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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 535, de 26/06/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 535 ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN Sesión núm. 46 celebrada el lunes, 26 de junio de 1995

ORDEN DEL DIA: Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados. (Número de expediente 121/000089). (Página 16279) Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la vista del informe emitido por la Ponencia, del proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados. (BOCG, Serie A, número 105-1, de 3-3-95. Número de expediente 121/000089). (Página 16280)

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.


--RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS. (número de expediente 121/000089.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Economía, aventurando que se nos presenta una larga tarde, espero que fructífera.


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El orden del día es el que SS. SS. conocen. En primer lugar, la ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley sobre supervisión de seguros privados, que espero que SS. SS. ratifiquen.
(Asentimiento.) Queda ratificada por unanimidad.


--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY SOBRE supervisiOn DE LOS SEGUROS PRIVADOS. (Número de expediente 121/000089.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen sobre el informe de la Ponencia acerca del proyecto de ley sobre supervisión de seguros privados.
Es interés de todos los grupos parlamentarios, así como de la Presidencia, concluir a lo largo del día de hoy --incluso, si fuera necesario, a lo largo de la noche de hoy-- el proyecto de ley de supervisión de seguros privados. En todo caso, vamos a ir realizando el debate de acuerdo con los tres bloques de discusión que conocen los portavoces y que iré anunciando en cada uno de los momentos, pero las votaciones se producirán al final de la discusión del proyecto de ley y, de todas formas, no antes de las nueve de la noche.
El primer bloque de discusión del informe de la Ponencia afecta a consideraciones generales y modificaciones que, a través del proyecto de ley, afectan a determinados elementos del seguro en España. El debate se circunscribirá a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y que hacen relación a los artículos 1 a 63, ambos inclusive; 70 a 90, ambos inclusive; disposiciones adicionales primera a décima y la decimotercera; disposiciones transitorias primera a cuarta, sexta a décima, duodécima, decimotercera y decimocuarta; disposición derogatoria, y disposiciones finales primera a cuarta, ambas inclusive, y la exposición de motivos.
El segundo bloque de debate hará referencia a las mutualidades de previsión social y afectará a los artículos 64 a 69, ambos inclusive; disposición adicional decimocuarta, y transitorias quinta y undécima.
Por último, el tercer bloque hará referencia a los planes y fondos de pensiones, que, si la memoria no me falla, afecta a las disposiciones adicionales undécima y duodécima y a las disposiciones transitorias concordantes con estas disposiciones adicionales, que serían la decimoquinta, decimosexta, decimoséptima y decimoctava. Asimismo, aquellas enmiendas que hacen referencia a la creación de alguna disposición adicional nueva, se discutirán en el bloque correspondiente a cada uno de los temas que he explicado anteriormente.
Entramos en la discusión de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios correspondientes al primer bloque. Empezaremos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que son las enmiendas que van de la 170 a la 260, ambas inclusive; 266 a 296; 320 a 335 y de la 341 a la 345, más alguna que igual no he citado y pertenece a este bloque, en cuyo caso no dudo de que el representante del Grupo Parlamentario Popular que intervenga hará referencia a ellas.
Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: En primer término, quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, hacer una valoración general de este proyecto de ley que hoy nos ocupa.
La primera puntualización es que se trata de un proyecto de ley que ya se vio en la legislatura anterior y que, como consecuencia de la disolución de las Cámaras, no pudo ser aprobado. Una vez más vemos una ley un poco --tengo que decirlo con sentimiento tratándose de una ley tan importante-- a la carrera; quizá tengamos que terminar con nocturnidad.
Mi Grupo no ha querido poner ningún reparo a esta cuestión; entendemos que es una ley que es necesario que se apruebe cuanto antes en beneficio de todos, y vamos a intentar cumplir la petición que nos ha hecho el Presidente de la Comisión.
Yo, señor Presidente, voy a hacer, primero, una valoración general de lo que es el proyecto de ley. Es difícil hacer una valoración conjunta de un proyecto tan complejo, que afecta no sólo a casi todas las leyes aseguradoras actualmente vigentes, sino también a otras muchas más o menos directamente relacionadas con la misma, pues al lado de aspectos de la ley que compartimos, como la imperiosa necesidad de trasponer al derecho interno las directivas comunitarias en la materia o el incluir, con valor de ley, un baremo para la indemnización de daños personales en el seguro de responsabilidad civil de vehículos de motor, que ayudará, sin duda alguna, a mejorar la situación del seguro del automóvil en España, contiene también otros aspectos mucho más discutibles e incluso claramente perjudiciales para el seguro español, que, aunque no justifiquen una enmienda a la totalidad del proyecto, nos impiden, por otra parte, poder aportarle nuestro aval y apoyo explícito.
Y es que son muchos, señor Presidente, los aspectos en los que la reforma de la legislación aseguradora acometida por el presente proyecto de ley se nos presenta, entendemos, como una ocasión lamentablemente desperdiciada y perdida, cuando no como una clara involución hacia posiciones neointervencionistas que parecían haberse superado a raíz de la Ley 33/1984, de ordenación del seguro privado, empezando por el título mismo del proyecto de ley, que ya de por sí denuncia su exclusivo fin controlador, sin la más mínima medida de apoyo, fomento y estímulo a un sector clave en la vida económica de cualquier país industrializado y cuya tasa de aseguramiento, en el caso español, está muy por debajo del promedio de los demás países europeos. Intervencionismo, pues, señor Presidente, burocrático y funcionarial que llega a ser asfixiante en algunos campos, como el del control sobre los contratos privados, o la invasión de competencias jurisdiccionales, la deslegalización masiva de los preceptos del proyecto de ley, el incremento de las facultades discrecionales de la Administración y un largo etcétera; aspectos éstos que han merecido

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la rara unanimidad de durísimas críticas nada menos que de los máximos órganos consultivos de la nación, como son el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo General del Poder Judicial, cuyos dictámenes constituyen por sí solo la más rotunda descalificación del proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de su calidad técnico-jurídica como de su oportunidad y conveniencia económico-social.
Si a todo ello añadimos el absurdo incremento de los capitales y fondos mutuales mínimos exigidos por el proyecto de ley a las entidades aseguradoras, atacando con ello de lleno a la competitividad del sector asegurador español, la nula sensibilidad hacia las especialidades de las fórmulas asegurativas de economía social, como son las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social, así como frente a las aproximadamente 200 pequeñas y medianas entidades aseguradoras españolas a las que se pone en riesgo de desaparición, el injusto tratamiento que se otorga al sector asegurador, con unos intereses penalizadores de demora que no se aplican a ningún otro, ni siquiera, señorías, a los deudores frente a la Hacienda pública, entenderemos perfectamente que, desde luego, no es ésta la nueva ley de ordenación e impulso que está necesitando un sector como el asegurador, que, al canalizar y dar estabilidad al ahorro a largo plazo, imprescindible para la agilización de la economía de todo el país, debería merecer, a nuestro juicio, un impulso decisivo de los órganos públicos, al igual que los restantes instrumentos de ahorro y previsión social, como son las mutualidades de previsión social o los planes y fondos de pensiones. De estas dos materias se ocuparán otros dos compañeros de mi Grupo Parlamentario.
Señor Presidente, pasando ya al bloque concreto de las enmiendas que voy a analizar en una sola intervención, sin ni siquiera citarlas porque estoy convencido que los demás señores comisionados conocen su literalidad, voy a referirme a las relativas a este grupo primero de debate y discusión del proyecto de ley que nos ocupa.
Nosotros, en este grupo de enmiendas, hemos perseguido cinco finalidades fundamentales: A) Garantizar una correcta trasposición de las directivas comunitarias, tratando sobre todo de impedir que la aplicación de las mismas, con la transcendental innovación de la autorización administrativa única y del control exclusivo por la autoridad nacional correspondiente en todo el territorio de la Unión Europea, no perjudique a las entidades aseguradoras españolas, ni permita la discriminación en contra que en ocasiones se produce. B) Garantizar el respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes inherentes a todo Estado de Derecho y a nuestro ordenamiento constitucional, para lo que se tratará de reducir al mínimo las potestades discrecionales de la Administración, las deslegalizaciones, el ejercicio estricto de la potestad reglamentaria y el control de la Administración pública sobre la actividad aseguradora, control que debe reducirse a lo estrictamente indispensable para garantizar la solvencia financiera de las entidades de seguro en beneficio de los consumidores y asegurados, pero nunca invadiendo otros terrenos como el de las relaciones contractuales privadas entre las partes, que le deben estar absolutamente vedadas y cuyo conocimiento incumbe en exclusiva --entendemos nosotros-- a los tribunales de Justicia. C) Potenciar y no sólo vigilar, intervenir y controlar, como hace la presente ley, el seguro privado español como instrumento fundamental, que lo es, del ahorro a largo plazo al servicio de la economía nacional y cuyo estímulo y tratamiento en el orden administrativo, contractual o fiscal debe ser similar al de otros productos financieros que cumplen también análogas funciones de previsión social complementaria, como son los planes o fondos de pensiones o las mutualidades de previsión social. D) Una idea que merece la pena resaltar, y a la que se refieren varias de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, es la de mantener la subsistencia como ramo independiente con respecto al ramo de asistencia sanitaria. Estas enmiendas comparten su espíritu con otras del Grupo de Convergència i Unió, del Grupo Vasco y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y nosotros entendemos que si, al menos, cuatro grupos estamos en la misma filosofía con respecto a una división netamente española que ha hecho que estos ramos funcionen perfectamente bien, no entendemos, si no lo exige la Comunidad Europea, por qué ha de acabarse con esta distinción. E) Respecto a las mutuas y cooperativas técnicas, tenemos varias enmiendas que pretenden adecuar la regulación del proyecto a las características personalistas y de riesgo empresarial que tienen este tipo de entidades, permitiendo que los estatutos puedan establecer derechos singulares en beneficio de los socios fundadores, flexibilizando los criterios de reparto de patrimonio entre mutualistas, en caso de disolución, sin circunscribir los derechos acreedores a los mutualistas que lo sean en el momento de la disolución.
Señor Presidente, respecto a las enmiendas presentadas por otros Grupos, algunas de ellas merecen nuestro voto positivo, pero no haré expresa referencia a ellas hasta el momento de su votación, si bien sí queremos adelantar que existen un conjunto de enmiendas del Grupo Socialista que creemos que mejoran el texto del proyecto de ley, como también sucede con las presentadas por otros Grupos.
Para intentar aclarar cuál es el pensamiento de mi Grupo con respecto a las cuestiones planteadas en este primer bloque, voy a dividirlo en siete grupos.
Primero. Capitales y fondos mutuales mínimos. Mi Grupo Parlamentario ha presentado numerosas enmiendas en esta materia, tanto en relación con las cuantías de los capitales y fondos mutuales (enmiendas 197, 198, 199 y 200), como en relación a los plazos de adaptación a las nuevas exigencias de la presente ley, y coincidimos con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y con el Grupo Vasco (PNV) en varias de sus enmiendas. Como es sabido, señorías, los capitales y fondos mutuales españoles son ya hoy, junto con los de Portugal, que siguió los pasos de España, y tras los fuertes incrementos impuestos tanto por la Ley 33/1984 como por el Real Decreto 1390/1988, los más altos de Europa. Con los altísimos incrementos impuestos por el presente proyecto de ley, más su desembolso al cien por cien (actualmente sólo es obligatorio en su 50 por ciento), los capitales y fondos mutuales obligatorios españoles serán ya entre tres y diez veces superiores a los europeos.


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Esta gravísima y, con todo respeto, absurda situación intentamos corregirla parcialmente en el proyecto de ley con la exención de los nuevos capitales a las entidades aseguradoras que cumplan con la totalidad de los requisitos de solvencia hoy exigibles, lo que sin duda soluciona el problema para algunas de ellas, así sucede con la disposición transitoria tercera 1.e), párrafo segundo, pero no para otras muchas pequeñas o medianas entidades actualmente existentes y que pueden seguir prestando un servicio útil en el mercado asegurador español. De ahí que la postura del Grupo Popular sobre el particular la concretemos en estos momentos en los siguientes puntos: 1.º Solicitar que la ampliación y el desembolso al cien por cien pueda efectuarse con cargo a reservas, sin tener que incorporarlo al capital el día 31 de diciembre de 1997, como propone el proyecto en su disposición transitoria tercera, puesto que ello significa situar innecesariamente a las entidades aseguradoras españolas, obligadas a retribuir altísimos capitales, en situación de inferioridad competitiva con las extranjeras con capitales obligatorios muy inferiores. 2.º Que a las mutuas sólo se les exija tres cuartas partes del capital de las anónimas, manteniendo así la proporción hoy existente y teniendo en cuenta la dificultad adicional que para estas entidades de economía social representa el no poder acudir al mercado de capitales. 3.º Que los plazos transitorios de adaptación aumenten, como mínimo, en cuatro años para las sociedades anónimas y en cinco años para las mutuas. 4.º Que las entidades de asistencia sanitaria y decesos mantengan los capitales actualmente exigibles y, en su defecto, se les conceda, como mínimo, un plazo de cinco años para alcanzar el nuevo margen de solvencia que se les exige por ley. 5.º Que se mantenga la reducción de los capitales y fondos mutuales mínimos para las entidades cuyo ámbito geográfico de actuación sea inferior a los dos millones de habitantes, de acuerdo con el artículo 10.4 de la actual Ley 33/1984, y que operen en los ramos citados en el mismo. 6.º Aumentar, como mínimo, hasta cinco años el período en el que las entidades aseguradoras deberán suprimir o incluir en la prima el actual recargo externo, dado que una incorporación automática supondría un crecimiento de las primas muy superior a su importe teórico, con lo que se produciría un fuerte encarecimiento de las primas, en perjuicio de los asegurados.
Segundo: infracciones y sanciones. El Grupo Popular, señor Presidente, ha presentado en relación con este tema más de veinte enmiendas, desde la 233 a la 254, lo que da idea de la importancia que atribuimos a este trascendental aspecto de la ley. Se produce un fortísimo incremento tanto en el número de infracciones y sanciones como, especialmente, en el de infracciones y sanciones graves y muy graves, con un endurecimiento desmesurado de muchas de las sanciones, como las multas, cuya cuantía se multiplica entre cinco y diez veces, de cinco millones de pesetas hasta veinticinco millones y cincuenta millones de pesetas para las infracciones muy graves, según dice el artículo 41.1.b), pese a que las actuales cuantías fueron fijadas con carácter general para todo el sector financiero por la Ley 26/1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Sin embargo, desde el punto de vista de mi Grupo Parlamentario, lo más grave no es este endurecimiento del régimen sancionador, sino la falta de precisión y correcta tipificación de las infracciones, así como la consideración como infracciones administrativas de supuestos que nunca deberían ser sancionados hasta que no recayese sentencia de los tribunales de Justicia. Es el caso, por ejemplo, de la realización de prácticas abusivas o el incumplimiento por la entidad aseguradora de determinados preceptos de la Ley de contratos de seguros, sin que tales incumplimientos o prácticas abusivas hayan sido declarados por los tribunales de Justicia, aspecto éste que fue duramente denunciado, como hoy lo hacemos nosotros, tanto por el Consejo Económico y Social como por el Consejo General del Poder Judicial, como atentatorio, señorías, contra los principios básicos de todo Estado de Derecho, llegando incluso este último Consejo, el del Poder Judicial, a proponer que se modificara el proyecto de ley para exigir que los incumplimientos y prácticas abusivas hayan sido declarados previamente por los tribunales de Justicia.
Otros ejemplos de la falta de correcta tipificación, denunciada por nuestras enmiendas, lo son la consideración como infracciones muy graves de todos los actos u operaciones prohibidas por las leyes o con incumplimiento de sus requisitos, tal cual nos dice el artículo 40.3.b), poner en peligro la gestión sana y prudente de una entidad por la influencia del titular de una participación significativa o los incumplimientos del deber de veracidad informativa, preceptos que, por su vaguedad, imprecisión y generalidad, violan claramente los elementales principios penales de tipicidad y proporcionalidad.
La tercera rúbrica en el bloque de nuestras enmiendas a este grupo de cuestiones sería la intromisión de la Administración pública en el ámbito del Poder Judicial respecto a las relaciones contractuales privadas.
El Grupo Popular ha presentado diversas enmiendas sobre la materia del control de los estatutos, pólizas y tarifas de primas, así como sobre las relaciones contractuales privadas. Así, tenemos las enmiendas 222, 223, 224, 259, 260, con el fin de adecuar a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente las funciones de control de la Administración pública, deslindando claramente las posibles denuncias por incumplimiento de la legislación pública de ordenación y control, en las que procedería el ejercicio por la Administración pública de las potestades sancionadoras y, de otro lado, las relativas a supuestos incumplimientos contractuales, respecto de los que la función de la Administración debería limitarse, todo lo más, a la simple mediación o conciliación entre las partes, pero sin llegar nunca a la imposición coactiva de su particular criterio mediante intimidación o requerimientos, cuya desatención se configura, además, por la ley como determinante de infracción administrativa.
Ya el Consejo General del Poder Judicial, en su informe sobre este proyecto de ley, denunció la peligrosa tendencia a la ampliación de las facultades de la Administración en materia de derecho privado y citó como ejemplo concreto de tales abusos los artículos 24 y 40 del proyecto de ley, relativos a la suspensión o prohibición de los modelos de póliza

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o a los incumplimientos contractuales declarados por la propia Administración.
Pues bien, ninguna de estas recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial han sido tenidas en cuenta en el proyecto de ley, que no sólo mantiene, sino que incrementa sustancialmente las posibilidades de intromisión de la Administración pública en las relaciones contractuales privadas. De ahí que las enmiendas del Grupo Popular no hagan sino recoger la recomendación expresa tanto del Consejo Económico y Social como las del Consejo General del Poder Judicial, exigiendo, primero, que tanto la prohibición de los modelos de pólizas como la modificación de su contenido sea siempre excepcionalísima y circunscrita tan sólo a los casos de manifiesta infracción de los preceptos imperativos de la legislación contractual y, segundo, que la intervención de la Administración en las denuncias por supuestos incumplimientos contractuales se limite a la conciliación o mediación entre las partes, sin declaración sobre supuestos incumplimientos contractuales, cuya competencia incumbe en exclusiva, entendemos nosotros, a la Administración de Justicia.
En cuarto lugar, nos ocupamos de la seguridad jurídica y del principio de legalidad.
Otras muchas enmiendas del Grupo Popular van dirigidas a hacer efectiva la aplicación de los principios, que para nosotros son esenciales, de seguridad jurídica y de legalidad a la actividad aseguradora. En este sentido, se puede citar como ejemplo la enmienda número 345, relativa a la disposición final tercera, que trata de evitar la deslegalización masiva efectuada por dicha disposición al habilitar al Gobierno para alterar, de un plumazo, prácticamente todos los preceptos de la ley, entre ellos los relativos a los capitales o fondos mutuales mínimos o a la forma jurídica de las entidades aseguradoras, de modo que el Gobierno podría, al día siguiente de la entrada en vigor de la nueva ley, multiplicar por lo que quisiera los capitales mínimos exigidos por la misma o sus plazos de desembolso o ampliación o prohibir el ejercicio del seguro a las mutuas o suprimir la forma jurídica de las mutuas de seguro, convirtiendo en papel mojado toda la ley, como digo, y sustrayendo a la soberanía del Parlamento aspectos que son esenciales de la misma, a los que nunca este Parlamento puede ni deber renunciar.
Otro aspecto de este mismo problema es el referente a la potestad reglamentaria de la Administración. Si bien se ha suprimido la pretensión inicial de que la Dirección General de Seguros dictase circulares con valor normativo y reglamentario, se mantiene la posibilidad de que el órgano de control formule recomendaciones. Decimos recomendaciones con mayúsculas y entre comillas, indicaciones generales de actuación a todo el sector asegurador, como se establece en el artículo 70.2, lo que entendemos que es una extraña fórmula jurídica, sin precedentes ni equivalentes en nuestro ordenamiento jurídico, que el Grupo Popular pretende suprimir a través de la enmienda 266.
En este mismo sentido de garantizar la seguridad jurídica, cabe citar varias enmiendas más del Grupo Parlamentario al que represento, como la 182, para exigir que las autorizaciones administrativas sean regladas y se otorguen siempre que se reúnan los requisitos legales para ello, principio antidiscrecional que se reitera en las enmiendas 184 sobre el programa de actividades exigibles a las entidades aseguradoras; la 186, sobre los plazos de resolución y subsanación de defectos de las solicitudes; la 187, sobre solicitudes de ampliación de actividades; la 189, sobre suspensión de la actividad en determinadas organizaciones aseguradoras; la 193, sobre el concepto de vínculos estrechos que impidan, y no sólo obstaculicen, el ejercicio de las funciones de control; la 269, sobre la información a remitir a la autoridad de control, a los solos efectos del control financiero; la 270, sobre el valor de las actas de inspección de seguros, cuya presunción de certeza debe lógicamente circunscribirse a los hechos personalmente constatados y no a sus posibles consecuencias o a valoraciones subjetivas o jurídicas; la 271, sobre la duración máxima de los procedimientos de inspección; la 272, sobre la audiencia previa de la Junta Consultiva de Seguros en todas las disposiciones de carácter general, etcétera.
Son enmiendas que tratan todas de adecuar, señor Presidente, la presente ley a los principios de la Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cuyos principios son casi siempre eludidos, y de hacer efectivo el principio de seguridad jurídica. Cuentan, en la mayoría de los casos, con el apoyo explícito tanto del Consejo Económico y Social como del Consejo de Estado como del Consejo General del Poder Judicial.
Quinto: enmiendas sobre la ley del Contrato de Seguro. En esta materia, el Grupo Popular presenta dos enmiendas, la 284 y la 285, relativa la primera a la modificación del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro y la segunda referida al artículo 73 de la misma Ley.
En cuanto a la modificación del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, se trata de una necesidad unánimemente admitida incluso por el propio Gobierno, al proponer en el proyecto de ley una dulcificación de la desmesurada tasa penalizadora del 20 por ciento anual, si bien la solución propuesta en el proyecto, además de enormemente defectuosa desde el punto de vista técnico-jurídico, resulta insuficiente al mantener una discriminación totalmente injustificada contra todo un sector como el asegurador en el momento presente.
La solución que propone el Grupo Popular se basa en las propuestas realizadas en los respectivos dictámenes por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado, reduciéndolo, en síntesis, a la exigencia a cargo de las entidades aseguradoras que no hayan cumplido su prestación, en el plazo de tres meses desde la comunicación del siniestro, del interés general, más un 25 por ciento, o sea, decimos nada más y nada menos que el mismo interés de demora exigido por el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria para los deudores frente a la Hacienda pública, sanción que entendemos que es suficiente para disuadir a cualquier entidad aseguradora del intento de retrasar maliciosamente el cumplimiento de su obligación.
Lo que, en cambio, parece claro que carece de sentido alguno es el mantenimiento de la tasa actual penalizadora del 20 por ciento, muy superior incluso a la que la Hacienda

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pública exige a sus propios deudores y también por el momento en que se establece el devengo de la misma.
En cuanto a la modificación del artículo 73 de la Ley del Contrato de Seguro, se pretende tan sólo que la configuración de la delimitación temporal de los seguros de responsabilidad civil no se considere como cláusulas limitativas, por cuanto que marcan el ámbito de cobertura de la póliza y el del objeto del seguro, definiendo con precisión el riesgo cubierto, lo que resulta imprescindible para que este tipo de seguros obtenga en el exterior el reaseguro imprescindible para que puedan desarrollarse sin los problemas que la imprecisión actual está originando en este importantísimo ramo del seguro. Se trata, señorías, de que podemos obtener en el exterior, en otros países, el reaseguro de seguros hechos en nuestro país que, de otra forma, sería imposible si no modificamos, como se quiere modificar, el ámbito del artículo 73 de la Ley del Contrato de Seguro.
En sexto término, señor Presidente --y voy terminando--, enmiendas sobre la ley de uso y circulación de vehículos de motor. Las enmiendas números 289 y 293 pretenden mejorar la redacción del proyecto de ley en lo referente al seguro del automóvil, partiendo de la base y reconociendo el avance positivo que ha supuesto la inclusión en el mismo del baremo de indemnización de daños personales, que dotará de previsibilidad y seguridad a este ramo del seguro. Sin embargo, consideramos una medida desacertada y, por tanto, inoportuna, el establecimiento del principio de responsabilidad objetiva para los daños materiales, pues esta medida redundará, con toda seguridad, en un incremento de la irresponsabilidad y de la siniestralidad y, por consiguiente, en un encarecimiento general de las primas, perjudicial para la inmensa mayoría de los asegurados, además de carecer de cualquier justificación jurídica o política, porque no se puede otorgar el mismo nivel de protección a los daños de carácter personal que a los materiales.
Otras enmiendas del Grupo Popular a la ley de uso y circulación de vehículos de motor tratan de fomentar la utilización de la llamada declaración amistosa de accidentes o de permitir un mayor control del fraude, de unos pocos a los que estaba siempre repercutiendo, en perjuicio de la inmensa mayoría de los asegurados que sí que cumplen con sus obligaciones puntualmente. En este punto, y aunque no se refiera directamente a la ley de utilización de vehículos de motor, merece especial mención la enmienda número 221, que trata de garantizar la utilización conjunta por parte de las entidades aseguradoras de los ficheros necesarios para la persecución del fraude, único medio, entendemos, junto con la mejora de gestión de las propias compañías, de reducir la siniestrabilidad y conseguir así un abaratamiento del producto asegurador en beneficio de consumidores y usuarios.
Y séptimo, enmiendas relativas a la transposición de las directivas comunitarias, un conjunto de enmiendas, las números 175, 176, 177, 185, 196, 214, 215, 264, 267, 275, 276, 282, 291, 320 y 340, que tienen como finalidad garantizar una transposición correcta del conjunto de directivas comunitarias que incorpora el proyecto de ley de supervisión de los seguros privados. De todos estos textos comunitarios, tiene especial importancia las denominadas terceras directivas, cuya finalidad, como SS. SS. saben, es instaurar un sistema de autorización única y de control por el país de origen que permita a las entidades aseguradoras circular libremente por el seno de la Unión Europea.
El texto del proyecto, lejos de recoger los preceptos de la directiva y, lo que es más importante, el espíritu liberalizador que caracteriza a las mismas, para permitir que las entidades aseguradoras españolas puedan competir en igualdad de condiciones con las del conjunto de los países de la Unión Europea, realiza una interpretación restrictiva de los mismos, atribuyendo al órgano de control español --Dirección General de Seguros-- más facultades que las permitidas, en detrimento del sector asegurador español. Así, por ejemplo, la prohibición de gestionar directamente los fondos de pensiones supone una restricción del ámbito de actuación de las entidades aseguradoras españolas que no afecta, sin embargo, a aquellas que, a través de sucursales o libre prestación de servicio, realicen este tipo de operaciones en el mercado español.
Las enmiendas presentadas por nuestro Grupo están orientadas a obtener un tratamiento equivalente al otorgado a las entidades aseguradoras del resto de los países de la Unión Europea, así como a impedir que la Administración se arrogue una serie de atribuciones que, lejos de favorecer el desarrollo del seguro español, pueden constreñirle a trabajar en un ámbito nacional que, en el nuevo contexto del mercado único, sería comparable a un ámbito provincial.
Señor presidente, con estas, yo entiendo dentro de la extensión, breves consideraciones, doy por terminada esta intervención, en nombre de mi Grupo, que ha intentado llevar claridad a las enmiendas que hemos presentado al primer bloque sobre cuestiones que esta tarde vamos a tratar, no sin dejar de reiterar lo que al principio dijimos: es demasiada ley para tan poco tiempo, señor Presidente, y hubiera sido menester, porque se han mezclado mucho las cuestiones, no sólo lo que son los preceptos de seguro estricto, sino fondos de pensiones y mutualidades, con algo que tiene mucho que ver con el desenvolvimiento económico de la nación española y que, por tanto, hubiera sido bueno que no lo tuviéramos que hacer a uña de caballo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para la defensa de sus enmiendas números 347 a 361, 367 a 407 y 433, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, quiero hacer también una muy breve consideración general sobre la ley y, después, pasar, de la forma más inteligible posible, aunque resulta difícil, dada la complejidad de la ley, a defender, si no de forma pormenorizada, al menos de forma diferenciada, nuestras enmiendas a este segmento de la ley que vamos a discutir en este primer bloque.
Sobre la ley quiero decir, como ha mencionado algún otro portavoz, que es una ley muy compleja y muy amplia; seguramente demasiado compleja y demasiado amplia

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para ser tratada legislativamente en un sólo texto normativo que incluye modificaciones de leyes muy distintas, diferentes, no dispares, pero sí distintas y diferentes. Esta es una primera consideración, seguramente sólo hecha a beneficio de inventario, pero que merece la pena que conste en el «Diario de Sesiones». A todo lo anterior deseo añadir que el tiempo que nos hemos dado para el debate de la propia ley es muy exiguo y va a requerir de todos los ponentes y portavoces la mayor concentración posible en el uso de los tiempos y en la claridad y contundencia en las argumentaciones.
Dicho esto sobre la ley, nos parece una ley, en general, positiva. No le hicimos enmienda a la totalidad, sino que hemos pretendido mejorarla y modificarla desde nuestros puntos de vista. Sin embargo, en líneas generales, nos parece una ley positiva, por cuanto introduce --en algunos casos nosotros llegamos a introducir todavía más-- cautelas en defensa de los asegurados en el tramo de la ley que se refiere a los seguros privados. Lo que otros pueden calificar de intervencionismo y burocratismo, para nosotros es defensa del legítimo interés de los tomadores del seguro y de los asegurados, y en este sentido apoyamos la ley. Incluso pretendemos introducir mejoras en la línea de garantizar los derechos a la información y al resarcimiento, por vía material o pecuniaria, de los problemas que sobrevienen a los asegurados o a los tomadores del seguro. Por tanto, repito, en el segmento de modificación de las leyes que afectan a la actividad aseguradora privada, nuestras enmiendas irán en la línea de reforzar la información a los asegurados y tomadores de seguro, de reforzar sus intereses y de rechazar la pretensión de introducir un baremo que cuantifica las indemnizaciones en caso de lesiones producidas en la ley de uso y circulación de vehículos a motor. Nos parece incluso que esto puede ser anticonstitucional, pero tiempo habrá de discutirlo.
Respecto de las mutualidades --segundo bloque o segmento importante de este proyecto de ley que consideramos--, nuestra posición es la de asegurar la exquisita simetría entre la condición de asegurado y mutualista. Cualquier tendencia que pretenda desplazar la posición de asegurado respecto de la de mutualista no contará con nuestra aquiescencia, vengan de donde vengan las enmiendas que puedan preconizar esta posición.
También creemos que no se debe propiciar en la ley --y no lo hace hasta ahora-- la conversión, directa o indirectamente, de forma franca o de forma subrepticia, de las mutualidades en simples entidades aseguradoras.
Creemos que las mutualidades son mutualidades, deben continuar siéndolo y no deben deslizarse hacia un campo que no es el suyo, que sería el de las entidades aseguradoras.
Referente a los planes y fondos de pensiones --por señalar los aspectos más relevantes del proyecto de ley--, nosotros aceptamos alguna de las enmiendas propuestas, concretamente del Grupo Socialista, aunque pensamos que las nuestras en este aspecto que voy a precisar son mejores; me estoy refiriendo a la posibilidad de los planes y fondos de pensiones sectoriales, que creemos que vienen mejor definidos en enmiendas provenientes de nuestro Grupo que no en las de otros grupos. Pero queremos señalar que éste es un aspecto fundamental que hay que incorporar a la ley y que nosotros vamos a defender que así sea; es decir, que puedan producirse, por vía de convenios colectivos, por vía de negociación, planes supraempresariales de fondos de pensiones.
Estamos también a favor, de una forma clara y rotunda --no aparece en el proyecto de ley, no aparece en otras enmiendas, serán las únicas las nuestras-- de la externalización de los fondos de pensiones, tanto en la banca como en las compañías eléctricas, a las que de forma subrepticia pretende el proyecto de ley descargar de esta obligación o demorarlo en el tiempo y a una simple disposición reglamentaria, nos vamos a oponer a ello. Vamos, con nuestras enmiendas, a defender sobre todo al partícipe de los fondos de pensiones, entendiendo que es el soberano de su aportación y que el partícipe o el conjunto de partícipes deben ser, en última instancia, los que decidan cuál es la orientación, el sentido, el fondo y la gestión del plan y del fondo de pensiones, dando las correspondientes indicaciones a las entidades gestoras de estos planes.
Dicho esto, señor Presidente, y espero que para mayor claridad, voy a desgranar numéricamente las enmiendas que mantenemos al primer bloque que usted ha enumerado, haciendo una brevísima relación de las mismas y de su contenido.
Las enmiendas números 374 y 375 pretenden separar los ramos de enfermedad y de asistencia sanitaria, y no como hace el proyecto de ley, que pretende fundirlos en un solo ramo. Creemos que no es la tradición, no es adecuado y además no nos parece bien cuando en el segmento público de la asistencia sanitaria está perfectamente separado lo que es asistencia sanitaria de lo que son rentas de sustitución por estar enfermo. Nuestras enmiendas van en este sentido.
Habría que añadir a esta argumentación las enmiendas números 349 y 367, que vienen a reclamar para las entidades aseguradoras que actúen en el ramo de asistencia sanitaria un informe preceptivo no sólo de la Dirección General de Seguros, sino también del Ministerio de Sanidad por razón de los servicios que aseguran estas entidades.
La enmienda 352 viene a ser una garantía de los tomadores de seguro en el caso de cesiones parciales o totales de cartera. No merece mayor comentario que el de la justificación de la propia enmienda.
Las enmiendas números 350, 351, 353, 354, 369, 370, 371 y 377 son todas enmiendas tendentes a introducir en el articulado de la ley, donde mejor procede --cada una de ellas así lo especifica-- el papel de los actuarios de seguros en la supervisión y propuesta de los cálculos actuariales de las compañías de seguros. Por tanto, el hilo conductor de todas estas enmiendas que acabo de mencionar es la introducción, con rango de ley, del papel que los actuarios deberían tener en estos complejos cálculos matemáticos, de provisiones técnicas, etcétera, que estos profesionales realizan y en la ley no queda claro que deban siempre encomendarse a actuarios, como nosotros proponemos con nuestras enmiendas.
Las enmiendas números 355, 356, 357, 358, 359, 360 y 361 vienen a proteger al asegurado frente a las compañías

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de seguro, reclamando, en unos casos, mayor deber de información de las compañías aseguradoras; reclamando, en otros, cuando cambien las circunstancias del seguro, el que sea notificado inmediatamente cuáles son estos cambios, a qué han obedecido y qué consecuencias pueden tener para el asegurador, en definitiva, reclamando más y mejores derechos de información al tomador del seguro e incluso a los asegurados por parte de las compañías aseguradoras.
La enmienda 372, junto con la 379, pretende que las compañías aseguradoras que actúen en comunidades autónomas con más de una lengua oficial, tengan la obligación de comunicar a los asegurados los asuntos pertinentes en las dos lenguas oficiales. Se produce así un perfecto y exquisito reconocimiento de lo que mandata nuestra Constitución.
La enmienda 378 viene a reclamar una mayor independencia de los peritos tasadores en la elaboración y emisión de sus dictámenes frente a lo que pueda ser su situación actual, ya que estas personas dependen de las propias entidades aseguradoras, y esto, de alguna forma, no avala su independencia de criterio a la hora de emitir un dictamen de tasación sobre daños del tipo que sea, sobre un vehículo siniestrado o cualquier otro tipo de daño que deba tasarse. Pretendemos, con nuestra enmienda, que estos peritos tasadores gocen de mayor independencia y, por tanto, que la misma redunde en beneficio del asegurado al hacer dictámenes de acuerdo con los daños percibidos y no con lo que puedan ser los intereses de las compañías aseguradoras.
Las enmiendas números 380, 381, 382 y 383 también vienen a defender intereses de los tomadores de seguro o asegurados en la percepción de sus indemnizaciones, penalizando, a veces incluso más de lo que hace el proyecto de ley, las demoras en la percepción de contraprestaciones pecuniarias, por parte de estas personas, de las compañías aseguradoras.
Entendemos que son también enmiendas que van en la línea de defender los intereses de los asegurados y tomadores del seguro.
Las enmiendas 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 y 407, señor Presidente, vienen de forma escalonada, coherente y más o menos racional a impugnar lo que en la disposición adicional octava que modifica la Ley de uso y circulación de vehículos a motor, es el paradigma final, el anexo. Anexo donde, a través de un baremo, se pretende tabular las cantidades que deben hacerse efectivas cuando los tomadores de seguros o asegurados sufren determinados riesgos o daños en sus personas o bienes.
Creemos que el conjunto de estas enmiendas es importante, así como el espíritu que las anima, por cuanto que podría pecar de inconstitucionalidad lo que se prevé en la ley. Si SS. SS. han estudiado toda la disposición adicional octava y las tablas que vienen al final como anexo de la misma, verán cómo se producen discriminaciones absolutamente incomprensibles, en razón de la edad, en la determinación de las cuantías a percibir por la desaparición física de una persona.
Resulta que la vida, según las aseguradoras, vale una cosa u otra según se tengan más o menos de 65 años, más o menos de 75 años, o más o menos de 80 años. No es ninguna trivialización, sino elementos muy importantes que cabría ponderar adecuadamente y reflexionar sobre si este anexo cabe en nuestra Constitución española, ya que se producen unas discriminaciones no fundamentales, muy serias y muy graves, que creemos que no deberían aceptarse en la forma como viene propuesta en el proyecto de ley, y por esto hemos presentado este conjunto de enmiendas que acabo de relacionar.
Finalmente, señor Presidente, hay una enmienda especial que quiero tratar separadamente, la 385, que viene a crear un nuevo artículo en esta disposición adicional octava de la Ley de uso de vehículos a motor en favor de los vehículos autotaxi. Estos vehículos tienen una siniestralidad agravada pero sin ningún tipo de compensación para sus propietarios, sucediendo que el seguro de los mismos resulta tan gravoso que la explotación de las licencias de autotaxi está cada vez más sometida a la imposibilidad de producir beneficios a sus propietarios. Lo que se propone es equiparar los seguros para el autotaxi a lo que son los seguros para las ambulancias y vehículos contra incendios, que, teniendo una siniestralidad agravada, tienen mecanismos de compensación entre las compañías de seguros para poder ofrecer pólizas a mejor precio a este tipo de vehículos.
Creemos que una solución al problema del taxi en ciudades importantes --me estoy refiriendo a Madrid y Barcelona, pero también a otras ciudades españolas que están en esta misma problemática--; una solución, repito, no digo la única, podría venir si esta Comisión aceptase libremente nuestra enmienda o alguna transaccional sobre lo que es su idea en favor de los propietarios de licencias de autotaxi cuando tienen que asegurar su vehículo para poder circular.
Señor Presidente, con estas explicaciones pormenorizadas, no sé si más inteligibles o menos que cuando se hace una exposición global, termina nuestra defensa del primer bloque de enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Concluida la defensa de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, doy la palabra al señor Homs para que defienda las enmiendas a este bloque en discusión, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor HOMS I FERRET: Quiero hacer unas primeras consideraciones generales al inicio de la tramitación en esta Comisión del proyecto de ley de supervisión de seguros privados, que vienen a fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario en torno al mismo.
Nuestro Grupo no se ha opuesto al proyecto de ley de supervisión de seguros privados que nos propone el Gobierno, porque consideramos que es un proyecto de ley necesario, ya que la actual situación normativa interna requiere la adaptación a todas las disposiciones equivalentes de ámbito comunitario, y por esa razón, señor Presidente, nosotros, de entrada, no nos hemos opuesto.
No obstante, quiero anticipar, señor Presidente, que el Grupo Parlamentario Catalán entiende que el sector afectado y directamente relacionado con esta ley requiere de un marco armonizado con las disposiciones hoy existentes

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en otros países de Europa y entrar en un proceso de adaptación y de reestructuración para poder afrontar, con mejores capacidades de competencias, el futuro inmediato.
Llevamos un gran retraso en torno a ese proceso de adaptación normativa y, por consiguiente, no consideramos necesario retrasar, en modo alguno, la adaptación que se nos propone en este proyecto de ley.
No coincidimos con las propuestas que nos hace el Gobierno en algunos aspectos concretos de la literalidad de la reforma y de la adaptación que nos sugiere el Gobierno en estos momentos, porque consideramos que en algunos de sus extremos es excesiva la interpretación que se hace de las directivas comunitarias y se va más allá de lo que estrictamente dibuja el marco comunitario. También en otros aspectos consideramos desacertadas las interpretaciones en los marcos que se establecen en el proyecto de ley por no tener en cuenta, a nuestro juicio, las propias circunstancias que envuelven al sector y por no tener tampoco presentes muchas de las características actuales de las entidades aseguradoras que se ven afectadas por el marco normativo de este proyecto de ley.
Se regula, a nuestro juicio con algún desacierto, el ámbito de las entidades de seguros y estamos en total disconformidad con lo referente a la legislación que regula las mutualidades de previsión social. Creemos que se afrontan parcialmente, sin adoptar las medidas que hoy se requieren, todo lo relativo al ámbito de planes y fondos de pensiones. No se entra en materia tributaria, que es uno de los elementos más importantes para la dinamización de todo lo relativo a planes y fondos de pensiones. Se impone, a nuestro juicio, un proceso de externalización a las empresas de obligaciones internas de pensiones, que requiere de una cierta revisión, más flexibilidad y quizá también alguna revisión de naturaleza fiscal en el proceso que se dibuja en este proyecto de ley, y, en definitiva, no se abordan las cuestiones fundamentales en relación con el seguro que, a nuestro entender, es todo lo relativo al marco fiscal que deben tener las distintas figuras que hoy están relacionadas con esas actividades económicas.
Esas son, en síntesis, las consideraciones en torno a las cuales nuestro Grupo plantea enmiendas de naturaleza técnica, algunas de ellas importantes y otras de menor trascendencia, y siguiendo la estructura que el Presidente ha dibujado o definido para la tramitación de este proyecto de ley en esta Comisión, voy a estructurar también mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Si me permite un momento, sin cortarle, señor Homs, primero decir que en mi intervención anterior había manifestado que el artículo 69 formaba parte del segundo bloque. Era un error mío y forma parte de este primer bloque, que coincide con el primer papel que les hice llegar a SS. SS. y que he corregido después, pero el artículo 69 tiene que ver con este primer bloque, repito, y no con el segundo sobre mutualidades.


El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente, yo ya lo tenía así anotado.
Gracias por recordármelo de todas formas.


El señor PRESIDENTE: No dudaba yo de que S. S. cazara los errores de la Presidencia.


El señor HOMS I FERRET: La nota que usted mismo me entregó ya hacía mención a ello y, por tanto, me ha sido muy fácil organizarme en base a ese criterio, teniendo en cuenta que el artículo 69 está en ese primer bloque.
Decía, señor Presidente, en referencia a las enmiendas de ese primer bloque relativo a todo el ordenamiento interno en materia de seguros privados de las directivas comunitarias, que, en términos generales, la posición de mi Grupo es la de aceptar la armonización o aproximación que nos propone el Gobierno, con algunas discrepancias puntuales que son las que recogen las 59 enmiendas que se definen en este primer bloque señalado por la Presidencia. De estas 59 enmiendas --va a ser un poco complejo, señor Presidente, referirme a ellas--voy a intentar seleccionar las que, a mi juicio, son las más importantes para mencionar algunas de las modificaciones puntuales que nuestro Grupo entiende que deberían considerarse.
La enmienda 442 tiene por finalidad modificar, en el artículo 1, apartado d), donde se define el objeto de la ley, el concepto de lo que se entiende por Estado miembro de localización del riesgo. Señor Presidente, nuestro Grupo quisiera que cuando el seguro se refiere a vehículos de cualquier naturaleza, se adicione a la definición de Estado miembro la referencia a vehículos de cualquier naturaleza. Creo, señor Presidente, que esta modificación es más adecuada con lo que establece la Directiva 88/357 de la Comunidad Económica Europea.
La enmienda 443 tiene por finalidad recoger una aspiración que tienen los colectivos profesionales de peritos de seguros y comisarios de averías en torno a esta ley. Señor Presidente, en el artículo 2 del proyecto de ley se establece el ámbito subjetivo y principios de reciprocidad del proyecto y se dice qué personas físicas y jurídicas quedan sometidas a los preceptos de esta ley. Creemos, señor Presidente, que hay que mencionar específicamente en ese apartado b) los colectivos profesionales que quedan sometidos por otros preceptos y artículos del proyecto de ley.
Por esa razón proponemos incorporar en dicho apartado la referencia a los peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías, puesto que hay artículos en este proyecto de ley que regulan su función y su actividad en relación con esta legislación.
La enmienda 444 la doy por defendida en sus propios términos. Asimismo también la enmienda 445, que tiene por finalidad, como muchas otras, señor Presidente, respetar las competencias de las comunidades autónomas en relación con ese ámbito temático, puesto que en muchos artículos y disposiciones se vulnera la existente realidad competencial de algunas comunidades autónomas que en estas materias tienen reconocidas competencias, y no sólo por la legislación existente, sino incluso por la jurisprudencia generada por el Tribunal Constitucional y tribunales jurisdiccionales. Creo, señor Presidente, que ésta es una cuestión recurrente, y haré mención a ella en varias ocasiones, porque entendemos que en varias de las disposiciones de este proyecto de ley se ignoran plenamente las

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competencias de las comunidades autónomas sobre las materias en términos de entidades de seguros y de mutualidades.
La enmienda 446 tiene por finalidad, señor Presidente, suprimir el artículo 8 del proyecto de ley. Dicho artículo es el que hace mención a los vínculos estrechos dentro de la sección primera que regula las formas jurídicas de las entidades aseguradoras. Nuestro Grupo considera que dicho precepto, que recoge los principios de la propuesta de directiva sobre reforzamiento de la supervisión prudencial, no debería incorporarse en el proyecto de ley, puesto que todavía no ha sido aprobada por la Comunidad dicha disposición. Por esta razón, creemos que es prematuro incorporar el repetido artículo en el proyecto de ley.
La enmienda 447 tiene por objeto resolver la interpretación de la derrama activa dentro de las entidades de seguros. Concretamente, el artículo 9 hace referencia a las mutuas y cooperativas a prima fija, y en su apartado e) se establece que los resultados de cada ejercicio darán lugar a la correspondiente derrama activa o de retorno. Nuestro Grupo propone que en cuanto proceda al establecimiento de dicho retorno o de dicha derrama activa, no tenga la consideración de rendimiento para los mutualistas; es decir, reconsiderar el marco fiscal y tributario de estas derramas del retorno de dichas entidades. Creo que la redacción que se propone encaja perfectamente con las últimas interpretaciones judiciales al respecto.
La enmienda 448 tiene por finalidad la modificación del artículo 13, que hace referencia a los capitales sociales y fondos mutuales. Nuestro Grupo en este sentido hace pocas consideraciones a los apartados a) y c) de dicho primer punto, que define las cuantías de capital social y fondo mutual, pero sí quiere cuestionar lo relativo a las entidades que hacen prestaciones de servicios sanitarios.
Esta enmienda, como las siguientes, intentan hacer reconsiderar el marco normativo para estas exigencias de capital social y fondos mutuales cuando se trata de entidades de seguros de asistencia sanitaria. Por ello proponemos que al final del apartado b), donde se establece el límite mínimo de capitales sociales en 350 millones --quiero recordar a SS. SS.
que actualmente son 60 millones, por consiguiente se hace un incremento importante de exigencia mínima de capital social para estas entidades que prestan servicios de asistencia sanitaria-- se añada el párrafo que les proponemos, y es que en el caso de entidades aseguradoras que únicamente practiquen los seguros de asistencia sanitaria y decesos y limiten su actividad a un ámbito territorial con menos de dos millones de habitantes, es decir, que solamente den este tipo de prestaciones y su ámbito territorial destinado sea el límite de población inferior a dos millones de personas, puedan poseer solamente la mitad del capital o fondo mutual previsto en ese párrafo anterior, pasando la cantidad de 350 a 175 millones.
La siguiente enmienda --la 449-- tiene esa misma finalidad. Propone una cifra de capital mínimo para estas entidades aseguradoras, que sería de 120 millones de pesetas, por entender que dicho límite es suficiente cuando se trata de entidades de estas características.
La enmienda 450 tiene por finalidad que en lugar de exigir el desembolso al cien por cien de dicho capital, sea de tres cuartas partes.
Actualmente se mantiene para el régimen transitorio en el 50 por ciento, y entendemos que pasar de la exigencia del 50 por ciento que establece la ley, en las nuevas que se constituyan al cien por cien, es una diferenciación demasiado importante. Por consiguiente, proponemos que sea de tres cuartas partes la exigencia de desembolso para las nuevas entidades que presten servicios de asistencia sanitaria en exclusiva.
La enmienda 451, señor Presidente, la doy por defendida porque tiene la misma finalidad que ha sido ya expresada por los demás portavoces, que es reconocer el ramo específico para las entidades que desarrollen prestaciones de naturaleza sanitaria. Se trata de definir la asistencia sanitaria y las prestaciones de deceso como un ramo específico dentro del que el proyecto de ley contempla en estos momentos. El artículo 18, como saben SS. SS., ya define los distintos ramos, ya hace mención a ellos, y por eso nuestro Grupo entiende que hay que hacer una salvedad, una diferenciación cuando se trata del ramo de asistencia sanitaria.
La enmienda 452 tiene por finalidad posibilitar que las facultades de intervención de la Administración en los modelos de pólizas contractuales entre particulares sólo puedan ejercitarse en los supuestos plenamente justificados en que se comprueben graves infracciones de la legislación imperativa contractual en perjuicio de los asegurados, en el convencimiento de que debe limitarse al máximo la intervención administrativa en las relaciones contractuales privadas cuya competencia general en caso de conflicto entre las partes incumbe, a nuestro juicio, tan sólo a los tribunales de justicia.
La enmienda 453, al artículo 40, apartado 3, letra h), tiene por objeto explicitar de manera efectiva la competencia exclusiva de los tribunales de justicia para determinar los incumplimientos contractuales de las entidades aseguradoras.
Las enmiendas 454, 455 y 456 tienen la misma finalidad.
La siguiente enmienda, la 457, se plantea al artículo 56, que regula el régimen de libre prestación de servicios y define las actividades en régimen de libre prestación de servicios. Nuestro Grupo, señor Presidente, plantea suprimir la letra d) de dicho precepto porque ni el artículo 35 de la tercera Directiva, vida, ni en el mismo artículo de la tercera Directiva, no vida, aparecen recogidas las referencias que sí hace el proyecto español relativas a la obligación de cumplir los requisitos del Estado miembro de la prestación.
También, señor Presidente, planteamos revisar el artículo 62 en relación con la protección administrativa. Este artículo 62 tiene por objetivo definir cuál es el ámbito de protección administrativa. A nuestro juicio es excesivo. Dice su apartado primero que el Ministerio de Economía y Hacienda protegerá la libertad de los asegurados para decidir la contratación de los seguros, y añade: «y el mantenimiento del equilibrio contractual en los contratos de seguro ya celebrados».


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Señorías, nuestro Grupo entiende que el que el Ministerio de Economía y Hacienda tenga por objetivo el mantenimiento del equilibrio contractual en los contratos de seguros ya celebrados es una referencia excesivamente general y poco definida y proponemos su supresión.
Asimismo, en su segundo apartado proponemos una nueva redacción. Parece conveniente, a nuestro entender, que los poderes públicos, a través de la Dirección General de Seguros, deben intervenir también en la defensa de los asegurados cuando éstos denuncien lesiones a sus derechos o prácticas abusivas por parte de las entidades, pero esta protección administrativa nunca debe traducirse en imposiciones forzosas de los criterios administrativos en los modelos de pólizas o en las relaciones contractuales privadas, puesto que ello supone, de hecho, una intromisión, a nuestro entender, en esferas propias de la libre autonomía contractual privada, cuyo conocimiento y resolución incumbe exclusivamente, en caso de conflicto, a la autoridad judicial.
Paso, señor Presidente, a las enmiendas de este bloque que hacen referencia a los artículos 67 y siguientes. Este grupo de enmiendas, unas veinte, intenta hacer referencia a todos los temas relativos al reaseguro.
En el artículo 67, señor Presidente, nuestro Grupo dice, en su punto 2, letra c), que el reaseguro implica la no asunción de riesgos, por lo que los requisitos de margen de solvencia y provisiones técnicas, a nuestro juicio, serán cumplidos por la propia entidad aseguradora.


El señor PRESIDENTE: Perdone que le corte, señor Homs. El artículo 67 forma parte del segundo bloque, y hace referencia a los fondos mutuales y garantías financieras. Quizás tenga algún pequeño error.


El señor HOMS I FERRET: Es verdad, señor Presidente. Le agradezco que me enmiende, porque me da la sensación de que es el único que me escucha.
(Varios señores Diputados: No, no.)

El señor PRESIDENTE: Estoy convencido, señor Homs, de que le están escuchando todas las señorías y no solamente el Presidente.


El señor HOMS I FERRET: En cualquier caso, sigo con las enmiendas que me quedan por hacer mención, que son las que voy a comentar a continuación.
La enmienda 484 se refiere al artículo 69, en el que se definen los ámbitos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas en estas materias. El artículo 69 establece la distribución de competencias, y nuestro Grupo plantea una revisión de la redacción del texto que propone el Gobierno.
A nuestro juicio, señor Presidente, el proyecto de ley deja prácticamente vacía la competencia de las comunidades autónomas en materia de mutualismo. Hasta ahora la Ley de ordenación del seguro privado reconocía que las comunidades autónomas tenían competencia legislativa plena en materia de mutualismo, que debía respetar las bases de ordenación del seguro privado. La regulación que se presenta ahora da un giro radical y parte del principio de la competencia legislativa del Estado en materia de mutualismo, atribuyendo únicamente a las comunidades autónomas competencias en materia de organización de las mutualidades.
Por eso, señor Presidente, proponemos una redacción distinta a la que contiene el proyecto de ley y esperamos que el Grupo Parlamentario Socialista pueda comprender que ese cambio normativo planteado en estos momentos es prácticamente inconsistente. No entendemos por qué razón, en el contexto en que nos encontramos, hemos de retroceder en el marco normativo competencia en esta materia.
La enmienda 485 tiene por finalidad concretar explícitamente que los actuarios, peritos y comisarios deben formar parte de la junta consultiva por derecho propio. Por esta razón, en el artículo 73, señor Presidente, que es el que regula la junta consultiva de seguros, en donde se hace mención a todas las entidades y colectivos profesionales que se relacionan con la prestación del seguro, concretamente se dice que dicha junta consultiva de seguros será presidida por el Director General de Seguros, cosa que nos parece razonable y lógica, pero dice que de ella formarán parte como vocales de la misma representantes de la Administración General del Estado, asegurados y consumidores, entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones, mediadores de seguros titulados, organizaciones sindicales y empresariales y corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro privado, pero no se menciona en ningún momento al colectivo de peritos de seguros y de tasadores, que son quienes, en caso de encontrarse frente a un siniestro, deben proceder a hacer las valoraciones correspondientes. Por consiguiente, consideramos la conveniencia de explicitar en esa redacción que recoge el artículo 63, que regula la junta consultiva de seguros, la referencia a los actuarios, peritos y comisarios para que puedan participar en ella.
La enmienda 486, al artículo 74.1, también plantea la necesidad de reconocer que la Dirección General de Seguros lleve un registro administrativo de entidades aseguradoras, pero a la vez que también lleve un registro de aquellos profesionales, de aquellos actuarios, de aquellos peritos de seguros, de aquellos comisarios y liquidadores de averías.
Creemos que este colectivo de profesionales también debería quedar reconocido y recogido mediante un registro en la Dirección General de Seguros, para que, a partir de ahí, pueda tenerse un conocimiento y un seguimiento más estrecho del reconocimiento profesional y la función de esos profesionales en la tarea que desarrollan en la actividad del seguro.
La enmienda 487 tiene por finalidad, señor Presidente, suprimir el segundo párrafo del artículo 78.1, porque consideramos que el control de las entidades aseguradoras, de acuerdo con lo dispuesto en las directrices comunitarias, compete al Estado miembro de origen, por lo que se debe proceder a la supresión del citado párrafo.
Asimismo, la enmienda 488 tiene por objetivo modificar el artículo 78, en sus apartados segundo y tercero, disposiciones comunes de la actividad en España de entidades

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aseguradoras extranjeras. Esto se recoge en el Título III, que regula este ámbito normativo en relación con la actividad en España de estas entidades aseguradoras extranjeras. Proponemos modificar el segundo párrafo del primer apartado y también los apartados segundo y tercero.
Creo, señor Presidente, que esta modificación que proponemos respeta más estrictamente lo que nosotros entendemos que es el espíritu de las terceras directivas y clarifica el régimen de las entidades sujetas a control de otro Estado miembro y que desarrollan actividades en España.
La enmienda siguiente es la 489, al artículo 80.2, que hace referencia a las medidas de intervención. Tiene por finalidad adecuar la redacción del proyecto al espíritu de las terceras directivas, que reservan el control de la actividad desarrollada por una empresa en toda la Comunidad a la autoridad de control de su país de origen y conceden competencias muy limitadas a las autoridades de los estados donde se ubica la sucursal o se produce prestación de servicios.
La siguiente enmienda, la 490, tiene por finalidad adecuar la regulación de la inspección de las sucursales por la autoridad supervisora de origen a lo dispuesto en la normativa comunitaria. Y la 491 también tiene por finalidad el reconocer, en la disposición adicional primera, primer apartado, letra a), apartado segundo, la necesidad de establecer la modalidad de ramo de enfermedad de forma específica. Como otros grupos parlamentarios, el nuestro cree que es impropia la asimilación del ramo de asistencia sanitaria al ramo de enfermedad y, en su defecto, la definición de los seguros de enfermedad de asistencia sanitaria que realiza la Ley de Contratos de Seguros, en los artículos 105 y 106, diferenciando la naturaleza jurídica de estos seguros, nos parece más acertada. Ya sé que entramos en un ámbito de interpretación forzada de la Directiva comunitaria. No obstante, hay dictámenes y razonamientos jurídicos que avalan y justifican esa decisión de mantener un ramo propio para esa actividad específica del servicio de asistencia sanitaria.
La enmienda 492, señor Presidente, tiene por finalidad la misma argumentación. Por consiguiente, no voy a repetirme. Se trata de definir como un punto 20, dentro de toda la definición de ramos de seguro que recoge la disposición adicional primera, el apartado correspondiente, que sería, repito, el 20, que nosotros proponemos que haga referencia al reconocimiento del ramo de asistencia sanitaria.
La enmienda 493 es a la disposición adicional quinta, apartado 1. La redacción que propone nuestro Grupo Parlamentario tiene por finalidad regular las funciones de tercer perito e interpretar mejor la definición de peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías que contempla esa disposición adicional.
Nuestro Grupo considera que deben reforzarse las funciones de formación y de preparación de los profesionales que deben intervenir en los procesos de tercer peritaje. Por tanto, se propone una redacción que fuerza y obliga a que las asociaciones representativas de las entidades aseguradoras y las asociaciones representativas de los peritos tasadores de seguros y comisarios de averías adopten, de común acuerdo, las medidas y requisitos necesarios para que los peritos de seguros y los comisarios de averías que realicen las funciones de tercer perito previstas en el artículo 38 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, puedan desarrollarlo mediante unos criterios mínimamente acordados por ambas partes.
Creemos que es una redacción perfectamente asumible, junto con la redacción que se propone para el apartado d), en el que se insta al Ministerio de Economía y Hacienda a intervenir en el proceso de formación técnica y de cualificación profesional de estos colectivos de peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías.
La enmienda 494 tiene por función introducir en la ley de supervisión de seguros privados una mínima referencia y regulación de los actuarios de seguros como colaboradores inexcusables en la actividad aseguradora, al igual que se efectúa con otros profesionales vinculados al sector, tales como los peritos que he mencionado anteriormente.
La enmienda 495 tiene por finalidad revisar un extremo que ya ha sido mencionado por los demás intervinientes, y es la moratoria que se exige en los momentos de aplazamiento de pagos. Se trata de que la disposición adicional sexta, apartado 2, contemple una reconsideración de los recargos que se exigen por la indemnización por mora. Nuestro Grupo propone que se mantenga la indemnización en el nivel del 50 por ciento y que el interés que se exija sea el interés legal del dinero más el 50 por ciento en lugar del que se propone en el contexto del proyecto de ley, que a partir de un año se exige el 20 por ciento. Consideramos que la exigencia de un porcentaje superior del 20 por ciento es excesivamente elevado, por eso proponemos que se reconsidere tal exigencia.
La enmienda 496 tiene por finalidad suprimir el apartado primero de la disposición adicional séptima del texto del proyecto de ley, donde se contempla la cuantía o porcentaje de la comisión u otros derechos económicos. Este es un punto importante del proyecto de ley. En la modificación que se hace de la ley de mediación de seguros privados, si no se suprime el apartado cuarto, será obligatorio establecer en el documento en que conste el importe de la prima de los seguros de ramo de vida, la cuantía o porcentaje de la comisión u otros derechos económicos en las modalidades en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Estamos absolutamente en contra de esta exigencia. De prosperar la misma, se va a generar un proceso en el mercado que va a ser altamente disfuncional, generando distorsiones, y no comprendemos por qué razón se debe propiciar por parte de la legislación, porque la prestación del producto de seguros se hace en el contexto de muchas otras prestaciones económicas y financieras que distorsionan la definición y la cuantificación de la comisión. Por consiguiente, no entendemos por qué razón se debe exigir esta cuestión. Por eso proponemos suprimir este apartado 1 de la disposición adicional séptima.
La enmienda siguiente, la 497 hace referencia a incluir en la disposición adicional séptima un apartado 14 que delimite con claridad la competencia autonómica de supervisión, que recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a reconocer a las comunidades autónomas que tienen competencia en estas materias.


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La enmienda 498 tiene por finalidad corregir un aspecto con el que también discrepamos en el proyecto de ley. Este proyecto introduce por primera vez el sistema de responsabilidad civil objetiva también en daños materiales, lo que se considera totalmente inoportuno en las presentes circunstancias, dado que producirá un incremento de la siniestralidad, así como un encarecimiento de primas difícilmente asumible por el mercado español, con el consiguiente peligro de que se incremente el creciente número de vehículos que circulan sin seguro. La innovación que se pretende incluir contradice además todas las tendencias actuales del Derecho comparado y ha sido duramente criticada por el Consejo Económico y Social considerándola como un incentivo a la irresponsabilidad y una segura garantía de incremento de la siniestralidad y de las primas de seguro, totalmente desaconsejable en los momentos actuales.
La siguiente enmienda, señor Presidente, ya voy terminando, es la 499, que tiene por finalidad modificar la disposición adicional octava y que se justifica en sus propios términos.
La enmienda número 500 tiene por finalidad incluir la definición del estacionamiento habitual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la primera directiva de responsabilidad civil del automóvil, modificado por el artículo 4 de la segunda directiva de responsabilidad civil del automóvil, en lugar de realizar una remisión a la ley sobre supervisión de los seguros privados.
La enmienda 501 tiene también esta misma finalidad: interpretar mejor la tercera directiva de responsabilidad civil del automóvil, que, a nuestro juicio, debe hacerse de la forma que proponemos.
La enmienda 502 también está en conformidad con lo dispuesto en la segunda directiva de responsabilidad civil del automóvil, que únicamente fija las exclusiones arriba mencionadas, salvaguardando el derecho de repetición contra el responsable y la posibilidad de oponer otras exclusiones.
Señor Presidente, paso a mencionar muy brevemente las últimas enmiendas que me quedan en este bloque, que son la enmienda 535 y siguientes que hacen referencia a los aspectos competenciales.
La enmienda 535 tiene por finalidad suprimir el apartado 2 de la disposición adicional decimotercera, porque creemos que conculca y vulnera las actuales competencias que tienen las comunidades autónomas sobre esta materia.
La enmienda 543 se dirige a suprimir la redacción comprendida entre «el ramo de asistencia sanitaria .../... 2 de seguros distinto al de vida».
Ya he hecho mención a ella, señor Presidente. Es una enmienda relacionada con las que ya he citado que van dirigidas a diferenciar el ramo de asistencia sanitaria en el proyecto de ley.
La 544 tiene también esta misma finalidad. Si el ramo de asistencia sanitaria desaparece como tal, nuestro Grupo entiende que es absolutamente necesario permitir a las entidades que operen en el mismo, y que así lo manifiesten, que se integren totalmente en el ramo del que este seguro va a ser modalidad, pues de lo contrario se causará un grave perjuicio a las mismas, que perderán las ventajas que supone ser un ramo de seguro y no una modalidad, y ello con las garantías financieras que exige la ley actual.
Yo creo, señor Presidente, que éste es un extremo que va a ser necesario revisar brevemente. Nuestro Grupo considera que como mínimo deberíamos revisar todo lo relativo a los plazos de las exigencias que se imponen a este conjunto de entidades de prestaciones de servicios sanitarios --esto, repito, como mínimo-- y luego contemplar la posibilidad de reconocer su especificidad dentro del conjunto de los ramos que se reconocen en el proyecto de ley.
Por eso, en la enmienda 546, que es la siguiente a la que quiero hacer mención, proponemos modificar la letra b), de la disposición transitoria tercera1, ampliando los plazos que ahí se establecen; proponemos ampliarlos para entidades de seguros y también para aquellas otras entidades que prestan servicios sanitarios.
Yo creo, señor Presidente, que esta reflexión debería ser general por parte de todos los grupos. Los plazos que se contemplan en la disposición transitoria tercera son excesivamente cortos. En primer lugar, se han quedado ya cortos porque el proyecto de ley tiene una tramitación lenta, y todo lo que se exige a 31 de diciembre de 1995, que prácticamente será el día siguiente de la aprobación de este proyecto de ley, debería ya contemplar una ampliación. Nuestro Grupo propone una enmienda que pretende ampliar dichos plazos. A nuestro juicio lo razonable sería que todo lo relativo al capital social exigible a 31 de diciembre de 1993, que dice la ley que debe estar desembolsado por las entidades aseguradoras en su integridad el día 31 de diciembre de 1995, debería situarse a 31 de diciembre de 1996, un año como mínimo. Eso para las entidades aseguradoras. En el apartado que sigue a continuación del que he leído, cuando hace referencia al fondo mutual exigible a las mutuas de seguros, que se sitúa a 31 de diciembre de 1996, ese plazo debería estar situado a 31 de diciembre de 1999, dándole así un mayor tiempo de adecuación a las mutuas que a las entidades de seguros.
Creo también que en el apartado e), donde se hace mención a la reserva o a la característica particular para las actuales entidades aseguradoras que hacen prestaciones de servicios sanitarios, dándoles un plazo para poder adecuarse a las exigencias que contempla el proyecto de ley, ese plazo que se les da a dichas entidades hasta el 30 de junio de 1996 debería quedar ampliado también a un plazo mayor, a ser posible también a unos años más, para tener mayor flexibilidad en el proceso de adecuación.
Esta propuesta de revisión de plazos debería ser posible, y por esa razón planteamos este conjunto de enmiendas.
Las últimas enmiendas a las que quiero hacer mención, señor Presidente, hacen referencia a la disposición transitoria séptima, cuyo apartado segundo proponemos suprimir para revisar también los períodos y los plazos que ahí se contemplan. La enmienda 555 tiene por objeto cuestionar esos plazos que contempla la disposición séptima, que son normas transitorias que también podrían ser objeto de revisión, igual que contempla la disposición transitoria duodécima.
Por último, la enmienda 566 tiene por objetivo modificar la disposición transitoria decimoctava, y viene a razonar

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que el mantenimiento de la actividad gestora que ya se viene realizando por las mutualidades y otras entidades no desvirtuaría en absoluto el nuevo régimen que establece la disposición adicional undécima, a la vez que soluciona adecuadamente la problemática que esta misma disposición adicional introduce para aquellas entidades afectadas. Por eso planteamos un nuevo párrafo al final de dicha disposición transitoria decimoctava que venga a decir que las entidades aseguradoras y mutualidades de previsión social que a la entrada en vigor de esta ley estuvieran autorizadas para gestionar fondos de pensiones puedan seguir realizando dicha actividad con sujeción a lo dispuesto en las normativas sobre planes y fondos de pensiones y no se les obligue a retroceder en su actual marco normativo.
La siguiente enmienda es la 568, para nuestro Grupo fundamental, a la disposición final primera, donde se define cuál es el ámbito de naturaleza básica de esta ley, en el que claramente se establece cuáles son los límites competenciales entre la Administración central del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas. El proyecto de ley pretende sustituir la competencia legislativa plena de las comunidades autónomas en materia de mutualismo por una simple competencia de desarrollo normativo. Para ello declara normas básicas todos los preceptos del proyecto de ley, así como los reglamentos que los desarrollan, lo que puede ser contrario a la Constitución y a lo dispuesto en los estatutos de autonomía. Por ello se propone excluir de los preceptos que tienen la consideración de bases de ordenación todos aquellos artículos que no regulen aspectos de solvencia y garantía de las mutualidades. También se elimina la posibilidad de que cualquier norma reglamentaria de desarrollo se atribuya la consideración de base de ordenación simplemente con manifestar que es una norma indispensable para garantizar los objetivos de ordenación. Señor Presidente, si no se revisa esa disposición final primera, esta ley va al Tribunal Constitucional, porque la van a llevar las comunidades autónomas afectadas, ya que se vulnera el marco hoy existente de competencias en materia de desarrollo normativo y de capacidad legislativa de las comunidades autónomas que hoy tienen reconocida competencia en materia de mutualidades.
En síntesis, señor Presidente, éstas son las principales consideraciones de nuestro Grupo en este primer bloque a que he hecho mención, y pido disculpas, señor Presidente, por tener que hacer referencia a tantos temas distintos y tan complejos en tan poco tiempo como tenemos. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
Como yo soy más disciplinado que el señor Homs, he creído a S. S. cuando nos decía que el artículo 69 no se incluía en el primer bloque. Después ha resultado que sí debía incluirse, y yo he omitido la defensa de una enmienda. Pido intervenir ahora para defender esta enmienda al artículo 69.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Se trata de nuestra enmienda 366, al artículo 69.2, en el que proponemos suprimir la locución «o asunción de los compromisos que aseguren». Entendemos que la normativa vigente en materia de mutualidades y la sentencia del Tribunal Constitucional 86/1989, de 8 de mayo, nos amparan plenamente en esta preocupación. Nosotros estaríamos dispuestos en nuestra enmienda, que es de supresión, a cambiarla por una transacción que sustituyese la palabra «o» por la conjunción copulativa «y», es decir, si en el texto del artículo 69 se dijese «ámbito de operaciones y localización de los riesgos y asunción de los compromisos que aseguren, se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, con arreglo a los siguientes criterios...», etcétera, entonces estaríamos de acuerdo. Es decir, nuestra enmienda propone la supresión de las palabras «asunción de los compromisos» o, en otro caso, cambiar la «o» por una «y» copulativa. Creemos que así queda mejor incorporado al texto del proyecto de ley lo que estaba previsto en la Ley 33/1984 y lo que venía a corroborar la sentencia del Tribunal Constitucional 86/1989, de 8 de mayo, que he citado. Con esto, señor Presidente, he incorporado esta enmienda número 366 a la defensa dentro del primer bloque que he efectuado anteriormente.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente, por su comprensión con este Diputado, que tiene que multiplicarse en varias comisiones.
Sin más preámbulos, voy a pasar a defender las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario a este proyecto de ley, proyecto de ley que está intentando superar todo un cúmulo de obstáculos y contratiempos desde primeros del año 1993, me parece, fecha en que se debatió en esta Cámara el proyecto de ley anterior a éste, con otro título, con otro contenido, en muchos aspectos corregido, y creo que también hasta con otros portavoces de grupos parlamentarios. Aunque se suele decir que a la tercera va la vencida, espero que esta vez sea a la segunda y que éste sea el debate definitivo.
Lo cierto es que todo esto, la disolución de las Cortes y la nueva composición del Parlamento, un nuevo Gobierno y una nueva cartera de Economía y Hacienda, quizá ha sido una de las causas fundamentales de este retraso. Pero no sólo esta circunstancia es la que ha demorado la aparición del nuevo proyecto de ley; en realidad, hay que tener en cuenta que el sector asegurador, del que se dice que es la hermana pequeña de la banca, es multimillonario, con una enorme proyección de futuro en el Estado español. Es un sector que, como otros, ha sufrido el impacto de la crisis económica, con las consecuencias de un freno en las previsiones de crecimiento, desaparición de más de un centenar de firmas, reestructuración de costes, funciones,

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alianzas entre compañías o con bancos y cajas de ahorros. Si a esto unimos el gran número de normas que regulan de una u otra forma la actividad aseguradora y la necesidad de adaptación a las directivas comunitarias, coincidiremos en la necesidad y la urgencia en actualizar la Ley del Seguro Privado.
Sin embargo, no estamos de acuerdo en muchos aspectos de este proyecto de ley, aspectos tanto de presentación como sustantivos, y espero que quede reflejado en la defensa de nuestras enmiendas. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con su estructura, una estructura que creemos que es excesivamente compleja, compuesta por tres títulos, donde se regula en 90 artículos el propio ámbito normativo y la actividad de las entidades aseguradoras, tanto españolas como extranjeras, a lo que hay que añadir 14 disposiciones adicionales, 18 transitorias, una derogatoria, cuatro finales. Es una estructura alejada de una correcta, a nuestro entender, técnica legislativa, que complica su aplicación, condensando en disposiciones adicionales, transitorias y finales una extensa normativa que afecta a instituciones con entidad propia, como las entidades de previsión social, a figuras más relacionadas con la canalización del ahorro o los planes de pensiones complementarios a los de la Seguridad Social, normativa que se encuentra incómoda en esta Ley y que debería tener un tratamiento propio y diferenciado.
Tampoco estamos de acuerdo con muchos aspectos sustantivos de esta regulación de la actividad del seguro privado, aspectos que regulan algunas condiciones de acceso a la actividad aseguradora; el tratamiento que se da a las mutualidades de previsión social, puesto que, como hemos dicho anteriormente, entendemos que la regulación de todo lo relativo a la previsión social debe tener un tratamiento específico y diferenciado en un cuerpo doctrinal propio; también entendemos que debe darse un mejor tratamiento a las entidades de seguros de asistencia sanitaria, atendiendo a las peculiaridades, tanto del ramo de asistencia sanitaria como a sus propias características. Por otra parte, echamos en falta un mayor peso específico de los derechos de los asegurados, a pesar de contar con un capítulo dedicado a la protección del asegurado y desde luego no estamos de acuerdo con los aspectos competenciales que limitan las competencias autonómicas, tanto de esta Ley como de la Ley 33/1984. A este respecto, es posible que nuestro Grupo Parlamentario, según como vaya el desarrollo de este debate, solicite, si así considera el Presidente que puede ser oportuno, la avocación al Pleno de este debate.
Pensamos que son muchos los aspectos que deberían mejorarse en este proyecto de ley de supervisión del seguro privado y esperamos que todas estas mejoras puedan ser recogidas a través de la aprobación de las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios, muchas de ellas coincidentes, como se ha podido observar.
Sin más, paso a la defensa de las enmiendas de nuestro Grupo a este primer bloque, siguiendo las indicaciones del señor Presidente. Para intentar racionalizar, incluso, cada uno de estos bloques, hemos agrupado las enmiendas por capítulos o, mejor dicho, por conceptos, de forma que en este primer bloque, en un apartado vamos a tratar todos los artículos referentes a la actividad aseguradora; en otra parte, lo relativo a la asistencia sanitaria; en un tercer apartado, las enmiendas que tratan sobre la Ley de Mediación del Seguro Privado; en un cuarto apartado, las enmiendas relacionadas con el consorcio de compensación de seguro y, finalmente, las enmiendas relacionadas con los aspectos competenciales.
Como decía, en el primer grupo está todo lo relativo a la actividad aseguradora. Por dar comienzo desde las primeras enmiendas, diré que están las que hacen referencia a los requisitos para el acceso a la actividad aseguradora, las enmiendas 3 y 4, que tratan, fundamentalmente, del capital social y del fondo mutual. Son enmiendas similares a las de otros grupos parlamentarios que están en la misma sintonía, por tanto, no voy a entrar excesivamente en su defensa, porque creo que están bastante defendidas ya. Van en la línea de que entendemos que es excesivo, y quizá en algún aspecto desproporcionado, el capital que se exige, tal como está redactado ahora, y si bien el capital de 1.500 millones de pesetas para entidades de vida, caución, crédito, responsabilidad civil y entidades aseguradoras nos parece bien, sin embargo, por lo que respecta al ramo de accidentes, enfermedad y asistencia, así como defensa jurídica y asistencia sanitaria, nos parece que es excesivo. Ahí lo que hemos hecho es partir en dos: por una parte, establecer una cantidad de 120 millones de pesetas para los ramos de accidentes, enfermedad y asistencia sanitaria, y 60 millones para los ramos de defensa jurídica, asistencia, decesos y otros daños. También establecemos que el capital mínimo será totalmente suscrito y desembolsado como mínimo en un 50 por ciento, en vez de en un 100 por cien, como estaba en el proyecto de ley. Lo que pretendemos es reducir la obligación de los capitales mínimos a establecer.
Lo mismo sucede con la enmienda que trata del fondo mutual permanente para las mutuas a prima fija; lo que proponemos es que, además de acreditar un fondo mutual permanente con excedentes de ejercicios sociales, pueda hacerse con cargo a reservas patrimoniales, a cuentas de regularización o a cualquier otro recurso ilícito; ampliar las posibilidades de acreditar el fondo mutual.
La tercera enmienda de este apartado trata del capital social mínimo para entidades aseguradoras que tienen unas ciertas características, es decir, que únicamente practiquen los seguros de asistencia sanitaria y decesos y limiten su actividad a un ámbito territorial con menos de dos millones de habitantes o una comunidad autónoma. Para este caso, deberán poseer solamente la mitad del capital. Ese es el fondo mutual.
Esta es la propuesta que hace nuestro Grupo Parlamentario. Todas estas enmiendas están relacionadas, como digo, con el artículo 13, que trata de los requisitos de acceso a las entidades aseguradoras.
Las enmiendas 5 y 6 están dentro de las condiciones para el acceso al ejercicio de la actividad y tratan del fondo de garantía, fondo de garantía que está recogido en el artículo 18. Lo que se pretende es, por una parte, equiparar el margen de solvencia que constituye el fondo de garantía de las entidades de asistencia sanitaria a los ramos de otros daños en los bienes, en defensa jurídica y en decesos, es

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decir, ramos que únicamente necesitan 200.000 ecus, y entendemos que el ramo de asistencia sanitaria debería estar encuadrado dentro de este grupo. Por otra parte, además, establecer un período transitorio de siete años para que las entidades que operan en el ramo de crédito puedan alcanzar el fondo de garantía mínimo, sin dejar esta norma a un futuro desarrollo reglamentario. Estas son las dos enmiendas de nuestro Grupo al artículo 18.
Por lo que respecta a la inspección de seguros, que está recogida en el artículo 72, nuestro Grupo ha presentado una enmienda, la número 18, con la que se pretende precisar el valor probatorio de las actas de inspección, un valor probatorio que ya el Tribunal Constitucional, en sentencia 76/1990, declaró que el valor de las actas de inspección tributaria y también en los demás expedientes sancionadores y en el orden penal constituye un primer medio de prueba sobre los hechos que constan en las actas y diligencias de la inspección tributaria, cuyo valor y eficacia ha de medirse a la luz del principio de la libre evolución de la prueba: añade que ese valor probatorio sólo puede referirse a los hechos comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones de los inspectores que consiguen en las actas las diligencias.
Es decir, lo que queremos es que los hechos estén probados directamente y que quede fuera cualquier tipo de calificaciones jurídicas o juicios de valor realizados por los inspectores.
Otro grupo es el referente a la disposición adicional novena que trata de la asistencia y previsión social en el sector público y al que hemos presentado la enmienda número 30. Lo que pretendemos con esta enmienda es evitar la discriminación que puede existir entre trabajadores del sector público y del sector privado, posibilitando de esta forma a los organismos públicos promover planes y fondos de pensiones, realizar aportaciones a mutualidades de previsión social o suscribir contratos de seguros. En esta línea también se ha manifestado el Consejo Económico y Social y hay que tener en cuenta que si una empresa privada puede realizar aportaciones a una mutualidad de previsión social, desde nuestro punto de vista no hay ninguna razón que justifique que una empresa pública o cualquier administración pública no pueda realizar dichas aportaciones, máxime si se cumple con el requisito de la imputación fiscal, que automáticamente transforma los recursos públicos en ingresos de derecho privado.
Otro grupo de enmiendas está relacionado con la disposición transitoria tercera que trata de las modificaciones exigidas por la adaptación a la presente ley. Hay un grupo de enmiendas, de la 45 a la 50 inclusive, que tratan fundamentalmente de los requisitos y las condiciones del desembolso del capital social o del fondo mutual que se les exige. Por una parte, creemos que hay que alargar el plazo de desembolso íntegro que se exige, por ejemplo, a la fecha del 31 de diciembre de 1993, y nosotros proponemos que esta fecha quede pospuesta hasta el año 1997. Esto en cuanto al capital social. En cuanto al fondo mutual, que se alargue esta fecha hasta el 31 de diciembre del año 1999. Por otra parte, para las entidades que operan en el ramo de la asistencia sanitaria, entendemos que la cuantía mínima de margen de solvencia exigible debe alargarse hasta el 31 de diciembre del año 1998, alargar también el plazo de desembolso íntegro del capital social o fondo mutual hasta el 31 de diciembre de 1999 y posibilitar que se compute para la cifra mínima del capital, además de las reservas afectas a esta ley, las cuentas de regularización de balances.
Y, finalmente, a este grupo hay dos enmiendas que tratan de permitir la completa adecuación de las entidades de asistencia sanitaria al ramo de enfermedad y la adaptación del recargo de prima, concediendo cinco años para eliminar o incorporar la prima del recargo externo.
Estas son las enmiendas relacionadas con este grupo referido a la disposición transitoria tercera.
Otro grupo es el relativo a la disposición transitoria sexta, que trata de la subsistencia provisional de las normas reglamentarias de las provisiones técnicas. A este apartado hemos presentado la enmienda número 53, que trata de los activos representativos de las provisiones técnicas.
Entendemos que hay que dar la posibilidad de incluir estos activos, representativos de las provisiones técnicas, localizados en países del Espacio Económico Europeo. Parece que esto debería ser lo lógico, dado que existe ya la posibilidad de libertad de movimiento de capitales en el Espacio Económico Europeo.
Con respecto a la disposición final tercera, que habla de la habilitación al Gobierno, está nuestra enmienda número 60, con la que pretendemos suprimir esa habilitación en las condiciones que establece este artículo, dado que las dos condiciones que están impuestas nos parecen totalmente subjetivas, que son de apreciación, y que con ello no puede hacerse que se justifique una deslegalización del contenido del precepto ya que ello llevaría a tener una potestad excesiva la Administración hasta el punto de conseguir reordenaciones sectoriales que nos parece que deben gozar de una seguridad jurídica. Entendemos que esa habilitación al Gobierno debería de ser suprimida.
Y, dentro de este apartado de normas generales, está la potestad reglamentaria que se regula en la disposición final segunda, a la que hemos presentado dos enmiendas, 58 y 59. La 58 trata del desarrollo de la presente ley; pensamos que hay que eliminar la competencia reglamentaria de la Administración central en lo que se refiere a ejecución, que creemos que es competencia de las comunidades autónomas, mientras que por la enmienda 59, que trata de las mutualidades de previsión social, entendemos que se debería establecer un reglamento específico para estas mutualidades, de acuerdo con una serie de consideraciones que voy a dejar para el momento en que se debata el tema de las mutualidades.
Por lo que se refiere a la asistencia sanitaria, entendemos, como también lo han hecho otros grupos, que la asistencia sanitaria es una actividad que requiere un tratamiento específico, porque es una actividad importante. Hay que tener en cuenta que en este momento hay alrededor de 129 entidades que operan en este ramo, que engloban a más de 600 empleados, aparte de los agentes, y que tiene una cartera aseguradora de 1.200.000 asegurados, de los cuales 430.000 son mayores de 70 años. Es un colectivo importante, muy característico, que habría que tener

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en cuenta. Son empresas muy antiguas en general y además tienen un ámbito de actuación que está muy circunscrito geográficamente a regiones o a provincias, aparte de que yo creo que tienen una solvencia bastante demostrada. Existe una serie de consideraciones por las que creemos necesario, obligado incluso, el hecho de que esta actividad de la asistencia sanitaria tenga que ser regulada aparte y no ser absorbida, como se pretende en este proyecto de ley. Sobre esta base, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una serie de enmiendas, una de las cuales, la primera, además con el número 1, lo que propone es sustituir en todos los artículos de la ley donde dice: «Seguro de enfermedad cuando otorguen prestaciones de asistencia sanitaria» por «seguro de asistencia sanitaria». Deslindar ya en el propio texto la actividad de la asistencia sanitaria.
Al margen de esta enmienda, que podría ser general para todo el texto, hay otras enmiendas que están repartidas en el citado texto y de las que voy a hacer tres grupos.
Por una parte, están las que hacen referencia a los ramos de seguros, que están en la disposición adicional primera, y a la cual nuestro Grupo ha presentado cuatro enmiendas, de la 19 a la 22 inclusive. En la 19 se propone incluir en accidente los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. La 20 propone suprimir en enfermedad la asistencia sanitaria y cambiar la reparación por indemnización. La 21 pide añadir un nuevo apartado 20 con el texto exclusivo de: asistencia sanitaria. Y la 22, que está dentro de lo que es el ámbito del ramo de vida, en la que proponemos suprimir en el ramo de enfermedad la asistencia sanitaria.
Todo esto hace referencia a lo mismo, a separar y distinguir el ramo de asistencia sanitaria del ramo de enfermedad. Lo mismo hemos hecho con la disposición transitoria segunda, que trata de la adecuación de los actuales ramos de seguridad a lo regulado en esta ley, y respecto a lo cual hemos establecido dos enmiendas: la 43, que trata de la integración del ramo de asistencia sanitaria, como modalidad, en el ramo de enfermedad, y esto en consonancia con lo que antes he dicho con relación a la disposición final primera, y la enmienda 44, que pretende que se posibilite que las entidades que operan en el ramo de asistencia sanitaria amplíen el ámbito a la totalidad del ramo de enfermedad, puesto que, si el ramo de asistencia sanitaria desaparece como tal, es necesario permitir a estas entidades que operan en el mismo que se integren como modalidad en el ramo del seguro correspondiente. Estas son las dos enmiendas a esta disposición transitoria correspondientes a la asistencia sanitaria.
También con respecto a la asistencia sanitaria, presentamos la enmienda 54, a la disposición derogatoria undécima, que habla del seguro de asistencia sanitaria. Lo que se propone es suprimir la derogación por ley del reglamento. Entendemos que, en buena técnica legislativa, no procede la derogación por ley de normas reglamentarias, ya que el desarrollo reglamentario de esta ley se encargará de modificar el régimen de asistencia sanitaria y, fundamentalmente, en el margen de solvencia, que, al parecer, es uno de los aspectos que más preocupan a los autores de este proyecto de ley.
Otro de los apartados de este bloque corresponde a la Ley de Mediación; disposición adicional séptima, que trata de la modificación de la Ley de Mediación de los Seguros Privados. No me voy a extender porque creo que el Grupo Parlamentario Socialista es bastante sensible a estas enmiendas y lo único que voy a hacer es enumerarlas, para que quede constancia. Es un tema importante y, como digo, parece que ha podido ser recogido; lo veremos posteriormente, en la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista. Son nuestras enmiendas 23 a 27, que tratan de la actuación por cuenta de varias entidades aseguradoras; es decir, todo lo que recoge la regulación de los agentes o mediadores de seguros. Se pretende precisar la vinculación a otras agencias o ramos de modalidad de contratos y la representación legal del autorizante. La enmienda número 23 trata de esos dos aspectos. La enmienda número 24 se refiere a la regulación de las sociedades de correduría. Lo que pretendemos es trasladar a las sociedades de correduría la regulación prevista para entidades aseguradoras.
La enmienda 25 trata de las que se consideran disposiciones básicas y, dentro de estas consideraciones básicas, se incluye como excepción la disposición adicional tercera. Esto queda establecido a través de la sentencia del Tribunal Constitucional 330/1994. La enmienda número 26 trata de la obligatoriedad de asegurar la responsabilidad civil de los profesionales. Se les exigen unas garantías mínimas, unas coberturas de siniestros durante un período en activo del corredor. Entendemos que se está dando una discriminación con respecto a otros profesionales. No sé si esta enmienda será tenida en cuenta, pero sería necesario que se mirara con precisión, porque, indudablemente, a los profesionales de las corredurías de seguros se les van a exigir unas garantías quizá excesivas, sobre todo en relación con profesionales de otras actividades.
Otras de las enmiendas de este grupo son las referentes al consorcio de compensación de seguros. En este caso nuestro Grupo Parlamentario ha hecho una serie de enmiendas. Una, con respecto a la intervención de entidades aseguradoras en la comisión liquidadora, la enmienda número 7, que corresponde al artículo 34. Trata de los recursos económicos de la comisión liquidadora y lo que proponemos es eliminar la figura del tributo de carácter parafiscal por el hecho de que, desde nuestro punto de vista, no es admisible la creación de un tributo de carácter parafiscal por medio de este proyecto de ley, sobre todo dado que, a nuestro entender, existe la necesidad de que desaparezcan este tipo de tributos. Por tanto, entendemos que debe suprimirse toda referencia al recargo para la financiación de la comisión liquidadora a través de un tributo. En sustitución de ello proponemos que se establezca una financiación del 5 por ciento del importe de las primas recaudatorias por contratos de seguro distintos de vida, de riesgo, localizados en España, en vez de la subvención otorgada por el consorcio de compensación de seguros a través, como digo, de este recargo como tributo. Esta es nuestra propuesta, principalmente por el hecho de que, como digo, entendemos que es necesario que desaparezca este tipo de tributos.


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Respecto a este mismo apartado de consorcios de seguros está la disposición adicional novena, que trata de las modificaciones en el estatuto legal del consorcio de compensación de seguros. A este apartado tenemos tres enmiendas, las números 28, 29 y 30. Las modificaciones en el estatuto legal del consorcio de compensación de seguros están relacionadas con la enmienda número 7 al artículo 34, en la que proponemos eliminar el tributo de carácter parafiscal. Estas enmiendas a la disposición adicional novena están en relación con la enmienda que antes he apuntado sobre la eliminación del carácter parafiscal que se crea con este proyecto de ley.
Finalmente, dentro de este primer bloque, quedan las enmiendas competenciales, que están recogidas en tres partes. La primera son competencias del Estado y de las comunidades autónomas y es lo que está regulado en el artículo 69.2. Hemos presentado dos enmiendas, la 16 y la 17. Para nosotros, como es fácil de entender, el tema competencial es fundamental, dado que nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene competencias en seguros privados y entendemos que este proyecto de ley es sumamente rectrictivo en la regulación de estas competencias. Hay que tener en cuenta que, concretamente en el tema del mutualismo, en el País Vasco existen numerosas empresas, como también en otros estatutos de autonomía que han asumido competencia exclusiva en esta materia. Entendemos que en el desarrollo de esas competencias habría que tener en cuenta --cosa que, al parecer, el legislador obvia; como se suele decir, llueve sobre mojado-- el hecho de que éste es un Estado de las autonomías. Para esta regulación del seguro privado este proyecto de ley supone un evidente retroceso, porque deja prácticamente vacías de competencia en materia de mutualismo a las comunidades autónomas. Hasta ahora, la ley de ordenación reconocía que las comunidades autónomas tenían competencia legislativa plena en materia de mutualismo, que debía respetar las bases de ordenación del seguro privado. La regulación que se presenta ahora a nuestro entender da un giro radical y parte del principio de la competencia legislativa del Estado en materia de mutualismo; es decir, le ha dado la vuelta, atribuyendo a las comunidades autónomas competencia exclusiva únicamente en materia de organización de las mutualidades.
Por otro lado, los criterios de distribución de competencias deben interpretarse de una manera similar a la que se establece en la normativa fiscal en el Impuesto de Sociedades, para evitar que, por una natural movilidad geográfica de las mutualidades, una mutualidad pueda estar pasando periódicamente a depender de la Administración central y de la autonómica. Creo que se ha reflexionado bastante poco en este aspecto y que se debería --y todavía estamos a tiempo-- dar más vueltas sobre este tema.
Repito que aquí hemos presentado dos enmiendas. En la número 16 se propone eliminar la limitación territorial actual, que exige, primero, que el domicilio social, el ámbito de las operaciones y la localización del riesgo se limite al territorio de la comunidad autónoma y, segundo, suprimir la competencia exclusiva del Estado en la autorización administrativa. En la enmienda 17 establecemos una alternativa a la anterior. Si les parece excesiva la primera, por lo menos, acepten la segunda, en donde decimos que el domicilio social radique en la comunidad autónoma y que, además, realicen más del 25 por ciento de su volumen de operaciones en el territorio de la comunidad autónoma. Se trata de restringir, de alguna forma, a través del volumen de operaciones, el ámbito de las mutualidades.
La disposición final primera trata de las bases de ordenación de los seguros y competencias exclusivas del Estado. En este apartado hemos presentado tres enmiendas, las números 55, 56 y 57. La primera de ellas propone dar una nueva redacción, dentro de las bases de ordenación de los seguros y competencias exclusivas del Estado, porque entendemos que el proyecto de ley pretende sustituir la competencia legislativa plena, repito, de las comunidades autónomas en materia de mutualismo. Por ello proponemos que se elimine la posibilidad de que cualquier norma reglamentaria de desarrollo se atribuya a la consideración de base de ordenación; simplemente manifestar que es una norma indispensable para garantizar los objetivos de ordenación. También proponemos excluir de los preceptos que tienen la consideración de bases de ordenación todos aquellos artículos que no regulen aspectos de solvencia y de garantía de las mutualidades.
Finalmente, dentro de este apartado competencial y referente a las disposiciones adicionales, proponemos una disposición adicional nueva, recogida en nuestra enmienda número 40, que trata del régimen tributario del País Vasco y Navarra. Lo que pedimos es que exista un respeto al régimen tributario propio de estos territorios y para ello proponemos añadir una nueva disposición adicional que especifique que las normas fiscales contenidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de los regímenes financieros y tributarios forales de los territorios históricos del País Vasco y de Navarra.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender sus enmiendas y fijar posición respecto a las enmiendas de los demás grupos parlamentarios en este primer bloque de discusión, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Después de estar 125 minutos, exactamente, oyendo la defensa de una serie de enmiendas a este primer bloque, comprenderán mis interlocutores que será materialmente imposible, salvo que prolonguemos la sesión en otras fechas, poder contestar a cada una de las intervenciones que se han producido, en el sentido de defensas puntuales de las enmiendas. Por tanto, en algunos casos haré algunas consideraciones generales y en otros contestaré a enmiendas concretas pero con unas manifestaciones breves y concisas, puesto que, si no, sería materialmente imposible terminar, repito, dada la gran cantidad de argumentos aducidos.
Ante todo, quisiera hacer una consideración de tipo general y decir que esta ley --y en base a las consideraciones que hizo el representante del Grupo Popular, no compartidas, por lo menos en su generalidad, por el resto de los intervinientes-- viene a modificar, a tener en cuenta o a trasponer siete directivas, cada una de las cuales modifica, en

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algunos casos, no una, sino dos, tres y a veces hasta cuatro directivas.
Esa es la complejidad de la ley; el cambio importante que se ha producido, como consecuencia de adaptar las normas sobre el seguro por la incorporación al espacio económico europeo y la convergencia que se tiene que ir dando en este ámbito financiero.
También hay que tener en cuenta que el segundo bloque de modificaciones de esta ley es consecuencia de medidas de convergencia que se han trazado en países del Espacio Económico Europeo, como son los requisitos de autorización administrativa, protección del asegurado, procedimiento administrativo de supervisión, revocación de la autorización administrativa, etcétera. Todo ello, como se ha manifestado aquí, configura una ley bastante extensa con modificaciones sustantivas importantes de otras leyes recientes, aprobadas hace algunos años.
Pasando, por tanto, a contestar a algunas de las consideraciones hechas por el Grupo Popular, tengo que decir que el Grupo Socialista no va a defender cada una de sus enmiendas y se remite, en todo caso, a las justificaciones aportadas por escrito, que creo que ya han sido consideradas y que, en algunos casos, incluso se ha manifestado que iban a ser apoyadas por algunos de los grupos que han intervenido anteriormente. Unicamente haré referencia a aquellas enmiendas del Grupo Socialista que a nuestro entender satisface o son casi coincidentes con las presentadas por otros grupos parlamentarios.
Quiero manifestar que, efectivamente, ha habido bastante tiempo para estudiar y analizar la ley --aunque hoy tengamos bastante prisa o por lo menos nos hayamos fijado un tiempo-- puesto que la ley se publicó en los primeros días de marzo y han pasado ya casi cuatro meses. Además, creo que todos los grupos han recibido recomendaciones, peticiones, etcétera, para la inclusión de enmiendas, que, en muchos casos, son coincidentes.
En todo caso, el Grupo Socialista ha tenido en cuenta consideraciones de los sectores afectados y muchas de las enmiendas presentadas son también consecuencia de consultas con la Comisión Europea. Por tanto, obedecen y están en la línea de las consideraciones efectuadas en estas directivas y por la propia Comisión Europea.
El señor Ramallo, aunque en algunos temas ha dicho que la ley se mejora, ha hecho una serie de descalificaciones, consecuencia de, a su entender, ser demasiado reglamentista o demasiado intervencionista cuando, por otro lado, otros grupos han intentado --y no me refiero ya al Grupo de Izquierda Unida, que quizá pudiera deducirse por mis palabras, sino al propio Grupo de Convergència i Unió-- establecer mayores requisitos administrativos, pidiendo, por ejemplo, el establecimiento del registro para personas o profesionales relacionados con la actividad del sector, pero que no obedecen a lo sustancial de la Ley. Por tanto, rechazamos esas consideraciones.
Con respecto a muchos de los temas planteados, creo que los principales, y que han sido tocados por casi todos los grupos, se refieren a enmiendas relacionadas con la separación del seguro de asistencia sanitaria del seguro de enfermedad, que comprende la asistencia sanitaria y que figura en el anexo de la ley. En ese sentido, tengo que señalar las siguientes razones en contra para aceptar esta enmienda: La vigente Ley de Contratos de Seguros de 1980 contempla un único riesgo, el de enfermedad, que puede ser cubierto por medio de seguros; el de enfermedad propiamente dicho, y el de asistencia sanitaria. La diferencia entre ambos seguros se encuentra únicamente en la naturaleza de la prestación que satisfacen las empresas aseguradoras.
Por otra parte, en la actualidad, en España, el reconocimiento en ramos separados del seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria no tiene cobertura legal, sino en una orden ministerial de 1987. Y la inclusión del seguro de asistencia sanitaria en el ramo de enfermedad que prevé la ley es consecuencia de adaptar la legislación española a las directivas comunitarias, cuya obligada trasposición impone la referida conclusión, como lo ha interpretado la propia Comisión de las Comunidades Europeas.
La exclusión del seguro de asistencia sanitaria del ramo de enfermedad, sin perjuicio del incumplimiento de las directivas, determinaría una desclasificación de las entidades españolas de asistencia sanitaria, puesto que se produciría el pernicioso efecto de que, mientras las entidades españolas de asistencia sanitaria no podrían actuar libremente en el espacio económico europeo, las entidades europeas del ramo de enfermedad sí podrían realizar la actividad de asistencia sanitaria como consecuencia del efecto directo de las directivas comunitarias. Las empresas españolas, para operar fuera de España, tendrían que tener la pertinente autorización de las entidades de control de cada uno de los Estados donde quisiesen operar.
Y, como argumento complementario, queremos manifestar que en la disposición transitoria tercera del proyecto se contempla un régimen peculiar de adaptación para las entidades de asistencia sanitaria existentes, que determina, en lo que se refiere a los nuevos capitales mínimos exigibles, la posibilidad de mantener los capitales exigibles al 31 de diciembre de 1993, con carácter indefinido, siempre que no amplíen el ramo de seguros.
De esta manera, se evita el efecto aducido por las enmiendas presentadas de que puedan desaparecer las entidades de asistencia sanitaria. Se entenderá que el interés del Gobierno y del Grupo Socialista en esta separación obedece a la defensa del propio sector español y, por tanto, para que estas empresas tengan una capacidad financiera adecuada para operar en todo el espacio económico europeo.
Con relación a las variaciones de los capitales mínimos establecidos, que ha sido defendido por diferentes enmiendas, efectuando una serie correlativa de ellas para separar los capitales de diferentes ramos de la actividad del seguro, queremos manifestar que el establecimiento de capitales mínimos relativamente elevados no constituye una novedad, sino que resulta acorde con la exigencia que se establece en todo el sector financiero español y se justifica en la trascendencia que para la economía española tiene este tipo de entidades, que deben estar debidamente capitalizadas.
Las consecuencias económicas que para dichas entidades pueden suponer los nuevos capitales mínimos resultan

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también amortiguadas como consecuencia de la disposición transitoria tercera, a través de una serie de medidas, que además han sido modificadas como consecuencia de enmiendas del Grupo Socialista y de una enmienda transaccional a la que luego me referiré. Amplios períodos de adaptación, a través de las enmiendas socialistas a que he hecho referencia, y las empresas aseguradoras que en la actualidad desarrollan su actividad, si cumplen plenamente los requisitos de solvencia establecidos en la ley y que en este punto se limitan a adaptar las directivas comunitarias, pueden mantener indefinidamente los capitales exigidos al 31 de diciembre de 1993, sin estar obligadas a suscribir nuevos capitales. La necesidad de que las empresas aseguradoras que operan en la actualidad deban, cuando menos, alcanzar los capitales exigidos al 31 de diciembre de 1993, tiene razón de ser en la circunstancia de que en esta fecha concluye el plazo otorgado por el Real Decreto 1.390/1988, de 18 de diciembre, a fin de que las entidades aseguradoras suscribieran la cifra mínima de capital social o fondo mutual establecido en ese Real Decreto.
En el ámbito de la Unión Europea se insiste cada vez más en la necesidad de incorporar mayores requisitos de solvencia y capitalización para las entidades del sector financiero y, por tanto, para las entidades aseguradoras, pues dichas entidades reciben y manejan recursos de terceros, cumpliendo a las administraciones públicas, específicamente en materia aseguradora, una importante función de salvaguarda de intereses de asegurados, beneficiarios y perjudicados.
Estas son razones que deberían ser consideradas a la hora de no hacer valoraciones en el sentido de que en el proyecto de ley se contemplan medidas que ponen en dificultad al sector, teniendo presente que las entidades aseguradoras de nueva creación autorizadas podrán operar en el Espacio Económico Europeo y, por tanto, la necesidad de esas garantías.
Y voy a pasar a decir antes que nada, para que se vaya tomando nota, todas aquellas enmiendas, en este gran bloque, que el Grupo Socialista acepta, algunas con una pequeña modificación, que creo que podrán ser aceptadas por los grupos que las han presentado.
La enmienda número 170, del Grupo Popular, que propone el cambio de denominación, se acepta en su integridad; además es exactamente igual que la número 62, del Grupo Socialista. La enmienda 63 del Grupo Socialista es casi coincidente con la 173, del Grupo Popular; retiramos la nuestra, número 63, para que se vote la 173. En el apartado 1 de este artículo dice: La presenta ley tiene por objeto establecer la ordenación y supervisión... y nuestra enmienda decía «básicas», mientras que la enmienda del Grupo Popular no contenía esa palabra. Por tanto, votaremos la 173 del Grupo Popular.
La enmienda 174, del Grupo Popular, que se refiere al artículo 1.3, la aceptaríamos si se efectúa la siguiente corrección, que yo creo que es un error gramatical, en su primera parte: después de «disposiciones reguladoras» y no «reguladas», entiendo que quiere decir la enmienda, y con la supresión de las palabras «y contratación», puesto que, efectivamente, esta ley es de ordenación y supervisión de seguros, no es la ley de contratación; es verdad que modifica algunos artículos de la Ley de contratación del seguro, pero también modifica leyes como la de fondos de pensiones o la de circulación de vehículos a motor, pero el tema fundamental es la ordenación y supervisión.
La enmienda 442, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, se acepta en su integridad; es una enmienda al artículo 1.3.
No haré referencia a todas las enmiendas del Grupo Socialista, señor Presidente, salvo las que, por las razones indicadas, he dicho que retiraremos.
La enmienda número 67, del Grupo Socialista, es casi coincidente con la enmienda 186 del Grupo Popular, que estaríamos en disposición de aceptar, siempre que se retiraran las frases subrayadas en la propia enmienda y que el plazo que ellos establecen de tres meses se circunscriba a seis meses, que es la fecha mínima adecuada para que puedan examinarse por la Dirección del Seguro las solicitudes de autorización.
La enmienda 191, del Grupo Popular, se acepta en su literalidad.
Igualmente, se acepta en su literalidad la enmienda 192, referida al artículo 8.1, inciso final. La enmienda 195, del Grupo Popular, también se acepta. Es la enmienda referida al artículo 9.2.g). A la enmienda 448, del Grupo Catalán, Convergència i Unió, al artículo 13.1, y la 449, en su momento presentaremos una transacción que esperemos que satisfaga la pretensión del Grupo Catalán.
La enmienda número 219, del Grupo Popular, referida al artículo 23.5, también se acepta. La 221, asimismo del Grupo Popular, hace referencia al artículo 24.3. Sin embargo, el primer párrafo del artículo 23 es, según la enmienda, exactamente igual que lo que dice el proyecto. Entendemos que la enmienda va referida al segundo párrafo y en este caso queremos decir que el segundo párrafo de la enmienda se acepta también en su integridad, y no el punto tercero, que no tiene razón de ser, puesto que es copia literal de lo que dice el proyecto de ley.
Entramos en la parte referida a sanciones.
Los argumentos del Grupo Popular no se ajustan a la realidad en lo referido a sanciones administrativas, puesto que se ha copiado, es casi trasposición, o se ha hecho teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de disciplina e intervención de entidades financieras. Dado que las entidades de seguros manejan recursos de terceros y la importancia que tiene para el sector que existan medidas de control adecuadas, se han establecido una serie de normas para que se pueda vigilar y tomar las medidas que en su momento sean necesarias para la disciplina del sector.
De todas maneras, creemos que quizá nos hemos pasado en algunas de las sanciones pecuniarias y, en este sentido, a la enmienda 249 al artículo 42.3,c) presentaríamos en su momento una enmienda, que diría: multa a cada uno de ellos por importe no superior a 15 millones de pesetas. Al artículo 42.4 b) presentaríamos una enmienda con el mismo texto literal: multa a cada uno de ellos por importe no superior a 7,5 millones de pesetas. Rebaja las cantidades que se establecen en el proyecto y que son casi iguales a las establecidas en la Ley de disciplina e intervención de entidades financieras.


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La enmienda 279 del Grupo Popular, que es coincidente con la enmienda número 89 del Grupo Socialista, y no tenemos inconveniente en que sean votadas conjuntamente.
La enmienda 494, del Grupo Catalán Convergència i Unió, se refiere a un apartado nuevo de la disposición adicional quinta. Se acepta en su literalidad, señor Presidente. Igualmente se acepta la 496. La enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Vasco, también se acepta en su literalidad; se refiere a la disposición adicional séptima, número 2.1.
La enmienda 24, del Grupo Parlamentario Vasco, que es extensa y hace referencia a una modificación del artículo 15 de la Ley de mediación de seguros privados, la aceptamos en su literalidad, pero con una corrección que creo que es un error material que se ha producido a la hora de formular la enmienda, ya que en el último párrafo dice: Serán de aplicación a estos supuestos las disposiciones contenidas en los números 2 y 3 del artículo 8 de la presente ley. Yo creo que se refiere a los números 2 y 3 del artículo 8 de la Ley de supervisión y ordenación del seguro privado, que es la ley que estamos tratando, puesto que la modificación que usted propone es una modificación a la Ley de mediación del seguro privado. La referencia tiene que hacerse a la ley que estamos aprobando en esta fecha. Creo que estará conforme con esta corrección.
La enmienda 25, del Grupo Parlamentario Vasco, también se acepta en su literalidad, así como la enmienda 27, pero con una corrección que no cambia su contenido; diría: Punto 14. Se suprime --estamos hablando de la disposición adicional séptima número 12-- el apartado d) de la disposición transitoria tercera de la Ley de mediación de seguros privados. Esta sería la redacción adecuada de la enmienda. La enmienda 500, del Grupo Catalán, se acepta, igual que la 501, en su literalidad.
Ya no hay más enmiendas de otros grupos, salvo las posibles transacciones a las que me referiré a continuación, transacciones que pasaré a la Mesa con el ruego de que se hagan fotocopias, puesto que no tengo más que un ejemplar.
Enmienda transaccional a la 493, del Grupo Parlamentario Catalán, a la disposición adicional quinta y que tanto ha defendido el señor Homs, que se refiere al tema de los peritos de seguros y a que en esta ley se establezcan normas que regulen esa profesión y las funciones que la ley les concede. No sé si el señor Homs tiene esta enmienda y la acepta.
Después hay también una enmienda transaccional al apartado segundo de la disposición adicional sexta del proyecto de ley, sobre supervisión de seguros privados. No sé si hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular referida al tema de la mora, que sería a la disposición adicional sexta. Al apartado 4 del artículo 20 de la Ley del contrato del seguro.
El artículo 4, en su último párrafo, dice: No obstante, transcurrido un año desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por ciento. Ofrecemos una transacción para, en vez del plazo de un año, establecer el plazo de dos años desde la producción del siniestro para que el interés sea del 20 por ciento.


El señor PRESIDENTE: ¿Puede enunciar el señor Padrón con qué enmiendas quiere transaccionar?

El señor HOMS I FERRET: Para ayudar al señor Padrón, quiero decirle que es la enmienda 495, de mi Grupo. Lo puede confirmar.


El señor RAMALLO GARCIA: La enmienda nuestra es la 284.


El señor PADRON DELGADO: También hay otra enmienda transaccional a la 562, del Grupo Parlamentario Catalán, que hace referencia a la disposición transitoria decimosexta 4, a que el déficit global podrá ser amortizado previa su adecuada actuación y según condiciones que se pacten mediante dotaciones anuales no inferiores al 5 por ciento.
Hasta aquí creo haber enunciado las posibles enmiendas transaccionales, salvo error, puesto que faltan algunas.
Pasaré a la Mesa la transaccional a la enmienda 447, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en cuanto a las primas no consumidas en los rendimientos de las mutualidades, así como la formulada a la 448, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de contenido similar a otras del Grupo Vasco (PNV), que pretende modificar el apartado b) del artículo 13 para que en el caso de entidades aseguradoras que únicamente practiquen el seguro de asistencia sanitaria y limiten su actividad a un ámbito territorial con menos de dos millones de habitantes será suficiente la mitad del capital o fondo mutual previsto en el párrafo anterior, que hace referencia a las cantidades que tiene que mantener el fondo mutual.
Asimismo, presentamos una transaccional a la número 460, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en relación con el artículo 63.4, para que las entidades que tengan designado o estén sometidas a un defensor del asegurado deban incluir en un documento anexo en sus pólizas referencia a su existencia, indicando mecanismos, procedimientos de acceso, así como materias sobre las que son competentes. Creo que satisface también una enmienda del Grupo de Izquierda Unida que tiene formulada en este sentido. No recuerdo ahora el número, tendría que mirarlo.
Ahora tendría que dar razones, señor Presidente --y llevo ya media hora hablando-- por las que no aceptamos otra serie de enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Por tanto, pido el beneplácito de unos minutos más, puesto que son 80 ó 100 enmiendas, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Proceda como quiera, señor Padrón. No le he dicho nada respecto al tiempo.


El señor PADRON DELGADO: Respecto a la enmienda 176, se considera innecesario hacer referencia a participación significativa, autoridades competentes y ecu, puesto que, efectivamente, en el artículo 21, en el capítulo VII, sección segunda, se hace referencia a todos estos conceptos.


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La enmienda 177 pretende que en el artículo 3.5 se haga una referencia, dentro del seguro de vida, a las operaciones de gestión de fondos, así como la 180, referida a operaciones tontinas. En la disposición adicional primera, página 52 del Boletín de la presente ley, vienen señaladas esas operaciones como incluidas en el ramo de vida y, por tanto, no parece necesario añadirlas en el artículo 3.5.
El establecimiento de la prohibición del otorgamiento de avales es consecuencia de que en la Ley 33/1984 también se estipuló y la no inclusión en esta ley podría interpretarse como que se da vía libre al otorgamiento de estas prestaciones por las compañías de seguros.
El artículo 2 de la Ley de mediación de seguros privados, la 9/1992, de 30 de abril, no considera mediación de dicha actividad lo que propone la adición de la enmienda número 180, del Grupo Popular.
Se hace otra referencia a que se concederá la autorización administrativa siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. De no decir lo contrario, la ley establece las condiciones para acceder y conseguir la autorización administrativa, por lo que no parece adecuado establecer esta cláusula.
La enmienda 185 propone la modificación de los requisitos para la solicitud de la concesión de la autorización administrativa para las compañías de seguros, pidiendo que solamente se comunique la identidad de los socios y accionistas que posean una participación significativa.
Queremos resaltar que esta enmienda, que podría parecer en el proyecto de ley bastante exigente, viene en razón de que, efectivamente, las personas que se incorporen a compañías de seguros puedan tener el conocimiento de que se cumplen los requisitos de honorabilidad, de no tener antecedentes en otras actividades por los que hayan podido estar sujetos a sanciones administrativas. Este es el propósito de establecer esta cláusula de salvaguarda, de garantía y de limpieza del sector.
Las enmiendas que hacen referencia a los cambios de capital o de fondo mutual yo creo que han sido contestadas globalmente en la intervención inicial. Seguimos rechazando todas aquellas enmiendas que signifiquen minoración de capitales para las compañías de seguros y mutualidades.
La enmienda 203 hace referencia a los sistemas para determinar los métodos actuariales adecuados. Mantenemos el texto del proyecto tanto en estas enmiendas del Grupo Popular como en otras que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida que pretenden que se regule el establecimiento por los actuarios. Es trasposición de la tercera directiva y, por tanto, no aceptamos esas enmiendas.
La enmienda 205 propone un texto que es lo mismo que dice el proyecto.
Hay varias enmiendas relativas a la supresión de una serie de cláusulas para tomar medidas de control especial. Como ya he dicho inicialmente, estas medidas de control especial son similares a las establecidas en la Ley de disciplina e intervención de entidades de créditos y, por tanto, son más que cláusulas de garantía para que se pueda asegurar una solvencia financiera del sector.
Dejo sin contestar algunas del Grupo Popular y paso a referirme a algunas del Grupo de Izquierda Unida. Algunas de ellas proponen cambios en el artículo 15, concretamente sustituir «ciencias jurídicas... de seguros privados» por «Derecho, Economía, Administración...». Con la enmienda del Grupo Socialista se corrige.
La enmienda 351, del Grupo de Izquierda Unida, propone la obligatoriedad ante las provisiones técnicas por parte de la dirección de la empresa a los actuarios. Creemos que las entidades aseguradoras tienen la obligación de constituir y mantener las provisiones y corresponde a los consejos de administración, al presidente y al director general conseguir que los actuarios designados por la compañía efectúen los cálculos técnicos adecuados que el Grupo de Izquierda Unida establece.
A la enmienda del Grupo de Izquierda Unida a la disposición adicional quinta, aunque he hecho referencia al Grupo de Convergència i Unió, hemos presentado una enmienda transaccional sobre los peritos tasadores.
Hay una serie de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, al artículo 60, referidas a pasar información del asegurado. Tengo que decir que esto es cumplimiento exacto del artículo 31 de la tercera Directiva del seguro de vida, que dispone que el Estado miembro de compromiso no podrá exigir de las empresas de seguro que faciliten informaciones suplementarias a las enumeradas en el anexo segundo y, por tanto, lo establecido en la ley. Lo mismo respecto a las enmiendas 357, 358 y 359.
La enmienda 372 y otra similar, defendidas por el Grupo de Izquierda Unida, se refieren a una modificación del artículo 81.1 para que la información que se dé al tomador del seguro sea en castellano cuando son empresas extranjeras que operan en España. Estamos refiriéndonos en este caso, señor Espasa, a compañías extranjeras y para que pueda entender la información.
El artículo 90, referido a un régimen especial para las compañías aseguradoras suizas, es trasposición del acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Helvética relativo al seguro distinto de vida.
Doy por contestadas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida puesto que no hay temas sustanciales, salvo el referido al tema competencial que contestará el señor Martínez Noval o lo seguiremos estudiando en trámites sucesivos.
El señor Homs ha defendido una serie de enmiendas que con las transaccionales presentadas y la aceptación de buena parte de ellas por lo menos le causarán una opinión más favorable de la que había manifestado inicialmente para la aceptación del proyecto. Salvo algún que otro tema que quede pendiente, creemos satisfacer con bastante amplitud las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió.
El Grupo Parlamentario Vasco ha hecho referencia sobre todo al tema de la asistencia sanitaria para la separación del ramo del seguro de enfermedad, con una serie de enmiendas colaterales referidas a la disminución de capitales exigibles, etcétera. Queremos decirle que hay la posibilidad de una enmienda transaccional, incluso supletoria, que amplíe todos los plazos establecidos en la disposición

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transitoria del proyecto de ley para que, respecto a los capitales escriturados al 31 de diciembre de 1993, pueda la compañía tener tiempo más que suficiente para el desembolso que prevé.
En cuanto a otra serie de enmiendas relativas al recargo establecido en la CLEA, tenemos que manifestarle que de acuerdo con la Ley General Tributaria, a nuestro entender, la norma que contempla el proyecto de ley es conforme a la legalidad, creemos que es mejor y que cumple satisfactoriamente la función que se establece en ese recargo que viene a ser, como el señor Zabalía conoce bien, para la Comisión Liquidadora de Empresas Aseguradoras. Por tanto, es una norma que tiene la consideración de tributo, si usted quiere, y está admitida favorablemente por el Consejo de Estado.
Salvo las enmiendas relativas a las disposiciones, que son coincidentes con las del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y con las del Grupo Popular, creemos que han sido aceptados muchos de sus planteamientos, teniendo en cuenta, por otra parte, que muchos de los artículos que se consideran intervencionistas o reglamentistas son transposición de directivas que han sido consultadas con el sector. Hay muchos artículos en que la ley se remite a reglamentos. De hecho, para una primera parte de la ley va a haber más de ciento sesenta y pico reglamentos que se están negociando con el sector. En opinión del Grupo Socialista no hay en el proyecto de ley normas que tengan un rechazo sistemático del sector asegurador. Por tanto, creemos que con las enmiendas aprobadas y con las transacciones presentadas, por lo menos en lo que hemos estado discutiendo, damos satisfacción a buena parte de las dudas o planteamientos que han presentado y defendido los diferentes grupos a través de enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Padrón que haga llegar a la Mesa las enmiendas transaccionales para que puedan ser distribuidas posteriormente a los grupos parlamentarios para su conocimiento.
Para turno de réplica tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ramallo, del Grupo Popular.


El señor RAMALLO GARCIA: No sólo por cortesía parlamentaria, también por obligación, quiero contestar, aunque sea muy brevemente, la intervención del señor Padrón.
Agradezco el esfuerzo que ha hecho. Su intervención me lleva de la mano a decir que es bueno mantener independiente la subsistencia del ramo de enfermedad de la asistencia sanitaria, porque hoy podemos acabar aquí enfermos de dolor de cabeza y luego la asistencia sanitaria sería la aspirina. (Risas.) Es muy difícil, en una sesión maratoniana, poder digerir toda esta ley en la que el bloque en que estamos inmersos en estos momentos es el que de verdad responde al título de la ley, de supervisión de seguros privados, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con seguros, pero bastante menos que en el proyecto de ley que se tramitó en la legislatura anterior. ¿Que evidentemente la ley es compleja? Ya lo sería sólo tramitando este bloque, pero lo es mucho más, como he dicho en mi intervención anterior al defender las enmiendas del Grupo Popular y la idea que tenemos sobre el proyecto.
Se ha dicho que es una transposición de directiva y que el sector está de acuerdo. Cuando hablamos de la Comunidad desde España se hace con un respeto, yo creo que sumiso, a las directivas de la Comunidad Europea.
Supongo que toda directiva, como toda ley, se puede interpretar. Aquí me da la impresión de que muchas veces la normativa no se interpreta en favor del sector o de los intereses de las empresas españolas, sino que a lo mejor la ley del embudo es para la empresa española, teniendo lo estrecho para las nuestras y lo ancho para las que tienen que competir y nos vienen del exterior.
Las prisas de los grupos parlamentarios no han sido distintas de las del Gobierno. Tengo que recordar que esta ley llegó tarde al Congreso, que vino con la petición de que se tramitara por el procedimiento de urgencia, siendo así que habían transcurrido más de dos meses desde la aprobación por el Consejo de Ministros hasta que se envió a la Cámara, con algo que fue singular, y es que el proyecto de ley tenía fecha posterior a la aprobación del Consejo de Ministros, cosa --repito-- bastante singular y que ocurre pocas veces en la vida parlamentaria. Creo que ha habido problemas entre los diferentes departamentos ministeriales y que los sigue habiendo; que esta ley hacía tiempo que podía haber estado en Ponencia --se demoró también una semana-- y que ahora vamos deprisa. Nosotros no queremos que a nuestro Grupo se le impute ninguna política obstruccionista a la legislación, que entiendo que es necesaria y tenía que haber sido aprobada hace tiempo tanto por el Congreso como por el Senado. Pero sí tenemos que decir que no hemos pedido la avocación a Pleno. Se pidió en la legislatura anterior con el proyecto de ley anterior, pero que no lo hemos hecho en el momento reglamentario oportuno, que tendría que haber sido antes de que comenzara esta sesión.
Sus señorías saben que después de abrir esta sesión es imposible pedir la avocación para Pleno porque el Reglamento lo impide.
Señor Padrón, sin que haya acritud en mis palabras, insisto --voy a ir a la cuestión general-- en que se pierde lamentablemente una ocasión para hacer una ley menos intervencionista y más liberal, como el sector merece, así como el interés de los consumidores. El intervencionismo es burocrático y funcionarial, como he dicho en mi primera intervención. No es que lo diga yo hoy aquí ni tampoco el Grupo Popular, los máximos órganos consultivos de la nación --Consejo de Estado, Consejo Económico y Social y Consejo General del Poder Judicial-- en sus informes, en sus dictámenes sobre este proyecto de ley dicen lo mismo que nosotros.
Me voy a referir a tres o cuatro cuestiones. En cuanto a los capitales y fondos mutuales, la verdad es que hay criterios para todos. Nosotros seguimos insistiendo en que en España se han multiplicado por mucho en poco tiempo y que nuestras empresas están en un plano competitivo menor que las empresas de seguros que trabajan en el resto de la Comunidad.
Tiempo hay, señores del Grupo Socialista,

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para madurar este proyecto un poco hasta que llegue al Senado.
Nosotros admitimos todas las enmiendas transaccionales que se han presentado. Creemos que si toman algo de nuestras enmiendas en algo se mejora la ley. Entre las que han admitido propias del Grupo Popular y las transaccionales --que desde ahora aceptamos--, queremos hacer énfasis en una enmienda del Grupo Catalán, la 493, que trata de todos los temas relacionados con los peritos en las cuestiones de los seguros.
Insistimos en que la transposición de la directiva podía haberse hecho de una forma más correcta. Creemos también que los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes se podían haber llevado a una mejor literalidad en esta ley. Y hubiéramos querido que se hubiese potenciado --no sólo vigilado, intervenido y controlado-- el sector de los seguros. Volvemos a repetir que los capitales en las empresas de seguros nos parecen exorbitantes y que en las infracciones y sanciones hay una falta de precisión en la tipificación, lo cual produce inseguridad, y no por las cuantías. Agradecemos las enmienda que se nos han aceptado sobre las cuantías.
No somos nosotros los que lo decimos. El Consejo General del Poder Judicial llega a proponer --y me remito a las palabras que dije en mi primera intervención-- que se modificara el proyecto para exigir que los incumplimientos y prácticas abusivas hayan sido declarados previamente por los tribunales de justicia. No es la Administración la que debe decir eso; son los tribunales de justicia. La Administración debe operar sobre aquello que ya han sentenciado los tribunales de justicia.
Respecto a la intromisión de la Administración pública en el ámbito del Poder Judicial en cuanto a las relaciones contractuales privadas, volvemos a decir que no somos sólo nosotros. Nuestras enmiendas son el trasunto de lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial respecto a esta ley. Sobre seguridad jurídica y principio de legalidad, exactamente igual. Hubiera sido bueno eliminar lo que pueda hacer la Dirección General de Seguros en el sentido de formular recomendaciones.
Todos sabemos a qué conducen las recomendaciones, y más estando, por desgracia, como estamos últimamente con un gobierno intervencionista que nos lleva a un Estado no liberalizado como nosotros quisiéramos.
Algunas enmiendas sobre la Ley de Contrato de Seguro se han admitido. Se ha introducido una modificación al artículo 20 mediante una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), muy similar a la que nosotros presentamos. Algo es algo y, como se dice en mi tierra, menos da una piedra. Vamos andando. Reflexionen ustedes, porque creemos que la señora Secretaria de Estado de Justicia no debe tener tanto poder como para imponer su criterio en una ley totalmente económica. Creemos que ésta es una ley económica, que regula un sector económico concreto. Que la señora Robles se dedique a las cuestiones de Justicia o Interior, que bastante tiene que hacer, pero no a estos temas. Entendemos que esta cuestión no es de su competencia y hubiera sido deseable más poder para el Ministro de Economía, que es al ámbito que pertenece esta ley. Todos sabemos --porque es un secreto a voces-- de dónde viene la presión. No hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que obligue a lo que se expone en la disposición que figura en esta ley. Si fuera así, que la recurra quien la tenga que recurrir, pero no estamos en absoluto de acuerdo.
Las enmiendas a la ley del uso y circulación de vehículos de motor estaban relacionadas con cuestiones técnicas. Alguna se ha aceptado y nosotros lo agradecemos. Y en cuanto a la trasposición de directivas comunitarias, nos remitimos a lo que hemos dicho anteriormente.
En definitiva, señor Presidente --no me extiendo más--, esperamos de la reflexión del Grupo Socialista y del propio Gobierno que esta ley se mejore en el trámite del Senado. Algún pasito pequeño hemos dado. Abrimos la puerta a la esperanza, pues creemos que las cosas se pueden mejorar más. En definitiva, esta ley tiene que defender a los usuarios, y a los usuarios se les defiende mucho más desde un sector competitivo, desde un sector que no esté tan intervenido, y desde la libre competencia más que desde el intervencionismo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Intentaré en mi réplica, señor Presidente, contestar al señor Padrón, quien por cierto ha sido muy parco en la enumeración de nuestras propuestas, señalando que eran poco relevantes, cuando algunas de ellas creo que lo eran, y mucho, y voy a intentar demostrarlo en esta réplica. Empezaré, tal y como lo consideramos nosotros, de mayor a menor importancia.
Señor Padrón, señores del Grupo Socialista, el anexo que ustedes van a aprobar en esta ley, es decir, en la disposición adicional octava tres, va contra el Código Penal, que tiene el rango de ley orgánica, porque, por ejemplo, en la Tabla I limita claramente a las personas que pueden ser perjudicadas en caso de accidente por el uso de vehículos a motor. Yo he dicho que convertir un baremo, que para nosotros debería ser orientativo, en de obligado cumplimiento podía ser claramente inconstitucional. Por ejemplo, la edad de la víctima --y lo he citado antes-- es importante a la hora de calificar la indemnización que va a recibir. Hasta 65 años, doce millones; de 65 a 80 años nueve millones, y más de 80 años, seis millones. Como ven, el precio de la vida va disminuyendo con la edad para las aseguradoras de automóviles. Esto no lo digo yo; lo dicen los artículos 103, 104 y 105 del Código Penal. Por tanto, les pido que reflexionen un poco más antes de decir tan alegremente que son enmiendas de poca entidad, cuando nosotros señalamos de forma repetida con muchas enmiendas el carácter posiblemente inconstitucional del baremo, que, repito, si fuese orientativo y estuviese sometido a la autoridad de jueces y magistrados podría tener sentido, pero en la forma en como va a quedar aprobado, si ustedes sancionan la ley, creemos que va a entrar en colisión con el Código Penal y con la Constitución Española. Por tanto, les pido que reflexionen de nuevo antes de rechazar, casi sin mencionarlas, estas enmiendas.


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En segundo lugar, no me ha dicho nada de una enmienda en la que hemos puesto especial cariño y creemos de importancia, quizá porque no tienen ustedes competencias municipales en ciudades importantes --sería grave que fuese así--, me refiero al tema de los vehículos auto-taxis, y una posible solución para el encarecimiento de sus primas. Nosotros les proponemos una posible solución y sería bueno que ustedes y otros grupos parlamentarios, que también actúan en el terreno de solucionar los problemas a los titulares de licencias de auto-taxis, encontrásemos alguna solución, aunque sea parcial, al problema del encarecimiento de sus pólizas de seguros.
Señor Presidente, anuncio, porque esta vez sí me ha convencido la argumentación del señor Padrón, la retirada de la enmienda 373, que hacía referencia a la posible discriminación de las entidades aseguradoras suizas. Creo que sus argumentos se ajustan perfectamente a la realidad; por lo tanto, no merece la pena continuar discutiendo sobre esta cuestión.
En cuanto a las enmiendas 372 y 379, relativas a las lenguas, señor Padrón, dos razones: una, el cumplimiento de la legalidad constitucional y estatutaria de nuestro país, porque no es bueno saltársela cuando se puede cumplir. Otra segunda, dicha en el ambiente acogedor y restringido de esta Comisión; si nosotros hacemos que las compañías aseguradoras de terceros países deban cumplir con todo lo que preceptúa nuestra Constitución, además de hacer cumplir nuestras leyes, quizás haremos que, para decirlo con un eufemismo, se lo piensen algo más antes de acudir al (para ellos quizás, para nosotros, no) penoso trabajo de traducir a las lenguas oficiales en el Reino de España las propuestas que deben remitir a sus asegurados. Por lo tanto, es una doble vertiente, hacer cumplir y cumplir lealmente la Constitución, y, además, velar porque nuestras entidades aseguradoras estén en mejores condiciones de competitividad, cosa que a ustedes les gusta tanto. Apliquen la competitividad también a las lenguas, señores del Grupo Socialista.
Quiero señalar que la enmienda que no encontraba el señor Padrón como posible inclusión en la transaccional que ha ofrecido a enmiendas del Grupo Popular y de Convergència i Unió, respecto de los peritos de seguros o peritos tasadores, sería nuestra 378, que veríamos con agrado incluida en esta transaccional, ya que, aunque no plenamente, recoge algunas de nuestras preocupaciones.
Respecto de los actuarios, el señor Padrón me contesta que no es el actuario sino el consejo de administración quien debe decidir, visto el informe del actuario, qué hacer y no hacer. Nosotros proponíamos simplemente una mayor cautela al darle mayor entidad a las opiniones de estos profesionales. Igual que acabamos de reconocer que los peritos tasadores deben tener una mayor relevancia en la emisión de sus opiniones, creemos, con mayor razón aún, que los actuarios deberían ser tenidos más en cuenta en cuanto a su opinión profesional y no en tanto que meros emisores de informes sujetos a relación laboral con el consejo de administración que les pide su dictamen. Sería una nueva garantía para los tomadores del seguro y los asegurados.
En relación a nuestras enmiendas 357, 358 y 359, el señor Padrón dice que las directivas europeas lo impiden. Creemos que no es así y las mantenemos, puesto que todo lo que sea incluir mayores seguridades, mayor nivel de información a los asegurados y tomadores de seguros, debería ser positivo para nuestros asegurados y nuestros tomadores de seguro que serán siempre residentes y ciudadanos españoles. Todo lo que sea aumentar la garantía de nuestros residentes y ciudadanos españoles en cuanto a los seguros que puedan contratar con compañías españolas o de otros Estados miembros nunca sería excesivo. En este caso, preferiríamos pecar por exceso que no por defecto y no seríamos tan timoratos como parece ser el Grupo Socialista al no querer incluir estas posibilidades, que, caso de ser cierta la argumentación del señor Padrón, siempre podrían ser expurgadas y eliminadas de la ley, pero no hacerlo como censura previa, tal como propone el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: En primer lugar, reiterarme en todos los argumentos que he mencionado en mi primera intervención, que hacen relación a las enmiendas de naturaleza autonómica o competencial que nuestro Grupo tiene en ese primer bloque de enmiendas de este proyecto de ley.
En segundo lugar, señor Presidente, si le parece bien, voy a enumerar, acto seguido, la relación concreta de las enmiendas transaccionales que acepta mi Grupo a las mencionadas por el señor Padrón. Y si el señor Padrón tiene la bondad de atender un momento mi relación podríamos saber exactamente cuáles son las que se van a llevar a cabo entre las transacciones que nos proponen.
La primera es la enmienda transaccional a la 447. La segunda, a la 448, coincidente con la número 2, del Partido Nacionalista Vasco. La tercera, a la 460. La siguiente lo es a la 493, que hace referencia a los peritos; la 495, que hace referencia a la ampliación del plazo a dos años, para la indemnización de mora; la 498; la 535; la 536; la 537...
Señor Presidente, respecto a las enmiendas 545 y a la 546, de Convergència i Unió, mi Grupo propone al Partido Socialista una enmienda transaccional que podría aproximar nuestras posiciones y que tendré gusto en entregar a la Mesa acto seguido. Es una enmienda que tiene por finalidad flexibilizar los plazos de la disposición transitoria tercera, indicando que aquellos plazos que hacen referencia a 31 de diciembre de 1995 pasan a 31 de diciembre de 1996, y los que hacen referencia al fondo mutual, exigibles a 31 de diciembre de 1996, pasan a 1999. En concordancia con esa revisión de plazos, en la letra c), donde dice 1995 debe decir 1996 y donde dice 1996 debe decir 1999. Asimismo, en la letra d), donde dice 1996, debe decir 1999. En definitiva, señorías, se trata simplemente de que el plazo que contempla el proyecto de ley de 31 de diciembre de 1995, que prácticamente coincidirá con la aprobación de este proyecto de ley, quede ampliado a un año, que era la voluntad del legislador inicialmente. Y el segundo plazo, que es el de 31 de diciembre de 1996, quede ampliado a tres años, porque hace referencia a las entidades mutualistas.


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Señor Presidente, entiendo que en este bloque no hay más enmiendas transaccionales. Ahora bien, hay bastantes enmiendas de mi Grupo que coinciden con enmiendas del Partido Socialista y cuya motivación se resuelve con las redacciones que propone el Partido Socialista. ¿Quiere la Presidencia que relacione estos artículos, porque, consecuentemente, tendré que retirar las enmiendas, o quiere que lo haga en el momento en que se proceda a la votación correspondiente?

El señor PRESIDENTE: Es mejor que lo haga cuando lleguemos a la votación correspondiente.


El señor HOMS I FERRET: Se entiende, señor Presidente, que mi Grupo acepte todas esas enmiendas transaccionales y que, en consecuencia, daremos por retiradas, en su momento, las enmiendas que quedan afectadas.


El señor PRESIDENTE: En el momento oportuno, cuando cotejemos efectivamente si hay enmiendas transaccionales a las enmiendas que ha dicho S. S.


El señor HOMS I FERRET: Las habrá, señor Presidente, no desconfíe usted.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Ante todo, quiero agradecer al señor Padrón el trabajo ímprobo realizado dada la cantidad de enmiendas que tiene este proyecto de ley, que, desde luego, hace difícil el poder precisar tan rápidamente todos aquellos aspectos de concordancia y de discrepancia.
Para confirmar las enmiendas que han sido admitidas, voy a enumerarlas.
Corresponden a modificaciones sobre la Ley de mediación del seguro privado y, según he podido anotar, las enmiendas que han sido aceptadas en su literalidad son las números 23, 24, 25 y 27, teniendo en cuenta que la 24 y la 27 tenían una corrección apuntada por el señor Padrón, con las cuales estamos de acuerdo.
Tengo una duda con respecto a nuestra enmienda número 47. Me gustaría que me precisara el señor Padrón si se admite en su literalidad o si propone una transacción a esta enmienda. Yo tenía anotado que era admitida, pero no se lo he oído en su intervención. También quisiera que me confirmara si, efectivamente, es transaccionada nuestra enmienda número 2 a través de la enmienda número 448 de Convergència i Unió.
No voy a entrar otra vez en la defensa de las enmiendas que no han sido admitidas, que son la mayoría. Siento que no haya habido más sensibilidad sobre algunos temas, pues creo que había un consenso importante entre todos los grupos en cuanto a la modificación de los requisitos para el acceso a la actividad aseguradora, como es el capital social y el fondo mutual, que no ha sido admitido. Otro tema sobre el que había un consenso importante entre los demás grupos, como era la separación del ramo de la asistencia sanitaria, tampoco ha sido contemplado, cosa que nos extraña porque éste es un sector que está recogido así en otros países, es decir, no hay referencias negativas sobre cómo se establece la regulación de esta normativa en otros países.
La enmienda número 26 sobre la Ley de mediación no ha sido admitida. De todo el paquete de enmiendas que hemos presentado a las modificaciones de la Ley de mediación ha quedado una que no ha sido admitida y el señor Padrón no me ha contestado por qué. Trataba de las garantías sobre responsabilidad civil que deben tener todos los profesionales de la mediación del seguro. A nuestro entender, eran excesivas y así lo reflejábamos en la enmienda número 26, pero, repito, no ha sido admitida.
Por lo que respecta a los recursos de las comisiones liquidadoras, como dice el señor Padrón, efectivamente existen esos impuestos en la legislación fiscal, pero lo que nosotros decíamos es que no entendemos por qué en esta ley se tiene que crear un impuesto, cuando en todos los países europeos se tiende a la eliminación de estos impuestos parafiscales. No es que no se quiera proveer de recursos a las comisiones liquidadoras, pero a través de otro sistema que no sea un impuesto que se cree. Esa era simplemente nuestra pretensión.
Finalmente, otro tema que queda siempre al margen, no sólo de la consideración sino incluso de la contestación, es el competencial. Como es clamar en el desierto, no voy a volver a ello porque me encuentro siempre absolutamente solo incluso en las contestaciones sobre las reivindicaciones en temas tan claros como son las competencias autonómicas que tiene este Estado de las autonomías recogido en unas leyes orgánicas, que por lo visto se debe considerar por parte de algunos como papel mojado. Nosotros vamos a seguir insistiendo, lógicamente, para eso somos quienes somos, y tenemos que defender los intereses, no sólo nuestros, sino los de todas las comunidades autónomas. En este momento me encuentro defendiendo los intereses de todas las comunidades autónomas.
En este aspecto comunico, como he dicho antes, que vamos a seguir insistiendo e incluso estaríamos dispuestos a evocar a Pleno la discusión de este proyecto de ley, porque creo que en las mutualidades, en el tema competencial, no se recoge, en absoluto, lo que nosotros estamos pidiendo a través de estas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Por último, para cerrar este bloque, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Muy brevemente, señor Presidente.
Quiero agradecer también el tono de todos los intervinientes, puesto que, efectivamente, yo mismo soy conscientes de que no he dado amplias razones o argumentos a muchos de los expresados por los defensores de enmiendas.
Por otra parte, me resultaba también casi imposible, materialmente, ir contestando a cada uno de los asuntos, incluso en temas globales o que agrupan algunas enmiendas.
Yo querría, en primer lugar, agradecer la aceptación de las enmiendas transaccionales. Algunos temas no los aceptamos

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puesto que, efectivamente, la libertad del sector y la economía libre de mercado para algunas empresas tiene que tener cierta regulación.
Comprenderá el señor Ramallo que cuando se mueven centenares de miles de millones de pesetas que captan las compañías de seguros, tiene que haber una serie de normas que permitan unos ciertos controles, igual que el Banco de España efectúa con las inspecciones periódicas a las entidades de crédito, puesto que, efectivamente, no hay ningún interés intervencionista en las normas que se establecen, sino la garantía de la seriedad, de la responsabilidad del sector. Es posible que, a su juicio, la ley sea algo intervencionista, pero nosotros queremos garantizar los derechos de terceros y, sobre todo, los derechos de los asegurados.
Hay un punto que antes se me olvidó citar. Vamos a aceptar una enmienda que ahora mismo, señor Presidente, no sé cuál es; sé que es del Grupo Popular y que se refiere a la supresión del apartado 2 del artículo 70, al que el señor Ramallo ha hecho referencia. Efectivamente, creemos que ese párrafo sobra; no es necesario, dadas las normas y la competencia que la Dirección General del Seguro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tiene para formular cuantas apreciaciones estime oportunas y, por tanto, rechazamos también esas posibles recomendaciones que establece el apartado y la enmienda, que no sé ahora cuál es, señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: La 266, señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Pedimos que se vote por separado, puesto que estamos en predisposición de aceptarla.
Al Grupo de Izquierda Unida queremos decirle que el tema de los baremos a que ha hecho referencia lo vamos a seguir estudiando para trámites posteriores. No creemos que conculque o que esté en contradicción con el Código Penal pero, de todas maneras, vamos a estudiarlo. Es la única enmienda suya, señor Espasa, y la verdad es que no habíamos estudiado en profundidad este tema y lo seguiremos estudiando.
Con respecto a los autotaxis, a la hora de determinar la tarifa de los taxis, se tienen en cuenta las pólizas de seguro que tienen que cubrir puesto que, efectivamente, aunque es del sector del automóvil, está sujeto a mayores riesgos, consecuencia de esa mayor intensidad en el uso de esos vehículos. Por tanto, no creemos que de momento sea necesaria una nueva regulación, una diferenciación, como propone usted en su enmienda.
Con respecto al Grupo Catalán (Convergència i Unió), el planteamiento que ha hecho sobre las enmiendas transaccionales, tengo que decir que no había citado las números 535, 536 y 537 porque me parece que corresponden al bloque posterior y, por tanto, serán ofrecidas en su momento por el señor Martínez Noval.
Quiero decirle al señor Zabalía que respetamos las consideraciones que ha hecho. Respecto a la enmienda número 47, señor Zabalía, dado que hemos presentado sobre la marcha una enmienda transaccional ampliando todos los plazos, creemos que los plazos que hemos propuesto en esa transacción son más que suficientes para garantizar el tiempo preciso para esa cobertura de los capitales desembolsados y escriturados. De momento, no aceptamos su enmienda y la tenemos en cuenta, a la hora de trámites posteriores, para las consultas consiguientes, puesto que es posible que se nos haya escapado. Repito que ahora mismo no estamos en condiciones de aceptar la enmienda. Además, creemos que la enmienda número 156, del Grupo Socialista, contempla ampliamente lo que usted pretende.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ¿podría repetir el señor Padrón la enmienda concreta a que hace referencia?

El señor PRESIDENTE: La número 47.
Antes de dar por debatido definitivamente este primer bloque y entrar en el segundo, rogaría a los señores Padrón, Ramallo y al señor Letrado que, si no van a intervenir en este bloque que vamos a discutir ahora, tengan en cuenta, a los efectos oportunos, cuando lleguemos a las votaciones, las enmiendas números 174, 186 249 y 250, a las que el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado la aceptación posterior con alguna modificación efectuada «in voce».
Pasamos al siguiente bloque. (El señor Padrón Delgado pide la palabra.) El señor Padrón tiene la palabra.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, no he entendido.
Ha hablado de ponernos de acuerdo en las rectificaciones a una enmienda presentada por otro grupo; pero, ¿va a suspender la sesión o será en el momento anterior a la votación?

El señor PRESIDENTE: Señor Padrón, S. S. ha manifestado en la primera intervención su voluntad de votar afirmativamente, cuando se produzcan las votaciones, a favor de una serie de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, entre ellas, concretamente las números 174, 186, 249 y 250, con alguna modificación que S. S. ha leído; pero, como la Mesa no las tiene formalmente escritas, que quede claro y absolutamente nítido cuando vayamos a votar estas enmiendas cuál era el sentido de la votación, para que el señor Ramallo las conozca definitivamente y también la Mesa, para que, en el caso afirmativo de que sean votadas e incorporadas al dictamen, quede dictaminado de forma absolutamente clara, con el sentido final de la votación. Lo digo porque de esas enmiendas que ha leído S. S.
no ha suministrado un texto escrito respecto a las modificaciones. Esas conversaciones se pueden hacer a la vez que seguimos debatiendo el siguiente bloque, que es al que vamos a entrar a partir de estos momentos.
¿Está claro, señor Padrón? (Asentimiento.) Pasamos a debatir los artículos 64 a 68, ambos inclusive, la disposición adicional decimocuarta, disposición transitoria quinta y undécima, así como aquellas enmiendas que hagan referencia a nuevas disposiciones adicionales o transitorias y que afecten a este bloque que vamos a

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entrar a discutir al que genéricamente llamamos mutualidades de previsión social.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 261 a 264, 336, 346, 320, 321, 324, 325, más alguna de la que quizá no he tomado nota, tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Voy a defender las enmiendas del Grupo Popular y fijar posición frente a la postura y enmiendas de los otros grupos parlamentarios al proyecto de ley de ordenación de los seguros privados, correspondiente al bloque segundo, mutualidades de previsión social, artículos 64 a 68, ambos incluidos, así como a la disposición decimocuarta y disposiciones transitorias quinta y decimoprimera.
En primer lugar, he de decir que llama la atención que en un bloque o segmento tan importante respecto al contenido del proyecto de ley de supervisión de los seguros privados, como es el que hace referencia a las mutualidades de previsión social, se hayan presentado enmiendas prácticamente en exclusiva por los Grupos de Convergència i Unió y PNV, mientras que el Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda; es un principio incongruente. Izquierda Unida, unas pocas puramente testimoniales y accesorias; y el Grupo Popular algunas a las que luego me referiré, atinentes a conceptos técnicos sobre la constitución, las prestaciones y el régimen jurídico y fiscal de las mutualidades.
Por el contrario, los Grupos de Convergència i Unió y Vasco han presentado muchas enmiendas, de las cuales quiero empezar por referirme a dos: a la 461, del Grupo Catalán y a la 61 bis, del Grupo Vasco, que proponen ambas la supresión del capítulo entero que regula estas mutualidades de previsión social.
Parece que existe un interés muy especial por parte de los Grupos de Convergència i Unió y PNV en la regulación de las mutualidades de previsión social. Se entiende que sea así porque son éstas unas entidades respecto a las cuales tienen competencias asumidas estatutariamente y la ley se las reconoce como tales. Parece que gran parte de las enmiendas va destinada a ampliar esa competencia mediante una modificación de los criterios de conexión que permiten considerar como sujetas a las facultades de tutela y supervisión de las administraciones de las comunidades autonómicas a las mutualidades de previsión social y, por otro lado, ampliar el tipo de prestaciones que pueden prestar las mutualidades de previsión social hasta configurarlas prácticamente como unas entidades de seguros de carácter general.
Por esta doble vía: aumento de los ramos o actividades de seguro en que puedan estar presentes las mutualidades y ampliación de los títulos de conexión que permitan a las comunidades autónomas tener competencia sobre un número mayor de mutualidades, parece que subyace a estas enmiendas el intento de ampliar el abanico de influencias del poder administrativo y político de las comunidades autónomas.
El Grupo Popular no está de acuerdo con este planteamiento. Creemos que la distribución de competencias, diseñada en la ley y acorde a la definida ya por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada respecto a los recursos planteados por las comunidades autónomas vasca y catalana, respecto a la anterior ley de ordenación del seguro privado, se corresponden perfectamente con lo que la Constitución Española diseña.
Por tanto, nos opondremos a aquellas enmiendas, tanto del Grupo Catalán como del PNV, que tienen como objetivo ampliar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia e, indirectamente, lograr lo mismo mediante la desfiguración del concepto tradicional de las mutualidades para convertirlas en compañías aseguradoras de carácter general.
Por esta misma razón nos opondremos a las enmiendas citadas que piden la supresión del Capítulo VII, regulador de las mutualidades de previsión social, es decir, las enmiendas 461, del Grupo Catalán, y la 61 bis, del Grupo Vasco.
Entendemos que la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en la materia que nos ocupa está perfectamente diseñada y de acuerdo con la doctrina constitucional asentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia referida en los artículos 69 y siguientes del proyecto de ley, por lo que nuestro voto será negativo a aquellas enmiendas de los Grupos nacionalistas que pretenden retocar o alterar, en algunos casos introduciendo altas dosis de inseguridad jurídica, el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de ordenación y supervisión de los seguros privados.
En consecuencia, el Grupo Popular votará negativamente a las enmiendas números 466, 480 y 551 del Grupo Catalán, que intentan incidir en esta materia, al margen de lo que disponen los citados artículos 69 y siguientes, con los cuales manifestamos nuestro acuerdo.
Para concluir este primer apartado del repaso general a las enmiendas de concepto presentadas por los Grupos, debo también manifestar la intención del Grupo Popular de votar en contra de las enmiendas 363, 364 y 365, de Izquierda Unida, puesto que pretenden mezclar cuestiones sindicales y laborales de representación de los trabajadores con la regulación propia de esta ley, que es la de seguros. Introducir un funcionamiento pseudo-democrático, como interpreto de la justificación de estas enmiendas, en la organización, desarrollo, constitución y gobierno de entidades de seguros no nos parece que sea la óptica adecuada, ya que estamos ante una actividad de orden mercantil, aunque de una fuerte implantación e implicación social, por lo que se justifica un régimen especial de supervisión administrativa. Pero esto no quiere decir que deban traerse a esta ley cuestiones de representatividad laboral o de poder sindical. Por tanto, estas enmiendas de Izquierda Unida nos merecen un juicio contrario y, en definitiva, un voto en sentido negativo a su admisión.
Pasando ya a comentar las líneas fundamentales de las enmiendas del Grupo Popular, voy a dedicar el siguiente tiempo de mi intervención a comentar aquellas de nuestras enmiendas que me parecen más sustanciales y que expresan la postura de nuestro Grupo respecto a las mutualidades de previsión social.


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La enmienda 261 tiene como objetivo permitir que las personas jurídicas puedan seguir siendo mutualistas de las mutualidades de previsión social, como es tradición en las mutualidades españolas, en contra de lo que dispone el proyecto de ley, que pretende reducir a las personas físicas la condición de mutualista.
Este cambio no tiene razón objetiva de ser, altera la realidad social del mutualismo de nuestra nación y responde a un planteamiento no racionalizado de alterar la naturaleza de las mutualidades de previsión social, tal como han sido concebidas históricamente y como han resultado eficaces socialmente. Por otra parte, me congratula que con este planteamiento del Grupo Popular coincidan la enmienda número 463, del Grupo Catalán, y la enmienda número 8, del PNV, pues vienen a coincidir con nosotros en que las mutualidades de previsión social tienen, en gran medida, un papel importante en el mutualismo español, precisamente porque las personas jurídicas, sean los colegios profesionales, sean las empresas en cuanto a empleadores, las promuevan y formen parte de las mismas. Tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo de Estado, a los que ya ha hecho mención anteriormente don Luis Ramallo, en sus respectivos informes o dictámenes sobre el anteproyecto de ley han incidido expresamente en esta misma idea. No existe, en consecuencia, razón objetiva para variar en este punto la naturaleza tradicional de las mutualidades.
La misma finalidad tiene la enmienda 262, que permite el mutualismo obligatorio en el caso de empresas respecto a todos sus trabajadores y en el caso de colegios profesionales respecto a sus afiliados. Es una realidad social de hecho positivamente valorada por sus beneficiarios y que no plantea problema alguno. Las mutualidades de previsión social han sido instrumento jurídico idóneo para garantizar prestaciones complementarias de las de la Seguridad Social por parte de los colegios profesionales a sus afiliados y por parte de algunas empresas al conjunto de sus trabajadores.
No se entiende por qué el proyecto de ley exige ahora la voluntariedad individual que excluye esta fórmula asociativa o colectiva de integración en las mutualidades que es y ha sido tradicional en España.
Nuestra enmienda pretende mantener el principio de voluntariedad con la excepción de que haya sido pactada la inscripción en la mutualidad, bien mediante los estatutos de un colegio profesional o en virtud de la negociación colectiva mediante pactos entre los trabajadores y sus representantes legítimos. El planteamiento de nuestra enmienda 262 coincide con la 464 y la 469, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la número 11, del Grupo Vasco. Una vez más, en mantener la posibilidad de lo que históricamente ha sido una institución socialmente eficaz coincidimos con los nacionalistas catalanes y vascos y creemos que merece la pena que se reconsidere el planteamiento del Gobierno o del Grupo Socialista, que no se sostiene ni en razones jurídicas ni económicas ni de funcionalidad social.
Retiramos la enmienda 298 porque coincide --por un error, seguramente, en la transcripción-- con la 262, también de nuestro Grupo.
Nuestra enmienda 263 pretende autorizar a las mutualidades de previsión social para realizar operaciones de coaseguro, manteniendo así una posibilidad que la legislación vigente permite. No se entiende que existan razones objetivas para su supresión, como pretende el proyecto de ley del Gobierno.
En este planteamiento mi Grupo coincide con la enmienda 471, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y con la número 11, del Grupo Vasco (PNV).
No sucede lo mismo con las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que pretenden abrir la posibilidad de que las mutualidades de previsión social puedan acudir al reaseguro.
No estamos de acuerdo con este planteamiento que creo vinculado a la ampliación de los ramos de actividad y de las posibilidades de aseguramiento a que se refieren otras enmiendas del Grupo Catalán y que, según resulta de la intervención que estoy realizando, son objeto de rechazo y de voto negativo por parte del Grupo Popular.
Las enmiendas números 264 y 265, de mi Grupo, pretenden un régimen razonable de equiparación de los requisitos para el desarrollo por las mutualidades de previsión social de actividades de seguro fuera de sus ámbitos tradicionales a los que se exige al resto de las entidades aseguradoras cuando operan en tales ramos. No parece razonable que si se posibilita una ampliación de las actividades de las mutualidades de previsión social a ámbitos de aseguramiento distintos de lo que constituye su ámbito específico no se les exija a la vez los mismos requisitos que el proyecto de ley que discutimos establece para las entidades de seguros que operan en tales ramos o actividades.
La enmienda 346, del Grupo Popular, pretende mantener las mutualidades de previsión social de los colegios profesionales como alternativa al régimen de autónomos, coincidiendo con lo que piden las enmiendas 553, del Grupo Catalán, y 52, del Grupo Vasco. Esta es una pretensión plenamente coherente con lo dicho con anterioridad sobre la subsistencia del régimen de afiliación obligatoria a las mutualidades de previsión social, en el caso de profesionales colegiados, que nos parece razonable mantener en la presente ley para evitar que se extinga un sistema de mutualismo de base personalista y profesional que ha tenido gran eficacia y es positivamente valorado en nuestra reciente historia del mutualismo.
La enmienda 336, de mi Grupo, pretende conseguir la neutralidad fiscal o, al menos, un abaratamiento del coste fiscal de las operaciones de fusión, absorción, excisión o cesión de cartera previsto a la liquidación que se vean obligadas a afrontar las compañías de seguros en virtud de las disposiciones del proyecto de ley.
Es evidente que uno de los objetivos de política legislativa que subyace en alguno de los planteamientos más polémicos del presente proyecto de ley es lograr una concentración en el sector asegurador que probablemente va a abocar en la desaparición, mediante integración, absorción o fusión por parte de las compañías más poderosas de muchas compañías de seguros pequeñas. Por tanto, no resulta absurdo establecer una disposición como la que propone nuestra enmienda 336 que abarate el coste fiscal de las

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operaciones mercantiles que se lleven a cabo en virtud de lo dispuesto en la ley y de la intención política subyacente.
Para acabar, quiero hacer una rápida valoración de las enmiendas hasta ahora consideradas y presentadas por otros grupos. Por tanto, debo manifestar, de manera escueta, que no estamos de acuerdo en determinadas enmiendas, como la 536, 537 y 554, del Grupo Catalán, que pretenden la equiparación fiscal entre las aportaciones o las prestaciones realizadas a/o por las mutualidades de previsión social y las realizadas a/o por los planes y fondos de pensiones. Nos parece que esta equiparación no tiene sentido. Son instituciones muy distintas --las mutualidades, por un lado, y los planes y fondos, por otro-- y el legislador debe optar por incentivar fiscalmente un determinado régimen de ahorro colectivo. Lo hemos hecho a favor de los planes y fondos de pensiones y, por tanto, no debe ampliarse a las mutualidades, que, por otra parte, por su base personalista o por las características que subyacen de naturaleza jurídica, no son el instrumento idóneo para convertirse en un sistema colectivo indiscriminado de ahorro colectivo, alternativo y complementario al establecido por la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Voy terminando, señor Presidente.
Tampoco podemos otorgar un voto positivo a la enmienda 479, del Grupo Catalán, por la técnica legislativa en que incurre al convertir en referencia normativa, dentro del texto articulado de la ley, una disposición que se contiene en las formas transitorias de la misma.
Tampoco podemos apoyar las enmiendas 476, del Grupo Catalán, y 13, del Grupo Vasco, por cuento, de ser aprobadas, cambiaría profundamente la naturaleza de las mutualidades de previsión social para hacerlas algo similar a los planes y fondos de pensiones, tal como hemos indicado con anterioridad.
Dicho todo lo anterior, que pretende ser un resumen de las cuestiones más importantes planteadas tanto en las enmiendas del Grupo Popular como en las del resto de los Grupos, voy a hacer a continuación, sin detenerme individualmente en la justificación del sentido del voto respecto a cada una de las enmiendas, una referencia para que quede constancia de que hay enmiendas de otros Grupos que van a merecer nuestro voto positivo por considerar que aportan mejoras técnicas o sustantivas a la redacción del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Arqueros.
Se está produciendo realmente una intervención un tanto curiosa.
Permítame que cuando digo curiosa no lo digo en ningún sentido peyorativo. Su señoría está fijando la posición sobre enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y podría darse la circunstancia de que igual, en el turno que tienen para fijar su posición, algunas incluso las podrían retirar y estaríamos consumiendo un turno un tanto curioso.
Quizás esas referencias --si le parece bien, señor Arqueros-- las mantiene para el caso de réplica, en el supuesto hipotético de que los grupos parlamentarios deseen seguir manteniendo vivas esas enmiendas a las que S. S. está haciendo referencia.
Tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Al decir la postura que vamos a adoptar en el futuro lo único que pretendía era allanar el camino a los otros grupos, pero, como obediente que soy ante el Presidente, efectivamente, dejo la posición de las enmiendas y lo que vamos a votar para otro turno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arqueros.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para la defensa de las enmiendas a este bloque que estamos estudiando, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Son las enmiendas 362 a 365 y la 433. Quisiera señalar, de todas formas, que supongo que en el turno de réplica tanto yo como otros grupos parlamentarios nos podremos referir a la esperada respuesta del señor Martínez Noval, a las enmiendas que hemos presentado en el bloque anterior al artículo 69, que eran de ámbito competencial y que el señor Padrón nos anunció que el señor Martínez Noval nos contestaría, cosa que supongo que hará ahora. Paso al contenido de las enmiendas, señor Presidente.
Nuestra enmienda 362 viene a precisar lo que deben ser y lo que son, de acuerdo con nuestra legislación y nuestra Constitución, las mutualidades de previsión social, es decir, entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas, que son personas físicas. Esto nos parece fundamental señalarlo en nuestra enmienda porque creemos que debe clarificarse que el concepto de mutualidad de previsión social corresponde a entidades aseguradoras de carácter colectivo y que no son sustitutorias de la Seguridad Social. Este carácter no sustitutorio de la Seguridad Social que algunos grupos quisieran que fuera de otra forma, no creemos que sea el terreno de batalla para ganar esta ley; en todo caso, nosotros, aquí y en otros ámbitos, nos opondríamos a que las mutualidades de previsión social pudieran algún día convertirse en nuestro país en entidades sustitutorias de la Seguridad Social. Por eso, en estas entidades aseguradoras, el tomador del seguro y el asegurado es la persona física, debe ser socio mutualista y es uno de los elementos básicos del fenómenos asegurador dentro de estas entidades aseguradoras respetables y respetadas, pero siempre en un ámbito menor al de la Seguridad Social pública que mandata nuestra Constitución y que algunos grupos, entre el que se encuentra el nuestro, quieren que tenga el mayor vigor y la mayor fortaleza. Si hay otros regímenes complementarios, como mandata nuestra Constitución, pueden existir, pero nunca deberían menoscabar el ámbito público, universal y suficiente de la Seguridad Social en nuestro país.
Las enmiendas 363 y 364 vienen a señalar una serie de requisitos genéricos para asegurar lo que, por otra parte, es

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práctica ya generalizada en la mayoría de mutualidades, lo sabemos, pero creemos que no sobra incluirlo en la ley, es decir, prácticas mínimas que aseguren un funcionamiento democrático de los órganos rectores de estas mutualidades, de su fundación, de sus mecanismos de elección y de control. Insisto en que sabemos perfectamente que muchas mutualidades tienen un funcionamiento perfectamente democrático, pero creemos que no sobra el que en la ley queden previstos unos mínimos que todos deberían cumplir y que estamos seguros que muchas mutualidades ya cumplen. Si lo cumplen, mejor que mejor.
La enmienda 365 creemos que es de una cierta importancia y relevancia; viene a precisar que las mutualidades de previsión social pueden federarse o asociarse libremente, como mandata nuestra Constitución; que estas asociaciones o federaciones pueden prestar servicios comunes relacionados con la actividad de las mutualidades, pero que no pueden ejercer la actividad aseguradora o reaseguradora. En ningún caso podríamos entender que las actuales federaciones, especialmente la Confederación Nacional de Mutualidades, puedan ser algo más de lo que son: entes de representación asociativa voluntaria, pero en ningún caso pueden realizar actividades aseguradoras o reaseguradoras. Por tanto, nuestra enmienda creemos que mejora el texto del proyecto, puesto que en él simplemente se recuerda que la Confederación Nacional no puede realizar actividades aseguradoras. Nosotros, después de abundar en esta consideración, creemos que se debe dejar abierta la posibilidad de que las mutualidades puedan asociarse o federarse, señalando que esta asociación o federación, repito, no puede en ningún caso llevarlas a practicar actividades aseguradoras o reaseguradoras por parte de estas asociaciones o federaciones.
La enmienda 433, la última de nuestro bloque, viene a reclamar que, en contra de lo que dice el proyecto de ley, el plazo a contar para la retirada de las exenciones fiscales no sea de ocho años, sino de tres, tal como prevé el que se da en la ley para que todas las mutualidades se conviertan en voluntarias y no queden mutualidades obligatorias. Por tanto, es congruente con lo que se prevé en el proyecto de ley.
Simplemente nosotros añadimos esta precisión en la enmienda 433: que, en tanto no se realice la transformación contemplada en la disposición transitoria quinta de este proyecto que estamos debatiendo, el plazo máximo será de tres años y no de ocho, como figura en dicho proyecto.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas a este bloque, por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Mantenemos 29 enmiendas en este bloque, que hace referencia al Capítulo VII, de mutualidades de previsión social.
Lamento, señor Presidente, antes de pasar a razonar las enmiendas que hemos presentado, que otros grupos que también presentan consideraciones y enmiendas a este mismo capítulo no terminan de comprender la naturaleza y el alcance que tienen estas entidades hoy en día en nuestra sociedad, en su función de entidades que desarrollan un papel complementario a la Seguridad Social, incluso reconocido por la Ley 29/1993, que son de naturaleza paralela o complementaria a determinadas prestaciones que hoy desarrolla también la Seguridad Social en España.
Mi Grupo tiene una enmienda de supresión de todo ese capítulo; es una enmienda de naturaleza política, de disconformidad con todo el capítulo, porque básicamente entendemos que debería ser una ley sustantiva propia la que estableciera el marco de regulación de las mutualidades de previsión social y no un capítulo en el contexto de esta ley. Creemos que es necesario regular de manera sustantiva y propia y por separado el marco de actuación de las mutualidades de previsión social, puesto que la actual redacción del proyecto de ley de supervisión de seguros privados no recoge de forma adecuada las características técnicas y sociales de las mutualidades de previsión social, otorgando a estas entidades un tratamiento deficiente y considerándolas como entidades aseguradoras menores o imperfectas, en lugar de como instituciones de previsión social, con todo su alcance y función, lo que origina una serie de problemas de adaptación de estas entidades a la realidad propia de su ámbito y al de la regulación aseguradora. Nuestro Grupo desearía una ley sustantiva y propia. Nuestro Grupo desearía una ley sustantiva y propia y, al no ser posible, hemos planteado esta enmienda de sustitución o de rechazo a ese Capítulo VII, para abocar en este debate en la conveniencia y necesidad, a pesar de que se regule este Capítulo VII, en un futuro inmediato de que ese ámbito tenga una ley propia, que defina exactamente cuáles son sus funciones, las adecue al marco normativo comunitario y le permita su desarrollo en el futuro. Por tanto, de forma puntual y parcial tenemos 29 enmiendas que vienen a corregir las deficiencias, a nuestro entender, de ese Capítulo VII, relativo a las mutualidades de previsión social.
La primera enmienda es la 462. Esta es una enmienda que tiene la función de reconocer algo que hoy ya existe y el proyecto, digamos, olvida: que las mutualidades de previsión social hoy son entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario, y en algunas circunstancias obligatoria, que es complementaria al sistema de Seguridad Social y que mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas se cubren tanto por personas físicas como jurídicas determinadas prestaciones de carácter social. Se olvida, pues, en este primer apartado del artículo 64 la posible naturaleza jurídica de los elementos de las entidades mutualistas. Creo, señorías, que de no corregirse esta cuestión estaríamos olvidándonos de una realidad hoy bien evidente, que tiene su trayectoria histórica. Debe tenerse presente que una de las características más tradicionales de las mutualidades de previsión social es que, junto a las personas físicas, también pueden formar parte de estas entidades como mutualistas las personas jurídicas, por lo que la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser mutualistas, además de injustificada, es absolutamente inaceptable y discriminatoria. Quiero pensar que esta deficiencia se subsanará.


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La segunda enmienda, la 463, es alternativa a la misma. Por consiguiente, la doy por defendida; proponemos otra redacción con la misma finalidad.
La enmienda 464 tiene como fin definir el alcance de mutualidades que actúan como instrumento de previsión social empresarial. Se trata en este caso de reconocer lo que hoy también es una realidad en este sector: que existen mutualidades que nacen como consecuencia de convenios colectivos en las empresas. Hoy esto es así y no tiene ninguna justificación el que, por esta ley, se prohíba o se impida la existencia de mutualidades de previsión social de naturaleza empresarial. Por eso proponemos que al final del apartado 1 se añada un nuevo párrafo que diga que cuando en una mutualidad de previsión social todos sus mutualistas sean empleados, sus socios promotores sean las empresas, instituciones o empresarios individuales en cuyas empresas prestan sus servicios y las prestaciones que se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos de previsión entre éstas y aquéllos, se entenderá que la mutualidad actúa como instrumento de previsión social empresarial. Por consiguiente, definimos la modalidad de mutualidad de previsión social empresarial, que son aquellas que nacen, que tienen su origen como consecuencia de acuerdos entre los trabajadores y las empresas.
La siguiente enmienda, la 465, tiene por finalidad reconocer lo que hoy se está contemplando y se contiene en la legislación vigente. Se trata de plantear en el segundo apartado del artículo 64, que define los conceptos y requisitos de las mutualidades de previsión social, la definición de que el objeto social de las mutualidades de previsión social será la previsión social complementaria, pero que su objeto social comprende también las funciones de colaboración con la Seguridad Social pública. En la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, que aprobó recientemente esta Cámara, se incorporó que el mutualismo de previsión social podía desarrollar, y formaba parte del objeto social, la posible colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Si esto se incorporó hace escasos meses a una ley aprobada por esta Cámara, no tiene razón que ahora, en esta otra ley en que regulamos el capítulo de mutualidad de previsión social, se excluya lo que hace escasamente 15 meses se incorporó al ámbito legal hoy vigente.
La enmienda 466 tiene por finalidad respetar las competencias de las comunidades autónomas en relación a las mutualidades. Esta enmienda, señorías, hace referencia estrictamente en el apartado a) del punto 2 a que dichas prestaciones deben ser autorizadas específicamente por la Dirección General de Seguros, cosa que en determinados ámbitos territoriales debe ser así, pero en otros, donde hay reconocidas competencias en esta materia, son las comunidades autónomas que tienen dichas competencias quienes deben reconocer o autorizar específicamente las prestaciones. De no mencionarlo, podía deducirse que sólo y exclusivamente la competencia del reconocimiento o de la autorización específica de las prestaciones recae en la Dirección General de Seguros.
La enmienda 467 tiene por finalidad corregir también un aspecto que ha sido mencionado por varios de los representantes de los demás grupos parlamentarios, que va en la dirección de evitar la exigencia de inseparabilidad absoluta de la condición de mutualista con la de tomador y asegurado, puesto que esta condición limita de manera importante, a nuestro entender, la actividad de las mutualidades de previsión social, que no podrían, por ejemplo, cubrir contingencias relativas a los familiares de los pensionistas o contratar seguros colectivos, por lo que debe desaparecer esta exigencia y mantenerse la actual situación, sin más. Por esta razón, proponemos que la condición de tomador del seguro o de asegurado sea inseparable de la de mutualista.
La enmienda 468 tiene por función dar también una redacción alternativa a ese mismo objetivo, el de evitar la inseparabilidad entre mutualista y tomador de seguros o asegurado. Es una alternativa que planteamos en la enmienda 467.
La enmienda 469, señor Presidente, al artículo 64.3, tiene por función referirse a que debería poderse autorizar la generación o la creación de mutualidades que nazcan de acuerdos o convenios de empresa, como es hoy ya exactamente, o también de acuerdos adoptados por los órganos representativos de los colegios profesionales. Este capítulo VII, señorías, elimina el carácter obligatorio de las mutualidades de los colegios profesionales. Hoy, la pertenencia al colegio profesional obliga a pertenecer a la mutualidad correspondiente. En este proyecto de ley se elimina el carácter obligatorio. No obstante, entiende nuestro Grupo que debería respetarse la posibilidad de que, por acuerdos adoptados por los órganos representativos de los colegios profesionales, si estos acuerdos fueran unánimes, pudiera todavía mantenerse el carácter de pertenencia obligatoria a la mutualidad. Esta, señorías, es una cuestión que podía entenderse que es contradictoria con la voluntad general del proyecto de ley. Si se elimina el carácter obligatorio, no carecería de sentido el permitir que acuerdos unánimes de los colegios profesionales pudieran mantener dicho carácter, porque no se les debe escapar a SS. SS. que el que un colegio profesional adopte dicha decisión con carácter pleno y unánime, debe tener valor en sí mismo, y si hoy los colegios profesionales tienen mutualidades de previsión social, si, por acuerdo unánime de dicho colegio, se mantiene y se desea mantener dicha adscripción obligatoria, entiende nuestro Grupo que debería permitirse mantener esa posibilidad.
La enmienda 470 va destinada a corregir el apartado f) del punto 3 del artículo 64. En dicho apartado f) se establece que la incorporación de sus mutualistas será realizada directamente por la propia mutualidad, sin poder serlo a través de actividad de mediación en seguros. Esta es una cuestión fundamental, señorías, en la legislación en esta materia. Llevo años argumentando en esta Cámara por qué razón la legislación no permite que las mutualidades puedan tener profesionales que hagan de mediadores, profesionales que expliquen y difundan las prestaciones que realizan estas mutualidades. ¿Por qué una compañía de seguros tiene mediadores, tiene representantes, profesionales que venden su productos, y una entidad sin ánimo de lucro, mutualidad de previsión social, no puede tener mediadores que difundan la conveniencia e interés de esos productos?

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Se me ha dicho en reiteradas ocasiones que el carácter voluntario sería la condición necesaria para autorizar la mediación, porque al ser obligatorias no requieren de mediación. En este proyecto de ley se levanta el carácter obligatorio, con lo cual, a partir de ahora, serán todas voluntarias. Y si son todas voluntarias y deben competir en el mercado, la legislación debería permitir la posibilidad de establecer mediadores para estas entidades de previsión social, para poder competir con las demás entidades de seguros, que sí tienen el derecho y la posibilidad de tener profesionales que medien en el mercado, en cuanto a sus prestaciones.
La enmienda 471, señorías, se refiere a la letra h), donde se dice que asumirán directa y totalmente los riesgos garantizados a sus mutualistas, sin practicar operaciones de coaseguro ni de aceptación en reaseguro. Mi Grupo plantea que la prohibición de que las mutualidades realicen operaciones de coaseguro carece totalmente de justificación técnica y sitúa a estas entidades en una situación de desventaja frente al resto de las entidades aseguradoras. Cualquier entidad aseguradora privada puede hacer coaseguro, mientras no se les autoriza a esas entidades. Que se les exijan las mismas condiciones técnicas, las mismas garantías, las mismas provisiones para que puedan hacerlo, pero privarles de esa posibilidad, cuando no se hace con otras, creo que no tiene razón de ser.
La enmienda 472, señor Presidente, es una enmienda que también planteamos dirigida a la posibilidad de que las mutualidades hagan operaciones de reaseguro, y también me reitero en que no entendemos por qué razón a estas entidades se les debe privar de esa posibilidad que hasta la fecha podían desarrollar.
La siguiente enmienda, la 473, señorías, es altamente curiosa. Fíjense ustedes que en la letra i) se dice que la remuneración a los administradores de las mutualidades de previsión social por su gestión formará parte de los gastos de administración, no pudiendo exceder estos gastos, las retribuciones a los administradores, de aquellos límites fijados por el Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, el Ministerio de Economía y Hacienda va a decir cuál es el límite de sueldo que deben tener los administradores de estas entidades de previsión social.
Señorías, no entiendo por qué este grado de intervencionismo. ¿Por qué razón el Ministerio de Economía debe decir cuál va a ser el sueldo de los administradores de una entidad privada, constituida al margen de cualquier iniciativa pública, que no responde ni bebe ni se alimenta de ningún presupuesto público sino, simplemente, de las aportaciones voluntarias de sus mutualistas? Estoy seguro, señorías, de que cualquier mutualidad potente e importante en España se le ocurrirá recurrir este extremo, y lo va a ganar, porque carece de justificación el que se establezca esa limitación y no se le imponga a cualquier compañía, entidad o mutua de seguros.
La siguiente enmienda, la 474, señorías, es coincidente con la enmienda 117 del Partido Socialista, por cuanto la terminología de prejubilación es una prestación que no tiene fundamento y se plantean una correcciones en este sentido.
La 465, señorías, es una enmienda altamente importante, también. A partir de esta ley, las mutualidades van a ser entidades de carácter voluntario y, por tanto, deben competir en el mercado con las entidades de seguros, compañías de seguros, etcétera, y están, no obstante, sometidas por ley a unos límites de prestaciones. No pueden hacer prestaciones más elevadas de la cuantía que establece ese proyecto de ley, que es de nueve millones en percepciones únicas de capital y de dos millones y medio en prestaciones económicas. La verdad es que nuestro Grupo tampoco comprende por qué hay que someterlas a estas limitaciones y no a unas limitaciones un poco más elevadas, a aquellas que, por ejemplo, tienen las mutualidades francesas, que ya van a prever en los próximos años penetrar en el mercado español. Proponemos incrementar esos límites, porque están haciendo poco competitivas a estas entidades y poco atractivas para la sociedad. Planteamos incrementar estos límites a tres millones y medio y a quince millones.
La enmienda 476, señor Presidente, va dirigida a no limitar más allá de lo aconsejable técnicamente, la posibilidad de servir de instrumento de previsión social. Lo contrario podría producir acumulación de entidades de previsión social que no aceptaríamos. Por eso, señor Presidente, proponemos la adición de un nuevo párrafo, al final del primer apartado del artículo 65.
La enmienda 477 tiene por finalidad suprimir las letras a) y b) del artículo 66.2 del referido texto. Son coincidentes con enmiendas de otros grupos. La exigencia de haber transcurrido al menos un plazo de ocho años para poder solicitar ampliar prestaciones nos parece absurda. Si tiene todos los requisitos y cumple todas las formalidades de la ley, ¿por qué razón debe tener una condición de ocho años? Si tiene todas las garantías y todo los elementos que exige la ley ¿por qué no puede consistir en siete, seis, cinco años el período de existencia de una entidad de previsión social para poder solicitar, si se tiene solvencia suficiente, prestaciones más elevadas que las que contempla el proyecto de ley? Por eso, proponemos suprimir los apartados a) y b) de este artículo 66.
La enmienda 478 también plantea, en esta misma dirección, algunas redacciones alternativas.
La enmienda 479, señor Presidente, va en esa misma dirección, revisar esos límites y esas exigencias mínimas que se plantea a las mutualidades sin fundamentar esas exigencias en las necesarias garantías financieras; si tienen las necesarias garantías financieras, no entendemos por qué se las debe someter a otras exigencias de carácter colateral.
La enmienda 480 va dirigida a respetar la actual distribución competencial. Esta es ya una cuestión recurrente en muchos artículos de la ley. Entendemos que se establece en este proyecto que cuando una mutualidad desea incrementar los límites de las prestaciones y se trata de una mutualidad del ámbito de una comunidad autónoma, si desea hacer un producto más interesante, más competitivo porque es solvente y tiene las garantías suficientes, si desea hacer un producto por encima de esos límites que antes hemos indicado, debe solicitarlo a la Dirección General de Seguros, como si la comunidad autónoma competente no fuera lo suficientemente responsable para poder analizar y valorar si dicha entidad tiene los requisitos y la solvencia necesarios para poder realizar este incremento de prestación.


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Dicha administración es competente y suficiente para aquellas prestaciones que están por debajo de dichos límites y cuando se sobrepasan estos límites ya no es capaz ni competente y debe irse a la Dirección General de Seguros. No tiene fundamento, si es competente para todas las prestaciones que se realicen en el ámbito de la comunidad autónoma, lo debe ser para todos los límites de prestaciones que se realicen.
Señor Presidente, la enmienda 481 es la última que planteamos a este Título. Tiene por finalidad corregir el apartado 4 del artículo 66. En dicho apartado 4 proponemos que las mutualidades de previsión social no actúan por ramos sino que cubren contingencias complementarias a la Seguridad Social, por lo que este precepto exige a las mutualidades de previsión social que quieran solicitar ampliación de los límites de prestaciones económicas la renuncia a una de sus características sociales, como es la no actuación por ramos sino por contingencias, por consiguiente, teniendo que dejar de prestar las coberturas que no estuviesen incluidas en el ramo de vida. ¿Por qué razón se les debe exigir esa especialización y por qué no pueden compatibilizar las prestaciones económicas con la de servicios? Señor Presidente, las demás enmiendas se relacionan con las disposiciones de esta ley. Son enmiendas que mi Grupo propone con el propósito de corregir la disposición transitoria quinta. La enmienda 551 tiene por finalidad respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de mutualidades. La enmienda 552 tiene por finalidad, señor Presidente, que ese plazo de tres años que establece la disposición transitoria quinta se amplíe a cinco años porque creemos que es el plazo más razonable para la trasposición y adecuación de estas entidades. La enmienda 553 tiene por finalidad algo que no contempla la disposición transitoria, la posibilidad de que los nuevos profesionales que vayan saliendo de las universidades y que se den de alta en los colegios profesionales puedan incorporarse a las mutualidades de previsión social de los colegios profesionales. Tal como está redactada la ley, parece que no pueden incorporarse a las mutualidades de los colegios profesionales aquellos nuevos profesionales que vayan a incorporarse a dichos colegios.
Por tanto, debe corregirse la redacción de esa disposición transitoria quinta de forma que la opcionalidad que ahí se contempla permita a los actuales miembros ya existentes, dados de alta e incorporados a los colegios profesionales y a sus mutualidades, pero también a aquellos otros profesionales que, en el futuro, se incorporen a dichos colegios y, por consiguiente, puedan optar entre incorporarse a sus mutualidades o a los regímenes especiales de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Lo voy a hacer, señor Presidente.
Y la enmienda número 554 también tiene esta misma finalidad de reconocer unos plazos más amplios para esa transitoriedad que contempla esa disposición.
Señor Presidente, la enmienda 536 tiene por objeto conseguir la neutralidad en el tratamiento fiscal de la previsión social complementaria, pues juzgamos que unos sistemas de previsión social están fiscalmente mejor tratados que otros, al tiempo que el tratamiento fiscal de todos ellos es desfavorable en relación con otros sistemas de ahorro.
Por este motivo se propone regular con un carácter no transitorio el tratamiento fiscal de las aportaciones realizadas a las mutualidades de previsión social. No resulta coherente conceder unos determinados beneficios fiscales durante un plazo de solamente ocho años, que es el régimen transitorio que se le permite a las mutuas profesionales, actualmente obligatorias, y dejar sin trato fiscal, o con régimen fiscal desfavorable a todas las demás mutualidades de previsión social. Espero, deseo y creo que todo esto va a revisarse, y vamos a saber mantener un marco fiscal adecuado para que todas las aportaciones en el futuro de las mutualidades que hoy son de carácter obligatorio puedan continuar siendo deducibles con carácter general; y en cualquier caso, revisar o contemplar la posibilidad de introducir un trato fiscal también considerable en aquellas otras mutualidades de previsión social que hoy, aun no siendo de carácter obligatorio, sí están prestando funciones importantes de carácter complementario a la Seguridad Social.
Y la última enmienda, la 537, quizá de las más importantes que plantea mi Grupo, tiene por finalidad resolver el desaguisado o el problema que generaría esta ley a las mutualidades de los colegios profesionales. Si no revisamos el marco legislativo que se define en esta ley como consecuencia de levantar el carácter obligatorio y mantener un carácter voluntario, con un régimen fiscal que no va a ser el adecuado, va a poner en vía de debilidad y de inseguridad a las actuales mutualidades profesionales.
Quiero indicar a los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Popular, señor Presidente, que los profesionales adscritos a estas mutualidades de estos colegios (los que hoy son de carácter obligatorio) no tienen posibilidad, por imperativo legal, de darse de alta en un régimen de la Seguridad Social. Un arquitecto, un abogado, un aparejador que realiza el ejercicio profesional libre, no tiene hoy marco legal para darse de alta en el régimen de Autónomos; obligatoriamente debe darse de alta sólo y exclusivamente en el régimen obligatorio de la mutualidad de previsión social de su colegio profesional y no puede mantener la adscripción al régimen general de la Seguridad Social. Por consiguiente, si levantamos ese carácter obligatorio y le permitimos optar entre ir al régimen general de la Seguridad Social o a la mutua del colegio profesional, debe contemplarse cómo queda el régimen fiscal reconocido hasta la fecha para esos mutualistas. De lo contrario, someteremos a estas entidades a situación de quiebra, y eso no sería ni acertado ni razonable, y esa es la finalidad de la enmienda que proponemos. Estoy esperanzado, por las conversaciones que hemos mantenido con el Partido Socialista y con el Gobierno, en la revisión del marco legal en torno a esa cuestión, y espero conocer la posición del Grupo Socialista al respecto.
Nada más, señor Presidente, y pido excusas si me he retrasado mucho.


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El señor PRESIDENTE: Espero que en el segundo turno sea más breve, si es menester abrir un segundo turno.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Me va a permitir que, antes de pasar a defender mis enmiendas, haga referencia a la intervención del portavoz del Partido Popular, porque me ha sorprendido el hecho de haber comenzado la defensa de sus enmiendas atacando las enmiendas de mi Grupo Parlamentario y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, fundamentalmente en el tema de las competencias autonómicas. Esto viene a corroborar algo que nuestro Grupo Parlamentario tiene bastante claro: la sensibilidad autonómica del Partido Popular. Quiero entender que esto es una expresión del propio Partido Popular y no personal del señor portavoz de este Grupo, pero me ha sorprendido. De todas formas, también esa sorpresa, en cierto modo, es relativa. No voy a detenerme más en expresar lo que el Partido Popular entiende por un Estado de las autonomías, y voy a centrarme en lo que hemos venido a hacer hoy, que es la defensa de las enmiendas a la ley del seguro privado.
Indudablemente, mi Grupo Parlamentario, como es obvio, coincide en gran parte, en este caso, con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), y se puede decir que prácticamente la totalidad de las enmiendas que hemos hecho son coincidentes, con lo cual podríamos ahorrarnos mucho trabajo dando por defendidas estas enmiendas, ya que el señor Homs las ha defendido brillantemente. Pero, para que quede constancia, voy a pasar a hacer una exposición, desde el punto de vista de mi Grupo Parlamentario, de cómo están reguladas las mutualidades de previsión social en este proyecto de ley, y entendemos que éste es un aspecto muy importante.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado también una enmienda de supresión al capítulo VII, que regula la normativa de las mutualidades de previsión social en este proyecto de ley, porque pensamos que estas mutualidades de previsión social tienen un deficiente tratamiento en el mismo como consecuencia directa de la falta de una ley específica. Las mutualidades de previsión social deberían de tener una ley específica.
Sin embargo, en este proyecto de ley se considera la mutualidad de previsión social, en lugar de una institución de previsión social, más bien como una entidad aseguradora, yo creo que de menor importancia o, en cierto modo, imperfecta, lo cual origina una serie de problemas de adaptación de la realidad propia de las mutualidades a la regulación aseguradora.
Entendemos que este proyecto de ley no respeta las características técnicas y sociales de las mutualidades de previsión social, tal y como se comprometió la Ley 34/1984, de 2 de agosto, en su exposición de motivos. Las mutualidades no quieren actuar, y eso lo han dicho reiteradamente, por ramos, sino que quieren simplemente cubrir con carácter complementario las mismas contingencias que la Seguridad Social pública. Ello no quiere decir que al mutualismo no deba de exigírsele las mismas garantías, tanto financieras como de solvencia, que al resto de las entidades aseguradoras u otros sistemas de previsión. Pero lo que es claro es que, dadas sus características, dada su importancia, dado el colectivo al que representa y que contiene, las mutualidades de previsión social deberían de tener una ley aparte.
Al margen de estas consideraciones que vienen a justificar la solicitud de nuestro Grupo en cuanto a la supresión de este capítulo, hemos presentado una serie de enmiendas parciales que vienen a mejorar, desde nuestro punto de vista, la regulación de las mutualidades de previsión social en todo el articulado de la ley, fundamentalmente el que está contenido en el artículo 64, en donde hemos puesto enmiendas que van desde la número 8 hasta la número 15. Concretamente la enmienda número 8 se refiere a la condición de mutualista. Hay que tener en cuenta que la prohibición de que puedan ser socios de una mutualidad las personas jurídicas es uno de los aspectos contemplados en este proyecto de ley que más ha llamado la atención. Entendemos que esta limitación no debe de producirse y que es completamente injustificada, ya que en este momento, tanto la vigente Ley de Ordenación del Seguro Privado como el Reglamento de entidades de previsión social permiten a las personas jurídicas ser socios de una mutualidad; sin embargo, el proyecto de ley no lo contempla.
También dentro de la condición de mutualista hemos presentado la enmienda número 10 que tiene relación con el requisito que hace que coincidan en una misma persona las condiciones de mutualista, tomador del seguro y asegurado. Esta es una modificación sustancial, desde nuestro punto de vista, que contiene este artículo 64 del proyecto de ley. Entendemos que en la actualidad sólo se exige al mutualista ser el tomador del seguro o el asegurado. Esta nueva limitación va a impedir a las mutualidades de previsión social que continúen desarrollando toda una serie de actividades que están realizando en este momento. Supondrá, por ejemplo, la imposibilidad de realizar seguros colectivos o la limitación en operaciones de seguros de asistencia sanitaria o la imposibilidad de un aseguramiento en planes de pensiones; es decir, toda una serie de actuaciones que hoy vienen realizando y que, de acuerdo con la regulación de este proyecto de ley, quedarían anuladas.
Por lo que respecta al objeto social, entendemos, y así lo hemos establecido en nuestra enmienda número 9, que el proyecto de ley no recoge adecuadamente el objeto social de las mutualidades de previsión social, porque hay una serie de factores que son los propios y los singulares del objeto social de las mutualidades y que no están recogidos en esta regulación, como son la actividad mutualista que se subordina a la satisfacción de intereses paralelos y comunes de los asociados. Esto es una cosa clara. En las mutualidades los derechos y las obligaciones de los mutualistas no se fijan por un contrato de seguro bilateral, como se hace en otros seguros, sino que se hace a través de los reglamentos de prestaciones que se aprueban por la asamblea de los socios. Por otra parte, las contingencias que cubren las mutualidades de previsión social son las mismas que atiende la Seguridad Social básica obligatoria.
Además, el mutualismo es sustancialmente previsión social complementaria.
Esto es claro. Las mutualidades se

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constituyen por colectivos que no están cubiertos por la Seguridad Social, como también ha dejado constancia de ello el portavoz del Grupo Catalán. A medida que el ámbito de cobertura del régimen público se fue ampliando, el mutualismo pasó a ejercer una función de complementariedad.
Todas estas y algunas características más son las que, desde nuestro punto de vista, componen el objeto social y, por tanto, deberían ser tenidas en cuenta.
Otro de los aspectos que se regula es la incorporación de los socios. A este capítulo que recoge el artículo 64.3 hemos presentado la enmienda número 11 porque entendemos que este precepto impide que la voluntad de incorporación a la mutualidad se manifieste no sólo individualmente, sino también colectivamente, a través de la negociación colectiva o en actos de autonomía corporativa de grupos profesionales. Esta es una característica tradicional del mutualismo que se recoge en el artículo 1.2 del reglamento de entidades de previsión social del 4 de diciembre de 1985, que establece el carácter voluntario de estas entidades.
Los motivos por los que entendemos que existen determinados colectivos de trabajadores o profesionales que han acordado su adscripción colectiva a una mutualidad de previsión social son varios, y entre ellos se pueden citar la necesidad de un sistema complementario de carácter privado. Esto creo que no debería de ser discutible, sino que se tiene que tender precisamente a desarrollar todos los sistemas complementarios a la Seguridad Social. Otro principio, como el de la solidaridad, se manifiesta de una manera más eficaz a través del colectivo de mutualistas, pudiendo así otorgarse en determinadas circunstancias prestaciones no contributivas o fijar las aportaciones y prestaciones en función de la situación familiar o laboral del trabajador. Existen también determinados colectivos de profesionales que no han decidido su integración en el régimen de autónomos y para los que la mutualidad constituye su único sistema de previsión social.
Este sistema, por otra parte, permite que no se lleve a cabo una selección de riesgo que dejaría sin protección social a aquellas personas afectadas de alguna dolencia, alguna enfermedad o defectos físicos. Es decir, hay toda una serie de aspectos que están recogidos en las características propias de las mutualidades y que entendemos que en este artículo 64 no está suficientemente contemplado. De ahí nuestra enmienda número 11 a este apartado.
Lo mismo sucede con la regulación del coaseguro. La prohibición de que las mutualidades realicen operaciones de coaseguro desde nuestro punto de vista carece también de justificación técnica, y sitúa a estas entidades en una posición de desventaja frente al resto de las entidades aseguradoras, que tienen como práctica habitual precisamente estas actividades, Por ello, proponemos modificar este artículo 64.3, en el apartado h), a través de nuestra enmienda número 12.
Por lo que respecta al ámbito de la cobertura, que está recogido en el artículo 65, nuestra enmienda número 13 viene a establecer el hecho de que determinadas prestaciones que tradicionalmente vienen otorgando algunas mutualidades y que no figuran dentro de la lista de este artículo 65 (sin que tampoco puedan considerarse como prestaciones no contributivas de las reguladas en el artículo 64.2; nos referimos en este caso a las ayudas al empleo en sus diversas modalidades, así como a las prestaciones en caso de prejubilación), por su carácter social deberían introducirse en la enumeración de las contingencias que están establecidas en dicho precepto. De ahí que nuestra enmienda venga a llenar, de alguna forma, este vacío que entendemos que ha quedado en la actual regulación.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino en seguida, señor Presidente.
Referente a la ampliación de las prestaciones que corresponde a los artículos 66.2 y 66.4 hemos presentado dos enmiendas, la 14 y la 15, porque nos parece de equidad la exigencia de poseer el mismo fondo mutual que las mutuas de seguros para poder solicitar la ampliación el ámbito de cobertura y prestaciones, siempre que no se les exija a las mutualidades superiores garantías financieras que a estas últimas, para lo cual es preciso concederles los mismos beneficios que el régimen transitorio otorga a las mutuas de seguros, y que, en definitiva, consiste en la posibilidad de un fondo mutual menos elevado que el que se va a exigir a las entidades de nueva creación.
Por otra parte, hemos establecido una disposición adicional decimoquinta, que trata de la deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las aportaciones a las entidades de previsión social.
Para ello, añadimos una disposición adicional decimoquinta que viene a modificar el artículo 71.1 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a fin de que se contemple que la base imponible reducirá en este caso, en primer lugar, las cantidades abonadas a montepíos laborales y mutualidades, siempre que correspondan a coberturas análogas a las de los planes y fondos de pensiones y se sometan a los mismos límites y condiciones establecidos para las aportaciones a dichos planes y fondos de pensiones, incluyendo en ambos casos las contribuciones del promotor o de la persona protectora imputadas en concepto de rendimientos de trabajo personal.
En realidad, lo que se pretende es equiparar a los planes y fondos de pensiones, dado que entendemos que hay una serie de principios constitucionales de igualdad y justicia tributaria que hay que tener en cuenta, así como de neutralidad fiscal para las mutualidades.
Asimismo, en el texto que se propone se considera que el tratamiento fiscal que mantendrán las referidas cuotas debe quedar condicionado a que las mismas se sometan, en cuanto a límite máximo de aportación, a las posibilidades de liquidez. Entendemos que, además, esto no tiene un coste recaudatorio para Hacienda y que, por tanto, es una reivindicación lógica de las mutualidades de previsión social.
Respecto a la disposición transitoria quinta, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado dos enmiendas, las números 51 y 52. La 51 que trata de la adaptación a los preceptos de esta ley, y proponemos extender a cinco años el

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plazo de esta adaptación. La 52 trata del régimen de la Seguridad Social para personas que ejerzan la actividad por cuenta propia, a las que se dan dos opciones: bien permanecer o incorporarse a las mutuas de previsión social del colegio profesional, o bien solicitar la afiliación al régimen de autónomos. Esto es para los que se vayan a incorporar, no sólo para los que ya se hayan incorporado.
Finalmente, una disposición final nueva, que corresponde a nuestra enmienda 61, por la cual se propone la elaboración por parte del Gobierno de un proyecto de ley específico para estas entidades de previsión social.
Entendemos que este capítulo de las mutualidades de previsión social debe ser estudiado más detenidamente de lo que se ha hecho por parte del Gobierno, y pedimos al Grupo Socialista que traslade al Gobierno la necesidad de que se revise nuevamente la normativa de este proyecto de ley, porque en nuestra opinión es francamente perjudicial para estas entidades de previsión social.


El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Martínez Noval, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, trataré de ser lo más conciso y breve posible en razón de las circunstancias en que estamos viviendo la discusión de este proyecto de ley.
Comienzo por el final, señorías. El señor Zabalía, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), empezaba por decir que era partidario de la supresión del capítulo VII del proyecto de ley, por la deficiencia de su tratamiento, y concluía diciendo que la materia objeto de regulación en este bloque de discusión, las mutualidades de previsión social, eran acreedoras a que un proyecto de ley sustantivo, separado del de los seguros privados, les diese una regulación nueva.
Yo creo, señorías, que si hiciéramos caso al señor Zabalía y al algún otro grupo que defiende la desaparición en este proyecto de ley del capítulo VII, estaríamos prestando un flaco servicio a las mutualidades y a todas las personas que tienen una legítima inclinación mutualista, por llamar de alguna manera a las preferencias por este sistema de previsión social complementaria. Estaríamos rindiéndoles un flaco servicio porque, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, este proyecto de ley, al menos el capítulo VII, supone un avance considerable respecto de las normas vigentes en materia de mutualidades de previsión social.
Tienen una prueba objetiva de que al menos para el Grupo Socialista este capítulo VII del proyecto de ley supone en realidad una mejora de la normativa, y es que mi Grupo no ha presentado ninguna enmienda al mismo, lo cual no quiere decir que no estemos dispuestos a aceptar modificaciones que contribuyan a mejorar el contenido del capítulo y que sean coherentes con la visión que nosotros tenemos de la funcionalidad y de los objetivos que deben cumplir las mutualidades en este particular momento de la historia española.
De manera que ésta es una regulación más favorable, sin ninguna duda, que los artículos 16 y siguientes de la Ley 33/1984, que son los que en este momento regulan la actividad de las mutualidades. Quiero ser mínimamente preciso en la justificación de esa afirmación mía de que esta regulación es más favorable.
En primer lugar, se amplía el objeto social de las mutualidades de previsión social. De sólo actividad aseguradora, que era lo que regulaba la Ley de 1984, se amplía también a prestaciones sociales. Decía el señor Zabalía, y yo creo que correctamente, que las mutualidades en realidad son entidades de previsión social, y sí lo son, pero la Ley de 1984 no hablaba de eso, sino de actividad aseguradora; sin embargo, esta Ley de 1995 ya amplía el objeto social de las mutualidades.
En segundo lugar, esa actividad aseguradora que desarrollaban las mutualidades daba lugar a unas prestaciones que tenían unos límites.
Quiero recordar que era 1.600.000 pesetas en prestaciones en forma de renta y de 2,5 millones de prestaciones en forma de capital. El proyecto de ley amplía --y yo creo que considerablemente-- esos límites a 2,5 millones en caso de renta, y a 9 millones en caso de prestación de capital, artículo 65.1. Después hablaré del modo y la cuantía en que estamos dispuestos a modificar esa ampliación de los límites. Así que por esa vía también se produce una mejora (unos dirán que cicatera, pero desde nuestro punto de vista es sustancial) de las posibilidades de actuación de las mutualidades.
En tercer lugar, se amplía también la cobertura que pueden prestar las mutualidades. Fíjense que en el artículo 65.1 se habla de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, de enfermedad y asistencia. Y, después de eso, remítanse a la disposición adicional primera para precisar aún un poco más qué cobertura hay en el ramo de asistencia.
Creemos que hay unas coberturas muy importantes y que no se puede menospreciar, en lo que se refiere a avances, la redacción del proyecto.
En cuarto lugar, el capítulo VII amplía también la cobertura de riesgo sobre las cosas, no sólo sobre las personas, insisto en ello, sino que amplía la cobertura de riesgo sobre las cosas. La legislación actual sólo permite a las mutualidades cubrir riesgos de viviendas de protección oficial, como ustedes conocen perfectamente, y en el sentido clásico, es decir, en el más restrictivo, mientras que este proyecto de ley se refiere a las posibilidades que tienen las mutualidades de cubrir riesgos, por ejemplo, sobre viviendas de interés social. No me quiero extender en la diferencia que hay entre viviendas de interés social y viviendas de protección oficial, pero en este momento creo que es bastante más amplio el concepto de viviendas de interés social que el concepto de viviendas de protección oficial.
Además, en ese mismo apartado de la ampliación de la cobertura de riesgos sobre las cosas, este proyecto de ley también permite, en el artículo 65.2.b), que en el caso de que los mutualistas sean pequeños empresarios, la mutualidad pueda cubrir riesgos sobre muchos bienes que aparecen afectos a la actividad empresarial.
En quinto lugar, señorías, el proyecto de ley permite también la ampliación de prestaciones, en el artículo 66, y equipara las mutualidades de previsión social a las mutuas de prima fija. Es decir, que amplía por ramos de seguros la posibilidad de prestaciones sin limitación cuantitativa.


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Señorías, desde nuestro punto de vista el proyecto de ley mejora el régimen competencial de las mutualidades en el sentido de que precisa, de modo más concreto y para proporcionar mayor seguridad jurídica, algunas de las competencias objeto de discusión y de litigio en el Tribunal Constitucional y que fueron dirimidas por éste en sucesivas sentencias.
Quiero recordar que este proyecto de ley modifica, por supresión, el carácter vinculante del informe del Estado en los casos de autorización administrativa y revocación de esa autoridad de las mutualidades, lo cual supone, desde nuestro punto de vista, un alcance considerable.
En séptimo lugar, señorías, también para nosotros es positivo el proyecto de ley al hacer desaparecer la obligatoriedad de las mutualidades en algunos casos en los que determinados colectivos tenían establecida esa pertenencia obligatoria a la mutualidad y, en consecuencia, había todo un grupo de profesionales que no tenía posibilidad de darse de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. El proyecto de ley, como usted sabe, introduce un plazo de tres años para hacer desaparecer esa obligatoriedad y desde nuestro punto de vista es un avance.
En todas estas materias, señorías, el proyecto de ley supone, sin ninguna duda, una reforma que nosotros calificamos de positiva, pero no quiero ocultar que, a pesar de no haber presentado ninguna enmienda, estamos completamente convencidos de que el contenido del capítulo VII es susceptible de mejora y también de acomodación a lo que nosotros entendemos que debe ser el papel que pueden cumplir en estos momentos las mutualidades de previsión social en nuestro país.
Varios portavoces se han referido a un problema que se plantea en el artículo 64.1, que tiene que ver con la inclusión de las personas jurídicas como posibles mutualistas. Son las enmiendas 261, del Grupo Popular; la 462, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la número 8, del Grupo Parlamentario Vasco. Estamos abiertos a aceptar esas enmiendas, pero sólo se votaría una, naturalmente, y el resto de los grupos que tienen enmiendas literalmente iguales a ella podrían retirarlas. Somos partidarios de aceptar la inclusión de las personas jurídicas entre los posibles mutualistas y de las enmiendas que en concordancia con ésta haya que introducir en el artículo 64 (luego me referiré a alguna de ellas), en particular las que se refieren a la condición de tomador del seguro, de asegurado y de mutualista, creo que es la enmienda 467, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La enmienda 262, del Grupo Parlamentario Popular, hace referencia al mutualista empresarial. Vamos a presentar una transaccional a la 464, del Grupo Parlamentario Catalán, con la que creemos que dejamos mejor regulada la posibilidad y la definición de lo que entendemos por previsión social empresarial. Como digo, no aceptamos la enmienda 262 en esos términos y presentaremos una transaccional a la 264, del Grupo Catalán, porque entendemos que no debe haber en esta ley referencias a las consecuencias que acarrea, en términos de obligatoriedad, el origen de la previsión social empresarial en la negociación colectiva.
Desde nuestro punto de vista, si la negociación colectiva alcanza acuerdos que suponen la protección de los trabajadores de una empresa por la vía de la previsión social complementaria que representan las mutualidades, eso no es esta ley la que lo va a determinar sino otra de rango superior. Eso ya está precisado en la legislación española. En el artículo 37 de la Constitución Española se dice que los acuerdos de la negociación colectiva tienen fuerza de ley, y el Estatuto de los Trabajadores concede una eficacia generalizada a los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva por sindicatos representativos.
Para nosotros no hay ninguna duda de que esa previsión social empresarial que nosotros definimos es la que procede de la negociación colectiva. Por eso no entendemos que sea necesario precisar en esta ley aspectos que ya están determinados en otras normas de rango superior a ésta.
En lo que se refiere a colegios profesionales, no somos partidarios de lo que se propone porque introducimos la voluntariedad. A este respecto quiero contestar a algún argumento del señor Arqueros. La actual obligatoriedad no está en la ley de 1984, sino en el reglamento, que se ha introducido además por una excepción. De manera que el que ahora por ley quede precisada la voluntariedad de la pertenencia a las mutualidades nos parece más conveniente.
En cuanto a la enmienda 263, del Grupo Popular, no somos partidarios de que las mutualidades lleven a cabo operaciones de coaseguro y tampoco de reaseguro. Señor Arqueros, ahí diferimos en casi todo. Usted es partidario de las operaciones de coaseguro, pero no de las de reaseguro.
Nosotros somos contrarios a las operaciones de coaseguro, y en el caso de mutualidades de previsión social empresarial --presentaremos una enmienda transaccional-- somos partidarios de las operaciones de reaseguro en cesión, pero no en aceptación.
Las enmiendas 264 y 265, señor Arqueros, referidas a requisitos para actividades aseguradoras, no nos parecen convenientes y las vamos a rechazar. A la enmienda 266, que quiere precisar mejor la opción entre mutualidades y régimen especial de autónomos, en particular para los nuevos profesionales que se incorporan a sus asociaciones o a sus colegios, también presentaremos una transaccional que creemos que garantiza mejor esa opción. Si queremos que sean voluntarias, tendremos también que regular convenientemente las posibilidades de opción entre una cosa y otra.
El señor Espasa, por la enmienda 362, quiere que quede claro que las mutualidades no son sustitutorias de la Seguridad Social. No lo son, señoría, no hace falta precisarlo. Esto es previsión social complementaria y no es preciso entrar en esas consideraciones, porque para nosotros es una cuestión zanjada en otros ámbitos que no hay por qué volver a reiterarla y repetirla en esta ley.
Respecto a las enmiendas 363 y 364, que hacen referencia a requisitos, ya le adelanto, señor Espasa, que no las vamos a aceptar porque tenemos otro punto de vista en relación con esos requisitos. También vamos a rechazar la enmienda 365, y lo mismo haremos con la enmienda 433, que pretende cambiar el plazo de ocho años

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por tres. No somos partidarios de modificar esos plazos, señor Espasa.
Referente al señor Homs y a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán, la enmienda 461 hace referencia a su inclinación de que se desgajen las mutualidades del capítulo VII del proyecto de ley y se regule de modo separado ese capítulo. Esa enmienda, señor Homs, no la podemos aceptar, aunque sí podremos aceptar --se lo digo por si le sirve de alternativa a la anterior, quizá eso que ahora se llama un «second best»-- la enmienda 569, en la que ustedes quizá la plantearon para que fuera posible ese «segundo mejor». Aceptamos que el reglamento que desarrolle el capítulo VII sea un reglamento específico, pero no que haya una ley específica de mutualidades.
La enmienda 462 --lo dije anteriormente-- la aceptaríamos; hace referencia a las personas jurídicas. La enmienda 463 creo que S. S. la retira porque es alternativa a la anterior.
La enmienda 464, que se refiere a previsión social empresarial, sería objeto de una enmienda transaccional. La enmienda 465, en la que se define el objeto social de las mutualidades con referencias al sistema público de Seguridad Social, sabe S. S. que no somos partidarios de referencias al sistema público, aun cuando nosotros aceptaríamos que hubiera una referencia al artículo 11, en el que se regula, bastante detalladamente, el objeto social de todas las entidades que aparecen en el proyecto de ley.
La enmienda 466, señorías, tiene que ver con la competencia de las comunidades autónomas. Después me referiré a una cuestión que ha mencionado algún ponente, en el sentido de esperar alguna respuesta en materia competencial. Contestaré al final de mi intervención, refiriéndome tanto a los artículos comprendidos entre el 64 y el 68 como al artículo 69.
La enmienda 467, señor Homs, yo creo que es concomitante con la 462 y, por tanto, también la aceptaríamos. Usted retiraría --supongo-- la 468, que es alternativa a la 467.
La enmienda 469, que se refiere a convenios en cuanto a qué condiciones sería obligatoria la pertenencia a las mutualidades, ya he hecho anteriormente una referencia a ello. No somos partidarios de que los colegios profesionales puedan, por ningún procedimiento, establecer la obligatoriedad en la pertenencia a sus mutualidades. En lo que se refiere a convenios colectivos, ya le dije anteriormente que consideramos innecesario que figure en este proyecto de ley porque para nosotros eso sería una consecuencia de la negociación colectiva.
La enmienda 470, señor Homs, que se refiere a la posibilidad de mediación en la incorporación a las mutualidades de previsión social, la vamos a aceptar.
La enmienda 471, que hace referencia a la posibilidad de la actividad del coaseguro, dije anteriormente, al referirme a la enmienda 263 del Grupo Parlamentario Popular, que no éramos partidarios.
La enmienda 472, del Grupo Catalán, será objeto de una enmienda transaccional para posibilitar en las mutualidades de previsión social empresarial el reaseguro en cesión. La enmienda 473, relativa a las retribuciones de administradores, señor Homs, la vamos a rechazar. Hay razones que nos llevan a regular esa materia, por más extraño o extravagante que parezca. He entendido que retiraba la enmienda 474.
En lo que se refiere a la 475, tenemos una transaccional que eleva los límites a partir de los cuales se consideraría que hay ampliación de prestaciones, con todas las consecuencias que se regulan en el artículo 66. Fijaríamos esos límites en tres millones de pesetas, en el caso de que la prestación sea en forma de renta, y en 13 millones de pesetas, en el caso de que la prestación sea en forma de capital.
Respecto a la enmienda 476, me parece haber escuchado que la retiraba. Lo mismo ocurre con la enmienda 477.
En cuanto a la enmienda 478, podemos presentar una transaccional.
No podemos aceptar la enmienda 479, señor Homs, que se refiere a la solvencia de las mutualidades, cuestión bastante delicada.
A la enmienda 480 presentaremos una enmienda transaccional referida al artículo 66.3, en el sentido de regular que, aun cuando la autorización en esos casos siga correspondiendo a la Dirección General de Seguros, toda la tramitación de las autorizaciones se lleve a cabo en la comunidad autónoma correspondiente que tenga competencias.
La enmienda 481 no la podemos aceptar y, a partir de ahí, entramos en cuestiones competenciales, una materia en la que me quiero detener un instante, porque algunos portavoces han hecho referencia a esa cuestión.
En lo que se refiere a la fiscalidad de las aportaciones a las mutualidades, mi Grupo Parlamentario va a presentar una enmienda transaccional a las número 536 y 537 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que sería también transaccional con la 42 del Grupo Vasco, por la cual se modifica la disposición adicional decimocuarta, que a su vez modifica el artículo 71 de la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho artículo 71 quedaría redactado en los siguientes términos: La parte regular de la base imponible se reducirá exclusivamente del importe de las siguientes partidas: 1) las cantidades abonadas a entidades de previsión social, cuando amparen entre otros el riesgo de muerte, realizadas por las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia y decidan permanecer o ingresar (da solución tanto al caso de los que permanecen como de los nuevos profesionales que optan por la mutualidad) en la mutualidad que tenga establecido su colegio profesional, en los términos establecidos en la disposición transitoria quinta tres de esta ley, así como las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo dependiente. Como límite máximo de esta reducción se aplicará la menor de las cantidades siguientes: a) el 15 por ciento de la suma de los rendimientos netos del trabajo empresarial y profesional percibidos individualmente o en ejercicio, b) 750.000 pesetas anuales. El apartado 2 del citado artículo no se lo voy a leer puesto que no introduce modificaciones.


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Quiero referirme a esta enmienda transaccional que, efectivamente, en el caso de mutualidades de colegios profesionales para mutualistas ya profesionales, o en el caso de nuevos profesionales que se incorporan a sus colegios, supone la equiparación en el tratamiento fiscal de las aportaciones con los planes de pensiones en lo que se refiere a la posibilidad de reducir o minorar la parte regular de la base imponible, optando por la menor de esas dos cantidades: el 15 por ciento, o las 750.000 pesetas anuales.
Modifica el proyecto de ley en el sentido de que cambia lo previsto en la disposición transitoria quinta, así como la disposición adicional decimocuarta en lo que es el régimen transitorio de deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las aportaciones a entidades de previsión social. Ya no estamos, por tanto, ante un plazo de ocho años, al que se refería esa disposición adicional decimocuarta, sino que este tratamiento fiscal tendría una voluntad de pervivencia y de permanencia. Pero es verdad que respecto de esa disposición adicional decimocuarta hay una parte de las entidades de previsión social cuyas aportaciones no tendrían el mismo tratamiento. Bien es verdad que en la disposición adicional decimocuarta, señor Homs, lo tendrían por un plazo de ocho años.
Señorías, estamos ante una cuestión bastante problemática, pero quizás sea más exacto decir compleja, por lo que mi Grupo Parlamentario, después de la presentación de esa enmienda transaccional a que me refería, se compromete a que, en el plazo que resta hasta la tramitación en el Senado, seguirá estudiando el problema de la fiscalidad de las aportaciones realizadas a las mutualidades de previsión social en los casos a los que no se refiere nuestra enmienda transaccional, que son exclusivamente los de la pertenencia con aportaciones a mutualidades de previsión de colegios profesionales. Espero ser suficientemente preciso para no confundir ni llevar a error a nadie.
Señorías, la presentación de esta enmienda transaccional obliga, sin ninguna duda, a introducir algunas enmiendas que en este momento presento «in voce». Son esas famosas enmiendas, señor Presidente, «in voce» por escrito, que dependen de su magnanimidad y de su interpretación flexible del Reglamento.
Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que es bien conocida y que limita aquellas materias que pueden ser objeto de modificación por parte del Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, nosotros presentamos en estos momentos una enmienda a la disposición adicional decimoctava, de modificación, que diría lo siguiente: La disposición final primera queda redactada del siguiente modo: Disposición final primera. Actualización del límite fiscal de reducción de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El límite fiscal de reducción de la base imponible regular del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recogido en el artículo 71 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, podrá ser actualizado por las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Esta es una habilitación al Gobierno, para que, a través de la Ley de Presupuestos de cada año, pueda modificar esos límites del 15 por ciento de las 750.000 pesetas anuales.
Asimismo, señorías, desde nuestro punto de vista, tendría sentido otra enmienda de adición que introduce una nueva disposición adicional con el siguiente contenido: Disposición adicional decimoquinta, modificación de la Ley sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Se propone añadir un nuevo apartado 5 al artículo 92 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la siguente redacción: El límite máximo de la reducción de la base imponible previsto en la letra b) del número 1 del artículo 71 será aplicado individualmente por cada partícipe integrado en la unidad familiar. Esta concreción aparecía en nuestra enmienda 131. En estos términos, señorías, como consecuencia de la presentación de esta enmienda transaccional, en este momento retiro la enmienda 131 del Grupo Parlamentario Socialista para que todas nuestras enmiendas sean congruentes entre sí.
Señorías, además de lo que se refiere a la fiscalidad, les decía anteriormente que tendría que aludir a las cuestiones competenciales.


El señor PRESIDENTE: Pero muy brevemente, señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Presidente, lo haré todo lo breve que sea posible.
Yo creo que el problema competencial, señorías, procede de la Ley de 1984 y todo el mundo sabe que tanto ésta como el Reglamento fueron recurridos por los Gobiernos vasco y catalán. De manera que no estamos en una cuestión ignota o poco conocida; estamos ante una materia sobre la que existe un acervo doctrinal muy amplio del Tribunal Constitucional.
Que yo sepa, hay cuatro sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a la materia que estamos discutiendo en estos momentos. El Tribunal ha precisado lo que se puede entender por básico en la actividad aseguradora. Ahí está claro, señorías. No creo que ninguno de los portavoces que han defendido sus posiciones sobre esta materia desconozcan estas sentencias. No tendría sentido que en estos momentos nos arrojásemos contenidos de esas sentencias unos a otros ni tratásemos de reinterpretarlas, porque creo que el Tribunal ha tratado de ser lo suficientemente claro y preciso, incluso cuando reconoce que hay algunas cuestiones ejecutivas, ya no digo legislativas, que pueden tener el carácter de básico. Por lo tanto, señorías, estamos en el capítulo VII, referido a mutualidades, y en ese capítulo también hay una doctrina bastante consolidada del Tribunal Constitucional.
Dice el Tribunal que a las mutualidades les es de aplicación el artículo 149.1.11, porque la actividad de las mutualidades es aseguradora. Deja bien claro --y trasladamos, además, sus términos literales a este proyecto de ley-- que la competencia exclusiva de las comunidades autónomas se refiere a aspectos organizativos y funcionales de las mutualidades. Y deja claro también, con meridiana claridad, diría yo, que los puntos de conexión, a la hora de determinar las competencias de unos y de otros en materia de mutualidades, son tres: el domicilio social, el ámbito de operaciones y la localización de los riesgos. De

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manera que, desde nuestro punto de vista, ésas son las cuestiones que quedan claras, incluso en términos literales, traspuestos de las sentencias del Tribunal Constitucional en el proyecto de ley.
Con esto quiero dar respuesta también a una enmienda del Grupo de Izquierda Unida que, a través de la número 366, quería modificar un apartado del artículo 69, en el sentido de modificar localización de riesgos o ámbito de asunción de compromisos. Señoría, no podemos aceptar esa enmienda porque, desde nuestro punto de vista, esa disyunción viene a reconocer dos realidades distintas: una, el punto de conexión en el caso de que estemos refiriéndonos a seguros distintos del de vida; estaríamos hablando de localización de riesgos. Pero si estamos hablando de seguros de vida, hay que referirse no a localización de riesgos, sino a ámbito de asunción de compromisos, por una razón cronológica en la publicación de las sentencias del Tribunal Constitucional en la que no creo que sea necesario explayarse mucho en estos momentos, porque el señor Presidente me llamaría la atención.
En cuanto al señor Zabalía, en mi respuesta están implícitas todas las cuestiones que él planteaba: la supresión del capítulo VII, la personalidad jurídica, la ampliación de prestaciones, la fiscalidad y el problema de la opción. Espero de la benevolencia del señor Zabalía que me exculpe por no referirme expresamente a él.


El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: En primer lugar, me ratifico en todo lo expuesto en mi primera intervención.
He de manifestar, en cuanto a lo dicho por el portavoz del PNV, que la filosofía de nuestro Grupo en la distribución de competencias es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como ya dije con anterioridad.
La distribución de competencias diseñada por el proyecto de ley que debatimos está definida por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada respecto a los recursos planteados por las comunidades autónomas vasca y catalana con relación a la ley de ordenación del seguro privado, y se corresponde con lo que la Constitución dispone. Por tanto, señor Zabalía, la sensibilidad del Grupo Popular es de respeto y de acatamiento a nuestra Constitución.
En relación con las demás disertaciones, sobre todo la del portavoz del Grupo Socialista, quiero decir que hemos basado nuestras enmiendas principalmente en lo manifestado por el Consejo de Estado, que ha considerado que la adscripción colegiada o colectiva es una norma sustantiva de las mutualidades que no debería ser modificada por este proyecto de ley de supervisión de los seguros privados, y que este proyecto de ley debe limitarse al control técnico y de solvencia de las mutualidades en sus actividades en el campo del seguro. El Tribunal Constitucional también se pronunció sobre esta cuestión, en su sentencia del día 16 de diciembre de 1991, por lo que entiende que la pertenencia obligatoria a una mutualidad está justificada al perseguir fines públicos, constitucionalmente relevantes; y ésta es la base de nuestra justificación, como he dicho anteriormente.
Termino, señor Presidente, haciendo una referencia a aquellas enmiendas de otros grupos que van a contar con nuestro voto positivo, por considerar que aportan mejoras técnicas o sustantivas a la redacción del proyecto. Votaremos favorablemente las enmiendas 464, del Grupo de Convergència i Unió; 10 del Grupo Parlamentario Vasco; 467, 470, 475 y 522 del Grupo Catalán; así como la número 51 del Grupo Parlamentario Vasco, esta última relativa a la disposición transitoria quinta. El resto de las enmiendas de este grupo y de otros no contempladas recibirán nuestro voto negativo por razones que se deducen de lo expuesto en mi anterior intervención. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: El argumento del Grupo Parlamentario Socialista, respecto de nuestras enmiendas que no van a ser aceptadas, ya está dicho y no hace falta reiterarlo, pero nosotros pensamos que lo que abunda no sobra y que no estaría mal repetirlo en esta ley. Naturalmente, nos ha sorprendido la primera parte de la intervención del señor Martínez Noval cuando se dirigía a nosotros y a nuestras enmiendas. Después hemos comprendido perfectamente, con todas las aceptaciones de enmiendas transaccionales al Grupo de Convergència i Unió, esta reconversión o caída de Saulo al mutualismo por parte del Grupo Socialista, por lo que entendemos perfectamente cómo no pueden aceptar ninguna de las enmiendas --muy pocas-- que proponíamos a este capítulo VII, puesto que, como el Grupo Socialista, pensábamos que era un buen capítulo, bien diseñado en sus contenidos y que lo mejor hubiese sido no tocarlo. Si acaso, nosotros abundábamos en el espíritu de la ley, pero ahora acabamos de ver la conversión de Saulo al mutualismo por parte del señor Martínez Noval.
Y no al señor Martínez Noval, naturalmente; no al Grupo Socialista, sino en bien del funcionamiento de la Cámara, he de recordar a esta Comisión que tenemos competencia legislativa plena y que, por tanto, los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de oponerse a la tramitación de enmiendas transaccionales. Dado que nuestro Grupo Parlamentario ha sido concienzudamente consultado, preguntado y requerido para dar su opinión sobre tantas enmiendas transaccionales, incluso parece que a efectos de votación hemos de tomar nota de algunas de ellas haciendo un esfuerzo memorístico considerable puesto que no van a existir textos que puedan estudiarse puesto que simplemente han sido leídas, hasta el final de las votaciones, señor Presidente, nosotros nos reservamos la posibilidad, con dolor democrático, de tener que oponernos a muchas de estas enmiendas transaccionales, porque sitúa en una posición de indefensión parlamentaria y política a muchos grupos, sobre todo cuando hay trámites, hay espacio y hay tiempo para consultar a estos grupos, recabar su opinión y permitir que puedan formar su opinión y votar en

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consecuencia. No hacer esto y pensar que con una sorpresa del último momento se pueden cautivar las voluntades políticas de determinados grupos y votar en un sentido o en otro, nos parece de una ingenuidad aplastante. Para que no continúen siendo ingenuos quizá tengamos que recurrir a esta oposición a las enmiendas transaccionales, unas y otras, lo acabaremos de estudiar. Pero quiero señalar que ésta es una práctica que no nos gusta y no porque la haga el Grupo Socialista hoy, esta noche, pero creemos que nadie debería hacer, y que deberíamos poner en igualdad de condiciones a todos los grupos respecto de las enmiendas transaccionales. Si estuviésemos dictaminando sólo en Comisión, evidentemente quedaría el trámite de Pleno y no podríamos oponernos, pero le recuerdo al señor Presidente y, en su caso, pido opinión al mismo a través del Letrado, que estando en competencia legislativa plena esto es así, no recuerdo el número del artículo del Reglamento, pero sé que hay un artículo que me ampara perfectamente y, por tanto, lo plantearemos en su momento.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espasa. Concretamente es el artículo 118.3.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, a la luz de la última intervención del señor Espasa, quiero indicarle que, de acuerdo con el Reglamento, es perfectamente reglamentario formalizar transaccionales a las distintas enmiendas de los grupos parlamentarios. Por si tuviera alguna duda, le quiero indicar que es perfectamente legal y reglamentario que en este trámite que estamos realizando se materialicen enmiendas transaccionales a las de distintos grupos, incluso a la de su Grupo, porque se ha olvidado de que también se podían formular enmiendas transaccionales a las presentadas por su Grupo.
Y ya que hago mención al señor Espasa --él ha hecho alusión a una cierta conversión de Saulo haciendo referencia a posibles posiciones del Partido Socialista en relación con la de Convergència i Unió respecto a ese título de mutualidades--, quiero decirle que de conversación de Saulo nada de nada, porque ya desearía mi Grupo que el Partido Socialista hubiera hecho una conversión de Saulo en relación con la legislación aplicable al mundo de las mutualidades de previsión social.
Sepa, señor Espasa, que su grupo comunista defiende preferentemente la legislación que protege, ampara, canaliza y estimula la previsión social complementaria que realicen las entidades privadas a las que puedan realizar las entidades sin ánimo de lucro, que son mutualidades de previsión social. El Grupo Socialista no, el grupo comunista prefiere que la complementariedad se haga preferentemente mediante las instituciones financieras e instituciones de seguros en entidades privadas, legítimamente, pero privadas, a las que pudieran realizar las entidades de naturaleza no digo pública, pero sí sin ánimo de lucro como son las mutualidades de previsión social. Creo que ello no es a sabiendas de conocer el alcance y el ámbito de toda esa materia. Yo creo que ustedes tienen una profundísima desconfianza en la materia porque no la conocen, y porque la desconocen profundamente se oponen a ella. Debían hacer un reciclaje, un curso intensivo de verano y comprender un poco más el ámbito que estamos regulando en relación con las mutualidades de previsión social, y quizá comprenderían mejor las posiciones que defienden otros grupos parlamentarios.
Señor Presidente, yo quisiera salir al paso de la intervención del portavoz socialista en relación con nuestras enmiendas e indicarle que le agradecemos la aprobación de nuestra enmienda 462, que viene a resolver la problemática de que las mutualidades también pueden ser constituidas por personas jurídicas. Tiene usted razón. Consecuentemente, mi Grupo retira la enmienda 463, puesto que es una alternativa a esa problemática y, al ser aceptada la 462, ya no tiene ningún sentido mantener esa otra alternativa. Por consiguiente, repito, retiro la 463.
Acepto la transaccional que ha indicado que va a presentar en los términos que ha manifestado, en relación con la 464, que viene a reconocer la posibilidad de la definición de las mutualidades de previsión social de empresas.
Quiero indicar al portavoz del Grupo Socialista, que ha hecho mención a la enmienda 485 insinuándome la posibilidad de una transaccional en relación con la definición del objeto social de las mutualidades de previsión social, entendiendo que éstas pueden ser complementarias de la Seguridad Social, que es verdad pues está definido y expresado así en el apartado primero; en el punto segundo indica que el objeto social será recogido en el artículo 11, con lo cual lo amplía. Quiero indicarle que la pretensión de mi enmienda es adicionar a la referencia de este segundo punto que el objeto social de las mutualidades también contempla que haga funciones de colaboración con la Seguridad Social. Dice que a ustedes eso no les parece bien, pero tiene que recordar que en la Ley de Presupuestos para el año 1994 se aprobó esta definición de que las Mutualidades de Previsión Social podrían desarrollar funciones de colaboración con la Seguridad Social. El mundo de las mutualidades va a realizar para colectivos profesionales funciones de colaboración. En aquellos supuestos de corporaciones vinculadas a colectivos profesionales que van a optar libremente, bien adscribirse al régimen de autónomos, bien permanecer adscritos a las mutualidades profesionales, el mundo de las mutualidades de previsión social va a realizar funciones de colaboración. En esos casos, la Mutualidad de Previsión Social va a ser una entidad que va a realizar funciones de colaboración con la Seguridad Social. Por tanto, no estaría mal reconocerlo en la ley. Por esa razón, no puedo renunciar a la literalidad de mi enmienda y debo reiterar la conveniencia de la misma, toda vez que lo que dice la primera frase del punto 2 del 64 es lo que ya dice en el apartado primero, «el objeto social de las mutualidades de previsión social será la previsión social complementaria» y le añade: «Su objeto social comprende también las funciones de colaboración con la Seguridad Social pública», cosa que ya contempla hoy la ley y se desprenderá de esa misma ley.
También quiero manifestar al portavoz del Grupo Socialista, señor Presidente, que le agradezco la aceptación

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de la enmienda 467 de mi Grupo, que viene a resolver el tema de la coincidencia entre el mutualista, el tomador y el asegurado. En consecuencia, debo retirar, como él me ha indicado, señor Presidente, la enmienda 468, que viene a ser una alternativa; como se acepta la inicial, la alternativa debe retirarse.
Le agradezco la transaccional que ha orientado en torno a la enmienda 469 y también la aprobación de la 470, sobre la mediación. Le acepto la transaccional a la 472 en cuanto a la no autorización de coaseguros, pero sí reaseguros. En este sentido, coincidimos con ustedes y discrepamos con la posición del Grupo Popular.
Señor Presidente, también acepto la transaccional que ha presentado a la 475 en el sentido de incrementar los límites que contempla el proyecto de ley hasta 3 y 13 millones y también la transaccional que proponen a la 477 y 478, como la que ha indicado a la 480.
En relación con la disposición adicional y la disposición transitoria, quiero comentar, señor Presidente, las siguientes consideraciones: Sin duda, la enmienda que ha leído el señor Martínez Noval sobre la solución que nos plantean a la problemática causada a las mutualidades de previsión social relativas a colegios profesionales, en principio resuelve el problema generado por el proyecto. Es decir, entiendo que con la disposición adicional decimocuarta que ustedes nos han propuesto o anuncian a la Cámara, sustituyendo la actual decimocuarta, vienen ustedes a resolver el problema para lo que son las mutualidades adscritas a colegios profesionales. Pero el mismo proyecto de ley, como usted ha indicado, no sólo hace referencia en dicha disposición decimocuarta a estas mutualidades de colegios profesionales, sino que hace referencia a las cantidades abonados a las entidades de previsión social amparadas en el artículo 1/2 del reglamento de entidades de previsión social y las entidades de previsión social amparadas en ese artículo 1/2 de dicho Reglamento son más que las mutualidades de colectivos profesionales.
Dejamos fuera de solución a ese colectivo particular que queda de entidades o mutualidades de previsión social que se ampara en el artículo 1.2 del reglamento de entidades de previsión social.
Le admito la buena predisposición que nos indica el portavoz del Grupo Socialista en intentar resolver la solución puntual que marginalmente quedaría en cuanto a ese colectivo de entidades a las que, al sustituir la decimocuarta del proyecto de ley por la decimocuarta que ustedes nos proponen, eliminamos el régimen transitorio de ocho años para poder adaptarse. Cuanto menos, deberíamos permitir a ese colectivo de mutualidades el mismo plazo de ocho años que el proyecto de ley ya contemplaba inicialmente. El marco de solución que ustedes proponen para las mutualidades profesionales es correcto; es quedarse como están, es hacer lo que hoy hacen, pero dejamos sin resolver ese parcial problema a las demás mutualidades acogidas al reglamento de entidades de previsión social.
Quiero indicar que el portavoz del Grupo Socialista no ha dicho nada en relación a una disposición adicional nueva que se adicionaría al texto del proyecto de ley no para resolver el régimen transitorio para las personas adscritas actualmente a las mutualidades profesionales, sino para aquellas futuras personas que, siendo profesionales y se den de alta en dichos colegios profesionales, pudieran optar también entre pertenecer al régimen de autónomos o al régimen de las mutualidades de los colegios profesionales. Una disposición adicional nueva requiere definir ese marco permanente no transitorio para todo lo que podía ser el futuro desarrollo de las adscripciones nuevas de profesionales a los colegios profesionales y a sus mutualidades. Yo creo que, al no mencionar nada, queda pendiente definir ese marco, porque si no estamos simplemente regulando el régimen transitorio para las existentes y no para las futuras generaciones de profesionales que se pudieran ir generando y adscribiendo a los colegios profesionales.
En relación con la disposición transitoria quinta, mi Grupo insinuaba la conveniencia de revisar algunos plazos y tampoco me ha mencionado nada el portavoz socialista. Quisiera que me dijera qué posición tiene su Grupo en relación a considerar algunos plazos que se contemplan en esa disposición transitoria quinta, que es la que hace referencia a la adaptación de las mutualidades de previsión social. Mi Grupo proponía ampliar el plazo de tres años a cinco años, dejando un poco más de flexibilidad a ese proceso de adaptación a que deben someterse estas entidades.
Señor Presidente, quería manifestar que acepto la transaccional a la 535, a la 536 y a la 537, coincidentes estas dos últimas con la 42 del Grupo Vasco (PNV); que me parece también aceptable la transaccional presentada a la 553, que es la que se refiere a las mutuas profesionales, a las que he hecho mención. Y me ha parecido que el Grupo Socialista aceptaba la 552, pero no ha dicho nada y quería recordarle que me dijera si la acepta o no; es la que viene a recoger el problema del que he hablado de los plazos, es decir, a los de los cinco años.
Señor Presidente, éstas son las consideraciones que quiero hacer, así como reiterar que de conversión de Saulo, nada, señor Espasa. Perdone que le mencione otra vez, pero no vaya usted a confundirse. ¿Qué desearía ese Grupo? Que el Grupo Socialista hubiera hecho una conversión de Saulo en esas materias. De todas maneras, le agradezco la buena predisposición, que el Partido Socialista ha venido a convenir con nuestro Grupo en revisar ese marco relativo a las mutualidades que, aun no siendo el que nosotros desearíamos, es simplemente quedarnos como estamos y aun así se retrocede puntualmente en algunos extremos, pero no vamos ni un ápice más allá de lo que en principio hay hoy. Sí en un ámbito, que es el del límite de prestaciones y el de posibilidades de medicación, pero en todo lo demás, señor Espasa, no se avanza nada, con lo cual tenga usted la certeza de que no se hace ahí una conversión de Saulo; se reconducen aspectos para resituarse en lo que hoy ya es el marco vigente y con algunas excepciones en relación con algunos temas puntuales en los que se mejora ligeramente el marco existente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) ¿Señor Espasa?

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El señor ESPASA OLIVER: Por alusiones, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto por alusiones, a los efectos de la conversión de Saulo sólo. (Risas.)

El señor ESPASA OLIVER: Simplemente para ilustrar al señor Homs, que quizá por su vehemencia en defender sus posiciones, no sabe ser correcto en invadir las posiciones de otros y respetar las posiciones, las ideas y las ideologías de otras personas, pero esto es normal en la bisoñez de los Diputados.
Quisiera recordar al señor Homs, para que entienda de una vez nuestra posición, que nosotros, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha estado, está y estará siempre a favor de la seguridad social pública. Como extensión y tal como prevé nuestra Constitución, la seguridad social complementaria, entendida como planes y fondos de pensiones, cuando se discutió la ley, nosotros quisimos hacerla también pública, como por ejemplo se da en Francia, en donde el régimen complementario es voluntario, pero también de gestión pública. El Grupo Socialista no quiso eso, pero quiero que entienda el porqué nosotros no estamos a favor de unas entidades privadas que gestionan intereses de trabajadores. Estamos y estábamos a favor de una seguridad social pública en su tramo profesional y obligatorio, de una seguridad social pública complementaria voluntaria, pero, en la medida de lo posible, en la que los partícipes, es decir, los trabajadores y empleados de todo tipo, sean soberanos de sus aportaciones y sean dueños y titulares de la gestión y del control de la gestión de los planes y fondos de pensiones.
Esta es nuestra posición. Respetamos la existencia de las mutualidades como unos elementos de previsión social del pasado, que en algunos casos pueden pervivir, pueden continuar, siempre con objetivos sectoriales y menores que la seguridad social pública y universal en su tramo obligatorio y en su tramo voluntario.
Parece que ésta es una lección casi, de catón, y me excuso ante las otras señorías, pero parece también que el señor Homs la necesita para entender de una vez la posición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al respetar las mutualidades pero no querer su ampliación y, en todo caso, querer reforzar la seguridad social pública, en su segmento profesional, y complementaria, en su segmento voluntario.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía. (El señor Arqueros Orozco pide la palabra.) ¿Señor Arqueros?

El señor ARQUEROS OROZCO: Una cuestión de orden.
Yo ruego de la Presidencia la benevolencia en lo que voy a plantear.
Aunque considero que es reglamentaria la presentación de enmiendas transaccionales, nuestro Grupo entiende que, por su enjundia, debían ser objeto de una mayor reflexión, y por considerar que en esta sesión maratoniana de la Comisión es muy difícil la reflexión que merecen las enmiendas transaccionales, mi Grupo anuncia que se abstendrá en la votación de las enmiendas transaccionales presentadas por el portavoz del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arqueros.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente. A la tercera va la vencida. Es la tercera vez que me da la palabra. (Risas.) Con mucha brevedad.
Si no he entendido mal, las transacciones a las enmiendas de nuestro Grupo, a través, en algunos casos, de las presentadas a Convergència i Unió, son las números 8, 10, 42 y 52. Simplemente lo digo para que el portavoz del Grupo Socialista me confirme si esas enmiendas son las transaccionadas en este bloque a nuestro Grupo Parlamentario.
En segundo lugar, el hecho de que el señor Martínez Noval haya contestado a todas las enmiendas que he presentado y que he justificado es de agradecer. Pero hay dos cuestiones en las que quería fijarme. En primer lugar, cuando establecemos que se retire el Capítulo VII y solicitamos una ley de mutualidades, hay que señalar que no sólo se ha presentado por nosotros sino que también ha sido apoyado por la Federación de mutualidades, y el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social han criticado rotundamente el tratamiento que el proyecto de ley da a las mutualidades de previsión social. Son muchos colectivos los que opinan así, y desde luego son organismos que yo creo que están fuera de toda duda en cuanto al conocimiento que tienen en esta materia. Por lo tanto, no es exclusivamente nuestro Grupo el que entiende --así lo ha entendido también el Grupo Catalán-- que las mutualidades deberían tener una ley específica, y repito que pienso que está suficientemente justificada esta petición. Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, en Francia, las mutualidades están reguladas por un código de mutualidades; en Portugal, tienen el código de las asociaciones de mutualistas, de 3 de marzo de 1990; en Bélgica, tienen la ley relativa a las mutualidades y a las uniones nacionales de mutualidades, de 28 de septiembre de 1990; incluso existe un proyecto de reglamento de la Comunidad Económica Europea, de 31 de agosto de 1993, por el que se prevé aprobar próximamente el estatuto de mutualidad europea. Quiero decir con esto que en Europa existe ya un sentimiento de la importancia que tienen estas entidades y, en muchos casos, se les está dando un tratamiento específico. Por lo tanto, insisto, creo que la petición estaba suficientemente razonada.
En segundo lugar, para nosotros, el problema competencial no tiene que estar regulado por el Tribunal Constitucional. El tema competencial es mucho más amplio, es una cuestión de voluntades y no de que estemos permanentemente recurriendo normas ni apoyándonos en algunas sentencias para limitar las competencias que están recogidas en leyes orgánicas, como son las de la Comunidad Autónoma Vasca y las de otras comunidades, que tienen

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competencias en estas materias. Yo he dicho, y repito, que este proyecto de ley supone un evidente paso atrás en el proceso autonómico, que deja vacías de competencias exclusivas sobre mutualismo a las comunidades autónomas que tienen competencia legislativa en esta materia. Este es un hecho que está ahí y es claro. Por lo tanto, me ratifico en el problema competencial que tiene este proyecto de ley en cuestiones de mutualidades de previsión social.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, tiene la palabra. Le ruego sea breve.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, responderé a aquellas cuestiones que exigen una respuesta. Todas exigen una respuesta, pero las hay que la exigen en mayor medida.
En primer lugar, señor Espasa, tengo que pedir disculpas porque usted plantea un problema reglamentario --yo creo que debe ser el Presidente de la comisión quien le dé solución-- que procede de una causa de la que yo soy sin duda alguna responsable, y pido disculpas públicamente para que conste en el «Diario de Sesiones». Seguramente, todos los portavoces de esta Comisión hubieran debido tener más tiempo para estudiar las enmiendas transaccionales que mi Grupo presenta a algunas enmiendas del resto de los grupos, sobre todo cuando se trata de una materia tan enjundiosa y abstrusa como ésta a la que estamos refiriéndonos. Créanme, señorías, que ha sido la premura y el escaso tiempo, también el mucho tiempo de reflexión y distintas alternativas que hemos barajado, lo que nos ha llevado a que fuese hoy mismo el día en que contásemos con nuestra posición final y definitiva en relación con algunas materias. De manera que no den a nuestra tardanza en dar a conocer nuestras enmiendas transaccionales ningún significado político, sino, simplemente, señor Espasa, estamos ante un problema material. Insisto, no hay detrás de este problema al que usted se refiere, y en el cual no tengo más remedio que reconocerle parte de verdad, más que problemas materiales, pero no hay ninguna voluntad ni ninguna finalidad política; se lo puedo asegurar y lo hago tanto respecto de usted y su Grupo como del resto de grupos parlamentarios.
En lo que se refiere a la segunda cuestión que usted ha expuesto, que tiene más que ver con el contenido de mis enmiendas y de mi posición respecto a las modificaciones del Capítulo VII, usted ha utilizado, ya deslizado por la pendiente del tremendismo, una figura evangélica. Yo le quiero decir, señor Espasa, que no hay ninguna conversión ni reconversión; ninguna reconversión. Yo no me he caído de ningún caballo en lo que se refiere a los problema del mutualismo.
Le tengo que decir con absoluta claridad que yo estoy estoy un poco perplejo, por lo consiguiente: Yo fui ponente de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y en aquella ocasión tuve que pelear, en el mejor sentido de la palabra, en sentido político, frente a aquellos que consideraban que el mutualismo era una opción de la izquierda, era una opción de progreso que en esos momentos ofrecía mejores garantías para cualquier posición mínimamente progresista a la hora de desarrollar el artículo 41 de la Constitución española. Esa fue la posición que mantuvieron muchas fuerzas progresistas, dentro y fuera de esta Cámara, en relación con la apertura o posibilidad de existencia de planes en relación con las mutualidades. Ahora me encuentro, por su boca, con la posición llamémosle contraria: la posición que pretende que las mutualidades pervivan, pero pervivan en unas condiciones que, desde nuestro punto de vista, son precarias en relación con otras figuras de previsión social, señoría.
Nosotros hemos mantenido, y además lo hemos hecho públicamente, una serie de posiciones en relación con esta materia que nos han llevado y nos llevan a seguir permitiendo la pervivencia de tres figuras de previsión social complementaria, como son los planes y fondos de pensiones, los seguros colectivos y las mutualidades. Esa es nuestra posición. Y yo siempre he sostenido, personalmente y en nombre de mi Grupo, que el tratamiento fiscal, en particular, de las tres figuras debería de ser el mismo en el caso de que las condiciones fuesen las mismas; y estamos hablando, señor Espasa, de las mismas condiciones.
Por otra parte, señoría, usted plantea las cuestiones --y con esto, quiero concluir, para no extenderme más-- en unos términos de conversión, de reconversión, que tienen recuerdos dogmáticos. No hay ninguna posición dogmática por parte del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia.
Le digo más, señor Espasa. ¿Cuál puede ser mi posición cuando hay compañeros de mi propio partido, que tan legítimamente como yo se consideran afectos a la organización política y a los principios políticos que emanan de la pertenencia a la misma, que están dirigiendo mutualidades de previsión social? ¿Es que esa labor de dirección de mutualidades de previsión social y de pertenencia al partido al que yo pertenezco es incompatible? ¿Es que esas personas han caído del caballo antes que yo? Señor Espasa, créame, no se han caído ni ellos ni yo de ningún caballo. Hay muchas personas de ideología progresista, de ideología socialista en concreto, que son dirigentes de mutualidades de previsión social y lo hacen, dese nuestro punto de vista, con pelan coherencia. De manera, señoría, que creo que en estos momentos es un tanto exagerado, es una desmesura política que usted atribuya a las enmiendas que nosotros presentamos en relación con el Capítulo VII una actitud que suponga un cambio radical respecto de la posición que venimos manteniendo en lo que se refiere a las posibilidades de desarrollo en nuestro país de los planes y fondos de pensiones. (El señor Homs pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Una cuestión de orden, para clarificar la solicitud que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, porque, si no se clarifica, mi Grupo solicitaría que se suspendiera esta Comisión hasta que se conociera exactamente cuál es el marco legal a proceder en estas circunstancias.


El señor PRESIDENTE: Para la cuestión de orden, tiene la palabra el señor Homs.


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El señor HOMS I FERRET: Parece ser que el señor Espasa ha manifestado la voluntad de su Grupo de negarse a aceptar en este trámite ninguna enmienda transaccional que se pueda plantear por cualquiera de lo grupos parlamentarios representados en esta Comisión, haciendo referencia a que el Reglamento hace mención de ese derecho cuando los grupos están debatiendo leyes en el Pleno de la Cámara. Y, entendiendo que esta Comisión está en régimen de competencia legislativa plena, el señor Espasa deduce --él deduce-- que, por analogía, dicho derecho también podía ser aplicable a los grupos cuando las leyes están en trámite en Comisión. Lo que pasa, señor Presidente, es que ahí se conculcan los derechos de los grupos parlamentarios, que reconoce el Reglamento de la Cámara, a poder transaccionar enmiendas de común acuerdo, en virtud de lo que establece el artículo 114.3 del Reglamento de la Cámara, que reconoce que en trámite de Comisión sí se pueden suscitar transacciones entre los distintos grupos parlamentarios.
Si se aceptara la tesis interpretativa de don Ramón Espasa, resultaría que en este trámite legislativo en el que estamos en estos momentos no podrían los grupos parlamentarios transaccionar nada sin el permiso de ningún otro grupo parlamentario representado en esta Comisión, cosa que tiene sentido cuando esto se realiza en el Pleno de la Cámara porque previamente ha habido un debate en Comisión donde sí se han podido transaccionar, de acuerdo con el Reglamento, enmiendas entre los distintos grupos. Además, los grupos han podido plantear votos particulares y enmiendas correspondientes ante el Pleno de la Cámara, que sí se pueden aceptar, debatir o rechazar, y en este caso, como estamos en régimen de competencia legislativa plena, no podemos hacer, con lo cual, si se interpretara la posición del señor Espasa como cierta, resultaría que prácticamente el derecho que tenemos los grupos de poder transaccionar y alcanzar acuerdos en un trámite legislativo en Comisión no existiría, con lo cual, cuando la tramitación se hace en régimen de competencia legislativa plena en Comisión prácticamente los grupos no podemos transaccionar nada sin pedir permiso al señor Espasa, cosa que me parecería una interpretación excesivamente abusiva del Reglamento de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: No particularice, señor Homs, sino haga la interpretación global.


El señor HOMS I FERRET: Yo le ruego que se interprete claramente esa cuestión, porque, de lo contrario, yo pido la suspensión de esta Comisión y, en todo caso, remitir un informe a la Mesa de la Cámara para que interprete claramente cuál es el proceder en estos casos.


El señor PRESIDENTE: El artículo 148.2, referido a la competencia legislativa plena en Comisión, dice: «El procedimiento aplicable para la tramitación de estos proyectos y proposiciones de ley será el legislativo común, excluido el trámite de deliberación y votación final en el Pleno.» Expresamente el artículo 148.2 remite a la competencia legislativa de régimen común el procedimiento de debate de los informes procedentes de Ponencia en los trámites legislativos, como es el caso de este proyecto de ley, y concretamente el artículo 114.3, al que remite el funcionamiento de competencia legislativa plena del artículo 148.2, dice expresamente que «durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en este momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales». Este es el procedimiento que entiende la Presidencia de una forma clara, de acuerdo con el 148.2, en concordancia con el 114.3.
Señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, mi Grupo entiende que, estando en competencia legislativa plena, como dice el 148.2, «será el legislativo común, excluido el trámite de deliberación y votación final en el Pleno».
Pido ayuda al señor Letrado o al mismo Presidente. No recuerdo el artículo que hace referencia a la oposición en régimen de Pleno de un Grupo Parlamentario a la admisión de enmiendas transaccionales, pero yo entiendo que aquel artículo prevalece sobre la interpretación que acaba de hacer la Presidencia, puesto que podríamos estar, pero ya no estamos, en condiciones de una remisión al Pleno por avocación; no es ésta la posición. El trámite en Comisión tiene dos variables: una, que estemos haciendo un dictamen, en cuyo caso sí es de aplicación lo que ha dicho el Presidente respecto al 114.3, que cualquier enmienda puede ser aceptada, si la Mesa así lo entiende. Pero es que no estamos en un trámite de Comisión produciendo un dictamen, sino en un trámite de Comisión en competencia legislativa plena. Por tanto, la Comisión se convierte en el Pleno, para lo bueno y para lo malo. En este caso, para algunos grupos es para lo malo. Quiero que me entienda que, en caso de ejercer o de pedir un dictamen más exhaustivo sobre esta cuestión por parte de nuestro Grupo, se hace siempre en el espíritu de defender la capacidad de debate parlamentario de las leyes, no para entorpecer ningún proceso legislativo, sino precisamente para todo lo contrario: para darle mayor transparencia y claridad.
En resumen, entiendo que, estando en competencia legislativa plena, se debe aplicar el artículo que hace referencia al Pleno en el que los grupos parlamentarios pueden oponerse a la tramitación. Porque oponerse a la tramitación de una enmienda transaccional, señor Presidente, no impide ni paraliza el trámite legislativo, sino que simplemente obliga a los grupos a votar bien el texto del dictamen, bien las enmiendas previamente conocidas y publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes. Por tanto, obstrucción, ninguna. Se trata de otra visión política, tan política como la del que presenta una enmienda transaccional «in voce» de lo que se entiende por seguridad jurídica y política de los grupos parlamentarios a la hora de votar; sí, no o abstención, frente a las distintas disyuntivas que ofrece el proceso legislativo.


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El señor PRESIDENTE: El Reglamento atribuye a la Presidencia de la Comisión la responsabilidad de interpretar el Reglamento. Esta Presidencia no lo interpreta desde una perspectiva de a quién favorece ni a quién deja de favorecer. Ni sé ni me importa a quién favorece una u otra determinación. No estoy para valorar las interpretaciones de a quién favorece una u otra determinada posición, pero interpreta la Presidencia, de acuerdo con el artículo 148.2, que el procedimiento aplicable es el del proyecto legislativo común, en su referido artículo 114, al funcionamiento de la Comisión.
Su señoría decía: Esta Comisión emitirá un dictamen. Pues bien, el artículo 116 concretamente dice que el dictamen de la Comisión «se remitirá al Presidente del Congreso a efectos de la tramitación subsiguiente que proceda». La que entienda en función del régimen de trámite legislativo de esta Comisión, el que la Presidencia del Congreso interprete que debe seguir su trámite al respecto.
No por eso entiendo que se trate de buscar, ni mucho menos, cuestiones de tipo obstruccionista de ningún tipo. Yo no lo he interpretado así.
Simplemente interpreto el Reglamento a mi leal saber y entender, consultando al señor letrado en la interpretación, que no he querido hacer solo al respecto, sobre la decisión que he tomado. Lógicamente, los grupos parlamentarios pueden obrar en consecuencia, pero la interpretación que prevalece en estos momentos es la del 148.2, de acuerdo con el artículo 114.3.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, simplemente quiero señalar que no compartimos esta interpretación, por lo que, por la vía reglamentaria adecuada, presentaremos el correspondiente recurso a esta interpretación, para que surta los efectos que usted mencionaba, respecto del artículo 116, es decir, que la Mesa del Congreso decida, a la vista del recurso, el trámite que proceda dar a este dictamen, que será , repito, un dictamen en competencia legislativa plena.


El señor PRESIDENTE: Como guste S. S.
Concluido esta cuestión de orden, procedemos a entrar en la discusión de las enmiendas que permanecen vivas de los Grupos Parlamentarios al tercer y último bloque de este proyecto de ley que hace referencia a los planes y fondos de pensiones, y más concretamente las enmiendas que afectan a las disposiciones adicionales undécima y duodécima, así como a las transitorias decimoquinta, decimosexta, decimoséptima y decimoctava, así como las enmiendas que, no de una forma expresa, hacen referencia a las mismas, pero que, por la creación de alguna disposición concordante, afecten a este bloque de discusión que ahora abordamos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ PALACIO: Brevemente abordaremos el bloque de planes y fondos de pensiones, que es el último de esta noche.
En primer lugar, haré unas breves consideraciones sobre la técnica legislativa seguida. Explicaré por qué no hemos presentado un texto alternativo y pasaré a comentar las enmiendas más relevantes y las ideas que han inspirado a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La técnica seguida en el proyecto de ley de modificar parcialmente, a través de una disposición adicional, el sistema vigente de planes y fondos de pensiones es, desde nuestro punto de vista, profundamente incorrecto, pues no es una buena técnica legislativa la de hacer modificaciones parciales de contenido sustantivo, y menos cuando se hace a través de disposiciones adicionales de una ley que regula materia distinta, como es la que ahora nos ocupa. El uso de esta técnica legislativa, que implica la acumulación de modificaciones parciales y asistemáticas de un montón de leyes a través de las disposiciones adicionales de una norma distinta, sólo ayuda, desde nuestro punto de vista, a lograr un debate poco claro, a generar inseguridad jurídica y a facilitar que se caiga en verdaderas chapuzas normativas.
La regulación de los planes y fondos de pensiones es una materia importantísima de cara al futuro, dadas las circunstancias financieras presentes y previsibles para los próximos años, y es una materia tan importante de cara al futuro que entendemos merecería ser objeto de un debate específico a través de una iniciativa legislativa singular para esta materia, una vez que se lleve a cabo un amplio debate social que permita contrastar con rigor las lagunas e insuficiencias de la normativa vigente desde 1987.
La modificación parcial que ahora debatimos ni ha sido contrastada suficientemente con los agentes sociales ni tiene el rigor y sistemática necesarios para que el Parlamento pueda sentirse satisfecho con lo que hoy presuntamente vamos a aprobar aquí. Por esta razón mi Grupo ha optado por no presentar un texto alternativo completo a la modificación parcial de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que se contiene en la disposición adicional undécima de la Ley que debatimos, y ello lo ha hecho porque no sería serio agotar el debate parlamentario sobre esta materia a través de una enmienda a considerar a toda prisa y sin una seria reflexión en un debate que se agota en unas horas y en el seno de otras casi 600 enmiendas referidas nada más y nada menos que a ocho o nueve leyes distintas, que son las modificadas a través del proyecto de ley que debatimos.
Nuestro Grupo se ha limitado, por tanto, a presentar enmiendas muy concretas a algunos puntos específicos quenos parecen imprescindibles tocar, dado que el Gobierno ha incluido la materia de planes y fondos de pensiones en este proyecto de ley, pero sin reflejar la posición global del Grupo Popular sobre la regulación que merecen los planes y fondos de pensiones, que será objeto --y lo anuncio ya desde este momento-- de una próxima proposición de ley que se presentará a la Cámara. Me limitaré, por tanto, a comentar exclusivamente las enmiendas que considero más relevantes de las presentadas por mi Grupo.
Las ideas principales presentes en las enmiendas presentadas por el Grupo Popular son las siguientes: consideramos conveniente ampliar la posibilidad de promover planes de empleo para que no sólo pueda hacerlo una empresa, sino también los grupos de empresas, abriendo así esta ley a una realidad cada vez más normal en la práctica

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mercantil de nuestras sociedades, que es actuar a través de grupos, por lo que no resultaría razonable que sólo la empresa más importante de cada grupo pueda promover un plan de pensiones para sus trabajadores, quedando al margen los de sus filiales, cuando habitualmente existe una solvencia financiera de grupo, así como políticas laborales, parcial o totalmente comunes. A esto tiende la enmienda número 300, de mi Grupo, con la que coinciden casi todos los grupos, en concreto Convergència i Unió, a través de la enmienda 503; el Partido Socialista, a través de la enmienda 112, e Izquierda Unida, a través de la enmienda 409. Se da, por tanto, un gran consenso que se puede extender a la admisibilidad de que determinadas asociaciones empresariales en las que se integren pequeñas y medianas empresas, puedan también actuar como promotores de planes de pensiones de empleo, como propone el Grupo Convergència i Unió en su enmienda 504, a la que anuncio nuestro voto positivo.
También existe un consenso básico de todos los grupos, menos del Grupo Socialista, respecto al contenido de nuestra enmienda 302, que pretende elevar a un millón de pesetas la aportación anual máxima por partícipe.
Es ésta una pretensión más que razonable, puesto que no se ha actualizado la cuantía de 750.000 pesetas que se previó en 1987, desde aquella fecha.
Entendemos que no sirven, sin más, las remisiones a la posibilidad de que la Ley General de Presupuestos de cada año actualice este límite, por cuanto la experiencia demuestra que en la práctica tal actualización no se produce. Por otra parte, el millón de pesetas propuesto no supondría sino aplicar el IPC real habido desde el año 1987 hasta el presente.
En otro orden de cosas, proponemos, a través de la enmienda 303, que la paralización de la comisión de control no implique causa de terminación del plan, según propone el proyecto del Gobierno, por cuanto existen mecanismos alternativos, como los que sugerimos en nuestras enmiendas, para que se intente desbloquear tal paralización, sin llegar a una consecuencia tan drástica como sería la de imponer el fin del plan. A esta misma finalidad tiende respecto a los fondos la enmienda 310. Nos alegra en este caso coincidir con otras enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco y el de Izquierda Unida.
Asumiendo la práctica real de que en los planes de pensiones del sistema individual las comisiones de control no se han demostrado operativas, proponemos en la enmienda 304, que coincide con la enmienda 120, del Grupo Socialista, es decir, que no sea obligatoria la existencia de comisiones de control en este tipo de planes de pensiones.
A través de la enmienda 305, que se complementa con la 313 en cuanto al régimen fiscal, proponemos abrir la puerta legal para que se puedan hacer aportaciones por el propio cónyuge a fondos de pensiones con un régimen fiscal similar al de las aportaciones hechas en beneficio propio.
Pretendemos con esta enmienda reflejar una realidad social cuantitativamente muy importante en España, que es la existencia de muchos matrimonios en los cuales solamente el varón trabaja a cambio de una retribución y, por lo tanto, sólo a su favor puede constituir un plan de pensiones, mientras que su cónyuge, por no tener ingresos propios, se ve privado de la posibilidad de acceder a este sistema complementario de pensiones. Al margen de las fricciones legales en nuestro ordenamiento fiscal, la realidad abrumadoramente mayoritaria del sistema de gananciales en los matrimonios españoles obliga, con justicia hacia las mujeres que se dedican exclusivamente a la atención a la familia, a abrir esta posibilidad en la ley.
Recogiendo una idea que nos parece de justicia y que se ha ido abriendo paso en la opinión pública, política y profesional, a través de la enmienda 307, y coincidiendo con planteamientos similares hechos por Convergència i Unió en la enmienda 511 y con el Partido Socialista en la enmienda 516, abrimos la puerta a que exista un derecho de rescate de lo aportado a un fondo de pensiones en casos de grave enfermedad o desempleo de larga duración.
Es ésta, a nuestro entender, una posibilidad que habrá de administrarse con mucho cuidado mediante un desarrollo reglamentario prudente para evitar cambiar por esta vía la naturaleza propia de los planes y fondos de pensiones que básicamente deben ser indisponibles hasta que se produzca la contingencia asegurada.
La enmienda 308 pretende la embargabilidad de los derechos consolidados, planteamiento en el que coinciden la enmienda 512, de Convergència i Unió, y la enmienda 119, del Partido Socialista.
A través de la enmienda número 312 pretendemos corregir una de las arbitrariedades más sorprendentes introducidas por esta materia por el proyecto del Gobierno, en contra de lo que sucede en todos los países de nuestro entorno, que es la prohibición a las entidades aseguradoras para gestionar fondos de pensiones. No hemos podido entender a qué responde este cambio respecto a la legislación vigente, que nos parece totalmente injustificado y sin precedentes en el derecho comparado. Nos alegra coincidir en este extremo con la enmienda número 516, de Convergència i Unió, y la 36, del Partido Nacionalista Vasco.
Finalmente, en la enmienda 314, de mi Grupo, se señala como objetivo establecer un régimen fiscal mucho más adecuado que el diseñado por el Gobierno en el IRPF para las prestaciones de los planes de pensiones, al evitar que tengan un tratamiento fiscal discriminatorio y más negativo que otras rentas a las que podrían equipararse. Al mismo objeto tiende la enmienda 319 a la disposición adicional duodécima respecto a las prestaciones percibidas de los planes en ella regulados. En estos puntos coincidimos con las enmiendas 519 y 533, del Grupo de Convergència i Unió.
Estos son, brevemente, los comentarios a las enmiendas más relevantes de nuestro Grupo y una vez que conozca cuáles son las enmiendas y las justificaciones de otros Grupos, tomaremos posición al respecto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, las enmiendas que presentamos a este tercer bloque de planes y

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fondos de pensiones tienen distinta significación y relevancia en función de los temas abordados en cada una de ellas. Relataré en la primera intervención las que creemos más significativas y, a la vista de las respuestas que se pueden producir, profundizaríamos en alguna de ellas en la segunda intervención que reglamentariamente nos corresponde.
La enmienda 408, relacionada con la 147 y 117, del Grupo Parlamentario Socialista, pretende asegurar la posibilidad de que los compromisos por pensiones en planes y fondos de pensiones incluya también el concepto de la prejubilación que hemos entendido en alguna de estas enmiendas que se pretendía suprimir. Quizás no esté el sentido último del tenor literal de las enmiendas que nos ha llevado a esta reflexión, pero es bueno señalarlo y en este sentido debe entenderse nuestra enmienda 408.
La enmienda 409 sí creemos que es de importancia. Creemos, modestamente, que mejora enmiendas similares de otros Grupos Parlamentarios y es la que se refiere a la posibilidad de la creación de planes y fondos de pensiones de ámbito supraempresarial, en el sentido de que sea fruto de la negociación colectiva en un sector de producción, el que pueda producir que exista un solo plan y un solo fondo de pensiones para aquel determinado sector de producción en el que los trabajadores y los empresarios, después trabajadores que se convertirán en partícipes, puedan llegar por vía de acuerdo y de negociación colectiva al establecimiento de este plan y fondo de pensiones. Por tanto, coincide con otras enmiendas que hablan específicamente de las pequeñas y medianas empresas, pero creemos que el texto de nuestra enmienda 409 es más amplio y contribuye mejor a los mismos fines que otras enmiendas pretenden en la misma dirección.
La enmienda 414 pretende asegurar que los acuerdos en el seno de la comisión de control deben ser por acuerdo de las dos partes en ella presentes y que no pueda introducirse, como nosotros entendemos, de forma subrepticia el que para determinados acuerdos se precisen mayorías cualificadas. Creemos que lo que está en el texto de la ley y lo que aporta nuestra enmienda viene a significar que por necesario consenso y acuerdo de las partes se debe llegar a la resolución pertinente en cada caso, pero no aceptaríamos que se pudiese plantear la existencia de mayorías cualificadas para la toma de decisiones en algún extremo que atañe a las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones.
La enmienda 415 viene a permitir la capacidad asociativa, la posibilidad de asociarse, de las comisiones de control de los planes y fondos de pensiones y la capacidad de estas asociaciones para prestar servicios a sus asociados. Se trata, simplemente, de abrir la puerta a esta posibilidad de asociación entre comisiones de control de planes y fondos de pensiones.
La enmienda 418 viene a ser coincidente con la 414, en el sentido de buscar, por la vía del acuerdo entre ambas partes, que no se pueda entender que para determinadas tomas de decisiones pueden existir mayorías cualificadas. De alguna forma, coincide con la enmienda que antes he citado y defendido.
La enmienda 421, señor Presidente, vuelve a abundar en el tema de la posibilidad de asociación entre comisiones de control de planes y fondos de pensiones. Por tanto, no voy a insistir más en ella.
La enmienda 425 pretende sustituir la expresión de la disposición adicional tercera, tercer párrafo, al final, donde dice: «... con sus empleados los compromisos descritos.» Nosotros decimos: «... con sus trabajadores los compromisos descritos.» De todas formas, adelanto que creemos que sería mucho mejor mencionar «... con sus empleados y trabajadores los compromisos descritos.» Es decir, no hacer una exclusión entre el término empleado y el término trabajador; sería mejor incluir ambos términos en este precepto; al menos así lo sugerimos a los otros Grupos Parlamentarios.
La enmienda 426 sí es una enmienda muy importante, de hondo calado político. Nosotros hemos recibido --y creo que todos los Grupos Parlamentarios también-- expresiones escritas de las organizaciones sindicales de los trabajadores de banca, en las que nos piden insistentemente --y se lo piden a todos los Grupos-- que no se permita a estas entidades financieras que transforman los actuales fondos internos en posibles contratos de seguro, sino que, tal como prevé la ley --y como después veremos en otra enmienda a la que también me voy a referir con un especial cuidado--, se produzca la externalización en forma de planes y fondos de pensiones de los actuales compromisos internos de previsión social para sus trabajadores y empleados. Esta enmienda 426, insisto, viene a dar respuesta a lo que ha sido la petición, no diré de todas, porque quizá no han sido todas, de casi todas las secciones sindicales de los trabajadores de banca que han llegado a este Grupo Parlamentario y que sé que han llegado también a otros Grupos Parlamentarios en esta misma dirección.
La enmienda 431 pretende incluir, donde dice: «... podrán ser actualizados...» --se refiere a las aportaciones máximas de los planes y fondos de pensiones--, «... serán actualizados de acuerdo al IPC...» La enmienda 436, otra enmienda importante, en nuestra opinión, es la que viene a garantizar con el texto que proponemos la efectividad de los acuerdos que se puedan producir en el seno de la negociación entre la parte empresarial y la representación de los trabajadores. Cuando este acuerdo, vía consenso --como hemos dicho en enmiendas anteriores--, no se produzca nunca por la vía de mayorías cualificadas, se pueda establecer un sistema de arbitraje y dictado de laudo definitivo para que no quede eternamente bloqueada una negociación por la vía del necesario consenso.
Es decir, de alguna forma viene a complementar enmiendas anteriores en las que se rechaza el tema de la mayoría cualificada, se hace una mención de confianza o de voluntad de confianza en la capacidad negociadora y de consenso de ambas partes, pero, en caso de que esto no se produzca, creemos que la cautela que prevé la enmienda 436 debería tenerse en cuenta para asegurar que estos compromisos acaben siendo efectivos en forma de planes y fondos de pensiones.
La enmienda 437, otra de las importantes en este bloque que defendemos, señor Presidente, viene a interpretar el

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espíritu de la ley, la excepcionalidad para la banca de transformar sus compromisos internos en planes y fondos de pensiones. (Rumores.) Sólo quiero aducir un ejemplo, porque a veces es mejor un ejemplo que mil palabras. En la crisis financiera más importante que ha tenido nuestro sistema financiero --me estoy refiriendo a la crisis de Banesto--, uno de los elementos fundamentales que pesaron en el ánimo de la autoridad monetaria y supervisora para decidir...


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Espasa. Ya sé que llevamos mucho tiempo aquí y que el trabajo es pesado, pero si no hablan SS. SS.
un poquito más bajo es difícil que podamos escuchar al señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Decía, pues, que con un ejemplo me sería más fácil presentar la argumentación de esta importantísima enmienda para nosotros, la 437.
Se trata de que las entidades financieras tengan también la obligación, y que no queden excluidas por esta ley, de convertir en externos los actuales compromisos para fondos de pensiones. En la crisis financiera más importante en nuestro país, la que ha sufrido Banesto, un elemento fundamental en la toma de decisión de la autoridad supervisora, el Banco de España, fue la no provisión técnica del fondo de pensiones de aquel importante Banco.
Creemos, por tanto, que, a la vista de este ejemplo, esta Comisión debería, sin ninguna duda, legislar en la línea, con las cautelas temporales que se quiera, de no establecer ninguna excepción para ningún tipo de empresa y mucho menos para empresas financieras amparándose en que ya son ellas depositarias de cuantiosas sumas de dinero, pero son sumas de terceros.
No tiene ningún sentido mantener esta excepcionalidad, más aún cuando algunos bancos ya han procedido a la externalización con completo éxito y con mayor seguridad para sus trabajadores. Me estoy refiriendo a la banca pública --Argentaria-- y al Banco de Sabadell como dos ejemplos. Y, entre las cajas, al menos un tercio de las mismas también ha procedido ya a la externalización de estos fondos.
Nosotros proponemos que todas las entidades financieras --bancos y cajas-- deban externalizar estos fondos.
Termino ya, señor Presidente, refiriéndome a la 438, otra enmienda importante del mismo o parecido tenor que la que acabo de mencionar, ésta referida a las empresas eléctricas. También aquí, por vía de una descripción prolija y compleja, a lo largo de la ley pretende excluirse por vía reglamentaria a las empresas eléctricas de la necesidad de externalizar sus fondos de pensiones.
Nosotros creemos que esto no es bueno ni prudente; que no debe ser por vía reglamentaria. Proponemos que por vía legislativa las empresas eléctricas queden también obligadas a externalizar sus fondos de pensiones, si bien podríamos contemplar la posibilidad de establecer plazos o períodos, quizá distintos o adecuados a sus necesidades. pero no creemos que sea una buena técnica legislativa remitir a un desarrollo reglamentario esta exención de la obligación general que tienen todas las empresas de externalizar sus fondos.
Aunque sé que es casi pura retórica, quiero referirme a todos los Grupos, incluido el Grupo Socialista, que tanto defienden la libertad y la igualdad de mercado, y preguntar: ¿cómo se compagina esta libertad e igualdad de mercado permitiendo que empresas tan importantes como bancos, cajas de ahorro o las empresas eléctricas no cumplan lo que la ley prevé para el resto de las empresas? No entiendo esta segmentación del mercado en aquellos que hacen de la unidad, transparencia y competitividad del mercado a veces elementos sacrosantos de su política. Me gustaría que me explicasen cómo pueden compaginar aquellos valores con estas exclusiones si no van a votar favorablemente estas dos enmiendas de nuestro grupo parlamentario.
Señor Presidente, éstas son las enmiendas más importantes del bloque que estamos discutiendo. Si alguna he dejado, aprovecharía el segundo turno para mencionarla, pero creo que he comentado las enmiendas que son más importantes para nuestro grupo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Son casi las doce menos veinte de la noche. Hemos tenido tres, casi cuatro largos años para conocer, discutir y debatir esta ley que estamos tratando. Hemos tenido también un largo período de tiempo de discusión en Ponencia. Hemos tenido oportunidad de discutir esas cuestiones con los distintos grupos y la verdad es que a estas horas de la noche se me hace muy difícil extenderme para poder justificar y argumentar las 39 enmiendas que tiene mi grupo en ese apartado.
Quisiera dar por defendidas todas mis enmiendas, señor Presidente, y simplemente hacer mención de las siguientes cuestiones para que se tomara nota de ellas y ayudar a la votación de las enmiendas de mi grupo.
Muchas de las enmiendas que presenta mi grupo, señor Presidente, son coincidentes con enmiendas del Partido Socialista --algunas de ellas literalmente, otras recogen redacciones que tienen las mismas motivaciones--, y, por consiguiente, quisiera manifestarle, señor Presidente, para que tomara nota de ello, que la enmienda número 503, que hace referencia a los planes del sistema de empleo y grupos de empresas, se resuelve perfectamente con la enmienda del Partido Socialista número 112. Por tanto, la retiramos.
La enmienda número 504, también es alternativa, y, al ser recogida ya por la número 112, queda retirada.
La enmienda número 506, relativa a la autorización y regulación de los subplanes, queda perfectamente contemplada y recogida en la número 112 del Partido Socialista y, por consiguiente, queda retirada.
A la enmienda número 508, como he escuchado anteriormente al señor Luis Martínez Noval, se ofrecía una transaccional en el sentido de hacer una avocación en el proyecto de ley a la actualización de los límites de los planes y fondos y pensiones en la Ley de Presupuestos Generales

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del Estado en cada uno de los ejercicios. Por consiguiente, si esa transacción se hace a esta enmienda número 508, en todo caso, señor Presidente, mi grupo la aceptaría y también retiraría esta enmienda.
La enmienda número 510 --el tema de los herederos designados-- se revuelve con la enmienda número 117, del Partido Socialista. Por consiguiente, la retiramos también.
La enmienda número 512, señor Presidente, es una enmienda que queda viva y me gustaría conocer la posición del Partido Socialista; así como respecto a la enmienda 505.
Las enmiendas números 513 y 514 plantean la necesidad de dictámenes actuariales en determinadas circunstancias en la redacción del proyecto de ley. Las enmiendas números 513 y 514 tienen esa motivación, pero la número 514 se recoge perfectamente en las enmiendas números 121 y 122, del Partido Socialista. Por consiguiente, retiro también la enmienda número 514 porque se recogen perfectamente en las enmiendas números 121 y 122, del Partido Socialista.
La enmienda número 515 también la retiro porque se resuelve perfectamente también en la enmienda número 123, del Partido Socialista.
La enmienda número 517 hace referencia a aspectos competenciales en relación con los planes y fondos de pensiones y la mantengo, señor Presidente.
La enmienda número 518 es literalmente coincidente con la número 132, del Partido Socialista. Por consiguiente, que se mantengan a votación ambas, señor Presidente, porque son literales.
La enmienda número 520, de mi grupo, que hace referencia al régimen de infracción, coincide perfectamente con las enmiendas números 140 y 141, del Partido Socialista. Por consiguiente, la retiro, señor Presidente.
La enmienda número 528 se revuelve con la enmienda número 150, del Partido Socialista. En consecuencia, también la retiro.
La enmienda número 531 se resuelve con la enmienda número 153, del Partido Socialista. Por consiguiente, también la retiro.
Haciendo referencia a las disposiciones transitorias, quisiera manifestar, señor Presidente, que retiro la enmienda número 560 porque coincide con la enmienda número 161, del Partido socialista, que resuelve el tema de la exención de las plusvalías en el proceso de externalización. Por consiguiente, retiro también esta enmienda 560 porque se reconoce perfectamente la motivación y el objetivo con la enmienda 161.
Quisiera sólo, señor Presidente, comentar que en este bloque queda todo un capítulo de aspectos no resueltos, como es la revisión del marco fiscal relativo a los planes y fondos de pensiones. Esta es una asignatura que se aplaza, podríamos decir, es una asignatura pendiente que me imagino se aplaza con voluntad de analizarla con carácter más coyuntural a la luz del desarrollo que tenga la situación económica del país, pero en ese trámite, hay que mencionarlo, es una asignatura pendiente.
El régimen fiscal aplicable a los rendimientos de los planes y fondos de pensiones debería revisarse. Cuando en un futuro inmediato empiecen los ciudadanos a disponer de los recursos aportados a dichos planes y fondos de pensiones y conozcan exactamente la consecuencia del marco fiscal al que hoy están sometidos, vamos a tener algunas dificultades, ya que, por ser aspectos muy técnicos, se desconoce cuál es la aplicación e interpretación del marco fiscal hoy vigente a las aportaciones que se hacen a los planes de pensiones. Deberíamos revisar todo lo relativo a la aplicación de la fiscalidad a las plusvalías que generan los capitales que se aportan a los planes y fondos de pensiones y también deberíamos revisar los incentivos a las distintas aportaciones que se hacen.
También creemos que es una asignatura pendiente extender el régimen fiscal aplicable a los planes y fondos de pensiones a las demás figuras de complementariedad del sistema de la Seguridad Social; es decir, también a sistemas de capitalización que se pueden instrumentar mediante pólizas de seguros o mediante mutualidades de previsión social. La posición de mi grupo sería que a equivalentes productos de vida que tengan equivalentes naturalezas y características que los planes y fondos de pensiones, si se materializan mediante pólizas de seguros o se materializan mediante aportaciones a mutualidades, deberían también disponer del mismo marco fiscal. Esta cuestión se aplaza, no se aborda; se contempla en muchas de las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario y no se resuelve.
Tampoco se resuelve de forma suficientemente acertada el proceso de externalización de compromisos pasados. Ahí, señor Presidente, quisiera simplemente plantear que nuestro grupo admite como bueno y acertado el marco que se contempla de obligar a la externalización de compromisos pasados de las empresas. Lo que sucede es que la ley articula dos procedimientos: uno, materializar esos compromisos pasados que hoy tienen las empresas con los trabajadores en planes y fondos de pensiones, en cuyo proceso se permite un marco fiscal favorable; y, otro, materializar dichos compromisos en pólizas de seguros, en cuyo caso no se permite un marco fiscal favorable, si bien es cierto que esta otra segunda vía también tiene otras características de flexibilidad de procedimientos y mecanismos de control distintos a los de los planes y fondos de pensiones.
Mi grupo entendería que cuando las empresas optan por materializar esos compromisos pasados en pólizas de seguros, no tiene ningún sentido que a medida que se van externalizando los capitales para hacer efectivas en su momento las obligaciones de pensiones que se hayan adquirido, la empresa pague, más a más, el impuesto de sociedades sobre estos capitales que externaliza, y cuando esto mismo lo hace en un fondo de pensiones, entonces no pague impuesto de sociedades. Este desigual trato no se termina de entender. Por último, quisiera plantear alguna de las enmiendas que proponemos respecto al proceso de externalización de compromisos pasados, que tiene por finalidad flexibilizar ese proceso.
Se contempla en el proyecto de ley un plazo mínimo de tres años para tomar la decisión del proceso de externalización y luego, tomada esa decisión, se da de forma muy

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rígida el plazo de diez años con amortizaciones anuales fijas. Mi grupo entiende que deberíamos flexibilizar ese proceso, darle un marco más flexible, permitir en lugar de diez años, rígidamente, un marco-período que sea entre diez y quince años, para que libremente cada empresa decida en qué plazo desea externalizar y luego, una vez decidido ese marco, permitir flexibilidad en ese proceso a la empresa para que cada año pueda aportar en función de la coyuntura específica que tenga esa empresa. No ir a anualidades rígidas del 10 por ciento, sino flexibilizar para permitir una mejor adaptación del proceso de la empresa a su situación y a su capitalización en esos compromisos pasados. Las enmiendas que presentamos, señor Presidente, pueden dar una buena pauta de vía de flexibilización y podrían ser fácilmente aceptadas.
Estas consideraciones globales, señor Presidente, son las que resumen buena parte de las enmiendas que presentamos y, por todo lo demás las doy por defendidas con las justificaciones que se hacen en las propias enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Con la brevedad que requieren la hora y el tiempo que llevamos con este proyecto de ley, voy a intentar ser lo más conciso posible.
A la disposición adicional undécima, que recoge las modificaciones de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, nuestro grupo parlamentario ha presentado varias enmiendas que van de la 32 a la 41, excepto la 40 que está en otro bloque. Estas enmiendas las voy a pasar a defender, como digo, con la mayor brevedad posible.
La primera de ellas, la número 34, trata de las aportaciones máximas de cada partícipe. Aquí pretendemos incrementar este límite de aportación de 750.000 pesetas a un millón de pesetas por una razón clara y es que el límite de 750.000 pesetas a través de los años se está quedando bajo solamente por el hecho de aplicar la inflación, hasta el punto de que en el año 1994 aplicando el índice de inflación correspondiente estaríamos por el orden de 1.100.000 pesetas de base, equivalentes a las 750.000 del año 1987. Por tanto, creemos que sería conveniente actualizar este límite.
Referente a la terminación de los planes de pensiones hemos presentado tres enmiendas, las 35, 36 y 37, con las que queremos evitar que se pueda paralizar una comisión de control, y ello por varias razones. Una de ellas que se paralice porque suponga la terminación del plan; otra es por la desaparición del promotor de un plan asociado; y en tercer lugar, que cuando la comisión de control del plan de pensiones quede paralizada la entidad gestora, aparte de ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Seguros y adoptar las medidas provisionales que considere oportunas, tendría que solucionar la paralización sin liquidar en lo posible el plan de pensiones; es decir, fijar un procedimiento que posibilite la continuación del plan de pensiones. Creemos que independientemente de que haya de haber un control de los planes no por ello debemos fijar unas condiciones que posibiliten que estos planes puedan quedar abortados, porque ello tendría unas consecuencias trascendentales para todos los partícipes y estimamos que hace falta acometer las medidas necesarias para evitar que, de alguna forma, pueda eliminarse un plan de pensiones.
La enmienda número 38 trata de la gestión de los fondos de pensiones.
Entendemos que obligar a las mutualidades a constituir una sociedad anónima para la gestión de sus fondos de pensiones perjudicaría a los partícipes mutualistas porque supone tener que duplicar estructuras y aumentar los costes, además de que iría en contra de uno de los principios del mutualismo, que es la carencia del ánimo de lucro en su actuación. Por tanto, entendemos que esta modificación del número 2 del artículo 20 de la Ley de Planes de Fondos de Pensiones supone, desde luego, la imposibilidad de que las entidades aseguradoras y mutualidades sean gestoras de sus propios fondos de pensiones, con lo cual tienen que crear una sociedad anónima para esta gestión. Entendemos que esto sería perjudicial y de ahí nuestra enmienda número 38.
La enmienda número 41, trata del desarrollo reglamentario de los contratos de seguro y al ser consecuencia de la enmienda que establecimos en el artículo 64.3, que ha sido transaccionada, que eliminaba la coincidencia del tomador del seguro y el asegurado en una misma persona, entendemos que la enmienda 41 nuestra, será también transaccionada.
La enmienda número 39, que trata del régimen fiscal de los planes y fondos de pensiones, pretende que haya respeto al régimen tributario propio de los territorios históricos forales y al concierto y convenio económico del País Vasco y Navarra. Por eso, proponemos una disposición adicional en la que se establece que la regulación del régimen fiscal contenido en la presente ley se entenderá sin perjuicio de los regímenes financieros y tributarios forales de los territorios históricos vasco y navarro.
Finalmente, quedan las enmiendas 32 y 33, que tratan de las competencias de las comunidades autónomas. En la enmienda número 32 proponemos añadir un nuevo apartado con una disposición adicional sexta por la cual las comunidades autónomas que tienen competencia en mutualidades no integradas en la Seguridad Social, también tengan esas competencias en los planes y fondos de pensiones, cuya entidad promotora, por supuesto, tenga su domicilio social radicado, en el territorio de la comunidad autónoma; tengan competencias sobre las entidades gestoras y depositarios, cuyo domicilio social también esté radicado en la comunidad autónoma. Por otra parte, en el ámbito de las competencias normativas que les corresponda, el desarrollo legislativo de las disposiciones contenidas en esta ley. En tercer lugar, en el ámbito de las competencias de ejecución, que les correspondan las competencias de supervisión que se otorgan a la Administración general del Estado en la presente ley, entendiendo hechas éstas al órgano autonómico competente. Todo ello, desde luego, con la obligación de que las comunidades autónomas remitan al Ministerio de Economía y Hacienda, cuando les sea solicitada, toda la documentación e información necesarias.
La enmienda número 33 es una alternativa a la enmienda 32, en la cual hacemos referencia al hecho de que

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las entidades gestoras depositarias, cuyo domicilio fiscal radique en el territorio de la comunidad autónoma, además, tengan que realizar, por lo menos, el 25 por ciento de su volumen de operaciones en el mismo territorio. Es decir, poner de esta forma y, como digo, alternativamente a la enmienda anterior, un requisito superior por el hecho de que tengan que realizar más del 25 por ciento de su volumen de operaciones en el mismo territorio, siendo igual el resto de la enmienda correspondiente a este artículo.
Por nuestra parte nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Martínez Noval, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MARTINEZ NOVAL: Señorías, el señor Sanz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, comenzaba diciendo que esta técnica de modificar la Ley 8/1987, de Planes y Fondos de Pensiones, era incorrecta; luego fue un poco más allá y la calificó de chapuza legislativa. No compartimos, por razones obvias, opiniones tan extremas porque, señoría, hay tres casos en la ley, tres figuras que se refieren a previsión social complementaria que tienen su coherencia y su racionalidad que se regulen en la misma ley: los seguros colectivos, las mutualidades de previsión social y los planes y fondos de pensiones. Esas son tres posibilidades abiertas en este momento a la consideración y a la opción, bien sea en previsión social empresarial o profesional, para que cada cual tome el camino que considere más conveniente. De manera que no es extraño en modo alguno que tanto mutualidades como planes y fondos de pensiones, que es previsión social complementaria --artículo 41 de la Constitución--, se encuentren reguladas en la misma ley que proporciona el marco legal de los seguros colectivos, que es la tercera fórmula de previsión posible.
De manera que rechazo ese calificativo y ésta es la técnica correcta.
Ha planteado usted una serie de cuestiones a las que quisiera dar respuesta. En primer lugar, la posibilidad de que los grupos de empresas promuevan planes. Usted mismo reconoce que en nuestra enmienda 112 está recogido ese aspecto. En lo que se refiere a elevar a un millón el límite fiscal --supongo-- de la aportación financiera, antes presenté una enmienda que trata de habilitar al Gobierno para modificar anualmente el límite de 750.000 pesetas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
¿Por qué creo en estos momentos que ese límite es el razonable? Por dos motivos. Uno, porque después de 1987 --me parece que fue en el año 1989-- se produjo una conocida sentencia del Tribunal Constitucional que permitía el «splitting» de renta a efectos de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo cual quiere decir que en muchas familias en las que ese límite fuese reducido porque dos personas tenían una fuente de renta procedente del trabajo --pongo énfasis en lo de procedente del trabajo--, en estos momentos tienen multiplicado por dos dicho límite. No hay ningún problema para que ese límite sea utilizado por cada uno de los miembros de la unidad familiar, en el caso de que ambos cumplan las condiciones para tener derecho a constituir un plan de pensiones, fuente de renta procedente del trabajo, entre otras.
De manera que al duplicarse en muchas unidades familiares las 750.000 pesetas, han desaparecido algunos de los problemas que pudiera haber como consecuencia de ese tope.
En segundo lugar, si se observan los datos que se conocen respecto de qué porcentaje de los partícipes, que en estos momentos aportan a planes de pensiones, llegan al límite de las 750.000 pesetas, la verdad, señor Sanz, es que del millón y medio que en estos momentos hay en los tres sistemas de planes de pensiones solamente el cinco por ciento llega a ese límite de las 750.000 pesetas. De manera que, al mover el límite hacia arriba en estos momentos, no estamos hablando de un problema que afecte a muchas personas. En realidad, con los datos que conocemos y a los que tenemos acceso, no es un colectivo muy importante el que en estos momentos encuentra limitaciones a la aportación a planes.
Plantea usted otro problema que quiero rechazar tajantemente, todo lo firmemente que pueda, y es abrir la posibilidad de que los cónyuges hagan aportaciones a planes de pensiones con todas las consecuencias, entre otras, con consecuencias fiscales. Eso para nosotros altera un principio bastante elemental de la ley de 1987. Los planes de fondos y pensiones son previsión social complementaria, no sustitutoria de la Seguridad Social. En el caso de un cónyuge que no trabaje, no hay complemento de pensión; simplemente hay la sustitución del sistema público de Seguridad Social. No se trata de complementar ninguna prestación del sistema público de Seguridad Social. En primer lugar, esa no sería una prestación complementaria; y, en segundo lugar, a nosotros nos parece básico, y así está dicho, además, en el proyecto de ley, que las aportaciones a planes y fondos de pensiones procedan de rentas del trabajo. Ese principio lo conculcan ustedes --o se apartan del principio, por decirlo más levemente-- por la vía de permitir que un cónyuge que no tiene trabajo o que hace labores del hogar pueda aportar a planes de pensiones y, por tanto, beneficiarse del tratamiento fiscal de los mismos.
Su enmienda 307, en lo que se refiere al derecho de rescate, introduciéndolo en los casos de desempleo o larga enfermedad, tengo que reconocerle que fue discutida muy largamente cuando tramitamos la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en 1987. En aquella ocasión llegamos a la conclusión de que la introducción de cualquier vía que permitiera el derecho de rescate supone un elemento bastante inconveniente en el mantenimiento del principio de irrevocabilidad, irreversibilidad o iliquidez de las aportaciones, que es uno de los principios que justifican el tratamiento fiscal de los planes y fondos de pensiones. Es verdad que los argumentos que se pueden utilizar en favor de la situación de un desempleado o de una persona en larga enfermedad son argumentos atendibles, no se pueden rechazar de cualquier manera; pero también sabrá S. S. que a ese problema se le dio una salida en la Ley de Fondos y Planes de Pensiones, que está ahí y se puede utilizar y que es el crédito del plan de pensiones, se supone que con tipos de interés muy bajos o inexistentes, pero tratando por todos los medios de no establecer excepciones, sobre todo después

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de una vigencia, señor Sanz, de tan sólo siete u ocho años de los planes de pensiones en nuestro país, abriendo posibilidades a uno de los principios fundamentales de estos planes --para nosotros al menos-- como es el de la iliquidez total de las aportaciones.
Su enmienda 308 se acepta en la medida que aceptaré otra enmienda del Grupo Catalán que se refiere también al embargo y la traba judicial en los derechos consolidados de los planes de pensiones.
Con la enmienda 314 S. S. ha presentado una propuesta relativa a las entidades gestoras de seguros. Con ella pretende establecer la posibilidad de que las entidades de seguros y las mutualidades de previsión social no constituyan entidades gestoras para gestionar planes y fondos de pensiones. Hay también en este sentido una enmienda del Grupo Catalán y la decisión de mi Grupo es volver a la redacción inicial de la Ley de Planes y Fondos del año 1987; es decir, permitir que las mutualidades y las entidades de seguro gestionen planes y fondos de pensiones.
En lo que se refiere al régimen fiscal, señoría, no coincidimos. Usted adelanta la presentación de una proposición de ley en relación con los planes y fondos de pensiones y supongo que entonces será el momento de discutir más en detalle las cuestiones relativas al régimen fiscal de los planes y fondos de pensiones y supongo que también al régimen fiscal de la transición de los actuales fondos internos, compromisos con los trabajadores, a fondos externos.
El señor Espasa ha hecho alguna consideración en relación con el concepto de prejubilación y quiero decirle con absoluta claridad que nosotros no somos partidarios de que el concepto de prejubilación figure en el proyecto de ley; hemos presentado enmiendas para hacerlo desaparecer y para volver a la redacción de la Ley de 1987. Es decir, que cuando se hable de jubilación se hable de jubilación o situación asimilable a la jubilación. La realidad, señor Espasa --y creo estar en lo cierto--, el concepto de prejubilación es una figura que no existe en la legislación española; en términos de la Seguridad Social existe jubilación anticipada, pero no prejubilación. Por otra parte, usted sabe que el tratamiento de las prejubilaciones no es en modo alguno el tratamiento de la Seguridad Social, sino que es un tratamiento, en aquellos sectores en que se produce, que discurre por vías distintas de la utilización de los recursos de la Seguridad Social. Por tanto, usted verá que mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, volvemos a la redacción de la ley del año 1987.
En lo que se refiere a planes sectoriales, señoría, mantenemos la enmienda 112, del Grupo Socialista. Nos parece mejor la regulación que nosotros hacemos de los planes sectoriales y a dicha enmienda le remito.
Su enmienda 414, relativa a la introducción de mayorías cualificadas en la comisión de control, tiene que reconocer que viene a dar solución a un problema que ya se trató y discutió con ocasión de la Ley del año 1987.
Después ha habido sentencias de los Tribunales de lo Social que han venido a introducir algunos problemas en relación con el contenido de la Ley de 1987. Yo le manifiesto cuál es la voluntad del legislador al decirle en qué estamos pensando cuando hablamos de la posibilidad de introducir por vía reglamentaria las mayorías cualificadas. Estamos pensando, señoría, en algo en lo que S. S. insistió mucho; estamos pensando en aquellos casos en los que parece lógico existan acuerdos, acuerdos entre las partes, es decir, que exista acuerdo en la negociación colectiva entre el promotor del plan, o empresario, y los partícipes y beneficiarios, es decir, los trabajadores. Hay determinadas cuestiones, en lo que se refiere a decisiones que puede tomar la comisión de control, que parece razonable que exijan una mayoría que incluya también la voluntad y el acuerdo del promotor del plan de pensiones. Por tanto, cuando usted, en la enmienda 418, viene a decir que exista acuerdo entre las partes y no mayoría cualificada, eso es más o menos lo que nosotros queremos significar en el contenido del proyecto: que la mayoría cualificada, en último término, lo que exige es que exista acuerdo entre las partes.
La enmienda 425 me dice que es igual a la 148, aunque ustedes son partidarios de que se hable de trabajadores y empleados. Nosotros creemos que no, que es más correcto hablar de trabajadores exclusivamente. La legislación laboral española habla de trabajadores. No estamos de acuerdo en limitar las posibilidades que tiene la banca de acudir a pólizas de seguro colectivo como fórmula para solución de sus compromisos por pensiones con los trabajadores.
Respecto a la enmienda 431, tengo que decirle que tampoco somos partidarios de que la actualización de las aportaciones quede determinada por ley con la referencia del índice de precios al consumo. Preferimos que sea el Gobierno el que precise anualmente cuáles son los términos más adecuados, y en función de la coyuntura, cuál es el criterio de revisión de las aportaciones máximas a los planes y fondos de pensiones.
La enmienda 436 se refiere a la efectividad de los acuerdos. Creemos que queda perfectamente garantizado en el proyecto de ley, de forma que no entendemos necesario admitirla.
En lo que se refiere a la enmienda 437, relativa al problema de la excepción de la banca, no quiero ocultarle que ésta es una cuestión largamente debatida, que en el anterior trámite del proyecto de ley dio lugar a distintas soluciones, a distintas alternativas; primero una y después otra. En estos momentos nosotros somos favorables al mantenimiento de los términos de la excepción, tal como figuran en el proyecto de ley. Además, el ejemplo que usted ha utilizado, el ejemplo de Banesto, no es un ejemplo aducible; a nosotros nos parece un caso bastante singular en la medida en que ese banco no es que no hubiera cumplido la normativa, las circulares del Banco de España en lo que se refiere a provisiones de sus compromisos por pensiones, sino que más grave aún que esa cuestión fue el incumplimiento de otras normas que afectaron a muchos más ciudadanos y a intereses más importantes que los que estaban contenidos en sus compromisos por pensiones, como usted conoce mejor que yo, porque formó parte de la Comisión que investigó y analizó en esta Cámara la intervención del banco. De modo, señor Espasa, que ése no es un ejemplo para nosotros, sino que entendemos que hay argumentos; usted los citada en sentido contrario y yo los cito en sentido

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positivo. En favor de esa excepción diré que es verdad que la banca es una entidad que cumple las funciones que podemos pretender que cumpla una entidad gestora: se externalizan los fondos para que --y esta ley obliga a hacerlo al resto de empresas-- una entidad gestora, que es una entidad profesional en el manejo del dinero, en las decisiones de inversión, lo haga con mayores garantías de prudencia, de conocimientos, de profesionalidad, para que determinados responsables de algunas empresas que tienen poco que ver con la actividad financiera actúen de forma adecuada. Desde luego, a la banca no se le puede negar que son entidades que se dedican justamente a eso, usted lo decía: a tomar decisiones de inversión y a tomar decisiones respecto del manejo del dinero ajeno.
En lo que se refiere a la enmienda 438, relativa a una excepción, usted aprovecha para ponerle nombre y apellidos cuando en el proyecto de ley no tiene ni nombre ni apellidos, y además lo hace suponiendo ya cuáles van a ser las consecuencias de que se habilite al Gobierno para el desarrollo reglamentario de esa excepción. No veo por qué tiene que hacer ni una cosa ni la otra. En todo caso, lo más probable es que, si se utiliza esa potestad reglamentaria, sea para facilitar que determinado tipo de empresas no encuentren dificultades insalvables para la externalización de sus compromisos con los trabajadores.
El señor Homs ha hecho referencia a unas cuantas enmiendas. Unas ha dicho que las retira, en otras demandaba de mí alguna precisión. Aceptamos su enmienda 505, así como la 512, en cambio no podemos aceptar la 513, al igual que la 517, una enmienda que se refiere a cuestiones competenciales.
El señor Homs, en nombre del Grupo Catalán, ha hecho una afirmación respecto a los problemas ligados a la fiscalidad de los planes y fondos de pensiones que dice queda pendiente. Yo, antes, en relación con las mutualidades, había dicho y sostenido que estábamos dispuestos a seguir reflexionando sobre esa cuestión, barajando alternativas en relación con la fiscalidad, y le vuelvo a repetir lo mismo en esta materia.
En cuando a la externalización de compromisos pasados, usted me plantea dos problemas. En primer lugar, ¿por qué el tratamiento fiscal de los seguros colectivos? Yo ahí, señoría, le tengo que seguir manifestando que nuestro punto de vista sigue siendo el mismo de siempre. Para que un tratamiento fiscal de una figura de previsión social se acerque a la de otra o coincida con la de otra tienen que acercarse o coincidir también las circunstancias, las condiciones y las exigencias que se dan en cada una de las figuras. Este no es el caso de los seguros colectivos, por tanto, creo poder afirmar que el tratamiento fiscal de los seguros colectivos en nuestro país no difiere en gran medida del resto de países de la Unión Europea, eso usted lo sabe igual que yo.
Por último, en relación con el problema que usted plantea relativo a la flexibilización de los plazos en materia de transición de los fondos internos a los fondos externos, bien sean seguros colectivos o planes de pensiones, pidiendo casi excusas al señor Espasa y al resto de los grupos parlamentarios, mi Grupo estaría en disposición de presentar alguna enmienda transaccional, en concreto a sus enmiendas 562 y 563, enmiendas transaccionales que paso a informar que contendrían que el déficit global que se tiene que amortizar, y que ahí se amortiza en un período de diez años, se podría adecuar su actualización según las condiciones que se pacten mediante dotaciones anuales no inferiores al cinco por ciento de la cuantía total a lo largo de un plazo no inferior a diez años ni superior a quince --se establece un mínimo y un máximo--, contados desde la formalización del plan de pensiones, siempre que al cumplirse la mitad del período definitivamente establecido en el plan de reequilibrio se haya amortizado la mitad del déficit. Por supuesto, señor Homs, que el déficit individualizado de cada partícipe tendrá que encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan; es decir, si un partícipe tiene una invalidez inesperada, como son todas las invalideces generalmente, los derechos consolidados de ese partícipe, los individualizados, tienen que estar completamente dotados en el momento en que se produce la contingencia. Otro caso son los derechos consolidados en términos colectivos.
Eso, señor Homs, plantea, como usted bien conoce, problemas fiscales y, por lo tanto, también planteamos a la disposición transitoria decimoséptima, punto 1, al segundo párrafo, una enmienda transaccional a su enmienda 563, que diría: Las aportaciones que puedan resultar deducibles fiscalmente realizadas para la cobertura de servicios pasados, tanto las derivadas de fondos constituidos como, si las hubiera, las destinadas a amortizar el déficit, lo serán en la misma cuantía y plazos establecidos en el plan de reequilibrio a que hace referencia el párrafo segundo del apartado 4, que es la enmienda transaccional que le he leído anteriormente. Es decir, esas posibilidades en la estructura de amortización del déficit tendrían, en esos mismos términos, consecuencias fiscales en cuanto a su deducibilidad.
El señor Zabalía, por otra parte, me ha planteado un conjunto de enmiendas, algunas competenciales, otras que tienen que ver con cuestiones fiscales, y una de ellas, la número 38, que se refiere al problema de las gestoras de mutualidades y entidades de seguros, que le vamos a aceptar; pero el resto de enmiendas, señor Zabalía, las rechazamos.


El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, tiene la palabra el señor Sanz, por el Grupo Popular.


El señor SANZ PALACIO: Simplemente, para reiterar los argumentos que he expuesto en mi primera intervención. Manifestar que hemos visto que existen ideas que en principio nos parecen buenas y aceptables en otras enmiendas de otros grupos y que, sin embargo, nuestro Grupo no va a aceptar en esta ocasión, por lo que he expuesto en un principio: que una modificación a fondo de la legislación de planes y fondos de pensiones exige un trámite singular parlamentario y una consideración global.
Anuncio nuestro voto positivo a una serie de enmiendas de otros grupos, sin detenerme a justificar una por una las razones de este apoyo para no extenderme excesivamente a esta hora en mi intervención, por entender que introducen

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o bien mejores técnicas o bien una mayor claridad en el texto que debatimos.
Votaremos favorablemente las enmiendas 116, 117, 118, 127 a 130, y 160 del Grupo Socialista, y la enmienda 525 del Grupo Convergència i Unió, porque entiendo que la enmienda 504, 510 y 520 han sido retiradas por Convergència y Unió, ¿es así? (Asentimiento.) Las demás enmiendas del resto de los grupos las rechazaremos, bien por disconformidad expresa con su contenido, bien porque entendemos que reproducen de otra manera lo que ya proponen nuestras propias enmiendas o bien, como ya lo he indicado anteriormente, por tratar materias que consideramos que deben ser objeto de una consideración más detenida en una próxima reforma sistemática y global de la legislación de planes y fondos de pensiones.


El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, cuando llegue el momento de la votación de este tercer bloque, como no he podido tomar nota exacta de todas las enmiendas de las que ha pedido votación separada, le rogaré que las vuelva a indicar, para ordenar definitivamente las votaciones.
Por el Grupo Federal Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Quisiera consumir un turno de réplica para rebatir algunas de las aseveraciones del señor Martínez Noval, a estas horas de la noche.
Sobre la polémica de si la 409 nuestra o la 112 del Grupo Socialista refleja mejor la posibilidad del establecimiento de planes sectoriales, no quiero volver a insistir. Creo sinceramente que nuestra enmienda es más amplia en el sentido de no limitar al tamaño de las empresas esta posibilidad; ambos grupos compartimos la necesidad y bondad de que existan planes de empleo y fondos sectoriales, y por lo tanto no quiero insistir más.
Respecto de las enmiendas 414 y 418, el rechazo de la mayoría cualificada, la búsqueda del consenso y la obligación de la efectividad de los acuerdos a través de la creación de un arbitraje, como proponen nuestras dos enmiendas y una tercera relacionada con éstas que no hace al caso ahora enumerar, lo soluciona mejor que la remisión a la vía reglamentaria por la cual se puedan producir estas mayorías cualificadas.
Podemos compartir que el fin buscado es el mismo, pero nos parece mucho más explícito, mucho más claro y de mayor rango normativo, puesto que nosotros proponemos introducirlo en esta ley y no dejarlo a desarrollo reglamentario, la forma como nosotros abordamos esta cuestión, que, insisto, parece que coincidimos en el objetivo, pero no en los métodos.
Respecto de la enmienda 426, sí me sorprende, señor Martínez Noval, porque estoy seguro --usted no ha hecho mención-- de que ha recibido como yo estas innumerables cartas de todas las secciones sindicales de las entidades de crédito y ahorro. No sé si el grupo parlamentario al que usted pertenece sistemáticamente no hace caso de peticiones que le llegan de sectores sociales tan próximos a ideas, propuestas y esfuerzos que creo que compartimos ambos grupos parlamentarios. En todo caso me sorprende esta enorme frialdad con que usted ha recibido esta insistente demanda --repito-- de todas las secciones sindicales de todas las entidades de crédito de España pidiendo que no se permita por ley que las entidades de crédito puedan transformar sus obligaciones internas en contratos de seguro y que deban hacerlo en planes y fondos de pensiones.
Usted, que fue tan ferviente defensor de los planes y fondos de pensiones y compartió aquel fervor en el año 1987 conmigo y con mi grupo parlamentario en la defensa de aquella ley, haciendo de los planes y fondos de pensiones el vehículo fundamental de la Seguridad Social complementaria y voluntaria, me sorprende que ahora, reforzado por esta petición --repito por última vez-- de todas las secciones sindicales de todas las entidades de crédito de España no les haga el menor caso y diga simplemente que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no hace falta atender esta petición tan amplia y tan sentida.
Y paso a referirme a las dos últimas enmiendas de calado político que hemos debatido esta noche en este tercer bloque. La 437 es relativa a la externalización de la banca. Señor Martínez Noval, no le dé la vuelta a mis argumentos pretendiendo confundir --a mí no creo que me confunda-- al resto de la Comisión.
He puesto el ejemplo de Banesto porque ha sido el más sonado en nuestra historia financiera; es la mayor crisis financiera. Es evidente que hubo muchas más irregularidades que la que yo he mencionado, pero lo he puesto como ejemplo. Usted me dice: las entidades de crédito saben manejar dinero. Y yo le respondo: en la toma de decisión de la intervención por parte del Banco de España (no en el agujero que después se sustanció por el Banco de España, por la Comisión parlamentaria y que, por vía penal, sustanciará el magistrado García-Castelleón) uno de los elementos capitales fue la no provisión técnica del fondo interno de pensiones.
Fíjese si es importante que el que pasaba por ser el primer banco del país no tenía adecuadamente resuelto el fondo interno de pensiones. Y esto eran sólo --dígaselo a los empleados de Banesto-- unos 56.000 millones de pesetas. Ya sé que es mucho menos que los 600.000, pero al efecto de lo que estamos discutiendo, demuestra que no tenemos ninguna garantía de que los bancos sean más diligentes que otras empresas, que ustedes sí obligan a externalizar. Yo, en nombre del mercado, de la competitividad, de la transparencia, de la unidad del mercado, le pregunto: ¿por qué fragmenta usted el mercado? ¿Por qué excluye a bancos y cajas de la transparencia, de la competitividad y de la uniformidad del mercado, cuando le doy un ejemplo de que esto no ha sido bueno? Por lo tanto, no me devuelva el argumento. Además, sabe usted --lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para que la Comisión tome conciencia de la enorme importancia de lo que estamos tratando-- que la banca pública española --de lo que me felicito--, Argentaria, sí lo tiene externalizado; que un banco privado importante de mi comunidad autónoma también lo tiene externalizado; que más de un tercio de las cajas de ahorro los tienen externalizados. ¿Por qué vamos a dar árnica al resto? ¿Porque se lo han pedido? ¿Porque le presionan? No voy a seguir en esta argumentación, pero me parece suficiente el elemento para que lo debatamos

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políticamente. Sus argumentos no tienen relevancia o peso específico en este terreno, puesto que se da el caso de que no está defendiendo todo un sector, porque partes de este sector, por vía voluntaria, ya han seguido el buen camino, que es el de la externalización. Le doy un ejemplo de lo que pasa cuando no se hace, por lo que no puedo comprender por qué usted y su Grupo continúan insistiendo en dispensar a la banca de esta externalización, cuando, como usted sabe, hasta ahora, cuando esta banca ha tenido percances, los han pagado los españoles, una parte --la mitad del quebranto la han pagado los contribuyentes españoles--, por tanto, sería bueno tratarla igual que al resto de las empresas.
Respecto de la enmienda 438, usted me ha dicho que le he puesto nombre y apellido. Sí, políticamente, era bueno y necesario hacerlo. Se trata de las eléctricas. Les piden y ustedes ceden y acceden a que por vía reglamentaria se les dé un trato distinto en cuanto al lapso en el que deberán externalizar sus fondos internos en planes y fondos de pensiones.
Tampoco entiendo por qué segmentan ustedes el mercado respecto de estas empresas y no de otras, de tanta o más importancia que éstas.
Señor Presidente, con esta contraargumentación doy por finalizadas mis intervenciones de esta noche en defensa de enmiendas; quizá de orden procedimental, reglamentario o de cuestiones de orden no sea ésta la última.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Simplemente para agradecer las enmiendas transaccionales que nos ha propuesto a las enmiendas 162 y 163, así como a las 562, 563 y ¿553, señor Martínez Noval?

El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Homs, la 553.


El señor HOMS I FERRET: También quiero agradecerle la aprobación, que ha mencionado, de las enmiendas 566, 505, creo que también ha nombrado la 512, y no ha dicho nada de la 516, respecto a la cual quería preguntarle su posición.


El señor MARTINEZ NOVAL: Aceptarla, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: En este caso, ya quedan todas claramente delimitadas.
Señor Presidente, simplemente y con mucha brevedad, quiero decirle al señor Martínez Noval que la propuesta que han hecho de flexibilizar el procedimiento de externalización es francamente positiva, porque le damos un marco de flexibilidad sin perder los objetivos que se proponen. Sin ir más allá de los propósitos que se persiguen, se concede una mayor flexibilidad, y eso creo que será bueno en aras a conseguir el propósito que persigue ese proceso de externalización.
Nada más, señor Presidente, para no alargar más el debate.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Simplemente quiero dejar constancia de la aceptación de nuestra enmienda número 38. Me gustaría que me dijera exactamente si la enmienda 41 va o no a ser admitida. En principio, el resto de las enmiendas, salvo la 38, en la intervención de don Luis Martínez Noval han quedado rechazadas, pero me gustaría, repito, que me dijera si la enmienda 41 también lo está. Como las enmiendas no han sido contestadas en su totalidad me ratifico muy rápidamente en lo que he dicho en la defensa de las mismas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez Noval. Le rogaría que fijara posición exacta sobre las enmiendas transaccionales que va a presentar el Grupo Socialista a este bloque.


El señor MARTINEZ NOVAL: Las palabras del señor Sanz, que vuelven a insistir en la futura presentación de un proyecto de ley que sistematice la regulación de los planes y fondos de pensiones, casi dilatan o remiten a la discusión en un momento procesal posterior. De manera que tanto él como yo calculo y barrunto que nos vamos a mantener hasta ese momento en las posiciones que hemos hecho explícitas hoy, y ése será el momento, señor Sanz, de contrastar qué es lo que cada Grupo Parlamentario piensa, en conjunto, de la regulación de los planes y fondos de pensiones en nuestro país.
El señor Espasa ha utilizado en el debate y en la discusión parlamentaria procedimientos políticos legítimos, pero que le quiero poner de manifiesto. Es lógico que la oposición silencie los avances de los proyectos de ley que presenta el Gobierno y se centre exclusivamente en aquellas cuestiones que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario, no son un avance; pero retroceso no puede haber, señor Espasa, porque en este proyecto de ley hay cosas que siguen reguladas como están en estos momentos. De manera que silencia usted los avances, y un avance muy considerable, señor Espasa, es que respecto de la Ley de 1987 este proyecto de ley del año 1995 exija a todas las empresas, a excepción de las entidades financieras aseguradoras y sociedades y agencias de valores, la externalización de sus compromisos. Usted sabe igual que yo que esa obligación no estaba contenida en la Ley de 1987, y que, no estando contenida en la Ley de 1987, hubo entidades financieras que, libremente y porque consideraron que era mejor opción, tomaron la decisión de externalizar sus compromisos, incluso en el sector financiero. Como usted repitió más de una vez, Argentaria --banco público-- y Banco de Sabadell --banco privado-- decidieron externalizar sus compromisos, porque son entidades que, por encima de otro tipo de consideraciones, confieren más valor al argumento fundamental que está detrás de la externalización, que es el de que proporciona mayor seguridad a la empresa en el

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cumplimiento de sus compromisos con los trabajadores. Pero ésa ha sido una decisión libre de esas dos entidades.
Lo que le quiero argumentar, señor Espasa, es que aquí hay un avance considerable respecto a la Ley de 1987, y que usted ha reparado exclusivamente en una excepción que deja las cosas como están en relación con un sector de actividad respecto del cual nosotros tenemos unos puntos de vista en estos momentos que son los que yo le he transmitido. Tanto en ese caso como en el caso de las eléctricas, usted habló de segmentar el mercado, y creo que es una expresión poco adecuada, por no decir poco feliz, porque todas las empresas eléctricas van a tener las mismas posibilidades, si es que existe el desarrollo reglamentario que usted teme, ¿Cuál es la segmentación que produce que las empresas eléctricas tengan condiciones distintas que las productoras, por ejemplo, de batidos de leche? No lo sé. Yo no veo ahí ninguna segmentación del mercado. El problema sería que existiera segmentación o distintas posibilidades dentro del mismo sector. Entonces, sí, pero no existe dentro del mismo sector ningún tratamiento disímil. En la banca, señor Espasa, tampoco existe segmentación del mercado, porque libremente algunas entidades han entendido que era mejor para su seguridad externalizar los fondos, antes de que esto fuese obligatorio. De manera que no creo que se pueda argumentar con alguna convicción sobre el problema de la segmentación del mercado.
El señor Homs no exige respuesta en la medida que quería conocer con precisión qué enmiendas transaccionales presentábamos.
Al señor Zabalía le tengo que decir que rechazamos la enmienda 41, aunque entendemos que, si no formalmente, está contenida en alguna de nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a las votaciones.
Ruego al señor Martínez Noval que presente las enmiendas transaccionales en este tercer bloque a las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Quizá por simplificar las votaciones, en vez de votar globalmente todas las enmiendas de todos los grupos parlamentarios a todo el proyecto de ley, lo vamos a hacer por los bloques que hemos venido discutiendo. Si algún grupo parlamentario desea pedir votación separada en los bloques, ruego que nos lo hagan llegar a la Mesa. De todas formas, señorías, desde la Mesa y Presidencia quisiéramos saber si las notas que hemos venido tomando son las definitivas a efectos de las enmiendas que permanecen vivas en cada uno de los bloques.
Sobre el primer bloque de votaciones, coincidente con la discusión que hemos tenido, el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado su deseo de retirar la enmienda número 63. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha anunciado la retirada de la 373. El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha manifestado su deseo de retirar las siguientes enmiendas.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, no he manifestado ningún deseo.
¿Puedo expresarlo ahora? (Asentimiento.) Se retira la enmienda 447 porque hay transaccional, la 448 porque hay transaccional; la 450 porque se recoge en la enmienda 155, del PSOE; la 457 porque también coincide con la enmienda 82, del Grupo Socialista; la 458 porque también se contempla en la enmienda 84, del Grupo Socialista; la 460 porque hay transaccional; la 485 porque se contempla en la enmienda 85, del Grupo Socialista; la 490 porque también coincide con la 87, del Grupo Socialista; la 493 porque hay transaccional, la 494 porque coincide con la 93, del Grupo Socialista; la 495 porque hay transaccional, la 498 porque hay transaccional, la 545 y la 546 porque hay transaccional, y la 555 y la 556 porque coinciden con las enmiendas 156 y 158, del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, no se ha manifestado respecto a la 449, sobre la que hay una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, ni sobre las 535, 536 y 537 sobre las que también hay transaccionales.


El señor HOMS I FERRET: Es verdad que el Grupo Socialista ha ofrecido una transaccional a la 448, haciéndola extensiva también a la 449, lo que acepto.
Las otras que ha dicho, señor Presidente, son del segundo bloque.


El señor PRESIDENTE: Las enmiendas 535, 536 y 537 del primer bloque.


El señor HOMS I FERRET: Si usted lo dice, debe ser así, señor Presidente.
No se disente.


El señor PRESIDENTE: Afecta a las disposiciones adicionales.


El señor HOMS I FERRET: Hacen referencia a temas de mutualidades, señor Presidente.
Si le parece enmendar su referencia...


El señor PRESIDENTE: Sí. A estas alturas de la noche no me extraña nada enmendarme a mí mismo. Tiene razón, señor Homs, lo tenía apuntado en el segundo bloque y también en el primero.


El señor HOMS I FERRET: Seguro que era así, señor Presidente.


El señor PADRON DELGADO: No sé si tiene nota la Presidencia de las enmiendas de los diferentes grupos para las que el Grupo Socialista solicita votación separada; si no se la paso en este momento.


El señor PRESIDENTE: Señor Padrón, no hemos llegado todavía a ese momento.


El señor PADRON DELGADO: Tendré la paciencia de esperar, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Ruego a S. S. que mantenga viva la paciencia.
(Risas.)

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Si les parece, señorías, vamos a arreglar el primer bloque y luego pasaremos al segundo.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, si estamos en el trámite de separación de enmiendas por bloques, solicito a la Presidencia, si es posible, separar las transaccionales, sean con el grupo que sea, del resto de las enmiendas. Es la única preocupación que tenemos.


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Espasa. Las enmiendas transaccionales se votarán separadas en el primer momento procesal de las votaciones, antes de entrar a la votación de las enmiendas de los grupos.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, en cuanto al primer bloque, e igual para los demás, mi Grupo, al objeto de pedir votación separada de las enmiendas, lo habíamos hecho por grupos: artículos 1 al 63, artículos 69 al 90, etcétera. Son cinco o seis grupos, porque es un verdadero problema para nosotros ordenarlo y creo que acabamos antes así.


El señor PRESIDENTE: Si S. S. me hace llegar a la Mesa la nota, así lo haremos. (Pausa.) Señor Ramallo, vamos a votar en primer lugar las enmiendas transaccionales y luego, cuando vayamos marcando las votaciones por grupos parlamentarios, solicitaré de cada uno de ellos cuáles son las enmiendas que desean separar.
Vamos a votar primero las enmiendas transaccionales a este primer bloque, que hace referencia a los artículos 1 a 63, 69 a 90, adicionales primera a décima y la decimotercera, transitorias primera a cuarta, ambas inclusive, sexta a décima, duodécima, decimotercera y decimocuarta, disposición derogatoria, disposiciones finales primera a cuarta y exposición de motivos.
Vamos a votar las enmiendas transaccionales a este primer bloque concordantes con las números 447, 448, 449, 460, 493, 495, 498, 545, 546 y 562, del Grupo Catalán, que han sido retiradas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales.
A continuación, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 62 a 84, excepto la 63, que ha sido retirada, 85 a 111, 154 a 159, ambas inclusive, 168 y 169. ¿Algún grupo parlamentario desea pedir votación separada de alguna enmienda del Grupo Socialista?

El señor RAMALLO GARCIA: ¿A qué artículos, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: A los artículos 1 a 63, 69 a 90, disposiciones adicionales.


El señor RAMALLO GARCIA: Habíamos quedado en que lo íbamos a hacer por grupos, del 1 al 63 primero...


El señor PRESIDENTE: Pero S. S. los tendrá por número de enmiendas.


El señor RAMALLO GARCIA: Sí, pero me es más difícil leerlas. Si hace falta las voy leyendo. (Rumores.) Lo que yo había pedido al señor Presidente era que, si no hacía mucho mal a estas horas, votáramos primero del 1 al 63, luego del 69 al 90, después las adicionales que corresponden a este grupo, las transitorias, la derogatoria, las finales y la exposición de motivos. A estas horas de la función me parece que no perdemos mucho tiempo y aclara bastante. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: ¿Pero S. S. sabrá de cuáles pide votación separada?

El señor RAMALLO GARCIA: Sí. ¿Qué quiere, que le diga el grupo?

El señor PRESIDENTE: Sí. Vamos a votar todas las enmiendas que S. S.
desea agrupar.


El señor RAMALLO GARCIA: Del Grupo Socialista, separadas, las números 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 90, 94, 95, 98, 99 a 108, 111, 155, 158, 159 y 169.


El señor PRESIDENTE: ¿Y en el siguiente bloque todas las demás?

El señor RAMALLO GARCIA: Sí.


El señor PRESIDENTE: Perfecto.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas números 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 90, 94, 95, 98, 99 a 108, ambas inclusive, 111, 155, 158, 159 y 169 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 11; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas que he citado anteriormente.
A continuación votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado en su momento la votación separada de las enmiendas números 170, 173, 174, con las modificaciones que en su momento han sido comunicadas; la 186, de la misma forma; las 191, 192, 195, 219, 221, teniendo en

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cuenta que se aprueba el segundo párrafo de dicha enmienda; las 249, 250 y 266, con las correcciones técnicas que han sido leídas en su momento procesal, y la 279. ¿Es así, señor Padrón? (Asentimiento.) Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Seguidamente votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, excepto la 373, que ha sido retirada.
¿Algún grupo desea pedir votación separada de alguna enmienda?

El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, de las 372 y 379.


El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar las enmiendas 372 y 379.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 15; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este primer bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 16; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente vamos a pasar a la votación las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), separando las números 23, 24, 25 y 27, de las que, con las correcciones técnicas citadas en el momento procesal, ha pedido votación separada el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, solicitamos votación separada, en un grupo, de las enmiendas números 1 a 4, 19, 20, 21, 22, 43 y 44; y en otro grupo, de las números 16, 17 y 55 a 58.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en cuatro bloques las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 23, 24, 25 y 27, con las correcciones técnicas citadas en su momento y aceptadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Vasco 1 a 4...


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ¿se puede conocer qué son esas enmiendas?

El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, esas enmiendas hacen referencia a las entidades de asistencia sanitaria.


El señor HOMS I FERRET: Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Estábamos empezando a votar las enmiendas números 1 a 4, ambas inclusive; 19, 20, 21, 22, 43 y 44, del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 16, 17, 55 y 58, del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas que permanecen vivas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), separando las números 442, 494, 496, 500 y 501, que en su momento el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado el deseo de votar separadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, nueve; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que permanecen vivas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos al segundo bloque, que hace referencia a los artículos 64 a 68, ambos inclusive; disposición adicional decimocuarta y transitorias quinta y undécima. El Grupo

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Parlamentario Popular ha manifestado en su momento la retirada de la enmienda número 298. A este bloque se han presentado enmiendas transaccionales a las números 464, 469, 472, 475, 477, 478, 480, 535, 536, 537, 553, 562 y 563, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), así como a las enmiendas del Grupo Vasco números 8, 10, 42 y 52. ¿Es así, señor Homs? ¿Manifiesta la retirada de las enmiendas que he citado?

El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Quedan retiradas.
¿El Grupo Vasco (PNV) también? (Asentimiento.) Quedan retiradas las enmiendas 8, 10, 42 y 52.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha manifestado en su momento la retirada de las enmiendas números 463 y 468.


El señor HOMS I FERRET: Efectivamente.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna más, señor Homs?

El señor HOMS I FERRET: La 476.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar las enmiendas transaccionales a este segundo bloque, que hace referencia al mutualismo de previsión social, que son las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que he citado anteriormente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Seguidamente vamos a votar las dos enmiendas in voce presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a votar las enmiendas que permanecen vivas a este bloque de mutualismo de previsión social por parte de los grupos parlamentarios que las han presentado.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que son las enmiendas 261 a 264, 336, 346, 320, 321, 324 y 325.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 362 a 365, ambas inclusive, y 433.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 61, 61 bis, de la 8 a la 15, ambas inclusive, 51, 52, 30, 40 y 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar el resto de las enmiendas que permanecen vivas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
¿El Grupo Socialista ha manifestado el deseo de votar separadamente algunas enmiendas?

El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Presidente, las enmiendas 505, 512, 520, 566 y 569.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, faltan la 462, 467...


El señor PRESIDENTE: Perdón un momento, señor Homs.
Señor Martínez Noval, las enmiendas 505, 512, 520, 562 y 569 son del tercer bloque.


El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, estoy equivocado. Creía que estábamos votando ya el tercer bloque.


El señor PRESIDENTE: Yo tenía apuntado, pero no sé si son ciertas mis notas, la 462, 467, 470 y la 552.


El señor MARTINEZ NOVAL: Y la 496, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, las cuatro que he citado, más la 496.
Tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Vamos a pedir votación separada de la 466, 470, 476 a 478, 480, 482 --y habrá alguna que, a lo mejor ya no está viva, en cuyo caso se retira--, 551, 552 y 554. El resto se puede votar conjuntamente.


El señor MARTINEZ NOVAL: Excluya la 496, que no es de este bloque.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, a los efectos de repasar, para mi Grupo son la 462, 467, 470...


El señor PRESIDENTE: ¿Y la 552, acaso, señor Homs?

El señor HOMS I FERRET: También señor Presidente. Es que es usted mucho más rápido que yo. Nada más, sólo éstas.


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El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, en primer lugar, las enmiendas 470 y 552 en un primer bloque porque coinciden el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Seguidamente vamos a votar las enmiendas 462 y 467 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación vamos a votar las enmiendas 466, 476, 477, 478, 480, 482, 551 y 554.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ha mencionado algunas a las que hay transaccionales que ya se han aprobado y que están retiradas. A la 480 hay una transaccional y está retirada.


El señor PRESIDENTE: Están retiradas las enmiendas 477, 478 y 480.
Vamos a votar las enmiendas 466, 482, 551 y 554, que todavía permanecen vivas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
A continuación votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, yo del resto tengo dos que voy a votar a favor, la 475 y 522.


El señor PRESIDENTE: La 475 está retirada y la 522 es del tercer bloque.


El señor ARQUEROS OROZCO: Ruego me perdone, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el resto de las enmiendas que permanecen vivas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) a este segundo bloque, que hace referencia a la Mutualidad de Previsión Social, artículos 64 a 68, disposición adicional decimocuarta, transitorias quinta y undécima.
Vamos a entrar en la votación del tercer bloque.
A este tercer bloque, que hace referencia a las disposiciones adicionales undécima y duodécima, transitorias decimoquinta, decimosexta, decimoséptima y decimoctava, relativas a los planes y fondos de pensiones, se han presentado enmiendas transaccionales con la 553, 562 y 563, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
¿Retira el Grupo Parlamentario Catalán las citadas enmiendas?

El señor HOMS I FERRET: Y también, señor Presidente, a la 508, que retiro.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ¿a la 508 ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista enmienda transaccional? No la tiene la Mesa.


El señor MARTINEZ NOVAL: Es posible, señor Presidente, que no esté.


El señor HOMS I FERRET: Es la de los Presupuestos Generales del Estado.


El señor MARTINEZ NOVAL: Es la de Presupuestos Generales del Estado, señor Presidente. Nosotros hemos enmendado otro precepto distinto del que lo hace Convergència i Unió. Por tanto, yo creo que tendría sentido que retirara su enmienda 508.


El señor PRESIDENTE: No hay transaccional, sino que han sido votadas anteriormente.


El señor HOMS I FERRET: Esta enmienda no ha sido votada todavía, señor Presidente. La 508 forma parte del tercer bloque. Por consiguiente, la retiro porque yo la entiendo también transada con la que ha planteado el Partido Socialista.


El señor MARTINEZ NOVAL: Las dos enmiendas que yo he presentado «in voce», señor Presidente, solventan el problema.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, es que las enmiendas «in voce» están votadas y aprobadas.


El señor MARTINEZ NOVAL: Por eso.


El señor HOMS I FERRET: No insistamos más.


El señor PRESIDENTE: Eso pretendía.
Además de las enmiendas transaccionales, el Grupo Catalán de Convergència i Unió ha manifestado anteriormente la retirada de las enmiendas 503, 504, 506, 508, 510, 513, 514, 515, 520, 528, 531 y 560.
Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas transaccionales a este tercer bloque que hace referencia a los planes y fondos de pensiones, transaccionadas por el Grupo Socialista con las enmiendas 553, 562 y 563, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que han sido retiradas.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales del Grupo Socialista con las enmiendas a que he hecho referencia anteriormente de Convergència i Unió.
A continuación, vamos a votar las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios que permanecen vivas. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
¿Desean votación separada?

El señor SANZ PALACIO: Sí, señor Presidente, de la 116, 117, 118, 120, 127, 128, 129, 130 y 160, y luego otro bloque con el resto.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este tercer bloque, números 116, 117, 118, 120, 127, 128, 129, 130 y 160.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas que he citado del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, con la duda de si la 131 ha sido retirada.


El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Presidente, ha sido retirada.


El señor PRESIDENTE: Votamos el resto de las enmiendas, excepto la 131, que ha sido retirada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, nueve; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este tercer bloque.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, separando la 308 del resto. ¿Es así, señor Martínez Noval?

El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor Presidente, coincide con otra enmienda del Grupo Catalán, pero tiene sentido que se separe.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda número 308.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 308, del Grupo Popular.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas a este tercer bloque del Grupo Parlamentario Popular.
Seguidamente, vamos a votar las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, 408 a 432 y de la 435 a la 441, ambas inclusive.


El señor SANZ PALACIO: Señor Presidente, pedimos votación separada de la enmienda 417.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda 417 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 417.
A continuación votamos el resto de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este tercer bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Seguidamente vamos a votar las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), separando la número 38 del resto, a no ser que algún grupo parlamentario desee otra votación separada.


El señor SANZ PALACIO: Señor Presidente, solicitamos votación separada de las números 32 y 33.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número 38.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 38.
A continuación votamos las enmiendas números 32 y 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 32 y 33 del Grupo Vasco.


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A continuación votamos el resto de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas del Grupo Vasco a este tercer bloque.
A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència y Unió números 505, 512, 516 y 586.


El señor SANZ PALACIO: Solicitamos también votación separada en un bloque de la 525, 563 y 566.


El señor PRESIDENTE: La 563 está retirada.


El señor SANZ PALACIOS: Entonces la 525 y 566, y separadamente la 559.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió en cuatro bloques.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 505, 512, 569 y 516.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, nueve; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Seguidamente votamos las enmiendas números 525 y 566.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar seguidamente la número 559.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, vamos a votar el resto de las enmiendas que permanecen vivas a este bloque tercero del Grupo Catalán de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, creo que termina ahora el bloque de votación de enmiendas. ¿Es así?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Es que, según mi contabilidad, una transaccional planteada por mi Grupo a las enmiendas 545 y 546 no se ha sometido a votación. Es la única transaccional que ha ofrecido mi Grupo Parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, están, votadas en el primer bloque.


El señor HOMS I FERRET: Ha quedado incorporada en el primer bloque, aceptada y aprobada, ¿no? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Concluida la votación de las enmiendas que permanecían vivas, así como de las enmiendas transaccionales e «in voce» incorporadas al proyecto, vamos a votar el informe de la Ponencia, con la incorporación de las enmiendas aprobadas así como las transaccionales e «in voce» aprobadas e incorporadas.
Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quisiera pedir votación separada de los artículos 64 a 72, ambos inclusive, de la disposición adicional sexta, primer punto, y de la disposición final primera.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, en un primer bloque, los artículos 64 a 72, disposición adicional sexta, primer punto, y disposición final primera, de acuerdo con el informe de la Ponencia y las incorporaciones que se hayan producido en su caso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, cuatro; abstenciones, doce.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
A continuación, votamos el resto del informe de la Ponencia, con las incorporaciones habidas en los trámites anteriormente votados, incluida la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguente resultado: votos a favor. 18; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguidamente, someto a SS. SS. que, de acuerdo con el informe del Letrado, sometido a la consideración de la Comisión, se pueda corregir en algunos apartados del dictamen de la Comisión el término «Comunidad Europea» sustituyéndolo por el de «Unión Europea» en diferentes artículos que hacen referencia a la misma, así como correcciones técnicas en el sentido de aplicar el número exacto de las diferentes directivas comunitarias que en algún momento no han sido incorporadas de forma exacta y concreta mediante las enmiendas o el informe de la Ponencia.
(Asentimiento.) Aprobado el informe, ruego al señor Letrado que cuando haga la redacción definitiva incorpore las notas técnicas que ha pasado a la Comisión. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.)

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Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Para una cuestión de orden, señor Presidente. Es una cuestión de orden relacionada con su interpretación anterior, que hemos acatado obviamente, de los artículos del Reglamento 148.2, 114.3, 116 y 118.3, y es la siguente. ¿Le consta a la Presidencia que las enmiendas transaccionales y las enmiendas «in voce» hayan sido repartidas a los demás grupos? Este Grupo que lo pregunta quisiera saberlo.


El señor PRESIDENTE: A través del señor Letrado se han hecho fotocopias en los diferentes momentos procesales, y a esta Presidencia, en principio, le consta que han sido distribuidas. Visualmente, esta Presidencia no ha investigado las mesas de los señores Diputados, pero en diferentes momentos procesales incluso esta Presidencia ha suministrado al señor Letrado copia de las enmiendas transaccionales para que pudieran ser repartidas.
Dado que hemos concluido el debate y votación del informe de la Ponencia, se levanta la sesión, recordando a SS. SS que con competencia legislativa plena hemos dictaminado el proyecto de ley de supervisión de los seguros privados.


Era la una y treinta de la madrugada.

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