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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 42, de 20/01/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 42 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesiones Plenarias núms. 40 y 41 (extraordinarias) celebradas el jueves, 20 de enero de 1994 Página ORDEN DEL DIA:

I.Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre.) («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 41.1, de 4 de enero de 1994) (número de expediente 121/000030) (Página 1937)

I.Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 42.1, de 4 de enero de 1994) (número de expediente 121/000032) (Página 1954) --Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 43.1, de 4 de enero de 1994) (número de expediente 121/000033) (Página 1954)

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II.Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

--Real Decreto-Ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se prorroga el plazo que se establece en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. («Boletín Oficial del Estado», número 310, de 28 de diciembre de 1993) (número de expediente 130/000009) (Página 1984) --Real Decreto-Ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
(«Boletín Oficial del Estado», número 313, de 31 de diciembre de 1993) (número de expediente 130/000010) (Página 1988)

SUMARIO

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1937)

Proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación. (Procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre) (Página 1937)

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Izquierda Unida interviene el señor Peralta Ortega, manifestando que la ruptura del diálogo social, consecuencia de la decisión unilateral del Gobierno de convertir en disposiciones legislativas sus planteamientos en materia de reforma del mercado laboral, ha suscitado una profunda conmoción en la opinión pública de nuestro país y especialmente entre los trabajadores. Muchos ciudadanos se preguntan qué ha pasado para que un Gobierno elegido escasos meses antes, en buena medida por su compromiso con el diálogo social para mantener el Estado de bienestar, haya dado por finalizado ese diálogo y acordado un paquete de medidas difícilmente conciliables con la idea y la realidad del Estado de bienestar en nuestro país. Es propósito de Izquierda Unida profundizar en el debate sobre las medidas adoptadas por el Gobierno, debate iniciado el pasado 28 de diciembre desde la convicción de que existen otras medidas distintas y posibles, y ello justifica la presentación de esta enmienda de texto alternativo. Sin embargo, la rotunda voluntad del Grupo Socialista de no aceptar ninguna reforma a las normas propuestas no les permite albergar esperanzas acerca del resultado de la votación sobre este texto.
En relación con la ruptura del diálogo social, rechaza el que la misma sea debida a los sindicatos, que en ningún momento rompieron el diálogo con el Gobierno, a pesar de las medidas adoptadas por éste en los últimos meses, algunas tan importantes como la reforma del sistema de revalorización de las pensiones, el recorte de los subsidios de desempleo o la modificación del régimen jurídico de los funcionarios, medidas todas ellas de enorme trascendencia y que en su conjunto afectaban a más de nueve millones de ciudadanos. En opinión de Izquierda Unida, la ruptura del diálogo social decidida por el Gobierno hay que imputarla al propio carácter desequilibrado y regresivo del amplio conjunto de medidas propuestas, junto a su decisión de no modificarlas ni transigir en parte alguna sustancial. Así, se encuentran hoy con este proyecto de ley que, sin duda, es la norma emblemática de la reforma laboral y una buena muestra de las características regresivas que adornan todo el conjunto de medidas.
Se preguntan si puede hablarse con rigor de que se esté contribuyendo a mantener el Estado de bienestar creando un contrato de aprendizaje que se pretende que alcance a cientos de miles de jóvenes hasta los 28 años de edad y a los que se excluye de derechos básicos del Estado de bienestar tales como son la protección por desempleo, la cobertura económica por enfermedad o la cobertura económica por maternidad. Se trata de una exclusión que afecta a derechos básicos del sistema de protección social español.
Desde una perspectiva social estas medidas en modo alguno le merecen un juicio positivo, en cuanto que no han implicado más que el abaratamiento de la mano de obra y de forma indiscriminada.
Termina resaltando la necesidad de reapertura del diálogo social sobre estos temas.


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En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo de Coalición Canaria interviene el señor Mauricio Rodríguez. Expone que la reforma del mercado de trabajo que presenta el Gobierno a través de los tres textos que debatirán a lo largo del día de hoy significa, en su conjunto, una modificación importante de las relaciones laborales en España. Piensa que el primer debate que se debería tener en este Congreso es si la reflexión que hace el Gobierno, y que subyace en los proyectos de ley que hoy se presentan, sirve para hacer frente a la crisis económica española, que hay que poner el acento, como hace el Gobierno, en que el déficit público debe corregirse urgentemente por la vía de recortes en las prestaciones sociales y que la competitividad de nuestra economía debe basarse esencialmente en una reducción de los costes laborales.
Considera que el conjunto de medidas que se proponen no tratan únicamente de la desregulación o flexibilización de plantillas, en nombre de una pretendida modernización, sino que está basado en la idea de que en este país los costes laborales han crecido excesivamente a lo largo de los últimos años y ello nos impide ser competitivos. Aun reconociendo los menores costes laborales en los países de la cuenca del Pacífico, cree que la cuota de mercado que estamos perdiendo en España en los últimos años, y cuya consecuencia es el paro y la falta de competitividad, no se debe tanto a los países del tercer mundo como a los propios países europeos, que son más competitivos a pesar de tener costes laborales mucho más altos que nosotros. En consecuencia, debe reflexionarse acerca de si es sólo un problema de costes laborales y de déficit público o más bien se trata de un conjunto complejo de medidas entre las que, lógicamente, están los costes laborales, el déficit público y la reforma del mercado laboral, por cuya modernización su Grupo apuesta.
Sin embargo, en lugar de seguir la línea escogida, son partidarios de hacer frente a los retos de la nueva época con equilibrio, con responsabilidad y mediante el diálogo y el consenso social imprescindible para que una reforma laboral tenga éxito. Ahora bien, es difícil llegar a este consenso a través de un diálogo de sordos como el que han presenciado estos meses, con opiniones preconcebidas, actitudes que parecían cerradas y amenazas de que o se negocia o, en todo caso, se harán las reformas necesarias. Entiende que el Gobierno en absoluto ha negociado, al menos con el Grupo de Coalición Canaria, que se ha visto así privado de exponer su opinión sobre estas medidas de modernización del mercado laboral, que, insiste, son necesarias, pero el Gobierno está cargado de posiciones dogmáticas «a priori» que no le permiten llegar a soluciones de consenso.
En cuanto al texto alternativo que presentan señala que se realiza modestamente como una propuesta de diálogo, dispuesta a ser corregida en todo lo que parezca razonable y que, frente a la actitud cerrada del Gobierno, intenta demostrar que existe otra vía posible para la reforma del mercado laboral desde situaciones de equilibrio entre las fuerzas y las relaciones laborales, sin retroceder a situaciones ya superadas. En este sentido desearía que el Gobierno se pronunciase diciendo si está dispuesto realmente a abrir una vía de diálogo en el trámite de enmiendas en relación con las grandes cuestiones contenidas en estos proyectos de ley.
Desearía que este diálogo se produjese al menos con los grupos parlamentarios, diálogo al que, desde luego, está abierta Coalición Canaria.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor Méndez Martínez, manifestando que las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas al proyecto de ley procedente del Decreto-ley 18/93, siendo legítimas iniciativas parlamentarias, contienen aspectos que calificaría de estrambóticos y que responden a filosofías que se basan más en mantener la controversia con el Gobierno que en propuestas formalmente realistas. No se introducen en esos textos alternativos propuestas que cuestionen el fondo o las iniciativas del Gobierno, pero sí se introducen, en cambio, afirmaciones poco rigurosas y se proponen soluciones basadas en la creación de un laberinto de nuevos órganos administrativos, institucionales y políticos, en el caso de la enmienda de Coalición Canaria, o bien contienen propuestas descaradamente ineficaces y oportunistas, en el caso de la enmienda de Izquierda Unida.
Está de acuerdo en la necesidad de acometer cambios profundos en todos los niveles del sistema productivo ante unos problemas que aquejan por igual a todas las economías industriales y que exigen adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado para seguir siendo competitivos y crear empleo y riqueza. En este sentido reconoce que hay que invertir en educación, formación profesional, investigación y desarrollo, mejora de los procesos productivos, pero también en la reducción de costes y la modernización del mercado laboral.
Partiendo de ese reconocimiento, los socialistas piensan que estas reformas necesarias han de ser globales y no parciales, ya que no caben decisiones basadas en la vuelta a un sistema de autarquía o aislamiento, como tampoco cabe la vieja y clásica receta de expansión del déficit público. Por supuesto, tampoco cabe renunciar, y los socialistas

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no lo propondrían, a las conquistas sociales del Estado de bienestar sobre el que se asientan nuestras políticas de defensa de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad.
Pero tenemos problemas estructurales en el mercado de trabajo que no se resuelven espontáneamente, ni siquiera cuando la situación económica del país es más favorable, con realidades objetivas, como la de un elevado paro juvenil, la escasa presencia de la mujer en el mercado de trabajo y el desempleo de larga duración, que es preciso resolver.
Ahora bien, no se trata de introducir cualquier reforma sino aquellas adecuadas para resolver nuestras rigideces y que sean aceptables para la sociedad y los interesados. El Gobierno hubiera deseado que estas reformas fueran objeto, en su momento, del Pacto Social, y a éste se intentó llegar con acuerdos que no culminaron con éxito, pero más allá de desear ese pacto está el hecho de que la sociedad exige decisiones y soluciones. Por tanto, presentan hoy ante la Cámara un conjunto de soluciones y decisiones globales equilibradas, equitativas y efectivas, que se podrán discutir en sus matices pero no en el fondo, porque además son soluciones adaptadas al marco europeo, a aquellas sociedades que tomamos como referencia del bienestar y del progreso. Agrega que se trata de soluciones aceptables para los jóvenes y sus familias y adecuadas para quienes deben emplearlos y formarlos, soluciones que garantizan, además, la equidad y la protección social, que inspiran confianza y que figuraron en el programa electoral socialista del pasado 6 de junio.
Expone a continuación algunas características de los proyectos objeto de debate, a la par que resalta las contradicciones en que incurren los textos alternativos presentados por Coalición Canaria e Izquierda Unida, para terminar expresando la necesidad de que los ciudadanos reciban un mensaje claro de esta Cámara a través de la adopción de decisiones estratégicas adecuadas a los problemas que tenemos que resolver.
Replican los señores Peralta Ortega y Mauricio Rodríguez, duplicando el señor Méndez Martínez.
Para fijación de posición intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Aparicio Pérez, del Grupo Popular.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida, es rechazada por 18 votos a favor, 296 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo de Coalición Canaria, es rechazada por 23 votos a favor, 300 en contra y dos abstenciones.
Concluido el orden del día de la primera de las sesiones extraordinarias, se pasa al tratamiento del orden del día de la segunda de las sesiones extraordinarias convocadas.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1954)

Proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (Página 1954)

Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (Página 1954)

Presenta los proyectos de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez), manifestando que continúan hoy un debate cuyo planteamiento general fue abordado por este Pleno el pasado 28 de diciembre en relación con la reforma laboral, por lo que necesariamente habrá de recordar alguna de las cuestiones a las que entonces hizo referencia.
Afirma que con esta reforma laboral el Gobierno quiere promover y proteger el empleo, hacer que todo empleo posible llegue a ser un empleo real, dando solución a nuestro problema más importante, que es el paro. Para ello presentan una reforma global y equilibrada que aborda, desde su necesaria interdependencia, los diferentes aspectos y fases de las relaciones de trabajo, intentando que sea el diálogo entre sus protagonistas, los empresarios y los sindicatos, el que sirva para establecer las reglas de juego fundamentales, no sólo en lo referente al proceso de formación de rentas sino también en relación a las condiciones concretas en que se desarrollan las prestaciones laborales. Desean que sea la negociación colectiva la fuente más importante de regulación de las relaciones laborales, porque sólo a partir de la negociación colectiva es posible alcanzar un alto grado de adaptación de las empresas a la realidad económica concreta y, al mismo tiempo, una protección adecuada de los trabajadores. Alude a las nuevas circunstancias por las que atraviesa la economía española y europea, con pérdida de competitividad frente a los nuevos países industrializados, lo que les obliga a abordar nuevos caminos para restablecer los niveles de bienestar

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europeos. Estas reformas se producen en un momento particularmente delicado para el viejo continente, con un sistema tradicional que ha entrado en crisis, lo que obliga a un reemplazo paulatino de los sistemas de producción en masa y exige un marco institucional distinto para el mercado de trabajo. A ello se une una situación de recesión económica, que en Europa coincide con profundos cambios estructurales frente a los que no son suficientes las tradicionales recetas para la reactivación y consiguiente creación de empleo. En otras palabras, hay que remover los obstáculos que hoy le impiden crear empleo y repartir el volumen existente de una manera más solidaria.
Expone seguidamente varias consideraciones en torno a la actual situación de nuestro mercado de trabajo y la necesidad de su adaptación a las nuevas circunstancias, resaltando las medidas que a estos efectos se contienen en los proyectos de ley, medidas que se consideran necesarias en este momento histórico para España, convirtiendo el convenio colectivo en el instrumento fundamental para conseguir la adaptación de cada sector productivo y de cada empresa a las nuevas circunstancias cambiantes.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al primero de los proyectos de ley interviene la señora Aguilar Rivero.
Comienza destacando el momento especialmente significativo en el que se produce este debate, afirmando que o bien este Pleno significa la reanudación del diálogo social, la suspensión de la reforma laboral y el inicio del diálogo político, o se ha tomado una decisión política por parte del Gobierno de la nación que en esta coyuntura que vivimos se convierte en una clara provocación con la celebración de este Pleno a una semana de la huelga general que los sindicatos tienen convocada en nuestro país. Pero, además de dicha provocación, entiende que existe una irresponsabilidad política manifiesta porque con este Pleno se pretende utilizar al Parlamento de forma partidaria contra los sindicatos, contra los trabajadores de este país, y situarlos en contradicción con la propia Constitución española, que recoge como derechos constitucionales el derecho a la huelga. Agrega que frente al derecho constitucional de la huelga no se puede ni se debe utilizar el Parlamento a nivel político, pues éste es el Poder legislativo, que debe ser un espacio de diálogo político y nunca un instrumento para utilizarlo como arma arrojadiza contra nadie, y mucho menos para coartar la libertad individual ante una convocatoria de huelga general.
El Grupo de Izquierda Unida quiere dejar claro que es posible otra política y otra forma de hacerlo, sometiendo a debate una alternativa desde la izquierda, que desea dialogar no sólo en el ámbito parlamentario sino también en el social, alternativa que plantea con el objetivo de auspiciar el acuerdo social y la estabilidad política necesaria para progresar y avanzar en este país.
Agrega que la reforma que se presenta a la Cámara nos retrotrae muchos años atrás en lo relativo a derechos sindicales y a derechos laborales, al negar derechos constitucionales y derechos humanos, y constituir, en definitiva, una reforma que reducea cero el diálogo social y rompe con una tradición democrática como eran los acuerdos permanentes que se venían celebrando con anterioridad. Piensa que existe otra política basada en valores concretos, como son la solidaridad, el progreso, la libertad, el diálogo y la estabilidad, política que se concreta en la alternativa de su Grupo, ya que la que ha propuesto el Gobierno no es la necesaria para España, puesto que no sólo recoge contenidos profundamente conservadores sino que, además, trae a nuestro país más paro, precariza el trabajo, traslada inseguridad e inestabilidad a los trabajadores, desregula el mercado y, en resumen, nos aleja de esa Europa que reiteradamente se invoca y del pretendido Estado del bienestar. Por el contrario, la alternativa que Izquierda Unida presenta se concreta en una apuesta por sustentar cualquier acción política sobre el mercado laboral en el acuerdo social, ya que sin acuerdo social no es posible imponer, como se pretende, una reforma global del mercado laboral.
Concluye la señora Aguilar Rivero destacando algunas de las características más importantes de la alternativa de Izquierda Unida.
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda de devolución presentada por Izquierda Unida al proyecto de ley regulador de las empresas de trabajo temporal, y que justifica al considerar dicho proyecto presentado por el Gobierno como un mero parche que no aborda en su conjunto y globalidad la reforma que necesitaría el mercado laboral español. No se trata sólo de crear empresas de trabajo temporal sino que es necesario también la reforma del Inem y el desarrollo del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
Agrega que la reforma que el Gobierno plantea supone volver cuarenta años atrás y, por otra parte, se dice que hay que mirar a Europa, como si todos los países europeos hubiesen incorporado estas empresas de trabajo temporal, cuando no es así. Por otra parte, a la hora de mirar a Europa sería necesario mirar la situación laboral en Europa en general, contemplando también los salarios y prestaciones sociales parecidas a las que allí existen.


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Expone, por último, algunas consideraciones al funcionamiento de las empresas de trabajo a tiempo parcial, figura de la que no están en contra, pero cuya puesta en marcha debe realizarse con los condicionamientos que señala.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria a estos proyectos de ley interviene el señor Mauricio Rodríguez. Señala que se hallan ante un debate continuación del que ha tenido lugar anteriormente y en el que las aportaciones fundamentales del Grupo de Coalición Canaria son propuestas de diálogo constructivo a efectos de que cada una de las partes que aparecenenfrentadas hoy en el marco social no se encierren en sus trincheras, y para que este Parlamento sea el auténtico mediador dentro del diálogo social para dar una solución modernizadora y responsable al marco de las relaciones laborales.
Seguidamente expone algunas de las propuestas concretas contenidas en el texto alternativo formulado por su Grupo Parlamentario al primero de estos proyectos de ley.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor Arnau Navarro. Comienza señalando la inexistencia de acuerdo social en estos momentos, lo cual, evidentemente, no puede determinar la suspensión de esta sesión parlamentaria ni de ningunaotra, como el Derecho parlamentario y la democracia exigen. Saben que el Gobierno no ha escatimado esfuerzo a la hora de hacer su propuesta de flexibilizar sus posiciones ni, en definitiva, de alcanzar un acuerdo, lo que no puede decirse ni predicarse de todas las partes que han intervenido en esta negociación. Sin embargo, la falta de acuerdo no debe impedir que los legisladores asuman su responsabilidad y afronten la reforma laboral, cuya necesidad nadie discute. A la asunción de esa responsabilidad la señora Aguilar la ha llamado provocación, intento de confrontación social y de coartar la libertad del derecho de huelga, cuando nada de eso se produce en esta sesión parlamentaria, que constituye un debate libre sobre la reforma del mercado de trabajo, un debate plenamente democrático y parlamentario al que todos deben asistir y responder con argumentos.
Añade que lo que se debate aquí son los principios de la reforma laboral, estando muy claros los del Gobierno y del Grupo Socialista, que se orientan a reforzar la libertad sindical y negociación colectiva, a dar mayor protagonismo a los agentes sociales como vía para crear más y mejor empleo. Los de Izquierda Unida, en cambio, aparte de que su objetivo es la huelga general, les parece dirigismo y reforzar un «garantismo» estatal caduco en la relación de trabajo, aunque con ello se perjudique la creación de empleo.
En cuanto a Coalición Canaria, reconoce que les tienen desorientados, ya que por un lado el señor Mauricio habla de estar totalmente en contra de la posición del Gobierno y del Grupo Socialista y, a continuación, viene a reproducir casi literalmente el texto del Gobierno, a la vez que hacen propuestas de diálogo, que reconoce que es lo más importante de su formulación. El Grupo Socialista está dispuesto a recoger esa propuesta de diálogo y consenso como lo más valioso de la enmienda de Coalición Canaria.
Completa el turno en contra, en representación del Grupo Socialista, el señor Barrionuevo Peña. Refiriéndose al proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal, manifiesta que en las intervenciones de los señores Ríos Martínez y Mauricio Rodríguez no ha encontrado una oposición sustantiva al proyecto de ley. El primer enmendante ha formulado alguna pretensión o exigencia de cautelas adicionales a las ya previstas en el proyecto de ley, lo cual puede tratarse en su tramitación parlamentaria, y en cuanto al representante de Coalición Canaria le invita a que acredite su buena disposición al diálogo reconociendo que por su parte no existe nada sustantivo en contra de este proyecto de ley. Idéntico requerimiento hace al representante de Izquierda Unida, manifestándole que cuando fracasa una negociación y no se llega al acuerdo no es demasiado sincero el atribuir las responsabilidades sólo a una de las partes.
Replican la señora Aguilar Rivero y los señores Ríos Martínez y Mauricio Rodríguez, duplicando los señores Arnau Navarro y Barrionuevo Peña.
Se suspende la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Para fijación de posiciones intervienen el señor González Lizondo y la señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Villalobos Talero, del Grupo Popular.
Se procede a la votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, siendo rechazadas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya por 18 votos a favor, 289 en contra y siete abstenciones, y la del Grupo de

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Coalición Canaria por cinco votos a favor, 290 en contra y 17 abstenciones.
Asimismo se procede a la votación de las enmiendas que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal, presentadas por los grupos de Izquierda Unida y Coalición Canaria, siendo rechazadas por 22 votos a favor, 290 en contra y una abstención.


Convalidación o derogaciones de Reales Decretos-leyes (Página )

Real Decreto-Ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se prorroga el plazo que se establece en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (Página 1984)

En nombre del Gobierno explica las razones que han llevado a la promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe). Expone que la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, que entró en vigor el 31 de enero de 1993, autorizaba al Gobierno para el ejercicio de la potestad reglamentaria relativa tanto a la aplicación y ejecución del texto legal como a la elaboración del Estatuto que regulara la estructura de la Agencia de Protección de Datos. En virtud de esa potestad reglamentaria, por Real Decreto de 24 de mayo de 1993 se aprobó el estatuto de dicha Agencia, momento en el que ya estaban convocadas las elecciones generales, lo que supuso un paréntesis en la plena eficacia y puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos en cuanto que correspondía al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo consultivo, a propuesta de una serie de organismos e instituciones, entre ellas el propio Congreso y el Senado. Era por tanto razonable esperar a que se constituyeran las nuevas Cámaras y, fruto de ello, el correspondiente Gobierno.
Expone el señor Ministro los trámites llevados a cabo desde dicha constitución hasta llegar a la promulgación del Real Decreto-ley, que espera merezcala convalidación de la Cámara que en este momento solicita en nombre del Gobierno.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; señora De Palacio Valle-Lersundi, del Grupo Popular, y señor Navarrete Merino, del Grupo Socialista.Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 272 votos a favor y 14 abstenciones.


Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (Página 1988)

En nombre del Gobierno explica las razones que han llevado a la promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Señala que se trata de una norma de alto contenido técnico cuyo alcance, oportunidad y trascendencia explica a la Cámara, aludiendo previamente a los antecedentes legislativos de la misma. Resalta las principales modificaciones realizadas a través del Real Decreto-ley y la necesidad de las mismas, para las que solicita el voto favorable a su convalidación desde su convencimiento de la necesidad y oportunidad de estas medidas.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Romero Ruiz, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera Pérez- Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 251 votos a favor y 11 abstenciones.
Asimismo se aprueba la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley por 260 votos a favor y dos abstenciones. Se levanta la sesión a las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
Punto único del orden del día: Debate de totalidad correspondiente al proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación, procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre.


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Se han presentado dos enmiendas de totalidad, de texto alternativo, la primera de ellas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. Un momento, señor Peralta.
(Pausa.) Cuando quiera.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la ruptura del diálogo social, consecuencia de la decisión unilateral del Gobierno de convertir en disposiciones legislativas sus planteamientos en materia de reforma del mercado laboral, ha suscitado, como es público y notorio, una profunda conmoción en la opinión pública de nuestro país y especialmente entre los trabajadores. Muchos ciudadanos se preguntan hoy qué ha pasado para que un Gobierno elegido escasos meses antes, y cuyo éxito electoral se basaba en buena medida en su compromiso con el diálogo social para mantener el estado de bienestar, haya dado por finalizado ese diálogo social y haya acordado un amplio paquete de medidas difícilmente conciliable con la idea y con la realidad del estado de bienestar en nuestro país.
La respuesta a esta pregunta exigía, obviamente, la explicación por el Gobierno y por ello el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la interesó con celeridad, celebrándose la misma el pasado 28 de diciembre, junto con el debate de convalidación del Real Decreto-ley 18/1993, de medidas urgentes, avanzada del paquete de medidas decidido por el Ejecutivo.
El desarrollo de esa sesión del pasado 28 de diciembre, con un debate adecuado, pero corto, ante la magnitud de temas a tratar; la persistencia de un elevado interés social sobre esta materia, la voluntad de nuestro Grupo de profundizar en el debate concreto de todas las medidas, así como nuestra convicción de que existen otras distintas y posibles, todo ello ha motivado al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la presentación de esta enmienda de texto alternativo que ahora debatimos.
La rotunda voluntad del Grupo Socialista, expresada el pasado día 28 y reiterada con posterioridad, de no aceptar ninguna reforma de entidad en las normas propuestas, no nos permite albergar esperanzas acerca del resultado de la votación sobre nuestro texto. Pero, en todo caso, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se considerará satisfecho si con este debate, y entre todos, contribuimos a resolver algunas de las preguntas que hoy se formulan tantos ciudadanos.
¿Por qué se ha roto el diálogo social? En opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la ruptura del diálogo social decidida por el Gobierno no se ha debido, en modo alguno, a que los sindicatos, con sus posiciones o con ... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Peralta. (Pausa.) Cuando quiera, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Decía, señorías, que, en opinión de nuestro Grupo, la ruptura del diálogo social decidida por el Gobierno no se ha debido, en modo alguno, insisto, a que los sindicatos, con sus posiciones o con sus presiones, bloquearan la acción política del Ejecutivo. El Gobierno ha podido durante estos meses llevar adelante su política, no sólo en el terreno global de los ingresos y gastos del Estado --y ahí está la reciente aprobación de la Ley de Presupuestos--, sino también en el terreno específicamente social. Hay que recordar que el Gobierno decidió en su momento medidas como la reforma del sistema de cálculo de revalorización de las pensiones, el recorte de los subsidios de desempleo, la modificación del régimen jurídico de los funcionarios, sin que ninguna de tales medidas, pese a no contar con el acuerdo de los sindicatos, diera lugar a la ruptura del diálogo o a convocatorias de huelga. Y no olvidemos que se trataba de medidas de una enorme trascendencia, tanto por afectar en su conjunto a más de nueve millones de ciudadanos como por la propia entidad de cada una de tales medidas. El cambio del sistema de cálculo de revalorización de las pensiones ha supuesto que para 1994 se hayan incrementado en un 3,5 por ciento, en lugar del 4,9 por ciento de la inflación de 1993; es decir, un 30 por ciento menos de incremento. En el caso de los funcionarios públicos, a la importante reforma de su régimen jurídico se venía a añadir el incremento cero de sus retribuciones para 1994; es decir, en la práctica, la pérdida de un 5 por ciento, que se suma a la pérdida ya experimentada en 1993. En definitiva, no cabe en modo alguno achacar la ruptura del diálogo social decidida por el Gobierno a una actitud de bloqueo por parte de los sindicatos. En opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la ruptura del diálogo social, decidida por el Gobierno, hay que imputarla al propio carácter desequilibrado y regresivo del amplio conjunto de medidas propuesto. Estas características, de las que era consciente el propio Gobierno, y por ello ya en el verano vaticinaba la dificultad del acuerdo, unidas a la decisión de no modificar ni transigir en parte alguna sustancial, condujeron a que finalmente se optara por la vía rápida y se rompiera el diálogo social. Así, nos encontramos con este Real Decreto-ley, que ahora enmendamos y que es, sin lugar a dudas, la norma emblemática de la reforma laboral y una buena muestra de las características regresivas que adornan todo el conjunto de medidas. Un buen criterio para valorar la regresividad del Real Decreto-ley es analizar su relación con el Estado de bienestar, no en abstracto, sino en su concreción en nuestro país, en muchos aspectos,

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desgraciadamente, por debajo, en algunos casos, notablemente, de los parámetros europeos en esta materia.
Señorías, ¿se puede afirmar con rigor que se contribuye a mantener el Estado de bienestar cuando se crea un contrato, el de aprendizaje, que se pretende alcance a cientos de miles de mujeres y hombres de hasta veintiocho años de edad y a los que se excluye de derechos básicos del estado de bienestar, como son la protección por desempleo, la cobertura económica por enfermedad o la cobertura económica por maternidad? ¿No será más cierto, señorías, que al actuar así se está estrechando y, en definitiva, debilitando el estado de bienestar en nuestro país? Sin lugar a dudas, la exclusión afecta a derechos básicos del sistema de protección social español. ¿No es acaso el desempleo una referencia explícita de situación de necesidad a proteger conforme al artículo 41 de la Constitución? ¿No es acaso el desempleo una realidad lacerante en nuestro país, que ha terminado el año 1993 con más de 500.000 nuevos parados? Quizás tendría alguna justificación esta exclusión del desempleo si no se configurara el contrato de aprendizaje como un contrato temporal, un nuevo contrato temporal, pero no es así, sino que se le fija una duración máxima de tres años y, al cabo de esa duración máxima, la lógica inexorable del interés empresarial, tal como ha funcionado hasta la fecha, determinará la rotación del aprendiz, pues resulta mucho más rentable contratar a un nuevo aprendiz que convertir al anterior en fijo, con plenitud de derechos laborales y de Seguridad Social.
¿Por qué se excluye, señorías, la cobertura económica por maternidad? ¿Es que acaso tenemos una elevada tasa de natalidad y hay que restringir la maternidad hasta después de los 28 años? ¿Es ésta la forma española de celebrar el Año Internacional de la Familia? ¿Es la protección completa de la familia que prescribe el artículo 39 de la Constitución española? ¿Y qué decir de la exclusión de la cobertura económica por enfermedad? ¿Qué solidaridad con los más débiles se manifiesta cuando al trabajador que sufre una enfermedad se le incapacita para el trabajo? Y así lo acredita el sistema público de salud que a ese trabajador le priva de todo ingreso.
Señorías, así, de este modo, con estas medidas, no se puede afirmar que se defiende el estado de bienestar, porque es evidente que se está contribuyendo a debilitarlo, a estrecharlo, excluyendo de su ámbito a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Pero no sólo se debilita el estado de bienestar por la vía de exclusión de grandes colectivos; se debilita también porque se van a incrementar las dificultades económicas de todo el sistema de protección social que, previsiblemente, va a tener que soportar las tensiones de un proceso de sustitución de trabajadores fijos por aprendices, con el consiguiente incremento de los gastos de protección, vía desempleo, jubilaciones, etcétera, acompañado de un muy escaso incremento de los ingresos por las reducidas cotizaciones de los aprendices.
Es por ello, señorías, que, desde una perspectiva social, desde su relación con el mantenimiento del estado de bienestar, estas medidas no nos merecen, en modo alguno, un juicio positivo. Es tan evidente esta conclusión, que algunos han pretendido justificarla no ya por razones sociales, sino por razones de eficacia económica. En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no compartimos esta opinión. En el debate del pasado 28 de diciembre, el portavoz del Grupo Socialista afirmaba, en esa dirección, que la reforma del mercado laboral venía impuesta por los cambios producidos en la demanda de bienes y productos, citando, en concreto, los electrodomésticos.
Sin lugar a dudas, compartimos la necesidad de adaptarse a los cambios económicos. Pero con ello no basta. Es necesario definir exactamente los cambios que se producen y acertar en las medidas concretas de adaptación a esos cambios. En nuestra opinión, se están produciendo cambios sustanciales en el terreno económico y a nivel mundial, con un proceso imparable de apertura de mercados, y ello va a obligar a resituarse en ese nuevo marco con una adecuada explotación de los recursos específicos, peculiares de cada país. Ello va a obligar, señorías, a la adopción de medidas distintas de las que ha decidido el Gobierno con esta reforma. No implican más que el abaratamiento de la mano de obra y de forma indiscriminada. Señorías, no podemos malgastar las energías del país de forma indiscriminada, sino que necesitamos una adecuada selección de nuestros sectores productivos con futuro. Tampoco podemos basar la competitividad de nuestra economía en el bajo coste de la mano de obra, pues en ese terreno muchos otros países y muy cecanos, para su desgracia, ofrecen más posibilidades. Así pues, tampoco en el terreno económico estas medidas suponen una opción con viabilidad de futuro a medio o largo plazo.
Finalmente, desearía hacer una breve valoración de estas medidas desde la perspectiva de la cohesión social. Ni coyunturalmente, ante la evidente necesidad de un esfuerzo solidario de todos para superar la grave crisis, se justifican unas medidas que han dividido a la sociedad y han creado un hondo malestar; ni tampoco se justifican a largo plazo, pues resulta difícil pensar que se facilite la integración social de una juventud a la que no se proporcionan expectativas fiables de futuro, ni que se facilite tampoco su integración laboral cuando su única perspectiva son los bajos salarios, la inestabilidad y la desprotección.
Por todo ello, nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no apoyamos el texto del Gobierno y presentamos una alternativa. Qué duda cabe que hay otras opiniones. La de quienes, el pasado 28 de diciembre, al convalidar el texto del Gobierno, decían que era un buen

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día, aparte de autoelogiar su participación en esas medidas, desvelaba el íntimo sentido político de las mismas, que no sólo han supuesto la ruptura del diálogo social sobre la reforma del mercado laboral, sino que dificultan todo tipo de acuerdos. Esto, señorías, es muy negativo, especialmente negativo. Por eso urge, y nosotros urgimos a ello, la reapertura del diálogo sobre todos estos temas. Si no se hace así, si se opta por seguir manteniendo esta dirección, quede constancia, señorías, con nuestra enmienda, de la posibilidad de otras medidas con más viabilidad económica a corto, medio y largo plazo, más eficaces socialmente y mucho más cercanas al modelo de estado de bienestar existente en la Unión Europea.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo de Coalición Canaria ha presentado también un texto alternativo a la propuesta presentada por el Gobierno.
Intentaré, brevemente, defender --y espero alcanzar la posibilidad de que SS.SS. atiendan lo mínimo necesario para que pueda expresarlo, en nombre de Coalición Canaria-- la filosofía y las propuestas que nosotros hemos presentado a efectos de la consideración por las señoras y señores Diputados.
En primer lugar quiero decir que la reforma del mercado de trabajo, la reforma laboral que presenta el Gobierno con los tres textos (luego en el segundo punto del orden del día podremos entrar en los detalles de otros textos, aparte del de fomento de empleo) es, en conjunto, un marco en el que se plantea una reforma profunda e importante de las relaciones laborales en España.
A mí me parece que el primer debate que deberíamos tener en este Congreso de los Diputados es si la reflexión que hace el Gobierno, y que subyace en los proyectos de ley que nos presentan hoy, se basa en el análisis de que la crisis económica española y la crisis económica europea tienen un conjunto de factores, pero, quizá, es mi opinión, y de ahí los desacuerdos, los acentos que pone el Gobierno son que el déficit público debe ser corregido urgentemente por la vía de los recortes en las prestaciones sociales y que la competitividad de la economía española debe basarse esencialmente en una reducción de los costes laborales. Estos son dos elementos que aparecen. Creo que el conjunto de medidas no son sólo cuestiones de desregulación o flexibilización, como se pretende en nombre de una pretendida modernización, sino que están basadas en el problema de que en este país los costes laborales hancrecido excesivamente a lo largo de los últimos años y que eso no nos hace competitivos. Por otra parte, creo que hay una cierta histeria con respecto a la competitividad europea en el marco de la economía mundial ante hechos sin duda evidentes, como es el ascenso que se está produciendo de los países de la cuenca del Pacífico, etcétera. En principio, yo creo que la primera cuestión a reflexionar es en qué medida la crisis española de estos últimos años tiene mucho que ver con el incremento de la competitividad de otros países nuevamente industrializados. A mí me parece que la cuota de mercado que estamos perdiendo en España en estos últimos años, del mercado interior y del mercado europeo, cuya consecuencia es el paro, la competitividad que hemos perdido no está en tanto a países del tercer mundo, sino a los propios países europeos que tienen costes laborales mucho más altos que nosotros.
Por tanto, la primera reflexión es si es sólo un problema de costes laborales y de déficit públicos, con respecto a los costes del estado de bienestar, o es un problema de un conjunto complejo de medidas, porque, efectivamente, no es sólo problema de costes laborales y de reformas del mercado de trabajo, por el que nosotros apostamos por su modernización, sino también, hay que decirlo, es un problema del control del déficit público y de medidas de reforma del estado de bienestar. Pero ¿en qué dirección y cómo, en qué contexto político y social en el que vive este país? Por tanto, no es sólo un problema de competitividad urgente, dramática, en función de reducir como sea, los costes laborales. Porque ante las medidas que propone el Gobierno, nosotros, al elaborar nuestro texto alternativo, no hemos pretendido, en absoluto, decir que, frente a la reforma del mercado laboral, lo que hay que hacer es oponerse numantinamente a que eso no es necesario ni imprescindible.
Por el contrario, nosotros apostamos por eso.
Creo que hubiese sido ideal para este país, para que fuera el primer acto de lo que es un proceso de transformación y cambio, de reajustes importantes, de reformas y modernizaciones que se hacen en la política europea, que, en vez de ser el último acto de una cadena interminable de inconsecuencias, que es lo que ha sido la política económica y social española en los últimos años, éste hubiera sido el primer acto de modernización y de afrontar lo que, en opinión de Coalición Canaria, va a ser una década de progreso en Europa. No lo contrario, no una década de angustias y de problemas provocados por unas economías no competitivas. Hay que hacer frente a los retos de la nueva época. Pero los retos de la nueva época hay que hacerlos con equilibrio, con responsabilidad, pensando en el diálogo y en el consenso social. Porque si hay algo imprescindible para que una reforma laboral tenga éxito es conseguir el consenso social.


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Nosotros no estamos convencidos, y lo hemos venido diciendo, no ahora cuando ha fracasado el diálogo social sino a lo largo de estos últimos meses, de que el planteamiento que se ha hecho de diálogo social, de pacto social por el emplo en el país, haya sido el adecuado.
Hemos presenciado meses de diálogo de sordos, de opiniones preconcebidas, de actitudes que parecían cerradas, de amenazas de que o se negocia o, en cualquier caso, lo haremos en la forma que haya que hacerlo. Yo diría, ¿si hubiese habido el acuerdo social que esperaba el Gobierno, las medidas que se hubiesen traído aquí, dentro de ese diálogo social, son las que se han traído, u otras? ¿Habrían sido reformas, evidentemente, por las cuales nosotros apostamos, pero con mayores controles y con mayores equilibrios, o las que se presentan hoy aquí? ¿Esta plataforma que se presenta hoy aquí con un conjunto de proyectos de ley era lo que esperaba el Gobierno que fuera el resultado del diálogo social si hubiese encontrado ciertamente una actitud constructiva y responsable del conjunto de los agentes sociales? Yo tengo mis dudas de que se aceptaran las medidas como vienen planteadas. ¿Por qué entonces en vez de adoptar la postura «a priori» no buscamos en las reformas de estos proyectos de ley las soluciones que pensábamos de antemano hubiera sido posibles ser pactadas? Es decir, ¿es posible seguir hablando de diálogo, de consenso social, o no? ¿Estamos condenados en este país a que la batalla de la semana que viene, de la huelga general del 27 de enero, sea entre dos ejércitos que ya no dialogan, que no tienen ninguna posibilidad de entendimiento y de avance? ¿Es simplemente decir: ocurra lo que ocurra no va a haber diálogo? Ustedes dicen a los sindicatos que tienen que entenderlos.
Pregunto, señores del Gobierno, ¿también tenemos que entenderlo los grupos parlamentarios?, ¿no va a haber ninguna clase de diálogo para reformar y mejorar los proyectos de ley que ustedes traen aquí? Supongo que ustedes pensarán que dentro de la pluralidad de esta Cámara y dentro de la representación diversa y distinta de los grupos que hay aquí, unos mayores y otros menores, si buscan ustedes el consenso político y parlamentario, al menos tenemos el derecho de poder dialogar.
Ustedes en absoluto han dialogado, por lo menos con nuestro grupo. Nos hubiese gustado decirles en ese diálogo, como se lo estamos diciendo ahora aquí, que es necesaria la reforma laboral en este país y que es necesario dialogar y mejorar las relaciones del mercado de trabajo; que es necesario reformar el Estado en este país para que los costes sociales no provoquen enormes déficit públicos, pero manteniendo el equilibrio social, el diálogo social, el desarrollo y el avance del estado social y democrático de derecho que define nuestra Constitución.
No estamos seguros de que el Gobierno tenga esa actitud. El Gobierno yo creo que está lleno de batallas de carácter político, de pasiones acumuladas sobre otras huelgas generales y de enfrentamientos y conflictos con los sindicatos que ya son historia y están provocando que uno de los debates más importantes que tiene en este momento en este país esté lleno de caricaturas, esté lleno de posiciones maniqueas, esté lleno de posiciones «a priori» y dogmáticas que no permiten llegar a soluciones de consenso.
Por tanto, nuestro proyecto alternativo se ofrece modestamente como una propuesta de diálogo, dispuesto simplemente a ser corregido en todo aquello que parezca razonable, pero que invita y propone al Gobierno que entre reforma del mercado laboral sí o no, existe una propuesta de que hay otra posible reforma del mercado laboral a la que se propone aquí. Es posible que haya contratos de aprendizaje, pero esos contratos de aprendizaje (el señor Ministro de Trabajo el otro día nos explicaba aquí las comparaciones con el conjunto de Europa) se tienen que ver con las condiciones que existen en este país sobre cuánto hay de trabajo y de empleo estable y cuánto hay de empleo precario, que no son las mismas que en otros países.
En la negociación colectiva, para que mantenga el equilibrio entre las fuerzas y las relaciones sociales y en este país no se retroceda, es necesario también comparar con las posiciones de fuerza que en otros países tienen los sindicatos en el seno de la empresa y que aquí no la tienen. A la hora de negociar y a la hora de establecer mínimos arbitrajes que sean imprescindibles en la negociación o en el despido, por ejemplo --que ya veremos en el siguiente proyecto de ley-- es necesario que los sindicatos y los trabajadores no se encuentren con la amenaza de que les digan: usted acepta esto o empiezo a aplicar medidas por causas organizativas. Las causas organizativas es un concepto que se presta tanto a la arbitrariedad y al peligro del abuso, que a nosotros nos preocupa seriamente.
Por tanto, los contratos de aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, los contratos de prácticas son figuras y modalidades que estamos de acuerdo en estudiar y negociar, pero con las condiciones y los límites necesarios para que no se provoquen abusos, para que no se sustituyan trabajadores con empleo estable que cuestan cuatro veces más que los aprendices que pudieran sustituirles. Si no hubiese tanta facilidad para el despido por causas organizativas uno podría pensar que el empleo que ya existe estaría estabilizado y que a partir de ahora se conseguiría una ampliación, nuevas contrataciones sin la utilización excesiva de los contratos de aprendices; pero con la concatenación de figuras que se hacen en el conjunto de los proyectos de ley tenemos serias dudas de que se logre simplemente generar empleo, y no sustituir empleo estable por empleo precario. Esas figuras, sin tanta flexibilidad como se ofrece ahora, ya han dado los resultados que estoy diciendo

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en los últimos años, porque ya existía y con muchas más limitaciones de las que se ponen ahora.
Señores Diputados, la única propuesta que nosotros entendemos aquí, porque hoy poco diálogo va a haber, es simplemente preguntarle al Gobierno si está dispuesto de verdad, por lo menos en el trámite de las enmiendas, a abrir un diálogo sobre tres grandes aspectos. Uno, las nuevas modalidades de contratación y las formas de negociación, manteniendo el equilibrio social y aceptando como base inicial la reforma del mercado de trabajo. Dos, las políticas activas de empleo, porque la crisis de este país no tiene que ver sólo con los costes laborales o con los costes del Estado de bienestar, sino con problemas de competitividad que van ligados a problemas de tipos de interés, a problemas de cotización de la peseta --que ha producido resultados tremendos-- y tiene mucho que ver con una política fiscal que no genera activamente empleo. Por eso en nuestra propuesta hay fórmulas de cómo ligar a la generación de empleo políticas fiscales, políticas incluso de cotizaciones a la Seguridad Social.
¿Es posible o no es posible discutir sobre eso? ¿Lo que invirtamos por un lado no nos lo vamos a ahorrar por otro? Y, tercero, hay que crear los instrumentos para generar esas políticas activas de empleo porque la intención de todos, supongo, cuando hacemos este debate es generar empleo. Las políticas activas de empleo sinceramente y si se quiere hablar en serio, pasan no sólo por desmantelar el Inem. Uno de los tremendos responsables de la falta de políticas activas de empleo en este país es la burocratización del Inem, la centralización del Inem, la falta de políticas, de instrumentos y de ligazón del Inem con la formación profesional y, por tanto, con las políticas educativas y los problemas de vinculación y territorialización del Inem a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
¿Es posible generar políticas activas de empleo proponiendo una reforma profunda del Inem, territorializando y ligándolo a las comunidades autónomas, a las políticas de formación profesional e intentando luchar contra el fraude del seguro de desempleo sobre la base de crear fórmulas como trabajos de utilidad social en combinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos? ¿Se quiere de verdad o seguimos con figuras como el Plan de Empleo Rural? ¿Estamos dispuestos a planes de empleo integrales, con la coordinación de un conjunto de políticas económicas, fiscales y activas de empleo, que permitan, de verdad, programar y generar empleo con la coordinación de todos los agentes sociales? Yo creo que en ese terreno el Gobierno no ofrece ninguna respuesta. Nosotros presentamos las nuestras, ofrecemos alternativas, alternativas de diálogo, pero, desgraciadamente, chillar y gritar pidiendo diálogo a este Gobierno nos resulta, me parece, un esfuerzo, por lo menos por ahora, un tanto inútil.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No hace falta sino ver no sólo el silencio, sino la falta de atención de los ministros del Gobierno responsables de estos temas, para comprender que, por lo visto, éste es un debate cerrado, un debate donde el diálogo está prácticamente culminado y donde lo que se juega es un pulso. La gran pregunta es: en una década que se inicia en Europa, que nosotros entendemos como una década de progreso y de avance social --esta es la gran cuestión--, después de una década de retrocesos y de avances conservadores (no estamos en una fase conservadora, en 1994 y 1995), cuando se prevén importantes cambios políticos y sociales en Europa, ¿este Gobierno está por las políticas conservadoras o por las políticas de progreso? Dentro de las políticas de progreso están las políticas de reformas sociales importantes y, entre ellas, la reforma del mercado laboral, por la cual nosotros apostamos, pero la gran duda es: ¿cree el Gobierno que con la derrota de los sindicatos españoles y de los trabajadores españoles, con sus dificultades nuevas, con la ruptura de equilibrios sociales, hay garantías para iniciar una década de progreso y transformación social o no? ¿Apuesta el Gobierno por la victoria pírrica de una derrota de los sindicatos el 27 de enero? ¿Es posible retomar el diálogo social? Nos gustaría oír --y con eso termino-- que el Gobierno ofrece un diálogo, por lo menos a los grupos parlamentarios; un diálogo para, por lo menos, ser convencidos y persuadidos de que lo que nos propone el Gobierno es lo mejor para generar empleo, para modernizar y hacer progresar el país. Nosotros estamos abiertos a ese diálogo, un diálogo que, al menos con nosotros, no se ha hecho. ¿Este Gobierno quiere dialogar? Que esa palabra no les resulte maldita en este momento, no crean que es un acto de debilidad, sino por el contrario, ¿no sería mejor hacer ofertas de diálogo hoy que después del 27 de enero?

El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, vaya concluyendo.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: ¿Se trata de ganar o de perder? Nosotros apostamos porque gane el país, porque ganen los trabajadores y los empresarios, porque gane el diálogo social, porque se avance en alternativas. Coalición Canaria hace esa apuesta y hace esa alternativa, pero aquí la palabra la tiene el Gobierno, la mayoría que le apoya y la mayoría que sostiene esta reforma laboral que, desde luego, no es la nuestra.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Méndez.


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El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno presentó a esta Cámara, que acordó convalidar, el Real Decreto-Ley 18/1993, de medidas urgentes de fomento de la ocupación. Se debaten hoy sendas enmiendas a la totalidad que incorporan texto alternativo que, siendo legítimas iniciativas parlamentarias, no puedo por menos de señalar que contienen aspectos que juzgaría como estrambóticos y responden a filosofías que se basan más en mantener la controversia con el Gobierno, que en propuestas formalmente realistas. No se introducen en los textos alternativos propuestas que cuestionen el fondo de las iniciativas del Gobierno, pero sí se introducen en cambio, de rondón, afirmaciones poco rigurosas y se proponen soluciones que o bien se basan en la creación de un laberinto de nuevos órganos administrativos, institucionales, políticos y de todo tipo (caso de la enmienda del Grupo de Coalición Canaria), o bien, caso de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida, propuestas descaradamente ineficaces y yo diría, además, oportunistas.
Entrando en el fondo del asunto, quisiera decir, en primer lugar, que todos estamos de acuerdo que vivimos en un contexto de globalización de las economías que exige cambios profundos a todos los niveles, económico, social, cultural, político y estratégico; cambios tecnológicos, cambios en el sistema productivo que aquejan por igual a todas las economías industriales que les están exigiendo adaptarse para seguir siendo competitivas y crear empleo y riqueza.
Sabemos, señorías, que hay que invertir en educación, en formación, en investigación y desarrollo, en la mejora de los procesos productivos, en la calidad, en la competitividad, pero también en la reducción de los costes, como hay que modernizar y adaptar el mercado laboral. Sabemos que necesitamos, por tanto, producir reformas en nuestro mercado de trabajo para responder a esos nuevos contextos, a esas nuevas situaciones y hacerlo, además, de un modo efectivo y competitivo; estamos, por tanto, obligados a modernizar el mercado laboral. Pero también sabemos que más allá de ese intento de modernizar el mercado laboral hay que garantizar la gestión de esas reformas de un modo que ha de ser racional, eficaz y eficiente socialmente, porque, y se ha dicho en esta Cámara, el mercado laboral ciertamente es ciego e insolidario con los parados y tiende a distribuir sus mejoras sistemáticamente sólo entre aquellos que ya están ocupados.
Los socialistas pensamos que estas reformas necesarias han de ser globales y no parciales. No caben, además --se decía en el debate del 28 de diciembre--, decisiones basadas en la vuelta a un sistema de autarquía, o el aislamiento. No cabe tampoco el viejo y clásico recetario de expansión del déficit público y, por supuesto, no cabe --y los socialistas jamás lo propondríamos--renunciar a las conquistas sociales del Estado de bienestar sobre el que se asientan nuestras políticas de defensa, de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad.
Insisto, por tanto, tenemos problemas estructurales en el mercado de trabajo, problemas que no se resuelven espontáneamente, ni cuando la situación económica en el país es más favorable. Tenemos además realidades objetivas: la realidad objetiva de un paro juvenil, la realidad de la escasa presencia de la mujer en el trabajo y del desempleo de larga duración que es preciso resolver. Sin embargo, no se trata de introducir cualquier reforma, sino aquellas que sean adecuadas, las que resuelvan nuestras rigideces y sean efectivas y aceptables para la sociedad y para los interesados.
El Gobierno, sin duda, hubiera deseado que tales reformas fueran objeto, en su momento, de pacto social y a ese fin se intentó llegar a acuerdos sin éxito, pero más allá de desear ese pacto, la sociedad nos está exigiendo decisiones y soluciones. Hemos traído, por tanto, a la Cámara, soluciones y decisiones globales, insisto, equilibradas, equitativas, efectivas; se podrán discutir los matices, pero no se podrá discutir el fondo. Se trata, además, de soluciones adaptadas al marco europeo, a aquellas sociedades que tomamos como referencia del bienestar y del progreso. Son soluciones aceptables para los jóvenes y sus familias; son soluciones adecuadas para quienes deben emplearlos y formarlos; son soluciones comprometidas con el empleo para las mujeres; son decisiones que garantizan, además, la equidad y la protección social; son decisiones, en suma, que abren expectativas de futuro para todos ellos; son decisiones que inspiran confianza y son además decisiones que hicimos figurar en nuestro programa electoral el pasado 6 de junio.
No estamos hablando, señorías, de entelequias ni de acciones descoordinadas con las restantes iniciativas que mantenemos en otros ámbitos de la vida pública, ni estamos hablando tampoco de las personas en abstracto, hablamos de los jóvenes sin oportunidad de empleo, de las mujeres y de los parados; hablamos también de poner en práctica iniciativas en el trabajo a tiempo parcial, en el funcionamiento del Inem, en la regulación de las empresas de trabajo temporal y un enorme etcétera.
Pero ya que aquí se ha hecho énfasis en ello, permítanme SS.SS. poner el acento en los contratos formativos, que son, sin duda, una esperanza para cientos de miles de jóvenes para los que estamos hablando. Los socialistas pensamos que la educación es una de las banderas de nuestro proyecto, es una de las políticas esenciales que garantizan la igualdad; pues bien, a lo largo de estos años hemos realizado en este país un esfuerzo ingente en materia educativa. Ese esfuerzo educativo ha podido proporcionar a muchos jóvenes formación --aunque no siempre formación adecuada--,

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para su acceso al mercado de trabajo. Existe ahora, por tanto, más que nunca en la historia de nuestro país, una mayor igualdad de oportunidades, pero es necesario que esa igualdad, que esa mayor capacidad de nuestros jóvenes guarde finalmente relación con su capacidad en el mercado de trabajo, es decir, con las ofertas laborales que finalmente se hagan a los jóvenes.
La sociedad tiene que saber rentabilizar ese esfuerzo educativo realizado y la mejor forma de hacerlo es relacionarlo con el empleo. No podemos olvidar que la formación de los recursos humanos se ha convertido ya en una de las principales variables estratégicas de todas las sociedades industriales. Disponemos, además, de recursos económicos importantes para poder garantizar la gestión de la formación desde los fondos de formación ocupacional y continuada para los contratos que podemos poner en práctica y tenemos, lo decía al principio, la voluntad de gestionar esta medida, controlarla y evaluar su funcionamiento. Insisto, señorías, no estamos ya en estos momentos en condiciones de discutir matices, de si son galgos o son podencos; es el momento de saber dar una respuesta eficaz al problema.
Señor Mauricio, en relación con el texto alternativo planteado por la Coalición Canaria le diré que me sorprende más por su obsesión por marcar la distancia con el proyecto presentado en su día por el Gobierno que por la real distancia que les separa de ese texto. Observo en el mismo un respeto claro y manifiesto a la letra en algunos aspectos que voy a mencionar.
Asume, por ejemplo, la creación de las agencias de colocación sin ánimo de lucro; no se aleja del texto del Gobierno en materia de contratos en prácticas o de aprendizaje; tampoco se aleja en materia de trabajo a tiempo parcial y de contrato de relevo; lo mismo sucede en materia de fomento de los conciertos que desde el Inem se pueden efectuar con las administraciones y con las entidades sin ánimo de lucro. Las mayores distancias, por tanto, no están en este articulado, sino en el propio sentido de la oportuniad y en el contenido de sus propuestas para llevar a cabo la bonificación, por ejemplo, de las actividades de creación de empleo, que creo forman parte del contenido de otras normas que no estamos debatiendo en estos momentos.
Sí puedo decirle que nos aleja profundamente de su propuesta ese afán de creación de innumerables órganos sectoriales, institucionales, políticos, tutoriales, de todo tipo, cuando estamos intentando flexibilizar el marco general de actuaciones y cuando, además, más que nunca estamos intentando recobrar el auténtico sentido de las palabras «autonomía de las partes» en la negociación. Nos parece, por tanto, que esa pluridimensión de órganos introduciría burocracia y rigidez en el funcionamiento del sistema. No dude de que posiblemente el proceso de debate parlamentario de estareforma permitirá una mayor aproximación entre nuestras posturas. Creo que sería lo deseable.
Señor Peralta, en relación con su enmienda de texto alternativo lamento decirle que encuentro es un refrito de ideas ultraintervencionistas que siguen concibiendo el papel del Estado como el de un Estado gendarme; viejas ideas estatistas trufadas de extravagancia, como el control de los excedentes para crear un fondo de inversiones obligatorio; y medidas de absoluta irracionalidad, como la reducción de la edad general de jubilación a los 60 años, la reducción de la jornada laboral a 35 horas, como un primer paso hasta llegar a las 30 horas semanales. En fin, en serio, de verdad, señoría, ¿es así como piensa que nuestras empresas van a ser más competitivas y se va a crear más empleo? Yo no creo que lo piense en serio. Su texto, insisto, está plagado de contradicciones. Citaré algunas. Cuestionan nuestra propuesta de mejorar el funcionamiento del Inem, pero admiten, sin embargo, que transcurridos tres días desde la oferta realizada a través del Inem pueda operar la colocación directa. Yo no lo entiendo.
¿Se trata de mantener el tapadillo porque sí? Todos sabemos ya en esta Cámara que el modelo actual a efectos de la colocación no es operativo. Sin embargo, ustedes se resisten a entrar en el fondo de la cuestión y a proponer soluciones realistas.
Plantean, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo bajo el beatífico manto de pensar que de esa manera se reparte el trabajo, pero no dicen si la reducción del tiempo de trabajo comporta también la correlativa reducción del sueldo y en todo caso ignoran, cuando ya es bien sabido, que una medida de tal tipo no sólo no genera empleo, sino que crea dificultades organizativas en las empresas y dificultades muy serias.
Pasan además por alto que España tiene ya una de las jornadas de trabajo más bajas, en términos de duración, de toda Europa.
Usted sabe perfectamente que el debate sobre el reparto del tiempo de trabajo es un debate etéreo y maniqueo.
Plantean, por ejemplo, la reducción de la edad de jubilación hasta los 60 años y pasan por alto que las tendencias dominantes, señaladas además por todos los órganos internacionales, son las de mantener e incluso ampliar la edad de jubilación, dada la prolongación de la expectativa de vida y la mejoría de la salud general de todos los trabajadores. Lo que es más grave, con esa medida pasan por alto el coste brutal que tendría su aplicación para el sistema de protección. Significaría poner en gravísimo riesgo la capacidad financiera del sistema de protección, del sistema de Seguridad Social. Una medida de ese tipo, insisto, señor Peralta, sólo puede ser presentada por quienes jamás han pensado tener responsabilidades de gobierno y, por tanto, se limitan a hacer brindis al sol, en este caso al sol que les parece más calienta.


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Ponen tantos reparos, tantos condicionamientos a los contratos de formación que los harían inviables. Siento decirle a ese respecto que sus propuestas no miran al futuro de nuestros jóvenes. Porque, ¿cuál es su alternativa en todo caso? ¿Trabajar sin saber? ¿Saber sin trabajar? Insisto, señor Peralta, se olvidan, además, de los jóvenes de más de 20 años sin experiencia formativa previa. Para ustedes los jóvenes de esa edad en adelante no existen y no dan ningún tipo de solución para ellos. Con su propuesta alternativa en materia de trabajo a tiempo parcial esté bien seguro que se potenciaría hasta límites increíbles la economía sumergida. En sus propuestas alternativas crean, además, una falsa puerta de acceso a las administraciones públicas, al margen de la oferta de empleo público, que es una pieza antológica de iniquidad social.
Finalmente, llegan incluso a crear impuestos nuevos para empresarios y trabajadores y nos hablan, sin ningún recato, de la reconversión industrial ecológica. ¿De verdad piensan que lo que están esperando los ciudadanos es que hablemos de la reconversión industrial ecológica? Ciertamente tengo que reconocer que no les ha faltado osadía en sus propuestas, pero es la osadía de la simple demagogia y de la escasa sensibilidad social para con los problemas de los que no tienen empleo o de aquellos que se sienten inseguros en su trabajo.
Recomiendo a SS.SS., por si no lo han podido leer, que no se pierdan en el texto alternativo de Izquierda Unida aquello que antes citaba: la creación de ese nuevo impuesto, el FIO.
Háganlo. Se trata sin duda de un divertimento impagable: un impuesto económico-socioecológico cuya fórmula de cálculo recomiendo sea leída, porque pasará a los anales de la historia de los desatinos políticos. Da, por tanto, la justa medida de sus propuestas alternativas.
Insisto, señor Peralta, con esta respuesta han dado el salto mortal hacia la nadería más absoluta. No es que vayan en dirección contraria a las propuestas del Gobierno o de este grupo; es que van directamente hacia la vía muerta, no tengan ninguna duda.
Finalmente, tengo que decir que los ciudadanos deben recibir un mensaje claro de esta Cámara. Se trata de adoptar decisiones estratégicas adecuadas que se adapten a los problemas que tenemos y que los resuelvan. Deben saber que pretendemos dinamizar la economía y crear las condiciones para favorecer el crecimiento y el empleo. También deben saber que nos proponemos impulsar el empleo de forma específica en sectores más concretos de la sociedad que tienen hoy mayor dificultad para obtenerlo: mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración. Deben saber también que queremos convertir al Inem en un instrumento eficiente socialmente para la gestión de aquellas políticas relativas a estos sectores de mayor dificultad; que necesitamos proporcionar expectativas para los jóvenes, garantizándoles mecanismos nuevos para que lleguen al mercado de trabajo. Para ello, es necesario ponerles en contacto con el mundo de la empresa y proporcionarles, desde las empresas, la experiencia de la que, obviamente, carecen. Esa experiencia tiene nombre, es el aprendizaje, es la formación, y debe suponer que adquieran en ella las habilidades, las capacidades, la formación e incluso la titulación profesional cuando carezcan de la misma.


El señor PRESIDENTE: Señor Méndez, le ruego concluya.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Es a través del aprendizaje donde se crean las oportunidades para el empleo. Aquellos que hoy entran en las empresas como aprendices son los profesionales del mañana.
Nuestra propuesta, por tanto, señorías, es la de propiciar el mayor empleo posible en un marco de la máxima competitividad, para garantizar también la cohesión social en nuestra sociedad y la solidaridad.
Lamento que en ese esfuerzo colectivo ustedes sólo estén pensando en subirse nuevamente al campanario o, perdón, al minarete. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Méndez.
El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Méndez, realmente ha utilizado usted un turno en contra de la enmienda con texto alternativo presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Mi duda es si el contenido de ese turno en contra ha ido más allá de la descalificación, en mi opinión, bastante carente de razón y alejada de la realidad. Señor Méndez, quiero que sepa que yo no voy a subir a ningún minarete ni a ningún campanario, simplemente a la tribuna, a contestarle y a intentar hacerlo en términos de razón, aunque ésa en su intervención haya brillado por su ausencia.
Ha dicho usted, señor Méndez, que nuestras críticas a las propuestas del Gobierno son críticas de matices, que no vale la pena discutir si son galgos o podencos, que lo que es obvio es su necesidad. (El señor Vicepresidente (Beviá Pastor) ocupa la Presidencia.) Si es así, ¿qué impedimento hay en que esos matices planteados por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sean aceptados? ¿Qué inconveniente hay en que el contrato de aprendizaje no sea un contrato temporal? ¿No hay ya bastantes contratos temporales en nuestro país? ¿Es que con un 40 por ciento de asalariados en

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precario no hay bastantes todavía? Si es un matiz que la retribución de los aprendices no vaya referida al salario mínimo y por debajo del salario mínimo, ¿qué problema hay en aceptar que su retribución sea la de convenio colectivo? ¿Qué problema hay en que los aprendices tengan la protección social que tienen todos los trabajadores? ¿Por qué razón los aprendices no tienen protección por desempleo? ¿Por qué razón no tienen cobertura económica por enfermedad? Dé alguna explicación de eso. ¿Por qué razón las aprendizas no tienen cobertura económica por maternidad? Conteste a esos matices y, si sólo son matices, acéptelos. Dé una prueba de ese talante negociador que afirma que tienen el Grupo Socialista y el Gobierno.
Si son matices, acéptelos, pero, evidentemente, no son matices. No lo son. Son críticas importantes y así lo entiende la sociedad española. Claro que lo entiende y, sin lugar a dudas, las propuestas que nosotros planteamos no merecen, en esa opinión, esa valoración descalificadora que usted ha hecho. Sin embargo, yo creo que las propuestas planteadas por el Gobierno han suscitado una enorme preocupación entre todos los trabajadores; no sólo entre quienes tienen trabajo; también entre pensionistas, desempleados, etcétera. Porque es verdad que se recorta a todos ellos importantes derechos con estas medidas del Gobierno. A los pensionistas, en lugar de revalorizarles un 4,9 por ciento, un 3,5; un 30 por ciento menos de incremento. A los desempleados, un recorte importante en los subsidios. Ya se recortó en el año 1992 la prestación contributiva; ahora, la asistencial. A los trabajadores, a todos, un profundo recorte en sus derechos. Un incremento notable de la inseguridad de los trabajadores. Dice usted que nuestras medidas son refrito de ideas ultraintervencionistas. Por ejemplo, el Estado gendarme. ¿Qué quiere usted que le diga? Este grupo no controla las Fuerzas de Seguridad del Estado: no las controla. Y, en concreto, desearíamos que el día 27 no se enfrenten a la mayoría de los ciudadanos del país. No es ése nuestro modelo. Que le quede claro. Y, desde luego, no pretendemos mantener de tapadillo el Inem. No, no. Pretendemos mantenerlo a las claras. A las claras. Porque el problema no es si el plazo es de tres días para que se atienda la petición de empleo formulada por un empresario. El plazo puede ser mayor o menor. Lo importante es que esa oferta de empleo se tiene que hacer necesariamente a través del Inem. Eso es lo importante. Y ustedes rompen ese principio. Ustedes admiten las agencias privadas de colocación, que dicen ustedes que no van a tener afán de lucro. Y eso, ¿quién lo controla? ¿Un Estado ultraintervencionista? Porque, a lo mejor, los gerentes de esas agencias de colocación tienen sueldos multimillonarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, vaya concluyendo, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, termino en seguida.
Y esos costes los tendrán que pagar los trabajadores que busquen empleo. En definitiva, para encontrar empleo, habrá que pagar y se producirá una discriminación en el acceso al empleo.
Hay que mantener la intermediación exclusiva del Inem en el mercado de trabajo para garantizar la no existencia de discriminaciones. Y eso es compatible con una descentralización importante de ese Inem y con conciertos con otras administraciones públicas, en concreto, locales, que acerquen la oferta y los planes de empleo a la realidad local.
Me decía usted, señor Méndez, por contestar a algunas de sus objeciones, que nuestra pretensión de reducir la edad de jubilación plantea gravísimo riesgo a la Seguridad Social. No me ha contestado usted, señor Méndez, al gravísimo riesgo a la Seguridad Social que va a plantear la sustitución de trabajadores fijos por aprendices. Eso es lo que va a promover ese contrato de aprendizaje introducido en un momento de recesión económica. No estamos creando empleo. En estos momentos, lo más que se conseguirá es que se despida a trabajadores fijos que resultan costosos en Seguridad Social, costosos en derechos laborales, por aprendices con salarios por debajo del salario mínimo, con bajas cotizaciones y con temporalidad. Eso sí que va a suponer un gravísimo riesgo para la Seguridad Social, pero, además, un gravísimo riesgo generalizando, por una parte...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, termine, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: ... precarización --termino, señor Presidente--, y, por otra parte, escasos derechos para quienes pierdan su empleo.
En los contratos a tiempo parcial, sólo quiero recordarle, señor Méndez, que hasta el Real Decreto-ley la regulación los admitía en nuestro país, siempre que supusieran, como mínimo, menos de la mitad de la jornada ordinaria. Quien generaliza los contratos a tiempo parcial es la reforma del Gobierno y quien, además, priva de derechos al contrato a tiempo parcial es la reforma del Gobierno que, en los casos de escasa jornada, les quita prácticamente toda la protección social.
Decía usted --y con esto termino, señor Méndez--, que nuestras propuestas son un brindis al sol que más calienta. Señor Méndez, si por brindis al sol se entiende apostar por las propuestas de los sindicatos, que le quede claro que nosotros asumimos esa apuesta, porque es la propuesta que ha hecho posible históricamente el Estado del bienestar en nuestro país y en Europa: los sindicatos con sus esfuerzos y con su contribución. Nosotros a ese sol sí que apostamos. El que caliente o

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no ese sol, señor Méndez, el día 27 lo veremos y, desde luego, nuestra voluntad es que no se caliente a la gente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a dar una breve contestación a la intervención del señor Méndez, que ha hablado como portavoz del Grupo Socialista.
Si le he entendido bien, el Grupo Socialista ha hecho, en principio, una valoración positiva y no descalificatoria del proyecto presentado por Coalición Canaria. Ha llegado a decir que tiene una serie de aspectos que son positivos, incluso que algunos son coincidentes. Sinceramente, no lo son en su detalle, pero sí en el espíritu de que es necesaria una reforma y una modernización del mercado laboral en este país, con un conjunto de controles y garantías que, en nuestra opinión, los proyectos del Gobierno no tienen suficientemente.
Solamente quería subrayar, porque no es el momento de las grandes polémicas, y preguntar de paso si he entendido bien que el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a abrir un diálogo y una negociación para mejorar sus propuestas de reforma del mercado laboral a partir de su trámite parlamentario, porque hasta ahora nos ha dado la impresión de que se defendían textos como si fueran las tablas de la ley, o blanco o negro, y las cosas no son ni blancas ni negras, sobre todo en el complejo mundo de las relaciones laborales y de los equilibrios sociales. Si se acepta el principio de que las cosas pueden ser mejoradas y de que esos textos pueden ser reequilibrados y garantizados suficientemente para mantener el equilibrio social, Coalición Canaria estaría dispuesta a entrar en ese diálogo que hasta ahora ha sido claramente insuficiente.
¿Entendemos que el Grupo Socialista, en su trámite parlamentario, va a hacer de esta batalla no una batalla de creyentes y de herejes, sino una batalla para conseguir entre todos restablecer las bases del consenso social, en estos momentos en desequilibrio en el país? Si así fuera, el Grupo de Coalición Canaria lo celebra y está dispuesto a entrar en el diálogo para mejorar los proyectos inicialmente ofrecidos.
Esperamos que la oferta de diálogo no sea una frase hueca y que contribuya no sólo a la mejora de los proyectos, sino a tranquilizar la crispada situación en que se encuentra la opinión pública de este país. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Méndez.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Voy a hacer dos indicaciones. La primera, en relación con su intervención, señor Mauricio.
Yo decía que no constataba la existencia de grandes diferencias en lo que era el texto alternativo respecto de los contenidos de las propuestas del Gobierno. Si hubieran sido similares, estoy seguro de que no las hubiera incorporado como texto alternativo. Tiene matices y eran estas diferencias de matices las que yo señalaba, no las que el señor Peralta asumía, como los matices que nos diferencian en relación con su texto alternativo, que no son matices, que son realmente abismos. Son matices, ciertamente, señor Mauricio, en su caso, y, por eso, yo entendía que hay capacidad de aproximación, aunque también le marcaba la distancia y la diferencia con esa obsesión por anteponer órganos de todo tipo, institucionales, políticos, tutoriales, que yo creo que hacían más compleja la vida en el mercado de trabajo y la capacidad de respuestas en el mismo.
Preguntaba usted si en el trámite parlamentario habrá una busca de consenso. Nuestro Grupo parlamentario, siempre, sistemáticamente, está abierto a ese consenso, entre otras cosas, porque más allá de que ésa es la lógica en la que se mueve el Grupo, esa es la lógica en la que se mueve todo debate parlamentario. Será el propio trámite parlamentario el que nos diga si hay esa capacidad de consenso y de encuentro y en relación con qué temas.
Señor Peralta, no se aproveche usted de las diferencias de matices. Le insisto, no son matices lo que nos distancia, son auténticos abismos. Yo los señalaba y es posible que usted no haya querido tomar nota de ellos. Lo son en el articulado.
Ustedes cierran las puertas parahacer posibles todas y cada una de las medidas propuestas. Ustedes, ciertamente, hablan en su texto alternativo de contratos de formación, en prácticas, en aprendizaje, etcétera, pero lo hacen de tal modo que hacen inviable el funcionamiento de esos contratos. No son nada distinto a los contratos de un trabajador fijo en condiciones, de titulación suficiente, etcétera. Y creo que es un ejercicio de hipocresía proponer como alternativas instrumentos que, de salida, no están concebidos para que funcionen.
Ustedes no apuestan por ninguna medida de modernización. ¿Cómo no hablar, por tanto, de esas distancias? Además, yo le recomendaba que se tomaran muy en serio dos de las alternativas que incluyen de rondón en este texto. Una es cómo creen que es posible hablar con el dramatismo con el que hablan en esta tribuna de los problemas que tenemos en el mercado de trabajo y proponer como soluciones la reconversión industrial ecológica, en estos momentos, así como suena, y la financiación de un conjunto de actividades a través de un fondo de inversiones obligatorio, que es un impuesto a trabajadores y a empresarios, cuya fórmula es --insisto-- extravagante cuando menos. Y no la leo en la tribuna por no cansar a SS.SS.


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No es el Grupo Socialista quien marca distancias. Son ustedes quienes las marcan con sus propuestas inadmisibles. Además, le digo que, a la vista de sus propuestas alternativas, nos interesa que se note mucho la distancia que nos separa.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Grupos que deseen fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervendré muy brevemente para fijar la posición de la Coalición a la que represento en una materia que ya ha sido suficientemente debatida en esta Cámara, también el pasado 28 de diciembre, y tendremos oportunidad de profundizar en ella.
Consiero que existen aspectos positivos en el tratamiento de las medidas urgentes de fomento de la ocupación en cuanto significa la posibilidad de empezar a desmontar el viejo orden laboral franquista y acercarnos a un proyecto de modernización y homologación con la situación europea que, en definitiva, por mala que sea, no creo que haya sido peor que la situación por la que atraviesan nuestros trabajadores y nuestros empresarios. Sin embargo, también quisiera destacar algunos aspectos negativos, como son la carencia de acuerdo con la representación sindical, la ausencia de resultados en forma de leyes o decretos ley procedentes de un acuerdo y negociación entre las partes. Hoy se obliga a los grupos políticos a venir aquí y posicionarnos, faltando el consenso social. Yo diría más, desvirtuando el fundamento de las relaciones laborales, como es el principio del acuerdo procedente de la negociación entre las partes. Sobre eso deberíamos habernos posicionado.
En principio, la propuesta de nuevas formas de contratación va dirigida a cubrir objetivos urgentes, una salida a la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes, cualificados o no, pero, sobre todo --yo creo que aquí es donde se debe destacar--, es la oportunidad de aportar formación, adquirir experiencia en el mundo del trabajo y en el propio puesto de trabajo, tema que hasta el presente ha sido desvirtuado y que ha ocasionado un número importante de descualificados, que son víctimas del desempleo.
Nos preocupa el control que de todas estas actuaciones se vaya a producir. Se está anunciando pomposamente la creación de más de 20.000 puestos de trabajo bajo estas nuevas modalidades.
Sea o no verdad, los peligros de la burocratización e inercia de las instancias administrativas o los peligros procedentes de la descoordinación en el control del cumplimiento del proyecto de ley que hoy estamos tratando, como resultado, precisamente, de un nuevo acuerdo con la representación laboral, pueden llevarnos a que todo esto se pueda convertir en una especie de fuga hacia adelante, no obteniendo los resultados positivos que todos buscamos.
Añadiría más. Este planteamiento no es suficiente para resolver el problema del desempleo, pero, sin embargo, consideramos que es un paso necesario para comenzar a resolverlo. El empleo no se va a crear solamente con estas medidas, y es necesario, además, que, por parte de la representación empresarial, se tomen medidas de carácter riguroso para poner las empresas en situación de inversión y rentabilidad. Además, consideramos que estas medidas deben ir acompañadas de otras que proceden ya más de la propia reforma del Estado. Y en ellas quiero centrarme.
En este contexto que estamos planteando el debate, faltan medidas para reducir el déficit público. Las situaciones presupuestarias siguen estando en la misma posición en la que estaban antes de haberse planteado las medidas laborales como únicas medidas para afrontar la crisis.
Faltan medidas de fomento de la empresariedad, de favorecer al empresario responsable y de exigir y ejemplarizar al irresponsable. En el Estado, y dentro precisamente del propio aparato del Estado, existe hoy día aún una gran proporción de personas que tienen pluriempleo y a las que habría que forzar a buscar una solución a través de excedencias forzadas o incentivadas.
Quisiera también indicar que otras medidas de carácter social, como son las relacionadas con el abaratamiento de la vivienda o de los servicios, deberían acompañar todo el esfuerzo de reforma laboral que estamos proponiendo. En esta línea es en la que queremos exigir precisamente a la representación del Gobierno que, así como se está realizando un esfuerzo importante de liberalización del mercado de trabajo, se vaya acompañando de medidas sociales y presupuestarias dedicadas fundamentalmente a la reforma sustancial del Estado y del déficit público para que den resultado las medidas que hoy vamos a aprobar.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario va a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas a este proyecto de ley, que deriva del Real Decreto-ley de fomento de la ocupación. Señor Presidente, vamos a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad porque nos parece que está bien configurado este proyecto de ley. Me parece que las medidas de fomento de la ocupación, estos contratos especiales,

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que pretenden atender a una situación de emergencia del desempleo, tienen una regulación adecuada, pertinente. Y, «sensu contrario», ya es necesario decir, señor Presidente, que nos parece que las críticas que han sido vertidas por los portavoces que han defendido las enmiendas, los anatemas vertidos particularmente por el portavoz de Izquierda Unida, el señor Peralta (es un profundo conocedor del Derecho del trabajo, pero nosotros tenemos la convicción de que está exagerando sus planteamientos en este contexto, en lo atinente a este debate), nos parecen exagerados, nos parece que son, de alguna forma, críticas que desnaturalizan la propia esencia, la propia fundamentación teleológica de este proyecto de ley y, lo que es más grave, sus pretensiones, acabar con el lacerante problema del desempleo, contribuir a reducir la lacerante dimensión del problema del desempleo.
Nos parecen exagerados los anatemas vertidos por Izquierda Unida; nos parecen también exagerados los que vertió el señor Anguita en un programa televisivo en la noche de ayer, donde tuvo la amabilidad de citarme (me hubiese hecho más feliz, desde luego, si esa cita hubiese sido mejor contextualizada, en sus propios términos), y nos parecen exagerados porque nos da la impresión de que Izquierda Unida está realizando una argumentación tramposa, intelectualmente tramposa, señor Presidente. Está atribuyendo a estos proyectos de ley, a los tres que van a ser objeto de debate en la sesión plenaria de hoy, ser proyectos de ley cuya pretensión, cuya finalidad, cuya esencia, es liquidar los resquicios del Estado de bienestar, lo que en este momento queda todavía y cabe configurar conceptualmente como Estado del bienestar. Y no, señor Presidente: es exactamente lo contrario. Estos tres proyectos de ley en el Estado español, en Bélgica, en Italia, en todos los países desarrollados, no son más que un reflejo de un proceso natural degradador, de una degradación, por múltiples causas muy complejas de explicar, que sería muy prolijo explicarlas en este debate, de los propios postulados conceptuales, de los propios paradigmas definidores del Estado del bienestar.
El Estado del bienestar está acabando él solo, o está parcialmente acabando él solo, a pesar de que algunos ideólogos de categoría profesional intelectuales se aferren, de forma inadecuada, a través de una resistencia absurda y numantina, al mantenimiento de unos postulados que en este momento son objeto de revisión en todos los países de nuestro contexto, en todos los países más desarrollados.
¿Cuáles son estos postulados que están en crisis, que están en revisión (en revisión al menos parcial, hay que decirlo así, palmariamente, con claridad), cuáles son los fundamentos de esta crisis parcial, de este ciclo histórico que se está agotando del Estado del bienestar? Son múltiples circunstancias, algunas de las cuales han sido objeto de alusión ya: la globalización; la internacionalización de la economía, donde en el mercado, en la competencia internacional, entran nuevos países que están haciendo revisar los viejos liderazgos y las viejas hegemonías económicas, los países que tradicionalmente han dominado el concierto internacional económico; la convulsión que en este momento constituye, geopolíticamente, los acontecimientos mundiales; la desaparición de bloques; la afloración de nuevas naciones, de nuevos estados, y múltiples circunstancias que colocan al Estado del bienestar y a sus postulados definidores en una fase de cuasi liquidación.
Hay que hablar con esta honestidad, con esta claridad y sin jactancia --y desde luego sin alegría, pero hay que decirlo-- de los postulados del Estado del bienestar, porque hay que saber de qué hablamos, ya que aquí se utilizan los conceptos como si fuesen realidades metafísicas indiscutibles. El Estado del bienestar no es nada en sí mismo, es una forma de organizar las relaciones de producción que se basa en una serie de paradigmas. El primero es el del pleno empleo, el viejo ideal keynesiano del pleno empleo, y esto hoy todo el mundo lo considera una utopía, al parecer salvo ustedes, algunos de los representantes de Izquierda Unida. La protección universal ante todo tipo de contingencias, ante situaciones de necesidad; esto cada vez resulta más gravoso para la mayoría de los estados más avanzados. El rescate y relativización del poder de dirección y de la propiedad de los medios de producción del empresario, que en este momento se considera lesivo o que dificulta la competitividad en este nuevo contexto socioeconómico en el que vivimos. La irregresividad de lo que se va negociando en los convenios colectivos, que al parecer, según los postulados clásicos del Estado del bienestar, iba cristalizando y esa cristalización, esa imposibilidad de regreso sobre lo mejorado por los convenios colectivos año tras año, debía informar la propia actividad del legislador. La participación de los trabajadores en la propiedad y en la dirección de las empresas, que ya precozmente la propia Constitución Española relativiza, ubicando esa participación de los trabajadores en el sistemáticamente anodino artículo 129 de la Constitución, etcétera. Esto nadie lo está provocando conscientemente, esto deriva de una situación natural, de una coyuntura diferente que tenemos que aceptar porque es inevitable, porque está en la naturaleza de las cosas, y oponerse a ello, al final, lo que supone es producir una degradación de estos conceptos clásicos, seguramente mucho más virulenta y menos controlable.
Las reformas que plantean estos tres proyectos de ley, igual que las reformas que se están acometiendo en Bélgica, en Italia y en la República Federal alemana, igual que otras, se enmarcan en este contexto, esto es una contextualización sencilla, y lo que quede del Estado del bienestar es lo que se pueda reservar. Pero estas reformas necesariamente tienen que acometerse, es inevitable, porque si no, no va a quedar nada, vamos a quedar

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fuera del concierto del mercado internacional, fuera del concierto de la economía internacional. Lo único que se sabe es que esta situación de crisis en la que vivimos provoca desempleo, mucho desempleo, que afecta, además, no de forma homogénea a toda la población, sino particularmente a ciertos colectivos: a los jóvenes que buscan su primer empleo, a los desempleados mayores de larga duración, etcétera. Y estas medidas, estas fórmulas contractuales especiales atienden a dicha situación de emergencia, a esa desestructuración natural del mercado de trabajo, creando fórmulas contractuales que pretenden estimular precisamente la contratación de estos trabajadores que tienen especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Se crea un contrato nuevo, un contrato en prácticas, se crea un contrato de formación, un contrato de relevo con una regulación novedosa, y nos parece que están bien reguladas estas fórmulas contractuales.
Señor Ministro, nosotros tenemos algunas reservas o algunas dudas que nos gustaría que usted nos resolviera. En primer lugar, el artículo 3 del Real Decreto-ley se nos antoja que tiene una interpretación equívoca, que requiere una exégesis demasiado sutil. Cuando se dice que a los contratados, a través de la fórmula del contrato de aprendizaje, se les podrá pagar el 60 por ciento del salario previsto en el convenio colectivo o el 70 por ciento del salario mínimo interprofesional, ¿qué se quiere decir exactamente? Entendemos que el proyecto de ley utiliza una expresión hermenéuticamente perturbadora, porque dice que, en defecto de convenio colectivo, se podrá pagar el 60 por ciento del salario previsto en convenio colectivo. Si es en defecto de convenio colectivo, señor Ministro, ¿de qué convenio estamos hablando, si luego se utiliza la expresión del 60 por ciento del salario previsto en convenio colectivo? Señor Ministro, si a una persona que se le contrata a través de un contrato en prácticas, una vez se le ha contratado se integra en el ámbito de la empresa, no podemos hablar ya de defecto de lo previsto en el convenio colectivo, porque el convenio de aplicación, una vez producida esta integración en la empresa, es el convenio de la empresa, y el salario sería el correspondiente a su categoría profesional, luego usted me tendrá que decir qué quiere decir en defecto de convenio colectivo. ¿Quiere decir, que es lo que nosotros intuimos, que en defecto de previsión en el convenio colectivo de esa empresa se le podrá pagar un 60 por ciento del salario del convenio colectivo para su categoría profesional? Pues esto no se puede hacer, señor Ministro, para esto no tiene habilitación este proyecto de ley, a nuestro juicio.
Los convenios colectivos regulados según los requerimientos del Título III del Estatuto de los Trabajadores tienen lo que se denomina eficacia erga omnes, eficacia general, y los convenios colectivos no pueden disponer de su eficacia general, de sus ámbitos de aplicación, esto contradice expresamente lo previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, y menos por omisión, que sería lo que se está previendo en este proyecto de ley. ¿Cómo por omisión un convenio colectivo va a prever que a unas personas, a unos colectivos, ubicados dentro de su ámbito personal de aplicación, se les va a pagar un salario menor de lo previsto en ese convenio colectivo? Esto es casi una contradicción en sus propios términos, y esto, en nuestra opinión, desestructura preocupantemente no sólo el contenido del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, sino la propia estructura de fuentes de la relación laboral del trabajo previsto por el artículo 3.º de dicho Estatuto de los Trabajadores, y tangencialmente el artículo 37.1 de la Constitución, que ya consagra esta fuente, este carácter de fuente completiva de la relación laboral y esa eficacia erga omnes, esa eficacia general de los convenios colectivos.
Nos preocupa otra cosa, señor Ministro --el señor Anguita lo comentaba en la televisión con escasa lucidez, puesto que no era exactamente cierto lo que dijo ayer--, y es que también se reduce la protección social tanto a los contratados en prácticas como a los contratados en formación que trabajen menos de 14 horas semanales y 48 horas mensuales. Se reduce la protección no a la nada, como decía el señor Anguita, sino que se reduce al núcleo esencial de la protección del sistema público de Seguridad Social; es decir, se reduce la protección a las siguientes contingencias: en primer lugar, accidentes de trabajo; en segundo lugar, enfermedad profesional; en tercer lugar, asistencia sanitaria para contingencias comunes y, en cuarto lugar, al fondo de garantía salarial. Nos parece que esto no incurre en regresividad. Nos hubiese preocupado si se hubiese vulnerado en este núcleo esencial de protección la posibilidad de incurrir en la irregresividad que veta, que prohíbe el artículo 41 de la Constitución que define nuestro sistema público de Seguridad Social, pero puesto que se mantiene este núcleo esencial de protección, entendemos que esta regulación es correcta, tanto para el contrato en prácticas como para el contrato a tiempo parcial, cuando se trabajen menos de 14 horas a la semana y 48 al mes.
Por último, señor Ministro, nosotros tenemos, de alguna forma, renuencia sobre lo que entendemos que son problemas de sistemática, ya no sólo a este proyecto de ley, sino de los tres. Le voy a hacer algunas preguntas concretas que me gustaría que usted resuelva cuando procedimental o reglamentariamente sea pertinente.
Señor Ministro, si el Real Decreto-ley, inicialmente, y este proyecto de ley, en su disposición adicional, prorroga aquellos contratos temporales celebrados al amparo del Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, siempre que éstos acaben entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, ¿por qué no es este proyecto de ley

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el que deroga el Real Decreto de fomento de la ocupación de los contratos de tiempo parcial? ¿Por qué se encarga a otro proyecto de ley diferente --lo cual provoca un problema de sistemática grave--, que es el proyecto de ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores, de esta derogación del Real Decreto 1989/1984? Esto provoca perturbaciones interpretativas. Hasta tal punto es esto así que me consta que la dirección del Inem ha tenido que emitir una circular interpretativa sobre esta cuestión. ¿Sigue vigente o no sigue vigente en este momento el Real Decreto 1989/1984?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, vaya concluyendo, por favor.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, señor Presidente.
En definitiva, son problemas de sistemática.
Otro problema de sistemática igualmente perturbador, en opinión de mi Grupo Parlamentario, es el siguiente. Se regulan las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de colocación en este proyecto de ley de fomento de la ocupación que estamos debatiendo en este momento. Sin embargo, es otro proyecto de ley el que regula el funcionamiento de esas empresas de trabajo temporal y no regula, paradójicamente -- nos hubiese gustado que lo regulara--, el funcionamiento de las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro. ¿Por qué no se regula el funcionamiento de dichas empresas de trabajo temporal y agencias privadas de colocación en el que debatiremos después, en el que regula el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal? ¿Por qué no es este proyecto de ley el que deroga el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 40 y 44 de la Ley Básica de Empleo, que son los que atribuyen la exclusiva al Inem para intermediar en el mercado de trabajo, para ejecutar el proceso de colocación? ¿Por qué esa derogación se produce en el Real Decreto-ley, en este momento proyecto de ley? Son problemas de sistemática, en definitiva, que no nos autorizan para deshomologar la esencia y la globalidad de lo que estamos debatiendo.
A nosotros nos preocupa que este proyecto de ley pueda contribuir a crear un mercado de trabajo dualizado, por una serie de personas contratadas con contratos de trabajo ajustados a las condiciones del convenio colectivo, y otra serie de personas no ubicadas dentro de los ámbitos de protección, dentro del clausulado de los convenios colectivos.
Pero nos preocupa mucho más, señor Ministro, que se siga dualizando el mercado de trabajo como se está dualizando en la actualidad, entre personas con trabajo y personas sin trabajo.
Para acabar con ello entendemos pertinente un proyecto de ley de estas características.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, lo que teníamos que decir respecto a este Real Decreto-ley en realidad ya lo dijimos el día 28 de diciembre próximo pasado. Decía el Presidente de nuestro Grupo: «estamos haciendo, con la reforma, la política de progreso que el país demanda, a veces poco comprendida porque hay muchos que intentan que no se conprenda, pero es la política de progreso que el país demanda. Si no hay reforma del mercado laboral, no vamos a crear puestos de trabajo».
Debería acabar aquí mi intervención, porque este es el resumen de lo que pensamos respecto a la reforma, pero hemos decidido, a lo largo del debate de esta mañana, votar en contra de la enmienda presentada aquí por el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, y también hemos decidido votar en contra de la presentada por Coalición Canaria. Y desde el máximo respeto a las posturas y a las personas que han presentado ambas enmiendas, nos parece que debemos, por un mínimo de cortesía parlamentaria, ofrecer una explicación de por qué hemos decidido votar que no.
Dice Izquierda Unida en su propuesta que se trata de potenciar al Inem para que la intermediación de trabajo y la formación profesional pasen exclusivamente por este organismo, y yo he de recordar a la Cámara que durante mucho tiempo, durante esta legislatura y las dos anteriores, desde esta tribuna mi Grupo (y en algunas ocasiones el propio Grupo de Izquierda Unida y otros grupos de la Cámara) ha venido manifestando la perfecta inutilidad del Inem en este aspecto. No ha servido para la intermediación, y nosotros hemos pedido su traspaso múltiples veces para acercarlo al problema de los parados, pero eso no se ha producido. Por tanto, si no se han producido la reforma ni el traspaso, si no ha sido útil para que los trabajadores en paro puedan, a través del mismo, participar en políticas activas de captación y fomento de nuevos empleos, ¿por qué ahora pedimos que se regenere este Instituto, que hemos coincidido en múltiples ocasiones, aquí y en la Comisión, en que no funciona, que no ha funcionado y que difícilmente funcionaría? Hay una realidad en el tejido social de este país que se quiere ignorar y se ha ignorado específicamente en la propuesta de Izquierda Unida, que son las agencias de colocación. Se dice que se mantenga su prohibición, pero es que en este Estado hay múltiples agencias de colocación, hay múltiples empresas de trabajo temporal, no individuales, sino además con asociaciones a nivel estatal, que facturan un volumen importante de dinero, y hay cantidad de trabajadores y de empresas que acuden a ellas, será porque son útiles. No quiero traer aquí el argumento fácil --porque lo haremos, seguramente,

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en el próximo debate-- de que otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, tienen perfectamente reglamentado este tema. Otra pretensión de la enmienda de Izquierda-Unida es rebajar el tiempo de trabajo, y en otro contexto a lo mejor podríamos coincidir en algunos aspectos, pero la proposición de la enmienda sólo habla de la reducción de 40 a 35 en el umbral de llegar a las 30 horas. Para nada hablamos, se ha dicho aquí, de si eso comporta una rebaja de los haberes salariales, ¿porque, si no, dónde dejamos la competitividad de nuestras empresas? ¿No hemos quedado en que tenemos que hacer competitivas nuestras empresas respecto a sus homólogas de la Unión Europea? ¿Qué hacemos, cuando se menciona en este ámbito a la jubilación a una edad inferior a la actual o al contrato de aprendizaje, qué hacemos, repito, con el 1.020.000 parados que llevan más de dos años en expectativa de encontrar nuevo empleo? ¿Qué hacemos con los 424.000 jóvenes que no han encontrado todavía trabajo? Y, de ellos, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen titulación, que sabemos que son el 21,1 hasta ahora, que no encuentran trabajo con la legislación actual? ¿Qué hacemos? ¿Lo mantenemos? Esa es, en líneas generales, la defensa que hacen una y otra enmienda que se presentan hoy aquí.
¿Mantenemos el contrato de formación endureciendo sus costos, o hacemos, de alguna manera, una apertura para que los jóvenes y las jóvenes puedan encontrar una vía de incorporación al mercado de trabajo? Nuestro Grupo opta por esta segunda parte.
También la enmienda de Izquierda Unida nos plantea la necesidad del control de los excedentes empresariales. Estaría de acuerdo en un cierto control de los mismos, pero tiene que haberlos. El problema es que los llamados excedentes empresariales han caído en vertical en este país. ¿Es que queremos ignorar que el año pasado se han cerrado más de 30.000 pequeñas empresas y comercios? Lo que necesitamos es que las empresas tengan realmente excedentes para incentivar que se reinviertan en políticas de creación de empleo.
La enmienda de Izquierda Unida hace un esfuerzo por mantener criterios que nos lleven a fortalecer al sector público. Sus señorías saben que nuestro Grupo no está por mantener un sector público a ultranza cuando este sector público lo único que ha demostrado hasta ahora es que cantidad de recursos del Presupuesto General del Estado han tenido que ir a cubrir déficit de estas empresas en lugar de utilizarlas para otro tipo de política que crease empleo. Por tanto, no podemos coincidir en eso.
Coalición Canaria, en el texto de exposición de su enmienda, en la exposición de motivos y en la intervención del señor Mauricio esta mañana aquí, hace un análisis de una panorámica europea, incrustándonos dentro de esa Europa y admitiendo la reforma con unos condicionantes que son justamente en los que no coincidimos; en el análisis coincidimos en algunos aspectos. Creemos que lo que demanda S.S. es perfectamente posible en el trámite posterior que ha de seguir este proyecto de ley, que es en las enmiendas al articulado. Su señoría pedía la posibilidad de intervenir en el perfeccionamiento de este texto, y creo que tiene esa posibilidad puesto que se abre, como es lógico, un período de nuevo debate en ponencia y en Comisión, y volverá al Pleno, de enmiendas al articulado que perfectamente puede subsanar aquellas faltas que S.S. encuentra.
Resumo, pues, vamos a votar en contra porque lo esencial, la política, el nervio de nuestro discurso ya se manifestó aquí el 28 de diciembre, y porque, después del comentario, después de escuchar atentamente a los portavoces, no hemos encontrado razones para votar favorablemente estas enmiendas. Por tanto, repito, votaremos en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, señorías, evidentemente yo creo que no se trata ahora de reiterar el discurso que ya tuvo lugar el pasado día 28 y la posición que muy correctamente defendió la señora Villalobos. El Grupo Popular tiene hoy que manifestarse en relación a dos textos que han sido planteados sobre la mesa, tanto el de Izquierda Unida como el de Coalición Canaria.
Para explicar esta posición lo primero que hay que preguntarse es si, en orden a esa discusión parlamentaria que tenemos planteada, se produce una mejora mediante estos textos, bien sea desde la perspectiva técnica, bien sea desde una mayor base política digamos de entendimiento entre partidos políticos, o bien desde la perspectiva de un mayor respaldo de los agentes sociales o alguno de estos textos, que yo creo que son las tres posibilidades básicas de análisis.
Técnicamente (lamento decirlo y quizá el origen esté en este calendario casi frenético al que se nos quiere someter en relación a esta tramitación parlamentaria) no podemos decir que ninguno de los dos textos sea mejor que el presentado por el Gobierno, y desde luego el presentado por el Gobierno no es precisamente un buen texto desde el punto de vista técnico; yo creo que en eso abundó suficientemente nuestro Portavoz el pasado día 28. Es una redacción farragosa que contribuye muy poco, desgraciadamente, a esa idea de claridad que para nosotros es importante, porque claridad también equivale a seguridad jurídica.
Políticamente parece que tampoco ninguno de los dos textos amplía, sino que, antes bien, reduce, la base de diálogo entre los grupos parlamentarios que tuvieron

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ocasión de pronunciarse el pasado día 28 y que creo que de una forma muy semejante lo han hecho a lo largo de esta mañana.
Nos hemos pronunciado ya desde el Grupo Popular sobre la conveniencia, sobre la necesidad de que se amplíe la base política de diálogo, de entendimiento entre grupos para que todo el mundo pueda contribuir a un proyecto tan importante, tan delicado como es el de las relaciones laborales que necesita la situación española.
En la tercera perspectiva, desde un punto de vista de entendimiento previo de los agentes sociales, tampoco podemos afirmar que ninguno de los dos textos suponga un mayor esfuerzo de síntesis o de aproximación entre lo que han sido las posiciones manifestadas públicamente por los propios agentes sociales. Yo creo que con este primer análisis ya estaría de alguna manera explicada la posición del Grupo Popular.
Evidentemente, no tratamos de polemizar con los grupos proponentes de estas enmiendas, sino de trasladar a la Cámara los motivos básicos del sentido del voto.
También es lógico comentar los aspectos que puedan haber sido relevantes desde la base que ya expusimos el pasado día 28.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Aparicio.
Por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que también parece lógico aprovechar este momento para comentar si ha habido algo importante desde el pasado día 28 hasta la fecha. Nosotros ya decíamos entonces que en materia de contratos de aprendizaje era necesario reforzar su sentido formativo para evitar --luego hablaré más de ello-- una desnaturalización o una desvirtuación de este tipo de contratos. Creo que todos podemos convenir que el contrato de aprendizaje tiene que ser algo más que un contrato barato; tiene que tener plenas garantías de formación, tanto para las empresas como para los aprendices, y tiene que conducir, inequívocamente, a una cualificación y a una competencia profesional o, lo que es lo mismo, a una verdadera expectativa de ingreso en el mercado laboral. El objetivo de un contrato de aprendizaje lo que no puede ser es la simple sustitución de trabajadores mejor retribuidos por trabajadores peor retribuidos. Eso es lo que no puede ni debe ser, en ningún caso, un contrato de aprendizaje. Tampoco es acertado contemplar este tipo de contratos sólo dese la óptica laboral.
Creemos que están en un punto de intermedio, a medio camino entre el estudiante y el trabajador como tales. Lo digo de cara a definir posteriormente todos los aspectos. No pretendo anticipar ahora las enmiendas parciales que nuestro Grupo presentará oportunamente, pero me parece importante decir que hay que acortar más ese tramo de edad que sugieren unos y otros textos, en este caso por debajo del límite establecido en el contrato de aprendizaje por el proyecto del Gobierno, que está ligeramente por encima de los dos textos. Nosotros entendemos que una cifra de referencia puede ser la de 21 años. Creemos que es absolutamente necesario establecer ese catálogo de cualificaciones profesionales y competencias, que son las susceptibles de utilizar en estos contratos. Bien sabe la Cámara que es una petición que llevamos reiterando, la de ese catálogo de cualificaciones de competencia profesional, desde hace tiempo. La cobertura social tiene que ser equilibrada, pero con esa perspectiva que antes citaba de situar los contratos de aprendizaje en punto intermedio entre lo estrictamente laboral y lo estrictamente educativo.
Ha habido una aportación, al contrato de aprendizaje, en concreto, por parte del Gobierno que hay que calificar de muy negativa en este proceso, y ha sido la emisión del Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre, que no creo que haga otra cosa que cerrar posibilidades, hacer más difícil el diálogo entre los grupos parlamentarios, y que vuelve, y esto hay que decirlo con cierta tristeza, a unas formas reglamentistas en las que, si se me permite, sale mejor parada la propia ineficacia administrativa que las premisas que dice proteger. Sirva como ejemplo que se defiende el silencio administrativo, es decir, la ineficiencia de la Administración en un supuesto tan sencillo como es el de consultar si un joven ha estado previamente contratado por alguna de las modalidades del propio Real Decreto.
Decía lo que ha sucedido, pero hay que decir también lo que no ha sucedido. No sabemos nada de esos planes que anunciaba con énfasis el Ministro, señor Griñán, el pasado día 28, esos programas específicos para pequeñas empresas. De ésos no ha habido noticia, no sabemos absolutamente nada, y mucho nos tememos que habrá que recordarlos también con cierta periodicidad.
La buena voluntad política se demuestra consultando antes, entrando en ese diálogo que ofrecía el señor Griñán, y no lanzando en el «Boletín Oficial del Estado» algún subproducto o producto de tan dudosa calidad técnica y política como era ese Real Decreto. Dicho de otra manera, cuesta hoy más creer que hay voluntad de mejorar los textos que han sido presentados que el pasado día 28; desde luego nosotros lo vamos a seguir intentando. Ni en este proyecto de ley ni en los textos alternativos se ha sabido dar solución a una adecuada incentivación de las contrataciones a tiempo parcial, especialmente las asociadas a lo que podríamos llamar prejubilación y postjubilación. Hay que abrir esa posibilidad de contratos parciales a esa franja de edad.


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Y permítanme que retome por un momento la cuestión del contrato de aprendizaje como una cuestión que debe producir nuestra máxima prudencia. No nos podemos permitir que se traduzca en un elemento peligroso de sustitución de otro tipo de contratos. Sería terrible que tuviésemos que reflexionar, en un plazo de dos a tres años, sobre efectos indeseados de una medida que es buena en sí misma, pero que por desnaturalización de los conceptos, por esa desvirtuación de la que antes hablaba, acabe siendo una nueva fuente de desestabilización del mercado laboral. Al Grupo Popular no le gustaría quedarse con la amarga satisfacción de decir: ya se lo decíamos nosotros desde hace tiempo. Pero, vuelvo a insistir, si se desvirtúa el contrato de aprendizaje puede producir una terrible reflexión dentro de dos o tres años, como se ha producido también en relación a otro tipo de contratos temporales.
Ya hemos dicho que no parece normal hablar de aprendices con 28 años o más, porque se exceptúa para los minusválidos, sin matiz ninguno dentro de las minusvalías. Cuando se habla del límite que hayamos de convenir --a nosotros nos gustaría, repito, que fuese de 21 años-- si hay que hacer esa discriminación positiva que todos aceptamos para minusválidos, por ejemplo de tipo psíquico, maticemos o corrijamos --esto se lo digo también a la señora Ministra-- sobre otro tipo de minusvalías; harta desgracia tiene ya el minusválido.
Si antes era necesario, ahora pasa a ser urgente disponer de una catalogación de las cualificaciones profesionales. ¿Por qué? Porque sin esa catalogación es imposible que funcione globalmente el modelo de formación profesional. Tenía que estar, por otro lado --voy a tratar de ajustarme al tiempo al máximo--, ya en marcha ese sistema de garantías según el cual si hoy se puede --y se puede-- formalizar un contrato de aprendizaje, también pueda disponerse --y eso es lo que dota de garantía tanto a la empresa como al trabajador-- de un sistema educativo que le dé la formación complementaria que convengamos, porque yo creo que también debe ser un tema abierto.
Por todo ello, y porque, como ya señalaba al comienzo de mi intervención, ninguno de los textos --lamento decirlo-- mejora ninguno de esos tres aspectos básicos que citaba al comienzo de mi exposición, ni de base de entendimiento entre las fuerzas políticas, ni de capacidad de síntesis, de aproximación entre las posiciones de los agentes sociales, ni simplemente desde el punto de vista técnico de claridad, de seguridad jurídica, no vamos a poder apoyar estos textos que se presentaban como alternativos. Y con una confianza más escasa que la del día 28, a tenor de los hechos, en las palabras de diálogo, en la oferta de diálogo del señor Griñán, anuncio que presentaremos lógicamente enmiendas parciales al texto que remitió en su momento el Gobierno y que ha convalidado esta Cámara, y ¡ojalá!, por bien de una sociedad que lo que nos está pidiendo son más soluciones y menos crispación, pueda establecerse ese clima de diálogo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aparicio. Finalizado el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación, vamos a pasar a su votación. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la enmienda de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 296; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 23; en contra, 300; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Concluidas las votaciones relativas al orden del día de la primera de las sesiones extraordinarias, pasamos a desarrollar el orden del día de la segunda sesión extraordinaria convocada para el día de hoy.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (Número de expediente 121/000032)

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (Número de expediente 121/000033)

El señor PRESIDENTE: Punto primero: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate relativo al proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y del proyecto

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de ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Para presentar estos proyectos en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Continuamos hoy, señoras y señores Diputados, un debate cuyo planteamiento general fue ya abordado por el Pleno de esta Cámara el pasado 28 de diciembre. Continuamos, pues, hablando de la reforma laboral, y necesariamente habré de recordar algunas de las cuestiones a las que en aquella oportunidad hice referencia. Con la reforma laboral el Gobierno quiere promover y proteger el empleo, quiere hacer que todo empleo posible llegue a ser un empleo real, quiere dar soluciones a nuestro problema más importante, el problema del paro. Como les decía hace tres semanas, para ello proponemos una reforma global y equilibrada. Es global porque aborda, desde su necesaria interdependencia, los distintos aspectos, las diferentes fases de la relación de trabajo, y es también equilibrada porque pretende que sea el diálogo entre sus protagonistas, entre empresarios y sindicatos, el que sirva para establecer las reglas de juego fundamentales no sólo de cuanto se refiere al proceso de formación de rentas, sino además de cuanto se refiere a las condiciones concretas en que se desarrolla la prestación laboral. Queremos que sea la negociación colectiva la fuente más importante de regulación de las relaciones laborales, porque estamos convencidos de que sólo a partir de la negociación colectiva es posible alcanzar un alto grado de adaptación de las empresas a la realidad económica concreta y, al mismo tiempo, una protección adecuada de los trabajadores. Es, por consiguiente, una reforma global y equilibrada que trata de facilitar el proceso de creación de empleo, que persigue, como les decía antes, promover y mantener la ocupación.
Estamos atravesando momentos difíciles. La economía europea vive unos de los períodos más complicadosde las últimas décadas. Estamos perdiendo competitividad y nuestra posición relativa, no sólo ya frente a los que han sido nuestros tradicionales competidores, Estados Unidos o Japón, sino incluso frente a los nuevos países industrializados, se ha deteriorado en lo que se refiere a cuotas de mercado, a innovación y, lo que es peor, a empleo. El Libro Blanco de la Comisión se hace estas mismas reflexiones y se pregunta cómo después del último quinquenio expansivo de la década de los 80 los avances que se han logrado en Europa durante ese lustro no han sido suficientes para amortiguar las consecuencias de la recesión internacional. La respuesta que se da es muy clara.
Los europeos hemos cambiado mucho en los últimos años, hemos avanzado y hemos prosperado considerablemente, pero la velocidad con la que ha cambiado el mundo ha sido todavía mayor. Estamos viviendo una fase de recesión, pero son muchos los que opinan que después de ella nada va a volver a ser como antes. Además del componente cíclico de la crisis hay un profundo cambio estructural. Los escenarios económicos se están transformando a un ritmo espectacular y se impone, cada vez más, la lógica de las ventajas competitivas, basadas en la calidad, frente a la vieja lógica de las ventajas comparativas, determinada por los recursos naturales. Estamos ante una nueva era, ante un tiempo distinto de los anteriormente vividos que obliga a abordar nuevos caminos que reestablezcan los niveles de bienestar europeos. Las transformaciones que vive el mundo se producen en un momento particularmente delicado para el viejo Continente; un momento en el que muchas de sus referencias históricas se han deshecho y en algunos casos, señorías, se han deshecho de forma súbita y violenta. Europa sufre hoy cambios profundos que afectan a todos los ámbitos: cambios demográficos por un progresivo envejecimiento de la población y una transformación profunda de las estructuras familiares; cambios sociales también, consecuencia de una cada vez mayor igualdad de oportunidades; cambios políticos, por la caída de los regímenes comunistas y la reproducción en algunas regiones de viejos conflictos nacionalistas; cambios culturales y científicos; cambios tecnológicos y, sobre todo, señoras y señores Diputados, cambios económicos de envergadura, puesto que estamos viviendo, asistimos al tramo final de una forma concreta de organización productiva que algunos han dado en llamar la nueva ruptura industrial.
Asistimos a la fase última del sistema de producción en masa, ese sistema basado en un mundo que está dejando de existir: una demanda estable, poco exigente, una maquinaria cara destinada a producir masivamente un mismo producto durante mucho tiempo y una mano de obra poco cualificada y poco versátil, un sistema de enorme centralización de la producción que daba lugar a esa triple concentración a la que se refirió Carlos Marx: los mismos trabajadores, en el mismo sitio, produciendo las mismas cosas, y, consiguientemente, daba lugar también a un modelo determinado de relaciones industriales cuyo sujeto era el obrero industrial, varón, poco cualificado y contratado por tiempo indefinido. Este sistema ha entrado en crisis. Una gran parte de la producción se ha saturado. La demanda ya no es de primera compra, sino de reposición, y, además, los demandantes eligen, en esta fase de sustitución, productos cada vez más individualizados y de mayor calidad.
Todo ello lleva a un reemplazo paulatino de los sistemas de producción en masa. Se va hacia producciones más cortas, con maquinaria cuyas características necesariamente se han de adaptar y modificar para modificar también las del producto conforme cambian los requerimientos de la demanda, y hacia una organización del trabajo con una mayor polivalencia funcional.


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Eso, sin duda, señorías, tiene que exigir un marco institucional distinto para el mercado de trabajo. Estamos, por consiguiente ante un momento de recesión económica, es cierto, pero que en Europa coincide con profundos cambios estructurales. No son suficientes, por tanto, las recetas tradicionales para la reactivación, porque el crecimiento económico no es la única condición para la creación de empleo; es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hay que trabajar, además, para que ese crecimiento se traduzca en empleo, para que la reactivación sea capaz de conseguir más puestos de trabajo, una mayor ocupación. Dicho de otra manera, hay que remover los obstáculos que hoy nos están impidiendo crear más empleo y repartir el volumen existente de una manera más solidaria. En este sentido, conviene detenerse en una de las reflexiones que formula el Libro Blanco a propósito de estas dificultades que tienen, que están teniendo las economías europeas para convertir los crecimientos posibles en un empleo real. En la mayoría de los países europeos, se dice en el Libro Blanco, el producto del crecimiento económico ha sido absorbido principalmente por las personas que permanecen empleadas mientras que muchos desempleados han sido excluidos. La economía española --añade- -constituye el ejemplo más sorprendente. Nuestro sistema de relaciones laborales presenta problemas tanto en lo que se refiere al ámbito de la producción, que está regulada casi en su integridad por normas estatales y muy poco por la negociación colectiva, como al ámbito de la distribución, con unos crecimientos salariales por encima de la productividad, que son inmediatamente compensados con pérdidas de empleo. Es un sistema, por consiguiente, que manifiesta una clara insolidaridad con el trabajador en paro y que está teniendo dificultades para adaptarse a tiempos difíciles.
Hace unos días, la semana pasada, hemos conocido que en 1993 los incrementos salariales de la negociación colectiva en España han sido superiores en prácticamente un punto al índice de precios al consumo. En un año en que el paro registrado ha aumentado en 345.000 personas los salarios pactados por empresarios y sindicatos han crecido un 20 por ciento más que el coste de la vida. Pues bien, ese punto, que puede parecer irrelevante, equivale a la masa salarial anual de 100.000 trabajadores. Es cierto que nada permite asegurar que sin el incremento de ese punto se hubieran podido conservar 100.000 empleos; lo que sí se puede afirmar es que en 1993 con el incremento habido se han perdido 345.000. La moderación salarial y la reinversión de los beneficios es en época de crisis --y lo digo con toda rotundidad-- una exigencia de solidaridad. Lo afirma así el Libro Blanco de la Comisión, lo dicen así los expertos y es, además, práctica habitual en la negociación colectiva de bastantes países. Es una cultura que cuesta trabajo asumir a empresarios y sindicatos, pero sin la cual difícilmente vamos a poder abordar la senda del empleo. La semana pasada conocíamos también el convenio de la industria química alemana, un convenio que sitúa el incremento salarial en dos puntos por debajo de la inflación y que llega incluso a reducir en un 10 por ciento sobre lo acordado en convenio el salario de los trabajadores que se contraten en la industria química a lo largo de 1994. Recuerdo que ya hace algunos años --por los ochenta-- Luciano Lama, el carismático líder sindical italiano, afirmaba algo que aquí todavía puede resultar herético a los oídos de quienes los cierran a la realidad: Los que entre nosotros --decía-- han insistido fundamentalmente en el crecimiento salarial han sido, sin quererlo, aliados objetivos de las fuerzas políticas más conservadoras. Y añadía: Nosotros no podemos seguir obligando a las empresas a mantener en sus dependencias un número de trabajadores que supera sus posibilidades productivas. Es Luciano Lama el que lo decía.
Yo, señorías, me limito a subrayarlo y a decir, eso sí, que lo comparto. Debiéramos entrar en esta cultura y no mirar cada horizonte de una negociación colectiva como el asalto a los objetivos de inflación del Gobierno. Una cultura que entiende perfectamente que la contradicción capital-trabajo no puede resolverse haciendo desaparecer la empresa, que hay que dialogar y llegar a acuerdos: moderación a cambio de mantenimiento o de crecimiento del empleo; sacrificios compartidos, solidaridad.
Porque, señorías, hay una relación indiscutible entre el crecimiento de las rentas y el volumen de empleo, una relación de las que se denominan inversamente proporcionales.
Llama la atención comprobar cómo nuestra negociación colectiva es tan corta en contenidos como larga, sin embargo, en abordar las cuestiones salariales; una pobreza de contenidos y una debilidad en la capacidad de autorregulación que es sin duda consecuencia de unas prácticas de empresarios y sindicatos, de las dos partes, que enfocan todo el proceso de negociación en las retribuciones y que exigen simultáneamente al Estado --las dos partes-- que se ocupe de todo lo que no sean salarios. Yo les podría citar, una a una, más de cien empresas españolas que estando en 1993 en regulación de empleo, con suspensiones, con reducciones de jornada, con extinciones de contrato, han incrementado los salarios por encima de la inflación; o también ejemplos de empresas que han acordado con los representantes del personal una extinción de contratos con indemnizaciones que duplican la fijada legalmente y, simultáneamente, han acordado un incremento de las retribuciones de quienes conservan el puesto de trabajo dos puntos, y en algunos casos hasta cuatro, por encima de la inflación.
Todos ustedes conocen casos como éstos y, por consiguiente, poco más puedo añadir, poco más cabe añadir sobre este aspecto insolidario de nuestro mercado

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de trabajo, y puede ser cierto que esta crisis, al producirse de una manera más súbita que las anteriores, esté haciendo más difíciles los necesarios procesos de adaptación de nuestros empresarios y de nuestros sindicatos, pero el problema no es tan sólo de prácticas de negociación. El problema también está en las fórmulas legales. Como les decía antes, el sistema español de relaciones laborales es rígido en lo que se refiere a su capacidad para adaptarse a los cambios económicos, a los cambios tecnológicos, por las reglas del juego que en ocasiones determinan su funcionamiento.
Hay una forma generalmente aceptada de medir la capacidad de adaptación que tiene un mercado de trabajo y, consiguiente también, claro, de medir el grado de implantación del diálogo entre empresarios y sindicatos. Se trata de definir la distancia que se da entre las condiciones de trabajo establecidas en la ley --digo en la ley-- y aquellas que se producen efectivamente en cada centro de trabajo como consecuencia de la negociación colectiva. Cuanto menor es esa distancia, más rígido será el funcionamiento, menor capacidad de adaptación tendrán las empresas ante unas circunstancias cambiantes y menor será también el nivel de diálogo y compromiso entre los agentes sociales. A mayor intervención pública, menor negociación, o, lo que es lo mismo, menor autonomía y mayor dependencia, agentes sociales más débiles y convenios colectivos más pobres. Pues bien, es posible decir que el sistema español en este sentido es un ejemplo de rigidez sobrevenida, aunque hay que añadir inmediatamente que es consecuencia también de nuestra historia más reciente. El marco legal --me refiero al marco determinado por la ley-- de nuestro sistema de relaciones laborales es sin duda uno de los más densos en contenidos y de los más minuciosos en la regulación de cuantos están vigentes en la Unión Europea, y es así en todos los ámbitos de la relación laboral, desde el nacimiento hasta su terminación. Yo les podría dar algunos datos. Por ejemplo, más de la mitad de los países comunitarios tienen libertad de contratación, sin preferencia alguna por los contratos por tiempo indefinido. En ocho de ellos no hay indemnización prevista para la finalización de los contratos temporales. En la inmensa mayoría de los Doce la edad de admisión al trabajo está por debajo de los 16 años. En materia de jornada, la directiva comunitaria, por cierto, de finales de 1993 --es decir, muy reciente-- establece una máxima legal de 48 horas, que, además, es la que está vigente legalmente en Irlanda, Italia, Holanda, Portugal o Alemania, en tanto que Dinamarca y el Reino Unido no disponen de normativa alguna al respecto. Igual ocurre con las vacaciones, cuyo mínimo comunitario establecido por directiva son cuatro semanas al año, a pesar, es cierto de que varios países tienen establecidos mínimos inferiores a esas cuatro semanas -- Portugal, Bélgica, Grecia, Alemania, Irlanda, etcétera--. De la misma manera, en países como Alemania, Bélgica, Dinamarca o el Reino Unido no hay ninguna legislación estatal sobre mínimos salariales. En Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Reino Unido o Irlanda no hay norma legal alguna sobre movilidad interna de trabajadores en la empresa.
La realidad, por tanto, de la regulación por ley de las condiciones de trabajo en nuestros socios comunitarios es sin duda inferior, en términos de amplitud y desarrollo, a la que se contiene en la legislación española. Pero, claro, siendo esto cierto, también lo es que en muchos de esos países la duración de la jornada, la extensión de las vacaciones, el nivel salarial o incluso las propias reglas de movilidad interna o de extinción de contratos están reguladas en la negociación colectiva mediante un cuadro de derechos que en modo alguno podría considerarse inferior al establecido en la ley española, aunque, eso sí, al estar en negociación colectiva, organizado de forma mucho más flexible y más sensible a la productividad, a la realidad del sector y a la realidad de la empresa en la que se aplica. Sucede que mientras en el sistema común de relaciones laborales de los países de la Unión Europea el núcleo fundamental de los derechos de los trabajadores está fijado en la negociación colectiva, en España sigue existiendo todavía un bloque fundamental de derechos fijados en ley, lo cual nos lleva a una conclusión que me parece importante destacar. Si entre nosotros produjéramos una derogación o una desregulación normativa, la situación en la que quedarían los trabajadores sería sin duda peor que aquélla en la que quedaría un trabajador alemán, un trabajador francés, un trabajador belga, holandés y danés, si se produjera esa misma desregulación en su país respectivo. Por eso la reforma que proponemos no persigue la derogación de derechos establecidos en ley, persigue fundamentalmente la disponibilidad de los mismos por la negociación colectiva, en el convencimiento de que las mejoras de condiciones conseguidas en los procesos de negociación son siempre más firmes y más adaptables.
Tenemos, pues, un sistema de relaciones laborales con un amplio campo de regulación estatal y, sin embargo, con un tramo muy corto de regulación convencional. Esta es sin duda una realidad, una realidad que --añado-- se deriva de nuestra particular historia. A veces conviene recordar que la libertad sindical se produjo entre nosotros en 1987, y como derecho fundamental tan sólo a finales de 1978. Pero, en fin, el Estatuto de los Trabajadores se discute en nuestro Parlamento sólo un año después de que hubiera en España un derecho constitucional a la sindicación libre o a la negociación colectiva. Por ello el sistema que regula el Estatuto es un sistema conveniente y lo es hablando en términos históricos. Señala el camino de la consolidación del diálogo social, señala el camino de la construcción de marcos laborales a través de amplios procesos

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de negociación colectiva, pero, como no podía ser de otra manera, mantiene también un conjunto de regulaciones estatales inderogables para impedir vacíos normativos que sin duda se podrían producir en un tránsito brusco del sistema de prohibición de la negociación colectiva al nuevo modelo de autonomía de las partes.
Es, pues, fruto de una historia, pero, señorías, sería un anacronismo hacer que lo que fue conveniente en un momento histórico se convirtiera en necesario para siempre. Es verdad que desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores han pasado pocos años si atendemos a los ciclos históricos o si medimos estos años en función de cuál tiene que ser la vigencia lógica de un marco legal, pero han pasado muchos considerando cuáles han sido las transformaciones que ha experimentado el mundo en los tiempos más recientes y en los tiempos más inmediatos. Estamos viviendo sin duda una fase del ciclo histórico singularmente irrepetible por la velocidad con la que se suceden los acontecimientos. Desde hace tan sólo siete años --digo siete, señorías, siete años-- España ha sido protagonista de un proceso de cambios tan acelerado como jamás lo fue en época alguna de su historia contemporánea. Nos integramos en las Comunidades Europeas, vivimos como protagonistas la entrada en vigor del Acta Unica. Vivimos después la construcción del Espacio Económico Europeo con países no socios de la Comunidad, la construcción del Mercado Unico. Vivimos también en ese mismo período de tiempo la caída de los sistemas comunistas, un poco después se inicia un proceso de unión económica y monetaria y terminamos con la universalización, a través del Acuerdo del GATT, del comercio internacional.
Estamos, pues, en el momento adecuado para pasar de un sistema de transición a un sistema de integración.
Es este el momento de reforzar y reformar nuestras instituciones laborales para hacerlas más adaptables a la realidad que vivimos y, desde luego, más compatibles con los sistemas de los países socios de la Unión Europea. Es verdad que hay quienes consideran que nada debe cambiar porque las cosas están bien como están ahora, y es verdad también que hay quienes, por el contrario, aseguran que esta reforma se hace tarde. Unos y otros olvidan la Historia más reciente, la nuestra y la europea; y olvidan, sobre todo, que los diferentes sistemas de relaciones industriales responden no sólo a la evolución de las fuerzas productivas, como pretende el marxismo ortodoxo, o a las reglas puras del mercado, como quieren los liberales más estrictos, sino a un conjunto muy complejo de factores históricos, de factores culturales, de factores sociales y de factores políticos. Por eso precisamente no hay un modelo de relaciones laborales; hay distintos sistemas según las diferentes particularidades de cada país. ¿Por qué, podemos preguntar, Estados Unidos y Australia, con un tronco cultural común, una historia muy semejante, unos sistemas jurídicos y judiciales de igual naturaleza y un mismo nivel de industrialización tienen, sin embargo, dos sistemas muy distintos de implantación, de práctica sindical y de relaciones laborales? No hay un modelo universal de relaciones laborales, salvo que entendamo por universal o por modélica la necesaria capacidad de adaptación que todos tienen o han de tener y, desde luego, en nuestra cultura, los que son sus ejes vertebradores, es decir, la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección social.
Así las cosas, la reforma que proponemos es la que entendemos necesaria en este momento histórico para España. Una reforma que mantiene algunas de nuestras particularidades y que persigue dos cosas: en primer lugar, una mayor capacidad de adaptación de las empresas de forma que ante una situación difícil, una situación económicamente complicada, se utilicen para superarla mecanismos como la distribución del tiempo de trabajo, la movilidad funcional o el descuelgue salarial antes de llegar al despido y, en segundo lugar, una mayor coherencia con lo que es el acervo comunitario o las reglas de funcionamiento de los distintos mercados de trabajo de nuestros socios europeos, puesto que con ello ambicionamos la creación de un mercado único para todos. Así pues, adaptación y coherencia son los objetivos y el medio para alcanzarlos la negociación colectiva.
A partir de esa reforma, el convenio colectivo se ha de convertir en el instrumento fundamental para conseguir la adaptación de cada sector productivo y de cada empresa a unas circunstancias cambiantes. Las medidas propuestas en este ámbito se orientan, por consiguiente: primero, a reforzar el protagonismo de empresarios y sindicatos; segundo, facilitar y favorecer los acuerdos entre ellos; y, tercero, ampliar los contenidos de la negociación colectiva.
A lo largo de nuestra transición democrática, y más concretamente a lo largo de la última década, se ha producido un apoyo continuado de los poderes públicos al fortalecimiento de los agentes sociales. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, o si queremos más concretamente desde su reforma de 1984, se han ido sucediendo un conjunto de normas legales y de decisiones gubernamentales que han tratado de conseguir ese objetivo. Y así, señorías, ha sido visto por todos los analistas de las relaciones laborales en Europa que reconocen (como, por ejemplo, recientemente lo ha hecho Guido Baglioni) que ha sido en España donde los sindicatos han sido más favorecidos por un creciente reconocimiento institucional a lo largo de los años 80. En esta misma línea de favorecer el diálogo social, en la misma línea de la que les estoy hablando a través de una mayor implantación sindical, el proyecto de ley que hoy se debate incorpora a su articulado un reciente acuerdo con Comisiones Obreras y con la Unión General de Trabajadores sobre elecciones sindicales que fue,

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además, votado favorablemente por la CEOE en el Consejo Económico y Social.
Como saben SS.SS., la representación institucional les viene atribuida hoy a los sindicatos por el número de representantes que obtienen en un período reducido de tiempo que no puede exceder de tres meses. Al final de ese proceso electoral, la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales proclama los resultados y estos resultados se mantienen, a efectos de la representatividad, inalterables durante cuatro años. Es un sistema que ha funcionado razonablemente y bien en la fase inicial de implantación sindical, pero que, como todos ustedes saben, plantea hoy problemas: origina a los sindicatos campañas costosas, origina enfrentamientos sindicales y origina situaciones indeseables de tensión en el seno de la empresa. Para evitarlo, la reforma que hemos acordado Administración y sindicatos, con el voto favorable de la patronal, suprime el período de cómputo a la vez que concede una prórroga de hasta 18 meses a los actuales representantes con vistas a espaciar más en el tiempo, como es lógico, su renovación. Se crea una oficina pública de registro encargada de certificar en cada momento la situación real de representatividad y, al mismo tiempo, se establecen fórmulas arbitrales que tratan de solucionar los contenciosos que puedan originarse en estos procesos.
En segundo lugar --como les decía-- con la reforma se pretende facilitar los acuerdos entre los agentes sociales y, para ello, se mejoran los requisitos de representatividad empresarial y, además, se modifican las reglas de toma de decisión de acuerdos, de manera que el convenio colectivo pueda llegar a aprobarse por la mayoría absoluta de cada representación en lugar de la cualificada del 60 por ciento hoy en vigor. Pero, señorías, lo más relevante de la reforma de la negociación colectiva es, precisamente la ampliación de su capacidad reguladora o de su capacidad para ordenar las relaciones laborales en la empresa. Se pretende que la adaptación a las circunstancias de cada sector o de cada empresa se consiga mediante acuerdos entre empresarios y sindicatos que aseguren la viabilidad de la empresa, reforzando, sin duda, su capacidad competitiva, proteja el empleo existente en cada momento y permita la promoción de nuevas contrataciones.
Lo pactado en convenio, como ustedes saben, excluye, igual que una norma estatal, la actuación unilateral del empresario, pero permite, sin duda, mejor que la norma estatal la adaptación de la empresa porque las normas son siempre, por su propia naturaleza de generalidad, uniformistas y las cosas no funcionan igual en la empresa grande que en la empresa chica, en la que va bien que en la que va mal, en la que maneja alta tecnología y en la que se basa fundamentalmente en el trabajo personal.
Así en esta nueva regulación, la negociación colectiva va a encontrar, en primer lugar, una mayor posibilidad de adaptación a través de las cláusulas de descuelgue en los convenios colectivos de ámbito superior al de empresa. Se establece, para ello, un procedimiento no nuevo, un procedimiento que ya tuvo su precedente en el Acuerdo Nacional sobre el Empleo y que puede permitir que las empresas en dificultades encuentren fórmulas para superar esta situación de crisis sin afectar para nada al volumen de empleo. Pero, además, se permite que la negociación colectiva pueda adaptar en cada caso y en cada situación parte de la regulación estatal para, sin vulnerar lo que son mínimos indisponibles o inderogables, hacerlos, eso sí, más compatibles con la realidad del sector, con la realidad de la empresa. En este sentido, se establece la necesidad de que las ordenanzas de trabajo sean sustituidas, antes del 31 de diciembre de este año, por acuerdos sectoriales y, caso de que por dificultades en la negociación no se llegara a un acuerdo de sustitución, no se procedería a la simple derogación, sino que se produciría la derogación mediante un arbitraje de la Comisión Nacional Consultiva de Convenios.
Esta derogación pactada de ordenanzas junto con las nuevas reglas sobre movilidad, sin duda van a permitir una utilización mucho más racional de lo que son los recursos en la empresa, lo cual es importante para conservar y mantener la ocupación. Se dota, pues, a la negociación colectiva de una mayor capacidad de adaptarse y también de disponer de forma flexible de las normas estatales. Junto a ello, el Estatuto mantiene, y en algunos casos regula por vez primera, derechos que no podrán ser alterados por la voluntad de las partes, son lo que en la jerga llamamos «los mínimos indisponibles». Entre ellos, en materia salarial, estarían los siguientes: el salario mínimo interprofesional, la igualdad de remuneración por razón de sexo, las condiciones de liquidación y pago de salarios y las garantías del salario que se amplían además a las indemnizaciones por despido. Y en relación con el tiempo de trabajo, el límite de jornada de 40 horas en cómputo anual (de manera que una eventual superación de ese límite semanal, como consecuencia de un acuerdo colectivo sobre distribución reticular del tiempo de trabajo, debe traer consigo una reducción de ésta por debajo de las 40 horas en otros períodos de tiempo); el límite de 8 horas en trabajo nocturno, que se introduce también para los menores de 18 años, junto con la prohibición ya existente de trabajo nocturno en jóvenes; el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas; el descanso semanal de día y medio computable cada dos semanas; el descanso intermedio en las jornadas continuadas; las vacaciones mínimas de 30 días; las fiestas laborables y los permisos por causas tasadas.
En materia de modificación de condiciones de trabajo y movilidad geográfica se distingue entre la individual y la colectiva según los criterios de la directiva

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comunitaria y se establece la necesidad de mantener la causalidad, la revisión jurisdiccional de la causa y la participación de los representantes de los trabajadores en la tramitación de los supuestos colectivos.
En el comienzo y en la terminacion del contrato se mantiene el principio de causalidad. Se admite la contratación temporal por necesidades temporales y se admite también la contratación temporal, como ocurre en todos los países comunitarios, para favorecer la contratación de colectivos de personas con dificultades serias y objetivas de inserción en el mercado de trabajo.
En cuanto a la extinción conviene decir claramente que el despido es y seguirá siendo causal e indemnizable y, por consiguiente, ni es libre ni es gratuito, ni va a ser libre ni a va a ser gratuito. Para que un empresario pueda despedir deberá aducirse una causa que justifique esa decisión y si no resultara probada, habrá que indemnizar. También incluso deberá haber indemnización en los supuestos en los que, aun existiendo causa, ésta no resultara imputable al trabajador.
Se suprime la autorización administrativa en despidos estructurales que afecten, en un período de 90 días, a menos de 10 trabajadores en empresas con menos de 100; a menos del 10 por ciento en empresas entre 100 y 299; o a menos de 30 trabajadores en empresas de 300 o más. Pero la ausencia de autorización administrativa (que, por cierto, es la regla común europea, exigida en algunos casos por algún sindicato y en algunos momentos de nuestra historia pedida también por algún sindicato), esa regla común europea, digo, no sitúa en indefensión al trabajador, puesto que, en todo caso, dispone de la tutela judicial efectiva.
Junto con estos derechos individuales habría que citar los derechos colectivos de los representantes de los trabajadores en general y los referidos a períodos de consulta y negociación en expedientes de movilidad geográfica, modificación de condiciones de trabajo y regulación de empleo.
Al lado de estos derechos que consideramos inderogables o indisponibles, hay también otros casos --bastantes casos-- en los que la regulación estatal mantiene su virtualidad pero, eso sí, puede ser adaptada por la negociación colectiva.
Entramos de lleno aquí en el ámbito de la autonomía de las partes; una autonomía que se extiende a todos, prácticamente a todos los elementos que caracterizan la relación del trabajo a partir de ese suelo de negociación que les acabo de describir.
Son muchas las posibilidades de regulación que se abren a la negociación colectiva. No quiero ser exhaustivo, pero sí les citaría, entre otras, las siguientes: período de prueba; duración dentro de los límites legales, del contrato en prácticas; duración del aprendizaje; duración del contrato eventual; promoción por realización de tareas superiores; cuantía y estructura del salario en todo tipo de contratos -- en todo tipo de ellos--; forma de devengo; modelo de recibo de salarios; pago de horas perdidas por causas imputables al empresario; duración del trabajo ordinario diario, dentro, eso sí, del límite legal del que antes hablé; sistema de pago de las horas extraordinarias; sistema de clasificación profesional y ascensos; planificación de las vacaciones; régimen disciplinario; movilidad y mercados internos; adaptación de plantillas y, sin duda, disponibilidad de lo convenido anteriormente, el convenio colectivo anterior.
Estas son, en síntesis, señorías, las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. Honestamente, frente a quienes propugnan la desregulación normativa, hay que decir que mantenemos un catálogo amplio de derechos básicos, algunos inderogables, otros disponibles, cuya desaparición, es cierto, pondría a muchos trabajadores en situaciones claras de desprotección. Frente a quienes propugnan la desregulación convencional, es decir, la sustitución de la negociación colectiva por la negociación individual, proponemos la negociación entre empresarios y sindicatos como fuente fundamental del derecho del trabajo.
Pero la reforma, señoras y señores Diputados, tiene varias medidas más. Es un conjunto global, equilibrado. Algunas fueron tratadas en el Pleno del pasado 28 y acaban de ser comentadas también en esta tribuna a propósito del que fue Real Decreto-ley 18/1993, convalidado en esta Cámara.
Permítanme, sin embargo, una explicación sobre un tema específico que abordaba ese Real Decreto-ley y que ahora es objeto de desarrollo en proyecto de ley independientemente: me refiero a las empresas de trabajo temporal.
Como les decía antes, el objetivo último de la reforma propuesta por el Gobierno es el empleo. Un objetivo que nos lleva a desarrollar medidas que, en todo caso, en todo momento promuevan la colocación, mantengan el empleo. Una de ellas es, sin duda, la de las empresas de trabajo temporal. Como saben SS.SS., la contratación de trabajadores con la finalidad de cederlos a otras empresas fue inicialmente prohibida por los ordenamientos laborales. Sin embargo, ya a finales de la década de los 60 (hablo de los 60) se empieza a admitir en toda Europa la eficacia, la rectitud de una fórmula concreta de intermediación que es la que se desarrolla por las empresas de trabajo temporal. Hoy todos los países de la Unión Europea, todos excepto Grecia e Italia, tienen reguladas o permitidas estas empresas, y la propia Comunidad aprobó el 25 de junio de 1991 una directiva que supone el reconocimiento implícito de las mismas.
Por ello, su regulación ahora en España constituye sin duda una apuesta certera por una figura que tiene claros efectos beneficiosos sobre la calidad y sobre la cantidad del empleo.
Se produce, por otra parte, en el momento oportuno, una vez culminado el debate comunitario correspondiente y después también de que fuera

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refrendado el programa electoral socialista, en el cual figuraba también esta medida.
El proyecto de ley, que ha sido informado por el Consejo Económico y Social, aborda el contenido de esta nueva relación de forma minuciosa, detallada, con la deliberada intención de propiciar, en atención al bien jurídico que se trata de proteger, la creación de empresas solventes, de empresas capaces de garantizar los derechos de los trabajadores y no una simple intermediación. Dos notas caracterizan esta regulación. La primera es la nítida diferenciación con la actividad de colocación o de intermediación, pues el objeto de una empresa de trabajo temporal consiste en poner a disposición de la empresa usuaria un trabajador ya previamente contratado, asumiendo la empresa de trabajo temporal, por consiguiente, las obligaciones y riesgos inherentes a su condición de empleador. La segunda es, en consonancia con la nueva redacción dada al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el mantenimiento de la correspondencia en la contratación, pues no se trata de ampliar los supuestos de contratación de duración determinada, que no se alteran, sino, en todo caso, de abrir vías diferentes para satisfacer necesidades de empleo coyuntural, en momentos coyunturales, de las empresas.
Del contenido de los cinco capítulos que integran el proyecto me interesa resaltar los aspectos relacionados con los requisitos para su autorización, los supuestos de utilización y las obligaciones de las empresas y derechos de los trabajadores. Las empresas de trabajo temporal, para poder actuar, están sometidas a autorización administrativa, que será provisional para cada una de las tres primeras anualidades y será definitiva a partir de la cuarta, y deben también constituir garantía financiera en orden a asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con sus trabajadores. En la regulación de los supuestos en que estas empresas puedan ser utilizadas, hemos querido evitar situaciones opacas en el funcionamiento del mercado de trabajo o que pudieran causar perjuicio a los trabajadores, y también eliminar todo viso de precariedad en el empleo. Por ello, se prohíbe expresamente su utilización para sustituir a trabajadores en huelga, para cubrir puestos amortizados como consecuencia de despidos improcedentes o por causas estructurales, o también cuando los trabajos resulten peligrosos para la seguridad o salud de los trabajadores.
Los contratos de trabajo que celebren las empresas de trabajo temporal y sus empleados, formalizados por escrito y registrados en la Oficina de Empleo, pueden tener duración indefinida o duración determinada. En este último caso, el trabajador tendrá derecho a la indemnización correspondiente a la finalización del contrato igual a la parte proporcional que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio. A la empresa de trabajo temporal se le exige cumplir las obligaciones salariales y de Seguridad Social en relación con los trabajadores contratados, así como destinar un 1 por ciento de la masa salarial para formación. Por último, la empresa usuaria queda obligada a informar al trabajador, con carácter previo al inicio de su prestación, de los riesgos derivados del puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención contra los mismos, así como también a adoptar las medidas de protección en materia de seguridad e higiene, siendo responsable de los accidentes de trabajo que se deriven de su incumplimiento.
Señorías, he procurado extenderme en las razones y en el contenido de esta reforma. La reforma laboral responde a una realidad concreta. Es, sin duda, una realidad de carácter internacional pero que en su aspecto nacional, que obviamente es el que más nos interesa, presenta una particularidad preocupante. El empleo, desde hace muchos años, es el punto débil de nuestra economía. Cuando todos crean empleo, nosotros creamos algo menos; cuando todos pierden puestos de trabajo, nosotros perdemos algo más. Por eso, la razón de la reforma es, sin duda, el empleo. Las cosas, como antes les decía, responden a una realidad y son también producto de la historia. No cabe, por tanto, una reforma teórica. Hay que tomar en consideración el factor tiempo --el tiempo pasado y el tiempo presente-- y el factor realidad. Esta, señorías, es la reforma de nuestro tiempo, de aquí y ahora; la reforma posible y, por consiguiente, la reforma necesaria. Una reforma que deposita su confianza en los sindicatos y en los empresarios, en su capacidad de dialogar entre ellos y llegar a acuerdo entre ellos; en su voluntad de asumir conjuntamente los sacrificios que exige una situación de crisis económica, de invertir los beneficios en la creación de empleo y moderar el crecimiento de los salarios. Al Gobierno le corresponde propiciar el clima de entendimiento entre ellos y velar por el cabal cumplimiento de las normas laborales que hoy estamos discutiendo. Vamos a pasar de un sistema de relaciones laborales de transición a otro de integración; un sistema que flexibiliza y moderniza el mercado de trabajo, que nos homologa con los países de la Unión Europea, que democratiza el sistema y potencia el papel de sindicatos y empresarios, que preserva y defiende los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que se orienta a facilitar la creación de empleo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Han presentado al primero de estos proyectos de ley enmiendas de texto alternativo los Grupos Parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria. Al segundo proyecto de ley han presentado enmiendas de devolución los mismos Grupos

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Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria.
Para defender las enmiendas a estos dos proyectos de ley, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi Grupo, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para presentar nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimientos Laboral. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Este es un debate que, lógicamente, no está aislado del que acabamos de celebrar y que se produce en un momento político especialmente significativo. Porque o este Pleno significa la reanudación del diálogo social, la suspensión de la reforma laboral y el inicio del diálogo político, o el Gobierno de la nación ha tomado una decisión política que, en esta coyuntura que vivimos, se ha convertido en una clara provocación, cual es la convocatoria de este Pleno del Parlamento precisamente hoy día 20 de enero, a una semana de la huelga general que los sindicatos tienen convocada en nuestro país.
Además de provocación, he de decirles que también, por su parte, existe una irresponsabilidad política manifiesta.
Porque con este Pleno se pretende utilizar al Parlamento, de forma partidaria, contra los sindicatos, contra los trabajadores de este país y situarlo en contradicción con la propia Constitución española, que recoge como derecho constitucional el derecho a la huelga. Como prueba de ello, nos podemos remitir a las declaraciones que durante esta mañana ha realizado el Presidente de la CEOE, alegando que no tenía sentido el ejercicio de un derecho constitucional como el de la huelga cuando en el Parlamento, hoy, se iba a aprobar la reforma laboral.
Dicen en algunos de los planteanmientos que están realizando en estos últimos días, reiteradamente, que frente al derecho de huelga hay que preservar el derecho al trabajo. Pues bien, frente al derecho constitucional de la huelga no se puede ni se debe utilizar el Parlamento a nivel político. Este, señores del Gobierno, es el poder legislativo, y debe ser un espacio de diálogo político, nunca un instrumento para utilizarlo como arma arrojadiza contra nadie, y mucho menos para coartar la libertad individual ante una convocatoria de huelga general.
Debían, pues, desde la responsabilidad política que tienen, haber preservado el Parlamento para que sirviera como un lugar en el que se pudiera materializar otra política, en el trámite parlamentario, producto de la reanudación de la negociación, y que fuese precisamente éste el ámbito donde se concretara la paz social, pero, lamentablemente, han optado por lo contrario, por utilizar el Parlamento para la confrontación, y nosotros, desde nuestro planteamiento alternativo, le decimos con claridad que, además de provocar, además de instalarse en la irresponsabilidad, han cometido un error político de amplio alcance y dimensión, del que son cómplices, en su connivencia pública u oculta, otros grupos políticos de la Cámara que están apoyando esta reforma de mercado y que han apoyado la celebración de este Pleno en esta coyuntura y en estos momentos.
Desde nuestra representación en este Parlamento, al menos, hay aquí y ahora 18 Diputados y Diputadas que nos negamos, y así lo hacemos constar, políticamente a entrar en ese escenario planificado, y desde nuestra alternativa queremos devolver su papel, sustraído, indebidamente, al Parlamento, y dejar claro en estos momentos que es posible otra política y otra forma de hacerlo. Hay, pues, alternativa. Nosotros ponemos a debate, lógicamente, esa alternativa desde la izquierda, que queremos dialogarla en el ámbito no sólo parlamentario, sino social, y planteamos nuestra iniciativa con el objetivo de que auspicie el acuerdo social y la estabilidad política necesaria para progresar y avanzar en este país.
Estamos en esta situación porque desde el año 1982 no se ha realizado una planificación global de la política económica, se han instalado en la coyuntura permanente, y ahora se pretende imponer, invocando argumentos inadmisibles, una reforma que nos retrotrae muchos años atrás en lo relativo a derechos sindicales, a derechos laborales, que niega derechos constitucionales y derechos humanos, una reforma que reduce a cero el diálogo social y rompe con una tradición democrática, como eran los acuerdos permanentes que se venían celebrando.
Hay, les decía, señores del Gobierno, otra política y otra forma de hacerlo, una política sobre valores concretos, como la solidaridad, el progreso, la libertad, el diálogo y la estabilidad, que se concreta en nuestra alternativa, porque la reforma que han propuesto, que no es la necesaria para España --lo saben ustedes perfectamente--, no sólo tiene contenidos profundamente conservadores, sino que trae a este nuestro país más paro, precariza el trabajo, traslada inseguridad e inestabilidad a los trabajadores, desregula el mercado y, en definitiva, nos aleja de Europa, de esa Europa que reiteradamente se invoca, y del pretendido estado de bienestar. Una alternativa, la nuestra, la del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se concreta en una apuesta por sustentar cualquier acción política sobre el mercado laboral sobre el acuerdo social. No es posible sin acuerdo social imponer, como se pretende, una reforma global del mercado laboral, y que parte esa alternativa que presentamos sobre el análisis

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de la realidad actual, de la realidad concreta que tiene nuestro mercado.
Tenemos, y no se puede negar, un aumento considerable en los últimos años de contratación temporal y una ruptura del principio de causalidad. Hay un incremento de la precarización del trabajo; hay una utilización fraudulenta de los tipos contractuales; hay una segmentación de la mano de obra; hay un inicio, incluso, de fenómenos disfuncionales relacionados con procesos de descualificación y desmotivación de los trabajadores.
Ante ello nuestra alternativa pretende favorecer la creación de empleo estable, y sobre esta premisa hemos planteado, en primer lugar, devolver al Estatuto y al Derecho laboral, en general, su propia naturaleza, como instrumento compensador equilibrador y tutelar de una relación. Por ello, en esa alternativa recogemos, en primer lugar, el retorno al principio de causalidad.
Suprimiendo figuras contractuales de las propuestas, hemos creado otras figuras contractuales y hemos retomado alguna de las existentes que apenas si se han utilizado, evitando en la propuesta su utilización fraudulenta. Mantenemos el período de prueba en el ámbito contractual tal cual está en estos momentos, porque creemos que la pretendida reforma viene a empeorarlo considerablemente y a poner aún más en inseguridad y en inestabilidad al conjunto de trabajadores que accedan a un puesto de trabajo.
Residenciamos en el INEM la tarea de intermediación en la contratación. Prohibimos la figura ligada al tráfico ilegal de mano de obra. Nos situamos en concordancia con la OIT y apostamos por el mantenimiento del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe expresamente la cesión de trabajadores. Residenciamos en el INEM esa tarea de intermediación planteando un Instituto Nacional de Empleo descentralizado en su gestión, con participación de los sindicatos en él y, lógicamente, otro modelo de Instituto Nacional de Empleo, no el que referenciaba Convergència i Unió en la intervención anterior.
Introducimos en la propuesta medidas de gestión integradas del empleo. Hablamos, lógicamente, de la reducción de jornada.
Hablamos de que hay que dejar de hacer en este país horas extraordinarias y sólo deben efectuarse aquéllas totalmente necesarias, que nunca deben ser abonadas, retribuidas, sino compensadas en descanso. Hablamos de las vacaciones y de la jubilación, porque tenemos una alternativa, una propuesta global de lo que debe ser una salida de progreso para avanzar.
Garantizamos en nuestra propuesta el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, y, como no podía ser de otra manera desde la izquierda, suprimimos los despidos colectivos que han incluido la reforma global y que van a traer unas consecuencias nefastas en este país. Y, en el despido individual, trasladamos la opción de reingreso o indemnización al trabajador para impedir el despido sin causa que tan acostumbrados estamos a ver que se produce en el ámbito laboral con cierta habitualidad.
Planteamos una cuestión esencialmente diferente en lo relativo a movilidad geográfica y expedientes de regulación, porque en ellos facilitamos la participación de los representantes legales de los trabajadores. Se garantiza en nuestra propuesta la reserva del puesto de trabajo en los casos de excedencia, el reingreso inmediato y obligado para que no sea un vehículo de pérdida de puestos de trabajo, y mantenemos la figura de trabajadores fijos discontinuos.
Concretamos la creación como elemento consustancial a nuestra alternativa de creación de fondos de inversión con los excedentes para que los controlen y los gestionen los sindicatos. Y reforzamos también en nuestra alternativa, como elemento sustancial y cualitativo, la negociación colectiva, porque en ella lo que impera es la cultura del diálogo y del acuerdo, que creemos que es lo que debe permanecer y presidir las relaciones laborales en este país.
Junto a ello otorgamos un papel fundamental como creador de empleo estable al sector público, con medidas concretas también. En materia de prestaciones sociales, las disociamos del modelo de contrato e introducimos un principio en la Ley General de la Seguridad Social, de forma que no pueda haber en este país, como se pretende imponer con la reforma global del mercado laboral, contratos con nivel de cobertura de protección social menores a los ordinarios.
En materia electoral, en el ámbito sindical, plasmamos en nuestra alternativa el texto íntegro que en su momento acordaron el Gobierno y los sindicatos. Es, pues, otra filosofía la que inspira nuestra alternativa, que la fundamentamos en valores y elementos que permiten regular el mercado laboral y simultanearlo con la estabilidad en el empleo y con la competitividad; una alternativa que, frente a su propuesta hasta ahora impuesta y que ha provocado una huelga general, permite recuperar el diálogo y abre camino seguro para el acuerdo social; una alternativa que les posibilita rectificar en su política y generar incluso una nueva mayoría parlamentaria que garantizaría un giro a la izquierda de la política española en general y de la socioeconómica en particular. Otra política, en definitiva, y otra forma de hacerla; una política desde una concepción nueva y desde una apuesta inequívoca desde la izquierda por un proyecto de progreso en este país.
Deben saber también ustedes con claridad, señores de la derecha de esta Cámara, que son copartícipes y corresponsables con la reforma que se ha presentado por parte del Gobierno, que la izquierda parlamentaria, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no va a contribuir ni por acción ni por omisión,

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lógicamente, a que en la sociedad española se abra paso el mensaje que están lanzando a los trabajadores y a los propios sindicatos, diciendo que es que tienen razón, por las circunstancias que están concurriendo y por la reforma que presenta el Gobierno, con estar enfadados, pero que la solución en un momento de crisis no es la huelga general, sino el cambio de Gobierno. A ese juego no vamos a entrar. Nosotros creemos que la solución está en la huelga general precisamente porque es la única que puede lograr, a partir de su éxito, un acuerdo social y una reanudación del diálogo, diálogo social que tiene que ir unido al diálogo político. No es suficiente el ofrecimiento de un diálogo sólo y exclusivamente a los grupos de esta Cámara cuando se est]a impidiendo el diálogo con los Sindicatos. Con esta reforma es verdad que cualquiera, absolutamente cualquiera, desde un proyecto neoliberal, puede gobernar. Por eso lo venimos a plantear aquí desde la izquierda con absoluta claridad.
Señores del Partido Socialista Obrero Español, es el momento de que rectifiquen, que cambien y podamos asegurar una auténtica estabilidad, una gobernabilidad, construyendo otra realidad a partir de un acuerdo global, sobre el programa electoral, lógicamente, del que parece que ustedes en algunos momentos invocan, pero que permanentemente conculcan, que dé ese acuerdo global, sobre programa electoral, el impulso necesario a este país y le haga recobrar su capacidad de vencer los momentos más difíciles, como éste, en la seguridad y con la garantía de que se abre paso un proyecto nuevo, un proyecto frente al que se nos está presentando, de progreso.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar ser concreto por el tiempo y voy a intentar defender el porqué de la enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno sobre la propuesta que hace de proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Esta mañana, en la presentación del proyecto de ley, el señor Ministro ha venido a defender esta reforma fundamentalmente por dos razones: primera, porque están obsesionados o buscan la calidad y la cantidad del empleo, y segunda, porque hay que plantearse una posición activa, dinámica. Frente a lo que él decía que no quieren que nada cambie, que todo sigua igual, hay una posición de ir a lo moderno, de ampliar, de mejorar la relación con la que hoy se contrata al trabajador, la relación del mercado laboral. La exposición de motivos del proyecto viene a recoger fundamentalmente esos dos objetivos y también la idea de caminar, no a un mercado laboral de España, sino a un mercado laboral europeo, dentro del proceso de integración europea. En ese sentido ha venido a decir el Ministro esta mañana que plantean un sistema de integración en el conjunto de Europa. A mí me gustaría hacer dos reflexiones para defender la enmienda a la totalidad. Primera, creemos que la propuesta que hace el Gobierno es un parche. No aborda en su conjunto y en su globalidad la reforma que necesitaría el mercado laboral español. No sólo crear empresas de trabajo temporal es lo que necesita este país, hace falta también abordar la reforma del Inem, hace falta también hacer frente al desarrollo del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula la subcontrata. Hoy estamos asistiendo a cómo una empresa subcontrata con otra, ésta subcontrata con otra, y ese proceso de subcontratación llega a un proceso de desregulación y desnaturalización de la relación laboral. Junto a ello, también a la idea de la empresa de empresas, a la idea de conjunto o agrupación de empresas que está provocando un posible movimiento de trabajadores mucho más amplio del que existe hoy.
Decía el señor Ministro que unos quieren quedarse en lo antiguo y planteaba una solución moderna. El Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiere para España en su conjunto, y para Cataluña en concreto, recuperar lo moderno. Pero lo que nos viene a proponer hoy el Gobierno es algo que en el año 1949 ya estaba superado en la OIT. En el año 1949, cuando se aprueba el Convenio 96, decía éste que las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos funcionarían provisionalmente mientras se creaba un sistema público. Por tanto, lo que el Gobierno nos plantea hoy como moderno es volver 40 años atrás, nos plantea lo que existía antes del proceso de un sistema público. Parece que ha descubierto que lo privado es sinónimo de eficacia, parece que ha descubierto que es bueno el proceso de empresa, inclusive para problemas fundamentales de los ciudadanos que hasta ahora eran problemas de bienestar social.
Es decir, es posible ganar dinero también en la gestión del empleo ante el problema del desempleo. Eso es lo que nos plantean como moderno, y de moderno no tiene nada; está superado históricamente y no es nada nuevo.
El otro punto que ha apoyado el Gobierno viene a decir que hay que mirar a Europa. Es bueno mirar a Europa, ha venido a decir el Ministro, como si hubiese un mismo proceso en toda Europa y en los países que tienen incorporadas estas empresas de trabajo temporal. Y no es así. Pero es que para mirar a Europa haría falta también mirar la situación laboral en Europa. Si vamos a la misma situación de mercado laboral en Europa, vayamos también a salarios parecidos, vayamos también a jornadas laborales parecidas, vayamos también a condiciones y prestaciones sociales parecidas, pero no digamos que vamos a Europa solamente

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para lo que significa apostar por una pata del proceso productivo.
Pues bien, voy a detenerme en lo que significa el funcionamiento de las empresas de trabajo a tiempo parcial, de contratación temporal en los tres países en los que nosotros nos hemos detenido a reflexionar. Puestos a introducir la reforma en España, podíamos haber utilizado elementos del modelo que funciona en Holanda. Por ejemplo, en Holanda hay un órgano tripartito, no solamente de la Administración, que otorga la autorización de las empresas, que realiza un control exhaustivo --aquí se dice que va a hacer un informe al Inem--, y que, además, va a una nueva regulación, inclusive a la concesión de licencias. Pero, es más, en Holanda también se introduce el elemento de reducir este uso de empresas a determinados sectores. Por ejemplo, se excluye todo el sector de la construcción y el sector del transporte. También se excluyen en Holanda determinadas áreas territoriales, como el puerto de Rotterdam y el puerto de Amsterdam. Y, sobre todo, estas empresas tienen unas obligaciones sociales y salariales que no tiene la propuesta de nuestro Gobierno.
Pero también podían haber utilizado el modelo que hay en Alemania. Sería bueno que se nos explicara por qué es mejor la solidaridad para los españoles sin tener seguridad al desempleo, como existe en Alemania; por qué los trabajadores alemanes no pueden ser contratados por estas empresas tienen posibilidad de derecho a desempleo y aquí no, por qué en Alemania tienen un contrato de duración indefinida y aquí no; por qué en Alemania tienen un contrato de tres meses, que se puede prorrogar a otros tres meses si ha habido una suspensión por medio de un 25 por ciento del tiempo que ha durado el contrato, y aquí no se fija esa posibilidad de tiempo definido para ese contrato temporal, y, sobre todo, por qué en Alemania los comités de empresa, los representantes de los trabajadores pueden incluso vetar que determinados trabajos de una empresa no salgan a concurso para poder ser percibidos por trabajadores a tiempo parcial; por qué aquí no hay esa misma potenciación de la negociación colectiva y peso de los comités de empresa de los representantes de los trabajadores.
Por último, se ha copiado el ejemplo francés, pero se han eliminado algunos ejemplos. Por qué es más solidario en España, por ejemplo, que la indemnización al final de la contratación sea de 12 días por año, como se establece en la propuesta del Gobierno, cuando en Francia es del 10 al 15 por ciento de la retribución bruta percibida; por qué es bueno que la indemnización cuando termina el contrato para España sea esos 12 días. Si utilizamos el salario mínimo interprofesional, 2.000 pesetas por día son 24.000 pesetas después de que se haya trabajado un año, según el proyecto. Vamos a ver los contratos que hay que hacer para tener un añotrabajado y poder recibir esa percepción. Por tanto, vamos a percibir menos como indemnización por despido.
En suma, nosotros creemos que esta propuesta se aborda aisladamente, no es global, no va a beneficiar a las empresas españolas, y más bien está pensada para grandes procesos, para grandes empresas que para las pequeñas empresas. En todo caso, será necesario que se regule y no se deje tan flexible el control de las que se ponen en marcha. Y no es que Izquierda Unida esté en contra de la creación de esta figura; está en contra de que se ponga en marcha sin abordar de verdad lo que sí que es obligación de un servicio público; cómo es posible que se deje la relación laboral y se diga que eso es mejor para la economía, para colocar más personas, para que haya menos desempleo. Parece ser que eso es preferible en función de que pueda haber más facilidad de movimiento desde la iniciativa privada, desde la privatización de un servicio público y no desde coger la obligación la propia dinámica pública. En este sentido, nuestra enmienda de devolución va ligada a la idea que nosotros tenemos del desarrollo de un servicio público de contratación y un proceso de reducción de lo que puede ser subcontrata y la generación de empresas que van creciendo cada vez más asociándose.
Señor Presidente, señorías, no les entretengo más. Estoy convencido de que hoy este Parlamento no va a ser partícipe de un comité antihuelga, sino que va a dar una posibilidad de negociación después de la huelga, puesto que este proyecto puede ser negociado y no impuesto. En todo caso, malamente nos van a ir las cosas si la reforma se impone; jamás se han abordado reformas al margen de la gente que las tiene que recibir.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de sus enmiendas a estos dos proyectos de Ley, por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, les voy a ahorrar a estas horas de la mañana, en este hemiciclo con los escaños casi vacíos, la explicación detallada del proyecto alternativo, que presenta Coalición Canaria a los proyectos de ley que ha traído a esta Cámara el Gobierno. En cualquier caso, este debate es continuación del anterior y ya hemos intervenido explicando que en el conjunto de medidas de reforma del mercado laboral en España podemos coincidir con una parte de la intervención del señor Ministro de Trabajo, cuando explicaba que en las relaciones laborales no hay un modelo universal, que no hay una panacea universal y que dependerá, en cualquier caso, de su adaptación a las realidades históricas nuevas que surgen en el marco europeo a finales del siglo XX.


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Nadie pretende aquí anclarse en el pasado; nadie pretende hacer defensas numantinas de rigideces laborales que pueden ser corregidas, pero si la voluntad real es cómo reformar y modernizar el mercado laboral desde la perspectiva de la generación de empleo, de la productividad, de la competitividad y de la modernización de las relaciones laborales, desde el principio de la dignidad de los trabajadores y de la solidaridad, no cabe duda --y ahí vienen las alternativas que hemos presentado y que espero que los señores Diputados hayan leído o que, si no, lean a partir de ahora-- que nuestras aportaciones son propuestas de diálogo constructivo a efectos de que cada una de las partes que aparecen enfrentadas hoy en el marco social no se encierren en sus trincheras, en sus castillos y este Parlamento sea el auténtico mediador, dentro del diálogo social, para que la soberanía nacional que representan el Congreso de los Diputados y el Senado sean los instrumentos para dar una solución modernizadora y responsable al marco de relaciones laborales. Nuestras dudas ya las hemos presentado y en función de ellas hemos presentado alternativas que, repito --y quiero insistir en ello--, están dentro de la voluntad de la reforma del mercado laboral desde el diálogo, desde la visión constructiva, desde la visión hacia el futuro y no hacia el pasado. Sin embargo, nuestras dudas son cómo incorporar trabajadores jóvenes en paro al mercado de trabajo. Por supuesto, nuestra voluntad se enmarca dentro del contrato de aprendizaje y creemos que hay que avanzar por ese camino, por el contrato en prácticas; lo que pasa es que hay que introducir elementos de garantía, de control para que no se use de forma arbitraria, con la utilización de mano de obra barata para sustituir a otros trabajadores que pueden facilitar un despido o formas de despido colectivo que de ninguna manera se deben de aceptar si no tienen las garantías y los controles suficientes y el papel arbitral que siempre tiene que jugar la Administración, aunque sin duda no tenga que ser a costa de la agilización administrativa necesaria.
Hemos defendido también que en la movilidad geográfica se tengan en cuenta las realidades específicas de este país.
Cuando hablamos de movilidad geográfica, sin ir más lejos para hablar de Canarias, puesto que soy Diputado por aquella circunscripción, de lo que significa para Canarias la movilidad geográfica --decía que sin ir más lejos y es que no se puede ir más lejos, es lo más lejos posible Canarias--, no es lo mismo trasladar a un trabajador a otro territorio, a otra zona del Estado que trasladarle en el conjunto de las comunidades españolas; no es lo mismo trasladar a una persona de Toledo a Cuenca que de Las Palmas a Cuenca, señor Presidente, señores miembros del Gobierno. Nosotros pediríamos determinadas cautelas, que estamos dispuestos a negociar, con el ánimo de que somos un Grupo pequeño, sin ninguna voluntad de imponer ideas, pero sí con la voluntad de restablecer el diálogo y frenar la crispación social, porque el progreso económico de España, por el cual apostamos, debe de ir unido no sólo a la reforma del mercado laboral, sino a la creación de incentivos económicos ligados a la productividad y a la competitividad y ligados a instrumentos. Tenemos experiencias interesantes, de todas maneras parciales, sobre el tema del Inem y pensamos que el Inem, en relación con las comunidades autónomas y el Estado, puede coordinar políticas activas de empleo, sobre todo basadas en la utilidad social del trabajo. Basadas en que el trabajador en desempleo y sus gratificaciones o prestaciones deben obligar a un tipo de inversión en utilidad social del emplo y del trabajo, que es la manera de devolver dignidad a los trabajadores y una manera muy importante de conseguir luchar contra el fraude.
Creemos que en las empresas de trabajo temporal hay que establecer también cautelas para evitar que se eludan normativas, que se conviertan en elementos de fraude y en elementos para vulnerar la normativa general.
En último término, aprovecho y agradezco la atención del señor Presidente del Gobierno para decir al Grupo Parlamentario Socialista, al Presidente del Gobierno y, por tanto, al Gobierno mismo, que desde Coalición Canaria estamos dispuestos al diálogo; queremos dialogar y queremos ayudar y contribuir a pacificar las relaciones sociales en el país, a fortalecer las organizaciones empresariales y a modernizarlas, a fortalecer el movimiento sindical en este país y a modernizarlo y, desde la base del diálogo social, generar un país que restablezca el consenso social y que apueste por el progreso de este país.
Sin duda, el progreso debe ser --y perdonen la redundancia-- desde un acuerdo progresista.
Aquí hay quien ha hablado de que está en contra de nuestro proyecto. Nosotros agradecemos que el Grupo Socialista haya dicho que está a favor del diálogo en nuestro proyecto; hay otros grupos que han hablado de que nuestro proyecto está en contra de sus posiciones, porque por lo visto lo quieren endurecer más. No se trata de endurecer ni de suavizar, sino de hacerlo operativo, efectivo dentro del diálogo social y de la productividad y competitividad del país.
Por tanto, señoras y señores diputados, no es nuestra intención apostar por ningún tipo de radicalización de la vida social española ni apostar por generar ninguna alternativa al actual Gobierno, sino todo lo contrario, por fortalecer en esta Cámara las mayorías de progreso que son necesarias para, curiosamente, hacer progresar al país.
Muchas gracvias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio. Turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Arnau.


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El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, en el largo proceso de discusión de la reforma del mercado laboral español, el texto que hoy debatimos constituye un paso significativo, como ha declarado recientemente el Consejo Económico y Social. Las últimas actuaciones se concretaron mediante la remisión al CES de un documento por parte del Gobierno, en abril de 1993, y, en segundo lugar, mediante la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales.
Todos lamentamos, señora Aguilar, la inexistencia de acuerdo social en estos momentos; pero ello, evidentemente, no puede determinar la suspension de esta sesión parlamentaria ni de ninguna otra, como el derecho parlamentario y la democracia exigen. Sabemos, por otra parte, que el Gobierno no ha escatimado esfuerzos a la hora de hacer sus propuestas, de flexibilizar sus posiciones, en definitiva, de alcanzar un acuerdo; lo que no puede decirse ni predicarse de todas las partes que han intervenido en esta negociación. Como el Presidente del Gobierno dijo en ocasión similar, cuando se acude a la negociación con ánimo de cambiar la política del Gobierno no se quiere negociar, se quiere sustituir al Gobierno.
Pero la falta de acuerdo no debe impedir que los legisladores asumamos hoy nuestra responsabilidad y afrontemos la reforma laboral cuya necesidad nadie discute: ni nosotros, ni el Gobierno ni siquiera tampoco los sindicatos. A la asunción de esa responsabilidad la señora Aguilar, en nombre de Izquierda Unida, la ha llamado provocación, intento de confrontación social, intento de coartar la libertad del derecho de huelga.
Sabemos todos que nada de esto es lo que se produce en esta sesión parlamentaria. Este es un debate libre sobre la reforma de trabajo, es un debate democrático, plenamente democrático, es un debate, en definitiva, parlamentario, al cual todos debemos asistir, al cual todos debemos responder y hacerlo con argumentos. Lo que aquí se está debatiendo son los principios de esa reforma laboral. Los del Gobierno, los del Grupo Parlamentario Socialista están muy claros, señora Aguilar. Se orientan, como ha dicho el señor Ministro, a reforzar la libertad sindical y la negociación colectiva y a dar mayor protagonismo a los agentes sociales y, haciéndolo así, crear más y mejor empleo. Los de Izquierda Unida, aparte de que su objetivo, como ha dicho la señora Aguilar, es la huelga general, nos parecen dirigidos a reforzar un garantismo estatal caduco en la relación de trabajo, aunque con ello se perjudique la creación de empleo. Parece que Izquierda Unida cree más en el «Boletín Oficial del Estado» que en los sindicatos a la hora de regular la relación laboral.
Coalición Canaria, por último, señor Mauricio y perdóneme, nos tiene usted en cierta medida desorientados, porque, por un lado, en la justificación de su enmienda manifiesta estar totalmente en contra de la posición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, a continuación, en el texto alternativo, viene a reproducir casi exactamente, con pequeñas diferencias, el texto del Gobierno y hoy nos hace una propuesta de diálogo. Esto es lo importante, su propuesta de diálogo. En el Grupo Parlamentario Socialista estamos dispuestos a olvidar todas las frases que en la justificación de su enmienda se introducen y a recoger exclusivamente lo más valioso del debate parlamentario: el diálogo y la propuesta de consenso que ustedes nos ofrecen. No podemos estar de acuerdo con el texto de la propuesta de Izquierda Unida porque rezuma, si no miedo, al menos prevención ante la mayor libertad de negociación. Parece que le tiene sin cuidado el empleo y la situación de los parados. Habría que preguntarse, para no caer en una posible petición de principio, si también los sindicatos temen su propia libertad. Le voy a citar, señora Aguilar, una frase de un representante sindical antes de que se produjeran estos últimos acontecimientos de convocatoria de huelga. Un representante sindical que no está en ninguna cúpula territorial --es alguien de la federación de Alicante-- , dijo lo siguiente: ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con determinadas reformas laborales que posibiliten, por ejemplo, que sean los representantes de cada sector los que negocien los sistemas más adecuados que respondan a las necesidades peculiares y específicas de cada sector? Es una pregunta que se hace el propio líder sindical y que él mismo contesta. Pero aquí hay muchas cosas ininteligibles. ¿Cómo entender que ante la declaración de huelga desde Izquierda Unida se propusiera la formación de una plataforma política para el día después? Esa plataforma afortunadamente fue inmediatamente rechazada por parte de los sindicatos por entender que se pretendía politizar algo que ellos entienden que es exclusivamente laboral.
No diremos nada más sobre la huelga, salvo que respetamos el derecho; que nosotros, el Gobierno socialista y el Grupo Parlamentario Socialista, incluimos este derecho en la Ley de libertad sindical como su máxima expresión, la máxima expresión de la libertad sindical. Respetamos la libertad sindical, libertad que apoyamos no sólo con declaraciones de derechos, sino poniendo medios materiales a disposición de los sindicatos. El mismo día que convalidamos el Decreto-ley de fomento de medidas de la ocupación aprobabámos los Presupuestos Generales del Estado y en esos presupuestos figura una partida que en los años 1982, 1983 y 1984 desde la derecha se ponía en cuestión: la asignación a los propios sindicatos más representativos. Hoy esa partida, como otras tantas ayudas y subvenciones a los sindicatos, están perfectamente consolidadas, afortunadamente consolidadas. Esto es reforzar la libertad sindical, respetar el derecho pero, además, otorgar medios materiales para el ejercicio de esos derechos. Por eso, porque hemos puesto los medios para

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tener unos sindicatos fuertes, para la consolidación sindical en España, no tememos posible descompensaciones en la negociación colectiva o en el juego de los intereses contrapuestos. Es necesario potenciar los convenios colectivos para evitar, como dice el CES, la limitada responsabilización de las partes sociales que actualmente se produce en la propia ordenación y evolución de las relaciones laborales, o, como ha dicho el señor Ministro, para evitar la pobreza de contenidos a que últimamente, y hace ya tiempo, estamos acostumbrados en la negociación colectiva.
El proyecto del Gobierno, señorías, potencia la negociación colectiva, como digo. El texto alternativo de Izquierda Unida la limita, lo que dificulta la adaptación a los cambios económicos y productivos, y, por ello, es una mala jugada a empresarios y a trabajadores. El texto alternativo de Izquierda Unida es ineficaz para crear empleo, se aleja del Libro Blanco y se aleja de las fórmulas de los países europeos con los que estamos vinculados y con los que también competimos.
Estas diferencias, además, yo las calificaría como un espejismo. Parece que Izquierda Unida en su texto alternativo aumenta la protección de los trabajadores, porque, por una parte, reduce la jornada máxima a 35 horas, aumenta las vacaciones mínimas en cinco días, estableciéndolas en 35 días, aumenta en medio día el descanso mínimo semanal, aumenta el número de permisos, estableciendo, por ejemplo, un permiso de 150 horas para formación de todos los trabajadores; pero, en realidad, esto es, señorías, un puro espejismo porque hace caso omiso de todos los cambios habidos en el entorno económico y social. No menciona para nada las cuestiones relativas a la clasificación profesional, a la movilidad funcional, a la polivalencia de funciones, a la movilidad geográfica, a las modificaciones de las condiciones de trabajo. Por ello, los trabajadores, en definitiva, pierden, señorías. Seguramente para compensar esta pérdida, Izquierda Unida cambia el nombre de la festividad del día 1.º de mayo, que actualmente se llama Día del Trabajo, por el Día de los Trabajadores; pero ni aun así ganan los trabajadores, señora Aguilar.
No se me diga que la reducción de jornada por sí sola va a crear empleo. Este Gobierno, el Gobierno socialista, tiene ya una experiencia en la reducción de jornada. En 1983 se redujo la jornada a 40 horas y fue una reducción que se produjo después de más de cincuenta años sin haberse tocado la jornada máxima en España. Pero ustedes no reducen la jornada a 38 ni siquiera a 35 horas, como dice su texto; realmente, ustedes reducen la jornada laboral a 31 horas, contados los permisos de 150 horas. No nos dicen cómo se compensa esta reducción de jornada con la pérdida de productividad; tampoco nos dicen, señorías, cómo se compensa el aumento de los costes laborales unitarios.Yo se lo diré, señora Aguilar: en definitiva, reduciendo plantillas y yendo contra el empleo.
Izquierda Unida no es partidaria, por otra parte, de introducir, como he dicho, ningún cambio, por ejemplo, en la movilidad funcional. Está al margen de todos los movimientos que se producen en este sentido en los países europeos. Todo el mundo que se dedica a estas cuestiones conoce que, después de la experiencia sueca en la fábrica Volvo, la industria alemana fue la primera en establecer equipos autónomos basados en la polivalencia de los trabajadores. Esto es absolutamente desconocido para Izquierda Unida, que no lo menciona para nada en absoluto en su proyecto, en su texto alternativo.
Tampoco se plantea Izquierda Unida ningún cambio del decreto de ordenación del salario, pese a que haya llovido mucho desde el año 1973, en que se aprobó este decreto de ordenación del Salario. Por cierto, señora Aguilar, en relación con la igualdad de trato retributivo entre hombres y mujeres, el proyecto sustituye el concepto de trabajo igual por el de trabajo de igual valor. Esto es algo que consta en el proyecto, no es una iniciativa de Izquierda Unida, como parecería deducirse de la simple lectura de su exposición de motivos.
En definitiva, señorías, en este debate juegan fundamentalmente dos concepciones de las normas laborales: una, obsoleta, defendida por Izquierda Unida, que ve en las normas laborales unas normas unilaterales, con un papel pretendidamente protector del trabajador; una falsa protección al olvidar el funcionamiento de las empresas.
Nuestra posición, sin dejar de luchar contra la explotación de la fuerza de trabajo y de establecer exigencias en materia de tiempo de trabajo, de remuneración, de salud y de seguridad de los trabajadores, contempla, al mismo tiempo, el buen funcionamiento del sistema productivo, que es, en definitiva, la premisa para la creación de empleo.
La concepción arcaica de Izquierda Unida tiene una incidencia negativa para los parados y, a la postre, para todos los trabajadores; la nuestra tiene como objetivo el empleo.
Defiende no sólo a los empleados, sino también a los parados; ¿introduce la política de empleo en el marco de las relaciones laborales, protege a más gente y mejor? ¿Qué es lo regresivo y qué es lo progresista? Sabemos que en épocas de pleno empleo es fácil distiguir lo favorable de lo perjudicial. Cuando hay paro, como en estos momentos, cuando se produce una división entre trabajadores empleados y desocupados, es más difícil esta distinción, pero de la dificultad de esta distinción algunos se están aprovechando y lo están haciendo para actuar contra el Gobierno, prescindiendo de que este Gobierno es un Gobierno de izquierdas, un Gobierno socialista, que de ninguna manera actuaría

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en contra de los derechos de los propios trabajadores. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Barrionuevo tiene la palabra.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, un poco como complemento de la intervención principal de don Francisco Arnau, en el turno en contra a estas enmiendas a la totalidad, me voy a referir exclusivamente al proyecto de ley sobre empresas de trabajo temporal.
Quizá lo primero que habría que destacar es que en estas enmiendas a la totalidad tanto en la parte presentada escrita como en la exposición que han hecho, en nombre de Izquierda Unida el señor Ríos Martínez, y en nombre de Coalición Canaria el señor Mauricio, yo no he encontrado una oposición sustantiva a este concreto proyecto de ley.
En el caso de la intervención del señor Ríoso Martínez hay alguna pretensión o exigencia de cautelas adicionales en su funcionamiento respecto a las que están previstas en el propio proyecto, pero eso obviamente puede tratarse en la tramitación parlamentaria. A mí me parece que es clarificador de esta falta de oposición --reitero que sustantiva--a este proyecto el voto particular que hicieron los representantes sindicales en el Consejo Económico y Social al emitir el dictamen preceptivo sobre este proyecto de ley. Los representantes sindicales han dejado dicho respecto a las empresas de trabajo temporal: Nuestra posición, que quede claro, no es radicalmente contraria a una futura regulación de las empresas de trabajo temporal. No creemos que éstas sean esencialmente perversas, ni que su puesta legal en escena tenga que producir necesaria e ineludiblemente efectos patológicos en el mercado de trabajo.
Con la relatividad que el lenguaje al uso nos impone, yo creo que SS.SS. pueden coincidir en que, comparado con lo que los representantes sindicales dicen respecto a otros aspectos de la reforma, estas reflexiones se pueden calificar, sin exageración, como un apoyo entusiasta.
A mí me parece que frente a este proyecto de ley (que, dicho sea de paso, también lo ha recordado el Ministro de Trabajo), y frente a declaraciones que se formulan, estaba especialmente previsto y anunciado en el programa electoral del Partrido Socialista, frente a este proyecto de ley que regula una institución que ya está regulada en otros nueve países de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, yo creo que no hay -- reitero-- una contradicción sustantiva; lo más que hay es un recelo sobre la existencia de posibles prácticas fraudulentas o defraudaciones a los trabajadores en un mecanismo de intermediación. Justamente esas posibilidades defraudatorias son las que trata de impedir la regulación de este proyecto que no tienen nadaque ver, frente a lo que ha dicho el señor Ríos Martínez, con las agencias de colocación o con lo previsto en el artículo 96 de la Organización Internacional del Trabajo. Las cautelas que se contienen en el proyecto de ley para evitar prácticas fraudulentas, a nuestro modo de ver, son más que suficientes, pero, evidentemente, estamos abiertos en el trámite parlamentario a ver y a comprobar si esto es o no es así. En cualquier caso, esas cautelas o el reforzamiento de las mismas, a nuestro modo de ver, no justifica una oposición a la totalidad. Quiero finalizar o concluir señalando que los dos portavoces que han intervenido defendiendo las enmiendas de totalidad se han referido también a los intentos de pacto o de acuerdo. Creo que cuando fracasa una negociación y no se llega al acuerdo o al pacto que era su objetivo, no es demasiado sincero atribuir todas las responsabilidades a un parte. Aquí, en un tema que no es sustantivo, que es importante, pero no es el grueso de la reforma laboral, creo y reitero que incluso para los representantes sindicales es claro que no hay motivos concretos de oposición a esta figura y, sin embargo, se ejerce una oposición a la totalidad. Creo que si de verdad se quiere ser coherente con esas manifestaciones que se reiteran de intento y de búsqueda de un acuerdo, no estaría mal que esa coherencia empezara por no oponerse total o radicalmente a aquello que se declara que no suscita una oposición particular. Por eso, invito al Grupo de Coalición Canaria a que acredite su buena voluntad de disposición al diálogo reconociendo esto que me parece claro, que por su parte, no hay nada sustantivo en contra de este proyecto de ley. Exactamente igual, aunque mis temores en este caso se acrecientan, hago este requerimiento a los señores miembros del Grupo de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, señor portavoz del Partido Socialista Obrero Español, en mi manifestación inicial de la intervención anterior venía a decir que el haber buscado precisamente esta fecha para celebrar el Pleno, a una semana de la huelga general en este país, nos parecía una irresponsabilidad política manifiesta y que era una provocación evidente.
Usted debe saber perfectamente que esta sesión parlamentaria se ha convocado a propósito en esta fecha, precisamente por eso se ha planteado con carácter de urgencia, habilitando un día, el 20 de enero, dentro de un mes que no hay actividad en el Parlamento. Se ha

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pretendido, pues, aprobar hoy la reforma laboral para confrontar a este Parlamento con la huelga general que hay convocada en nuestro país para el día 27. Ha debido confundirse o no entender bien mi intervención porque en ningún momento he planteado desde esta tribuna que el objetivo de Izquierda Unida sea la huelga general. Es un exponente de que no ha entendido nada o que ya venía con la predisposición de plantear la cuestión en estos términos. El objetivo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al plantear el texto alternativo --lo he dicho con claridad-- era hacer posible el acuerdo social y, por consiguiente, propiciar el diálogo no sólo político en el ámbito parlamentario, sino, también, el diálogo social. Por tanto, entérese bien y respóndannos cuando estamos haciendo ofertas de diálogo y planteamientos concretos para poder entendernos en torno a ella. Ha venido a decir por su parte y por parte también del señor Ministro en su intervención, que esta es la reforma global del mercado que necesita este país. Miren ustedes, están instalados en la dialéctica de que están en posesión de la verdad absoluta. Nos vienen a decir que esta es la única reforma que puede mejorar la situación y, en consecuencia, no hay ninguna posibilidad, sobre otros elementos y sobre valores nuevos, de generar un acuerdo amplio a nivel social, un acuerdo político de progreso y abordar la reforma de mercado laboral sobre otros presupuestos. Hay que dejar claro que nos van a imponer una reforma del mercado laboral con la derecha.
Aquí no se trata, como usted ha venido a decir en su intervención, de que hay dos proyectos uno obsoleto, el de Izquierda Unida y otro que decía el nuestro.
Supongo que al decir el nuestro se estaba usted refiriendo al resto de la Cámara, al conjunto de partidos que están en ella.
Pues bien, efectivamente, hay dos proyectos: la oportunidad de hacer una reforma del mercado desde una perspectiva de progreso o apostar por un proyecto claramente neoliberal que une en esta Cámara a los distintos grupos parlamentarios que han venido a respaldar esta reforma del mercado laboral. Pero, además, se ha planteado que la reforma que nos presentan beneficia a la negociación colectiva cuando dentro de ella están previstas, de antemano ya, las cláusulas de descuelgue y, en la situación actual de nuestro país, se sabe las repercusiones que eso va a tener. Es más, el Ministro, incluso, ha llegado a afirmar en su intervención en el ámbito parlamentario, que hay medidas importantes contra el despido y citaba, curiosamente, la movilidad funcional y geográfica y la jornada laboral, cuando la movilidad geográfica es una medida que abre las puertas a la extinción de la relación laboral, que lo ha venido siendo en los últimos años. Por consiguiente, sobre la realidad contrastada lo que no se puede venir a decir aquí y ahora que eso es una salvaguarda para que no se produzcan despidos cuando justamente la movilidad, tanto funcional como geográfica, son dos armas que han empleado los empresarios para extinguir gran cantidad de contratos.
Han sido incapaces políticamente de llegar a un acuerdo social. Han mirado a la gran patronal, a la CEOE, han acordado los elementos básicos de la reforma con los empresarios y se han olvidado de un elemento esencial, los sindicatos, para que la reforma de verdad pueda tener una aplicación práctica y puede hacer progresar a este país. Por tanto, no hable de que hay dos proyectos el obsoleto --el nuestro-- y, el moderno, el suyo. Hable en términos políticos de la realidad. Hay un proyecto conservador que ustedes en el ámbito social lo han acordado con la CEOE, en el ámbito político lo han convenido con el Partido Popular, con Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, y hay otro proyecto que se podía, que se puede todavía abordar, un proyecto de progreso acordando socialmente, también con los sindicatos, y hablando, dialogando políticamente en el marco parlamentario. Para ello hemos hecho el ofrecimiento de nuestra alternativa. No la descalifique, admita al menos debatirla y, en ese ámbito de lo concreto podrán ustedes observar cómo están cayendo en contradicciones evidentes y claras en relación --insisto-- al aquí, permanentemente invocado, programa electoral: Dijeron una cosa y ahora están haciendo todo lo contrario.
Han presentado una reforma en la que se rompe el principio de causalidad, en la que se suprime la estabilidad de la contratación temporal, en la que se suprime la figura de trabajadores fijos discontinuos, en la que, lógicamente, se impulsa el elemento de la movilidad funcional y de la movilidad geográfica, en la que se aborda una estructura salarial perjudicial claramente para los intereses de los trabajadores, en la que se hace una distribución irregular de la jornada laboral, en la que se permite las horas extraordinarias con menor incentivación, en la que se plantea como paradigma el contrato de aprendizaje, un contrato sin desempleo, por debajo del salario mínimo interprofesional y sin derecho a prestación de incapacidad laboral transitoria por enfermedad. Es una reforma que prevé la derogación de las ordenanzas sin decirnos que se es capaz de acordar en ese marco todo un ámbito de relaciones laborales cualitativa y sustancialmente distintas.
En definitiva, ustedes, díganlo de una vez, han optado por llevar adelante en este país un proyecto clara y netamente neoliberal y no están dispuestos, de ninguna de las maneras, en ninguno de los ámbitos, a que se pueda dialogar y generar una mayoría política que auspicie una política verdaderamente de progreso que permita el avance a este país y salir de la situación en la que nos encontramos.
Así y todo, a pesar de encontrarnos, señor Arnau, con su intervención y con la de su compañero en el debate

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anterior, nosotros seguimos manteniendo nuestra alternativa como oferta de diálogo. Para hacer una reforma de mercado, estamos de acuerdo con comenzar el diálogo, ya lo he dicho antes, no sólo político sino también social, pero una reforma de progreso, que nos acerque realmente a Europa y a ese pretendido Estado del bienestar.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, muy brevemente ya.


El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente. De mi intervención el Diputado señor Barrionuevo ha sacado una interpretación equivocada. Yo sé que usted es un hombre de talante dialogador. Sé que usted negoció incluso la ley de huelga antes de que se disolvieran las Cortes. También es cierto que su partido hoy no está en condiciones de respaldar aquello. Pero me gustaría que usted leyese no el párrafo de en medio del punto 2, sino el primero del punto 2, del informe sobre los vocales, en el CES, de los sindicatos. Dice: La regulación de las empresas de trabajo temporal aquí y ahora nos parece rechazable desde cualquier punto de vista. Y: Esto supondría alcanzar unos niveles intolerables de flexibilidad y, además, degradar y precarizar aún más la relación laboral y la propia posición del trabajador en el mercado de trabajo sin ningún avance y ninguna ventaja. Por tanto, la posición es contraria a esta propuesta fuera de a la misma vez discutir la reforma del Inem, la reforma o el desarrollo de las empresas que subcontratar y las agrupaciones de empresas.
Esa es la posición de Izquierda Unida, la posición de devolución, para que se reelabore, negociado y discutido. Y en ese sentido, si se reelabora, negociado y discutido, podremos llegar a acuerdos.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a utilizar el turno de réplica muy brevemente, explicando que no era mi intención hacerlo. Yo creía que con las intervenciones anteriores era suficiente para explicar la posición de Coalición Canaria. Incluso nos dábamos por satisfechos con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, señor Arnau.
Sin embargo, se ve que el señor Barrionuevo tenía particular interés en escucharnos de nuevo y nos ha emplazado a que nos definamos. Y, como no queremos esquivar ningún emplazamiento de este tipo, voy a contestarle de la forma siguiente: Primera cuestión: hemos dejado claro que el proyecto de ley alternativo que hemos presentado se enmarca dentro de la voluntad de modernizar las relaciones laborales de este país, del objetivo de creación de empleo, de competitividad, de productividad y de mantenimiento de la solidaridad social y la dignidad de los trabajadores.
Desde esa perspectiva, es claro que los proyectos del Gobierno y los proyectos que nosotros hemos presentado tienen alguna semejanza y notables diferencias. Las intervenciones del Grupo Socialista dicen que prácticamente son matices. Pues si son matices, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos, porque eso quiere decir que las posibilidades de diálogo y de aproximación son importantes. Nosotros creemos que hay diferencias sustanciales, lo cual tampoco quiere decir que vayamos a mantener posiciones rígidas y cerradas, si de verdad están dispuestos a dialogar. Pero un diálogo que se inicia sobre la base de decir: señores, si ustedes quieren dialogar, voten lo nuestro... Yo creo que ésa ha sido una de las razones del fracaso del pacto social y del pacto de empleo. Es mal principio y, desde luego, al margen de lo que haya dicho el señor Ríos sobre la actitud tolerante y dialogante del señor Barrionuevo, es muy mala forma de empezar a dialogar no ver las diferencias, no entender las opiniones del contrario, aunque no se compartan, porque en todo diálogo, en último término, hay que recoger parte de todos para encontrar una síntesis común. Nosotros, para empezar a dialogar, no abdicamos de nuestro proyecto de ley para votar el que nos propone el señor Barrionuevo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Estamos dispuestos, sin duda alguna, a ceder, a negociar, a buscar siempre las mejores soluciones, pero la mejor solución no es simplemente transigir. Yo creo que hay un rasgo autoritario en la posición de: si se quiere dialogar, apoye nuestra posición como cuestión previa. Porque, repito, éste ha sido uno de los elementos de frustación del diálogo social y político en el país. Si me permite una broma final, diría al señor Barrionuevo que el arte de la política incluye la firmeza y la flexibilidad, la autoridad del Gobierno y la defensa de las propias convicciones, pero desde la tolerancia y la flexibilidad a la hora de negociar y de dialogar. Se ha dicho alguna vez, y a mí me gusta mucho la metáfora, que el arte de la política y el arte de gobernar es el de mantener un pajarito en una mano: a veces, si abre demasiado la mano y no defiende con firmeza sus convicciones, se escapa el pajarito; pero otras veces, cuando se quiere imponer autoritariamente las posiciones, lo que se hace es cerrar demasiado el puño y se aplasta al pajarito. Mantengan ustedes el control de la situación del país, y para eso hace falta un diálogo constructivo con la oposición democrática en este Parlamento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
El señor Arnau tiene la palabra.


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El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señora Aguilar, también nosotros vamos a propiciar el diálogo.
Aquí mismo, en esta sesión, yo he aceptado la propuesta de Coalición Canaria para aceptar ese diálogo, y no como cuestión previa, sino como cuestión que se va a producir a lo largo del debate parlamentario de esta reforma laboral.
Por lo demás, señora Aguilar, aquí no vamos a imponer nada, absolutamente nada. Aquí vamos a votar libremente, desde la representación de la soberanía nacional, una reforma del mercado de trabajo que de buena fe los socialistas pensamos que es la que el país necesita. Que no es desreguladora, como usted ha dicho. Esto es lo que persigue la derecha. Es una reforma del mercado de trabajo que apuesta por la negociación colectiva. Aunque, por lo demás, tampoco la ley se retira. La ley sigue determinando unos mínimos inderogables, es decir, que persisten todavía unos elementos, digamos de rigidez, necesarios, porque el mercado de trabajo no es un mercado de mercancías, y hay que atender los aspectos humanos y sociales de las relaciones laborales. Pero, con la idea de respetar las conquistas sociales, no puede ignorarse, señora Aguilar, que la premisa de su existencia y mantenimiento está en que existan también empresas competitivas que permitan el ejercicio precisamente de esas conquistas sociales.
Y, además, en segundo lugar, para acertar en el análisis, habría que redefinir, en función de los nuevos tiempos, el término conquistas sociales.
Señora Aguilar, aprovechando que también el señor Ministro ha citado al carismático líder sindical Luciano Lama, yo también voy a hacerlo en esta réplica. Luciano Lama decía: Algunos compañeros montan guardia ante determinadas conquistas sociales como si tuvieran un tesoro a conservar y no se dan cuenta de que se han convertido en un montón de ceniza.
Por último, sobre sus expresiones de que hemos mirado a la CEOE en la negociación, de que estamos en manos del capital, de que nos hemos olvidado de los sindicatos, siguen ustedes, señora Aguilar, usando el discurso político como instrumento comercial. Puede que les pase, como decía Pessoa, que tienden a criticar no porque piensan, sino porque sienten. No nos preocupan a los socialistas sus sentimientos, lo que nos preocupa es su constante huida de la realidad. Para ustedes, señores de Izquierda Unida, es más fácil y atractiva la política espectáculo de corte nominalista. Esta izquierda nominalista que ustedes representan se ha arrogado, presumo que por designación divina, la defensa exclusiva y excluyente de sindicatos, de trabajadores, de los débiles y de los necesitados. La izquierda que representa el Partido Socialista, la izquierda que representa la mayoría de esta Cámara piensa, por el contrario, que su obligación no es repetir los textos sagrados ni las viejas consignas, sino solucionar problemas concretos con medidas concretas. Y le digo ya que con las medidas del Decreto-ley, de la ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores, de la ley de empresas de trabajo temporal, las cosas van a ir seguro que a mejor, mejor para los jóvenes, mejor para los parados, mejor, en definitiva, para todos los trabajadores, mejor, señoría, para todos los españoles. Lo demás, señoría, es lo de menos, lo demás es producto de esa forma de hacer ideología rancia en el sentido en que lo definía Marx: barniz opaco que impide ver la realidad. Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
Señor Barrionuevo, tiene la palabra.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, dos palabras; una para el señor Mauricio y para el Grupo de Coalición Canaria. Yo creo que no me ha entendido bien, señor Mauricio, porque cuando yo me he referido a que dieran un paso en una línea consecuente y coherente --me parece-- con la oferta de diálogo, no les estaba diciendo que sustrajeran o eliminaran nada respecto a lo que hubieran tomado una posición firme. Me estaba refiriendo estrictamente a las empresas de trabajo temporal, cuestión sobre la que yo no he visto que presenten una alternativa global a lo que presenta el proyecto del Gobierno. Y si hay algún matiz, eso se puede ver, como es obvio, en el trámite parlamentario. A mí me parece que sería coherente y consecuente ese paso en ese punto concreto, que es al que yo me refería, y usted me lo ha tomado por la globalidad; es ahí donde me parece que está la equivocación.
En cuanto al señor Ríos Martínez, creo que coincidirá conmigo --me ha leído un párrafo, yo he leído otro, del voto particular de los representantes sindicales en el Consejo Económico y Social--, pero usted, en su primera intervención, ha dicho --he tomado nota literal-- que no está en contra de esta figura de las empresas de trabajo temporal. Lo que sí ha dicho usted es algo parecido a aquello en lo que basan su oposición los representantes sindicales, que involucran esta figura en todo el conjunto de la reforma laboral que propone el Gobierno.
Pero a mí me parece que ésa, sinceramente se lo digo, no es una forma consecuente de actuar porque, si se está de acuerdo en un punto concreto, por pequeño que sea, y, además, se reconoce (usted ha dicho: No estoy en contra de esta figura; los representantes sindicales en el CES también lo dicen), no sé por qué no se puede llevar esa consecuencia hasta el final, que allanaría seguramente el camino para buscar otros acuerdos u otros encuentros. En cualquier caso, en aquello en lo que previamente se dice que no se está en desacuerdo, no sé por qué no se lleva a sus últimas consecuencias.
Nada más.


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Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrionuevo.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL. (Continuación) (Número de expediente 121/000032)

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. (Continuación) (Número de expediente 121/000033)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. ¿Grupos que desean fijar posición en relación con las enmiendas de totalidad que han sido defendidas en el curso de la mañana por los grupos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de las señorías que se encuentran en el hemiciclo, del señor Ministro del Interior que también nos acompaña (Rumores.-- Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!) Y del Ministro de Trabajos que me honra con su asistencia. (Rumores.) Respecto al proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, Unió Valenciana considera que la salida a la situación actual requiere del esfuerzo de toda la sociedad, a pesar de ser responsabilidad de unos pocos, y de la adopción, de una vez por todas, de un paquete integral de medidas tendentes a la mejora de nuestra competitividad. Por tanto, la reforma laboral propuesta es a nuestro juicio una medida insuficiente, insolidaria, con lagunas y necesariamente matizable. Considerando positivos, en líneas generales, algunos aspectos de la misma, como son la creación de las agencias privadas de colocación o de las empresas de trabajo temporal, que luego veremos, consideramos mejorables algunos aspectos relativos a las remuneraciones y coberturas sociales de los contratos de aprendizaje y prácticas. Al mismo tiempo, y además de actuar sobre las consecuencias, también habría que actuar sobre el origen de las mismas; nos estamos refiriendo a la reforma del sistema educativo y especialmente a la potenciación de la formación profesional. Así, el contrato de aprendizaje se presenta como una alternativa válida a la contratación de jóvenes, aunque coyuntural, sin embargo, no en la solución definitiva para todos los jóvenes que buscan empleo sin posesión de titulación académica. Por otra parte, la reforma propuesta adolece de la existencia de medida alguna que favorezca la entrada en el mercado de trabajo de los parados mayores de 40 años, colectivo en creciente aumento en los últimos años. Unió Valenciana considera, señorías, que el Gobierno es el único responsable de la situación actual y no los trabajadores. Si realmente se pretende mejorar nuestra competitividad empresarial, se debería llevar a cabo una reforma en profundidad de la filosofía de nuestro sistema fiscal, transformando su carácter recaudador en incentivador del empleo, un control exhaustivo del déficit público, una mayor firmeza en la defensa de nuestro interés en la política exterior y una propuesta seria de avance hacia el federalismo fiscal, incluyendo la generalización de la concertación económica. Unió Valenciana quiere recordar que empresarios y trabajadores viajan en el mismo barco y que la creación de una sociedad laboral crispada, nómada y rodeada de gran incertidumbre no es la mejor garantía de éxito para la tan deseada recuperación económica. Entendemos --ya lo hemos dicho--que estas medidas en algunos casos son aceptables, pero debían llegar de la mano del resto de las medidas que verdaderamente permitan al empresariado una mayor inversión, que reduzcan todo tipo de carga financiera hacia las inversiones y que tengan una fiscalidad adecuada. Creemos, por tanto, que estas medidas son cortas y mejorables y anunciamos que votaremos a favor de la toma en consideración, pero que naturalmente presentaremos enmiendas relativas a este tema.
Respecto al proyecto de ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, desde Unió Valenciana nos mostramos favorables, en líneas generales, a la creación de empresas de trabajo temporal; no obstante, consideramos necesaria la realización de algunas matizaciones al respecto. Consideramos que la tan necesaria convergencia con Europa, a la que tantas veces alude la exposición de motivos del proyecto de ley, se debería aplicar también a otros aspectos que incidirían positivamente en la creación de empleo, como la fiscalidad que soportan nuestras empresas, la infraestructura que soportamos, etcétera. Unió Valenciana entiende mejorables algunos aspectos del proyecto de

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ley de creación de empresas temporales y, respecto a los requisitos exigidos para la constitución de éstas, considera que la vaguedad de la redacción de éstos, unido a la existencia de importantes lagunas, provocará un cierto grado de inseguridad jurídica a los afectados. Unió Valenciana se muestra favorable a la adopción de las garantías financieras necesarias por parte de las empresas de trabajo temporal, pero no sólo para éstas sino para la totalidad de las empresas. Sin embargo, en la práctica, estas garantías no deberían provocar importantes dificultades, a los potenciales empresarios, y todo ello sin olvidar que debería existir alguna relación entre el número de trabajadores contratados y las garantías exigidas a las empresas de trabajo temporal. Existe otro aspecto a destacar. Consideramos necesario reflexionar sobre la posibilidad de celebración de contrato de duración determinada entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador, coincidente con la del contrato de puesta a disposición. Esta posibilidad de contratación la podrían realizar el Inem, las agencias privadas de colocación e incluso las mismas empresas interesadas, sin ningún tipo de intermediación.
Finalmente, Unió Valenciana quiere manifestar que siempre ha defendido la entrada en la gestión del Inem de los empresarios y sindicatos. Al mismo tiempo, hemos propuesto en innumerables ocasiones trasladar la gestión del Instituto Nacional de Empleo a las comunidades que así lo soliciten. El tiempo nos ha venido a dar la razón, habida cuenta de la anunciada creación de las empresas privadas de colocación.
Señorías, Unió Valenciana no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, pero sí nos gustaría apoyar las enmiendas que se han presentado con el fin de mejorar este texto y, con posterioridad, iniciar una serie de enmiendas, en todo su trámite, que esperemos que lleguen a conformarlo en su totalidad. Así que anunciamos el voto a favor de las enmiendas a la totalidad y asimismo, por si no resultaran, el voto a favor de la toma en consideración, con el fin de, en los sucesivos trámites que faltan por recorrer, intentar mejorarlo con las enmiendas que presentaremos al efecto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en un debate de esta urgencia y de esta seriedad --estamos hablando de adecuar el marco laboral a las exigencias del futuro y las del propio presente--, la postura política, como mínimo, a la que tiende Esquerra Republicana tiene que ser de una gran responsabilidad. Esta responsabilidad es la que nos ha llevado a entender que no teníamos que plantear una enmienda a la totalidad, primero, porque creíamos que hace falta una reforma del mercado laboral y, segundo, porque hay puntos de la reforma propuesta por el Gobierno que nos parecen positivos.
Por ello plantearemos un amplio paquete de enmiendas parciales con el ánimo de que sean una alternativa progresista a las reformas que plantean ustedes y que nos parecen antisociales en muchos aspectos. A pesar de ello y porque entendemos que los planteamientos de los textos alternativos presentados por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria son sustancialmente más progresistas, especialmente los textos de Coalición Canaria nos parecen muy cercanos por cuanto guardan un equilibrio entre las necesidades de las pequeñas y medianas empersas y la justicia social, votaremos a favor. Sin embargo, repito, Esquerra Republicana presentará un texto alternativo de reforma del mercado laboral en forma de enmiendas al articulado en todos aquellos puntos que no podemos, desde una perspectiva de izquierdas, aceptar. ¿Qué puntos? Repetimos los aspectos fundamentales de preocupación que ya expresamos en el debate anterior.
Sí a la flexibilización del mercado laboral; no a la aproximación al despido libre que representan, por ejemplo, las dos nuevas causas de despido planteadas en el proyecto de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores. Sí a la flexibilización del mercado laboral; sí, por ejemplo, a la derogación de las ordenanzas laborales que ayudará a las pequeñas y medianas empresas a adaptarse a las realidades concretas. Sí también a la agilización del Inem, por ejemplo; no a la movilidad funcional planteada en el artículo 5.º de este proyecto de ley y que representa una puerta abierta a la recualificación unilateral de los trabajadores. Sí a la flexibilización; no a los contratos de explotación encubierta de la juventud, ese contrato de aprendizaje, ese contrato Dickens que pretende dejar a los jóvenes casi sin derechos sociales. Nunca podremos aceptar que un joven no tenga derecho al paro, a las prestaciones sociales, que su salario llegue a ser de vergüenza. Sí a la flexibilización del mercado laboral; no a la precarización del mercado; no a la pérdida de derechos fundamentales; no a la dualización de un mercado laboral que va a consolidar capas privilegiadas de trabajadores bien calificados y remunerados y una inmensa capa de trabajadores en situación de precariedad máxima. Sí a la flexibilización, sí a la movilidad geográfica planteada en este decreto ley, pero sólo --y presentaremos enmienda en este sentido-- si viene apoyada por una ley que incentive esa movilidad y rebaje sus efectos traumáticos, por ejemplo, en el tema de arrendamientos. Sí a la flexibilidad y a la adecuación del mercado a las nuevas circunstancias; no a ese punto del proyecto de ley de las empresas de trabajo temporal que excluye a los trabajadores temporales de los beneficios de la negociación colectiva. Ustedes están jugando, en muchos

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puntos de esta macrorreforma, con derechos fundamentales que costó mucho conseguir.
En fin, sí a la reflexión seria, al debate con voluntad de consenso; no a la demagogia fácil que lleva a algún ultra entusiasta de su reforma, como Miquel Roca, a decir que en quince días se han conseguido veinte mil contratos de aprendizaje. ¿Por qué no proponen ustedes directamente el contrato gratuito y así conseguirán titulares más llamativos? Por favor, en un tema tan serio no juguemos con la demagogia.
Sí a una reforma del mercado laboral; no a la deslocalización de empresas; no a la precariedad del trabajo; no a la pérdida de derechos fundamentales; no a la explotación de la juventud; no a la voluntad de hacer recaer el déficit público, producto de la mala gestión sobre todo, en los sectores más discriminados; no, en fin, a la práctica de una línea de actuación pensada para agravar y consolidar grandes diferencias sociales.
Había otras reformas posibles y hoy debatimos, por ejemplo, dos textos alternativos claramente más solidarios y progresistas. En este sentido irán también nuestras enmiendas al articulado. Es deplorable que desde la coartada de izquierdas se haya optado por la reforma más dura, más antisocial y más discriminatoria. La suya no era la única reforma posible del mercado; la suya es la opción que finalmente saldrá en contra de capas trabajadoras, en contra de los parados, de los sectores más discriminados. Han decidido que sean sobre todo ellos los que paguen la situación económica. Como final, permítanme una pequeña broma ¿Por qué no hacen ustedes ministro a don Miquel Roca y así les sería más clara y menos incómoda esa etiqueta de izquierdas? En fin, sí a una reforma, no a esta reforma; sí al diálogo, no a la inflexibilidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, en este ambiente tan proclive a la reflexión intimista vamos a intentar articular una intervención menos agria que la que hemos realizado esta mañana, pero sí una reflexión sincera sobre los contenidos profundos axiológicos de estos dos proyectos de ley que estamos debatiendo para proclamar en primer lugar, señor Presidente, que nos vamos a oponer a las cuatro enmiendas de totalidad presentadas a los dos proyectos de ley. Nos vamos a oponer --me veo en la tesitura de reproducir algunas de las argumentaciones--por considerar desorbitadas y exageradas algunas de las descalificaciones y de los anatemas pronunciados tanto por el señor Mauricio, en representación de Coalición Canaria, como por parte de los portavoces que han intervenido en representación del Grupo de Izquierda Unida, así como también por las reflexiones televisivas del presidente de dicho Grupo que consideramos fundamentalmente desproporcionadas porque, en opinión de nuestro Grupo, si algún calificativo merece esta reforma es el de ser fundamentalmente discreta. Yo comprendo que estos son términos difíciles de medir y de cuantificar cuando se está hablando de debates que tienen unas connotaciones axiológicas, políticas y jurídicas tan profundas como éstas, pero es discreta porque esta reforma se mantiene probablemente en una posición razonablemente equidistante entre las legítimas posiciones que respecto a una reforma del mercado laboral pueden adoptar las asociaciones empresariales por una parte y los sindicatos por otra. ¿Por qué decimos que se mantiene en una posición razonablemente equidistante? Porque ni esta reforma llega a los extremos que solicitaban las asociaciones empresariales, es decir, que la flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación de mercado de trabajo se pudiese producir utilizando como instrumento para esta flexibilización el contrato individual de trabajo (legítima aspiración pero que nosotros hubiésemos considerado desestructuradora del propio contrato social en el que se basa el Derecho del trabajo), y sin embargo sí hace lo que quizá se debe hacer en esta coyuntura --y yo le felicito por ello, señor Ministro, puesto que usted es el inspirador de esta reforma--, que es atribuir la legitimidad y la responsabilidad --hay que decirlo enfáticamente-- para flexibilizar el mercado de trabajo y ajustarlo, por tanto, a los requerimientos de la competitividad, a los requerimientos de una crisis económica que no es coyuntural sino que es una crisis profunda con la que desgraciadamente hay que convivir, y hay que ajustarla también a los requerimientos de una fase recesiva del ciclo económico cuyos fundamentos son enigmáticos en este momento y que los expertos en ciencia económica no terminan de disipar. Se atribuye esta legitimidad, esta responsabilidad, a la negociación colectiva laboral, al derecho que proclama el artículo 37.1 de la Constitución a los convenios colectivos, atribuyendo por ello la responsabilidad y legitimidad para flexibilizar el mercado de trabajo, para ajustarlo a los requerimientos de la competitividad, para ajustarlo a los requerimientos de la crisis económica y para poder empezar a crear empleo (esto es lo más relevante que se puede decir), a los interlocutores sociales. Y los interlocutores sociales, utilizando como instrumento para esta flexibilización la negociación colectiva, no se debían considerar ni abrumados ni impresionados, ni de alguna forma debían considerarse ilegítimamente protagonistas de esta profunda reforma que se acomete pero que no se cuantifica, no se predetermina, porque son los convenios colectivos los que irán después, con el tiempo, predeterminando los niveles de flexibilización y los niveles de desregulación del mercado de trabajo. Por eso es una responsabilidad que se atribuye a los interlocutores sociales sin modificar

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(esto es lo más relevante, y por eso nosotros indicamos que esta reforma es discreta terminológicamente y es discreta también esencialmente), sin desestructurar las fuentes del Derecho del trabajo, la estructura de fuentes de la relación jurídico-laboral, en concreto el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores establece, para quien no lo conozca --desgraciadamente me temo que en esta Cámara más de uno se encuentra en esta situación--, la siguiente estructura de fuentes de la relación laboral. En primer lugar, son una fuente de la relación laboral las normas legales y reglamentarias del Estado; en segundo lugar y subordinado jerárquicamente a lo anterior, los convenios colectivos, en tercer lugar, el contrato individual de trabajo; y en cuarto lugar, los usos profesionales locales. El artículo 3, número 3, del Estatuto de los Trabajadores dice que el contrato de trabajo no podrá establecer condiciones contrarias o menos favorables para los trabajadores que lo que disponen las normas legales y reglamentarias del Estado y los convenios colectivos. Y esto que es la esencia de la estructura de fuentes del Derecho del trabajo (sí, señor Frutos, ésta es la esencia de la estructura de fuentes del Derecho del trabajo) se respeta escrupulosamente en estos dos proyectos de ley, porque no se atribuye al contrato individual de trabajo la legitimidad, la capacidad para desregular, para modificar el contenido normativo, tuitivo y protector del Derecho del trabajo, sino la negociación colectiva. Se enfatiza más la fuente de negociación colectiva (los convenios colectivos tienen en nuestro Derecho eficacia normativa, eficacia erga omnes), se enfatiza menos la fuente normas legales y reglamentarias del Estado, y al contrato de trabajo (por eso yo discrepo de lo que suelen proclamar los representantes de Izquierda Unida cuando anuncian sus respetables opiniones en estas reformas) no se atribuye más relevancia como fuente de la relación laboral que la que tiene en la actualidad. El contrato de trabajo sigue siendo un contrato dictado, sigue siendo un contrato reglamentado, siguien siendo un contrato en el cual prácticamente no se puede pactar ningún tipo de condición de trabajo, porque todo se lo sigue encontrando predeterminado, bien autónomamente, a través de lo que disponen los convenios colectivos, bien heterónomamente, a través de lo que disponen las normas y reglamentos del Estado. Luego poco o discretamente se modifica la estructura de fuentes del Derecho del trabajo, prácticamente nada, contra lo que ustedes quieran decir. Por mucho que lo repitan, esto no es verdad, no se modifica la estructura, y no se vuelve a una configuración de las relaciones de producción como la de la primera revolución industrial, como la de los albores y finales del siglo XIX, donde se articulaban las relaciones de producción capitalistas con los instrumentos contractuales que proporcionaba el Código de Napoleón de 1804: el contrato de arrendamiento de servicios, contrato civil; el contrato de ejecución de obra, contrato civil; y el contrato para sociedad industrial, contrato civil. No. No se puede decir porque es una trampa intelectual decirlo; no se retrotrae el Derecho del trabajo a esa situación, sino que se mantienen en su integridad las esencias del Derecho del trabajo.
El contrato de trabajo continúa siendo un contrato dictado reglamentado, como todos los demás contratos de nuestro ordenamiento jurídico, en el que el presupuesto jurídico de la igualdad entre las partes ha devenido en falso, real o sociológicamente, y esto no se toca. Ustedes están diciendo que esto se toca, y no es verdad; esta esencia del Derecho del trabajo no se toca. Lo que pasa es que se atribuye la legitimidad --y esto a nadie debe asustar-- para flexibilizar aquello que la competividad, aquello que la crisis económica, aquello que la recesión tan enigmática que nos afecta en este momento, provocada por múltiples causas de carácter geopolítico, de carácter de economía internacional, de globalización de los mercados, esta flexibilización necesaria que provoca tanto desempleo en este país, esta legitimación para flexibilizar y desregular se atribuye a los interlocutores, a sindicatos y asociaciones empresariales. Voy a acabar rápidamente la catalogación, continuando con este tono de reflexión intimista, señor Presidente, que en este momento parece lo más pertinente, para hablar de otros aspectos igualmente relevantes de esta reforma que se acomete a través de estos dos proyectos de ley que estamos debatiendo.
Se modifica en este proyecto de ley, que reforma determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, parte del contenido del Título III del Estatuto de los Trabajadores atinente a la negociación colectivo-laboral. Se modifica de forma muy pertinente, en opinión de mi Grupo Parlamentario, porque se ajusta la estructura de la negociación colectiva laboral a los requerimientos y necesidades casi individuales de cada empresa, con lo cual y a sensu contrario estamos diciendo que se dificulta la habilitación contenida en los artículo 83.1 y 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, que es la de adoptar acuerdos-marco de ámbito estatal, acuerdos interprofesionales o convenios de ámbito estatal que van predeterminando, que van preconcibiendo la negociación colectiva laboral. A nosotros nos parece que ésta es una buena fórmula de resistencia contra los requerimientos de la crisis económica también, no porque rescate el poder de dirección del empresario, que se rescata parcialmente porque es otro requerimiento de la crisis, o no porque se acabe con el principio de irregresividad de lo que van pactando los convenios colectivos año tras año, porque con esto no se acaba sino que los nuevos tendrán que flexibilizar respetando el nivel y cuantía de las condiciones de trabajo configuradas por los anteriores (son esencialidades que tampoco se tocan en esta reforma),

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y porque este ajuste a los requerimientos de la crisis económica de la situación particular de las empresas puede posibilitar una más versátil, una más flexible resistencia de las empresas, individualmente consideradas, contra los requerimientos profundos y azarosos de la crisis económica.
Esto también hay que decirlo, a sensu contrario, señor Ministro, es un obstáculo contra el funcionamiento de las burocracias y de los aparatos sindicales y es un obstáculo contra el funcionamiento de las burocracias y aparatos patronales también. Quizás algunas renuencias y algunas críticas desorbitadas a este proyecto de ley tengan este tipo de fundamento absolutamente espurio y deshonesto, ¡por qué no decirlo! Pero, señor Ministro, entendemos que es un instrumento de ajuste de este proyecto normativo a los requerimientos de la crisis económica. Ahora, yo también le aconsejaría a usted y al Ministro de Economía, aquí presente, que no pierdan de vista la virtualidad que algunos acuerdos interprofesionales han tenido en momentos difíciles de nuestra situación económica, en los que se han podido pactar cláusulas de productividad, en los que se han podido pactar con las autoridades económicas y monetarias del Estado cláusulas de incremento salarial que no provocaran excesivas tensiones inflacionarias, en los que se han podido pactar cláusulas reguladoras de instrumentos eficientes de seguridad e higiene en el trabajo y en los que también se ha podido pactar un incremento cuantitativo de condiciones de trabajo --que es lo que gestionan los trabajadores a través de la negociación colectiva-- razonables y seguramente menos azarosos y lesivos para los empresarios que aquellos derivados de una negociación colectiva a veces precaria y excesivamente atomizada.
En todo caso, nos parece muy buena esta nueva estructuración del contenido del Título III del Estatuto de los Trabajadores.
Voy acabando ya, señor Presidente, para referirme a otra de las reformas o de los ámbitos sistemáticamente más relevantes de la reforma, que es el relativo a la nueva regulación de los despidos.
Estamos de acuerdo también con esta nueva regulación de los despidos y estamos de acuerdo en que si bien el Estatuto de los Trabajadores y el Derecho del trabajoreconoce al trabajador un crédito individual al trabajo frente al empleador, ya el Estatuto de los Trabajadores actualmente vigente, y no discutido por nadie, también prevé la posibilidad de que se resuelvan contratos que dificultan el mantenimiento o la competitividad de las empresas, estos contratos en virtud de los cuales el trabajador no se adecua a las innovaciones tecnológicas, uso bien escaso se ha hecho de esta figura, señor Ministro, como usted sabe. Yo he analizado cuántos trabajadores han sido despedidos en el Estado español por no haberse adecuado a las innovaciones tecnológicas de las empresas, y me he enterado que sólo ha habido un único caso de un trabajador que estaba afectado por una psicopatía profunda, que agredía a sus compañeros y han sido pruebas testificales de los mismos las que han posibilitado esta resolución.
En definitiva, reconociendo esto el Derecho del trabajo y reconociendo la posibilidad de extinguir contratos por causas objetivas, despidos colectivos, por cesación de industria, de negocio, de actividad económica, por problemas económicos, por problemas tecnológicos, en este momento lo que sí nos preocupa, señor Ministro, es que se habilitan más las posibilidades para despedir colectivamente, introduciendo dos nuevas posibilidades para despedir: las causas productivas y las causas organizativas, que legitiman el despedir 10 trabajadores en 90 días en plantillas hasta de 100 trabajadores; el 10 por ciento en plantillas de 100 a 300 trabajadores, también en 90 días, y 30 de empresas de más de 300 trabajadores de plantilla también en 90 días. Esto nos parece una regresión, señor Ministro, sobre la cual deberíamos reflexionar seguramente. ¿Por qué? Porque las causas organizativas y las causas productivas son genuinos conceptos metajurídicos, son conceptos que habilitan de forma omnicomprensiva a los empresarios para despedir hasta por lo menos que ellos vayan siendo precisados jurisprudencialmente.
Y sobre esto seguramente tendríamos algo que reflexionar. En todo caso, señor Ministro, también nos parece bien que se mantenga la competencia administrativa, la competencia de la autoridad laboral en el ámbito de los despidos colectivos, no porque no consideremos oportuna la aplicación de la directiva de 17 de febrero de 1975, que establece un procedimiento no administrativo para la ejecución de despidos colectivos, y no porque no consideremos que el mantenimiento de la doble competencia administrativa y judicial es una especie de herencia democratizada del pasado autoritario, de una legislación autoritaria franquista, pero, señor Ministro, yo le hice una consideración de naturaleza estrictamente práctica, vinculada al país catalán, además. En este momento yo prefiero que el expediente de regulación de empleo de la Seat sea negociado por la empresa Wolkswagen con el Gobierno catalán y que no sean los jueces del orden social los que tengan que acometer este tipo de tareas para las cuales están absolutamente inhabilitados. Por último, señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que concluya.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, señor Presidente, con esto acabo de verdad.
La operación de cirujía jurídica que se acomete en esta reforma nos parece sutil, nos parece inteligente y, además, que no contradice precepto constitucional alguno.


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Por eso nosotros vamos a votar en contra de estas dos enmiendas de totalidad.
¿Qué se hace? Se hace esencialmente lo siguiente: se transforman derechos necesarios o normas de derecho necesario indisponible en normas de derecho disponible, de forma y manera que es la negociación colectiva la que irá flexibilizando la jornada, la estructura del salario, las vacaciones, las comisiones, todo lo previsto entre los artículos 22 a 25 y 34 a 40. Esta transformación, no de la literalidad de los preceptos, no de las proposiciones de los preceptos, sino de su naturaleza jurídica, nos parece que en este momento es el requerimiento más característico de una situación crítica de la economía en la cual el gran derrotado es el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil.
Por esta razón, porque hay que atender de forma absolutamente prioritaria la situación de los desempleados, porque esta reforma entre otras razones es inevitable, porque reformas como éstas se están acometiendo en todos los países de nuestro contexto socioeconómico y porque, vuelvo a repetir, aunque esto indigne a algunas personas aquí presentes, los postulados o paradigmas clásicos del Estado del bienestar están siendo objeto de revisión en todos los países, sobre todo en los países más avanzados, que es donde está asentado el Estado de bienestar, vamos a votar en contra de las dos enmiendas de totalidad presentadas y vamos a votar por ello, lo digo enfáticamente, a favor de la reforma. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a estas alturas del debate no es ningún secreto que nuestro Grupo Parlamentario ha decidido apoyar la necesaria reforma de la legislación laboral. Lo hacemos desde el convencimiento de que estas medidas, junto con las ya introducidas en los Presupuestos Generales del Estado y otras que se puedan ir produciendo en el futuro, han de propiciar el relanzamiento de la economía y la creación de actividad en nuestro país. Por tanto, es evidente que vamos a votar en contra de las dos enmiendas, es decir, las cuatro enmiendas a la totalidad que se acaban de presentar y defender en esta tribuna. Hemos tomado esta decisión desde la coherencia de lo ya manifestado aquí por el Presidente de nuestro Grupo el día 28 de diciembre.
Señorías, el análisis que nuestro Grupo hace de la situación de nuestro país difiere mucho del que aportan las enmiendas a la totalidad que se han defendido aquí. Consecuentemente, hemos de votar en contra.
A nuestro juicio, señor Presidente, la reforma de la legislación laboral es oportuna, y lo es por las siguientes razones: Primero, por la ineficacia de la legislación actual.
El Estatuto de los Trabajadores, que se aprobó en el año 1980, se hizo en una situación económica y social bastante diferente a la actual. Es cierto que en el espacio histórico que nos ocupa no es excesivamente largo, pero es cierto también que la velocidad de las transformaciones que se han producido en estos últimos años lo hace obsoleto en algunos aspectos.
La facilidad de la penetración en los mercados de otros países, la facilidad de traslación de empresas de un país a otro en busca de mano de obra más barata y más dócil, donde la fiscalidad es menos rigurosa o simplemente donde hay programas de protección fiscal para determinadas actividades que generen empleo, las exigencias que impone la política de convergencia europea, la celeridad en la adopción de nuevas tecnologías y, en definitiva, la crisis económica en que nos encontramos sumergidos, así como las duras perspectivas que nos esperan a corto plazo, todo ello lleva a nuestro Grupo a contemplar un escenario en el que la competitividad tiene un protagonismo absolutamente prioritario. La eliminación de cuantas barreras dificultan esta competitividad tiene, a nuestro juicio, preferencia sobre cualquier otra. Por otro lado, constatamos, señorías, que la actual legislación no frena la destrucción de empleo; no lo ha frenado durante estos últimos años. Por el contrario, lo provoca y lo encarece. No podemos ignorar, y no se ha dicho aquí hoy, que en el año pasado recursos de hasta 500.000 millones de pesetas se han empleado en la destrucción de empleo, se han empleado en la adaptación de plantillas. Si estos recursos hubiesen podido ser utilizados en otro tipo de políticas, en políticas activas de creación de empleo, otro nivel sería el de nuestra bolsa de paro.
Resulta que nos encontramos en un triste liderazgo: el liderazgo de confirmar que somos el país que dobla el porcentaje de paro respecto a los de la Unión. Resulta que somos el país que gastará este año un mínimo de dos billones 300.000 pesetas para subsidiar ese empleo. Resulta que somos un país que tiene 750.700 parados que llevan uno o dos años buscando empleo. Resulta que somos un país que tiene 1.020.600 parados que llevan dos años buscando un empleo. Resulta que somos un país que tiene 660.000 trabajadores que no han encontrado todavía su primera ocupación. Resulta que de ellos tenemos 424.000 que son jóvenes que no han encontrado su primer empleo, como dije esta mañana. Y de estos jóvenes, una gran mayoría de los cuales no tiene titulación, hasta ahora, con la legislación actual, sólo el 21 por ciento, repito, no ha encontrado empleo.
Por otro lado, las personas que hace más de dos años que están buscando empleo, que tienen 40, 45 y más años, difícilmente van a regresar a la actividad económica

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si no tomamos conciencia y adoptamos medidas de choque que permitan su recuperación y su reingreso en el trabajo.
Hemos dicho que el presupuesto del Inem es de dos billones 300.000 pesetas para este año, sin tener en cuenta los déficit de los últimos años. Hay que reconocer que es el doble del presupuesto de enseñanza de este país, que es dos veces y media superior al presupuesto de defensa de este país y que es el 80 por ciento del costo de sanidad de este país. Son afirmaciones del Ministro de Trabajo en su comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo.
Desde la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, creo oportuno que nos formulemos una pregunta: ¿Es posible mantener indefinidamente este nivel de gasto en subsidiar el desempleo? Nuestro Grupo considera que hay que frenar este esfuerzo en recursos para subsidiar inactividad. Creemos que hemos de invertir el signo, creemos que este esfuerzo hay que hacerlo para crear empleo, no para subsidiar desempleo.
Porque, señorías, los trabajadores en este país no quieren vivir del subsidio de desempleo; quieren recuperar su puesto de trabajo. No quieren vivir inactivos e inútiles a una sociedad a la que pertencen; quieren ser útiles a la sociedad a la que pertenecen.
Todo aquello que hagamos para defender la posibilidad de que estos activos vuelvan a serlo realmente y vuelvan al campo productivo estará, a nuestro juicio, bien hecho.
Este panorama, que SS.SS. no me discutirán, no parece que permita de una manera razonable pedir que no se altere la legislación laboral actual que, como mínimo, hasta ahora se ha mostrado incapaz de frenar esta situación. La preservación de las conquistas sociales del movimiento sindical en aspectos tales como la libertad sindical, el derecho al trabajo y cualquier otra conquista social ha de ser compatible con la adecuación de los recursos humanos que las empresas puedan utilizar para que éstas persistan, subsistan y creen actividad. De no introducir criterios de adaptabilidad en las relaciones laborales, todos los logros sociales y el propio derecho al trabajo será una quimera en el futuro.
Nos parece bien que en el proyecto que nos presenta el Gobierno --y en razón de ello nos parece mal lo que pretenden las enmiendas de totalidad-- se fortalezca la negociación colectiva. El proyecto que estamos debatiendo acentúa de una forma sustancial la importancia de esta negociación y, por tanto, el protagonismo de las partes que tienen una actuación esencial en estos temas: los sindicatos y las organizaciones empresariales. Naturalmente, ello exigirá de los sindicatos y de las organizaciones empresariales una presencia más real y más activa a nivel de empresa, a nivel de sector y a otros niveles. Materias que hasta ahora se reservaron para la regulación estatal serán objeto de negociación entre las partes buscando una mayor eficacia en la actualización de todos los recursos de la empresa, incluidos los recursos humanos.
Los artículos 39, 40 y 41 merecerían una atención especial si tuviéramos tiempo para ello; pero parece que el tiempo no nos va a dejar analizarlos en profundidad. No obstante, señalemos que son los artículos que se refieren a la movilidad funcional geográfica y a la modificación de las condiciones de trabajo.
En este campo, estos artículos han estado manteniendo unas ciertas rigideces que necesariamente hay que superar, en función y en beneficio de los trabajadores que están trabajando en este momento y en beneficio de los parados para que puedan recuperar su trabajo.
Cualquier proyecto empresarial requiere un mínimo margen de discrecionalidad en la utilización de sus recursos humanos, dentro de un marco jurídico que establezca el necesario equilibrio ante cualquier conflicto de intereses. Pero es evidente que, si no hay ese mínimo marco donde se puedan mover la actividad y los recursos humanos de la empresa, difícilmente va a poder tener éxito. Nos parece que la propuesta que nos hace el proyecto ofrece este marco jurídico, que facilitará el mejor desarrollo de la actividad laboral, salvando puesto de trabajo hoy en peligro.
Hay un aspecto de la reforma que ha sido, es, y temo que lo seguirá siendo, utilizada de manera demagógica, la extinción de los contratos de trabajo. Qué duda cabe de que habrá tiempo de debatir y profundizar en este tema, pero tampoco cabe duda de que era necesaria la reforma de la extinción de los contratos de trabajo amparados en los artículos 51 y 52.
Cuando la empresa entra en crisis, señorías, por causas de mercado, por causas de déficit de competitividad con sus homólogas, por razones económicas o tecnológicas, por cualquier otra cuasa, es evidente que se requiere un marco legal que le permita reaccionar ante la adversidad puntual que se le presenta en ese momento; reaccionar para recuperar fuerzas, actividad y mantener los puestos de trabajo. En esa línea, nos parece oportuno que se modifiquen los artículos mencionados.
Digamos dos palabras respecto al título II, que hace referencia a la modificación del sistema electoral sindical.
Que la legislación de las elecciones sindicales requería una reforma era evidente. Es necesario evitar el triste espectáculo de los sindicatos acusándose de fraude en las elecciones últimas, pero también es cierto, señorías, que éstas no pueden hacerse de la manera literal que se propone; habrá que hacer alguna modificación porque lo correcto sería que todos los sindicatoslegalmente establecidos, no solamente los mayoritarios, pudiesen tener las mismas posibilidades de desarrollar sus actividades, y de convertirse en mayoritarios los que son minoritarios. Necesitamos unos sindicatos fuertes, unos sindicatos enraizados en la actividad empresarial,

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unos sindicatos que actúen como interlocutor. Llevamos todo el día hablando de la necesidad de diálogo. Se está hablando de que dentro de unos días, después del 27, convendrá dialogar.
Nuestro Grupo cree que era necesario dialogar antes --se ha estado dialogando seis meses sin ningún éxito--, era necesario dialogar ahora y será necesario dialogar siempre; pero para que los diálogos sean algo más que la contemplación de las efigies que tenemos delante, es necesario que haya un mínimo de voluntad, un mínimo de interés, de acercar posiciones. Eso quiere decir que hay que renunciar, por una y otra parte, a algunos de los protagonismos; si no, los éxitos de diálogo billarán siempre por su ausencia.
Para acabar, señor Presidente, dos palabras respecto a las empresas de contrato temporal, de lo que ya hemos hablado esta mañana. Las empresas de contrato temporal son una realidad en nuestro país, lo son no solamente a nivel individual. Como dije esta mañana, hay varias asociaciones de este tipo de empresas, son empresas que vienen trabajando y actuando en nuestro país y sería absolutamente ridículo no querer legalizarlas, reconociendo el hecho que se produce en la vida civil. Por eso nos parece prudente y necesario el proyecto que se presenta aquí, susceptible, evidentemente, de mejora, de que se presenten enmiendas para perfeccionar el texto del Gobierno, pero es necesario para normalizar una situación que de hecho se está produciendo. Si estas empresas demuestran, como lo vienen haciendo, su utilidad en la captación de empleo, en la utilización de una mano de obra que de otra manera estaría engrosando el paro y la subsidiación del paro, nos parece oportuno que este Parlamento se plantee el problema y apruebe finalmente un texto adecuado a nuestra realidad.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, querría referirme a unas palabras pronunciadas aquí por la representante del Grupo de Izquierda Unida, donde acusaba de una especie de contubernio extraño el resto de los Grupos de la Cámara por la convocatoria del Pleno del día 20. Me gustaría aclararle a la señora Diputada de Izquierda Unida que los representantes del Grupo Popular en la Mesa se negaron a que el Pleno se celebrara el día 20, por muchas razones, una de ellas, como es lógico, que el día 27 hay una huelga general; en segundo lugar, porque nos parecía que no era excesivamente adecuado, sino profundamente inoportuno, enfrentar la representación del pueblo español en la Cámara no sólo a los sindicatos, sino a un conjunto de la sociedad española que el día 27, unos pertenecientes a los sindicatos --los trabajadores que siguen la convocatoria de los sindicatos en contra de una reforma laboral-- y otros un conjunto de ciudadanos españoles, por diversos motivos, acompaña una huelga. Usted sabe igual que yo que el seguimiento de una huelga general no es solamente por un motivo, son varios, y entendíamos que esta Cámara no podía ponerse enfrente de ese conjunto de ciudadanos que estaban tomando una actitud en contra de determinadas posiciones, no solamente de la reforma laboral, del Gobierno socialista, pero estamos aquí discutiendo esto porque la mayoría de la Mesa así lo decidió, no con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que sigue pensando que era inoportuno.
Por otro lado, creo que lo que hoy estamos hablando aquí es la continuación de un debate que se inició el día 28 de diciembre con la convalidación de un Decreto-Ley que remitía a la Cámara el Gobierno. Ya dijimos allí, y quiero ser muy rápida en estas primeras palabras, que la reforma era necesaria, pero no suficiente, y lo seguimos manteniendo, sobre todo hoy, después de haber oído al señor Ministro de Trabajo decir, muy contento y satisfecho, que, después de esta reforma, se va a crear empleo. Señor Ministro, no se va a crear empleo con esta reforma ni sin ella si no va acompañada de medidas económicas, fiscales y presupuestarias que hagan posible devolver la confianza perdida al Gobierno socialista y a su política económica. Con esto simplemente, señor Griñán, no se va a crear empleo. Lo único que vamos a conseguir será sumar a la crispación social la frustración social cuando, después de poner en marcha esta reforma, no sea lo que usted anunció ya como la gran panacea, que sería la creación de empleo. Por tanto, es insuficiente si no se acompaña de medidas económicas y fiscales que reactiven la economía española.
Decíamos que sí a la reforma. Pero no a cualquier reforma, sino a la reforma necesaria para adecuarnos al resto de los países de la Comunidad, para hacer la reforma que haga competitivas nuestras empresas, que devuelva la autonomía a las partes en la negociación colectiva. Le puedo garantizar, señor Griñán, que estaremos de acuerdo con la reforma necesaria, no con la que hoy trae aquí el Gobierno socialista.
Por eso, porque creemos que debe ser una reforma también acompañada de consenso (y usted, señor Griñán, que es un experto en Derecho del Trabajo y en las relaciones laborales - -es Inspector de Trabajo-- por lo menos tiene esa visión, que no es la global de las relaciones de trabajo, pero sí una parcial), debe saber que el mundo de las relaciones de trabajo es muy complicado, que está afectando a unas relaciones muy directas de las personas, que necesita normas muy claras, muy concretas, que se puedan conocer rápidamente, y necesita básicamente un consenso entre los actores que tienen que poner en marcha estas reformas imprescindibles con

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los sindicatos, con la patronal. Sin confiar plenamente en esta reforma, le digo que dudo mucho de la viabilidad de aplicación de la que hoy estamos discutiendo aquí. Por lo tanto, sería una nueva frustración más a esta frustración social de la que hablaba antes. Por eso creo necesario ese consenso. Se podría recuperar en esta Cámara el consenso a través de los Grupos Parlamentarios, porque lo que considero imposible, señor Griñán, es retirar de la Cámara estos proyectos de ley traídos aquí. Pero sí creo profundamente en el consenso a través de los Grupos Parlamentarios, en un diálogo abierto con la sociedad española y con los agentes sociales.
Y por eso, porque creo en la reforma, en la reforma necesaria, y porque la creo urgente y necesaria, no puedo apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida. Y no lo puedo hacer porque creo que el planteamiento de Izquierda Unida es precisamente la contrarreforma, el inmovilismo de nuestro sistema de relaciones laborales. Creo que es profundamente contraproducente para las necesidades reales de la economía española.
¿Qué es lo que analizamos aquí? ¿Qué es lo que trae el Gobierno que origina la presentación de estas enmiendas a la totalidad? Quiero decir que no es una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Es una reforma de la Ley de procedimiento laboral. Es una reforma de la Ley de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación en los órganos de las Administraciones públicas. Y es también una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y desde mi punto de vista es muy preocupante que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno hayan remitido aquí un proyecto que en un «totum revolutum» mezcla cuestiones que no deben ser mezcladas.
Entiendo que hubiera sido necesario, al mismo tiempo pero de forma diferenciada, presentar la reforma del Estatuto, la reforma de la Ley de procedimiento laboral, la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y lo que afecta a la función pública. Pero en un «totum revolutum», en el que en diez minutos hay que discutir de estas cosas, me parece, señor Griñán, una auténtica frivolidad.
Además, esta reforma que usted trae aquí, de la que se siente tan profundamente orgulloso, que considera tan analizada hasta el fondo del contenido de lo que pueda ser este proyecto, creo que plantea cuestiones en las que espero por parte del Grupo Socialista, por indicación del Gobierno, una mayor flexibilidad a la hora de considerar las enmiendas que presentemos el resto de los Grupos.
Esta reforma que hoy discutimos aquí tiene una enorme inseguridad jurídica. Porque cuando uno analiza el contenido que hoy discutimos nos encontramos con que una de las medidas es la reforma de una modificación del punto 3 del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. Pero si uno se entretiene en analizar el Decreto aprobado el día 28 de diciembre se encuentra con que los puntos 1, 2 y 3 del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores han quedado derogados y se tiene que preguntar: ¿qué estamos modificando, un apartado de un artículo que ha sido derogado el 7 de diciembre y convalidado aquí el 28 ¿Cómo es posible que una reforma hecha con tranquilidad, con serenidad, discutida, como usted dice, en estos seis meses con los agentes sociales cometa fallos como éste? ¿Cómo es posible que ustedes reformen un artículo derogado un mes antes, señor Ministro? Eso es absurdo.
Por otro lado, me parece absurdo que se derogue y modifique determinados artículos, el 11, el 12, el 16 del Estatuto de los Trabajadores, en un Decreto que esta mañana se ha discutido aquí como proyecto de ley y quede al margen del Estatuto de los Trabajadores, como si las empresas de trabajo temporal, los sistemas de colocación, los contratos para la formación, el aprendizaje, las prácticas a tiempo parcial no tuvieran nada que ver con las relaciones laborales y con el Estatuto de los Trabajadores.
Habría comprendido que se hubieran mezclado ambas leyes. Creo que es imprescindible constituir una sola ordenanza jurídica que contenga todas las relaciones laborales de nuestro país, por lo que decíamos antes de la simplicidad que deben tener estas normas, de la facilidad de su entendimiento y de su propia aplicación. Por lo tanto, creo que habría que reformar determinadas normas contempladas en este proyecto de ley, entre otras las propia cláusula derogatoria, que queda bastante ambigua, que queda bastante floja. Además, desde nuestro punto de vista, señor Ministro, da la sensación, cuando la disposición final cuarta del Estatuto dice que las disposiciones con rango de ley referidas a salarios, etcétera, pierden su rango de ley para convertirse en órdenes ministeriales, de que su simple derogación las vuelve a convertir en leyes. Habría que preguntarse si ésa es la intención del Gobierno que, desde mi punto de vista, está totalmente en contra de la nueva situación en la que se hallan todas las relaciones laborales internas a través de la negociación colectiva. Habría que analizar de una forma lenta cuáles son las cláusulas derogatorias que requerirían esta reforma del Estatuto.
Por otro lado, quiero decir que hay cosas que considero importantísimas en este Estatuto, con las que estamos profundamente de acuerdo y a las que el señor Ministro esta mañana ha hecho una enorme cantidad de elogios a lo largo de la hora de su intervención. El señor Ministro de Trabajo, de pronto, ha descubierto la importancia que tiene en las relaciones laborales la negociación colectiva. De pronto, después de llevar siete años en la Comunidad Europea, ha comprendido que el resto de los países de la Comunidad tienen un cuerpo normativo, no normativas estatales, sino dimanantes

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de los convenios colectivos, que constituyen las auténticas relaciones laborales internas en las empresas. El señor Ministro lo descubrió anteayer; hasta ahora, el Grupo que sustenta al Gobierno lo ha negado siempre en esta Cámara. Y me parece importante, señor Ministro, aunque sea ahora, aunque sea tarde, que de pronto haya descubierto usted que esa es una buena fórmula para conseguir una movilidad interna y unas relaciones de trabajo adecuadas para las necesidades de las empresas. Pero surge, como siempre, el miedo típico de un converso socialista, estatalista, que no puede olvidar el control que tiene que ejercer el Estado sobre las propias relaciones internas de los agentes sociales. Confiamos en los agentes sociales, confiamos en que todo lo que se relacione con jornadas, salarios, movilidad interna, etcétera, dependa de la negociación colectiva y de la capacidad de responsabilidad de cada uno de los agentes sociales, pero introducimos cláusulas que hacen muy difícil lo que usted hoy aquí defendía como la base fundamental de su reforma. Cuando usted dice que las cláusulas obligacionales y normativas no se derogan, salvo que el convenio así lo diga, yo me pregunto cómo pretende el señor Ministro Griñán conseguir todas estas modificaciones que plantean estas reformas que hoy discutimos aquí, con los sindicatos en contra, con los trabajadores en contra, con parte de los empresarios, a los que no les gusta demasiado en contra. Cómo va a conseguir el señor Griñán que los agentes sociales renuncien al convenio, puesto que, según el artículo 86 del Estatuto que vamos a discutir aquí hoy, y que si se aprueba tal como usted quiere continuará en el tiempo, los convenios colectivos se prorrogarán año por año, salvo que las dos partes quieran. ¿Me quiere usted decir qué sindicato, qué organización o qué empresario que esté en contra de estas modificaciones introducidas va a aceptar negociar el convenio partiendo de cero? ¿No nos podemos encontrar con las prórrogas continuadas año tras año de todos los convenios colectivos? ¿No sería mejor buscar un modelo tipo francés que obligue a las dos partes a negociar lo que usted plantea aquí? Si no es así, señor Griñán, yo pienso que esto se puede convertir en un catálogo de buenas intenciones del Gobierno socialista, simplemente en eso, porque va a ser inviable la puesta en marcha de esta reforma en la negociación colectiva que ustedes plantean. También me parece positivo e importante la causalidad en la contratación, que se abandonen los contratos temporales para buscar la temporalidad en la causalidad del contrato. Pero yo le quiero llamar la atención sobre el contrato de aprendizaje. Ya se lo decía mi compañero Aparicio esta mañana. Miren ustedes, los contratos temporales, que todos alabamos cuando se plantearon en el año 1984, por la mala utilización, por el mal control desde la Administración de ese tipo de contratos, han llegado a ser perversos para las empresas españolas y para el conjunto de la sociedad española porque nos han hecho pagar hasta tres billones, como usted reconocía, en prestaciones por desempleo. Pero es que con el contrato de aprendizaje puede pasar lo mismo, porque ustedes han llamado contrato de aprendizaje a algo que no lo es.
Ustedes podían decir que la situación económica actual requiere un contrato de inserción laboral por un tiempo determinado, dada la crisis económica, y lo hubiera entendido, que vamos a mantener este contrato hasta que salgamos de la crisis económica, y lo hubiera entendido y podíamos haberlo discutido, haber hablado de un contrato de inserción, pero no utilicen ustedes la palabra «aprendizaje» para un contrato que no tiene nada de aprendizaje, porque cuando realmente queramos introducir el auténtico contrato de aprendizaje que funciona en el resto de los países de la Comunidad, y que es el que realmente necesitan nuestros jóvenes para cualificarse profesionalmente, no lo vamos a poder hacer, porque este contrato mal llamado de aprendizaje ha prostituido el propio nombre del contrato de aprendizaje.


El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, le ruego concluya.


La señora VILLALOBOS TALERO: Voy concluyendo, señor Presidente. Y hay cuestiones en esta ley que yo creo que son mejorables porque están regularmente tratadas, y me voy a referir, muy brevemente, a las empresas de trabajo temporal.
Era necesario y fundamental que se regularan esas empresas, y lo llevamos pidiendo hace muchos años porque llevan funcinando muchos años; sin embargo, en el proyectgo de ley que discutiremos en la Comisión hay un enorme miedo, una especie de aversión del Gobierno a este tipo de empresas. Las condiciones que se les ponen no son condiciones que demuestren creer realmente en el funcinamiento interno. El dinero que tienen que depositar, la situación de controles, excesivos en algunos momentos y escasos en otros, ponen de manifiesto como una especie de falta de confianza en el mecanismo libre del mercado. Al final, lo que subyace a lo largo de toda esta reforma es el enorme miedo que los socialistas tienen, en las relaciones laborales, al concepto de libertad y de la libertad de las partes.
Desde luego, lo que desde nuestro punto de vista --y concluyo con ello, señor Presidente-- es total y absolutamente inaceptable de esta reforma es el Título II. Yo comparto con el señor Ministro y con la sociedad española, porque lo hemos vivido en estos últimos años, lo que han significado las elecciones sindicales en este país. El escándalo de las elecciones sindicales, hacía imprescindible desde luego, la reforma de las normativas a las que se sujetan estas elecciones. En España, los sindicatos tienen otra consideración diferente a la

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simple representación de los intereses de los trabajadores en el seno interno de la empresa, que es la consideración que la Ley Orgánica de Libertad Sindical les da a los sindicatos más representativos, que no solamente negocian convenios de ámbito estatal, que no solamente firman acuerdos con el Gobierno o con determinadas comunidades autónomas, sino que disponen de un dinero de los propios Presupuestos Generales del Estado. Y no solamente desde el año 1982, señor Arnau. Quiero recordarle que al principio este dinero era solamente para los más representativos, como venía en los Presupuestos del año 93, y fue una sentencia del Tribunal Constitucional la que obligó al Gobierno socialista a repartirlo entre los sindicatos en función de su propia responsabilidad. Pero es que, además, los sindicatos más representativos están en los consejos de administación del Inem, del INS, del Inserso, de determinados organismos públicos y son los que van a determinar, en el Consejo General de la Formación Profesional, el catálogo de cualificaciones profesionales, conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Para el año 1994, conjuntamente con la CEOE, disponen de 36.000 millones de pesetas para la formación continua. Es decir, les hemos dado una representación que va más allá de lo que significa la defensa de los propios intereses de los trabajadores. Luego, desde mi punto de vista, parecería lógico que el proceso electoral que les da esa consideración de más representativos debería estar dentro de un concepto de transparencia y de objetividad que no fuera criticable para ningún ciudadano español, y ni siquiera se pudiera pensar que se están intentando favorecer a determinadas organizaciones sindicales. Y porque yo soy demócrata y creo profundamente en la necesidad de sindicatos fuertes, requiero de esta Cámara el apoyo para las enmiendas tendentes a un proceso electoral transparente, que haga realmente viable y visible para la sociedad que esos sindicatos representan al mayor número de delegados elegidos en las elecciones. Me parece errónea la opacidad que se introduce en la reforma del Título II, me parece que no es presentable que el Ministerio de Trabajo tenga bajo llave esos resultados electorales, que ninguna otra organización sindical, que exista o que se pueda crear, pueda competir con las que hoy existen para la mayor representatividad de los intereses de los trabajadores. En beneficio del conjunto de la sociedad, de esa necesidad de sindicatos fuertes, de sindicatos representativos, es por lo que pido al Grupo Socialista y al Gobierno que reflexionen sobre la búsqueda de soluciones al problema grave de las acusaciones de fraude en las elecciones, pero que no permita y que no santifique acuerdos como éste entre el sindicato UGT, a través del señor Saracíbar, y el sindicato Comisiones Obreras, a través del señor De la Parra, según el cual la asignación consignada en los Presupuestos Generales del Estado se la reparten al 50 por ciento. Si ustedes lo que quieren son sindicatos inmovilistas, sindicatos a los que el Gobierno les reconoce al 50 por ciento la consideración de más representativos, con todo lo que ello conlleva de influencia social, disfrute de medios económicos y del patrimonio sindical acumulado que les proporciona el Ministerio de Trabajo, me parece que les están haciendo ustedes un flaquísimo favor a las organizaciones sindicales.
Porque además, señor Ministro, entiendo...


El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, le ruego concluya.


La señora VILLALOBOS TALERO: Acabo con esto, señor Presidente.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías.


La señora VILLALOBOS TALERO: Porque además, señor Ministro, entiendo que esta reforma no viene pactada, no viene con el acuerdo del Consejo Económico y Social --por lo menos ustedes no (han trasladado) a la Cámara ese informe--ni tampoco el del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, señor Presidente de la Cámara, señores Diputados, mi Grupo Parlamentario quiere que el proceso, que empieza hoy aquí, de debate de la reforma laboral, de las reformas profundas de las relaciones de trabajo que van a afectar a cada uno de los españoles, el día que salga de esta Cámara para publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» represente la reforma necesaria, represente la reforma consensuada, la reforma que rompa esa crispación hoy existente en la sociedad.
Porque le puedo garantizar una cosa, señor Griñán: si seguimos en la línea planteada en el día de hoy de buscar sólo enfrentamiento y crispación, de no buscar el consenso, si no se consigue el consenso en las reformas que afectan al mercado de trabajo, esto que estamos discutiendo aquí será, simplemente, un esfuerzo estéril de los grupos parlamentarios y un esfuerzo estéril de la sociedad, porque ya le anuncio la inviabilidad de la aplicación de esta norma. Nuestro apoyo será para mejorar, porque es manifiestamente mejorable, para ayudar a conseguir unas relaciones de trabajo adecuadas y para conseguir una situación de equilibrio necesario --como usted bien sabe-- en las relaciones laborales entre el trabajador y el empresario. En esa línea, señor Presidente, nos encontraremos.
Muchísimas gracias. (Rumores y algunos aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Villalobos.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas de totalidad al proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los

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Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
En primer lugar, votaremos la enmienda de texto alternativo, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 314; a favor, 18; en contra, 289; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de la enmienda de texto alternativo, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 312; a favor, cinco; en contra, 290; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, que han sido defendidas por los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 313; a favor, 22; en contra, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 20/1993, DE 22 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE PRORROGA EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY ORGANICA 5/1992, DE 29 DE OCTUBRE, DE REGULACION DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE CARACTER PERSONAL (Número de expediente 130/000009)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día de esta sesión extraordinaria: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se prorroga el plazo que se establece en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han llevado a la promulgación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia. (Rumores.) Un momento, señor Ministro. (Pausa.) Señorías, ruego guarden silencio. Estamos en sesión. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo el honor, en nombre del Gobierno, de solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 20/1993, de 22 de diciembre, por el que se prorroga el plazo de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Como SS.SS. saben, tal Ley Orgánica entró en vigor el 31 de enero de 1993 y su disposición final primera autorizaba al Gobierno para el ejercicio de la potestad reglamentaria relativa tanto a la aplicación y ejecución del texto legal, como a la elaboración del Estatuto que regulara la estructura de la Agencia de Protección de Datos. En virtud de esa potestad reglamentaria, por Real Decreto de 24 de mayo de 1993, se aprobó efectivamente el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. Como no se les escapa, en ese momento ya estaban convocadas las elecciones generales, y ciertamente la convocatoria de elecciones generales supuso, en este caso, un paréntesis en la plena eficacia de la puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos. La razón es obvia. El artículo 37 de la propia Ley Orgánica preveía que correspondía al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo consultivo a propuesta de una serie de organismos e instituciones, entre ellas el propio Congreso y el Senado. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Era evidente, por tanto, que lo razonable era esperar a que se constituyeran el nuevo Congreso y el nuevo Senado, y fruto de ello el correspondiente Gobierno. Eso supuso, efectivamente, la paralización de unos meses por razones políticas obvias.
A mayor abundamiento, la propia Ley preveía que una serie de órganos e instituciones tenían que proponer los correspondientes vocales o miembros del Consejo consultivo de la Agencia de Protección de Datos. Lo cierto es que hasta el mes de octubre tales organismos e instituciones no habían hecho efectiva la capacidad de propuesta y, en consecuencia, no existían miembros suficientes para constituir legalmente el Consejo consultivo. Tan pronto como se logró esa mayoría a mediados de octubre, el día 18 se procedió al nombramiento por el Gobierno de los miembros propuestos del Consejo

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consultivo y el día 22 del propio mes se propuso como Director, por parte del Consejo consultivo, a uno de sus miembros. Sólo a partir de ese momento fue posible que se pusiera en marcha la creación efectiva de la Agencia de Protección de Datos, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de creación de la correspondiente estructura de plantillas. Por lo tanto, sólo a partir de ese momento el propio Consejo consultivo tuvo la posibilidad de informar el desarrollo reglamentario de la materia, puesto que, como SS.SS. saben, la propia Ley prevé que es el Consejo consultivo el que debe informar preceptivamente el desarrollo reglamentario que permita la aplicación y ejecución de la Ley. En consecuencia (estábamos en octubre y en este momento el Consejo consultivo todavía no ha evacuado su correspondiente informe preceptivo), era obvio que a la fecha de 31 de enero iba a ser imposible que pudieran entrar en funcionamiento las previsiones de la referida disposición adicional segunda.
En este momento, el borrador del correspondiente reglamento para la ejecución de la norma está en manos del Consejo consultivo, el cual, a su vez, ha considerado oportuno --le parece razonable al Gobierno-- consultar, además, con los sectores públicos y privados afectados por la norma. Tan pronto como se devuelva informado el proyecto de reglamentación se procederá a pasarlo al Consejo de Estado y, finalmente, al Consejo de Ministros. En estos términos, estamos en condiciones de afirmar que en torno al mes de abril se habrá posibilitado que esté devuelto el informe, que exista la normativa correspondiente y, por lo tanto, que pueda entrar en plena operatividad el cumplimiento de lo previsto en la referida disposición adicional segunda. Sólo entonces se podrá lograr el objetivo que la propia Ley preveía, en definitiva, hacer efectivo el artículo 18.4 de la Constitución; objetivo fundamental que no es otro que el que el uso de la informática no suponga, en ningún caso, una mengua de las garantías que deben rodear la protección del honor y la intimidad personal de los ciudadanos. Con esta explicación, que espero que a SS.SS. les parezca suficiente, y con el compromiso de que dentro del plazo de seis meses será efectivamente posible desarrollar plenamente el proceso, solicito, en nombre del Gobierno, la convalidación del Real Decreto-ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no dudo de sus palabras ni de que, efectivamente, usted hereda este tema, que ha tenido poco tiempo y que necesita esta serie de meses. Pero no es la primera vez. Son varios los reales decretos que vienen aquí a obligar que se alarguen los plazos.
No queriéndole echar a usted la culpa, porque no la tiene, y diciéndole que vamos a votar a favor porque es preciso que se haga, no puedo olvidar --hay que decirlo aquí-- que el equipo de Gobierno anterior (no sé el suyo, hasta que lo demuestre) no funcionaba. Porque esto se presenta en el mes de octubre y tienen noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin contar el mes de mayo cuando se convocan las elecciones, seis meses. Tenían tiempo. Usted está pidiendo una prórroga de seis meses, luego, entonces, perfectamente había tiempo. Yo lo siento, pero aquí habría que decir: viva la eficacia, viva la rapidez, viva la solvencia, viva la productividad, viva la rapidez en la gestión. La verdad es que lo siento, pero hay que decirlo: No funcionan, o no funcionaban. Yo me voy a creer que usted va a funcionary, por lo tanto, voy a votar que sí, pero que apechugen los de antes, por lo menos, porque queda demostrado que los de antes no funcionaban.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo. Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Para anunciar nuestro voto positivo a la convalidación de este Real Decreto-ley y también para decir que sería bueno recordar que los plazos se fijan como garantía de seguridad jurídica y para asegurar la efectividad de las disposiciones que la norma establezca; por ello los plazos se han de cumplir. Es cierto - -y lo ha dicho el señor Ministro-- que en el presente supuesto el conjunto de previsiones relacionadas con el desarrollo institucional que la Ley 5/1992 preveía tenía su complejidad y que se han producido en un año especial porque era un año electoral. Entendemos, por tanto, que el nuevo plazo de seis meses ha de ser último y ello para no perjudicar la propia efectividad de lo previsto en la Ley y, muy concretamente, para no disminuir las funciones que tiene encomendadas la Agencia de Protección de Datos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor López Garrido.


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El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va abstenerse en la votación de este Real Decreto-ley que significa la ampliación en seis meses más de las obligaciones previstas en la disposición adicional segunda de la Lortad, Ley que regula los ficheros informatizados y el derecho a la intimidad respecto de esos ficheros informatizados que tienen datos de carácter personal. Es decir, es ampliar casi dos años más el cumplimiento, la ejecución de esta Ley, desde que fue aprobada por esta Cámara.
Es cierto que hay una necesidad fáctica de la convalidación de este Real Decreto-ley porque lo que sucede es que, sencillamente, no se han cumplido las obligaciones de la disposición adicional segunda, que, recordemos, fundamentalmente son que la Administración y las entidades privadas comuniquen a la Agencia de Protección de Datos los ficheros de carácter personal que tengan y, además, la obligación de que las administraciones públicas que tengan ficheros personales desarrollen unas normas por las que se regule ese fichero. Es decir, no son obligaciones que directamente incumban a la Agencia de Protección de Datos, sino sobre todo a las administraciones y entidades privadas; se reconoce que esto no se ha cumplido y se amplía, por tanto, el plazo, aunque no es una buena técnica legislativa que cuando no se haya cumplido un plazo establecido en la ley sencillamente se amplíe. Por tanto, hay una necesidad técnica, pero hay también que reconocer que hay una responsabilidad del Gobierno. En primer lugar, porque el Gobierno anterior --hay que reconocer también que fundamentalmente es el Gobierno anterior el que tiene esa imprevisión-- desde octubre de 1992, en que se aprueba la Ley, hasta la convocatoria de elecciones no se mueve para que se produzca el nombramiento del director de la Agencia de Protección de Datos y la puesta en marcha de dicha Agencia, y después, desde las elecciones del día 6 de junio hasta octubre, no aparece esa Agencia de Protección de Datos, con lo cual se arrastra un retraso que se acumula al importantísimo retraso que viene nada menos que del año 1978, es decir, la fecha de la Constitución, porque desde entonces no había una ley que protegiera la intimidad de las personas por la utilización de los ficheros informatizados con datos de carácter personal, con sus efectos importantes sobre un derecho fundamental.
En segundo lugar, tenemos que decir que no sabemos qué sucede en este momento con la aplicación y el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos.
¿Qué ficheros se han comunicado? Hasta este momento no se ha comunicado nada sobre ningún fichero de la Administración y entidades privadas. ¿Ha habido alguna norma de creación de fichero que se haya regulado por la Administración o adaptado, como dice la disposición adicional segunda? ¿Ha sucedido algo a ese respecto? Para saberlo, ya que no tenemos conocimiento de lo que ha ocurrido, hemos pedido hoy mismo la comparecencia del Director de la Agencia de Protección de Datos en la Comisión de Justicia, para que informe sobre el desarrollo de esta importantísima Ley.
Por último, hay que decir que no hay una relación estrictamente necesaria entre la puesta en funcionamiento de la agencia de protección de datos y las obligaciones de esta disposición adicional segunda, en especial la disposición adicional segunda en su párrafo segundo, porque en ella se dice simplemente que las administraciones públicas responsables de ficheros automatizados tienen que adoptar una disposición de regulación del fichero, y esto no tiene nada que ver con que la agencia de protección de datos funcione o no. Habría que preguntar qué es lo que se ha hecho desde el Gobierno, más exactamente desde el Ministerio de Justicia, para que por la Administración pública y las entidades privadas se comuniquen los ficheros existentes y para que estos ficheros automatizados se regulen.
En definitiva, todas estas características de la imprevisión de la puesta en marcha de la Lortad, aun reconociendo la necesidad técnica en este momento, la necesidad fáctica de la ampliación del plazo, porque no se ha cumplido una obligación legislativa, nos llevan a la abstención en la votación de este Decreto-ley, congratulándonos de que el Ministro de Justicia haya adoptado ante esta Cámara el compromiso de que en abril todo absolutamente estará en marcha. Vamos a seguir atentamente este proceso y entonces se lo recordaremos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor López Garrido.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Con la convalidación de este Real Decreto-ley cumplimos el que esperemos sea el último acto, dentro de los múltiples retrasos que han venido acompañando, en primer lugar, el envío por parte del Gobierno y, después, el debate en esta Cámara de una ley que desarrollara precisamente el artículo 18.4 de la Constitución y permitiera una defensa efectiva de ese derecho a la intimidad frente a los posibles abusos desde el ámbito de la informática. Hay que recordar que si el proyecto de ley lo remitió el Gobierno en el mes de julio de 1991, es lo cierto y verdad que no terminó su trámite parlamentario hasta el 22 de diciembre de 1992, es decir, que ha tenido que pasar un año y medio largo para cumplimentar en su totalidad algo que era una necesidad urgente que había sido reclamada desde distintos ámbitos de esta Cámara

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por los diferentes grupos parlamentarios, y muy especialmente por el Grupo Popular. Y, no nos engañemos, si por fin este proyecto de ley vio la luz fue por el compromiso ineludible que suponía el Tratado de Schengen y las exigencias que reclamaba del Gobierno español el regular este punto y el constituir un órgano tipo la agencia de protección de datos, precisamente para vigilar los ficheros de datos personales dentro de esa interconexión general de los ficheros policiales que contempla el Tratado de Schengen.
Aquel proyecto de ley supuso, en su desarrollo, grandes esperanzas para todos los miembros de esta Cámara, y yo creo que grandes decepciones, porque, como denunció en su día el Grupo Popular, al final, el proyecto de ley decepcionó, y el texto definitivo que se transformó en ley frustró las esperanzas de aquellos que pretendían unas mayores garantías, un mejor ejercicio real de las libertades y derechos de los ciudadanos.
El Grupo Popular tiene planteado un recurso de inconstitucionalidad a varios artículos de este proyecto de ley por cuanto entendemos que conculca precisamente el artículo 18.4 de la Constitución, y de manera clarísima el espíritu de los constituyentes, fundamentalmente en lo que se refiere al tratamiento especial que se da a los ficheros en manos del Estado, en manos de las administraciones públicas, y que permite que exista el «gran hermano», e incluso en algunos casos habilita, a través de las facultades que proporciona a la policía, para irrumpir y dar una especie de patada silenciosa en la intimidad de todos los ciudadanos.
Pero de lo que hoy se trata es de que nos encontramos, una vez más, ante esos retrasos reiterados del Gobierno, retrasos reiterados que ha pretendido explicar el señor Ministro y que sólo parcialmente se pueden entender. Si el proyecto de ley se aprueba el 22 de diciembre y entra en vigor el 26 de enero de 1993, es lo cierto y verdad que no es hasta el 26 de marzo cuando, en ejercicio de esa potestad reglamentaria, se aprueba el Estatuto de la agencia de protección de datos. Creo que un mínimo de diligencia, la urgencia que todos contemplábamos y sabíamos que existía en este asunto, hubiera reclamado una mayor celeridad por parte de la Administración Pública.
Pero lo peor de todo es que se aprueba el 26 de marzo, pero no se publica hasta el 4 de mayo. La aprobación del Consejo de Ministros es del 26 de marzo, repito, pero transcurre todavía un mes y quince días sin que se publique y, por tanto, este acuerdo adquiera plena validez. Y en este acuerdo el propio Gobierno se compromete a cosas que sabe ya cuando se publican que son de imposible cumplimiento, de imposible cumplimiento porque se compromete, en ese acuerdo, que aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, a que antes de un mes -- leo la disposición adicional primera-- «plazo para efectuar las propuestas de nombramiento» se hagan las propuestas de nombramiento del Consejo de la Agencia. En el mes de mayo, señor Ministro, estaban disueltas las Cámaras, y la Administración sabía que era imposible cumplir ese requisito.
Y no me diga que ya existía un acuerdo, porque acuerdos del Consejo de Ministros que luego no aparecen reflejados en el «Boletín Oficial del Estado» y que, por tanto, no adquieren su validez, o que no son, por ejemplo, remitidos a estas Cámaras, conocemos varios. Le voy a dar un ejemplo muy claro y flagrante: la famosa ley de secretos oficiales, tan secreta que fue aprobada hace tres años en Consejo de Ministros y todavía esta Cámara no conoce su contenido. Aquí podían haber hecho alguna cosa por el estilo y haber puesto, desde el principio, términos que no fueran condiciones de imposible cumplimiento.
Pero lo grave de todo esto es que dentro de esos derechos que configura la Lortad, Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales, la pieza clave de todo el edificio que construye es precisamente esta agencia de protección de datos, y mientras se va retrasando reiteradamente la constitución y el ejercicio efectivo de sus capacidades y sus competencias, es lo cierto y verdad que la Lortad es prácticamente papel mojado, al margen de las discrepancias de fondo y gravísimas que hemos señalado --que nos llevan a plantear un recurso de inconstitucionalidad--, que tenga el Grupo Popular respecto al texto definitivo de esta ley. Y no le quiero recordar muchas al señor Ministro y a esta Cámara, pero diremos, por ejemplo, que la agencia es la encargada de informar a los ciudadanos de los derechos que tienen y que les asisten en todo este tipo de cuestiones, que la agencia tiene que entender de las peticiones que le dirijan los afectados y resolver, en su caso, las reclamaciones formuladas. Y así podemos seguir. Por ejemplo, todo el ejercicio de la potestad sancionadora, pieza clave dentro de la Lortad, también compete a la agencia, y durante este año largo realmente ha sido nula la efectividad de esta Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos Personales. Y lo siento, señor Ministro, pero el retraso es sólo responsabilidad del Gobierno.
Como he dicho, podían haber desarrollado este Estatuto de la agencia de protección de datos en los meses de enero y febrero, y esta Cámara y el Senado hubieran podido designar a tiempo sus representantes; ha sido culpa de la negligencia que ha acompañado toda esta Ley por parte del Gobierno, de la falta de interés, una vez más, que se nota en este Gobierno respecto a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.
Y con esto termino, señor Presidente, señor Ministro. Los plazos se ponen para cumplirlos; los plazos son vitales a la hora de movernos en un mínimo de seguridad y si no se cumplen en este caso es, una vez más, responsabilidasd del Gobierno.
El Grupo Popular va a

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apoyar la convalidación de este Decreto. Entendemos que nuestras discrepancias esenciales están respecto al texto de la Ley --y ahí están en el Tribunal Constitucional-- y la denuncia en cuanto la retraso la acabamos de formular. Es obvio que, por necesidades técnicas, hay que ampliar este plazo y, en tanto en cuanto es obvio que por necesidades técnicas hay que hacerlo, vamos a respaldarlo con nuestro apoyo, sin que ello suponga disminuir nuestra crítica a las negligencias reiteradas y a la falta de interés por falta del Gobierno en solucionar este tipo de problemas, ni tampoco disminuir nuestras críticas en cuanto al fondo de la ley y de la regulación definitiva que se dio a través de la Lortad al desarrollo del artículo 18.4 de la Constitución. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De Palacio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer término quiero agradecer a los grupos que se han posicionado respecto de la convalidación de este Real Decreto-ley el parecer que han expresado, puesto que, con su voto, van a apoyar la convalidación del mismo o, en el peor de los casos, se van a abstener. Por consiguiente, las críticas que se han formulado no las tomo como un envite y las contestaré sólo en términos de explicación. Además, creo que no es el momento de realizar un debate sobre la calidad técnica de la Ley de la cual trae causa este Real Decreto, es un debate cerrado, y simplemente he de manifestar que, en otros países con experiencias similares, esta Ley goza de un alto prestigio; por tanto, voy a tratar de ser lo más razonable posible en mi contestación a las críticas formuladas a la actuación del Gobierno.
Cualquier órgano, sea de nueva creación o sea un órgano preexistnete, para su funcionamiento requiere básicamente de un marco normativo y además de unos medios, tanto materiales como humanos, sin los cuales es imposible que ese órgano funcione. Y si leen atentamente los artículos 34, 35 y 36 de la Ley Orgánica para el Tratamiento Automatizado de Datos Personales, se llega a la conclusión de una inevitable concatenación de plazos. Un plazo para la aprobación del estatuto, sin el cual no es posible entrar en el proceso de constitución de la agencia; un segundo plazo para la constitución del consejo consultivo, y un tercer plazo para la puesta en funcionamiento, mediante el desarrollo de la Ley -- es decir, mediante el reglamento además del estatuto--, de la agencia de protección de datos. Pero como en el propio texto y en la parte del mismo que se ocupa de la agencia de protección de datos se manifiesta una cierta preferencia porque el personal de que esté dotado dicha agencia sea funcionario, además del personal contratado, esto nos lleva inevitablemente a comentar otro plazo, que es el de los concursos públicos necesarios para disponer por parte de la agencia tanto del personal de libre designación como del que accede a la agencia de protección de datos por otras causas o razones, y en medio de todos esos plazos tenemos que considerar otro, que es el que se abre a partir del momento de la disolución de estas Cámaras, cuando el Gobierno adquiere la condición de Gobierno en funciones.
Manejando todos estos elementos yo creo que no queda ni sombra de responsabilidad en la actuación del Gobierno, que me parece que ha sido extremadamente diligente. Sin embargo, y a pesar de ello, la lista de integrantes del consejo consultivo de la agencia de protección de datos, que es un elemento absolutamente ajeno a la responsabilidad del Gobierno, todavía no se ha podido completar. También por causas ajenas a la voluntad del Gobierno, la agencia de protección de datos, en estos momentos, tiene tres miembros en su esquema de funcionamiento: el director y dos personas que están realizando el trabajo de puesta en funcionamiento de la misma.
No trato de hacer con mis palabras que la oposición deponga sus argumentos, simplemente les transmito mi explicación objetiva en los términos más imparciales posibles y reitero mi agradecimiento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Navarrete. Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 20/1993, de 22 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 272; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
¿Desea algún grupo que se someta a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado? (Denegaciones.)

--REAL DECRETO-LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL REGIMEN ECONOMICO FISCAL DE CANARIAS (Número de expediente 130/000010)

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El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han determinado la publicación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me cumple hoy la tarea de solicitar de SS.SS. el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias.
Nos encontramos ante una norma de alto contenido técnico, cuyo alcance, oportunidad y trascendencia voy a tratar de exponerles. Con esta finalidad parece imprescindible referirnos, en primer lugar, a los antecedentes legislativos de la misma.
La Ley 20/1991, de 7 de junio, modificó sustancialmente la fiscalidad específica del archipiélago, introduciendo dos nuevas figuras impositivas indirectas que se constituyen en el núcleo fundamental del nuevo régimen económico fiscal canario: el impuesto general indirecto canario, también conocido como IGIC, y el arbitrio sobre la producción e importación de las Islas Canarias, conocido en términos también reducidos como APIC. De esta forma se derogaban las figuras impositivas anteriormente vigentes, que gravaban consumo por el sistema de tributación en cascada, sustituyéndolas por los referidos impuestos, que responden a la moderna concepción de los impuestos sobre cifra de negocios.
En suma, con tales reformas se instauraba en Canarias un sistema de imposición indirecta moderno, que establece las bases para una futura integración en la fiscalidad de la Unión Europea.
Este régimen reviste dos características fundamentales, que en el momento actual, considero básico resaltar: en primer lugar, tanto la normativa del impuesto general indirecto canario como la del arbitrio se encontraban adaptadas en el momento de su aprobación, con la única excepción de las peculiaridades reseñadas, a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable en el territorio peninsular y en las Islas Baleares.
La coordinación entre las normativas aplicables reviste especial trascendencia, ya que ello permitirá evitar supuestos de sobreimposición o de no tributación en las operaciones realizadas entre empresarios canarios y los establecidos en el resto del territorio nacional.
El segundo aspecto que me interesa resaltar es que la Ley de modificación de los aspectos fiscales del REF de junio de 1991 atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la regulación reglamentaria de los aspectos relativos a la gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto general indirecto canario y del arbitrio sobre la producción e importación, así como los relativos a la revisión de los actos dictados en aplicación de los mismos.
Con posterioridad a la aprobación y publicación de la Ley 20 de 1991 se han introducido diversas modificaciones en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, instadas todas ellas por los avances en el proceso de armonización comunitario del Impuesto. La principal de tales modificaciones es la establecida por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, por la que se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva comunitaria 91/680, y que se refiere al régimen jurídico de las operaciones intracomunitarias. como consecuencia de tales modificaciones se ha producido un desfase entre la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable en la península y las Islas Baleares, y la regulación de los impuestos indirectos aplicable en el territorio canario. Este desfase es el que viene a corregir el Real Decreto-ley 21/1993 que en estos momentos comento y someto a la consideración de sus señorías.
El Real Decreto-ley realiza una aproximación completa, con fecha 1 de enero de 1994, de ambas figuras de imposición indirecta a Canarias a la normativa general del IVA, ya que, ademá de incorporar las reformas efectuadas con anterioridad, incluye las normas que en materia de IVA contiene la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1994 y la Ley de medidas fiscales aprobada con carácter simultáneo a los Presupuestos.
De la importancia de la reforma de la imposición indirecta a Canarias llevada a cabo por el Decreto-ley da idea el gran número de preceptos de la Ley 20/1991 que son objeto de modificación por el mismo. En total, 36 artículos de la repetida Ley son objeto de modificación por el Decreto-ley, que, además, rectifica una disposición adicional y el anexo número 2, e introduce tres nuevos artículos.
No obstante, la trascendencia de esta norma no se agota lógicamente en el aspecto cuantitativo, y hay otros elementos de tipo esencial que creo que considerablemente debemos destacar. El conjunto de medidas constituye un balance de las modificaciones efectuadas en la normativa del IVA en los dos últimos años, con la única excepción de las modificaciones ya trasladadas al régimen específico de Canarias por el Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de mayo, en virtud del cual se introdujeron los cambios más urgentes derivados de la reforma del IVA realizados por la Ley 37/1992.


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Considero imprescindible en este punto resaltar, aunque sea de forma sucinta, las principales modificaciones realizadas por el Real Decreto-ley 21/1993. Para ello analizaré de forma separada las dos figuras impositivas integrantes del régimen fiscal específico de las Islas Canarias.
En el ámbito del impuesto general indirecto deben resaltarse las siguientes variaciones. En primer lugar, modificación de la norma de conexión entre el IGIC y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en idénticos términos a los establecidos con carácter general en el Impuesto sobre el Valor Añadido. La norma reviste especial trascendencia teniendo en cuenta que la normativa reguladora del Impuesto sobre Transmisiones resulta aplicable en el territorio canario, y la disparidad de tratamiento entre el IGIC y el IVA podría dar lugar a importantes problemas de aplicación.
En segundo lugar, se completa y modifica la regulación de no sujeción de las transmisiones globales del patrimonio empresarial o profesional en virtud de operaciones de fusión, escisión, aportaciones de bienes y canje de valores y de las operaciones realizadas por entes públicos en la forma prevista actualmente por la normativa reguladora del IVA.
En tercer lugar, se modifica la regulación de la localización de las operaciones sujetas para ajustarla a la normativa del IVA actualmente vigente. Esta modificación tiene una enorme trascendencia, ya que permite aplicar el IGIC y el IVA sin que se produzcan situaciones de sobreimposición o de no tributación de determinadas operaciones realizadas entre empresarios peninsulares y canarios. Se modifican, igualmente, las reglas relativas a la repercusión del Impuesto, ampliando el plazo hasta los cinco años siguientes al devengo de las operaciones urgentes. Otra norma claramente favorable para los contribuyentes es la ampliación del procedimiento de devoluciones inmediatas, que anteriormente sólo correspondía a los exportadores y ahora se aplica a todas las operaciones relacionadas o asimiladas a la exportación.
Igualmente parece oportuno hacer referencia a la incorporación al régimen fiscal de Canarias del derecho a recuperar las cuotas repercutidas y no satisfechas por el destinatario que hubiese sido declarado judicialmente en situación de quiebra o suspensión de pagos, de forma parecida a como se hace con el régimen general del IVA.
Finalmente, se establece un cuadro de infracciones y sanciones, adaptado al que se aplica en territorio peninsular español, en relación con el IVA y con los derechos de importación.
Por supuesto son muchas más las normas a las que se refiere el Real Decreto-ley en esta modificación del Impuesto, pero he querido señalar las más destacadas.
Por lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el ámbito del arbitrio sobre la producción y la importación de bienes en las Islas Canarias, aunque son menores revisten también enorme importancia, destacando el establecimiento, en términos idénticos a los recogidos para el IGIC, del derecho a recuperar las cuotas repercutidas y no satisfechas por el destinatario que hubiese sido declarado judicialmente en quiebra o suspensión de pagos, y la regulación de un nuevo cuadro de infracciones y sanciones por idénticos motivos a los aducidos en relación con el IGIC.
Además --y se adopta a instancias del Parlamento de Canarias-- , se reduce del cinco al tres y medio por ciento el tipo impositivo del arbitrio aplicable a los coches de turismo y demás vehículos automóviles proyectados principalmente para el transporte de personas. Con ello se mantiene para estos bienes una tributación indirecta diferenciada e inferior en el archipiélago canario. Como conclusión de lo anteriormente señalado, el Real Decreto-ley 21/1993 podemos decir que introduce importantes modificaciones en la normativa reguladora de la importación indirecta canaria que tratan de aproximarla a la normativa reguladora del IVA y, por tanto, a las normas armonizadas comunitarias para evitar las distorsiones que podrían producirse en otro caso y para conseguir la aplicación a los sujetos pasivos del IGIC y del APIC de diversas normas favorables que han sido recientemente incorporadas a la normativa general del IVA.
Estas circunstancias, juntamente con la necesidad de conseguir lo antes posible la debida coherencia entre los tributos de la comunidad canaria y los aplicables en el resto del Estado y de que las modificaciones apuntadas se aplicaran desde el 1 de enero de 1994 para evitar problemas de gestión en la administración de los tributos por los órganos de la comunidad autónoma, obligan a realizar urgentemente la adaptación.
Estas son, en fin, las circunstancias que motivaron la aprobación por el Gobierno del Real Decreto-ley y estas son las circunstancias que me llevan a solicitar de SS.SS. el voto favorable a su convalidación, lo que hago en el convencimiento de su necesidad y oportunidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, desde la conformidad en líneas generales con la exposición hecha por el señor Ministro para justificar las razones en virtud de las cuales se ha dictado el Real Decreto-ley que nos lleva a intervenir en este momento,

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he de decir que Coalición Canaria está de acuerdo con su convalidación, cosa que parece obvia desde nuestra perspectiva, ya que, tras la incorporación con carácter pleno de la comunidad canaria a la Comunidad Europea y la creación del Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre la Producción y sobre la Importación en el Archipiélago Canario, quedó renovado nuestro régimen económico-fiscal. Una parte del mismo, no su núcleo, es precisamente la reforma fiscal de que se dispuso a partir de la Ley 20/1991, que tiene que completarse, para incluir el núcleo también, con la reforma económica que precisamente está en el correspondiente trámite parlamentario en esta Cámara tras la remisión al Congreso de los Diputados de la proposición de ley respectiva desde el Parlamento de Canarias.
Nuestro acervo histórico, conformado precisamente por un régimen económico-fiscal que data desde hace aproximadamente 500 años, quedó perfectamente consolidado con la Constitución española, que incluso en su disposición adicional tercera ha preservado de cualquier modificación al mismo, imposible de todo punto sin la previa audiencia de la comunidad autónoma, por cuya razón ya en una ocasión, precisamente por obviarse este trámite constitucionalmente exigible, se produjo la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional respecto de un Real Decreto-ley que en su día se dictó sobre la exención del impuesto de la gasolina en el archipiélago canario. Habida cuenta de que se ha corregido aquella omisión y de que ya en lo sucesivo se ha consultado con la Comunidad Autónoma, al igual que en el presente caso, ello no es óbice para que, en determinadas situaciones como la presente, la Comunidad Autónoma haya expresado su conformidad, pero simultáneamente la necesidad de incorporar también una serie de mejoras, unas por razones técnicas y otras por razones políticas, por lo que se refiere al texto del Real Decreto-ley que fue sometido a la consulta correspondiente.
Así, el Parlamento de Canarias expresó su conformidad unánimemente al proyecto que se le remitía, pero también unánimemente, con la conformidad de todas las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario canario; por lo tanto, de acuerdo tanto los miembros de Coalición Canaria como los representantes allí del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, han expresado su voto favorable, pero con la necesidad de hacer una serie de correcciones técnicas y políticas, como digo. No ha sido un voto condicional, ni mucho menos, pero nosotros desde aquí solicitamos de todos los Grupos Parlamentarios el apoyo para la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley, porque ése es el único momento posible para incorporar esas mejoras, a las cuales, estoy seguro, será sensible el propio Gobierno del Estado español.
Nosotros expresamos, desde la postura que ya se formuló en el Parlamento de Canarias, la necesidad de incorporar, entre otras mejoras, unas que afectan, por ejemplo, a los transitorios, que es una figura importante, que pertenece a nuestras características, a nuestro entramado peculiar, que, con los agentes de Aduanas, tienen una serie de posibilidades, de aptitudes y de capacidades profesionales para presentación de declaraciones, etcétera, en definitiva, para la dinamización de nuestra actividad portuaria y aduanera, pero también para exigir su presencia en el texto de la ley como sujetos responsables e incluso con la solidaridad y responsabilidad que ello implica. Desde Coalición Canaria hemos considerado -- lo formulamos en el Parlamento de Canarias y así lo explicitó también el Parlamento--la necesidad de entender que pertenecen a las administraciones públicas que puedan disfrutar de las exenciones del arbitrio sobre la producción e importación de Canarias a las entidades gestoras de la Seguridad Social, no sólo importante en el momento actual, sino cuando se produzcan las transferencias a partir de entonces.
También hemos establecido la necesidad de incorporar exenciones a este impuesto por lo que se refiere a productos para utilización por parte de los minusválidos, al igual que una serie de prótesis, vehículos a disfrutar por los mismos, etcétera, que no tienen por qué sufrir los rigores de este arbitrio general, al igual que en lo que se refiere al Fondo de Previsión de Inversiones, en la forma y con el contenido que se establece en el informe que emitió en su momento el Parlamento de Canarias y, por supuesto, para prever también, entre otros aspectos, la posiblidad de que en un momento determinado no exista deuda pública canaria y se pueda acudir subsidiariamente a la estatal. Igualmente, hemos hecho una serie de consideraciones a propósito de la seguridad jurídica, corrigiendo una serie de disfunciones e incorrecciones técnicas, que a nuestro juicio existen y que sería muy prolijo desarrollar ahora, en materia de sanciones y de conductas sancionables. Es preciso corregirlas y nunca mejor que por la vía de las enmiendas correspondientes que puedan formular posteriormente los Grupos Parlamentarios una vez se encauce procedimentalmente este tema a través del proyecto de ley pertinente.
Por supuesto, incluimos también una protección que se establece para determinados vehículos de motor para que no sufran esos rigores impositivos a que antes me refería hablando de otros medios de locomoción, en cuanto a vehículos de valor inferior a tres millones de pesetas para uso industrial, comercial o agrícola.
Tenemos que referirnos también a la pesca de altura que, por lo que se refiere a las extracciones por barcos que tengan su base en el archipiélago canario, creemos que tienen que quedar tuteladas por este impuesto especial; no figuran tuteladas de tal suerte en el Real

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Decreto-ley y es preciso corregirlo de la manera que expresamos. En definitiva, la posición de Coalición Canaria es favorable a la convalidación. Segundo, concorde también con lo que explicitó el Parlamento de Canarias en su momento y habida cuenta de que adolece de una serie de defectos que es preciso mejorar y que, como toda obra humana, es perfectible a través de las enmiendas cuando se tramite el proyecto de ley, nosotros somos favorables a la tramitación correspondiente.
Solicitamos el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios. Y sin otra cosa que expresar, agradezco la atención de SS.SS.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Olarte.
Para fijar la posición, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, este Real Decreto viene a modificar y a adaptar la Ley 20/1991, de 7 de junio, que se enmarcaba en la Ley 30/1972, de julio, y que constituía un esfuerzo normativo para adaptar el régimen especial fiscal canario al nuevo régimen de la imposición indirecta vigente en la Península y Baleares desde el 1 de enero de 1986 y también al marco económico creado por la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Las características tradicionales de la imposición canaria son: la franquicia aduanera, la ausencia de imposición sobre los consumos minoristas y la inexistencia de monopolios fiscales en el Archipiélago. Este modelo implicaba que sólo se aplicaba una parte de la fiscalidad indirecta existente en el resto de la Península y que la parte que no se aplicaba era sustituida por un microsistema tributario específicamente canario, integrado por figuras locales, que eran el Impuesto General de Tráfico de Empresas para la prestación de servicios y ejecuciones de obra, los impuestos especiales, excepto los de los monopolios fiscales --tabaco y productos del petróleo--; el arbitrio insular sobre el lujo, parecido al Impuesto sobre el Lujo estatal, y el arbitrio insular a la entrada de mercancía, que constaba de una tarifa general de carácter recaudatorio, que gravaba la entrada de todo tipo de bienes, y una tarifa especial de carácter proteccionista adicional que gravaba la entrada de productos que fueran objeto de producción industrial en las Islas.
El punto anterior quedó condicionado por dos acontecimientos que se producen en 1986: la aplicación y la implantación del IVA y la adhesión a la Comunidad Económica Europea, lo que supuso la supresión del Impuesto General de Tráfico de Empresas y del Impuesto sobre el Lujo, sustituyéndose ambos por el IVA.
Asimismo, los antiguos impuestos especiales fueron sustituidos por uno nuevo sobre el alcohol y la cerveza, con un tipo impositivo menor que los peninsulares, se mantuvo la vigencia de dos arbitrios insulares a la entrada de mercancías y sobre el lujo y se impuso un desarme paulatino de la tarifa fiscal del arbitrio insular a la entrada de mercancías, estableciendo un período de caducidad para la tarifa general del arbitrio insular a la entrada de mercancías, para que la tarifa especial de dicho arbitrio tuviese caducidad.
Dada la necesidad de abordar la reforma fiscal canaria, se iniciaron unos estudios que desembocaron en un acuerdo de base sobre los aspectos fiscales del nuevo REC, que se firmó el 24 de abril de 1990. A partir de ese acuerdo se elaboró el proyecto de ley de 1991, cuyo contenido sintetizado es el siguiente: se crea un impuesto general indirecto canario sobre el consumo de carácter general que grava las entradas de bienes y prestaciones de servicios que realizan los empresarios y profesionales en el ámbito de aplicación del impuesto, y tiene una estructura similar al IVA, pero guardando importantes diferencias, viene a sustituir la EGT y el arbitrio sobre el lujo, no grava el comercio minorista ni a sectores muy sensibles, como la agricultura y la extracción de agua; los tipos de gravamen son más reducidos que en el IVA y será gestionado por la Comunidad Autónoma, se repartirá entre ésta y los cabildos, aunque se tiene que devolver al Estado una cantidad equivalente a la que el Ministerio de Economía y Hacienda obtenía hasta ahora a través del IGTE, y la competencia para resolver las consultas tributarias corresponde a Canarias.
Se crea un arbitrio sobre la producción de importación en Canarias plenamente vigente desde el 1 de julio de 1991 de titularidad estatal, y grava la importación de toda clase de muebles corporales que se importan a la isla, ya que la producción o elaboración interna está exenta en los 10 primeros años de vigencia de este impuesto. De facto es un pequeño arancel a la entrada en Canarias.
Del carácter de este arbitrio no discriminatorio y plenamente compatible con la norma comunitaria durante un período transitorio de 10 años quedará exenta la producción o elaboración de bienes muebles corporales en las islas. Este arbitrio viene a sustituir la tarifa general de entrada de mercancías y también se gestionará por la Comunidad Autónoma, y su recaudación se entregará a los cabildos para su distribución entre las corporaciones locales en los mismos términos actuales. Se mantiene la vigencia, señorías, de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada de mercancías en los mismos términos del artículo 6 del Tratado de Adhesión de la Comunidad Económica Europea, con la posibilidad, dependiendo de las circunstancias, de prolongar más allá del 1 de enero de 1993 la vigencia de la tarifa en un período limitado y extender la tarifa o los productos sensibles de acuerdo con las previsiones del artículo 6 del protocolo II del Tratado de Adhesión.


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Se transforma el régimen del Tratado del Fondo de Previsión para Inversiones vigente en Canarias, sustituyéndolo progresivamente en cinco años por el régimen general de deducciones del Impuesto sobre Sociedades, sin menoscabo del equilibrio financiero necesario ya adquirido por los empresarios canarios al amparo del referido Fondo de Previsión.
Se adoptan dos medidas concretas en el marco de las inversiones públicas en Canarias, medidas de compensación del hecho insular, Presupuestos Generales del Estado, infraestructuras y telecomunicaciones, así como otras sin especificar, y medidas que garantizan un adecuado nivel de participación en un programa de inversiones públicas, que después se verá en la práctica si eso se cumple o no. Es preciso recordar que a la Ley del REFC de 1991 Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña presentó un texto alternativo, que lo defendió el compañero de nuestro Grupo y diputado de Barcelona Ramón Espasa.
Por otro lado, la entrada en vigor del IGIC estaba previsto para enero de 1992, pero fue aplazado hasta 1993 ante la presión en contra de la práctica totalidad de los sectores. El hecho de que los reglamentos que desarrollaban esta Ley no se aprobasen por el Consejo de Ministros hasta el pasado diciembre de 1992 provocó un gran movimiento empresarial a favor de un nuevo aplazamiento. El Parlamento de Canarias, con el voto del PSOE en aquella época y de ICAN, se pronunció a favor de este nuevo aplazamiento, que no aceptó el Ministerio de Economía y Hacienda.
La actual reforma del Real Decreto de 1993 quedará complementada con la aprobación de la Ley de Modificación de los aspectos económicos del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Esta nueva Ley renovará y perfeccionará las compensaciones a la insularidad y a la lejanía, incluirá la creación en Canarias de una zona económica especial y de un registro especial de buques y de una Bolsa de valores para las empresas de la zona especial. Sobre esta reforma económica, no sobre la del Real Decreto, el Parlamento de Canarias ha remitido a la Cámara una proposición de ley para su tramitación, a la cual hemos presentado un texto alternativo en el que mostramos nuestra oposición a la existencia del especial tratamiento que se da al registro de buques en esta zona. Ya lo expresamos en nuestra enmienda a la Ley de Puertos, aprobada en la anterior legislatura, y a la creación de la Bolsa de valores.
En nuestra opinión --y voy terminando, señor Presidente--, la proposición de una zona económica especial canaria para todo el Archipiélago quiere convertir a Canarias no en un territorio de desarrollo económico eficaz, sino en un paraíso fiscal del tipo de las islas Caimán. En otra dimensión, el registro de buques, como la compensación del IGT, puede convertir a Canarias en el Panamá del Atlántico, donde de forma fraudulenta se abanderarán buques para después contratar a trabajadores extranjeros en condiciones laborales lamentables, no creando así ninguna riqueza para Canarias.
Desde nuestro punto de vista, e incluso desde el de otros Grupos Parlamentarios, como ya se vio en la anterior legislatura, seguimos argumentando que la modificación del REFC se tiene que discutir simultáneamente, es decir, tanto los aspectos fiscales como los aspectos económicos. No tiene sentido hacer lo contrario, ya que ambos aspectos tienen una relación directa enorme.
Ya en 1991 veíamos curioso que el proyecto de ley de modificación de los aspectos fiscales no trajera aparejado una memoria económica que plasmara el impacto posible de las medidas fiscales. Por tanto, el Gobierno tiene la oportunidad, a través de una posterior remisión como proyecto de ley de este Real Decreto que hoy nos ocupa, de poder discutir simultáneamente estos dos aspectos tan importantes, como indisolubles, a los que nos referimos.
Dado el evidente deterioro económico de las islas, en 1989 el PIB «per capita» de Canarias era el 99,5 por ciento de la media nacional; en 1992 fue del 95,7 por ciento; actualmente tiene una diferencia alrededor de 50.000 pesetas; en 1989 la tasa de paro alcanzaba en Canarias el 21,5 por ciento de la población activa; en el tercer trimestre de 1993 se llegaba al 23 por ciento, y la inflación en 1993 se situó en un 5,4, mientras que la media nacional es del 4,9. Además de las especiales circunstancias y características en las que se desarrolla la actividad económica en Canarias, la insularidad y la lejanía hacen preciso un conjunto de medidas económicas y fiscales cuyo último objetivo sea el elevar la capacidad de creación de empleo y generar renta en Canarias de forma no coyuntural; defender la equidad en la distribución de la renta, y el resultante final en la renta individual, más que el resultado global macro-económico, poniendo en marcha un modelo innovador de desarrollo sostenible que permitiera, en nuestra opinión, considerar un conjunto de medidas que tuvieran un determinado coste fiscal significativo. De no ser así, la Europa de varias velocidades, que tantas veces hemosdenunciado, puede agravar aún más el caso canario en niveles económico-sociales, tanto en relación con la península como con la Comunidad Económica Europea, que hay que corregir para lograr una plena igualdad de derechos sociales y también de desarrollo económico.
Termino, señor Presidente. Seguimos apostando por la adaptación del nivel del autogobierno canario a niveles más óptimos respecto al ejercicio, a la conducción, a la vigilancia por los propios canarios del REFC, dadas sus especiales características: del archipiélago, de la lejanía, de la insularidad y de sus derechos al autogobierno como pueblo, porque los principales estrangulamientos de la economía canaria son el bajo nivel

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educativo de la población, la fragmentación del territorio y los mercados, la capacidad de carga, excedida en varias islas, y la degradación del medio ambiente y de la sobrepoblación, el entorno próximo cambiante y un fuerte aumento de la población activa, con una escasez de suelo agrícola y de agua, con una reducida dimensión de las explotaciones agrarias, con una falta de protección frente a las importaciones, con un envejecimiento de la flota de pesca, con una disminución del caladero marroquí, con una desorganización de las bases productivas y comercializadoras.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario se va a abstener en esta votación y propone que este Real Decreto se promulgue y se desarrolle como proyecto de ley para su debate y mejora en los trámites siguientes en la Cámara, y veamos el resultado final junto a las demás leyes de carácter económico, para tener una visión global y de conjunto sobre el futuro de la fiscalidad y de las especiales características de los temás económicos en Canarias.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamenteario Popular para expresar nuestra opinión y postura en torno al Real Decreto-ley 21/1993, de 29 de diciembre, que modifica determinados aspectos de la ley 20/1991, a su vez de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Tengo que decir, señorías, que entiendo que este Decreto-ley es un capítulo más en la historia de una frustración permanente. La frustración que implica estar doce años esperando que el Gobierno aprenda a hacer un uso moderado, justificado, prudencial y razonable de la normativa legislativa conocida como decretos-leyes. Pongo de manifiesto con tan rotunda introducción que nuestra posición crítica hacia esta norma lo va a ser desde un punto de vista casi exclusivamente formal. El contenido general de la norma es aceptable; resulta inaceptable, a nuestro juicio, el instrumento normativo utilizado. O dicho en otras palabras, si lo que dice y establece este Decreto-ley lo dijera o estableciera una ley formal, pocas objeciones pondríamos a su contenido, apenas cinco o seis enmiendas parciales. Con ello quiero comunicar al Grupo Socialista y a los partidos que apoyan al Gobierno que, si se tramitara como procedimiento de urgencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 151.4 del Reglamento de la Cámara, pueden contar con nuestra total colaboración. Ahora bien, en el caso contrario, nuestra oposición sería rotunda porque no queremos ser corresponsables de sentar precedentes que no son, en modo alguno, buenas semillas para futuros avatares legislativos.
Esta sería nuestra postura y además la podemos razonar en múltiples fundamentos.
En primer lugar, creemos que en el caso presente no se dan esas circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. Basta con echar un vistazo al preámbulo del Decreto-ley para que veamos cómo la única justificación que se aduce en el mismo es la entrada en vigor el 1 de enero de 1994. Pienso, obviamente, que esto es una responsabilidad del Gobierno, que ha tenido cuatro o cinco meses para mandar el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia al Parlamento de Canarias, obtener allí el informe favorable y luego remitirlo a la Cámara, con lo cual, mediante dicho procedimiento de urgencia, hubiese estado aprobada la norma en un plazo anterior en dos o tres meses al Decreto-ley.
Desde otro punto de vista, pienso también que el REF, como de todos es conocido, tiene un especial régimen de protección; es decir, el Régimen especial canario está protegido no solamente por el principio de reserva de ley, sino también por la garantía institucional de la disposición adicional tercera de la Constitución. Ello hace que incluso la propia sentencia de 13 de marzo de 1984 haya hablado de un reforzamiento especial que hace que, en puridad, solamente deba ser modificado dicho Régimen especial canario a través de una ley formal y, además, con la singularidad de dicho informe previo. En consecuencia, parece razonable estimar que las modificaciones que introduzca un decreto-ley tienen que ser observadas con una extrema cautela y deben tomarse solamente como casos de extraordinaria excepcionalidad.
El Gobierno no ha actuado así. Nos encontramos con que en este año ya ha habido dos decretos-leyes que han afectado a los tributos regulados en el REF canario, en mayo y en diciembre.
Insisto en que eso supone sentar un precedente peligroso y que no se puede apoyar. Pero hay más razones y más argumentos. El principio de reserva de ley, con esta fundamentación legislativa, quiebra en los artículos 31 y 133 de la Constitución y quiebra en el artículo 10 de la Ley General Tributaria.
Señor Ministro, nos encontramos con un Decreto-ley que afecta a casi todo el tributo, es decir, no es la modificación de dos o tres artículos, como es de esperar en una norma de tal urgencia; no, se modifican más de cuarenta artículos y además están afectados casi todos los elementos del tributo: hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos, devengo, base imponible, cuota tributaria, tipo de gravamen, devoluciones, deducciones,

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obligaciones formales, regímenes especiales y, lo que es más grave, el régimen de infracciones y sanciones. Entiendo por todo ello que el artículo 10 de la Ley General Tributaria salta en mil pedazos.
En lo que se refiere al contenido formal, anticipé que solamente iban a ser cinco o seis enmiendas las que presentaríamos, con carácter parcial, si se sigue el procedimiento del 151.4. No obstante, quiero hacer algunas precisiones, dos nada más, en cuanto a algo que nos ha llamado la atención. En primer lugar que se dé el tratamiento de prestaciones de servicio a las transmisiones y constituciones de derechos reales sobre bienes inmuebles y, en segundo lugar, que el régimen que se prevé para los tributos repercutidos, en el caso de suspensiones de pagos y quiebras, no se haga extensible al resto de los créditos incobrables.
Por último --para ir terminando--, me gustaría hacer una última observación. Cuidado con la redacción que estamos dando a las normas tributarias. En el decreto-ley nos encontramos con algunas perlas escogidas. Si me permiten, voy a leer una de ellas nada más, que dice así: «Los adquirentes de los bienes comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción establecida en este apartado se subrogarán, respecto de dichos bienes, en la posesión del transmitente en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 10, número 1, apartado 22) y en los artículos 37 a 44 de esta Ley».
Tengamos cuidado, porque estamos redactando normas con rango de ley para expertos tributarios. Entiendo que las normas hay que redactarlas para todos los ciudadanos. Si a un ciudadano le llega un precepto como el que he leído, lo único que puede hacer es mandarlo al gabinete de claves para que se lo descifren. Las normas jurídicas en general deben ser claras, precisas e inteligibles para la gran mayoría. Con más razón aún las normas tributarias, porque si no podríamos dejar más vacío de contenido el viejo principio ignorantia iuris, non excusat; teniendo en cuenta, además, que las normas tributarias --como decía el conde de Romanones-- golpean a los ciudadanos en el sitio en que más les duele, que no es otro, por supuesto, que su bolsillo. Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.-- Algunos aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Toma la palabra para dar la opinión del Grupo Socialista respecto al decreto-ley que nos ocupa.
En primer lugar, quiero decir que el Grupo Socialistava a apoyar la convalidación de este decreto-ley y, además --con las reservas que luego haré--no tiene inconveniente alguno para que se tramite como proyecto de ley.
Querría hacer alguna aclaración, porque, efectivamente, aquí se han vertido ideas que creo merecen la pena ser aclaradas.
Se trata de acudir, por la vía de decreto-ley, a modificar una ley, aprobada en junio de 1991, y para cuyos impuestos, uno de ellos, el más importante, el llamado IGIC, se pidió un aplazamiento y no entró en vigor hasta el 1.º de enero de 1993, por cierto, con la opinión en contra para que entrase en vigor en esa fecha por algunas de las personas que conforman el actual Gobierno de la Coalición Canaria en dicha Comunidad Autónoma, y cuyos efectos beneficiosos (me refiero a lo que ha sido la modernización de la imposición indirecta en Canarias) según datos que tengo aquí de la propia Dirección General de Planificación de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha supuesto un incremento de recaudación, como consecuencia de la modernización de estos impuestos, protestados en su momento por muchos empresarios y por muchos de quienes constituyen el actual Gobierno de la Comunidad Autónoma, de más del 70 por ciento, lo que demuestra que, efectivamente, las vías de fraude con el anterior sistema impositivo eran evidentes y a la vista están.
Sabe el señor Cabrera Pérez-Camacho que cualquier modificación que afecte al Régimen Económico y Fiscal de Canarias requiere un informe favorable, aunque no vinculante, de la Comunidad Autónoma de Canarias; y que el Gobierno de la nación, o estas Cámaras, que tienen la potestad legislativa en temas impositivos, requieren que cuando venga el proyecto aquí, sea proyecto de ley, sea decreto-ley, haya habido una negociación, en este caso, con la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la beneficiaria total y directa de todo lo que regula esta Ley y, por tanto, hemos de evitar estos roces, estos tropiezos que, en definitiva, producen retraso e incomprensiones por ambas partes.
Sabe usted las consecuencias y las dificultades que ha habido para llegar a unos mínimos acuerdos en lo que es el Régimen Económico que está en tramitación. Esta es la razón de aplicar el Decreto-ley. Efectivamente, tenía que haber entrado en vigor el 1.º de enero de 1994, para evitar, precisamente, repercusiones malévolas para el sector empresarial y para determinados sujetos pasivos del impuesto. Esta es la razón, señor Cabrera Pérez-Camacho, por la cual se ha hecho la modificación por la vía del decreto-ley.
No voy a entrar, por supuesto, a resaltar los aspectos importantes del decreto-ley (los ha puesto de manifiesto el Ministro) que afectan a muchos artículos, es verdad; pero sabe muy bien que era necesario como consecuencia de las modificaciones hechas en la Ley de Presupuestos para 1994, del IVA, y la de acompañamiento Financiero a dicha Ley.


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También manifestar que en esa predisposición que tiene el Grupo Socialista de su aceptación para la tramitación como proyecto de ley, no abramos el melón (y en esto estoy contestando un poco al señor Olarte, que ha venido a decir que hay muchas consideraciones del Parlamento de Canarias que no se contemplan en el Decreto-Ley) cuando yo creo que casi todas, en su inmensa mayoría, están recogidas y que este decreto-ley ha sido negociado con la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma, responsable de la gestión del impuesto que, a su vez, tiene que financiar a la propia Comunidad y a Cabildos y Corporaciones Locales. Por tanto, no estemos abriendo vías de escape fiscal porque esto podrá repercutir en la financiación de Cabildos y Corporaciones Locales y, por tanto, luego llegará el momento de empezar a requerir al Estado el incremento de la financiación. Por todas estas razones y por tanto defendiendo el hecho de que efectivamente el Gobierno haya tenido que recurrir por la vía del decreto- ley, estamos abiertos a estudiar esas enmiendas técnicas y algunas correcciones para que efectivamente tengamos la posibilidad de estudiar en Comisión, con calma y detenimiento, aquellas propuestas y mejorar en lo que quepa este decreto-ley que ahora será proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Padrón.
Finalizado el debate sobre convalidación o derogación de este Real Decreto-ley, vamos a pasar a su votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21/1993.
Comienza la voración. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 262; a favor, 251; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 262; a favor, 260; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Nota: En la portada del «Diario de Sesiones» número 37, de 14 de diciembre de 1993, el tercer punto del orden del día, relativo a una proposición no de Ley del Grupo Popular, figura con el número de expediente 162/000026, cuando en realidad le corresponde el número 162/000060.

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