Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 354, de 16/11/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 354 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 23 celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 1994

ORDEN DEL DIA: Proposiciones no de ley: --Por la que se insta al Gobierno a defender ante el Consejo de Pesca de la Unión Europea (UE) la objeción a la fijación de un total de capturas admisible (TAC) sobre las capturas de fletán negro en el seno de la Organización para las Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO), así como al mantenimiento del actual esfuerzo pesquero de la Flota española en la zona. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000333) (Página 10998) --Relativa a la fijación de un total de capturas admisible (TAC) de 27.000 toneladas para el fletán negro en aguas de la Organización de las Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000334) (Página 10998) Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de Vías Pecuarias. (BOCG, serie A, número 71-1, de 26-7-94. Número de expediente 121/000057) (Página 11001) Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del proyecto de ley de Vías Pecuarias. (BOCG, serie A, número 71-1, de 26-7-94. Número de expediente 121/000057) (Página 11001)

Página 10998


Comparecencia del señor Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Castro Fernández, para explicar el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000398) (Página 11024) Comparecencia del señor Subsecretario de Agricultura, en su calidad de Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Castro Fernández, para informar sobre la evaluación y el desarrollo de los seguros agrarios. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000842) (Página 11024)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFENDER ANTE EL CONSEJO DE PESCA DE LA UNION EUROPEA (UE) LA OBJECION A LA FIJACION DE UN TOTAL DE CAPTURAS ADMISIBLE (TAC) SOBRE LAS CAPTURAS DE FLETAN NEGRO EN EL SENO DE LA ORGANIZACION PARA LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO NORTE (NAFO), ASI COMO AL MANTENIMIENTO DEL ACTUAL ESFUERZO PESQUERO DE LA FLOTA ESPAÑOLA EN LA ZONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000333.)

--RELATIVA A LA FIJACION DE UN TOTAL DE CAPTURAS ADMISIBLE (TAC) DE 27.000 TONELADAS PARA EL FLETAN NEGRO EN AGUAS DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO NOROESTE (NAFO). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000334.)

El señor PRESIDENTE: Como cuestión previa al orden del día, quisiera plantear a la Comisión una modificación del mismo en el sentido de incluir la tramitación urgente de dos proposiciones no de ley relativas a la posición del Gobierno español respecto a la negociación sobre el total de capturas admisibles del fletán negro.
Si la Comisión lo acuerda, se incluirían en el orden del día como punto primero, ya que parece que tendrían una tramitación relativamente rápida.
¿Hay acuerdo por parte de la Comisión en incluirlo? (Asentamiento.) Hay acuerdo.
Si les parece, vamos a tramitar esas proposiciones no de ley.
En primer lugar, daré la palabra a los grupos proponentes de la misma, que son el Grupo Socialista y el Grupo Popular, y luego, a los demás grupos para que fijen su posición.
Tiene la palabra don Alberto Moragues, en nombre del Grupo Socialista.


El señor MORAGUES GOMILA: Señorías, suele ser habitual que el Congreso discuta iniciativas de los grupos cuando en la Unión Europea ha de debatirse algún tema que tenga interés para España. A este hábito responde la iniciativa que hoy se presenta por urgencia en la Comisión de Agricultura y sobre la cual, y antes que nada, querría agradecer la comprensión de todos los grupos políticos para poder pronunciarnos sobre ella.
El próximo día 23 de noviembre se reúne el Consejo de Pesca de la Unión Europea que tratará un conjunto de cuestiones de gran importancia para nuestro sector. Creemos que en el contexto de esta reunión es interesante que se plantee la situación creada en la pesquería de fletán negro de profundidad en el área de NAFO. Voy a obviarles a SS. SS. la secuencia de los hechos acaecidos en la zona 3-M del área NAFO, desde las campañas experimentales llevadas a cabo en el año 1990 por algunas embarcaciones españolas, como alternativa a una serie de cierres de caladeros tradicionales de la flota pesquera española o utilizados por la misma, en los caladeros de Estados Unidos, en los de Groenlandia o Noruega, hasta la pérdida del caladero de Namibia.
Saben también SS. SS. que la evolución de las pesquerías en el área NAFO viene resultando complicada para los intereses españoles en la zona, intereses que inicialmente iban dirigidos a la pesca del bacalao, que posteriormente, ante la reducción de capturas introducidas por Canadá en las zonas 3-L y 3-O, obligó a una reconversión de la flota que pasó a la extracción de las llamadas especies planas y que acabó hace muy pocos años, como he mencionado anteriormente, dedicada a la explotación de una nueva pesquería, la pesquería del fletán negro de profundidad en la zona 3-M, es decir, la zona más alejada de la costa canadiense, fuera de la zona económica exclusiva y cuya actividad extractiva, por la exigencia técnica que plantea, sólo ha interesado a Portugal además de a España de todo el conjunto de trece países que componen la Comisión Internacional del Atlántico Noroeste.


Página 10999


El pasado mes de septiembre en la reunión que mantuvo la citada Comisión en Halifax se tomaron una serie de decisiones que afectan gravemente a las flotas españolas que faenan en la zona. Se tomó el acuerdo del cierre de la pesquería de bacalao de la zona 3-O, que en el año 1994 habían experimentado unas capturas de casi 2.000 toneladas; la flota bacaladera española este año sólo dispondrá de cuota de bacalao en la zona 3-M.
Además, introdujo la prohibición total de capturas de las especies planas, otra de las especialidades de nuestra flota en la zona y, además, fijó por primera vez un nivel máximo de... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Moragues. Ruego a SS. SS. que guarden silencio porque se hace difícil seguir el debate. (Pausa.) Continúe, señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Decía, señor Presidente, que fijó por primera vez un nivel máximo de capturas para el fletán negro de 27.000 toneladas/año, capturas autorizadas que, con toda probabilidad y ante el cierre de otras pesquerías, deberemos repartirnos con los otros países de la Comisión que hasta la fecha no habían demostrado interés alguno por la especie.
La inclusión del fletán negro entre las especies reguladas --y a mi entender esto es lo grave-- se acordó sin reacción de los representantes de la Unión Europea y sin tener en cuenta los informes de la Comisión científica que habían manifestado la posibilidad de un esfuerzo pesquero bastante mayor de hasta 40.000 toneladas para el fletán.
Ante todo ello y dado que la negociación citada no responde a los intereses de nuestro país y prejuzga la evolución científica de estudios previos del mismo, ante lo cual el Gobierno español, como saben SS. SS., presentó la correspondiente objeción, el Grupo Socialista presenta la proposición no de ley que discutimos en estos momentos, con la intención de que sea apoyada por todos los grupos de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa, en nombre del Grupo Popular.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, yo quiero resaltar la importancia que tiene en este momento la presentación de las proposiciones no de ley tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular, que demuestran, de una vez, el auténtico interés que tiene esta Cámara por dar respuesta a los problemas que en un momento concreto se plantean en un sector determinado de la sociedad española, como es en este caso el sector pesquero y, más concretamente, las flotas congeladora y bacaladera. Yo creo que es importante resaltar que de manera urgente dos proposiciones no de ley, que con toda probabilidad se verían más adelante, se hayan visto en esta Comisión del día de hoy, teniendo en cuenta que el último Consejo de Pesca de la Unión Europea es el próximo día 23 de noviembre y nuestra queja formal ha de llegar al seno de la Unión antes de ese Consejo de Pesca.
Estando totalmente de acuerdo con la exposición que ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nos gustaría resaltar que el reciente acuerdo de Halifax en Canadá, que aprueba un total de capturas admisibles para las flotas comunitarias (en este caso concreto solamente para la española y para la portuguesa, que son las que faenan allí) de 27.000 toneladas, nos deja muy por debajo de lo que hasta ahora veníamos capturando en aquella zona, en torno a las 60.000 toneladas. Y lo que es más grave y chocante es que existiendo un acuerdo y un consejo del --valga la redundancia-- Consejo científico que situaría en torno a las 40.000 toneladas de pesca las capturas que se podrían realizar de fletán negro, es la primera vez que en Halifax se hace caso omiso de las recomendaciones del Consejo científico asesor. Por tanto, consideramos, exactamente igual que el Grupo Parlamentario Socialista, que es una fijación de un TAC excesivamente corto que acarrearía graves problemas para el sector pesquero español, a la flota congeladora, pero también consideramos que el tope de 1.500 toneladas de bacalao que se ha fijado para la flota bacaladera implicaría la reducción de las doce parejas que ahora están allí faenando a un máximo de tres y, lo que es más grave, en mareas tan cortas de dos o tres meses.
Por ello, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular plantea la proposición no de ley que hoy se trae a la Comisión, aunque estuviera tramitada para el Pleno, dejando muy claro que nuestro grupo no entiende cómo es posible que los representantes de la Unión Europea en las reuniones de Halifax no sólo no se hayan opuesto a la propuesta realizada sino que ni tan siquiera hayan presentado un voto particular para salvar futuras actuaciones tanto de la Unión Europea como de aquellas que pudiera promover el Gobierno español.
Hemos presentado una proposición no de ley que, desde luego, recoge en términos diferentes lo que presenta la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista y que, de acuerdo con la conversación mantenida antes de entrar en la Comisión que estamos celebrando, yo creo que el primer punto debería quedar redactado de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente la objeción al reciente Acuerdo de Halifax entre Canadá y la Unión Europea que, de manera importante, sería perjudicial para las flotas congeladora y bacaladera española, única y exclusivamente. El segundo punto, tal y como queda redactado en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que hablaría del mantenimiento del actual esfuerzo pesquero de la flota española en la zona y de que para cualquier limitación futura se tengan en cuenta los estudios científicos necesarios para controlar el estado y evolución de los caladeros.
Como creo que, en cualquier caso, el sentir general de la Cámara es unánime --los grupos que hemos planteado esta proposición no de ley compartimos el mismo sentir-- la cuestión de la redacción simplemente sería un matiz de tipo gramatical. En cualquier caso, lo importante es que el concepto salga adelante para que el día 23 en el Consejo de Pesca de la Unión Europea se conozca y se transmita el

Página 11000


malestar y la objeción que el Gobierno español plantea ante un acuerdo que es totalmente desfavorable para España.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) El señor Romero en nombre de Izquierda Unida tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: Intervengo para decir muy brevemente que nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria que defiende nuestros intereses en la materia y que ayudará a la posición del Gobierno español ante las instancias comunitarias que correspondan.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Por la premura que supone el haber tenido conocimiento instantes antes de comenzar la Comisión de que se iban a tratar estas dos proposiciones del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro Grupo Parlamentario no ha podido preparar su intervención. No obstante, nosotros conocemos el fondo del asunto y en este momento voy a improvisar nuestra posición sobre esta cuestión.
Señor Presidente, a nuestro juicio el problema de fondo que está subyaciendo en esta cuestión --porque éste es un problema muy puntual-- deriva de hace años. Nos encontramos ante una organización internacional pesquera, como es la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental, PAN, o NAFO en inglés, que regula la pesca en pesquerías que se encuentran fuera de las 200 millas de las aguas de Canadá; fundamentalmente abarca todos los países nórdicos, pero la posición política de Rusia y la posición política de Canadá son las que predominan en los órganos de dirección de la NAFO. A nuestro juicio, la política de carácter pesquero que está siguiendo la NAFO está muy condicionada por los planteamientos que está realizando Canadá. Sabe el señor Presidente que hace dos años, esta Comisión de Agricultura, Pesca y Ganadería recibió una visita de los responsables parlamentarios de pesca de Canadá cuyo objetivo era concienciar a los respectivos países miembros de la Unión Europea del carácter de depredadores del que se acusaba a la flota pesquera española.
Por lo tanto, entendemos que lo que subyace en toda esta cuestión es el ámbito de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Canadá. Como recordarán SS. SS., la Comisión Europea reconoció que, como gesto para normalizar relaciones con Canadá, la Unión Europea no iba a objetar las cuotas establecidas para el bacalao en los años 1992 y 1993. Por ello, estos últimos años se ha ido reduciendo progresivamente el TAC y la posterior cuota que se asignaba, en primer lugar, a la Unión Europea y, en segundo lugar, la adjudicación que se hacía a la flota pesquera española y portuguesa. En segundo lugar, además de proceder a esa reducción progresiva, se han ido cerrando determinados caladeros, como el 23-JKL y el caladero 3-NO, con la reducción en el tercer caladero, el 3-M, de cuota para la Unión Europea.
Por ello, señor Presidente, nos encontramos con otro problema puntual.
¿Qué pasa con el fletán negro? El fletán negro es una especie asociada al bacalao, que se pesca bien en aguas de Canadá o bien en aguas de la NAFO, pero con una diferencia, que el fletán negro es una especie asociada que, hasta el momento, no disponía de TAC. No disponía de TAC porque la pesca del fletán negro se diferencia de la del bacalao en que ésta es una especie no susceptible de ser salada, a diferencia del bacalao, siendo únicamente susceptible de ser congelada, cuando el bacalao es susceptible de ambas variedades de tratamiento, bien el salazón o bien la congelación.
¿Qué ha ocurrido, señor Presidente? Está ocurriendo, y nosotros ya se lo hemos dicho al señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que la limitación de algunos caladeros como el de Namibia y en la zona de Boston, donde tradicionalmente faenaba la flota pesquera española, ha conllevado a que parte de la flota española, la congeladora en concreto, haya ido a pescar especies asociadas al bacalao a aguas de la NAFO y no pueden pescar bacalao porque no aparecen autorizadas por parte de la Administración pesquera española dentro del censo de bacaladeros. La diferencia está en que, mientras el censo de bacaladeros es cerrado, el español es abierto, respecto al que la administración pesquera española actúa con discrecionalidad para introducir y fijar anualmente en ese censo qué buques pueden pescar o no. ¿Qué le ocurrió a la administración pesquera española? Que se encontró con el problema de que empresas españolas que faenaban en la zona de Boston o de Namibia, al final se han tenido que desviar a la zona de la NAFO, lo que está originando un conflicto entre pesqueros españoles congeladores y bacaladeros.
Por ello, señor Presidente, estamos de acuerdo en defender a la flota congeladora española porque, por primera vez, se establece un TAC --hasta ahora era libre la pesca del fletán-- de 27.000 toneladas. De estas 27.000 toneladas, 15.000 van a corresponder a la Unión Europea y la Unión Europea tiene que proceder a una posterior adjudicación entre los países miembros. A España le van a corresponder unas 10.000 toneladas y esas toneladas, si se van a repartir entre la flota bacaladera, al ser una especie asociada al bacalao, y la flota congeladora, va a corresponder a cada buque pesquero español una capacidad de pesca de unas 250 toneladas, a todas luces insuficiente.
Por eso, señor Presidente, lo que pedimos como medida política al Gobierno es que defienda ante la Unión Europea no únicamente las objeciones al TAC de la especie asociada del fletán negro sino también que objete los cierres de los caladeros 3-NO, 23-JKL y la reducción de cuota en el 3-M. Eso es muy importante para la defensa integral de la flota pesquera española.
Finalizo con una última consideración, señor Presidente. Creo que la administración pesquera española se encuentra en estos momentos, y vista la situación del caladero de la NAFO y los planteamientos políticos que están

Página 11001


prevaleciendo al final, los de Canadá, tiene que liderar la reestructuración integral de la flota española que faena allí. Cuando digo integral, me estoy refiriendo a toda la flota, la flota congeladora que, con ocasión de los caladeros que antes he indicado ha ido a faenar a aguas de la NAFO, y la flota bacaladera. Es necesaria una visión integral del tema, puesto que evidentemente no va a haber rentabilidad suficiente para estos buques pesqueros españoles en función de la densidad y de la capacidad de pesca que en este momento se ha establecido para faenar en aguas de la NAFO.
Por ello, señor Presidente, hemos planteado al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Popular que en la propuesta que realiza el Grupo Popular se inste al Gobierno a que defienda políticamente la objeción de los acuerdos de Halifax en lo que se refiere a la flota bacaladera y también a la flota congeladora. Esa es la modificación puntual que he oído del señor Fernández de Mesa que estaría dispuesto a aceptar y que nuestro Grupo Parlamentario ha ofrecido, previamente al debate, a los dos grupos mayoritarios de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta la modificación propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, señor Moragues?

El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, aceptamos las dos modificaciones, tanto la que presenta el Portavoz del Grupo Popular como la del Grupo Nacionalista Vasco, en el bien entendido que la proposición no de ley insta al Gobierno a defender y no a presentar, porque la presentación ya se ha hecho físicamente por parte del Gobierno en su momento, como saben los portavoces. En estos términos, apoyaríamos las modificaciones introducidas por los grupos.


El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo los grupos con esto? Señor Fernández de Mesa, tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Totalmente de acuerdo, señor Presidente, pero quiero hacer constar que nadie dice en ninguna parte que ése le exija al Gobierno que lo haga, puesto que ya tenemos constancia, en una pregunta oral formulada al Ministro de Agricultura en el Pleno de la Cámara, de que efectivamente se iba a hacer. No aparece para nada que se exija del Gobierno, sino de la Unión Europea.
La redacción del primer punto diría exactamente que se insta a la presentación de una objeción al reciente Acuerdo de Halifax entre Canadá y la Unión Europea que discrimina de manera importante a las flotas congeladora y bacaladera. El segundo punto quedaría, con las dos introducciones, tal y como está presentado en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Se insta al Gobierno a la presentación de la objeción.
Tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Si me permite, señor Presidente, la presentación de la objeción ya está realizada. Entonces, instamos a que se defienda la objeción presentada, incluyendo además la defensa de las cuotas de bacalao.


El señor PRESIDENTE: ¿Se puede indicar a defender la objeción presentada? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA Y BASTIDA: Quería hacer una pequeña aclaración y es que el Gobierno no la ha presentado en cuanto a la flota bacaladera.
Habría que añadir eso. Es decir, el texto del señor Fernández de Mesa tiene sentido en el contexto que ha defendido la propuesta del Grupo Popular, que sea tanto el fletán negro, relativo a la flota congeladora, como el bacalao, relativo a la flota bacaladera, porque los acuerdos son de carácter general y abarcan el bacalao como especie genérica y todas las especies asociadas al mismo.


El señor PRESIDENTE: ¿A presentar y defender? (Asentimiento.) Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada esta proposición no de ley.


--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY DE VIAS PECUARIAS. (Número de expediente 121/000057.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos, en primer lugar, a la ratificación de la Ponencia encargada de informar del proyecto de ley de vías pecuarias.
Como saben SS. SS., son don Jerónimo Nieto, doña Dolores Sánchez, don Ramón Rueda, don Isidoro Hernández-Sito, don Leocadio Bueso, don Antonio Romero, don Pere Vidal y don Ricardo Gatzagaetxebarría. (Asentimiento.)

--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE VIAS PECUARIAS. (Número de expediente 121/000057.)

El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el debate de las enmiendas del proyecto de ley de vías pecuarias, indico a la Comisión que las votaciones correspondientes a estas enmiendas se realizarán en un solo turno al final del debate, previsiblemente dentro de una hora y media aproximadamente.


Página 11002


El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, he querido entender que la votación no se hará antes de hora y media. ¿Es así?

El señor PRESIDENTE: Sí, como mínimo será a las once y media.
El representante del Grupo Parlamentario Vasco me ha solicitado defender sus enmiendas en primer lugar, ya que tenía que asistir a otra Comisión.
Si no hay ninguna objeción, damos la palabra al señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a defender brevemente las enmiendas que tiene nuestro Grupo Parlamentario y a hacer una consideración de carácter general.
Nos parece que el planteamiento político que el Gobierno ha plasmado en el proyecto de ley regulador de las vías pecuarias en principio es correcto. Es correcto porque en el título preliminar --y fijo posición en cuanto a la ley y defiendo nuestras enmiendas--, cuando se determina el objeto y la naturaleza de las vías pecuarias, el Gobernador opta por determinar que las vías pecuarias son un bien integrante del dominio público de las comunidades autónomas. Yo y mi Grupo Parlamentario nos felicitamos por esta regulación porque creo que, en definitiva, se debería caminar por esta vía.
Ha sido habitual que el Gobierno durante muchos años haya regulado determinadas cuestiones de orden sectorial, del Derecho administrativo especial, catalogándolas como dominio público estatal. Sus señorías saben que la configuración de un bien como de dominio público lo que está otorgando es una naturaleza, una configuración, de carácter de un instituto, de una organización que es el dominio público que sirve a las administraciones públicas a la hora de la prestación de un servicio público. Es un instrumento que tienen las administraciones públicas a la hora de prestar un servicio público, y como tal instrumento dispone de unas funciones, de unos objetivos, de unos efectos, como es el que esos bienes no son susceptibles de ser objeto del tráfico comercial ordinario y que poseen una facultades exorbitantes a la hora de su defensa en relación a los ataques que se pueden producir a los bienes de dominio público.
Y creo que el planteamiento que realiza aquí el Gobierno es sensato, es correcto. En otras ocasiones, al regular, por ejemplo, el dominio público radioeléctrico o el dominio público sobre la zona maritimoterrestre o el dominio público relativo a los recursos hidráulicos ha partido de posiciones políticas contrarias o diferentes de las que en este momento parte. Entonces se concebía como dominio público estatal aquello en lo que el Estado se reservaba las facultades de protección, las facultades de itervención sobre cualquier posible tráfico ilícito de esos bienes que he llamado de dominio público y que están catalogados en esas respectivas legislaciones sectoriales y también de esas facultades de protección del mismo. El Gobierno, así lo plantea a este cuerpo legislativo, lo ha catalogado como bien de dominio público de las comunidades autónomas, lo que está suponiendo que todo ese haz de facultades que va atribuido a la institución del dominio público corresponde a las comunidades autónomas.
Nosotros nos alegramos de eso. Creemos que es un paso importante y nos gustaría que se siguiera para posteriores regulaciones sectoriales con este planteamiento político. Por lo tanto, señor Presidente, nosotros no tenemos objeciones de fondo sobre el planteamiento que ha realizado el Gobierno respecto a la regulación general del dominio público de las vías pecuarias.
En relación a las enmiendas que hemos presentado, diré que son unas enmiendas dirigidas la artículo 18, donde lo que nosotros solicitamos, señor Presidente, es una modificación puntual en la que pedimos que la inscripción del dominio público pecuario que se define en el artículo 2, en esta red nacional se haga a petición de las comunidades autónomas. No está definido claramente qué es esto de la red nacional, si es un registro o no. Según se derivaría de una interpretación coherente e integral del artículo 18, lo que se está estableciendo es un registro y que se realice la inscripción a petición de las comunidades autónomas titulares de ese dominio.
Nosotros planteamos que, en base a lo que define el Gobierno en el artículo 2 y al desarrollo legislativo y ejecución que corresponde a las comunidades autónomas, sean éstas las que vayan determinando y solicitando al Gobierno, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la catalogación de ese registro de red nacional de las vías pecuarias que transcurren por las comunidades autónomas, al margen de que tengan o no una con otras vías que tienen su extensión por otras comunidades autónomas.
Es por ello por lo que hemos presentado las enmiendas al artículo 18, a los párrafos primero, segundo y tercero, que van en coherencia. Cuando en el párrafo tercero se habla de la desafectación y expropiación, es lógico que, en coherencia con lo que se define en el artículo 2, se diga que son facultades inherentes dentro del concepto de dominio público, cuyo ejercicio corresponde a quien es titular del mismo. Lo que no entendemos es por qué una entidad pública, en esta caso la administración de las comunidades autónomas, siendo titular del bien de dominio público y, por lo tanto, titular del conjunto de facultades que le corresponden, de conformidad con lo que figura el concepto y el alcance del dominio público, tenga que obtener un informe previo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si resulta que la Administración central en esta cuestión ha atribuido la plena titularidad a las comunidades autónomas, ¿por qué el ejercicio de las facultades inherentes al dominio público han de estar sujetas a una condición, y que es el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? No vemos un encaje adecuado a esa petición de informe preceptivo que se establece en el artículo 18.3.
Y para terminar, señor Presidente, quiero referirme a la disposición final tercera. Nuestra enmienda número 4 tiene un pequeño error. No se refiere a la disposición adicional tercera, sino a la disposición final tercera. Con esta enmienda pretendemos realizar una adición especificando que en cualquier intervención que pueda realizar el Gobierno central, bien el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Página 11003


Alimentación o el de Justicia e Interior --como ahí se dice y se dice correctamente-- en el ámbito de sus respectivas competencias (puesto que, en todo caso, tendrá que intervenir en el ejercicio de aquel bloque de materias que le ha sido asignado por el artículo 149.1 de la Constitución), a nuestro juicio, sería oportuno el salvaguardar que esa intervención del Gobierno central de carácter normador, de carácter integrador del ordenamiento jurídico, novador en definitiva del ordenamiento jurídico, se realice sin perjuicio de la competencia que para la materia en cuestión (que está recogida en el artículo 149.1.23.a) corresponde a las comunidades autónomas en cuanto a la regulación de las vías pecuarias, que sería la legislación de desarrollo y la ejecución de la legislación, tanto la básica, a la entrada de este proyecto de ley, como la de desarrollo que se puede dar.
Con esa pequeña adición a la disposición final tercera es con lo que concluye la defensa de nuestras enmienda.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular ha pedido la palabra, en primer lugar, el señor Hernández-Sito.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Después de mí, intervendrán otros dos compañeros. Mi intervención actual es para hacer una reflexión sobre lo que nosotros consideramos.
Nos parece una ley importante en el sentido de que volvemos a traer de una manera clara y determinada lo que es un patrimonio cultural, agrario y ganadero histórico en España. Yo creo que en estos últimos años ha habido un abandono de la trashumancia por la realidad socioeconómica y los nuevos movimientos ganaderos que la hacen imposible en muchos sitios.
Eso ha llevado consigo el abandono de una serie de vías y en muchos casos se han usurpado, han desaparecido o se han vallado, pero más que por los propios linderos, por la zona por la que hace veinte o treinta años no pasa ganado de ninguna clase. Nosotros creemos que el espíritu de esta ley es volver a hacer el mapa de las cañadas y vías pecuarias de España y queremos que eso se haga. Lo que no queremos es que esto se convierta en otro uso alternativo para no sé qué. Si de lo que se trata es de hacer un mapa y buscar los lindes --que han desaparecido para poner las mojoneras necesarias y establecer los metros que han de tener las cañadas, nos parece bien; no nos parece bien, desde el punto de vista ganadero, dar a las cañadas otro uso alternativo, porque, entonces, esta ley que estamos haciendo, ¿para qué es? ¿Para restaurar, como decíamos, otra vez las cañadas o para hacer 125.000 kilómetros de vías de agroturismo o de otro tipo de turismo? Nosotros creemos que ése es un gran problema por una serie de factores que muchas veces no se han tenido en cuenta. A nosotros nos afecta mucho, y yo hablo desde el punto de vista extremeño, el paso de ganado por zonas donde hay movimiento de personas, lo que puede llevar a un gran problema sanitario en cuanto a la peste equina o la peste porcina. También hay un problema ecológico por la cantidad de personas que pueden pasar por zonas arboladas y, sobre todo, un problema de incendios; no es lo mismo un pastor con una manada de ovejas, que sabe hacer fuego, que cualquier grupo de jóvenes que quieran hacer agroturismo o cualquier otro tipo de turismo. A nosotros eso nos preocupa tremendamente porque creemos que el espíritu de la ley es volver a poner, dentro de lo posible, las bases y decir: éste es el mapa que tenemos de cañada, y que se pueda actualizar, porque en muchos sitios se han hecho concentraciones parcelarias, ha habido carreteras, ha habido movimientos inmobiliarios para hacer viviendas que han usurpado prácticamente la cañada, y es irreversible.
Volvemos a insistir mucho en eso de complementario, porque en el proyecto se dice en algún momento que, siempre conservando el paso de ganado, se pueden poner tiendas de campaña o algunas cosas móviles que se puedan quitar. Yo me pregunto: cuando estén unos señores acampados y lleguen 200 vacas, ¿qué hacen? Me supongo que saldrán corriendo los que estén acampados, pero ¿cómo se quitan las tiendas? A nadie se le puede prohibir en una cañada que vaya de paso. Lo que nosotros creemos es que las cañadas son para el paso. Aquí se dijo una vez por parte de algún representante, me parece que fue de Izquierda Unida, cuando se presentó el proyecto, que con el ganado también había un problema, porque hay muchos pequeños ganaderos que no pueden aprovechar esas cañadas. Pero es que las cañadas no están para aprovechamiento. Las cañadas son para paso de ganado, como históricamente ha sido, y lo que no se puede hacer es decir que vaya a haber grupos de ganaderos estables. A las personas que pasen por la cañada nadie les puede prohibir que pasen, y cualquier persona puede pasar a caballo o andando, pero no con bicicletas o en grupos organizados. Como hay una verdadera obsesión hoy por la gente de las ciudades, los urbanos, como yo les llamo, por salir al campo, pues se van a encontrar con un sitio buenísimo para decir: aquí tenemos unas buenas correrías y muy buenos sitios para disfrutar. Eso afectaría mucho.
Por tanto, nuestro espíritu, independientemente de que mis compañeros hablarán de otro tipo de temas jurídicos o de sanciones, es que estas cañadas son para ganado, tránsito, trashumancia, y no para otra cosa.
Ahora, si lo que se quiere es traer aquí una ley para hacer un mapa nuevo de vías de otra cosa, la podemos llamar entonces, en vez de vías pecuarias, ley de nuevas autopistas de barro y hierba, o como se quiera llamar, para que pasen los urbanos que están aburridos los fines de semana.
Nuestra postura, por tanto, es que estas vías pecuarias sirvan para lo que tienen que servir, que se haga un recordatorio histórico de lo que han sido las cañadas reales, y no que, por mor de la modernidad, se quieran convertir en otra cosa. Ese es el espíritu que nosotros planteamos en esta ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero, en nombre también del Grupo Popular.


El señor MADERO JARABO: Para defender, en nombre de mi Grupo, dos bloques de enmiendas, concretamente

Página 11004


15, referidas a lo que mi compañero Hernández-Sito ha enunciado como usos complementarios, pues, redundando en sus palabras, nos parece que es de bastante gravedad lo que en el proyecto de ley se nos plantea.
Como ya ha indicado mi compañero, los usos complementarios --y contra ellos presentamos 15 enmiendas-- suponen, de hecho, una perturbación de una actividad deportiva y económica, como es la cinegética; no solamente se perturba sino que, en todo caso, habrá que recordar que desde las vías pecuarias no se puede ejercer la actividad económica de la caza. Supone, de hecho, cargarse de manera radical todas las medidas sanitarias que pueden hacerse en el territorio nacional, puesto que de nada vale que el equipo veterinario de cada comunidad autónoma haga los análisis oportunos en origen o al final de una trashumancia si, a través de esas vías pecuarias, existen unos usos complementarios, que indudablemente serán agentes contaminantes, agentes vectores, que transmitirán epizootias y, en general, enfermedades de tipo ganadero.
Sobre todo, señor Presidente, entiende mi Grupo que hay muchos kilómetros de vías pecuarias que discurren por zonas de alto valor ecológico, por ecosistemas muy sensibles, por zonas arboladas o, en general, pobladas con una vegetación que conviene conservar, y el hecho de ponerlas dentro de esta ley y de poder utilizarlas para usos no exclusivamente ganaderos puede significar, de entrada, una degradación permanente y paulatina de esos ecosistemas, además de, en determinadas épocas y circunstancias, un gravísimo riesgo de incendios. Sobre este tema creo que no conviene insistir demasiado en un año en que nos han ardido en España más de 400.000 hectáreas.
Nos parece, señor Presidente, que es un absurdo permitir unos usos complementarios sin, al mismo tiempo, tener en cuenta que los legítimos administradores, como aquí se ha señalado, son las comunidades autónomas y que, por tanto, si se abre la espita a la utilización legal mediante usos complementarios, habrá también que decir quién paga la guardería, quién paga los determinados usos y la vigilancia de esos usos que se van a tolerar desde una ley básica, porque las comunidades autónomas podrán, en el uso legítimo de las competencias que tienen transferidas, dictar unas normas para el uso racional de estas vías pecuarias que atraviesan su propia comunidad autónoma.
Por otro lado, no queremos poner cortapisas a la utilización de estas vías pecuarias, y por eso, no en el articulado, sino en la enmienda número 96, concretamente en la disposición adicional primera nueva que nosotros tratamos de incorporar a este proyecto de ley, decimos que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer itinerarios de vías pecuarias susceptibles de usos complementarios, pero las comunidades autónomas, no desde esta ley básica. Indudablemente, las comunidades autónomas harán la previsión oportuna de cuáles son esos usos, cómo los regulan, cómo establecen la guardería y, sobre todo, eso que se define en el proyecto de ley como instalaciones complementarias, que, hablando en román paladino, puede que sean chiringuitos a lo largo de unas vías pecuarias, no se sabe con qué titularidad dominical, no se sabe con qué propiedad, no se sabe con qué usos y no se sabe con qué finalidades. Repito, que han de ser las propias comunidades autónomas quienes regulen el uso de las vías pecuarias al paso por su comunidad autónoma, por el terreno que les corresponde a ellos vigilar, guardar y administrar.
Finalmente, la enmienda número 87 se refiere al artículo 18, título VIII, de la red nacional de vías pecuarias. Aquí debemos decir que, en consonancia y en bastante coincidencia con la número 141 de Izquierda Unida, con la cual estamos de acuerdo --y ya anunciamos nuestro voto afirmativo a la misma--, de lo que se trata es de mejorar el texto en base a que esa red nacional de vías pecuarias, ese fondo nacional de documentación sobre las vías pecuarias y que arranca desde hace cientos y cientos de años con la Mesta, de gran tradición histórica en España, sea un fondo, en definitiva, completo y útil para el estudio y el conocimiento de nuestra propia historia. En ese sentido no podemos estar de acuerdo con las enmiendas que al artículo 18 presenta el Grupo Vasco (PNV) porque entendemos que si se admitieran, ese fondo podría quedar fraccionado y, sobre todo, la continuidad de los itinerarios de las vías pecuarias dentro de la red nacional, que acertadamente se propone dentro del proyecto de ley, podría quedar truncada.
Con esto, señor Presidente, creo que expreso claramente la postura de mi grupo en defensa de unas enmiendas para las cuales pido el voto afirmativo de sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Voy a defender las enmiendas 68, 69, 74, 75, 88 a 95, 97 y 98, y ello, señorías, en base a las siguientes consideraciones.
En primer lugar, por lo que respecta a la enmienda 68, a pesar de que en algunas de las enmiendas transaccionales que luego se verán, por el texto que se nos ha facilitado, figura como recogida, consideramos que, cuando en el artículo 4.º.1 se dice cuáles son los tipos de vías pecuarias, nuestro texto, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 570 del Código Civil, es mejor y más claro, puesto que refundimos en un único apartado los tres a que hace referencia el proyecto de ley.
Por lo que respecta a las enmiendas 74 y 75 voy a extenderme más, porque no tienen ninguna enmienda transaccional y considero que es de gran gravedad el hecho de que el texto del proyecto de ley sea el actual, sobre el que hay que tener en cuenta lo siguiente.
El artículo 8.º apartado 3, cuando habla del deslinde, dice lo siguiente: «El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.» Por si fuera poco, el apartado 4 continúa diciendo: «La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.» Hago gracia SS.
SS.


Página 11005


de leer el resto de lo que dice el texto porque está en el proyecto y todos ustedes lo tienen.
A este respecto tengo que decir que bajo ningún concepto se puede poner en tela de juicio y vulnerar el derecho del tercero hipotecario, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. El texto es muy claro y dice que el tercero que de buena fe adquiera, a título oneroso, algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o se resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. La buena fe de tercero se presume siempre, mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro y los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o transferente.
El artículo 34, al que he hecho referencia, de la Ley Hipotecaria, señorías, recoge el denominado principio de fe pública registral, y el tercero al que se refiere el mismo concuerda con lo que señalan los artículos 28, 31, 207 y 220 de la Ley y a su adquirente es al que no le afecta la nulidad o inexactitud de la inscripción previa. Creo que simplemente con este comentario sería suficiente para que, por parte de SS. SS., en especial del grupo de la mayoría, se reflexionase sobre esta cuestión y se llegara a admitir nuestra enmienda, puesto que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no pueda llegarse a la conclusión de que aprobado el deslinde por al Administración se considera, por virtud de la ley, la titulación demanial a favor de la comunidad autónoma y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza de los bienes deslindados.
Como se puede observar se carga de un plumazo la fe pública registral del artículo 34 de la Ley Hipotecaria y, en consecuencia, la protección del tercero hipotecario que estaba contemplada, de una forma específica, en el artículo 11.3 de la ley que se pretende derogar. No sólo se conforma el proyecto con declarar, mediante el deslinde, la titularidad demanial, sino que en el siguiente punto al que antes he indicado, que es el 4 del artículo 8.º, dice que la resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas, etcétera. O sea que el principio de fe pública registral, avalando que lo que publica el Registro de la Propiedad es cierto mientras no se rectifique, correspondiendo esta rectificación única y exclusivamente a los tribunales ordinarios, desaparece como por obra y gracia de la Administración, que se convierte, nada más y nada menos, que en juez y parte del asunto.
Por otro lado tenemos que decir que, aparte de la crítica que pueda merecer por el desprecio a unos principios jurídicos, que están precisamente en el sentir de nuestra sociedad y que significan la seguridad jurídica, nada más y nada menos, amén de la confianza en el registro, creemos sinceramente que choca con los artículos 24 y 106 de la Constitución Española. Con el artículo 24 por la indefensión que produce la rectificación sin ser oída la parte interesada, que, incluso, aun siendo oída en el expediente, la decisión corresponde en todo caso, y así lo pone el texto, a la Administración. Y con el artículo 106 porque la Administración está sometida también a los tribunales sin que ella pueda ejercer dicha función, y menos en su propio interés y beneficio.
No es fácil adivinar que a través de mecanismos poco claros y, en todo caso, discrecionales, puedan proveerse de grandes extensiones de terreno para destinarlos a los fines que tenga por conveniente, con invasión y confiscación posiblemente de la propiedad privada y dando lugar a infinidad de conflictos, recursos, manifestaciones públicas y todo género de controversias. En conclusión, consideramos que el artículo 8.º no puede, bajo ningún concepto, estar como está redactado, porque roza la constitucionalidad y puede ocurrir que este artículo sea inconstitucional por las razones a las que he hecho referencia. En el trámite de réplica podré decir más cosas; depende de las argumentaciones que oiga del Grupo Socialista.
En lo que respecta a otro tipo de enmiendas, como son la 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 que hacen referencia a las sanciones, en realidad lo que hemos hecho ha sido presentar unas enmiendas que son un poco más racionales, aunque muchas de ellas coinciden, excepto algunas pocas palabras, con el texto, lo que no quiere decir que nos hayamos equivocado, sino sencillamente que consideramos que nuestras enmiendas son mejores, teniendo en cuenta que cuando se definen las situaciones muy graves, grave o leves, no es necesario, en nuestra opinión, el poner qué se entiende por sanción, porque ya está especificado en los distintos tipos de sanciones. Ese es el motivo de algunas de nuestras enmiendas.
Sí me quiero detener muy brevemente, aunque solamente sea de pasada, en las cantidades de las sanciones que figuran en el texto. En el artículo 22.1.a) se dice que en las infracciones leves se impondrá multa de 10.000 a 100.000 pesetas y nosotros consideramos que esa cantidad puede mantenerse, pero en las situaciones graves, el texto habla de multa de 100.001 a 5.000.000 de pesetas y nosotros consideramos que debe ser de 100.001 a 1.000.000 de pesetas. En la letra c) se habla de infracciones muy graves de 5.000.001 pesetas a 25.000.000 de pesetas y nosotros decimos que tiene que ser de 1.000.001 a 5.000.000. ¿Por qué. Porque estamos acostumbrados a que cuando se legisla y se imponen sanciones de este calibre, cantidades que están fuera de cualquier economía y posibilidad de hacerlas efectivas, la realidad es que no se pagan. Aparte de eso es que cuando llega la hora de la práctica y se dice que son infracciones graves la roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria, se da la circunstancia de que la infracción mínima, con el texto en la mano, es de 100.001 pesetas a 5.000.000 de pesetas. Y ahí se puede decir: se impondrá la base, la cantidad mínima, 100.001 pesetas, en vez de 5 millones; pero, según quien sea el instructor, pueden ponerse 5 millones de pesetas. Entonces, qué criterio se va a seguir cuando hay una roturación o plantación autorizada que, a lo mejor, no tiene ninguna importancia o muy poca, igual que se dice en ese apartado a) del artículo 21 sobre la infracción grave podemos coger, por ejemplo, el aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no utilizables por... Consideramos que cualquiera de los apartados

Página 11006


es excesivo y, desde luego, en situaciones muy graves, cuando, por ejemplo, haya habido una alteración de mojones, que puede ser casi simbólica se pone el mínimo, 5 millones una peseta. Honestamente, creemos que ésa es una tremenda barbaridad. No es la primera vez que cuando se ha puesto este tipo de sanciones en las leyes básicas luego ha tenido que modificarse cuando se ha visto la práctica de funcionamiento de estas leyes al cabo de dos o tres años, y a veces hasta menos, porque los administrados son los que sufren las consecuencias, y la severidad en la aplicación de las leyes muchas veces lo que hace precisamente es no que se cumpla la ley, sino todo lo contrario: que no se cumpla. Por eso nosotros consideramos que son excesivamente elevadas y deben de atemperarse a lo que nosotros hemos dicho.
He visto que en la transaccional se sigue manteniendo lo que dice el propio proyecto de ley.
Luego, en el resto de enmiendas, en lo que respecta a la número 96, concretamente, que es a la disposición transitoria única, volvemos a decir lo mismo que decimos en la justificación. Cuando se dice: «las clasificaciones, deslindes, amojonamientos, expedientes sancionadores, expedientes de innecesariedad, enajenaciones, ocupaciones temporales, aprovechamientos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley se ajustarán a la normativa básica y requisitos establecidos en esta ley». Pues, señorías, si estamos hablando de unos actos administrativos que están en este momento en tramitación, lo que procede es precisamente regirse por las normas de la legislación anteriormente vigente a esta ley que vamos a aprobar, no a la ley actual, porque no parece adecuado que toda tramitación en curso relativa a vías pecuarias quede sometida a los preceptos de la nueva ley, porque ello iría en contra del principio constitucionalmente consagrado de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales establecidos en el artículo 9.3 de la Constitución.
Por lo tanto, consideramos que se debe de reflexionar sobre lo que dice el texto y tener en cuenta lo que dice nuestra enmienda, porque es lo que procede, por lo menos en nuestra opinión.
En la enmienda número 98, que es una enmienda a la disposición final primera de adición, decimos: «Y se aplicará en defecto de las normas civiles forales establecidas por la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con su competencia exclusiva en materia de derecho civil foral, contenida en el artículo 48 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.» Y ello porque, teniendo en cuenta lo que dice nuestra enmienda anterior, la 97, es totalmente coherente. Así como la enmienda que hemos presentado, que es la 99, que es una disposición adicional primera bis (nueva), en lo que respecta a que las comunidades, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer itinerario de vías pecuarias, etcétera.
Por tanto, consideramos que deben ser tenidas en cuenta toda esta serie de enmiendas para llegar, si no al texto mismo que proponemos, a la enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán tiene la palabra.


La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, intervendré brevemente.
Nuestro Grupo da por defendidas las enmiendas que tiene presentadas a este proyecto de ley y, por lo tanto, se mantienen vivas para la votación.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Nieto, en primer lugar, tiene la palabra.


El señor NIETO GONZALEZ: La futura ley de vías pecuarias, cuyo proyecto estamos debatiendo hoy, establece, como SS. SS. saben, su régimen jurídico como bienes de dominio público pertenecientes a las comunidades autónomas. Nosotros creemos que el texto lo precisa de forma adecuada para intentar conservar y proteger un patrimonio único en el mundo, cual es la existencia de una amplia red de caminos rurales que supera los 125.000 kilómetros, que cubren una extensión superior a las 400.000 hectáreas y que viene a representar prácticamente el 1 por ciento de la superficie española. Por lo tanto, creemos que ésta es una ley que tiene su importancia y nosotros creemos que debe salir el mejor texto posible en el trámite de esta Cámara y en el Senado.
En este sentido hemos ofertado una serie de enmiendas intentando recoger las posiciones de los grupos, enmiendas transaccionales, que sirvan para mejorar este texto. Ahora entraré en ellas. Permítanme SS. SS., no obstante, que para justificar adecuadamente mi posición, que es la posición del Grupo Parlamentario Socialista, ante las enmiendas de las que yo voy a hablar, que son las que han presentado el Grupo Popular y el Grupo de Izquierda Unida a los títulos en los que yo voy a intervenir, que son el título preliminar y el título I, permítanme, digo que me refiera brevísimamente a dos cuestiones: en primer lugar, a cuáles son las razones que aconsejan la aprobación de este proyecto de ley remitido por el Gobierno, con las incorporaciones, insisto, que creemos que deben producirse, y, en segundo lugar, me referiré brevísimamente al contenido de estos dos títulos del proyecto de ley. Mis compañeros lo harán al resto del texto.
Si me permiten, las razones las agruparía en dos fundamentales: en primer lugar, sería la necesidad de poner freno a la continua --entre comillas-- «desamortización» de hecho de estos bienes públicos que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo; desamortización de hecho que termina en usos agrícolas, en aprovechamiento forestal, en ocupación por viviendas, en ocupación por infraestructuras, etcétera, y que la actual ley, la que está en estos momentos en vigor, la Ley 22/1974, no impide en absoluto y en algunos casos, incluso, incentiva, me atrevería a decir.
La segunda razón es que creemos que en los tiempos en que vivimos parece razonable que las vías pecuarias puedan cumplir nuevas funciones, puedan tener nuevas utilizaciones, siempre y cuando éstas preserven de una forma

Página 11007


prioritaria el uso tradicional ganadero que han venido teniendo a lo largo de la historia. Pero parece lógico que en los tiempos actuales estas vías pecuarias tengan otros usos. En ese sentido en la ley se establecen usos complementarios que, desde luego, van a favorecer el desarrollo rural por esas amplísimas zonas del país por las que discurren las vías pecuarias a través de diversas fórmulas, entre otras, y se ha insistido mucho por los intervinientes del Grupo Popular y lo han dicho en tono despectivo que no termino de entender; por ejemplo, convirtiéndolas en caminos de penetración y desarrollo del turismo rural.
Creemos también que hay que potenciar las vías pecuarias como vías que sirvan de corredores ecológicos. Ustedes, que últimamente se visten de verde también (El señor Hernández-Sito García-Blanco: De rojo.), deberían entender que ésta es una función --han pasado del amarillo al verde-- importante de las vías pecuarias.
Me iba a referir también brevemente al contenido de estos dos títulos. El título preliminar, como SS. SS. saben, define el uso tradicional para el paso de ganado como prioritario, pero compatible, y en esto queremos insistir mucho, con otros usos complementarios. Recoge la naturaleza demanial de las mismas vías pecuarias y la titularidad de las comunidades autónomas y establece la tipología de esta clase de vías.
El título I, como ustedes saben, se refiere a la creación, clasificación y administración de las vías pecuarias, a las potestades administrativas de las comunidades autónomas sobre estas vías, a la posible modificación de los trazados, a las ocupaciones temporales y los aprovechamientos sobrantes en las vías, etcétera.
Por tanto, el contenido de este título es, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, bastante equilibrado. Equilibrado ¿en qué sentido? Equilibrado, si me permiten, entre la historia y el presente; equilibrado, entre lo público y lo privado; equilibrado, entre el uso tradicional y los nuevos usos; equilibrado, entre el desarrollo sostenido del medio rural y el respeto al medio ambiente. Esas son las señas de identidad, si ustedes me lo permiten, de estos dos títulos que nosotros no solamente queremos preservar, sino que queremos mejorar. En ese sentido están redactadas las enmiendas transaccionales que, de forma abundante, hemos ofrecido a los grupos parlamentarios.
A estos dos títulos, ¿qué enmiendas se han presentado? Se han presentado dos tipos de enmiendas. Por un lado, las que presenta Izquierda Unida, que, en líneas generales, mantienen estos equilibrios, que en algún caso los potencian y en otros casos los disminuyen, pero, en general, mantienen estos equilibrios; por eso nosotros vamos a votar favorablemente a bastantes de las enmiendas que presenta Izquierda Unida a estos dos títulos y vamos a hacer transacciones sobre otras varias.
¿Cuál es la línea de las enmiendas que, por el contrario, presenta el Grupo Parlamentario Popular? Pues que todas ellas tienden a romper este equilibrio. Por tanto, nuestra postura va a ser ligeramente diferente. A pesar del intento de acercamiento que hemos pretendido realizar con las enmiendas de los dos grupos, necesariamente los resultados son diferentes porque en un caso se mantiene, insisto, este equilibrio, que pienso que es bueno para la ley, y en el otro caso se rompe.
En ese sentido hemos ofertado a las enmiendas de Izquierda Unida transacciones sobre las enmiendas 112, 119, 122, 124 y 131. Y anunciamos nuestro voto favorable a la enmienda 133, de este grupo político.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, muy a nuestro pesar, sólo nos ha sido posible ofertar dos transacciones: una sobre la enmienda 78, al artículo 11.2, y otra sobre la enmienda 83, al artículo 14. Las razones son que el contenido de las enmiendas del Grupo Popular, como decía hace un momento, pretenden que desaparezcan, o al menos aparezcan totalmente disminuidos, desdibujados, los usos complementarios que deben tener las vías pecuarias.
Evidentemente, nosotros creemos que los usos complementarios que se realicen en las vías deberán realizarse con todo tipo de cautelas y con una ordenación clara y precisa que deberán realizar las comunidades autónomas, ya que ésa es su competencia. No es la competencia de esta Cámara. Nuestra competencia es lo que estamos haciendo: una ordenación general, que después deberá ser complementada por las comunidades autónomas.
Las enmiendas del Grupo Popular a estos títulos están en contra de la creación de vías pecuarias; quieren que desaparezca la posibilidad de creación de vías pecuarias, y ahora me referiré concretamente a la enmienda donde se contempla. Consideran en algunos casos, y lo dice taxativamente una de sus enmiendas, el interés público como excepcional, cosa que nos preocupa. Tampoco hemos podido aceptar el conjunto de sus enmiendas porque el contenido de las mismas dejan muy claro que quieren mantener la situación actual, con ciertos retoques y con cierto barniz de, si me permiten, entre comillas, «desamortización permanente», porque, entre otras cosas, quieren supeditar el interés público a los intereses particulares.
Me voy a referir a tres enmiendas concretas a las que hacía referencia el portavoz del Grupo Popular, enmiendas 70, 73 y 74.
En la enmienda 73, que es una enmienda que no tiene ningún sentido, la van complementando, con otras pretenden que el título pase a denominarse simplemente «de la clasificación y administración de las vías pecuarias»; quieren que desaparezca del título la expresión «de la creación, clasificación y administración de vías pecuarias».
Nosotros creemos que la creación de vías pecuarias es una facultad tradicionalmente reconocida a la Administración. Y, además, en el ejercicio de esta facultad se plantea, incluso actualmente, como una posibilidad de desarrollo para las cabañas ganaderas de algunas provincias y, de forma muy especial, de algunas comarcas de nuestro país.
Por tanto, esa posibilidad de creación no puede desaparecer del texto de la ley.
En la enmienda 73, el Partido Popular abunda en las restricciones de las facultades administrativas, limitándolas con esta enmienda exclusivamente al restablecimiento de vías pecuarias y omite todo lo relativo a la creación y ampliación.


Página 11008


Con relación a la enmienda 74, a la que el portavoz Popular ha dedicado bastante tiempo, creo que se ha defendido una posición respetable, pero que no comparto. Incluso se nos ha venido a decir al final que puede ser que el texto del artículo 8.3, que ellos enmiendan a través de la enmienda 74, sea un texto que roce la inconstitucionalidad. Eso es una opinión. Nosotros creemos que el texto es adecuado, que es un texto que no roza la inconstitucionalidad y que lo que afirma es la prevalencia del dominio público pecuario. Esto ha quedado regulado, en lo que se refiere al dominio público marítimo-terrestre, en la Ley de Costas; Ley de Costas que ya pasó por el Tribunal Constitucional y que no ha sido declarada inconstitucional. Por tanto, nosotros creemos que es un texto adecuado, pero comprendo la posición del Grupo Popular.
Por todas estas razones que acabo de decir y por alguna más que en la réplica podremos ampliar, en lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Popular a estos dos títulos les ofrecemos dos enmiendas transaccionales a las enmiendas 78 y 83. Lamentablemente, por estos planteamientos de fondo que tienen las enmiendas, no hemos podido producir ningún acercamiento más.
Con esto, señor Presidente, termino, anunciando que no voy a entrar en lo que se refiere a las enmiendas presentadas por estos dos grupos al título de la ley y a la exposición de motivos; que hemos ofrecido una enmienda transaccional a la enmienda 105, de Izquierda Unida, cuyo texto tienen todos los comisionados, y que votaremos favorablemente las enmiendas 107, 108, 110 y 111. (El señor Hernández-Sito García-Blanco pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Socialista, porque ha pedido dividir su intervención y luego habrá réplica por parte del Grupo Popular.
El señor Velasco tiene la palabra.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: Brevemente, señor Presidente, para explicar la posición del Grupo Socialista referente a las enmiendas presentadas sobre los títulos II y III del proyecto de ley que estamos debatiendo; el título II, cuyo título es: «De los usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias», y el título III: «Red nacional de vías pecuarias».
Nos encontramos con tres grupos de enmiendas, las presentadas por el Partido Nacionalista Vasco, concretamente 3, al artículo 18, en cuanto a la Red nacional de vías pecuarias. Nosotros entendemos que es una cuestión básica que aquellas vías pecuarias que discurran a través de las comunidades autónomas queden garantizadas. Por lo tanto, si lo dejamos con el carácter que pretende la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, nos podemos encontrar con que parte de ellas, o fundamentalmente ellas, por la tramitación en cuanto al tiempo, estarían en una red absolutamente fraccionada. Por lo tanto, creemos que es bueno que esta competencia quede como competencia de la Administración central, sin menoscabo, por supuesto, de las competencias que cada comunidad autónoma tiene transferidas, pero con esa idea clara de continuidad de aquellas redes que pasan por distintas comunidades autónomas.
Las otras que presentan son coherentes con esta primera, por lo que ya anunciamos que el Grupo Socialista no va a aceptarlas.
Asimismo, nos agrada el hecho de que esa misma postura la mantenga el Grupo Popular, entendiendo que es la red básica la que tenemos que mantener en esta ley.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una serie de ellas no realizan modificaciones sustanciales a ninguno de los dos títulos, ni al II ni al III.
Quisiera resaltar una enmienda, también coincidente con una del Grupo Popular, en cuanto a la exclusión absoluta del uso de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola. Quisiera decir que estamos de acuerdo con que esa restricción tiene que ser máxima, pero no debería ser absoluta, puesto que lo que pretendemos es que esta ley se cumpla; nos podemos encontrar con pequeñas actividades, fundamentalmente de carácter local, muy localizadas en el espacio y en el tiempo, y es preferible controlarlas que no excluirlas totalmente, cuando sabemos que, a la postre, luego no se va a cumplir. Por lo tanto, lo dejamos como un tema de regulación por parte de las correspondientes comunidades autónomas, que fijarán el grado de restricción. Creo que la propia ley contempla la excepcionalidad de esa cuestión.
Por otro lado, proponemos una enmienda transaccional a la presentada por Izquierda Unida al artículo 17.2. Esperamos que sea aceptada porque mejora el texto presentado.
Pasando a las enmiendas del Grupo Popular, creo que, por toda la filosofía de las intervenciones planteadas, uno de los temas que les preocupa, lo que nos diferencia frontalmente, es el de los usos compatibles y complementarios. De manera que no hay posibilidad de transaccionar, puesto que lo que plantea el Grupo Popular es su supresión. Es decir, es un problema conceptual distinto.
Nosotros no tenemos en absoluto los miedos que plantea el Grupo Popular.
Teniendo en cuenta que, además, es una ley básica, dejamos simplemente la posibilidad de esos usos complementarios. Entendemos que la vía pecuaria, cuando se constituye, tiene una finalidad única y exclusiva: el paso de ganado, pero da lugar a toda una serie de derechos por parte del Estado sobre unos terrenos importantes que, como digo, son propiedad común. A partir de ese momento, todos somos conscientes de que la actividad o el tránsito ganadero ha disminuido cada vez más y posiblemente en algunas zonas o tramos prácticamente ha tendido a desaparecer, lo cual no quiere decir que tenga que desaparecer la vía pecuaria. Por tanto, si ese uso no se va a llevar a cabo, entendemos que es necesario, que es cuestión de esta ley, que plantee cuáles pueden ser los usos complementarios.
Nosotros dejamos bien claro que esos usos complementarios en absoluto pueden deteriorar la naturaleza y que sean perfectamente compatibles con los ecosistemas o con las características de cada zona. De ahí que solamente se pone la práctica de senderismo, cabalgada, todas aquellas formas que no distorsionen para nada el medio ecológico. De todas maneras, no entendemos por qué tiene que ser un problema sanitario, ni ecológico ni de incendios, porque sabemos que en este momento la población

Página 11009


está haciendo estas prácticas de senderismo y cada vez las va a hacer más. Por tanto, creemos que beneficia el hecho de tener unas zonas y lugares por donde se puedan conducir esas actividades. Eso va a preservar muchos espacios al tenerlas reguladas, controladas, por lo que se pueden vigilar. Lo que está sucediendo ahora, sobre todo en zonas sensibles como puede ser la de montaña, precisamente por no existir esas regulaciones, es que se está haciendo un uso indiscriminado, y esto se puede resolver en muchas zonas con las vías pecuarias.
De ahí que no podamos aceptar las enmiendas, puesto que los planteamientos del Partido Popular son absolutamente contrapuestos a los que planteamos nosotros.
Por último, quiero decir que estamos seguros de que cada comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias --y en esa materia es total--, va a ser capaz de reglamentar correctamente para respetar todas esas cuestiones que el Partido Popular está presumiendo como problemas importantes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SANCHEZ DIAZ: En cuanto a las enmiendas presentadas al título IV, sobre infracciones y sanciones, el Grupo Socialista ha hecho una especie de recopilación de la mayoría de los dos grupos políticos. Del total de las quince enmiendas que hay presentadas, tanto por el Partido Popular como por Izquierda Unida, siete están transaccionadas, hemos rechazado cinco y tres están admitidas.
Creo que es importante que pase a determinar la labor que hemos hecho de reorganización, tanto respecto a lo que habíamos presentado nosotros en principio como por parte de las enmiendas que han presentado los dos grupos a que me refería. Al reelaborar estas enmiendas, hemos conseguido consolidar y profundizar un poco más en lo que son infracciones y sanciones.
Quiero decir que la enmienda de Izquierda Unida al artículo 19 no la hemos podido aceptar, debido a que lo que ellos consideran un nuevo apartado sobre vigilancia rural ya existe. Entre otros cometidos de la vigilancia rural, uno de ellos es sancionar aquello que encuentre en las vías rurales. Es una de las pocas enmiendas que no hemos podido aceptar.
Respecto al artículo 20, hemos hecho un artículo casi totalmente nuevo.
En el artículo 19 hemos dejado el punto 1, los puntos 3 y 4 han pasado a ser los puntos 2 y 3 y hemos pasado el punto 2 del artículo 19 al artículo 20, al que hemos dado un título nuevo, llamado «reparación de daños». Como todas SS. SS. tienen las transaccionales nuestras, estoy explicando esta elaboración.
El primer punto del artículo 20, llamado «reparación de daños», es el punto 2 del artículo 19. Después hemos añadido algo muy interesante, que dice: «En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar, deberá recuperarse en otro espacio donde cumpla la finalidad de la vía pecuaria.» Seguimos con el punto 2 del artículo 19, que pasa a ser punto 2 del artículo 20. Es decir, el punto 2 del artículo 19 lo hemos dividido en dos partes, una es el número 1, que empieza «sin perjuicio de las acciones penales», hablando de reparación de daños, y otra parte, que empieza «asimismo las comunidades autónomas». El punto número 3 de este artículo es nuevo, pero lo hemos recogido del artículo 22, el punto 3 del artículo 22.
Es decir, el artículo 20 es totalmente nuevo, tiene otro título, reparación de daños, y hemos traído a él temas que se trataban en el artículo 19 y en el último punto temas que se trataban en el artículo 22.
En el artículo 21 empezamos a clasificar las infracciones como muy graves, graves y leves. Nosotros añadimos un apartado nuevo, que es el apartado d), donde decimos: «las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo». Este era el apartado a) del artículo 20.
Después pasamos a las infracciones graves, y ahí eliminamos el apartado c) y modificamos el g). Por último, en las infracciones leves, también hacemos un completo cambio, como decía en el artículo 20. Hacemos tres apartados, el a), el b) y el c). Como tienen las enmiendas transaccionales, no creo que sea necesario que las vaya leyendo.Respecto al artículo 22, se elimina el apartado 3, que ha pasado a ser el número 3 del artículo 20, como decía. Respecto a lo que estaba comentando, hemos ido transaccionando siete enmiendas, de las cuales la mayoría están en la reelaboración que hemos hecho aquí. No aceptamos, porque consideramos que no podemos hacerlo, tres enmiendas al Partido Popular y dos a Izquierda Unida, que van en la línea que argumentaba el Partido Popular sobre las multas y su cuantía. Creemos conveniente mantener la cuantía, debido a que con el desarrollo de la Ley en años anteriores, tenemos constancia de que quizás porque no ha habido cuantías considerables en ciertos momentos, se ha abusado del uso de las vías pecuarias ni en el momento ni en el lugar correcto. Además, la cuantía no podemos verla desde un punto negativo, pensando que la parte sancionadora va a imponer la cuantía más alta, sino que, como ven SS. SS., los límites van de 10.000 a 100.000 pesetas, de 100.000 a 1.000.000 de pesetas, que se pueden considerar como 100.000 pesetas o, como ustedes proponen, de 1.000.000 a 5.000.000.
Nosotros las cuantías no las hemos bajado, las hemos mantenido.
Los plazos en la Ley de Procedimiento Administrativo se los hemos aceptado a los dos grupos. Hemos presentado una transaccional en la que creemos que la Ley debe prescribir en las faltas muy graves a los cinco años, en las graves a los tres y en las leves al año. En la prescripción Izquierda Unida --y nosotros lo rechazamos-- pretende que la infracción se empiece a contabilizar desde el día que se ve y creemos que no es positivo, sino que tenemos que contabilizar desde el día que se realiza la acción o desde el que se acaba, porque si no la prescripción puede caer en manos del sancionador y el marco jurídico donde se desarrolla la prescripción puede quedar vulnerado.
En resumen, creo que son muy pocas las enmiendas que no hemos podido aceptar, no tienen apenas importancia. Hay algunas del Partido Popular que están relacionadas

Página 11010


con los usos compatibles y complementarios y, como nuestro compañero ha anunciado, en nuestra Ley tienen una importancia tal que no se pueden aceptar.
Creo que no me han quedado más temas pendientes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rueda, también brevemente.


El señor RUEDA ESPINAR: Muy brevemente, voy a fijar la posición de mi grupo en las disposiciones adicionales, transitorias y finales. Se han presentado 11 enmiendas, de los Grupos Izquierda Unida, Popular y PNV.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, mi Grupo tiene que decir que vamos a rechazarlas todas. Por referirme a alguna de ellas, la enmienda de Izquierda Unida a la disposición adicional primera pretende dar carácter de urgencia al término «deslinde». Creemos que al término «deslinde» no hay que darle carácter de urgencia. A mi Grupo le parece que lo urgente en esta Ley es la clasificación de aquellas vías pecuarias que no lo están y no el deslinde, que nos parece mejor que se deje en manos de la Administración competente, sin declarar su urgencia en este proyecto de ley. Por tanto, vamos a votar en contra de esas dos enmiendas.
A la disposición adicional primera hay una enmienda del Partido Popular que vuelve a hablar de los usos complementarios que entendemos que van en contra de la filosofía de este proyecto. Plantean regular el uso y nosotros entendemos que en el proyecto de ley se recoge como un uso regulable. Por tanto, también vamos a votar en contra de esta enmienda número 96, a esta disposición adicional primera.
A la disposición adicional segunda tenemos una enmienda de Izquierda Unida que, como he dicho anteriormente, votaremos en contra, que lo que pretende es dejar el texto tal como está y añadir un plazo al Decreto-ley. Dice lo siguiente: «el Gobierno elaborará, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, un Real Decreto que determine el régimen arancelario de las inscripciones de los bienes de dominio público». Entendemos que la regla general no es marcar ningún plazo determinado para elaborar este Real Decreto, a efectos de dejar un margen al Gobierno. Por tanto, también vamos a votar en contra.
En las disposiciones transitorias hemos planteado una transaccional.
Izquierda Unida tiene presentadas aquí dos enmiendas, en coherencia con enmiendas anteriores, a las que vamos a votar en contra.
En cuanto a la enmienda 97, del Grupo Popular, creemos que esta transaccional puede ser aceptada por este Grupo. Se trata simplemente de renombrar la disposición transitoria única como primera e incorporar una segunda, que quedaría en los siguientes términos: «A los expedientes sancionadores que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley les será de aplicación la normativa más favorable». Entendemos que esta transaccional puede ser positiva y, por tanto, daría satisfacción al Grupo Popular.
En lo que se refiere a las disposiciones finales, vamos a rechazar la número 154, de Izquierda Unida. Entendemos que las enmiendas 92 y 99, del Partido Popular son innecesarias, que no es necesario incorporar ningún precepto, como plantean en su enmienda. Ellos mismos reconocen en su justificación que, aunque este precepto no fuera estrictamente necesario, lo es para amejoramiento del fuero. La enmienda 99, en coherencia con la anterior, vamos a votarla igualmente en contra.
Hemos presentado una transaccional a la número 4, del PNV, que creemos que recoge las aspiraciones de este Grupo y, por tanto, mejora la Ley. La Mesa ha tenido conocimiento de la misma y paso a leerla rápidamente: «Corresponde al Gobierno y a las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta Ley». Creemos que con esta enmienda también mejora el texto y daríamos satisfacción al PNV.
Por tanto, ésta es la posición de mi Grupo en estas disposiciones.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: En este segundo turno, en nombre del Grupo Popular, sí quisiera puntualizar algunas de las cuestiones que ha planteado el señor Nieto y también el señor Velasco, que no por el tono ponderado de sus intervenciones, quiere decirse que sus palabras hayan sido acertadas. Creo que en ninguno de los Grupos aquí presentes existe ningún ánimo de deteriorar un patrimonio, sino, al contrario, de conservar, y conservar bien, un patrimonio único en el mundo, como es el de las vías pecuarias. Quizá, señor Nieto, lo que haya sean diferentes criterios de cómo se puede conservar ese patrimonio, pero, en todo caso, criterios respetables y estamos seguros de que a todos nos guía el mismo afán de conservar ese patrimonio. Por tanto, total acuerdo y nadie ha dicho lo contrario.
También acuerdo en que hay que poner freno a esa desamortización de hecho que con acierto ha señalado, y también estamos de acuerdo en que podrá haber distintos criterios y, además, no cargar las tintas sobre tal o cual propietario privado o no privado, sino en que esa desamortización se está produciendo de hecho.
Quizá, al mismo tiempo que a los propietarios colindantes en régimen de privado, haya que señalar aquí las actuaciones de la Administración con obras, por ejemplo, como las de concentración parcelaria, a las que no las estoy criticando. Estoy señalando el hecho de que han corregido de manera importante, y posiblemente necesaria, el trazado y la anchura de las vías pecuarias, así como de los lugares de descansaderos, aguaderos, etcétera. Por tanto, efectivamente, en el momento en que las modificaciones puedan suponer desamortización de ese patrimonio, todos de acuerdo en tratar de corregirlo, y así lo intentamos, quizá con diferentes criterios, en este proyecto de ley que ahora estamos debatiendo aquí.
Ahora bien, decir que en estos tiempos se requieren nuevas funciones y, por tanto, usos complementarios y, además, emplear un tono despectivo, creo que no es de recibo, señor Nieto, y, desde luego, lo que no es de recibo es

Página 11011


el tono, irónico por lo menos, cuando S. S. nos dice que en nuestro Grupo nos vestimos de verde. Mire usted, cada cual se viste con el color que quiere y que le parece más adecuado.
Al final ha dicho algo que me parece de sumo interés y quizá procediera, señor Presidente, cortar en este momento procesal la discusión de este proyecto de ley, ya que el portavoz del Grupo Socialista nos dice que se trata de transformar lo que es y han sido vías pecuarias, con historia secular y consuetudinaria, etcétera, en corredores ecológicos. De acuerdo, señor Nieto, pero entonces hagamos las cosas bien hechas. ¿Dónde está en este proyecto de ley, no mediante un papel que aparece en el «Boletín Oficial del Estado», el contenido que dice que las vías pecuarias se acaban de transformar en corredores ecológicos para determinados usos y que encima echamos el muerto a las comunidades autónomas de tener que regular, financiar, etcétera? Hagamos unos corredores ecológicos en condiciones. Es decir, ¿dónde están en este proyecto de ley los estudios botánicos, edafológicos, de impacto medioambiental, etcétera? ¿Dónde está en este proyecto de ley la regulación del uso de esos corredores ecológicos? ¿Dónde está en este proyecto de ley el estudio de vigilancia y de guardería que conlleva un espacio dedicado especialmente a lo que es un corredor ecológico? ¿Dónde están previstas las inversiones, si es que se pueden prever en una ley básica, en descansaderos, aguaderos, refugios, etcétera, además de las instalaciones que pueden conllevar los usos complementarios, a los cuales no nos oponemos? Está claro que no nos oponemos a que se puedan utilizar ahí. A lo que sí nos oponemos es a que reglamentariamente se pueda determinar desde aquí, mediante una ley básica, abriendo un abanico de posibilidades y que, repito, el muerto se le traspase a las comunidades autónomas. Si queremos hacer unos corredores ecológicos, hagámoslos, pero bien hechos; hagámoslos, pero completos; hagámoslos, pero, sobre todo, basados en los estudios botánicos, edafológicos, de impacto medioambiental y en todos los otros estudios que conlleva un informe serio de un corredor ecológico.
Repito que nosotros decimos que lo hagan los titulares dominicales de este espacio, de estos miles de hectáreas, de estos cientos de miles de kilómetros, que son las comunidades autónomas, con arreglo a sus medios y a sus propios criterios.
Desde luego, no hay una negativa por parte de mi Grupo a la creación de nuevas vías pecuarias. Sí es verdad que no será probable que pueda aparecer la necesidad de nuevas vías pecuarias, puesto que la trashumancia está en desuso, pero si hubiera que crear nuevas vías pecuarias, en ninguna de las enmiendas se refleja esa supuesta negativa a su creación, ni tampoco que queramos mantener la situación actual de desamortización y mucho menos de someter nada del interés público al interés privado.
Por tanto, si el proyecto de ley se aprueba tal como ustedes proponen o tal como ustedes quieren que aparezca --lo ha dicho el señor Velasco--, autorizará una serie de usos que las comunidades autónomas ya restringirán, y es justamente donde discrepamos. No toquemos el tema de manera básica para que puedan legislar en positivo las comunidades autónomas con arreglo a sus posibilidades y a sus criterios. Además, señor Velasco, no confundamos usos compatibles y complementarios. De los compatibles, nadie ha dicho nada. En los compatibles estamos sustancialmente de acuerdo, entre otras cosas porque no hay más remedio que estar, ya que muchas de las vías pecuarias se han transformado en algunos tramos en paso agrícola porque así, sobre todo en las zonas de actuación de concentración parcelaria, lo decidió quien en su momento pudo decidir.
En el caso de los usos complementarios, dicen que ustedes no tienen los miedos que nosotros tenemos. No son miedos, sino que es la constatación de una serie de experiencias que además hemos contrastado con los interesados, fundamentalmente con la Confederación Española de Selvicultores, que agrupa a más del 75 por ciento de los propietarios de montes de España, que están absolutamente preocupados con que las vías pecuarias puedan ser agentes vectores y de penetración de esos para ustedes supuestos peligros y para nosotros peligros reales de enfermedades animales, de entorpecimiento de una actividad deportiva y económica, como es la cinegética, y sobre todo que se aumenta de manera sensible y grave el riesgo de incendios.
Nadie se opone a sus deportivos, nosotros tampoco, pero queremos que los regulen las comunidades autónomas, y no se puede decir, señor Velasco, que ahora se hace un uso indiscriminado, porque esto es, cuando menos, una acusación gratuita a la actuación de muchas comunidades autónomas. En muchas comunidades autónomas se tienen definidos, por supuesto, itinerarios para senderismo, cabalgada, etcétera, y por supuesto que además la aproximación al monte está regulada dentro de los ecosistemas más sensibles y dentro de las zonas con una mayor cantidad de masa forestal, incluso con vehículos motorizados, pero a través de caminos y carreteras de dominio público, y está comprobado que cuenta con la suficiente guardería y control.
En todo caso, ese mayor control o esa modulación del uso del monte será competencia de las comunidades autónomas y ahí es donde nos diferenciamos. Luego no se diga que no queremos una cosa, porque sí la queremos, pero hecha desde la comunidad autónoma y no desde una ley básica, que entendemos que es una carga imposible de cumplir para algunas de ellas, y me retrotraigo a mis palabras iniciales: si lo que se quiere son corredores ecológicos --y ésa ha sido la palabra, creo que, además, adecuada que se les puede dar a estas vías pecuarias transformadas en otras cosas--, hablemos de eso y de todo lo que conlleva, señor Presidente, un corredor ecológico bien hecho, que será además una buena manera de evitar esa desamortización de hecho, contra la cual estamos, y que será incidir de manera positiva en la conservación de un patrimonio efectivamente único en el mundo.


El señor PRESIDENTE: El señor Bueso tiene la palabra.


El señor BUESO ZAERA: Para contestar al representante del Grupo Socialista que ha hecho mención a las enmiendas 74 y 75 presentadas al artículo 8.º, apartados 3 y 4.


Página 11012


Las ha despachado diciendo sencillamente que prevalece, en su opinión, el dominio público frente al privado, como en la Ley de Costas. Yo tengo que decirle que no tiene nada que ver la Ley de Costas con lo que aquí estamos debatiendo, porque en la regulación actual de las vías pecuarias éstas se conceptúan como bienes de dominio público y ese dominio público no lo da la Administración, como dice este texto, cargándose de un plumazo, como he dicho anteriormente, la fe pública registral. Por lo tanto, en las vías pecuarias, aunque sean bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, hay que tener en cuenta lo siguiente: de hecho, se han producido invasiones. Nosotros no estamos defendiendo las invasiones y apropiaciones de estos bienes por particulares, que, pese a que en teoría son lo que se conoce por «rex extracomercium», la jurisprudencia, en diversas ocasiones, se ha venido pronunciando, no a favor de la Administración, sino del particular. Y no solamente durante la vigencia de la legislación anterior, sino en la actual.
A este respecto tengo que decir lo siguiente: hay proclamaciones solemnes de que tales bienes de dominio público no son susceptibles de prescripción ni de enajenación ni podrá alegarse para su apropiación el tiempo que hayan sido ocupadas, ni legitimarse las usurpaciones que hayan sido objeto. Pero, siguiendo la normativa anterior a la actual, también se declara que ello se entiende sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos de que hayan sido irreivindicables los terrenos ocupados de vías pecuarias y cuyas situaciones se apreciaron por los tribunales de justicia.
Por lo tanto, la legislación ha venido reconociendo casos de irreivindicabilidad administrativa, lo que se traduce, en paralela adquisición dominical, para los particulares, muchas veces protegidos por los principios de la fe pública y legitimación registral. Y, por su claridad, quiero transcribir o dar, aunque solamente sea de pasada, y no quiero hacerme excesivamente largo, algunas consideraciones jurisprudenciales.
Así, y a título de ejemplo, en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1959, sobre deslinde y ocupación de la vía pecuaria, concretamente la Cañada Real de la Fuente del Maestre, en Badajoz, podemos leer en sus considerandos, entre otras cosas, que se aprecia en las alegaciones de los recurrentes y documentación por ellos aportada que todos ellos han acreditado su condición de poseedores, en concepto de dueño, a tenor del punto segundo del párrafo primero del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, y 436 y 438 del Código Civil. Y que tal posesión no es solamente la posesión legal o registral, que arranca de la presunción a favor de quienes tienen su dominio inscrito, sino también de una efectiva situación de tenencia y disfrute que nadie ha perturbado. Y que la Administración no discute. Que esta posesión, tanto legal o registral como efectiva, sumada a las de las normas sentadas en el artículo 1960 del Código Civil y 20 de la Ley Hipotecaria tienen una antigüedad muy superior a los 30 años, pues arranca de las ventas hechas por el Estado en 1867 y 1868 a los primeros adquirentes particulares y que fue, por tanto, la propia Administración la que actuó como transmitente en el acto inicial que sirvió de punto de arranque a la mencionada posesión.
Igualmente se declara que parece incuestionable la posesión de los recurrentes como título y buena fe en concepto de dueños y por un período muy superior a los 30 años, que haría patente la improcedencia de la inclusión de las fincas de que se trata en la finca deslindada.
También quiero remarcar lo siguiente: que existe la posibilidad de que haya una legitimación de los particulares, y a este respecto hay sentencias, entre las que destacan la de 22 de marzo y 26 de diciembre de 1958 del Tribunal Supremo, que dicen que esta legitimación de los particulares ha de suponer que la situación jurídica de los particulares se haya logrado acomodándose a los requisitos señalados por las leyes generales y de superior rango que el Decreto que rige en esta materia. Y éstas, en el caso de que se trata fundamentalmente, son los artículos 432 a 36 y otros del Código Civil y el 34 y 35, al que se hace referencia en este artículo 8 de la Ley Hipotecaria, pues, aunque en un deslinde administrativo --dice esa sentencia-- no se declaren derechos de propiedad --y aquí estamos declarando derechos de propiedad--, ha de reconocerse y respetarse en él, sin embargo, la posesión en concepto de dueño, dotada de todos los requisitos señalados para ella en las leyes.
Y también con ocasión de otros deslindes, y concretamente en el deslinde de la vía pecuaria de Galapagar, se recordaba que el artículo 1.º del Reglamento de 1944, que declaraba la imprescriptibilidad, la inapropiabilidad de las vías pecuarias, admitía la excepción del artículo 2.º, al decir éste que corresponde a la Administración el restablecimiento y reivindicación de las vías pecuarias usurpadas, cualquiera que sea la fecha de su ocupación, salvo los casos en que se haya legitimado, haciéndose la adquisición irreivindicable. Y es forzoso atenerse a las normas del Código Civil, con lo que se declara sin efecto la declaración de intrusión del particular en la vía pecuaria afectada.
También hay una sentencia de 1959, concretamente la de 4 de mayo, en la que se recuerda que el legislador había hecho compatible, con el carácter imprescriptible de las vías pecuarias, la excepción de la pacífica y quieta posesión, y durante 30 años, en el artículo 9.º del Real Decreto de 5 de julio de 1924. Y es importante la naturaleza de la clasificación --y en el texto se hace referencia-- de las vías pecuarias por su trascendencia.
En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1990 --no estoy hablando de hace 20 años--, Sala Tercera, Sección Octava y, para mayor dato, en Aranzadi el apartado 5.426, sobre vías pecuarias, del término municipal de Montoro, en la provincia de Castellón, en el segundo fundamento de derecho dice: No puede compartirse el argumento expuesto por el abogado del Estado según el cual la clasificación de los terrenos afectados por las vías pecuarias no tiene más trascendencia que la determinación de la existencia y categoría de las pecuarias, puesto --dice la sentencia del Tribunal Supremo-- que, establecida esta clasificación, se están conceptuando los aludidos terrenos como bienes de dominio público, como los define el artículo 1.º de la Ley 22/1974, de 27 de julio, o sea la actual, con la trascendencia que ello pueda tener, tanto en cuanto

Página 11013


a los derechos de propiedad y disposición de dichos terrenos como su adscripción a ICONA.
También hay una sentencia de 1988, concretamente...


El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo.


El señor BUESO ZAERA: Sí, voy a concluir en seguida, señor Presidente.
En el fundamento de derecho primero reconoce el carácter imprescriptible de las vías pecuarias, como bien de dominio público, con base en el artículo 132 de la Constitución española, salvo que se produzca previamente su desafectación. Y no podemos ignorar la desafectación que se ha producido. No podemos cargarnos de un plumazo, como he dicho al principio, la fe pública registral por la desafectación. La desafectación, señorías, hay que respetarla, porque es totalmente legal, y no estoy defendiendo absolutamente nada mío, que nadie crea que estoy defendiendo algo mío.
Sobre este último punto, es de interés la sentencia de 26 de noviembre de 1962, en la que, en el cuarto considerando, se recuerda la posibilidad de prescripción adquisitiva del dominio de bienes inmuebles, mediante su posesión, no interrumpida sin necesidad ni de título ni buena fe, sin distinción entre presentes y ausentes.
Es importante --y termino con esto-- la sentencia de 10 de febrero de 1989 de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que recuerda, en su fundamento de derecho primero, que, aparte --y esto es muy importante-- las situaciones jurídicas amparadas por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que se dice aquí y que se lo carga de un plumazo, a las que hace referencia el artículo 94 del Reglamento de Vías Pecuarias de 1978, existen otras situaciones derivadas de la simple inmatriculación en el Registro de la Propiedad que no pueden ser desconocidas por la Administración, al llevar a cabo la operación de deslinde de una vía pecuaria, dado que el titular de la inscripción registral, aunque no goce de la condición de tercero protegido, sí se presume que tiene la posesión del inmueble, cuyo dominio esté inscrito a su favor, y ha de ser respetado el principio --dice la sentencia-- de legitimación registral del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 1.º de esta misma ley, y si bien los expedientes de deslinde no prejuzgan cuestiones de propiedad, centrándose en la órbita posesoria únicamente, la determinación de los terrenos objeto de cada deslinde no puede hacerse discrecionalmente --y aquí se hace discrecionalmente-- por la Administración, sino con base y respeto a las situaciones de propiedad o posesión de los particulares, en la forma que resulta acreditada por medios probatorios o antecedentes documentales bastantes para justificar legalmente tales situaciones. Por lo que no cabe desconocer la realidad de los títulos dominicales inscritos en el Registro de la Propiedad, cosa que en este texto no se hace de ninguna manera.
Mencionaría bastantes más textos, porque he hecho un trabajo más amplio de lo que puede ser el de la Comisión, pero creo que he dicho lo fundamental en relación con este tema.
En definitiva, señorías, quisiera que por lo menor constase en acta que el Grupo Socialista dijese si está o no de acuerdo en que prevalezca el dominio público; es decir, si se respeta el derecho registral o no se respeta o simplemente se limita a decir lo que ha dicho. Es decir, señorías, concretando, ¿ustedes respetan el derecho registral, sí o no? Quisiera que se me contestara a este respecto, por lo menos para que conste en acta.
Por otro lado, terminando, en relación con las últimas enmiendas...


El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Bueso, estamos fuera de tiempo.


El señor BUESO ZAERA: Sí, señor Presidente.
Concretamente la enmienda transaccional que se nos ha ofrecido a la 97 dice en el apartado primero que las clasificaciones, deslindes, amojonamientos, etcétera, se ajustarán a la normativa básica y requisitos establecidos en esta ley, y en el apartado segundo dice: A los expedientes sancionadores que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta ley les será de aplicación la normativa más favorable.
Nosotros decimos que se deben regir por las normas de la legislación anteriormente vigente. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cómo se va a aplicar la normativa más favorable si decimos que la clasificación, deslinde, etcétera, que se encontrare en tramitación en este momento se ajustará a la normativa básica, o sea, a esta que aprobamos hoy? ¿Cómo se le va a aplicar la legislación actualmente en vigor, la de la Ley de 1974 y el Reglamento de 1978, si lo hemos eliminado? Esta disposición transitoria segunda está en contradicción palmaria --y perdone la expresión-- con lo que dice la primera. Luego yo creo que sería preferible dejar el texto como estaba y no de esta manera, porque es una contradicción evidente, y si no, al tiempo, cuando haya los recursos correspondientes cuando se aplique esta ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernández-Sito, brevemente, por favor.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Se han enterado SS. SS. bien? ¿Han tomado nota de lo que se les ha dicho? (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Esta es una Cámara para convencer a la gente o no?

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, pero su turno es para réplica.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Cómo para réplica? Si la réplica mía es eso... Ahora entraré a contestar al señor Nieto, que siempre es muy suave pero con un yogur siempre agrio en el fondo, al que ya nos tiene acostumbrados.
Primero, pone en boca nuestra cosas que no decimos. Aquí no estamos defendiendo nuestros intereses particulares,

Página 11014


ni los de nadie, sino el derecho de cada persona que lo tenga inscrito en el Registro, como lo ha explicado muy bien mi compañero. Estamos diciendo que creemos que hay que amojonar las vías pecuarias que se hayan usurpado, en las que se hayan metido. Supongo que usted habrá hecho algunos corredores ecológicos, que es una frase que la voy a usar mucho porque es divertidísima, pero usted no ha pasado por una vía pecuaria en su vida. Con la exposición que ha hecho se ha representado usted como un extraterrestre urbano, un ser que tiene unos conocimientos pero que no tiene nada que ver (Risas.) Lo digo en el buen sentido de la palabra; los extraterrestres son gente muy... ¿Usted no conoce a ningún extraterrestre? (Risas.) Creemos que no es de recibo ese tono despectivo.
Ya mi compañero el señor Madero ha expuesto claramente nuestra postura en cuanto a esa opinión suya y no quiero hablar más del tema. Le voy a decir las transaccionales que vamos a aceptar.
Señor Nieto, hace mucho tiempo que nos conocemos, y siempre parece que se desprende de sus palabras que lo que queremos nosotros es defender nuestros derechos. ¡Yo qué sé quiénes son lo dueños de las cañadas! Pero muchas cañadas se han invadido, y usted lo sabe, por los ayuntamientos, socialistas en su mayor parte, y lo digo porque hasta mayo hay más ayuntamientos socialistas, luego los habrá nuestros, pero como ya lo han invadido, no lo vamos a poder quitar. (Risas.), pero hasta entonces han invadido, han urbanizado, y usted sabe, y lo pone el proyecto, que hay muchas zonas donde ya se han hecho concentraciones de viviendas por parte de los ayuntamientos. Y digo socialistas porque la mayoría lo son, no lo digo en plan despectivo, sino que la realidad es ésa.
En cuanto a las transacciones que han presentado el Grupo Parlamentario Socialista, a nosotros no nos da vergüenza cuando tenemos que aceptar una cosa, pero ustedes no aceptan nada porque sí, remachando, no tienen ni la capacidad de diálogo, de decir si es malo o bueno; no, esta es la ley y de aquí no nos movemos. Yo no sé si es que les darán unas normas y ustedes no tienen la capacidad luego de discernir como Grupo, sino que, según quien se las dé, así lo hacen.
En la exposición de motivos vamos a apoyar las transaccionales ofrecidas a las enmiendas 105, 111 y 112 de Izquierda Unida. Igualmente vamos a aceptar las transaccionales ofrecidas a las enmiendas 119 y la 122, del mismo Grupo. En cuanto a las enmiendas 124 de IU-IC y 78 --esta última es nuestra--, no es que defendamos a particulares, nos defendemos todos.
Aquí dice que hay que escuchar a organizaciones profesionales agrarias afectadas, a organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. Yo tengo mucho respeto a los grupos ecologistas que salen en los medios de comunicación, pero muchas veces no sé a quién representan, porque aquí habrá que escuchar también a los particulares afectados, porque si se va a hacer una determinación sobre una vía que afecta a alguien, no sólo hará que oír a las cámaras agrarias, de una de las cuales soy Presidente --de modo que no tengo duda ninguna--, o a las corporaciones locales o las organizaciones sindicales. Pero es que luego pone una serie de organizaciones y colectivos que no se determinan.
Cualquier grupo de personas que diga que representan el ecologismo en un pueblo tiene que ser escuchado, y resulta que no se va a escuchar al propietario afectado. Si ustedes dejan en este artículo 11.2, además de aquellas organizaciones y colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente, también a los particulares afectados, estaríamos dispuestos a aceptarla. Si no, nos vemos en la obligación de mantener la nuestra.
Vamos a aceptar la transaccional ofrecida a la enmienda de Izquierda Unida y a la 83 del Grupo Popular En cuanto a la transaccional a la 139, al artículo 17.2, de Izquierda Unida, el tema va unido a los corredores ecológicos. Será para desnudarse los corredores, porque dice que hay instalaciones desmontables, serán duchas o algo que tienen que poner allí para las carreras. Si ustedes ponen instalaciones desmontables en un corredor ecológico, como usted dice, que yo ya no sé si son vías o qué son, ¿cuando llegue el ganado salen corriendo y desmontamos lo que hayan puesto? Porque el ganado llegará y tendrá que pasar por allí, y dicen que primero está la defensa del ganado, porque dicen que no puede haber nada que afecte al paso del ganado. Si se presenta, por ejemplo, mi paisano de Badajoz, el que ha hecho el paseo por la Castellana, con las tres mil ovejas, ¿qué hacen los corredores ecológicos que estén allí metidos en las duchas o donde sea? ¿Salen corriendo y quitan las instalaciones? Me parece una tomadura de pelo. Perdone que le diga que usted no tiene ni la más remota idea de lo que es una cañada y lo que es un paso de ganado, que no va a pasar en muchos sitios, porque, por razones de modernidad, como usted también ha dicho, la trashumancia se ha condicionado ya a unas zonas muy concretas. Por tanto, esto de las instalaciones desmontables que sean necesarias nos parece fuera de lugar, sobre todo si dice que siempre respetando el ganado. Esto es un contrasentido y nos vamos a oponer.
La transaccional presentada en el Título IV, de las infracciones, artículo19, la vamos a aceptar, así como las presentadas a los artículos 20 y 21. La presentada al artículo 22, que es sobre las infracciones --no voy a repetir lo que se ha dicho aquí--, no la vamos a aceptar. Ha dicho mi paisana antes que van desde un millón, pero ¿quién va a decir que el juez va a poner 100.000 y no un millón, o de cinco millones a veinticinco? Eso es a criterio, y ya lo ha explicado mi estimado compañero antes, por lo que no vamos a repetirlo. Nos vamos a oponer a ello.
También hay una transaccional a la enmienda 97, que es a la transitoria.
No voy a incidir en cuál es la normativa más favorable. Por tanto, nos vamos a oponer, y vamos a aceptar la transaccional presentada a la enmienda del Grupo Vasco.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Velasco.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: No voy a contestar al señor Hernández-Sito, porque no es cuestión de sacar aquí la balanza de medir y ver quién ha paseado más por las vías pecuarias ni la capacidad que tenemos de conocimiento

Página 11015


de las actividades ganaderas, que sería cuestión de un análisis mucho más detallado. Por tanto, no voy a entrar en esas cuestiones.
Me quiero referir a las manifestaciones del señor Madero, porque creo que, en un tono mucho más racional y mucho más lógico con el debate de esta ley, podemos discrepar en planteamientos, y efectivamente discrepamos. Nosotros queremos llevar a lo que se consideran usos compatibles --efectivamente, ahí no han planteado enmiendas fundamentales-- los usos complementarios, es decir, queremos elevar lo que son los usos complementarios a lo que eran usos compatibles, pero como digo, como filosofía de planteamiento y en absoluto entendiendo que puedan generar problemas medioambientales. Creemos lo contrario, que se respetan mucho más. En relación con el aspecto sanitario, si existe algún vehículo para trasladar posibles epizootias, justamente en el paso del ganado; no es el paso de las personas el que puede originar ese problema.
Por supuesto, en cuanto a protección del medio natural, nosotros entendemos que el medio natural se protege mucho más ordenando el tránsito de esas personas, que hoy se está produciendo. Nosotros sabemos que tanto en fines de semana como en períodos estivales o vacacionales o cuando existe algún tipo de producción que aún no está regulado por las propias comunidades autónomas, existe un uso indiscriminado del monte público, y creemos que hay una forma buena de poder controlarlo: dado que tenemos un patrimonio estatal que son las vías pecuarias, ordenémoslas, marquémoslas y pongamos los servicios necesarios para que con ese ordenamiento estemos protegiendo todas las cuestiones colaterales. Esta ley básica lo único que plantea es esa posibilidad como elemento fundamental por el desuso lógico de la propia vía pecuaria, pero a partir de ahí el camino importante lo tienen que recoger las propias comunidades autónomas y ahí van a fijar realmente cuáles son los criterios de uso. Yo creo que no debe dar miedo; es decir, si una comunidad autónoma asume la competencia de la vía pecuaria, la asume con todos los beneficios y con todas las cargas que lleva. Lo que no se puede hacer es estar pidiendo una competencia y después decir que su desarrollo le trae problemas. Yo creo que hay que ser consecuentes con el tema. Si se transfiere y se pide una competencia por parte de un comunidad autónoma, que la proteja más y la desarrolle hasta el final. Y yo creo que con un buen desarrollo --estoy convencido de que todos los grupos van a participar en ese sentido--, con toda una buena reglamentación, realmente van a ser posibles esos usos complementarios sin que distorsionen para nada el medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: El señor Nieto tiene la palabra.


El señor NIETO GONZALEZ: Sin ánimo de reabrir polémica, entre otras razones porque el Presidente no me dejaría, voy a empezar a responder, puesto que los tres portavoces han hecho referencia a mi intervención, y empezaré por el final.
La intervención del señor Hernández-Sito es una intervención a la que ya nos tiene acostumbrados. (El señor Hernández-Sito García-Blanco: Es mi carácter.) Es agradable, es su carácter. Dice que yo empleo formas suaves pero con un fondo agrio (El señor Hernández-Sito García-Blanco: Yogur.) Yo creo que él habitualmente emplea un tono que yo diría con sabor a yogur del Cáucaso en el sentido de que es un sabor agrio (El señor Gayarre Bermejo: ¡Yogur de Cuba!), con aire fresco de las montañas del Cáucaso, un tanto montaraz, pero que desde luego siempre es agradale y agradable de digerir, es un yogur que es agradable de digerir. (El señor Hernández-Sito García-Blanco: ¡No como el suyo! Risas.) Por tanto, hecha esa puntualización, pasaré a la intervención que ha tenido el señor Bueso. Yo creo que ha hecho una magnífica exposición en su intervención. Yo pensaba que estábamos en estos momentos en un tribunal, no en la sala de una Comisión, y, desde luego, cuando algún particular quiera contratar a alguien, porque tendrá conflictos con la Administración autonómica cuando se produzca el deslinde, cuando lean su intervención le van a llover los contratos. Ha hecho usted una magnífica defensa que puede servir perfectamente para defender a muchos particulares que vayan a tener problemas --sin duda, los tendrán-- con la Administración.
Señor Bueso, el deslinde va a plantear conflictos, evidentemente, pero esto no es nuevo. Usted ha citado abundante jurisprudencia, una reciente, otra más antigua y, si me permite, yo voy más allá todavía. Usted sabe perfectamente que la anchura máxima de las cañadas era, es de 90 varas castellanas y, como usted sabe, en la época de máximo apogeo de la Mesta, estas cañadas estaban protegidas por los alcaldes entregadores de la Mesta, que tenían muchas obligaciones, pero una era procurar ganar terreno a costa de los terrenos colindantes. Los alcaldes entregadores de la Mesta lo que hacían era sacar los mojones hacia afuera; claro los agricultores de los alrededores hacían lo contrario. Esto generó conflictos desde que existió la Mesta, hay conflictos permanentes entre la organización ganadera, entre los agricultores que tenían tierras colindantes con la cañada o con la vereda, y también con los carreteros que utilizaban las cañadas reales, las vías pecuarias en general, como medio de transporte o como ruta para el transporte. Quiero decir que los usos complementarios no son nuevos, han existido siempre; los carreteros las utilizaban abundantemente. Había conflictos constantes, unos porque querían meter los mojones para adentro y otros porque querían sacarlos para afuera, y lo hacían, y tenían que pleitear. Pleiteaban; unas veces ganaban unos, otras veces ganaban otros. Por tanto, el deslinde, lo que era el deslinde, si usted quiere entre comillas, es un problema que viene arrastrándose desde los orígenes de la Mesta y, por tanto, cuando se produzca la clasificación de las vías pecuarias y el deslinde desde luego vamos a tener ese problema. Yo le recomiendo para que profundice en estos temas --así no me alargo más-- que se lea un libro que escribió Klein que se titula «La Mesta. Estudio de la economía española de 1273 a 1836», donde encontrará abundantes ejemplos de lo que le estoy diciendo. Si quiere, de este mismo autor tiene dos libros más, titulados «Los privilegios de la Mesta» y «El alcalde entregador de la Mesta».


Página 11016


Le recomiendo su lectura porque le serán muy útiles. También puede consultar de forma más abreviada, si quiere, un manual, que encontrará en cualquier sitio, que es el libro de Vicens Vives titulado «Historia económica de España», en el que hay un capítulo muy bueno dedicado a la economía agropecuaria castellana, donde habla de forma abundante y extendida y con datos muy concretos de cuáles eran los problemas, muchos, pero también de estos a los que usted hacía referencia. Por tanto, señor portavoz del Grupo Popular, yo creo que cuando se produzcan los deslindes va a haber problemas.
Ahora bien, ¿que decimos nosotros y qué dicen ustedes? Nosotros lo que decimos en la ley es que el deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias, y cuando se produzca ese acto administrativo de deslinde decimos, dice la ley, dice el artículo 8 en su número 2 que el expediente de deslinde incluirá necesariamente relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias. Y decimos en el número 3 --que es adonde voy, a lo que ustedes querían modificarlo con sus enmiendas-- que el deslinde una vez aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la comunidad autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Esta es nuestra posición, y yo le decía que esta misma posición es la que hemos mantenido en la Ley de Costas; es un asunto distinto, pero que, desde luego, puede ser perfectamente equiparable. Yo no voy a discutir con usted con argumentos jurídicos porque seguro que usted tiene muchísimos más que yo, porque yo no soy jurista y usted lo es, pero lo que sí está claro es que con la redacción que nosotros hemos dado al artículo 8 queremos que prevalezca el bien público, que son las vías pecuarias, en este caso de titularidad de las comunidades autónomas, frente a usurpaciones que se hayan producido en las mismas, las haya hecho quien las haya hecho, aunque las hayan llevado después al Registro de la Propiedad. Eso es lo que dice la Ley. ¿Que esto va a crear problemas, va a crear conflictos? Posiblemente. Estamos convencidos de ello. Nos gustaría que después se dictaran las sentencias pertinentes que favorecieran el bien público frente a los intereses privados, pero, insisto, no es algo nuevo. Le recomiendo la lectura de esos libros cuya reseña le he dado, y si quiere alguno más, le puedo dar una relación mucho más amplia, porque existe literatura abundante sobre estas cuestiones.
Respecto a lo que decía el señor Madero, nuestra posición creo que queda clara en la ley, que es la conservación de este patrimonio que tiene nuestro país de vías pecuarias amplísimas que, como digo, representa el 1 por ciento de la extensión de España, no es moco de pavo, es algo muy importante. Y yo me he alegrado cuando le he oído decir que ustedes también están a favor de la conservación de este rico patrimonio. Ahí coincidimos. La verdad es que me parece estupendo que haya dicho eso, porque es coincidente con lo que venimos diciendo nosotros desde siempre.
Usted dice: ¿Cómo conservar este patrimonio? Evidentemente puede haber procedimientos diversos para la conservación del patrimonio. Lo que ustedes plantean, al menos en las enmiendas que presentan (usted en su exposición ha ido un poco más allá de lo que dicen las enmiendas, pero yo me atengo al texto de las mismas), es conservar la situación actual, la situación presente. Nosotros decimos que hay que conservar ese patrimonio conservando lo que tenemos en los momentos actuales, pero yendo más allá.
¿Qué quiero decir con yendo más allá? Recuperando lo que se pueda recuperar, porque hay parte de las vías pecuarias que en estos momentos están totalmente ocupadas por otros usos o usurpadas. Queremos recuperar lo que sea recuperable. Pero aparte de eso, habrá cosas --somos conscientes de ello-- que no serán recuperables, porque sería prácticamente imposible. Entonces lo que queremos es que se reponga, y así lo dice la ley, esa parte que no es recuperable, pero sí queremos incorporar a la red de vías pecuarias. Además, para que la conservacion sea la adecuada, para que luego el mantenimiento de la red de vías pecuarias sea también el adecuado, aparte del uso ganadero tradicional, que debe ser el prioritario y fundamental, deben darse otros usos que no deben entorpecer este uso prioritario o primordial, sino que deben ayudar a la conservación de esa red, porque si no, con el único uso ganadero, sería muy difícil la conservación de la red de vías pecuarias. Entre otras cosas hacemos referencia a una serie de usos complementarios que siempre, quiero insistir, deben ser compatibles con el uso prioritario.
Decimos que cuando la red de vías pecuarias esté, en primer lugar, conservada, en segundo lugar, recuperada, en tercer lugar, rehecha, en lo que se pueda rehacer, en ese momento tendrá sentido hablar de los corredores ecológicos, porque para que un corredor ecológico exista, lo primero que es necesario es que exista el corredor, que tenga continuidad. Si la red de vías pecuarias está cortada, está troceada, difícilmente puede servir como corredores ecológicos. Evidentemente, en ese momento, cuando tengan continuidad, sí pueden servir perfectamente.
Por tanto, resumiendo, señor Presidente, y con esto termino, nosotros creemos que ésta es una ley importante, que debe servir para conservar un patrimonio rico que hemos heredado a lo largo de muchos siglos de nuestra historia, que debe conservarse lo que se tiene, que debe ponerse al día en todos los sentidos, porque es la mejor forma de que este patrimonio no desaparezca. Ese es nuestro gran interés, que esto sea así y que además siempre prevalezca para su recuperación y conservación el bien público sobre el interés particular. (El señor Bueso Zaera pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Bueso, para qué pide la palabra? No hay turno de contrarréplica.


El señor BUESO ZAERA: Pido la palabra porque, como S. S. ha podido comprobar, en la intervención del portavoz del Grupo Socialista que acaba de hablar, cuando me ha rebatido anteriormente la argumentación de las enmiendas números 74 y 75 en relación con la Ley Hipotecaria, en la que más me he extendido, simplemente se ha limitado a una línea, y después que yo he hablado, ahora él me ha respondido más ampliamente. Aparte de esto, en un tono un poco entre bueno y suave pero también con otros

Página 11017


matices, ha hecho algunas referencias personales en cuanto a lo de si estamos en un tribunal o en una comisión, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, estrictamente a los efectos que comentaba al final le doy la palabra para aclaración.


El señor BUESO ZAERA: Brevemente, señoría, para decirle al portavoz del Grupo Socialista que le agradezco que haya dicho que he hecho una buena intervención, pero le ha sorprendido, al decir que parece que estemos en un tribunal y no en una comisión. Tengo que decirle que estamos en una comisión. Lo que ocurre es que los argumentos son jurídicos, y si a mí me ha recomendado literatura, etcétera, con un tono suave pero en cierta forma irónico, yo tengo que decirle que le recomiendo que se lea las sentencias a las que he hecho referencia, porque son actuales, y por supuesto yo no he defendido en absoluto en ninguna de mis intervenciones, y lo puede repasar en el «Diario de Sesiones», que haya que legitimar ninguna situación de usurpación por ningún particular, ni de la Mesta, ni de las referencias que hace al libro de Klein, ni de nadie. De lo que estamos hablando sencillamente es de la situación del trabajador más necesitado y más humilde.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso de la palabra, señor Nieto? (Denegaciones.) Tiene la palabra la señora Urán para expresar también la aceptación o no de las transaccionales que se han presentado.


La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, aceptamos las transaccionales que han sido presentadas por el Grupo Socialista y, por tanto, quedan retiradas las enmiendas números 105, 112, 119, 122, 124, 131, 139, 143, 145 y 146. Retiraremos también la 144, aunque no ha sido transaccionada, pero el texto que modificaba ha sido cambiado por la propia transacción.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no han participado en el debate y que quieran intervenir para fijar la posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió el Señor Simó tiene la palabra.


El señor SIMO I BURGUES: Señor Presidente, nuestro Grupo, como ha visto, no ha presentado enmiendas a este proyecto de ley por compartir todos los extremos que en él se contemplan. Consideramos el proyecto necesario porque viene a cubrir unas carencias legislativas acerca de la conservación de las vías pecuarias. Creemos que con las enmiendas trasaccionales y con las aceptadas por el Partido Socialista va a mejorar el proyecto de ley de vías pecuarias.


El señor PRESIDENTE: Señor Gatxagaetxebarría, tiene la palabra a los efectos de expresar la aceptación o no de la transaccional que se ha presentado.


El señor GATXAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, para manifestar que nuestro Grupo Parlamentario retira la enmienda a la disposición final tercera, porque el texto transaccional que ofrece el Grupo Socialista colma los objetivos que nuestra enmienda pretendía, y, por tanto, con una modificación en su redacción, viene a plasmar el mismo objetivo jurídico y político que el que pretendía nuestra enmienda y por ello aceptamos la transaccional a la disposición final tercera.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a pasar a las votaciones. Les ruego, como siempre, a SS. SS., sobre todo a los portavoces, que estén atentos a las indicaciones de la Presidencia y que faciliten el trabajo de la Mesa en ese sentido. hemos intentado tomar nota de las distintas enmiendas transaccionales y de las enmiendas que se han retirado, pero pueden surgir algunas dificultades en las votaciones.
Si les parece, la fórmula más clara sería ir votando las enmiendas presentadas a los distintos artículos. Luego votamos el texto tal como quede en función de la aceptación o no de las enmiendas y así iremos avanzando en este sentido. Finalmente, votaremos la exposición de motivos.
Al artículo 1 quedan vivas en este momento solamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y una transaccional que a la de Izquierda Unida se ha presentado por el Grupo Socialista.
Votamos, en primer lugar, si les parece, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda transaccional del Grupo Socialista a la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, que ha sido retirada.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, seguidamente, el texto definitivo del artículo 1 con la incorporación de esta enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 1.
Al artículo 2 queda viva la enmienda número 66 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 2.


Página 11018


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2.
Al artículo número 3 quedan vivas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida.
Votamos la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 113 y 114 del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del artículo número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 3.
Al artículo 4, quedan vivas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, 68 y 69.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Pasamos a votar, a continuación, las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, 115, 116, 117 y 118.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Pasamos a votar, a continuación, el texto del artículo 4.


El señor NIETO GONZALEZ: Al artículo 4 hay una enmienda transaccional sobre la enmienda 119 de Izquierda Unida.


La señora URAN GONZALEZ: Es al artículo 5.


El señor PRESIDENTE: Exacto, es al artículo 5.
Votamos el texto del artículo 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo número 5 existe una enmienda transaccional a la del Grupo Federal de Izquierda Unida, y luego una del Grupo Popular que se mantiene.
Votamos, en primer lugar, la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la enmienda 71 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación, votamos el texto del artículo número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 5.
Al artículo número 6 quedan vivas las enmiendas 72 y 73 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21, abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del artículo 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 6.
Al artículo 7 queda la enmienda 120 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se mantiene para votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, el texto del artículo 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 8 quedan dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, 74 y 75, que pasamos a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Página 11019


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Señor Presidente, solicitamos votación separada de las enmiendas 121 y 122 de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: La vamos a votar por separado porque una tiene una enmienda transaccional.
Votamos la 121 de Izquierda Unida y, a continuación, como se ha retirado la 122, porque se ha presentado una transaccional, votamos la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación, votamos la enmienda transaccional que se ha presentado a la 122 del Grupo de Izquierda Unida que se ha retirado.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos el texto del artículo 8, tal como queda después de incorporar la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, votamos el texto del artículo 9, tal como queda después de la incorporación en Ponencia de la enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Al artículo número 10 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la número 76.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos el texto del artículo 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 11 hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 77 y 78, dado que el Grupo Popular no ha aceptado la transaccional a esta última. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Izquierda Unida tiene dos enmiendas, la 123 y la 124, que ha retirado en virtud de una transaccional. La 123 se mantiene para votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 123.
A continuación votamos la enmienda transaccional a la 124.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el texto del artículo 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 12 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y otra de Izquierda Unida. Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 125 del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos la enmienda número 80 del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda 126 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Página 11020


Votamos el texto del artículo 13, tal como viene en el proyecto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este artículo.
A continuación votamos una enmienda del Grupo de Izquierda Unida que propone un nuevo artículo 13 (bis).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entramos en la votación de las enmiendas al artículo 14.
En primer lugar a la enmienda 83 del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda transaccional que ha sido aceptada.
Votamos las enmiendas 81 y 82.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ha sido retirada la enmienda 131 del Grupo de Izquierda Unida. Votamos las números 128, 129 y 130.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Señor Presidente, pedimos votación separada de las tres; la 129 y la 131 se pueden votar juntas.


El señor PRESIDENTE: La 131 ha sido retirada.
Votamos la 128 del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 129 del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 130 del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 131 ha sido retirada al aceptar la transaccional. Votamos a continuación la transaccional con la 83 y 131.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada esta enmienda transaccional.
Votamos a continuación el texto del artículo 14 tal como queda después de incorporada la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 14.
Al artículo 15 se ha anunciado por el Grupo Socialista la intención de votar favorablemente la enmienda 133, que votaremos pues separadamente.
Votamos la enmienda 132, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 133 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el texto del artículo 15 después de incorporar esta enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada la enmienda 84 al epígrafe del Título II, que se mantiene para su votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida 134, 135, 136 y 137, al artículo 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 85 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 16.


Página 11021


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 16.
Al artículo 17 se mantiene viva una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la 86, que es la que pasamos a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se ha presentado una enmienda transaccional con la 139. ¿La 138 se mantiene para votación?

La señora URAN GONZALEZ: Se mantienen todas vivas salvo las que hayan sido transaccionadas.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 138.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda transaccional que se ha presentado a la 139 del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto del artículo 17 después de incorporar esa enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 18 se mantienen vivas las enmiendas 100, 101 y 102 del Grupo Vasco, que son las que pasamos a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 30; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 87 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 140 y 141 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Pedimos votación separada.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 140.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 140.
A continuación votaremos el texto del artículo 18 y después...


La señora URAN GONZALEZ: Queda la enmienda 141.


El señor PRESIDENTE: Es que la 141 proponía un artículo 18 (bis), nuevo.
Votamos la enmienda 141, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación votamos el texto del artículo 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 18.
A los artículos 19, 20 y 21 y se ha propuesto una modificación, con una redacción distinta, a partir de una enmienda del Grupo Socialista, que creo que conocen todas SS. SS. y, en cierta manera, por lo que más o menos entendí de las intervenciones de los distintos grupos, se estaría en disposición de votarlos conjuntamente. Parece que por parte del Grupo Parlamentario Popular se pide votación separada.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: En un bloque los artículos 19, 20 y 21 y luego el 22 y el 24.


El señor PRESIDENTE: Yo propondría, si hay acuerdo, que se votara la enmienda transaccional del Grupo Socialista, que incorpora y que modifica estos tres artículos. Si se acepta esta transaccional, votaríamos los artículos 19, 20 y 21, nuevos.


La señora URAN GONZALEZ: Al artículo 19 nuestro Grupo tiene presentada una enmienda, que es la 142, y que habría que votar. las restantes están retiradas porque están transaccionadas.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, votamos en primer lugar la enmienda 142, de Izquierda Unida. Luego votaremos la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 142, del Grupo de Izquierda Unida.


Página 11022


¿Estamos en disposición de votar a continuación conjuntamente esta enmienda transaccional, que sustituye al texto de los artículos 19, 20 y 21?

El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Pedimos votación separada del 22.


El señor PRESIDENTE: Artículos 19, 20 y 21.


El señor NIETO GONZALEZ: 22 y 24.


El señor PRESIDENTE: El 22 y el 24 los vamos a votar después, que aquí sí que hay problemas.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Pedimos votación separada del 22.
El 24 lo podemos incorporar con el 19, 20 y 21.


El señor PRESIDENTE: Será mejor hacerlo de manera más clara.
Enmienda transaccional que sustituye a los artículos 19, 20 y 21.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta enmienda por unanimidad.
A continuación pasamos a votar el artículo 22. A este artículo se mantienen vivas las enmiendas 92, 93 y 94, del Grupo Parlamentario Popular. Se han retirado las 145 y 146.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
Las enmiendas 145 y 146 se han retirado, como decía, en virtud de la transaccional del Grupo Socialista, que es la que votamos en estos momentos.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿A qué artículo?

El señor PRESIDENTE: Al 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esa enmienda transaccional.
A continuación votamos el texto del artículo 22, tal como queda después de incorporar esta transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 22.
Al 23 no existe ninguna enmienda, por lo que pasamos a votarlo.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Al artículo 24 se mantienen vivas la enmienda número 95, del Grupo Parlamentario Popular, y las enmiendas 147 y 148, del Grupo de Izquierda Unida.


El señor NIETO GONZALEZ: Pedimos votación separada.


La señora SANCHEZ DIAZ: Perdón, en la transaccional que nosotros presentamos dije que aceptábamos la 95 y la 147, al artículo 24.


El señor NIETO GONZALEZ: Pedimos votación separada de la enmienda número 95, del Grupo Popular, y de la 147 de Izquierda Unida. Por nuestra parte, las dos se pueden votar conjuntamente, si ello es posible.


El señor PRESIDENTE: ¿Son idénticas? Es que en este momento desconozco el texto.


La señora SANCHEZ DIAZ: Son las mismas.


El señor PRESIDENTE: Como el Grupo Popular pide votación separada, lo vamos a hacer así.
Enmienda número 95, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 95, del Grupo Parlamentario Popular.
A continuación votamos la 147, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda 147.
A continuación, votamos la 148, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 148.
A continuación votamos el texto del artículo 24, con la incorporación de las enmiendas que antes hemos aprobado.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el artículo 24.


Página 11023


Entramos a continuación en el debate de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.


La señora SANCHEZ DIAZ: Queda el artículo 25.


El señor PRESIDENTE: El artículo 25 no tiene enmiendas. Se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A la primera disposición adicional existen las enmiendas de Izquierda Unida, que se mantienen para votación, que son la 149 y 150.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
A continuación, el grupo Parlamentario Popular propone en la 96 una adicional nueva. Se somete a votación dicha enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
Disposición adicional primera. Perdón, vamos a votar en primer lugar la transitoria única y la derogatoria única, que no tienen enmiendas.


El señor NIETO GONZALEZ: Tienen enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Votamos, pues, en primer lugar, la disposición adicional primera.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional primera.
A la adicional segunda hay una enmienda de Izquierda Unida con el número 151.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 151.
Votamos la disposición adicional segunda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional segunda.
Parece que la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco es a la final, no a la adicional.
Votamos, pues, la disposición adicional tercera, que no tiene enmiendas.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La disposición transitoria única tiene la enmienda del Grupo Parlamentario Popular con la transaccional, que no sé si finalmente ha sido aceptada, del Grupo Socialista. (Pausa.) No se acepta la enmienda transaccional del Grupo Socialista, por lo que se somete a votación la enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 152, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto de la disposición transitoria única.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20, en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la disposición transitoria única.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone una disposición transitoria nueva en su enmienda número 153, que votamos seguidamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A las disposiciones finales están las enmiendas números 98 y 99, del Grupo Parlamentario Popular, que votamos a continuación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 154, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Página 11024


Votamos, seguidamente, la enmienda transaccional que ha presentado a la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos las disposiciones finales primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y disposición derogatoria, que no tenían enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Nos quedan por votar las enmiendas a la exposición de motivos y el texto de la misma. Se ha presentado una enmienda transaccional a la número 105, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que votamos a continuación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Seguidamente votamos las enmiendas números 104, 106 y 109, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos favor, uno; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 107, 108 y 110.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Seguidamente, votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 111, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario Popular, las números 58, 59, 60, 61 y 62 a la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el texto de la exposición de motivos con la incorporación de las enmiendas transaccionales y las que se han aprobado directamente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Señorías, finaliza la tramitación y aprobación de este proyecto de ley, del cual se dará cuenta a la Presidencia del Congreso para su posterior tramitación en el Senado.
Se suspende la sesión unos minutos. (Pausa.)

CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:

--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA), CASTRO FERNANDEZ, PARA EXPLICAR EL PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000398.)

--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA), CASTRO FERNANDEZ, PARA INFORMAR SOBRE LA EVOLUCION Y EL DESARROLLO DE LOS SEGUROS AGRARIOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000842.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en los puntos 3 y 4 del orden del día, petición de comparecencia por parte del Grupo Socialista y del Grupo Popular del señor Subsecretario del Ministerio de Agricultura, en su calidad de Presidente de Enesa, para explicar el plan de seguros agrarios combinados para 1994 y para informar sobre la evolución y el desarrollo de los seguros agrarios. Por la Mesa y la Junta de Portavoces se acordó que se tramitaría de manera conjunta, ya que tienen el mismo interés.
Tiene la palabra el señor Castro para informar de estos extremos.


El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) (Castro Fernández): En mi condición de Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, tengo hoy el honor de comparecer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso para informar a SS. SS. tanto sobre el plan actual de seguros agrarios combinados para el año 1994, en que estamos, como, en términos más generales, sobre la historia y el desarrollo que ha tenido la política del seguro agrario desde el año 1980 hasta el momento actual.


Página 11025


Me corresponde, por tanto, referirme a un instrumento de política social y también de política agraria que actualmente constituye, sin ninguna duda, el más eficaz mecanismo de defensa de los agricultores españoles y de su economía frente a los extremados riesgos climatológicos que sufrimos. Además, esta capacidad de defensa ha ido aumentando muy considerablemente en los años de vida que cuenta el actual sistema de seguros agrarios, que, como he dicho, empezó a ponerse en práctica y ser efectivo en el año 1980.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha podido constatar en estos años la validez de este sistema de protección y puedo garantizarles que se propone, de una manera decidida, continuar potenciándolo mediante una constante labor de adaptación y la asignación de los recursos presupuestarios que en el futuro se necesiten. A lo largo de mi exposición les ofreceré algunas cifras que reflejan esta evolución del sistema en estos 14 años, cifras que considero extremadamente elocuentes.
Pero antes quiero llamar la atención de SS. SS. sobre la especial naturaleza de los seguros agrarios como elemento que se incorpora a la actividad productiva de los sectores agrícola y ganadero. Cuando se contempla desde la perspectiva de la Administración pública observamos que cumple satisfactoriamente una doble función: una función con contenido claramente social y una función de ordenación del sector agrario, como antes he mencionado.
Los seguros agrarios constituyen un eficaz instrumento de ordenación de la política agraria en cuanto que favorecen actividades productivas y tipos de explotación que quizá no se mantendrían si no contaran con la garantía de percepción de las ayudas del sistema que supone la posibilidad de asegurarse. Cuando un agricultor o un ganadero suscribe un seguro sabe que una metodología adversa no le supondrá una pérdida sustancial de los rendimientos de las producciones afectadas. Este agricultor, sabe, además, que mientras dure el ciclo productivo, antes de la obtención de los rendimientos físicos y económicos de su explotación, su propia póliza de seguros le otorga una solvencia potencial que puede abrirle y facilitarle el acceso a canales de financiación que en otro caso tal vez estarían cerrados. Junto a esta capacidad de convertirse en instrumento de la política de ordenación agraria, es evidente que los seguros agrarios cumplen una función social que adquiere particular importancia cuando las producciones que se garantizan a través del seguro constituyen la exclusiva o al menos la principal fuente de riqueza, de ingresos del asegurado.
Por tanto, posee el sistema de seguros agrarios una cualidad de instrumento de política social que extiende su acción protectora, especialmente, por supuesto, a aquellos agricultores de economía modesta, pero también, a través de consideraciones sociales de más amplio alcance, hacia aquellos productores agrarios que dependen muy directamente, para su supervivencia económica, de la normalidad en la obtención de sus producciones. Las dos finalidades que acabo de expresar son, pues, la productiva, llamando así a la que permite promover las producciones y explotaciones que se ajustan a los criterios de política agraria, y la social, consistente en garantizar ciertos ingresos a los productores cubriendo los riesgos. Ambas configuran una institución de aseguramiento que debe ser tutelada y económicamente apoyada por la Administración pública, cuyas pautas de ordenación deben, por tanto, contemplar las finalidades de política social y política agraria aludidas. Pero estas finalidades no pueden hacernos olvidar una tercera nota de carácter esencial que también posee el seguro agrario. Esta tercera nota característica es que, en definitiva, los seguros agrarios son, antes que nada, un seguro. Con esto estoy expresando una afirmación tautológica, pero que tiene pleno sentido, porque frecuentemente se tiende a perder de vista el hecho de que constituyen una forma de seguro, aunque ciertamente atípica respecto de los esquemas generales habituales que conocemos.
En el seguro agrario confluyen unas características diferenciales respecto a otros tipos de aseguramiento que pueden resumirse en lo siguiente. En el aspecto temporal, los riesgos a cubrir por el seguro agrario se presentan en forma de acontecimientos de carácter cíclico.
Esto supone que los cálculos necesarios para alcanzar el equilibrio técnico se deben realizar respecto de períodos de tiempo mucho más largos que en otras modalidades de seguro. Otros problemas específicos de este seguro, también de carácter técnico, se ponen de manifiesto al valorar el riesgo, pues es necesario definir con precisión el agente causante, cuantificar el daño de forma objetiva, lo cual sin duda presenta mayor complejidad que en otros tipos de seguros. Otra dificultad específica se presenta al delimitar las coberturas, pues se necesita determinar el estado fenológico a partir del cual nace la cobertura de riesgos y también es preciso impedir, por ejemplo, el posible enmascaramiento de un riesgo no cubierto por otro riesgo cubierto cuando la sintomatología de ambos es semejante o muy próxima.
El carácter diferencial del seguro agrario se manifiesta asimismo en sus particulares características de naturaleza económica, y entre ellas me voy a permitir destacar las siguientes. En primer lugar, que en este tipo de seguro se exige una muy elevada capacidad económica del ente asegurador, lo que se debe a la gran extensión geográfica y dimensión económica de las indemnizaciones a pagar y también a la alta probabilidad de concentración de riesgos por la propia naturaleza de los que se aseguran. No es posible, por tanto, dejar la oferta de este seguro libre e incondicionadamente en manos de la iniciativa privada, ya que ésta no podría, al menos de forma aislada, hacerse cargo de la oferta total del servicio. Además, no lo prestaría con la generalidad deseada, por lo que acabaría por limitar sus actividades solamente a aquellas líneas y riesgos en los que la rentabilidad de las operaciones fuera segura e inmediata.
Por otra parte, la propia naturaleza del objeto que se asegura, añadida a las características climatológicas y geográficas de nuestro país, determina un coste muy elevado de cobertura de los riesgos. La probabilidad de siniestro en este seguro es relativamente alta y, asimismo, es muy elevado el coste que pueden alcanzar las indemnizaciones. Todo ello configura al seguro agrario como un instrumento que debe considerarse algo más que un seguro, pero también como un seguro. No obstante sus características diferenciales se encuadra, por su naturaleza jurídica y económica, en la figura

Página 11026


estricta del seguro y, por tanto, su concesión y su gestión deben, en último término, someterse a los principios que constituyen la esencia misma de la institución de aseguramiento. Uno de estos principios es el de equilibrio financiero, entendido este equilibrio financiero como la existencia en el largo plazo de una correspondencia entre las primas recaudadas y las indemnizaciones percibidas. Buscar este equilibrio es uno de los objetivos que debe pretender la Administración pública cuando diseña, ejecuta y lleva a cabo su estrategia de los seguros agrarios. En realidad se trata, más que de un objetivo político, de una condición técnica de suficiencia financiera para que el sistema cumpla, a largo plazo, la función política para la que ha sido concebido. Para valorar precisamente en qué medida han cumplido y cumplen los seguros agrarios su función protectora, ofreceré a SS. SS. algunas cifras básicas sobre la evolución del sistema, que actualmente incluye a sesenta producciones agrícolas y a tres ganaderas. Con ello, la cobertura potencial ofrecida con los mecanismos de aseguramiento comprende a más del 90 por cien de la producción agrícola y a más del 50 por cien de la producción ganadera.
Empezaré por referirme a la evolución del capital asegurado, que es la magnitud que refleja con más fidelidad la cobertura efectiva del seguro agrario. Pues bien, este capital asegurado ha seguido una trayectoria en el período 1980-1993, último año en que tenemos cerrada la evaluación del plan anual, que ha triplicado la cifra inicial, que era de 145.554 millones de pesetas en el año 1980, y ha ascendido en el cierre del año 1993 a 424.309 millones. Esta expansión refleja la aceptación que el instrumento ha tenido en el mundo agrario, pero quiero resaltar que los cambios cuantitativos y cualitativos de la contratación han tenido también efectos desequilibradores para el conjunto del sistema. El coste del seguro ha venido creciendo de forma aún más rápida, multiplicándose por 10, mientras que las subvenciones de Enesa se han multiplicado por 12, siempre hablando de estos catorce años que he utilizado para contar la historia del año 1980 a 1993. En suma, entre 1980 y 1993, la aportación estatal al sistema del seguro agrario supuso más de 138.000 millones de pesetas. Particularmente espectacular ha sido el crecimiento de las cifras en los últimos años, pues entre 1987 y 1993 el coste del seguro se ha triplicado y las subvenciones de Enesa se han multiplicado por 3,6, pasando de 4.487 millones en 1987 a 15.934 millones en 1993. Por otra parte, las indemnizaciones que se abonan a los agricultores ascienden en el período contemplado a más de 200.000 millones de pesetas.
En el mismo período se han soportado gastos de reaseguro por importe de 81.848 millones, mientras que los ingresos por el mismo concepto fueron solamente de 46.128 millones. Esta diferencia implica unos resultados negativos para el reaseguro de 35.720 millones, que lógicamente recaen en el Consorcio de Compensación de Seguros. Debo precisar aquí que este déficit no se reparte por igual en todas las líneas del seguro, sino que el desfase financiero se produce principalmente en el integral de cereales, en las frutas y hortalizas.
Por tanto, existen dos desequilibrios económicos que inciden sobre la actual situación de los seguros agrarios que, de no corregirse, pueden hipotecar el futuro. Estos dos desequilibrios son, en síntesis y recapitulando mis manifestaciones anteriores, los siguientes. En primer término, el desequilibrio financiero, que puede resumirse, como digo, en el exceso de indemnizaciones sobre primas, y que resulta urgente corregir porque es de todo punto inviable mantener un sistema con tendencia a un déficit permanente y creciente. En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario, cuyo control es preciso por la necesidad de contener un gasto público agudamente creciente y cuya evolución resulta, además, imprevisible con el actual sistema. De la importancia de este problema presupuestario les dará una idea el hecho de que las dotaciones presupuestarias para la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, han crecido entre 1989 y 1993 un 71 por cien y que, a pesar de ello, el déficit registrado por la entidad Enesa en estos cuatro años ha ascendido a 7.500 millones de pesetas, prácticamente el 50 por cien de su actual presupuesto.
Hasta aquí he venido exponiendo algunos hechos y datos que expresan la evolución de los seguros agrarios y, a la vista de los mismos, creo que puedo, con sinceridad y realismo, trasladar a esta Comisión algunas conclusiones. En primer lugar, que nuestros seguros agrarios han cumplido, hasta ahora, muy satisfactoriamente su función y se han convertido en un instrumento ampliamente utilizado por nuestros agricultores y ganaderos. Así lo demuestra claramente la evolución de las cifras básicas de aseguramiento que he utilizado. Además, con ese mismo realismo hay que sumir el hecho de que, debido precisamente a su éxito, el sistema atraviesa actualmente por una, podemos llamarla así, crisis de crecimiento que nos obliga a introducir una serie de reformas si queremos garantizar su desarrollo futuro.
Ya les he expuesto los dos desequilibrios económicos que soporta el sistema, pero no son sólo estos factores económicos, financieros, presupuestarios, los que exigen introducir cambios, sino que para ello hay otras razones igualmente apremiantes. Una de estas razones viene dada por la necesidad de adaptarse a la normativa de la Unión Europea que afecta a esta materia. Esta normativa, que se contiene en el Reglamento 3.773, del año 1985, exige el cumplimiento de determinadas condiciones para que las subvenciones a la contratación de los seguros sean consideradas como ayuda nacional compatible. Para cumplir estos requisitos es necesario realizar cambios en las condiciones de contratación, ya que sólo con estos cambios es posible mantener un nivel de subvenciones que puede llegar a alcanzar el 50 por cien del coste del seguro. De no introducir estas modificaciones, la normativa comunitaria impone un progresivo descenso de los niveles de ayuda. Esta disminución debería aplicarse a partir del 1 de enero de 1996 y concluiría con la supresión total de la ayuda en el plazo de diez años.
Además, la reforma es también necesaria para que el seguro agrario cumpla su misión de instrumento al servicio de la política agraria del departamento. Uno de los principios en que se inspira esta política es la necesidad de apoyar de forma prioritaria a los agricultores a título principal, por considerar que éstos son quienes de hecho protagonizan

Página 11027


la actividad productiva del sector y, además, por ser estos agricultores los agentes productivos cuya supervivencia económica depende en mayor medida de los resultados que obtienen de su actividad agraria que hay que segurar. Este principio impregna de forma general la política del Ministerio y se explicita claramente en el texto del proyecto de ley de modernización de explotaciones agrarias que SS. SS. conocen. Procede, por tanto, que esta opción política se traslade igualmente a la regulación del seguro agrario para darle en este campo una concreción práctica.
Las líneas generales del proceso de reforma se contienen en el documento de bases para la elaboración de los planes de seguros agrarios combinados de 1995 a 1997. Este documento ya ha sido aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos Económicos y constituye el instrumento de planificación trienal que ha sido desarrollado a través del plan de seguros agrarios para el próximo año 1995 aprobado el pasado Consejo de Ministros del viernes 11 de noviembre.
En estos planes se expresan las líneas de desarrollo de los seguros agrarios para los próximos años y las medidas específicas de reforma que a continuación les expongo.
A grandes rasgos, las medidas pueden agruparse en cuatro ejes de actuación, que son: en primer lugar, la ampliación de la cobertura de los seguros agrarios; en segundo lugar, la aplicación de medidas estabilizadoras de carácter técnico; en tercer término, la modificación de los sistemas de subvenciones, medida esta necesaria tanto para otorgar mayor protección a los agricultores a título principal como para adaptarse, como decía anteriormente, a la normativa de la Unión Europea.
En cuarto y último lugar, el impulso de las actuaciones de coordinación con las comunidades autónomas en materia de seguros agrarios.
Descendiendo a medidas más concretas, les expresaré, a continuación, las actuaciones destinadas a ampliar la cobertura del seguro agrario intensificando su acción protectora sobre el sector. Estas medidas consisten en el aumento de la protección que se dispensa a las líneas ya abiertas, incluyendo nuevos riesgos protegidos y en la inclusión de nuevas líneas. En 1995 se añadirá a casi todas las líneas de protección las del riesgo de viento huracanado y se incorporarán nuevas líneas de seguro que protegerán el kiwi, el aguacate y las piscifactorías de truchas.
Para los siguientes ejercicios se realizarán con carácter previo los estudios técnicos de viabilidad necesarios para que el seguro incorpore con carácter generalizado el riesgo de pedrisco y para que se incluya en las actividades y producciones protegidas a la estructura de invernaderos y al ganado caprino.
Esta expansión del ámbito de producciones y riesgos protegidos por el seguro agrario persigue como objetivo final satisfacer la demanda del sector, en el sentido de lograr que la práctica totalidad de las producciones agrarias queden cubiertas y protegidas por el sistema frente a los riesgos fundamentales a que están sometidas. Con esta finalidad se iniciarán en 1995 estudios previos necesarios para la viabilidad de esas nuevas líneas y esos nuevos riesgos. En función del resultado de estos estudios y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se continuará con este proceso de ampliación de coberturas a nuevas actividades y nuevos riesgos.
Con estas actuaciones aumentará la cobertura potencial del seguro, pero para aumentar también su cobertura efectiva los sucesivos planes incluyen medidas tendentes a la promoción y difusión del seguro agrario, tanto directamente por la entidad estatal Enesa, como a través de las actuaciones de las comisiones provinciales de seguros agrarios, de las organizaciones profesionales agrarias y de las entidades representativas de cooperativas del sector agrícola y ganadero.
Pero este proceso de expansión del ámbito protegido debe venir acompañado de una serie de medidas de carácter técnico que consigan la estabilidad del seguro y corrijan los desequilibrios que he descrito anteriormente.
Entre estas medidas de carácter técnico destaco, en primer lugar, que se realizarán estudios de las zonas en las que los datos históricos del seguro nos revelan un alto grado de siniestralidad y en las que sistemáticamente se viene produciendo un mayor desequilibrio financiero.
Con estos estudios se pretende disminuir los rendimientos asegurados que están sobrevalorados y, en su caso, determinar posibles zonas a excluir del seguro o, cuando menos, fijar condiciones técnicas de cultivo más estrictas para esas zonas.
El objetivo de estas medidas consiste no sólo en contener el gasto, sino también en asignar mejor los costes, evitándose con ello que una fracción reducida de asegurados traslade sus costes hacia el conjunto del colectivo. Hay que tener bien claro que el objetivo del sistema de seguros es mantener las rentas de la generalidad de los sujetos protegidos y en ningún caso proporcionar injustificadas rentas adicionales a una minoría de los mismos.
Este tipo de situaciones anómalas exige una corrección inmediata, sobre todo si tenemos en cuenta que la obtención de estos ingresos adicionales puede llegar a comprometer el objetivo de mantenimiento de renta y de aseguramiento del resto de los integrantes del sistema.
Junto a estas acciones equilibradoras se introducirá un conjunto de medidas técnicas de aseguramiento que persiguen dotar de mayor eficiencia al sistema; entre estas medidas menciono el establecimiento de pólizas plurianuales y de pólizas policultivo, como paso previo estas últimas a una futura y deseable póliza de explotación. Se procederá, además, a la implantación de un sistema de selección de asegurados que tenga en cuenta el criterio «bonus malus» y que aplique recargos o descuentos en las primas. Se realizará también una determinación de los tipos de medidas preventivas a aplicar en cada línea, con establecimiento de descuentos en las primas de riesgo.
En cuanto a la evaluación y tasación definitiva de daños, recordaré que se trata de una actividad asignada a las entidades aseguradoras privadas a través del «pool» Agroseguro y que corresponde a la Administración la función de dictar las normas de peritación que se aplicarán en cada línea de seguro, mientras que al Consorcio de Compensación de Seguros le corresponde la función de control de estas peritaciones. Pues bien, la Administración es consciente de que el perfeccionamiento de estos mecanismos de evaluación y tasación de daños constituye un factor

Página 11028


clave para la credibilidad del sistema. Por ello, en los próximos tres años se realizarán las siguientes actuaciones: se dictarán las normas de peritación pendientes de elaboración y se actualizarán las ya dictadas para adaptarlas a la realidad del mercado; se revisarán los plazos de comunicación de daños y los plazos de inspección; se potenciarán los sistemas de control del Consorcio de Compensación de Seguros, y por último, se establecerán nuevas líneas, nuevas vías, entre asegurados y aseguradores, para lograr como objetivo una información más fluida e inmediata. Se trata de aproximar las dos visiones de un problema tan complejo como la tasación de daños, estableciendo mecanismos eficaces de información del asegurado y a la propia administración. Para ello está prevista la creación de un servicio de atención al asegurado especializado en materia de peritaciones. Este instrumento ha venido ya demostrando en otros ámbitos públicos y privados su utilidad para resolver y, aún más, para evitar conflictos.
Además de estas medidas de ampliación y estabilización de los seguros agrarios, la revisión del sistema pretende garantizar el tratamiento preferente de los agricultores a título principal. Con este propósito, las bases trianuales contemplan un cambio en el sistema ya introducido en el plan anual de 1995 y que en síntesis es el siguiente: se concederá una subvención base para todos los asegurados; se concederán, además de esta subvención base, subvenciones adicionales para pólizas contratadas colectivamente, sin que esta subvención adicional pueda suponer más de cinco puntos porcentuales sobre el coste total de la póliza; se concederán, además, otras subvenciones adicionales que tampoco podrán superar los cinco puntos a las que tendrán derecho las pólizas contratadas en zonas de calidad específica, las contratadas en zonas de menor riesgo y en zonas en las que las primas establecidas sean superiores a la media, pero en las que no se den desequilibrios financieros. Además --y esto es muy importante-- se concederá también una subvención adicional, que puede llegar a quince puntos porcentuales cuando las pólizas se contraten por agricultores o ganaderos a título principal.
A efectos del seguro, esta categoría de agricultor a título principal se define por el cumplimiento de los criterios de afiliación al régimen especial agrario de la Seguridad Social o al de autónomos por actividad agraria y que más del 50 por ciento de la base imponible de su impuesto sobre la renta de las personas físicas proceda de la actividad agraria.
Estos requisitos son de aplicación cuando el asegurado es una persona física. Cuando se trata de una persona jurídica, el acceso a esta subvención exige que más de la mitad de los socios estén afiliados y al corriente de pago en alguno de los dos regímenes de la Seguridad Social que he mencionado. Cuando esta persona jurídica sea una sociedad, se incluyen, además, los requisitos adicionales de que las participaciones o las opciones de sus socios sean nominativas y de que los estatutos de la sociedad que se asegura establezcan como objetivo exclusivo de la misma el ejercicio de la actividad agraria.
Con esta subvención adicional se intensifica para los agricultores a título principal el ya elevado nivel de protección que dispensa el sistema con carácter general. Precisamente a fin de mantener ese elevado nivel de protección de forma permanente, adecuándose para ello a la normativa europea, las reformas incluyen, como antes he adelantado, un mecanismo de adaptación que, de no introducirse, convertiría a nuestro sistema de seguros agrarios en una ayuda transitoria, condenada a su desaparición.
Para evitar esta indeseable restricción, se fijan umbrales mínimos de daños del 30 por ciento, en que por lo menos un riesgo, que por lo general es el viento, determina el umbral a partir del cual nace el derecho a la indemnización. Repito: un daño de un 30 por ciento, como mínimo, para desencadenar el derecho a la indemnización.
Con esta modificación, nuestro sistema mantiene su carácter de ayuda nacional compatible y puede incluir subvenciones estatales de hasta el 50 por ciento del coste de la póliza.
Por este límite estará afectado a partir de 1995 un conjunto de líneas que incluyen los frutales, las uvas, los cítricos, los integrales y el vacuno y que sumarán un coste de aseguramiento el próximo año de 29.860 millones de pesetas, lo cual representa el 82 por ciento del coste total del seguro previsto.
Otra línea de actuaciones que debe contemplar el futuro de los seguros agrarios es la creación de nuevos mecanismos de coordinación y cooperación con las comunidades autónomas y el reforzamiento de los que ya existen en este momento. Este tipo de actuaciones son absolutamente necesarias. En primer lugar, porque con ellas se garantiza el cumplimiento de la normativa europea en la materia y, en segundo término, porque con estas fórmulas de coordinación alcanzaremos una mayor operatividad del sistema, conseguida a través de una cierta unidad de actuaciones, aunque siempre respetando los particulares criterios, procedimientos y niveles de ayuda que cada comunidad determine. Está previsto para ello el desarrollo y mejora de los seis convenios ya existentes y su extensión al resto de las comunidades autónomas.
Estas son, a grandes rasgos, las actuaciones que en materia de seguros agrarios se realizarán en los próximos años y que exigirán la correspondiente disponibilidad de recursos financieros. En este aspecto, el proyecto de ley de presupuestos que el Ministerio de Agricultura ha elaborado para el próximo año 1995 incluye unas dotaciones destinadas a subvencionar los seguros agrarios, que ascienden a 16.066 millones de pesetas, cifra que supone 1.603 millones más que las dotaciones del actual ejercicio. Además, la asignación presupuestaria destinada a ser transferida por el Ministerio al Consorcio de Compensación de Seguros asciende en 1995 a 1.803 millones de pesetas, es decir, 826 millones más que la cifra de este año 1994. En 1995, la suma destinada a subvencionar el conjunto de los seguros agrarios llega a 17.869 millones, con un crecimiento absoluto de 2.429 millones y un crecimiento relativo sobre el ejercicio actual de un 15,7 por ciento.
En una época de restricción de gasto como la que vivimos, la realización de este esfuerzo presupuestario es prueba inequívoca de la importancia que el Ministerio de Agricultura concede a la política de los seguros agrarios y

Página 11029


una garantía de su futuro. Ello es así porque somos conscientes, tal como les he expresado a lo largo de mi intervención, de la gran utilidad social y económica de este instrumento que ha logrado ya implantarse en el mundo agrario, muy especialmente en las explotaciones que se gestionan con criterios más racionales. En ellas los seguros agrarios se han convertido en un elemento clave de los procesos de producción, y hay que celebrar esta implantación que se ha conseguido superando la dificultad objetiva que suponía insertar en el mundo de la explotación agraria un instrumento de una complejidad técnica como el seguro.
Debemos tener en cuenta que el proceso de aseguramiento agrario tiene como eje una institución juridicoeconómica complicada, la institución del seguro, y que a ella se superpone, además, un abanico de subvenciones generalizadas, pero de distinta cuantía y cuyo nivel está marcado por las directrices de la política agraria del Gobierno.
La complejidad del propio instrumento se proyecta también sobre el proceso de reforma ya emprendida, que incluye medidas técnicas, cambios en los criterios de protección y mejoras en la gestión de un sistema organizado también de una forma necesariamente compleja.
Todas estas medidas son importantes, pero, si tuviera que resaltar la trascendencia de alguna, subrayaría las que pueden considerarse como de estricta política agraria, y particularmente las encaminadas a conseguir que las acciones protectoras del seguro agrario se ejerzan especialmente sobre los agricultores a título principal. Esta política pretende, ante todo, hacer posible la permanencia de esta categoría de agricultores en la actividad productiva, reduciendo la incertidumbre que para ello suponen las adversidades climatológicas. No debe confundirse con otras políticas, aunque éstas tengan también indiscutible validez y que están orientadas al aumento de rentas en zonas y producciones desfavorecidas.
La distinción es importante, porque confundir políticas y destinatarios podría afectar irreversiblemente al delicado mecanismo de los seguros agrarios y podría privar con ello al sector de un instrumento protector de primera necesidad.
Quiero terminar trasladando, una vez más, a la Comisión que introducir criterios de racionalidad y de eficiencia económica en nuestro sistema de seguros agrarios no constituye nunca un fin en sí mismo, sino que es una opción instrumental al servicio de la política agraria y social del Gobierno. La revisión emprendida no sólo está justificada, sino que es imprescindible para que el sistema continúe ejerciendo en los próximos años la función de protección que actualmente cumple. Este proceso de reforma mantendrá los principios básicos de los seguros agrarios, que seguirán siendo la máxima difusión del aseguramiento, la ampliación paulatina de la cobertura del seguro y la prestación de ayuda económica importante por el Estado. Así, pues, la reforma está dirigida, tanto a profundizar en los objetivos básicos del sistema como a actualizarlo, para garantizar su continuidad e incluso para aumentar su eficacia en la defensa de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gallarre.


El señor GALLARRE BERMEJO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ya que ha hablado de celebrar, efectivamente, vamos a celebrar, una vez más, la comparecencia del Presidente de Enesa. Esto demuestra la importancia que todos los años tiene el seguro agrícola en el Estado español. Creo que nadie le piensa discutir, y muchísimo menos este Diputado, las ventajas que la creación del seguro integral y específico ha supuesto para la economía de nuestros pueblos y nuestras gentes, después de los avatares que una política llena de incertidumbres ha dejado a nuestro llamado mundo rural en la más absoluta indefensión. Esto lo digo en base a conocer la vida de los pueblos en un sentido amplio.
Ha pasado una época en que toda alabanza me parece pequeña. En los diez años que llevamos con las líneas de seguros hemos alcanzado cuotas de penetración muy importantes, y esto no ha pasado desapercibido para el sector. Pero la situación ha llegado a un extremo en que se pueden echar por tierra diez años de bonanza e ilusión conseguidos con la iniciativa de la Sociedad Estatal de Seguros.
Estamos en el otoño que marca el inicio de un nuevo ciclo agrario con las labores de siembra, abonado, etcétera. De forma simultánea, deberíamos decidir si se suscribe la correspondiente póliza, y me refiero al seguro integral. Esto no debería de ser meditado, sino convertirse en una acción inmediata similar a la aplicación de fertilizantes y herbicidas. No hay mejor remedio que la prevención. El seguro aportaba seguridad de cubrir unos riesgos que resultaban menos costosos a través de los integrales.
Quiero reconocer que estos años han sido, por desgracia, catastróficos, con una escasez alarmante de precipitaciones en momentos decisivos de la vegetación de cereales, y han reflejado unos campos auténticamente desoladores. Las acciones emprendidas para paliar sus efectos y permitir la continuidad de las explotaciones en ningún momento deben ser comparadas con el seguro, fundamentada en la acción corresponsable asegurado y administraciones públicas.
El Ministerio de Agricultura subvenciona el coste de los seguros. Las comunidades autónomas gastan millones en complementarlos y el consorcio cubre en su mayor parte la diferencia entre las primas y las indemnizaciones pagadas. Por ello, señor Presidente, se debe hacer todo lo posible para que se mantenga el equilibrio, pero está ocurriendo a la inversa; el seguro agrario ha sido uno de los principales logros de la política socialista, pero ha entrado en crisis. El déficit presupuestario, junto con el agujero financiero de años pasados, han dejado a la entidad estatal en una posición comprometida para mantener el continuismo tradicional del seguro agrario concebido como compensación de rentas ante las inclemencias climatológicas que afectan a los cultivos.
Esta filosofía de rentas debe y tiene que ser el objetivo prioritario, ya que las percibe el sector y son la mitad de los otros activos de la economía española.
Se nos prometió la remisión del estudio sobre frutos secos. Sabemos que se ha terminado, pero todavía no se nos

Página 11030


ha remitido a esta Comisión de Agricultura. Por lo tanto, no somos optimistas al analizar el presente y futuro de los seguros agrarios.
Voy a analizar, en primer lugar, el seguro integral de cereales. Esta línea de seguro por sí sola supone el 50 por ciento de las primas netas consideradas como experimentales y el 25 por ciento del total de las líneas del seguro agrario, con unas primas de riesgo recargadas que suponen 4.500 millones de pesetas. En los diez años de vigencia se asegura, a través de esta línea, una superficie que ha oscilado entre 1.200.000 y 2.100.000 hectáreas, lo que se sitúa en torno al 25 y 30 por ciento de la superficie asegurable.
La implantación --tiene que quedar claro-- varía de unas comarcas a otras. Al subvencionar parte del coste de la prima del seguro, ENESA destina en los últimos años unos 4.000 millones de pesetas y el Consorcio de Compensación una media de 8.000 millones/año. Es decir, con 12.000 millones la Administración da respuesta a la situación catastrófica que se produce en nuestro país y cumple simultáneamente con la filosofía que impregna la política del seguro agrario desde sus orígenes y que se refleja en la publicación de la entidad que usted, Presidente, precisamente dirige: ser un eficaz instrumento de la política agraria y en este mismo documento se resalta la importancia social, como se ha dicho, y política que puede desempeñar el seguro agrario, por las siguientes razones.
Textualmente dice: «Eliminar la incertidumbre en la agricultura creando un beneficioso efecto psicológico en el agricultor que pasa de la situación de dependencia, de las ayudas y subsidios, que le puede conceder el Estado en años catastróficos a otra en la que es protagonista independiente para adoptar decisiones económicas propias.» Muy buena filosofía. «Mantener un nivel de rentas que permita la continuidad de las explotaciones posibilitando la fijación de población al territorio rural.» Mejor todavía. «Cuantificar, Òa prioriÓ, las partidas presupuestarias que en concepto de subvenciones a primas y exceso de discrecionalidad son necesarias para su funcionamiento, aplicado, además, a los agricultores a través de la parte de prima en la prevención de sus riesgos.» Pues bien, parece que en los maravillosos principios se quedan en el papel porque la línea que ahora están iniciando marca un rumbo totalmente contrario a sus fines u objetivos.
Si me detengo en el seguro integral del año 1994, actualmente en fase de contratación, usted tuvo que corregir su propuesta de adaptar los rendimientos máximos asegurables a los planes recogidos en el plan de regionalización productiva. Está claro, si se conoce cómo se tuvo que elaborar dicho plan de regionalización, que es un reflejo de la realidad productiva de España. Finalmente adoptó una solución que tampoco es satisfactoria, que fue la de actuar en 21 comarcas con mayor siniestralidad acumulada entre el período 1983 a 1991. Entre estas 21 comarcas se encuentran: 6 en Zaragoza, 4 en Valladolid, 2 en Navarra, Huesca, Segovia y una en Zamora, Teruel y Toledo. He analizado la evolución de primas comerciales en estas comarcas desde el año 1986, primer año en el que las primas se establecen a nivel de comarca, y resulta este tipo de circunstancias: primero, estas primas se han incrementado en este período en porcentajes que oscilan entre el 300 y 550 por ciento. De forma reiterada, las primas continuamente se han modificado, creciendo más o menos bruscamente. Por ejemplo, en la comarca sur y sureste de Valladolid las primas se ha modificado absolutamente todos los años.
Desde luego, éstas no son las condiciones óptimas para estabilizar y consolidar el seguro integral. No son buenos estos sobresaltos y por ello esta línea en estos momentos es seriamente cuestionada por los propios agricultores.
Debo mencionar también, porque así se ha producido, que, en función de la siniestralidad, los agricultores están recibiendo comunicaciones por las que se reduce el rendimiento máximo para asegurar un 15 o un 25 por ciento. Nos gustaría conocer en esta Comisión, señor Subsecretario, cuántos agricultores están afectados por estas reducciones en cada una de las provincias de este país, porque mucho me temo que no se han valorado las repercusiones de estas reducciones sobre la contratación del seguro.
Desde luego, el objetivo del seguro como eficaz instrumento de política se diluye totalmente con este esquema. Sin duda están a punto de provocar la desaparición del seguro integral. Son tan incoherentes que recortan las prestaciones de este seguro y de forma simultánea establecen una serie de ayudas contempladas motivadas por la sequía en cereales, riesgo cubierto precisamente por el seguro integral, y usted lo sabe perfectamente. ¡Inaudito! y fue en vísperas de las elecciones andaluzas.
Sin embargo, no acaba aquí el desaguisado. Ustedes se están preparando para el seguro integral, y enlazo ahora con el plan anual de seguros para el año 1995 que están a punto de aprobar. A partir de 1995 proponen un nuevo esquema basado en el ajuste de subvenciones máximas a la legislación comunitaria. Lo ha dicho usted hace un momento, pero usted personalmente ha reconocido en reuniones que ésta es simplemente una excusa para modificar la línea directriz de los seguros agrarios y reducir el gasto de la Administración en las subvenciones.
En el documento informativo elaborado por el Comité Económico y Social con su colaboración, se reconoce que los seguros agrarios constituyen un eficaz instrumento de política agraria. Sin ningún requerimiento por parte de la Unión Europea, han encontrado una puerta grande para imponer un nuevo esquema para regular las subvenciones al pago de primas que debe aportar la Administración, lo que va a tener un impacto sobre este sistema de dramáticas consecuencias, porque supone que el costo del seguro al agricultor se va a incrementar hasta un 74 por ciento en el ganado vacuno, un 58 por ciento en el integral de cereales, un 34 en los frutales y un 30 en las hortalizas. Usted sabe perfectamente que esto no está justificado más que por el hecho de reducir la aportación del Ministerio de Agricultura a subvencionar el coste del seguro.
¿Ha evaluado seriamente ENESA las consecuencias de este nuevo esquema de subvenciones? ¿Cuántos agricultores, de los que en el último plan suscribieron la línea, lo son a título principal? ¿Cómo va a incidir cada línea de seguro?

Página 11031


No nos oponemos a que se diferencie la subvención concedida a los agricultores a título principal respecto al resto de los asegurados, pero con su propuesta el plan anual de seguros agrarios reduce en ciertos casos la subvención a agricultores a título principal.
Por otra parte, el nuevo sistema puede reducir de forma muy importante el número de asegurados y con ello echar por tierra el trabajo de hace muchos años. Concretamente, aquí hay un dato y es que en el año 1992 se aseguraron 66.664 pólizas y en el año 1993, 62.758.
Efectivamente, existen 42 líneas de seguro, pero en muchas de ellas la relación superficie asegurada a superficie cultivada no llega al 10 por ciento, y así tenemos un 8 por ciento en leguminosas/grano, un 2 en aceituna, un 6 en el girasol y un 3 en el vacuno, reproductores, y un 2 en el de recría.
Lo que sí me cuesta creer es que en el seguro integral, con unas condiciones de seguro seriamente endurecidas y poco incentivadoras, se pueda pasar de un nivel de aseguramiento de un 30 hasta un 45, y eso sabe usted perfectamente que no va a ser posible.
También se ha analizado la evolución de las subvenciones a las distintas líneas del seguro e igualmente se constata la reducción continua, dentro de esta línea, del apoyo que el Ministerio está siguiendo en los últimos años. Concretamente, usted que ha dado tantas cifras, aquí tengo otras.
Por ejemplo, en el año 1992, el presupuesto del Estado fue de 577.338 millones y la subvención de Enesa 11.600 millones, es decir, un 2 por ciento del presupuestado agrario. En el año 1993, el presupuesto fue de 765.634 y la subvención de Enesa 14.926 millones, un 1,8 por ciento del presupuesto. En 1994 fueron 932.554, con 14.000 millones y un 1,5 por ciento, y en el año 1995 un billón 114.174 millones, con 16.000 millones de Enesa, que representa un 1,4 por ciento. Luego en este tema las cifras que usted está dando salen al revés, porque disminuyen según el presupuesto.
Señor Subsecretario, es conocida la frase de que los experimentos se deben hacer con gaseosa o con champán. Lo que ahora pretenden desarrollar puede suponer --y le aseguro que desearía equivocarme-- el fin definitivo del seguro integral. Por ello, porque estoy seguro de que no es lo que usted desea, el Ministerio debe corregir sus propuestas de cambio y dotar al seguro agrario de una estabilidad de la que ahora carece, con cambios continuos cada año: cuando no se suben las primas, bajan los rendimientos, recortan bruscamente las subvenciones o se modifican las coberturas.
También debe buscar el incremento de la contratación y, por último, debe resolver los desequilibrios presupuestarios por otras vías que no incidan sobre el sector productor. Porque con el esquema que ahora proponen en el plan de 1995, con 15.000 millones de pesetas destinados a subvenciones, incluso puede sobrarles algún dinero.
Y si todavía existen problemas de desequilibrios financieros, resuélvalos por otras vías que no interfieran sobre los asegurados. Rectifique ahora que está a tiempo, porque el agricultor pierde la confianza y el daño puede ser irreversible. Existe un proverbio que dice: si quieres saber cómo es alguien, no oigas lo que dice; observa lo que hace.
Usted nos habla de cifras macroeconómicas, pero la partida presupuestaria del Ministerio de Agricultura, como he dicho, ha descendido bastante. Por eso toda reforma debe basarse en igualar a los hombres entre sí. Aquellos principios de justicia distributiva, dar más a quien más lo necesita, creo, señor Subsecretario, que brillan por su ausencia.
Para conseguir el ideal igualitario --y ahora nos metemos en cierta filosofía socialista--, existen dos caminos: o la revolución o la reforma. El primero creo que supone desprecio del derecho; el segundo debe ser el reformismo permanente. Para nosotros, y particularmente para este Diputado, el único aceptable, a pesar de que el Ministerio de Economía limite los presupuestos, la reforma de la vida rural, es algo que el pueblo español valora, porque poner en marcha una sociedad activa exige compromiso a largo plazo --no piense usted que hacer las cosas de la noche a la mañana puede cambiar todo--, y en diez años que ya llevamos es un camino bastante andado. (El señor Vicepresidente Hernández-Sito García-Blanco ocupa la Presidencia.) Los pueblos crean estructuras con las que tendrán que funcionar mañana.
Actualmente se cobran unas primas abusivas, la cobertura prácticamente es nula en las comarcas antes citadas.
Yo le voy a explicar, por ejemplo...


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Señor Gayarre, no explique mucho porque lleva más de quince minutos.


El señor GAYARRE BERMEJO: Ya termino, señor Presidente.
Prácticamente, en mi zona, con un seguro de 1.100 kilos la hectárea, con una rebaja del 25 por ciento, si nos quedan 750 kilos a 19 ó 20 pesetas, y así en las 21 comarcas, ¿cómo pueden tener todavía la santa cara de decir que es una ayuda a las rentas? ¿Cómo pueden decir que esas rentas son activadas en la cosecha que se coge si sabe perfectamente usted que los gastos de producción suman estas cantidades? Es una pena --y esto lo saben ustedes-- que un seguro que tanto dignificó --y lo repito-- al Grupo Socialista les lleve ahora a perder el mundo rural, los pueblos que tanto habían creído en la política de rentas prometida por el Partido Socialista. Señor Subsecretario, repito, téngalo en consideración.
Y si hablamos de peritación, los criterios no son justos, rozan la parcialidad. Las transacciones amistosas son casi imposibles. La rapidez y la justicia en las valoraciones tienen mucha trascendencia. La economía agraria requiere reposiciones de dinero, agua, seguros, contribuciones, colegios, y digo colegios porque nuestros hijos también empiezan a ir a los colegios, pero con esto del seguro integral que ustedes van a quitar, dígale a cualquier vecino de mi tierra de la Ribera de Navarra si efectivamente puede mantener y llevar los hijos a los colegios.
Usted, señor Subsecretario, conoce la letra pequeña de los seguros, estudiada perfectamente por la Administración,

Página 11032


pero desconocida por los agricultores y ganaderos, que no queda otro remedio que firmar o, si no, abandonar. ¿Cuántas veces han hecho labores preparatorias, abonados perfectos y, según la contextura de la tierra, nacen o no, en zonas concretas de cada parcela? ¡Como si yo tuviera que retirar la tierra arcillosa o hacer llover donde hay que elegir las muestras del seguro! Eso también lo debe saber usted perfectamente.
Señor Presidente, señores Diputados, me atrevo a decir que ésta no es una incongruencia. En la sequía interviene o no el seguro integral. Llevamos seis años de sequía. ¿Qué dice a esto la teoría competitiva? Competimos con la verde Francia, Inglaterra o Alemania. Usted sabe que no invento nada, no trato de criticar lo que tenemos, sino de exponer lo que conozco. Si hay diagnóstico, se podrá solucionar. Sabe usted también que el cereal suele nacer y cuando tiene tres hojas, se seca. ¿Quiere usted mayor problema que ése? Ustedes vienen y dicen que no ha nacido, y eso no entra en el seguro.
Tampoco se tiene en cuenta que si en años buenos la producción se duplica, en años malos lo que se recolecta no vale, no tiene el peso específico, y hay que venderlo al 20 por ciento más barato a compradores que se aprovechan precisamente de los que menos posibilidades tienen.
Estas pérdidas se producen por la sequía o no. ¿Quién pierde en este caso, Enesa, Agroseguros o el agricultor? Esto no lo contemplan y nadie habla de daños paralelos.


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Señor Gayarre, le veo con un paquete...


El señor GAYARRE BERMEJO: Un minuto.


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): ... no va a ir usted leyéndonos todo.


El señor GAYARRE BERMEJO: Un minuto.
Nadie habla de daños paralelos que van unidos a las tormentas, carbón en el maíz, asurado, las podredumbres por las lluvias, que en mi tierra, en la Ribera, llegan a grandes cantidades en el tomate y en la fruta. ¿Qué ocurre con la helada de viña y con la peritación previa que se ha hecho este año en Castilla y León y en Castilla-La Mancha? ¿Qué piensa, que se puede ir a una peritación previa, provisional, y que digan después que ha sido cosa de la sequía? Hace falta tener mucha cara, porque luego la sequía, como no entra en el seguro integral... Eso es lo que están haciendo, aconsejando a los peritos que busquen esas fórmulas, y los agricultores tienen que estar presionándolos para que Enesa tenga que pagar. En estas circunstancias, lo que ha hecho usted es ir a favor de las compañías aseguradoras, no a favor del agricultor, cuando el Ministerio de Agricultura tenía que estar a favor del agricultor. Que se defiendan las compañías aseguradoras, no usted.
En las actas abundan las deducciones, porque existen productos para cicatrizar que suelen salvar un tanto por ciento de la fruta, pero son gastos adicionales que deberían correr a cargo del seguro. Eso tampoco lo tienen en cuenta. No digamos de peritajes. Se pierde el tiempo, lamentablemente, detrás de ellos. Los peritos cobran por la tasación que realizan. Los agricultores están perdiendo el tiempo tras ellos, y en las pólizas no se ponen más que los derechos del asegurador y las obligaciones del asegurado, pero no los derechos del agricultor ni las obligaciones de quien te asegura. Esto lleva a grandes discusiones, incertidumbres, aumentando los descubiertos, embargos de Hacienda, créditos que firmaron cuando valía el cereal y ahora no vale lo mismo, y el sol se encarga de todo lo demás. Yo, señor Presidente, ya sé que es un poco rollo, si queréis decirlo, pero estoy basándome en realidades de hechos concretos, conocidos por todos ustedes...


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Señor Gayarre, vaya usted cortando el rollo.


El señor GAYARRE BERMEJO: ... y precisamente por la Comisión de Agricultura.
Le pido una mejor gestión interna --acabo en medio minuto-- de la propia entidad, más sensibilidad ante la crisis del sector, participando con los agricultores, valoración justa de los daños, teniendo en cuenta el jornal de los que vamos detrás, de los peritos, eliminar estos hechos para Agroseguros, aumentar la eficacia pericial y de sus ayudantes: formación continua de administrativos, sobre todo colaboración con quien desea que Enesa triunfe, que somos los agricultores y ganaderos españoles. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, señor Subsecretario de Agricultura, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), le agradecemos su comparecencia en esta Comisión, hoy en calidad de Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. La verdad es que nuestro Grupo no había pedido su comparecencia, pero la celebramos, como todos los demás, porque la creíamos necesaria, sobre todo después de los anuncios que se habían publicado en la prensa sobre acuerdos adoptados últimamente.
El balance que usted ha hecho sobre estos catorce años --1980/1993--, en el que ha reflejado un crecimiento constante tanto en el capital asegurado como en los costes del seguro y, por tanto, en las subvenciones, nos parece correcto, puesto que manifiesta una tónica progresiva. Sin embargo, tenemos la duda de si en los últimos años no se ha producido un descenso en el número de contrataciones, especialmente referidas al año 1993, en el que nuestro Grupo ha tenido conocimiento de que ha habido un descenso del 5 por ciento en dicho número de contrataciones. Si esto fuera así, andaría parejo el descenso de las rentas de los agricultores en muchas producciones, lo cual sería indicador de que muchos agricultores se hallan en dificultades con la financiación del seguro y, por tanto, que preferirían correr el riesgo de no asegurarse, lo que trasluciría una cierta desconfianza en el seguro.
Respecto al seguro combinado, en lo que va del presente ejercicio de 1994, las indemnizaciones ya abonadas,

Página 11033


según parece, alcanzan un 4,8 por ciento más que las de todo el año 1993.
Si este incremento de siniestros y de indemnizaciones no fuera parejo al incremento de las suscripciones de pólizas, sería cuando nos acercaríamos a la quiebra del sistema y al incumplimiento de lo que es el propósito o finalidad principal del seguro agrario, cual es el mantenimiento de las rentas.
Parece ser también --creo que usted lo ha dicho-- que las líneas viables registran un saldo positivo, un superávit que recoge especialmente la uva de vinificación en un 80 por ciento. Pero, en cambio, las otras líneas de seguro, especialmente en el seguro integral de cereales, con un déficit de 16.700 millones de pesetas, y el de frutales, con 3.500 millones de pesetas, nos muestran unas cifras realmente preocupantes que nos obligan a preguntarle cuál sería la corrección para evitar la posible quiebra del sector que usted ha anunciado. Usted lo ha dicho con menos énfasis: ha dicho hipotecar el sector. Por ello yo le pediría que nos diga, si son éstas la líneas más deficitarias, cuáles serían las actuaciones para evitarlo.
Estamos seguros de que en su conjunto ha mejorado la gestión acortando el plazo de los pagos, por lo cual nuestro Grupo seguiría apoyando la inmediatez en el pago del siniestro, así como apoyamos, como lo hacemos en general al Ministerio, que se progrese en la efectividad y prontitud de la gestión, lo que supongo que se apoya en buena parte también en la gestión realizada desde las propias comunidades autónomas.
A nuestro Grupo le preocupa tanto como lo acontecido hasta ahora en seguros agrarios, el que se anuncia como nuevo plan trienal aplicable a partir del próximo ejercicio de 1996 y cuya principal finalidad nos ha anunciado que sería la de adaptarse a las exigencias de la propia de la Unión Europea para que en el plazo de 10 años no desapareciera la posibilidad de la subvención a los seguros agrarios. Nos preocupa también que esta exigencia de adaptación a la Unión Europea nos lleve hacia una máxima subvención del 50 por ciento de la prima, que significaría en todo caso una fuerte reducción de las subvenciones a algunas líneas de seguros y a algunos colectivos. Este tope máximo de subvención sólo lo podrían alcanzar, según lo que nosotros hemos entendido, los agricultores a título principal, dejando a los demás agricultores en la situación de lograr un máximo de alrededor del 30 por ciento de la subvención. Si fuera así, le pido, señor Subsecretario, que nos lo aclare.
Otro punto discutible sería el de la suficiencia o no de estos 16.000 millones de pesetas que se dedicarían, en 1995, a subvencionar las nuevas líneas que usted nos ha anunciado que van a aplicar a partir de este año.
Nos preocupa sobre todo porque hay una constante que se ha repetido en los últimos años como es la sequía, que afecta a tantos sectores, principalmente a los que entran en este seguro. ¿Cuál sería, señor Castro, la salida que ofrece Enesa a otros tipos de siniestros, que también han proliferado en los últimos años, como son los forestales e inundaciones? ¿Qué participación podría haber en estos siniestros que últimamente han arrasado campos, granjas y han destruido ganado y medios de producción? Sobre la modalidad de subvención base que usted nos ha dicho para todos los asegurados en general, que se vería complementada con otras subvenciones en unos puntos adicionales para la contratación colectiva, para zonas de menor riesgo, para pólizas combinadas, etcétera, nos interesaría conocer si su acumulación no podría superar este 50 por ciento que se exige desde la Unión Europea en la subvención total, incluidos los 15 puntos que van dirigidos sólo a los agricultores a título principal.
Ha manifestado usted aquí como una de las grandes finalidades prioritarias del seguro, la de mantener las rentas más modestas. Algunas veces no coinciden , señor Subsecretario, las rentas más modestas con la denominación a título principal de los agricultores, y precisamente a estos agricultores más modestos, que tienen que buscar otras salidas u otros lugares de trabajo para continuar sus explotaciones, habría que buscarles una salida, por descontado. Esto no impide que nuestro Grupo esté plenamente conforme con que sean los agricultores a título principal los sujetos de las principales ayudas en seguros y en no seguros, para garantizar la agricultura competitiva a la que debe aspirar nuestro país.
En cuanto a la determinación de rendimientos máximos por zonas para establecer indemnizaciones no hemos acabado de captar la modificación del nuevo plan sobre el anterior. Se habla también de selección de los asegurados. ¿Qué significa esto, o es que, de alguna forma, se puede rechazar a alguna persona que solicite alguno de los seguros? Le rogaría que nos lo aclarara, señor Subsecretario.
Como objetivo final de este nuevo plan trienal de los seguros, se habla de cubrir todos los riesgos de todos los cultivos. Aquí sí que querríamos saber en qué cadencias se van a aplicar los riesgos de los frutos secos durante estos tres años, porque supongo que se incluirán los frutos secos en este aseguramiento total de todos los productos.
Sobre la implantación de nuevas líneas de seguros, como esta que se nos anuncia, inmediata, sobre el viento en general a todos los productos, ¿hay alguna condición restrictiva, como la de que se pierda el producto para poder tener derecho al 30 por ciento del seguro? Nosotros le rogaríamos que nos dijera si es que además de ésta hay alguna otra condición restrictiva en el seguro de viento. Si no es así, tendríamos que aceptarla como primera introducción y, luego, veríamos si en años sucesivos este 30 por ciento podría descender. En los últimos ejercicios algunas comunidades autónomas, como ha dicho, han practicado algunos seguros complementarios a los que se dan desde el conjunto de Enesa.
También sería de interés ver si en esta coordinación que usted nos ha anunciado con las comunidades autónomas, en esta unidad de actuación --me parece que es la expresión que usted ha utilizado-- será siempre con los topes máximos a los que nos obliga la Unión Europea o no. Le agradecería alguna respuesta a las dudas que le he transmitido. En todo caso, le agradecemos su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: (Hernández-Sito García-Blanco): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Velasco.


Página 11034


El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señorías, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista quiere dar la bienvenida al Subsecretario por su comparecencia como Presidente de Enesa.
La información que ha proporcionado a la Comisión es extensa, que deberá ser objeto de estudio a través del acta de la propia Comisión, por cuanto aparecen elementos importantes para el objetivo básico del seguro después de estos 14 años de andadura, que es su consolidación. Creo que estamos en un momento en el cual, efectivamente, por todos los grupos de la Cámara se reconoce el acierto en la gestión de los seguros agrarios por parte del Gobierno Socialista. Lo que nos preocupa a todos, de una manera especial al Grupo Socialista, es buscar los mecanismos necesarios para que se consolide el seguro agrario en general.
De una manera breve, dado que algún interviniente anterior se ha extendido suficientemente que después tendremos la oportunidad de oír la contestación del propio Subsecretario, voy a centrarme exclusivamente en resaltar algunos aspectos básicos que se recogen en esta intervención.
En primer lugar, el Grupo Socialista se ratifica una vez más como Grupo en que los seguros agrarios han sido y están siendo un elemento básico para la consolidación de las rentas de los agricultores. Por tanto, este Grupo se mantiene satisfecho por el desarrollo que han tenido los seguros agrarios, si bien la ampliación que ha supuesto en estos últimos años la apertura de nuevas líneas y la climatología adversa que hemos tenido nos llevan a una profunda reflexión para, precisamente, mantener esta consolidación. Apoyamos y valoramos muy positivamente el incremento sustancial este año en la participación estatal que se recoge en los presupuestos del año 1995. Creemos que aquí se reflejan dos cuestiones.
Por un lado, se intenta resolver el problema de estos años anteriores por el bache que se ha producido, pero, además, se incrementa la participación del Estado con respecto a los seguros agrarios, limitándonos, lógicamente, a la propia normativa que nos marca la Unión Europea.
Me ha parecido, sobre todo en la intervención de algún grupo político, que lo que hasta ahora se ha venido considerando un aspecto favorable, destacado por todos los grupos, se ha truncado un poquitín en esta comparecencia. Yo creo que tenemos la obligación en esta Comisión y este Parlamento de analizar seriamente cuáles pueden ser los peligros de consolidación y actuar sobre ellos, es decir, no presentar exclusivamente un cuadro de lloros y lamentaciones, sino aportar aquellas iniciativas que garanticen el objetivo fundamental, que son las rentas de los agricultores, el propio equilibrio financiero, poniendo sobre la mesa cuáles son las propuestas concretas para que esta supervivencia se garantice. Por ese camino hasta ahora nos hemos estado entendiendo todos los grupos y, como es objetivo de todos, por lo que se está manifestando, yo creo que podemos llegar a acuerdos a lo largo del año. Sería bueno que esta Comisión analizase en profundidad algunas cuestiones e hiciera algunas propuestas concretas que ayudasen a resolver este tema. Yo creo que deberíamos introducir esa tónica e ir viendo los pasos que debemos seguir.
Consideramos fundamental también la separación que se hace en cuanto a las subvenciones, dando un mayor número de ayudas a los agricultores a título principal. Creemos que es un elemento esencial dentro de las modificaciones que se plantean y que nosotros valoramos muy positivamente, y debe ir en consonancia con otra serie de medidas que ya se están adoptando y las que se están estudiando en este momento en esta Cámara.
El paso que se da en cuanto a las nuevas líneas es una aspiración que también se ha manifestado en otras ocasiones por distintos grupos. Queda, yo creo, un tema pendiente de resolver que ha planteado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que es el tema de los frutos secos, sector que tiene una complejidad importante, donde hay que intentar buscar las vías de posible solución, puesto que creo que es uno de los cultivos que más problemas puede presentar. Por tanto, cuando entremos en él hay que abordarlo con suficiente garantía para que no se produzca ningún desequilibrio más, sino que podamos consolidar los cultivos que tenemos sin someter a más riesgo las propias líneas de seguros.
Aparece un tema que ha sido muy recurrente en los medios de comunicación en últimas fechas, con algunas declaraciones, yo creo que poco afortunadas, de algún portavoz de algún grupo parlamentario relativas a lo que son las tasaciones. Es un tema importante que tiene que resolverse, porque hay que conjugar el seguro con las propias valoraciones y con el propio entendimiento que tiene que existir entre los técnicos y los afectados. Es un tema fundamental. Hay que clarificar al máximo la normativa de tasación. Sobre eso se pueden y se deberían hacer propuestas. Hay que informar muy bien a los agricultores de qué están asegurando; luego --y lo he escuchado en la intervención-- hay que poner medios o incentivarlos para que el agricultor sepa exactamente qué es lo que asegura, porque normalmente parte de los conflictos en las tasaciones surgen porque el agricultor pensaba cuando hacía el seguro que le iba a cubrir otras cosas que realmente no ha asegurado. Por tanto, ese nivel de crispación bajaría muchísimo si fuéramos capaces, primero, de conocer qué se está asegurando y, en segundo lugar, de clarificar muy bien la normativa de tasación. No se puede manifestar ni pensar, por respeto exclusivamente, aunque sólo fuera a los técnicos que están trabajando, que cada vez que aparece un perito va a engañar al agricultor. Eso es echar por tierra el primer principio básico de la profesionalidad de un colectivo que merece el mismo respeto que cualquier otro. Habrá que darle también una normativa suficientemente clara para que sea posible un entendimiento.
Con esto, por supuesto, no le quiero sacar la cara a ningún tema ni le quiero sacar la cara a Agroseguros. Lo que quiero decir es que dentro de todo el proceso siempre va a existir un elemento de tasación, porque alguien tiene que valorar, y lo lógico es que haya un entendimiento o busquemos las fórmulas para que eso se produzca. En la medida en que todos colaboremos a esa clarificación de normativa, estaremos dando pasos para el buen entendimiento y para el buen desarrollo del seguro.


Página 11035


Yo creo que no es bueno llegar a situaciones límite ni calentar excesivamente los ánimos, porque al final el trabajo hay que realizarlo por bien de los agricultores, porque al fin y al cabo son los que van a tener que recibir las indemnizaciones; que este tema, que para mí debería ser casi un elemento extra del seguro, no se convierta en el protagonista. Creo que el seguro tiene unos objetivos muy claros, una finalidad muy clara, tiene que contemplar una serie de equilibrios muy claros, y, al igual que alguien tiene que rellenar el acta, hay un técnico que tiene que hacer una valoración. Eso no puede ser el elemento punta que se saque de los seguros agrarios. Hay un nivel más de fondo en el que todos hemos estado de acuerdo y es el que todos debemos preservar.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Termino, señor Presidente, diciendo que valoramos positivamente el desarrollo en estos años. Nos preocupa realmente cómo llegar a ese nivel claro de consolidación que permita a los agricultores tener una garantía en el seguro agrario para consolidar sus producciones, pero también entendemos que además del seguro agrario, debe existir otro tipo de ayudas que complementen en algunas zonas y que en absoluto se ponga en riesgo el seguro. En la medida en que se den los pasos para ir consolidando, sabe que va a contar con todo el apoyo y con todo el esfuerzo que desde el Grupo Socialista podamos prestar.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas, observaciones y sugerencias formuladas, tiene la palabra el señor Castro.


El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, ENESA (Castro Fernández): Han sido muchas las cosas que se han ido diciendo en las intervenciones de los representantes de los grupos y voy a ir contestando, en primer lugar al señor Gayarre.
Usted ha coincidido conmigo en destacar la importancia que tiene el seguro. Yo creo que estamos de acuerdo en algunos puntos; vamos obteniendo una coincidencia en los planteamientos, comparto las ventajas que ha revestido esta importancia, la historia positiva que presenta el seguro nos une a todos y también nos une encontrar una garantía de futuro para el seguro agrario. Incluso, como ha dicho, pintando con algunos colores un poco apocalípticos la situación de un mundo rural en indefensión, años catastróficos, alguna de esas pinceladas es correcta, cómo no; es verdad que tenemos algunas situaciones como la sequía prolongada de estos últimos años, pero tengo que empezar a alejarme de usted de una manera rotunda cuando dice que el mundo rural está en indefensión, y reencuentro la coincidencia cuando usted mismo afirma: vamos a luchar por mantener el equilibrio del sistema de seguro.
Por eso yo creo que ha sido el elemento fundamental de mi intervención la descripción de cuáles son esos desequilibrios y cómo los estamos corrigiendo. Por tanto, sí quiero destacar, pues creo que no se ha presentado a lo largo de estos últimos meses de una manera correcta, el problema del seguro agrario. El seguro agrario tiene buena salud, pero tiene un problema de crecimiento --lo he identificado-- y hay que corregir esas desviaciones. No hay ninguna amenaza de quiebra para el seguro agrario. Tengo que ser rotundo y esa buena política, todos coincidimos en valorarla positivamente. Pero no son diez años, señor Gayarre, son catorce años, y la historia que presento y los datos que he manejado son todos de catorce años. Tampoco quiero vincular a una determinada década, la de los ochenta o la de los noventa. No, son catorce años y muy sólidos.
Ahora bien, ha mencionado algo que es nuclear en el debate que estamos manteniendo hoy: compensación de rentas. Aquí es donde yo creo que hay que hacer un ejercicio de análisis para no confundir políticas. Si desvirtuamos el mecanismo y vía seguro lo que queremos es inyectar rentas adicionales a la zona o comarca, sí garantizamos la quiebra del sistema.
Por tanto, no volvamos a plantear que aquí estamos haciendo un mecanismo de compensación. Para la otra cuestión hay otras políticas de compensación de rentas. He insistido en que la política del seguro --lo he dicho en mi intervención--, además de esos componentes que tiene de política agraria con un fuerte contenido social, se instrumenta mediante la institución del seguro; es un seguro y no podemos quebrarlo como seguro. Por consiguiente, si hay unos rendimientos que son ficticios, que no se han producido nunca, que esa comarca no los puede producir nunca ni los ha producido, y pretendemos asegurarlos, estamos inyectando renta adicional falseada. La política del seguro agrario nunca debe servir para eso. Habrá otros instrumentos y otras políticas para ayudar a esa comarca. Procedo de una comarca, provincia de León, en la que el año pasado se vivió uno de los conflictos más importantes con el tema del seguro agrario en determinadas producciones en la comarca de El Bierzo.
El señor Gayarre ha centrado su intervención en el SICI, qué pasa, y yo creo que lo ha convertido en el 60 por ciento de su intervención. Me parece bien que la haya centrado en ese punto por el peso que tiene el integral de cereales, el llamado en el argot SICI, porque yo creo que es una pieza clave para el seguro y, efectivamente, como usted bien ha dicho, ocupa una magnitud muy importante.
¿Qué se ha hecho en el SICI? Sí debo tomarlo para eliminar alguna incertidumbre. En el SICI nos encontrábamos al borde de este verano, cuando yo me hago cargo de la Presidencia de Enesa, que se había tenido un ligero crecimiento, presentaba el mayor desequilibrio entre las primas y las indemnizaciones. En los últimos diez años ese desequilibrio primas/indemnizaciones en porcentaje era del orden del 300 por ciento y en pesetas se había «comido» --dicho entre comillas-- 95.000 millones de pesetas sólo el SICI. Analizando la localización geográfica del problema efectivamente encontramos esas veintiuna comarcas, básicamente de Zaragoza, Navarra y Valladolid como provincias en las que se sitúa, y en ellas está ese mayor desequilibrio. El aseguramiento en esas zonas es de un treinta y tantos por ciento del total y se lleva en indemnizaciones más del 60 por ciento. Había tres alternativas para abordar y corregir ese desequilibrio

Página 11036


que amenaza no al SICI, sino al conjunto, porque esto es un sistema equilibrado, y esta línea, con ese peso y esa magnitud, amenaza al conjunto del sistema. No teníamos más que tres alternativas y supongo que va a coincidir conmigo en que no hay otras. En cuanto a la alternativa de endurecer las condiciones de aseguramiento usted mismo ha dicho: se están haciendo, por esa línea no se puede caminar, eso ya resulta muy duro, cada año ponen más duras las condiciones de aseguramiento. Efectivamente, podríamos haber elevado el porcentaje de daños, para poder tener derecho a la indemnización; podríamos haber puesto el 40 por ciento de daños, etcétera. Creíamos que no y yo creo que todos compartimos, los que estamos en este tema, que aunque, efectivamente, se pagarían menos indemnizaciones sería una equivocación esa política, se considerarían condiciones muy duras y se reduciría drásticamente el número de pólizas de seguro. Conclusión: alternativa no viable.
Segunda alternativa: encarecer las primas, cosa que, efectivamente, a pesar de que aparentemente es la línea que se nos imputa, nos ha parecido una política equivocada. Las primas ya son caras, se ha dicho por parte de alguno de los intervinientes --y lo reconozco-- y el desequilibrio financiero podía agravarse porque una prima más cara supone una subvención más elevada, con lo cual la cantidad que tenemos que poner a través de Enesa es mayor y, en definitiva, nos encontrábamos con que no abordábamos eficazmente el problema y aumentábamos el desequilibrio financiero.
La tercera opción era la razonable y justa. Consistía en modificar los rendimientos porque consideramos que esos rendimientos responden más al deseo, al sueño, a la fantasía que a la realidad de esas comarcas. No se trata de rendimientos PAC en absoluto, pero al mismo tiempo hablamos con las organizaciones agrarias, lo saben los señores Diputados; S. S. saben que yo mantuve intensas reuniones con las organizaciones agrarias para que esa política de reducir rendimientos tuviese el menor impacto posible, pero llegando a fijar determinados umbrales. Lo digo porque el señor Diputado ha hecho filosofía y me ha agradado oír, cuando se habla de un tema tan árido como el SICI, elevarse a esas consideraciones filosóficas sobre la igualdad, citar algunos proverbios, y hablar de si la filosofía socialista es de revolución o de reforma. Yo también me voy a permitir algún adorno filosófico; quiero hacer filosofía. Creo que la filosofía socialista coincide en este caso con Aristóteles, quien definía y quien hablaba de que no hay mayor desigualdad que tratar por igual lo desigual. Eso es lo que me llevó a diferenciar precisamente esas comarcas porque son desiguales. Esa es la verdadera definición de la Justicia. Lea a Aristóteles, que es un buen pensador. No pretendo con ello apuntármelo en la larga nómina de pensadores socialistas, ¡Dios me perdone!, pero sí es una lectura que he hecho y hago con frecuencia y me encanta su definición de la Justicia.
No se podía tratar por igual lo desigual. Por tanto, había que diferenciar esas veintiuna comarcas y eso es lo que ha hecho la Orden publicada en el mes de agosto con la que yo creo, sinceramente, que hemos introducido una corrección en el SICI que tenía un peso enorme en el conjunto del sistema y nos llevaba a su desequilibrio.
Ha hablado de peritación y a continuación ha vuelto a salir el tema. La peritación nos ha preocupado, es verdad. Las transacciones amistosas son casi imposibles. Pues lo lamento, pero eso tampoco responde a la realidad. Haciendo mención a lo que ha ocupado algunas páginas de prensa en los últimos meses, se ha hecho, yo creo que desacertadamente, una información centrada en las peritaciones contradictorias de uva para vinificación en Castilla-La Mancha. Tengo que decir que las parcelas contradictorias tasadas en esta campaña en Castilla-La Mancha, parcelas no conformes, suman 1.787 de un total de más de 101.000 parcelas, luego es el 1,7 por ciento. Por tanto, permítaseme un refrán, comentario, adagio o similar, señor Gayarre: las opiniones pueden ser libres, pero los hechos son sagrados.
Claro que es posible llegar a esas transacciones amistosas, pero reconozco que es un camino que tenemos que desarrollar mucho más. Por eso en mi intervención he anunciado (y en eso también creo encontrar un consenso en los intervinientes) que hay que desarrollar una política mucho más activa de información al asegurado.
Para ello he tenido, efectivamente, contacto con las aseguradoras, las entidades de seguros que integran el «pool» de Agroseguro. Se lo he planteado y hemos llegado al compromiso mutuo de que vamos a desarrollar esa política de mayor información al asegurado. Aprovecho para hacer el inciso de que el tomador del seguro en muchas ocasiones es una organización agraria. Llamo también a la responsabilidad de las organizaciones agrarias, como decía el representante del Grupo Parlamentario Socialista, para que informen correctamente y el asegurado sepa efectivamente qué es lo que ha firmado en su póliza y no se vea luego sorprendido en su buena fe.
Reitero, señor Gayarre, que los hechos son sagrados y con las cifras no puede usted hacer malabarismos. Si es verdad --y creo que nos felicitamos por ello-- que tenemos más ingresos del Feoga-garantía, ¿cómo se atreve usted a hacerme esa cuenta donde utiliza el incremento de los Feoga-garantía para decirme que cada vez estamos dedicando menos dinero al seguro agrario? Pero bueno, ¿qué cálculos me hace usted? Es verdad que hemos crecido y que están en más de un billón de pesetas de presupuesto, porque somos el tercer país de Europa en recibir fondos del Feoga-garantía, después de Francia y Alemania, y éramos el noveno en el momento de nuestro ingreso en el año 1986. Eso es lo que nos permite ese crecimiento espectacular. Este Ministerio presenta esa dualidad, ¡qué le vamos a hacer! Conózcalo a fondo. Lo que usted no puede hacer es sacarme esa «ratio» que me hace. Es verdad que le sale correcto, pero es un truco, es un engaño burdo sacar los porcentajes sobre el presupuesto del ministerio. (El señor Gayarre Bermejo: Ustedes lo hacen.) No, mire usted el presupuesto de Enesa, mire usted el dinero que destinamos, mire usted las subvenciones que se pagan, mire el número de pólizas que se suscriben y mire --lo vuelvo a reiterar-- que hemos crecido en un año el 15,7, mientras que el proyecto de ley de presupuestos, que SS. SS. aprobarán en su momento, presenta un crecimiento del 3 por ciento.


Página 11037


He dicho --y ahí están los datos-- que crecemos un 15,7; por tanto, yo creo que es un truco muy burdo el que usted ha hecho con los datos del presupuesto.
Para terminar, quiero hacer un comentario. Es verdad que hay ese problema en la peritación, pero no puedo admitir que haya presión a los peritos que actúan y tengo que decir que aplican sus normas. He dicho que entre los elementos que integran el plan de los tres próximos años está elaborar algunas normas de peritación, que nos faltan y que debemos completar, y eventualmente corregir las que sea necesario, pero lo que no puedo admitir es que se pueda estar ejerciendo algún tipo de presión sobre los peritos. Sí digo --y forma parte del plan trienal aprobado por la Comisión delegada de Gobierno para asuntos económicos-- que existe ese compromiso de completar las normas de peritación pendientes y eventualmente hacer los retoques de las que están en vigor.
Quiero destacar que lo más importante, y usted lo ha dicho, señor Gayarre, es el desconocimiento de la letra pequeña, porque se firma, no se sabe muy bien lo que se ha firmado y de ahí se produce, como ha dicho muy bien el señor Velasco, esa situación de crispación que hemos de corregir con una mejora de la política de información.
Comparto alguna afirmación positiva que ha hecho sobre la mejora de gestión en Enesa. Creo que hay que seguir en esa línea y en pagar más pronto, aumentar la formación, etcétera. Efectivamente tenemos campo por delante para seguir trabajando, pero quiero decir que no hay ninguna amenaza para que el sistema del seguro agrario, sino al contrario, esas correcciones en los rendimientos máximos asegurables, objeto de su preocupación, son una garantía para la corrección del desequilibrio que amenaza el sistema.
Al señor Vidal, representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) quiero darle las gracias por las manifestaciones iniciales que ha hecho reconociendo cuáles son las líneas correctas en las que se sitúa esta política del seguro agrario. Me planteaba con algún interrogante si efectivamente es cierta la cifra que le han dado respecto a la caída de las contrataciones, posiblemente del orden del cinco por ciento, según decía en su intervención. Efectivamente las pólizas crecen, pero hay un bache. En el año 1991 es cuando el número de pólizas obtiene el máximo, 321.000 después hay una ligera caída, en el año 1992 son 304.000; en 1993, son 307.000. Efectivamente hubo un momento de caída, pero hay una recuperación en el número de pólizas suscritas. Luego podemos afirmar, y es un elemento más del análisis que estamos haciendo, que efectivamente no se pone de manifiesto un descenso del número de pólizas. Estamos hablando de un sistema que arrancó con un número de doscientas y pico mil, o sea que se ha ido consolidando, sigue creciendo y salvo un momento en el que tuvo descenso tenemos una línea de crecimiento. Por supuesto que en valor de capital asegurado también la línea es de crecimiento. El capital asegurado en el año 1992 era de 436.000 millones, en el año 1993 es de 424.000 millones y hay una línea de crecimiento en el aseguramiento.
Si es preferible correr el riesgo por elevado coste y la otra incógnita que ha hecho como comentario general, si es posible que si las primas son caras pueda preferir correr el riesgo por un coste muy elevado del seguro, yo desde luego no lo recomendaría porque tampoco se puede decir que ese coste sea elevado, sino todo lo contrario. Voy a utilizar algún ejemplo significativo, y lo voy a hacer en este caso sin referirme a la zona que ha mencionado de frutos secos. Tengo aquí a mano, por ejemplo, el melocotón en la zona del Segura, 45 pesetas kilo de valor asegurado; coste del seguro, 6 pesetas kilo; bonificación 0,7 pesetas; subvención 3,49 pesetas, coste neto para el agricultor 1,8 pesetas kilo; es decir, el 4 por ciento del capital asegurado. Trigo en la provincia de Sevilla: 21 pesetas valor asegurado el kilo, coste del seguro 0,69 pesetas kilo, más subvención, bonificación, etcétera, coste neto para el agricultor 0,21 pesetas kilo; es decir, el uno por ciento del capital asegurado.
Sería una decisión errónea de ese profesional de la agricultura que tomase ese riesgo. Creo que, efectivamente, se puede confiar en que el coste no es disuasorio; debe seguir suscribiendo y no debe elegir correr el riesgo.
Posible quiebra y la hipotética dificultad que pueda haber en el sistema del seguro en el futuro. Rotundamente no hay, tengo que desmentirlo de nuevo, ningún peligro. La salud del sistema es buena y lo que estamos haciendo son elementos de corrección en los desequilibrios que se habían planteado en estos años, pero es una garantía abordar y corregir a tiempo esos desequilibrios para el futuro del sistema.
La gestión acortando el plazo de los pagos. Hemos venido trabajando.
Efectivamente, podemos congratularnos de algunos éxitos en acortar esos plazos y deseamos seguir acortándolos, seguiremos trabajando en reducir esos plazos para que el pago sea lo más inmediato posible.
Respecto al nuevo plan que le preocupa al señor Vidal y es verdad que presenta algunas novedades, debo decir que tenemos que encajar el plan del seguro en la normativa comunitaria. Esto lo vuelvo a reiterar y es una verdad porque lo contrario nos llevaría en un plazo de diez años a la desaparición. Por tanto, tenemos que hacer lo posible para que el plan de seguros agrarios tenga la consideración de ayuda compatible.
Efectivamente, es deseable que se llegue lo más cerca de ese umbral del 50. A nadie se le oculta que esto lo debemos respetar porque ya sabemos que estas infracciones luego se acaban pagando caras.
Suficiencia del presupuesto y nuevas líneas que se abren. Le plantea a usted la duda de que cómo en esta situación nos atrevemos a abrir líneas nuevas. Lo hemos hecho, creo, en tres líneas que estaban muy demandadas y que los estudios de viabilidad nos presentan una cifras muy razonables, el coste es mínimo y creo que también el kiwi, el aguacate y las truchas en las piscifactorías eran merecedoras de su inclusión. Es una cantidad irrelevante, del orden de 20 millones cada una y en una cifra de 17.000 millones, realmente no hay problema alguno en poderlas incluir. ¡Ojalá suceda lo mismo con otras líneas que tenemos en estudio de viabilidad en esa idea de llegar a una cobertura del cien por cien! Con eso tomo el tema de frutos secos como una demanda que está ahí para un futuro y que los estudios de viabilidad nos presenten unos datos positivos que nos permitan su inclusión en el futuro. También

Página 11038


habría que considerar la otra opción que he dicho. No todo hay que llevarlo a la política del seguro. A veces, algunas de estas producciones tiene cabida no por una línea de aseguramiento, sino por otras políticas para determinadas zonas. Lo dejo como posible planteamiento.
Con los otros siniestros que ha mencionado, de naturaleza claramente catastrófica, la actuación no puede ser otra que la que ha habido en este mismo año 1994. Ahí vemos la paradoja de país que tenemos. En un plazo de cuatro o cinco meses este Gobierno ha aprobado dos decretos-ley: un decreto-ley de sequía y un decreto-ley de inundaciones, de daños catastróficos para paliar los efectos de las inundaciones. Ese es el marco en que nos movemos, es el país en que cultivamos, ése es el país, señor Gayarre --efectivamente, tiene razón--, en el que nuestros agricultores tienen que trabajar y cultivar, pero hay otras medidas de carácter excepcional para esos otros siniestros también de carácter excepcional.
En cuanto a los rendimientos máximos por zonas, no lo ha aceptado. He dado los datos de las comarcas y no lo conoce con detalle, pero ha obligado a decirle a un agricultor a la hora de asegurar que sí puede asegurar --luego en ese sentido no hay problema de rechazo--, pero se le dice que el máximo asegurable --el señor Gayarre me lo trata de enseñar-- de la producción de los kilos de trigo o de cebada de esa explotación son tantos y no una cifra superior deseada que no responde a la realidad de los hechos, sin que se trate de un proceso de rechazar o de seleccionar.
Todos ellos, efectivamente, son el objetivo final, en el futuro, si es posible. Es cierto que estamos trabajando en esa unidad de actuación y de coordinación con las comunidades autónomas y reitero que ésa será la línea que sigamos.
Por último, señor Velasco, agradezco sus manifestaciones. He presentado una información que puede resultar un poco pesada o abrumadora, pero creo que tenemos material para hacer esa reflexión y esos posibles planteamientos alternativos en el futuro. Tenemos que seguir reflexionando sobre este sistema del seguro agrario. Es básico --comparto su afirmación-- el papel que juega nuestra política del seguro y tenemos material para ello.
El incremento en el Presupuesto, como bien ha dicho el señor Velasco, viene a corregir esa situación en la que nos veíamos. Creo que ahí está el signo más inequívoco de cuál es la apuesta que hacemos. Lo hemos corregido a tiempo y estamos en condiciones de ofrecer una situación saneada en el futuro inmediato del año próximo.
Hemos optado, no podía ser de otro modo, y es nuestra seña y nuestra política diferencial, esa apuesta por los que perciben esa mayor atención y, por tanto, pueden verse más beneficiados por las subvenciones en el sistema.
Comparto que esas nuevas líneas y la aspiración de futuro no debe llevarnos a más riesgo. Por tanto, supedito la afirmación de la inclusión de líneas en el futuro a los resultados de los estudios de viabilidad que sobre ellas se vienen realizando.
En cuanto a lo que ha sido el debate que en estos meses se ha suscitado en la prensa, relativo a las tasaciones, quiero compartir la afirmación de S. S. Es verdad, señor Velasco --y me agrada oírlo--, no podemos poner en duda la profesionalidad de los peritos que ejercen su actividad profesional en este campo.
Sí en cambio, y lo vuelvo a reiterar, porque yo creo que merece la pena trabajar en esa mayor información a los asegurados; clarificar al máximo los datos; que conozcan exactamente los términos de sus pólizas, que no se vean frustrados, engañados, y se genere esa crispación en el momento de la peritación, aunque ya digo que no se puede generalizar y convertir en protagonista --no puede ser ese debate--, cuando todo el conflicto que se ha mencionado en Castilla-La Mancha, zona de Tomelloso-Socuéllamos, presenta, en parcelas no conformes 1.787, que después han sido conformes 1.527, y por fin no conformes y no firmadas son solamente 259, de un total, tengo que reiterarlo y me van a perdonar esta pesadez, de más de 100.000 parcelas. Por tanto, no hay objeto para el debate.
Por último, debo manifestar que sí debemos ser responsables en la toma de decisiones sobre este sistema, porque no en vano son las afirmaciones que he hecho sobre la necesidad de hacer compatible esta política en el marco de la Unión Europea en el inmediato futuro. De lo contrario, efectivamente, reitero mi afirmación, en un horizonte de diez años desaparecería esta política. (El señor Gayarre Bermejo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, señor Gayarre, por favor y, en todo caso, no reabramos debate.


El señor GAYARRE BERMEJO: Encajar el plan, señor Castro, de la normativa comunitaria sabemos que hay que hacerlo, pero usted sabe perfectamente que España es seca, muy seca, y lo que ha tenido que hacer antes es intentar algún objetivo como ha hecho Finlandia, que va a estar incluida en objetivos por ser una zona ártica.
Quizá somos el único país que prácticamente no podemos ser fuertes con el seguro integral, porque en el resto de las comunidades --ya hemos dicho antes-- la zona verde difiere mucho de la situación española.
Después, sobre el tema tabla «bonus», a mí me molesta muchísimo que el señor Velasco ha hablado de la profesionalidad de los peritos, pero hay un tema muy claro y es que también, como me siento agricultor a mí no se me puede decir la tabla «bonus», porque no depende de mí. Para su conocimiento --y ahí hay un compañero mío-- el año 1988 quien está hablando tuvo 300.000 kilos de cebada y los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994, 20.000; o sea, que es un tema que no depende de mí y se sabe perfectamente que en estas 21 comarcas lo que tenemos es una situación de total indefensión por la climatología.
Usted que se ha puesto a hablar de filosofía, efectivamente, ha dicho ¿cómo ha dicho? tratar por igual lo desigual...


El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, ENESA (Castro Fernández): Esa es la justicia.


Página 11039


El señor GAYARRE BERMEJO: Esta es la justicia, pues aplíquese. Por ejemplo, tenemos el PER, y cantidad de ocasiones hay para demostrarlo, que tratemos igual lo desigual. El PER de empleo rural en Andalucía no es lo mismo que los agricultores, que también hay allí paro obrero, y también hay agricultores afiliados a la Seguridad Social Agraria que son autónomos, que son trabajadores por cuenta propia...


El señor PRESIDENTE: Señor Gayarre, a la cuestión.


El señor GAYARRE BERMEJO: Respecto a la profesionalidad que ha dicho el señor Velasco, nadie duda de la profesionalidad de los peritos agrícolas, pero tiene que quedar muy claro que el Colegio de Peritos criticó esta situación, y no le voy a decir nada más; la criticó en prensa. ¿Cómo vamos a poner nosotros en duda la profesionalidad de los peritos agrícolas? Totalmente al contrario. Queda muy clara, pero no hay lugar a dudas sobre los problemas que surgen continuamente.


El señor PRESIDENTE: El señor Castro tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, ENESA (Castro Fernández): Un comentario muy breve. El titular de prensa lo tengo delante de mí: Los Colegios de Peritos Agrícolas piden a Atienza un mayor control de Agroseguro.
Creo que ése no es el debate, en absoluto. Hay que dejar a los peritos hacer su trabajo pues son unos buenos profesionales.
Reitero, señor Gayarre, mi cita filosófica que le interesa, veo que le ha suscitado interés; no hay mayor injusticia que tratar por igual lo desigual. Esa es la cita. Si las cosas son desiguales hay que tratarlas como desiguales, no como iguales.
Por tanto, en su caso, y usted lo ha dicho, un año 300.000 y otro 20.000.
¿Qué quiere usted, hacer todos los años una póliza por 300.000? Convendrá conmigo que no es posible. Luego este rendimiento es excepcional, no marca. Por desgracia, la condición normal, usted lo ha dicho, es la otra.
Tenemos una climatología muy adversa. Por eso, no podemos fiarnos y tener sólo el recuerdo del buen año que hemos tenido en una década o en dos.
Los rendimientos normales, que son los que la póliza de seguro quiere garantizar, por desgracia, en muchas comarcas son mucho más bajos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castro.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal