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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 417, de 14/02/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 417 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 25 celebrada el martes, 14 de febrero de 1995

ORDEN DEL DIA: Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa. (Número de expediente 121/000049). (Página 12710) Dictamen del proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa. (BOCG, serie A, número 63-1, de 17-5-94. Número de expediente 121/000049). (Página 12710) Proposiciones no de ley: --Por la que se insta al Gobierno para que aplique el coeficiente corrector de cotización de dos tercios a la embarcaciones pesqueras comprendidas entre 150.01 y 400 toneladas de registro bruto (TRB).
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. (BOCG, serie D, número 127, de 26-7-94. Número de expediente 161/000258). (Página 12716) --Sobre la participación del sector pesquero español como observador en las negociaciones bilaterales y multilaterales de la Unión Europea (UE) con terceros países. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
(BOCG, serie D, número 175, de 23-12-94. Número de expediente 161/000347). (Página 12719)

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--Sobre la participación del sector pesquero español como observador en el Comité Hispano-Francés de Pesquerías. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (BOCG), serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 161/000377). (Página 12719) --Relativa a la ampliación de las provincias españolas con derecho a la percepción de la ayuda a la producción de trigo duro. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 163, de 18-11-94.
Número de expediente 161/000332). (Página 12723)

Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
En primer lugar, y creo que como un deber de cortesía, quiero felicitar al señor Tubert, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por su nombramiento como miembro de esta Comisión, y desearle éxito en todos sus trabajos parlamentarios.


--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LE DE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. (Número de expediente 121/000049.)

--PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. (Número de expediente 121/000049.)

El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la tramitación del proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa.
Antes de entrar en su tramitación, procede ratificar la Ponencia que en su día se nombró para redactar el informe sobre este mismo proyecto. Los nombres de los ponentes los conocen SS. SS. y, si les parece, sin más, lo damos por ratificado.
Señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Al señor Baltá y Llopart le sustituye el señor Simó.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A efectos ya del trabajo en este proyecto de ley queda sustituido el señor Baltá por el señor Simó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
¿Queda ratificada la Ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
Para la tramitación de este proyecto de ley, y después de conversaciones con los distintos portavoces, conociendo todas SS. SS. que esta Comisión no tiene competencia legislativa plena en este proyecto, sino que su tramitación última será en el Pleno, propondría su tramitación en un solo debate, en un solo turno, y a estos efectos daría, lógicamente, un tiempo complementario a los señores portavoces que así lo soliciten.
Presentaron enmiendas a este proyecto los grupos parlamentarios Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista. Las enmiendas del Grupo Socialista fueron incorporadas en la Ponencia y algunas del Grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya también. Si les parece, daría un turno inicial al Grupo parlamentario Popular.
Antes, propondría a la Comisión fijar ya una hora de votaciones, a los efectos de que los grupos parlamentarios puedan hacer sus previsiones. Si les parece, no antes de la una realizaríamos las votaciones. ¿Les parece bien?

El señor LLORENS TORRES: A la una votamos también en la Comisión de Infraestructuras. Así que podríamos retrasarlo un poquito.


El señor PRESIDENTE: Yo creo que el trámite de este proyecto de ley durará aproximadamente una hora. Luego tenemos las tres proposiciones no de ley. ¿A la una y media les parece? ¿No antes de la una y media? (Asentimiento.) De acuerdo. No antes de la una y media. A partir de la una y media se pueden producir las votaciones. Muchas gracias.
Señor Gortázar, tiene la palabra para defender sus enmiendas a este proyecto de ley.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, el trámite va a ser necesariamente breve por cuanto está previsto su debate posterior en el Pleno del Congreso de los Diputados. Por parte del Grupo Popular queremos reiterar nuestra posición, defendida en su día en el Pleno y a lo largo de los debates que se han producido en la Comisión de Agricultura.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular son prácticamente a la totalidad de los artículos, en la medida en que hicimos una enmienda a la totalidad y la hemos reiterado tanto en Ponencia como en Comisión. Los principios fundamentales que nos han conducido a manifestar reiteradamente esta posición son los siguientes: en primer lugar, coherencia con nuestra idea de respeto del Estado de las autonomías.
Quiere esto decir que la gestión medioambiental está confiada a los gobiernos autonómicos y no nos parece indicado ni adecuado el hecho de que, por la vía del establecimiento de una figura, como es el parque nacional en este caso, se sustraiga a las autonomías la capacidad de gestionar directamente lo que afecta a sus respectivas comunidades autónomas. Desde este punto de vista, consideramos que, aunque la Ley 4/1989 prevé esta posibilidad y

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sería perfectamente aceptable que fuera así, desde el punto de vista político no nos parece lo más indicado y, por ello, nos reiteramos en nuestra propuesta de que sean las tres comunidades autónomas las que de alguna manera gestionen el Parque de los Picos de Europa.
Quiero señalar que no es una cuestión que se limite solamente al Parque de los Picos de Europa; también tendremos este debate con ocasión de otras eventuales iniciativas similares, puede ser en Castilla-La Mancha o en otras comunidades autónomas españolas, y, por tanto, nuestra posición tiene un planteamiento coherente, en el sentido de manifestarse en la misma dirección tanto en este debate como en los futuros debates sobre este tema.
Nuestra oposición al texto al que ha llegado la Ponencia se debe, en primer lugar, al respeto, a la capacidad de gestión de los distintos gobiernos autonómicos. En segundo lugar, porque hay que defender los derechos de los afectados. Nos parece que no se ha escuchado previamente el interés delos afectados, propietarios o vecinos, sus usos y tradiciones. En la Comisión hemos tenido oportunidad de oír la oposición frontal de los afectados a este proyecto de ley, salvo algunos apoyos llevados a cabo por la administración autonómica socialista o por algunos municipios a los que no les afectaba directamente como, por ejemplo, el de Cangas de Onís.
En consecuencia, reitero que nos parece una posición de principio considerar en primer lugar a las personas y en segundo las cosas.
Primero, las personas, que son las que han mantenido esos paisajes y esos territorios de una manera espléndida. Creemos que una ley de protección y de conservación no puede hacerse en contra de lo que se dice proteger y ayudar a la conservación.
Por último, quiero destacar que este tema será objeto de ulteriores consideraciones en relación con las explicaciones que en su día realizó el doctor García de Enterría, para quien había elementos de eventual inconstitucionalidad o situaciones difíciles en cuanto al encaje legal, fundamentalmente, en el momento en el que se concebía la congelación del desarrollo de las áreas de montaña. Existe un artículo explícito en la Constitución Española que establece que se va a hacer un especial esfuerzo en las áreas de montaña, que son los lugares más difíciles para la agricultura, donde ésta es más costosa y en donde hay que apoyar a los vecinos y a los agricultores. Se decía que este proyecto de ley no pretendía esto, sino que venía a frenar ese desarrollo, esas capacidades de vivir en esas áreas.
En este sentido quiero señalar que, si bien uno de los problemas principales del medio ambiente español es el proceso de desertificación, a nuestro juicio este proyecto de ley lo que hace es expulsar a los vecinos de sus aldeas, expulsar a los jóvenes hacia zonas más urbanizadas y distintas de esas áreas. Esto es lo contrario de lo que se está haciendo en la Unión Europea, donde se apoya, se financia, se conviene con los afectados en el interés de la permanencia y ampliación en áreas de muy difícil existencia y supervivencia, como son las áreas de montaña.
En consecuencia, tanto por principios de tipo autonomista, por principios del derecho de los afectados, como por el conjunto de lo manifestado en las intervenciones en Ponencia, reiteramos nuestro articulado alternativo que básicamente va en la dirección de establecer un parque natural con tres administraciones autonómicas y un comité de coordinación entre ellas, evitando el hecho de un proceso de centralización por parte del Icona y del Gobierno central.
Estas son las ideas centrales y los principios en los que nos apoyamos y no entro, lógicamente, en el articulado, reservándome argumentos posteriores para cuando se realice el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, voy a ser muy breve porque creo que mi Grupo ya dejó clara su posición cuando se debatió por primera vez en el Pleno de esta Cámara este proyecto de ley; también lo ha puesto de manifiesto explícitamente en sus enmiendas y en la negociación de las mismas con el Grupo Socialista. Por otra parte, habiendo decidido que el último trámite de este proyecto de ley se realice de nuevo en el Pleno, ocasión tendremos de reiterar nuestros planteamientos y propuestas.
Aquí pensaba yo terminar mi intervención, pero, después de oír al portavoz del Grupo Popular, voy a añadir algo más, aunque, por más que se repitan algunos argumentos, no se puede impedir que se sigan haciendo acusaciones absolutamente carentes de fundamento. Dar la callada por respuesta podría entenderse como algún tipo de afirmación.
Nosotros entendemos que hay un principio fundamental y es que es un espacio único que no puede estar gestionado de manera dividida. Sería algo esperpéntico que donde ya hay un parque nacional, el de la Montaña de Covadonga, con un organismo gestor determinado, se añadiera en el mismo macizo --un macizo machacadísimo-- otras tres administraciones más --serían cuatro-- para gestionar un espacio tan reducido, tan único y tan integrado. Esto es algo que va absolutamente «contra naturam» y nunca mejor dicho, en el sentido lógico y en el sentido físico del término.
A partir de lo anteriormente expuesto --que es elemental y básico--, que se incluyan todos los elementos de cogestión posible, pero siempre bajo una única gestión unificada, integrada, es lo que ha intentado mi Grupo, que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tuviesen una participación lo más directa posible en la gestión.
Como nunca un proyecto de ley puede estar --sobre todo si se negocia-- redactado a gusto del cien por cien de los grupos que lo tienen que apoyar, la redacción conseguida en la Ponencia no está de acuerdo con lo que sería el cien por cien del planteamiento de Izquierda Unida, pero entendemos que el proyecto de ley es aceptable en su conjunto, a pesar de que nosotros hubiéramos hecho un planteamiento más coparticipativo en la gestión por parte de las comunidades autónomas. Creo que se dan pasos importantes que pueden servir como modelo para aplicarlo en otros lugares de similares características, en cuanto que un

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mismo espacio esté físicamente repartido entre diversas comunidades o incluso aunque no lo esté; que se dé paso a la participación de comunidades autónomas de los parques que estén ubicados en su territorio.
Hay un segundo elemento que mi Grupo quería subrayar. El proyecto de ley incluye --y en este caso el Grupo Socialista ha sido receptivo a una propuesta de mi Grupo-- la puesta en marcha de un plan de desarrollo sostenible para la zona. Nosotros ya argumentamos en su día --en el debate en el Pleno-- que la declaración de parque nacional sería una de las mejores etiquetas y de los mejores regalos, en cuanto a atractivo de todo tipo, que pudiera tener determinada zona. Los vecinos de esta zona van a tener ocasión de verificarlo porque ya lo pueden comprobar visitando otros parques nacionales de cualquier país europeo medianamente moderno.
Nosotros creemos que fomentando las actividades tradicionales, fomentando un modelo de turismo no intensivo, sino respetuoso e incluso buscador --permítaseme la expresión-- de este tipo de medio natural, se puede contribuir de forma potente a que la zona --si, además, todas las actividades están incluidas en un plan integral de desarrollo sostenible-- y sus vecinos alcancen, sin perder sus actividades tradicionales, su cultura, su idiosincrasia, sus especificidades, niveles de vida importantes, dignos y homologables a los de cualquier ciudadano y, por supuesto, superiores a los de los vecinos de zonas de montaña que no tengan un parque nacional como tienen la suerte de tener los vecinos que estén dentro del perímetro de este parque.
Es la única alusión que voy a hacer, porque en lo demás la confrontación es igualmente total, me parece un abuso escandaloso, al menos de lenguaje, por parte del portavoz Popular, cuando dice que este proyecto de ley expulsa a los vecinos de sus aldeas. Es una cosa increíble. Decir este tipo de cosas es realmente para contestar con la callada, que sería lo más idóneo, si no fuera porque me indigna; las cosas necias no merecen más que el silencio, y esto es una necedad, es una necedad como la copa de un pino. Necedad viene de no saber, de necio, y creo que, como es algo evidente, no hacía falta insistir en ello.
Lo que yo quiero decir es que mi Grupo entiende que con este proyecto de ley y con estas inclusiones que se han hecho, y aludía a lo del plan de desarrollo sostenible, es precisamente lo que va a asegurar que los vecinos puedan permanecer no solamente en sus pueblos, sino en las actividades que vienen realizando desde siempre y que no quieren dejar, mientras que el proyecto de ley alternativo que se ha presentado desde la derecha lo que haría es que los vecinos quizá no marcharan, pero su futuro sería el de ser los camareros del pueblo donde hasta ahora han vivido y trabajado dedicándose a actividades mucho más plurales, mucho más enraizadas en sus costumbres y en su cultura.
Por lo tanto, repito --quería ser breve y termino ya-- que nosotros vamos a sostener con nuestros votos este proyecto de ley; hasta el final intentaremos, dentro de los criterios que ha barajado mi Grupo, mejorarlo en la medida de lo posible, pero nos parece que, en su conjunto, es un proyecto que merece nuestra aprobación.
El señor PRESIDENTE: Turno en contra de las enmiendas. El señor Cuesta tiene la palabra.


El señor CUESTA MARTINEZ: Yo también anuncio --no tiemblen SS. SS.-- mi voluntad de brevedad en este trámite. Y me voy a explicar. Esta Comisión inicialmente estaba llamada a tramitar el proyecto de ley con competencia legislativa plena y posteriormente, producido ya un debate de totalidad y una serie de comparecencias ilustrativas ante esta Comisión, se ha pedido y se ha concedido que vuelva al Pleno para reiteración de argumentos y de posiciones. Aquí, a veces, uno tiene la inquietud de que se intenta retrasar la tramitación legislativa. Digo la inquietud porque, después, aparecen declaraciones públicas que transforman esa inquietud en certeza, certeza en las sospechas iniciales. El Secretario General del Partido Popular en Asturias y Senador, Isidro Fernández Rozada, recientemente ha hecho unas declaraciones en Asturias, diciendo que como ponente que va a ser de esta Ley se compromete a retrasar y a bloquear en lo posible la tramitación de esta ley en el Senado. Fíjense ustedes qué intencionalidad, qué maniobras dilatorias, qué hechos más que suficientes para justificar el apelativo de lo que se ha venido en denominar fenómeno de filibusterismo parlamentario.
No voy a incurrir en ese filibusterismo, doy por reproducidos mis argumentos tanto con motivo del debate de totalidad de este proyecto de ley como de los distintos debates habidos con ocasión de las distintas comparecencias y simplemente quiero dejar constancia de que se ha producido, a mi juicio, un acuerdo importante con Izquierda Unida, que implica el acogimiento en Ponencia de un total de quince enmiendas que ha presentado a este proyecto dicho Grupo, enmiendas que, sin duda alguna, enriquecen el texto. De aquí al Pleno, todavía analizaremos la posibilidad de encontrar algún acercamiento para incorporar más planteamientos de los que nos ha hecho Izquierda Unida; en muchos casos, creemos que ya están dentro del proyecto, pero de todas formas estamos dispuestos a reflexionar conjuntamente. Yo creo que hemos enriquecido conjuntamente un proyecto de ley que, además, es una garantía fundamental para los ciudadanos de aquellas zonas.
No es cierto --tengo que contestar también-- el relato que el señor Gortázar ha hecho de las comparecencias habidas en esta Comisión; no es cierto. Léanse ustedes las comparecencias, que están reflejadas en el «Diario de Sesiones». Por ejemplo, es radicalmente falso que don Eduardo García de Enterría planteara problemas de constitucionalidad. Si se repasan el «Diario de Sesiones», fue este portavoz quien le preguntó si existían o no problemas de constitucionalidad. El señor García de Enterría consideraba no solamente que no existían, sino que además desconocía --dijo desconocer-- la existencia de conflictos de competencias con otras normativas y los autos dictados por el Tribunal Constitucional de no suspensión de esas iniciativas legislativas que se habían solicitado en virtud de esos conflictos de competencias. Por lo tanto, no solamente afirmó que no había problemas de inconstitucionalidad, sino que además desconocía los aspectos jurídico-constitucionales en la tramitación de este proyecto, porque

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el señor García de Enterría vino a informar en virtud de unos artículos de prensa que él publicó como persona vinculada a esa zona y estrictamente a título de ciudadano pero sin aportar, y sin ofrecerse a hacerlo, argumentos como perito que especialmente pudiera ilustrar los trabajos de esta Cámara; vino exclusivamente a expresar su opinión personal que en todo caso no era la de resaltar algún problema de constitucionalidad que, bajo ningún aspecto, aceptamos que tenga este proyecto de ley.
Hecha esa matización --lo pueden ver ustedes en la comparecencia del señor García de Enterría--, también hay falsedad importante en lo que ha explicado el señor Gortázar cuando habla, por ejemplo, de que algún ayuntamiento, sólo uno --decía el señor Gortázar--, el de Cangas de Onís, es un ayuntamiento, que además apenas se ve afectado por este proyecto de ley, que está a favor de la ampliación del Parque Nacional de Picos de Covadonga a Parque Nacional de los Picos de Europa. También hay un desconocimiento tremendo de la realidad, porque Cangas de Onís es de los municipios más poblados de los municipios afectados, probablemente el más grande, pero, por ejemplo, del actual Parque de Covadonga, que se amplía con este proyecto de ley, Cangas de Onís representa el 42 por ciento del territorio, o, por dar las cifras que el propio alcalde nos dio en esta Comisión, de 3.781 vacas censadas, 2.428 pertenecen a Cangas de Onís, la mitad del ganado lanar; de 2.600 del ganado cabrío, 1.042 pertenecen a ese concejo. Por supuesto, el concejo de Cangas de Onís es probablemente de los más implicados y afectados por este proyecto de ley y es lógicamente uno de los que es más favorable a la tramitación y a la pronta aplicación y extensión de esta categoría de parque nacional.
No hay tampoco ningún desprecio al planteamiento autonómico. Todo lo contrario, este proyecto de ley introduce importantes innovaciones --lo hemos dicho-- en lo que es la gestión; una gestión basada en la unidad de gestión. Como muy bien decía el portavoz de Izquierda Unida, estamos ante un espacio único que no puede ser gestionado de manera dividida. Tan es así que, por ejemplo, las distintas comunidades autónomas tienen incluso distintos elementos normativos de protección de distinto alcance, a su vez, a la hora de proteger los espacios naturales que pueden afectar a esta zona; ni siquiera hay coincidencia normativa en el ámbito de competencias de las respectivas comunidades autónomas. Es lógico que algo que es patrimonio de todos los españoles, algo que afecta a una pluralidad de comunidades autónomas deba merecer una unidad de gestión en ese marco de cumplir los objetivos de su integración en la red estatal de parques nacionales y los objetivos de protección pero también de desarrollo.
No son ciertas las necias palabras de que con este proyecto se arroja a los ciudadanos de la zona. Todo lo contrario, se da un sentido también a su vida, y basta una lectura de buena fe de este proyecto de ley para observar que figuras como el área de influencia socioeconómica, todos los mecanismos de financiación, el régimen económico y de compensaciones, la regulación del plan de desarrollo sostenible, etcétera, son instrumentos que apuntan y animan a un desarrollo, dentro de los objetivos del parque nacional, de estas comunidades autónomas. No olvidemos a los vecinos afectados por este proyecto de Parque Nacional de Picos de Europa. Entre los objetivos que la declaración de parque nacional tiene, se resalta en el articulado, por ejemplo, el de promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible para las personas y comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su participación en todo el proceso.
No estamos exclusivamente en un planteamiento de protección pasivo, también estamos en un planteamiento de protección activo que intenta desarrollar actividades compatibles con la necesidad de protección de un patrimonio tan necesario y tan querido no solamente para los vecinos, sino para las regiones afectadas y para los ciudadanos españoles.
Además, este proyecto de ley introduce peculiaridades en la gestión, gestión que parte de la coordinación y de la cooperación interadministrativa y, por tanto, dentro de la competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación existe la Comisión Mixta integrada de manera paritaria por las comunidades autónomas. En Ponencia, por ejemplo, hemos mejorado que en la regulación de esa Comisión Mixta no decida unilateralmente el Ministerio de Agricultura, sino que a la hora de definir las competencias, el funcionamiento, la organización de la propia Comisión Mixta, se tenga en cuenta el parecer de las propias comunidades autónomas. Hay elementos importantes de participación, como el propio Patronato que se ve enriquecido en lo que es su funcionamiento y su composición; también la nominación del Presidente del Patronato es una novedad importante de la Ponencia, en relación al proyecto de ley; el Presidente del Patronato, aunque es nombrado por el Gobierno de la nación, lo será a través de una propuesta interna, motivada, realizada por el propio Patronato.
Se establecen mecanismos muy importantes que enriquecen la presencia de todos los afectados, colectivos, administraciones en su triple ámbito, local, provincial y regional. No hay ningún ataque a la competencia de las comunidades autónomas, no hay ninguna falta de respeto a las comunidades autónomas; lo que hay es un mecanismo positivo de cooperación interadministrativa.
Además, estamos ante un proyecto de ley claramente constitucional, porque, por volver a las palabras del señor García de Enterría, el proyecto de ley desarrolla el artículo 45 de nuestra Constitución, que no se opone a los objetivos de su artículo 130. No es incompatible el desarrollo de las zonas de alta montaña con la existencia de un parque nacional. Estamos logrando un equilibrio importante entre los intereses, entre los objetivos, entre lo que es la razón de ser de este proyecto de ley.
Señor Presidente, señorías, creo que las comparecencias han puesto de manifiesto que puede haber división de opiniones en el ámbito normativo en algunas comunidades autónomas, pero los núcleos fundamentalmente afectados, tanto a nivel de ciudadanos como de municipios, están claramente a favor de este proyecto que es cumplimiento de un programa electoral y de una oferta que hemos hecho los socialistas españoles y asturianos para este ámbito geográfico concreto.


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El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señorías, alegar el señor Cuesta en la Comisión de Agricultura que los núcleos afectados están a favor de este proyecto de ley, cuando hemos visto los miles de firmas y las manifestaciones públicas de rechazo, constituye un ejercicio de auténtica ilusión. Es un mundo de ilusiones que es muy propio de la izquierda; es la utopía, la ilusión, forzar la realidad, forzar los hechos y creer que se sabe mucho de las cosas, aunque en el fondo no se sepa tanto y mucho menos de las personas.
El señor García de Enterría, en su intervención --tendremos ocasión de verlo en el Pleno-- hizo una referencia al artículo 130 de la Constitución y no planteaba, señor Cuesta, que fuera incompatible el desarrollo de montaña con el concepto o el criterio o la figura legal de parque nacional. Lo que decía era que tal y como estaba redactado uno de los artículos --en este momento no lo tengo delante-- se congelaba el desarrollo de esos núcleos de población, cosa que contradecía abiertamente el artículo 130, y eso es lo que a él le parecía más discutible en relación a la Constitución. Por supuesto, no iba a hacer una manifestación técnico-jurídica tan delicada como es ésta en una primera impresión, cuando el Tribunal Constitucional tarda años para declarar inconstitucional una ley; tenía la elemental prudencia del jurista. Sin embargo, llamó la atención sobre esos choques, esas relaciones difíciles entre el texto de la ley y el de la Constitución.
En relación a Cangas de Onís, señor Cuesta, he de decirle que es un municipio afectado, pero afectado desde el año 1918. Se trata de aplicar un poco lo de «fastidiado yo, que se fastidien los demás». Esta era la posición del señor Alcalde de Cangas de Onís. Venimos padeciendo estas limitaciones burocráticas por parte del Icona y, en consecuencia, que se extienda no nos afecta en absoluto. En una situación en la que se van a generalizar las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Esto era en el fondo lo que venía a decir el señor Alcalde de Cangas de Onís y la realidad más estricta.
En relación a las comunidades autónomas, señor Cuesta, por mucho que ustedes ideen sistemas de coordinación, de colaboración, etcétera, hay un hecho objetivo: que al menos dos de las tres comunidades autónomas afectadas no están por la labor. De manera que ustedes deben casar eso con la realidad. Los gobiernos autonómicos afectados de Cantabria y de Castilla-León se manifestaron abiertamente en oposición a este proyecto.
Es decir, no arguyamos que por un lado los afectados están a favor y, por otro, las comunidades autónomas están en el mejor de los mundos posible, porque esto no se ajusta a la realidad.
Por lo demás, lamento que la alianza en este caso con Izquierda Unida en el planteamiento de una ley abiertamente de la izquierda, en el seno de la Cámara, puesto que no tiene apoyos de grupos que no sean del espectro de la izquierda, le lleve también a la coincidencia de considerar necias mis palabras cuando lo que hay que ver es la sabiduría alternativa, porque si es de gran sabiduría considerar «contra naturam» nuestra proposición de que sean los pobladores originales, los vecinos, los propietarios, quienes tengan el protagonismo en la conservación, hay que decir que lo que es realmente «contra naturam» es un concepto burocrático de la conservación de la naturaleza. Esto no ha funcionado en ningún sitio, ni en Daimiel, ni en Doñana, ni en el Parque de Covadonga, ni en ningún parque nacional español, ni del extranjero. Esto ha funcionado sobre la base de las personas que han tenido un interés especial en proteger y en conservar esas áreas. Lo que es «contra naturam» es la burocracia, es la intervención y de esto sí sabe mucho la izquierda, tanto la española como la extranjera, porque se han encargado de desplazar gran cantidad de población en muchos países y tienen una extraordinaria experiencia en cuestiones de este tipo.
Cierro la intervención diciendo que la cuestión se ve en los siguientes términos: hay un planteamiento de respeto a los municipios, a los afectados, a los derechos tradicionales, etcétera, que está Cámara ha manifestado a través del conjunto de sus grupos, salvo Izquierda Unida y el Partido Socialista. Estamos claramente en un caso de debate político en el que se enfrentan dos conceptos, un concepto burocrático, centralista, que intenta imponerse a los vecinos, y un concepto respetuoso de los derechos de las personas frente al concepto de Izquierda Unida y del Partido Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Con el señor Gortázar no hace falta ser Júpiter, basta con ser «Jupiterín» porque dice unas cosas... Así se las ponían a Felipe II.
He oído al señor Gortázar hablar de la burocracia, del «gulag» y de cosas similares. (Rumores.) Me estoy dirigiendo al señor Gortázar, en todo caso. No tengo ningún inconveniente en discutir también con usted, pero dialogando. Esto únicamente puede proceder de un converso, de esos de quienes depende la burra, y debieron llevarse un fuerte golpe en la cabeza que les impide poder dialogar con un mínimo de racionalidad.
Porque usted me habla de burocracia y está planteando no una, sino cuatro burocracias. No me diga usted a mí que hoy en Cantabria hay menos burocracia que la que puede haber, por ejemplo, en la Comunidad de Asturias o incluso, salvando, «salvandis», la distancia --no me refiero a la geográfica sino a la de ámbitos de competencia y demás-- que la que hay en Icona o cualquier otro organismo estatal. Que ustedes digan que no va a haber órganos de participación, no sé si es una necedad o si se quiere engañar al personal, querer, pero no poder. Usted repasa la ley y en todos los órganos, además de participar las comunidades autónomas, participan los ayuntamientos y las asociaciones representativas de los vecinos, propietarios, asociaciones agrarias profesionales, etcétera.
Como no tiene razones, tiene que acudir a la sinrazón, expresado ya a nivel de delirio ideológico. Cuando se refiere a que en la izquierda andamos en la utopía, forzamos la realidad y los hechos... (El señor Gortázar Echeverría: Está en otra galaxia.) Desde luego, en la galaxia de usted, no.


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El señor PRESIDENTE: Ruego que no dialoguen entre ustedes.
Señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Claro que por parte de la izquierda no queremos perder la utopía y queremos transformar la realidad; ustedes, no, ustedes fuerzan la realidad para sostenerla y no enmendarla; ustedes fuerzan la realidad pesando sobre ella, si es posible, la realidad social, pero incluso la física, por ejemplo, cuando su Presidente dice que la España seca hay que dejarla como está. (El señor Gayarre Bermejo: Eso lo decís vosotros.--El señor Hernández-Sito García-Blanco: ¡Eso es mentira!)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Creo que estamos conduciendo el debate por unos términos que no son los razonables. Ruego a todas SS. SS. que se ciñan a lo que es el debate.
Efectivamente, por parte de algunos intervinientes se han hecho incursiones en otros terrenos. En este sentido, también lo he tolerado por parte de otros, pero ruego que reconduzcan el debate a sus términos reales.


El señor GARCIA FONSECA: Lo más razonable es «a palabras necias, oídos sordos». Por lo tanto, me callo.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, brevemente, por favor.


El señor CUESTA MARTINEZ: Creo que lleva razón el señor Gortázar cuando habla de la existencia de dos conceptos en relación a la protección de la naturaleza. Está el concepto de la especulación con la naturaleza, que es el que defiende el señor Gortázar, y el de conservarla y protegerla, que es lo que defendemos en este proyecto de ley los que lo hemos enriquecido a través del trabajo en Ponencia, como Izquierda Unida o el Grupo por el que intervengo en estos momentos.
Estoy convencido de que ustedes no tienen ninguna ilusión en la conservación de la naturaleza, pero efectivamente se vive de ilusión y creo que es malo para un político abandonar la utopía. Parece que el pragmatismo del señor Gortázar le ha llevado a abandonar la utopía y a aborrecerla. La utopía en política no solamente es necesaria sino que también es garantía de la solidez de los principios.
Desde la solidez de los principios, nosotros sí estamos defendiendo una ley que no solamente protege espacios naturales, sino que introduce elementos de participación, de desarrollo y de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y no los quiere convertir en meros elementos vegetativos en una zona donde lo único que interesa en ocasiones --y a los hechos nos remitimos-- es la pura especulación.
El conjunto de asociaciones cívicas de las tres regiones viene reiterando en los últimos años exagerados ataques que afectan al equilibrio de esta zona. Se citan ejemplos impresionantes, sobre todo radicados en el ámbito de la Comunidad de Cantabria, de especulación urbanística salvaje, de malos planteamientos a la hora de diseñar la política de red de carreteras, de un planteamiento de turismo incontrolado.
Señor Presidente, es preciso acabar todo esto desde la unidad de gestión, porque estamos hablando de un patrimonio colectivo que es competencia de la Administración del Estado, por tanto competencia del Estado y de esta Cámara en representación de la soberanía popular.
Los ciudadanos están a favor de este proyecto de ley. Hay comunidades autónomas que han manifestado un punto de desacuerdo con los planteamientos de este proyecto de ley, pero son precisamente comunidades autónomas que ni siquiera tienen una uniformidad legislativa a la hora de regular los mecanismos de protección, que están practicando una cierta hipocresía ecológica y que no están protegiendo --incluso están fomentándola-- la especulación en esta zona.
El Principado de Asturias, que es también una comunidad autónoma afectada, está claramente a favor; no solamente los ciudadanos o las comunidades autónomas, sino múltiples colectivos de todo tipo, todos aquellos que están vinculados a la protección de la naturaleza llevan años reivindicando la necesidad de una ley que amplíe el término del Parque Nacional de Covadonga y cree este Parque Nacional Picos de Europa.
Fíjense que una de las enmiendas socialistas fue incluir un municipio más, porque ante la presentación de este proyecto de ley ha habido algunos municipios y ciudadanos que han pedido la incorporación de su municipio a este proyecto de ley. Por ejemplo, en el informe de la Ponencia todavía se incorpora un municipio más para formar parte el espacio territorial afectado por el proyecto de ley.
Hay otros ayuntamientos, que han comparecido aquí, que han expresado que están en contra, no sus ayuntamientos sino algunos alcaldes. Por ejemplo, tengo aquí un acta, que fue exhibida con motivo de la comparecencia del alcalde de Cabrales, en la que se dice que el pleno de su propio Ayuntamiento rechaza los planteamientos de su alcalde en esta materia, aprobando, en cambio, los planteamientos que hizo la oposición en ese Ayuntamiento, encabezada por el Grupo municipal Socialista, posición en defensa del Parque Nacional. Por tanto, no hagamos una tergiversación de realidades.
Hay una iniciativa legislativa que puede y debe ser debatida desde el punto de vista social, pero que cuenta con un amplio respaldo popular y político, que es, a su vez, la plasmación de unas ideas a las que, desde la utopía, desde la ilusión, pero también desde el realismo y la honradez política, nos hemos comprometido los socialistas españoles con un programa.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas y que quieran intervenir en este debate para fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Simó.


El señor SIMO I BURGUES: Muy brevemente, para anunciar que nuestro Grupo no va a apoyar este proyecto

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de ley que hoy nos ocupa, por algunas razones que seguidamente voy a exponer.
En primer lugar, creemos que es una competencia de las autonomías afectadas, pues creemos que son éstas las que tienen que gestionar dicho parque.
Por otro lado, vemos que una imposición desde las estructuras del Estado a través de la legislación de ámbito estatal no es conveniente cuando vemos que la mayoría de ayuntamientos afectados ha manifestado su oposición, incluidas las movilizaciones populares que ha habido en contra.
Por tanto, repito, nuestro Grupo no va a apoyar este proyecto de ley.


DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE APLIQUE EL COEFICIENTE CORRECTOR DE COTIZACION DE DOS TERCIOS A LAS EMBARCACIONES PESQUERAS COMPRENDIDAS ENTRE 150.01 Y 400 TONELADAS DE REGISTRO BRUTO (TRB).
PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000258.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el referente al debate y votación, en su caso, de proposiciones no de ley. La primera de ellas es la del Grupo Parlamentario Vasco, por la que se insta al Gobierno para que aplique el coeficiente corrector de cotización de dos tercios a las embarcaciones pesqueras comprendidas entre 150 y 400 toneladas de registro bruto.
Para defenderla, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Vasco hemos presentado esta proposición no de ley, relativa a la aplicación a la flota pesquera de altura de los 300 de un índice corrector en la cotización al régimen especial de la Seguridad Social del Mar, en base a la crítica situación económica y de reconversión que está padeciendo el sector pesquero que faena en aguas...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatzagaetxebarría.
Ruego silencio, señorías. Se hace difícil seguir el debate. (Pausa.) Continúe, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, decía que hemos presentado esta proposición no de ley en base a la crítica situación económica y de reconversión que está padeciendo el sector pesquero de altura que faena en aguas de la zona exclusiva de pesca de la Unión Europea. Señor Presidente, existe en el régimen especial de la Seguridad Social del Mar una regulación propia y singular en materia de cotización, en atención a unos grupos de cotización que fueron regulados por el Decreto 1867/1970, de 9 de julio. En el caso de embarcaciones con personal retribuido, el límite de tonelaje diferenciador entre los grupos primero y segundo fue establecido en 150 toneladas, si bien el Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Social de la Marina, ha autorizado a modificar los límites de tonelaje cuando, entre otras razones, la coyuntura económica --dice el Real Decreto regulador de la Seguridad Social del Mar-- de las empresas así lo aconseje. Igualmente, el Instituto Social de la Marina ha autorizado a determinar los coeficientes correctores de las bases de cotización, cuestión que se ha realizado mediante la Orden del Ministerio de Trabajo de 22 de noviembre de 1974.
En esta disposición se establecían tres indicadores de cotización, señor Presidente. En primer lugar, un coeficiente de un tercio para trabajadores autónomos y embarcaciones hasta 10 toneladas; segundo, coeficiente de un medio para embarcaciones entre 100 y 50 y, en tercer lugar, coeficiente de dos tercios para embarcaciones entre 50 y 150 toneladas.
Nos encontramos, por tanto, con una clasificación de grupos, señor Presidente, realizada por un Decreto del año 1970 y complementada por una Orden ministerial del año 1974, que no han sido revisados desde entonces.
Desde que dicha clasificación fue realizada, se han producido una serie de cambios que han afectado profundamente al sector pesquero español, como son la ampliación de las aguas a las 200 millas náuticas, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y, por último, los acuerdos de integración pesquera del pasado mes de diciembre. Juntamente con ello, y con carácter complementario, nos encontramos, señor Presidente, con la aprobación del Tratado sobre el espacio económico europeo y la creciente tendencia de liberalización del mercado pesquero mundial, en el ámbito de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, que están poniendo en peligro el principio de preferencia o prevalencia comunitaria.
Estando integrados, pues, actualmente en la Unión Europea, el sector pesquero se encuentra ante graves problemas estructurales, como son: el deterioro de los recursos pesqueros; la necesidad de mantener importante mano de obra, tanto en mar como en tierra; la escasez de mano de obra por falta de interés en trabajar en la mar por parte de las nuevas generaciones y la imposibilidad del sector de repercutir en sus capturas el aumento de costes de producción, dado el peculiar sistema de comercialización del pescado, que se realiza a través de las subastas a la baja.
Señor Presidente, si se quiere seguir manteniendo y fortaleciendo el sector pesquero español, tanto desde el punto de vista de las regiones fuertemente dependientes del mismo como avituallador de proteínas del mercado nacional, es necesario buscar algún modo de ayudar a soportar los excesivos costes que esta situación de reconversión está generando.
Piénsese que las retribuciones que han de cobrar los trabajadores del mar tienen que ser superiores a las de los trabajadores en tierra, puesto que, si no, nadie querría ir a trabajar, por las dificultades, la penosidad y la laboriosidad que el desempeño de las condiciones de trabajo tienen en alta mar.


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Con la revisión que pedimos se pretende que la posibilidad de cotizar aplicando el coeficiente corrector sobre las bases de cotización sea ampliada hasta el límite de toneladas de registro bruto, estableciendo, por tanto, la inclusión de la flota que faena en aguas de la Unión Europea y que ha sido afectada por parte de los acuerdos de la integración pesquera del pasado mes de diciembre, en un ámbito entre 150 y 400 toneladas de registro bruto, para los cuales planteamos este supuesto de cotización con estos correctores de dos tercios. El límite que proponemos, señor Presidente, tampoco es, en absoluto, aleatorio; el criterio que seguimos es el elegido en diferentes disposiciones comunitarias, como las relativas a las ayudas para la paralización definitiva, a la constitución de sociedades mixtas y ese límite previsto en normas estatales aprobadas por el Gobierno en relación a las ayudas para la reestructuración del sector pesquero español. Se trata, pues, el límite de las 400 toneladas de registro bruto, de un criterio delimitador arraigado en la costumbre administrativa y en la gestión de las diferentes administraciones pesqueras.
Señor Presidente, señorías, la presente cuestión, que hoy plantea mi Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara ha sido debatida en la Comisión ejecutiva provincial del Instituto Social de la Marina de la provincia de La Coruña, así como en la Comisión ejecutiva provincial del ISM de Vizcaya, a propuesta del sector afectado por la plena integración pesquera, y fue aprobada en esas comisiones del Instituto Social de la Marina con el voto favorable de la representación sindical de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores. Estos órganos provinciales del Instituto Social de la Marina han elevado una propuesta al Consejo General de dicho ente gestor y, hasta este momento, la representación del Ministerio no ha dado el curso debido, a nuestro juicio, a las solicitudes realizadas por las instituciones de dicho organismo en las provincias.
Señorías, conociendo la crítica situación que está padeciendo el sector de la flota pesquera de altura que faena en aguas comunitarias, fundamentalmente gallega y vasca y en menor medida asturiana y santanderina, es preciso adoptar, aunque sea con carácter excepcional --nosotros estaríamos dispuestos a ir en esa línea, señor Presidente, en aras a lograr el consenso--, medidas incentivadoras para el ejercicio de la actividad pesquera. En concreto, lo que solicitamos son esas modificaciones puntuales, con carácter temporal o excepcional, para las flotas pesqueras afectadas por los acuerdos de plena integración, teniendo en cuenta que el Decreto regulador del régimen especial pesquero del mar establece que la coyuntura económica de las empresas puede hacer adoptar al Gobierno medidas correctoras en la cotización.
Por ello, señor Presidente --y voy terminando--, conociendo la situación del sector, es ahora cuando procede que el Gobierno adopte estas medidas de complementación y de incentivación de la reconversión. Pero es que, además, el Decreto del año 1970, cuando establece el criterio de los grupos de cotización por tonelaje, prevé que la clasificación por grupos se pueda modificar, repito, no en base a la situación económica general --dice el Decreto 1867 de 1970--, sino cuando la coyuntura económica de las empresas del sector afectado lo aconsejaran. Señorías, estimamos que es el momento oportuno para adoptar dicha medida y por ello solicitamos la aplicación de ese índice corrector, porque es excepcional el momento que atraviesa el sector pesquero español; SS. SS. lo conocen y el Gobierno también, con mayor profundidad.
Termino, señor Presidente, manifestando que la medida que solicitamos es muy importante para la flota pesquera española que faena en aguas de la Unión Europea, afectada por los acuerdos de la plena integración pesquera, y esperamos que los distintos grupos de la Cámara sean sensibles ante esta cuestión y alcancemos un acuerdo para aplicar el coeficiente que solicitamos.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir en el debate? En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla tiene la palabra.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Señor Presidente, efectivamente, como dice el señor Gatzagaetxebarría, la situación de los trabajadores del mar es que en estos momentos se encuentran discriminados con respecto a los trabajadores que están contratados en otras formas distintas. Es cierto que el Decreto de 1974 y la Orden ministerial del 22 de diciembre de ese mismo año establecen unos parámetros en función de las toneladas de registro bruto para aplicar unos coeficientes correctores a las bases de cotización de esos trabajadores. Sin embargo, como también anticipaba el señor Gatzagaetxebarría, el artículo 33 del Decreto 1867/1970, en sus apartados 3 y 4, se refiere siempre a los trabajadores retribuidos a la parte. ¿Qué quiere decir la expresión trabajadores retribuidos a la parte? Es un sistema de pago un tanto peculiar, es decir, una vez obtenido el montante de la marea se deducen una serie de gastos, por ejemplo, para los que trabajan a la volanta, de las comisiones de venta, de los víveres, de la Seguridad Social, de las licencias y de los neveros, así denominados, y del resto se reparte un 34 por ciento a los trabajadores y un 66 por ciento para el patrón del barco. Si son palangreros, el resultante se repartiría entre el 50 por ciento, partiendo de la base de que de ese 50 por ciento el armador tendría que pagar los combustibles, aceites, etcétera. Todo el coeficiente corrector para los barcos que tienen hasta 150 toneladas está establecido en dos tercios.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) se pretende ahora que este coeficiente corrector se amplíe hasta las 400 toneladas. Con ello se beneficiaría, aproximadamente, al 90 por ciento de la flota que opera en el Gran Sol y al 70 por ciento de los arrastreros del litoral cantábrico y del noroeste.
Nosotros tenemos que hacer una enmienda, una propuesta alternativa o una adenda a su propia propuesta en el sentido de que, al hacer referencia a los buques de 150 a 400 toneladas, hay que retirar del Decreto 1867/1970 el apartado 3 del artículo 33 en cuanto que se refiere solamente a trabajadores a la parte.
¿Por qué proponemos esto? Porque ahora, y cada vez más, en los convenios colectivos entre armadores y tripulaciones

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se está llegando a acuerdos en los que no solamente no tienen sueldos fijos sino que están muchas veces a los avatares de la propia marea.
Por tanto, deducir en parte esta cotización significa también aumentar automáticamente lo que pueden percibir los trabajadores del mar. Hay que tener en cuenta que, año tras año, por las diversas vicisitudes que están atravesando --cada vez hay menos caladeros y cada vez hay que buscarlos más lejos-- perciben menos remuneraciones. Por tanto, repito, apoyamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y, además, le proponemos que en su proposición --valga la redundancia--, que no dice nada del tema de la parte, como consecuencia de nuestra posición sea retirada también la expresión «a la parte», este tipo de retribución, del apartado 3 del artículo 33 del Decreto 1867/1970.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Mi Grupo Parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley, aunque quizá no sea políticamente el momento más correcto y oportuno para aprobar una proposición no de ley de esta naturaleza. Pensamos que esta decisión se podía haber pospuesto a las resoluciones que se produjesen por parte de la Ponencia de pesca, en la que uno de los aspectos importantes es el tema de la Seguridad Social.
Nuestra posición de partida, aunque creo que es necesario ir a todos los agentes que tienen que participar en esta Ponencia, es la de ser favorable a esta modificación que propone el Grupo Vasco.
Por tanto, con estas cautelas, mi Grupo Parlamentario votará afirmativamente esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Nuestro Grupo entiende que la proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco denuncia que el régimen de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del mar retribuidos a la parte se realiza por unos coeficientes en este momento desfasados, porque desde 1974, en que fueron establecidos los diferentes grupos de cotización, en un eslabón, el de las 150 toneladas de registro bruto, se han realizado una serie de cambios en las condiciones y en los resultados de la pesca, como los que ha citado el proponente (ampliación a 200 millas de las aguas jurisdiccionales, ingreso en la Comunidad Económica Europea, disminución de las capturas, etcétera), que han repercutido en una disminución de los beneficios del sector y, por tanto, de la renta que perciben los trabajadores del mar, con lo que se justificaría que las bases de cotización más reducidas alcanzaran hasta los buques de 400 toneladas de registro bruto.
Pienso que es bueno recordar aquí que, dentro de las modificaciones que se han efectuado en el sector y que han sido aprobadas en estas Cortes, algunas disposiciones son positivas, por ejemplo, las compensaciones a la Seguridad Social, durante las paradas biológicas y algunas otras.
Nuestro Grupo desearía, antes de decidir sobre el fondo de la proposición no de ley, tener cuantificadas las repercusiones económicas de la medida propuesta y que se integrara esta propuesta dentro del conjunto de las materias de debate que tenemos que realizar en la Ponencia en este capítulo concreto de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. O sea, que la proposición no de ley podría ser apoyada por nuestro Grupo en el sentido de instar al Gobierno para que remitiera a la Ponencia la documentación que he citado, así como la de las repercusiones del cambio, ya aprobado por decreto, de cotización de las bases fijas y de los salarios reales.
No decimos que el cambio de 150 toneladas a 400 que se solicita no pueda hallarse justificado, incluso avalado por los propios sindicatos; lo que decimos es que, como hemos constituido una Ponencia para que dictaminara y propusiera soluciones al conjunto de la problemática del sector pesquero y, por tanto, también de la Seguridad Social, este capítulo debería ser uno de los capítulos importantes a debatir globalmente, y seguramente a consensuar, dentro de una estrategia de política pesquera global.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Quiero anunciar, de entrada, que el Grupo Socialista no va a aprobar la proposición no de ley que presenta el Grupo Vasco, no porque no coincidamos con él y con el resto de los grupos en que es necesaria una revisión profunda, seguramente, del sistema de cotización del Régimen Especial del Mar. Entendemos que la propuesta que se debate no debería hacerse en el marco de esta Comisión. Esta propuesta ha tenido un marco inmejorable cual ha sido el del debate de la reforma y del mantenimiento del sistema de la Seguridad Social, que ha terminado sus trabajos recientemente. Ese hubiera sido el momento, en el que se estudiaba la viabilidad del conjunto del sistema de la Seguridad Social, para haber producido un análisis en profundidad de si era necesaria o conveniente la revisión del sistema de cotizaciones del Régimen Especial del Mar. Una vez que esto no se ha producido, creo que hay otro marco que creo es más adecuado que el de esta Comisión, como algunos portavoces de otros grupos han anticipado, que es el debate más tranquilo y sosegado, más profundo también, que se puede producir en la Ponencia que recientemente ha iniciado sus trabajos de revisión del sector pesquero.
Creo que allí debe producirse este debate en profundidad, no solamente del tema de cuáles son los límites de los descuentos sino de todo el sistema de cotización del Régimen Especial del Mar.
Es evidente que existe una discriminación de los trabajadores del mar, pero una discriminación con carácter positivo, no con carácter peyorativo, en relación con los trabajadores del Régimen General. El Régimen Especial del Mar ha hecho unos avances considerables en cuanto a las prestaciones y se sigue cotizando, como han dicho muy

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bien todos los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, en relación con decretos que yo creo que están bastante obsoletos.
Por tanto, si los trabajadores del mar tienen que mantener, como nosotros creemos, un nivel de prestaciones comparables al que mantienen los trabajadores del Régimen General, deben tener que cotizar en comparación al resto de los sectores productivos de este país. Así claramente lo recogían las conclusiones, concretamente la resolución cuarta de la Ponencia que estudió la viabilidad del sistema de la Seguridad Social cuando dice textualmente: «Financiación de los regímenes especiales.
Modificar, en lo posible, la situación bajo el criterio de que a igualdad de acción protectora debe ser también semejante la aportación contributiva». Esta es una de las resoluciones en referencia a los regímenes especiales y creo que esto debe ser la luz bajo la cual tenemos que reflexionar de qué forma atemperar, naturalmente por cuestiones coyunturales que afectan extraordinariamente el sector pesquero, esta igualdad de la cotización que, como he dicho antes, requiere una más profunda reflexión.
Está claro que el Grupo Socialista está por esta labor. Ha presentado y ha apoyado propuestas en Pleno y en Comisión tendentes a que el sector pesquero tuviera bonificaciones para las flotas afectadas por paradas biológicas, etcétera, y en el mismo sentido el Grupo Socialista puede replantearse la situación o el voto, que hoy es negativo, si en el transcurso de las negociaciones o de las reflexiones que se puedan hacer en el seno de la Comisión se llega a un acuerdo mayoritario y satisfactorio para todos. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, sabe que en este debate...


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, pero es que ha habido enmiendas «in voce» presentadas por los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Para estos extremos, tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Yo quería agradecer al Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida la sensibilidad que han tenido respecto a nuestra iniciativa. También quería indicar al Grupo de Convergència i Unió y al Grupo Socialista que, no estando totalmente de acuerdo con sus planteamientos, entiendo el que se pueda analizar tal cuestión en el seno de la Ponencia específica que se ha constituido en esta Comisión para el análisis del sector pesquero español. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, en este momento no tiene inconveniente en posponer este debate a la Ponencia. Por ello, entiendo que, procedimentalmente, lo adecuado sería la retirada de la proposición no de ley en aras a poder alcanzar un consenso en la Ponencia y, en consecuencia, procedemos en este trámite a su retirada y posposición del debate sobre esta cuestión al análisis que se realizara en la Ponencia.


--SOBRE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL COMO OBSERVADOR EN LAS NEGOCIACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES DE LA UNION EUROPEA (UE) CON TERCEROS PAISES, PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente: 161/000347.)

--SOBRE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL COMO OBSERVADOR EN EL COMITE HISPANO-FRANCES DE PESQUERIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente: 161/000377.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir conjuntamente las dos restantes propuestas del Grupo Parlamentario Vasco, sobre la participación del sector pesquero español como observador en las negociaciones bilaterales y multilaterales de la Unión Europea con terceros países y sobre el sector pesquero español como observador en el Comité Hispano-Francés de Pesquerías.
Para defenderlas, de manera conjunta, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Como indicaba usted, voy a consumir un único turno para la defensa de dos proposiciones no de ley que tienen un grado de sintonía o de analogía elevado. Empezando por la primera, en relación a los acuerdos o convenios con terceros países, bien sean bilaterales o multilaterales, señor Presidente, quiero recordar que hasta hace unos 25 años el ejercicio de la actividad pesquera en el mar ha sido una actividad libre. Las limitaciones y las restricciones vinieron hace unos 25 años, cuando los estados se dieron cuenta de la riqueza de los recursos naturales existentes en la ribera del mar. Ahí se produjo, señor Presidente, lo que era inicialmente una costumbre entre los países, que era la extensión de la zona económica exclusiva a las 200 millas, diferenciando entre lo que es propiamente el mar territorial, como cosa de dominio público de cada uno de los estados, en el cual la titularidad sería plena, y el otro concepto que se acuñó, que era el de la zona económica exclusiva de pesca, en el cual los estados venían a disfrutar de los recursos naturales del mismo. Sería, señor Presidente, trasladado al Derecho positivo español un usufructo sobre la zona o el espacio de agua entre las 12 y las 200 millas. Ese usufructo, ese aprovechamiento, esa rentabilidad que sobre los recursos naturales se han venido utilizando por parte de los estados desde las 200 millas, adquirió carta de naturaleza, adquirió soporte en materia de Derecho internacional, con la aprobación de la Convención sobre el derecho del Mar de las Naciones Unidas del año 1982 que, por cierto, señor Presidente, ha entrado en vigor hace poco y que España todavía no ha ratificado.
También la antigua Comunidad Económica Europea, ahora la Unión Europea, procedió en enero de 1977 a la ampliación del uso y aprovechamiento de las aguas de las 12 a las 200 millas. Eso originó una serie de alteraciones en el régimen pesquero, no sólo español sino en el de todos

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los países de la Unión, y ha supuesto el que la flota española, que estaba extendida en su actividad pesquera por todos los caladeros del mundo, desde el año 1977, en base a esa costumbre ya soportada en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tuviera que llegar a acuerdos con otros países; tuvo que llegar a acuerdos con Guinea, con Mozambique, con Cabo Verde, con Mauritania, etcétera.
Señor Presidente, y lo saben todas SS. SS., la integración de España en la Unión Económica y Política ha supuesto el que la política pesquera comunitaria tenga una serie de connotaciones y características, y son que hay una uniformidad, hay un mínimo común denominador normativo, material y ejecutivo, en materia de mercados, de estructuras o de recursos, pero también es característica de la política común pesquera el que las relaciones con los terceros países distintos de la Unión Europea es realizada por parte de los órganos comunitarios.
En definitiva, nos encontramos, señor Presidente, ante una materia muy comunitarizada ya desde sus orígenes, la constitución de la Comunidad Europea y desde el derecho originario consagrado en el Tratado de Roma. Y ello ¿qué ha supuesto? Que la competencia de negociación de aquellas relaciones de naturaleza bilateral o multilateral en las que España participaba ha sido transferida, junto con sus ámbitos de determinación, a los órganos de la Unión Europea. Así, en este momento, señor Presidente, la Unión Europea se ha subrogado en todos esos acuerdos que España tenía con terceros países y, además, ha realizado otra serie de acuerdos, bien bilaterales o multilaterales, con países distintos de la Unión y que se caracterizan por las siguientes connotaciones: Hay acuerdos, señor Presidente, de reciprocidad, es decir, acuerdos en los cuales la Unión Europea accede a caladeros de otros países y estos países, a su vez, acceden a los caladeros de la Unión Europea. En segundo lugar, hay acuerdos de acceso a mercados a cambios de acceso a recursos, es decir, la flota de la Unión Europea accede a los caladeros naturales de países terceros y estos países terceros tienen acceso al mercado de la Unión Europea. En definitiva, se deshace el principio de preferencia comunitaria, tienen unas reducciones arancelarias para poder comercializar sus productos en el mercado de la Unión. En tercer lugar, también podemos encontrar, señor Presidente, acuerdos pesqueros en los cuales, en contrapartida al acceso a los recursos, la Unión Europea otorga a estos países contrapartidas de carácter financiero. Así, es muy peculiar los acuerdos de la ACP --Africa, Caribe y Pacífico--, países subdesarrollados, por ejemplo, Gambia, Guinea, Islas Mauricio, Madagascar, Angola o Cabo Verde. Con estos países la relación que tiene la Unión Europea es la de poder acceder a sus recursos a cambio de contrapartidas financieras.
Y, finalmente, señor Presidente, la última tendencia de acuerdos con otros países la encontramos en los acuerdos de segunda generación, es decir, aquellos acuerdos en los que, en contrapartida al acceso a los recursos, la Unión Europea se compromete a la transferencia de tecnología, a la realización de inversiones en esos países. Así son los acuerdos, por ejemplo, con Argentina, recientemente celebrado, acuerdo con Marruecos, en los que, además de esas compensaciones financieras, se realizan inversiones estratégicas en esos países mediante la constitución de sociedades mixtas. Lo cual también puede ser bueno en un determinado momento, pero malo porque ello supone la exportación y la desaparición de esos buques pesqueros como de pabellón de la Unión Europea. Y es en este contexto, señor Presidente, donde se aprecia que el Gobierno español, que tradicionalmente ha sido sensible a esta cuestión (mediante la consulta y siendo el sector pesquero español observados en los acuerdos bilaterales o multilaterales a que se llegaba por parte de la Administración central con estos países antes de la entrada en la Unión Europea en 1986), ve truncada tal costumbre administrativa cuando la negociación es liderada por parte de la Comisión Europea.
Hay reticencias por parte de Francia, hay reticencias por parte de Gran Bretaña para que exista una representación de los sectores afectados, cuando recientemente se ha dado la paradoja de que, negociando la prórroga del acuerdo con Groenlandia, el sector pesquero europeo se ha encontrado de frente con las autoridades groenlandesas, que iban respaldadas por todo el sector bacaladero de Groenlandia y que consultaban con su administración pesquera el ámbito, el efecto y el alcance de las negociaciones, mientras que la Unión Europea iba representada por funcionarios, señor Presidente.
Ello en muchas ocasiones implica frialdad y una serie de condicionantes en la negociación sin tener en cuenta al sector pesquero, con el que tradicionalmente se contaba cuando España negociaba directamente con terceros países.
Por ello, lo que nosotros pretendemos --y creemos que estamos en sintonía con la costumbre administrativa del Gobierno central-- es que, al negociar bien la concertación por primera vez de acuerdos bilaterales o multilaterales con organismos como la NAFO o bien la prórroga de estos acuerdos, se integre dentro de la delegación de la Unión Europea que negocie con terceros países al sector pesquero europeo, que fundamentalmente lo vienen a constituir España y Portugal. Por eso hemos presentado esta iniciativa destinada a defender esa mayor inmediatez, esa cercanía y ese conocimiento del sector que tiene la Administración española y que el sector pesquero español pueda participar como observador, es decir, como asistente, como apoyo, en definitiva, en la negociación política que realizan los funcionarios de la Comisión Europea. Este es el alcance y el sentido de nuestra proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en el debate? En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla tiene la palabra.


El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Voy a ser muy breve, porque el señor Gatzagaetxebarría ya ha sido suficientemente amplio en su exposición.
El Grupo Popular va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Sin embargo, mucho

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me temo que otros grupos que van a hacer uso de la palabra posteriormente también remitan esta proposición no de ley a la Ponencia recientemente creada.
Es cierto que antiguamente el sector estaba siempre presente en todo tipo de negociaciones. Es más, el sector negociaba directamente con otros muchos países. Este Diputado ha tenido el honor de representar a la delegación española, por ejemplo, en acuerdos con ICSEAF en su propio seno, la NAFO prácticamente era quien se encargaba de todos los convenios, con Canadá en este caso o con otros otros organismos supranacionales.
Ultimamente, la entrada en la Unión Europea ha dado lugar a que sean sus propios técnicos, sus propios funcionarios, los encargados de todos estos acuerdos, y no a espaldas al sector, pero muchas veces sin contar con él.
En ocasiones nos encontramos con sorpresas, muchas desagradables, en el sentido de que se acepta una serie de planteamientos que a lo mejor van en detrimento del propio sector.
El ejemplo más reciente es el famoso TAC para el fletán negro, que Canadá, de forma casi unilateral, ha fijado en 27.000 toneladas, es cierto que apoyado por otros países y, por tanto, ha sido una decisión democrática. Esto ha supuesto un perjuicio notorio para España y estamos intentando por todos los medios --sin duda el Gobierno también-- rectificar o, por lo menos, no aceptar las cuotas que pretende adjudicar Canadá a cada uno de los países.
Esto, lógicamente, ha ocurrido porque se ha aceptado en principio el TAC.
Posiblemente si el sector estuviese por lo menos de observador desde el primer momento esto no hubiese sido así.
Por tanto, consideramos que la proposición del Grupo Vasco (PNV), en el sentido de que el sector sea observador, sirva de apoyo a los técnicos y funcionarios de la Unión Europea o a los propios técnicos del Gobierno español. Consideramos que puede ser muy positiva y, por tanto, la posición del Grupo Popular es apoyarla.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida, el señor Andréu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Seré aún más breve. Nuestro Grupo también apoyará esta proposición no de ley. Aunque se han producido en los últimos tiempos situaciones de desconfianza por parte del sector hacia los negociadores políticos que representaban a España en materia de pesca en la Unión Europea, pensamos que ello no debe dar lugar a juicios definitivos como el oído de que deben ser funcionarios los que negocien.
Nosotros pensamos que debería matizarse sustancialmente, porque no creemos que haya que llevar las cosas a esos extremos.
En cualquier caso, sí nos parece realmente interesante que el sector esté presente en las negociaciones a fin de que cualquier tipo de malentendido entre el sector y los negociadores por parte de la Administración quede resuelto y no se produzcan situaciones como las que hemos vivido este verano de claro enfrentamiento del sector con el Ministerio de Agricultura por la actuación que tuvo en las negociaciones de pesca del bonito del norte.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) nos trae hoy para su debate en esta Comisión dos iniciativas que podrían parecer semejantes pero que, a nuestro juicio, no lo son. Sí lo son en la finalidad plenamente justificada de lograr la participación del sector pesquero español en las negociaciones de la Unión Europea con uno o más países, pero dado que la Unión Europea sus cribe acuerdos con terceros países en los que las flotas europeas, y significativamente las españolas, desempeñan una buena parte de sus actividades pesqueras, es lógica la presencia del sector en estas negociaciones. No obstante, no es ésta una petición que pueda circunscribirse a la presencia del sector pesquero español, ya que la Unión Europea en todo caso tendrá que abrir a todos los países esta posibilidad.
Entiendo que la parte resolutiva de la proposición no de ley especifica que la calidad de observadores se atribuirá a todos los representantes de los sectores de todos los países miembros afectados por una negociación bilateral o multilateral. Nuestro Grupo, por esta razón, votará favorablemente esta proposición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
De consecución más factible o, si se prefiere, más inmediata nos parece la otra petición de participación del sector pesquero español como observador en el Comité Bilateral Hispano-Francés de Pesquerías, porque creemos que es una consecuencia lógica e inmediata de la constitución del Comité de Pesquerías.
En esta proposición corresponde a los dos países decidir la composición de dicho Comité y, por tanto, la participación del sector en sus diversas especialidades, pero significativamente en el sector extractor, que es donde surgen habitualmente las discrepancias y los conflictos. Nos parece absolutamente justificada, repito.
Nuestro Grupo opina que la presencia del sector en el Comité como observador y asesor podría contribuir a que las relaciones entre quienes compiten dentro de las mismas áreas de pesca se normalizaran de una vez.
Por todo ello, repito, nuestro voto será favorable a ambas proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: A pesar de la intervención del portavoz del Grupo Popular, esta vez el Grupo Socialista va a apoyar las dos proposiciones que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) sin remitir su resolución a los estudios de la Ponencia, porque esto sería entorpecimiento de las labores de esta Comisión. Por tanto, vaya por delante el apoyo del Grupo Socialista a estas dos iniciativas.
Me gustaría hacer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, una serie de observaciones al debate tal como se ha ido desarrollando.


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La primera proposición del Grupo Parlamentario Vasco pretende modificar el operativo que hasta la fecha mantiene la Unión Europea cuando negocia cualquier nuevo acuerdo pesquero de la Comunidad. Hasta ahora, la Comisión negocia los acuerdos con la ayuda de los Estados miembros; es decir, que la Comisión negociadora está formada por la propia Administración europea y representantes de las administraciones centrales de los Estados interesados en los acuerdos. Si no hay participación más que de funcionarios comunitarios es porque los países interesados delegan su responsabilidad y su presencia física en los actos de negociación en manos de los funcionarios. Pero que quede claro que la presencia de las administraciones nacionales respectivas interesadas en la negociación está garantizada por el sistema que se lleva hasta el momento. Estos representantes de las administraciones nacionales tienen encomendada, como es lógico, la defensa de los intereses de sus flotas y son los que plantean y defienden las peticiones del sector nacional al que representan y las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta en los acuerdos negociados.
La delegación comunitaria está integrada únicamente por funcionarios de las administraciones nacionales y esto excluye, por supuesto, hasta la fecha la presencia de los representantes del sector. Pero, ¿significa que en un proceso de negociación donde existen intereses para las flotas españolas no juegan un papel importantísimo los representantes del sector? Yo creo que en absoluto, señorías. Desde el primer momento en que se proyecta la iniciación de negociaciones o la renovación de los protocolos de acuerdos ya en vigor, la Administración se mantiene en estrecho y permanente contacto con los representantes de las flotas afectadas. Asimismo se suele desplazar al lugar de la negociación la representación sectorial que lo considera conveniente, manteniéndose con la misma reuniones sobre la marcha de las negociaciones en las que se informa puntualmente de su desarrollo y se adoptan las decisiones oportunas en cada fase o momento. Todo ello aparte de la representación que el sector tiene en múltiples organismos comunitarios, que voy a citar para el conocimiento de las señorías que no estén demasiado familiarizadas con ellas. Existe representación en el Comité Económico Social, hay un Comité paritario para los problemas sociales de la pesca marítima; un Comité consultivo sobre la pesca y la Organización de Asociaciones Pesqueras denominada Europêche. Cualesquiera de estas organizaciones europeas defienden la representación de los distintos sectores o flotas nacionales.
¿Es necesario o conveniente modificar esta situación? La verdad, señores Diputados, es que desde el Grupo Socialista no encontramos mayores inconvenientes para que esto se produzca, habida cuenta de que en cuanto mayor apertura haya en la composición de las comisiones negociadoras ello redundará en beneficio de los intereses del sector. A este respecto solamente quiero sugerirle al Grupo proponente que iniciativas de este tipo a lo mejor sería interesante presentarlas en el Parlamento Europeo, porque modificar la operativa del funcionamiento de las comisiones negociadoras debería ser objeto de debate, no solamente de las Cortes Generales en este caso, de un parlamento nacional, sino del conjunto de los parlamentos que conforman la Unión Europea. Por tanto, sería bueno que el Grupo proponente trasladara esta iniciativa allí para hacer un debate general con todos los representantes de las otras naciones que componen la Unión Europea.
En cuanto a la participación del sector pesquero español como observador en el Comité Hispano-Francés de Pesquerías, como todos ustedes saben el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebró en Bruselas del 19 al 22 de diciembre creó el Comité Hispano-Francés de Pesquerías en cuyo seno se debatirán los asuntos relacionados con la cohabitación en el mar de las flotas francesas y españolas que tantos conflictos ha producido recientemente en nuestros mares y van a discutirse las medidas técnicas y los problemas de mercado derivados de sus actuaciones. Está previsto precisamente en este acuerdo que en el citado Comité Hispano-Francés de Pesquerías participen tanto las administraciones pesqueras de ambos países como representantes de los sectores afectados.
Por tanto, aunque consideramos que es innecesaria esta proposición que nos presenta el Grupo Vasco, como es coincidente con el acuerdo que ya se ha alcanzado con las autoridades francesas también le vamos a dar nuestro apoyo.
Este Comité franco-español va a tener su primera reunión a lo largo de este mes y, por tanto, podrán comprobar SS. SS. cómo la representación del sector es ya un hecho.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría durante un minuto.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: A lo largo de mi primera intervención no había hecho referencia a la defensa de esta segunda proposición. Decía al inicio de la misma que había un elevado grado de sintonía y, por lo tanto, el 90 por ciento de la argumentación que he expuesto en mi primera intervención es trasladable a la defensa que corresponde realizar a esta proposición no de ley.
Unicamente quiero recordar, señor Presidente, que la política comunitaria de pesca es una de las materias más comunitarizadas. Lo que existe en el ámbito de la Unión Europea es un mínimo común denominador, tanto normativo como ejecutivo y este mínimo común denominador en cuanto a los mercados, a las estructuras y a los recursos autoriza a que los Estados puedan tener también relaciones de naturaleza bilateral entre Estados miembros, a su vez, de la Unión Europea. Así es frecuente que España haya tenido relaciones, dentro de ese mínimo común denominador en estructuras, mercados y recursos, con Francia para el intercambio de cuotas de especies demersales o pelágicas, por ejemplo, pelágicas como la anchoa o demersales como la merluza y el rape. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitarse de que en los acuerdos del pasado mes de diciembre relativos a la integración de España en la política pesquera común se consiguiera un acuerdo bilateral entre Francia y España por el cual se constituía un Comité

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Hispano-Francés de Pesquerías que iba a examinar, dice el acuerdo, los temas de interés bilateral y administrativo entre los dos países.
Nos parece interesante, por las argumentaciones que antes he expuesto, y conveniente además, el que los sectores pesqueros españoles afectados, que son los de bajura y de altura, puedan estar como observadores en estas negociaciones, y tal es el sentido de la proposición no de ley.
Termino, señor Presidente, agradeciendo la sensibilidad que han tenido el resto de los grupos parlamentarios de la Cámara con las dos proposiciones no de ley que hemos tenido ocasión de presentar por parte de nuestro grupo el día de hoy.


--RELATIVA A LA AMPLIACION DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON DERECHO A LA PERCEPCION DE LA AYUDA A LA PRODUCCION DE TRIGO DURO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000332.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, si les parece, al debate de la última de las proposiciones no de ley, que es la del Grupo Parlamentario Popular relativa a la ampliación de las provincias españolas con derecho a percepción de la ayuda a la producción de trigo duro.
Para defenderla, el señor Martínez Izquierdo tiene la palabra.


El señor MARTINEZ IZQUIERDO: Señor Presidente, señorías, intentaré ser breve.
Por segunda vez el Grupo Parlamentario Popular vuelve a traer a esta Cámara una proposición no de ley solicitando el incremento de la superficie española con derecho a la percepción de ayudas a la producción de trigo duro y, consecuentemente, la ampliación de las provincias beneficiarias de la misma, de tal manera que puedan tener derecho a estas ayudas todos los agricultores cuyas explotaciones agrícolas se encuentren situadas en las comarcas comprendidas dentro de las regiones de los Objetivos 1 y 58.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad, y a pesar de no poder acogerse a la ayuda compensatoria a la producción de trigo duro, existen numerosas provincias españolas en las que los agricultores, por falta de alternativas rentables, están sembrando este cereal, como ocurre, sin ir más lejos y por poner un ejemplo, en mi propia provincia de Soria, en donde actualmente se están sembrando unas mil hectáreas de trigo duro.
Extraña a los agricultores de estas provincias que el Gobierno español no insista, una y otra vez, ante las autoridades comunitarias --no se olvide que España está dentro de la Unión Europea-- en pedir la ampliación de dicha superficie de trigo duro asignado a España teniendo en cuenta que la ayuda que se concede por hectárea supera algunas veces el importe de la venta, por lo que consideramos de vital importancia estas ayudas.
Algunos agricultores de comarcas y provincias no beneficiarias de esta ayuda se han cansado de decir que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dejó de tener interés por este tema desde que el Ministro señor Romero la consiguió para su provincia de origen, Zamora, lo que nos parece estupendo, pero nos hubiera parecido mucho mejor que esta ampliación también la hubiera conseguido para el resto de las provincias más deprimidas de España, que según el Anuario Estadístico siguen sembrando trigo duro sin recibir ayudas.
Es absurdo que hoy en día fincas de ciertos términos municipales de algunas provincias tengan derecho a la percepción de la ayuda y el lindero de otras fincas de otras provincias no la tengan. Por ejemplo, Soria-Zaragoza, Teruel-Zaragoza, Palencia-Zamora, etcétera.
Por otra parte, no entendemos que para la percepción de la ayuda de la producción de trigo duro se aduzca la razón de que sólo tienen derecho las comarcas en las que históricamente se ha sembrado este cereal, más tarde ampliada a las provincias enteras, cuando con otro tipo de ayudas a la renta, similares a ésta, como pueden ser las primas del ovino, el caprino, girasol, ayudas compensatorias a cereales, etcétera, no se tenga en cuenta dicha circunstancia de productos históricos. Consideramos que con ello se produce una grave discriminación.
En otro orden de cosas, y por no alargarme demasiado, me remito a lo ya expuesto, y muy bien por cierto, en esta misma Comisión de Agricultura por mi compañero de partido y provincia, señor De Miguel Nieto en fecha 26 de mayo de 1992, aunque sí conviene recordar que provincias como Guadalajara, Soria, Albacete, Cuenca, Huesca, Ciudad Real, Palencia, Teruel, por citar algunas, están cultivando actualmente todas ellas superficies superiores a las 1.000 y 2.000 hectáreas.
Conviene recordar también, para refrescar la memoria de SS. SS., que a Francia se le acaba de conceder un incremento de 50.000 hectáreas con derecho a la percepción de esta ayuda para asignar a zonas no tradicionales y que la propia Austria, nada más ingresar en la Unión Europea, ha solicitado el derecho para 10.000 hectáreas y no hace falta que les diga las diferencias que hay entre Austria y España en la tradición cerealista.
Sabemos que a España se le ha concedido un incremento de 20.000 hectáreas, que consideramos totalmente insuficientes si tenemos en cuenta los datos actuales de siembra y que, además, sólo se destinan a zonas con derecho adquirido anteriormente.
También queremos hacer hincapié en que la siembra de trigo duro se realiza, en general, en terrenos poco fértiles de secano, que se desarrolla rústicamente incluso en épocas como la actual de fuerte sequía y que los agricultores propietarios de la práctica totalidad de las explotaciones lo hacen en régimen de cultivadores directos y en explotaciones de pequeña dimensión, siendo este cereal una alternativa ideal en la mayoría de los casos.
Finalmente, quiero hacer una llamada a todos los grupos parlamentarios, que estoy convencido van a votar a favor de esta proposición no de ley, pues sólo tiene por objeto obtener ayuda a la renta de un buen número de pequeños

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agricultores. Muy especialmente efectúo esta petición a los diputados del Grupo de Convergència i Unió, que ya votaron a favor de la proposición que, en términos similares, presentó el Grupo Popular y que fue debatida, como anteriormente he dicho, en la reunión de esta Comisión del día 26 de mayo de 1992, en la que el entonces Diputado de Convergència i Unió señor Ferrer i Profitós, consideró coherente y lógica --por emplear sus propias palabras--, a la vez que de justicia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que urgentemente solicite a las pertinentes instancias europeas: Primero, el incremento de 150.000 hectáreas en la superficie española con derecho a la percepción de ayudas a la producción de trigo duro y, segundo, la ampliación de las provincias españolas beneficiarias de dicha ayuda, de tal manera que tengan derecho a su percepción todos los agricultores cuyas explotaciones agrícolas se encuentren situadas en las comarcas comprendidas dentro de las regiones de los objetivos 1 y 5B.» Esperamos esta vez el voto favorable del Grupo mayoritario, sobre todo después de las últimas manifestaciones hechas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con fecha 2 de enero de 1995, en las que considera privilegiada a España para la producción de trigo duro. De esta manera, los negociadores españoles podrán llevar a Bruselas el respaldo unánime del Parlamento español, con lo que, indudablemente, van a poder hacer muchísima más fuerza.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Tubert.


El señor TUBERT I ALSINA: Señorías, evidentemente nosotros mantenemos la coherencia y la lógica en nuestro planteamiento y, sin duda, no renunciamos a la aspiración lógica de que se aumenten las hectáreas con derecho a ayuda a la producción de trigo duro. Sin embargo, vamos a votar en contra de la proposición no de ley, básicamente porque hemos de tener presente que este sector es excedentario en la Comunidad, que hoy ya se dan por cubiertas la mayoría de las necesidades de los productores de trigo duro en el Estado español, que hay unas condiciones técnicas exigidas por la reglamentación comunitaria, que son dificultosas, que ha habido reajustes progresivos hasta este momento que yo entiendo que van avanzando hacia lo que sería ideal --en todo caso hay que seguir en esa línea-- y que podría ser contraproducente -- ésta es la base de nuestra argumentación-- el hecho de pedir una ampliación en la cuantía que se propone, dado que, por razones puramente tácticas o estratégicas y de relación con los otros países de la Comunidad seguramente jugaría en contra del trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, un trabajo realizado con mesura pero estricto en la idea de avanzar.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Velasco.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: El Grupo Parlamentario Socialista manifiesta que no va a votar a favor de esta proposición de ley, en base a una serie de consideraciones.
En primer lugar, hay que señalar que la media de la superficie de cultivo de trigo duro en España en el período 1970-1990 se situaba en torno a las 120.000 hectáreas, de las que más del 80 por ciento se encontraban en tres provincias de Andalucía y algo más de un 10 por ciento en las provincias de Badajoz, Navarra, Zaragoza y Burgos, apareciendo superficies con carácter residual en algunas provincias como Toledo, Zamora y Salamanca, existiendo superficies estadísticamente inapreciables en las provincias de Guadalajara, Soria, Cuenca y Teruel.
En el momento de nuestra adhesión a la Comunidad Europea, y a pesar de que ninguna de las zonas productoras antes citadas reunían las condiciones técnicas exigidas en la reglamentación comunitaria para ser declaradas como zona tradicional de cultivo de trigo duro, se consiguió dicha declaración para las comunidades autónomas de Andalucía y Navarra y para las provincias de Badajoz, Burgos y Zaragoza. En el año 1988, se consiguió ampliar la declaración a las provincias de Toledo, Zamora y Salamanca, con lo que se cubrían todas las áreas en las que tradicionalmente venía cultivándose una media de 1.000 hectáreas anuales de trigo duro.
Conviene constatar que esta declaración no impulsó la superficie de cultivo en esas zonas ya declaradas como tradicionales, y por tanto perceptoras de las ayudas al cultivo, en el marco de la aproximación de precios y ayudas establecido para los cereales en el Tratado de Adhesión, hasta el año 1990 en el que, por primera vez, la superficie de cultivo total de trigo duro superó la media histórica del período 1970-1990.
En el año 1991, en el acuerdo que permitió establecer la reforma del sector de cereales, y habida cuenta de que el trigo duro era un sector claramente excedentario en la Comunidad, se establecieron definitivamente las zonas tradicionales de producción en toda la Unión Europea, consolidándose las ya declaradas y estableciendo incluso un tope, como en el caso de España, de superficie máxima susceptible de recibir ayuda cifrado en 550.000 hectáreas y ampliada posteriormente, por decisión del Consejo de Agricultura del mes de julio pasado, hasta las 570.000 hectáreas. Asimismo se estableció una ayuda que enjugaba el descenso de precios del trigo duro hasta el nivel de precios establecido para todos los cereales, más la ayuda tradicional a ese cultivo. Esta ayuda, de casi 300 ecus/hectárea, ha generado, por su cuantía, una situación un tanto delicada entre los agricultores de las zonas tradicionales de cultivo que, por no haber usado el derecho de cultivo en el período 1988-1991 y en la campaña 1992-93, no pueden acceder a la misma de cara al futuro, dándose una situación todavía más delicada en lo que respecta a los agricultores cerealistas de las zonas no tradicionales de cultivo de trigo duro puesto que, dadas las condiciones de menor productividad

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de este cereal, no pueden cultivarlo sin contar con la ayuda, ya que el trigo blando o la cebada resultan más rentables.
Sin embargo, esta situación no obedece a ninguna discriminación real, ya que los agricultores que hoy no tienen derecho a la ayuda suplementaria del cultivo de trigo duro no la tienen en razón a que ese cultivo no sólo no es el único cereal que puede cultivarse en las explotaciones sino que, además, por estar peor adaptado que el trigo blando, la cebada o la avena carecen de tradición y nunca supuso ni siquiera una parte significativa de sus ingresos o de la renta de sus explotaciones.
Este conjunto de razones ponen de manifiesto que en ningún momento ha existido discriminación en el trato a ningún agricultor.
En cuanto a la referencia a las regiones de los objetivos 1 y 5B, hay que señalar que las mismas abarcan la práctica totalidad de la superficie de cultivo de los cereales en España, tanto en secano como en regadío, por lo que cualquier ayuda, atributo o limitación que se aplique a algún cereal de forma específica siempre afectará a explotaciones que estén situadas en regiones de los objetivos 1 ó 5B y no afectará a las restantes que también estén situadas en las mismas regiones de estos objetivos, sin que este hecho sea una justificación en sí mismo, ni técnica ni económica, para fundamentar la existencia de ningún tipo de discriminación entre las explotaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que, hasta estos momentos, se ha hecho un esfuerzo para incrementar la superficie, como decíamos anteriormente, en 20.000 hectáreas, que afectan a las zonas que enmarca el propio reglamento de zonas tradicionales de cultivo de trigo duro, que se seguirá insistiendo para que se vaya aumentando, si bien existen dificultades serias para hacerlo dado que debe analizarse o enmarcarse dentro de lo que es la política de toda la Unión Europea y que, por tanto, habrá que ir tratándolo específicamente en cada uno de los momentos. Nosotros entendemos que se está recogiendo de una manera fundamental la demanda de los agricultores y, por ello, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Dado que antes habíamos quedado que a partir de la una y media de la tarde se efectuarían las votaciones, para cumplir con los compromisos contraídos con todos los Diputados, suspendemos la sesión por espacio de cinco minutos.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Dada la complejidad de las votaciones en la tramitación del proyecto de ley de los Picos de Europa, ruego también la colaboración de sus señorías.
¿Algún Grupo Parlamentario solicita la agrupación de votaciones de las enmiendas o lo hacemos por los distintos artículos? Como quieran SS. SS.
La Presidencia observa que parece hay cierta coincidencia y una posición idéntica, creo, en casi todas ellas y, si les parece, las podemos agrupar.
En primer lugar, votaríamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a no ser que por algún grupo se solicite votación separada; a continuación las de Izquierda Unida, y, posteriormente, pasaríamos a la votación de los artículos a no ser que algún grupo solicite votación separada de alguno de ellos. (Pausa.) Si les parece, votamos de manera conjunta las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular mantiene a este proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lógicamente las que no se han incorporado al informe de la Ponencia. ¿Se pide votación separada para alguna de ellas? (Denegaciones.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a la votación de los artículos del proyecto de ley. ¿Se solicita por parte de los grupos votación separada de alguno de ellos o se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) ¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.) Votaremos primero el articulado y, posteriormente, la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados todos los artículos y disposiciones finales y adicionales de este proyecto de ley.
A continuación, votamos la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos del proyecto de ley de los Picos de Europa. Redactado este informe, se dará cuenta al Presidente del Congreso para su posterior tramitación en el Pleno.
Seguidamente, pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. El Grupo Parlamentario Vasco ha retirado la proposición que figuraba con el número dos. Si les parece, pues, votamos la que figura en el orden del día con el número tres, que es relativa a la participación del sector pesquero español en las negociaciones bilaterales y multilaterales de la Unión Europea.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


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A continuación se somete a votación la Proposición no de ley, del mismo grupo parlamentario, sobre participación del sector pesquero español como observador en el Comité hispano-francés de pesquerías.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, pasamos a la votación de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la ampliación de las provincias españolas con derecho a percepción de la ayuda a la producción de trigo duro.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 16; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de levantar la sesión recuerdo a SS. SS., para que lo tengan en cuenta a efectos de los correspondientes viajes, que se ha fijado celebración de comisión los días 1 y 2 de marzo, que es una semana que, en principio, no hay Pleno.
Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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