Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 36, de 02/12/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 36 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 34 celebrada el jueves, 2 de diciembre de 1993 Página

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
(Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 006714) (Página 1636)

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992:

--Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992 (número de expediente 260/000001) (Página 1636)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, hecho en Bruselas el 8 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 36.1, de 25 de octubre de 1993 (número de expediente 110/000030) (Página 1654)

Página 1632


--Tercera Prórroga del Convenio Internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 40.1, de 2 de noviembre de 1993 (número de expediente 110/000036) (Página 1654)

Declaración institucional:

--Sobre el Día Mundial del Sida (número de expediente 140/000003) (Página 1657)

Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley Orgánica de las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 4.1, de 7 de julio de 1993 (número de expediente 125/000004) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 4.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000004) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica sobre ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 5.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000005) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto para Cantabria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 6.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000006) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 7.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000007) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 12.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 127/000008) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 8.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000009) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 13.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 127/000010) (Página 1657)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 9.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000011) (Página 1658)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 10.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000012) (Página 1658)

--Proposición de Ley Orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 11.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000013) (Página 1658)

--Proposición de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 14.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 127/000014) (Página 1658)

Página 1633


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana, con carácter secreto, para el debate del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992 (Página 1636)

La señora Defensora del Pueblo en funciones (Retuerto Buades) informa a la Cámara de la gestión realizada durante el año 1992. Alude a su reciente comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado, para formular a continuación algunas consideraciones previas al contenido sustancial del propio informe que presenta a la Cámara y de entre las que destaca la situación especial e inédita que vive la institución el Defensor del Pueblo, ya que por primera vez se produce la circunstancia de que quien da cuenta del informe anual de gestión es un Defensor del Pueblo en funciones. En todo caso resta importancia a este hecho, ya que a lo largo del período de interinidad se ha actuado, con mayor o menor acierto, pero siempre con plena dedicación, convencida de que la situación de interinidad es el mero mecanismo administrativo que no rebaja las competencias y atribuciones que el Defensor del Pueblo tiene ni disminuye la responsabilidad del titular de la Institución.
Otra circunstancia anómala es que han pasado diez meses desde que se presentó este informe y casi un año desde que se realizó, lo que ha dado lugar a la presentación ante la Comisión Mixta de un anexo actualizado para no limitarse a tratar casi en el año 1994 de hechos acaecidos en el año 1992.
A continuación se refiere a la consolidación de la Institución, lo que significa que la misma ha funcionado de manera absolutamente normalizada, que sigue teniendo las más altas cotas de confianza ciudadana, que puede ofrecer resultados de sus actuaciones y que puede demostrar la eficacia de la misión que constitucionalmente tiene encomendada.
La existencia de la Institución del Defensor del Pueblo durante los últimos once años ha supuesto un avance muy notable en la consolidación de las garantías no jurisdiccionales para los ciudadanos españoles, tal como prevé nuestra Constitución. Los derechos no sólo hay que defenderlos sino también protegerlos y para esa protección los ciudadanos de a pie buscan fórmulas asequibles, fáciles y próximas a ellos, y en este sentido se acercan al Defensor del Pueblo y siguen confiando en la Institución. Prueba de esta confianza de los ciudadanos son los más de 19.000 expedientes incoados en el año 1992 y más de 22.000 en lo que llevamos del presente año. Esto le permite afirmar que el grado de conocimiento del ciudadano hacia la Institución del Defensor del Pueblo es amplísima, pues según las encuestas ésta es directamente conocida por el 73 por ciento de la población, cifra más elevada que las relativas a otras instituciones y, desde luego, muy superior a lo que ocurre con el resto de los ombudsman que existen en Europa.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo es una institución sensible a las variaciones que se producen en la sociedad española, y los datos así lo confirman, pues cada año acuden más extranjeros y ciudadanos comunitarios, tanto desde España como desde el extranjero, incrementándose la tasa de mujeres y parados que se dirigen a la Institución, así como las personas con bajo nivel de renta, lo que indica que el Defensor del Pueblo es un órgano vivo y su informe anual refleja las variaciones de los problemas de los ciudadanos españoles.
Respecto a la actividad realizada durante el año 1992 reitera que se recibieron más de 19.000 quejas y se realizaron un total de 270 actuaciones cerca de diversas instituciones y organismos, lo que significa un incremento notable sobre la actividad del año precedente. Expone algunos datos relativos a las quejas y expedientes en cuestión, sin entrar en un análisis pormenorizado, que ya consta en la Memoria puesta a disposición de los señores Diputados. Se limita, por tanto, a resaltar los casos más significativos, agrupándolos en grandes bloques relativos a los principios de libertad e intimidad de las personas, inherentes a la dignidad de la persona, contenidos en los artículos 1 y 15 a 17 de la Constitución. En segundo lugar estarían las actuaciones relativas al artículo 24 de la Constitución, es decir, la tutela judicial efectiva y los problemas detectados en el servicio público judicial. En tercer lugar está la atención a la protección de los derechos en situación de especial vulnerabilidad, como extranjeros, minorías marginadas, situaciones de xenofobia y racismo, enfermos psiquiátricos, etcétera. En cuarto lugar, la preocupación constante por el medio ambiente, y un último apartado abarcaría las garantías eficaces o protección de los usuarios de los servicios públicos, que comprenderían desde la consecución de una Administración con criterios de calidad prestacional hasta el concepto de procedimiento administrativo como garantía.
Alude también a las relaciones institucionales con otros ombudsman o comisionados parlamentarios autonómicos, que ha sido muy positivas, y lo mismo

Página 1634


cabe decir de la actuación del Defensor del Pueblo tanto en el marco europeo como en el marco iberoamericano.
Termina la señora Defensora del Pueblo en funciones reiterando su opinión de que se hallan ante una Institución consolidada, que la eficacia de la misma ha sido globalmente buena quedando, lejos los tiempos de reticencias o las respuestas imprecisas, aunque el Defensor del Pueblo, como magistratura de opinión, sigue necesitando de dos apoyos: en primer lugar, un tipificación del delito de desobediencia en el Código Penal, aunque no quiere vencer sino convencer, y, por otra parte, necesita el respeto, el apoyo y la confianza de esta Cámara. Desde su experiencia de once años en el Defensor del Pueblo, y desde su absoluta convicción de la utilidad y del respeto que merece esta figura institucional, pide una vez más a SS.SS., como lo han hecho otros defensores y como lo harán los nuevos defensores en el futuro, la confianza de esta Cámara hacia la figura del Defensor del Pueblo.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gil Lázaro, del Grupo Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 1654)

Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, hecho en Bruselas el 8 de marzo de 1993 (Página 1654)

Tercera Prórroga del Convenio Internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982 (Página 1654)

Para fijación de posiciones en relación con el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores intervienen los señores Muñoz- Alonso Ledo, del Grupo Popular, y Jover i Presa, del Grupo Socialista.


Sometido a votación el acuerdo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, hecho en Bruselas el 8 de marzo de 1993 es aprobado por 283 votos a favor.


Sometida a votación la Tercera Prórroga del Convenio Internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982, es aprobado por 281 votos a favor.


Declaración institucional sobre el Día Mundial del Sida (Página 1657)

El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con lo convenido con los portavoces de los grupos parlamentarios, la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Mundial del Sida, a cuyo texto da lectura seguidamente.


La Cámara aprueba por asentimiento dicha declaración institucional.


Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 1657)

Proposiciones de ley orgánica (Página 1657)

De las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal.


De Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.


Sobre ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.


De Reforma del Estatuto para Cantabria.


De Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.


De Reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.


De Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.


De Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.


De Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.


De Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.


De Reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias.


Página 1635


De Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.


En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Ríos Martínez. Comienza señalando que en el caso que les ocupa podría tener validez el refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, en tanto en cuanto que estos estatutos de autonomía van a recibir en su seno mayores competencias y posibilidades de desarrollo que van a significar mayor capacidad de autogobierno. Ahora bien, para Izquierda Unida esta propuesta de reforma de estatutos de autonomía no es suficiente para el objetivo que se habían marcado transcurridos ampliamente los cinco años que establece la Constitución. Pensaban que era importante nivelar la capacidad de autogobierno de las distintas comunidades autónomas para que jueguen un papel protagonista en el concierto del Estado.
Sin embargo, con lo que se encuentran es con la culminación de un pacto político entre dos formaciones políticas, no habiendo conseguido profundizar en el debate de cada comunidad para ver de qué medios y capacidades dotaban a cada uno de esos pueblos y sus respectivos parlamentos.
Reconociendo que en algunos casos se transfieren competencias importantes, considera que se ha perdido una oportunidad para poder explicarlo mejor, para examinar cómo se ha funcionado en cada caso y qué pasos se necesitaría dar en el futuro. Se ha vuelto a utilizar algo que cree que es contrario a la filosofía de la autonomía, como es homogeneizar las propuestas y actuar globalmente sobre todos. Agrega que la propuesta de Izquierda Unida, por ejemplo, en materia de Sanidad, consistía en hacer residir en los estatutos, igual que la educación la materia de la sanidad, para reconocer el derecho que todas las comunidades autónomas tienen a acceder a la sanidad. A continuación explica el contenido de las diferentes enmiendas que mantienen a los diversos estatutos de autonomía sujetos a modificación, todas ellas encaminadas en general a la ampliación de competencias de estas comunidades autónomas y al fortalecimiento institucional de sus parlamentos.


Completa el turno de defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Martínez Blasco, que alude concretamente al Estatuto de Autonomía de Aragón. Señala que Aragón tiene un millón doscientos mil habitantes, poco más que un barrio de Madrid. Tiene cinco administraciones con competencias en materia sanitaria y cinco redes hospitalarias distintas, por lo que, por la propia racionalidad, proponen la transferencia completa de esta competencia, con lo que ello supone de aumento de los recursos. Aun así, se trata fundamentalmente de un problema de racionalidad. Igualmente reclaman, por el mismo motivo de racionalidad, mayores competencias en materia de seguridad pública. Sin embargo, lo que desean en este momento y desde esta tribuna es que las fuerzas políticas que han llegado al pacto que ahora se va a aprobar digan lo que vienen diciendo en Aragón de que esta Cámara va a tramitar la verdadera autonomía que reclaman los aragoneses y que necesita Aragón, que es la autonomía plena.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Cisneros Laborda, del Grupo Popular, y Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que son rechazadas por 13 votos a favor, 257 en contra y 19 abstenciones.
Asimismo se procede a las votaciones de los dictámenes debatidos anteriormente en relación con las proposiciones de ley orgánica de reforma de diversos estatutos de autonomía, que son aprobados con los siguientes resultados: Proposición de Ley orgánica de las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal: Se aprueba por 283 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Se aprueba por 286 votos a favor y dos abstenciones.
Proposición de ley orgánica sobre ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja: Se aprueba por 276 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto para Cantabria: Se aprueba por 278 votos a favor, uno en contra y doce abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: Se aprueba por 279 votos a favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares: Se aprueba por 276 votos a favor, once en contra y una abstención.


Página 1636


Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Se aprueba por 278 votos a favor, once en contra y dos abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Se aprueba por 278 votos a favor y doce abstenciones.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura: Se aprueba por 279 votos a favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: Se aprueba por 279 votos a favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias: Se aprueba por 279 votos a favor, once en contra y una abstención.
Proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón: Se aprueba por 274 votos a favor y 17 en contra.


Se levanta la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS (número de registro 006714)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA DURANTE EL AÑO 1992 (número de expediente 260/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992. Para presentar el informe, tiene la palabra la titular en funciones de la institución del Defensor del Pueblo.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Señor Presidente, señorías, una vez más, el Defensor del Pueblo acude al Pleno de la Cámara para dar cuenta de la gestión realizada en el año, en el momento más importante de su relación durante el período al que se contrae su informe y por el que se actualiza la relación con las Cortes Generales.
La secuencia de la comparecencia anual del Defensor del Pueblo se estructura, como SS.SS. bien conocen, en varias fases: la primera, ante la Comisión Mixta; la segunda, ante los plenos del Congreso y del Senado, respectivamente y, después, lo que supone a mi juicio una intervención escalonada, una rendición de cuentas, con dos objetivos. Aunque estos objetivos se están perfilando en el tiempo y en el futuro se podrán cambiar con otras previsiones, en el primero prevalece una visión más pormenorizada de la gestión realizada por la institución. En el segundo, se trataría más bien de un informe de síntesis que permite concretar y conocer una visión global de la actuación del Defensor del Pueblo, una vez que ha sido contrastada con lo que pudiéramos llamar una primera lectura de la memoria.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Retuerto. Ruego silencio a sus señorías.


La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Gracias por su cortesía, señorías.
De la comparecencia que se celebró hace poco tiempo en la Comisión Mixta Congreso-Senado se pueden deducir varias cosas.
La primera, una declaración de principios; la segunda, unos aspectos concretos que SS.SS. hicieron llegar al Defensor del Pueblo.
En cuanto a la declaración de principios, en la que SS.SS. y esta Defensora del Pueblo en funciones coincidieron absolutamente, se deduce, primero, la auténtica consolidación de la institución; segundo, que representamos una mayor aproximación al ciudadano; tercero, que es imprescindible una mayor vinculación con el Parlamento. Eso dijo el Defensor del Pueblo y ustedes estuvieron conformes. Cuarto, la consideración del Defensor del Pueblo no solamente como fiscalizador, sino como modificador de conductas tanto administrativas como sociales. También se nos pidió que hiciéramos coincidir los enunciados de la institución con planteamientos realistas, sobre lo que tengo que decir que si algo es el Defensor del Pueblo es una institución para los ciudadanos.


Página 1637


Se añadió que se debía potenciar al Defensor del Pueblo en las situaciones de conflicto con los poderes públicos. Se nos preguntaron además diversas cuestiones: cuáles eran los aspectos de la institución que eran mejorables; qué carencias se detectaban; qué potenciales de desarrollo tiene la Ley Orgánica 3/1981, reguladora del Defensor del Pueblo; si el Defensor del Pueblo no está supliendo la falta de información por parte de las Administraciones públicas; cómo se plantea el Derecho comunitario, como lo hacen SS.SS. a través de la institución y las recomendaciones del Defensor; cuáles son las relaciones del Defensor del Pueblo con los comisionados parlamentarios autonómicos, que ustedes desconocen; cómo se articula el principio de coordinación entre diversas Administraciones que convergen en una misma situación de hecho.
Pues bien, analizando todos estos principios enunciados de coincidencia y estas cuestiones que SS.SS. exponían al Defensor del Pueblo, al preparar esta intervención que a la Cámara le interesa porque pide dación de cuentas a su comisionado (tengan ustedes en cuenta que la relación Congreso-Defensor del Pueblo carece de la suficiente flexibilidad, puesto que la Comisión Mixta Defensor del Pueblo y la Comisión de peticiones son las que menos se reúnen a lo largo del año), al preparar, digo, esta intervención pretendo convencer a SS.SS. de la necesidad del apoyo crítico a la institución constitucional que en este momento represento.
Si he mencionado la palabra apoyo es porque la institución está concebida como una magistratura de persuasión, como una autoritas que está basada en tres factores fundamentales. El primero, la autoridad que le proporciona el apoyo parlamentario insustituible para este Defensor del Pueblo y para los otros ombudsman que en el mundo son garantes de los derechos constitucionales a la hora de ejercitar sus funciones. El segundo, por la autoridad que le dan sus propios planteamientos, basados en rigurosas interpretaciones técnico-jurídicas según criterios de constitucionalidad y legalidad, nunca de oportunidad. El tercero, por el apoyo de la opinión pública. No se olvide que el ciudadano es el sujeto de la institución y el barómetro de su afianzamiento, la confianza que inspire.
Antes de entrar en el contenido sustancial de mi disertación, quisiera hacer unas consideraciones previas. La primera de ellas es la de las especiales circunstancias que concurren en esta comparecencia. La segunda sería la afirmación de la consolidación y los rasgos que caracterizan a la institución del Defensor del Pueblo como garantía de los derechos ciudadanos, imprescindibles en el constitucionalismo moderno.
La tercera sería la definición de la eficacia de la institución. Y no se olvide que las instituciones se consolidan por la eficacia de sus resultados.
Paso a desarrollar el punto primero. Es evidente, como cuestión previa, que nos encontramos en este momento en una situación especial inédita en la experiencia histórica del Defensor del Pueblo, desde luego, por lo que yo sé, inédita en el parlamentarismo, en las relaciones parlamentarias que existen en Europa entre el ombudsman y sus respectivos Parlamentos.
Por primera vez se da que quien les habla y quien defiende un informe anual de gestión sea un Defensor del Pueblo en funciones. Dije en Comisión --y quiero repetir ahora en el Pleno de esta Cámara por la relevancia que esto tiene-- que, a lo largo de este período, he actuado con mayor o menor acierto pero, en todo caso, con toda dedicación, convencida de que la situación de interinidad es un mero mecanismo administrativo que no rebaja ni las competencias ni las atribuciones que el Defensor del Pueblo tiene, que implica una situación de continuidad y que, desde luego, no disminuye la responsabilidad del titular de la institución que en este momento les habla.
Estén absolutamente seguras SS.SS. de que soy consciente de la responsabilidad que asumo, y de esa reponsabilidad daré cuenta al Parlamento en su momento oportuno. No podía ser de otro modo, porque el ciudadano que acude a él debe ser atendido cualquiera que sea el momento en que lo haga.
Por otra parte, otra situación anómala es el tiempo transcurrido: han pasado 10 meses desde que se presentó este informe y casi un año desde que el informe se realizó. Ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, con objeto de actualizar la situación del informe presentado en su día, se entregó un anexo con el fin de hacer un seguimiento, según las pautas que ustedes nos habían indicado en anteriores comparecencias. Se nos dijo: «Señor Defensor del Pueblo, no nos importa sólo lo que dice en este momento, actualice, ¿sigue usted lo que hace?» Pues bien, presenté una actualización de esas pautas y criterios que estaban contenidos en la memoria de 1992.
También quiero decirles que pido a SS.SS. excusas de antemano cuando en mi exposición me refiera a hechos producidos con posterioridad a diciembre de 1992. No se me reproche después porque, naturalmente, a lo que me voy a referir figura ya en el informe de 1992. Es un seguimiento de quejas actualizadas, pero que tiene relación con los datos en él contenidos. No hablaré ahora de todo lo que está en el informe, pero todo lo que diré sí está en él contenido. Señorías, entiendo que volver, casi en 1994, a debatir los hechos acaecidos en 1992, en una mirada retrospectiva absolutamente cuadriculada, sin tener en cuenta los avances realizados, sería, a mi juicio, un ejercicio de inmovilismo, convertirnos en estatuas de sal y no demostrar la operatividad de esta institución.
Llegados a este momento, y si SS.SS. me lo permiten, quisiera hacer una reflexión personal. En julio de 1993 acudí a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, y allí, entre otros, se planteó que para la moderna definición de los derechos

Página 1638


humanos era imprescindible tener en cuenta el significado de lo que son y suponen las potencialidades de las mujeres.
Quiero decirles, señorías, en esta reflexión personal, que ha sido un orgullo para mí ser la primera mujer en la historia del parlamentarismo español que ha ocupado una institución parlamentaria de defensa de los derechos humanos, aunque sea interinamente, dado el concepto de interinidad que SS.SS. y yo compartimos.
Siguiendo en este tono de reflexiones personales, es necesario y de justicia que en éstas, mis primeras palabras, tenga un recuerdo para el titular de la institución en el período anterior, que fue responsable del informe junto con el adjunto, señor Rovira, y con todo el equipo. Es indudable que una institución la componen personas, ideas, imagen y organización. Es indudable también que una institución se caracteriza por su supervivencia en el tiempo, pero esa supervivencia estará en función de la capacidad de organización y, sobre todo, de la capacidad de movilización hacia nuevos comportamientos, hacia nuevas exigencias, hacia nuevos planteamientos. Una institución no es algo inmóvil en el tiempo; fija unas pautas, pero se acomoda a las realidades sociales, si no, se queda esclerotizada. Y no es ése el caso del Defensor del Pueblo.
Si digo que el informe sobre la gestión del Defensor del Pueblo del año 1992 corresponde al anterior titular, ahora me corresponde a mí, en este momento, dar cuenta a las Cortes Generales de la gestión realizada durante aquel año y en el período hasta ahora comprendido, como lo harán en el futuro los titulares a quienes corresponda continuar la labor iniciada por el primer Defensor del Pueblo, don Joaquín Ruiz- Giménez.
Les voy a hablar del primer punto, la consolidación de la institución, desde una perspectiva muy breve. Consolidación significa que la institución ha funcionado de forma absolutamente normalizada, que sigue teniendo las más altas cotas de confianza ciudadana, que puede ofrecer resultados de sus actuaciones y que puede demostrar la eficacia de la misión que constitucionalmente tiene encomendada. Como SS.SS. y yo coincidimos en este punto en la Comisión, solamente quiero decir que el Defensor del Pueblo, en estos once años de su existencia --lo que, parafraseando al primer astronauta que pisó la Luna, es quizás un paso muy pequeño en la historia del hombre, pero muy grande en la historia de la Humanidad--, ha supuesto un avance muy notable en la consolidación de las garantías no jurisdiccionales para los ciudadanos españoles, tal como preveía nuestra Constitución.
Como todo jurista bien conoce, los derechos no solamente hay que definirlos, sino que también hay que protegerlos, y junto a los mecanismos clásicos de protección, el control directo parlamentario y el control jurisdiccional, los ciudadanos de a pie buscan fórmulas asequibles, fáciles, próximas a ellos, que alguien sienta sus problemas como suyos. En ese sentido, se acercan al Defensor del Pueblo y siguen confiando en esta institución. Por ello, puedo afirmar que el Defensor del Pueblo es una escuela de ciudadanía, que a través del Defensor del Pueblo se afianza una cultura de reclamación y que con esta cultura de reclamación, a través de las peticiones, quejas y sugerencias que nos llegan, los ciudadanos entienden que desde el caso singular pueden, además, influir en las decisiones de gobierno, mejorando las relaciones gobernante- gobernado, y que el Defensor del Pueblo es un elemento esencial para entender el constitucionalismo moderno. Lo digo desde los hechos, que demuestran que el Defensor del Pueblo no es una institución en declive.
En 1992 se recibieron diecinueve mil setecientos y pico expedientes; en lo que llevamos de año hemos recibido ya más de 22.000 expedientes. No me gusta centrarme solamente en las cifras porque sería un error considerar esta institución solamente como un instrumento de denuncia y que las denuncias se miden por el número de reclamaciones. Si repasamos los debates parlamentarios de la Ley Orgánica 3/1981, nos daremos cuenta de que todavía quedan en esta Cámara los ecos del profesor Peces-Barba cuando decía que el Defensor del Pueblo es un auténtico colaborador de las Administraciones públicas, que la Administración española tiene una carga de inercia histórica importante en cuanto a ciertos métodos de funcionamiento y que en una democracia avanzada como la nuestra, debe existir una mayor predisposición y una mayor preocupación por el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Y esto no es incompatible, sino perfectamente asimilable y coherente con la otra dimensión de la institución, que busca el mayor proceso de acercamiento de las Administraciones públicas hacia los ciudadanos.
En la Comisión hablamos también de la vinculación de las actuaciones del Defensor del Pueblo, vía consolidación del derecho de petición. En definitiva, consolidación significa que la institución es una institución de garantías, significa que es una escuela de ciudadanía y significa, además, ayudar al ciudadano a exigir sus derechos, pero le compromete también a enfrentarse con sus responsabilidades.
Puedo afirmar que el grado de conocimiento de la ciudadanía hacia la institución del Defensor del Pueblo es amplísimo.
Basándonos en datos sociológicos, las encuestas sociales demuestran que el Defensor del Pueblo es directamente conocido por el 73 por ciento de la población española, mucho más que otras instituciones, mucho más que otros organismos y, desde luego, muchísimo más que el resto de los ombudsman que existen en Europa. Si el ámbito de conocimiento lo circunscribimos no ya a los mayores de 18 años sino, en general, a toda la población española, nueve de cada diez españoles pueden decir que existe el Defensor del Pueblo, conocen que existe el Defensor del Pueblo. El

Página 1639


85 por ciento de los ciudadanos que nos escriben han intentado antes solucionar su problema de otra forma; el 15 por ciento lo hace directamente, pero todos han tropezado con alguna barrera de acceso a las autoridades administrativas correspondientes, y necesitan un órgano público que les atienda y no ponga obstáculos formales o informales a nadie.
Esta es la grandeza y el riesgo de la institución. Quiero decirles en este momento que la institución del Defensor del Pueblo --y hay que hacérselo conocer a la ciudadanía-- es una institución de garantía, no es un muro de lamentaciones, no es una panacea. Por ello, dije en Comisión e insisto, que hay que acrecentar la cultura de lo que el Defensor del Pueblo significa.
El Defensor del Pueblo es una institución sensible a las variaciones que se producen en la sociedad española, y los datos lo afirman. Cada año acuden más extranjeros y ciudadanos comunitarios; nos escriben ciudadanos ingleses, franceses, en su lengua, en español; desde España o desde el extranjero.
Los datos son los siguientes: un 1,4 en el año 1990, un 3,9 en el año 1993. La tasa de feminización ha aumentado: un 29,9 en 1988, un 43,3 en el año 1993. Se ha incrementado también la proporción de parados que nos han escrito: un 11,2 en el año 1991, un 16,4 en 1993. Es decir, el Defensor del Pueblo es un órgano vivo y su informe anual refleja las variaciones de los problemas de los ciudadanos españoles.
Se confirma también la tendencia que se observaba en los últimos años a incrementar la proporción de personas con mayor nivel de estudios. El 48 por ciento de quienes formulan quejas dicen que sus ingresos en el hogar son menores de cien mil pesetas mensuales, y solamente el 14,5 indica que sus ingresos son mayores de doscientas mil pesetas, lo cual significa la mayor acumulación de escritos de personas de bajo nivel de renta, lo que representa que la institución da un plus de garantía en situaciones de dificultad económica.
No bastaría esto si ustedes no se preguntaran: Muy bien, estos datos nos interesan, pero, ¿cuál es el índice de satisfacción de los usuarios de la institución del Defensor del Pueblo? ¿Qué percepción tienen quienes acuden al Defensor del Pueblo de la atención que han recibido? Depende, señorías, de factores subjetivos. No puedo darles datos absolutamente ciertos y matemáticos. En síntesis, aquellos que han generado expectativas que superan lo que el Defensor del Pueblo puede cumplir se sentirán siempre insatisfechos, aunque ustedes nos dieran muchas más competencias. Por eso es importante incrementar el grado de conocimiento de la institución sin generar falsas expectativas. No necesitamos más competencias; necesitamos mejorar los conocimientos de lo que el Defensor del Pueblo significa.
Además, la satisfacción depende de tres factores que emanan de la institución, que se le pueden imputar al Defensor del Pueblo y, con ello, abrir un proceso de autocrítica: la rapidez de la respuesta, la inteligibilidad del contenido de la misma y la confianza de que nuestra opinión sea objetiva, técnica y que interprete adecuadamente la normativa vigente.
Me ciño básicamente al último punto, la confianza. La confianza depende básicamente de la imagen social del Defensor del Pueblo. Todas las encuestas, desde las más conocidas hasta las del Consejo General del Poder Judicial, por citar alguna, pasando por otras que SS.SS. conoce bien o por algunas realizadas por nosotros mismos demuestran que los españoles confían en el Defensor del Pueblo y conocen al Defensor del Pueblo. Muy pocos españoles, menos del 10 por ciento, ponen reparos a la necesidad de una institución como ésta. En definitiva, el Defensor del Pueblo cuenta con un amplísimo respaldo popular. Pero si el grado de confianza es muy elevado, no se conoce suficientemente la efectividad y la eficacia real de sus resultados, soy consciente de ello. Se sabe que está el Defensor del Pueblo, se sabe quién es el Defensor del Pueblo, es más, en sólo... once meses --estaba intentando acordarme de los meses de la interinidad-- un 18 por ciento conoce el nombre de quien ocupa en este momento el cargo y un 8 por ciento sabe que lo ocupa una mujer, frente al 26 por ciento que todavía piensan en el nombre del anterior titular. Ahora bien, cuando se les pregunta para qué sirve o qué resultados tiene, ahí la respuesta ya no es tan satisfactoria, y nos obliga a un proceso de reflexión autocrítica y nos obliga a pensar y a insistir en que hay que hacer hincapié, no tanto en lo que se empieza, sino en lo que se termina, en los resultados de la institución del Defensor del Pueblo.
Paso rápidamente, porque el tiempo nos devora, al punto segundo en el que pretendo hacer a SS.SS. unas breves reflexiones sobre lo que significa una institución de garantía. Institución de garantía significa que el Defensor del Pueblo tiene cada vez una actividad más creciente.
Quisiera reflexionar con ustedes no sobre todas las quejas que hay en el informe parlamentario, porque ya tienen ustedes la memoria --la habrán analizado y reflexionarán sobre ella--, sino sobre algunos puntos que considero de interés, en los que quiero hacer hincapié desde mi personal apreciación, que creo que coincidirá con la de esta Cámara.
En cuanto a la actividad creciente a lo largo de 1992 se recibieron 19.599 quejas, y los 114 expedientes a que dieron lugar, más las 156 visitas iniciadas a consecuencia de inspecciones, a centros de menores, a residencias de tercera edad, a centros de internamientos, a 62 ayuntamientos, etcétera, suponen 270 actuaciones, lo que significa un incremento notable sobre el año anterior. La tasa de admisibilidad ha sido del 51 por ciento frente al 49 por ciento de quejas que no fueron admitidas. En total se han admitido más de 10.000 quejas. Inadmisión no significa rechazo, sino que se le da una información. Quiero resaltarlo porque el año pasado se

Página 1640


nos dijo en esta Cámara que era preocupante la tasa de inadmisión del Defensor del Pueblo. Somos conscientes de ello, pero las quejas no se pueden admitir si no reúnen las condiciones de admisibilidad que están expresamente tasadas por la ley. Generar expectativas improcedentes sería absolutamente demagógico. Podemos actuar en aquello en lo que entendemos que hay presuntas irregularidades administrativas.
Quiero señalar, además, que la actuación constitucional del Defensor del Pueblo lo es tanto cuando comprueba que la actuación de la Administración ha sido regular como cuando comprueba que la actuación ha sido irregular y la subsana, en los dos aspectos. El conjunto de quejas inadmitidas demuestra con claridad que existe en la práctica una función del Defensor del Pueblo, probablemente difusa pero no por ello desdeñable, que es la atención al ciudadano que subjetivamente puede entenderse como una articulación del derecho de petición.
En cuanto a la resolución de expedientes, se ha subsanado el 41 por ciento, que supone 3.844 expedientes, pequeños y grandes, desde problemas individuales, como retrasos por una expropiación forzosa, hasta expedientes de deudas paralizados por la Administración. Creo que no es necesario entrar en ello porque están contenidos en el informe parlamentario. Se ha comprobado que la actuación de la Administración fue correcta en un 57 por ciento, es decir, en 5.926 expedientes. Unicamente en un uno por ciento las resoluciones del Defensor del Pueblo y de las Administraciones fueron discrepantes.
Para señalar algunos casos significativos, dividiría mi intervención en cinco grandes bloques. El primero, las actuaciones llevadas a cabo por la institución en defensa de los principios de libertad e intimidad de la persona, inherentes a la dignidad de la persona, contenidos en los artículos 1, 15, 16 y 17 de la Constitución, como SS.SS. bien conocen. En segundo lugar, estaría el relativo a la defensa del artículo 24 de la Constitución, la tutela judicial efectiva, y los problemas detectados en el servicio público judicial. El tercero, sería la atención especial a la protección de los derechos en especial situación de vulnerabilidad, de extranjeros, de inmigrantes, de minorías marginadas, situaciones de xenofobia, y racismo, así como de los enfermos psiquiátricos y de las mujeres en especiales situaciones, como, por ejemplo, en el caso del paro. El cuarto, la preocupación constante por el medio ambiente. No se nos puede decir que en la institución del Defensor del Pueblo repetimos todos los años lo mismo y que las quejas son siempre una reiteración en los informes parlamentarios, un año detrás de otros. Significa, señorías, que no se ha leído bien el informe o que hemos explicado mal el informe en nuestras comparecencias. Por eso, es importante que vengamos cada vez más al Parlamento por eso es importante que entiendan que el Defensor no busca culpables sino soluciones y que no puede actuar sin la ayuda de su comisionante. El quinto y último apartado abarcaría las garantías eficaces que a ustedes les preocupan, como es la protección de los usuarios de los servicios públicos, que comprenderían desde una consecución de una Administración con criterios de una prestación de calidad hasta el concepto de procedimiento administrativo como garantía.
Abordo el primer punto, el de los derechos y deberes fundamentales. Quiero decir una vez más que puedo sostener que en nuestro país los derechos y libertades fundamentales proclamados en la Constitución son generalmente respetados por los poderes y administraciones públicas, pero esta afirmación de carácter general, de la que es de justicia dejar constancia clara, no debe empañar la importancia de algunas vulneraciones de carácter puntual y relevante que también se han producido y de las que han sido víctimas diversos ciudadanos. Hemos reiterado en otras comparecencias que el Defensor del Pueblo, por mandato de la Constitución, ha sido y será rigurosamente beligerante en este terreno. No se ha limitado ni se limitará a investigar las quejas recibidas, sino que actuará de oficio.
Es más, ésta es una prerrogativa que tiene el Defensor del Pueblo de España frente a otros ombudsman europeos con tradición consolidada, como es, por ejemplo, el ombudsman de Finlandia, procurando estar presente allá donde pueda existir un riesgo razonable de vulneración, porque tan importante o más que corregir a posteriori y sancionar esas vulneraciones a derechos fundamentales es prevenir que éstas no lleguen a producirse. Llegados a este punto, es obligado señalar los problemas detectados en las detenciones subsiguientes a una identificación en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Tal como expresé en la reciente comparecencia ante la Comisión Mixta, de las quejas contenidas en el informe del año 1992 y de su seguimiento, hemos observado que las medidas adoptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para identificar a los ciudadanos pueden haber sido desproporcionadas, han ido más allá de los límites de la estricta identificación; en otros casos la potestad sancionadora resolvió un expediente sancionador con la adopción de una medida no prevista en la norma citada. Pues bien, para evitar que estos supuestos de privación de libertad puedan convertirse en detenciones encubiertas, sin las debidas garantías, establecidas tanto en la Constitución como en el Código Penal y en la Ley de Enjuciamiento Criminal, el Defensor del Pueblo, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas y desde la práctica, desde los hechos prácticos que tiene en este momento en tramitación, afirma o recomienda al Ministerio del Interior que teniendo en cuenta la reciente y clarificadora sentencia del Tribunal Constitucional debe impartir instrucciones concretas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para

Página 1641


que las identificaciones que se efectúen al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana se atengan a los principios establecidos por el Tribunal Constitucional.
Otro aspecto importante a señalar son las cuestiones que afectan al derecho a la intimidad, por una parte, por la relevancia constitucional del derecho tratado y, por otra, por la creciente sensibilización de la opinión pública al respecto. El derecho de la información se ha convertido en los tiempos actuales en un bien jurídico de enorme relevancia para múltiples actividades e iniciativas públicas y privadas. El aforismo «tener información es tener poder» es una verdad en cierto modo, incuestionable. No han sido pocas las actuaciones que ha tenido el Defensor del Pueblo en este campo, desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la ley Orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hasta la investigación de actuaciones concretas practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policías municipales, ya que para el esclarecimiento de determinados hechos entienden que se hace preciso llevar a cabo el reconocimiento físico del detenido mediante cacheos, desnudos, flexiones, sin existencia de instrucciones concretas sobre los límites de estas actuaciones. Otros aspectos que afectan al derecho a la intimidad son los relativos a la recogida de datos en encuestas sanitarias sin control, problemas derivados de la confidencialidad de la historia clínica, en definitiva, actuaciones que han sido en no pocas ocasiones corregidas, como consta también, en el informe parlamentario.
Dejo en un paréntesis el capítulo sobre tutela judicial efectiva, dada la complejidad y amplitud con las que está contenido en el informe parlamentario. Solamente quiero decir que los mayores problemas que tenemos se deben al colapso en determinados órganos jurisdiccionales y que, como bien se ha señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una justicia con retraso no es una auténtica justicia.
El tercer bloque de problemas del que quiero hacer mención especial ante la Cámara es aquel que se refierea los derechos en situación de especial vulnerabilidad, como son los menores.
El Defensor del Pueblo es especialmente sensible a proteger los derechos del menor, y lo hemos hecho ante la reiterada aparición del menor en los medios de comunicación, en situaciones que afectan a su intimidad y sobre hechos que pueden estar incursos en un proceso penal. El Fiscal General del Estado ha dictado una instrucción, la 2/1993, relativa a la actitud activa del Ministerio Fiscal en estos supuestos. Además, ha habido otras actuaciones, en concreto en relación con las discriminaciones sufridas por un menor disminuido psíquico al que en su calidad de tal, se le negó un trasplante de órgano no atendiendo, como contraindicación, a criterios exclusivamente clínicos sino a sus circunstancias psicofísicas.
Hemos actuado, también, en el servicio 903 de la Compañía Telefónica Nacional de España con un resultado satisfactorio porque la recomendación ha sido aceptada, como SS.SS. bien conocen. Hemos atendido, además, a otras cuestiones relativas a derechos de los usuarios de los servicios públicos.
En cuanto al tema de la xenofobia y el racismo, solamente quiero decirles que en el año 1992 por primera vez en el informe parlamentario aparecen algunas actuaciones verdaderamente significativas que no han tenido luego su continuidad en otras quejas que se han recibido en la institución. El Defensor del Pueblo insiste en la importancia de erradicar estas situaciones que a veces no tienen una respuesta lo suficientemente adecuada en el Código Penal, pero cuyas consecuencias deben ser observadas y analizadas a través de los preceptos que están contenidos en el Código Penal. La respuesta de la sociedad a los actos de xenofobia y racismo no debe ser una respuesta exclusivamente de los poderes públicos sino de las instituciones y de la sociedad en conjunto.
En cuanto al importante tema del medio ambiente, es verdad que hemos recibido cada vez más cuestiones que hacen referencia a la importancia de la degradación del medio ambiente, y que vienen de todas las comunidades, como por ejemplo aspectos que tienen relación con la contaminación acústica, medioambiental, de aguas, o aspectos nuevos como la protección de las cañadas reales. Solamente quiero señalarles a ustedes la incidencia que tiene para el Defensor del Pueblo el Derecho comunitario que lo hemos hecho valer en un aspecto muy importante como es la protección a la información en materia medioambiental, en relación con la Directiva 90/313 de la Comunidad, que establece los derechos de libre acceso y la forma en que la Administración debe actuar al respecto. Se deben ponderar los intereses en juego, las restricciones cuando sean informaciones que afecten a datos de tipo económico y confidencial, pero debe haber la posibilidad de libertad de acceso en cuanto al interés general que el medio ambiente representa.
En cuanto al último punto, el relativo a la protección de los consumidores y usuarios o derechos de los usuarios, más bien de estos últimos, de los derechos de los usuarios porque abarca a los usuarios de los servicios públicos en general, solamente enumero: la instrumentalización necesaria de los derechos de los usuarios de la sanidad, la necesidad del consentimiento informado, la calidad de la prestación sanitaria --contenidos todos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad--; la necesidad de notificación individualizada a los asegurados de las compañías que estén incursas en procedimientos de liquidación; los problemas derivados de los procesos recaudatorios en los embargos de cuentas corrientes, que han dado lugar a numerosas quejas, no sólo por las deficiencias en el procedimiento de

Página 1642


notificación, sino también porque las administraciones públicas no tienen en cuenta que hay cantidades que son inembargables; los problemas reflejados en las quejas motivadas por los procedimientos administrativos, como una garantía o como un plus de garantía para la Administración; los problemas de los retrasos administrativos en puntos sensibles de atención ciudadana, como son listas de espera, prestación social sustitutoria, la objeción de conciencia, retrasos en los procesos de indemnizaciones por el procedimiento expropiatorio; insuficiencias presupuestarias como justificación de la falta de eficaz respuesta administrativa en determinados supuestos, como es en el caso de prótesis ortopédicas o de reintegro de gastos por usos ajenos a la Seguridad Social.
Hablé de la incidencia del Derecho comunitario a raíz de una pregunta en la Comisión y les decía que la institución es, por fin, una institución de resultados. Los resultados son no solamente los que provienen de los datos individuales sino también los que proceden de la aceptación de las resoluciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo por parte de las administraciones públicas. En este año se han aceptado más de 112 recomendaciones y sugerencias (solamente en 27 casos se ha dicho que no y el resto están en este momento en tramitación), y algunas con importante relevancia, tanto económica como por las modificaciones normativas que suponen. Además de estas recomendaciones, ha habido en general una buena respuesta por parte de las Administraciones públicas. No hay actuaciones claramente entorpecedoras. Afortunadamente, son pocas, pero aunque constituyen una excepción, no pueden pasarse por alto.
Muchas veces no es que las administraciones no contesten, sino que en sus contestaciones están más preocupados en decir lo que a su juicio es el Defensor del Pueblo que en entrar a investigar el contenido exacto de la reclamación. Esto se produce sobre todo en las compañías detentatarias de servicios públicos. Por eso en relación con las previsiones contenidas en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, es decir, con calificarlo como una actitud hostil o entorpecedora, dada la indeterminación jurídica de estos conceptos y dada también la escasa operatividad que supone haber puesto en conocimiento de la Cámara en otras ocasiones la actitud de determinadas administraciones que no han contestado al Defensor del Pueblo, esta Defensora entiende que deberían mejorarse los mecanismos en el marco de la ya necesaria reforma de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.
Quiero afirmarles, además, que las relaciones institucionales con los otros ombudsman o comisionados parlamentarios autonómicos han sido muy positivas y se han afianzado. Dedico un recuerdo emocionado al Sindic de Greuges catalán, señor Rahola, y damos la bienvenida al nuevo Sindic de Greuges de la Comunidad Autónoma Valenciana y a los nuevos nombramientos de Justicia de Aragón y del nuevo Sindic de Greuges.
Las relaciones institucionales han supuesto un importantísimo avance en el reflejo de la institución del Defensor del Pueblo tanto en el marco europeo como en el marco iberoamericano. A instancias del Defensor del pueblo se celebró en Madrid una conferencia con todos los ombudsman de los países que componen el marco de la CSCE sobre el problema de los mecanismos no jurisdiccionales de protección de los derechos fundamentales, conferencia que se celebró en el Senado. He de resaltar la importancia de las relaciones con Iberoamérica, los convenios firmados con Guatemala y El Salvador y, asimismo, la proyección con Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. En Europa señalo con esperanza la creación del nuevo Defensor del Pueblo Europeo prevista en el artículo 138 del Tratado de Maastricht, que será un símbolo emblemático de la ciudadanía de la Unión.
Señorías, finalizo esta intervención en primer lugar pidiendo excusas por el exceso en la misma, pero afirmando que éste es el momento más importante en la vida de la institución, y pido por ello su benevolencia, señor Presidente, señorías, si me he extendido demasiado en la explicación de lo que la institución ha hecho y de sus resultados durante el período al que se refiere el informe. En segundo lugar, solamente quiero decir tres cosas: es una institución consolidada, la eficacia de la institución ha sido globalmente buena, están lejos los tiempos de reticencias o las respuestas imprecisas, pero el Defensor del Pueblo como magistratura de opinión, como auctoritas necesita dos apoyos: en primer lugar, una tipificación del delito de desobediencia en el Código Penal, aunque no queremos vencer sino que queremos convencer, pero necesitamos este apoyo, y, por otra parte, necesitamos el respeto, necesitamos el apoyo, necesitamos la confianza de esta Cámara.
Concluyo como terminé en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Se decía en mi vieja Universidad de Salamanca que enseña bien quien distingue bien. Como estoy absolutamente convencida, desde la experiencia de once años en la institución del Defensor del Pueblo, de la utilidad y del respeto que merece esta figura institucional, desde este convencimiento, pido a SS.SS. una vez más, como lo han hecho otros defensores, como lo harán nuevos defensores en el futuro, la confianza de esta Cámara a la figura del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Retuerto.
¿Grupos que deseen fijar su posición en relación con el informe que acaba de ser efectuado? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


Página 1643


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, a la vista del informe que hoy nos reúne aquí y de la exposición que nos acaba de hacer la Defensora del Pueblo en funciones, la señora Retuerto, complemento protocolario de la que realizó extensamente ante la Comisión correspondiente en fechas recientes, hace una valoración específica sobre lo que ha sido el informe de la actividad de la institución en 1992, que llega con retraso, debido, como saben SS.SS., a la disolución de las Cortes por la convocatoria de las pasadas elecciones generales. Nosotros queremos hacer una valoración positiva de lo que es el décimo informe que llega a esta Cámara, y en verdad que la evolución ha sido francamente favorable y positiva desde los siguientes puntos de vista, empezando por los generales para entrar, al final, en la valoración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En primer lugar creo que es importante que dispongamos de un documento que haga la radiografía o refleje la patología de esa relación permanente, siempre conflictiva o compleja, entre el ciudadano de a pie, el administrado, y la Administración.
Creo que el resultado de este décimo informe es francamente positivo desde el punto de vista de lectura democrática y de funcionamiento de unos y de otros. Por un lado, las cifras de recursos ante la intitución tienen ya una estabilidad que da idea de una cultura del uso de la institución del Defensor del Pueblo, de lo que debemos congratularnos. De otro lado --y eso se olvida muchas veces--, es de enjuiciar el funcionamiento y el comportamiento de los servidores públicos, de los funcionarios y de los cargos de la Administración, en la medida en que se deduce de este informe, no tanto del uso que el ciudadano hace de la institución como del talante positivo, del comportamiento eficaz de la Administración, salvo esas contadas excepciones en porcentajes que no son llamativos, aunque sí deben de ser analizados, lo que comporta precisamente ese talante positivo del funcionario y de la Administración. En este caso, en este talante positivo tengo que englobar mi reconocimiento a todos los funcionarios que trabajan en la propia institución del Defensor del Pueblo, porque a su celo y a su eficacia se debe precisamente, como cordón umbilical entre el ciudadano recurrente y la Administración pública correspondiente, ese nexo de unión; si no funcionara con esa eficacia, verdadero exponente de un talante positivo, aquí se podría reflejar otro tipo de patología. Quiero destacar también que la institución del Defensor del Pueblo se debe analizar, para nosotros, en dos comportamientos, uno pasivo, de recepción de la propia queja que manda el ciudadano, pero hay otro que va tomando incremento --y quiero seguir felicitando y estimulando a la institución y a sus máximos representantes--, que es de actuación que yo llamo activa, es decir, a iniciativa propia. No se han quedado solamente en sus despachos oficiales, sino que han ido a inspeccionar hospitales, cuarteles, centros públicos, prisiones, donde está el componente humano del ciudadano que recurre a la institución del Defensor del Pueblo. No es fortuito ni puro accidente que, cuando vemos el resumen de las actividades de la institución, nos encontremos con hechos que es necesario destacar aquí, que el 95,39 por ciento de las quejas se han formulado por personas físicas. Ese pequeño porcentaje que queda, un 5 por ciento escaso, es hecho por personas jurídicas, colectivos, sindicatos, etcétera, que pueden ser englobados ahí. Es importante destacar esto porque si no no podríamos justificar muchas veces por qué ese comportamiento de talante activo positivo de la figura del Defensor del Pueblo, visitando hospitales, cuarteles o prisiones, por poner unos ejemplos, donde está ese porcentaje de personas físicas recurrentes. Quiero destacar también, y sobre esto es necesario una meditación política, tanto de los grupos parlamentarios, los Diputados, como de los altos cargos de la Administración --y me refiero fundamentalmente a los cargos políticos, que deberían tener muy en cuenta las reflexiones y los datos que se aportan en el informe del Defensor del Pueblo--, que cuando la realidad estadística nos dice cuál es el estrato social o económico de las personas físicas que recurren, nos estamos dando cuenta de que la mayoría son precisamente personas que, a veces, no pueden pagarse un abogado de un bufete, ni siquiera mediano, para entablar una consulta o una queja a la Administración. El hecho de que el 48,1 por ciento declare tener ingresos económicos mensuales inferiores a las 100.000 pesetas nos está dando ya, en esa patología de la persona física demandante, un dato a considerar.
Cuando nosotros entramos en las causas de inadmisión, reconforta saber --porque ha sido objeto de crítica, y lo acaba de recordar la señora Retuerto, en anteriores debates del informe del Defensor del Pueblo ante esta Cámara--, que lo que se ha resuelto, proporcionalmente a la información del «promovente», sigue estando en cotas altas, en este caso, en 1992, en el 35,9 por ciento, pero las causas de inadmisión, no solamente porque ya fueron resueltas sino por no apreciarse indicios de irregularidad administrativa, están en el 32,21. Esto también es importante, porque el Defensor del Pueblo no puede ser un fiscal de la Administración pública, no es su papel, y esto conviene dejarlo bien claro. Si hay un órgano de control del Gobierno es precisamente este Parlamento, no es el Defensor del Pueblo; es nuestro comisionado y ese comisionado está obligado a trasladarnos aquí los cuellos de botellas, las deficiencias administrativas, para que los grupos parlamentarios, en su derecho individual reglamentario y constitucional, o la Cámara, en su derecho de conjunto, sea el órgano de control del Gobierno; es el que tiene que poner en la tribuna al Ministro de turno, al alto cargo de turno, para que

Página 1644


responda de las deficiencias o de la patología, como acertadamente señala este informe. Hay que ir dejando las cosas claras en el devenir y en la andadura de los informes del Defensor del Pueblo.
Y yo quisiera hacer en este momento un reconocimiento a las seis instituciones coadyuvantes, a los comisionados parlamentarios autonómicos, que hasta el momento de hacerse el informe de 1992, que es el que estamos analizando, era propio de seis comunidades autónomas. Pues bien, la Comunidad Autónoma de Canarias ha sido la segunda en emitir y tramitar quejas ante la institución del Estado del Defensor del Pueblo, que ha recibido a través del Diputado del Común de Canarias 171 expedientes, frente a los 196 del Defensor del Pueblo Andaluz, que ocupa el primer puesto, y el Sindic de Greuges, de Cataluña, con 101. Eso quiere decir que, por porcentaje de población tutelada o cubierta, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Diputado del Común, ha hecho un trabajo eficaz y lo ha canalizado hacia la institución del Defensor del pueblo, situándose prácticamente en el número uno de los comisionados parlamentarios autonómicos.
A esto debemos añadir una curiosa estadística que se deduce de aquí en términos generales: que aquellas comunidades autónomas --como estas seis que lo tienen en el momento de este informe de 1992-- que han actuado ante el ciudadano flexionan a la baja y a la resolución positiva las quejas de los ciudadanos.
Yo interpreto que en las comunidades autónomas con comisionado de su Parlamento los ciudadanos se encuentran doblemente asistidos, porque pueden recurrir a la figura estatal del Defensor del Pueblo, en Madrid, para entendernos y, al mismo tiempo, en su comunidad autónoma, pueden recurrir a su propio comisionado, su defensor en las distintas aceptaciones terminológicas: el Ararteko, el Justicia de Aragón, el Valedor do Pobo, el Sindic de Greuges, el Diputado del Común o el Defensor del Pueblo Andaluz. Tienen, por tanto, una doble vía institucional, ser atendidos, y no solamente de una manera positiva, y también ver resueltas sus peticiones. Al mismo tiempo, el ejemplo que ha dado la institución del Defensor del Pueblo a nivel estatal, a iniciativa propia, de ir a visitar centros, lo están siguiendolos respectivos comisionados de esas seis comunidades autónomas, que están visitando también las dependencias más o menos conflictivas, los puntos neurálgicos de donde sale el mayor porcentaje de ciudadanos que utilizan la institución del Defensor del Pueblo. Por tanto, lo valoro positivamente.
Si, además, vemos --en el caso de Canarias-- que las quejas por cien mil habitantes son de un 99,40, mientras que la media nacional es del 49,82, se demuestra que allí se da un mayor grado de uso de la institución y que encuentran reforzado este criterio con respecto a la demanda y la queja de otras partes de España. Termino, señor Presidente, porque el análisis podía ser muy pormenorizado, pero creo que hay suficientes datos para poder ver la relación de los colectivos que recurren a dicha institución. De todas formas, quiero destacar que, dentro de las seis áreas de recepción de estas quejas que ha hecho la institución del Defensor del Pueblo, el primer lugar lo ocupa la función pública, con las administraciones educativa y de cultura; el segundo, el trabajo, la seguridad social y la sanidad y el tercero, la justicia y la administración económica. Estos son datos que nos deben hacer reflexionar y valorar políticamente. Y en este orden de ideas, con aquel primer principio de reconocimiento que se hacía, yo, a la hora de emitir un juicio del informe del Defensor del Pueblo para 1992, junto a una valoración positiva y como estímulo para los grupos políticos y la administración de esta Cámara, quiero rendir un homenaje al Defensor del Pueblo titular, señor Gil Robles, que es artífice en gran parte, con todo su equipo de colaboradores, de este informe, estimulando a los grupos parlamentarios para que no sigamos en vacío institucional de la figura titular del Defensor del Pueblo y que pronto el que se decida democráticamente esté ocupando esta tribuna con el informe de 1993.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Voy a efectuar una intervención breve desde el escaño, impulsada por razones de cortesía parlamentaria, puesto que mi Grupo no tiene ninguna reserva mental relevante que aportar al informe presentado este año por el Defensor del Pueblo.
Señor Presidente, siguiendo las teorías hellerianas del Estado-organización, podemos considerar al Defensor del Pueblo como una institución de contrapoder, de las que la doctrina alemana calificaba como instituciones de contrapoder. Se partía, conceptualizando la teoría del Estado de la proposición inevitable, de que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo se auto-organiza políticamente a través de la elaboración de una constitución, una constitución, en la que se estructura materialmente su organización política y se proclaman los derechos fundamentales y libertades públicas, de la que son titulares subjetivamente todos los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo, como institución de contrapoder, es un órgano que, de forma mediata, de forma no directa, debe tutelar y debe garantizar la eficiente vigencia de estos derechos fundamentales y libertades públicas, básicamente en el Estado español que proclama el Título I de la Constitución.
Debe velar también por otra cosa igualmente relevante: el regular funcionamiento de los poderes públicos del Estado, fundamentalmente

Página 1645


de la Administración o de las administraciones públicas del Estado y, de forma muy singular, en el Estado español, debe contribuir a la interdicción de la arbitrariedad que tan enfáticamente proclama el artículo 9.2 de la Constitución y ha precisado de forma igualmente enfática la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Dicho todo esto, señor Presidente, y desde esta perspectiva, nosotros discrepamos de la opinión mayoritaria manifestada por otros portavoces con frecuencia en las comparecencias del Defensor del Pueblo, consistente en afirmar que el informe anual del Defensor del Pueblo constituye una especie de radiografía de la situación de vigencia y eficiencia real de los derechos humanos, de las libertades públicas y derechos fundamentales que consagra la Constitución. Nosotros entendemos que esto no es así, que esto no puede ser una eficiente radiografía de la situación de disfrute de los derechos y libertades públicas, puesto que hay otros instrumentos institucionales, de acceso más directo, de legitimación más directa, para buscar precisamente esta eficiencia, esta tutela de los derechos y libertades públicas.
En primer lugar, la jurisdicción, como es obvio, en sus distintos órdenes; el Tribunal Constitucional, para las vulneraciones u obstáculos a los derechos y libertades públicas proclamados entre los artículos 9 y 24 de la Constitución, tal como proclama el artículo 53 de la propia Norma fundamental, y también la jurisdicción contencioso-administrativa, para la especial protección, previsto en la ley procedimental específica, de los derechos fundamentales. Luego hay que considerar necesariamente al Defensor del Pueblo como una especie de institución subsidiaria de tutela de los derechos humanos, de tutela de las libertades públicas y derechos fundamentales que consagra la Constitución, si bien podría considerarse a la institución del Defensor del Pueblo y a su informe anual como una referencia parcial, no suficiente, no universal, de los puntos más oscuros, de los puntos menos protegidos, de los puntos más negros del Estado de Derecho. Dicho todo esto, señor Presidente, nosotros vamos a hacer nuestras proclamaciones atinentes al informe anual presentado. En primer lugar, proponer que se deben incrementar los medios humanos, materiales, los medios físicos que implementen la eficiencia de esta institución, aunque nos hemos encontrado con la sorpresa de que la Defensora del pueblo lo considera no necesario; luego, en este momento, formalmente, retiramos esta propuesta, que considerábamos nosotros especialmente pertinente, no sin decir que la señora Defensora del Pueblo ha coincidido con la voluntad del legislador en el ámbito presupuestario, porque tampoco había en los Presupuestos consignaciones para incrementar esta eficiencia desde la perspectiva de los medios humanos y materiales. Esta paradójica coincidencia, desde nuestra perspectiva, nos hace retirar e incluso no proclamar formalmente esta propuesta.
En segundo lugar, nos gustaría decir, señor Presidente, que nosotros estamos muy satisfechos con el funcionamiento y con el control que de esta institución ha realizado la actual Defensora del Pueblo, particularmente desde una perspectiva: su gran espíritu y su gran talante de colaboración con sus instituciones homónimas en las comunidades autónomas donde existe: con el Ararteko, con el Sindic de Greuges, con el Justicia de Aragón, con el Defensor del Pueblo andaluz, etcétera. Y esto, ¿qué acredita, señor Presidente? Algo que para nosotros es casi paradigmático: que la diversidad nunca es obstáculo para la eficacia. Ojalá que en otros ámbitos de la vida pública pudiese ser aplicable con tanto énfasis, con tanta claridad este principio que proclamamos.
Nos ha gustado mucho también en la intervención de la señora Retuerto esa inspiración humanista, esa impronta humanista que ha caracterizado su discurso. Nosotros somos un partido que nos hemos distinguido, durante cien años de existencia prácticamente, por la proclamación de los valores humanistas, en el sentido más amplio, en el sentido más aristotélico del término.
Nos gusta, desde esta perspectiva, además, que se enfaticen estos valores en un momento, en una coyuntura histórica en la que, lamentablemente, asistimos a una genuina crisis de los valores de la generosidad, de los valores de la nobleza, crisis que se está enseñoreando peligrosamente de nuestra sociedad. Hay que proclamar enfáticamente esos valores. Por ello nos parece muy pertinente que la señora Defensora del Pueblo lo haya hecho así. Nos gusta, asimismo, la proclamación que hace la Defensora del Pueblo, que intenta que esta institución, la institución que ella dirige, que ella preside, se convierta en una especie de instrumento de participación ciudadana también, creando y propiciando la extensión de esta cultura de la reclamación no sólo contra la injusticia, no sólo contra la arbitrariedad, sino incluso contra la mera irregularidad.
Y, por último --para terminar, señor Presidente, y ser congruente con la promesa de brevedad que por enésima vez vuelvo a incumplir, por lo cual le solicito disculpas--, quiero indicar que, para contribuir, desde la perspectiva de nuestro Grupo, al incremento de la eficiencia en el funcionamiento de esta institución, vamos a proponer expresamente que en el próximo proyecto de Código Penal --que pronto se debatirá en esta Cámara-- se tipifique como delito, tal como solicita la Defensora del Pueblo, la no colaboración con la institución, la obstaculización, las actitudes obstruccionistas a los requerimientos de la institución, que, aunque han minorado su importancia, y realmente lo ha hecho con pertinencia en sus aspectos cuantitativos, no se debe minorar su importancia en los aspectos cualitativos, porque hay administraciones públicas que no sólo no colaboran o no responden; hay administraciones públicas

Página 1646


que ni siquiera acusan recibo de las reclamaciones del Defensor del Pueblo.
Por estas razones, nosotros manifestamos nuestro apoyo a la institución y también --como ha hecho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-- manifestamos nuestro deseo de que, si se va a proceder a una designación de un nuvo Defensor del Pueblo, se haga con la máxima diligencia posible.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, señorías, estamos ante el décimo informe que el Defensor del Pueblo presenta a esta Cámara. Han pasado ya diez años desde la primera comparecencia de don Joaquín Ruiz-Giménez, primer Defensor del Pueblo.
En las primeras intervenciones, el interés del Defensor del Pueblo y de todos los grupos parlamentarios se centraba en consolidar y arraigar en la sociedad española una institución que definía nuestra Constitución, pero que era nueva para nuestros ciudadanos. La labor no era sencilla y era, y de hecho sigue siéndolo, apasionante. Había dos obstáculos iniciales a salvar: en primer lugar, que la opinión pública entendiera el sentido de la institución como primer paso para confiar en ella y, en segundo lugar, que la Administración se acostumbrara a rectificar, en su caso cuando las recomendaciones del Defensor del Pueblo lo aconsejara. Salvar estos obstáculos era labor difícil y tenía un requisito indispensable, el rigor y la profesionalidad de las personas que encarnaban la institución.
En este momento, señor Presidente, quiero recordar la labor de don Joaquín Ruiz-Giménez y de sus adjuntos iniciales, don Alvaro Gil Robles y doña Margarita Retuerto, que supieron dar a la institución el talante, rigor y profesionalidad que con el tiempo han hecho posible que la institución del Defensor del Pueblo sea hoy una institución querida por la sociedad española.
La continuidad en esa línea del anterior Defensor del Pueblo, don Alvaro Gil Robles y, actualmente, de doña Margarita Retuerto, que ha ejercido su responsabilidad, superando la interinidad que la incapacidad de esta Cámara podía haber provocado en la institución, son elementos fundamentales para que el resultado del informe de 1992 sea, a juicio del Grupo Parlamentario Catalán, altamente satisfactorio. Es, en definitiva, el resultado de un esfuerzo continuado a lo largo de once años.
Para nosotros, el aspecto más destacable del informe de 1992, es el alto grado de aceptación que han tenido entre las distintas administraciones públicas las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Recuerdo que en los primeros años de funcionamiento de la institución eran frecuentes las críticas que los distintos grupos parlamentarios hacíamos a la poca receptividad por parte de la Administración a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Hoy, en el informe que estamos analizando, se han invertido los datos estadísticos, hay más receptividad que obstrucción. Pero, a pesar de esa valoración positiva del nivel de respuesta de las administraciones a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, es conveniente que consideremos la posibilidad, como se sugiere en el informe, de tipificar como delito la desobediencia y la obstrucción a la labor del Defensor del Pueblo. En todo caso, esta tipificación requeriría a nuestro juicio, el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por nuestra parte, quede el compromiso de que, como mínimo, nos parece interesante que nos lo planteemos.
Queremos también destacar, en este trámite parlamentario, la estrecha y fructífera relación del Defensor del Pueblo con sus homónimos de las comunidades autónomas. Las jornadas de coordinación que periódicamente se realizan entre Defensores del Pueblo son convenientes para un mejor cumplimiento de su cometido desde el respeto, como siempre ha sido, al ámbito competencial de cada uno. Por otra parte, las conclusiones de estas jornadas deben constituir elementos de reflexión en esta Cámara de aspectos de nuestra vida colectiva que deben ser mejorados.
A título de ejemplo, quisiera citar que en las últimas jornadas de coordinación entre Defensores del Pueblo, el pasado mes de septiembre, el Sindic de Greuges de Cataluña, don Antón Cañellas, presentó una ponencia sobre problemas relativos a la situación jurídico-asistencial del menor de edad, que ponía de manifiesto las importantes necesidades que en este campo tiene nuestra legislación. Aprovochemos, pues, el trabajo y las reflexiones que se nos sugieren para mejorar nuestro ordenamiento jurídico. En el informe que hace pocos días la Defensora del Pueblo nos hizo en la Comisión, como ha hecho hoy ante el Pleno, destacaba como importante el mecanismo de participación ciudadana que significa la institución del Defensor del Pueblo. Nos parece especialmente importante hoy esta reflexión. No cabe duda de que el trabajo del Defensor del Pueblo y el alto grado de aceptación que sus sugerencias han tenido en la Administración pública están ayudando a generar la necesaria confianza que debe existir entre la ciudadanía y sus instituciones. Aquel ciudadano que ha presentado una queja, y ésta se ha resuelto satisfactoriamente, sabe que su participación ha conseguido resolver para él y para todos los que tenían el mismo problema, una situación anómala. Este mecanismo de participación es, por tanto, importante y coindimos con el Defensor del Pueblo en destacarlo.+ Diez años ya es tiempo suficiente para que podamos hacer balance de la consolidación de la institución y analizar aquellos aspectos que son susceptibles de mejora.


Página 1647


Al Grupo Parlamentario Catalán le interesa más en estos momentos este aspecto de búsqueda de consenso para lograr un impulso democrático que entrar en el trámite de hoy a analizar pormenorizadamente aquellas deficiencias del funcionamiento de las administraciones públicas que señala el detallado informe que nos ha sido presentado. Qué duda cabe de que más allá del consenso necesario para elegir un nuevo Defensor del Pueblo es posible perfeccionar el funcionamiento de una institución que ha demostrado, a los once años de su puesta en marcha, que hace aportaciones positivas para mejorar la relación entre los ciudadanos y la Administración y que, además, se consolida como un válido instrumento de participación.
En esta línea de aportar ideas que puedan ser útiles para dar un nuevo impulso o aprovechar mejor el trabajo de la institución, nuestro Grupo Parlamentario sugiere que quizá habría que establecer una relación mucho más estrecha entre esta Cámara, a través de la Comisión Mixta, y los trabajos del Defensor del Pueblo. Sería desaprovechar un buen trabajo limitarnos al trámite parlamentario anual de la presentación del informe y no profundizar más, sectorizando las comparecencias y estudiando las causas que originan muchas de las quejas de los ciudadanos. Tenemos la obligación en estos momentos, señorías, tras once años de funcionamiento de la institución, de hacer un esfuerzo más, que ayude, por la parte que corresponde al Parlamento, a consolidar, aún más si cabe, la institución entre nuestros ciudadanos. Creo que el ejemplo que hemos dado durante los últimos once meses de ser incapaces de llegar al consenso imprescindible para designar al Defensor del Pueblo no debemos reproducirlo en la relación que hoy tiene la Comisión Mixta con la institución y debemos, por supuesto, intensificar mucho más esta vinculación entre la institución y la Cámara. Nuestro Grupo lo dijo en la Comisión, lo dice hoy en el Pleno y vamos a intentar lograr el consenso necesario entre las demás fuerzas políticas para que, como mínimo, pueda haber unas seis o siete comparecencias del Defensor del Pueblo al año y podamos seguir de una forma más intensa desde la Comisión los importantes trabajos y conclusiones a los que llegue la institución.
A mí me hubiese gustado que hoy hubiesen compartido muchos más Diputados y Diputadas la comparecencia del Defensor del Pueblo; las circunstancias en las que, por nuestra incapacidad, se ha obligado a trabajar a la institución merecían quizá más atención por nuestra parte. A ver si sabemos dar este impulso que, repito, señorías, es nuestra obligación constitucional.
Por último, señor Presidente, quiero agradecer el emocionado recuerdo que el Defensor del Pueblo ha tenido para el fallecido Sindic de Greuges de Cataluña, Francesc Rahola, que, para todos aquellos que le conocieron, fue un vivo ejemplo de fidelidad a unas ideas durante toda su vida.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías, por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nuestra intervención, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos gustaría resaltar algo que ha dicho la Defensora del Pueblo adjunta y es que las instituciones se consolidan por su eficacia. En este sentido es en el que nosotros vamos a hacer un reconocimiento a la institución y al informe que nos presenta, a lo que decía ella en la Comisión donde, por cierto, tuvo una intervención más sosegada que la de hoy en el Pleno de la Cámara, que los quejosos que se habían dirigido a la institución del Defensor del Pueblo habían tenido un mayor volumen de efectividad que otras veces. Es decir, se había ido consolidando paulatinamente la institución, en función del trabajo que ya venía realizando. Se ha montado una Institución que, en un principio, cuando se puso en marcha hace diez años, no sabíamos qué papel podía jugar y paulatinamente se ha ido ganando ese espacio en lo que pudiéramos llamar triple relación: por un lado, un sistema democrático, que tiene un control parlamentario en el que el Ejecutivo rinde cuentas o es controlado y, por otro lado, con una Administración de justicia que responde a las actuaciones irregulares que pueda haber.
Pues bien, el Defensor del Pueblo ha abierto una vía de relación entre la Administración y el ciudadano y en la defesnsa de los derechos del propio ciudadano.
Vaya, por tanto, nuestro reconocimiento a esa institución, en su conjunto, y a su coraje, al trabajo sobre el terreno, a la búsqueda de la realidad de las quejas del ciudadano. Y, por qué no decirlo, también vaya nuestro reconocimiento a la Defensora del Pueblo en funciones, que, estando interina, ha mantenido con dignidad el protagonismo de esta institución. Y digo interina en exceso, más bien por dificultades de los grupos parlamentarios en esta Cámara que por la propia institución.
En segundo lugar, ella hacía referencia a que el Defensor del Pueblo había sido una escuela de ciudadanía, una especie de educación para la reclamación. En este sentido, del informe del Defensor del Pueblo que nos presentó en la Comisión y que tienen SS.SS. a su alcance y ha sido presentado esta mañana aquí, desde nuestro punto de vista deberíamos sacar tres conclusiones. Primero, que el Defensor del Pueblo, a pesar de la aparición de nuevos defensores del pueblo en cada

Página 1648


comunidad autónoma, no ha reducido el número de referencias con los ciudadanos, sino que se ha mantenido, en el año 1992, el número de personas que se han dirigido a esta institución, en relación con 1991. A pesar de esa distribución de tareas, se ha mantenido el número de recursos de los ciudadanos.
Decía ella que la institución es bastante conocida y prestigiada por los ciudadanos, según la encuesta del CIS y es verdad, pero también decía que no era suficientemente conocida qué misión, qué tarea debe cumplir el Defensor del Pueblo. La segunda conclusión que nos gustaría sacar es que existe un escaso conocimiento de la Administración. Fíjense que de las 9.489 quejas que no han sido admitidas, casi el 35 por ciento estaban dirigidas al Defensor del Pueblo solicitando información: ¿A qué Administración me tengo que dirigir? ¿Dónde puedo solucionar este problema? Hay que invertir más desde la propia Administración en una información exhaustiva de cómo está organizado el Estado, cómo está organizada la Administración, en sus distintas vertientes.
La tercera conclusión es que tenemos una Administración que todavía no ha dado espacio, no ha dado suficiente valoración a las reclamaciones o quejas de los ciudadanos en su propio seno. Deberíamos intentar aplicar en la política, en la actuación institucional, aquel viejo lema que aplicamos a la sanidad: más vale prevenir que curar después. Introduzcamos mecanismos dentro de la Administración para que, en el procedimiento administrativo, el ciudadano pueda reclamar ante la Administración antes de la vía contenciosa y pueda encontrar una solución. Que se establezca un diálogo, que no sea una figura la que abra la buena relación, esas 3.800 quejas subsanadas que han tenido como interlocutor al Defensor del Pueblo. Nosotros creemos que todavía, por desgracia, la institución del Defensor del Pueblo no llega a sectores de la población que no usan esta figura y que precisamente son los sectores más débiles de la población, esos vectores de la población que apenas tienen relación con las administraciones, que viven en una situación económica muy débil, en una situación social de poca inserción. Por eso deberíamos abrir también la Administración, y esta institución a ese vector.
Por último, solicitaba que se introdujera como delito en el Código Penal no responder al Defensor del Pueblo, mayor eficacia en los consejos y en las indicaciones a la propia Administración cuando tiene que ir a la Administración de justicia; mayor relación con el Ministerio Fiscal en la consecución de lo que se plantea, no en la recepción de la queja, en la que hay un importante de buena relación. Permítanme, señorías, que les haga tres comentarios sobre los que hoy debiéramos estar reflexionando aquí. La institución del Defensor del Pueblo en sí; la propia Administración central, aunque brille por su ausencia la presencia del Gobierno, y, por último, la relación en esta Cámara y el papel de esta Cámara en la relación de la institución que elegimos como Defensor del Pueblo.
Nosotros creemos que la institución del Defensor del Pueblo se ha volcado en profundizar en la micropolítica, en profundizar en los pequeños problemas administrativos, aunque esos pequeños problemas hacen la grandeza de la política. Se ha centrado en esa conexión multinuclear en cada uno de los frentes de la realidad de la propia Administración, tanto en la defensa de los derechos de los ciudadanos como en la defensa ante la actuación de la propia Administración; pero creemos que donde hay más limitaciones en la figura del Defensor del Pueblo ha sido cuando hemos llegado a la macropolítica, cuando hemos llegado a la gran actuación de la política. Es ahí donde el peso y la exigencia del Defensor del Pueblo se ha reducido ante el Gobierno de la propia nación. Por desgracia, tenemos que decir que, en esa relación, el papel del anterior Defensor del Pueblo, el señor Gil-Robles, ha tenido una limitación importante: el ejemplo del no recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Ciudadana, que, por cierto, después el Tribunal Constitucional ha dado la razón. Ahí, en esa medida preventiva, en esa defensa de las leyes y de la actuación del poder con los ciudadanos, esa actuación no ha sido rigurosa y a nosotros nos llevó a no respaldar su elección para la continuidad como Defensor, del señor Gil-Robles. En todo caso, creo que estas realidades macropolíticas debieran jugar un protagonismo nuevo en la figura del Defensor del Pueblo para elevarse, para poder ver el bosque y no que el árbol tape al propio bosque. ¿En qué lo decimos? Pues en algo que decía la propia Defensora del Pueblo, hace apenas unos meses en Luxemburgo, cuando hablaba del papel que deben de tener los defensores del pueblo: hay nuevas actuaciones de las administraciones --Sanidad, Educación, Transportes, Comunicación-- que deben resolverse no desde la acción individual, sino desde la colectiva. Como es natural, dice, es necesario pagar el precio no sólo de sostener esas administraciones portadoras de servicios, sino también de los errores y arbitrariedades de sus servidores o funcionarios en el ejercicio de la competencia. Es decir, las nuevas grandes políticas, la gran política pública debe ser una tarea de defensa de la propia actuación del Defensor del Pueblo.
Considera mi grupo que hoy estamos en condiciones de entrar en una nueva etapa de la figura del Defensor del Pueblo; creemos que debemos darle mayor empuje a esta institución, que está suficientemente consolidada para poder tener un mayor peso dentro de la dinámica de la propia relación entre ciudadanos y poder. Creemos que el Defensor del Pueblo ante el poder central no debe ir a la zaga en esa relación tan dubitativa entre el Gobierno, sino precisamente a la vanguardia;

Página 1649


debe estar al frente, debe ser incluso imprudente. ¿Por qué? Para lograr una mayor eficacia ante las grandes políticas.
Para eso que está en cuestión ahora, eso que se llama el Estado de bienestar, eso que se llaman las grandes conquistas sociales, que pueden estar en peligro, necesitamos una posición fuerte. Por eso, señorías, creemos que el mayor impulso democrático no se da en reuniones aparte, se da utilizando las instituciones para hacer frente a las propias obligaciones que debemos tener los grupos parlamentarios.
Vayan por delante aquí, en la Cámara, dos propuestas de mi grupo, dos propuestas para trabajar de cara a esta institución: Primero, fortalecer el marco legal que respalda a esta institución; reformar la Ley del Defensor del Pueblo para hacer más efectivas y más obligatorias las recomendaciones.
Fíjense SS.SS. que de 19.000 quejas, 112 son las recomendaciones aceptadas por las propias administraciones.
Hay que hacer más efectivas las recomendaciones. Incluso cuando se hacenefectivas, no tienen eficacia, y se dilata en el tiempo la ejecución de esa reclamación. Después me referiré a algunas de ellas en lo que es, por ejemplo, la actuación del Ministerio del Interior; por ejemplo, el fallecimiento de diez reclusos en nuestras propias cárceles; por ejemplo, ese uso abusivo de nuestras Fuerzas de Seguridad, con 44 quejas por malos tratos recibidos de los propios cuerpos de seguridad del Estado. En suma, un marco legal nuevo. Segundo, nombrar por consenso amplio el equipo que va a dirigir el Defensor del Pueblo, equilibrio en su conjunto para que tenga un respaldo total de la Cámara y un funcionamiento más dinámico con nuestra propia realidad.
La segunda gran reflexión sería: ¿qué detecta el Defensor del Pueblo en el funcionamiento de la Administración? Señorías, hay suficientes actuaciones para poder leer dentro del propio informe y sería bueno que pudiéramos realizar esa lectura, porque nosotros debiéramos responder como grupos y el Gobierno como Gobierno. Nada más empezar dice el Defensor del Pueblo: Durante 1992 la sociedad española se ha visto afectada por hechos de marcado significado discriminatorio o racial, producto de ciertas actitudes xenófogas. Más adelante y, sobre la actuación de investigación dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el Defensor del Pueblo dice: Se sigue observando que las investigaciones internas, iniciadas por los superiores de los agentes denunciados, no siempre son lo amplias que debieran de ser. Y ante esto, ¿qué hace el Gobierno? ¿Qué hacen los Ministros? ¿Qué hacen los distintos grupos parlamentarios? Tenemos una radiografía de la propia Administración en la parte de ciudadanos que se han quejado, no en la parte de ciudadanos que ya han actuado ante la propia Administración.
Por último, señorías, ¿cuál es nuestra visión, nuestra opinión sobre la crítica a la relación de esta Cámara con la figura del Defensor del Pueblo? Nosotros creemos que debiéramos realizar, y así lo vamos a anunciar a partir de ahora, un seguimiento a este informe en la tarea parlamentaria durante todo un año. Lo haremos como grupo en el control y en la exigencia de actuación del Gobierno y también en la mayor comparecencia, dentro no solamente de la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo sino también en todas las demás comisiones.
Debemos introducir dinámicas en el Parlamento que faciliten conocer, profundizar en esto que va descubriendo, en esto que va planteando, en esta orientación que debe dar el Defensor del Pueblo a la propia Administración. Por tanto, nosotros creemos, según el informe, que es perfectamente valorable por toda la Cámara con compromisos de actuación hacia las administraciones, hacia nosotros mismos y hacia la propia institución del Defensor del Pueblo.
En todo caso permítanme SS.SS., incluso dada la hora, que termine haciendo referencia a una poesía de mi paisano, del poeta Vicente Medina, poeta que escribió esta poesía desde la lejanía, desde Santa Fe, Argentina, dentro de un bloque de poesías que es «La Cansera» y dirigida a la sequía. Me gustaría traerla aquí por la sequía que puede significar esta reflexión. Referido a esta necesidad de agua, a esta necesidad de impulso decía: Te pues esenganar, que naica alantas no suspires ni ruegues y, si no quiés venirte de vacío, ya lo sabes, no vayas a la fuente ¡que tié la sierra las entrañas secas lo mesmo que las tien algunas gentes! Esperemos que no seamos nosotros.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Desde nuestro punto de vista el informe del Defensor del Pueblo merece ser analizado desde una doble consideración básica; en primer lugar, desde lo que significa como expresión de la naturaleza y el sentido de la institución; y, en segundo lugar, desde lo que significa como expresión de nuestra realidad social.
Desde la primera de las acepciones el informe es reflejo de una institución que actúa como instrumento de garantía orientado a evitar que la Administración se haga presente, o pueda llegar a hacerse presente en las relaciones sociales actuando con cierto sentido de «imperium» como elemento de contribución al perfeccionamiento democrático mediante su labor de defensa de los derechos invididuales y de las libertades públicas, como magistratura de opinión independiente que, desde un compromiso estrictamente institucional y fuera del debate político, trata de sugerir o motivar las iniciativas o rectificaciones a desarrollar

Página 1650


para evitar cierta desintonía entre el ordenamiento de principios constitucionales u ordinarios y la realidad; y, finalmente como un factor de amparo directo frente a la desprotección de los sectores sociales más débiles, que son quienes de manera principal solicitan su intermediación.
Desde la segunda de las acepciones el informe representa para nosotros un diagnóstico, reflejo del camino que resta por hacer para la plena determinación de esa sociedad democrática avanzada que nuestra Constitución propone construir desde la aplicación efectiva de los valores de la justicia y de la libertad.
Pues bien, el Defensor, como comisionado de las Cortes Generales, ha comparecido esta mañana ante el Pleno de la Cámara y nos ha aportado, en su discurso y en su informe, no sólo la referencia de su labor sino algo que implícitamente está en ella, es decir, la posibilidad de extraer unos diagnósticos que a nosotros nos corresponde interpretar para, desde ahí, elaborar unas conclusiones políticas amplias y orientar, mediante iniciativas y medidas concretas, todo aquello que es necesario para que su trabajo institucional tenga una adecuada culminación, tanto en el ámbito legislativo como en el gubernamental.
Orientar esas medidas implica previamente, como nosotros decíamos, valorar el informe en lo que éste da de sí, para determinar cuál es el grado real de fehaciencia de los derechos y libertades en el quehacer cotidiano de nuestra sociedad y cuál es el grado de adecuación con que el conjunto de las administraciones dan cumplimiento a su deber de servicio a los intereses generales desde el sometimiento pleno a la ley y al derecho y a los principios instrumentales de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación. En este contexto, y trascendiendo de la casuística que aporta el informe, pero encontrando nuestras raíces precisamente en esa casuística, que es el elemento de valor, nosotros entendemos que del citado informe se desprenden ciertas llamadas de atención en relación con el estado de los derechos fundamentales y principios esenciales de toda sociedad democrática en lo que concierne a nuestra actualidad.
En primer lugar, que urge acentuar en la sociedad española mecanismos que aseguren la no discriminación por motivos raciales y que impidan el avance de actitudes xenófobas y en ello, desde luego, hay que recabar una conducta coherente al conjunto de las administraciones y de sus agentes.
En segundo lugar, que urge resaltar el valor constitucional de la libertad para exigir que cualquier situación que impere privación de la misma se instrumente siempre desde el más absoluto respeto a las garantías procedimentales y responda a causa acorde a la proporción de la medida.
En tercer lugar, que urge reclamar, una vez más, el necesario equilibrio en el binomio libertad-seguridad, de modo que ninguno de los derechos fundamentales pueda quedar en la práctica irregularmente subordinado a los fines de la prevención y persecución de los delitos.
En cuarto lugar, que urge poner fin a ciertos riesgos a los que sigue sometido el derecho a la intimidad, especialmente en el ámbito del secreto de las comunicaciones telefónicas y del tratamiento informático de los datos de carácter personal. Y, en quinto lugar, que urge intensificar todos los esfuerzos precisos para resolver la muy deficitaria realidad que hoy atañe el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, porque sin ello, sin duda quiebra el Estado de derecho.
La referencia a esos derechos fundamentales no puede concluirse, desde nuestro punto de vista, sin una mención al estado real de los derechos básicos de naturaleza económica y social, porque la debida efectividad de éstos es la que permite medir el índice auténtico de presencia de esos valores de justicia y de libertad, que son el cimiento desde el que se construye el respeto a la dignidad individual, y ese respeto a la dignidad individual es en esencia la razón fundamental de ser de la institución cuyo informe hoy conocemos.
Desde luego, la realidad nos dice que el derecho de todos los ciudadanos al trabajo, a una vivienda digna, a una sanidad pública ágil y eficaz, a la protección suficiente cuando se alcanza la tercera edad o a disfrutar de unos servicios acordes con lo que se da como contribución al sostenimiento de las arcas públicas, es un aspecto sustancialmente deficitario que pone en riesgo muchas cosas, pero que, esencialmente, quiebra el mandato constitucional de la procura de un orden social y económico justo y, desde esa quiebra, no se garantiza a todos la igualdad de oportunidades ni una digna calidad de vida, que es también una razón instrumental que da forma a la institución en el conjunto de nuestro entramado jurídico.
Nosotros no utilizamos estas conclusiones como un elemento acusador contra nadie, sino como una evidencia que surge de las entrelíneas inspiradoras del informe y que conforman la clave sin cuyo reconocimiento no se logrará cambiar las cosas.
Y cambiar muchas cosas resulta también imprescindible en lo que concierne a la actitud y a la operatividad de la Administración, a pesar de que, como el informe reconoce y nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente en reconocerlo, muchas cosas ya se han cambiado.
Pero a pesar de que muchas cosas ya se han cambiado, sigue haciendo falta clarificar el lenguaje administrativo para que los ciudadanos entiendan lo que la Administración les dice, y hace falta simplificar el procedimiento y que la Administración sea la primera interesada en cumplir con ese procedimiento por lo que éste conlleva de garantía para los derechos del ciudadano. Hace falta que esa Administración trate al ciudadano como tal, en su

Página 1651


consideración de tal, y no como muchas veces ha señalado el informe, a través de una irregular concepción del mismo, en la que prevalece una especie de condición de súbdito más que su respeto a esa auténtica condición de ciudadano. Hace falta que la Administración se exija a sí misma idéntico rigor en el cumplimiento del ordenamiento vigente que el que le demanda al ciudadano; hace falta que esa Administración sepa ordenary aplicar bien los recursos materiales de que dispone porque, en definitiva, esos recursos materiales de los que la Administración dispone son recursos del ciudadano. Y hace falta, en suma, que la Administración comprenda que no es un fin en sí misma y, por tanto, que sea capaz de acomodar sus actos a una verdadera finalidad de servicio con lo que eso supone, y supone, principalmente, tener por cierto que la Administración, como instrumento, es patrimonio de todos y no pieza privativa de nadie.
No vamos a pormenorizar sobre menciones singulares del informe porque excederíamos del tiempo disponible --ya lo hicimos en Comisión--, pero no hay que olvidar que esa pormenorización hay que hacerla a partir de este mismo momento, en que el informe ya ha sido presentado al Pleno, y a lo largo de todo este próximo año, permanentemente presentes en el debate parlamentario y en el debate político. Desde luego, esa va a ser tanto la intención como el compromiso de mi grupo. Mirando hacia la propia realidad interior de la institución, justo es reconocer que la situación de interinidad no ha mermado la dedicación ni la vocación de todo el equipo del Defensor.
Justo es reconocer que la institución goza de un crédito consolidado entre nuestra ciudadanía, y justo es también reconocer que la introducción de esta institución en nuestro sistema ha permitido que el ciudadano pueda alzar la voz por sí mismo para, ejerciendo así su parte individual, su cuota de soberanía, desde la cultura de la reclamación, pueda encontrar también instrumentos frente a situaciones de injusticia o frente a situaciones de arbitrariedad. Nosotros consideramos que el mejoramiento de esa realidad interior de la institución a efectos de garantizar la mejor presencia de esa institución en su trabajo en el conjunto social pasa, desde luego, porque atendamos sus más inmediatas necesidades, y en eso estamos convencidos que habrá siempre un amplio consenso entre todos los grupos de la Cámara. Hace falta, desde nuestro punto de vista, que el Gobierno recupere la costumbre de contestar en documento único y por escrito, al informe anual del Defensor del Pueblo. Hace falta, desde luego, una mayor vinculación entre la institución y el Parlamento y el desarrollo de todas las posibilidades que la Ley Orgánica del Defensor contempla para el ejercicio de los cometidos de esta institución. Se ha dicho aquí, y es cierto, que probablemente ha faltado un mayor grado de comunicación entre institución y Congreso de los Diputados y Senado en el ejercicio constante de las tareas de la institución. Tengo que recordar que mi grupo parlamentario, desde hace muchos años, viene insistiendo en la necesidad de que se produzcan comparecencias específicas al margen de la preceptiva comparecencia anual, y también tengo que recordar, porque estoy seguro que esa ya es una situación del pasado, que hasta la fecha, cada vez que mi grupo planteó esa iniciativa y esa orientación de sentido, se encontró con, al menos, inconvenientes, cuando no son respuestas negativas por parte de otros grupos.
Hace falta, como se ha dicho aquí, y nosotros también llevamos planteándolo desde hace años, tipificar el delito de desobediencia al Defensor del Pueblo, no sólo porque la obediencia debida al Defensor es causa imprescindible para poder dotar de eficacia al trabajo de la institución, sino porque en la experiencia de estos años hemos visto, por desgracia, demasiados casos en los que la desobediencia se ha instrumentado como descortesía o como desplante. En definitiva, ni pensando en la institución, ni pensando en los ciudadanos, ni pensando en la naturaleza de comisionado de estas Cortes Generales que la institución tiene, nosotros podemos permanecer pasivos frente a esa situación.
Hace falta, desde luego, reforzar la contribución del Defensor a la articulación del derecho de petición, precisamente por lo que antes señalaba, es decir, por esa concepción de la institución del Defensor del Pueblo como un elemento de ejercicio individual de la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos que pueden reclamar, frente a situaciones de vacíos normativos, injusticias o arbitrariedades.
Hace falta acentuar la capacidad de relación entre el Defensor y el poder judicial que para satisfacción de todos nosotros es hoy por hoy una relación satisfactoria en sus términos generales, pero que tiene que ser mucho más perfilada para poderla hacer precisamente mucho más operativa.
Hace falta especializar determinados ámbitos del trabajo de la institución, recogiendo el sentido de algunas de las propuestas formuladas recientemente en las VIII Jornadas de Coordinación entre los Defensores del Pueblo, tanto estatal, como autonómicos, donde se decía que hacía falta que en la institución, en una futura revisión de la Ley Orgánica, se previera la figura de un adjunto especializado en el tema de la defensa del menor, precisamente en relación con la propuesta que mi Grupo presentó ayer mismo a los medios de comunicación para que, efectivamente, pueda existir no sólo esa figura del adjunto especial que proteja los derechos del menor, sino, en una proyección mucho más amplia, que proteja también los derechos y la realidad de la familia. Hace falta, desde luego, informar mejor a la ciudadanía sobre el alcance de las posibilidades de la institución, precisamente para que la institución no se tenga

Página 1652


que ver forzada a esas situaciones que se traducen en los informes anuales de no estimar determinadas reclamaciones que le llegan porque no entran dentro de su ámbito competencial.
Aunque en la generosidad de la propia institución se obvie ese asunto, nosotros entendemos que hace falta potenciar la propia capacidad operativa y material de la institución para hacer mucho más ágil y satisfactoria su capacidad de comunicación y de respuesta al ciudadano.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que tenemos una institución perfectible, cómo no, una institución que debe ser desarrollada, cómo no, para poder cumplir mucho mejor sus previsiones constitucionales; pero una institución que ha dado en estos diez años de experiencia respuesta al fin y a los objetivos esenciales que determinaron su inclusión en nuestra Carta Magna.
Nosotros creemos, además, que en este momento la institución, desde un punto de vista intelectual, tiene tres importantes retos de proyección histórica, al margen del cumplimiento estricto de lo que son sus finalidades operativas.


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.


El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.
El reto de vertebrar desde su perfecta comunicación con los comisionados autonómicos la defensa de los derechos y libertades en nuestro país, precisamente también desde el respeto a esa realidad autonómica; el reto de configurarse como una institución capaz de ejercer un magisterio en Hispanoamérica, precisamente en aquellos pueblos que tienen de una manera mucho más necesaria que recuperar sus vías de vida social democráticas y respetos a la cultura esencial de los derechos humanos; y, desde luego, tiene un reto importante en lo que va a ser la configuración de esa institución europea del Ombudsman prevista también precisamente en el ordenamiento institucional del Tratado de la Unión y que, frente a aquellos que dicen que esa Unión Europea o ese proyecto europeo es solamente un proyecto economicista, permitirá garantizar que es un proyecto para las libertades y para la cultura de los derechos del hombre.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que, en suma, la institución tiene que seguir siendo esa escuela de ciudadanía, que es lo mismo que decir escuela de libertad, y que por ser escuela de ciudadanía y escuela de libertad, al final tiene sentido y sentido último como elemento de respeto a lo que es el hombre en el conjunto de las relaciones sociales, tanto en su dimensión particular o íntima como ser humano, como en su dimensión social y económica de ciudadano. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular para conseguir esos objetivos, procuraremos siempre, como lo hemos hecho hasta ahora, contribuir lealmente con la institución. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Socialista, el señor Valls tiene la palabra.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, como es lógico suponer, mi intervención esta mañana aquí tiene que coincidir en gran parte con los puntos y opiniones que tuve ocasión de verter en la Comisión Mixta Congreso-Senado con motivo de la comparecencia de la señora Defensora del Pueblo días pasados.
Igual que en aquella ocasión, quisiera empezar mi intervención expresando la gratitud de mi grupo y la mía propia al señor Gil-Robles por la labor desempeñada al frente de la institución del Defensor del Pueblo los últimos cinco años.
Pensamos que la labor del señor Gil-Robles globalmente ha sido positiva y en tal caso nuestro grupo quiere agradecerle su dedicación a lo público, su dedicación a lo de todos, su dedicación, en definitiva, a la comunidad política que diría Aristóteles. Pensamos que en los tiempos que corren toda aquella persona que en defensa de la comunidad, de nosotros, sacrifica su tiempo, a veces su tranquilidad, debe tener ese reconocimiento. Por tanto, hoy como ayer le mostramos nuestro reconocimiento. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Al afrontar este trámite, pensé que la manera más adecuada de hacerlo era, como dije en la Comisión, con un cierto distanciamiento; distanciamiento que no significa alejarse de la problemática que nos ocupa, de los problemas que plantea la institución, sino tratar de verlo con una perspectiva; perspectiva que en este caso concreto se puede enlazar con que dentro de pocos días se cumplen 15 años de la promulgación de la Constitución, de que nuestro pueblo tuvo la suerte de otorgarse esta Carta Magna, y 10 años de la labor desarrollada por el Defensor del Pueblo. Desde esa perspectiva, pienso como demócrata, como Diputado, como jurista que debemos felicitarnos. Desde el Grupo Socialista pensamos que la labor ha sido positiva, pensamos que ha sido beneficiosa para la sociedad y, por tanto, pensamos que ha cumplido con la misión para la cual se pensó, primero, estableciéndolo en el artículo correspondiente de nuestra Constitución y, después, con la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo que nuestro grupo, junto con otros grupos de la Cámara, tuvo la satisfacción y el orgullo de presentar en la misma.
Decía que ha sido positiva porque pensamos que la labor del Defensor del Pueblo, la institución del Defensor del Pueblo ha arraigado magníficamente en la sociedad española; y ha arraigado sobre todo por un motivo, porque el Defensor del Pueblo no puede arraigar

Página 1653


más que en una sociedad democrática, sólida y estabilizada y, afortunadamente, la realidad sociopolítica de España es la de una sociedad democrática, sólida y estabilizada. En segundo lugar, ha arraigado porque la institución se ha revestido, ha conseguido una auctoritas que le da la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas. La institución tiene ese plus no sólo legal, sino de psicología social --podríamos decir--, que hace que el ciudadano tenga esa confianza y, por tanto, le otorgue esa auctoritas. ¿Por qué? Como dije en la Comisión Mixta, creo que se debe fundamentalmente a dos cosas. Una, porque la institución ha funcionado a pleno rendimiento, inclusive en circunstancias de --yo diría-- normalidad normal, como las actuales, en las que el titular no ha sido nombrado todavía. Por ello mi Grupo, al igual que hacía al principio, quiere expresar en este momento su reconocimiento y su gratitud a la señora Retuerto, al señor Rovira y a todos aquellos que trabajan en el equipo del Defensor del Pueblo. Esta confianza se la ha ganado por funcionar a pleno rendimiento, por el celo que pone la institución, el equipo que tiene la institución, en desarrollar y tratar de llevar a buen puerto todas las quejas que recibe de los ciudadanos y todas las misiones que tiene encomendadas, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica. Además, señorías --no sería justo olvidarlo--, también tiene reconocido ese prestigio por la colaboración que recibe de todas las administraciones y quiero decir, señorías, de todas las administraciones, porque, muchas veces, algún representante de algún grupo de la Cámara cuando habla de la Administración se cree que está hablando sólo de lo que se denomina Administración central. El Defensor del Pueblo tiene que tener colaboración, tiene que obtener respuesta de la Administración municipal, de la Administración autonómica y de la Administración central. Pues bien, precisamente por la colaboración que le prestan estas tres administraciones también se ha incrementado la afectación positiva del Defensor del Pueblo por los ciudadanos. Creo que esto es lo más importante y a mi Grupo, coincidiendo con algún que otro portavoz anterior, no nos importa tanto el número de quejas que haya habido como la respuesta que se le haya dado, porque pensamos que la labor fundamental del Defensor del Pueblo es conseguir que, en aquellos casos que sea de justicia, se dé una respuesta justa a las peticiones de los ciudadanos; en definitiva, lograr la solución de un posible conflicto que pueda haber entre un ciudadano y alguna parte de la Administración.
Dije al principio que pensamos que la institución ha arraigado. Creo que sí. Y ha arraigado porque se desarrolla en una sociedad democrática estable y en una sociedad democrática avanzada, una sociedad democrática en la que los ciudadanos son plenamente conscientes de sus derechos y en la que la Administración, al igual, es también consciente de que está para servir a todos los ciudadanos. En ese contexto es en el que quiero analizar la respuesta recibida por parte de los ciudadanos a las demandas del Defensor del Pueblo. Señorías, de un total de 10.372 actuaciones, el Defensor del Pueblo ya declaró como incorrectas 5.925 peticiones; es decir, casi el 57 por ciento se declararon incorrectas por haber sido correcta la actuación de la Administración. Pero es más, del resto de las peticiones, 3.844 han sido subsanadas por parte de la Administración, lo cual nos da que de esas 10.372 reclamaciones o quejas, entre las que ya eran plenamente concordes a derecho y las subsanadas por la Administración, hay un 94 por ciento de demandas, de quejas con respuesta positiva. Nos da un altísimo porcentaje de situaciones en que la Administración ha sabido adecuarse a las demandas, a las expectativas de los ciudadanos, bien porque la había hecho ab initio, bien por la intermediación del Defensor del Pueblo. Pero como ha habido algún preopinante que ha querido dedicar la mayor parte de su crítica --yo creo que de una manera errónea--a la Administración central, debo decir que la respuesta de la Administración central en los dos casos anteriores que he analizado es todavía superior a la de todas las administraciones, puesto que si en un caso era del 94 y pico por ciento, en el caso de la Administración central es casi del 98 por ciento. Por ello debemos felicitarnos y, poco a poco, con la evolución que están siguiendo los debates posteriores a la datio de cuentas del Defensor del Pueblo en esta Cámara, con la evolución que están sufriendo desde el año 1983, debemos convertir este acto en lo que verdaderamente marca la ley, un acto en el que hay que examinar si se cumplen por parte del alto mandatario de las Cortes Generales, que es el Defensor del Pueblo, aquellas misiones que tiene que cumplir; es decir, la defensa de los derechos del Título I, la supervisión de la Administración y la datio de cuentas como alto comisionado de esta Cámara. Desde el punto de vista del Partido Socialista, del Grupo Socialista, estas tres misiones la institución del Defensor del Pueblo las cumple sobradamente. Por tanto, no debemos hacer de este acto una lucha de buenos y malos en los que unos representan todo lo malo, como aquello que se nos decía ayer, en otro foro, como conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno, que sería la Administración y el Grupo Parlamentario que más o menos la apoya, y, por otra parte, los buenos, que están por sacar todos los defectos que pueda tener esta Administración.
Por nuestra parte, señor Presidente, únicamente nos resta alentar al Defensor del Pueblo a que siga realizando esas visitas importantes a determinados centros de nuestro país, que siga protegiendo los derechos de los más débiles y, repitiendo lo que dije en Comisión, que ponga la institución especial énfasis en vigilar la defensa de los derechos de los menores. Por último, quiero destacar la gran colaboración de la institución

Página 1654


del Defensor del Pueblo con los defensores del pueblo de las distintas comunidades autónomas. Pienso que de ahí lo único que va a salir es una labor de enriquecimiento que, en definitiva, va a redundar en beneficio de los ciudadanos.
También quiero alabar la labor de patronazgo u orientativa que, tanto por el trabajo legislativo como por la experiencia de la institución del Defensor del Pueblo, estamos realizando en los países de Iberoamérica.
Termino mis palabras como empecé, reconociendo al señor Gil- Robles su labor y a todo el equipo del actual Defensor del Pueblo, con la señora Retuerto y el señor Rovira a la cabeza, la laboral que han realizado en el último año. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE MARZO DE 1993 (Número de expediente 110/000030)

--TERCERA PRORROGA DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 1983, HECHO EN LONDRES EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1982 (Número de expediente 110/000036)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizadas las intervenciones sobre el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1992, pasamos al punto octavo del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición respecto a cualquiera de los dos dictámenes? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Popular quiere fijar su posición con respecto al dictamen que aparece en el orden del día con el número 35 y también el Grupo Socialista. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
(Rumores.) Un momento, señor Muñoz-Alonso. Señorías, por favor, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar la posición de mi Grupo en relación con este Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas, ahora Unión Europea, y los Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por la otra, y anticipo ya que mi Grupo va a votar a favor de que se conceda la autorización solicitada por el Gobierno en relación con este Acuerdo europeo, y lo va a hacer por razones ya expuestas en la Comisión y que voy a sintentizar aquí brevemente.
Señorías, el Acuerdo que abordamos es una pieza más en el proceso de reconstrucción de Europa, de reconciliación de Europa consigo misma después de un largo período de división que sumió a millones de europeos en la desesperanza del totalitarismo comunista, privándoles de la libertad y excluyéndoles de la prosperidad.
Se trata, en suma, de un acuerdo similar a los firmados con otros países de Europa central y oriental, aunque adaptado a las circunstancias peculiares de Bulgaria, que explican las dificultades de tramitación de este Acuerdo y el retraso con que ha llegado a nuestra Cámara. Más allá de los aspectos estrictamente comerciales que tienden a la libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales y que fortalecen la cooperación económica, financiera y cultural, este Acuerdo está concebido como un instrumento para facilitar y garantizar el éxito de la transición de Bulgaria a la democracia pluralista y a la economía de mercado. En esa línea, uno de los aspectos más importantes del Acuerdo es el establecimiento de un diálogo político regular, aspecto que se aborda en el título I del mismo. A través de ese diálogo político regular se quieren fortalecer las relaciones entre la Comunidad y sus Estados miembros y Bulgaria, y en esa línea se crea cun consejo de asociación a nivel ministerial entre las partes, así como una Comisión parlamentaria de asociación formada por Eurodiputados, Diputados del Parlamento Europeo, y por parlamentarios de Bulgaria. Pero vamos a referirnos, aunque sea muy brevemente, a las peculiaridades de Bulgaria. Se trata --y creo que es importante tenerlo presente-- de un pequeño país que, hasta la desintegración de la URSS y de Yugoslavia, y la división de Checoslovaquia, era, junto con Albania y Hungría, uno de los países más pequeños de esta zona. El actual mosaico que es en el momento presente Europa central y oriental hace que Bulgaria sea un país más en el conjunto de pequeños países.
Bulgaria fue el país del bloque soviético donde se llevó más lejos el modelo estaliniano y las prácticas del socialismo real. Como consecuencia, la economía de Bulgaria fue siempre en aquel período una economía satélite en la órbita de Moscú y motivada por los intereses de la gran potencia. Asimismo, en Bulgaria se pudieron comprobar los excesos de la burocratización y del dirigismo total en todos los aspectos de la vida económica.
Añadamos a ello una tradición de caciquismo que, como dice el profesor Dragomir Dragonov de la Universidad de Sofía y, al mismo tiempo, Diputado en la Asamblea, existía antes de la etapa

Página 1655


comunista, se fortaleció durante la etapa comunista y ha seguido incluso después de la etapa comunista. El desastre económico de aquel período explica, por ejemplo, que Bulgaria haya sido deficitaria durante muchos ejercicios económicos en productos agroalimentarios. Eso mismo explica también que, cuando se produce el colapso del CAME o COMECON, Bulgaria sea uno de los países que más dificultades tiene en adaptarse a la nueva situación. Al mismo tiempo, la guerra del Golfo plantea problemas muy serios a Bulgaria, ya que recibía petróleo habitualmente de Irak, y la guerra de Bosnia no ha hecho sino agravar esa situación. Bulgaria enviaba el 85 por ciento de sus exportaciones a países del COMECON; de ellos, el 65 por ciento a la URSS. A la vez recibía un 53 y pico de importaciones también procedentes de la URSS. Todo esto explica que cuando se llega a la nueva situación, y cuando Rusia exige que se le paguen sus exportaciones en divisas fuertes, Bulgaria se encuentre en una situación realmente muy grave.
A pesar de eso, los dirigentes búlgaros establecen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aplican, a partir de 1990 y sobre todo de 1991, unas medidas de austeridad que intentan sacar a Bulgaria de la situación en que se encuentra.
Consecuencia de esta buena disposición de las autoridades búlgaras fue que el Fondo Monetario Internacional elogió esta política en varias ocasiones y concedió a Bulgaria un préstamo de 550 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Club de París, el club de los acreedores, estableció un aplazamiento de los 2.000 millones de dólares de deuda búlgara en un período de diez años. A pesar de todas estas circunstancias, lo cierto es que la economía búlgara ha pasado por una etapa muy seria. El producto nacional bruto cayó en el año 1991 un 23 por ciento - -otras estadísticas hablan de un 16 y pico-- y en 1992 un 20 por ciento. La inflación ha llegado al 330 por cien. El paro ha pasado del 10 por ciento en el año 1991 al 15 por ciento en 1992 y se espera que en 1993 acabe con no menos del 17 por ciento. La deuda pública exterior no baja de los 10.000 millones de dólares. Todo esto ha creado tensiones, incluso más recientemente, en relación con el plan establecido con el Fondo Monetario Internacional, ya que el Gobierno búlgaro quiere que su déficit público llegue al 8 ó al 10 por ciento del producto nacional bruto y el Fondo Monetario Internacional pone dificultades en este sentido.
No puede extrañar que con este panorama económico los ciudadanos búlgaros vivan sumidos en la inquietud, no vean resultados inmediatos en la política de austeridad. Confiaron, quizás ingenuamente, en que el establecimiento de la democracia por sí solo iba a resolver los problemas, sin darse cuenta de que la democracia era el marco obligado para la solución de esos problemas, pero no la varita mágica para resolverlos de un golpe. Así, nos encontramos con una encuesta de hace unos meses según la cual el 69 por ciento de los ciudadanos búlgaros está insatisfecho con la situación económica y el 25 por ciento espera que su propio nivel de vida baje en los próximos meses.
Quizá se explica también esto por la supervivencia de la mentalidad estatista propia de la etapa comunista. Un ejemplo puede ser el escaso éxito que han tenido las privatizaciones que ha querido poner en marcha el Gobierno. No olvidemos tampoco --y es un dato impresionante-- que un 61 por ciento de los ciudadanos de Bulgaria vive por debajo del salario mínimo.
Además, en estos momentos, una parte importante de los ciudadanos búlgaros, que supera el 40 por ciento según las encuestas, tiene como máxima preocupación la guerra, porque temen que la guerra de Bosnia de alguna manera pueda llegar a afectarles también.
Con este panorama, entendemos que el Acuerdo que se presenta ahora al Pleno de la Cámara es un elemento esencial no sólo para Bulgaria sino también para la estabilidad futura de Europa y que va a servir para ayudar a Bulgaria a convertirse en un anclaje, en Europa central oriental, de estabilidad política. En un informe reciente sobre Bulgaria, aparecido concretamente el mes pasado, se dice que considerando los progresos de Bulgaria hacia la democracia y la reforma económica, en una región que se tambalea por la guerra y la violencia étnica y en una región marcada por la intransigencia de las viejas elites, es extraño que Occidente no haya intentado explotar a Bulgaria como un aliado político, cultivándolo como una isla de estabilidad democrática en los Balcanes. Quizá se explica esto por la desconfianza que ha provocado la peculiar evolución política de Bulgaria, con una oposición democrática muy débil y con un viejo Partido Comunista que se transforma en Partido Socialista búlgaro. Al mismo tiempo, en Bulgaria han existido problemas con la minoría turca, que alcanza aproximadamente el 10 por ciento de la población, aunque debe decirse que los problemas con la minoría turca están prácticamente resueltos en este momento.
Las elecciones celebradas en 1990 y 1991, según los observadores internacionales, han sido elecciones libres y, por tanto, han sido una garantía de la buena voluntad de Bulgaria para avanzar por la vía democrática. Bulgaria ha apostado claramente por los valores democráticos occidentales y en el propio Acuerdo expresa su voluntad de llegar a integrarse en la Unión Europea. El futuro de Europa occidental depende en buena medida de lo que suceda en Europa central y oriental. En ese sentido creo, señorías, que debemos ser generosos con estos países y entendemos que este Acuerdo va en la buena dirección.
Terminaré señalando que en el Acuerdo se defienden, se garantizan los intereses nacionales de España. Hay un protocolo, el Protocolo V, que comprende una serie de disposiciones especiales --se dice-- con el fin de tener en cuenta las medidas y compromisos enumerados en el Acta de Adhesión de España a la Comunidad Europea.


Página 1656


Por todo ello, nuestro Grupo dará su voto favorable a la autorización solicitada. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, buena parte de los argumentos que pensaba aportar aquí para justificar nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión de Exteriores en relación con este convenio han sido ya aportados por el Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra y, además, lo ha hecho tan bien que solamente quiero afirmar que estoy absolutamente de acuerdo con el contenido total de su intervención.
Quiero añadir algunas cosas para que quede bien claro cuál es nuestra posición al respecto. Como aquí se ha dicho, este es uno más de los vigentes convenios de asociación que la Comunidad Europea ha firmado con los antiguos países del Este; es, si no me equivoco, el cuarto. Ha sido precedido por convenios con Polonia, con Hungría, con Rumanía y será seguido previsiblemente por otros similares con la República Checa y con la República Eslovaca. En ese sentido, el Acuerdo de asociación se ajusta a un formato ya bastante conocido. Tiene, por una parte, disposiciones de naturaleza económica y también otras más importantes, creo yo, de naturaleza política. Entre las disposiciones de naturaleza económica encontramos muchas, fundamentalmente las dirigidas a la creación de una zona de libre comercio y de libre cambio tras un período transitorio y, por tanto, en el acuerdo existen capítulos sobre la libre circulación de mercancías, libre circulación de trabajadores, libre prestación de servicios, libertad de establecimiento, normas sobre libre circulación de capitales, sobre competencia y, en conjunto, sobre todo normas sobre cooperación económica que sin duda serán muy útiles para apoyar la reestructuración económica de Bulgaria y para apoyar su proceso de transición siempre difícil, siempre complicado, de una economía centralizada a una economía de mercado.
Pero también encontramos, señor Presidente, disposiciones de naturaleza política, porque éste es un acuerdo mixto; disposiciones de naturaleza política cuya principal y mayor virtualidad es la de colocarse en la perspectiva de una posible, hipotética futura integración de este país en la Comunidad. Desde este punto de vista, yo querría resaltar sobre todo las disposiciones del convenio que se refieren al establecimiento de un diálogo político --fundamentalmente artículos 2, 3 y 4-- entre las partes contratantes, entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, de un lado, y la República de Bulgaria, por otro; diálogo político cuyos objetivos están muy claros en el convenio. Por una parte, consolidar el acercamiento entre la Comunidad y Bulgaria, apoyar los cambios políticos y económicos que se están produciendo en ese país y contribuir a la creación de nuevos vínculos de solidaridad y nuevas formas de cooperación. Todo ello en la perspectiva de facilitar --se dice-- la plena integración de Bulgaria en la comunidad de naciones democráticas y el progresivo acercamiento entre ella y la Comunidad. Desde este punto de vista, se crean una serie de instrumentos que ya han sido aquí mencionados: un consejo de asociación que actuará a nivel ministerial, un consejo parlamentario de asociación que actuará a nivel parlamentario y, sobre todo --esto creo que es todavía más importante--, se prevé la celebración de reuniones periódicas, al más alto nivel, entre el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión de las Comunidades por un lado y el Presidente de la República de Bulgaria por otro, para hacer efectivo este diálogo político.
Seguramente, la mayor novedad que encontramos en este contexto de contenido político del convenio está en el artículo 6.
Antes no se había dado una exigencia similar en ninguno de los acuerdos de asociación que se habían firmado con antiguos países del Este. Me refiero a la exigencia del respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, tal y como quedaron establecidos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París por una nueva Europa. Tanto es así que se dice que este respeto a derechos humanos y a principios democráticos será un elemento esencial de la presente asociación, de manera que su violación será, por supuesto, causa suficiente para la denuncia del convenio. Yo creo que aquí encontramos toda una serie de datos, una serie de circunstancias que nos permiten justificar claramente el apoyo favorable a la ratificación.
Una última apreciación, señor Presidente, y con ello acabo. La Comunidad Europea ha sido con la República de Bulgaria posiblemente más exigente que con otros países de la antigua comunidad de países comunistas; más exigente no sólo porque el acuerdo de asociación ha llegado más tarde, no solamente porque se exige una cláusula democrática que a los otros no se les exigía, sino también porque el proceso de ratificación se está retrasando. Si mis informaciones no son malas, somos el segundo o el tercer país de la Comunidad que ratifica ya este convenio. Y la realidad es que esta situación ha creado en algunos sectores de la República de Bulgaria una cierta sensación de agravio comparativo; agravio comparativo que se ve todavía más reforzado por el hecho de que, por razones que no vienen al caso, el acuerdo interino que preveía el artículo 125 y que permitía la puesta en marcha ya, sin esperar a la ratificación, de algunos aspectos de política comercial, ese acuerdo interino, repito, todavía no ha podido entrar en vigor y con ello se están causando daños importantes a la economía de Bulgaria que, además, está teniendo que sufrir muy directamente el peso del cumplimiento

Página 1657


escrupuloso de las sanciones a la antigua Yugoslavia, a Serbia y Montenegro, que ha impuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por tanto, señor Presidente, creo que estos son argumentos que justifican la rápida aprobación de este convenio. Con ello deseo decir muy claramente que, por parte de España, no existe la más mínima reticencia a esta asociación de la República de Bulgaria con las Comunidades Europeas y deseamos todo tipo de éxitos a la República de Bulgaria en su proceso de transición a la economía de mercado y a su plena integración en la comunidad de naciones democráticas. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jover.
Finalizado el debate sobre los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales. Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votosemitidos, 283; votos a favor, 283.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votacicon sobre Tercera Prórroga del Convenio Internacional del Café de 1983. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votosemitidos, 281; votos a favor, 281.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DECLARACION INSTITUCIONAL:

--SOBRE EL DIA MUNDIAL DEL SIDA (Número de expediente 140/000003)

El señor PRESIDENTE: Señorías, con motivo de la celebración del Día Mundial del Sida, de acuerdo con lo convenido con los portavoces de los grupos, propongo la aprobación de la siguiente declaración: «Ante la dimensión humana y sanitaria que alcanza esta pandemia, el Congreso de los Diputados solicita de las respectivas Administraciones y demanda de cuantas instancias se relacionen con esta problemática, profundizar en la defensa de la dignidad y de los derechos humanos de las personas afectadas.
Considera además esta Cámara que la sociedad en su conjunto ha de manifestarse desde la plena solidaridad, rechazando toda discriminación que suponga marginación o maltrato de las personas que sufren la enfermedad.
Igualmente, estima que deben identificarse tanto las medidas de educación sanitaria de la población como las preventivas generales, con especial atención a los jóvenes y a las mujeres, facilitándoles los conocimientos y medios precisos para su protección efectiva contra la infección.
Esta Cámara manifiesta su apoyo y su solidaridad con los afectados y con todos aquellos que en los diversos ámbitos, como la investigación, el trabajo social o la acción sanitaria, vuelcan desde hace tiempo su actividad y dedicación profesional a luchar contra la enfermedad, difundir medidas preventivas y propiciar la calidad de vida de los afectados.» ¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.--Aplausos.) Queda aprobada.


DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

PROPOSICION DE LEY ORGANICA de las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, detransferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal. (Número de expediente 125/000004) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (Número de expediente 127/000004) PROPOSICION DE LEY ORGANICA sobre ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja. (Número de expediente127/000005) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto paraCantabria. (Número de expediente 127/000006) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (Número de expediente 127/000007) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Número de expediente 127/000008) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. (Número de expediente 127/000009) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (Número de expediente 127/000010)

Página 1658


PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura. (Número de expediente 127/000011) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Número de expediente 127/000012) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. (Número de expediente 127/000013) PROPOSICION DE LEY ORGANICA de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (Número de expediente 127/000014)

El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas.
Dictámenes relativos a proposiciones de leyes orgánicas: de derogación de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana, de competencias de titularidad estatal y de reforma de los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana; de ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja; de Reforma del Estatuto para Cantabria; de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia; de Reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares; de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura; de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid; de Reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto de Autonomía para Asturias; y de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Se han mantenido enmiendas a estas iniciativas legislativas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos. (Rumores.)

El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. (Continúan los rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Podría valer este refrán de «vale más pájaro en mano que ciento volando», en tanto en cuanto que estatutos de autonomía van a recibir en su seno --no por ley de delegación-- competencias, posibilidades de desarrollo que, en función de la discusión y de la negociación que tengan con la Administración del Estado, van a significar mayor capacidad de autogobierno. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Pero lo cierto y verdad es que para Izquierda Unida esta propuesta de reforma de estatutos de autonomía, que proviene de las distintas asambleas, no es suficiente para el objetivo que nos habíamos marcado a los cinco años, en un principio, de desarrollo de la Constitución y ya a una evolución muy posterior. Creía Izquierda Unida, y por eso ha presentado enmiendas para incorporar ampliación de competencias, tanto a nivel exclusivo como de desarrollo legislativo y ejecución como de ejecución, que se abría la posibilidad de equiparar las comunidades del artículo 143 a las comunidades del artículo 151. Pensábamos que era importante nivelar la capacidad de autogobierno de las distintas comunidades autónomas para que jueguen un papel protagonista en el concierto del Estado. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido una culminación de un pacto, es decir, hemos tramitado un pacto político entre dos formaciones políticas, pero no hemos logrado profundizar en el debate en cada comunidad, no se ha entrado con calor, con rigor a ver de qué medios, de qué capacidades dotábamos a cada uno de estos pueblos y a cada uno de esos parlamentos y, en realidad, nos hemos dicho: «Bueno, ya es un paso importante, mantengámonos aquí; ya vendrán tiempos mejores para dar un nuevo paso.» Es verdad que hacemos residir en los estatutos de autonomía estas competencias y es verdad que algunas de ellas pueden significar un apoyo importante, pero creo que hemos perdido una oportunidad para poder explicarlo mejor, para haber contactado de abajo hacia arriba, parlamento a parlamento, comunidad a comunidad, haciendo una especie de reflexión sobre qué autonomía hemos tenido, cómo ha funcionado la Administración del Estado en sus distintos niveles y qué pasos necesitaríamos dar en el próximo futuro. Esta reflexión de qué hemos hecho, cómo hemos administrado la autonomía hasta ahora y cómo la podemos administrar a partir de ahora, no se ha realizado con la suficiente autonomía en cada sitio, ha estado homogeneizada. Hemos vuelto a utilizar algo que creemos que es contrario a la filosofía de la autonomía, que es homogeneizar las propuestas, actuar globalmente sobre todas. Nosotros queremos huir de ese concepto maniqueo que podría llevar a decir que una administración es buena porque está cercana a nosotros o que una administración es mala porque es la del Estado. Digo esto para pararme en una de las competencias que ha sido el centro fundamental de la discusión, la gran discrepancia que nosotros hemos mantenido a nivel competencial con las fuerzas mayoritarias que han respaldado esta reforma de los estatutos de autonomía, el tema de la sanidad.
¿Es bueno tener la sanidad en cada una de las comunidades o es bueno que lo gestione la Administración Central porque tiene más capacidad, porque tiene más

Página 1659


recursos, porque puede actuar en un proceso de reforma? Señorías, la propuesta de Izquierda Unida era hacer residir en los estatutos, igual que la educación, el tema de la sanidad.
¿Para qué? Para reconocer el derecho que todas las comunidades autónomas tienen a acceder a la sanidad. No entramos en la evolución que debe seguirse en la negociación de las transferencias; tanta dificultad como puede tener la sanidad la va a tener el Inserso. No se les escape a SS.SS. que la situación en la que se encuentra el Inserso, la dotación de recursos, la forma de gestión que tiene, va a ocasionar complicaciones en la negociación de las transferencias sitio a sitio. Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida no es decir: «Estando a nivel central está mejor o estando a nivel autonómico está mejor». Decimos: «Posibilitemos el derecho de cada comunidad a asumir, cuando ella lo crea oportuno, en la negociación con la Administración central, los recursos para gestionarlos».
Creemos que es posible ir a un nivel mayor de autonomía.
¿Cuáles son las enmiendas que mantenemos para su discusión? Izquierda Unida va a apoyar la propuesta de reforma del Estatuto del País Valenciano y va a plantearse la anulación de la Ley Orgánica. Izquierda Unida propone dos grandes bloques de enmiendas. Por un lado, a los estatutos de Baleares, de Aragón, de Asturias y de Madrid, presentamos unas enmiendas a estas reformas dirigidas a colocar en la discusión del articulado, del techo competencial de cada una de estas comunidades, los estatutos que habían sido aprobados por sus propias asambleas antes de este pacto autonómico de febrero de 1992. Hemos intentado, por tanto, respetar las voluntades de esos parlamentos y transponerla en enmiendas concretas para que las Comunidades Autónomas de Baleares, de Aragón, de Asturias o de Madrid puedan expresarse, porque se ha hablado mucho del centralismo de Madrid, pero sobre Madrid también recae la necesidad de autonomía, porque no tiene la capacidad de poder proyectar su propio recurso de autogobierno de manera diferenciada con otras comunidades que puedan estar alejadas del propio centro. Por tanto, hemos presentado un bloque de enmiendas a estos estatutos planteando como sustitución a lo que viene de cada comunidad las anteriores reformas de estatutos aprobadas por esos parlamentos.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria no hemos presentado ninguna enmienda, entendiendo que la mayor crítica que hacíamos, el rechazo que hacíamos a esta reforma era el no poder hacer frente a la realidad que Cantabria tenía con la posibilidad de una disolución. No era un problema de discusión de competencias, no era un problema de dotarla de más o menos competencias --que tenga las que quiera asumir, las que vea que está en condiciones de asumir en cada momento esa Comunidad Autónoma--, el problema era la imposibilidad en un momento en que se plantea una moción de censura o un debate de investidura que no culmina con un Presidente elegido por mayoría de ese Parlamento, de disolver y convocar al pueblo para que solucione lo que las fuerzas políticas no pueden realizar.
Enmienda que hemos mantenido para los demás estatutos de autonomía, pero en el caso de Cantabria hacemos esa diferencia.
Por otro lado, hemos presentado un bloque de enmiendas concretas a los estatutos de Rioja, de Murcia, de Extremadura, de Asturias, de Castilla y León y Castilla-La Mancha, que van dirigidas fundamentalmente a ampliar el nivel de competencias exclusivas, no solamente las que propone el pacto PSOE-PP y que han sido tramitadas desde cada una de las comunidades y a las que se ha dado el visto bueno en el dictamen de la Comisión.
Ustedes me podrán decir que no hemos logrado este nivel, pero tampoco es tan importante el volumen de competencias que quedan fuera. Pues, señorías, todas las competencias que proponemos incorporar a estos estatutos de autonomía ya están recogidas en otros estatutos. Inclusive algunas de ellas no están en estatutos del 151 solamente; están en estatutos de otro nivel. Por ejemplo, proponemos incorporar como competencia exclusiva la investigación científico-técnica.
Proponemos incorporar como competencia exclusiva sanidad e higiene, que ahora mismo está como desarrollo legislativo y ejecutivo. Proponemos incorporar como competencia la ordenación farmacéutica. Proponemos incorporar como competencia exclusiva las asociaciones en el ámbito territorial de la Comunidad, que en algunos sitios, como Andalucía y Valencia, aparece como exclusiva y en otros como desarrollo legislativo. Proponemos incorporar la competencia en materia de montes y aprovechamiento, servicios forestales y vías pecuarias. Proponemos incorporar instituciones públicas de protección y tutela de menores. Proponemos incorporar como competencia exclusiva las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Proponemos también incorporar como competencia exclusiva los colegios profesionales. En suma, estamos planteando un volumen de competencias que ya tienen otras comunidades del 151, que inclusive ya tienen incorporadas comunidades del 143, mejoradas, por así decirlo, y que creemos que puede significar un avance importante para las comunidades del 143.
Por otro lado, proponemos incorporar como exclusivas, agrupando las de índole económica, competencias vitales para algunas comunidades, por ejemplo la de Murcia: la competencia en comercio interior. Incorporamos la competencia de desarrollo legislativo en lo relativo a consumo; sin embargo, no incorporamos comercio interior como competencia y ya hay comunidades que la tienen. La realidad del comercio en cada una de las comunidades es muy diferente, no es igual, no es homogeneizable. Nosotros creemos que hay comunidades

Página 1660


que pueden tener esa competencia y regular todo ese comercio interior para evitar las competencias o actuar como, por ejemplo, Cataluña, que ha tenido un recurso ante el Tribunal Constitucional. O, por ejemplo, competencias que los estatutos de autonomía daban con carácter diferido, como la posibilidad de desarrollo y ejecución de planes establecidos por el Estado para reestructuración de sectores industriales; por ejemplo, de programas genéricos para estimular la gestión de actividades productivas; por ejemplo, para programas de actuación referidos a comarcas deprimidas; por ejemplo, la participación en la gestión del sector público en cada una de las comunidades. Por tanto, planteamos facilitar la gestión dentro de los estatutos de autonomía también en esta vertiente.
Proponemos otras enmiendas, señorías, que hacen referencia a una especificación que creemos que ha sido objeto más bien de un olvido o quizá consecuencia de la evolución de alguna sentencia del Tribunal Constitucional o inclusive del devenir que el nivel estatutario ha tenido a la hora de incorporar nuevas leyes. Por ejemplo, proponemos la incorporación de ordenación del litoral junto con la competencia de urbanismo, que tienen otras comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Valencia. Es verdad que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que al hablar de urbanismo nos referimos a todo, pero luego viene la discusión de a quién compete la ordenación del litoral si no está explicitado. En todo caso, lo que abunda no daña. Otras veces hemos traspuesto a las leyes sentencias del Tribunal Constitucional; hagámoslo a los estatutos de autonomía. Creemos también que sería bueno tener capacidad de administración local en cada comunidad. Se transfieren actuaciones en recursos pesqueros, sin embargo, no se incrementa la competencia en los puertos pesqueros, manteniendo la Administración central el control o la actuación en los puertos comerciales. Se transfieren a las comunidades para desarrollo legislativo y de ejecución competencias en puertos deportivos, en puertos de recreo, pero no en puertos pesqueros. Nosotros creemos que si se da la competencia en materia de recursos pesqueros hay que dar también la competencia en puertos pesqueros.
Junto a estas enmiendas proponemos incrementar las competencias que hacen referencia a mayor capacidad de desarrollo legislativo y de ejecución. Proponemos mantener como competencias de las comunidades autónomas algo que los estatutos de autonomía establecían: la capacidad de regular consultas populares vía referéndum. Esta desaparece como competencia diferida que tenían los estatutos de autonomía y creemos que sería bueno mantenerla. Por ejemplo, algo que ha estado en el centro de la discusión ayer y otros días es el tema de las instituciones penitenciarias. Creemos que es bueno. Hay un proceso equivocado que en Europa se dio anteriormente, que era la concentración de actuaciones, de servicios --institucionalización de los propios ciudadanos--.
Lo hacíamos con los enfermos psíquicos, lo hacíamos con la tercera edad, los hacíamos con las minusvalías; concentrábajos inversiones, centralizábamos actuaciones y, sin embargo, la dinámica progresista en Europa ha ido al revés: desinstitucionalizar y descentralizar, acercando comarcalmente estas actuaciones. Creemos que el servicio penitenciario es una de las actuaciones a descentralizar y, junto con ello, la Administración de justicia, el régimen jurídico y responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, la expropiación forzosa, la reserva al sector público de recursos y servicios esenciales, la ordenación del crédito y la banca y la protección del medio ambiente.
Por último, proponemos también incorporar otras competencias a nivel de gestión de ejecución.
Creemos que sería bueno, por tanto, que las comunidades autónomas, de las cuales hoy reformamos los estatutos de autonomía, tuviesen competencias de ejecución --es decir, el Estado mantiene la capacidad de organización, de ordenación legislativa y de plasmar las políticas de base-- a nivel de vertidos industriales y contaminantes --la gran lacra que tenemos hoy en todas y cada una de las comunidades--, puertos y aeropuertos, nombramientos de agentes de Cambio y Bolsa y la ordenación del transporte. En suma, señorías, hemos mantenido enmiendas que defendimos en cada una de estas comunidades, que creemos que de verdad equipara, eleva el techo competencial de las distintas comunidades autónomas y puede ampliar eso a lo que hoy se renuncia. En todo caso, la evolución autonómica en el devenir del tiempo va a tener una actualización o una recesión en función de lo que queramos hacer.
Creemos que es importante que la evolución que tengamos a partir de ahora sea fortalecer institucionalmente los parlamentos. No hay más autogobierno si no hay más parlamento.
Por eso, otro bloque de enmiendas va dirigido a dar más competencias a los parlamentos, a reducir el presidencialismo de las comunidades autónomas, a descentralizar hacia los municipio competencias que hoy residen en las propias comunidades y en el propio Estado; a dotar de capacidad de funcionamiento a los parlamentos y, sobre todo, que las comisiones mixtas sean plurales.
En todo caso, señorías, y utilizando el mismo poeta de esta mañana, Vicente Medina, espero que mi tono y la intervención no tenga nada que ver con el contenido. Como él decía en un poema que se titulaba «Allá lejicos»: «De mi tierra no hay que ver tan solamente la cáscara, áspero es el coco y tiene dulce el agua.» Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Martínez Blasco tiene la palabra.


Página 1661


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para defender específicamente las enmiendas correspondientes al Estatuto de Autonomía de Aragón pero no porque los aragoneses queramos más que nadie, sino incluso porque es una piedra de toque para el modelo de Estado.
Aprovecho que está el señor Ministro presente. Aragón que tiene 1.200.000 habitantes --casi como un barrio de Madrid--, tiene cinco administraciones en materia sanitaria, cinco administraciones con hospitales. Hay ayuntamientos que tienen hospitales, hay hospitales de las diputaciones provinciales, hay hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón, hay hospitales del Insalud y hay hospitales del Ministerio de Defensa. Esos además de los de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y los privados. Cinco redes hospitalarias para 1.200.000 habitantes.
¿Es que los aragoneses no nos conformamos con lo que tenemos cuando reivindicamos el tener la competencia del Insalud? No es un problema de racionalidad en el modelo del Estado. En estos momentos ya es el 54-56 por ciento del Insalud el que está transferido. La propia racionalidad exige la transferencia completa. Evidentemente, eso supondrá un incremento mayor de los recursos, pero sobre todo, insisto, es un problema de racionalidad. Cuando nosotros reclamamos competencias en administración local en materia de seguridad pública, insisto, es por un problema de racionalidad. Son los problemas más sentidos por los ciudadanos.
He subido especialmente a esta tribuna, en este momento, para reclamar aquí a los padres de esta criatura (que es el pacto autonómico, que ahora vía modificación de los estatutos se trae a la Cámara) que digan en esta tribuna del Congreso de los Diputados lo que se está diciendo allí, en Aragón, y es que éste es un trámite formal y que, una vez que esta modificación esté en el «Boletín Oficial del Estado», hay un compromiso de todas las fuerzas (lo hay ya, en Aragón se dice así, y quiero que se diga aquí, en esta Cámara, por parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo Popular, los padres de esta criatura) para que esta Cámara tramite la autonomía que reclaman los aragoneses, que es la autonomía reclamada en las calles en los años 92 y 93, que es la autonomía que, insisto, todas las fuerzas políticas allí señalan y es la autonomía, sobre todo, que necesita Aragón. No queremos la autonomía del artículo 151, nos bastaría con la del 143 mejorada. En todo caso, queremos la autonomía plena. Y el sentir de los aragoneses en la calle en cuanto a la autonomía plena significa que ésta no es la autonomía plena. Creo que nadie ha demostrado lo que se dice a veces de que esto equipara las autonomías del artículo 143 con las del 151. Pero, en cualquier caso, como se pide en Aragón, pediría a los grupos mayoritarios, a los padres de esta criatura, que aquí en esta tribuna se comprometan a que, por lo menos para Aragón, éste sea un trámite formal y que, una vez esté en el «Boletín Oficial del Estado», asumen el compromiso de que Aragón pueda obtener la plena autonomía.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Martínez Blasco.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar la posición en este trámite y, fundamentalmente, para reiterar lo que tantas veces hemos dicho en esta tribuna, hemos dicho en las Cortes de Aragón, hemos dicho en las campañas electorales, hemos dicho desde el primer día y en todos los sitios. La reforma que hoy se somete aquí a debate y votación es, a nuestro juicio, una reforma corta (lo que allí, en Aragón, quizá con un gran sentido del humor, se ha dado en llamar la reformita) porque, como ustedes saben, esta reforma no va a igualar a la Comunidad Autónoma de Aragón con otras comunidades autónomas.
Y tengo que recordar aquí los argumentos que di en el Pleno del 24 de septiembre de 1992, cuando ya se trajo la Ley Orgánica de Transferencias a las Autonomías del artículo 143, manifestando que aquello era un paso, un tímido paso, evidentemente incompleto. Y si aquella Ley hubiera surtido los efectos que se dijeron en aquel momento, hoy, casi un año después de su aprobación, hubiéramos visto la virtualidad de aquella Ley.
Después, y consecuencia de ese pacto autonómico de febrero de 1992 suscrito sólo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, se dijo que había que incorporar a los propios estatutos de autonomía aquellas competencias que se iban a transferir, dándoles un mayor rango legal. Yo no sé si es un mayor rango leal, lo que sí ha sido es un entretenimiento durante un año más. La prueba es que fue en diciembre del año pasado cuando se aprobó la Ley Orgánica y estamos en diciembre, un año más tarde, volviendo sobre lo mismo, bien es verdad que para incorporarlo al ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas. En cualquier caso, nosotros no estamos conformes con este aparente avance autonómico.
Tengo que reiterar, y le doy por reproducido, lo que hemos dicho aquí tantas y tantas veces, lo que dijimos ya en el Pleno del 28 de septiembre de 1993, cuando defendimos una enmienda a la totalidad del proyecto que hoy aquí se trae a debate. Me estoy centrando, como no podía ser de otra manera, en el Estatuto de Autonomía de Aragón. No es porque no le dé la importancia que

Página 1662


tienen al resto de estatutos que hoy se tratan de una manera acumulada, como si todos fueran en el mismo vagón, como si la autonomía tuviera que ser para todos igual, como si todos los del artículo 143 formáramos una especie de pelotón donde no hay identidades diferenciadas, donde no hay singularidades y donde hay una serie de territorios que tienen sus especificidades, sus vías de acceso, y el resto, todos los demás --todos los demás menos el de Canarias, que todavía no ha venido, señor Ministro, y espero que sea precisamente el punto de arranque de un nuevo proceso de reforma porque éste no nos gusta--, en un paquete, acumuladamente, y el de Aragón --no sé si será casualidad-- en el último punto del orden del día de hoy. Todos juntos, vamos a ver si los terminamos --si lo terminan ustedes, los firmantes del pacto-- , pasan al Senado y van al «Boletín Oficial del Estado», porque nuestro Partido tiene ganas, y por eso no ha mantenido ninguna enmienda parcial, de que esto sea ya una ley, porque existe el compromiso político, en Aragón cuando menos, de que todos los partidos, Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Aragonés, tan pronto como este avance se haya conseguido y esté en el «Boletín Oficial del Estado», traeremos aquí un texto que está discutido en Aragón y casi redactado, que es un avance sustancial, un texto que nos da a los aragoneses la autonomía que la Constitución nos reconoce y que nuestro pueblo necesita y que, además, España también necesita. Cuando desde Aragón pedimos una autonomía plena no lo hacemos sin España ni contra España, lo hacemos porque queremos formar parte de un Estado autonómico fuerte, homogéneo, bien dotado, que no duplique tantas y tantas competencias como aquí se han puesto de relieve hace un momento, que hacen al Estado caro e ineficaz. Creo que es bueno que nosotros no participemos en este simulacro. Le decimos que cumplan sus compromisos ahora, aprobando aquello que acordaron en el pacto autonómico y, después, trayendo la verdadera reforma en profundidad, porque, señorías, yo tengo que decir, una vez más, que en Aragón estamos cansados de esperar. La buena organización del Estado de las autonomías es fundamental para poder salir de la crisis. Ustedes saben que estamos en un momento histórico importante; estamos en una integración europea que nos está exigiendo una clara definición de nuestra organización del Estado. Y no es posible integrarnos en Europa con eficacia, no es posible integrarnos en Europa con plenitud, mientras no tengamos nuestra propia organización interna culminada, una organización que debe ser eficaz, que no debe superponer servicios, que debe estar siempre al servicio de los ciudadanos y que en un momento de crisis debería ser mucho más barata de lo que es en este momento. De ahí que nuestro Partido vaya a apoyar en este trámite las enmiendas que ha mantenido el Grupo de Izquierda Unida, porque nos parece un avance.
Evidentemente, no hay que despreciar nada, pero no hemos querido ser cómplices de que se pueda decir en Aragón que con lo que hoy votamos aquí ya tenemos la autonomía plena, que somos iguales que los catalanes, que los vascos, o que los andaluces, porque eso no es cierto y todas SS.SS. lo saben perfectamente. Lo que ocurre es que luego, en el discurso político, es fácil ser imprecisos, ser inexactos, y decir: «Aragón ya tiene la autonomía igual que los demás». Eso no es cierto, lo hemos demostrado más de una vez y de ahí que nosotros vayamos a votar que no.
Quiero que queden claras las razones políticas por las que vamos a votar que no. Vamos a votar que no porque prometimos al pueblo aragonés luchar por su plena autonomía y hacemos honor a la palabra dada. Vamos a votar que no porque creemos en las disposiciones de la Constitución más que en los arreglos entre los partidos. Vamos a votar que no para que los aragoneses que nos votaron sigan confiando en nosotros, en que no les vamos a mentir ni a quebrantar los compromisos que asumimos. Vamos a votar que no por la dignidad política de nuestro Grupo. Vamos a votar que no porque actuar al dictado del poder central es lo contrario de ser autonomistas. Vamos a votar que no porque no queremos sentir la vergüenza de haber vuelto la espalda a los intereses de la tierra que representamos, ni defraudar tantas y tantas esperanzas como se han depositado en el proceso autonómico. Vamos a votar que no porque no queremos ser responsables ni colaboracionistas de las iniquidades que el poder central está cometiendo con el pueblo más leal de España. Vamos a votar que no porque para nosotros la plena autonomía es un ejercicio sincero de participación democrática y no un simple cartel electoral. Vamos a votar que no porque creemos en la verdad de esa plena autonomía hecha de libertades y de responsabilidades, y no creemos en las delegaciones más o menos impuestas. Vamos a votar que no porque cuando más nos necesita Aragón es cuando otros lo abandonan. Vamos a votar que no porque somos seres libres, capaces de participar en la administración de nuestro futuro y de responder de lo que administramos; ése es el principio de la autonomía, ejercerla con responsabilidad .
Vamos a votar que no porque si los aragoneses no defienden las libertades y los intereses de Aragón, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Vamos a votar que no porque no creemos que sea lícito falsear la Constitución de todos convirtiendo un Estado de autonomías en un Estado de discriminaciones. Vamos a votar que no porque queremos que cada uno de los nuestros se sienta identificado con lo que hacemos aquí, en esta Cámara. Vamos a votar que no porque el amor que sentimos por Aragón es mucho más grande que el temor que algunos sienten por Madrid.
(Rumores.--Protestas.). Vamos a votar que no porque nos gusta trabajar por Aragón. Vamos

Página 1663


a votar que no porque a nosotros nos lo exige nuestra conciencia, porque Aragón es una tierra milenaria y no tiene edad para someterse a dictados. Vamos a votar que no para no participar en el gran minué de la política del Gobierno central y de sus satélites ocasionales. Vamos a votar que no porque si votáramos que sí traicionaríamos nuestro pensamiento, el que siempre defendimos en las Cortes Constituyentes, en todas las legislaturas, en las Cortes de Aragón, en Aragón, en Madrid y en todos los sitios. Vamos a votar que no, señorías, por coherencia política, pero estaremos siempre colaborando con aquellos que quieran colaborar con nosotros.
En el momento que traigamos aquí, fruto del consenso de las fuerzas políticas aragonesas, la verdadera reforma, seremos los primeros en colaborar con el resto de los grupos; consenso que ya ofrecimos y que no fueron capaces de ofrecer el Partido Popular y el Partido Socialista cuando firmaron los pactos autonómicos de febrero de 1992, que --reconózcanlo al menos-- son el punto de partida y la única razón de ser que tiene el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo aquí. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente, señorías.
Con este trámite la Cámara va a dar luz verde a las reformas estatutarias de todas esas comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y que verán, a partir de ahora, aumentado su nivel competencial y su volumen de gestión, si bien con un retraso de más de cinco años del plazo en que constitucionalmente hubieran podido hacerlo.
Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha llega, y es innegable que estas reformas representan una profundización del Estado autonómico.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente los dictámenes que se someten a su consideración, como lo ha hecho en la tramitación parlamentaria de los mismos. Pero nuestro voto favorable no tiene su origen, ni viene motivado, por acuerdo o pactos autonómicos entre partidos, sino que su razón está en el respeto a los acuerdos unánimes o mayoritarios adoptados por las respectivas asambleas parlamentarias como expresión de la voluntad de cada una de las comunidades autónomas que han instado estas reformas. De igual modo, nuestro Grupo no contempla estas reformas como un final de trayecto, sino como una etapa más en un proceso abierto y dinámico en el contexto amplio que establece la Constitución en aras a la construcción del Estado autonómico, que es como decir la construcción del Estado moderno, que ha de permitir, desde la diversidad, trabajar para la globalidad. Hoy han sido las comunidades del artículo 143, para las cuales reclamamos su derecho en el futuro a avanzar sin necesidad de que previamente haya pactos que condicionen sus acuerdos, puesto que ha de aceptarse de forma normal la heterogeneidad como principio. La Constitución parte del reconocimiento del principio de la heterogeneidad en función de las distintas realidades que existen en España. Es hora de que se recupere ese principio, que era al que auténticamente aspiraba el legislador constitucional en el Título VIII, y que se supere el clima político que ha favorecido una determinada lectura en el desarrollo y en la interpretación de ese Título VIII de la Constitución; lectura y clima político tendentes a rebajar el techo competencial autonómico y que ha desplazado el criterio de la heterogeneidad por el de la homogeneización. Nuestro Grupo siempre ha mantenido que la generalización autonómica no ha de significar homogeneización, puesto que la autonomía descansa en el ejercicio de la diferencia, y por ello hablamos de autonomía política y no de determinada descentralización administrativa.
La generalización autonómica no puede, pues, ignorar que en España hay varias nacionalidades que aspiran a una autonomía amplia y a un alto grado de diferenciación. Lo escribía el señor Herrero y Rodríguez de Miñón, hoy hace exactamente 15 días, en un artículo publicado en la prensa. Decía: «La autonomía sirve para algo que no puede cifrarse en cantidades, porque se refiere a una cualidad: el reconocimiento de la diferencia.» Igual que el portavoz de mi Grupo Parlamentario, el señor Roca, decía ante esta Cámara hace ya tiempo: «Si no hay homogeneización, nada impide, sino al contrario, el tratamiento diferente de lo que es diferente en un marco común que delimite la eficacia y la garantía de la acción del Estado.» En definitiva, señorías, como ha mantenido siempre nuestro Grupo, pensamos que racionalizar no quiere decir, de ninguna manera, uniformar el ámbito competencial, que el diseño del modelo de Estado autonómico no implica la uniformidad competencial entre todas las comunidades autónomas y que el principio de singularidad y diferencia, al lado de otros principios, tienen que presidir el día a día de la construcción del Estado autonómico.
La aprobación definitiva de estas reformas estatutarias va a comportar, sin lugar a dudas, un salto cualitativo de suma importancia, a lo que estamos convencidos ha de seguir un nuevo impulso autonómico hacia las comunidades históricas en la línea de considerarlas como la administración ejecutiva en cada territorio. Ello va a contribuir a la modernización de la Administración en su conjunto y al perfeccionamiento de la construcción jurídico-política de España como un Estado moderno en el que se acepten con normalidad

Página 1664


las identidades político-históricas innegables que en él conviven. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con su venia, señor Presidente, señor Ministro. Se lamentaba en Comisión el señor portavoz de Izquierda Unida de que quizás este debate del conjunto de proposiciones de ley orgánica que derogan la Lotrava y reforman los estatutos de autonomía de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana no estaban alcanzando la profundidad y el calor que su naturaleza merecía. Sería petulante presumir que esta modesta fijación de posición sirviera para suplir aquella supuesta carencia de profundidad, pero intentará al menos compensar, desde la perspectiva del Grupo Popular, aquella hipotética falta de temperatura cordial, subrayando la enorme significación que para nuestro Partido encierra esta ocasión parlamentaria.
Permítanme, pues, dar las gracias a todos los compañeros de mi Grupo, ponentes de las respectivas proposiciones de ley de reforma y, de manera singular, a mi compañero Jorge Fernández al haberme delegado este turno, obligadamente unitario por motivos de razonable economía parlamentaria.
Permítaseme también recordar que desde el X Congreso de Sevilla del Partido Popular, en marzo de 1990, el desbloqueo del desarrollo autonómico, por medio de un gran acuerdo interpartidario, se erigió en una de las más obsesivas prioridades de trabajo de José María Aznar y de nuestro Partido, tenazmente impulsado desde su responsabilidad específica, primero por Juan José Lucas, después por nuestro compañero Mariano Rajoy. De suerte que nos sentimos legítimamente orgullosos de haber sacado de la melancolía del pantano parlamentario en el que se encontraban remansadas las distintas iniciativas emanadas de los parlamentos autonómicos, que empezaban a acumularse en esta Casa. Nos sentimos orgullosos de proporcionar este serio y sustantivo impulso a la contrucción del Estado de las autonomías, meramente incoado o proyectado como posibilidad dispositiva en el diseño de la Constitución.
Nos asiste una razonable y legítima satisfacción por haber podido recorrer este itinerario de deasarrollo constitucional en leal y franco entendimiento con el PSOE, y deploramos muy sinceramente que el tercer y restante partido político de ámbito nacional presente en esta Cámara no se integre en este acuerdo.
Honradamente estimo que las objeciones que hemos tenido ocasión de escucharle en las distintas fases de tramitación de estas proposiciones no revisten, en mi modesta opinión, entidad bastante como para justificar la grave decisión política de quedarse fuera del acuerdo.
Acogemos también con alegría el voto favorable de aquellas formaciones nacionalistas que se lo dispensen, interpretando que ese voto se produce desde el compromiso y no desde el desentendimiento, desde el interesamiento real y no desde la ajenidad. Concretamente, nos gustaría poder interpretar, por ejemplo, que el voto favorable anunciado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) supone una saludable rectificación de aquel juicio que mi ya viejo y excelente amigo, Miguel Roca, dispensaba, en julio de 1992, a las conversaciones entre el PSOE y el PP, calificándolas como una tertulia y, en consecuencia, a su fruto, al pacto autonómico, motejándolo de papelín. Cuando les hablaba de orgullo --termino deliberadamente enfático--, estaba queriendo decir... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor CISNEROS LABORDA: Estaba queriendo decir que el PP tiene las espaldas... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Cisneros. Ruego a SS.SS. que guarden silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Estaba queriendo decir que el PP tiene las espaldas lo suficientemente anchas como para poder cargar sobre ellas los eventuales costes de alguna cantinela de quienes pretenden una igualación geométrica de jardín francés de los modelos competenciales de las distintas autonomías, que ni es la solución que la Constitución sugiere ni se compadece con la realidad profunda de la España plural.
Este trámite parlamentario, por supuesto que sí --se puede decir explícitamente--, culmina un proceso jalonado por la firma del acto autonómico entre las dos principales fuerzas políticas de ámbito nacional el 28 de febrero de 1992, por la promulgación de la Ley Orgánica de transferencia de competencias mediante el empleo de la fórmula del artículo 150.2 de nuestra Constitución, con la estilización y certeza suministradas por la ya copiosa jurisprudencia constitucional y, en fin, por la tramitación de las proposiciones de ley de reforma estatutaria emanadas de los parlamentos territoriales que hoy se culmina en este Congreso para albergar los nuevos bloques competenciales.
Ha querido el azar del calendario hacer coincidir casi este debate con el quiceañero cumpleaños constitucional. Créanme SS.SS. si les digo que estas reformas estatutarias

Página 1665


pueden ser la más gentil y eficaz forma de conmemorar la efeméride, porque, en opinión de mi Grupo, y frente a la objeción explícita o subyacente en algunas intervenciones de este debate o en el precedente de la Ley de transferencias, esta iniciativa no empobrece ni recorta ni desfigura las previsiones constitucionales, primero y fundamentalmente porque vienen, como vino la Constitución, avaladas por un amplísimo consenso político y de ahí mi lamento inicial de que no lo sea aún mayor en razón de la posición anunciada de Izquierda Unida.
En segundo lugar, porque no es constitucionalmente correcto invocar mayores o menores grados de legitimidad constitucional o democrática en razón del procedimiento elegido, porque las reformas son expresión libre de la voluntad de amplísimas mayorías de las cámaras regionales y porque sólo el acuerdo político previo, que obviamente no suplía ni podía suplir estas imprescindibles iniciativas parlamentarias, sólo este acuerdo permite garantizar la articulación racional y coherente del proceso y establecer los adecuados mecanismos de cooperación. La evocación del fundamento constitucional inmediato de estas iniciativas me permite fijar con la mayor concisión posible, señor Presidente, la posición formal del Partido Popular sobre el estado de la cuestión del desarrollo del Título VIII en este exacto momento.
Primero, es obvio que este acuerdo, efectivamente, no cierra ni culmina las posibilidades de desenvolvimiento estatutario de las comunidades concernidas. Sin embargo, y con las muy razonables excepciones que puedan venir derivadas del Estado del proceso en alguna comunidad autónoma concreta --como el propio debate ha puesto de manifiesto esta mañana-- apostamos, claramente, por la estabilidad. Van a producirse transferencias importantísimas de competencias, funcionarios y recursos. Como el Presidente fundador del Partido Popular manifestó en su reciente discurso de investidura en Galicia: Hay mucho camino por andar en pos de la suficiencia financiera, de la eliminación de perturbadoras redundancias administrativas, de mejora y perfeccionamiento de las instancias multilaterales de coordinación y cooperación. Es por ahí, señor Ministro, por donde el Partido Popular piensa que se debe progresar en este momento, permitiendo que la audaz apuesta constitucional por el Estado de las autonomías cobre sosiego y sedimentación, y aún más a la vista del impacto indiscutible que sobre esta construcción va a significar la naciente Unión Europea. La única tarea, con la excepción aludida, manifiestamente inaplazable en el tratamiento autonómico es, sin duda, el Estatuto de las ciudades de Ceuta y de Melilla. El Partido Popular está exento de cualquier tic, nostalgia o resabio centralista. Nuestra apuesta por el desarrollo del Título VIII es tan intensa como sincera, porque para nosotros es la expresión jurídica del pluralismo real y de la diversa percepción que de la común identidad española se produce por parte de los distintos pueblos que participan de ella y no, desde luego, la ocasión para ningún tipo de exaltación fundamentalista de la diferencia. Segundo, es tan injusto tratar desigual lo igual, como igual lo desigual. Hay realidades geográficas como la insularidad, culturales como el bilingüismo, históricas como la foralidad o el concierto económico, que alcanzan la categoría de significativos hechos diferenciales propios de unas comunidades españolas y no de otras. Sería atentatorio contra la realidad profunda del ser nacional español pretender ignorarlas, como sería impensable su artificiosa o imposible generalización. El núcleo de la cuestión consiste en evitar que el reconocimiento de estos hechos diferenciales pueda llegar a traducirse en desigualdades efectivas entre los distintos ciudadanos del Estado, sea cual sea la comunidad en la que vivan.
En la convicción de que la defensa del hecho diferencial es también una forma de integración y cohesión de la común realidad nacional española, el Partido Popular, desde luego, no otorga automáticamente a los partidos nacionalistas o regionalistas el beneficio gratuito de suponerles más acendrados defensores o mejores garantes de la especificidad de sus pueblos. Concluyo, señorías, parafraseando aquella noble cita de Cambó que aseguraba querer para Cataluña la libertad y para España, la grandeza. Pues bien, bajo el amparo de la Monarquía constitucional y parlamentaria que libremente nos otorgamos todos, todos los pueblos de España disfrutan de libertad. No estaría de más que todos pensáramos ahora también en la grandeza de España. El Partido Popular, desde luego, está comprometido en ello, pero acepta y solicita, porque es consciente de la magnitud de la empresa, el concurso de todas las colaboraciones por encima de legítimos antagonismos ideológicos y en la esperanza plena de la leal integración de las fuerzas políticas de base territorial. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista no puede dejar de congratularse de los términos por los que se ha llevado esta discusión parlamentaria de las proposiciones de ley orgánica de reforma de los estatutos de autonomía de diez comunidades autónomas. De lo que no podemos dejar de contratularnos es de que, una vez superados los cinco años establecidos en el artículo 148.2 de la Constitución y en los estatutos de autonomía, cerremos en este acto

Página 1666


parlamentario una etapa trascendental de la decisión de las Cortes Generales accediendo a la reforma y a la adecuación de los estatutos de autonomía del artículo 143. Reforma que se inició, efectivamente, en los acuerdos autonómicos, en el pacto autonómico de febrero del año 1992, que continuó con la Ley Orgánica de diciembre de 1992, y que siguió con las proposiciones de ley discutidas y aprobadas en cada comunidad autónoma a lo largo de 1993.
Yo no quiero, señor Presidente, señoras y señores Diputados, desconocer, ni siquiera querría que pudiera parecer un desmerecimiento el dar a este acto parlamentario, a este cierre de debate del Congreso, un sentido más positivo de la importancia de la deliberación y las votaciones que vamos a celebrar esta mañana, que un sentido de impugnación de las únicas enmiendas que se han presentado en este debate parlamentario, que son las del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Precisamente quiero darle ese sentido positivo a un debate parlamentario que ha dado respuesta a un problema capital de la organización del Estado, que es precisamente el aumento de la capacidad de autogobierno de nuestras comunidades autónomas, dando cumplimiento precisamente a una previsión constitucional y a las previsiones de los estatutos, con una, no digo unanimidad, sino con una amplia mayoría y consenso, que es precisamente lo que ha permitido este desarrollo estatutario sin conflictos de mayor orden.
El tono de estos debates, quitando alguna intervención un poco desabrida, la propia sustancia misma del debate, prueba que la discusión de la adecuación y la reforma de los estatutos de autonomía ha llegado al Congreso precisamente en el momento oportuno. Todos los problemas políticos, señor Presidente, señores Diputados, tienen un punto de madurez; antes de llegar a ese punto de madurez están ácidos y después se pudren.
Precisamente las reflexiones y las discusiones a las que hemos asistido durante estos meses en esta Cámara, el lapso de cierto tiempo, hacen que haya madurado en cada cual su sentimiento de su propia responsabilidad y que todas las cuestiones hayan llegado aquí a su grado de sazón, que es precisamente en el que se encuentra en este momento de la deliberación.
Nuestra Constitución, nuestra Monarquía constitucional y parlamentaria han cambiado totalmente nuestro sistema político y han venido a dar satisfacción a distintos tipos de aspiraciones, aspiraciones de diferente calidad. El sistema político adoptado por la Constitución define y garantiza las libertades de los ciudadanos, pero, además, la Constitución contiene tales bases para organizar el Estado español que permite resolver, en una fórmula armoniosa y de cooperación, problemas que han sido siempre históricos en España. Como don Manuel Azaña decía sobre las divergencias históricas peninsulares, habría que hablar de las divergencias históricas de España. Precisamente en esa armonía y cooperación es como se ha producido el desarrollo estatutario de estas comunidades autónomas del artículo 143. Ampliación de competencias sin duda alguna de una gran importancia, aunque muchas de ellas no han sido nombradas y han sido obviadas en el debate parlamentario de este Pleno: la educación en todos sus tramos, la agricultura, la industria, el Inserso, etcétera. ¿Es que no es relevante, por ejemplo, para comunidades autónomas como la de Baleares, con problemas hidráulicos importantes, la transferencia en recursos hidráulicos? Ha habido estatutos de autonomía que no han tenido ninguna enmienda como, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Valencia y tampoco el de Cantabria, aunque haya una aspiración compartida por todos nosotros en que lo que más une en relación no con este Estatuto sino con esta Comunidad es el relevo y la sustitución del Presidente de su Comunidad.
Yo creo que es exagerado --no creo que le moleste al señor Ríos que le diga que es excesivo, porque no tiene nada de particular que los hombres de talento también exageren, y al señor Ríos le conozco hace muchos años y es una persona de talento-- cargar la fuerza de su discurso en determinados rasgos, facciones o relieves precisamente para darles una preeminencia frente a la fisonomía general que tiene el articulado de todas estas proposiciones de ley, aunque, como decía, no es raro que haga estas exageraciones. Sin embargo, lo realmente importante de estas proposiciones de ley que vamos a aprobar ahora y de esta importantísima ampliación de competencias y de capacidad de autogobierno es la fisonomía general de todas las competencias que se transfieren a estas comunidades autónomas. Y no es, señor Mur, un ejercicio de entretenimiento de las Cortes Generales. Yo creo que se podía haber «entretenido» usted en presentar alguna enmienda. No hubiera sido ocioso, si se está en desacuerdo y se va a hacer un discurso como el que se ha hecho esta mañana aquí, al menos «entretenerse», entre comillas, en hacer alguna enmienda. Hacer un discurso de ese calibre sin haber presentado una sola enmienda nos recuerda que la ociosidad y la falta de «entretenimiento», entre comillas, es lo realmente grave a la hora de mantener ese tipo de posiciones políticas.
Señor Ríos, lo importante es la fisonomía y el contenido de estas proposiciones de ley, que tienen un carácter verdaderamente histórico en lo que se refiere a la equiparación, no voy a decir igualación, pero sí equiparación con los estatutos de autonomía de la llamada vía rápida. Por cortesía, no por impugnación, porque quiero darle ese sentido positivo a este acto parlamentario, por cortesía le voy a decir por qué razón no estamos de acuerdo, aunque ya hemos impugnado sus enmiendas en Comisión. No estamos de acuerdo porque hay un grupo de enmiendas que, desde nuestro punto de vista, nada tienen que ver con las transferencias.


Página 1667


Me refiero a la ampliación de los períodos de sesiones de las asambleas, retribuciones o dietas de los Diputados de las asambleas regionales, etcéteras. Voy muy deprisa, señor Ríos, pero creo que lo entenderá. En segundo lugar, porque en relación con algunas de las transferencias que se plantean esas comunidades todavía no tienen suficientemente consolidada su estructura de servicios y están en un panorama francamente deficitario, y hay otras enmiendas que no hace falta aceptarlas porque son particularismos de competencias mucho más globales y mucho más generales encuadradas en ella y que están recogidas en la reforma de los estatutos. Y, señor Martínez, no me gusta esa diferencia de la ley formal, de si esto es una ley formal o un acto formal. Nunca me ha gustado esa diferencia entre lo formal y lo real, y entre la democracia formal y la democracia real. Esto no es una ley formal, es una ley, una ley con todas sus consecuencias y con todas sus consecuencias y con toda la trascendencia histórica que tiene, lo cual no quiere decir que el pueblo español, que es un pueblo vivo, un pueblo adulto con muchas experiencias históricas y con muchas esperanzas, piense que estas leyes u otras cualesquiera van a mantenerse inamovibles o rígidas toda la vida. Eso sólo pasaba con las Leyes Fundamentales del Movimiento. Y si ustedes en Aragón tienen un compromiso de abrir un debate entre las distintas fuerzas políticas, ustedes lo abrirán y ustedes llegarán a sus consecuencias, porque lo que estamos aprobando hoy no es ni más ni menos que el deseo de la mayoría de la soberanía popular en esas comunidades autónomas, sin que nadie pueda arrogarse de manera tan osada la representación de una mayoría que no se ostenta en una determinada comunidad autónoma.
Para acabar, señor Presidente, tengo que decir que hoy culminamos en el Congreso --y cerrarán definitivamente el Senado y las Cortes Generales-- una obra de buen gobierno, hay que decirlo sin complejos y decirlo con claridad, una obra de buen gobierno que permite llevar a cabo el desarrollo de las competencias y de las atribuciones de estas comunidades autónomas en cooperación entre las distintas comunidades autónomas y en cooperación entre las fuerzas más importantes, exceptuando una, y lo lamentamos, de España. Por lo tanto, hay que felicitarse de esa obra de buen gobierno que, precisamente por no haber sido conflictivo, no ha tenido esa transisión a la sociedad que debería tener, que es la de que uno de los males históricos de nuestro país lo estamos superando después de la Constitución de 1978 en un clima de absoluta pacificación y de entendimiento entre las fuerzas políticas más importantes y entre las comunidades históricas y aquellas que no fueron históricas. En definitiva, señor Presidente, señoras y señores Diputados, esa obra de buen gobierno tiene un doble fin, un fin orgánico y un fin político, porque, por una parte, señor Presidente, conseguimos avanzar en la solución de un problema capital del Estado español y, por otra, señor Presidente, que todos los españoles se sientan a gusto dentro de España y de su Estado. Muchas gracias. (El señor Mur Bernad pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, ¿a qué efectos pide la palabra?

El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, he sido aludido personalmente. Me gustaría responder. (Protestas en los escaños del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías, por favor. Señor Mur, esta Presidencia, que ha estado perfectamente atenta a las palabras pronunciadas aquí por los diferentes intervinientes, no ha visto ni ha ponderado ninguna alusión a S.S. No tiene la palabra, señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, no tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, he sido aludido nominalmente y me gustaría aclarar una imputación. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Esta Presidencia repite que no ha constatado en absoluto ninguna alusión a S.S.No tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, me remito a...
(Protestas en los escaños del Partido Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡No tiene la palabra, señor Mur! Pasamos a la votación de los dictámenes que han sido discutidos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 13; en contra, 257; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


Página 1668


Votación relativa al dictamen de la proposición de ley orgánica de las Cortes Valencianas, por la que se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289: a favor, 283; en contra, dos; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 286; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica sobre ampliación de competencias del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 276; en contra, diez; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto para Cantabria. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 278; en contra, uno; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 276; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291: a favor, 278; en contra, 11; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 278; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291: a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma de los artículos 10, 11, 12, 13 y 18 de la Ley Orgánica 7/1981, de Estatuto de Autonomía para Asturias. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291: a favor, 279; en contra, 11; abstenciones, una.


Página 1669


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Dictamen de la proposición de ley orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291: a favor, 274; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal