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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 43, de 08/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 43 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 42 celebrada el martes, 8 de febrero de 1994 Página ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, reguladora de la publicidad procedente del sector público. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 20.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 122/000011) (Página 2001) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 24.1, de 14 de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000014) (Página 2011)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la exención de Impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para las explotaciones agrarias cuyo valor catastral no supere los 50 millones de pesetas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 20, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000034) (Página 2019)

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--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre programación y publicidad en televisión destinada al público infantil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 13, de 4 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000030) (Página 2038)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colocación de escuchas telefónicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 41, de 5 de enero de 1994 (número de expediente 173/000018) (Página 2038)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 44, de 9 de febrero de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2001)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso reguladora de la publicidad procedente del sector público (Página 2001)

En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley el señor Ramallo García. Señala que hace ya más de dos años el Grupo Popular acordó promover un conjunto de iniciativas parlamentarias con el fin de fortalecer la vigencia del principio de legalidad, restringir los excesivos márgenes de discrecionalidad de determinados poderes, restablecer criterios de control del gasto y, en general, introducir principios de absoluta transparencia en la gestión pública y de sometimiento, en todo caso, de decisiones de singular relevancia al control parlamentario. En sintonía con ese acuerdo, el 6 de febrero de 1992 el Grupo Popular presentó nueve proposiciones de ley, en un intento de control y regeneración de la vida pública en nuestra patria. En ese paquete legislativo figuraba una proposición de ley para regular la publicidad procedente del sector público, cuya toma en consideración defendió en esta misma tribuna el 22 de septiembre de 1992. Dicha proposición fue rechazada por el Grupo Socialista, al igual que las restantes, por el simple hecho de presentarlas el Grupo Popular.
Vuelven hoy a someter a la consideración de la Cámara la misma proposición de ley, con las modificaciones que el debate anterior les ha sugerido, en un momento en que, por desgracia, nadie se atreve en España a negar la existencia de corrupción.
La proposición, como su título indica, se ocupa de regular la publicidad procedente del sector público, así como de poner coto a la publicidad institucional en período electoral, en beneficio siempre del gobernante de turno, con evidente derroche del dinero público y con infracción notable de la igualdad de las fuerzas políticas que comparecen en los procesos electorales.
Expone que para que una democracia no quede en algo formal es necesaria la existencia de pluralismo informativo, y de ahí la necesidad de leyes que arbitren las medidas oportunas para hacer imposible la influencia desde el poder público en la vida económica de los medios informativos. Es de sobra conocido que la publicidad es el pilar fundamental en la financiación de los medios de comunicación y de ahí que este caudal publicitario público no deba ser usado, de forma discriminatoria, para proporcionar votos a medios afines al poder y negarlos a los que resulten molestos.
Menciona la existencia de algunas sentencias que se han pronunciado sobre el tema y concluye exponiendo a la Cámara los rasgos fundamentales del texto articulado de la proposición de ley.
En turno en contra de la proposición de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Sanz Díaz, justificando dicha oposición en que, en lo esencial, la cuestión planteada ya está regulada y viene aplicándose sin dificultad por los tribunales cuando se han producido irregularidades y, en segundo lugar, por las deficiencias técnicas que contiene la proposición y que harían inviable su aplicación. Reconoce, por otro lado, que la figura del contrato de publicidad no encaja plenamente en los que regula la Ley de Contratos del Estado, que próximamente va a remitirse por el Gobierno a la Cámara, pero aún así cree que es en ese contexto más amplio, y no mediante una ley específica,

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donde deben contemplarse los principios de publicidad, libre concurrencia, no discriminación y carácter objetivo de los criterios aplicables a la adjudicación que pretende el Grupo Popular y con los que, obviamente, el Grupo Socialista está de acuerdo.
En definitiva, considera que esta proposición de ley no resuelve satisfactoriamente la cuestión que aborda, ni es una ley específica la que deba regular la publicidad de carácter público, siendo el marco adecuado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuya aprobación final quedó paralizada por la disolución de las Cámaras, pero cuya nueva presentación con carácter inmediato, por parte del Gobierno, anuncia en este momento a la Cámara, anticipando que en ella se recogerán algunas mejoras debatidas en este mismo Congreso en la legislatura anterior.
Agrega que por el camino de la descalificación no se resuelven los problemas, sobre los que el señor Ramallo ha pasado de puntillas, resaltando finalmente los que considera puntos débiles de la proposición del Grupo Popular.
Replica el señor Ramallo García, duplicando el señor Sanz Díaz. Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y López Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo Popular por 136 votos a favor, 175 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. (Orgánica.) (Página 2011)

En representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende la proposición de ley el señor López Garrido, manifestando que la Constitución española reconoce en el artículo 20.1.d) el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas, pero no desarrolla su contenido sino que se remite a una ley que, transcurridos más de 15 años desde la aprobación de la Constitución, todavía no existe. Creen que es el momento de que esa ley exista y de ahí que su Grupo Parlamentario haya presentado esta proposición de ley, que viene a completar una laguna importante en el desarro-llo constitucional que no se puede ni se debe mantener por más tiempo.
Agrega que en la proposición de ley, tras una definición de lo que hay que entender por periodista, se establece el contenido de la cláusula de conciencia, que no es entendida en la proosición de ley como un derecho arbitrario o caprichoso del periodista, sino que hay que completarla con conceptos fundamentales, como son el concepto de la autorregulación, por un lado, y el concepto de la información objetiva, por otro.
Termina señalando que no pretenden una ley contra las empresas sino una ley a favor de las empresas de comunicación, a favor de los trabajadores de la comunicación, a favor de la libre expresión y comunicación, del derecho a informar verazmente y a ser informado. A este fin piden el apoyo de los demás Grupos de la Cámara. Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Muñoz-Alonso Ledo, del Grupo Popular, y Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley debatida por 319 votos a favor y una abstención.


Proposiciones no de ley (Página 2019)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la exención de Impuestos sobre patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para las explotaciones agrarias cuyo valor catastral no supere los 50 millones de pesetas (Página 2019)

Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Popular, el señor Lloréns Torres. Expone que su Grupo ha traído a la Cámara varias veces la propuesta que hoy les ocupa y que, varias veces también, el Grupo Socialista, con su mayoría absoluta, la ha rechazado. Sin embargo, desde la última vez que fue rechazada esta propuesta, en mayo de 1992, han sucedido varias cosas, entre ellas la celebración de unas elecciones generales en las que los socialistas incorporaron, por fin, a su programa electoral la propuesta que hoy debaten.
Recuerda que precisamente en la campaña electoral el Diputado socialista por Lleida, señor Pau, aseguró que si ellos ganaban las elecciones el impuesto que nos ocupa sería suprimido, esperando que la influencia de este Diputado, Presidente de la Comisión de Agricultura, sea decisiva para la toma en consideración de esta proposición. Se trata, además, de algo

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que los propios socialistas apoyaron en el Parlamento de Cataluña, por lo que espera que en este momento se pronuncien de idéntica forma a como lo hicieron en Barcelona.
Añade el señor Lloréns que, junto a las razones anteriormente expuestas para esperar el apoyo socialista a la proposición no de ley, está el hecho de que el Partido Socialista se halla en deuda con el sector agrario, al igual que con otros muchísimos sectores, aunque más que con ninguno con el agrario, cuya situación ha empeorado desde que fuera rechazada por última vez esta propuesta.
Alude también a las circunstancias de la integración del sector agrario en el mercado europeo, único sector en nuestro país que no ha crecido desde la integración y en el que hoy en día la renta media de las personas ocupadas en la agricultura es menos de la mitad de la renta media de cualquier otra persona, ocupada en cualquier otro sector, todo lo cual justifica la urgente y necesaria aprobación de la proposición no de ley, achacando al Gobierno socialista haber colocado al sector agrario español en la peor de las situaciones posibles.
Expone, finalmente, el contenido de las medidas fiscales con las que pretenden fomentar la continuidad de las explotaciones agrarias y favorecer el rejuvenecimiento de nuestra población agraria, habida cuenta de que en la actualidad considera que se penaliza la continuidad de estas explotaciones, por el elevado coste del impuesto y por las características peculiares de las explotaciones sobre las que se aplica.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria interviene el señor Mardones Sevilla.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, y el señor López Martín de la Vega, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del Grupo Popular por 144 votos a favor, 162 en contra y 13 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre programación y publicidad en televisión destinada al público infantil (Página 2028)

Defiende la proposición no de ley, en representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz Masats, manifestando que el tema que plantean es de alarma social, habiéndose encendido muchas luces rojas que deberían llevar a este Congreso a tomar medidas, superando la hipocresía e irresponsabilidad, cuando no complicidad directa, con los que están convirtiendo la televisión incluso la pública, en la gran corruptora. A la vista de la situación actual, apelan a los medios de comunicación en general, tanto públicos como privados, así como a los profesionales de las televisiones y demás medios de comunicación a intervenir sobre el particular, al igual que ocurre en Norteamérica y diversos países de Europa, además de la adopción de otras medidas que constan en la proposición.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Sanz, del Grupo Socialista, y Mato Adrover, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria, y Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición de ley debatida, fue rechazada por 155 votos a favor, 162 en contra y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2038)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colocación de escuchas telefónicas (Página 2038)

Defiende la moción, en nombre del Grupo Popular, el señor Baón Ramírez, manifestando que con todo el sentido de la prudencia, pero al mismo tiempo con la mayor determinación en defensa de los derechos y libertades fundamentales, procede a exponer a la Cámara la moción resultante de la interpelación al Gobierno que sobre escuchas telefónicas ilegales planteó su Grupo Parlamentario a mediados de diciembre último. En los dos meses transcurridos desde el debate anterior y el motivo de escándalo que lo propició, lejos de apaciguarse el mismo se ha avivado y, con el paso del tiempo, no tiene visos de apagarse.
Es una historia que, al amparo de la razón de Estado de alguna supuesta y suprema causa, ha emergido a la luz como un mal ejemplo a imitar, y todo ello creando una conciencia de impunidad en cuanto a la vulneración de derechos vinculados a la intimidad, como el de la comunicación telefónica, dando valor al perverso principio de que el fin justifica los medios y, en definitiva, creando la sensación de que el Estado difícilmente puede proporcionar seguridad

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a los ciudadanos si no es capaz de asegurarse a sí mismo.
Agrega que el sumario sobre el espionaje telefónico, que un semanario de información general ha publicado parcialmente, revela tal compendio de hechos y declaraciones, cuyo contenido refuerza la implicación del CESID, que se ven obligados a pedir responsabilidades políticas.
En cuanto al contenido de la moción, expone que en la misma se ofrecen soluciones, a través de diversas medidas encaminadas a contrarrestar o atajar el ambiente de impunidad que reina y a desarticular a los grupos que ya vienen operando en esta actividad ilegal.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Redondo Terreros, del Grupo Socialista, y Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria. Sometida a votación la moción del Grupo Popular, es rechazado el punto primero de la misma, aprobándose los apartados segundo y tercero.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, REGULADORA DE LA PUBLICIDAD PROCEDENTE DEL SECTOR PUBLICO (Número de expediente 122/000011)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, reguladora de la publicidad procedente del sector público.
En nombre del Grupo proponente tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hace más de dos años, concretamente el 27 de enero del año 1992, el Partido Popular acordó promover un conjunto de iniciativas parlamentarias con el objeto de fortalecer la vigencia del principio de legalidad, de restringir los excesivos márgenes de discrecionalidad de determinados poderes, de restablecer criterios de control del gasto, relajados en los años de gobierno socialista, y, en general, de introducir principios de absoluta transparencia en la gestión pública y de sometimiento en todo caso de decisiones de singular relevancia al control parlamentario.
En sintonía con el acuerdo a que hemos hecho referencia, el 6 de febrero de 1992 el Grupo Popular presentó ante la Mesa del Congreso nueve proposiciones de ley que suponían un intento de control de la arbitrariedad de la gestión pública, dada la dimensión que ésta y su secuela de corrupción habían alcanzado en España. Se trataba, en definitiva, de medidas legales para regenerar la vida pública en nuestra patria. En el paquete legislativo aludido figuraba una proposición de ley para regular la publicidad procedente del sector público, cuya toma en consideración tuve el honor de defender el 22 de septiembre de 1992 desde esta misma tribuna. La suerte de dicha proposición fue la misma que tuvieron el resto de las proposiciones presentadas por mi Grupo Parlamentario el 6 de febrero de 1992. Se rechazó su toma en consideración con la sola oposición del Grupo socialista, oposición basada en la razón de la sinrazón de no admitir una sola propuesta del Grupo Popular, no teniendo en cuenta su oportunidad o inoportunidad al rechazarla, sino sólo la procedencia del grupo parlamentario que la presentaba. Se trataba también, con la oposición socialista a la toma en consideración de esta proposición de ley, de que la Administración pública siga siendo el amparo de conductas denunciables, como hoy hacemos desde aquí.
Señorías, volvemos a someter a la consideración de la Cámara la misma proposición de ley, con las modificaciones que su anterior debate nos ha sugerido. Hoy es un debate superado en España el de si existe o no existe corrupción. Ya nadie, por desgracia, se atreve a negarlo ni a cuestionarlo, y ahí está el hecho de que el Presidente del Gobierno, señor González, hubo de disolver las Cámaras el pasado año porque no podía afrontar la celebración del debate del estado de la nación con el escándalo de Filesa en su momento álgido, y el país, señorías, está lleno de filesas, cada día una y una más.
La proposición de ley que defiendo se ocupa, como su título pone de manifiesto, de regular la publicidad procedente del sector público. Trata dicha proposición de ley de regular una actividad pública que afecta, por un lado, a la financiación de los medios que informan, y en cierta manera forman, a la opinión pública... (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ramallo. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Y, por otro lado, trata de poner coto a la publicidad institucional en período electoral, en beneficio siempre del gobernante de turno, con evidente derroche de dinero público y con infracción notoria de la igualdad de las fuerzas políticas que comparecen en los procesos electorales. Para que una democracia no quede en algo formal, sólo en su nombre, es necesaria la existencia de pluralismo informativo, base de una oposición plural; de ahí que, como decíamos hace dos años aquí, las leyes deban arbitrar las medidas que hagan imposible la influencia desde el poder público en la vida económica de los medios informativos, ayudando a los amigos del poder y haciendo entrar en crisis a los que no son aduladores del poder de turno. Es de sobra conocido, señorías, que la publicidad es el pilar fundamental en la financiación de los medios de comunicación, y de la misma forma sabemos el porcentaje importante que corresponde en el mercado publicitario a la publicidad emanada y financiada por administraciones públicas, empresas y entidades controladas por el sector público, y, evidentemente, este caudal publicitario puede ser usado de forma discriminatoria para proporcionar fondos a los medios afines al poder y negarlos a los que resultan molestos.
No se trata, señorías, de peligros potenciales para la democracia; por desgracia, como tuvimos ocasión de denunciar en esta tribuna, en los últimos años ha habido actuaciones concretas de administraciones públicas o de entidades que de ellas dependen, con mayoría socialista, que han castigado a los medios críticos con el Gobierno o con la entidad anunciante.
Recordemos la actuación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla negando publicidad al diario «ABC», de Andalucía, como represalia por ser crítico dicho medio con aquellas instituciones. Y no somos nosotros solos, sino que fueron los tribunales de justicia los que reconocieron el derecho de los medios de comunicación a no ser discriminados por la Administración en la adjudicación de la publicidad. En esa línea, la sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1987 contiene afirmaciones, en sus fundamentos de derecho, que entendemos necesario recordar hoy aquí. Así, la sentencia, entre otras afirmaciones, hace la siguiente: La conducta de las administraciones autonómicas y locales al eliminar a «ABC» de la campaña institucional del «metro» de Sevilla carece de fundamento racional, produciendo una diferencia de trato con los otros dos periódicos que adquiere la categoría jurídica de discriminación en cuanto aparece desprovista de base objetiva y resulta de hecho conculcado el artículo 14 de la Constitución. En otro párrafo de la sentencia se afirma: No es posible poner en duda que exista una desigualdad de hecho, ya que la campaña de prensa se desarrolla en los restantes periódicos de Sevilla prescindiendo de «ABC», y cómo esa desigualdad de hecho tiene relevancia jurídica, habida cuenta, no obstante, la falta de concreta regulación legal que existe del principio del que deriva la necesidad de igualdad de trato, en cuanto que el artículo 53.1 de la Constitución, directamente aplicable, determina que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos, proscribiendo por su parte el capítulo primero, artículo 14, de dicho cuerpo legal, toda discriminación en razón, entre otros varios supuestos, de opinión o de cualquier otra circunstancia o condición personal o social. Pues bien, señorías, a pesar de las sentencias a que nos hemos referido, la administración socialista de la Junta de Andalucía volvió a discriminar al mismo medio informativo, y fueron necesarias otras dos sentencias condenatorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a fin de restablecer la legalidad y luchar contra la corrupción política, que no otra cosa es usar dinero público para mal informar a la opinión pública y torcer la información haciendo, a nuestro juicio, olvido de lo que debe ser una conducta democrática, que es dar igualdad de oportunidades y sobre todo que los ciudadanos sean informados con verdad.
Por tanto, señorías, nosotros hemos de recordar hoy también aquí la marginación del diario «El Mundo» por parte de Renfe, o la conducta de la anterior Ministra de Asuntos Sociales que, iluminada, como siempre, por el sectarismo, castigó a unos medios y premió a otros, dando a unos publicidad y a otros negándosela sin base objetiva alguna, eso sí, culpando de sus culpas a las empresas de publicidad y no a quien las había mandado hacer así, que era la propia Ministra, señora Fernández.
La publicidad institucional, por su contenido, también ha sido utilizada para apoyar al Gobierno y al Partido Socialista y para atacar a la oposición. Es bueno recordar cómo en una conocida y multitudinaria campaña de Telefónica en la revista «Time», multimillonaria campaña que costó al bolsillo de los españoles, a través de las tarifas de Telefónica, alrededor de mil millones de pesetas, se decía, entre otras cosas, la siguiente: El Gobierno de Felipe González carece de oposición nacional efectiva. Seguramente, señorías, tiene mucho que ver la salud de la oposición en España con el funcionamiento de Telefónica. Evidentemente lo que sí tiene que ver con la salud del presidente de Telefónica es adular al Gobierno, ayudarle a que siga siendo Gobierno para que ese presidente siga siendo el presidente de Telefónica, importando, iba a decir «un pimiento», y lo digo, cómo vaya la Compañía Telefónica, cómo vayan las cuentas públicas, porque lo que interesa, de cualquier forma, es utilizar los fondos públicos para deteriorar

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a la oposición y hacer imposible la alternancia en el poder.
No soy capaz de vencer la tentación de recordar a SS.SS. --ya sé que molesto a algunos, pero cuando las cosas son molestas lo que hay que hacer es no hacerlas y así no lo oirán--, lo que se decía en la misma revista por el antaño comunista, luego Ministro de Cultura y hogaño Diputado en los bancos del Partido Socialista. Decía el señor Solé Tura: Necesitamos una oposición política mejor. ¡Claro!, lo que se le olvida añadir al señor Solé Tura es que se hace un uso no acorde con un talante democrático para poder seguir en el poder.
Evidentemente él cambió de sitio para estar en el poder; cuando estaba en el Partido Comunista denunciaba lo mismo que nosotros denunciamos. Luego se hizo acomodaticio y, naturalmente, usó la campaña de Telefónica para decir que en España no había oposición. (Rumores.) Señorías, los contratos de publicidad se adjudican muchas veces a dedo y en muchas ocasiones a sociedades controladas por personas cercanas al Partido Socialista. Lean la respuesta que dio el Gobierno al Diputado señor Muñoz Alonso y encontrarán en ella un mosaico de sociedades de publicidad controladas por personas con hondas raíces socialistas e incluso algunas de familiares con parlamentarios o ex parlamentarios socialistas. La práctica de la teoría del palo y la zanahoria la han elevado ustedes, señores del Gobierno, a la categoría de general y ha sido ejercida por las distintas administraciones que de ustedes dependen dando o quitando la publicidad y las suscripciones a diarios o revistas sin tener en cuenta el interés objetivo de la ciudadanía; así ocurre en mi tierra, Extremadura, donde el Presidente de la Comunidad, señor Rodríguez Ibarra --guerrista él--, retiró las suscripciones al periódico «Hoy» hasta que ese diario suponemos que se sometió a la disciplina social guerrista que impera en el partido de ustedes en Extremadura.
Es conveniente que en el futuro no se pueda alegar, como hacía la sentencia del Tribunal Supremo, la excusa de un vacío normativo como soporte de estos atentados a la convivencia democrática, y es por ello por lo que sometemos a su consideración la presente proposición de ley que contiene una regulación posible e indudablemente mejorable en Comisión, pero que se nutre de los criterios esenciales a que debe someterse la publicidad que se paga --y hay que remarcarlo-- con dinero público, atajando prácticas viciosas que se dan en el acontecer diario.
En el artículo 1 de la proposición de ley se define la publicidad de forma coherente con lo establecido en la vigente Ley General de Publicidad. El artículo 2 se ocupa de fijar los criterios con que los contratos de publicidad, de difusión y de creación publicitaria han de ser adjudicados, estableciendo la necesidad de que dichos criterios se objetiven y de que sea garantizada la concurrencia, evitando la arbitrariedad, la discriminación y la desigualdad, que, como ha quedado demostrado a lo largo de mi intervención, son, por desgracia, el pan nuestro de cada día. Este artículo 2 introduce una adición al texto primitivo que presentamos en la anterior legislatura al mencionar la legislación reguladora de los contratos de las administraciones públicas, legislación que, después de más de 10 años con mayoría absoluta del Gobierno socialista, sigue sin ser aprobada. En el artículo 3 se concreta el principio de no discriminación respecto a los contratos de difusión publicitaria, artículo que también ha sido modificado con respecto a la primitiva proposición de ley que presentamos en su día para ajustarlo a las justas críticas que en su tramitación parlamentaria se nos hicieron. El artículo 4 preceptúa que las adjudicaciones de campañas publicitarias que se hagan por terceros, ajenos a la Administración pero por encargo de ésta y con dinero de ella, se sometan a los principios establecidos en el artículo 3; para entendernos, se trata de que en un futuro no se puedan dar explicaciones tan «rupestres» y tan fuera de lugar como las de la señora Fernández cuando decía que ella no era culpable sino que lo eran las empresas de publicidad que contrataban con la Administración. En el artículo 5 se sanciona la violación de las normas contenidas en la proposición de ley que hoy defiendo como prácticas restrictivas de la competencia. Por último, en el artículo 6 se hace frente al uso en campañas electorales de la publicidad del sector público como medio de captación de votos a favor de quien gobierne en cada momento.
En este artículo 6 se ha introducido un apartado 3 (nuevo), en el que se excepciona lo dispuesto en el mismo para publicidad que indudablemente no se puede cortar ni en período electoral por ser de interés público. En este artículo hemos recogido críticas que entendimos que eran justas, y por tanto se han incorporado, de otros grupos parlamentarios. En la disposición final se le da a esta norma la consideración de legislación básica, al amparo de lo preceptuado en el artículo 149.1.18 de la Constitución española, es decir, para que sea aplicado a todas las administraciones públicas, incluidas naturalmente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Señorías, una vez celebradas las últimas elecciones legislativas en junio, el Partido Socialista y el Gobierno han bombardeado a la opinión pública con su mensaje del «impulso democrático». Sin embargo, ésta, como tantas otras iniciativas, ni es nueva ni ha sido concebida de forma original en el Partido que soporta al Gobierno. Como he dicho antes, a principios de 1992, el Grupo Popular presentó en el registro de esta Cámara un conjunto de medidas tendentes a fortalecer, a Regenerar, con mayúscula, la democracia, que entendemos se regenera desde la propia democracia y desde el debate en las Cámaras. Pero en el Partido Popular --quiero remarcarlo-- hemos preferido utilizar

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el término regeneración, en vez del vocablo impulso, que es el que utiliza el Gobierno y su Partido, y ello porque existe una notable diferencia entre lo que es impulsar y lo que es regenerar. Voy terminando, señor Presidente. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, impulsar significa empujar para producir movimiento. Por su parte, regenerar es dar nuevo ser a una cosa que degeneró, restablecerla o mejorarla, y yo afirmo hoy aquí que la democracia española, en donde ustedes la han puesto, no está para impulsarla; está para regenerarla, para restablecerla o mejorarla, y eso es lo que con proposiciones de ley como ésta podemos hacer. Pensamos que impulsar algo que está mal no es bueno. Nosotros les invitamos a regenerar algo que degeneró, como es el uso de fondos públicos con fines partidistas.
Tengan la seguridad de que si hoy esta proposición de ley merece la aprobación por parte de SS.SS., habremos dado un paso importante en el aprecio de la ciudadanía que en tan bajo concepto nos tiene a los políticos. Por el contrario, si una vez más el Grupo Socialista se opone a regenerar la vida pública con cualquier excusa como es la de que vayan a mandar una futura ley de contratos del Estado o de las administraciones públicas, o con el cuento diario que ustedes se inventen, hemos de decirles que si tenemos la crítica del pueblo, estaremos cosechando del vivir de espaldas a la realidad y no de reconocer que la corrupción es algo con lo que convivimos en España y que ni el Gobierno, ni el Partido que lo apoya, ni sus aliados están por la labor de terminar con ella. Es momento de dejarse de palabras y hacer realidad que la democracia no sólo tiene nombre sino que tiene fondo y que lo que está ocurriendo aquí es algo que se parece muy poco a lo que el constituyente del año 78 quiso.
Muchas gracias, señorías. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición de ley con la que plantea regular la publicidad procedente del sector público. En nombre del Grupo Socialista, me voy a oponer a la toma en consideración por dos tipos de razones: porque en lo esencial ya está regulado y viene aplicándose sin dificultad por los tribunales cuando se han producido irregularidades en su aplicación y porque las deficiencias técnicas que presenta, especialmente en lo que se refiere al artículo 3, harían inviable su aplicación; también, por la igualdad de trato que pretende que se aplique a las entidades de derecho público y sociedades estatales con relación a las administraciones públicas y sus organismos autónomos. Sin embargo, admitimos que la figura del contrato de publicidad no encaja plenamente en los que regula la Ley de Contratos del Estado y que por lo tanto debe precisarse en la nueva ley de contratos de las administraciones públicas, que próximamente va a remitir el Gobierno a esta Cámara, esta cuestión. Pero es en este contexto más amplio y no mediante una ley específica como deben contemplarse los principios de publicidad, libre concurrencia, no discriminación y carácter objetivo de los criterios aplicables a la adjudicación que pretende el Grupo Popular, con los que nosotros, obviamente, estamos de acuerdo.
En cuanto a la distinción entre las normas aplicables a las administraciones públicas y organismos autónomos, por un lado, y las entidades de derecho público y sociedades estatales, generalmente dedicadas a ofrecer en el mercado bienes y servicios y sometidas con carácter general al régimen jurídico privado, aun siendo evidentes sus diferencias, estamos también dispuestos a realizar una aproximación en sus principios en la medida en que ello sea compatible con este distinto régimen jurídico y con las condiciones de competencia del mercado en que desarrollan su actividad. Por ello, consideramos que ni esta proposición de ley resuelve satisfactoriamente las cuestiones que aborda ni es una ley específica la que debe regular la publicidad de carácter público, siendo el marco apropiado la ley de contratos de las administraciones públicas, que, a pesar de lo que diga el señor Ramallo de que es una ley eterna, ya tuvimos ocasión de debatirla en esta Cámara, incluso de aprobarla en el Congreso de los Diputados, y sólo la disolución de las Cortes hizo que decayese durante su trámite en el Senado, y que ahora va a remitirse por el Gobierno, con carácter inmediato --anuncio: acaso en la próxima semana o en todo caso con carácter muy inmediato--, y que mejora en diversos aspectos la que debatimos en esta propia Cámara en la pasada legislatura. Esta ley, la ley a la que me estoy refiriendo de contratos de las administraciones públicas, forma parte del impulso democrático al que el señor Ramallo pretende llamar de otra manera y que el Gobierno, de acuerdo con las fuerzas políticas, quiere llevar a cabo en este tramo de legislatura. Nuestro Grupo es el primer interesado en que la regulación que finalmente salga de las Cámaras sea objetiva y transparente, al mismo tiempo que eficaz.
¿Cuáles son, a nuestro juicio, los problemas que plantea la proposición del Grupo Popular? Dejo aparte las consideraciones sobre supuesta utilización abusiva de la publicidad institucional como forma de discriminación en los medios, según su afinidad o no con el poder político. Estos alegatos y la referencia continua a expresiones como corrupción y otras similares forman parte del arsenal dialéctico del Partido Popular, aplicable a cualesquiera cuestiones, y que busca dar una imagen deformada del Gobierno socialista. Los tribunales

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de justicia han demostrado que con nuestra legislación vigente es posible atajar cualquier abuso que pudiera darse, y en el ejemplo que él ha puesto así ha ocurrido, aunque, por cierto, no en relación con el artículo 20, que es el que él propugna y el que figura en la proposición de ley del Grupo Popular, sino con relación al artículo 14 de la Constitución. Y es propósito firme del Gobierno y de las administraciones gestionadas por los socialistas el actuar con objetividad e imparcialidad.
Por otro lado, señor Ramallo, España es una realidad plural en cuanto a la distribución del poder político, y el Partido Popular lo ejerce en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos cuyo comportamiento deberían examinar con todo cuidado sus portavoces en esta Cámara. Allí donde los socialistas estamos en la oposición sufrimos o somos testigos de comportamientos arbitrarios del Partido Popular. Sirva como ejemplo el que en las últimas elecciones municipales y autonómicas la Junta Electoral tuvo que proceder a ordenar la inmediata suspensión de propaganda de la Junta de Castilla y León referida a las actuaciones de la misma en los últimos cuatro años, campaña pagada con fondos públicos de los castellano-leoneses, y también a eliminar de su campaña institucional, la de la Junta de Castilla y León, expresiones como «centro», «centrarse» y derivados, por coincidencia de mensajes con la propaganda que utilizan diversas candidaturas, o sea, la suya, señor Ramallo.
Quiero aclarar también, en relación con la cuestión que ha planteado respecto a la sentencia relativa a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla que aquellas actuaciones quedaron perfectamente clarificadas y que el ordenamiento jurídico, según la sentencia, permite obtener, porque ya tiene mecanismos para ello, reparación o restauración del orden constitucional perturbado, como señala el fundamento de derecho, noveno, de dicha sentencia; que los derechos de Prensa Española fueron resueltos y que la sentencia aportada como posible antecedente no invoca en absoluto el artículo 20 de la Constitución, sino el 14 de este cuerpo legal.
Pero, señor Ramallo, el seguir a S.S. por el camino de las descalificaciones no conduce a resolver, y mucho menos a tratar con rigor, la cuestión que estamos debatiendo y que usted ha tocado someramente, sucintamente, de puntillas. Me centraré, pues, en lo que considero son los puntos débiles de su proposición de ley.
En primer lugar, ya en la exposición de motivos hay un desenfoque de la cuestión al vincular esta proposición de ley con el artículo 20 de la Constitución, es decir, con el derecho a la información.
En nuestro Derecho positivo existe una sustancial diferencia entre el derecho a la información y a la libertad de expresión y la actividad publicitaria dirigida a la promoción de bienes y servicios o de comportamientos y actitudes. En segundo lugar, también en la exposición de motivos parece deducirse que el objetivo fundamental de la publicidad institucional fuera la financiación de los medios de comunicación social, por lo que el bien a proteger por la norma pudiera deducirse que es dicha financiación, sin que, al parecer, tenga excesiva importancia para S.S. el que se consiga o no el fin fundamental de la publicidad, cual es comunicar un determinado mensaje a un determinado grupo social y hacerlo de la forma más adecuada y al menor costo para la Administración.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los principios de publicidad y libre concurrencia en materia de contratación publicitaria ya se encuentran garantizados por la vigente Ley de Contratos del Estado y su desarrollo normativo, que resulta plenamente aplicablea la celebración por aquélla de todo tipo de contratos. Además, la pretensión de establecer por vía reglamentaria unos criterios objetivos, a los que quedaría sujeta la adjudicación, tendría como consecuencia una rigidez que perturbaría la mecánica a la que se ajusta la creación y distribución publicitaria. Más coherente con la flexibilidad que requiere este tipo de actuaciones resulta el mecanismo arbitrado en nuestra legislación, en cuanto que los correspondientes pliegos de cláusulas técnicas y administrativas garantizan la igualdad y no discriminación, al tiempo que la adecuación de dichos criterios a los requisitos que en cada campaña publicitaria resulte aconsejable establecer. No obstante, como he dicho anteriormente, estamos dispuestos a perfeccionar lo que sea preciso en la nueva ley que próximamente debatiremos en esta Cámara.
El punto más débil de la proposición de ley es el artículo 3.º, especialmente en su número 1, por el carácteruniversal que pretende dar a la contratación publicitaria, que, al impedir excluir a ningún medio, aunque hace referencias de modulación, obligaría a abarcar a todos, lo que en campañas de ámbito nacional sería económicamente insostenible y absolutamente desproporcionado, o fuente de una litigiosidad interminable. Desde la óptica impuesta por el artículo 3.º, una campaña nacional de información debería ser repartida entre todos los medios de comunicación social, lo que supondría, de hecho, una subvención generalizada a los medios por la vía de la inserción de la publicidad institucional; y dado que las campañas institucionales en su mayoría se dirigen a grupos de público objetivo muy amplios, cuando no al conjunto de la sociedad, la aplicación del artículo 3.1 significaría repartir entre las 1.650 revistas, 150 diarios, otros 50 periódicos, las radios y las televisiones y el conjunto de otros soportes publicitarios, lo que en la práctica haría inviables las campañas de publicidad. En cuanto al artículo 2.º, sobre la adjudicación de los contratos de publicidad, quiero aclararle que es necesario especificar que, como regla general, las campañas

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ya se adjudican globalmente a agencias o a centrales de compra de medios de acuerdo con las prescripciones establecidas en nuestra legislación, siendo la planificación de la difusión de las campañas en los medios responsabilidad de las agencias o centrales adjudicatarias, a las que se indican los criterios objetivos de público y ámbito territorial, a los que lógicamente deben ajustarse la difusión de la campaña, según el tipo de soporte seleccionado.
De acuerdo con lo anterior, lo que hace la Administración es aprobar los planes de medios presentados y confeccionados por dichas empresas, que suelen basarse, igual que para la publicidad no institucional, en criterios de eficacia y rentabilidad para obtener el mayor número de impactos al menor coste, y en la idoneidad o adecuación de cada soporte con el objeto de la publicidad, ya que el contenido de ésta no puede considerarse aisladamente del que enmarca su publicación.
Por último, en esta proposición de ley se pretende someter a las sociedades estatales exactamente a las mismas normas, y hay que valorar las consecuencias desfavorables que puede suponer el endurecimiento del régimen jurídico de los contratos de estas sociedades, hoy sometidas al derecho privado, no ya sólo por la desventaja en la que podría situárselas en relación a los sujetos privados, no sometidos a condicionante alguno, sino porque las limitaciones impuestas podrían implicar la existencia de un coste indirecto, difícilmente evaluable, derivado de la mayor rigidez y complejidad y del carácter menos ágil de los procedimientos aplicables en materia de contratación publicitaria.
Por todas estas razones, consideramos que su proposición de ley no responde a los objetivos que se plantean, no resuelve técnicamente los propósitos que pretende y que debe hacerse, y muy próximamente, en el ámbito más amplio de la ley de contratos de las administraciones públicas; pero admitimos la conveniencia de perfeccionar nuestra legislación en esta materia, introduciendo algunas especificidades propias de la publicidad institucional en la ley de contratos de las administraciones públicas y aproximar el régimen de éstas, en lo que sea posible y aconsejable, a lo que se refiere a los entes estatales sometidos al derecho privado. En ese debate estaremos en la mejor disposición para colaborar con los demás Grupos de la Cámara en el perfeccionamiento de nuestra legislación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señorías, he escuchado con atención al señor Sanz Díaz para ver si aportaba algún argumento nuevo a los que hace dos años dio el señor Perales para rebatir la toma en consideración de esta proposición de ley. Y tengo que decir que ninguno, que incluso usted, no sé por qué, me adjudica las cosas que dije, que no he dicho, y que el señor Perales me adjudicó.
Yo no he aludido al artículo 20 de la Constitución, aunque indudablemente en la sentencia de referencia se ha podido decir que se violenta lo que es el derecho de todos a dar y a recibir una información veraz, porque no otra cosa se hace cuando se está comprando la voluntad de los medios informativos con un fondo de reptiles como el que ustedes utilizan, que es la discriminación en el uso de las campañas institucionales. Y le voy a recordar algo, señor Diputado.
Periódicos que han desaparecido ya, como «El Sol» y «El Independiente», iluminaron a la señora ex ministra de Asuntos Sociales para darle más publicidad hasta a «El Mundo». Buena vista tuvo. Si lo que quería era comunicar con la ciudadanía, eligió unos periódicos que no leía nadie; eso sí, esos periódicos ponían lo que la señora Ministra quería.
Comprendo que a la señora Ministra no le resultaba agradable estar leyendo «ABC» y la cuestación de los españoles para las víctimas del terrorismo, cuando ella daba ese dinero a asociaciones impresentables. Eso no le gustaba.
(Aplausos.--Rumores y protestas.) Eso es, señorías, conculcar la libertad de recibir información veraz. Pero el principio de igualdad claro que se conculca, ¿cómo no se va a conculcar? Lo dice la sentencia. (Nuevos rumores y protestas.) Señorías, no se enfaden, que sé que ustedes están nerviosos por la que tienen encima, pero no se enfaden que les va a venir más. Ustedes siempre, y se lo voy a decir con letra popular, dicen lo mismo; siempre dicen: eso es mejorable, eso es perfeccionable, voy a mandar, vamos a hacer... ¡Llevan ustedes mucho tiempo! Hasta ahora lo único que han hecho ha sido utilizar el dinero público, o poco más, en beneficio de su partido, en beneficio de que el gran ausente siga sin aparecer aquí y siga en la Moncloa cuidando bonsais o por la finca mirando los agujeros de las piedras para su nueva residencia de dentro de unos meses. (Rumores.) Señorías, alusiones a la corrupción. ¿Usted sale a la calle? ¿Usted habla con los ciudadanos? ¿A usted no le dicen que hoy en España los políticos estamos «pringados» y que todo es corrupción en España? ¿Dónde vive usted? Le voy a refrescar la memoria... (Rumores y protestas.) En el año 1980...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ramallo. ¡Silencio, señorías! Puede continuar, señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: En el año 1980 se presentó una querella criminal firmada por el entonces líder de la oposición, luego Presidente del Gobierno, contra el Director General de Televisión. La democracia

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entonces estaba muy cerquita de la Constitución; se aprobó el año 1978. Entonces a ustedes les importaba muy poco la credibilidad de nuestro sistema fuera y aquí se decía que olía a podrido en Prado del Rey, que la corrupción campaba por sus respetos en Prado de Rey, que campaba por sus respetos en la Administración y que era hora de acabar con la corrupción en la Administración. Se habló de auditorías de infarto. Se habló de que iban a levantar las alfombras --por cierto, vayan ustedes poniéndolas, porque algunas parece que faltan, para cuando se vayan--. Se habló de todo eso y usted dice ahora que nosotros de la corrupción hacemos bandera. ¡Si estamos tragando y transigiendo en hablar de impulsar y no de regenerar, cuando lo que hay que regenerar es a ustedes, que son los que han traído lo que está ocurriendo y se niegan a que ocurra otra cosa! Dice usted --no lo sé-- que hay gobiernos distintos que hacen esas cosas. ¡Evidentemente! Por eso queremos que haya una legislación básica al amparo del artículo 149, y que esta legislación se aplique en Galicia, en Baleares, en todas las comunidades. Queremos que sea en todas. Lo que no pedirá usted es que nuestras comunidades no se anuncien como ustedes se anuncian. La diferencia es que al señor Fraga lo llevaron a la Junta Electoral por un programa que era «Galicia, un país para invertir y un país para vivir», la Junta Electoral Central les dio la razón y la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo se la quitó a ustedes. Esa es la diferencia.
Señorías, yo lo que creo es que cuando se trata de dinero público hay que tener control público. No me hable aquí de que no se puede aplicar a empresas privadas la normativa de las empresas públicas porque van mal, porque entonces que no usen dinero público. Esta petición la hizo el señor Caso aquí y recordaba --en una pregunta que contestaba el señor Zapatero, que ya anunció cuando era Ministro que no habría esta ley-- que el señor Obiols, Secretario General de su partido en Cataluña, entonces y ahora, planteaba un pacto contra la corrupción --no lo dice Luis Ramallo, lo decía el señor Obiols-- basado en la necesidad de elaborar una ley de publicidad institucional. Señor Sanz, lo decía el señor Obiols. Ya sé que ahora no está de moda, pero era el Secretario General. Lo decía el señor Obiols y, por otro lado, si sigue usted buscando, encontraremos más y más citas en relación a eso.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.


El señor RAMALLO GARCIA: Termino en un momento, señor Presidente. La verdad es que espero que se produzca la misma votación de entonces. Los Grupos son similares. ¡Sigan ustedes con su terquedad! Sigan sin dar lugar a que se tomen en consideración proposiciones de ley que el pueblo está pidiendo que se tramiten. Enmiéndenlas. Ustedes no tienen enmiendas, luego no tienen remedio. Me dirijo a los otros Grupos de la Cámara.
Entre todos tenemos que regenerar la vida pública. Recuerdo que hubo la abstención de un Grupo y que los demás apoyaron esa proposición de ley. Si hoy se repite la misma votación, señor Sanz, ustedes la van a perder. Quiero recordar --no doy datos, pero no me remito a uno-- que en Vitruvio 30, sociedad que le será grata a alguna de SS.SS. o a alguna que se fue, la Consejera Delegada era doña Montserrat Dexeus Mallol y que esta empresa tuvo grandes contratos con la Administración.
Pregunten ustedes quién era.
Alguno de su Grupo se lo podrá contar. A lo mejor no está presente, pero estuvo.
Señorías, quiero terminar con una afirmación. Todo esto es una espada de Damocles destinada a amedentrar y, en su caso, a silenciar a los medios más incómodos y críticos del periodismo con el poder.
Permítanme que les haga alguna reflexión. Decía el profesor Giménez Fernández --del cual el señor Presidente del Gobierno decía que era discípulo, pero sus clases se le han olvidado-- que las cosas públicas públicamente han de ser tratadas, porque si no corren el riesgo de que se conviertan en clandestinas. Yo hoy pido luz, taquígrafos y leyes correctas para luchar, aunque sea en esta parcela, contra la corrupción, porque soy de los que afirmo que en España hay corrupción, señorías. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ DIAZ: Señor Ramallo, su ascenso a la Vicepresidencia no le ha hecho cambiar de modos y bajar la voz. Le oíamos todos perfectamente.
Plantea que en relación a la proposición que hicieron ustedes en la Legislatura pasada no ha habido argumentos nuevos. Lo que le digo es que hay en este momento una actitud, que en aquel momento no se indicó, de que estamos en condiciones de modificar algunos aspectos de la legislación, y que en ese sentido estamos abiertos en la próxima discusión que tengamos en esta Cámara.
Me dice usted, y eso es lo que me ha parecido sorprendente, que me contesta porque yo no he aludido al artículo 20. Es que en el artículo 20 es en el que fundamentan, por escrito, su proposición de ley, sólo y expresamente en el artículo 20. Por tanto, no es que yo me haya leído la referencia que le hizo el señor Perales, o lo que hizo usted en la legislatura pasada, sino que usted expresamente lo ha ocultado, naturalmente, al subir a esta tribuna porque sabía que el artículo 20 no era procedente citarlo; por eso no lo ha citado. Pero

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ustedes lo han puesto en los fundamentos de la proposición de ley.
En tercer lugar, quiero indicarle que sí estamos abiertos.
Porque usted nos dice que siempre decimos lo mismo, que vamos a traer otra legislación. De la Ley de Contratos del Estado no me puede usted decir eso, porque yo estoy en esa Comisión y sus compañeros saben perfectamente que durante la legislatura pasada se discutió con toda amplitud, recogiendo muchos de los puntos de vista que plantearon los distintos Grupos parlamentarios, aunque naturalmente, no es la ley que ustedes querían, pero evidentemente se discutió y con mucha amplitud. Por tanto, ese compromiso de entonces del Gobierno se cumplió, y no pudo culminar su tramitación por una circunstancia ajena a la decisión de estas Cámaras, que fue la disolución de las Cortes. Le indico y le anuncio que, con carácter inminente, va a entrar en esta Cámara la nueva ley de contratos de las administraciones públicas, que es el marco adecuado.
Por último, señorías, usted me habla de corrupción. Nos habla siempre de corrupción. Nos habla del nivel en que la opinión pública nos coloca a los políticos, en buena parte por las actitudes que personas como usted vienen teniendo en esta Cámara y fuera de ella.
Usted me hace una pregunta y yo voy a responder. Usted me hace una pregunta y me dice: parece que usted no se entera de nada.
¿Dónde vive usted? Pues yo vivo en Burgos, y en Burgos, estos días, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condenaba a su alcalde por prevaricación (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) a doce años de inhabilitación, y esa sentencia que acaba ahora de confirmarse a su alcalde y a algunos de sus concejales es la primera sentencia por corrupción que se produce y se confirma en este país.
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Rumores, protestas y aplausos.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, sólo para fijar la posición.
Nosotros entendemos que es un tema muy importante, que hay ciertamente una auténtica alegría en la política de la publicidad institucional y que en pleno impulso democrático no se pueden permitir los abusos que se producen desde el poder.
Por tanto, creemos que es absolutamente necesario regularlo y por ello votaremos a favor de la toma en consideración.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, a pesar de los argumentos, vamos a apoyar esta proposición por parte de Coalición Canaria y con una lectura eminentemente política y no administrativa. Es una pena que después de haber abierto unas expectativas de que los diferentes Grupos parlamentarios nos impliquemos de una manera democrática en el debate del impulso correspondiente, se pierda una ocasión concreta de hablar de un tema que entendemos debe ir encuadernado precisamente en el libro político del impulso democrático, como es el regular la publicidad procedente del sector público.
Nosotros, más que basarnos en un artículo concreto de la Constitución --estamos de acuerdo con el portavoz socialista en que no era el caso invocar el artículo 20--, pensamos que sí hay que invocar artículos de la Constitución y espíritu que la impregna cuando habla de principios de libertad, de equidad, principios de igualdad informativa que consagra el texto constitucional, y que ese derecho, real, tiene que serlo así y no meramente formal.
Hablar de la regulación de la publicidad procedente del sector público es, hoy día, hablar de un tema político, no administrativo. Por tanto, no debe tratar de llevarse como un puro tema tal a la ley de contratos de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque posiblemente esta proposición de ley, de ser aceptada a trámite parlamentario, la hubiéramos perfeccionado, política y democráticamente, con una serie de enmiendas y, al mismo tiempo que garantizara ante la ciudadanía un testimonio de que de verdad queremos impulso democrático, se hubieran perfeccionado o complementado cuestiones que no cubre, porque no las cubría el texto que habíamos debatido en la legislatura pasada en esta Cámara, la ley de contratos de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no solamente envían a los medios de comunicación, a la prensa escrita normalmente, comunicados que son objeto de contrato administrativo, sino que son inserciones de adjudicación directa y se adaptan a la tarifa que tiene el propio medio de comunicación, pero que son discrecionales. Y son discrecionales porque la Ley de Contratos del Estado es un terreno contractual que no rige en las inserciones de anuncios administrativos en los diferentes medios informativos. Por esa razón y por dar entrada al principio de discrecionalidad, es ese principio de la discrecionalidad el que tiene que estar garantizado democráticamente.
A esta proposición de ley --vuelvo a decir también-- podrían presentarse enmiendas que contemplaran, por un lado, como traen aquí sus artículos 2 y 3, no solamente los contratos en sentido estricto, aplicables y regulables por la Ley de Contratos del Estado o de las administraciones, sino también la segunda variante de las adjudicaciones directas discrecionales, que es donde

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está la mayoría del uso. Porque incluso los ejemplos que ha puesto aquí el portavoz del Grupo Popular, con determinados medios informativos, no se ha hecho al amparo de la Ley de Contratos del Estado vigente, sino en razón del principio de «discrecionalidad» --entre comillas-- política, y eso es lo que nosotros deberíamos garantizar con una ley específica.
También estoy de acuerdo en que el artículo 6 de esta proposición de ley no debería estar ni aquí ni en la Ley de Contratos del Estado, sino en la Ley General Electoral, porque regula ya una publicidad en mecanismos electorales y en época electoral. Pero para eso está el trámite de enmiendas y aquí hubiéramos tenido esa ocasión de profundizar, por esta vía, en el impulso democrático. No me valen, por tanto, los argumentos de remitir esto ni a la ley de contratos de las administraciones públicas ni a otra pura cuestión administrativa. Esto es política pura, porque hay intencionalidad política cuando se hace uso del principio, no controlable si no hay norma legal, de la discrecionalidad.
Cuando en el artículo 2.2 se apunta por parte del proponente que «Mediante norma reglamentaria el Gobierno determinará el procedimiento a que ha de someterse la adjudicación de tales contratos...», yo hubiera dejado tramitar este asunto parlamentariamente, en Ponencia y Comisión, para aquí haber hecho la labor complementaria de que en este reglamento se introdujeran unos principios éticos y de comportamiento puramente político, que hubieran enriquecido este debate, que estamos en trámite a veces de denunciar, sobre el impulso democrático.
Por estas razones, señorías, nosotros creemos que es una oportunidad disponer de esta proposición de ley como terreno abonado para que cada uno demuestre los distintos talantes democráticos con que quiere interpretar ese denominado impulso democrático. Y cuando decimos esto, nosotros también nos estamos refiriendo a que los puntos débiles que se puedan encontrar en la misma son subsanables vía enmiendas y que, por supuesto, no se puede confundir aquí que una empresa contratista, que recibe un encargo de la Administración Pública de hacer una carretera o una publicidad, es equiparable a una empresa periodística. Una empresa periodística es una empresa de opinión, y respecto a las opiniones, tiene que estar aquí plenamente garantizado que desde ninguna Administración Pública haya ni un fraude de ley ni una desviación de poder; porque lo que más frecuentemente se está dando es, precisamente por esta vía típica de la discrecionalidad, la desviación de poder.
Por estas razones políticas de fondo, porque no compartimos la forma en que se pueden haber hecho determinados juicios por uno y otro oradores en esta proposición de ley, nosotros la vamos a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, deseo exponer las razones por las que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley que nos ocupa. Se puede estar de acuerdo con la finalidad de esta propuesta legislativa a partir de la exposición de motivos que la acompaña; posiblemente, en desacuerdo frontal con el planteamiento político de fondo que ha hecho el señor Ramallo en su exposición. Pero repito que se puede estar de acuerdo con la finalidad de la propuesta, a tenor de lo que dice la exposición de motivos, si lo que se quiere es evitar el uso pernicioso de la publicidad procedente del sector público y tratar de preservar el pluralismo y, por tanto, la libertad, de los medios de comunicación social. Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario no puede estar de acuerdo con la forma concreta mediante la que se articula un texto cuya pretensión final no es otra --como aquí se ha expuesto y como es lógico, por otra parte, en una proposición de ley-- que la de convertirse en ley. En primer lugar, porque se trata de una proposición de ley que conceptualmente reitera algo que ya está en la Ley de Contratos del Estado, y que nada de lo contemplado en la iniciativa parlamentaria del Grupo Popular deja de tratarse allí donde debe tratarse, es decir, en la norma legal que regula la contratación de obras y servicios privados por parte de la Administración Pública. ¿O es que, señorías, el principio de igualdad y de no discriminación, al cual hace referencia este texto y que pretende ser regulado a través de su artículo 2, no está ampliamente recogido en la vigente Ley de Contratos del Estado? Nosotros creemos que sí, que estos dos principios son los que inspiran la vigente norma y, por tanto, desde esta perspectiva, no vemos la necesidad de ir hacia la promulgación de una norma, reiterativa y repetitiva de otra que ya está en vigor. El principio de ahorro legislativo se impone cuando lo pretendidamente nuevo nada nuevo aporta.
En segundo lugar, el texto objeto de debate en esta tarde en nada empece la vigente Ley General de Publicidad en cuanto a contratos de publicidad, difusión y creación publicitaria. A pesar de que nada nuevo aporta, de que nada empece, de que en nada rectifica, corrige o mejora, tres de los seis artículos se refieren a esto, para, en el fondo, descansar precisamente en el texto literal de la citada ley, sin aportar nada que merezca --repito-- una rectificación o una mejora de la literalidad de la normativa que viene regulando la publicidad desde 1988.


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En tercer lugar, esta proposición de ley --y a ello ha hecho referencia el señor Mardones en su intervención-- hace una incursión --quizás sería mejor decir una excursión-- en la Ley Orgánica del Régimen General Electoral, del todo improcedente a nuestro juicio, no sólo porque afecta genéricamente a casi todo lo que hace referencia a las disposiciones sobre campaña electoral, sino porque la indeterminación de los pretendidos preceptos sólo confusión jurídica puede traer y conflicto político acarrear.
Si lo que se pretende es hacer una regulación de la publicidad del sector público en tiempos electorales, propóngase --lo ha dicho el señor Mardones-- una reforma de la LORE, atendiendo al carácter orgánico de muchos de sus artículos y al carácter ordinario de otros, susceptibles éstos de ser alterados por leyes autonómicas de acuerdo con la disposición adicional primera. Nuestro Grupo Parlamentario, señorías, no cree acertado romper la congruencia, a esos efectos, de la Ley Electoral vigente mediante un artículo, el 6.º de esta proposición de ley, que desordena más que ordena la publicidad en tiempos electorales. Finalmente, señor Presidente, nuestra oposición a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular se debe también a que el texto que se nos propone es globalmente contrario al Título VIII de la Constitución, en concreto la distribución competencial referida al Estado y a las Comunidades Autónomas, y opuesto, por supuesto, al desarrollo por ley orgánica de derechos fundamentales que esta iniciativa pretende articular por la vía ordinaria. La verdad es que nos sorprende --quizás ya no tanto-- que, cuando tanta lealtad constitucional exigen algunos día sí y día también a través de declaraciones a los medios de comunicación, tan poco rigor constitucional se utilice en la redacción de textos cuya pretensión es ni más ni menos que ver luz a través del «Boletín Oficial del Estado» para que todos los españoles se atengan a ellos.
En definitiva, señor Presidente, estando en buena parte de acuerdo con el principio rector de la exposición de motivos de esta iniciativa --que no, repito, con la exposición que de la misma se ha hecho desde esta tribuna--, encontramos en ella una articulación desacertada que no lleva a resolver de manera satisfactoria el principio que pretende ser su explicación última. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo no va a apoyar esta proposición presentada por el Grupo Popular por razones de contenido y también por razones de oportunidad que muy brevemente voy a pasar a exponer. En primer lugar, da la impresión de que los objetivos de esta proposición van muchomás allá de lo que son su contenido y su instrumentación técnica concretos. Se puede estar de acuerdo con la intención objetiva de esa proposición --algo diferente, debo decir, es lo que pudiera desprenderse de la intervención oral del señor Ramallo--, pero lo cierto es que hay una serie de problemas en su contenido que nos hace imposible aceptar esta proposición.
Se trata, en primer lugar, de una regulación para entes de muy diferente naturaleza, que mezcla sin suficiente distinción y precisión en el artículo 1.º Además, es excesivamente genérico en cuanto a los objetivos y, sin embargo, en los artículos 3.º y 4.º no aparecen instrumentos técnicos concretos, procedimientos concretos, que varíen los existentes en este momento, simplemente se queda en los objetivos y principios, algo ideológicos, pero no en procedimientos concretos.
En los artículos 2.º y 5.º, además, hay una remisión que hace que la ley sea una norma en blanco, de alguna manera --se remite al Reglamento en el artículo 2.º o a la Ley de la Competencia en el artículo 5.º--, con lo cual parece un poco inútil la regulación legislativa.
En cuanto a la remisión electoral, suscribo algunas de las apreciaciones que ha señalado el representante de Convergència i Unió en cuanto a que no es procedente que en este texto aparezca esa regulación, aunque nos parece que su contenido, desde el punto de vista estricto de lo que dice, es de lo más aceptable de esta proposición. Pero además esta proposición escoge una técnica que nos parece errónea: la técnica de hacer una ley especial sin hacer ninguna alusión a la Ley de Contratos del Estado --no aparece la mención en toda la proposición--, que sería elemental hacerla, ya que más bien tendría que ir con una normativa modificadora de la Ley de Contratos del Estado. Por último, no nos parece oportuna esta proposición en este momento. Está a punto de llegar a la Cámara el proyecto de ley de contratos del Estado, que es el lugar donde genuinamente deben estar este tipo de cosas.
Nuestro Grupo va a intentar introducir en este proyecto algunos de los principios que aparecen aquí expresados a traves de enmiendas. Yo creo que ese es el lugar donde deben suscitarse, regularse y resolverse estas cuestiones que aparecen en esta proposición. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 136; en contra, 175; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, REGULADORA DE LA CLAUSULA DE CONCIENCIA DE LOS PERIODISTAS RECONOCIDA EN EL ARTICULO 20.1.d) DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA (ORGANICA) (Número de expediente 122/000014)

El señor PRESIDENTE: Proposición, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor López Garrido. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo parlamentario va a defender la proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución española.
La Constitución española señala en el artículo 20.1.d), insertado dentro del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y comunicación veraz, el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas, pero no desarrolla su contenido, sino que se remite a una ley que, tras más de quince años de Constitución, no existe todavía y creemos que es el momento de que exista. Por eso, el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado esta proposición de ley, que viene a completar una laguna importante en el desarrollo constitucional que no se puede ni se debe mantener por más tiempo.
La cláusula de conciencia de los periodistas, que es una cláusula pensada no frente a actuaciones ilegales, pero sí frente a actuaciones que pueden ser abusivas o contrarias a la ética del periodismo, parte de la base de la libertad de conciencia, de la libertad ideológica expresada en nuestra Constitución, de la libertad intelectual de entender la información no como una mera mercancía, sino como un elemento de comunicación social que lleva en su seno la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la presentación de la comunicación como la verdad, es decir, de la comunicación veraz. De ahí que surgiese la cláusula de conciencia primero en el Derecho francés. Como se sabe, la Ley francesa de 1935 señala que un periodista puede rescindir su contrato si hay un cambio ideológico significativo en la línea editorial del periódico. Posteriormente ha habido una evolución de la empresa periodística, una evolución que nos permite pensar en que hay que ampliar la cláusula de conciencia que se entendía en el momento en que surge la Ley francesa en el sentido de una universalización de la información, una evolución tecnológica muy acentuada, una mercantilización de la información, una profunda interrelación entre publicidad y los medios de comunicación, una concentración de estos medios y unos cambios laborales --también hay que decirlo-- con una importante precarización del empleo en los medios de comunicación, contratos temporales, etcétera. Todo esto obliga a cambiar el sentido de la cláusula de conciencia, a ampliar su contenido y a pensar que esa cláusula debe ampliarse y aplicarse también en aquellos casos en que el periodista se vea obligado por la empresa periodística a realizar una información o a suscribir contenidos que él considera contrarios a la ética del periodismo. De ahí que esto deba defenderse en cuanto que el periodista se constituye no como un mero trabajador más de la industria de la información, sino como un agente social de ella, un agente social de la información que traslada un interés social en que esa información sea veraz y un elemento de pluralismo y de presentación de la opinión pública libre.
No sólo la ampliación de la cláusula de conciencia se manifiesta legislativamente, sino que también aparece en los códigos deontológicos, en los estatutos de redacción. Todo eso es el contexto en el que se sitúa la proposición de ley presentada por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto del derecho a la cláusula de conciencia. En esta proposición de ley, tras una definición de lo que hay que entender por periodista, es decir, profesional que, como trabajo principal y retribuido, se dedica a obtener y elaborar información para difundirla o comunicarla públicamente por cualquier medio de comunicación, se establece el contenido de esta cláusula de conciencia que, señalamos, se puede dividir en cuatro fundamentales puntos. El primero de ellos, cuando se produce un cambio notable en la orientación informativa del medio de comunicación; el segundo, cuando se produzcan modificaciones de las comisiones de trabajo que supongan un perjuicio grave para su integridad profesional y deontológica.
En los dos casos, el periodista podría rescindir el contrato de trabajo, entendiéndose que sería equivalente a un despido improcedente. En tercer lugar, el periodista puede negarse motivadamente a participar en la elaboración de informaciones contrarias a la orientación informativa e ideológica del periódico o a los principios éticos del periodismo sin que pueda suponer sanción o perjuicio. Por último, el respeto al contenido y a la forma de la información elaborada. En caso de que se produjera alteración, la información sólo podrá difundirse con el nombre, seudónimo o signo de identificación del informador si, previamente, éste otorga su consentimiento.
La cláusula de conciencia no es entendida en nuestra proposición de ley como un derecho arbitrario, caprichoso

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del periodista, algo que se pudiese desarrollar al margen del contexto en que se sitúa la actividad informativa, sino que hay que completarla con dos conceptos fundamentales, a nuestro juicio: el concepto de la autorregulación, por un lado, y el concepto de la información objetiva, de la objetivación de la cláusula de conciencia, por otro. Es decir, esta ley --en la que esperamos que pudiera convertirse la proposición de ley en un futuro-- tiene que situarse, complementarse y ayudarse de una imprescindible autorregulación en el seno de la profesión periodística y de los medios de comunicación.
En nuestra proposición de ley señalamos, como el centro de lo que desencadena la apelación de la cláusula de conciencia, la ética del periodismo. Lo que sea ética del periodismo, un concepto en principio indeterminado, debe tener un complemento en la autorregulación, tanto a través de la negociación colectiva -- donde se ha manifestado en alguna ocasión-- como a través de los códigos deontológicos que han ido, afortunadamente, proliferando en los medios de comunicación. Hay que citar a este respecto el carácter de pionero que tuvo el Colegio de Periodistas de Cataluña al elaborar su código deontológico, y también saludar la aprobación recientemente, por la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de un código deontológico de la profesión periodística, en el que, se dice en su apartado 8 c), que para garantizar la necesaria independencia del desempeño de su profesión el periodista deberá reclamar, para sí y para quienes trabajen a sus órdenes, el deber y el derecho a invocar la cláusula de conciencia cuando el medio del que dependa pretenda una actitud moral que lesione su dignidad profesional o modifique sustantivamente la línea editorial.
Por tanto, el código deontológico es un parámetro de la ética, de la aplicación de la profesión periodística, y debe servir para ello. Pero poca fuerza podría tener si una de las partes, la empresa periodística (que no ha adoptado, hay que decirlo, ningún texto equiparable a éstos que se han adoptado en el seno de la profesión periodística), pudiera vulnerarlo.
Solamente se han aceptado en ciertos casos algunos estatutos de redacción, pero no un código deontológico. En la proposición de ley la cláusula de conciencia viene a intentar soslayar esta situación, es decir, a hacer de la cláusula de conciencia no un derecho absoluto, pero sí un derecho que, complementado con la autorregulación, permita establecer unos límites y dé una seguridad a todos, sin perjuicio de que las partes de la empresa periodística, de la empresa de comunicación la complete. Junto a la autorregulación hablábamos también de la objetivación, que pretende superar, incluso, el propio esquema de la ley. La cláusula de conciencia no puede entenderse, como decíamos anteriormente, como una discrepancia caprichosa, una discrepancia subjetivista con una determinada orientación del medio de comunicación, sino una discrepancia trascendente que tenga que ver con la ética del periodismo. De ahí que sea necesario e importante el que se complemente con la acción de los estatutos de redacción, los comités profesionales o los comités de redacción, por no citar el caso algo más marginal y menos conocido, no existente en nuestro país, de los consejos de prensa. Por eso en la fase previa hay un hipotético litigio en relación con la cláusula de conciencia y debería plantearse por el periodista la apelación a esa autorregulación a través de comités de redacción o comités profesionales, puesto que eso, en caso de litigio ante el juez, sería un elemento a valorar profundamente para el caso de que se produjese ese litigio, porque, al fin y al cabo, la cláusula de conciencia, con independencia de esta objetivación, es siempre un derecho individual.
En definitiva, señorías, la proposición de ley pretende cumplir una serie de objetivos políticos, pretende completar el desarrollo constitucional de una libertad, la libertad de apelar a la cláusula de conciencia integrada en la libertad de información --la cláusula de conciencia se considera como un elemento fundamental de progreso en la libertad de expresión y de comunicación veraz--, la no consideración de la información como una mera mercancía, como un elemento esencial de un Estado democrático en la comunicación de la información libre y veraz. No es un derecho puramente negativo de abstención del Estado, sino un derecho de prestación; por eso tiene un sentido positivo esta proposición de ley; es el desarrollo de un derecho fundamental que obliga a darle, por tanto, a la cláusula de conciencia un contenido amplio, un contenido que se expresa horizontalmente, que es la expresión de una evolución de los derechos fundamentales, que no son sólo derechos frente al poder, sino derechos en relación con particulares. La ampliación horizontal de los derechos fundamentales es un elemento de seguridad jurídica en la labor del periodista, que es mucho más que un agente social de la información, y, además, supone una mejora --consideramos-- en la calidad del producto informativo final, ya que la adecuación a la ética periodística sin duda supone una mejora en el producto periodístico, una mejora en la calidad final del producto informativo. Acentúa también procesos de funcionamiento más democráticos en las empresas de los medios de comunicación y, en definitiva, protege a ese agente social que es el periodista a que realice una información como bien protegible último de lo que aparece en nuestro artículo 20 de nuestra Constitución.
A estos objetivos va dirigida esta proposición de ley, que regula brevemente, pero de una forma precisa --respetando el contenido esencial del artículo 20.1 d) de la Constitución--, la cláusula de conciencia de forma que se consolide como patrimonio deontológico de los periodistas y que pueda actuar contra una hipotética

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arbitrariedad en el seno de las empresas de comunicación. No es una ley contra las empresas; es una ley a favor de las empresas de comunicación, a favor de los trabajadores de la comunicación, a favor de la libre expresión y comunicación libre, del derecho a informar verazmente y de ser informado.
Por eso pedimos a los grupos parlamentarios el apoyoa esta proposición de ley presentada por el Grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor López Garrido. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Muy rápidamente quiero indicar, en un principio, desde Unión Valenciana, que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Está claro que el derecho se tiene que mantener, además, un derecho que está, prácticamente, santificado por la Constitución, por lo que la regulación de este derecho es uno de los pilares de una sociedad libre y democrática.
Entendemos que con esta proposición de ley orgánica los periodistas tienen derecho a rescindir, según instituye la Constitución, las relaciones cuando lo consideren oportuno.
Por lo tanto, anunciamos el voto a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a apoyar con su voto la toma en consideración de la proposición de ley que acaba de ser defendida aquí por el señor López Garrido, desde la perspectiva de que estamos ante la necesidad de desarrollar, de dar cuerpo normativo a un mandato establecido en la Constitución española y, al igual que ocurre con otros mandatos, que todavía se encuentran huérfanos de la apoyatura legal correspondiente es preciso subsanar esa omisión que se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo. Con el mismo rigor con que la preocupación constitucional aboga por la defensa del derecho a la vida, a la libertad ideológica o de culto, al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen, de reunión, de asociación, exactamente igual que protege y tutela el ejercicio de tales derechos por el carácter de fundamentales, ocurre con el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por un medio de difusión. La Constitución establece de manera imperativa que la ley regulará el derecho al secreto profesional y a la cláusula de conciencia. Hoy nos encontramos aquí ante este segundo supuesto, y percatados todos de la importancia que tiene el ejercicio de la profesión periodística en un Estado democrático de Derecho, como es el nuestro, donde la libertad de expresión es absolutamente imprescindible, tenemos que cumplir al máximo el mandato constitucional, sin dejar lagunas que no pueden continuar y tienen que colmarse. A ello irá encaminada la actividad que esta Cámara desplegará a raíz de la feliz iniciativa de Izquierda Unida.
Aún quedan por desarrollar una serie de cuestiones, como las relativas a los colegios profesionales, la ley del Jurado, la del derecho de huelga y la del secreto profesional, que a buen seguro vendrán en próximas sesiones, pero hoy nos encontramos ante la defensa de la cláusula de conciencia como una cláusula o estipulación tácita inserta en cualquier contrato de prestación de servicio periodístico, en cuya virtud se establece a favor de una de las partes, del periodista, precisamente por la misión importantísima que en el seno de los conceptos democráticos realiza, el resolver el contrato en el supuesto de que, trabajando para una empresa que no sea pública --porque en las públicas la Constitución ya establece el pluralismo y la posibilidad de acceso a tales medios por parte de los grupos sociales o políticos--, se produzca una mutación notable, en lo que puede ser, en el caso de la prensa, su línea editorial o, en definitiva, una mutación de los planteamientos ideológicos existentes en el momento en que el periodista comenzó a prestar servicio en tal empresa. De ahí precisamente que, para dar contenido material a la cláusula de conciencia, se requiera desarrollar esta iniciativa, a la cual nosotros prestamos nuestro apoyo, no sólo desde el criterio de Coalición Canaria de apoyar y posibilitar que se dé luz verde a todas las iniciativas que sean simplemente razonables, sino mucho más a aquellas, como ésta, que sean absolutamente imprescindibles. Nosotros consideramos que así como existe el derecho a recibir una información veraz, existe la obligación de transmitirla sin que se produzcan en ningún caso quebraderos que puedan afectar a la personalidad misma de quien tiene que realizar esa importante misión, por razones de honor, de su reputación o, simplemente, de sus intereses morales, cuando cambia la línea fundamental del medio en el que presta sus servicios. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo con una serie de consideraciones puntuales que se establecen en la exposición de motivos o incluso en el articulado de esta proposición.


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Cuando en la exposición de motivos, «in fine», se dice que de esta forma se pretende proteger al periodista de eventuales decisiones unilaterales de la empresa que subrepticiamente puedan esconder una represalia ideológica e incluso política, no creemos, lógicamente, que la represalia pueda producir una mutación importante en lo que sea la línea editorial incluso de un medio de comunicación; creemos que esto es algo que no sólo se da sino que es incluso baladí para la importancia del tema en su concepción más amplia.
Acaso tengamos que meditar profundamenta si por todas estas consideraciones no es preciso dotar al periodista de un estatuto del cual ha estado huérfano hasta el presente. Quizá aquí no sea el momento más adecuado para ello, si bien tampoco se puede soslayar de manera absoluta la definición de lo que sea la condición del periodista.
Cuando analizamos el artículo segundo en cuanto al derecho que se deriva de esa cláusula de conciencia que se encuentra implícita en todo contrato que el periodista realiza con su empresa, hay algún supuesto, como es el supuesto del ejercicio de la clásula de conciencia mediante la resolución pura, la rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando el medio de comunicación manifieste un cambio notable en la orientación informativa o línea ideológica. Hay otro supuesto de carácter mixto en el cual se incluyen ingredientes de contenido técnico-jurídico-laboral más que el netamente político al que nos estamos refiriendo, como son las modificaciones en las condiciones de trabajo que suponga un perjuicio grave para su integridad profesional y deontológica, lo cual, en definitiva, puede estar dentro del concepto de la famosa novación unilateral, si bien aquí hay un ingrediente político de gran importancia, obviamente.
Hay otros casos, que son mucho más difíciles de contemplar y, por supuesto, de aceptar en la literalidad que se contiene en la proposición, como es el inmerso en el punto 3 a propósito de la negación a participar en la elaboración de informaciones contrarias a la orientación informativa o línea ideológica del medio de comunicación, o a los principios éticos del periodismo, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio, cuestión que es absolutamente respetable, que es defendible, que se debe defender, pero creemos que hay que matizar. Obviamente, para estas matizaciones se encuentra la tramitación ulterior. Lo que hoy es importante destacar aquí es que Coalición Canaria está de acuerdo con esta iniciativa, y que no sólo está de acuerdo sino que la aplaude y por ello se suma entusiásticamente a la necesidad de completar ese vacío que por falta de regulación de la legalidad subsiguiente a la Constitución existía desde hace tanto tiempo y que nosotros, esta Cámara, estamos obviamente en la obligación de colmar.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Olarte. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, este es un tema que tiene antecedentes parlamentarios muy numerosos y con escasos resultados legislativos pues por ello estamos debatiendo otra vez la conveniencia de establecer una norma reguladora del derecho fundamental recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución. Existe, eso sí, un antecedente claro, diáfano y exitoso a nivel parlamentario, cual fue la incorporación en el texto constitucional del derecho de los periodistas e informadores a la cláusula de conciencia mediante una enmienda que presentó, en su momento, el Grupo de Minoría Catalana y que defendió don Miguel Roca. No les extrañará a ustedes que haga mención a esta referencia ya que gracias a ella podemos estar hoy hablando de la conveniencia de desarrollar un derecho constitucional. Es por ello que la introducción que supuso este derecho en la Constitución representó una innovación importante en cuanto al reconocimiento efectivo de este derecho, que suponía un perfeccionamiento del Estado de derecho en tanto en cuanto reforzaba la libertad de expresión mediante una pieza clave para el derecho a la información como es la cláusula de conciencia. No ha de sorprender, pues, que las diversas iniciativas legislativas se hayan sucedido hasta el momento actual, lo que sorprende realmente es que hasta el día de hoy no se haya desarrollado normativamente este derecho constitucional. La falta de normativa reguladora no ha sido obstáculo para la exigencia del cumplimiento de tal derecho ya que la propia Constitución ampara de forma directa su ejercicio en aras del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, y así lo ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero es evidente la necesidad o conveniencia de la regulación que aquí se postula pues conviene que no se produzcan limitaciones directas o indirectas de tal derecho por falta de regulación.
Quiero hacer constar las reiteradas peticiones de las entidades asociativas de periodistas que han manifestado la conveniencia de legislar sobre la materia, siendo el Colegio de Periodistas de Cataluña y anteriormente la Asociación de Prensa de Barcelona los que marcaron el inicio de estas peticiones. Se trata, en definitiva, de una forma de concebir la libertad de expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información en tanto que pretende evitar la mediatización o la privación del ejercicio de la libertad informativa en el seno del medio de comunicación a través de la dirección o la propiedad del mismo. La cláusula de conciencia significa, pues, la

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resolución unilateral del contrato de trabajo que une al periodista con la empresa editora, acompañado eso sí de la indemnización correspondiente, pero rompiendo con ello el principio general de autonomía de las partes puesto que se impone un principio superior, que es la fuerza normativa directa de la Constitución. Hemos de tener presente que el elemento causal de la cláusula se fundamenta en la conciencia y la dignidad profesional que obliga al periodista a asumir de modo permanente los deberes de objetividad y veracidad como elementos que deben presidir su trabjao cotidiano; por ello creo que es bueno que se plantee la necesidad de existencia de unos principios básicos de conducta profesional, es decir, de unos principios deontológicos como normas autorreguladoras de la profesión periodística que ha de surgir de las propias entidades profesionales de la información.
Con todos estos antecedentes, la introducción del tema en la Constitución por parte de nuestro grupo y el voto favorable que ya dimos en el año 1989 ante una iniciativa idéntica a la que hoy se plantea, no ha de sorprender, por consiguiente, que anuncie nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, con la esperanza, esta vez sí, de que las voluntades políticas formales, tantas veces expresadas por todos aquí, se conviertan en voluntades políticas reales y se regule de una vez este mandato constitucional del artículo 20.1.d) de la Constitución.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Popular, el señor Muñoz-Alonso tiene la palabra.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, señorías, éste es un debate que se repite. Si repasamos el «Diario de Sesiones» de esta Cámara vemos que no menos de cuatro o seis veces se ha debatido aquí este problema de la cláusula de conciencia, así como la institución paralela del secreto profesional de los periodistas, iniciativa que siempre ha fracasado, aunque nosotros hemos estado a favor de ella, porque ha chocado con la mayoría socialista que no ha estimado oportuno aprobar esa regulación. Si nos limitamos exclusivamente a la última legislatura, hace justo cuatro años, casi día por día, a finales de febrero de 1990, se debatía aquí una iniciativa del mismo grupo que la presenta hoy, que nosotros apoyamos, pero no que no tuvo suerte y no salió adelante, y eso que el entonces Ministro, señor Zapatero, sólo unos días antes había prometido que el Gobierno enviaría a esta Cámara un proyecto de regulación de la cláusula de conciencia. Nunca llegó.
Por nuestra parte, en mayo de 1991, en una moción consecuencia de interpelación urgente, nosotros pedíamos la regulación de la cláusula de conciencia, así como del secreto profesional de los periodistas; y en esta legislatura hemos presentado una proposición no de ley en este mismo sentido.
En los últimos meses se han producido algunos datos nuevos en el ámbito normativo y deontológico que convenía tener presentes, alguno ha sido ya aludido aquí. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 1.º de julio del año pasado, aprobó la resolución 1003, relativa a la ética del periodismo, uno de cuyos puntos, exactamente el punto 13, se refiere a la cláusula de conciencia. Dice así: El respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o propietarios... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Muñoz-Alonso.
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños, por favor.
Cuando quiera, señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor Presidente.
El punto 13 --como digo-- señala que el respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o de los propietarios está limitado por las exigencias incuestionables de la veracidad de las informaciones y de la rectitud moral de las opiniones. Se trata --dice ese punto-- de algo esencial si hemos de respetar el derecho fundamental de los ciudadanos a la información. Es una visión de la cláusula de conciencia mucho más amplia de lo que ha sido habitual, de la que podemos llamar visión clásica porque incluye ya una serie de aspectos sobre la veracidad de las informaciones y, en suma, sobre un aspecto deontológico en sentido amplio, que creo es muy válido y estimo que debe ser tenido en cuenta.
Por otra parte, como ha dicho también aquí el Diputado López Garrido, el código deontológico de la profesión periodística, aprobado por la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España el pasado mes de noviembre, hace sólo unos pocos meses, en su apartado 8.d) habla del derecho a invocar la cláusula de conciencia cuando el medio del que dependa pretenda una actitud moral que lesione su dignidad profesional o modifique sustantivamente la línea editorial.
Hemos pasado por tanto en la visión de la cláusula de conciencia, de esa visión tradicional, que casi se limitaba a un plano que podíamos decir plano laboral, a un aspecto mucho más amplio que tiene en cuenta factores de índole deontológica. Pero, por otra parte, en nuestra sociedad, en España, se han producido en los últimos tiempos una serie de hechos que también piden y exigen una regulación en este sentido. Me refiero, en suma, a una serie de casos que han ocurrido en el mundo periodístico, en el sector de la comunicación,

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en el sentido de que se han producido cambios sustanciales en la estructura de las empresas, entradas de capital que han alterado esa estructura o que han alterado incluso su línea ideológica y cambios que se han producido en una doble dirección: por una parte, ha entrado capital procedente de otras empresas de comunicación, con lo cual se plantea un problema que también tiene mucho que ver con lo que aquí estamos aludiendo, que es la posibilidad de concentración en el mundo informativo, con el peligro patente que eso supone, para el pluralismo, o en otras ocasiones se han producido esas intervenciones por parte de empresas ajenas al sector de la comunicación con lo cual se plantea el problema, el riesgo serio de la posible supeditación del interés informativo a finalidades ajenas.
En nuestro país tenemos en estos últimos meses ejemplos muy abundantes de situaciones de este tipo tanto en empresas periodísticas, como en empresas de radio o de televisión, y en todos estos casos ha habido profesionales a los que podemos considerar víctimas de estas maniobras o de estos cambios empresariales. No cabe duda que ante una situación de ese tipo sería bueno que tuviéramos reguladas y bien fijadas una serie de normas en cuanto a la cláusula de conciencia.
Entendemos que son tres los argumentos fundamentales que piden esta necesidad de regulación. De los dos primeros se ha hablado ya mucho de ellos. La necesidad de cumplir un mandato constitucional, es el primero. En segundo lugar, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica que en este campo no existe puesto que tenemos la norma constitucional, pero después no hay una regulación precisa. En tercer lugar, lo que acabo de aludir, la respuesta a una situación cambiante que se está produciendo en el sector de la comunicación.
Quiero decir también una palabra en torno al caso de los medios públicos. En los medios públicos es de aplicación la cláusula de conciencia y nos encontramos con que en los medios públicos españoles, que constituyen por sí solos un sector amplísimo, tanto medios del Estado como de las comunidades autónomas como los de otras administraciones, se producen frecuentes desconocimientos de su línea editorial que, en el caso de los medios audiovisuales públicos, viene clarísimamente fijada en los seis apartados del artículo 4.º del vigente Estatuto de la radio y la televisión. Me refiero muy rápidamente a los tres que me parecen más significativos: el apartado a), que habla de la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones; el apartado b), la separación entre informaciones y opiniones, y el apartado c), el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. Esto en la línea editorial de los medios públicos muy frecuentemente vemos que eso se desconoce en nuestro país y los periodistas que trabajan en los medios públicos también tienen derecho a esgrimir la cláusula de conciencia en estas circunstancias. Cualquier periodista empleado de un medio público que compruebe o padezca la patente violación de esa línea podría esgrimir la cláusula de conciencia, pero no para autodespedirse, sino para requerir por vía judicial a la dirección del medio para que actúe de acuerdo con los principios a los que por ley está obligado. Este es un aspecto básico de la necesaria remodelación de nuestro paisaje audiovisual que habrá que tener presente en su momento.
Vayamos a la proposición de ley que presenta Izquierda Unida.
Hemos de anticipar que estamos globalmente de acuerdo, porque creemos que debe ser regulada estainstitución, pero creemos también que puede mejorarse, y lo haremos presentando las oportunas enmiendas.
Muy rápidamente me referiré a algunas de las discrepancias que tenemos con el texto que se presenta. En primer lugar, la definición de periodista. Creemos que se trata de una definición imprecisa, vaga, demasiado amplia; no incluye, por ejemplo, la importantísima figura del colaborador, que en un medio informativo es hoy una figura esencial, y creo habría que tener presentes las tendencias que hoy día existen en los medios profesionales, que dan una visión mucho menos encorsetada de lo que es el periodista de la que figura en esta proposición en su artículo primero.
Cuando se habla en la proposición de la modificación notable de la línea informativa, nosotros pensamos que eso del cambio notable en la orientación informativa también es demasiado vago. Entendemos que habría que utilizar alguna expresión más categórica, por lo menos cambio sustancial. Un cambio notable ¿qué es? Después hay dos apartados, el que hace referencia a las condiciones de trabajo y el que hace referencia a los hipotéticos derechos de autor del periodista, que suscitan, evidentemente, muchas dudas. El de la modificación de las condiciones de trabajo, en unas empresas tan cambiantes, tan sometidas a renovaciones tecnológicas y donde las nuevas tendencias de los multimedia, etcétera, han introducido una nueva situación, la modificación de las condiciones de trabajo debe ser regulada de una manera muy precisa. Nosotros creemos que en esto hay que remitirse a la legislación laboral, al «ius variandi», etcétera, que aquí está previsto.
Por lo que hace a los posibles derechos de autor del periodista --número 4 de la proposición--, nosotros creemos que es un supuesto que debe encajarse en la Ley de Propiedad Intelectual y, en todo caso, debería aclarar más porque si no podemos encontrarnos con situaciones de regulación confusa, incluso de contradicción entre unas normas y otras.
Insistimos, por tanto, en que estamos globalmente de acuerdo con esta proposición de ley que vamos a apoyar. Creemos que la cláusula de conciencia no es en absoluto un privilegio profesional de los periodistas, sino un elemento más, como el propio secreto profesional, del derecho a recibir información, una garantía de la

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libre circulación de informaciones que, a su vez, es necesaria para la adecuada formación de la opinión pública, que es el fundamento de la democracia. Es una institución en la que se percibe muy claramente ese triángulo informativo empresas- profesionales-público a través del cual se puede ver lo que significa la información en una sociedad democrática.
En todo caso, vamos a votar a favor, aunque, como decimos, se podrá mejorar en su caso.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Muñoz-Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Mohedano tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señorías, es cierto que esta tarde tenemos, de nuevo, una oportunidad de decidir si se desarrolla legislativamente o no el artículo 20 de la Constitución, relativo al derecho a la información de una parte integrante de ese derecho que es la cláusula de conciencia. Lo que no es así es que todas las proposiciones que han venido a esta Cámara hayan sido rechazadas o hayan tenido en contra el voto socialista. Comprueben el «Diario de Sesiones» de 9 de mayo de 1989, en el que verán que, con motivo de la discusión de la proposición que presentó el grupo correspondiente, ésta fue respaldada y aprobada por el Grupo Socialista. Lo que pasa es que no todas las proposiciones que han venido a esta Cámara han sido iguales, no han sido propuestas por el mismo grupo, no han tenido el mismo contenido, ni se han presentado en todas separadamente la cláusula de conciencia y el secreto profesional, y las posiciones, también por razón de oportunidad, han variado en cada momento.
Además, el Grupo Socialista, junto con el Grupo Catalán, es el autor, al elaborar nuestra Constitución, de este derecho a la cláusula de conciencia. No sólo el Grupo Catalán, también el Grupo Socialista, fueron los únicos que presentaron un voto particular en la Ponencia constitucional; no fue sólo vía enmienda sino vía voto particular en la Ponencia constitucional, que no recogía este derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas. Posteriormente, hubo sendas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán y por el Grupo Socialista y una enmienda de la ya tristemente desaparecida doña Pilar Bravo, a la que, además, quiero rendir homenaje no sólo por ser antigua compañera diputada sino por sus años de lucha a favor de la democracia. Esas fueron las enmiendas que se plantearon en la Constitución, y ésos son los antecedentes concretos.
La situación varió en relación con un momento determinado. Han pasado quince años y habría razones que aconsejarían la toma en consideración de la proposición de ley y, quizá, otras razones que nos harían dudar o que nos aconsejarían en un sentido contrario. Indudablemente, hay una razón esencial que nos aconsejaría tomar en consideración la proposición: es un mandato constitucional. Efectivamente, el artículo 20 de la Constitución es un precepto que tiene fuerza normativa y aplicación directa y, por tanto, exigibilidad inmediata ante los tribunales, aunque no se desarrolle legislativamente, pero habrá que pensar con sinceridad cuando nos subimos a la tribuna y cuando vamos a votar por qué se ha producido esta dilación.
Yo creo que esta dilación se ha producido en parte porque, evidentemente, el desacuerdo sobre la necesidad, conveniencia o no de regular, de desarrollar este precepto constitucional existe y ha existido. Hay posturas en desacuerdo con este desarrollo legislativo que se han visto plasmadas en trabajos, en artículos recientes junto a las propuestas a favor, a los estatutos que se han redactado y a los proyectos que nos han entregado del campo de la empresa periodística y de los propios periodistas, de los editorialistas, en los que también se ha puesto de manifiesto su postura en contra de dicho desarrollo legislativo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el desarrollo de este precepto constitucional tiene un impacto en el sector al que va destinado, y ese impacto hay que analizarlo y hay que tenerlo en consideración.
Nuestro grupo pensaba que cuando maduraran las circunstancias, cuando se fueran desarrollando los procesos de autorregulación en este campo profesional, los estatutos de redactores, los consejos de redacción, todo ello permitiría que madurara el desarrollo legislativo de este precepto, pero, en definitiva, este mandato constitucional es una de las razones que aconsejan manifestar una postura a favor de que se tome en consideración. Esta postura favorable vendría avalada por otro motivo cuál es el derecho a comunicar o a recibir libremente información y a su reforzamiento. Repito, reforzar este derecho y reforzar el derecho a la información que se configura como un derecho independiente de la libertad de expresión y que ha ido adquiriendo esa especificidad, pero, además, proteger el derecho a la información desde una perspectiva muy concreta: con la cláusula de conciencia no estamos protegiendo el derecho a la información frente al Estado o frente a terceros; lo estamos defendiendo en interés del propio periodista y frente al titular de la empresa periodística. En definitiva, se trata del derecho a la libertad de información dentro de la propia empresa periodística. Así lo dejó clarísimo --me voy a ahorrar su cita, pero está en el «Diario de Sesiones»-- y somos coherentes con esa posición que mantuvo nuestro ponente en la Comisión Constitucional, el señor Zapatero, en la que, hablando de la nueva dimensión de la protección del derecho a la información, se planteaba el derecho a la libertad interna dentro de los medios de comunicación

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a la vista de los procesos, de los que ya se habló, de innovación tecnológica y de concentración y oligopolización de las empresas periodísticas. Es cierto que quien básicamente tiene la titularidad del derecho a informar es la propiedad del medio informativo, pero esa propiedad tiene unas facultades que se moderan a través de la propia incorporación de los periodistas a la configuración de la línea de ese medio de comunicación. Por tanto, una segunda razón, que también abunda en esto, es que se refuerza la libertad de expresión, en concreto el derecho a la información, en su vertiente dentro de los medios de comunicación social.
Pero también tiene sus inconvenientes. Desde mi punto de vista tiene un inconveniente importante, y es que creo que lo que es la mecánica de la cláusula de conciencia no supone un avance sustantivo en la protección de los periodistas, porque, en definitiva, ¿en qué concluye este mecanismo? Este mecanismo concluye en el derecho a irse a casa, en el derecho a no expresarse a cambio de una indemnización, o en el derecho, si quieren ustedes, al autodespido remunerado. Esto hace que se refleje un poco la mercantilización que en estos momentos hay, por lo que se refiere al derecho a la información, y que en países como Francia (que no digo que sea el pionero, pero que desde una perspectiva no constitucional, sino sindical, es originario en la construcción de la cláusula de conciencia) esta cláusula de conciencia está puesta en cuestión por su desfase y por su insuficiencia y que, además, en un momento en el que el desempleo en los medios de comunicación es muy importante, creo que impide hablar de un avance serio en lo que se refiere al mecanismo que es la cláusula de conciencia.
Por tanto, al menos hablaremos de cambiar la retórica que es propia de las grandes proclamaciones de la libertad y sustituirla por un lenguaje más realista, menos épico y en gran medida, por tanto, mucho más efectivo.
El segundo inconveniente es porque estamos regulando --y ahí coincidiríamos, en parte, con el ponente del Grupo Popular-- la parte instrumental de este derecho, el mecanismo de la rescisión del contrato mediante indemnización, pero no dejamos por el camino la sustancia de lo que es este derecho a la información; nos dejamos por el camino la concentración oligopolística de los grandes medios de comunicación, la transparencia accionarial, quién entra y quién sale de los medios de comunicación, su dependencia de la publicidad, las deudas de estos medios de comunicación, el estatuto de la redacción, el estatuto y la posición del director en las publicaciones, que sin comprometer la facultad de la propiedad para dirigir y orientar informativamente el periódico incorpora también a los profesionales a la configuración de esa línea de los medios de comunicación. Es lo que se intentó en Francia con Maurois, en el año 1984, y es lo que existe en Italia mediante el garante de la comunicación y una ley que, aunque el Parlamento italiano no suele ser ejemplo para este tipo de legislaciones, en este caso creo que sí lo es, pues tiene una legislación muy concreta y un delegado parlamentario que es el garante de la constitución. Por tanto, si se aprueba esta proposición de ley también habremos de esperar a la autorregulación, habremos de esperar a otros desarrollos legislativos donde el delicado equilibrio entre los derechos de los propietarios de la empresa y los derechos de los periodistas se configuren.
Existe un tercer inconveniente, el último, que ya es propio de la proposición de ley que se nos presenta y que, por tanto, no impediría este motivo que el Partido Socialista votara en contra, porque tendría arreglo en el trámite parlamentario.
Estamos ante una proposición de ley que es reproducción íntegra del texto de la proposición del año 1988 y adolece, como adolecía aquel texto, de insuficiencia jurídica y de un deficiente grado de elaboración. No habla, por ejemplo, de los plazos; ¿cuál es el plazo después de que se haya cambiado la tendencia informativa de un periódico para que uno de sus trabajadores o periodistas pueda ejercer la resolución del contrato? Está transida de conceptos jurídicos de difícil determinación, y todos juntos, como tendencia informativa, cambio ideológico, principios éticos, sin referencia a ningún código deontológico, hacen que exija perfeccionamiento y mejora.
En cualquier caso también, y voy acabando, señor Presidente, tendremos que buscar alguna fórmula que dé también una garantía positiva, en la línea que ha dicho el proponente, el representante del Grupo de Izquierda Unida: una garantía más positiva que no sólo sea las rescisión del contrato, sino también esa negativa a firmar una información que ha sido amputada, mutilada o que ha sido cambiada faltando a la verdad, pero de la que el periodista ha informado a través de su medio de comunicación.
Además, el derecho a la cláusula de conciencia no puede ser pabellón de conveniencia para transportar cualquier tipo de mercancía, para poner en peligro otros derechos que también se recogen y se protegen en el artículo 20 de la Constitución, o para introducir cuestiones que son propias del derecho laboral. El apartado 2.º del artículo dos se recoge prácticamente de la ley francesa de 1935 y del artículo 760 del Código del Trabajo francés, pero ése es un origen sindical diferente del origen constitucional que tiene en nuestra legislación la cláusula de conciencia, y no es propio --en esto también estamos de acuerdo con el interviniente del Grupo Popular-- que eso entre en el contenido del artículo 20 de la Constitución.
La protección de la conciencia es la «causa iuris» de la cláusula de la conciencia; no el honor ni la imagen, sino la conciencia y la dignidad profesional. Por otro

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lado, no estamos ante supuestos de abusos del empresario, sino de cambio de tendencia del medio de comunicación por cambio de propiedad o ideológico. Efectivamente, esto sí que afecta a los medios de comunicación públicos, pero no en la medida en que afecta a los medios de comunicación privados; porque los medios de comunicación públicos, por propia definición, no tienen tendencia. En Alemania, como sabe el señor Muñoz- Alonso, se llama empresas de tendencia a los medios de comunicación. Por propia definición, los medios de comunicación públicos son neutrales. Una cosa es que se aprecie que lo sean o no lo sean, o que lo sean en un momento determinado, pero por su propia naturaleza no tienen tendencia. Por tanto, el cambio de propiedad (que en este caso no sería cambio de propiedad, sino que en su consejo de administración hubiera mayoría o minoría de una tendencia o de otra, o que en un momento determinado puedan perder algo de su neutralidad) no significa cambio de tendencia. Eso no quiere decir que no les afecte --les afectará-- pero lo hará de una manera totalmente diferente a la de los medios de comunicación privados, porque a los medios de comunicación privados lo que les define es su tendencia liberal, conservadora, de centro, mientras que los medios de comunicación públicos, por definición propia, son neutrales y deben serlo. Y si no lo son en un momento determinado, no sé qué mecanismo de control es mejor, si la rescisión por parte de uno de sus trabajadores de su contrato o el control político de este Parlamento a través de la Comisión de Control de Radiotelevisión.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mohedano, vaya terminando.


El señor MOHEDANO FUERTES: Sí, señor Presidente.
En definitiva, señorías, quizás haya llegado el momento de que esta especie de Godot constitucional, que todo el mundo espera pero que nadie sabe con exactitud qué es de lo que se trata, sea ya aprobado. Esa va a ser la posición que mantenga el Grupo Socialista esta tarde, porque a pesar de los inconvenientes que plantea, a pesar de su contenido pobre en alguna medida como protección del derecho a la información, a pesar de que regulando lo instrumental estamos dejando orillado a veces lo sustantivo, lo que es evidente es que con la proposición de ley y con las modificaciones que introduciremos, con este reconocimiento constitucional de la cláusula de conciencia, estamos reformando los mecanismos de una opinión pública libre en España.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la proposición de ley de Izquierda Unida, vamos a pasar a su votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


--PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA EXENCION DE IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO Y SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES PARA LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CUYO VALOR CATASTRAL NO SUPERE LOS 50 MILLONES DE PESETAS

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular sobre la exención de Impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para las explotaciones agrarias cuyo valor catastral no supere los 50 millones de pesetas.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Lloréns. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños, por favor. (Pausa.) Cuando quiera puede hacer uso de la palabra.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna, por primera vez en esta legislatura, para defender, en representación y en nombre del Grupo Popular, una propuesta cuya aprobación esperan como agua de mayo nuestros agricultores. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Varias veces, nuestro Grupo ha traído a esta Cámara la propuesta que hoy nos ocupa y, varias veces, el Grupo de la mayoría absoluta la ha rechazado en esta misma Cámara.
Dicen que la esterilidad en los esfuerzos conduce a la melancolía. No es que nuestro Grupo ahora tenga una vocación masoquista. Es que, desde que ustedes rechazaron por última vez esta propuesta que hoy aquí defendemos, han pasado varias cosas. La última vez que ustedes la rechazaron fue en mayo de 1992 y, desde entonces, ha habido unas elecciones generales; unas elecciones

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generales en las que ustedes, por primera vez, incorporaron, por fin, a su programa electoral la propuesta que hoy aquí debatimos.
Yo tuve ocasión de compartir la celebración de esta coincidencia con el Diputado socialista por Lleida, señor Pau, y tuve la ocasión de oír con claridad que aseguraba que si los socialistas ganaban las elecciones, cosa que por desgracia ha ocurrido, iban a suprimir este impuesto. Por suerte, el señor Pau vuelve a ser Diputado y yo espero que su influencia, que es notoria porque es Presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, va a ser decisiva para la toma en consideración de esta propuesta. Pero es que desde que ustedes, señores de la mayoría absoluta, rechazaron esta propuesta, yo mismo tuve la ocasión de defenderla en el Parlamento de Catalunya, junto con otros cuarenta y tres puntos que constituían una moción, que fue aprobada y apoyada por todos los grupos con representación parlamentaria en el Parlament de Catalunya. Fue apoyada por el Partit dels Socialistes, por Convergència, por Esquerra Republicana, por Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Popular. Yo ya sé que es mucho pedir pedirles coherencia a los socialistas. Yo ya sé que es mucho pedir, aunque sea por pocos meses, que digan lo mismo en el tiempo y que digan lo mismo en el espacio, es decir, en Barcelona que aquí, en la oposición que cuando tienen responsabilidades de gobierno, en campaña electoral que cuando no lo están. Pero alguna vez tiene que ser, y el hecho de que una parte de la propuesta, justamente la que se refiere a la exención del Impuesto sobre el Patrimonio, haya sido aprobada, como luego comentaré, en diciembre de 1993, nos hace concebir fundadas esperanzas.
Hay otros hechos singulares que también han ocurrido desde entonces. Más que nunca, el Partido Socialista está en deuda con el sector agrario. Está en deuda con muchísimos sectores, pero más que con nadie con el sector agrario, porque la situación ha empeorado desde que ustedes rechazaron por última vez esta propuesta.
Es cierto que la situación de los agricultores comunitarios es grave como consecuencia de la reforma de una política agraria que obliga a reducir los excedentes, que obliga a sacrificios porque hay que disminuir los precios de intervención, porque hay que penalizar las producciones. Es cierto también que la firma del Acuerdo del GATT penaliza a todos los agricultores comunitarios, porque la agricultura comunitaria es una agricultura subvencionada y los acuerdos del GATT suponen una apuesta por el libre intercambio. Pero no es menos cierto que otros gobiernos, los gobiernos de otros países de la Comunidad, han sabido aprovechar los proyectos cofinanciados, aportando esos gobiernos la mitad de los fondos necesarios para disponer de los programas de medidas de acompañamiento de la PAC, para que sus agricultores puedan compensarse de la grave pérdida de rentas que supone la reforma de la PAC. Así, los agricultores franceses disponen de programas de reforestación, de jubilaciones anticipadas, de programas de agricultura ecológica y medioambiental, es decir, de alternativas a las actuales producciones excedentarias. Pero no es menos cierto que el Gobierno socialista no ha sabido aprovechar estas compensaciones que otros gobiernos han puesto a disposición de sus agricultores, por la sencilla razón de que no ha aportado la mitad de los fondos necesarios. Y como en el caso del GATT, es sencillamente sorprendente la pasividad del Gobierno socialista español, que contrasta con la viva y eficaz defensa de los sectores menos competitivos, que han hecho en el acuerdo del GATT el Gobierno francés, el Gobierno portugués y el Gobierno griego.
Es también notorio y conocido que en la agricultura continental, aquella agricultura en la que nuestros socios y competidores son más competitivos, en la agricultura de productos cárnicos, lácteos y cerealísticos, se ha conseguido organización común de mercados, que permite disponer de precios de intervención y la disposición de preferencia comunitaria. Sin embargo, respecto a la agricultura mediterránea, aquella agricultura en la que nosotros somos más competitivos, la agricultura de las frutas y hortalizas, de los frutos secos, del vino y del arroz, como no se ha negociado una organización común de mercados, el Gobierno socialista la deja a la ferocidad competitiva de los países terceros no comunitarios, deja sin protección alguna a este sector de la agricultura española que es el más competitivo.
Además de que no se ha conseguido dinero de fuera; además de una pésima integración de nuestro sector agrario en el Mercado Común, es decir, de una entrega, desde la política interior se ha estado machacando a nuestro sector agrario. Hoy en día el sector agrario tiene una deuda que casi iguala a la producción final anual de nuestro sector agrario español. Hoy en día nuestros agricultores pagan unos préstamos muchos más caros y mucho menos competitivos que nuestros competidores, los agricultores comunitarios. La última novedad fiscal es que nuestros agricultores van a pagar por módulos, es decir, van a pagar más. Por tanto, no son de extrañar todos los índices.
Desde que España ingresó en el Mercado Común, mientras el sector industria ha crecido un 22 por ciento, el sector de la construcción ha subido un 57 por ciento y el sector servicios ha aumentado un 30 por ciento. El único sector que no ha subido, cuyo crecimiento económico ha sido cero, es el agrario. Hoy en día la renta media de una persona ocupada en la agricultura es menos de la mitad de la renta media de cualquier otra persona ocupada en cualquier otro sector. Hoy, aquí, en España, la renta agraria es la que más ha caído entre cualquiera de los países de la Comunidad: un 9,7 por ciento. Y por encima de todo, dos índices absolutamente sobrecogedores

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que justifican la urgente, posible y necesaria propuesta, a cuya aprobación nos sometemos en esta sesión: el índice de la población agraria española es el más envejecido de toda la Comunidad Económica Europea. El agricultor español, de media, tiene más de 58 años y sólo 500.000 agricultores, de un millón y medio que se dedican a la actividad agraria, tienen menos de 35 años. Y en dos años, en 1992 y 1993, se han perdido 200.000 puestos de trabajo en la ocupación agraria, lo que representa el 25 por ciento del total de los puestos que se han perdido en la actividad económica española. Por tanto, ustedes, señores de la mayoría socialista, han colocado al sector agrario español en la peor de las situaciones posibles, y por eso, hoy, aquí, planteamos una medida que tiene una doble finalidad.
La propuesta que hoy traemos aquí contiene tres tipos de medidas fiscales, limitadas a patrimonios que no superen los 50 millones de pesetas, con el objetivo de la continuidad de las explotaciones agrarias, que, como se ha dicho antes, están en grave peligro. De las tres medidas fiscales con las que nosotros pretendemos fomentar la continuidad de la explotación agraria y rejuvenecer nuestra población agraria, la primera, la que se refiere a la exención del Impuesto sobre el Patrimonio, la vamos a retirar, porque el 28 de diciembre de 1993, hace poco más de un mes, en esta Cámara se aprobó la Ley de Medidas Fiscales y de Reforma Jurídica de la Función Pública y de la Protección al Desempleo, que en su artículo 3.º declara exentos del Impuesto sobre el Patrimonio aquellos bienes y derechos de las personas físicas necesarios para ejercer el desarrollo de una actividad empresarial. Nosotros entendemos que el desarrollo de la actividad de una explotación agraria queda comprendido en ese artículo 3.º que se aprobó aquí en diciembre de 1993 y, por tanto, consideramos ocioso discutirlo en esta Cámara. La justificación de que lo presentamos hoy es que nuestra proposición se presentó en octubre de 1993, poco antes de que ustedes aprobaran esta disposición.
Pero las otras dos medidas fiscales que trae esta proposición a la Cámara están vivas y relacionadas con el mismo fin con el que ustedes aprobaron la exención del Impuesto sobre el Patrimonio. Por tanto, las mantenemos, y además tenemos la confianza de que serán apoyadas, porque la finalidad es la misma. La finalidad que nosotros perseguimos en la más importante, que es la exención del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para explotaciones que no superen los 50 millones de pesetas, es la misma que la que les inspiró a ustedes la aprobación de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio para menos de 50 millones de pesetas. Por consiguiente, sería absolutamente contradictorio que ustedes aprobaran una y no la otra, cuando la finalidad es la misma. Y sería también absolutamente contradictorio que si ustedes son capaces de rectificar, en diciembre de 1993, sobre las actitudes que en esta misma Cámara habían tomado otras veces y, por tanto, de acertar aceptando la mitad de nuestra propuesta, sería contradictorio, digo, que no aceptaran la otra mitad, que es precisamente la más importante de las que traemos a esta Cámara, la exención del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Nosotros pensamos --y está reconocido por todos...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Lloréns, vaya terminando, por favor.


El señor LLORENS TORRES: Nosotros pensamos que es la que verdaderamente está penalizando la continuidad de la explotación agraria, de la actividad agraria, por el elevado coste de este Impuesto y por las características peculiares de las explotaciones sobre las que se aplica, que no tienen liquidez suficiente porque los valores materializados están en activos productivos, es decir, en tierras, edificaciones y maquinaria y, por tanto, en el momento en que tiene que pagarse este Impuesto, se obliga al sucesor a que se quede sin herramienta de trabajo, a que tenga que comprar de nuevo la finca o a que tenga que endeudarse de por vida o vender --y ése es el peligro mayor-- una parte de ese patrimonio que nosotros queremos proteger con la exención del Impuesto sobre Sucesiones. Por eso pensamos que es absolutamente decisiva esta cuestión. Finalmente, estimamos que en otros países, atendiendo a esta circunstancia, la exención del Impuesto de transmisiones sucesorias es una realidad o tiene importantes bonificaciones.
En determinadas partes del territorio de España, como en el País Vasco y en Navarra, de padres a hijos, es decir, en la primera transmisión intergeneracional, no se paga este Impuesto e incluso hay bonificaciones muy importantes de abuelos a nietos y en otros grados de consanguinidad.
Por todo eso, les traemos hoy aquí esta propuesta. Al solicitarles el voto favorable les pedimos a todos ustedes, señores de la mayoría, que tengan en cuenta que crear un puesto de trabajo en otra actividad, cuando tan alegremente se pierden en la actividad agraria, va a costar mucho más dinero; que tengan en cuenta que hay que actuar inmediatamente para recuperar a esa población joven que está abandonando en masa las explotaciones agrarias, porque los núcleos urbanos tienen mucho más atractivo y porque la rentabilidad de las explotaciones y las expectativas del futuro de la agricultura les colocan cada día en peores condiciones, por todas estas circunstancias la aprobación de este impuesto es más necesaria que nunca.
Nuestra propuesta contiene un tercer apartado...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Lloréns, le reitero que vaya terminando. Ha consumido más del 50 por ciento del tiempo reglamentariamente previsto. Por tanto, vaya finalizando, por favor.


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El señor LLORENS TORRES: El tercer apartado lo tienen a su disposición SS.SS., se refiere a la exención del Impuesto del pago de las transimisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en las permutas voluntarias o forzosas que supongan un aumento de la concentración de tierras y la desaparición de las servidumbres de paso.
Espero que no nos digan lo de siempre. Otras veces han justificado su negativa a esta propuesta argumentando que siempre decimos lo mismo. Nosotros, y los agricultores en especial, esperamos que alguna vez sean ustedes, señores de la mayoría absoluta, capaces de decir lo mismo en Cataluña y aquí, en la oposición y en las responsabilidades de Gobierno.
Espero que no nos digan lo que respondió el señor Sainz Aja en el último debate parlamentario: que plantear una discriminación de este impuesto a la hora de pagar el Impuesto de transmisiones sucesorias, rompe los criterios de objetividad y de universalidad. De eso precisamente nos quejábamos los representantes del sector agrario, los que estamos trabajando, luchando y defendiendo sus problemas de la falta de objetividad y de la discriminación que supone la situación del sector agrario. Yo creo, señores de la mayoría absoluta, que ustedes tienen hoy aquí... (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡No es absoluta!) Perdón, de la mayoría compartida. Espero que los votos de los diputados de Convergència esta vez serán utilizados decisivamente en beneficio de los agricultores catalanes (¡ya lo veremos!), aunque tengo mis dudas. Espero de todos ustedes que les quiten la razón a ésos que pronostican que la agricultura no tiene futuro, porque hay muchos que creemos que no habrá futuro sin agricultura, sin esos agentes no sólo productores, sino protectores del medio natural (La señora De Palacio Valle-Lersundi: Eso es verdad), sin este equilibrio indispensable y absolutamente necesario de la población.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Lloréns. A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas tres enmiendas el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el Grupo parlamentario de Coalición Canaria había presentado tres enmiendas y después de escuchar la intervención del señor portavoz del Grupo Popular, en la que ha informado que retiraba el punto primero, el referente, precisamente, al Impuesto sobre Patrimonio, nosotros, consecuentemente, retiramos la primera enmienda. Y paso a defender las dos siguientes.
En primer lugar, la dirigida al punto número dos, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Su justificación es la misma que la de la anterior, retirada: está referida, fundamentalmente, a dejar claro en el texto de la proposición no de ley que, cuando se habla de valor catastral, se debe decir valor catastral conjunto. ¿A qué llamamos valor catastral conjunto? En la estructura agraria española, lamentablemente caracterizada por el minifundio y la atomización, a veces se da la valoración catastral sobre cada predio, parcela o explotación ganadera. Esto es lo que queremos evitar.
Y vamos a apoyar favorablemente con nuestro voto esta proposición no de ley, porque la consideramos oportuna y pertinente, porque compartimos prácticamente la totalidad de los fundamentos y argumentos de su exposición de motivos y porque la creemos positiva para la dinámica que se pretende hacer de concentración, eficacia y rentabilidad en el agro español. No queremos tampoco que la picaresca habitual pueda producir un fraude de ley y hacer ese desvío. Por tanto, proponemos que, cuando en el catastro se esté hablando de valor catastral de la explotación, se esté entendiendo que si este empresario, este agricultor, este ganadero, está considerando dentro del valor patrimonial catastral las pequeñas fincas que constituyen todo el conjunto de la explotación, sea la suma de los valores catastrales de todas y cada una de ellas lo que entre hasta el límite de los cincuenta millones de pesetas.
La tercera enmienda, segunda en este caso por la retirada de la primera, está referida también a este punto dos, cuando ya entramos plenamente en lo que la Ley actual viene a contemplar como obligaciones fiscales impositivas en los actos de donaciones o equiparables en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Como el texto del proyecto habla, en primer lugar, del cónyuge del titular de la explotación e inmediatamente dice «o algunos de sus herederos», nosotros hemos querido entender que en el espíritu del proponente está que esos herederos tampoco vayan a ser posibles en fraude de ley y que, por tanto, sean los herederos forzosos.
Lo entendemos así porque se está hablando del cónyuge de la explotación. Y afortunadamente --y nosotros compartimos esto y lo mantenemos en nuestra enmienda-- se dice que quienes continúen explotando directamente esa unidad productiva agraria en un plazo o período no inferior a cinco años sean precisamente esos herederos forzosos, para evitar subterfugios de ley, tal como que si no hay cónyuge, en caso de ser el explotador primero, el agricultor, en ese caso, viudo, viuda, soltero o unipersonal, si no hay herederos en primera instancia, sean los forzosos que señale la Ley y, que, en caso de que teste a favor de terceros, que no sean los forzosos que señale la Ley, esto quede plenamente garantizado para que no se desvirtúe. Porque, precisamente, al apoyar nosotros sin ninguna enmienda el punto

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3.º de esta proposición no de ley, en lo que afecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las permutas de fincas rústicas, nuestra experiencia profesional --como la tiene el portavoz del Grupo Popular proponente--, basada en lo que ha sido un servicio tradicional del antiguo Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (el antiguo Instituto, antes de haberse hecho las transferencias a determinadas comunidades autónomas, de haber sido heredado por éstas, que heredó, a su vez, una línea política imprescindible en la estructura del agro español, como fue el antiguo Servicio de Concentración Parcelaria), nos encontrábamos con que, al tratar de fomentar, por una vía educativa, pedagógica, los efectos de la concentración parcelaria, para dar un sentido de unidad, de capacidad productiva y competitiva al grave problema que antes he denunciado del minifuncio del campo español, ahora, con esta proposición no de ley hay un incentivo más en la supresión de este Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en razón de las permutas de fincas, y que, al ligar yo el número 2 con el número 3, sea razón de abundamiento que se distinga aquí que tienen que ser los herederos forzosos, para evitar cualquier otra desviación del asunto, y que si el que va a hacerse cargo de la explotación no es heredero forzoso, lo sea por la vía de la donación, por las vías habituales en el Derecho de propiedad en las transmisiones de fincas.
Por estas razones, nosotros pedimos al Grupo proponente la aceptación de estas dos enmiendas, pues nosotros vamos a apoyar con nuestro voto la proposición no de ley por su oportunidad y conveniencia.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Mardones. ¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gaztagaetxebarría Bastida.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, voy a fijar la posición de mi Grupo y a indicar que vamos a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular, a pesar de que, estando de acuerdo con las líneas generales de la exposición de motivos, diferimos puntualmente en lo que atañe al examen que hacen del valor catastral en relación al valor real de mercado. Para nosotros no es lo más exacto, en la medida en que las actualizaciones de valores catastrales que se están produciendo --y no revisiones, como en su día inició el Gobierno, tanto del patrimonio inmobiliario urbano como del rústico-- no suponen verdaderamente un incremento considerable de dicho valor catastral. La última actualización ha supuesto un 3,5 por ciento, aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Dicho esto, y analizando la parte resolutiva de la proposición no de ley, estamos de acuerdo en que, como indicaba el portavoz del Grupo Popular, el punto 1.º decae en la medida en que existe una aprobación por parte de esta Cámara de una iniciativa legislativa presentada por el Gobierno de manera que quedaban exentos del Impuesto del Patrimonio aquellas propiedades afectadas al ejercicio de una actividad empresarial. Así está conceptuada la agricultura, si interpretamos armónicamente la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento que la desarrolla. Por tanto, no procede examinar tal cuestión con mayor profundidad.
En cuanto al punto 2.º del Grupo Popular, quiero indicar -- como lo ha hecho también el portavoz del Grupo Socialista--, que, en los territorios históricos del País Vasco y de Navarra, las Juntas Generales, organismos competentes, han aprobado diversas disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades y Donaciones, en las cuales existe, incluso, una exención más general, más profunda que la que aquí plantea el Grupo Popular. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario tiene que apoyar esta iniciativa en coherencia con los planteamientos que venimos postulando en el País Vasco.
Para terminar, señor Presidente, el punto 3.º supone una medida complementaria que añade una modificación puntual a la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en lo relativo a las concentraciones parcelarias, tanto las voluntarias como las forzosas, sujetas a autorización administrativa. Aquí no se habla de ello. Nos parece que la idea puede ser positiva y, sin perjuicio de que el Gobierno, en su día, presente una disposición de carácter general que, además de regular el aspecto fiscal, ordene y discipline la modernización y las estructuras de nuestra agricultura, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo parlamentario Popular. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias. Por el Grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
En nombre de Unión Valenciana, adscrita al Grupo Mixto, tomo la palabra en el debate de esta proposición presentada por el Partido Popular en la que se ha retirado el punto 1.º, lo cual nos parece oportuno, porque, como ha dicho, estaba ya prácticamente discutido y aclarado en pasadas intervenciones.


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Me gustaría dar lectura a un escrito publicado el 2 de noviembre de 1993 en el que se dice que en el plazo de tres meses el Gobierno elaborará un proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que recogerá modificaciones relativas al carácter confiscatorio del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el objeto de mantener y garantizar la viabilidad de la propiedad, explotación o negocio, una vez producida la transmisión; en concreto, los herederos de pequeñas y medianas empresas, explotaciones agrarias de carácter familiar, etcétera, estarán exentos del Impuesto de Sucesiones siempre que se mantenga la explotación de dicho negocio o actividad.
He querido leer esto porque he oído que el portavoz del Partido Popular pedía coherencia. Este tema se presentó en esta Cámara, en el Pleno, y el Partido Popular no la apoyó.
Seguramente es que la coherencia sólo vale en determinados momentos. Y como nosotros sí que somos coherentes, presentamos esto, lo apoyamos y hoy también lo vamos a apoyar aquí.
Naturalmente, no tomaremos en cuenta la cantidad de veces que esto está sucediendo y nos gustaría que nos diéramos cuenta de que no sólo el Grupo mayoritario de la oposición es el que piensa bien; a veces los demás también lo hacen y a veces también presentamos reformas o modificaciones y luego nos vemos sorprendidos, a los tres meses, con la presentación de las mismas modificaciones.
Como he dicho, efectivamente vamos a apoyar esta proposición.
Votaremos que sí y no quiero hacer perder más tiempo a SS.SS.; con la coherencia que de verdad nos caracteriza, votaremos a favor.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL Y SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me complace hacer uso de la palabra presidiendo la sesión don José López de Lerma, Vicepresidente del Congreso, en representación de Convergència i Unió, con quien tengo el honor de compartir, además, la circunscripción electoral de Girona. El Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no cree que en esta Cámara haya ninguna discrepancia respecto a que el sector agropecuario está inmerso en una grave crisis de cuya persistencia se deriva una caída de las rentas, un progresivo abandono de la actividad agraria por muchos profesionales del sector y la falta de estímulos y de atractivos para la incorporación de jóvenes agricultores a las actividades agropecuarias. Estas dos consecuencias tienen su origen en múltiples causas y, entre ellas, citaré el reducido tamaño de muchas explotaciones y las dificultades en la continuidad de las explotaciones agrarias en caso de producirse la sucesión por herencia. Por lo tanto, hay que afrontar ambas causas, favoreciendo los procesos de concentración de las fincas, reduciendo el número de las pequeñas explotaciones, regularizando sus superficies para aumentar su rentabilidad y también eliminando o disminuyendo los costes de las transmisiones y sucesiones, siempre que se garantice la continuidad de las explotaciones agrarias. Debatimos hoy una proposición no de ley del Grupo Popular sobre la exención del Impuesto sobre el Patrimonio y sobre las sucesiones y donaciones de las explotaciones agrarias cuyos valores no superen los 50 millones de pesetas, cuya filosofía compartimos, pero de cuyo contenido discrepamos. Esta iniciativa, que coincide con el análisis que acabo de hacer, es, sin embargo, reiteración de otra presentada hace un par de años por el mismo Grupo parlamentario.
Desde entonces se ha modificado en parte el marco jurídico de la figura impositiva del Impuesto sobre el Patrimonio.
Efectivamente, la propuesta del Partido Popular de exención del Impuesto sobre el Patrimionio para explotaciones agrarias ya está vigente en el presente ejercicio de 1994 y no sólo para valores inferiores a los 50 millones de pesetas, como propone el Partido Popular, sino que ya están exentos todos los patrimonios necesarios para el desarrollo de cualquier actividad empresarial productiva, mediante la introducción de esta exención en el apartado 8.1 del artículo 4 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, modificación pactada entre el Grupo Socialista y Convergència i Unió con el apoyo de otros grupos. Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ocurre algo parecido. Así pues, la recién aprobada Ley de Medidas Fiscales modifica el artículo 39 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el sentido de aplazar el pago del impuesto durante cinco años sin intereses y posterior pago mediante siete semestres más con intereses sólo a partir del inicio del fraccionamiento. Ya sé que esta medida puede resultar insuficiente, pero ya está vigente para 1994, y lo está en espera de la aprobación definitiva de una ley de sucesiones y transmisiones específica para fincas y explotaciones agrarias que favorezcan los necesarios procesos de concentración de fincas y que elimine o abarate los costes de las transmisiones, siempre que se garantice la continuidad de dichas explotaciones. Al no existir ningún proyecto de ley que persista en estos objetivos, nuestro Grupo presentó el 29 de julio, recién iniciada la legislatura, una proposición de ley articulada, pendiente de trámite en el Parlamento, denominada de establecimiento de incentivos fiscales a la ampliación y continuidad de las explotaciones familiares agrarias, que pretende el fomento de la concentración parcelaria, concediendo exenciones a las transmisiones mediante permutas voluntarias y a la eliminación

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de servidumbres. También se proponen exenciones porcentuales en las transmisiones realizadas mediante compra-ventas de explotaciones agrarias y exenciones casi totales en las sucesiones «mortis causa» y en las donaciones «inter vivos» cuyos sujetos pasivos se dediquen o vayan a dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Pensamos que ésta es una proposición de ley muy completa, en la que invito a participar a los grupos parlamentarios, para que la mejoren si lo creen necesario, porque la esencia de su contenido sí que puede ser compartido por la mayoría. Compartiendo el diagnóstico de las causas de la crisis de la agricultura, podemos compartir también las soluciones globales, más que las parciales que hoy nos propone el Grupo Popular. Por tanto, votaremos en contra de la iniciativa del Grupo Popular, esperando no ser acusados, como en otras ocasiones, de falta de sensibilidad por la agricultura; otra cosa es hacia algunas de sus propuestas, que estimamos manifiestamente mejorables o mejoradas, incluso superadas, como es el caso de esta proposición no de ley. Al votar en contra de la proposición no de ley, lo haremos también en contra de las enmiendas presentadas. Nuestra preocupación por el sector, señorías, pienso que está muy demostrada. Seguiremos apoyando y proponiendo medidas que avancen en la dirección correcta de defensa del progreso del sector agrario y que supongan medidas generales, no parciales o de reiteración de otras ya acordadas. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vidal. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario comparte la opinión de otros portavoces de grupo en el sentido de que, efectivamente, los distintos gobiernos socialistas son deudores del campo español. El sector agrario se ha podido ver todavía más discriminado con las medidas que se han aprobado en los presupuestos de 1994, que han supuesto, otra vez, recortes para el sector agrario y han privado a los agricultores de una serie de beneficios que, de forma indiscriminada, han favorecido a las pequeñas y medianas empresas.
Nuestro Grupo, a pesar de que entiende las razones y comparte la necesidad de cambiar el sistema fiscal que afecta al sector agrario, a pesar de que entendemos la perentoriedad expresada por el Grupo Popular que dice que estas medidas tendrían que ser tomadas y llevadas a cabo en el plazo de un mes, se va a abstener, y lo va a hacer porque el Grupo Popular en esta proposición no hila fino, cae en el mismo pecado que los distintos gobiernos socialistas, porque está proponiendo medidas de exención fiscal de forma indiscriminada. Aquí no se delimita el tipo de explotación, solamente se delimitan por el importe del valor catastral de 50 millones de pesetas, pero estos 50 millones de pesetas y esta explotación familiar la puede tener un señor absentista que viva en Madrid y tenga una explotación familiar en Cáceres. Si aprobásemos esta ley, este señor quedaría exento al serle de aplicación la misma.
Entendemos que se procede indiscriminadamente (las medidas van en este sentido). El Grupo Popular incurre en el mismo pecado que los distintos gobiernos socialistas: la indiscriminación.
La segunda razón que mueve a nuestro Grupo a la abstención es porque no queremos más chapuzas y esto va para los representantes del Grupo Popular y para los representantes del Grupo Socialista. No queremos más chapuzas porque entendemos que estas medidas de exención fiscal, otras medidas que harían referencia a la Seguridad Social y las que se refieren también al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, todas ellas, deben ser contempladas con urgencia y deben venir a esta Cámara. Pero debo recordar a SS.SS. que el Gobierno socialista tiene un proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias. Es un proyecto de ley que se comprometió a traer a esta Cámara en el año 1992 y nuestra responsabilidad como oposición en este momento nos lleva a urgir que el Partido Socialista, el Gobierno, traiga aquí esta ley. (El señor Ramírez González hace gestos de extrañeza.) Sí, señor Ramírez, que traiga aquí esta ley, porque para asignar el tipo de ayudas que queramos al sector agrario, deberemos delimitar el modelo de explotación que queremos; deberemos señalar con claridad a quién consideramos agricultor a título principal; deberemos señalar con claridad cuáles son las explotaciones familiares agrarias y cuáles son aquellas explotaciones llevadas a cabo por personas y jurídicas que deban ser objeto del apoyo mayoritario de los fondos públicos.
Por esto es por lo que nosotros entendemos que ya basta de chapuzas. Que se traiga aquí, y que se traiga de manera urgente, el proyecto de ley de modernización. Y vamos a entrar a discutir en el arco parlamentario, pero también a consensuar con las organizaciones profesionales agrarias, qué tipo de explotación necesita el campo español, qué tipo de ayudas necesita y a ver si conseguimos invertir, de una vez por todas, la relación de que el 20 por ciento de las explotaciones se llevan el 80 por ciento de las subvenciones, sean de tipo nacional o comunitario. Aprovechamos nuestra intervención en relación con esta proposición no de ley para instar al Gobierno que traiga esta ley, que sea consecuente y comience a aplicar desde ya estos criterios para que las ayudas, las subvenciones,

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las exenciones vayan a la explotación familiar agraria, que es la que da vida al mundo rural. Y cuando hablo de esto me refiero a la cuota lechera, a los decretos de reforestación y a tantos otros decretos que, de forma indiscriminada, se reparten las ayudas, bien sea un señor absentista que jamás se ha acercado a los campos o sea un señor que con su familia está trabajando en la explotación agraria. Por ello, reitero que mi Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se va a abstener en la votación de esta proposición no de ley del Grupo Popular. Y urgimos al Gobierno para que presente a esta Cámara, a la mayor brevedad, el proyecto de ley de modernización.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Rivadulla. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de mi Grupo en torno a una proposición no de ley, la relativa a la exención de impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para las explotaciones agrarias, cuyo valor catastral no supere los 50 millones de pesetas, con cuyos fundamentos podríamos estar de acuerdo. Es más, las preocupaciones que se señalan en los fundamentos son nuestras preocupaciones, así como también las de los grupos de esta Cámara que me han precedido en el uso de la palabra. La necesidad de incrementar la rentabilidad y la competitividad de las explotaciones agrarias, fomentando su aumento en tamaño, y la posibilidad de rejuvenecimiento del sector en base a esa mayor rentabilidad son objetivos por los que todos trabajamos. Ocurre, sin embargo, que consideramos, al igual que han hecho otros grupos de la Cámara, inclusoalgunos de los que van a votar a favor, que las medidas concretas que en esta proposición se contemplan no son las adecuadas para lograr esos objetivos. Como consecuencia de ello, y aun compartiendo la preocupación general y los objetivos que dicen perseguir, vamos a votar negativamente las medidas propuestas y, por tanto, la proposición no de ley que las contiene. Voy a explicar por qué y lo voy a intentar hacer en dos sentidos. Los objetivos que la proposición no de ley pretende no pueden lograrse mediante las únicas medidas que ustedes han incluido en la proposición no de ley; son precisas otras disposiciones, programas y ayudas que protejan la explotación familiar y a los agricultores jóvenes. Para la pura exención fiscal, ustedes mismos, los proponentes, han reconocido que ya existe una normativa en vigor que puede atender esos objetivos. La Ley 49/1981, del Estatuto de la Explotación Agraria y de los Agricultores Jóvenes, dispone una reducción del 50 por ciento de la base imponible en casos de transmisión de explotaciones en su integridad a favor de un colaborador de la misma, reducción que se refiere no sólo al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sino también al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Además de ello, está el Real Decreto 477/1993, cuya explicación voy a ahorrar a SS.SS., por el que se establece un régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado de la actividad agraria, cuyo objetivo es el rejuvenecimiento del sector.
Estoy diciendo que aquellos objetivos que podríamos compartir toda la Cámara son unos objetivos que no pueden lograrse por la mera exención fiscal en las medidas que esta proposición contempla. Es necesaria una reforma integral --lo decía algún otro portavoz de los grupos que han intervenido-- de la legislación vigente que tenga un mayor calado y eficacia. En ese sentido, existe ya un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre modernización de explotaciones agrarias, que, contemplando también medidas de beneficios fiscales, pone en juego, además, diversos instrumentos jurídicos y de apoyo financiero. Definir y favorecer la constitución de explotaciones económicamente viables a las que se prestará un apoyo jurídico prioritario, fomentar la transmisión integral de tales explotaciones facilitando el acceso de los jóvenes a su titularidad, facilitar el acceso prioritario al crédito a quienes pretenden modernizar sus explotaciones, evitar el fraccionamiento de las fincas, así como promover el asociacionismo agrario son medidas que, contempladas en el anteproyecto del Ministerio, atenderían mejor los objetivos que dice perseguir la proposición no de ley que nos ocupa.
Así pues, que las medidas propuestas en la proposición no de ley no cumplan, por parciales, los objetivos que dicen perseguir (conseguir la ampliación y la rentabilidad de las explotaciones agrarias) sería un primer motivo para votar negativamente dicha proposición. Reiteramos, por tanto, como ya han hecho otros grupos, incluso algunos que han anunciado su voto favorable, que estas medidas no son adecuadas y que el problema no puede ser abordado en torno a las propuestas que la proposición no de ley hace.
Aun abordando el problema desde el mero ámbito fiscal, la discusión no puede articularse en torno a unas propuestas que no recogen sino aspectos muy particulares y fragmentarios del asunto, y, además, desde ese ámbito meramente fiscal, sería conveniente hacer una serie de consideraciones. Aquí les voy a hacer una confesión. Cuando he estado preparando la intervención en torno a esta proposición no de ley he querido ser extremadamente cuidadoso en no abrir un artificial turno en contra porque yo estuviera contradiciendo argumentos que el proponente del Grupo Popular hubiera hecho. He sido tan cuidadoso que he tenido el cuidado,

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si me permiten la reiteración, de ni siquiera contradecir argumentos que son puramente objetivos, como el que la renta agraria haya crecido en su diferencia en torno a la renta nacional, habida cuenta de los diez puntos que ha aumentado desde 1982 hasta 1992. No he querido contradecir ni siquiera esos argumentos objetivos, mejor dicho, esos datos objetivos, que no son argumentos, pero sí me van a permitir en este punto decirles que lo que mi compañero Sainz Aja dijo en mayo de 1992 (y quiero tener aquí un recuerdo muy especial y lamentar su desaparición) es plenamente válido en este momento, primero, porque él no se refirió al impuesto que el proponente del Grupo Popular citó que se había referido; él se refería exclusivamente al Impuesto sobre el Patrimonio y no al otro impuesto. Eran tan ciertas y eran tan atendibles las argumentaciones que desde esta tribuna mi compañero Sainz Aja hizo un mayo de 1992 que el Grupo Proponente de la proposición no de ley ha retirado el primer punto de la misma. Lo que él decía, lo que yo traigo aquí porque me sigue pareciendo válido es que la Ley 19/1991 es verdad que apoyaba un sistema de valoración catastral en el que, sirviendo de base sistemática y permanente para la imposición estática sobre la riqueza, tuviera una información actualizada que la transmisión de bienes genera. Y él decía, y ustedes saben, que esa revisión catastral, proyectada por el Centro de Gestión Catastral, no se había llevado a cabo, y por tanto el diferencial entre el valor de mercado y el valor catastral de los bienes sigue siendo bastante amplio, mucho más en los bienes rústicos, en los que, además, por tener mayores dificultades, por ser menos frecuente su transmisión, no se puede recurrir ni siquiera a que el criterio de valoración del precio de la contraprestación o del valor de adquisición que se aplica en el impuesto tenga un carácter que no sea meramente residual. Solamente aquí quiero contradecir su argumento, en memoria de mi compañero, y lo que dijo lo mantengo yo porque me parece absolutamente válido. Hay otras razones nuevas que no voy a dar porque, a pesar de tenerlas preparadas, el proponente del Grupo Popular las ha admitido, tanto que ha retirado el primer punto de su proposición no de ley --me estoy refiriendo el proyecto de ley de medidas fiscales y de reforma del régimen de la función pública y de la protección por desempleo--. Efectivamente, nosotros creemos que la exención que prevé para los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de una actividad empresarial puede ser de aplicación a la explotación agraria de la que estamos tratando. Y, efectivamente, estamos de acuedo y contemplamos con satisfacción cómo retiran el primer punto. Y, contemplando con satisfacción cómo retiran el primer punto de la proposición no de ley, yo me permitiría invitarles a que retiraran el segundo, por una razón, y me reitero en mi intención primera de no contradecir ningún argumento sino simplemente de explicar el porqué del voto negativo de nuestro Grupo. Atender el segundo punto de la proposición no de ley, señorías, significaría romper con el criteiro de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, en el sentido riguroso de no admitir beneficios fiscales de carácter objetivo por razón de la naturaleza de los bienes o derechos adquiridos. Este criterio riguroso de no admisión de estas exenciones con carácter objetivo llevó a la eliminación de todas las exenciones de ese carácter que estaban contempladas en el texto refundido de 1967 y, sin embargo, dejó una que está en la disposición final primera. En la disposición final primera los beneficios que para la explotación familiar agraria regula la Ley 49/1981, que he citado antes, siguen manteniéndose en la Ley 29/1987, por lo que el segundo punto de su proposición, en este sentido, en este aspecto, en el objetivo que pretende buscar, también es innecesario, y veríamos con doble satisfacción también su retirada; satisfacción que se triplicaría teniendo en cuenta que en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el artículo 48.1, b) 6, el texto refundido de la ley dispone precisamente la exención del impuesto de aquellas permutas de fincas rústicas que tengan como finalidad la concentración de parcelas y la eliminación de servidumbres de paso, que, como les digo, ya está recogida en el texto refundido de la ley. Por tanto, ya existe en este texto que les cito una medida que va a cubrir el objetivo que ustedes pretenden con su proposición no de ley.
Por tanto, señorías, resumiendo, aun estando de acuerdo con los fundamentos de su proposición no de ley; entendiendo que es un acierto por su parte la retirada del primer punto; considerando que el segundo punto puede ser retirado también, porque ya está contenido en la ley correspondiente, la del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; teniendo en cuenta que el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ya recoge su punto tercero y atendiendo sobre todo a que esa fundamentación y esos objetivos, que compartimos, no pueden ser abordados desde las medidas que el Grupo Popular propone, nosotros nos reiteramos en nuestro voto negativo. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor López Martín de la Vega.
A los solos efectos de aceptación o denegación en su caso por el Grupo proponente de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Lloréns.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor Presidente.


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Señoras y señores Diputados, quisiera aprovechar la ocasión que me brinda S.S. para agradecer la colaboración.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Lloréns, la ocasión que le brindo es reglamentaria. Es a los solos efectos de manifestar su acuerdo o desacuerdo con las enmiendas presentadas y mantenidas por Coalición Cannaria. A estos efectos, tiene la palabra, no a otros.


El señor LLORENS TORRES: Es que a pesar de que se ha dicho que no ha habido un turno en contra --y me atengo también al Reglamento--, ha habido lo que se dice un turno en contra de la intervención...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Seño Lloréns, esta Presidencia ha estado muy atenta al debate y citarle no es replicarle. Por lo tanto, señor Lloréns, tiene la palabra a esos solos efectos que marca el artículo 195 de nuestro Reglamento.


El señor LLORENS TORRES: Entonces anuncio a esta Cámara que aceptamos las enmiendas presentadas por Coalición Canaria.
Creemos que enriquecen el texto de la proposición no de ley aquí presentado hoy; además, lo que abunda no daña y, por lo tanto, consideramos que pueden incorporarse perfectamente, y así lo asumimos, al texto de nuestra moción.
Por lo demás, debo constatar aquí que a veces los votos decisivos se emplean para votar en contra de los intereses de los payeses catalanes, así como que se han aducido una serie de argumentos, y escritos están. Se dice que se niega la menor para justificar la oposición a la mayor. Yo tengo un...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Lloréns, le reitero, por tercera vez, lo que marca el artículo 195 del Reglamento. Usted ya ha manifestado su acuerdo con las enmiendas. Por favor, retírese del estrado.


El señor LLORENS TORRES: Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre la exención de impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones para las explotaciones agrarias cuyo valor catastral no supere los 50 millones de pesetas, que se somete a votación en los términos resultantes del debate, es decir, los apartados segundo y tercero, con las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria aceptadas por el Grupo proponente de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 144; en contra, 162; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE PROGRAMACION Y PUBLICIDAD EN TELEVISION DESTINADA AL PUBLICO INFANTIL (Número de expediente 162/000030)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unia-Iniciativa per Catalunya, sobre programación y publicidad en televisión destinada al público infantil. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Alcaraz. (Rumores.)

El señor ALCARAZ MASATS: Con su venia, señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Alcaraz.
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.)

El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, una vez que los señores Diputados han ocupado sus escaños y guardado silencio... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, les ruego que guarden silencio. (Pausa.) Puede comenzar cuando quiera.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Pensamos que resulta evidente, no sólo para el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que la situación en este tema es de alarma real, ya que no sólo la programación sino también la publicidad, el contexto general de lo que emiten las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, muchas veces está teniendo una indudable influencia, una relación causa-efecto (porque, además, se basa mucho en la dialéctica de la repetición) sobre los niños y los jóvenes.
Nos parece que se han encendido muchas luces rojas de alarma y se están produciendo en esta etapa, últimamente pero también en el período inmediatamente anterior, pronunciamientos no solamente serios sino, a veces,

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convulsos. Desde el propio Papa, que acaba de decir que hay que apagar los televisores en función de la violencia (Rumores.) que destilan, hasta, por ejemplo, --que tampoco es sospechosa de izquierdista--, la Fiscal General de los Estados Unidos, que acaba de decir al Senado --hace unos tres meses-- que las cadenas de televisión tienen un año para mejorar, para acondicionar su programación y evitar, fundamentalmente, las escenas de violencia, ya que si no, finalizado ese plazo, intervendrá el Estado; incluso utiliza la expresión «una seria intrusión del Estado en este tema». Yo no creo que nadie pueda acusar a esta señora de intervencionismo, de estatalismo, etcétera. Son pronunciamientos que van a veces desde una defensa abstracta de la moral y de la paz, como en el caso de Su Santidad, a una crítica a la dinámica sucia de los hábitos ya absolutamente insostenibles del mercado libre, del mercado absolutamente libre, de la radiodifusión televisiva, fundamentalmente en el tema de películas y publicidad. A pesar de cómo se produzca el pronunciamiento, todos condenan la violencia y, señorías --es muy importante--, todos intentan una estrategia de prevención, dada la indudable influencia de la televisión.
Creo que en este Congreso, tan inquieto para otras cosas y para la atracción del pasillo, habría que empezar a tomar medidas, superando la gran hipocresía que nos está impregnando en estos momentos. Hipocresía, irresponsabilidad, cuando no complicidad directa con los que están convirtiendo a la televisión, incluso a la pública, en la gran corruptora.
Hipocresía paralizante en el Gobierno que, por ejemplo, tarda tres años en trasponer la Directiva de Televisión sin Fronteras que tenía como plazo de trasposición, aunque se escribió y aprobó en 1989, abril de 1991, y cuando la transcribe no recoge de manera rigurosa lo que ya es una propuesta de mínimos, que es la Directiva europea y la rebaja todavía más, pensamos que después de una negociación con las televisiones privadas. Hipocresía paralizante en el Ministerio de Educación, que llega a un acuerdo de código deontológico, código ético de mínimos, fofo, en absoluto vinculante, absolutamente discrecional con respecto a su aplicación, pero que al final, según las asociaciones de padres y telespectadores, tampoco se aplica, y la única medida que toma el Ministerio de Educación a última hora es hacer una encuesta a ver lo que piensa la gente acerca de este tema. ¡Tiene tela marinera! Hipocresía paralizante en el Fiscal General del Estado, que sigue durmiendo una larga siesta cuando está en su cometido perseguir la violencia, se produzca donde se produzca, y prevenir la violencia y otro tipo de atentados a la igualdad, etcétera, se produzcan donde se produzcan. Hipocresía paralizante y complicidad en los órganos directivos de las televisiones, que sólo piensan en captar audiencia para captar su publicidad, para tener más dinero y que han descubierto, aunque Freud ya lo sabía, que lo que más vende es la violencia, el sufrimiento humano, el morbo, la sexualidad, etcétera. Hipocresía también en el Senado que ha aprobado una Comisión que no funciona al ritmo adecuado y que posiblemente llegue a las mismas resoluciones que aquí ya hemos aprobado y que no conducen absolutamente a nada, que no conducen a ninguna medida operativa, que no conducen a ninguna intervención real de los poderes públicos en un asunto de la máxima urgencia.
Los propios acuerdos de esta Cámara, señorías, son muy limitados, están mal orientados. No se puede decir que hay que limitar el horario en que producen las emisiones o apagar el televisor --tampoco estoy de acuerdo con eso en el sentido general--, como aquel que dice que hay que huir de un crimen en el momento en que se produce y que ésa es la solución: salir del teatrode operaciones. No. Hay que cambiar ese teatro de operaciones y las propuestas que se han hecho en esta Cámara son absolutamente ridículas hasta este momento. Nosotros hoy planteamos dos apelaciones solemnes, generales, de una parte a los medios de comunicación en general tanto públicos como privados, pero, ¡ojo!, no hay medios privados; hay servicios públicos que se realizan en concesión privada, que es otro problema, y que por lo tanto están también sujetos a toda esta problemática y a la posibilidad de que el Estado intervenga en esta situación. Nos dirigimos a los profesionales de la televisión pública, que se tiene que convertir en líder de esta situación, y naturalmente a todas las televisiones y medios de comunicación privados. Pero planteamos también, señorías --y éste es el tuétano de la cuestión-- dos medidas mínimas. Ni siquiera pedimos aquí todavía la comparecencia del Fiscal General del Estado. La hemos solicitado hoy en iniciativa aparte. Son dos medidas que permiten ya empezar a intervenir sin hipocresía, de manera directa, sistemática, y que no se pueden parecer, no se parecen, a ningún tipo de censura previa y que están al margen de cualquier consideración de ese tipo, muy por debajo de las que se plantean en Norteamérica, en Alemania, en Francia, en la Unión Europea, muy por debajo de las que se plantearían en una trasposición adecuada de la Directiva Televisión sin Fronteras. Sería, por ejemplo, primero: constituir en el seno del Consejo de Administración o del Grupo RTVE una comisión de evaluación participativa, como ese consejo que se ha creado para el tema del medio ambiente, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con padres de alumnos, pedagogos, asociaciones de telespectadores, representantes de la Administración, por supuesto. Porque cada vez que se nos dice que un programa es violento, ¿quién lo señala? ¿El señor García Candau que es juez y parte o el resto de los directores generales que también son juez y parte y que hasta ahora no han hecho ningún caso de los acuerdos adoptados y que no han cumplido ni siquiera ese bamboleante y flexible código

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deontológico aprobado también con la firma del Ministerio de Educación? Por lo tanto, comisión de evaluación, participativa, socialmente penetrada, como ésta del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y también --¡qué cosa más simple!-- un informe anual --anual, ven SS.SS. qué poco apretamos-- que se rinda ante este Parlamento de cómo han ido los trabajos de esa comisión de evaluación, qué resistencia han encontrado a la hora de interponer obstáculos a la emisión de sexismo, violencia, machismo, crímenes, etcétera. Estamos viendo 40.000 crímenes al año, 10.000 violaciones. Se están transmitiendo cien horas a la semana de dibujos animados. Y dirán ustedes: dibujos animados, ¡qué inocentes! No, no. Dibujos animados que tienen dos orígenes: o el imperio Disney, que no se corresponde con esta cultura y mete constantemente una inyección de competitividad, de frustración, o los dibujos japoneses, que en la vida hemos visto nada más violento por estos pagos que los dibujos japoneses, y la influencia está clara: saben ustedes que hace poco un muchacho, disfrazado de guerrero ninja, pegó flechazos en Granada y no mató a una pareja de novios de milagro, por un milímetro. Por tanto, son influencias funestas, directamente comprobables y con respecto a las cuales no se hace nada porque el mercado de la publicidad es sagrado. Y que nadie nos acuse de intervencionismo. Vamos más acá de la directiva de Televisión sin Fronteras, vamos más acá de la Fiscal General de los Estados Unidos, vamos más acá de todo eso, pero lo mismo que en la Constitución, la nuestra, que consagra el Estado social y democrático de Derecho, se dice que hay que intervenir cuando, por mor del mercado libre, se produce un desequilibrio, para compensar eso, en este caso también hay que intervenir, porque es un bien público que la influencia que se siga transmitiendo a niños y jóvenes no sea la que actualmente se transmite. Sepan ustedes, además, que la programación infantily juvenil es la más barata. Un programa de una duración aproximada de media hora, cuesta 150.000 pesetas. Mientras, por ejemplo, el sexólogo Ozores puede cobrar 30 millones por un programa de media hora, un programa infantil cuesta 150.000 pesetas, y naturalmente ocupa cien horas a la semana, contando las cinco cadenas estatales, más una, por poner un ejemplo, de las autonómicas. Desde ese punto de vista, van a una gran audiencia, con un coste bajo, pase lo que pase, para, a partir de ahí, lanzar la publicidad a un mercado que exige y que demanda mucho, el de los niños, y a un mercado muy amplio, del 42 por ciento de la población, que son los jóvenes.
Señorías, la Fiscal General de los Estados Unidos (poco sospechosa de izquierdista, ¿verdad?), ha llegado a decir ante el Senado (dando un año de plazo, y, si no, que habrá una intrusión fuerte del Estado norteamericano, puesto que ningún director está cumpliendo ninguna recomendación ética) que hay una clara vinculación entre violencia en la televisión y el comportamiento agresivo: clara vinculación. ¿En qué se apoya la Fiscal General de los Estados Unidos? En dos estudios profundos, sistemáticos, largamente elaborados. El primero: tras más de una década de investigación, el Instituto Nacional de Salud Mental concluyó que la gran mayoría de los estudios vinculan violencia televisiva con agresiones en la realidad.
Están aumentando las agresiones en la realidad, no disminuye la violencia en televisión; luego hay una relación de causa-efecto. Segundo punto en el que se apoya la señora Fiscal General de los Estados Unidos: la revisión de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que ha sido terminante en sus conclusiones: las investigaciones acumuladas demuestran a las claras una correlación entre la visión de la violencia y el comportamiento agresivo. Estamos siendo cómplices de eso.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Pero luego, cuando uno protesta se le dice en los pasillos: es que si quitamos publicidad, habrá que aumentar la subvención a la televisión pública. De acuerdo. Si quitamos violencia, si quitamos discriminaciones de todo tipo, de acuerdo. Pero podemos desfavorecer gravemente a la televisión privada.
Luego, ¿qué prima aquí: el mercado libre de la publicidad y la captación de audiencia, sea como sea, o prima el bien general de transmitir de manera educadora, porque la televisión es moduladora social y cultural de un Estado social y democrático de Derecho? Señor Presidente, si aquí seguimos con las palabras, haciendo simplemente llamamientos, somos unos hipócritas, estamos siendo cómplices de una situación. Pasemos a los hechos.
Nosotros hemos pedido ya hoy la comparecencia del Fiscal General. No vamos a aceptar la trasposición que se ha hecho de la directiva Televisión sin Fronteras, porque es cínica. Un solo ejemplo, para que vean la dialéctica contradictoria y cínica de esta trasposición. Dice en el punto primero: No se transmitirán escenas de violencia. Punto segundo: Si se transmiten, será a partir de las diez de la noche. Punto tercero: Si se transmiten antes de las diez de la noche, habrá que señalarlas con un sonido. Es decir, que se transmiten a todas horas y es una trasposición cínica, intragable en estos aspectos, que nosotros, desde luego, en ese sentido, vamos a contradecir seriamente en esta Cámara. Pasemos a los hechos. Creemos la comisión de evaluación...


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


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El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente, en un minuto. Creemos también el informe anual; es lo menos que se despacha. Aceptémoslo así; si no, seguiremos con una retórica que está perjudicando seriamente la situación social y que ya ha sido denunciada por mucha gente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Se han presentado a esta proposición no de ley enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en esta proposición no de ley ha empezado sus palabras hablando de la sensibilidad existente en personalidades de otros países. Yo creo que no es necesario irse a personalidades de otros países, señor Diputado, porque en este país, en esta Cámara, por el conjunto de los grupos políticos, en esta misma legislatura, por iniciativa del Partido Popular, con enmiendas importantes de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, se ha hablado de este tema. Y, desde luego, nuestros gobernantes en diferentes niveles de administraciones, nuestro Poder Judicial, lo refleja constantemente. Podríamos acordarnos de circulares emanadas por la Fiscalía General en torno a políticas de infancia. Señoría, desde luego aquí hay preocupación, hay sensibilidad y hay actuaciones en torno a este tema.
El Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas a la proposición no de ley que el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya nos plantea en este Cámara, sobre la programación y la publicidad en televisión destinada a la infancia y a la juventud. Tres son enmiendas de sustitución o de adición y otras tres lo son de supresión. Nosotros le planteamos que su Grupo tome en consideración estas seis enmiendas nuestras, en su conjunto, para nosotros poder votar así su proposición no de ley. ¿Cuál es la dirección de estas seis enmiendas? Insisto, tres de sustitución o adición y tres de supresión. En primer lugar, proponemos que cada vez que se habla, en cada una de los apartados, del Grupo de Radiotelevisión Española, se hable también del conjunto de las televisiones, las televisiones de titularidad pública y las televisiones de titularidad privada, porque, señorías, la audiencia infantil y juvenil reparte su tiempo de ocio en el conjunto de las televisiones. Por lo tanto, la vigilancia de los objetivos que plantea su proposición no de ley acerca de evitar mensajes de violencia, de sexismo, de discriminación y acerca de proteger los derechos de la infancia, esos objetivos --insisto-- de su proposición no de ley son exigibles no sólo a la televisión pública sino también a las televisiones privadas. Y, si cabe, señoría, le diré que más a las privadas que a las públicas porque, al menos, esta Cámara, los grupos parlamentarios conocemos, por las comparecencias del Director General de Radiotelevisión y del Director de Televisión, que en la televisión pública se han levantado series y programas infantiles y juveniles por el hecho de descubrirse una preocupación, una duda o una queja de los ciudadanos ante la llamada de atención, ante la preocupación de que hubiera algo negativo para la audiencia a la que se dirigía. Incluso conocemos, por la reciente comparecencia del señor Colom, en diciembre de 1993, en la Comisión de Control de Radiotelevisión, que en Televisión Española se ha creado un pequeño comité que visiona la programación que se emite en horario infantil, para que no se produzca la emisión de ninguna serie o de ningún programa que plantee dudas a los profesionales y a los expertos de televisión.
Uno de los hilos de la presentación de su proposición no de ley es: Se necesitan estructuras en las que participen quienes reciben la información, porque no viene a cuento que sea el director de la televisión. Yo creo que usted coincidirá conmigo, señor Diputado, en que, por lo menos, cuando hablamos de las grandes políticas finalistas (la política educativa, la política sanitaria, las políticas de bienestar) siempre decimos que para hacerlo bien tenemos que ir al fondo, a las causas de los problemas y no poner parches a las manifestaciones de estos problemas. Sería bueno trabajar, potenciar y valorar esta comisión interna de los profesionales, de los que hacen los productos en la televisión pública --y ojalá existiera también en las televisiones privadas--, porque supondría ir a las causas de los problemas y, por tanto, en el futuro, evitar que se produzcan y que se compren programas que puedan hacer daño a la infancia o a la juventud.
Señoría, por lo que respecta a las tres enmiendas que tienen que ver con incorporar a las televisiones privadas junto con la pública, no debemos de olvidar que la televisión pública ha aprobado, y va a empezar a aplicar, un documento con criterios sobre la programación y contenidos en televisión pública, que será un código ético interno de la televisión pública, el marco de referencia para los profesionales que elaboran los espacios televisivos. Por tanto, con lo anterior, señoría, le estoy hablando de la enmienda a los puntos 2 y 3, que se refiere a incorporar las televisiones privadas.
En el punto 3 también queremos, señoría, que tomen en consideración la sustitución de la frase «que se introduzcan factores de ansiedad o frustración», que es difícilmente medible, por «que favorezcan los factores de ansiedad o frustración», que creo es un tema menor.
La segunda línea de valoración, que tiene que ver con la supresión que le planteamos del último párrafo del punto 3 de su proposición no de ley, así como del punto

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4 y del punto 5, tiene que ver con lo que ya está haciendo el Gobierno con las televisiones. Señoría, no puede olvidar que el Ministerio de Educación y Ciencia ha firmado con todas las televisiones del país un convenio sobre el principio de autorregulación; un convenio que, además, han firmado los consejeros o consejeras de Educación de las seis comunidades autónomas que tienen a la vez televisiones públicas en el ámbito de su nacionalidad o de su región. En este convenio se comprometen todos, y de forma especial las televisiones, a favorecer los valores de respeto a la persona, los valores de tolerancia, solidaridad, paz y democracia. Se comprometen también a favorecer la educación y el enriquecimiento y desarrollo personal del niño y el joven, y se comprometen a evitar la difusión de imágenes y mensajes susceptibles de vulnerar los valores de protección a la infancia y a la juventud y, de forma especial, cita los mismos que usted menciona en su proposición no de ley.
Este convenio se dota de una comisión de seguimiento o vigilancia. Señoría, ¿por qué crear, en esta proposición no de ley y en esta Cámara, otra comisión de seguimiento o vigilancia? ¿Por qué multiplicar las iniciativas que se van creando, y algunas recientemente? Le oigo a usted decir que porque esto no funciona. ¿Es que la comisión en la que participan las administraciones de educación, en la que participan las televisiones nacionales y las televisiones autonómicas, no funciona según usted --su vigencia es desde el año 1993; su primera reunión de seguimiento fue en septiembre de 1993--, y la que usted propone sí iba a funcionar? Se ha dedicado a decir que todo lo que se crea en otros ámbitos, incluso en la otra Cámara, el Senado, no funciona. Yo creo que no, señoría.
Yo creo que los grupos políticos de esta Cámara tienen que dar tiempo a la comisión que existe en el Senado y, desde luego, en este caso me parece más importante, al compromiso mutuo y la responsabilidad de las televisiones con las administraciones de educación. Quisiera recordarle, para que vea la importancia y el valor de esa comisión, que, a la vez que el Ministerio de Educación se compromete a impulsar estudios teóricos y prácticos sobre la programación televisiva y su efecto en la población infantil y juvenil, se tiene que ocupar de desarrollar una campaña entre profesores, alumnos y padres para promocionar el potencial educativo de las televisiones y sus aspectos positivos, e incluso para reforzar la capacidad crítica de los alumnos cara a saber traducir, administrar e incorporar perfectamente los mensajes de estos temas de los que estamos hablando, las producciones televisivas, y a la vez el Ministerio de Educación se compromete a producir un programa que facilitará al conjunto de las cadenas de televisión para su posible emisión.
Esta comisión se ha reunido una vez, en septiembre; existe ya un acta de esa comisión, y en ella las televisiones, con el Ministerio de Educación, estudiaron las quejas que habían llegado del conjunto de los telespectadores e hicieron una reflexión acerca de que, partiendo de que las televisiones -- sobre todo, insisto, las privadas-- habían hecho ya un desembolso, un gasto, en una serie de programaciones, de productos, y decían que los iban a seguir emitiendo, el conjunto de las televisiones valoraban la necesidad de cuidar mucho en el futuro la adquisición y la producción que hicieran de espacios para los jóvenes y para los niños. En el fondo, le estoy diciendo que la argumentación para pedirle la supresión del apartado cuarto de su proposición no de ley es que ya tenemos unas actas, que se hacen con la participación del conjunto de las televisiones; que no necesitamos tener una vez al año, sino cuantas veces se reúnan, y que las podemos obtener de la televisión pública, en nuestra Comisión de Control de Radiotelevisión, o porque se las solicitemos al Ministerio de Educación y Ciencia cada vez que los Grupos de esta Cámara lo consideremos importante. Después, y para terminar, S.S. ha hablado de la directiva --hay un error-- 89/522 de la Comunidad Económica Europea. Yo quisiera recordarle, señoría, que si le parece que es mejorable el borrador que presenta el Gobierno y que ya tenemos todos los Grupos, tenemos tiempo en esta Cámara, en Comisión y en Pleno, para tratar el proyecto. Hay un capítulo IV dedicado a la protección de los menores; hay unos artículos 16 y 17 que, si consideramos que debemos mejorarlos, podemos hacerlo, sin duda, y si creemos que el apartado que se refiere a publicidad no recoge perfectamente lo que dice la directiva, su momento es cuando tratemos ese proyecto de ley en esta Cámara.
Insisto, señoría, no debemos olvidarnos, a la hora de otros argumentos, e incluso de otras enmiendas que vengan de otros Grupos, que el 30 de noviembre en esta Cámara, a propuesta del Partido Popular, se aprobó por una inmensa mayoría una proposición no de ley que incorporó a la vez, insisto, importantes enmiendas de Convergencia i Unió y de Coalición Canaria, y que habla de garantizar la protección de la juventud y la infancia en películas y en series y es complementaria.
Terminaría sólo con una cita, porque, mientras estábamos esta tarde en el Parlamento, yo me he traído algunas de las publicaciones que tienen que ver con este tema. Como usted ha mostrado también bastantes textos externos al país, les diré que hay una revista que tiene una valoración importante por los profesionales en estas materias, que es «Infancia y sociedad», de la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, que tiene un número dedicado a la publicidad para la infancia y a las televisiones y programas infantiles. Ahí tenemos suficientes valoraciones y análisis que afectan a la realidad sociológica de este país, sin necesidad de traer a cuento estudios de lo que sucede en otros países.


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El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.


La señora FERNANDEZ SANZ: Termino con una frase, señor Presidente, y muchas gracias por su benevolencia.
Un catedrático de la Universidad Complutense de nuestro país, que ha sido asesor de una televisión pública, en concreto en Canal + y de Telemadrid, la televisión pública autonómica de Madrid, termina uno de sus trabajos diciendo: Lo cierto es que contra lo que divisaban los agoreros más pesimistas, los niños y jóvenes de hoy no sólo parecen normales, sino que, en ocasiones, tienen mayor formación y aptitud ante la vida que sus antecesores. Estamos hablando de esos niños que nos preocupaban, que eran los niños electrónicos, los niños que habían dejado su ocio de la calle por el ocio de la televisión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular y fijar su posición, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para defender las enmiendas que el Grupo Popular presenta a la proposición no de ley de Izquierda Unida y también, cómo no, para fijar nuestra posición sobre la misma.
Permítanme que, en primer lugar, les recuerde que el día 30 de noviembre de 1993, hace ya dos meses, se aprobaba en esta misma Cámara, a iniciativa de nuestro Grupo, una proposición no de ley encaminada, como ésta que debatimos hoy, a proteger a la infancia ante los contenidos de la programación de las distintas televisiones.
Esta iniciativa recogía la preocupación que la sociedad española demuestra en torno a este importante asunto, ya que todos sabemos que el 96 por ciento de los niños en edad escolar ven diariamente la televisión, y una inadecuada programación puede tener efectos muy negativos en la formación de los mismos. Pretendíamos entonces hacer una reflexión sobre la responsabilidad de esta Cámara, del Gobierno y de los medios de comunicación ante este hecho. En esa ocasión prácticamente todos los grupos de la Cámara votaron a favor de que se introdujesen determinadas correcciones en nuestro ordenamiento jurídico para hacer efectiva la protección del menor, ya que al parecer los acuerdos entre el Gobierno y las televisiones no logran los efectos deseados.
Esa iniciativa garantizaba en todo momento la libertad de comunicación y la libertad de expresión, pero cuidando, eso sí, que no atentara contra el derecho de protección que reconoce la Constitución a la infancia y a la juventud.
Señorías, a pesar de que, como he dicho, en el mes de noviembre ya se aprobó una proposición relativa a la programación destinada al público infantil, les anuncio que siempre que llegue a esta Cámara, aunque sea reiterativa en sus planteamientos, como ocurre en esta ocasión, alguna propuesta que signifique volver a hablar de protección de los derechos de la infancia y de la juventud, tenemos claro que nuestro voto será positivo.
Por otra parte, creo que éste es un buen momento para solicitar al Gobierno que informe a los miembros de esta Cámara del balance que hace, tanto del acuerdo que en su momento se suscribió, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia con las distintas cadenas para la autolimitación de las televisiones, en cuanto a emisión de programas que implicase su contenido: violencia gratuita hacia las personas, mensajes atentatorios para la dignidad de las mismas, desprecio, consumo de productos perniciosos para la salud y utilización de lenguaje innecesariamente indecente. Asimismo, me gustaría que el Gobierno nos informara acerca de los cambios legislativos que propone y de las medidas que está adoptando en cumplimiento de la resolución aprobada por la mayoría de esta Cámara para garantizar la protección de la juventud y de la infancia.
Mucho me temo, señorías, que tanto si hacemos balance de ese acuerdo, como si nos informan de las medidas adoptadas o más bien diría de las medidas no adoptadas, para cumplir las decisiones que en nombre de los ciudadanos se aprobaron en este Parlamento, tendremos una prueba más de la debilidad del Gobierno, del permanente incumplimiento de los acuerdos que promueve y de la falta de respeto hacia las decisiones de la mayoría.
Señoras y señores Diputados, a menudo se nos acusa de que nuestro partido plantea exigencias distintas en el caso de los medios de comunicación públicos y en el caso de los medios de comunicación privados. Reconozco que nuestra actitud tiene que ser distinta cuando se habla de medios de titularidad pública, protegidos y apoyados por el Estado y del que, además, somos accionistas todos los españoles, que cuando se habla de medios de titularidad privada. Es indudable que las televisiones públicas y privadas tienen actualmente unos planteamientos eminentemente comerciales, puesto que el dato de audiencia, como todos sabemos, resulta capital para poder contratar espacios publicitarios en las mejores condiciones del mercado.
Resulta evidente que ese afán comercial en ningún caso puede perjudicar los derechos de los menores, pero más evidente resulta todavía que una televisión pública, que en 1994 va a recibir más de 57.000 millones de los españoles, no puede tratar de conseguir 91.000 millones de pesetas más de publicidad a costa de la deformación de nuestros niños.


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Decía con razón la senadora socialista señora Camps al defender en el Senado la creación de la Comisión de Encuesta y Estudios sobre la incidencia de los contenidos de las televisiones, que la televisión pública es una televisión que por definición debería ser para todos. Debería ser una televisión que asumiera la responsabilidad de ofrecer una programación más escogida y de mayor calidad. Añadía, además, que no se entendía que el Estado, una de cuyas principales misiones es gestionar la educación, no utilizase ese medio para tal fin. Sin embargo, señorías, lo que todavía se entiende menos es que el Gobierno conceda créditos extraordinarios de miles de millones de pesetas a una televisión que no sólo no es de todos, sino que además ni siquiera respeta los derechos de uno de los sectores que necesita más protección: los niños y los jóvenes. En cualquier caso, nuestro Grupo, a la hora de preservar valores indiscutibles de la sociedad --y todos coincidimos en que la protección a la infancia lo es-- no hace distinciones y plantea las mismas exigencias para los medios públicos que para los medios privados.
No obstante, llegados a este punto, sí me gustaría advertir una cosa. Creo que sería negativo que todos emprendiéramos ahora una carrera para demostrar quién es más imaginativo a la hora de presentar iniciativas, en este caso iniciativas con respecto a la protección a la infancia.
La juventud y la infancia están protegidas en el artículo 20 de la Constitución Española; en el artículo 4.º de la Ley del Estatuto de Radiodifusión y Televisión; en el artículo 5.º de la Ley de Tercer Canal; en el artículo 3.º de la Ley de la Televisión Privada, y, en definitiva, en todas las leyes y normas internacionales que afectan al mundo de lo audiovisual, incluida la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Por cierto, nosotros también lo hemos introducido en la proposición de ley de televisión por cable que hemos presentado hace pocos días en esta Cámara.
Sin embargo, señorías, es el Gobierno el que tiene que responder de la falta de aplicación de las leyes. Es el Gobierno el que tiene que explicar qué hacer ante el incumplimiento reiterado de las mismas y, sobre todo, es el Gobierno el que tiene que justificar por qué no cumple las resoluciones de esta Cámara. Señoras y señores Diputados, en estos momentos ya existe en el Senado una comisión específica, creada el día 14 de noviembre, que aborda muchos de los aspectos a los que se refiere esta proposición no de ley. Esto demuestra la preocupación compartida que hay entre el Congreso y el Senado por esta materia. Por ello quizá sea éste el momento de plantear la posibilidad de solicitar la creación de una comisión mixta Congreso-Senado que aborde todas estas cuestiones. Creemos que éste sería el mejor vehículo para armonizar el esfuerzo de estas dos Cámaras, que a veces no tiene todo su fruto porque falta la necesaria coordinación. La importancia de este asunto es tal que pensamos que esa comisión no debería dedicarse exclusivamente a analizar e investigar, sino también a hacer el seguimiento del cumplimiento normativo y del grado de sensibilidad de las televisiones hacia esta materia. Por supuesto, también de la actuación del Gobierno a este respecto.
Por todas estas razones, y en congruencia con lo dicho en esta exposición, estamos seguros de que si el Gobierno hubiese cumplido el texto de la proposición que se aprobó en esta Cámara el día 30 de noviembre, como hemos dicho, hubiera sido innecesaria la presentación por parte de Izquierda Unida de esta iniciativa. Por ello nuestras dos primeras enmiendas van encaminadas fundamentalmente a reiterar dicha proposición. A estos efectos, nuestra enmienda número 2 solicita del Gobierno que remita un informe relativo a las medidas que ha adoptado o piensa adoptar, tanto en el ámbito legislativo como en otros campos, para garantizar la protección de la juventud y de la infancia en cumplimiento de la resolución aprobada el día 30 de noviembre.
La tercera de nuestras enmiendas se refiere al punto tres de la proposición y pretende, en primer lugar, eliminar la referencia que, junto a la violencia y al sexismo, se hace a factores de ansiedad o frustración. Nuestro Grupo cree que no es serio solicitar que en el contenido de la programación no se introduzcan factores de ansiedad o de frustración, porque, señores de Izquierda-Unida, ¿podría alguien decirme quién es capaz de objetivar lo que son factores de ansiedad y de frustración? ¿Puede usted decirme qué casos producen factores de ansiedad o frustran a las personas? Por este motivo les pedimos que retiren la alusión a esos factores.
En ese mismo punto, pedimos la supresión de lo relativo a la constitución de una comisión de evaluación, tanto porque ya se creó una en el Senado el 14 de noviembre como por el anuncio, que he realizado en nombre de nuestro Grupo, acerca del estudio de la posible creación de una comisión mixta Congreso- Senado sobre esta materia.
Pedimos, asimismo, la supresión del apartado 4.º de la proposición por varios motivos. En primer lugar, porque existe en esta Cámara una Comisión de Control de Radiotelevisión Española, que se reúne una vez al mes, en la cual se puede hacer un seguimiento de la programación. En segundo lugar, nuestro Grupo considera que solicitar un informe anual es insuficiente. En todo caso, se debería pedir un informe trimestral y, además, fijarse comparecencias periódicas.
Por último, relativo al punto 5.º de la proposición, creemos que es imprescindible que se haga referencia a los medios de comunicación de titularidad pública, y no sólo a los privados.
Si me lo permiten, quiero decirles también que no parece que la función de esta Cámara sea hacer recordatorios.


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Más bien habría que instar al Gobierno a seguir el cumplimiento de las leyes, a cumplir los acuerdos vinculantes de esta Cámara. Por esa razón, solicitamos que, en vez de recordar las obligaciones, se inste al cumplimiento de las mismas. Señorías --con esto termino--, estoy segura que algún Diputado de los que acaban de intervenir en esta Cámara no habría hecho la misma intervención si la iniciativa procediera del PP. De hecho, hay un acontecimiento que avala mi afirmación. Ante una propuesta de similares características -- a la que me he referido durante toda esta intervención-- el grupo proponente mantuvo la abstención. En espera de que todos comprendamos que hay verdades que son verdades, independientemente de quien las esgrima, nosotros vamos a votar que sí a pesar de que no se aprueben todas las enmiendas que hemos presentado. Vamos a votar que sí porque no se trata de imitar a aquellos que tienen estrategias preconcebidas y que ponen su actuación y su voto al servicio de intereses partidistas. Se trata de apoyar el buen fin que persigue cualquier grupo parlamentario, por mucha distancia ideológica que nos separe. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a hablar, en este caso, en representación de la Coalición EA- EE y del Grupo de Unión Valenciana, conformados e integrados en el Grupo Mixto.
Ambos grupos valoramos positivamente la presentación de esta proposición por considerar que es un tema que afecta, en gran medida, a la sociedad. Quisiera, sobre todo, destacar la oportunidad de esta proposición no de ley porque supone insistir en un tema ya planteado en este Congreso y en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española, pero que no ha tenido la debida atención por los medios radiofónicos y televisivos, tanto públicos como privados. Una dura lucha por la audiencia y el dominio de la competencia ha llevado al predominio de la zafiedad, y quiero subrayar la palabra, sobre la difusión cultural, el entretenimiento imaginativo e innovador e, incluso, la información. Puede alguno opinar que no es progresista denunciar que los ciudadanos responsables, padres de familia o no, están hartos de sentarse ante un medio y escuchar seis tacos gruesos por segundo, y recibir dosis de violencia sin sentido, sin tener, además, la posibilidad de elegir. No me importa que no se considere progresista, pero, desde la libertad que da esta tribuna, debo denunciar que sea precisamente la televisión financiada con recursos de los ciudadanos quien contribuya, ejemplarmente, a una estrategia que conlleva desinformación, en particular a la juventud, y propicia un estilo de vida que no dignifica a la persona humana.
La representante del Partido Socialista ha hecho referencia a convenios del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas --dentro de un marco que considero teórico-- que, por desgracia, en el día a día no se cumplen, porque estamos atravesando una etapa televisiva caracterizada por la falta de sensibilidad ante el espectador, que no hace distinción de edades a la hora de ofrecer un programa televisivo. Una televisión que podría y debería tener como objetivo principal, sobre todo a la hora de la audiencia de niños y jóvenes, la impartición de programas educativos y culturales, objetivo que no se cumple actualmente en ningún canal de televisión.
Por ello daremos nuestro apoyo a la proposición no de ley, aunque nos hubiera gustado que se incluyera una referencia a todo programa que dé motivo a la discriminación por motivos --insisto-- de raza, sexo, religión o posesión económica. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor Presidente. Por parte de Coalición Canaria, comienzo haciendo la afirmación de nuestro voto de apoyo, y, por tanto, positivo, a esta proposición no de ley que nos trae el Grupo parlamentario federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En la misma línea actuamos cuando en el pasado mes de noviembre el Grupo Popular presentaba su proposición no de ley, que apoyamos, aceptando la enmienda que nosotros presentamos, y esta línea de principios de fondo --porque las dos intervenciones que han tenido lugar, tanto la de la portavoz del Grupo Popular como la de la portavoz del Grupo Socialista-- está dentro de nuestra misma sintonía y compartimos su planteamiento.
Esta propuesta que nos trae hoy aquí el Grupo proponente tiene que decir para nosotros algo fundamental, que es esta concordancia de principios de defensa, de un principio ético para la juventud y para la infancia a través de lo que se dice por las cadenas de televisión. Ahora bien, dicho esto --porque estamos de acuerdo en la parte troncal del fondo de esta proposición--, lo que mantenemos a efectos críticos y lógicos de discrepancia sería en el cómo se va a alcanzar esto. Y en ese cómo nosotros veríamos con agrado, si es la anuencia del Grupo proponente, la aceptación de enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Popular que conducen perfectamente a esto, prácticamente, diría, a una poda de lo accesorio,

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pero, a veces, no tan accesorio en determinadas cuestiones, para dejar el tronco de lo que queremos, que es precisamente esa protección. Estoy de acuerdo plenamente en que ese principio hay que defenderlo, pero no solamente debe ser exigible a los medios públicos, al Ente público de Radiotelevisión, sino a todas las cadenas privadas. Porque el objeto que aquí se proteje jurídicamente es total y absoluto, sea cual sea la titularidad jurídica del medio por el que se hace llegar, como aquí acertadamente se ha dicho.
Estoy de acuerdo plenamente en que hay cuestiones en las que deberíamos ser muy cautos, en una sociedad cuya Constitución garantiza no solamente los derechos de la infancia, sino que garantiza como bien protegible superior la defensa de las libertades. Aquí tenemos que ser exquisitos en el tema.
Parafraseando las palabras del anterior Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, diría que hay que seguir defendiendo no solamente las libertades, sino el gusto por la libertad. Le digo esto, señor Alcaraz, porque nuestra posición final de apoyo a este tema, cuando aquí se nos propone constituir una comisión de evaluación, nos llena el cuerpo la reticencia; de aquí a pasar a una comisión de censura estamos a un paso. Y esa protección de las libertades que señala nuestra Constitución es verdaderamente fundamental.
Dejemos a las distintas cadenas de Televisión y a los medios sociales que ellos se autorregulen, que creen, ante una presión de esta Cámara política, de opinión pública, que ellos se autorregulen creando sus comités éticos, del estilo de hacer las emisiones correspondientes. Estamos viendo cómo distintas cadenas se autorregulan con sus propios códigos éticos de conducta que tienen que emitir para evitar lo que se ha denominado «televisión basura» o estas cuestiones que atentan, fundamentalmente, a principios y están reflejados en la Carta de Derechos del Niño. En eso, por tanto, estamos plenamente de acuerdo.
En segundo lugar, las cuestiones que son competencia de la Comisión de Control de esta Cámara precisamente, la Radiotelevisión pública, sigamos ejerciéndolas. En lo que sí estoy de acuerdo de lo que se ha dicho aquí es en excitar la sensibilidad, tan dormida, del Fiscal General del Estado. Aquí no tenemos que recordarle a nadie que se cumpla la Constitución o los principios legales, que, como bien ha señalado la portavoz del Grupo Popular, están ahí escritos; ahora, entre los órganos para velar por su observancia están fundamentalmente la Fiscalía General del Estado, y en esto sí le doy la razón para extremar su celo.
Por todas estas razones, señorías, vamos a apoyar el fondo y, por tanto, esta proposición no de ley, sea cual sea su suerte, para que se mantenga esta línea, esta posición ante este grave problema cada vez más acuciante y que sean fundamentalmente todos los medios, públicos y privados, los implicados en estos principios de resoluciones que aquí estamos apoyando. Pedimos, porque creo que harían una poda beneficiosa al fondo, la aceptación de las enmiendas que han presentado los Grupos Socialistas y Popular. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, a través de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, vuelve hoy a la Cámara el debate sobre la protección de la infancia y la juventud ante la televisión y, en general, ante los distintos medios de comunicación social. No es un debate nuevo, porque, como ya se ha recordado por anteriores intervinientes, el 30 de noviembre pasado la Cámara aprobó una proposición no de ley, a iniciativa del Grupo Popular, que incorporó una serie de enmiendas del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), instando al Gobierno a proponer los cambios legislativos precisos para que todas las cadenas televisivas, tanto públicas como privadas, adopten determinadas precauciones en su programación, garantizando la protección de la juventud y de la infancia frente a la proliferación de películas y series con planteamientos que atentan contra la dignidad de la persona. Es la última vez que dicho debate va a tener lugar, porque pronto vamos a tratar el proyecto de ley de trasposición de la Directiva Comunitaria de Televisión sin Fronteras, que regula algunos de los aspectos que preocupan al grupo proponente de hoy, preocupaban al grupo proponente del 30 de noviembre y preocupan, creo yo, a la totalidad de la Cámara.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quedó claramente expuesta en dicho debate, reciente aún, en el que, además de manifestar nuestra preocupación por la falta de respeto de las distintas cadenas de televisión hacia la exigencia de no emitir programas no recomendados para menores antes de las 22 horas, propugnamos, mediante la correspondiente enmienda, que dicha exigencia no se limitara a las televisiones públicas, sino que se extendiera igualmente a las televisiones privadas, lo que, como he dicho anteriormente, se incorporó al texto aprobado. De otra forma, creemos que la proposición no de ley hubiera quedado coja.
También es bueno recordar que antes de la aprobación por la Cámara de dicha proposición no de ley se aprobó un documento sobre protección de la infancia en televisión, documento acordado entre el Ministerio de Educación, las consejerías de las comunidades autónomas

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con competencias en materia de educación y los responsables de todas las televisiones públicas y privadas. Dicho documento apelaba a la autorregulación, lo que requería de una actitud decidida y sincera por parte de los propios medios, que en algunos casos se ha respetado y en otros debemos reconocer que, lamentablemente, no ha sido así.
La aplicación del documento ha sido a menudo objeto de debate en la Comisión de Control parlamentario de Radiotelevisión Española, y si bien es cierto que desde algunos sectores sociales se ha denunciado que algunas veces se incumple dicho acuerdo de autorregulación, también lo es que los mismos no se han dirigido fundamentalmente hacia las televisiones públicas.
Entrando de lleno en el contenido de la proposición no de ley que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, queremos señalar que su punto 1 nos parece acertado, puesto que entendemos que no está de más hacer un nuevo llamamiento a los medios de comunicación para que extremen su celo en el tratamiento de las informaciones que se relacionan con la infancia y la juventud.
Y lo mismo puedo decir del punto 2, aunque me parece que pocas novedades aporta con respecto a la proposición no de ley de finales de noviembre que estamos citando reiteradamente.
Además, mantiene una división en la exigencia, según se trate de cadenas públicas o privadas, exigencia que a nuestro Grupo no le parece acertada (más adelante volveré sobre ello).
En cuanto al punto 3, pienso que, de un lado, supone reiterar lo que Radiotelevisión Española ya aceptó al firmar el convenio de autorregulación, reiteración que, como en el punto anterior, poco aporta al contenido de la proposición no de ley citada. De todas formas, nuestro Grupo, hasta ahí, podría votar a favor. Ahora bien, de nuevo me pregunto por qué delimitar el mandato a las televisiones públicas, como se señala en este punto 3 de la proposición no de ley. Pienso que es limitar, pienso que no debemos conformarnos con ello y que deberíamos extenderlo a las televisiones privadas, que también tienen, me parece, público infantil y juvenil al que hay que proteger. En cuanto a la propuesta, incluida en este propio punto 3, de creación de una comisión de evaluación, creemos que existiendo una Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española en la Cámara, de la que tanto el señor Alcaraz como el Diputado que les habla forman parte, y existiendo, además, una Comisión especial creada al efecto en el Senado, la verdad es que no consideramos necesaria la creación de la misma. Creo que lo que debemos hacer todos los grupos parlamentarios y todos los Diputados, a los cuales nuestros grupos han asignado la responsabilidad de cuidarnos de los temas de televisión, es hacer que dichas comisiones funcionen correctamente, porque posibilidades hay.
En cuanto al punto 4, por lo que se refiere a esta propuesta que se realiza de atribuir una nueva competencia al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, nosotros pensamos que sería más conveniente trasladar la propuesta a los trabajos sobre la reformadel Estatuto de la Radio y de la Televisión y considerarla a fondo; me parece lo suficientemente importante como para que la aprobemos hoy en un debate donde viene como una propuesta más. No haberla debatido a fondo me parece lo suficientemente importante como para que la traslademos al debate de la reforma del Estatuto de la Radio y la Televisión.
En cualquier caso, con el Estatuto actual o con el estatuto que se apruebe después de la reforma, si continúa en la línea del actual, creemos que sería más eficaz trasladar esta competencia al Director General, en vez de al Consejo.
En cuanto al punto 5 de la proposición no de ley, de nuevo parece deducirse que se aplican dos raseros distintos para la televisión pública y la privada a la hora de reclamar la protección de la infancia en todos sus ámbitos, por lo que, como decía al tratar el punto 3, nos parecería más correcto incluir en dicho punto el mandato a las televisiones privadas en forma de necesidad y no como mero recordatorio, como parece deducirse del punto 5. No entiendo por qué, últimamente, cuando tratamos en este Pleno aspectos que afectan, en este caso, a la protección de la juventud y de la infancia en televisión, tenemos esa obsesión de dividir entre televisiones públicas y privadas. Como decía antes, señor Alcaraz, ¿es que las televisiones privadas no tienen público infantil y juvenil? ¿Es que no los hemos de proteger? ¿Es que, como Parlamento, nos hemos de limitar a dar instrucciones, a dar mandatos al Gobierno para que introduzca modificaciones legislativas que afecten simplemente a la televisión pública? Yo creo que no; creo, sinceramente, que no.
En todo caso, estamos a la espera de la aceptación de enmiendas que se puedan producir por parte del Grupo proponente porque entendemos que la iniciativa, que es una iniciativa importante y muy bien intencionada que nuestro Grupo Parlamentario comparte en su objetivo y en su fondo, debe ser bastante mejorada y matizada en algunos aspectos para que pueda contar con el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Alcaraz, a los solos efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, con la máxima brevedad, aunque teniendo en cuenta que éste es un debate confuso que acaba de empezar y que desde luego nosotros vamos a mantener a lo largo de

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esta legislatura, dure lo que dure: tres meses, según el Partido Popular, o tres años, según el Partido Socialista Obrero Español. Con respecto a las enmiendas del Partido Socialista, primera coincidencia, no presentan enmiendas al punto 1 de nuestra proposición no de ley. Segunda coincidencia, aceptamos la enmienda de adición al punto 2 (medios de comunicación social, televisiones públicas y privadas). Le recuerdo al señor portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que todo el punto 5 está dedicado a las privadas, pero, en fin, lo que abunda no daña; por tanto aceptamos la enmienda de adición al punto 2. En el punto 3 aceptamos el 80 por ciento de las enmiendas del Partido Socialista Obrero Español: incluir las televisiones de titularidad privada --lo que abunda no daña--, así como cambiar la expresión «introduzcan factores de ansiedad» por «favorezcan factores de ansiedad»; sin embargo, no estaríamos de acuerdo en suprimir lo que es clave: la creación de una comisión de evaluación. Efectivamente, no tiene nada que ver con la Comisión del Senado ni con la Comisión de Control de Radiotelevisión Española y no se puede plantear para las privadas; es una comisión de evaluación en el grupo Radiotelevisión Española, porque es el único derecho que tenemos desde aquí: dirigir ese grupo y plantear aquí una comisión de evaluación. Una comisión de evaluación no de este Parlamento que, por ejemplo...


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego se limite a expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas, no a utilizar un turno de réplica a los enmendantes.


El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente.
Mantenemos, por tanto, algo que no redunda con respecto a aprobaciones anteriores. También creemos que es necesario, como mínimo, un informe anual, pero aceptaríamos que fuese trimestral, mejor, aunque nosotros, por prudencia, esperando que esta proposición se aprobara por unanimidad, pedíamos un informe anual de un consejo de administración. No existe ningún tipo de exageración ahí.
No entendemos por qué se nos pide la supresión del punto 5 donde pedimos que se aplique la Directiva Televisión sin Fronteras, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no entendemos por qué se pide esa supresión.
Sí lo entendemos leyendo la transposición que se ha hecho de la directiva, puesto que no se transpone la Directiva 80/552 tal y como lo aprobó Europa.
Enmiendas del Grupo Popular. La enmienda al punto 1 es igual a lo que nosotros proponemos, pero, bien, de acuerdo. ¿Por qué no aceptamos la enmienda al punto 2, que es lo que aprobó esta Cámara? Porque reproduce el proyecto de ley que se acaba de introducir aquí y que reduce gravemente la Directiva Televisión sin Fronteras que establece que se transmita a partir de las 10 de la noche y, si no se hace a partir de esa hora, que se ponga un indicador de que ese programa es «gravament». Por tanto, no es posible aceptarla. Nosotros aceptamos la directiva europea, no lo que aprobó esta Cámara que lo votamos en contra o nos abstuvimos. Por lo tanto, ésa es la explicación. Así de claro. Enmienda al punto 3. Quita la comisión de evaluación, aunque parece ser que podría aceptarla; no lo he entendido bien. En todo caso, nosotros mantenemos la comisión de evaluación, porque en el punto anterior dice en uno de sus apartados que sea evitada en la franja horaria de referencia la publicidad que pueda afectar; que sea evitada, ¿quién lo evita? ¿Yo o Candau? Una comisión de evaluación, como mínimo.
Enmienda al punto 4, de supresión. Un informe cada tres meses.
De acuerdo. Y, después, enmienda al punto 5, prácticamente igual. Termino, señor Presidente, aunque les advierto que tienen ustedes una contradicción seria. Si ustedes admiten la directiva que yo meto en el punto 5, lo que han metido aprobado por esta Cámara es contradictorio, porque reduce la directiva europea. Hay una contradicción en sus posiciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación.
Señora Mato, a efectos de poder precisar el contenido de la votación, la enmienda al punto 4 de la proposición propone la justificación de los términos del debate. Ha parecido entenderse que S.S. estaría dispuesta a aceptar el punto 4 de la proposición si en lugar de ser un informa anual fuese un informe trimestral. ¿Es así? (Asentimiento.) Gracias.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas al punto segundo, aparte del punto tercero, del Grupo Socialista, no las restantes del Grupo Socialista, y las enmiendas a los puntos primero, cuarto y quinto, del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultdo: votos emitidos, 319; a favor, 155: en contra, 162; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--MOCION CONSECUENCIA DE INTERPELACION URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COLOCACION

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DE ESCUCHAS TELEFONICAS (Número de expediente 173/000018)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero de orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Popular, consecuencia de interpelación urgente, relativa a la colocación de escuchas telefónicas.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Baón. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, señorías, con todo el sentido de la prudencia, pero al mismo tiempo, con la mayor determinación en defensa de los derechos y libertades fundamentales, procedo a exponer a la Cámara la moción resultante de la interpelación al Gobierno que, sobre escuchas telefonicas ilegales, planteó mi grupo a mediados de diciembre último. Han transcurrido casi dos meses desde la interpelación que formulara mi compañero el señor Alvarez Cascos y el motivo de escándalo que la propició, caso Godó o la trama de las escuchas ilegales o la red de Barcelona del CESID, que de todas estas formas se denomina, lejos de apaciguarse, se ha avivado y con el paso del tiempo no tiene visos de apagarse. Es una historia de lobos y corderos que, al amparo de la razón de Estado de alguna supuesta y suprema causa, ha rebasado la oscuridad de las cloacas, emergiendo a la luz, a la sociedad, como un mal ejemplo para imitar. Y todo ello creando una conciencia de impunidad en cuanto a la vulneración de derechos vinculados a la intimidad, como el de la comunicación telefónica, dando valor al perverso principio del fin justifica los medios y, en definitiva, creando esa sensación, esa verídica impresión de que el Estado difícilmente puede proporcionar seguridad a los ciudadanos si no es capaz de asegurarse a sí mismo. El nivel de enfrentamiento entre servicios de información estatales, en este caso entre el CESID y la Policía, ha alcanzado tales cotas, es tan abierto, se refleja tan paladinamente en los medios de comunicación que los ciudadanos empiezan a plantearse, con no pequeño asombro, la pregunta de qué está pasando aquí. De suerte, que en esta guerra sucia los servicios de inteligencia son, más bien, servicios a la estupidez y a la torpeza. Por lo pronto, señorías, el sumario sobre el espionaje telefónico --que un semanario de información general ha revelado parcialmente-- revela tal compendio de hechos y declaraciones cuyo contenido refuerzan la implicación del CESID, que nos veremos obligados a pedir responsabilidades políticas. ¿Qué hacen en manos de ex agentes del CESID documentos clasificados como secretos, los cuales engrosan el sumario? ¿Cómo justifica el Vicepresidente del Gobierno, don Narcís Serra, las declaraciones al Juez de don Javier Godó? ¿Quién puede entender que se utilice el aparato del Estado para influir, condicionar o impedir conductas mercantiles perfectamente lícitas ante el sector de los medios de comunicación? ¿Cómo se expone al ridículo el Ministro de Defensa afirmando en esta Cámara que el CESID no ha recibido información procedente de la mencionada red de espionaje y extorsión? Ahora empiezo a entender el poder que ostenta el señor Vicepresidente del Gobierno, y yo creo que es el poder que le proporcionan los informes confidenciales, sustantivos o de cotilleo, y que, al socaire de hurgar en el ámbito de lo privado, del secreto de lo íntimo, vulneran de lleno la legislación constitucional y positiva, todo ello en medio de un cortejo de despropósitos y desprestigios bochornosos que manchan al Gobierno de la nación en una especie de «Watergate» a la española, con la doble diferencia de que ni España es los Estados Unidos, ni, por supuesto, el señor Serra es el señor Hoover. Desde el enfoque constructivo que proporciona la moción subsiguiente a una interpelación, mi grupo ofrece soluciones que pasan por acometer lo antes posible la definición del marco legal de la organización y funciones del Centro Superior de Información de la Defensa, para lo cual, mediante una proposición no de ley que se debatirá próximamente, propugnamos la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión correspondiente para que estudie la finalidad, para que replantee las funciones de ese servicio de inteligencia que yo me atrevo a llamar servicio de la chapuza sin ningún ambage, y ello porque es conveniente situar a ese centro en su ámbito, en el ámbito estricto de la defensa nacional y no de intereses espurios inconciliables con el ordenamiento jurídico.
Hace un decenio, señorías, que mi grupo parlamentario viene denunciando la práctica expansiva de los pinchazos telefónicos al margen de la autoridad judicial. Reiteradamente, asimismo, el Grupo Socialista oponía a estas iniciativas razones inconsistentes y, entre ellas, la de que este tipo de agresiones a la libertad y a la seguridad eran meramente episódicas. A nuestra instancia, en 1984, se introdujo al fin en el Código Penal la tipificación de la escucha ilegal y se hizo en los artículos 192 bis y 497 bis, llenando el vacío que al respecto existía en el vetusto Código Penal ya que asimilaba, también en ese sentido, la intromisión, no solamente la revelación del secreto postal sino también el telefónico y telegráfico. Desde la constitucionalización de la libertad y secreto de las comunicaciones, consagrada en el artículo 18.3 de nuestra suprema norma, importaba castigar las conductas de los derechos personalísimos consumadas con la utilización de instrumentos y artificios técnicos de escucha, transmisión y grabación

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ción de sonido y de imagen. Aun reconociendo el antedicho paso adelante que supuso esa reforma, es lo cierto, señorías, que resulta barato delinquir pinchando teléfonos, y ello porque la pena de multa es de 100.000 a 500.000 pesetas y si se divulga lo grabado, es el tipo cualificado, la pena de privación de libertad se lleva a su grado máximo de arresto y con multa de hasta dos millones de pesetas. Digo que es barato delinquir a juzgar porque en la trama de escuchas de Barcelona el llamado Miguel Ruiz El Lobo intentó cobrar cifras millonarias a personas grabadas en un claro intento de extorsión, y eso según figura en el sumario que ha abierto y que está instruyendo el Juzgado 32 de la ciudad condal. En el paquete de medidas de nuestra moción, en su punto tercero precisamente instamos al Gobierno a que proceda al endurecimiento de las penas utilizando el precedente del Código Penal «non nato» y que decayó precisamente por la disolución de las Cámaras, en abril hará un año. Precisamente en ese Código se tipifica en su nueva dimensión, con todas las consideraciones técnicas que ofrece la nueva tecnología para inmiscuirse en la vida privada y se elevaban las penas sensiblemente estableciéndolas en prisión de seis meses a dos años y, asimismo, en su correlativo de multas.
Por lo que respecta a otras reformas legislativas, quiero mencionar que en el orden de la sanción administrativa se ha modificado también la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y todo ello, sin duda --y mi grupo lo apoyó--, no sin reconocer que respondía a una ocasión de oportunidad, que se produjo cuando fue interferido al Vicesecretario, don José María Benegas, en su coche y en las que motejaba precisamente a don Felipe González llamándole Dios.
Mi grupo, señorías, entiende que el artículo 18.3 de la Constitución, cuando dice: «Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial», proclama un derecho fundamental no únicamente en sentido formal y abstracto, sino que al tiempo impone a los poderes públicos la activa obligación de garantizarlos. Al cumplimiento de esa exigencia se encamina, pues, el conjunto de medidas políticas que solicitamos al Gobierno en esta moción, en orden a contrarrestar o a atajar ese ambiente de impunidad que reina y, asimismo, desarticular a los grupos que ya vienen operando en esta actividad ilegal. Desde que por iniciativa de Mirabeau se constitucionalizó en la Constitución francesa revolucionaria el secreto postal, todas nuestras constituciones han recogido ese secreto y, a su vez, han asimilado las nuevas comunicaciones interpersonales en garantía del secreto de la comunicación personal, de la privacidad. Tamaña sensibilidad, señorías, de preservar la intimidad, el secreto de lo privado, ha cobrado mayor énfasis, tal vez, porque los peligros que la acechan son mucho mayores a juzgar por la tecnología. De ahí que hoy tanto el derecho sajón como el derecho latino constituyan una nueva frontera, una nueva clase de derechos que apoyan todos los Estados modernos, precisamente para no sofocar todavía mucho más al individuo, para que cada vez no se aliene más. Evidentemente el impulso positivo que hemos de exigir a los poderes públicos para llenar de contenido real un derecho de estas características no consiste en que nos regale el Estado un secráfono a cada uno, en absoluto; no consiste en eso, pero sí en establecer un conjunto de medidas de orden público de carácter preventivo y represivo que constituyan el soporte material para disuadir, entorpecer, descubrir y castigar a los pinchadores de teléfonos. Eso sí, el Estado en todas sus dimensiones y por medio de todos sus organismos debe dar ejemplo, debe aplicarse el «lege patere quam feciste» y no aplicar lo más ancho del embudo para él y lo más estrecho para los demás. Se dirá por alguno de ustedes, como ya lo dijo el Ministerio de Obras Públicas aquí al interpelante de mi grupo, que era una forma de magnificar el problema. No es cierto, ni mucho menos; es sencillamente admitir la realidad de que en nuestra vida diaria, hablando entre nosotros, incluso con ustedes, tenemos que hablar en clave, buscar el contacto directo y así, evidentemente, va prosperando ese grado de impunidad que nos impide comunicarnos con libertad. De ahí, señorías, que mi grupo inste al Gobierno a que traiga a la Cámara, en el plazo de un mes, un plan de actuaciones urgentes que comprenda la creación, en el seno de la Dirección General de la Policía, de grupos especializados en materia de telecomunicaciones adscritos a cada Jefatura Superior, dotándolos de medios técnicos de detección de los artificios de escucha y de grabación; el desarrollo de un programa de servicios de prevención de escuchas telefónicas ilegales destinado a proteger las comunicaciones de ciertos abonados susceptibles de protección preferente y, asimismo, sobre quien exista fundadas sospechas de que está en peligro de esa intromisión y la presentación ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de informes semestrales que den cuenta de las actuaciones llevadas a cabo y los medios empleados para la aplicación de este plan al que, en síntesis, me acabo de referir.
La moción que sometemos a la consideración de SS.SS. se completa, por lo demás, con una petición adicional al Gobierno a fin de que en el término de dos meses, o si se quiere en un plazo mayor, se regulen los procedimientos de fabricación, de importación, de comercialización y uso de los instrumentos e ingenios técnicos que tengan como finalidad esa intromisión en la vida privada. No se trata con esta propuesta de restringir este mercado, sino de intervenirlo, al igual que el mercado de armas, para saber quién compra esos productos y con qué finalidad se compran. Tal suerte de

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limitaciones están planteadas, por cierto, en el grupo de trabajo de la Comunidad Europea que está estudiando este problema. A lo largo de estos años, señorías, nuestro sistema de seguridad se empobrece paulatinamente y para comprobarlo sólo basta ver los periódicos cada mañana. En verdad, créanme que en este propósito, en este asunto, en ese debate, no nos mueve lanzar más barro, más suciedad, más basura a la cara del Gobierno; en absoluto. Basura todos los días sale en los periódicos y no es ése nuestro propósito, como no es arrebatarles cuanto antes el poder; en absoluto. Nos anima únicamente el vivo deseo de fortalecer la sociedad de manera que el individuo pueda desenvolverse entre sus derechos fundamentales con independencia y normalidad, sin sentirse vigilado ni constreñido en el ejercicio de su libertad por manos ocultas y tramas mafiosas oscuras como la puesta en descubierto en Barcelona. Se habla de trama ciertamente, porque es una forma de destacar lo oculto y desconocido, pero más parece la trapacería o el enredo de una opereta en la que todos sabemos quién es el virtuoso que toca el piano. Por cierto, hoy no veremos al Vicepresidente del Gobierno ocupando su escaño en el banco azul, pero sí tendremos oportunidad de verlo tocar el piano, en el «Anillo de los nibelungos», en un canal de televisión.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción del Grupo parlamentario Popular han presentado enmiendas los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, el señor Romero tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es éste un debate en el que coincide el tiempo real con el tiempo político. Es un debate que celebramos en esta Cámara cuando hay abiertas diligencias por los tribunales de justicia en un hecho gravísimo que se ha producido en Barcelona, cuando hay preocupación en la sociedad española y, por tanto, es un debate de gran oportunidad política. No siempre coinciden los debates del Parlamento con los problemas reales que la sociedad en ese momento está debatiendo y sobre los que se está pronunciando. Por tanto, el primer punto que nosotros queremos resaltar es su importante oportunidad en el tiempo político a la hora de abordar este tema tan grave de las escuchas ilegales que violan la Constitución Española y hacen que se obtenga información de manera criminal alterando el Estado de Derecho y consiguiendo para algunos fines información que la Constitución mantiene como privada, íntima y reservada al derecho de los ciudadanos, de las organizaciones y de las entidades.
Nosotros asistimos al debate de la interpelación, dimos nuestra opinión y ahora hemos presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular, que yo paso a defender a continuación. Hemos leído también otras enmiendas de otros grupos parlamentarios.
Sería bueno que la Cámara actuara positivamente en la tarde de hoy y diera un mensaje a la sociedad española de que se van a tomar medidas para garantizar que no se actúa con impunidad en el Estado de Derecho, en España, aplicando escuchas ilegales.
En primer lugar, en nombre de Izquierda Unida, quiero volver a felicitar a la Policía y al Ministerio de Interior, que han actuado correctamente en este caso de Barcelona y que han actuado en un tiempo también corto, investigando y poniendo a disposición de los tribunales de justicia a esta trama de escuchas ilegales de Barcelona, que es lo más grave, lo más importante. Se han producido otros hechos en etapas anteriores de nuestra vida democrática; se han denunciado en la prensa, pero quizá éste sea el hecho más importante que se ha producido como violación de un derecho constitucional en este momento reciente de España. Se ha actuado bien por parte del Ministerio del Interior y por parte de la policía judicial. Se ha detectado a los responsables de las escuchas ilegales. Aún hay un apartado que está sin esclarecer, y hay comparecencias pedidas en el Congreso para que se rinda cuenta de la actitud del Gobierno y, en concreto, del Vicepresidente del Gobierno, que tiene que coordinar las actividades del Cesid, que son actividades integrales, variadas, en determinados campos, incluido el campo de la economía y de la tecnología, donde se pone de manifiesto que, seis meses antes de pedir la baja y el pase a la reserva, el coronel Rodríguez González, estando al frente del área de tecnología y economía del Cesid, estaba ya montando la trama y dirigiéndola junto a «El Lobo» y al guardia civil Manuel María Sánchez, y también con algunas conexiones con dirigentes de carácter ultra de grupos privados de seguridad. Hay una investigación abierta; todos los datos que hay en nuestro poder se han puesto en manos del Juzgado de Barcelona que entiende de este tema, pero a nivel político no se ha dado cuenta aquí todavía por el responsable político, que es el señor Narcís Serra, de lo que ha sucedido en el Cesid con este tema.
La moción propone una serie de puntos, y al disponer de poco tiempo, para no repetir nuestro discurso y nuestra posición sobre el asunto, iríamos al contenido concreto de lo que nosotros queremos proponer. Se plantea que la policía tenga grupos especiales para actuar en este tema y para preocuparse de él; lo han hecho en Barcelona con eficacia, se pueden perfeccionar los trabajos en otras unidades, etcétera. Se plantea que el Código Penal endurezca las penas para que no sea casi gratis practicar escuchas ilegales que, además, jurídicamente,

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tienen la dificultad, como se ha demostrado por los tribunales de justicia, de no poder ser utilizadas como pruebas para otros delitos, por el método que se obtienen, que es un método sin mandato judicial. Se condena el hecho, pero la información obtenida no tiene validez en los tribunales de justicia. Por tanto, es muy importante que estos hechos, con los problemas que entrañan, se aclaren y se pide (lo piden las enmiendas de otros grupos y nosotros votaremos a favor de ese punto) que el Código Penal recoja un incremento de las penas y de las sanciones para las escuchas ilegales.
Pero nadie habla de la responsabilidad de la Compañía Telefónica. Nadie habla de la responsabilidad que tiene la representación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España, que debe proponer (y ese es el texto de nuestra enmienda de adición) que se creen en la misma Compañía Telefónica unidades obligadas de trabajo que realicen inspecciones periódicas para garantizar la privacidad de las comunicaciones, el respeto a los derechos constitucionales de los usuarios, evitando y detectando las posibles violaciones de línea que, como compañía, contrata con los ciudadanos, con empresas, con entidades y con organismos de nuestro país. Se trata de que la Compañía Telefónica no esconda la cabeza bajo el ala, como el avestruz, y se persone como parte afectada. Es una compañía que presta servicios en un país democrático, con una Constitución en vigor, que contrata unas líneas, y ese contrato tiene que garantizar que esas líneas no van a ser violadas; si lo son, son violadas perjudicando los derechos constitucionales y agradiendo los del usuario, y también los de la Compañía, que las tiene en alquiler, en arriendo, en un contrato que firma con el usuario, sea empresa, sea una persona individual, un partido político o un sindicato.
Por eso hay que reclamar que la Compañía Telefónica Nacional de España tome medidas serias para garantizar, cuando se establece el contrato, que sus líneas no van a ser violadas por escuchas ilegales. Antiguamente, entraba la policía en las dependencias de Telefónica (a veces se disfrazaba con ropa de trabajo de los empleados de Telefónica, otras veces no), hacían las conexiones y no rendía cuentas ante ningún organismo. Cuando se estableció el mandato judicial para las escuchas, tenía que tener autorización, tenía que estar presente un operario de Telefónica para hacer las conexiones (para temas de tráfico de drogas, para temas delictivos) y el mandato judicial establecía la temporalidad de la intervención telefónica. Ahora se trata de que, sin mandato judicial, la Compañía Telefónica no pueda tolerar que en sus dependencias entren personas ajenas pero, además, que en la red del tendido de Telefónica en la calle, en la vía pública, en los itinerarios de unas ciudades a otras, debe haber una vigilancia de carácter periódico, aleatorio, con objeto de impedir que se violen esas líneas que siguen siendo propiedad de Telefónica.
Por eso Telefónica no puede escurrir el bulto; tiene también que tomar medidas para garantizar la privacidad de las comunicaciones telefónicas en España. Por tanto, las medidas que aquí se plantean, que son cuatro propuestas en realidad, señor Presidente --y con ello termino--, son las siguientes: La primera, que la Policía se especialice más en la vigilancia de la red telefónica, para cumplir con el objetivo de que no sean violadas las líneas telefónicas ni colocadas escuchas sin mandato judicial, agrediendo, por tanto, de manera gravísima los derechos constitucionales de la gente. La segunda, que se dote de medios electrónicos y modernos, de acuerdo con las directivas europeas, a los mecanismos del Estado para que garanticen que no se intervengan las líneas telefónicas. La tercera, que se aumenten las penas en el Código Penal a los que practiquen este tipo de delitos. Y la medida que nosotros proponemos, que faltaba en todas las enmiendas, es la responsabilidad propia de la Compañía Telefónica Nacional. Como el tema de la red de escuchas de Barcelona está todavía en marcha, hay peticiones de comparecencia, hay un gran responsable político que es el Vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra (yo creo que no le ha servido de mucho escuchar tantas cosas porque en Barcelona no le ha ido bien ni en el Congreso de su propio Partido), y cuando entremos en temas de fondo y veamos las responsabilidades que hay ahí, se pedirán como corresponde a fuerzas serias de la democracia española.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Redondo.


El señor REDONDO TERREROS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me gustaría en esta intervención hacer una separación entre un caso concreto, que es el de las escuchas telefónicas de Barcelona, y la moción del Partido Popular, que hace referencia a la colocación ilegal de escuchas telefónicas. Es imposible. El mismo proponente del Partido Popular, el señor Rogelio Baón, ha hecho, en la primera parte de su intervención, una reflexión sobre las escuchas telefónicas, en contradicción casi con la presentación de su moción, en la que hace referencia a la presentación de una iniciativa legislativa para crear, en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una ponencia especial para analizar el papel a desempeñar por dichos servicios, iniciativa que, al estar ya presentada, no se reitera en la presentación de la moción. En cualquier caso, él si ha hecho referencia, y exhaustiva, al caso de las escuchas telefónicas y en un sentido bien distinto --creo yo-- al del representante de Izquierda

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Unida. El señor Baón ha hablado de las cloacas, y si hemos estado cerca en algún momento, en este debate, de las cloacas, de posiciones intolerables, de posiciones impresentables me parece a mí, ha sido cuando el señor Rogelio Baón ha hecho referencia al Vicepresidente del Gobierno, a informes confidenciales y a informes que se basan en cotilleos.
Pero éste no era el objetivo de mi intervención. Yo quería hacer una intervención que no estuviera exclusivamente relacionada con un caso concreto. Me parece que el Partido Popular ha establecido una moción que tiene mucha enjundia que no se puede debatir, y no se debiera relacionar sólo un acto concreto, como lo hicieron, por cierto, en otras ocasiones anteriores...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Redondo, el turno que está consumiendo S.S. es para la presentación y defensa de la enmienda. Eso, lógicamente, va en un contexto, pero fundamentalmente ha de ser centrado en ello.


El señor REDONDO TERREROS: De acuerdo, señor Presidente.
Nosotros hemos presentado, en esta ocasión, una enmienda a la totalidad de la moción del Partido Popular, y lo hemos hecho para que quedara perfectamente claro cuál era nuestra posición, la posición de los socialistas, ante el delito de colocación ilegal de escuchas telefónicas. Se trata, indudablemente, de unos hechos que suponen un nuevo tipo de acción criminal, unos delitos cuyo sustrato fáctico evoluciona a lomos de posibilidades tecnológicas hasta ayer insospechadas, y lo comentaba también el señor representante del Partido Popular. Piénsese por un momento, señorías, que cuando la propia Constitución Española del 1978, tan moderna precisamente en estos aspectos, garantizaba el secreto de las comunicaciones, con especial énfasis en las postales, telegráficas y telefónicas, y acotaba el uso de la informática en garantía del honor y de la intimidad de los españoles, era razonablemente imposible prever el desarrollo, casi podríamos decir explosivo, que desde esas fechas han tenido las telecomunicaciones y la informática, sobre todo en lo referente a la generalización y simplificación de su uso y al abaratamiento de los equipos.
Frente a esta contestación, debemos evitar, ciertamente, una postura claudicante --por eso, los socialistas hemos hecho una propuesta alternativa--; una postura claudicante e inerme, que resultaría, al mismo tiempo, retrógrada, de renuncia a la defensa del derecho de la persona como fin último del Estado, so riesgo --entre otros-- de que, paradójicamente, al tiempo que las nuevas tecnologías nos permiten disponer de mayores posibilidades de comunicación, el descrédito y la desconfianza sobre las mismas y sobre las condiciones de su utilización pudieran cundir entre los ciudadanos, convirtiendo en estéril el avance técnico. Todos los avances técnicos tienen, pues, posibilidad de un uso alternativo, para bien y para mal: los explosivos, la medicina, los isótopos nucleares, la informática y --¡cómo no!-- también las telecomunicaciones. Pero reconocido este extremo, señorías, hay que denunciar del mismo modo la actitud alarmista que de la moción del Partido Popular se desprende; innecesaria o interesadamente alarmista del Grupo Popular, a nuestro juicio.
Baste recordar en esta ocasión el tono de apocalíptico dramatismo con el que el señor Alvarez-Cascos hablaba, el pasado 15 de diciembre, de inequívocos signos de alarma, de vivir con el miedo, de brechas en nuestro sistema de garantías. Situemos, por favor, señorías, la cuestión en sus justos términos. Nos encontramos ante un delito nuevo, o mejor, si se quiere, ante una forma nueva de comisión de un delito general ya conocido: la violación de la intimidad de las comunicaciones con o sin posterior utilización ilegítima de la información así obtenida. Se trata, sin duda, de un hecho grave, intrínsecamente considerado, por cuanto afecta, como bien jurídico digno de protección, a algo tan vital como es un derecho fundamental así reconocido en nuestra Carta Magna: el secreto de las comunicaciones. Se trata, asimismo, de un hecho llamativo, pero, afortunadamente, poco frecuente, lo que no empece --como digo--la gravedad de cualquiera, de todos y cada uno de los casos que pudieran darse, pero que tampoco justifica la tonante perentoriedad y la psicosis colectiva.
No debemos olvidar que, aun comprendiendo que como representantes políticos tenemos que ver las cosas del color de nuestro propio cristal, estos hechos no son los que pudieran atormentar hoy a la sociedad española. Ni las estadísticas judiciales o policiales, ni los informes del Defensor del Pueblo, del ministerio fiscal, ni las últimas encuestas de opinión en torno a estas cuestiones que se suelen ir presentando en los medios de comunicación, justificarían abonar este clima de inseguridad ciudadana creada por la proliferación de escuchas telefónicas que reclama su estandarte la moción del Partido Popular. Sin embargo, no quisiera que esta crítica al oportunismo y a la demagogia del Partido Popular por la moción presentada pudiera ser interpretada como una complacencia o rendición ante los hechos. Un solo caso justificaría el debate en esta ocasión. Pero, señorías, ¿de qué se trata realmente? Es necesario --dice-- tomar urgentes medidas para evitar la impunidad. ¿Le consta al Grupo Popular la existencia de delitos no perseguidos? Si tal fuera el planteamiento de la moción, habría que colegir que el sistema penal español no adolece de la correspondiente tipificación de los hechos, sino que se trata, en este caso, de una falta de suficiente acción por parte de la Policía y/o de la Justicia.
¿Se trata, efectivamente, de esto?

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En este caso, la actuación más correcta hubiera sido otra. ¿O, tal vez, se quería referir la moción a hechos que hoy no son delitos, pero que el Grupo Popular considera que debieran serlo? Tampoco se plantea este extremo. ¿O querrá, simple y sencillamente, donde pone «impunidad», ver insuficiente o escasa? Esa parece ser, en efecto, a tenor de lo solicitado en el punto 3; pero no estamos hablando entonces de impunidad --y así lo recogemos nosotros en nuestra moción alternativa--, sino de valoración de la concordancia entre el delito y la pena. Aquí, señor representante del Partido Popular, creo yo que no hay licencia para escuchar. El funcionamiento de la Administración, para bien o para mal, es menos interesante que las novelas de espías. ¿Quiere ello decir que es imposible la actuación irregular de la Administración? Naturalmente que no.
Pero si S.S. estima que nos encontramos ante semejante caso, su deber es denunciarlo y esperar a la sentencia de los tribunales correspondientes.
Por estos motivos --y por muchos otros--, los socialistas hemos determinado presentar una moción alternativa, para que quede claro --como decía-- que estamos también, como los primeros, preocupados por este delito o por las amenazas que sufre este derecho.
En segundo lugar, se señala en la moción el desarrollo de un programa mínimo de prevención, o, de otro modo, de seguridad pasiva. Nada tendríamos que objetar si no fuera porque el mínimo, y más que mínimo, se está haciendo ya; les aseguro que se viene haciendo así. La Telefónica, en virtud del contrato regulador de la concesión para la prestación, tiene la obligación de asegurar el secreto de las comunicaciones y de velar por la adecuada protección de los datos que deben tratar con motivo de la prestación de los servicios concedidos.
Quiero decir que la Compañía Telefónica --y en esto se basa parte de nuestra posición alternativa--, desde febrero de 1989, ha establecido las características técnicas y de seguridad que deben reunir las denominadas redes telefónicas de interiores de edificios, para orientar a los constructores o promotores en la realización de preinstalaciones en condiciones adecuadas para el momento de la construcción de dichos edificios. La Compañía ha adoptado una serie de medidas concretas de protección en el exterior de los edificios también: instalación de tapas con cierre de seguridad en las cámaras del registro, instalación de alarmas centralizadas en las cámaras del registro, e instalación de cajas terminales o de distribución de nuevos diseños que presentarán un acceso más difícil al personal ajeno a la Compañía Telefónica.
Un segundo paquete de actuaciones que la Telefónica viene realizando se refiere al control y vigilancia de las centrales telefónicas y sus accesos, lo que ha supuesto un notable aumento en las inversiones. Varios de los programas del área de seguridad forman parte, de modo directo, del plan integral de protección de las telecomunicaciones, ya que tienden a evitar la intrusión o el acceso de personas no autorizadas a las centrales. Además de las medidas de protección y de control de vigilancia que Telefónica realiza, hay que señalar, en tercer lugar, el control sistemático o el control propuesto por los abonados. Con esto quiero decir, en nombre de mi Grupo, que, reconociendo que se puede perfeccionar la actividad que ha desarrollado Telefónica en este sentido, no se puede desechar la actividad que ha venido realizando durante estos últimos años a fuerza de mucha y muy importante inversión, créame usted. Además, teníamos que dejar claro en nuestra moción que hay cosas bastante chocantes. Resulta que la pretensión de que el universo a proteger no sea el de la generalidad de los usuarios del sistema de comunicación en España, sino unos indeterminados abonados susceptibles u otros solicitantes por sospecha fundada, nos parece intolerable.
Todos los españoles, si son abonados, son abonados susceptibles, y todo el que tenga fundadas sospechas de que contra él o un tercero se comete un delito, debe dirigirse a la comisaría más próxima y no a las oficinas de Telefónica.
La tercera cuestión planteada en el primer apartado de la moción resulta ciertamente la más oscura. ¿Cómo puede establecerse esa coordinación entre la Dirección General de la Policía Nacional y los servicios técnicos de la Compañía Telefonica si el control y la vigilancia de la red corresponden a la Compañía estatal en cumplimiento de su propio contrato? ¿Cuál es el resto de líneas sobre el que realiza tareas rutinarias de control? ¿Qué se intenta plantear que no haya sido ya resuelto por la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones? Siendo más crudos en la interpretación de la propuesta, nos podríamos hacer alguna pregunta como la siguiente: ¿El PP permitiría que la Policía tuviese acceso sin ningún control a la estructura complejísima de la Compañía Telefónica? ¿Quién les controlaría? ¿Sería razonable que el secreto de las comunicaciones dependiera de la Policía y no de la propia Compañía? ¿No sucedería que en amplios sectores de la sociedad pudiera interpretarse razonablemente que, si bien el objetivo parece el de potenciar la prevención de las intervenciones ilícitas, en realidad se abrían puertas para todo lo contrario? Estoy intentando demostrar que también técnicamente la moción del Partido Popular, que ha dado pie a este debate, era una moción extraordinariamente mejorable, que es lo que hemos intentado los socialistas con nuestra propuesta alternativa. Se propone regular el procedimiento de fabricación, importación, comercialización y uso de instrumentos técnicos cuya finalidad sea... Y proponen dos: la intercepción de escuchas --es decir, pillar al que escucha--

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y la intromisión en la vida privada. Comenzando por el final, forzosamente habrá que señalar que la moción se queda corta.
Nosotros propondríamos lisa y llanamente no la regulación, sino la prohibición de la fabricación, importación, comercialización y uso de instrumentros técnicos cuya finalidad sea la intromisión en la vida privada. La cuestión es realmente otra. El problema no son los instrumentos, sino sus usos. El delincuente en estos casos lo que generalmente hace es adjudicar un destino, una finalidad delictiva, a unos equipos puramente instrumentales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Redondo, vaya terminando, por favor.


El señor REDONDO TERREROS: Voy terminando.
También hacemos referencia a la Unión Europea en nuestra proposición. Son motivos suficientes, como decía, para oponernos, en este caso a la moción del Partido Popular y, sin embargo, establecer una alternativa por nuestra parte.
En relación con el último punto que hace referencia al incremento de las penas, creemos sinceramente que no lo podemos aceptar porque la discusión más sensata y más razonable, la discusión serena que necesitan estos delitos, se tiene que hacer en el nuevo Código Penal que tenemos que discutir en esta legislatura. Todos estos han sido los motivos que nos han llevado a los socialistas a presentar una proposición alternativa que defina claramente nuestra voluntad de oponernos a la defensa de los que están delinquiendo con la colocación ilegal de escuchas telefónicas. En otras ocasiones no lo hemos hecho así, justificándolo en la oportunidad, ahora queríamos dejar terminantemente clara cuál es nuestra posición.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero decirle, señor Baón, que no voy a entrar a valorar, en absoluto, sus claras alusiones al Cesid y sus posibles implicaciones en hechos irregulares ya que ya hubo una comparecencia en este sentido. Ustedes mismos en la introducción de la moción hacen referencia a una nueva iniciativa que seguirá su curso. Los tres puntos en concreto de la moción de referencia no plantean nada a este respecto.
Así pues, me voy a ceñir al propio contenido de la moción.
En la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular relativa a la colocación de escuchas telefónicas, argumentaba entonces que era una iniciativa de gran actualidad, que las escuchas telefónicas estaban produciendo también una gran intranquilidad, así como una justificada alarma social, sobre todo por el carácter fundamental del derecho violado y la indefensión que ello comporta. Añadía también entonces que estábamos de acuerdo con los objetivos de fondo y que quedábamos a la espera de su plasmación en la moción correspondiente que ahora estamos debatiendo. Continuamos creyendo, primero, que es una iniciativa justificada, que el incremento de escuchas ilegales requiere una respuesta por parte de los poderes públicos con competencia en esta materia y, segundo, continuamos compartiendo los objetivos de fondo, aunque no los puntos que contempla la moción, en especial el primero y sus cuatro apartados. Ello hace, señoras y señores Diputados, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presente un texto alternativo que más adelante ofreceré a la consideración de la Cámara y, en especial, al Grupo Parlamentario Popular.
El problema, a mi entender, radica, no sólo en este caso sino a todos, en que si no se concretan las propuestas y se detallan al máximo, puede dar la sensación de que se está debatiendo simplemente una afirmación de buenas intenciones. Si por el contrario, se pormenoriza al máximo, es no sólo más difícil llegar a acuerdos, sino mucho más fácil de discrepar en algunos de sus puntos. A nuestro entender, y en su conjunto, ésta es una moción aceptable, pero no en su detalle y, en especial, repito, en su punto primero. Se habla en el mismo de la organización, dentro de la Dirección General de la Policía, de grupos especializados en materia de telecomunicaciones, donde se debería incluir también a la Guardia Civil y policías autonómicas en el marco de sus competencias.
Se habla de coordinación con Telefónica, cuando hay que tener en cuenta que la evolución tecnológica ha abierto nuevos campos, que Telefónica ya no controla totalmente toda esta cuestión, tenemos compañías de mensáfonos, teléfonos, portátiles, etcétera. Hay que tener presente también que intervienen otras entidades diferentes a Telefónica, tanto vía cable como vía radio, y, por tanto, nos encontramos con la dificultad del control vía radio, ya que la comunicación se produce a la atmósfera. En su conjunto, nos parece que por ahora --repito, por ahora-- una prevención absoluta es técnicamente imposible y que, además, sería necesario que el sector de la comunicación interviniera de una manera general y globalizada.
Todo ello comporta, a nuestro entender, que las medidas propuestas por el Grupo Popular tampoco garantizan plenamente una comprobación preventiva y eficaz y que lo serían, si acaso, sólo --repito, sólo--para las comunicaciones vía cable telefónico. Por tanto, respecto al punto primero, de acuerdo con el objetivo final, pero no con las medidas y propuestas concretas. Mucho

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más asumibles son sin duda los puntos segundo y tercero, aunque con algunas matizaciones, que ya remarcaré cuando defienda nuestro texto alternativo.
En base, pues, a los argumentos que he intentado razonar, expongo a continuación el sentido del mencionado texto alternativo al del Grupo Parlamentario Popular.
Contiene nuestro texto un primer punto mucho más genérico, es decir, sin concretar las actuaciones urgentes y en el que, eso sí, se deja constancia de la importancia del derecho a la intimidad de las personas, a la garantía de las libertades personales, y en donde se insta al Gobierno a intensificar todas las actuaciones tendentes a evitar y prevenir estas conductas delictivas. Un segundo punto en este texto alternativo va prácticamente en el mismo sentido que el del Grupo proponente, añadiendo que sea de acuerdo y en cumplimiento con las directrices europeas, que entiendo era el sentido de la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Para terminar, un tercer punto en el que se está de acuerdo también es en que se eleven las penas actualmente vigentes, pero pidiendo que se incluya en el proyecto de ley orgánica del Código Penal, que sin duda se va a remitir próximamente a esta Cámara. En su conjunto, éste sería el sentido de nuestra propuesta y éste es el planteamiento que hacemos a la Cámara y, en especial, al Grupo Popular, proponente de esta moción.
He seguido atentamente la explicación y defensa de los distintos textos que ha habido por parte de los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, y quedo a la espera de la decisión final del Grupo proponente, ya que esta decisión marcará el sentido de nuestro voto en esta moción que estamos debatiendo. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Carrera. ¿Grupos que no hayan participado en el debate y que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Con brevedad, puesto que no quiero alargar esta sesión nocturna y tengo que compartir el tiempo con mi compañera de Grupo, intervengo para fijar la posición en esta moción consecuencia natural de la interpelación que tuvo lugar en esta Cámara, en un asunto que evidentemente es de rabiosa actualidad y de una gran importancia a tenor de las enmiendas que se han presentado a esta moción.
Empiezo diciendo que vamos a apoyar la moción y, en la medida en que el proponente acepte enmiendas que no devalúen el espíritu de la misma, estaremos todavía más conformes, puesto que, sin estar de acuerdo en los detalles, lo importante es poner de manifiesto que algunas medidas hay que tomar ante un tema tan serio y grave.
Señorías, se ha creado un clima de inseguridad. Los españoles nos sentimos generalmente espiados. Evidentemente, todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad política, comercial, económica, están en esa órbita, dadas las noticias tan alarmantes que todos los días nos proporcionan los medios de comunicación. Hay que recordar que la intimidad y el secreto de las conversaciones es un derecho constitucional básico, señorías, y es un derecho que esta Cámara no puede obviar ni puede minimizar intentando quitar importancia a lo que está ocurriendo en este país, que, además, creo que está atacando a las esencias mismas del Estado democrático, del Estado de Derecho. Cuando los servicios del Estado, en lugar de protegernos, son todos los días titulares de los medios de comunicación, están en el punto de mira, no solamente de la opinión pública, sino, incluso, de los tribunales de justicia, realmente algo grave está pasando en este país. Hay que decirles a los ciudadanos que hay que tener confianza en los servicios básicos que nos presta el Estado de Derecho y que no solamente no deben espiarnos, sino que deben protegernos contra la intromisión en la intimidad y en las conversaciones telefónicas. De ahí que crea que hace falta tomar medidas, las que la moción propone u otras que sirvan para la misma finalidad. Desde luego, hace falta un mayor control sobre la Telefónica, monopolio que todavía sigue teniendo una gran importancia en la cuestión que se está tratando. El sistema, en este momento, es muy vulnerable. Los avances tecnológicos hacen demasiado fácil la posibilidad de intervenir en las conversaciones telefónicas.
Señorías, está en juego en estos momentos algo muy importante: la credibilidad de los servicios básicos del Estado. Hay que controlar, cómo no, la fabricación, el comercio y la difusión de los instrumentos necesarios para las escuchas, porque no hay ninguna justificación para que se comercialicen libremente. No es neutro disponer de estos aparatos para poder entrometerse en las conversaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, nadie, salvo con autorización judicial, puede defender la tenencia o el comercio de este tipo de aparatos. Hay que elevar también las penas, porque resulta demasiado barato ser en estos momentos objeto de cualquier procedimiento penal por haber cometido el delito de las escuchas telefónicas.
En conclusión, señorías, nosotros vamos a apoyar esta moción tan oportuna y, desde luego, deberíamos llamar la atención al conjunto de la Cámara para que se tomara conciencia de la gravedad de los hechos que ponen de manifiesto esta moción.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, sólo voy a fijar la posición de Esquerra Republicana favorable a la moción del PP y las enmiendas que no la devalúen, especialmente cuando hoy en Esquerra Republicana estamos intentando controlar la indignación por las informaciones que publica la revista «Tribuna» esta semana. Según «Tribuna», que recoge parte del sumario del caso Godó, el propio General Manglano, del Cesid, ordenó en 1992 la infiltración de miembros de este organismo en Esquerra Republicana. Ordenó, pues, controlar, vigilar, y quién sabe si no manipular, un partido democrático plenamente legitimado por las urnas e inserido en lo que llamamos un Estado de Derecho.
Estas informaciones, así como todo el sumario, son de una gravedad extrema y nos han obligado a pedir hoy mismo la comparecencia del General Manglano en la Comisión de Interior.
Si las informaciones son exactas, estamos delante del peor estilo de la política de cloacas, unas cloacas que no se sabe qué intereses defienden pero que, es evidente, no defienden el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se defiende con la violación de la intimidad, con los lobos pagados a sueldo, con la infiltración en los partidos políticos.
Sí a la moción del PP, sí como autodefensa, sí para poder defendernos de las cloacas y de sus protagonistas y para defender, contra todo, el sentido de libertad que conlleva el compromiso democrático. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente esta moción del Grupo Popular. Hago míos, para obviar una serie de argumentos y no repetirlos, los que ha dado el señor Mur, del Grupo Mixto, que suscribo plenamente.
Señorías, estamos ante un problema muy grave y no cabe aquí eludir responsabilidades de gobierno haciendo referencia a cuestiones puramente técnicas sobre los aparatos que se emplean, sobre unidades administrativas, como la Dirección General de Telecomunicaciones o incluso la Compañía Telefónica. Nosotros creemos que el Gobierno tiene actualmente instrumentos legales para poder cortar estas acciones, pero también tiene poder para, de una manera ejemplarizante y como escarmiento de cualquier intento de entrar en esta conculcación de un derecho constitucional, que esto no pueda repetirse y que los ciudadanos tengan la garantía de que las libertades individuales y lo que se consagra del Título I de nuestra Constitución, no solamente en relación con el derecho de la intimidad, en lo que se señala en el artículo 18 de la Constitución sobre la inviolabilidad de las comunicaciones, sino sencillamente sobre los responsables de los servicios oficiales que, denigrando hasta los cuerpos a los que pertenecen, que conculcando toda la legislación, que conculcando principios de conducta ética, se están también viendo favorecidos por una especie de indolencia, por algo muy grave, porque la autoridad gubernamental no solamente puede exigir responsabilidades por la comisión de actos, sino también por lo que se llama la responsabilidad de omisión, la omisión en no utilizar los vigentes instrumentos jurídicos, porque no haría falta tocar los artículos 192 bis y el 497 bis del vigente Código Penal sino aplicarlos para que la ejemplaridad por vía judicial pudiera ser cortadura de cualquier intento de conculcar estas libertades.
Como hice en mi intervención anterior, recurro a unas palabras pronunciadas por el ilustre jurista don Federico Carlos Sainz de Robles, anterior Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: Aquí está ocurriendo un fenómeno grave donde, junto a no tener una conciencia de defensa de las libertades, se está produciendo un embotamiento del gusto por la defensa de esas libertades.
Con todo el radicalismo que pueda llevar una moción a la que se han presentado enmiendas que podrían ser incorporadas, que no excluyen ninguna pero que la enriquecen, incluso con la prudencia y cautela jurídica con que las ha formulado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que compartimos vamos a dar nuestro apoyo a la citada moción por la gravedad de los hechos que se denuncian, que se contemplan y que nos han movido a este voto y a este debate. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Exclusivamente a los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas a la moción del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ceñirme ciertamente a las enmiendas presentadas. En primer lugar, respecto a la de Izquierda Unida, pese a reconocerle bondades a su propuesta porque viene a redundar en un mayor control para el descubrimiento y persecución de los que pinchan teléfonos, de los que proceden a las escuchas ilegales, debo rechazarla en méritos procesales para la propuesta que al final haré a la Presidencia.
Al representante del PSOE, señor Redondo Terreros, debo decirle que no ha hecho una defensa de su enmienda,

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sino al final. Lo que ha hecho ha sido un turno de réplica, un turno en contra. En ese sentido, sobre todo por las cosas que le he oído decir al querer disociar y separar la conducta política del señor Vicepresidente del Gobierno con el escándalo del...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, le dije que el turno de palabra era a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas y nada más. Para otra cosa, no tiene la palabra.


El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente le ruego que acepte...
Tan sólo le voy a recordar una anécdota. Al viejo Disraeli, al ex Premier británico, un diputado de su bancada le preguntó: Señor Disraeli, ¿me permite intervenir en este importante debate? A lo que él contestó: «Es mucho más importante que la Cámara se pregunte por qué no ha intervenido».
Rechazo de plano su texto alternativo porque más bien parece una carta de amor, al decir, como dice: instar al esfuerzo y celo de la inspección de la Dirección General de Telecomunicaciones para... Esto me parece una broma, no de mal gusto, pero sí inoportuna dada la hora en la que estamos. Con respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, debo reconocer que algunos de sus puntos son muy razonables, pero también en aras de esa propuesta procesal que voy a hacer a continuación, debo rechazarlas no sin manifestar que mejoran técnicamente una de nuestras propuestas. Así lo reconozco. Por lo demás, sólo quiero dar las gracias al Grupo Mixto y al Grupo de Coalición Canaria y decirle al señor Presidente -- esto no invalida que pida votación separada de los distintos tres puntos que constituyen la moción-- que yo haría una autoenmienda, una enmienda «in voce», por mero afán de perfeccionamiento técnico. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No cabe esa posibilidad. Hay aceptación de otras enmiendas o transaccional con alguna de las enmiendas; no cabe otra figura.


El señor BAON RAMIREZ: Retiro entonces esa mejora técnica que quería hacer, precisamente a instancias del Grupo Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces sería como una transaccional con el Grupo Socialista.


El señor BAON RAMIREZ: Enmienda «in voce» o transaccional, como guste la Presidencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Si la plantea como transaccional, puede hacer la propuesta, señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Se refiere al punto segundo, al final.
Se trata de, después del punto, «in fine», añadir: «... en el ámbito de la legislación comunitaria». Nada más.
Concluyo, señor Presidente, pidiendo votación separada de todos y cada uno de los puntos que constituyen la moción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tomo bien nota. La enmienda sería al final del punto segundo, donde dice: «... en el plazo de dos meses». Se trataría de añadir: «... en el ámbito de la legislación comunitaria.» ¿Se acepta esta transacción por parte del Grupo Socialista? (Asentimiento.) Se acepta.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la moción del Grupo Popular.
Votación del punto 1.º de la moción del Grupo Popular.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 295; a favor, 124; en contra, 157; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Apartado 2.º, con la corrección a este apartado introducida por el propio Grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 293; a favor, 292; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 2.º Apartado 3.º de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efecutada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 287; en contra, uno; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.

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