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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 24, de 03/11/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 24 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. DON FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 22 celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento:

--Comparecencia del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para informar, con carácter urgente, ante el Pleno de la Cámara sobre las Conclusiones del Consejo Europeo Extraordinario convocado el 29 de octubre con motivo de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (número de expediente 210/000003) (Página 863)

--Preguntas (Página 894)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para hacer frente a los graves problemas presentes en la realidad de nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste responda efectivamente a los fines previstos en el ordenamiento vigente y a la orientación de principios dada por la Constitución al cumplimiento de las penas privativas de libertad (número de expediente 172/000015) (Página 924)

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--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las competencias y financiación de las Corporaciones Locales en el marco de la construcción del Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución (número de expediente 172/000016) (Página 934)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número 25, de 4 de noviembre de 1993.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento (Página 863)

Comparecencia del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para informar, con carácter urgente, ante el Pleno de la Cámara sobre las Conclusiones del Consejo Europeo Extraordinario convocado el 29 de oc motivo de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (Página 894)

El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) informa a la Cámara sobre lo acaecido en el Consejo Europeo Extraordinario celebrado en Bruselas el pasado viernes 29 de octubre, que se había convocado con un objetivo simple, aunque de gran trascendencia, como era subrayar el nacimiento de la Unión Europea, una vez superada la etapa de incertidumbre vivida en los últimos 20 meses, debida a las dificultades de algunos procesos de r finalidades y contenidos fundamentales del Tratado y, por otro, tomar ya las primeras decisiones para su aplicación eficaz desde la fecha misma de su entrada en vigor el 1.º de noviembre.
El Consejo Europeo ha hecho un primer análisis de la situación general de Europa tras un informe provisional del Presidente de la Comisión que ha servido para orientar y debatir de cara al Consejo Europeo de diciembre, en el que se van a ocupar a fondo de la coordinación de las políticas económicas para recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo, aumentando la competitividad de los países comunitarios.
Dado que son conocidas las conclusiones y declaraciones aprobadas en el Consejo, destaca como más sobresaliente la declaración política sobre la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea como instrumento imprescindible para garantizar el mantenimiento de la paz, la libertad, la prosperidad y la solidaridad entre los pueblos. Para mejorar la situación económica de sus pueblos y de sus gentes se inicia el proceso de unión económica y monetaria que haga posible coordinar políticas económicas que permitan generar empleo y que facilite los intercambios, disminuyendo los costes de mercado. Por otro lado, para solucionar o evitar los conflictos que le afectan, Europa comienza a construir una política exterior y de seguridad común y a identificar las áreas donde puede manifestarse colectivamente. Finalmente, para hacer Europa más atractiva y próxima a sus ciudadanos, se aumenta el sentido democrático de su funcionamiento, potenciando la participación de las regiones y confirmando la disposición de recibir a más naciones para integrarlas en el mismo proyecto. Este es el sentido básico de la declaración política aprobada por el Consejo Europeo.
Sucede, además, que el Consejo ha tomado algunas decisiones que han permitido que este Tratado entre en funcionamiento desde el primer día, decisiones que figuran en el apartado conocido como conclusiones de la Presidencia. Figura aquí el acuerdo sobre las sedes, que ha suscitado la mayor atención inmediata por parte de los medios de comunicación. De entre las sedes, destaca la relativa al Instituto Monetario Europeo, respecto de la que ha prevalecido el criterio de concederla a Alemania, que, a su vez, ha decidido que sea la ciudad de Francfort el lugar de su ubicación.
En cuanto a España, habíamos manifestado nuestra aspiración de acoger la sede de una de las agencias más importantes de la Comunidad pendientes de designación, entre las que figuraban con similar importancia la Oficina de Marcas, la Oficina de Medio Ambiente y la Agencia para la Evaluación

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de Medicamentos, por este orden cronológico. Fina Armonización del Mercado Interior y tiene la impresión de que esta Agencia tendrá una importancia considerable en el desarrollo de las relaciones mercantiles e industriales. Además, España ha obtenido la sede de la Agencia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo.
En términos generales, considera satisfactorio el acuerdo del Consejo Europeo, que va a permitir el inicio de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria a partir del 1 de enero de 1994.
Alude seguidamente a las acciones comunes decididas, relativas a la integración europea, política exterior y de seguridad común, con mención de ámbitos de actuaciones concretos, como la antigua exYugoslavia, Rusia, Oriente Medio y Sudáfrica, así como el desarrollo de la cooperación policial, creando instrumentos para la lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo o el narcotráfico y formulando directrices en materia de política de inmigración.
Como otros aspectos de desarrollo del Tratado menciona la creación del Comité de las Regiones, que está llamado a jugar un importante papel consultivo, tanto para la Comisión como para el Consejo, y el rápido desarrollo del Protocolo Social en todas las formas y posibilidades que brinda el Tratado de la Unión.
Por último, el Presidente de la Comisión ha informado al Consejo sobre el estado de preparación del Libro Blanco sobre crecimiento económico, competitividad y empleo y, en otro orden de cosas, el Consejo ha decidido subrayar su determinación para llevar a cabo la primera ampliación de la Unión Europea, de manera que las adhesiones de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia puedan tener lugar el 1 de enero de 1995.
Concluye expresando su opinión de que el Consejo de Bruselas ha estado a la altura de lo que era políticamente adecuado en un momento decisivo para el diseño futuro de nuestro continente. Vamos a seguir avanzando unidos, afrontando nuestros problemas con estrategias coordinadas y vamos a perfeccionar el control democrático de las instituciones acercándolas más a los ciudadanos, que son, en definitiva, los principales destinatarios de sus resultados.
En nombre del Grupo Popular interviene el señor Aznar López, manifestando que, en su opinión, pueden estar todos de acuerdo en que los resultados concretos de la cumbre de Bruselas no son precisamente para despertar entusiasmos. Otra cosa es si se podía esperar mucho más de este Consejo. En realidad, ese Consejo extraordinario se había convocado para celebrar la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, aunque se confi la reunión para superar de alguna manera el pesimismo comunitario de los últimos meses. Cree que convendría reflexionar sobre la conveniencia de convocar algunos consejos europeos extraordinarios para la obtención de tan escasos resultados. Señala que en Europa los tiempos no están para fiestas ni celebraciones y que ante la mayoría de los ciudadanos la fecha del 1.º de noviembre ha desfilado con la mayor indiferencia, tal vez porque las sociedades europeas, agobiadas por la recesión o el paro, prefieren aguardar resultados concretos antes de entusiasmarse. Sin embargo, tampoco sería justo afirmar que este Consejo extraordinario ha constituido un fracaso, porque los temas que pudieran haber provocado desacuerdo se han aparcado para otro momento o para el próximo Consejo del 10 de diciembre, y así ocurre con la gran cuestión de cómo reactivar la economía en Europa y luchar eficazmente contra el desempleo, que es tal vez lo que más agobia en este momento a los ciudadanos europeos y que tendrá que esperar hasta la citada fecha del 10 de diciembre.
En consecuencia, es un Consejo respecto del que no cabe hablar ni de éxito ni de fracaso, que ha pasado sin mucha pena ni gloria, ya que el reparto de algunas sedes para instituciones pendientes tampoco constituye ninguna cuestión mayor. No obstante, sobre la atribución de dos sedes a España, algunos han querido ver un fracaso para la capacidad de negociación del Gobierno español y cree que algunas enseñanzas se podían obtener de este relativo fracaso, en el sentido de convenir que la retórica de ser más europeísta que nadie sirve de bien poco a la hora de defender los intereses reales de un país, como lo demuestra el que las dos sedes más importantes hayan ido a parar a Inglaterra y a Dinamarca, que no son precisamente naciones que se caractericen por sus fervores europeístas.
Insiste en que la cumbre de Bruselas fue convocada realmente para solemnizar la entrada en vigor del Tratado de la Unión y en este sentido le gustaría transmitir la esperanza de que la fecha del 1.º de noviembre puede ser considerada como fecha histórica de referencia, y que lo que hoy ha pasado casi desapercibido ante la indiferencia general puede recordarse como un hecho verdaderamente trascendente en el futuro de Europa.
Se refiere seguidamente a las características de la crisis por la que actualmente atravesamos, que no permite esperar soluciones rápidas ni fáciles, aunque de algo pueden estar seguros, y es de que sin la Unión Europea todo sería mucho más difícil. Ahora bien, es importante acertar en el diagnóstico de la situación y sobre este Particular, cree que

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ha existido, en mayor o menor grado por parte de todos los Gobiernos europeos, cierto afán por rehuir u ocultar las características y gravedad de la crisis que afecta a nuestros países. Sin embargo, el Consejo ha preferido no tratar la cuestión, remitiéndola para el próximo 10 de diciembre, esperando que a partir de esa fecha los europeos puedan percibir que existe una actuación coordinada y eficaz capaz de superar el actual pesimismo y de afrontar correctamente la situación con un diagnóstico certero. En este sentido propone al Gobierno que con la mayor brevedad posible se debatan en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado las propuestas que España elevó a la Comisión el pasado 7 de octubre y sobre las que esta Cámara no tiene noticias. Otro aspecto que considera que exige urgente rectificación es lo que se podría llamar el ocultismo con el que se han llevado en gran medida estos temas. Menciona, por último, algunos de los objetivos pendientes y la postura que debería adoptar ante ellos nuestro país, expresando el deseo de su Grupo Parlamentario de que el programa de trabajo que ha ofrecido y el debate que ha propuesto sean tomados en consideración sin carácter excluyente.
En representación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña interviene el señor Anguita González, manifestando que, debido a que cada vez es más frecuente que en esta Cámara no haya un debate previo a las reuniones comunitarias, su Grupo se vio obligado a formular, en un comunicado del día 28 de octubre, su visión previa a la cumbre de Bruselas en torno a siete puntos, a los que procede a dar lectura.
En su opinión, y como preveían, la Cumbre ha sido decepcionante y significa una oportunidad perdida para rectificar e impulsar, desde nuevos análisis ante las nuevas situaciones, el proceso de construcción europea. Sin embargo, en la cumbre se han limitado a aplazar hasta diciembre el inevitable encuentro con la realidad y a partir de este hecho su intervención general girará en torno a dos líneas fundamentales, la primera de crítica a la actual situación y la segunda de propuestas a la Cámara y al Gobierno.
Expone que al final del proceso de ratificación nos encontramos con una Europa a la carta, en buena medida como consecuencia de unos criterios de convergencia poco fundados, basados en la convergencia puramente nominal y que han sido criticados en España por altas autoridades económicas y financieras, criterios de convergencia nominal muy lejanos a la convergencia real, al producto interior bruto y fundamentalmente al paro. Esa convergencia nominal, basada en índices macroeco-ä nómicos y no en torno a parámetros de la realidad, está en la base de toda la situación que ha habido en el Sistema Monetario Europeo y en todos los países que integran la Comunidad o Unión Europea. Agrega que hablar del Mercado Unico obviando la armonización fiscal supone un grave fallo del que estamos pagando las consecuencias. Considera, por otra parte, irrealizables los objetivos de convergencia nominal fijados y supone que esta Cámara ha asumido ya la imposibilidad de cumplir para 1997 los criterios de convergencia nominal establecidos, puesto que ni el déficit público ni los tipos de interés ni la deuda pública se pueden cumplir, y no sólo por parte de España sino tampoco por parte de los otros países de la Unión Europea. Sin embargo, se sigue reiterando en declaraciones de algunas fuerzas políticas y por el señor Presidente del Gobierno que los planes hay que mantenerlos, cuando se sabe perfectamente que estos no se tienen en pie. Cree que la actitud de no rectificar lleva más que nunca a la necesidad de una Europa de dos velocidades, que ya denunciaron durante el debate de la ratificación, y ello debido a que falta energía, visión y fuerza para construir la pieza básica que significa la unión política.
Expone algunas cifras sobre los desequilibrios sociales y territoriales en Europa, destacando la necesidad de una cohesión económica y s cree que ésta sólo será posible desde un poder político, desde una unión política que redistribuya las rentas y que reequilibre los territorios para conseguir ese espacio cohesionado en lo económico y social. Sin embargo, falta ese poder político y existe un déficit democrático, con ausencia de poder real para el Parlamento y, mientras, el mercado sigue actuando con su propia lógica, que conduce a mayores diferencias en lo social y en lo territorial.
El resultado de todo ello es la situación grave de europesimismo que nos invade, debido a un lenguaje alejado de la realidad. Resalta la grave situación económica, con su incidencia sobre el paro, afirmando que si se empeñan en combatirlo con los mismos parámetros y valores que hasta la fecha, no abordando la cuestión del desempleo desde visiones nuevas y más reales, poco cabrá esperar, puesto que no pueden fiarse las soluciones al crecimiento sostenido de la economía.
Sobre tan grave asunto propone, en nombre de su Grupo, la celebración de un debate en la Cámara antes del mes de diciembre, a fin de aportar propuestas de solución. También propone la celebración de otro debate relativo al proceso constituyente de Europa y, finalmente, un nuevo debate en torno a las líneas maestras del funcionamiento de la política exterior y de seguridad común.


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En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Molins Amat, que destaca la importancia de la puesta en marcha de la Unión Europea, hecho capital que, en su opinión, no se ha resaltado debidamente en este debate.
Para partidos como el suyo, que tienen como seña de identidad su vocación europeísta, esta fecha no puede ni debe pasar desapercibida, como tampoco debería pasar para el conjunto de la sociedad española. Reitera una vez más que, por primera vez en la historia, España participa en plano de igualdad desde el inicio en la creación de la Unión Europea, aunque esta circunstancia no le hace olvidar los problemas y dificultades que hay que vencer.
Alude a continuación a los objetivos que pretende alcanzar el Consejo Europeo, puestos de relieve en una declaración institucional de la cumbre de Bruselas, objetivos que califica de extraordinariamente importantes, como son igualmente los marcados para la próxima cumbre del mes de diciembre.
Concluye expresando el apoyo de su Grupo Parlamentario al impulso de todas las medidas necesarias que hagan posible la gran ilusión colectiva que es la Unión Europea.
En nombre del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Anasagasti Olabeaga, manifestando que lo más importante del reciente Consejo Europeo es que los gobiernos comiencen de nuevo a mirar hacia la Unión Europea sin que se haya detenido el proceso hacia la misma, aspectos importantes en momentos en que la incertidumbre de la crisis económica y de valores parecían arrumbar el proyecto. Es sabido que las decisiones políticas no hacen desaparecer los problemas, pero el compromiso político adquirido en Bruselas constata con las incertidumbres que se ciñen sobre los ciudadanos del continente acerca de la resolución de la crisis económica y política que nos aqueja. Desde su punto de vista, llama la atención la escasa repercusión que a nivel público están teniendo los avances conseguidos en la formulación de una ciudadanía supraestatal y superadora de las fronteras intraeuropeas, lo cual achaca a un déficit de comunicación de lo que se está haciendo en Bruse Realiza seguidamente un resumen de las principales conclusiones de la Cumbre y concluye pidiendo al señor Presidente que se consiga avan la transparencia de las reuniones europeas, puesto que, de lo contrario, surgirán nuevos sustos como los causados en las primeras consultas sobre Maastricht.
En representación del Grupo de Coalición Canaria interviene el señor Mardones Sevilla, que realiza una valoración positiva de la cumbre de Bruselas, desde el proceso de vocación fuertemente europea que existe en Canarias. Entre las conclusiones alcanzadas, destaca la relativa al Comité de las Regiones, aludiendo al papel que en el mismo debe tener la Comunidad canaria. Finaliza mostrando el apoyo de su Grupo a toda la política de integración europea.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, agradece el Presidente del Gobierno la información facilitada, si bien considera que ha sido una explicación más bien fría y sin ilusión, quizás prudente, para no abrir algún debate que pudiera resultar molesto. Las reacciones de la prensa española a la cumbre de Bruselas han sido también frías y hasta indiferentes, sin que el Presidente haya aportado hoy novedades que permitan a los ciudadanos recuperar la ilusión en el proyecto europeo por el que tanto se ha hecho desde España. Afirma que el euroescepticismo está creciendo de modo alarmante, sobre todo en los últimos meses, y los hechos, desgraciadamente, están contribuyendo a ello. Agrega que cuando todos esperábamos el impulso económico procedente de los países europeos, resulta que lo único que llega son las consecuencias más negativas de la crisis generalizada que allí existe, resultando el Mercado Unico, hoy por hoy, un reto casi imposible de superar para la economía española, de cuya nación parece que sólo interesa su número de consumidores.
Termina solicitando para Aragón la sede de alguna de las dos Agencias concedidas a España.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, califica de simbólico el Consejo extraordinario celebrado en Bruselas con el único objetivo de celebrar la entrada en vigor del Tratado de la Unión e intentar restaurar la confianza entre los agentes sociales y económicos. Consiguientemente, parece difícil invitar al optimismo a través de una simple ceremonia protocolaria que ha pasado prácticamente por alto todas las propuestas, relegándolas a próximas reuniones.
Formula algunas preguntas en torno a la Unión económica y monetaria y concluye criticando la política social seguida, a la que califica de pariente pobre del Tratado, además de estar excluida su aplicación en el Reino Unido. Asimismo resalta los escasos beneficios obtenidos por España, a pesar de su fiel apoyo el Tratado de la Unión, lo que demuestra su escasa influencia en Europa, donde seguimos estando en el vagón de cola.
El señor Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Socialista, manifiesta que desde el 1 de noviembre damos un paso más en un unión más estrecha entre los pueblos de Europa, donde las decisiones serán adoptadas de la forma más próxima

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posible a los ciudadanos. Constituidos en Unión, nos enfrentamos a problemas comunes que reclaman también soluciones compartidas.
Formula seguidamente algunas consideraciones en torno al proceso de construcción de la Unión Europea, así como a los debates desarrollados a lo largo de la anterior legislatura en la Comisión Congreso-Senado, y finaliza resaltando el papel desempeñado por España en la construcción comunitaria.
El señor Presidente del Gobierno (González Márquez), interviene de nuevo para contestar a los portavoces de los distin Replican brevemente los señores Aznar López, del Grupo Popular; Anguita González, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco (PNV), y Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, duplicando el señor Presidente del Gobierno.
Se suspende la sesión a la una y veinte de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 894)

Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las causas por las que el Gobierno no ha procedido a la trasposición de la Directiva Comunitaria 552/89, sobre televisión sin fronteras? (Número de expediente 180/000098) (Página 894)

De la Diputada doña María Pellicer Raso, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en la carretera N-260, eje Pirenaico, a su paso por la provincia de Huesca? (Número de expediente 180/000104) (Página 895)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene intención el Gobierno de modificar el contenido del Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, a los efectos de garantizar una solución completa y justa al problema de los daños causados a particulares por la rotura de la presa de Tous? (Número de expediente 180/000112) (Página 896)

Del Diputado don Julio de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué criterios motivan que fruto de una reorganización de la Administración Territorial Ferroviaria, se elimine la Gerencia Territorial de RENFE en Alicante, y se pase a depender de la Gerencia de Murcia, según acuerdo del Comité de Dirección de RENFE? (Número de expediente 180/000114) (Página 897)

Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la puesta en servicio de la Autovía entre Murcia y Albacete? (Número de expediente 180/000115) (Página 898)

Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para combatir el paro creciente de los Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales de la Marina Mercante? (Número de expediente 180/000116) (Página 899)

Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuáles son las causas que impiden a ese Ministerio la reiterada no adjudicación de las obras correspondientes a la Autovía Bailén-Motril? (Número de expediente 180/000117) (Página 900)

Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Dispone el Ministerio de estudio ambiental de la cuenca Besaya-

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Saja, en Cantabria, para atajar su descontaminación? (Número de exped 180/000122) (Página 901)

Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué causas motivaron el retraso de la construcción del tramo de autovía Bezana-Sardinero, en Santander? (Número de expediente 180/000123) (Página 902)

De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que no es posible conocer con detalle las dotaciones presupuestarias destinadas a inversiones en obras públicas por provincia? (Número de expediente 180/000135) (Página 903)

De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera que es necesario modificar el Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir que el Presidente del Gobierno responda a interpelaciones y preguntas de los Diputados? (Número de expediente 180/000133) (Página 904)

Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Podría informar el Gobierno de las gestiones realizadas en el marco de la Comunidad Europea para la protección del cine europeo en las negociaciones del GATT de la Ronda Uruguay? (Número de expediente 180/000120) (Página 905)

De la Diputada doña Dolores Gorostiaga Saiz, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra el Hospital Comarcal de Torrelavega y cuándo se prevé su puesta en marcha? (Número de expediente 180/000121) (Página 906)

De la Diputada doña Isabel Rodríguez Calvo, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas o líneas de actuación piensa llevar a cabo el Ministerio de Sanidad y Consumo para implicar a los médicos y personal de enfermería en la gestión y control del gasto sanitario? (Número de expediente 180/000125) (Página 907)

Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
y Consumo: El catálogo de prestaciones sanitarias de la sanidad pública, anunciado por la Sra. Ministra y otros altos cargos del Ministerio de Sanidad, ¿va a suponer un recorte de prestaciones asistenciales para los ciudadanos? (Número de expediente 180/000136) (Página 908)

Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la situación de los pasivos del sector de fertilizantes producidos por los diversos procesos de reconversión, autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desde 1986 a 1991 y los producidos en el 93 con el proceso que aportan Fertiberia y Erquimia en la coyuntura actual y para el futuro? (Número de expediente 180/000128) (Página 909)

Del Diputado don José Joaquín Peñarrubia Agius, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Está el Gobierno en condiciones de garantizar la pensión de jubilación de los españoles con edad comprendida entre los 40 y los 50 años? (Número de expediente 180/000140) (Página 910)

De la Diputada doña María Dolores Sánchez Díaz, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas básicas del Proyecto de Ley sobre interprofesiones que en la actualidad está en fase de consulta con las Comunidades Autónomas y con los sectores productivos? (Número de expediente 180/000130) (Página 911)

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Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para exigir el cumplimiento del Real Decreto-Ley 8/1993 del mes de mayo en relación a la moratoria que afecta a los agricultores perjudicados por la sequía? (Número de expediente 180/000141) (Página 912)

Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la estrategia que piensa adoptar el Gobierno frente a la pretendida disminución de la superficie máxima garantizada de oleaginosas en España? (Número de expediente 180/000143) (Página 913)

Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué información puede dar el Gobierno a esta Cámara sobre el asalto al Consulado español en Bata? (Número de expediente 180/000139) (Página 915)

Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: Ante las recientes noticias de prensa en las que se indicaba la existencia en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado de una lista de personas elaborada por la organización terrorista ETA, susceptible de ser objeto de agresión y añadiéndose además que el Juez, Sr. Garzón, había requerido a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que informara a los afectados, ¿cuáles son las razones que hicieron incumplir la orden del Sr. Garzón para no comunicar con la correspondiente urgencia a todos y cada uno de los afectados su inclusión en la lista de la banda terrorista ETA y actuar en consecuencia? (Número de expediente 180/000119) (Página 916)

Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Asuntos Sociales: ¿Qué implantación tendrá la educación para la salud en el curso académico 1993-1994? (Número de expediente 180/000142) (Página 917)

Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno pagar la liquidación definitiva de la participación de los Municipios en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de 1992? (Número de expediente 1880/000131) (Página 918)

Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna actuación específica para paliar la crisis financiera que padecen los Ayuntamientos de Málaga y Granada? (Número de expediente 180/000132) (Página 919)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el nuevo sistema de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado? (Número de expediente 180/000134) (Página 920)

De la Diputada doña Soledad Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es consciente el Gobierno de que entidades benéficas, sin fines de lucro, son sometidas a gravamen por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)? (Número de expediente 180/000137) (Página 921)

Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a inspeccionar la recién

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creada Unidad Especial contra el Fraude las actuaciones de la propia Administración? (Número de expediente 180/000138) (Página 922)

Del Diputado don Luis Gamir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es cierto que el Gobierno modificará la Tasa Fiscal de Matriculación de Automóviles? (Número de expediente 180/000144) (Página 923)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Está previsto que pueda reducirse el tiempo que transcurre desde el reconocimiento de la condición de objetor de conciencia hasta el inicio de la prestación social sustitutoria? (Número de expediente 180/000124) (Página 924)

Interpelaciones urgentes (Página 924)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para hacer frente a los graves problemas presentes en la realidad de nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste responda efectivamente a los fines previstos en el ordenamiento vigente y a la orientación de principios dada por la Constitución al cumplimiento de las penas privativas de libertad (Página 924)

En representación del Grupo Popular defiende la interpelación el señor Gil Lázaro, manifestando que la misma trae causa, en primer lugar, del compromiso de su Grupo con los valores generales de la solidaridad democrática y del respeto a la dignidad individual que, sin duda, han de ser dos ejes sobre los que se ha de vertebrar toda política penitenciaria para dar así realidad al principio de reeducación y reinserción social como fundamento último del sistema de las penas privativas de libertad. En segundo lugar, trae causa de su preocupación ante la grave situación de las prisiones españolas que sólo están sirviendo para acentuar en el penado las patologías individuales y sociales que le han llevado a la prisión. En tercer lugar, la interpelación trae causa de su grave preocupaciónante la declaración de intenciones del señor Ministro en su reciente comparecencia ante la Com de Justicia, estableciendo como objetivo primordial de su Departamento en esta legislatura, en el ámbito penitenciario, la mejora de la gestión, sin considerar necesario introducir reformas legislativas, lo que, en su opinión, significa dejar las cosas como están y contribuir con ello a que éstas continúen acentuándose en los términos de su degradación actual.
Desde su punto de vista, el problema esencial de las prisiones españolas es que el modelo reeducacional y de custodia concebido en nuestro ordenamiento jurídico ha sido sustituido en la práctica por un modelo exclusivamente de custodia, ante lo cual considera urgente reconducir esa realidad a los términos previstos en nuestro ordenamiento, para lo que es necesario realizar cambios profundos en la realidad interior de nuestras prisiones. Es necesario igualmente plantear una acción global del Gobierno para antes y para después de la prisión, es decir, para intentar evitar que una parte de nuestra sociedad se vea abocada a la cárcel como única alternativa personal. Esto significa realizar una profunda y eficaz acción solidaria frente a lo que denominan los viveros de la prisión, es decir, esos focos de marginalidad en todas sus manifestaciones que aún subsisten en nuestro tejido social.
Expone que por el Grupo Popular el balance del fracaso de la política penitenciaria del Gobierno tiene su manifestación principal en cuatro situaciones de hecho, que son: el hacinamiento, la falta de política de tratamiento, la conversión espuria de la droga en el eje de la vida penitenciaria y el avance cada vez más preocupante de determinadas enfermedades de naturaleza infectocontagiosa.
Formula seguidamente algunas consideraciones en torno a la actual política penitenciaria, que, en lo que respecta a la gestión ordinaria, la califica como lenta, incoherente y sin coordinación para resolver los problemas; en lo que respecta a la gestión económica, de absolutamente caótica, y en materia de personal significa la quiebra absoluta de una política dialogante y acomodada a criterios objetivos.
Concluye el señor Gil Lázaro señalando que la Ley General Penitenciaria, conforme al espíritu de nuestra Constitución y de nuestra recuperada democracia, quiso que las cárceles pudieran ser fábricas de esperanza, pero la gestión de diez años las ha convertido hoy en unas fábricas de miedo y de frustración. Ante esta situación, el Grupo Popular no va a consentir por más tiempo que las cárceles españolas sigan siendo el lado oscuro de nuestra democracia.


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En nombre del Gobierno interviene el señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), señalando como comentario previo que la descripció el interpelante del mundo penitenciario no coincide con la información que él tiene de ese mundo. Le sorprende, además, que se adopten tonos diría que casi melodramáticos para describir una situación que, afortunadamente, está mejorando de manera sensible, pero supone que forma parte de los hábitos parlamentarios que, lógicamente, debe respetar y cumplir.
Entiende que el tema objeto de la interpelación debe plantearse con rigor y seriedad. Reconoce que se está produciendo, efectivamente, un número creciente de internos, que además no es un incremento coyuntural sino que responde a factores de fondo, pero, paradójicamente, no responde a un aumento del número de delitos, que han disminuido, sino a un incremento de la eficacia policial y judicial. Esta es la realidad de la situación y significa que el problema de la masificación de las prisiones constituye el problema central, de lo cual ha sido consciente siempre el Gobierno mucho antes de que él estuviera en el Ministerio. Recuerda a este respecto la política de creación de nuevos centros penitenciarios para atender a estas necesidades, así como las actuaciones llevadas a cabo en materia sanitaria y de personal, para acabar reconociendo que los problemas siguen existiendo, y es claro que les preocupa a todos, pero no es menos cierto que están mejorando, por lo que no puede entender el tono con que se ha querido plantear la cuestión.
Replica el señor Gil Lázaro, duplicando el señor Ministro de Justicia.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, y el señor Casas i Bedós, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las competencias y financiación de las corporaciones locales en el marco de la construcción del Estado descentralizado que contempla nuestra constitución (Página 934)

En representación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende la interpelación la señora Aguilar Rivero, manifestando que el objetivo de la misma es debatir políticamente la realidad actual de las corporaciones locales en unos momentos calificados por múltiples cargos municipales, de todos los signos políticos, como el peor que han tenido los ayuntamientos en la etapa democrática, entre otras cosas como consecuencia del desequilibrio institucional que el Gobierno socialista está originando con el modelo de Estado que están diseñando. Agrega que la situación de los ayuntamientos les obliga a debatir, desde el rigor, la claridad y la voluntad inequívoca de dar soluciones, evitando el doble lenguaje que con maestría ejercitan el Gobierno y el Partido que lo sustenta.
Afirma que la situación municipal es hoy de clara asfixia económica y evidente confusión competencial, toda vez que los ayuntamientos están ejerciendo funciones que de hecho no son competencias suyas de derecho. En relación a la situación económica, el Gobierno ha demorado los pagos relativos a la participación en los ingresos estatales y ha congelado esta partida en los últimos años.
Añade que se encuentran ante una realidad que no es responsabilidad de los ayuntamientos, en términos generales, sino que es consecuencia de la política del Gobierno, que curiosamente dista mucho de la que preconizaban cuando estaban en la oposición y que ha producido una minoración en los ingresos de las Haciendas locales. Sin embargo, el Gobierno carece de voluntad política para dar solución urgente a lo que no puede aguantar más, debido a la decisión política del Partido Socialista de ignorar a las corporaciones locales en la construcción del Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución. Si realmente el Gobierno no tiene interés en el ámbito municipal, pide al señor Ministro que lo diga claramente, y ya, y que han apostado por otra política que conlleva la disminución progresiva de los ingresos municipales provenientes de la participación en los tributos del Estado.
Expone seguidamente la que denomina alternativa de la izquierda que demanda la realidad, anticipando que en la moción subsiguiente a esta interpelación procurarán concitar el máximo acuerdo parlamentario, por lo que, en definitiva, lo que les importa es dar respuesta a la situación municipal actual que en modo alguno es coyuntural.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), manifestando que, después de escuchar a la interpelante, si sus datos de partida fueran ciertos, posiblemente podría compartir algunas de sus conclusiones. Consiguientemente, cree que procede empezar por clarificar los datos, para ver si están hablando de lo mismo o de cosas distintas.
En relación con la deuda municipal, que no es para menospreciar, cita la cifra de un billón 100.000 millones en unas corporaciones locales que manejan

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en recursos ordinarios tres billones 414.000 millones, es decir, que como media es bastante inferior a la del Estado.
Es evidente que se trata de corporaciones endeudadas, pero a un nivel que considera satisfactorio.
Cuestión distinta es el endeudamiento de alguna corporación específica.
A continuación facilita diversas cifras relativas a la evolución de las cantidades destinadas a las distintas Administraciones públicas en los últimos años, considerando que la distribución que se viene manejando de 50/25/25 puede ser razonable desde el punto de vista teórico, pero no es realista en este momento en función de la distribución competencial existente.
Respecto a que el problema de las corporaciones locales se deba al retraso en las transferencias del Estado no considera correcta la afirmación. Cuestión distinta es en qué medida lo inicialmente presupuestado por las corporaciones locales como transferencias a recibir del Estado se ha visto disminuido como consecuencia de la reducción del gasto equivalente del Presupuesto del Estado. En todo caso, es evidente que hay un sistema legalmente establecido, hay que respetarlo y no parece coherente que si el Estado realiza un determinado esfuerzo para el saneamiento de sus finanzas, no tenga la misma repercusión en las corporaciones locales.
Replica la señora Aguilar Rivero, duplicando el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra, los señores Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mañueco Alonso, del Grupo Popular.


Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:

--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PARA INFORMAR, CON CARACTER URGENTE, ANTE EL PLENO DE LA CAMARA SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO CONVOCADO EL 29 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA (Número de expediente 210/000003)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día: Comparecencia del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, para informar, con carácter urgente, ante el Pleno de la Cámara sobre las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario, convocado el 29 de octubre con motivo de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas el pasado viernes día 29 de octubre. Este Consejo se había convocado con un objetivo simple pero, a mi juicio, de gran trascendencia: el de subrayar el nacimiento de la Unión Europea, una vez superada la etapa de incertidumbre que ha vivido la Comunidad en los últimos veinte meses, debido a las dificultades de algunos procesos de ratificación del Tratado de la Unión. De este objetivo se desprendían, naturalmente, algunas tareas inmediatas. Por un lado, confirmar las finalidades y contenidos fundamentales del Tratado y, por otro, tomar ya las primeras decisiones para su aplicación eficaz desde la fecha misma de su entrada en vigor el 1.º de noviembre. Es cierto que también había la intención de despejar el debate de la cumbre que ha de celebrarse en diciembre para concentrarla en el análisis del Libro Blanco, como más tarde referiré.
Por tanto, ha sido una cumbre extraordinaria que pretende llamar la atención de todos nuestros ciudadanos sobre un hecho que, a nuestro juicio, ha de influir de manera decisiva en la configuración de Europa. Es cierto que el marco global en el que se va a aplicar el Tratado de la Unión Europea es diferente del que existía en el momento de la firma. Por eso el Consejo Europeo ha hecho un primer análisis de la situación general de Europa, tras un informe provisional del Presidente de la Comisión que ha servido para orientar los debates de cara al Consejo Europeo de diciembre, en el que nos vamos a ocupar a fondo de la coordinación de las políticas económicas para recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo, aumentando la competitividad de los países comunitarios. El viernes pasado, en Bruselas, comenzamos a dotarnos de los instrumentos que han de permitirnos, de manera conjunta, vencer algunos de los retos más acuciantes. Como SS.SS. conocen ya las conclusiones y las declaraciones

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aprobadas en el Consejo, voy a limitarme, brevemente, a destacar lo más sobresaliente.
En primer lugar, el Consejo ha querido resaltar, mediante una declaración política, la importancia de este acontecimiento.
Se valora la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea como un instrumento imprescindible para garantizar el mantenimiento de la paz, la libertad, la prosperidad y la solidaridad entre nuestros pueblos. Hemos dado el salto cualitativo necesario dentro de la lógica de un proyecto de integración económica y política que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas cuatro décadas. Era conveniente decir a la opinión pública que a partir de ahora la Europa de los doce --tal vez mañana la Europa de los dieciséis-- empiece a dotarse de medios para responder a algunas preguntas que permanentemente se hacen. ¿Qué puede hacer Europa para mejorar la situación económica de sus pueblos y de sus gentes? Y se responde iniciando el proceso de Unión Económica y Monetaria que permita coordinar políticas económicas, que permita generar empleo, que facilite los intercambios y que disminuya los costes de mercado. ¿Qué puede hacer Europa para solucionar o evitar los conflictos que le afectan? Poco podía hacer en la etapa anterior como conjunto, pero ahora empieza a construir una política exterior y de seguridad común y empieza a identificar las áreas donde puede manifestarse colectivamente. ¿Qué puede hacer Europa para ser más atractiva, más próxima a sus ciudadanos? A partir de ahora, tomar estas decisiones con mayor proximidad a los ciudadanos, aumentando el sentido democrático de su funcionamiento, potenciando la participación de las regiones y confirmando la disposición de recibir más naciones para integrarlas en el mismo proyecto. Este es el sentido básico de la declaración política aprobada por el Consejo Europeo.
En segundo lugar, el Consejo ha tomado algunas decisiones que han permitido que este Tratado entre en funcionamiento desde el primer día. Estas son las que figuran en el apartado conocido como Conclusiones de la Presidencia. Estas decisiones constituyen --quiero recordarlo a SS.SS.-- el primer acervo de la Unión Europea en el conjunto de sus tres pilares.
En el plano político interno, la Unión refuerza su democracia y transparencia, al tiempo que desarrolla el concepto de ciudadanía al poner en práctica derechos concretos del ciudadano europeo que, en esta ocasión, afectan tanto a su participación activa y pasiva en las elecciones al Parlamento Europeo como a su protección diplomática por cualquier miembro de la Unión en el exterior. Los acuerdos alcanzados con el Parlamento Europeo nos permiten poner en funcionamiento, desde el primer momento, las instituciones y procedimientos que aporta la Unión Europea, por ejemplo, el Comité de las Regiones --al que más adelante haré referencia--,el Defensor del Pueblo o el propio procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo.
Dentro del primer pilar comunitario, el Consejo Europeo ha tomado las decisiones para el funcionamiento de la segunda fase de la Unión Económic el 1.º de enero de 1994. Ha decidido el emplazamiento de la sede y la designación del Presidente del Instituto Monetario Europeo. Este Consejo se propone desempeñar un papel activo en el fortalecimiento de una política económica, cada vez más coordinada, que tenga por objetivo relanzar el crecimiento y disminuir la situación de paro.
Quiero detenerme un instante en el acuerdo sobre las sedes, recogido en una decisión anexa a las conclusiones, porque ha suscitado la mayor atención inmediata por parte de los medios de comunicación. Es cierto que la decisión sobre la sede del Instituto Monetario Europeo es la que ha sido objeto de mayor controversia, y no tanto, que también, por el país que fuera receptor del Instituto, sino porque parecía ponerse en tela de juicio la libertad del país receptor para decidir el emplazamiento concreto de esa sede. Por consiguiente, se discutió si debía o no ir a Francfort. Finalmente ha prevalecido el criterio de conceder a Alemania esta sede y de respetar su decisión sobre la ciudad alemana que albergará el Instituto, que, como saben todos, ha recaído sobre Francfort.
Este mismo criterio se ha mantenido para las otras sedes que se han atribuido a países y se les ha dado libertad de designación.
España había manifestado su aspiración de acoger la sede de una de las agencias importantes de la Comunidad pendientes de designación. En una primera evaluación identificamos tres sedes cuya importancia era comparable entre sí: la Oficina de Marcas, la Oficina de Medio Ambiente y la Agencia para la Evaluación de Medicamentos, por este orden cronológico. España presentó formalmente estas candidaturas, en el entendimiento de que aspirábamos a una de ellas; a veces se ha creado la confusión e incluso se ha dicho que aspirábamos a varias. Más tarde pudimos comprobar que la Oficina de Marcas presentaba serios inconvenientes de cara a su funcionamiento real, puesto que se corría el riesgo, en primer lugar, de verse fragmentada al reclamar Luxemburgo, en virtud del acuerdo sobre unidad jurisdiccional de 8 de abril de 1965, la Cámara de Recursos de esta Agencia y, en segundo lugar, por encontrarse bloqueada en el Consejo por falta de acuerdo en torno a su régimen linguístico. En estas circunstancias, y dado que deseábamos obtener un acuerdo global en Bruselas, nos parecía que si no se podían solucionar los problemas que he mencionado debíamos concentrarnos en una de las otras dos candidaturas que habíamos presentado con posterioridad y por esta razón manifesté mi preferencia bien por la Agencia de Medio Ambiente, bien por la Oficina de Medicamentos. La

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Presidencia belga tenía la responsabilidad de lograr ese acuerdo global y para ello consiguió desbloquear las dos cuestiones que afectaban a la Oficina de Marcas. Por una parte, Luxemburgo ha renunciado a cualquier reclamación y ha aceptado que se incluya la Cámara de Recursos en la sede de la Oficina. Por otra parte, el Consejo Europeo decidió que esta Oficina utilizará cinco lenguas comunitarias de trabajo, entre las que se incluye el castellano. Quizá sea importante señalar esto último porque constituye un precedente que seguramente tendrá trascendencia sobre el régimen lingüístico de trabajo de la Comunidad con motivo de la próxima ampliación. En estas condiciones, España ha aceptado la Agencia para la Armonización del Mercado Interior, que va a englobar la Oficina de Marcas y la Oficina de Diseños y Modelos, que hasta ahora figuraba entre los proyectos de la Comisión como una agencia independiente para constituirla en un momento posterior. Tengo la impresión, tanto por el contenido inicial como por la ampliación de las competencias, de que esta Agencia tendrá una importancia considerable en el desarrollo de las relaciones mercantiles e industriales de nuestros países. Además de ello, España ha obtenido la sede de la Agencia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a la que me referiré más adelante al tratar del Protocolo Social a once.
En términos generales, considero satisfactorio el acuerdo del Consejo Europeo, que va a permitir el inicio de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria a partir del 1.º de enero de 1994.
El Consejo también ha adoptado decisiones para el desarrollo del segundo pilar del Tratado de la Unión. Tenemos ahora un conjunto de normas que ponen de manifiesto el salto cualitativo que acabamos de realizar, desde el anterior esquema de simple cooperación intergubernamental en materia de política exterior al nuevo instrumento que va a permitir una proyección internacional de la Unión más ágil y más eficaz.
Hemos identificado en Bruselas cinco ámbitos sobre los que hemos encargado al Consejo de Asuntos Generales que elabore, de acuerdo con el Tratado, las condiciones y modalidades de las correspondientes acciones comunes. La primera de estas acciones se refiere a la promoción de la estabilidad y la paz en Europa. Se trata de la preparación y el seguimiento de un pacto de estabilidad, aplicable en Europa central y oriental, que tiene como doble objetivo reforzar la inviolabilidad de sus fronteras y servir de marco para la solución de los conflictos de las minorías. Permítanme una pequeña reflexión sobre este primer ámbito de acción común de la política exterior y de seguridad común. Europa no es para nosotros tan sólo un proyecto abstracto; es también, hoy, un sistema de valores compartidos. Adherirse a la Unión Europea significa sumarse a un proyecto presidido por la lógica de la integración y que, por consiguiente, excluye la dinámica de la desintegración, la de los nacionalismos exacerbados, de la violencia y de la discriminación por razón de raza, de religión o de creencias. Esta pequeña reflexión me conduce a la segunda de las acciones comunes decididas: la antigua Yugoslavia. En estos momentos constituye el ejemplo más palpable de un proceso avivado por esa dinámica de la desintegración. Por este motivo, la Unión Europea debe actuar a través de una acción común que contribuya a la aplicación de un plan de paz y al mantenimiento de nuestro apoyo a través de la ayuda humanitaria. Ahora bien, esto únicamente será posible si las partes del conflicto modifican su actitud y acuerdan una solución negociada, tal como se recoge en la declaración que se aprobó y que está aneja al documento de conclusiones.
En tercer lugar, Rusia constituye otro ámbito para una acción común que se centra concretamene en el apoyo al proceso democrático a través de una misión de observación de las elecciones parlamentarias el 12 de diciembre. Esta acción se coordinará con el Parlamento Europeo y con los organismos internacionales que participen en el seguimiento de estas elecciones.
En cuarto lugar, Oriente Medio es otro de los ámbitos identificados en el que la Unión apoya plenamente el proceso de paz, para lo que está dispuesta a movilizar medios políticos, económicos y financieros.
En quinto lugar, Sudáfrica, donde igualmente la Unión ha decidido apoyar el proceso de transición democrática prestando su asistencia al proceso electoral y estableciendo un marco de cooperación financiera y social.
El Consejo Europeo ha asignado también cometidos inmediatos al tercer pilar de la Unión, encargando al Consejo «ad hoc» la preparación de un plan de acción común, para su aprobación en diciembre, sobre los siguientes asuntos: En primer lugar, el desarrollo de la cooperación policial y concretamente el rápido establecimiento de Europol, que junto a la Unidad de la Droga deberá ser operativo antes de octubre de 1994. Se trata de tener instrumentos en la lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo o el narcotráfico. En segundo lugar, una acción común que establezca medidas eficaces en la lucha contra la droga y el blanqueo de fondos obtenido de estas actividades ilegales. En tercer lugar, una acción común en materia de asilo político, de conformidad con la Declaración número 31 que conocen como anexa al Tratado. En cuarto lugar, la elaboración de una lista de países terceros a cuyos nacionales se exigirá visado de entrada en la Unión. En quinto lugar, el refuerzo de la cooperación judicial y en particular en materia de extradición. Por último, directrices en materia de política de inmigración, con una atención específica a la readmisión de los inmigrantes clandestinos.


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El desarrollo del Tratado, como saben SS.SS., contempla la creación del Comité de las Regiones, que está llamado a jugar un import para la Comisión como para el Consejo. España ha desempeñado un papel activo en la creación de este Comité.
Hemos tenido interés en comunicar la lista de los miembros españoles en tiempo útil, es decir, antes de la entrada en vigor del Tratado. El viernes pasado el Consejo Europeo fijó la fecha del 15 de enero de 1994 para la celebración de la primera sesión de ese Comité. Este plazo de dos meses y medio permitirá que todos los componentes del Comité hayan podido ser designados, puesto que algunos países han puesto de manifiesto dificultades para elaborar la lista de sus candidatos.
Además de estas decisiones que crean el primer acervo de la Unión, el Consejo Europeo ha decidido también desarrollar rápidamente el Protocolo en todas las formas y posibilidades que brinda el Tratado de la Unión, destacando al mismo tiempo la importancia de este Protocolo en un momento actual de crisis económica y social en el que se revela más necesaria una comunidad solidaria. En ese sentido, el Consejo ha decidido la creación de la Agencia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que tendrá su sede en España y cuya misión principal será proporcionar a la Comisión asistencia en el estudio y en la evaluación de los asuntos referidos a estas materias. La estructura prevista para la Agencia cuenta con un consejo de administración compuesto por un representante de cada Estado miembro, 12 representantes de los interlocutores sociales y tres de la Comisión.
Señor Presidente, señorías, con ocasión del Consejo extraordinario, el Presidente de la Comisión ha informado al Consejo Europeo sobre el estado de preparación del Libro Blanco sobre crecimiento económico, competitividad y empleo.
El señor Delors ha avanzado a título personal su diagnóstico sobre la situación económica de Europa y ha anticipado el tratamiento que, a su juicio, permitirá recobrar una senda de crecimiento genereador de empleo. Ha analizado la crisis en sus tres dimensiones: coyuntural, estructural y de desfases tecnológicos. Asimismo, el señor Delors ha dado cuenta de la evolución de la iniciativa de crecimiento que se acordó en Edimburgo y ha puesto de manifiesto algunas de las dificultades para la aplicación de esa iniciativa. Estas dificultades han sido desbloqueadas en el Consejo en tres aspectos importantes. En primer lugar, en cuanto a las facilidades de Edimburgo (las líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones), se amplía el campo de actuación de esas líneas crediticias a equipos de transporte, energía y renovación urbana. En segundo lugar, en cuanto a los créditos subvencionados a las pymes (había tres países que no habían aceptado la puesta en marcha de esa subvención crediticia dentro del presupuesto comunitario), se ha levantado la restricción y, por consiguiente, empezarán a funcionar esas líneas de crédito privilegiado para pequeñas y medianas empresas. Y, en tercer lugar, estimularemos todos los responsables gubernamentales la aprobación del Fondo Europeo de Inversiones, que todavía está en tramitación parlamentaria.
En otro orden de cosas, el Consejo Europeo ha decidido subrayar su determinación para llevar a cabo la primera ampliación de la Unión Europea, de manera que las adhesiones de Austria, Finlandia, Noruega y Suecia puedan tener lugar el 1.º de enero de 1995. Se ha fijado el 1.º de marzo del año 1994 como fecha objetivo para concluir las negociaciones y se han identificado algunos capítulos de esa negociación que se desea concretar antes de final de año, sobre todo los referidos a la Política Exterior y de Seguridad Común, a los asuntos de Justicia e Interior y a la Unión Económica y Monetaria. También se ha encargado a la Presidencia y a la Secretaría del Consejo que prepare una propuesta para diciembre sobre los aspectos institucionales de la ampliación.
Desde nuestro punto de vista, este último debate se deberá centrar en torno a una cuestión esencial: la preservación de los equilibrios institucionales que actualmente tiene la Unión cuando se produzca la ampliación.
Señor Presidente, señorías, quiero concluir. Creo que el Consejo Europeo de Bruselas ha estado a la altura de lo que era políticamente adecuado en un momento decisivo para el diseño futuro de nuestro continente. El nacimiento de la Unión Europea significa que vamos a seguir avanzando unidos, que vamos a tratar de afrontar nuestros problemas y ambiciones comunes a través de estrategias coordinadas y, finalmente, que vamos a perfeccionar el control democrático de las instituciones acercándolas más a los ciudadanos que son, en definitiva, los principales destinatarios de sus resultados.
El nacimiento de la Unión Europea es, sin duda, una buena noticia para esta Cámara, que desde su etapa constituyente ha albergado como un signo valioso de nuestra identidad democrática un espíritu de consenso sobre la vocación europea de España. Este Consejo Europeo extraordinario ha sido, sobre todo, un ejercicio de racionalidad que nos ha permitido dar la bienvenida serena y reflexiva a la Unión Europea y empezar a aplicarla con decisiones prácticas. Quizás esto en el momento actual no sea muy noticiable, quizá después de las cumbres complejas que hemos vivido en los últimos meses, especialmente cumbres como la de Edimburgo, ésta pase más desapercibida. Sin embargo, estoy seguro de que en el futuro, cuando tengamos más perspectiva, esta fecha de 1.º de noviembre de 1993 va a quedar en la memoria colectiva como uno de los momentos decisivos de la historia europea en este final de siglo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

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Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aznar.


El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, creo que todos podemos estar de acuerdo y convenir en que los resultados concretos de la cumbre de Bruselas, el 29 de octubre, que acaba de presentar el señor González ante la Cámara no son precisamente para despertar entusiasmos. Otra cosa es si se podía esperar mucho más del Consejo de esta cumbre. El propio Presidente de la Comisión, Jacques Delors, días antes de la reunión contestaba a un periodista que le preguntaba sobre qué esperaba de la cumbre con un escueto: Nada.
Es verdad que este Consejo extraordinario se había convocado en realidad para celebrar un hecho, como se ha dicho, que es la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Pero no es menos cierto que se confiaba en la reunión para superar de alguna manera el pesimismo comunitario de los últimos meses.
Convendría reflexionar sobre la conveniencia de convocar algunos consejos europeos extraordinarios para la obtención de tan escasos resultados, porque creo que también podemos estar de acuerdo, en mi tampoco en este último punto, el intento de superar el pesimismo comunitario, ha acompañado a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno. En Europa, como se ha dicho con acierto, los tiempos ni están para fiestas ni para celebraciones. Ante la mayoría de los ciudadanos, la fecha del 1.º de noviembre ha desfilado con la mayor indiferencia, tal vez porque las sociedades europeas ya no se entusiasman con el inicio de los proyectos o tal vez porque, agobiadas por la recesión o por el paro, prefieren aguardar resultados concretos antes de entusiasmarse.
Pero también es verdad que no sería justo afirmar que este Consejo extraordinario ha constituido un fracaso. Si es verdad aquel viejo refrán que dice que dos no discuten si uno no quiere, no menos cierto es que doce tampoco discuten cuando se empeñan todos en no entablar ninguna discusión. Los temas que pudieran haber provocado, sin duda, desacuerdos se han aparcado para otros momentos o para el próximo Consejo del día 10 de diciembre. Los asuntos más conflictivos, como pueden ser la distinta posición de cada país en torno a las negociaciones del GATT o la reforma de las instituciones de la Unión Europea, sencillamente se han obviado. La gran cuestión de cómo reactivar la economía en Europa y luchar eficazmente contra el desempleo tendrá que esperar --algo que tal vez es lo que más importa y agobia en este momento a los ciudadanos europeos-- hasta el 10 de diciembre. Por eso, tal vez podría decirse que ni éxito ni fracaso ni mucha pena ni mucha gloria, sino prácticamente nada, porque el reparto de algunas sedes, que ha explicado aquí también el señor González, para instituciones pendientes no es, en nuestra opinión, una cuestión mayor. Algún comentario cabe, sin embargo, ante SS.SS. sobre este asunto. A España le han correspondido dos sedes: la que acogerá, como ha explicado el señor González, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Marcas, Diseños y Modelos, y la Agencia para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Está claro que algunos han querido ver en la asignación de estas sedes un fracaso para la capacidad de negociación del Gobierno español --y ahora se podrán presentar las cosas como se quiera--, que había anunciado claramente su aspiración a la Agencia Europea del Medio Ambiente o a la Agencia Europea para la Evaluación del Medicamento, por considerarlas de mayor importancia.
Este hecho podría merecer crítica, pero prefiero simplemente hacer una reflexión, y es que España, como es lógico y natural, tiene en el seno de la Comunidad Europea la influencia que corresponde a su peso y el peso, como es lógico, que corresponde a su potencia económica y demográfica, y esto quizás es algo que se olvida con demasiada frecuencia.
Los fervores supuestamente europeístas, el afán de ir más allá que nadie no se traducen siempre, ni siquiera en ocasiones, en poder real en el seno de la Comunidad, y si a alguien le faltaba un buen ejemplo para esto, tiene que pensar dónde han ido a parar dos de las instituciones por las que tenía más interés, yo creo que con razón, el Gobierno español: una ha ido a parar a Dinamarca y la otra a Gran Bretaña, que no son precisamente dos naciones que se hayan caracterizado por sus entusiasmos y sus fervores europeístas en los últimos tiempos, pero que, sin duda, han hecho valer correcta o positivamente su peso específico en el seno de la Comunidad. Creo que algunas enseñanzas podemos obtener de ese relativo fracaso, porque creo que será bueno de una vez que todos los que tenemos alguna representación y más los que tienen una representación fuera, tanto en el Consejo Europeo como en los Consejos de Ministros, convengamos que la retórica sirve de bien poco a la hora de defender los intereses reales de un país y que tendremos más peso, más influencia y más poder cuando internamente consigamos una España más poderosa y más desarrollada.
Decíamos antes que la cumbre de Bruselas se había convocado, en realidad, para solemnizar la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea y que el éxito, sin duda, no ha acompañado al intento de dar un aldabonazo para los decaídos ánimos actuales de los europeos. A pesar de todo, señorías, señor Presidente, a mí también me gustaría transmitir la esperanza de que la fecha del 1 de noviembre pueda ser considerada en el futuro como una fecha histórica de referencia. Me gustaría que lo que hoy ha pasado casi desapercibido, casi ante la indiferencia general y, por qué no decirlo, sumido en el escepticismo de la gran mayoría de ciudadanos europeos, pueda recordarse como un hecho verdaderamente trascendente en el futuro de Europa.


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Basta recordar que sólo hace 50 años la mayoría de los países que ya forman parte de la Unión Europea se estaban despedazando en una guerra que, aunque era mundial, tenía, sin duda, las características de una guerra civil entre europeos.
Por lo tanto, con todos sus defectos, que los tiene y son muchos, con todas sus lagunas, que las tiene y son muchas, con todas sus incertidumbres, el proceso de Unión Europea creo que ha dado un paso más, y eso para todos los que desde unas u otras posiciones hemos contribuido a ese proceso, debe constituir, en principio, un legítimo deseo de esperanza y de satisfacción hacia el futuro. Estamos construyendo un espacio de seguridad común, un espacio que asegura paz, estabilidad, desarrollo y bienestar de los pueblos y que si hoy tiene graves problemas, como son el paro y el desempleo, no es menos importante ni menos cierto que tiene abierto --y está abierto- - un capítu oportunidades. Ahora, aprovecharlas o no va a depender de nuestro esfuerzo, de nuestra imaginación, de nuestra capacidad para que podamos avanzar en un camino de estabilidad y de progreso.
Es verdad, señorías, que estamos ante una situación de crisis estructural profunda que puede poner en peligro, y de hecho amenaza seriamente, los cimientos mismos de formas sociales, de formas de sociedad que hemos construido en las últimas décadas. Y creo que también es cierto que las características de esta crisis en concreto no permiten esperar ni soluciones rápidas ni soluciones fáciles. Pero también es cierto que de una cosa podemos estar seguros, o nosotros, por lo menos, lo estamos, y es que sin la Unión Europea todo sería mucho más difícil.
Por lo tanto, el debate y las actuaciones, a partir de ahora, tienen que ser sustancialmente distintos. Hasta ayer hemos discutido sobre la conveniencia de un proyecto; desde hoy, hemos de insertar, en la sociedad española en particular y en la sociedad europea en general, el contenido del Tratado.
Antes hablábamos de un proyecto de futuro; ahora, tenemos que empezar a aplicar un presente real y exigente. Y la mejor manera de hacer realidad los objetivos que se señalan en la declaración del Consejo Europeo, y a las que se ha referido esta mañana ante la Cámara el señor González, es precisamente, en nuestra opinión, no rehuir aquellos aspectos que requieren y precisan una urgente rectificación.
En primer lugar, me refiero al diagnóstico de la situación. Y quiero decir que ha existido, en nuestra opinión, en mayor o menor grado, y por parte de todos los gobiernos europeos, cierto afán por rehuir u ocultar las características y la gravedad de la crisis que afecta a nuestros países. Y este Consejo, como he dicho antes, no ha tratado la cuestión; la ha remitido al próximo 10 de diciembre. Quiero decir que creemos que no hay más tiempo para cometer errores. Los europeos tienen que percibir, a partir de esa fecha, que existe una actuación coordinada y eficaz, capaz no solamente de superar ese pesimismo, sino capaz de afrontar correctamente la situación de crisis con un diagnóstico certero.
En este sentido, propongo al Gobierno que, con la mayor brevedad posible, se debatan, en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado, las pro España elevó a la Comisión el pasado día 7 de octubre y sobre las cuales todavía la Cámara no tiene noticia.
Otro aspecto, señorías, que exige urgente rectificación es lo que se podía llamar el ocultismo con el cual se han llevado, en gran medida, estos temas.
Si algo tenemos que aprender de las vicisitudes --y la ratificación del Tratado de la Unión Europea ha pasado por muchos países y por muchas opiniones públicas-- es el rechazo que en toda Europa se percibe hacia una concepción centralista y eurocrática de nuestra Comunidad. Los ciudadanos y sus representantes parlamentarios se han sentido marginados del proceso y han actuado en consecuencia. Siento que ayer mismo esta Cámara no aprobase unas razonables, en mi opinión, propuestas de información suplementaria presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que, sin duda, eran trasunto de lo que ocurre en otros países y también de lo que está determinado en el propio Tratado de la Unión. Pero, en fin, a pesar de todo ello --podría decir por todo ello--, propongo desde esta tribuna al Gobierno y a los grupos parlamentarios de esta Cámara, elaborar un programa de trabajo concreto, de aquí a la próxima conferencia intergubernamental de 1996, que englobe las cuestiones esenciales que afectan a nuestra política comunitaria.
Antes de entrar en el contenido de ese programa de trabajo que ofrezco a la Cámara, no con carácter exhaustivo ni muchísimo menos excluyente, convendría tener claros los objetivos que en mi opinión deben guiar nuestro política.
Con ocasión del debate de investidura, tuve la oportunidad de señalar los efectos positivos, tangibles e inmediatos que había tenido para Espa decidida en favor de la participación en la construcción comunitaria. Señalé también que se había alcanzado el objetivo político de la plena integración y que en lo sucesivo debía ocupar el primer plano de nuestra preocupación la evaluación de las circunstancias y condiciones económicas del proceso hacia la unión monetaria, por ser en esta dimensión dond los principales intereses españoles y la mayor preocupación de los ciudadanos. Podía añadir hoy, y añado, que la mejor política comunitaria es una política eficaz que afronte con decisión los problemas estructurales de nuestra economía productiva. Y en este marco, y desde la perspectiva del Partido Popular, el contenido del programa de trabajo, insisto, sin carácter excluyente, en mi opinión, debería moverse en las siguientes coordenadas: Primero, definir y construir una posición

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nacional clara, de cara a la revisión del Tratado en 1996, y especialmente en lo referido a la reforma de las instituciones de la Unión Europea, como consecuencia, entre otras cosas, no sólo de su actual situación, sino del proceso de ampliación de la Unión.
Segundo, preparar la economía española para la unión económica y monetaria. Y tercero, colaborar en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Unión. En cuanto al primer rasgo que he citado, y que debe centrarse en torno a la definición de nuestros principales intereses de cara a la Conferencia de 1996, la revisión previsiblemente se desarrollará en dos plazos: la revisión institucional, como he dicho, a consecuencia de la ampliación y la reconsideración -- a mi juicio inevitable y, además, necesaria-- de los plazos y criterios de convergencia para acceder a la unión monetaria.
En la reforma institucional, en mi opinión, interesan a España tres cuestiones. En primer término, fortalecer la naturaleza de la Unión Europea como una unión de estados por ser la fórmula más conforme con un proceso histórico de siglos que sería ingenuo cambiar, ignorar o modificar. En segundo lugar, defender aquellos procedimientos para tomar decisiones que permitan que España pueda hacer valer su peso específico real en el conjunto de la Unión. Y, en tercer lugar, apoyar el fortalecimiento de los fundamentos y del control democrático en el doble sentido, por ejemplo, que recoge la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán cuando afirma que lo decisivo es que los fundamentos democráticos de la Unión se vayan plasmando a la par que la integración y que, a medida que avance ésta, se mantenga pujante la democracia en los países miembros. Los objetivos de democracia y de transparencia son irrenunciables si no se quieren cometer los mismos errores que se cometieron en la elaboración del Tratado de Maastricht y que han estado a punto de dar al traste con ello.
En tres líneas, en consecuencia, debería moverse la actuación española desde el punto de vista de la transparencia y control: clarificar el papel de los parlamentos nacionales, desarrollar claramente el principio de subsidiariedad y la carta de derechos y deberes que debe ser inherente al concepto de ciudadanía.
El segundo objetivo al que he hecho referencia y que podía constituir una parte, sin duda muy importante, de ese programa de trabajo es que, en la revisión del Tratado de 1996, será uno de los aspectos esenciales y fundamentales la unión económica y monetaria y, en concreto, por lo menos en nuestra opinión, cierta inevitable reconsideración de plazos y quizá también de criterios para acceder a la convergencia.
En relación con esta cuestión, señalaba también al principio, que entre las grandes orientaciones de la política comunitaria española tenía carácter prioritario preparar la economía para la unión económica y monetaria, porque al final la política económica se ha convertido hoy en la misma sustancia de la política comunitaria. Son una misma cosa, porque si nuestra economía real no está en condiciones adecuadas nos alejaremos del núcleo central de la Unión. Y no se trata solamente de cumplir los requisitos en un momento determinado, se trata de construir un sistema productivo que pueda funcionar sin distorsionar o poner en riesgo la unión económica y monetaria o, de lo contrario, no entraremos en ella, entre otras cosas, porque el núcleo central de la Unión no sacrificará la estabilidad de la futura moneda, llámese como se llame, integrando a países que son incapaces de mantener equilibrios macroeconómicos básicos.
De alguna manera hay que invertir una parte del discurso comunitario del Gobierno que ha prevalecido hasta ahora y es que España no será un país económicamente estable y competitivo por integrarse en la unión económica y monetaria mágicamente, sino que solamente se integrará si previamente se convierte en un país sin desequilibrios graves y desestabilizadores para el conjunto de los países de la Unión.
Y la situación de nuestra economía, en mi opinión, no admite espera. Lo he venido recordando en todas mis intervenciones y vuelvo a insistir una vez más en ello, en que hay que poner en marcha una clara política de rectificación y de competitividad de nuestra economía, y sólo así no quedaremos desplazados en un mundo en el que, con razón decía el señor González, se está produciendo un cambio radical en las ventajas comparativas de costes y precios en la producción por la globalización de la economía, en las innovaciones tecnológicas o en los propios procesos de integración que, como el de la Unión Europea, se han puesto en marcha. Por eso, reitero que la política comunitaria más eficaz es una política económica que funcione, lo cual, obviamente, hoy no es el caso.
En tercer lugar, el tercer aspecto del programa de trabajo podría ser, señor Presidente, señorías, colaborar en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Tratado de la Unión, como ha hecho, de alguna manera, la declaración del Consejo Europeo respecto de la aplicación de la política exterior y de seguridad común, que permita a la Unión defender sus intereses y asumir la responsabilidad que tiene al servicio de la paz y de la cooperación internacional.
Estamos de acuerdo, como dice la resolución del Consejo, en que ello se haga de manera gradual y pragmática, en función de la importancia de l comunes de todos los Estados miembros, y agradecemos la descripción que el señor González ha hecho de los escenarios de acción común acordados por el Consejo. Sin embargo, debe ser motivo de reflexión para nosotros que el Mediterráneo, el flanco sur de Europa, no haya sido, al menos de primera intención, considerado como ámbito prioritario para una acción común,

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cuando, efectivamente, reúne todas las condiciones para serlo.
Es cierto que acontecimientos muy graves y muy preocupantes, que afectan a la seguridad europea, tienen lugar en el centro y en el este de Europa, pero ello no explica suficientemente que de los cinco ámbitos declarados prioritarios tres estén situados en el centro y en el este de Europa y un cuarto ámbito implique un salto hacia Sudáfrica, sin contemplar la frontera sur de la Unión, afectada --y creo que afectada seriamente-- por subdesarrollo, por superpoblación, por inestabilidad política y por conflictividad social y cultural, como tenemos en este momento oportunidad de comprobar desde hace algunos días.
Sin duda, ha pesado una configuración comunitaria que tiene su centro de gravedad, y que lo tendrá más aún con su ampliación, en Centroeuropa, pero si en el terreno de la toma de decisiones hemos de pasar gradualmente de los mecanismos de la cooperación intergubernamental a los propios de una integración más plena, que implica decisiones vinculantes tomadas por mayoría, es exigible, por nuestra parte, que se contemplen todos los intereses de la Unión Europea. En el campo de la política de seguridad ello debe conducir, en nuestra opinión, no solamente a defender unos intereses propios de la Unión Europea sino a convertir en intereses comunes lo que es prioritario y objeto de principal preocupación para cada uno de sus miembros.
Impulsar --y termino, señor Presidente-- el cumplimiento de los objetivos institucionales del Tratado implica también favorecer la cooperación de justicia y de interior. Creo que España debe continuar aspirando a la plena aplicación del Convenio de Schengen y ha de defender que, en materia de visados, tengan un tratamiento equitativo los nacionales de los países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Termino, señor Presidente. Desearía mi Grupo Parlamentario que el programa de trabajo que ha ofrecido y el debate que ha propuesto sean tomado consideración por la Cámara y por el Gobierno, insisto, sin carácter excluyente. Nosotros creemos que la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea inicia una etapa en la que importa mucho que política y realidad no sigan sendas divergentes. Con frecuencia, en el pasado, los debates políticos han tenido lugar a espaldas de las preocupaciones y de los problemas de los ciudadanos y creo que no se puede continuar con esa forma de actuar. Creemos que la Unión Europea es una oportunidad que bien merece la pena aprovechar y, desde luego, nosotros estamos decididos a hacerlo.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Anguita.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a causa de que cada vez es más frecuente que en esta Cámara no haya un debate previo a las reuniones comunitarias, nuestro Grupo se vio obligado a formular en un comunicado su visión previa a la cumbre de Bruselas, y lo formuló en torno a siete puntos que paso a leer a SS.SS.
Hicimos el comunicado el día antes de la cumbre, el 28.
La situación de crisis estructural por la que atraviesan tanto el actual proceso de construcción europea como cada uno de los países miembros de la Comunidad Europea, no debería permitir a los gobiernos comunitarios dejar pasar la oportunidad que da la cumbre del 29 de octubre. Dicha cumbre, obviamente, no puede ser de celebración, porque no hay ningún motivo para ello cuando estamos en el centro de una gravísima crisis, no sólo económica y social.
Es cierto que el proceso de ratificación del Tratado de la Unión Europea ha terminado, pero de una manera mucho más formal que real, y no conviene olvidar en estos momentos las excepciones británica y danesa. Aún así, la idea de que el fin del proceso de ratificación del Tratado de la Unión Europea va a dar un impulso positivo hacia adelante en la construcción europea y, automáticamente, a solucionar algunos de los graves problemas que nos aquejan, es falsa e irresponsable. Seguir insistiendo en algunos de los parámetros fundamentales contenidos en el Tratado de Maastricht es irreal y profundamente equivocado. El europesimismo seguirá avanzando si la cumbre del 29 se convierte en una reunión sin soluciones nuevas, audaces y concretas y se limita a aprobar reglamentos de desarrollo del Tratado de la Unión Europea y el reparto, más o menos acertado, de sedes para algunos organismos comunitarios. Y terminábamos: «La cumbre no puede ser otra oportunidad perdida para cambiar un camino erróneo que pone en peligro el objetivo que todos deseamos: la Unión Europea».
Señorías, tal y como anunciábamos, denunciábamos, preveíamos, teníamos, el 28 se ha cumplido. La cumbre ha sido decepcionante. Una oportunidad perdida para rectificar, corregir o simplemente reimpulsar, desde nuevos análisis ante las nuevas situaciones, el proceso de construcción europea. Se han limitado a aplazar para diciembre el inevitable encuentro con la realidad. Y a partir de ahí, nuestra intervención quiere tener dos líneas fundamentales: la primera, crítica a la actual situación; y la segunda, propuestas a esta Cámara y propuestas al Gobierno.
Para empezar, señorías, esta Cámara será consciente de que al final del proceso de ratificación estamos ante una Europa a la carta. Y no valen eufemismos ni autoengaños, y menos en esta Cámara, que aprobó el Tratado de la Unión. Hay una primera carta, contenida ya en el propio Tratado, que es la excepción hecha al Reino Unido de la Gran Bretaña en los aspectos de

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la política social. Pero hay otra segunda carta como consecuencia de una renegociación de la Comunidad con Dinamarca, después del segundo referéndum, en cuestiones básicas y fundamentales que esta Cámara aprobó para los Doce: nada menos que la unión económica y monetaria, la ciudadanía europea, etcétera, etcétera. Y después, la posibilidad, por lo menos las cautelas con que hay que contemplar el dictamen del Tribunal Constitucional alemán, y una cuarta sombra sobre el desarrollo y el proceso, el resultado final del proceso de ratificación, la sombra de las nuevas incorporacones, sus aspiraciones, sus visiones y los ejemplos recibidos por parte de los Doce.
A partir de ahí, a una situación de ratificación, de final del proceso, más que dudosa en torno a los contenidos y desarrollo homogéneo, armón Tratado de la Unión Europea, hay que añadirle el fallo, la grave situación en la que están los criterios de convergencia; criterios de convergencia poco fundados, criterios basados en la convergencia puramente nominal, y que han sido criticados en España por altas autoridades económicas y financieras; criterios de convergencia nominal muy lejanos a la convergencia real, al producto interior bruto y, fundamentalmente, al paro. Esa convergencia nominal, basada en índices macroeconómicos, en índices que hablan de una economía por las cifras que manifiestan los resultados de los procesos reales, y que no hablan de una convergencia en torno a parámetros de realidad, está en la base de toda la situación que ha habido en el Sistema Monetario Europeo y en todos los países que integran la Comunidad Europea, o la Unión Europea en estos momentos. Pero además, incompletos, porque en ese Tratado de la Unión, o en la situación que hay ahora mismo, al hablar del mercado único se obvia algo fundamental que está en la base y en la raíz de los problemas, no hay una armonización fiscal. Hablar de mercado único obviando la armonización fiscal es un grave fallo, y estamos pagando esas consecuencias. Y, naturalmente, plantear una Unión Europea, hablar de mercado único con una autonomía, casi una independencia, de un Banco Central significa colocar piedras en la disgregación de la construcción europea.
Por otra parte, objetivos de convergencia nominal irrealizables. Supongo que esta Cámara tiene asumido que ya no es posible cumplir para 1997 los criterios de convergencia nominal; es decir, ni el déficit público, ni tipos de interés, ni deuda pública, y por tanto, esta Cámara, que aprobó el Tratado de la Unión Europea, sabrá que para 1997 esos objetivos ya no se pueden cumplir no solamente por España, sino por otros países de la Unión Europea. Y, a partir de ahí, estamos ante una situación en la que, frente a esta realidad que todo el mundo sabe pero que nadie quiere decir, salvo esta fuerza política, se sigue reiterando aquí, en esta tribuna, por otras fuerzas políticas y, sobre todo, por el señor Presidente del Gobiern plazos hay que mantenerlos, cuando se sabe perfectamente que eso no se sostiene en pie.
La persistencia en el «sostenella y no enmendalla» es una actitud suicida, sobre todo en un momento en que estamos en una tasa del 11 por ciento de paro --en España cerca de un 23 por ciento--. Pero, con ser grave todo lo anterior --porque hay que seguir insistiendo en la necesidad, quizá más que nunca, de una Europa unida, de construir una unión económica y política--, hay algo que ya denunciamos durante el debate de la ratificación: las dos velocidades. Falta fuerza, falta energía, visión para construir la pieza básica: la unión política.
En la declaración aprobada en Bruselas, de la cual el señor Presidente ha hecho una referencia, se habla de manera clara de cuatro pilares: mayor prosperidad económica, mayor ambición de cara al exterior, mayor eficacia y más democracia. Sin embargo, en los documentos comunitarios, en el texto al que hizo referencia el Presidente y en los demás documentos la expresión unión política no existe; se la esquiva, se la da de lado. Se habla de unión económica y monetaria, del mercado único, pero la unión política, que es el gran reto, la tarea más hermosa e importante de construir esa Europa tan necesaria está ausente, y ahí, justamente ahí, es donde tiene este gigante los pies de barro. Afrontémoslo con valentía porque el problema viene ya de los retos que nos lanzaba el Acta Unica Europea.<ð Señorías, recordemos y analicemos dónde está el origen del problema. El Acta Unica Europea tiene dos pilares fundamentales para la ulterior co Europa: uno de ellos es el mercado único, es obvio, y, si no fuese obvio, constantemente se está recordando y desarrollando la construcción de ese mercado único, pero el segundo pilar en igualdad de importancia y equiparable al primero es la cohesión económica y social; cohesión económica y social que no es una cuestión de fondo, que no es más ni menos que conseguir un territorio social y económicamente integrado en una Europa altamente indiciada de crecientes desequilibrios sociales y territoriales. Paso a leer a SS.SS. los últimos datos hechos en alguna cátedra de economía de una universidad española.
Desequilibrios sociales en Europa a principios de los noventa: 44 millones de pobres en esta Europa de la abundancia; aparte, 11 millones de personas sin techo y, además, 10 millones de pobres de solemnidad. Junto a esto, 16 millones de analfabetos y 6 millones de parados a principios de los noventa --ya son 11 millones-- de períodos de larga duración. Y ya, para terminar de cuadrar esta Europa de los desequilibrios sociales creciente, el producto interior bruto de los diez índices familiares más elevados multiplica por 3,39 al de las diez más inferiores.
A partir de ahí, cuando se habla del Consejo de Regiones, de la construcción de una Europa unida, hay

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que hablar también del gravísimo problema de los desequilibrios territoriales. Vayan por delante otros datos.
A principio de los noventa, el 60 por ciento de las regiones europeas, 104 de las 175, con el 52 por ciento de población, estaba por debajo de la media del producto interior bruto comunitario. El índice de disparidad interregional va abriéndose de la siguiente manera: entre 1980 y 1989 ha pasado del 26,1 por ciento al 27,5 por ciento, y la diferencia entre índice medio de desempleo de las veinticinco regiones con mayor y menor renta, entre 1983 y 1990, ha pasado del 13 al 14,7.
Este es el problema; el problema de la cohesión económica y social no era de fondos, era el problema de conseguir un espacio social y económicamente integrado, cohesionado. Pues bien, ésta era una de las tareas fundamentales que tenían que ser abordadas, no solamente la construcción del mercado único sino la cohesión económica y social. Pero llega la segunda parte del problema, la cohesión económica y social solamente es posible desde un poder político, solamente es posible desde una unión política que redistribuya las rentas, que reequilibre, que actúe, por tanto, con políticas económicas eficaces, en el ámbito de la unión política, para conseguir ese espacio cohesionado en lo económico y lo social. Es ahí justamente, en la falta de poder político, en el déficit democrático, en la falta de poder real para el Parlamento, en los tímidos, casi inexistentes, pasos en la unión política, donde está la raíz del problema. El mercado se extiende, pero, por la propia lógica del mercado, eso conduce a diferencias sociales y territoriales, que no son corregidas porque ya hay un abandono total, una renuncia, a la construcción de la unión política, que es el único pilar básico para conseguir políticas que corrijan estas diferencias crecientes en lo social y en lo territorial.
A partir de ahí, ya no debe extrañarnos nada --el problema está sin resolver--, en torno a un desequilibrio, a una velocidad, la velocidad económica, entendida velocidad económica como el desarrollo del mercado único, en detrimento de la auténtica construcción europea, que consiste en tres pilares fundamentales: el económico, por supuesto, la política exterior y el pilar de construcción de la unión política. El resultado todavía es más grave cuando todos estamos de acuerdo en denunciar, en darnos cuenta de que estamos en una situación de grave europesimismo. Los ciudadanos --y en España es sintomático-- comienzan a entrar en una peligrosa valoración, que ya fue denunciada en esta Cámara por quien les dirige la palabra, que es el rechazo de determinados tratados. Aquella discusión que ya pasó, podría d corregían los problemas, en un rechazo a Europa. Ya está en las voces de los pueblos de Europa. En España en concreto se perdió una oportunidad de oro, se rechazó la posibilidad de tener un referéndum, que hubiese significado un debate, una toma en consideración, dar vida a la sociedad en torno a algo fundamental: su participación en la construcción de Europa. Además, un europesimismo motivado por el lenguaje hiperbólico, fuera de la realidad con que ha sido afrontada y presentada a la sociedad española la construcción europea.
No he visto mayores disparates, más salidas de tono, planteando la construcción europea como algo idílico, como algo con poderes taumatúrgicos, terápicos, es decir, para solucionar los problemas simplemente al pronunciar el nombre de Europa y no plantear el tema de construir algo, el problema estaba en lo siguiente: confundir construir con integrar. Como consecuencia de la caída brusca, el lenguaje hiperbólico, el lenguaje blanco, descomprometido, de propaganda, no ha soportado la dureza de una realidad, y podría haberla soportado en la medida que se hablase de la Europa a construir, con las dificultades pero con la fuerza tremenda de los grandes sueños que hay que mantener como necesarios.
A partir de ahí y sabiendo que estamos en el camino y en el momento en que Maastricht ha sido aprobado y en la fase en que se inicia la unión política, nuestra fuerza política quiere aportar su grano de arena porque cree en la construcción europea, pero cree en la construcción europea real, no una construcción europea exclusivamente sobre un pilar, porque esa construcción va degenerando paulatinamente en la destrucción de Europa por vía del europesimismo.
Señorías, señor Presidente del Gobierno, se va a ir a la cumbre ordinaria de Bruselas, se va a abordar el problema del paro, del empleo, del Libro Blanco presentadopor el señor Delors, y se va a ab es el del crecimiento sostenido.
Si hablamos de la manera de combatir el paro, como crecimiento constantemente sostenido de la economía, con los mismos parámetros, con los mismos valores, obviando el problema de la revolución científico-técnica, de la robótica, de la informática, del «dumping» social de otros problemas, y no abordamos la cuestión del desempleo desde visiones nuevas, más frescas, señorías y, mucho más reales, mucho más realistas que la eterna, recurrente, alusión al mercado y al crecimiento sostenido, que se han verificado ya como incapaces de crear empleo, propongo en nombre de mi Grupo a esta Cámara que aquí, previa discusión en la Comisión Mixta o en la fase de Ponencia o Comisión, haya un debate, antes de diciembre, sobre el paro, la creación de empleo y, ¿cómo no?, algo que está vivo en la sociedad española, sobre el reparto de empleo, como una aportación fundamental importante y mucho más realista que otros supuestos realistas (que están con la eterna cantinela de algo que se está derrumbando), a fin de aportar a la discusión de Bruselas la voz de esta Cámara, para lo cual, esta fuerza política se ofrece para hacer de ponente, para traer documentos, para lo que

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SS.SS. quieran, SS.SS. Diputados, S.S. Presidente del Gobierno.
El segundo punto a discutir nace de una situación que no deja de ser chocante. En el Parlamento Europeo se está discutiendo, elaborando, un anteproyecto de Constitución europea (miro al señor d tiene algo que ver en eso) y sería paradójico, y ya lo es, que se esté discutiendo un anteproyecto de Constitución europea mientras las cumbres se olvidan de algo que yo he traído aquí algunas veces (muy matizado, expuesto con sobriedad), que era el proceso constituyente de Europa, un proceso, no un momento fundante, en el cual intervenían e intervienen muchos agentes, muchísimos agentes, entre ellos los pueblos de Europa. Pues bien, la propuesta es hacer un debate aquí en torno al proceso constituyente de Europa, que desembocaría en una Constitución europea, y que haga posible que adelantemos en un año la revisión del Tratado, es decir, para 1995, a la luz del debate que se haga en esta Cámara a tenor del proceso constituyente que desembocaría en una Constitución europea.
En tercer lugar, un debate en torno a las líneas maestras de funcionamiento de la política exterior de seguridad común.
Había que volver a rel conveniente, aquellas hermosas, importantes y válidas afirmaciones contenidas en la Carta de París, de 1990. Europa, desde una unión política sin ambages, sin contradicciones, debe, puede y es su obligación, contribuir a un nuevo orden internacional.
Europa, desde una independencia, no solamente en lo económico y en lo político, también en lo militar, con las consecuencias que eso trae y que SS.SS. saben, tiene la obligación de transformarse en una unión política con una política exterior al ser orden que signifique equilibrar las relaciones con el Tercer Mundo, que se vuelque hacia el Mediterráneo, y que se erija como potencia defensora de los principios, fundamentos y valores que la hicieron surgir, en el siglo XVIII, como el máximo exponente de lo que después se ha conocido como los derechos humanos.


El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Para eso ofrecemos nuestra participación, nuestra colaboración, la crítica que sea necesaria, pero el esfuerzo que se estime pertinente y conv He dejado para finalizar un comentario, porque creo que no merece nada más que un comentario la cuestión de las sedes, y es que a veces los errores están en elegir mal las batallas. Se habló demasiado de las sedes, no es una cuestión fundamental, pero hay un hecho altamente contradictorio. Creo que España va a ser la sede de Salud y Seguridad en el Trabajo, en un país y con un Gobierno que ha renunciado a traer la Ley de Salud Laboral; toda una contradicción.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores diputados, quisiera dedicar mi intervención, en nombre de nuestro grup saludar fundamentalmente el hecho que motivó la cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del pasado 29 de octubre, en Bruselas, que no es otra cosa que la puesta en marcha de la Unión Europea.
En el debate hasta ahora producido no se ha dado, a mi entender, suficiente importancia a este hecho capital, histórico, de creación de la Unión Europea. Para dos partidos que, como Convergència Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya, tienen como señas de identidad su vocación europeísta, esta fecha no puede ni debe pasar inadvertida, como no debería pasar tampoco, a nuestro entender, para el conjunto de la sociedad española.
Ya ha sido comentado alguna vez que España por primera vez participa en plano de igualdad y desde el inicio en la creación de una entidad supr Unión Europea. Nunca antes en la historia moderna habíamos tenido esta oportunidad; ni Naciones Unidas, ni Unesco, ni la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ni la Organización Atlántica, ni la propia Comunidad Europea habían contado con nuestra participación desde el inicio. La alegría, la profunda ilusión por el hecho de su creación, obviamente no nos hacen olvidar los problemas y las dificultades con que ve la luz la Unión Europea; pero una cosa deseamos constatar participar en esas aventuras colectivas en busca de la paz y la convivencia pacífica, sino que fueron nuestros propios errores, hoy, por primera vez, el éxito o el fracaso de la Unión Europea que nace depende de nosotros mismos, del acierto en el impulso en el interior y hacia el exterior que seamos capaces de darle.
De la lectura de la propia declaración institucional realizada por la cumbre en Bruselas se desprenden los objetivos que pretende el Consejo: buscar en este sistema de valores compartidos que es Europa mayor prosperidad económica, mayor ambición cara al exterior, mayor eficacia para dar mejor respuesta a los problemas sociales que no conocen fronteras, mayor democracia; es decir, mayor transparencia, mayor apertura, mayor descentralización.
Nuestra unidad en la acción debemos ser capaces de conciliarla con la diversidad de nuestras tradiciones. Nos parecen unos objetivos extraordinariamente importantes.


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También deseamos repasar, por su importancia, los objetivos que en la aplicación del Tratado de la Unión se marca la propia cumbre de Bruselas, tanto en los aspectos de la Unidad Económica y Monetaria como en los aspectos de la Política Exterior y de Seguridad Común (la PESC), donde también como ya ha sido dicho aquí, quizá echaríamos en falta en estas acciones comunes una acción si no en el Mediterráneo, en alguna forma en el Oriente Próximo es de hecho una acción mediterránea, sí en los países del Magreb. La importancia que en el capítulo de ciudadanía, justicia e interior ya ha remarcado el señor Presidente del Gobierno tiene la defensa en el exterior de los ciudadanos de la Unión por parte de cualquiera de los Estados miembros; o los derechos políticos pasivos y activos de sus ciudadanos, la dimensión social, la democracia y transparencia con la codecisión por parte del Parlamento Europeo, o la puesta en marcha del Consejo de las Regiones. Hay que revisar también esos objetivos que en la creación de empleo se marcará el Libro Blanco, o los objetivos en la ampliación. Parece que no hay confianza entre los Estados miembros respecto a los objetivos de la Unión Europea --otros Estados desean participar en esta Unión Europea-- cuando con la creación de la Unión Europea estamos haciendo, señor Presidente, y nosotros estamos convencidos de ello, algo serio. Hay quien pretende entrar en esta unión que no desata excesivos optimismos.
El problema de las sedes ha sido tratado por el señor Presidente. Alguien quizás espera una crítica por nuestra parte respecto a las decisiones finales del Consejo de Bruselas y no existirá, entre otras cosas porque sabemos que Europa también significa renuncias. Pero aunque está claro que Gran Bretaña luchó por conseguir la sede para Londres de la Agencia para la Evaluación de Medicamentos y nuestras posibilidades eran pocas ante esa candidatura, quisiera saber si fue el propio Gobierno español el que reunió a la Agencia del Medio Ambiente porque entendió que era preferible la consecución de otras dos agencias quizás menores, como la de Marcas, Diseño y Modelos y la de Salud e Higiene en el Trabajo; quisiera saber si fue una renuncia del Gobierno español y una decisión del propio Gobierno respecto a la Agencia del Medio Ambiente. En cualquier caso, señor Presidente, hay que potenciar las sedes conseguidas y sacarles el máximo provecho. Ese es el objetivo que imagino debía guiar al Gobierno en el momento de solicitar para España alguna de las sedes.
En la cumbre del próximo mes de diciembre, señor Presidente, el Consejo Europeo se ha marcado unos objetivos extraordinariamente ambiciosos. La cumbre celebrada el 29 de octubre era una cumbre extraordinaria para celebrar el nacimiento de la Unión Europea, pero el inicio del trabajo será en esa cumbre de diciembre con un plan de acción en justicia y asuntos de interior y la adaptación al principio de subsidiariedad de determinadas normas comunitarias. El Consejo solicita la preparación de conclusiones concretas para luchar contra el desempleo; la creación del Fondo Europeo de Inversiones antes de final de año o la definición de los Estados miembros sobre las reformas institucionales con motivo de la ampliación, son algunos de los puntos que he sido capaz de entrasacar de los compromisos del Consejo para su agenda de los próximos 10 y 11 de diciembre.
En este momento, señor Presidente del Gobierno, ya no hay excusas. Como usted muy bien decía, tenemos ya los instrumentos para la acción. Debe realizarse una política interior decidida en la lucha contra la crisis y por la creación de empleo y en la lucha, al mismo tiempo, por la cohesión europea. Quisiera entretener un momento su atención.
Estos dos objetivos no sólo son contradictorios sino que son complementarios. Sólo seremos capaces de crear empleo si somos capaces de acercarnos y cohesionarnos con las políticas económicas europeas. Insisto, no sólo son contradictorios; la Unión Europea no es la que crea la crisis, sino que es la única capaz de sacarnos de ella a través del esfuerzo que no debe ni puede faltar. La Unión Europea no tiene un efecto taumatúrgico, como aquí se ha dicho, pero con nuestro único esfuerzo, nosotros solos no seríamos capaces de superar la crisis, sin embargo, con el conjunto de los Estados Europeos sí lo seremos, sí debemos serlo; por tanto, hace falta una política interior decidida en la creación de empleo y en la búsqueda de la cohesión con la Unión Europea.
También es importante, señor Presidente, el impulso de políticas decididas a nivel europeo. Quisiera remarcar dos, porque creemos que son las más fundamentales. Sería difícil asumir que la cumbre de diciembre no tomara decisiones concretas sobre dos temas que al menos para nosotros son los prioritarios, aunque existen muchos otros, por supuesto: los que hacen referencia a la unión económica y monetaria y sobre todo a la lucha por salir de la crisis, y los que hacen referencia, en los aspectos de política exterior y seguridad común, a la ex Yugoslavia.
Europa no puede permitirse, como se dice en su declaración, 17 millones de parados en su Comunidad sin dar una respuesta a la existencia de ese problema. Sea a través de las conclusiones del Libro Blanco que prepara la Presidencia de Jacques Delors; sea a través del impulso o de la coordinación de las políticas interiores, Euorpa debe ser capaz, en su Consejo de diciembre, de dar una respuesta eficaz a la creación de empleo y a la salida de la crisis. En segundo lugar, en cuanto a la política exterior y de seguridad común se ha decidido ya, y esa es la parte fundamental de la Unión Europea, que no exista una acción exterior que no sea la acción común de los Estados miembros; acciones comunes que se definen por

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unanimidad pero que se desarrollan por m de los aspectos que contemplan es el del tratamiento de la crisis de ex Yugoslavia.
En el Pleno extraordinario que con motivo de la cumbre de Birmingham se celebró en este Parlamento nuestro portavoz, el señor Miquel Roca, ya hacía referencia a cómo era preferible mantenerse callado respecto a la crisis yugoslava que hablar si no se era capaz de actuar. De eso hace un año y Europa no es todavía capaz de actuar. Creemos, señor Presidente, que este es otro de los aspectos fundamentales para que en diciembre se tomen decisiones que ilusionen a los ciudadanos europeos en cuanto a la trascendencia de su acción, en cuanto a la posibilidad de su actuación. Decía Jean Monnet, señor Presidente, que todo proyecto era posible si se tenían los instrumentos para llevarlo a la práctica y los calendarios Pues bien, nuestra Unión Europea, señor Presidente, usted lo ha dicho antes, tiene los instrumentos y tiene los calendarios. El proyecto es posible; hagámoslo posible. El señor Presidente sabe que puede contar con nuestro grupo parlamentario para impulsar todas las medidas necesarias para hacer posible esa gran ilusión colectiva que es la Unión Europea.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, el Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, advirtió, la víspe cumbre extraordinaria, que la Comunidad iba hacia una zona de libre comercio sin alma, sin conciencia y sin voluntad común. Para Delors el objetivo del Consejo Europeo que se celebró el pasado viernes en Bruselas, era poner en marcha todos los instrumentos y medios que permitan aplicar el nuevo Tratado de la Unión Europea. La pregunta es si se ha conseguido, y la respuesta, a nuestro juicio, es que los gobiernos comienzan de nuevo a mirar hacia la Unión y que el proceso no se ha detenido, aspecto éste importante en momentos en que la incertidumbre, la crisis económica y de valores parecían arrumbar el proyecto.
Es sabido que las decisiones políticas no hacen desaparecer como por ensalmo los problemas. El compromiso adquirido en Bruselas contrasta con las incertidumbres que se ciñen sobre los ciudadanos del continente acerca de la resolución de la crisis económica y política que nos aqueja.
Lo que se ha de conseguir en el fondo es conjugar los avances en la unificación política más difíciles de lograr por la renuncia de los socios a ceder cotas de soberanía estatal, con los progresos previstos por acceder a un mercado único en toda su dimensión una vez se superen los actuales desequilibrios económicos, en especial la elevada tasa de desempleo.
La consecución de la convergencia económica entre los Doce a fin de cuentas es el aliciente que tienen el resto de países del continente para integrarse en la Unión Europea que no debe por ello subordinar los logros en este terreno a la profundización de la unificación política.
Al mismo tiempo, desde nuestra propia perspectiva, llama sobremanera la atención la escasa repercusión que a nivel popular están teniendo los avances conseguidos en la formulación de una ciudadanía supraestatal y superadora de las fronteras intraeuropeas. Una vez más, estas cumbres parecen estar encerradas en una burbuja, alejadas de la población a la que representan y centradas obsesivamente en sus cuestiones gremiales, aparentemente inmunes a las preocupaciones de sus conciudadanos. Aunque esto no sea así, existe un déficit de comunicación de lo que se está haciendo en Bruselas, prueba de ello es la imagen que ha trascendido de la cumbre comunitria donde más importante que la puesta en marcha del Tratado de Maastricht, con todo lo que esto supone, ha sido la discusión de las sedes de las distintas agencias comunitarias. En cambio no se ha dado aún ningún paso para irnos acostumbrando a que somos ciudadanos de un nuevo ente, el cual, por ejemplo, va a obligarnos, antes de que acabe el siglo, a realizar nuestras transacciones en una nueva moneda. Por esta razón la entrada en vigor el 1.º de noviembre del Tratado de Maastricht, debería dar pie a una iniciativa de reactivación de la construcción europea por parte de un grupo de países decididos a evitar la deriva hacia una zona de libr y ante la posible ampliación de complicado control, se impone cada día con mayor fuerza la creación de una especie de núcleo duro dentro de la Unión en la que se integrarían los países más decididos a prescindir de los inconvenientes continuos planteados, fundamentalmente, por los conservadores británicos.
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más España, deben ser ese núcleo que se fundamenta en similares actitudes ante la co europea y en la posibilidad de hacer políticas económicas coordinadas. No hay que extrañarse de esa simetría ya que en la misma dirección está organizada la entrada en vigor del protocolo social de Maastricht que crea una comunidad de once países, de la que se automargina el Reino Unido, cuando se tratan temas sociales. Por eso, aunque la batalla de la reforma de las instituciones debe plantearse en 1996, varios países han expresado ya su interés en avanzarla antes de la ampliación, incluso se ha apuntado que puede ser uno de los puntos de discusión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo mes de diciembre.


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La entrada en vigor del Tratado permite la geometría variable, no sólo por el protocolo social, sino en defensa común, de la que está excluida Dinamarca, y en la unión monetaria. Fuera del Tratado existe cierto tipo de geometría variable, en cuestiones como fronteras, mediante la Convención de Schengen, en la que no están incluidos Dinamarca, Irlanda ni Reino Unido; esto quiere decir que en la construcción europea todo es posible.
Ya sabemos que se dirá que Europa hay que seguir construyéndola a doce, y ese es el criterio que hemos mantenido todos y siempre, pero también es cierto que hacerlo así significa conducir un coche con el freno puesto y hoy día lo que hay que lograr es cierta velocidad de crucero porque los problemas y sus soluciones no esperan. La existencia de un núcleo duro europeo que impulsaría en serio la unión, facilitaría la incorporación de los países que están negociando la ampliación --Austria, Finlandia, Suecia y Noruega-- y estos países podrían renunciar a integrarse en las áreas de más difícil aceptación por sus opiniones públicas. Y no sólo a estos países, sino una opción similar podría ser estudiada para los países de Europa central y de Europa oriental.
La Europa de Maastricht, por otra parte, no podrá resultar de la arrogancia burocrática, sino de un consenso político, lo más amplio posible, entre políticos locales, nacionales e internacionales, y por ello el prin- cipio de subsidiariedad adquiere importancia sustantiva en esta nueva Europa, en la que van a ser tenidas en cuenta frecuentemente con mayor prioridad, las opiniones de los «Länder» alemanes que el sesudo dictamen de los «lobbys» internacionales sobre cuestiones que puedan resolverse a ese nivel no estatal de decisión política. De ahí que la subsidiariedad constituye una prueba de fuego para el Estado de las autonomías que consagra la Constitución Española.
Finalmente, las principales conclusiones de la cumbre se pueden resumir, a nuestro juicio, en los siguientes puntos. En primer lugar, resultaba necesaria, aunque sólo fuera por razones de opinión pública, celebrar una reunión de este tipo, habida cuenta de las enormes dificultades que ha encontrado la ratificación y entrada en vigor del Tratado de Maastricht y sus consecuencias para la Comunidad en términos de pérdida de credibilidad y confianza. Evidentemente, con la celebración de esta cumbre y la aprobación de la declaración no se puede esperar resolver problemas acumulados durante mucho tiempo y que han tenido un relieve claro en los dos últimos años; su valor radica en la efectiva y definitiva entrada en vigor de los acuerdos de Maastricht y en la voluntad manifestada de llevarlos a cabo.
En segundo lugar, es obligatorio decir que son positivas las decisiones en torno a la implantación del Tratado sobre la Unión Europea y la ref a la puesta en marcha del denominado Comité de las Regiones. Sobre este particular creemos que se ha corregido en parte aquella idea de llevar equilibradamente representantes de autonomías y municipios, aunque nos siga pareciendo que los 21 representantes de ese Comité de las Regiones que representan al Estado español debían ser representantes autonómicos y buscar que la representación municipal tenga su propio ámbito europeo, para no confundir, tensionar y rebajar las posibilidades de este interesante embrión de representación regional europeo.
A tal efecto, y en la siguiente cumbre, el Gobierno español debería, a nuestro juicio, presionar en el seno del Consejo en favor de una dotación adecuada para este nuevo organismo, así como sobre su reglamento interno, que permita jugar un papel adecuado al Comité de forma que no se esterilice en discusiones internas. Aunque en teoría el Comité de las Regiones debe compartir secretariado y locales con el Comité Económico y Social, lo cierto es, señor Presidente, que le pedimos que presione para que la nueva institución termine asentándose en el nuevo edificio del Parlamento Europeo en Bruselas.
En tercer lugar, la cumbre ha conseguido resolver, mal que bien, el asunto de la designación de las sedes definitivas de los diferentes organismos y agencias de la Comunidad. Usted, señor Presidente, en días previos a la cumbre, dijo algo de interés: que no había que premiar a aquellos países que son reticentes con la Unión Europea y disponen de cláusulas exclusivas, como es el caso de Dinamarca y Gran Bretaña, que, sin embargo, tras esta cumbre han salido premiadas. Usted decía, señor Presidente, como también hoy nos ha manifestado y como lo dijo en la rueda de prensa posterior a la cumbre, que se valora más la Agencia del Medio Ambiente, pero en la práctica la que tendrá mayor interés será la de marcas, cuya importancia industrial tendrá gran trascendencia.
Dijo también que había dejado abierta la cuestión de las ciudades españolas que acogerán estas dos agencias. No estoy pensando en ninguna ciudad concreta --dijo--, me he quedado con la libertad de opción y, además, es posible que establezca una subsede temática. Nosotros, señor Presidente, que no somos ingenuos, queremos saber dónde van a ir estas sedes. Así como en Alemania el embrión del Banco Central Europeo no va a Berlín ni a Bonn, sino a Francfort, donde está la actividad financiera, aquí siempre la primera opción es esta capital, cargada de instituciones y centralidad, cuando lo que se exige para la instalación de una sede de estas características es que el lugar esté bien dotado de buenas comunicaciones y buen servicio de hostelería, nada más; por tanto, la decisión es política y sabemos que, como siempre, nosotros no entramos en estos cálculos. Si, por poner un ejemplo, el Guernica está en Madrid, pretender la mera posibilidad de optar

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por un agencia o una subsede temática es una utopía, porque, creemos, volverá a repetirse el esquema de los acontecimientos de 1992, mientras se sigue hablando de reparto equilibrado. Eso, señor Presidente, lo que provoca es un cierto alejamiento y desistimiento, pero, a pesar de ello, le pedimos que tenga en cuenta otras realidades y, ¿por qué no?, también la vasca, bien comunicada y con buena hostelería. En cuarto lugar, se han adoptado decisiones relevantes para la puesta en marcha de la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria y se reafirman en el calendario los criterios de convergencia. Este punto, a nuestro juicio, también resulta positivo, porque, si bien la situación actual permite albergar dudas sobre las posibilidades reales de cumplimiento estricto de las previsiones de la Unión Económica y Monetaria, hubiera resultado muy negativo haber arrojado la toalla desde este momento y no reafirmar los objetivos previstos para 1997 o 1999.
En quinto lugar, es preciso constatar que no hubo apenas debate sobre la situación de crisis que vive la economía europea, a pesar de los intentos del Presidente Delors.
Confiemos que la próxima cumbre y el libro blanco anunciado le den impulso a la asignatura más importante que tiene hoy la Unión Europea. Porque tampoco se han abordado los cambios institucionales, aunque destaca el acuerdo interinstitucional alcanzado al margen de la reunión entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo sobre el mediador europeo, la aplicación del principio de subsidiariedad, la transparencia y la disciplina presupuestaria.
Finalmente, destaca la determinación de los cinco ámbitos de la política exterior y de seguridad comunitaria sobre los que la Unión comenzaría a hablar con una sola voz porque, a nuestro juicio, por algo hay que empezar.
La trágica experiencia de la ex Yugoslavia ha puesto de relieve que no existen aún bases para una política exterior europea y, por tanto, hay que crearla. No se explica que David Owen siga siendo representante europeo, apoyando más a los serbios que a los bosnios y habiéndonos llevado a una situación de total bloqueo, donde ni siquiera hay negociación, mientras la población sufre una guerra y represión absolutamente intolerables. En suma, una cumbre, a nuestro juicio necesaria para implementar la entrada en vigor del Tratado de Maastricht y que ha resuelto algunos asuntos delicados, al objeto de aligerar la agenda del Consejo Europeo de diciembre, para que pueda concentrar sus esfuerzos en la cuestión de la crisis económica, empleo, competitividad, crecimiento y reforma institucional.
Hoy, las complejas disposiciones del Tratado de la Unión son también nuestra ley básica y, lamentablemente, la ciudadanía no termina de percatarse de ello. De ahí que le pidamos, señor Presidente, se consiga avanzar en la transparencia de las reuniones europeas, pues de lo contrario surgirán nuevos sustos, como los causados en las primeras consultas sobre Maastricht.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, en nombre de Coalición Canaria quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se nos brinda con este debate, al hilo de la información que usted nos ha dado de la Cumbre extraordinaria de Bruselas del pasado día 22, porque nos permite volver a traer aquí mensajes y reflexiones para una toma de conciencia basada en el consenso entre el Gobierno representado por usted y las fuerzas políticas parlamentarias, en este caso concretamente de Coalición Canaria.
Nosotros valoramos positivamente esta Cumbre desde la óptica del proceso de vocación fuertemente europea que existe en Canarias. No en balde no máximos responsables de los Estados y de los Gobiernos de los doce países de la hoy, y desde el día 1, Unión Europea, es positivo. No vamos a entrar a hacer una crítica sobre el reparto de las oficinas y agencias que se han dado; creo que sí es importante la decisión política que ustedes han tomado de haber resuelto este tema que la sensibilidad, la vanidad, la autoestima, que es legítima porque es humana, no debe entorpecer la verdadera agenda de trabajo de la reunión de diciembre que ustedes tendrán los días 11 y 12 en Bruselas. Esa es la agenda de trabajo que me preocupa. Por tanto, han quitado ya de en medio dónde se ponían las catedrales y parroquías de todas estas oficinas, donde el ciudadano europeo lo que quiere es que funcionen, resuelvan a las instituciones sociales, empresariales y políticas sus problemas, y a otra cosa.
Sí queremos llamar la atención, señor Presidente, por la ausencia de una profundización en una agenda económica en la reunión que ustedes han tenido, precisamente cuando durante su celebración se estaba pro- duciendo en las calles de muchas ciudades europeas de Francia, Bélgica o Italia fuertes contestaciones y manifestaciones de trabajadores, de fuerzas laborales, contra la situación del desempleo y del paro en Europa. Yo espero, señor Presidente, que la comunicación de las conclusiones de la Presidencia que se les presentó a ustedes el día 29 sepa recoger el futuro mensaje que traiga el libro blanco de la comisión, pero quiero resaltar

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que ahí hay un compromiso para que el crecimiento y empleo dé respuesta a esta inquietud de sectores laborables y empresariales europeos donde está inserta también España, y es fundamentalmente en los artículos 129 b) y d) del nuevo Tratado de la Unión. Es decir, vamos a fijarnos en las redes de infraestructura, vamos a fijarnos en la declaración de que ustedes consideran intolerable, porque lo consideramos todos, que 17 millones de parados hoy día en la Unión Europea no pueden ser excluidos de ese mercado laboral y de los beneficios de una calidad de vida que ahí se contempla. Por tanto, le pido, señor Presidente, que en la cumbre ordinaria de diciembre haya compromiso o conclusiones concretas sobre los problemas de crecimiento y empleo con un carácter llamativo de la situación que yo he denominado agenda económica. Vamos a darle una valoración que nosotros, desde Canarias, consideramos muy importante, señor Presidente, para que los fondos estructurales y las redes transeuropeas, por razones obvias que después aclararé, permitan a regiones ultraperiféricas como Canarias que el denominado instrumento de Edimburgo --que usted bien explicó en un debate que tuvimos aquí--, como compromiso de los órganos superiores de la Unión Europea, pueda atender precisamente a estos problemas que, en el tema del transporte, la producción de energía y la renovación urbana, en algunas regiones como Canarias constituyen problemas de primera magnitud.
Señor Presidente, de los cuatros pilares que se han señalado como fundamentales de esta reunión extraordinaria de Bruselas yo me voy a fijar en el último que se ha citado, el de más democracia. Nosotros apoyaremos toda línea que conlleve eso que usted ha definido acertadamente como más ciudadanía de la Unión que se añade a la ciudadanía nacional, ya que, en regiones ultraperiféricas como Canarias, nos sentimos verdaderamente comprometidos con esa ciudadanía de la Unión, porque esa distancia no puede significar ni incertidumbre ni inseguridad, por eso quiero hacer una positiva lectura política de este planteamiento para que usted lo recoja.
Cuando nosotros vemos que en este sentido de aumento de la democracia se compromete al Parlamento europeo, sustituyendo la ya antigua fórmula de la cooperación por la codecisión, lo vemos oportuno; cuando la entrada en vigor de Maastricht desde este pasado 1 de noviembre va a implicar que el Parlamento europeo, con el que los parlamentos nacionales como éste se van a sentir más cómplices en el sentido positivo de la democracia, compartiendo más las decisiones, dé entrada al nombramiento del Defensor del Pueblo. Ojalá podamos celebrar conjuntamente que este Parlamento elija al Defensor del Pueblo español y el Parlamento europeo elija al Defensor del Pueblo europeo, donde el ciudadano puede ver hecha realidad sus palabras de ciudadanía de la Unión. Más ciudadanía; pues que el ciudadano europeo se sienta reflejado y protegido en instancias institucionales como la del Defensor del Pueblo.
Paso finalmente, señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, a comentar el último aspecto que quiero resaltar de más democracia con respecto al Comité de las Regiones.
Celebro que esta cumbre de Bruselas no haya esperado a la ordinaria de diciembre para fijar la fecha del 15 de enero como fecha constituyente del Comité de las Regiones. ¿Por qué? Por dos razones de tipo político: una general y otra puntual para Canarias.
En cuanto a la política general, quiero aprovechar la ocasión, señor Presidente del Gobierno, para testimoniar mi reconocimiento de que usted y el Gobierno hayan recogido lo que fue motivo de debate entre usted y este modesto diputado que le habla con respecto a la representación española entre los 21 miembros que le corresponden a nuestra nación en ese Comité de las Regiones y que estén recogidos ahí con un carácter unitario, pero con un propósito de solidaridad de todos y cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas españolas.
Creo, señor González, señor Presidente del Gobierno, que ha sido un aciertio político no haber llevado la discusión a otros foros, porque era imposible contentar a todos. Aquí se puede aplicar el refrán que dice: la fórmula del éxito no la tengo; la del fracaso, sí: es intentar contentar a todos.
Además, era prácticamente un imposible legal.
Creo que al dar esta preeminencia democrática a instituciones democráticas, a personajes elegidos democráticamente por sus respectivas comunidades autónomas, se ha hecho un bien al Título VI Constitución española y a un proceso de integración solidaria del Estado español, de las comunidades autónomas a través de este órgano, que, aunque consultivo, será un foro testimonial de esta inquietud.
En segundo lugar, señor Presidente, nosotros esperamos que este Comité de las Regiones apoyen la declaración famosa del Tratado de Maastricht, ya en vigor desde el 1 de noviembre pasado, referente a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad cuando dice: Se aplicarán no sólo disposiciones del Tratadoy del derecho derivado, sino de impo regiones ultraperiféricas. Ahí está incluido concreta, singular y específicamente el archipiélago canario.
Nosotros le pediríamos, señor Presidente, el compromiso de que usted sea en ese foro internacional, en ese foro, diría, de la Unión Europea, defensor de este principio de la declaración de las regiones ultraperiféricas, con todas las consecuencias. El mes pasado, la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), a requerimiento de la Unión Económica de las Regiones Ultraperiféricas de la Europa Comunitaria,

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con sede en Bruselas, ha enviado a la Dirección General de Políticas Regionales, la denominada Dirección General XVI, un informe de sus decisiones o reflexiones sobre las iniciativas de la Comunidad Económica Europea en las regiones ultraperiféricas a poner en práctica durante el período 1994-1999.
Le pedimos que sus servicios gubernamentales correspondientes le hagan llegar estos documentos y que la representación española tanto en la Unión Económica de las Regiones Ultraperiféricas como los órganos comunitarios competentes recojan este documento, donde también se hace una valoración del denominado programa Reti que para Canarias concluye el próximo mes de diciembre.
Quiero resaltar aquí por qué le digo esto, señor Presidente, dentro de un contexto de solidaridad y dentro de una lectura política, porque el comunicado de la Comisión quiere valorar el peso específico en la Unión Europea de las regiones ultraperiféricas. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, el consejo Europeo de Edimburgo las citó como regiones de objetivo número 1.
En segundo lugar, el Parlamento Europeo, por resolución de enero de 1993, dice que una de las seis directrices para el futuro en cuanto a iniciativas comunitarias es la solidaridad con las islas y las regiones ultraperiféricas. Después haré una valoración final de por qué desde Canarias hacemos esta lectura, con una encomienda política y de compromiso solidario, sin pedir nada que no esté ni en la letra del acuerdo del Parlamento Europeo ni en el Consejo Europeo de Edimburgo ni, por supuesto, dentro del Tratado de Maastricht.
Y esto, fundamentalmente, porque se nos ha anunciado la confección de un libro verde que se ha sometido ya a consulta de entidades laborales o empresariales ultraperiféricas donde vienen las iniciativas comunitarias con incidencia precisamente en estas regiones ultraperiféricas para los años que le he citado. Aquí nosotros pedimos que en regiones como en este caso el archipiélago canario, se tenga en cuenta lo siguiente, que está de acuerdo con los postulados que hemos leído en este libro verde --y veo al señor Ministro de Asuntos Exteriores muy atento y lo celebro-- para que sea también causa de observación y de mantenimiento: en primer lugar, aplicación de las iniciativas comunitarias, como puede ser la concentración, programación o asociación de este sistema estructural; en segundo lugar, permitir que las regiones ultraperiféricas saquen provecho real del Mercado Unico, porque si no se le saca provecho real al Mercado Unico, poco pragmatismo podemos obtener con un mensaje que se nos puede quedar en pura retórica y que, desde luego, no haría que entraran en vigor lo que son precisamente los criterios políticos de la declaración del Tratado de Maastricht; en tercer lugar, señor Presidente y señores del Gobierno a los que les pueda afectar --está aquí el señor Ministro de Agricultura y Alimentación que tiene programas que le afectan- -, es la simplificación de la gestión de las iniciativas, porqu con una serie de cortapisas y de alta burocracia. No queremos hablar aquí del GATT ni del Poseican ni de las normas de comercio y de mercado interior y alimentario en Canarias; y la cuarta petición, señor Presidente, es la cooperación interregional y transnacional como método de trabajo, que sea un rasgo distintivo precisamente para las próximas iniciativas de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. Creo que, conociendo su talante en este tipo de política internacional o transnacional, estas peticiones encontrarán acogida y, como fuerza democrática y parlamentaria, como otras tantas representadas aquí, en el Parlamento, nos sumamos a un principio de cohesión y de solidaridad.
Finalmente, señor Presidente, coincidimos en un marco de vocación europea y hacemos nuestro también lo que usted ha dicho como juicio general de gobierno y de valoración política, es decir, sumarnos a un proceso de la lógica de la integración. Si este espíritu, porque nosotros lo mantenemos con convicción política, que es nuestra obligación, no encuentra en la calle los calores o los alientos, no importa.
El ciudadano tiene otra órbita de percepción que sentirá a más largo plazo, pero la clase política dirigente europea está obligada en este momento a dar este testimonio de compromiso con lo que ellos mismos han venido escribiendo, votando y aprobando.
Finalizo, señor Presidente. Ustedes han comunicado, a través de la declaración con motivo de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, que la eficacia puede y debe conciliarse con la democracia, lo que suscribimos íntegramente por sentido de responsabilidad en la misma, porque nosotros también, señor Presidente, entendemos que paso a paso, reunión a reunión, comisión a comisión, semestral ordinaria o extraordinaria cuando proceda, hay que conseguir en la mente de todos un sentido de una Europa fuerte, coherente y responsable, fundamentalmente con la expresión gramatical tremendamente subyacente e importante que ahí se ha dado. Es importante dar vida al Tratado de la Unión para que los europeos, por encima de cualquier lectura muy singular o partidista de un aspecto muy concreto que les pueda afectar, como ampararse en sedes diplomáticas en países donde no tengamos la nuestra o en principios de política exterior y de defensa más solidarios y coherentes, veamos siempre esta Unión Europa como un polo de estabilidad. Si eso no se toma como un valor absoluto para afrontar todos los cambios, entraríamos en una responsabilidad. En ese mismo hilo coherente de apoyo y cohesión precisamente en aras de la eficacia política, prestaremos nuestro apoyo a toda esta política de integración europea.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Presidente del Gobierno, intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar nuestra posición sobre el informe que usted ha presentado hoy aquí. En primer lugar, quiero, cómo no, agredecer la comparecencia suya, señor Presidente, y la rapidez con la que se nos ha facilitado la información sobre la cumbre europea celebrada en Bruselas el pasado día 29 de octubre.
El interés de dicha reunión estaba, más que en los asuntos propios de la misma, en el hecho de que, por fin, el Tratado de la Unión empezaba a caminar.
Superadas las dificultades para la ratificación del Tratado, parece que éste arranca formalmente el día 1 de noviembre, que ya es casualidad la fecha, el día de todos los Santos, que buena falta hará la intervención de todos ellos para que este Tratado pueda cumplir todas sus previsiones y satisfacer tantas esperanzas como se han puesto en él.
Su explicación, señor Presidente, que nos ha dado aquí, ha sido más bien fría, cansina, sin ilusión, pero prudente, quizás para no abrir algún debate que pudiera resultar molesto. Las reacciones de la prensa española, en especial, han sido frías y, quizás, indiferentes. Titulares como «Nada en Bruselas», «Pobres resultados para una mala negociación», «Acuerdos magros en la reunión», «Excesivas reticencias y demoras», etcétera. Pero la información que usted ha traído aquí esta mañana, señor Presidente, no ha aportado muchas novedades que permitan a los ciudadanos recuperar la ilusión por el proyecto europeo, ese proyecto por el que tanto se ha hecho desde España y en el que usted, señor Presidente, ha puesto sus mejores empeños.
El euroescepticismo, tenemos que reconocerlo, está creciendo alarmantemente, sobre todo en los últimos dieciocho meses, los meses que ha durado el trámite de ratificación del Tratado, y es que, desgraciadamente, los hechos están contribuyendo a ello. Incluso su tono, permítame, señor Presidente, ha bajado desde aquellas intervenciones eufóricas que hacía aquí, en especial aquella del debate en que ratificamos el Tratado de Maastricht, aquella ratificación que a algunos nos pareció prematura y que, evidentemente, el tiempo nos ha dado la razón, porque el ser los primeros o de los primeros en ratificar y el poner tanta ilusión no parece que, hasta ahora, al menos, haya sido tenido demasiado en cuenta.
Recuerde, señor Presidente, en aquellos momentos sus propuestas europeístas para justificar el porqué España mejoraría su economía con la integración europea. Parecía que nuestros problemas lo revulsivo necesario para la puesta al día de nuestro sistema productivo, y, lamentablemente, no ha sido así.
Por algún sitio debe andar aquel plan de convergencia para converger con Europa --no lo confunda con el plan de Convergència i Unió, que éste, afortunadamente, parece que va un poco mejor--, aquel plan que nos habían traído aquí y del cual no hemos hecho todavía examen ni balance, quizás porque si se hiciera sería muy negativo por el grado de su cumplimiento.<ð Cuando todos esperábamos el impulso económico que tiene que venir de los países europeos, lo único que nos llega o lo único que percibimos, señor Presidente, son las consecuencias más negativas de la crisis generalizada que allí existe, con excepción, quizás, de la gran Alemania, que se perfila como la superpotencia europea, después del Tratado de Maastricht.
El mercado único es, hoy por hoy, un reto casi imposible de superar para la economía española, señor Presidente, señores del Gobierno, y usted bien. De España sólo interesa el mercado, sólo interesan los consumidores. Nuestras empresas no pueden competir con sus productos y sus servicios. Muchas de dichas empresas han sido adquiridas por multinacionales simplemente para cerrarlas y quedarse con sus clientes. Cada día más se consumen en España productos fabricados en otros países europeos. Si a eso añadimos aquellos productos que se manufacturan en los países orientales y asiáticos y que penetran por algún país europeo, que se limitan en algún caso a homologarlos o a ponerles la etiqueta, comprenderá, señor Presidente, cuánto nos queda por hacer y cuánto nos queda por resolver.
No mejoraremos si nos limitamos a decir que esta crisis es una crisis generalizada, porque, además, no es cierto. Algunos saldrán muy reforzados de la crisis económica que ahora están padeciendo. Nosotros, así, no. Y con esta situación no es fácil ilusionar a los españoles con la idea de Europa. Sin embargo, es necesario ilusionarles. Otra acusación que se hace al proceso es el déficit democrático. Cada día se toman más decisiones sin la necesaria participación y control democrático. Esto hay que corregirlo, señor Presidente. Quizás usted haya podido explicar en Europa ese programa que presentan aquí los socialistas bajo el pomposo rótulo del impulso democrático, o quizá usted haya podido escuchar allí de algunos de los participantes cómo van esas cosas por Europa, porque en todos los sitios tienen problemas parecidos a los de aquí. Quizá los italianos, maestros en tantas cosas, le hayan podido hacer alguna sugerencia en el tema del impulso democrático.
Usted sabe que la idea de Europa no es la panacea de nada.
Tenemos que tomar nuestras propias medidas y para eso se ha perdido mucho tiempo y mucha credibilidad.


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Quizá sea tarde para pedir esfuerzos a los ciudadanos y, sin embargo, nosotros creemos en la necesidad de Europa, de la Unión Europea, del Tratado de la Unión. Sólo nuestra propia capacidad marcará el límite de los resultados que podamos obtener. España, un país descentralizado, como diseña nuestra Constitución, debe aprovechar la Unión Europea para avanzar económicamente y también para corregir los desequilibrios interterritoriales que hoy tenemos; aprovechar los instrumentos financieros que vienen de Europa para potenciar esa necesaria descentralización que no se da de manera efectiva en el territorio español. Por eso, como ya le dije en otra ocasión aquí, señor Presidente, esperamos que en Aragón se instale alguna de las sedes de las Agencias que por lo visto, después de mucha dificultad, han podido ser conseguidas para España.
No son quizá las más interesantes, usted lo ha reconocido aquí, pero es lo que hay. Son las que tenemos, y ahora debemos potenciar las que se nos han adjudicado. Yo le pediría una cosa: que no vayan a los sitios de siempre, que no se queden en Madrid, señor Presidente. Descentralícelas usted. España es más que Madrid. Quiero hacer una mención respecto al Comité de las Regiones. Nos parece un paso interesante, lo dijimos en su momento. Hay que cuidar la puesta en marcha de este Comité que nace ahora y que, desde luego, tendrá serias dificultades para avanzar. No conocemos cómo se han designado los representantes españoles, me refiero, fundamentalmente, a quiénes van a representar a los municipios de España y, sobre todo, tenemos el temor de que los pequeños municipios no se vean representados en ese Comité. Nos gustaría que hiciera alguna precisión al respecto. También querríamos saber qué información y participación tendremos aquí, en el Congreso de los Diputados, de lo que haga o decida ese Comité de las Regiones.
Señor Presidente, creemos que ahora empieza de verdad el camino europeo. Hay muchos problemas por resolver, los millones de parados y marginad Europa esperan mucho del camino que ahora iniciamos. Si se fracasa con aquellos que más lo necesitan, el fracaso habrá sido de todos. Si no sabemos ilusionar a nuestra juventud dotándole de los mecanismos necesarios para una nueva cultura y para una nueva formación europea, tampoco avanzaremos rápidamente.
Para todo ello, señor Presidente, puede usted contar con nuestra colaboración, incluso cuando le critiquemos alguna de sus actuaciones, porque, señor Presidente, los aragoneses esperamos mucho de la Unión Europea.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Albístur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, ustedes han realizado un simbólico, cuyo único objetivo es celebrar la entrada en vigor del Tratado de la Unión e intentar restaurar la confianza entre los agenes sociales y económicos. Parece difícil invitar al optimismo con una simple ceremonia protocolaria, que ha pasado por alto prácticamente todas las propuestas para próximas reuniones.
Quiero recoger en esta intervención un bloque de preguntas que en mi responsabilidad de parlamentario me corresponde realizar, que también se formulan mis colegas del Grupo Parlamentario Alianza Libre Europea y que han quedado sin respuesta en este Consejo Europeo. La primera sería la siguiente. Ante el objetivo de la Unión Económica y Monetaria, como se entiende que se siga haciendo referencia al cumplimiento de los objetivos, de las fechas y de los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de la Unión, sin tener en cuenta las dificultades económicas y monetarias de los últimos meses.
En segundo lugar, ante la fecha límite del 15 de diciembre para la conclusión de las negociaciones del GATT, a qué tipo de acuerdo están dispuesto a llegar los Gobiernos de los países que van a formar la Unión teniendo en cuenta que de ello dependerá, en gran medida, la salvaguardia de nuestro modelo de sociedad, tanto a nivel social como cultural.
En tercer lugar, ante la perspectiva de la ampliación de la Unión a nuevos Estados miembros, qué garantía de futuro se nos ofrece a los partidarios de una construcción europea de tipo federal, si previamente a dicha ampliación no se hace una reforma de las instituciones comunitarias --el Parlamento y las demás-- y no se sientan las bases de una mayor profundización y de una auténtica democratización del actual sistema. Está muy extendida la opinión --y casi me atrevería a decir que la comparto-- de si la ampliación de la Comunidad sin modificar los tratados, para dar más operatividad y capacidad de control, por ejemplo, al Parlamento Europeo, no será una coartada para convertirla en un gran espacio de libre cambio y relegar la construcción democrática e institucional europea.
De forma increíble, por otra parte, el Consejo --es decir, los Gobiernos de los Estados miembros-- ha respondido manteniendo el procedimiento de voto secreto en su seno. Con el voto de España, que votó en contra de la publicidad sistemática del resultado de los votos en el seno del Consejo cuando actúa en el marco de su función legislativa, el Consejo podrá seguir presumiendo de ser el órgano legislativo menos transparente del mundo occidental. La publicación del resultado de los votos en el seno del Consejo es, además, un requisito indispensable para un adecuado control del Ejecutivo

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por parte de este Parlamento. Con ello, quiero recordarle a este respecto, señor Presidente --por el contrasentido que aparentemente hay entre su actuación y la de este Parlamento--, la proposición de ley aprobada ayer por amplia mayoría en este Congreso para aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, en cuya exposición de motivos se establece que su objeto es generalizar el deber de información del Gobierno a nuestro Parlamento.
Ante la puesta en marcha de la política exterior y de seguridad común y de la cooperación en materia de justicia y de asuntos exteriores, no olvidemos que ambos sectores representan pilares autónomos con relación al sistema institucional general de la Unión y que, como tales, no sólo fortalecen la vertiente intergubernamental de la Unión --tema que puede ser importante--, sinoque quedan al margen de un adecua pierden control sobre dichas materias, que han sido transferidas a instancias supranacionales, con el inconveniente de que, paradójicamente, no se confieren las necesarias competencias de control al Parlamento Europeo.
Quisiera añadir también el injustificable retraso que está sufriendo la puesta en marcha del Comité de las Regiones, ya que importantes Estados miembros no han transmitido las listas de sus candidatos. Usted nos ha adelantado una fecha, el 15 de enero de 1994, para su constitución, y parece que España ha nombrado a la práctica totalidad de sus representantes.
Quisiera insistir en pedirle que se eviten todas las posibles actuaciones partidistas y, sobre todo, que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ustedes dominan, se produzcan unos nombramientos de representación con apertura y generosidad, con una representación lo más amplia posible del abanico político español. Hasta aquí las preguntas que en esta reunión han quedado sin respuesta. No puedo terminar sin hacer una crítica a la política social, que es la pariente pobre del Tratado y que, además, está excluida de su aplicación en el Reino Unido. Este hecho ya era grave en el momento de la firma del Tratado, en febrero de 1992, pero ahora, cuando nos encontramos en una época de duradera recesión económica, el no mencionar prioritariamente este problema y dejarlo para la cumbre de diciembre, resulta realmente criticable.
En toda Europa el paro se ha convertido en un problema tan grave que ya se empieza a hablar de problemas estructurales, y no coyunturales, der crisis. Cuando todos los sectores económicos sociales debaten y tratan de analizar la situación y el fenómeno del desempleo, resulta que el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado, en la reunión más decisiva de las últimas cumbres, donde se produce el salto cualitativo de la Comunidad a la Unión, menciona sólo de pasada este asunto relegándolo a una posterior reunión, hecho que merece por lo menos una reflexión crítica. Este hecho, a mi modo de ver, es más grave cuando usted representa al Estado con mayor índice de desempleo de la Comunidad Europea. Yo quisiera que no dejara este tema solamente en manos del señor Delors, por mucha confianza que pudiéramos tener en la institución que él representa. Le pido el compromiso, para la próxima reunión del mes de diciembre, de presentar un programa de lucha contra el paro y promoción del empleo, que parta precisamente del Estado español.
Respecto a los beneficios obtenidos por España en su fiel apoyo al Tratado, sólo me referiré a la falta de realismo sobre la verdadera posición de influencia en Europa, donde somos y seguimos siendo vagón de cola. La verdadera entidad de los resultados conseguidos residirá en aprovechar eficazmente los fondos que de la Comunidad provengan, para terminar con décadas de retraso en infraestructuras, servicios y tecnología. Se han obtenido dos sedes para agencias comunitarias de las que no nos preocupa ya su contenido, sino la eficacia de su gestión. Parece que la Agencia de Marcas y Patentes tiene asignada la sede. Sin ánimo de egoísmo o localismo alguno y reclamando --porque no sé si voy a tener otra vez otra oportunidad-- al Gobierno y a su Partido coherencia con sus manifestaciones sobre la normalización del País Vasco y su compromiso con la grave crisis económica que padece, le solicito la Agencia de Seguridad y Sanidad Laboral para su ubicación en el País Vasco. Me baso en argumentos sólidos: en su amplia y diversificada tradición industrial, en la existencia de las más importantes instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención y tratamiento de esta materia --mutuas, clínicas, centros de formación, especialistas-- y por la disponibilidad de profesionales expertos y la implicación de patronal y sindicatos en materia de seguridad e higiene laboral, extendida también esta influencia al ámbito internacional.


El señor PRESIDENTE: Señor Albístur, le ruego concluya.


El señor ALBISTUR MARIN: Enseguida termino, señor Presidente.
¿No considera usted una oportunidad histórica para colaborar solidariamente con una Comunidad en grave crisis económica y social y carente de infraestructuras para mantener su nivel de modernización y desarrollo? Finalmente, hay que recordarle, señor González, que la articulación de los fondos de cohesión, establecidos en el Tratado de Maastricht pero adelantados en su implantación, se deben realizar conjuntamente con las comunidades autónomas ya que nos encontramos, por imperativo constitucional, en un Estado articulado territorialmente en autonomías. ¿A dónde van a ir destinados

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dichos fondos de cohesión? Todavía no se ha publicado de forma clara cómo y a dónde se van a destinar los recursos que reciba el Estado español vía ese fondo. Creo que, en virtud de los objetivos a los que se destinan --medio ambiente y comunicaciones-- el País Vasco, por sus actuales déficit en infraestructura, debía ser destinatario de una parte de los mismos, sobre todo, los destinados a saneamiento y depuración de aguas y comunicaciones ferroviarias.
Por último, también es conveniente que el famoso principio de subsidiariedad se articule de forma que permita a los entes subestatales --en nuestro caso, lascomunidades autónomas-- participar y decidir en aquellos supuestos que suponan un acercamiento y ventajas para el ciudadano. La Europa de Maastricht no podrá resultar de la arrogancia burocrática de Bruselas, sino de un consenso político lo más amplio posible entre políticos locales, regionales, estatales e internacionales. La subsidiariedad constituye una prueba de fuego para el equilibrio inestable del Estado de las nacionalidades que consagra la Constitución española. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hemos tenido oportunidad de escuchar en boca del señor Presidente del Gobierno cuáles han sido las m nucleares acerca de las cuales ha tomado posición o ha discutido la pasada cumbre extraordinaria del viernes último.
En mi opinión, ha consistido en avalar y constatar un importantísimo tránsito jurídico --otros portavoces ya lo han dicho-- en la naturaleza, tanto política como jurídica --valga la redundancia-- de la Comunidad.
Señorías, desde el 1 de noviembre damos un paso más en una unión más estrecha ante los pueblos de Europa. Como en esta unión más estrecha ante los pueblos de Europa las decisiones serán adoptadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos, no quisiera restar un ápice de importancia al mensaje que a ellos se dirige desde la cumbre. Constituidos en Unión, nos enfrentamos a problemas comunes que reclaman también soluciones compartidas.
Antes de todo, si me lo permiten, no es que pretenda yo caer en las redes de un cierto historicismo juridicista, pero si es verdad que a cada corriente de pensamiento debe concedérsele su justo lugar, para ésta, para el historicismo, la noción de pueblo saben ustedes que viene dada por un conjunto de sentimientos, de tradiciones, de culturas, también de normas, de normas que establecen el régimen de la convivencia, que permiten hablar de una cierta personalidad común y definitoria del mismo. Eso es justamente lo que, en mi opinión, estamos haciendo al construir una unión europea bien que no en singular, no hablamos de pueblo porque tenemos que preservar la identidad de todos aquellos que construimos algo en común, pero sí creando una conciencia de unión entre diversos pueblos que, además, nos permite alejarnos de la estéril discusión académica sobre la naturaleza exacta de esta nueva aventura jurídico-constitucional. Sólo la constatación de este hecho, señorías, ya justificaría los resultados de la cumbre.
Entiendo que no debemos caer en un estajanovismo productivista de exigencia a nuestros dirigentes cada vez que se reúnen en cumbres comunitarias sobre los productos que tienen que aportar. Además, a mayores, saben ustedes que muchas de las discusiones de estos encuentros se plasman, se manterializan «a posteriori» en decisiones que veremos a lo largo de los próximos meses.
Dicho esto, yo no quisiera apartarme de la inminente realidad y olvidar las contingencias que nos afectan, y algunas de ellas más que afectarnos, señorías, nos sobrecogen. No albergo la menor duda del primer efecto exigible por los ciudadanos a la puesta en práctica del Tratado de la Unión Europea, del Tratado conocido como de Maastricht. Este es el diseño de una estrategia para el crecimiento y el empeo que, además, tenga credibilidad y nos permita confiar en su realización a corto o medio plazo. Ahora bien, es indudable que ello exige una alta dosis de confianza en el papel conjunto de todos en el seno de una Comunidad que padece --ya lo he dicho-- problemas comunes, sólo solucionables con remedios también comunes. Si se duda, si se trampea, si existe tibieza, señorías, enseguida van a quedar al descubierto las vergüenzas ocultas de cada cual impidiendo conseguir pronto esta estrategia. Y, no nos engañemos, para ello sólo disponemos -- Grupo Parlamentario-- de una herramienta, que es la integración económica. En un mundo de pocas certezas parece ésta una de las más evidentes: más unión, más colaboración, mayor ámbito de políticas comunes; en definitiva, más Europa a través de experiencias por otra parte habitualmente seguidas en diversas áreas geográficas en el conjunto planetario.
En verdad, lo que nos urge a todos es la elaboración compartida de aquellas políticas que encajen en el diseño global reclamado para alcanzar este crecimiento y para fomentar el empleo, sin fiarlo todo, naturalmente, a aprobaciones ulteriores en cumbres que se han de celebrar, en este caso, la próxima del mes de diciembre. Una vez conseguido esto habríamos de comparar su adecuación con las decisiones comunitarias, y justamente querría hacer eso brevemente en este momento. De la gravedad de la situación actual creo que pocos, a fuer de displicentes, señorías, pueden hacer olvido.
A este Gobierno y al Grupo que lo apoya, al Grupo que lo sostiene, cuando hemos creado un modelo operativo económico, se nos han formulado diversas acusaciones:

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lo más amable --porque yo quiero sa distendido del debate que se ha celebrado aquí esta mañana-- que hemos escuchado sobre la forma de encarar la crisis económica es que hemos usado el ardid, el error, el ocultimos, etcétera.
Señorías, con el mayor de los respetos, no me parece aceptable esta situación, en especial cuando quienes así se conducen normalmente ofrecen discutibles recetas alejadas del marco común puesto en marcha por los miembros de la Unión. Veámoslo con un ejemplo: la Comisión de las Comunidades Europeas previó, para el año 1993, un crecimiento conjunto de la Comunidad del 2,4 por ciento de su producto interior bruto. En la primera revisó su estimación hasta situarlo en el 0,8 y durante el verano lo colocó en su crecimiento negativo del 0,5. Supongo que esta secuencia les sonará a todos ustedes. La pregunta surge con fluidez: ¿qué se hace ante este estado de cosas? Sinceramente, creo que nuestro país ha aprovechado con gran pericia e inteligencia el margen --escaso, por cierto--de maniobra disponible, desde luego, en dirección a la Comundi con la iniciativa de crecimiento comunitario europeo y la distribución de los fondos estructurales, como en el ámbito interno.
Hoy, señorías, nadie duda de que la mejor contribución de la política presupuestaria a la recuperación económica estriba en la reducción del d la acción común solicitada por el conjunto de los Doce, que se verá ratificada y ampliada en la próxima cumbre de diciembre para contribuir a impulsar el crecimiento, pone el acento, entre otras, en las inversiones públicas orientadas a dotación de infraestructuras; el fomento de la inversión privada con ayudas y desgravaciones, siempre que esta inversión sea a su vez productiva; la adopción de medidas de ajuste estructural, a fin de reforzar la competitividad y la flexibilidad del mercado; así como la moderación salarial del sector público. Es decir, casi milimétricamente, programas de acción coincidentes con los desarrollados por el Gobierno con apoyo de varios grupos parlamentarios en esta Cámara. Por cierto, en relación con las solicitudes que se han formulado aquí esta mañana, esta Cámara aprobó con amplio consenso un programa de convergencia que traslada sus resultados en el tiempo, unas resoluciones acerca de la unión política y la unión económica y monetaria que debía seguir la Comunidad, que traslada también sus resultados en el tiempo. Señorías, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la Comunidad se convirtió en la pasada legislatura en foro de debate permanente, por cierto, a requerimiento del señor Presidente del Gobierno. Mi Grupo Parlamentario, que entonces, en aquella legislatura, contribuyó de modo entusiasta a trabajar para preparar nuestro país a los requerimientos de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, entiende que ahora el tránsito hacia la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, hacia el establecimiento de marcos de competitividad adecuados, hacia el desarrollo del mercado único, debe permitirnos continuar los trabajos en el ámbito de esta Comisión. Pero, señorías, no se nos exija que esto se haga a un ritmo unilateral, a un ritmo unidireccional --y aquí ha habido varias peticiones de diversos temas que se pueden discutir en la misma--; hagámoslo de modo compartido por todos, como, por cierto, tuvo a gala --repito, una vez más-- hacer la Comisión Mixta en la anterior legislatura. Por otra parte, en el marco global de esta intervención, si SS.SS.
están dispuestas a obtener satisfacción, les rogaría que leyeran el balance de otoño de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la iniciativa de crecimiento económico y sobre la política económica a seguir para superar la crisis y comprobarán la gran sintonía que esta política económica, que estas recetas tienen en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado que están en este momento en la Cámara.
Créanme, y no quiero ser cruel hacia las señoras y señores Diputados de este ámbito geográfico de la Cámara (mirando a los escaños del Grupo Popular), que esto es así y que, si disponen de tiempo para poder hacer este estudio, verán cómo las soluciones son bastante compartidas en la Comunidad, a pesar de su seguridad a la hora de solicitar ciertas rectificaciones.
¿Existe modelo alternativo? Esto es lo que debería ser objeto de discusión. Permítanme que, sin tono hiriente y mucho menos injurioso, a modo simplemente de metáfora, utilice algo que se dice en mi tierra, Castilla. Cuando escucho determinadas partes del discurso conservador, señorías, contrapuesto al que nosotros legítimamente defendemos, me da la impresión de leer una carta que, «pretendiendo ser cortés, cada dos renglones, mentiras tres». Repito que es una simple metáfora y discúlpenme el atrevimiento. No abundaré, me quedaré sólo con los dos primeros renglones. Se nos acusa de que practicamos un modelo fiscal que castiga con más impuestos a los ciudadanos.
Saben ustedes que esto no es verdad. No es verdad porque donde resulta apreciable esta afirmación, es decir, en el proyecto de ley de Presupuestos para 1994, no se aumenta la presión tributaria fiscal y, además, el modelo alternativo que se nos ofrece parte como único motor reactivador de bajadas indiscriminadas de impuestos, sin relación directa con la actividad productiva y facilitando un sistema de acumulación privada que no permite control alguno.
Se extiende también el error acerca de la pretendida mayor presión tributaria en España, en nuestro país, sobre la media comunitaria. Sencillamente, hagan uso de las estadísticas de Eurostat, que nosotros admitimos

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porque son las estadísticas oficiales de la Comunidad. Ahí se verá cómo no es cierta esta afirmación.
Por último, en un dicurso muy importante, que es una seña de identidad que el socialismo democrático ha defendido siempre, el de la solidaridad, se acusa a veces a este Gobierno, a las medidas de política económica que ponemos en marcha, de disminuir la protección social. Saben ustedes que, en 1994, el gasto destinado a protección social, en sentido amplio, ocupa casi seis de cada diez pesetas del gasto corriente. ¿Qué hay frente a esto? Frente a esto --alguna insinuación ha existido- - se ofrece una drástica bajada que llegaría a menos del 40 por ciento, que provocaría, en nuestra opinión, una inmensa turbulencia que se llevaría por delante el principio de esa solidaridad que a veces algunos no parecen entender. Acabo, señorías, diciendo que España es un valor seguro en la vida comunitaria. Todas las iniciativas que en los últimos tiempos han surgido para acentuar la integración o revitalizar la construcción europea, como las del señor Giscard d"'Estaing, el grupo Ardenne, otra iniciativa del Gobierno italiano, por citar sólo algunas, nos contemplan siempre de modo unánime como país al frente de esta operación junto con los fundadores de la Comunidad.
Larga y dura ha sido la tarea para llegar a ocupar ese lugar.
Sepamos conservarlo. Asistamos como protagonistas (les ofrecemos desde el Grupo Socialista) al final del problema de Europa como monopolio de una élite, para convertirlo en un lugar importante en la mentalidad de amplios sectores de opinión pública que quieren ver salvaguardados valores como la redistribución y la solidaridad, valores, señorías, claramente mejor resguardados al abrigo del socialismo democrático que del movimiento conservador.
Mucha gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno para contestar a las intervenciones de los distintos portavoces.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, sin ánimo, naturalmente, de abrir ningún tipo de polémica, pero sí de responder a algunas de las consideraciones o preguntas que se han hecho aquí, tengo que empezar por decir que, cuando subo a la tribuna para informar del Consejo Europeo, trato de atenerme, lo más posible, al trámite que reglamentariamente estamos haciendo. Trato de ceñir mi información a lo que ha sido el propio Consejo Europeo. Una valoración general tendría que volver a hacer en este momento.
El Consejo Europeo, de carácter extraordinario, ha tratado de despejar algunas de las incertidumbres, con mayor o menor fortuna, que políticamente se cernían sobre el proceso de ratificación y sobre el proceso de puesta en marcha del Tratado de la Unión Europea. Pero, además, ha intentado hacer un esfuerzo práctico eliminando algunos de los temás que, en otras circunstancias, hubieran ido necesariamente a parar a la cumbre de diciembre. Hubiera sido inevitable, para poner en marcha cada uno de los pilares de la Unión, haber dedicado un Consejo Europeo a marcar, entre otras cosas, las acciones comunes que después tienen que trabajar los Ministros correspondientes, sean en política exterior y de seguridad, sean en política de justicia y de interior. Por tanto, ha hecho un trabajo bastante práctico, no ha hecho una gran celebración, justamente teniendo en cuenta el estado de ánimo en que se encuentra la Comunidad como consecuencia de la crisis económica. Lo que ha hecho fundamentalmente es algo que tiene sentido desde el punto de vista histórico pues estamos ante una fecha histórica, independientemente del momento en el que se produzca, y tiene sentido despejando una serie de temas que no irán a la cumbre de diciembre.
Como he oído en varias intervenciones que en esta cumbre se deberían haber tratado los problemas que más agobian a la Comunidad, los relacionados, sin duda alguna, con la crisis económica y con el paro, debo recordar una vez más a la Cámara, aunque todas SS.SS. lo conocen, que el compromiso establecido por la Comunidad en la cumbre de Edimburgo fue la elaboracion de un Libro Blanco en el que se estudiarán los problemas del crecimiento económico, de la competitividad y del empleo. Para la elaboración de ese Libro Blanco se dio una fecha, diciembre de este año, y sobre la base de la elaboración de ese Libro Blanco, se iba a establecer el debate sobre los problemas de crecimiento económico, competitividad y empleo.
Es difícil reprochar que no se discuta lo que todavía no tiene una base acordada previamente para debatirlo con racionalidad.
Existe la realidad, se ha hecho mención (y yo lo he recordado) a una primera apreciación, que debe entenderse de carácter personal, por parte del presidente de la Comisión, con un diagnóstico y una cierta orientación o terapia frente a los problemas de la crisis en la Comunidad Europea. He recordado que ha hecho un análisis en tres partes: crisis de dimensión coyuntural, de dimensión estructural y también crisis tecnológica. Ha hecho una apreciación sobre la evolución de otras economías, de lo que se llama la tríada, de Estados Unidos o de Japón, y no se ha entrado en el debate porque dentro de un mes, o de un mes y medio, tendremos los instrumentos y, por consiguiente, estaremos haciendo un debate de mayor profundidad y de mayor sentido, aparte de que tendremos que decidir un mayor grado de coordinación de las políticas económicas.
Yo querría responder a algunas de las cuestiones que se han propuesto concretamente.


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De parte del señor Aznar se han hecho dos tipos de propuestas: una, sobre un debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado en torno a la propuesta española referida al Libro Blanco. Yo creo que sería más útil --aceptando que esa puede ser una parte de lo que se discuta o se debata-- que, una vez que los Ministros de Economía y Finanzas, que tienen el mandato de hacerlo, conozcan los resultados del Libro Blanco --que es una suma de aportaciones importantes y una labor de síntesis hecha por la Comisión-- y antes de la propia celebración de la Cumbre Europea (son los Ministros de Economía y Finanzas y los Ministros de Exteriores, cada uno por su lado, quienes tienen que hacer la preparación de la Cumbre) podamos llegar a la Comisión Mixta y con un material, que no es sólo el de la aportación española, sino el de la aportación del conjunto, se pueda hacer un debate en la Comisión Mixta Congreso-Senado y, si se quiere o se juzga oportuno, una toma de posición de cada grupo o del conjunto. Esto me parece que sería mucho más operativo. Estaría mucho más centrado en lo que va a ser el debate en el mes de diciembre en torno a este tema, a mi juicio clave desde el punto de vista de la proximidad o de la relación con los ciudadanos europeos.
La segunda propuesta se refiere a un programa de trabajo --de lo que he podido captar de la propuesta-- que se proyectaría hasta el año 1996, en el que sería la próxima reunión intergubernamental. Hay, a la vez, tres capítulos que se apuntan como posibles, yo creo que podría haber otro, de reforma institucional, de tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, o preparativos por parte de España para el paso a la tercera fase, y de cumplimiento de algunos objetivos institucionales, tema de extraordinario interés, en relación con algunos aspectos, como la política exterior y de seguridad común, como la política relacionada con justicia e interior.
Yo creo que lo que habría que hacer, si les parece bien, sin perjuicio de estudiar esto con más detenimiento, es poner en marcha la Comisión Mixta Congreso-Senado para que haga un seguimiento, no sólo de este tema sino, como acabo de proponer para la próxima cumbre, de las siguientes cumbres.
Los temas institucionales probablemente van a saltar, por la inquietud que se está creando, antes de 1996. De hecho, en el documento de conclusiones verán que se dice con una cierta prudencia que en diciembre se discutirá el lugar que ocupan en las instituciones los países candidatos a la adhesión. Sin duda el lugar que ocupan, como nos pasó a nosotros en nuestra entrada, va a plantear un problema de equilibrios institucionales; por tanto, alguna reflexión sobre eso convendría hacer y seguramente compartirlo a nivel parlamentario, para tener una posición común. No obstante, a mí me parece que es una propuesta que podría ponerse en funcionamiento sobre la base de una periodicidad en los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Senado para ir abordando esto y los próximos Consejos Europeos que vayan celebrándose.
Hay una cuestión que me gustaría despejar, para no ser muy extenso en esto, porque se dice que dentro de las acciones comunes en la política exterior no se incluye al Mediterráneo.
No es del todo correcto. Hay una parte del Mediterráneo sí incluida en lo que afecta a Oriente Medio, pero debo decir que nosotros, voluntariamente, no hemos querido hacer hincapié en que se constituya en una acción común, en esta fase, una política relacionada con lo que podríamos considerar la parte más delicada para nosotros de la relación con el Mediterráneo, que sería el Magreb. En primer lugar, por la situación en que se halla la construcción de la unión del Magreb en este momento y, en segundo lugar, porque nos parecía poco oportuno, y teníamos ya suficientes referencias para ello, que se pudiera establecer una comparación entre acontecimientos como los de Yugoslavia, como los de Oriente Medio o como los procesos de democratización en Sudáfrica o en Rusia, con lo que pudiera ser una política específica para, no digo el Magreb en su conjunto, habida cuenta la situación en que está, sino para algunos de los países del Magreb.
Me gustaría también despejar alguna de las incertidumbres en torno a las sedes.
He tratado de comentar cómo ha ocurrido lo de las sedes.
Cronológicamente, la sede que primero hemos pedido como país ha sido la de Marcas. Es verdad que después hemos dejado de presionar sobre esa sede por las dificultades a las que he hecho referencia, la reclamación de Luxemburgo --sería absurdo insistir en una sede de Marcas con una cámara de recursos que estuviera en Luxemburgo-- o las dificultades que se planteaban también para aprobar un reglamento por razones lingüísticas.
Es la primera de las sedes que pedimos. Hay dos pronunciamientos parlamentarios que quiero recordar. Uno del Pleno del Congreso por asentimiento, apoyando que sea la sede de Marcas la que llegue a España y dando una argumentación que yo creo que es consistente y suficiente. Esto se aprobó por asentimiento el 26 de junio de 1987. Después hay un texto aprobado por la Comisión Mixta que despeja también alguna incertidumbre en relación con la Oficina de Marcas, que empieza a ser algo diferente ahora por la ampliación de competencias y empieza a ser algo más claro también por lo que se ha despejado. Y en el texto aprobado por la Comisión Mixta se especifica, además, no sólo la aspiración de España a acoger la sede sino la candidatura de Madrid, que fue la que ha figurado en toda la documentación que se ha presentado a la Comunidad Europea. El acuerdo de la Comisión Mixta es por unanimidad en el momento en que se produce. Por tanto, hay bastante respaldo parlamentario a aquella iniciativa. Y ya he explicado por qué nosotros hemos

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querido ir a por una sede diferente, teniendo en cuenta las dificultades que ha habido. En todo caso, hemos estado en una actitud de flexibilidad en cuanto a lo que se consideraba por todos los socios comunitarios las tres sedes más importantes, desde el punto de vista político y económico, dependiendo de la trascendencia que se quiera dar a la expresión en uno u otro caso, que eran Medio Ambiente, Medicamentos y Marcas. Entre esas tres teníamos un margen de flexibilidad. Hemos defendido las dos a las que he hecho referencia primero, por las razones que he dicho. Y la Presidencia belga, ya que alguien me ha preguntado cómo se ha producido el proceso de decisión, ha presentado al Consejo un documento con una distribución de sedes en la que a España le ofrecían la de Marcas, que rechazamos en la discusión entre otras cosas porque no estaban resueltos los problemas a los que he hecho referencia.
Creo haber respondido a algunas de las cuestiones planteadas por el señor Aznar.
El señor Anguita ha hecho una valoración de la situación actual del proceso de construcción europeo y ha hecho una valoración a mi juicio exagerada, diciendo que no es realista la aplicación de los criterios de convergencia nominal, que son realizables los plazos que han sido ratificados por el Consejo Europeo. Yo creo que las dificultades han aumentado respecto de algunos de los criterios, en particular los que se refieren a los déficit públicos y el volumen de la deuda; no han aumentado respecto de otros tipos de interés o no han aumentado respecto de otros como la evolución de la inflación en los distintos países comuntarios. Pero, efectivamente, hay obstáculos que no había en el momento de la firma del Tratado o que son de mayor envergadura que en el momento de la firma del Tratado. Yo sólo quiero recordar que el calendario es un calendario para 1997, en el primer intento, y para 1999. Y, a mi juicio, ha hecho bien el Consejo Europeo --es una cosa opinable, por tanto, se puede discrepar de ello-- en reiterar calendarios y contenidos de los compromisos. Otra cosa hubiera supuesto la creación de unos márgenes de inseguridad que hubieran contribuido a inestabilizar la Unión desde el 1 de noviembre.
Y ha insistido especialmente en la Unión política, diciendo que es el gran abandonado. Es verdad que a veces se hace una distinción entre la u monetaria y la unión política. A mi juicio, es una diferenciación realmente difícil de sostener.
Si hay una Unión Monetaria en Eruopa, tal y como está prevista en el Tratado, a final de siglo, esa Unión Económica y Monetaria tiene tanta entidad política, incluso en términos de soberanía, que ninguna otra de las características de la Unión, sea el desarrollo de la política exterior y de seguridad común o sea el desarrollo de las políticas relacionadas con justicia e interior, marcará tanto el grado de Unión Política de Europa como el hecho de compartir una moneda única y lo que supone eso de compartir soberanía en políticas monetarias y en coordinación de políticas e Por consiguiente, es verdad que es un problema de lenguaje y quizás lo más notable --y ha habido algunas intervenciones en esa dirección, a las que, quizás, contestando ahora les daré satisfacción--, quizás lo más notable de la reunión habida en Bruselas el pasado viernes es que ha quedado despejada una duda que todavía se mantenía durante todo el proceso de ratificación: Europa no será ya una zona de libre cambio.
Europa será algo cualitativamente diferente de lo que podría considerarse una zona de libre cambio.
Mi criterio es que, desde la aprobación del Acta Unica, el riesgo de pasar a una zona de libre cambio había desaparecido; los instrumentos políticos, económicos y sociales, que en este momento forman parte de todo el proceso de construcción europea, hacen imposible definir la zona que cubre los doce países hoy, o los dieciséis después, si es que otros países entran en la Comisión, como una zona de libre cambio.
Atendamos, porque se han dado algunas cifras estadísticas por parte del señor Anguita en cuanto a los desequilibrios sociales y territoriales que son muy importantes, a uno de esos instrumentos, desde el punto de vista de la cohesión interterritorial. Las transferencias de renta que están recibiendo algunos países comunitarios, como Irlanda y Grecia, son de tal magnitud que sólo se conocen, y muy excepcionalmente, en países con una estructura federal en épocas históricas muy concretas. Grecia recibe transferencias, en términos de produto bruto, superiores al cinco por ciento; Irlanda se acerca al seis por ciento de su producto bruto. Una transferencia de renta de esa cuantía es un esfuerzo tal, desde el punto de vista, lo diré entre comillas porque alguna intervención ha habido en esa dirección a la que, a lo mejor, voy a decepcionar a lo largo de la explicación, de un esfuerzo de «federalización» como no se conoce en estructuras federales de muchos países. Son transferencias de una enorme cantidad.
Por consiguiente, sí hay un contenido de cohesión interterritorial. ¿Es suficiente? Para los países que querríamos avanzar más rápidamente, no una unión de países como los que constituye la Unión Europea yo creo que es bastante importante, bastante importante, aunque queremos progresar, obviamente, en esa dirección.
Propuestas que se han hecho por parte del señor Anguita. Pide que en la Comisión Mixta haya un debate sobre paro, creación de empleo y reparto de trabajo disponible; yo creo que se puede reconducir esa propuesta a la que acabo de hacer, que en la Comisión Mixta se vea efectivamente, con la aportación de cada uno de nosotros naturalmente, cuáles son los resultados del estudio del Libro Blanco justamente sobre empleo, competitividad, crecimiento económico, etcétera, y que,

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antes de la reunión del Consejo Europeo, como ya se habrá celebrado una reunión de Ministros de Economía, se pueda reunir la Comisión Mixta con los Ministros de Economía y de Asuntos Exteriores, para analizar los resultados del Libro Blanco con las aportaciones que se quiera hacer, incluso la configuración, si se desea, de una posición para el debate ulterior en el Consejo Europeo.
En cuanto a la segunda propuesta de elaboración de algo que pueda parecerse a un proceso constituyente que dé lugar, al cabo de un año, a una constitución europea yo, con todo el respeto, quiero decirle que no me parece realista. No es que esté a favor o en contra; no me parece realista. Me parece que es un ejercicio que conducirá inexorablemente a la melancolía, porque no habrá en Europa una constitución europea ni el año próximo, ni el otro, ni dentro de cinco años --creo yo-- ni en un plazo de diez años. Ya sería suficiente que la Unión Europea como nueva dimensión de Europa, que el Tratado de la Unión Europea, se aplicase en toda su importancia. Porque es verdad que estamos construyendo un modelo que no tiene referencia, un modelo de mayor unión entre los pueblos con respeto a las características de cada país, pero no tiene un punto de referencia. No se puede decir que sea un modelo federal, aunque sea a lo que más se parece, pero tiene algunas características de intergubernamentalidad que más bien lo acercan a un cierto modelo confederado. Yo creo que la discusión sobre qué tipo de ente jurídico internacional surge de este esfuerzo europeo es una discusión interesante doctrinalmente, pero, desde el punto de vista político, me parece que es inencajable. No se va a crear un superestado europeo; no se va a crear un poder europeo de carácter federal y, sin embargo, se está creando una Unión Europea que es mucho más que una zona libre cambio, que integra muchas políticas, entre otras la de exterior y de seguridad, que le dan una extraordinaria importancia.
La tercera de las propuestas era algún debate sobre la política exterior y de seguridad común, que creo que puede encajar perfectamente en lo que puede ser el desarrollo de la Comisión Mixta.
Sobre la sede ya he hecho un pronunciamiento. Coincido con el análisis que ha hecho el señor Molins, incluso sobre la importancia história de este acontecimiento, de la fecha del 1 de noviembre. No se pone mucho énfasis porque se está en una situación de preocupación --como recordaba también en su intervención el señor Aznar-- por la situación general de Europa. Sin duda alguna, cuando se tenga perspectiva --que era lo que decía esta mañana-- histórica se verá que ha habido un cambio cualitativo, un salto cualitativo de lo que era la Comunidad Europea a lo que trata de ser y de desarrollar la Unión Europea. Hemos tenido en cuenta --como he dicho antes-- el problema del Magreb para la política exterior y de seguridad común. Y hemos tenido en cuenta también la sensibilidad de los países con los que nos relacionamos, de los vecinos. Como sabíamos previamente que no hubiera sido recibido positivamente que en la política exterior y de seguridad común se hubiera hecho al mismo tiempo una acción común respecto de la crisis yugoslava, del conflicto de Oriente Medio o respecto del Magreb --que es un concepto que en este relativamente en crisis--, hemos tratado de ser prudentes, como decía antes.
He explicado, señor Molins, qué pasó con las sedes. Hemos hecho una defensa bastante dura de la Oficina de Medicamentos y de la Agencia del Medio Ambiente, hasta que se han aclarado las cosas y no hemos tenido más argumentos que dar. Una vez que se han despejado todas las dudas en cuanto a la oficina de Marcas y, además, se ha unido una institución que se prevía hacer en el futuro, hemos aceptado esa institución. Dicho esto, yo creo que en tono menor, porque, de todas maneras, lo que se acuña en la imagen es lo que queda, creo que, desde el punto de vista económico e industrial, va a ser más trascendente esa agencia o esa oficina que las otras. Eso lo vamos a comprobar con el paso del tiempo y es inútil hacer ahora grandes alharacas de qué importa más y qué importa menos. Es cierto que hemos ido por Medio Ambiente y por Medicamentos, por lo que he dicho, y es cierto que esas no han sido las propuestas que nos han sido aceptadas.
La cumbre de diciembre está muy cargada. Es una de las valoraciones que ha hecho el señor Molins. Parte de la Cumbre hemos tratado de descargarla justamente con este trabajo previo, que antes ya habían hecho los Ministros de Economía y Finanzas y los Ministros de Asuntos Exteriores para poner en marcha todos los elementos del Tratado. La Cumbre va a ser sustancialmente un debate sobre la situación de paro, crisis económica, empleo y competitividad. Esto va a ser, fundamentalmente, la Cumbre de diciembre. Naturalmente para esa Cumbre se espera que pueda haber habido --alguien ha hecho una pregunta s eso-- un acuerdo equilibrado en materia de GATT, pero tienen el encargo los Ministros de Asuntos Exteriores de verlo en su próxima reunión.
En cuanto a la crisis yugoslava, me gustaría que no se levantaran --sigo todavía respondiendo a algunas de las manifestaciones hechas por el señor Molins-- algunas expectativas que no sean correctas. Yo creo que en la crisis yugoslava, si no hay un acuerdo entre las partes, el margen de operatividad de la Unión Europea es un margen de operatividad estrecho. Incluso en este momento, en el que se dice que se pongan más medios para garantizar la ayuda humanitaria, se ha discutido algunas de las circunstancias por las que se atraviesa en ese apoyo, en esa ayuda humanitaria, y hay simplemente situaciones de bloqueo en la ayuda humanitaria, que no dependen más que de la voluntad de los

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contendientes para que se desbloqueen, y si no hay esa voluntad de los contendientes, no a haber ninguna Fuerza de Naciones Unidas --que tienen una misión de apoyo a la ayuda humanitaria-- ni ningu no gubernalmental que esté dispuesta a atravesar determinados itinerarios que son prácticamente imposibles de utilizar, llegada --como está ll fase del invierno. Por consiguiente, hay que intentar presionar en la dircción de un acuerdo entre las partes, en las dos dimensiones, que facilite la ayuda humanitaria y que pueda ser la base de un plan de paz.
El señor Anasagasti, del PNV, ha hecho una descripción --que, en gran medida, comparto-- sobre lo que significa la Unión Europea. Yo creo que no hay que tomar al pie de la letra cuando el Presidente de la Comisión dice, antes de una reunión de la Cumbre, que no espera nada de la Cumbre, entre otras cosas, porque puede que esté tensionando la reunión para que no haya la tentación de intentar dar un paso atrás en lo que supone la Unión Europea. Las cosas hay que interpretarlas dentro de un contexto y el mejor contexto para la interpretación es probablemente el posterior a la Cumbre, cuando comparece en rueda de prensa el Presidente de la Comisión con el Presidente de turno de la Comunidad Europea. Y la valoración ha sido, en ese caso, diferente.
En alguna de las intervenciones --no ha sido en la suya, me parece-- se ha dicho que Delors intentó hacer el debate y que no se siguió ese debate sobre la situación económica. No; a Delors se le había pedido que diera una información previa de cómo iban los trabajos sobre la preparación del Libro Blanco, y así lo hizo, con una cierta racionalidad, con un diagnóstico de la situación de crisis y con algunas líneas orientativas de por dónde creía él que podría ir la terapia, pero la Cumbre no estaba preparada ni convocada para un debate sobre la situación económica, que, a mi juicio, hubiera sido oportuno desde el punto de vista social e inoportuno desde el punto de vista de la preparación previa y del compromiso adquirido.
Porque hay una cumbre, la ordinaria, para la que está fijada la fecha, específicamente dedicada a esto. Ha hecho una elaboración, que a mí me parece interesante, sobre algunos de los elementos de lo que él llama la geometría variable de la constr Europea. Es verdad que existen ya algunas excepciones en casi todo; el gráfico de las instituciones europeas es para eso muy indicativo; hay excepciones en materia social, hay excepciones en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, hay excepciones en materia de seguridad, hay excepciones en materia de ciudadanía, etcétera. Dicho esto, yo me inclinaría por seguir trabajando en la dirección de agrupar el mayor número posible de países, siempre que se tenga en cuenta que hay un número de países --que es el meollo de su preocupación--, al menos en lo que yo puedo constatar con cada uno de los socios comunitarios, y él los ha citado, que están dispuestos a ir adelante en el proyecto de la unión, no al ritmo, más lento, del que quiera marcarlo más lentamente, sino a un ritmo adecuado para garantizar que se superan algunas barreras o algunos obstáculos. Creo que dentro de ese grupo de países debemos estar, más que con la vocación de descartar a nadie, con la de incluir a todo el mundo, pero sin sentirnos frenados en el caso de que esos países no se sumen a esa marcha.
Ha hablado del Comité de las Regiones y ha dicho que en su opinión no deberían estar los municipios. El reparto ha sido un reparto muy poco favorable a los municipios, como sabe muy bien, siguiendo el criterio que parecía mayoritario en los grupos de la Cámara. Realmente, se habían hecho apreciaciones de un mayor equilibrio entre los representantes de las regiones y de los municipios y, al final, se ha hecho, para no crear una situación imposible, desde el punto de vista político, que todas las regiones tengan su representación, cosa que algunos intervinientes han agradecido. Por consiguiente, quedan cuatro puestos y cuatro suplencias para los municipios; si recuerdo bien, para la titularidad son: Madrid, Barcelona, La Coruña y Córdoba. Las suplencias no las recuerdo, aunque alguna pregunta se me ha hecho en esa dirección. Vamos a intentar que el trabajo del Comité de Regiones sea un trabajo operativo y, por consiguiente, que haya un reglamento y una dotación suficiente para que ese trabajo se pueda desarrollar con operatividad y, si es posible, teniendo en cuenta que hay nuevos edificios y que probablemente tengan todavía una utilización escasa, trataremos de buscar un edificio en el que se sienta cómodo el Comité de Regiones. Haremos gestiones, tal como lo pide el representante del PNV, del Grupo Nacionalista Vasco, para ver si se consigue esto. En cuanto a las sedes, me pregunta que dónde van a estar. He dicho que he dejado abierta esa posibilidad, teniendo en cuenta que había un compromiso de carácter palamentario con Madrid para Marcas. Quiero consultar a los responsables del Gobierno que están más directamente relacionados con estas áreas y ver cómo se distribuye, no sólo las sedes, ya que, como dice muy bien, probablemente, en marcas no sólo habrá una sede central, sino que habrá una serie de subsedes, en el futuro, que tendrían que tener una distribución geográfica diferente. Coincido con usted en su valoración sobre la Unión Económica y Monetaria. Antes lo decía refiriéndome al señor Anguita y ahora recuerdo que fue usted quien dijo que en momentos de crisis no había habido un debate sobre la crisis, pero creo que le he explicado suficientemente cuál es la razón por la que ese debate es un debate que tratará de concentrarse en el mes de diciembre. Es una explicación que para algunos no será suficiente, pero realmente esto es en orden a la racionalidad.


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Tengan en cuenta que el debate del Consejo Europeo ha durado desde las diez de la mañana hasta las tres y media o cuatro de la tarde. De cuatro a seis se pasa, como ustedes saben, a analizar el documento de conclusiones. Creo que, en unas horas, el trabajo del Consejo ha sido bastante intenso. Respecto a la intervención del señor Mardones, para concretarlo al mínimo de las posibilidades de una respuesta cortés, ya he dicho antes por qué se ha desplazado el debate sobre los temas económicos al mes de diciembre; ese Consejo Europeo se dedicará fundamentalmente a eso. He explicado cómo se han desarrollado las facilidades de Edimburgo. El compromiso, la iniciativa de crecimiento europeo en sus tres dimensiones, de apoyo a las pyme, de puesta en marcha del Fondo Europeo de Inversiones y las facilidades crediticias del Banco Europeo de Inversiones, se suman a algunos objetivos que no estaban, como transportes, energía y renovación de ciudades que, naturalmente, abren una posibilidad más amplia de utilizar esa iniciativa de crecimiento. Le quiero decir que tendré en cuenta las manifestaciones que ha hecho en torno a las regiones ultraperiféricas, sea con las acciones específicas 1994-99 o sea en el propio desarrollo del libro verde. No quiero extenderme más para no cansar a SS.SS.
Siempre hemos hecho un trabajo, y lo seguiremos haciendo, que favorezca a esas regiones que, por razones geográficas, son regiones que necesitan un cuidado especial.
El señor Mur, en nombre del PAR, ha hecho una valoración más bien negativa de la Cumbre como tal. Yo creo que la Cumbre ha dado lo que se podía esperar de ella, ya lo decía antes. Es una Cumbre importante por la fecha histórica en la que se ha celebrado, y de nuevo diré que la Cumbre tiene la enorme virtualidad de despejar las incertidumbres para el mes de diciembre, que permitirán que se centre el debate europeo en un tema de extraordinaria importancia como el que acabo de señalar. Ha sido el que me ha pedido información sobre el Comité de las Regiones y ha pedido también que se haga un esfuerzo de descentralización de las sedes. En la medida en que esto sea posible, se hará. Quiero recordar que no hay, hasta ahora, ninguna centralización de sedes, entre otras cosas porque no hay ninguna sede; cuando se habla de la descentralización de las sedes probablemente se habla de la descentralización en general y no respecto a las sedes comunitarias, porque éstas son las dos primeras que llegarán a España.
El señor Albistur me ha planteado también el problema de las sedes en relación con la Agencia para la Salud y la Seguridad, y la reclama para el País Vasco, que yo creo que es una candidatura que tiene tanto mérito como puede tener alguna otra candidatura en España. Lo decidiremos, siempre, naturalmente, con el riesgo de ser criticados, porque es evidente que una sede como tal sólo puede estar en una ciudad y el resto de las ciudades tendrán razones para sentirse frustradas.
Me ha hecho unas cuantas preguntas, creo que hasta siete. De lo que he podido captar, la primera se refería a la Unión Económica y Monetaria, por qué se mantienen los objetivos y el calendario. Ya he dado las razones. Se mantienen por credibilidad, se mantienen porque es una decisión coherente.
Cuando en el año 1996 se reúna la Conferencia Intergubernamental o se reúna el Consejo Europeo a finales de diciembre y vea cuál es el grado de cumplimiento de los criterios, entonces se podrá decidir si se va a 1997 o se va a 1999; no hay por qué anticipar los acontecimientos. Yo creo que crearía mucha más inestabilidad, mucha más incertidumbre respecto del funcionamiento económico, el funcionamiento de los mercados, si se hubiera dejado cualquier sombra de duda respecto de la voluntad de seguir por el camino que se había señalado.
Sobre las negociaciones del GATT, he hecho ya una apreciación anteriormente. Y en cuanto a la ampliación, pedía una garantía para los federalistas. A éstos me refería yo antes. Si no se hacen reformas previas..., la verdad es que reformas previas o, al hilo, cambios institucionales previos, o al hilo de la incorporación de estos países, van a hacerse con seguridad.
¿Es una garantía para los federalistas? A mí me parece que la línea de racionalidad más clara para la construcción europea es una cierta federalización; por consiguiente, es, digamos, una idea que racionalmente me gusta. Ahora, yo creo que no va a haber ninguna garantía para los federalistas porque no se va a hablar de federalismo europeo en los próximos años. Se va a hablar por quien desee hablarlo, pero quiero decir que en la Unión Europea no se va a hablar de federalismo, en términos generales; se va a hablar de Unión Europea más que de federalismo.
Desde luego se ha superado cualquier tipo de coartada sobre zona de libre cambio.
Ha hablado de voto secreto en el seno del Consejo. Yo creo que ahí hay una confusión. Nosotros defendimos en Edimburgo que las reuniones del Consejo fueran reuniones sin la presencia de las cámaras; lo defendimos, y le hablo del Consejo Europeo.
Incluso defendimos que se restringiera en algunas de las reuniones de consejos sectoriales la entrada de las cámaras.
Lo expliqué aquí después de la Cumbre de Edimburgo. El voto secreto ni siquiera se plantea, porque el voto se conoce no digo ya al final de la reunión, sino que a los 10 minutos de haber sido emitido se sabe cuál es la posición de cada país.
Por consiguiente, nunca se ha discutido sobre el voto secreto.
Sin embargo, la presencia de las cámaras, a mi juicio, acabaría con el Consejo Europeo. Lo digo honradamente, como lo pienso. Por eso me he opuesto a ello en el momento en que alguien lo ha sugerido. Me he opuesto porque una reunión de Jefes de Gobierno y de algún Jefe de Estado, que tiene

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como fundamento la posibilidad de discutir con toda franqueza sobre problemas que a veces afectan a intereses muy concretos y que tiene además como elemento esencial el que no hay ninguna limitación para esa discusión, en el momento en que fuese abierta, como puede ser una sesión parlamentaria, acabaría con la virtualidad de esos consejos europeos y yo creo que se frenaría todo el proceso de toma de decisiones, ya que los Jefes de Gobierno estarían absolutamente condicionados en su discusión.
Me ha formulado otra pregunta sobre alguno de los elementos que efectivamente tienen un difícil mecanismo de control como pilares de la construcción europea. A la política exterior y de seguridad común yo añadiría también la política de cooperación entre los ministerios de Justicia y de Interior.
En cuanto al retraso del Comité de las Regiones, yo creo, honradamente, que no se puede hablar de retraso si hay una reunión antes del 15 de enero. La verdad es que desde el 1 de noviembre, fecha en que entra en vigor el Tratado, hasta la primera reunión que puede ser tres meses después, no permite hablar realmente de un retraso en algo que se crea al hilo del Tratado.
Se ha referido también a la política social y a la política económica. Ya he dicho antes cómo se ha desarrollado la cumbre. Y nos ha recordado cierta falta de realismo en nuestra posición europea. Ha habido algunas intervenciones más en ese sentido. Nosotros representamos el papel que creemos que le corresponde a España en la construcción europea; papel que normalmente ha sido bien entendido y bien acogido. Hemos hecho algunas aportaciones interesantes. Es la primera vez que participamos, desde el comienzo, en el desarrollo de un tratado --en el Acta Unica llegamos en el momento en que ya se había firmado, aunque la ratificación vino después-- y en él se aprecian algunas huellas bien marcadas de la posición española dentro del Tratado de la Unión. Hemos desarrollado algunos debates importantes para dar a la Comunidad, en su nueva dimensión de la Unión, un carácter que no sea puramente de zona de libre cambio o de mercado interior. Y hemos hecho un enorme esfuerzo para que se comprenda lo que queríamos decir cuando hablábamos de cohesión, de cohesión en todas las políticas comunitarias, y eso se ha abierto paso en la construcción europea. Por tanto, creo que hemos ido jugando un papel que es el que le corresponde a España, y solemos hacerlo sin sacar pecho porque creo que han pasado los tiempos de sacar pecho, pero pienso que para nuestro país ha sido importante toda la evolución de la construcción comunitaria en los últimos años, desde nuestro propio ingreso en la Comunidad.
Gracias. (El señor Aznar López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
(El señor Aznar López pide la palabra.)

El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, solamente a los efectos de aclaración al contenido de la respuesta que ha dado el señor González a algunas de nuestras propuestas; exclusivamente a esos efectos.
En relación con la primera propuesta creo, señor Presidente, que no son incompatibles la fórmula que ha propuesto el señor González y la que yo he propuesto. Creo que la Cámara no solamente tiene el derecho sino que debe conocer el documento remitido por el Gobierno; debe conocerlo y debe debatir sobre ese documento. Además de eso, naturalmente, cuando esté definitivamente elaborado el Libro Blanco y se conozcan más aportaciones, puede y debe debatir también sobre las distintas aportaciones al Libro Blanco y su resultado final. Por tanto, creo que no es incompatible y que debería instrumentarse de esa manera.
En cuanto a la segunda propuesta, entiendo que la misma es aceptada. La fecha sería hasta la Conferencia Intergubernamental de 1996, teniendo en cuenta además que el interés podía ser doble, ya que, si la memoria no me falla, en el segundo semestre de 1995 le corresponde nuevamente a España la Presidencia de la Comunidad. En consecuencia, si puede realizarse ese programa de trabajo, por supuesto en el seno de la Comisión Mixta, nosotros lo detallaremos, presentaremos el correspondiente documento en la Comisión para que sea enriquecido con las aportaciones de todos los grupos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
El señor Anguita tiene la palabra.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En la respuesta del señor González se han señalado tres puntos que van a marcar en lo sucesivo los debates y los enfrentamientos dialécticos y de modelo en torno a la construcción europea. Someramente voy a incidir en las tres respuestas que, a mi juicio, marcan esa diferencia.
El señor González ha dicho que en la cuestión del déficit se mantienen las diferencias en torno al cumplimiento de los plazos o aumentan. Casi la reducción del déficit en las políticas que se están haciendo consiste básica y fundamentalmente en la reducción de gastos sociales, en la reducción de gastos dedicados al desempleo y, por tanto, se va incidiendo en la caída de la inversión posteriormente y en la creación de tejido productivo, con lo cual estamos en una espiral. Si queremos llegar a un déficit del tres por ciento por este camino, nos podemos encontrar en 1997 o en 1999 con sociedades altamente depreciadas y sin asistencia social alguna. Casi nada la afirmación del señor Presidente del Gobierno.


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Segunda cuestión: mantiene --y es otra tesis que nos va a seguir enfrentando-- que la Unión Económica y Monetaria por sí sola, llevada a su culmen, va a hacer posible una especie de unidad política. Tremendo error. Veamos las consecuencias. Si Europa va a ser un gigantesco mercado regido por las leyes del mercado y esa unidad en el campo de lo político la manifiesta la expresión de mercado, el poder político va a ser la reunión de gobiernos, con lo cual tendremos un poder político emanado de los encuentros intergubernamentales. El Parlamento está sobrando totalmente.
Y está sobrando en la medida --tercera cuestión-- que el señor Presidente del Gobierno, al calificar de no realista la posición de hacer un proceso constituyente, al obviar un proceso con cinco sujetos importantes --el Parlamento Europeo, los parlamentos estatales, los pueblos de Europa, la Comisión y la Conferencia intergubernamental--, está colocando en el limbo a todo el Parlamento Europeo que está elaborando una constitución. Yo sé que nuestra propuesta es clásica, pero sigue el orden de construcción de todos los Estados en un proceso que culmina en la elaboración de un Estado federal o confederal. Pero si se crea una Europa en base a un mercado único, con reuniones del poder político de los distintos gobiernos, que no culmina en nada que podamos contemplar como normal, me gustaría saber dónde aplicar el calificativo de poco real: a la propuesta que hacemos nosotros o a la que sigue manteniendo el señor Presidente del Gobierno en algo tan híbrido, tan extraño, tan sospechosamente extraño, pero sesgado a intereses económicos fuertes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
El señor Molins tiene la palabra.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente comentaré nuestra predisposición absolutamente positiva a esta discusión en el seno de la Comisión Mixta, y antes de la cumbre de diciembre, de las conclusiones del Libro Blanco y las propuestas que España pudiera realizar en esa cumbre. Por cierto, quizá sería bueno cambiar el nombre a esa Comisión Mixta, señor Presidente, y pasar a denominarla Comisión Mixta de la Unión Europea, el nuevo nombre que desde el 1 de noviembre debe tener.
Insisto en lo positivo de la creación de la Unión Europea. Es cierto que los mensajes han sido sumamente pesimistas, poniendo por encima de todo el momento de crisis que vive la Comunidad. Nuestro Grupo quisiera resistirse a esa lectura estrictamente pesimista simplemente haciendo un razonamiento: ¿Qué hubiéramos dicho hoy si el 1 de noviembre no se hubiera creado la Unión Europea? Bruselas por sí misma, en cuanto a celebración de la creación de la Unión Europea y la confirmación de los calendarios, representa un mensaje de optimismo a todos los ciudadanos europeos. Es ese tono optimista el que nuestro Grupo quiere remarcar ahora.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, muchas gracias.
Nuestra postura ha quedado clara en nuestra intervención y coincidimos en un 90 por ciento con la suya, señor Presidente.
Simplemente me permito volver a recordar el asunto de las sedes. Creo entender de su intervención que ha dejado abierta la posibilidad de que se creen subsedes temáticas. Ha apuntado que piensa consultar con los Ministros que tienen relación con los temas concretos. A nosotros, señor Presidente, nos gustaría que consultara con el Ministro de Industria.
(Rumores.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero dar las gracias al señor González por la acogida que han tenido las peticiones que le he hecho, pero me ha faltado escuchar alguna menc compromiso con respecto al Comité de las Regiones, porque, aunque fuera un órgano consultivo, sería bueno que los 21 miembros españoles, los presidentes de las comunidades autónomas y los cuatro representantes municipales que ha citado, se reunieran también en el marco de la Comisión Mixta o en el seno de la Cámara correspondiente, del Congreso o del Senado --aunque como tenemos la Comisión Mixta creo que sirve ese marco--, para tener esos contactos y que el órgano de asesoramiento y de consulta a nivel español a efectos de la Unión Europea tenga una simbiosis de intercambio de conocimientos. Eso es lo que le había insinuado.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, voy a empezar por la última intervención. No he entendido bien lo que me quería decir respecto del funcionami Regiones y de la Comisión Mixta Congreso-Senado. No lo he entendido antes y no lo he entendido ahora, y no por falta de cortesía, sino porque no lo he entendido, no le he podido responder.


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Respecto a la intervención del señor Aznar, quiero decirle que lo que estaba respondiéndole es que comprendía lo que él había propuesto. Es de documento presentado por España y los documentos emanados de la Comisión creo que se puede hacer dentro de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Quizá se pueda hacer en dos actos diferentes, pero creo que sería oportuno verlo en conjunto y hacerlo antes de la cumbre europea. Por supuesto que analizar el Libro Blanco se va a hacer, en todo caso, después de la cumbre europea, como es habitual analizar los resultados de la cumbre y, por tanto, las aportaciones del Libro Blanco.
En cuanto a estudiar las propuestas que ha hecho en relación con los trabajos futuros de la Comisión Mixta, creo que si se concretan un poco más las propuestas se puede hacer perfectamente. Incluso podríamos cambiarle la denominación a la Comisión Mixta y llamarla ahora de Unión Europea.
Creo que va a haber más temas que tratar y, efectivamente, sería muy útil porque es probable que en el segundo semestre de 1995, bajo la Presi haya ya algún debate en marcha o abierto sobre lo que puede ser la reforma institucional para soportar todos los procesos de ampliación. Antes de eso se hará si se cumpliera la fecha del 1 de enero de 1995 para la entrada de los nuevos países candidatos en la Unión Europea.
Señor Anguita, no quería haber polemizado y sigo sin querer hacerlo. Sólo quería informar del Consejo Europeo tal como ha ido, pero, por cortesía, he contestado a algunas de sus apreciaciones que no se referían exactamente al Consejo Europeo, como he hecho con los demás. Usted ha heho una reflexión sobre la reducción del déficit. Mire usted, lo que se ha producido, desde el punto de vista de la no convergencia, es decir, desde el punto de vista de la separación de los criterios señalados en Maastricht, ha sido justamente porque Europa tiene una dimensión social y el gasto juega de manera anticíclica cuando se refiere a la protección social. Por consiguiente, hay un ciclo negativo de la economía y ha habido un incremento fortísimo del gasto social en todos los países europeos que ha disparado los déficit. O sea, que el argumento va exactamente en la dirección opuesta a la que parece que lo quiere llevar o me quiere llevar a mí a hacerlo.
Por tanto, hay un problema de déficit serio y todos los países que tienen ese problema de déficit serio, entre los que nos encontramos, se plantean con todo rigor que el control del déficit, la tendencia hacia el equilibrio presupuestario, es un elemento sine qua non no para cumplir los requerimientos de Maastricht, como he dicho muchas veces, sino para intentar que haya una política de generación de empleo. Si el déficit tiene un determinado volumen --y en eso todo el mundo de todas las tendencias políticas e ideológicas en Europa está de acuerdo-- , si está por encima de un determinado drenando recursos para lo que pueden ser inversiones generadoras de empleo. Y si de verdad todo el mundo llegara a la conclusión, como creo que la mayoría de la gente piensa, que el empleo es la prioridad número uno, desde el punto de vista social, cualquier esfuerzo que hagamos de contención del déficit estará favoreciendo el cumplimiento de esa prioridad.
He hecho una reflexión no confundiendo Unión Económica y Monetaria con Unión Política, sino diciendo que uno de los aspectos políticos más decisivos de la construcción europea se producirá en términos de soberanía compartida o de cesión de soberanía el día en que haya una unión económica y monetaria plena. Y he dicho que en ese momento el carácter político de esa unión económica y monetaria será aún más trascendente que el de la política exterior y de seguridad común. Así debe ser entendido. No confundo. No digo que la Unión Económica y Monetaria sea la Unión Política, pero que tiene un componente político de primera magnitud, el más importante de todos los proyectos que en este momento están en marcha en la Unión Europea; el más importante y el más decisivo. Pero tiene un componente político porque toca el elemento sustancial de la política de un país, que es la soberanía; lo toca seriamente.
Y no es un problema de mercado, señor Anguita. Es algo que va mucho más lejos del concepto de mercado; es un problema de unión monetaria y de unión económica con soberanías compartidas, que es un concepto muchísimo más amplio.
Tal vez no haya debido emplear la expresión de falta o no de realismo cuando me he referido a su propuesta de desarrollar una constitución. Yo sé que en el Parlamento Europeo se trabaja muchas veces en ensayos constitucionales. Yo le transmito una convicción, que es la mía, y puede considerarla irreal que no me ofenderé. Yo creo que no habrá una constitución europea en lo que es el horizonte político que nosotros podemos prever razonablemente. Esto es lo que creo.
Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro político? Es verdad que está por decidir lo que va a pasar en el futuro político, pero no se dan las condiciones para que haya un proceso constituyente europeo en el horizonte previsible. ¿Eso quiero decir que a mí no me gustaría que hubiese un proceso constituyente? Yo no estoy hablando de lo que gusta o no gusta, de cuáles son las inclinaciones de uno u otro signo.
Estoy hablando de lo que creo que es posible, y no creo que sea posible un proceso constituyente europeo. Por tanto, creo yo que no tendremos, en el horizonte previsible, una constitución europea. Ahora bien, puede que esa postura que mantengo sea la irreal, y no me ofendería si lo piensa. Es mi convicción y si es poco real lo aguantaré.
Al señor Molins ya le he hecho algún comentario. Coincido con su análisis, igual que con el del señor Anasagasti.


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El señor Mardones le tengo que volver a pedir excusas. Ya me lo dirá personalmente porque no me enteré muy bien de qué relación había entre Parlamento nacional y Comité de Regiones.
Antes no me enteré y ahora tampoco me he enterado. Lo siento.
(El señor Albistur pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Albistur, no hay ningún turno automático en el Reglamento. Se concede la palabra a quienes la solicitan. En este caso, el trámite de esta iniciativa no prevé un segundo turno a los portavoces, con lo cual las intervenciones son todavía más excepcionales y menos automáticas. Sus señorías no han pedido la palabra y no se la he concedido no por pretender discriminarles.


El señor ALBISTUR MARIN: Perdón, señor Presidente. He levantado la mano, pero quizás no lo suficiente como para que desde esta distancia se pueda observar. Lamento que haya tantas columnas y tanto obstáculo en este sitio. Esperemos que también aquí se produzca un día una mejora y los del Grupo Mixto podamos tener alguna amplitud de miras, que no de espacio. (Risas.) Le quedo muy agradecido levantado la mano.
Además, aunque le he hecho un gesto suave, esperaba que después de la intervención del señor Mardones usted me viera.
Por eso he hecho la protesta posterior.


El señor PRESIDENTE: Les ruego que no sean tímidos en esto (Risas.)

El señor ALBISTUR MARIN: Dado que usted me ha dado la palabra, simplemente quisiera agradecer al señor Presidente su respuesta, así como el tono y su dedicación.
Deseo insistir en que...


El señor PRESIDENTE: La palabra ya se la toma S.S. (Risas.)

El señor ALBISTUR MARIN: ¿Usted me la ha dado, no?

El señor PRESIDENTE: Adelante.


El señor ALBISTUR MARIN: Simplemente deseo insistir en tres temas que él ha expuesto, que coinciden con la cuestión del federalismo en su preocupación, precisamente, por la transformación del Tratado a la hora de la ampliación. El ha dicho que España ha puesto su huella en los cambios de esta Unión y espero que también siga produciéndose en esa transformación más democrática. También quiero insistirle en el tema de la sede que le he propuesto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Era la una y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LAS CAUSAS POR LAS QUE EL GOBIERNO NO HA PROCEDIDO A LA TRASPOSICION DE LA DIRECTIVA COMUNITARIA 552/89 SOBRE TELEVISION SIN FRONTERAS? (Número de expediente 180/000098)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Pregunta número 8, del señor López Garrido.
El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el 17 de octubre de 1989, es decir, hace cuatro años, se publicó la Directiva del Consejo de 3 de octubre de ese año, la llamada Directiva de televisión sin fronteras. El 3 de octubre de 1991, según esa misma Directiva, debería estar trasladada al Derecho español, cosa que no ha sucedido, y es una Directiva muy importante, ya que, aparte del planteamiento de una televisión sin fronteras, un mercado único de la televisión, habla de la promoción y la distribución de las obras europeas --hasta el 50 por ciento de la programación, como usted sabe-- de productores independientes y de la protección del cine, estab lapso de tiempo hasta su difusión televisiva; hay también una importante regulación de la protección de los menores y de los límites de publicidad. A pesar de eso, a estas alturas, después de dos años, no hay una trasposición al Derecho interno español. Suponemos que habrá razones importantes, que nos gustaría conocer, por lo que le formulamos la pregunta sobre cuáles han sido las causas por las que el Gobierno no ha procedido a la trasposición de la Directiva Comunitaria 89/552, sobre televisión sin fronteras.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.Señoría, los trabajos d y de la correspondiente formación del Gobierno. Tan pronto como el nuevo Gobierno tomó posesión, retomamos estos trabajos en contacto con la Comisión de las Comunidades Europeas, y tenemos ya prácticamente terminado un proyecto de ley para cumplir el mandato de trasposición de esta norma comunitaria.
El contenido de este anteproyecto, que el Consejo de Ministros puede considerar en las próximas sesiones, no altera sustancialmente el actual ordenamiento legislativo español en algunas materias reguladas en la Directiva en cuestión, que ya están incorporadas en nuestra legislación, en particular en la Ley de Televisión Privada, la Ley de publicidad, la Ley de Consumidores y Usuarios y la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación. Hay aspectos que son novedosos, algunos de ellos complejos, y aunque el proceso pueda parecer dilatado en el tiempo, es esta propia complejidad de los temas que contempla la Directiva la que nos ha inducido a un proceso de intenso diálogo con los operadores de televisión, con los difusores, para analizar el impacto que la misma tendría sobre su viabilidad económica.
El procedimiento que hemos elegido es integrar en un solo texto legal el contenido de la Directiva, a diferencia de lo que han hecho otros Estados miembros, que han optado por llevar a cabo trasposiciones parciales. Asimismo, teniendo en cuenta que varios aspectos que regula la Directiva están encaminados a la defensa del consumidor, el Gobierno quiere ser sumamente riguroso en la elaboración de esta norma, por lo que hemos estado consultando a los distintos sectores implicados mediante su participación en debates e informes, además de los que han efectuado directamente al menos cuatro departamentos ministeriales afectados. Todo ello ha exigido un período de trabajo para recoger esos criterios y garantizar una adecuada armonización normativa, que espero se vea culminada, como le digo, en las próximas semanas.
Yo mismo me reuniré mañana con los difusores de Televisión para comunicarles la inmediatez de la trasposición de esta norma después de haber sido estudiada por la Comisión audiovisual, donde todos los Ministerios implicados han dado su visto bueno a la misma.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor López Garrido, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Ministro, por su contestación.
La verdad es que no es muy convincente en cuanto a lo que era la pregunta, es decir, las causas por las que el Gobierno ha tardado tanto en trasponer la Directiva. Son más de dos años desde que España tenía que haberlo hecho. Ha habido una carta de emplazamiento al Estado español; hay, incluso, un dictamen motivado, que ha acabado su plazo hace un mes, y estamos a punto de que nos lleven al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La verdad es que hay algo traspuesto al Derecho español, pero en aspectos muy parciales, y es muy importante en lo que el Gobierno deberá fijar su atención. Por ello nos alegramos si nuestra pregunta ha contribuido a que se acelere el procedimiento de trasposición.
Fíjese la contradicción que existe entre que esta Directiva proteja la cultura audiovisual europea --fundamentalmente tiene ese objetivo de protección de la cultura audiovisual europea--, que no haya sido traspuesta por España, es decir, que seamos el único país de la Comunidad Europea que no la haya traspuesto, y, sin embargo, estemos defendiendo en las conversaciones GATT, junto con Francia, la protección de la exclusión cultural, en la defensa de la cultura europea.
Supone una enorme contradicción, repito, que España tome esa posición en las conversaciones GATT y que no lo haga trasponiendo esta Directva.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA PELLICER RASO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE PREVISTAS EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, EN LA CARRETERA N-260, EJE PIRENAICO, A SU PASO POR LA PROVINCIA DE HUESCA? (Número de expediente 180/000104)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9 de la señora Pellicer Raso.


La señora PELLICER RASO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ya en el Plan de inversiones del Ministerio de Obras Públicas correspondiente a 1982-1986, y en el Plan de carreteras 1984-1991, figuraban inversiones en la carretera N-260.
La provincia de Huesca, como sin duda conocen SS.SS., en una provincia rica en recursos naturales, con una población dedicada, en gran medida, a los sectores agrícola, ganadero y turístico. Es, además, una provincia que ha sufrido de manera importante, y sobre todo en algunas zonas, el problema de la despoblación, al que han contribuido muchos factores, pero sin duda uno de gran importancia ha sido el de las comunicaciones.
Las comunicaciones no sólo suponen un

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acercamiento de los pobladores a las zonas de mayores servicios, sino un acercamiento de las zonas urbanas a las rurales, permitiendo el óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y logrando, a su vez, el asentamiento de la población. Son, por tanto, el mejor motor de desarrollo con que puede contar un territorio.
Soy consciente de los problemas que conlleva la consecución de una buena red de comunicaciones en cualquier provincia, y no digamos en las de orografía complicada, como la de Huesca, pero por ello es mucho más importante conseguir la máxima seguridad vial en carreteras, como la que motiva esta pregunta, que discurre en su trazado por las comunidades de Aragón y Cataluña siguiendo la línea de los Pirineos, y que sería, además, un eje de convivencia y de intercambio de riqueza entre ambas comunidades autónomas.
La realización de los diferentes tramos de la carretera N-260 en la provincia de Huesca, Sabiñánigo-Fiscal, Fiscal-Ainsa, Ainsa-Campo, Campo-Castejón de Sos y Castejón de Sos intersección provincia de Lérida, llevaría consigo no solamente la realización de una útil y eficaz obra pública que crearía riqueza y potenciaría desarrollo, sino que, además, cumpliría un importante fin social, facilitando el asentamiento de la población y el acercamiento de los servicios, y consiguiendo, por tanto, aunar en uno solo dos logros importantísimos en la defensa del Estado de bienestar.
Por todo ello, señor Ministro, mi pregunta es: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en la carretera N-260, eje pirenaico, a su paso por la provincia de Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pellicer.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, a esta carretera, eje vertebrador de Aragón y Cataluña, el Ministerio viene dedicando numerosos estudios, y actualmente tiene para ella importantes proyectos, consistentes en la ejecución de tramos de nueva construcción para acortar la longitud de su recorrido, precisamente en la provincia de Huesa entre Fiscal y Sabiñánigo, donde se reducirá en 25 kilómetros la distancia actual.
En el tramo Arén-Campo se ha dado orden de estudio informativo en los tramos de la provincia de Huesca entre la intersección con la 230, Caste desde Castejón de Sos a Campo, una longitud de 52 kilómetros. Mientras efectuamos los estudios informativos necesarios para elaborar proyectos de calidad, vamos a invertir 2.000 millones de pesetas en mejora de plataforma y pavimentación de estos tramos.
Entre Campo y Ainsa, 30 kilómetros, está en licitación, con un presupuesto de contrata de 4.800 millones de pesetas. Entre Ainsa, Boltaña y el Túnel de Balupor, 13 kilómetros, están adjudicadas obras de mejora por 1.200 millones de pesetas.
Entre el Túnel de Balupor y Fiscal, 14 kilómetros, al quedar inundado por el embalse de Jánovas cuando se construye la presa del Río Ara, hará falta construir una variante por encima de la cota máxima de la presa. De momento estamos haciendo obras provisionales hasta que se ejecute la variante.
Entre Fiscal y Sabiñánigo está prevista la ejecución de una carretera completamente nueva, que una directamente ambas poblaciones para acortar el recorrido en 25 kilómetros. Para ello está redactado un anteproyecto, aprobado ya técnicamente, con un presupuesto de 2.000 millones de pesetas. Mientras tanto, vamos a efectuar un conjunto de actuaciones en el tramo Fiscal-Broto, reforzando el firme; entre Broto y Biescas, también reforzando el firme, y entre Biescas y Sabiñánigo, con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesetas.
De esta manera, las obras en el eje pirenaico recibirán un empuje considerable que aproximará las poblaciones que lo vertebran y significará u apuesta por el desarrollo de esta zona del Pirineo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE MODIFICAR EL CONTENIDO DEL REAL DECRETO-LEY 4/1993, DE 26 DE MARZO, A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR UNA SOLUCION COMPLETA Y JUSTA AL PROBLEMA DE LOS DAÑOS CAUSADOS A PARTICULARES POR LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS? (Número de expediente 180/000112)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Gil Lázaro.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo quisiera apelar a su ya proverbial laconismo en este trámite, por entender que precisamente en esta ocasión ese laconismo sería la respuesta más clara, la única posible. Por tanto, ¿sí o no tiene intención el Gobierno de modificar el contenido del Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, a los efectos de garantizar una solución completa y justa al problema de los daños causados a particulares por la rotura de la presa de Tous? Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, espero que no tenga inconveniente en que yo mismo administre el contenido de mis respuestas. (Risas.) Como sabe S.S., dado el tiempo transcurrido desde la rotura de la presa, el 20 de octubre de 1982, el Gobierno, por Real Decreto-ley de 26 de marzo, adoptó una serie de medidas que consideró necesarias y urgentes para paliar la situación creada ante el retraso de la justicia en resolver el problema y la precaria situación de muchos de los damnificados.
Este Real Decreto-ley contenía las medidas que el Gobierno consideró necesario adoptar en ese momento, y no existe propósito, por parte del Gobierno, de modificar su contenido, estando a la espera de las decisiones que adopten en su día los Tribunales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es de sobra conocido por todos que este Decreto planteaba, en sus ámbitos de aplicación y en sus términos económicos, una naturaleza absolutamente insuficiente para resolver el problema.
Es conocido de todos la falta de arraigo social que han producido las soluciones previstas en el Decreto, y prueba de ello es que tan sólo 8.000 damnificados han aceptado la oferta de compensación formulada por el Gobierno, y la prueba es también si me lo permite citar S.S., que por primera vez, nada más producirse prácticamente la promulgación de ese Decreto, el Gobierno perdió las elecciones en las dos grandes capitales emblemáticas de la pantanada, Carcagente y Alcira.
Nosotros le planteamos hoy esta cuestión, porque el Gobierno vuelve a tener una oportunidad, la de impedir que, después de producidas las resoluciones judiciales, existan compensaciones económicas más ele- vadas, en virtud de la sentencia de los Tribunales, que las que ofrece el Gobierno ahora, con lo que eso supondría de frustración para las personas que se han acogido a ese Decreto, que son precisamente aquellas que están en mayor situación de dificultad económica, es decir, las que son conscientes de que la reparación que le ofrece el Gobierno no es la justa y objetiva en términos económicos, pero ya no pueden seguir esperando más.
Por otra parte, señor Ministro, no desconocerá S.S. que el Gobierno, representantes del Partido Socialista, altas autoridades, en definitiva, sistemáticamente, durante la campaña electoral, prometieron que los términos de ese Real Decreto se iban también nosotros en la Diputación Permanente.
No pudo tramitarse como proyecto de ley por la disolución de las Cámaras, y por eso votamos a favor de ese Real Decreto, que era un Decreto de mínimos. Pero yo creo que pierde el Gobierno la oportunidad de rectificar y que es un nuevo error en el planteamiento global de esta cuestión que lleva ya diez años pendiente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.


--DEL DIPUTADO DON JULIO DE ESPAÑA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIOS MOTIVAN QUE FRUTO DE UNA REORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL FERROVIARIA, SE ELIMINE LA GERENCIA TERRITORIAL DE RENFE EN ALICANTE, Y SE PASE A DEPENDER DE LA GERENCIA DE MURCIA, SEGUN ACUERDO DEL COMITE DE DIRECCION DE RENFE? (Número de expediente 180/000114)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor De España Moya, que tiene la palabra.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, las gentes de mi tierra, de la provincia de Alicante, nos sentimos despojados --por utilizar un término suave-- por la política de infraestructuras que han seguido los gobiernos del PSOE. Primero fue el puerto, antes motivo de origen de la ciudad, que tras una política de tasas nefasta nos dejó en condiciones de inferioridad respecto a la competencia. Después de las mercancías, los pasajeros, Trasmediterránea, que tras un hábil cambio de horarios convirtió en no rentable una línea tradicionalmente rentable para justificar dicho traslado. Luego el aeropuerto, con unas inversiones que yo podría definir como: «serán pero nunca llegarán». También nos abandona, por directriz nada ecuánime, la compañía bandera Iberia, y, lógicamente, luego nos abandonaron KLM, la British Airways, etcétera.
Lo cierto es que los alicantinos, y quienes quieren visitarnos, muchas veces tenemos que utilizar aeropuertos que están a 180 kilómetros, que, a su vez, son beneficiados con paquetes «hobies» que suponen un 30 por ciento menos de costos.
Ahora sufrimos una gota más, la desaparición de la gerencia territorial de Renfe. ¿Qué razones objetivas hay, señor Ministro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De España.
Tiene la palabra el señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Puede S.S. volver a ponerse sus ropajes, puesto que no existe acuerdo alguno del Comité de Dirección de Renfe por el que se haga depender Alicante de la gerencia de Murcia. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor De España.


El señor DE ESPAÑA MOYA: Me alegro mucho, y espero que esto sea verdad y no tirar balones fuera, porque el corredor Alicante-Madri todo el territorio nacional. Y cuando la tónica general de Renfe es perder, es el decremento, en Alicante, del año 1991 al año 1992, los ingresos se han incrementado en un 16 por ciento. Y en el primer semestre de 1993, respecto al primer semestre de 1992, los ingresos se han incrementado en un 6,1 por ciento. Todo esto teniendo en cuenta la política nefasta que hasta ahora ha llevado Renfe en el territorio provincial. Por ejemplo, el cambio de los motores MAN, en la línea del cartagenero, por motores Fiat, que no tienen refrigeración y que sufren constantes averías; o el tiempo de parada del granadino en Murcia, que de 10 minutos ha pasado a 60, con lo cual el pasaje huye; o el billete mínimo de cercanías, que está motivando que se enriquezca una compañía de autobuses llamada Alsa y, sin embargo, no tengamos pasajes de cercanías.
Mientras tanto, señor Ministro, hay muchas cosas por hacer, como utilizar el cercano paso del ferrocarril de la universidad; el acercamiento del ferrocarril al aeropuerto; el soterramiento de la estación de Renfe, o el retranqueo de ella, y muchas más cosas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De España.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, hay que ver la cantidad de cosas d es usted capaz de poner en el marco de una pregunta mal formulada. (Risas.) (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Ya estamos!) Creo que no le ha quedado a usted tecla por tocar en las cosas que tengan, de cerca o de lejos, algo que ver con casi todo.
Sin embargo, lo que usted me preguntaba --y comprendo que se haya quedado descolocado al observar que su pregunta nada tenía que ver con la realidad-- supongo que reflejaba una preocupación por la importancia que Alicante tiene en el nuevo modelo organizativo de Renfe. Si se estudia usted con detalle el acuerdo al que hace referencia, observará que en este nuevo modelo organizativo Alicante no sólo no pierde importancia, sino que la mantiene y acrecienta en aspectos relacionados con la especialización del servicio que desde Renfe se presta a los clientes a través de un conjunto de elementos operativo, como un jefe terminal de estación, un nuevo jefe de operaciones, una nueva jefatura de ventas de largo recorrido, que potencian y realzan la importancia de Alicante, en contra, precisamente, de lo que usted suponía.
El resto de las pseudo-preguntas o pseudo-afirmaciones que usted hace en su intervención, relativas a los motores refrigerados y todas esas cosas, no estoy en condiciones de contestarlas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QU EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿PARA CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA AUTOVIA ENTRE MURCIA Y ALBACETE? (Número de expediente 180/000115)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Peñarrubia Agius, que tiene la palabra.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ahora le toca a Murcia. (Risas.) Existe entre las fuerzas políticas y sociales de la región un amplio consenso en torno a la necesidad de contar con una autovía Murcia-A región con la autovía de Levante. En los últimos meses, y más concretamente en los últimos días, se han pronunciado en estos términos la Presidenta de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Gobierno, las Cámaras de Comercio, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y los propios parlamentarios socialistas, que consideran esta obra como algo urgente, prioritario e irrenunciable.
En su última visita a la región, señor Ministro, para inaugurar una obra importante para su Departamento, y también para todos los murcianos, cual es el tramo Alhama-Puerto Lumbreras de la autovía del Mediterráneo, no quiso comprometerse con la opinión pública murciana sobre una fecha concreta, alegando que sus decisiones tienen que estar respaldadas por las Cortes Generales.
Por eso este Diputado quiere saber si está previsto que dicha autovía se incluya en el plan puente previo al plan director de infraestructuras y, en cualquier caso, la fecha probable de su puesta en servicio.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, me consta sobradamente el extraordinario interés que las autoridades de la Comunidad Autónoma de Murcia y los Diputados y Senadores socialistas por esta provincia han puesto en la ejecución o programación de esta autovía.
Numerosas han sido las interpelaciones, visitas y corteses presiones de toda índole que se han hecho, y que ciertamente están fructificando, porque, como usted sabe, ese proyecto de autovía va a ser incluido en el plan director de infraestructuras, plan director que, naturalmente, deberán aprobar las Cortes. El Ministerio no construye las autovías que le viene en gana, construye las que las Cortes deciden que se hagan, las que están en el plan de carreteras y las que vayan a estar en los sucesivos planes que quienes deciden qué hay que hacer nos mandan construir. Nosotros hacemos propuestas, y en las propuestas que haremos en el plan director se incluye la autovía desde Murcia hasta Albacete.
Sin embargo, es necesario aprobar un plan puente, un plan que incluya un conjunto de objetivos transitorios entre el primer plan de carreteras y el segundo plan que surja del plan director, plan puente que también deberá ser, lógicamente, conocido por las Cámaras. Es intención del Ministerio incluir en este plan puente los tramos de esta autovía que pueden ser licitados en el bienio 1994-1995, porque el plan puente se referirá a los tramos de autovía que se puedan licitar en 1994-1995. Y, en particular, en el tramo de Albacete-Murcia, entre Venta del Olivo y Archena, se puede dado el estado avanzado de los trabajos, y si así lo aprueban las Cámaras, licitar en ese bienio, con un coste de 8.000 millones de pesetas. El resto de la autovía incluido en el plan director deberá ser ejecutada, según las previsiones del Ministerio, en la primera mitad del mismo, es decir, en los plazos técnicamente más cortos posibles.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Ell señor Peñarrubia tiene la palabra.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por su respuesta es fácil deducir que entre las propuestas que su Ministerio va a traer a esta Cámara no se va a incluir esta obra en el plan puente previo a ese plan de infraestructuras, si acaso el tramo Archena-Venta del Olivo, que viene a enlazar los ya aprobados en ejercicios anteriores, como es la variante de Molina o la de Pozo Cañada, obras sin duda bienveni-das y deseadas, pero insuficientes para los deseos y peticiones de los murcianos en este mo Usted sabe que una obra hecha a retales, una autovía hecha en fases es complicada, con numerosos puntos negros, es un desdoblamiento de calzad no da el servicio deseado. Pero, en cualquier caso, señor Ministro, se deduce, lo ha dicho usted muy claramente, que la autovía Murcia-Albacete...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR EL PARO CRECIENTE DE LOS CAPITANES, JEFES DE MAQUINAS Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE? (Número de expediente 180/000116)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Hernando Fraile, que tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la flota mercante española ha perdido más del 60 por ciento de los barcos en estos últimos once años. Esta situación de alarmante deterioro sigue mostrando una tendencia negativa actualmente, a la que se suman los altos costes operativos que tienen los mismos y la competencia desleal que realizan otros países que tienen ya en funcionamiento los registros especiales.
Junto con la citada pérdida de buques, los profesionales han ido engrosando las estadísticas de parados hasta superar los 1.700, cifra muy alta para un colectivo pequeño. Estos datos, por su gravedad, causan profunda preocupación en el sector marítimo, que no entiende la pasividad del Gobierno.
Por eso, señor Ministro, deseamos conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno para combatir el paro creciente de los capitanes, jefes de má oficiales de la marina mercante.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
El Gobierno ha reconocido la peculiar situación de estos colectivos y ha venido disponiendo diversas actuaciones de tipo indirecto para fomentar su empleo, entre las que le puedo citar, en primer lugar, la creación del registro especial de buques de Canarias, en el

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que se exige, al menos, que el capitán y el primer oficial de los buques en él matriculados sean de nacionalidad española.
En segundo lugar, la creación del cuerpo especial facultativo de marina civil, grupo A, en el que se integrarán los licenciados en las distint náutica, siendo intención del Gobierno convocar en el futuro procesos de selección para incorporar a los funcionarios de este cuerpo necesarios para la transformación que está teniendo lugar en la Administración marítima española.
En tercer lugar, la oferta de 122 y 60 puestos, respectivamente, de técnicos facultativos superiores en los organismos autónomos del Ministeri Transportes, Turismo y Comunicaciones, que han sido cubiertas en su totalidad con destino a las capitanías marítimas de reciente creación.
En cuarto lugar, la creación y regulación de una entidad de derecho público, la sociedad de salvamento y seguridad marítima, que necesitará también de personal calificado para desempeñar las misiones que tiene encomendadas.
En quinto lugar, la reserva que se hace en una reciente Orden Ministerial a las personas que estén en posesión de títulos de licenciado o doct transportes marítimos, de la posibilidad de realizar los cursos que les habiliten para llevar a cabo las actividades de compensación de agujas náuticas, en cumplimiento del Convenio Internacional de Seguridad de la Vida en el Mar, ratificado por España en el año 1978.
En sexto lugar, la aplicación del Reglamento comunitario por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios dentro de los Esta ha previsto que, en función de los tráficos y las mercancías transportadas, tanto la tripulación como los buques afectos deberán poseer la nacionalidad española; en todo caso, el capitán y el primer oficial habrán de ser españoles.
Estas son las medidas que puede tomar España y que está tomando para conseguir, en el difícil equilibrio entre los distintos intereses marítimos de la Comunidad, donde España ha conseguido importantes concesiones frente a la posturas extremas de otros países...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted ha dicho algunas de las cosas que han hecho; no voy a criticarlas ni a comentarlas. Simplemente quiero decirle que, por empezar por la primera, usted sabe que el Registro especial de Canarias ya ha sido denunciado como insuficiente por los profesionales del sector, y que en ese sentido hay que seguir trabajando y avanzando para intentar que ese Registro especial se equipara a otros existentes tanto en Alemania como en Dinamarca o en otros países del entorno comunitario. A esto se une, además, la gravedad de la liberalización del tráfico de cabotaje que se va a a producir próximamente.
Mire usted, en 1976 el 50 por ciento de los marineros y de los profesionales de este sector eran contratados para el extranjero a través de los agentes consignatarios de buques.
El vacío legal existente, debido a la no tramitación del proyecto de Real Decreto sobre empleo y protección social de los marinos emigrantes españoles, que inexplicablemente fue abandonado en 1986 por el Ministerio que usted dirige hoy, y la falta de regulación de cursos y certificados exigidos en flotas extranjeras, está provocando y ha provocado el despido de oficiales y capitanes españoles en las mismas.
A eso se une nuestra preocupación porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha elaborado un borrador de anteproyecto de Real Decreto sobre títulos profesionales de la marina civil, con fecha septiembre de 1993, en el que atribuye competencias, que pertenecen en estos momentos a los oficiales, a personas que no tienen la titulación. Con él se pretende autorizar a los patrones para mandar buques de hasta 1.600 toneladas y ocupar plazas de oficiales hasta 5.000. Y también a los británicos...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.


--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUALES SON LAS CAUSAS QUE IMPIDEN A ESE MINISTERIO LA REITERADA NO ADJUDICACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA AUTOVIA BAILEN-MOTRIL? (Número de expediente 180/000117)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor De Torres Gómez, que tiene la palabra.


El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuáles son las causas que impiden a ese Ministerio la reiterada no adjudicación de las obras correspondientes a la autovía Bailén-Motril?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, no puedo contestar concretamente a su

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pregunta, puesto que no existe la figura administrativa de no adjudicación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor De Torres.


El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo ya sé que la autovía está adjudicada, o como quiera usted llamarlo. La pregunta tenía vigencia la semana pasada, en la que no se pudo ver precisamente por su ausencia justificada en este Pleno debido a una desgracia familiar, por la que le expreso mi condolencia.
No obstante, le reitero esta pregunta por la desconfianza que tienen en mi provincia de sus promesas y para ver si en su contestación existe un compromiso por parte de su Ministerio de cumplimiento estricto de los plazos, porque S.S. reconocerá que se han incumplido sistemáticamente todos los previstos oficialmente. Reconocerá que han tardado más de tres meses en adjudicar la obra, lo que no significa que la vayan a ejecutar ya, y que durante estos tres meses han sido anunciadas con reiteración en prensa a bombo y platillo, con el consiguiente ridículo para los anunciantes, que son de su partido.
Ya ha reconocido que el plazo previsto era febrero de 1995. No se va a cumplir y me gustaría saber por qué.
Señoría, su Ministerio ha reconocido que las obras no comenzarán hasta abril o mayo del año 1994. Pero es que mucho nos tememos que se vuelvan a incumplir los plazos, ya que el Gobierno ha dado por cumplidos en un reciente Consejo de Ministros los objetivos que se habían marcado en el primer plan de carreteras, incumplimientos que afectan de manera grave a la mayor parte de los ejes viarios de la provincia de Jaén, como son el de La Carolina-Jodar o La Carolina- Giribaile-La Fernandina, Cortijos Nuevos, Bélmez de la Moraleda, que tienen enorme importancia para la economía y el desarrollo de Andalucía Oriental.
Señor Ministro, Jaén es la única capital de provincia que no está todavía conectada con la red regional de autovías, la única.
Una última cuestión, muy brevemente por el tiempo que nos permite el trámite de preguntas. Una cuestión que nos huele mal: la adjudicación a la baja, a mi juicio temeraria, de más de 7.600 millones de pesetas del primer tramo de la autovía.
En los presupuestos generales de inversiones de la provincia de Jaén ustedes nos bajan las mismas en más de 700 millones, precisamente a una provincia que en los últimos meses ha contemplado, por poner un ejemplo, una reducción de más de 1.500 empleos.
Yo tengo la obligación de pedirle hoy aquí que esa diferencia en la adjudicación de la autovía se dedique a la provincia de Jaén.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Le agradezco su condolencia, señor Diputado. Muchas gracias.
Su pregunta trata, supongo, de obtener información sobre la situación de la contratación de esta autovía, que se está efectuando en los plazos técnicamente más cortos posibles. No es posible hacerlo en plazos más cortos, señoría. Dice usted, han tardado tres meses en adjudicar. Es un tiempo récord para una adjudicación; normalmente se tarda bastante más.
Hay cuatro tramos, como usted sabe. El de Bailén-Jaén norte y el tramo entre el enlace de Noalejo y el enlace de Albodote han sido ya preadjudicados. No le huela a usted mal nada, señoría. No empecemos otra vez con insinuaciones relativas a olores más o menos sospechosos. Están contratados, irán a Consejo de Ministros. La contratación ha sido por casi 10.000 millones en un caso y más de 8.000 millones en el otro. Estos plazos de ejecución son de 22 y 17 meses y las obras empezarán tan pronto como el Consejo de Ministros formalice la contrata.
Jaén norte-enlace de La Guardia y enlace de La Guardia-enlace de Noalejo están en fase de expropiación y no se puede empezar una obra hasta que no se hayan hecho las expropiaciones del terreno. Prevemos licitar las obras en este fin de año y los presupuestos alcanzan los 32.000 millones de pesetas.
El último tramo, el de Granada-Motril, tiene un estudio informativo aprobado técnicamente y está en fase de formación el expediente de informa en base al cual habrá que hacer la declaración de impacto ambiental. No se pueden hacer autovías sin declaraciones de impacto ambiental, y hasta que no la tengamos, no podremos licitar las obras.
Lo estamos haciendo en los plazos técnicamente más cortos posibles, sin restricción presupuestaria alguna, y en dos de los tramos estamos en condiciones de iniciar las obras de forma casi inmediata.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DISPONE EL MINISTERIO DE ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CUENCA BESAYA-SAJA, EN CANTABRIA, PARA ATAJAR SU DESCONTAMINACION? (Número de expediente 180/000122)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Lago Freire.
El señor Lago Freire tiene la palabra.


El señor LAGO FREIRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en primer lugar quiero darle mi más sentido pésame por el fallecimiento de su señor padre.
La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Usted conoce los ríos Saja-Besaya, que determinan en esta zona unos asentamientos urbanos importantes (superior a los 250.000 habitantes); que es, además, una cuenca que soporta una parte fundamental de la industria de Cantabria --siderurgia, química, textil.
También se han practicado a lo largo de los últimos años mediciones en los vertidos, dando resultados más que alarmantes y que afectan de una manera directa a la industria turística de la zona y a los recursos pesqueros.
La Diputación Regional de Cantabria, así como otras administraciones, son conocedoras de esta situación, pero todavía no se ha puesto medio alguno para empezar a remediar este problema que, por otra parte, es un problema ambiental de primera magnitud.
Usted sabe que la Comunidad Autónoma de Cantabria a partir de enero de 1994 queda en el objetivo 1 de la Comunidad Económica Europea, y esto supone la puesta en marcha de inversiones ambientales importantes, que, por otro lado, se contemplan en el plan de desarrollo regional, que ya se ha planteado ante la Administración competente. Por esta razón la pregunta es la siguiente: ¿Dispone el Gobierno de estudio ambiental de la cuenca Besaya-Saja en Cantabria para atajar su contaminación?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lago.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Diputado. En respuesta a su pregunta, debo transmitirle la profunda preocupación del Ministerio por el escaso grado de depuración de las aguas residuales urbanas, que existen no sólo en esa zona sino en toda la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Según los datos de los que disponemos, solamente el 19 por ciento de la población cántabra está conectada a un sistema de depuración de aguas residuales y en su mayoría los sistemas existentes se limitan a un mero tratamiento primario.
No es necesario recordarles, señorías, que el saneamiento y depuración de aguas residuales es una competencia transferida a la Comunidad Autón Cantabria, en lo que se refiere al auxilio financiero a las corporaciones locales. Por lo tanto, este Ministerio no podría actuar en la cuenca de Besaya-Saja, salvo que ésta fuera declarada de interés general mediante la correspondiente norma legal. Mientras tanto, quien debe efectuar estas obras, y no lo hace, es la Comunidad Autónoma, en el auxilio financiero que debe a las corporaciones locales, y cualquier intervención de la Administración del Estado, sin la preceptiva autorización legislativa, vulneraría el principio de subsidiariedad, constituiría una clara invasión de competencias, anulando la responsabilidad de otras administraciones.
Por otra parte, impediríamos conseguir la necesaria concienciación de industriales y particulares, lo que no se conseguirá nunca, si se produce la dejación de responsabilidades de administraciones competentes. No obstante, en el proyecto del plan hidrológico de la cuenca del Norte, pendiente de aprobación, el Ministerio ha incluido una intervención directa en esta clase de infraestructuras de saneamiento. Cuando el plan nacional llegue a las Cortes, allí será el momento de determinar la actuación que el Parlamento considere necesaria que efectúe la Administración Central del Estado ayudando a resolver ese problema que no está siendo resuelto adecuadamente por la administración competente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CAUSAS MOTIVARON EL RETRASO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE AUTOVIA BEZANA- SARDINERO, EN SANTANDER? (Número de expediente 180/000123)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Lago Freire, que tiene la palabra.


El señor LAGO FREIRE: Señor Ministro, como usted bien sabe, el Ministerio viene desarrollando en Cantabria, en los últimos años, u construcción de comunicaciones con arreglo a planes y plazos programados.
Asimismo ha puesto en marcha planes-puente para seguir avanzando en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para Cantabria. La autovía que debe enlazar la red general con la capital de Cantabria, esto es con Santander, el enlace Bezana-Sardinero, y prevista en los Presupuestos del año 1989 aproximadamente por 3.000 millones de pesetas, ha sufrido y sigue sufriendo retrasos en su ejecución, lo que supone verdaderos colapsos en horas punta a la entrada de Santander.
La pregunta concreta es: ¿Qué causas motivaron el retraso de la construcción del tramo de autovía Bezana-Sardinero, en Santander?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lago.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.
Señor Presidente, señoría, esta autovía es un tramo incluido en el programa de actuaciones urbanas del Plan General de Carreteras y se realiza por convenio con el Ayuntamiento de Santander, que debe aportar los terrenos necesarios para ejecutar las obras, mientras que el Ministerio de Obras Públicas financia el proyecto, construcción y dirección.
La orden de estudio que inició el expediente es de agosto de 1988; proyecto disponible, septiembre de 1989, aprobado técnicamente en junio de 1990, con un presupuesto cercano a los 4.000 millones de pesetas. En esa misma fecha, junio de 1990, se ordena ya la expropiación de los bienes necesarios para su ejecución. Se licita en junio de 1992, se presentan las ofertas en septiembre y el Consejo de Ministros lo adjudica en junio de 1993 por 3.200 millones de pesetas. Las obras empiezan veinte días después de la contratación por el Consejo de Ministros, el 25 de junio de 1993, y se desarrollan de acuerdo con el programa de trabajo presentado por la empresa constructora, pero con graves dificultades para la expropiación de los terrenos por donde debe discurrir el trazado, lo que hace larga y compleja la construcción de la autovía por las numerosas edificaciones afectadas que deben ser expropiadas por el Ayuntamiento y que el Ministerio no puede sino esperar a que se le entreguen los suelos necesarios para efectuar la construcción de la autovía, que por parte del Ministerio se está desarrollando de acuerdo con los plazos previstos, pero naturalmente no podemos entrar a construir, señorías, sobre un terreno que no nos ha sido entregado y cuya propiedad no está disponible.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE NO ES POSIBLE CONOCER CON DETALLE LAS DOTACIONES PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS POR PROVINCIA? (Número de expediente 180/000135)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Martínez Saiz, quien tiene la palabra.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que no es posible conocer con detalle las dotaciones presupuestarias destinadas a inversiones en obras públicas por provincia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
La distribución geográfica de las inversiones del MOTMA se recoge en el anexo de inversiones reales de la Ley de Presupuestos, documento al que supongo se refiere la Diputada en su pregunta.
Para confeccionar este documento es preciso compaginar los aspectos informativos de la inversión prevista, facilitando entre otros datos la distribución provincial de las actuaciones-programa con su carácter de documento de gestión, que exige definir los proyectos con criterios de operatividad, haciendo posible que todos los expedientes de gastos se puedan incluir bajo las rúbricas reflejadas en el mismo.
Ello supone que determinados proyectos no se puedan localizar «a priori» en una provincia concreta, por ejemplo, adquisiciones de equipos informáticos o expropiaciones, por citar casos significativos, que no son regionalizables en el momento de su presupuestación, ya que sólo al efectuar el gasto se puede determinar la provincia que recibe los recursos correspondientes.
Otros proyectos, tales como la construcción de infraestructuras lineales, incluyen en su ámbito de actuación a diversas provincias e incluso a varias comunidades autónomas. Pueden presentarse agrupados en ámbitos superiores a la provincia para proyectos de carácter homogéneo y reducida cuantía individual, como hacemos, por ejemplo, en el caso de la conservación ordinaria de carreteras. En todos estos supuestos se determina con exactitud la localización geográfica de la inversión al completarse el proceso de gasto, algo que no se puede conocer «a priori» cuando se presenta el documento presupuestario.
Por lo tanto, el anexo de inversiones reales es un documento de información y gestión de la inversión, que contiene la distribución provincial de las actuaciones previstas acorde con los proyectos decididos en el mismo, y no se puede obtener de dicho documento una información exhaustiva de la localización geográfica de las inversiones, que solamente puede obtenerse «a posteriori» a partir de los expedientes de gasto afectados a cada proyecto. Esta información sólo puede decidirse con precisión «ex post», lo cual no quiere decir que no exista. Está, obviamente, a disposición de S.S., referida a ejercicios pasados, y solamente con carácter prospectivo a los futuros.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, muchas gracias por las explicaciones que ha dado hoy sobre cómo elabora su Ministerio los Presupuestos Generales del Estado, pero usted sabe que yo me refería a otras partidas que vienen globalizadas, que son de proyectos muy concretos, incluso comprometidos por su Ministerio en planes especiales aprobados en 1993. Concretamente unos el 12 de abril de 1993.
Da la casualidad, señor Ministro, que en mi provincia entre lo que viene en su Ministerio como inversiones reales provincializadas para 1993 y Diputados socialistas que el Ministerio de Obras Públicas va a invertir en la provincia hay una diferencia de más de 8.000 millones de pesetas. No hay derecho, en democracia y en este Parlamento, que haya unos Diputados que tengan, al margen de los Presupuestos Generales del Estado, unas informaciones, según ellos reales, no pedidas a través de esta Cámara, que les permite decir a los ciudadanos lo que realmente va a gastar el Ministerio, y que los demás Diputados nos vemos imposibilitados de saber, en unos presupuestos que tienen que ser igual para todos. Señor Ministro, ¿para qué sirve el Parlamento y el trámite parlamentario de debate de presupuestos si un Diputado de una provincia no puede presentar enmiendas legítimamente estudiadas por desconocimiento, no de lo que viene en los presupuestos, sino de lo que no viene? Nosotros queremos transparencia en los presupuestos, no queremos presupuestos opacos. Se lo he reclamado muchas veces en esta Cámara. Señor Mi ¿qué es para usted el impulso democrático? ¿Qué es para usted la revitalización de las instituciones? ¿Qué prefiere usted, la opacidad o la transparencia? Porque en estos presupuestos, señor Ministro, usted ha utilizado todos los ingentes y costosos medios del Ministerio para que los Diputados del Partido Socialista se permitan el lujo de descalificar la acción política de otros parlamentarios en sus provincias. Eso, señor Ministro, es jugar con las cartas marcadas. Le pido, en nombre de todos los Diputados del Partido Popular y de los Diputados del resto de esta Cámara que estamos en la oposición, los que hacemos oposición...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, estamos a su disposición par cualquier pregunta aclaratoria que desee formular sobre los Presupuestos Generales del Estado y su impacto a provincia concreta. Que yo se preguntado ha quedado falto de respuesta. Quizá otros han preguntado lo que usted no ha preguntado. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA PERMITIR QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RESPONDA A INTERPELACIONES Y PREGUNTAS DE LOS DIPUTADOS? (Número de expediente 180/000133)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora De Palacio, que tiene la palabra.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Ministro, el artículo 111 de la Constitución dice que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras; el artículo 180 del Reglamento dice que los Diputados y los grupos parlamentarios podrán formular interpelaciones al Gobierno y a cada uno de sus miembros, y el artículo 185, asimismo, indica que los Diputados podrán formular preguntas al Gobierno y a cada uno de sus miembros. Sin embargo, el señor González, en unas declaraciones recientes en Televisión Española, dijo que estaba esperando a que se modificara el Reglamento de la Cámara para poder venir a contestar ante el Pleno a preguntas orales formuladas por los distintos Diputados. Por eso le pregunto: ¿Considera el Gobierno que es necesario modificar el Reglamento para que eso se produzca?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor Presidente.
Señora De Palacio, desde un punto de vista estrictamente formal --usted conoce el Reglamento tan bien como yo, al menos--, no es necesaria esa modificación; desde una perspectiva política, el Gobierno entiende que sí.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora De Palacio.


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La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Efectivamente, lo acaba de confesar, no es necesario que se modifique el Reglamento.
Desde un punto de vista político, ¿qué ha sucedido desde la primera Legislatura, en la que el señor González contestaba a preguntas de distintos Diputados en esta Cámara? Decenas de preguntas. Tengo las actas. Y no sólo a preguntas, sino también a interpelaciones. Pues lo que ha sucedido, sencillamente, es que el señor González ha perdido sensibilidad y respeto hacia este Parlamento, y lo que ha ocurrido a lo largo de estos años es que el señor González no ha cumplido con un mandato constitucional, el que plantea el artículo 111, y que sistemáticamente, cuando se le ha pedido que compareciera a contestar preguntas e interpelaciones que tenían, por razón de su naturaleza, entidad más que sobrada para que las contestara el señor Presidente, ha eludido esa presencia. Pero, lo que es mucho peor, el otro día, en Televisión Española lo que hizo fue, a sabiendas, con conocimiento, confundir a la opinión pública española (Rumores.) lo cual es mucho más grave. (Rumores y protestas.) En un momento en que se habla de impulso democrático, es un mal comienzo que se empiece precisamente sobre falsas bases, sobre bases que no so Por eso, lo que hace falta de algo mucho más sencillo: que el señor González, de verdad, demuestre que respeta esta Cámara, que respeta la Constitución y que ha cambiado de nuevo, otra vez, de talante y que vuelva a contestar a preguntas, como hacía en los años 1983, 1984, 1985 y 1986; que venga a contestar interpelaciones, preguntas y a someterse al control de esta Cámara. De verdad, así se revitalizarán las instituciones, no con lo que está haciendo: engañar a la gente a través de Televisión (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Popular.), faltando a la r (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro, tiene la palabra. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): La mecánica parlamentaria le ha jugado a usted una mala pasada, señora De Palacio, y ha venido usted a plantear la ausencia del Presidente del Gobierno de esta Cámara justamente en la tarde de un día en el cual el Presidente ha estado cinco horas contestando aquí a preguntas de todos los grupos parlamentarios. (Fuertes rumores.) Si me dejan ustedes acabar... Espero que esto no me cuente en el tiempo, estoy tratando de poner orden. (Rumores.) Señora De Palacio, usted sabe que hay muchos parlamentos en Europa en los cuales existen características singulares para las comparecencias, e control, del Presidente del Gobierno, tratando esencialmente de dar a estas comparecencias la relevancia política que el Gobierno y oposic para este tipo de sesiones de control. Así también sucede en el Parlamento español, al menos en el reglamento que no llegó a ver la luz porque no acabó la tramitación, en el cual, como usted sabe y por acuerdo de todos los grupos políticos, se habilitaba una sesión de control especial para el Presidente del Gobierno, tratando, repito una vez más, de dar relevancia política a la misma, algo que interesa al Gobierno, pero que desde luego interesa a la oposición. Añado más. Si los grupos parlamentarios y la Mesa encontraran una fórmula para que, con el Reglamento actual, se garantizaran estas circunstancias, que entiendo son necesarias para que el Presidente comparezca con la adecuada relevancia política en las sesiones de control, desde luego, no será el Gobierno y su Presidente quien se oponga.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRIA INFORMAR EL GOBIERNO DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA LA PROTECCION DEL CINE EUROPEO EN LAS NEGOCIACIONES DEL GATT DE LA RONDA URUGUAY? (Número de expediente 180/000120)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Martínez Martínez, que tiene la palabra.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Cultura, no creo que sea exagerado decir que las relaciones actuales entre el cine europeo y americano comportan un desequi resultan tan injustas como insoportables; quizá sería bueno señalar unos cuantos datos para ilustrar lo que acabo de decir. Mientras que las películas procedentes de Estados Unidos ocupan cerca del 80 por ciento de la cuota de pantalla en los cines europeos, tan sólo un 2 por ciento de espectadores americanos pueden ver películas procedentes de Europa. No existe en esas relaciones el mínimo atisbo de equidad, p imponen unas condiciones leoninas en lo que se refiere a la comercialización y a la distribución; condiciones que implican, por ejemplo, el que, junto a una película de gran demanda en Europa, haya que aceptar otras a veces de una calidad ínfima y que incluso lleguen a señalar cuál es el período de permanencia en cartel de determinadas películas y hasta la fecha de exhibición.


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En términos económicos, ese desequilibrio llega a alcanzar anualmente, a favor de Estados Unidos, más de 450.000 millones de pesetas. Siendo todo esto importante, señora Ministra, no lo es exclusivamente, puesto que hay una versión cultural y lingüística que, como europeos, no podemos descuidar. Señora Ministra, superar la situación descrita requiere, de los europeos en general y de los españoles en particular, que hagamos de lo audiov industria y un gran comercio, pero también es muy importante, en estos momentos en que nos hallamos ante las inminentes negociaciones del GATT, que la representación europea sea capaz de hacer valer la especificidad cultural de lo audiovisual y, por otra parte, sentar unas bases más justas en las relaciones entre las empresas americanas y las empresas europeas.
¿Podríamos conocer, señora Ministra, cuál será la posición de la representación española en dichas conversaciones?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Presidente.
Los pasados 4 y 5 de octubre tuvo lugar en Mons (Bélgica) un seminario de los Ministros responsables del audiovisual y de cultura para tratar sobre los problemas del sector en relación a las negociaciones del GATT.
Conscientes de la importancia no sólo económica, sino fundamentalmente social y cultura del cine y del conjunto del sector audiovisual para el patrimonio y la identidad cultural de nuestro país y de la Unión Europea, defendí como Ministra de Cultura la solución que considero más eficaz y adecuada.
Esta solución es la de mantener la excepción cultural para el audiovisual, incluyéndola en el artículo 14 del acuerdo.
En el mismo sentido se pronunciaron con mayor o menor contundencia otros seis países, pero en todo caso los doce socios comunitarios coincidimos en que el mantenimiento y desarrollo de la identidad cultural de Europa, entendida como integrada por cuatro niveles --el europeo, el nacional, el supranacional y el local-- exige dar un trato singular al audiovisual en el marco del GATT, por lo que acordamos seis objetivos mínimos a preservar sin limitaciones en el tiempo, en las negociaciones del GATT, que la presidencia ha recogido en sus conclusiones y que suponen: Exención en la cláusula de nación más favorecida para todos los programas de apoyo al sector audiovisual; mantenimiento y desarrollo de las ayudas públicas y de subvenciones y de la facultad de regular las tecnologías y los modos de transmisión; no sumisión del sector audiovisual al principio de la elevación progresiva del nivel de liberalización; puesta en marcha efectiva de las disposiciones de la directiva «televisión sin fronteras». Esta postura es la que asimismo ha mantenido el Ministerio de Comercio en los Consejos de Asuntos Generales del 4 y 25 de octubre.
No obstante, debo informarles, al igual que he hecho con las principales organizaciones del sector cinematográfico español, que existen dificultades objetivas para lograr mantener la excepción cultural del audiovisual. Sin perjuicio de lo cual, el Gobierno español se ratifica en su postura de considerar al audiovisual como una manifestación e instrumento cultural que no puede recibir de las negociaciones del GATT el tratamiento de una simple mercancía o servicio, por lo que seguirá sosteniendo en el marco de las instituciones comunitarias --y así lo haré en el Consejo de Ministros de Cultura del próximo día 5 en Bruselas-- que se incorpore en dicho acuerdo una cláusula de excepción cultural que incluya al entero sector audiovisual como medio más adecuado para preservar la identidad cultural de Europa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA EL HOSPITAL COMARCAL DE TORRELAVEGA Y CUANDO SE PREVE SU PUESTA EN MARCHA? (Número de expediente 180/000121)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora Gorostiaga Saiz, que tiene la palabra.


La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la construcción del Hospital Comarcal de Torrelavega, que está llevando a cabo el Insalud, viene a satisfacer una de las viejas aspiraciones de la comarca del Besaya en materia sanitaria y, además, puede servir para paliar, en parte, los efectos de la crisis que está sufriendo esta zona.
La obra ha sufrido continuos retrasos, unos debidos a reformas y otros a escasez de recursos asignados al proyecto. Asimismo los accesos al Hospital aún no están concluidos y esto contribuye a retrasarlo más. Estos problemas han generado y están generando la inquietud generalizada en la población afectada, y esta población se hace la pregunta que yo quiero trasladarle a usted. ¿En qué situación se encuentra el Hospital de Torrelavega y cuándo se prevé su puesta en marcha? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gorostiaga.
Tiene la palabra la señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, las obras de construcción del Hospital Comarcal de Torrelavega, efectivamente como S.S. ha dicho, se iniciaron en el año 1989 y han finalizado en julio de este año. Han supuesto una inversión total de 3.124 millones de pesetas.
El Hospital que, como S.S. sabe tiene carácter comarcal, va a contar con 300 camas y con las especialidades y servicios siguientes. Medicina interna, cirugía general, traumatología, urología, oftalmología, otorrinolaringología, anestesiología, obstetricia, pediatría, servicio de rehabilitación, unidad de hemodiálisis, unidad de exploraciones especiales y endoscopia, área de urgencias, área de consultas externas y hospital de día.
El Hospital va a disponer de cinco quirófanos, una UVI con nueve camas y una sala de reanimación con diez camas, además de los servicios centrales de laboratorio, radiodiagnóstico y anatomía patológica y los servicios generales correspondientes. Va a dar cobertura a 142.000 ciudadanos residentes en el área sanitaria de Torrelavega. Para hacer frente a los planes básicos del montaje del hospital se ha aprobado recientemente un crédito de 400 millones de pesetas, que ha permitido iniciar ya la instalación del servicio de radiología y laboratorios. Tras ello, se va a proceder al montaje del resto de las instalaciones de equipamiento técnico y mobiliario, lo que va a suponer un gasto de aproximadamente 700 millones de pesetas. Y por lo que se refiere a la entrada en funcionamiento, la intención del Ministerio es proceder a la apertura de las consultas externas en el primer trimestre de 1994 y del resto de los servicios a lo largo del año 1994.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRIGUEZ CALVO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS O LINEAS DE ACTUACION PIENSA LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA IMPLICAR A LOS MEDICOS Y PERSONAL DE ENFERMERIA EN LA GESTION Y CONTROL DEL GASTO SANITARIO? (Número de expediente 180/000125)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora Rodríguez Calvo.


La señora RODRIGUEZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, partiendo de que el médico es el principal agente del gasto sanitario y de que el personal de enfermería también juega un importante papel, tanto en este gasto como en la administración de los recursos que se utilizan para asegurar la salud de los ciudadanos y porque el profesional sanitario no puede permanecer ajeno a las consecuencias económicas de sus decisiones, considero de gran importancia que se sensibilice al personal sanitario y que se le haga más responsable en el uso correcto y eficaz de todos los recursos que utiliza, tanto en los medios de diagnóstico como sanitarios, a la hora de la curación. Por eso, yo le pregunto, señora Ministra: ¿qué medidas o qué líneas de actuación piensa llevar a cabo el Ministerio de Sanidad y Consumo para implicar a los médicos y al personal de enfermería en la gestión y en el control del gasto sanitario?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Rodríguez Calvo, efectivamente, el Ministerio considera, al igual que S.S., una prioridad, dentro de sus líneas de trabajo, las actuaciones que favorezcan una mayor implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de los recursos existentes como fórmula para corresponsabilizar a los médicos y al personal de enfermería en la mejora de la calidad y la eficacia del Sistema Nacional de Salud. Para ello nos hemos propuesto incrementar la autonomía y flexibilidad de gestión de cada centro sanitario, estableciendo el contrato- programa como instrumento para la mejora de la misma y vinculando los objetivos de actividad de cada centro a su presupuesto. La gerencia de cada centro establece acuerdos sobre los objetivos a alcanzar por todas y cada una de las unidades y servicios clínicos que lo integran y la suma de dichos acuerdos constituye el contrato-programa de cada centro.<ð En el ámbito hospitalario, y desde 1990, trabajamos en un programa denominado proyecto Signo, cuyo objetivo principal es el conocimiento del coste real de los distintos servicios asistenciales. De esta forma, cada hospital y cada servicio clínico conoce la actividad que realiza y sus costes. En estos momentos, en 31 hospitales del Insalud ya es posible tener esta información.
En el contrato-programa de atención primaria del Insalud para 1994, las medidas de descentralización reconocen a los profesionales como autént del sistema, establecen unidades de responsabilidad en la provisión de servicios, en la asignación de recursos, en la imputación de costes y definen sistemas de incentivación basados en el balance anual entre recursos consumidos y servicios prestados. Las gerencias de atención primaria asignan recursos a todos los centros de responsabilidad dependientes, y los recursos asignados corresponden a gastos de personal, de mantenimiento, de prescripción farmacéutica y de consumos

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de atención especializada. Los costes son imputados según un sistema desarrollado a tal efecto, estableciéndose el objetivo esperado en cuantos servicios sanitarios a prestar por cada unidad de responsabilidad. El sistema contempla tres fases de desarrollo, que han de quedar completadas para el cien por cien de las gerencias de atención primaria en el año 1996.
El médico y la enfermera han de completar, por otra parte, el alto nivel de formación específica que ya poseen con innovadoras técnicas de gestión y de economía sanitaria, y todo ello no es posible sin que el Sistema Nacional de Salud realice el importante esfuerzo formador en el que está ya empeñado. En este sentido, se vienen desarrollando cursos de gestión de unidades clínicas para jefes de servicio y supervisores de unidad.
Por último, hay que señalar que autonomía y responsabilidad son las caras de una misma moneda y que el nuevo estatuto- marco que este Ministerio pretende desarrollar va a contemplar esta realidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: EL CATALOGO DE PRESTACIONES SANITARIAS DE LA SANIDAD PUBLICA, ANUNCIADO POR LA SEÑORA MINISTRA Y OTROS ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, ¿VA A SUPONER UN RECORTE DE PRESTACIONES ASISTENCIALES PARA LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000136)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Fernández- Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente.
Señora Ministra, el catálogo de prestaciones sanitarias de la sanidad pública, anunciado por S.S. y otros altos cargos del Ministerio, ¿va a suponer un recorte de prestaciones asistenciales para los ciudadanos? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente. No, señor Fernández-Miranda, en absoluto el catálogo de prestaciones sanitarias va a suponer recortes, como ya informé a SS.SS. en mi comparecencia info Comisión de Sanidad y Consumo de esta Cámara el pasado día 30 de septiembre, en que tuve ocasión de exponer que en modo alguno el catálogo sanitarias se va a elaborar con el fin de recortar prestaciones, sino todo lo contrario.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Pues entonces, señora Ministra, es usted una irresponsable (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Hale!), su señoría y los altos cargos de posteriormente han afirmado ustedes tanto la señora Ministra --como el señor Conde, su Subsecretario, como el señor Gutiérrez Morlote-- textualmente que harán un catálogo de las prestaciones que sufragadas por la Seguridad Social.
Eso quiere decir que otras, no sabemos cuáles, tendrán que ser sufragadas por el bolsillo de los ciudadanos. ¿Quién decidirá la efectividad clínica probada? ¿Quién decidirá la relevancia individual o social para los enfermos? ¿Quién decidirá qué tiene carácter auténticamente sanitario, como condiciones que usted ha marcado para poder recibir en un futuro asistencia sanitaria? ¿Usted, señora Ministra? ¿El señor Conde? ¿El señor Gutiérrez Morlote? ¿No deben ser los profesionales de la sanidad? ¿Quién decidirá el ingreso de un anciano o de un enfermo crónico en un hospital? ¿Para qué tienen que saber los ciudadanos qué pueden esperar o exigir del Sistema Nacional de Salud? ¿Para saber lo que tienen que pagar de su bolsillo? Para eso, señoría, no contarán con el Partido Popular, ni aquí ni en ninguna comunidad autónoma, por mucho que usted se empeñe. Y ese es el problema. O lo paga la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud, para lo que cotizan los españolas cuotas, impuestos a las dos cosas, o lo pagan ellos de sus bolsillos, con lo que el Gobierno habrá recortado prestaciones sanitarias, por mucho que S.S. quiera llamarlo de otra forma. Si es así, y ustedes lo han afirmado, con usted, señora Ministra, siendo Presidente del Gobierno don Felipe González, la sanidad pública española dejará de ser universal, gratuita y solidaria, y con ello se demostrará que don Felipe González mintió en la campaña electoral de las últimas elecciones generales, afirmando que sería el PP el que haría lo que él está anunciando y haciendo en este momento.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Tiene la palabra la señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Fernández-Miranda, lamento el tono y los calificativos que S.S. se permite aplicar a los responsables del Ministerio de Sanidad y la te permanente que S.S. está haciendo con motivo de la iniciativa del catálogo de prestaciones sanitarias, que debería alegrar a S.S. y a su Grupo, porque constituyen un paso muy positivo en la mejora del sistema sanitario público, que preocupa, o deber S.S.
El catálogo de prestaciones, como ya tuve ocasión de explicar en la comparecencia a que me he referido y en otras públicas, va a reflejar las técnicas, procedimientos, servicios y bienes a los que tienen derecho los ciudadanos en cada circunstancia y pretende hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, reconociendo las prestaciones que garanticen la igualdad en el acceso e impidiendo que diferencias culturales, sociales o de residencia de los ciudadanos puedan afectar a su derecho a la protección de la salud.
Me sorprende, señor Fernández-Miranda, su afirmación, que contradice el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en su reunión plenaria del pasado día 27 de septiembre aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo: Crear una comisión para el estudio de la ordenación de las prestaciones sanitarias, que estará integrada por representantes de las comunidades autónomas interesadas en participar directamente en los trabajos (que han sido todas, señor Fernández-Miranda) y representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo. Por tanto, desautoriza S.S. a los consejeros de comunidades autónomas en las que gobierna el Partido al que pertenece S.S. Lamento esta labor obstaculizadora en lo que para mí constituye un objetivo esencial que deberíamos compartir porque, como digo, el sistema sanitario público debería estar por encima de estos debates, de estas descalificaciones y de esta utilización que yo no califico para no incurrir en la misma ligereza en que S.S. ha incurrido.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, no está en el debate.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA SITUACION DE LOS PASIVOS DEL SECTOR DE FERTILIZANTES PRODUCIDOS POR LOS DIVERSOS PROCESOS DE RECONVERSION, AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DESDE 1986 A 1991 Y LOS PRODUCIDOS EN EL 93 CON EL PROCESO QUE APORTAN FERTIBERIA Y ERQUIMIA EN LA COYUNTURA ACTUAL Y PARA EL FUTURO? (Número de expediente 180/000128)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 del señor Ríos Martínez.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, me gustaría oír hoy palabras que sirviesen para tranquilizar a los casi 1.500 trabajadores afectados por los procesos de reconversión en el sector de fertilizantes y que se encuentran divididos en tres niveles. Un primer bloque corresponde a los trabajadores que se jubilaron en el proceso de los años 86 al 91 y a los que la empresa debía abonar las cargas sociales hasta que cumpliesen 65 años, así como también el complemento variable hasta equiparar el 80 por ciento de la base cotizable. Me gustaría saber cómo se va a garantizar el pago a esos trabajadores por parte de las empresas --hay responsabilidad subsidiaria, puesto que esos expedientes se aprobaron por el Ministerio de Trabajo-- y de qué forma va a solucionarse el problema que afecta a estos trabajadores del sector de fertilizantes.
Un segundo bloque lo integran los trabajadores que se jubilaron por tener 55 años en 1991, que en 1993 han agotado el paro y que ahora debieran de seguir percibiendo por la empresa las cargas y el salario hasta cumplir 65 años. ¿Quién va a hacer frente a esta realidad? Por último está el bloque de trabajadores que en 1993 se han incorporado al proceso por el que la Freeport, por 700 millones de pesetas, va a gestionar la empresa Asur, así como las de Cartagena, Huelva, Sevilla, Puertollano, Avilés y Sagunto, Querría saber de qué manera se va a poder cubrir la parte que les corresponde por indemnización a los trabajadores para incorporar a ese fondo que se va a crear y cuáles son las cargas sociales hasta los 65 años que se van a abordar. ¿De qué manera va a responder la Administración a estos tres bloques de personas que han quedado en proceso de jubilación y cuyo puesto de trabajo ha quedado anulado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Ríos, el total de pasivos del grupo Fesa-Enfersa asciende en la actualidad a 6.139 personas y en el que diferenciaríamos dos colectivos: un primer grupo integrado por 4.888 pensionistas que, como consecuencia

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de los distintos convenios colectivos acordados, disponen de un complemento del cien por cien del salario y para el cual los acreedores institucionales presentes en el convenio de suspensión de pagos acordaron como condición para proceder a la quita de la deuda de la Seguridad Social una reducción de los complementos de manera que las pensiones devengadas no puedan en ningún caso superar la cuantía de la pensión máxima existente. Un segundo grupo está integrado por 1.251 trabajadores que salieron de la empresa al amparo de la Ley 27/1984, de reconversión, y a los que se les van a seguir aplicando los sitemas del prejubilación y jubilación anticipada que regula dicha ley; para las prestaciones complementarias estaremos en la misma situación que en el caso anterior.
Finalmente, al margen de los colectivos descritos, están los que usted ha dicho, integrados por aquellos trabajadores mayores de 55 años que h sus contratos de trabajo a través del expediente de regulación de empleo resuelto por la Dirección General de Trabajo y para los que la empresa y los sindicatos alcanzaron un acuerdo en cuanto a que sus coberturas sociolaborales, consistentes en el establecimiento de un plan de jubilaciones financiado con las indemnizaciones acordadas entre ambos y las colaboraciones de las comunidades autónomas se harán efectivas y, por consiguiente, esperamos que no haya ningún problema para que puedan devengar la pensión que les corresponda en términos legales, no la prestación complementaria que en su caso, como digo, no podrá superar nunca los topes que fijamos en su momento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ríos, tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente. La respuesta del señor Ministro ha venido a confirmar dos dudas razonables que teníamos. Primero, se acepta que son 4.800 los trabajadores que se incorporaron en el proceso de 1986 a 1991 y que van a ver perjudicada su pensión en un volumen importante, puesto que no van a poder percibir nada más que una parte y no el complemento en su totalidad que tenían establecido. ¿Cuál es la cantidad que van a perder o que no van a seguir percibiendo puesto que hasta ahora la percibían? No ha respondido el señor Ministro si puede entenderse que hay responsabilidad subsidaria del Ministerio de Trabajo, porque todos estos planes han sido aprobados por el Ministerio, ya que son procesos de reconversión, y algunas de estas empresas eran empresas públicas antes de ser adquiridas por Ercros. Por último, en cuanto a los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo no he escuchado en la respuesta del señor Ministro de qué manera Fertiberia y Erquimia van a poder hacer frente tanto a los compromisos, tanto de la parte de cargas como de salarios, hasta que se puedan jubilar a los 65 años, o bien si se les va a suspender el proceso de jubilación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Ministerio cumplirá sus propios compromisos, pero no los compromisos que le son ajenos.
En cuanto a las prestaciones complementarias, en el convenio de acreedores, del que no formaban parte los pensionistas, se acordó que la quita de la deuda de Seguridad Social se haría en todo caso no para que con esa quita se pudieran financiar pensiones por encima de la pensión máxima del sistema. Eso parece justo que así sea y, en segundo término, eso permitirá que la viabilidad de la empresa y por lo tanto el mantenimiento de los puestos queden garantizados en el futuro.
Lo que no vamos a hacer es garantizar pensiones por encima de los máximos legales a costa de que no pueda pervivir o mantenerse la situación en actividad de la empresa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE JOAQUIN PEÑARRUBIA AGIUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿ESTA EL GOBIERNO EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LA PENSION DE JUBILACION DE LOS ESPAÑOLES CON EDAD COMPRENDIDA ENTRE LOS 40 Y LOS 50 AÑOS? (Número de expediente 180/000140)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿está el Gobierno en condiciones de garantizar la pensión de jubilación de los españoles con edad comprendida entre los 40 y los 50 años?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor Presidente, este Gobierno, es decir, un Gobierno socialista, sí está en condiciones de garantizar la pensión de jubilación a los

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españoles con edad comprendida entre los 40 y los 50 años.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es usted muy optimista. El Ministro de Economía, señor Solbes, ya ha adelantado que es difícil que el Gobierno pueda garantizar las pensiones de los españoles en edades comprendidas entre 40 y 50 años. Pero es más, hay un informe de una entidad de ahorro en el que dice que el máximo de pensión que podrán percibir los españoles en edades comprendidas entre 40 y 50 años será el equivalente al actual salario mínimo interprofesional, es decir, unas 60.000 pesetas.
Señor Ministro, son legión los españoles que se encuentran en esa situación y, si Dios no lo remedia, van a ver cómo tras muchos años de cotización van a recibir una exigua pensión que no guarda relación con el esfuerzo realizado a lo largo de su vida activa. Y resulta curioso que quienes faltaron a la verdad en la última campaña electoral, diciendo que el PP ponía en peligro las pensiones, y en un ejercicio supremo de cinismo se llegó a afirmar que las íbamos a recortar en 8.000 pesetas al mes, sean los que ahora ponen en peligro las pensiones del futuro.
Señor Ministro, un Gobierno que crea paro es incapaz de garantizar pensiones para el futuro; un Gobierno que nos sitúa en la tasa de paro más alta de Europa, donde los pasivos van a ser mayor número que los activos, jamás podrá garantizar las pensiones. Le veo muy optimista; consulte con sus compañeros de Gabinete; consulte con el señor González y, sobre todo, con el Ministro de Economía, porque yo le digo aquí --y es un reto-- que ustedes no garantizan las pensiones, como otras muchas cosas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Se refiere usted a una entidad de ahorros que se dedica a hacer fondos de pensiones. Por lo tanto, tendrá un cierto interés efectivamente en dar ese informe al que usted ha hecho referencia. Pero, señoría, a mí no me gusta comparar el presente con el futuro porque es una operación absolutamente imposible y que genera desconfianza y en todo caso melancolía.
Prefiero comparar el presente con el pasado, y, si comparamos el presente con el pasado, ese pasado, de defensa del sistema de pensiones, de mejora constante del sistema de pen-siones, es el que nos asegura y nos da crédito al presente y al mismo tiempo nos dará créd El Gobierno socialista ha mantenido un sistema público de pensiones a lo largo de muchos años y lo va a mantener en el futuro, y ésa es la confianza que, además, el Gobierno socialista obtiene del electorado pensionista, que sabe que sus pensiones han sido mejoradas notablemente a lo largo de los últimos años y que lo serán también en el futuro.
Por lo tanto, insisto, sí consolidaremos el sistema de pensiones si gobierna el Partido Socialista. Lo dudo si es otro el partido que gobierne.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CU LINEAS BASICAS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE INTERPROFESIONES QUE EN LA ACTUALIDAD ESTA EN FASE DE CONSULTA CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS? (Número de expediente 180/000130)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, de la señora Sánchez Díaz.
Tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.


La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, ¿podría explicar en esta Cámara cuáles son las líneas básicas del proyecto de ley sobre interprofesiones que en la actualidad está en fase de consulta con las comunidades autónomas y con los sectores productivos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la intención del Gobierno es presentar en los próximos meses a esta Cámara un proyecto de ley que regule las relaciones interprofesionales. Con ello, básicamente, pretendemos cumplir el compromiso electoral que el Partido Socialista asumió en las pasadas eleciones legislativas y que esperamos que sea compartido por la mayor parte de los grupos de esta Cámara. En la actualidad estamos elaborando un borrador de anteproyecto, que está en fase de consulta con todos los sectores: las organizaciones profesionales, las cooperativas, los consumidores, los industriales, así como las comunidades autónomas.


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Le resumiré a S.S. las líneas básicas sobre las que estamos trabajando. En primer lugar, las organizaciones interprofesionales se deben constituir con presencia de organizaciones representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la comercialización agroalimentaria en general, y para su reconocimiento se exigirá un determinado nivel de representatividad. Se dotarán de personalidad jurídica y se inscribirán en un registro ad hoc en el Ministerio de Agricultura, Pesc será diversa; entre otras cosas deberán llevar a cabo actuaciones que les permitan un mejor conocimiento y más transparencia de los mercados, mejorar la calidad de los productos y de los procesos, promover programas de investigación y desarrollo que mejoren las posiciones competitivas de cada uno de los subsectores, promocionar y difundir el conocimiento de las producciones agroalimentarias, promover actuaciones que faciliten una información adecuada a los intereses de los consumidores, acordar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente y desarrollar acciones que posibiliten una mejor orientación de los productos agrarios, y su ámbito abarcará el conjunto de la producción nacional.
Regularán las modalidades de pertenencia a la misma --un 5 por ciento de la rama profesional será un mínimo exigible que estamos contemplando para poder estar dentro de la interprofesión-- y establecerán la obligatoriedad de todos sus miembros en el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Podrán solicitar la extensión de norma en los acuerdos tomados por la interprofesión cuando tengan el 50 por ciento de respaldo y un 75 por ciento del volumen de la producción --por tanto, extensión de la norma a todo el sector-- y cuando se refieran siempre a normas relacionadas con la calidad de los productos o con la mejor información y conocimiento sobre estas producciones, con acciones promocionales o con la mejora de aquellos aspectos medioambientales que tengan efectos relevantes sobre los consumidores. Se creará, en fin, un consejo general de organizaciones interprofesionales, del que formarán parte las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las organizaciones empresariales, las organizaciones de consumidores y la distribución alimentaria.
Con todo ello pretendemos dar impulso a la organización interprofesional.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 8/1993 DEL MES DE MAYO CON RELACION A LA MORATORIA QUE AFECTA A LOS AGRICULTORES PERJUDICADOS POR LA SEQUIA? (Número de expediente 180/000141)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, del señor Hernández-Sito.
Tiene la palabra el señor Hernández-Sito.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para exigir el cumplimiento del Real Decreto-ley 8/1993, del mes de mayo, con relación a la moratoria que afecta a los agricultores perjudicados por la sequía?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, como conoce perfectamente, el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/1993, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía, establece un marco para la negociación de agricultores y ganaderos afectados por la sequía con sus entidades financieras --insisto, con sus entidades financieras-- para establecer una moratoria de los préstamos y créditos que, otorgados por entidades de crédito, tengan por objeto la financiación de operaciones directamente relacionadas con explotaciones agrarias situadas en zonas afectadas por la sequía. Hasta el momento presente, el número de empresarios que ha solicitado acogerse a esta medida es muy reducido y, salvo situaciones puntuales, que se están tratando de resolver con las entidades financieras, la medida está operando conforme a lo previsto, ya sea con renovaciones en los créditos de campaña o mediante modificaciones en las condiciones de amortización o los créditos a medio y largo plazo.
Quiero señalar, en todo caso, a S.S. que en alguna comunidad autónoma, como es el caso de Extremadura, la respuesa de los bancos está siendo muy acorde con los contenidos del Real Decreto y que las cajas están siendo algo remisas a este tipo de solicitudes, pero por el momento están atendiendo la mayor parte de las solicitudes de moratoria que se refieren a créditos subvencionados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señor Hernández- Sito, tiene la palabra.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.


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Menos mal que el Ministro reconoce que hay verdaderos fallos y que no se puede acoger todo el mundo. Los bancos y las cajas están rechazando las solicitudes de moratoria presentadas por los agricultores que se quieren acoger al Decreto-ley, cuando están obligados a aceptarlas de conformidad con lo que establece el Real Decreto que ustedes promulgaron. Sólo hay un banco, Argentaria, que está recibiendo algunas peticiones de moratorias con unas condiciones cambiantes. Yo tengo aquí un informe que me ha mandado la Confederación General de las Cajas de Ahorro que dice: El Real Decreto-ley no especifica el carácter de las entidades de crédito, pero es evidente que no puede ser imperativo para las entidades de crédito de carácter privado.
Los bancos y cajas argumentan que la concesión del aplazamiento de estos créditos y las condiciones de riesgo de la póliza son totalmente nuevas y, por tanto no están cumplimentando el Real Decreto. Por otro lado, y en los pocos casos en que las solicitudes de moratoria se han admitido, las condiciones han cambiado totalmente, señor Ministro, puesto que se les están exigiendo a los agricultores, créditos, avales, hipotecas y otra serie de cuestiones que desvirtúan totalmente la norma. Ustedes y el Ministerio (usted es nuevo pero también es responsable), con el cinismo político que caracteriza a ese Ministerio desde la época de don Carlos Romero, cada vez que hablan de dar créditos al campo (la gente se asusta del dinero que nos dan), hablan de los miles de millones de las cajas y de los bancos. Ustedes hacen un acuerdo para los créditos y cuentan no los intereses que dan ustedes, sino los de la totalidad de los bancos y de las cajas, y eso es mentira, porque los bancos luego no le dan a nadie un duro, y usted lo sabe, y la situación del campo no permite a los agricultores, porque están endeudados, que puedan adquirir una moratoria de un año; moratoria que, al final, es mala, porque si el año pasado no pudieron pagar, se les va a dar una moratoria este año y al año que viene la van a pagar en peores condiciones. Por tanto, el Real Decreto, que fue un bombazo, diciendo ustedes por ahí que estaba todo solucionado, se ha vuelto contra ustedes, y ahora reconocen que hay comunidades donde se pueden atender, pero la mayoría, y tengo aquí la referencia de las cajas y de los bancos, y se lo digo yo por experiencia, no atienden las solicitudes de moratoria. Por tanto es un número ínfimo de personas el que se puede acoger a esta moratoria, tan cacareada, para solucionar la crisis de los dos años horrorosos de sequía que lleva padeciendo el sector agrario.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señorías, yo creo que, simplemente haciendo una lectura atenta de la información que da el Ministerio cuando llega a estos convenios, se podría dejar bien claro que no existe ningún tipo de cinismo. En todo caso no se ha hecho una lectura correcta de lo que se está diciendo, porque cuando se habla de recursos que proceden de cajas y de bancos lógicamente queda bien claro que no son recursos de instituciones públicas. Los recursos que el Gobierno pone, en todo caso, son de reducción de los tipos de interés o normas que permitan a las instituciones amortizar los capitales en un período már largo; pero en ningún caso se pretende decir que la cantidad tienen que ver con los Presupuestos Generales del Estado, cosa que es obvia para todo el mundo.
En todo caso, en cuanto a la aplicación de las moratorias, afecta sólo a aquellos pagos correspondientes a la amortización de capital que venza dentro de los doce meses, es decir, hasta el 28 de mayo de 1994. El aplazamiento es de 12 meses a contar desde el momento en que cada una de las amortizaciones hubiera vencido. La moratoria no implica por sí sola la reclasificación por las entidades de crédito del nivel de riesgo. Le puedo decir, porque el tiempo apremia, que el Presidente de la Asociación Española de Banca se ha comprometido con el Ministerio a estudiar todas y cada una de las peticiones que presenten los empresarios del sector agrario. Por otra parte, creo que, en general, se están atendiendo, esos son los datos que tengo, esas demandas. Ya le decía que las cajas están siendo algo más remisas e intentaremos que vayan más ágilmente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA ESTRATEGIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA PRETENDIDA DISMINUCION DE LA SUPERFICIE MAXIMA GARANTIZADA DE OLEAGINOSAS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000143)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 37, del señor Ramírez González.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Cuál es la estrategia que piensa adoptar el Gobierno frente a la pretendida disminución de la superficie máxima garantizada de oleaginosas en España?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Como saben en los dos últimos Consejos de Ministros de la Comunidad hemos debatido esta cuestión y dentro de quince días vamos a plantearla de nuevo. Esperamos conseguir un acuerdo que desaría decirles que será satisfactorio para todos, pero los acuerdos en la Comunidad normalmente, cuando se alcanzan, no son satisfactorios para nadie.
Usted sabe que a primeros del pasado mes de septiembre la Comisión presentó una propuesta que modifica el reglamento 1765/92, por el que se es el régimen de apoyo a determinados productores de ciertos cultivos herbáceos y que supone el cumplimiento del memorándum sobre semillas oleaginosas. A partir, por tanto, de la campaña de 1995-1996 el proyecto de reglamento establece una superficie máxima garantizada para la Comunidad de 5.128.000 hectáreas, que es la media de las superficies. La media española, como S.S. sabe, en ese período es de 1.000.082, y la superficie máxima garantizada para Esp propone es de 1.411.000 a partir de la campaña 1994-1995. Hay un umbral de penalización del 5 por ciento para el conjunto de la Comunidad.
En el caso de que esta superficie se supere, viene el debate, que todavía está sin cerrar, de hasta dónde esa penalización recae sobre las superficies nacionales o si se puede ampliar ese 5 por ciento a una franquicia mayor para el conjunto de la Comunidad. Además, sabe que la Comisión ha propuesto un millón de toneladas equivalentes de torta de girasol, que supone unas 700.000 hectáreas de cultivo, que están fuera de esa cantidad y de la cual también nos podremos beneficiar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ramírez tiene la palabra.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Albero, la superficie de girasol sembrada este año por los agricultores españoles asciende a unas 2.140.000 hectáreas, que multiplica en 2,5 la que básicamente veníamos utilizando antes de la reforma de la Política Agraria Común.
Este aumento se ha producido, entre otras cuestiones, por la caída de precios de garantía de los cultivos herbáceos, el endurecimiento de los sistemas de intervención y, por qué no decirlo, por la bondad de este cultivo que exige menos gastos y garantiza 30.000 pesetas de subvención por hectárea.
Cuando la Comunidad aprobó ese Reglamento al que ha hecho referencia, al establecer una cantidad máxima para todo el territorio comunitario de algo más de cinco millones de hectáreas, el entonces Ministro de Agricultura nos garantizó aquí en esta Cámara que esa cantidad sería para toda la Comunidad Económica Europea y que, por tanto, todos los países que participáramos en el cultivo y todos los agricultores incurriríamos --o no incurriríamos-- superaba cualquier cantidad con la suma de las cantidades nacionales. No habría, por tanto, cupos nacionales.
Señor Albero, usted acaba de decir lo contrario. Se nos ha impuesto un cupo nacional, y ese cupo nacional, señor Albero, es la mitad de lo que hemos sembrado este año. De entrada eso va a suponer, señor Presidente, señorías, una pérdida de más de 30.000 millones de pesetas de ayudas directas al campo español. ¿Usted sabe lo que significa eso, señor Albero? Además, se cierran puertas a este cultivo, porque se cierran alternativas.
Ayer tuvimos la pérdida de la cuota de leche. Tenemos que pagar 30.000 millones de pesetas de sanción por la habilidad negociadora del Partido Socialista que aceptó un cupo de producción de leche española 1.600.000 toneladas menos de lo que veníamos produciendo; hoy son los 30.000 millones de pesetas de girasol, y mañana no sabremos qué cantidad o qué susto nos dará la estrategia negociadora socialista.
Señor Albero, usted sabe mejor que yo que cuando en la Unión interesa que un producto tenga una referencia comunitaria de producción, así se hace. Léase, si no, el algodón o el aceite de oliva. Son cantidades comunitarias que nos están impidiendo, por ejemplo, en el caso del algodón, la prosperidad de este cultivo en Andalucía porque Grecia tiene un monopolio de ese cultivo que no sabemos si todo es producido en Grecia o viene del contrabando de Turquía, y cuando tenemos la oportunidad de obtener un cupo comunitario en un producto que es beneficioso, como ha demostrado la...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Señoría, usted conoce perfectamente que nuestra media de producción ha sido muy inferior a la cantidad de 1.400.000 hectáreas que se fijan para España. De todos modos, lo que le puedo garantizar es que la posición española durante los dos últimos Consejos ha sido, y en el siguiente va a seguir siendo, que los 5 millones de hectáreas van a ser comunitarias. Esa es la posición española y va a seguir siéndolo e intentaremos que la penalización, en todo caso el umbral, se eleve por encima del 5 por ciento; si podemos que sea el 10, mejor, porque querrá decir que está más comunitarizado. Pero la garantía indudablemente sólo se la puedo dar --y creo que, en todo caso, siempre se le habrá dado así-- como la posición española, que es que debe ser un umbral comunitario.
La próxima campaña con 1.400.000 hectáreas, y con estas lluvias que tenemos y, por tanto, con una sequía

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no tan fuerte, a pesar de que los sistemas de ayuda son suficientemente incentivadores como para permitir que el sector perciba este año 140.000 millones de pesetas de la Comunidad...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUE INFORMACION PUEDE DAR EL GOBIERNO A ESTA CAMARA SOBRE EL ASALTO AL CONSULADO ESPAÑOL EN BATA? (Número de expediente 180/000139)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, del señor Robles Fraga.
El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué información puede dar el Gobierno a esta Cámara sobre el asalto al Consulado español en Bata?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
En la madrugada del viernes 22, hacia las 4,30 horas, unos desconocidos penetraron en el Consulado de España en Bata y se apoderaron de una cantidad pequeña de dinero.
Las averiguaciones posteriores han puesto de manifiesto que fue un robo, que no se han llevado dinero del Consulado, sino dinero que pertenecía a los funcionarios.
El Gobierno español ha presentado la correspondiente queja.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me da la impresión de que si lo que allí pasó fue poco o fue mucho, en cualquier caso, fue demasiado. Estas cosas, en un país como Guinea, nunca están lejos de la larga mano del Gobierno y, desde luego, no están alejadas de un clima de agresividad y de intimidación que, en este caso, afecta a nuestra representación consular. También opinan destacados miembros de la oposición guineana que el objetivo no era tanto la intimidación sino el obtener algún documento comprometedor que pudiera justificar, de algu-na manera, esa obsesión del régimen dic Señor Ministro, el esfuerzo inútil produce melancolía y, una vez más, el tema de Guinea vuelve a esta Cámara. De nuevo, el Gobierno responde c nuestra inquietud --inquietud no sólo del Partido Popular sino también de otros grupos-- y yo creo que nadie puede sentirse satisfecho con lo que pasa en Guinea.
Sólo cabe hablar de fracaso cuando después de tantos años, de nuevo, vemos cómo nuestra generosa ayuda no sirve para traer la libertad ni mejo de vida para los guineanos. Pero un fracaso de este tipo, en el momento en que nos encontramos, debe llevarnos a tomar decisiones importantes en las próximas elecciones en Guinea. Y si no se reúnen las condiciones que exigen la oposición y la comunidad internacional, ¿seguiremos ayudando a Guinea, cuando sabemos que esa ayuda sirve también para consolidar el régimen? El jueves pasado, en el Parlamento Europeo, nuestro Grupo afirmaba --como ya lo había hecho en el mismo Parlamento Europeo en enero de este año-- que si el Gobierno de Guinea no llegaba a un acuerdo con la oposición, si no había elecciones limpias y libres, si eran una farsa, no habría cooperación ni ayuda financiera entre la Comunidad y Guinea. España debe hacer lo mismo; si las elecciones son una farsa no debe haber cooperación entre España y Guinea.
Desde luego, habrá que buscar fórmulas para que la ayuda humanitaria siga llegando a los guineanos, pero esta oposición debe quedar clara, tanto en esta Cámara como ante el Gobierno de Guinea y ante la opinión de los demócratas guineanos, sobre todo porque, mientras tanto, hasta las elecciones, se degrada cada vez más el clima de la situación política guineana, que se acerca, poco a poco, a ese caos haitiano o liberiano que nos gustaría ver alejado de nuestra querida Guinea Ecuatorial.
Y lo digo porque en la plataforma de opinión conjunta hay partidos y líderes que corren grave...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que el asalto al Consulado de Bata a S.S. le preocupa poco, porque le ha dedicado bastante poco tiempo en su intervención. El Gobierno contesta como puede y como debe, y en este caso lo ha hecho como debe. Entiendo que la posición que S.S. ha mantenido esta tarde es la posición de su Grupo -- entiendo que es así-- y me alegro de saber que es ésa.
Seguiremos hablando de esa posición, si es que es la de su Grupo y usted lo representa. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO, SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ANTE RECIENTES NOTICIAS DE PRENSA EN LAS QUE SE INDICABA LA EXISTENCIA EN CONOCIMIENTO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE UNA LISTA DE PERSONAS ELABORADA POR LA ORGANIZACION TERRORISTA ETA, SUSCEPTIBLE DE SER OBJETO DE AGRESION Y AÑADIENDOSE ADEMAS QUE EL JUEZ, SEÑOR GARZON, HABIA REQUERIDO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO PARA QUE INFORMARA A LOS AFECTADOS, ¿CUALES SON LAS RAZONES QUE HICIERON INCUMPLIR LA ORDEN DEL SEÑOR GARZON PARA NO COMUNICAR CON LA CORRESPONDIENTE URGENCIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS AFECTADOS SU INCLUSION EN LA LISTA DE LA BANDA TERRORISTA ETA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA? (Número de expediente 180/000119)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Albístur Marín, que tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente, y gracias también, señor Ministro, por su presencia en este hemiciclo.
La pregunta es clara y está formulada por escrito: ¿Cuáles son las razones que hicieron incumplir la orden o providencia del señor Garzón a la Guardia Civil para no comunicar con la correspondiente urgencia a todos y cada uno de los afectados su inclusión en la lista de la banda terrorista ETA y actuar en consecuencia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias, señor Presidente.
La verdad, señorías, es que creo que nos hemos dotado de un instrumento para hablar de estas cosas, pero como se hace fuera del mismo --y nat lo respeto--, debo decirle que se pensó --como dice la orden-- que las personas que figuran como objetivos de ETA estaban avisadas, entendiendo como objetivos a aquellos que figuran con su nombre y toda la información y no aquellos de los que solamente hay una reseña, sin nombres o sin más contenidos. Dicho de otra forma, señoría, no es lo mismo José Luis Corcuera, que vive en Gregorio Balparda, 25, 4.º, y que sale a las ocho de la mañana todos los días, que José Luis Corcuera, sin más. Pensando que se había cumplido esa instrucción, incluso antes de darla, se entendió, en principio, que estaba cumplida. Con posterioridad, al ver -- con mayor detenimiento-- que podía interpretarse que se avisara a todo el mundo, aunque no se entendiera que eran un objetivo, se ha tomado la decisión de avisarles, y créame, con una alarma social impropia, en mi opinión, del contenido de la información, porque a este paso cualquier día vamos a tener que dar cuenta del listín de teléfonos, con independencia de que haya o no haya información.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Albístur tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Ministro.
No sé si preguntarle a usted es crear un clima social de beligerancia, pero no sale de mis palabras, sino de las suyas.
Entiendo que como Diputado, y ejerciendo la representación que me corresponde y, sobre todo en este caso, ejerciendo la representación de unos ciudadanos que se han dirigido a representantes del Ministerio del Interior, que no han tenido respuesta y que figuran como presuntos miembros de esa lista, que no han sido informados y solamente tienen sospechas, porque así se las han transmitido --e insisto en que no han tenido respuesta del Ministerio del Interior-- puedo hacer esta pregunta.
Me gustaría muchísimo poder participar de esos cenáculos o lugares donde parece que estos temas se pueden tratar, pero a la vista de que ni yo podemos hacerlo, le he hecho esta pregunta, con la que creo que no hago más que cumplir con mi deber de parlamentario sin levantar ninguna otra sospecha.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Gracias, señor Presidente.
Le he respetado el derecho que S.S. tiene.
No hay cenáculos, señoría, nos reunimos todos los grupos de la Cámara cuando se cree conveniente, y su Grupo también, pero como está en el uso de su libertad, vuelvo a decirle que a algunos les he avisado yo personalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, insisto, una información donde viene el nombre de una persona, dónde vive, a qué hora sale, qué coche utiliza, dónde come o dónde cena, que un simple nombre. Por esto es por lo que se creía en un principio que estaba cumplida la orden, porque en ella se dice: comuníquese a las personas que figuran como objetivos de ETA, entendiendo que es objetivo la persona sobre la que se tiene una información. Leído con más detenimiento caímos --no sé si bien o mal, más bien me inclino por lo segundo-- en que podría interpretarse que era a todos los que estaban, con independencia de que sólo existiera

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el nombre, y a algunos de ellos les voy a llamar personalmente para pedirles disculpas por haberles alarmado innecesariamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SRA. MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES: ¿QUE IMPLANTACION TENDRA LA EDUCACION PARA LA SALUD EN EL CURSO ACADEMICO 1993-1994? (Número de expediente 180/000142)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 36 del señor Robles Orozco. Disculpe que haya saltado su pregunta por confusión con su compañero el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente, está usted disculpado.
Señor Ministro, ¿qué implantación tendrá la educación para la salud en el curso académico 1993-1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la educación para la salud se ha introducido en todos los currículos de la enseñanza, tanto en la infantil, que alcanza, como sabe S.S, hasta los seis años, cuanto en la enseñanza primaria de 6 a 12 años, cuanto en la enseñanza secundaria obligatoria y ello desde la perspectiva de que la salud ya no se considera solamente como ausencia de enfermedad, sino que implicaque una persona está sana cuando goza de un bienestar físico, psíquico y también social.
En este contexto, la educación para la salud tiene una preferencia generalizada en los centros sociales que imparten las enseñanzas de primer y segundo ciclo de educación primaria y también en los centros de educación secundaria que vienen anticipando la reforma. Por consiguiente, se va implantando en los currículos correspondientes a medida que se implanta sucesivamente la Logse.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no le preguntaba por la implantación que va a tener el desarrollo de la Logse, sino por la realidad que en estos momentos suponen los programas de educación para la salud en los diferentes niveles de la educación en España, porque como usted sabe, señor Ministro, el año pasado ya tenían que haber estado desarrollándose en algunos cursos los programas de educación para la salud, y fue precisamente a finales de la anterior legislatura, en un trámite parlamentario, donde se nos informó por el Delegado del Gobierno para el Plan contra las Drogas en aquel momento que no había sido posible implementar los programas de prevención de drogodependencias, tema muy importante de educación para la salud, entre otras cosas porque no había programas, no había material y no había profesores suficientes. Fue un reconocimiento público en una Comisión y se nos dijo, además, que el material no estaría disponible con toda seguridad hasta principios de este curso. Le pregunto si el material y los profesores están disponibles, si los cursos se están desarrollando, porque la sensación es que, a día de hoy, es muy difícil que esto sea así.
Le voy a decir algo más, los datos de la última memoria del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, nos dicen que solamente el 3,4 por ciento de profesores de este país han hecho algún curso de reciclaje o de preparación para poder desarrollar estos cursos de educación para la salud. Esto significa, por tanto, que con un 3,4 por ciento de estos profesores, y optando por el modelo de educación para la salud por el que ustedes han optado, es muy difícil realmente implementar unos proyectos de prevención de forma adecuada.
Además, si nos vamos a los Presupuestos Generales del Estado, vemos que se han congelado por cuarto año consecutivo los programas destinados a la formación de profesores y los destinados a la prevención y a lucha contra las drogas: 350 programas, 150 millones de pesetas. Francamente, con esta situación es difícil pensar que se vayan a poder desarrollar unos proyectos serios de prevención y de lucha contra las drogas, que es uno de los temas más importantes en el ámbito de la educación para la salud.
Si vamos a las cifras que se nos han dado en esta misma Cámara de consumo de alcohol entre los jóvenes, de consumo de cánnabis entre los jóvenes, creo que realmente, en este momento, no se está haciendo el esfuerzo necesario. Hace falta un mayor esfuerzo en la prevención, hace falta, por tanto, una educación de valores, de principios que inculque actividades o actitudes saludables entre los jóvenes. Creo que con el esfuerzo que está realizando el Ministerio va a ser difícil que en este año y en los sucesivos se consiga este objetivo.
Por estas razones nuestro Grupo incentiva y pide al Gobierno que modifique sus prioridades y que, a lo largo de este año, se puedan implementar realmente los proyectos de formación, de prevención, en definitiva, los proyectos de educación para la salud.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la cuestión tiene un doble aspecto. La educación para la salud se explica como materia de las llamadas transversales en los currículo diferentes niveles de enseñanza, junto con otras materias tales como la educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud, para la igualdad de oportunidades entre los sexos, ambiental, la educación del consumidor e incluso la educación vial. Son los llamados temas transversales que no están incluidos en el marco conceptual de una sola disciplina porque tienen que impregnar el conjunto de disciplinas de las diferentes áreas de conocimiento.
En este sentido sí se ha hecho un esfuerzo por implantar, a medida que se va implantando la Logse, este tipo de enseñanzas, de tal manera que se ha producido algún grado de formación para los profesores, que este año se activará mucho más en la medida en que luego diré, de la misma manera que se han producido una serie de orientaciones curriculares de las que dispongo en este momento y que tendré mucho gusto en pasar al señor Diputado para que compruebe cómo estas orientaciones didácticas editadas por el Ministerio de Educación se han remitido a todos los institutos y centros escolares.
Aparte de esto, existe un convenio en marcha, firmado ya con el Ministerio de Sanidad, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, que sí elementos de trabajo para la prevención fundamentalmente el alcoholismo y el tabaquismo a lo largo del curso que ha terminado, para el próximo será la drogodependencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE FECHA TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PAGAR LA LIQUIDACION DEFINITIVA DE LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1992? (Número de expediente 180/000131)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 del señor Carrera i Comes.
Tiene la palabra.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Siempre hemos apoyado el papel fundamental que tienen los ayuntamientos desde todos los puntos de vista y siempre, por tanto, seremos receptores de sus problemas que, como usted sabe, s muchos. Ahora, y como desde hace tiempo, hay uno de gran importancia que es su financiación, sus problemas persupuestarios y también sus problemas de tesorería.
Es por ello, señor Ministro, que le dirijo la siguiente pregunta. ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno pagar la liquidación definitiva de la participación de los municipios en los tributos del Estado correspondientes al ejercicio de 1992?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la orden de transferencia para el pago de la liquidación definitiva de la participación de los municipios en los tributos del Estado del año 1992 ha sido ya cursada por la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales, exactamente con fecha 22 de octubre pasado. La Dirección General del Tesoro, una vez comprobadas las instrucciones cursadas por la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territor remitido ya al Banco de España las correspondientes instrucciones para proceder a su pago a partir del 29 de octubre pasado. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nos alegra comprobar que, por lo menos, se han cursado ya las instrucciones para que se hagan las transferencias oportunas. En son tan graves los problemas financieros y de tesorería de los ayuntamientos que nos parece poco aceptable que el Estado retenga más allá de lo imprescindible la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado.
Parece que hubo un acuerdo en diciembre de 1992 en el sentido de que se abonaría antes de finalizar el tercer trimestre.
Estamos en noviembre y, por tanto, sí que hay un incumplimiento claro, aunque, por las palabras del señor Ministro, se confirme que ya está cursada la orden.
Nos parece que la retención indebida no es el camino para solventar el grave problema de los ayuntamientos, ya que ahora más que nunca es nece mínimo se acepten y se cumplan las previsiones anunciadas.
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no hay retención indebida. El problema tal vez deriva del sistema de cálculo que tenemos. Al tomar como base el PIB del año 1992 es absolutamente imprescindible tener contrastadas las cifras de forma correcta y, desgraciadamente, ese contraste no se produce hasta el día 13 de octubre pasado.
A partir de ese momento, prácticamente se han puesto en marcha todos los procedimientos y se han acelerado al máximo. Otro problema sobre el q reflexionar si el sistema de cálculo de PIB y de PIB contrastado es el mejor o podríamos poner en marcha otro que acelerase el sistema actual. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA ACTUACION ESPECIFICA PARA PALIAR LA CRISIS FINANCIERA QUE PADECEN LOS AYUNTAMIENTOS DE MALAGA Y GRANADA?

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Carrera i Comes.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, últimamente han aparecido algunas noticias en el sentido de que, dada la grave situación financiera de los ayuntamientos de Málaga y Granada, el Gobierno les daría un trato preferente.
Sin ningún interés en entrar en dicha situación ni en sus causas ni en sus posibles soluciones, le dirijo, señor Ministro, la siguiente pregunta: ¿Tiene aprevisto el Gobierno adoptar alguna actuación específica para paliar la crisis financiera que padecen los ayuntamientos de Málaga y Granada?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no tiene intención de ir a ningún nuevo plan de saneamiento de corporaciones locales, ni de forma genérica ni de forma es S.S. conoce bien, la tutela financiera de las corporaciones locales corresponde a las comunidades autónomas. Es verdad que el margen de m es relativamente reducido. Nos queda la autorización de endeudamiento externo, ni siquiera el endeudamiento interno, y, en consecuencia, nuestras posibilidades de actuar también quedan limitadas. Sin embargo, eso no impide que el Gobierno sea consciente de la dificultad en que se encuentran algunos ayuntamientos específicos, y en concreto los dos a los que S.S. ha hecho referencia. Lo que sí puede realizar el Gobierno es un cierto apoyo financiero transitorio o un asesoramiento que puede ser necesario para ayudar a resolver los problemas. ¿En qué sentido estamos trabajando con estos ayuntamientos? En primer lugar, planteando el desarrollo de planes de ajuste y estabilidad financiera de las corporaciones citadas. En segundo lugar, y en el caso de que existan pagos pendientes, anticipando fondos, en calidad de fondos reintegrables, cuando así sea necesario para mantener la solvencia de un ayuntamiento determinado. Sólo éstas son las actuaciones que el Estado pretende realizar en los casos citados. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nos preocupaba --y después de su respuesta nos sigue preocupando-- no tanto las posibles soluciones-- yo diría que cuantas más y mejor para los ayuntamientos, estará en nuestra línea de actuación--, sino que éstas comportaran, casi diría, una reacción generalizada. Según como sea este apoyo financiero al que usted hace referencia, quizá en 24 horas tendrá usted, señor Ministro, delante del Ministerio más del 50 por ciento de los ayuntamientos llamando a su puerta con el expediente de suspensión de pagos en la mano, no tanto con documentos para llevar al juzgado, pero sí dejando de cumplir sus obligaciones de pago.
No es cuestión, yo entiendo, señor Ministro, de hacer de bombero, apagando fuegos y acudiendo a situaciones límites.
Quizá la situación de los requiere una actuación decidida, específica pero generalizada, por lo tanto, me deja un poco intranquilo. Entiendo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles pero, según cómo se haga este apoyo financiero o este asesoramiento, puede despertar y generalizar una situación muy candente en los propios ayuntamientos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


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Yo creo que de mi respuesta no se puede deducir esa intranquilidad. Voy a ser más preciso. Primero, no hay tratamiento generalizado de saneamiento. Pensamos que se hizo en el pasado y que no tiene sentido plantearlo en el momento actual. Segundo, hay una responsabilidad directa de las comunidades autónomas en los ayuntamientos de su demarcación.
Tercero, no parece lógico que el Gobierno central no acuda a dar un cierto apoyo cuando existen dificultades. Este apoyo se hace de dos formas muy simples: primero, analizando con estos ayuntamientos posibles planes de ajuste y, segundo, concediendo avances de tesorería por temas pendientes. Por tanto, no hay ningún tratamiento que no pueda ser aplicable a otros ayuntamientos, y evidentemente, siempre y cuando se acepten estos planes de ajuste, se podría plantear en otros casos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO APROBAR EL NUEVO SISTEMA DE PARTICIPACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000134)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28 del señor Rajoy.
Tiene la palabra.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, ¿cuándo piensa el Gobierno aprobar el nuevo sistema de participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce bien, el sistema actualmente en vigor caduca en el año 1994. Por los avatares electorales de este año se ha tenido que retrasar la negociación con las corporaciones locales y para evitar las dificultades que se pueden plantear en un período transitorio, la propia Ley de Presupuestos de este año establece una prórroga para el año 1994, prórroga, sin embargo, que podemos denominar a cuenta en función del sistema definitivo que se negocie. En todo caso, sí puedo señalarle que el incremento previsto respecto a los fondos del año 1993 en favor de ayuntamientos y de diputacione aumentan de forma relativamente importante, en concreto un 9,8 por ciento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Rajoy tiene la palabra.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Ministro.
Como usted acaba de recordar, la fórmula actual, que data de la Ley de Haciendas Locales de 1988, termina su período de vigencia no en 1994, sino el 31 de diciembre de este año 1993, y si el Gobierno actuara con seriedad --y perdone que le hable así--, la nueva fórmula ya se debía de haber aprobado y sus consecuencias económicas ya se debían haber incorporado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1994 que estamos debatiendo en esta Cámara.
No es la primera vez que el Gobierno actúa de esta forma, porque, por dar un dato, el actual modelo de financiación autonómica, que tenía un período de vigencia para el año 1992-96, se debatió dentro del período teórico de vigencia (es decir se aprobó en el año 1992), lo cual provocó, entre otras cosas, que hace unos días --es decir, en octubre de 1993-- tuviésemos que debatir aquí la concesión de un crédito extraordinario para abonar a las autonomías lo que ya se le había abonado en el año 1992. Y así no se puede gobernar, señor Ministro, porque estas actuaciones generan luego retrasos en los pagos, retrasos en las liquidaciones --y hoy se ha hecho aquí referencia a este tema-- y se incrementa la mala situación económica de los ayuntamientos. Por tanto, yo, en nombre de mi Grupo, señor Ministro, le pido lo siguiente: primero, que aborde ya este asunto; segundo, que lo pacte con la Federación Española de Municipios; tercero, que lo pacte con los partidos políticos; y, cuarto, y sobre todo, que cumpla lo pactado. No haga como el anterior Ministro de Economía y Hacienda que, después de haber pactado con la Federación Española de Municipios un modelo de financiación para el quinquenio 1988-93, decidió, mediante una ley interpretativa con efectos retroactivos, modificar ese sistema, lo cual provocó, entre otras cosas, un recurso al Tribunal Constitucional de nuestro Grupo político.
Este es un tema muy serio, es un tema muy importante. Se va a encontrar usted y su Gobierno con una reunión de la Asamblea de Municipios y Provincias este fin de semana en La Coruña muy dura, y todo ello, fundamentalmente, por el incumplimiento no solamente de sus promesas, sino por el incumplimiento de leyes que ustedes mismos promovieron y aprobaron en este Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, le diría que el Gobierno actúa con seriedad, siempre actúa con seriedad.
En segundo lugar, su argumento de que en los Presupuestos de 1994 debamos incluir ya las compensaciones, S.S. sabe que no es correcto. La cor año 1994 se produce a ejercicio cerrado y por tanto tendrá que estar incluido en el Presupuesto de 1995.
En el año 1994 lo más que podremos realizar son avances con cargo al mismo Presupuesto y eso ya está previsto en el Presupuesto actual.
En tercer lugar, le diré que evidentemente estamos hablando con la Federación Española de Municipios y ellos conocen bien cuál es nuestro calendario. En ese sentido, antes del 31 de diciembre del corriente año, pretendemos definir cuáles son las grandes líneas de actuación, que lógicamente deberían estar aprobadas por una norma, en esta Cámara, antes de mediados de año, con objeto de que pueda entrar en vigor en el año 1994, con efectos de ese mismo año y ser compensadas en 1995, como está previsto.
Por otra parte, a S.S. le preocupa la no modificación, como sucedió en el modelo de 1988-93. Yo creo que el incumplimiento de una ley por la modificación con otra norma legal no puede definirse como incumplimiento. Lo que S.S. plantearía en otro caso es una sobrefinanciación en función de las capacidades de actuación de cada ayuntamiento, cosa en la que supongo que S.S. y su grupo tampoco están de acuerdo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CONSCIENTE EL GOBIERNO DE QUE ENTIDADES BENEFICAS, SIN FINES DE LUCRO, SON SOMETIDAS A GRAVAMEN POR EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, IAE? (Número de expediente 180/000137)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31 de la diputada señora Becerril Bustamante.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor Ministro, ¿es consciente el Gobierno de que entidades benéficas, que no tienen afanes de lucr este momento a gravamen por el Impuesto de Actividades Económicas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, es cierto, el Gobierno es consciente de que esto es así. No olvide S.S. tampoco que éste es un impuesto de recaudación o --digamos-- dirigido a las corporaciones locales, a cuyas dificu se refería anteriormente un colega de su grupo parlamentario.
Tal como está redactada en el momento actual la Ley 39/1988, queda establecido de forma muy clara que las personas o entidades que aun sin ánimo de lucro realicen en territorio nacional actividades empresariales, profesionales o artísticas vienen sujetas por tal realización a la doble obligación de cursar la oportuna alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y tributar por el mismo.
El hecho de que sean con ánimo de lucro o sin él, no es relevante, en principio, desde el punto de vista de la sujeción al impuesto, lo cual no quiere decir que no haya exenciones muy abundantes respecto a la no tributación por parte de entidades específicas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Becerril.


La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor Ministro, a mí me parece injusto y una aberración que entidades que prestan servicios sociale administración pública puede o quiere prestar y que no prestan de hecho, como es atender a personas que carecen de las cosas más imprescindibles y elementales, como los alimentos y la vivienda; que entidades que prestan estas ayudas por caridad, por generosidad, por solidaridad, se vean sometidas a gravamen por actividades económicas.
Señor Ministro, pero, ¿qué actividades económicas están realizando estas entidades, si lo que nos están haciendo a todos es ayudarnos a atende que en conjunto no somos capaces de atender, ni siquiera a base de este inmenso presupuesto del Estado que vamos a aprobar en los próximos días? A mí me parece, señor Ministro, que este Impuesto de Actividades Económicas necesita una urgente reconsideración, una urgente modificación y yo le pido, señor Ministro, que así lo haga el Gobierno para que subsane esta injusticia y otras muchas de carácter muy distinto que se están produciendo en toda la geografía española en este momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Becerril.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a mí me parece que su intervención hubiera estado muy bien en la discusión de la ley en el año

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1988, y haber decidido cuál era la sujeción o no sujeción del impuesto. Sin embargo, es cierto también que hay muchas entidades que no tienen ánimo de lucro y que en este momento no están tributando. Le hago una relación de las mismas porque puede resultar bastante claro que esa injusticia a la que usted se refiere queda enormemente atenuada por la aplicación práctica del impuesto en la realidad.
Como S.S. conoce --posiblemente--, están exentos en el momento actual los establecimientos de enseñanza costeados íntegramente por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro. También están exentas las actividades que realiza la Iglesia católica, como consecuencia del Acuerdo sobre asuntos económicos entre el Estado y la Santa Sede. Asimismo, están exentas las actividades que realizan la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas y las comunidades israelitas.
En el anteproyecto de ley de fundaciones está previsto que en el mismo se introduzcan aquellas que, por ser fundaciones, no tienen ánimo de lucro para, que tengan los beneficios fiscales en la tributación local correspondiente, cuando hablemos de estos casos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A INSPECCIONAR LA RECIEN CREADA UNIDAD ESPECIAL CONTRA EL FRAUDE LAS ACTUACIONES DE LA PROPIA ADMINISTRACION? (Número de expediente 180/000138)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Michavila Núñez.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la recién creada Unidad especial para el estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección del fraude, ¿va a comenzar por analizar las conductas de la propia Administración y, singularmente, del Gobierno?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
El acuerdo del Consejo de Ministros está muy claro, dice: Análisis coordinado y la propuesta de medidas adecuadas en relación con los distintos métodos, procedimientos, impresos y sistemas informáticos que utiliza la Administración para prevenir y corregir la comisión de actos que puedan ocasionar daños a la Hacienda Pública o a la Tesorería tanto en la vertiente de los distintos tributos como del gasto público por razón de pensiones públicas, prestaciones sociales, seguro de desempleo, ayudas sanitarias y demás subvenciones y ayudas públicas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Michavila.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Ministro, por la lectura de una resolución publicada en el Boletín Oficial que, por supuesto, este diputado había leído previamente. Sin embargo, no ha contestado a la pregunta.
Quiero recordar que el 6 de julio de 1984 el Gobierno socialista presentó ante esta Cámara un proyecto de ley denominado de lucha contra el fraude, cuya exposición de motivos decía que para luchar contra el fraude no bastaba sólo con sanciones, sino que era preciso, fundamentalmente, una tarea constante de ejemplaridad por parte del Estado. Pues bien, esta tarea de ejemplaridad por parte del Estado han tenido ustedes diez años para realizarla. Sin embargo, en este tiempo de gobierno socialista, bien por acción o por omisión, directa o indirectamente, explícita o implícitamente se ha favorecido la creación de una cultura de especulación, de una cultura que ha favorecido el fraude.
Se reconoce en informes sociológicos que los españoles sienten hoy que año a año crece el fraude en nuestro país. Es preciso, por tanto, que esta medida adoptada por el Consejo de Ministros sea más valiente y empiece por fortalecer la legitimidad del propio Gobierno para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la legalidad. No basta con imputar el fraude a los propios ciudadanos; es necesario que el Gobierno y la Administración se miren a sí mismos. Es esta una excelente ocasión para que se demuestre con hechos, y no sólo con promesas, ese propósito de regeneración de la vida pública que ustedes denominan impulso democrático. En este sentido, el Partido Popular les emplaza a que, en el término de un mes --y se lo requeriremos reglamentariamente-- presenten a la Cámara un amplio plan de propuestas concretas para luchar contra el fraude, empezan propia Administración. Somos conscientes en todo caso de que esta medida será de utilidad para que en lo sucesivo ningún responsable del Gobierno pueda decir que se entera de grandes escándalos meramente por los periódicos.
Creo que tendrá un instrumento para evitar acudir...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Después de oír su soflama, señoría, que tiene poco que ver con la Unidad especial del fraude, paso a contestarle.
Evidentemente, los objetivos de la Ley de 1984 siguen siendo absolutamente válidos. El Gobierno cumple siempre con la legalidad, y cuando haya incumplimientos de legalidad a SS.SS.
correspo tribunales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS GAMIR CASARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CIERTO QUE EL GOBIERNO MODIFICARA LA TASA FISCAL DE MATRICULACION DE AUTOMOVILES? (Número de expediente 180/000144)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 38, del señor Gamir Casares.


El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.
¿Por qué el Gobierno no propone la reducción de la Tasa de matriculación de automóviles?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.
En cualquier caso, señor Ministro, la pregunta no está formulada en estos términos y tiene sólo obligación de contestar la que figura en el orden del día.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, Presidente. En todo caso, voy a responder la pregunta que me realiza.
Primero, porque para que el Gobierno propusiera esa modificación, tendría que estar convencido de que es una medida correcta.
En segundo lugar, si propusiéramos esa modificación, tendría que hacerse de forma inmediata y no lanzar la discusión en los periódicos, con in veces no conocidos. En todo caso, le doy dos datos. Cada punto de reducción, no de la tasa sino del Impuesto sobre matriculación, supone al Estado una pérdida de 8.000 millones de pesetas. Realmente, con un punto de reducción, ¿vamos a mejorar la compra de vehículos en este país --vehículos producidos en España-- y tendrá un efecto positivo? Ese es el elemento fundamental por el cual el Gobierno tiene graves dudas sobre la utilidad de esa medida.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gamir.


El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.
Sin acritud, el Gobierno ha actuado con negligencia. El día 28, un diario económico nacional y Radio Nacional, desde las siete de la mañana, en todos los boletines hasta las dos de la tarde, insistía en que, a través del Senado, el Grupo Parlamentario Socialista que soporta al Gobierno iba a presentar una enmienda defendiendo la reducción de la Tasa de matriculación de automóviles. Hasta las tres de la tarde no lo desmintió el Gobierno. Esa falta de diligencia, esta larga mañana perdida, lo que implica negligencia, creó una sensación tal en el sector que, en los siguientes días, cayó drásticamente la venta de vehículos. También, y de nuevo sin acritud, ello se debió a la falta de credibilidad del Gobierno, de un Gobierno que anuncia que no va a devaluar el día que devalúa, por lo que su credibilidad en los desmentidos es relativa. Además, llueve sobre mojado en este tema, hay reincidencia, ya que, no hace mucho, desde el Partido Socialista se planteó la reducción de esta tasa, acción que luego desmintió el Gobierno, lo que plantea unas expectativas de que van a bajar los precios por reducción de los impuestos y hace que caiga las ventas de automóviles.
Lo que debe hacer el Gobierno es proponer al Parlamento la reducción de esta tasa. Esto no es una subvención, es una homologación al sistema e debe hacer en un sector que tiene tal crisis que sus ventas han caído el 30 por ciento en un año y caerán más con actuaciones de este tipo por parte del Gobierno. Discrepamos profundamente de los cálculos del Gobierno sobre el impacto fiscal de la reducción de este impuesto. No hay tiempo para discutirlo aquí; se tratará este tema en Comisión. El Gobierno debe reducir este impuesto, y debe actuar sin anuncio previo, como, por ejemplo, ha hecho el Gobierno francés, precisamente en este tema, para no crear esas expectativas que hacen caer la venta de vehículos y luego, en el caso del Gobierno español, además no actuar. En otras palabras, en el lenguaje de las palabras el Gobierno ha perjudicado al sector por lo que ha dicho y por lo que no dijo a tiempo y, en el lenguaje de los hechos, le está perjudicando por no reducir esta Tasa de matriculación de automóviles.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
No se preocupe, señor Gamir, ninguna acritud. El Gobierno no informó a los medios de prensa ni nunca se planteó de forma decidida la reducción de la tasa. Por parte del Ministerio de Industria se analizaron los distintos elementos que inciden en la industria del automóvil y, evidentemente, también la fiscalidad, pero nunca, hubo una decisión ni tampoco se filtró a la prensa ninguna noticia de este tipo. Por tanto, yo me preguntaría

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quién lo filtró y con qué Usted puede discrepar o no de las cifras, pero es muy simple. Al 18 por ciento --es un 18 por ciento «ad valorem»--, divide usted la recaudación que hay y S.S. verá exactamente lo que corresponde a cada punto. Ya sé que S.S. me planteará que luego juegan las elasticidades, cosa que es absolutamente correcta, pero ya me dirá cómo juegan las elasticidades en rebajan, desde distintos puntos de vista.
Debería analizar S.S. algo más. El 50 por ciento de los coches matriculados son importados y son los en este país. Cualquier ventaja en ese sentido iría a mejorar la capacidad de producción de la industria no española.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTA PREVISTO QUE PUEDA REDUCIRSE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE DESDE EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE OBJETOR DE CONCIENCIA HASTA EL INICIO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/000124)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia, he de reconocer de entrada que tanto el incremento del número de objetores de conciencia como tal vez el insuficiente número de puestos donde poder realizar la prestación social sustitutoria, dificulta, sin duda, la solución al problema que le planteo.
Como usted conoce, esta cuestión consiste en que a muchos jóvenes les origina problemas, en cuanto a su vida de trabajo, el hecho de que desde el momento que se les reconoce como objetores de conciencia hasta el momento que empiezan la prestación social sustitutoria transcurre, en algunos casos, mucho tiempo, a veces, más de un año.
Ante esta situación, señor Ministro, y siendo consciente tanto de un hecho como del otro, le formulo la pregunta siguiente: ¿Está previsto que tiempo que transcurre desde el reconocimiento de la condición de objetor de conciencia hasta el inicio de la prestación social sustitutoria? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.
3 El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor Presidente, señoría, le aseguro que el Gobierno es plenamente consciente de la gravedad del problema que plantea; de ahí que se haya adoptado un plan cuyas líneas generales podrían situarse en los siguientes extremos.
En primer lugar, abordar la reorganización de la oficina de prestación social sustitutoria. Para ello se ha realizado una auditoría interna, lo que en términos administrativos se llama inspección operativa de servicios, que no supone otra cosa que un control desde la Administración, pero fuera del órgano inspeccionado, para que analice las metodologías de trabajo y los sistemas de organización. Ese informe está terminado y sus conclusiones van a ser asumidas en la reorganización de la oficina de la prestación. No basta, sin embargo, con esta medida.
La segunda línea de actuación tiene que ser lograr el incremento de oferta, puesto que efectivamente se incrementa la demanda. Para ello, dentro de pocos días, vamos a lograr un acuerdo marco con el Insalud y también se va a ampliar el número de plazas en la Cruz Roja; en general, se mantiene una línea de concertación con instituciones públicas y privadas para tratar de abordar ese problema.
En tercer lugar, otra línea de actuación fundamental sería la descentralización de ciertas fases administrativas del proceso, para lo cual he contactos con comunidades autónomas sobre las que existen convenios para que ya por vía de dichos Convenios con comunidades autónomas ya por otras vías de la administración periférica, se logre la descentralización de ciertas fases administrativas del proceso.
En cuarto lugar, se consolida el sistema del doble llamamiento, que ya sabe S.S. quedó interrumpido en los años 1990/1991 como consecuencia de una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, se van a realizar también cambios normativos. Se va a redactar un nuevo reglamento de la prestación social sustitutoria para tratar de dotarle de eficacia y de justicia y se va a ir a una nueva definición reglamentaria de qué deba entenderse por una plaza adecuada para la prestación del servicio. Todo ello sin perjuicio, además, de que dentro de esta legislatura es propósito del Gobierno intentar que los Ministerios de Asuntos Sociales y Justicia, en estrecha colaboración con Defensa, aborden la ley del servicio civil.
Con estas medidas esperamos que se pueda responder positivamente a la pregunta que S.S. formula.
Nada más, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL

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PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LOS GRAVES PROBLEMAS PRESENTES EN LA REALIDAD DE NUESTRO SISTEMA PENITENCIARIO Y PARA CONSEGUIR QUE ESTE RESPONDA EFECTIVAMENTE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO VIGENTE Y A LA ORIENTACION DE PRINCIPIOS DADA POR LA CONSTITUCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (Número de expediente 172/000015)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para hacer frente a los graves problemas presentes en la realidad de nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste responda efectivamente a los fines previstos en el ordenamiento vigente y a la orientación de principios dada por la Constitución al cumplimiento de las penas privativas de libertad.
Para desarrollar la interpelación, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, esta interpelación trae causa, en primer lugar, del compromiso de mi grupo con los valores generales de la solidaridad democrática y del respeto a la dignidad individual que, sin duda, han de ser los ejes sobre los cuales vertebrar toda política pen realidad al principio de reeducación y reinserción social como fundamento y fin último del sistema de penas privativas de libertad. (El s Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Trae causa, en segundo lugar, en nuestra preocupación ante la grave situación de las prisiones españolas, que no actúan como elemento resocializador y que, por lo dicho, sólo están sirviendo para acentuar en el penado las patologías individuales y sociales que le han llevado a la prisión.
Trae causa, en tercer lugar, en nuestra preocupación, grave preocupación, ante la declaración de intenciones formulada por el señor Ministro en su reciente comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior cuandoestablecía como objetivo primordial de su departamento en esta legislatura, en el ámbito penintenciario, la mejora de la gestión, sin ser necesario --nos dijo-- introducir reformas legislativas, lo que para nosotros significa dejar las cosas como es como están, contribuir a que éstas continúen acentuándose en los términos de su degradación actual.
El punto de partida de la cuestión es que no se puede mantener por más tiempo la ficción de que el actual estado de cosas funciona conforme a la orientación de objetivos que sustancian su razón de ser.
El problema esencial de las prisiones españoles, desde nuestro punto de vista, es que el modelo reeducacional y de custodia concebido en jurídico ha sido sustituido en la práctica por un modelo exclusivamente de custodia, lo que significa una disociación muy grave entre la norma y la realidad. Nosotros creemos que urge reconducir esa realidad a los términos previstos en nuestro ordenamiento y que para ello hace falta, sí, verificar cambios profundos en lo que podríamos denominar la política intramuros, es decir, en la realidad interior de las prisiones, pero que no basta; hace falta también, desde luego --y permítaseme al menos citarlo, aunque excede del ámbito de esta interpelación--, plantear una acción global de Gobierno para antes y para después de la prisión, es decir, para intentar evitar que una parte de nuestra sociedad se vea irremisiblemente abocada a la cárcel como única alternativa personal. Eso significa, más allá de discursos teóricos, señor Ministro, realizar una profunda y eficaz acción solidaria frente a lo que nosotros denominamos los viveros de la prisión, es decir, por desgracia, todos esos focos de marginalidad en todas sus manifestaciones que aún subsisten en nuestro tejido social.
Para nosotros, el balance del fracaso de la política penitenciaria del Gobierno tiene su manifestación principal en cuatro situaciones de hecho: el hacinamiento, la falta de política de tratamiento, la conversión espuria de la droga en el eje de la vida penitenciaria y el avance, cada vez más preocupante, de determinadas enfermedades de naturaleza infecto-contagiosa. El hacinamiento es causa, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, del fracaso de la política del Gobierno en estos diez años para actuar eficaz y solidariamente, como antes señalaba, sobre esos viveros de la prisión, es decir, para intentar corregir la situación infrahumana de esos núcleos de la marginalidad. Es causa, en segundo lugar, desde nuestro punto de vista, del colapso que hemos venido arrastrando durante estos años y que se mantiene en la Administración de Justicia y, desde luego, de la falta en nuestro ordenamiento de un sistema adecuado de penas alternativas a las de privación de libertad. Y es consecuencia inevitable, señor Ministro, en tercer y último lugar, de la falta de previsión del Gobierno sobre lo que iba a ser la evolución de la población penitenciaria y de su tardanza de nueve años en abordar un plan de reforma de la red de establecimientos penitenciarios. El llamado plan de amortización y creación de nuevos centros, que tenía que ser precisamente esa respuesta, es para nosotros, hoy, un instrumento en crisis. Lo es porque el plan nace concebido con un modelo, el de macrocentro, alejado por completo del modelo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria y, por tanto, está sentando una política regresiva en materia de tratamientoen relación con las previsiones de l porque ese plan nace con una visión excesivamente economicista, orientada a reducir costes y, por tanto, con

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la creación de esos macrocentros, dificulta la política de tratamiento y la comunicación entre la sociedad penitenciaria y el conjunto de la sociedad. Lo es porque hoy día ha sido superado por sus propias previsiones. Recordemos que el plan establecía como objetivo disponer, en 1997, de 41.500 plazas penitenciarias, y a fecha septiembre de este año la población penitenciaria española alcanza 45.595 personas. Y lo es, en definitiva, también, porque su gestión, su nefasta gestión ha ido superando su propia finalidad. Hoy todos los centros de nueva creación, establecidos conforme a las previsiones de ese plan, han sido ya doblados en su capacidad mucho antes de su entrada en funcionamiento.
El segundo punto esencial es, desde luego, la ausencia de una política adecuada de tratamiento. Son muchos los aspectos sustanciales que podrí aquí. Los equipos de observación y tratamiento realizan una labor puramente burocrática que no está en contacto directo con el interno; se priman las actividades lúdicas sobre las eminentemente formativas. En absoluto se cumple la previsión del artículo 160 del Reglamento que establece que durante el curso escolar en los centros penitenciarios no podrá haber menos de cinco horas diarias de clases. Determinadas instituciones jurídicas del tratamiento como son, sin lugar a dudas, por ejemplo, los permisos, se han convertido en cuestiones que se aplican de manera mecánica, sin una referencia individual y, por tanto, señor Ministro, provocan situaciones de alarma social, porque se conceden con carácter generalizado, permisivo o restrictivo en función de realidades puramente coyunturales. Muy pocos presos, a pesar de que la Administración diga lo contrario, cumplen hoy su pena en un lugar próximo al de residencia de su familia, lo que determina dificultades enormes en ese proceso de resocialización. La asistencia social penitenciaria, señor Ministro, no está cumpliendo la función para la que fue concebida, y va a verse mucho más condicionada en su actuación este año que sufre un recorte presupuestario del 74,1 por ciento.
El tercer punto esencial es la conversión de la droga en el eje de la vida en prisión. Nosotros podríamos decir mucho de esta cuestión, señor Ministro. Mire usted, ese es el principal factor que en estos momentos está desestabilizando el modelo penitenciario concebido en la Ley Orgánica general Penitenciaria. Sólo una novena parte de la droga que entra en prisión se decomisa, porque hay impedimentos de carácter técnico y normativo que hacen que esa política no pueda ser una política eficaz. La Administración trata de maquillar el problema diciendo que se decomisa ahora más droga que nunca, pero el problema es que ahora entra más droga que nunca.
Prueba de ello, señor Ministro, es la enorme variedad de productos que se encuentran en el interior de las prisiones y el hecho de que el precio deesos productos en dichas prisiones sea prácticamente el mismo que en el exterior.
En cuanto al cuarto gran factor, el avance de las enfermedades de naturaleza infecto-contagiosa, señor Ministro, el problema del sida sigue si problema pendiente; han aumentado alarmantemente los casos de hepatitis B y los casos de enfermedades que están prácticamente erradicadas del conjunto social, como la sífilis y la tuberculosis. Tengo que decirle además, señor Ministro, que sigue siendo una grave asignatura pendiente en lo que afecta al conjunto del sistema de sanidad penitenciaria todo lo que concierne a la situación jurídica, pero también asistencial, de los enfermos mentales. A estas situaciones podríamos añadir el fracaso en los elementos materiales que deberían sustentar la acción de una política penitenciaria seria, es decir, lo que afecta a la gestión ordinaria, que es una gestión lenta, incoherente, sin coordinación para resolver los problemas, lo que afecta a la gestión económica, que es una gestión absolutamente caótica, y buena prueba de ello lo da la situación de la deuda de la administración penitenciaria y, desde luego, como paradigma, la situación del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios; y, finalmente, la quiebra absoluta de una política de personal dialogante y acomodada a criterios objetivos. Se ha llevado a cabo una política de personal caprichosa, autoritaria y eminentemente desmotivadora. Resolver todo ello requiere cambios profundos en esa realidad interior, pero exige también corregir disfuncionalidades y vacíos existentes en el ámbito legislativo para garantizar la preservación del modelo reeducacional, así como también para garantizar el valor ejemplarizante de la pena y la función de seguridad que ésta cumple para el conjunto social. Desde luego, hace falta que cese la actitud permanente de la Administración por tratar de suplantar las funciones que corresponden a los órganos jurisdiccionales y por tratar de obviar su control. No se puede mantener por más tiempo que hoy sea la administración penitenciaria la que determine en la realidad el modo de cumplimiento de la condena, y no solamente eso sino la que determine la duración real del tiempo de esa condena. Esa es una función que nuestra Constitución y el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico, señor Ministro, atribuye exclusivamente a los jueces, y la administración penitenciaria tiene que acomodarse, sin duda, a esa función complementaria de colaboración pero, en último caso, de subordinación al control judicial. Y sobre todo, señor Ministro, es absolutamente urgente que cese de inmediato el que, a través de directrices de organización emanadas de la administración penitenciaria, se estén creando normas o se esté modificando el marco legal vigente de una manera absolutamente espúrea. Son normas que, bajo la apariencia de normas de organización, crean normas paralelas, arbitrarias, cambiantes y dictadas para eludir

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ese control judicial. Además, son normas de obligado cumplimiento para los directores de los centros, lo que les sitúa en la disyuntiva de tener que atenerse al respeto al marco legal o de tener que atenerse a la orden, en este caso caprichosa, del superior. Me estoy refiriendo, señor Ministro, como usted bien comprenderá, a las circulares que emanan de la ayer Secretaría General y de la hoy Secretaría de Estado. Y como prueba de ello basta un botón, me va a permitir que le dé dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, vaya terminando.


El señor GIL LAZARO: Termino enseguida, señor Presidente. Uno, que supongo que usted conocerá, el referido a la modificación, a través de dos circulares, del régimen a que se somete a los internos clasificados en primer grado, circulares que fueron profundamente criticadas por jueces y fiscales y, desde luego, por el Defensor del Pueblo.
El segundo botón es éste, señor Ministro. Tengo en mi poder una circular de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, de fecha 18 de agosto, que comienza diciendo: El artículo 251 del vigente Reglamento penitenciario contempla un plazo de dos meses de estancia real en un centro penitenciario para formular una propuesta de clasificación inicial en tercer grado. Después de una serie de consideraciones que formula continúa diciendo: En consecuencia, hasta tanto se produzca la reforma del artículo 251 del Reglamento penitenciario, previsiblemente en el me los equipos de observación y tratamiento, sin esperar el plazo de dos meses fijados en el artículo 251 entonces vigente, deberán formular propuesta de clasificación de tercer grado de tratamiento de todos aquellos penados que, por presentar un claro perfil de baja peligrosidad y buena adaptación social, puedan ser clasificados inicialmente en tercer grado de tratamiento. Es una circular que está determinando que los directores de los centros incumplan el ordenamiento vigente en ese momento. La circular termina diciendo que es puramente indicativa hasta que se produzca la reforma en Consejo de Ministros, pero a continuación señala que será de obligado cumplimiento al día siguiente de su recepción en los centros. ¿No conocía usted esta circular, señor Ministro? ¿Aprueba usted este tipo de procedimiento? ¿Cree usted que estos procedimientos respetan el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y, en definitiva, lo que constituye la significación y la esencia misma del Estado de derecho? Nosotros decimos que no, que son inadmisibles en cualquier estamento de la Administración pero, por razones muy obvias, son especialmente inadmisibles en el Ministerio de Justicia.
Concluyo, señor Presidente. Señor Ministro, Miguel Hernández escribió que las cárceles eran fábricas del llanto. La Ley Orgánica General Penitenciaria quiso que, conforme al espíritu de nuestra Constitución y el de nuestra recuperada democracia, las cárceles pudieran ser fábricas de esperanza. La gestión de diez años ha convertido a las cárceles españolas, hoy, en una fábrica de miedo y de frutración. Y yo le digo, señor Ministro, que desde el compromiso de respeto a la acción intelectual y política concreta de este Grupo Parlamentario con lo que significa la cultura de la libertad, de los derechos humanos, de la solidaridad, del respeto a la dignidad individual, no vamos a consentir por más tiempo que las cárceles españolas sigan siendo el lado oscuro de nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil Lázaro.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia de la Presidencia, sinceramente, como comentario previo tendría que decir que la descripción que realiza del mundo penitenciario no coincide con la información que yo tengo del mismo. (Rumores.) Me sorprende profundamente que se adopten tonos casi, diría yo, melodramáticos para describir una situación que afortunadamente está mejorando de manera sensible. Pero, por lo visto, debe ser un ritual que la legislatura se comienza con una interpelación en la materia y el Ministro de Justicia trata de mantener la postura. Supongo que forma parte de los hábitos parlamentarios que yo lógicamente debo respetar y cumplir.
Yo creo que el tema debe plantearse con rigor y con seriedad.
Efectivamente existe un número creciente de internos. Por cierto que en la cifra que ha dado se ha confundido porque ha incluido Cataluña y, por tanto, le da una cifra distinta; la cifra real son 40.723, pero eso no tiene ninguna importancia.
Lo importante es que se está produciendo un incremento, sí que previsto, de casi 2.000. Y es más, no es un crecimiento coyuntural, va a ser un crecimiento que responde a factores de fondo. Paradójicamente no responde al incremento del número de delitos. Responde precisamente a que pese a que se ha producido realmente --los datos están ahí-- una disminución del número de delitos, se ha incrementado sin embargo la eficacia policial y se ha incrementado sin embargo la eficacia judicial. Eso ha determinado que la ratio de número de detenidos por número de delitos se haya incrementado, y a eso obedece, por ejemplo, que en este momento esté ya en dos penados por un preventivo, lo que supone, en definitiva, una mejora de los sistemas de eficiencia, tanto policial

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como judicial, y hace que pese a no incrementarse el número de delitos se incremente el número de presos y dentro de ellos el número de penados. Esa es la situación real, y ciertamente hay que decir que el problema de la masificación de las prisiones constituye el problema real, el problema central. De eso siempre ha sido consciente el Gobierno, mucho antes de que yo estuviera en el Ministerio.
En julio de 1991 se aprobó ese plan de amortización y creación de dieciocho nuevos centros penitenciarios, y se hizo seria y reflexivamente. Participaron en el diseño del centro tipo no sólo especialistas en temas de prisiones sino arquitectos, urbanistas, pedagogos, y se llegó a la conclusión de un centro tipo de unas características determinadas. Por un lado, suponía establecer, a su vez, dentro de ese centro tipo, dentro de esa ciudad penitenciaria, hasta quince miniestablecimientos penitenciarios. Y no es cierto que fueran razones economicistas únicamente las que apuntaron a ese modelo, ni mucho menos. Es evidente que ese modelo permite ahorros de más del 40 por ciento en instalación y manutención, y ciertamente esos porcentajes de ahorro no deben considerarse un tema irrelevante, y menos en la situación de crisis que actualmente vivimos. Y si se quiere presentar otro modelo que se diga aquí cuál y con qué costes, pero ciertamente no fue, ni mucho menos, la perspectiva económica la única que determinó la asunción de ese centro tipo. Es que, además, era la única forma razonable para llevar a efecto hasta su plenitud los mecanismos de clasificación de internos, la posibilidad de efectuar políticas específicas respecto de colectivos concretos: narcotraficantes, terroristas, etcétera.
Y sólo dentro de esa estructura tiene lógica hablar de una política de incrementos en materia de seguridad, porque es evidente que la tecnología que hay que introducir solamente es posible partiendo de esa gran ciudad penitenciaria, dividida o parcelada a su vez entre quince pequeñas prisiones, pequeños establecimientos penitenciarios. Sólo en ese modelo tiene lógica realmente llegar a cumplir la finalidad del artículo 25 al que, compartiéndolo plenamente, se ha referido su señoría.
Sólo así es posible encontrar espacios incluso físicos para la realización de actividades formativas, culturales y laborales propiamente dichas, que es inconcebible reproducir con unidades más pequeñas, salvo que usted me diga que está dispuesto a asumir un modelo de instituciones penitenciarias que va a multiplicar por diez los costes y se lo diga a los ciudadanos y les convenza. Ojalá pudiéramos tener, todos desearíamos tener un modelo todavía mejor. Hemos hecho el que razonablemente es posible que este país pueda pagar, y lo hemos hecho no sólo desde consideraciones economicistas sino desde consideraciones integrales, algunas de las cuales le he indicado. Hay otras muchas como la necesidad de una autosuficiencia en materia sanitaria. Es inconcebible, en centros menores, que pueda existir, a atención básica y esencial, una atención sanitaria que reduzca, a su vez, los traslados, con los riesgos de seguridad que generan y, además, con la pérdida de los niveles de sanidad que la Organización Mundial de la Salud exige y que nosotros mantenemos, evidentemente. La verdad es que tengo aquí escritas un montón de políticas sectoriales. No sé hasta qué punto valdrá la pena entrar en todas y cada una de ellas, porque seguramente S.S.
las conoce perfectamente aunque esté aquí, en este momento, alegando desconocer algunos datos. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. No es verdad que la hepatitis se esté incrementando, por ejemplo; no es cierto. Tanto respecto a primeros ingresos como a reincidentes las estadísticas no son ésas. En 1989 los portadores eran el 5,3 y ahora son el 3,9 y van bajando ininterrumpidamente cada año. Respecto a reincidentes ocurre exactamente lo mismo: los portadores en 1989 eran el 7,3 y ahora ya estamos en el 4,8, y sigue bajando. Respecto de la sífilis pasa exactamente lo mismo; hemos pasado del 3 por ciento en el primer ingreso al 1,9 hoy, y en cuanto a reincidentes del 4,9 al 3,1. No es cierto tampoco que el problema de la droga sea más grave hoy que hace unos años. Al revés, afortunadamente se está reduciendo el problema, porque mientras estábamos con un porcentaje del 49,3, en 1989, de personas que ingresaban con problemas de droga, hoy estamos en el 37, lo cual supone bajar más de 12 puntos.
Claro que los problemas siguen existiendo y claro que nos preocupan a todos. Lo que ocurre es que están mejorando. Es así. Por tanto, no entiendo el tono con que se quiere plantear la cuestión.
La verdad es que los incrementos en materia de personal al servicio de la administración penitenciaria han sido de un 40 por ciento; que el incremento presupuestario ha sido de un 74 por ciento nada más en el período que estamos analizando, 1987/92; que el número de funcionarios se ha incrementado en más del 53 por ciento. Es decir, que el esfuerzo del Gobierno en todas las áreas de este campo es evidente, aunque la verdad es que no hemos logrado lo que todos desearíamos. ¡Qué duda cabe que todo esto puede y debe mejorar! En cuanto al sida (y no lo digo yo sino Rafael Nájera, que, como usted sabe, es el Presidente de la Sociedad Interdisciplinar del sida), Rafael Nájera dice algo tan evidente como que el sida se atiende mejor en la cárcel que en la calle y que estamos formando médicos generalistas que están mejorando sustancialmente las políticas de prevención en materia de sida. Claro que sigue habiendo problemas de sida pero el porcentaje de infección, en este momento, está también bajando afortunadamente, y hemos pasado del 28,4 en 1989 al 19,2 hoy --así es-- de infectados que entran por primer ingreso. El dato, que proporcionaré con mucho gusto «a posteriori», es de ingresos con infección. Es decir, todas

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las variables que usted alude reconozco que existen, que son problemas reales, pero afortunadamente la tendencia es hacia su solución, por lo menos hacia una mejora sustancial de los problemas que usted detecta. Ha hecho usted una referencia, que no puedo por menos que responderle, a la circular con relación al Reglamento. Claro que la conocía el Minis La razón es muy clara y estrictamente jurídica. Si ese Reglamento se ha modificado normativamente es porque el Ministro de Justicia entendía que era inconstitucional. Si quiere se lo explico, aunque más bien en el seno de Comisión porque esa discusión sería muy larga. Desde el punto de vista del Ministro de Justicia no se puede, por vía reglamentaria, establecer un precepto, que impida el acceso directo a mecanismos de reinserción al que ya lo está. En definitiva, es un problema técnico-jurídico que estoy dispuesto a discutir y a debatir con usted en cualquier otra sede, la que sea más adecuada.
Pero más que este tema concreto me limitaría a decirle una cosa a usted, mejor al Grupo Parlamentario Popular en su conjunto. Este Ministerio ha lanzado una oferta general de política de Estado en materia de justicia; naturalmente que desearía que se extendiera a materia de política penitenciaria. Cuando quiera empezamos a discutir alternativas concretas, pero, por favor, en la medida que parlamentariamente sea posible no reproduzcamos el ritual de la tragedia siempre, al principio de la legislatura, porque el problema es grave, pero, desde luego, no en la dimensión que S.S. ha descrito. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, créame que este modestísimo Diputado jamás pensó oír en el Parlamento y de boca del señor Ministro de Justicia que un atentado tan flagrante como la circular en relación con esa modificación, de hecho, del artículo 251 se había producido alentado por el propio Ministro de Justicia, simplemente porque el Ministro de Justicia consideraba que el Reglamento penitenciario, en lo que afecta al 251, es inconstitucional. Y como así lo consideraba el señor Ministro de Justicia entendió, en clara concomitancia con el señor Asunción --yo más bien pienso que es al revés, primero el señor Asunción y luego el señor Ministro de Justicia--, entendió, según su explicación, el señor Ministro de Justicia que el procedimiento más acorde al principio de legalidad, de seguridad jurídica y de respeto al Estado de derecho era cambiarlo por la vía de hecho. Eso es inaceptable en todo término. Inaceptable que se haya hecho, e inaceptable, señor Ministro, que se pretenda dar hoy aquí esta explicación. Por cierto, me ha dicho también S.S. que podríamos hablar, en foro más adecuado, de su tesis sobre la inconstitucionalidad del viejo artículo 251 del Reglamento. Tampoco esperaba que el señor Ministro de Justicia entendiera que para hablar de estas cosas existe un foro más adecuado que el Parlamento de la nación. (Protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Yo creo que es en el Parlamento de la nación donde hay que hablar de estas cosas. Ha dicho el señor Ministro de Justicia que reproducimos el fondo de la tragedia al comienzo de legislatura. No, señor Ministro. La tragedia no nosotros; la tragedia --término que nosotros no hemos utilizado, que ha utilizado S.S. pero que me parece adecuado en este debate-- la plantean las situaciones de hecho que se están viviendo en el interior de nuestras prisiones. Dice usted que la descripción que yo he hecho no coincide con la información que a usted le sirven de lo que es la realidad. Yo creo que a lo mejor el problema es precisamente ése, señor Ministro, que usted haga como hacen los equipos de observación y de tratamiento, que no están en contacto con el recluso y que lo evalúan a través de terceras personas. Yo creo que el problema es que S.S. no está en contact humana de las prisiones y evalúa el problema a través del señor Asunción. Ya he visto esta mañana cómo el señor Asunción y S.S. intercambiaban opiniones, seguramente para tener el señor Ministro un conocimiento mucho más profundo de esa realidad. (Rumores.) Usted me da unos datos que en absoluto coinciden con la realidad, señor Ministro. El plan es un instrumento fracasado.
Lo hemos dicho y repetimos que es un instrumento fracasado.
¿No tiene usted conocimiento, señor Ministro, de que también en el ámbito de la administración penitenciaria se ha instaurado el espúreo proceso de las listas de espera? ¿No sabe usted, señor Ministro, que en departamentos de ingresos de centros de nueva creación, creados conforme al plan, han estado presos de nuevo ingresos hasta siete días porque no existían plazas (plazas significa literas, naturalmente, plaza doblada), no existían literas en un módulo normal, no en un módulo FIES ni en un módulo de enfermería? ¿No sabe usted que en un centro nuevo, durante más de 48 horas, una veintena de internos tuvieron que estar durmiendo en el suelo del departamento de ingresos porque no sabían dónde meterlos? ¿No sabe S.S. que en un centro de nueva creación desde las once y media de la mañana, que entraron unas recién ingresadas, hasta las nueve y media de la noche estuvieron abandonadas en los patios porque no sabían dónde meterlas? Señor Ministro, me habla usted de lo que se está haciendo en el campo del tratamiento. Permítame una cita de autoridad.
Supongo que en función de su

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vinculación profesional me aceptará esa cita de autoridad. La Asociación Profesional de la Magistratura dice textualmente: El paso del tiempo en prisión es el único contenido de la pena. El plan de vida de la mayoría de los penados, según se ha podido constatar en la práctica, es el que sigue: Se cuentan los días que separan del próximo permiso de salida, se busca la manera de obtener la máxima redención y, entre tanto, las visitas y el consumo de droga distraen la espera. Así no se puede hacer absolutamente nada. Qué le voy a decir --se lo ha dicho el Defensor del Pueblo-- de lo absolutamente nada que se está haciendo en materia de tratamiento en relación con los jóvenes reclusos.
En cuanto a la droga, el señor Delegado del Plan Nacional de la Droga, el 19 de octubre de 1993, es decir prácticamente anteayer, decía literalmente: Ahora (y yo me pregunto ¿ahora?) se va a impulsar la posibilidad de que la mayoría de las unidades penitenciarias españolas realicen programas de tratamiento. A propósito de este asunto, no estaría de más saber si es intención del Ministerio aplicar la propuesta que ha hecho el señor Garzón de repartir droga gratis a los drogadictos, y si eso se piensa hacer también en prisiones.
Este Diputado, desde luego, comparte la preocupación de algún que otro Diputado del Grupo Socialista que hemos podido conocer en los períodicos de esta mañana.
En cuanto al Sida, la señora Jabardo, que supongo que no será sospechosa, reconocía una cifra que a nosotros nos parece ridícula: el 20 por ciento de afectados. Pero la señora Jabardo decía a continuación: No se preocupen, el 20 por ciento de afectados, pero 1.500 de ellos reciben tratamiento serio. Subrayo lo de tratamiento serio porque, por lo visto, para la señora Jabardo debe haber tratamiento serio y tratamiento no serio, y el tratamiento no serio, probablemente con las cuentas de la propia señora Jabardo deben ser los 9.200 que no reciben ningún tipo de tratamiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Gil Lázaro. Le ruego concluya.


El señor GIL LAZARO: Termino enseguida, señor Presidente. En cuanto a política sanitaria penitenciaria, no lo digo yo, el 8 de abril de 1992, el entonces Secretario General dijo: Toda la atención sani presos, tanto primaria como especializada, hay que trasladarla al interior de las prisiones para evitar salidas extrapenitenciarias que conllevan riesgos y costes adicionales. Se crea para eso una costosa infraestructura sanitaria y ahora esa infraestructura no se utiliza y acuden ustedes a la red general.
Señor Ministro, aquí no sirve intentar disfrazar la verdadera realidad, que es la de la situación que se vive en el interior de las prisiones, intentando decir esto o aquello. El problema es que mientras solamente 1.800 reclusos vayan a recibir cursos de formación este año --conforme a lo presupuestado--, y que sólo 7.000 tengan trabajo en el interior de las prisiones, las cosas no funcionarán.
Por último, señor Ministro, habla usted de un pacto de Estado.
Pues bien, yo le digo que este Grupo que durante mucho tiempo, durante muchos años, ha demostrado que ejerce y que sabe ejercer una política responsable y constructiva, conforme a los intereses de Estado, está dispuesto a hablar de muchas cosas. De lo que no está dispuesto a hablar es de más de lo mismo. Si ustedes no están dispuestos a rectificar, de nada podemos hablar, porque nosotros no vamos a ser responsables de que las cosas sigan igual y de que, por seguir las cosas igual --como antes le decía--, las prisiones españolas sean una vergüenza para la democracia española (Rumores.), para la sociedad democrática y para todos aquellos que nos sentimos vinculados a la cultura de esa solidaridad democrática y a la cultura de los derechos humanos. (La señora Plá Pastor: Tú sí que eres una vergüenza.) También la libertad tiene que llegar, señor Ministro, a quienes legalmente están limitados en esa libertad, porque le recuerdo que el sistema de penas privativas de libertad contempla el que se ejecute esa pena, nunca que sobre la misma se creen otros contenidos aflictivos, y eso es lo que hoy está pasando en las prisiones españolas.
Yo le invito, señor Ministro, a que pise mucho más esa realidad y así comprenderá que cuando hablamos desde esta tribuna lo hacemos con conocimiento de causa. Muchas gracias.
(Aplausos y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente tengo multitud de dossieres y de datos de toda clase para contestar a esta interpelación.
Voluntariamente he renunciado a utilizarlos y voy a seguir intentando renunciar a ellos. Por ejemplo, tengo aquí un dossier que habla de oposición del PP a las nuevas prisiones y de apoyo a las movilizaciones anticárceles, comunidad por comunidad. (Varios señores Diputados: ¡Sí, señor!--Un señor Diputado: Derechos humanos.) No he querido utilizarlos, aunque usted insiste en un tono por el que parecería obligado hacerlo. Pese a todo voy a resistir la tentación. No le voy a decir lo que han hecho ustedes en Andalucía, en Aragón, en Baleares, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Madrid, en Murcia, en todas partes, al frente de las movilizaciones que han imposibilitado y bloqueado, en muchas ocasiones, el proceso de construcción de prisiones para evitar una masificación que paralelamente denuncian. (El señor Gil Lázaro: ¡Claro

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que sí!) No voy a hacer eso. Ni siquiera voy a pasar a un análisis --y tengo otro dossier muy largo-- sobre política del Partido Popular en materia penitenciaria y el conjunto de contradicciones en que han incurrido sistemáticamente durante años. No es eso. O cuando da datos que no se ajustan a la realidad. Cuando habla, por ejemplo, de que sólo están ocupados 7.000 internos. (El señor Gil Lázaro: Son datos fehacientes.), lo que es simplemente deformar los datos. Son 7.000 internos los que perciben salario por trabajo productivo. El 63 por ciento, por el contrario, está realizando actividades educativas. La práctica totalidad de la población penitenciaria está realizando actividades útiles: o culturales o formativas o directamente de percepción de salarios. (Un señor Diputado: No se enteran.) Sin embargo, no es ése el tema, ni yo he querido decir eso en mi respuesta a la interpelación. Les he tratado de decir: No repitamos más el rito, empecemos a hablar en serio de política penitenciaria.
(El señor Del Pozo i Alvarez: Son incapaces.), que eso es lo que quiere el Gobierno de España.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, antes de iniciar mi intervención, quiero expresar la voluntad de esta Diputa Parlamentario de hablar sobre la situación penitenciaria en España porque --permítame que se lo diga, señor Ministro-- de su intervención parecía desprenderse que hablábamos de cualquier otro país pero no del nuestro. En este sentido, la interpelación que hoy presenta ante esta Cámara el Grupo Popular desde nuestro punto de vista es políticamente oportuna, toda vez que nos puede y nos debe servir para iniciar un gran debate profundo y buscar una solución de progreso, de forma consensuada, con una política de reforma en profundidad del sistema penitenciario actual; solución consensuada, necesariamente, desde el punto de vista político y social.
Nosotros creemos que, en lo que respecta a los centros penitenciarios, debe irremisiblemente buscarse una reforma en profundidad del plan de amortización que en su día presentó el Gobierno socialista, toda vez que es un plan que infringe, entre otras cosas, el modelo prefigurado de centro penitenciario en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y también hay que ir a buscar una solución que debe pasar, inexcusablemente, por una información suficiente y por una participación, absolutamente imprescindible, de los sectores sociales implicados y las fuerzas políticas, con el objetivo de debatir sobre las reformas necesarias en el sistema penitenciario. Este tema, hay que decirlo con claridad, no lo va poder acometer el Gobierno en solitario, y buena muestra de ello es el plan de amortización actual que, claramente ha fracasado por su coste, por el modelo de centros planificados en el plan de amortización y creación de centros y por el tipo de funcionarios que el propio devenir del modelo de centros diseñó.
Por todo ello, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista Obrero Español, hay que reconsiderar el plan y ponerlo en concordancia, entre otras cosas, con el Código Penal resultante del debate que en su momento haya en esta Cámara y con el proceso de traspaso de competencias a las comunidades autónomas. No pretendan ustedes planificar y realizar un modelo a espaldas de las comunidades autónomas, y luego quieran iniciar el diálogo para el traspaso de competencias, porque difícilmente se logrará. También hay que decir que el referido plan no nos asegura, ni mucho menos, un futuro que se ha descrito por el Secretario de Estado como idílico, sino que adolece de defectos de fondo que nos sitúan lejos de la pretendida modernidad, como se ha querido plantear, y nos instala en una política de hechos consumados: tipo de centros, un macrocentro con una imposibilidad total de favorecer las relaciones humanas en el ámbito penitenciario, una falta total y absoluta de diálogo con los agentes sociales y las fuerzas políticas, y una situación de espera totalmente inactiva, que va, irremisiblemente --si no se adoptan medidas con carácter urgente--, a posponer el cambio necesario en el ámbito penitenciario. Por tanto, vamos simplemente, y hay que decirlo con claridad, a pasar del hacinamiento inhumano actual al hacinamiento llamado de la modernidad, porque no va a haber diferencia ninguna entre la situación de ahora y la situación que ustedes pretenden generar con ese plan, insisto, que ha fracasado, porque con él han frustrado los objetivos que podíamos calificar de esenciales, como son el de la reeducación y el de la reinserción social. Señor Presidente, señorías, el plan no sólo no responde a los objetivos necesarios --y lógicamente el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no está de acuerdo con el mismo--, sino que ni tan siquiera ustedes pueden gestionarlo, y cuanto menos debían, con claridad, hablar en esta Cámara y reconocer que es un fracaso, que no pueden ustedes ni tan siquiera gestionarlo. No hay consignación presupuestaria suficiente para ello, no hay posibilidad de realizar las operaciones urbanísticas que tenían ustedes previstas en torno al plan, y ello sencillamente porque gran parte del suelo en el que actualmente se asientan las prisiones españolas no es del Ministerio de Justicia, sino que una parte pertenece a particulares y otra a los propios ayuntamientos donde se ubica el centro penitenciario,

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que están esperando que salga de ahí para volver a recobrar ese suelo. Además, por su parte no hay un planteamiento de información y de participación para evitar el rechazo de las poblaciones a la propia ubicación de los centros penitenciarios. Por tanto, con estos tres elementos ni tan siquiera ustedes que lo han presentado son capaces, porque es imposible, de gestionarlo. Con esta realidad que se vive hoy en nuestras prisiones, plantear más de lo mismo sería impedir una solución de progreso eficaz para el ámbito Rectificar y dialogar sería la garantía de avanzar. En este sentido, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista Obrero Español, ustedes tienen la responsabilidad. El plan, además de lo expresado en relación a los centros penitenciarios, tiene, desde nuestro punto de vista, otra dimensión fundamental y es personal que desarrolla su trabajo en las instituciones penitenciarias. Y es que con la definición del tipo de prisión que han realizado están, por ende, definiendo el tipo de funcionario que se quiere, y este no es otro, con esos macrocentros que ustedes han diseñado...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, vaya terminando.


La señora AGUILAR RIVERO: Voy terminando, señor Presidente.
...y este no es otro, decía, con esos macrocentros que ustedes han diseñado, que el funcionario militarizado, lo que incide aún más en nuestra tesis de que el plan hay que reconsiderarlo globalmente. Además, éste no es un plan pactado con los sindicatos, como en algunos momentos se ha manifestado; con los sindicatos lo único que han pactado ha sido la reubicación, ante el cierre de centros, de algunos de los funcionarios. En este sentido, también en materia de personal se persigue el método de la libre designación, el endurecimiento del régimen disciplinario, y se instala la movilidad indiscriminada, lo cual también atenta contra cualquier objetivo de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
El hecho de que la prisión sea un servicio público --y debe seguir siéndolo-- esencial por su propia naturaleza, debe excluir ya la posibilidad, en materia de personal, de confeccionar un estatuto especial, y debe favorecer todo lo contrario: unos funcionarios equiparados con el resto de los de la Administración civil del Estado. Ello deja al descubierto también lo injustificable en un sistema penitenciario progresista de la creación de un cuerpo armado de vigilancia exterior, cuando tenemos ya a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo que se está promoviendo en materia penitenciaria, señores del Partido Socialista Obrero Español, es la crónica de un fracaso anunciado para el desarrollo de los objetivos normativos. Desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos dispuestos al diálogo en el ámbito del pacto de Estado por la justicia, que no supone el silenciarlo; estamos dispuestos al diálogo sobre lo eficaz, sobre lo necesario para el sistema penitenciario, es decir, sobre el tipo de centros, en función del Código Penal que nos demos en esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, ha concluido con creces su tiempo.


La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
También estamos dispuestos a dialogar sobre el tipo de funcionarios, con una gestión en materia de personal clara y con un modelo negociado, sin creación de un cuerpo especial para la vigilancia exterior; profundización en los principios constitucionales y desarrollo de los objetivos previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria, y coordinación necesaria entre los distintos ministerios, Sanidad, Educación, Asuntos Sociales, Justicia y Trabajo, fundamentalmente para hacer posible una actuación coordinada y programada en las instituciones penitenciarias que sirvan al objetivo fundamental de la reinserción; mantenimiento de la condición de servicio público, y elaboración, con todos estos elementos, de un libro blanco sobre la reforma penitenciaria, con la participación de los grupos parlamentarios, los sectores sociales y profesionales, y el inicio, cómo no, del diálogo y la concertación con las comunidades autónomas en todo lo relativo al sistema penitenciario, en aras al traspaso competencial.
Hemos descrito, pues, los pilares básicos sobre los que sustentar una auténtica reforma penitenciaria que sirven como base para un diálogo que dé una salida progresista a la situación en que se encuentran nuestras cárceles.
En nuestra intervención hemos dejado manifiesta nuestra voluntad de diálogo. Rectificando, señores del Gobierno, es posible lograrlo. Si no es así, es que no se quiere, por parte del Partido mayoritario, un pacto de Estado por la justicia.
Tendremos que entender que el Ministro lo ha pretendido sin voluntad política colectiva que respaldara su iniciativa. Por tanto, señor Ministro, habrá quedado en un mero titular al que antes de comenzar, ustedes, señores del Partido Socialista Obrero Español, habrán hecho fracasar.
Esperamos, finalmente, que la moción del Grupo Popular haga posible un acuerdo parlamentario en torno a un objetivo: el de continuar el debate necesidad de una reforma penitenciaria en profundidad, aunque somos conscientes de que entre el modelo que el Grupo Popular va a defender y el que como alternativa se propone desde nuestro Grupo Federal va a

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haber diferencias insoslayables e insalvables, lógicas, por otra parte. Pero lo importante es producir ese debate para una reforma penitenciaria en profundidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve, aunque sea para introducir un poco de calma y de reflexión en este debate. Nuestro Grupo Parlamentario quiere hacer constar que, evidentemente, ha habido una mejora en la política penitenciaria desde la creación de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios y posteriormente de la Secretaría de Estado. Es evidente que ha habido esa mejora, aunque ello no quiere decir que no se deba poner de manifiesto que el problema endémico de la masificación continúa repercutiendo negativamente en el sistema penitenciario español, al igual, por otra parte, que en los demás países de la Comunidad. No es un tema específico y único del Estado español, sino que es una situación paralela a lo que ocurre en los países de nuestro entorno.
Hay que tomar muchas medidas. Entre otras --y nuestro Grupo Parlamentario lo ha dicho en más de una ocasión en esta Cámara--, a través de la reforma del Código Penal, intentar introducir medidas alternativas para aquellos delitos menos graves y con pronóstico evidente de posible reinserción social. Es decir, hay que tomar medidas positivas, medidas activas, además de cumplir los plazos --y eso sí que mi Grupo Parlamentario de alguna forma lo quisiera denunciar-- del plan de amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios, lo que también, evidentemente, aligeraría la situación de hacinamiento que hay en muchas de las cárceles de nuestro país. Este es un tema fundamental, no fácil. El Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma ha tenido que sufrir en sus carnes la dificultad de impulsar la creación de nuevos centros penitenciarios por la fácil demagogia que a veces, desde oposiciones y desde otras administraciones, se hace contra la construcción de este tipo de centros.
Por tanto, cuando el señor Ministro dice que en este tema hay que lograr un consenso, un pacto de Estado, nosotros entendemos que tiene toda la razón. Hay que hacer una política consensuada en la que seamos capaces todos los grupos parlamentarios de comprometernos a dar solución a estos graves problemas, primero por la vía de políticas activas, tanto en el campo sanitario y educativo --quizás poco integrados en la función de reinserción social dentro d en el campo de la creación de nuevos centros penitenciarios y, por supuesto, de medidas activas modificando la Ley orgánica en aspectos como, por ejemplo, el mejor trato del trabajo dentro de las cárceles, o temas que se pueden introducir perfectamente en el Código Penal.
Nos gustaría poder participar en ese consenso, porque a pesar de que la competencia esté transferida en su totalidad al Gobierno de Cataluña, evidentemente aquí hay que hacer las leyes y allí vamos a aplicar las leyes que hagamos aquí. Por tanto, el consenso hay que alcanzarlo aquí y es imprescindible encontrar un mínimo común denominador que nos permita avanzar hacia políticas más progresistas y que permitan aligerar el problema de masificación de las cárceles españolas.
Esta es la posición de nuestro Grupo. Nos gustaría, por tanto, que cuando se presente la moción hubiese un esfuerzo de aproximación entre los dos grupos mayoritarios, de manera que el máximo número de grupos parlamentarios pudiera votar positivamente esa moción. Con ello creo que haríamos un buen favor a la política penitenciaria, y se empieza por el esfuerzo que el Gobierno quiera hacer --y en principio hay que creerle-- para, a partir de llegar a pequeños consensos, impulsar estas políticas y lograr un pacto de Estado. Por eso, en los debates sucesivos tanto del Código Penal como de otros textos legislativos podremos ir introduciendo mejoras en nuestra situación penitenciaria.
El señor Ministro ha hablado del tono ritual de la intervención del Grupo proponente en su interpelación. No hace muchas semanas, en el Parlamento de Cataluña, hubo una interpelación también sobre la situación penitenciaria en la que el Grupo Socialista utilizaba los mismos términos y el mismo tono que hoy ha utilizado el Grupo Popular. Parece que este ritual de hacer oposición no es exclusivo del Grupo Popular, sino que algunos lo utilizan en cámaras legislativas autonómicas, como es el caso del Grupo Socialista de Cataluña.
Con este tono y con este estilo ni aquí ni allí vamos a resolver ningún problema. Creo que hay que buscar el tono exacto, dimensionando bien el problema --y el problema es bastante serio y requiere un esfuerzo colectivo del conjunto de la Cámara-- para intentar poner los principios de solución a lo que realmente no es fácil de resolver.
Muchas son las dificultades para cumplir, por ejemplo --antes lo comentaba--, el plan de construcción de nuevos centros penitenciarios. ¿Cuántos alcaldes se han puesto delante de manifestaciones muchas veces contra la construcción de centros penitenciarios? Esto sólo se puede resolver generando un clima de consenso en esta Cámara, que facilite comprometer a todas las administraciones públicas para intentar resolver, como digo, este problema.
Nuestro Grupo Parlamentario intentará votar positivamente una moción, siempre y cuando ésta sea capaz de traducir este espíritu de consenso, y en parte, de coger el reto lanzado por el señor Ministro de intentar, en este tema como en otros, alcanzar un

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pacto de Estado. No vamos a ser nosotros quienes pongamos palos a la rueda, sino todo lo co a intentar hacer un esfuerzo, si no nos gusta el texto de la moción por la vía de enmiendas, para empezar, desde esta Cámara, a sentar las bases para un diálogo y un debate más sosegado de los temas penitenciarios, que son muy serios y muy graves.
Por otra parte, entendemos, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que como se demuestra un talante progresista es precis políticas activas en temas que afecten a la marginación social, tanto en el campo penitenciario como en otros campos, y aquí siempre nos van a encontrar dispuestos y en primera fila a colaborar positivamente para que los problemas se solucionen. Pero pedimos a unos y a otros, en sus distintos ámbitos, más calma, más sosiego y más voluntad de llegar a consenso.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Casas. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro, ¿en base a qué desea usted intervenir?

El señor GIL LAZARO: En base, señor Presidente, a la consideración reglamentaria que su señoría tenga como más oportuna. En todo caso, en la intervención de la portavoz del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y también en la intervención del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha habido alusiones. (Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, conoce usted perfectamente que este es un debate tasado. Por tanto, no hay ningún artículo en el Reglamento que permita concederle ningún turno en este sentido.


El señor GIL LAZARO: Por alusiones, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha habido ninguna alusión. Gracias, señor Gil Lázaro.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS COMPETENCIAS Y FINANCIACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DESCENTRALIZADO QUE CONTEMPLA NUESTRA CONSTITUCION (Número de expediente 172/000016)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política del Gobierno respecto de las competencias y financiación de las corporaciones locales en el marco de la construcción del Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución. Para defender su interpelación, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, la interpelación que hoy presenta en esta Cá Catalunya tiene el objetivo de debatir políticamente la realidad actual de las corporaciones locales. Por eso, entre otras cosas, nos causa extrañeza la ausencia del Ministro de Administraciones Públicas.
Este debate se va a producir en unos momentos calificados por múltiples cargos públicos municipales, de todos los signos políticos, como el peor que han tenido los ayuntamientos en la etapa democrática, entre otras cosas, señores del Gobierno, como consecuencia del desequilibrio institucional que ustedes originan con el modelo de Estado que están diseñando.
La situación, pues, de los ayuntamientos nos obliga a debatir desde el rigor, desde la claridad, desde la voluntad inequívoca de dar soluciones y, por ende, evitando ese doble lenguaje que con maestría ejercita el Gobierno y el Partido que lo sustenta, y a las pruebas me remito. Acaba de decir el señor Ministro de Economía en esta Cámara que se va a buscar una nueva fórmula de financiación de las haciendas locales (no sé si por la proximidad de la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Municipios) mientras que en su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas el Secretario de Estado planteaba que se iba a mantener el mismo modelo de fiananciación actual.
La situación municipal es hoy de clara asfixia económica y evidente confusión competencial, toda vez que los ayuntamientos están ejerciendo funciones de hecho que no son competencias suyas de derecho. Esto es así en relación a la situación económica porque el Gobierno ha demorado los pagos relativos a la participación en los ingresos estatales y ha congelado esta partida en los últimos años, y no sólo lo dice esta portavoz, sino que estas mismas palabras han sido pronunciadas por el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por otra parte, se produce esa situación en relación a los ayuntamientos porque los ciudadanos se dirigen a la institución más cercana, es decir, las propias corporaciones locales, y éstas, con una voluntad inequívoca de dar respuesta y con la consiguiente sensibilidad, han ejercido y siguen ejerciendo funciones que no les son propias. Ello, entre otras cosas, porque el Gobierno no ha aplicado, en coherencia con la realidad social

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y municipal, el principio de subsidiariedad, sino que ha mantenido la confusa regulación competencial. Hasta aquí simplemente hemos expuesto, a grandes rasgos, la realidad municipal. Realidad que no es responsabilidad, en términos generales, de los propios municipios --y hay que decirlo con cl es consecuencia de la política del Gobierno. Una política que, curiosamente, señores del Partido Socialista Obrero Español, dista mucho de ser la que preconizaban cuando estaban en la oposición y que ha producido una minoración en los ingresos de las haciendas locales después de que el propio Gobierno modificara en diez ocasiones la Ley de Financiación de Haciendas Locales y dictara doce leyes sectoriales con ese propósito, es decir, el de minorar los ingresos. El espectáculo y la situación a la que están llevando a los municipios es simplemente lamentable, agravado todo ello al no existir un modelo articulado que ordene, de forma clara, las competencias y la financiación, porque la Ley de Bases de Régimen Local incluye, de manera confusa, competencias que son concurrentes con otras administraciones y que no se han clarificado.
Sin embargo, este drama que vive la realidad municipal no parece que vaya a tener solución a juzgar por la actitud gubernamental. Tenemos un Gobierno sin sensibilidad alguna ante la situación por la que atraviesan las corporaciones locales, sin voluntad política para dar soluciones urgentes a lo que ya no puede aguantar más. Y a pesar de que el Presidente del Gobierno habló de que venía la era de los ayuntamientos, ello sin duda se debió a un lapsus mental, porque lo más probable es que estuviera refiriéndose, tal y como después han discurrido los acontecimientos, a la era de su desaparición. Y ello por la decisión política del Partido Socialista Obrero Español de ignorar a las corporaciones locales en la construcción del Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución y optar por hacer aliadas naturales a fuerzas políticas incapaces de defender un Estado descentralizado, pero equilibrado, participativo y solidario, donde las corporaciones locales sean parte integrante del mismo. Se trata, pues, de considerar o no Estado a los municipios, dotándolos de competencias en base al ya referido principio de subsidiariedad y de recursos suficientes para ejercerlas.
Por ello, señor Ministro --se lo decía al principio--, hay que hablar con claridad. Ustedes no tienen interés en el ámbito municipal, pero díganlo ya, no lo oculten más, aunque estemos en las puertas de la celebración de una Asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios, porque los cargos públicos sociliastas no pueden aguantar más a pesar de la llamada a la disciplina, y ello sencillamente porque las propias instituciones locales tampoco soportan más. Digan con claridad que han abandonado definitivamente aquel principio de distribución de los ingresos del Estado del 50-25-25, que junto con nosotros en otros momentos defendieron en esta Cámara, porque han apostado por otra política que conlleva la disminución progresiva de los ingresos municipales provenientes de la participación en los tributos del Estado.
Hablen de una vez, y sin que sirva de precedente, de verdad del modelo que hace tiempo comenzaron a diseñar. Sin miedo. No lo oculten más, porque la propia realidad se lo está poniendo al descubierto. Un modelo desequilibrado institucionalmente, donde se remite a los ayuntamientos al papel de meros gestores para que no ejerzan poder político alguno que se residencie en otra instancia. Ahora bien, le diré, señor Ministro, que hay en la izquierda la alternativa que demanda la realidad. Es clara y sencilla, y de ella escuetamente voy a hablar.
Primero, desarrollo constitucional progresista. Cambio, lógicamente, en la opción actual de modelo de Estado, con una alternativa clara de Est solidario, equilibrado y participativo, donde las corporaciones locales sean parte integrante del mismo.
En segundo lugar, pacto institucional, que supone diálogo entre las administraciones y sus representaciones, el Gobierno y las fuerzas políticas. Tres elementos, pues, para ser motor del devenir de una nueva situación en el ámbito local, con unas medidas urgentes, absolutamente necesarias e imprescindibles: la refinanciación de la deuda actual, la redefinición del marco competencial en base al principio de subsidiariedad --lo repito, señor Ministro-- y un nuevo modelo de financiación de las haciendas loc cumplirlo.
La solución, como ve, es fácil, pero para hacerla posible existe algo que se llama voluntad política, ausente de la esfera gubernamental al me que desde la izquierda esperamos que no hagan mal uso de ella en las puertas de la Asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios, para, una vez más, desmovilizar, en este caso el ámbito local.
Es verdad, señor Ministro, que no hay pronto elecciones municipales, por eso la coyuntura no obliga. A lo mejor o a lo peor todo sigue igual, lo que equivale, sépalo, al desastre en el ámbito local, lo cual sería una contribución más por parte de ustedes al deterioro general, algo que, lamentablemente, en los últimos tiempos ya se va haciendo habitual.
Así y todo, les puedo garantizar, señor Ministro, señores del Partido Socialista Obrero Español, que nuestra moción, como consecuencia de esta tenderá a concitar el máximo acuerdo parlamentario, porque en definitiva, lo que importa al Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es dar respuesta a la situación municipal actual, respuesta no coyuntural, sino respuesta para producir, en el futuro inmediato, un cambio cualitativo en el ámbito local, en el marco, no lo olviden, de la construcción de un Estado federal, solidario, equilibrado y participativo. De su

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respuesta, pues, depende la posibilidad de que tal solución se dé, se pueda arbitrar o nos encontremos con una nueva negativa, por otra parte, ya habitual.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aguilar.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, he escuchado con suma atención la interpelación realizada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto a las competencias y financiación de las corporaciones locales. Si sus datos de partida fueran ciertos, posiblemente podría compartir alguna de sus conclusiones. Por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar por clarificar los datos, para ver si estamos hablando exactamente de lo mismo o estamos hablando de cosas distintas.
A S.S. le preocupa la importancia de la deuda municipal, y no es para menospreciar. Estamos hablando de un billón 100.000 millones de pesetas. Pero si S.S. compara (estoy utilizando datos del año 1992, en base a la propia información del Ministerio, de acuerdo con el documento sobre presupuestos de las corporaciones locales para el año 1992), estamos hablando de unos recursos ordinarios, de esas corporaciones locales, de tres billones 414.000 millones de pesetas. Por lo tanto, si S.S. compara el servicio de la deuda, en el caso de las corporaciones locales, como media, es un servicio de la deuda bastante inferior al del Estado. Evidentemente, eso plantea un problema importante, y es: Están endeudadas las corporaciones locales, ¿sí o no? Evidentemente, están endeudadas pero hay que reconocer que el endeudamiento, en términos medios, es bastante satisfactorio. Otra cosa es el endeudamiento de alguna corporación local específica, por una u otra razón. En segundo lugar, cuál es la distribución competencial y cómo se plantea esa distribución, a la que tantas veces se refieren unas y otras fuerzas políticas, del 50-25-25. Tomemos como referencia el año 1991, que es el último para el que tenemos datos. De acuerdo con la distribución del gasto operativo del sector público entre las distintas administraciones, en el año 1991 los porcentajes, incluidas las obligaciones de deuda y excluidas pensiones de Seguridad Social y clases pasivas, es el siguiente. El Estado gasta, aproximadamente, el 59,9 por ciento del total, las comunidades autónomas el 24 y las corporaciones locales el 16,1 por ciento. Y ahí tengo la segunda discrepancia con su señoría. Su señoría afirma que hay una reducción de las corporaciones locales en la evolución y estructura del gasto en el sector público, y no es correcto.
En el año 1984 esa participación era del 12,8 por ciento, en los años 1985 y 1986 sube al 13,5/14 por ciento, desde el año 1988 se supera el 15 por ciento y en los años 1990-1991 está por encima del 16 por ciento. Por lo tanto, su afirmación de la caída del peso relativo no es correcta. Pero sigo un poco con mi argumento. Esa distribución del 59-24-16, sin embargo, tiene que ser matizada, en la medida en que refleja una situación parcialmente irreal. Algunas comunidades autónomas no tienen aún transferida la educación y la sanidad. Si homogeneizamos las cifras y considerásemos como transferible esa parte correspondiente de las competencias del Estado, veríamos --con datos del año 1991-- que tendríamos una participación del Estado en los gastos totales del 50,2 por ciento, una posibilidad de transferencia de competencias cedibles del 9,6 por ciento y, evidentemente, las comunidades autónomas podrían aumentar ese 24 hasta prácticamente el 34 ó 35 por ciento. Todo ello sin modificar para nada la participación de las corporaciones locales.
Puede S.S. plantear algo que a lo mejor es razonable, desde un punto de vista teórico, y es ese 50-25-25. Pero me gustaría afirmar algo. Ese 50-25-25 no es realista en el momento actual en función de la distribución competencial existente y, por lo tanto, podríamos entrar en un punto siguiente, y es si esa distribución competencial existente es correcta o no.
El tercer elemento que me gustaría comentar es la referencia que hace S.S. a que los problemas de las corporaciones locales derivan de dos hechos que también son incorrectos. Primer hecho, la caída de los ingresos de las corporaciones locales.
No es cierto. Le doy el dato de 1984. Las corporaciones locales ingresaban un billón 147.000 millones de pesetas, entre recursos propios y transferencias del Estado. Año 1991, las corporaciones locales reciben tres billones 300.000 millones de pesetas. Por lo tanto, se multiplica por tres. En consecuencia, no hay caída de recursos ni en términos absolutos ni, como he dicho antes, en participación global. El segundo punto que me parece importante es el siguiente. La consecuencia del problema son los retrasos en las transferencias a las corporaciones locales. No es exactamente correcta esa afirmación. Existen unas obligaciones de transferencias de entrega a cuenta a los ayuntamientos, que es obligatorio realizar dentro de cada trimestre, y que, en general, se realizan en la primera semana del segundo mes de cada trimestre. Se paga, por tanto, en momentos bastante aceptables y razonables.
En cuanto a las diputaciones, existe la obligación de pagar por mes y se paga a mes vencido, sin que se planteen tampoco esas dificultades. Es cierto que se ha planteado --y he tenido ocasión de comentarlo en esta tribuna a lo largo de esta tarde-- una discusión sobre el teórico retraso de los ajustes del año 1992. El problema, como he señalado, es que fundamentalmente hay

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que definir para el año 1992 un PIB en el que estemos de acuerdo y adaptar el ajuste de transferencias a esas cifras definidas de acuerdo con los criterios que se establecen. La disposición de los datos para el cálculo de la liquidación del año 1992 se produce, como he señalado antes, el 13 de octubre y ya están prácticamente liquidadas las cifras correspondientes.
Otro problema distinto que se ha planteado estos días es en qué medida lo inicialmente presupuestado por las corporaciones locales, como transferencias a recibir por parte del Estado, se ha visto disminuido como consecuencia de la reducción del gasto equivalente del presupuesto del Estado. Pero es evidente que si hay un sistema legalmente establecido, hay que respetarlo cuando sube el gasto equivalente y cuando se reduce el gasto equivalente, y no parece coherente que si el Estado realiza un cierto esfuerzo en cuanto al saneamiento de sus finanzas, no tenga la misma repercusión en las corporaciones locales. Por lo tanto, creo que hay problemas, y no voy a ocultarlos. Hay un endeudamiento creciente, que no ha llegado al límite que tienen las comuni para poner en riesgo su financiación; que ese endeudamiento, sobre todo a corto plazo, ha crecido en el último año de forma importante y que, por supuesto, hay que plantearse qué debemos hacer con las corporaciones locales. Intento contestar de forma rápida a sus preguntas más concretas. En primer lugar, yo creo que, antes que nada, deberíamos realizar un análisis de la distribución competencial entre la Administración local y las restantes administraciones. En ese sentido, es absolutamente imprescindible hacer un planteamiento de esta naturaleza, porque es cierto que, en muchos casos, se están realizando, por parte de las corporaciones locales, planes sectoriales, desarrollados por las comunidades autónomas, que muchas veces no incluyen los traspasos de medios y recursos suficientes. En segundo lugar, es evidente que hay corporaciones locales que también están desarrollando ciertas competencias no siempre atribuidas, en algunos casos porque así se lo demanda la sociedad y lo creen conveniente y en otros casos como consecuencia de convenios o acuerdos de cooperación con otras administraciones.
Todas estas situaciones deben ser observadas, deben ser analizadas y deben ser resueltas en el sistema de financiación que se plantee para el futuro. Debemos reconsiderar el sistema de financiación porque el cuatrienio que termina el año 1993 así nos lo exige.<ð ¿Cuál debe ser, en nuestra opinión, la estrategia más sensata en vista de la actual crisis? En primer lugar, por parte del Estado se van a hacer todos los esfuerzos para encauzar la situación de distribución competencial, con la necesaria colaboración con las comunidades autónomas y bajo un principio de corresponsabilidad financiera con las corporaciones locales.
Este no es un problema de decisión política; es un problema de aplicación del sistema de distribución competencial establecido por la Constitución.
En segundo lugar, y en la medida en que sea necesario --yo personalmente creo que sí va a ser necesario--, el Gobierno debe propiciar la reforma estructural del sistema de gestión local. Es verdad que ello nos puede llevar a algunos retoques de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pero no a un cambio esencial del sistema. Por lo tanto, yo no veo esa contradicción a la que S.S. se refería entre mis palabras de modificación o de retoque del sistema actual, porque no estamos hablando de un sistema radicalmente diferente.
Evidentemente, aquí no estoy planteando la refinanciación, ése es un tema de naturaleza totalmente diferente. El Gobierno -- yo he hecho esa misma referencia a lo largo de esta tarde también-- no está pensando en medidas de saneamiento adicionales y, en cuanto a la refinanciación, es un tema que no se podría plantear caso a caso. Habría que plantearlo de forma global y, desde luego, en mi opinión, no de forma generalizada, respondiendo a supuestos muy específicos que se aplicasen de forma general.
En tercer lugar, creemos que la política de financiación de las corporaciones locales se debe orientar basándose en un respeto a las relacione trascendencia financiera, especialmente en lo que se refiere a las finanzas de estas corporaciones locales.
Estoy absolutamente de acuerdo en que no se pueden imponer obligaciones a las corporaciones locales o no se les puede trasladar cierto tipo de competencias sin que, al mismo tiempo, esa demanda ciudadana que generamos no traiga consigo una transferencia de fondos adecuada para la realización de dicha obligación.
En cuarto lugar, creo que es imprescindible también procurar establecer en los convenios mutuos de colaboración --que ya existen en la actualidad--, de forma más adecuada, la capacidad de las partes, para cumplir con sus compromisos financieros.
Finalmente, y en el sustrato financiero que ha de acompañar a estas medidas de tipo general, el Gobierno debe procurar que el primer estadio de la autonomía financiera de las corporaciones locales y, particularmente de los municipios, sea un logro en el menor plazo posible. La situación económica no es fácil, pero existe un compromiso para que se ponga en marcha este sistema para el año 1994. Ello exigirá un contacto inmediato con la Federación Española de Municipios, contactos que, por otra parte, ya se están realizando a nivel informal, de manera que, como he explicado también esta tarde en esta Cámara, podamos disponer de un proyecto de norma en el primer cuatrimestre del año 1994, que la Cámara pueda aprobarlo antes de fin de año y que en 1995 se apliquen las correcciones necesarias al sistema actual y resolvamos

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los problemas que ahora se plantean con Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le aseguro que con nuestra interpelación lo que pretendíamos era realizar un debate político en torno a la situación por la qu municipios; no pretendíamos ir a un debate economicista de la situación, aunque comprendo que usted se haya remitido exclusivamente a los números por la lejanía que tiene del ámbito local. Es lógico, como antes le decía, que hubiera sido el Ministro para las Administraciones Públicas quien estuviera aquí debatiendo políticamente cuál es el modelo de Estado que va a defender o que está llevando a cabo el Gobierno socialista, y no el Ministro de Economía para darnos datos que, por otra parte, resultan contradictorios con los ofrecidos por el propio Ministerio para las Administraciones Públicas. Por consiguiente, pónganse ustedes de acuerdo, señores del Gobierno. Los datos que yo he utilizado en esta tribuna son los ofrecidos por el Secretario de Estado para las Administraciones Públicas en la comparecencia que realizó en la Comisión correspondiente.
Deben saber una cosa, y es que la pretendida estabilidad también pasa por el nivel municipal. Ustedes están obviando a los municipios en esa c Estado y, además, están faltando a la verdad. Hay que saber --porque si lo desconoce el Ministro de Economía ciertamente es grave-- que la situación financiera de los municipios sitúa a algunos de ellos al borde de la quiebra. Y no venga usted aquí a decirnos que es por falta de responsabilidad de algunos alcaldes o de algunas corporaciones locales. La situación es generalizada; no ponga, pues, como ejemplo, ningún ayuntamiento, porque al lado de su ejemplo habrá otros cientos. Quiérese decir que no es una situación excepcional de algunos municipios, sino prácticamente de la totalidad de los mismos.
El señor Ministro nos indicaba que estábamos equivocados a la hora de manifestar cómo se estaban reduciendo los ingresos que llegaban a los mu provenientes de la participación en los ingresos generales del Estado, y también nos decía cómo las demoras en el pago de esos anticipos a las corporaciones locales no se han producido. Le voy a decir una cosa, y es que me estoy equivocando, en todo caso, con cientos de compañeros de su Partido, el Partido Socialista Obrero Español, que lo han manifestado públicamente también. ¿El equivocado no será usted, señor Ministro? El Presidente de la Federación Municipios, señor Vázquez, por otra parte compañero parlamentario, que forma parte de esta Cámara y de su Grupo parlamentario, ha dicho concretamente cómo la situación límite de los municipios, no de algunos, sino en general de los municipios, es, básicamente, por la demora en los pagos del Gobierno y por la escasa participación en los ingresos estatales y la congelación de esa partida en los últimos años; eso sumado a la actitud de las autonomías, que ni siquiera han creado, en su mayoría, el fondo de cooperación local. Quiérese decir, señor Ministro, que usted o no sabe lo que los cargos públicos socialistas, algunos que forman parte de su Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, están planteando, o simplemente, dígalo, es que no hay voluntad política por parte del Gobierno y, por consiguiente, no van a ofrecer ningún tipo de solución.
Le recuerdo también, señor Ministro, que la demora en los pagos se está produciendo, que las liquidaciones de 1992 no han llegado a los ayuntamientos y que ahora, en las puertas de la celebración de la asamblea extraordinaria de la FEM, una vez más se ha dicho que iban a llegar para acallar no ya las voces, sino el clamor de los propios cargos socialistas y, lógicamente, de los cargos públicos de otras formaciones políticas. Digan que no van a cambiar el modelo, pero díganselo a los municipios, no vayan a utilizar ese doble lenguaje habitual de decir una cosa en la Cámara y, a la hora de intervenir en el marco de la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios, para no dejar en mal lugar a sus compañeros, para seguir haciendo demagogia por otra parte y para llevar un discurso que, lógicamente, venga a paralizar una vez más la vida municipal, digan justamente la contraria. Para concluir, señor Ministro, le diré que ha faltado a la verdad. No es cierto que se esté negociando con la Federación Española de Municipios; con la Federación Española de Municipios ha dialogado el Gobierno para informar, no para negociar con ella. Precisamente --le recomiendo que se lo lea para que se acerque un poco más a la problemática real del nivel municipal--, en el documento que presenta la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios a su asamblea extraordinaria, ésa es una de las cosas que demanda: que la FEM sea un instrumento válido para ser interlocutor con el Gobierno a la hora de negociar, no sólo a la hora de ser informado.
Es lamentable que usted, señor Ministro, desconozca la realidad local y que el Ministro de Administraciones Públicas simplemente se haya quita quizá porque la desconoce aún más que el Ministro de Economía. No queremos discutir de los municipios desde el punto de vista economicista, queremos discutir de la realidad municipal a nivel político. Si están dispuestos a ello, en la moción tendrán otra oportunidad;

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si no lo están, díganlo ya y no vayan a engañar a la Federación Española de Municipios una vez más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Si S.S. hubiese oído lo que yo he dicho y no lo que ha creído entender, no haría afirmaciones como la de que se ha faltado a la verdad porque no se está negociando con la FEM. Yo no he dicho que se esté negociando con la FEM; yo he dicho que se va a negociar con la FEM y que se han mantenido conversaciones exploratorias. Si S.S. fuese más correcta en la interpretación, no haría esas acusaciones de seguir haciendo demagogia.
A S.S. le preocupa un planteamiento que denomina economicista frente a otro político, como si el elemento fundamental del que estuviésemos hablando no fuese un problema de fondo económico, aunque sin duda alguna con una gran trascendencia política, como si de lo que estuviésemos hablando no fuese exactamente de cuál es la situación financiera de los municipios. A S.S. le puede gustar o no la cifra, pero le puedo asegurar que, en la publicación de presupuestos de las corporaciones locales para el año 1992, de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, se aprecia claramente que el endeudamiento de un billón 100.000 millones de pesetas corresponde a unos ingresos ordinarios de tres billones 414.000 millones de pesetas. A S.S. le gustará o no le gus correcta y, por tanto, lo que no se puede decir al mismo tiempo, como ha dicho S.S. textualmente, es que la situación financiera de algunos municipios se sitúa al borde de la quiebra para a continuación afirmar que la situación es generalizada. O se sitúa en algunos de ellos al borde de la quiebra, cosa en la que posiblemente puedo estar de acuerdo, o todos ello están en una situación de quiebra generalizada, cosa que no es correcta porque, si eso fuera así, las cifras de la Memoria de la Dirección General de Haciendas Territoriales serían incorrectas, pero me parece que no existe mejor información que ésa.
Su señoría se refiere a algunas afirmaciones en prensa que evidentemente responden a unas ciertas tomas de posición con las que podemos estar de acuerdo o no, y le puedo asegurar que los períodos de pago que se están cumpliendo son a los que he hecho referencia. En todo caso, vuelvo a repetir lo que he dicho a lo largo de la tarde: hay pendiente una negociación sobre el futuro sistema de financiación. Esa negociación se realizará con la Federación Española de Municipios.
Desearíamos que la bases estuviesen establecidas antes del 31 de diciembre próximo. Querríamos introducir en esta Cámara las posibles normas que modifiquen, si es necesario en su caso, la Ley de Haciendas Locales en el próximo año, porque tiene que estar en vigor el nuevo sistema para el presupuesto del año 1995, dado que habrá que compensar las desviaciones de 1994, y esa disposición del Gobierno a hablar y a discutir es la que ha existido siempre.
Pero querría introducir algo más. En la distribución competencial actualmente existente, es imprescindible que definamos el papel que tiene que realizar cada una de las administraciones existentes, y posiblemente estoy de acuerdo con que hoy las corporaciones locales están realizando funciones para las que no tienen la financiación.
Evidentemente, ese problema tendremos que replantearlo, pero no es básicamente un problema del Estado, es un problema del estado de las comunidades autónomas y también de todo el sistema de distribución competencial y, en algunos casos concretos, de en qué medida los ayuntamientos están realizando funciones para las que no tienen financiación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en este debate pocas cosas cambian en relación con los realizados en marzo de 1993, el 28 de diciembre de 1992, el 12 de diciembre de 1992, porque en todos los planteamientos que se realizaron en aquel momento y a lo largo de las anteriores sesiones, en las que se ha hablado de temas de financiación de ayuntamientos o, mejor dicho, de competencias de los ayuntamientos, siempre el Ministerio de Economía ha respondido con idénticas palabras a las que usted está utilizando hoy.
En estos momentos, señor Ministro, yo no creo que sea lógico hacer planteamientos filosóficos sobre si federalismo, sobre cuestiones que no vienen al caso.
Con el anterior Ministro de Economía se estuvo hablando y él aceptó la posibilidad, que quedó cerrada como consecuencia del final de la legislatura, de una mesa tripartita, donde Gobierno, comunidades autónomas y municipios, definieran esencialmente cuáles eran las competencias de cada uno de los órganos. Y esta es, señor Ministro, la propuesta que le vuelvo a realizar y que me gustaría que se aceptara definitivamente.
No resolveremos el financiamiento de los ayuntamientos en tanto no delimitemos cuáles son cada una de sus competencias.
También le he de decir que en aquella época se dijo una frase que tiene su trascendencia hoy, que me preocupa porque usted la ha contradicho. Creo que el señor Solchaga dijo que no vamos

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a beneficiar o no vamos a primar a los ayuntamientos que han tenido una conducta irresponsable.
Aceptemos lo de la mesa tripartita, pero también aceptemos que no es lógico que usted conteste a mi compañero señor Carrera en el sentido de que determinados ayuntamientos tendrán avances de tesorería. Esto no se puede decir, señor Ministro, porque estos ayuntamientos que necesitan avances de tesorería son aquellos que tienen dificultades económicas como consecuencia de su mala gestión. Como tampoco se puede decir que la responsabilidad de la mala gestión de los municipios corresponde a las comunidades autónomas. Señor Ministro, el problema radica en las competencias. Es el único problema que podemos solucionar hoy por hoy. Si no se delimitan las competencias, si no se establece claramente cuáles son las funciones de los ayuntamientos, no llegaremos a una solución; y si, por contra, usted establece la posibilidad de avances de tesorería a aquellos ayuntamientos que están en dificultades económicas, entonces acabaremos de cerrar el círculo y no encontraremos la solución.
Señor Ministro, entre nosotros, el alcalde de Málaga o de Granada, no lo sé exactamente (Varios señores Diputados: de Málaga.), dice que el problema se lo ha pasado a usted ya; no lo s cómo lo ha hecho. Aún no tengo los problemas del alcalde de Málaga, pero si continuamos así, los tendré en dos años, como los tendrán todos los ayuntamientos. Entonces espero que usted siga siendo Ministro de Economía para pasárselos.
No digamos que la responsabilidad es de las comunidades autónomas. ¿Cómo la Generalitat de Cataluña --y pongo un ejemplo que me afecta más directamente, porque sería ilógico poner otros-- puede responsabilizarse de la deuda del Ayuntamiento d ¿Hasta qué extremo la comunidad autónoma, cualquiera que sea, ha podido negar a los ayuntamientos que sobrepasaran el 25 por ciento? No ha tenido, si usted quiere - -y podemos coincidir--, valor para negárselo, pero ello no implica esta responsabilidad que les quiere imputar usted. La comunidad autónoma no tiene valor para negar a los ayuntamientos que pasen del 25 por ciento en el endeudamiento, y si no tiene valor para hacerlo y no lo ha tenido ninguna de las comunidades autónomas, ¿es que ahora el problema recaerá en las comunidades autónomas? Es que entonces lo que hacemos es que la crisis financiera se vaya a las comunidades autónomas.
Señor Ministro, antes ha hablado del asesoramiento a los municipios. Me parece muy bien que usted nos asesore, pero en estos momentos el asesoramiento tiene que ser en condiciones muy claras. Los libros los llevamos bien, se lo aseguro; todos los ayuntamientos llevan bien los libros. Lo que no llevan bien son las obligaciones que por las presiones de las comunidades autónomas y del propio Estado deben asumir.
Déjeme decirle una última cosa para acabar y antes de agotar el tiempo. El señor Serra --yo creo que hace muy bien usted en no acompañarnos en La Coruña, creo que es una buena idea--dijo en Zaragoza: ha llegado el momento histórico de solucionar el problema del financiamiento de los ayuntamientos porque el Estado ha resuelto el problema del financiamiento de las comunidades autónomas. Me parece que el señor Serra se equivocaba, porque usted algo tiene que decir en estos momentos sobre el financiamiento de las comunidades autónomas.
Ha llegado el momento para los ayuntamientos. Si usted no quiere hablar de liquidaciones de presupuestos, de deudas, no lo haga. Propuestas: financie usted, por ejemplo, un 3 por ciento de los intereses de la deuda y que las comunidades autónomas financien otro 2 por ciento; libere usted los coeficientes de caja de las cajas de ahorro y haga que éstas financien a los ayuntamientos con unos créditos especiales.
Busque soluciones de este tipo, pero no olvide, señor Ministro, que la única solución a la que está obligado usted o quizás el Ministro competente en las administraciones territoriales es la delimitación, en mesa tripartita, de las competencias de cada una de las instituciones.
Gracias, señor Ministro, y espero que no me pase como con el señor Solchaga --está escrito--, que cuando hablé de este tema miraba al tendido, porque dijo que él ya tenía muchos problemas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mañueco.


El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, después de escuchar su intervención y a sabiendas de que ayer la Federación Española de Municipios y Provincias no sabía aún quién iba a inaugurar la asamblea extraordinaria en la ciudad de La Coruña, a mí me cabe la satisfacción de decirle que sería usted la persona más idónea para ello. Además, me encantaría que dijera usted ante los alcaldes y los concejales españoles, que se reúnen por primera vez con carácter extraordinario en 13 años, el mismo discurso que les ha dicho aquí, en cuanto a la capacidad de endeudamiento y la deuda que tienen, en cuanto a la eficacia y la responsabilidad en la gestión, en cuanto a los problemas que han venido generando y en cuanto a los apoyos que están recibiendo del Gobierno desde 1984. Porque, una de dos, o aquí se da por supuesto en esta Cámara, cosa que yo rechazo y no defiendo, que los alcaldes y concejales son personas incompetentes e inadecuadas o, de lo contrario, lo que está claro es que la insuficiencia económica, la desatención por parte del Gobierno y la demanda y la

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responsabilidad de los alcaldes para atender los servicios que los ciudadanos les exigen ha llevado a esta situación de las corporaciones locales.
No podía ser más necesaria esta interpelación de Izquierda Unida que en este momento concreto. Se van a reunir los alcaldes porque hace unos días, señor Ministro, en la ciudad de Madrid lo hacían los siete alcaldes de las grandes ciudades españolas para decir que no podían seguir ni un momento más en esta situación. Y están los alcaldes españoles tan desorientados en cuanto al respaldo económico que tienen en la Ley de Haciendas Locales aprobada por ustedes, y modificada también por ustedes --y recurrida por el Grupo Popular en el Tribunal Constitucional dicha modificación--, están tan desorientados que ya, como las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo con el Gobierno reivindican y logran una participación en el IRPF, dicen: sálvese quien pueda y a ver si nosotros, los ayuntamientos, podemos lograr de ese IRPF una participación con el fin de ir saldando nuestras deudas.
Señor Ministro, yo le agradeceré que haga usted llegar al señor Ministro para las Administraciones Públicas, que es quien tiene mayor responsa tenga menos conocimiento, que se siente a hablar con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero no que se siente a hablar con los señores socialistas de esa asociación para, a su vez, decirles lo que tienen y no tienen que hacer; lo que no tienen y lo que tienen que defender y hata dónde tiene que llegar su postulado reivindicativo ante el Gobierno de la nación. En esta Cámara se ha producido, señor Ministro, que no en interpelaciones sino ya en mociones alcaldes socialistas se han salido porque no podían votar en contra de lo que se estaba proponiendo y, sin embargo, su Grupo iba a votar en contra y se salían de la Cámara. Si se defiende al municipalismo se defiende aquí, en la calle Nuncio y en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista, en la sede de la Federación y en el Congreso de los Diputados. No puede haber tres discursos; uno en Ferraz diciendo que ha llegado el momento de las corporaciones locales y que vamos a llegar a un pacto local; otro, con la Federación Española de Municipios y Provincias diciendo: esperen que no es momento porque ahora no hay dinero; y otro aquí en la Cámara diciendo: los ayuntamientos están suficientemente atendidos y, si hay un desfase entre ingresos y gastos, pregunten a aquellos alcaldes que bajo su responsabilidad no están llevando a cabo lo que tenían que hacer para sanear sus ayuntamientos.
Vamos a estar muy atentos, como decía mi antecesor en el uso de la palabra, si es cierto --que se ha comprometido-- y en base a qué, a la anticipación de créditos a determinados ayuntamientos de determinado signo para paliar su situación económica, porque, señor Ministro, el dinero que transfieren a las corporaciones locales es poco, pero lo más grave es que se lo transfieren tarde y, como se lo transfieren tarde y no hay tesorería ni hay liquidez, tienen que hacer operaciones de crédito y esas operaciones de crédito sine die, renovadas y modificadas con altos intereses, y los más caros los del Banco de Crédito Local, donde ustedes obligan a ir a los ayuntamientos, es lo que ha llevado a los ayuntamientos a una situación de bancarrota.
Es el momento de sentarse a hablar con la Federación. Yo le diría, señor Ministro, usted que aquí representa al Gobierno de la nación: vaya a La Coruña mañana por la tarde y hable allí con los alcaldes. El señor Serra, Vicepresidente del Gobierno: fue en un momento crucial a Zaragoza y dijo: a partir de ahora vengo en nombre del Gobierno a comprometerme y a responsabilizarme de sacar adelante la problemática local.
Tuvimos que reunirnos después la comisión ejecutiva con el señor Presidente del Gobierno, don Felipe González, en la Moncloa, quien nos dijo: aunque alguien no lo comparte, yo sí y voy a defender el municipalismo. O manda poco el señor González en el Partido o manda poco en el Gobierno o engañó a los cargos electos de la Federación Española, porque nada se ha solucionado. Señor Ministro, oportunidad histórica, mañana en La Coruña se reúnen los alcaldes españoles porque se comprometió la Federación Española, ante la petición del Partido Popular, a convocar una asamblea extraordinaria, que se demoró por la convocatoria de elecciones generales, para dar salida a la situación caótica que viven las corporaciones locales. No es solamente economía; es economía, es competencia, es dignidad de los cargos públicos, es saber qué representamos y qué tenemos que hacer, es no estar hoy con una ley y que mañana se modifique, es cumplir la palabra de revisar la ley que afecta a las corporaciones locales, la Ley de Bases de Régimen Local; y es garantizar los impuestos en la Ley de Haciendas Locales que han de permitir el desarrollo económico y autónomo de las corporaciones locales, según reconoce la Constitución.
Es una interpelación que viene en un momento exacto y por eso nuestro Grupo, cuando llegue la moción, en los postulados que plantee seguro que vamos a estar de acuerdo, pero estoy seguro de que no sólo vamos a estar de acuerdo el Partido Popular e Izquierda Unida; estoy seguro que, cogiendo su palabra y la palabra del Gobierno, vamos a estar de acuerdo todos, porque todos vamos a defender los servicios y la calidad de vida de los ciudadanos que se prestan desde las corporaciones locales, y vamos a dignificar y a sacar la cara por los alcaldes para no vender a la prensa que son unos malos gestores y unos gastadores del dinero público. Cumplen con los ciudadanos en tareas de desempleo, de pobreza, de infraestructura, de educación, de generación de trabajo, de polígonos industriales, de agua, de saneamiento, de luz, es decir, de lo que acontece y da calidad de vida a los ciudadanos. Esa es responsabilidad del Gobierno de la nación, y los ayuntamientos,

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que forman parte del Estado, y son conscientes de ello, exigen del Gobierno de la nación una respuesta adecuada.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mañueco.
Señorías, el Pleno se reanudará mañana a las nueve horas. Se suspende la sesión.


Eran las ocho y quince minutos de la noche.

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