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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 2, de 08/07/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 2 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 2 celebrada el jueves, 8 de julio de 1993 Página ORDEN DEL DIA:

-- Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno (número de expediente 080/000001) (Página 21)

SUMARIO

Se abre la sesión a las once de la mañana.


Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno (Página 21)

La señora Secretaria (Frías Navarrete) procede a dar lectura a la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno.
El señor González Márquez, candidato a la Presidencia del Gobierno, manifiesta que comparece ante la Cámara en cumplimiento del mandato constitucional para solicitar de SS.SS. el voto favorable a la investidura. Afirma que las elecciones del pasado 6 de junio permitieron a los españoles manifestar sus preferencias políticas y, al mismo tiempo, su voluntad de otorgar una confianza mayoritaria

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a su proyecto de progreso, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara. A ese mandato, pues, debe atenerse. Agrega que los ciudadanos han renovado su confianza en la fuerza política que representa, a la vez que les han pedido que vayan más lejos, que hagan las cosas de otra manera y que marquen una orientación que les permita afrontar el futuro con éxito. Los españoles les están pidiendo más diálogo con la sociedad y con las otras fuerzas políticas y, en definitiva, un cambio sobre el cambio. La propia ausencia de una mayoría absoluta es la más clara constatación de una nueva realidad política que exige a todos, y en particular a quien obtenga el mandato de la Cámara para gobernar, un nuevo enfoque político. Expone a continuación la necesidad de formar un gobierno con respaldo mayoritario en el Parlamento, mostrándose convencido de que los acuerdos estables con otras fuerzas políticas son un requisito necesario para esta nueva etapa política con objeto de superar los retos que la misma plantea.
Consiguientemente, solicita el apoyo de la Cámara para la formación de un gobierno con una clara vocación de diállgo y compromiso abierto a la colaboración de las fuerzas políticas que puedan encontrar en el programa del nuevo gobierno suficientes coincidencias con las suyas propias para votar favorablemente en esta sesión. Sobre este particular manifiesta que en el curso de las conversaciones habidas han encontrado base suficiente para un posible compromiso de gobierno con el PNV y para compromisos programáticos concretos con Convergència y Unió, que irán desarrollándose en el inmediato futuro, sin cerrar la posibilidad de una colaboración gubernamental cuando se juzgue oportuno.
Seguidamente expone algunas consideraciones sobre la situación por la que atraviesa el país, señalando que, pese a las dificultades presentes, quiere trasladar su esperanza sobre las posibilidades del futuro, fruto del esfuerzo de modernización emprendido por nuestra sociedad desde 1977. En primer lugar, considera necesario activar la nueva etapa con un compromiso sólido de renovación política y con una reafirmación de los valores de progreso que orienten su acción. Son valores de tolerancia, de solidaridad, de austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la legalidad y a la paz, que, a su juicio, son ampliamente compartidos por la mayoría de los ciudadanos. Hablando de estos valores, desea expresamente testimoniar su solidaridad con las víctimas que hace unos días se produjeron en Madrid y con la que hoy en San Sebastián está sufriendo el embate de la violencia.
En relación con los obstáculos con los que nos enfrentamos, recuerda que en los años ochenta hicimos frente a una aguda crisis económica y supimos superarla. Hoy también hay que hablar de las dificultades que caracterizan este momento, dificultades para competir y que sienten directamente aquellos que están perdiendo su puesto de trabajo; dificultades para contener los precios, que sienten directamente los pensionistas o los empresarios, abiertos a la competencia, que ven peligrar sus empresas en mercados cada vez más agresivos.
Hablando de dificultades, tiene que referirse también a la incertitumbre de los jóvenes frente al futuro o a los problemas que se relacionan con la inseguridad ciudadana, con la droga o con la marginación. Son problemas a cuya solución se dirigirá la acción del Gobieno, cuyos objetivos básicos son crear empleo y fortalecer nuestra democracia. Precisamente los problemas de nuestra democracia se resuelven profundizando en ella, pues su solución depende exclusivamente de nosotros.
Sobre este particular señala que se abordarán reformas institucionales concretas, con mejoras en nuestros mecanismos de participación y control. En cambio, los problemas de nuestra economía no pueden separarse del contexto europeo e internacional desfavorable que vivimos, aunque presente características particulares que podemos y debemos corregir.
Así, el crecimiento del paro en los últimos doce meses ha encendido la luz de alerta y hay que actuar con la mayor celeridad y profundidad.
Expone a continuación la oferta programática que presenta a la Cámara y que se vertebra en torno a cuatro ejes fundamentales, como son: en primer lugar, la superación de la crisis económica y el impulso económico; segundo, el impulso democrático; tercero, desarrollo autonómico, y, cuarto, la política exterior y el impulso hacia la Unión Europea.
Respecto a la política económica de futuro afirma que ha de basarse en dos premisas, la primera de las cuales es que la situación económica es difícil para todos, por lo que se impone la corresponsabilidad y el esfuerzo solidario de todos porque a todos afecta aquélla. Sólo con el empeño y la responsabilidad comunes, con el apoyo de los ciudadanos, de las fuerzas políticas y de los agentes sociales y económicos podremos encarar con acierto la salida de la profunda crisis actual. Nuestros objetivos en el momento presente deben centrarse en la corrección de los desequilibrios y en la aprobación de las reformas estructurales que nuestra economía precisa, de manera que nos situemos en las mejores condiciones posibles para beneficiarnos de la futura fase cíclica de crecimiento europeo mundial. El objetivo básico que debe presidir la política económica española en los próximos años puede sintetizarse en la falta de empleo y la mejora de la competitividad de nuestro sistema productivo, que a su vez son las dos caras de una misma moneda. Todas nuestras actuaciones en esta legislatura deben estar dirigidas a la mejora de la calidad de nuestro sistema económica, al incremento de nuestra competitividad frente a los países

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con los que se ve obligado a disputar el mercado, porque es un requisito imprescindible para la creación duradera de empleo.
A la consecución de estos fines estarán orientadas todas las políticas gubernamentales, tanto la propia política macroeconómica como las diferentes políticas sectoriales.
Consiguientemente, las medidas que se adoptarán se pueden agrupar en tres grandes bloques, como son: por un lado, las destinadas a mejorar la competitividad, a favorecer la recuperación económica y corregir los desequilibrios básicos de nuestra economía; en segundo lugar, las encaminadas a conseguir reformas estructurales que la economía española precisa desde la perspectiva de la homologación de modelos y sistemas económicos de los países comunitarios, y, por último, los grandes planes de actuación, algunos ya diseñados en la legislatura anterior y que consiguieron una clara decisión de mejorar nuestras infraestructuras y nuestro entorno.
Enumera algunas de las medidas que han de configurar preferentemente dicho bloque, los planes de actuación, añadiendo que el conjunto de las políticas desarrolladas en tales áreas de actuación serán congruentes con un proyecto que tiene como una de sus señas fundamentales de identidad el mantenimiento de la cohesión social y territorial, buscando siempre la protección de los sectores que tienen una menor capacidad de defensa frente a los desajustes cíclicos de la economía o, simplemente, frente a la libre actuación de las fuerzas del mercado. Se trata de un esfuerzo de solidaridad que explica la voluntad de llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales para definir la estrategia a desarrollar en los próximos años con el objetivo de crear empleo. Expresa su firme convicción de que un acuerdo con los interlocutores sociales aumentaría nuestras posibilidades de desarrollo económico y social y aprovecharía al máximo las potencialidades que ofrece la estrategia que se propone. El pacto social que ofrece a los interlocutores sociales consiste en un pacto global cuyo objetivo fundamental es la creación de empleo. Paralelamente, se propone la reforma del mercado de trabajo, en estudio actualmente en el Consejo Económico y Social, y que se pretende que sea global y equilibrada, sustentada en un acuerdo con los interlocutores sociales sobre cuestiones básicas, como la reforma del Inem, modificación de las actuales modalidades de contratación laboral, políticas activas orientadas a favorecer la creación de puestos de trabajo para los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, políticas de formación profesional y el avance hacía un modelo de relaciones laborales más participativas y cooperativas. En este esquema se inserta una regulación del ejercicio del derecho de huelga que corresponsabilice a los sindicatos, sobre todo cuando afecte a los servicios esenciales para la comunidad. Por su parte, cumplirá el compromiso electoral presentando el texto de la ley que decayó en la anterior legislatura.
Respecto al impulso democrático que anteriormente mencionaba, señala que las pasadas elecciones han venido a desmontar en parte el supuesto alejamiento entre los ciudadanos y la política. La elevada participación en las urnas es una buena prueba de este interés ciudadano. Sin embargo, hay que ser conscientes de la necesidad de revitalizar la vida de los partidos y de las instituciones, convirtiendo al Parlamento en el centro real del debate democrático, dotando de mayores poderes al Consejo General del Poder Judicial y aumentando la eficacia, agilidad y transparencia de la Administración para hacerla más próxima a los ciudadanos. Analiza cada uno de estos objetivos, mencionando en primer lugar la necesidad de una ley de partidos políticos que ayude a superar la desconfianza sobre la actuación y financiación de los partidos, manteniendo en este momento respecto de los grupos políticos de la Cámara la oferta que hizo en campaña electoral de creación de una Comisión que conociera, a nivel parlamentario sobre la financiación de los partidos.
Asimismo menciona, respecto al parlamento, la necesidad de culminar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado con el objetivo de recuperar las funciones más genuinas de la Cámara. También parece necesario revisar el sistema de provisión de los miembros de los órganos constitucionales, arbitrando mecanismos de funcionamiento que eviten el reparto de cuotas entre los partidos y los bloqueos que se vienen produciendo como consecuencia de la falta de acuerdo. Completa este análisis con una referencia al Estado autonómico, mostrando la necesidad de articular una política autonómica que sea capaz de responder a la homogeneidad y a las diferencias, a los problemas que son comunes y compartidos por todas las comunidades autónomas y a los que tienen su origen en los indiscutibles hechos diferenciales que se derivan de peculiaridades geográficas, culturales, estratégicas o del propio contenido estatutario de cada comunidad.
Se refiere a continuación el señor González Márquez a la política exterior y el necesario impulso europeo, citando los radicales cambios habidos en los últimos cuatro años, entre los que destaca la unificación alemana, la superación de la guerra fría o la desaparición de la Unión Soviética, todo ello en un cambio de gran magnitud en el que España ha salido bastante airosa de tan grandes turbulencias. Considera que la pieza clave del nuevo orden internacional debe ser el sistema de Naciones Unidas, y en particular la actividad del Consejo de Seguridad. En la redefinición del nuevo orden mundial España debe impulsar una renovada relación con Estados Unidos, que se debe completar

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con un nuevo modelo de relaciones entre la Unión Europea y aquel gran país. Asimismo necesitamos, hoy más que ayer, menos separación y más integración, más Europa. El camino para ello es el que se diseña en el Tratado de la Unión Europea, que espera entre en vigor en otoño, una vez superadas las reticencias para su ratificación en algunos países. En este camino la tarea más urgente será la de asegurar que avanzamos por la senda que conduce a la unión económica y monetaria, a cuya primera cita España no debe faltar. Pero los avances en la política europea incluyen una política exterior y de seguridad común, para lo que España se propone seguir participando activamente en la adaptación y transformación de la Alianza Atlántica y en las operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas.
Concluye el señor candidato a la Presidencia del Gobierno pidiendo el apoyo mayoritario de la Cámara para este proyecto de progreso, basándose en que las elecciones del pasado 6 de junio la sociedad española ha expresado de manera clara su voluntad y su deseo de que se abra esta nueva etapa, a la vez que ha manifestado mayoritariamente su deseo de que las acciones y decisiones políticas giren en torno a la oferta socialista y se perfilen con las fuerzas sociales que contribuyan a la estabilidad gubernamental y se articulen tratando de encontrar el mayor apoyo y participación política y social. Este mismo deseo de iniciar una nueva etapa ha podido constatarlo en las conversaciones políticas que ha mantenido con los representantes de los grupos con presencia en esta Cámara, así como en las llevadas a cabo con los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios. Para este tipo de acciones en esta nueva etapa compromete la plena disponibilidad del Gobierno y del Grupo que representa, a la vez que recaba la participación activa de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y solicita el voto favorable de la Cámara.


Se suspende la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las cuatro y media de la tarde.


En nombre del Grupo Popular interviene el señor Aznar López, que comienza sumándose a la declaración institucional que el día anterior realizó la Junta de Portavoces del Congreso en relación con el secuestro del señor Iglesias, así como con todas las víctimas del terrorismo y sus familiares, a la vez que vuelve a alentar y respaldar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, al Gobierno y a todos los demócratas para conseguir la victoria final frente al terrorismo y la erradicación definitiva del mismo y de la violencia en España.
A continuación, explica las razones del voto negativo del Grupo Popular a la investidura del señor González a la Presidencia del Gobierno. El Partido Popular afrontó las pasadas elecciones con un proyecto político propio destinado a ofrecer una clara alternativa al Gobierno del señor González y ocho millones doscientos mil españoles aprobaron ese proyecto, pretendiendo no sólo un cambio de gobierno, sino un profundo cambio de política, de estilos y de formas de gobernar. Es lógico, por tanto, que no puedan votar una candidatura que para el Grupo Popular representa el continuismo, especialmente en la persona que más emblemáticamente lo encarna y también en los estilos y en las formas de gobernar. Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión, por primera vez desde hace más de una década, se produce una importante novedad, que consiste fundamentalmente en que el candidato que se presenta hoy para solicitar de esta Cámara la confianza para ser investido Presidente de Gobierno no cuenta con el apoyo suficiente de escaños, lo que le obliga a solicitar asistencia de otros grupos políticos y de otros diputados y obliga a todos ante los españoles a definir sus respectivas posiciones desde un mayor grado de responsabilidad.
En una situación de crisis como la presente, para afrontar la nueva etapa en la vida española, que demanda nuevos proyectos, nuevas actitudes y nuevos equipos, no confían en quien ha tenido el mayor nivel de responsabilidad en situar a España en un grado de crisis como el que vivimos, y la intervención de esta mañana no ha servido en gran medida para vencer esa desconfianza. Oyendo al señor González esta mañana, les ha recordado muchos de los párrafos de su discurso de investidura del año 1989. Sus ofertas de diálogo, de búsqueda de acuerdo, de participación responsable para encontrar una salida a la crisis se identifican con las que hizo en 1989 para afrontar los llamados retos de 1993. También sus promesas de hoy de impulso democrático, de regeneración de la vida democrática, fueron lanzadas entonces. En consecuencia, creen que su afirmación de que va a realizar el cambio sobre el cambio no es más que una frase, un simple juego de palabras que les recuerda lo de que es preciso que todo cambie para que todo siga igual.
Añade el señor Aznar que los resultados electorales del pasado 6 de junio han transformado radicalmente el panorama político español y el Grupo Popular, que ha visto acrecentado su apoyo de forma notable por los españoles, asume su responsabilidad desde una actitud constructiva, y cada vez que tengan que decir no, estarán al mismo tiempo diciendo que sí a un cambio y sí a una propuesta que creen mejor para los intereses de España y de los españoles. Su actitud queda clara, y de igual forma que en el pasado llegaron a acuerdos con el Gobierno cuando estaban en juego asuntos relacionados con política exterior, con política de defensa, con el desarrollo autonómico o con la lucha

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antiterrorista, están dispuestos a colaborar, sin cheques de contrapartida, cuando los intereses generales lo demanden.
Creen que en la situación actual de España es la hora de aportar y no la hora de buscar componendas para repartirse los presupuestos generales del Estado.
Alude seguidamente a la justificación dada por el señor González Márquez para la disolución de las Cámaras y convocar elecciones generales, a fin de afrontar la crisis que golpea España, y la desconfianza del Grupo Popular en este momento radica en que ven difícil que pueda hacerlo una persona que, habiendo tenido en los últimos años ocasiones y mejores circunstancias, no lo ha hecho. En todo caso, los problemas que tenemos que afrontar hoy son los mismos, aunque agudizados en su mayoría, que existían el pasado 12 de abril. Hay que afrontar la crisis económica, recuperar los equilibrios institucionales y dar una respuesta ejemplar a los casos concretos de corrupción. Lo esencial ahora es saber si su política sirve o no sirve para resolver los problemas de la España de hoy y, a su juicio, la intervención del señor González de esta mañana ha sido, al menos, preocupante, porque no se cambia ni en las políticas ni en los comportamientos.
Reconoce en todo caso que el señor candidato ha presentado esta mañana la situación de España con tonos un poco más realistas de los que empleaba hace escasamente un mes. Lo que entonces era un bache coyuntural, del que se estaba a punto de salir, hoy es ya una situación que se reconoce con dificultades en un diagnóstico que refleja en todas sus dimensiones la verdadera gravedad de nuestra situación económica.
Para la superación de la crisis económica, el señor González ha reiterado como objetivos el empleo y la competitividad, generando buena parte de sus esperanzas en el resultado que pueda derivarse de un pacto entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas. Sobre este particular es bien conocida la posición del Grupo Popular acerca del diálogo social en el sentido de que siempre es mejor buscar medidas acordadas con aquellos que tienen una fuerte responsabilidad en su desarrollo posterior, confiando en que todas las partes llamadas a la negociación sepan valorar el momento, en su opinión crítico, en que nos encontramos.
Seguirán, por tanto, con atención el desarrollo de estas negociaciones y valorarán, cuando concluyan, sus resultados.
En cualquier caso, esa negociación no puede servir como coartada para la inacción ni como excusa para no adoptar las medidas que necesita y que reclama con urgencia nuestro país.
Pero a esta situación no se ha llegado por casualidad, sino que es el resultado de un conjunto de políticas equivocadas y de errores no corregidos en su momento por gobiernos presididos por el hoy candidato señor González. Las contradicciones anteriores del Gobierno les impiden que hoy puedan mostrar su confianza en el señor González. No obstante, en el caso de que se proponga seriamente rectificar, le ofrecen su leal colaboración, como se la ofrecieron al inicio de la legislatura anterior cuando plantearon al Gobierno un pacto de competitividad para la economía española, oferta que, sin embargo, fue rechazada y en su lugar se fraguó el mal llamado pacto constitucional.
Alude a la actual destrucción de empleo y de sectores productivos, como nuestro tejido industrial y el sector agrario, unido a la difícilsituación de nuestras pequeñas y medianas empresas, materias en las que las iniciativas para corregir la situación a la que se ha llegado corresponde, sin duda, al Gobierno, iniciativas que, por lo demás, habrían de ser globales y coherentes y respecto de las cuales solicita que no se siga esperando que escampe o que mejore la situación internacional. En relación con la revitalización de las instituciones democráticas expone que en el debate político español ha habido últimamente una coincidencia bastante generalizada en el sentido de introducir en el funcionamiento de nuestro sistema político un mayor equilibrio institucional, seriamente dañado en la década anterior por una singular concepción de la democracia que ha tratado de legitimar el dominio de las instituciones por el partido del Gobierno. Nada hay más antimoderno que la ocupación paternalista de las instituciones públicas para ponerlas al servicio de un líder, de un clan o de un partido. Anuncia, con consiguiente, el decidido propósito del Partido Popular de postener el impulso iniciado en el año 1989 para revitalizar nuestras institucions democráticas y a tal efecto formula una propuesta de acuerdo institucional con el objetivo de mejorar las instituciones, revitalizarlas, acercarlas a los ciudadanos y conseguir un equilibrio más armónico entre los principales poderes y órganos del Estado que les confiera un perfil propio y evite su patrimonialización por los partidos. Las bases de tal propuesta de acuerdo, que formula de manera abierta, podrían ser la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de conferir al Consejo General la autonomía propia de los poderes del Estado; reformar el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su autonomía funcional y su profesionalidad; la reforma del Reglamento de la Cámara, para mejorar y facilitar su función de control del Estado y agilizar el procedimiento legislativo; la puesta en marcha de un proceso que conduzca a la reforma del Senado; la reforma de los instrumentos de control del gasto público, evitando su despilfarro, luchando contra la corrupción y reforzando la Intervención General del Estado y la despolitización del Tribunal de Cuentas; la reforma del Estatuto de RTVE, para dotar al ente público de una organización con autonomía real, y la renuncia por

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el Gobierno a su control político; la reforma de la legislación reguladora de los partidos políticos, asegurando la transparencia, el control y la publicidad de su contabilidad, con todo lo cual podrá fortalecerse el Estado de Derecho y el régimen de libertades de nuestra Constitución.
Desea, sin embargo, hacer referencia a algo que el señor González ha dicho esta mañana aludiendo al bloqueo que puede producirse en la provisión de algunos órganos constitucionales. Esperan a ver la propuesta concreta del señor González, pero ya anticipa que, en su opinión, es contraria a un correcto espíritu democrático la modificación de las reglas del juego a conveniencia de la mayoría gubernamental y quiere decirle que, si ha tenido esa tentación, evite cometer un error que le parecería gravísimo que pudiese ser cometido. En cuanto al desarrollo del Estado de las autonomías, el Grupo Popular seguirá contribuyendo a una política autonómica coherente, al considerar preciso completar el proceso de descentralización política y desarrollar las comunidades autónomas surgidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución. En relación con las autonomías del artículo 151 y a la vista de lo escuchado esta mañana, solicita que el Gobierno informe sobre las transferencias pendientes a estas comunidades y que manifieste claramente sus propósitos en relación a todas y cada una de las transferencias que haya pendientes a las mismas. En todo caso, el Partido Popular defenderá con prioridad absoluta el principio constitucional de solidaridad y, en consecuencia, se opondrá a cualquier fórmula que ponga en riesgo o debilite el principio de solidaridad o cohesión territorial de España. En segundo lugar, vigilará especialmente todo lo que afecte a la correcta definición y al ejercicio de competencias que constitucionalmente corresponda tanto a la Administración central del Estado como a las administraciones autonómicas. Finalmente, y respecto al sistema de financiación autonómica, está dispuesto a estudiar fórmulas que impliquen una auténtica corresponsabilidad fiscal, es decir, que determine claramente cuál es la responsabilidad de los gobiernos autonómicas en los ingresos fiscales que financian el ejercicio de sus competencias. A este respecto, si la fórmula que se propone fuese la cesión, o similar, del 15 por ciento del IRPF, cree que esa fórmula es más un mecanismo de gasto que de corresponsabilidad fiscal y, en su opinión, esa fórmula sólo puede ser aceptable si al mismo tiempo se ponen en marcha los mecanismos de solidaridad constitucionalmente previstos.
Respecto a la política exterior y a la defensa, señala la existencia, en líneas generales, de una coincidencia grande de objetivos. Siempre que entiendan que existe una apreciación correcta de los intereses generales de España continuarán prestando su colaboración. Sin embargo, cree que en este momento hay que replantear la presencia de las fuerzas de paz en la antigua Yugoslavia porque la evolución de los acontecimientos hace imposible el cumplimiento de esa misión de paz.
Formula, por último, algunas reflexiones en torno a la política comunitaria, donde se percibe últimamente un ambiente de incertidumbre que nos debe llevar a un proceso claro de reflexión, considerando que existe un déficit de información que debe corregirse con una participación más activa de estas Cortes Generales, y concluye reiterando el voto negativo del Grupo Popular a la investidura del señor González como Presidente del Gobierno.
En turnos de réplica y dúplica intervienen sucesivamente los señores González Márquez y Aznar López.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, el señor Ribó Massó inicia su intervención expresando su solidaridad con el señor Iglesias, secuestrado en Euskadi, en el contexto de su firme rechazo del fenómeno terrorista.
A continuación señala que nos encontramos en una grave situación socioeconómica, ante la que se les presenta una opción muy predeterminada, aunque existan otras salidas, y van a dialogar sobre ella. Como novedades decisivas en el inicio de esta V Legislatura destaca el cambio en el mapa político resultante de las elecciones generales y el agravamiento de la crisis económica y de la sensación de corrupción. Precisamente estas dos últimas cuestiones, crisis y corrupción, son las que motivaron el anticipo en la convocatoria electoral, porque estaban poniendo en peligro la estabilidad del PSOE y del Gobierno, que en aquel momento, con su mayoría absoluta en esta Cámara, aparecía como incapaz de asegurar la estabilidad del Gobierno. Esas dos cuestiones, crisis y corrupción, están hoy aquí presentes y pendientes de resolver, y en lo que afecta a la crisis con características aún más dramáticas que a principios de abril. Agrega que la gran novedad parlamentaria que afecta a la gobernabilidad y al futuro del país es que los socialistas no disponen de mayoría absoluta y que potencialmente este Parlamento es más plural. En esta situación se podría especular con una convocatoria anticipada de elecciones y un posible triunfo de la derecha, que abriga la esperanza de que el próximo gobierno se queme pronto. De ahí la importancia de acertar en la opción, porque nos jugamos el futuro de la sociedad y especialmente el futuro de la izquierda.
Consiguientemente, cree que debe tenerse cuidado con ese empecinamiento en arrinconar lo valores de izquierda sin analizar con atención la voluntad electoral. Por tanto, Izquierda Unida manifiesta su disposición total, coherente y responsable a participar en todos los esfuerzos necesarios para abordar los retos presentes, estando dispuestos a corresponsabilizarse

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sin reservas sobre acuerdos programáticos de forma pública y transparente, con una política de izquierda progresiva, como, por otra parte, se postulaba por el Partido Socialista y por Izquierda Unida en la campaña electoral.
Sin embargo, el señor candidato ha escogido otra opción, el pacto con Convergència i Unió y el PNV, en un acuerdo que sólo él debe asumir con todas sus consecuencias. En clara contradicción con esta opción, el señor González ha pronunciando esta mañana un discurso con propuestas progresivas, algunas de las cuales ya propuso en anteriores debates y nunca se cumplieron y que, por otra parte, chocan frontalmente con el programa de Convergència i Unió.
Consiguientemente, cree que debe explicar hoy aquí, ante la opinión pública, qué significa ese posible pacto y su contenido, así como el coste de medidas como las que propone el señor Arzallus para las privatizaciones en el Ministerio de Industria o las exenciones fiscales que propone Convergència i Unió.
El señor González confunde estabilidad con asegurar un mínimo de 176 escaños, pareciendo olvidar que la lógica parlamentaria no siempre se corresponde exactamente con la voluntad real del pueblo. La estabilidad se garantiza sobre acuerdos de políticas, no sobre ofrecimiento de ministerios en gobiernos de coalición, y debe basarse en la voluntad electoral y en su base social. Se insiste en pactos con nacionalidades de centro-derecha, vasco y catalán, en una prolongación de la legislatura anterior, en la que CiU fue ya un socio estable, coincidiendo en asuntos relativos a las libertades, como la Ley Corcuera, y especialmente en política económica, que fracasó estrepitosamente y que volverá a fracasar si se pretende repetir. Están, en consecuencia, ante una propuesta estéril para abordar la nueva situación presente y que, además, es incoherente con todo lo que se dijo en la campaña electoral, lo cual sirve para poner en duda seriamente la credibilidad del señor González. Se ocultó entonces el verdadero alcance de la crisis y se apeló al voto de izquierdas y, sin embargo, ahora se dispone a gobernar con el apoyo que propugna una mayor precariedad laboral, cuando no el despido libre encubierto. Propone privatizar el sector público e insinúa la necesidad de una amnistía fiscal, pide borrón y cuenta nueva sobre la corrupción y se opone a la ley de huelga. Pregunta si este es el cambio sobre el cambio y si puede hablarse de un gobierno progresista cuando los primeros pasos indican que se continúa con la misma prepotencia, se nombra a Solchaga portavoz del Partido Socialista y en la elección de la Mesa de la Cámara se excluye al Grupo de Izquierda Unida, faltando a compromisos firmados, en un talante que va contra la expresión del pluralismo.
Alude a continuación al verdadero alcance de la crisis económica, afirmando que es necesario hablar con claridad sobre su auténtica gravedad, ya que otra cosa no supondrá más que obstáculos importantes a la hora de solicitar esfuerzos y acuerdos corresponsables, pues no es posible acordar con quien miente o va errado. Acordar significa, por el contrario, credibilidad mutua. Sobre este particular, menciona algunas cifras relativas a nuestra actual tasa de desempleo, debilidad de nuestro sistema productivo, etcétera, que demuestran una situación mucho más grave que la de otros países comunitarios.
Esto debería llevar al señor González, en un ejercicio de sinceridad, a reconocer el fracaso de la política económica llevada a cabo hasta ahora y cuyos efectos han ido en dirección contraria a las necesidades del país. En la superación de esta situación su Grupo Parlamentario manifiesta su voluntad de contribuir, pero en una dirección de solidaridad y de mayor justicia social. Sin embargo, el señor González no ha aclarado en su discurso qué pone sobre la mesa para hacer posible el llamado pacto de progreso. Expone también algunas consideraciones en torno al mercado laboral, donde tiene lugar un porcentaje muy elevado de precarización en el empleo que dificulta que nuestra economía pueda ser competitiva, ya que un trabajador que sabe que a los pocos meses va a ser despedido difícilmente puede trabajar a pleno rendimiento.
En cuanto al impulso a la regeneración democrática, afirma que hace tiempo que se está produciendo un desprestigio creciente de la actividad política en las personas que la realizan, creyéndose que en política todos son iguales o todos están en ella para aprovecharse, siendo lo más grave que desde altas instancias políticas se pretende silenciar cualquier actividad parlamentaria esclarecedora.
En el apartado de las libertades son muchas las medidas pendientes, enumerando algunas de ellas, y en cuanto al Estado de las autonomías, ni el señor Pujol ni el señor Arzallus son los aliados más eficaces para su adecuado desarrollo, olvidándose, por otra parte, del poder local, cuando son los ayuntamientos el escalón más próximo a la ciudadanía, que vive una crisis financiera profunda debido a una absurda Ley de Haciendas Locales. Alude asimismo a la reforma pendiente de la Administración y la promulgación del Estatuto de la Función Pública, para concluir expresando la postura de su Grupo Parlamentario en materia de política exterior y nuestra contribución a la paz y la solidaridad, anunciando el voto negativo de su Grupo, para lo que cree que le sobran argumentos, ya que el discurso del señor González tiene partes que no son creíbles por las contradicciones antes apuntadas.
Para réplica y dúplica intervienen los señores González Márquez y Ribó Massó.


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En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Roca i Junyent manifiesta que el pasado 7 de junio se inició una nueva etapa en la vida política, social y económica de toda España, una etapa compleja y difícil en la que nada será igual que antes ni va a ser fácil superar los retos de gobierno. A pesar de ello, su Grupo está convencido de que esta nueva etapa puede ser positiva. Estamos inmersos en una profunda crisis de naturaleza económica, pero que extiende sus consecuencias a todo un modelo global de sociedad que afecta a toda Europa, aunque en España esta crisis tiene características propias e incluso más graves, porque a pesar de los grandes avances de los últimos 15 años todavía estamos lejos de los niveles medios de renta y de calidad de vida de los demás países comunitarios. En segundo lugar, nuestra crisis es más grave porque nos hemos distanciado de los demás países comunitarios al no compartir con ellos durante los últimos años determinadas políticas económicas. En todo caso, es lo cierto que iniciamos una nueva etapa en un momento de crisis y precisamente por ello su Grupo quiere hacer una apuesta decidida en favor de la estabilidad política, pues saben que sin estabilidad será todavía más difícil superar dicha crisis y aun con estabilidad no será suficiente, ya que se deberá acertar en la acción política concreta. En todo caso, la estabilidad política es una condición necesaria para afrontar con garantías de éxito los retos de la crisis y esta introducción debe servir para anunciar que su Grupo Parlamentario va a votar afirmativamente la investidura del candidato propuesto por Su Majestad el Rey. Es un voto de corresponsabilidad en la lucha contra la crisis, un voto a favor de la estabilidad y al servicio de hacer posible la estabilidad. No es un voto que se apoye en la coincidencia programática, ni siquiera en el programa presentado hoy por el candidato a Presidente, cuyos compromisos, no obstante, han influido en esta decisión.
Añade que legítimamente tendrían motivos para anteponer otros criterios y no apoyar la investidura, pues resulta indudable que a la actual situación de crisis no es ajena la precedente acción de gobierno, pero aun así han dominado en su decisión otros factores, como los de que no existe otra posibilidad de acción de gobierno viable que no descanse en esta candidatura y, en segundo lugar, que la situación global del país, en una coyuntura especialmente crítica, les aconseja no demorar la formación del nuevo Gobierno o contribuir en su inicio a una imagen de debilidad que perjudique su crédito interior y exterior.
Agrega que asumen con plenitud la responsabilidad de su posición decisiva, si bien la confianza deberá ganarse a partir de ahora en función de las propuestas hechas para superar la crisis y de los acuerdos que se alcancen para avanzar más decididamente en la construcción eficaz y respetuosa del Estado de las autonomías. En todo caso, ese apoyo sólo se dará si lo que deben compartir es coherente con el programa que ofrecieron a sus electores. Como primera gran prueba de las medidas urgentes que deberán adoptarse menciona los próximos Presupuestos Generales, donde deberá reflejarse la orientación de la política del Gobierno en base a lo que reclama la nueva composición de la Cámara. Será ahí donde deberán consolidarse y definirse las bases en las que descansará la futura estabilidad de la acción de gobierno.
Expone a continuación las líneas fundamentales de lo que, a su entender, debería guiar la futura acción de gobierno, señalando que hay vías que están ya agotadas y que la nueva etapa que se inicia comporta necesariamente y en muchos aspectos la definición de nuevas políticas económicas. Si la situación es nueva, la política también lo debería ser. Como gran capítulo de esta nueva orientación menciona la política económica, que ha de proponerse la reactivación de nuestra economía estimulando el ahorro y la inversión para crear puestos de trabajo y ser competitivos. Serán necesarias importantes reformas estructurales, no exclusivamente en el campo de las relaciones laborales, sino también y principalmente en esto. La rigidez del mercado de trabajo está creando a veces tanto desempleo como la propia crisis. Por otra parte, comparte el deseo del señor candidato sobre un gran acuerdo social, pero éste constituirá simplemente un elemento más de una política que retorne la confianza a la sociedad y especialmente a los agentes económicos y sociales.
En todo caso, la perspectiva del acuerdo social es positiva y van a compartirla, pero si éste no se alcanzase, las medidas y las reformas deberían realizarse igualmente.
En la nueva acción económica también la pequeña y mediana empresa deberán ser objeto de especial consideración, pues es en este sector donde pueden crearse nuevos puestos de trabajo y también donde deben introducirse más modificaciones en su régimen general y, sobre todo, en el laboral.
Menciona asimismo la necesidad de disciplinar en los próximos años nuestro déficit presupuestario, tarea que reconoce difícil y que requerirá el establecimiento de un orden de prioridades que ha de exigirse a la sociedad. Otro gran capítulo en el que su Grupo desea observar una nueva orientación es en el campo de la política autonómica, asunto que para ellos adquiere una importancia relevante a la hora de formular una valoración global de la acción del nuevo Gobierno. De manera singular tiene que aludir a la necesidad de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas en el marco del principio de la corresponsabilidad fiscal, cuestión polémica que, a su juicio, debería haberse resuelto

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hace ya tiempo y que viene perjudicando gravemente el funcionamiento regular de las comunidades autónomas. Se trata de una cuestión que debería resolverse de manera satisfactoria en los próximos Presupuestos Generales.
Menciona otros apartados en que asimismo considera necesarias reformas profundas, como la gestión del Inem, el reglamento del Senado y funcionamiento de las instituciones democráticas, para concluir mostrando su confianza en que la futura acción de gobierno sea eficaz y de calidad, de manera que permita la recuperación económica tan necesaria. Con esta ilusión, su Grupo Parlamentario votará afirmativamente en esta sesión de investidura en aras a salir de la situación compleja y difícil a que anteriormente se refería.
Replica el candidato a la investidura como Presidente del Gobierno, señor González Márquez, duplicando el señor Roca i Junyent.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


En representación del Grupo Vasco (PNV), el señor Anasagasti Olabeaga manifiesta que se encuentran hoy en la apertura de esta V Legislatura con algo que es habitual en el contexto europeo, como son gobiernos que han de pactar e incorporar a su acción otras formas de abordar los mismos problemas sin que pase absolutamente nada. En estas circunstancias es importante el discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno explicando un programa que puede recoger distintos apoyos, sobre todo cuando nos encontramos en una situación que, sin caer en alarmismos, podemos considerar de crisis aguda. De ahí también la importancia de conseguir que el próximo Gobierno se encuentre no sólo con un apoyo suficiente sino con apoyos claros para lograr una acción de gobierno sólida y eficaz, capaz de encarar los rudos retos a los que nos hemos de enfrentar.
Añade que en el discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno han encontrado un análisis ajustado a la realidad que se vive y un llamamiento a la colaboración y al apoyo. Ha sido un discurso con unas prioridades que hacen suyas, aunque no tengan coincidencias programáticas. A su juicio, se ha tratado de un buen análisis y sobre todo con visión de futuro.
En relación con la situación económica, cuyo análisis, «grosso modo», comparte, afirma que, lejos de intereses partidistas, hoy más que nunca son conscientes de que vivimos un momento histórico crítico, tan sólo superable desde el compromiso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. Piensa que entre todos tienen que encontrar un mínimo común denominador para superar los problemas actuales y los retos de futuro que tenemos planteados. Se trata de cuestiones clave ante las que también desde la oposición es preciso responder sin demora, desde la conciencia de la situación presente y desde la solidaridad que se precisa. Después de la intervención del señor candidato constatan, una vez más, la gravedad de los problemas y coinciden con muchas de las medidas que podrían cambiar la situación. Es precisamente esta situación la que justifica, a su juicio, un pacto político, y sobre todo un pacto social, para aportar soluciones solidarias desde un compromiso firme con las instituciones y a través del cual se consiga incrementar la productividad y la competitividad del sistema económico.
Alude seguidamente a la necesaria reforma del mercado de trabajo, al control selectivo del gasto público, la moderación del déficit público, la lucha decidida contra el fraude fiscal y otros fraudes que permitan no incrementar la presión fiscal, así como a la reforma y modernización de la Administración Pública y del mercado de trabajo, con una atención especial a la pequeña y mediana empresa como elemento indispensable para superar la situación de la crisis presente.
Menciona también el pleno apoyo de su Partido a la integración europea y a la propia persona en cuanto tal, mostrándose, por tanto, contrarios a cualquier tipo de discriminación, para concluir recordando que su Partido nunca en la historia ha apoyado ninguna investidura. Por no hacerlo tampoco votó favorablemente tras la intervención golpista del 23 de febrero de 1981, por considerar que el Gobierno y la democracia no estaban en peligro. Hoy, sin embargo, desde partidas diferentes y con entidad propia, no quieren que el nuevo Gobierno fracase, porque no están los tiempos para tensiones políticas innecesarias y porque, en definitiva, sería el fracaso en una coyuntura enormemente importante en materia económica, industrial y de ajuste europeo. Si estalla la economía, la explosión coge absolutamente a todos, aunque el señor candidato debe saber que si abandona las prioridades establecidas se encontrará con la denuncia de dicho abandono desde lo que son, es decir, un partido de oposición.
Consiguientemente, sin pactos ni componendas previas de ninguna clase, hace público que votarán favorablemente la candidatura del señor González a la Presidencia del Gobierno.


Contesta el señor González Márquez.


Se suspende la sesión a la nueve y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las once de la mañana.


--DEBATE SOBRE LA INVESTIDURA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO(Número de expediente 080/000001)

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El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto único del orden del día: Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno.
Por parte de la señora Secretaria Primera de la Cámara se procederá a leer la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno.


La señora SECRETARIA (Frías Navarrete): «De acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución, y celebradas las consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Felipe González Márquez como candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que comunico para que, a través de vuestra excelencia, se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Madrid 3 de julio de 1993. Juan Carlos, Rey. El Presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons.»

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria.
El señor González Márquez tiene la palabra para exponer el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante la Cámara, en cumplimiento del mandato constitucional, para solicitar de SS.SS. el voto favorable a la investidura.
Las elecciones del pasado 6 de junio permitieron a los españoles manifestar sus preferencias políticas y, al mismo tiempo, su voluntad de otorgar una confianza mayoritaria a nuestro proyecto de progreso, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara. A este mandato debemos atenernos.
Los ciudadanos han renovado su confianza en la fuerza política que represento, al tiempo que nos han pedido que vayamos más lejos, que hagamos las cosas de otra manera y que, sabiendo recoger el fruto de los esfuerzos anteriores, marquemos una orientación que nos permita afrontar el futuro con éxito.
Los españoles nos están pidiendo más diálogo con la sociedad y con las otras fuerzas políticas; nos demandan, en definitiva, un cambio sobre el cambio. La propia ausencia de una mayoría absoluta es la más clara constatación de una nueva realidad política que exige a todos, y en particular a quien obtenga el mandato de la Cámara para gobernar, un nuevo enfoque político.
Pasado el proceso electoral, he expresado la necesidad de formar un gobierno con respaldo mayoritario en el Parlamento.
Estoy convencido de que los acuerdos estables con otras fuerzas políticas son un requisito necesario para esta nueva etapa política con objeto de superar los retos que la misma plantea. Vengo, pues a solicitar su apoyo para la formación de un gobierno que tiene una clara vocación de diálogo y compromiso, abierto a la colaboración de las fuerzas políticas que puedan encontrar en el programa suficientes coincidencias con los suyos propios como para votar favorablemente en esta sesión.
En el curso de las conversaciones mantenidas hemos encontrado bases suficientes para un posible compromiso de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y para compromisos programáticos concretos con Convergència y Unió, que irán desarrollándose en el inmediato futuro, sin cerrar la posibilidad por nuestra parte de una colaboración gubernamental cuando se juzgue oportuno. El gobierno que se forme tras estas conversaciones, señorías, se compromete, desde el comienzo, a mantener abierto el diálogo con las otras fuerzas políticas que lo deseen, e intentará asumir las propuestas que sean coherentes con la orientación progresista que inspirará su acción.
Antes de entrar a definir los ejes de la acción gubernamental quisiera trasladar a SS.SS. algunas consideraciones sobre la situación por la que atraviesa nuestro país y sobre los retos a los que nos enfrentamos. Pese a las dificultades presentes, deseo trasladar también nuestra esperanza sobre las posibilidades del futuro, un futuro fruto del esfuerzo de modernización emprendido por nuestra sociedad desde 1977. A partir de ese análisis señalaré las prioridades de la legislatura y les trasmitiré el talante con el que pretendo dirigir la acción de gobierno en los próximos cuatro años, si obtengo el respaldo de la Cámara.
Considero, señorías, que es necesario abrir esta nueva etapa con un compromiso sólido de renovación política y con una reafirmación de los valores de progreso que orientan nuestra acción. Estos valores de tolerancia, de solidaridad, de austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la legalidad y a la paz son, a mi juicio, ampliamente compartidos por la mayoría de los ciudadanos. Tolerancia entendida como expresión del talante democrático, del respeto a las posiciones de los demás, sin tentaciones excluyentes; solidaridad asumida como el impulso que hace que ciudadanos e instituciones no se desentiendan de la suerte de los menos favorecidos; austeridad como principio de conducta personal y como instrumento para luchar contra la crisis, ahorrando recursos para destinarlos a la inversión productiva generadora de empleo; esfuerzo personal para enfrentar los retos que se nos presentan como ciudadanos y que exigen una justa compensación a aquellos que los realizan; respeto a la legalidad y compromiso por la paz que excluya las actitudes que vulneran o que sortean los cauces establecidos para todos por igual y que rechazan con firmeza las actitudes de los violentos.
En este punto quiero testimoniar mi solidaridad con las víctimas que hace días se produjeron en Madrid y con las que hoy en San Sebastián están sufriendo el embate de esa violencia.
Insisto en estos valores porque toda política debe asentarse en convicciones. No puede convertirse en mera administración de los asuntos públicos, sino que debe marcar las pautas de la acción colectiva y reflejar las aspiraciones de la sociedad, su empeño en vencer los obstáculos, en superar los desafíos y en aprovechar las oportunidades que se le ofrecen.


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Durante los años ochenta hicimos frente a una aguda crisis económica y supimos superarla. Hemos conocido así períodos de estancamiento económico y de expansión acelerada. Hemos pasado del prolongado aislamiento internacional a la incorporación plena en la construcción europea, con un protagonismo destacado. Hemos afianzado el edificio constitucional y desarrollado su ordenamiento democrático. Hemos puesto en pie las bases de un sistema de protección social que otras naciones han logrado en ciclos históricos más prolongados.
Hoy, sin embargo, hemos de hablar, sobre todo, de las dificultades que caracterizan el momento presente, dificultades concretas que venimos padeciendo en los últimos tiempos, dificultades para competir que sienten directamente aquellos que están perdiendo su puesto de trabajo, dificultades para contener los precios que sienten también directamente los pensionistas o los empresarios abiertos a la competencia que ven peligrar sus empresas en mercados cada vez más agresivos.
Cuando hablo de dificultades, señorías, me refiero también a la incertidumbre frente al futuro de los jóvenes o a los problemas que se relacionan con la inseguridad ciudadana, con la droga o con la marginación. Estos son los problemas a cuya solución se dirigirá la acción del Gobierno que hoy les presento y cuyos objetivos básicos son crear empleo y fortalecer nuestra democracia.
Los problemas de nuestra democracia deben resolverse profundizando en la democracia. Su solución depende exclusivamente de nosotros. Abordaremos reformas institucionales concretas con mejoras en nuestros mecanismos de participación y control. Los problemas de nuestra economía no pueden separarse, en cambio, del contexto europeo e internacional desfavorable que vivimos, aunque presenten características particulares que podemos y debemos corregir.
El crecimiento del paro en los últimos doce meses ha encendido la luz de alerta y hay que actuar con la mayor celeridad y profundidad.
Y a partir de estas consideraciones, señorías, la oferta programática que presento se vertebra en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero, la superación de la crisis económica y el impulso económico; el segundo, el impulso democrático; el tercero, el desarrollo autonómico; el cuarto, la política exterior y el impulso hacia la unión europea.
Cualquier reflexión sobre las líneas de futuro de la política económica del Gobierno debe partir, a mi juicio, de dos premisas. Una, que la situación económica es difícil, y difícil para todos, para la pequeña y para la gran empresa, para la agricultura y para el comercio, para los trabajadores y empleados industriales y también para los de servicios; los unos ven caer fuertemente sus beneficios o plantearse el cierre de su actividad y los otros ven comprometido, cuando no extinguido, su puesto de trabajo.
Otra, que en período de grandes dificultades se impone la corresponsabilidad y el esfuerzo solidario de todos, porque a todos afecta la situación. Sólo el empeño y la responsabilidad comunes, con el apoyo de los ciudadanos, de las fuerzas políticas y de los agentes sociales y económicos, sólo con ese empeño podremos encarar con acierto la salida de la profunda crisis actual.
La situación económica en el momento presente, a nivel nacional e internacional, se caracteriza, en primer lugar, por una importante contracción de la actividad económica, más acusada y localizada, como es habitual, en la inversión que en el consumo privado y público. En segundo lugar, esta caída de la actividad se ha traducido en un proceso de rápida destrucción de puestos de trabajo y en la agudización de determinados desequilibrios macroeconómicos, especialmente el déficit del sector público, agravado por la menor recaudación inducida por la crisis y el mayor gasto, producto de los compromisos y coberturas sociales. En tercer lugar, la caída en la actividad económica y la consiguiente disminución de la rentabilidad empresarial se han visto agravadas por las incertidumbres políticas y económicas en el plano internacional, que incluyen desde las dificultades que están encontrando Estados Unidos o Japón para afianzar sus procesos de recuperación hasta las incógnitas derivadas de los procesos de cambio en los países de la Europa del Este, o las presiones proteccionistas concretadas en los constantes ataques y dificultades en la Ronda Uruguay, o las propias dificultades para reencontrar la senda del dinamismo que presidía el proceso de construcción europea. Finalmente, nos encontramos frente a una serie de problemas, de insuficiencias de carácter estructural, que están dificultando el relanzamiento de la actividad económica, como pueden ser el bajo nivel de ahorro, la diferencia entre la inflación del sector industrial y el de servicios, la rigidez del mercado de trabajo o la falta de competitividad de nuestro aparato productivo.
Este diagnóstico no es exclusivamente español, es válido para la práctica totalidad de los países europeos. Es más, la interrelación alcanzada por las economías europeas es de tal magnitud que resulta impensable una salida duradera autónoma, máxime en el estadio actual de globalización de la economía mundial. En consecuencia, nuestro objetivo en el momento presente debe centrarse en la corrección de los desequilibrios y en la aprobación de las reformas estructurales que nuestra economía precisa, de tal forma que nos situemos en las mejores condiciones posibles para beneficiarnos de la futura fase cíclica de crecimiento europeo y mundial.
Por todo ello, los objetivos básicos que deben presidir la política económica española en los próximos años quedarían resumidos y sintetizados en dos, que a su vez son las dos caras de una misma moneda: la creación de empleo y la mejora de la competitividad de nuestro sistema productivo.
Así como en la primera legislatura nos tuvimos que enfrentar a la salida de una crisis que duraba casi un decenio y en la segunda y en la tercera sentamos las bases y consolidamos el período de crecimiento económico

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más largo e intenso de la democracia, en el momento presente, al inicio de esta V legislatura, pensamos que el objetivo básico que debe presidir todas nuestras actuaciones es la mejora de la calidad de nuestro sistema económico, el incremento de su competitividad frente a los países con los que se ve obligado a disputar los mercados. Sin lugar a dudas, este es un requisito imprescindible para la creación duradera de empleo.
A la consecución de estos objetivos estarán orientadas todas las políticas gubernamentales, tanto la propia política macroeconómica como las diferentes políticas sectoriales: la política industrial, la educativa y de formación y, por supuesto, la política laboral y de empleo. Las medidas que, consecuentemente, se adoptarán pueden agruparse en tres grandes bloques. Por un lado, aquellas destinadas a mejorar la competividad, a favorecer la recuperación económica y a corregir los desequilibrios básicos de nuestra economía. Por otro, las encaminadas a conseguir las reformas estructurales que la economía española precisa, siempre desde la perspectiva de homologación a los modelos y sistemas económicos de los países comunitarios. Finalmente, un tercer bloque recogerá los grandes planes de actuación, algunos de ellos ya diseñados en la legislatura anterior, que configuran una clara decisión de mejorar nuestras infraestructuras y nuestro entorno.
Centrándonos en el primer bloque de medidas, las destinadas a mejorar la competitividad y a promover la recuperación económica, cabría establecer tres áreas en las que el Gobierno actuará de una manera preferente: la consolidación fiscal, las medidas de recuperación y el pacto social.
La primera de ellas, como he indicado, consistirá en un programa de consolidación fiscal. El aumento del desempleo y la reducción de los ingresos públicos, provocados ambos por la fuerte recesión económica, configuran un panorama de déficit muy superior al previsto para 1993 y 1994, donde estaremos cerca de alcanzar el cinco por ciento del producto bruto en el déficit de la Administración del Estado. Consideramos necesario no incrementar el nivel de presión fiscal actualmente vigente.
Por ello, la contención del déficit tendrá que articularse a través del control del gasto, buscando un paulatino reequilibrio presupuestario que reduzca la presión sobre los mercados de capitales a la hora de captar ahorro interno y facilite la bajada de los tipos. Con el presupuesto para 1994 el Gobierno dará a conocer a la Cámara el conjunto de medidas normativas que garanticen la consolidación fiscal en la línea que he expuesto.
En segundo lugar, el Gobierno adoptará un amplio paquete de medidas que persiguen la recuperación económica y, de manera especial, la incentivación de la inversión y el ahorro. Entre otras, cabría señalar aquí la reducción prudente y concertada de los tipos de interés, en la medida en que el mercado y los ajustes internos lo vayan posibilitando; el apoyo financiero y fiscal específico para la pequeña y la mediana empresa, la reforma del Impuesto de Actividades Económicas, la continuidad en el apoyo a la exportación e internacionalización de las empresas españolas y el mantenimiento del esfuerzo fiscal en la inversión, tanto en capital físico como humano. El Gobierno impulsará el diálogo social sobre la competitividad industrial con el fin de alcanzar el mayor consenso en torno al Libro Blanco de la industria y a acentuar el carácter activo de la política industrial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en sus esfuerzos para mejorar su propio potencial, fortaleciendo los principales factores de los que depende su competitividad, como la innovación tecnológica, la calidad y la seguridad industrial, la adaptación medioambiental de la industria, los servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la cooperación empresarial.
En tercer lugar, impulsaremos la creación de empleo a través del pacto social al que me voy a referir posteriormente con detenimiento.
La segunda área de iniciativas integraría todas aquellas, muchas de carácter estructural, que quieren conseguir una sociedad más competitiva a la vez que más flexible y transparente, reformas cuyo desarrollo y efectos previsiblemente se harán sentir a medio y a largo plazo. En este campo se deben incluir la mejora de la eficacia de la Agencia Tributaria y el diseño de un plan de lucha contra el fraude fiscal, o la Ley de Arrendamientos Urbanos, la liberalización del sector de servicios en áreas como el transporte y las telecomunicaciones, buscando reducir su actual tendencia inflacionista; o la reforma del Impuesto de Sociedades, que actualice y adecue a las necesidades empresariales presentes la legislación fiscal en este campo en materias como la doble imposición, los ajustes contables o las amortizaciones.
Por último, una tercera área constituida por las iniciativas en materia de infraestructuras y de medio ambiente, que España precisa para completar su desarrollo y conseguir la articulación espacial necesaria en la que fundamentar su crecimiento e incorporación a Europa en condiciones de igualdad competitiva.
En este apartado se incluyen, señorías, entre otros, la aprobación y puesta en marcha del plan director de infraestructuras, en el que se diseña un conjunto integral de actuaciones básicas en el área de las infraestructuras para un horizonte de quince años, y el plan de reforestación, que asume como objetivo la actuación en los próximos cuatro años sobre un millón de hectáreas, o el plan hidrológico nacional, que dibuja un esquema de intervención a largo plazo, asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles.
El conjunto de las políticas desarrolladas en estas tres áreas de actuación será congruente con un proyecto que tiene como una de sus señas fundamentales de identidad el mantenimiento de la cohesión social y territorial, buscando siempre la protección de los sectores que tienen una menor capacidad de defensa frente

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a los desajustes cíclicos de la economía o simplemente frente a la libre actuación de las fuerzas del mercado.
Esta dimensión solidaria de nuestra política debe ponerse especialmente de manifiesto en los momentos actuales de dificultad económica y exige como contrapunto inexcusable una tarea eficaz para eliminar el fraude en las prestaciones. Pero los contenidos sociales de nuestras políticas no sólo responden a las señas de identidad de un proyecto de progreso.
Estamos convencidos de que la mejora de la educación, de la sanidad y, en general, las políticas que persiguen la igualdad de oportunidades son requisitos no sólo convenientes sino necesarios para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Por ello avanzaremos en estas políticas en la medida de nuestras posibilidades y, en el necesario clima de austeridad en que debemos actuar, dirigiremos los recursos disponibles hacia aquellos que más los necesiten, garantizando que sirvan efectivamente a los objetivos a los que están destinados, y pediremos así los esfuerzos de solidaridad en relación a las capacidades y a las posibilidades de todos.
Este mismo esfuerzo de solidaridad es el que explica nuestra voluntad de llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales para definir la estrategia que pensamos desarrollar en los próximos años con el objetivo de crear empleo. Es lo que hemos llamado durante la campaña el pacto por el empleo.
En lo fundamental, nuestra crisis no es diferente a la que padecen otros países de nuestro entorno. En algunos de ellos, la responsabilidad de los agentes sociales está posibilitando la adopción de estrategias económicas que facilitan la redistribución de los costes de la salida de la crisis.
Si queremos mantener los logros sociales alcanzados en nuestro país en el pasado decenio, resulta obligado un nuevo esfuerzo colectivo que acepte la adopción de medidas imprescindibles para afrontar y superar el actual período de recesión y de destrucción de empleo.
Estamos firmemente convencidos de que un acuerdo con los interlocutores sociales aumentaría nuestras posibilidades de desarrollo económico y social y aprovecharía al máximo las potencialidades que ofrece la estrategia que proponemos. El pacto social que estamos ofreciendo a los interlocutores sociales no es sólo un pacto de rentas, es un pacto global que se plantea como objetivo fundamental la creación de empleo.
Este pacto social deberá contemplar la distribución de los esfuerzos y de los sacrificios, así como de los compromisos que se asuman dentro de una estrategia de recuperación económica, de forma equitativa entre todos los sectores económicos y sociales de la sociedad, tanto en su vertiente de política de rentas como de definición global de la estrategia económica y de compromiso en las reformas estructurales que de ellas se derive, y específicamente la del mercado laboral. Una política de rentas eficaz y solidaria tiene que tener en cuenta los objetivos de competitividad de nuestra economía. En este sentido promoveremos, en el marco del diálogo social, la adopción de medidas que, siendo compatibles con el principio de autonomía en la determinación de los salarios y de los beneficios, garanticen la coordinación de las distintas rentas con el esfuerzo de recuperación económica, de corrección de nuestros desequilibrios básicos y, en definitiva, con la creación de empleo.
Paralelamente, nos proponemos realizar la reforma del mercado de trabajo que, promovida ya en la anterior legislatura, está siendo debatida en este momento en el Consejo Económico y Social. Esta reforma pretende ser global y equilibrada, sustentada en un acuerdo con los interlocutores sociales sobre cuestiones que nos parecen básicas. La primera de ellas es la adaptación de los servicios públicos de empleo, ya iniciada, con la transferencia de la gestión de las prestaciones por desempleo del Inem al Instituto Nacional de la Seguridad Social para conseguir que el Instituto Nacional de Empleo se centre en la función de intermediación que desarrolla en el mercado de trabajo.
La segunda pretende la modificación de las actuales modalidades de contratación laboral, con el fin de lograr un equilibrio en el sistema de relaciones laborales que se base, sobre todo, en el restablecimiento progresivo del principio de causalidad en relación con la contratación laboral, en el fomento de la estabilidad en el empleo y en la introducción de mayores facilidades a la movilidad interna de las empresas, tanto de carácter funcional como geográfico. Consciente de las dificultades que ello plantea, el Gobierno estará dispuesto a concertar con los agentes sociales una política de vivienda que otorgue prioridad de acceso a ella a los trabajadores que se desplacen de residencia por motivos laborales.
La tercera está vinculada a la políticas activas de empleo, políticas orientadas, sobre todo, a favorecer la creación de puestos de trabajo para aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, particularmente los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. También se orientarán a la ordenación, al uso más flexible y al reparto del tiempo de trabajo para crear más oportunidades de empleo y, a este efecto, se fomentará la utilización de los contratos a tiempo parcial y de relevo y se recuperará el contrato de aprendizaje.
La cuarta cuestión básica se refiere a la política de formación profesional. Como recordarán SS.SS., durante la anterior legislatura se ha aprobado el Programa Nacional de Formación Profesional para el período 1993-1996, dotado con 500.000 millones de pesetas, y se ha llegado a un acuerdo con los interlocutores sociales sobre formación continua para los trabajadores ocupados, que también tendrá un importe de 200.000 millones de pesetas. En los próximos años pretendemos dar un fuerte impulso a la política de formación profesional dentro de una estrategia general de competitividad, de lucha contra el desempleo y de promoción social y profesional de los trabajadores. Este impulso tendrá como soporte un importante esfuerzo financiero, como he dicho.


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Finalmente, creemos que es necesario avanzar hacia un modelo de relaciones laborales más participativas y cooperativas. El pacto social para el empleo es un buen instrumento para ello al permitir profundizar en el desarrollo de la democracia industrial, extendiendo derechos de información y consulta de los trabajadores e introduciendo nuevas formas de participación y de colaboración en la empresa, contemplando al mismo tiempo la consiguiente corresponsabilización.
Se trata, en definitiva, señorías, de intentar sustituir un modelo de relaciones laborales de conflicto por un modelo de corresponsabilidad adecuado a las circunstancias del presente.
En este esquema se inserta una regulación del ejercicio del derecho de huelga que corresponsabilice a los sindicatos, sobre todo cuando afecte a los servicios esenciales para la comunidad. Por nuestra parte cumpliremos el compromiso electoral presentando el texto de la ley que decayó en la anterior legislatura.
En esta misma dirección cabe contemplar el propósito de regular la participación institucional de los interlocutores sociales y apoyar los órganos paritarios de conciliación, mediación y arbitraje que ellos mismos establezcan de común acuerdo.
Estas son en síntesis, señoras y señores Diputados, las líneas de actuación en materia económico-social que me propongo aplicar para facilitar la recuperación económica, mejorando nuestra competitividad, realizando las reformas estructurales necesarias, priorizando la educación y la formación profesional y dotándonos de mejores infraestructuras. Si consiguiéramos alcanzar un acuerdo razonale con los agentes sociales en las materias que les afectan, tengo plena confianza en el potencial de nuestra economía y en la energía de nuestras empresas para dar un nuevo salto hacia adelante en el camino de la prosperidad económica y social.
En segundo lugar, me gustaría hablarles del impulso democrático.
Las pasadas elecciones, señorías, han venido a desmentir en parte el supuesto alejamiento entre los ciudadanos y la política. La elevada participación en las urnas y el alto grado de interés que despertó la campaña electoral, inmersa en una grave crisis económica y en un clima de imputaciones generalizadas de corrupción, son una buena prueba de este interés ciudadano. Sin embargo, la necesidad de dar un nuevo impulso a la democracia nace de una reflexión sobre el momento histórico que nos tocar vivir. Se trata de una reflexión no específicamente española puesto que constituye una preocupación difundida ampliamente en la mayor parte de las democracias europeas. Estamos presenciando en Europa un cierto proceso de desafección de los ciudadanos respecto de las políticas tradicionales, los partidos políticos y sus representantes. Incluso me atrevería a decir que asistimos a una cierta pérdida de aprecio hacia elementos esenciales del funcionamiento de la democracia. Todo ello se traduce en una crítica general y sin matices de los partidos, de las instituciones y de todos los ámbitos de la vida pública.
Sin dramatizar este distanciamiento, hemos de ser conscientes de la necesidad de revalorizar la vida de los partidos y de las instituciones. Se trata de convertir al Parlamento en el centro real del debate democrático, de dotar de mayores poderes al Consejo General del Poder Judicial, para hacer que la justicia sea más eficaz, de aumentar la eficacia, la agilidad, la transparencia de la Administración y hacerla más próxima al ciudadano. Analizaré, señor Presidente, cada uno de estos objetivos con algún detalle.
He insistido durante la campaña electoral en la necesidad de una ley de partidos políticos, una legislación que nos ayude a superar la desconfianza sobre la actuación y la financiación de los partidos. Los aspectos que debería regular esta ley son, por una parte, los derechos y deberes básicos de los afiliados a los partidos, en cumplimiento del mandato constitucional de funcionamiento democrático, y, por otra, las fuentes de financiación de los partidos, políticos que deben limitarse, a nuestro juicio, a la financiación pública y a la privada que provenga exclusivamente de personas físicas, aunque esta última pueda llevar aparejada la posibilidad de desgravación fiscal. Es preciso también regular en esta ley la contabilidad de los partidos para hacerla más transparente, con el inexcusable corolario de reformar la Ley del Tribunal de Cuentas, en orden a reforzar sus posibilidades de control.
Durante el período de campaña he ofrecido la creación de una comisión de encuesta a nivel parlamentario, sobre la financiación de los partidos. Mantengo ante esta tribuna esa oferta a los grupos políticos de la Cámara.
En cuanto al Parlamento, debemos culminar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, muy avanzadas ya en la anterior legislatura, con el objetivo de recuperar las funciones más genuinas de las Cámaras, es decir, la de legislar y, sobre todo, la de conocer y aproximarse a los problemas concretos a través del debate parlamentario.
La presencia permanente del Ejecutivo y de su propio Presidente ha de facilitar una mejor labor de control sobre sus actuaciones, todo ello orientado a fomentar el interés de los ciudadanos por las cuestiones políticas que se debaten aquí. Pretendemos que la reforma del Reglamento del Senado abra el camino hacia su definitiva configuración como Cámara territorial más allá de su papel actual como Cámara de segunda lectura. En ese camino no descartamos promover una reforma de aquellos aspectos de la Constitución que pudieran dificultar ese objetivo, siempre que fuera preciso y existiera el consenso parlamentario suficiente.
Parece necesario revisar también el sistema de provisión de los miembros de los órganos constitucionales, tales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo. A mi juicio, la elección de esos componentes debe seguir siendo competencia del Parlamento, pero debemos arbitrar mecanismos de funcionamiento que eviten el reparto de cuotas entre partidos y los bloqueos que se vienen

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produciendo como consecuencia de la falta de acuerdo.
(Rumores.) En relación con la justicia creo que es legítimo señalar la enorme transformación realizada en estos años. Se han multiplicado los medios personales y materiales, lo que ha requerido doblar la participación del gasto en justicia en relación con nuestro producto interior bruto.
A partir de lo ya realizado hay que dar un impulso definitivo que permita a la justicia lograr el aprecio de la ciudadanía que merece y necesita esa función del Estado. Para ello hay que dirigir el esfuerzo prioritariamente hacia la calidad, lo que exige una mejora constante de la formación de jueces y magistrados. Una mayor especialización debe tener también incidencia sobre la mejora de la calidad en la actividad jurisdiccional. Hay que preservar y profundizar en la independencia del poder judicial y, en paralelo, perfeccionar también los mecanismos por los que se pueden exigir responsabilidades, para lo cual es preciso una reforma que permita ejercer sus poderes al Consejo del Poder Judicial, todo ello de acuerdo con lo que el propio Consejo viene demandando en sus informes. Por hacer referencia a aspectos más concretos señalaré que la reforma procesal ha de ser aprobada con prontitud, prestando especial atención al orden civil y contencioso-administrativo que sufren las consecuencias del aumento de la litigiosidad.
Señor Presidente, señorías, la competitividad depende no sólo de la productividad del sector privado de la economía sino también de la calidad y buen funcionamiento de sus administraciones públicas. Ello remite a la exigencia de modernización de la Administración en una triple faceta: logrando una eficiencia elevada que mejore la relación entre los costes y los beneficios de su funcionamiento, mejorando la calidad y la eficacia de los servicios que se prestan a los ciudadanos y flexibilizando las rigideces de su funcionamiento, aumentando la transparencia, haciéndose más accesible e incorporando tanto en las normas jurídicas que la regulan como en la práctica diaria una cultura de servicio a los usuarios. Se trata, señorías, de conseguir estructuras administrativas reducidas y eficaces volcadas sobre las demandas de la sociedad.
Por eso, es propósito del Gobierno continuar en términos generales con la política de congelación del empleo público.
El complemento de esta política será un aumento de la movilidad y versatilidad del personal al servicio de las administraciones. Pero una reflexión sobre el impulso democrático en un país tan descentralizado como el nuestro quedaría incompleta si no contemplase las necesarias adecuaciones a esta nueva etapa política del propio Estado de las autonomías. Nuestro país, señorías, ha recorrido en pocos años un largo camino, el que media entre un Estado autoritario y centralista y un Estado democrático y fuertemente descentralizado. Este recorrido ha sido posible gracias al alto nivel de acuerdo político que presidió tanto la Constitución como la aprobación de los diversos estatutos de autonomía y, a partir de una y otros, presidió también las diversas etapas de la construcción del Estado autonómico.
En otros momentos he expresado ante esta Cámara la necesidad de articular una política autonómica que sea capaz de responder a la homogeneidad y a la diferencia, a los problemas que son comunes y compartidos por todas las comunidades autónomas y a los que tienen su origen en los indiscutibles hechos diferenciales que se derivan de peculiaridades geográficas, culturales, lingüísticas o del propio contenido estatutario de cada comunidad.
La Constitución garantiza la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles en la totalidad del territorio, previene contra toda discriminación injusta y, a la vez, ampara diferencias organizativas y competenciales entre comunidades autónomas, dentro del marco que es común a todas ellas. Pues bien, en esta España plural y diversa, o, si lo prefieren, en la organización política que es el Estado que nos hemos dado los españoles, resulta tan indispensable como posible asegurar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades de los habitantes de todos ellos y la integración en un proyecto compartido de responsabilidad de aquellas visiones legítimas y diferenciadas sobre el Estado de las autonomías, que nuestra Constitución ampara y los ciudadanos han venido avalando con sus votos.
Por todo ello, quiero expresar a SS.SS. la necesidad de seguir manteniendo el espíritu de acuerdo que ha hecho posible la construcción del Estado autonómico, espíritu que me propongo solicitar para todas aquellas cuestiones que, por afectar a la estructura territorial del Estado y a la distribución del poder político, hacen conveniente una especial aproximación de posiciones.
Igualmente deseo pedir a los grupos de la Cámara su contribución al avance decidido de la cooperación en el Estado de las autonomías, objetivo para cuya consecución el Gobierno impulsará los acuerdos ya alcanzados y desarrollará las fórmulas previstas en la reciente legislación administrativa para la cooperación entre las instituciones.
En los últimos diez años la participación de la Administración general del Estado en el gasto de las administraciones públicas ha caído en más de 20 puntos porcentuales en beneficio de las comunidades autónomas, preferentemente, y en una proporción menor de las corporaciones locales. Este proceso de descentralización política, administrativa y económica no ha concluido. A lo largo de los próximos años ha de completarse lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transferencias a las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, mediante el traspaso de los medios personales y materiales necesarios. Esto significará, señorías, el traspaso de unas 200.000 personas de la Administración central del Estado a estas comunidades y alrededor de un billón de pesetas de 1992, que incrementarán sus presupuestos y reducirán el del Estado. Asimismo, la ampliación de

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competencias se plasmar en la reforma de los estatutos de estas diez comunidades.
Para las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución se trata de culminar en esta legislatura los traspasos que están todavía pendientes y que esas comunidades solicitan. En este sentido, señoras y señores Diputados, el Gobierno, con los gobiernos de esas comunidades, llevará a cabo una lectura conjunta de sus estatutos que permita, a la luz de la Constitución y de la doctrina del Tribunal Constitucional, establecer el calendario de los traspasos. De este modo, la superación del bloqueo de los años pasados se convertirá en una de las prioridades del Gobierno.
La financiación de las comunidades autónomas recibió un nuevo impulso, en el año 1992, con la suscripción unánime del acuerdo quinquenal de financiación, en el que se avanza en materia de suficiencia económica, se reducen las diferencias entre comunidades en la financiación general y se mejora la disciplina financiera del sistema. Sin embargo, no ha sido posible hasta ahora dar pasos significativos en materia de corresponsabilidad fiscal, una cuestión que resulta indispensable en la actual configuración del Estado de las autonomías si no queremos que las insuficiencias en los recursos públicos de las comunidades autónomas se traduzcan en demandas de nueva financiación con cargo a los Presupuestos del Estado.
Como he dicho en varias ocasiones, la introducción práctica del principio de corresponsabilidad fiscal ha de hacerse compatible con el principio de solidaridad que exige nuestra Constitución e inspira la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y debe también legitimarse mediante el más amplio acuerdo posible en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que participan todas las comunidades autónomas. Antes del mes de octubre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera será convocado para cerrar un acuerdo en esta materia que, una vez conseguido, será trasladado a la ley de Presupuestos para 1994.
Las peculiaridades económicas de Canarias, señorías, han quedado salvaguardadas en su específico proceso de integración en la Comunidad Europea. En esta legislatura el Gobierno completará el régimen económico-fiscal de las islas. Este proceso habrá de incluir el establecimiento de instrumentos específicos de desarrollo y también la creación de una zona económica especial competitiva. Para ello, quiero contar, naturalmente, con el diálogo y el entendimiento del Gobierno autónomo de Canarias.
Además, señorías, esta legislatura debe ser la que haga posible, tras años de discusiones y desacuerdos, la aprobación de los estatutos de autonomía para las ciudades de Ceuta y Melilla (Rumores.--Un señor Diputado: !Oh!), conforme a lo aprobado en el último debate sobre el Estado de las autonomías, celebrado recientemente en el Senado.
Pero la descentralización del Estado no puede olvidar el papel que juegan las corporaciones locales y el que les ha de corresponder en esta nueva articulación del país, que se basa esencialmente en el acercamiento de los poderes públicos a los ciudadanos. Por ello, señorías, me propongo impulsar un debate político y los necesarios acuerdos institucionales que permitan definir en esta legislatura nuevas funciones para las entidades locales. Para ello, el Gobierno preparará un Libro Blanco y hará uso de su iniciativa legislativa para la modificación del régimen local básico de las grandes ciudades.
Todas estas transformaciones, señoras y señores Diputados, tienen que venir acompañadas de las oportunas modificaciones administrativas. La eliminación de las duplicidades, cuando las hubiera, y la simplificación de las administraciones públicas son exigencias del perfeccionamiento del Estado que el Gobierno habrá de impulsar mediante fórmulas de cooperación entre administraciones y mediante una nueva ley de organización de la Administración general del Estado, que afectará también a su organización territorial en lo que se refiere a su propia administración. Un esfuerzo de racionalización y de simplificación que espero sea acompañado por uno equivalente en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
Permítanme adentrarme ahora en la política exterior y en el necesario impulso europeo.
La anterior legislatura se inició en un marco ilusionante por lo que se refiere a la configuración de un nuevo orden mundial. El año 1989 fue, entre otros muchos acontecimientos de gran relevancia, el de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, la caída del muro ha sido el mejor símbolo de los cambios que, aun siendo portadores de grandes esperanzas, plantean retos e incertidumbres que debemos despejar para construir un nuevo orden mundial más democrático y más justo.
Los vientos de libertad que han modificado profundamente los sistemas de relación y de cooperación entre las naciones han traído también inestabilidad e incertidumbre. Desde aquel 1989 el mundo ha cambiado radicalmente: en menos de cuatro años Alemania se ha unificado, la guerra fría se ha quedado en el pasado, la Unión Soviética ha desaparecido y el comunismo ha dejado de ser una ideología con fuerza en la esfera internacional. En Europa hay hoy una veintena de Estados más que entonces y, coincidiendo con estos fenómenos, que han traído nuevas oportunidades, se ha producido también una globalizacióon de la economía en numerosos ámbitos cuyos efectos todavía no se logra calibrar ni controlar en su totalidad.
No quiero detenerme hoy en el pasado, sólo esbozar la magnitud del cambio que se ha producido y señalar que creo que España ha salido bastante airosa de esta gran turbulencia. La pieza clave del orden internacional debe ser el sistema de Naciones Unidas y, en particular, la actividad del Consejo de Seguridad. Por eso, en su día, nos esforzamos por estar presentes en el Consejo de Seguridad durante este período de grandes decisiones y hoy defendemos un Consejo de Seguridad eficiente pero también más representativo de la realidad internacional. El sistema internacional reclama hoy

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no sólo legitimidad sino también operatividad, lo que implica reforzar la capacidad para llevar a cabo una diplomacia preventiva y misiones de paz y humanitarias. España no escatima sus esfuerzos en este sentido, como lo demuestra la presencia militar en misiones de paz y humanitarias en la antigua Yugoslavia, o en Angola, en Nicaragua o en El Salvador.
Deseo expresar en este punto mi profundo reconomiento, que estoy seguro comparten SS.SS. y todo el pueblo español, hacia nuestras Fuerzas Armadas por la labor que realizan en la antigua Yugoslavia. Quiero que estos españoles, que en algunos casos ya han ofrecido sus vidas protegiendo otras vidas y los derechos humanos en Bosnia, sepan que merecen nuestro mayor respeto y nuestro mayor apoyo, igual que sus familias merecen toda nuestra solidaridad.
En la redefinición de un nuevo orden mundial España debe impulsar también una renovada relación con los Estados Unidos, que se debe completar con un nuevo modelo de relaciones entre la Unión Europea y ese gran país. Debemos esforzarnos en dotar de mayor contenido esta relación y darle nuevo vigor desde el punto de vista económico, político, social y cultural. Ninguno de estos avances se puede hacer a costa de la dimensión iberoamericana de España. La progresiva construcción de la comunidad iberoamericana, a través de las conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya tercera edición --espero que fructífera--celebraremos dentro de unos días en Brasil, está contribuyendo ya al asentamiento de la libertad, la democracia, el desarrollo y la paz en las naciones del continente, y ello justificaría, por sí solo, la presencia activa de España en este foro y su empeño en fortalecerlo.
Tampoco se puede olvidar la relación prioritaria de España con los países del Magreb y, en general, con los países del sur del Mediterráneo, cuya estabilidad y prosperidad económica también necesitamos. En relación con ellos, España tiene que realizar un esfuerzo de política de cooperación al desarrollo, como aportación a un nuevo orden mundial que debe basarse en la justicia y en la solidaridad. Pero en el marco inestable del panorama internacional pocos proyectos han sido capaces de resistir o de adaptarse a las nuevas circunstancias como el de la Unión Europea, e incluso éste ha padecido convulsiones como las que han significado las dificultades de ratificación del Tratado de la Unión o las tormentas monetarias que han amenazado gravemente la continuidad del Sistema Monetario Europeo y han presionado también, de forma muy importante, sobre nuestra moneda.
Pese a esas dificultades, el proyecto de Unión Europea sigue siendo factor de estabilidad, pacificación y progreso para todo el continente, constituyendo, además, una aportación inestimable a la estabilidad mundial y a la constitución de un nuevo orden multipolar de fuerte componente regional. Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un intenso debate, dentro y fuera de nuestro país, sobre las ventajas e inconvenientes de la Unidad Europea para el continente en su conjunto y para cada una de las naciones que lo integran. Este debate ha evidenciado la tentación que sienten algunos sectores europeos de ensimismarse, de que cada país se repliegue sobre sí mismo, de ceder a la tentación hipernacionalista. Hoy, más que ayer, necesitamos, a mi juicio, menos separación y más integración; más Europa. Para lograrlo, la construcción europea debe ser capaz de ganar legitimidad y respaldo, de generar crecimiento y empleo y de lograr una capacidad de iniciativa internacional. El camino para ello es el que se diseñó en el Tratado de la Unión Europea, que espero entrará en vigor en el otoño, una vez superadas las reticencias para su ratificación en algunos países.
La tarea más urgente será la de asegurar que avanzamos por la senda que conduce a la Unión Económica y Monetaria, a cuya primera cita España no debe faltar. Además, estoy firmemente convencido. como saben SS.SS., de que las políticas de convergencia necesarias para asegurar ese encuentro con la Unión Económica y Monetaria son las mismas políticas que España necesita para salir de su actual crisis económica. No se trata de sacrificar nada a un afán europeísta abstracto sino de fortalecer económica y socialmente a nuestro país practicando un europeísmo concreto, en el que por lo demás, y en buena parte gracias a nuestro esfuerzo, se han incorporado mecanismos de cohesión económica y social.
La Unión Europea no es un proyecto concluido; deberemos aprovechar estos años para el desarrollo político interno de la unión que le permita situarse como núcleo estabilizador y unificador de la nueva Europa, con la perspectiva de la ampliación a países como Suecia, Austria, Noruega o Finlandia y de las políticas de apoyo a los países de la Europa central y oriental. De todos estos desarrollos, señorías, internos y externos, el Gobierno mantendrá puntualmente informada a esta Cámara. En esta legislatura no sólo deberemos poner en práctica el Tratado de la Unión Europea sino que también tal y como está previsto para 1996, deberemos trabajar en su reforma. Asimismo hemos de ratificar el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y su protocolo de adaptación. Creo que nuestro Parlamento debe implicarse activamente en esas tareas y espero por ello la colaboración de SS.SS. reforzando la defensa de los intereses de España.
Los avances en el proyecto europeo incluyen una política exterior y de seguridad común. España se propone seguir participando activamente en la adaptación y transformación de la Alianza Atlántica, apoyar el desarrollo paulatino de la Unión Europea Occidental y seguir participando, como ya he señalado, en operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas. Si este proyecto no contara con el apoyo de los ciudadanos, actores y destinatarios del mismo, resultaría vano.
Por ello me propongo fomentar el debate y reforzar la información sobre este proyecto histórico de manera constante y en especial con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994. Entonces

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tendremos ocasión de contrastar la identificación de las fuerzas políticas y del electorado con este proyecto de futuro.
En los últimos años España, señorías, ha recuperado el lugar que le correspondía en Europa y en el mundo. Mantenernos en él, en un mundo en cambio, no será automático; requiere voluntad, esfuerzo y perseverancia. Por mi parte no los escatimaré, en el buen entendimiento de que ése es el interés de todos los españoles.
Y concluyo. Tras haberles señalado los grandes ejes y prioridades que configurarán la acción del Gobierno, permítanme, señor Presidente, señorías, que retome el sentido global de mis consideraciones iniciales.
Comparezco por cuarta vez a una sesión de esta naturaleza. En 1982 tratamos de interpretar el deseo de cambio de una sociedad que apostaba con confianza por la normalización y la estabilidad democrática, por la superación de una crisis económica profunda y por el desarrollo de nuestro Estado autonómico, además de por la inserción en el proyecto europeo.
En 1986, al inicio de un período de crecimiento que ya se manifestaba con claridad, nos propusimos profundizar en la modernización económica y social, sentar las bases de una sociedad más cohesionada y más solidaria, asegurando para todos unas prestaciones de bienestar, de las que muchos españoles habían carecido, y adaptar todas nuestras estructuras al marco comunitario al que acabamos de incorporarnos.
En 1989 afrontábamos un período de preparación para responder a las exigencias del Acta Unica y del mercado interior, así como de los retos específicos de 1992, en un debate que conicidió cronológicamente con la caída de las dictaduras del centro y del este de Europa, origen de una euforia para la que había muchas razones legítimas, pero que minusvaloraba las grandes dificultades y los muchos problemas que el nuevo escenario conllevaría.
En todas esas ocasiones obtuve el apoyo mayoritario de la Cámara para un proyecto de progreso. Pido hoy ese apoyo para cubrir un nuevo tramo del período entonces iniciado, pero, y sobre todo, para abrir con decisión una nueva etapa. Así lo exige el entorno, cada vez más abierto, en el que nos movemos, los grandes cambios que se están produciendo, la novedad de las respuestas que hemos de encontrar en un contexto de dificultad y de incertidumbre. Así lo reclama la propia transformación de nuestra sociedad, bien distinta hoy a la de hace apenas una década que ha dejado atrás muchos de esos problemas, largo tiempo enquistados, pero que muestra una lógica inquietud ante otras nuevas preocupaciones.
En las elecciones del pasado 6 de junio la sociedad española ha expresado de una manera clara su voluntad y su deseo de que se abra esta nueva etapa. Ha manifestado, además, mayoritariamente, que la acción y la decisiones políticas giren en torno a la oferta socialista y se perfilen con las fuerzas políticas que contribuyan a la estabilidad gubernamental y se articulentratando de encontrar el mayor apoyo y participación política y social.
He podido constatar ese mismo deseo de iniciar una nueva etapa en las conversaciones políticas que he mantenido con representantes de Grupos con presencia en esta Cámara, así como en las llevadas a cabo con los interlocutores sociales: sindicatos y empresarios.
La línea de acción que les he presentado y el Gobierno que me propongo formar han de responder a ese reto fundamental y descansan en una confianza profunda en la capacidad de nuestra sociedad para afrontarlo.
La sociedad española es hoy más libre, más plural, más heterogénea, más abierta y más cohesionada, social y territorialmente, que antes. Sus generaciones más jóvenes son las más formadas y hemos de ser capaces, por el bien de todos, de abrirles un espacio de oportunidad para que pongan en práctica sus muchas posibilidades. En este sentido no querría acabar mi intervención sin mencionar la necesidad de abordar una acción decidida y preferente para favorecer la incorporación activa de sectores sociales tradicionalmente relegados al quehacer de la sociedad española. Se trata, señorías, de los jóvenes y de las mujeres. Se trata no sólo de fomentar su incorporación al mercado de trabajo: se trata de su incorporación en plenitud a la vida social y política, se trata de incorporar sus sensibilidades y sus preocupaciones.
Todo ello forma parte de las mías personales y tendrá, obviamente, un reflejo en la acción del Gobierno que aspiro a presidir.
Toda nuestra sociedad, como conjunto, es cada vez más consciente de que tenemos que afrontar con valentía estos cambios que tenemos ante nosotros. La acción política de progreso consiste en la capacidad para articular respuestas eficaces, conjuntas y solidarias a través del diálogo, del acuerdo y de la participación.
Para este tipo de acción en esta nueva etapa comprometo la plena disponibilidad de mi Gobierno y del Grupo que represento. Para este tipo de acción que nos permitirá ganar el futuro recabo la participación activa de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas y solicito también el voto favorable de la Cámara.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
El Pleno se reanudará a las cuatro y media de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las doce y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aznar.


El señor AZNAR LOPEZ: Señorías, antes de comenzar quiero sumarme, en nombre del Grupo Parlamentario

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Popular, a la declaración institucional que ayer realizó la Junta de Portavoces del Congreso en relación con el secuestro del señor Iglesias, así como con todas las víctimas del terrorismo y sus familiares. Quiero desde aquí volver a alentar y respaldar a las fuerzas de Seguridad del Estado, al Gobierno y a todos los demócratas para que, entre todos, sigamos en la tarea hasta conseguir la victoria final frente al terrorismo y la erradicación definitiva del terrorismo y la violencia en España.
Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me dispongo a explicar las razones de nuestro voto negativo a la investidura del señor González a la Presidencia del Gobierno. A algunos quizás les parezca la explicación de lo que es obvio. El Partido Popular afrontó las pasadas elecciones con un proyecto político propio, destinado a buscar la confianza de los españoles y a ofrecer una clara alternativa al Gobierno del señor González. Ocho millones dosciento mil españoles han apoyado el proyecto del Partido Popular pretendiendo no sólo un cambio de gobierno sino un profundo cambio de políticas, de estilos y de formas de gobernar. Es lógico, por lo tanto, que no podamos votar una candidatura que para nosotros, y a pesar de las palabras de esta mañana, representa el continuismo, especialmente en la persona que más emblemáticamente lo encarna y también en los estilos y en las formas de gobernar.
Tal vez esto sería lo obvio, que no precisaría de mayor tipo de explicaciones, pero en esta ocasión, y por primera vez desde hace más de una década, esta sesión de investidura no es una mera sesión ritual. Y podemos preguntarnos, ¿en qué consiste la novedad? La novedad consiste fundamentalmente en que el candidato que se presenta hoy para solicitar de esta Cámara su confianza con el fin de ser investido Presidente del Gobierno no cuenta, como él mismo ha subrayado esta mañana, con el apoyo suficiente de escaños, y esto le obliga a solicitar asistencia de otros grupos políticos y de otros Diputados, y nos obliga, sin duda, a todos, delante de los españoles, ya sean electores propios o no, a definir nuestras respectivas posiciones desde un mayor grado de responsabilidad. Mediante nuestro sí o nuestro no a la candidatura del señor González estamos diciendo a la sociedad española si nos hacemos o no corresponsables con la designación del señor González como Presidente del Gobierno para que dirija la política de España, y, repito, de España, durante los próximos años.
Pero tal vez haya otra cuestión aún más importante que el que ningún grupo tenga mayoría absoluta en esta Cámara. Me refiero a la situación de crisis, y no solamente económica, en la que se encuentra España, crisis a la que de forma urgente tenemos la obligación de buscar soluciones; y ése es el verdadero mensaje, yo diría que el único mensaje que, de forma clara y rotunda, nos han transmitido los españoles en el reciente proceso electoral. Y de encontrar o no salidas a esa crisis tendrá una responsabilidad esencial el Presidente del Gobierno que salga investido de esta sesión.
Yo creo, señorías, que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país y espero que convengan conmigo en que esta afirmación no es una mera expresión retórica y, por lo tanto, espero que convengan también en que nuestra responsabilidad es aún mayor a la hora de depositar o no nuestra confianza en una persona para que presida el Gobierno de España; confianza o no en el candidato a ocupar la Presidencia del Gobierno en esta etapa tan importante para España y para los españoles. Esa y no otra es, en mi opinión, la cuestión que tenemos que juzgar esta tarde.
Y es un hecho que un sector numeroso, aunque no suficiente, de españoles han confiado en el señor González y en su partido en las pasadas elecciones, a pesar del balance, a nuestro juicio negativo, de la última legislatura. Y es un hecho también que a nuestro Grupo Parlamentario y a los españoles que nos han dado confianza no les inspira a su vez ninguna confianza el señor González. Para afrontar esta nueva etapa en la vida española, que demanda nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas actitudes, nuevos equipos, no confiamos en quien ha tenido el mayor nivel de responsabilidad en situar a España en un grado de crisis como el que vivimos.
Su intervención de esta mañana no ha servido en gran medida para vencer nuestra desconfianza. Oyéndole esta mañana he recordado, señor González, muchos de los párrafos de su discurso de investidura del año 1989. Sus ofertas de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de participación responsable para encontrar una salida de la crisis son idénticas a las que hizo entonces --diciembre de 1989-- para afrontar los llamados retos del 93. Sus promesas de hoy de impulso democrático, de regeneración de la vida democrática ya fueron también lanzadas entonces. En definitiva, nosotros creemos que su afirmación de que va a realizar el cambio sobre el cambio no es más que una frase, no es más que un simple juego de palabras. Nos recuerda, al final, aquel personaje de Lampedusa que afirmaba que es preciso que todo cambie para que todo siga igual.
Señorías, los resultados electorales del pasado 6 de junio han transformado radicalmente el panorama político español.
Cuando no se tiene el apoyo de los ciudadanos para gobernar con mayoría propia, el diálogo, el pacto, el acuerdo, no son sólo una enunciación de deseos para quedar bien en un discurso, es y son una necesidad real ante el país y ante esta Cámara. Y, desde todos los puntos de vista, hay que reconocer y hay que decir que el escenario inmediato no va a ser cómodo para el Gobierno, para el que usted pueda formar, señor González, o para cualquier otro.
Y dado que usted ha hecho afirmaciones tan aventuradas como «la crisis ha tocado fondo», «la recuperación está a la vuelta de la esquina», «esta crisis no es tan grave como la que nos encontramos en 1982», sería muy fácil para nuestro Grupo limitarse a situarle a usted frente a sus contradicciones y enfrentarle con los crudos datos de la realidad. Pero cuando se representa, como nosotros representamos, un proyecto político

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con vocación de mayoría, y por tanto de Gobierno, que ha visto acrecentando su apoyo de forma notable por los españoles, nosotros entendemos que la labor de oposición debe ir más allá. Asumimos la responsabilidad que nos han atribuido millones de españoles, desde una actitud constructiva, y cada vez que tengamos que decir que no, estaremos al mismo tiempo diciendo que sí a un cambio y sí a una propuesta que creemos mejor para los intereses de España y de los españoles. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!).
Nuestra actitud, señorías, queda por tanto clara. De igual forma que en el pasado llegamos a acuerdos con el Gobierno cuando estaban en juego asuntos relacionados con la política exterior, con la política de defensa, con el desarrollo autonómico o con la lucha antiterrorista, estamos dispuestos a colaborar, sin cheques de contrapartida, cuando los intereses generales lo demanden. Nosotros creemos que en la situación actual de España es la hora de aportar y no es la hora de buscar componendas para repartirse los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.-- Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Convenía decir esto pronto, señorías, porque cuando el pasado 12 de abril el señor González disolvió las Cámaras y convocó elecciones anticipadas afirmó que se veía obligado a hacerlo porque la crispación del clima político le impedía afrontar la crisis. Un Gobierno con mayoría absoluta en las Cámaras no podía afrontar la crisis dado el clima enrarecido e irracional en el ámbito político que, según el señor González, lo hacía imposible. El señor González afirmaba, además, que no había forma de llegar a ningún tipo de acuerdos institucionales con el principal partido de la oposición, al que responsabilizaba de la crispación o el desasosiego que estábamos viviendo, siempre según el señor González, en el debate político.
Algunos dijeron entonces que la disolución anticipada se debía realmente a la división creada en el seno del partido del Gobierno por su negativa a asumir responsabilidades en el asunto Filesa. Pero el señor González dijo que convocaba elecciones para dar sosiego al país, y el candidato señor González es hombre veraz y hemos de aceptar su palabra.
(Rumores.) Algunos dijeron que convocaba anticipadamente elecciones --a pesar de sus promesas en contrario-- porque era impensable que, ante el anuncio de la celebración del debate sobre el estado de la nación, pudiese acudir al mismo con el informe de los peritos judiciales sobre ese mismo caso Filesa encima de la mesa. Pero el candidato señor González es hombre de palabra y hemos de creer que convocó elecciones para sosegar el país.
(Un señor Diputado: ¡Qué va!) Otros dijeron que la disolución anticipada se debía a que el ritmo de la crisis económica y el crecimiento del paro haría llegar al Gobierno exhausto ante las elecciones del otoño.
Pero el candidato señor González es gobernante cumplidor de lo que dice y hemos de seguir creyendo que convocó elecciones para sosegar al país.
Pues bien, señorías, ya han pasado las elecciones, ya el partido del Gobierno, como aquí se ha dicho, ha reconocido que ha perdido, como todos sabemos, la mayoría absoluta, ya se ha modificado sustancialmente la correlación de fuerzas en las Cámaras, ya hemos asistido a una campaña electoral en la que el partido del Gobierno, sin la menor duda, ha hecho un gran esfuerzo por evitar que resucitaran espantajos del pasado, divisiones de dos Españas, miedos irracionales, descalificaciones globales o manipulaciones de los medios de comunicación de titularidad pública. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) Y, gracias, señorías, a ese inmenso esfuerzo, hemos recuperado ya el necesario sosiego.
Pues bien, ya se dan en este momento las condiciones objetivas necesarias, y supongo que también suficientes, que se precisaban, según el señor González, para afrontar la crisis. Al respecto, quiero decir que, a nuestro juicio, ninguna razón puede hoy justificar que no se afronte de una vez, globalmente, con seriedad y rigor, la crisis que golpea a España.
Ahora bien, nuestra desconfianza radica en que vemos difícil que eso pueda hacerlo la persona que, habiendo tenido en los últimos años ocasión y mejores circunstancias, no lo ha hecho.
En todo caso, a los miembros de esta Cámara, representantes de la soberanía nacional, y a nadie más, corresponde decidir en estos momentos.
Y si bien es cierto que la ausencia de claras mayorías sociales de apoyo y la desaparición de una hegemonía política, que tendrá al final su reflejo en todo, definen la novedad a la que antes nos referíamos, no es menos cierto, señorías, que los problemas que tenemos que afrontar son los mismos, aunque agudizados en su mayoría, que teníamos y que existían el pasado 12 de abril. En este terreno de los problemas sí que no se han producido novedades. Tenemos que afrontar la crisis económica, tenemos que recuperar los equilibrios institucionales y tenemos que dar una respuesta ejemplar a los casos concretos de corrupción.
Pues bien, para enfrentarnos con posibilidades de triunfo ante estos problemas, es condición necesaria e imprescindible, aunque tal vez no suficiente, que se perciba un auténtico cambio político, es decir, un cambio de políticas y de formas de desarrollar esas políticas, y ésa es, en nuestra opinión, la gran cuestión pendiente. Las auténticas incertidumbres de futuro no se plantean sobre quiénes van a formar el Gobierno o qué grupos lo van a apoyar o no, o qué estabilidad, interna y externa, va a tener esa base política de apoyo; lo esencial es saber si su política sirve o no sirve para resolver los problemas de la España de hoy.
A nuestro juicio, su exposición de esta mañana, señor candidato, señor González, ha sido al menos preocupante, porque para hacer otras políticas, para rectificar el rumbo, es preciso, al menos, tener un mímino convencimiento de haberse equivocado. Creo que no se cambia desde la posesión de la verdad; se podrá hacer amagos, guiños, recortes tácticos, adaptaciones

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coyunturales, pero no se cambia ni en las políticas ni en los comportamientos.
Esta mañana hemos podido escuchar al señor candidato presentar la situación de España con tonos un poco más realistas de los que usaba hace escasamente un mes. Lo que entonces era un bache coyuntural, corto en el tiempo, del cual se estaba a punto de salir, hoy es ya una situación que se reconoce con dificultades, bien que motivadas especialmente, según el señor candidato, por las circunstancias internacionales. No obstante, no hemos deducido de sus palabras, señor González, un diagnóstico que refleje en todas sus dimensiones la verdadera gravedad de nuestra situación económica.
En el capítulo que usted ha dedicado esta mañana a la superación de la crisis económica ha reiterado como objetivos el empleo y la competitividad --crecimiento de empleo y mejora de competitividad-- y ha colocado buena parte de sus esperanzas en los resultados que puedan derivarse de un pacto entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas. Bien conocida es nuestra posición sobre el diálogo social. Siempre es mejor buscar medidas acordadas con aquellos que tienen una fuerte responsabilidad en su desarrollo posterior y confíamos en que todas las partes llamadas a la negociación sepan valorar el momento, en nuestra opinión crítico, en el que nos encontramos. Seguiremos, por tanto, con atención --con la atención que se merece-- el desarrollo de esas negociaciones y valoraremos, cuando concluyan, sus resultados. Es evidente, al menos para nosotros, que alguna duración limitada tendrán que tener en el tiempo por la urgencia en despejar determinadas incógnitas, así como también algún límite en los contenidos para no mezclar innecesariamente las cosas que deben ser objeto de tratamiento diferente en lugares distintos. Pero en cualquier caso, sea cual sea el resultado de la negociación -- si es que hay resultado-- y el contenido de la misma, las responsabilidades del Gobierno quedan intactas. Esta negociación no puede servir, en ningún caso, como coartada para la inacción ni como excusa para no adoptar las medidas que necesita y que reclama con urgencia nuestro país.
Si, como es probable, el candidato, señor González, obtiene la confianza de una mayoría de esta Cámara, se encontrará, sin duda, con una pésima herencia económica, una herencia que él mismo se ha dejado. Más de 3.300.000 parados, el desplome de las inversiones productivas, la destrucción del tejido industrial, el desmantelamiento del sector agrario, el mayor endeudamiento público de toda nuestra historia, la pérdida de competitividad de nuestra economía definen una situación de la que desde luego es necesario salir con mucha urgencia.
Y no es una situación a la que hayamos llegado por casualidad, precisamente, sino que, para nosotros, es el resultado de un conjunto de políticas equivocadas y de errores no corregidos en su momento. Políticas y errores cometidos por gobiernos presididos por el hoy candidato, señor González.
Estrategias equivocadas, deficiencias e incapacidades de gestión. Y piensen, señorías, por citar un solo ejemplo, lo que significa que el déficit del sector público estatal se haya situado en el pasado mes de mayo en los niveles que prácticamente teníamos previstos para todo el año. Con un descontrol del gasto público --el cual, esta mañana, se ha punteado simplemente, sin entrar en el fondo de la cuestión-- como el que ese dato del déficit representa, con acuerdos sociales o sin ellos, la economía española seguirá yendo a un descalabro aún mayor.
Y ahora ya no se trata sólo de realizar diagnósticos más o menos acertados y de hacer propuestas más o menos adecuadas; se trata de demostrar la capacidad de gobernar con coherencia y de llevar adelante las medidas que nuestro país reclama y necesita. Recuerden, señorías, cuando hace aproximadamente un año debatíamos aquí el Plan de Convergencia del Gobierno.
Entonces dijimos que no creíamos que el Gobierno del señor González fuera capaz de desarrollar y cumplir coherentemente ésas u otras medidas. Entre otras cosas porque la discordancia entre el diagnóstico que allí se emitía y las políticas que se estaban desarrollando, la presupuestaria por ejemplo, lo hacían imposible.
No voy a citar aquí, señorías, las previsiones y los escenarios en que se basaba el citado Plan de Convergencia para no enrojecer y tal vez molestar a alguno de sus autores.
Y tampoco voy a recordar los capítulos que se consideraban como de extremada urgencia y respecto de los cuales no se ha hecho absolutamente nada.
Estas experiencias, señor González, impiden que podamos mostrar nuestra confianza en usted. Y podemos decir que confianza no tenemos, pero que la esperanza, tal vez, es lo último --como se dice-- que tengamos que perder. Y en el caso de que usted se proponga seriamente rectificar, le ofrecemos nuestra leal colaboración. Como la ofrecimos al inicio de la anterior legislatura cuando, con motivo del debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, planteamos al Gobierno un pacto de competitividad para la economía española.
Oferta que fue bien recogida en ese mismo acto por el Ministro de Economía y Hacienda --hoy flamante portavoz de su Grupo Parlamentario-- pero que más tarde fue rechazada por una mayoría de su Gobierno --y es de suponer que usted estaba entre ellos-- que entendió que aceptar esa oferta significaría poco más o menos que darle alas a la oposición. En lugar de admitir esa oferta, se fraguó el mal llamado pacto constitucional, que tan buen resultado, por cierto, ha dado a quienes lo formaron, algunos ya ni siquiera están hoy en esta Cámara para poderlo contar.
Señor González, nosotros le queremos preguntar si va usted, de una vez, a iniciar en serio el profundo proceso de reformas estructurales que necesita la economía española o, como ha venido haciendo hasta ahora, va a limitarse a esperar una mejora en las circunstancias internacionales con la esperanza de que éstas arreglen la situación interna. ¿Va usted a iniciar ese proceso

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ya o va a seguir hablando a los españoles de que estén tranquilos, que en el segundo semestre se arreglan las cosas? Si, como la experiencia nos hace temer --la experiencia fundada en datos contrastados--, opta por la segunda, la consecuencia sería que la economía española no estaría preparada para la recuperación en el momento precisamente en que se produzca esa mejoría de circunstancias internacionales.
España, señorías, necesita, para nosotros, una economía basada en la inversión --única fuente real de creación de empleo-- y en el dinamismo del sector exportador. La inversión, a su vez, precisa de una recuperación del ahorro, tanto de familias como de las empresas, y de una generación nueva y renovada de confianza en los inversores extranjeros, y la mejora del sector exterior demanda un grado de competitividad de nuestra economía mucho mayor, que desde luego no se soluciona con devaluaciones sucesivas. Y todo esto exige una decidida y convincente política económica que tendrá su piedra de toque en la política presupuestaria.
Si en los próximos presupuestos, señor candidato, no se percibenclaramente las señales del cambio, supondrá que el Gobierno ha preferido esperar e ir tirando, y el inicio de las necesarias reformas que permitan la recuperación de la inversión y de la competitividad de nuestros sectores económicos quedará una vez más aplazado a su conveniencia. Y es precisamente en esa destrucción actual de estos sectores productivos donde radica la verdadera dimensión de la crisis social y económica de España. La masiva destrucción de empleo se debe fundamentalmente a la falta de competitividad de nuestro tejido industrial que no ha podido soportar la combinación que representa la apertura de nuestros mercados junto con la imprevisión y la incapacidad del Gobierno para adecuar su política económica a esa nueva realidad.
La ausencia de una política industrial --de la que esta mañana se hablaba, después de haber escuchado durante tantos años que no hay mejor política industrial que la que no existe--, una disparatada política tributaria y de cuotas que gravan el empleo, los más altos tipos de interés de Europa y las rigideces estructurales han marcado la desindustrialización de España. Y es verdad, a su vez, que nuestro sector agrario y ganadero sufre un proceso similar, agravado, si cabe, por la que nosotros creemos equivocada y pésima estrategia desarrollada desde nuestra integración comunitaria en ese sector.
El resultado es que no podemos esperar ni un día más.
Cualquier duda, cualquier vacilación, cualquier dilación se pagará con mayor destrucción de tejido productivo, mayor destrucción de empleo y más paro. Señor candidato, el éxito o el fracaso de la política económica --en gran medida, una buena parte de su éxito y de su fracaso-- se va a medir por su capacidad para ayudar a la creación de empleo. Con tasas de actividad y de ocupación tan bajas y con índices de paro tan altos no es que España no pueda aspirar a estar entre los países más desarrollados de Europa, es que no puede aspirar a permanecer, a ser un país moderno y desarrollado. Y para crear empleo será necesario, además de las reformas estructurales, además de la reforma del mercado de trabajo y de la formación profesional --que, según hemos oído esta mañana, será objeto de negociación con sindicatos y empresarios--, una política presupuestaria nueva, basada en la eficiencia y en la disciplina del gasto público, y una reducción del déficit público como camino más seguro para permitir la bajada estable de los tipos de interés; un nuevo modelo fiscal que incentive el ahorro, la inversión y el empleo y que garantice los derechos de los contribuyentes españoles; un marco nuevo para las pequeñas y medianas empresas; una reforma que garantice eficiencia, ahorro, productividad y competitividad en el sector público; una reducción del intervencionismo burocrático; un decidido estímulo a las actividades de investigación y desarrollo; el fomento de la presencia en el exterior de las empresas españolas y una defensa más eficaz de nuestros sectores productivos.
Las iniciativas en este terreno corresponden, sin duda, al Gobierno. Habrán de ser --y nosotros deseamos que fueran-- globales y coherentes. Y solicitamos que no se siga esperando a que escampe. Si está usted dispuesto a iniciar con decisión, con rapidez y con energía esas reformas, nos encontrará dispuestos a la colaboración. Quedamos, por lo tanto, no a la espera de sus noticias, señor González, sino de sus hechos y de sus pruebas, que serán los que finalmente hablarán por usted.
Creo que en el debate político español ha habido últimamente --y digo últimamente por lo que luego explicaré-- una coincidencia bastante generalizada en revitalizar las instituciones democráticas o, lo que es lo mismo, en reintroducir en el funcionamiento de nuesetro sistema político un mayor equilibrio institucional, seriamente dañado en la década anterior por una singular concepción de la democracia, que ha tratado de legitimar el dominio de las instituciones por el partido del Gobierno.
La revitalización de las instituciones democráticas no es sólo un problema al que hemos de dar respuesta. Es, además y sobre todo, algo que forma parte del proceso de modernización de España que inició en nuestro país el centrismo político.
Nada hay más antimoderno o premoderno, como se quiera decir, que la ocupación patrimonialista de las instituciones públicas para ponerlas al servicio de un líder, de un clan o de un partido. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Querría por ello, señorías, anunciar el decidido propósito del Partido Popular de sostener el impulso, que venimos manteniendo desde 1989, para revitalizar nuestras instituciones democráticas, que ya hacíamos entonces y que reiteraré ahora; y lo hacíamos entonces cuando cualquier propuesta nuestra era automáticamente tildada por la entonces mayoría como irresponsable o desestabilizadora. Me congratulo y nos congratulamos de

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que ahora, al menos en las intenciones, se encuentren voces que se sumen a algunas de esas propuestas.
A tales efectos, formulamos una propuesta de acuerdo institucional con el objetivo de mejorar las instituciones, revitalizarlas, acercarlas al cuidadano y conseguir un equilibrio más armónico entre los principales poderes y órganos del Estado que les confiera un perfil propio y evite su patrimonialización por los partidos. Las bases de tal propuesta de acuerdo que formulo, sin ánimo exhaustivo pero de una manera abierta, en todo caso, podrían ser las siguientes: En primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para transferir al Consejo General del Poder Judicial las atribuciones que completen su perfil de órgano constitucional, con la autonomía propia de los poderes del Estado. Es, a nuestro juicio, necesario revisar el modo de selección de los candidatos al Consejo del Poder Judicial así como la forma de elección y de intervención en ella de las Cortes Generales.
En segundo lugar, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la finalidad de garantizar su autonomía funcional y su profesionalidad.
Tercero. La reforma del Reglamento de la Cámara, con el propósito de mejorar y facilitar la función de control del Gobierno y simplificar y agilizar el procedimiento legislativo.
Cuarto. La puesta en marcha de un proceso que conduzca a la reforma del Senado, sin excluir la reforma constitucional consensuada para su conversión en Cámara de representación territorial.
Quinto. La reforma de los instrumentos de control del gasto público, que deberá tener tres objetivos: evitar el despilfarro del dinero público, luchar contra la corrupción y el conocimiento por el contribuyente tanto del coste real de las prestaciones que recibe como de la forma en que se emplea el dinero de sus impuestos.
A tal fin y para garantizar esos objetivos, a nuestro juicio, es preciso: arbitrar un modelo reforzado de Intervención General del Estado; despolitizar el Tribunal de Cuentas y posibilitar su actividad fiscalizadora como órgano dependiente y al servicio de las Cortes Generales e introducir, como medidas de lucha contra la corrupción, un conjunto de modificaciones legislativas tendentes a asegurar, entre otras cosas, la mayor transparencia en la contratación pública como por ejemplo, la creación en esta Cámara de una comisión de control de contratación presidida por un miembro de la oposición y definir con más precisión la responsabilidad específica de los gestores públicos.
Sexto. La reforma del Estatuto de la Radiotelevisión Española, curiosamente omitida esta mañana, reforma del Estatuto para dotar al ente público Radiotelevisión de una organización con autonomía real con dos fines principales: que el Gobierno renuncie a su control político y que instituciones sociales y culturalmente representativas puedan participar, y participen efectivamente, en la dirección de la radio y la televisión estatales; que se garantice la autonomía de los profe-sionales y, en la programación, el pluralismo realmente existente en la sociedad española.
No creemos que sea pedir mucho, sino más bien creemos que son unas mínimas normas de decencia democrática las que afectan al Estatuto de Radiotelevisión Española. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Séptimo. La reforma de la legislación reguladora de los partidos para mejorar su sistema de financiación, tanto pública como privada, y asegurar la transparencia, el control y la publicidad de su contabilidad.
Como ven ustedes, es un catálogo indicativo en el que hay coincidencias, hay discrepancias y hay cosas completamente nuevas de las expuestas por el señor candidato esta mañana.
Creo que, de este modo, podremos fortalecer el Estado de Derecho y el régimen de libertades de nuestra Constitución.
Pero antes de cerrar este capítulo, no quiero dejar de hacer referencia a algo que el señor González, a su vez, ha contenido en su intervención. El candidato ha hecho referencia al bloqueo que puede producirse en la provisión de algunos órganos constitucionales. Veremos, señor González, cuál es su propuesta concreta, pero le anticipo que es contrario, en nuestra opinión, a un correcto espíritu democrático la modificación de las reglas del juego a conveniencia de la mayoría gubernamental (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) y le digo que, si tiene esa tentación, evite cometer ese error que, sin duda, me parecería gravísimo que pudiese ser cometido.
Por lo que se refiere al desarrollo del Estado de las Autonomías, el Partido Popular seguirá contribuyendo a una política autonómica coherente, como quedó bien comprendido en el pacto autonómico que se firmó en la legislatura anterior.
Es preciso completar, por lo tanto, el proceso de descentralización política y desarrollar las comunidades autónomas surgidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución.
Queremos decir que, según lo escuchado esta mañana en relación con las comunidades nacidas al amparo del artículo 151 de la Constitución, según sus propias palabras, nosotros solicitamos que el Gobierno informe sobre las transferencias pendientes a las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución y, en segundo lugar, que manifieste claramente sus propósitos en relación a todas y cada una de las transferencias que haya pendientes a estas comunidades autónomas.
En este contenido y en el contenido del desarrollo global autonómico, tres criterios esenciales inspirarán la actitud del Partido Popular.
En primer lugar, defenderemos con prioridad absoluta el principio constitucional de solidaridad y, en consecuencia, nos opondremos a cualquier fórmula que ponga en riesgo o debilite el principio de solidaridad o la cohesión territorial de España.
Segundo, vigilaremos especialmente todo lo que afecta a la correcta definición y al ejercicio de las competencias que constitucionalmente corresponden tanto a

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la Administración central del Estado como a las administraciones autonómicas.
Y, en tercer lugar, en relación con el sistema de financiación autonómica, estamos dispuestos a estudiar fórmulas que impliquen una auténtica corresponsabilidad fiscal, es decir, que determinen claramente cuál es la responsabilidad de los gobiernos autonómicos en los ingresos fiscales que financian el ejercicio de su competencia. A este respecto y según lo escuchado esta mañana, si la fórmula que se propone fuese la cesión, o similar, del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, me parece que esa fórmula es más un mecanismo de gasto que de corresponsabilidad fiscal. En cualquier caso, en nuestra opinión, esa fórmula sólo puede ser aceptable si al mismo tiempo se ponen en marcha --y corresponde al Gobierno decir cómo, en su caso-- los mecanismos de solidaridad constitucionalmente previstos. Dicho de otra manera, o hay garantía de puesta en marcha del mecanismo de solidaridad o no es aceptable que se ponga en marcha el traspaso de la recaudación del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Sus palabras sobre la Administración, señor González, tengo que decir que las hemos escuchado ya en otras ocasiones, pero nosotros estaríamos dispuestos a apoyar una reforma de la Administración periférica del Estado y apoyaremos un proceso de reducción de alcance funcional para realizar la definitiva adaptación de la Administración periférica del Estado a la distribución de competencias en el Estado de las Autonomías.
Sería, en todo caso, también necesario que el Gobierno, en breve plazo, enviase a esta Cámara un informe en el que se describa la estructura administrativa, las funciones y el número de funcionarios, así como el diseño final que quiere, que prevé y que desea para la Administración periférica del Estado.
Dos últimas cuestiones en este apartado. Espero, efectivamente, señor González, que sea esta legislatura la que apruebe los estatutos de Ceuta y Melilla, que hasta ahora su Gobierno ha negado, en cumplimiento de las previsiones constitucionales. De otra parte, nosotros no solamente consideramos que la ley que regula los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias que tenga que ponerse en marcha en esta legislatura, sino que le damos el carácter de prioritario y urgente nada más comenzar esta Legislatura, si queremos realmente favorecer el desarrollo económico del archipiélago canario.


El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.


El señor AZNAR LOPEZ: Voy concluyendo, con su benevolencia, si es posible, señor Presidente, pero voy concluyendo.
Con relación a la política exterior y de defensa, existe, en líneas generales, una coincidencia grande de objetivos. Con su consecución, y siempre que entendamos que existe una apreciación correcta de los intereses generales de España, prestaremos y continuaremos prestando nuestra colaboración.
Por tanto, en razón también de sus palabras de esta mañana, creemos que España debe participar en las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, pero creemos que en este momento hay que replantear su presencia en la ex Yugoslavia, porque la evolución de los acontecimientos hace imposible el cumplimiento de su misión de paz. Vaya aquí también, en nombre de mi Grupo parlamentario, la plena solidaridad con nuestros soldados, con sus familias, y el elogio por la espléndida tarea humanitaria que realizan y han realizado.
En este ámbito quisiera hacer algunas reflexiones sobre la política comunitaria, porque realmente en la Comunidad Europea se percibe cada vez más, como no sucedía desde hace muchos años, un ambiente de incertidumbre que nos debe llevar a un proceso claro de reflexión. A nuestro juicio, se está produciendo, efectivamente, un cambio de circunstancias que todavía es difícil calibrar. Hasta ahora, señorías, creo que podemos todos convenir que en la política comunitaria de España ha prevalecido, además con un amplio consenso, el objetivo político de apoyar la construcción comunitaria, relegando a un segundo plano la reflexión sobre si estábamos o no en condiciones de seguir el ritmo o de digerir, a medio plazo, el coste económico correspondiente.
El cambio de rumbo en la historia política española es absolutamente cierto, cambio de rumbo que imprimió la transición democrática, que exigía salir del aislamiento y exigía también impulsar la proyección internacional de España y abrir su economía. Esta política, que ha sido positiva y que ha sido necesaria, ha producido en España beneficios tangibles e inmediatos, pero, en nuestra opinión, ha cumplido ya su función. Alcanzado el objetivo político, lo que debe ocupar ahora el primer plano de la evaluación son las circunstancias y condiciones económicas por ser precisamente en esta dimensión, la económica, donde se encuentran hoy los principales intereses españoles y la mayor preocupación de los ciudadanos. Y dos cosas quiero dejar a este respecto claras: la primera, que la defensa y desarrollo de la Unión Europea y la apuesta por su consecución es objetivo prioritario para el Partido Popular, pero que deberá de ahora en adelante ir acompañada de un profundo debate sobre caminos, métodos, procedimientos y costes de la construcción europea para calibrar en cada momento y en razón de los intereses que estén encima de la mesa lo que más conviene a los intereses españoles. La segunda, que el Partido Popular prestará su más amplia colaboración en la definición de una posición nacional de cara a la revisión del Tratado de Maastricht, huyendo de cualquier planteamiento de gran ambición retórica que impida evaluar el coste para nuestro país de cada paso en ese proceso de construcción europea.
Y queda un último punto al que el señor González no ha hecho

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referencia --creo que no ha hecho referencia--, pero que tiene, en mi opinión, mucha importancia. Se trata de articular la participación previa de las Cortes Generales en el proceso de formación de la decisión de los órganos de la Comunidad Europea. En relación con la Comunidad Europea hay siempre un déficit de información y un superávit de opacidad, que debe corregirse y, desde luego, debe corregirse con la participación activa de estas Cortes Generales.
Y termino, señor Presidente. Creemos, señor González, que usted elude afrontar, según lo escuchado esta mañana, con el necesario rigor los problemas que en este momento tiene planteados España y, en consecuencia, no podemos darle nuestra confianza. Nos parece que lo expuerto esta mañana es, además de insuficiente, impreciso. Contiene, es verdad, un catálogo de cuestiones y de propósitos que son obviamente necesarios, pero no creemos que constituya un proyecto nuevo, ni siquiera que constituya un cambio; ni un cambio en sí mismo, ni un cambio del cambio, ni un cambio sobre el cambio. Y, por otra parte, está su capacidad para llevarlo a cabo, y la experiencia certifica que no siempre hace lo que dice. ¿Qué garantías tenemos de que en esta ocasión no va a ocurrir lo mismo? Porque la experiencia que en este terreno tenemos de S.S. es ya bastante dilatada.
Y, a pesar de todo ello, expresamos en esta sesión de investidura nuestra oferta de colaboración, colaboración para ayudar a resolver los problemas de España, a la vez que en esta situación difícil para nuestro país, instamos desde aquí al conjunto de la sociedad española a arrimar el hombro, a redoblar esfuerzos, iniciativas e ilusiones para sacar España adelante. A título de ejemplo, quiero decir, señor Presidente, señorías, que apoyaremos las medidas serias que tengan como objetivo afrontar con rigor la crisis económica y la creación de empleo y no apoyaremos aquéllas que, como el aumento de la presión fiscal o el gasto improductivo, contribuyan a destruir puestos de trabajo. Apoyaremos medidas efectivas de lucha contra la droga y no apoyaremos ningún criterio de permisividad o que no favorezca la cultura del rechazo.
Apoyaremos cuantas leyes favorezcan el desarrollo de los derechos y libertades y no apoyaremos aquellos intentos que, como la regulación del derecho de difamación, lo restrinjan.
Apoyaremos medidas concretas de lucha contra la corrupción y no apoyaremos las que conduzcan a la impunidad de sus responsables. Apoyaremos una política activa y flexible de lucha contra el terrorismo que incluya el cumplimiento efectivo de condenas por los terroristas y no apoyaremos la reinserción indiscriminada de los terroristas cuando haya delitos de sangre. (Aplausos en los ancos del Grupo Popular.) Apoyaremos el desarrollo del Estado de las Autonomías y no apoyaremos una política que margine o subordine la solidaridad interterritorial en España.
Señor Presidente, el compromiso de los 141 Diputados del Partido Popular, que nos sentimos profundamente españoles, es contribuir a perfeccionar nuestra democracia y a defender el interés general de España. A ello dedicaremos nuestra ilusión y nuestro trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Prolongados aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor Presidente, señorías, siguiendo el hilo de la intervención del señor Aznar, le voy a decir, en primer lugar, que le agradezco la puesta a disposición para llegar a acuerdos, que ha hecho en varios puntos de su intervención. No querría hacer una intervención polémica. Comprendo perfectamente que desde el principio haya dicho que su voto será un voto negativo por falta de confianza, confianza en el proyecto político que encarnamos. No podría ser, probablemente, de otra manera. Y, en base a esa reflexión, ha ido desgranando algunas de las consideraciones que le merecían los aspectos de impulso económico, democrático, de autonomías o de política exterior.
En cuanto a la política económica no he creído entender que haya dicho nada nuevo respecto de lo que en el análisis ya se había dicho esta mañana. Y, naturalmente, en el diagnóstico, se puede considerar más o menos insuficiente, hay una coincidencia general. Sí ha añadido algo que yo desde esta tribuna he aceptado. Hay una parte de la responsabilidad en la situación económica que es del Gobierno. De nuevo ha olvidado decir --yo creo que es lógico, está pasando en todos los parlamentos nacionales-- ha olvidado decir, como si no existiera, que tenemos una situación económica, con un diagnóstico, tanto en materia de déficit, como en materia de inflación, como en otros desequilibrios, que se parece mucho a la de otros países de nuestro entorno (Rumores.), sea cual sea el color de los gobiernos. Porque se trata, efectivamente, de una crisis internacional y de una crisis nacional. A mí me gusta hablar de España. No querría suscitar la irritación de SS.SS; lo digo en tono absolutamente sosegado. Pero, en alguna de las insinuaciones que ha hecho, seguramente tendré que salir al paso por lo que se refiere a nosotros.
Después de decir que está dispuesto a llegar a acuerdos, como ha demostrado en política exterior, en defensa, etcétera, ha dicho literalmente que no estarán dispuestos a aceptar o a que se busquen componendas para repartise el presupuesto. La verdad es que en todas las conversaciones que he tenido hasta el día de la fecha nadie ha propuesto ningún tipo de componenda presupuestaria. (Rumores.) Por consiguiente, si fuera alguna insinuación, por lo que respecta al Gobierno, salgo al paso y me imagino que otras fuerzas políticas también saldrán.
Es cierto que no hay una mayoría parlamentaria para gobernar.
Lo he dicho esta mañana. Y eso configura una situación distinta.
Probablemente la configure ahora y es posible que la configure en el futuro. Por consiguiente, esto llevará a acuerdos o a pactos.


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Probablemente en la descripción que ha hecho, un poco shakespeariana, de lo que ha sido la disolución y la campaña electoral, ha dado marcha atrás en algo que dijo y que me parece que era bastante importante. Me preocupó la exposición porque no parecía que se asumieran como tales los resultados electorales. De su descripción se desprendía algo parecido a que no habíamos ganado las elecciones. Yo creo que hemos ganado las elecciones; incluso hemos aumentado el número de votos. Yo no he querido esta mañana destacar el hecho. Me parecía mucho más relevante describir la situación como una situación en la que no existe una mayoría absoluta y, por consiguiente, existe la obligación de encontrar pactos; a ello he orientado toda mi intervención y, desde luego, orientaré todo mi esfuerzo.
También hace una valoración, sobre el diálogo social, positiva pero con interrogantes; el interrogante de que, si no se llega a acuerdos, de todas maneras hay que tomar decisiones de política económica, sobre todo, en reformas estructurales y otras que afectan a lo que pudiera ser el contenido del pacto social. Lo he dicho siempre. Siempre he dicho que, si no hay una posibilidad de entendimiento o de acuerdo, las decisiones que haya que tomar habrán de ser tomadas y habrán de ser tomadas por una mayoría que se componga en esta Cámara.
Acepto, además de buen grado, la oferta que hace S.S. de estar dispuestos a apoyar acuerdos que comporten reformas estructurales; me imagino que serán en el sector de servicios --no sólo en el mercado de trabajo--, en algunos sectores profesionales y en otros, porque, sin duda, hacen falta algunas reformas estructurales y nos iremos viendo en el camino en la medida en que se vayan proponiendo y tratemos de resolver esas reformas, para ver si no hay reacciones que sean reacciones puramente corporativas y no de defensa de intereses de una sociedad más abierta, más flexible y más plural.
Es verdad que la nota definitoria sobre cómo va a evolucionar la política económica la dará la creación de empleo. Y en esto ha reiterado, de nuevo, que las políticas que signifiquen reducción de déficit o que signifiquen austeridad en el gasto público serán apoyadas por su Grupo. No ha habido ninguna mayor novedad en su intervención sobre política económica.
Habrá ese esfuerzo de austeridad. Hemos dicho que creemos necesario que no haya un aumento de la presión fiscal.
Nosotros no decimos que va a disminuir la presión fiscal.
Habrá incluso una armonización, en algunos especiales, con la Comunidad Europea, pero creemos que es necesario que no haya un aumento de la presión fiscal en esta etapa y, por consiguiente, habrá que reducir el gasto público. Nosotros tendremos buen cuidado en intentar no desmantelar el estado de bienestar y, por consiguiente, en proteger o defender algunas de las políticas de gastos que tienen una dimensión social estricta, al mismo tiempo que intentaremos luchar contra los abusos o contra los fraudes que se produzcan en ese segmento de actividad o en esa proyección protectora de la política económica y social.
Usted ha hecho una reflexión sobre la revitalización de las instituciones y siempre con una primera apreciación, que lamento de nuevo tener que rechazar, como es la de la ocupación de las instituciones. En lo que depende del Gobierno de la nación --lamento recordarlo una vez más--, estrictamente del Gobierno, órganos como el Consejo de Estado o propuestas como aquélla para conformar la Comisión Europea han sido siempre tratados por el Gobierno con un exquisito cuidado; con un cuidado, además, y con un celo de que no haya ninguna interpretación que pudiera hacerse en el sentido en que usted ha puesto de manifiesto. Y no hay más que ver la composición - -para no tener que llamar la atención sobre personas--, no hay más que ver la composición del Consejo de Estado para comprender que ésa ha sido la actitud. Y, desde luego, también se podría apreciar cuál es la composición, por la parte española, de la Comisión Europea para de nuevo encontrarse con esa actitud.
Ahora bien, usted ha hecho una enumeración de reformas que son necesarias. Yo las he citado esta mañana --Ley Orgánica del Poder Judicial, para aumentar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial-- y las he hecho en unos campos que usted ha mencionado. Yo querría, de todas maneras, decir que, en la selección de miembros del Poder Judicial, nosotros no hemos compartido nunca la idea de que no emanen del Parlamento. Tampoco lo ha citado usted esta tarde desde la tribuna. No hemos compartido nunca esa idea. Nos parece que el procedimiento es rigurosamente democrático y más democrático que emanen de asociaciones perfectamente respetables, pero que no pueden evitar tener una composición corporativa y, por consiguiente, que no garantizan más que lo que puede ser una decisión parlamentaria lo que puede ser la independencia y, desde luego, la representatividad, desde el punto de vista de la definición de la Justicia, como un poder que emana, como todos los demás, del pueblo.
No ha enumerado o no ha descrito en qué consistiría la reforma del Ministerio Fiscal; por tanto, no me puedo pronunciar sobre ello. Yo creo que el Ministerio Fiscal, en su nombramiento, debe depender del Ejecutivo y debe tener, además, un funcionamiento jerárquico. Creo que está previsto, y bien previsto, en la Constitución. No creo que haya que cambiar esas líneas de actuación.
En cuanto a los reglamentos de la Cámara y del Senado nos hemos repetido, por lo que no insistiré. Sobre la reforma del control del gasto público esperaré a las propuestas concretas que, con mucho gusto, estudiaremos para ver si son operativas desde el punto de vista de ese control.
En relación a lo que ha manifestado usted sobre la modificación del Estatuto de Radiotelevisión, debo decir que llegamos a un punto en el que dicha modificación estaba prácticamente consensuada y su grupo no la aceptó hace ya algún tiempo; pero eso no impide que volvamos a intentar una modificación del Estatuto de Radiotelevisión Española. Si la iniciativa no se plantea

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por ningún grupo, le diré que nosotros sí tenemos avanzada una modificación del Estatuto de Radiotelevisión y veremos si es posible un acuerdo. Un acuerdo, además, que sea aplicable como regla general a los poderes que tengan televisiones públicas, para que no haya ningún tipo de discriminación entre una televisión pública y otra. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Le ha llamado la atención algo que esta mañana he advertido, y también lo he advertido durante la campaña electoral, y es que me preocupa que las mayorías cualificadas en la designación de órganos, de instituciones, sea una mayoría que, por una parte, permita --y creo que hay que superar-- una cierta política de cuotas en la selección de esos cargos y, por otra, nos lleve a situaciones de bloqueo que no tienen ninguna justificación. Es verdad que yo estaba apuntando, y estoy apuntando, la posibilidad de que pasado un período de tiempo determinado con esa mayoría cualificada, y existiendo una manifiesta situación de bloqueo, pueda haber una decisión de mayoría absoluta, por ejemplo, en la designación de esos órganos. Y hay que optar entre mantener esos órganos bloqueados y, por consiguiente, en algunos casos, con problemas de operatividad, o desbloquearlos. Sin duda, el hecho de que el transcurso del tiempo pudiera permitir un procedimiento distinto de votación haría que todos nos esforzáramos para que se produjera ese acuerdo o ese consenso.
Explicarlo ahora en esos términos tiene una importancia relativamente menor, porque se hace desde una posición que no es de mayoría absoluta y, por consiguiente, no llamará la atención el que se hable de una mayoría que no tenga esa cualificación para la provisión de órganos, porque no significará que se pretenda hacer desde un solo partido, sino desde fuerzas políticas que estén de acuerdo en que tiene importancia el desbloqueo de las instituciones.
En el Estado de las Autonomías, lo mismo que decía antes respecto del presupuesto, yo creo que sus opiniones son, cuando las expresa, bastante coincidentes con lo que decimos respecto de la solidaridad o respecto de lo que puede ser el juego entre la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad.
Pero me parece que ha habido una especie de desconfianza en lo que pueda ser una dinámica de acuerdos con partidos como el PNV o como Convergència i Unió. Si ese es el sentido de la vigilancia estricta de lo que pudieran ser esas políticas de solidaridad, podría, en buena medida, ahorrarse el esfuerzo, porque nosotros lo hemos hecho siempre por mantener la cohesión interterritorial, por mantener la solidaridad y, desde luego, no vamos a renunciar, en modo alguno, a ese esfuerzo de cohesión territorial y de solidaridad. Además, debo decir de nuevo, en honor a la verdad, que nadie lo ha pedido en conversaciones que son iniciales entre fuerzas políticas diferentes. Es más, no ha habido ofertas desmesuradas, como las que hemos oído hace algunos meses, por nuestra parte respecto de alguna fuerza política. Las situaciones parece que cambian de manera excesivamente rápida en función de los resultados electorales.
Por consiguiente, hemos sido nosotros los que hemos dicho que la corresponsabilidad fiscal con el 15 por ciento o con cualquier otra fórmula, con ésa y con otras, debe tener como resultado una cierta neutralidad que garantice la solidaridad, que no perjudique la cohesión interterritorial. Mantendremos, naturalmente, nuestra propuesta y creo que podremos llegar a fórmulas de corresponsabilidad fiscal. Nosotros hemos mantenido esa tesis e, incluso, hemos pagado un coste político por mantenerla cuando, desde su propio Grupo, se decía que no había ningún inconveniente en la cesión del 15 por ciento del IRPF. Nosotros hemos dicho que tiene que darse en unas determinadas condiciones y no simplemente para ganar simpatías en un momento determinado de lucha política.
Usted se ha mostrado dispuesto a apoyar alguna reforma de la Administración, cosa que le agradezco y que iremos viendo a lo largo de esta legislatura. Permítame que sobre la reforma de la Administración, para evitar duplicidades, le diga desde la tribuna que no es una orientación hacia una administración única, como a veces se reclama desde sus propios congresos, sino que es algo bastante diferente de lo que pudiera significar una administración única.
Respecto a la política exterior, donde hay un grado de acuerdo, como no podía ser menos, también me llama la atención el hecho de que se diga que, una vez pasada la necesidad de garantizar la presencia de España en la política exterior en esta situación, haya que atender mucho más a la defensa de los intereses concretos. Quiero decirle que esa es la tarea que el Gobierno ha venido haciendo desde el comienzo. En ningún caso se nos ha ocurrido, cosa que se podía percibir en otras políticas, cambiar reconocimiento por defensa de intereses. Al contrario, hemos dado batalla en la defensa de los intereses españoles hasta el fondo, a veces incluso hasta llamar la atención del conjunto de los socios comunitarios.
Usted ha dicho que hay que replantearse la presencia en Yugoslavia, y yo creo que esa es una posición que puede ser correcta, porque, efectivamente, hay cambios de misiones que pueden obligar a un replanteamiento global. Nosotros hemos insinuado esto ya en el Consejo de Seguridad. El propio Ministro de Defensa en funciones lo ha expresado públicamente y, efectivamente, está cambiando la situación, haciendo imposible alguna de las misiones diseñadas por las Naciones Unidas. Pero yo creo que hay que hacerlo de acuerdo con el resto de los países de las naciones que están comprometidas en ello.
Por consiguiente, en cuanto a la política exterior hay una plataforma común, pero le rogaría que entendiera que nuestra posición en política exterior, tanto en el desarrollo de la construcción comunitaria, como en lo que pueda ser la reforma del Tratado de la Unión, en 1996, siempre será de defensa de los intereses españoles, garantizada por este Gobierno, como lo ha sido en el pasado

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en los fondos de cohesión o en los fondos estructurales, en definitiva, en todo lo que es política de cohesión interterritorial de la Comunidad Europea.
De nuevo se plantea un tema, del que no querría dejar de decir aunque sólo fuera una palabra: la conformación de la voluntad española ante las decisiones comunitarias. Creo que es bueno que haya una intensa colaboración o relación entre Parlamento y Ejecutivo en todo el desarrollo de las políticas comunitarias, en cuanto sea posible que la conformación de la voluntad negociadora de España o las posiciones de España tengan un respaldo lo más amplio posible, desde el punto de vista parlamentario.
Pero vuelvo a llamar la atención sobre algo que de nuevo será mal interpretado. En algunos casos, en los procesos de negociación la previa conformación de la voluntad hecha en el Parlamento hace imposible el proceso mismo de negociación.
Esto siempre que lo he dicho se ha interpretado como una negativa a hacer del debate parlamentario un debate que permitiera aunar el máximo de esfuerzos para esa conformación de voluntad. De nuevo repito un matiz que me parece importante: Es imposible cuando se va a discutir, por ejemplo, el volumen del fondo de cohesión o de los fondos estructurales que haya una posición parlamentaria previa. Eso significaría que se ha acabado la negociación en esa posición parlamentaria previa. En el momento en que trasciende la posición negociadora no hay, por definición, posición negociadora. Esto lo he advertido en muchas ocasiones y repito que se ha interpretado mal. Espero que en el día de hoy se interprete razonablemente.
En fin, comprendo su voto negativo, señor Aznar; sería imposible que fuera de otra manera. Incluso si hubiera habido una gran aproximación programática también sería imposible.
Está en su papel. Le agradezco la oferta de cooperación en los aspectos en que la ha defendido o definido; espero que sea así a lo largo de esta legislatura y espero también que sea una oposición, como decía S.S., constructiva y, por tanto, cooperadora en un momento de crisis de la economía española, que seguramente necesita del esfuerzo de todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Tiene la palabra el señor Aznar.


El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, yo también comprendo que, efectivamente, el señor González entienda que no vamos a votar su investidura, pero también él convendrá conmigo en que es cierto que desde que se celebraron las elecciones nuestro partido, nuestro grupo, ha mantenido una actitud enormemente respetuosa, tendente a no condicionar en ningún caso las acciones dirigidas a la formación de Gobierno e incluso, por qué no decirlo, a la búsqueda de apoyos para poner en marcha esta nueva legislatura. Lo hemos hecho por sentido de responsabilidad y también por la valoración y evaluación que hemos realizado de la grave situación del país.
Le quiero decir, señor González, que si, como es probable, usted es investido Presidente deseo que forme un gobierno y que rápidamente tome las decisiones, de algunas de las cuales ha podido hablarse aquí esta tarde. Ha quedado claro que usted ha elegido su estrategia y sus socios y, de esa manera, sus compañeros de viaje en esa tarea, lo creo; lo que reiteramos es que más allá del entretenimiento (que, por otra parte, es un entretenimiento lógico habida cuenta de la novedad de la situación, de quién entra, quién sale, quién está, quién no está, quién apoya, quién no apoya), está la realidad del país, y la realidad del país es en sus problemas la misma que era el día 12 de abril, como hemos dicho, agravada. Creemos que la situación económica de España se puede calificar de muy difícil, de muy grave, y es ahí donde le digo que ni en su intervención de esta mañana ni ahora por la tarde hemos visto la disposición que nos gustaría haber visto para afrontar lo que en nuestra opinión es esa circunstancia realmente grave, con todas sus consecuencias.
Usted no tiene por qué darse por aludido en relación con las componendas presupuestarias. He dicho y reitero que es hora de aportar, no de hacer componendas. Lo que se está haciendo o no yo no lo sé, lo ignoro, usted sabrá, pero ya digo que no tiene por qué darse por aludido en ese terreno, ni usted ni nadie.
Lo que usted tiene pendiente, y en lo que yo creo que sí debe darse por aludido, es, en nuestra opinión, la explicación de la situación real del país y la explicación de las primeras medidas urgentes con las que usted va a afrontar la situación de nuestro país, porque tenemos que manifestar nuestra preocupación --y lo digo en un tono absolutamente relajado-- por el hecho de que sigamos un poco en las andadas, es decir, que se diga a cada uno con quien se habla lo que quiere escuchar, que se lancen cortinas de humo y que se vuelva a esperar a ver si escampa. Nosotros creemos que en este momento sería mejor decirle al país la verdadera realidad de su situación y llamarle claramente para afrontarla en un esfuerzo común. Como no hemos encontrado esa actitud suya justificable y somos coherentes, es en gran medida por lo que no votamos su investidura y usted me reconocerá, señor González, que razones para la desconfianza... ¡Hombre!, algunas no faltan. Si mencionamos, por ejemplo, la investidura de 1989, le tengo que recordar que ya en aquel discurso usted, como objetivos para el país, proponía el mantenimiento de una tasa de crecimiento con equilibrio por encima de la media europea, el incremento de la tasa de empleo, la realización de un acuerdo social, que el gasto público no sobrepasase el crecimiento real de la economía, medidas de fomento del empleo prioritarias al subsidio, que en este momento quiero recordar que están en una relación de 85 a 15, y el cumplimiento efectivo de condenas para los terroristas. Por lo tanto, hablando de economía no es un diagnóstico lo que necesita la situación de nuestro país.
Le puedo poner algunos ejemplos de la gravedad de la situación que justifican algunas

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alarmas que nosotros tenemos en este momento. Por ejemplo, el paro. Esta Cámara aprobó en marzo un conjunto de medidas de choque contra el paro o la reactivación económica. Nos gustaría haber escuchado, después del mes de marzo o en este debate, alguna evaluación del resultado de esas medidas, porque nosotros sabemos que tenemos más de tres millones de parados, sabemos también que los expertos del Banco de España anuncian que tal vez a fin de año, por desgracia, se puede llegar a un nivel de paro del 25 por ciento de la población activa y no hemos escuchado, la verdad, sino algún conjunto de medidas parecidas a las que escuchamos en marzo; pero lo único que sabemos en este momento es que el paro aumenta y el trabajo disminuye, y usted dirá señor González, que es el que tiene que afrontar la situación.
Déficit. Del déficit no ha hablado mucho usted esta mañana, salvo para decir que se nos había ido. Por cierto, convendría aclarar este punto. Usted ha hablado del déficit del Estado, y convendría aclarar exactamente a qué se refiere, si lo está haciendo en sentido estricto, o de todo el conjunto de las Administraciones públicas, cuando habla del cinco por ciento.
Ahora bien, hablando de déficit, y teniendo en cuenta que su primer compromiso fue de déficit cero para 1993, teniendo en cuenta que su segundo compromiso en el plan de convergencia fue de un déficit del 3,5 por ciento, y teniendo en cuenta que en el mes de mayo hemos cubierto casi el cien por ciento del déficit previsto para todo el año (es decir, sobre un billón y medio de pesetas estamos en un billón 360.000 millones de pesetas, esto reconocido) nos gustaría saber, por encima de decirnos si iremos al cinco, cuál es la situación real del déficit en este momento, cuál es la previsión real del déficit del Gobierno, que no coincide con la de los expertos en este momento, qué medidas tiene usted previstas para afrontarlo y, como no hemos escuchado ninguna, si es que ha decidido sencillamente no afrontar una política de lucha contra el déficit, que sería bastante contradictoria, por cierto, con el programa de convergencia aprobado hace un año.
Tercer punto que le quiero poner como ejemplo, señor González: el gasto público.
Usted ha hecho una apelación a hacer un esfuerzo de austeridad.
Pues bien, le voy a dar un dato de austeridad y de control del gasto público en términos de esfuerzo. Desde el 12 de abril al 6 de junio, es decir desde la fecha en que usted convocó elecciones hasta que éstas se celebraron, en 55 días, han comprometido gasto por un billón 523.594 millones de pesetas; es decir, 27.700 millones diarios en el proceso de la campaña electoral. La anterior legislatura la ha despedido usted con un crédito extraordinario de 222.000 millones para el INEM, y la primera medida de la nueva legislatura que ya ha anunciado, la primera medida que usted va a traer para que le vote su nueva mayoría, no va a ser para crear empleo, no va a ser para reindustrializar la cornisa cantábrica, no va a ser para mejorar la competitividad, es sencillamente para mejorar su aparato electoral; es un crédito extraordinario de 31.800 millones de pesetas para Radiotelevisión Española. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) No sé si eso hay que interpretarlo en término de acción de gracias, pero desde luego, sí hay que interpretarlo por el trabajo realizado y por lo que falta; hay que decir que es bastante caro.
En cuanto a la inflación, quiero decir simplemente, señor González, que, por desgracia, del año 1992 al actual de 1993, no hemos conseguido, a pesar de nuestra situación, reducir nuestro diferencial, respecto de la media de los tres países con inflación más baja; era del 3,5 en 1992 y sigue siendo del 3,5 en 1993. No le he escuchado esta mañana si reitera su compromiso de mantener el cinco por ciento del conjunto de inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado, y desde luego lo que nosotros creemos es que un pacto social --y ya con eso cierro este capítulo-- debe ser limitado en el tiempo y concreto en sus contenidos. Eso que usted ha dicho esta mañana de que una de las obligaciones del pacto social es definir las estrategias globales de política económica en el país..., pues mire usted, las estrategias globales de política económica del país las define el Gobierno y las debate este Parlamento, esta Cámara. Y, además, hay cosas, como puede ser la formación profesional, como puede ser la reforma del mercado de trabajo, o como pueden ser propuestas de moderación salarial, que sí pueden ser objeto, naturalmente, de un pacto social limitado en el tiempo.
Quiero decirle --y voy terminando, señor Presidente--, en relación con las cuestiones institucionales, que yo creo que nosotros hemos mantenido una posición, al menos desde el año 1989, claramente en favor de la revitalización institucional cuando sentimos que había llegado esa necesidad a nuestro país, incluso antes. Pero yo creo que confunde usted, señor González, las cosas. El buen funcionamiento institucional radica, entre otras cosas y entre otras cuestiones, en el respeto a las reglas del juego, y la estabilidad institucional no es, a mi juicio, compatible con la posible alteración, a conveniencia, de las reglas de funcionamiento de las instituciones, porque pensar que, cuando tengo 159, digo que cambio, y cuando tengo 165, digo que no cambio, ésa no es una posición que a mí me parezca razonable dentro de la estabilidad y el buen funcionamiento institucional.
¿Qué es lo que se pretende cuando se establece en una norma una mayoría cualificada? Lo que se está pretendiendo exactamente es que haya acuerdos --eso es exactamente lo que se pretende--y se establecen como mecanismos de garantía para forzar a los grupos políticos, en un concepto de estabilidad institucional, a que haya acuerdos. Por eso, cuando nuestra Constitución establece el criterio de mayoría cualificada, está diciendo: pónganse ustedes de acuerdo con un sano criterio de estabilidad institucional. Me podrá usted decir: yo no me he referido antes a lo que está en el contenido estricto constitucional, incluso regulado, sino en lo que no está, por ejemplo, Consejo de Radiotelevisión Española; pero no ha establecido usted limitaciones, y por

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lo tanto tendría que decir también: estoy dispuesto a iniciar el proceso de reformas constitucionales para también rebajar la minoría cualificada en aquellos aspectos, como en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, que la Constitución determina.
Si eso es así, señor González, hagamos una lectura unilateral de las cosas. Lo que no puede ser es que, cuando usted no está de acuerdo, no haya bloqueo, y, cuando yo no estoy de acuerdo, haya bloqueo; hagamos el esfuerzo de ponernos deacuerdo. Eso es lo razonable. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.) Ese

criterio de estabilidad institucional y de buen funcionamiento es el que nosotros mantenemos.
Naturalmente, sobre su posición o no en el Consejo de Estado, en la Comunidad Europea o en otras instituciones, como el Consejo del Poder Judicial, nosotros creemos, ¡qué le vamos a hacer!, que quienes enterraron a Montesquieu, en una interpretación curiosa de lo que es la teoría clásica de separación de poderes, no somos nosotros, y eso supongo que tiene alguna referencia (Rumores.) al intento de aplicar la mayoría parlamentaria en un sistema de división de poderes a todas las instituciones del Estado.
Voy a decirle, señor González, que no me parece correcto decir en un Estado de Derecho con separación de poderes, y en la teoría clásica de separación de poderes, que es más democrático, por ejemplo, en términos de elección de vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo que hace el Parlamento que lo que pueda hacerse por otras normas aprobadas por este Parlamento. No me parece correcto ni creo que les parezca correcto, en líneas generales, a los tratadistas, al menos a los conocidos, clásicos del Derecho constitucional. Otra cosa distinta es que ustedes lo hayan hecho porque les convenga, pero desde el punto de vista del equilibrio institucional no me parece correcto decir que es más o menos democrático, porque, en relación con uno de los poderes del Estado, puede llegar usted a la conclusión de que ninguna de sus acciones a lo mejor son democráticas.
En relación con lo que usted demandaba del Fiscal General del Estado, nosotros pedimos una cosa bastante sencilla, como que tenga autonomía, y, cómo lo diría yo, que sepa, que sepa (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.), que sea su posición suficientemente respetada y respetable para el conjunto de la sociedad española.
Por lo tanto, en donde podamos estar de acuerdo, de acuerdo estamos. Nosotros creemos que es bastante curioso que quienes han impulsado el proceso, a nuestro juicio, de patrimonialización y han establecido el sistema de cuotas, ahora propongan su cambio, pero, como digo, nosotros estamos de acuerdo. Ahora póngase usted de acuedo con su Grupo, con parte de su Grupo o con quien se tenga que poner de acuerdo, porque nosotros en eso ya hemos demostrado que estamos absolutamente dispuestos a suprimir el sistema de cuotas. Lo que pedimos es que si se llega a un acuerdo lo cumplan, porque ya conoce bien recientemente algún grupo de esta Cámara lo que es llegar a algunos acuerdos en el seno de la misma, y, desde luego, ver burlado el acuerdo y su voluntad. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Por lo que se refiere a las autonomías, señor González --y resumo--, no me malinterprete usted. Yo no es que no tenga desconfianza ni en Convergència i Unió ni en el Partido Nacionalista Vasco (no he citado a Convergència i Unió ni al Partido Nacionalista Vasco, aunque podré tener más o menos simpatías o lo que fuera), de quien tenemos desconfianza, se lo digo por si no ha quedado claro, es de usted. Es en usted en quien no tenemos confianza, en quien desconfiamos. Pero en todo caso --le vuelvo a repetir-- no tiene usted por qué darse por aludido en nada que yo no haya dicho. Digo y reitero que vamos a hacer esa política autonómica, de desarrollo del pacto autonómico, de vigilancia --y queremos la información-- de ese proceso de transferencias y de salvaguarda y garantía de un desarrollo autonómico armónico que garantice la solidaridad entre todos los territorios españoles. Y las demás explicaciones, si hay que darlas, le corresponde darlas a usted.
Yo le adelanto que nuestra posición aquí, si se trae en los presupuestos el debate sobre el 15 por ciento o el acuerdo al que usted se ha referido sobre el 15 por ciento, va a ser ésa.
¿Por qué? Sinceramente, porque me parece mucho más razonable para las necesidades e intereses de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.


El señor AZNAR LOPEZ: Termino ya, señor Presidente.
Naturalmente que todos defendemos los intereses españoles, pero usted podrá convenir conmigo, en relación con el proceso comunitario, que a veces se pueden interpretar de manera distinta los intereses de los agricultores, de los comerciantes o de las empresas españolas, y ahí está el debate y la diferencia política y es bueno que se pueda dirimir ello.
Y en cuanto a la información en esta Cámara, no he pedido otra cosa que la que está contenida, como participación de los parlamentos nacionales, en el Tratado de la Unión Europea y que recoge, en gran medida, las conclusiones de la Cumbre de Edimburgo.
En definitiva, señor González, a mí me hubiese gustado escuchar, a quien va a dirigir el Gobierno, un proyecto más completo, una garantía sólida de apoyos, internos y externos, y una explicación de la situación real del país. Créame, señor González, que lo hubiese apreciado, y créame también cuando le deseo suerte en esta etapa.
Nosotros, por nuestra parte, alternativa de gobierno, representamos y representaremos un proyecto diferente, y 141 diputados trabajarán por él y por el interés general de España.


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Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
El señor González tiene la palabra.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del Gobierno): Con toda brevedad, para responder telegráficamente a algunas de las afirmaciones que se han hecho.
Creo, señor Aznar, que usted no puede mantener seriamente que si hubiera sido distinta la intervención de esta mañana hubiera cambiado el voto, como ha dicho desde la tribuna (Rumores.), a no ser que no fuera cierto lo que decían estos días. Yo creo que no; creo que tenían decidido el voto negativo, lo cual, repito, me parece lógico, más allá de la intervención; igual que me parece lógica la intervención que ha hecho.
Usted me ha hecho algunas preguntas o ha hecho algunas observaciones que no quiero dejar sin respuesta. Por ejemplo, creo que cualquiera con una cierta experiencia sabe que respecto a las medidas adoptadas en marzo todavía no hay tiempo suficiente --cualquier experto lo conoce-- como para evaluarlas. Por consiguiente, es un poco capcioso que se diga qué efectos han producido.
En segundo lugar, cuando esta mañana le he hablado del déficit he sido preciso, y hablo de una estimación, naturalmente. No es posible hacer desde el Gobierno central una estimación sobre la evolución del déficit en las administraciones locales o en las comunidades autónomas. Por consiguiente, estoy hablando de Administración central, de organismos autónomos y de Seguridad Social. Estoy hablando de eso. Por tanto, le confirmo esta cifra porque parece que la tendencia del déficit es ésa.
En cuanto al gasto público --también para aclarar la situación--, usted ha hecho una exhibición de cifras desde el 12 de abril hasta la fecha presente o hasta el 6 de junio. Yo le quiero decir que el presupuesto del Estado es de unos 14 billones de pesetas, y de esos 14 billones de pesetas --los del Estado--lo lógico es que la evolución del gasto, mes a mes, se aproxime a lo que usted ha dicho. Por consiguiente no resulta, ni siquiera de lejos, ser --como ha insinuado desde esta tribuna-- intencionado respecto de procesos electorales o no. De nuevo eso me remite a una cierta dificultad para aceptar las cosas como son.
En cuanto a la inversión pública, la voluntad es mantenerla en torno al 5 por ciento del producto bruto, y aclaro, para que no haya confusión, que estamos hablando de inversión pública y no estamos hablando de inversión en infraestructura, porque eso, que ha sido objeto de un largo debate durante la campaña electoral, parece que debería haber quedado claro ya para todo el mundo.
He definido los contenidos del pacto social. Probablemente no ha tomado nota esta mañana cuando yo lo he dicho. Por consiguiente, cuando usted ha dado la respuesta sobre el pacto social del que yo he hablado esta mañana, no estábamos hablando de la misma cosa. He definido los contenidos y los he definido con precisión en cuatro puntos --les ahorraré la molestia de volver a insistir en ello--, empezando por el Inem y hablando de la contratación temporal, de la formación profesional, etcétera; pero, además, le digo que es verdad que estoy abierto a las sugerencias que pueden hacer tanto la patronal como los sindicatos para incluir o no nuevas materias dentro de ese pacto social. En fin, no se puede decir que no ha habido una definición de contenidos. En cuanto a oferta, por nuestra parte, están perfectamente definidos, y una parte de esos contenidos, además, se está discutiendo en el Consejo Económico y Social.
De nuevo, con las situaciones de bloqueo, me gustaría que se aclarara eso, porque las citas de Montesquieu están mal traídas. Era Montesquieu el que estaba en contra de cualquier tipo de corporativismo en relación con la división de poderes.
(Rumores, risas y aplausos.) Sí, voy a hacer la cita literal.
Yo no digo que ustedes hagan una propuesta corporativa, no; digo que estaba en contra de cualquier tipo de corporativismo.
Sólo hay una fuente, sólo hay un origen del poder en democracia, y el Parlamento representa la soberanía popular.
Es verdad que el Parlamento podría decidir que fuera otro quien tomara la decisión que le corresponde o que puede corresponder al Parlamento; pero, en fin, yo creo que es poco discutible el hecho de que si emana del Parlamento, con los sistemas que están previstos, con la designación de los miembros del Consejo del Poder Judicial se está respetando «stricto sensu» la división de poderes y se está respetando en el mejor espíritu de Montesquieu, ya que se ha citado, y no en un espíritu incorrectamente interpretado de Montesquieu.
Era lógico, además, que usted dijera que la desconfianza respecto del planteamiento autonómico era en relación con nosotros, no en relación con los grupos con los que dialogamos. ¡Qué iba a decir usted desde la tribuna después de lo que le he dicho! No podía decir otra cosa, porque, en definitiva, es verdad que cuando hay una conformación de mayorías en una situación como la del Parlamento, si esa le hubiera tocado hacerla a usted, naturalmente hubiera tenido que hacerla en una dirección semejante. Por consiguiente, lo lógico es que diga usted que la desconfianza es una desconfianza hacia nosotros. Pero verá usted, ha hecho una insinuación de inclumplimiento de compromisos dentro del Parlamento y la verdad es que sé que se refiere a un hecho que ha ocurrido en la propia elección de la Mesa.
Nosotros somos tres en la Mesa, tenemos 159 Diputados; ustedes son cuatro, tienen 141. (Rumores y protestas.-- Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Quiere decir que ustedes, aunque se irriten sus compañeros de banca, han hecho un menor esfuerzo porque haya una representación plural en la Mesa del que hemos hecho nosotros.
Dicho de otra manera: ustedes no han hecho esfuerzo y nosotros hemos hecho el que existe, el que se ha producido. (Rumores, protestas y pateos en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en

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los bancos del Grupo Socialista.--El señor Aznar López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Gracias, señor González.
Señor Aznar, dos minutos.


El señor AZNAR LOPEZ: Con toda brevedad, señor Presidente.
Créame, y lo vuelvo a repetir, que me hubiese gustado apreciar naturalmente el esfuerzo que usted hubiese hecho para plantear y explicar una situación distinta; pero, en fin, esa es una cuestión pasada en el debate.
Quiero decirle que he creído entender, en relación con el déficit con lo que usted ha explicado, que al déficit que usted presume del 5 por ciento hay que añadirle el déficit correspondiente a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Conviene que esto quede claro; conviene que quede muy claro para que nadie se extrañe que la cifra del déficit público en nuestro país de todo el conjunto de administraciones públicas pueda situarse en el 7 por ciento al final de este año. Conviene que quede claro porque las previsiones, tanto las de paro como las de déficit, realmente son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta las previsiones que tenían ustedes. Repito, es muy importante lo que usted ha dicho.
Señor González, naturalmente no es una cuestión de que los gobiernos gastan y gastan en el tiempo. Aquí hay una relación (Mostrando un documento a la Cámara.) de créditos extraordinarios aprobados durante el tiempo electoral. Yo le he dicho el gasto que usted ha comprometido durante el tiempo electoral y se lo vuelvo a repetir: 27.700 millones de pesetas todos los días. Pero aquí tiene usted, por si le interesa, la relación de créditos extraordinarios no presupuestados -- además, en la política de austeridad y de control del gasto público-- que ustedes han aprobado en tan sólo 55 días.
En relación con el Consejo General del Poder Judicial -- termino, señor Presidente-- probablemente Montesquieu no tenía ningún interés corporativista. Lo que yo no sé es el interés que tienen ustedes en enterrar a Montesquieu si no tenía ningún interés corporativista. (Risas.) Le podían haber dejado tranquilo y seguir en un esquema clásico de no patrimonialización de instituciones al respecto.
Por último, señor González, solamente introduzco (porque tampoco es cuestión de hacer polémica a estas alturas sobre eso) una matización en relación con las palabras que usted ha pronunciado. Efectivamente, con 159 Diputados ustedes tienen tres miembros en la Mesa del Congreso, y con 141 nosotros tenemos cuatro. Hay una pequeña diferencia o una gran diferencia en relación con lo que yo he dicho, y es que nosotros, ni los cuatro ni los 141, hemos firmado un documento que luego no hemos cumplido. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!-- Prolongados aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Señor González. (Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) ¡Silencio! señorías.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Parece que es el Reglamento el que dice que puedo cerrar, señor Presidente. No lo digo yo; lo dice el Reglamento y parece que también molesta el Reglamento.
Señor Aznar, sólo una respuesta muy breve. Le he hablado antes de 14 billones de pesetas de presupuesto, 365 días y 38.000 millones de pesetas diarias. Corrija usted sus cifras o, por lo menos, acepte que se equivoca.
Segundo. Mire usted, en cuanto a Montesquieu, yo lo único que haría sería no enterrarlo o desenterrarlo --enterrado está--; lo único que haría sería recomendar su lectura, y en su lectura dice lo que yo digo, no lo que a veces ustedes manifiestan que dice Montesquieu.
Finalmente, se ha puesto de manifiesto claramente que ustedes no han tenido ninguna voluntad de que haya más pluralidad en la composición de la Mesa. Eso les define a ustedes, no a nosotros.
(Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. (Continúan los rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías! Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó. (Numerosos señores Diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar, nuestra solidaridad con el señor Iglesias secuestrado en Euskadi, solidaridad expresada en el contexto de nuestro firme rechazo del fenómeno terrorista.
Estamos en una grave situación socio-económica, se nos presenta una opción muy predeterminada, existen otras salidas y vamos a dialogar sobre ello.
Las novedades que marcan de forma decisiva el inicio de la V Legislatura y, por supuesto, este debate de investidura, son los cambios en el mapa político resultantes tras las elecciones y el agravamiento de la crisis económica y de la sensación de corrupción.
Recuerden ustedes que estos dos temas --crisis y corrupción-- son los que precisamente motivaron la anticipación de la convocatoria electoral. El hoy candidato, entonces Presidente del Gobierno, señor González, el Sábado Santo no tuvo otro remedio que decidirse por la anticipación electoral porque aquellas cuestiones --crisis y corrupción--, estaban poniendo en peligro la estabilidad de un Partido, el PSOE, y de su Gobierno. No se olvide el dato. En aquella situación, un partido

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con mayoría absoluta en esta Cámara aparecía como incapaz de asegurar la estabilidad del Gobierno.
No es momento de analizar lo que sucedió después, una larga y costosa campaña electoral en la que se intentó bipolarizar artificialmente a la sociedad, restringiendo las posibilidades del pluralismo, utilizando medios presuntamente antidemocráticos, como fueron los debates cara a cara en las televisiones privadas, excluyendo otras opciones, con lo que a, nuestro entender, se lesionaba el principio de igualdad.
Quede aquí tan solo la constancia de que nuestro grupo ha recurrido ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar que se vuelva a intentar condicionar la voluntad electoral.
De todas formas, lo más importante es constatar que aquellas dos cuestiones, crisis y corrupción, están hoy aquí presentes para resolver y, como mínimo por lo que afecta a la crisis, con características aún más dramáticas que a principios del mes de abril. La sociedad española conoce hoy una crisis económica de alcance inusitado.
Por otro lado, la gran novedad parlamentaria, que obviamente afecta a la gobernabilidad y al futuro del país, es que ustedes no disponen de mayoría absoluta. Usted mismo se ha referido esta mañana a este fenómeno. Este Parlamento potencialmente es más plural. Debería, por mandato electoral, desplazarse el centro del sistema democrático del Gobierno al Parlamento. Aquí es donde se deben fraguar los consensos.
Señor candidato, ante la gravedad del momento y dado el frágil equilibrio, aquí se podría especular con una nueva convocatoria anticipada de elecciones y un posible triunfo de la derecha tras un eventual fracaso del Gobierno que usted pretende impulsar. Más de uno, desde la facción más reaccionaria de la patronal hasta algún dirigente de los posibles socios preferentes del candidato, puede abrigar la esperanza de que se quemen pronto; de ahí también la importancia de acertar en la opción. Nos jugamos el futuro de la sociedad y, permítanme, señores del PSOE, que se lo diga especialmente a esta parte del hemiciclo, nos jugamos el futuro de la izquierda. ¡Cuidado con este empecinamiento, ahora que ha pasado la campaña electoral, en arrinconar los valores de izquierdas! Analícense con atención las voluntades electorales y sáquense lecciones de experiencias en otras latitudes, donde se están produciendo auténticos terremotos políticos parlamentarios, como en Italia, donde desaparecen opciones de larga tradición democrática.
En resumen, por todo lo anterior, quisiera concluir esta primera parte de mi intervención con un pronunciamiento categórico.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifiesta su disposición total, coherente y responsable, a participar en todos los esfuerzos necesarios para abordar aquellos retos.
Estamos dispuestos a corresponsabilizarnos sin reservas sobre acuerdos programáticos de forma pública y transparente, con una política de izquierdas progresista, como se apelaba, por su parte y por la nuestra, en campaña electoral.
El candidato ha escogido otra opción; el pacto con Convergència y PNV. Se trata de un acuerdo que han defendido denodadamente diversos poderes fácticos del mundo financiero y algunas empresas de los medios de comunicación, pero este acuerdo es el resultado de la decisión del candidato, sólo él debe asumir todas sus consecuencias.
Señor González, usted, sin mayoría absoluta, habiendo cambiado el mapa político, habiéndose agravado las condiciones de la crisis, pretende la continuidad de formas y contenidos de su política anterior y de alianzas ya experimentadas con CiU y con PNV. En clara contradicción con aquella opción, esta mañana nos ha leído un discurso con algunas propuestas progresistas; algunas de ellas ya las propuso en anteriores debates y nunca se cumplieron, por eso las ha repetido esta mañana. Entre las que ha presentado hoy las hay que chocan frontalmente con el programa de Convergència i Unió. Tiene usted el deber de discutir y explicar hoy, aquí, ante la opinión pública, qué significa aquel posible pacto, qué contenido ha acordado para este pacto. Debe explicar cuál es el coste público de medidas como las que propone el señor Arzallus para las privatizaciones en el Ministerio de Industria, o las exenciones fiscales que propone Convergència i Unió. Lo deberíamos conocer para contrastarlo con lo que necesita la sociedad y con otras posibles opciones, como ésta de la que vamos a hablar.
Usted ha rechazado la opción del acuerdo de izquierdas sin dar ninguna explicación convincente porque, señor González, ¿de verdad mantiene que es creíble su forma de defender su opción por motivos de estabilidad? ¿La estabilidad se la da CiU y PNV? En una situación tan grave como la descrita, usted, producto de su obsesión por la continuidad de formas y contenidos de políticas, confunde estabilidad con asegurar un mínimo de 176 escaños en el Congreso y sus homólogos en el Senado. Sería irrisorio basar la mayoría en el Senado, Senado que si propone algún veto, se puede superar en esta Cámara.
Pero sobre todo recuerde, señor González, que la lógica parlamentaria no siempre se corresponde exactamente con la voluntad real del pueblo. La estabilidad se garantiza sobre acuerdos de políticas, no sobre ofrecimientos de ministerios en gobiernos de coalición; la estabilidad debe basarse en la voluntad electoral y en su base social. Sobre esto último se ha llegado a afirmar que el acuerdo PSOE-CiU-PNV era un acuerdo de Estado que implicaba la inserción de Cataluña y Euskadi en la gobernabilidad; que por tanto se alcanzaba un resultado histórico. Se lo dice un ciudadano de Cataluña, señor González: ¡basta ya! basta ya de manipular a la opinión pública con conceptos como los intereses de España o los de sus nacionalidades. Ni usted en exclusiva representa los intereses de España ni Pujol o Arzallus los de Cataluña y Euskadi, respectivamente. Aquella es la típica pretensión del nacionalismo, sea en este caso el español, catalán o vasco, que supone confundir el interés de un partido o una clase con el de toda la colectividad. En España, en Cataluña

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y en Euskadi existen intereses contradictorios representados por una pluralidad de opciones políticas. Ustedes pretenden pactar con unas de ellas, las mal llamadas nacionalistas.
Ustedes buscan reforzar un pacto por intereses políticos y socio-económicos coincidentes. Usted pacta con el nacionalismo de centro derecha, con los democristianos vascos y catalanes.
CiU fue ya su socio estable, corresponsable en toda la legislatura anterior, coincidiendo con ustedes en temas internacionales, en temas como las libertades (la Ley Corcuera, tan bien defendida por el señor Roca desde esta tribuna), y especialmente en política económica. No olvide que fue una política ideada y aplicada por su Gobierno y por CiU la que ha fracasado estrepitosamente, y que volverá a fracasar si se pretende repetir. Estamos ante una propuesta estéril para abordar aquella grave situación, y además es incoherente con todo lo que se explicó en campaña electoral. ¡Qué gran paradoja política y electoral! Usted apela al voto progresista y de izquierdas, se recrea en el miedo a la derecha, y pretende pactar con CiU y PNV. Son diversas las paradojas electorales que ponen en duda hoy seriamente su credibilidad, señor González. En campaña ocultó el alcance de la crisis; en campaña pretendió --y consiguió-- que la gente olvidase responsabilidades de su Gobierno en la anterior legislatura, en temas como la crisis o la corrupción. ¡Qué lástima que la realidad las haga reaparecer! Apeló al voto progresista, el de izquierdas, para hacer el cambio sobre el cambio y ahora se dispone a gobernar con el apoyo de los que como Convergència i Unió propugnan mayor precariedad laboral, cuando no el despido libre encubierto, critican la excesiva protección judicial a los trabajadores en resoluciones sobre expedientes de regulación, proponen privatizar el sector público e insinúan la necesidad de una amnistía fiscal, piden borrón y cuenta nueva sobre la corrupción, se oponen a la ley de huelga, y podríamos continuar. ¿Es éste el cambio sobre el cambio? ¿Es éste el Gobierno progresista? Por si alguien abriga alguna duda, repasemos las primeras andaduras de esta legislatura que demuestran inequívocamente aquella opción: la de continuar a pesar de la crisis y sin mayoría absoluta con la misma prepotencia. Primero, el nombramiento de Carlos Solchaga, artífice y defensor a ultranza del monetarismo, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista (Rumores.) Es su opción personal, señor González, la del felipismo, la de reforzar el papel del Ministro que como dijo el Director del Financial Times podría haber funcionado muy bien a las órdenes de Margaret Thatcher. (Rumores.) Segundo, la maniobra de negociación para la elección de la Mesa del Congreso excluyendo a nuestro grupo de la misma. Aquí ustedes, una vez más, han faltado a compromisos firmados, esto es así sin paliativos; no valen excusas de vetos personales, por otra parte inaceptables. El señor Solchaga, que es muy coherente y transparente, nos dijo de forma clara que nos excluían entre otros motivos para ahorrarse problemas en el trámite ante la Mesa de un paquete social independientemente de la ley de huelga. Lo más grave no es la agresión al grupo que represento, lo peor es mostrar un talante contra la expresión del pluralismo. Excluir a este grupo, excluirnos, es dejar fuera de la Mesa al tercer grupo parlamentario de esta Cámara, al que cuenta con el doble de votos que Convergència i Unió y diez veces más que PNV. ¿Es ésta una forma de relucir el pluralismo? Pero mucho peor que esto. Es verdad que el Partido Popular se enrocó en su representación, y no olviden ustedes, los del Partido Popular y los de Convergència i Unió, que ni unos ni otros tienen mucha autoridad para hablar de este tema cuando nos hicieron ofertas para pinzar al PSOE en la Mesa de esta Cámara, ofertas que en nuestro grupo parlamentario, respetando el pluralismo, nos negamos aceptar.
(Rumores.) Pero creo que es mucho peor, señor González, que aquella exclusión se pueda leer como un afán de constituir una Mesa dócil para domesticar este Parlamento. Todas sus manifestaciones de cambio, de renovación democrática, quedan mermadas por aquel hecho. Usted muestra el mismo talante de soberbia como si no hubiera habido elecciones. Continúa usted con la obsesión de mayoría absoluta. En un Parlamento plural ya ha conseguido una Mesa de mayoría de coalición. Usted sabrá para qué, yo le puedo decir que no parece que ayude a potenciar el Parlamento como Cámara representativa de aquella pluralidad, la que debe ejercer la tarea de impulso y control del Gobierno.
Pero era y es posible otra opción, una opción de carácter progresista de izquierdas, consecuente con las propuestas electorales, una opción que reúne aún el apoyo de una mayoría de la opinión pública, si nos atenemos a las encuestas que se van publicando. Que quede claro: no vamos a caer en debates nominalistas. Es sencillo, como hizo el propio candidato, quizás muy a su pesar, en campaña electoral, calificar una propuesta de Gobierno de izquierdas, pero a partir de esta afirmación se debe entrar en la explicación precisa de sus contenidos. Nos vamos pues a centrar en los mismos siguiendo los apartados de su discurso para intentar la confirmación de aquella definición, la de un programa de izquierdas frente a la crisis, la regeneración democrática, el Estado de las autonomías y la situación internacional.
Afrontar y superar la crisis económica en España requiere, en primer lugar, hacer un correcto diagnóstico. Decir que nuestra crisis es equiparable, homologable a la crisis europea, como usted ha dicho y hoy ha insistido en ello, no sólo no es verdad sino que es confundir sobre la magnitud de nuestro propio problema. Con dicha confusión se puede intentar esconder responsabilidades o ganar votos, pero seguro que se crean obstáculos importantes a la hora de solicitar esfuerzos y acuerdos corresponsables. No es posible acordar con quien miente o va errado. Acordar significa credibilidad mutua. Una premisa categórica que no quiso abordarse en campaña electoral por razones partidistas es que la economía española padece una de las

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crisis económicas más graves de su historia y que los factores que determinan que sea diferente y más grave que la que padecen el resto de los países de nuestro entorno son factores endógenos, internos. El Gobierno del PSOE, ustedes, son en buena parte responsables de no haber iniciado el proceso de superación de las grandes diferenciales negativas de la economía española en relación a Europa. El propio Instituto de Estudios Económicos nos advierte que una recuperación de la economía mundial no sería suficiente para resolver la depresión española. Más allá de las palabras, más cerca de la realidad, las cifras son contundentes; no las grandes cifras macroeconómicas que podría citar, cifras que aceptan, soportan millones de españoles y españolas que demuestran que la crisis económica española no es la europea. Tasa de paro: doble de la de la Comunidad Europea. Tasa de paro femenino: primer país de la Comunidad. Tasa de paro juvenil: primer país de la Comunidad. Precarización laboral: primer país de la Comunidad.
Resulta muy significativo comparar la evolución del empleo asalariado de las mujeres desde 1987, desde donde resulta que todo el empleo creado ha sido temporal, casi todo. En seis años sólo se han creado 1.800 puestos de trabajo fijo para las mujeres.
Nos ha dicho el Premio Nobel de Economía, profesor del MIT, Franco Modigliani: no entiendo cómo se puede convivir con una tasa tan alta de desempleo. Actuar contra el paro debe ser la prioridad número uno del Gobierno y de los ciudadanos porque España está cerca del colapso.
Ojalá, ojalá, señor González, nuestra crisis fuera la de Europa.
Nuestra crisis no es la europea, es mucho peor, y su salida requiere gran dosis de sinceridad; de sinceridad, en primer lugar, y de valentía, y de voluntad política de rectificar y definir las políticas adecuadas. Debemos añadir que tampoco podemos aceptar recetas simplistas, como aquellas que consideran el nivel de los salarios y la rigidez del mercado laboral como factores fundamentales de nuestra crisis.
¿Cuál es el problema central de nuestra economía? La respuesta es muy clara para nosotros: la debilidad de nuestro sistema productivo, demasiado acostumbrado a los aires de autarquía sin necesidad de competir; baja productividad, dimensión reducida de nuestra industria, peso desmesurado de los sectores tradicionales, grandes déficit tecnológicos, dependencia exterior, carácter estructural antiexportador de nuestro tejido industrial, falta de formación, rémoras que alcanzan todo su valor ahora con la competitividad, en la perspectiva, además, de ampliar la Comunidad Europea.
Frente a aquel diagnóstico debemos realizar y analizar recetas como las que ustedes, que no han compartido aquel diagnóstico, han intentado aplicar. Su política no ha fortalecido la debilidad de nuestro tejido productivo; su política lo ha debilitado más.
Sobre equilibrios y déficit históricos se han proyectado negativamente los efectos de una política monetaria y cambiaria.
Debería hacer otro ejercicio de sinceridad, señor González: reconocer el fracaso de una política económica llevada a cabo hasta ahora. Los efectos de esta política han ido en dirección contraria a las necesidades del país. Se ha penalizado la inversión productiva. Ha crecido espectacularmente la especulación, la cultura del pelotazo, la venta y desmantelamiento de sectores enteros del tejido productivo.
Hemos conseguido índices elevadísimos de precarización laboral, únicos en Europa. Tan sólo dos cifras ilustrativas: durante toda esta etapa una Letra del Tesoro daba una rentabilidad del 11 o 12 por ciento; la inversión industrial apenas el 5 por ciento.
Por otro lado, recordemos como paradigmática la historia de KIO. ¿Campeones empresariales o especuladores? Centenares de miles de millones en suspensión de pagos; miles de puestos de trabajo en el aire; casi 100.000 millones de dinero público volatilizados y aún es hora de que su Gobierno exija responsabilidades.
Han desperdiciado la oportunidad de iniciar la superación de nuestros problemas endémicos acometiendo reformas estructurales en el período 1985-89, cuando la etapa de crecimiento económico lo hacía mucho más fácil, cuando se decía que éramos la admiración de Europa con un crecimiento financiero artificial. Señor González, se trata de volver a empezar desde cero; o, mejor dicho, de volver a empezar con saldo negativo, con todos los indicadores en señal de alarma.
Nosotros manifestamos nuestra voluntad de contribuir a la superación de la actual situación, pero, quede claro, en una dirección de solidaridad y de mayor justicia social. No se nos pida colaboración para que en este país una persona pueda rápidamente hacerse rico, como dijo un ministro suyo, a cambio --decimos nosotros--, de que muchos ciudadanos y ciudadanas, más rápidamente todavía, se vean lanzados al paro.
¿Qué pone usted, señor González, sobre la mesa para hacer posible un pacto de progreso? Su discurso no lo ha aclarado.
Su política económica, en los años que usted ha presidido el Gobierno, sus apoyos parlamentarios y su silencio nos preocupan. No le estamos pidiendo el programa detallado; le pedimos que nos diga en qué dirección vamos y cómo se piensan orientar sus políticas. Tomemos un ejemplo, sobre el cual ha pasado usted muy rápidamente esta mañana: la reforma del mercado de trabajo. En el documento que enviaron ustedes al CES, y que esta mañana ha citado, se hacen planteamientos para nosotros inaceptables. Ustedes parten de la consideración --en aquel documento-- de que los salarios y el ordenamiento laboral son los grandes responsables del paro. Llegan a decir que es necesaria la reforma, dado el fuerte peso de contratos a tiempo completo de duración determinada o a la débil presencia de contratos a tiempo parcial, analizando superficialmente el mercado laboral, ignorando la política económica y la desindustrialización.
Si el objetivo es crear ocupación y cohesión social, no se puede abordar la reforma del mercado laboral al margen de fortalecer el tejido productivo, al margen de

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prever los efectos de la innovación tecnológica y, por tanto, al margen de plantearse conceptos y políticas de reducción de jornada, de reparto de trabajo, de utilidad del trabajo productivo y del trabajo social, con toda la prudencia que unas medidas de estas características comportan. Como dice alguien que usted conoce, Peter Glotz: «La izquierda europea dispone de una utopía concreta que podría mover a millones de personas. La reducción de la jornada laboral entendida no solamente como un instrumento tecnocrático para la distribución más equitativa del trabajo, sino como el objetivo transformador de proporcionar más tiempo disponible a las personas, sería el mayor punto programático innovador de un movimiento político que, eso sí, no se arredre ante el término emancipación», y acaba la cita.
Es un debate internacional, claro que sí, estructural. Pero hoy en España estamos convencidos de que se debe mejorar el mercado laboral y de que se debe hacer con objetivos muy claros: generar empleo, acabar con la precariedad, reducir la temporalidad, aumentar la tasa de actividad, disminuir los niveles de accidentes laborales, objetivos todos ellos de nuestra propuesta de mejora del mercado laboral.
En el documento que ustedes remiten al CES, por ejemplo, proponen --cito textualmente-- la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente por los empresarios; proponen la eliminación de controles externos de las administraciones en general. ¿Mantiene estos criterios, señor González? ¿Los piensa modificar? ¿Cuál es la situación de la contratación temporal? ¿Por qué no ha hablado esta mañana de contratos temporales? ¿Colisiona con las propuestas de Convergència i Unió y su voluntad de no oponerse a la selva de la precariedad? Desde el año 1987 a 1992, todo el aumento de empleo asalariado, cifrado en 1.257.000 personas, ha revertido exclusivamente en empleo temporal, destruyéndose, al mismo tiempo, 608.000 puestos fijos de trabajo. El conjunto de trabajadores con contrato temporal es del 34 por ciento de los asalariados; si nos referimos solamente al sector privado, el 39 por ciento de todas las plantillas.
Por tanto, y a la vista de los datos del paro y de la contratación, se demuestra que, frente a un paro de marcado carácter estructural, las políticas flexibilizadoras son estériles como receta para generación de empleo, además de generar procesos de marginación de amplios colectivos de trabajadores. Estos datos desmienten afirmaciones que ha hecho su Gobierno y usted mismo sobre que la temporalidad era la etapa necesaria, que un altísimo porcentaje de contratos temporales iban a pasar a fijos después. Vamos a ver cuándo se va a producir.
Son básicamente los jóvenes y las mujeres quienes están aguantando la precarización laboral. ¡Que vacía suena su cita de mujeres y jóvenes esta mañana cuando usted, su Gobierno, es quien más ha contribuido a impedirles la actividad laboral! Una economía con un porcentaje tan alto de precarización no puede ser competitiva. Un trabajador o una trabajadora que sabe que dentro de dos o tres meses quizá no continúe trabajando, no puede trabajar a pleno rendimiento. Se añade, además, un factor de riesgo (que, por cierto, está pendiente hablar de riesgo y de salud laboral), tema que no ha tocado usted esta mañana y que es un grave incumplimiento de la directiva comunitaria que obliga a aquella ley de salud laboral.
¿Sabe usted, señor González, por ejemplo, que en la provincia de Barcelona, en el año 1991, se perdieron siete millones de jornadas por incapacidad laboral transitoria, frente a 370.000 jornadas por conflictos laborales? Tanta demagogia sobre interpretaciones falsas del texto de ley de huelga y sobre las pérdidas de la economía por conflictos laborales, ¿por qué no cuantificamos las enormes pérdidas, dobles, humanas y económicas, por falta de legislación e inversión en salud laboral? El objetivo prioritario reconocido aquí por todos es crear empleo. Nosotros partimos (lo conoce usted porque le explicamos y entregamos muchos apartados de nuestro programa de gobierno) de un desarrollo económico social y ambientalmente sostenible; de una serie de medidas urgentes que afectan desde una política industrial, que ustedes no han hecho, a un I+D, que ustedes han situado a España en el vagón de cola de la Comunidad Europea, a un sector público dinamizador; de un plan de infraestructuras que no se base en el transporte por carretera y privado, sino en el transporte público; de una gestión hidrológica que priorice el ahorro; de construir viviendas (usted esta mañana sólo ha citado las viviendas a efectos de movilidad funcional de los trabajadores), especialmente en régimen de alquiler; de un plan energético nacional, como ya presentamos en todo su desarrollo; de restablecer el principio de causalidad laboral que ustedes modificaron en 1984, a pesar de las propuestas de sus socios que querían ir aún más lejos en la modificación; de una ley de huelga, de salud y de medio ambiente laboral, de fondos de inversión, de cooperativas y explotaciones familiares agrarias; de una democratización de las estructuras del campo, de priorizar la disminución de nuestro déficit social respecto a Europa; de temas que usted sí ha citado esta mañana, como los tipos de interés, Consejo Económico y Social, la salud pública, la educación y la formación, en que continuamos estando a la mitad del gasto europeo en ambos frentes; de mejorar, por supuesto, con promesas aún por cumplir, toda la temática de las pensiones.
Insisto en que todo ello son muestras de líneas prioritarias y no pretenden configurar un programa de Gobierno; ya que esta tarea le corresponde a usted.
Usted nos tiene acostumbrados a una necesaria advertencia y nos dice: Tengan ustedes en cuenta lo que son los gastos, los ingresos, lo que usted llama las cuentas del reino. Seamos realistas. Ustedes desconocen el alcancen del déficit público y cuando en esta sociedad

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y en este Estado nos enteremos va a haber más de un susto público.
Ustedes, en este último tramo de la legislatura, han presentado cuatro cuadros macroeconómicos y han tenido que irlos archivando desbordados por la realidad. Han hecho gala de ligereza y falta de disciplina y previsión presupuestaria.
Hoy usted ha presentado tímidamente un quinto cuadro macroeconómico.
Vayamos al segundo apartado: un impulso de regeneración democrática. Hace tiempo que se está produciendo un desprestigio creciente de la actividad política en las personas que la realizan. Se cree que en política todos son iguales o todos están en ella para aprovecharse. No resisto la tentación de recordarles: construcción de Burgos (Partido Popular), Calpe (PSOE), máquinas tragaperras (PNV), casinos de Cataluña (Convergència i Unió), Naseiro (Partido Popular), Filesa (PSOE), Renfe (PSOE), Hormaehea (Partido Popular), Ollero (PSOE), Calviá (Partido Popular), etcétera.
Existe una concepción social de vivales que tiene correspondencia en la política. En ese sentido se debe denunciar a las empresas que fomentan la corrupción. No se puede aceptar el doble rasero de criticar a aquellos políticos presumiblemente corruptos y no criticar a los particulares, a veces empresas poderosas que se benefician de la irregularidad de la corrupción. Por ejemplo, señor González, le voy a hacer una pregunta que usted mejor que nadie puede responder, dadas sus acciones y responsabilidades y sin necesidad de esperar a la finalización de las investigaciones judiciales; ¿qué contrapartida otorgó el Gobierno al Banco Bilbao-Vizcaya, al Central, a Gas Natural a cambio de generosas aportaciones a Filesa? La tremenda anotación de pagaremos cuando se publique en el «Boletín Oficial del Estado» ¿a qué se referiría? ¿De quién dependen las discusiones que después se publican en el «Boletín Oficial del Estado»? Los casos que han explotado son la punta del iceberg de una realidad que sólo aparece por casualidad, porque alguien se va de la lengua (Filesa, casinos, Naseiro). Lo más grave en toda esta materia es que desde altas instancias políticas se pretenda encubrir lo anterior, se consiga silenciar cualquier actividad parlamentaria esclarecedora.
La política es la tarea más noble que puede realizar una persona: interesarse por los negocios públicos, por lo colectivo.
Deberíamos desde este Parlamento, no con encargos individuales in péctore, sino desde este Parlamento, potenciar los derechos de participación, de asociacionismo, reformar la ley electoral, potenciar el propio Parlamento como Cámara de impulso, control e investigación, mayor publicidad en la contratación y en su reformado, suprimir la propia inmunidad parlamentaria a lo que fuese un obstáculo para la clara investigación como un privilegio, financiación pública y transparente de los partidos políticos, pluralismo social en los medios de comunicación, avanzar en la profundización de las libertades, continuar la lucha por la convivencia real, política, social y económica en una sociedad plural, la Ley Corcuera, por ejemplo, que es el camino opuesto. Se optó por la primacía de lo criminal escudándose en la hipocresía social, como apelaban albunos de sus ilustres Diputados. Sin esperar al Tribunal Constitucional, esperemos que ustedes mismos la deroguen.
Son muchas las medidas pendientes en el apartado de las libertades. La primacía de los ciudadanos ante la Ley de datos informáticos, la cláusula de conciencia o el secreto profesional, el estatuto de los trabajadores de comunicación, la amenaza de regular un delito de difamación, medidas para la convivencia contra la xenofobia o el racismo, la modificación de la Ley de Extranjería, la persecución de todos los casos de tortura que se puediesen dar en los aparatos del Estado, esclareciendo a fondo las responsabilidades en el «affaire» GAL. Una ley necesaria que permita la interrupción voluntaria del embarazo mediante la ley de plazos, el derecho a hacerlo en la red sanitaria pública fuera de todo contexto penal para impedir situaciones como la que se da escandalosamente ante los fundadores del Centro de Planificación Familiar de «Los Naranjos», de Sevilla. Proponemos --usted lo sabe-- la eliminación del servicio militar obligatorio, un amplio reconocimiento de la objeción de conciencia y acabar con algo que no es aceptable: que hoy cumplan penas de prisión los que declaran su insumisión.
Reclamamos algo por lo cual hemos estado batallando: el derecho a la sindicación de la Guardia Civil.
Tercer apartado: estado de las autonomías. Una de las pruebas más contundentes de la esterilidad posible entre Convergència i Unió, PNV y usted es el estancamiento del Estado autonómico.
Muchas leyes que lo han estancado las elaboraron conjuntamente (Ley de Bases del Régimen Local, Función Pública). Usted sabe, señor González, que Pujol no dispone ni le interesa un proyecto de Estado. Prefiere refugiarse en la indefinición combinada de ser español del año con un radicalismo verbal nacionalista. Usted sabe que el PNV se ubica en la más brillante especulación. Usted sabe que, tras once años de gobierno, el desarrollo autonómico está paralizado. Hoy insinúa compromisos sobre el 15 por ciento del IRPF; parece que buscan que Convergència les dé su apoyo, llevan muchos años hablando de ello. De verdad, señor González, de verdad, señor Roca, ¿creen que ése es el tema sobre el cual cabe distraer la atención de la opinión pública sobre la crisis, sobre la estabilidad e incluso sobre el desarrollo constitucional de las autonomías? ¿Saben que la Constitución de 1978 es un hito histórico en el constitucionalismo español con el reconocimiento de las nacionalidades y regiones, el derecho al autogobierno, para avanzar hacia el cual se debe desmantelar un aparato centralista? Se empezó con autonomías para las nacionalidades y para Andalucía y se acabó con café para todos. Se ha estancado, persisten viejas estructuras y, en un proceso como el actual de construcción de Europa, ¿no les suena anacrónico resistirse a transferir poderes sobre el territorio? ¿No le suena anacrónico decir, como dijo usted: No renuncio a intervenir en cualquier punto de la

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geografía española? Nosotros proponemos hace mucho tiempo, como usted ha citado esta mañana, un Senado que sea auténtica cámara territorial, con reforma de la Constitución, reforma de los estatutos del 143 y no el pacto al que llegaron con el Partido Popular, traspaso de competencias a los del 151, modificación de las leyes de bases, presencia en la Unión Europea a partir de las competencias por parte de las comunidades autónomas, política de afirmación de la cultura de las diversas nacionalidades y transferencia de los servicios en esta materia a las comunidades autónomas.
Pero no se olviden ustedes del poder local. Una de las grandes sorpresas de su discurso, o quizá no ha sido sorpresa, puesto que es coherente con su política, es que, siendo el PSOE un partido gobernante en tantos ayuntamientos, nos hable de poder político --que hace falta y mucho-- para los ayuntamientos, que son el escalón más próximo a la ciudadanía, y no nos hable de cómo ustedes los han llevado a la crisis financiera mediante una absurda Ley de Haciendas Locales, convirtiéndolos en auténticos mascarones de proa, de desgaste recaudatorio, con medidas tan erróneamente enfocadas como el IAE o la revisión catastral.
¿Por qué no hablamos de haciendas locales en los términos en que están hablando alcaldes muy ilustres de su propio Grupo o Partido y de qué reformas vamos a abordar de aquella ya absoleta y, repito, agresiva Ley de Haciendas Locales?

El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, le ruego concluya.


El señor RIBO MASSO: Toda esta temática --voy concluyendo, señor Presidente--, tiene, además, una componente reequilibradora, de solidaridad y una componente de reforma moderna y eficaz: la Administración. Cuando ustedes llegaron al Gobierno proclamaron su voluntad de avanzar en aquella dirección. La reforma de la Administración del PSOE quedó básicamente en instalar relojes en los ministerios y, últimamente, en congelar los salarios de la Función Pública.
¿Cuándo cumplirán los acuerdos del año 1991 de cara a la modernización y mejora de las condiciones de trabajo y la racionalización de las Administraciones, acuerdos firmados solemnemente y no aplicados aún en el mínimo grado? ¿Cuándo extenderán el derecho de negociación colectiva a todas las Administraciones, como se preveía el año 1990? ¿Cuándo desarrollarán un mandato constitucional como es el Estatuto de la Función Pública? Y, por último, contribución a la paz y a la solidaridad. Me gustaría extenderme mucho en este apartado de internacional.
Podríamos coincidir en objetivos como reformar las Naciones Unidas para ir hacia un auténtico gobierno mundial o en una apuesta irreversible por una Europa unida política, federal, sin déficit democrático y cohesión social o en el papel que nos toca jugar, con una singular atención hacia la paz y la cooperación. Nos parece inaceptable que, ocupando en estos momentos la Presidencia del Consejo de Seguridad, se asista de forma pasiva, salvaje y vergonzante a la destrucción física de Bosnia, que se pretenda asistir igualmente de forma injustificable al bombardeo de Bagdad por parte de Estados Unidos, una medida que evidencia dobles pesos y medidas en acciones internacionales. Ruego que retenga, señor candidato, una cuestión internacional que nos afecta de cerca y que, tiempo ha, también era de su preocupación: el retraso y posible tergiversación en el ejercicio del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación.
Concluyo, señor Presidente, manifestando al señor candidato que supongo que ha comprendido que desde nuestra posición nos sobran argumentos para justificar un voto negativo a su investidura tal como la ha planteado. Su discurso tiene partes que no son creíbles por las contradicciones señaladas. No se solucionan los problemas del país intentando contentar a todos, incluso dentro de su Partido. Le recuerdo los argumentos. Una opción de continuar con políticas desmentidas por la realidad, un acuerdo preferente con el centro derecha y con sus consiguientes políticas conservadoras --una paradoja de incoherencia ante las apelaciones electorales para parar a la derecha--, una falta de la constatación de nuevo hoy, no haber realizado un gesto de voluntad de acuerdo con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, por encima de todo, su negativa radical a abordar la tarea de elaborar un programa de gobierno de izquierdas ante aquella grave situación.
Quisiera que le quedase meridianamente clara nuestra disponibilidad al diálogo. (Rumores.) Como le planteaba al principio, se trata de una disponibilidad que emana del convencimiento que hemos intentado desarrollar en esta intervención: hacen falta otras políticas para salir de la crisis.
Estamos convencidos, y así se expresa la mayoría de la opinión pública, que aquellas políticas las debería impulsar el PSOE y nuestro Grupo Parlamentario. Constatamos que hay muchas más coincidencias entre el programa del PSOE y el nuestro que entre el programa del PSOE y el de Convergència o el del PNV, en todos los terrenos, especialmente enel socioeconómico. Estamos dispuestos a arrimar como el que más el hombro para contribuir a resolver la crisis, sobre la base de un programa progesista y de izquierdas. No estamos dispuestos a participar en la confusión de ayudar a enganchar parches sociales ante los desaguisados de una determinada política económica; queremos un diálogo serio, inmediato y responsable para debatir en mesas de negociación nuestros respectivos programas. De todas formas, creemos que ya es hora de ubicar toda esta actividad en este Parlamento, de forma pública y transparente, a partir de nuestras representatividades. Trabajaremos para sincronizar y conjugar acuerdos políticos con necesarios acuerdos sociales, pero sería un engaño y una irresponsabilidad pretender construir consensos de contenido contradictorio entre partidos políticos y agentes sociales.
Señor candidato, me sería muy fácil concluir afirmando que la pelota está en su tejado, pues es usted

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el que debe proponer un programa y el que decide con qué apoyos desea contar. Pero, por responsabilidad, permítame que le recuerde que en nuestros escaños, en los del Grupo Socialista y en los del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en nuestros escaños, están los representantes de todas y todos aquellos que esperaban y esperan la valentía de abordar sin tapujos, con rigor y austeridad, desde posiciones progresistas, los grandes retos de la economía y la democracia.
Estamos entrando en una nueva y dificilísima etapa de desarrollo político de nuestra sociedad. No se equivoque, ni nos equivoque con experiencias de corto alcance por objetivos inexplicados y continuistas, no abunde ni profundice su mimada indefinición social e ideológica; la izquierda y la derecha existen, señor González, y en política, en democracia, las diversas opciones representan unos intereses contradictorios que se deben medir y consensuar de cara al interés general, pero no pueden sacrificarse para la perpetuación personal en el poder. Ni usted, ni lo que representa, puede pretender ser induscutible, pero de usted, más que de nadie de usted, depende ahora que toda aquella expectativa de progreso tenga una expresión creíble y útil.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo de Izquieda Unida-Iniciativa per Catalunya.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor Presidente, señorías, con toda brevedad, para decirle al señor Ribó, para comenzar, que ni por el tono ni por el contenido podía creer nadie que estuviera haciendo una oferta de diálogo. Daba la impresión de lo contrario, daba la impresión de que estaba riñendo a todo el mundo diciéndonos lo que habíamos debido decir y no lo que hemos dicho en la campaña electoral, a todos, en todas las direcciones y en todas las materias, y además nos estaba cargando con la responsabilidad, señor Ribó, de ser nosotros los arrogantes o los prepotentes. Yo le aseguro que no he oído ningún tono más prepotente en esta tribuna que el que acabo de oír en este momento, y lo lamento. Lo lamento porque yo sí le digo que voy a mantener abierto el espíritu de diálogo, pero no voy a tolerar que me diga nadie quién es progresista y quién no, ni siquiera me voy a meter con su Grupo. Usted lo ha hecho con el Partido Socialista constantemente, pero yo no voy a salir en defensa del Partido Socialista, porque no lo necesita, ya que durante diez años han apoyado al Gobierno completamente, totalmente, y no ha habido un solo fallo, ni un solo fallo en el Grupo parlamentario Socialista, y es un Grupo muy numeroso.
¿Quiere que le diga a S.S. cada vez que se mete con el Grupo Socialista o con el Partido Socialista que no podemos decir lo mismo de todos los grupos políticos? Usted se ha levantado y ha hecho una intervención en la tribuna en la que desde luego la oferta de diálogo parece una oferta de guerra, pero no sólo a nosotros, sino que descalifica a Convergència, al PNV, por supuesto al PP --no se ofenderán porque los descalifiquen las antípodas--, los descalifica a todos, y queda usted como un gran predicador diciendo cuál es la verdad y cuál es la mentira de la política, del progreso y de las actitudes que el pueblo espera de todos. Incluso ha tenido el desliz de decir que no es lo mismo la lógica parlamentaria que la voluntad popular. Esto es posible que sea así, pero, atención, porque no sé cuál es el siguiente paso en el razonamiento, ya que hablamos de lógica. El siguiente, ¿cuál es? Ha hecho una crítica de los compromisos que se pueden adoptar o aceptar con otros, incluso ha puesto en contradicción lo que pudiera ser una oferta de pacto social o compromisos políticos en esta Cámara con fuerzas políticas como Convergència i Unió o como el PNV. ¿De dónde la contradicción? Hay pactos sociales en países como Italia, hay pactos sociales en países como Alemania. Yo no me quiero atribuir de ninguna manera la representatividad de la izquierda, ni ahora ni en campaña electoral; la representatividad de un proyecto de progreso sólo tiene derecho a reconocerla, identificarla y apoyarla la ciudadanía, y eso es lo que ha hecho el 6 de junio, y lo ha hecho como lo ha hecho, no como a usted le gustaría que lo hubiera hecho. (Aplausos.) Eso está clarísimo y, por consiguiente, ahí es donde se puede hablar de representatividad y de oferta de progreso.
Usted ha dicho que nada se ha hecho en España --incluso le destacaré algunas cosas-- que no se ha hecho nada y está abandonada la I+D, que no se ha hecho nada prácticamente en ningún terreno, incluso cuando hablaba de reducción de jornada. ¿Usted sabe que la reducción de jornada legal se produjo en 1931 y, después, en 1983 --1931 a 1983--, con dos leyes que fueron dos leyes de gobiernos con participación o de gobiernos socialistas? Usted ha dicho que en la economía española todo ha sido malo, que estamos peor que hace diez años, que se ha destruido el tejido industrial, que todo ha sido especulación. Claro, no puede ni quiere reconocer que el producto bruto de nuestro país ha crecido y ha crecido de manera importante, que hay desajustes económicos y que hay un fuerte crecimiento del paro. Usted ha tenido una visión absolutamente negativa de las posibilidades del país y de la evolución de la economía española; incluso no ha reconocido el esfuerzo que se ha hecho desde este Gobierno en materia de política social porque siempre han considerado (yo creía que usted iba a mantener un estilo diferente) la política de este Gobierno, desde una descalificación permanente y global, como una política neoliberal o de derechas; nunca le hemos oído decir que se había hecho un esfuerzo social en nuestro país en sanidad, en educación, en pensiones, nunca, y vuelve a subir a esta tribuna para descalificar de nuevo las decisiones del Partido Socialista para incidir en la vida interna del Partido Socialista, mientras que nosotros mantenemos la prudencia

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respecto de la vida interna de su coalición, incluso dando nombres. ¿Por qué dar nombres por nuestra parte? Voy a decirle algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, reiterándole --y se lo digo, yo sí se lo digo en serio-- que sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo de aproximación programática. Usted dice que para usted es incompatible hacerlo con el PNV y con Convergència. De acuerdo; si para usted es incompatible, no lo haga, es muy fácil. Pero si es compatible, si incluso puede haber un pacto social que suscriban fuerzas políticas como el PNV y como Convergència y a usted le parece conveniente, hágalo, pero es su opción más que la nuestra. Nosotros estaremos abiertos.
Ahora bien, cuando usted habla de reducción de jornada, le diré que me gustaría, pero nuestra tarea es gobernar, no predicar, y nadie se plantea en serio en Europa, desde la responsabilidad de gobierno, la reducción de jornada en este momento, nadie. Y no se la plantean porque Europa tiene un problema en su conjunto --y nosotros específicamente en España-- de competitividad, con dos áreas: un área de alto nivel de desarrollo y de alto nivel tecnológico, como Estados Unidos y Japón, y otra área que son los países emergentes. Y nadie se plantea en serio --con la intención de gobernar, repito-- la reducción de la jornada. Cuando se habla de reparto del tiempo de trabajo se está hablando de trabajos o de contratos a tiempo parcial, se está hablando de otras cosas.
He hecho hoy una descripción de lo que creía que deberían ser los contenidos del pacto social, del pacto por el empleo. Y he hablado esta mañana --no ayer, no el mes pasado--de la necesidad de restaurar el principio de causalidad en la relación laboral. Y resulta que viene usted esta tarde aquí a decirme que tiene que haber una relación de causalidad en la contratación. No hace ni cuatro horas que lo he dicho yo y me atribuye haberlo ocultado debido a un supuesto maligno pacto con Convergència i Unió. ¿No estará viendo usted fantasmas en exceso? Porque yo lo he descrito exactamente con las palabras con que usted lo ha descrito.
La relación de causalidad es la que debe definir el contrato de trabajo, pero me parece que no llegaría usted hasta las últimas consecuencias de qué significa esa relación de causalidad en el contrato de trabajo.
Pero también confunde lo que es la ILT con los accidentes laborales. En la ILT hay muchos problemas. Entre otros, hay alguna desviación hacia la ILT, con un volumen de defraudación importante que hay que corregir.
En fin, desde el punto de vista de política económica usted no ha hecho más que apreciaciones en el sentido positivo de cómo salir de la crisis y ha citado incluso a Modigliani. Lo que no ha dicho de este hombre, que sin duda tiene una gran cabeza y que ofrece una alternativa de política económica, es cuál es la esencia de la continuación de su valoración sobre el problema del desempleo. Dice que en una situación de desempleo de la magnitud del que tenemos nosotros el crecimiento de los salarios debería ser cero. Eso ha dicho.
Pero usted cita Modigliani sólo en una parte, no dice la continuación. Y yo no estoy proponiendo eso, simplemente estoy haciendo una cita correcta y no incorrecta, como suele hacerse desde la tribuna cuando se piensa que no va a haber la posibilidad de replicar.
Respecto a la primera parte de su intervención en cuanto al impulso democrático, voy a ser, también en eso, extremadamente prudente. Usted ha hecho una descripción de que todos somos impuros menos ustedes, y yo no voy a decir si ustedes pueden tener determinado grado de impureza, no lo voy a decir. Me parece un planteamiento demasiado torcido. Pero usted incluso ha hecho afirmaciones con preguntas como que qué hemos dado a cambio, y ha citado usted hasta a algunas instituciones financieras. Nunca di desde el Gobierno nada a cambio de nada.
Siempre he defendido con autonomía los intereses. Pero yo les podría hacer la misma pregunta a ustedes y no la voy a hacer.
Por respeto, por respeto entre nosotros. Para hacer posible que sigamos hablando; sólo para hacerlo posible me aguantaré y no le diré a usted si en alguna ocasión han recibido dinero a cambio de qué. (Rumores.) Usted ha hecho algunas apreciaciones desde el punto de vista del impulso democrático y yo sólo retengo algunas de ellas (Rumores.) Sí, hay publicaciones en la prensa de todo.
Por ejemplo, no estoy de acuerdo con su valoración --y se lo he dicho, además, personalmente-- sobre los insumisos. No estoy de acuerdo con apoyar la insumisión ni con su visión de la objeción de conciencia. Nosotros hemos hecho una ley muy moderna, una ley que probablemente es de las más avanzadas de Europa. Usted quiere ir más lejos y yo no participo de esa concepción. Yo no participo de su concepción de un ejército profesional, y eso, desde luego, no cualifica para estar a la izquierda o a la derecha. Hay muchas fuerzas políticas de centro-derecha o de derecha que están por los ejércitos profesionales y, sin embargo, yo creo que es más progresista, que es más serio y más igualitario el que haya una parte de ejército que no sea profesional, que sea de conscripción obligatoria.
De las autonomías también ha hecho usted una intervención en un tono de elecciones, para todo el mundo, y lo lamento muchísimo porque esperaba de usted un verdadero espíritu dialogante no sólo en esta intervención, sino en su comportamiento normal.
Dice que se ha paralizado el Estado autonómico. ¿Respecto de cuándo y de qué? ¿Paralizado respecto de 1982? ¿De 1985? ¿De 1989? Yo he dicho que hay algunos bloqueos en traspasos, pero ¿respecto de qué se ha paralizado? Gran parálisis del Estado de las autonomías. Ha habido acuerdos que a usted le gustarán o no le gustarán, pero que suponen una evolución que no tiene precedentes, ni siquiera comparaciones internacionales, de la evolución en el proceso de descentralización del Estado. Por tanto, siendo más cuidadoso en la crítica, probablemente se podría haber incidido en tal o en

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cual aspecto, pero no, es brocha gorda: paralización total del Estado de las autonomías. No vale.
Yo no me considero representativo de la totalidad de España, en absoluto. Yo soy presidente del Gobierno desde el año 1982 y hablo de los intereses generales de mi país. Me considero representativo de los ciudadanos que nos apoyan y que nos votan, y siendo estos ciudadanos algo más de nueve millones, no me atrevería a hacer una intervención en el tono en que usted la ha hecho aquí, dando lecciones a todo el mundo; no me atrevería. Por consiguiente, no lo haré, me contendré las ganas de replicar a algunas de las cosas que usted ha dicho.
Cuando usted ha hablado de la política exterior, señor Ribó, y ha hablado de la vergüenza que supone para todos la situación en Bosnia, quiero recordarle que su Grupo pidió la retirada de nuestros soldados. (El señor Romero Ruiz hace signos negativos.) Lo que se dice, se dice y queda dicho; después se puede corregir.
Por consiguiente, nosotros hemos asumido responsabilidades en Bosnia, como en otros puntos, desde el punto de vista de la política de ayuda humanitaria, desde el punto de vista de la política de interposición. No nos hemos planteado la cuestión de revisarlo nada más que en los momentos en que no se pueden cumplir la misiones y de acuerdo con Naciones Unidas.
Nosotros, por consiguiente, tratamos de ser coherentes en nuestra política exterior.
Finalmente, le quiero hacer una consideración de carácter general que ruego no tome como una calificación y aún menos como una descalificación. Yo creo que la alternativa que usted representa (y es simplemente la devolución de la apreciación que usted hace sobre la que yo represento) no es una alternativa de progreso, sino de regreso --lamento decírselo-- , y cuando la expresa en esta tribuna, me parece aún más regresiva esa alternativa. Y no digo que haya varias alternativas dentro de la coalición que usted representa, que también, pero la que usted ha representado en esta tribuna no es precisamente la alternativa de progreso que esperábamos oír esta tarde aquí, en un tono dialogante y no agresivo y descalificador.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
El señor Ribó tiene la palabra.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores Diputados.
Señor candidato, el camino de la descalificación es fácil, más aún si usted lo quiere llevar a la división. No creo que sea el dirigente político del Estado español más calificado hoy para hablar de divisiones en formaciones políticas. Pero no confunda citar hechos planteados ante parlamentos o tribunales de investigación de presuntos casos de corrupción con la descalificación.
Yo le he hecho una pregunta muy concreta. Usted ha dado una respuesta muy concreta, creíble o no creíble, dependerá de cada uno. Usted conoce mejor que yo toda la documentación que afecta el caso Filesa y sabe que en ella hay una transacción, con unos estudios que no han aparecido nunca y unas generosas aportaciones, y que hay anotaciones, como las que yo le he leído, que se refieren el «BOE» y, hasta hoy, el máximo responsable del «Boletín Oficial del Estado» creo que es el Presidente del Gobierno.
Yo le pido por favor que, sin tapujos, vaya más allá de la insinuación. Yo no he insinuado; me podrá decir muchas cosas de mi intervención, pero en ella no hay insinuaciones. He hablado claro y sin tapujos. Lance usted la pregunta, láncela usted a nuestro Grupo. Y si no puede, retire la insinuanción.
Señor candidato, no sé quién es prepotente y quién descalifica. Usted se ha referido a la cita de que la lógica parlamentaria no siempre se corresponde exactamente con la voluntad real del pueblo. Quizá por aquel entonces usted era un prepotente. «Diario de Sesiones» del 30 de marzo de 1979.
Debate de investidura. En el debate entre usted y el señor Suárez, le hace un razonamiento prácticamente idéntico al que hacemos nosotros sobre la mesa y apelando a la razón que compartimos. ¿Era usted entonces prepotente? ¿Lo ha dejado de ser? Es posible. Yo no creo que sea prepotencia. Es una argumentación muy diáfana. No se pone en cuestión el Parlamento. Se pone en cuestión la domesticación, la instrumentalización, el intentar en el Parlamento dar comisiones a los que sean dóciles al Gobierno. Esta no es forma de propagar la credibilidad de que se va a ir a la renovación democrática en este país cuando ya no se tiene la mayoría absoluta y se buscan desesperadamente apoyos para intentar gobernar como si se tuviese la mayoría absoluta. Esta Cámara debe volver a ser el centro de la vida democrática de este país. No secuestrada en ningún tema, ni de investigación ni de debate ni de impulso, por obligación constitucional del Ejecutivo.
No sé qué es progreso o qué es regreso. No voy a entrar en esta discusión. Voy a darle unas cuantas citas --he sacado cantidades-- de su campaña electoral; citas constantes, especialmente en el último tramo, apelando a la izquierda, al progreso: «Lo importante en nuestro país es hablar de derecha e izquierda.» «Claro que tiene sentido hablar de derecha e izquierda.» «Hace falta reagrupar el progreso». (Rumores.) Usted se pasó toda la campaña electoral, especialmente al final de la misma, apelando al progreso. ¿Lo puede usted definir? En ese sentido, no creo que la gente que le votó (y es la crítica que le hemos hecho desde nuestro Grupo), la gente que votó PSOE piense que una salida de progreso, que una salida de agrupación del voto de izquierdas sea pactar con PNV y con Convergència i Unió. Pacto absolutamente legítimo, pero que no es, señor candidato, coherente con aquella apelación.
¿Conoce usted un texto, por ejemplo, que dice --y se compromete ante el electorado-- que el proyecto de ley de huelga ha dado la sensación que más que regular

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la huelga y la garantía de los ciudadanos se trata de una ley que fomenta la huelga? ¿Conoce ese texto? ¿Conoce usted un texto de programa electoral --compromiso ante los ciudadanos-- que dice que se debe modificar el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para permitir acordar medidas de regulación de la ocupación en casos de inicio o previsión de inmediata crisis económica? ¿Conoce usted un texto que propugna derogar el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que es prácticamente el despido libre? ¿Conoce usted declaraciones de aquellos que se quejan de la excesiva protección de la justicia laboral hacia los trabajadores? ¿Podemos entrar a conciliar estas afirmaciones y compromisos electorales en un pacto de Gobierno, que usted quiere, con las intenciones que usted ha insinuado esta mañana --y se lo he dicho, señor González--, con una serie de propuestas progresistas que difícilmente va a poder conciliar con los que usted ha optado como socios preferentes? Nadie más le ha obligado a ello. No los electores, que aun en encuestas populares dicen que esperan que la opción más de izquierdas sea otra, la que prefieren. Es usted el que ha optado. Usted ha vuelto a dar la impresión, señor candidato, de que todo lo ha hecho bien. La típica impresión del gobernante que, a pesar de no disponer ya de la mayoría absoluta, continúa instalado en la misma hipótesis.
Señor González, ustedes llevan ya cinco cuadros macroeconómicos en menos de un año y medio. Es mucha previsión económica y financiera. Una autoridad en economía que ustedes consideran ha dicho esta mañana: Hace falta un diagnóstico oficial. Sin diagnóstico oficial es imposible un pacto social y, hoy por hoy, el Gobierno no tiene un diagnóstico que nos diga dónde estamos y adónde vamos.
Señor González, otra técnica muy brillante de debate parlamentario es descalificar al adversario no por lo que ha dicho sino por lo que se puede aparentar que ha dicho. Yo no le he dicho que no hayan hecho nada en I+D, le he dicho que España está en los vagones de cola de la Comunidad Europea es inversiones en I+D. Esto si que se lo he dicho, que es muy diferente. No vaya a descalificar el argumento tergirversándolo.
Le podría decir que la reducción de jornada laboral, por ejemplo, está en informes de la OCDE, está en informes de la OIT, está en un libro que le he leído de alguien a quien usted aprecia o que a usted le aprecia, como Peter Glotz, está en el último acuerdo del Parlamento Europeo ante el informe económico anual de la Comisión --que lo deben conocer ustedes- - que habla de una serie de medidas sobre el mercado laboral.
No parece algo tan lejano a todos nosotros, está en instituciones internacionales de las cuales formamos parte y en las cuales estamos trabajando. Era fácil en campaña electoral intentar descalificar a Izquierda Unida o a Iniciativa per Catalunya por utopías sobre la reducción de jornada o repartir trabajo o considerar trabajo productivo útil.
Señoras Diputadas y señores Diputados, ustedes conocen igual o mejor que yo que en todas las fábricas de España se está destruyendo trabajo industrial; además de los efectos de desmantelar sectores productivos --después me referiré a ello- -, se están destruyendo puestos de trabajo industrial por un fenómeno tecnológico elemental. Hace falta empezar a pensar que no hay trabajo industrial para todo el mundo, que no hay trabajo en los servicios clásicos para todo el mundo, aparte de su enorme carácter inflacionario. Se tienen que empezar a considerar trabajos socialmente útiles que puedan servir en esta concepción de reparto de trabajo. Ya sé que suena a innovador o a contraste con acomodarse en economías y en políticas determinadas.
Voy concluyendo, señor Presidente, citando unas cifras de política industrial. Usted ha hablado de un Libro Blanco de política industrial. Tiene diversos volúmenes, lo debe conocer. Es un libro que, obviamente, cualquier Diputado o Diputada que se precie debe entrar en él.
¿Sabe usted que seguramente hemos gastado en industria un porcentaje de dinero público mayor que la Comunidad? ¿Pero dónde lo hemos gastado? Un 85 por ciento en reconversión industrial; en Europa, 27 por ciento. Un 12 por ciento en políticas horizontales; en Europa, un 40 por ciento. En tecnología, 5 y 10 por ciento. En fomento de la exportación, 1 y 10 por ciento; en objetivos regionales, 2 y 36 por ciento.
Esas son cifras reales de su labor de Gobierno. ¿Se les descalifica porque se les cita y se les demuestra que no han realizado la política industrial que hacía falta para hacer frente a un progresivo desmantelamiento de sectores productivos que hoy ya no existen o están en peligro de desaparecer y que nos dejan mucho más mermados ante Europa, cuando sólo nos podíamos refugiar en el impulso de un sector, que usted ni ha citado, que es el turismo?

El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, vaya acabando, por favor.


El señor RIBO MASSO: Señor candidato, acabo diciéndole que nosotros le hemos explícitamente manifestado --y aquí su rapidez en la respuesta para quizás descalificar, no para discutir-- que coincidimos con el regreso al principio de causalidad. Señor candidato, se lo he dicho explícitamente, me remito al «Diario de Sesiones». Pero ustedes, en el año 1984 rompieron este principio tan importante de la relación laboral, lo rompieron con el argumento de que aquello iba a crear más puestos de trabajo. Le he citado qué tipo de puestos de trabajo ha creado, no hace falta que se lo repita, lo conocen esta Cámara y la sociedad española porque lo sufre.
Ahora, dicen que van a dar marcha atrás. Lo celebramos y le vuelvo a hacer una pregunta: ¿Por qué no entramos a discutir contratos temporales, también en previsión de pactos estables y sólidos, con socios parlamentarios que opinan, dicen y se comprometen de forma radicalmente diferente? ¿Por qué no entramos a discutir de estas cuestiones? Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor Presidente, he tenido la impresión, por empezar por la última de las manifestaciones, de que seguimos estando en la más absoluta confusión, porque el principio de causalidad se refiere, entre otros, a los contratos temporales y da la impresión de que se refiere a algo distinto de la contratación temporal. El restablecimiento del principio de causalidad no significa que desaparezca la temporalidad.
Lamento decirlo en ese tono porque es más próximo a mi profesión, ya no podría decir habitual, que a la que ahora mismo ejerzo. El principio de causalidad, desde el punto de vista de la temporalidad, está clarísimamente explicado: simplemente, los contratos son temporales cuando, desde el punto de vista de su finalidad, se justifica que sean temporales; no desaparecen. Por tanto, eso que he explicado a todo el mundo, también a los interlocutores de Convergència i Unió, lo mantengo. Pero el principio de causalidad, que parece que usted defiende al mismo nivel que yo, nos llevaría aún un poco más lejos, y yo creo que usted no querría ir tan lejos, se lo he dicho desde la tribuna. Por eso me parece que ha habido una confusión, señor Ribó, porque usted ha hablado de principio de causalidad separándolo de la temporalidad, cuando no es posible separarlo. Curiosamente, lo que ha ocurrido a partir de 1974, si no recuerdo mal, es que se rompió el principio de causalidad en la definición misma del contrato de trabajo, y se rompió a través de una presunción, que era presumir que todos los contratos se celebraban por tiempo indefinido, salvo demostración en contrario, y no había que entenderlos, por consiguiente, en sus propios términos, es decir, de acuerdo con la causalidad. Pero en fin, eso sí que es meterse en un terreno puramente de expertos. Por eso he dicho esta mañana, y lo vuelo a repetir ahora, que el restablecimiento del principio de causalidad es algo positivo para la contratación, y es algo positivo para la contratación si se entiende en todo su sentido. Sólo haré esta cita histórica: la definición de contrato de trabajo de Largo Caballero cuando fue Ministro de Trabajo era mejor que la que se produjo en 1974, era más seria, y era, sin embargo, más flexible, porque atendía más al principio de causalidad.
Usted me ha hecho un reproche, y me lo ha hecho con razón.
Por consiguiente, me veo en un serio apuro. No se puede insinuar nada; cuando uno insinúa algo tiene que decirlo, y como tiene que decirlo y usted me lo ha pedido, me obliga a ello. Yo le pregunto, ¿han recibido ustedes de la antigua Unión Soviética dinero? (Risas.) Si lo han recibido, ¿a cambio de qué? Lo pregunto porque usted me pide que lo pregunte.
(Rumores.) Y no hablo de una información... Tiene usted razón, una vez que he hecho una insinuación, usted ya me obliga a hacer una pregunta. La hago con dolor, pero no la hago ni con desconocimiento ni con ligereza.
Le quiero hacer sólo dos o tres comentarios más a su intervención. Usted entiende que cualquier grupo que forme parte de la Mesa del Congreso será dócil y sometido si no tiene la garantía de ser de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Lo ha repetido otra vez desde la tribuna. Me parece que esa es una actitud arrogante, me parece que es una actitud prepotente que menosprecia a los demás.
La reducción de la jornada laboral no es una barbaridad o un disparate. Si todo el mundo se pusiera de acuerdo, al mismo nivel de competitividad, en una reducción coordinada de la jornada laboral, probablemente esa reducción de jornada, si fuera coordinada, llevaría aparejada una disminución de los salarios, de los salarios realmente percibidos, y probablemente eso no causaría ningún perjuicio desde el punto de vista del mantenimiento de la competitividad. Por tanto se puede y se debe hacer el ejercicio teórico. Se debe hacer también el ejercicio --que en ése sí estoy de acuerdo-- de ver si hay nuevas áreas de actividad que pueden absorber nuevas ocupaciones hasta ahora no imaginables, pero no se puede trasladar lo que es la pura teoría a la realidad cuando se tiene la responsabilidad de gobernar.
Usted me ha dicho algo que me parece interesante. Se ha hecho un enorme esfuerzo de gasto industrial en España, y es verdad que bastante desequilibrado, mucho más en gastos de reconversión que en políticas horizontales. Pero yo le aseguro que ningún ministro lo ha hecho con gusto; lo han hecho porque creían que era una necesidad, un imperativo de carácter social. Todo el mundo querría multiplicar el gasto en políticas horizontales --políticas que en definitiva desarrollan industrias de futuro--y disminuir el gasto en las políticas de reconversión, naturalmente con una limitación presupuestaria; sino hubiera limitación se podría hacer todo y todo a la vez. Y si he entendido bien lo que usted ha dicho, me parece que han dado un paso extraordinariamente importante en una dirección desconocida hasta ahora, y me gustaría que ese paso lo sostuvieran con coherencia, que no se quedara simplemente en un mero enunciado habiendo leído una parte del Libro Blanco sobre la industria en España. Por consiguiente, le ruego que entienda lo que digo en los términos en que lo digo, y creo que, por lo menos, he resuelto la confusión que existía en torno a la temporalidad: temporalidad y principio de causalidad están estrechamente unidos.
Se me olvidó antes decir, se lo recuerdo ahora, que cuando produjimos la modificación en 1984 del Estatuto de los Trabajadores la hicimos con acuerdo sindical, en primer lugar; y, en segundo lugar, que es verdad que todo el mundo ha reconocido que eso produjo un salto extraordinariamente importante en la generación de empleo. Y después, estudiados los efectos de la temporalidad, también se ha reconocido que había que reconsiderar la contratación tal como se había definido en 1984 para flexibilizarla y reducirla en su figura.
Eso es lo que estamos dispuestos a hacer. En todo caso,

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siempre, naturalmente, un empleo temporal es mucho mejor que un no empleo. Entre un empleo temporal y uno fijo, es mejor el fijo; entre un empleo temporal y un no empleo, es mucho mejor un empleo temporal. Me parece poco discutible. (El señor Ribó Massó pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ribó, dos minutos.


El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
Me he olvidado, señor González, de dos cuestiones que usted ha planteado en el anterior turno: el tema de Bosnia y el tema de las autonomías.


El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, yo le agradecería que utilizase estos minutos para replicar a la intervención del señor González.


El señor RIBO MASSO: Telegráficamente, señor Presidente, porque es una contradicción el tema de Bosnia, una manifiesta contradicción amparada por el Reglamento de la Cámara. En el tema de Bosnia, señor candidato, en la Moncloa, el señor Julio Anguita, Presidente de este Grupo Parlamentario, le manifestó nuestra oposición a intervenciones militares y, por el contrario, nuestra posición favorable a intervenciones humanitarias.
Sobre el tema de las autonomías, valdría la pena --usted la recuerda-- que se releyese la sentencia del Tribunal Constitucional sobre una Ley que impulsaron con la UCD que se llamaba LOAPA, en donde les advertían que no confundieran unidad con uniformidad. Pero le cito un informe que han elaborado catedráticos prestigiosos de toda España, con la participación de algún miembro de su Gobierno, en el que, en los últimos cinco años en que lo están publicando, reiteran constantemente que se ha paralizado el desarrollo del Estado autonómico. Es la opinión de aquellos catedráticos.
Entrando en las materias que ha planteado usted en este turno, el principio de causalidad --es a lo que yo me he referido y no distraiga ahora a la Cámara con el año 1974-- ustedes lo reformaron aquí el año 1984 con su mayoría absoluta, rompiéndolo tal como estaba en el Estatuto de los Trabajadores y entrando en lo que se podría denominar la precariedad laboral. Hay un equívoco sobre el concepto de temporalidad. ¿Vamos a incluir el contrato de fomento de la ocupación, los de tiempo parcial, los de relevo? ¿Qué contratos vamos a incluir en este concepto? ¿A cuáles se refirió usted en campaña electoral? ¿Cuáles está usted dispuesto a comprometerse a suprimir o a impulsar? Esta es nuestra pregunta exacta, ningún tipo de juego de manos sobre el contrato temporal, sobre el cual gira, en esta jungla de 17 modalidades de contratación que hay hoy en España, una buena parte de la explicación de la precariedad.
Usted me ha hecho una pregunta, se la voy a responder categóricamente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya no ha recibido en absoluto los fondos a que usted se refiere (Risas y rumores.) Como hay manifestaciones de desacuerdo por parte de algunas Diputadas y Diputados, voy a añadir, si me dejan continuar, que en la Comisión de Investigación, que esperamos que pronto se forme en este Parlamento sobre todos aquellos casos, vamos a disponer de todos los materiales que puedan ser investigados para que, en vez de risas, en esta Cámara se den muestras de asentimiento.
Por último, quiero decirle que nosotros no nos hemos inventado su política en esta Cámara; ayer mismo declaraba uno de los cargos que han nombrado ustedes para su Grupo Parlamentario que están dispuestos a dar juego en las comisiones a los grupos que den estabilidad al Gobierno.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): No sé si merece la pena ya, señor Presidente. Sólo voy a intervenir para reiterar que lo de la temporalidad siguen sin entenderlo. Los contratos pueden ser a tiempo parcial, los contratos pueden ser a tiempo completo y eso no obsta para que puedan ser contratos temporales o no; depende de la naturaleza, en definitiva, de la finalidad de la contratación, y esto parece que no se quiere entender. Yo no creo que debe insistir más en ello.
En cuanto a Bosnia, la declaración precisa que hicieron fue que en cuanto que hubiera algo que no fuera ayuda humanitaria o hubiera una situación de otra naturaleza, eran partidarios de la retirada. Y no me estoy refiriendo a una actitud, que fue a mi juicio muy positiva, en una reunión, a la que usted se refiere, con el señor Anguita; muy positiva, a mi juicio, esa actitud. Pero no se puede afirmar al mismo tiempo que cuando hay una dificultad que va más allá de lo que puede ser la posibilidad de la ayuda humanitaria hay que retirarse --no replantearse y ver cuál es la situación-- y decir que es una vergüenza lo que está pasando en Bosnia. Al mismo tiempo las dos cosas no caben porque lo que está ocurriendo es que, más allá de cualquier ayuda humanitaria, no se está respetando ni la tarea de ayuda ni la tarea de interposición. Por consiguiente, si sentimos vergüenza, será vergüenza por no hacer lo suficiente; si no, será una vergüenza ajena porque se estén matando en una guerra cruenta, pero que nosotros no podemos evitar si no es que hay disposición para hacer lo que sea necesario.
Sobre el último tema, no tengo nada más que decir.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Roca.


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El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Roca. Ruego silencio a SS.SS.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en el proceso de renovación de esta Cámara son muchos los Diputados que se incorporan por primera vez a la misma y a los que quiero saludar diciéndoles que aquí llega finalmente Convergència i Unió, porque podían tener la sospecha de si existíamos o no, de tanto como hablaban de nosotros.
El pasado día 7 de junio se inició una nueva etapa en la vida política, social y económica de toda España; una etapa compleja y difícil. Nada será igual que antes ni va a ser fácil superar los retos del momento. ¿Será positiva esta nueva etapa? Nosotros estamos convencidos de que puede serlo.
Pero, como he dicho, no va a ser fácil.
Estamos inmersos en una profunda crisis, crisis de naturaleza económica pero que extiende también sus consecuencias a todo un modelo global de sociedad. Es toda la sociedad europea la que está en crisis. Los valores que han conformado la gran realidad de la sociedad europea actual siguen siendo vigentes y válidos, al menos para nosotros, pero los mecanismos, las políticas puestas al servicio de aquellos objetivos de bienestar y de progreso se están demostrando insuficientes para seguir garantizándolos. Y España vive también esta crisis, pero con características propias e incluso más graves.
En primer lugar, porque a pesar de los grandes avances de los últimos 15 años, estamos todavía lejos de los niveles medios de renta y de calidad de vida de los demás países comunitarios. Nos alcanza la crisis cuando todavía nos correspondería crecer. Y, en segundo término, nuestra crisis es más grave porque nos hemos distanciado de los demás países comunitarios al no compartir con ellos durante los últimos años determinadas políticas económicas.
Ya sabe usted, señor González, que, a nuestro entender, la legislatura anterior ha sido una legislatura perdida desde el punto de vista de la adaptación de nuestra economía al objetivo de la competitividad europea. En este momento, ésta es una discusión más teórica que eficaz y, por ello, no voy a insistir en esta cuestión.
Lo cierto es que iniciamos esta nueva etapa en un momento de fuerte crisis. Precisamente por ello, nuestro Grupo quiere hacer una apuesta decidida a favor de la estabilidad política.
Sabemos que sin estabilidad será todavía más difícil superar la crisis y ciertamente sólo con estabilidad no será suficiente; deberá también acertarse en la acción política concreta. Pero, aun no siendo suficiente, la estabilidad política se constituye en una condición necesaria para afrontar con garantías de éxito los retos de la crisis. Sirva, pues, esta introducción para anunciar, como ya conocen y han visto SS.SS., que nuestro Grupo Parlamentario va a votar afirmativamente la investidura del candidato propuesto por Su Majestad el Rey.
Nuestro voto, como he dicho, es un acto de corresponsabilidad en la lucha contra la crisis. Es un voto a favor de la estabilidad y al servicio de hacer posible la gobernabilidad.
No es un voto que se apoye en la coincidencia programática ni incluso, principalmente, en el programa presentado hoy por el candidato, cuyos compromisos, no obstante, han influido también en nuestra decisión.
Es un voto que descansa en la larga tradición parlamentaria de Convergència i Unió. Desde 1977 hemos sido un gran factor de estabilidad en la vida política española. Para nuestro Grupo, la defensa de la estabilidad y de la gobernabilidad son parte de nuestra forma de hacer y de entender la política. Por ello dijimos en la reciente campaña electoral --y lo cumplimos hoy--que pondríamos nuestra posición decisiva al servicio de la estabilidad, que siempre lo habíamos hecho así y que así lo haríamos también en esta ocasión.
Conste que, legítimamente, tendríamos motivos para anteponer otros criterios a esta forma de hacer y, consiguientemente, no apoyar su investidura, señor candidato. Por ejemplo, es indudable que de la actual situación de crisis no es ajena su precedente acción de gobierno. Pero, en todo caso, han dominado en nuestra decisión otros factores. En primer lugar, que no existe otra posibilidad de acción de gobierno viable que no descanse en su candidatura, y, si alguna duda había en ello, alguna última intervención la ha despejado. Y, en segundo término, que la situación global del país, en una coyuntura especialmente crítica y apremiante, no nos aconseja demorar la formación del nuevo Gobierno ni acompañarlo en su inicio de una imagen de debilidad que dificulte o perjudique su crédito interior y exterior.
Asumimos, pues, con plenitud la responsabilidad de nuestra posición decisiva. Lógicamente, no cabe pensar que el ejercicio de esta responsabilidad tenga que descansar siempre exclusiva o principalmente en nosotros. La confianza deberá ganarse, a partir de ahora, en función de la traducción, operativa y concreta, de las propuestas de esta mañana para superar la crisis, de los acuerdos que se alcancen para avanzar más decididamente en la construcción eficaz y respetuosa del Estado de las Autonomías en la definición de un nuevo estilo más dialogante, más integrador y más plural.
No estoy rehuyendo nuestra propia responsabilidad; al contrario, lo digo desde la voluntad de no rehuir la coincidencia, si es posible. Pero ello sólo se dará si lo que debamos compartir es coherente con el programa que ofrecemos a nuestros electores. Por ello, valoramos positivamente la Comisión que hemos constituido entre nuestros grupos parlamentarios respectivos --el Socialista y Convergència i Unió--, para contrastar nuestros programas, de lo que una primera manifestación --entendemos-- pueden ser algunos aspectos de su discurso de esta mañana.


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Sin perjuicio de las medidas que con toda urgencia deben adoptarse para hacer frente a la crisis, la primera gran prueba, un escenario muy significativo de todo este esfuerzo de posible coincidencia, será --como antes se hacía mención-- la presentación de los próximos presupuestos generales del Estado. En ellos deberán reflejarse las inflexiones y reorientaciones de su política en base a lo que reclama la nueva composición de esta Cámara. Será en este debate donde deberán consolidarse y definirse las bases en las que descansará la futura estabilidad de su acción de Gobierno.
Porque, en todo caso, hay algo a lo que nuestro Grupo no quiere renunciar: a pesar de la gravedad y de la profundidad de la crisis, a pesar del desánimo que parece haberse instalado en amplios sectores de nuestra sociedad, es desde la ilusión como nuestro Grupo quiere afrontar esta nueva etapa en la vida política española. Quizás algunos nos tacharán de ingenuos por proponernos generar ilusión. Puede ser. Pero si nos dejamos abatir por el desánimo no salderemos del bache y, si nos sentimos ya derrotados, no ganaremos el reto ni superaremos la crisis.
¿Puede usted, señor candidato, y su nuevo gobierno generar esta confianza y esta ilusión? Esto depende fundamentalmente de usted. Con más de lo mismo no iríamos a ninguna parte. Para que las cosas funcionen mejor, tendrán que hacerse diferente, como reconocía usted esta mañana. El mensaje de los electores ha sido bien explícito y la composición de esta Cámara lo refleja muy claramente. Una nueva etapa no quiere decir hacer lo mismo con apoyos distintos y más plurales. Esta nueva etapa quiere decir hacerlo distinto para conseguir, y tenía razón el señor Ribó, sin consensos contradictorios, los nuevos apoyos que son necesarios.
Por ello interesa a nuestro Grupo poner de manifiesto las líneas fundamentales de lo que, a nuestro entender, debería guiar la futura acción de gobierno, poniéndolo en relación con el sentido de su exposición de esta mañana al señalar que esta acción debería representar una profunda reorientación, un cambio en profundidad.
Hay vías que ya están agotadas y la nueva etapa que se inicia comporta obligatoriamente y en muchos aspectos la definición de nuevas políticas. La situación es nueva, la política también deberá serlo.
Un gran capítulo de esta nueva orientación lo constituye la política económica. Hemos de definir una política que, sin abandonar la necesidad del rigor, se proponga la reactivación económica. Si no nos decidimos a estimular el ahorro y la inversión, no vamos a crear puestos de trabajo ni vamos a ser competitivos. Con prudencia --lo subrayo-- deberemos introducirnos en el campo de la política fiscal para incentivar por esta vía la inversión y hacer desaparecer algún tipo de disposiciones absurdas que desincentivan el dinamismo económico y penalizan la creación de puestos de trabajo.
Este equilibrio entre rigor y reactivación será difícil, pero no podemos renunciar al crecimiento económico ni a incrementar la base productiva del país. Lo contrario sólo nos conduce a incrementar el paro, cuya cobertura dispara, a su vez, el déficit presupuestario.
Ciertamente es imprescindible seguir avanzando en la reducción de los tipos de interés en línea coincidente con los restantes países europeos, juntamente con el mantenimiento de un razonable tipo de cambio de la peseta, para mejorar de esta manera nuestras expectativas exportadoras y de competitividad, pero no podemos descansar exclusivamente en estos factores la mejora de nuestra economía. El instrumento de la política fiscal deberá jugar también incentivando ahorro e inversión.
Todo ello deberá acompañarse de una política sectorial eficaz y beligerante que contemple las necesidades reales de la agricultura y comprenda la sensibilidad especial de un sector especialmente castigado por la crisis para el que también es preciso una amplia concertación. Una política que se comprometa con el comercio protegiéndolo --y he dicho protegiéndolo-- de competencias súbitas y aceleradas, que tienen mucho de desleal en la forma en que se producen.
Por ello, la revisión del Impuesto sobre Actividades Económicas, que afortunadamente hemos visto recogida en su discurso, y una ley general del comercio se constituyen como objetivos urgentes de la nueva acción económica del Gobierno.
También con la adopción de una activa y comprometida política industrial. La reconversión no es para nosotros un fenómeno puntual que se agota en su aplicación. La industria está en reconversión permanente y si no se orienta se produce crisis más profundas y perjudiciales. Si la industria sigue perdiendo peso en el producto interior bruto, no es que se desplace el crecimiento a otros sectores, simplemente es que crecemos menos y la experiencia avala esta afirmación.
Todo ello, señor candidato, comportará importantes reformas estructurales, no exclusivamente en el campo de las relaciones laborales, pero también y principalmente en éste. La rigidez del mercado de trabajo está creando a veces tanto desempleo como la propia crisis. Y lo que es peor, estábamos perdiendo potencialidades en el campo de la creación de puestos de trabajo por no tener las figuras contractuales que permitan aprovecharlas. Saludamos, en este sentido, con satisfacción la recuperación de nuestra vieja reivindicación alrededor de la figura del aprendiz.
De hecho, señor candidato, compartimos su deseo sobre un gran acuerdo social, pero éste debe verse también como un elemento más de una política que retorne la confianza a la sociedad y especialmente en los agentes económicos y sociales. Por ello, el objetivo del acuerdo social es positivo y vamos a compartirlo. Pero si no se alcanzase, como usted ha dicho, las medidas y las reformas deberían tomarse y realizarse igualmente. Con o sin acuerdo el Gobierno deberá gobernar.
En esta línea, señor candidato, quisiera exponerle dos reflexiones. En primer término, en toda esta nueva acción económica, la pequeña y mediana empresa, a la

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que usted ha hecho una referencia esta mañana, debe ser objeto de una especialísima consideración. Es en este sector donde pueden crearse nuevos puestos de trabajo y es en este sector donde deben introducirse más modificaciones, en su régimen general y especialmente en el laboral.
En segundo lugar, un tema mucho más complejo. Europa sigue siendo un objetivo prioritario para nuestro Grupo y compartimos con ustedes la voluntad de no separarnos de los compromisos que con los demás países comunitarios hemos contraído para seguir avanzando en la construcción de la unidad europea. Pero precisamente por ello, y porque nadie nos podrá discutir nuestra voluntad y trayectoria europeístas, ha llegado la hora de poner mucho pragmatismo en este proceso de la unidad europea, mucho realismo. Los compromisos siguen siendo válidos y vigentes, pero los ritmos ya son más opinables.
Valoramos positivamente el acuerdo alcanzado ayer por el Grupo de los Siete, pero, a su vez y con mucha firmeza, deberemos llamar la atención sobre las incongruencias de una excesiva apertura de las fronteras comerciales de la Comunidad en relación a países terceros que, carentes de los costes sociales y fiscales de Europa, ejercen una competencia que, si no es desleal, es como mínimo difícilmente sostenible. Y lo que es peor: perjudica la aceptación social del propio proyecto europeo.
He dicho que reactivar no quería decir olvidar las exigencias del rigor y especialmente la necesidad de disciplinar en los próximos años nuestro déficit presupuestario. Será una tarea difícil si queremos, además, que este objetivo no perjudique los compromisos de inversión ni afecte a gastos sociales incuestionables, como las pensiones o la cobertura del paro.
Todo ello será muy difícil y requerirá del establecimiento de un orden de prioridades. Hemos de explicar a la sociedad de una manera que lo pueda entender que el sacrificio de hoy asegura un futuro de progreso. El discurso del realismo es hoy un discurso de progreso, es hoy el discurso que una política de progreso puede defender en España.
No le extrañará, señor candidato, que otro gran capítulo en el que nuestro Grupo desea observar una profunda reorientación sea el campo de la política autonómica. Por la naturaleza política de nuestro Grupo, este es un tema especialmente relevante a la hora de formular una voloración global de la acción del nuevo Gobierno. Este no es para nosotros un debate teórico ni pretendemos extendernos en nuestra visión de España como una realidad plurinacional; esta visión, en el marco de la Constitución y del Estatuto, ha permitido un desarrollo generalizado del proceso autonómico que debería compatibilizar generalización con hechos diferenciales, como usted recordaba esta mañana, y distinguir entre homogeneización y uniformismo.
¿Hemos avanzado en esta línea o nos hemos separado de la voluntad de los constituyentes? Seguramente usted y yo podríamos dar a esta pregunta respuestas distintas, pero no deberíamos discrepar de la afirmación de que hay cuestiones que no avanzan y que dificultan el proceso. De manera singular me estoy refiriendo a la necesidad de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas en el marco del principio de la corresponsabilidad fiscal. Esta ha sido una cuestión polémica que debería haberse resuelto hace tiempo y que perjudica gravemente el funcionamiento regular de las comunidades autónomas. Por ello, tomamos buena nota de su compromiso, que debería permitir resolver de manera satisfactoria esta cuestión en los próximos presupuestos generales.
Pero no es sólo eso lo que nos preocupa. También contemplamos cómo, a pesar del tiempo transcurrido de ciertas iniciativas producidas que parecían apuntar a una más rápida solución, no se avanza suficientemente en el proceso de modernización de la Administración pública para adaptar la Administración periférica del Estado a su nueva estructuración autonómica.
Todo sigue igual que antes sería una exageración, pero lo que sí es cierto es que urge reconocer a las comunidades autónomas su condición de representación ordinaria del Estado en su ámbito territorial, complementando así su anunciada voluntad de racionalizar y simplificar la Administración periférica.
Deberían completarse los traspasos pendientes, superando el bloqueo al que usted mismo hacía referencia esta mañana, especialmente en aquellos campos como el de la gestión del INEM, donde, para nosotros, la descentralización podría mejorar la eficacia de los mecanismos en la lucha contra el paro. Por el contrario, hemos constatado con preocupación el contenido del traspaso de la formación profesional ocupacional o hemos tenido que defendernos de la ambición de recuperar, por la vía de leyes de bases, competencias ya asumidas por las comunidades autónomas.
Esperamos que, de forma inmediata, pueda reemprenderse la reforma del Reglamento del Senado como este primer paso para convertirlo en una auténtica cámara de las nacionalidades y regiones, convocando un nuevo consenso constitucional si fuere alcanzable para avanzar en esta cuestión. Confiamos en que el desarrollo interno de la normativa comunitaria respete la distribución competencial entre la Administración central y las comunidades autónomas.
No se diga --porque alguien lo dirá-- que estos son temas que afectan sólo a Cataluña; no es verdad. Y lo peor sería que así fuera, porque cuando reclamamos, por ejemplo, una financiación adecuada de la sanidad transferida, ¿no interesa esto a Andalucía? No estamos planteando temas singulares, estamos planteando temas de Estado, porque la construcción autonómica de España es un tema de Estado y el respeto a la Constitución también lo es, como es también un tema de Estado el que los estatutos sean instrumentos paccionados, válidos y vigentes.
La nueva etapa comporta también resolver con urgencia estas cuestiones.
Otras cuestiones también contempladas en la presentación de su programa deberían ser objeto de consideración.


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No obstante, quiero centrarme en una última que, de hecho, enmarca y condiciona el conjunto de la acción política. Es urgente reforzar el funcionamiento de las instituciones democráticas, aproximar más la política a los ciudadanos, en un ejercicio de transparencia que alcance a una nueva regulación del sistema de partidos en España. En este campo parece que deberíamos ser capaces todos en esta Cámara de generar una amplia coincidencia. Apoyados en la legitimidad democrática hemos de ser nosotros mismos los protagonistas y los valedores de un esfuerzo regeneracionista de renovación de los valores de la política como servicio a la sociedad.
Seguramente ello requerirá la adopción de medidas severas, pero la sociedad reclama descansar su confianza en la acción política sobre bases más transparentes, menos opacas, más próximas y más comprensibles. Lo podemos y lo debemos hacer.
Una buena ayuda para ello será fomentar y hacer posible una mayor participación de la sociedad, apoyar las iniciativas de la gente, introducir a los ciudadanos, a las asociaciones, a las entidades y fundaciones en las áreas de prestación de servicios culturales, sociales, deportivos y cívicos. Este es un cambio fundamental. Tenemos que potenciar el papel de la sociedad civil, del asociacionismo y de todas las entidades sin ánimo de lucro.
Aprovechemos esta coyuntura, necesariamente más plural, para ser más dialogantes, más respetuosos, para defender el papel de las instituciones y del Estado de Derecho; acotemos el campo de la crítica, definamos sus reglas, porque en política no todo es posible ni todo vale.
He dicho en más de una ocasión, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario y desde esta misma tribuna, que los valores de la democracia son muy frágiles, son valores que requieren asentarse en la conciencia de los ciudadanos, echar raíces en las costumbres sociales, incorporarse al patrimonio colectivo de la tradición del país. Ahora hemos de avanzar en este campo con decisión, con coraje; no hay riesgo mayor que el de distanciar el sistema político de la confianza de los ciudadanos.
La alta participación en las últimas elecciones nos pone de manifiesto que existe más confianza en la política y en los políticos de la que algunos desearían. No defraudemos esta confianza, aprovechémosla para rectificar lo que deba rectificarse y sentar las bases de un renovado espíritu democrático.
Voy concluyendo, señor Presidente.
Nos haría ilusión que nuestra confianza no se viera defraudada, que la futura acción de Gobierno fuera eficaz y de calidad, que nos permitiera administrar la recuperación económica. Es con esta ilusión con la que, por primera vez, nuestro Grupo Parlamentario votará afirmativamente en primera sesión la investidura de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Lo hacemos porque la situación lo reclama, pero también porque nos haría ilusión que con esta decisión se definiera una acción de Gobierno más próxima a lo que nosotros representamos. Es a usted al que corresponde, señor candidato, a partir de ahora, dar continuidad al apoyo de hoy.
El catalanismo político, señor candidato, el que representa Convergència i Unió, que no representa más que esto, lo que representa como expresión mayoritaria del nacionalismo catalán, afronta una vez más, con visión de Estado, la administración de una situación compleja y difícil. En ningún caso hemos regateado afrontar las responsabilidades pertinentes, incluso más allá de la fuerza de nuestra estricta representación parlamentaria.
En esta ocasión, en la que, además, la composición de la Cámara nos otorga un papel decisivo y relevante, lo hacemos apostando a favor de la estabilidad y como una acción de responsabilidad contra la crisis. Espero que se nos haga justicia. Durante la campaña éramos presentados como un peligro para la unidad del Estado; después de la campaña se habló de nosotros como imprescindibles por la calidad de nuestro programa y por la seriedad de nuestras actuación, pero si se nos ocurría plantear condiciones éramos tachados de viles mercaderes, y si no las ponemos, como ahora, hay quien pregunta qué es lo que se esconde detrás de nuestra decisión.
Pues bien, mañana votaremos su investidura como un acto de responsabilidad y de confianza, sin más contraprestación que el compromiso que se deriva de sus propias palabras.
He explicado qué es lo que pretendemos para el futuro del Estado y cuál es el propósito de nuestra confianza de hoy; mayor transparencia no se nos puede pedir, pero menor exigencia tampoco, porque, por encima de las críticas y de los halagos de unos y de otros, está nuestro compromiso con nuestros electores, y éste lo vamos a respetar y lo vamos a cumplir.
Nosotros creemos que este país tiene futuro y nos sentimos comprometidos en hacerlo posible. Entre todos podemos ganar este reto.
Este mensaje de confianza debería ser la conclusión del debate de hoy. Por encima de las lógicas discrepancias y de las opciones programáticas diferentes, o por encima de las dificultades y de los problemas, sepan los ciudadanos que vamos a cooperar para abrir la puerta a la esperanza, y no seremos nosotros quienes frustremos esta esperanza.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
Tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna, aunque sea brevemente, para agradecer la decisión adoptada por Convergència i Unió de apoyar la investidura, y para hacer algunas reflexiones complementarias al hilo de las palabras que el señor Roca ha pronunciado desde ella.


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Ha empezado su reflexión hablando de la crisis económica y de una crisis que acompaña a la económica, pero que se plantea -- quiero recordarle-- cada vez que hay un período recesivo intenso: la crisis de lo que llamamos modelo de sociedad o sociedad de bienestar. No es la primera vez que ocurre en Europa. Por eso, tengo la convicción profunda de que, cuando se cuestiona la sociedad o el estado de bienestar, al hilo de un proceso de recesión, se está haciendo un análisis más bien de la coyuntura por la que atraviesa una sociedad que un análisis de fondo.
Hay muchas contradicciones que tiene un extraordinario interés verlas con una óptica un poco más próxima, como, por ejemplo, el hecho de que la sociedad americana haya optado por una candidatura como la del señor Clinton, cuando se plantea como políticas alternativas aquéllas que produjeron el proceso de recesión en Estados Unidos, las políticas que llevan a un planteamiento o una sanidad pública, o que llevan a una modificación del sistema educativo, que significa más inversión en educación, y por consiguiente a una política más próxima a lo que desde el punto de vista europeo se llama una sociedad de bienestar, ¿o tiene esto sentido, desde luego, además de tenerlo desde el punto de vista social? Desde el punto de vista social, es poco discutible que tiene sentido; tiene el sentido de la protección, tiene el sentido de no dejar a los ciudadanos al albur de lo que pueden ser algunas de las contradicciones de una dinámica pura de mercado, pero tiene sentido también desde el punto de vista económico, porque una sociedad como la americana, tan fuertemente competitiva, tan acostumbrada a la respuesta individual y poco a la respuesta de protección, podría haber reaccionado, como ha reaccionado durante doce años, muy negativamente ante esas propuestas de política social. Pero el problema es que yo creo que ha calado la idea de que no es contradictorio tampoco desde el punto de vista económico.
Quizá una cifra sea ilustrativa de lo que quiero decir para no extenderme mucho. Estados Unidos se gasta en salud, aproximadamente, el 12 por ciento de su producto bruto, y tiene un catastrófico sistema asistencial en materia sanitaria, o un no sistema, porque hay fuera del sistema decenas de millones de ciudadanos americanos. Es el doble del esfuerzo en términos de producto bruto que puede hacer un país como España, o, por no citar España, un país anglosajón, un país como Gran Bretaña. Más del doble que Gran Bretaña en términos de producto bruto. Por consiguiente, desde el punto de vista económico también tiene sentido. Entonces, cuando reflexionemos (tendremos un trabajo que hacer no fácil, se lo aseguro, y creo que con la misma óptica lo ve usted, en el futuro si queremos defender una cierta estabilidad de gobierno a través de los compromisos), cuando discutamos de esto me gustaría que siempre se discutiera también con esa visión, que es una visión complementaria de lo que puede ser la coyuntura por la que está atravesando la sociedad europea.
Cuando he hablado con los interlocutores sociales he puesto de manifiesto que la defensa de una política social puede ser uno de los elementos que figuren claramente como contrapartida de un esfuerzo en la modificación de las rigideces del mercado de trabajo o en la modificación de la evolución de las rentas, salariales y no salariales. Esta mañana he tratado de decir sin grandes alharacas que queremos mantener lo que hemos conseguido, que no es mucho pero que está en la dirección de lo que otros han conseguido con más tiempo y en mayor cantidad y calidad.
Mantener eso exige que haya un esfuerzo colectivo.
Eso es lo que nosotros proponemos y creo que estaremos de acuerdo en ello.
Señor Roca, yo comparto con usted algo que se me ha criticado desde esta tribuna esta tarde. Comparto con usted que la estabilidad política es una condición necesaria para salir de la crisis. Por supuesto no es una condición suficiente, es una condición necesaria. Y, naturalmente, al compartirlo podría argumentar --usted lo ha hecho-- nada más y nada menos que desde la responsabilidad de tener que asumir el gobierno. Pero me parece tan importante que hoy quiero reiterar ante la Cámara lo que he dicho con cierta frecuencia a partir del día 6 de junio: que queda abierta la posibilidad de dar a esa estabilidad una dimensión de corresponsabilidad gubernamental.
No quiero que en eso haya ningún tipo de duda. Probablemente la evolución de los acontecimientos lleve a una maduración de ese tipo o plantee nuevas dificultades, pero, al menos, yo quiero dejarlo completamente claro desde el principio, tal como le dije al Presidente Pujol en las primeras conversaciones que hemos mantenido.
Y es verdad que tenemos que pasar por una prueba de fuego.
Cuando usted habla de rigor y de defensa de una política de reactivación al mismo tiempo, vamos a tener la prueba de fuego en los presupuestos. Vamos a tener que hacer las políticas fiscales que creamos necesarias para estimular esa reactivación, teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones que podemos tener, desde el punto de vista del gasto fiscal, si queremos mantener un objetivo de déficit prudente.
Es verdad que tenemos una cita --y una cita importante-- en la discusión de la política presupuestaria. Pero creo que en el diagnóstico de la situación económica y en algunas de las propuestas de salida la proximidad, como usted ha dicho, es bastante consistente.
Usted habla de tipos de interés y de la concertación, y me parece absolutamente correcta la aproximación, y también habla de la defensa de un cambio realista de la peseta. Ya sabe usted que eso --incluso día a día-- estamos tratando de hacerlo, para que algunos de los efectos positivos que se han producido con el nuevo cambio de la peseta no se deterioren. Y desde luego no hemos entrado hoy, pero tendremos que entrar en el futuro, en lo que usted ha calificado como políticas sectoriales beligerantes.


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Las reformas estructurales no se refieren sólo --y usted lo ha dicho también-- al mercado de trabajo, se refieren a otras reformas que afectan a otras muchas actividades. Es cierto que a veces hemos encontrado, y vamos a encontrar, resistencias -- esta tarde también lo decía a lo largo del debate-- en algunos sectores que producen siempre reacciones corporativas; resistencias a esas políticas que nos permitan que no existan esos precios tasados que pueblan toda la economía española, y realmente están esos mínimos que son imprescindibles en tanto tipo de actividad y que producen rigideces que no existen en otros países europeos mucho más flexibles que nosotros.
Por tanto, cuando hablamos de reformas estructurales estamos viendo que hay distintos aspectos, distintos campos, además del campo del mercado de trabajo. Y del pacto social tenemos una visión que puede ser perfectamente compatible. El pacto social no es un fin en sí mismo, es un instrumento para desarrollar una estrategia económica y social que sirva al país. Si es el pacto por el pacto --lo he dicho muchas veces-- tiene un cierto interés --mejor es estar de acuerdo que en desacuerdo--, pero si el contenido del pacto no facilitara la salida de la crisis sería realmente una contradicción en sus términos.
No quiero insistir en algunos de los datos que ha dado usted de políticas concretas porque no sólo los expusimos esta mañana, sino que coinciden también en programas electorales como los que hemos presentado.
Ha hecho una reflexión sobre Europa que, debo decirle, me preocupa porque, quizá, podamos utilizar una terminología diferente para conseguir los mismos objetivos. Usted ha dicho: Hablo de proteger, y cuando digo proteger, digo proteger.
Yo no sé si sería bueno una apelación al proteccionismo en una fase como ésta. Lo que sí es bueno es que la Comunidad Europea --y en eso coincidimos plenamente, me parece-- tenga una política comercial, que tenga, al menos, la suficiente capacidad de respuesta o la misma que pueda tener Estados Unidos o que pueda tener cualquier otra zona industrializada.
Esto me parece imprescindible. Lo que no puede ser es que la Comunidad Europea sea la zona más abierta del mundo desde el punto de vista comercial --en eso podemos coincidir-- y, al mismo tiempo, esté pagando el precio ante países terceros de ser la responsable de que no vayan adelante las negociaciones del GATT. Esa es una contradicción absolutamente insuperable.
¿Dónde está el meollo de la cuestión? ¿Es que hay en Europa países más librecambistas y otros menos? En parte sí; en parte es verdad eso; los hay. Pero cada uno, cuando le aprieta el zapato, sabe que le aprieta y reacciona. Porque se podría considerar que Alemania, frente a Francia, es de los países más librecambistas que quiere y tiene más empeño en ir avanzando en la Ronda GATT, pero cuando se toca el acero y se tiene el problema que se tiene en la parte oriental de Alemania, si «ma non troppo», hay límites para todos, lo cual a mí me hace ver sobre todo algo que, como se decía, como hay que seguir en el proceso de construcción europea, el problema es que faltan instrumentos comunes, no que falte voluntad para hacerlo. La gran contradicción es que faltan instrumentos comunes y entonces aparecemos en las negociaciones internacionales fracturados, divididos entre nosotros, porque a algunos les afecta más un acuerdo sobre el sector textil y a otros más sobre el acero, y a otros más sobre la agricultura de exportación o continental. No hay una negociación que sea capaz, que esté en condiciones de globalizar los intereses para defenderlos, yo diría, más que para protegerlos, porque estamos en un momento... Yo creo que lo que ha ocurrido en Tokio es positivo. Tardará cinco años en aplicarse, pero si uno lo ve con detenimiento se da cuenta de que cada uno ha medido la responsabilidad de lo que ha hecho, probablemente porque se ha hecho en un foro como el Grupo de los Siete, donde hay menos empacho en defender unos intereses muy concretos que cuando se trata de las delegaciones comerciales de la propia Comunidad.
Usted ha hecho una pequeña definición del progreso que, vuelvo a decirle, comparto plenamente. No hay ninguna política de progreso, no se va a hacer un análisis real de las posibilidades, de las potencialidades de un país o de una determinada zona geográfica.
Sobre sus manifestaciones en política autonómica, creo que siempre vamos a tener discrepancias en la concepción autonómica, y no me llama la atención ni me extraña. Por ejemplo, puedo aceptar, cuando habla usted de ello, que la representación ordinaria del Estado puede ser una comunidad autónoma en su territorio, pero siempre defenderé el hecho -- incluso ha salido en el debate anterior durante esta tarde--de que el Gobierno de la nación, en el ámbito de sus competencias, tiene que estar presente en todo el territorio.
Eso es perfectamente compatible si no se tiene una visión completamente distinta. Yo creo que hay que simplificar las administraciones y la política de traspasos hay que completarla, se puede completar. Dicho sea de paso, en la primera conversación con los interlocutores sociales hablamos de la formación profesional ocupacional, y hay una parte de la formación profesional que está transferida. Sin embargo, lo que defienden los interlocutores --y habrá que verlo con un cierto detenimiento-- es lo que se refiere a aquella formación que se hace en el seno de la empresa. Por consiguiente, no es ni de la competencia del Estado --me refiero a la Administración Central--ni de la competencia de las comunidades, sino un pacto entre las partes para desarrollar en su ámbito de autonomía la formación profesional. No puedo asegurarlo porque, ya digo, es de una reciente conversación.
Por consiguiente, lo veré con detenimiento, porque no cabe duda que el pacto en sí mismo, el compromiso es positivo. Otra cosa es si se desarrolla en el nivel competencial adecuado o no. Si no se desarrolla en el nivel competencial adecuado y hay algunas competencias de comunidades autónomas, no tengo inconveniente en que de la formación profesional ocupacional, si es la que está transferida, si es esa

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de la empresa, se haga cargo la comunidad autónoma y no el Gobierno Central. En todo caso, le quería decir que el pacto en sí mismo nos parecía positivo.
Creo que se pueden contemplar los traspasos pendientes.
Además creo, como ha dicho usted desde la tribuna, que, por ejemplo, cuando se habla de la financiación y de la corresponsabilidad fiscal, este no es un tema de Cataluña ni, desde luego, de una fuerza política. Tiene usted razón. Este es un tema que divide a las comunidades autónomas, algunas de nuestra propia organización, y las divide por razones muy diversas. Hay comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que están en favor del traspaso del 15 por ciento del IRPF y otras que no. Por consiguiente, es verdad que aquí hay una cuestión que sobrepasa con mucho lo que puede ser el límite de una reivindicación concreta de una comunidad y, desde luego, se plantea como un problema global, como un problema de estructura financiera, aunque creo que habría que reconocer que el último acuerdo de financiación ha sido --no sólo porque haya sido por unanimidad, es decir, aceptado por todos-- un avance desde el punto de vista de la financiación de las comunidades.
Hay un tema que ha planteado usted que siempre me preocupa, porque no es la primera vez que lo hablamos: la trasposición de la normativa comunitaria y el nivel competencial interno.
Lo único que le puedo decir es que el Gobierno quiere que cualquier normativa comunitaria que se aplique en España respete el cuadro competencial constitucional y estatutario de nuestro país. Por lo tanto, cuando se produce un error de traslación, se trata de un error, no de la intención de mermar una competencia. Y es verdad que es una tarea ordinaria de gobierno. La trasposición de normas, afortunadamente, ha frenado el ritmo, porque la inmensa mayoría se refería a mercado interior. Por consiguiente, la inmensa mayoría ha quedado atrás. Pero no tengo inconveniente en revisar esas normas a ver si algunas están afectando al ámbito competencial de las comunidades autónomas en relación con el Estado. Hemos hecho un enorme esfuerzo de trasposición. Y es posible que se cometan errores. Pero, desde luego, no hay ninguna intencionalidad en cambiar ese ámbito competencial. De eso puede estar seguro. Es un caso típico de lo que a veces he dicho en algunas conversaciones, es decir, de una tarea ordinaria de gobierno que, probablemente, la mejor manera de resolverla es estar en la tarea ordinaria de gobierno para que alguien pueda llamar la atención y encienda la luz de alerta, porque muchas veces no se da uno cuenta, ni en este Gobierno ni en el Gobierno de una comunidad ni en cualquier otro Gobierno. Muchas veces se presenta un proyecto y se tiene en cuenta el detalle A, B o C, siendo la competencia de otro. Me imagino que pasa también al revés en algunos casos.
Finalmente, una reflexión sobre el impulso democrático, que creo que es plenamente coincidente. Usted ha introducido una reflexión sobre el asociacionismo, el papel de la sociedad civil. Ha dicho algo que comparto plenamente: creo que en política no vale todo. Por consiguiente, es verdad que hay que respetar unas ciertas reglas de juego. Hay que rectificar, y rectificar a tiempo. Nosotros creemos que estamos a tiempo.
Por eso hemos hecho propuestas concretas para rectificar y para mostrar a los ciudadanos una clara voluntad de transparencia y de limpieza en el juego político.
Acepto el voto del Grupo que representa S.S. tal como lo ha descrito, como un voto que en el día de hoy no tiene absolutamente exigencia o contrapartida alguna. Es un voto de responsabilidad. Y acepto lo que me dice. Acepto el desafío de que es un voto con ilusión. Voy a tratar de desarrollar las políticas para que no se produzca desilusión, no digo ya de su Grupo, sino de la Cámara y de los ciudadanos. La tarea no es fácil porque la situación es bastante complicada. Pero trataremos de poner todo el empeño en ella. Esperamos seguir contando con su comprensión y con su apoyo y con la del Grupo Parlamentario que representa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Tiene la palabra el señor Roca.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, de su intervención, señor candidato, quisiera destacar algunas cuestiones, una primera que en este caso a mí me preocupa más.
No sé si se me habrá entendido bien, nosotros somos defensores del estado de bienestar.
Como decía antes, hay un momento en el que la política más progresista puede hacer un alto en el camino para reponer fuerzas y seguir avanzando porque quizá, según como se dieran los pasos a partir de ahora, podríamos estar avanzando en una dirección equivocada y generando medidas contraindicadas para hacer frente a los problemas más importantes del país.
Creo que al país hay que explicarle que la creación de puestos de trabajo es un objetivo que va a requerir importantes movilizaciones de recursos de todo tipo.
Por lo tanto, en la medida en que esto fuera así --y ojalá el resultado fuera positivo--, lógicamente estamos comprometiendo políticas y recursos que, si no tuviéramos el problema que hemos de afrontar de crear más puestos de trabajo, podríamos dedicar a otro tipo de atenciones sociales. Hoy, la creación de puestos de trabajo debe concebirse como algo que no está situado en el campo de la política económica, que es una obligación que compromete todos los instrumentos de la política del Estado y, por lo tanto, también cubre una finalidad fundamentalmente social. Tenemos que reclamar la atención de la sociedad sobre la contradicción que representa movilizar enormes recursos para cubrir el paro y tener dificultades para movilizar algún recurso para crear puestos de trabajo. No tiene sentido y carece de toda lógica en el sistema actual. Esto es también política de bienestar y lo tenemos que poder explicar y defender.
Hay unas atenciones sociales de las que no podemos retroceder porque son conquistas de muchos años y

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que, además, tienen en su funcionalidad la capacidad de dotar de cohesión a una sociedad y hacerla más moderna y capaz de asumir los retos del futuro, pero a la vez se debe compatibilizar esta cohesión con un esfuerzo de solidaridad con los que hoy no tienen trabajo, con los que lo pueden perder y con aquellos que, si no hacemos un gran esfuerzo en otros campos de políticas de formación --y luego hablaré de ello-- también lo pudieran perder de manera irreversible desde el punto de vista de su integración futura en la sociedad.
Segunda cuestión. Decía usted, señor González, que le preocupa alguna cosa de las que he dicho en relación a la Comunidad Económica Europea. Quisiera que despejáramos esa preocupación.
Usted daba un ejemplo muy afortunado y hablaba de cuando el zapato nos aprieta. Es que nosotros tenemos diversos zapatos que nos aprietan, incluso los zapatos, que es un buen sector; por tanto, hay muchos zapatos que nos aprietan y hemos de poder dar una respuesta a todo ello.
Estoy absolutamente de acuerdo con la formulación que usted ha hecho --nuestro Grupo la comparte-- de que la solución a este problema no puede darse país por país. La tenemos que dar desde un punto de vista de instrumentos comunitarios, pero España puede adoptar una política de impulso de la decisión comunitaria sobre esta cuestión. Deberíamos decir, con cierta prudencia en la terminología, que a veces, detrás de esto que se llama países terceros, hay un cierto eufemismo, son los europeos que van a los países terceros para evitarse los costes sociales de Europa. Aquí hay una gran contradicción.
Hemos definido una política de progreso que, sólo en la medida en que algunos no la respetan, nos obligan, diríamos, a practicar una política de universalización, pero que va en contra de conquistas sociales. Por tanto, pienso que aquí tenemos argumentos para defendernos en términos de colectividad europea respecto de lo que representaría el mal uso de una competencia que puede perjudicar muy gravemente, y de hecho está perjudicando, a nuestro país. No lo está perjudicando en términos meramente numéricos o estadísticos.
Europa tiene más paro en una relación casi directamente proporcional a ciertas medidas que se han adoptado en la apertura de fronteras comerciales. Es una relación que está ahí. Por tanto, desde una perspectiva europea, tendríamos que hacer una reflexión en común sobre esta cuestión. Comparto, por tanto, que esto debe hacerse desde Europa, colectivamente desde Europa, para no tener planteamientos sesgados de país en función de intereses muy concretos, pero es una línea que no deberíamos abandonar porque de lo contrario ponemos en cuestión el futuro de sectores industriales y agrarios muy importantes de este país.
En una referencia última, el tema de la formación profesional. Quizá sea desviar lo que estábamos contemplando, porque lo contemplábamos estrictamente desde el punto de vista de la distribución competencial, pero creo que ha llegado el momento de empezar a plantearnos una pregunta más. ¿Tiene sentido la división entre formación profesional ocupacional, formación profesional reglada e incluso, dentro de la ocupacional, la continua o permanente, no se cómo la han llamado, para hacer un acuerdo social? ¿Tiene sentido, cuando hoy estamos tan comprometidos en poner el acento en una formación profesional que de una manera u otra empieza a ser muy difícil distinguir? ¿Dónde está la frontera de la formación profesional ocupacional y la formación profesional reglada, por ejemplo, en todo un colectivo de jóvenes que ya entran en la formación profesional ocupacional procedentes de una situación de paro en la que muy jóvenes han podido entrar? ¿Dónde está, por tanto, la frontera exacta? Creo que aquí también deberíamos hacer un esfuerzo de integración interdisciplinario para integrar las formaciones profesionales en un gran paquete, en una gran ordenación educativa y profesional que pudiera resolver, entre otras cosas, problemas competenciales de esta naturaleza.
Por último, señor González, tomo nota de lo que usted mencionaba: Si hay error, se corregirá; de acuerdo. Pues vamos a ver si realmente somos capaces de señalar en algún caso, en algún supuesto de normativa comunitaria, alguno de estos errores. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones --y la experiencia en este tipo de acuerdos o negociaciones lo demuestra-- pequeños problemas se convierten, a veces, en los símbolos de las dificultades. Deberíamos ser capaces de resolver los pequeños problemas, como mínimo, para que cuando discrepáramos tuviera profundidad, porque lo que no tiene sentido es que a veces se esté discutiendo en temas muy pequeños, en los que la discusión, cuando se plantea realmente en términos objetivos, no debería producirse. Me dirá usted: no debería producirse por un lado o por otro. Usted me puede discutir que tan pequeño debe ser para una comunidad autónoma como puede ser para la Administración central del Estado. En principio no le extrañe que mi presunción se centre siempre en que la comunidad autónoma tiene razón. Y estoy convencido de que debería aceptarse que en muchos casos es así. Creo que si toma nota de ello podremos avanzar ya más definitivamente en la solución de algún tipo de problemas. Pero en fin, el camino es largo.
Muchas gracias.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la presidencia del Gobierno): Sólo espero que el señor Roca considere la presunción «iuris tantum», que no la considere sin demostración en contrario.
La verdad es que habría que intentar hacer --y ha sido una de las partes más interesantes del debate de Copenhague hace unos días-- de las políticas de empleo políticas activas de búsqueda de empleo. Es verdad que en España, con un problema de paro tan grave como el que tenemos, el esfuerzo financiero, el esfuerzo de gasto que se hace en cobertura de desempleo es desproporcionadamente mayor, pero de una manera enorme, al de todas las políticas activas de empleo que se pudieran hacer.
Le digo más --y esto cuesta siempre

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un cierto trabajo y produce algunas críticas decirlo--, probablemente sólo con reducir el nivel de fraude en las prestaciones por el desempleo se podrían hacer políticas activas de empleo de mucha mayor entidad, con el dinero que se podría reducir en eso. Cuesta trabajo decirlo; se ha hablado muchas veces de fraude fiscal, pero no del fraude en las prestaciones. Estoy completamente convencido de que hay que ir transformando las políticas de protección del desempleo en políticas activas de empleo, dirigidas justamente a los desempleados.
Creo que ha quedado claro lo de la Comunidad Europea. En realidad tratamos de que haya una defensa equitativa del espacio europeo o de la economía europea frente a lo que pueden ser algunos incumplimientos. Es verdad que hay países, incluso no pertenecientes al GATT, que no aceptan ninguna de las reglas del GATT y que están siendo de los que presionan para que haya un acuerdo GATT de liberalización de fronteras, cuando no aceptan ninguna de las reglas, las vulneran todas.
Es verdad que tiene que haber un instrumento comunitario en ese sentido, aunque debo decirle que no está próximo. Es muy peculiar la situación europea y se resisten mucho a que haya ese instrumento; es una de las contradicciones que estamos viviendo permanentemente en Europa: cuando un país se siente afectado, reclama a Bruselas porque no lo ha hecho bien --para entendernos--, a los encargados de la Comisión; sin embargo, cuando la Comisión reclama un margen mayor de poder para negociar y, por consiguiente, de representatividad para negociar, le dicen que eso es una intromisión, que es intolerable y se reclama el principio de subsidiariedad.
Sobre la formación profesional ha hecho usted una reflexión que puede tener interés. Yo creo que es difícil no mantener la diferencia entre la formación profesional ocupacional y la reglada. Lo inexcusable es que la formación reglada tenga una conexión directa con la empresa; eso me parece absolutamente inexcusable. Es por eso y por esa vía por la que nosotros hemos vuelto a hablar de la necesidad de conectar todo el proceso formativo con la relación de aprendizaje o con el contrato de aprendizaje. Esa es la pieza del conjunto que está faltando. Entonces a veces la formación reglada está muy lejos de lo que puede ser una conexión con el sistema productivo y, por consiguiente, no da posibilidades de enganchar posteriormente en el mercado de trabajo.
Lo de la normativa comunitaria traspuesta lo veremos. No haga más que la presunción, como le he dicho al principio de mi intervención, iuris tantum de que casi siempre lleva razón la Comunidad. Le digo que algunas veces puede que no, y a lo mejor está mitad y mitad ¡qué le vamos a hacer!

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos y, a continuación, al reanudarla, tendrá la palabra elrepresentante del Grupo Vasco (PNV), que será el último en intervenir esta tarde.
Se suspende la sesión por cinco minutos.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, se reanuda la sesión y por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, hemos de decir que nos satisface que el Parlamento vuelva a tomar el pulso de la vida política, tras once años de mayorías absolutas y tres investiduras sin problemas de esas mayorías para el Partido del Gobierno.
Nos encontramos hoy, en la apertura de estas V Legislatura, con algo que es habitual en el contexto europeo: Gobiernos que han de pactar e incorporar a su acción otras formas de abordar los mismos problemas, y no pasa absolutamente nada. De manera que nada de lo que hoy parece tan novedoso, es algo tan inusual en otros países de larga tradición democrática, donde es difícil encontrar mayorías absolutas en un sistema proporcional. De ahí la importancia del discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno, porque es en estas circunstancias en las que un programa puede recoger distintos apoyos, sobre todo cuando nos encontramos en una situación que, sin caer en alarmismos, podemos considerar de crisis aguda; de ahí la importancia también en lograr que el próximo Gobierno cuente no sólo con un apoyo suficiente en una segunda vuelta, sino con apoyos claros para lograr una acción de gobierno sólida y eficaz, capaz de encarar los rudos retos que tenemos entre nosotros. El país necesita encontrar un camino para salir de la crisis donde el desarrollo económico armonice con el desarrollo social.
En el discurso del candidato hemos encontrado un análisis ajustado a la realidad que se vive y un llamamiento a la colaboración y al apoyo. Ha sido un discurso con unas prioridades que hacemos nuestras, aunque no tengamos coincidencias programáticas. Ha sido, a nuestro juicio, un buen análisis, sereno, sin descalificaciones y, sobre todo, con visión de futuro. Creemos que se ha hecho un ejercicio notable a la hora de tomarle el pulso a la sociedad al inicio de una acción parlamentaria que debe estar presidida por el diálogo permanente. Lo decimos desde el Partido Nacionalista Vasco en momentos en los que pensamos que todavía no hemos captado en su verdadera dimensión la profundidad de la crisis que estamos viviendo y cuyos momentos más tensos y de mayor sacrificio todavía no se han producido.
Por otra parte, estamos asistiendo a un cúmulo de acontecimientos que no solamente arrastran consigo procesos de cambio de gran envergadura, sino que han escapado a las previsiones de todos los analistas y de los centros de información más avisados. El descalabro de los países del Este, entre otros factores, no ha

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hecho sino agravar la crisis económica que afecta a todos los países desarrollados, incluida la Europa comunitaria. El paro alcanza niveles no conocidos en la crisis de los setenta. La pérdida del empleo o el temor a perderlo constituye un factor de inseguridad social que incide gravemente en la convivencia y en el equilibrio político.
A una sociedad atemorizada es casi imposible inducirla a preocupaciones elevadas o proyectos de futuro, hasta tanto no se restaure un clima de confianza; de ahí que se extienda un aire de pesimismo sobre el presente y despreocupación sobre el futuro con atisbos de añoranzas de tiempos pasados. Por eso en cuanto a la situación económica, cuyo análisis grosso modo compartimos, conviene destacar lo siguiente: lejos de intereses partidistas hoy, más que nunca, somos conscientes de que vivimos en un momento histórico crítico, tan sólo superable desde el compromiso de todas las fuerzas políticas económicas y sociales. Tenemos que encontrar entre todos ese mínimo común denominador, que se nos antoja amplio, para superar los problemas actuales y los retos de futuro que tenemos planteados. Establecer cuáles van a ser los mecanismos de integración plena en Europa y adoptar las medidas oportunas en materia económica que, por otra parte, son dos caras de la misma moneda, serán las cuestiones clave a las que, desde el Gobierno, y también desde la oposición, es preciso responder sin demora alguna desde la conciencia de la situación y desde la solidaridad que se precisa.
Queremos, en primer lugar, que la estrategia de integración europea nos conduzca a una convergencia real en términos de bienestar con los pueblos más adelantados y desarrollados de Europa. Esta estrategia tan sólo puede estar basada en la competitividad de nuestra estructura productiva y en un aumento de la integración y cohesión social. Para que ello sea posible hemos de afrontar, de verdad, y con la valentía necesaria, la situación de crisis económica en que nos encontramos. El descenso de la actividad económica que se está produciendo en la economía española, junto con la destrucción de puestos de trabajo que lleva aparejado y el aumento continuado del paro, refleja con profundidad la crisis en que estamos inmersos.
Tras su intervención, señor candidato, constatamos, una vez más, la gravedad del problema y coincidimos con muchas de las medidas que podrían cambiar la situación. Sabemos, además, que la reactivación económica que se produzca a medio plazo no va a permitir generar el empleo suficiente como para ocupar a toda la población que desee trabajar. Ante la evidencia no podemos llevarnos a engaño y pensar que esta situación la tienen que resolver otros porque todos los esfuerzos son pocos en estos momentos. A nuestro juicio es el momento de un pacto político y, sobre todo, de un pacto social que, reconociendo el problema, aporte soluciones solidarias desde un compromiso firme con las instituciones, un pacto social a través del cual se consiga incrementar la productividad y competitividad del sistema económico, un pacto social que incorpore acuerdos en cuanto a la evolución de los salarios y la productividad.
La reforma del mercado de trabajo. Reformas estructurales profundas que garanticen un mejor funcionamiento de los mercados de bienes y servicios de trabajo y de capitales.
Compromisos en materia de formación de la mano de obra y de los gastos en I+D de las empresas. Control de parte de los dividendos e incentivación fiscal en la medida en que se destinen a la formación de la mano de obra a ampliar el capital productivo o a generar puestos de trabajo.
Que haya también acuerdo básico en un conjunto de medidas económicas que se han de adoptar de manera urgente. Entre ellas caben resaltar, a nuestro juicio, aquéllas sobre las que el consenso, a nuestro juicio también, creemos que es más amplio. Adecuación del programa de convergencia a la nueva situación económica. Flexibilizar el programa sin caer en absoluto en la relajación. Reducción coordinada con el resto de los países europeos de los tipos de interés con el objeto de reactivar el deteriorado nivel de inversión, motor, por otra parte, de la reactivación económica y de la competitividad.
Control selectivo del gasto público. La moderación del déficit público es un objetivo que se ha de conseguir conjugando simultáneamente una política fiscal que fomente el ahorro y que permita, a su vez, mantener el nivel alcanzado por la inversión pública. Controlar el gasto corriente mediante un aumento moderado de los salarios en el sector público. Una congelación de los gastos de funcionamiento y una eliminación de aquellos gastos de transferencia que sean ineficaces es un buen camino para ello.
En el conjunto de las inversiones públicas se habrán de realizar aquellas que además de impulsar el desarrollo económico tengan un mayor impacto en la creación directa de empleo, dado que no olvidemos el desempleo es, hoy y aquí, el primer problema, sobre todo el terrible paro juvenil. Una lucha decidida contra el fraude fiscal y otros fraudes que permitirá mantener sin aumento la presión fiscal. Los objetivos presupuestarios señalados así como consolidar el nivel alcanzado de prestaciones sociales. Abordar en profundidad la reforma y modernización de la Administración Pública. Los parámetros de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos han de servir de guía permanente a la actuación administrativa. No es posible una economía moderna y competitiva con un sector público obsoleto.
Racionalizar estructuras administrativas; aumentar la productividad mediante la incorporación planificada de medios informáticos y una adecuada política de recursos humanos son algunas de las claves que permitirán racionalizar el aparato administrativo.
Reformar el mercado de trabajo creando nuevas formas de acceso y mejorando su funcionamiento a través de la movilidad geográfica y funcional.


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Es preciso replantearse igualmente la formación profesional en profundidad.
Reformas estructurales del sector servicios que permitan ganar la lucha contra la inflación. Desregular ciertos servicios protegidos y someterlos a las condiciones de la libre concurrencia les obligará a seguir criterios competitivos de calidad y precio, lo que redundará en mejores prestaciones a menores precios, manteniendo lo medular de lo público.
Una política microeconómica sectorial y selectiva que discrimine en favor de sectores estratégicos que actúen de motor de la reactivación económica. Una política industrial que impulse la reindustrialización a través de políticas horizontales (I+D, diseño, etcétera) y sectoriales que generen un contexto competitivo en el que se desarrollen empresas modernas, dinámicas y con futuro. Una atención especial a la pequeña y mediana empresa.
Estas y otras medidas de carácter económico, señor candidato, han de estas apoyadas a nuestro juicio, por todos. En ello está, no sólo nuestro futuro económico inmediato, sino nuestro futuro mediato en esa Europa sin fronteras en la que ya nos encontramos. Tenemos que dar marcha adelante a las medidas económicas y sociales urgentes, si no queremos dar marcha atrás en la construcción europea.
El segundo aspecto que usted ha señalado en su intervención de hoy por la mañana se refería al proceso autonómico y con relación a lo que ha dicho sobre el desarrollo autonómico anotamos con interés lo que usted ha formulado sobre el hecho diferencial, culminación de traspasos, calendario y superación del bloqueo de los años anteriores, aunque usted sabe que no estamos de acuerdo con la actual doctrina del Tribunal Constitucional, sino con el concepto de singularidad y pacto político. Por eso, nos gustaría también hacer hincapié en los traspasos pendientes en algunas comunidades y no solamente del 151; lograr que se desarrollen en plenitud las autonomías del artículo 143, que se aborde la reforma de la Administración del Estado y hacer efectiva la propuesta que usted realizó en su día de abordar en serio, con valentía, el reconocimiento del hecho diferencial que usted también ha enunciado esta mañana.
Aquel enunciado, por razones que no viene al caso denunciar, no se siguió con hechos. Creemos que ahora se está en mejor condición de hacerlo, sin olvidarse de la necesaria solidaridad, que no está reñida con algo que incluso la propia Constitución reconoce y consagra en aspectos sustanciales, como es el reconocimiento y amparo de los derechos históricos, porque no son palabras al viento, sino texto constitucional que ha de ser cumplido como lo es cualquier ley.
Nosotros, en esta legislatura, deseamos un desarrollo material pleno del estatuto, cerrando los procesos de la configuración del Estado autonómico, transfiriendo lo que está en la ley, delegando todo lo que sea delegable y evitando duplicidades anómalas y caras. Hoy se habla mucho de solidaridad y de revisión global de las cosas; nosotros creemos tenerla. El pueblo vasco no ha estado encerrado en sí mismo nunca. El mar, la emigración y el ser tierra de paso le ha proporcionado siempre un nivel de comunicación importante y por eso seguimos apostando por la apertura, por la integración europea; también por ese eje atlático compuesto por Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia, Rioja, que corre el riesgo de quedarse esquinado de los ejes de desarrollo. Hemos apostado por estructuras modernas de intercomunicación.
Sabemos que una personalidad basada en el aislamiento y en la endogamia resulta ser siempre una personalidad tarada, de ahí que sepamos la importancia de otear a tiempo a dónde va nuestro entorno más avanzado para tomar nota y preparar o corregir lo que sin duda va a producirse entre nosotros. A pesar de lo que en estos días se está diciendo de nosotros en ese intento de anularnos políticamente, como si fuéramos ciudadanos de segunda a los que unas veces se les dice que tienen que tener visión de Estado y otras, cuando pueden tener alguna influencia política, se dice que hay que tener mucho cuidado con ellos y se habla de componendas, somos conscientes de que todo lo que la vida moderna nos ha deparado en lo ideológico, en lo industrial y aun en consumos culturales masivos es interrelación.
Somos conscientes, asimismo, del juego que hay detrás de todo esto y le agradecemos, señor candidato, que usted, superando las matemáticas, haya obviado estos prejuicios y nos haya llamado a sus consultas a la hora de la formación de su Gobierno. En política hay muchas maneras de apoyar los procesos y, sea cual sea el acuerdo final en esta complicada y laboriosa legislatura, nosotros nunca hemos ocultado lo que somos: somos un partido nacionalista en este Estado plurinacional en cuyo Congreso de los Diputados participamos desde 1913, de ahí nuestro interés en que también se cierre en estos años el proceso estatutario, que lleva trece años abierto y muchas veces se encasquilla por falsos recelos. Buen ejemplo de esto lo fue en su día la difícil relación en materia policial, que hoy se coordina con extraordinaria normalidad y eficacia. Por esta razón tomamos nota de sus palabras y, habida cuenta que en el parlamento vasco existe ya un acuerdo suscrito por el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidad Alavesa y el PNV sobre las transferencias pendientes, le indicamos que ése puede ser un primer paso de una concreción ya establecida que usted ha enunciado para empezar a concretar con calendario este proceso que, a nuestro juicio, se tiene que cerrar en esta legislatura.
Con relación a la construcción europea seguimos apostando por la gran aventura de esta generación, aunque la queremos más federal, más ambiciosa, más social, más política y más a ras de suelo de sus realidades naturales. Queremos, señor candidato, que se diseñen nuevos instrumentos para la configuración de la voluntad política, incorporando también la voz y la opinión de las comunidades autónomas. Creemos que Europa debe considerarse como ámbito doméstico y no propio

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de asuntos exteriores. Asimismo, creemos que es preciso rediseñar el acceso a los fondos regionales y a los programas operativos, sin olvidarse de abordar la modificación de la ley en lo que se refiere a la circunscripción electoral europea.
Deseamos, señor candidato, que en esta legislatura apostemos, como se ha apostado en anteriores legislaturas, de lleno por Europa, porque no podemos tolerar que esta Europa comunitaria, en las horas de su mayor triunfo, cuando no menos de 15 estados tocan a su puerta solicitando su ingreso, se halle a la vez en su mayor zozobra, sin poder consolidar el tímido paso hacia la unidad política que supone Maastricht, cada vez más atada entre el egoísmo y el desacuerdo interno y el temor ante el socio americano y el Japón. Porque todo este cambio ha traído consigo unos serios desajustes económicos y una creciente zozobra en nuestro ámbito europeo.
Los antiguos demonios del racismo o de la xenofobia se van convirtiendo en referentes políticos. La prevención ante el extranjero se está convirtiendo en un temor social inquietante y tan extendido que ha dado pábulo a partidos de corte neofascista que inquietan cada vez más seriamente el panorama político europeo, exacerbando el particularismo y levantando obstáculos añadidos al difícil proceso de unificación europea.
De ahí que sigamos apostando por la construcción de una Europa política que contrarreste todos estos egoísmos estériles que la hacen perder pie en el contexto internacional.
En cuanto al impulso democrático que usted ha enunciado como tercer apartado en su intervención de esta mañana, nosotros creemos que es preciso dar al funcionamiento institucional un empujón muy valiente y estamos básicamente de acuerdo en su planteamiento, que habrá que concretar a lo largo de toda la legislatura.
El llamado Estado social de Derecho surgió precisamente como correctivo del primer Estado liberal, en cuanto buscaba equilibrar la garantía de los derechos individuales con la dimensión colectiva y una mínima justicia distributiva. Pero en los países occidentales, tras años de seguridad política y de prosperidad económica, nos encontramos con que el individualismo y el egoísmo desarrollados en la situación de comodidad y de consumismo ha erosionado la cohesión social y, como consecuencia, el sentido al servicio común de quienes rigen las instituciones, bien sean partidos, judicatura o alto funcionariado.
Existe, pues, el peligro de que los partidos que constituyen el lazo entre el poder y la sociedad que proyecta lo conveniente al bien común y que presentan al voto cuidadano a los titulares del poder se conviertan en meros equipos de conquista y usufructo del mismo, con lo que el pluralismo y la alternancia se reducirían a la circulación y sustitución de diferentes elites que se disputan la ocupación de dicho poder.
Los partidos políticos no van a desaparecer dentro de este nuevo orden, pues son el elemento insustituible para que la democracia marque el rumbo político, pero solamente tienen que reducir las exageradas dimensiones de su influencia tradicional; tienen que ceder espacio. Al igual que las grandes organizaciones que representan la totalidad del universo económico, tienen que reconocer la existencia y la opinión de aquellos nuevos factores que representan los diversos intereses de una sociedad que se diversifica y deja la rutina verbal.
He de concluir sin dejar de mencionar un hecho grave, así como nuestra enérgica condena ante el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora, y enviar a su familia un mensaje de solidaridad y de apoyo.
Asimismo, cuando se constituyó la Mesa del Congreso de los Diputados la semana pasada, un dirigente político, como también se ha dicho en reiteradas oportunidades durante esta tarde, dijo que era una mesa formada por la derecha, y esa etiqueta con intención descalificadora también se trata de atribuir a nuestro Partido, del que surgió un sindicato -- hemos de recordarlo-- que está próximo a cumplir 100 años, y con la que no nos identificamos. Con todo el respeto hacia lo que significa la derecha, hemos de aclarar nuestra centralidad política, que nos permite estar abiertos a coincidencias, como un centro progresista, porque la defensa de las libertades en sensibilidad social, en esfuerzos solidarios, en ayuda al más débil, al enfermo, al desposeído, al minusválido, al mutilado de guerra, al soldado republicano, el gudari, a la vida que está por nacer y al indigente está en el corazón de nuestro programa porque, para nosotros, cada persona cuenta. Esto significa un compromiso de cada persona con una parte del bienestar, una mínima participación del bienestar, una economía social de mercado, no un supermercado donde la persona es un mero número. Cada persona cuenta es la constatación de que cada persona nos lleva al mandato de la no discriminación y ningún resquicio al racismo en ninguna de sus formas. Cada persona cuenta debe aplicarse a nuestra democracia, porque el compromiso de cada ciudadano y de cada ciudadana no tiene únicamente una significación formal a través del derecho al sufragio, sino que tiene también un significado sustancial en forma de implicación respecto a la democracia, allá donde sea posible, de vigilancia de la política, allá donde haya un dinero público. Cada persona cuenta significa en nuestra sociedad, fuertemente deshumanizada y frecuentemente desarraigada, que se debeprestar atención a quienes están solos, buscar vías a través de las cuales hacerles saber, incluso con ternura, también a los más débiles, a los de más edad, a los ancianos, a los muy mayores, que ellos o ellas también forman parte de la sociedad.
A nosotros no nos asusta el proyecto de ley de huelga; todo lo contrario. A nosotros --también hemos de decirlo-- no nos gustan ciertas posibilidades de abuso que se podrían producir y que los sindicatos, a nuestro juicio, deberían ser los primeros en tratar de corregir en beneficio propio, pero estamos de acuerdo en su regulación y de cómo se hace en gran parte del citado proyecto.


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Finalmente, señor candidato, el Partido Nacionalista Vasco nunca ha apoyado ninguna investidura, nunca en su historia; por no hacerlo, no lo hizo ni tan siquiera tras la intervención golpista de 23 de febrero de 1981; mantuvo su voto negativo. En aquella oportunidad consideramos que, pese al intento desestabilizador, el Gobierno y la democracia no estaban en peligro. Hoy, sin embargo, desde partidos diferentes y con entidad propia, no queremos que su Gobierno fracase, no están los tiempos para tensiones políticas innecesarias, porque, en definitiva, sería el fracaso de una generación en una coyuntura enormemente importante en materia económica, industrial y de ajuste europeo. Podemos estar exagerando, pero nos asusta que no haya una percepción mayor acerca del momento y de la trascendencia de lo que estamos viviendo, y si estalla la economía, la explosión nos coge absolutamente a todos. Pero en el caso de que se abandonen estas prioridades, debe saber también, señor candidato, que nos tendrá denunciando este abandono desde lo que somos: un partido de oposición.
A nuestra juicio, se hace indispensable el retorno a una economía productiva, a una vida institucional, normalizada y respetuosa. No podemos seguir viviendo de sobresalto en sobresalto; los ciudadanos no pueden estar sometidos a la extenuación interminable de una crisis recurrente que no se aborda con criterios de gran austeridad y solidaridad. Por esta razón deseamos se tome conciencia del momento extremadamente difícil que vivimos y se haga un esfuerzo para deponer odios acumulados e intereses parciales para lograr una sociedad estable, llena de confianza y capaz de retomar el rumbo de su más intensa modernización en el progreso europeo.
Estamos convencidos que no se quieren promesas, sino soluciones, a nuestras dolencias.
Por esta razón, sin pactos ni componendasprevias de ninguna clase, en función de lo dicho y deseándole éxito en su gestión, hago público que el Grupo Vasco va a votar afirmativamente su candidatura a la Presidencia del Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ MARQUEZ (candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna con brevedad para dar las gracias al señor Anasagasti y al Grupo que representa por su voto positivo en la investidura. Subo también para hacer algunos comentarios complementarios al hilo de su intervención.
Para empezar, me gustaría decirle que él ha hecho una valoración de un parlamento más vivo cuando no hay mayorías absolutas. Creo que esto es una valoración que seguramente se corresponde con la realidad, igual que se corresponde con la realidad que difícilmente se producen las mayorías absolutas cuando el sistema de representación es un sistema proporcional.
No obstante, creo que todos estamos de acuerdo en que cada uno de nosotros, representando a fuerzas políticas diferentes, tenemos nuestra propia vocación mayoritaria y, por consiguiente, siempre luchamos por conseguir una mayoría para desarrollar nuestro proyecto. Muy difícilmente se encuentra una fuerza política sin esa vocación mayoritaria y casi siempre va acompañada de una falta de creencias o de autocredibilidad o de autoestima. Porconsiguiente, creo que es mucho más viva y mucho más delicada la relación parlamentaria con un gobierno minoritario que con un gobierno de mayoría.
La segunda afirmación que ha hecho la comparto plenamente. Un gobierno con suficiente apoyo en una época de crisis me parece un elemento fundamental para enfrentar la crisis. Por eso es por lo que nosotros no sólo hemos hecho una invitación a discutir acuerdos programáticos, sino que hemos hecho una invitación a participar en la responsabilidad de gobierno, como usted sabe muy bien; invitación que reiteramos. Más allá, como usted ha dicho, de cualquier tipo de aritmética parlamentaria hay elementos cualitativos que refuerzan lo que puede ser una decisión gubernamental. Por consiguiente, nosotros estamos convencidos de que ésa es la dirección adecuada y estamos convencidos, además, de que es lo que los ciudadanos españoles pueden entender, y pueden entender adecuadamente. Porque es verdad que no sólo vivimos un momento de crisis --de crisis económica seria, grave--, sino que vivimos un momento de cambios que son difíciles de interpretar, es decir que están produciendo grados de incertidumbre considerables.
Hoy se afirma, aunque nadie puede estar seguro de ello, que una etapa de crecimiento económico, que siempre es una condición necesaria para la generación de empleo, no será, sin embargo, suficiente para conseguir que se absorba la cantidad de desempleo que existe. Por tanto, existe una especie de contradicción y, por consiguiente, una grave preocupación respecto a si no será suficiente el desarrollo o el crecimiento de la economía con las nuevas tecnologías para producir el empleo que las sociedades europeas necesitan.
Probablemente la pregunta está bien planteada por todos los que mantienen esa preocupación, aunque me parece que es imposible anticipar una respuesta. Esto significa que tiene que haber gobiernos con capacidad de decisión, gobiernos que enfrenten la situación y que la enfrenten, sin duda, con coraje político. Yo coincido en que la situación es crítica y, al mismo tiempo, creo que tenemos muchas oportunidades de superarla. Creo que hay un grado suficiente de comprensión, de energía y de flexibilidad en esta sociedad para superarla.
Ha introducido usted una reflexión sobre la convergencia real con Europa que no quiero dejar de mencionar. Creo que no hay incompatibilidad --como hemos dicho muchas veces-- entre el esfuerzo de convergencia nominal y de convergencia real. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el problema de la convergencia nominal están todos los países europeos. Y yo le agradezco

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que haya hecho una reflexión de un ámbito un poco más que casero, seguramente tiene la preocupación de lo que nos pasa a nosotros, pero la puede ver en el marco de la situación internacional. Le agradezco esto, digo, pero el problema de la convergencia nominal no es un problema que se nos va a plantear sólo a nosotros. Yo he hablado antes de cómo se está disparando el déficit en 1993 y de cómo será más alto de lo previsto en 1994. Y acepto, además, que nos hemos equivocado mucho y muchas veces en las previsiones que hemos hecho.
Comparto ese nivel de equivocación y de error --como usted ha dicho bien desde esta tribuna-- con una cantidad enorme de responsables y de observadores internacionales, y se han modificado las previsiones en muchas ocasiones a lo largo de los últimos 18 o 20 meses. Sin embargo, esta desviación que se está produciendo del déficit es una desviación que tiene una fácil explicación. Como hay una caída de actividad extraordinariamente más importante de lo previsto y como los gastos sociales que conlleva la caída de la actividad aumentan --no sólo los permanentes, sino los inducidos por la caída de la actividad, fundamentalmente los gastos de desempleo-- se abre una brecha en el déficit, obviamente, frente a la que hay que reaccionar y hay que reaccionar con medidas --usted ha sugerido algunas--de control de gastos y hay que hacerlo con el máximo rigor. Sabiendo cuales son los límites de ese control de gastos, nosotros, este año 1993, hicimos en muchos aspectos del gasto corriente un presupuesto austero, y no digamos nada en el capítulo I, que ha crecido un 1,8. Habría que seguir haciendo ese esfuerzo y habría que seguir haciéndolo para procurar que la convergencia real vaya acompañada e una convergencia nominal. Sigo estando convencido de que si no hay una senda de convergencia nominal, es decir, si no mantenemos una atención de lucha contra el déficit, de control de la inflación, de no diferencia en el tipo de interés o de no diferencia por encima de los límites del tipo de interés --deuda acumulada--, tampoco vamos a estar en condiciones de hacer una convergencia real.
Yo comparto con S.S. su, diría, algo más que europeísmo; diría su pasión por la construcción europea, que le lleva a veces a ir, y me parece razonable, más allá de lo que la propia evolución de la Comunidad está dando de sí. Se está remarcando permanentemente el hecho federal en la construcción europea, el hecho de una mayor dosis, de una mayor cantidad de contenido político y una mayor dimensión social de la Comunidad Europea, de lo que ahora podría llamarse la Unión Europea en cuanto se ratifique el Tratado de la Unión. Es verdad que los pasos son tímidos. Yo en eso, además, quiero hacer siempre un esfuerzo de realismo. Yo creo, por ejemplo, que la defensa de una estructura federal europea conlleva casi siempre una reacción negativa por aquellos que tienen, no sé por qué, una enorme resistencia a la propia expresión de estructura federal, y no me refiero sólo a las actitudes británicas; me refiero a otras actitudes, dentro de la Comunidad, en las que produce un cierto rechazo la idea de la federación, de tal manera que a veces he expresado con claridad que a mí me gusta tanto ese hilo conductor en la construcción europea, en la federalización que prefiero que no se hable de él, porque cada vez que se habla produce reacciones negativas.
Coincidimos en algunas de las propuestas que hace de reformas estructurales. Ha hecho hincapié no sólo en la reforma del mercado de trabajo, sino en la reforma del sector servicios, y esta mañana apunté alguna de las líneas de esa reforma. Y yo sé que produciéndose como se van a producir resistencias en el diálogo social y en el pacto social --es lógico, porque hay intereses contrapuestos--, también se van a producir resistencias en la liberalización de otros sectores, en la flexibilización o en las reformas estructurales que afecten a otros sectores. A veces son, además, resistencias menos aparentes, más soterradas, pero muy consistentes, que son capaces de oponerse a cualquier esfuerzo de flexibilidad, como viene ocurriendo en algunas de las reformas que queremos hacer en relación con algunos colegios profesionales.
Respecto de la autonomía, lo mismo que le decía antes -- salvando, además, el hecho diferencial-- al señor Roca, le quiero recordar a usted esta tarde que es verdad que podemos tener visiones distintas --por ejemplo, se ha dicho que prefiere que haya acuerdos políticos--, y tienen algo que a mí me duele y que siempre reclamo para intentar recuperarlo, que es una cierta desconfianza en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Yo no digo que haya que acudir para resolver el problema al Tribunal Constitucional. Lo que digo es que hay que tener en cuenta, entre otros factores, la interpretación del Tribunal Constitucional, pero creo que hay que hacerlo sobre la base de un pacto político, de un compromiso político, y es un compromiso político --para entendernos-- de aproximación recíproca. Siempre me preocupa que cuando uno expresa esto se entienda que es un compromiso político unidireccional. Tiene que ser de aproximación recíproca.
Hay determinados temas en los que yo encuentro que va a haber una gran dificultad. Para llegar a un acuerdo sé que eso va a ser así --voy a hacer un esfuerzo para llegar al acuerdo--, pero también --y creo que en eso también podemos convenir-- puede haber algunos temas que haya que aparcar porque sea absolutamente imposible llegar a un acuerdo en esta materia o en otra. Yo creo que es más fácil que nosotros avancemos en materia socioeconómica y que es fácil que avancemos en una buena parte del paquete de transferencias que existe.
Tendríamos que hacer algún esfuerzo para aproximar posiciones en algunas cuestiones relativas a la Seguridad Social, como saben muy bien, porque es un tema serio, donde nosotros estamos defendiendo posiciones desde un punto de vista más que competencial en el sentido estricto, que también, desde el punto de vista de una necesaria e inexcusable solidaridad.
Yo creo que hay que aligerar el peso de las administraciones públicas, pero permítame que le diga también, aunque sea una reiteración, que la presencia del

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Gobierno central en el ámbito de sus competencias tiene que ser una presencia en todo el territorio. Usted ha puesto algunos ejemplos de temas que han sido polémicos, incluso que han nacido --¿por qué no decirlo?-- con una cierta desconfianza --añado--recíproca, como el tema de la polícia autónoma, y que, sin embargo, está funcionando, y está funcionando con eficacia, está funcionando yo creo que con una gran satisfacción o de manera muy satisfactoria para todos y, por consiguiente, con un grado extraordinario de coordinación.
Seguramente esa misma evolución tendremos en otras materias de otros traspasos pendientes.
Ha hecho una referencia a la reforma de las comunidades del 143 y a algo que no es la primera vez que me oye. Lo he dicho en muchas ocasiones. Es la diferencia, mejor dicho, la distinción --para no ser reiterativo-- que hago entre el respeto al hecho diferencial, que me parece fundamental, y el principio de igualdad de los ciudadanos en cualquier punto del territorio. En eso he insistido en muchas ocasiones. La igualdad de trato no significa igualitarismo. Son perfectamente compatibles una y otra cosa.
Creo que en la comunidad vasca no cabe la menor duda de que hay hechos diferenciales; hechos diferenciales que hoy --y remarco bien hoy-- se respetan como nunca históricamente han sido respetados. Creo que eso no es hoy día discutible por parte de nadie.
Finalmente ha hecho usted una reflexión sobre el impulso democrático, mostrando su acuerdo con algunas de las líneas de la intervención que he hecho esta mañana. Después ha hecho una defensa de la posición desu Partido, de las señas de identidad de su Partido, probablemente provocada por algunas de las cosas que se oyen. Yo he sentido en muchas ocasiones --por eso creo que es relativamente fácil, aunque tienen sin duda alguna sus obstáculos de entendimiento--, en la comunicación con el Partido que usted representa, que hay un espacio muy próximo en el que uno se puede perfectamente entender, desde el punto de vista de la dimensión social de la política y desde el punto de vista de las políticas económicas, que tienen ese contenido de padecer con el conjunto de la sociedad y, por consiguiente, que tienen esa sensibilidad social.
Le agradezco que sea la primera vez que apoya una investidura.
Se lo agradezco, no tanto porque estemos en una situación excepcional cuanto porque creo que estamos abriendo una nueva etapa política que seguramente tendrá un gran interés para todos. Una nueva experiencia en una situación de crisis grave y en una situación de incertidumbre nacional e internacional, más bien provocada por aspectos internacionales que nacionales, pero también de incertidumbre respecto del futuro.
Esa es una garantía de aproximación que nosotros queremos llevar más lejos, y le invito a que ese camino lo recorramos juntos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
El Pleno se reanudará mañana, a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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