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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 18, de 20/10/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 18 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 16 celebrada el miércoles, 20 de octubre de 1993

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ORDEN DEL DIA:

Declaración institucional:

--Sobre el atentado terrorista perpetrado en Madrid en la mañana de ayer (Página 580)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 5.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000003) (Página 580)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 27.1, de 1 de octubre de 1993 (número de expediente 121/000013) (Página 580) --Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 28.1, de 11 de octubre de 1993 (número de expediente 121/000014) (Página 580)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 19, de 21 de octubre de 1993)

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SUMARIO

Se abre la sesión a la una de la tarde.


Declaración institucional (Página 584)

El señor Presidente propone a la Cámara, de acuerdo con lo convenido el día anterior en la Junta de Portavoces, la adopción de una declaración institucional expresando su más radical condena ante el nuevo atentado terrorista perpetrado en la mañana de ayer en Madrid, a la vez que desean hacer llegar a las víctimas, a sus familiares y a las Fuerzas Armadas su condolencia y solidaridad y reafirman el compromiso de las instituciones democráticas de hacer frente a los designios terroristas con toda firmeza y determinación.
La Cámara aprueba por asentimiento dicha declaración institucional.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 584)

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993 (Página 584)

Para fijación de posiciones en torno al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores intervienen los señores González Lizondo y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Tocino Biscarolasaga, del Grupo Popular, y el señor Costa Costa, del Grupo Socialista.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores por 305 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 593)

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 (Página 593)

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo (Página 593)

En nombre del Gobierno presenta los proyectos de ley el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En relación con el proyecto de Ley de Presupuestos para 1994 manifiesta que aporta tres novedades claras respecto a los de años anteriores. La primera, de fondo y más importante, es que se presentan en un momento de crisis y de dificultades económicas, sin que sea consuelo constatar que todos los países de nuestro entorno están atravesando un momento parecido. El crecimiento del producto interior bruto experimentará un retroceso del 0,8 por ciento en 1993, con una caída fuerte de la inversión, especialmente en bienes de equipo, y una tasa de paro del 22,4 por ciento medida en términos de EPA. Como consecuencia de esto, las cuentas públicas también se han visto afectadas por la crisis, reflejando un déficit del 6,2 por ciento del PIB, con importantes caídas en los ingresos y desviaciones en el gasto, especialmente en aquellas partidas que, como el desempleo, reflejan más la situación cíclica de la economía. Señala que los Presupuestos que hoy presentan tienen que ser una pieza importante en la estrategia de superación de la crisis y creación de empleo, sin pretender que sean la única herramienta de que dispone la política económica del Gobierno para conseguirla.
La segunda novedad deriva de la voluntad popular expresada en las recientes elecciones generales de junio, resultado de las cuales el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, aun siendo el más numeroso, no tiene la mayoría necesaria para con sus propias fuerzas aprobar la Ley de Presupuestos para 1994.
Los ciudadanos han querido instalar en esta Cámara una cultura de pacto parlamentario más necesaria que en legislaturas pasadas. Sobre este particular afirma que si la estabilidad política de un país es siempre un bien absoluto a alcanzar o a preservar, lo es todavía más cuando se agudizan las incertidumbres sobre la economía y el futuro. Consciente de su responsabilidad, el Gobierno ha intentado y conseguido la suficiente estabilidad política y parlamentaria para que la presentación de estos Presupuestos no fuera motivo de desestabilización, como algunos podrían pretender.
La tercera novedad de este debate la constituye el hecho de hacer coincidir el proyecto de Ley de Presupuestos y las medidas fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección del desempleo. Justifica este hecho en

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razones de carácter jurídico que obligan a presentar en dos proyectos de ley separados las propuestas del Gobierno, atendiendo a su carácter y temporalidad y porque ambos proyectos están estrechamente vinculados entre sí, hasta el punto de que definen una unidad de propósito, se refuerzan mutuamente y por ello su presentación es simultánea.
Añade el señor Ministro que el Gobierno presenta a esta Cámara un grupo de normas, de medidas y de decisiones coherentes inscritas en la línea global de política económica ya expuesta en este hemiciclo en la comparecencia de primeros de agosto y que forman parte del conjunto de actuaciones que el Gobierno está adoptando para hacer frente a la crisis y, sobre todo, para sentar las bases de la recuperación económica y la creación de empleo.
Como grandes objetivos del Presupuesto destaca cuatro elementos esenciales y claves para la definición del mismo que son: en primer lugar, la consolidación presupuestaria; en segundo lugar, el mantenimiento de la protección social; como tercer elemento, el mantenimiento del esfuerzo inversor por parte de las administraciones públicas y, por último, incentivar la inversión y la creación de empleo.
Hace asimismo referencia al contexto económico actual, caracterizado a nivel internacional en la Europa comunitaria en que vivimos por ser un año de recesión, facilitando algunas cifras sobre el particular. Alude también a las previsiones para el año 1994, considerando las perspectivas algo mejores al comenzar a corregirse algunos desequilibrios que tan fuertemente han acentuado la crisis en 1993. Ello les hace prever un año 94 mejor que el anterior. Piensan que la recuperación puede venir marcada, primero, por la mejora de la competitividad vinculada a la devaluación del tipo de cambio; segundo, por la mejora de la competitividad consecuencia de la moderación de rentas salariales y, tercero, por las reformas estructurales a que alude y que les debería permitir ir a una combinación de reducción de tipos de interés y mejora de las expectativas que, al final, trajeran consigo la deseada inversión generadora de empleo.
Facilita seguidamente algunas cifras relacionadas con la consecución de los cuatros grandes objetivos de los Presupuestos a que antes se refería, con mención de la Ley de acompañamiento, que incluye entre sus medidas algunas de reforma del régimen jurídico de la función pública por la que se pretende racionalizar la Administración y poner en marcha una modernización de la misma, destacando como instrumento fundamental de ella los denominados planes de empleo.
Concluye el señor Ministro de Economía y Hacienda destacando las principales partidas que integran los diversos capítulos de los Presupuestos Generales para 1994, así como las modificaciones fiscales que se introducen para el próximo año y las novedades o aspectos sobresalientes contenidos en el articulado de los proyectos de ley, que, a su juicio, definen la voluntad del Gobierno tanto de asegurar la máxima estabilidad política para España como de repartir solidariamente los esfuerzos para hacer frente a la crisis mediante una política económica que acabará por estimular la inversión y la creación de empleo. Porque están convencidos de que son los mejores Presupuestos, dentro de lo posible, pide el voto favorable de la Cámara en un momento difícil en el que cada cual debe mostrar públicamente su predisposición a sumar en vez de a restar, a ayudar en vez de a entorpecer y a empujar en la misma dirección en vez de poner palos entre las ruedas.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas a los dos proyectos de ley interviene, en primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Aznar López, que agradece al señor Ministro de Economía y Hacienda su esfuerzo por leerles el preámbulo de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos y una buena parte de la literatura que les acompaña, si bien el problema que han venido a discutir aquí esta tarde no es ése. El problema es si en una situación de crisis la política económica del Gobierno que reflejan estos Presupuestos es útil o no, si es correcta o incorrecta para superar la crisis de la economía española, que se define por tres millones y medio de parados, una destrucción de empleo que superará este año los 200.000 puestos de trabajo, una economía que en lugar de crecer decrece y un descenso de la inversion superior al 10 por ciento. Como rasgos esenciales de la situación habla de una crisis de empleo, una crisis de inversión y una crisis industrial que confirman que el principal problema de la economía española, la falta de competitividad de nuestro sistema productivo, sigue estando intacto. Añade que la crisis económica está siendo especialmente dura en el sector industrial, haciendo difíciles nuestras posibilidades de recuperación porque se está dañando gravemente el corazón mismo de la actividad económica.
Por otro lado, la lista de damnificados por la crisis se va ampliando puesto que los parados aumentan sin cesar mientras se endurecen las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, los empresasrios ven cómo la actividad languidece o para muchos de ellos desaparece, los funcionarios sufren una importante pérdida de capacidad adquisitiva, los jubilados verán mermadas sus pensiones, los jóvenes sus expectativas de

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trabajo y el conjunto de los ciudadanos tiene que apretarse el cinturón cada vez más.
En su opinión, la responsabilidad de la política económica del señor González en la génesis de esta crisis ha sido doble: por acción, al prolongar en el tiempo una combinación incorrecta de política presupuestaria y monetaria y, por omisión, al no acometer las reformas estructurales que nuestro tejido productivo requería y sigue requiriendo. Los Presupuestos han sido tan inútiles como continuadamente expansivos a consecuencia de un gasto público sin control que los aumentos de la presión fiscal no podían sufragar. Así, la situación ha ido empeorando con el tiempo hasta agravarse extraordinariamente en 1993, año en el que el déficit público ha crecido espectacularmente empujado por la crisis económica, pero, sobre todo, por decisiones irresponsables de un Gobierno que se ha gastado lo que no tenía. Pregunta al respecto cómo es posible que en seis meses se haya incrementado la deuda en 3 billones de pesetas, entre el último trimestre de 1992 y el segundo trimestre de 1993. Se trata de una situación que se ha visto, además, agravada porque el Gobierno ha sido incapaz de acometer una serie de reformas estructurales necesarias como son la del sistema impositivo, la del mercado laboral y la del sector público, que continuadamente se han anunciado como imprescindibles y que constantemente se han ido aplazando. Por otra parte, la falta de credibilidad que afectó al conjunto de la política económica ha generado un sentimiento de desconfianza en los inversores al no cumplir nunca el Gobierno sus propios presupuestos o al afirmar cada tres meses que la recuperación económica estaba a la vuelta de la esquina. Añade que la crisis económica es muy grave y no menos grave es que el Presidente del Gobierno no sepa qué hacer con ella, cuando lo que cabría esperar es que tomase iniciativas y que no se entregase a un triunfalismo propagandístico absurdo, falseando la realidad cada seis meses al anunciar inminentes recuperaciones que luego no tienen lugar.
Expone la necesidad de realizar la serie de reformas y la adopción de las medidas que menciona, a fin de cambiar el rumbo de la presente crisis en lugar de presentar a la Cámara unos presupuestos que, en su opinión, reproducen los vicios de los anteriores y que no son creíbles porque, de antemano, tienen la certeza de que no se van a cumplir, como no se han cumplido nunca ninguno de los presupuestos de la administración González. En este sentido considera mera retórica las palabras del señor Ministro, ya que el proyecto no es sustancialmente diferente a los anteriores. Piensa que el señor González se ha resignado a la crisis, sin importarle los daños futuros que pudieran producirse, ya que su política económica ha estado al servicio de otra más general que sirve al solo objetivo de mantenerse en el poder, actitud que ha llevado a la economía española a un callejón sin salida.
Termina afirmando que para salir de una situación económica como la actual no puede acudirse a medidas parciales e incoherentes como las incluidas en estos Presupuestos y en la Ley que los acompaña, por lo que considera su obligación en este momento realizar un esfuerzo para intentar que no se cometan más errores. Respondiendo a las reiteradas apelaciones del Presidente del Gobierno, está dispuesto a ser el primero en arrimar el hombro para superar la crisis, pero no para permanecer en el error. Para un verdadero compromiso colectivo, un compromiso nacional para vencer la crisis, le encontrarán siempre dispuesto, y de antemano ofrece su colaboración, porque es lo que necesita el país y lo que están obligados a hacer. Consiguientemente, pide que se acepte la mano tendida que ofrece para iniciar un diálogo en beneficio de todos los españoles, no malgastándose esta oportunidad. No le queda más que confiar en que el señor Presidente del Gobierno le secunde para lo que, con el permiso del Presidente de la Cámara, con mucho gusto le cede la palabra.
Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), replicando el señor Aznar López y duplicando el señor Ministro de Economía y Hacienda.
En defensa de las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Anguita González, manifestando que plantean las mismas desde la convicción profunda de que estos proyectos de ley necesitan, en aras del interés general, una reelaboración producto de un encuentro social y político con contenidos diferentes y que supongan un auténtico cambio hacia la izquierda. Estos Presupuestos resumen y expresan en su concreción numérica un afán de no corregir, de no rectificar una política de evidente fracaso y de efectos claramente antisociales. Se está llevando a cabo con la excusa de recortar el déficit público una línea de privatización de las empresas públicas más rentables y pertenecientes a sectores estratégicos de nuestra economía. Es una política de pan para hoy y hambre para mañana que está expoliando al patrimonio de los españoles a la vez que se liquidan instrumentos de intervención pública para desarrollar políticas industriales activas. Se pone lo público al servicio de lo privado, se planifican salarios y pensiones, pero se inhibe en lo tocante a beneficios o en la aplicación de los mismos, dejando sin

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contenido y en mera literatura los artículos 35, 40, 128 y 129 de nuestra Constitución al tratar de precarizar aún más un mercado laboral con el eufemismo de suprimir rigideces laborales y a través de unos presupuestos que presentan una importantísima pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y que suponen una auténtica entrada a saco en las prestaciones sociales de los españoles más desfavorecidos, como son los parados. Se introduce asimismo otra serie de medidas restrictivas, mientras que, por el contrario, no se acomete una verdadera lucha contra el fuerte aumento del fraude fiscal, hasta el punto de que el déficit público es más un problema de eficacia recaudatoria que de aumento del gasto.
Para perpetrar semejante política se realiza una preparación psicológica adecuada, trasladando la responsabilidad objetivo del gobierno a los damnificados con el ataque y la inculpación a los trabajadores y a los sindicatos, a los que un día se invita al diálogo y al día siguiente se plantea con claridad que no puede haber contrapartidas, o se les dice que se está abierto a la negociación y, a continuación, se afirma que si no hay acuerdo las propuestas iniciales del Gobierno se impondrán por decreto. Y mientras se imputa con palabras duras a los trabajadores y sus salarios la responsabilidad de la situación económica, se trata con mano de seda los comportamientos de la banca, cuando ésta sigue manteniendo los mismos tipos de interés a pesar de haberlos bajado el Banco de España. Entretanto, pasan los días y los meses y la situación se hace más insostenible, hasta llegar a la actual situación de España de permanente profundización en tres grandes desequilibrios: sociales, territoriales e institucionales.
Termina pidiendo la devolución al Gobierno de los proyectos objeto de debate, desde el convencimiento profundo de que es posible otra política económica acorde con la consecución de un Estado social y democrático de Derecho.
En turnos de réplica y dúplica intervienen los señores Ministro de Economía y Hacienda y Anguita González.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Mixto interviene, en primer lugar, el señor González Lizondo, manifestando que la importancia de este debate viene determinada por el enorme peso del Presupuesto dentro de la economía del país, representando aquél el 50 por ciento del producto interior bruto por la determinación de la política fiscal y social y por las posibilidades de actuación sobre la política económica para estimular la actividad y corregir los desequilibrios. Sin embargo, la práctica de estos últimos años ha demostrado que rara vez se cumplen las previsiones iniciales, que en general pierden su validez transcurridos seis meses.
Justifica la enmienda de totalidad presentada en que estos Presupuestos no resuelven la crisis, no limitan el crecimiento del déficit público de manera efectiva y, además, exigen un coste social sin precedentes en nuestra historia reciente. La política presupuestaria y económica plasmada en estos Presupuestos no favorece la inversión ni la creación de empleo, ni se sientan las bases de competitividad necesarias para afrontar los retos derivados del proceso de internacionalización de nuestra economía, pero aún más grave es que son unos Presupuestos que han sido elaborados sin consenso y de espaldas a la mayor parte de los interlocutores sociales.
Concluye manifestando que los valencianos tenían puestas sus esperanzas en estos Presupuestos después de los fastos del 92, pero las expectativas, una vez más, han caído en saco roto, consagrándose de una manera definitiva la marginación sufrida por la Comunidad Valenciana.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda de totalidad presentada, que representa una enmienda a la acción global del Gobierno, ya que por sensibilidad social, por sensibilidad municipal y por sensibilidad nacional no pueden aceptarlos. Se trata, además, de unos presupuestos tocados ya por la falta de credibilidad de los que el mismo Partido presentó hace un año, que han hecho aguas por todas partes y que hacen difícil que puedan creer en las previsiones que ahora presentan.
Reitera que desde una sensibilidad social y progresista no pueden aceptar estos Presupuestos y su pretensión de aumentar la presión fiscal al colectivo de parados, precisamente uno de los sectores más castigados por la situación. Todo ello choca, sin embargo, con la disposición final segunda que, contrariamente al espíritu general, deja las manos libres al Gobierno para ampliar los recursos destinados al Plan de Empleo Rural, con lo que el Sur parece que va a consolidar su política de subsidio masivo, que, por lo demás, tampoco supone ninguna solución progresista a la crisis en esas zonas.
Alude finalmente al apoyo de Convergència i Unió a los Presupuestos, manifestando que, en su opinión, Convergència sólo ha puesto sobre la mesa la calderilla, menos incómoda, siendo incapaces de plantear los problemas de fondo, para terminar reiterando su oposición al proyecto de ley del Gobierno.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende la enmienda de totalidad presentada que justifica en

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que el Gobierno socialista gasta mucho, invierte poco y administra mal. Se trata de unos Presupuestos continuistas, insolidarios e ilusorios que no responden a la oferta electoral que hace pocos meses hicieron al pueblo español. Son unos presupuestos que no permiten la convergencia con Europa, que nos hacen más pobres, sobre todo a los más pobres, nos endeudan más y, en definitiva, no sirven para salir de la crisis, a la que estos Presupuestos no dan respuesta.
Finalmente, se trata de unos presupuestos, vistos desde Aragón y para las necesidades de Aragón, que le sirven de muy poco, por lo que tampoco desde esta perspectiva los pueden apoyar.
Respecto al proyecto que acompaña a los presupuestos y las medidas contenidas en el mismo, les parecen éstas acertadas, pero insuficientes y, además, tardías, por lo que piensa que sus efectos prácticos serán limitados.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, defiende la enmienda de totalidad presentada. Manifiesta que el Presidente del Gobierno no ha cumplido sus palabras de diálogo con la oposición ni de presencia en esta Cámara, defendiendo una gestión sin brillantez durante estos tres meses largos de gobierno. Frente al máximo consenso pedido por el Rey en la apertura de la legislatura, para entre todos buscar soluciones políticas a la grave crisis económica y social que afecta al Estado, la realidad son 180 votos circunstanciales a favor, 165 en contra y posiblemente cinco abstenciones. Cree que este apunte justifica por sí mismo una enmienda a la totalidad.
Otras razones y motivos para apoyarla se encuentran en el texto escrito justificativo de la enmienda, por lo que no insistirá en ellos.
El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) contesta a los señores intervienientes del Grupo Mixto, replicando la señora Rahola i Martínez y los señores Mur Bernad, Albistur Marín y González Lizondo, duplicando el señor Ministro de Economía y Hacienda.
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.


Se abre la sesión a la una de la tarde.


DECLARACION INSTITUCIONAL:

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Antes de iniciar el tratamiento del punto primero del orden del día, de acuerdo con lo convenido ayer en la Junta de Portavoces, propongo a la Cámara la adopción de la siguiente declaración:

«El Congreso de los Diputados, ante el atentado terrorista perpetrado en la mañana de ayer en Madrid, expresa su más radical condena de este nuevo crimen y manifiesta la necesidad de mantener viva la sensibilidad frente a toda manifestación de violencia, por atentar a las bases mismas de la convivencia en libertad en que se funda nuestro orden constitucional.--Desea hacer llegar a las víctimas, a sus familiares y a las Fuerzas Armadas su condolencia y solidaridad, así como la alta valoración de la serenidad y firmeza con las que estas últimas contribuyen al necesario clima social de unidad de todas las fuerzas democráticas en la lucha contra esta barbarie ciega, carente de todo sentido y del más mínimo apoyo en nuestra sociedad.--Y reafirma el compromiso de las instituciones democráticas de hacer frente a los designios terroristas con total firmeza y determinación, haciendo uso legítimo y decidido de todos los instrumentos que la Constitución y el pueblo han depositado en ellas.» ¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.) Queda aprobada.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993 (Número de expediente 110/000003)

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional. ¿Desea algún Grupo fijar la posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera comenzar esta intervención, en nombre de Unión Valenciana, mostrando nuestra disposición favorable a la creación de un gran mercado europeo, tal y como ya lo manifestamos en esta Cámara el pasado 26 de noviembre, fecha en la que se debatió por primera vez este Tratado.
La construcción de un gran espacio económico en Europa no está siendo tarea fácil. La experiencia de los últimos años nos muestra lo complejo que resulta avanzar en el grado de integración de unas economías con distintos niveles de desarrollo e importantes desigualdades

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productivas, demográficas y sociales. (Rumores.) Sin embargo, las expectativas han caído en saco roto. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González Lizondo.
¡Señorías, ruego guarden silencio! (Pausa.) Puede continuar, señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Sin embargo, repito, las expectativas han caído en saco roto.
Mientras que todos los productos españoles accedieron a la integración en los mercados europeos en un plazo muy breve, actualmente se siguen manteniendo períodos transitorios para productos mediterráneos hortofrutícolas.
Unión Valenciana entiende que en 1993, con la aplicación de esta Acta Unica, es inadmisible que algunos de los productos más importantes de nuestra agricultura continúen sin ostentar la categoría de productos plenamente europeos. Con mayor motivo comprenderán SS.SS. que tratáramos de eliminar esta situación, cuando menos en lo tocante a los seis países que, junto con los que forman la actual Comunidad, pasarán a integrar el ámbito del Espacio Económico Europeo. Por ello, Unión Valenciana formuló su primera enmienda al Protocolo 45, en la que se proponía que no sean de aplicación en el Espacio Económico Europeo las restricciones actualmente vigentes para las frutas y hortalizas anteriormente citadas.
La segunda enmienda presentada por Unión Valenciana hacía referencia a la Directiva 77/1993, relativa a tratamientos fitosanitarios. Somos conscientes de que en este sentido ha habido importantes avances en la materia, traduciéndose en el establecimiento de acuerdos bilaterales entre los diferentes países miembros de la Comunidad Europea. No obstante, la Directiva fitosanitaria continúa vigente y Unión Valenciana propuso que no fuera de aplicación en el futuro Acuerdo Económico Europeo. En los mismos términos, Unión Valenciana solicitó una tercera enmienda; que, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acordara el establecimiento de una barrera fitosanitaria común, relativa a la importación de vegetales procedentes de terceros países. La ausencia total de las más elementales normas de sanidad en el proceso de elaboración de productos vegetales, como arroz, tomates, fresas y cítricos, por parte de países terceros hacían del todo recomendable la realización del control cualitativo en el área delimitada por los países del Acuerdo Económico Europeo. Se lo dijimos entonces y se decimos ahora: tengan ustedes el mismo valor que el Gobierno francés en defensa de sus agricultores, que no duda en amenazar con vetar la conclusión del Acuerdo del GATT en el seno de la Ronda de Uruguay, mientras que el Gobierno español asiste impávido al desarrollo de los acontecimientos sin mostrar la más mínima firmeza en la protección de los agricultores. No consintamos que lo que se hizo mal en la negociación de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea se repita y canonice ahora con otros países. No me digan que no es el sitio ni el momento. Liechtenstein enmendó y por eso este Tratado volvió otra vez a esta Cámara. Les recuerdo, asimismo, que un tratado internacional sobre el atún en el Atlántico fue enmendado por el Partido Popular y, a su vez, por el Partido Socialista, se pudo, y perfectamente igual se podía haber hecho con éste, se podía haber enmendado, era el sitio y el momento.
Señorías, desde Unión Valenciana, en el día de hoy, entendiendo el grave perjuicio que se va a crear para muchos de nuestros agricultores del Estado Español, votaremos abstención en este tema, entendiendo necesaria esta unidad económica europea, entendiendo necesario este Espacio Económico Europeo, pero no entendiendo cómo hacemos dejación clara y concreta de nuestros derechos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Mixto tiene, la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías.
Dos puntos importantes quiero destacar a la hora de la convalidación de este Convenio: primero, la articulación de los fondos que lleguen al Estado español por motivo de este acuerdo. Como en esta Cámara se ha dicho ya anteriormente, este fondo tiene objetivos, proyectos de tipo medioambiental y de educación e inversiones en pequeñas y medianas empresas.
Entiendo que la canonización de esos fondos debe realizarse, como aquí se ha debatido también conjuntamente con las comunidades autónomas que tienen competencias propias en esta materia, tanto desde el punto de vista de la participación en los proyectos como en la gestión de los mismos y máxime en comunidades autónomas como la que yo represento con una especificidad en materia de inversión fiscal.
Por otra parte, entiendo que debe reseñarse de modo general que estos fondos van a ser absolutamente insuficientes para corregir el nivel de desequilibrios que existe dentro de la propia Comunidad. Así, mientras la Comunidad Europea tiene un nivel de desequilibrio entre sus regiones de uno a seis, los países de la EFTA tienen un desequilibrio de uno a dos, lo que supone una mayor cohesión y equilibrio entre ellos y, por supuesto, un gran nivel de desarrollo.
Lo anterior puede suponer que van a poder entrar en los mercados de los países comunitarios sin que las regiones con un bajo nivel de desarrollo puedan situarse

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en un nivel de competitividad con estos nuevos países desarrollados y sin que, por supuesto, estos fondos que han sido acordados sean suficientes para eliminar los niveles de desequilibrios que por todos los indicios parece van a subrayarse.
Una segunda cuestión importante es la de determinar las consecuencias para la flota bacaladera con la entrada en Noruega. En un principio se solicitó, para paliar la entrada de los productos pesqueros de los países nórdicos, unas cuotas de captura determinada. La petición fue de 90.000 toneladas y al final se han visto reducidas a 11.000 toneladas hasta el año 1997. Ciertamente, se abre una posibilidad de nuevos caladeros, pero se plantea la problemática de la entrada de los productos nórdicos en el mercado comunitario. Parece que el resultado supone un perjuicio para la flota comunitaria.
Finalmente, otro tema que quisiera evocar indirectamente, pero que considero de la máxima importancia, es el del peligro de la ampliación de la Comunidad sin que haya intervenido previamente una profundización de la misma o como parte integrante de los tratados de adhesión que se van a celebrar.
No olvidamos que varios de los países firmantes del Espacio Económico Europeo están negociando paralelamente su adhesión a la Comunidad; son los casos de Austria, Noruega, Suecia y Finlandia (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Un momento, señor Albistur. (Rumores.)

El señor ALBISTUR MARIN: Bien. Aprovechando esta... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Albistur.
Les ruego la máxima continuidad en su colaboración.
Comprenderán lo fatigoso que es tener que hacer estas llamadas al orden al conjunto de la Cámara.
Señor Albistur, cuando quiera.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que corremos el peligro de cristalizar la Comunidad y de hacer prácticamente imposible cualquier evolución en la construcción comunitaria, ya que las dificultades de modificación de los tratados a dieciséis serían prácticamente infranqueables. Por tanto, serán necesarias toda la serie de modificaciones antes de la ampliación, y en la primera semana de noviembre, tendremos oportunidad de ver si todos estos temas han cristalizado. Y todo ello, en el sentido de avanzar en una Europa más democrática y de salvaguardar la capacidad de funcionamiento de las instituciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a dar su voto favorable de pleno apoyo a este Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Y lo hacemos en una doble lectura.
La primera lectura es la política: por el interés político de estar en un marco, dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), en aquellos legítimos intereses que en los aspectos políticos, sociales y económicos afectan dentro de España al Archipiélago canario.
¿Y por qué decimos esto? Porque, en primer lugar, el Acuerdo consagra lo que denomina las cuatro libertades fundamentales dentro de la EFTA: la libertad de tránsito o libertad de comercio, la libertad de establecimiento, la libertad de los trabajadores por cuenta ajena y, principalmente, la libertad de circulación de capitales.
Estas cuatro libertades: circulación de capitales, personas, servicios, trabajadores y, fundamentalmente, también las mercancías, hacen hincapié en definir un modelo económico, donde se suscriben no solamente los doce países de la Comunidad Europea, sino que trasciende también a un concepto no sólo territorial, sino político y de libertad de comercio en países que no lo son, como puede ser Suiza, como puede ser Austria o como pueden ser en este momento cualquiera de los países nórdicos, como Finlandia, que no están dentro de la Comunidad Europea.
Pero ocurre que una situación de libertad de comercio y de libertad de circulación de mercancías a una zona tan ultraperiférica --como ha definido Maastricht-- como es la Comunidad Canaria, se podía encontrar que con la aplicación de determinadas cláusulas de este Acuerdo vería su competitividad disminuida sencillamente por la distancia, por tener que poner sobre el precio de las mercancías en destino el componente del coste del flete, bien por transporte marítimo, bien por transporte aéreo.
Pues bien, cuando en el Capítulo IV de este Acuerdo se habla de la libre competencia, se introducen unos acuerdos moderadores, como es permitir, en determinadas circunstancias, las ayudas otorgadas por el Estado. Y esto está recogido, fundamentalmente, en el artículo 61 del Acuerdo, en su punto 3, letra c), que señala específicamente qué regiones de esta Europa de la EFTA pueden ser receptoras, dentro del marco legal de la competencia, de estas ayudas del Estado.
Y estoy pensando --como ha ocurrido tantas veces dentro de los Presupuestos del Estado-- en el capítulo respectivo de las compensaciones al transporte de mercancías entre la Península y el Archipiélago canario.


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Sin embargo, también el Acuerdo tiene un componente de tipo político y social y no puramente mercantilista o de la libre circulación de personas, de servicios y de capitales, junto al de mercancías, y son lo que denomina en su parte quinta las disposiciones horizontales relacionadas con las cuatro libertades. Aquí se da cabida a un compromiso de los gobiernos en política social, en medio ambiente, en el derecho de sociedades, igual que en la normalización de estadística, para darle transparencia y control, como así fundamentalmente en la protección de los consumidores, y creo que en el sentimiento de cualquier parte, territorio, nación o comunidad autónoma, centralizada o ultraperiférica, que esté dentro del marco de la Asociación Europea de Libre Comercio, de la EFTA, tiene que verse reflejado el interés de todos sus componentes, últimos receptores del beneficio comercial, que son los consumidores, es decir, los ciudadanos de Estados democráticos traducidos como consumidores. Si a esto --y voy terminando, señor Presidente-- se le añade la introducción en el Acuerdo de unas garantías políticas, como es la parte séptima, dedicada a las disposiciones institucionales, nosotros creemos que, pese a esa crítica que permanentemente hacemos, como hemos hecho en el Acta Unica Europea o en el Tratado de Maastricht, que es el déficit democrático, aquí, al introducir la existencia de una estructura de la Asociación Europea con unas instituciones definidas, como el Consejo del Espacio Económico Europeo, el Comité Mixto y sobre todo el Comité Parlamentario Mixto, se extrae del Parlamento Europeo una fiscalización política para que estas instituciones puedan adoptar las medidas de salvaguardia política que en este marco tenemos que obtener.
Por todas estas razones, señorías, porque entendemos que esto nos beneficia, con todas las limitaciones que pueda haber en determinados aspectos, con todas las perturbaciones que se puedan producir, por ejemplo con la libre circulación de personas y trabajadores por todo este espacio europeo, porque nosotros consideramos que el balance final, como se refleja incluso en producciones agrícolas y pesqueras del artículo 19 de este Acuerdo, beneficia en sentido político, social y económico a las comunidades y a las naciones de las cuales estamos hablando aquí en plena soberanía, por estos motivos, vuelvo a decirle, señoría, votaremos favorablemente este acuerdo, por congruencia y por sentido europeo de solidaridad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de nuestro Grupo va a ser favorable a aceptar la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que estamos debatiendo. Señorías, ratificamos este Acuerdo por razones de interés político y por considerar que conlleva implicaciones positivas para la economía europea y para España de forma particular.
Desde la perspectiva política, quisiéramos manifestar, señorías, que nuestro Grupo siempre ha defendido la conveniencia de integrar plenamente España, en lo político, en lo económico y también en lo social, al proceso de construcción europeo. Es en Europa donde entendemos que hay que proyectar nuestra realidad y es en Europa donde hemos de plantear y buscar las respuestas conjuntas a las principales situaciones y problemas que hoy tiene nuestra sociedad, y también, señorías, nuestro Grupo entiende que es precisamente junto con los demás países de Europa como hemos de ofrecer nuestra alternativa económica y social al importante ajuste estructural que se está produciendo en el mundo y a la competencia que Europa está acusando, procedente de otros países menos desarrollados, del Japón o de Estados Unidos. Es nuestra irrenunciable vocación europea, señorías, la que hoy nos exige aceptar este proceso político que supone el Espacio Económico Europeo, un proceso en el que no debemos, a nuestro juicio, mantenernos al margen, ya que constituye en sí mismo un primer paso, tras la Unión Europea acordada en Maastricht, que nos deberá permitir adoptar en un futuro inmediato una mayor ampliación de esta Unión Europea. Este sería, para nuestro Grupo, un deseo político a poder afrontar en breve plazo, dentro del ámbito de la Comunidad Europea y dentro del ámbito del proceso de construcción de Unión Política Europea.
No obstante, desde la perspectiva económica, señorías --y esta es la segunda observación--, también valoramos que este Acuerdo es positivo para la economía europea y para la economía española. La creación del Espacio Económico que ha impulsado la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) no es más que buscar una vía para no dejar a estos países desconectados del proceso de creación del mercado único comunitario, ya que este mercado que instauró el Acta Unica Europea a finales de 1985 podría generar nuevas barreras de comercio dentro del ámbito europeo.
Refiriéndonos al contenido económico de este Acuerdo, nosotros, señorías, dudamos que de él se desprende una idea central de lo que se propone. Este espacio económico europeo pretende conseguir la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas sobre la base de la legislación comunitaria entre los países de la EFTA y los doce países de la Comunidad Europea. Se va más allá, no obstante, de la instauración de una zona de libre cambio, sin que ello suponga la creación de una unión aduanera, ya que no se crea una frontera exterior común ni se suprimen las barreras interiores. Quedan fuera de este ámbito aspectos tan

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significativos como disposiciones comunes respecto de terceros países, la política común de transportes, la imposición indirecta o directa o la participación en el proceso de unión económica y monetaria.
No obstante, el resultado de este Acuerdo, señorías, es la puesta en marcha de un nuevo gran mercado de 375 millones de personas que absorbe hoy el 42 por ciento del comercio mundial y que, en términos de producto interior bruto, es el más importante del mundo por encima del de Estados Unidos o el del Japón. Este nuevo mercado se estima que va a generar efectos positivos sobre el crecimiento de la economía europea, valorado, según expertos, en torno al 1,5 por ciento de crecimiento en términos de PIB para la Comunidad Económica Europea o bien en un 2 ó 2,5 por ciento para el PIB de los países de la EFTA.
Por tanto, desde la perspectiva global, la constitución de este espacio económico europeo conlleva perspectivas positivas para la realidad económica de Europa en la que nuestro país está inmerso.
Sin duda, deseamos hacer dos valoraciones sobre este compromiso. La primera es que alcanzar este espacio económico europeo tiene una gran significación, una gran importancia desde la perspectiva de las actuales relaciones de competencia de las distintas economías en Europa. El Espacio Económico Europeo va a generar un aumento de la competencia a causa del aumento del tamaño de los mercados y la consiguiente reducción de precios. Ello intensificará el proceso de especialización, en términos de ventajas comparativas, debido a la desaparición de los aranceles y del aumento de los intercambios que este proceso comportará. Como también exigirá mayores economías de escala, debido a la necesidad de obtener menores costes de producción en la medida que aumente el tamaño del mercado y la demanda potencial del mismo.
Por tanto, señorías, este acuerdo, que es positivo en lo político y en lo económico, nos exige con mayor intensidad que la economía española sea competitiva y que las empresas en su ámbito sean competitivas. Este Acuerdo que debemos adoptar nos impone que la política económica a desarrollar en España se oriente a conseguir este objetivo de mejorar nuestra competitividad y preferentemente la de la economía productiva, la de la actividad de la agricultura, de la industria, del comercio y del turismo en España.
Es absolutamente necesario, pues, reorientar, a nuestro juicio, la política económica hacia este propósito y adoptar medidas en el ámbito fiscal, laboral, financiero y en aspectos estructurales, para garantizar ese marco económico general que las unidades productivas requieren para poder competir en las equivalentes condiciones que mantienen los demás países que integran este Espacio Europeo.
Sólo así, señorías, garantizaremos nuestro nivel de bienestar y podremos afrontar el paro y la recesión en que nos encontramos y aprovechar los elementos positivos que este Acuerdo puede tener para España.
Esta liberalización de intercambios, específicamente para la economía española va a comportar beneficios o aspectos positivos, puesto que, previsiblemente, aumentarán los intercambios de productos y servicios españoles en el área de la EFTA y facilitará la entrada de capitales procedentes de estos países hacia Europa. Cabe esperar, pues, que este acuerdo favorezca el aumento de las exportaciones españolas, preferentemente de productos agrarios. Pero para todo ello, señorías, insisto, debemos ser más competitivos.
La segunda observación que quiero trasladar es que este Espacio Económico Europeo, desde nuestra posición de país miembro de la Comunidad, nos exige también que se avance mucho más en la cooperación de las políticas económicas y monetarias comunes en Europa. Existirá, a partir de ahora, un gran mercado con libre circulación de mercancías, personas y capitales, pero todo ello coexistirá sobre 17 políticas económicas y 17 monedas, con los riesgos de los 17 tipos de cambio que ello comporta.
Señorías, este proceso, que es un gran paso, significativo paso en la evolución de nuestro contexto económico, social y político, debe seguir avanzando en la adopción de mayores decisiones de coordinación de las políticas económicas y monetarias en el ámbito europeo. Deberían intensificarse, pues, las exigencias de coordinación de las políticas económicas y monetarias para garantizar al máximo posible la estabilidad económica en este gran mercado económico europeo en el que nos proponemos integrarnos y en el que nuestro grupo juzga que las previsiones futuras van a ser positivas para nuestro país.
En suma, señorías, y termino, señor Presidente, para nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), este Acuerdo es positivo desde la perspectiva política y económica, pero su valoración deberemos hacerla más adelante en función de cómo se desarrolle en el interior de España la política económica y social para garantizar las exigencias de competitividad que hoy Europa nos está imponiendo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, después de múltiples peripecias, este importantísimo Tratado de creación del Espacio Económico Europeo viene a la Cámara en el momento justo y adecuado políticamente para que todos los grupos parlamentarios puedan ratificarlo.
Quiero señalar, como hemos dicho repetidamente en los distintos trámites de este mismo Acuerdo del Espacio

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Económico Europeo, que creemos ser el único grupo parlamentario que ha actuado con plena coherencia en este tratado. Vamos a votar favorablemente la adhesión de España a este tratado en el momento políticamente adecuado, no antes de tiempo, como quiso hacer el Gobierno socialista en diciembre del año 1992 cuando, adelantándose al posible resultado negativo de un referéndum --como así fue el de Suiza--, y cuando en un período en el que el Tratado de la Unión no estaba ratificado, y no solamente no lo estaba sino que se veía sujeto a bombardeos políticos y económicos de gran magnitud y de gran cuantía para que no entrase en vigor, para que Maastricht se quedase en una simple área de libre comercio --ahora ampliada a los seis países de la EFTA--, cuando faltaba el segundo referéndum danés, cuando en el Reino Unido las cosas no estaban en absoluto claras políticamente, había políticos y había poderes financieros internacionales interesados en que naufragase el Tratado de la Unión, en que el futuro político de cohesión social y territorial de una Europa que debe ir ampliándose a través de círculos concéntricos --y éste que vamos a hacer hoy es un primer círculo concéntrico-- se quedase, no en una voluntad de unión política, social y económica, sino simplemente en un espacio de libre comercio.
Por eso, en aquel momento nosotros nos opusimos a la toma en consideración y a la ratificación del Tratado. Los hechos del referéndum suizo obligaron a retrasar de nuevo la toma en consideración, y ahora, después del fallo favorable del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, después de la seguridad jurídica y política que tenemos todos de que el Tratado de la Unión va a entrar en vigor el 1.º de noviembre, y con esta entrada en vigor de instrumento jurídico se convertirá en una realidad política de primera magnitud que va a cambiar, o que va a contribuir al cambio de las políticas económicas y comerciales en todo el mundo, no sólo en Europa, es el momento adecuado para poder ratificar este Espacio Económico Europeo. Como ha dicho un orador antes que yo, será el mayor espacio económico del mundo, con 375 millones de ciudadanos, absorviendo el 42 por ciento del comercio mundial y situándose en el primer plano del producto interior bruto. Será uno de los tres polos de crecimiento económico; crecimiento económico que nosotros quisiéramos mucho más solidario en el plano social y en el plano territorial. Nos preocupan, como nos preocupaba en el Tratado de la Unión, y nos preocupa en el Espacio Económico Europeo que no se avance con la misma celeridad en el terreno, por ejemplo, de la armonización fiscal, de la armonización social y en cambio sí se avance a pasos agigantados en lo que otros oradores ya han citado, en el pleno ejercicio de las cuatro libertades.
Este desequilibrio en favor de lo comercial, en favor del libre comercio, de la libre circulación de mercancías, de capitales, de servicios y de personas, pero no de la integración política, social y económica de este vastísimo mercado, a nosotros nos ha producido y nos continúa produciendo preocupaciones políticas importantes. Pero no por ello vamos a dejar de apoyar la ratificación por España de este convenio, señalando que algunos aspectos que pueden lesionar intereses españoles, especialmente algunos productos los hortofrutícolas y más concretamente los cítricos, vamos a estar vigilantes. Sabemos que vamos a contar con la colaboración de todos los grupos parlamentarios y también del Gobierno para que en el desarrollo reglamentario del Espacio Económico Europeo se garantice que no queden lesionados determinados productos cítricos de la agricultura española que por la vía de los tratados bilaterales que tienen alguno de los países que componen los seis que van a entrar en este Espacio Económico Europeo (estoy pensando, por ejemplo, en el tratado bilateral Austria-Israel), pudiese lesionar la capacidad exportadora de cítricos de nuestro país al conjunto de este espacio económico que ahora se forma.
Por tanto, señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, después de repetidas abstenciones, después de repetidas prevenciones a la adhesión y firma de este tratado del Espacio Económico Europeo, hoy puede decir con satisfacción que va a votar a favor. Lo hace de forma convencida y positiva porque no duda que la nueva situación política --Maastricht ratificado--, el valor jurídico y político que vamos a dar a la transformación y al uso más favorable a los intereses sociales de la mayoría de los europeos del Tratado de la Unión, por ejemplo, planteándonos sin ningún complejo, sin ningún rubor, sino con toda la autoridad que nos da el que los hechos así lo demuestran y así lo van a demostrar, que será necesario aplazar o prolongar en el tiempo los plazos de la Unión Económica y Monetaria, que no van a poder constituirse lo que se había previsto en los correspondientes artículos del Tratado de Maastricht en 1996, y ya veremos si en 1999. Esto no tiene ninguna sanción jurídica ni política y no invalida el Tratado, sino que le puede dar mayor contenido social y político. Nosotros, repito, ya planteamos que en materia de cohesión social, de cohesión económica, de armonización fiscal, hay que avanzar mucho por este terreno sin dejar, por otro lado, de reconocer los aspectos positivos que el área de libre comercio, de libre circulación de personas, capitales, servicios y mercancías va a generar de positivo para el conjunto de los ciudadanos europeos.
Por tanto, nueva situación política y en esta nueva situación política, por parte de nuestro grupo continúa una misma preocupación política: Reforzar siempre que podamos con el consenso y con el concurso de otras fuerzas parlamentarias la cohesión social y territorial de la Unión Europea y más allá, cuando algunos de estos países que ahora formarán parte del Espacio Económico Europeo entren en la unión europea, del

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conjunto de la nueva unión europea. ¿Por qué? Porque queremos preservar y aumentar el acervo comunitario que hoy tenemos.
Esta nueva situación nos permite estar seguros y tranquilos de que esta ampliación comercial de lo que es el Tratado de la Unión no va a poner en ningún caso en duda el acervo comunitario hoy existente o el que podamos crear y producir hasta que cada uno de estos países ingrese en la Unión Europea.
La unión europea sólo será una realidad, no ya económica y comercial, como las cifras indican, sino política y social, si las fuerzas de progreso, las fuerzas de izquierda en España y en toda Europa, somos capaces de darle auténtico contenido social y político al enorme instrumento económico que es el Tratado de la Unión y para darle contenido económico, social y político, habrá que ir pensando, señores del Partido Socialista, en replantearse seriamente el tema de los plazos y de los costes sociales y humanos que tiene la convergencia económica para cumplir lo preceptuado en la Unión Económica y Monetaria. Habrá que reconsiderar seriamente plazos; habrá que reintroducir nuevos parámetros en la Unión Económica y Monetaria. El mismo Presidente de la Comisión, el señor Delors, ya ha dicho que sería bueno que el índice de paro de los países fuese un elemento constitutivo de los planes de convergencia para hacer realidad la unión económica y monetaria.
¿Para cuándo vamos a poner en práctica, señores del Gobierno, señores del Grupo Socialista, estas propuestas que vienen de la izquierda europea? ¿Es que a ustedes no les afecta lo que dice la izquierda europea? ¿Es que ustedes no forman parte de esta izquierda europea? ¿Es que no están dispuestos a dotar de contenido político y social a los beneficios económicos y comerciales que no son iguales para todos los ciudadanos europeos? Quizás lo son más para las grandes transnacionales que para el conjunto de ciudadanos.
Para que estos beneficios económicos lleguen al conjunto de los europeos hemos de avanzar en armonización fiscal, en armonización social, en cohesión territorial y eso sólo lo conseguiremos si reconsideramos profundamente la forma y los plazos en que debemos avanzar en los planes de convergencia para hacer de toda Europa una unidad política y social que cuente no sólo económica y comercialmente en el mundo, sino también política y socialmente. Europa es, ha sido el crisol, ha sido el fondo y ha dado nacimiento a las ideas más progresistas de la izquierda en Europa y en todo el mundo y debe volver a recuperar este protagonismo para la izquierda en Europa y para todo el mundo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, la señora Tocino tiene la palabra.


La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, asistimos esta mañana a esta fase final de un trámite parlamentario que nos lleva a un acto especialmente importante como es la ratificación del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, con su Protocolo adicional, Acuerdo que había sido ya ratificado por esta Cámara y que ha tenido que ser sometido a una nueva ratificación por las modificaciones que ha experimentado, puesto que hace ahora casi un año Suiza, por referéndum decidió, quedarse fuera, con lo cual hubo que redactar un protocolo adicional.
Decimos que es un día importante quizás porque lo situamos en una acción europeísta importante. En el proyecto de construcción europea, en el que España está involucrada (diríamos que fuera de él España no tiene ningún futuro, ante los acontecimientos importantes que se han producido precisamente en estos días) la inmediata, ya inminente ratificación y, por tanto, entrada en vigor del Tratado de la Unión, después de la importantísima sentencia del Tribunal de Karlsruhe, creo que estamos cumpliendo, en cierta medida, las orientaciones muy decisivas de la sentencia de Karlsruhe un trámite esencial, como es dar importancia a los parlamentos nacionales para con esos actos europeístas avanzar en el proyecto de construcción europea.
Estábamos todos decididos a esa ampliación en el proyecto de construcción europea. El acto de ratificación que hoy vamos a celebrar en esta Cámara indica precisamente que España se suma a esa ampliación y que lo hace en un día especialmente significativo, puesto que pienso somos la primera Cámara, el primer parlamento nacional que toma una decisión de este estilo, después del anuncio inminente, como digo, de la entrada en vigor del Tratado de la Unión.
Desde nuestro grupo, que siempre ha estado a favor de la ampliación que, por otra parte, también acepta y le parece tremendamente esencial la existencia de mercados competitivos, de mercados grandes, nos parece obvio decir que nuestro voto va a ser afirmativo, puesto que, por otro lado, hemos tenido ocasión de manifestarlo así en distintos debates que se han ido produciendo tanto en Pleno como en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Una vez aclarado cuál va a ser el sentido de nuestro voto, nos gustaría hacer unas breves reflexiones (además tenemos la suerte de que hoy nos acompaña el Ministro de Asuntos Exteriores) en la idea de hacer quizá algunas sugerencias o poner sobre la pista de algunos matices que debemos tener muy en cuenta, no tanto para no ratificar, que ya digo no es el caso, sino, sobre todo, para el desarrollo que va a tener este acuerdo, no sólo por su contenido, por su extensión, sino por la trascendencia externa, por lo que significa la construcción europea, e interna, por la repercusión económica, fundamentalmente para España, que va a tener este acuerdo.


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En este sentido, queríamos decir que efectivamente hasta la propia naturaleza de este Acuerdo del Espacio Económico Europeo ha cambiado, porque no olvidemos que precisamente ejerciendo España la presidencia semestral, en el primer semestre de 1989, tuvimos en cierta medida el honor, coincidiendo, repito, con nuestra Presidencia, de establecerse por parte del Presidente de la Comisión, el señor Delors, la posibilidad de crear este Espacio Económico Europeo; pero creo que es importante recordar, señorías, que la finalidad entonces del señor Delors era curiosamente la de no dejar desfavorecidos a aquellos países EFTA ante lo que iban siendo avances importantes en la Unión Europea, y que no se sintieran relegados de la Comunidad Europea. Incluso añadía el señor Delors, año 1989: De esta forma no forzarían su adhesión a la Comunidad Europea de manera inmediata. Es decir, esto sufre una evolución, pasamos a una miniadhesión en una segunda fase de lo que es el sentido del Espacio Económico Europeo y yo me atrevería a decir que hoy día, y teniendo en cuenta la importancia que juegan las opiniones públicas en los diversos países a la hora de adhesiones definitivas a la Comunidad Europea, pudiera ser que estemos más ante una adhesión que ante una miniadhesión, porque, quizá no, pudiera darse el caso de que algunos países del Espacio Económico Europeo tarden bastante tiempo, no por voluntad de sus gobiernos, sino por problemas de sus opiniones públicas, en incorporarse a la Comunidad Europea.
En este sentido, creo que es bueno recordar que deberíamos tener muy en cuenta en el desarrollo de este Protocolo la importancia que tienen las cláusulas evolutivas del acuerdo, porque les permite liberalizar su comercio agrícola a los países EFTA, pero concretamente en los acuerdos pesqueros, que tanto afectan a España, no quedan unidas esas negociaciones al día de hoy, plenamente vinculadas al propio acuerdo, sino que se establece a través de lo que pudiéramos llamar unos convenios bilaterales. Es decir, en el supuesto de que se produjera por esos países del Espacio Económico Europeo alguna denuncia de ese intercambio de cartas, una vez entrado en vigor el Acuerdo del Espacio Económico Europeo, los Estados de la Comunidad Europea y, por tanto, España, no podrían recurrir esta decisión ante el Tribunal Europeo.
Por otra parte, sabemos que los países EFTA tienen también la posibilidad de oponerse a una decisión del Consejo de la Comunidad Europea siempre que la nueva legislación afecte negativamente a sus países; entonces, iniciarían una serie de negociaciones en un comité mixto del Espacio Económico Europeo, cuyas soluciones se atrasarían seis meses y con una serie de posibilidades, realmente muy favorables para esos países del Espacio Económico Europeo. En definitiva, a lo que quiero llegar, señor Ministro, es a recordar que puesto que todavía no existe un reglamento para desarrollar ese acuerdo que hoy vamos a ratificar, creo que sería bueno matizar muchísimo en ese reglamento la importancia que va a tener el organismo que vaya a representar a toda la Comunidad europea frente a esa posibilidad de negociaciones «a posteriori» que pudieran producirse por parte de los países del Espacio Económico Europeo.
Una segunda reflexión, decíamos, de orden interno. Se ha dicho ya, desde luego, que el comercio internacional, concretamente la inversión extranjera, sin duda puede mejorar la productividad de una nación. Por tanto, nosotros estamos muy dispuestos a que así sea, pero no nos negamos tampoco a reconocer que también en ocasiones puede amenazar, efectivamente, cuando afecta a sectores de nuestra economía que pueden estar en unas condiciones de competitividad que no sean las más adecuadas para ese proceso competitivo que va a aumentar con un mercado tan amplio.
En este sentido queremos recordar que, efectivamente, el nivel de vida de una nación depende de la capacidad de sus empresas para lograr esos altos niveles de productividad, y que los altos niveles de productividad, fundamentalmente a través de los procesos de desarrollo industrial, van ligados ni más ni menos que a esa capacidad de innovación, a esa capacidad de inversión en nuevas tecnologías, en procesos de investigación y desarrollo, diseño de nuevos productos. Nos encontramos en un momento en el que tenemos que recordar que en nuestras relaciones con Europa, por lo que se refiere concretamente a los países EFTA, nuestra balanza comercial en este momento es negativa y se ha deteriorado mucho desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea. Por eso hoy, que precisamente iniciamos un trámite tan importante como es el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y teniendo en cuenta que al final lo importante es que nuestra economía esté saneada para que nuestras empresas, nuestras industrias sean realmente competitivas, quisiéramos, efectivamente, llamar la atención del Gobierno para que, teniendo en cuenta que España va a ser el país de la Comunidad Europea que va a registrar mayor caída de empleo en el año 1993; que dentro de esta caída de empleo, va a ser el que ostente --y, desde luego, triste récord es--la mayor tasa de desempleo juvenil; teniendo en cuenta, por otra parte, que las exportaciones españolas en el año 1992 han crecido menos que las de los otros países comunitarios; que España e Italia, junto con Alemania, van a ser los que registren las mayores caídas del consumo; y, por último, que España e Italia van a ser los países de la Comunidad Europea que están registrando el mayor aumento de la presión fiscal, yo diría más, del esfuerzo fiscal, de la presión fiscal activa en este período de 1980 a 1992, yo creo, señorías, señor Presidente, señor Ministro de Asuntos Exteriores, que bueno es reconsiderar que al abrirnos hacia un mercado tan importante

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que, evidentemente, y así lo deseamos, puede traer mayores posibilidades de competir para España, sean ustedes mucho más sensibles a que, efectivamente, la competitividad de un país es fundamental siempre que se tenga en cuenta que hay que mejorar esa capacidad de su industria.
Por tanto, les sugerimos que en vez de quedarse bloqueados ya de antemano ante las enmiendas que la oposición va a sugerir en estos presupuestos, lo tengan muy en cuenta, puesto que el desarrollo de este Acuerdo de Espacio Económico Europeo va a tener una enorme repercusión que deseamos sea positiva para nuestro país.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tocino.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, en este último trámite parlamentario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo permítanme, una vez más, definir los objetivos y consecuencias principales del mismo, dibujar el nuevo escenario socioeconómico e institucional que representa y constatar la evolución favorable que el conjunto de fuerzas políticas ha producido a lo largo de su tramitación.
La implantación de las cuatro libertades (libre circulación de mercancías, personas, capitales y servicios, excluyendo algunos productos agrícolas) en un espacio de 375 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo constituye el espacio económico más importante a nivel mundial, que va más allá de lo que es una zona de libre intercambio comercial, estableciendo una amplia libertad, pero sin llegar a crear una frontera exterior común ni a eliminar las fronteras interiores.
El Acuerdo no cubre las políticas agrícola y pesquera comunitarias. Tampoco comprende la política fiscal, la política de seguridad, la política exterior, la política regional y la política económica y monetaria.
Para la creación del Espacio Económico Europeo, los países pertenecientes a la EFTA han aceptado gran parte del acervo comunitario, si bien el Acuerdo prevé que dicho acervo comunitario será progresivamente actualizado a medida que se vaya desarrollando la legislación comunitaria en aquellos sectores abarcados por el Acuerdo. Representa, en realidad, la antesala de una integración de los países de la EFTA o de una miniadhesión a la Comunidad Económica Europea.
El Espacio Económico Europeo hace posible la participación en el mercado interior de unos países muy competitivos como los de la EFTA, con una estructura económica e industrial semejante a los países más desarrollados de la Comunidad Económica Europea. Con una población inferior al 10 por ciento del total de la comunitaria, la EFTA tiene un producto interior bruto que representa el 15 por ciento de la Comunidad Económica: 20.000 ecus por persona y año de renta «per capita», frente a los 14.400 de media en la Comunidad. Ello representa dos vertientes, que pueden dar lugar a efectos contrarios, según sea la acogida y reacción de la sociedad española en su conjunto. Por una parte, supone ampliar las posibilidades de las empresas españolas a un conjunto de consumidores con un alto poder adquisitivo. Por otra parte, estas empresas españolas van a tener que concurrir con otras que han demostrado ya un alto grado de competitividad.
Es indiscutible que el éxito o fracaso futuro de los resultados finales de este Acuerdo del Espacio Económico Europeo y del Protocolo adicional depende en gran medida de la capacidad de acierto con que la sociedad española, en su conjunto, aborde el reto de la competitividad de sus sectores productivos.
A esta responsabilidad, compartida por el conjunto de la sociedad, están encaminados hoy los esfuerzos de las administraciones públicas. Pero resultaría un esfuerzo vano si no contara con la concurrencia de empresarios y trabajadores en el diseño de un marco estable para los próximos años, que permita a nuestra economía aprovechar este y otros escenarios de oportunidades que se van a producir y combatir así la mayor de las desigualdades que sufre Europa en estos momentos, que no es otra que el desempleo.
El Tratado del Espacio Económico Europeo diseña también un marco institucional complejo para la toma de decisiones, en el que se distinguen dos momentos distintos en la configuración de la decisión; la consulta previa a los países de la EFTA («decisión shaping») o la toma de decisión («decisión making»).
Lo insatisfactorio de este sistema para los países de la EFTA ha contribuido, sin duda, a que la mayoría de dichos países hayan solicitado la adhesión a la Comunidad Económica Europea, al verse abocados a aplicar normas en las que no deciden. Hay que recordar aquí que, en contra de lo afirmado por algún portavoz, quien decide finalmente, en caso de conflicto, es el Tribunal Europeo de Justicia.
Ese Tratado crea también un marco de cooperación en materias tan importantes como la investigación y el desarrollo tecnológico, la educación, la formación y juventud, el turismo y el medio ambiente. Un fondo de cohesión que es de especial importancia para España, en el que se encuadran las concesiones obtenidas en materia de agricultura y pesca.
Ha sido completado con la creación de un mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo o fondo EFTA de cohesión. Hay que recordar que este mecanismo se suma al previsto en el Tratado de la Unión, celebrado en Maastricht; que dicho fondo dispondrá de 1.500 mecus en concepto de préstamos, con una bonificación de intereses del 2 por ciento para toda la duración del Espacio Económico Europeo, así como 500 mecus en donaciones desembolsables en cinco

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años, a partes iguales anuales, a partir de la entrada en vigor del acuerdo. De este fondo de cohesión serán beneficiarios Irlanda, Grecia, Portugal y las regiones españolas calificadas como objetivo 1 del FEDER.
Está previsto que los recursos del mecanismo financiero se dediquen a proyectos en los siguientes sectores prioritarios, y fundamentales diría yo, para la competitividad, como es el medio ambiente, las infraestructuras, incluidas las de transporte, y la educación, incluida la formación de recursos humanos.
Finalmente, quiero resaltar la evolución favorable de las fuerzas políticas parlamentarias respecto al Espacio Económico Europeo. Su tramitación en esta Cámara ha conocido sólo enmiendas sobre temas puntuales. No se ha cuestionado lo beneficioso del conjunto del Tratado para España y para la construcción europea. Hay que señalar que en el tiempo transcurrido desde que se inició su primera tramitación han ocurrido hechos notorios, tanto en los países de la EFTA como en la propia Comunidad Económica Europea.
Dentro de los primeros, el referéndum suizo, con resultado negativo, ha provocado la firma de un Protocolo adicional el 17 de marzo de 1993, que excluye del Espacio Económico Europeo a este país. Dentro de la Comunidad Económica Europea se ha superado el referéndum de Dinamarca, y la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe ha permitido la ratificación del Tratado de la Unión por los doce países firmantes, con lo cual éste entrará en vigor el próximo 1.º de noviembre.
Señorías, éste es, sin duda, un tiempo importante para el futuro de nuestro destino colectivo. Es nuestra responsabilidad dotar a España de un marco en el que los agentes sociales, empresarios y trabajadores, encuentren las certezas necesarias para afrontar las numerosas incertidumbres que está conociendo la humanidad en esta etapa de nuestra generación. Del acierto en el diseño de este marco y de su solidez depende, en gran medida, el futuro bienestar de nuestros conciudadanos y de las futuras generaciones.
En la convicción y el deseo de acertar, el Grupo Parlamentario Socialista dará su apoyo a este Tratado y a su Protocolo adicional, como instrumento para lograr estos fines.
Señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación del dictamen de la Comisión relativo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306; a favor, 305; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994 (Número de expediente 121/000013)

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FUNCION PUBLICA Y DE LA PROTECCION POR DESEMPLEO (Número de expediente 121/000014)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto segundo del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate correspondiente a las enmiendas de totalidad presentadas a los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y al de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.
Para presentar los proyectos en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Presidente, señorías, la presentación por parte del Gobierno ante esta Cámara de los Presupuestos de 1994 aporta tres novedades claras respecto a los años anteriores. La primera de fondo y la más importante es que se presentan en un momento de crisis y de dificultades económicas, sin que sea un consuelo constatar que todos los países de nuestro entorno están atravesando un momento parecido. El crecimiento del producto interior bruto experimentará un retroceso del 0,8 en 1993, con una fuerte caída de la inversión, especialmente en bienes de equipo, y una tasa de paro del 22,4 por ciento, medida en términos de EPA. Como consecuencia de esto, las cuentas públicas también se han visto afectadas por la crisis, reflejando un déficit del 6,2 por ciento del PIB, superior al previsto, con importantes caídas en los ingresos y desviaciones en el gasto, especialmente en aquellas partidas que, como el desempleo, reflejan más la situación cíclica de la economía. Los presupuestos que hoy presentamos tienen que ser una pieza importante en la estrategia de superación de la crisis y creación de empleo, sin pretender

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que son la única herramienta de que dispone la política económica del Gobierno para conseguirlo.
La segunda novedad deriva de la voluntad popular, expresada en las recientes elecciones generales de junio. El Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, pese a ser el más numeroso, no tiene la mayoría necesaria para, con sus propias fuerzas, aprobar la Ley de Presupuestos de 1994. Los ciudadanos han querido instalar en esta Cámara una cultura de pacto parlamentario, distinta y más necesaria que en legislaturas pasadas. Si la estabilidad política de un país es siempre un bien absoluto a alcanzar o preservar, lo es todavía más cuando se agudizan las incertidumbres sobre la economía y su futuro. Consciente de sus responsabilidades, el Gobierno ha intentado y conseguido la suficiente estabilidad política y parlamentaria para que la presentación de estos presupuestos no fuera un motivo de desestabilización, como algunos podrían pretender. Gobernar o contribuir a la gobernabilidad del país a través de pactos parlamentarios estables es acatar el mandato de las urnas con sentido de responsabilidad, y tenemos que asumirlo con la misma naturalidad que en otros países europeos, en los que funciona con alta y prolongada estabilidad basada en pactos o coaliciones parlamentarias. La tercera novedad de este debate lo constituye el hecho de hacer coincidir en el mismo tanto el proyecto de ley de Presupuestos como el de Medidas Fiscales y de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección del Desempleo. La razón de este hecho es doble; en primer lugar, razones de carácter jurídico obligan a presentar en dos proyectos de ley separados las propuestas del Gobierno, atendiendo a su carácter y temporalidad; en segundo lugar, porque ambos proyectos de ley están estrechamente vinculados entre sí, hasta el punto de que definen una unidad de propósito, se refuerzan mutuamente, y por ello su presentación es simultánea. A ambos me referiré conjuntamente en mi exposición. El Gobierno presenta, pues, a esta Cámara un grupo de normas, medidas y decisiones coherentes inscritas en la línea global de política económica ya expuesta en este mismo hemiciclo en la comparecencia de principios de agosto y que forma parte del conjunto de actuaciones que el Gobierno está adoptando para hacer frente a la crisis, y sobre todo para sentar las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo.
¿Cuáles son los grandes objetivos del presupuesto? Por parte del Gobierno se han destacado cuatro elementos esenciales, claves para la definición del presupuesto: en primer lugar, la consolidación presupuestaria; en segundo lugar, el mantenimiento de la protección social; como tercer elemento, el mantenimiento del esfuerzo inversor por parte de las administraciones públicas; y, finalmente, incentivar la inversión y la creación de empleo. Sin embargo, permítanme SS.SS. que, antes de hacer alusión a esos cuatro grandes objetivos del presupuesto, me refiera al contexto económico actual, aunque sea de forma muy breve, y a las previsiones para el año 1994.
El añor 1993 se caracteriza en el contexto internacional en que vivimos, en la Europa comunitaria, por ser un año de recesión. El producto interior bruto cae, como media, el 0,5 por ciento y aumenta claramente el desempleo. Ello trae consigo un déficit creciente en las administraciones públicas hasta el punto de alcanzar el 6,3 por ciento del PIB como media, es decir, un 1,2 por ciento más que en 1992. Para el año 1994 las perspectivas parecen algo mejores. Por una parte, las reformas o la adaptación del Sistema Monetario Europeo en el mes de agosto han permitido evitar las tensiones que se estaban produciendo en el ámbito monetario. En segundo lugar, empiezan a corregirse algunos de los desequilibrios que tan fuertemente han acentuado la crisis en el año 1993 , y me estoy refiriendo especialmente a las dificultades por las que ha pasado Alemania, sobre todo en lo que se refiere a precios.
Y finalmente, se está produciendo un estrechamiento de los diferenciales de los tipos de interés con Estados Unidos. Todo ello nos hace prever un año 1994 mejor que el anterior. Si somos capaces de poner en marcha unas políticas macroeconómicas estabilizadoras y de llevar a cabo además las reformas estructurales necesarias para conseguir una mejora de los mercados, una mayor flexibilidad y una consolidación del gasto público, creo que estamos en condiciones de prever un año 94 claramente mejor que el 93.
¿Cómo ha funcionado el año 93 en España, qué deberíamos resaltar de él, cuáles son las perspectivas para 1994? Yo diría que el año 93, en términos económicos, se ha caracterizado en nuestro país por tres rasgos. En primer lugar, la recesión económica; en segundo lugar, la importante destrucción de empleo; y en tercer lugar, las incertidumbres que se plantean en los mercados de cambio.
En cuanto a la recesión económica señalaría que posiblemente terminaremos al año con una caída del producto interior bruto, como media, del 0,8 por ciento. Ello se va a deber fundamentalmente a un retraimiento de la demanda interna como consecuencia de la caída del consumo privado. La percepción de los agentes respecto a su renta permanente les ha hecho que gastaran menos que en otras circunstancias y también en cierta forma se ha recuperado la situación financiera de las familias muy afectada por la crisis anterior. El consumo público no ha podido compensar totalmente esta situación, porque a pesar de que su crecimiento ha sido del 1,2 por ciento respecto al año 1992, sin embargo ha sido inferior al del año anterior. Es verdad que la caída en la inversión tampoco hay que considerarla como un elemento positivo, especialmente en la caída de inversión de bienes de equipo, que ha sufrido un grave

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retroceso del 13,1 por ciento, dada la falta de necesidad de inversión para satisfacer el consumo al que antes he hecho referencia. Sin embargo, como en otras ocasiones en nuestra historia reciente, ha sido la demanda exterior la que ha aportado un papel positivo a la situación de crisis. El buen comportamiento de la exportación, en gran medida debido a la debilidad de la demanda interna y a las ganancias de competitividad consecuencia de la devaluación, ha sido un elemento motor del crecimiento en este período, y todo ello a pesar del mal contexto económico de nuestros principales mercados exteriores. Inversamente, las importaciones se han comportado de forma no conocida desde el año 1984. Por primera vez han caído y también han jugado de forma muy importante el tipo de cambio y la evolución de la demanda interna. Todo ello nos ha llevado a una situación de inflación yo diría claramente positiva; el deflactor del PIB ha caído en dos puntos hasta situarnos en el 4,5 por ciento y el deflactor del consumo privado todavía ha tenido una caída del 6,4 al 4,9 por ciento. Todo ello nos permitirá terminar el año con un IPC próximo al 4,5 por ciento, que supone un esfuerzo muy importante respecto a la situación anterior, especialmente si consideramos que en dicho incremento se toman en consideración las elevaciones de los impuestos especiales, sobre todo en hidrocarburos, los elevados incrementos de salarios que se producen a lo largo del año 1993 y el alza de los productos importados como consecuencia de la devaluación. En definitiva, yo diría que estos componentes muestran algunos elementos positivos que, sin embargo, no son suficientes para compensar uno de los aspectos peores de nuestra crisis, que ha sido el de la importante destrucción de empleo.
La caída del empleo en términos medios anuales de alrededor de 500.000 personas nos demuestra que el ajuste vía cantidades refleja unas consecuencias muy negativas en mercados con rigideces en precios cuando estamos en una coyuntura recesiva.
De ahí que, por parte de Gobierno, se haya insistido de forma permanente en la necesidad de flexibilizar esos mercados y que no se produzcan paradojas como las que se han dado en el año 1993, en las que con caída tan importante del empleo, sin embargo los salarios siguen aumentando en términos medios al 6 por ciento. ¿Cómo prevemos el contexto del año 1994? Como he referido anteriormente, el contexto será sin duda alguna más favorable. La recuperación puede venir marcada, en primer lugar, por la mejora de la competitividad, vinculada a la devaluación del tipo de cambio en estos años: en segundo lugar, por la mejora de la competitividad, consecuencia de la moderación de rentas salariales, y, en tercer lugar, por las reformas estructurales a las que anteriormente he hecho referencia. Todo ello nos debería permitir ir a una combinación de reducción de tipos de interés y mejora de las expectativas que al final trajeran consigo la deseada inversión generadora de empleo.
Decía anteriormente que es imprescindible hacer referencia a cuatro grandes objetivos en el Presupuesto de este año para conocer con detalle cuáles son aquellos elementos que el Gobierno considera fundamental conseguir a lo largo de este instrumento esencial de nuestra política económica.
El primer elemento básico es sin duda alguna el de la consolidación presupuestaria al que anteriormente me he referido. En los presupuestos que presentamos a esta Cámara está previsto que el presupuesto de las administraciones públicas centrales disminuya en un 0,5 por ciento en el año 94 respecto al año 93. Ello nos permitiría pasar de un déficit del 6,2 por ciento del PIB a un déficit del 5,7 en el próximo año. La reducción puede parecer modesta. Sin embargo, esta reducción encubre algo más. Cuando analizamos la reducción que se está planteando en términos de presupuestos, distinguiendo entre el componente cíclico y el componente estructural, vemos que el componente cíclico del déficit va a pasar de un 2 por ciento al 2,7 por ciento el año que viene y, en consecuencia, la reducción en términos estructurales va a suponer el 1,2 por ciento del PIB. Este es un tema que nos parece especialmente significativo, dado que nos sitúa en las mejores condiciones posibles cara al futuro para hacer frente a un mejor saneamiento de nuestro presupuesto.
¿Cómo se consigue la reducción de ese gasto público? En primer lugar, mediante la contención básicamente del consumo. Se mantienen las rentas cuando son consecuencia de transferencias y también mantenemos la inversión en infraestructuras como elementos fundamentales para soportar la actuación económica o la actividad económica imprescindible en el año 1994. El esfuerzo que se pretende con el presupuesto de 1994 yo diría que es un esfuerzo realista y necesario; realista, en el sentido de que es difícil ir más allá sin poner en tela de juicio la concepción solidaria que este Gobierno tiene respecto a su actuación; necesario porque es imprescindible cambiar una tendencia que es parecida a la que se está produciendo en otros países europeos, pero que en ningún caso podemos aceptar que nos lleve a situación tal que nos sitúe en una posición de crisis por razones de deuda externa. El gasto público se acaba pagando en todo caso y por ello es absolutamente imprescindible ir a una reducción de su crecimiento cuanto antes.
El esfuerzo excepcional del Estado para controlar su gasto exige otras medidas de naturaleza estructural de gran importancia. Por eso el Gobierno ha presentado junto al proyecto de ley de Presupuestos otro proyecto de ley, de acompañamiento al anterior y que incluye entre sus medidas algunas de reforma del régimen jurídico de la Función Pública.
A través de estas medidas se pretende, por una parte, racionalizar la Administración

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y, por otra, poner en marcha una modernización de la misma. Ya en el año 1994, si queremos mantener, con una política restrictiva en cuanto a gasto, una eficaz prestación de los servicios, es absolutamente imprescindible disponer de una flexibilidad razonable que permita reorganizar los efectivos, adaptando los excedentes a donde haga falta. El instrumento fundamental que pone en marcha dicho proyecto de ley es el de los denominados planes de empleo por ministerio o por organismo afectado. A través de dichos planes se pretende un diagnóstico de la estructura administrativa de estos ministerios o de estos órganos afectados y, a partir de ahí, producir un incremento en la eficiencia mediante una reasignación de efectivos. Es verdad que esa reasignación de efectivos va a exigir un cambio respecto a las situaciones en las que pueden encontrarse los funcionarios en el momento actual. De ahí que sea imprescindible ir a una nueva definición, a una nueva secuencia respecto a las situaciones de los funcionarios que, con un debido respeto a los derechos adquiridos, permitan una mayor flexibilidad en la Función Pública para el futuro. Ese respeto de los derechos adquiridos, y con objeto de obtener una mayor flexibilidad, va a dar la posibilidad de poner en marcha una serie de medidas voluntarias que permitan a los funcionarios actualmente en activo adaptarse a las nuevas situaciones. Por una parte, las excedencias voluntarias incentivadas, por otra, la reducción del tiempo de jornada y, finalmente, la jubilación voluntaria incentivada son nuevas situaciones que van a permitir este cambio de posición. Por último, quiero recordar que en el proyecto de ley también se ponen en marcha los nuevos requisitos para la excedencia voluntaria de interés particular, que se concede en ciertos casos y de acuerdo con las necesidades del servicio y no con los deseos de los funcionarios. Se eleva de 10 a 15 años la situación de excedencia para aquellos funcionarios actualmente en esa situación y también se establece el principio de que los funcionarios no dispondrán de más años de excedencia que años se encuentran en activo.
Además del principio inicial de consolidación presupuestaria a que he hecho referencia, quisiera comentar el segundo, que es el del mantenimiento de la protección social.
En los últimos años, los gobiernos socialistas han hecho un esfuerzo para consolidar un modelo de España en el que el Estado asume un papel activo en ámbitos como la distribución de la renta o la protección de los colectivos más desfavorecidos. El Estado dedica parte de sus recursos a no proveer servicios públicos sino a realizar transferencias, fundamentalmente a través de pensiones o prestaciones de desempleo, que nos permitan mantener una adecuada protección social. El gasto previsto para protección social en el año 1994 afecta al 50,4 del presupuesto, mientras que el resto de los gastos afectan al 49,6 del mismo. Dentro de las prestaciones de tipo social, sin duda alguna, una de las fundamentales, en una situación como la de desempleo actual, es la de mantener unos niveles relativamente altos. Por eso la protección social en los presupuestos para el año 1994 tiene un incremento del gasto social del 6 por ciento respecto a la situación en 1993.
Quiero referirme a los tres grandes capítulos que afectan al gasto social y que me parecen de especial relevancia. En primer lugar, la asistencia al desempleo, al fomento del empleo y a la prestación social asistencial.
Este conjunto de gastos supone, en el presupuesto que hoy presentamos a la Cámara, el 13,3 por ciento del total del presupuesto consolidado. Los recursos totales destinados a este objetivo serán de 3 billones 823.000 millones de pesetas.
Su incremento respecto al presupuesto inicial del año 1993 será de un 10,6 por ciento. Dentro de ellos, el concepto fundamental es --sin duda alguna-- el de prestación por desempleo, concepto para el que en el año 1994 están previstos 1 billón 979.000 millones de pesetas, es decir, el 56,6 por ciento del gasto total. Y esa protección para el desempleo crecerá, en términos del presupuesto inicial, el 13,6 por ciento respecto al presupuesto para el año 1993. Con estos fondos se podrá hacer frente a prestaciones contributivas para un total de 823.000 perceptores, y a prestaciones no contributivas para un total de 1.103.000 personas. En definitiva estamos hablando de más de 1.900.000 personas que recibirán la prestación por desempleo.
El segundo capítulo importante en cuanto a la asistencia al desempleo, fomento del empleo y prestaciones asistenciales es el de fomento de empleo, para el que están previstos en el presupuesto de este año 329.000 millones de pesetas, de los cuales la parte fundamental irá a la subvención de empresas privadas para crear empleo estable, a las bonificaciones de Seguridad Social precisamente para contratos de fomento al empleo, y al servicio público del empleo, que se presta a través del Inem, además de a la formación profesional ocupacional.
En tercer lugar, en cuanto a las prestaciones de carácter asistencial, quiero recordar que las pensiones no contributivas con cargo a los presupuestos del Estado afectarán a más de 300.000 beneficiarios este año y está prevista una presupestación de 146.000 millones de pesetas, y lo mismo que otras pensiones, éstas tendrán una revalorización del 3,5 por ciento.
El segundo capítulo al que me gustaría hacer referencia, dentro del gasto social, es el de las pensiones. Cuando hablamos de política de pensiones en el sistema contributivo no sólo afecta a la Seguridad Social sino también al sistema de clases pasivas. El gasto presupuestado en pensiones será de 6 billones 460.000 millones de pesetas, es decir, el 22,6 por ciento del gasto total, y el gasto presupuestado supone un incremento

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del 7,6 por ciento respecto al gasto inicialmente previsto en el año 1993. Sin embargo, para tener una visión clara de lo que se está haciendo por parte del Gobierno en pensiones, no conviene centrarse únicamente en la comparación entre los años 1993 y 1994; tal vez habría que tomar un poco más de perspectiva y ver lo que ha sucedido en los últimos años. En el año 1989, el gasto para pensiones de Seguridad Social incluía una cifra de 3 billones 329.000 millones de pesetas, cifra que pasa en el año 1994 a 5 billones 770.000 millones de pesetas, por lo tanto, con un incremento del 73,5 por ciento.
En clases pasivas, los 390.000 millones del año 1989 han pasado a ser 690.000 millones en el año 1994, con un incremento del 77 por ciento.
Los objetivos en las políticas de pensiones en el año 1994 quedan claramente definidos en el proyecto de presupuestos y centrados fundamentalmente en dos grandes rúbricas. En primer lugar, garantizar el poder adquisitivo mendiante la actualización al 3 por ciento y una cláusula de revisión a aplicar en el futuro y, en segundo lugar, una gestión económica más eficiente.
El tercer gasto de naturaleza social al que querría hacer referencia es el de la sanidad. Aquí incluimos los gastos de asistencia sanitaria en una doble vertiente: por una parte, el Insalud de gestión directa y, por otra parte, los servicios transferidos a las comunidades autónomas.
Los créditos previstos para sanidad en el año 1994 serán de 3 billones 100.000 millones de pesetas, es decir, el 10,8 por ciento del presupuesto, con un incremento de más del 6 por ciento respecto al presupuesto del año 1993. Del volumen total, 2.821 millones irán al Sistema de Seguridad Social, con un incremento del Insalud de más del 6,5 por ciento, y el resto a otras entidades y organismos. Me gustaría destacar un punto que me parece especialmente relevante en el contexto actual y es cómo se está distribuyendo la financiación del Insalud en el momento presente. El 70 por ciento de la aportación del Insalud la está realizando el Estado en el año 1993, mientras que el 30 por ciento procede de cotizaciones sociales. Sin embargo, la aportación del Estado crecerá en el año 1994 un 8,8 por ciento, mientras que las de cotizaciones sociales sólo se incrementarán en un 3,3 por ciento. La razón es muy simple. La decisión del Gobierno ha sido intentar proteger el empleo mediante un aumento menor de las aportaciones por cotizaciones que de las necesidades totales de financiación del Insalud, para lo cual era imprescindible que la aportación del resto de la sociedad a través de los presupuestos fuese mayor y de ahí esa diferencia de crecimiento entre uno y otro concepto.
Por último, querría hacer una reflexión sobre el desempleo. En el nuevo proyecto de ley de acompañamiento, en el que se introducen reformas sobre el mercado de desempleo, se plantea un objetivo fundamental, que es consolidar el derecho a la protección por desempleo a través de prestaciones suficientes en caso de necesidad. Ello exige necesariamente mantener y asegurar el equilibrio financiero del sistema público en este caso.
Desde el año 1985 al año 1993, el sistema de protección por desemplo ha pasado de ser financiado por una cifra que suponía el 2,7 del producto interior bruto en el año 1985 al 3,5 del producto interior bruto en 1993. En el momento actual, representa el 7 por ciento del gasto total del Estado. Para que tengamos una idea, es igual al gasto que estamos realizando conjuntamente en infraestructuras, en industria y energía, en vivienda, en defensa y en política exterior. Esa es la dimensión de lo que quiere decir el desempleo cuando estamos hablando en términos de desempleo y es muy poco menos de lo que estamos gastando en sanidad. Por parte del Gobierno, se ha planteado la necesidad de reformar el sistema y se ha insistido en el deseo de consensuar la reforma del sistema.
También conviene aclarar que el número de beneficiarios, de 1985 a 1993, ha evolucionado de forma enormemente favorable.
Hemos pasado de una cobertura del 45 por ciento de los desempleados en 1985, a una cobertura del 80 por ciento de los desempleados en el año 1993. Y este grado de generosidad de la sociedad española con sus desempleados en el momento actual es claramente superior a la de la media de los países de la OCDE.
Sin embargo, en una situación como la actual, aun siendo conscientes de la importancia de mantener el sistema, parecía conveniente poner en marcha una serie de medidas que supusiesen un ahorro que nos permitiera mantener los elementos fundamentales y básicos de ese sistema. Las medidas que se presentan en el proyecto de ley suponen aproximadamente un ahorro de 300.000 millones de pesetas. Sin embargo, ese ahorro no tiene un carácter indiscriminado, responde a unos ciertos criterios que nos parecen coherentes con una política seria y de rigor como la que intentamos poner en marcha.
Quiero volver a recordar cuáles han sido los principios en los cuales se ha basado la propuesta del Gobierno, y que están recogidos en las medidas específicas a las que he hecho referencia en la ley de acompañamiento. En primer lugar, se refuerza el principio de involuntariedad para acceder a las prestaciones. No parece lógico que pueda cubrir el desempleo bajas que son voluntarias, ni tampoco parece lógico que el desempleo sirva para compensar a aquellos que no buscan activamente empleo.
En segundo lugar, es verdad que relacionamos el pago de la prestación con la ausencia de rentas derivadas del trabajo o percibidas por la extinción del contrato de trabajo. En ese sentido, se pospone el ejercicio del derecho de la prestación de desempleo a la finalización del momento de la percepción de las indemnizaciones compensadoras por extinción del contrato.


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En tercer lugar, se pone en marcha también un sistema de prestación que toma en cuenta el concepto de responsabilidades familiares, en coherencia con la protección dispensada por las prestaciones sociales no contributivas.
En cuarto lugar, aproximamos la cuantía de la prestación al porcentaje legalmente previsto en relación con el resto de las rentas dejadas de percibir. Dicho en otros términos, nos parece bastante razonable que nadie que esté desempleado obtenga más rentas que trabajando.
Finalmente, se reforman los instrumentos normativos para la lucha contra el fraude en este sector, tema que nos parece fundamental en un aspecto de solidaridad como el que estamos haciendo referencia.
El tercer gran esfuerzo; el tercer objetivo del proyecto de presupuestos, es el mantenimiento del esfuerzo inversor de las administraciones públicas. Las razones del mantenimiento de este esfuerzo inversor son de naturaleza doble. En primer lugar, parece absolutamente imprescindible mantener un alto nivel de inversión para una sociedad que exige una modernización relativamente importante para adaptarnos a situaciones que todavía no son equivalentes en los países que nos rodean.
En segundo lugar, y en términos mucho más coyunturales, parece deseable mantener una política de inversión pública importante, con carácter anticíclico, en un momento como el actual, de tal forma que permita ayudar a la reactivación de la economía. Desde mediados de los años ochenta, el esfuerzo inversor de las administraciones públicas ha sido muy superior al del resto de la Comunidad. Sin embargo, todavía tenemos una situación de déficit respecto a esos países, de ahí que sea imprescindible seguir manteniendo este esfuerzo.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, aunque España está realizando esfuerzos de alrededor del cinco por ciento, en los años 1992 y 1993, en cuanto a su inversión pública respecto al PIB --somos el país, después de Luxemburgo, con niveles más altos de inversión pública--, todavía tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en esa dirección.
El año 1993 fue dedicado fundamentalmente en inversión pública a una actividad planificadora, y en el mismo se definieron tanto el Plan Director de Infraestructuras como el Plan hidrológico nacional. El objetivo este año sigue siendo el mismo que el de los últimos años: aproximarnos y respetar ese cinco por cien del PIB en cuanto a inversión pública. Quiero recordar que, cuando hablamos de inversión pública, me estoy refiriendo no sólo a la inversión definida por los Presupuestos del Estado y los organismos autónomos, sino a la que afecta a otros entes públicos, Renfe, puertos y aeropuertos, a las comunidades autónomas y corporaciones locales, pero también a algunos agentes privados con incidencia pública, como puede ser el caso de las hidroeléctricas o el de las autopistas de peaje.
¿Cuál es la dotación de infraestructuras prevista para el año 1994? Al final, el presupuesto incluye una dotación de 844.000 millones de pesetas, es decir, un 11,3 por ciento más que el presupuesto inicial de 1993. La inversión real directa del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente será de 710.000 millones de pesetas, un 15,9 por ciento más que lo inicialmente previsto en el año 1993. Y se mantiene también una inversión fuerte en política de viviendas, aunque creemos que en política de viviendas no sólo el elemento inversión es relevante, sino que aspectos como la reducción de tipos de interés, la incentivación fiscal de alquileres, a la que posteriormente haré referencia, o la nueva ley que potencie y equilibre la situación entre arrendadores y arrendatarios, podrá ayudar a mejorar la situación.
El cuarto gran objetivo de estos presupuestos es la incentivación fiscal de la inversión y de la creación de empleo. Todos podemos estar de acuerdo en que la creación de empleo es el objetivo fundamental de cualquier política económica en este país en el momento actual. Sin embargo, debemos preguntarnos cuál es el papel del Estado en esta creación de empleo. En mi opinión, el Estado sólo puede definir un entorno económico favorable que permita que esa inversión pública o privada se realice. Para ello, es absolutamente imprescindible que el entorno macroeconómico sea estable y que se puedan reducir los tipos de interés.
Precisamente en ese objetivo estamos y los resultados de las últimas semanas nos permiten ser optimistas en cuanto a los avances en esa dirección.
En segundo lugar, parecería aconsejable, a través del sistema fiscal, poner en marcha actuaciones o incentivos que permitiesen incrementar precisamente la inversión. Por eso tanto en el proyecto de ley de presupuestos, como en el proyecto de ley de medidas fiscales que le acompaña, incluimos una serie de medidas que ayudan precisamente a la incentivación fiscal de la inversión y a la creación de empleo. De forma muy rápida y muy somera voy a hacer referencia a los elementos incluidos en cada una de estas normas, de naturaleza fiscal.
En la ley de Presupuestos, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece la nueva sujeción a prestaciones por desempleo y ciertas pensiones de incapacidad.
Por razones de coyuntura, se ha tomado la decisión de no deflactar ni las tarifas ni las deducciones, excepto las de minusválidos, pero aumenta la deducción por alquileres para mejorar la situación en ese mercado que permita animar precisamente las actividades de construcción. En ese sentido se toma la decisión de reducir el IVA para las viviendas de promoción pública, de forma que tenga incidencia positiva en el mercado de la vivienda.
En el Impuesto de Sociedades y para mejorar la situación de las mismas se define un sistema de pagos a cuenta distinto al anterior en función del resultado

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del ejercicio en curso, de tal forma que una variación de resultados de un ejercicio a otro no tenga los efectos negativos que ha tenido en el pasado. Por otro lado, en este mismo impuesto se ponen en marcha una serie de medidas de apoyo a la inversión, pasando del 20 al 25 por ciento las deducciones de la cuota para inversión en el caso de la internacionalización de empresas, deducción que será independiente de otras del Impuesto de Sociedades.
Se establece una nueva deducción del cinco por ciento para los incrementos en gastos de formación, con un límite de hasta el 25 por ciento de la cuota, y se aumenta del 25 al 35 por ciento el límite conjunto de la cuota aplicable a activos fijos, materiales nuevos, gastos de investigación y desarrollo, y bienes inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural.
Todo ello va a implicar un sacrificio recaudatorio en el año 1994 y en años siguientes, pero creemos que el esfuerzo puede valer la pena si conseguimos la reactivación de la situación económica en el año 1994. Sin embargo, no todos los gastos fiscales --posteriormente haré referencia a ellos-- del año 1994, ni siquiera toda su diferencia con el año 1993, son consecuencia de estas medidas a las que acabo de hacer referencia.
En cuanto a impuestos especiales, no se modifica el Impuesto de Hidrocarburos, dado que ya se hizo con el Real Decreto-ley 3/1993, de 4 de agosto, y sí se producen las aproximaciones pertinentes al modelo comunitario en el caso del tabaco y del alcohol. Finalmente, en el IAE se da entrada a nuevas actividades y se modifica el cómputo del factor superficie para el cálculo de las cuotas.
Analizar las modificaciones fiscales que se introducen en el año 1994 tomando en consideración sólo la ley de presupuestos nos daría una visión parcial de las mismas. Por eso es absolutamente imprescindible hacer referencia también a aquellos aspectos que están incluidos en la ley de medidas fiscales. En esta ley se elimina la exención del IRPF para variaciones patrimoniales por transmisiones onerosas de cuantía inferior a 500.000 pesetas, que afectan actualmente a los fondos de inversión colectiva.
En el Impuesto de Sociedades, para empresas de nueva creación, se acepta una exención de la cuota del 95 por ciento para inversiones realizadas en el año 1995 y en condiciones que se determinen en cuanto al número de trabajadores e inversión mínima a realizar.
En tercer lugar, en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, se fomenta la actividad productiva mediante un apoyo específico a la pequeña y mediana empresa. En ese sentido, se exonerará del Impuesto a los bienes afectados, a negocios empresariales y participaciones en entidades que cumplan ciertas condiciones, especialmente cuando se trate de actividades económicas reales en las que el propieario de la empresa, que debe ser una persona física, intervenga en la gestión de la misma. Con ello nos aproximamos a un modelo que existe en un país vecino, Francia, que lo puso en marcha con su impuesto de solidaridad sobre las fortunas para los útiles de trabajo. Pretendemos mantener en manos españolas las empresas españolas que se transmiten por sucesión y consolidar una cierta empresa familiar, que nos parece de la mayor importancia.
Por lo que se refiere al IVA, se toma una decisión importante en base a una autorización existente en la sexta directiva comunitaria de armonización del IVA. Se resuelve el problema planteado por las quiebras y las suspensiones de pago. Existe en la actualidad la posibilidad de que cuotas impositivas repercutidas en la venta, y por tanto devengadas, no hayan sido efectivamente cobradas. Para suprimir esta anomalía se pone en marcha una nueva modificación del IVA que resuelva esta situación.
Finalmente, por no extenderme en estas modificaciones fiscales específicas diré que, en cuanto al IAE, la ley de acompañamiento da un mayor margen a los ayuntamientos para corregir la carga que recae sobre contribuyentes espec§ficos, dándole un margen en cuanto a coeficientes, a la modificación de los índices de situación y a la exención específica para posibles nuevas empresas instaladas en su demarcación. Por último, me gustaría indicar que en el Impuesto de Bienes Inmuebles se da a los centros privados concertados una exoneración que se corresponde bastante con otra que ya existía en el pasado, a través del sistema de la antigua contribución urbana.
Analizados los principios fundamentales del presupuesto, querría hacer referencia al contenido del proyecto de ley, tanto en su articulado como en sus grandes cifras. En cuanto al articulado querría señalar las siguientes novedades o aspectos sobresalientes respecto a los títulos que en este momento se han presentado.
En primer lugar, el Título I del proyecto de ley, de acuerdo con el artículo 134.2 de la Constitución, que prescribe que los Presupuestos Generales del Estado «incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal», describe, de forma pormenorizada, el ámbito institucional de los mismos. Esta descripción coincide con la que se contenía en la Ley 31/1992, de 29 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado de 1992, pero con una novedad, cual es la inclusión de la Agencia de Protección de Datos, creada por Ley orgánica 5/1992, de 29 de octubre. Conviene mencionar aquí también que se incluyen las modificaciones orgánicas consecuencia del Real Decreto 1173/1993, de reestructuración de departamentos ministeriales que, entre otras novedades, crea el Ministerio de la Presidencia y el de Comercio y Turismo, y suprime los Ministerios de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno y su portavoz.
En este mismo Título se contienen normas que consagran limitaciones presupuestarias, cuyo objeto es

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adecuar la ejecución del preupuesto a las cifras inicialmente aprobadas. Así, se establece que el conjunto de obligaciones reconocidas en 1994 con cargo al Presupuesto del Estado y referidas a operaciones no financieras, excluidas las derivadas de créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por las Cortes, así como de las generaciones de crédito financiados con ingresos previos, no podrán superar la cuantía total de los créditos inicialmente aprobados para atender dichas operaciones. Se señala que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito no podrán superar la cuantía total de los inicialmente aprobados para atender a dichas operaciones, y también se señala que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito no podrán superar, en ningún caso, el 3 por ciento de los inicialmente aprobados.
Resulta conveniente hacer en este punto una alusión al nivel de vinculación de créditos presupuestarios, ya que el artículo nueve del proyecto considera vinculantes, con vigencia para el año 1994 y a nivel de subconcepto, los relativos a una serie de partidas específicas que en el mismo se recogen. Por terminar con este Título, quiero hacer referencia al artículo once del proyecto de ley, que recoge un préstamo concedido por el Estado a la Seguridad Social por importe de 345.000 millones de pesetas, con el objeto de proporcionar la cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y a posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma en el año 1994.
En el Título III, y por lo que se refiere a la materia retributiva, el artículo veintiuno del proyecto de ley establece que las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público no experimentarán variación con respecto al ejercicio anterior. Este criteiro limitativo será aplicable a las remuneraciones de personal laboral y funcionario del sector público estatal y se hace extensible a las comunidades autónomas y entidades locales, en uso de la competencia del Estado, para fijar las bases y criterios de coordinación de la actividad económica.
Este deseo de contención del gasto explica igualmente la suspensión de la oferta de empleo público para el año 1994, que se contiene en la disposición transitoria quinta del proyecto, dejando a salvo la convocatoria excepcional de vacantes que el Gobierno considera pueden afectar al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En el Título V, el artículo cincuenta y uno del proyecto de ley da nueva redacción al artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, introduciendo una novedad significativa: la prohibición de que, en lo sucesivo, las entidades del sector público concierten operaciones de endeudadamiento con el Banco de España. Esta novedad viene exigida por el Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992, e implica una racionalización y disciplina del endeudamiento del sector público y, por tanto, del gasto. En el Título VI se incluyen una serie de normas de tipo tributario, a las que he hecho referencia, y en el Título VII, relativo a las haciendas autonómicas y corporaciones locales, me gustaría distinguir entre ambas. En cuanto a corporaciones locales, el proyecto de ley prorroga los criterios de cuantificación de la participación del Estado, fijados inicialmente en la Ley 39/1988, para el próximo año. Tienen carácter de provisionalidad y la idea del Gobierno es negociar con las corporaciones locales un nuevo sistema que pueda ser aplicable para el quinquenio 1994-98. Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, el proyecto se atiene a las directrices señaladas en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, si bien introduce una novedad en relación con la participación de las comunidades autónomas uniprovinciales en los ingresos del Estado. El artículo noventa y tres señala que las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Asturias, Rioja, Murcia y Navarra, participarán en los ingresos del Estado como diputaciones provinciales y, sin embargo, en el caso de Cantabria y Madrid, y en virtud de lo acordado por las respectivas comisiones mixtas, la participación en los ingresos del Estado que les corresponde como diputaciones provinciales, quedará integrada en la participación que les corresponde como comunidades autónomas. Sin embargo, no está previto el reciente acuerdo --no podía estarlo por las fechas en que se produce-- sobre cesión del 15 por ciento del IRPF a las comunidades que, por motivos obvios de calendario, tendrá que ser discutido como enmienda, o bien será objeto de articulación normativa en una disposición independiente.
Finalmente, quiero recordar que en el artículo noventa y siete se mantienen las autorizaciones que habitualmente se dan al Gobierno para modificación de estructura de la Administración del Estado, que adquiere mayor importancia en el momento actual, como consecuencia de las normas a las que he hecho referencia respecto a la modificación del régimen jurídico de la Función Pública.
Señorías, de forma rápida, voy a intentar ya dar algunas cifras adicionales sobre el presupuesto total consolidado y los presupuestos de los diferentes sectores, para que SS.SS.
tengan una visión total de lo que aquí hoy se plantea. En cuanto al presupuesto consolidado, quiero recordar, simplemente, que los ingresos totales para el año 1994 afectan a 22 billones 746.000 millones de pesetas, con un crecimiento del 0,9 por ciento. Hay una caída de los impuestos directos de las cotizaciones sociales, fundamentalmente como consecuencia de las reducciones de ingresos en el Impuesto de Sociedades vinculado a la situación económica, pero también a las ventajas de todo tipo que hemos dado a las empresas en los últimos años para precisamente mejorar la situación de las mismas y crear empleo. En cuanto a los impuestos indirectos, está prevista una caída del 3,9 por ciento de los impuestos indirectos respecto al presupuesto

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inicial de 1993 y un incremento, sin embargo, del 12,1 por ciento respecto al presupuesto de liquidación.
Es verdad que está previsto un importante incremento de la recaudación por IVA, que se debe, fundamentalmente, al aumento nominal del consumo y a la normalización del sistema, dado que en el año 1993 existió la compensación de las sociedades en adquisiciones intracomunitarias, como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema comunitario. Sin embargo, me gustaría destacar, en cuanto a ingresos, las transferencias corrientes, especialmente las de Bruselas, como consecuencia de la puesta en marcha de la política agrícola común y de la recepción de nuevos fondos, derivados del incremento de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión. Desde el punto de vista de ingresos, me gustaría finalizar diciendo que, tanto la presión fiscal como la tributaria, disminuyen respecto a la previsión final del año 1993 en un 0,8 por ciento y en un 0,6 por ciento del PIB, respectivamente.
En cuanto a los gastos fiscales, he hecho ya referencia a la importancia que tienen, tanto en el Impuesto de Sociedades, donde crecen el 33 por ciento, como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, donde también se produce un incremento, fundamentalmente por la exención de la tributación, en el caso de deuda pública, por no residentes, y, en el IVA, como consecuencia también del cálculo de la alícuota superreducida para las operaciones intracomunitarias.
En gastos totales, el presupuesto va a ser de 28 billones 630.000 millones de pesetas, con un incremento del 9,5 por ciento respecto al presupuesto inicial de 1993, pero con una caída de 1,6 por ciento respecto al presupuesto de liquidación. Las operaciones no financieras serán de 26 billones 400.000 millones. Aquí también hay incremento respecto al presupuesto inicial del 10 por ciento y una estabilización respecto al presupuesto de liquidación.
El gran capítulo de gastos es, sin duda alguna, el de transferencias corrientes. Este solo capítulo, dado su carácter redistribuidor, es un elemento fundamental de toda nuestra política y explica el 57 por ciento del presupuesto.
Sin embargo, no querría dejar de destacar el importante crecimiento que van a tener en el año 1994 los gastos financieros como consecuencia del incremento de la deuda pública acumulada en los últimos años.
En cuanto a los presupuestos de los diferentes sectores querría destacar que el Presupuesto del Estado para el año 1994 se cifra en un total de 16 billones 499.000 millones; que los gastos que responden a derechos subjetivos, que ofrecen por tanto poco margen de flexibilidad, suponen prácticamente el 80 por ciento del total del presupuesto; que, en consecuencia, el margen de que disponemos para actuar en términos de restricción es tan sólo de tres billones de pesetas; que de ellos mantenemos el gasto en infraestructura de 700.000 millones de pesetas; y que el esfuerzo realizado en los restantes gastos del Estado ha tenido que ser muy importante para conseguir la reducción a que anteriormente he hecho referencia.
En cuanto a organismos autónomos, me gustaría destacar el importante crecimiento del presupuesto de organismos autónomos administrativos, sobre todo, como consecuencia de las transferencias al Inem y del incremento de fondos del Iryda por la aplicación de la nueva política agrícola común. En organismos comerciales, industriales y financieros, el incremento se explica también por las transferencias adicionales que se reciben de Bruselas al Forppa, para la financiación de las ayudas de compensación en la aplicación de la política agrícola común reformada. En cuanto a Seguridad Social, el presupuesto aumenta en el 7,7 por ciento y, con 9 billones 969.000 millones, constituye el segundo gran presupuesto dentro de los consolidados del Estado. De este total de 9,9 billones, 8 billones 500.000 millones están destinados a transferencias, que fundamentalmente están cubriendo las pensiones, contributivas y no contributivas, la asistencia sanitaria, la farmacia, la ILT y los restantes conceptos de esta naturaleza.
Señorías, estas son las grandes orientaciones del presupuesto y las medidas conexas que hoy presenta el Gobierno. Es un presupuesto en el que se mantiene el carácter prioritario de las políticas del área social: las pensiones, la protección al desempleo y otras prestaciones sociales, incorporando plenamente las variables del incremento que determinan la asignación preferente del recurso a los programas de prestaciones. En segunda lugar, se racionaliza el gasto sanitario. En tercer lugar, en política educativa --quiero referirme a ella-- se dispone de los recursos suficientes para seguir proporcionando una oferta pública de servicios educativos adecuados a la realidad sociodemográfica de nuestro país; se orientan los objetivos de las políticas activas en el mercado de trabajo hacia aspectos más incentivadores de la ocupación; se incentivan las actuaciones inversoras en la política de infraestructuras para salvar el déficit existente y en aras de su papel dinamizador de la actividad económica; se atienden los compromisos contraídos de financiación de otras administraciones públicas, autonómicas, locales, y Comunidad Europea; se incrementan notablemente los recursos destinados al sector agropecuario, como consecuencia de los efectos más favorables de la política agrícola común, y, dentro de los servicios generales de carácter tradicional, se aumenta la política definida en materia de Justicia, para continuar con las acciones de años anteriores dirigidas a desarrollar la nueva organización judicial contenida en la Ley de Demarcación y Planta y afrontar los problemas derivados del excesivo número de reclusos que albergan gran parte de los establecimientos penitenciarios.
En definitiva, es un presupuesto que define la voluntad del Gobierno, tanto de asegurar la máxima estabilidad

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política para España como de repartir solidariamente los esfuerzos para hacer frente a la crisis, mediante una política económica que acabará por estimular la inversión y la creación de empleo. Por todo ello, porque estamos convencidos de que son los mejores presupuestos dentro de lo posible, pedimos su voto en un momento difícil, en el que cada cual debe mostrar públicamente su predisposición a sumar, en vez de restar, a ayudar, en vez de entorpecer, y a empujar en la misma dirección, en vez de poner palos entre las ruedas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas de totalidad del Grupo Popular a los dos proyectos de ley a los que se refiere este debate.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Aznar.


El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, habiendo sobrevivido a la intervención del señor Ministro de Economía y Hacienda,... (Aplausos.--Pateos.--Silbidos.), quisiera comenzar.


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor AZNAR LOPEZ: ...quisiera comenzar dándole las gracias por el esfuerzo que ha hecho en leernos el preámbulo de la ley de acompañamiento a los presupuestos, así como una buena parte de la literatura que les acompaña.
Pero el problema que hemos venido a discutir aquí esta tarde, señorías, no es exactamente ése. El problema es si, en una situación de crisis, la política económica del Gobierno que reflejan estos Presupuestos es útil o no es útil, es correcta o incorrecta para superar la crisis de la economía española. Y la verdad, señorías, es que sufrimos una crisis cuya gravedad se define en muy pocas palabras: 3.500.000 parados (Rumores.); una destrucción de empleo que superará este año los 550.000 puestos de trabajo; una economía que, en lugar de crecer, decrece, con una caída de la producción que rondará el uno por ciento y un descenso de la inversión superior al 10 por ciento.
Por centrarnos solamente en sus rasgos esenciales, es una crisis de empleo, una crisis de la inversión y una crisis industrial.
Esta triple expresión de la crisis confirma que el principal problema de la economía española, la falta de competitividad de nuestro sistema productivo, sigue siendo y sigue estando todavía intacto. Crisis económica que, como señalaba antes, está siendo especialmente dura en el sector industrial. La acusada caída del empleo y el retraimiento de la producción en este sector lo ponen bien a las claras de manifiesto. Y nuestras posibilidades de recuperación se hacen más difíciles, porque se está dañando, y gravemente, el corazón mismo de la actividad económica.
Por otra parte, la lista de damnificados por la crisis se va ampliando; los parados --como demuestran los datos y la realidad social-- aumentan sin cesar; mientras --como hemos tenido oportunidad de escuchar-- se endurecen las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo; los empresarios ven cómo la actividad languidece o incluso, para muchos de ellos, desaparece; los funcionarios sufren una importante pérdida de capacidad adquisitiva; los jubilados verán mermadas sus pensiones; los jóvenes, sus expectativas de trabajo, y el conjunto de los ciudadanos tiene que apretarse el cinturón cada vez más. Crece una división muy preocupante en la sociedad española; crece una división entre los activos, aquellos ciudadanos, cada vez menos, que tiene empleo, y los pasivos, que conviven cada vez en peor armonía económica. Es verdad que la crisis es internacional y que afecta a los países de nuestro entorno, pero lo que no es cierto es que la crisis española sea una simple consecuencia de los problemas de otros países. La crisis española es más intensa que la de nuestros vecinos. El descenso de nuestra economía duplica la media prevista para Europa en 1993 y nuestra tasa de desempleo es, nada menos, que el doble de la media europea. Las dificultades de la economía europea, por lo tanto, no explican que las nuestras sean peores. Algún otro factor debe entrar en juego y, sin duda, es un factor omitido en el discurso que hemos escuchado con anterioridad. Y es que la responsabilidad de la política económica de los gobiernos del señor González ha sido muy elevada.
En efecto, en nuestra opinión, la responsabilidad de la política económica del señor González en la génesis de nuestra crisis ha sido doble. Por acción, al prolongar en el tiempo una combinación incoherente de políticas presupuestaria y monetaria, y por omisión, al no acometer las reformas estructurales que nuestro tejido productivo requería y sigue requiriendo.
Los presupuestos han sido tan inútil como continuadamente expansivos a consecuencia de un gasto público sin control que los aumentos de la presión fiscal no podrán sufragar. La situación ha ido empeorando con el tiempo hasta agravarse extraordinariamente en 1993. En este año el déficit público -- que tampoco ha sido citado en el discurso-- ha crecido espectacularmente, en parte empujado por la propia crisis económica, pero, sobre todo, por las decisiones irresponsables de un Gobierno que se ha gastado sencillamente lo que no tenía.
En el último trimestre de 1992, señorías, la deuda pública -- que tampoco ha sido tratada en la intervención anterior-- de las adminstraciones centrales --último trimestre de 1992-- era de un 48,4 por ciento del producto interior

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bruto. En el segundo trimestre de 1993 ha subido hasta un 53,2 por ciento del producto interior bruto. Es decir, la nueva deuda, en seis meses, equivale a cinco puntos del producto interior bruto o, lo que es lo mismo, tres billones de pesetas.
¿Me pueden explicar ustedes cómo es posible que en seis meses se haya incrementado la deuda en tres billones de pesetas? Quizá tenga algo que ver el hecho de que el pasado mes de junio, casualmente, hubiera elecciones generales.
La situación se agravó, además, porque el Gobierno ha sido incapaz de acometer una serie de reformas estructurales necesarias: la reforma del sistema impositivo, la reforma del mercado laboral y la reforma del sector público, por ejemplo, que continuamente se han anunciado como imprescindibles y que constantemente se han ido aplazando.
La falta de credibilidad que afectó al conjunto de la política económica ha generado un sentimiento de desconfianza en los inversores. ¿Qué confianza puede merecer para los inversores un Gobierno que trae a esta Cámara un Programa de Convergencia que no aguanta ni dos meses la prueba de la realidad? ¿Qué confianza puede merecer para los inversores un Gobierno que no cumple nunca con sus propios presupuestos? ¿Qué confianza puede merecer para los inversores un Gobierno que cada tres meses afirma que la recuperación económica está a la vuelta de la esquina? La crisis, a la que usted, señor González, tan generosamente ha contribuido, sólo puede calificarse de una forma: muy grave. Y tal vez usted no quiera reconocerlo, pero la realidad la reflejan las cifras, los informes económicos internacionales, la perciben los españoles en la calle y es una realidad extraordinariamente grave.
Y no es menos grave que usted y el Gobierno no sepan qué hacer con ella. Porque, con su política, las características que definen nuestra crisis dejan muy poco margen a la recuperación. Usted sabe bien que, en las circunstancias actuales españolas, con su política, una hipotética reactivación del consumo y de la inversión quedarían ahogadas ante el consiguiente rebrote de la inflación y la reapertura de un déficit exterior imposible de financiar.
En estas circunstancias, señorías, qué cabría esperar de un Gobierno responsable. Pues cabría esperar que tomase iniciativas, cabría esperar que no se entregase a un triunfalismo absurdo y propagandístico, cabría esperar que no falseara la realidad cada seis meses anunciando inminentes recuperaciones o repetidos contactos con el fondo, como si tocar fondo fuese un principio de esperanza para una economía y mucho menos con una política que a lo que ha acostumbrado a los ciudadanos españoles es a pasearse sin perspectiva de futuro por el fondo. Que tomara iniciativas ante la situación del país, aunque tal vez tengamos que comprender, y yo comprendo, que es mucho pedir a quien parece haber apostado por un relajado y tranquilo esperar a que escampe.
Pero hay cosas más sencillas y, a la vez, también más urgentes. En esta situación realmente grave de nuestro país, cabría esperar que el Gobierno tuviera el coraje, al menos, de decir la verdad. Así de sencillo, señor González, pero, al parecer, imposible de conseguir de usted. Hace cuatro meses, en plena campaña electoral, perdió usted una oportunidad preciosa para explicar a los españoles la realidad de lo que ocurría; encontró usted más atractivo, por lo visto, más asimilable, pregonar que la crisis era pasajera y que ya en octubre, ahora, estaríamos remontándola.
No le estoy pidiendo, señor González, nada extraordinario. Le estoy pidiendo que se dé cuenta de que no hay un solo jefe de Gobierno Europeo, ni uno, que no esté dando la cara ante la sociedad para afrontar la crisis que sufren sus países. Ni uno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Nosotros confíamos en que pronto pueda usted, sin duda ahora atareado por las altas y muy altas responsabilidades del Gobierno, encontrar un hueco en su agenda para decir la verdad a la sociedad española. Porque usted sabe que la primera condición de cualquier política económica es un diagnóstico real de la situación, que tiene que ir seguido de la toma concreta de decisiones.
Señorías, para superar la crisis económica hay que cambiar, en nuestra opinión, de modo sustantivo, la política económica.
Ese es un cambio que tiene dos grandes componentes: modificar la combinación de la política presupuestaria y de la política monetaria, por una parte, y acometer, de una vez por todas, las reformas estructurales que modernicen nuestro tejido productivo.
Los países más avanzados están reaccionando contra la crisis poniendo en marcha políticas económicas adecuadas para resolver los problemas. Reformas de los servicios públicos, de la fiscalidad, del mercado laboral, completas políticas de privatizaciones, desregulación de sectores productivos, es decir, una completa corriente de reformas que se orientan al apoyo decidido a la economía real con la consiguiente mejora de la competitividad.
Es ilusorio, a mi entender, esperar que la reactivación de la economía mundial, cuando se produzca, sea suficiente para abrirnos por sí sola una nueva etapa de crecimiento económico.
Nuestros problemas estructurales siguen ahí y ahí continuarán hasta que no se aborden y se acometan con toda decisión. La rigidez del mercado laboral; un sistema tributario penalizador del empleo, del ahorro y de la inversión; un sector público plagado de ineficiencias y cuyo avance amenaza al conjunto del sistema productivo, un sistema educativo poco apropiado para las exigencias del mercado laboral; la carencia de una política de la empresa pública que incluye una completa estrategia de privatizaciones; la crisis de una agricultura y de un campo español abandonado a su suerte; el mantenimiento de una amplia

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y dañina red de monopolios en sectores clave de la sociedad, como son la energía, los transportes y las comunicaciones. Ante todos estos problemas estructurales de la economía española cabía esperar alguna acción del Gobierno, pero, hasta ahora, la pasividad ha sido la única respuesta, mientras el paso del tiempo agravaba la situación.
Ante el deterioro de nuestra economía, que hoy nadie niega, el Grupo Popular hubiera apoyado claramente y sin dudas un cambio de rumbo, es decir, hubiera apoyado la realización, para empezar, de una auditoría que clarifique de una vez por todas la situación de nuestras finanzas públicas (Rumores.); el control del gasto público, que facilite una decidida reducción del déficit, sin recurrir a nuevos aumentos de la presión fiscal; la reforma de la tributación para favorecer el empleo, el ahorro de las familias y la rentabilidad de la inversión empresarial; la reforma del mercado laboral para favorecer la creación y la estabilidad del empleo; la privatización de empresas públicas y la desregulación de sectores básicos; el fomento efectivo de la pequeña y mediana empresa y el impulso de una política industrial competitiva; y la reforma, modernización y simplificación de la Administración Pública.
En este esquema, señorías, en nuestra opinión, la reducción del gasto exige instaurar controles internos más eficaces: el fortalecimiento de la Intervención General del Estado, del control parlamentario y del Tribunal de Cuentas; la modificación de los procedimientos de compras de la Administración y la reorganización de los principales servicios públicos.
La reforma de los impuestos debe ser global; la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas debe modificarse y simplificarse para fomentar el ahorro y luchar contra el fraude: el Impuesto sobre Sociedades ha de considerar el efecto de la inflación y estimular la inversión con libertad temporal de amortizaciones: el IVA debe reconocer los supestos de la morosidad y perfeccionar la lucha contra el fraude y la imposición patrimonial debe exonerar a las pequeñas explotaciones empresariales y reformarse para todos los españoles por igual, no solamente para unos pocos: las cotizaciones sociales deben reducirse para favorecer el empleo y mejorar la competitividad de las empresas.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores y del mercado laboral debe partir también de una concepción global: debe regularse las empresas de trabajo temporal, el contrato de aprendizaje y fomentar el trabajo a tiempo parcial; deben suprimirse las ordenanzas laborales en aras de la flexibilidad y de una mucho mayor movilidad geográfica y funcional y debe reducirse el fraude, acometer la reforma del Inem y la formación profesional.
La privatización de empresas públicas ha de inspirarse, en todo caso, en el propósito de mejorar la eficiencia de los servicios públicos, aprovechando los recursos para reducir el volumen de deuda pública y así restringir la carga de intereses en el presupuesto, facilitando el descenso de los tipos de interés.
En cuanto al sector energético, es obligado acometer un nuevo plan encaminado a reducir el coste de producción de la empresa española; en igual dirección debe ir la liberalización de los sectores del transporte y las comunicaciones, así como el incremento de la competencia en otros ámbitos del sector servicios.
Por último, la nueva política industrial debe contemplar, entre otras cosas: un apoyo decidido a la investigación y al desarrollo, a los llamados activos intangibles y a las internalizaciones de la empresa; las PYME, las pequeñas y medianas empresas, reclaman hoy un cambio urgente de su rígida legislación para favorecer su financiación y reducir su fiscalidad.
Pues bien, señoras y señores Diputados, frente a estas necesidades ¿qué nos trae el Gobierno? Pues, cuando hay tanto por hacer en materia de política económica, el Gobierno trae a la Cámara unos presupuestos que, en nuestra opinión, reproducen los vicios de los anteriores; unos presupuestos que antes que nada tenemos que afirmar que no son creíbles.
Increíbles, señorías, porque de antemano tenemos la convicción y la certeza de que no se van a cumplir, presupuestos que no se van a cumplir, como no se han cumplido nunca ningunos presupuestos bajo la administración del señor González. Y no crean que me estoy refiriendo a pequeñas desviaciones que serían lógicas y asumibles. ¿Saben SS.SS. cuáles han sido las desviaciones en los últimos años? Pues en 1990 la diferencia entre lo inicialmente presupuestado y lo que realmente se gastó fue de un billón 64.000 millones de pesetas; en 1991, de un billón 924.000 millones de pesetas; en 1992, de un billón 480.000 millones de pesetas; y, según sus previsiones de liquidación, en 1993 será de más de dos billones y medio de pesetas. Es decir, que en cuatro años ustedes han tenido desviaciones nada menos que de siete billones de pesetas, como quien no quiere la cosa. Esto, en lo que se refiere a los gastos, porque, si atendemos a los ingresos, y por citar solamente este año de 1993, les diré que la diferencia entre lo que se preveía recaudar por impuestos y lo realmente recaudado ha sido solamente de un billón 100.000 millones de pesetas.
Por eso, señor Ministro de Economía y Hacienda, cuando veo que usted califica los presupuestos que hoy ha defendido como correctos, fiables, coherentes, además de solidarios, austeros o selectivamente incentivadores, permítame que sus palabras nos suenen exclusivamente eso, a palabras, a simple retórica.
Y cuando asegura que el año próximo no se repetirán las desviaciones, no puedo por menos que recordar las afirmaciones que año tras año hemos escuchado en este sentido en esta Cámara. Por ejemplo, el máximo responsable de la política del Gobierno, el señor González, en

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unas declaraciones al «Financial Times», aproximadamente hace un año, y refiriéndose al déficit, decía: Siempre existe un problema de credibilidad cuando el Gobierno decide controlar los costes. No estoy pidiendo una confianza ciega, lo que hay que hacer es demostrar que uno está progresando en el control del déficit y nosotros lo vamos a hacer de forma rigurosa, rápida y eficiente.
Y lo demostró usted cumplidamente, señor González. El déficit de las administraciones públicas centrales representaba el año pasado por esas fechas el 3,2 del producto interior bruto y pasó, en este año, al 6,2; es decir, que, de un billón 800.000 millones, pasamos a tres billones 600.000 millones. Lo ha doblado; ahora, eso sí, no se puede negar que lo ha doblado de forma rigurosa, rápida y eficiente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Tras mucha batalla por la presión unánime de la oposición, se incluyó el famoso artículo diez en la Ley de Presupuestos, para evitar que se desvirtuaran en el capítulo de gastos por vía de créditos extraordinarios. Da igual, lo incluyeron a regañadientes, como recuerda bien esta Cámara, porque no pensaban cumplirlo al final. Todas sus promesas y sus garantías han resultado falsas; han engañado a esta Cámara como han engañado a todos los españoles. Y fíjese de qué valen sus garantías. En el pasado debate de Presupuestos, el Gobierno decía aquí, por boca de su Ministro de Economía, lo siguiente: Yo sí puedo garantizarles, señorías, que el gasto de las Administraciones centrales el año que viene, 1993, estará en el entorno --y seguramente no lo superará-- del crecimiento del producto interior bruto. Pues bien, el producto interior bruto no ha crecido, sino que ha decrecido; pero en términos nominales, vía incremento de precios, va a subir según sus previsiones un 3,6. El gasto, según sus previsiones, va a subir un 12,6 --algunos llegan incluso a decir que hasta el 16--. Como verán, el gasto, como se afirmaba y se garantizaba a la Cámara, estuvo en el entorno -- es decir, el 12-- de algo que se daba como seguro, que era simplemente el 3.
Y con estos precedentes tan tenaces y sistemáticos, comprenderán SS.SS. que es imposible conceder la menor credibilidad a estos presupuestos y a los autores, que no han acertado nunca en sus previsiones. Y es cierto que hasta las más prestigiosas instituciones y organismos pueden equivocarse en sus previsiones a un año; lo grave es cuando uno también se equivoca sobre lo que está ocurriendo en el momento en que vive.
No cansaré a SS.SS. recordándoles las previsiones que el Gobierno hacía para este año 1993 en su cuadro económico, tanto en los capítulos de ingresos como de gasto y déficit.
Pero, ¿cómo van a acertar en sus previsiones de futuro si no interpretan correctamente lo que está pasando en el presente? Por estas fechas el año pasado, y a esta Cámara, el Gobierno, también por boca de su Ministro de Economía, decía que España iba a tener en 1992 un crecimiento del 1,5 por ciento.
Faltaban setenta días para acabar el año; el crecimiento fue, según todas sus últimas cifras, del 0,7 o 0,8 por ciento, es decir, la mitad de lo que habían previsto. No es extraño ni raro, desde esa base, que previeran un crecimiento real de la economía para este año que, como ya he dicho antes, no solamente no va a crecer, sino que va a decrecer; como no es raro que presenten también un crecimiento para el año que viene del 1,3 por ciento, apoyado en la aportación del sector exterior y en un supuesto tirón de la inversión.
En fin, señor Presidente, sobre bases reales, con previsiones voluntaristas y con cifras que literalmente parece que están cuadradas a martillazos, por la imposibilidad de que sean reales, para que el cuadro tenga un cierto sentido, se construyen unos presupuestos por aproximación, en el entorno de la realidad, destinados una vez más a no ser cumplidos. La cosa no pasaría de ser un mero ejercicio teórico si no fuera porque, detrás de esos errores, se esconde la destrucción de 550.000 empleos, el cierre de miles de empresas y el empobrecimiento de nuestro país.
Señorías, no estamos hablando de un ejercicio teórico sino de un instrumento clave de la política económica cuyo incumplimiento convierte toda la definición de objetivos en simple vacío, con el agravante de que, si el Estado no cumple sus presupuestos, si éstos carecen de la necesaria credibilidad, el resto de los agentes económicos y sociales actúan en consecuencia, es decir, desconfiando y buscando cada cual la salvación por donde pueda.
Este proyecto de presupuestos no es sustancialmente diferente a los anteriores; cuando termine su vigencia el próximo año verán ustedes, señorías, cómo habrán sido tan restrictivos, tan austeros y tan coherentes como están siendo los de este año.
Nosotros creemos, señor González, que usted confunde la fortaleza de un Gobierno con aquel principio de «mantenella y no enmendalla», que no es capaz, al final --como la sociedad española le lleva reclamando--, de reconocer su propia responsabilidad, su contribución personal a esta situación.
Lleva usted 11 años al frente del Gobierno y no puede intentar el Gobierno decirnos a estas alturas que los errores del pasado le son ajenos. La principal tarea de hoy, creemos nosotros, es lograr que todas las fuerzas políticas y sociales, cada una en la medida que le corresponda, contribuyan a un esfuerzo común que cada día parece más inexcusable. No existe más que un obstáculo para lograrlo, el obstáculo que representa un Gobierno incapaz de reconocer otra verdad que no sea la que su propaganda proclama y demasiado soberbio para aceptar que precisa todas las ayudas que este país y también esta Cámara sean capaces de articular.
Yo creo que usted, señor González, se ha resignado a la crisis. Y podría parecer lógico, porque si su política

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no ha contribuido, como usted pretende decir con reiteración, a crear esta situación, es evidente que no tiene que corregir ningún error. La verdad es que, sin importarle los daños futuros que pudieran producirse, su política económica ha estado al servicio de otra más general que sirve a un sólo objetivo: mantenerse en el poder. Y esa actitud ha llevado a la economía española a un callejón sin salida.
Estas son básicamente las razones que explican nuestra posición en contra de este proyecto. El contenido de una política económica como la que hemos expuesto con anterioridad no puede suplirse con medidas parciales e incoherentes, como las incluidas en este proyecto de Presupuestos y en la ley que lo acompaña.
Llegados a este punto, señor González, mi obligación, aquí y ahora, tal y como yo la entiendo, me impone un esfuerzo para intentar que no se cometan más errores.
Yo creo, señor González, que usted ha escogido un camino equivocado y que ese camino representa un sendero de sinsabores para la mayoría de los españoles. Usted hace continuamente apelaciones retóricas a que todos arrimemos el hombro y yo tengo que preguntar: ¿Dónde hay que arrimar el hombro, señor González? ¿A los problemas del país? Si es así, estoy dispuesto a ser el primero en hacerlo sin ninguna dificultad. Pero, ¿arrimaría usted el hombro a un error? Yo, desde luego, no; sería un irresponsabilidad que no perdonarían los ciudadanos. No se nos pida, por tanto, que, con esa retórica y esa excusa de arrimar el hombro, digamos amén a todo lo que se proponga. Estamos cansados de ver que se equivoca usted y el Gobierno con demasiada frecuencia y que, además, se equivocan a costa de todos los españoles. Pídame que arrime el hombro a un verdadero empeño colectivo, a un compromiso nacional, a un esfuerzo común para superar la crisis y, sin duda, me encontrará dispuesto a ello. Y para ese empeño le ofrezco mi colaboración. Y le ofrezco que todo el trámite presupuestario en el Congreso y en el Senado se lleve a cabo por consenso y por acuerdo. Se lo ofrezco porque eso es lo que necesita nuestro país, eso es lo que estamos obligados a hacer y eso es lo que yo propongo que hagamos.
Si está usted de acuerdo, si acepta cambiar, modificar el rumbo y, por lo tanto, replantear los presupuestos, si acepta mi propuesta, estoy dispuesto a hacer el mayor esfuerzo por aproximar nuestras posiciones. Pido que suba usted a esta tribuna y ponga de manifiesto que verdaderamente desea estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades de la sociedad española, que acepte la mano tendida que le ofrezco para iniciar un diálogo en beneficio de todos los españoles; acéptela porque creo que, si no lo hace, los españoles se lo van a reprochar. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Si de verdad le preocupan los problemas de España, no malgaste esta oportunidad. Suba a esta tribuna y diga a los españoles que los representantes de los ciudadanos sabemos ponernos de acuerdo e iniciar un diálogo serio, que estamos dispuesto a dar el primer paso y el primer ejemplo para que sirva de pauta a la que se sumen trabajadores, empresarios, jóvenes que buscan su primer empleo, parados que lo han perdido, en suma, la sociedad española en su conjunto. España necesita un esfuerzo colectivo, que recupere confianza y del que nadie pueda excluirse ni debe ser excluido, pero para lograrlo es preciso que los principales responsables demos el primer paso.
Yo acabo de darlo y le tiendo la mano, y sólo me queda confiar en que usted me secunde.
Y, con el permiso del señor Presidente, con mucho gusto, le cedo la palabra, señor González.
Gracias.
(Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE; Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.
(Fuertes protestas.) ¡Silencio!, señorías:

El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracías, señor Presidente.
Yo también he sobrevivido a la primera parte de su discurso.
(Rumores.) Yo comprendo que la economía no es siempre divertida, es más divertido hablar de otras cosas y hacer otros planteamientos.
Sin embargo, hay una serie de puntos que S.S. ha planteado que me preocupan y que querría hacer referencia a ellos, porque me parecen importantes. Su señoría plantea la situación en términos de: «estamos muy mal»; esto es algo que posiblemente pudiésemos aceptar, es verdad que no estamos bien, pero S.S.
dice que no sólo no estamo bien sino que vo vamos a estarlo.
Dice: Cómo vamos a tener un crecimiento del 1,3 el próximo año.
Son las cifras del Fondo Monetario Internacional las que nos dan 1,4; las cifras de la Comunidad nos dan prácticamene 1,2; Francia, que seguramente es un país que a SS.SS. les gusta, va a tener una caída... (Fuertes rumores en la sala.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, un momento, Señorías, ruego guarden silencio. (Fuertes rumores.) ¡Silencio!, señorías. (Pausa.) Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): ...una caída del uno por ciento este año, y también está hablando de un crecimiento de su presupuesto para el año que viene del 1,1. Por tanto, yo no sé en qué están pensando SS.SS., cómo hacen sus

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cálculos y si consideran que todo el mundo se equivoca y son SS.SS. los que tienen razón.
¿Que hemos adoptado unas medidas relativamente duras? Es cierto, porque creemos que estamos en una situación de crisis y que es absolutamente imprescindible actuar en los distintos «status» de la sociedad española, y tenemos que afectar a toda la sociedad española. Si S.S. hace los números, verá que, de prácticamente el cien por cien de la población activa, hay un cuarenta y tantos por ciento de empleados, un veintitantos por ciento de parados, un 12 o un 15 por ciento de funcionarios.
En definitiva, estamos hablando del 80 por ciento de los activos. El resto son amas de casa o son evidentemente autónomos. Si queremos hacer algo, tenemos que afectar a toda esa gente, y la estamos afectando de forma bastante coherente.
Luego están, evidentemente, los no activos, que también forman parte de la sociedad.
Lo hemos dicho ya alguna vez y yo creo que es bueno que lo volvamos a repetir. Estamos pidiendo a todo el mundo que arrime el hombro y se lo hemos pedido de la forma siguiente. A aquellos que ya están retirados y que no tienen posibilidad de recuperar sus ingresos, que les crezcan sus ingresos en el 3,5 por ciento más una cláusula de revisión. A aquellos que están empleados y que no tienen problema de perder su empleo: crezcan ustedes algo por debajo y mantegan algo más de empleo.
Señores funcionarios, y es un colectivo muy querido para el Gobierno porque con él trabajamos todo el día: hagan ustedes un esfuerzo excepcional y mantengan ustedes este año un no crecimiento de los salarios. Decimos algo más. Aquellos que están percibiendo el desempleo: hagan ustedes un cierto esfuerzo, y hagan ustedes un cierto esfuerzo dentro de un esquema bastante lógico. ¿Es lógico que alguien que esté percibiendo seguro de desempleo perciba más dinero que alguien que está trabajando y no tribute? No me parece muy coherente.
¿Por qué alguien que tiene unos ingresos de 1.200.000 pesetas en desempleo no debe tributar y sin embargo quien los obtiene trabajando sí debe tributar? No parece coherente. Por tanto, hemos planteado una serie de medidas de tipo global que yo creo que responden a ese esfuerzo que queremos que haga todo el mundo. También se está produciendo un esfuerzo por parte de los empresarios en la medida en que son las empresas las que están siendo más afectadas por la crisis en el momento actual.
El tercer elemento que me gustaría destacar es el siguiente.
Su señoría plantea un problema de falta de credibilidad. Hay un tema que parece que a S.S. le preocupa enormemente. Dice que no hemos hablado del PIB y de la deuda. Yo comprendo que tal vez yo hable con voz no excesivamente contundente pero he hecho una referencia a la deuda y su relación con el PIB. En la primera parte de mi intervención he dicho que disminuiríamos el déficit en 0,5, y evidentemente he hablado del 5,7 y del 6,2 de déficit para este año y el año próximo, o viceversa.
Su señoría parece que se escandaliza porque la deuda ha pasado del 44,8 al 53 en un período muy corto de tiempo. ¿Sabe usted a cuánto ha pasado en el Reino Unido? Del 2,8 al 7,7 en dos años. ¿Sabe qué ha sucedido en Alemania? Ha pasado del 1,2 al 4,6. (Protestas.) Por lo tanto, no estamos en situación muy distinta a la de otros países. Yo creo, además, que es perfectamente explicable por qué el déficit ha crecido de una forma tan importante en el año 1993 y, consecuentemente, la deuda ha tenido un efecto de incremento como al que hacemos referencia. Hay una caída de ingresos clara, consecuencia de la crisis, y hay un incremento de gastos claro, consecuencia de la crisis.
Su señoría dice: Se producen desviaciones desde hace muchos años y esas desviaciones son prácticamente la base por la cual es totalmente imposible aceptar que el presupuesto se va a cumplir.
Me gustaría decirle algo. La desviación media en términos de obligaciones reconocidas sobre créditos iniciales no ha superado en los últimos cinco años, incluido 1992, el 5 por ciento. Una cosa son los créditos totales --el crédito inicial más las modificaciones-- y otra, las obligaciones reconocidas.
Es verdad que a veces estamos mezclando conceptos. Se habla incluso de aflorar el déficit del Inem de los años 1991 y 1992. No hay que aflorar nada. Ese déficit estaba incluido en los años 1991 y 1992, se trataba de préstamos de la Tesorería de la Seguridad Social y estaban incluidos en la Contabilidad Nacional. Lo único que hemos hecho es pasarlos de un concepto a otro, simplemente, no ha sucedido otra cosa. No cabe duda, sin embargo, que en el año 1993 hay un desvío importante de ingresos y de gastos, como consecuencia de la situación anterior.
El tercer punto que S.S. destaca es cuando dice: no hay política económica; ustedes no hablan de temas tan importantes como las reformas estructurales, ni hablan ustedes de otros grandes problemas. Parece que SS.SS. olvidan lo que ha sucedido en esta Cámara, lo que viene sucediendo desde el mes de agosto, y yo creo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hemos explicado por activa y por pasiva cuál es la situación de la crisis, cuál es el sentido de la política económica del Gobierno y qué estamos haciendo. Y es verdad que en algunos momentos me daba la impresión de que S.S. estaba refiriéndose a lo que el Gobierno está haciendo, de tal forma me parecía copiar los aspectos de modificaciones de tipo estructural que en estos momentos están en marcha.
Además, S.S. sigue hablando en términos muy generales.
Seguimos sin conocer esa política económica del Partido Popular. Hoy, como tantas otras veces, oímos frases de gran alcance, sin contenido concreto. Mejor coordinación de la política presupuestaria y monetaria

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o más adecuada coordinación. Suena bien, pero, ¿qué quiere decir eso, qué hay detrás de eso? ¿Qué quiere decir reforma del mercado de trabajo? Las referencias específicas a las que S.S. ha hecho referencia son prácticamente las que figuran en el Libro Verde presentado por el Gobierno al Consejo Económico y Social. Si S.S. quiere ir más lejos, puede plantear alguna cosa más concreta. También sería muy útil que, cuando hablemos de reducción del gasto, digamos exactamente dónde queremos reducir el gasto. Creo que ése es un ejercicio enormemente práctico y que nos da exactamente la medida de la verdad, porque nos permite conocer qué es lo que uno está dispuesto a hacer en política. Y lo que el Gobierno está dispuesto a hacer en política está muy claro. Está en la ley de presupuestos, está en las medidas complementarias, está en el proyecto de reforma del mercado de trabajo, que se ha envíado al CES, y estará evidentemente en el proyecto de ley que se presentará a este Parlamento.
Por tanto, creo que sus argumentos fundamentales fallan. Creo que la política económica existe y que es absolutamente coherente; creo que lo que estamos planteando es perfectamente creíble. Frente a las tesis de suicidio económico que se exponen por parte de su Grupo, vemos la realidad. Le puedo dar algunos datos que pueden interesarle. En la última cifra de inversión extranjera en este país, el crecimiento de la inversión extranjera directa este año es del 15 por ciento respecto del año pasado. No da la impresión de que esos inversores estén pensando en un suicidio económico. Le puedo dar otra cifra. Esta mañana en la subasta de letras del Tesoro, por ejemplo, hemos podido bajar los tipos de interés en un 0,35 por ciento. Nos han demandado letras por billón 100.000 millones de pesetas, y sólo hemos aceptado 600.000 para bajar los tipos de interés. Tampoco da la impresión de que quien nos presta ese dinero esté pensando en un suicidio económico. Por tanto, creo que todas esas situaciones no se plantean, o no se plantean tal como S.S. está intentando hacer.
En cuanto a colaboración, nosotros tenemos nuestro papel encima de la mesa. Evidentemente, cualquier idea sobre el mismo será bienvenida y estudiada, pero es verdad que ese diálogo tiene que ser serio, y ahí sí estoy de acuerdo con S.S. Creo que hablando de suicidio económico y haciendo catastrofismo muy difícilmente se puede avanzar.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Aznar tiene la palabra.


El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, yo he venido esta tarde a hacer una oferta y lamento mucho que el Presidente del Gobierno, señor González, no haya subido a esta tribuna a contestar. (Rumores y protestas.) Puedo comprender los motivos y no las razones, sin duda, porque debe ser muy duro tener que decir hoy ante esta Cámara, ante los ciudadanos españoles, lo contrario de lo que se decía hace pocos meses a los pensionistas, a los jóvenes o a los trabajadores.
Entiendo, señor González, y más después de la intervención del señor Ministro, que su silencio no tiene otra interpretación que el rechazo y creo, con toda franqueza, que se comete una equivocación. Hemos hecho una oferta abierta y razonable, con un contenido básico de propuestas que permitan, como hubiese sido mi deseo, hacer un esfuerzo enorme de aproximación de posiciones. Creo que nadie tiene el monopolio de la razón y no tengo duda de que la aceptación, al menos, de algunas de las propuestas contenidas en las posiciones del Partido Popular hubiesen sido necesarias y convenientes para la recuperación de confianza y credibilidad en nuestra economía y hubiesen tenido un efecto beneficioso para nuestra economía.
Creo que a estas alturas, en un país que tiene, por desgracia, dos mil parados todos los días, no puede uno entretenerse en decir si se es o no se es catastrofista, o lo que se quiera.
Tenemos demasiados parados, demasiados jóvenes sin trabajo, demasiadas empresas que se cierran todos los días y demasiados problemas en nuestra economía. Eso lo podrá creer o no quien lo lea, pero los datos, señor Ministro de Economía y Hacienda y señor González, son absolutamente insoslayables e ineludibles en este momento. Además, creo que se pierde, dentro de esa oferta, una segunda oportunidad porque nuestro deseo, y lo digo con toda sinceridad, es acercarnos a lo que está haciendo la mayoría de los países de la Comunidad Europea.
A partir de aquí, tengo que decir que el señor Ministro de Economía vuelve en sus intervenciones a hacer referencia, sin duda, a las circunstancias internacionales. Mire usted, es posible que la deuda en Alemania haya crecido, en el mismo período, lo que usted ha dicho. Yo le he preguntado cómo es posible que la deuda en España, que se ha convertido en un gigantesco problema nacional, que crece en este presupuesto nada menos que el 21 por ciento, haya crecido 3 billones de pesetas en seis meses, y no me puede decir que lo único que ha pasado es que lo que estaba contabilizado en un sitio se ha cambiado de lugar porque, por esa misma razón, señor Ministro, como decía un compañero mío, cambia usted todo de sitio y acaba con el déficit y el endeudamiento en el país. Es sencillamente ridículo que se puedan establecer esos argumentos ante un problema que en este momento ocupa el 55 por ciento del producto interior bruto en nuestro país y que, siendo lo único que cumplíamos en relación con los criterios de convergencia europea, en este momento, ya el propio Gobierno reconoce que va a llegar al 60 por ciento.


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Los males no nos vienen de fuera, la situación internacional no explica, se ponga como se ponga, la gravedad de nuestra situación, no explica ni la caída de la actividad ni la tasa de paro ni la caída de la inversión ni el deterioro de las finanzas públicas ni, mucho menos la deuda ni el déficit. Creo que hay que distinguir bien claro entre lo que es propio de la crisis internacional, que la hay, y lo que es propio de nuestro país, y he dicho, y lo vuelvo a decir ahora, que ahí es donde el Gobierno falla en lo que depende de él. Estamos en una actitud de ir tirando, de ir esperando a que se produzca una recuperación, y nosotros creemos que, cuando hay dos mil parados diarios --lo vuelvo a decir--, cuando se pierden dos mil empleos diarios, sentarse a esperar es sencillamente poco responsable.
No nos puede convencer que usted salga aquí, teóricamente, a hacer el esfuerzo de explicar los errores del pasado, a poner encima de la mesa algunas cuentas que antes no aparecían y simplemente, como mensaje de futuro, nos diga que no se puede hacer más de lo que se está haciendo. La cuestión es que mantener la misma política, no afrontar las reformas estructurales, mantener ese endeudamiento y ese déficit, nos llevan a una conclusión bien triste: nos alejamos de Europa, no hacemos cambios sustantivos en nuestra política económica y no se demuestra la capacidad de gobierno. Hablando con toda claridad tengo que decir, cuando se hacen apelaciones a la gobernabilidad, que hoy la gobernabilidad es plantear actuaciones eficaces contra la crisis y todo lo demás es bastante poco útil para los ciudadanos de este país.
En este presupuesto, señorías, no hay una apuesta decidida por la economía productiva. No hay una reforma del sector público.
No hay una reforma del mercado laboral, van ustedes ya por la cuarta o la quinta; llevamos años así, todos los años hablamos de que hay que reformar el mercado laboral y nunca se hace. No hay una reforma fiscal al servicio de la inversión y del empleo y no hay propuestas de medidas coyunturales coherentes.
Perdóneme. Sí hay una propuesta --algo curiosa-- de una reforma fiscal. Lo quiero decir porque a algunos Diputados probablemente les interese la información. La media ingresada por el Impuesto sobre el Patrimonio --los españoles que declaran Impuesto del Patrimonio son alrededor de un millón de personas-- es de 78.000 pesetas por año. Solamente a partir de patrimonios superiores a 500 millones de pesetas se paga por encima de los tres millones, llegando en algunos casos a pagar 72 millones de pesetas por patrimonios superiores a 5.000 millones de pesetas.
El Gobierno ha introducido una medida en virtud de la cual declarantes de patrimonio que tengan acciones que no coticen en Bolsa, cuando el sujeto pasivo tenga el 25 por ciento o más de esa empresa e ingrese a través de ella el 50 por ciento o más de sus rendimientos, no pagarán Impuesto sobre el Patrimonio. Así está dicho, literalmente: Quedan exentos de pagar Impuesto sobre el Patrimonio las personas que tengan en acciones que no coticen en Bolsa el 25 por ciento y además perciban el 50 por ciento de sus retribuciones a través de esa empresa.
Pues miren ustedes, eso afecta en nuestro país a 4.000 personas. Pero le voy a dar más datos. Como les he dado las cuotas que se pagan --porque claro, supongo que no se referirán ustedes a una persona que paga 60.000 pesetas del Impuesto sobre el Patrimonio-- les diré que entre 1.000 y 5.000 millones de pesetas declaran en España 637 personas y más de 5.000 millones de pesetas declaran en España 43 personas.
Así pues, algunos Diputados ya saben qué normas y para quién van a aprobar en estos presupuestos. (Aplausos en los bancos del Partido Popular.) Si eso es una reforma fiscal de la economía española, me parece realmente asombroso.
Respecto al nivel de prestaciones sociales, señorías, el nivel de prestaciones sociales --que está en muchos de sus debates-- lo pone en duda la falta de empleo, la deuda y el déficit. Eso es lo que lo pone en duda, no el que se hable de eso. Y cuando usted afirma aquí que hay en estos presupuestos una cláusula automática de revisión de pensiones, tenga la amabilidad de comunicarnos dónde está en el texto de los presupuestos la cláusula que garantiza la revisión automática de las pensiones.
Quiero recordarle que no hemos sido nosotros sino usted, y creo recordar que hoy mismo o ayer mismo, quien hablaba de que habíamos llegado a un momento, con nuestra pirámide poblacional, en que era imposible el mantenimiento del sistema de pensiones y que por eso invitaba a la suscripción de fondos de pensiones, que, como todo el mundo sabe, se hicieron con una normativa que ha garantizado que no sean precisamente un éxito en nuestro país. Ha sido usted, señor Ministro, el que lo ha dicho.
Pero en fin, señor Presidente, ya termino. Hemos venido aquí, con la mejor voluntad, a hacer una oferta, a partir de una grave situación nacional, con carácter abierto y no excluyente. No nos confundamos, hay votos que no precisan ninguna explicación --cualquiera que conozca el Código de Comercio lo entiende con toda claridad-- y la responsabilidad del Gobierno es ver si esos votos son útiles o no --yo he puesto algún ejemplo-- para superar la crisis. Creo, señor Presidente, que ha perdido usted una importante oportunidad.
Lo siento.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Partido Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.


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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Presidente, señorías.
Yo puedo compartir su afirmación de que nadie tiene absolutamente razón, nunca lo hemos pretendido y siempre hemos estado abiertos a discutir cualquier otro planteamiento que pudiera ser puesto encima de la mesa con el deseo real de llegar a un acuerdo. ¿Que tenemos problemas? No tenemos la menor duda, lo hemos dicho y lo hemos reconocido y pretendemos resolver esos problemas. Lo que sucede es que no se puede seguir afirmando que aquí no hay apoyo decidido a la economía productiva. ¿Dónde está, por ejemplo, toda la política que está dirigida a la reducción de tipos de interés, toda la política de inversión adicional, todas las ventajas fiscales en inversiones y en todas las empresas que se plantean? No sé qué entiende S.S. por apoyo a la economía productiva. Si se refiere a subvenciones directas a las empresas, evidentemente estamos hablando de otra cosa. Su señoría dice que no hay reforma del mercado laboral de la que se habla muchas veces; no es la Ley de Presupuesto el lugar para hacer la reforma del mercado laboral. Su señoría hace referencia a algo que parece que le escandaliza un poco que es la exención en el impuesto del patrimonio de los patrimonios dedicados a la producción, no del patrimonio total de la persona afectada.
(Protestas.--La señora Martínez Saiz: Usted no es empresario, no sabe lo que es pagar una nómina.) Y éste es un tema que, como le he dicho anteriormente, lo hemos tomado de la legislación francesa donde existe hace bastantes años, y parece razonable que aquellas personas que por una u otra razón prefieren optar por la figura de empresario individual en vez de la sociedad anónima tengan el mismo tratamiento desde este punto de vista. (Algunos señores Diputados: ¡Ya, ya!--La señora Martínez Saiz: Usted sabe mucho de eso, de pagar nóminas con el dinero de otros.) Pero, en todo caso, si a SS.SS. les preocupa ese tema, planteen el punto concreto, que estamos dispuestos sin duda alguna a estudiarlo.
Finalmente, a S.S. parece que le preocupan las prestaciones sociales en unos términos muy generales que no son a los que yo me he referido, y vincula el tema a la referencia que hice ayer al problema de las pensiones. Yo hablaba del futuro del sistema de pensiones y muy claramente decía que tendremos que empezar a preocuparnos de aquí a quince años. Esa es nuestra preocupación, pensar en el país cara al futuro y no en el país de forma inmediata y en lo que mañana va a salir en los titulares de prensa.
Vuelvo al tema inicial de su propuesta y le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho: Estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, y cualquier propuesta del Grupo Popular será estudiada y será bienvenida por parte del Grupo Socialista.
(Rumores.--La señora Villalobos Talero: ¿Y la revisión automática de pensiones?) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! Enmienda de totalidad del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Anguita. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Rumores.) ¡Señorías, estamos en sesión! ¡Ruego guarden silencio y ocupen sus escaños! (Pausa.) Cuando quiera, señor Anguita.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario presenta una enmienda a la totalidad de devolución tanto al proyecto de ley de estos presupuestos generales como a la llamda ley financiera que lo acompaña. Planteamos esta enmienda desde la convicción profunda de que dichos proyectos necesitan, en aras del interés general, una reelaboración producto de un encuentro social y político con contenidos diferentes y que suponga un auténtico cambio hacia la izquierda. (Rumores.) Estos presupuestos generales expresan y resumen en su concreción numérica una opción de política económica que, lejos de atemperarse y rectificarse...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Anguita, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y consideración al seño Diputado que está haciendo uso de la palabra.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente, por su amparo.
Decía que estos presupuesto resumen y expresan en su concreción mumérica un afán de no corregir, de no rectificar una política de evidentes fracasos y de efectos clarísimamente antisociales. Estos presupuestos generales pretenden responder a dos situaciones no exclusivamente españolas y a otra específicamente nuestra. Tres: una crisis económica generalizada, el pos-Maastricht y el Plan de Convergencia con Europa, y el desbarajuste de la economía española.
La política económica y los planes de los señores Balladur, Ciampi, Kohl y González, con algunas diferencias entre ellos, tienen tres líneas de acción comunes. La primera, política de privatizaciones que evidencia un proceso de desmantelamiento del sector público, desmontaje de los contenidos más avanzados del llamado Estado del bienestar e intento de culpabilización y debilitamiento de los trabajadores y las organizaciones que los representan. ¿Cómo se refleja en la acción política, y de política económica, esta filisofía notablemente conservadora que el Presidente del Gobierno comparte con sus colegas europeos? Se está llevando a cabo, con la mezquina excusa de recortar el déficit público, una línea de privatización de las empresas públicas más rentables y pertenecientes a sectores estratégicos

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de nuestra economía. Esta política de pan para hoy y hambre para mañana está expoliando el patrimonio de los españoles, a la vez que se liquidan instrumentos de intervención pública para desarrollar políticas industriales activas.
En el informe económico y financiero que acompaña a estos presupuestos se declara lo siguiente: La creación de empleo escapa al control directo de la política económica. U otra perla más adelante: Lo que el Gobierno puede hacer es crear un entorno macroeconómico estable, una adecuada organización del mercado de trabajo, y la configuración del sistema fiscal con el objetivo de estimular determinadas decisiones individuales.
Esta profesión de fe del más puro, duro y sectario liberalismo económico pone a lo público al servicio de lo privado, planifica salarios y pensiones, pero se inhibe en lo tocante a beneficios o en la aplicación de los mismos. Renuncia a que lo público sea motor de la reactivación económica, lo que conlleva también la renuncia al cumplimiento de las obligaciones que la Constitución atribuye a los poderes públicos. La inversión pública disminuye en términos reales en un menos 5,6 por ciento, una disminución en el momento en que se produce una atonía de la inversión privada. Pero, además, esa exigua inversión pública se caracteriza por su concentración funcional y territorialmente sesgada, en detrimento de una visión más articulada del Estado español. El Gobierno, al obviar su responsabilidad y dejar a las manos del azar, a ese hilo invisible de que habla la filosifía liberal, los derroteros de la economía española, deja sin contenidos y en mera literatura los artículos 35, 40, 128 y 129 de nuestra Constitución. Es cierto que en España no ha existido nunca lo que en otras latitudes se ha conocido como Estado del bienestar. Pero sí ha habido unas conquistas sociales peleadas muy duramente, primero contra una dictadura y después en el período democrático; unas conquistas sancionadas hoy en el texto constitucional.
No estamos precisamente ante una tasa de desempleo relativamente baja. Estamos en un 22,3 por ciento de paro, con una tendencia a un fuerte incremento y con una tasa de precariedad que nos sitúa, según estos indicadores, en el último lugar de la Comunidad Europea y, junto a ello, uno de los más flexibles, si no el más, de los mercados laborales del occidente desarrollado; ¡un mercado laboral que el Gobierno quiere precarizar aún más con el eufemismo de suprimir rigideces laborales.
Los gastos sociales, adecuados, son una característica importante del Estado del bienestar. Estos presupuestos generales presentan una impotantísima pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, al utilizarse para su actualización la variable, más que subjetiva interesada, de la inflación esperada o prevista, sin el establecimiento de la cláusula de revisión. Estos presupuestos y la ley financiera son una auténtica entrada a saco en las prestaciones sociales de los españoles y españolas más desfavorecidos: los parados.
Teniendo como antecedente el famoso «decretazo» de abril de 1992, la agresión ha continuado a través de varias medidas: la incompatibilidad entre el cobro de la prestación contributiva y la obtención de una indemnización por despido durante un período de tiempo. Esto puede afectar a 52.000 parados al año, los cuales dejarían de percibir 84.500 millones de pesetas. El Inem dejará de pagar la parte correspondiente a la cuota obrera, descontándosela directamente al parado. Los afectados por esta medida se sitúan en torno a 607.000, los cuales, a una media de 8.600 pesetas, aportan de sus bolsillos cerca de 53.000 millones de pesetas. La modificación del concepto de responsabilidad familiar, en detrimento de los ascendientes, afectará a unas 230.000 familias, las cuales aportarán de esta manera a las arcas del Estado 145.000 millones de pesetas. Se recortan los topes máximos y mínimos de las pensiones contributivas y del subsidio asistencial y, para rematar la faena, el programa «Prestaciones a los desempleados», con aproximadamente dos billones de pesetas, disminuye en términos reales, si lo comparamos con la previsión de gasto real para 1993, y ello a pesar de saberse que el número de parados irá en aumento. Los recortes en farmacia se elevan a 6.000 millones de pesetas. El Insalud dispondrá para el año que viene de un 12,8 por ciento menos de presupuesto, en términos reales. El dinero público invertido en educación experimenta un incremeno nominal de un 1,5 por ciento, lo que significa, teniendo en cuenta la inflación prevista, un decremento real del 2 por ciento. El gaso educativo vuelve a perder peso por cuarto año consecutivo, con lo que se incumplen contenidos, plazos y objetivos de la Logse. La competitividad, en aras de la cual se sacrifican constantemente puestos de trabajo, incrementos salariales y gastos sociales, es fundamentalmente aumento en la calidad del diseño y del producto, junto a una potenciación de los canales de distribución y comercialización; competitividad que, rectamente entendida, significa más inversión en I+D. Las inversiones en investigación, en estos presupuestos generales, siguen la tónica de disminución de los tres últimos años: casi el 30 por ciento entre 1991 y 1993. El horizonte presupuestado y previsto, hace cuatro años, de un uno por ciento para el PIB se convierte en un 0,67 por ciento para el año 1994.
No hay Estado de bienestar o similar sin una fiscalidad progresiva. La presión fiscal en España, pese al esfuerzo realizado --y se reconoce--, está muy por debajo de los restantes países de la CEE, excepción hecha del Reino Unido, con el que nos diferenciamos solamente en una décima. La relación impuestos directos-indicrectos va deslizándose paulatinamente hacia un mayor peso relativo de la imposición indirecta, lo cual constituye un exponente de un proceso de regresividad

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fiscal. El Estado, en estos presupuestos, va a dejar de recaudar 1,7 billones de pesetas como consecuencia de las deducciones, exenciones y bonificaciones realizadas de manera selectiva. Es cierto que algunas deducciones fiscales pueden tener su justificación desde el punto de vista económico y social; pero no es menos cierto también que la mayoría de las veces son regresivas, porque de ellas se benefician, particularmente y en todo caso en mayor cuantía, los contribuyentes con rentas más altas. Su eficacia para incentivar es muy dudosa y aumenta las vías del fraude.
Mientras esto ocurre, al no actualizarse la tarifa del IRPF por segundo año consecutivo, los contribuyentes pagarán 100.000 millones de pesetas más en concepto de IRPF. Este cuadro de alta injusticia fiscal cobra tintes más sombríos cuando reflexionamos acerca del inmenso problema y del inmenso monto dinerario que supone en nuestro país el fraude fiscal.
Vaya como ejemplo y manifestación de este peligroso cáncer, que socava los fundamentos mismos del Estado de derecho, las desviaciones que los propios Presupuestos Generales del Estado señalan entre las cantidades presupuestadas y la previsión de recaudación para 1993: un menos 5,8 por ciento en impuestos directos, un menos 14,3 por ciento en impuestos indirectos y, específicamente, un menos 21,5 por ciento en IVA. Estas desviaciones no pueden explicarse sólo por la situación de recesión económica sino por el fuerte aumento del fraude fiscal, y vaya como muestra un botón. Según el servicio de estudios del Banco Bilbao-Vizcaya, de septiembre de 1993, se ha producido, en los últimos tiempos, un aumento del fraude fiscal por valor de uno 400.000 millones de pesetas, fundamentalmente en el IVA. Y dice el citado informe: Por ello el déficit público es más un problema de eficacia recaudatoria que de aumento del gasto.
Y para redondear el panorama, dos datos más. La deuda de las empresas privadas con la Seguridad Social está cercana al billón de pesetas. Cerca del 40 por ciento de esta deuda se considera recuperable por parte del Gobierno, justamente los 400.000 millones que el Estado tiene previsto inyectar a la Seguridad Social para cubrir el desfase presupuestario del Inem. Para el Fondo de Garantías Salariales se presupuesta una cantidad inferior a la liquidación prevista en ese organismo para 1993, sin tener en cuenta el incremento que se va a producir en los expedientes de regulación de empleo, y sin tener en cuenta tampoco los 100.000 millones de pesetas de deuda que la Seguridad Social tiene con el citado Fondo de Garantía Salarial, y todo ello en escandalosa contradicción con las exenciones fiscales al grupo Kio, a las fusiones bancarias o al barón Thyssen.
En la página 127 del Informe económico y financiero se afirma lo siguiente: Los requisitos de convergencia nominal fijados en el Tratado de Maastricht siguen constituyendo una referencia fundamental para el diseño de la política económica en España. Cuando personalidades de ámbito europeo plantean la reconsideración de determinados objetivos y la flexibilización de los plazos existentes en dicho Tratado, el Gobierno español sigue, erre que erre, en la capana neumática de su quimera; una quimera cada vez más irreal en la medida en que, desde el propio seno de la Comunidad Europea, bien por boca de Delors o bien por otras voces, se plantea añadir como criterio de convergencia la tasa de paro, propuesta que ya fue hecha por nuestro Grupo Parlamentario en el debate sobre el Plan de Convergencia. Reducir el déficit público inhibiéndose de la responsabilidad de ser motor económico, recortando gastos sociales, practicando una política fiscal agresiva para los más y favoreciendo las exenciones para los menos es una obcecación que conduce a una caída mayor de la economía. Y lo que aterra es lo siguiente. Si con un déficit del 6,2 por ciento --un 7,2 por ciento para el conjunto de las administraciones--, se está haciendo este ataque brutal a las rentas y percepciones de los más necesitados, para bajar a ese 5,7 de la Administración central --6,4 del conjunto de las administraciones--, y el objetivo de Maastricht, para finales de 1996, es el 3 por ciento para el conjunto de las administraciones, la pregunta es clara: ¿Qué nuevas barbaridades vendrán a esta Cámara, de la mano del Gobierno, con la pretensión de conseguir dicho objetivo? Perpetrar semejante política necesita de una preparación psicológica adecuada, que vaya trasladando la responsabilidad objetiva del Gobierno a la asunción subjetiva de dicha responsabilidad por parte de los damnificados. El ataque y la inculpación a los trabajadores y a los sindicatos es también una línea común que el señor González comparte con sus colegas conservadores. Se trata de un uso continuado de imputaciones, acusaciones y llamamientos a la responsabilidad que intentan crear, en la conciencia de la ciudadanía, un sentimiento de culpabilidad. Un día se habla y se invita al diálogo, y al día siguiente se plantea con claridad que no puede haber contrapartidas. ¿De qué se dialoga, pues? En un momento determinado se dice que se está abierto a la negociación, para a continuación decir que si no hay acuerdo las propuestas iniciales del Gobierno se impondrán por decreto. Se imputa con palabras duras a los trabajadores y a sus salarios la responsabilidad de la situación económica, y se trata con mano de seda las actitudes y comportamientos de la banca, cuando ésta sigue manteniendo los mismos tipos de interés a pesar de haberlos bajado el Banco de España. Se insinúa que los perceptores de la incapacidad laboral transitoria pueden estar cometiendo fraude. Sin embargo, se obvia el tremendo y terrible aumento de los accidentes laborales en nuestro país.
Tenemos, en cifras relativas, el mayor índice de siniestralidad de toda la Comunidad Europea. Además, se bloquea

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la ley de salud laboral. Cada día se plantea un nuevo anuncio de que la recuperación se avecina y que los malos tiempos tocan a su fin. Cuando la fecha gozosamente anunciada se aproxima, se vuelve a posponer nuevamente el santo advenimiento de la recuperación para otro momento más dilatado en el tiempo. Y así, contabilizando aumento de parados, cierre de empresas, aumento de la precariedad laboral, promesas electorales que, se dice, nunca han sido hechas, y planes aprobados en esta Cámara que se ven fracados antes de aplicarse, van pasando los días, los meses, y la situación se hace más insostenible. Por cierto, ¿cuándo vendrá --tal y como se prometió-- el Gobierno a esta Cámara para dar cuenta de las famosas medidas urgentes contra el paro? En el debate sobre la ratificación del Tratado de la Unión Europea, el señor González manifestó que asumía la total responsabilidad política sobre la situación de la economía española. Esto, que es obvio, queremos subrayarlo para que no se nos pueda imputar silencio o connivencia, siquiera tácita, con esa excusa, puesta en boga por el propio Gobierno, que consiste en reiterar que los males de nuestra economía obedecen a causas más allá de nuestras fronteras. La situación actual de España es la de una permanente profundización en tres grandes desequilibrios: sociales, territoriales e institucionales. La renta media familiar del 10 por ciento de la población con más recursos es hoy diez veces superior a la de las familias incluidas en el 10 por ciento de renta menor.
Es decir, la misma que en 1982. Se insiste, una y otra vez, en la necesidad de la moderación salarial como condición sine qua non para el relanzamiento de nuestra economía. En los escenarios de los Presupuestos Generales para 1994 queda recogido un incremento de los salarios, según convenio, del 2,5 por ciento. Teniendo en cuenta que la previsión de inflación media anual para 1994 es del 4,3 por ciento, significa que el Ejecutivo presupone la moderación salarial implícita en la pérdida del poder adquisitivo. Si a lo anterior le añadimos las pretensiones gubernamentales de continuar la moderación dos años más, estaremos ante una transferencia de rentas salariales hacia el capital de unos cinco billones de pesetas. La imputación de pérdida de competitividad y de parálisis en la creación de riqueza a los incrementos salariales no se tiene en pie cuando se demuestra, con los costes laborales unitarios reales, que los incrementos de productividad han sido superiores al incremento de los costes. Los defensores a ultranza del juego del mercado, los paladines del liberalismo económico, exigen que los trabajadores autolimiten sus retribuciones sin contrapartidas en el terreno del empleo y con retrocesos en las prestaciones sociales. ¿En nombre de qué se impone el sacrificio? ¿Qué compromiso adquiere el Gobierno respecto a la creación de puestos de trabajo? ¿A qué se obliga el Ejecutivo? En esto el Gobierno se calla, se inhibe, y al inhibirse deja claro cuál es el objetivo de su opción política profunda. Los desequilibrios sociales avanzan y lo hacen también en la medida en que avanza implacable la precariedad en el empleo y el desarrollo de la economía sumergida. Junto a los desequilibrios sociales se constata también un avance en los desequilibrios territoriales. En los presupuestos no se contempla un fondo de nivelación, cuya discusión se aplaza hasta junio de 1994, y se congela el Fondo de Compensación Interterritorial; una congelación que supone, en términos reales, un decrecimiento sustancial. Todavía no se ha asumido que el Estado está compuesto por tres administraciones: la central, la autonómica y la local. Esa falta de asunción profundiza el desequilibrio institucional. Los ayuntamientos españoles, que son Estado, siguen siendo algo totalmente secundario y subalterno. De los 23 puntos que la Administración central ha perdido de peso en el sector público sólo tres han ido a la Administración local. Consecuentemente con ello, y siguiendo una tónica de intensidad creciente, van disminuyendo las transferencias a las corporaciones locales. Y esto es consecuencia de los principios y prácticas de política económica que, obviando los contenidos más avanzados de la Constitución, han determinado una acción de Gobierno caracterizada por: una filosofía tecnocrática que cree, de manera sectaria, que la iniciativa privada es la única que puede relanzar la economía; un reparto de los sacrificios clarísima y crecientemente escorado hacia los que menos poseen en beneficio de los que más tienen; una ausencia de acuerdo social como consecuencia de una posición gubernamental que plantea diálogo con las palabras y lo rompe con los hechos. Ni siquiera se ha tenido en cuenta el dictamen del CES (Consejo Económico y Social) sobre la llamada ley financiera. Ha habido un razonado, razonable y lógico planteamiento en torno a dos pilares básicos para un acuerdo: la atención prioritaria al relanzamiento económico, la equidad en la aportación del esfuerzo. La respuesta ha sido y es: primero, congelación salarial para los empleados públicos; en segundo lugar, moderación salarial por debajo de la inflación, recortes en la protección del desempleo, disminución del poder adquisitivo de las pensiones, aumento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, desfiscalización discriminada de beneficios, insuficiente dotación presupuestaria para la inversión pública y ausencia de diseño de políticas industriales.
En concordancia con todo ello, pedimos la devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994 y la llamada ley financiera que lo acompaña. Y lo hacemos desde nuestro convencimiento profundo de que es posible otra política económica totalmente consecuente con el logro de un Estado social y democrático de derecho; una política económica basada y fundamentada en los supuestos y en las líneas programáticas tantas y tantas veces expresadas por

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nuestra fuerza política, por nuestro Grupo Parlamentario, en esta tribuna, y que no son sino el despliegue de políticas activas basadas en el concepto de desarrollo sostenible. Sin embargo, nos creemos en la obligación de plantear, al finalizar nuestra intervención, algunos elementos que dan otra orientación presupuestaria más conforme con una situación política desde la Izquierda. La aplicación de dicha orientación debe realizarse en el ámbito de una programación plurianual y con postulados radicalmente diferentes.
Nuestro Grupo Parlamentario cree que se puede garantizar un nivel suficiente de cobertura a las necesidades sociales. De la misma manera creemos preciso un esfuerzo inversor que responda a los criterios de utilidad social, respeto al medio ambiente y generación de empleo. En este sentido planteamos modificar la concentración de inversiones en infraestructuras de autopistas y autovías y dirigir la inversión hacia un transporte intermodal que prime el ferrocarril, la potenciación de gastos en I+D y en energías renovables. Para atender las prioridades del gasto público que nuestro Grupo Parlamentario demanda, es preciso actuar en dos frentes conjuntos: la lucha contra el fraude y el incremento de los ingresos públicos. En este sentido planteamos la reducción de ciertos gastos fiscales, la potenciación y la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio y la creación de nuevas figuras tributarias, como el impuesto sobre viviendas desocupadas, sobre los bienes suntuarios y la tasa de aplicación ecológica.
Alguna de estas figuras impositivas ya han sido presentadas por nuestro Grupo en esta Cámara para su debate. Estas actuaciones, junto con el mantenimiento del déficit público en los niveles liquidables para el presente año, pueden suponer un margen adicional que permitiría preservar las prestaciones y gastos sociales, emprender políticas activas para la creación de empleo y, además, y por imperativo de la solidaridad internacional, iniciar el proceso de aplicación del 0,7 por ciento del PIB al desarrollo sostenible del Tercer Mundo. Y a partir de ahí podemos debatir y hablar de la moderación salarial.
La austeridad es un valor siempre necesario y, en estos momentos, más aún. Nuestro Grupo Parlamentario estaría dispuesto a discutir sobre dicha cuestión, sabiendo que la aplicación de cualquier medida en ese sentido debe realizarse siempre tras el diálogo con las organizaciones sindicales.
Hablemos de moderación salarial y, para ello, hablemos previamente de tres cuestiones. Primera, reparto del empleo, eliminación de las horas extraordinarias y erradicación del pluriempleo. Segunda, creación de un fondo obligatorio de inversión en cada empresa y en cuyo control intervengan los trabajadores. El problema no es la generación del excedente; sin excedente no hay empresa ni beneficios, es obvio. En lo que nuestro Grupo Parlamentario pone énfasis es en el control del uso de una parte de ese excedente, a fin de que el mismo se aplique a la inversión que genere más riqueza y, por ende, combata al paro. Nuestro Grupo Parlamentario presentará con brevedad una proposición de ley sobre los fondos de inversión obligatoria. Y en tercer lugar, el salario indirecto, es decir, políticas adecuadas en vivienda, educación, salud, prestaciones sociales, transporte, cultura, etcétera. Porque si no es así, la moderación salarial no es un instrumento para ir creando una sociedad más justa y más igualitaria, sino que es la excusa para conseguir lo que estos presupuestos y la ley financiera que los acompañan expresan: un punto álgido del gigantesto expolio que se ha venido haciendo con las rentas del trabajo.
Señorías, se ha dicho con solemnidad que el dilema fundamental es socialismo o barbarie. El que les dirige la palabra cree firmemente en la acertada formulación del dilema. Sin embargo, a veces, y en razón del realismo y de las coyunturas sociales y políticas, se impone una gradación entre ambos extremos de la antinomia. Pero estos Presupuestos Generales para 1994 no están, ni muchísimo menos, ni siquiera en el campo ponderable y relativo del término medio. La política económica que se está haciendo y estos presupuestos generales siguen escorándose hacia el polo opuesto al socialismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Parte S.S. de una concepción de la política económica identificando un poco churras con merinas y mezclando la crisis con el pos-Maastrich y con los problemas españoles.
Evidentemente todos esos elementos están encima de la mesa, pero posiblemente el cóctel se forma de otra manera.
¿Qué estamos pretendiendo con el presupuesto actual? Evidentemente no insistir en la línea de privatizaciones --a que hacía referencia S.S.--, tampoco descartar el Estado de bienestar --como dice S.S.-- ni desde luego responsabilizar a los trabajadores de la crisis. Por tanto, esas afirmaciones de que con estos presupuestos se va por esa línea creo que no responden a la realidad. Hay algo de privatizaciones en el presupuesto, relativamente cifra muy pequeña comparada con el sector público estatal. No sólo no hay nada contra el Estado de bienestar, sino que yo diría que hay un apoyo muy claro e importante del Estado de bienestar. Decía que más del 50 por ciento de los gastos van dedicados a gastos sociales. Y desde luego, no hablamos para nada de responsabilización de los trabajadores en los presupuestos, ni tampoco creemos que las medidas que planteamos en desempleo vayan en el sentido

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de responsabilizar a los trabajadores de forma genérica. Luego comentaré --cuando haga referencia a esas medidas-- qué estamos pensando y por qué hemos planteado las cosas como lo hemos hecho.
Es cierto que el Informe económico y financiero hace referencia a que la creación de empleo escapa al Gobierno, en cierta medida, y que el Gobierno lo que debe es crear el entorno. Posiblemente ni S.S. ni yo mismo tengamos una diferente concepción. Sin embargo, no comparto su tesis de que eso es un puro y duro liberalismo sectario. Yo creo que es más bien una constatación de la realidad. O volvemos a modelos trasnochados en los que el Estado crea empleo en la propia función pública sin necesidad de crearlo --y todos conocemos lo que eso significa en términos de paro encubierto y cuánto cuesta erradicarlo-- o estamos entrando, evidentemente, en una dinámica de creación de empresas públicas no justificadas que, al final, nos llevarán al segundo problema que S.S. plantea.
Su señoría, dice, con cierto buen criterio, que si con un 5,6 por ciento de déficit se adoptan medidas duras, qué sucederá si la situación se complica. Creo que el problema real es que hay que impedir por todos los medios que la situación se complique; porque, si la situación se complica, habrá que adoptar medidas mucho más duras. Ese es el problema fundamental al que yo creo que hay que hacer referencia.
Nuestro país tenía una deuda bruta acumulada relativamente pequeña a principio de los años ochenta; sin embargo, en 1993 estamos hablando ya de una deuda del cincuenta y tantos por ciento. Si S.S. tiene en cuenta que un coste normal de esa deuda es del 8 o del 10 por ciento, estamos hablando prácticamente de 5 puntos del PIB sólo para pagar deuda pública. Ley doy un dato: En el año 1994, respecto a 1993, para pagar la deuda pública acumulada, sólo en intereses tendremos que aportar 500.000 millones de pesetas más. Mucho más dinero que el que vamos a ahorrar con las medidas restrictivas en el desempleo.
Por tanto, si no cortamos con esa sangría, creo que lo que estamos poniendo, de verdad, en peligro, es el Estado del bienestar. De ahí que mi impresión es que es absolutamente imprescindible terminar con el incremento de la deuda pública, porque, si no terminamos con el problema de déficit y de la deuda, evidentemente, cada vez tendremos más dificultades.
Tenemos una tasa de precariedad alta y una tasa de desempleo muy alta. Es cierto; pero es cierto ahora y era cierto también en el momento más alto de la coyuntura económica. Yo creo que eso nos deberería llevar a alguna reflexión. ¿Qué sucede en el mercado español para que con crecimientos del PIB muy altos sigamos teniendo una situación de desempleo del 15 por ciento? Es verdad que hemos planteado una serie de medidas para mejorar la prestación de desempleo en términos financieros.
Comprendo que las medidas pueden ser más restrictivas que en la situación anterior, pero creo que S.S., si las analiza con cuidado, tendrá que aceptar que todas ellas tienen una cierta lógica y tienen una base de razón. Es más, le plantearía a S.S. una reflexión previa. Estamos hablando del desempleo, de prestaciones contributivas o no, y si estamos hablando de contributivas, ¿quién debe contribuir? ¿No es el desempleado el que se favorece de este tipo de beneficio? ¿Sigue siendo razonable que mientras en nuestro país únicamente aporte el trabajador un 1 por ciento en la media de países europeos se aporte el 3 y el 4 por ciento? ¿Deben ser los impuestos quienes paguen el déficit de esta prestación? Yo creo que, si queremos una prestación equilibrada y una prestación que se mantenga a largo plazo, tenemos que conseguir un equilibrio financiero en sus cuentas.
Los recortes de farmacia no veo por qué le preocupan a S.S.
Estamos intentando reducir los beneficios de las grandes empresas. En consecuencia, más bien a S.S. debería parecerle correcto que ahorremos en farmacia y no que gastemos más, si ese gasto no es imprescindible.
Sobre el problema de la presión fiscal, al que S.S. ha hecho referencia, tengo que decir que es verdad, que todavía es más baja en nuestro país que en algunos países europeos, básicamente Reino Unido, como S.S. ha hecho referencia, Grecia y Portugal, pero no es menos cierto también que nuestro crecimiento en los últimos años ha sido el más rápido de toda Europa. ¿Adónde vamos a ir con un crecimiento de la presión fiscal adicional? ¿Su señoría optaría por el Impuesto sobre la Renta, que afecta básicamente a todos los españoles, o pensaría en el Impuesto sobre el Patrimoio al que ha hecho referencia? Se ha comentado anteriormente en otra intervención que cuando nos referimos al Impuesto del Patrimonio estamos hablando de 70.000 millones de pesetas. Las diferencias, por ejemplo, entre la propuesta sindical en desempleo, más 150.000 millones y no poner en marcha la reducción de 300.000 millones que había planteado la representación del Gobierno; estamos hablando de 450.000 millones de pesetas. Dicho de otra forma, ¿está S.S. seguro de que poniendo un impuesto de patrimonio que multiplicásemos por seis veces conseguiríamos esa recaudación? ¿O conseguiríamos más bien una evasión y una serie de problemas adicionales que, evidentemente, no tienen ninguna justificación? Su señoría se escandaliza de los gastos fiscales. Le preocupa que 1,7 billones de pesetas vayan a gastos fiscales. Yo podría entender que algunos gastos fiscales le produjesen una cierta preocupación, pero todos los gastos fiscales no. El gasto fiscal más importante es el de la deducción por trabajo personal; el segundo gasto fiscal más importante es el de deducción por vivienda; el tercer gasto fiscal más importante, en términos sucesivos,

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es el del fomento de la inversión y el empleo. No da la impresión de que este tipo de medidas fuesen contrarias a lo que S.S. debería defender.
Hablemos del fraude fiscal. Estoy de acuerdo en que hay que actuar contra el fraude fiscal, absolutamente de acuerdo. Creo que hay indicios en el momento actual de que seguramente en el año 1993 se ha incrementado el fraude fiscal. Creo que la actividad económica explica una parte del proceso, pero no todo, y hay algún impuesto concreto (estoy pensando en el Impuesto sobre el Valor Añadido al que S.S. ha hecho referencia) donde la caída de la recaudación, especialmente en el impuesto vinculado a la importación, es excesiva en función de la caída de la actividad económica.
Es verdad que eso se compensa con las mayores declaraciones en cuanto al IVA interior, pero a pesar de todo yo creo que ahí hay una discrepancia que tendremos que clarificar. Sin embargo, tenga S.S. en cuenta que a veces las cifras engañan.
Comentaba en mi intervención anterior que una de las razones de la caída de este impuesto es que se ha autorizado precisamente la compensación, en el caso de importación, por las deudas pendientes, cosa que no existía antes de que se suprimiesen las fronteras. En consecuencia, 1994 yo espero que nos dé una cierta sorpresa positiva en cuanto al incremento de recaudación de IVA. Esa sorpresa está ya en cierta medida reflejada en nuestros presupuestos cuando hemos previsto un incremento sustancial de la recaudación del IVA para el próximo año.
Dice S.S. una frase que yo no puedo compartir. Si con un déficit del 6,2, o del 5 con una reducción, hay un ataque brutal a la protección y si se tiene que llegar al 3 por ciento de acuerdo con Maastricht, dice S.S. textualmente: ¡Qué nuevas barbaridades va a hacer el Gobierno! Yo le aseguro que las nuevas barbaridades las tendremos que hacer el día en que entremos en el círculo vicioso de la deuda y necesitemos endeudarnos para pagar los intereses. Ese día habrá que hacer barbaridades de toda naturaleza, porque tendremos que llegar a una situación en que tendríamos que tener un superávit para poder hacer frente a la acumulación progresiva de la deuda.
Hace S.S. referencia a nuestros diálogos con los sindicatos.
Yo creo que aquí hay una diferencia de concepto. Dice: Se invita al diálogo y no hay contrapartida. Siempre planteamos que el diálogo no implicaba una contrapartida del mismo; siempre dijimos que no era un modelo tradicional «do ut des»; siempre resaltamos que era precisamente un esfuerzo de responsabilidad en una situación de dificultad y que, dado que era imprescindible tomar ciertas medidas, pedíamos a los agentes sociales un esfuerzo de reflexión conjunta para poder hacer las cosas en común en vez de hacerlas de forma unilateral.
Es verdad que a S.S. le preocupa mucho que el Gobierno señala que si no hay acuerdo tendremos que actuar. Lo dijimos en julio, lo dijimos en agosto, lo dijimos en septiembre y lo volvemos a decir ahora, que el Gobierno tendrá que actuar si no hay acuerdo, porque estamos convencidos de que ciertas decisiones, si esperamos determinados meses a ponerlas en marcha, evidentemente tendrán que ser más radicales que si se adoptan en un momento anterior. Yo creo que hay una serie de elementos positivos, de esos que a S.S. le preocupan de esas reactivaciones que no acaban de llegar, y que es importante destacar. Le doy un dato último, del que no sé si S.S. se alegrará o no --espero que, como yo, se alegrará-- y es que, por ejemplo, las colocaciones en el mes de septiembre han supuesto un incremento de 30.000 personas respecto al mes de septiembre del año 1992, lo que, cuando uno analiza la variación interanual, septiembre a septiembre, pone de relieve que posiblemente hay unos elementos positivos en la evolución del empleo y nos da una cierta esperanza. Nunca me oirá S.S. lanzar las campanas al vuelo por la reactivación, aunque sí intente poner de relieve, ante una sociedad excesivamente crispada y excesivamente temerosa de la situación a la que estamos haciendo frente; nunca me oirá, repito, lanzar las campanas al vuelo, pero está claro que aquellos elementos positivos pueden hacernos empezar a ver la salida del túnel.
A S.S. le gustaría, evidentemente, que el Gobierno llegase a un compromiso de creación de empleo. Ya le he puesto de relieve las dificultades que nos plantea una solución de ese tipo, y creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es poner las condiciones, crear ese entorno al que hacíamos referencia, pero no veo ningún inconveniente, y hemos puesto de relieve en la mesa del pacto social y en las negociaciones bilaterales entre los agentes sociales, como contrapartida a una moderación salarial, que se demande un mantenimiento de plantillas. Me parece absolutamente coherente y creo que nadie en su sano juicio va a aceptar una reducción salarial para que eso financie la salida del mercado de trabajo de ciertos empleados.
En consecuencia, creo que el presupuesto y las medidas que el Gobierno plantea son medidas razonables, que entran dentro de lo posible y que, desgraciadamente, no pueden ir tan lejos como S.S. querría en ciertos tipos de planteamientos. Su señoría dice: aumentemos los impuestos. He hecho referencia anteriormente a ese punto. ¿De qué impuestos estamos hablando? ¿Del IVA, que es un impuesto inflacionista? ¿Del de Sociedades, con las dificultades que en estos momentos tienen las empresas y que seguramente nos llevaría a incrementar la productividad para expulsar más mano de obra? ¿O lo que vamos a aumentar es el Impuesto sobre la Renta, que al final lo que estamos haciendo es distribuir el pago entre todos? ¿O los impuestos indirectos, de otra naturaleza, los hidrocarburos, el tabaco, cualquier otro que, al final van a suponer inflación y pérdida

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del poder adquisitivo? Creo que el país en este momento, desgraciadamente, no se puede plantear subidas impositivas. Y es verdad, y acepto, que nuestra presión fiscal no es excesiva comparada con otros países de la Comunidad, aunque desde luego ha aumentado mucho, como decía anteriormente.
Su señoría plantea la posibilidad de aceptar una cierta moderación salarial con ciertos criterios; no creo que sea el momento de hablar de este tema aquí, aunque la posición del Gobierno es perfectamente conocida.
En cuando a lo que denomina salario indirecto, yo creo que el Presupuesto cubre bastante bien las distintas opciones a las que S.S. se refería. Sin embargo, no puedo compartir esa afirmación tremendista de que estamos en el punto álgido de un gigantesco expolio de las rentas del trabajo. A mí me parece que como frase para titular de prensa queda muy bien; como frase que refleje la realidad, no la refleja en absoluto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Anguita.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señor Ministro, vaya por delante, teniendo como testigos a las señoras y señores Diputados, mi máximo respeto hacia su persona y hacia lo que representa, pero a partir de ahí tendría que recordar algo de mi época de alcalde. Cuando yo quería discutir de política económica a nivel de ayuntamiento, nunca discutía con el interventor del ayuntamiento. Y S.S. ha venido aquí en plan de interventor, en plan contable, a hablar de cifras, números y cantidades. Y después yo voy a entrar en ello, para demostrarle al señor interventor que también se puede entrar con otras cantidades.
Aquí hace falta un diálogo político también, y hablar de política económica. El señor Ministro ha venido con aire docto a decir más o menos: Miren ustedes, la realidad de los números es ésta, lo digo yo, soy Ministro, el Gobierno tiene datos...
Bajemos un poco la humildad al señor interventor.
El Gobierno, a través del señor Ministro, con ese aire docto que acabo de decir, nos imputa que estamos jugando con los números y que no sabemos lo que decimos. Ese Gobierno tiene en su ejecutoria --lo digo para bajar los humos de las afirmaciones-- lo siguiente.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1992, elaborados en el mes de octubre del año anterior, estimaban un crecimiento real del PIB del 3,3 por ciento, una inflación del 5,3 por ciento, preveían crear 203.000 empleos, alcanzar una tasa de paro del 15,3 por ciento, un déficit por cuenta corriente de menos 2,7 por ciento y un déficit conjunto de las administraciones públicas de menos 3,1 por ciento. Seis meses después se vuelven a cambiar todas las previsiones porque han fracasado; tres meses después, en el mismo año, nuevamente se vuelven a equivocar; en enero de 1993, nuevo error y nueva corrección; ahora llegan los presupuestos para 1994 y corrigen nuevamente. Señor Ministro, no tienen ustedes mucha autoridad para hacer formulaciones, en cuanto a cantidades, porque son incapaces de efectuar previsiones que medianamente puedan aguantar el paso de 15 días o de un mes.
Dicho esto, hay otra cuestión importante, señor Ministro.
Usted ha planteado la cuestión de la política económica como si no hubiese otra salida y dice: los números mandan. Pues, señor Ministro, si los números mandan, ¿qué hacemos aquí, con unas elecciones y unos programas electorales? Vayamos a la plaza o a la escuela de contables y vengamos aquí los números uno de las distintas promociones.
Detrás de esto, señor Ministro, hay una opción de política económica, una opción de política económica altamenta conservadora; compare lo que usted trae aquí y lo que dicen sus presupuestos con lo que vienen manteniendo en campañas electorales, con las apuestas que vienen diciendo que se mantienen. Usted trae aquí una política económica que hace recaer sobre las espaldas de los trabajadores los fracasos de su propia política económica y se alinean con un pensamiento liberal que, por muy en boga que esté ahora o por muy triunfante que sea políticamente, es trasnochado y anticuado y no ha resuelto el problema del paro. ¿A que no son ustedes capaces, nadie, ningún gobierno conservador en Europa, de calcular cuántos puestos de trabajo van a crear? Se encuentran perplejos; perplejos porque, en el aire de la revolución científico-técnica, habrá tal número de gente que se quede parada que a lo más que ustedes aspiran es a decir que hay que acabar con la rigidez en el mercado. Enhorabuena, acaban de descubrir ustedes a Adam Smith, muerto en 1793.
Señor Ministro, cuando usted trae aquí toda una batería de datos y dice que no se puede hacer otra política, yo le planteo algo muy sencillo: ¿qué hacemos con la Constitución Española? Los artículos 35, 40, 128 y 129 de la Constitución Española atribuyen a los poderes públicos una serie de responsabilidades. ¿Qué hacemos con la Constitución? Hay que dar una respuesta; desde otros números, desde otras cantidades, desde otra política económica. Y si no, le emplazo a lo siguiente --lástima que el señor Presidente del Gobierno esté ausente porque sería a él en todo caso a quien tendría que referirme sin emplazarle para nada--. Si es cierto o no que puede haber otra política económica, ¿por qué no la discutimos? ¿Por qué no nos sentamos, horas tras horas, en comisiones de trabajo para ver si es posible hacerlo o no? ¿Hacemos la prueba? No se puede pontificar que ésta es la única política posible, porque pontificar es la manifestación de un pensamiento sectario. Vamos a la prueba de fuego, vamos al diálogo, comisión con comisión, número frente a número, proyecto frente a proyecto; estamos dispuestos. ¿Son ustedes capaces de hacerlo?

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Señor Ministro, cuando plantea usted que el problema del paro es tremendo y, además, se interroga diciendo: es un problema grande, porque, ¿cómo es posible que cuando ha habido tasas de crecimiento del producto interior bruto del cinco por ciento no bajó el paro del 16 por ciento? Cierto. Pero usted no se contesta, y le voy a decir por qué. Ustedes han seguido con la misma política que permitió que los dos cuellos de botella que estrangulaban la política económica española no se hayan desatascado. No ha habido inversión en tejido industrial, ha habido inversión en capital especulativo que ustedes han favorecido, pero nunca ha habido una planificación industrial.
Es más, ¿qué se ha hecho de aquel famoso libro blanco de 1984? Porque tenemos un tejido productivo débil, que tenía que haber sido acometido desde la propia Constitución con tiempo por delante, con la planificación democrática que es posible, con los agentes económicos, con los agentes sociales, con la austeridad; simplemente, se ha vivido al día en los fastos hasta que la pompa de jabón ha estallado, y ya no saben qué hacer sino ir nuevamente a la pequeña letrita, a los numeritos, a decir que éstos fallan, que éstos no encajan.
Pero, señor Ministro, lo que nosotros planteamos no es nada disparatado. Yo no entiendo si los Diputados socialistas, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, en el Parlamento Europeo están representando al Partido o a otra cosa. ¿Quiere leer lo que aprobaron el otro día sobre el mercado de trabajo, el reparto del empleo y la intervención de los poderes públicos en la economía? O es que tenemos elecciones para el año próximo y va de cualquier cosa porque el papel es sufrido.
¿Cómo pueden ustedes mantener una práctica política aquí y otro discurso en Europa? Esto, que en ustedes es habitual, tiene que ir acabando, porque está acabando la propia paciencia del pueblo español.
Sigo más. Señor Ministro, dato sobre dato. Cuando el señor Ministro plantea que no puede haber otra política y que los impuestos no se pueden tocar, permítame que entre ya en su terreno, y, con tranquilidad, comience a leerle algunas cifras.
Ingresos. Por IRPF, reducción de gastos fiscales, 115.000 millones de pesetas, eliminando la reducción de 25.000 pesetas en los rendimientos del capital mobiliario, tributando las viviendas distintas de la habitual a un tipo mayor, limitando la deducción sobre inversión en inmuebles, eliminando la deducción en la cuota de las primas de seguros de vida; por sociedades, reducción de gastos fiscales, 200.000 millones; por Patrimonio, potenciando su recaudación sobre todas las grandes fortunas, se modifican los tramos de base imponible y los tipos, lo cual produciría un incremento en su recaudación superior a 100.000 millones. Impuestos sobre bienes suntuarios, 5.000 millones; tributarían aquellos bienes y servicios que, estando gravados por el IVA al tipo general, se considerasen como bienes de lujo. Impuesto sobre las viviendas desocupadas, 250.000 millones. Este aumento de ingresos supondría más recursos y, por tanto, menos transferencias del Estado a otros organismos. También se presentó una proposición de ley en agosto de 1993, junto con las demás. Tasas de aplicación ecológica, 150.000 millones de pesetas.
Y, así, dividendos por privatizar, lucha contra el fraude y mantenimiento del déficit público.
Señor Ministro, en Europa --conservo todas sus declaraciones-- han llegado a cuestionarse razonablemente la flexibilidad de los plazos de la Unión Económica y Monetaria. ustedes saben que no se puede mantener para finales de 1996 las cifras macroeconómicas de los parámetros y esos objetivos; nadie los puede mantener. De hecho, Portugal ya se ha descolgado, diciendo que no puede llegar a ellos, y en los demás países, sus dirigentes están confesando clarísimamente que no pueden mantener esos parámetros en la fecha fijada. Pero, además, si se abre paso a lo que dijimos nosotros en esta Cámara y que el propio Delors dice que hay que incorporar la tasa de paro, todo el edificio se viene abajo, porque si la tasa de paro se incorpora con un parámetro a conseguir, empieza a desvencijarse el edificio que habla del déficit, de los intereses, de la deuda pública. Por tanto, señor Ministro, cuando se le imputa que ustedes erre que erre se siguen aferrando a lo mismo, es que en estos momentos no tienen salida, están manteniendo una política cuando los demás están reconsiderando siquiera los plazos para llevarla a cabo. Mantener que lo importante en política económica es acabar con el déficit, no generando tejido productivo, es seguir en la senda de la destrucción de tejido productivo y, por ende, hundimiento de la economía.
La reducción del déficit, señor Ministro, no significa creación de riqueza, simplemente es un apunte contable en el cual la entrada y los gastos se equilibran; pero, a partir de ahí, lo que ocurra alrededor de la sociedad no importa, la gente come, no come, pide pan, no pide pan; eso sí, los números encajan.
Por eso, señor Ministro, hubiese deseado, si hay después oportunidad de hablar, tener un debate político, porque yo nunca debatía con el interventor de mi ayuntamiento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comprendo que hay dos formas de hacer política: tomando en consideración la realidad o despegándose de la realidad, como si no existiera. Posiblemente, lo que usted llama interventores somos aquella gente que intentamos tener los pies en el suelo e intentamos ser realistas respecto a los planteamientos que hacemos. Pero seguramente mi intervención tiene tanta

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carga política como la suya, y de ahí posiblemente su irritación respecto a mi intervención.
Su señoría pone de relieve que hay errores. Por supuesto que hay errores. Cualquier cuadro macroeconómico tiene errores. Ya le avanzo que el cuadro que acabamos de decir ahora tiene evidentemente el gran valor de su coherencia y ha de ser un elemento de referencia para ver cómo evoluciona el futuro, pero ningún economista pondrá la mano en el fuego diciendo que un cuadro macroeconómico se va a cumplir.
El problema básico que nos separa a S.S. y a mí respecto a las opciones de política económica no es como lo plantea; si estamos en una opción altamente conservadora o no. Seguro que estamos en una distinción más profunda, y es si creemos en una economía de mercado o no. Yo sí creo, pero tengo la impresión de que S.S. no cree; y al no creer S.S. en esa opción de economía de mercado, le lleva a una serie de opciones que difícilmente veo que puedan funcionar en una economía normal europea, porque eso de generar empleo por parte del Estado se producía en los viejos sistemas de planificación central, pero ahora ya no se produce. Ahora el empleo se crea de otra forma.
Acabar con el déficit y crear tejido productivo. Estamos de acuerdo. La diferencia es cómo creamos ese tejido productivo.
Su señoría, si yo entiendo bien, pretendería tener más ingresos, con ellos acabar el déficit y con ese dinero que pudiera --digamos-- disponer, invertir. Invertirlo ¿dónde? ¿En empresas nuevas? ¿En las empresas tradicionales? ¿Con qué objetivo? ¿Con incrementar salarios se refiere a la productividad? ¿Con obtener unos rendimientos concretos? Yo no creo en ese sistema. Yo creo que la experiencia nos está demostrando que el Estado tiene que estar en cierto tipo de empresas cuando estratégicamente se justifiquen, pero el Estado no tiene por qué estar en cualquier tipo de tejido productivo. Otra cosa radicalmente diferente es, como decía antes, crear el entorno para que esa inversión se produzca, y ese entorno lo queremos crear con los presupuestos. Con los presupuestos pretendemos mantener la inversión pública, pretendemos reducir los tipos de interés, pretendemos dar ventajas fiscales a las empresas para que inviertan.
Keynes --no aplicado a este caso sino a otro-- decía que uno puede conseguir llevar un caballo al abrevadero, pero lo que no va a conseguir es que beba. La decisión final de si bebe o no bebe, la decisión final de si se invierte o no se invierte, evidentemente, va a corresponder al empresario.
Y créame que no es mi estilo pontificar sobre si ésta es la única política económica posible o no. ¿Puede haber otras? Es posible. Yo lo que puedo decirle es que creo en la que yo propongo y no creo en la que S.S. me está proponiendo. Creo que la que S.S. me está proponiendo llevaría a este país a una situación mucho más difícil a medio plazo. Esa política económica que usted propone de incremento de gasto público...
(El señor Anguita González le muestra la Constitución.) Ya veo que enseña la Constitución, y es perfectamente compatible con lo que yo le estoy diciendo, y, en consecuencia, no se plantea ninguna contradicción. Repito que esa política económica que usted propone nos llevaría a la catástrofe.
He dicho antes, cuando hablábamos de reforma de la prestación de desempleo, que nuestra gran diferencia con los sindicatos en términos económicos --en términos que usted llamaría de interventor del ayuntamiento-- es de 500.000 millones de pesetas; por tanto, de 50.000 millones de pesetas adicionales en intereses de déficit cada año durante un período muy largo de tiempo. En consecuencia, si esas cosas que a S.S. no le preocupan no las tomamos en consideración, al final lo que estamos planteando es a tres años, una situación imposible.
Por tanto, le repito lo que le he dicho antes. Estoy de acuerdo en acabar con el déficit. Evidentemente ese planteamiento de crear tejido productivo con presencia del Estado no acabo de verlo. Lo que el Estado puede, debe y va a hacer es crear el entorno para que la inversión se produzca y el empleo se cree de forma sana.
Muchas gracias. (El señor Anguita González pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Anguita.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Es que me he sentido contradicho, señor Presidente.
Señor Solbes, no me impute a mí lo que yo no he dicho. Menos mal que tengo manos y le he podido enseñar a usted la Constitución, no se me evada. Yo he citado artículos de nuestra Constitución que hablan de la planificación democrática, y los poderes públicos --es decir, ustedes Gobierno, usted en concreto-- no pueden hacer un discurso que habla del hado y la mano invisible de la economía, sino que tienen que comprometerse en opciones de política y de intervención del sector público, porque se lo manda la Constitución, señor Ministro; la Constitución que le está diciendo que los españoles tienen el derecho al trabajo, que habla incluso --aunque usted se santigüe cuando lo diga-- de que los trabajadores pueden llegar a adquirir la propiedad sobre los medios de producción. ¡Qué horror!, ¿verdad, señor Ministro? Porque eso sin duda está muy reñido con la filosofía del liberalismo.
Cuando se plantea otro tejido industrial, le he hablado a usted del Libro Blanco y le he lanzado un reto, muy modesto: ¿Por qué no nos sentamos a discutir, simplemente a intercambiar puntos de vista, comisión de trabajo frente a comisión de trabajo, números frente a números, política económica frente a política económica? A eso me remito, cuando usted quiera, cuando quiera

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el Gobierno, cuando quiera el señor Presidente del Gobierno y lo tenga a bien. Eso, sí, vamos a discutir, no a claudicar ni a pedir nada, sino simplemente a constatar argumento con argumento y número frente a número.
Para terminar, señor Solbes, usted dice que cree en el mercado. Y yo también, pero tengo que decirle una cosa, que usted confunde mercado con sistema capitalista, y no es lo mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: Muchas gracias, señor Presidente.
La planificación democrática también se puede interpretar de muchas formas, se puede interpretar como una planificación presupuestaria o se puede interpretar como el gosplan.
(Rumores en los bancos del Grupo Parlamentario Federal de IU- IC.) Creo que entre ambas interpretaciones hay un matiz, un concepto radicalmente diferente. Y, por supuesto, en ningún caso tendrá usted conmigo el menor problema respecto al más estricto respeto a la Constitución.
En cuanto a la posibilidad de discutir, es lo que estamos haciendo ahora y es lo que sin duda alguna vamos a tener ocasión de hacer a lo largo de estas semanas al discutir el presupuesto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas de totalidad del Grupo Mixto.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor Presidente del Gobierno, señor Ministro, iniciamos hoy el debate de mayor trascendencia en el ejercicio parlamentario, la discusión anual del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que supone el instrumento que servirá de marco de referencia para la política económica a aplicar el próximo ejercicio. La importancia de este debate viene determinada por el enorme peso del presupuesto dentro de la economía del país, representando éste el 50 por ciento del producto interior bruto, por la determinación de la política fiscal y social y por las posibilidades de actuación sobre la política económica para estimular la actividad y corregir desequilibrios. Sin embargo, la práctica de estos últimos años de presupuestos del Gobierno socialista nos ha demostrado que rara vez se cumplen todas las premisas anteriormente citadas de una manera homogénea en el tiempo. Así, los constantes planes semanales elaborados por el Ejecutivo determinan que las previsiones iniciales, presentadas a finales de septiembre, pierdan su validez al cabo de seis meses.
Unión Valenciana ha presentado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 1994 porque no resuelven la crisis, no limitan el crecimiento del déficit público de una manera efectiva y porque, además, exigen un coste social sin precedentes en nuestra historia reciente. La política presupuestaria y económica plasmada en la redacción de estos presupuestos no favorece la inversión ni la creación de empleo, no sienta las bases de competitividad necesarias para afrontar los retos derivados del proceso de internacionalización de nuestra economía y presenta unas perspectivas económicas sombrías y desmoralizadoras. Además, el Gobierno oficializa una situación de crisis al prever un crecimiento de la economía de los más bajos en los últimos años, situado en un 1,3 por ciento. El crecimiento previsto para el próximo ejercicio, que es de 2,3 puntos inferior al establecido en este programa, no ha alcanzado la media comunitaria. Por otra parte, los presupuestos aseguran una tasa de paro del 23,4 por ciento, no se frena la inflación y el incremento de inversión no es suficiente.
Respecto al apartado social del presupuesto, hemos de decir que un déficit público previsto de más de 3 billones de pesetas y un incremento del gasto global de casi un 10 por ciento no legitiman al Gobierno para exigir mayores sacrificios a los sectores más desprotegidos de la sociedad, como son parados y pensionistas. Son ellos los que van a pagar los platos rotos, derivados de la lamentable gestión del equipo socialista. A pesar de las declaraciones de intenciones de austeridad por parte del Gobierno, seguimos gastando por encima de nuestras posibilidades al prever un crecimiento del gasto superior a la tasa de crecimiento de la economía nominal.
Señorías, la nefasta política presupuestaria y la consolidación de sus desviaciones ha derivado en una hipoteca de nuestro futuro de una manera preocupante. Baste decir que ni dedicando la totalidad del presupuesto del Estado, 28 billones de pesetas, se cancelaría el volumen actual de deuda pública; deuda pública que se incrementará en más de 600.000 millones de pesetas el próximo ejercicio y que hará que nuestro país deje de cumplir la única condición que satisfacía del Tratado de Maastricht, consagrándose de este modo la segunda velocidad para nuestra economía en el proceso de la Unión Europea. Con todo, lo más grave es que los presupuestos generales para 1994 han sido elaborados sin consenso y de espaldas a la mayor parte de los interlocutores sociales. La inexistencia de acuerdo en el pacto social hace que éste ya nazca viciado.
Señorías, los valencianos teníamos depositados nuestras esperanzas en los presupuestos para 1994. En este sentido se manifestaron dirigentes socialistas durante la pasada campaña electoral, asegurando que el próximo ejercicio sería el año de Valencia, de nuevo un año y ya van muchos. Confiábamos que después de los fastos

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de 1992 y después del año de recuperación se presentara verdaderamente el turno de Alicante, Castellón y Valencia. Las expectativas, una vez más, han caído en saco roto y los presupuestos para 1994 han consagrado de una manera definitiva la marginación sufrida por la Comunidad valenciana. Durante los últimos diez años, nuestra Comunidad ha aportado netas al Estado más de 8 billones de pesetas a cambio, hemos recibido en inversiones poco más de 450.000 millones. Esta, señorías, es una muestra de la quiebra del principio de solidaridad para con los valencianos desde el Gobierno central. Por cierto, estoy esperando del señor Presidente, señor González, que me remitiera aquella serie de inversiones, que naturalmente no me ha remitido ni me podrá remitir porque no existen.
Respecto a los presupuestos para 1994 y las invesiones que el Estado prevé realizar, cifradas en 1 billón 35.000 millones de pesetas, a la Comunidad Valenciana únicamente le corresponde el 3,3 por ciento del montante total. Mientras que las inversiones totales experimentan un incremento del 13 por ciento, Alicante, Castellón y Valencia ven reducidas las suyas nada más y nada menos que en un 30 por ciento. Por Secciones, es de destacar la disminución de inversiones en un 40 por ciento en Obras Públicas.
En lo que respecta al Fondo de Compensación Interterritorial las cifras no pueden ser más desalentadoras. Manteniéndose la consignación exactamente igual de un año para otro, el montante destinado a la Comunidad Valenciana se ha reducido en un 12 por ciento. En los últimos años hemos pasado de percibir 15.098 millones de pesetas en 1992 a 5.778 en 1994, significando, señor Ministro, una caída en este capítulo de un 61 por ciento. La repercusión de esta caída de las inversiones a realizar en la Comunidad Valenciana tiene su fiel reflejo en el eterno retraso en el tiempo de proyectos como Azuébar, Tous, Bellús y Escalona, barranco de Carraixet, riegos de La Plana, de Liria o regeneración de las playas de Alicante, Castellón, Valencia, Nules, Pinedo, Saler, Calpe, etcétera.
Del mismo modo, infraestructuras como la mal llamda autovía de Levante, N-III, N-232, N-230, N-340, variantes de Castellón, de Ondara, de Gata, tren de alta velocidad, parque central, supresión de pasos a nivel, remodelación de los aeropuertos de El Altet y de Manises esperan año tras año inversiones que nunca llegan.
Señorías, no podemos olvidar que todavía no se ha puesto fin a la angustia de los valencianos después de aquel octubre de 1982, fecha de la rotura de Tous. Señorías, el Real Decreto que aprobó el Gobierno recientemente después de diez años no ha incluido a pueblos damnificados como Sellent, Cárcer, Sumacárcer y Alcántara y además tampoco ha tenido en cuenta la actualización de los valores. En este sentido nos parece muy triste señor Ministro, que siendo además valenciano, culpe a los damnificados de Tous del déficit público actualmente existente.
Señorías, Unión Valenciana se pregunta si merecen los valencianos este injusto trato, porque se indemniza tarde y mal, cuando experiencias similares en otras comunidades se han solucionado rápidamente.
Respecto al Consell Metropolitá de L"'Horta, ¿por qué año tras año se viene negando la financiación que otros tienen? ¿Por qué el Real Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo, de ayudas a la sequía, deja fuera a las comarcas valencianas de Requena y Utiel? ¿Por qué el Real Decreto de jubilación anticipada para los agricultores hace prácticamente imposible el acceso a la misma de los agricultores valencianos? Y, ¿por qué se utiliza a la Comunidad Valenciana como conejillo de indias en las inspecciones de Hacienda a las empresas? Señorías, la Comunidad Valenciana está atravesando momentos muy difíciles. La imagen tradicional del Levante feliz se encuentra hoy más que nunca distorsionada. La tasa de desempleo de Alicante, Castellón y Valencia es superior a la media nacional y más de 1.400 empresas cerraron sus puertas en 1992. La evolución del mercado exterior se nos presenta como uno de los indicadores más fiables de la pérdida de competitividad de nuestras empresas. En el primer semestre del año las exportaciones de nuestra Comunidad han crecido cinco puntos por debajo de la media nacional. La provincia de Valencia aumentó sus exportaciones tan sólo un 0,74 por ciento en los seis primeros meses del año. La situación actual se agravará con la ejecución de los presupuestos de 1994. Este sacrificio exigido a los parados, pensionistas, trabajadores y empresarios valencianos se verá correspondido por el Gobierno con una caída de su nivel de vida, de las inversiones y de sus expectativas de futuro.
En resumen, este proyeto merece nuestra enmienda a la totalidad por cuanto no contempla la política presupuestaria y económica que hoy requiere la economía española para afrontar los nuevos retos de la Unión Europea, para mejorar la competitividad, la creación de empleo, el estímulo a la exportación y, en definitiva, no contribuyen a clarificar las prioridades de nuestra economía. Si los presupuestos del Estado van a tener un impacto recesivo sobre la economía española, sobre la economía valenciana van a determinar el hundimiento definitivo y la imposibilidad de afrontar con unas mínimas garantías de éxito los retos que se avecinan, habida cuenta de la ya histórica discriminación de Alicante, Castellón y Valencia y de la constante agresión hacia los sectores claves de la economía valenciana.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias,señor González Lizondo.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sin duda estamos ante el debate político

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más importante de la Cámara, puesto que es éste antes que cualquier otro el que realmente demostrará qué tipo de sensibilidad política va a gobernar, qué modelo de sociedad se quiere escoger, en definitiva qué modelo de Estado. De aquí surgen las prioridades, aquí se muestra el sentido de las preocupaciones.
El debate de presupuestos es el gran debate político, porque más allá de las buenas intenciones, más allá de las declaraciones, los libros de ruta ideológicos, las promesas electorales es aquí donde sabemos a qué atenernos. Los números tienen la enorme cualidad de la precisión. Es por ello por lo que una enmienda a la totalidad a unos presupuestos parte necesariamente de una gran responsabilidad política. Es, en definitiva, una enmienda a la acción global del Gobierno que se quiere modelar, y es desde el sentido de esta responsabilidad desde donde Esquerra Republicana ve la necesidad de devolver los 57 volúmenes al PSOE y a quienes ya han anunciado su intención de apoyarlos. Por sensibilidad social, por sensibilidad municipal, por sensibilidad nacional no podemos aceptarlos.
Señorías, aunque sin detenerme, no resisto la idea de empezar hablando de credibilidad. Estos son unos presupuestos tocados ya por la falta de credibilidad de los que el mismo Partido, ustedes mismos, presentaron el año pasado. Nos piden que nos creamos sus previsiones, su cuadro macroeconómico, ¿pero cómo vamos a hacerlo si las que el mismo Partido presentó hace justo un año han hecho aguas por todas partes? En más de dos billones de pesetas, señorías, se han equivocado ustedes en las previsiones de gasto, y en 400.000 millones se han equivocado en las de ingresos. Previeron una reducción de la inversión del 1,2 por ciento, y se ha reducido un 10,2 por ciento; previeron un PIB del 1 por ciento, y ha sido negativo en 1 por ciento; previeron que se destruirían 162.000 puestos de trabajo, y se han destruido 535.000; previeron que llegaríamos a 2.300.000 parados, y hemos llegado a 3.400.000.
¿Han pensado, señorías del PSOE, entrar en el récord Guiness? Por capacidad de acumular déficit público los gastos de atención a la deuda pública crecen un 22 por ciento, y por auténtica incapacidad de prever la situación han hecho SS.SS.
méritos sobrados. ¿Cómo quieren, pues, que nos creamos las previsiones que ahora presentan, señorías? Algunas partidas que ustedes incluyen, como ese 16 por ciento de incremento a la recaudación del IVA mientras que sólo preven un incremento del consumo privado del 0,1 por ciento, o requieren ingenuidad política o grandes dosis de voluntarismo. Pero ciertamente podríamos haber hecho un acto de fe, podríamos haber obviado todas las recomendaciones de alerta a que ustedes mismos nos obligan y habernos creído sus números, si no fuera porque en algo son ustedes bien precisos: en la voluntad de hacer recaer en sectores económicamente discriminados el peso de la crisis. Desde una sensibilidad social y progresista, sus propuestas no nos parecen aceptables.
¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, su pretensión de aumentar la presión fiscal en el colectivo de parados, precisamente uno de los sectores más castigados por la situación? ¿Cómo vamos a aceptar que las prestaciones por desocupación sean tributables a efectos de IRPF? ¿Cómo vamos a aceptar que las escalas de tributación en concepto de IRPF no actualicen las bases en función de la inflación, con el aumento de presión fiscal que esto representa? ¿Cómo vamos a aceptar que el colectivo de parados deba cotizar la cuota obrera de la Seguridad Social que hasta ahora asumía el Estado? Un mínimo de 6,1 por ciento menos van a cobrar los parados gracias a sus medidas de choque, y a ello hay que añadir que mientras ustedes prevén un mínimo de 150.000 parados más para 1994 --y vista su incapacidad para acertar en las previsiones habrá que ser más pesimistas--, mantienen las partidas de prestaciones de 1993, con lo cual encubren un nuevo recorte de prestaciones. Todo ello choca, casualmente, con esa disposición final número dos que, contrariamente al espíritu general, deja las manos libres al Gobierno para ampliar los recursos destinados al plan de empleo rural. En el Sur, pues, parece ser que van a consolidar su política de subsidio masivo, que no es tampoco ninguna solución progresista a la crisis en esas zonas. Y en el Norte, en las zonas productivas, va a ser muy difícil la subsistencia de los colectivos más castigados. Señorías, recuerden que el Sur no se arregla con la limosna masiva y permanente que deriva en cultura de la corrupción, sino con esa reforma agraria e industrial que tienen pendiente desde hace siglos.
Pero recuerden también que hay cada vez más parados en muchas zonas, en Santa Coloma de Gramanet, en Rubí, en Badalona, y que esos parados con estos presupuestos lo van a pasar mal. Y todo ello, para mayor perplejidad, sin que los agentes sociales hayan pactado las medidas de choque.
La primera de las siglas ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, representa la palabra «esquerra». Como partido progresista y con sensibilidad social no podemos aceptar sus presupuestos. La segunda corresponde a la palabra «republicana», y nos obligaría a discutir las partidas dedicadas a la Monarquía. Pero, en fin, como no hay voluntad de atragantarles hoy la comida dándoles un susto, lo dejaremos para otro día. La tercera sigla corresponde a Cataluña, y desde la perspectiva de los intereses del marco nacional catalán, desde nuestra sensibilidad nacionalista, rechazamos también estos presupuestos.
No nos creemos el baile de cifras que su aliado natural, Convergència i Unió, está dando para justificar su apoyo. Sus presupuestos van a dañar aún más la economía productiva de mi país, porque ustedes saben tan bien como yo que son unos presupuestos para mantener

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una economía fría, que no refuerzan la línea inversora y que parten de la aceptación de un crecimiento casi cero e incluso negativo, y sólo va a crear aquí la especulación. Ya sé que se han incluido algunas medidas de incentivación fiscal --que Convergència i Unió ha hecho ahí su «trabajito»--, pero seamos serios. La grave crisis del sector industrial y productivo catalán no se resuelve con una disminución ligera de la presión fiscal, sino con un plan de auténtica reactivación que estos presupuestos no contemplan. Esta crisis no se resuelve con tiritas, con ese pacto de la calderilla que ha firmado con Convergència i Unió, sino dotando a Cataluña, las islas Baleares, Valencia, todo el eje productivo, de los instrumentos económicos y políticos que nos permitan una salida diferenciada de la crisis. Lo que falla aquí, señorías, es el mercado único español, que nos acabará hundiendo a todos. Si Cataluña no tiene instrumentos políticos, si no tiene concierto económico como el País Vasco y Navarra y soberanía política para articular una economía propia, no hay pequeños incentivos fiscales que valgan.
Aquí es donde Convergència i Unió se pone, como diría Valle Inclán, estupenda. Hay que ver la fama de negociante que tiene y lo mal que a nosotros nos parece que negocia. Ahora que habían dicho pomposamente en Cataluña que decidirían, lo único que han decidido ha sido dar carta blanca a un Gobierno socialista. Debe ser por la enorme sensibilidad hacia la lengua catalana que demuestra este Estado. Debe ser por los miles de millones que se van a gastar ahora para proyectar la cultura catalana en el mundo. ¿O no contempla eso el Instituto Cervantes? Debe ser gracias a la ilusión que les hace el Día de la Hispanidad o las muestras de afecto hacia Cataluña de Rodríguez Ibarra, o los gobernadores civiles o el expolio fiscal. Debe ser gracias a todo eso por lo que, con coherencia nacionalista, Convergència i Unió da su apoyo.
Señores de Convergència, señorías, no han sido capaces de poner el problema sobre la mesa. No han sido capaces ni tan sólo de plantear el traspaso del Inem, fundamental para subsanar el 15 por ciento de pobreza relativa que hay en Cataluña, ni de dar una solución a la crisis del campo catalán, ni de plantear la necesidad del concierto económico, tan necesario para paliar el expolio, ni de una banca pública, ni tampoco de plantear una salida diferenciada a la crisis, auténticos instrumentos para reforzar nuestras pymes y nuestra economía. En lugar de conceptos políticos de grados y soberanías reales, Convergència i Unió sólo pone sobre la mesa la calderilla, menos incómoda. ¿Para eso arma tanto revuelo? Unamuno decía que a los catalanes nos pierde la estética.
Quizá, pero sólo cuando no tienen la valentía de comprometerse con las reivindicaciones de fondo.
Acabo con el apunte municipal. Estos presupuestos no sólo incumplen el pacto para revisar la Ley de haciendas locales, sino que tampoco plantean una solución mínima a la situación gravísima de la economía municipal, de forma que condena a las corporaciones locales a un mayor endeudamiento y a una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos. También en este aspecto son antisociales.
Enmienda a la totalidad, señorías, pues, por coherencia con el progresismo, con el municipalismo, base del progresismo, y con la defensa del propio país.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, en nombre del Partido Aragonés intervengo para defender la enmienda de totalidad que hemos presentado a los Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Señorías, nosotros pedimos la devolución porque ustedes, señores socialistas, señor Ministro, gastan mucho, invierten poco y administran mal. Son unos presupuestos continuistas, insolidarios, ilusorios, que no responden a la oferta electoral ni siquiera que ustedes hicieron hace pocos meses al pueblo español. No permiten la convergencia de nuestra economía con Europa, nos hacen más pobres, sobre todo a los más pobres, nos endeudan más y, en definitiva, no sirven para salir de la crisis, cuya secuela más dolorosa es el desempleo y la pérdida de esperanza de muchos ciudadanos a cuyos problemas no se da respuesta con estos presupuestos.
El endeudamiento al que ustedes han llevado a este país (30 billones) genera 8.000 millones cada día de intereses, más de 300 millones cada hora y 5 millones cada minuto --lo digo porque a veces las cifras nos desbordan-- y este endeudamiento, señorías, no se justifica por lo invertido; en todo caso, se justifica por lo gastado.
El señor Ministro de Economía ha dicho que era un presupuesto de crisis, pero no ha dicho que era un presupuesto para la crisis; unos presupuestos derivados del pacto, pero no ha dicho que eran derivados de la insuficiencia política del Grupo Socialista, y unos presupuestos que estaban complementados con una ley específica de Medidas Fiscales, de Función Pública y de Protección por Desempleo.
En primer lugar, tenemos que decir que hay un Ministro nuevo, pero no unos presupuestos nuevos. Estos presupuestos, señorías, son continuistas, como no podría ser de otra manera, ya que se inspiran en los mismos principios políticos en los que ustedes, a pesar del fracaso evidente, se empeñan en insistir. Por otra parte, estos presupuestos y la situación económica en la que nos encontramos son la consecuencia directa de su incompetencia acumulada durante los últimos once años. Porque, señor Presidente, de la situación actual

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sólo hay unos responsables, y esos son los socialistas, es usted, señor Presidente, que ha tenido la máxima responsabilidad y la máxima capacidad para cambiar las cosas, y su manera de entender la economía y las cuentas del Estado. Hoy ni siquiera les queda a ustedes aquel viejo truco, aquel viejo recurso de echar la culpa a la herencia recibida, porque, señorías, la herencia de este país son ustedes, porque los causantes de todo lo que ocurre son ustedes, que no han aprovechado los tiempos de bonanza económica para renovar las estructuras productivas de este país y, sobre todo, para adecuar la mentalidad de los españoles a las exigencias de la competitividad, de la libre concurrencia y de la integración europea. Reconozcan ustedes el fracaso de su política de bienestar, como primer paso, y la cultura de la subvención a la que han acostumbrado a la sociedad española. Han dejado a la sociedad sin defensas, sin estímulos y sin ilusión, y eso, señorías, tiene sus consecuencias.
No es admisible relacionar nuestra crisis con la crisis de los países que nos circundan, porque la situación es heterogénea.
No todos están igual que nosotros; algunos están mejor, entre otras cosas porque nosotros batimos el récord con el indicador más sensible socialmente: el número de parados. España tiene ese triste récord entre los países que nos circundan. Otros indicadores que también nos son desfavorables serían admisibles, señor Ministro, si por lo menos coadyuvaran a resolver ese grave problema del desempleo, que hace que perdamos 2.000 puestos de trabajo cada día en este país. Y si fuera cierta la influencia de los países desarrollados de nuestro entorno sobre nuestra economía, bastaría con esperar a que los demás mejoraran y limitarnos a no hacer nada.
Nosotros creemos que las principales medidas deben partir de este Gobierno, deben partir de este Parlamento y también de la propia sociedad. Por eso nos parece negativo el excesivo peso de la actividad económica, que está pagando el excesivo intervencionismo y la competencia desleal que se le hace al sector privado desde la actividad pública. Necesitamos más sociedad y menos Estado. Hay que creer y aplicar el principio de la subsidiariedad, y que no haga el Estado aquello que hace mejor y más barato la iniciativa privada. El desmoronamiento de la empresa pública, acumulando pérdidas de miles de millones de pesetas, es la prueba evidente de lo que decimos.
Renfe, Iberia, el INI, son empresas que acumulan pérdidas que serían inevitables. El caso de Radiotelevisión Española, señorías, es también significativo en cuanto al costo, pero realmente lo que hay Televisión Española, además de una competencia desleal al resto de televisiones privadas y al resto de medios de comunicación, es una utilización por el Gobierno en su favor, utilizándola para que Televisión Española trabaje en contra de la oposición.
El señor Ministro ha dicho que eran unos presupuestos del pacto. Quizá, señor Ministro, lo más aceptable que tienen estos presupuestos es aquello que ustedes han tenido que introducir por exigencias de otros. Por eso es positiva la necesidad de pactar, para que estos presupuestos sean menos socialistas. Nosotros, que no hemos tenido la oportunidad de introducir ninguna sugerencia (esperamos tener mejor suerte en el trámite parlamentario, ya que presentamos numerosas enmiendas parciales), no podemos apoyar estos presupuestos porque, vistos desde Aragón y para las necesidades de Aragón, nos sirven de muy poco.
Aprovecho este momento para fijar la posición sobre el proyecto de ley de medidas fiscales, de reforma de la Función Pública y del desempleo, que acompaña a estos presupuestos, porque es la consecuencia más visible, aunque no la única, de esa necesidad de pactar. La ley que los acompaña y las medidas que se proponen nos parecen acertadas, pero insuficientes y, además, tardías, por lo que creemos que su efecto práctico será limitado. El apoyo a la inversión y al empleo llega tarde, hay muchas empresas a las que les llega cuando están ya a punto de cerrar. Para que se pueda exportar y competir, las medidas propuestas son tímidas y están desconectadas de otras medidas igualmente necesarias. Las medidas de apoyo a las pymes que se proponen en el proyecto de ley pueden, incluso, conducir a efectos no deseados, señor Ministro. No parece acertado introducir competencia desleal con las empresas que ya funcionan. La empresa y sus actividades no se improvisan.
Yo creo que sería mejor apoyar a las empresas que ya están, que ya trabajan, que ya tienen experiencia y que ya funcionan, en lugar de ayudar a crear otras nuevas, que posiblemente lo único que creen sea trabajo en las gestorías y en las oficinas de recaudación de impuestos.
Las medidas de apoyo a la vivienda, a nuestro juicio, son equivocadas e insuficientes, pero, señor Ministro, este tema es tan importante que merecería un plan específico, por la trascendencia económica y social que tiene. Las modificaciones del sistema tributario no son las más acertadas para resolver el panorama y acercarnos a la fiscalidad europea, pero, en este terreno, cualquier avance es bueno. En cuanto a las medidas de protección del desempleo, debería ser una parte de algo mucho más amplio, en definitiva, una reforma en profundidad del mercado de trabajo.
Vistos desde Aragón, estos presupuestos son todavía peores.
Nos tratan mal, señor Ministro, no resuelven problemas y promesas que llevan años esperando, y ni siquiera la necesidad de echar un capote al nuevo Presidente del Gobierno de Aragón, el socialista señor Marco, que gobierna gracias al voto del tránsfuga, ha hecho los milagros que este nuevo Presidente esperaba de los Presupuestos. Necesidades históricas, infraestructuras, comunicaciones, regadíos, no tienen la dotación necesaria; en algunos casos, un mero apunte contable para

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iniciar el proyecto y seguir pidiendo tiempo y mejor oportunidad. Nos sentimos abandonados, discriminados, y espero que --el señor Presidente del Gobierno no está presente--, encima, no nos pidan que estemos agradecidos.
Si en inversiones las cosas no van, en protección social es todavía peor. En sanidad, y sobre todo en educación, el presupuesto perjudicará a los más necesitados. La reforma educativa no tiene suficiente presupuesto y nos preocupa de manera especial ya que, al parecer, las competencias en educación pueden ser transferidas en breve, y así, mal dotadas, habrá que tener cuidado de cómo se transfieren y de cómo se reciben. Las universidades en general, y la de Zaragoza en particular, están mal dotadas y es un clamor de peticiones. Aquellas universidades que todavía están en territorio MEC han dicho que ya está bien con la insuficiencia de medios, para dar una enseñanza de calidad y una enseñanza competitiva a más de 600.000 jóvenes españoles, que están esperando poder formarse para competir en Europa. El Rector de Zaragoza ha dicho, ayer, públicamente: ¡Basta ya! Le rogaría al señor Ministro de Educación que tomará nota, pero, evidentemente, ni está presente en la sala.
En resumen, yo les pediría que retiren el proyecto, que hagan un buen diagnóstico de la realidad, que tomen medidas, que generen confianza, que hagan un esfuerzo para tener credibilidad, porque, si no, señores del Gobierno, las medidas van a servir muy poco si ustedes no cuentan con el apoyo y la ayuda de la sociedad en la que ustedes tienen que generar ilusión y en la que ustedes tienen que ganarse una credibilidad que hoy está perdida. De lo contrario, señoras y señores Diputados, sálvese el que pueda y que Europa nos ayude.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Finalmente, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, lamento tener que empezar la defensa de la oposición de mi coalición en este debate de enmienda a la totalidad de los presupuestos destacando que este Gobierno no tiene ninguna intención de negociar. Unicamente negocia o acepta propuestas de quien está dispuesto previamente a no cambiar los «presupuestos» --entre comillas-- del Gobierno. Considero que no hay generosidad, que nada ha cambiado, que continúa la política patrimonialista de ideas, criterios y proyectos, de oídos sordos a las propuestas de los grupos parlamentarios, sea cual sea su peso en esta Cámara.
El Presidente del Gobierno no ha cumplido sus palabras de diálogo con la oposición ni de presencia en esta Cámara, defendiendo una gestión sin brillantez --no son palabras mías-- durante estos tres meses largos de Gobierno. Pero lo que me parece más grave es la poca, por no decir nula, atención que se ha prestado a las palabras de Su Majestad el Rey cuando en la apertura de esta legislatura solicitó el máximo consenso parlamentario, para contribuir eficazmente entre todos a la búsqueda de soluciones políticas a la grave crisis económica y social que afecta al Estado. La realidad es la siguiente: 180 votos circunstanciales a favor; 165 en contra y, posiblemente, cinco abstenciones. Creo que este breve apunte justifica por sí mismo una enmienda a la totalidad.
Otras razones y motivos que apoyan la negativa de la coalición a la que represento las he expuesto en el escrito justificativo que sustenta la enmienda a la totalidad. No insistiré en ellas. Ahí están y las someto a su consideración.
Quiero dejar bien clara una idea que sustenta mi actuación, que intenta ser responsable y en nada desestabilizadora: estamos ante una situación social, económica y política muy grave que nadie sabe cómo arreglar. Pero no coincidir en las soluciones no significa el no por el no, ni la ruptura por la ruptura. Entendemos la política como una contribución para resolver los problemas de los ciudadanos y nunca para incrementarlos. Este principio resulta doblemente válido en la actualidad. Aportaremos nuestro voto positivo a iniciativas como la ley de medidas ficales y regulación de la Función Pública, pero nuestra enmienda a la totalidad se mantiene por los siguientes motivos, entre otros.
En primer lugar, me centraré en el fraude fiscal. Según las propias palabras del Gobierno, desde el punto de vista general, la política fiscal que subyace en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado continuará la de ejercicios pasados, adaptando su actuación a la intensidad de la crisis por la que atraviesa nuestra economía. Existe una manifiesta contradicción. La política fiscal no puede ser continuista cuando se ha producido un cambio en el ciclo económico; no puede afirmarse que se aplica idéntica política fiscal en una epoca expansiva que en una época depresiva.
Pero ustedes no la enmiendan, sino que la continúan. Indican solamente que se adaptan a la crisis introduciendo beneficios fiscales, a los que atribuyen, además, reducción de ingresos.
Su política fiscal se ha propuesto un doble objetivo: lograr un déficit máximo del 5,2 por ciento del PIB y relanzar la actividad productora.
Respecto a la reducción del déficit, puedo asegurar que las previsiones no se van a cumplir basándose en sus propios datos. Los gastos fiscales crecen porcentualmente más que los ingresos fiscales. Este hecho junto al incremento del desempleo, congelación salarial y reducción de beneficios empresariales, sumando, además, los incentivos fiscales, no producirán los excedentes como para ahorrar y reducir el endeudamiento con sus propios recursos.


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En sus presupuestos no hay una sola línea que manifieste una clara decisión de abordar el fraude fiscal en una época de clara recesión recaudatoria. No estamos hablando de entelequias, sino de tres billones de pesetas que el Estado deja de ingresar. A este respecto, las palabras de un ex vicepresidente del Gobierno son las siguientes: Esta es una mina que demuestra lo mucho que queda por hacer en Hacienda.
Ignoramos realmente el fraude fiscal que tenemos. Los estudios que hay están guardados en el cajón del Ministro de Hacienda, pero, según un cálculo, pueden representar el cinco por ciento del producto interior bruto, equivalente prácticamente al déficit público. Esa es una bolsa muy grande que cuartea la moral ciudadana y que se alimenta del secreteo, por lo que habría que hacer una campaña para airearla.
Además, los informes económicos realizados por las instituciones más relevantes de la economía española concluyen que el sector público, en los años 1992 y 1993, no ha contribuido al ajuste de la economía española en la medida en que tanto el gasto público como el déficit público, siguieron creciendo en términos del producto interior bruto. El mayor crecimiento por parte de los ingresos ha tenido lugar en el apartado de los intereses, dividendos y otras rentas y beneficios procedentes del Banco de España, banca oficial, empresas públicas, así como los intereses de las reservas colocadas en divisas extranjeras. La devaluación les ha ayudado.
Ustedes siguen confiando en el mismo procedimiento, pero, entre tanto, dejan de actuar con mecanismos que afectan a la verdadera solidaridad y justicia para afrontar la crisis.
Parece que un partido denominado socialista no cree en la factibilidad de luchar contra el fraude fiscal.
En segundo lugar, me referiré a la inversión pública prevista en el proyecto de presupuestos para 1994 en el País Vasco.
Quisiera subrayar que respresenta el 0,2 por ciento del total de inversiones reales previstas para 1994 para el Estado, sus organismos autónomos y entes públicos. Y para mejorar este panorama, añadiré que los 2.542,9 millones de pesetas que el Estado piensa invertir representan el 0,5 por ciento del total de la inversión regionalizable; y de los 2.542,9 millones de pesetas, el 87,76 por ciento corresponden al MOPTMA (obras públicas, Confederación Hidrográfica del Norte, costas, etcétera), cifra que representa, para no mejorar la situación, el 0,3 por ciento del total de inversiones reales previstas a realizar por el MOPTMA y el 0,6 por ciento de las inversiones regionalizables por dicho Ministerio. Esta cifra, además, representa el 3,5 por ciento del cupo que el País Vasco paga al Estado.
El Estado no ha transferido las competencias correspondientes a Dirección de costas, obras hidráulicas, Confederación Hidrográfica del Norte. Por tanto, los servicios e inversiones realizados dependen exclusivamente de las decisiones del MOPTMA y el resto de las instituciones son, en todo caso, coadyuvantes.
De acuerdo con las necesidades estudiadas y fijadas por los servicios del MOPTMA, el déficit actual existente en materia de inversiones necesarias en la costa vasca en servicios de encauzamiento, saneamiento, distribución y depuración de aguas, se estima en: primero, en el Plan Hidrológico del Norte III, 221.367 millones de pesetas; programa de actuaciones en la costa, años 1993-1997, 7.490 millones. En total, 228.857 millones de pesetas.
La inversión pública prevista en los presupuestos para 1994 representa el 0,9 por ciento de los citados déficit de inversión en infraestructura de costas y obras hidráulicas, aunque en temas relacionados con el programa de actuaciones en la costa las inversiones previstas representan el 14,8 por ciento del déficit y en obras hidráulicas, el 0,5 por ciento de dicho déficit. Dicho de otra manera, con los criterios de inversión previstos en estos presupuestos se precisarían ocho años, dos legislaturas completas, para solucionar los problemas de la costa y 200 años, 50 legislaturas, para solucionar el déficit previsto en el Plan Hidrológico del Norte III, que sus propios estudios califican en los siguientes términos.
Primero, se trata de inversiones de saneamiento y depuración para cumplir los objetivos de depuración de la directiva de la CEE, de 21 de mayo de 1991. Segundo, todos estos vertidos, que se efectúan directamente sin ningún tipo de tratamiento depurador ni de dilución, producen efectos locales indeseables e impresentables --son palabras oficiales-- que demandan urgente solución, no sólo por sí mismos sino por los efectos que puedan originar en otras zonas colindantes aparentemente alejadas de los mismos. Todo ello hace que la búsqueda de soluciones a los problemas mencionados deba afrontarse con premura en plazo limitado.
Podría seguir diciendo --pero como pertenezco al Grupo que pertenezco, tengo poco tiempo-- que ustedes mismos indican que hay numerosos núcleos con restricciones veraniegas, la mala calidad de las aguas fluyentes, la calidad de las aguas suministradas es deficiente, etcétera. Señor Ministro, podría seguir haciendo referencias a otras infraestructuras que ni siquiera figuran en los presupuestos: puertos, aeropuertos, equipamiento cultural... Podría seguir hablando también de los temas referentes a los acuerdos-marco, que parece que ya no van a continuar establecidos en agricultura.
Nuestro deber parlamentario responsable --como le decía al comienzo de mi intervención-- no nos permite más que mantener una actitud crítica ante unos presupuestos que van a hacer comparecer al Gobierno periódicamente para explicar sus modificaciones. Pero, sobre todo, la no disposición a romper por la inversión pública la crisis que afecta al País Vasco, nos obliga

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a no compartir sino a denunciar tal insolidaridad. Esperemos que el trámite de enmiendas parciales permita corregir las situaciones descritas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar dar cumplida respuesta, aunque sea de forma esquemática a los distintos temas planteados por los intervinientes en el Grupo Mixto.
En primer lugar, al señor González Lizondo le diría...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio.
Continúe, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Le diría al señor González Lizondo que su preocupación por el cumplimiento de los cuadros macroeconómicos es también la nuestra. Pero vuelvo a insistir en algo que ya he dicho. En ningún caso, un cuadro macroeconómico puede adoptarse como una previsión que necesariamente va a cumplirse, sino como el mejor de los cálculos realizados en un momento determinado que, evidentemente, puede modificar las circunstancias y que, por supuesto, esa modificación de circunstancias es la que puede dar al traste con esos cambios. Desde luego, ni el Gobierno oficializa --como S.S. dice-- la crisis con el crecimiento del 1,3 por ciento --que es un buen crecimiento, por otra parte--, ni tampoco el presupuesto asegura --y le cito textualmente-- un 22,4 por ciento de tasa por desempleo.
Dice S.S. que no es legítimo pedir más esfuerzos a la sociedad. Yo creo que sí es legítimo pedir más esfuerzos a la sociedad. En una situación de crisis como la que estamos, lo único que se puede hacer es pedir más esfuerzos a la sociedad.
Lo que sucede es que es relativamente fácil plantear el problema de la sociedad y del Gobierno como independiente de cada uno de nosotros. Da la impresión de que los gastos que el Estado realiza no tienen nada que ver con nuestras actividades habituales.
Le voy a dar una cifra porque me parece que es importante. Con ocho grandes capítulos de gasto prácticamente cubrimos el 80 por ciento del presupuesto. Esos se llaman: desempleo, pensiones, sanidad, deuda pública, financiación de administraciones territoriales y educación. Esos capítulos nos afectan a todos, responden a derechos subjetivos en muchos casos y, por supuesto, son capítulos que tienen un reparto territorial correcto.
Le preocupa a S.S. el tratamiento que se le da a Valencia.
Dice que no hay inversiones para Valencia, pero no es correcta esa afirmación. Las inversiones están claramente previstas y, desde luego, su argumentación es absolutamente falaz. No se puede decir que se aportan 450.000 millones y que se reciben 40.000 millones. Valencia recibe mucho más que los 47.000 millones previstos de inversiones específicas entre las que, por cierto, sí están las de infraestructuras de recursos hidráulicos a los que S.S. hace referencia, las presas de Tous, Bellús, Escalona, Azuébar, el embalse de Arenas y el barranco de Carraixet, como también está la infraestructura de transporte ferroviario y la creación de la infraestructura de la carretera Nacional III, en el tramo Valencia-Utiel, además de las transferencias destinadas a infraestructuras del ferrocaril mediterráneo.
No sé de dónde saca S.S. la afirmación de que yo culpo a los damnificados de Tous del déficit. Me parece una afirmación bastante gratuita que nunca he pronunciado y que no sé, evidentemente, de dónde ha sacado S.S. dicha información.
Respecto a los restantes temas le respondo que no hay discriminación, ni constante agresión. Ni siquiera esas referencias que S.S. subraya en esta tribuna y que parece que implican un tratamiento específico contra Valencia por la reducción del fondo de compensación, responden a la realidad.
Como S.S. sabe, el fondo de compensación se calcula de acuerdo con ciertos criterios. Y uno de esos criterios es el crecimiento de la renta. Como consecuencia de la evolución de este crecimiento, la renta, en el año 1991, crece en la Comunidad valenciana el 11,7 por ciento con relación a 1990.
La media de las comunidades autónomas con respecto al fondo crece únicamente el 10,7 por ciento. En consecuencia, hay que realizar las pertinentes correcciones, y esas pertinentes correcciones disminuyen el fondo de compensación para Valencia en 618 millones que, como digo, no es discriminación, sino que es la aplicación de la legalidad que actualmente existe. Yo creo que S.S. no ha percibido bien cuáles son los problemas que se plantean los presupuestos, como tampoco ha valorado de forma correcta los elementos vinculados a la mejora y al apoyo de la exportación y de la actividad económica.
En cuanto a Esquerra Republicana de Cataluña discutiría también el propio concepto de credibilidad. Lo he dicho anteriormente. Todo cuadro macroeconómico parte de la situación existente en un momento determinado, y en momentos de inflexión de la situación económica los cálculos, que siempre por definición son tendenciales, sufren variaciones mayores que en otra época. Eso explica perfectamente el tipo de errores que se producen en nuestro sistema de cálculo a lo largo

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del año 1993, y que tienen efecto en España y en cualquier otro país que haya sufrido los mismos problemas que nosotros hemos tenido.
Sin embargo, entre la concepción de S.S. y la mía hay una diferencia fundamental. Yo creo que S.S. parte, en base a ese concepto de Esquerra, de una definición de política económica y presupuestaria muy distinta. Volvemos, otra vez, a encontrar ese concepto de mejora de la reactivación económica con más gasto, de no restricción de ninguno de los gastos existentes y, al mismo teimpo, preocupación porque aumenta la presión fiscal a los ciudadanos. Esa preocupación de aumentar la presión fiscal a los ciudadanos le lleva a defender el que haya más transferencias a las arcas municipales sin preocuparse de que si, al final, no son los alcaldes quienes aumentan la presión fiscal, tendrá que ser el Estado, tendremos que generar más déficit, o tendremos que restringir más el desempleo. Esos planteamientos no me parecen coherentes. Si queremos de verdad una corresponsabilidad fiscal y una mayor responsabilidad política de cada uno de los cargos electos en las distintas administraciones, me parece que un ejercicio muy saludable es precisamente el ejercicio de la responsabilidad fiscal.
Al señor Mur le comentaría que siempre es discutible si un presupuesto llega lo suficientemente lejos en cuanto a sus elementos incentivadores. Posiblemente fuera deseable ir más lejos, pero yo creo que ésa no es la pregunta correcta.
La pregunta correcta es, dadas las circunstancias de déficit que tenemos, ¿debemos y podemos ir más lejos? Dado el esfuerzo que estamos pidiendo al resto de la sociedad, ¿debemos y podemos ir más lejos? El Gobierno ha considerado oportuno mantener el equilibrio razonable entre el esfuerzo que se pide a asalariados, funcionarios, pensionistas, e incluso desempleados, con el incentivo que damos a las empresas para generar empleo que, lógicamente, tiene que tener unos límites.
No es mi objetivo, ni lo ha sido nunca, echar la culpa a la herencia recibida, en primer lugar, porque yo no comparto su tesis de que no se ha aprovechado el tiempo y de que se ha producido un fracaso en la política de bienestar.
Decir que en los últimos diez años no ha sucedido nada en este país en cuanto a la evolución económica, me parece que es intentar deformar la realidad y adoptar posiciones excesivamente partidistas que tratan de oscurecer algo que es evidente. Yo creo que la política de bienestar ha sido correcta en su diseño y en su planteamiento. Lo que estamos planteando ahora son precisamente correcciones a esa política para intentar salvarla al máximo, porque creemos que la política de bienestar es imprescindible en una sociedad como la nuestra y es especialmente necesaria en una situación como la actual. Probablemente S.S. querría ir más lejos en esta reducción de la protección al bienestar, pero ésa no es la política del Gobierno.
En cuanto al indicador del número de parados, S.S. hace referencia a que es el peor. Es cierto que es el peor, junto con Irlanda, de los países comunitarios, pero ello nos fuerza a reflexionar sobre por qué es el peor. Aprovechando este tema, vuelvo a referirme a un punto que ha salido en más de una ocasión a lo largo del debate de esta tarde, y es en qué medida este indicador puede funcionar en el futuro como indicador de convergencia.
Adelanto que no tiene sentido alguno ese planteamiento, dado que los indicadores de convergencia son limitados y que están establecidos en el Tratado de Maastricht. Evidentemente, es un indicador importante y relevante, pero sería enormemente útil que ese indicador se tratase de forma homogénea y que viéramos si el sistema de cálculo de las distintas administraciones estadísticas es exactamente el mismo y nos da los mismos resultados.
En cuanto a las restantes políticas a las que he hecho referencia sobre las medidas fiscales, reforma de la función Pública y desempleo, S.S. dice que evidencian de forma visible la necesidad de pactar. Estas políticas son coherentes con el resto del sistema; no se pueden analizar de forma independiente y, al final, responden todas a la misma concepción.
Respecto a Aragón, le contesto lo mismo que al señor González Lizondo. Intentar territorializar como efecto de gasto en Aragón, como en Valencia, las políticas específicas de inversión con nombres y apellidos, y olvidarse del resto del esfuerzo que la sociedad está haciendo en cada una de esas comunidades, me parece que es un planteamiento distorsionador y, en muchos casos, lleva a malos entendidos posiblemente queridos.
Al señor Albistur le diría que el planteamiento que a él le preocupa de fraude fiscal también nos preocupara nosotros. No estoy tan de acuerdo con él en que hay que modificar absolutamente la política fiscal en una situación de crisis.
Es evidente que la crisis por sí misma modifica las circunstancias en las cuales la política se aplica. Y, por supuesto, no comparto su tesis del no realismo del déficit previsto para el próximo año. Es un tema que podríamos discutir con más detalle, pero le puedo asegurar que el déficit que hemos calculado es el que corresponde a los mejores datos actualmente existentes, lo cual no quiere decir que dentro de unos meses, si las circunstancias varían, los cálculos no fuesen necesariamente distintos.
Finalmente, no puedo entrar en el debate sobre las inversiones en el País Vasco. Su Señoría conoce mejor que yo la parte importante de esa invesión que se está realizando con cargo al propio cupo vasco y, sin embargo, en las inversiones que están territorializadas, en el caso de inversiones de interés general realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, el tratamiento que se

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da al País Vasco no es distinto del que se da al resto de las comunidades autónomas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor González Lizondo tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no solamente desde la cordialidad parlamentaria, sino también desde la cordialidad paisana que nos une, le diré, aunque usted lo sabe, que la discriminación en nuestra tierra es importante, y usted mismo en el «Diario de Sesiones», del día 5 de agosto así lo reconocía El Fondo de Compensación Interterritorial baja porque dice que han cambiado los elementos, y yo sé que un elemento informativo de la situación en Valencia es el que marca la propia Generalidad valenciana. Usted tiene allí amigos, los conoce a todos, pregúnteles la mejora que en Alicante, en Castellón y en Valencia ha supuesto el cierre del 1.400 empresas, con un aumento, en el primer trimestre de 1993, del 47 por ciento de las quiebras y del 51 por ciento de las suspensiones de pagos. Si eso es mejorar, ¡que venga Dios y lo vea! Usted sabe también que algunas de las inversiones que se propagan se están dilatando en el tiempo una barbaridad, como son las presas de Bellús, Escalona, Tous... Usted sabe que lo del barranco de Carraixet lleva muchos años pendiente y cada año vuelve a dilatarse en el tiempo. Usted sabe que esto sucede y, naturalmente, no se puede hablar de inversiones en Valencia cuando se cuenta con una inversión en una presa que destroza una vasta comarca de nuestra tierra. Se dice, al mismo tiempo, que eso es inversión nueva, cuando es una mera y simple reposición. Además, como ya he dicho en un principio, hace diez años que no han cobrado. En definitiva, señor Ministro, usted sabe que tengo razón.
Y hay una cosa que ha comentado usted antes. Dice usted que su preocupación es igual que la mía en los cuadros macroeconómicos, dice usted que la preocupación es mutua.
Usted no es nuevo en materia económica pero sí es nuevo en el cargo y yo no soy demasiado veterano pero ya he pasado cuatro presupuestos. Y esos cuadros macroeconómicos, al final, han sido lo que hemos denunciado hoy: un perfecto y auténtico desastre.
Le deseo mucha suerte pero le pido, por favor, que reconozca, por lo menos, aquello que es cierto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, estoy de acuerdo en que los cuadros macroeconómicos generalmente no se cumplen, y no diría que están hechos para no cumplirse, pero en todo caso sí se sabe que no se cumplen. Lo que ocurre es que desviarse un poco es una cosa y desviarse, por ejemplo, en dos billones de pesetas, es otra; desviarse un poco es una cosa y desviarse en tanta destrucción de puestos de trabajo, por ejemplo, en un millón más de parados, como se ha desviado, es otra cosa. Entendemos, pues, que la desviación de los cuadros macroeconómicos de los presupuestos del año pasado es tan grande que lo que hace es restar credibilidad a los cuadros de este año. Una desviación es una cosa, una gran desviación es otra.
En los ayuntamientos, señor Ministro, lo vemos distinto. El problema principal que vemos nosotros es que ustedes incumplen el pacto para revisar la Ley de Haciendas Locales y es esa Ley la que ha condenado a los ayuntamientos a la situación de agonía económica en la que están; es esa Ley la que ha condenado a los ayuntamientos a presionar fiscalmente, cada vez más, a los ciudadanos, porque no salen sus cuentas. Lo que decimos es que con estos presupuestos no sólo no se va a resolver la situación de los municipios, sino que probablemente se va a empeorar. En este sentido nos parecen unos presupuestos poco municipalistas y, por tanto, también, muy poco progresistas.
Finalmente, quiero ratificarme en lo que decía antes, porque sus respuestas no me han hecho cambiar de opinión.
Socialmente, estos presupuestos van a ser duros para los sectores más castigados; municipalmente, van a dejar a los ayuntamientos en una situación de mayor indefensión, y, desde la perspectiva de los intereses de Cataluña, nacionalmente, pues, nos va a ir mal, porque entendemos que renuncian a reactivar la economía y a reforzar la economía productiva.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco el tono de su respuesta y la atención que ha tenido a la hora de intentar aclarar algunas de las cuestiones que le había propuesto en mi primera intervención. ¿Podemos ir más lejos en la política de incentivos? Usted sabe que no solamente la finalidad de generar empleo justificaría ir más allá de lo que se ha ido.
Creo que una política de incentivos un poco más agresiva, un poco más atrevida, generaría también un aumento de actividad, cosa muy necesaria en el sistema productivo español y, posiblemente, por ahí también vendría un aumento de los recursos disponibles.


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Usted sabe que uno de los problemas que va a tener este presupuesto es que no podrán cumplirse las expectativas de ingresos porque muchas de las previsiones, sobre todo en materia del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta, no se cumplirán porque no hay actividad; las sociedades no pagarán porque muchas de ellas van a desaparecer y una sociedad que desaparezca por la crisis económica no solamente no va a necesitar incentivos, es que no va a pagar impuestos.
Y eso lo sabe usted perfectamente. Es opinable, pero, en cualquier caso, yo he pedido que éste sea un principio para ir aplicando políticas de incentivos que no solamente luchen contra el desempleo, sino que generen una mayor actividad económica.
Fracaso de la política de bienestar. Evidentemente, desde su óptica de Ministro de un Gobierno socialista, tiene que defender lo que defiende, aunque ha reconocido ya todo el mundo en Europa, en la Europa que nos circunda, ese fracaso, y se está de vuelta de esa política del Estado de bienestar. Se ha constatado que el Estado no puede suplir lo que la sociedad no hace. Usted mismo lo ha dicho. Usted mismo ha dicho que el Estado no puede llegar a todo y que la política de pensiones está en un serio peligro, y ha recomendado a los españoles, creo que con muy buen criterio, que provean su propio sistema de previsión y de pensiones de jubilación. Esto hace años que lo hemos pedido algunos; seguramente sería mucho más eficaz, mucho más barato y dejaría mucho más tranquilos a los españoles, algunos de los cuales, de generaciones parecidas a la del que le habla, estamos muy temerosos de lo que pueda pasar dentro de 15 años. Porque usted mismo nos ha dado cifras que, desde luego,no nos infunden ninguna tranquilidad, señor Ministro.
En cuanto a la necesidad de pactar, he de decir que yo no he criticado el pacto, Dios me libre, yo soy pactista por naturaleza. Me parece incluso bien que ustedes tengan necesidad de pactar. Lo que me gustaría es que yo tuviera más capacidad para pactar con ustedes. Usted ha sido Ministro del Gobierno socialista ocupando otra cartera en la legislatura anterior y quizá les ha perdido la prepotencia y el no tener necesidad de pactar y de escuchar a los demás, porque no siempre la oposición critica por criticar y está equivocada; algunas veces también, en nuestra crítica y en nuestras opiniones, creo que hay algo de aprovechable, y ustedes deberían aprovecharlo.
Con respecto a Aragón, ahí no podemos coincidir. Estamos maltratados en los presupuestos, pero es que, además, nos faltan otros elementos de financiación que existen en otras comunidades autónomas: el Fondo de Compensación Interterritorial, las inversiones de las empresas públicas, los fondos europeos que no nos llegan. Es decir, estamos en una mala situación y, desde luego, la mejor prueba es que este año los presupuestos han recuperado el nivel inversor que tenían hace cuatro años, se invierte lo mismo que hace cuatro años, cuando las pesetas no son las mismas, los millones de 1994 no son los mismos que los de 1990.
Aprovecho la presencia en estos momentos del señor Ministro de Educación y Ciencia para recordarle el grave problema de la universidad española y, en especial, de la Universidad de Zaragoza. Tienen ustedes la universidad que de verdad que cualquier día va a saltar; la Universidad de Zaragoza ha dicho: ¡Basta! Y están esperando mayores inversiones en un tema que en este momento es de una especial sensibilidad; tienen ustedes rebelado al mundo universitario y yo creo que justificadamente. No echen ustedes en saco roto esa prioridad y hagan un esfuerzo a la hora de planificar inversiones porque de verdad que va a ser una de las inversiones más productivas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecerle sinceramente algo que personalmente aprecio y apreciaba también antes: su rigor y sinceridad a la hora de contestar y el tratamiento de los temas.
No tengo ningún interés en que varíe la cifra del déficit -- usted es gestor de los resultados de una gestión anterior--; sería una pésima noticia que esto cambiara; ojalá fueran de verdad cifras reales.
Respecto al fraude fiscal, yo solamente quiero insistir en que por la prensa nos hemos enterado de que existe una comisión presidida por el señor Vicepresidente del Gobierno.
Quisiéramos que esa comisión hubiese existido ya y que hubiera sacado sus propias conclusiones, si es que es cierta esa noticia de prensa.
Le agradezco también sinceramente que me reconozca su desconocimiento en materia del MOPU. Respecto al comentario o al juicio de valor que usted ha hecho sobre el tratamiento, yo le diría y le recordaría que es una de las competencias que siguen estando en exclusiva en manos del Estado y que no ha sido transferida a la comunidad autónoma, pese a lo que el Estatuto como tal establece, y es precisamente en esa competencia donde no se invierte en proporción al peso específico de la Comunidad Autónoma Vasca en el conjunto del Estado. Yo creo que el mejor trato que se podía dar era transferir de una vez a la comunidad autónoma la competencia que le corresponde por el Estatuto.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.


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Señor González Lizondo, su señoría dice: reconozca lo que es cierto. Yo reconozco lo que es cierto y lo que es cierto es que la Comunidad Valenciana ha tenido un incremento de renta en el año 91 superior al resto de las comunidades del Fondo de Compensación Interterritorial, y que, como consecuencia de ello, disminuye la financiación para Valencia. Esto no es ni malo ni bueno, es simplemente un hecho. Yo me alegro, no evidentemente de que Valencia, la Comunidad Valenciana, reciba menos, pero sí de que su crecimiento sea superior, y yo creo que S.S. también debería alegrarse.
A la señora Rahola le diría que no es que las previsiones se hagan para no cumplirse; las previsiones tienen el valor que tienen y es ser previsiones y las previsiones nos dan un marco de referencia para ver cómo evoluciona la realidad. Pero es verdad que esas previsiones no acaban incidiendo en la realidad, no tienen un valor normativo obligatorio, por lo menos en nuestro sistema, para que acaben convirtiéndose en realidad.
A su señoría le preocupan los ayuntamientos. Yo tal vez lo he anotado mal, pero yo creo que S.S. ha hecho referencia muy clara a la preocupación en los ayuntamientos diciendo que, si no, va a tener que aumentar las cargas de los ayuntamientos y habrá mayor presión fiscal a los ciudadanos. Esta ha sido la frase que yo textualmente le he cogido. Y le vuelvo a decir lo mismo: si no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos por parte de los alcaldes, tendremos que aumentarla por parte del Estado. Y me parece bastante más razonable que la aumenten los alcaldes para pagar sus propios gastos. De todo eso, S.S.
tiene razón en un punto y es que hay que resolver el sistema de financión de los ayuntamientos mediante la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Estamos de acuerdo y es un trabajo que me comprometo a poner en marcha en el año 1994. En cuanto a que perjudica a los sectores más castigados, perjudica a los ayuntamientos o perjudica a Cataluña, desgraciadamente, no puedo compartir su tesis. Al señor Mur le señalaría que, evidentemente, el problema de los incentivos es siempre un problema de equilibrio entre cuánto gastar y la efectividad que se pretende. Hemos pensado que el equilibrio es razonable. Que si dispusiésemos de mayores recursos se podría ir más lejos. Posiblemente, sí, pero los recursos necesarios adicionales son tal como está diseñado el presupuesto déficit adicional y no parece que entrar por esa vía sea lógico.
En segundo lugar, S.S. plantea su predisposición a pactar. No encontrará nunca nadie con más disposición de pactar que yo mismo; por tanto, podemos a lo mejor entendernos y podemos hablar de sus preocupaciones en ese sentido. Siempre hemos estado abiertos a hacerlo y lo seguiremos estando. Lo estábamos en la época de la mayoría absoluta y no pocas veces se pactó; yo diría que habitualmente se pactó. Otra cosa es si las cosas que plantea S.S. y las que planteamos nosotros nos permiten llegar a acuerdos.
Finalmente, al señor Albistur le diría que la preocupación sobre el fraude fiscal es un elemento esencial del Gobierno actual; está en marcha ya un plan de actuación sobre el fraude fiscal, junto a actuaciones en otros tipos de fraude en la sociedad que también nos preocupan. El tratamiento de la transferencia de las obras hidráulicas es un problema bastante más complejo, donde indudablemente hay un punto de referencia en el Estatuto. En las negociaciones, que actualmente se están manteniendo entre el PNV y el Gobierno, no sé si seremos capaces de llegar a un acuerdo o no en este punto pero, si estuviésemos de acuerdo en una fórmula razonable que satisfaciera los intereses o los puntos de vista de ambas partes, yo creo que se podría avanzar en ese sentido.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El Pleno se reanudará mañana a las once de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y quince minutos de la noche.

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