todavía las licencias de muchas promociones, le estaba estrangulando su política financiera. El señor Borrell y la señora Narbona no pueden decir que eso no lo sabían, porque lo sabían y lo oyeron todos los que allí estaban, señor Ministro. Finalmente, espero de la responsabilidad, que hasta ahora no ha demostrado este Gobierno, que escuche a los expertos de verdad en política de vivienda social y dé los pasos necesarios para que, lo antes posible, sepan los cooperativistas y los españoles dónde está su dinero, dónde están esos suelos, y se dejen de engañar a los demás, porque sólo queda de todo eso la foto de la esfera armilar, donde estaban ilustres socialistas que también sabrán a qué jugaban, sólo queda la foto de la esfera armilar. Yo no he encontrado nunca, en una cooperativa de construcción de viviendas, que haya beneficios para hacer un proyecto de una esfera armilar, porque se pretende que las viviendas salgan baratas y no subvencionar o financiar proyectos de alguna manera patrocinados por gobiernos socialistas. Lo que tenían que haber hecho ustedes es procurar que IGS y PSV, gestionadas por ilustres socialistas, hubieran hecho viviendas y no proyectar esferas armilares, de lo que no hay nada más que proyectos y una foto, señor Ministro. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, ¿para qué solicita la palabra? ¿Es para alusiones? ¿Es una réplica?

El señor ANDREU ANDREU: No es una réplica, es para pedir su amparo, porque el señor Ministro ha dicho...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Según el Reglamento, el señor Ministro ha tenido una intervención tasada a continuación de la suya y no hay ningún turno más.


El señor ANDREU ANDREU: ¿Permite usted, señor Presidente? El señor Ministro ha dicho que iba a leer un acuerdo del Consejo de Ministros, que no ha leído. Solicito su amparo para que se le solicite al Gobierno ese acuerdo. (El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Griñán Martínez: Está en el «Diario de Sesiones».)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay ningún turno, señor Andreu. Es un debate tasado el de la interpelación. El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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