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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 424, de 21/02/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 424 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA Sesión núm. 50 celebrada el martes, 21 de febrero de 1995

ORDEN DEL DIA: Elección de Presidente de la Comisión de Justicia e Interior. (Número de expediente 41/000015). (Página 12897) Ratificación de las Ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas legislativas: --Proyecto de ley del Tribunal del Jurado. (BOCG serie A, número 64-1, de 20-5-94. Número de expediente 121/000050). (Página 12897) --Proposición de ley, sobre indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous (Valencia). (BOCG serie B, número 56-1, de 7-2-94. Número de expediente 122/000044). (Página 12898) --Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican determinados preceptos del Código Penal relativos a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. (BOCG serie A, número 82-1, de 13-10-94.
Número de expediente 121/000069). (Página 12898)

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Comparecencias: --Del señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe), para informar sobre la adjudicación efectuada a la empresa «Maintegas, S. A.» de un contrato de suministro al centro penitenciario de Picassent (Valencia), durante el período en el que don Antonio Asunción ostentó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000253). Esta comparecencia será cumplimentada por la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. (Página 12899) --De la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios (Fernández Felgueroso), para explicar las irregularidades apreciadas en el proceso selectivo de aspirantes a funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, en la convocatoria de oferta pública de empleo, correspondiente al año 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001365). (Página 12899) Preguntas: --De la señora Aguilar Rivero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre explicación de la contratación por adjudicación directa del suministro de materiales de cerámica destinados a la cárcel de Picassent (Valencia), con la empresa «Maintegas, S. A.», así como la instalación de estos materiales por una empresa tercera, incumpliendo las normas de limitación en la cesión de contratos de suministros. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente 181/000630). (Página 12899) --Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal de IU-IC), sobre criterio seguido por el Gobierno al decretar la dispersión de ocho insumisos presos en segundo grado, que se encontraban en la cárcel de Pamplona. (BOCG serie D, número 137, de 23-9-94. Número de expediente 181/000939). (Página 12920) --Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno al argumento dado por don Antonio García, Director del Centro Penitenciario de Pamplona, al decretar la dispersión de ocho insumisos presos en ese centro. (BOCG serie D, número 137, de 23-9-94. Número de expediente 181/000940).
(Página 12920) --Del mismo señor Diputado, sobre existencia de la preceptiva propuesta previa, ante la dispersión de presos insumisos de Navarra a otros centros penitenciarios. (BOCG serie D, número 137, de 23-9-94. Número de expediente 181/000941). (Página 12920) --Del mismo señor Diputado, sobre propósito de la dispersión de presos insumisos de Navarra a centros penitenciarios alejados de su entorno social y familiar. (BOCG serie D, número 137, de 13-9-94. Número de expediente 181/000942). (Página 12920) --Del mismo señor Diputado, sobre extensión a todos los presos insumisos que rompieron el tercer grado de la política de dispersión llevada a cabo en el centro penitenciario de Pamplona. (BOCG serie D, número 137, de 23-9-94. Número de expediente 181/000943). (Página 12920) --Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre vinculación de la concesión de permisos penitenciarios con la aplicación de una fórmula matemática. (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001230). (Página 12922) --Del mismo señor Diputado, sobre medidas para solventar las carencias que, en materia de seguridad, padece el centro penitenciario de Alcalá II (Madrid). (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001231). (Página 12922) --Del mismo señor Diputado, sobre medidas para corregir las insuficiencias en materia de seguridad del centro penitenciario de Madrid III (Valdemoro). (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001232). (Página 12922) --Del mismo señor Diputado, sobre variaciones que introducirá el Programa de Recuperación de Internos Conflictivos en el sistema de Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES)-Régimen Especial. (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001233). (Página 12922) --Del mismo señor Diputado, sobre criterios para el abono del complemento de productividad al personal dependiente de la administración penitenciaria. (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001234). (Página 12922) --Del mismo señor Diputado, sobre valoración de la evolución del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el conjunto de la población penitenciaria española (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001237). (Página 12922)

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--Del mismo señor Diputado, sobre cierre del centro penitenciario de Carabanchel (Madrid). (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001238). (Página 12922) --Del mismo señor Diputado, sobre solución prevista para la redistribución de los intereses bancarios que generan las cuentas de los internos en centros penitenciarios. (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95.
Número de expediente 181/001239). (Página 12922)

Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.


ELECCION DE VACANTES MESA COMISION:

--ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR. (Número de expediente 041/000015.)

El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Buenos días, señoras y señores Diputados. Se abre la sesión.
Vamos a proceder, conforme al orden del día, a la elección de Presidente.
Para la elección habrá de tenerse en cuenta el artículo 37 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que dice textualmente: «En la elección de Presidente, cada Diputado escribirá sólo un nombre en la papeleta.
Resultará elegido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si ninguno obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá la elección entre los que hayan alcanzado las dos mayores votaciones y resultará elegido el que obtenga más votos.» Ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios que comuniquen a la Mesa las sustituciones que se vayan a producir, para que, a continuación, el señor Secretario de la Mesa dé lectura a la lista de los diputados que tienen derecho a votar y éstos vayan depositando las papeletas.
Señor Barrero, tiene la palabra.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, don Carlos Sanjuán de la Rocha sustituye a don Nicolás Redondo Terreros, don Sergio Moreno Monrove a don Carlos Navarrete Merino y don Juan Ramón Lagunilla Alonso a don Pedro Jover Presa.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señor Barrero.
Señor Padilla, tiene la palabra.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, don José Ramón Pascual Monzo sustituye a don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señor Padilla.
Señora Alemany, tiene la palabra.


La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, el señor Vidal i Sardo sustituye a don Jordi Casas i Bedos y don Joan Simo i Burgues sustituye a don Ramón Camp i Batalla.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Muchas gracias, señora Alemany.
Señor Chiquillo, tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: En el Grupo Mixto, José María Chiquillo, que es el que le habla, sustituye a don Xabier Albistur Marín.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Chiquillo, ya se le ha dicho, en la consulta que ha hecho, que usted no es titular ni tampoco suplente y, por lo tanto, sintiéndolo mucho, no tiene derecho.
Señorías, a continuación el Secretario de la Mesa va a dar lectura de los Diputados que deben depositar su voto. Por premuras que tiene el Diputado señor López Garrido, lo vamos a citar en primer lugar.
El señor Secretario puede dar comienzo a la lectura de los señores Diputados. (Pausa.)

Efectuada la votación por papeletas y verificado el escrutinio, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Hay 21 votos a don Javier Sáenz Cosculluela y seis en blanco. Por tanto, queda elegido Presidente de la Comisión de Justicia e Interior don Javier Sáenz Cosculluela, al que yo ruego tome posesión de la Presidencia. Pero antes quiero agradecer al anterior Presidente, don Javier Barrero, su talante dialogante y complaciente que ha tenido durante el tiempo que ha presidido esta Comisión. Yo le voy a echar de menos, y quiero hacer votos por que mi amistad y la de todos nosotros siga con él y rogarle a don Javier Sáenz Cosculluela que tenga el mismo talante que don Javier Barrero de hoy en adelante. Muchas gracias. (El señor Sáenz Cosculluela ocupa la Presidencia.)

RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DEL TRIBUNAL DEL JURADO. (Número de expediente 121/000050.)

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--PROPOSICION DE LEY SOBRE INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS (VALENCIA). (Número de expediente 122/000044.)

--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS PRECEPTOS DEL CODIGO PENAL RELATIVOS A LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000069.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar quiero expresarles a todos ustedes mi agradecimiento. Para mí es un honor poder dirigir los trabajos de SS. SS. en esta Comisión de Justicia e Interior. Espero desarrollar correctamente las labores de la Presidencia de esta Comisión y cumplir con los deberes que caracterizan a la Presidencia de una Comisión y, por tanto, defender en los ámbitos de nuestras competencias las funciones y las facultades de este Parlamento.
No quiero terminar estas brevísimas palabras de saludo sin expresar mi agradecimiento, ya expuesto anteriormente por el Presidente en funciones, a la labor desarrollada por don Javier Barrero, al que deseamos acierto en su nueva función parlamentaria de portavoz de la Comisión de Interior.
Muchas gracias, y vamos a pasar al examen del orden del día previsto para hoy, en el que, como podrán comprobar, hay un buen número de preguntas y dos comparecencias previas, que vamos a abordar inmediatamente.
Con carácter previo a las comparecencias vamos a proceder a ratificar las ponencias designadas para informar diversas iniciativas legislativas.
En primer lugar, la Ponencia que en su día se designó por esta Comisión para informar el proyecto de ley del Tribunal del Jurado.
Entenderé, si no hay observaciones, que se ratifica el conjunto de miembros designados para formar la Ponencia. ¿Es así? (Asentimiento.) Queda ratificada.
Ratificación de la Ponencia de la proposición de ley sobre indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la Presa de Tous, en Valencia.
¿Hay observaciones? (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.) El señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Que, por favor, pronunciara los nombres de los integrantes de esa Ponencia, porque hace tiempo que no se reúne, por si ha habido algún cambio. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Con mucho gusto, pero antes de leer los integrantes de la Ponencia tiene la palabra don Ignacio Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Simplemente, señor Presidente, para volver a incidir en lo que ya manifestamos en la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior, y así constará en acta, celebrada la pasada semana.
Para mi Grupo Parlamentario es fundamental que esta Ponencia, que ha sufrido ya alguna vicisitud en cuanto a su desconvocatoria una vez convocada, al menos en dos ocasiones, se convoque por parte de la Presidencia cuanto antes y con carácter urgente.
Todos sabemos que vamos a iniciar el camino parlamentario de un proceso que debía haber sido solventado años ha. Sin embargo, estamos todavía pendientes de poder iniciar ese camino, cuando además coincide en el tiempo con una nueva apertura del proceso judicial.
En definitiva, lo que queremos pedirle, en este su primer acto como Presidente, es que cuanto antes proceda a la convocatoria de esta Ponencia, y entendemos, señor Presidente, que cuanto antes debe ser en esta semana mismo.
Muchas gracias. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Además de ratificar la postura del compañero del Grupo Parlamentario Popular, igualmente, por ser el Grupo que ha presentado la iniciativa de la proposición de ley en su momento, recordar simplemente que fue el 6 de febrero de 1994 cuando se presentó la misma.
Hay un retraso preocupante y, por tanto, quiero transmitir la opinión de muchos valencianos afectados, de muchas asociaciones de damnificados, que quieren una solución política rápida, por lo cual mi primer ruego al nuevo Presidente, aparte de felicitarle, es que trate con especial sensibilidad este tema y lo avance lo máximo posible para que se llegue a esa solución que tanto esperan muchos ciudadanos de La Ribera.


El señor PRESIDENTE: Tomo buena nota de la demanda que formulan SS. SS.
La Ponencia cuyos componentes quería conocer el Diputado señor Chiquillo está formada por los siguientes Diputados: don Alberto Pérez Ferré, don José María Mohedano Fuertes, don José Ramón Pascual Monzo, don Ignacio Gil Lázaro, don Ricardo Peralta Ortega, don Salvador Sedó i Marsal, don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, don Lorenzo Olarte Cullén y don José María Chiquillo Barber.
Por si hay peticiones respecto de las otras Ponencias, vamos a leer ya los componentes de todas ellas.
Los componentes de la Ponencia sobre el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado son: don Alvaro Cuesta Martínez (habrá que sustituir a uno de los Diputados, miembro de la Ponencia, que ha presentado renuncia a su acta de Diputado), don Francisco Valls García, don Julio Padilla Carballada, don Antonio Pillado Montero, don Diego López Garrido, doña Joaquina Alemany i Roca, don Emilio Olabarría Muñoz, don Lorenzo Olarte Cullén y don Xabier Albistur Marín.
La tercera Ponencia a ratificar es la constituida para informar el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican determinados preceptos del Código Penal relativos a los derechos

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contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social. Los integrantes son: doña Mercedes Aroz Ibáñez, don Eduardo García Espinosa, don Luis Martínez Noval, don Juan Costa Climent, don Juan Carlos Aparicio Pérez, don Julio Padilla Carballada, don Ramón Espasa Oliver, don Jusep Sánchez i Llibre, don Emilio Olabarría Muñoz, don Lorenzo Olarte Cullén y don Xabier Albistur Marín.
¿Quedan ratificadas todas las Ponencias? (Asentimiento.) Si no hay objeciones, así lo entendemos.


CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:

--DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (BELLOCH JULBE), PARA INFORMAR SOBRE LA ADJUDICACION EFECTUADA A LA EMPRESA «MAINTEGAS, S. A.» DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO AL CENTRO PENITENCIARIO DE PICASSENT (VALENCIA), DURANTE EL PERIODO EN EL QUE DON ANTONIO ASUNCION OSTENTO LA SECRETARIA DE ESTADO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000253.)

--DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (FERNANDEZ FELGUEROSO), PARA QUE EXPLIQUE LAS IRREGULARIDADES APRECIADAS EN EL PROCESO SELECTIVO DE ASPIRANTES A FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, EN LA CONVOCATORIA DE OFERTA PUBLICA DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001365.)

CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:

--EXPLICACION DE LA CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CERAMICA DESTINADOS A LA CARCEL DE PICASSENT (VALENCIA), CON LA EMPRESA «MAINTEGAS, S. A.», ASI COMO A LA INSTALACION DE ESTOS MATERIALES POR UNA EMPRESA TERCERA, INCUMPLIENDO LAS NORMAS DE LIMITACION EN LA CESION DE CONTRATOS DE SUMINISTROS. FORMULADA POR LA SEÑORA AGUILAR RIVERO (GIU-IU). (Número de expediente 181/000630.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que figura con los números 5 y siguientes: Comparecencia de la señora Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios para informar sobre la adjudicación efectuada a la empresa «Maintegás, S. A.», de un contrato de suministro al centro penitenciario de Picassent, en Valencia, durante el período en el que don Antonio Asunción ostentó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Comparece, asimismo, la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios para explicar las irregularidades apreciadas en el proceso selectivo de aspirantes a funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en la convocatoria de oferta pública de empleo correspondiente al año 1994.
¿Los servicios de la Cámara tienen la bondad de llamar a la señora Secretaria de Estado? (Pausa.) Voy a dar la palabra a continuación a la excelentísima señora Secretaria de Estado, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, a quien doy la bienvenida a esta Comisión.
Comparece para atender las dos cuestiones ya mencionadas anteriormente, una relativa a la adjudicación efectuada a la empresa «Maintegás, S. A.», de un contrato de suministro y otra para explicar el proceso selectivo de aspirantes a funcionarios en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Aunque su comparecencia llevaba aparejada la respuesta a una pregunta, la número 7 del orden del día, formulada por doña Rosa Aguilar, dado que no hay representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quedará decaída, sin perjuicio de que, al tratarse de una materia conexa con su comparecencia, seguramente a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», podrá formular la respuesta que considere más apropiada.
Tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, señorías, comparezco para responder a una cuestión relativa a la contratación de utillaje y maquinaria para talleres penitenciarios, en concreto para el centro de Valencia (Picassent). La petición de información se refiere a la adquisición en 1990 de los suministros necesarios para los tres talleres de producción y formación de Valencia (Picassent). Se trata de un expediente administrativo de suministro por importe de 19.849.749 pesetas, expediente que dio lugar a sendos informes negativos y críticos de los servicios jurídicos del Estado y de la Intervención Delegada; expediente que, por las irregularidades detectadas finalmente y para poder abonar lo que había sido servido, hubo de llevarse a convalidación del gasto por parte del Consejo de Ministros; que la propia Comisión de Subsecretarios que examinó el expediente, con carácter previo a esta aprobación o convalidación por el Consejo de Ministros, consideró necesario que se depurasen las responsabilidades a que hubiera lugar; que, como seguidamente relataré, el origen, inicio y punto clave del procedimiento irregular fue el actuar del entonces gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, señor Martínez Torrecilla; que la Administración reaccionó en noviembre de 1992, ante aquella

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señal y advertencia que hizo la Comisión de Subsecretarios, antes de la convalidación por el Consejo de Ministros, con la rescisión del contrato del señor Martínez Torrecilla y la incitación por el Ministerio de Justicia, directamente por el propio Ministro, al Fiscal General del Estado por si del conjunto de actuaciones realizadas por el expresado gerente en su gestión del Organismo Autónomo pudiera deducirse la comisión de algún delito.
Por parte del Ministerio Fiscal se promueve, el 26 de julio, contra Martínez Torrecilla y seis más, cuatro de ellos funcionarios, la querella correspondiente, hoy día en trámite, y en la que se ha incorporado abundante información requerida a Asuntos Penitenciarios. El pasado mes de marzo de 1994, como corolario de esta actuación rápida y enérgica de la Administración, con ocasión de citarse en medio de comunicación una pregunta parlamentaria formulada por un Diputado de esta Cámara se pone en boca de Rafael Martínez Torrecilla y del propio medio un trato de favor o amiguismo de don Antoni Asunción en la adquisición que nos ocupa, lo que provoca la reacción inmediata de don Antoni Asunción promoviendo querella por lo que considera información calumniosa e injurias contra su persona.
Hasta aquí un poco los datos fundamentales de este expediente para cuya información comparezco ante SS. SS.
Voy ahora a relatarles, lo más sucintamente posible, cómo fue todo el «íter» o el camino administrativo del expediente.
Cuando se construye el complejo penitenciario de Picassent, entre sus instalaciones se reservan tres espacios para talleres. Dada la tradición ceramista valenciana, se decide dedicarles a esta actividad en la modalidad de formación-producción. En junio de 1990, consta en el Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios escrito de la entonces directora del centro penitenciario de Valencia al gerente de trabajos Penitenciarios poniéndole de relieve la necesidad, si se quería afrontar actividad de formación en cerámica, cuanto antes de la dotación de los talleres, incluso le remite informes y escritos de tres empresas y presupuestos que no forman parte del expediente por ser bastante anteriores a la fecha de selección del proveedor e incluso de la decisión de adquirir.
El 28 de agosto de 1990 hay un escrito de doña Mercedes Jabardo al Subdirector General de Planificación de la entonces Dirección General remitiendo presupuesto para talleres de la empresa Maintegás, presupuesto que éste remite en fecha 5 de septiembre al gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios.
En septiembre de 1990, el entonces gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, don Rafael Martínez Torrecilla, inicia la contratación de materiales y equipos para la organización de los tres talleres. ¿Cómo lo inicia? El señor Martínez Torrecilla dirige el 10 de septiembre de 1990, en su calidad de gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios --evidentemente, excediéndose en sus facultades--, escrito a la empresa Maintegás en los siguientes términos (y me me van a permitir SS. SS. que les lea textualmente el escrito por considerar que es el punto clave del conjunto de cuestiones que se ventilaron en el expediente): Nos es muy grato informarles que su presupuesto para la instalación de dos talleres de cerámica en el centro penitenciario de Picassent se ha cursado con el informe favorable a la Subdirección General de Obras y Patrimonio de este Ministerio, para que, una vez aprobado el proyecto por parte del servicio de arquitectura, les formule la oportuna adjudicación.
Pido su atención al párrafo siguiente, que dice: Por tanto, y hasta que tenga la oportuna adjudicación oficial, le remitimos el presente escrito de intención para que inicien los trabajos correspondientes a la instalación. Sin otro particular, y dándoles las gracias por su atención, les saluda atentamente.
Es decir, el gerente de Trabajos Penitenciarios, que por otra parte es el órgano competente para la organización del trabajo y la formación en los talleres penitenciarios, le dice directamente a quien había remitido un presupuesto para dicha instalación que la inicie inmediatamente. Por tanto, resumiendo, se ordena la instalación sin expediente formalizado ni capacidad para ello. Meses después se conoce que realmente la instalación se produce en octubre de 1990, una vez que quien había enviado el presupuesto recibe esa orden de instalación. En consecuencia, esta instalación de octubre de 1990, ¿quién la conoce? Por una parte, quien la ordena --es decir, el gerente de Trabajos Penitenciarios-- y, evidentemente, en el centro se depositan unos hornos y otras dotaciones complementarias; es decir, el centro, que, en todo caso, lo que sí desconoce por completo es cómo está la tramitación administrativa, recibe esto y lo conoce el gerente.
Instalado el horno y sin que se pueda concluir del expediente, que yo he tenido ocasión de examinar puntualmente, señorías, la contratación se inicia entonces en la Dirección General de Servicios, se inicia justo unos días antes de convertirse la Dirección General --creo que entonces se llamaba de Instituciones Penitenciarias, no sé muy bien el nombre, discúlpenme-- en Secretaría General, al final de 1991. El expediente se residencia en la Dirección General de Servicios del Ministerio de Justicia, que acuerda el 18 de enero de 191 el expediente de contratación. Lo inicia a instancias del gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, pero sin que, repito, del expediente se pueda concluir el conocimiento por el entonces director general de Servicios del Ministerio de Justicia que ya una parte a menos de ese suministro estaba, por lo que se refiere a los hornos, instalada físicamente en el centro.
Sin fecha, en los archivos del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios --y con anterioridad a iniciarse esta contratación por parte del Ministerio-- hay un informe de un ingeniero superior industrial, pero que tampoco está debidamente firmado, justificando la necesidad de tener estos tres hornos y haciendo un cálculo de los mismos, que tendrían un importe en torno a los 21.950.000 millones de pesetas.
El director general de Servicios aprueba el 11 de febrero de 1991 el pliego de cláusulas administrativas, autorizando la apertura del procedimiento de adjudicación. El expediente de adjudicación es de fecha 11 de febrero de

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1991, se adjudica a Maintegás por importe de 19.849.749 millones de pesetas, constatándose también otras dos ofertas --una de Mancris por veinte millones cuatrocientas y pico mil pesetas, y otra de la empresa Promater--. Cabe la contratación directa en suministros por importe de hasta 25 millones de pesetas, si se dan unas condiciones especiales de singularidad, y se produce la firma, el 29 de abril de 1991, de esa adjudicación por parte de don Antonio Asunción, constando en el expediente de firma la fiscalización previa limitada de la intervención y la firma previa también del subdirector general de Obras y Patrimonios del Ministerio de Justicia.
Seguidamente, la jefa de Servicios de Patrimonio, lo que ya es bastante ordinario, comunica --todos ellos son trámites ordinarios desde que se inicia en enero o febrero el expediente-- al director del centro de Picassent la adjudicación y la necesidad de fianza.
Por terminar, diré que el expediente se cruza también con otras cuestiones, digamos, externas al expediente, pero que tienen incidencia en el mismo y son las que en definitiva también dan lugar a dos informes, uno de los servicios jurídicos del Estado y otros de la Intervención delegada, que son críticos con el conjunto de la actuación.
La empresa Maintegás no presta fianza en los plazos establecidos. Incluso en escrito de 21 de noviembre de 1991 pone de manifiesto que no se le debía requerir para ello, pero finalmente presta la fianza y, por lo tanto, se puede formalizar seguidamente el contrato de adjudicación.
El 23 de diciembre de 1991, después de una tramitación muy larga, entre otras razones porque Maintegás no había prestado esa fianza, se firma el contrato administrativo entre Maintegás y el director general de Administración Penitenciaria. Entonces ya hay dirección general de Administración Penitenciaria.
Maintegás factura el 27 de diciembre de 1991 por importe de 19.849.749 millones de pesetas, pero por lo que les relataré seguidamente nunca se hace efectivo este importe a Maintegás porque en el ínterin se cruzan toda una serie de actuaciones, no dentro del expediente administrativo, pero sí con una relación directa con el mismo. ¿A qué actuaciones me refiero? Me refiero a que a mediados de 1991, concretamente el 5 de junio de 1991, quien aparece como proveedor de los hornos es Hornos Industriales Manises, y en la factura de Maintegás pone la característica de los hornos pero no explicita quién es el fabricante. Por tanto, ese presupuesto no se concluye. Pero el 5 de junio de 1991 se recibe ya notificación notarial al Organismo Autónomo y sucesivamente notificación por parte de un juzgado --me parece que es el Juzgado de Primera Instancia de Liria-- en la que se embargan certificaciones de obras a instancias de quien ha suministrado los hornos, que a su vez ha promovido por impago de letras de cambiales una acción ejecutiva frente a Maintegás.
Por lo tanto, se recibe ya una comunicación que es harto extraña. Por eso digo que este expediente, incluso desde sus aspectos puramente externos, resulta con numerosas cuestiones no actuales, puesto que lo que hace el Juzgado de Primera Instancia de Liria es comunicar un embargo por 18.464.072 millones de pesetas, que se corresponden con 13 millones de pesetas, más costas, más intereses, más otros gastos, y dice: «Le embargo a usted la certificación de obra.» Eso lleva como consecuencia a que la Administración le reitere en sucesivos escritos al Juzgado lo siguiente: Mire usted, no puede embargar la certificación de obra porque no la hay.
Esto se le comunica reiteradamente al Juzgado. No obstante, y también pocos días antes, en fecha más o menos coincidente o un poco anterior, se produce también una cuestión no normalizada, como es la cesión por parte de Maintegás de su crédito frente a la Administración penitenciaria, a través de la Caja de Valencia, aceptación que hace extrañamente la Caja de Valencia sin comprobar ese crédito, que todavía no lo tiene Maintegás, puesto que les recuerdo, como antes relaté, que el contrato se firma meses después. No obstante, la Caja de Valencia acepta esta cesión de crédito y se lo comunica a la Administración, quien a su vez comunica a Caja de Valencia que esa cesión no tiene valor alguno para la Administración, puesto que no ha nacido todavía el derecho de Maintegás cuando ya lo ha cedido.
Por tanto, estas cuestiones extrañas al procedimiento se mezclan en él y dan lugar a que la Administración penitenciaria pida informes a los servicios jurídicos del Estado. Se producen dos informes de los servicios jurídicos del Estado y, al mismo tiempo, un informe de la Intervención Delegada, en los que se ponen de manifiesto todas estas cuestiones --que aparece una subcontratación que se desconocía al principio del expediente, que hay todas estas reclamaciones entre sí--, y, finalmente, los servicios jurídicos del Estado se inclinan, ante el cuestionamiento o la pregunta que se le hace: ¿qué se debe hacer? ¿Se debe atender al requerimiento del Juzgado que embarga esa certificación de obra o se debe de atender, por otra parte, digamos, a la reclamación o a la petición de Caja de Valencia, que dice que como se le ha cedido el crédito es ella quien tiene derecho al mismo?; finalmente los servicios jurídicos del Estado se inclinan por decir que lo que hay que atender es el requerimiento del Juzgado de Primera Instancia número 2.
Más adelante, en 1992, a pesar de que Hornos de Manises tiene su crédito más o menos garantizado --porque tiene esos cuestionamientos de parte y parte--, por ese embargo que dimana de un ejecutivo, a su vez interpone un declarativo del que concluyo que luego desiste --en el expediente yo no veo más que la demanda-- al tener su crédito finalmente amparado, porque la Administración, después de los informes jurídicos, pone a disposición del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Liria el crédito que le reclamaba Hornos de Manises. Del expediente queda un remanente que es el diferencial existente entre los 18.464.072 pesetas que se abonan al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Liria, para que lo haga llegar a la empresa Hornos de Manises. Se le comunica a la empresa que había sido adjudicataria del contrato que tiene ese diferencial a su favor y se pone a su disposición un millón y pico de pesetas, que finalmente tampoco cobra porque había un embargo sobre ese crédito por la Delegación de Hacienda de Valencia.
Este es un poco el resumen de la génesis del problema que, insisto, está en ese primer paso dado por el gerente,

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como también he tenido ocasión de relatar, cuya actuación no solamente no fue ortodoxa sino constitutiva de delito en el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, por lo que está encausado en este momento en un procedimiento penal. A partir de ahí, todo el expediente se complica por ese depósito previo y por esa discusión jurídica entre quien es adjudicataria del conjunto de la instalación y quien había puesto a disposición de la adjudicataria del contrato una parte del mismo que son los hornos. Todo ello da lugar a una serie de incidencias que terminan en convalidación en el Consejo de Ministros, como ocurre con otros expedientes. Cuando hay alguna cuestión que jurídicamente es discutible y, por tanto, no se puede intervenir por la vía ordinaria, se termina en el Consejo de Ministros, porque es criterio de la Administración que cuando ha sido ya receptora de una obra, si no la abona y si no la lleva a convalidación, a pesar de que el expediente pudiera tener toda esa serie de irregularidades como las que acabo de relatar, habría un enriquecimiento injusto por parte de la Administración. Ese es el criterio que recoge el informe de los servicios jurídicos del Estado y la Intervención Delegada, que ponen de manifiesto, con enorme crudeza, todas estas cuestiones que yo les acabo de relatar y el mal hacer administrativo a partir de todas estas circunstancias.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean pronunciarse? Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Señora Secretaria de Estado, no ha dado S. S., en la mañana de hoy, una explicación clara ni convincente de las motivaciones de fondo de los hechos que estamos analizando, por la sencilla razón de que es imposible ofrecer esa explicación clara y convincente desde la actual posición de la Administración Penitenciaria.
Como bien nos ha dicho, en una mezcla confusa de datos, en parte expresados y en parte convenientemente callados, en fecha 1 de octubre de 1990 se entregan e instalan en el centro penitenciario de Picassent diversos materiales y equipos para tres talleres de cerámica; entrega que efectúa la empresa Hornos Industriales de Manises, Sociedad Limitada, según consta en albarán conformado por el administrador del centro. Es decir, tenemos ya un primer documento de fecha 1 de octubre de 1993, según recoge el informe correspondiente de la Intervención Delegada del entonces Ministerio de Justicia, en el que se nos dice que en esa fecha una determinada sociedad, Hornos Industriales de Manises, S. L., hace entrega de un determinado suministro y consta a la administración de ese centro, y tiene que constar por tanto a la Administración Penitenciaria, a los servicios centrales, que en esa fecha y por esa empresa se hace ese determinado suministro.
Pues bien, con fecha 18 de enero de 1991 se inicia un expediente administrativo de contratación con objeto de dar apariencia de regularidad; y subrayo esta expresión, dar apariencia de regularidad, que como bien sabe la señora Secretaria de Estado no es mía, sino literal de ese informe de la Intervención Delegada al que todos estamos haciendo referencia. Este objeto de dar apariencia de regularidad a la citada adquisición tiene como fin disimular, de alguna forma, el método con el que la misma se había efectuado, puesto que, como también dice el informe de la citada Intervención Delegada, ésta se había hecho prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, y lo subrayo. Esto es, se solicitaron ofertas a proveedores --sigue diciendo la Intervención Delegada--, se aprobó un pliego de bases y se propuso una adjudicación, todo ello cuando el suministro ya había sido realmente efectuado, lo que implica, desde nuestro punto de vista, un manifiesto fraude de ley.
El citado expediente, con fecha 28 de abril de 1991, autoriza la adjudicación provisional a la empresa Maintegas, S. A., cuando en el mismo, sin embargo, no aparece la oferta de la empresa que ya había realizado efectivamente el suministro, es decir, Hornos Industriales de Manises, Sociedad Limitada. El 31 de julio de 1991 se recibe en el entonces Ministerio de Justicia una comunicación de la juez de Primera Instancia, número 2, de Liria, Valencia, en la que se ordena que las cantidades a entregar a Maintegas, S. A., sean retenidas, hasta una cifra de 18.464.072 pesetas, para cubrir el principal y coste reclamados en autos de juicio ejecutivo instados por la entidad Hornos Industriales, y que dicha cantidad sea puesta a disposición del juzgado transfiriéndose a la cuenta de consignaciones. Previamente a estos hechos, Maintegas había realizado una cesión de crédito a favor de la Caja de Ahorros de Valencia, en fecha 19 de junio de 1991, cuando aquélla, sin embargo, presta fianza y formaliza el contrato con la Administración en fecha 23 de diciembre de 1991. En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 16 de octubre de 1992 se aprueba el acuerdo por el cual se convalida el gasto de 19.849.749 pesetas correspondiente a este suministro. Pero con fecha 20 de octubre de 1992, el secretario general técnico del Ministerio de Justicia dirige escrito al ilustrísimo señor director general de Administración Penitenciaria en el que le dice que, aun habiéndose aprobado el gasto, la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar las actuaciones precisas para depurar las posibles responsabilidades en que se hubiera podido incurrir como consecuencia de la realización de ese gasto. Y concluye su escrito señalando: lo que pongo en su conocimiento al efecto de que puedan realizarse las actuaciones conducentes a la investigación y, en su caso, depuración de eventuales responsabilidades.
Previamente a ello, en fecha 8 e julio de 1992, el informe de la Intervención Delegada concluía entre otros extremos --esos extremos profundamente críticos a los que aludía la señora Secretaria de Estado en su intervención--: Primero, que de la documentación aportada no se puede deducir quién autorizó el suministro ni las circunstancias que rodearon al mismo, pero parece notorio que se prescindió totalmente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del citado equipamiento. Segundo, el expediente tramitado después de realizado el suministro sólo perseguía dotar a la adjudicación de una apariencia de regularidad y esa tramitación a posteriori no cambia --dice

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la Intervención-- la calificación ante la falta de fiscalización previa del gasto. Tercero, en el expediente de contratación no consta ninguna actuación previa a la ejecución del suministro, de lo que se deduce que se adjudicó directamente sin concurrencia de ofertas, y en la documentación aportada a la Intervención no consta formalmente quién fue el adjudicatario original del suministro, infiriéndose --dice la Intervención-- el mismo de indicios y actuaciones posteriores. Cuarto, en virtud de la cuantía del aprovisionamiento y dado que los materiales y equipo objeto de contratación se hallan en el comercio y no necesitan fabricación ex professo, la adjudicación debiera haberse efectuado por concurso. Concluye señalando que el retraso producido como consecuencia de no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido para la contratación de suministros ha originado una serie de incidentes y demandas judiciales que pueden dar lugar a un coste económico para la Administración.
El 1 de diciembre de 1993, cuando este informe crítico de la Intervención Delegada ya se había producido, cuando los requerimientos de la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios ya se habían producido, es decir, cuando la Administración tenía una plena constancia documental de lo que había sucedido, en esta Comisión de Justicia e Interior se hizo mención precisamente a este caso, señalando que era un asunto pendiente de esclarecimiento --y sigue estándolo todavía, por lo que luego veremos, señora Secretaria de Estado-- y que, en definitiva, faltaba por saber el porqué y en beneficio de quién se habían producido estos hechos de manera tan notoriamente irregular. Pues bien, al día siguiente, el 2 de diciembre de 1993, la entonces Directora General de Instituciones Penitenciarias hace pública una nota oficial en la que, entre otros extremos, dice literalmente que el pago a la empresa Maintegas se efectuó al adjudicatario legal y en cumplimiento de una sentencia judicial que determinó tanto el acreedor legal como la cuantía del pago, por lo que no hubo por tanto posibilidad de discrecionalidad alguna por parte de la Administración. No deja de ser notable esta afirmación tan rotunda cuando de los antecedentes documentales se infiere precisamente todo lo contrario, es decir, que esa connotación de manifiesta irregularidad tiene que ir unida a un hecho, por definición, de manifiesta discrecionalidad en el hacer de la Administración. Es evidente que en esta primera reacción oficial, señora Secretaria de Estado, la primera reacción oficial reciente frente a la, de alguna forma, revisión del caso Maintegas, hay una manifiesta falta o disimulo de la verdad de fondo, cuando se niega discrecionalidad en el obrar de la Administración, una vez que los propios órganos fiscalizadores de la misma han apreciado discrecionalidad e irregularidades y la propia Comisión de Subsecretarios, como ha quedado dicho, ha instado a la apertura de las correspondientes investigaciones.
El 1 de marzo de 1994, el Diputado señor Arqueros Orozco y yo mismo formulamos al Gobierno una serie de preguntas escritas relacionadas con este asunto, y yo creo que merece la pena detenerse en algunas de las respuestas remitidas a esta Cámara en fecha 15 de abril porque pueden ser, sin lugar a dudas, notoriamente significativas. A la pregunta qué autoridad decidió y autorizó el equipamiento entregado e instalado en el centro penitenciario de Picassent, con fecha 1 de octubre de 1990, según consta en albarán de entrega conformado por el administrador del centro, se comienza contestando según la nueva tesis oficial en relación con las responsabilidades últimas de este asunto, es decir, se atribuye exclusivamente esa responsabilidad al gerente del Organismo Autónomo. Se nos dice que el equipamiento fue autorizado por el gerente del Organismo Autónomo.
A la pregunta por qué se prescindió totalmente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del citado equipamiento, se nos contesta que la gerencia del Organismo Autónomo debió considerar el equipamiento como supuesto de urgencia, lo cual no deja de ser una respuesta cuanto menos chocante; es decir, se admite, de alguna forma, que en los supuestos de urgencias se puede dejar aparcado ese procedimiento legalmente establecido.
A la pregunta de qué autoridades penitenciarias conocían que la tramitación a posteriori de un expediente, una vez realizado ya el suministro, se estaba efectuando para dotar a la adjudicación ya hecha de una mera apariencia de regularidad, se contesta que la iniciación del expediente de contratación fue realizada por el Director General de Servicios, quien tomó el acuerdo el 18 de enero de 1991; posteriormente el expediente siguió los oportunos trámites, llegándose a la firma del contrato por parte del Director General de Administración Penitenciaria el 23 de noviembre de 1991. Es decir, se hace referencia a unos hechos puramente instrumentales, pero no se contesta al fondo del planteamiento de la cuestión, esto es, qué autoridad en realidad conocía que ese hecho se estaba produciendo con un carácter puramente de simulación a posteriori.
A la pregunta sobre si se comprobó en esa tramitación a posteriori del expediente si las ofertas presentadas por los otros proveedores respondían o no a empresas existentes, qué otras ofertas figuran en el expediente iniciado con fecha 18 de enero de 1991, simplemente no se contesta. A esta pregunta, recogida con el número 4, ni se hace mención.
En la contestación del Gobierno se pasa a la número 5, lo cual determinó el que posteriormente tuviéramos que requerir nuevamente que se nos remitiera esa información; información que nos fue remitida citando las empresas que S. S. ha mencionado, pero sin contestar al planteamiento de fondo de nuestra cuestión, esto es, si se había comprobado que esas empresas realmente existían y si se había comprobado que no tenían vinculaciones entre sí.
A la pregunta de cuál era el importe económico de la subcontrata que Maintegas, S. A., establece con Hornos Industriales de Manises, se nos contesta que en la demanda de juicio declarativo de menor cuantía interpuesta por Hornos Industriales de Manises, S. L., se indica que esta empresa había facilitado un presupuesto a Maintegas por importe de 13.464.072 pesetas. Y éste es un dato fundamental para lo que luego veremos, señora Secretaria de Estado, porque nos está diciendo que el coste real del suministro ya instalado, cuando a posteriori comienza a configurarse todo ese expediente para dar mera apariencia de regularidad,

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es de 13.464.072 pesetas, evidentemente a distancia de lo que fue el valor económico de la adjudicación posteriormente hecha a Maintegas.
A la pregunta de por qué la empresa Maintegas efectúa, con fecha 19 de junio de 1991, una cesión de crédito que según ella ostenta contra el Ministerio de Justicia estableciendo esa cesión en favor de la Caja de Ahorros de Valencia, se nos contesta simplemente que la Administración Penitenciaria adjudicó a Maintegas, con fecha 11 de febrero de 1991, el suministro por importe de 19.849.749 pesetas, conociendo posteriormente que dicha empresa hizo cesión de su expectativa de cobro a la Caja de Ahorros de Valencia. De manera que ya vemos una diferencia notable entre el valor de lo que se adjudica a posteriori, 19.849.749 pesetas, y el valor real de lo instalado, o al menos del presupuesto que la empresa que realmente instaló pasa a la empresa Maintegas, es decir, 13.464.072 pesetas.
A la pregunta qué iniciativas se adoptaron por parte de la Administración cuando la empresa Maintegas alegó, el 21 de noviembre, que tenía dudas acerca de si la adjudicación iría a su favor o en favor de un proveedor suyo --dudas cuanto menos llamativas y a las que la propia empresa adjudicataria hace mención, cuando evidentemente ese proveedor suyo no había hecho concurrencia de ofertas y, por tanto, en modo alguno podía ser el adjudicatario--, se nos contesta que esta afirmación de la empresa fue vertida en el escrito de alegaciones por no prestar la fianza en los plazos establecidos. Pero, en todo caso, si la Administración hubiera sido ajena a todo este galimatías, coincidirá conmigo la señora Secretaria de Estado en que al menos esta curiosísima afirmación de la adjudicataria para justificar la no prestación en el tiempo debido de la fianza debía haber motivado, por lo menos, el encendido de alguna señal de alarma, cosa que no sucedió.
A una de las preguntas clave para nosotros, por qué se vulneró lo dispuesto en el artículo 280 del Reglamento de contratación referido a las limitaciones establecidas para la cesión de contratos y subcontratos de suministros, se nos contesta --yo creo que es una respuesta suficientemente indiciaria de que hay algo que no está explicado en los términos debidos, señora Secretaria de Estado-- que cuando se efectuó la adjudicación no se conocía la relación jurídico-económica entre la empresa adjudicataria y la empresa Hornos de Manises, S. L., y esto, francamente, no hay nadie que se lo pueda creer, por la sencilla razón de que esa empresa, como consta documentalmente, había sido la que en realidad ya había instalado el suministro.
A la pregunta qué actuaciones precisas para depurar las posibles responsabilidades en que se hubiere podido incurrir se llevaron a efecto, conforme a la nota de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, de fecha 20 de octubre de 1992, cuál fue el resultado de esas actuaciones y qué responsabilidades se depuraron, y en el supuesto de que no se hubiere llevado a cabo ninguna actuación por qué se hizo caso omiso de lo que la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios consideraba como necesidad de realizar las actuaciones precisas para depurar las posibles responsabilidades, se nos contesta que el anterior Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios destituyó como gerente del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios a don Rafael Martínez Torrecilla por sus actuaciones irregulares al frente de dicho organismo, lo cual vuelve a suponer una incidencia en esta tesis oficial apresurada que ustedes han montado a posteriori y que no se sostiene en pie, entre otras cosas, por lo que al final diré.
Por último, a la pregunta qué intervención concreta tuvo en todo este caso el titular de la entonces Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y qué actuaciones investigadoras promovió directamente, se nos contesta que la autorización y compromiso del gasto contabilizado el 31 de mayo de 1991 y aprobar la adjudicación con fecha 29 de abril de 1991, pero evidentemente no se hace mención alguna a la segunda cuestión, es decir, qué actuaciones investigadoras promovió directamente, entre otras cosas porque no se puede hacer ninguna mención habida cuenta de que no se promovió directamente ninguna de estas investigaciones.
He hecho salvedad, señora Secretaria de Estado, si usted quiere por una razón de elegancia personal, de una de las preguntas que nosotros formulamos en ese momento y sobre la que hoy no quiero incidir especialmente aquí. Hay una pregunta que señala si existía alguna relación personal o política entre los gerentes o socios de estas empresas y alguna o algunas autoridades penitenciarias de aquel momento y si se realizó alguna investigación tendente a determinar este extremo. A esto se nos dice que no consta que existiera relación personal o política entre los gerentes o socios de las empresas y alguna autoridad penitenciaria. No procedía investigar un extremo sobre el que no se tenía constancia. Ya he dicho que por una razón de elegancia no voy a hacer una especial mención sobre la primera afirmación, pero sobre la segunda debo ser esencialmente crítico, porque a ustedes a posteriori les han compelido precisamente a investigar, entre otros extremos, estas posibles vinculaciones, y simplemente se nos contesta que no procedía investigar un extremo del que no se tenía constancia, amén de que existe otro tipo de testimonios que nosotros no vamos a valorar como ciertos o inciertos, que están publicados, que podrían decir exactamente lo contrario. Además, sorprende que una vez que el asunto ya ha salido a la luz pública, una vez que el asunto ya ha vuelto a plantearse en el Parlamento, nuevamente con fecha 4 de abril de 1994 doña Mercedes Jabardo, ex directora general de Instituciones Penitenciarias y actualmente gerente del complejo penitenciario de Picassent, vuelva a intentar dar una versión distinta de los hechos, manifestando que está tranquila por el caso Maintegas, que todo esto es una pura revancha montada por el señor Martínez Torrecilla, e incidiendo en tratar de convencer de una apariencia de regularidad; habla de que todo se hizo correctamente, de que hubo la concurrencia de tres ofertas, etcétera, cuando --insisto-- documentalmente está acreditado lo contrario.
Por tanto, señora Secretaria de Estado, para finalizar nosotros queremos formularle unas conclusiones en un tono que no pretende ser sangriento, pero que tampoco pretende eludir el verdadero trasfondo de lo que ha sucedido

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aquí. En primer lugar, como ha quedado acreditado, estamos ante un procedimiento irregular y no ha quedado suficientemente acreditado, y tiene que acreditarlo la Administración Penitenciaria, y su señoría tiene que adoptar las medidas conducentes oportunas para poder producir esa acreditación, no está acreditado con qué interés se hizo ese procedimiento irregular y en beneficio de quién.
En segundo lugar, señora Secretaria de Estado, no cabe atribuir la plena responsabilidad de este asunto al ex gerente del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios. Hago salvedad de las propias declaraciones del afectado por razones obvias --qué va a decir él-- que evidentemente hace una negación expresa de su responsabilidad en este asunto diciendo que sus actuaciones lo fueron estrictamente en función de las instrucciones recibidas. Pero al margen de las declaraciones que pueda hacer el propio afectado hay hechos que son irrebatibles. En primer lugar, en todas las actuaciones de carácter administrativo interno y, desde luego, en la demanda presentada ante los tribunales en relación con las actuaciones de este ex gerente no se hace una sola mención al denominado caso Maintegas, ni una sola. En segundo lugar, hay un argumento de autoridad para nosotros manifiesto y suficientemente válido, el de las declaraciones del propio ex Secretario General de Asuntos Penitenciarios, que en fecha 8 de marzo dice en Onda Cero que el gerente fue destituido por otros motivos, por lo cual hay que entender que no especialmente por éste. Pero sobre todo --insistimos-- no hay una sola referencia en los procedimientos que en este momento se siguen contra ese ex gerente y contra otros altos cargos directivos a esta actuación concreta. En todo caso, señora Secretaria de Estado, coincidirá conmigo en que con independencia de las responsabilidades penales que se pudieren suscitar en relación con las actuaciones de ese ex gerente y grupo de directivos del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, no por este asunto sino por los que actualmente están sometidos a dictamen de los tribunales, hay una responsabilidad política manifiesta, clara y rotunda de quien era presidente del consejo de administración en aquel momento del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios. Es decir, si se imputan responsabilidades al gerente, se tienen que asumir responsabilidades políticas por parte de quien presidía el consejo de administración. ¿Y por qué? Simplemente porque durante casi cinco años se estuvo incumpliendo el Decreto 2705/1964, que entre otros extremos determina la obligatoriedad de la reunión mensual del consejo de administración del organismo, entre otras cosas, como es natural, para fiscalizar el funcionamiento del organismo y para impedir que personas vinculadas al mismo pudieren cometer estos hechos que finalmente cometieron. Es decir, esa pregunta sigue pendiente: por qué durante casi cinco años se estuvo incumpliendo ese mandato de la reunión mensual del consejo de administración.
Como tercera conclusión diré que nosotros no vamos a entrar a hacer unas valoraciones acerca de qué finalidad pudo tener esta operación y a quién benefició. Podríamos hacerlas pero no las vamos a hacer porque, en correlación con lo que le reclamó en su momento la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, le reclamamos a su señoría que adopte las iniciativas conducentes a ese esclarecimiento. Sí podemos decir con toda contundencia, señora Secretaria de Estado, que no se realizó ninguna investigación a pesar del requerimiento efectuado para ello por la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios; no se realizó ni una sola investigación. Por tanto, también queda pendiente de contestación la pregunta de por qué no se realizó ninguna investigación, y hace que quede vivo ese requerimiento de la Comisión de Subsecretarios y de Secretarios de Estado en el sentido de tener que realizar esa investigación. Ya hemos dicho que desde nuestro punto de vista esta administración penitenciaria, la actual, de alguna forma se ha visto salpicada por este asunto al intentar ofrecer al Parlamento, en las respuestas de fecha 15 de abril, una información en todo caso no creíble, porque insisto en la respuesta al punto nueve, no se nos puede decir que se desconocía la relación jurídico-económica existente entre la adjudicataria y la subcontratista cuando todo se está haciendo a posteriori, es decir, cuando el suministro ya se ha efectuado y cuando en la administración del centro y en los servicios centrales hay constancia documental de que ese suministro ya se ha efectuado y de quién lo ha efectuado.
Por tanto, señora Secretaria de Estado --y con esto termino, señor Presidente--, por todo lo dicho le instamos a que usted abra ahora esa investigación que le requirió la Comisión de Subsecretarios y de Secretarios de Estado y que nunca se abrió. No es creíble la versión de atribuir estos hechos única y exclusivamente al ex gerente de Trabajos Penitenciarios, y seguimos diciéndole que sin determinar --porque no lo vamos a hacer nosotros ahora-- a quién pudieron beneficiar estos hechos, sí podemos decir que en virtud de los datos que se nos han ofrecido estos hechos provocaron, junto con las diferencias de precio más las cantidades que tuvieron que abonarse como consecuencia de los trámites procesales, estos hechos supusieron una pérdida económica para la Administración. Por consiguiente, adopte su señoría las medidas oportunas conducentes a dar cumplimiento a ese requerimiento de la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, no pretenda cargar con otros mochuelos diciéndole a este Parlamento que aquella investigación ya se hizo porque no se hizo. Y señora Secretaria de Estado, si en tiempo prudencial no ha decidido su señoría dar cumplimiento a ese requerimiento de la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, mi Grupo Parlamentario hará uso de los derechos reglamentarios oportunos para plantear en esta Comisión que el Parlamento compela a su señoría a que abra esa investigación.


El señor PRESIDENTE: Dado que se encuentra en la Comisión el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, le voy a dar la oportunidad de intervenir, en el bien entendido de que su intervención debe englobar la formulación de la pregunta que quedó acumulada a esta comparecencia de la señora Secretaria de Estado.
Tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de la pregunta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en esta comparecencia, es intentar obtener explicación por parte de la Administración de una adjudicación, entendiendo que quien tiene la responsabilidad de administrar, además de serlo debe parecerlo, y la norma y las leyes deben estar también para ser aplicadas por quien detenta la responsabilidad de gobernar. Por tanto, nos gustaría que se nos explicara esta decisión de la concesión, en la que hay tres grandes vertientes. No sabemos al final cuál es la actuación definitiva, pero están implicadas tres empresas, Maintegas, S. A., un empresario que se llama Ramón Inglés y Hornos Industriales de Manises. En cualquier caso, la realidad ha ido por un lado, el trabajo administrativo por otro, y a nosotros nos gustaría esclarecer si ha habido trato de favor en esa adjudicación, si ha habido un beneficio de la obra adjudicada a la hora de ponerla en marcha, si de verdad ha sido útil la adjudicación y si se ha respetado la norma. ¿Por qué? Nosotros creemos que se ha producido una contratación y una ejecución de la obra. Al año de estar terminada la obra se realiza un contrato con una empresa que se llama Maintegas, pero a su vez se produce una subcontratación o derivación a otra empresa, que en realidad es la que lo ha ejecutado, que es Hornos Industriales de Manises. En cualquier caso, nos gustaría que quedara claro quién ejecutó la obra, por qué no tuvo contrato si no tuvo contrato, quién tuvo el contrato, y cuáles son los tiempos de producir las subcontratas en cada una de las partes. En concreto, nos gustaría saber de qué manera se ha respetado el Reglamento de contratos del Estado y el artículo 183 parala concesión de contratos y subcontratos de obras, que dice que para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos a terceros, deben cumplirse los siguientes requisitos --y nos gustaría que nos respondiera concretamente cómo se han cumplido estos requisitos--: Primero, que la Administración autorice expresamente y con carácter previo la cesión. ¿Se autorizó por parte de la Administración con carácter previo esa cesión? Segundo, que el cedente tenga ejecutado al menos el 20 por ciento del presupuesto total. ¿Tenía el 20 o el 100 por cien ejecutado? Y tercero, que se formalice la cesión en escritura pública. ¿Se realizó una escritura pública de esa cesión conforme marca el artículo 58 de la Ley de Contratos del Estado o no se realizó esa cesión? En todo caso, el artículo 185 dice que de la celebración de estos subcontratos debe darse conocimiento por escrito a la Administración --nos gustaría conocer en qué momento se produce eso-- y que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50 por ciento. Quisiéramos saber si se vigiló esa actuación. Pero lo importante del caso es saber si ha sido efectiva la instalación de estos tres hornos, porque el objetivo era poner en marcha unos talleres de tres hornos para determinados internos. Lo cierto es que se instalaron esos tres hornos en determinados talleres donde iban a participar 70 internos que iban a percibir unas 15.000 pesetas. Nos gustaría saber si es verdad que el primer año trabajaron y funcionaron, porque la información que tenemos --y por eso nos gustaría que nos la precisara-- es que no fueron efectivos, es más, que se perdieron ocho millones de pesetas, el cien por cien de la producción. También nos gustaría que nos precisara si es verdad que no se pudieron usar los hornos porque no eran los adecuados para cocer la arcilla o las piezas que se podían producir. Es decir, si había relación entre lo que hacían los presos, lo que se producía, y la obra que se realizó, porque si eso no se produce nos encontraríamos una realidad todavía peor, y es que ha habido una actuación al margen de la realidad de la necesidad.
Termino, señor Presidente, entendiendo que sería bueno también que se precisara quién era el presidente del consejo de administración en esta etapa en la que se concede el contrato a la primera empresa, la que empieza a realizar la obra, quién es el que decide hacer el contrato con Maintegas, y sobre todo, quién toma esa decisión, porque, desde nuestro punto de vista, por mucho que pueda dirigirse hacia el ex gerente de Trabajos Penitenciarios, también hay implicación de quien dirigía entonces la prisión, la señora Mercedes Jabardo, y asimismo puede haber implicación del que entonces era responsable de Asuntos Penitenciarios y que después fue Ministro. Y como además de serlo hay que parecerlo, nos gustaría saber qué han hecho ustedes para aclarar y delimitar todos estos hechos, al margen de actuaciones posteriores. También nos gustaría saber si se han depurado responsabilidades de una actuación tan alarmantemente irregular de la Administración, y cuáles han sido las medidas para depurar responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y, en su caso, responsabilidades civiles en la Administración; si se han adoptado, cuáles han sido y quiénes son las personas implicadas, y si no lo han sido, por qué no se ha procedido a esa depuración de responsabilidades.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista en esta comparecencia a requerimiento del PP que acumula también una pregunta de Izquierda Unida. No obstante, convendrá decir que estamos en un trámite que tiene obviamente sus antecedentes administrativos, analizados ya en alguna ocasión, que tiene sus antecedentes parlamentarios en determinados tiempos políticos, y que tiene, en consecuencia, sus antecedentes políticos que yo creo que explican un poco --quiero recordar que la solicitud de comparecencia del Grupo Popular se produce el 7 de marzo de 1994 y la celebramos hoy-- cuál fue, en su día, básicamente, el objetivo político que hoy llega ya atenuado por razones evidentes y que ha hecho que seguramente el señor Gil Lázaro estuviera más prudente que en otras ocasiones, como demostraré a lo largo de mi intervención.
Para el Grupo Socialista estamos en el problema de fondo administrativo ante una situación bastante clara que no tiene lugar a dudas, como ha explicado, yo creo que con claridad, la Secretaria de Estado. Se produce el encargo del suministro de unos hornos para la cárcel de Picassent a una empresa sin el procedimiento legalmente establecido conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Esa situación es

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posteriormente encausada a través de una fórmula reglamentaria que termina en última instancia, necesariamente para el reconocimiento del gasto, en el Consejo de Ministros con la convalidación y con la expresa indicación de que se produzca la oportuna investigación de ese proceso que se ha producido sin el trámite reglamentario adecuado y que luego es conducido a través del procedimiento que ha sido ya analizado aquí y descrito por la Secretaria de Estado y por el Diputado Gil Lázaro. Me interesa subrayar fundamentalmente en términos políticos lo siguiente.
Primero, que esta situación dio lugar, entre otras lógicamente, por la gestión del que fue en su día gerente del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, el señor Martínez Torrecilla, a la destitución del gerente, aunque estuvo un tiempo en el organismo, posteriormente a su cese definitivo y luego, como consecuencia de la actuación del Ministerio remitiendo al fiscal un conjunto de actuaciones de presuntas irregularidades que pudieran tener un carácter constitutivo de delito, a la oportuna actuación del fiscal. Por consiguiente, ante esta situación, ante la gestión del gerente del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios, ha habido una respuesta de determinación y de exigencia de responsabilidades, yo creo, en los términos adecuados y que nuestro ordenamiento exige. En términos políticos no hay que olvidar, señor Presidente, que toda esta situación derivada de los sucesos en la adjudicación de los hornos de la cárcel de Picassent, así como algunas otras cosas también vinculadas con Picassent que se han ido denunciando con escaso éxito por algunos portavoces del Grupo Popular, se produce en un momento político muy significativo que yo quiero resaltar aquí, y por eso me refería a que los antecedentes políticos son importantes.
Como bien se ha conocido, la obra en Picassent se realiza en el año 1990.
El procedimiento tiene todos los vericuetos, incluso jurisdiccionales, que obligan a todo el proceso que termina en el Consejo de Ministros.
Como yo creo que todo el mundo recuerda, el 25 de noviembre del año 1993 es nombrado Ministro de Interior el señor Asunción, y a partir de ahí hay una semana, del 1 al 7 de diciembre, como recordará el señor Gil Lázaro, en la cual se produce una serie de denuncias públicas, de afirmaciones sobre la gestión del señor Asunción al frente de Instituciones Penitenciarias, entre otras las del caso Maintegas. Yo tengo aquí alguna referencia de prensa del 1 de diciembre, distribuida por Colpisa, que acusa directamente a Mercedes Jabardo, ahora Directora General de Prisiones, de que durante su etapa como directora de la cárcel de Picassent adjudicó directamente a la empresa Maintegas la contrata para instalar tres hornos cerámicos. El gerente de esta empresa es amigo --siempre según el Diputado-- de Antonio Asunción, afirma la agencia Colpisa. Posteriormente, también el Diputado Gil Lázaro hace una serie de acusaciones, en relación directamente ya con la señora Jabardo, que como seguramente recordará culminan en aquella época, el 4 de diciembre, aparentemente --digo aparentemente porque me estoy refiriendo a la información de algún medio de comunicación-- con un titular que dice: La dirección del PP llama al orden a Gil Lázaro por acusar sin pruebas a Jabardo. Eso dio lugar a una polémica que en aquel entonces terminó, yo creo, con escaso éxito. Poco tiempo después, un medio de comunicación nacional da una información directamente vinculada --siendo ya Ministro el señor Asunción-- a esta situación del caso Maintegas y alguna otra consideración sobre la instalación de los hornos en Picassent. Esa información incluía alguna manifestación del Diputado Gil Lázaro, en aquel entonces muy expresa, atribuyendo que en el trasfondo de este procedimiento irregular, que nosotros hemos reconocido aquí como ha hecho la Secretaria de Estado, podría haber algún interés. Como usted bien sabe, en ese momento se produjo una reacción contundente en términos políticos del señor Asunción con la interposición de una denuncia sobre esa información que está en el trámite judicial oportuno. Esa información en el medio nacional --vamos a ser claros-- se produce el 7 de marzo, que es la fecha en que ustedes presentan la petición de comparecencia que hoy celebramos y, como los tiempos políticos pasan tan deprisa, conviene situar cuál era el objetivo político claro de todo este proceso.
Digo todo esto independientemente de que haya habido un procedimiento irregular, responsable del cual ha sido nítidamente el gerente del organismo autónomo, igual que de otras partes de su gestión que han dado lugar, desde el Gobierno, a una actuación de traslado desde el Ministerio al fiscal y que ha provocado que el fiscal formulara acusaciones muy graves, muy importantes y seguramente conocidas sobre su gestión. Por consiguiente, conviene que las cosas queden precisadas en sus justos términos.
Se ha dicho, se ha dejado caer --es verdad que hoy de manera más prudente, lo cual agradecemos en ese término de la elegancia-- que podría haber algún conocimiento de amistad, etcétera, pero --insisto--, situado en sus términos políticos, se produce justamente poco después de que el señor Asunción fuera nombrado Ministro de Interior. Se ha dicho aquí con rotundidad que en la gestión, en lo que pudiera afectar a los responsables máximos en aquel momento de Instituciones penitenciarias y del Ministerio (como usted sabe, el organigrama de esa instancia cambió de rango en el Ministerio de Justicia, incluso cambiaron las competencias de contratación que anteriormente estaban en la Dirección General de Servicios del Ministerio, y cambió la composición del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios), se ha dicho yo creo que tácitamente también por el representante del Partido Popular que no sólo hay que serlo sino parecerlo. Seguramente es así, pero desde luego, bajo el principio de la responsabilidad política, de la seriedad política --que ya algún portavoz ha tenido, pues después de lanzar esas acusaciones en la famosa semana de diciembre tuvo que hacer en cierta medida una rectificación-- más que insinuar las cosas hay que demostrarlas. Y como no se ha demostrado absolutamente nada, como la responsabilidad de ese procedimiento inadecuado, irregular, con las responsabilidades que haya podido tener lugar ha sido, primero, respondido en términos políticos y administrativos con el cese y, posteriormente, en el conjunto de la gestión con el traslado al fiscal, no se puede seguir utilizando en términos políticos una insinuación que

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perjudica o puede perjudicar la imagen de personas que están en la responsabilidad pública.
Por tanto, deberíamos tener todos --en alguna ocasión ya se lo he transmitido así al señor Gil Lázaro-- la elegancia política, la seriedad política de decir: Es verdad, se denunciaron unos hechos, en su día, que han sido objeto de un profuso procedimiento administrativo que ha sido claramente la responsabilidad administrativa. Por cierto, se ha intentado construir una teoría del beneficio a tenor de los hechos, pero tal y como acabó el procedimiento difícilmente parece que pudiera haber unos beneficios importantes o ni siquiera beneficios para la empresa que recibió la adjudicación a dedo. Insisto en la elegancia y en la seriedad y, como hubo en su día insinuaciones de posibles amistades, deberían concluir hoy en este acto, en esa valentía, con la doble afirmación de que se hicieron mal las cosas, el responsable está determinado, ha habido una consecuencia política y judicial que está en trámite y cualquier otro indicio de sospecha, cualquier otra insinuación no se corresponde con el ejercicio serio de la responsabilidad política que se exige estando en el Parlamento. Porque no valdrá de nada, como ha pasado en otras ocasiones, tener que rectificar después de dejar en el ánimo de la opinión pública una cierta situación de confusión que, como siempre, utilizaron con una táctica típica nada más ser nombrado Ministro de Interior el señor Asunción. Hoy ya no lo es, evidentemente. Por tanto, en un acto que seguramente sería reconocible por la opinión pública, desde luego por el Grupo Socialista, se debería producir esa rectificación diciendo que no ha habido nada, absolutamente nada, ni el más mínimo indicio de que hubiera habido una actuación que pudiera haber comprometido a los altos responsables de Instituciones Penitenciarias en aquella época, sino a quien lo hizo y ante quién se dio la respuesta política y administrativa adecuada. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Enseguida le doy la palabra.
Señorías, a mí no me agrada en absoluto limitar la expresión de todos ustedes y andar pendiente de cronometrar milimétricamente, tratándose de un trabajo en Comisión, las intervenciones de cada uno, pero tampoco podemos prescindir de un cierto control en los tiempos. Yo les agradeceré que a partir de este momento traten de comprimir más sus explicaciones para atenernos a un horario más razonable, dado el orden del día que tenemos todavía pendiente.
Voy a dar la palabra a la señora Secretaria de Estado doña Paz Fernández Felgueroso, y posteriormente, si lo desean, los portavoces podrán replicar, esta vez --insisto-- con brevedad.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, procurando ceñirme en mi intervención a su recomendación, quiero dejar constancia de algunas cuestiones que al hilo de las preguntas de los grupos intervinientes han quedado en el aire.
En relación con todas las explicaciones, tengo aquí la respuesta --sin ánimo de polemizar-- que en su momento di a la pregunta parlamentaria del señor Gil Lázaro y, desde luego, en mi intervención creo haber contestado a las veinte interrogantes puntualmente. No sé si hay alguna diferencia, pero en todo caso no vale la pena reseñarla. Por aclarar alguna cuestión en la que haya una interpretación diferente por parte del Diputado señor Gil Lázaro en la pregunta número 5, él pone de manifiesto que la Administración contesta que Hornos Industriales de Manises en el juicio declarativo había facilitado un presupuesto a Maintegas por importe de 13.464.072 pesetas. La pregunta es: ¿por qué entonces pagaron 19.849.749? Porque lo que dice en esa demanda de juicio declarativo es que a ella le encargó Maintegas --después de que los hornos se instalan-- una parte del presupuesto de instalación eléctrica y una serie de dotaciones que alcanzan los 3 millones y pico de pesetas; también hay dotaciones adicionales a las que suministra Hornos Industriales de Manises. Es decir, Hornos Industriales de Manises, según su propia manifestación, surte a Trabajos Penitenciarios de una parte de lo que se contrata; es una subcontratista de una parte, no de la totalidad. Ese criterio es el que ha mantenido el Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al hablar de la subcontratación en parte; no está hablando de la adjudicación total. Por tanto, hay una subcontratación que, reitero --y respondo a la otra cuestión que interesa al Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya--, no conoce quien inicia el expediente administrativo, en sede Ministerio de Justicia, hasta que no hay una demanda ejecutiva, por una parte, y posteriormente declarativa, en la que se pone de manifiesto esta contratación con la empresa Hornos Industriales de Manises. Es decir, la Administración tuteladora del expediente desconoce esto. Tuve ocasión --probablemente el Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no estaba cuando hice mi primera exposición-- de dejar sentado con bastante claridad, modestamente, que ha habido un corte entre lo que conocía, por una parte, el gerente del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios y el propio centro, que no conocía nada del expediente pero sí que allí había unos hornos depositados en el mes de octubre, y lo que conocía --concluyo yo del expediente-- la autoridad competente para iniciar el expediente de tramitación administrativa.
Enlazo con el informe de Intervención que ha puesto de manifiesto el señor Gil Lázaro y que yo no repetí puntualmente, sino que señalé que era un informe crítico en el que se ponían de manifiesto toda una serie de irregularidades. Si no hubiera irregularidades no habría nunca convalidación por el Consejo de Ministros. Cuando un expediente, aunque sea de una cuantía no alta, como éste, se lleva a Consejo de Ministros es porque el expediente no está bien instruido. Señalar lo contrario sería necio por mi parte porque, si no, no habría lugar a esa convalidación. No obstante, concluyo que ni la Intervención Delegada ni los servicios jurídicos del Estado conocen, probablemente porque ese escrito del gerente de Trabajos Penitenciarios no estaba incorporado en el expediente administrativo de contratación, sino en los archivos del propio organismo autónomo, esta orden expresa del mes de octubre del gerente de Trabajos Penitenciarios en que le dice a la empresa

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Maintegas que inicie la instalación de los hornos. Por tanto, hay una orden expresa de quien no tenía capacidad ni debía haber tenido esa actuación, pero que se corresponde con otras muchas que tuvo y que dieron lugar a su despido y a la formalización por parte de la excitación del Ministro de Justicia al Fiscal General del Estado para que promoviera una querella. En consecuencia, ese escrito no está en el expediente de contratación y lo desconoce --concluyo yo-- cuando hace su informe la Intervención Delegada, porque dice textualmente, como ha tenido ocasión de recordar el señor Gil Lázaro, que no se sabe quién, en definitiva, ordenó que se instalasen aquellos hornos. Esto es todo lo que sucede.
¿Perjuicio para la Administración? ¿Le ha costado más a la Administración el asunto? No le ha costado ni una peseta más de los 19 millones y pico --no llega a 20 millones-- que tenía presupuestado y al que se concernió el expediente. Este cuestionamiento que se hace la Intervención Delegada, ¿le costará esto más a la Administración?, finalmente se puede concluir y objetivar, viendo el conjunto de la documentación existente en el expediente, que no ha costado nada más. Lo único que pone la Administración a disposición de quienes demuestran ser sus legítimos acreedores es la cantidad inicialmente presupuestada y por la cual se adjudica el contrato. En consecuencia, lo que dice la Intervención Delegada, al no constarle este escrito del gerente del organismo autónomo, es que en 18 de enero de 1991, como no conoce quién ordenó todo esto, parece que hay una apariencia de regulación de toda la cuestión. Yo he puesto de manifiesto que, desde luego, del expediente hay una excitación por parte del organismo autónomo a la Dirección General del Servicio, en la que le dice: Inicie usted el expediente, pero que no concluye que quien inicia el expediente conocía que estaban los hornos allí; que sí lo conocía, señor Gil Lázaro, el centro. El señor Gil Lázaro ha puesto de manifiesto un acta, que se conoció con posterioridad porque fue incorporada a partir del juicio ejecutivo, en la que el centro reconoce que en octubre ya había allí depositados unos hornos, pero también dice a la pregunta --y lo ha reiterado él-- de quién ordenó todo aquello que fue el gerente del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios. Creo que si trae a colación el acta para una cuestión, también debe traerse para otra.
Ya me he referido, señorías, al coste económico. No hay ningún coste extra para la Administración. Hay coste político de un mal hacer administrativo en un expediente que hubo de llevarse a Consejo de Ministros. ¿Ha beneficiado a alguien? Desde luego, no se concluye que haya habido un beneficio particular de nadie en todo este asunto porque no ha habido mayor coste. Hay tres empresas participantes que aparecen concretamente cuando se instruye el expediente, en el que figura la fiscalización previa limitada y al que finalmente, en abril de 1991, se presta don Antoni Asunción; aquí aparecen las tres empresas que participaron en la oferta. No aparece, señor Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la empresa subcontratista, porque no se tiene noción de esa subcontratación hasta meses después por quien instruye el expediente.
¿Reacción oficial? Yo creo que la reacción oficial no puede ser (las opiniones pueden ser absolutamente discrepantes) ni más rotunda ni más firme ni más inmediata. Si la recomendación de la Comisión de Subsecretarios se produce en agosto/septiembre de 1992, ya en noviembre se hacen todas las actuaciones, o sea, se despide al gerente del organismo y demás trámites. Se ha dicho aquí: ¿El gerente del organismo tenía capacidad o tenía que haber sido el presidente? El gerente no tenía capacidad, pero he dicho desde el principio que da una orden a un industrial, que no tiene por qué saber si tiene capacidad quien da la orden o no pero es el gerente de un organismo autónomo, pero --como he dicho-- da la orden sin esa capacidad de actuación.
Insisto y reitero, para finalizar, en relación con la petición que me hacía el señor Gil Lázaro, que, en mi opinión, la reacción de la administración es inmediata. Dice el señor Diputado: pero es que resulta que en esa querella que está promovida por el Fiscal General, que, en definitiva, promueve la Fiscalía General del Estado, no está este asunto.
En esa querella está el conjunto de mal hacer, pero es que además hay más cosas, forma parte de esa querella información requerida con posterioridad a la administración penitenciaria; en concreto, por ejemplo, forma parte ya de la documentación de esa querella todo un informe de la Intervención Delegada en relación con la actuación no ortodoxa del gerente del organismo autónomo en el año 1992. Por tanto, en ese conjunto hay todo eso, y habrá cuantas otras más pruebas sean necesarias. De hecho, los servicios jurídicos del Estado están igualmente personados en ese procedimiento. En consecuencia, cuanta otra documentación sea precisa para esclarecer actuaciones anteriores y estas propias actuaciones será facilitada por la administración penitenciaria, que está también representada por los servicios jurídicos del Estado, en el entendimiento de que en un asunto de suma importancia se ha personado también en el procedimiento penal en curso. Por tanto, todo está perfectamente encuadrado, sin dejar de ser cierto que hay una parte del expediente que se le forma al gerente, pero no por esto, que es una cuestión muy nimia, sino porque, efectivamente, en ese procedimiento hay cuestiones de franco quebranto para la administración penitenciaria. Esta es una actuación de él ligera, hecha deprisa y corriendo, sin importarle los procedimientos administrativos, que da lugar a toda esta necesaria actuación posterior para regularizar el expediente.
Esa es la cuestión. Sí que hay una reacción importante frente a este expediente, pero yo no constato a lo largo de todos estos documentos que haya ningún interés especial para nadie, ningún beneficio, ni ningún perjuicio para la administración en cuanto al coste final.
En cuanto a las formulaciones que me ha expresado el representante de Izquierda Unida, evidentemente no sólo no se ha cubierto ninguna de las formalidades que la ley prevé para la subcontratación, sino que no se conocía ni siquiera esa subcontratación. Ya he tenido ocasión de decirle cómo se inició esa contratación y quién ordenó a Maintegas que instalara ya sin más y diciendo: ya empieza el procedimiento, usted instale que luego yo ya le diré a quien tenga que pagarle, que le pague.


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Usted me pregunta después si han funcionado bien los talleres. En el año 1991 no hay la primera previsión, hay 35 internos, pero es verdad que en los dos primeros años los talleres --estos talleres ya están funcionando como talleres productivos-- funcionan como talleres medio productivos y de formación. Las piezas no salen bien cocidas, por tanto, no hay una verdadera producción prácticamente hasta finales de 1992 y especialmente en 1993.
Es cierto también que hubo de comprarse un horno complementario porque resultaron insuficientes para el tipo de producción que finalmente se decidió los hornos que había instalados. Estos hornos están funcionando pero hay una adquisición de un horno complementario, porque no alcanzaban la temperatura para el tipo de fabricación que después se hizo.
¿Responsabilidades políticas? Vuelvo a reiterar las que inmediatamente se tomaron, que fueron el cese y la actuación jurídica correspondiente frente a quien, en definitiva, fue el responsable de que este expediente se iniciara y terminara como SS. SS. conocen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra, muy brevemente.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente, y procurando atenerme a lo que amablemente ha indicado Su Señoría.
Señora Secretaria de Estado, nosotros ya le hemos dicho que no participamos del enfoque final de la descripción de fondo que hace S. S.
en relación con todo este asunto.
Sigue insistiendo S. S. en algo que no es real, y tengo que volver a recalcarlo. La querella se presenta tan sólo por la creación por parte de este ex gerente y de otros ex directivos del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios de empresas para la mera intermediación en las adquisiciones del organismo. Otra cosa es que, después, SS. SS. hayan aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y, entre otros asuntos, la aparición de éste para añadir cuantos otros datos estimen oportunos en relación con las actuaciones de este ex gerente; cuestión de la que nos felicitamos porque, evidentemente, en esos añadidos se van a poder conocer muchas otras cosas más de las que en aquel momento pudieron suceder. Pero la querella en sus términos exactos se presenta única y exclusivamente por la creación de estas empresas de intermediación.
Podría volver a hacer referencia a algunas de las cuestiones de las que ha señalado S. S. en este segundo turno. No lo voy a hacer. Sigo diciendo que no se puede sostener el desconocimiento de esa relación entre Hornos Industriales y Maintegas cuando la primera había realizado parte del suministro, constaba la entrega a través de la suficiente acreditación documental, y todo el proceso del expediente de contratación se hace «a posteriori».
Nos ha hablado, a propósito de la pregunta formulada por el señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de algunos extremos relativos a la posterior suerte que la producción de esos hornos tuvo. Sin embargo, no nos ha dicho si es cierto o no (subrayo, si es cierto o no) que el avalista bancario de la empresa Maintegas era el mismo empresario al que se le adjudicó el terminado de la producción de esos hornos. No nos ha dicho si es cierto o no que una parte, prácticamente el cien por cien, de la producción de esos hornos no pudo ser teóricamente terminada en las instalaciones de este industrial y comercializada fuera de Picassent porque se arrogó el carácter de producción defectuosa. Y no nos ha dicho si, a partir de la determinación de ese carácter de producción defectuosa, esa producción fue, tal y como se dispone normativamente, destruida o no. Habría muchas cuestiones sobre las que incidir y por eso precisamente, nosotros, señora Secretaria de Estado, le hemos reclamado hoy que se abra esa investigación que nunca se abrió.
Con toda brevedad, señor Presidente, puesto que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en vez de fijar su posición en relación con la intervención de la Secretaria de Estado se ha dedicado a hacer un amable pero continuo turno de alusión a mi persona, a mis motivaciones, a mi trayectoria y a mi propia intervención hoy aquí, tengo que señalar algunas cuestiones.
Señor portavoz del Grupo Socialista, se equivoca rotundamente en el enfoque principal de los hechos. Ni este Diputado ni el Grupo Parlamentario al que representa tienen una especial fijación en las personas, en modo alguno, sino en la determinación, en todo caso, en estos y en cualquiera que afecten a nuestra estrategia parlamentaria y política, de la verdad de los hechos.
Ha hecho referencia a una nota absolutamente apócrifa de un periódico local en la que se me dice que, en virtud de no sé qué declaraciones, se me llamó al orden por parte de la dirección del PP. Pues la prueba debe ser la intensa actividad parlamentaria en el ámbito del seguimiento de la administración penitenciaria que desde esa fecha que señala S. S. hasta la de hoy hemos podido realizar.
En cuanto a otras cuestiones, señor Rodríguez Zapatero, no hemos querido plantear hoy aquí un aspecto de la cuestión que, sin lugar a dudas, está planteado en la opinión pública, entre otras cuestiones porque está publicado. No hemos querido plantear en absoluto, con carácter determinante y expreso, si podían existir o no relaciones de naturaleza personal, en cualquier grado, o política entre el ex responsable de la administración penitenciaria en aquel momento y las personas vinculadas a estos hechos. Pero lo ha planteado usted, y como lo ha planteado S. S.
yo, intentando mantenerme en el tono de mi intervención principal, simplemente quiero, sin reproducirlas, remitirle a lo que en el diario «El País», de fecha 7 de marzo de 1994, dice el señor ex gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, a lo que en ese mismo periódico dice el ex alcalde socialista del municipio de Bétera y a lo que en ese mismo periódico dice el administrador de la empresa Hornos Industriales de Manises, S. L. Declaraciones que hacen ellos, que no hago yo.
Finalmente, quiero decirle una cosa. La responsabilidad y la seriedad consisten en demostrar las cosas, como ha dicho muy bien S. S., y en este asunto, señor Rodríguez Zapatero, está demostrado, primero, que hubo un procedimiento

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irregular; en segundo lugar, que no se abrió ninguna investigación especial conforme a lo determinado por la Comisión de Subsecretarios y de Secretarios de Estado, y que no puede ser verdad que el responsable único de todo este asunto sea el ex gerente del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios. Porque si hay que dilucidar algún género de responsabilidad política en este asunto evidentemente esa responsabilidad política tendría que recaer de manera directa en aquél que en ese momento de producirse estos hechos --éstos, el caso Maintegas y los que en este momento son objeto de querella-- era el máximo responsable del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, es decir, el presidente de su consejo de administración, que dejó que durante más de cuatro años ese consejo de administración no se reuniera.
En todo caso, señor Rodríguez Zapatero, nosotros hoy no hemos hecho más que retomar una cuestión que no nosotros, sino la propia Comisión de Subsecretarios y de Secretarios de Estado determinó: que se abra una investigación, y decimos porque es un hecho acreditado, que esa investigación, en el momento en que se requirió no fue abierta. Y no hago mención, naturalmente, porque sería actuar puramente de oídas, a lo que en medios profesionales pueda ir diciendo algún ex director general en relación con quién determinó que esa investigación no se abriera.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.


El señor RIOS MARTINEZ: Quisiera agradecer el tono y algunas de las respuestas que se me han dado por parte de la señora Secretaria de Estado.
De todas formas, me gustaría hacerle tres preguntas concretas, fruto de las respuestas que usted me ha dado, y un comentario. Los tiempos políticos son buenos y cuanto menos estén hirviendo en la caldera los asuntos, mejor para profundizar y aclarar; no es malo que los tiempos políticos se hayan producido aquí. Por tanto el qué va de lo mío o el cómo va el asunto, es bueno verlo en todo el proceso del tiempo sin el calor del momento o la ebullición del día a día.
Primera pregunta. ¿Es posible, por mucho que se quiera hoy, como se está funcionando, que un gerente pueda tomar este tipo de decisiones que al final terminan, fíjese, en una convalidación por parte del Consejo de Ministros de esta compra de 20 millones de pesetas, con una actuación de la reunión de Subsecretarios? ¿De qué manera funciona el consejo de administración de esa entidad? Porque tiene que funcionar un consejo de administración. ¿Cómo ha funcionado en todos los trámites administrativos? Porque, desde mi punto de vista, lo que se ha producido aquí ha sido una chapuza administrativa, en el mejor de los casos, con independencia de si hay relación o no con un determinado partido de un determinado empresario, con independencia de si hay o no amistad por medio; lo cierto y verdad es que se ha producido una chapuza administrativa que no ha encontrado en su actuación, hasta que no funciona, la Intervención Delegada de Hacienda. Pero en el propio organigrama, el funcionamiento del consejo de administración no ha sido útil para responder a lo que aquí hemos tenido.
Pero voy a ir al grano de las tres preguntas que le quería hacer.
Primero, usted me ha dicho en cuanto a la instalación, que una vez detectado, se le dice a Maintegas que actúe y que ejecute la obra. ¿Pero es verdad que la ejecuta Maintegas? ¿En qué porcentaje hace Maintegas la obra? ¿Qué ejecuta? Usted comprenda que aquí hay un galimatías. Si el Consejo de Ministros convalida esta compra, ¿a quién se le han pagado los 20 millones de pesetas? ¿Se le han pagado a quien avaló? ¿A don Ramón Inglés, que avala ante una determinada Caja de Ahorros de Valencia esta actividad? ¿Se le ha pagado a quien ha ejecutado la actuación, a Hornos Industriales? Se le ha pagado a Maintegas? ¿A quién se le han pagado y en qué proporción a cada uno de ellos? ¿Quién ha determinado qué ha hecho cada uno? Porque lo cierto y verdad es que quien tiene el contrato no ha hecho la obra y el que ha hecho la obra no tiene el contrato. Por lo menos, eso es lo que me queda en el aire.
Por último, usted dice que no es verdad que no funcionaran los hornos, que en los primeros dos años ha habido alguna limitación, que están en proceso de formación, que en todo caso se tuvo que hacer un nuevo horno complementario. ¿Este nuevo horno complementario fue un nuevo gasto, fue un nuevo expediente? ¿Se hizo con cargo a los 20 millones? ¿Quién lo ejecutó? ¿Pertenece al mismo volumen? ¿Era necesario? ¿Estaba previsto en la primera parte o es por haber hecho una mala elección de los tres hornos? ¿O simplemente es que se ha detectado que esto era necesario? ¿Quién informa para actuar? Hay que ver con qué rapidez se dice que hace falta un nuevo horno complementario.
En todo caso, es importante que se puedan depurar y esclarecer las cosas.
Malo es en la administración definir un solo culpable y sobre él poner los perros a los caballos, porque me da la impresión de que ésa no es la solución de una actuación clara y nítida. En este caso creo que hubiera sido mejor proceder a ver los errores que se han producido para evitarlos en lo sucesivo, si es una actuación irregular puntual o si ha sido un vicio congénito, porque a lo mejor han sido muchas adjudicaciones irregulares. Quizá, la solución ha sido decir: salta don Rafael Martínez Torrecilla y ya está todo solucionado. Quizá es el que va a pagar la factura de una actuación que ha podido ser avalada por quien dirigía la cárcel o por quien dirigía asuntos penitenciarios.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Intervengo con brevedad, simplemente porque de manera inevitable y lógica se ha producido una réplica a algunas de las cosas que he manifestado en mi primera intervención, fundamentalmente por el portavoz del Grupo Popular.
He de decir que con satisfacción constato, primero, que no se ha refutado el análisis de la secuencia política de por qué la comparecencia pedida hace un año se celebra hoy, que es fruto, sin duda, de la situación política de quien había

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sido nombrado Ministro del Interior en ese momento, ofensiva que ya se inició el 1 de diciembre, prácticamente muy pocos días después de haber sido nombrado. Por consiguiente, ése es el fondo de por qué tenemos que estar hoy dando vueltas a la noria de todo el procedimiento irregular, a si el organismo autónomo había hecho o no, a si había beneficio o no. La realidad es que sobre eso está todo ya prácticamente dicho, visto y analizado. Hubo un procedimiento manifiestamente irregular que tuvo un cauce administrativo, que acabó en la convalidación del Consejo de Ministros, pero que antes de eso ya se habían producido las responsabilidades oportunas, que era el cese del gerente del organismo autónomo, y que, posteriormente, incluso, la propia inspección de Instituciones Penitenciarias determinó sobre la gestión de este gerente que frente a esta situación, evaluable en función de lo que ha sido luego la propia querella del fiscal, tenía una menor cuantía, por utilizar un término familiarmente jurídico. Por consiguiente, hubo reacción política de exigencia de responsabilidades.
Quiero terminar diciendo que, señorías, una vez más habrá que invocar lo que es la naturaleza del Estado de Derecho, porque parece que el adoptar medidas de responsabilidad ante situaciones como las que hemos comentado y hay una persona responsable que en estos momentos, con algunos otros, está en un procedimiento judicial, de por sí no es bastante. Creo, sinceramente, que ya es rizar el rizo de una manera poco sostenible en lo que debe ser el debate político. La responsabilidad en un Estado de Derecho es de quien incurre en una irregularidad o en un presunto delito.
Intentar desde ahí provocar la extensión, me parece poco serio en términos políticos y poco edificante para el control parlamentario y para el control jurisdiccional de la actuación de la Administración. (El señor Asunción Hernández pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea, señor Asunción?

El señor ASUNCION HERNANDEZ: Señor Presidente, me gustaría intervenir por alusiones a mis cargos, ocupados en esta materia.


El señor PRESIDENTE: ¿Puede concretar S. S. las alusiones?

El señor ASUNCION HERNANDEZ: Seré muy breve. Se ha aludido, tanto a mi paso por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios como a la Dirección General y también nominalmente, en algún momento, a unas supuestas responsabilidades, por lo que entiendo que podría aclarar alguno de estos puntos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, yo creo que en algunas ocasiones ha sido citado en términos de referencia histórica, no con los contenidos valorativos que supone una alusión, sin embargo, en otras ocasiones, entiendo que puede usted tener fundamento para considerarse aludido.
Le voy a dar la palabra, pero en el bien entendido de que ahora no se abre un turno de defensa en términos amplios porque sería reabrir el debate en unos términos improcedentes. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, nosotros, como es natural, no tenemos ningún inconveniente en que el señor Asunción pueda intervenir.
En todo caso, lo único que pedimos es que si el señor Asunción lo hace, después podamos tener, muy brevemente, algún otro turno de intervención posterior, porque si no resultaría que, sin haberse realizado, como muy bien ha dicho el señor Presidente, valoraciones en esta sesión que puedan incurrir en lo que conceptualmente es una alusión, sino meras referencias históricas, el señor Asunción cerraría este debate y no nos parecería lógico que así se produjera.
Por tanto, insisto, no tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en que el señor Asunción intervenga, pero, eso sí, si lo hace, naturalmente, con la misma brevedad, después deberíamos poder intervenir los portavoces que solicitáramos el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, yo he manifestado que ha habido algunas referencias al señor Asunción que yo no considero constitutivas de una alusión en los términos formales que establece el Reglamento, pero ha habido otras referencias a él que puedan dar base a considerar que ha sido aludido en los términos previsto en el Reglamento para el turno de alusiones. Nunca los términos de alusiones dan lugar a debate entre los portavoces. Por tanto, yo le voy a dar la palabra al señor Asunción por tiempo de uno o dos minutos como máximo para que conteste a las alusiones . Esto no significa que se abra un debate y, en todo caso, señoría, le reitero: primero, la interpretación reiterada de la Mesa del Congreso de los Diputados de que las alusiones no dan lugar a debate, pero, por dejar todos los principios claros, señor Diputado, quien se defiende tiene derecho siempre, en cualquier debate, a ejercitar su expresión en último lugar. No cabe que quien acusa sea el último que interviene. Estoy hablando en términos abstractos porque al señor Asunción le voy a dar la palabra no para abrir un debate, sino tan sólo para contestar, con la mayor brevedad, a lo que son los términos de la alusión.


El señor GIL LAZARO: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
Si el señor Presidente afirma que entiende que no ha habido alusiones en sus estrictos términos conceptuales al señor Asunción, sino una referencia histórica, no tiene ningún sentido darle la palabra simplemente por un turno de alusiones y aplicarnos a los demás portavoces el que no haya intervención.
Nosotros ya decimos que estamos encantados de la intervención del señor Asunción, pero que si el señor Presidente considera que no es en función del concepto de alusiones, debe dejársenos, con la misma brevedad, un turno posterior, puesto que no estamos suscitando una alusión sino, como ha dicho el señor Presidente, una inevitable referencia histórica en relación con este tema.


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El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, yo he manifestado que ha habido algunas referencias al señor Asunción que considero que no son constitutivas de una alusión, pero también he dicho que ha habido otras que sí pueden tener esa base.
Mi manifestación no pretende negar la evidencia de la alusión sino circunscribir y limitar, por tanto, el ámbito de la intervención que yo le voy a conceder al señor Asunción exactamente a lo que han sido alusiones. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, y aunque no es con ánimo de controversia, me gustaría como es un precedente, conocer en concepto de qué, porque estaríamos estableciendo dos categorías: gobernantes con presencia en el Parlamento que pueden defenderse y gobernantes que no tienen presencia en el Parlamento y no pueden defenderse, y el señor Asunción no ha sido aludido en tanto que Diputado de esta Cámara o contendiente en el debate, que es lo que da lugar al turno de alusión.
Me gustaría que precisase en concepto de qué, en cuanto a precedente; en cuanto al fondo y al contenido yo voy a acatar la decisión del señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El señor Asunción es miembro de esta Cámara, tiene derecho a asistir a los debates de la Comisión y, en la medida en que está presente, puede formular en esta sesión su manifestación. En todo caso no se le podría negar si estuviera ausente, puesto que, al ser miembro de la Cámara, en una sesión posterior también tendría el derecho a formular su reivindicación.
Tiene la palabra por uno o dos minutos, como máximo, el señor Asunción.


El señor RIOS MARTINEZ: En tanto que gobernante.


El señor ASUNCION HERNANDEZ: Seré muy breve, pero me gustaría precisar lo que a veces subyace en el ambiente y me parece que las exposiciones que se han hecho por la Secretaria de Estado dan una delimitación muy clara de lo que es acotar un expediente (viciado naturalmente, mal expuesto, mal contratado) y de lo que es un procedimiento administrativo irregular, como dice ya la Intervención General del Estado, que se inicia en el año 1990 y finaliza en el año 1992, por el que el Ministerio paga y deposita en el Juzgado de Lliria el dinero correspondiente a aquellos requerimientos. Otra cosa es la utilización que se pueda hacer de eso, que se ha hecho además públicamente, reiteradamente en medios de comunicación, haciendo imputaciones que son falsas.
Hay una denuncia presentada y, desgraciadamente, yo tengo que demostrar ahora mi inocencia al vincular esa denuncia hacia falsas imputaciones, producto de mensajes enviados subliminalmente para que se produjeran, y ahora con quien tengo que aclarar ciertas cuestiones es con personas que recogen algo que, bajo mi punto de vista, está hecho con insidia para producir una calumnia en boca de otro.
Me parece que el parlamentarismo tiene que servir para clarificar, pero creo que no es correcto utilizar medios insidiosos para conseguirlo. Por tanto, siguen practicándose diligencias en esa denuncia que tengo presentada por imputaciones falsas, imputaciones que, tangencialmente, vienen derivándose, una y otra vez, a veces en los pasillos, a veces públicamente. Pero ha sido cuando se han recogido públicamente en los medios de comunicación cuando, naturalmente, he tenido que presentar esa denuncia, y espero, puesto que se deducen aún testimonios en base a la petición del demandante, que se pueda clarificar que no ha existido ninguna vinculación, al margen del procedimiento irregular que ese gerente de Trabajos Penitenciarios produjo en su momento --gerente que fue separado de la gerencia, aunque permaneció en la misma hasta ser definitivamente cesado-- con esas empresas adjudicatarias en la cárcel de Picassent.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir la señora Secretaria de Estado?

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Sí, brevísimamente, si me lo permite la Presidencia.


El señor PRESIDENTE: Con toda brevedad.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Creo que al señor Gil Lázaro le he contestado con mucha amplitud, pero ha habido tres preguntas muy precisas del Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que no me gustaría, por cortesía parlamentaria y porque es mi obligación hacerlo, dejar sin contestar.
El señor Ríos reitera que es una chapuza, que como puede hacerlo un gerente... Evidentemente, es una chapuza. No podía hacerlo, ya que la capacidad de contratar ni siquiera estaba residenciada en el Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios sino que, en aquel momento, lo estaba en el Ministerio. Por tanto, no puede hacerlo por sí mismo, ni tampoco podía haberlo llevado nunca al Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, lo que sucede es que tira alegremente hacia adelante y hay un empresario que hace esa instalación.
Me pregunta también cómo se pagó. Se pagó en la forma en que los servicios jurídicos del Estado indicaron que debía de pagarse. Los servicios jurídicos del Estado dicen en ese informe: atiéndase el requerimiento que hace el Juzgado respecto al crédito de Hornos de Manises, que es el crédito, más costos, más intereses, con lo cual, en vez de 13, son como 18 los millones que se ponen a disposición de Hornos de Manises, no porque haya hecho una inversión de 18 millones, sino porque ha hecho una de 13 y todo lo demás, poniéndose a disposición de Maintegas el resto hasta los 19 millones y pico de pesetas que, como he tenido ocasión de decir, ni siquiera los percibe porque se cruza un embargo de Hacienda y, por tanto, es Hacienda quien percibe el resto del contrato.


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Horno complementario. Señoría, Trabajos Penitenciarios es como una empresa y, por tanto, en la medida en que ve que necesita dotaciones diferentes o complementarias, creo que es a finales de 1993 o en 1994 cuando se decide a complementar con otro horno, porque no es una foto fija, es, en la medida de lo posible, un taller productivo y, por tanto, tiene que tener la misma filosofía que una empresa. Cuando necesita complementar, lo complementa, y eso es lo que sucedió.
Simplemente y para terminar, quiero decir que cuando antes le comentaba que en el año 1991 había 35 internos, se trata realmente de 35 en turno de mañana y 35 en turno de tarde. Por tanto, son 70, pero en esa fase de formación, de producción y de no suficiente calidad de lo que se produce ni de lo que se cuece.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) No hay más réplicas, señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: No es una réplica, es simplemente que a la señora Secretaria de Estado le hemos formulado una pregunta que no ha contestado.


El señor PRESIDENTE: Todos han actuado, legítimamente, usando sus turnos como les ha parecido oportuno. La Presidencia no puede valorar si las contestaciones son satisfactorias o no, porque comprenderán que la Presidencia no puede excederse de sus facultades, pero desde luego de lo que sí tiene obligación la Presidencia es de circunscribir el debate a los términos previstos en el Reglamento, aplicados ciertamente con flexibilidad hasta este momento.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, y la pregunta que no ha contestado ¿la podríamos reproducir para que la contestara?, porque debe ser un olvido de la señora Secretaria de Estado.


El señor PRESIDENTE: Su Señoría es perfectamente libre de formular cualquier iniciativa que considere procedente.


El señor GIL LAZARO: Digo en este acto, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: No, señoría, no es posible.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la segunda comparecencia de la señora Secretaria de Estado --leo textualmente-- para que explique las irregularidades apreciadas en el proceso selectivo de aspirantes a funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en la convocatoria de oferta pública de empleo correspondiente al año 1994, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Voy a dar la palabra a la señora Secretaria de Estado, doña Paz Fernández Felgueroso, con el ruego de que efectúe su exposición en un plazo de unos 10 minutos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señorías, yo tenía preparada una relación de hechos bastante amplia, pero atendiendo a la indicación de la Presidencia la reduciré.
Tengo, repito, una información amplia que ofrecer a S. S. puesto que se trata de un asunto que ha causado ya grave perjuicio a la Administración pública, en concreto a la administración penitenciaria, y que también ha causado enorme perjuicio, evidentemente, quienes concurrieron a esta oposición, convocada por resolución del 30 de mayo de 1994, para las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina, que se refería a 464 plazas. Oposición que en este momento está en un trámite de revocación de la decisión administrativa y, por tanto, en un trámite de revisión de oficio de la puntuación que se había dado a los opositores.
La fase de oposición se dividía --lo indicaré sucintamente para que ustedes entiendan qué es lo que se ha constatado y cómo está en definitiva el asunto-- en tres exámenes. Hubo una primera prueba el 24 de septiembre de 1994, que consistía en un test psicológico, siendo publicados los resultados el 7 de octubre de 1994. Primera prueba el 24 de septiembre de 1994; resultados el 7 de octubre de 1994. La oposición tenía un segundo ejercicio que, a su vez, se subdividía en dos partes.
Una primera parte estaba constituida por un examen tipo test, de 60 preguntas con respuesta alternativa, elaborado sobre la totalidad del temario de la oposición, y una segunda parte de este segundo ejercicio la constituían 10 supuestos prácticos, en los que los aspirantes debían contestar a unas preguntas incluidas en dichos supuestos. Este segundo ejercicio se celebró el 15 de octubre de 1994, publicándose la lista de aprobados para la escala femenina el 24 de noviembre de 1994 y la correspondiente a la escala masculina el 2 de diciembre de 1994.
El tercer ejercicio, que lo constituía un reconocimiento médico, durante el cual se comprueba que los aspirantes no padecen ninguna de las causas físicas de inadmisibilidad contempladas en la convocatoria, se realizó a lo largo de los primeros días del mes de diciembre, sin que llegará a publicarse el resultado del mismo, porque antes de publicarse dicho resultado se recibieron en la Secretaría de Estado algunos escritos, incluso se recibió alguna llamada telefónica hacia el 23 ó 24 de diciembre, cuando ya estaba a punto de darse conocimiento de los resultados de este tercer ejercicio. A finales del mes de diciembre se recibieron algunas cartas de denuncia de determinados opositores de la Comunidad Autónoma de Asturias, en las que se aseguraba que en una determinada academia de Oviedo se había producido una filtración; algunas de ellas citaban dos ejercicios prácticos y la mayor parte de ellas un supuesto práctico. Aseguraban que uno de los supuestos prácticos, que finalmente había sido objeto de examen de esa segunda

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parte del segundo ejercicio, coincidía textualmente con un ejercicio puesto dos días antes de esa segunda prueba en una academia de Oviedo, en la que prepara a los opositores un funcionario del centro penitenciario de Villabona, concretamente un jefe de gabinete de Villabona.
A los pocos días, no sé si el 1 ó 2 de enero o a finales del mes de diciembre, al conocer estos primeros escritos con firma e identificación de los firmantes, se ordena inmediatamente por parte de la Secretaría de Estado una información reservada al Servicio de Inspección de la Secretaría de Estado, pidiendo al propio Servicio de Inspección del Ministerio que aportara un inspector para que la inspección fuera más rápida y, además, no se hiciera exclusivamente desde la Inspección de la casa sino también en coordinación, como prevé el Ministerio para supuestos como éste, con un inspector que depende directamente del Subsecretario.
La información reservada concluye con que para los informantes se había producido esta filtración y que existe esa identidad. Se emite un extenso informe en el que se ha tomado declaración a decenas de personas y el 20 de enero de 1995 se dice finalmente: Por todo lo expuesto --se alude a todo lo que se recoge en las declaraciones-- y teniendo en cuenta tanto los derechos legalmente adquiridos por los opositores aptos como los de aquellos otros que, a uno no habiendo superado dicho ejercicio, sí superan una primera parte, se propone que, por los órganos competentes, se adopten las medidas procedentes a fin de subsanar las irregularidades detectadas y recogidas en los hechos probados antes expuestos.
Es decir, en los hechos probados se recoge que, efectivamente, para los inspectores se constata que ha habido una filtración de uno de los supuestos prácticos; los inspectores hacen referencia a que un segundo ejercicio que algunos opositores ponen de manifiesto se refiere a un tema genérico de incompatibilidades que no fue dado como tal ejercicio en la academia sino que se habló genéricamente de incompatibilidades.
Evacuado este informe, inmediatamente se da cuenta del mismo y del conjunto de los hechos comprobados a la Abogacía del Estado, en petición de informe. La propia Abogacía del Estado, en informe que evacua seguidamente con fecha 27 de enero de 1995, dice, en síntesis, esta frase especialmente relevante: Ha de iniciarse el presente dictamen compartiendo la tesis de la información reservada, en el sentido de considerar acreditado que uno de los casos prácticos que configuran la segunda parte del segundo ejercicio de las pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias fue filtrado a algunos opositores dos días antes de la realización del ejercicio en la academia Centro de Estudios Técnicos Rabanal, de Oviedo. Luego, hace todo un análisis de lo que significa la filtración en cuanto clara infracción de los principios de mérito y capacidad y la Abogacía del Estado se pronuncia diciendo que procede, a su juicio, iniciar los trámites del expediente de revisión de oficio, conforme a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esto es exactamente lo que se ha hecho.
Como quiera que el trámite siguiente es una resolución en la que se toma la decisión de iniciar la revisión de oficio, se cubren los trámites posteriores a esa revisión, que consisten, sucintamente, en comunicar al conjunto de los opositores, con notificación directa y con acuse de recibo a todos y cada uno de ellos, es decir, a todos los que habían pasado el primer examen y, por tanto, habían hecho la segunda prueba, la decisión de la Administración de iniciar una revisión de oficio. En este momento no estoy muy segura de si ha terminado ayer o termina hoy o mañana precisamente el trámite de alegaciones.
En cuanto a los pasos siguientes, le diré que cuando se reciban estas alegaciones hay que hacer un informe que se traslada nuevamente a la Abogacía del Estado, y a partir de las alegaciones, de la valoración de las mismas y de ese segundo informe del servicio jurídico del Estado, lo que procede es trasladarlo al Consejo de Estado, cuyo informe en este supuesto es vinculante en orden a decidir qué parte de este segundo ejercicio se revisa y se anula, para convocar a continuación la parte de la prueba que, en definitiva, se revise y se declare nula.
Esto en síntesis --luego aclararé cuantas dudas tengan SS. SS.--, cómo está en este momento este expediente. Por tanto --termino--, éstas son las constataciones hechas por la inspección y criterio en el mismo sentido del Abogado del Estado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Diputado del Grupo Popular, señor Gil Lázaro, por un tiempo de diez minutos.


El señor GIL LAZARO: La señora Secretaria de Estado nos ha relatado el estado actual del expediente, pero nosotros creemos que en esta cuestión es mucho más importante profundizar en los precedentes y profundizar , sin lugar a dudas, en las consecuencias.
Señora Secretaria de Estado, con fecha 3 de febrero, como ha quedado dicho, el Director General de Administración Penitenciaria decidió incoar procedimiento administrativo de la revisión de oficio de las actuaciones de los Tribunales de oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocatoria de 1994, suspendiendo dicho proceso selectivo. El primer precedente directo que no se ha citado aquí --que para nosotros tiene, sin lugar a dudas, una importancia por su relación de hechos con todo lo sucedido, en su significación de fondo, evidentemente no en la mera frecuencia argumental-- es que durante el mes de septiembre pasado numerosos aspirantes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias recibieron en sus domicilios particulares propaganda de una academia de Madrid que ofrecía sus servicios para preparar los correspondientes exámenes: academia que resultó estar regentada por el funcionario responsable precisamente del servicio de formación de esa Secretaría de Estado. Sabemos que Instituciones Penitenciarias investigó el asunto y abrió expediente disciplinario al funcionario en cuestión, pero no sabemos ni nos podemos explicar cómo dicho señor tuvo acceso a los documentos en los que se contienen, entre otros datos, las direcciones particulares de miles de opositores que no están en depósito directo de ese servicio de formación y que además confían esa información

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--que es por sí misma confidencial y mucho más en función del cargo funcionarial al que aspiran-- a la Secretaría de Estado en la creencia de que no podrá ser utilizada, al menos de manera interesada, por alguien.
Sin embargo, y por lo que ahora sabemos, resulta que la administración penitenciaria ha ignorado en este supuesto las más elementales normas de seguridad y posibilitó, con una negligencia evidente, la actuación del episodio relatado.
Como ya se ha dicho, parece que --como en el caso anterior-- las responsabilidades se limitan a este funcionario, que continúa expedientado, pero nosotros queremos saber qué responsabilidades se han exigido por una inexistente o inadecuada custodia de datos confidenciales o cuanto menos de uso muy restringido, que no estaban en acceso directo de este funcionario. ¿Dieron alguna instrucción al respecto al Subdirector General de Personal o al Director General de Administración Penitenciaria, responsable de la gestión de todo lo concerniente a la selección y formación de futuros funcionarios de Instituciones Penitenciarias? Porque no debemos olvidar que si es disciplinariamente responsable el funcionario que utiliza indebidamente una información, también lo es, al menos por negligencia, el que con su comportamiento indolente facilita ese uso o no pone los medios para dificultarlo, y que nosotros sepamos, ni el Subdirector General de Personal ni el Director General de Administración Penitenciaria han sido relevados en sus cargos, y más teniendo en cuenta que, por su propia naturaleza, la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios debería cuidar más los procedimientos de control que utiliza en su propio departamento.
Este desagradable, sin lugar a dudas, y --permítame que lo diga-- vergonzoso asunto, parecía ya premonitorio de lo que más tarde ha venido a ocurrir, porque si es tan sencillo utilizar documentación que no es de uso general, lo mismo podía ocurrir con el propio contenido de los exámenes. Así, resulta que de la lectura detenida del expediente administrativo, al que ha hecho referencia S. S., se observa la necesidad de tener que anular lo actuado en un examen de oposiciones al que accedían varios miles de aspirantes y que fue aprobado por unas cuatrocientas sesenta personas (es decir, el número de afectados no es precisamente una minucia), y se observa, evidentemente, que la necesidad de llegar a esta conclusión ha partido precisamente de una situación previa irregular de uso de una información por alguien y en su interés, información que, en todo caso, debía haber sido cuidadosamente custodiada.
El Director General de Administración Penitenciaria firmó el 13 de mayo de 1994 la convocatoria de estas oposiciones y nombró tribunales, cuya actuación, como ya iremos viendo muy brevemente a continuación, ha sido desde nuestro punto de vista más que cuestionable. Sobre este asunto, a la vista de las circunstancias, sería deseable que S. S. explicase en base a qué criterios escogen los miembros de los tribunales, cuyos presidentes, por cierto, pertenecen todos al mismo Departamento, es decir, a la subdirección General de Personal. Sería también deseable, a fin de ir estableciendo responsabilidades políticas con claridad, que se dijera qué autoridad propone dichos miembros y quién decide su nombramiento y, en particular --insistimos--, de los señores presidentes.
Una vez conocida la convocatoria, comienza el proceso selectivo, sobre el cual tiene una particular incidencia el proceder de estos tribunales, cuya actuación, señora Secretaria de Estado, debería haber estado presidida por el secreto en sus deliberaciones y por el cuidadosísimo cumplimiento de la norma, a fin de garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para ingresar en la función pública. Pues bien, lejos de velar por estos principios, da la sensación de que la actuación de los tribunales ha de ser calificada al menos de desastrosa, y los hechos de los que tenemos conocimiento de alguna forma así lo acreditan.
Para elaborar el contenido de los exámenes, los vocales de los tribunales entregaban preguntas sobre el temario. Esta entrega era absolutamente descontrolada, unas veces a los presidentes de los tribunales y, otras, a los secretarios, sin seguir un cauce preestablecido que garantizase el secreto de las mismas. Pero es que, además, para la elaboración del segundo ejercicio, el ejercicio objeto de la cuestión, la entrega de preguntas se dilató casi durante dos meses, aumentando, como es natural, el riesgo de filtraciones de una manera absolutamente innecesaria. A este tiempo exagerado, señora Secretaria de Estado, hay que sumar otro mes, que es el que tardaron los presidentes en elaborar la prueba definitiva en base a las preguntas entregadas por los vocales, aumentando todavía más el riesgo de que terceros conociesen, como al final ha resultado ser cierto, una parte del contenido de estos ejercicios. A mayor abundamiento, el proceso material de mecanografiado del examen que nos ocupa se dilató ocho días y fue realizado por una persona que no pertenece a los tribunales. No sólo eso sino que esta labor se realizó, según nuestras informaciones, sin un control ni vigilancia continua por parte de los presidentes de los tribunales, comportamiento que desde nuestro punto de vista, por lo menos acredita un cierto desinterés, incluso una posible falta de la debida responsabilidad, que desde luego se nos tiene que explicar.
Por si fuera poco, resulta que el proceso de reprografiado de los ejercicios duró, a su vez, otros cinco días, y fue realizado también por personas ajenas a los tribunales y, lo que es peor, nuevamente sin ese control directo por parte de los miembros de estos tribunales o por parte de miembros delegados por ellos. Todo este cúmulo de despropósitos es más que suficiente para pedirle a S. S. las explicaciones que hoy intentamos reproducir. Una vez reprografiados los exámenes fueron empaquetados en cajas sin cerrar ni precintar, y para ilustrar el absoluto desinterés y, de alguna forma, la desidia en el funcionamiento de estos tribunales, las actas de las reuniones de estos órganos colegiados, que datan de junio de 1994, no son firmadas hasta enero de 1995, a excepción de la lista de notas.
Como se ve, toda una lección, señora Secretaria de Estado, de lo que no debe hacerse jamás en materia de selección de aspirantes a funcionarios públicos, porque en todo caso no parece que haya habido una actuación suficientemente diligente por parte de los organismos correspondientes de la administración penitenciaria.


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Además, lo extraño de este asunto, dada la manera de proceder, es que tan sólo algún que otro caso práctico se haya filtrado; o, mejor dicho, que dicha filtración se haya detectado, porque, desde luego, filtrarse puede haberse filtrado mucho más. Es decir, en este momento no hay una garantía de hasta dónde y cuánto se filtró. Solamente se tiene constancia de una parte acreditada de filtración en virtud de las denuncias cursadas por los opositores.
Nuestra preocupación, señora Secretaria de Estado, se centra ahora además en dos aspectos: el primero es el referido a los miles de opositores que han tenido que competir en situación, vamos a calificarlo así, de desventaja con respecto a aquellos que tuvieron conocimiento de parte del examen con anterioridad a su celebración, y también de varios cientos que aprobaron el examen en buena lid y que se ven perjudicados por una decisión que es evidentemente legal, pero que no tenía que haberse producido nunca en virtud de que no se tenían que haber producido los hechos objeto de esa decisión.
Y, además, señora Secretaria de Estado, como S. S. puede comprender (y alguna mención ha hecho a ello), a partir de la situación creada, hay unas consecuencias muy graves, no solamente para los opositores, sino para el propio sistema penitenciario, y es, simple y llanamente, que los centros que, como muy bien sabe S. S., en este momento están absolutamente necesitados de cubrir sus previsiones de personal, no van a poder hacerlo en función de los hechos sucedidos. Yo puedo citarle, sin lugar a dudas, algunos casos muy concretos. Centros como Burgos, que estaban esperando una dotación de 27 funcionarios de la oferta de 1994, lo que supone la cuarta parte del total de la plantilla prevista para ese centro, que ya se encuentra en una situación límite, no van a recibir esos funcionarios en las fechas inicialmente previstas. Herrera de la Mancha, que contaba con una dotación de 20 funcionarios de la oferta de 1994, es decir, una quinta parte, aproximadamente, del total de efectivos que tiene previsto, tampoco. Granada, que esperaba recibir 22 funcionarios, tampoco. Guadalajara, que esperaba 14 funcionarios, tampoco. San Sebastián, que esperaba 18 funcionarios, tampoco.
En definitiva, señora Secretaria de Estado, a partir de lo sucedido, nosotros podemos determinar algunas conclusiones. Primero, se ha causado un grave daño a miles de aspirantes, en general, y especialmente a aquellos que habían aprobado el ejercicio. Daño causado, no evidentemente por la decisión ahora adoptada, sino por las negligencias, o falta de la debida custodia, que motivaron los hechos que han tenido que producir esta decisión. En segundo lugar, se ha causado, como ha quedado dicho (y podía haber sido mucho más extenso en la lista de referencias concretas de centros, porque la tengo completa), un perjuicio notable a la debida articulación de los servicios, ya que esta suspensión determina que las previsiones de incorporación de personal a los centros penitenciarios ya no se pueden producir en las fechas fijadas. En tercer lugar, ha habido en la articulación de todo el proceso selectivo, que no puede saldarse con la sola suspensión de ese proceso, sino que obliga a que se determinen responsabilidades políticas por cuanto ha sucedido, responsabilidades que afectan, sin duda, tanto a la Subdirección General de Personal como a la Dirección General de Administración Penitenciaria.
Y, por último, señora Secretaria de Estado, permítame que le diga que han conseguido ustedes que uno de los pocos aspectos del funcionamiento de la administración penitenciaria que durante los últimos tiempos no había protagonizado crónica alguna de supuestas, o constatadas, como en este caso, irregularidades, haya finalmente inscrito su nombre en ese registro, y tengo que lamentar, por tanto, el hecho de acreditarlo aquí y (permítame la ironía respetuosa) darle la enhorabuena por ello. Pero, en todo caso, tengo que decir, señora Secretaria de Estado, que no es de recibo que S. S. acuda a este acto, afirmando de principio (y estamos de acuerdo con S. S.) que se ha producido con estos hechos un grave perjuicio, recalcando, como ha hecho S. S. (y seguimos estando de acuerdo) que ha habido un enorme perjuicio, y que no venga S. S. a explicarnos que por estos hechos ha cesado, cuanto menos, al Subdirector General correspondiente y al Director General de Administración Penitenciaria.
Estamos, por tanto, siempre en las mismas: aquí, las responsabilidades son de los de a pie, pero nunca alcanzan a quien debía ejercer, en función de su cargo, la debida diligencia en la custodia, en este caso, de los datos relativos, primero, a la acreditación, filiación y direcciones de los opositores --el caso de septiembre que hemos relatado-- y, en segundo lugar, del contenido de los exámenes, y no lo ha hecho. Yo creo que no se puede venir a decir algo, con lo que estamos usted y yo absolutamente de acuerdo, es decir, que éste ha sido un escándalo que ha perjudicado a las personas y a los servicios, y no decirnos que políticamente se ha exigido el cese correspondiente del Director General por cuya negligencia han podido producirse estos hechos.


El señor PRESIDENTE: Puede replicar la señora Secretaria de Estado, si lo desea.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, evidentemente, tengo bastantes aclaraciones que hacer. Probablemente, por la brevedad de la explicación anterior, no complementé la misma diciendo lo siguiente.
Hay un bloque de la información reservada que se refiere exclusivamente a la filtración --para dar mayor agilidad y no dilatarlo en el tiempo-- y hay un complemento de esa información reservada que se refiere a la investigación sobre cómo se pudo producir esa filtración; información reservada que todavía no ha finalizado, porque de la anterior se deduce a dónde llegó la filtración, pero no se concluye quién la filtró. Por tanto, en esa segunda información reservada se dirimirá y habrá las indagaciones correspondientes al tribunal.
El tribunal --como perfectamente conoce S. S.-- es nombrado por la administración penitenciaria, buscando a profesionales de la institución.
Supongo que S. S. convendrá conmigo en que un tribunal de esta naturaleza no debe

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contar con políticos, porque si así fuera, habría tenido que oír a S. S.
que como los políticos están en el tribunal, se producen estas cuestiones. Yo sé que S. S. respeta enormemente al conjunto del personal de los establecimientos penitenciarios, por lo que no dudo de que S. S.
sabe que todos los tribunales están formados no solamente por personas del área de selección, sino por personas prestigiosas y prestigiadas en las áreas de tratamiento y permisos, de inspección, de gestión de personal y, por consiguiente, quiero decir que están representados en este tribunal, al máximo nivel, las personas que más saben de la casa, que más saben de los temarios. Dicho esto, el tribunal es soberano. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero cualquier administrativista le dirá que no es responsable el Director General de Administración Penitenciaria de que el tribunal vigile o no vigile. Todavía no tengo los datos para saber lo que vigiló. Corresponde al tribunal cómo recibe las preguntas, cómo hace la reprografía. En todos los actos posteriores al nombramiento del tribunal, el tribunal es soberano, y si no ha actuado bien y ha habido negligencias, habrá de demandársele responsabilidades, a través de la correspondiente información reservada o expediente. Pero es soberano.
Eso por una parte. Por tanto, todavía queda mucho que aclarar en esa información reservada respecto al tribunal. La única responsabilidad de la administración penitenciaria es el nombramiento del tribunal, y el tribunal está formado por lo más cualificado de la casa, de los servicios centrales, para organizar y desarrollar las pruebas. Cuestión distinta es lo que haya podido suceder, cuestión que lamentan también todos y cada uno de los miembros del tribunal, que tienen un profundo disgusto por lo sucedido, lo cual usted conoce.
Lo dicho no se debe ligar con la primera cuestión, que no he comentado ante la Comisión, porque no tiene nada que ver. Es verdad lo que dice S.
S. que en el mes de septiembre se constató, por denuncia de algunas academias de Madrid, que una persona que estaba en el servicio de formación de la Dirección General de Administración Penitenciaria había enviado una carta --no se constató en la denuncia que hubiera enviado ejercicio alguno-- utilizando indebidamente direcciones a las que había tenido acceso por razón de su trabajo.
¿Me quiere sugerir S. S. que el Director General de Administración Penitenciaria debiera tener un policía al lado de cada funcionario? No es eso, porque, además, confiamos, en términos generales, plenamente en los funcionarios. Ese no es el supuesto. Alguien que tiene acceso por razón de su cargo utiliza indebida e ilícitamente en beneficio propio unas direcciones de las que dispone, porque están ahí, en su departamento. En algún departamento tienen que estar; no son direcciones para guardar en una caja fuerte, son direcciones para tener, porque con esos opositores hay que tener una relación fluida y comunicarles las sucesivas pruebas.
Es en el departamento donde está esta persona donde tienen este listado.
Comprobada esta cuestión, lo que se hizo fue suspender de empleo y sueldo a dicho funcionario y poner las actuaciones en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si consideraba que había delito; actuación inmediata y fulgurante. Me dirá usted: Es que de lo que haga ese funcionario es responsable el Director General, la Secretaria de Estado.
No. Cada uno tenemos una responsabilidad y tenemos la que tenemos. Si no, no habría ninguna responsabilidad en ningún funcionario, en ninguna persona contratada por la Administración de la que no tuviera que responder, en última instancia, el máximo responsable de la institución.
Eso sería completamente imposible. Yo creo que no habría cabezas de Administración, ni en la Administración central, ni en las comunidades autónomas, si llegásemos a esa conclusión, que yo creo que no es a la que quiere llegar S. S.
Reitero para quien no conozca lo sucedido (ya veo que S. S. conoce muy bien lo sucedido y me congratulo) o no haya tenido ocasión de seguir tan puntualmente como S. S. todo lo sucedido, que esta cuestión nada tiene que ver con la filtración. Es una actuación absolutamente reprobable que ha dado lugar a algo de tanta gravedad como es la suspensión de empleo y sueldo, sin que todavía haya una imputación ni un procesamiento penal.
Hemos suspendido de empleo y sueldo por considerar que era de una gravedad innegable; pero nada más se ha producido. Ninguna de las academias que en su momento denunció esta cuestión, ninguno de los denunciantes adujeron en absoluto ninguna otra filtración. Por tanto, separemos esto.
Evidentemente, como usted, lamento tremendamente, y así tuve ocasión de expresarlo públicamente ante los medios de comunicación, que el mal actuar de supongo que uno o dos funcionarios salpique al conjunto de la Administración penitenciaria y que eso haya producido un mal de tanta gravedad para los opositores y para la propia institución que, como usted conoce, necesitaba de forma urgente el ingreso de estas personas. Como consecuencia de este largo proceso al que nos vemos abocados y de que es previsible que no podamos convocar esa misma prueba antes de agosto o septiembre, hemos solicitado la posibilidad de contratar interinos en el mismo número de plazas convocadas para poder afrontar lo más rápidamente posible esta cuestión. Espero que se nos autorice esa contratación de interinos, que solamente serviría para paliar esta grave situación que tenemos, puesto que, además, al estar Soto disponible, en los últimos retoques para abrirlo, necesitamos esta posibilidad de contratación para no dejar los centros penitenciarios de los que salen los funcionarios que van a Soto en absoluta precariedad.
Estas eran las dos cuestiones que, muy brevemente, yo quería separar y dejar constancia de ellas.
Gracias por su tolerancia, señor Presidente, con mi tiempo.


El señor PRESIDENTE: No ha sido excesiva. Ha estado pendiente del reloj, señoría.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad, señor Presidente.
En primer lugar, yo tengo que abonar nuevamente la curiosa interpretación que hace S. S. del principio de jerarquía administrativa y de responsabilidad política subyacente.


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Por lo visto, solamente es responsable administrativo o penal, en su caso, y político, quien hace el hecho, pero nunca el superior jerárquico correspondiente, desde luego nunca el superior político, ni siquiera cuando, como en este caso, se producen gravísimas consecuencias para personas y para el sistema y yo creo que, incluso también, para la Hacienda pública, a lo que luego brevemente me referiré.
Tengo que decirle, señora Secretaria de Estado, que coincidimos usted y yo en que los primeros agraviados por todo este asunto, si cabe hacer esa jerarquización, son los propios miembros de los tribunales.
Evidentemente, porque la posible actuación irregular de alguno de sus miembros pone en cuestión a estas personas. Y no es justo hacerlo y, desde luego, desde nuestro punto de vista, no abonamos esa interpretación. Pero no es una cuestión de soberanía de los tribunales, la cuestión es si la Administración ha puesto a disposición de los tribunales los medios materiales necesarios para que éstos, soberanamente, puedan realizar su función en las debidas condiciones para garantizar la diligencia en los tiempos y para garantizar, naturalmente, la discreción y la custodia en sus propios elementos didácticos o en la preparación de los elementos de selección. Y nosotros tenemos que concluir, habida cuenta de las informaciones de que disponemos, que la Administración no ha puesto a disposición de los tribunales los medios materiales necesarios para poder llevar adelante esa tarea que les corresponde, soberanamente, pero en las condiciones debidas.
En segundo lugar, yo ya he dicho en mi primera intervención que el caso de la academia de Madrid no tiene que ver directamente con este asunto, pero también he dicho que era un precedente claramente relativo a un estado de cosas, que al final ha producido lo que ha producido. Por cierto, me dice S. S. que el funcionario en cuestión solamente remitió unas cartas a los opositores. No, señora Secretaria del Estado, remitió unas cartas a los opositores y, como muy bien sabe S. S., vendió apuntes al precio de 9.800 pesetas, con material elaborado por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios y, por tanto, propiedad de ésta. Eso es un dato importante que no se puede obviar.
En tercer lugar, nosotros decimos que, habiéndose producido estas filtraciones, han causado un perjuicio notabilísimo a personas y al sistema, y no solamente a las personas cuyo esfuerzo ha quedado baldío después de mucho tiempo de preparación, no solamente al sistema en tanto en cuanto no se va a poder, teóricamente --otra cosa son las medidas que se adopten una vez producidos estos hechos--, disponer en los centros de las previsiones dimanantes de la oferta pública de empleo de 1994, sino, además, evidentemente, también, creemos, desde nuestra interpretación, a la Hacienda pública, porque esos contratos interinos que ahora van a tener que formalizar deprisa y corriendo para cubrir esas necesidades de los centros le van a costar a la Hacienda pública probablemente un plus que no hubiera costado en sus términos exactos la presencia de los funcionarios en prácticas, y todos estos motivos son suficientes, señora Secretaria de Estado, para que hoy no hubiera usted venido aquí coja política y dialécticamente, para que nos hubiera dicho, como nos ha dicho: se han causado graves perjuicios, enormes perjuicios. Y, en virtud de esa conclusión a la que he llegado, he adoptado las siguientes decisiones de naturaleza política vinculadas a los responsables, a sus colaboradores más directos, que tienen la responsabilidad política de estos hechos. La lástima, la cojera dialéctica, señora Secretaria de Estado, es que usted haya concluido con nosotros en las mismas valoraciones pero que a continuación nos diga que de momento nada ha pasado, y yo me atrevo a decir que en su mente está que nada pase.


El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Reitera S. S. aquello que me recuerda mis clases de Derecho, que era algo así como que el que es causa de la causa es causante del mal causado, en aquella explicación bastante cursi que se nos daba de decir que el carpintero que hizo la cama donde los adúlteros consumaron su adulterio es causante de ese adulterio; en aquel ejemplo rocambolesco que todavía hoy recuerdo. Porque vuelve a insistir usted: sus colaboradores, y no lo que salga del expediente, el tribunal o en su caso quien ha hecho, en el supuesto anterior, la acción absolutamente deleznable. Es verdad que, como usted dice --no lo he dicho pero no por ocultar nada, sino porque en ese momento no recordé el asunto, porque no tengo aquí esa denuncia--, algunos de los que habían recibido la carta pusieron de manifiesto que, al parecer, supuestamente había vendido apuntes en los que había colaborado el conjunto de la casa. Eso también consta en las actuaciones que han sido remitidas al Ministerio Fiscal y es un dato por el cual se ha tomado esta decisión tan grave de suspensión de empleo y sueldo, que es la más grave que se puede tomar frente a un funcionario.
Por tanto, reitero, yo creo que las responsabilidades están donde están y tirar por elevación creo que es acabar en eso que nos explicaban en aquellas clases de derecho de que el carpintero que hizo la cama es el causante finalmente del adulterio. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, si usted pide la palabra se la voy a dar por unos breves segundos, pero les advierto que yo no voy a suspender la Comisión hasta que se agote el orden del día. Treinta segundos.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, quiero agradecerle lo que acaba de decir, que no va a suspender la Comisión hasta que se agote el orden del día. Estamos absolutamente de acuerdo.
Muy brevemente. Señora Secretaria de Estado, en un régimen parlamentario democrático no se tira por elevación; en un régimen parlamentario democrático se suscitan y se sustancian responsabilidades políticas.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Simplemente

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quiero decir, para que conste en el «Diario de Sesiones», que yo comparto los postulados de un régimen democrático parlamentario. ¡Faltaría más! Yo no sé si eso es una insinuación, pero quiero que conste que evidentemente comparto, como usted o al mismo tiempo que usted, esa cuestión, pero no en la interpretación que hace. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha acabado el debate, con todas las consecuencias.


--CRITERIO SEGUIDO POR EL GOBIERNO AL DECRETAR LA DISPERSION DE OCHO INSUMISOS PRESOS EN SEGUNDO GRADO, QUE SE ENCONTRABAN EN LA CARCEL DE PAMPLONA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/000939.)

--OPINION DEL GOBIERNO AL ARGUMENTO DADO POR DON ANTONIO GARCIA, DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA, AL DECRETAR LA DISPERSION DE OCHO INSUMISOS PRESOS EN ESE CENTRO. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/000940.)

--EXISTENCIA DE LA PRECEPTIVA PROPUESTA PREVIA, ANTE LA DISPERSION DE PRESOS INSUMISOS DE NAVARRA A OTROS CENTROS PENITENCIARIOS. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/000941.)

--PROPOSITO DE LA DISPERSION DE PRESOS INSUMISOS DE NAVARRA A CENTROS PENITENCIARIOS ALEJADOS DE SU ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/000942.)

--EXTENSION A TODOS LOS PRESOS INSUMISOS QUE ROMPIERON EL TERCER GRADO DE LA POLITICA DE DISPERSION LLEVADA A CABO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PAMPLONA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/000943.)

El señor PRESIDENTE: Observo que el que no padece limitaciones funcionales para llegar a tiempo de formular sus preguntas es el señor Romero, a quien le doy la palabra a continuación para formularlas en conjunto, ya que hubo un acuerdo de la Mesa acumulando las cinco preguntas que ha formulado.


El señor ROMERO RUIZ: En primer lugar, le felicito como Presidente de esta Comisión, en mi condición de componente de la misma y de colega suyo de la Mesa que preside. No he podido venir antes, porque está uno de Comisión en Comisión, de oca en oca, con propuestas y con problemas, pero yo creo que todo eso se superará, como S. S. y el que habla sabemos, a raíz de las próximas elecciones, en que tendremos un grupo más numeroso.
Voy a ser muy breve y a acumular todas las preguntas, porque todas ellas la señora Secretaria de Estado sabe que se refieren a un mismo tema. Son apreciaciones desde distintos ángulos a un mismo problema. El criterio seguido desde el Gobierno y desde la Institución que usted dirige de decretar la dispersión de ocho insumisos presos en segundo grado, que se encontraban en la cárcel de Pamplona. La opinión que el Gobierno tiene sobre el argumento y las palabras que empleó el Director del Centro Penitenciario de Pamplona, don Antonio García, al decretar esta dispersión de los insumisos presos que se encontraban allí. Si existía o no la preceptiva propuesta previa para que esta dispersión se llevara a cabo desde Navarra a otros centros penitenciarios. Qué propósito lleva a la institución que usted dirige, Instituciones Penitenciarias, para dispersar a esos jóvenes insumisos de Navarra en otros centros, y aislarlos de su entorno social y familiar. La última pregunta va dirigida a saber si ésa es la norma nueva que se va a seguir en otros casos. Hay en España en la actualidad más de 156 jóvenes insumisos que cumplen condena distribuidos entre distintas cárceles de nuestro país, según los últimos datos que hay en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y queríamos saber si ése es el criterio de Su Señoría.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): En primer lugar, quiero aclarar a S. S. que nosotros no compartimos desde Instituciones Penitenciarias, desde el Ministerio de Justicia e Interior, como tuvo ocasión de contestar y explicitar el propio Ministro de Justicia e Interior a preguntas de un Senador de su Grupo, don Alvaro Martínez Sevilla, el término «dispersión» aplicado a los insumisos. Dispersión se refiere siempre a la distribución de todo un colectivo por los centros penitenciarios. Y aquí lo que hubo fue una decisión de que ocho personas que estaban en el Centro penitenciario de Pamplona se trasladaran a otros centros penitenciarios ante el número de incidentes tan importantes que coincidieron en Pamplona justo con los «Sanfermines», en los meses de junio y julio, y la imposibilidad de mantener la debida disciplina dentro del centro penitenciario, concretamente dentro del régimen cerrado del centro penitenciario. Por tanto, no dispersión, sino exclusivamente traslado de ocho insumisos que habían protagonizado especialmente aquellos incidentes, para evitar, primero, que el ambiente del centro continuase deteriorándose.
Había numerosísimas quejas, no sólo del Director, sino de los funcionarios, que decían que no podían soportar los gravísimos insultos, las amenazas, los lanzamientos del

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exterior. Podría relatar a S. S. toda una serie de incidentes que dieron lugar a este traslado. De hecho, en este momento en las prisiones españolas hay 199 insumisos; 145 de ellos en tercer grado y sólo 38, en segundo grado. Sólo hubo problemas en el Centro penitenciario de Pamplona. En ninguno de los otros centros penitenciarios, donde también algunos de los insumisos han renunciado al tercer grado y han decidido que querían acogerse al segundo grado, se produjeron los gravísimos incidentes regimentales que dieron lugar a numerosísimos partes de los funcionarios y, a su vez, a recursos de los insumisos, la mayor parte de los cuales fueron desestimados por el Juez de Vigilancia Penitenciaria que conoció de los hechos. Por tanto, no hay ninguna decisión de traslado masivo, simplemente de estas ocho personas.
Me preguntaba S. S. si se habían realizado los trámites preceptivos.
Evidentemente; el Reglamento penitenciario prevé, una vez que la Dirección General decide que un determinado recluso del sistema penitenciario español sea trasladado, dos posibilidades: una, que lo pida el equipo de observación y tratamiento o la junta de régimen; dos, que lo pida el Director. En este supuesto lo pidió el Director razonadamente a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, haciendo alusión al conjunto de incidentes que antes le comentaba, de actitud general de indisciplina, de corear expresiones tales como «funcionarios, mercenarios», otras expresiones mucho más graves como «tener cuidado con lo que hacéis», «funcionario, el mejor, muerto», colocar pegatinas, algunas de ellas de apoyo a ETA, negarse a hacer la limpieza en clara discriminación... etcétera. Una serie de incidentes que sólo han sucedido en Pamplona y no en ningún otro centro penitenciario. El Director del Centro solicita de la Dirección General que ocho personas sean trasladadas de su centro y la Dirección General decide ese traslado, traslado que se comunica, como también es preceptivo, el 8 de septiembre de 1994. La decisión de traslado se adopta el 6 de septiembre de 1994 por la Dirección General y se comunica al Juez de Vigilancia Penitenciaria en fecha 8 de septiembre de 1994. Esta es la respuesta.
Respecto a la última pregunta de si se piensa extender esta actuación a todo el colectivo de presos insumisos que en su día rompieron el tercer grado, en absoluto. Sólo se hizo con ocho de estas personas. El resto están cada uno de ellos en el centro donde han ingresado. De todas formas, cada vez son más los que cumplen el tercer grado y cada vez menos los que deciden conculcar el tercer grado para forzar a la Administración Penitenciaria a clasificarlos en segundo grado penitenciario en lugar del tercero. Es en el que se clasifica directamente y a los pocos días de ingresar, como S. S. conoce, a los insumisos, por el tipo delictivo en el que están inmersos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señora Secretaria de Estado, está claro que los jóvenes de Pamplona estaban condenados por el delito de insumisión, no por otra cosa, y que si crean problemas de indisciplina o de altercados en el centro, como ha relatado, los pueden crear en otro centro donde se les envíe.
Creo que en este caso el traslado, la dispersión o la argumentación que se planteó no era ajustada a lo que debe ser la labor del director y de los funcionarios en un centro penitenciario que acoge a presos de estas características. Hubo una solicitud, que ustedes atendieron, y que supuso el traslado y la dispersión, porque no se concentraron en los mismos lugares, de los ocho jóvenes que estaban condenados como insumisos en el Centro de Pamplona.
Le agradezco la información en nombre de mi Grupo parlamentario. Los números que nosotros teníamos se ven incrementados por sus datos, son 199 jóvenes los que cumplen delitos por insumisión, tanto en el tercero como en el segundo grado, en la actualidad, y lo que nosotros decimos, y nos parece interesante su respuesta, es que con este colectivo no se puede seguir en ningún caso la política de dispersión o traslado para aislarlos de su lugar social y de su entorno familiar, entre otras cosas porque el gran colectivo de objetores de conciencia e insumisos están influidos precisamente de unos valores que son pacifistas, que en ningún lado ponen en cuestión lo que significa la convivencia pacífica y las relaciones entre la gente. Son personas de una cultura universitaria o media alta, muy importante, según las encuestas que se han hecho, de valores, de solidaridad en las campañas del 0,7 y en otras, en la mayoría de los casos, que deben tener el trato que en este momento dispensa la legalidad española. Nosotros, como conocen S. S. y esta Cámara, hemos propuesto la despenalización de la insumisión como delito y lo vamos a llevar en esta Comisión a debate en la nueva elaboración del Código Penal; incluso en el Pleno de la Cámara ha sido objeto de iniciativas por nuestra parte.
Por tanto, si es un hecho aislado, si en esos casos se está dispuesto a revisar cada reclamación de la que han hecho los jóvenes y sus familiares y se entiende, no sólo por el marco de Navarra y por la situación del País Vasco o por la situación que allí exista, sino porque están condenados sólo por insumisión, que deben ser atendidos y abordados como jóvenes.
Esa era nuestra preocupación, la denuncia que nos hicieron llegar nuestros compañeros de Navarra y se lo trasladamos en el día de hoy cumpliendo con este trámite parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Un segundo, señor Presidente.
Agradezco el tono de su intervención, señor Diputado. Con independencia de la valoración que podamos hacer y de cuál es, además, el proyecto del Código Penal respecto a la insumisión, la sustitución de penas de prisión por otras, desde la perspectiva de la Administración penitenciaria necesariamente y cuando están en segundo grado

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por nuestra parte tenemos la obligación de mantener el régimen normalizado en prisión.
Probablemente los incidentes se produjeron por coincidir con las fiestas de Pamplona; es más, hay un recurso concretamente de los insumisos allí internados que recurren al juez de vigilancia porque la dirección del centro decide cerrar un patio en el que se tiraban botellas de vino desde fuera. ¿Para qué? Para evitar mayores males, porque lo que se intenta es que la convivencia entre reclusos y funcionarios sea normalizada. Se cierra ese patio, recurren y el juzgado de vigilancia considera que procede, para evitar los incidentes graves que se han constatado, el cierre temporal de ese patio.
Tenga la seguridad de que se ha hecho ajustado a Derecho y que se ha hecho para impedir que fueran «in crescendo» estos incidentes que existieron y los conoce todo el que estaba allí. Incluso, en cierto modo, alguno de los padres de los insumisos que tuvieron ocasión de trasladarse a Madrid, a quienes se les explicó cumplidamente por parte del Director General, lo reconocen; se exhibió incluso una carta de uno de los trasladados al periódico «El Mundo» en el que dicen frases muy gruesas respecto a los funcionarios y se les dio la cumplida explicación.
En este momento, de los ocho trasladados, tres me parece que ya están en libertad definitiva y parte de los otros está a punto ya de obtener su libertad; si no es en breve plazo veremos, una vez que está normalizada y tranquilizada la situación, la posibilidad, si se prolonga en el tiempo su estancia, de mantenerles en el mismo sitio o llevarles a otro.


--VINCULACION DE LA CONCESION DE PERMISOS PENITENCIARIOS CON LA APLICACION DE UNA FORMULA MATEMATICA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001230.)

--MEDIDAS PARA SOLVENTAR LAS CARENCIAS QUE, EN MATERIA DE SEGURIDAD, PADECE EL CENTRO PENITENCIARIO DE ALCALA II (MADRID). FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001231.)

--MEDIDAS PARA CORREGIR LAS INSUFICIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID III (VALDEMORO). FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001232.)

--VARIACIONES QUE INTRODUCIRA EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE INTERNOS CONFLICTIVOS EN EL SISTEMA DE FICHERO DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO (FIES)-REGIMEN ESPECIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001233.)

--CRITERIOS PARA EL ABONO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001234.)

--VALORACION DE LA EVOLUCION DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) EN EL CONJUNTO DE LA POBLACION PENITENCIARIA ESPAÑOLA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001237.)

--CIERRE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CARABANCHEL (MADRID). FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001238.)

--SOLUCION PREVISTA PARA LA REDISTRIBUCION DE LOS INTERESES BANCARIOS QUE GENERAN LAS CUENTAS DE LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001239.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar las preguntas que ha formulado el Diputado señor Gil Lázaro, que figuran con los números 13 a 20, ambas inclusive.
Tiene la palabra para formularlas y, si no he entendido mal, las realizará agrupadamente.


El señor GIL LAZARO: Si lo permite la Presidencia, formularía separadamente la número 13 y luego todas las demás en un mismo bloque.


El señor PRESIDENTE: Puede proceder así.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señora Secretaria de Estado, la instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre estudio y tramitación de permisos de salida, comienza reconociendo un hecho evidentemente cierto cuando dice literalmente que no puede ocultarse la especial sensibilidad y alarma social que surge cuando llega a producirse un fracaso en el disfrute del permiso o el mismo se aprovecha para la comisión de un nuevo delito.
Si bien es cierto que continuamente la Administración penitenciaria viene manejando cifras oficiales en cuanto a la reducción en el nivel de fracasos de estos permisos, no es menos cierto que la gravedad del asunto se plantea en los términos mismos de la alarma social que, efectivamente, produce una situación de fracaso en esta institución del tratamiento.


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La circular hace referencia a los permisos extraordinarios y ordinarios de salida previstos en los puntos 1 y 2 del artículo 47 de la Ley Orgánica y no afecta a los de fin de semana previstos en el artículo 45.7 del Reglamento.
Acompaña a la circular, y en ello queremos centrarnos, un denominado instrumento de predicción del riesgo en la concesión de permisos penitenciarios de salida, subtitulado «Manual de la prueba». Muy brevemente vamos a hacer algunas referencias a él. Comienza este llamado instrumento de predicción del riesgo diciendo que el presente instrumento es idóneo para calcular el riesgo que existe a la hora de conceder un permiso penitenciario de salida. Para poder obtener de forma adecuada tal información, es preciso que lea detenidamente estas instrucciones. El proceso es sencillo, si bien algo laborioso; le recomendamos que repase al menos una vez todos los cálculos que va a tener que realizar. Y subraya el propio documento: Piense que una pequeña equivocación en los cálculos puede originar resultados en la prueba totalmente dispares.
A continuación, en este manual se dice que se va a encontrar la siguiente documentación. Primero, tabla de variables de riesgo. Y dice: Es la que se debe aplicar a cada interno a la hora de decidir la concesión o no de un permiso penitenciario de salida. Se señalará dentro de cada celdilla el valor que mejor represente la característica del interno en cada una de las diez variables de la tabla.
Segundo, tabla para el cálculo de los valores de las variables de riesgo.
Una vez que se ha rellenado la tabla anterior, es preciso obtener la puntuación directa de cada interno en la prueba. Para facilitar este proceso se ha creado esta tabla a efectos sólo de mero cálculo.
Y continúa. Tercer documento. Valores de cada una de las diez variables de riesgo. Las puntuaciones de cada interno en la prueba tienen que ser transformadas en puntuaciones directas de riesgo. Para ello, consulte las tablas de valores de cada una de las diez variables de riesgo. Busque en la primera columna la respuesta del sujeto y determine en la segunda columna cuál es la puntuación directa de riesgo. Dicha puntuación directa de riesgo es la que debe figurar en la tabla para el cálculo de los valores de las variables de riesgo.
Siguiente documento, siguiente paso en la elaboración: Ecuación de riesgo. Es importante lo que literalmente señala el documento. Dice: Las puntuaciones parciales de riesgo que ha ido obteniendo, una para cada variable de riesgo, deben combinarse para formar una única puntuación indicativa del riesgo global. Para poder realizar este paso es preciso aplicar una fórmula matemática que figura después de las tablas de los valores de las variables de riesgo. Para facilitarle los cálculos, en la tabla para el cálculo de los valores de las variables de riesgo se ha incluido un espacio donde puede efectuar los cálculos parciales y determinar la puntuación final de riesgo. Entonces, ustedes mismos, con signos de exclamación, dicen: ¡Por favor, repase todos los cálculos! Si la puntuación final de riesgo que obtiene tras la aplicación de la fórmula es muy distinta a las especificadas en la tabla del baremo, debe repasar las operaciones y cerciorarse de que los cálculos son correctos.
Y terminan diciendo: baremo de la prueba. La puntuación que acaba de calcular debe interpretarse para poder saber qué significa dicha puntuación. Utilizará la última de las tablas de este manual. En dicha tabla localizará, en la primera columna, el valor final de riesgo encontrado en la fórmula y examinará en la segunda columna lo que significa cualitativamente dicha puntuación, así como el nivel porcentual de riesgo, lo que implica la concesión del permiso.
Estas dos informaciones, la cualitativa y la cuantitativa, puede también especificarlas en la tabla para el cálculo de los valores de las variables de riesgo. De esta manera tendrá toda la información del interno.
Y termina señalando que, tras obtener las puntuaciones baremadas, tanto la cualitativa como la cuantitativa, dispondrá de suficiente información como para decidir si debe conceder o no un permiso penitenciario, y debe conceder o no un permiso penitenciario en aplicación de la siguiente fórmula que establece el manual: riesgo igual a A partido por B, multiplicado por 1.000, de donde A es igual a E elevado a equis y B es igual a uno más E elevado a equis, donde equis es igual a menos 3.238 más valor V subuno, valor V subdos, valor V subtres, valor V subcuatro, valor V subcinco, valor V subseis, valor V subsiete, valor V subocho, valor V subnueve y valor V subdiez; y E es igual a la base de los logaritmos neperianos, igual a 2.718.281.
Y, claro, a la vista de todo esto, señora Secretaria de Estado, a la vista de que en determinados momentos dramáticos por el quebrantamiento de permisos un entonces ministro, hoy ex ministro, dijo de una manera contundente que los experimentos se tenían que hacer con gaseosa y a la vista de que esto supone una burocratización y despersonalización absoluta de la significación misma del permiso como institución del tratamiento y, evidentemente, supone un manifiesto galimatías, le queremos preguntar si esta instrucción sobre permisos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está o no vigente y, en el supuesto de que esté vigente, si lo está en todos los centros penitenciarios o solamente en algunos. En definitiva, lo que queremos saber es qué razones prácticas entiende la Secretaría de Estado que son aconsejables para vincular la concesión de permisos penitenciarios con la aplicación de una fórmula matemática.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar a la pregunta la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): En primer lugar, y rotundamente, no hay tal vinculación, y luego lo explicaré.
Lamento profundamente, señor Gil Lázaro, que usted en su intervención, no sé si consciente o inconscientemente, de alguna forma haya denostado o banalizado, empleando la expresión «experimentos con gaseosa», un trabajo científico muy importante que se hace de dos maneras: primero, hace más de tres años que Instituciones Penitenciarias, que es quien está en contacto directo con estos permisos, sobre los que luego hablaré, lleva trabajando en

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unas variables de predicción complementarias para la toma de decisiones.
Es un trabajo que ha hecho con enorme ilusión, con enorme seriedad; es un trabajo, finalmente, validado, una vez obtenidas las variantes por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid --por lo tanto, un trabajo riguroso científicamente--, que es evidente que supone una herramienta más, y usted lo sabe perfectamente. ¿Para qué una herramienta más? Para quien no tenga muy claro el tema de los permisos, los ordinarios los autoriza el juez de vigilancia y los concede el equipo técnico. El equipo técnico, cuando un recluso le pide un permiso, hace un informe. Llamamos conceder un informe a hacer un informe favorable, y si ese informe es favorable, se traslada al juez, quien es, en definitiva, el que debe asumir el riesgo de autorizar el permiso. Es verdad que los permisos son un tema sensible en la sociedad, pero no es menos cierto que todas las legislaciones penitenciarias europeas y el Consejo de Europa se ha pronunciado reiteradamente en la necesidad de ir dando esos permisos para preparar la vida en libertad y como un medio, el más importante del tratamiento probablemente, y para verificar si el tratamiento que se está produciendo dentro de la prisión es el idóneo o hay que modificarlo. Por tanto, probablemente el permiso es una de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, en último término, más importantes del conjunto de las que se hacen con la población penitenciaria.
En consecuencia, puesto que los equipos tienen que pronunciarse, entonces lo que se hizo fue buscar esa variable de predicción estadística, como habitualmente se emplean, por ejemplo, en la predicción de quién está mejor situado para ganar unas elecciones o no en la predicción que se hace en una institución bancaria utilizando variables para decir cuántos créditos van a resultar fallidos, si quien solicita el crédito reúne determinadas condiciones personales. Por tanto, instrumentos absolutamente lícitos.
En este caso, estas variables de predicción se formulan a partir de una experiencia sobre una muestra de 1.500 internos, experiencia que, como digo, ha llevado tres años de largo trabajo, de enorme ilusión y que en este momento es un orgullo para la institución haber llegado a elaborar esta validación, esta herramienta que complementa.
A la pregunta de si es vinculante, reitero --no me malinterprete-- que no es vinculante, pero, evidentemente, lo que tiene que saber el equipo es que, produciéndose determinadas variables de riesgo en un índice superior al 65 por ciento, que es el punto en el que hay un cruce a partir del cual el riesgo empieza a ser sensiblemente más importante, tienen que reflejarlo, además ponderando, como en cualquier otro informe de permiso, otras concurrencias y circunstancias peculiares. Es decir, no sólo es eso, sino que eso es una parte de su informe que, a tenor del artículo 245, le puede dar una pista.
Toda esta cuestión que ha presentado usted, tan compleja, es, señorías, objeto de un sencillo programa informático, y en este momento tienen en disquete todos los equipos de tratamiento. Personalmente, yo he tenido ocasión de contemplar directamente cómo se producía ese cumplimiento del programa en un ordenador. He querido observar directamente si esto era una complejidad imposible o no. Evidentemente, no lo es. Creo que nos debemos felicitar de que aquella institución, que aparecía con ciertos tintes de no modernidad, se decida por incorporar a esa decisión tan singular y tan importante, como es la concesión de permisos penitenciarios, precisamente esa tabla de valoración de riesgos.
Además de esto, los equipos de tratamiento deben de estudiar el tipo delictivo: si el condenado es por delito contra las personas o contra la libertad sexual; si pertenece a una organización delictiva o si pertenece a banda armada o de carácter internacional o narcotraficante; trascendencia social, etcétera. Es decir, existencia de especial ensañamiento en la ejecución y pluralidad de víctimas o que éstas sean menores de edad o especialmente desamparadas: si ha cumplido las tres cuartas partes, si ha tenido algún trastorno psicopatológico y, en definitiva, cualquier otra variable que el equipo de observación y tratamiento haya podido comprobar en ese contacto con la vida diaria del interno que tiene todos los días.
En definitiva, señoría, yo creo que quien le haya informado realmente todavía no ha digerido la instrucción de reciente promulgación, que ha entrado en vigor el 1.º de febrero, y estoy segura de que ha sido una primera impresión. No es la que tenemos del conjunto de los equipos, no es la impresión de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ya con anterioridad a formular, validar y depurar las tablas de riesgo nos venían solicitando información sobre las mismas, porque, en definitiva, quien más datos tiene que tener es el juez que finalmente va a autorizar el permiso y, por tanto, el responsable último de que este permiso se produzca con fracaso o con más posibilidades de fracaso que otros.
En consecuencia, de verdad le invito a congratularse conmigo por esta herramienta de la que dispone en este momento el conjunto de los equipos de tratamiento de los 72 centros españoles. Creo que va a ser enormemente útil, que ya es enormemente útil, que está siendo útil desde hace dos o tres años, cuando todavía no tenía esta validación científica que ahora tiene, y que, en definitiva, no aporta nada más que una herramienta más a esa discrecionalidad que finalmente tienen y una obligación de pronunciarse sobre determinadas cuestiones. Evidentemente, algunos jueces dicen que ante determinados informes poco concretos no pueden pronunciarse con claridad, porque no saben con qué riesgo están autorizando o no un permiso; no lo saben, y dicen: Perfeccionen ustedes sus informes.
Yo estaré encantada de poner a disposición de SS. SS. el pequeño folleto en que se divulgan lo que son estos permisos de salida y el más amplio de la validación. Todo esto les ha sido enviado --me alegro de que lo tenga S. S.-- a los jueces de vigilancia penitenciaria, como es habitual, y estoy segura de que tendrá un efecto absolutamente positivo y en ningún caso ninguna connotación negativa en esta mejora profesional y modernización del sistema penitenciario y, sobre todo, por lo que supone, se lo reitero, señoría, el esfuerzo de muchas personas fuera y dentro de su horario de trabajo con gran ilusión. Yo querría trasladarle la defensa ardiente que me hizo el equipo que me presentó

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el programa informático sobre lo que para ellos suponía ver finalmente visualizado este trabajo, que es para enorgullecer a la administración penitenciaria española.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente, para señalar que, efectivamente, es de valorar, sin lugar a dudas, el esfuerzo de los profesionales que han participado en esta aportación y que ésta, sin lugar a dudas, hubiera sido una aportación muy interesante si se hubiera realizado con la secuencia de las aportaciones previas necesarias.
Lo que temo es que con esto ustedes lo que están tratando es de paliar una situación previa anterior, que es la que realmente hay que atender.
Es decir, la de las debidas y adecuadas dotaciones de los equipos de observación y de tratamiento para que se pueda producir lo que es misión esencial de esos equipos, es decir, el contacto directo y personal con los internos y si además el Ministerio hubiera proveído por sí o de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial la provisión también a los juzgados de vigilancia penitenciaria de los instrumentos materiales que necesitan, entre ellos, como vienen reclamando insistentemente los titulares de estos juzgados, los debidos equipos técnicos de asesoramiento y de apoyo que puedan interpretar o evaluar los informes que provienen de la administración penitenciaria o de los equipos de observación de los centros.
Yo temo que se va a producir un fenómeno de mecanización, pura y dura, similar, por ejemplo, al que se ha producido con el POI: Eso, sin lugar a dudas, señora Secretaria de Estado, iba a producir una frustración en el conjunto de los profesionales que o han trabajado directamente en este proyecto o están trabajando en las tareas de tratamiento, pero puede producir también un grave riesgo para el conjunto de la sociedad por el fracaso que se pueda producir en situaciones concretas de permisos otorgados y para los propios internos, porque sabe S. S. que, por lo menos, ha sido habitual en ciertos momentos en la política de la administración penitenciaria, que la única respuesta que se producía ante situaciones de fracaso de permisos que conllevaban hechos que acarreaban, a su vez, una alarma social, un debate o una reacción social llamativa, era restringir esa política de concesión de permisos.
No intente cambiar el sentido de mis palabras, porque mis palabras de hoy son consecuencia, además, de los debates que hemos tenido usted y yo a lo largo de esta legislatura.
Nosotros concebimos el permiso como una institución absolutamente clave del tratamiento. Es el paso previo, efectivamente, para esa acomodación plena del sujeto a su futura puesta en libertad y a su futura vida en libertad y es, además, un instrumento para evaluar, sin lugar a dudas, la eficacia del tratamiento que se ha seguido en el interior del centro, pero nosotros estamos convencidos, señora Secretaria de Estado, y nos encantaría equivocarnos, y subrayo lo dicho, que con la aplicación de este manual y de todo este proceso se va a sustituir aún más por un proceso puramente mecanizado lo que viene siendo ya una carencia que los propios profesionales resaltan en cuanto a la posibilidad de poder realizar ese contacto y ese seguimiento personal uno a uno con los internos.
Ya veremos lo que da de sí esta experiencia, pero, en todo caso, le recuerdo, señora Secretaria de Estado, que la expresión «experimentos con gaseosa» no es de este portavoz; es precisamente de alguien que, ante la alarma producida por el fracaso de un permiso, no se le ocurrió más que construir tan brillante formulación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Intervengo muy brevemente. Respecto a esta última frase, yo entendí que usted la aplicaba a esta otra situación. No hago esa comparación.
Quiero simplemente reiterar que en ningún caso --en mi opinión-- se puede producir una mecanización pura y dura, puesto que no hay una vinculación logaritmo neperiano y concesión de permiso, sino que el conjunto de las exigencias de la instrucción dictada obliga mucho más a los equipos, obliga mucho más a expresar, es decir, que elimina esa burocratización de decir, como una frase vaga, que no todos los equipos --sólo alguno-- tenían la tentación en determinada ocasión de decir: creemos que se va a portar bien, parece que por su comportamiento en el interior de la prisión, esperamos que disfrute su permiso y retorne a la prisión. Esa no necesidad de justificar la opinión, desde luego queda excluida en este momento a partir de la instrucción. Es necesario, obliga a más, pero da también los instrumentos para que esa mayor obligación y ese mayor rigor en cuanto a la prognosis de si se va a disfrutar bien o no del permiso se plasme de acuerdo con esta instrucción. Por tanto, estoy segura que será --y usted lo verá-- y tendrá ocasión de participarle esos resultados, que serán un apoyo absolutamente imprescindible para los jueces de vigilancia penitenciaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el señor Gil Lázaro para formular sus preguntas que figuran en el orden del día con los números 14 a 20, ambas inclusive.


El señor GIL LAZARO: En alguna de estas preguntas me hubiera gustado detenerme especialmente, pero, dada la altura de esta sesión y no queriendo fatigar a la señora Secretaria de Estado más de lo que probablemente lo hayamos hecho, me voy a ceñir, casi con concisión telegráfica, a alguno de estos asuntos.
La pregunta número 14 nos interesa en relación con las medidas para solventar las carencias que en materia de seguridad padece el Centro Penitenciario de Alcalá II, Madrid. Carencias de seguridad, fundamentalmente, determinadas por la variación de hecho que se ha producido en el propio enfoque inicial o concepción inicial del centro.
Un

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centro que estaba concebido para un determinado perfil de internos, internos menores de 25 años, con carácter de primarios, condenas cortas, buenos expedientes penitenciarios y altas posibilidades de resocialización y, en parte, también como centro mixto, con el fin de evaluar este sistema de convivencia en función del objetivo de reinserción, se ha visto hoy en día convertido (por el problema general de masificación que padece toda nuestra red de establecimientos penitenciarios) en un centro esencialmente distinto al que fue concebido inicialmente. Todo esto genera esos problemas de seguridad, en función, además, de que la concepción arquitectónica del centro lo era en virtud de ese inicial diseño del retrato del interno que tenía que albergarse en él. Un centro que, desde el punto de vista arquitectónico, se concibió, básicamente, como un centro de espacios abiertos, que permite a los internos poder prácticamente deambular por todo el establecimiento y en donde, además, las condiciones de separación entre módulos son prácticamente inexistentes, porque, como bien sabe usted, se trata de pequeños muros de no más de dos metros de altura que son continuamente franqueados.
Ha habido, además, una situación que se viene prolongando y que ha creado ya problemas internos, graves y que S. S. sin lugar a dudas no desconoce.
La falta de ese módulo de aislamiento ha determinado que en ciertos momentos y frente a hechos producidos en el interior de la prisión no se puedan aplicar las medidas reglamentarias. Incluso se han producido traslados de internos que venían de otras prisiones con sanciones de aislamiento a cumplirlo en esa prisión y tampoco han podido cumplir esa sanción de aislamiento por carecer el centro de esa instalación. Además, señora Secretaria de Estado, existe un problema que no se puede olvidar: el factor añadido que supuso el traslado desde Navalcarnero del módulo FIES, destinado a ex miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el hundimiento parcial de las instalaciones de Navalcarnero en las que estaban recluidos estos internos.
En definitiva, todo esto supone que en este momento estemos hablando de un centro que, además de la carencia de personal que tiene, ha variado esencialmente la finalidad para la que fue creado y que, sin embargo, como es natural --eso es inevitable o casi inevitable--, sigue contando con las características arquitectónicas para las que fue creado, pero que ya no se aprovechan para la realidad de la población penitenciaria incursa allí en este momento, que cuenta con graves carencias del personal adecuado para llevar el debido control de los movimientos interiores. Además, desde la concepción de la vida regimental se sigue entendiendo la articulación de esas condiciones de vida regimental en los mismos términos del establecimiento originario; es decir, como prisión, como centro penitenciario previo a la puesta a disposición del interno para la vida en libertad.
Todo esto genera, evidentemente, unos problemas, problemas que también tiene planteados el centro penitenciario de Madrid III, en lo que afecta a concepciones de seguridad, que han sido reiteradamente planteados a la Secretaría de Estado por diversas fuerzas sindicales pidiendo soluciones, puesto que afectan, por ejemplo, a los accesos al establecimiento, donde habría que adoptar medidas; algunas ya se han adoptado, pero habría que adoptar otras en convenio con la administración correspondiente, ya que hay un problema en el que estas fuerzas sindicales vienen continuamente insistiendo: el problema de los aparcamientos.
Asimismo, por las características especiales de una parte de la población penitenciaria recluida en el centro, es decir, internos pertenecientes a la banda terrorista ETA, la situación que en estos momentos plantea la ubicación de los vehículos de los funcionarios, junto con el hecho de que quizá ésta es la única prisión en España a la que casi se puede acceder a la puerta de entrada al establecimiento en vehículo, en definitiva, la falta de control que hay sobre personas y sobre vehículos que acceden al centro penitenciario, podrían determinar --ojalá no suceda-- el que en algún momento tuviéramos que lamentar alguna consecuencia desagradable, en la medida en que no se adopten esas disposiciones de carácter material para solventar estos hechos.
La pregunta número 16 hace referencia a las variaciones que introducirá el programa de recuperación de internos conflictivos en relación con el sistema del anterior fichero de internos de especial seguimiento (FIES), régimen especial. Me hubiera gustado detenerme sobre este aspecto, pero voy a ser muy breve.
En este momento no sabemos si la paralización del programa que se determinó inicialmente frente a la reacción que las organizaciones profesionales representantes de los funcionarios es definitiva o si hay intención de, en todo o en parte, poner en marcha ese programa. Desde luego, creemos, y lo hemos venido manifestando, que urge encontrar una situación de equilibrio entre los requerimientos de la seguridad y las previsiones de nuestra legislación penitenciaria, que concibe, respecto de los clasificados en primer grado penitenciario, una limitación de su participación en las actividades en común, pero no la supresión absoluta de éstas, como ha venido sucediendo con la aplicación del sistema FIES RE; pero también decimos, porque en este sentido nos parecen sensatas las puntualizaciones formuladas por las organizaciones sindicales, que parece que el diseño de este proyecto de recuperación de internos conflictivos está demasiado hecho sobre el papel, ya que, de entrada, la técnica del contrato conductual, con este tipo de internos de especialísima peligrosidad, es una técnica que no ofrece ningún género de garantías y que, como muy bien sabe usted, en relación con este tipo de internos se está en franca regresión en todos los sistemas penitenciarios de nuestro entorno. Insisto en que me refiero a esa técnica en relación con este tipo de internos de especial peligrosidad.
Además, conforme a lo que hemos podido leer en ese proyecto inicial, parece que se establecen unas normas complementarias de carácter regimental y un sistema de incentivos que, desde luego, generan riesgos; generan riesgos para los funcionarios, generan riesgos para el resto de la población penitenciaria, pero, además, generan desigualdades en función de que se establece un sistema de incentivos

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que prima mucho más la buena conducta de este interno inicialmente conflictivo que la buena conducta inicial y mantenida del interno que en ningún momento ha presentado ese carácter conflictivo.
Además, nos da la sensación --y esto es algo en lo que las organizaciones sindicales han hecho un especial hincapié-- que se burocratiza en exceso el seguimiento del programa y que se puede limitar mucho la eficacia del mismo, al preverse, como prevé el programa, que las fichas de seguimiento formuladas por los profesionales puedan ser puestas a disposición del propio interno, lo cual parece, cuanto menos, una decisión un tanto alegre que va a limitar, como es natural, la formulación de juicios que tengan que hacer los profesionales, ante el riesgo de ver que ese juicio llega a manos del propio interesado.
Nosotros creemos que, en este momento, ni la infraestructura penitenciaria ni la propia orientación del proyecto dotan a éste de la viabilidad y del arraigo en la realidad que permita que, efectivamente, pueda contribuir a estabilizar en más nuestro sistema penitenciario, y creemos que, por el contrario --por lo menos es lo que nos dicen los profesionales--, la aplicación de este sistema podría reabrir aquella etapa de especial conflictividad que se pudo apreciar en el año 1991. En este sentido, nos interesaría saber si hay alguna intención de producir variaciones en la concepción de este proyecto, conforme a lo que fueron las concepciones iniciales del mismo.
Muy brevemente, la pregunta número 17 hace referencia a los criterios que se están siguiendo para el abono del complemento de productividad al personal dependiente de la Administración penitenciaria. Ya tendremos ocasión más adelante de hablar de este tema en un contexto general y con mucho más detalle, pero lo cierto es, señora Secretaria de Estado, que de la experiencia parece deducirse una situación cuanto menos de agravio en lo que supone la percepción de ese complemento de productividad por parte de los profesionales según estén destinados en uno u otro centro periférico o según estén destinados en cualquiera de los centros periféricos y en los servicios centrales; y, en segundo lugar, parece que de esa propia experiencia se deduce que no se está aplicando esa llamémosle institución con todo el rigor y con la concepción misma por la que nació, puesto que sabe perfectamente usted que el hecho de que en determinados centros penitenciarios --casi se puede decir que en la totalidad-- el cumplimiento de las RPT sea algo así como una formulación meramente teórica incide sobre esto, y sabe también perfectamente que en otros centros penitenciarios este complemento de productividad, de alguna forma, se generaliza en función de no se sabe qué política interna de ese establecimiento. Y quisiéramos saber al menos qué criterios se están siguiendo para uniformizar y para adecuar el abono de este complemento a lo que es su finalidad esencial.
Hay una cuestión que es amplia, y que nos vamos a limitar a apuntar, y es la referente a la pregunta número 18 --hablaremos de ello en este período de sesiones--, que trata sobre la valoración que en estos momentos formula la Administración penitenciaria respecto de la evolución del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en el conjunto de la población penitenciaria española. Nosotros creemos que ésta es una cuestión francamente preocupante, porque nos da la sensación de que en el interior de los establecimientos penitenciarios siguen estando, por desgracia, demasiado latentes algunas de las causas directamente coadyuvantes a la extensión de este fenómeno, especialmente en lo que hace referencia, como es natural, al consumo y tráfico de drogas. Se me dirá que hay unas previsiones de carácter higiénico, hay unas previsiones de carácter informativo, y yo tengo que decirle, señora Secretaria de Estado, a partir de un análisis aproximado de lo que es la realidad, que sabe perfectamente que estas campañas, por ejemplo en materia de prevención, en materia de información, en materia de educación de la salud, nunca han tenido, en el ámbito penitenciario, un enfoque estricto en relación con la prevención de riesgo dentro del medio penitenciario, sino que simplemente es un traslado de las campañas generales que hacen cualquiera de las administraciones públicas, sea la Administración del Estado, sean las administraciones autonómicas, provinciales o locales, al interior de los centros penitenciarios, y eso, evidentemente, nos da la sensación de que es un planteamiento cojo. Desde 1991 no se pone a disposición de la opinión pública una cifra oficial sobre la incidencia de este fenómeno en el interior de los centros penitenciarios. No se ha hecho una especial cuantificación ni se ha prestado una especial atención sobre una parte de la población penitenciaria, que es la población penitenciaria femenina, que ha crecido notablemente. En las previsiones de la misma Secretaría de Estado está el que siga creciendo en los próximos años y parece especialmente muy afectada por esta enfermedad.
Tampoco se ha efectuado sobre el sector de la población penitenciaria más joven, que porcentualmente, según las cifras --no oficiales, sino de las que nosotros disponemos--, aparece como principal afectada. Además, nos da la sensación de que en la falta de definición que en este momento existe sobre cuál va a ser el modelo de asistencia sanitaria penitenciaria: modelo penitenciario «stricto sensu», modelo de asistencia integrada en la red de asistencia general, en la falta de definición que existe en este momento, este problema también tiene una conexión grave, por cuanto que cabe suponer que, por la evolución de la enfermedad, va a ir a más en el interior de los establecimientos en los próximos años. No nos da la sensación de que la Administración haya hecho las previsiones oportunas, sobre todo teniendo en cuenta que por la evolución de la enfermedad algunos aspectos, como por ejemplo el gasto en medicamento, se va a tener que incrementar notablemente en los próximos años. Queremos saber, por lo tanto, qué criterios de previsión existen en relación con este preocupante problema.
Nos gustaría también --para terminar-- conocer cuál es la previsión de la Secretaría de Estado en relación con el cierre del centro penitenciario de Carabanchel. Conforme a las previsiones del plan de amortización, sabe S. S. que el cierre del centro penitenciario de Carabanchel estaba básicamente previsto en el momento en que entrara en funcionamiento el centro penitenciario de Soto del Real que, conforme a las previsiones del plan, lo tenía que haber sido en

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1993. Sin embargo, estamos comenzando 1995 y ese centro está a punto de entrar en funcionamiento, pero todavía no lo está, con lo que se produce un retraso de año y medio largo sobre las previsiones del plan. Además, recientemente ha declarado S. S. que en el momento en que entre en funcionamiento Soto del Real no se va a producir el cierre de Carabanchel, sino que al menos ese cierre va a tener lugar dos años después, es decir, con tres o cuatro años de retraso en relación con las previsiones del plan. Pero posteriormente S. S. ha apuntillado que no sabe incluso si será dentro de esos dos años de demora, sino que será cuando se disponga de un conjunto de establecimientos penitenciarios que permitan albergar la sobresaturación de la población penitenciaria o el crecimiento de esa población penitenciaria más allá de las previsiones del plan. Y a eso se añade, además, que se tuvo que forzar en su momento una revisión inicial del plan parcial, al incluir el centro de Aranjuez, que no estaba previsto en los términos iniciales del plan.
A nosotros, en definitiva, nos da la sensación de que toda esta sucesión de acontecimientos lo que pone de manifiesto es que, por más que SS. SS.
no quieran proceder a una revisión de conjunto del plan, de hecho lo están revisando, sobre todo teniendo en cuenta, como muy bien ha reconocido la señora Secretaria de Estado, porque es una verdad evidente que no se puede negar, que el plan ha fallado en cuanto a las previsiones de evolución del crecimiento de la población penitenciaria y por tanto están necesitados de mayores instalaciones. Queremos saber, habida cuenta del retraso, habida cuenta de que ese retraso, ya constatado, se cifró en uno nuevo de dos años y de que ese nuevo retraso anunciado de dos años se cifra ya en un criterio indefinido de cuando se disponga de una red suficiente de establecimientos, queremos saber, repito, en qué momento va a ser cerrado el centro penitenciario de Carabanchel.
Termino, señor Presidente, con una pregunta que hoy simplemente voy a enunciar, pero que le anuncio que vamos a tener oportunidad de hablar de ello a lo largo de este período de sesiones, porque nos parece un hecho cuando menos urgente de debatir. Queremos saber qué solución tienen prevista --si es que la tienen-- para la redistribución de los intereses bancarios que generan las cuentas de los internos en centros penitenciarios.
Yo no voy a explicarle a S. S., como es obvio, qué es una cuenta de peculio, porque lo sabe perfectamente S. S.; pero también sabe que los depósitos que realizan los internos se integran en su conjunto en una única cuenta de centro penitenciario. De manera que los intereses que generan esos depósitos efectuados por los internos no se titularizan en quien es verdaderamente, valga la expresión, propietario del depósito, sino en la cuenta del establecimiento. Eso supone mucho dinero, mensual y anualmente, para un centro penitenciario, pero muchísimo más dinero para el conjunto de la red penitenciaria española y para la Administración penitenciaria. Por tanto, quisiéramos saber --aunque ya le anuncio que sobre esto nos vamos a detener especialmente en este período de sesiones-- en qué montante último han valorado ustedes el conjunto de esos ingresos provocados por los intereses de las cuentas de peculio que no reciben los internos. Quisiéramos saber qué control se está efectuando sobre esos intereses; quisiéramos saber qué destino se está dando y, sobre todo, la gran cuestión, quisiéramos saber qué medidas van a adoptar ustedes para que al final los titulares reales de ese depósito que genera unos intereses sean también los titulares efectivos, y que en el momento en que un señor abandona el centro penitenciario no sólo perciba, pura y simplemente, el saldo del peculio correspondiente sino que pudiera percibir, porque legítimamente le pertenece, el interés que durante el tiempo que ha permanecido en el centro penitenciario genera ese dinero que él mismo ha depositado.
Sé que es una cuestión compleja, pero también sé, señora Secretaria de Estado, que es una cuestión a la que no puede simplemente darse carpetazo y dejar que la cosa siga en sus términos actuales. Habrá, sin lugar a dudas, que forzar la imaginación para adoptar una solución que, en todo caso, viene requerida por que las personas que están cumpliendo condena en un centro penitenciario no tengan una pena de carácter económico añadida a la de privación de libertad impuesta por el juez o tribunal sentenciador. Es decir, que no tengan unas pérdidas económicas o el no ingreso de unas cantidades económicas que lícitamente les corresponderían.
Señor Presidente, comprendo que son muchas preguntas a la vez y no tendría inconveniente, si el señor Presidente y la señora Secretaria de Estado lo creen oportuno, en que la respuesta a todas estas cuestiones, una vez formuladas Ðtodas o en parte-- la señora Secretaria de Estado pudiera remitírnosla por escrito, si es que con eso vamos a aliviar de alguna forma el esfuerzo que está realizando esta mañana. No tendría inconveniente, alguno, repito, y lo dejo a la elección del señor Presidente y de la propia señora Secretaria de Estado.


El señor PRESIDENTE: Yo delego en ella, como es natural, porque es a quien corresponde tomar esa decisión.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, yo me ofrezco a ir hasta el final. Cuestión diferente es que si hay alguna información que S. S. considere que no está suficientemente completa, como en otras ocasiones, ofrezca desde ahora, como no podía ser de otro modo, remitir a la Mesa de esta Comisión cuanta información adicional sea procedente.
Con la mayor brevedad --porque creo que sí es necesario hacerlo-- voy a contestar a todos esos interrogantes que ha formulado S. S. Empiezo por la pregunta número 14, referida a Alcalá II. Ante la formulación de la pregunta, tengo que señalar que yo traía aquí información de los medios activos y pasivos que tiene Alcalá II, porque creía que iba usted a interesarse por esta cuestión. Veo que no, que S. S. se interesa por otra materia, que es la distribución modular de Alcalá II, por la evolución en el tiempo, por algún problema que ha habido de franqueo de muros internos y, en especial, por incidentes que S. S. y yo hemos

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tenido ocasión de comentar --al menos yo le he contestado por escrito-- entre el módulo de mujeres y el módulo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Como S. S. también adelantó, cuando se avance más en la nueva red penitenciaria, la distribución y, en especial, la mejor configuración de cada centro penitenciario será bastante más perfecta o tendrá menos defectos que la actualmente en vigor.
El problema más importante en relación con ese entrecruce de personas, especialmente de mujeres con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es donde se había producido el problema, está a punto de terminarse, puesto que el módulo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado va a ser retirado de Alcalá II. En cuanto esto suceda, que podrá ser en el próximo mes o en los próximos 15 días, estaremos hablando de unas condiciones de clasificación y de homogeneización, de unas condiciones de disfrute del centro completamente distintas a las que tenemos ahora. Por consiguiente --si le parece a S. S., le enviaré la información complementaria cuando ésta se produzca--, creo que esa preocupación, que yo comparto, podrá verse subsanada en breve, en cuanto se produzca esa retirada del módulo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Respecto a Valdemoro y a la seguridad, S. S. no se ha referido a los medios activos y pasivos, sobre los que tenía un informe bastante completo, sino que ha mencionado alguna de las preocupaciones que ha suscitado a la Secretaría de Estado, en concreto la Agrupación de Cuerpos de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ACAIP. Dicha agrupación expresa en un escrito --al menos es el único que tengo-- dos preocupaciones básicas: una está en relación con el cruce y con la raqueta. He de decir que están a punto de contratarse unas mejoras, está en marcha todo el nuevo plan vial de acceso, la mejora en ese acceso, en esa protección de bordillos, junto a esa ampliación con un carril de desaceleración. Se ha hecho todo esto en conjunto con la comunidad de Madrid. Creo que después de que se contrate, se lleve a término y se realice la obra de inter-sección en la carretera de Pinto a San Martín de la Vega, quedará notablemente disminuida la preocupación que tenía la agrupación sindical.
En relación con el centro, la misma agrupación sugería que si aquí está el aparcamiento de los funcionarios (mostrando un plano.) y en el otro lado está el aparcamiento de los visitantes de la prisión, ahí había una cierta comunicación, y expresaba su preocupación e incluso planteaba que la parte de los visitantes se trasladase a otra zona. Se están estudiando soluciones complementarias diferentes a las sugeridas. No obstante, sí hay una preocupación por hacer menos permeables estas zonas que se indican, pero, evidentemente, habrá que hacerlo una vez estudiado su coste y una vez que las disponibilidades presupuestarias permitan acometer esta actuación que mejoraría esos aparcamientos en paralelo y que tranquilizaría a quien expresa esa preocupación. No vamos a decidir la actuación que sugiere la agrupación, pero sí estamos estudiando actuaciones de distinto nivel que, en definitiva, mejorarían esta cuestión del aparcamiento de Madrid 3, de Valdemoro.
En relación con la pregunta número 16, se refería S. S. a la preocupación por el llamado plan de intervención con internos conflictivos, en siglas: el PRIC. Su señoría sabe que tanto por mandamiento del Congreso de los Diputados como por indicación del Defensor del Pueblo, como por ser un requerimiento suscitado en las distintas reuniones de los jueces de vigilancia penitenciaria, estamos buscando ese equilibrio que S. S. ponía de manifiesto entre normas de seguridad para determinados internos muy conflictivos. Recuerdo que en el conjunto de los 41.000 y pico internos penitenciarios o reclusos supone una cifra de 150, pero es un colectivo de especial preocupación para Instituciones Penitenciarias. Estamos obligados a ese equilibrio de seguridad, pero también a ir viendo cómo aplicamos las medidas penitenciarias oportunas para que vayan saliendo más fácilmente de esas normas más restrictivas en la medida en que su conducta dé garantías de un perfil diferente. Aunque S. S. decía que no parece que ése fuera el criterio adecuado, yo creo que sí lo es.
Usted se ha referido reiteradamente a este programa. Este programa ha seguido un largo debate. A principios de mayo se hicieron los primeros borradores, ha sufrido un debate muy largo, no solamente ha sido consultado con todos aquellos que tienen responsabilidades en Instituciones Penitenciarias en relación con el tratamiento penitenciario, sino también con las organizaciones sindicales. Creo que ha seguido un larguísimo proceso de recepción de sugerencias. No todas las organizaciones sindicales se han mostrado con desconfianza hacia el programa. Hay una determinada fuerza sindical que sí se ha mostrado frontalmente en contra, pero no es ésa la tónica general; se nos han hecho sugerencias. En definitiva, en este momento, este proyecto significa una mayor actividad. Usted decía que parece que se van a facilitar actuaciones que, a su vez, discriminan a los internos que no son conflictivos de los conflictivos. Habrá visto usted que en el programa se pone especial incidencia en determinados medios formativos; puesto que son internos que tienen singulares restricciones respecto a las horas de patio y a las relaciones con otros reclusos, se prevé que parte de sus horas se destinen a programas de formación para conseguir que evolucionen positivamente.
En todo caso, no hay nada cerrado. Ha habido una enorme evolución y el programa se va a concretar en un proyecto de instrucción, que probablemente verá la luz en el término de un mes, pues los últimos trabajos ya están muy terminados. Va a ser un desarrollo de instrucción que derogará todas las circulares anteriores y que se incardinará en un desarrollo del Reglamento penitenciario, absolutamente respetuoso.
También sabe S. S. que estamos trabajando en una reforma del Reglamento penitenciario que, al haber sido más amplia de lo que inicialmente habíamos previsto, se ha demorado más en el tiempo. Por tanto, ésta es una instrucción que va a caballo entre la actual situación y lo que establezca el Reglamentario penitenciario, pero será una instrucción absolutamente respetuosa con lo que dice el Reglamento, incardinada en él.
Desde luego, es nuestro propósito cuidar especialmente ese equilibrio entre seguridad y mayor actividad. Me ha

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parecido creer que S. S. cuestiona --probablemente no, es una mala interpretación mía-- que exista un protagonismo. Efectivamente, se les va a dar un protagonismo a los distintos centros penitenciarios en el programa. Creo que eso es estar en el buen camino. Una acusación contraria sería decir desde la propia Secretaría de Estado que burocráticamente se establecen unos criterios que luego no se comparten.
Se va en ese sentido y creo que podremos verlo en cuanto la instrucción esté vigente y desarrollada. No me ofrezco a enviársela porque sé que S.
S. la tendrá en cuanto esté circulando y me alegra que tenga ese canal de comunicación tan activo con Instituciones Penitenciarias.
En relación con la productividad, sería una cuestión para explicar mucho más cumplidamente. También me ofrezco a enviarle información complementaria. En cualquier caso, respecto a la productividad en Asuntos Penitenciarios, la Secretaría de Estado tiene su fijación en una instrucción de la Secretaría, de junio de este año, que, a su vez, no es más que un reflejo de lo que dice la propia Ley de la Función Pública, pero quiero hacer una puntualización. Precisamente en Asuntos Penitenciarios, la productividad se ve, se debate y, aunque no es decisorio, se tiene muy en cuenta. En realidad, muchas veces incluso se pactas, aunque éste es un órgano de consulta y no decisorio, con una comisión paritaria de seguimiento en la que están los sindicatos y en la que se atienden las sugerencias que se hacen. En cuanto a la distribución, efectivamente hay una productividad por los servicios centrales, una productividad por los servicios periféricos, una productividad por guardias sanitarias y una productividad por módulos especiales; todo ello siempre dentro de esos acuerdos que se toman, casi siempre con muchísimo consenso, dentro de esa comisión paritaria.
En definitiva, en el último año, para información de S. S., de los 934,185 millones de pesetas, los servicios centrales se llevaron unos 128,973; los servicios periféricos 235,414; las guardias sanitarias, que es el concepto más importante, 423,342; los módulos especiales, 123,366 millones. Esta es un poco la distribución, pero evidentemente es un tema muy complejo. En este momento las organizaciones sindicales, los sindicatos de Asuntos Penitenciarios se quejan de que la productividad es mejor en el resto del Ministerio, de que somos más exigentes en cuanto a las condiciones de horario semanal y a más horario en tardes que otra circular de la Subsecretaría del Ministerio que no afecta a Instituciones Penitenciarias; nosotros decimos que eso es así, pero que también nuestro campo de acción es diferente y eso justifica que, efectivamente, la productividad sea más rígidamente conceptuada en ese sentido.
Cuestión número 18: Sida. Yo creo que no se ajusta a la realidad la opinión que he creído oírle de que no se dan cifras de sida. Eso hay que aclararlo. No se dan cifras continuamente, ni centro por centro, porque es una recomendación, como S. S. sabe, de la Organización Mundial de la Salud, porque eso estigmatizaría de alguna manera los centros. Cuando veo que algún director aparece en algún medio de comunicación, dando cifras de su centro, desde luego le advierto que eso no es así, que no se dan cifras centro por centro. Por tanto, no es oscurantismo sino que es una precaución mínima y atenerse a una recomendación mundial.
¿Dónde damos nosotros las cifras? A esta Cámara. Cuando esta Cámara nos las requiere damos las cifras y al responder ustedes las hacen públicas, o nosotros al dárselas a la Cámara posteriormente las hacemos públicas, pero con ese respeto a no estar haciéndolo continuamente. En nuestras memorias y en los datos que enviamos a las organizaciones nacionales y a las organizaciones internacionales también las consignamos. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta, por una parte, que las cifras son de enorme variación por la diversidad de la población penitenciaria. Lo que se dice con relación a un mes concreto no se puede afirmar tres meses o un mes después, por esta fluctuación, por esa entrada y salida que usted conoce perfectamente en el sistema penitenciario. Especialmente hay seropositivos que son drogadictos o que se dedican al pequeño tráfico de drogas que tienen penas muy cortas y salen y entran continuamente del sistema.
En cuanto a los programas, yo creo que se aplican programas de tipo general, pero también se hacen campañas puntuales con relación al fenómeno dentro del sistema penitenciario, y que se lleva una política en ese modelo. Dice usted que no está claro en el modelo si van a la red pública o si se quedan dentro de Instituciones Penitenciarias. Como he tenido ocasión de explicar ante esta Comisión más veces, nuestro propósito es que el modelo sanitario de Asuntos Penitenciarios sea mixto, pues hay una parte de dolencias que hay que tratar dentro de Instituciones Penitenciarias, intramuros, como, por ejemplo, la evolución del sida, y hay otro tratamiento que sólo se puede dar en la red pública, y por tanto a la red pública los enviamos; en definitiva, es un sistema mixto.
La evolución y la valoración de este tremendo síndrome y de lo que supone la evolución de enfermos de sida no varía mucho por la evolución que la enfermedad está teniendo en el conjunto de la población española. Como he tenido ocasión de contestar a S. S. en pregunta escrita, hay prácticamente un estancamiento, incluso con una ligerísima disminución, del número de enfermos que en este momento han desarrollado la enfermedad. Pero con esa cautela de que mes a mes las cosas varíen, especialmente en lo que son primeros ingresos hay un descenso más importante de seropositivos en la incorporación al sistema penitenciario.
En cambio, hay un ligero incremento en la evolución de los seropositivos en el conjunto de la población puesto que, como hemos venido diciendo reiteradamente, personas que habían ingresado en el año 1980 en este momento están desarrollando la enfermedad, como pasa también en el conjunto de la sociedad.
Su preocupación es compartida. Creemos que es un problema grave en la sociedad y especialmente grave en el sistema penitenciario porque el sida se concentra en sectores marginales. Desde luego, en nuestro colectivo de reclusos hay una gran parte de esa marginalidad de la sociedad y, por tanto, es doblemente importante para nosotros la atención al sida al que, créame usted, dedicamos cuantiosos esfuerzos personales y especialmente también económicos.


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En relación a la pregunta número 19, cierre de Carabanchel, es cierto que en el inicio de la programación del plan de construcción de centros penitenciarios, la previsión de cierre de Carabanchel era con ocasión de la apertura de Soto. No es menos cierto, como usted ha dicho, que las previsiones iniciales fueron desbordadas en los años subsiguientes. No es menos cierto tampoco que, en cambio, para el año 1994 ha habido una desaceleración notable de los ingresos en el sistema penitenciario. De memoria creo recordar que mes a mes, diciembre a diciembre, hay solamente un incremento de mil reclusos y que, en el conjunto de la media, hay un incremento de dos mil reclusos, lo que significa prácticamente la mitad del incremento que se había producido en años anteriores. A pesar de todo, tenemos una numerosísima población penitenciaria con escasas plazas en relación con esa población. Se refería S. S. a dos o dos años y medio.
Si sigue esta desaceleración en el crecimiento, la previsión es que cuando se abra Aranjuez, que es la otra que está más en el entorno a Madrid, se podrá cerrar Carabanchel. Esa es la previsión que estamos comentando con las organizaciones sindicales preocupadas por este asunto.
Esto es lo más probable, pero éstas no son cuestiones rígidas y se cerrará cuando se pueda hacer sin lesión para el sistema.
También me pregunta por los intereses de cuentas de peculio. Usted ha hablado de cuestiones que pueden inducir a confusión a los escasísimos presentes en la Comisión. En todo caso, como todo ello queda reflejado en el «Diario de Sesiones», a mí me interesa aclararlo. Hay una cuestión que me sorprende especialmente y es que en la medida que usted por sus fuentes de información comprueba que la Secretaría de Estado está desarrollando un proyecto y mejorando lo que considera una gestión, inmediatamente me trae el planteamiento a esta Cámara, de lo cual me alegro, es curioso comprobar que en la medida en que voy tomando iniciativas para mejorar, usted enfoca ese problema preguntando qué iniciativa voy a tomar. En todo caso, me permite hablar de ella.
Como S. S. conoce, la ley simplemente habla, en su artículo 17.4, del derecho deliberado a recibir el saldo de su cuenta de peculio y el Reglamento penitenciario hace referencia a las limitaciones de disponibilidades, pero en ningún caso habla de los intereses que generan los peculios. Como usted sabe, tradicionalmente la cuenta de peculio estaba en el conjunto de las cuentas de los centros, en el conjunto de la cuenta de la organización. En mi mandato se ha tomado la decisión --ya estaba la indicación a finales del año 1993, pero se ha reiterado y puesto en marcha en el conjunto de la organización-- de que las cuentas de peculio --hay esa indicación, existe esa situación fáctica-- fueran exclusivamente eso y no estuviera englobado el dinero de los internos en las cuentas de peculio.
A su vez, en el año 1993 se suscribió, por parte del anterior Director de Administración Penitenciaria (por tanto, reitero que yo he tenido ocasión de desarrollarlo más pero ya entonces se tomó esta decisión, que se ha plasmado a lo largo de 1994), tras hablar con varias entidades bancarias, un acuerdo con la entidad pública Caja Postal para establecer una cuenta de peculio, conviniendo unos determinados intereses en función de la globalidad de la cuenta de peculio. Eso se ha producido así y, por tanto (hablo de memoria, pero estoy segura de que estoy muy cercana a las cifras), para unos cuatrocientos y pico millones de pesetas de saldo medio (porque los saldos, como S. S. conoce, también varían sustancialmente mes a mes), ha habido una generación de intereses de unos 30 millones de pesetas, intereses que en este momento no han sido utilizados, con los que se generará crédito y que se destinarán a actuaciones de acción social, es decir, en beneficio directo de los reclusos.
No obstante, dice usted que son unos intereses importantes. Es verdad, son unos intereses de 30 millones de pesetas, pero es que simplemente el manejo, con la disposición actual de los peculios, tal y como tradicionalmente se vienen haciendo, supone (y me quedo corta) un coste para las administraciones penitenciarias (dedicación de funcionario, de tiempo, de apuntes) de unos 300 ó 350 millones de pesetas. Por tanto, que nadie crea que hay ningún enriquecimiento; el peculio y su manejo cuesta importantes cantidades a la Administración Penitenciaria. En este momento estamos trabajando (que es lo que S. S. seguramente conoce por su información puntual de las materias que nos afectan) y si finalmente somos capaces, porque es una operación muy compleja, de instrumentalizar que cada uno de los reclusos tenga su cartilla, con los medios informáticos de que se dispone ahora en las modernas instituciones bancarias, por una parte habríamos conseguido eliminar este altísimo coste en personal y en dinero que lleva consigo el manejo de los fondos de peculio, y cada recluso tendría la posibilidad de tener su pequeña cartilla de ahorros, aunque en todo caso, separadamente y con los saldos medios, no tendría el interés que da cualquier institución bancaria por el conjunto, sino que probablemente supondría, en el caso de un interés normal al tipo de saldo medio, unas 200 pesetas al año o, en el mejor de los casos, no llegaría ni a 1.000 pesetas, aunque le aplicasen un porcentaje alto. Es decir, realmente, esa distribución de los intereses que así divididos tienen importancia nula yo creo que tiene un interés que es mucho más operativo, ya que incluso el recluso no tendría que hacer esa operación tan compleja cuando cambia de centro, cuando sale o cuando entra, y simplificaría también enormemente a los familiares de los reclusos el ingreso de cantidades en peculio, porque si podemos instrumentar a corto plazo (que es nuestro propósito) esta articulación del peculio, podría propiciar también que los familiares hicieran ingresos en la entidad bancaria, en este caso la Caja Postal, que tiene oficinas absolutamente por todo el territorio nacional, y esto sería un apéndice al convenio firmado. Yo creo que sería una buena solución, y así está, señoría, la cuestión de los intereses de la cuenta de peculio, reiterando que hay un cumplimiento estricto por nuestra parte de lo que prevé la Ley Orgánica Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario que en ningún caso contempla una situación distinta de la actual, pero que creemos puede ser mejorada, sobre todo en operatividad.


El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.


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El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, no voy a hacer una segunda intervención, aunque con otras circunstancias de tiempo hubiera deseado matizar nuestro punto de vista en algunas otras cuestiones, a tenor de lo contestado por la señora Secretaria de Estado. Simplemente quiero señalarle que, efectivamente, en esta última cuestión de la que estamos hablando, los intereses, si me permite la expresión en román paladino, no estamos hablando de una cuestión de huevo, sino de una cuestión de fuero.
Es decir, lo que aquí importa es normalizar al máximo, también en lo que concierne a estas cuestiones, la permanencia del interno en prisión en todo aquello que no tenga una relación estricta con lo que es la ejecución y el cumplimiento de la pena, y no crear situaciones añadidas, aunque sean pequeñas materialmente, que no se producirían en una situación ajena a la privación de libertad. También en torno a esta cuestión, me remito a alguna de las consideraciones del informe provisional de la Intervención Delegada de fecha 19 de septiembre de 1994, que son interesantes y de las que yo creo que en un tono constructivo deberemos seguir hablando en los próximos meses.
En cuanto al asunto de las reacciones que ha podido producir el proyecto del PRIC, solamente una central sindical se ha dirigido a ustedes por escrito, pero yo me remito, a su vez, al importante tiempo que en los debates y en la reciente campaña electoral en los centros periféricos, y en la que va a tener lugar en Madrid el día 23, se ha dedicado a este asunto. Prácticamente todas las fuerzas sindicales han coincidido en que a ese punto de equilibrio que yo señalaba, y que S. S. recordaba, hay que llegar, pero no a diseños un tanto apresurados, que precisamente lo que pueden hacer es poner en riesgo ese punto de equilibrio.


El señor PRESIDENTE: Quiero expresar nuestro agradecimiento a doña Paz Felgueroso, Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por su comparecencia en esta Comisión y darles las gracias a todos ustedes.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.

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