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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 17, de 30/09/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 17 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 15 celebrada el jueves, 30 de septiembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
(Sesión secreta)

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Página 541)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:

--Del Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a los funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios que deban jubilarse al finalizar el curso académico 1992-1993, la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso académico 1993-1994.
(número de expediente 130/000004) (Página 542)

Debates de totalidad de Convenios Internacionales:

--Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 5.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000003) (Página 548)

Página 538


--Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 8.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 110/000006) (Página 558)

Debates de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:

--Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 12.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 127/000008) (Página 559) --De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 14.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 127/000014) (Página 567)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los señores Diputados (Página 541)

Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 541)

Real Decreto 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a los funcionarios públicos de los Cuerpos docentes universitarios que deban jubilarse al finalizar el curso académico 1992-93 la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso académico 1993-94 (Página 542)

En nombre del Gobierno expone las razones que han obligado a la promulgación del Decreto-ley el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra), manifestando que el 14 de septiembre de 1992 el Gobierno presentó un plan de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, en la que se introduce una modificación en la edad de jubilación forzosa de los funcionarios públicos de los Cuerpos docentes universitarios, fijando en los 70 años dicha edad. Recuerda que esta medida fue apoyada y votada favorablemente por la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios, pero la disolución de las Cortes impidió la cul-minación de los trámites parlamentarios y, por consiguiente, la entrada en vigor de la norma. Esta situación venía a frustrar las expectativas de un grupo de profesores que habían cumplido 65 años durante el curso académico 1992-93 y que esperaban poder continuar con la vida académica por mor de la nueva ley.
Añade que el 14 de septiembre pasado el Pleno de esta Cámara aprobó por abrumadora mayoría una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a dictar un Real Decreto-ley que viniera a poner remedio a la situación creada para ese grupo de profesores, permitiéndoles prorrogar su fecha de jubilación hasta la terminación del curso académico 1993-94. El Gobierno cumplió con celeridad este encargo, aprobando, en los estrictos términos de la proposición no de ley, el Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a estos funcionarios la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso 1993-94, Real Decreto- ley que hoy se somete a la consideración de la Cámara de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2 de la Constitución.
Termina señalando el señor Ministro que es intención del Gobierno remitir a la mayor brevedad posible un nuevo proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, en el que se aborde, entre otras cuestiones, el tema de la jubilación del profesorado universitario de forma definitiva. Entre tanto, y para dar respuesta urgente a los problemas suscitados en este momento, solicita el voto favorable de la Cámara para la convalidación del Real Decreto- ley de 17 de septiembre por entender que concurren los requisitos formales y materiales previstos en el artículo 86 de la Constitución.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley interviene el señor Martínez Blasco, del

Página 539


Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que ya en el debate de la proposición no de ley expusieron su postura en contra de las medidas propuestas que hoy se tratan de convalidar a través de un Real Decreto promulgado con extraordinaria celeridad por el Gobierno, del que espera que actúe con idéntica prontitud cuando la Cámara apruebe otras mociones.
Respecto al contenido del Real Decreto, afirma que no beneficia a la Universidad y ni siquiera a los profesores que hayan de jubilarse después de 40 años de docencia. El problema, a su juicio, está en las pensiones, que es el tema a resolver. Sucede, además, que la medida propuesta supone una quiebra del principio general de la edad de jubilación y un privilegio para un determinado sector, lo que ya ha dado lugar a que otros colectivos de la Administración hayan solicitado recientemente la jubilación a los 70 años. Coincide esta medida con un momento en que su Grupo Parlamentario pide anticipar la edad de jubilación como una de las medidas fundamentales en momentos de crisis para atenuar e incluso resolver el problema del desempleo.
En turno a favor de la convalidación interviene el señor Lazo Díaz, en nombre del Grupo Socialista, manifestando que poco tiene que añadir después de lo manifestado por el señor Ministro. Solamente desea recordar, primero, que el Real Decreto-ley es consecuencia directa de una proposición no de ley aprobada por la casi unanimidad de esta Cámara, con la excepción del voto de Izquierda Unida. En segundo lugar, quiere aclarar que el Decreto-ley no es comprensible si no se tiene en cuenta la enmienda introducida por el Grupo Socialista en la proposición no de ley, según la cual el Gobierno se compromete a enviar rápidamente un proyecto de ley de reforma de la LRU donde se contemple la edad de jubilación del profesorado universitario a los 70 años, lo cual coincide con una idea que estaba en el programa electoral del Partido Socialista y que no pudo ser aprobada anteriormente como consecuencia de la disolución de las Cortes.
Señala, por otra parte, que los propios profesores afectados desean esta prórroga en la edad de jubilación, tratándose por consiguiente de una opción progresista, realista y deseada por los interesados y por la propia Universidad, por lo que el Grupo Socialista votará a favor de la misma.
Replica el señor Martínez Blasco, duplicando el señor Ministro de Educación y Ciencia.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Barrios Curbelo, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 260 votos a favor y 11 en contra.


Debates de totalidad de convenios internacionales (Página 548)

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993 (Página 548)

El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas de totalidad presentadas por él mismo y por su compañero de Grupo el señor González Lizondo, limitándose a formular el contenido de las mismas, ya que su justificación es sencilla, pues se trata de que en el futuro los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, excepto Suiza, no puedan impedir la libre circulación de productos con las características señaladas en las enmiendas y que son tan importantes para la Comunidad valenciana y para otras zonas de España. Una segunda enmienda consiste en la adición al artículo 24 del párrafo al que da lectura. Igualmente formula una enmienda al artículo 25, enmienda también de adición del texto, que asimismo lee para conocimiento de la Cámara.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Costa Costa, que considera que las enmiendas presentadas persiguen buenos propósitos, pero no se ajustan al marco adecuado para convertir esos propósitos en realidad. Son conocidas las complejidades de un Tratado como el que les ocupa, que tiene que armonizar los intereses nacionales y sectoriales de dieciocho países, siendo imposible que no resulten afectados algunos aspectos de esos sectores económicos o que estos aspectos no sean mejorables. Agrega que el Grupo Socialista valora muy positivamente la creación de este espacio europeo y las condiciones que del acuerdo se derivan para nuestro país y, por encima de los beneficios inmediatos que pueda suponer para España, son las potencialidades, el escenario de oportunidades que representa la creación de un espacio con 380 millones de consumidores, con un alto poder adquisitivo. Explica algunas características del convenio y los beneficios concretos que reporta para algunos sectores productivos españoles y, consiguientemente, anuncia que el Grupo Socialista votará a su favor, como espera que hagan los demás grupos de la Cámara.


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Replica el señor Mur Bernad, duplicando el señor Costa Costa.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Tocino Biscarolasaga, del Grupo Popular.
Sometidas a votación, se rechazan las enmiendas debatidas por nueve votos a favor, 256 en contra y 14 abstenciones.


Protocolo para enmendar el párrafo 2 del Artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992 (Página 558)

El señor Durán Núñez defiende la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Popular, manifestando que realmente se trata de una enmienda de adición, a la que da lectura, y que si la Cámara la aprueba el Grupo Popular votará lógicamente a favor del Convenio. En otro caso, esperará a ver qué dice el Grupo Socialista, en representación del Gobierno, por si ilumina algo a la Cámara en relación con el contenido de la enmienda.
En turno en contra de la enmienda interviene el señor Curiel Alonso, en nombre del Grupo Socialista, señalando que comparte el espíritu de la preocupación expuesta por el señor Durán, e incluso el sentido de la enmienda, pero no puede apoyarla tal como la han planteado, lo que no evita que haga una propuesta transaccional que cree que puede ser aceptada por el Grupo Popular. Añade que no pueden aceptar la enmienda en sus actuales términos porque significaría que el Gobierno no tendría autorización para firmar el Protocolo y, por consiguiente, éste no entraría en vigor, con graves y negativas consecuencias.
Han estudiado las iniciativas parlamentarias que se están tramitando en este momento en la Cámara a propuesta del Grupo Popular y de Izquierda Unida y desearían llegar a un acuerdo sobre esta materia buscando un punto de encuentro entre todos los grupos, pero en este momento tiene que insistir en que comparte el espíritu y el sentido de la proposición que el Grupo Popular ha presentado y, por consiguiente, pediría a éste que retirase la enmienda y votara conjuntamente el Protocolo, dando así solución satisfactoria al grave problema que está planteando.
Replica el señor Durán Núñez, retirando la enmienda y anunciando el voto favorable de su Grupo al Protocolo.


Debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía (Página 559)

Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. (Orgánica.) (Página 559)

En nombre del Parlamento de las Islas Baleares interviene en primer lugar, en defensa de la propuesta de reforma estatutaria, el señor Huguet Rotger. Expone que el Parlamento de las Islas Baleares aprobó por amplísima mayoría una reforma del Estatuto cuyo contenido se inspira y se adapta al pacto autonómico de 1992, y para que esa voluntad mayoritaria de la Cámara autonómica pueda prosperar definitivamente comparece en esta tribuna solicitando que convalide estos deseos de ampliar la dimensión del Estatuto autonómico.
Estima paradójico que las Islas Baleares no hayan sido aún jurídicamente consideradas una comunidad histórica, puesto que elementos sustanciales para ello no les faltan ni son discutibles sociológicamente. Sin embargo, la coyuntura de la transición hizo que la reconstrucción de su personalidad tuviera que presentarse por la vía del artículo 143 de la Constitución y no por la del 151. Acomodándose a esta vía, dan hoy un paso decisivo y claro desde la armonía del conjunto de las comunidades autónomas que viven el mismo proceso de crecimiento de su marco estatutario. No obstante, no puede dejar de reconocer que en Baleares las aspiraciones eran mayores, pero han sabido y querido aparcar temporalmente una parte de sus derechos particulares en beneficio de un compromiso superior llamado España y que debe proyectarse en la unidad de todos sus pueblos, regiones y nacionalidades.
Pide el apoyo de esta Cámara para esta reforma que en realidad abre un proceso, pero de ningún modo cierra el desarrollo estatutario de Baleares.
Completa la defensa de la propuesta de reforma estatutaria, en nombre del Parlamento de las Islas Baleares, el señor Alfonso Villanueva, manifestando que desde el Partido Socialista defienden con orgullo esta reforma que, en su opinión, constituye un paso importante en el camino hacia la efectiva igualdad competencial entre todas las comunidades. Pero aun siendo un paso importantísimo, tiene que decir que no es, ni debe ser, el último o definitivo.
Expone algunas modificaciones que han considerado necesarias y aspiraciones que quedan pendientes para corregir disfuncionalidades importantes en la inicial configuración institucional, no

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obstante lo cual considera que la reforma que ahora defienden es un paso imprescindible para el objetivo de seguir profundizando en la consolidación del Estado autonómico y, consiguientemente, solicita el voto favorable de este Congreso para la misma.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y los señores Gilet Girart, del Grupo Popular, y Costa Costa, del Grupo Socialista. Sometida a votación de totalidad, se aprueba la propuesta de reforma objeto de debate por 256 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.


De las Cortes de Aragón, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón Página 567

En representación de las Cortes de Aragón interviene, en defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, el señor Arola Blanquet, manifestando que el 30 de junio de 1993 las cortes autonómicas aprobaron la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía después de un largo camino recorrido hasta conseguir esta modificación, encaminada a profundizar en el desarrollo del modelo autonómico del Estado y realizarlo desde las experiencias pasadas y dentro del ámbito de lo que se ha dado en llamar un pacto de Estado. Se trata de una reforma tendente a aumentar la capacidad de autogobierno y autoorganización de la Comunidad Autónoma de Aragón y aumentar también su techo competencial una vez transcurrido el plazo previsto a tal efecto.
Solicita, por tanto, el voto favorable de este Congreso para el nuevo techo autonómico, ya que tras su aprobación podrán en Aragón profundizar en nuevos debates sobre el hecho autonómico, pero tendrán buena parte de la tarea ya realizada.
Completa la defensa de la propuesta de reforma, en nombre de las Cortes de Aragón, el señor Gimeno Fustet, que alude a la voluntad política mayoritaria de las fuerzas representativas del Estado plasmada en el acuerdo conseguido en febrero de 1992 en relación con las autonomías que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución. En base al citado acuerdo, estas autonomías pueden recortar lo que calificaría de diferencias abismales que existían entre las comunidades de los artículos 151 y 143. Pero sucede que para el Grupo Popular este paso no es el último, como se viene manifestando desde el primer momento, ya que desde su punto de vista el proceso de organización del Estado es dinámico hasta conseguir la total equiparación de los territorios, como desea la Constitución, aunque sea recorriendo diversos caminos para ello. Desea que quede constancia de que no quedarán satisfechos con la simple incorporación de esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, puesto que hay diversas materias sobre las que es preciso seguir hablando y realizando un esfuerzo mayor de colaboración, cooperación y consenso entre el Gobierno y las fuerzas políticas. Termina solicitando el voto favorable de la Cámara para la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Martínez Blasco, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; señora Rudi Ubeda, del Grupo Popular, y señor Sainz Lorenzo, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad, se aprueba la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón por 256 votos a favor, 15 en contra y una abstención.


Se levanta la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que queda aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:

Página 542


--REAL DECRETO-LEY 15/1993, DE 17 SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE PERMITE A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS QUE DEBAN JUBILARSE AL FINALIZAR EL CURSO ACADEMICO 1992-1993, LA POSIBILIDAD DE OPTAR POR JUBILARSE A LA FINALIZACION DEL CURSO ACADEMICO 1993-1994. «BOE» NUMERO 226, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1993 (Número de expediente 130/000004)

El señor PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día, según lo acordado por el Pleno, es la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a los funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios que deban jubilarse al finalizar el curso académico 1992-1993, la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso académico 1993-1994.
Para exponer, en nombre del Gobierno, las razones que han obligado a la promulgación del Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el 14 de septiembre de 1992 el Gobierno presentó un proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en el que se introducía una modificación en la edad de jubilación forzosa de los funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios, fijando en los 70 años dicha edad.
En la exposición de motivos de dicho proyecto de ley se justificaba su inclusión en el texto por las condiciones singulares del profesorado, a la luz de la experiencia acumulada en los últimos años y teniendo en cuenta las características específicas de las funciones docente e investigadora.
Pues bien... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, Disculpe.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera puede continuar.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Pues bien, esta medida fue apoyada y votada favorablemente por la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios y figuraba en el texto aprobado por el Senado el 31 de marzo de 1993 que se remitió al Congreso para su ratificación.
La disolución de las Cortes impidió la culminación de los trámites parlamentarios y, por consiguiente, la entrada en vigor de la norma.
Esta situación venía a frustrar las expectativas de un grupo de profesores que había cumplido 65 años durante el curso académico 1992-1993 y que esperaba poder continuar su vida académica por mor de la nueva ley.
El 14 de septiembre pasado, el Pleno de esta Cámara, aprobó, por abrumadora mayoría, una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a dictar un Real Decreto-ley que viniera a poner remedio a la situación creada para ese grupo de profesores, permitiéndoles prorrogar su fecha de jubilación hasta la terminación del curso académico 1993-1994.
El Gobierno cumplió con celeridad, aprobando, en los estrictos términos de la proposición no de ley, el Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por el que se permite a los funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios que deban jubilarse al finalizar este curso académico, la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso 1993-1994, Real Decreto-ley que hoy se somete a la consideración de SS.SS. de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.2 de nuestra Constitución.
El apartado 1 de este artículo se refiere al caso de extraordinaria y urgente necesidad para justificar la utilización de este tipo de norma, y quiero referirme, con la necesaria brevedad, a ese requisito material.
Es intención del Gobierno, y ésa era la segunda parte de la proposición no de ley aprobada por esta Cámara y a la que he venido aludiendo, remitir, a la mayor brevedad posible, un nuevo proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en el que se aborde el tema de la jubilación del profesorado universitario de forma definitiva, entre otras cuestiones.
Pero obviamente no resulta posible el que dicha ley viera la luz antes del 30 de septiembre de 1993, por lo que no podrían operarse las modificaciones en ella previstas antes de esa fecha. Esta situación generaría importantes dificultades a las universidades, que podrían haber planificado el curso académico que ahora comienza contando con la participación de ese profesorado, al tiempo que dejaba sin resolver el problema de los profesores afectados.
Para evitar esas consecuencias era preciso adoptar con urgencia la oportuna medida legislativa que viniera a dar respuesta a los problemas suscitados. La práctica unanimidad de los grupos parlamentarios en torno a esta posición era una justificación añadida para hacerlo así.
Señor Presidente, señorías, concluyo solicitando su voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 15/1993, de 17 de septiembre, por entender que concurren en él los requisitos tanto formales como materiales del artículo 86 de la Constitución. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

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En contra de la convalidación del Real Decreto-ley, por Izquierda Unida tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo, con ocasión del debate de las dos proposiciones no de ley el pasado día 14, ya expresó su opinión en contra de esta medida. Por tanto, hoy cuando se trata de convalidar un Decreto-ley que, como ha señalado el señor Ministro se hace con extraordinaria celeridad, a los tres días --esperemos que en otras ocasiones que este Parlamento apruebe mociones al Gobierno tengan la misma celeridad--; como digo, con ocasión de la convalidación nosotros también vamos a posiciones en contra.
Creemos, señorías, que esto no beneficia a los profesores que hayan de jubilarse después de 40 años de docencia. En nuestra opinión, la mayor parte de ellos, cuando tienen 65 años deben jubilarse, como el resto de ciudadanos, de los profesionales.
Si el problema eran las pensiones --no se ha dicho hoy, pero se señaló el otro día en el debate de las proposiciones no de ley--, resuélvase el problema de las pensiones, pero los ciudadanos, todos, incluidos el personal docente, tienen derecho a la jubilación a los 40 años de servicios prestados.
Además, creemos que esto no beneficia a la universidad, y hay que hablar claro en este tema. En estos momentos hay un problema de poder dentro de la universidad española. Se ha producido un rejuvenecimiento de los cuerpos docentes precisamente por el incremento de los alumnos en los últimos años; se ha producido un incremento muy sustancial de los cuerpos docentes universitarios y hay determinados sectores del profesorado que no quisieran perder cuotas de poder en la Universidad. Los que estaban sujetos a la obligación de cesar por jubilación, como se señaló el otro día, representan casi un tercio del profesorado, y algunos piensan que van a perder cuotas de poder en los tribunales, cuotas de poder en los órganos de decisión de la universidad por esta oleada de nuevas generaciones de profesores que han entrado en la universidad española.
Por fin, señorías, creemos que no beneficia a la sociedad en su conjunto. Supone una quiebra del principio general y un privilegio para un determinado sector. Y como SS.SS. pudieron conocer por la prensa en días pasados, ya se han dirigido las asociaciones y a los sindicatos de funcionarios a la Presidencia del Gobierno los abogados del Estado, los administradores civiles, los arquitectos de Hacienda, los diplomáticos, los estadísticos facultativos, los ingenieros agrónomos, los ingenieros de caminos, los inspectores de finanzas del Estado, interventores, etcétera. Es decir, el resto de cuerpos superiores de la Administración reclama ahora que si los profesores universitarios se van a jubilar a los 70 años, ellos también, bien sea por el tema de la pensión de jubilación o bien sea --como nosotros señalamos-- por el mantenimiento de un determinado poder en las estructuras de la Administración. Nuestro Grupo, señorías, plantea, además, anticipar la edad de jubilación como una de las medidas fundamentales, en estos momentos de crisis, para poder atenuar, o resolver incluso, el problema del desempleo en la línea del reparto de trabajo. Es más, el propio Gobierno, en las medidas que pretende proponer a esta Cámara, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, propone incentivar la jubilación anticipada.
Por tanto, señorías, si el esquema general es que se debe anticipar la jubilación como medida de lucha contra el desempleo, si el propio Gobierno va a proponer entre los funcionarios las jubilaciones anticipadas, ¿qué sentido tiene aprobar en estos momentos un decreto-ley que ya señaló el otro día que afecta incluso a aquellos que se han jubilado por el sistema normal, después de la entrada en vigor de la LRU, es decir, que afecta a unas doscientas personas? ¿Qué sentido tiene, repito, que en estos momentos se apruebe un decreto-ley con este privilegio para un determinado sector de la Administración? Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lazo.


El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, solamente intervendré un par de minutos respecto a este asunto de la jubilación de los profesores de universidad, que ya hemos debatido aquí hace quince días, porque después de las palabras del señor Ministro poco puede añadirse de nuevo.
Recordaré sólo dos cosas. Primera, que el presente decreto-ley es la consecuencia directa de una proposición presentada por el Grupo Catalán y enmendada por el Grupo Socialista, que se aprobó en esta Cámara casi por unanimidad, con la excepción del voto de Izquierda Unida, al que enseguida voy a referirme.
Según aquella proposición y según este decreto, a los profesores que hoy tienen 65 años y que deberían jubilarse el 1.º de octubre se les prorroga su vida académica durante un año, y de ahí, señor representante de Izquierda Unida, viene la celeridad. Tenemos esa fecha del 1.º de octubre, hoy estamos a 30 de septiembre y, en consecuencia, no había más remedio que sacar inmediatamente este Decreto, porque, si no, no tendría sentido.
Segunda cuestión a recordar. Este Decreto-ley no es comprensible si no se tiene en cuenta la enmienda introducida por el Grupo Socialista en aquella proposición no de ley del Grupo Catalán. Una enmienda según

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la cual el Gobierno se compromete a enviar prontamente --como ha recordado el señor Ministro-- un proyecto de reforma de la LRU donde se contemple la edad de jubilación del profesorado universitario a los 70 años. Nosotros teníamos que apoyarlo, no podía ser de otra manera, en cuanto que es una idea que ya estaba en el programa electoral socialista y en cuanto que había sido introducida por el PSOE en el proyecto de ley de reforma de la LRU, que, como es sabido, no vio su final por disolución de las Cortes.
Por consiguiente --y es donde quería llegar--, tanto el Decreto que estamos debatiendo como la posición del Grupo Socialista en esta cuestión, son sólo un primer paso que debe ser completado en su momento.
En contra de la opinión de Izquierda Unida, a nuestro entender esta opción de jubilación del profesorado a los 70 años es una opción progresista y realista. Considerar --como se ha considerado-- que adelantar la edad de la jubilación a los 65 años es una conquista social, es, a mi entender, negar la evidencia. ¿Cómo puede ser una conquista social algo que los interesados no quieren que se produzca? El representante de Izquierda Unida ha hablado aquí del deseo de jubilarse que tienen los profesores de universidad después de 40 años, y que por eso deben ser jubilados. Esto me recuerda las liberaciones a la fuerza en las guerras civiles, porque la mayoría de los profesores universitarios no quiere jubilarse a los 65 años.
Además, rechazar, como hace Izquierda Unida, la idea de alargar la edad de jubilación, es ignorar la situación poblacional del mundo y de la misma España. Estamos ante una pirámide de población donde hay cada vez menos jóvenes, donde la vejez biológica se aleja cada vez más, y donde por momentos resulta más difícil mantener a una creciente población pasiva que, por lo demás, en la universidad en su mayor parte se encuentra en perfectas condiciones para seguir trabajando.
Porque se trata, entonces, de una opción progresista, de una opción realista, de una opción deseada por la mayor parte de los interesados y por la mayor parte de la universidad, es por lo que el Grupo Socialista votará a favor de la convalidación de este Decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lazo.
Tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ BLASCO: La verdad, señorías, es que cuando se quiere rizar el rizo se dicen cosas como que no es progresista una conquista social que se hace contra los interesados, porque los interesados no quieren.
Señorías, estoy absolutamente convencido de que en nuestro país habría en estos momentos trabajadores que estarían dispuestos a trabajar sin contrato por escrito, con un salario inferior al salario mínimo, etcétera, y todo porque hay una enorme presión por la crisis. ¿Ustedes creen, señorías, que sería progresista en estos momentos permitir que eso existiese en nuestro mercado laboral simplemente porque los interesados lo quieren así? Creo, señorías, que no se puede decir que el progresismo aquí consiste en atender lo que quieren los interesados.
Se señaló el otro día que los interesados pueden quererlo por una razón: por el tema de las pensiones. He dicho que eso se resuelva. Se ha señalado hoy otra razón: el tema de la pugna por el poder dentro de la universidad. Aquí se ha dicho que por razones biológicas cada vez hay menos jóvenes, se alarga la esperanza de vida, etcétera. Sí, señorías, pero estos 900 que se han jubilado en virtud de la LRU en los últimos años son 900 puestos de trabajo para los jóvenes, ya que un problema que tiene este país es que también las nuevas generaciones quieren acceder a los puestos de trabajo, incluida la docencia.
Ya está bien de apelar a razones que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo. ¿Que están en perfectas condiciones? Claro, señorías. Todos deseamos que cuando se llegue a los 65 años a disfrutar de la tercera edad, de la jubilación, estemos en las mejores condiciones juveniles. Eso es lo óptimo para todas las profesiones. Lo que no se puede hacer en estos momentos es que, con la excusa de que hay un problema --con el apremio, que evidentemente no ha generado nadie salvo los interesados, de que el día 1.º se debía proceder a la jubilación--, con esa excusa se esté quebrando el principio de una conquista social en España y en muchos otros países de anticipar la edad de jubilación.
Advierto, señorías, como recoge la prensa, que éste va a ser un portillo por el que otros profesionales, otros altos cargos de la Administración, por las mismas razones, tanto de la pensión como del poder dentro de sus propios cuerpos, van a exigir a estas Cámaras que se prolongue su edad de jubilación.
A ver si en ese momento las razones son las mismas por parte de quienes defienden este Decreto-ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Tiene la palabra el señor Lazo.


El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, voy a ser breve porque es reiterar lo que ya he dicho.
Hay profesiones, y me parece recordar que me referí a ello hace 15 días cuando tratábamos este mismo tema, que, en efecto, son duras, son angustiosas y los interesados desean terminar cuanto antes su vida laboral, pero no es de ninguna manera el caso de la profesión universitaria.
Yo he hablado de que no puede ser considerado como un avance social algo que se hace contra el deseo de los interesados en cuanto que usted ha dicho que los

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interesados querían jubilarse. De ninguna manera. En el caso de la Universidad, el 99 por ciento de los interesados no quiere jubilarse. No es por las pensiones, no; no es que quieran seguir cobrando su sueldo, no se trata de eso; es que quieren seguir trabajando porque consideran, y es la verdad, que están perfectamente bien en su nivel intelectual, en su nivel de investigación, en su nivel docente, para hacerlo.
No sé si habrá pensado bien en su argumentación de dejar puestos libres para los jóvenes que se incorporan al trabajo.
Recuerdo una película de ciencia ficción bastante antigua, donde los muchachos de catorce años habían llegado al poder e iban eliminando a todos los que cumplían treinta años. Su propuesta llevaría a una situación semejante. ¿Por qué la jubilación si están en buenas condiciones? Si se trata solamente de dejar puestos de trabajo libres... (El orador se dirige al señor Martínez Blasco.) El señor PRESIDENTE: Señor Lazo, si se dirige a la Presidencia, se enterará toda la Cámara.


El señor LAZO DIAZ: Perdón, señor Presidente, me dirijo a la Presidencia.
Si utiliza ese argumento de dejar puestos libres, ¿por qué a los sesenta y cinco años, por qué no jubilar a los cuarenta y cinco años? Habría todavía más puestos libres si fuera a los treinta y cinco y, así, la revolución de los adolescentes de catorce años. A lo mejor es una nueva propuesta de Izquierda Unida.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lazo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a votar positivamente la convalidación de este Real Decreto y quiere expresar las razones de su posición, por la que va a conducir el voto de esta manera.
En primer lugar, consideramos que si el proyecto de ley que debatimos en la pasada legislatura para modificar y actualizar la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, había creado unas expectativas en un determinado segmento de edad del profesorado universitario, no habría razón para votar en contra aquí frustrando esas expectativas. Nos parece una consecuencia lógica, humana y de sentido común. Pero también vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto para sentar el segundo precedente de lo que es nuestra cuestión de fondo en esta materia: el principio general de jubilación de los funcionarios públicos, de todos los funcionarios públicos, sea cual sea su nivel y su Cuerpo de pertenencia.
La unificación de normas que hizo la Ley 30/1984 y su modificación por la Ley 23/1988, a regañadientes para unos, convencidos otros, sentó el principio unificador en la función pública de la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años, pasando, en un golpe de péndulo hacia atrás, de setenta a sesenta y cinco. Posiblemente, señorías, si la Ley 30/1984 y la del año 1988 hubieran contemplado un sistema de acordeón, o flexible, de voluntariedad entre la jubilación a los setenta años y a los sesenta y cinco, hoy no estaríamos discutiendo aquí la convalidación de este Real Decreto, porque cualquier Cuerpo de funcionarios, docente o de cualquier otra administración pública, se hubiera podido acoger a un principio de voluntariedad a partir de los sesenta y cinco años. El que quisiera jubilarse, por razones personales, físicas, mentales, etcétera, lo habría hecho y el que hubiera querido estar hasta los setenta lo habría podido hacer también.
La primera brecha de precedente se hizo con jueces y magistrados. Yo pregunto: ¿Estamos creando ahora, en razón de la edad y de legislación, unos privilegiados en la Administración pública? ¿Estamos creando unos cuerpos de elite en razón a la jubilación? ¿Por qué se puede jubilar a los 70 años un juez o un magistrado y un secretario de la Administración de Justicia se tiene que jubilar forzosamente a los 65, cuando es una pieza clave en esa propia Administración de Justicia? ¿Por qué se van a poder jubilar con estas razones --que no se alcanzan en un fondo, ni siquiera en el preámbulo del Decreto-ley que viene aquí a convalidación-- los docentes universitarios y no los docentes que no son universitarios? ¿Es que estamos haciendo una degradación de un principio de que el docente no universitario tiene que jubilarse forzosamente a los 65 años y otros, no? Señorías, nosotros vamos a invocar y a incentivar al Gobierno para que traiga el tercer cuerpo legal, que vuelva a un principio unificador, como hizo con los sesenta y cinco años la Ley de 1984 de la Función Pública, en razón de introducir la posibilidad y la voluntariedad en el segmento de edad de los 65 a los 70 años. Esto es importante, porque no se puede legislar desde una Cámara que tiene un Cuerpo de letrados a los que se obliga a jubilarse a los 65 años. El enriquecimiento humano existe en cualquier otro cuerpo y en cualquier nivel.
No me extraña la denuncia que se acaba de hacer desde esta Cámara de que ya hay cuerpos de funcionarios que reclaman también este derecho que hoy estamos tratando aquí. ¡Claro! Lo que no se puede hacer es legislar en un país en el principio de romper la unicidad y los principios generales de unificación creando el agravio comparativo. Porque en cuanto dejemos una plataforma de reivindicación vía agravio comparativo, vamos a tener estas dislocaciones del tratamiento de

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igualdad que un sistema racional y democrático debe dar a todos sus cuerpos que sirven a la función pública en cualquiera de sus distintas administraciones. El tercer principio que nosotros queremos invocar aquí tiene que ver con la disposición final primera, que dice una cosa curiosa. Dice: Se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Educación y Ciencia. Es de suponer que el Ministerio de Educación y Ciencia español forma parte del Gobierno español y que el Gobierno no tiene una segmentación. Posiblemente el legislador sabe que, cuando dice que se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del Gobierno va a tener que llamarse a la parte el Ministerio de Economía y Hacienda, porque este Decreto-ley no solamente va a afectar a una dinámica de aprovechamiento de una experiencia del profesorado universitario, sino que va a generar un efecto en clases pasivas.
El Ministerio de Hacienda tendrá que instrumentalizar al menos una circular para decir a sus cajeros y a sus funcionarios de clases pasivas que éstos que ahora se ven afectados por el Real Decreto-ley no van a entrar en clases pasivas a partir de los 65 años; van a estar cotizando hasta los 70.
¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación y Ciencia con los funcionarios no docentes que se van a encontrar en una discriminación de clases pasivas? ¿O es que el Ministerio de Economía y Hacienda va a dictar porcentajes distintos en la deducción o retracción que se efectúa sobre el sueldo de los funcionarios para las clases pasivas? Señores, ¡no compliquemos aquí la propia gestión interna y administrativa de la función pública! Yo creo que tarde o temprano --y no por la presión de unos cuerpos-- el Ministerio de Economía y Hacienda, al ver cómo se le está poniendo en tensión por la jubilación a los 65 años, la Caja de las Clases Pasivas, no tendría más solución que elevar la retención a los funcionarios de clases pasivas y veríamos qué opinan los funcionarios con un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado donde se les congela su sueldo. ¿No creen ustedes que los funcionarios restantes del Estado, si tienen que someterse a una disciplina ejemplarizante, por indicación o por imposición del Gobierno, de ver sus sueldos congelados, no deberían al menos tener la pequeña satisfacción de ver que su edad de jubilación se amplía hasta los 70 años? Esto puede permitir, al mismo tiempo, que la Caja de Derechos Pasivos del Ministerio de Economía y Hacienda para toda la función pública tenga un respiro y no se vea forzada por una imposición actuarial de la expectativa de vida de los ciudadanos españoles.
Los docentes, o los jueces, o los magistrados son tan ciudadanos españoles como cualquier otro para una sociedad de seguros de vida que entra dentro de sus cálculos actuariales.
Lo que no puede soportar la Caja de Derechos Pasivos de Hacienda es tener unos funcionarios durante diez años, según las expectativas de vida, recibiendo las clases pasivas y otros solamente cinco, calculándose sobre los 75 años de media la edad de expectativa de vida que existe en España.
Por estas razones, señorías, yo quiero instar, ya que está aquí el señor Ministro de Educación y Ciencia como representante del Gobierno, a que lleve al ánimo del Gobierno el deseo de que este principio, ahora unificador hacia los 70 años, se lleve a todos los cuerpos y escalas de funcionarios del Estado.
Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero manifestar el parecer favorable de nuestro Grupo Parlamentario a la convalidación de este Real Decreto-ley. Se trata de una norma que seguro que será provisional en el tiempo, toda vez que el propio señor Ministro ha anunciado el envío a esta Cámara de un nuevo proyecto de Ley de actualización de la Ley de Reforma Universitaria. En todo caso, en primer lugar, da una salida legal, aunque, repito, provisional, a una apreciación del Consejo de Universidades; en segundo lugar, viene a sustituir en el tiempo, por la vía de urgencia, a un proyecto de ley, cuyo camino hacia el «Boletín Oficial del Estado» fue truncado por la convocatoria electoral; y, en tercer lugar, como ha señalado muy bien el señor Ministro, da respuesta positiva y, además, muy acelerada, del propio Gobierno del Estado a una proposición no de ley que este Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presentó a la consideración de esta Cámara y al que este Pleno dio apoyo mayoritario.
Por esas razones, basadas en la coherencia, pues nosotros estuvimos de acuerdo con el planteamiento de la nonata ley de actualización de la Ley de Reforma Universitaria y, por coherencia con nuestra propia iniciativa, vamos a dar apoyo a la convalidación de este Real Decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me corresponde hoy a mi, aquí, en el Congreso, expresar la postura de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en relación a la convalidación del Real Decreto-ley 15/1993, de fecha 17 de septiembre.
Esta convalidación permite a los funcionarios públicos de los cuerpos docentes universitarios que cumplan

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los 65 años en este curso académico 1992-1993, poder optar y jubilarse a lo largo del curso 1993-1994. Todo ello, lógicamente, a la espera de una modificación, de una reforma definitiva del sistema actual de jubilación que regula la Ley 30/1984, reformada posteriormente por la 23/1988.
Mi Grupo, el Grupo Popular asume este Real Decreto-ley. No olvidemos que ha sido el Grupo Popular el que, en un comienzo, el pasado 9 de julio, públicamente, solicitó esta medida por medio de una proposición no de ley que defendió mi compañero, el señor Ollero, y cuyo contenido ha sido copiado totalmente por la enmienda presentada por el Partido Socialista Obrero Español notablemente deficiente. Y es que el Partido Socialista Obrero Español, en una contumaz conducta de no querer admitir nunca sus errores y de no admitir la acertada actuación del Grupo Popular en este apartado, ha preferido presentar una enmienda a un texto alternativo en lugar de sumarse a la proposición no de ley que presentaba nuestro Grupo y que recogía lo justo y lo equitativo, que era en este momento permitir que los docentes universitarios pudiesen estar impartiendo clase e investigando hasta los 70 años. Sin embargo, no se nos puede olvidar que este Real Decreto-ley viene sólo a aliviar un poco el problema planteado por la disolución anticipada de las Cámaras, que no permitió que se aprobara definitivamente el proyecto de ley, de actualización de la Ley de Reforma Universitaria. Y digo que sólo viene a aliviar, porque, dicho todo esto, no podemos perder de vista que el auténtico problema, el grave problema producido por la aprobación de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la que se adelantó, se anticipó la jubilación forzosa de los funcionarios públicos a los 65 años, continúa. Todos los funcionarios públicos, a excepción, como saben ustedes, en este momento de los magistrados, deben, forzosamente, jubilarse a los sesenta y cinco años. Ello, desde luego, produjo que las aulas universitarias fueran abandonadas por prestigiosos profesores, por profesores con un currículum internacionalmente reconocido, con varias publicaciones; además, fueron condenados a percibir una pensión de miseria y causó a España un daño irreparable no sólo en lo cultural, sino en lo educativo y en la investigación española. Por ello, mi Grupo va a dar el voto afirmativo a la convalidación de este Real Decreto-ley, pero permítanme ustedes, señorías, que en esta intervención mía no sólo critique al Gobierno por esta actuación, sino que, además, le anime a que sea valiente y a que reconozca sus errores. Señores del Gobierno, sean valientes no sólo en el sentido de admitir parcialmente que unos determinados funcionarios públicos no se deban jubilar a los sesenta y cinco años, sino posteriormente, de aprobar ahora este Real Decreto-ley para los profesores universitarios que cumplan los sesenta y cinco años en este curso académico o en el próximo, sino que sean lo suficientemente valientes como para recuperar para la universidad española todo ese ingente número de cerebros que se han ido perdiendo, más de dos mil, desde el año 1984, porque sería importantísimo poder elevar el nivel educativo y de investigación de nuestra universidad española.
Valientes de verdad, serios y coherentes si, además, por fin, se aprobara, tal como ha dicho el Grupo Popular, una legislación en la cual se recogiera que los funcionarios públicos se jubilaran de forma voluntaria a los sesenta y cinco años y a los setenta años de forma forzosa. Esta propuesta la ha defendido el Grupo Popular en repetidas ocasiones desde la aprobación de la Ley en 1984, la ha defendido mi compañero en el ámbito educativo, el señor Ollero, la ha defendido en el ámbito de administraciones públicas mi compañero Manuel Núñez.
Esta postura, que siempre la hemos planteado en todas las situaciones que hemos podido, la vamos a seguir manteniendo no sólo con preguntas, con interpelaciones, con proposiciones no de ley. Estamos convencidos y vamos a mantenerlo y, hasta que no consigamos verlo plasmado en una ley y publicado en el «Boletin Oficial del Estado», no vamos a descansar, porque consideramos que el país no se puede permitir el lujo de prescindir de unos funcionarios públicos que, no habiendo cumplido lo setenta años y en plena capacidad intelectual, pueden prestar grandes servicios al país en todas aquellas facetas que conforman la actividad pública. También quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Se han fijado ustedes, señorías, cómo cuando únicamente aciertan el Gobierno y el Partido que sustenta al Gobierno es cuando rectifican? (Rumores.-- Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) ¿Se han fijado, además, que rectifica muy lentamente, muy despacio y en muy pocas cantidades? Fíjense ustedes cómo les ha costado, desde 1984, rectificar, y además rectificar poquito, para que no se note, sólo en relación a determinados funcionarios públicos.
Esto no es serio. Hay que ser valientes, hay que reconocer los errores. Si no, recuerden ustedes la frase de don Eugenio D"'Ors: Los experimentos, con gaseosa. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.) Señores del Gobierno, dejen de experimentar con el cuerpo social, dejen de experimentar con la sociedad, porque le producen graves desajustes, un gran daño y, sobre todo, perjudican a los derechos de las personas y atacan al interés del país.
Por ello, señores del Partido Socialista Obrero Español, yo les pido desde la tribuna que sean ustedes más pausados, más coherentes. Abandonen esa prepotencia, abandonen, señor Ministro, esa política educativa errática, errónea, sean ustedes más serenos. Cuando les entren esas ínfulas de querer legislar sin tener en cuenta a la sociedad española, cuando quieran

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legislar sin tener en cuenta las opiniones del resto de los grupos políticos, por favor, plantéense una maravillosa frase de un poeta sevillano, Machado, tan admirado, además, como saben, por altos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. (Rumores.) Cuando vayan a legislar con esta fórmula del rodillo, piensen en la siguiente frase, que decía Machado: «Entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal hay un honroso término medio: no hacerlas».
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 15/1993, de 17 de septiembre.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 260; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley.
¿Desea algún grupo que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993 (Número de expediente 110/000003)

El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Debates de totalidad de Convenios Internacionales.
Debate de totalidad relativo al acuerdo sobre el espacio económico europeo y protocolo adicional. Enmienda de totalidad del Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para presentar las enmiendas de don Vicente González Lizondo, compañero del Grupo Mixto, y voy a limitarme a la escueta formulación de las mismas, sin necesidad de mayores argumentos que posiblemente él, en el momento en que se presentó las enmiendas, podría haber hecho mejor que yo.
Con el fin de explicar a SS.SS. cuál es la intención del proponente, como ustedes conocen, hay tres enmiendas presentadas al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional. Hay una enmienda de adición, que por razón del Reglamento se tiene que tramitar como enmienda de totalidad, que dice lo siguiente: «A partir de la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo, no se permitirá ningún tipo de restricción a las exportaciones de contratantes del presente Acuerdo. Por tanto, en el Espacio Económico Europeo no se aplicará el apartado 1.6 de la parte A del Anexo V, correspondiente a la Directiva Fitosanitaria 77/93, modificada posteriormente por la Directiva del Consejo 90/168 y la Directiva de la Comisió 92/71».
La justificación a esta enmienda es muy sencilla. Se trata de que en el futuro los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, excepto Suiza, no puedan impedir la libre circulación de estos productos con las características arriba reseñadas, tan importantes para la Comunidad Valenciana y para otras zonas de España. La imagen de calidad y frescura ofrecida por nuestros cítricos al portar hojas y pedúnculos proporciona un mayor valor añadido a la agricultura citrícola.
Por otra parte, está demostrado que el hecho de llevar hojas o pedúnculos no transmite ninguna enfermedad vegetal y que esta argucia se ha utilizado más como una restricción encubierta a la exportación que como una auténtica protección fitopatológica.
La segunda enmienda, que sería de adición al artículo 24, diría lo siguiente: En el Protocolo 45, sobre los períodos transitorios relativos a España y Portugal, debería añadirse el siguiente párrafo: «No obstante lo anterior, no serán de aplicación en el Espacio Económico Europeo los períodos transitorios (y los mecanismos complementarios de intercambios), actualmente vigentes en la Comunidad Europea, a los siguientes productos: albaricoque, melocotón, fresa, tomate, melón y alcachofas, que procedan de España».
La justificación también es muy sencilla, puesto que el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado en Bruselas los días 14 y 17 de diciembre de 1992 adelantó la finalización de los períodos transitorios para las frutas y hortalizas, excepto para seis productos netamente mediterráneos, como los que acabo de citar, productos que quedaban obligados al mecanismo complementario de intercambios.
Con la enmienda presentada, se trataría de no permitir la traslación de estas trabas a la libre circulación de estos productos, tan importantes como son para la economía del arco mediterráneo, en su exportación a los países de la Asociación Europea para el Libre Comercio, en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Por fin, hay una tercera enmienda al artículo 25, que también es de adición al mismo, que quedaría redactada así: «A partir de la entrada en vigor del Espacio Económico Europeo, las partes contratantes acordarán el establecimiento de una barrera fitosanitaria común relativa a la importación de vegetales procedentes de terceros países, alcanzando la protección fitopatológica a la totalidad de los países del Espacio Económico Europeo.


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La partes contratantes presentarán especial atención a cítricos, tomates, fresas y arroz, de manera que cualquier importación de un país tercero al Espacio Económico Europeo de estos productos requiera la autorización de las autoridades fitosanitarias de los diferentes países pertenecientes al Espacio Económico Europeo. Esta obligación será exigible a la totalidad de las partes contratantes y las inspecciones de estos productos deberán estar coordinadas entre éstas.» Se pretende, señorías, sencillamente conseguir, porque resulta conveniente, habida cuenta de la ausencia total de las más elementales normas de sanidad en el proceso de elaboración de los productos vegetales en países terceros --por ejemplo, países de la cuenca mediterránea que no pertenecen al Espacio Económico Europeo--, la realización de controles cualitativos y fitosanitarios de estos productos en el área que ahora queda delimitada por el Espacio Económico Europeo.
En este sentido, y con estos argumentos, es por lo que, en nombre del Diputado que ha presentado las enmiendas, señor González Lizondo, de Unión Valenciana, como portavoz del Grupo Mixto, pido a SS.SS. el voto positivo para estas enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, permítanme expresar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista respecto a las enmiendas de totalidad presentada por el Diputado del Grupo Mixto señor González Lizondo, así como sobre el conjunto del Tratado que hoy se somete a la consideración de esta Cámara.
Unión Valenciana presenta una enmienda de totalidad que modifica tres aspectos del protocolo del Tratado sobre el Espacio Económico Europeo, que son, básicamente, los siguientes: establecimiento de una barrera fitosanitaria frente a terceros países, aceptación del comercio de cítricos con pedúnculo y hojas en el Espacio Económico Europeo y períodos transitorios de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea.
Respecto a la primera enmienda: establecimiento de una barrera fitosanitaria frente a terceros, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que el Espacio Económico Europeo supone en materia comercial una zona de libre cambio sólo para productos industriales (capítulos 25 a 97 del Arancel); un régimen especial para los productos agrícolas transformados (Protocolo número 3), y la incorporación unilateral por los países de la EFTA de parte del acervo comunitario en determinadas materias que afectan a este Tratado. Esto significa que el Espacio Económico Europeo no es una unión aduanera, no existe un arancel exterior común frente a terceros países, ni una política comercial común, ni política agrícola común ni, mucho menos, una legislación fitosanitaria armonizada y, además, se mantienen los controles aduaneros en los intercambios de mercancías entre ambas zonas. Por tanto, no es éste el marco adecuado para solicitar la armonización de la legislación fitosanitaria entre la Comunidad Económica Europea y los países EFTA.
Sólo por aceptación unilateral de los países de la EFTA se han introducido en el anexo 1 del Espacio Económico Europeo un listado de la normativa comunitaria fitosanitaria que estos países están dispuestos a aceptar. Entre esta normativa no figura la Directiva 77/93, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales, lo que significa que cada país de la EFTA mantiene su legislación nacional al respecto.
El segundo aspecto de la enmienda de totalidad se refiere a la aceptación del comercio de cítricos con pedúnculo y hojas en el Espacio Económico Europeo. Como acabo de explicar en la enmienda anterior, el Espacio Económico Europeo no implica armonización fitosanitaria y, de hecho, entre las normas que los países EFTA firmantes del Acuerdo han decidido aceptar unilateralmente, no está la Directiva 77/93, que es la que prohíbe en los momentos actuales la comercialización de cítricos con hojas en el mercado comunitario. Por ello carece de objeto la presente enmienda.
Sin embargo, sabemos que esta Directiva está en proceso comunitario interno de modificación y es muy probable que en el mes de octubre, en el Comité Permanente Fitosanitario, se autorice la comercialización intracomunitaria de cítricos españoles con hojas en los países no productores. Esta modificación de la Directiva supondrá que, cuando los países EFTA tengan que asumir el acervo comunitario como consecuencia de su adhesión por parte de algunos de ellos a las Comunidades Europeas, aceptarán, en el paquete de comercialización, la de cítricos españoles con hojas.
La tercera enmienda se refiere a los períodos transitorios de adhesión de España y Portugal a la comunidad Económica Europea. Para el Grupo Parlamentario Socialista la propuesta de adición de esta enmienda no es necesaria, ya que el Espacio Económico Europeo nada tiene que ver con los períodos transitorios de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea, que sólo se refiere a las relaciones entre España y Portugal y la Comunidad en su composición al 31 de diciembre de 1985.
Los países EFTA, tras la aprobación del Espacio Económico Europeo, seguirán con su régimen nacional de importación de frutas y hortalizas, bastante más restrictivo que el mecanismo complementario en los intercambios

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entre España y la Comunidad a Diez en algunas frutas y hortalizas. En conjunto, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que las enmiendas presentadas persiguen buenos propósitos, pero no se ajustan al marco adecuado para convertir esos propósitos en realidad.
Sus Señorías conocen las complejidades de un Tratado como el que nos ocupa, que tiene que armonizar los intereses nacionales y sectoriales de 18 países, y es imposible que no resulte afectado algún aspecto de esos sectores económicos o que estos aspectos no sean mejorables. Una idea de la complejidad del Tratado que hoy se somete a consideración nos la da las 1.250 páginas que ocupa, los 129 artículos que tiene, los 49 protocolos y los 22 anejos que lo componen. Yo creo que esto puede dar una idea de la complejidad del Tratado que estamos sometiendo a la Cámara. Pero, para el Grupo Parlamentario Socialista, la creación del Espacio Económico Europeo, la extensión del mercado interior comunitario previsto por el Acta Unica a los países de la EFTA --que, como conocen SS.SS., se basa fundamentalmente en la aplicación por parte de estos países de la EFTA de gran parte del acervo comunitario y del acervo por venir en las materias objeto de este convenio--, el Acuerdo extiende, como ya he dicho, el mercado Interior a un Espacio de 380 millones de personas y se basa en la aplicación de las cuatro libertades: libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, a los que se amplía, como ya he dicho, el acervo comunitario existente y el que pueda venir en el futuro en estas materias.
Asimismo, establece sistemas de cooperación fuera de esas cuatro libertades y aspectos institucionales.
El Grupo Parlamentario Socialista valora muy positivamente la creación de este Espacio Económico y las condiciones que del Acuerdo se derivan para nuestro país.
Por encima de los beneficios sectoriales o coyunturales que este Acuerdo supone para determinados sectores productivos españoles, lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere destacar, insisto, por encima de los beneficios inmediatos que ello pueda suponer para España, son las potencialidades, el escenario de oportunidades que representa la creación de este Espacio Económico Europeo con 380 millones de personas, consumidores con un alto poder adquisitivo. Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista centra su posición favorable a la creación de este Espacio en dos líneas argumentales: la primera, económica: la ampliación del mercado y el nuevo escenario de oportunidades que ello conlleva; y la segunda, política: la voluntad firme por parte de nuestro Grupo de avanzar en la construcción europea.
Respecto a la primera, la económica, la extensión del mercado interior a los países de la EFTA supone la incorporación a este mercado de seis países con un alto grado de poder adquisitivo, situado por encima de la media de los países comunitarios, al ser la renta per cápita media de estos países de 20.000 ecus, frente a 14.000 ecus de rentas medias de los países comunitarios.
El acontecer demuestra que la economía española mejora notablemente sus posiciones en estos procesos de apertura, resultando, a la vez, un estímulo a la competitividad de las empresas y del conjunto de la sociedad española. Son las empresas españolas y el marco en el que se desenvuelve su capacidad competitiva los que determinarán los beneficios que para España supondrá este Tratado. Asimismo, el Tratado resulta beneficioso, entiende nuestro Grupo, para el sector pesquero y agrícola. La reducción de derechos arancelarios para 71 productos mediterráneos, fundamentalmente frutas, hortalizas y vinos, hará que los exportadores españoles se ahorren cientos de millones de pesetas que repercutirán sobre su margen comercial. En pesca se ha conseguido romper el principio de estabilidad relativa a la hora de distribuir los recursos pesqueros adicionales y se ha logrado un convenio bilateral con Noruega que permitirá a España y Portugal alcanzar la captura de hasta 11.000 toneladas de bacalao en aguas a las que no tenía acceso España hasta estos momentos.
En el apartado de la competencia que existe entre los países de la EFTA y los países de la Comunidad se extiende a la EFTA la legislación comunitaria en materia de ayudas públicas, ayudas del Estado y competencia, con lo cual se evitan perjuicios importantes para España, especialmente en la competencia de atraer inversión extranjera, así como el poner fin en algún país de la EFTA al monopolio, como puede ser el del alcohol en Suecia.
Por otra parte, este Tratado del Espacio Económico Europeo tiene una indudable dimensión política: la voluntad de avanzar en la construcción europea mostrando un alto grado de compromiso. Cuando la debilidad de algunos liderazgos ha enfriado excesivamente el ambiente de la construcción europea, mostrando una falta de confianza preocupante en las virtudes de esta construcción, la esperanza de estos países en la Comunidad nos debería hacer reflexionar conjuntamente. Algunos de los países de la EFTA han solicitado la apertura de negociaciones para su incorporación definitiva a la Comunidad.
Estamos en puertas de una ampliación comunitaria, de una integración definitiva en cuanto la Comunidad lo permita, aceptando todo el acervo comunitario por parte de estos países, y el Grupo parlamentario Socialista sostiene que, por encima de particularismos, es bueno para España y es bueno para la Comunidad la ratificación de este Tratado. Es bueno que la ratificación se produzca en el tiempo comprometido para mantener el prestigio de la política europea de España y de todas sus fuerzas políticas y

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reafirmar la voluntad de seguir avanzando en la misma con la ratificación de esteTratado. Quiero hacer referencia a algunos aspectos institucionales. El acuerdo prevé tres instituciones Comunidad Europea-países de la EFTA: el Consejo del Espacio Económico Europeo, que dará las tres grandes orientaciones al espacio económico; el comité mixto del Espacio Económico Europeo, encargado del desarrollo del acuerdo, y el órgano jurisdiccional del Espacio Económico Europeo, que deja en manos del Tribunal Europeo de Justicia una interpretación definitiva de las diferencias o litigios que se pudieran establecer. Crea, asimismo, otros dos órganos: el comité mixto parlamentario del Espacio Económico Europeo, que podrá exponer sus opiniones en forma de resoluciones o informes y conocerá del informe anual del comité mixto; y el comité consultivo del Espacio Económico Europeo. Además, crea órganos de cooperación en el artículo 78 en materias tan importantes para los ciudadanos como la investigación y el desarrollo tecnológico, la educación, la formación, la juventud, el turismo, el medio ambiente y la pequeña y mediana empresa, entre otros.


El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.


El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
Finalmente, quisiera hacer una referencia a lo que consideramos de especial importancia para España, al tema de la cohesión. En este tema se encuadran las concesiones obtenidas en materia agrícola y de pesca. Ha sido completado con la creación de un mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo o fondo EFTA de cohesión. Dicho fondo dispondrá de 1.500 mecus en concepto de préstamos, con una bonificación de intereses del 2 por ciento para toda la duración del Tratado, así como 500 mecus en donaciones desembolsables en cinco años a partes iguales anuales a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. Serán beneficiarios Irlanda, Grecia, Portugal y las regiones españolas calificadas como el objetivo 1 del FEDER. Está previsto que los recursos del mecanismo financiero se dediquen a proyectos en los siguientes sectores prioritarios: medio ambiente, infraestructuras (incluidas las del transporte) y educación (formación de los recursos humanos). En conjunto, señorías, el Tratado sobre el Espacio Económico Europeo aporta aspectos de interés para España --económicos, políticos y sociales--, y configura un escenario que ayudará, si es aprovechado adecuadamente, al bienestar de los ciudadanos españoles y, por ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor del Tratado y en contra de la enmienda de totalidad.
Muchas gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Mur, tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente. Con toda brevedad, para agradecer al portavoz socialista el tono de su intervención, aunque después de oír la misma han quedado claras algunas cuestiones. Primera, que las enmiendas presentadas, como mínimo, suscitan una reflexión, ya que no están tan desencaminadas en los objetivos que pretenden, aunque, evidentemente, como él ha dicho, haya dificultad para introducir modificaciones en un tratado tan complejo, en el que hay que contentar a tantos países y tantos sectores. Pero la llamada de atención queda hecha.
La segunda cuestión es que, como usted mismo ha reconocido, la globalidad del Tratado y la integración es positiva, pero no es positiva para todos, ya que siempre hay algún sector perjudicado. Su intervención ha sido como la que nosotros podríamos hacer si estuviéramos enjuiciando el Tratado, y no una parte muy concreta y muy especial del mismo, porque usted ha hecho una intervención a favor de la globalidad del Tratado, una intervención europeísta, y nosotros también estamos a favor de la globalidad del Tratado y estamos a favor de la integración europea, pero, ¡hombre!, permítanos alguna duda y permítanos siquiera sea alguna precaución. El sector agrario, los agricultores españoles han sido los grandes perjudicados y los grandes sacrificados en aras de otros sectores; como mínimo, reconozcamos eso, que es el principio para poder ir introduciendo alguna modificación, alguna vigilancia en el desarrollo del Tratado. Porque si partimos del hecho de que los agricultores han sido los perjudicados y a esto no le damos ninguna importancia, me parece que estamos haciendo un flaco servicio a ese sector.
Y, para terminar, señor Presidente, no he querido extenderme, porque el objeto de mi intervención era ceñirme lo más estrictamente posible a estas enmiendas, que eran enmiendas parciales, enmiendas de adición y que, por razón del Reglamento, tienen que tramitarse como enmiendas de totalidad.
No hemos pretendido enjuiciar el conjuto del Tratado, no hemos pretendido, ni muchísimo menos, criticar el Tratado, a favor del cual estamos y en su momento lo diremos. Pero, evidentemente, creo que esta reflexión, como el propio portavoz socialista ha dicho, no era inútil, aunque posiblemente el procedimiento utilizado y la solemnidad del Pleno hayan parecido excesivos para cuestiones tan concretas y tan putuales que, en todo caso, deberán quedar como constancia en el «Diario de Sesiones», y ojalá que más adelante, bien sea en el propio Tratado, que es muy difícil, o bien sea en el desarrollo de toda la normativa que afectará a estas cuestiones que hemos planteado, no nos tengamos que lamentar de no haber sido sensibles a estas razonables peticiones.
Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
El señor Costa tiene la palabra.


El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente también para agradecer el tono de la réplica del señor Mur y decirle que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, consideramos el debate como un elemento fundamental para conformar la opinión. Usted mismo ha reconocido que no era el marco adecuado este Tratado para introducir enmiendas parciales del tipo de las que se proponían en el debate de hoy.
Aceptando esta consideración, es evidente que las preocupaciones que SS.SS. traen a esta Cámara no caen en saco roto del ejercicio dialéctico, del diálogo. En temas tan importantes para nuestro país como son todos los tratados internacionales, y especialmente la nueva configuración europea, en nosotros encontrarán unos buenos agentes de diálogo, receptores a aquellas peticiones constructivas que se hagan desde cualquier planteamiento político.
Por tanto, le agradecemos su tono y nos ofrecemos a construir conjuntamente el marco en el que España se tiene que incorporar progresivamente a todos los marcos europeos.
Esperemos encontrar en SS.SS. una respuesta positiva a este ofrecimiento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a votar en contra de la aceptación de estas enmiendas que nos ha traído aquí el Diputado de Unión Valenciana, señor Lizondo, y no porque no le demos ningún valor puntual a unas enmiendas que son precisamente eso, puntuales, en temas muy específicos y muy concretos, sino porque creemos que en las garantías jurídicas y en los principios correctores de temas concretos, puntuales y específicos, el propio Acuerdo del Espacio Económico Europeo, en su Protocolo adicional de la primavera de este año 1993, tiene las suficientes vías de recursos para hacer las correcciones oportunas en temas tan específicos como el que contempla alguna enmienda referida a los cítricos.
Nosotros creemos que este documento requiere una apreciación puramente política, y decimos esto desde la óptica de Coalición Canaria, cuando tendríamos determinadas reservas a algunos artículos que trae precisamente este Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Y eso empieza precisamente por una definición de algo que contempla el Acuerdo: las cuatro libertades. Sin el entendimiento político de cualquier parte de los países de la EFTA, del denominado mundo de la Asociación Europea de Libre Comercio, en el cual el Archipiélago canario, por su marco específico de legislación económica y fiscal necesita estar perfecta y permanentemente incardinado, no se entendería este apoyo que nosotros hacemos en defensa del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, junto a esas cuatro fundamentales libertades, que se encarga de señalar como libertad de circulación de mercancías, libertad de circulación de personas, de servicios y de capitales, junto a una defensa de la libre competencia, y precisamente para equilibrar a aquellas regiones ultraperiféricas de la Comunidad Europea que, como es el caso de Canarias, se han visto ya reconocidas, tanto en una de las adicionales del Tratado de Maastricht como en el Poseican, como en aquellas otras disposiciones que se contemplan aquí, y me explicaré.
Cuando el capítulo 2, referido a la primera de las libertades --la libre circulación de mercancías--, se introduce en el mundo de la agricultura y de la pesca -- ligando esto con nuestro debate de ayer con el Ministro de Agricultura--, cuando el artículo 19 del Acuerdo va a señalar las obligaciones de las partes contratantes, remite esta libre circulación de productos de la agricultura y de la pesca, donde van a estar, fundamentalmente, los cítricos, objeto de una enmienda del Diputado de Unión Valenciana, como el plátano, como los productos de la pesca o aquellos productos de exportación que hoy, de hecho, por ejemplo, en el caso del Archipiélago canario, un tremendo porcentaje, por encima del 80 por ciento, es dirigido a exportaciones al mercado de la EFTA, no solamente de la Comunidad Económica Europea, sino a países de la EFTA, y para nosotros eso es una garantía del marco de amplitud de mercados. Por eso apoyamos esta libertad y porque hay una referencia en el artículo 19 de este Acuerdo, referido precisamente a que habrá que obtener respuestas de la Ronda Uruguay y de los acuerdos del GATT, donde nosotros hemos hecho las advertencias al Gobierno para mantener las máximas cautelas en defensa de estos intereses y no caer en una política agrícola y pesquera que genere dentro de España, por ejemplo, el fenómeno perturbador de los excedentes. Quiero señalar también que cualquier enmienda --y lo sabemos por nuestro procedimiento--, por muy respetuosa que sea con el fondo político del Acuerdo, perturba la marcha del mismo, por el sistema de tramitación de una norma de este carácter internacional; y cuando en el capítulo 2 y en el artículo 61 se habla de las ayudas otorgadas por otros Estados, nosotros, desde Coalición Canaria, hacemos una lectura positiva, por una razón: porque no aceptaríamos un acuerdo en el que el libre comercio estuviera basado exclusivamente en el precio de origen de los productos o en el precio puesto en mercado consumidor, ya que aquí las regiones ultraperiféricas tienen la tremenda servidumbre del coste de los fletes, del transporte marítimo o aéreo, y verdaderamente sería introducir un factor no

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competencial si no se garantizase, como viene a hacer a nuestra lectura el artículo 61, el considerar aquellas ayudas como, por ejemplo, la subvención al transporte de mercancías, que las zonas periféricas, ultraperiféricas o archipielágicas tienen con respecto al núcleo territorial de lo que es el Continente europeo, salvando lo que es insular, como el Reino Unido de la Gran Bretaña, de lo que es verdaderamente territorio EFTA, territorio de libre comercio fundamentalmente, soportando unos costes adicionales que no lo harían competitivo. La seguridad de que los Estados miembros pueden introducir, vía subvención al transporte, estas posibilidades, nos da también una de las razones puntuales y fundamentales para argumentar nuestra disposición. Por tanto, como, al igual que en el fondo, en los apartados del artículo 1.º se garantizan aquellas cuestiones que son de política social como principio de solidaridad en la creación de este marco europeo, nosotros tenemos que votar en contra de estas enmiendas, precisamente por hacer una lectura y una defensa política de lo que es un marco general con una cooperación estrecha en ambientes que hoy día requieren este principio de compromiso y de corresponsabilidad en construir. Sesgarlos por una cuestión verdaderamente puntual o local, por muy respetable que sea, no nos parece que contribuya a un principio de aprobación solidaria. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco para fijar nuestra posición en este debate de totalidad ante el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el Protocolo adicional.
El Tratado del Espacio Económico Europeo fue firmado, como SS.SS. ya conocen, por los siete Estados de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y la Comunidad Europa con sus 12 Estados miembros, en Oporto, el día 2 de marzo de 1992. La base jurídica de este Acuerdo es el 238 Tratado de Roma, que establece la capacidad de la Comunidad Europea para concluir tratados internacionales. Al mismo tiempo, se negociaron acuerdos bilaterales en materia de agricultura y pesca, de acuerdo con el artículo 113 del Tratado de Roma sobre política comercial común. Aunque jurídicamente se han establecido estas dos diferencias en lo que respecta a los acuerdos bilaterales de agricultura y pesca, políticamente responde a un solo espíritu, lo cual implica que una eventual no entrada en vigor del Tratado del Espacio Económico Europeo traería como consecuencia el previsible incumplimiento de los acuerdos bilaterales. La negativa suiza a suscribir el Tratado refrendado en el referéndum del 6 de diciembre de 1992 obligó a las restantes partes contratantes a firmar un Protocolo adicional que salvara esta negativa; Protocolo que debe ser ratificado por los parlamentos nacionales y al cual ya dio su conformidad el Parlamento Europeo el 23 de junio de 1993. El Tratado entrará, pues, en vigor cuando todas las partes contratantes hayan ratificado el citado Tratado y su Protocolo. En estos momentos, los únicos países que están pendientes de ratificarlo son Francia, Reino Unido y España. El espíritu del Tratado es extender el mercado interior a los Estados de la EFTA en materias tales como la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas, sobre el acervo comunitario existente en 1 de enero de 1993. Es, también, el establecimiento de una unidad de vigilancia por los Estados de la EFTA para la correcta aplicación de las reglas de la competencia; la mejora recíproca de las condiciones de acceso de los productos agrícolas, la búsqueda de una solución equilibrada para el acceso al mercado y a los recursos en materia de pesca; la reducción de las disparidades económicas y sociales entre las regiones y la apertura de derechos directos para las personas y las empresas. En base a estos principios y objetivos que contempla el Tratado, la valoración que hacemos al mismo desde nuestro Grupo Parlamentario es positiva, desde el punto de vista económico.
Los acuerdos de libre intercambio concluidos entre 1972 y 1973 entre los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y la Comunidad Económica han permitido, fundamentalmente, con la supresión de los derechos de aduanas sobre los intercambios de productos industriales, desarrollar considerablemente el comercio entre estas dos zonas de la Europa occidental, con un valor sensiblemente equivalente entre importaciones y exportaciones. Hay que tener en cuenta que la Comunidad encuentra en la Asociación Europea de Libre Comercio, a la vez, su primer abastecedor, con un 25 por ciento de sus importaciones, y su primer cliente, con un 26 por ciento de sus exportaciones.
Los derechos de aduana y los derechos de efecto equivalente sobre los productos originarios de la zona de libre cambio han sido abolidos, bajo los acuerdos de este libre comercio para los productos industriales. Este principio ha sido extendido a los productos agrícolas transformados y concierne también, según modalidades particulares, a ciertos productos agrícolas base y a ciertos productos de pesca.
Por lo que respecta al mercado agrícola, éste no sufrirá especialmente, sobre todo en lo que concierne a los vinos y lácteos, legumbres y hortalizas, puesto que en los acuerdos se puso especial atención en negociar

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un acceso privilegiado de los productos de la cuenca mediterránea a los mercados de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. Por otra parte, la producción agrícola de los países de esta asociación no supone una gran competencia sobre nuestros productos, si exceptuamos la leche.
Sin embargo, por lo que respecta a los acuerdos pesqueros, aunque globalmente son favorables para la Comunidad Europea, será necesario establecer entre nuestras comunidades autónomas un reparto equitativo de la cuota que será otorgada al Estado español, cuota que, según fuentes de la Comisión, será generosa, y que, desde nuestro punto de vista, tendrá que repartirse en proporción a las capturas que realizan nuestras flotas pesqueras.
Dado que el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica está negociando un reglamento de aplicación del Acuerdo, que aún no ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, los Estados miembros tienen aún posibilidad de introducir enmiendas a su articulado. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario estima oportuno que la Administración española introduzca una enmienda en los artículos 1 a 3 del reglamento de aplicación del Acuerdo, que desarrolla las medidas de salvaguardia de los artículos 112 a 114 del Tratado. Conviene que jurídicamente se añadan los acuerdos bilaterales que se negociaron en materia de agricultura y pesca, para que, mediante estos artículos nombrados, 112 a 114 del Tratado, se puedan tomar medidas de salvaguardia en caso de dificultades serias de orden económico, social o medioambiental, de naturaleza sectorial o regional, en los temas de agricultura y pesca.
Otro aspecto positivo de este Tratado es que incluye un mecanismo financiero para reducir las disparidades económicas y sociales-regionales, a fin de garantizar el equilibrio general de ventajas para todas las partes contratantes. Este mecanismo establecerá una asistencia financiera para el desarrollo y ajuste estructural en Grecia, Irlanda, Portugal y España, en las regiones que corresponden al objetivo 1 de los fondos estructurales de la Comunidad. Asimismo, contribuirá tambián a la realización de inversiones en materia medioambiental y de política regional, así como de ordenación del territorio.
Desde nuestro punto de vista, sería importante que el reglamento de aplicación introduzca una disposición que permita establecer el control sobre la utilización de los recursos financieros, que determine las prioridades de los proyectos --entendemos que los proyectos sobre medio ambiente e infraestructuras deben de ser prioritarios-- y que clarifique la gestión de este fondo financiero.
Esta es, señorías, en síntesis la valoración de nuestro Grupo Parlamentario y las recomendaciones que deseamos se introduzcan en el reglamento de la aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, no vamos a entrar en sus consideraciones que han sido debatidas suficientemente en esta Cámara hace unos momentos, simplemente nos permitimos la recomendación de que puedan ser recogidas en este reglamento que, como digo, está tratándose actualmente en la Comunidad Europea.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muchas gracias. Para fijar, muy brevemente, nuestra posición en relación con estas tres enmiendas que ha planteado Unión Valenciana al Tratado de Constitución del Espacio Económico Europeo. Son tres enmiendas, señor Presidente, que aun teniendo el trámite de naturaleza de totalidad no se oponen a la totalidad del contenido de ese Acuerdo. Son tres enmiendas puntuales, parciales y, a nuestro juicio, no debemos extrapolar la posición puntual que se pueda manifestar en esta Cámara en relación con el propósito de esas tres enmiendas a un juicio global del propósito que tiene la firma de ese Acuerdo. Vamos a valorar --y valoramos en su momento en el trámite de Comisión y en el Pleno-- el significado, el contenido, el alcance, la repercusión que va a tener ese Acuerdo -- importante Acuerdo--sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad, pero creemos que en el trámite de esta mañana se trata de fijar nuestra posición en relación con estas modificaciones que nos plantea el Grupo de Unión Valenciana.
Nuestro Grupo comprende la motivación que ha impulsado a este Grupo a plantear estas cuestiones, no obstante, no se puede reducir la valoración de ese Acuerdo a lo que pueda sucederle a un determinado producto que se encuentra --digamos-- afectado por el proceso de creación de ese Espacio Económico Europeo. Tienen sentido las preocupaciones, las motivaciones que se han impulsado con esas enmiendas, pero las articulaciones técnicas que nos presentan estas enmiendas no tienen fundamento. Concretamente, las dos enmiendas que hacen referencia a los cítricos, de alguna forma, como muy bien ha fundamentado el portavoz del Grupo Socialista, tienen otro cauce de resolución, al menos, tal como hoy está establecido el proceso internacional de construcción europea, este problema tiene otro proceso para poder ser abordado, otra vía para poder resolverse. No obstante, el artículo 13 del propio Tratado al cual se presenta una de esas enmiendas ya permite el propósito que tiene la misma. No se prohíbe que se puedan establecer requisitos, exigencias fitosanitarias por los países del Espacio Económico Europeo a un determinado

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producto que provenga del exterior de ese Espacio. Por tanto, ya se puede establecer, el propio Tratado no impide que pueda alcanzarse esta prohibición, pero dentro del acuerdo y de los mecanismos que el propio Tratado establece. Respecto a la segunda enmienda del grupo de Unión Valenciana, que hace referencia a levantar la restricción de comercializar cítricos con hojas o pedúnculos, creo que también, como hay dicho muy bien el Portavoz Socialista, la vía para poder resolver este problema es modificar la Directiva fitosanitaria en que se establece esa restricción. Si para cada uno de los productos que pueden afectar a ese Acuerdo, estableciéramos en el mismo Acuerdo los problemas de naturaleza fitosanitaria o de incidencia social o de incidencia de seguridad que pueda tener cada uno de esos productos, la verdad es que no serían las mil y pico páginas que hoy nos acompañan, sino muchas más y no son estos los procedimientos que se han establecido. Creo que la Directiva 77/1993 --que va a ser prontamente modificada-- puede dejar resuelta esta cuestión definitivamente, como se ha apuntado, y no hace falta modificar el Tratado en el sentido que propone el Grupo de Unión Valenciana. Por último, señor Presidente, la tercera enmienda. Nuestro Grupo comparte la preocupación, incluso diría que en otros debates de naturaleza agraria ya hemos manifestado que seríamos partidarios de una actuación política más intensa para levantar esos plazos transitorios que hoy se han establecido todavía para seis productos agrícolas. La verdad es que compartimos también la finalidad, la motivación que ha llevado al Grupo a plantear esa enmienda. No obstante, éste es un requisito de la Unión Europea, éste es un requisito del mercado interno europeo y no entender que extrapolar esa modificación a todo el Espacio Económico Europeo y no hacerlo en el espacio interior es una contradicción en el orden jurídico internacional y, por tanto, no es el momento ni el trámite donde se tiene que plantear. Sin embargo, suscribimos la motivación y el propósito que ha llevado a este Grupo a solicitar el levantamiento de los períodos transitorios para esos seis productos y entendemos que el Gobierno debería acelerar o intensificar todas las actuaciones posibles en el campo internacional, para poder reducir realmente los períodos para estos seis productos, como se ha hecho en otros productos agrarios.
Señor Presidente, en relación con la globalidad de ese acuerdo, nuestro Grupo es totalmente favorable a su ratificación --ya lo manifestamos en el debate que tuvo lugar en la legislatura anterior--, pero como vamos a tener ocasión de intervenir en la Comisión y en el Pleno, cuando se apruebe definitivamente, en esos trámites expresaremos nuestros recelos, nuestras cautelas y nuestras inquietudes sobre los impactos que puede tener esa creación del Espacio Económico Europeo en nuestra sociedad y en nuestra economía, porque no va a ser banal ese efecto, lo que nos comporta una reflexión y una exigencia de revisar actuaciones de naturaleza interna, para proteger lo que son los intereses de nuestro país.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, de estas tres enmiendas que ha presentado el Diputado de Unión Valenciana podríamos decir que no hay mal que por bien no venga. Nosotros creemos que tienen o han tenido una única virtualidad política, la de retrasar la aprobación o no por esta Cámara del Tratado del Espacio Económico Europeo a después de que el Tratado de la Unión Europea esté ratificado por los doce países miembros. Esta era la posición política de nuestro Grupo; ésta fue la que defendió nuestra portavoz en la anterior ocasión en que se produjo este debate, porque nosotros queremos una Europa social y territorialmente cohesionada.
Hemos denunciado importantísimas insuficiencias en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, y SS.SS.
saben cómo durante todo un año, la ampliación o no, a través del Espacio Económico Europeo --aparte de los aspectos técnicos que inciden sobre determinados productos, objeto de las tres enmiendas que hoy aquí debatimos, aparte de los aspectos políticos que incidían sobre la forma de construir Europa--, ha sido lo que ha centrado el debate de este año. Es decir, había quienes hablando de más Europa estaban apostando por el Espacio Económico Europeo, cuando en realidad estaban apostando sólo por una Europa de libre cambio, por una Europa comercial y no por una Europa unida y cohesionada en el plano territorial, en el plano social y en el plano político. Y aunque esto no aflorara en los debates, es lo que permanecía subyacente, de forma importante, en este gran tema.
Las enmiendas --como ya han señalado otros oradores y yo no voy a insistir en ellas, quiero centrarme sobre todo en la reflexión política-- tienen sentido en cuanto a la base de su preocupación, pero son absolutamente disparatadas en cuanto al mecanismo que quieren aportar para corregir estas preocupaciones. Como han dicho otros intervinientes antes que yo, por vía de la discusión del reglamento de aplicación de este Tratado puede darse perfecta cobertura a las preocupaciones que vehiculan estas enmiendas. Por tanto, no voy a referirme más a ellas. Compartimos las preocupaciones concretas de áreas y de productos que se ven afectados, al parecer, por este Tratado, pero no la vía de solución.


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En definitiva, lo que el señor González Lizondo nos proponía - -quizá él mismo no se daba cuenta-- era modificar los tratados de la Comunidad Económica Europea, cuando pretendía ampliar el acervo comunitario a los países de la EFTA. Y debe ser exactamente al revés: los países de la EFTA deberán aceptar todo el acervo comunitario siempre y cuando la adhesión y la ratificación del Tratado del Espacio Económico Europeo se produzca después de que esté en pleno vigor el Tratado de la Unión Europea. Esta ha sido, ésta es y ésta será la posición política del Grupo en cuyo nombre estoy hablando. Por eso, hace un año nos opusimos aquí a que se aprobase el Tratado de la Unión Europea, votamos abstención porque no estábamos de acuerdo y pedíamos que se retrasase la ratificación de la Cámara española respecto de aquel Tratado hasta tanto no se despejasen las dudas de Dinamarca y del Reino Unido. Hoy sólo queda una duda de tipo jurídico, no político, la del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, en Alemania. Sabemos que antes del 12 de octubre se va a producir el fallo, que muy probablemente será positivo. Por lo tanto, después del 12 de octubre estará ratificado el Tratado de la Unión por todos los Estados miembros y, en estas condiciones, cuando el dictamen de la Comisión vuelva a esta Cámara, estoy seguro de que estaremos en condiciones de dar nuestro voto favorable al Espacio Económico Europeo, porque, con toda seguridad, entonces no representará ningún atentado al acervo comunitario, al grado de cohesión, para nosotros, repito, muy insuficiente social, territorial y políticamente, que hoy representa el Tratado de la Unión, que queremos cambiar y mejorar, pero sin perder nada de lo ya conseguido, sin perder nada de lo poco que pueda representar para algunos el Tratado de la Unión. Esta ratificación «a posteriori» del Espacio Económico Europeo por parte de esta Cámara y por parte de los Doce es fundamental para nosotros. En este sentido, decía que las enmiendas de Unión Valenciana, aunque técnicamente improcedentes y políticamente injustificadas, al menos para nuestro Grupo han servido para clarificar y poder estar seguros de que cuando discutamos a fondo, no las enmiendas, que vamos a votar en contra, sino el Tratado, estaremos en unas condiciones políticas distintas a las de hace un año y, por lo tanto, nuestra posición política podrá ser también distinta, es decir, de apoyo al Espacio Económico Europeo, a la firma de este Tratado, pero sobre la base de no perder un ápice de lo que para nosotros es aún demasiado poco respecto a lo que es nuestra concepción de una Europa federal, solidaria social y territorialmente, con una vocación de unión política y con capacidad de ampliarse para, sin perder nada de este acervo, avanzar tranquilamente hacia una Europa más amplia y más solidaria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Tocino.


La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Gracias, señor Presidente.
Señores y señoras Diputados, subo a la tribuna para fijar posición, en nombre de mi Grupo, frente a las enmiendas que ha presentado el Grupo de Unión Valenciana. He de decir que la posición de mi Grupo en este debate de totalidad es un no a las enmiendas que se han presentado; un debate que, como se está viendo a lo largo de la mañana, es mucho más importante de lo que el propio Gobierno ha establecido. La ausencia en esta mañana también de representantes del Gobierno, fundamentalmente del Ministro de Asuntos Exteriores, está indicando que parece que todavía no se ha tomado muy en serio las repercusiones que para España tiene, sin lugar a dudas, este Tratado.
Esto no significa que esas enmiendas no tuvieran, como ya se ha dicho aquí esta mañana, cierto interés. Lo que ocurre es que en los tratados y en los convenios, cuando se llega a estos debates de totalidad, cuando nos presentamos ante la ratificación o no, lo que hay que plantearse es que cualquier enmienda de este sentido, si se mantiene, es un no a la ratificación. Como lo que se está ventilando en esta ratificación no deja de ser la ampliación (incluir ese Espacio Económico Europeo es, como si dijéramos, un paso previo a la ampliación de estos países de la EFTA que se van a incorporar próximamente, sin lugar a dudas --y así lo deseamos--, a la Comunidad Europea), no tiene sentido que quienes como, en mi Grupo, se han manifestado siempre a favor de esa ampliación, quienes hemos dicho que no estamos de acuerdo ni lo estaremos nunca con los temas llamados de fortaleza europea, pudiéramos en este momento oponernos a lo que de ampliación significa este Acuerdo que hoy nos trae este debate de totalidad del Espacio Económico Europeo.
Sin embargo, señorías, lo que entendemos que se plantea hoy en este Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo creemos que es el impacto que dicho acuerdo va a tener sobre la economía española. Señorías, creo que es hora ya de decir en esta Cámara --mi Grupo lo ha dicho en reiteradas ocasiones-- que basta ya de falsos europeísmos. Nos decía esta mañana el representante socialista que hay que avanzar en la construcción europea. Evidentemente, esto no lo pone nadie en duda. Estamos convencidos de que España concretamente, fuera de ese proyecto de construcción europea, no tiene salvación. Por tanto, España está avanzando, y tiene que avanzar, en ese proceso de construcción europea. Lo que pasa, señorías, es que nos estamos encontrando día tras día con que este Gobierno está convencido de que se avanza en la Unión Europea simplemente por formar parte de ese proyecto, pero se les olvida en muchas ocasiones que las cosas no salen

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adelante por sí solas y que tiene una repercusión inmensa ese avance de construcción europea en la política interna de nuestro país. En el debate que hoy nos plantea este Acuerdo de Espacio Económico Europeo, hay que hablar de la competitividad. Ante este gran Espacio Económico Europeo que va a constituirse que es el mercado mayor del mundo, con 385 millones de consumidores --ahora que Suiza se ha desgajado del Espacio Económico Europeo--, que representa el 40 por ciento del comercio mundial, que representa el 30 por ciento del producto interior bruto mundial, no tiene ningún sentido, señorías, que pensemos que esto, por sí mismo y sin hacer nada de puertas adentro, va a beneficiar a España. Todos sabemos que el comercio internacional y la inversión extranjera, la apertura de mercados, sin lugar a dudas puede estimular la productividad de una nación, pero también puede amenazarla, y seriamente. El exponer nuestra productividad y nuestra competitividad a la de los países que nos superan en productividad puede suponer un grave perjuicio para determinados sectores de nuestra economía.
Creo que no está de más recordar esta importancia de la competitividad, que no se da por sí sola, en un día como hoy, en el que lamentablemente tenemos que estar hablando de los graves perjuicios que se pueden derivar si se cierra nada menos que la factoría de Seat en Cataluña. Creo que también es importante hablar de este tema cuando se está felicitando hoy nuestro Gobierno por esos grandes éxitos que se han conseguido en esta primera batalla --batalla envenenada en cierta medida, diría yo-- que se ha arrancado a Bruselas para el Plan de la Siderurgia Integral. No tenemos que seguir pensando en los éxitos que conseguimos cuando nos tenemos que resignar con lo que nos dan, sino que tenemos que hablar con sinceridad de qué es lo que estábamos pidiendo y qué es lo que al final obtenemos. Señorías, hay que recordar una vez más que lo que ha ocurrido aquí con la siderurgia es que este Gobierno no ha sabido hacer la reconversión en las instalaciones en los momentos oportunos y, ahora, tenemos que resignarnos con lo que nos van a dar. Cuando se estaban produciendo y vendiendo hasta 6.000 millones de toneladas de acero, ahora contamos por millones también las toneladas que se van a reducir. Por tanto, señorías, si hay que aceptar esto, tendremos que aceptarlo porque no nos han dado otra opción, sobre todo a la oposición, pero encima no vengamos a contar que esto es un gran éxito.
Señorías, esto es lo que nos puede ocurrir si llegamos al convencimiento de que, por el mero hecho de ratificar este Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo --que sin duda puede traer grandes ventajas a España--, las ventajas van a darse por sí solas. Queremos llamar la atención del Grupo Socialista porque nos ha preocupado, una vez más, el triunfalismo con el que ha presentado las grandes ventajas que se obtienen de este Espacio Económico Europeo. Señorías, señores del Grupo Socialista, representantes del Gobierno, ausentes, ustedes saben muy bien que una nación es competitiva cuando realmente tiene esa capacidad de innovar en sus empresas, día tras día, y la innovación exige cada vez mayor inversión. En un momento en el que los mercados van a ser cada vez más agresivos y vamos a pasar a formar parte --y esto en principio es positivo-- del mercado mayor del mundo, no podemos consentir que nuestra inversión siga cayendo y que las previsiones de la caída de la inversión para este año sean que ésta aumenta en dos puntos porcentuales, caída que ya fue de más del 3 por ciento el año pasado.
Señorías, no podemos aceptar que para conseguir esa innovación tecnológica, esa innovación en diseños, en calidad de productos, en «marketing», en áreas de distribución que necesita nuestra empresa para ser competitiva y para, realmente, obtener las ventajas que concretamente nos puede traer este Acuerdo del espacio Económico Europeo, nos va a bastar con cruzarnos de brazos o con exigir simplemente una moderación salarial.
Porque, señorías, la competitividad no viene sólo del número de puestos de trabajo que creemos --que evidentemente es muy importante cuando el desempleo es tan grande-- sino que, a nuestro entender, lo más importante es la calidad de esos puestos de trabajo. No seremos competitivos si nos limitamos a producir, con unos salarios bajos, unos productos que luego no podemos ni exportar y sigamos importando productos de mucha mejor calidad que somos incapaces de producir. Eso nos puede arreglar momentáneamente nuestra balanza comercial, pero desde luego no está produciendo el verdadero avance de productividad que no podemos desligar de nuestra competitividad.
Señoras y señores Diputados, nuestro Grupo entiende que ese impacto que en nuestra economía va a producir este Acuerdo es el que tenemos que estudiar y por eso reiteramos una vez más, a la vez que decimos que nuestro voto va a ser favorable cuando llegue el momento de la ratificación, que tedremos ocasión de profundizar y de aportar nuevamente soluciones para lo que tiene que ser ese marco mucho más competitivo que tiene que crear el Gobierno; condiciones de un marco financiero, de un marco fiscal y de un marco laboral en donde las empresas españolas puedan ser mucho más competitivas. Y, puesto que estamos a punto de empezar el debate de presupuestos, queremos entender que, efectivamente, pueden ir en esta línea, para que, lo que sin duda va a ser un éxito para los demás países del Espacio Económico Europeo, sea también un éxito en cuanto a lo que este Acuerdo va a representar para España y, de esta forma, poder beneficiarnos, porque sólo así mi Grupo entiende que de verdad España estará

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colaborando y se estará beneficiando del proyecto de construcción europea en el que está inmersa. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tocino.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad del Grupo Mixto al Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279: a favor, nueve; en contra, 256; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.


--PROTOCOLO PARA ENMENDAR EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO X DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 1992 (Número de expediente 110/000006)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir las enmiendas de totalidad al Protocolo para enmendar el párrafo 2 del Artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.
Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán. (El señor Vicepresidente, López de Lerma y López, ocupa la Presidencia.)

El señor DURAN NUÑEZ: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo tradicionalmente dictamina favorablemente todos los tratados y convenios internacionales, como acabamos de hacer ahora mismo con el importantísimo Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Sin embargo, en el tema que ahora tratamos, que es un Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, nuestro Grupo ha presentado una enmienda de totalidad --que es una enmienda de adición, pero según el Reglamento tiene que ser de totalidad--. Para aclararles el tema a SS.SS., que están muy al tanto precisamente de todo lo que se refiere al atún, les diré que de las veintidós partes contratantes que se reunieron en Madrid en la sesión internacional de la ICCAT, sólo asistieron dieciséis, algo importante ya, y de éstas realmente van a tener que contribuir --que es de lo que se trataba en este Protocolo adicional-- nada más que Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal y Suráfrica, y de ellas, probablemente la mitad tampoco contribuyan. Por lo que vemos no es una cosa dramática y además veo que a la Cámara no le importa excesivamente, pero hay que tener en cuenta que España pesca muy poco, contribuye mucho y encima tienen un gravísimo problema que tiene que ser controlado por esta Comisión, que es el problema de las drifting nets, el problema de las redes de deriva que, como saben ustedes, en la parte atlántica realmente hacen que mientras nuestros pescadores pescan el equivalente a dos toneladas, los franceses pescan de 20 a 30, y tienen un problema gravísimo a nivel de nuestros compradores de Estados Unidos del atún en lata, que es que las drifting nets, no sólo las del Atlántico, sino las del Pacífico, como saben SS.SS., están contribuyendo a extinguir el delfín. Este es un tema que, repito, grandes compradores, como son Estados Unidos y Canadá, lo han tomado muy en serio, y en este momento están castigando a nuestra conserva por usar la volanta en este caso.
Nosotros proponemos que para aprobar este Protocolo se añada el siguiente párrafo: Las partes contratantes promoverán la prohibición del uso de redes de deriva para túnidos en todos los casos. Si SS.SS. aprueban esta enmienda, como es natural nosotros votaremos favorablemente el Convenio, y si no, esperaré a ver lo que dice el portavoz que intervendrá en representación del Gobierno, que a lo mejor nos ilumina algo en este tema.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Durán. ¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Curiel.


El señor CURIEL ALONSO: Señor Presidente, señorías, gracias, señor Durán, hemos seguido con interés su intervención y el espíritu que la anima y quiero decirle al inicio de la fijación de la fijación de postura de nuestro Grupo que compartimos el espíritu de su preocupación, que compartimos el sentido de la enmienda que proponen, pero que, por razones que ahora voy a explicar, nuestro Grupo no puede apoyarla tal y como ustedes la han planteado, lo cual no evita que le haga una propuesta transaccional de encuentro, que yo creo que puede ser aceptada por su Grupo.
No podemos aceptar la enmienda porque, como S.S. sabe, estamos ante un trámite de totalidad de un Protocolo, en virtud del cual esta Cámara autoriza al Gobierno a firmar la modificación del párrafo 2 del artículo X del ICCAT. Es decir, estamos tramitando este debate al amparo del artículo 156.2.2 del Reglamento del Congreso. Si aceptáramos la enmienda, esto quiere decir que el Gobierno no tendría la autorización para firmar este Protocolo y que, por consiguiente, no entraría en vigor, lo cual traería gravísimas consecuencias para la Comisión del ICCAT que, como usted ha explicado, atraviesa precisamente por unas circunstancias económicas ciertamente difíciles.
Por consiguiente, se trata, señoría, de que aprobemos --y así se pronuncia nuestro Grupo y solicitamos el apoyo

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de los demás grupos parlamentarios-- una modificación, inspirada precisamente por el Gobierno español, que pretendía y pretende resolver una grave dificultad de los países en vías de desarrollo que no pueden contribuir con las cuotas previstas al sistema de financiación del ICCAT. España ha promovido este cambio, lo ha impulsado, ha convencido a los países desarrollados con economía de mercado, de acuerdo con la propia terminología de Naciones Unidas, para que apoyen esta modificación y, tras cuatro años de largo y difícil trabajo, se llegó a un consenso, que es el que hoy está sometido a la ratificación de la Cámara. Por consiguiente, señor Durán, estamos planteando prácticamente la supervivencia de la Comisión de la ICCAT, y usted sabe muy bien, por sus propias responsabilidades, que este tema es de la máxima importancia para nuestra industria pesquera, para un sector importante de nuestra actividad económica. En segundo lugar, quiero decirle que el propio artículo 3 de la Comisión, de la ICCAT impediría, en el caso de apoyar su enmienda, que ratificásemos la Comisión, porque se exige la firma del Protocolo de todos los países desarrollados con economía de mercado. Si España no ratificase este Protocolo, ciertamente no entraría en vigor, lo cual nos lleva a la argumentación a la que yo antes me refería y que creo que S.S. compartirá. Por lo demás, le puedo decir, y creo que usted estará de acuerdo, que el sentido de la enmienda se puede alcanzar sin necesidad de modificar el Convenio de la ICCAT. Es decir, basta una resolución interna de la propia Comisión para que abordemos el problema de las redes de deriva en la pesca de túnidos en el Atlántico, que ciertamente es de máxima preocupación para el Gobierno.
Nuestro Grupo --y con esto termino-- ha estudiado las iniciativas parlamentarias que están en este momento tramitándose en la Cámara, concretamente una de su Grupo y otra del Grupo de Izquierda Unida, y puedo decirle, en nombre de mi Grupo, que desearíamos llegar a un acuerdo sobre esta materia buscando un punto de encuentro entre todos los grupos de la Cámara, tomando como punto de referencia las iniciativas parlamentarias a las que me he referido, las dos proposiciones no de ley, la suya especialmente porque estamos tramitando en este momento esta enmienda. Nuestro Grupo buscará el consenso en la literalidad de la moción, sobre la que en este momento sería difícil pronunciarse, pero quiero decirle que compartimos el espíritu y el sentido de la proposición no de ley que su Grupo ha presentado.
Dicho esto, señoría, le pediría que el Grupo Parlamentario que usted representa retirase la enmienda, que votáramos conjuntamente este Protocolo, porque de esta manera daríamos una solución satisfactoria a este grave problema que está planteado en la Comisión del ICCAT, y que inmediatamente nos pondríamos a trabajar en el encuentro, en el consenso dentro del espíritu de la moción que usted tiene presentada. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Curiel.
Señor Durán, tiene la palabra.


El señor DURAN NUÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Curiel. Agradezco sus palabras, el comentario que nos ha hecho. Creo que, para tranquilizar a la Cámara, hay que señalar que aquí no estamos ratificando la ICCAT en sí, sino que estamos ratificando un Protocolo y debatiendo una enmienda a un Protocolo, por el que quieren que paguemos unos seis países y, si pagamos los seis países, que los funcionarios cobren. Eso es todo lo que estamos ratificando, nada más. Es decir, la ICCAT sigue funcionando, mal o bien, de los veintidós países sólo asisten dieciséis y, de ellos, sólo pagan cuatro. Esto es realmente de lo que se trata. Parece ser que España es uno de los países que paga y por esto se nos trae el Protocolo.
Dicho esto, sí es verdad que nuestro Grupo ha presentado una proposición no de ley, similar a la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la cual lo que pedimos, como usted sabe muy bien porque, incluso, lo hemos discutido fuera de la Cámara, es negociar ante las pertinentes instancias comunitarias el establecimiento de un severo control en el cumplimiento de la normativa comunitaria en cuanto a la utilización de las volantas pelágicas en la pesca del bonito. Esto es lo más importante. Como usted sabe, señor Curiel, señor Presidente, los franceses, hasta finales de diciembre de 1993, van a seguir pescando con las drifting nets, con todo lo que esto quiere decir, incluso de competencia desleal con nuestros pescadores. Pero, repito, si se pesca con las drifting nets, el mercado riquísimo de Estados Unidos para la conserva española quedaría cerrado.
Esto es lo más importante.
Yo entiendo que SS.SS. ven positivamente y adoptan un cierto compromiso para apoyar nuestra proposición no de ley. Si esto es así, señor Presidente, retiramos la enmienda y nuestro Grupo, como siempre, va a dictaminar favorablemente el Tratado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Durán. Retirada la enmienda, pasamos al siguiente punto del orden del día.


DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:

--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA

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PARA LAS ISLAS BALEARES (ORGANICA) (Número de expediente 127/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Punto IX del orden del día: Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía.
Debate relativo a la propuesta del Parlamento de las Islas Baleares de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.
En nombre del Parlamento de las Islas Baleares, tiene la palabra, en primer lugar, don Juan Huguet Rotger.


El señor HUGUET ROTGER (Diputado del Parlamento de las Islas Baleares): Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de las Islas Baleares la posibilidad de poder estar en esta Cámara para defender la reforma del Estatuto propuesto por el Parlamento balear.
Acudimos a esta tribuna del Congreso de los Diputados con una doble e indisoluble conciencia. Lo que me trae a esta asamblea, lo que pretendo defender ante SS.SS. se asienta primero en mi condición de pertenencia a un grupo político, pero también en la seguridad de que hablo legítimamente en nombre del pueblo de las Islas Baleares. Hoy puedo y aun debo darle a mis palabras no sólo el matiz de mis convicciones políticas de grupo, sino, a la vez, la firmeza de que quien se expresa en nombre de una Comunidad encarnando la representación de sus instituciones democráticas y públicas asume una alta y noble responsabilidad.
El Parlamento de las Islas Baleares tiene aprobada por amplísima mayoría una reforma de Estatuto cuyo contenido se inspira y se adapta al pacto autonómico de 1992 y para que esta voluntad política mayoritaria en la Cámara autonómica pueda prosperar definitivamente, comparecemos en esta tribuna de las Cortes Generales solicitando su atención y reclamo que convaliden los deseos de ampliar la dimensión del Estatuto que nos rige en nuestra Comunidad Autónoma.
No sé a ciencia cierta a qué azares históricos, sociales o legales imputarlo, pero convendrán conmigo que no deja de ser una paradoja tremenda que las Islas Baleares no hayan sido aún jurídicamente consideradas una Comunidad histórica. Elementos sustanciales para ello ni le faltan ni le son discutibles sociológicamente. Poseemos una lengua propia de las Islas Baleares, distinta de la lengua castellana, y hasta los decretos de Nueva Planta de Felipe V se gobernaban con instituciones propias multiseculares, y con acuerdo a ello se ha forjado una personalidad colectiva muy acusada y genuina a lo largo de los siglos.
No obstante, la coyuntura de la transición hizo que la reconstrucción de nuestra personalidad tuviera que fraguarse por la vía del artículo 143 de la Constitución española y no por la del 151. Es, pues, nuestro camino jurídico como Comunidad Autónoma con el que estamos comprometidos, y a él nos acomodamos, pero no estamos en él dormidos; antes bien, nos ha servido de plataforma desde la cual aceptar lo que nos ha sido dado y, a la vez, reiterar permanentemente la mejora estatutaria. Hoy es el día en que esa constancia va a dar un paso preciso, evidente y claro, y lo hacemos no desde demandas grotescas o extemporáneas, sino desde la armonía del conjunto de las comunidades autónomas que viven en el mismo proceso de crecimiento de marco estatutario.
Permítanme que señale, llegado este punto, una de las virtudes de este proceso, y es que las reclamaciones autonómicas de Baleares encajan y se adaptan al ajuste general de la estructura territorial del Estado en lo que atañe a las comunidades del artículo 143. No podemos dejar de reconocer que en Baleares las aspiraciones eran mayores. Así lo ha dicho en múltiples ocasiones la formación política a la que pertenezco, el Partido Popular, que gobierna en nuestro archipiélago desde hace diez años. Incluso hemos propuesto por ahora la defensa de aquella otra propuesta de reforma de nuestro Estatuto que era mucho más profunda. Hemos sabido y hemos querido con ello aparcar temporalmente una parte de nuestros derechos particulares en beneficio de un compromiso superior llamado España y que debe proyectarse en la unidad de todos sus pueblos, regiones y nacionalidades.
He aquí, señoras y señores Diputados, la razón primera que nos mueve a aceptar el pacto autonómico suscrito con el Partido Popular, el Gobierno de la nación y el Partido Socialista.
Todo cuanto se derive de él en términos de ampliación de competencias es entendido como bueno, aplicándole a la afirmación un sentido evolutivo de las cosas. Tras la aplicación de los acuerdos autonómicos estaremos mejor que en 1983, en que el Estatuto de Baleares fue puesto en práctica por primera vez, y consecuentemente esperamos en un futuro próximo estar aún mejor de lo que deparará la reforma que hoy aquí defendemos. Ahora bien, coherentes con las apelaciones de las raíces lingüísticas e históricas mencionadas al comienzo de mi intervención, Baleares, como Comunidad Autónoma, también debe manifestar, y lo hace hoy ante el Congreso de los Diputados, sin titubeos ni ambages, que el pacto autonómico no supone el paso definitivo ni mucho menos el paso final. No podemos renunciar ni renunciamos a lo que establece la propia Constitución. Sería ir en contra de las previsiones y posibilidades de la misma Carta Magna que contiene el Título VIII, que aún no ha sido aplicado íntegramente. Eso sí, estamos ante una etapa que debe invitarnos a seguir adelante con esperanza.


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Lo expuesto hasta aquí, ¿adónde nos conduce? Desde mi punto de vista, a una conclusión clara, y es que el pacto es necesario pero no suficiente; estimable pero no culminante. Entendemos que la reforma del Estatuto, cuyo asentimiento pedimos a esta Cámara, supone, en realidad, abrir un proceso, pero, en modo alguno, cerrar el desarrollo estatutario de Baleares ni el desarrollo constitucional. Con esta reforma perfeccionaremos el Estado de las autonomías, porque nunca una vertebración de un Estado en la forma en que diseña la Constitución podrá ser estanca o inmutable para siempre. La gran virtud de un Estado autonómico frente a otro centralizado es la de no caer el primer modelo en la petrificación que padece el segundo. Espero que no se interpreten estas palabras en un sentido hostil para con la Administración central del Estado, no es mi propósito. El Partido al que represento y el Parlamento autonómico en cuyo nombre intervengo consideramos que las comunidades autónomas no son sistemas opuestos al Estado, sino elementos de un cuerpo articulado que configuran un mismo Estado. Por tanto, han de poder acceder, todas sus partes a los procesos de decisión unitaria. Según el espíritu de la Constitución en materia territorial, todo cuanto se haga en bien de las autonomías se hace en bien del Estado y nunca en contra de él.
Señorías, después de la Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a las Comunidades Autónomas y de la posterior modificación de los estatutos de autonomía, todo ello fruto de un pacto autonómico de madurez política, podemos afirmar que el modelo autonómico, salvo en los casos pendientes de Ceuta y Melilla ha alcanzado un grado aceptable de desarrollo en lo que a nivel competencial se refiere, aunque esto no impide en ningún caso, sino que alienta, a seguir elevando ese techo competencial conforme a los preceptos constitucionales.
Quiero acabar reiterando la necesidad de que la reforma del Estatuto de Baleares, tal y como se desprende del pacto autonómico, ha sido un buen ejemplo de acuerdos a gran escala.
De ahí que los representantes políticos del Parlamento de las Islas Baleares haya, al menos la mayoría, aceptado el proyecto de reforma si va en aras de una razón de Estado, en el bien entendido que el Partido Popular de Baleares y sus legítimos representantes en el Legislativo regional tenemos una vocación autonómica final, que es equipararnos con las autonomías históricas del 151. Así nos lo demandan los ciudadanos, así está escrito en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Baleares, así lo merece históricamente nuestro archipiélago, y en nombre de las Islas Baleares, a las que tengo el honor de representar hoy ante esta Cámara, pido a todos ustedes el apoyo a esta reforma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Huguet.
Tiene la palabra don José Alfonso Villanueva.


El señor ALFONSO VILLANUEVA (Diputado del Parlamento de las Islas Baleares): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como Diputado del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de las Islas Baleares, tengo el honor hoy de pedir a SS.SS. la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Cuando el 6 de diciembre de 1978 el pueblo español ratificaba la Constitución, se producían, en mi opinión, dos hechos fundamentales: se reemprendía el camino democrático de España que nos habían arrebatado y se abordaba decididamente el proceso hacia el reconocimiento de que España es una nación plural y que esta pluralidad debería manifestarse en la configuración política del Estatuto.
El Título VIII ponía claramente de manifiesto que el punto de partida de esta diversidad no era el mismo para todos, pero también que el resultado final había de tener un grado de homogeneidad tal que todos los pueblos de España sintieran que su nivel de autogobierno era, dentro de la diferenciación, sensiblemente igual para todos. De ahí que la Constitución y el propio Estatuto posponían a cinco años la posibilidad de ampliar los límites competenciales y, en definitiva, acercar estos límites entre todas las autonomías. Fruto de esta posibilidad y, obviamente, del deseo de todas las autonomías de acceder a mayores niveles de autogobierno, fue el pacto autonómico de 1992, la Ley Orgánica y la proposición de ley de reforma que hoy el Parlamento de las Islas Baleares somete a las Cortes Generales.
Desde el Partido Socialista defendemos con orgullo esta reforma, que constituye, en nuestra opinión, un paso importante en el camino hacia la efectiva igualdad competencial entre todas las comunidades autónomas. Siendo un paso importantísimo, hay que decir que no es ni debe ser el último o definitivo. Como dice muy bien el preámbulo del pacto autonómico, la Constitución de 1978 estableció los principios que articulan la organización territorial del poder, sin consagrar una ordenación cerrada o estática del mismo. Dentro de este espíritu debe entenderse el mantenimiento en el texto estatutario del artículo 16, que establece un nuevo plazo de cinco años para reiniciar para nuestra autonomía un nuevo proceso de asunción de competencias; proceso que, en todo caso, se justificaría cuando el ejercicio efectivo de las actuales hubiera servido para mejorar la efectividad de los servicios públicos, acercar la Administración a los ciudadanos y hacer más transparente, conocida, eficaz y, en consecuencia, más asumida por estos mismos ciudadanos la gestión de la cosa pública. Son estos los objetivos del proceso autonómico, y a ellos hemos de dirigir todos nuestros esfuerzos.


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En este sentido, señorías, se está haciendo cada vez más necesario que cada comunidad autónoma adapte su funcionamiento institucional a sus peculiaridades, a la vez que se configura una democracia completa en las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143. En estos momentos, la principal diferencia política entre los dos grupos de autonomías no es de su nivel competencial sino de la organización y funcionamiento de sus instituciones.
Se hará necesario adoptar una solución, evidentemente con el más amplio consenso, con el fin de que las asambleas autonómicas tengan el auténtico papel que les corresponde en un Estado ampliamente descentralizado y en el que las autonomías tienen amplias competencias legislativas y efectivas. Así, va a resultar imprescindible pasar de unas comunidades autónomas con casi total preponderancia del Poder Ejecutivo (todas las del artículo 143) a unas autonomías en las que el equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo esté garantizado, en las que la función parlamentaria sea la normal de los Diputados, y que el Ejecutivo no considere, como hasta ahora, que los Parlamentos son unas Cámaras molestas que sirven para elegir un presidente y aprobar unos presupuestos.
En nuestra Comunidad, tras diez años de autonomía, se están detectando disfunciones importantes en la inicial configuración institucional. Por citar algunas, la doble condición de Diputado y Conseller será, sin duda alguna, después de asumir las competencias previstas en esta reforma del Estatuto, un problema muy grave para el funcionamiento normal del Parlamento y de los Consells y se agravará más en el momento en que a éstos se les transfieran competencias de la autonomía.
Otro grave problema es la dificultad que tiene cualquier Parlamento autonómico de la vía del artículo 143 de la Constitución, para afrontar el control efectivo de los ejecutivos. Por ello, creo que la profundización del Estado de las autonomías no puede pasar únicamente por una cuestión competencial. Pienso que el debate y el consenso deberán centrarse, en los próximos años, en aspectos institucionales del tenor de los manifestados, con el fin de llegar al objetivo previsto en la Constitución, que no hemos de olvidar es que respetando los hechos diferenciales de cada nacionalidad o región, todas las autonomías tengan una igualdad, hayan empezado o no por el artículo 151.
La aprobación de la reforma que hoy pido a SS.SS. en nombre del Parlamento de las Islas Baleares, es un paso imprescindible para este objetivo, para el objetivo de seguir profundizando en la consolidación del Estado autonómico. Por ello, dándoles las gracias anticipadas, espero su voto afirmativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alfonso.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, Esquerra Republicana ha ido apoyando las diferentes reformas que se han presentado en esta Cámara, a pesar de no compartir el espíritu que alimentaba esta especie de reedición del famoso café para todos; un espíritu que no nacía del pacto con cada comunidad y de la voluntad de resolver la especificidad de esa comunidad, sino de un pacto PSOE-PP que tenía precisamente como objetivo la homogeneización. Es así de paradójico, pues, pero esta reforma generalizada, que incluso prevé la creación de comisiones sectoriales para articular las actuaciones de las diferentes administraciones públicas y que funcionará por unanimidad o por reglas de mayoría, lo cual significa en la práctica que una decisión tomada por ejemplo en las Islas Baleares puede ser invalidada por otras comunidades, esta reforma generalizada, digo, no responde a una voluntad de descentralización sino precisamente a una concepción homogénea del Estado. Pero hemos votado a favor siempre porque entendemos que lo poco que se llevan las comunidades autónomas es mejor que nada y porque esperamos que la propia dinámica autonómica consiga, al final, modificar este espíritu centralista.
Llega ahora el turno al Estatuto de las Islas y es en este Estatuto donde fijamos nuestro sí más crítico: Primero, porque es una reforma --¿reforma del Estatuto o contrarreforma, señorías?-- que dista años luz de la reforma que aprobó, el 29 de enero de 1991, el Parlamento balear con los votos de todos los partidos menos el del PSOE que se abstuvo, incluyendo los votos del PP balear, que más tarde, por mor de la disciplina al PP español, se comió sus anhelos de reforma. Esperemos que sea una renuncia transitoria.
Contrarreforma también porque aleja a las Islas de un «status»

político coherente a su condición de nación histórica. El espíritu de la reforma del Parlamento balear recogía esta condición. El espíritu de la reforma actual equipara la condición nacional de las Islas a una condición regional, la regionaliza y, regionalizándola, la deja fuera de aspectos básicos de soberanía como son la sanidad, la policía autonómica o, muy especialmente, aspectos de planificación económica en el sentido en que, por ejemplo, se discuten en Cataluña o ya se tienen en el País Vasco. Ello es especialmente grave no sólo por la rebaja política de primera magnitud que representa para las Islas esta contrarreforma, sino también por la indefensión económica en que la deja.
Las Islas se quedan fuera de la posibilidad de tener instrumentos económicos para resolver su situación de crisis; fuera de la posibilidad de una banca propia, por ejemplo; de concierto económico, de incentivos fiscales

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para sus empresas, etcétera, cuando todos estos instrumentos políticos serían básicos para reforzar su economía, puesto que la situación de dependencia absoluta del Estado las ha dejado con una economía muy erosionada. ¿Conocen SS.SS. los datos? Con la magnífica negociación que en su día hizo un memorable Ministro con la CEE, se ha hundido, por ejemplo, la comercialización de la almendra en las Islas. Con el decretazo de hace dos años, que recortó las prestaciones del paro a los trabajadores estacionarios, que son una gran mayoría, las Islas dejaron de ingresar por residentes más de 5.000 millones de pesetas, y con el 15 por ciento del IVA aplicado a los hoteles de lujo, en contra de la opinión de los agentes del sector y del Gobierno balear, que hacían grandes esfuerzos para mejorar la oferta hotelera, se ayudó a deteriorar más la situación. Con el 15 por ciento de IVA, por ejemplo, a los vuelos , que no estaban antes gravados, el sector quedó definitivamente tocado. Podríamos eternizarnos con datos parecidos. Las Baleares son la Comunidad que más paga al Estado y una de las que menos recibe. Son el 1,8 por ciento de la población, pero pagan el 2,6 por ciento del total. La inversión pública del Estado, en cambio, no ha llegado al 1,4 por ciento durante los últimos 20 años.
Un último dato, sacado de un informe del diario El País del lunes pasado: cada habitante de las Islas produce un 40 por ciento más del PIB que la mediana; en cambio, su renta familiar no llega al 20 por ciento. Los gastos sociales del Estado, que en Asturias o en Extremadura llegan al 28 por ciento, sólo representan el 17 en las Baleares.
, decía el lema electoral de Esquerra durante la pasada campaña. Los datos me parece que son elocuentes, y el problema fundamental es que con esta reforma estatutaria, surgida del pacto del Estado, las Islas no van a tener mecanismos políticos para cambiar esta situación. Estafa, pues, política, pero también económica.
Acabo con un apunte en positivo. La reforma va a permitir que se traspasen las competencias en Educación, y ello es muy importante para consolidar la lengua catalana y la cultura específica de las Islas. Hasta ahora, sin embargo, las Islas eran la única Comunidad con lengua propia que no tenía estas competencias. ¿Pero cuándo llegarán? Según el pacto, no antes de 1996-1997. Ello significa que las Islas van a estar aún muchos años como territorio MEC, y sin poder por tanto desarrollar la normalización lingüística, lo cual atenta directamente a la consolidación de su idioma y de su cultura.
Esquerra Republicana va a votar que sí, pero es un sí muy crítico. De hecho me atrevo a decir, como diría el poeta, que es un sí que nos duele en el alma.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, sean mis primeras palabras de salutación a los honorables portavoces de las Islas Baleares que han defendido aquí la proposición de ley de reforma del Estatuto de las Islas Baleares, en nombre de mi Grupo (Convergència i Unió) y en el mío propio. También deseo hacerlo efectivo para que lo trasladen a los miembros del Parlamento de las Islas Baleares. Como viene siendo habitual en mi Grupo (Convergència i Unió), vamos a votar favorablemente la iniciativa del Parlamento de las Islas Baleares para la reforma del Estatuto de Autonomía. No deja de ser un motivo de satisfacción esta reforma, ya que con ello vamos haciendo la configuración autonómica del Estado español.
Motivo de satisfacción doble en el caso de las Islas Baleares, por lo importante que resulta en esta Comunidad su tradición histórica, su derecho y su identidad propia, como fue el antiguo Reino de Mallorca.
Se han cumplido holgadamente las previsiones constitucionales del artículo 143, y en el transcurso de las mismas se ha evidenciado que por parte del Parlamento de las Islas Baleares hay una voluntad propia de profundización de su autonomía y lo está demostrando con la reforma de dicho Estatuto. La reforma del Estatuto de las Islas Baleares presupone una ampliación importante del margen de sus competencias, que les serán asignadas por la votación del mismo. No deja de ser importante que, a partir de esta reforma, van a conseguir competencias exclusivas que antes no tenían en temas tan importantes como son las fundaciones, la industria, la publicidad y en materias importantísimas --se lo digo por experiencia, por las competencias que tenemos en la Generalitat de Catalunya--, como es la competencia exclusiva en la tutela de menores. Van a asumir competencias de desarrollo legislativo, que antes no tenían, en temas tan importantes como enseñanza y en las corporaciones profesionales y económicas. También asumirán competencias de ejecución en cuanto a la propiedad industrial e intelectual y a la gestión y planificación económicas.
No deja de ser una realidad importante la reivindicación por parte de las Islas Baleares en la tutela de menores, competencia no reivindicada por otras autonomías que, igual que ustedes, están en las mismas condiciones. Este hecho demuestra una importante voluntad por parte del Parlamento de las Islas Baleares de profundizar en su Estatuto de Autonomía.
Como ya he dicho al principio de mi intervención, nuestro voto va a ser favorable a la iniciativa que ha presentado el Parlamento de las Islas Baleares, porque no deja de ser un adelanto y una profundización en la

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configuración autonómica del Estado español. Sería deseable que fuera asumida por la mayoría de los miembros de la Cámara sin el mínimo titubeo.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, desde mi sincero respeto al Parlamento balear y a los dignos representantes del mismo que hoy nos acompañan, pero también desde la coherencia política y desde la concepción que del Estado tiene Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifiesto que mi Grupo va a votar en contra de esta propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares, posición que es idéntica, por otra parte, a la mantenida por Esquerrà Unida de las Islas.
Me refiero concretamente a esta propuesta porque, como SS.SS.
ya conocen, en esta Cámara entró en su momento otra proposición, anterior a la que hoy debatimos, aprobada por mayoría absoluta del Parlamento balear el 20 de enero de 1991, y a la que, con gran satisfacción, nuestro Grupo votaría favorablemente si fuera sometida a nuestra consideración, aunque mucho me temo, señorías, que no tendremos esta oportunidad. Siendo esto así, ¿no sería procedente que se clarificase esta situación? ¿No tiene derecho el pueblo de las Islas a conocer qué va a pasar con su primera propuesta de reforma? ¿No es suficiente el desconcierto creado en la sociedad de las Islas por estas dos proposiciones tan contradictorias entre sí en la regulación de un derecho esencial como es el de la profundización en el autogobierno? ¿Se pretende retirar la proposición no de ley 926/1990, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares? Si es así, dígase, porque, señorías, hoy por hoy tenemos en esta Cámara dos textos de reforma que constituyen una evidencia escrita magistral de aquel dicho de «donde dije digo, digo Diego».
Por voluntad del Parlamento balear vamos a debatir hoy sobre la propuesta que deriva del pacto autonómico y que, como habrán podido observar SS.SS., es una fotocopia de otras que, teniendo su origen también en el mismo pacto, hemos discutido estos días.
Nada más ilustrativo, señorías, para comprender la naturaleza de una y otra reforma, que la lectura de sus respectivas exposiciones de motivos. En la primera, la de 20 de enero de 1991, la que surge del impulso normativo del propio Parlamento balear, se dice: El pueblo de las Islas Baleares, que accedió a su autogobierno mediante el Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, dentro de los mismos principios y espíritu que presidieron su acceso a la condición de Comunidad Autónoma y deseando tener el mayor grado de autonomía constitucionalmente prevista, entiende que habiendo transcurrido los plazos establecidos en el artículo 148.2 de la Constitución, resulta imprescindible una ampliación sustancial de sus competencias estatutarias que ayuden a un auténtico y más eficaz desarrollo social, económico, cultural y político de las Islas Baleares.
La exposición de motivos de la que se somete hoy a nuestra consideración, dice: Como consecuencia de la firma del pacto autonómico entre los Partidos Socialista y Popular, el 23 de diciembre se aprobó la Ley Orgánica 9/1992, de Transferencia de Competencias a las comunidades autónomas. Procede, pues, incorporar el contenido de la citada Ley al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Esto es exactamente en lo que consiste esta propuesta de reforma: en incorporar el contenido de la citada Ley al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Incorporarlo de tal manera que no se ha podido hacer la mínima corrección, la menor enmienda, debiéndose asumir las 32 competencias que introduce tal y como fueron redactadas desde Madrid.
¿Consideran SS.SS. que éste es el espíritu de nuestra Constitución? Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cree, por el contrario, que, en este proyecto de reforma, las formaciones políticas mayoritarias de las Islas Baleares contraen la responsabilidad histórica de renunciar voluntariamente al techo competencial contemplado en el artículo 148 de la Constitución, que permite asumir las máximas competencias a los cinco años de la promulgación del Estatuto, renunciando por tanto a la consideración de comunidad histórica a la que por cultura, lengua y tradición le corresponde.
Sólo con gran ironía, señorías, se puede considerar esta reforma como el desarrollo del derecho de autonomía. Un diputado del Parlamento Balear, en el curso de los debates del proceso de reforma, recordaba la procedencia etimológica de la palabra autonomía, , es decir, palabra propia. Díganme, señorías, si cabe mayor ironía que hablar de ampliación de autonomía cuando ni una sola palabra propia del Parlamento Balear se ha podido incoporar al texto que hoy debatimos y que con toda seguridad vamos a aprobar.
Atrás quedan, en el otro proyecto de reforma, temas tales como el sistema de financiación, policía autonómica y el deseo del pueblo de las Islas de gobernar por sí mismo derechos tan fundamentales como los de sanidad y educación. Quedan también excluidos o pospuestos a cinco años --en este tema hay interpretaciones--contenidos tan principales como aquellos que tenían por objetivo el fortalecimiento de las instituciones autonómicas, especialmente el Parlamento, y las que proponían dar una mayor entidad política a los consejos insulares. Y no nos queda en este caso, señorías, ni el consuelo de pensar que la asunción de estas competencias

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supone un paso adelante. No podemos porque, al contrario de lo que ha sucedido en otros debates de reforma, podríamos estar hoy aquí debatiendo una proposición de ley respecto de la cual la que hoy se somete a nuestra consideración representa un gran paso hacia atrás. Entendemos también, señorías, que no hay ningún motivo, ni de orden constitucional ni de conveniencia política, que obligue a las comunidades autónomas a respetar un pacto político que las amordaza de tal manera, por muy legítimo que sea dicho pacto.
Por todas estas razones, pero, sobre todo, porque Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende aquí y en las Islas el derecho de todos los pueblos del Estado español a profundizar en el autogobierno, en el camino hacia el Estado federal, y porque sentimos un profundo respeto hacia las instituciones de autogobierno, nuestro Grupo, como he señalado al inicio de mi intervención, no puede votar favorablemente esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivadulla.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gilet.


El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señorías, interviene este Diputado por vez primera ante este Congreso para, precisamente, fijar postura por parte del Grupo Popular respecto a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Me sumo, como es lógico, a la salutación a los diputados del Parlamento balear, con los cuales he compartido --con uno de ellos concretamente-- años de compañerismo en el Parlamento y en el Gobierno --me estoy refiriendo al señor Huguet-- y, con el otro, años de confrontación parlamentaria --me estoy refiriendo al señor Alfonso.
Efectivamente, fijación de postura por parte del Grupo Popular que no puede ser otra que afirmativa, positiva, ante la propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares. Unas Islas Baleares que son la primera comunidad autónoma en renta «per capita» de España y que tiene un producto interior bruto en crecimiento, y no esa visión que se ha dado desde esta tribuna hace escasos momentos de una comunidad --la mía-- que me parecía no reconocer.
Las razones de la postura positiva son varias, pero, en primer lugar, yo diría que se trata de una visión optimista del texto que se propone a aprobación; una visión que contempla más lo lleno que lo vacío; una visión que no pretende ser negativa, sino todo lo contrario, positiva. Aparte de ello, existen otras razones, que concisamente voy a reseñar.
En primer lugar, cumplimiento de los acuerdos autonómicos de febrero de 1992. La propuesta que discutimos trae causa de aquellos acuerdos y el Partido Popular cumple, no solamente lo firmado, sino también sus promesas.
En segundo lugar, ampliación competencial. Más que cuantitativamente hablando, cabría referirse a una cuestión cualitativa; es decir, al ámbito de ejercicio de esas competencias, pero también a subsanación de errores, como materias de menores; a esclarecimiento interpretativo, como aguas o recursos hidráulicos, o a pacificación interpretativa, como el juego. Todo ello representa, al fin y a la postre, una ruptura en esa inercia, en esa pasividad que arranca desde 1984 y que finaliza en febrero de 1992 con los acuerdos autonómicos suscritos entre el Gobierno socialista, el Partido Socialista y el Partido Popular.
De aquellos primeros pactos de 1981, surgidos del informe de la comisión de expertos, han transcurrido demasiados años, han surgido demasiados problemas, han nacido demasiadas ilusiones para que la respuesta del Gobierno socialista se haya producido desde una pasividad, desde una insensibilidad, desde un silencio gubernamental.
Por ello, bienvenida sea esa ruptura, bienvenidos sean esos acuerdos y bienvenida sea esta reforma de que traen causa.
Porque, al fin y a la postre, es una ruptura que representa un avance, un paso hacia adelante, que no culmina, que no cierra ningún proceso autonómico. Son palabras ratificadas ayer por el Ministro para las Administraciones Públicas en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, señor Saavedra, el cual manifestó bien claramente que bajo la viña del Señor nada ha finalizado. Y que deseo que consten hoy aquí. Paso importante.
Cabe añadir que esos acuerdos autonómicos, a que tantas veces me he referido, significaron y significan un olvido de un problema gubernamental para elevar ese problema a una solución de Estado. En ese punto entiendo sumamente trascendente el establecimiento explícito de lo que es el principio de cooperación. Principio de cooperación que si bien no tiene su reflejo constitucional, sí ha sido posteriormente desarrollado en la doctrina constitucional. Principio de cooperación que representa, en primer término, el ejercicio de una igualdad autonómica. Nos estamos refiriendo a que la Constitución no establece dos clases de comunidades autónomas, sino dos modos de acceder a la autonomía. En segundo término, una unificación de esfuerzos en la estructuración real y efectiva del Estado de las autonomías, de España como Estado de las autonomías. En último término, respeto mutuo y recíproco, que significa unanimidad en la adopción de acuerdos en las conferencias sectoriales desde el respeto a la soberanía competencial de la Administración central, de las Administraciones autonómicas.
Por eso, entendemos que esas conferencias sectoriales que se reflejan en la Ley 9/1992 son de suma importancia, son de suma trascendencia, al efecto de poner en funcionamiento ese

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principio de cooperación. Estas razones, cumplimiento de los acuerdos autonómicos, ampliación competencial y explicitación del principio de cooperación, son las que amparan el voto afirmativo, la postura afirmativa del Grupo Popular a la propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, permítanme, ¡cómo no!, dar la bienvenida a los parlamentarios del Parlamento de las Islas Baleares con quienes también he podido compartir el inicio de esta autonomía que hoy ampliamos para las Islas en un período constituyente.
Estamos aquí para debatir una reforma del Estatuto de Autonomía que es fruto de Ley Orgánica de Transferencias a las Comunidades Autónomas, que suscitó un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias de esta Cámara y de nuestro país. Estamos ante un acto de voluntad de una mayoría representativa, de una mayoría social de ciudadanos en nuestro país. No es el momento, por consiguiente, de entrar en discusiones o en análisis que se hacen más bien por personas que conocen a las Islas casi desde un punto de vista turístico.
Alguna de las intervenciones que he oído desde esta tribuna me ha recordado un libro de fino e irónico humor inglés, el «Sí, Ministro» donde, en un apartado, el Ministro correspondiente se montaba en una salchicha y hacía una magnífica campaña electoral diciendo que la salchicha británica no podía quedarse fuera del Mercado Común, que la salchicha británica se convertía en el centro de las necesidades políticas de todo un país. Alguna de las intervenciones sobre la almendra, sobre la renta familiar disponible en las Islas Baleares o sobre la crisis turística me han venido a recordar perfectamente esta anécdota que la tomo como es, como una anécdota y como un conocimiento superficial de la realidad que tienen de nuestras Islas.
Yo no subía a esta tribuna para responder a las intervenciones de otros grupos, sino más bien para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista y hacer un análisis de lo que han sido estos años, estos largos años de autonomía --diez años llevamos ya-- desde que este Congreso de los Diputados, por la Ley Orgánica 2/1983, aprobara el Estatuto de Autonomía.
Se desarrollaba para nuestras Islas el Título VIII de la Constitución, una obra de ingeniería política que ha dado lugar a que los distintos pueblos y nacionalidades que componen el Estado español hayan visto realizados sus anhelos de autonomía según sus particularidades. En estos diez años que han transcurrido han sucedido bastantes cosas que los ciudadanos difícilmente pueden recordar. En el camino ha habido distintos avatares hacia la autonomía, se han ido venciendo incomprensiones y dificultades. Quiero recordar algunos de los aspectos del debate que tuvo lugar en esta Cámara cuando se aprobó este Estatuto.
Baleares accedió a la autonomía, pero es necesario hacer un ejercicio intelectual para comprobar no sé si el oportunismo o la maduración de alguna fuerza política. Recordar que quienes negaban nuestra lengua catalana hacen hoy normalización lingüística; que quienes rechazaban la bandera autonómica hoy se envuelven en ella; que quienes negaban el sistema de representación política previsto en el Estatuto hoy gobiernan con él, puede ser un magnífico ejemplo de madurez democrática sólo interrumpido, eso sí, por alguna que otra tentación infantil que aquí se ha puesto en evidencia. El Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado dos reformas distintas y contradictorias con el concurso de una misma fuerza política, la que gobierna la Comunidad Autónoma. Hoy hemos oído que no se cierra el proceso de autonomía para las Islas Baleares, algunos quieren estar donde nosotros estábamos hace ahora 16 años, queremos que nuestra Comunidad Autónoma tenga las competencias propias de una comunidad histórica, como lo son las de la vía del artículo 151 de la Constitución.
Sin embargo, esto es sólo un recuerdo que queda para la historia. El sentido de responsabilidad ha primado en los últimos años, y hoy asistimos a la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares con la satisfacción que dan la normalidad y el buen funcionamiento del sistema democrático, que logra el consenso para desarrollar preceptos constitucionales que a todos nos atañen. Y hay que congratularse por ello. Una reforma que --como ya he dicho-- ha sido capaz de concitar el consenso que faltó en el momento de acceder a la autonomía y que consolida y fortalece el Estatuto entonces aprobado, dotándolo de nuevas competencias que van a realizar los anhelos de autonomía de los ciudadanos de las Islas Baleares, es para felicitarse.
Por ello, quiero hoy destacar aquí algunos aspectos singulares que para las Islas Baleares y sus ciudadanos tiene la reforma que hoy aprobamos. Además de las competencias a las que acceden el resto de las autonomías de la vía del artículo 143 de la Constitución Española y la racionalización del Estado autonómico, a la que se contribuye con esta reforma, para las Islas Baleares tiene aspectos singulares, el transporte marítimo interinsular, o las obras hidráulicas son, repito, aspectos que afectan de una manera muy directa a nuestra autonomía.
Por otra parte, Baleares era la única Comunidad Autónoma con lengua propia que no disponía de competencias

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en materia de educación. Esta reforma permite a los ciudadanos de las Islas Baleares acceder a esta competencia, especialmente importante para conseguir la recuperación y el uso normal de nuestra lengua catalana, todo ello manteniendo y garantizando un adecuado funcionamiento del sistema educativo y garantizando también su solidaridad y sus sistema de igualdades.
En conjunto, podemos afirmar que hoy somos más autónomos, que somos más responsables de nuestro destino como islas, que nos sentimos orgullosos de vivir en un Estado, España, que ha dotado a sus comunidades de autonomía suficiente para desarrollar y afirmar sus propias personalidades. Y lo hacemos, en el Grupo Parlamentario Socialista, desde la solidaridad que requiere participar en una empresa colectiva en la que todos aportamos lo individual para enriquecer el conjunto.
En este sentido, es preciso recordar hoy aquí que las Islas Baleares han vivido, a lo largo de su dilatada historia, grandes períodos de desencuentros unas con otras. Pero desde la Constitución de 1978, primero con la preautonomía y muy especialmente con el Estatuto de Autonomía del 1 de marzo de 1983, los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se han reencontrado en un camino común. Están aprendiendo a convivir, se han mejorado las relaciones humanas, comerciales y sociales, se han potenciado los elementos de personalidad común, como la lengua, y se han establecido, a través del Estatuto de Autonomía, los instrumentos adecuados, los consejos insulares, capaces de acercar la Administración autonómica y de hacer sentir la autonomía en cada una de las islas y para todos los ciudadanos. Su escaso grado de desarrollo no es óbice para que los valoremos muy positivamente, dada la singularidad que vienen a reconocer: la insularidad. Algún grupo tiene más responsabilidad que otros en este tema, pero la insularidad, que singulariza casi todo (transportes, administración, economía, el conjunto de factores que inciden en la sociedad de las Islas Baleares), también debe ser desarrollada por quienes son los responsables de la autonomía.
En definitiva, hoy nos podemos congratular por el grado de consenso alcanzado respecto al marco autonómico. Se ha impuesto la racionalidad, y es deseable para el bienestar de los ciudadanos que este consenso se amplíe al desarrollo institucional del propio Estatuto de Autonomía. Sin duda, ello redundará en el bienestar de los ciudadanos, en su grado de aprecio hacia la Administración pública autonómica y en la capacidad de ésta para resolver los problemas que afectan a estos ciudadanos.
Por todo ello, evidentemente vamos a votar a favor de esta reforma del Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 256; en contra, nueve; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de totalidad, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.


--DE LAS CORTES DE ARAGON, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIADE ARAGON (Número de expediente 127/000014)

El señor PRESIDENTE: Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, formulada por las Cortes de Aragón.
Para la defensa de la propuesta, en nombre de las Cortes de Aragón, tiene la palabra, en primer lugar, don Alfredo Arola Blanquet. (Los señores Diputados del Grupo Popular, a excepción del señor Rato Figaredo, abandonan el salón de sesiones.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Ollero Tassara: ¡Viva la ética!--El señor Guerra Zunzunegui: No se exciten.) ¡Silencio, señorías! Tiene la palabra, señor Arola.


El señor AROLA BLANQUET (Diputado de las Cortes de Aragón): Muchas gracias, señor Presidente.
Cómo iba a esperar este humilde diputado regional producir tal ejercicio de gimnasia en estos momentos, pero parece que la gimnasia está muy de moda en estas Cámaras; ayer, en Aragón, también asistimos a distintos desfiles. Cualquier día que tenga más tiempo, señorías, se lo podré explicar.
El 30 de junio de 1993, las Cortes de Aragón aprobaron la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. La firma de los pactos autonómicos de febrero de 1992, produjo en nuestra Comunidad Autónoma una situación política que difícilmente podría resumir hoy ante sus señorías. Si repasan las fechas de aprobación de aquellas otras proposiciones, verán el largo camino y la profunda polémica que se suscitó en Aragón.
Hoy, cuando el objeto de nuestra polémica está ya ante ustedes, se hace más necesario recordar los motivos de aquellos acuerdos, y que impulsan las reformas que hoy tengo el honor de defender ante ustedes: profundizar --primer elemento-- en el desarrollo del modelo autonómico del Estado, realizándolo desde las experiencias pasadas y, por tanto, dentro del ámbito de lo que se ha dado en llamar un pacto de Estado; producir una

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reforma que permitiera aumentar la capacidad de autogobierno y de autoorganización de la Comunidad Autónoma de Aragón, y aumentar el techo competencial de nuestra Comunidad Autónoma, tal como estaba previsto, pasados los plazos de nuestra Constitución y nuestro Estatuto. En consecuencia, avanzar hacia un Estado más descentralizado, en el que las comunidades autónomas garanticen la gestión de los servicios, con mayor proximidad al ciudadano, y procurar mejorar la eficacia y la eficiencia de dichos servicios, pero también un Estado más coordinado, con mejores técnicas de cooperación y, por supuesto, basado también en la solidaridad.
Ha sido un debate duro en Aragón, señorías. Las dudas de los hoy paseantes, de los que hacen llamadas al agravio comparativo, a la lucha de territorios, de los que hacen apelaciones a que se sustituía la autonomía por la delegación, han sido frecuentes en nuestra Comunidad Autónoma. Incluso hubo un Diputado de esta Cámara anteriormente que llegó a decir que si se aprobaba esta reforma había que cerrar las Cortes de Aragón. Pero si, como espero, contamos hoy con su aprobación, las consecuencias del pacto, las consecuencias de la reforma del Estatuto de Aragón serán la mejor prueba de quiénes teníamos razón y quiénes tienen una visión monopolista de la autonomía, tal vez porque no hay actitud más intransigente que la del recién converso.
Solicito, por tanto, señorías, su voto favorable para este texto. Tras su aprobación podremos, en Aragón, profundizar en nuevos debates sobre el hecho autonómico, pero tendremos buena parte de la tarea realizada. Los nuevos debates tendrán, seguro, nuevos y viejos protagonistas, pero esta reforma, la que queremos, la que nos ocupa hoy, depende de su voluntad política, depende de sus señorías.
Por todo ello, les pido, a los unos, que sigan haciendo ejercicio, y a todos su voto.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arola.
Tiene la palabra el señor Gimeno Fuster.


El señor GIMENO FUSTER (Diputado de las Cortes de Aragón): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, traemos hoy a consideración en esta Cámara la Ley de 30 de junio de 1993, aprobada en las Cortes de Aragón.
Somos conscientes, desde el Partido Popular, de que el modelo de organización territorial debe estar sometido constantemente a un continuado debate político. (Los señores Diputados del Grupo Popular vuelven a ocupar sus bancos.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.) El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Ruego guarden silencio. Señor Gimeno, continúe.


El señor GIMENO FUSTER: Gracias, señor Presidente.
La constancia en este trabajo dinámico de reforma y de construcción del Estado de las autonomías la avala la propia interpretación del Título VIII de nuestra Constitución, que ve en este modelo un modelo de actuación dinámica y no estática.
Este marco de actuación debe llevarse obligatoriamente bajo dos caminos, a nuestro entender distintos: el primero, fruto de la voluntad de la mayoría, que, hay que decirlo en esta Cámara de representación nacional, no fue llevada a cabo por el Partido Socialista a lo largo de diez años y que dio pie a que en algunas comunidades autónomas, en algunos territorios del Estado español prosperasen movimientos políticos sustentados unos en nacionalismos históricos y otros en fáciles demagogias y manipulaciones. Y el segundo camino, es el del resultado de unos pactos, de unos consensos. Hoy discutimos en esta Cámara la segunda opción, que nosotros estamos convencidos que tiene que ser el camino real para solucionar los problemas de España. Resultante de esta segunda opción, del acuerdo, del consenso, de la voluntad política mayoritaria de las fuerzas representativas del Estado fue el acuerdo conseguido en febrero de 1992 entre el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular.
Pero no fueron estos los primeros pactos. Los resultados de ellos son conocidos sobradamente por parte de sus señorías.
Todos tuvieron defectos, que se han ido subsanando a lo largo de la vida pública y política, pero también virtualidades y, sobre todo, una muy importante: posibilitar pasos para conseguir la organización territorial del Estado.
Una pregunta nos hacemos nosotros como Partido Popular en Aragón: ¿cuál será el trecho conseguido en ese camino por la iniciativa que hoy traemos a debate en esta Cámara? Para el Partido Popular el trecho es importantísimo, tan importante que permite acelerar y recortar las que yo calificaría de abismales diferencias que existían entre las comunidades del 151 y las del 143.
Además, para el Partido Popular este paso no es el último, y lo hemos venido manifestando desde el primer momento. Contra las interpretaciones sesgadas dadas por algunas fuerzas políticas en el sentido de que el término ultimar cerraba el proceso de desarrollo autonómico, nosotros estamos convencidos, repito, de que éste no es el último, es uno más de otros que con toda probabilidad llegarán. Decía al principio de mi intervención que este proceso de organización del Estado es un proceso dinámico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta conseguir la total equiparación de los territorios que la Constitución

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desea. Porque estoy de acuerdo con algunos de los intervinientes en la defensa de la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, la Constitución no reconoce varias modalidades de comunidades autónomas; sí que reconoce varios caminos para conseguir esa igualación o equiparación. Este pacto autonómico estamos convencidos de que es el camino que ha empezado a conseguir esa igualación; esta ley orgánica va a incorporar a la Comunidad Autónoma de Aragón nuevas competencias.
Además, aquí me gustaría hacer una reflexión dirigida fundamentalmente al Gobierno y al Partido Socialista. No vamos a quedar satisfechos con la simple incorporación del contenido de la ley orgánica al Estatuto de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el contenido del acuerdo se dice claramente que es necesario crear comisiones de cooperación para llevar adelante el contenido del pacto autonómico, y voy a hacer referencia a una de ellas, la relacionada con educación, que creo que todavía no ha sido constituida. Le recuerdo también que en el contenido del pacto las transferencias que se contemplan en el mismo deben ser hechas a las comunidades autónomas a lo largo de este período legislativo, período legislativo que termina en mayo de 1995, y que es necesario revisar el sistema de financiación que suponga la incorporación a las distintas comunidades autónomas, y en este caso a la de Aragón, de las nuevas competencias.
Pero no solamente es esto. El esfuerzo debe ser mayor. La colaboración, la cooperación y el consenso que debe ser propiciado por el Gobierno con el resto de las fuerzas políticas debe conducirnos a otras reformas ajenas a este pacto autonómico: reforma del Senado, participación de las comunidades autónomas en la construcción de ese Estado, etcétera.
Haciendo referencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, a la que represento, la firma de estos acuerdos autonómicos por el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular hizo resurgir un nacionalismo que hasta entonces había estado callado y aletargado. Voy a repetir palabras que dije en el debate de la proposición de ley en las Cortes de Aragón. Quizá el no de estas fuerzas al contenido del pacto autonómico sea el sí a su propia incapacidad para conseguir nada nuevo, desde el punto de vista de la reforma del Estatuto. En el Partido Popular en Aragón, frente al nacionalismo, al que lógicamente respetamos, abogamos por un autonomismo basado en principios de eficacia, subsidiariedad, libertad y solidaridad.
¿Qué es autonomía? Escuchaba, en el debate de la reforma del Estatuto balear, que autonomía significa palabra propia.
Verdad ésta es, aunque pueden darse otras interpretaciones al concepto de autonomía. Si nosotros entendemos la autonomía territorial como la técnica funcional de gobierno, basada en el derecho y en la voluntad de participación e integración de las comunidades autónomas en la actividad del Estado, habremos dado un paso importante para conseguir entender los contenidos de este pacto y de los otros muchos pactos que puedan continuar después, que evitarán --no les quepa a SS.SS. la menor duda-- el superponer una estructura hasta ahora unitaria, centralizadora y centralista, sobre otra organización política totalmente distinta, como es el Estado de las autonomías.
El Partido Popular de Aragón --lo decía también el representante del Partido Socialista-- ha actuado sin concesiones fáciles, porque no han sido fáciles para el Partido Popular de Aragón los dos últimos años, pero ha actuado sin falsas demagogias, entendiendo que la primera responsabilidad política es la defensa del concepto de Estado, y así lo recogíamos en nuestro programa para las elecciones autonómicas de 1991, y derivada de ella, lógicamente, la configuración del mismo de acuerdo y conforme al modelo constitucional.
No cabe impulsar políticas de agravios comparativos, no conducen a ningún lugar, ni mucho menos fomentar el sentimiento insolidario de reivindicación frente al Estado.
Desde la sensatez, tenemos el convencimiento de que la incorporación, cuando se produzca, a nuestro Estatuto del contenido de la ley orgánica no es un paso más, sino que es un paso muy importante, y no el último, repito, para consolidar el Estado de las autonomías. Por ello, el Partido Popular de Aragón se pronuncia claramente por una reforma del Estatuto que contemple los planteamientos institucionales, impulsados desde la Comisión especial creada en las Cortes de Aragón de reforma del Estatuto, y se compromete a impulsar cuantas acciones legislativas sean necesarias para dotar de virtualidad jurídica las propuestas de esta Comisión.
Escuchaba al representante socialista diciendo que había detectado que algunos grupos de esta Cámara, incluso de la Cámara balear, defendíamos reformas distintas. Yo quiero recordarle que el planteamiento que ha tenido el Partido Popular en Aragón desde el primer momento es el de decir que, entre la derivada del contenido de los pactos autonómicos y la reforma del Estatuto que el pueblo de Aragón deseó y manifestó públicamente, existía, única y exclusivamente, una incompatibilidad temporal. A este planteamiento coherente del Partido Popular en privado se sumaron todos, en público ya no era así. Pero últimamente nos ha sorprendido que el Partido Socialista en Aragón se haya sumado a la iniciativa que, con coherencia, había mantenido el Partido Popular desde el primer momento.
Por éstas y por otras muchas razones, que algún día podremos exponerle, solicitamos de los miembros de esta Cámara el voto favorable para la ley orgánica de reforma del Estatuto de Aragón.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


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El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Partido Aragonés en este debate sobre la propuesta... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mur.
Silencio, señorías.


El señor MUR BERNAD: ...sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra posición política es bien conocida, ya que en las Cortes de Aragón, de donde procede este proyecto, nosotros ya hemos votado que no y seguiremos votando que no. Esperamos contar con los votos de aquellos autonomistas, de aquellos que sinceramente creen en la España de las autonomías y que defienden la igualdad y la solidaridad, sin temores, sin recelos y con el máximo respeto a nuestra Constitución.
Es curioso y sintomático que la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón sea la última de las diez que se han tramitado en esta Cámara. Si fuera verdad aquello de que los últimos serán los primeros, pronto veríamos de nuevo aquí otra propuesta de reforma amplia, enviada desde las Cortes de Aragón con el apoyo de todos los grupos, y no como ésta. Así, al menos, lo han prometido allí los que ahora apoyan esta mini-reforma competencial. Nosotros estamos esperando que lo cumplan.
Señorías, este modelo de desarrollo del Estado de las Autonomías sólo lo apoyan explícitamente los dos partidos estatales, Partido Socialista y Partido Popular. Por tanto, no es cierto lo que se dice en la exposición de motivos del proyecto que se presenta: Superado el plazo de cinco años del apartado 148 de la Constitución. Cinco años y hasta once han pasado. ¡Claro que se han superado los cinco! Nos deben ya seis de retraso. Esto ya se pudo hacer en 1987 y ustedes no quisieron.
No es cierto que el consenso sea amplio. Si recuerdan los pactos autonómicos del 28 de febrero de 1992, todos menos el Partido Popular y el PSOE estuvimos en contra por diversos motivos. Entonces dijimos que los pactos no resuelven el problema. Lo aplazan y lo agravan. Ahí tenemos en este momento, por ejemplo, el tema de la financiación autonómica.
Ni siquiera el primer fruto de los pactos, que fue la Ley Orgánica 9/1992, del 23 de diciembre, de Transferencia de Competencias, ha servido para nada. No se ha transferido ninguna competencia, señorías, a pesar de haber aprobado aquí la Ley el 23 de diciembre del año pasado. No se ha transferido ninguna de las pocas con verdadero contenido que se preveían en dicha Ley. Año y medio después de los pactos autonómicos, y nada. Estamos donde estábamos. Estamos aquí hoy en un trámite inútil, porque, evidentemente, si hubiera habido voluntad de transferir, con la Ley ya podían haber transferido alguna cosa. Repetiremos aquí argumentos, dando la impresión de avanzar, creando una especie de sensación de que se está desarrollando el Estado de las autonomías. Y esto no es más que una maniobra de distracción más. Es guardar las apariencias, es hacer ejercicios de simulación que a nada conducen y a nadie convencen.
¿A quién creen ustedes que se puede engañar a estas alturas? ¿No recuerdan, señorías, el 23 de abril de 1992, el 15 de noviembre de 1992 y el 23 de abril de 1993, las manifestaciones masivas por la plena autonomía de Aragón? Con este proyecto, los aragoneses seguimos discriminados e injustamente tratados.
A nuestro juicio deberíamos ocuparnos en serio, como dice la Constitución, en el artículo 2 y en el 138.2, en reformar el Estatuto de Autonomía de Aragón para avanzar en nuestro gobierno y no para retroceder. Es conocida nuestra postura, la que mantenemos aquí y allí, la que decimos ahora y antes, lo que defendemos siempre, no sólo en campaña electoral, cuando a los que hoy defienden este proyecto se convierten súbitamente a la autonomía plena.
Repetimos aquí los argumentos que ya dijimos en 1978, cuando se debatía la Constitución; en 1982, cuando se debatió este Estatuto de Autonomía de Aragón todavía en vigor; en 1987, cuando el Partido Aragonés accedió al gobierno de la Comunidad; en 1988, cuando presentamos en las Cortes de Aragón los criterios para la reforma amplia del Estatuto. Han pasado desde entonces, señorías, otros cinco años y estamos en el mismo sitio. ¿Recuerdan ustedes, señores socialistas y señores del Partido Popular, lo que dijeron entonces en aquel debate? Hagan un poco de memoria. Decían: hay que esperar. Cinco años.
Otra vez cinco años perdidos. Volvimos a reiterar nuestros criterios aquí el 24 de septiembre de 1992, en el debate de totalidad de la Ley 9/92.
Analicemos brevemente lo que hoy nos proponen, esta reforma parcial y limitada a unas pocas competencias, algunas de las cuales ya estaban en nuestro pobre Estatuto de 1982, incluso con un mayor alcance del que ahora se nos quiere transferir.
Voy a poner dos ejemplos muy significativos. En el actual artículo 35.1.11 del proyecto que se nos propone se copia lo que ya teníamos en el Estatuto de 1982, pero casualmente desaparecen competencias en dos cosas fundamentales, en canales y en regadíos. ¿Habrá sido un olvido o será que ahora no les interesa a los redactores de este plan que el Gobierno de Aragón tenga competencia en los regadíos? Todo el mundo sabe lo importantes que son los regadíos para Aragón. También les diré que, en el nuevo proyecto, el artículo 41 que ustedes incorporan es mucho más restrictivo que el que ya teníamos en el Estatuto que se deroga y por qué no decirles que cuando hablan ustedes de cómo vamos a recibir las competencias en educación, en la Ley orgánica que tanto criticamos, a través de una enmienda apoyada en la Comisión, pusimos una condición que era

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que la Administración del Estado ofreciera a las comunidades autónomas la información general sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus diferentes aspectos, es decir, el derecho de información recíproca. En el proyecto de ley que hoy nos presentan desde Aragón han obviado ese derecho tan importante, que favorecería a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ni de lejos están todas las competencias posibles. Que nadie diga seriamente que con este Estatuto estamos equiparados a otras autonomías, a las avanzadas. No deseo cansar a SS.SS.
recordándoles lo que dicen a este respecto el Estatuto Catalán, el Vasco, el Gallego o el Andaluz, pero verían lo lejos que estamos todavía. Para equipararnos realmente, el Partido Aragonés dice que tendríamos que actuar sobre los aspectos generales de nuestro Estatuto: las competencias -- pero todas, las reconocidas constitucionalmente y que otros ya tienen--, los poderes de la Comunidad Autónoma, la administración pública de la Comunidad Autónoma --sobre lo que nada se dice--, las relaciones con las administraciones locales, la economía y hacienda --en estos días estamos aquí sensibilizados por el problema económico de las comunidades autónomas y no se dice absolutamente nada-- y, en fin, sobre la evaluación de las transferencias, no solamente de las pendientes, sino de las que ya tenemos transferidas.
Ustedes, señorías, hacen un diseño autonómico en el que pretenden que convivan, y sin problemas, los siguientes niveles y tipos de autonomía: un primer nivel, País Vasco y Navarra, autonomía financiera con el cupo; un segundo nivel, Cataluña, Galicia y Andalucía, plena autonomía, artículo 151; un tercer nivel, Murcia, Rioja, Cantabria, Madrid y Asturias, aquellas comunidades uniprovinciales que se liberaron de las diputaciones provinciales al ser asumidas con la autonomía; un cuarto nivel, Canarias y Valencia, que tienen desde 1982 una Ley orgánica que ya les transfirió importantes competencias; un quinto nivel, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Aragón; y, por fin, todavía, un sexto nivel, el «non nato» nivel de los estatutos de Ceuta y Melilla. Este es el panorama, señorías, un panorama que no satisface a nadie, y todo ello, reflexionemos, mientras estamos articulando a duras penas la plena integración en Europa, con lo que supone de reordenación de competencias y cesiones de soberanía. El texto que hoy se presenta no resulta nada original, es la repetición de otros que hemos visto aquí durante estos últimos días. Hacen falta, en Aragón y en el conjunto del Estado, normas legales contra el transfuguismo, que no están tampoco aquí. Tampoco tenemos la previsión de poder disolver el Parlamento Aragonés y convocar elecciones anticipadas, como tienen las verdaderas autonomías. Y en este momento, señorías, hacen falta esas normas para evitar el transfuguismo que, a nuestro juicio, es la expresión máxima de la corrupción política. No puede ser, señorías, que el Partido Socialista gobierne en Aragón con los votos de un tránsfuga que ha sido elegido en las listas del Partido Popular. En Aragón existe una quiebra de la credibilidad política. Los que creemos en la regeneración política, los que creemos en la ética y condenamos el transfuguismo tenemos que manifestarlo con gestos para que no se olvide. De ahí la campaña del lazo blanco que hemos iniciado en Aragón y a la cual invito a sumarse a todos aquellos que estén en contra de los tránsfugas y de la corrupción política.
Por este conjunto de razones y de circunstancias que confluyen, pido que se rechace este proyecto de reforma, que a nada conduce, para nada sirve y que sólo es una excusa de freno, en lugar de servir para avanzar.
Hago la petición expresa al Partido Popular, hasta hace quince días coaligado con el Partido Aragonés en el Gobierno de Aragón, hasta que los socialistas tomaron el poder con el apoyo del tránsfuga. Ustedes también han sido burlados por los socialistas, también han sido engañados. No pueden votar con el PSOE si quieren aparecer diferentes. No les den balones de oxígeno. Voten en conciencia y, por favor, que no prevalezca la disciplina de Grupo o de Partido. No crean eso que dice ahora el señor Marco de que, tan pronto como esta reforma se termine, va a traer aquí la autonomía plena. No se lo crean porque no lo va a cumplir. El Partido Aragonés seguirá insistiendo, como siempre lo ha hecho, por el bien de Aragón y por el bien del Estado de las autonomías, que también nos preocupa. No queremos ser colaboracionistas en la involución autonómica. De esta involución, de esta mentalidad centralista, señorías, nadie se verá libre, ni siquiera los que ahora van por delante, ni siquiera los que tienen otros procedimientos para obtener cosas fuera de los estatutos y fuera de las leyes. Lo que nos ocurre en Aragón, señorías, tarde o temprano perjudicará a todo el Estado. Como creemos en el parlamentarismo, estos argumentos los digo aquí, con crudeza, con rotundidad. Los socialistas, señores del Gobierno, son los máximos responsables de este agravio innecesario que hoy se hace a los aragoneses. Les pido que corrijan; les pido que cambien. No tengan ustedes dudas. En Aragón conseguiremos la plena autonomía, porque ustedes, señorías, no lo podrán evitar, pues solamente aceptan aquello que no pueden evitar.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, a la hora de fijar su posición, con respecto a este debate de totalidad que nos trae aquí por iniciativa de las Cortes de Aragón de reformar

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su Estatuto de Autonomía de esta Comunidad Autónoma, quiere hacer una observación a la Cámara.
Se termina con este debate, como acaba de señalar el portavoz del Partido Aragonés, el señor Mur, todo un amplio paquete que hemos visto a lo largo de estos últimos plenos celebrados en las tres semanas anteriores de sesiones de la Cámara, pero no está acabo el paquete de reforma de estatutos de autonomía.
Queda uno para Coalición Canaria, y para muchos Diputados de otras fuerzas políticas aquí representadas por el Partido Socialista o el Partido Popular, también representadas en el Parlamento autónomo de nuestra Comunidad Canaria, que es precisamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Este no ha venido, ni vendrá, por ahora. Allí adoptamos la posición de que no nos parecía de recibo a determinadas fuerzas políticas del Parlamento Canario que se hiciera sencillamente una aplicación lineal del pacto autonómico firmado por las dos fuerzas mayoritarias de esta Cámara el pasado año, de incorporar lisa y llanamente la Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Autónoma de Canarias de 1982 que había hecho un nivel diferencial entre las autonomías históricas, Cataluña, País Vasco, Galicia, también sumada después Andalucía, y las restantes de la vía denominada lenta, porque precisamente a la Comunidad Autónoma de Canarias y a la de Valencia se las dotó de unas leyes orgánicas complementarias de las que tenían en sus originarios estatutos de autonomía.
Por parecernos que no era de recibo hacer simplemente una incorporación y llamar actualización de un estatuto de autonomía a lo que era incorporar sencillamente una Ley Orgánica ya vigente desde hace once años, en el Parlamento de Canarias funciona una Comisión para actualizarlo verdaderamente con el espíritu, la letra y las competencias que se señalan en el Título VIII de nuestra Constitución.
Esta salvedad y advertencia, y habiendo respetado lo que en su momento las fuerzas democráticas representadas en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Valencia decidieron y que nosotros respetamos, es la razón por la cual, con los argumentos que acabo de exponer a SS.SS., no viene en todo este paquete la actualización del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Si nosotros hemos encontrado esas deficiencias, hemos hecho en este momento, oídos los argumentos del portavoz del Partido Aragonés, causa común para una de las comunidades autónomas que habíamos entendido siempre que, en la mejora que tuviera que tener, incluso por el pacto autonómico del pasado año, su Estatuto vigente hasta el momento no era posible reconsiderar un paso atrás.
Por esta razón fundamental, señorías, Coalición Canaria va a votar en contra de esta propuesta de las Cortes de Aragón de reforma de su Estatuto de Autonomía, haciendo nuestros en gran parte los argumentos que el portavoz del Partido Aragonés, señor Mur, ha expuesto. Si esto se aceptara lisa y llanamente, si no quedara una constancia fehaciente de un punto de disconformidad expresado por una fuerza política regionalista o nacionalista, que somos los afectados precisamente por estos estatutos --hoy es el de la Comunidad Autónoma de Aragón, mañana se dirá y se verá en qué sesión plenaria o en qué año viene aquí el de la Comunidad Autónoma de Canarias--, donde los partidos nacionalistas que impregnan de doctrina y de contenido comunidades autónomas como la catalana o la del País Vasco han dejado ya satisfechos, tiempo ha, gran parte de sus aspiraciones, pero plantean una actualización y avance de las competencias, si no dejamos abierto el sentido de comprensión de la dinámica de puertas abiertas del Título VIII de la Constitución, flaco servicio estamos haciendo al Estado de las Autonomías. Me dolería que hoy, con una interpretación sesgada, al finalizar este paquete de estatutos de autonomía, se quisiera hacer creer que ha quedado cerrado con siete llaves, como el sepulcro del Cid, el Título VIII de la Constitución y que ya no habrá ningún pacto autonómico político más.
Por esa razón, señorías, y en ese principio de identidad y de solidaridad, Coalición Canaria, haciendo causa común con lo que ha expuesto aquí mi antecesor en la tribuna, el señor Mur, va a votar negativamente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, por cortesía parlamentaria, en nombre de mi Grupo, Convergència i Unió, doy la bienvenida a los ilustres portavoces de las Cortes de Aragón en su defensa de modificación del Estatuto de Autonomía.
La posición de nuestro Grupo ya les adelantó que va a ser votar favorablemente su iniciativa, como ya viene siendo habitual en nuestro Grupo.
En cuanto a la argumentación, me remito a lo que ya he manifestado en mi intervención sobre la reforma del Estatuto de Baleares. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, yo mismo tuve ocasión de exponer las razones

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de nuestro grupo federal para votar en contra de las reformas de los estatutos de la vía del 143. Por tanto, los argumentos podrían ser los mismos porque esta reforma corta de los estatutos no permite a las comunidades autónomas que optaron, más o menos voluntariamente, por la vía del 143 la equiparación al techo constitucional y, sobre todo, porque estas reformas obedecen a un pacto entre las dos fuerzas políticas hecho en Madrid, no en la Comunidad de Madrid sino en Madrid donde están las directivas de los partidos, y la Constitución prevé un sistema de reforma de los estatutos de abajo arriba. Las razones podrían ser las mismas y los elementos puntuales de las competencias van a ser discutidos en la Comisión Constitucional. Nosotros queremos advertir que esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón todavía perjudica más a Aragón en la redacción de su propio Estatuto, como ya se ha señalado.
La reforma del Estatuto de Aragón tiene características especiales, no sólo por el elemento anecdótico que ustedes han podido ver aquí esta mañana, sino por los argumentos de los diferentes portavoces de los grupos. Resulta que en Aragón, señorías, el debate sobre la autonomía no ha sido fruto del pacto autonómico; el debate de la autonomía es una reivindicación de los aragoneses insistentemente plasmada en las manifestaciones de 1992, de abril de 1993 y en el mes de noviembre, delante de este mismo edificio del Congreso de los Diputados.
Es también especial el debate de la autonomía en Aragón porque las fuerzas que han sido padres del pacto autonómico --SS.SS.
lo han podido observar en las intervenciones de los representantes de las Cortes de Aragón-- están por el pacto autonómico pero, al mismo tiempo, están diciendo que ese pacto autonómico es ya insuficiente y hay que obtener una autonomía plena. Hasta el día 6 de junio, día de las elecciones generales, el Partido Socialista no decía esto; decía que Aragón tenía suficiente con el cumplimiento del pacto autonómico. Pero después del día 6 de junio el Partido Socialista piensa otra cosa, y me van a permitir SS.SS. que textualmente lea las palabras del nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma: Los socialistas deberíamos reconocer esta mañana (se refiere al debate de la moción de censura de días pasados) que en este tema nos confundimos cuando un día consideramos que podría ser bastante en nuestro territorio incrementar el techo competencial hasta donde iba. El texto de la reforma que hoy viene a este Congreso. Yo tengo que reconocer públicamente, dice el Secretario General del Partido Socialista, que nunca pensé que pudiera ser el vendaval tan fuerte, tan fuerte como para poner el partido más fuerte de esta Comunidad en una crisis profunda.
Eso es lo especial, que uno de los padres, que hasta ahora ha impedido la autonomía plena, después del día 6 de junio reconoce que se equivocó y que Aragón tiene derecho a la autonomía plena. El otro padre, el Partido Popular, durante la campaña electoral dijo que efectivamente estaba por la autonomía plena pero que estaba obligado a cumplir el pacto.
Señorías, seamos serios, los pactos hay que cumplirlos, pero si ambas dos partes están de acuerdo en que es insuficiente la autonomía que hoy viene, no ha lugar a cumplir por cumplir el pacto.
Yo entendería la postura del Partido Popular durante la campaña electoral que decía: nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma pequeña del Estatuto pero nos obliga el pacto con el Partido Socialista. Eso es lo que se dijo en campaña electoral. Yo estaría de acuerdo; el pacto obliga. Pero ahora ya no obliga. El Partido Socialista también dice que la autonomía plena es lo que ahora conviene a Aragón y que esta autonomía es insuficiente. A preguntas de nuestro representante al candidato entonces de la Diputación General de Aragón se le dijo: ¿La autonomía plena para cuándo? Y fíjense ustedes, señorías, lo que dijo: ¿Cuándo? Al día siguiente.
Es decir, se propone a esta Cámara que vote hoy y que apruebe una reforma del Estatuto de Autonomía que todos están de acuerdo en que es absolutamente insuficiente y que al día siguiente se va a iniciar una nueva reforma en profundidad del Estatuto de Autonomía que nos permita mayores competencias y que nos permita reformas institucionales.
Yo creo, señorías, que no se puede jugar con los ciudadanos; no se les puede confundir hasta el extremo de decir quiero y no quiero; no saben si realmente se quiere o no la autonomía plena de Aragón. Para hacer eficaz, que yo creo que es lo importante, este trámite parlamentario, los padres de la criatura, a mi modo de ver, tienen tres posiciones diferentes: Primera, rechazar esta proposición de las Cortes de Aragón y que vuelva una nueva proposición con un contenido que quiero advertir a SS.SS. que ya está redactado. Hubo una comisión especial en las Cortes de Aragón que elaboró ya un texto, participando tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Ya tenemos el nuevo texto. Pues rechacemos en este momento este texto de la autonomía corta y que vuelva el texto de la autonomía plena.
Segunda forma (no con nuestro voto, pero con el voto de los padres): aceptar en este momento a trámite la autonomía corta, pero, en el proceso del debate de la Comisión, aceptar enmiendas sustanciales y, de acuerdo con la resolución de la Presidencia que regula este tipo de procedimiento, la Comunidad Autónoma, las Cortes de Aragón, deberán opinar sobre esas reformas sustanciales introducidas por las Cámaras.
O tercera forma: que de inmediato las Cortes de Aragón, también de acuerdo con lo que estableció la Presidencia, reclamen este texto, lo retiren del procedimiento

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y envíen uno nuevo. Esta tercera fórmula es la que Izquierda Unida está proponiendo en la Comunidad Autónoma.
Háganlo, en definitiva, señorías, como quieran; votando aquí en contra, votando a favor de las enmiendas en la Comisión, pidiendo en las Cortes de Aragón la retirada de este texto; pero lo que es absurdo es que, a finales de septiembre, estemos diciendo que ésta es la autonomía que Aragón necesita y, al día siguiente, en texto del propio Partido Socialista (y, por las observaciones que hemos visto, en el Partido Popular también será así) vamos a hacer la autonomía plena.
Si los padres de la criatura se dieron cuenta el día 6 de junio de que se habían equivocado (y así lo indican los resultados electorales), quiero hacerles sólo una advertencia, que evidentemente no es una amenaza. Si el día 23 de abril de 1994 los aragoneses todavía no tienen la autonomía plena, no será, desde luego, por Izquierda Unida, será por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Y, en 1995, otra vez habrá elecciones y esta vez autonómicas.
No juguemos, por tanto, señorías, con los deseos expresados multitudinariamente por los aragoneses en la calle y delante de estas mismas Cortes; no juguemos con ellos, no juguemos con los ciudadanos. No les vamos a pedir cuentas porque hayan reconocido su error, no les vamos a pedir cuentas, no les vamos a pedir que se flagelen aquí delante de toda la Cámara, pero, reconocido el error, enmendémoslo todos para el bien de los aragoneses, para el bien, en definitiva, de la construcción del modelo del Estado de las autonomías que todos pretendemos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, en esta mañana de Pleno de hoy, día último de septiembre, llega también, en último lugar, para la defensa en esta Cámara la propuesta de reforma del último de los estatutos de autonomía que durante estas semanas hemos venido debatiendo aquí. Llega con unas connotaciones especiales indudablemente y creo que vamos a concidir en ello, aunque cada uno quizá distingamos más unas de otras.
Quiero decir, en primer lugar, algo que creo que todavía no ha sido comentado por ninguno de los intervinientes, y es que me sorprende la ausencia en el banco azul del Ministro para las Administraciones Públicas, presencia que ha sido constante en los debates anteriores y que, me imagino, motivos muy importantes debe tener en su despacho u otras obligaciones para que precisamente hoy, que se cierra en esta Cámara el proceso iniciado por el pacto autonómico con el debate de los Estatutos de Baleares y de Aragón, no se encuentre sentado en su escaño. Quede constancia del disgusto, como Diputada de esta Cámara y, desde luego, como Diputada por la provincia de Zaragoza.
Llevamos muchos plenos y muchas semanas hablando de autonomía, y ha habido opiniones coincidentes. El Estado de las autonomías, que todos los españoles nos dimos en la Constitución de 1978, indudablemente es un camino sin retorno, pero es un camino que se va conformando día a día. Hubo un consenso para aprobar la Constitución de 1978, y también hubo un consenso para confeccionar el Título VIII y para ahormar este nuevo modelo de administración que todos los españoles, en la etapa democrática, estuvimos de acuerdo en iniciar. Y aunque sea reiterativo, porque es una argumentación que se ha venido utilizando aquí a lo largo de esta mañana y de otros debates semejantes, quiero decir que, efectivamente, en el año 1988 se podía haber reiniciado o haber reabierto el proceso autonómico, tal y como preveía la constitución. Los estatutos de autonomía de aquellas regiones que no fueron llamadas, entre comillas, , tenían cinco años a partir de su aprobación, es decir, a partir de 1983, para reiniciar este proceso. Hay que recordar que el Partido Socialista lleva gobernando en España desde octubre de 1982; es decir que, justo cuando se cumple la fecha para que se pudiera volver sobre el modelo autonómico y sobre su diseño, es cuando los socialistas llegan al Gobierno y lo congelan, y lo congelan durante un número amplio de años. Los que han sido diputados en esta Cámara en anteriores legislaturas recordarán que se ha hablado muchas veces en esta tribuna de temas que tenían relación lateral con el desarrollo del Estato autonómico, cuando se ha hablado de revisiones de financiación, y desde los bancos del Partido Popular se les ha recordado siempre que era una asignatura pendiente que había que llevar a cabo.
Pues bien, esa parálisis duró hasta el año pasado y, efectivamente, se desbloqueó el proceso autonómico y se desbloqueó con la colaboración del Partido Popular, algo de lo que en Aragón ha habido fuerzas políticas que nos han acusado de haberlo hecho. Y no hemos mantenido posturas distintas allí y aquí. Yo hoy, aquí, como representante en el Congreso de los Diputados de la provincia de Zaragoza, no voy a decir nada distinto de lo que he venido diciendo en Zaragoza, en Aragón, tanto en campañas electorales como en debates, y lo voy a decir con la presencia de mis compañeros diputados y, desde luego, con la presencia de la dirección del Grupo (Aplausos.) y la ausencia del Presidente nacional porque está fuera de España. Que quede perfectamente claro.
¿Por qué el Partido Popular firmó el pacto autonómico? --se ha explicado también en esta tribuna hasta la saciedad por nuestro Diputado don Mariano Rajoy--. Pues porque tenemos un sentido de Estado y porque

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entendíamos que era necesario desbloquear el proceso. Dijimos entonces --y lo seguimos repitiendo ahora-- que el pacto autonómico no era nuestro modelo, no era nuestro modelo suficiente, pero cuando nos sentamos a negociar las propuestas del Partido Socialista, las propuestas del Gobierno sostenido por los Diputados socialistas, estaba muy lejos de lo que hoy se aprueba aquí. Y se sabe que en aquellos momentos la propuesta del Partido Socialista era una ley de delegaciones; no pretendían modificar los estatutos de autonomía, y esa fue una postura de acercamiento conseguida gracias a los esfuerzos del Partido Popular.
También dijimos, cuando se debatió aquí la toma en consideración del proyecto de ley --y lo dijo nuestro compañero Mariano Rajoy--que este texto de proyecto de ley se había criticado por insuficiente, pero que eso se podía corregir y que, desde luego, esa iba a ser la postura del Partido Popular. Y lo hemos venido diciendo en campaña y fuera de campaña, antes del 6 de junio y después del 6 de junio.
Que quede constancia en el «Diario de Sesiones»: la postura del partido Popular, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de Aragón, que ya ha sido puesta de manifiesto por el representante del mismo Grupo que ha venido de las Cortes de Aragón, sigue siendo la misma. Este ha sido un paso previo, un paso que ha sido necesario porque teníamos firmado un pacto autonómico que no consideramos suficiente, pero que así servía para desbloquear el proceso autonómico.
Nosotros no damos por concluido el proceso, buena prueba de ello es que en el programa electoral de las elecciones generales llevamos nuestro diseño autonómico, que será criticable, que será compartido, pero que, desde luego, no es dar carpetazo a la actual situación; llevamos una propuesta de Administración única y de homologación de las competencias de todas las comunidades, pero por arriba. ¿Por qué entonces los populares de Aragón --y yo pertenezco a ellos-- hemos estado en las manifestaciones en las que las gentes de Aragón pedían la autonomía plena? Precisamente por ser coherentes con nuestra postura. Hemos dado un paso, un paso que no dependía solamente de nosotros, sino que dependía de la mayoría socialista, y entendemos que cuando esté cumplido ese paso, esa firma -- porque a nosotros nuestros compromisos morales sí nos obligan y no los rompemos, no los rompemos, aunque en ocasiones nos cueste mucho cumplirlos--, iremos al siguiente. Además, si se hiciera lo que hace unos momentos planteaba el representante de Izquierda Unida en la tribuna, si hoy no se aprobara aquí esta reforma del Estatuto de Aragón, iba a ocurrir que Aragón se iba a quedar con competencias más pequeñas que el resto de las comunidades autónomas, es decir, ya no solamente íbamos a estar por debajo de las comunidades llamadas históricas, ya no solamente íbamos a estar en esa quinta categoría o clasificación que hacía el señor Mur, sino que íbamos a estar en una peor todavía, nos íbamos a quedar incluso por debajo de las autonomías que a lo largo de estas fechas han reformado sus estatutos.
Por ello nuestra postura hoy aquí va a ser de apoyo a este proyecto de ley, de apoyo para cumplir un compromiso firmado como lo hemos venido manteniendo, porque, insisto, los compromisos, nos gusten o no nos gusten, cuando se firman, aunque la otra parte los rom pa, hay que seguir manteniéndolos, porque eso es lo único que nos permite después, con la cabeza alta, seguir defendiendo nuestras posturas.
El representante del Grupo Mixto perteneciente al Partido Aragonés, señor Mur, hacía un llamamiento a los autonomistas y decía que los que estuviéramos en esta Cámara hoy aquí fuéramos autonomistas y votásemos no a esta reforma. Continúo con la argumentación que estaba utilizando hace un momento y que quizá usted, porque tenía a alguien por delante, no sé si ha podido oír. Si en este momento dijéramos no a esta reforma, siguiendo su clasificación, señor Mur, Aragón no estaría en el grupo de los quintos, estaría en el sexto, porque nos íbamos a quedar con menos competencias todavía de las que ya el resto de las comunidades van a tener. Usted decía que los populares en Aragón hemos sido burlados por los socialistas.
Efectivamente, lleva usted razón. En el año 1991 salió de las urnas un gobierno que era representativo de la voluntad popular que había conformado las Cortes de Aragón: 17 diputados el Partido Aragonés, 17 diputados el Partido Popular (suma de los dos: 34; mayoría absoluta), 30 Diputados el Partido Socialista, tres diputados Izquierda Unida (suma: 33).
Pero sucedió, efectivamente, hace 15 días, algo que ha hecho famosa a Aragón, por desgracia, hasta más allá de nuestras fronteras; hemos sido titulares de la prensa inglesa y de la prensa alemana. ¡Quién nos lo iba a decir a los aragoneses que íbamos a ser objeto de titular en esos medios por algo, desde luego, nada positivo y que bien poco dice en favor de las gentes de nuestra región! Pero, en fin, los hechos son así.
Sin embargo, señor Mur, le vamos a hacer caso y vamos a votar en conciencia como usted nos pedía que hiciésemos, lo vamos a hacer así. Y la conciencia, a los Diputados del Grupo Popular --como le decía antes-- nos obliga a cumplir nuestros pactos, por mal que se haya portado la otra parte firmante del acuerdo; vamos a votar en conciencia y le vamos a hacer caso.
(Rumores.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!) En cuanto a la intervención del representante de Izquierda Unida, que ha hecho constantes alusiones a los bancos de mi Grupo, ha empezado hablando de lo que decía el Partido Socialista antes del 6-J y lo que dice después. Señor Martínez, yo le puedo preguntar a usted lo que decía Izquierda Unida cuando el señor Gomáriz, ilustre representante de las Cortes de Aragón, se fue al Grupo Mixto y lo que han hecho ustedes hace

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15 días, que también tiene su encanto y también tiene su enjundia para estudiarlo. Nos dice que seamos serios y que el pacto obliga, precisamente por eso, por seriedad, pero aplíquese usted la misma receta, que sea seria Izquierda Unida también, y no quiero seguir haciendo hincapié en ese asunto, pero usted lo sabe, usted sabe que gente muy importante de su partido, tanto en Aragón como fuera de Aragón, ha hecho constantes alusiones a ese asunto. Sea usted serio y no nos pida seriedad cuando ustedes no han tenido ni la seriedad ni la ética hace quince días en las Cortes de Aragón. (Aplausos.) Termino, señor Presidente. También hacía usted referencia, señor Martínez, a los resultados electorales, por lo cual nos había hecho reflexionar. No sé si al Partido Socialista le habrá hecho reflexionar. Sólo le puedo decir que en la provincia de Zaragoza, por donde usted y yo somos Diputados, en el año 1989 el Partido Popular sacó 120.000 votos; en el año 1993 ha sacado 170.000. Creo que los electores de Zaragoza supieron entender el mensaje de seriedad y de cumplimiento de los pactos que el Partido Popular ha hecho constantemente.
(Aplausos.) Por último, y para ilustración de SS.SS., sólo me queda repetir una vez más aquí que el Partido Popular en Aragón se ha comprometido públicamente, con el respaldo del Partido nacional Popular, a impulsar cuantas acciones legislativas sean necesarias para dotar de virtualidad jurídica las propuestas de la comisión especial para la reforma del estatuto.
Por todas estas razones, porque votamos en conciencia, porque el Partido Popular respeta los pactos por ética y por coherencia, lo que no tienen otras fuerzas políticas, vamos a decir que sí. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me corresponde en este turno fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la iniciativa que nos remiten las Cortes de Aragón y que tan dignamente ha sido defendida por los representantes del Grupo Socialista y del Grupo Popular, a quienes quiero también dar la bienvenida, como les han dado otros grupos parlamentarios.
La posición del Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, va a ser de apoyo a esta iniciativa de reforma del Estatuto de Aragón, en primer lugar, y fundamentalmente, por el contenido que tiene esta reforma, que, desde nuestro punto de vista, es positivo para las instituciones autonómicas aragonesas y que supone un paso adelante muy significativo a este respecto.
Si analizamos la reforma, nos encontramos con que todos los artículos referidos a competencias ven notablemente ampliado su contenido. El artículo 35, que se refiere a las competencias exclusivas de la comunidad autónoma, se ve ampliado con nueve competencias nuevas. Lo mismo ocurre con el artículo 36, referido a las competencias de desarrollo legislativo y ejecución; el 37, referido a las competencias de ejecución, o el 41, referido a las competencias de educación.
Aumento de competencias que va a producir un cambio muy significativo en la capacidad de actuación política de la Diputación General de Aragón, porque cuando esté culminado este proceso va a suponer, aproximadamente un aumento de los ingresos de la comunidad autónoma que se multiplicarán por un índice próximo a tres. Y eso, señoras y señores Diputados, todos sabemos que significa, en definitiva, aumentar la capacidad política de unas instituciones que se han afianzado en los últimos años.
Pienso que hay que hacer también un poco de historia y recordar cuáles son las posiciones políticas que se han mantenido a lo largo de estos años. Después de la aprobación de 1978 se abrió un proceso de negociación en Aragón entre todas las fuerzas políticas. Y se llegó a un acuerdo entre esas fuerzas políticas. Yo mismo participé directamente en aquellas conversaciones y acuerdos. El acuerdo fue, en primer lugar, que hubiera unas Cortes de Aragón elegidas directamete por todos los ciudadanos y que hubiera una Diputación General de Aragón. Los desacuerdos, los debates, se planteaban en el terreno de las competencias. Pero hay que decir que pocos meses antes, los incipientes regionalistas de entonces, hoy llamados nacionalistas, lo que planteaban como institución autonómica era simplemente una mancomunidad de diputaciones, muy pocos meses antes de la aprobación y de estos acuerdos políticos que se produjeron en Aragón. Hoy, esas instituciones parlamentarias directamente elegidas por los ciudadanos están afortunadamente consolidadas y hoy abordamos lo que entonces era objeto de debate entre las fuerzas políticas, que establecía, efectivamente, algunas diferencias, las diferencias desde mi punto de vista más significativas entre unas comunidades autónomas y otras: el tema de las competencias.
La reforma que hoy vamos a aprobar, y a la que vamos a dar nuestro apoyo, significa el eliminar en buena medida esas diferencias y dar un paso muy importante en la consolidación del autogobierno de esa Comunidad Autónoma. Por tanto, nuestro apoyo, en primer lugar y fundamentalmente, por el contenido de la reforma que hoy contemplamos. También porque esta reforma es consecuencia de unos acuerdos entre los dos Grupos parlamentarios, entre los dos partidos políticos con mayor representación parlamentaria en esta Cámara y también que constituyen una amplia mayoría en las Cortes de Aragón, como se ha puesto de manifiesto hoy con la presencia de los representantes de las mismas.


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Creo que el desarrollo de la Constitución, en particular del desarrollo del Título VIII, si queremos que sea efectivo y que no esté sometido a los avatares de las distintas correlaciones de fuerzas en las diversas instituciones, debe hacerse de mutuo acuerdo mediante política de pactos. Yo, señor Mur, creo que es muy necesaria la política de acuerdos y la política de pactos entre las fuerzas políticas, es indispensable y, por tanto, estos acuerdos que se han producido suponen un avance y suponen que la reforma se va a consolidar sin estar sometida a ningún tipo de avatares. Además, esta reforma no cierra otros posibles caminos de futuro. Han hablado los distintos representantes de que, efectivamente, en Aragón hay un fuerte sentimiento autonomista, hay una reivindicación de un mayor grado de autonomía. Se ha manifestado públicamente y todas las fuerzas políticas debemos ser sensibles a estas manifestaciones y creo que debemos ser sensibles abriendo el diálogo, abriendo el debate allí donde se debe hacer, que es en las Cortes de Aragón, y buscando el acuerdo. Desde mi punto de vista, hay que buscar el acuerdo entre los partidos políticos y la cooperación entre las instituciones, yo diría, señoras y señores Diputados, que justamente lo contrario de lo que hemos venido viendo en los útimos años: la falta de cooperación institucional y la falta de acuerdo en el terreno político. Abramos el debate en la aprobación de esta reforma, que no cierra ese camino, abramos el debate y sean las Cortes de Aragón, si se llega a un acuerdo, las que nos puedan proponer otras iniciativas en el futuro.
Soy contrario a la opinión manifestada por algunos grupos aquí de un voto en contra en función de futuros acuerdos. Yo pienso que el paso que hoy damos es un paso positivo para la Comunidad Autónoma de Aragón que afianza sus instituciones y, por tanto, inequívocamente, nuestro Grupo va a apoyarlo.
Se ha pretendido aquí también introducir algunos otros elementos de debate que creo no son propios de esta Cámara. Sí que diré que en el tema del transfuguismo nuestro Grupo asume la posición que aquí expuso la pasada semana en representación del Gobierno el Ministro de la Presidencia, señor Pérez Rubalcaba. Estamos abiertos a considerar las propuestas porque hay mucho transfuguismo en nuestro país y unas veces sirve a unas formaciones políticas y otras veces sirve a otras. Les digo que, desde mi punto de vista estrictamente personal como diputado, pienso que la solución a esos temas está más en la responsabilización personal de los representantes a los distintos niveles ante los ciudadanos que en limitar las posibilidades de actuación de estos representantes. Ese es un debate que creo se puede tener a todos los niveles y al que nuestro Grupo no está cerrado.
Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo va a apoyar la reforma del Estatuto de Aragón que nos parece un paso de afianzamiento de las instituciones autonómicas y un paso positivo, en definitiva, para el autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo. (El señor Mur pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para responder a las alusiones y argumentos del señor Sáenz Lorenzo, con relación a nuestro Partido.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Sabe S.S. que en este debate de fijación de posiciones no hay turnos de réplica, y alusiones, propiamente dichas, yo no las he oído. Ha habido un intercambio dialéctico, fruto de la diferencia de posiciones que se han mantenido, pero entiendo que no ha habido alusiones.


El señor MUR BERNAD: He sido contradicho y, además, con una mentira que quiero aclarar. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Evidentemente, como le estaba diciendo, de las posiciones de los distintos grupos se ha evidenciado la no coincidencia y, por tanto, la contradicción entre estas posiciones, pero de eso no nace necesariamente la apertura de un turno de réplica generalizado, como entiendo sería el caso, por lo que he oído en el debate.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, no se trata de réplica generalizada, sino, simplemente de desmentir un hecho que se puede comprobar en el «Diario de Sesiones». (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Señor Mur, a los simples efectos de desmentir este hecho, tiene la palabra por un minuto.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Señor Sáenz Lorenzo, para defenderse no necesita usted mentir.
Léase los «Diarios de Sesiones» del año 1978, cuando se discutió la Constitución, y de 1982, cuando se discutió el Estatuto de Autonomía de Aragón, y yo me hago responsable de lo que nuestro representante dijo entonces, que aparece en el «Diario de Sesiones» y que nada tiene que ver con la mentira que usted ha dicho aquí respecto de nuestro grupo político.
(El señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Señor Sáenz Lorenzo, tiene la palabra por tiempo de un minuto.


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El señor SAENZ LORENZO: Señor Mur, siento contradecirle, pero su representante entonces, don Hipólito Gómez de las Roces, mantuvo públicamente, en todos los foros en que quisieron oírle, que la solución a la autonomía era la mancomunidad de diputaciones. A mí me parece que es muy correcto que cada uno pueda cambiar de opinión cuando lo estime oportuno, pero creo que la historia sólo tenemos que leerla en las hemerotecas para saber la exactitud de esta afirmación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 256; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de totalidad la propuesta de reforma.
Se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.

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