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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 35, de 01/12/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 35 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 33 celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 1993

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ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 1596)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general para poner fin a la actual masificación de los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el profesorado universitario, así como para facilitar que los estudiantes puedan cursar los estudios de su elección (número de expediente 172/000021) (Página 1620)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 36, de 2 de diciembre de 1993.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 1596)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es cierto que en la prisión de Alcalá-Meco se están grabando ilegalmente todas las comunicaciones que celebran los presos con sus abogados? (Número de expediente 180/000180) (Página 1596)

Del Diputado don Antonio Merino Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno ratificar el Convenio 116 del Consejo de Europa de 1985, sobre los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos? (Número de expediente 180/000189) (Página 1597)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministro de Justicia de la situación actual de los Juzgados de Andújar transcurrido el nombramiento por seis meses de un juez y personal de apoyo? (Número de expediente 180/000195) (Página 1598)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno que van a ampliarse los Puestos de Actividad que se ofrecen a los objetores de conciencia para realizar la prestación social sustitutoria? (Número de expediente 180/000196) (Página 1599)

Del Diputado don Ramón Camp i Batalla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia: ¿Qué medidas piensa adoptar para evitar las graves consecuencias que para la efectividad de la tutela judicial produce la excesiva movilidad en los juzgados y que afecta a Magistrados y Secretarios? (Número de expediente 180/000202) (Página 1600)

Del Diputado don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los primeros pasos que piensa dar el Gobierno para la puesta en marcha de la Agencia Comunitaria para la Salud e Higiene en el trabajo? (Número de expediente 180/000175) (Página 1601)

Del Diputado don Narcís Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto a la ubicación de las infraestructuras necesarias y plazos de ejecución en relación con la instalación en Alicante de la Oficina de Armonización del Mercado Interior? (Número de expediente 180/000176) (Página 1602)

Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para dar cumplimiento a la Sentencia de amparo del Tribunal Constitucional de 18 de octubre de 1993, que reconoce el derecho de asociación del representante de la Unión Democrática de la Guardia Civil? (Número de expediente 180/000177) (Página 1603)

Del Diputado don Rogelio Baón Ramírez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministro del Interior para identificar, desarticular y, en su caso, poner en manos de la justicia, a los componentes de bandas de «cabezas rapadas» que las últimas semanas han cometido diversos actos violentos contra personas y propiedades en la Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/000181) (Página 1604)

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Del Diputado don Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para abaratar los tipos de interés en el mercado hipotecario? (Número de expediente 180/000182) (Página 1605)

Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir la adecuada protección del menor en España? (Número de expediente 180/000186) (Página 1606)

Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el centro de atención a minusválidos profundos de Torrelavega (Cantabria)? (Número de expediente 180/000197) (Página 1607)

De la Diputada doña María Isabel Rodríguez Calvo, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las condiciones necesarias que impone el Ministerio de Sanidad y Consumo a la hora de patrocinar Protocolos o Guías para conseguir una mejor asistencia médica? (Número de expediente 180/000199) (Página 1608)

Del Diputado don Pedro Jover Presa, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo procederá el Gobierno a desarrollar las previsiones de la Ley 10/1986, de 17 de marzo? (Número de expediente 180/000200) (Página 1609)

De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para las Administraciones Públicas: ¿Respalda el Sr. Ministro el que el Director General de RTVE, u otro organismo o ente público, organice reuniones con Presidentes de Comunidades Autónomas, con criterios discriminatorios en función de su adscripción política? (Número de expediente 180/000179) (Página 1610)

Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Cultura: La Comisión de las Comunidades Europeas han presentado por undécimo año consecutivo las ayudas en favor de la conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo. Cabe hacer a la Sra. Ministra la siguiente pregunta: ¿Por qué en España continúan centralizándose todas las ayudas por el Gobierno Central y sus organismos sin que se dé participación a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000174) (Página 1611)

Del Diputado don Alberto Moragues Gomila, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones de actuación contempla el Ministerio de Cultura en las Islas Baleares en 1994? (Número de expediente 180/000198) (Página 1612)

Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué la Dirección General de la Marina Mercante persiste en el cumplimiento de la orden de 16 de octubre de 1990 por la que se establecen los cursos de formación y certificados de especialidad del personal marítimo? (Número de expediente 180/000187) (Página 1613)

Del Diputado don Javier Arenas Bocanegra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes de trasposición de la Directiva de televisión sin fronteras supone un apoyo al modelo audiovisual europeo y, por tanto, a sus operadores y a su industria? (Número de expediente 180/000203) (Página 1614)

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Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para atender el subprograma 712 H-3 respecto a las actividades de inspección, medios de control y vigilancia pesqueras realizadas por acuerdo conjunto con Defensa? (Número de expediente 180/000178) (Página 1614)

Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir que mejore la distribución de las cuotas a asignar, en la pesca del bacalao, entre España y Portugal, como consecuencia del acuerdo pesquero EFTA-CE? (Número de expediente 180/000183) (Página 1615)

Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Es consciente el Sr. Ministro de Agricultura que por la mayor parte de la geografía nacional los agricultores han sembrado sus cosechas de cereales sin tener conocimiento alguno de las normas que regirán en la actual campaña 1993-94? (Número de expediente 180/000184) (Página 1616)

Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo es posible que altos cargos del Ministerio de Agricultura efectúen declaraciones públicas en relación con la forestación de tierras arables en franca contradicción con lo previsto en los presupuestos de este Ministerio para 1994? (Número de expediente 180/000185) (Página 1618)

Del Diputado don Fernando Soto Martín, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué normas va a adoptar el Gobierno para regular la campaña de oleaginosas 1994/95, a fin de aprovechar al máximo la financiación comunitaria? (Número de expediente 180/000201) (Página 1619)

Interpelaciones urgentes (Página 1620)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general para poner fin a la actual masificación de los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el profesorado universitario, así como para facilitar que los estudiantes puedan cursar los estudios de su elección (Página 1620)

En representación del Grupo Popular defiende la interpelación el señor Ollero Tassara, mostrando la esperanza de que la misma sirva de estímulo al señor Ministro y le haga reaccionar y tomar la iniciativa después de estos meses de expectación, preocupados por los problemas educativos y, en concreto, por los problemas universitarios, ya que su actitud se ha venido caracterizando por una sorprendente pasividad, consiguiendo movilizar a la Universidad, algo que ni siquiera logró el señor Maravall.
Señala que la Universidad ha pasado a la página de sucesos, y esta misma mañana, viniendo hacia la Cámara, ha podido recordar viejos tiempos de despliegues de antidisturbios en torno al Ministerio de Educación. Pero ya que han conseguido que se hable de la Universidad, aunque sea en la página de sucesos, deben aprovechar para tratar el problema con seriedad y profundidad, preocuparse de los problemas estructurales que sufre, que no sólo no fueron atajados por la Ley de Reforma Universitaria sino que, por el contrario, fueron agudizados e incrementados.
Pero al señor Ministro se lo han puesto fácil, ya que con poco que haga conseguirá mejorar la Universidad. Ahora bien, es necesario que haga algo pues éste es el problema fundamental.
Pregunta, por ejemplo, al señor Ministro qué le obliga a comportarse ilegalmente, infringiendo una ley de los propios socialistas, la LRU, al mantener a las universidades sometidas a un sistema por el que se ven obligadas a admitir más alumnos de los que su capacidad les permite. Pregunta también al señor Ministros qué le obliga a bloquear el establecimiento

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de módulos objetivos de capacidad de los centros que ya han establecido muchas universidades, obligándolas a admitir más alumnos de los que caben físicamente. Igualmente le pregunta si no provoca improvisaciones del profesorado esa masificación de la Universidad, ese desbordarse de alumnos.
Plantea después al señor Ministro por qué no distingue los centros universitarios y las titulaciones que se imparten en los centros universitarios que cumplen unos requisitos mínimos de calidad, es decir, espacio físico, relación profesor-alumno y titulación adecuada del profesor, de aquellas titulaciones obtenidas en centros donde no se dan esos requisitos porque se encuentran en estado de excepción. El señor Ministro sabe que si se hace esa evaluación estará obligado a acabar con el actual estado de excepción en un plazo determinado, máxime cuando el señor Ministro sabe igualmente que en el mismo centro hay grupos donde todos los que dan clase son catedráticos titulares y grupos donde no hay ningún profesor que tenga esa adecuada titulación, lo cual no beneficia a nadie. Eso supondría mejorar el sistema educativo y no el limitarse a dar unos millones más si los estudiantes llenan la calle de policías y les complican la vida y no dar nada si se están quietos, pues en realidad esto es lo que se está haciendo, lo cual no es serio ni educativo, aunque sea oportunista.
Pregunta asimismo al señor Ministo si piensa mantener el diseño regresivo de selección del profesorado que intentó su antecesor el señor Maravall y, si lo va a hacer, desearía que dijese quién le obliga a ello y en beneficio de quién lo hace.
Igualmente, desea saber si van a seguir siendo los profesores universitarios los únicos funcionarios de este país que no se puedan trasladar sin hacer una oposición. Se ha sometido, por otra parte, durante nueve años a la Universidad a la sangría de la jubilación anticipada y siguen sin saber por qué, pero en este momento pregunta al señor Ministro si va a ser necesario otro decreto para no seguir jubilando a los profesores universitarios antes de tiempo.
El Grupo Popular está dispuesto a colaborar y consensuar en el tema que les ocupa y todo ello sin que al Gobierno le cueste un duro, al igual que respecto a otros problemas se ha ofrecido el Partido Popular. Con tal de arreglar la situación de la Universidad, ellos consensúan gratis.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra). Muestra su sorpresa por los términos empleados por el interpelante, aunque lo puede esperar de él, al hablar de comportamientos ilegales de estado de excepción en los centros universitarios, de caprichos en la financiación, oportunismo y amiguismo, y todo ello para poner de manifiesto un cuadro de la Universidad que es, naturalmente, culpa de los socialistas y de su reforma, concretamente de la Ley de Reforma Universitaria, que para el Diputado interpelante es algo así como la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. En este contexto, le pregunta sobre la masificación del profesorado universitario, habla de los graves errores en la política del profesorado, de la perturbadora masificación e introduce otra serie de cuestiones, todas las cuales abundan en la idea de que todo está mal. Sin embargo, para enfrentarse realmente con el problema de la Universidad, cree que hay que acudir siempre, y machaconamente, a poner de manifiesto algunos datos que el interpelante conoce y que piensa que son de dominio público y dan idea de la realidad en que debe moverse la política universitaria. Sobre este particular facilita numerosas cifras acerca de la evolución de la Universidad en los últimos años, tanto relativas al número de estudiantes como del profesorado y sobre financiación, comparándolas con lo que sucede en otros países de Europa. Agrega que la LRU, aunque no le guste al señor Ollero, ha tenido gran importancia para la Universidad, aunque naturalmente tiene que reconocer que ha habido problemas de funcionamiento de la Ley, y por eso muy pronto se traerá a este Parlamento la Ley de Adaptación, con tiempo suficiente para resolver algunos problemas pendientes, como, por ejemplo, el de la jubilación del profesorado, que parece que es uno de los que más preocupan al interpelante. También en esta Ley de Adaptación se incluirán algunas medidas relativas al profesorado a las que igualmente aludía el señor Ollero. Otra cosa es que a S.S. no le gusten o considere que no son las adecuadas.
Finalmente alude al tema de la masificación, facilitando las cifras de oferta y demanda habidas para el curso 1993-1994, y en cuanto a la financiación, planificación y coordinación de las políticas universitarias señala que próximamente van a abrir un importante debate, al que personalmente se había comprometido hace algún tiempo.
Replica el señor Ollero Tassara, duplicando el señor Ministro de Educación y Ciencia.
Para fijación de posiciones interviene el señor González Blázquez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Se suspende la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CIERTO QUE EN LA PRISION DE ALCALA-MECO SE ESTAN GRABANDO ILEGALMENTE TODAS LAS COMUNICACIONES QUE CELEBRAN LOS PRESOS CON SUS ABOGADOS? (Número de expediente 180/000180)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pregunta número 15, del señor Gil Lázaro. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
En la persecución del delito no se puede sobrepasar nunca el marco de la legalidad, eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo también en que las personas privadas de libertad conservan íntegramente sus derechos, salvo que la sentencia condenatoria determine la limitación de alguno de ellos; y todos estamos de acuerdo en que el ejercicio de una intervención excepcional en materia de suspensión del secreto de las comunicaciones está sometido a un procedimiento tasado que nuestro ordenamiento prevé y que, en todo caso, debe ser escrupulosamente respetado. Desde esas consideraciones, nosotros preguntamos al señor Ministro si es cierto que en la prisión de Alcalá-Meco se están grabando ilegalmente todas las comunicaciones que celebran los presos con sus abogados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señoría, afortunadamente la respuesta para mí es tan sencilla como decir que no es cierto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Sólo una reflexión al hilo de esa respuesta. En primer lugar, que no cabe dejar duda alguna acerca de las posibilidades que supone respetar de manera fehaciente el contenido de nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, señor Ministro, que los procedimientos jurídicos excepcionales han de proveerse de medios materiales excepcionales, y que es preciso entre todos, sin lugar a duda y como un principal ejercicio de responsabilidad y de dedicación por parte del Gobierno, evitar cualquier género de sospechas como las que últimamente han aparecido en los medios de comunicación. En tercer lugar, señor Ministro, que hechos como los que se han puesto en evidencia en esos medios de comunicación y en el debate público ponen también de manifiesto que es necesario actuar con especial rigor en la búsqueda de transparencia en todo lo que afecta a la conducta de la Administración penitenciaria y, sobre todo, que entre todos hemos de hacer un ejercicio de compromiso y de responsabilidad para que nunca en la defensa del Derecho lleguemos a matar el Derecho, por muy legítimo que sea perseguir determinados fines materiales en la prevención del delito. Nosotros estamos absolutamente seguros de que es necesario que nuestro Estado de Derecho haga excepcionales, en lo formal y en lo material, los procedimientos que son excepcionales en lo formal.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Aprovechando esta pregunta, puede ser útil, efectivamente, aclarar algún extremo que pueda tranquilizar al sector de la opinión pública que se haya podido sentir legítimamente inquieto por las noticias divulgadas al respecto.
El artículo 25.2 de la Constitución deja claro que la posibilidad de limitar los derechos y libertades fundamentales de los sometidos a medidas de penas privativas de libertad no pueden extenderse más allá del contenido de la sentencia y, después --añade--, del sentido de la pena y de la Ley Penitenciaria. El desarrollo de esa plasmación constitucional en nuestros textos positivos se desenvuelve en dos ámbitos: el artículo 101 del Reglamento Penitenciario y el 51 de la Ley General Penitenciaria. Conforme a ese mecanismo, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en sentencia 73/1983, de 30 de julio, existen dos cauces diferentes que hacen viable y factible la intervención de las comunicaciones telefónicas. El primero de los cauces es por orden motivada judicial, como es natural, en la investigación de cualquier tipo de delito. El segundo sería, por orden igualmente motivada, del director del establecimiento penitenciario, aunque en este caso exclusivamente para los supuestos de terrorismo y con la obligación explícita de dar cuenta después a la autoridad judicial. Una u otra vía son las utilizadas en nuestras instituciones penitenciarias.
Además, ese sistema tiene garantías suficientes por la doble vía de control: primero, a través de los recursos ordinarios en el correspondiente procedimiento penal, y en segundo término, a través de la figura del Juzgado y del juez de vigilancia penitenciaria, que tiene,

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de manera expresa, la misión de velar y garantizar las libertades fundamentales y los derechos de los internos.
Nada más. Muchas gracias por la oportunidad de poder dar esta explicación a la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MERINO SANTAMARIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO RATIFICAR EL CONVENIO 116 DEL CONSEJO DE EUROPA DE 1985, SOBRE LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS? (Número de expediente 180/000189)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Merino Santamaría, que tiene la palabra.


El señor MERINO SANTAMARIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno ratificar el Convenio 116 del Consejo de Europa de 1985, sobre los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno mantiene en este campo una doble línea.
Por un lado, está preparando la normativa interna en esta materia, como mi antecesor en el cargo tuvo la oportunidad de contestar a una pregunta oral en este Pleno. Pero, además, es propósito del Gobierno proceder a la firma del Convenio -- todavía no está firmado-- antes de la ratificación. Es propósito proceder pronto a la firma para poder iniciar ulteriormente el proceso de ratificación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO SANTAMARIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es difícil poder entender la causa por la que España es uno de los pocos países que sigue ignorando la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 28 de junio de 1985, para ratificar el Convenio de dicho Consejo de 24 de noviembre de 1983.
En noviembre de 1990 el Defensor del Pueblo indicaba la conveniencia de suscribir dicho convenio, independientemente de que se aprobara o no el decreto ley, o la ley correspondiente que el Gobierno ha venido anunciando repetidamente.
En enero de 1991, dos meses después, la Comisión de estudios elevó al Pleno del Consejo del Poder Judicial para su aprobación la siguiente propuesta: El Consejo comparte la recomendación del Defensor del Pueblo sobre la ratificación por España de dicho convenio.
Posteriormente, y a una pregunta oral, igual que la que acabo de formular, del Diputado de mi Grupo señor Barquero Vázquez que realizaba en esta Cámara el 9 de octubre de 1991, el Ministro de Justicia, señor De la Cuadra, su antecesor, contestaba: A la firma del convenio seguirían unas obligaciones para España. Entre otras, la de tener una normativa «ad hoc», y nos parece oportuno tener primero esta normativa.
Pues bien, dos años después todo sigue igual, y ello a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular, a través del Diputado señor Barquero Vázquez, ha defendido en esta Cámara tres proposiciones de ley sobre los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos. La primera, el 11 de junio de 1991; la segunda, el 24 de noviembre de 1992 y la tercera, el 23 de marzo de 1993. Dichas proposiciones fueron siempre rechazadas por el Grupo Socialista, que sustenta al Gobierno, y han sido apoyadas por el resto de los grupos parlamentarios.
No obstante, y en el debate de la última proposición, la portavoz socialista, la señora Del Campo, en contestación al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, decía lo siguiente: De todas formas, quiero plantear aquí algo al Grupo Popular en serio. La cuestión es muy sencilla. Ustedes quieren una ley que ofrezca una protección adecuada a las víctimas del delito. Nosotros también. Estén ustedes tranquilos porque muy pronto, en cuestión de días, tendremos aquí ese proyecto y muy pronto ratificaremos el convenio 116 del Consejo de Europa. España debe dar respuesta legal a todo este conjunto de indicaciones y recomendaciones de los organismos de que forma parte. La sociedad, señor Ministro, así lo demanda y la justicia con las víctimas de delitos violentos hace de esta cuestión un punto fundamental, si, de verdad, queremos ayudarles más allá de las simples palabras y gestos de cara a la galería.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente.
Ciertamente, no estamos solos en no haber firmado o ratificado. Tampoco lo han hecho Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda. Eso no me satisface, simplemente es una aclaración de que otros muchos

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países tampoco han podido ir a la ratificación. Es una pura aclaración de hecho.
El anteproyecto prácticamente está terminado. ¿Sabe cuál es el problema de fondo? Pues que la evolución económica es de 6.000 millones de pesetas. Seis veces más de lo que costará la implantación del jurado. La totalidad del capítulo sexto, de transferencias, medios y materiales del Ministerio de Justicia para todo un año. Ciertamente, es un dato que hay que evaluar.
Estamos tratando de afinar la posibilidad de introducir una normativa que tenga un coste que la propia Cámara pueda asumir en esta situación actual. Esto desde el punto de vista presupuestario. Desde el punto de vista de fondo, es necesario adaptar el convenio que ha quedado atrasado respecto a la propia jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. La normativa interna que teníamos al respecto, es decir, el anteproyecto de normativa que ya estaba muy elaborado, es necesario readaptarlo, no sólo al propio contenido del Consejo, sino a la interpretación que el Tribunal de Luxemburgo ha hecho del Consejo. Cuando ese problema técnico esté superado y cuando la evaluación presupuestaria lo permita, sin duda, el Gobierno presentará el correspondiente proyecto ante esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS JUZGADOS DE ANDUJAR TRANSCURRIDO EL NOMBRAMIENTO POR SEIS MESES DE UN JUEZ Y PERSONAL DE APOYO? (Número de expediente 180/000195)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, la situación de los juzgados de Andújar y las medidas que pensaba adoptar el Ministerio fueron objeto de una pregunta en Pleno que formulaba yo misma en febrero de este año 1993.
La motivación de esta iniciativa se producía por la existencia de un número demasiado elevado de casos pendientes de resolución, que se habían acumulado en los últimos años y que afectaban a los ciudadanos y a los profesionales de la abogacía de este partido judicial. Existía, ciertamente, un número de expedientes, sobre todo anteriores al año 1992, sobre los que no se había dictado sentencia. Además, este hecho se producía, en buena medida, por la provisionalidad del personal destinado a estos juzgados, ya que en unas ocasiones permanecía vacante la plaza de juez, en otras la de secretario o, incluso, la de auxiliares de estos juzgados. También se producía esta acumulación por el aumento de la litigiosidad para resolver los temas que motivaban el hecho de que los ciudadanos acudieran a los tribunales para resolver estos casos.
Toda esta situación motivó el nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial de un juez de apoyo, así como de personal de apoyo --un oficial, tres auxiliares y un agente-- que han trabajado durante seis meses para normalizar y para agilizar la solución de asuntos pendientes en estos dos Juzgados.
En estos momentos parece ser que se han puesto al día las sentencias pendientes, aunque queda una parte no menos importante pendiente, como es la ejecución de dichas sentencias, y este proceso además puede prolongarse más en el tiempo.
Por todas estas razones es por lo que le formulo la pregunta que textualmente dice: ¿Qué valoración hace el Ministro de Justicia de la situación actual de los juzgados de Andújar transcurrido el nombramiento por seis meses de un juez y personal de apoyo? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con permiso del señor Presidente.
Señoría, efectivamente el Ministerio de Justicia facilitó en su día los medios personales y materiales que había solicitado el Consejo General del Poder Judicial para poder hacer efectivo su acuerdo de enviar un equipo de apoyo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Andújar.
Lo importante de la iniciativa es que está exactamente en la línea que pretende desarrollar el Ministerio de Justicia a lo largo de la legislatura. Se trata, más que de apoyos concretos de una persona, un auxiliar o un oficial, de llevar auténticos equipos de apoyo, como pasó en el caso de Andújar, en que estuvo compuesto por un magistrado Juez, un oficial que además hacía las funciones de secretario, tres auxiliares y dos agentes judiciales. Han estado realizando su trabajo durante seis meses, desde abril hasta el 30 de octubre, y los resultados, aunque son provisionales, los considero completamente fiables; está pendiente --por eso le digo lo de provisional-- el resultado de la inspección extraordinaria que acordó el Consejo General del Poder Judicial en su día.
Sin embargo, los datos que ya tenemos en el Ministerio de Justicia permiten decir que en ese período de seis meses el órgano judicial dictó 110 sentencias civiles de

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verdadera contradicción, 25 autos resolutorios también de verdadera contradicción y 42 sentencias en el ámbito jurisdiccional penal. Eso ha significado, efectivamente, que en lo esencial se ha evitado la situación de retraso que se encontraba en los asuntos anteriores al año 1992, y que demuestra la productividad y eficacia del trabajo allí realizado.
También nos consta que los aspectos puramente procedimentales de tramitación se han realizado correctamente, lo que me permite extender la felicitación al conjunto del personal que se hizo cargo de esa comisión.
Desde luego, el propósito del Ministerio de Justicia es garantizar que en los juzgados de Andújar se mantenga una situación de normalidad, de suerte que si, como consecuencia del resultado de la inspección extraordinaria, resultara que la situación todavía no es la adecuada, apoyaría sin duda, con nuevos medios personales y materiales, cualquier acuerdo del Consejo tendente a prorrogar por otros seis meses ese tipo de apoyo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE VAN A AMPLIARSE LOS PUESTOS DE ACTIVIDAD QUE SE OFRECEN A LOS OBJETORES DE CONCIENCIA PARA REALIZAR LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/000196)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia. Puedo asegurarle que el resultado de la experiencia habida con los objetores de conciencia que han prestado y que prestan actualmente su servicio social sustitutorio en el Ayuntamiento de Ulldecona, población de donde soy alcalde, es bastante positiva.
Son 8 ya hasta ahora los jóvenes que han realizado esta prestación, de los cuales por cierto tres son de la localidad, y los otros de otras poblaciones. Pero en estos momentos, tal vez por el buen resultado obtenido, como también, creo, porque la imagen que hasta ahora ha habido de la objeción de conciencia en general ha mejorado, la demanda se ha disparado.
Sólo en Ulldecona, una población de 5.000 habitantes, en estos momentos hay 15 jóvenes demandantes del reconocimiento de la condición de objetor de conciencia y, por tanto, con la voluntad posterior de prestar el servicio social sustitutorio.
Hemos ampliado el convenio con la oficina de su Ministerio, la Oficina de la Prestación, de dos a ocho plazas, pero estamos viendo que tendremos que ampliarlo todavía, y ya sabemos que no hay ningún inconveniente. Incluso estamos estudiando un convenio de colaboración con la Cruz Roja Española al objeto de que algunos de los objetores puedan prestar su servicio en las dependencias de esta instalación.
El motivo de mi pregunta e inquietud, por tanto, no es a nivel local, sin más bien a nivel general, pues tengo la impresión de que, ante la demanda creciente, hasta ahora no hay la suficiente respuesta en general tal vez por parte de todas las administraciones. Es por ello, señor Ministro, que le formulo la pregunta siguiente: ¿Piensa el Gobierno que van a ampliarse los puestos de actividad que se ofrecen a los objetores de conciencia para realizar la prestación social sustitutoria? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia señor Presidente.
Señoría, como ya he tenido oportunidad de decir en esta Cámara, todos los temas relativos a la objeción de conciencia constituyen, sin duda, una de las prioridades del Ministerio durante esta legislatura. Me pregunta en este caso S.S. sobre un aspecto concreto y particular de esa política, que con mucho gusto trataré de responder.
La situación actual es la siguiente. Tenemos convenios con un total de 1.763 entidades, de las cuales aproximadamente 1.100 son entidades públicas y el resto son entidades y asociaciones privadas. El número total de plazas en este momento es del orden de las 33.000, que pretendemos elevar en los dos próximos meses a unas 2.000 más. Hasta ahora, efectivamente, la política de conciertos se ha llevado a efecto con instituciones públicas y privadas y, en general, sí que se ha notado una participación particularmente brillante de municipios y mancomunidades, concretamente, la evaluación global a nivel nacional es del orden de unas 1.100 plazas conseguidas por vía de municipios; sin embargo, esto no basta para el futuro.
Nuestra pretensión, básicamente va en una triple línea. Por un lado, seguir impulsando todas las políticas de colaboración y de conciertos; en ese sentido creemos necesario ampliar el concierto, por ejemplo, con el Insalud o con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a los efectos de aumentar el número de plazas. Además, consideramos imprescindible iniciar una política de conciertos con todas aquellas comunidades autónomas que tienen competencias sobre actividades en las cuales es posible realizar la

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prestación social por parte de los objetores; en ese sentido, hemos firmado ya dos convenios, uno con la Generalitat de Cataluña y otro con la Junta de Extremadura, y la idea sería procurar extender esos convenios a todas las comunidades autónomas que estuvieran dispuestas a participar y colaborar en este elemento tan especial. También, a nivel puramente de responsabilidad del Gobierno, voy a elevar al Consejo de Ministros una propuesta para ampliar las actividades o sectores de actividad en los cuales se pueda desarrollar la prestación social por parte de los objetores, ya que, como saben SS.SS., actualmente se reduce a los ámbitos de Protección Civil, naturaleza y medio ambiente, servicios sociales, sanitarios y de cooperación internacional, y ahora trataré que se amplíe a otros dos ámbitos: cultura y educación.
Esto es todo lo que le puedo decir, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAMON CAMP I BATALLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR PARA EVITAR LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE PARA LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL PRODUCE LA EXCESIVA MOVILIDAD EN LOS JUZGADOS Y QUE AFECTA A MAGISTRADOS Y SECRETARIOS? (Número de expediente 180/000202)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, es sobradamente conocido que las actuales disposiciones permiten una corta permanencia en los Juzgados de todo su personal, de tal forma que la interinidad en una constante en espera de poder trasladarse a su lugar de residencia habitual o bien a otros destinos que representen para los correspondientes magistrados, jueces o funcionarios una mejora económica; aspiraciones, tanto en un caso como en otro, perfectamente legítimas. Ello no obsta para que, en muchos casos, se produzca una interrupción de las prácticas procesales en los juzgados que afectan negativamente a la eficacia de todo procedimiento en la tramitación y en la resolución de los expedientes. Por consiguiente, es imprescindible ver exactamente qué medidas se pueden tomar para evitar que este derecho llegue a afectar de forma efectiva la tutela judicial que nuestro ordenamiento prevé.
Por ello, le formulo la pregunta siguiente: ¿Qué medidas piensa adoptar para evitar las graves consecuencias que para la efectividad de la tutela judicial produce la excesiva movilidad en los Juzgados y que afecta a magistrados, secretarios y jueces? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia de la Presidencia.
Señoría, como conoce perfectamente, de acuerdo con el marco constitucional actual, hay una serie de competencias que corresponden al Consejo General del Poder Judicial, especialmente en cuanto a nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, y espero que muy pronto, si las Cámaras así lo aprueban, también en materia de selección y otras competencias que se propondrán a la soberanía de las Cámaras. En todo caso, sí compete parte de la pregunta al propio Ministerio de Justicia que, evidentemente, tiene responsabilidades políticas en el terreno que plantea S.S.
Actualmente, la situación legal está constituida, por un lado, por el artículo 327.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, respecto a jueces y magistrados, viene a establecer el plazo de un año para poder concursar. Esto se corrigió por medio de dos acuerdos ulteriores de los años 1990 y 1991 del Consejo General del Poder Judicial, de suerte que se elevó a dos el número de años para poder participar en un concurso.
Desde el punto de vista de los secretarios judiciales, ya su reglamento preveía originariamente este plazo de dos años. En principio, este plazo es común a la totalidad de funcionarios públicos, y en este caso, aunque también en el otro en menor medida, el problema de fondo no es tanto la situación normativa, como el hecho del masivo incremento también de secretarías judiciales. Concretamente, desde el año 1988 hasta ahora se han incrementado más de quinientas. Eso ha provocado, a su vez, en cadena, vacantes, a continuación en cadena cambios, ascensos dentro de las categorías. La causa fundamental, en el caso de los secretariados, son las elevaciones de categoría y, concretamente, la llamada tercera categoría, y los ascensos a la segunda categoría dentro del secretariado: esa es la causa fundamental. Pues bien, afortunadamente el problema de fondo empieza a disolverse. Le diré que en este momento existen en esa categoría, donde mayor movilidad se produce, un total todavía de 384 vacantes, pese a lo cual ahora en enero entrarán directamente ya en las secretarías 167 nuevos secretarios que accederán por esa tercera categoría. Hemos iniciado, además, el proceso de selección de otros 125, con lo cual el problema de fondo se va a paliar. No obstante, ya desde el punto de vista judicial hay dos medidas concretas que les propongo en la primera ley de reforma urgente que llevaré a la Cámara con relación a jueces y magistrados: una, ampliar a tres

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el número de años necesarios para que los jueces y magistrados puedan participar en concursos voluntarios; dos, dejar en manos del Consejo la posibilidad de no sacar a concurso aquellas plazas que, estando cubiertas interinamente, las necesidades del servicio no lo aconsejen. En definitiva, se trata de reducir la oferta en beneficio de la demanda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Camp tiene la palabra.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Para agradecer la respuesta del señor Ministro. Efectivamente, este anuncio de ampliación a tres años es una buena noticia, y será una medida de modificación de la actual normativa, que seguro va a dar una mayor estabilidad, por consiguiente, una mayor eficacia en la resolución de los procesos y que está en la línea de superar la situación actual.
Ciertamente, estas son medidas, que no representan costes económicos, simplemente son de organización, y, como requieren modificaciones normativas, por ello era bueno que el señor Ministro pudiese anunciar estas medidas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.


--DEL DIPUTADO DON IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS PRIMEROS PASOS QUE PIENSA DAR EL GOBIERNO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA AGENCIA COMUNITARIA PARA LA SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO? (Número de expediente 180/000175)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Anasagasti Olabeaga, que tiene la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, ¿cuáles son los primeros pasos que piensa dar el Gobierno para la puesta en marcha de la Agencia Comunitaria para la Salud e Higiene en el Trabajo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Anasagasti, los primeros pasos se han dado ya. El primero consistía en la consecución de la Agencia para España, y eso fue decidido en el último Consejo Europeo. El segundo paso era la determinación de la localización en España de esa Agencia, y eso lo determinó el Consejo de Ministros en su reunión inmediatamente posterior a la cumbre, decidiendo que fuera en Bilbao, y los pasos siguientes son aquellos que tratan de dar el soporte jurídico de funcionamiento a la propia Agencia, o dicho de otra forma, conseguir una pronta aprobación por el Consejo de las Comunidades Europeas del reglamento que cree y desarrolle la Agencia.
En este sentido, el Ministro de Trabajo se ha dirigido al Comisario de Asuntos Sociales de la Comunidad y al Presidente del próximo Consejo, que es el Ministro de Trabajo griego, para que en la agenda de la presidencia griega se incluya, dentro de las materias a aprobar, la del reglamento correspondiente a esta Agencia.
sEspero, por último, una buena cooperación con el Gobierno vasco para que los medios instrumentales para ponerse en marcha puedan ser acordados entre una institución y otra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Anasagasti tiene la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, efectivamente los dos primeros pasos eran obvios. Nosotros agradecemos, como Grupo Parlamentario, la decisión del Consejo de Ministros de ubicar en Bilbao la Agencia Comunitaria para la Seguridad e Higiene en el Trabajo y, sobre todo, de algunos Ministros en particular.
De todas formas, una vez que se tomó tal decisión, quisiéramos saber, independientemente de que estemos informados de los pasos desde el punto de vista jurídico, si hay otro tipo de pasos más concretos. ¿En cuánto tiempo cree usted, señor Ministro, que la Agencia comunitaria estará en pleno funcionamiento? ¿Cuántos funcionarios tendrá esta Agencia comunitaria? ¿Cuáles serán las lenguas de trabajo? ¿Cómo se va a proceder a la contratación y formación del personal? Finalmente, ¿qué coordinación va a existir entre la Agencia comunitaria y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo situada actualmente en Dublín? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Anasagasti, los dos primeros pasos se han dado, pero no eran obvios. Han sido obvios después de que se han dado.


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Tendré que decirle también, que todas las preguntas que usted formula tendrán adecuada respuesta en la medida en que el reglamento pueda tener el consenso para ser aprobado, porque incluso esa propia relación que haya de tener con la agencia de Dublín estará en función del reglamento que podamos aprobar. Hoy día la agencia solamente tiene unas remisiones de algunas directivas, pero no tiene una normativa de funcionamiento que diga cuáles hayan de ser sus funciones en el momento en que se vaya a implantar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON NARCIS VAZQUEZ ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA UBICACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS Y PLAZOS DE EJECUCION EN RELACION CON LA INSTALACION EN ALICANTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR? (Número de expediente 180/000176)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Vázquez Romero.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la decisión del Consejo de Ministros del día 5 de noviembre de este año de situar en Alicante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, también conocida como Oficina de Marcas y Patentes, fue, sin duda, una magnífica noticia para el conjunto del país valenciano y, especialmente, para la provincia de Alicante.
Han sido varias las razones que se han manejado para esta ubicación en Alicante de esta Oficina, desde algunas folklóricas, como la licencia de un clima benigno, que, afortunadamente, disfrutamos los que tenemos el privilegio de vivir allí, hasta las de mayor entidad, como la existencia de una universidad de prestigio creciente.
Esta ubicación ha generado una gran repercusión en la vida pública de Alicante, ha generado ya buen número de debates y una expectación que en algún momento nos ha llegado a parecer una especie de «remake» de aquello de «bienvenido mister Marshall». Ha habido opiniones que casi cifraban la salida de la crisis económica para el país valenciano y para Alicante ciudad con esta ubicación en nuestra provincia de esta importante Oficina. Sin duda, la situación actual de la misma, con el bloqueo existente, según nuestras noticias, por la pretensión de incluir el holandés como sexta lengua de uso en la misma, está retrasando la puesta en marcha de todos estos procedimientos. Y, más que todo esto, lo que nos parece necesario es que sea en esta sede parlamentaria donde los representantes de la soberanía popular tengamos conocimiento de todos los detalles o de la mayor precisión posible de los detalles respecto a la ubicación, si va a ser en Alicante o en su término municipal, lo cual tendría que ver con ese triángulo de expansión que se pretende empujar, Elche-Santa Pola-Alicante, un triángulo industrial tecnológico, si va a ser en cualquier otra zona, más allá de las explicaciones que se han dado ya por parte del Secretario de Estado de Industria, el señor Moltó.
Es para nosotros importante conocer si se van a emprender las infraestructuras necesarias, que, sin duda, tendrán que ver con el desdoblamiento de la Nacional-340 entre Elche y Alicante, si se van a acometer proyectos de comunicación telefónica e informática a través del Plan FOTON para todo el entorno de la misma; si se va a potenciar el aeropuerto de El Altet; si se va a potenciar la comunicación por vía ferroviaria Valencia- Barcelona-Madrid-Alicante. Es decir, son muchas las expectativas que se han generado, son muchas las peticiones y nos parece que éste es el sitio adecuado para que las mismas se efectúen. Espero que, de su respuesta, podamos tener luz a propósito de todas ellas.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señor Romero, me congratulo también de la recepción que ha tenido la designación de Alicante como zona de ubicación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior porque tuve el honor de presentar esa propuesta al Consejo de Ministros no como algo de lo que me imaginaba que se iban ustedes a congratular, sino como una decisión que es deseable desde el punto de vista de una política de descentralización de sedes y una política tendente a favorecer las regiones del entorno del término municipal de Alicante, no solamente de la región valenciana o de la provincia de Alicante, y a la vez contribuir, por lo tanto, a un proceso de dimensión europeo y nacional.
En segundo lugar, se interesa por muchas cosas y supongo que comprenderá que a todas ellas no pueda dar, en tan poco espacio de tiempo, una respuesta cumplida. Sí le puedo decir que desde el Gobierno y desde el Ministerio de Industria en particular estamos en un proceso de conseguir que se produzca la pronta aprobación del reglamento de funcionamiento de la oficina.


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En tercer lugar, hemos estado discutiendo con el comisario correspondiente, que es el señor Vanni d"'Archirafi, los mecanismos de financiación.
En cuarto lugar, pretendemos que pueda haber una cofinanciación comunitaria, unida a los esfuerzos que se puedan hacer desde las distintas instituciones centrales, regionales y locales para la ubicación.
En quinto lugar, tenemos que saber en qué período de tiempo tiene que estar en funcionamiento la Oficina; Oficina que contemplamos, quizá, en una primera fase, como provisional y, en una segunda fase, con la creación de un edificio suficientemente emblemático, de algo que ha de tener una importancia grande, no sólo en el ámbito local, del término municipal de Alicante y en su zona de influencia, sino, ciertamente, para los fines a los que está llamada.
No puedo en este momento darle ulteriores precisiones, porque también estamos pendientes de la contestación de la propia Comisión de la Unión Europea, en relación con la aprobación del reglamenteo y con la cofinanciación y los plazos para la entrada en vigor de la oficina, pero éste es un proceso de diálogo del que me encantará darles cuenta no solamente en esta Cámara, sino también, obviamente, en el ámbito de la región donde va a ser ubicada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 18 DE OCTUBRE DE 1993, QUE RECONOCE EL DERECHO DE ASOCIACION DEL REPRESENTANTE DE LA UNION DEMOCRATICA DE LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/000177)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Romero Ruiz, que tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro del Interior, me cabe el honor personal, así como el de mi Grupo Parlamentario, de hacerle la primera pregunta. Usted debuta hoy en el Pleno de la Cámara, a raíz de esta pregunta con respuesta oral, que no será la última, señor Ministro; es más, no le arriendo la ganancia. Pero yo sé que usted es un hombre de convicciones firmes y de gran preparación política, por lo que nuestros debates, nuestros encuentros y desencuentros, creo que van a ser beneficiosos para la política de Interior, en general.
¿Qué medidas piensa tomar usted, como Ministro que inaugura una etapa en el Departamento a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de octubre de 1993, en la que se otorga amparo a don Manuel Rosas Recuerda y a la Unión Democrática de la Guardia Civil? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.


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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
En qué sentido, no se lo puedo decir, señoría, en esta ocasión, sin duda tendré otras ocasiones para decírselo y darle sobradas explicaciones. A lo que sí se va a proceder, como es lógico, es a resolver expresa y motivadamente.
Por tanto, si S.S. tiene interés, una vez ya resuelto, le podemos facilitar la orientación con la que se va a proceder a esa motivación sobre lo que es la resolución que indica el alto Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ROGELIO BAON RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTRO DEL INTERIOR PARA IDENTIFICAR, DESARTICULAR Y, EN SU CASO, PONER EN MANOS DE LA JUSTICIA, A LOS COMPONENTES DE BANDAS DE «CABEZAS RAPADAS» QUE LAS ULTIMAS SEMANAS HAN COMETIDO DIVERSOS ACTOS VIOLENTOS CONTRA PERSONAS Y PROPIEDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente 180/000181)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, del señor Baón Ramírez, que tiene la palabra para formularla.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, aunque por mandato constitucional rige para el Gobierno el principio de solidaridad y de corresponsabilidad, le concedo la tregua de los primeros días, esa cierta presunción de inocencia política, al tiempo que le deseo acierto en su nueva gestión. De todas maneras, debo preguntarle: ¿qué medidas ha adoptado el Ministro del Interior para identificar, desarticular y, en su caso, poner en manos de la justicia a los componentes de bandas de «cabezas rapadas» que en las últimas semanas han cometido diversos actos violentos contra personas y propiedades en la comunidad de Madrid? En los dos últimos años, y de manera ostensible y preocupante en las últimas semanas, en la comunidad de Madrid han proliferado estos actos violentos a cargo de «cabezas rapadas» o «skinheads», y es lo cierto que estas tribus traen de cabeza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a juzgar por el temor, el miedo que han suscitado en la sociedad madrileña.
Son tan violentos como irracionalmente agresivos que últimamente han producido un homicidio. Está por calificar judicialmente en qué términos se produjo la muerte de don Jesús Sánchez Rodríguez, de 27 años, así como innumerables daños materiales no evaluados todavía.
Estadísticamente, por los periódicos se sabe que en 1991 estos tipos de grupos incontrolados protagonizaron tres agresiones, 55 en 1992 y ya en 1993 van contabilizadas más de ciento treinta. La tipología de estos delincuentes es compleja, pero responde a los perfiles siguientes: son jóvenes, con indumentarias paramilitares la mayoría de las veces, no tienen una ideología definida, aunque son xenófobos y racistas y surgen en muchos casos de encuadramientos en asociaciones deportivas.
Señor Ministro, este fenómeno nos preocupa y por eso le pedimos contundencia en la represión, incluso una mayor coordinación en la Junta Local de Seguridad por lo que respecta a Madrid, pero, al propio tiempo, le encarecemos a que promueva un estudio de las causas a fin de que este fenómeno no vaya a más, ya que es preocupante, teniendo en cuenta las estadísticas que acabo de leer y, sobre todo, porque están produciendo bandas de signo contrario, especies de somatenes de autodefensa, y eso sí es preocupante, porque también están al margen de la legalidad...


El señor PRESIDENTE: Señor Baón, ha concluido su tiempo.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, los hechos que usted describe han determinado ya la creación de un grupo operativo policial específico para la prevención y represión de este nuevo fenómeno delictivo, grupo que, además, cuenta con el apoyo del resto de las unidades policiales. También se han hecho ya los estudios pertinentes y los informes, aunque, como S.S. entenderá, el hecho de que estudiemos esas causas del delito en principio y a corto plazo no va a evitar que se tengan que tomar las medidas represivas para con este tipo de delincuencia, aunque, en el futuro, seguramente armonizando políticas diversas, podría ir paliándose este fenómeno delictivo que surge ahora.
En cualquier caso, la respuesta inmediata, contundente, además, que el Gobierno da es la de creación y tratamiento específico para este grupo de delincuentes que aflora ahora en las ciudades más pobladas y que, por tanto, exige esa respuesta inmediata, que ya está creada y ya se ha puesto en coordinación y, además, recibiendo el apoyo de las demás unidades operativas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

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POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO PARA ABARATAR LOS TIPOS DE INTERES EN EL MERCADO HIPOTECARIO? (Número de expediente 180/000182)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 17, del señor Fernández de Trocóniz, que tiene la palabra para formularla.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señor Ministro de Economía y Hacienda, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno para abaratar los tipos de interés en el mercado hipotecario?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno, desde que se aprobó por el Parlamento la moción sobre abaratamiento de tipos en el mercado hipotecario, ha puesto en marcha una serie de actuaciones, que se concretan fundamentalmente en cuatro aspectos.
En primer lugar, una orden ministerial, que está presta ya para ser remitida al Consejo de Estado, sobre transparencia informativa, que deberá entrar en vigor no más tarde del 1 de enero próximo.
En segundo lugar, en colaboración con el Banco de España, estamos elaborando también una mejora de los índices existentes, con la finalidad de que en la práctica sólo se use un número reducido de los mismos y romper el exceso de opciones que en el momento actual existen en el mercado.
En tercer lugar, se está elaborando, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, un borrador de proyecto de ley que afecta a los costes registrales, notariales y fiscales, que pretende abaratar los costes de las escrituras públicas de novación modificativa de préstamos hipotecarios.
Finalmente, también se ha elaborado por el Ministerio de Justicia un anteproyecto de ley, todavía en discusión con nosotros, pero esperemos que esté resuelto en los próximos días, sobre subrogación de los préstamos hipotecarios, de tal forma que permita hacer posible en la práctica el mecanismo de subrogación previsto en el artículo 1290 del Código Civil.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Gracias, señor Ministro. Créame que me satisface la respuesta que me da a la pregunta que le formulo. Me satisface enormemente, por una parte, porque, como usted sabe, los índices de referencia actualmente existentes son los señalados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por sendas resoluciones de 20 de junio de 1986, y posteriormente modificada por la de 5 de diciembre de 1989, que realmente no han sido operativas dentro del mercado hipotecario. Bueno sería que, de una vez por todas, se estableciese el Mibor como único índice referencial que fuese objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como índice necesario para determinar el tipo de interés de los préstamos a interés variable.
Por otra parte, he entendido que también está preparando las oportunas modificaciones de la legislación civil e hipotecaria para poder llevar a efecto la extinción anticipada de los préstamos hipotecarios y lógicamente favorecer la subrogación entre diferentes acreedores hipotecarios.
También me gustaría oír de su boca, señor Ministro, la posibilidad de que efectivamente se modifique el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los efectos de que se establezca la exención correspondiente para este tipo de manifestaciones, que realmente no supone ningún tipo de manifestación de capacidad contributiva, en cuanto que lo que vienen a suponer no es ni más ni menos que una hipoteca de lo que se considera y se denomina por la doctrina hipotecaria de máximos; modificación simple que no afectaría en absoluto a los ingresos de las comunidades autónomas, por cuanto se trata de actos jurídicos que realmente se manifiestan con poca reiteración, con muy poca frecuencia, en el ordenamiento jurídico actual. Son medidas que se pueden adoptar de manera rápida y casi se podría decir inmediata. Sin embargo, es de considerar que recientemente el Partido Nacionalista Vasco ha formulado una enmienda a los presupuestos a los efectos de entender exentas en el citado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados tanto a las modificaciones como a las extinciones de hipoteca, que no fue recogida por su Grupo. Se podría haber llegado a algún tipo de enmienda transaccional, de la cual nosotros hubiéramos sido también partícipes, para que se hubiera podido realizar de esta manera esta exención necesaria en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Le anuncio al señor Ministro que, en breve plazo, presentaremos la correspondiente iniciativa legislativa, tanto en lo que se refiere al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados como en lo referente a la posible modificación futura de la ley de usura, en la medida en que, si ustedes no realizan la corrección de este tema, efectivamente la bajada de los tipos de interés del mercado se traduzca también en los préstamos hipotecarios actualmente vigentes y en los por venir.
Señor Presidente, muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tomaremos con el máximo interés las aportaciones que podamos recibir. Sin embargo, querría hacerle un par de comentarios adicionales a sus palabras. Primero, el Mibor como punto de referencia al tipo de interés variable me parece muy bien. Sin embargo, no debe ser el único índice de referencia porque tendremos que poner en marcha otros.
En segundo lugar, en cuanto a la exención de Actos Jurídicos Documentados, en principio estamos trabajando en esa vía. Sin embargo, no se le oculta que, a pesar de todo, puede dar lugar a una cierta discusión respecto a la financiación de estas caídas de ingresos en cuanto a las comunidades autónomas se refiere. Por último, me gustaría entrar en un punto, no jurídico, pero sí económico-financiero, de gran importancia.
Es mucho más fácil reglamentar lo que va a suceder en el futuro que lo que ha sucedido con los créditos hipotecarios que actualmente están en vigor. No cabe duda de que debemos abaratarlos, no cabe duda de que debemos dar posibilidades para que se produzca una novación o subrogación de los mismos, pero también tenemos que tener en cuenta el equilibrio delicadísimo actul del sistema financiero y no introducir problemas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CONSEGUIR LA ADECUADA PROTECCION DEL MENOR EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000186)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Michavila Núñez. Tiene la palabra.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir la adecuada protección del menor en España y, singularmente, cuándo piensa presentar el Gobierno ante esta Cámara el proyecto de ley de protección del menor? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, es una prioridad para el Ministerio de Asuntos Sociales todo lo relativo a la protección del menor, la protección de la infancia. En esa línea estamos desarrollando unas actuaciones, entre las que señalaría como prioritarias la aplicación de las líneas generales que estableció la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ratificada por España y todo lo que atañe a la protección del desarrollo integral de los menores y, por tanto, a su salud moral, física y mental.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Tiene la palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Ministra. La confusión se debe a que originalmente esta pregunta estaba dirigida al Ministro de Justicia, toda vez que se pretendía incidir en el aspecto normativo. Sin embargo, también satisface a este diputado el ser contestado por una persona que ha tenido el mérito de abandonar la vida civil para meterse activamente en la vida política y singularmente en este Gobierno. Gobierno que quiero recordar que se califica de progresista y en ese sentido ustedes han participado de ese progresismo y deberían tratar de defender a esos colectivos más desprotegidos, como son los niños y los mayores. Nos está ocurriendo con los niños lo mismo que con los mayores, que encontramos reiteradas promesas del plan gerontológico, reiteradas promesas de la ley de protección del menor y, sin embargo, nunca ve esta Cámara que el Gobierno cumpla con esos objetivos.
A lo mejor tiene que convenir conmigo en recordar aquello que decía Neruda: Nosotros, los de entonces, no somos ahora los mismos. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila. Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, la verdad es que creo que está formulada adecuadamente la pregunta al Ministerio de Asuntos Sociales porque una de las prioridades que tenemos es precisamente el desarrollo de la ley de derechos de la infancia. En la comparecencia en la Comisión de Política Social y Empleo en el pasado mes de octubre nos hemos comprometido a tener presentada esa ley de derechos del menor a finales del primer semestre de 1994. Se está trabajando en ello y yo creo que será un momento muy adecuado para debatir todo el tema de los derechos del menor. Además, desde que se aprobó la Convención de Derechos del Niño por esta Cámara y, por tanto, se ratificó

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la Convención de Naciones Unidas, se han llevado a cabo desarrollos normativos muy importantes. Uno de ellos es la Ley orgánica 4/1992, de 5 de junio, que adaptó nuestro ordenamiento procesal a las normas requeridas precisamente en el artículo 40 de la expresada Convención para que tuviera todas las garantías procesales que establece la misma.
También estamos tramitando acuerdos bilaterales para que se cumpla el artículo 21 de la Convención en lo que atañe a las adopciones y el cumplimiento de las normas internacionales sobre adopciones, precisamente en protección de los derechos del niño. Y algo muy importante es que precisamente en la reunión del Consejo de Ministros del viernes pasado aprobamos el proyecto de ley de trasposición de la directiva 89/552 de la Comunidad Económica Europea, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisada, que desarrolla en su artículo 22 la protección de los menores frente al contenido de la publicidad, así como al resto de programaciones en cuanto a bandas horarias y al ámbito moral de los menores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE VA A PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE ATENCION A MINUSVALIDOS PROFUNDOS DE TORRELAVEGA (CANTABRIA)? (Número de expediente 180/000917)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Lago Freire.


El señor LAGO FREIRE: Señor Presidente, señora Ministra, en Torrelavega, en Cantabria, se ha construido y bien dotado un centro de atención a minusválidos profundos que no acaba de inaugurarse. Este retraso importante conlleva la imposibilidad de poner en marcha 250 puestos de trabajo de una forma directa o indirecta.
Usted sabe que Torrelavega es una ciudad industrial que atraviesa una crisis profunda en estos momentos. Es necesario poner en marcha aquellos servicios que suponen el emplear a trabajadores. Por tanto, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuándo se va a poner en funcionamiento el centro de minusválidos profundos de Torrelavega? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lago.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, como bien saben SS.SS., el Ministerio de Asuntos Sociales cuenta para la atención de los colectivos a los que dirige su actuación y que se encuentran en el ámbito de su protección social, con una infraestructura de centros dedicados a la atención de ancianos y de minusválidos. El presupuesto de inversiones del Inserso se ha incrementado enormemente en los últimos años, y en relación a los centros asistenciales, el esfuerzo ha hecho que de 49 centros que teníamos en 1982 hayan aumentado a 91 en 1992. Los centros de atención a minusválidos psíquicos son centros de ámbito nacional dedicados a la atención y asistencia a personas con minusvalía psíquica que, por su afectación, exigen tratamientos idóneos para lograr, hasta donde es posible, su habilitación para las tareas de la vida diaria y evitar, al mismo tiempo, su mayor deterioro e involución. Este tipo de centros funciona, como es sabido, en internado, media pensión y ambulatorio. En este contexto, el centro de atención de minusválidos psíquicos de Torrelavega, cuyas obras se iniciaron a finales de mayo de 1990, está en sentido estricto terminado. Existe un administrador del centro que se está ocupando de las actuaciones necesarias para su puesta en funcionamiento. La plantilla prevista es de 135 personas, no de 250 como ha manifestado usted, y el número de plazas del centro es de 150, de las que 120 son en régimen de internado y 30 en régimen de media pensión. El centro, además, cuenta con un polideportivo, cuya recepción provisional se dio el 14 de octubre pasado, y el equipamiento ya está adquirido y se encuentra depositado en los almacenes. Sin embargo, tenemos que señalar que, además de las obras del centro propiamente dicho, se están llevando a cabo obras de infraestructura ajenas al departamento del Inserso, como son accesos, electricidad, alcantarillado, cuyo cometido para llevarlas a cabo corresponde a otras administraciones. Y está previsto que se finalicen en el primer trimestre de 1994. Esa es la causa por la que no podemos fijar de momento una fecha con exactitud para determinar la entrada en funcionamiento, puesto que dependemos de otras administraciones para poder ponerlas en marcha.
De todas formas, nuestra voluntad, puede estar usted seguro, es de ponerlo en funcionamiento lo antes posible, puesto que la lista...


El señor PRESIDENTE: Gracias.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): ...
de espera para el centro...


El señor PRESIDENTE: Señora Ministra...


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): ...
es de 43 plazas que proceden de Cantabria...


El señor PRESIDENTE: Gracias.


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La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): ... y 42 plazas del resto de España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA MARIA ISABEL RODRIGUEZ CALVO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE IMPONE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO A LA HORA DE PATROCINAR PROTOCOLOS O GUIAS PARA CONSEGUIR UNA MEJOR ASISTENCIA MEDICA? (Número de expediente 180/000199)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Rodríguez Calvo.


La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, últimamente se están elaborando y difundiendo múltiples protocolos y guías sobre la utilización de la nueva tecnología, su eficacia o el impacto que las nuevas técnicas o tratamientos tienen sobre la salud de los individuos. Estos protocolos pretenden poner a disposición de los facultativos un conjunto de recomendaciones que contribuyan a mejorar su toma de decisiones en la práctica médica diaria, además de pretender unificar criterios en todos los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Como quiera que se está produciendo un «boom» en la realización de estos protocolos, con el consiguiente coste para el Ministerio de Sanidad y Consumo, es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones necesarias que impone el Ministerio de Sanidad y Consumo a la hora de patrocinar protocolos o guías para conseguir una mejora en la asistencia sanitaria?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Calvo.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Rodríguez Calvo, el Ministerio, como S.S. conoce, ha desarrollado en el último año un importante esfuerzo de elaboración de guías de práctica clínica y protocolos desde el convencimiento de las múltiples ventajas que ofrecen al Sistema Nacional de Salud, porque creemos que ayudan al profesional sanitario en la toma de decisiones, porque contribuyen a asegurar la calidad de la asistencia médica y la seguridad de los pacientes sometidos a un procedimiento, porque posibilitan el desarrollo de vías de comunicación, participación y corresponsabilización entre el Ministerio y los profesionales y porque permiten ordenar las pautas de procedimientos clínicos con arreglo al estado de la ciencia y adecuar el uso de los medios diagnósticos y terapéuticos permitiendo una asignación óptima de recursos. Además, permiten determinar detalladamente los componentes del diagnóstico, el tratamiento y los cuidados necesarios para una adecuada atención sanitaria.
Las guías se elaboran por el Ministerio con grupos de expertos de carácter multidisciplinar y reconocido prestigio, en los que participan las sociedades científicas y los profesionales que prestan servicios en el Insalud. Tras analizar la situación científica determinan por consenso las condiciones razonables de utilización de una tecnología sanitaria o un procedimiento diagnóstico o terapéutico. Se patrocinan las guías elaboradas por las sociedades científicas, para lo que hemos suscrito, en el año 1993, ocho convenios de colaboración.
Hasta el momento se han elaborado 17 protocolos y guías con la colaboración de 21 sociedades científicas y 300 profesionales del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio exige a toda guía o protocolo que la materia objeto de estudio tenga relevancia sanitaria o social, que su análisis resulte necesario para unificar criterios y tendencias en su tratamiento clínico y que, además, tenga un amplio consenso científico. Debe reunir también determinadas condiciones que garanticen su utilización, que son: la validez, la fiabilidad, aplicabilidad, flexibilidad, carácter multidisciplinar y posibilidad de revisión.
Las guías tienen carácter indicativo y su utilización por los profesionales se deriva tanto del aval del Ministerio como del consenso y rigor científico con que son realizadas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Rodríguez Calvo.


La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias por su exposición y respuesta. Estoy de acuerdo en que el contenido de estas guías se hace con el mayor rigor y en que los criterios que impone el Ministerio serán muy interesantes y sobre todo que las guías sean científicas y rigurosas; pero lo que sí me interesaría como Diputada de una Comunidad que ya tiene todas las transferencias, concretamente de la provincia de Granada, es que, como uno de los criterios de esta guía es unificar, precisamente, y valga la redundancia, criterios en todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, es que, a la hora de patrocinar los protocolos, que se hicieran extensivos a todo el país, incluso a las comunidades que ya tienen transferidas las competencias del sistema sanitario.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Calvo.
Señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señora Diputada, tomo buena nota de su petición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO JOVER PRESA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PROCEDERA EL GOBIERNO A DESARROLLAR LAS PREVISIONES DE LA LEY 10/1986, DE 17 DE MARZO? (Número de expediente 180/000200)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Jover Presa.


El señor JOVER PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la ley sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental establecía en su artículo 1.º4, que la titulación, planes de estudio, régimen de formación y especialización de los odontólogos se acomodaran a los contenidos, niveles y directrices establecidos en las normas de la Comunidad Económica Europea, y, consecuentemente, en su disposición final segunda la Ley habilitaba al Gobierno para desarrollar, en todo aquello que fuera preciso, los contenidos de dicha Ley.
La verdad, señora Ministra, es que el Gobierno ha desarrollado prácticamente ya todas estas materias, pero queda una en la que aún no se ha producido la adecuada reglamentación. Yo me conformaría con que en su resupuesta usted se refiriese a ello. Hablo de la especialización. Las especialidades de los odontólogos todavía no están desarrolladas y yo creo que ya existe cierta urgencia para abordar esta cuestión, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque su no regulación puede afectar a la libre circulación de profesionales y a la libertad de establecimiento en el seno de la Comunidad Europea; y, en segundo lugar, porque hoy nos encontramos con que algunas universidades --yo conozco una, concretamente la de Barcelona-- ya están dando «masters» sobre esta materia, desde hace cuatro años, y se encuentran con que esos títulos todavía no pueden tener el adecuado reconocimiento oficial.
Además, en el ámbito del derecho comunitario esto ya no ofrece ningún problema. Hay varias directivas, si no me equivoco, que han desarrollado esta materia, concretamente la Directiva 78/686. La Comunidad Económica Europea ya se refirió a esta cuestión, estableció las dos especialidades que todo el mundo sabe que va a haber: ortodoncia y cirugía bucal y posteriormente se ha producido un interesante informe del Comité consultivo de expertos, que estableció la Comunidad por la Directiva 78/688, que ya ha dado muchas directrices a la cuestión.
Por tanto, señora Ministra, desearía saber si por parte del Gobierno hay la previsión de desarrollar esta cuestión y regular las especialidades de los odontólogos.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, su pregunta plantea un problema que estamos en vías de resolver y voy a tratar de explicarle las razones de la demora en el tratamiento de esta cuestión.
La ley 10/1986, de 17 de marzo, como S.S. conoce, crea las profesiones de odontólogo, protésico dental e higienista dental, y la disposición final segunda establecía que el Gobierno debía desarrollar lo dispuesto en el articulado de la ley y definir los requisitos básicos y mínimos correspondientes a los centros y establecimientos de salud dental y las relaciones entre las distintas profesiones de ámbito sanitario.
El Real Decreto que viene a cumplir estas previsiones, señoría, está ya elaborado y acaba de pasar el trámite de audiencia previsto en el procedimiento legalmente establecido.
Pero debo explicar a S.S. que el retraso en el desarrollo de la ley y en la elaboración de este decreto ha estado determinado porque hemos tenido que mantener contactos y establecer un consenso entre los múltiples profesionales afectados que, de entrada, han tenido puntos de vista diferentes sobre la cuestión. Desde el año 1989 se han venido realizando reuniones con los distintos colectivos y organizaciones, en las que, tras muchas horas de trabajo, créame, se ha podido alcanzar un grado de consenso importante con las distintas asociaciones de protésicos dentales, las asociaciones y colegios oficiales de odontólogos y las asociaciones de higienistas. Además, ha sido necesario abordar el problema suscitado por los derechos adquiridos de protésicos e higienistas dentales que ejercían su actividad con anterioridad a la promulgación de la ley, problema al que creemos se da solución con el proyecto de Real Decreto ya elaborado. El Real Decreto va a regular las actividades y prescripciones que podrán realizar los licenciados en odontología, la actividad profesional y las funciones que podrán ejercer los protésicos dentales, las funciones para las que están capacitados los higienistas dentales y los requisitos mínimos que deberán reunir las consultas dentales y los laboratorios de prótesis.
Como ya he indicado a S.S., ha finalizado el trámite de audiencia del proyecto del Real Decreto, hemos recibido propuestas de modificación y sugerencias por parte de 17 entidades de todas las consultadas, y en estos momentos estamos analizando las propuestas recibidas, con el objetivo de remitir el proyecto al Consejo

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de Estado en estos primeros días de diciembre, lo que permitiría su publicación, previsiblemente...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): ...en el primer trimestre de 1994.
Gracias, señor Presidente.


--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿RESPALDA EL SEÑOR MINISTRO QUE EL DIRECTOR GENERAL DE RTVE, U OTRO ORGANISMO O ENTE PUBLICO, ORGANICE REUNIONES CON PRESIDENTES DE COMUNIDADES AUTONOMAS, CON CRITERIOS DISCRIMINATORIOS EN FUNCION DE SU ADSCRIPCION POLITICA (Número de expediente 180/000179)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, el pasado 15 de noviembre se producía una reunión, a convocatoria del señor García Candau, con los presidentes de distintas comunidades autónomas que tenían una misma condición, y es que en esas comunidades autónomas no existe televisión autonómica. El objeto de la reunión era la regionalización de la segunda cadena, y hay que señalar que a esa condición de no tener televisión autonómica se une una segunda condición, la de que todos esos presidentes de comunidades autónomas pertenecían a un mismo partido: el Partido Socialista Obrero Español. Por ello, pregunto al señor Ministro: ¿Comparte el señor Ministro el criterio del Director General del Ente Público al convocar a distintos presidentes de comunidades autónomas para analizar el futuro de parte de la programación de Televisión Española?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera iniciar esta respuesta diciendo a S.S. que no es responsabilidad política de este ministro, ni de ningún ministro del Gobierno, establecer la agenda del Director General de Radiotelevisión Española, un ente que goza de personalidad jurídica propia y, desde luego, ni mucho menos está en el ámbito de responsabilidad del Gobierno determinar la oportunidad de las reuniones del director general con los presidentes de las comunidades autónomas. Hecha esta aclaración con carácter general, quisiera indicarle que el Gobierno está impulsando en todos sus ámbitos de actuación la colaboración entre las Administración central y las distintas administraciones públicas, autonómicas o locales. Que esta colaboración está definida específicamente para la televisión en el ámbito del Estatuto de Radiotelevisión Española y de la televisión de terceros canales y que esta relación que el Director General de Radiotelevisión realiza con normalidad, a juicio del Gobierno --y es también el juicio del Director General de Radiotelevisión--, no debe someterse a discriminaciones de ningún género, en función, desde luego, de ningún tipo de adscripción política de los gobiernos autonómicos correspondientes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Ministro, el problema es que la convocatoria se hizo con criterios discriminatorios por razón de su pertenencia al PSOE y hay que decir que las relaciones con otros presidentes autonómicos no son exactamente lo que debían ser. Concretamente, hace un año, más o menos, se celebró una reunión con el Presidente de la Junta de Castilla y León, a iniciativa del propio Presidente de la Junta de Castilla y León que, además, invitó en aquella ocasión al señor García Candau a visitar la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El señor García Candau, efectivamente, terminó yendo a Valladolid y visitó la Comunidad Autónoma, pero únicamente se reunió con los representantes del PSOE, con el señor Quijano, con el Delegado del Gobierno y con otros miembros del PSOE, pero no visitó al Presidente de la Junta.
(Rumores.) Hay que preguntarse: ¿Por qué este tipo de discriminaciones? ¿Por qué no se invitó a nadie de otra adscripción política? Lamentablemente, nos tememos que se trata de utilizar esa regionalización del segundo canal de Televisión Española de cara a las próximas elecciones autonómicas, para poder desde ahí llevar a cabo una manipulación (Rumores.) como la que se ha producido, por ejemplo, a través de la Delegación de Radio Nacional de España en Castilla y León, lo que ha provocado que el Consejo de Radio y Televisión de Castilla y León pida la remoción del Director de Radio Nacional en Castilla y León. Si hablan de impulso democrático, lo primero que tienen que hacer es sustituir al señor García Candau para ver si así, de una vez por todas, conseguimos tener una televisión plural, que informe con veracidad e imparcialidad, como dice la Ley del Estatuto del Ente.
Nada más, señor Ministro.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
A los argumentos que le daba en mi primera contestación voy a añadir otro más. Como usted sabe perfectamente, en este Parlamento hay una Comisión específica de control de la actuación de Radiotelevisión Española, que es el ámbito -- entiendo-- en el que deben plantearse estos temas.
Precisamente esta mañana, en la reunión normal de control de esta Comisión, un Diputado de su grupo le hacía una pregunta idéntica a la que usted me hace a mí. Me remito a la respuesta que el señor García Candau daba esta mañana en la Comisión de control, no sin antes recordarle algunos extremos de la misma que me parecen significativos.
La reunión se produce a petición de los presidentes de las comunidades autónomas, que no todos los presidentes son socialistas, falta uno, señora De Palacio; por tanto, no busque usted tres pies al gato. Todos los presidentes que se reúnen tienen una concepción similar en relación con el problema que se está abordando, que es la regionalización de la radiotelevisión pública española. Además de eso (usted misma ha recordado que ha habido contactos previos entre el señor García Candau y otras comunidades autónomas), quiero significarle que hay prevista una reunión específica para tratar este tema con el señor Fraga; que el Director General de Televisión ha solicitado audiencia a los presidentes de Castilla y León y de Baleares; y que hay también prevista una reunión con el de Canarias. Por tanto, ninguna discriminación, señora De Palacio, simplemente imaginación por parte del Grupo Popular. (Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS HA PRESENTADO POR UNDECIMO AÑO CONSECUTIVO LAS AYUDAS EN FAVOR DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EUROPEO. CABE HACER A LA SEÑORA MINISTRA LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿POR QUE EN ESPAÑA CONTINUAN CENTRALIZANDOSE TODAS LAS AYUDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y SUS ORGANISMOS SIN QUE SE DE PARTICIPACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente 180/000174)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Albistur Marín. El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente, y también gracias, señora Ministra, por su presencia.
Mi pregunta es: ¿Por qué en España continúan centralizándose todas las ayudas por el Gobierno central y sus organismos sin que se dé participación a las comunidades autónomas, en relación con las ayudas a la conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, Presidente. Señoría, quiero, en primer lugar, y es sinceramente, agradecerle su pregunta que me permite hacerle una breve reflexión sobre las dudas que en la misma se encierran y que, no me importa decirlo, en alguna medida personalmente también comparto. Estamos ciertamente, señoría, ante una norma, como es la convocatoria de ayudas en favor de la conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo, que trasciende nuestros respectivos ordenamientos y, a su vez, es una norma que incide en un ámbito competencial interno, como es el de cultura. Ante este juego de los diferentes ordenamientos, creo que la fórmula seguida hasta ahora, por virtud de la cual el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura, ha venido canalizando estas peticiones de ayuda, no es todo lo coherente que debiera ser con nuestro ordenamiento autonómico en la materia, porque si es verdad que la propia norma comunitaria abre una vía directa, simultánea a particulares y a administraciones, para dirigirse a la Comisión en demanda de estas ayudas, y si también es verdad que, con la canalización de estas demandas por el Instituto de Conservación y Restauración, lo que se ha buscado es situarse en una mejor posición ante la Comisión, que es la que autonómamente las otorga en última instancia, no es menos cierto, señoría, que las competencias de las comunidades autónomas en materia de patrimonio exigen una participación activa a la hora de informar nuestras propuestas ante la Comunidad.
Ciertamente, no es éste el momento de ofrecer una solución repentina al tema, pero sí el compromiso --que asumo por mi parte-- de buscarla con las comunidades autónomas, para que, sea cual sea la decisión que adoptemos finalmente, se haga de mutuo acuerdo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchísimas gracias, señora Ministra.
De verdad que si cundiera el ejemplo de lo que usted acaba de decir, yo creo que este Estado de las autonomías marcharía mucho mejor.


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Mi pregunta iba, precisamente, dirigida a que en países -- diremos-- de más tradición centralista que el nuestro, existe ya esa descentralización por la que usted aboga. Yo le deseo que tenga verdadera suerte para poder llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas y contribuya verdaderamente a la finalidad que es el desarrollo regional de todo este tipo de ayudas. Muchísimas gracias por su respuesta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.


--DEL DIPUTADO DON ALBERTO MORAGUES GOMILA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES DE ACTUACION CONTEMPLA EL MINISTERIO DE CULTURA EN LAS ISLAS BALEARES EN 1994? (Número de expediente 180/000198)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Moragues Gomila.


El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares no se ha caracterizado a lo largo de su existencia por su apoyo a las iniciativas culturales, sobre todo, en lo que hace referencia a las infraestructuras necesarias. No quiero decir con esto que la Consejería correspondiente no haya realizado su labor, sino que al englobar en su ámbito de actuación además de cultura, educación y deportes, ha de repartir sus disponibilidades con estas dos áreas añadidas y así nos encontramos con que el ejercicio de una competencia plena de la Comunidad, como es cultura, muchas veces es supeditado a intereses de estas otras áreas de actuación, aunque en una de ellas, como es el caso de educación, no se tengan competencias, ya que su proceso de transferencias se ha iniciado tras la firma del pacto autonómico. Digo esto, señora Ministra, porque para entender qué hace la Comunidad Autónoma hay que saber que puede destinar centenares de millones de pesetas a experimentar un modelo educativo propio para las Islas Baleares en clara confrontación con la LOGSE y, por otro lado, es incapaz de hacer inversiones absolutamente necesarias para salvaguardar el rico patrimonio histórico de las Islas Baleares, extender la oferta en bibliotecas, archivos, museos y un largo etcétera.
Ante esta situación de parcial desamparo cultural en que nos encontramos los habitantes de las Islas Baleares, hemos de conocer forzosamente las actuaciones previstas por parte del Ministerio, si queremos mantener nuestras esperanzas de contar con unas infraestructuras cultuales que acerquen las estadísticas de bienestar cultural a las cifras de nuestra realidad económica. En este sentido, señora Ministra, le formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones de actuación contempla el Ministerio de Cultura en las Islas Baleares para 1994? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Presidente. Señor diputado, como tuve ocasión de señalar cuando presenté la Sección correspondiente del Ministerio en el debate presupuestario ante esta Cámara, el presupuesto de Cultura para el año 1994, todavía en trámite parlamentario, es un presupuesto austero y solidario con el compromiso del Gobierno de reducir el déficit público, manteniendo los niveles de gasto social considerados prioritarios: educación, sanidad, pensiones y desempleo. Desde esa perspectiva de compromiso positivo con la reducción de gasto, hemos tratado de hacer una distribución interna del mismo para el año 1994 que nos permita hacer frente a los compromisos ya contraídos en materia de infraestructuras, sosteniendo, al mismo tiempo, las unidades de producción cultural en un nivel lo más digno posible.
En esta línea, en la Comunidad de Baleares, con la que ya hemos tenido una primera reunión de comisión mixta, en materia de museos vamos a abordar dos actuaciones: una primera, que se traduce en la instalación museográfica del Museo de Menorca, y la segunda, que será la financiación del proyecto de obras de mejora en el Museo de Ibiza.
Por lo que se refiere a patrimonio histórico, la actuación del Ministerio incidirá durante dicho año en tres proyectos: la restauración de las murallas de Ibiza; la restauración del Palacio de Vivot, en Palma de Mallorca; y, finalmente, la restauración del Monasterio de Santa Clara. Por último, y derivadas de los compromisos contraídos como consecuencia del denominado plan de catedrales, las actuaciones del Ministerio en este campo, durante 1994, se concretarán en dos proyectos: la restauración y plan director de la catedral de Palma, por un lado, y elaboración del estudio del plan director de la catedral de Santa María, en Ibiza.
No se trata de aportaciones realmente muy significativas en lo que se refiere al ámbito económico, pero sí ponen de relieve la voluntad del Ministerio de afrontar, como le decía, los compromisos adquiridos con anterioridad dentro de nuestras restricciones presupuestarias. La buena sintonía que, por otra parte, hemos podido constatar con la Comunidad Autónoma

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balear en la primera reunión de comisión mixta, como ya he apuntado, me permite asegurar que seremos capaces de complementar mejor nuestros esfuerzos en este campo en momentos como estos de más austeridad económica.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE PERSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE 16 DE OCTUBRE DE 1990 POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CURSOS DE FORMACION Y CERTIFICADOS DE ESPECIALIDAD DEL PERSONAL MARITIMO? (Número de expediente 180/000187)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Camisón Asensio.


El señor CAMISON ASENSIO: ¿Por qué la Dirección General de la Marina Mercante persiste en el incumplimiento de la orden de 16 de octubre de 1990, por la que se establecen los cursos de formación y certificación de especialidad del personal marítimo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Entiendo que ha dicho incumplimiento. Lo advierto porque el orden del día contempla la palabra cumplimiento.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Precisamente de esto se trata. La Dirección General de la Marina Mercante no persiste en el incumplimiento que S.S. le achaca.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: Nosotros entendemos, señor Ministro, que la formación de verdad es necesaria para elevar el nivel de competitividad de trabajadores, de profesionales, en definitiva, de la empresa, y en el ámbito marítimo, además, se da la circunstancia de que determinados cursos y certificados son consecuencia de convenios internacionales suscritos por España y, por tanto, de obligado cumplimiento. También está demostrado que una mejor formación va en la dirección de una atenuación de los accidentes y, por supuesto, de un incremento de la seguridad marítima. En el caso de flotas como la española, cuya situación o estado no es el más deseable, también es mucho más importante. Usted dice que se viene cumpliendo. Pues bien, a nosotros nos dice el sector que no, que los capitanes no los están exigiendo. Por tanto, lo único que le pedimos, señor Ministro, es que se adopten las medidas a que se comprometió en esta Cámara hace poco más de un año el Secretario General de los Servicios de Transporte cuando se debatió este asunto. Lo que pedimos es, sencillamente, que se cumplan las normativas. Hoy mismo, precisamente, en la Comisión de Infraestructuras, la inmensa mayoría de los grupos ha mostrado su preocupación por la inseguridad marítima. Estamos convencidos, señor Ministro, de que con una formación adecuada se pueden evitar muchos accidentes. Voy a citar un ejemplo, el que ocurrió en la Bahía de Algeciras entre los buques «Petragen One» y «Camponavia», que, como usted sabe, produjo 33 muertos y daños económicos muy importantes. En este caso no estaba en funcionamiento el sistema de gas inerte. Con toda seguridad, si hubiera habido una formación adecuada, esto no habría ocurrido. Este es un hecho que acaeció hace algunos años, señor Ministro, pero realmente está todavía sin aclarar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, comparto su preocupación por la necesidad de desarrollar los procesos de formación que aumenten la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar. Esa preocupación está patente, reconocida e impulsada en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que aboga en su articulado para que la gente de la mar reciba la necesaria formación. A este fin, la orden de referencia establece cursos y detallada su contenido y, desde que entró en vigor esta orden, se han realizado 553 cursos en centros públicos y privados; la Dirección General de la Marina Mercante ha expedido 19.992 certificados --casi 20.000--, a través de acuerdos con distintas universidades de ciudades marineras.
Esto, señoría, pone de relieve que la casi totalidad del personal de las categorías a las que les es de aplicación la orden ministerial a la que se refiere su pregunta está en posesión de los certificados de formación. Veinte mil personas lo han recibido para el embarque en buques tanques, de acuerdo con el mandato establecido en esta Orden. Las comandancias de marina y las capitanías marítimas, en virtud de las instrucciones dadas por la dirección general, vienen exigiendo la posesión de estos

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certificados al personal enrolado, según el tipo de buque y la actividad a desarrollar y aunque es posible que se hayan producido deficiencias concretas y localizadas, creo que la tarea de vigilar el cumplimiento de la posesión de los certificados se viene adecuando a lo dispuesto en esta orden, cuya aplicación progresiva, y los esfuerzos que viene desarrollando el Ministerio para conseguirlo, permitirá cumplir con el objetivo de seguridad que preocupa a S.S. y que justifica su pregunta. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL PROYECTO DE LEY APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES, DE TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA DE TELEVISION SIN FRONTERAS, SUPONE UN APOYO AL MODELO AUDIOVISUAL EUROPEO Y, POR TANTO, A SUS OPERADORES Y A SU INDUSTRIA (Número de expediente 180/000203)

El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, número 23, del señor Arenas Bocanegra, sustituido para este trámite por la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. En el Consejo de Ministros del 26 de noviembre se aprobó un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de televisión sin fronteras, Directiva del año 1989, donde, según la información de la que disponemos, se pretende un apoyo y un impulso al modelo audiovisual europeo y, por tanto, a sus operadores y a su industria. Por ello, pregunto si considera el Gobierno que este proyecto de ley garantiza ese apoyo al modelo audiovisual europeo, a sus operadores y a su industria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente. Sí.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, en principio, eso sería así; el problema es que las circunstancias en que nos movemos son especiales, y es que estamos en el tramo final de la negociación de la Ronda Uruguay del GATT, y puede suceder -- esperamos todos que así sea-- que en los próximos días, 13 o 15, se produzca por fin un preacuerdo o un acuerdo entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Si mañana, en el mandato que se le dé al señor Brittan, se incorpora la cláusula referida a contemplar esas excepciones que se acordaron, de manera informal, en la reunión de Mons --entre otras las del mantenimiento de los efectos de la Directiva de la televisión sin fronteras-- si se acordara incluir esa cláusula dentro del mandato al señor Brittan, incluso en esa situación tampoco está garantizado que nosotros pudiéramos desarrollar el proceso legislativo que reclama un proyecto de ley, a tiempo y con efectos reales, por cuanto, en el momento en que se cierre dicho acuerdo, no sera derecho positivo en España el contenido de esta Directiva. Señor Ministro, evidentemente, todo depende de cómo se cierre al final ese acuerdo, pero me temo que no se va a poder estar en ese tipo de detalles. Para garantizar de verdad lo que parece ser que pretende el proyecto de ley y que pretende la Directiva, tendría que ser ya a fecha de hoy, o por lo menos el día 13, cuando se firme definitivamente ese acuerdo, derecho positivo lo que se plantea. Desde el año 1989 ha habido tiempo para hacerlo; por muy diversas razones no se ha hecho. Por ello, desde el Grupo Popular le decimos que no se pueden correr riesgos innecesarios y hay que tomar medidas excepcionales, concretamente con el Capítulo III, según la información de la que disponemos del proyecto de ley, para incorporarlo directamente al derecho positivo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro. (Pausa.--Rumores.)

El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: No sabe.


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.


Se reanuda la sesión.


--DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESA Y ALIMENTACION, PARA ATENDER EL SUBPROGRAMA 712 H-3 RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, MEDIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PESQUERAS REALIZADAS POR ACUERDO CONJUNTO CON DEFENSA? (Número de expediente 180/000178)

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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Pregunta número 13, del señor Mardones Sevilla, quien tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿qué previsiones tiene su Departamento para atender el subprograma 712 H-3 respecto a las actividades de inspección, medios de control y vigilancia pesquera realizadas por acuerdo conjunto con el Ministerio de Defensa?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, S.S. el pasado 15 de octubre se interesó por la aplicación de este programa pesquero.
Quiero informar a S.S. que las previsiones presupuestarias del programa 712 H para atender las actividades de inspección, medios de control y vigilancia pesquera, dentro del acuerdo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa para el año 1994, son de 105 millones de pesetas, en las que se incluyen gastos en material fungible de inspección destinado a las tripulaciones de los patrulleros, gastos de explotación y mantenimiento del patrullero Chilreu, obras del patrullero Chilreu para su progresiva adecuación como barco de apoyo a la flota pesquera y, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, vamos a ir dotando progresivamente a los patrulleros de nuevos equipos y sustituyendo los que por su antigüedad y trabajo van quedando obsoletos, de tal forma que ello redundará en una mayor productividad del tiempo empleado por los patrulleros en actividades de control en el mar. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Le hacía esta pregunta al señor Ministro de Agricultura --y le agradezco el dato que nos ha facilitado y que motivará algunas iniciativas por parte de mi Grupo referidas a la aplicación del mismo programa en las aguas del archipiélago canario-- porque este programa, señor Ministro, como usted sabe, en un principio estaba hecho por acuerdo conjunto entre su Departamento y el de Defensa. En el Pleno de la semana pasada, el señor Ministro de Defensa, en respuesta a una pregunta que le formulé, dijo que la competencia en estos temas había pasado a la Guardia Civil del Mar o a la Marina Mercante, en aquel caso entendido al archipiélago canario. Sin embargo, el señor García Vargas solamente se refirió a patrulleros de altura que no sé si están o no dentro de este acuerdo con su Departamento.
Solamente quería llamar la atención en este punto, puesto que en el caso concreto de las aguas canarias, la Armada tiene anclados los patrulleros en el muelle del arsenal naval militar de Las Palmas y no están prestando esa vigilancia que en este momento no sabemos si la cumple la Marina Mercante, la autoridad portuaria o la Guardia Civil del Mar, en cuyo caso dirigiríamos en su momento la pregunta al Ministro del Interior. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): El acuerdo, como S.S. sabe, efectivamente está suscrito entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Defensa. Cuando se vayan desplegando los servicios de la Guardia Civil del Mar, una parte de esa vigilancia la pueden llevar a cabo los servicios de la Guardia Civil, y esperamos que en alta mar, a través de la modificación de este acuerdo con el Ministerio de Defensa, se puedan seguir utilizando en el marco del mismo convenio. En todo caso, sobre la modificación de esa gestión de los patrulleros tendré el honor de informar a S.S. en un futuro próximo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CONSEGUIR QUE MEJORE LA DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS A ASIGNAR, EN LA PESCA DEL BACALAO, ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL, COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO PESQUERO EFTA-CE? (Número de expediente 180/000183)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Mantilla Rodríguez, quien tiene la palabra.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien sabe, el pasado 6 de diciembre de 1992, Suiza aprobaba por un estrecho margen la renuncia a la adhesión al Espacio Económico Europeo, lo cual significaba tener que renegociar el acuerdo EFTA-Comunidad Económica, acuerdo que nuevamente tendrán que aprobar los 12 parlamentos

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nacionales. Como usted bien sabe también, en el preacuerdo existente que pudo llevarse a la práctica, el reparto de las cuotas de la captura del bacalao estaba dividido al 50 por ciento entre Portugal y España. Por ello le preguntamos lo siguiente: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conseguir que mejore la distribución de las cuotas a asignar, en la pesca del bacalao, entre España y Portugal, como consecuencia del acuerdo pesquero EFTA-CE? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señorías, al final de la negociación del Espacio Económico Europeo, el Consejo de Asuntos Generales de 21 de octubre de 1991 llegó a un acuerdo para que el reparto interno de la cuota adicional de bacalao en aguas de Noruega se realizase únicamente en base a criterios de cohesión. Como S.S. conoce perfectamente, los países a los que se aplica este criterio son España, Portugal, Grecia e Irlanda. Grecia no ha mostrado interés en el reparto y, por tanto, se descarta su participación; Irlanda ha solicitado participar en el reparto y es posible que mantenga hasta el último momento esta petición, aunque la flota irlandesa nunca ha dirigido su actividad al bacalao en aguas de Noruega. La Comisión de la Unión Europea no ha presentado todavía una propuesta de asignación de cuotas de bacalao y es de esperar que, finalmente, el reparto se efectúe sólo entre España y Portugal, como su S.S. indica. Queda por conocer y en su caso discutir la manera en que se va a efectuar el reparto entre ambos países.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el inicio de la negociación del acuerdo EFTA-Comunidad Económica, España solicitaba unas cuotas de 90.000 toneladas de captura durante los cinco años de duración del acuerdo y finalmente se aceptaron unas cuotas de 30.000 toneladas vivas, lo cual significa que en salado es muchísimo menor. Como usted también sabe muy bien, al principio España pretendía un reparto de las cuotas de uno a tres. Sin embargo, no queremos ser suspicaces puesto que estamos totalmente convencidos de que el Director de Pesca de la Comunidad, señor Almeida, de nacionalidad portuguesa, no ha incidido en el reparto último del 50 y 50. Le quiero recordar al señor Ministro que hay 69 buques pesqueros en España dedicados a la pesca del bacalao y que, en estos momentos, media docena mal contado son los que pueden faenar. Por tanto, le vuelvo a recordar y a rogar al señor Ministro que en la nueva negociación de ese acuerdo EFTA-Comunidad Económica, que hay que renegociar, repito, se intente que esas cuotas sean mejorables para España. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, hoy el Comisario de Pesca previsiblemente haya hecho esa propuesta, a la que usted hace referencia, de 50-50 España Portugal; oficialmente no la conocemos. En todo caso, la tiene que debatir la Comisión y pasarla al Consejo. En lo que hemos estado insistiendo ha sido precisamente en el criterio que fijó el Consejo de Asuntos Generales, es decir, que el criterio de reparto se base en los principios de la cohesión. Por tanto, utilizando todos los parámetros en los que se puede comparar España y Portugal a efectos de cohesión, el resultado que sale indudablemente no es el 50 por ciento, es distinto, independientemente del recurso que se pueda hacer a derechos históricos y a la utilización de esos caladeros por nuestras respectivas flotas.
Por tanto, espero que la solución final de la Unión no sea la que, como S.S. muy bien indica y conoce, previsiblemente puede presentar el Comisario que sería el 50-50, que no daría satisfacción a nuestras demandas, que creemos bien fundamentadas, tanto desde el punto de vista de los criterios de cohesión como desde el punto de vista de nuestros derechos históricos. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACI'ON: ¿ES CONSCIENTE EL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA DE QUE POR LA MAYOR PARTE DE LA GEOGRAFIA NACIONAL LOS AGRICULTORES HAN SEMBRADO SUS COSECHAS DE CEREALES SIN TENER CONOCIMIENTO ALGUNO DE LAS NORMAS QUE REGIRAN EN LA ACTUAL CAMPAÑA 1993-1994? (Número de expediente 180/000184)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Hernández- Sito, que tiene la palabra.


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El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Gracias señor Presidente.
¿Es consciente, el señor Ministro de Agricultura, de que por la mayor parte de la geografía nacional los agricultores han sembrado sus cosechas de cereales sin tener conocimiento alguno de las normas que regirán en la actual campaña 1993-1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, las condiciones de pluviometría de este otoño han hecho que las siembras de los cereales de otoño, aproximadamente un 30 por ciento de las siembras de secano, se encuentren en este momento en fase de realización, como consecuencia de las condiciones de humedad que se han derivado de esta pluviometría anormalmente alta en el mes de octubre. Quisiera precisar a S.S. que la decisión de siembra no hay que condicionarla a una falta de información sobre los elementos que fundamentan las decisiones de gestión, puesto que éstas son conocidas por los agricultores, algunos desde el año pasado, los reglamentos del Consejo 1765 y 1766 y otros porque están contenidos en reglamentos de la Comisión publicados a finales de septiembre. Todos los reglamentos, señoría, son de obligado cumplimiento desde el día de su promulgación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Hernández-Sito tiene la palabra.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Señor Presidente, muchas gracias. Señor Ministro, se cree que los agricultores tienen el Boletín Oficial en el tractor. Usted ha sacado una orden el sábado y la mayoría de los agricultores de mi región y de muchas regiones de España han sembrado y los que hayan dejado, por ejemplo, las tierras para girasol --que no tenían ninguna normativa porque sembraron perfectamente-- ahora se encuentran con que no pueden sembrar. Otra cosa que tampoco sabíamos --no digo que usted esté mintiendo pero no se ajusta a la verdad-- es qué van a hacer los que están por debajo de los dos mil kilos de hectáreas, en mi región y la mayoría de las regiones de España. ¿A qué se va a condenar a estos señores? No hay compensaciones, no ha dado usted en la norma ninguna compensación. ¿Qué renta van a tener si dejan de sembrar? ¿Qué política de locos están ustedes llevando, señor Ministro? Empezó el señor Romero con un acuerdo con la Comunidad Europea que nos vendió y viene desde entonces el desastre; el señor Solbes ya casi nos remata y usted no sólo quiere terminar con los agricultores, es que nos va a exterminar. Ustedes, como digo, están haciendo una política de ricos para las tierras altas de grandes rendimientos, donde pueden tener otros cultivos. (Rumores.) Sin que me den voces algunos señores socialistas, con el mejor espíritu pero con el lenguaje coloquial que yo uso, usted, señor Ministro está demostrando que no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en el sector agrario. (Rumores.) Porque cómo se puede hacer un plan de regionalización...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Hernández-Sito, esas palabras no se ajustan a la cortesía parlamentaria.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Ese es el lenguaje español.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, el lenguaje español permite salirse de la cortesía.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Retiro lo de que no tiene ni puñetera idea.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Y si le parece bien al señor Presidente digo que no sabe lo que se trae entre manos.
¿Le parece bien? El señor Solbes dijo que sobraba un millón de personas en el sector agrario, llegó a esa conclusión y lo está llevando a efecto. Usted, que ha sido un alto cargo responsable del medio ambiente, el año pasado por la sequía -- y usted lo sabe, señor Albero-- dijo que había que sembrar cultivos alternativos porque el problema del agua del año pasado, de éste y del que viene es grave, a pesar de que haya llovido ahora más. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos que volver a una siembra de alto rendimiento de agua, como el maíz y otra serie de productos, y los agricultores que se han quedado sin barbecho...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACI'ON (Albero Silla): Señor Presidente, señorías, hace algún tiempo que conozco las intervencionesparlamentarias del señor Hernández-Sito y su lenguaje coloquial. Creo que la descripción que hace no es por desconocimiento, sino que la situación del sector tiene mucho que ver con la realidad sobre todo en este momento. En todo caso, hay otra pregunta posterior planteada por el Grupo Socialista, referida directamente a los problemas que afectan a la próxima campaña del girasol, y

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quizás en esa respuesta me extienda más. En todo caso, le diré que en este momento lo que sí tenemos es un vacío, no consecuencia de la Administración española sino de la dificultad de la negociación comunitaria. Llevamos tres Consejos de Ministros y espero que en el próximo, a mediados de este mes, lleguemos a un acuerdo los Estados miembros.
Están pendientes de aprobación, como S.S. debe saber, los nuevos criterios sobre planes de regionalización, el incremento de la ayuda para la retirada de cultivos de 45 a 57 ecus, así como definir el porcentaje de retirada rotatoria y fija. En todo caso, diré a S.S. que si alguna de las órdenes - -concretamente una que ha citado del pasado sábado-- se hubiera retrasado más, posiblemente sí que nos sería imputable una cierta irresponsabilidad. En cambio, creo que el haberlas adelantado al máximo, como hemos hecho, nos da aval en el sentido de no sólo haber informado, como se ha hecho, a través de los medios de comunicación, sino de hacerlo, además, a través de una norma de la que se podrá discutir su efectividad...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿COMO ES POSIBLE QUE ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EFECTUEN DECLARACIONES PUBLICAS EN RELACION CON LA FORESTACION DE TIERRAS ARABLES EN FRANCA CONTRADICCION CON LO PREVISTO EN LOS PRESUPUESTOS DE ESTE MINISTERIO PARA 1994? (Número de expediente 180/000185)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Ramírez González.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo es posible que altos cargos del Ministerio de Agricultura efectúen declaraciones públicas en relación con la forestación de tierras arables, en franca contradicción con lo previsto en los presupuestos de su Ministerio para 1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, para financiar el importe de las ayudas contempladas en el programa se han efectuado las siguientes previsiones para este presupuesto: las aportaciones financieras del Ministerio serán de 3.213 millones, de las comunidades autónomas 3.213 millones también o el 12,5 por ciento de las aportaciones, según los casos, y del Feoga- Garantía 14.996; en total, 21.422 millones. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 aparecen créditos por importe de 18.209, que incluyen la financiación del Ministerio (3.213) y del Feoga-Garantía. Naturalmente, los créditos para la financiación a cargo de las comunidades autónomas quedarán reflejados en sus presupuestos para 1994.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El señor Ramírez tiene la palabra.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, yo no estoy hablando de pesetas; estoy hablando de que el Secretario General de Estructuras está diciendo en los medios de comunicación que se van a forestar 200.000 hectáreas el próximo año. Y en las previsiones de su Ministerio, programa 712.D-3, página 306, figura que se podrán atender 6.295 peticiones, con un máximo de 55.000 hectáreas a forestar. Es decir, que hay una contradicción absoluta entre las 200.000 hectáreas que dice el señor Carles y lo que figura en su presupuesto, que su partido no nos ha permitido mejorar, porque sabe que nosotros entendíamos que había que intentar obtener mayor número de hectáreas.
Señor Albero, tenemos el siguiente panorama: un programa de forestación, presentado por su Gobierno antela Comunidad Económica Europea, que prevé forestar 500.000 hectáreas de tierras arables, programa que aún no ha sido aprobado por la Comunidad Económica Europea y no hay visos de que se apruebe con urgencia; un Secretario General de Estructuras que está predicando, con un mesianismo arbóreo de mayor digna causa, que se van a forestar 200.000 hectáreas, pero el presupuesto del Ministerio solamente prevé actuar sobre 55.000. Por tanto, señor Albero, estamos creando tal desinformación en los agricultores, estamos creando tal falta de seriedad que en estos momentos --la Cámara tiene que saberlo-- solamente de siete comunidades autónomas ya han llegado peticiones que alcanzan a más de 170.000 hectáreas para 1994; el presupuesto sólo prevé actuar sobre 55.000 hectáreas y en siete comunidades autónomas ya se han pedido 170.000. ¿Y qué van a lograr ustedes? Van a lograr que hasta en la forestación haya listas de espera. Han logrado las listas de espera en la sanidad pública --con notorio éxito, por supuesto--, logró su Ministerio listas de espera para que los agricultores pudieran cobrar las ayudas para mejorar sus explotaciones agrarias --hasta cuatro años de espera-- y en la forestación van a lograr ustedes también listas de espera.
Todo un éxito de la política agraria que está llevando a efecto su Ministerio. Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, avalo absolutamente todas las declaraciones que ha hecho el Secretario General de Estructuras, absolutamente.
Además, espero que S.S. colabore en no defraudar las expectativas de los agricultores, porque van a ser atendidas.
Hay muchas causas dignas y justas, pero la causa arbórea a que usted hace referencia me parece una de las más dignas y justas, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista agrario. En el programa que acabo de indicar hay, para el año 1994, unas ayudas previstas de 21.774 millones, cofinanciadas por las comunidades autónomas y por el Feoga- Garantía, que van a posibilitar la reforestación de 158.000 hectáreas, seguro, 30.286 millones, el mantenimiento de la superficie forestada, la compensación de rentas y la mejora de 38.000 hectáreas, lo cual puede dar un total bastante aproximado a esas 200.000 hectáreas que S.S. y yo también espero que sean la demanda para este año. En cuanto a la aprobación por la Comisión, esperamos que en función, en todo caso, pero independientemente también --porque es un gasto obligatorio-- de las dificultades presupuestarias de la Comunidad, siendo como es un gasto obligatorio y en el marco del Feoga-Garantía ese plan sea aprobado por la Comisión. En tanto en cuanto el plan no sea aprobado y tarden dos o tres meses en llegar los retornos de la Comunidad, el Gobierno está preparando la posibilidad de que la Secretaría General y el Iryda, en su caso, se endeuden para poder, durante dos o tres meses, financiar esas ayudas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FERNANDO SOTO MARTIN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE NORMAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REGULAR LA CAMPAÑA DE OLEAGINOSAS 1994/95, A FIN DE APROVECHAR AL MAXIMO LA FINANCIACION COMUNITARIA? (Número de expediente 180/000201)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Soto Martín, que tiene la palabra.


El señor SOTO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué normas va a adoptar el Gobierno para regular la campaña de oleaginosas 1994/95, a fin de aprovechar al máximo la financiación comunitaria? Esa es la pregunta escueta que se la ha comunicado en el Boletín Oficial. En todo caso, por la importancia económica y social de la ayuda comunitaria y por incidir su materialización en territorios concretos de nuestro país, en los que se mira alternativamente al cielo y a Bruselas para decidir qué labores o qué siembras realizar, permítame que le amplíe en cierta medida la pregunta, en el sentido de que nos explique si las normas para regular la campaña cuentan con la opinión favorable de los responsables de las comunidades autónomas en este tema, así como de las organizaciones de agricultores. En última instancia, señor Ministro, la pregunta se extiende porque entendemos que si existe un buen nivel de diálogo y cooperación se harán mucho mejor las tareas, aunque sé que no siempre es posible coincidir al 100 por cien.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, a la campaña 1994/95 será aplicable el memorándum del acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre oleaginosas, que consolida la superficie tradicional de la Unión Europea y da luz verde al nuevo régimen de ayudas comunitarias en el sector de los grandes cultivos; ayudas por superficie en vez de por producto. En la campaña 1994/95 se contemplan medidas transitorias para el cultivo del girasol en España y Portugal, para tener en cuenta lo dispuesto en los respectivos tratados de adhesión. Por lo que se refiere a España, las líneas de regulación de la próxima campaña del girasol son: superficie máxima garantizada, 1.411.000 hectáreas; superficie máxima garantizada neta, descontado ya el set aside, 1.199.350; y ayuda a la hectárea de rendimiento medio, 59.209 pesetas por hectárea. La ayuda tendrá una reducción de un punto por cada punto de superación de la superficie máxima garantizada. A partir de la campaña 1995/96 el girasol español quedará integrado en el régimen general de oleaginosas, por la que la ayuda será de unas 37.124 pesetas hectárea.
El pasado sábado, 27 de noviembre, se ha publicado en el Boletín Oficial una Orden Ministerial que establece una serie de normas específicas de apoyo a los productores de semillas oleaginosas para la próxima campaña. Estas medidas tienden básicamente a reducir, de un modo ordenado pero en todo caso efectivo, la superficie que, como S.S. sabe, este año ha superado los 2.100.000 hectáreas para adecuarla a lo que va a ser la superficie que no tendrá penalización si la alcanzamos. Se han puesto en marcha una serie de mecanismos como es la exclusión de pagos compensatorios

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para superficies situadas en regiones de producción con rendimientos inferiores o iguales a dos toneladas por hectárea, pero para ello hay una excepción: todos aquellos agricultores que puedan justificar que han cultivado oleaginosas en la campaña 89, 90, 91 quedan exentos de esta limitación de los dos mil kilos por hectárea.
En cuanto a la pregunta que me ha formulado S.S.
complementando la que figura en el orden del día, sobre si las conversaciones con las organizaciones profesionales agrarias y con las comunidades autónomas han llevado a un consenso absoluto, le puedo decir a S.S. que era bastante difícil pasar de 2.100.000 a 1.200.000 y que todo el mundo estuviera de acuerdo.
Previsiblemente, por una razón o por otra nadie estaba de acuerdo, pero era imprescindible intentarlo, y en el ejercicio de nuestra responsabilidad hemos sacado esta Orden.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PARA PONER FIN A LA ACTUAL MASIFICACION DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y ATAJAR LOS PROBLEMAS QUE SUFRE EL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ASI COMO PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN CURSAR LOS ESTUDIOS DE SU ELECCION (Número de expediente 172/000021)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: interpelaciones urgentes. Entramos en la discusión de la interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de política general para poner fin a la actual masificación de los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el profesorado universitario, así como para facilitar que los estudiantes puedan cursar los estudios de su elección. Para desarrollar la interpelación, en nombre del grupo proponente de la misma, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, en nombre de mi Grupo presento esta interpelación con el mayor ánimo constructivo, con la esperanza de que le sirva de estímulo, le haga reaccionar y, al fin, le haga tomar la iniciativa después de estos meses de expectación, preocupados por los problemas educativos y, en concreto, por los problemas universitarios, en que su actitud se ha venido caracterizando por una sorprendente pasividad que, quizá por una curiosa teoría de los vasos comunicantes, ha conseguido movilizar a la Universidad, algo que ni su más legendario antecesor, el señor Maravall, consiguió. Cuando el señor Maravall era Ministro saltaron a la calle los estudiantes de enseñanza media, en la Universidad siguieron en lo suyo, y usted ha conseguido que salgan a la calle los universitarios, y no precisamente porque haya hecho propuestas enormemente arriesgadas o porque haya abordado los graves problemas que viene sufriendo la Universidad. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Por otra parte, usted ya tiene noticia de ese ánimo constructivo, porque hace tres meses recordará que cuando comenzó el problema de las tasas lo primero que dije en nombre del Grupo Popular es que nos parecía una exigencia mínima, esencial, que si ustedes subían las tasas, subieran en la misma cuantía su aportación a las universidades. Usted, después de muchas movilizaciones, manifestaciones y negociaciones, al final, ha llegado a una conclusión que parece que soluciona todo: va a dar el mismo dinero que ha supuesto la subida de las tasas; es decir, justo lo que le propusimos hace tres meses, pero con un coste adicional: todo el barullo al que hemos estado sometidos durante todo este tiempo. De todas maneras, alabo su sabia actitud por haber aceptado, aunque sea tardíamente, una sugerencia de la oposición. Creo que por esa vía pueden tener solución muchos de los problemas con los que se va a encontrar entre manos. Si va prestando atención a lo que le sugerimos, le aseguro un brillante futuro. Ahora bien, procure hacerlo con más rapidez.
Señor Ministro, la Universidad ha pasado a la página de sucesos. Esta mañana viniendo hacia la Cámara he recordado viejos tiempos, viejos tiempos de antidisturbios, de despliegues en torno al Ministerio de Educación. Se rejuvenece siempre un poco. No es que me alegre, y seguro que usted tampoco, de que la Universidad esté en la página de sucesos, pero reconózcame que quizá se le pueda aplicar a la Universidad aquello que se aplica tanto a los políticos: que hablen de uno aunque sea mal. Por lo menos, se está hablando de la Universidad, algo es algo, porque hacía tiempo que no se hablaba de la Universidad para nada. Ya que se está hablando, vamos a aprovechar para hablar con algo de seriedad y de profundidad, vamos a preocuparnos de los problemas estructurales que aún sufre que no solamente no fueron atajados por la LRU sino que fueron agudizados e incrementados, y diez años después usted tiene la suerte de estar en una situación óptima para intentar abordarlos. La verdad es que se lo han puesto fácil, con nada que haga mejorará la Universidad, pero, por favor, señor Ministro, haga algo. Ese es el problema fundamental.
Por ejemplo, señor Ministro, le preguntaría qué le obliga a usted a comportarse ilegalmente --para mayor mérito, ilegalmente infringiendo una ley que es de ustedes, la LRU-- manteniendo a las universidades sometidas

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a un sistema según el cual se ven obligados a admitir más alumnos que los que su capacidad permite, en contra de lo establecido taxativamente por el artículo 26.2 de la LRU.
Señor Ministro, usted que preside el Consejo de Universidades, ¿qué le obliga a bloquear el establecimiento de módulos objetivos de capacidad de los centros que ya han establecido muchas universidades? Sin embargo, usted, como Presidente de ese Consejo, las obliga a admitir más alumnos de los que físicamente --no digamos nada de otros baremos-- caben. ¿Por qué, qué le obliga a ello? ¿Piensa usted que eso no afecta a la calidad de enseñanza? Usted tiene experiencia, como yo, de lo que es la Universidad, sabe que eso es una coartada para el absentismo, sabe que en el primer trimestre los alumnos se sientan en el suelo y en el segundo trimestre hay huecos, pero eso no debe consolar a nadie. Ha sido usted el que ha producido esos huecos obligando, primero, a sentarse en el suelo a un alumno, porque así nadie tiene autoridad para decir que hay que estar en clase. Claro que, a lo mejor, es preferible no estar en clase. De hecho, su Director General, señor don Octavio de Toledo, tiene una teoría, ya famosa, según la cual los alumnos que más van a clase son los que más suspenden, puesto que dice que los repetidores deben pagar más por ser los que más usan la Universidad. Por lo visto, los que suspenden no son los que no van a clase, son los que van; por eso suspenden. Y me temo que sea verdad. Usted sabe, como yo, que muchos de nuestros compañeros hacen exámenes parciales y ponen sobresaliente a un señor al que no han visto la cara en su vida y suspenden al que tienen sentado allí todos los días.
¿No provoca improvisación del profesorado, señor Suárez Pertierra, esa masificación de la Universidad, ese desbordarse de sus alumnos? ¿Piensa entonces mantener esa medida que ha sido un símbolo de la despreocupación por la Universidad de sus antecesores? ¿Piensa mantenerla, piensa seguir permitiendo, incluso estimulando, que las universidades se vean obligadas a actuar contra la Ley, contra su Ley, contra una ley socialista? Señor Ministro, le aconsejaría lo siguiente. ¿Por qué no se anima de una vez a recuperar en distinto sentido una idea de su antecesor el señor Solana? El señor Solana dijo que él pensaba establecer una evaluación de los centros universitarios, aunque él se convirtió en una especie de jurado ajeno al asunto y lo anunciaba para darles más o menos dinero y decía que iba a distinguir unos centros de otros. ¿Por qué no aborda usted esa vieja idea del señor Solana, de la que el señor Rubalcaba no tuvo ocasión de hablar porque no tuvo ocasión de hablar de nada el poco tiempo que estuvo en su querido Ministerio? ¿Por qué no nos distingue usted centros universitarios, titulaciones que se imparten en esos centros universitarios que cumplen unos requisitos mínimos de calidad --o sea, espacio físico, relación profesor-alumno y titulación adecuada del profesor--, de aquellas titulaciones-centros donde no se dan esos requisitos porque están en estado de excepción? Señor Ministro, usted que es jurista sabe que el Estado de excepción sólo es legítimo cuando está sometidoa un plazo determinado.
Si usted hace esa evaluación, se estará obligando a acabar con ese estado de excepción en un plazo determinado y no fomentar esta oscuridad en la que todos los gatos son pardos y resulta que la Universidad está toda igual, cuando sabe como yo que en el mismo centro hay grupos donde todos los que dan clase son catedráticos o titulares y grupos donde no hay ni uno que tenga esa adecuada titulación; eso no beneficia a nadie. Ese grupo en estado de excepción debe de ser marcado como tal para que, cuanto antes, se subsanen esas carencias. Eso es homologar el sistema educativo, señor Ministro, no someterlo a caprichos de financiación debido a intereses políticos de su partido y no a las necesidades de la Universidad. Eso es homologar el sistema educativo y no decir: si ustedes se siguen movilizando y me complican la vida y me llenan la calle de policías, les doy dos mil milloncitos más; si se están quietos, no. Eso es lo que está haciendo usted y eso no es serio, señor Ministro, ni educativo, aunque pueda ser oportunista. ¿Piensa el señor Ministro mantener el diseño regresivo de selección del profesorado que inventó su antecesor el señor Maravall? Y si lo va a mantener, yo le pregunto: ¿Obligado por quién? ¿Quién le obliga a mantener el actual sistema de endogamia en la selección del profesorado? ¿Quién le obliga a dar más importancia al empadronamiento que al prestigio científico? ¿Quién? Dígalo, que lo sepamos. Si realmente hay algún Grupo en esta Cámara que le obliga a usted a eso, que se sepa, porque lo contrario no tiene explicación alguna. Y le pregunto: ¿En beneficio de quién mantiene usted ese sistema? Señor Ministro, ¿piensa seguir manteniendo bloqueados a los profesores universitarios en un momento en que en toda Europa se entiende que la movilidad de profesores y estudiantes es un síntoma del nuevo aire que Europa quiere dar a sus universidades? ¿Van a seguir siendo los profesores universitarios los únicos funcionarios de este país que no se pueden trasladar sin hacer una oposición? ¿No va a procurar usted de una vez que cualquier plaza vacante salga a concurso de traslado antes de salir a oposición, como se hace incluso en enseñanza media? ¿Por qué no, señor Ministro? ¿En beneficio de quién, señor Ministro? Aclare esa situación. Han sometido ustedes durante nueve años a la Universidad a la sangría de la jubilación anticipada y seguimos sin saber por qué, señor Ministro. ¿Por qué? ¿En perjuicio de quién, señor Ministro? Y una vez que ustedes han dicho que ya está bien, que con haber perjudicado

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a nueve promociones de profesores ya se ha perjudicado bastante, ustedes, sin dar una explicación, se deciden a corregir el entuerto. Pero el cambio de las Cámaras hace que el proyecto decaiga. Nosotros sugerimos en junio un decreto- ley y ustedes apuraron al máximo hasta hacer caso, porque usted empezó bien, empezó haciendo caso y sigue, pero, ya digo, siempre con tres meses de retraso. Vamos a ver si consigue usted ponerse a la altura de la oposición, a ver si consigue hacernos caso antes. Usted ha acabado sacando el decreto-ley, que decían que era una cosa jurídicamente dificilísima. A nosotros se nos ocurrió tres meses antes.
¡Hombre! Reconocemos que estamos menos gastados, las cosas como son. (Rumores.) Es la realidad, señores, es la realidad.
Celebro que ya que están tan pocos por lo menos hablen un poquito. Lo que le pregunto, señor Ministro, es lo siguiente: ¿Va a hacer falta otro decreto-ley? Usted se lo toma con calma, ¿eh? Estamos ya en diciembre. ¿Cuándo va a traer usted el proyecto a esta Cámara? Usted no tiene experiencia parlamentaria, pero yo se lo cuento: un proyecto requiere sus trámites y al anterior le faltó una semana, pero como vayamos a su ritmo nos van a faltar tres años. ¿Vamos a necesitar otro decreto-ley para no jubilar a los profesores? Al ritmo que va usted, me temo que sí. Y así, los problemas se van acumulando.
Yo le pregunto, señor Ministro, ¿cuándo trae aquí el proyecto de reforma de la LRU, de reforma de la reforma? ¿Cuándo lo trae? ¿Con quién lo está usted consensuando? Usted anunció hace tres meses --parece que para usted el plazo de tres meses es el mínimo-- que lo iba a consensuar. ¿Con quién lo está consensuando? Permítame esa curiosidad. Yo estuve en un debate en la última campaña electoral en la Universidad de Sevilla, sitio óptimo, en el paraninfo nada menos, y allí un colega suyo que hoy brilla por su ausencia, el señor Lazo, dijo que el Partido Socialista quería abordar la reforma de la selectividad, pero había hablado con un Grupo minoritario de la Cámara --no dijo cuál-- y no encontró receptividad y, como consecuencia, no siguió el consenso. O sea, que ustedes, por lo visto, consensúan primero con los grupos minoritarios y luego ya, según vaya, se acercan a otros grupos. Pues satisfaga mi curiosidad: ¿con quién ha consensuado, señor Ministro?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya terminando.


El señor OLLERO TASSARA: Voy a ir terminando, señor Presidente.
Con quién está usted consensuando y qué exigencia le está planteando ese interlocutor suyo que impide que el proyecto llegue de una vez a esta Cámara? Yo digo lo que ha dicho mi partido respecto a otros problemas: con tal de arreglar la situación de la Universidad, nosotros consensuamos gratis. Gratis, no le cuesta a usted ni un duro.
¿Sabe usted lo que es eso? (Rumores.--Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Qué va!) Sí lo sabe, a estas alturas lo sabe todo el Gobierno. ¿Sabe usted lo que es conseguir que alguien le dé a usted un voto sin pedirle un duro? Nosotros, señor Ministro, aquí estamos y sin plantearle ninguna exigencia particularista, porque la Universidad no entiende de particularismos, porque la Universidad supera fronteras y la Universidad no tolera que se inventen fronteras nuevas. ¿Lo entiende usted bien, señor Ministro, o no lo entiende? Si quiere se lo digo más claro todavía. Esa es la situación, y estamos aquí dispuestos a arreglar la Universidad con quien nos deje arreglarla, señor Ministro.
Hacen ustedes mucha retórica europea, pero en un momento en que Europa tiene un programa Erasmus para que se muevan los estudiantes, ustedes aplican la doctrina Monroe; aquí no se mueve ni un alumno, no se puede mover. Fíjese, datos que su Ministerio ha enviado al Senado recientemente sobre una Universidad que no es que sea la Complutense: la Universidad de Zaragoza. A la universidad de Zaragoza, que ha ofertado 14.000 puestos para acceso en este curso, le corresponden por su curioso sistema de distrito compartido un minúsculo 5 por ciento para alumnos de otras comunidades, de otros distritos lo llaman ustedes. Ese 5 por ciento serían 723. Imaginemos que se ha empleado el cupo, que no creo --además, el cupo no es ése porque usted sabe que hay un tope del 10 por centro que hace que baje muchísimo--, imaginemos que son 723. Pues mire usted, hay 644 alumnos, el doble, que han querido ir a Zaragoza y no han podido: doctrina Monroe del Ministerio socialista en pleno programa Erasmus. ¿En beneficio de quién, señor Ministro? ¿Para solucionar qué, señor Ministro? ¿Es que usted no es capaz de multiplicar por 10 el distrito compartido? ¿Por qué no? Explique aquí hoy ante esta Cámara qué problemas técnicos o políticos o qué compromisos tiene usted que le impiden ampliar, multiplicando por 10, el distrito compartido. ¿En beneficio de quién? ¿En beneficio de la Universidad? Explíquelo aquí, señor Ministro, que eso sería muy interesante. Lo que no tiene sentido es que usted imponga en la Universidad la zonificación en un momento en que el Tribunal Constitucional la prohíbe para la enseñanza primaria y secundaria. Aquí hay que estudiar en la Universidad del barrio, ésa es nuestra universalidad: sistema socialista.
¿Quién se está oponiendo a eso, señor Ministro, y a cambio de qué acepta usted esa oposición? ¿Por qué si dicen ustedes que hay plazas para todos en la Universidad española y que todo es un problema de distribución, por qué si eso es verdad --y debe serlo si lo dicen ustedes--, sin embargo, los alumnos que estudian lo que

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ellos solicitan como primera opción son tan pocos? ¿A qué se debe si hay plazas para todos? Es que ustedes los distribuyen mal, a lo mejor por compromisos que no sé si son inconfesables, pero ustedes no los confiesan, desde luego, no vienen aquí a contar cuáles son. Explique por qué no hay esa movilidad. Y, por último, señor Ministro, en medio de todo este planteamiento, lo de las tasas no es sino la espoleta.
Unos señores que no han movido un dedo para arreglar ni uno solo de los problemas de la Universidad encima pretenden cobrar más por lo mismo, porque claro, señor Ministro, lo que no se puede es decir que por cambiar de rótulo una titulación vamos a cobrar más, cuando ustedes además han puesto como condición previa para una nueva titulación que sea a coste cero. Eso es una sacaliña impresentable. O sea que usted primero dice: cámbiele el nombre, no se gaste una peseta más porque si no no le dejo cambiar el nombre, y ahora, eso sí, cobre lo que quiera. No, aquí lo lógico será que aquellos centros y titulaciones que de verdad reúnan esos requisitos mínimos, que usted debe comprobar, se puedan subir las tasas (lógicamente subiendo las becas también, señor Ministro, que es lo que no ha hecho) y en aquellos otros centros que están en estado de excepción usted no sube las tasas ni una peseta, ni el IPC, lo que tendrá es que prepararse a devolver dinero.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, termine ya.


El señor OLLERO TASSARA: Sí, señor Presidente, le agradezco su advertencia y termino enseguida.
Por tanto, ése es el planteamiento, porque es que además --y con esto termino de verdad--, señor Ministro, si usted distingue de una vez los centros universitarios y titulaciones donde se reúnen esos requisitos mínimos de calidad de los que están en estado de excepción, la consecuencia no será sólo que los alumnos que vayan a centros en estado de excepción no tendrán que pagar ni una peseta más, es que usted quedará comprometido formalmente ante toda la sociedad española a aumentar los recursos necesarios para que el estado de excepción desaparezca de inmediato, y no se podrá colocar, como pretendía el señor Solana, en plan jurado de concurso de misses a decir qué Universidad me gusta más o cuál me gusta menos. Porque los causante de las carencias de esas universidades que no den el nivel o de esos centros que no den el nivel o de esas titulaciones que no den el nivel son ustedes; son ustedes, que mientras que la Generalitat, por ejemplo, está intentando que la Universidad Pompeu Fabra sea un ejemplo de Universidad y un símbolo, ustedes están convirtiendo la Complutense en una especie de coche escoba donde va todo el mundo que no va a otro sitio, y no le dan un duro. Porque tienen un rector un poquito más allá que necesita dinero, por lo visto. No, eso no, señor Suárez. No sé si usted perteneció al grupo especial de la Complutense, pero me parece que no es muy de recibo que ustedes vayan a convertir en universidades especiales aquellas que tengan un rector de su partido. Por ahí desde luego no van a encontrar el apoyo del nuestro. Estas son nuestras preguntas, éste es nuestro afán constructivo de estimularle y ahora esperamos, y esperamos con verdadera ilusión. Vamos, por fin, a oír hablar al Ministro de Educación y Ciencia del Gobierno socialista que nos va a decir qué va a hacer en la Universidad. Ya iba siendo hora. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
Su señoría no consigue sorprenderme nunca en el tono que emplea. Siempre estoy preparado para las descalificaciones políticas que hace S.S., que además tiene la curiosa facultad, que desde luego no envidio, de hacerlas trascender en ocasiones incluso a lo personal. Sin embargo, he de confesar que siempre me sorprende S.S. en los conceptos que emplea, si de conceptos pudiera hablarse. Hoy ha dicho S.S. cosas como: mover la Universidad, mérito que atribuye a este Ministro; ha hablado de comportamientos ilegales, por supuesto míos; ha hablado de estado de excepción en los centros universitarios, de caprichos en la financiación, de oportunismo, de amiguismo y, por supuesto, todo esto para poner de manifiesto un cuadro de la Universidad que es, naturalmente, culpa de los socialistas y de sus reformas, porque esta pobre Ley de 1983, la Ley de Reforma Universitaria, viene a ser para S.S. algo así como la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, diría yo.
(El señor García-Margallo y Marfil: Qué canónico.--Rumores.) Sí, sí, eso es lo que ha dicho. En este contexto, S.S. me pregunta sobre masificación, profesorado universitario, que los estudiantes puedan cursar los estudios de su elección, haciendo un diagnóstico que introduce, por supuesto, los graves errores en la política de profesorado, la perturbadora masificación, naturalmente la subida de las tasas sin conexión con la calidad. Me interpela S.S. por escrito y, además, oralmente introduce otra serie de cuestiones que abundan en la idea de que todo está mal. Para enfrentarse con el problema de la Universidad, creo que hay que acudir siempre y machaconamente a poner de manifiesto algunos datos, que desde luego mi interpelante conoce y que creo que son de dominio público, que dan idea de la realidad en que debe moverse

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la política universitaria. En 1983 había 34 universidades; hoy 50. En 1983 no llegaban a 670.000 los estudiantes universitarios; hoy hay 1.350.000 y tenemos la mayor tasa de crecimiento europea. Realizan estudios universitarios más de un tercio de la población española en edad universitaria, en torno al 35 por ciento. Una universidad así, naturalmente, requiere la aplicación de un volumen de recursos muy importante, de tal modo que en diez años el gasto público crece tres vecespor encima de la demanda de estudios universitarios. Por cierto, la contribución del usuario a la financiación de sus estudios no ha variado hasta 1992, de tal manera que hay que decir que, en pesetas constantes, desde luego esa contribución ha disminuido en términos reales. Con este volumen, la Universidad debe cumplir una función socializadora, porque es una institución de una base social amplísima, algo así como la función que cumplía hace sesenta años la educación primaria, que recogía el 40 por ciento de la población en edad escolar. Hoy viene a ser eso la Universidad. Hay que hablar entonces de institución de masas; es decir, el continuo crecimiento sugiere que nos dirigimos hacia una enseñanza masiva, como se da en algunos de los países más desarrollados del mundo, cual es el caso de los Estados Unidos de América o de Canadá. Pero esto no es por sí y sin más masificación. Y para que nadie se llame a engaño, yo quisiera decir que ese crecimiento, este volumen de universitarios hoy, ha sido pretendido conscientemente, por lo menos desde 1982, porque es un objetivo socialmente justo, según nuestro criterio, de forma que pretendemos así atender a lo que no es sino, por otra parte, una exigencia del sistema productivo español, como de cualquier sistema productivo moderno, que exige cada vez más y más titulaciones superiores.
Todo este proceso ha sido conducido por la denostada Ley de Reforma Universitaria, que ya sé que a S.S. no le gusta (cada vez menos, me parece, a lo largo de los debates que vamos teniendo), pero creo que no podrá negarse que es una ley transformada, que se corresponde con una sociedad tan rápidamente renovada; que es una ley que crea instrumentos colegiados, en mi opinión valiosísimos, como los Consejos Sociales, como el Consejo de Universidades; que es una ley que genera instrumentos de financiación novedosos; que es una ley que introduce importantes virtualidades en las figuras de profesorado, aunque será necesario adaptarlas (ya lo hemos discutido, a pesar de que yo no hable, según S.S., en más de una ocasión); que diseña una renovación y diversificación de las enseñanzas o que establece criterios de estímulo de la actividad investigadora.
No gustará la ley a S.S., pero me parece que no puede restarse importancia a la reforma. Y es verdad, y lo hemos reconocido, que ha habido problemas de funcionamiento de la Ley de Reforma Universitaria, de todo el sistema universitario, por eso se trajo aquí la ley de adaptación, a la que S.S. también ha hecho referencia. ¿Cuándo la traigo, con quién lo consensúo? Permanentemente he hecho declaraciones ante esta Cámara, anteuna de sus Comisiones, públicamente, en el sentido de que esa ley vendrá pronto al Parlamento, vendrá pronto y con tiempo suficiente para resolver algunos de los problemas, como el de la jubilación, que parece que es de lo que más se preocupa su señoría. ¿Qué estoy haciendo hasta el momento, señoría? ¿La estoy consensuando con algún Grupo parlamentario? ¿La estoy dando la vuelta para introducir en ella cuestiones que hasta el momento no estaban planteadas y que pueden activar todavía más determinados planteamientos ideológicos en la Universidad? Pues no, señoría. Como soy muy respetuoso con la opinión que tienen que emitir otras administraciones educativas que se van a ver afectadas por la Ley de Reforma Universitaria, como soy muy respetuoso con lo que me digan los expertos --que están presentes en el Consejo de Universidades-- y, desde luego, con lo que me digan los rectores, miembros del Departamento se han dirigido a las diferentes instituciones para comprobar --antes de llevar al Gobiernoel proyecto de ley-- si éstas tienen algo que decir sobre el caso. Esto quizá era necesario decirlo explícitamente, y de ello puedo ser culpable, pero seguramente no de otra cosa en esta ley. En este contexto, S.S. interpela sobre medidas de profesorado, y sabe perfectamente que por lo menos algunas de ellas van a ir introducidas en el texto de adaptación de la Ley de Reforma Universitaria. Otra cosa es que a S.S. no le gusten o considere que no son adecuadas. Si S.S. sigue manteniendo que el sistema más adecuado para la selecicón del profesorado es el sistema de habilitación, respecto del cual, por cierto, ya se ha pronunciado negativamente el Consejo de Universidades en su día, pues S.S. no verá reflejado ese planteamiento en el proyecto de ley que traigamos; sí verá reflejados planteamientos que conoce perfectamente y que han dado pie a que S.S. diga alguna de las cosas que ha dicho. Por cierto, en la Comisión de Coordinación del Consejo de Universidades mañana se abre el debate de financiación.
En relación con políticas de masificación, acceso, elección de estudios, etcétera, hay que destacar que en el curso 1993-1994 la oferta global de plazas en las universidades de todo el Estado superaba ligeramente las 290.000 y la demanda de ingresos estaba situada en torno a 200.000, un poco más trayendo los ingresos correspondientes desde todos los ámbitos en los que pueden reclamarse. Puede afirmarse, por consiguiente, que el conjunto de la oferta de plazas es, anualmente, muy superior al de la demanda. Es cierto que, por condiciones infraestructurales, cuestiones que afectan a profesorado o a la capacidad de los centros, existen desajustes en determinados estudios de ciertas universidades entre la oferta y la demanda, pero es igualmente cierto,

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señorías, que podría resultar improcedente destinar un conjunto muy importante de recursos a incrementar una oferta cuya demanda puede, en ocasiones, resultar pasajera en función de las fluctuaciones y de la saturación del mercado, cosa que ya hemos vivido en algunos de las titulaciones que están en vigor. Habla S.S. de responsabilidad del Ministro en el caso de no haber establecido los módulos de capacidad de las universidades. Si S.S. lee bien el artículo 26, este Ministro está sujeto a lo que las universidades establezcan y el Consejo de Universidades determine. Esto es lo que dice, repito, el artículo 26.2, que he ido a comprobar rápidamente cuando he oído a su señoría. Pues bien, en el presente año, en junio de 1993, la Secretaría General del Consejo de Universidades presenta a la Comisión Académica del Consejo un acuerdo para el establecimiento de los límites de capacidad en los diferentes centros universitarios, con una propuesta de capacidad máxima y una propuesta de capacidad mínima, como estos módulos deben determinarse. La Comisión Académica del Consejo de Universidades acuerda aplazar el establecimiento de módulos de capacidad de los centros para el curso 1994-1995, si bien los datos del estudio citado fueron un elemento primordial para el establecimiento de los límites de acceso a los centros, según los datos que las propias universidades han ofrecido.
Para el curso 1993-1994 --otra de las cuestiones a las que S.S. se ha referido--se aplica, por tercer año, el llamado distrito compartido, que tiende a fomentar la movilidad entre las diferentes universidades del Estado. El primer año se ofertaron 5.000 plazas, el tercer año se ofertan más de 8.000 plazas. Es una cuantía ciertamente pequeña, me gustaría que fueran muchos más, sin embargo, es una cuantía que ha sufrido un incremento importante. Por cierto que en el curso 1993-1994 tan sólo se han atribuido exactamente, señor Diputado, 3.373 plazas del distrito compartido.
Hay un acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, de 28 de junio de 1993, por el que el número de plazas del distrito compartido podría llegar a ser del 10 por ciento de las plazas ofertadas aplicando determinados límites.
Pero esto, señoría, tienen que decirlo las administraciones educativas y las universidades. Porque es importante destacar que en el tema del distrito compartido, el número de plazas que se ofertan es determinado por acuerdo del Consejo de Universidades y por unanimidad de los representantes de las administraciones públicas, según vinculación jurídica.
Decía, señoría, que, en cualquier caso, mañana vamos a abrir un debate --al que me había comprometido hace, por cierto, bastante menos de tres meses--en el Consejo de Universidades sobre financiación, planificación y coordinación de las políticas universitarias; debate que me parece muy importante y que se va a desarrollar a lo largo de todo este curso, para que, por lo menos, algunas de sus conclusiones puedan ser aprovechadas --¡ojalá sea así!-- para el comienzo del próximo curso. Este debate versará, naturalmente, sobre cuestiones relativas a la financiación y al reparto de esa financiación --ya no quiero hablar de tasas--, pero versará también sobre cuestiones relativas al volumen de la educación superior, a los tipos de estudios, a los límites de los alumnos admitidos en cada centro y en cada universidad estableciendo módulos específicos, a los costes diferenciados; habrá que debatir sobre los servicios que ofertan las universidades, o sobre las subvenciones a los usuarios, es decir, sobre las becas, o sobre aspectos de gestión, o sobre sistemas de evaluación de la calidad.
Ya que llego a esta cuestión, y para terminar y contando con la benevolencia del señor Presidente, me gustaría finalizar haciendo una mención a programas de evaluación, a los que S.S.
se ha referido.
En mi primera comparecencia, señoría --a pesar de que al parecer no hablo--, en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, si S.S. hojea el acta de las sesiones podrá darse cuenta de cómo uno de los programas específicos a los que yo hago referencia es a un programa nuevamente iniciado y puesto en marcha por el Consejo de Universidades, por cierto, que es el problema de evaluación institucional. En función de ello, ese programa de evaluación institucional pretende estimular la mejora de tres de los objetivos básicos de la calidad de las enseñanzas universitarias: la enseñanza, la investigación y los servicios. Pero hay que avanzar más todavía, puesto que el establecimiento de criterios metodológicos para extender a todas las universidades no es fácil; en ello, señoría, estamos. Si todo se combina con cuestiones que pondré en marcha, que ya he comunicado a los rectores de las universidades del ámbito de gestión del Departamento, y que puedo, naturalmente, explicar (y con mucho gusto lo haría, a S.S.), relativas a programas de excelencia de tercer ciclo, que permitirán, aun en el año presupuestario que tenemos, dotar a las universidades con algún mayor número de recursos, me parece que en cuestiones relativas a evaluación o cuestiones relativas a estudios de excelencia estarán avanzando en las universidades, y todo ello redundará en beneficio de la calidad de los estudios, que es, en definitiva, lo que yo creo que a todos nos importa. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Consejo de Universidades, porque es a usted a quien tengo que interpelar y no al Ministro, el Ministro no es el que manda en la educación

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en este país, el Ministerio no es el responsable de la situación de la Universidad de este país, el responsable es el Consejo de Universidades y su Presidente, que casualmente se sienta en el banco azul; menos mal, porque, si no, no tendría a quién dirigirme. Afortunadamente, repito, tengo aquí al Presidente del consejo de Universidades, al que interpelo.
Señor Presidente del Consejo de Universidades, vuelva a leer el artículo 26 de la LRU. En él se dice que ningún centro podrá admitir ni un alumno más de los que permita su capacidad. No autoriza al Consejo de Universidades, que usted preside, a que obligue a ninguna Universidad, infringiendo la propia Constitución --artículo 27.10-- a admitir ni un solo alumno más, cosa que usted está haciendo. Esa es la realidad, y le ruego que no se escude en consejos para no dar la cara políticamente. Porque, entre otras cosas, usted, como Ministro de un Gobierno legítimo, está en condiciones de incluir en eso que llama adaptación de la LRU la desaparición del Consejo de Universidades, si quiere, porque la Constitución no le obliga a que exista. Por tanto, no me venga con esas historias, dígame claramente cuál es su modelo, y luego, si quiere, dígame que el Consejo de Universidades no le deja llevarlo a cabo, dígamelo si quiere pasar por ese ridículo, pero no me monte el bonito juego del sombrero, de ahora me pongo el sombrero de Ministro, ahora me pongo el sombrero de Presidente del Consejo de Universidades, o la boina, o la barretina, o lo que toque, según dónde nos situemos. No, señor Ministro, vamos a ver si aclaramos cuáles son sus responsabilidades. Si lo que me está sugiriendo es que no le interpele más porque usted no manda, entonces tomaremos nota, porque usted es el responsable de lo que está ocurriendo; usted es el responsable de resolver los problemas de la Universidad real, que no están en la LRU, porque la LRU no contempla la universidad real, sino la Universidad imaginada por el señor Maravall.
Usted me acusa de convertir a la LRU en la fuente de todos los males. Quizá no de todos los males, pero de algunos males sí.
¿O es que no es la LRU la fuente de la endogamia actual del profesorado? ¿No ha sido la LRU la que ha puesto en manos de los departamentos, a la hora de la verdad, nombrar a dedo casi a la mitad de las comisiones de los concursos? Lo sabe usted como yo, sabe cuáles han sido los resultados, y eso ha sido un invento de la LRU, eso es así y eso es regresivo. Porque antes se sorteaban cuatro miembros del tribunal y todo el mundo aspiraba a que se sortearan los cinco. Esa es la situación, señor Ministro, lo conoce usted igual que yo. Por tanto, no me niegue que se está comportando ilegalmente, lo está haciendo.
No se escude en el Consejo de Universidades.
Me echa en cara que yo utilice el término estado de excepción.
Pues claro que lo utilizo, porque para mí la Universidad, esa que piso tres días en semana, donde estaré pasado mañana dando un seminario porque me gusta, ya que nada me obliga a ello, esa Universidad está en estado de excepción, claro que sí. ¿O es que para usted es normal que los alumnos no quepan en las aulas? Esa es su Universidad, no es la mía. ¿Eso no es una excepción? ¿No es eso estado de excepción? ¿O para usted eso es normal? Para mí no puede ser normal y, por tanto, hay que acabar con esa historia. ¿Por qué vamos a mantener eso así? ¿No sería más sincero decir que en su facultad y en la mía hay grupos donde dan clase profesores y grupos donde no da clase ni un solo profesor? Señor Minsitro, ¿no ha llegado el momento de dejar de mentir y de dejar de decir, como dicen ustedes una y otra vez --y perdone que utilice el castellano en sus términos--, que se ha desfigurado la figura del asociado de la LRU, cuando usted sabe que es falso? No se ha desfigurado, la LRU contempla asociados a tiempo completo, lo cual es una estupidez, y eso significa que hay profesores no profesores. ¿No ha llegado ya el momento de reconocer eso de una vez? ¿Por qué achacan ustedes a las universidades lo que es culpa de ustedes? Es en la Ley donde se dice que hay asociados a tiempo completo, eso no lo han inventado las universidades, y eso significa que señores que no saben nada están dando clase. Lo sabe usted exactamente igual que yo. Dice usted que va a hacer estudios de evaluación de las universidades. Dígame claramente: ¿está dispuesto o no a distinguir universidad por universidad, centro por centro, titulación por titulación? ¿En qué casos se respeta el espacio físico? ¿En qué casos se mantiene una proporción profesor- alumno como la que ustedes mismos manejan al calcular las tasas? ¿En qué casos son profesores los que dan clase y en qué casos no? ¿Está dispuesto a distinguir todo esto, sí o no? Lo demás son cuentos. No me hable del Consejo de Universidades, porque usted, que tanto hace retórica europea, dígame, señor Ministro: ¿a qué país europeo somos homologables teniendo en cuenta nuestro gobierno universitario? Dígame uno. El sistema de gobierno instaurado por la LRU se caracteriza, a la vez, por ser asambleario y absentista. Las dos cosas a la vez, y si usted no lo sabe es que no sabe lo que es la universidad, donde se hacen unas elecciones para formar parte de un claustro --en el caso de los estudiantes, fíjese, no hay ni elecciones, porque hay más candidatos que puestos en algunas universidades--, y en algunos casos hay verdaderas peleas entre los profesores por estar en ese claustro, pero luego no van porque no se les ha perdido allí nada, porque se habla de todo a la vez, porque no hay unos órganos diseñados como en Europa, que estén previstos para solucionar problemas concretos, porque se llega a un anonimato colectivo. Señor Ministro, ¿se ha preocupado de preguntarse cuántos vicerrectores, cuántos secretariados, cuántos

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subsecretariados había en cada Universidad española antes de 1982 y cuántos hay ahora? ¿Se ha preguntado usted --que es el responsable de esa Ley hoy-- si eso no está inducido por el mismo sistema de gobierno de la Ley? ¿No sabe que hay que hacer secretariados para pagar votos? ¿No lo sabe? Pregúnteselo a cualquier rector. Desde los tiempos del SEU no había universitarios que vivieran de cargos universitarios. Ahora los hay, señor Ministro, ¿no lo sabe usted? Los han creado ustedes. Tiene pagados a estudiantes con 28 abriles que tienen como profesión estar en un secretariado representando a los estudiantes. Usted sabe la cara de niños que tienen sus interlocutores de estos días. No se lo tengo que explicar. Ese es su sistema de gobierno de la Universidad. ¿Con qué país europeo homologa eso? Y ese sistema de gobierno usted quiere coronarlo con un Consejo de Universidades y con un Consejo Social.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, le ruego termine, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente. El Consejo Social será, desde luego, un invento estupendo, pero usted no ignora que hay universidades, normalmente las de más calidad del país, que han fabricado órganos paralelos.
Pregunte a los catalanes, se lo podrán explicar. Han hecho agencias paralelas al Consejo Social para hacer lo que el Consejo Social no puede hacer. Si usted no se entera es su problema, porque basta con que pregunte para que se entere.
Eso es así.
Una pregunta, señor Ministro: ¿Ha terminado usted con la simpática costumbre del Consejo de Universidades de que en las actas no figure quién dice lo que dice? ¿O sigue manteniendo las actas clandestinas? Porque resulta que los responsables de todo lo que pasa en las universidades es el Consejo de Universidades, y cuando se lee el acta no se sabe qué dice nadie allí, porque no figuran ni nombres ni cargos, sino sólo opiniones. Un monumento a la irresponsabilidad.
¿Qué problema ve usted, señor Ministro, para multiplicar por diez el distrito compartido? Por lo menos dénos su opinión. Mi tono será agradable o desagradable, llegará a lo personal o no llegará, pero tiene la rara virtud de animar el cotarro, lo cual es de agradecer porque aquí se aburre uno mucho. Sin embargo, una cosa es segura, señor Ministro, no me podrá acusar nunca de no contestarle a algo que usted me pregunte.
Por tanto, contésteme. ¿Va a multiplicar por diez el distrito compartido, sí o no? Si es que no, ¿por qué? No me diga que es que no le deja el Consejo de Universidades, porque entonces le traigo un chupete. Palabra de honor. (Rumores.) No podemos seguir en ese plan, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, termine, por favor, que se ha agotado el tiempo.


El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿va a acabar, de verdad, con esa curiosa compatibilidad del programa Erasmus con la doctrina Monroe sí o no? Dice usted que hay 8.000 plazas en el distrito compartido. Una pregunta ingenua: ¿dónde están emplazadas? Porque usted sabe que obliga a ofertar a ese distrito plazas inexistentes. Que a centros que le han dicho que no caben más les dicen que tienen que poner un porcentaje tenga o no plazas. Por tanto, son plazas sin emplazamiento. Ya está bien de bromas. ¿No es capaz de diseñar un sistema que multiplique las peticiones para el distrito compartido? En la moción que presentaremos dentro de dos semanas yo le propongo un sistema, a ver si usted es capaz de ponerle alguna pega. Claro que ese día usted no estará y estará aquí un digno colaborador suyo, desde el Grupo Parlamentario, para decir que no sin más. Esa es la realidad.
(Rumores.) Señor Ministro, yo le aconsejaría que haga de verdad una auditoría de nuestra universidad; distinga centros y titulaciones que reúnen requisito de calidad y otros que están en estado de excepción, del que deben salir cuanto antes, aunque a algunos les gusta que sigan en él, a mí no, desde luego; no cobre una peseta más de tasas donde se mantenga esa situación, y haga una inversión adecuada, porque ha dado 2.000 millones más a la Universidad brindándolo a los estudiantes como un detalle, pero echo de menos los 13.000 millones que su antecesor Solana anunció para este año y que han desaparecido del presupuesto. Con esos 13.000 me conformo, y si hace falta manifestarse me lo dice y hoy en la puerta le organizo una manifestación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Portavoz, su tono sigue sin impresionarme; sus conceptos me siguen impresionando.
Me da igual, señoría (además tiene que darme igual), que, de repente, usted deje de llamarme Ministro de tal cosa y me llame Presidente del Consejo de Universidades. Señoría, a mucha honra. En la primera intervención la cuestión era la de los tres meses; ahora dejo de ser el Ministro, soy Presidente del Consejo de Universidades, me escudo en el Consejo de Universidades para decir a S.S. aquellas cosas que no me atrevo a decir que no puedo hacer, y S.S. me ofrece, finalmente, un chupete, que por supuesto no voy a aceptar.


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Me habla S.S. incluso de la desaparición del Consejo de Universidades. Si esta es otra de las cuestiones que S.S.
quiere introducir en el proyecto de adaptación de la Ley de Reforma Universitaria, también S.S. se llevará la sorpresa de que no podrá ser así, y yo, desgraciadamente, tendré que quedarme sin el apoyo de su Grupo a este proyecto de ley, que, desde luego, ya me gustaría.
¿Por qué no le gusta el Consejo de Universidades, señoría? ¿Es porque en algunas ocasiones, como en algún ejemplo que ya he dado, no está de acuerdo con sus planteamientos? ¿Es, quizá, porque no le gusta a S.S., en contra de lo que se nos pide públicamente a los miembros del Gobierno, que dialoguemos con todos los sectores de las comunidades educativas y, por supuesto, con los grupos políticos? ¿Es que S.S., con ese gesto, quiere significar que yo no debo dialogar con los rectores o con los responsables de las comunidades autónomas en materia de educación? Pues, señoría, lo haré, como estoy dialogando y llegando a acuerdos con los estudiantes para conseguir una mejor calidad de la enseñanza y para conseguir la paz social en aquellos ámbitos que yo tengo que gobernar, y en su momento ofreceré a S.S. la mano para dialogar en los términos políticos en los que debe hacerse.
Su señoría me da dos ejemplos en relación con la adaptación de la Ley de Reforma Universitaria como elementos distorsionados, que aunque estaban regulados en esa primitiva Ley de Reforma Universitaria, han causado graves daños a la universidad. Y me cita la selección del profesorado y una figura del profesor, la de profesor asociado, que la LRU regula con la posibilidad de que sea a tiempo completo. Señoría, todo esto está muy bien, pero todo esto se revisaba en el proyecto de adaptación de la Ley de Reforma Universitaria que decayó. Yo le aseguro a S.S. que, salvo imponderables de la política, esto va a estar --y estoy pensando más en los asociados, señoría-- incluido en el proyecto de adaptación de la Ley de Reforma Universitaria que traiga a esta Cámara.
¿Por qué no utiliza estos ejemplos? Si estos son, entre otros, los males de la Ley de Reforma Universitaria, S.S. sabe que los voy a solucionar. ¿Es que S.S. entiende que no se solucionan con las fórmulas que figuraban en el proyecto de ley en su momento decaído? Todo esto lo podremos discutir con tal de que el modelo --que lo hay, que lo tengo, y que se lo he expuesto a S.S. desde mi primera comparecencia-- no se rompa.
Tengo la sensación, señoría, de que me está hablando de algo parecido a otra Universidad. Me parece muy bien que S.S. dé clase; yo he sido incompatible desde 1982, no me dejaban ni dar clase, ni hubiera podido darla, por otra parte. (El señor Ollero Tassara pronuncia palabras que no se perciben.) Me parece muy bien que vaya. Además, S.S. probablemente conoce lo que es la Universidad. Lo que S.S. probablemente no conoce, o tengo la sensación a veces de que no lo conoce, es la propia realidad española.
¿Cómo es posible comparar cualquier cosa de una Universidad que está creciendo y que seguirá creciendo a la marcha en que lo está haciendo la Universidad española, al 7,8 por ciento anual (Francia crece al 4 por ciento), con cualesquiera soluciones que se producen en el ámbito de los países cercanos a nosotros? ¿Cómo no vamos a tener que disponer soluciones propias, de la misma manera que vamos a tener que disponer de recursos específicos? Puesto que S.S. no tiene en cuenta el crecimiento de la población universitaria (que antes reconocía paladinamente que lo hemos pretendido, y naturalmente que lo seguimos pretendiendo) parece que habla de otra Universidad.
Voy a multiplicar el distrito compartido. Señoría, con esa o con otra fórmula --y estaré atento a la moción que el señor Diputado haga-- pretendo favorecer la movilidad de los estudiantes universitarios, como pretendo favorecer la movilidad de los profesores. De todas maneras, que no quede flotando en el aire la idea de que el problema es más grave de lo que es, siéndolo bastante. Cerca de un tercio de la oferta de ingreso en la Universidad no tiene limitación de acceso alguna. La demanda de estudios en primera opción está satisfecha en torno a un 60 por ciento. No es para quedarse tranquilo por mi parte, puesto que soy el responsable, pero está satisfecha, repito, en torno a un 60 por ciento; no desconozca S.S. los problemas. Por tanto, si cogemos tres opciones, está satisfecha en más de un 85 por ciento.
Su Señoría me dice que audite la Universidad. Yo no sé muy bien, y con esto quisiera terminar, señor Presidente, qué significado tiene. Lo que sí le digo es que quiero ser serio y llevar adelante un programa con el Consejo de Universidades -- por supuesto que con el Consejo de Universidades-- llevar adelante un programa de evaluación de la calidad universitaria en lo que se refiere a la enseñanza que dan, a otros servicios que prestan, al profesorado en lo que se refiere a su cumplimiento y a las enseñanzas que imparten: desde luego sin tocar la libertad de cátedra, etcétera. ¿Esto, señoría, es auditar las universidades, o no? Ya sé que S.S. me pedirá cuentas de vez en cuando, y yo estaré muy gustoso de prestarlas, como es mi obligación. Pero si soy capaz de llevarlo a cabo, probablemente de este movimiento de evaluación de calidad universitaria se podrán generar una serie de criterios, como decía al principio, y he dicho, esto sí, hace ya tres meses, que se puedan extender para mejorar la calidad de la enseñanza a todos nuestros centros universitarios. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

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Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que cuando tuve acceso al contenido de la exposición de motivos de esta interpelación urgente, me llevé varias sorpresas. La primera de ellas, que no me resisto a contar aquí, fue el inusitado y reciente fervor que el grupo proponente viene manifestando últimamente en defensa de la universidad pública; fue para mí una sorpresa que agradezco, porque, al fin y al cabo, nos permite discutir aquí con frecuencia sobre los problemas que, evidentemente, afectan a la Universidad pública. La segunda sorpresa se produjo cuando comprobé que acertaban en el análisis de algunos temas, como por ejemplo en la masificación de los centros universitarios, en la necesidad de mayores inversiones, en la necesidad de mayor oferta de plazas, etcétera. Y he de decirles que, normalmente, en propuestas de educación --lo confieso aquí en secreto-- suelo buscar elementos para desmarcarme de ustedes, pero en este caso me fue muy difícil hacerlo, tuve que gastar 20 minutos para encontrar el motivo, que precisamente hallé en uno de los párrafos de su interpelación donde dicen lo siguiente: el establecimiento de un sistema de gobierno universitario de tintes asamblearios -- descartado por entonces en las universidades europeas que lo habían experimentado durante la década anterior-- que dejaba la autonomía universitaria en manos de órganos más favorecedores del anonimato que de la responsabilidad a la hora de asumir decisiones de notable relevancia. Efectivamente, ahí les traiciona el subconsciente.
Coincidimos con ustedes, desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en que es un problema la masificación de los centros universitarios; precisamente tenemos un ejemplo bien cercano en la Universidad Complutense de Madrid, donde el espacio físico de que disponen puede ser de medio metro cuadrado por alumno, y en esas condiciones no se puede dar una enseñanza de calidad, al menos con comodidad.
Somos conscientes también de la necesidad de mayores inversiones para nuevos centros. De ahí que en el debate reciente de los Presupuestos Generales del Estado para 1994 pusiéramos de manifiesto que la partida dedicada a estos fines había decaído y que era necesario acercarse a los niveles europeos. También propusimos que era necesaria una ampliación de la oferta de plazas en distrito compartido con el adecuado incremento de las becas llamadas de desplazamiento, que en la actualidad son escasas en número y cuantía. Decíamos que 255.000 pesetas/año nos parecía poco y que habría que acercarlo al gasto anual real de 900.000 pesetas calculado por los expertos, teniendo en cuenta la vivienda, la manutención, los libros, el transporte, etcétera. También dijimos que se hacía necesario, y con carácter urgente, poner los medios para la potenciación, sobre la base de una decidida voluntad política, así como del correspondiente apoyo inversor de la Formación Profesional en todos sus niveles, pero de forma especial en los módulos de grado superior (módulo 3), de tal forma que el alumnado no se viera abocado a elegir entre una cualificación de baja consideración y utilidad o iniciar unos estudios universitarios para los que no se sentía llamado, incrementando de esta forma la demanda en el tramo de la enseñanza superior y contribuyendo también a su masificación y deterioro, además de privar a la sociedad de otras ofertas profesionales absolutamente necesarias para su reindustrialización y progreso técnico. También manifestamos, como ustedes indican en la exposición de motivos de la interpelación, nuestra preocupación por la situación del profesorado. Es verdad que ha habido una perversión de determinadas figuras profesorales creadas a partir de la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, profesor ayudante, profesor en proceso de formación, profesor asociado, profesor fuera del ámbito de la Universidad y de reconocido prestigio, que junto con los becarios han sido utilizados como mano de obra barata, aumentando además la precarización en el empleo de este segmento. Pusimos de manifiesto igualmente que el espectacular crecimiento de la población universitaria no se había visto acompañado del necesario incremento en la plantilla del profesorado, aumentando progresivamente las «ratios» y, por poner un ejemplo, este año se procede a un decremento de plantilla del orden del 7 por ciento. En lo que no estamos de acuerdo en la interpelación y lo poníamos de manifiesto al comienzo de nuestra intervención, es cuando en el texto de la misma se establece que los órganos de gobierno de la Universidad tienen tintes asamblearios. A nuestro parecer, hay que caminar justo en el sentido contrario, profundizando en la democratización de los mismos. En el Consejo de Universidades no hay prácticamente un solo alumno ni representantes sindicales. Otros órganos como los claustros, las juntas de gobierno, cuentan con representaciones muy minoritarias del alumnado.
Nosotros, señor Presidente, señorías, señor Ministro, nos situamos precisamente en el marco actual. ¿Cuál es el marco actual? El que se deriva del que comienza en 1983 con la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria en su aplicación y desarrollo, teniendo en cuenta también el intento y la necesidad de reforma pretendido en la Ley de Actualización Universitaria.
Hacemos nuestras, para que nos entendamos, señor Ministro, señorías, la mayor parte de las afirmaciones contenidas en el preámbulo de la Ley y que me permito recordarles solamente en dos de ellas: primera, el desarrollo científico, la Formación Profesional y la extensión de la cultura son tres funciones básicas que de

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cara al siglo XXI debe cumplir esa vieja y hoy renovada institución social que es la Universidad española. Segunda cuestión que me permito recordarles: el objetivo de la Ley de Reforma Universitaria es conseguir unos centros universitarios donde arraiguen el pensamiento libre y crítico y la investigación. Sólo así la institución universitaria podrá ser un instrumento eficaz de transformación social al servicio de la libertad, la igualdad y el progreso social para hacer posible una realización más plena de la dignidad humana.
Dentro de ese marco, de acuerdo con ese preámbulo que les he repetido --y aprovecho la ocasión para recordarle al señor Ministro que seguramente con sus actuales socios no podía haber aprobado esta Ley--, nosotros podemos hacer propuestas, como es usual...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González Blázquez, vaya terminando.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Termino sin hacer las propuestas, que son suficientemente conocidas pero que resumo, que pretenden dar respuesta a las demandas de los estudiantes que exigen un lugar en las aulas; a la incorporación de España al área universitaria europea; a la autonomía universitaria en sus aspectos estatutarios, académicos y financieros y a aquellos aspectos del profesorado que aquella ley calificaba de forma no muy positiva. Después de una década de promulgación de la ley, nos daríamos por conformes con que se fueran aplicando los elementos más progresistas de la misma, porque en este momento, señor Ministro, señorías, tenemos que hacer un análisis muy crítico de la aplicación de dicha Ley.
Como quiera, señor Presidente, que cuando subo a esta tribuna me gusta ser respetuoso con sus recomendaciones, no voy a acudir a la figura parlamentaria de decir que concluyo sin concluir. Conoce el señor Ministro, conocen SS.SS. de sobra nuestras propuestas que, evidentemente, recuerdo, están única y exclusivamente en el marco de la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria. La verdad es que, señor Ministro, no le puedo dar otras soluciones a los problemas de la Universidad porque, en contra --y permítame esta broma, señor Ollero-- de lo que sí puede hacer usted, yo no tengo un duro que ofrecer.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Blázquez. El Pleno se reanudará mañana, a las nueve horas. Se suspende la sesión.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.

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