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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 343, de 08/11/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 343 P R E S U P U E S T O S PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA Sesión núm. 21 celebrada el martes, 8 de noviembre de 1994

ORDEN DEL DIA Dictaminar, a la vista del Informe de la Ponencia, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995. (Número de expediente 121/000067.) (Continuación.)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Se abre la sesión.
Señorías, no quiero dejar de manifestar, para cuando estemos exhaustos, el saludo y el agradecimiento a esta Comisión y a quienes en ella intervienen, aun no siendo de la misma, por el tono que demuestran, incluso el humor y la paciencia que han tenido hasta ahora y que van a seguir teniendo hasta que terminemos este debate de Presupuestos.
Asimismo, quiero agradecer a los servicios de la Cámara y muy especialmente a los letrados que nos acompañan y al Cuerpo de Taquígrafos y Redactores, porque sin su ayuda no nos sería posible llevar a cabo algo de tanta dureza y complejidad como SS. SS. saben que es este debate de la Comisión de Presupuestos.


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Dicho esto, comenzamos el debate de esta mañana con el Título VII, más las Secciones 32 y 33, para lo cual tiene la palabra, en primer lugar, el señor Fernández, por el Grupo Popular, para la defensa de las enmiendas de dicho Grupo.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, efectivamente, voy a defender la enmienda a la totalidad del Título VII, de los Entes Territoriales, que incluye el Capítulo I, Corporaciones Locales, Capítulo II, Comunidades Autónomas, abarcando, con su venía, en esta defensa las enmiendas correspondientes a los diferentes artículos que componen los dos capítulos que integran este título y, su vez --si me lo permite--, aquellas disposiciones adicionales que hacen referencia al contenido de este título.
Con su venía, señor Presidente, le anuncio que mi compañero de Grupo parlamentario Nicolás Villalobos defendería, al final de mi intervención, en una breve exposición, las enmiendas números 993 y 994, que hacen referencia a una peculiaridad de los municipios canarios, dada su condición de Diputado canario.
Hecha esta primera explicación, entro ya a lo que es la defensa y justificación de la enmienda de totalidad a este Título VII, de Entes Territoriales.
Comienzo por el Capítulo II, no por el I. Creo que, en este caso, la enmienda al Capítulo II, relativo a Comunidades Autónomas, señor Presidente, se la ha hecho al Gobierno directamente el grupo de expertos que están elaborando el libro blanco sobre la financiación autonómica. Es evidente que si, 14 años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas --la conocida comúnmente, como sabemos todos, LOFCA, aprobada en septiembre de 1980--, de los cuales no podemos olvidar que 12 de esos 14 años son bajo gobierno socialista, resulta que se tiene que hacer un libro blanco relativo a la financiación de las comunidades autónomas, que se encarga a un grupo de expertos, evidentemente técnicos y competentes en la materia, e independientes, dada su condición de expertos y técnicos y no políticos adscritos a uno u otro de los Grupos parlamentarios que integran esta Cámara, han dicho lo que ya conocemos a través de diversos medios de comunicación y, en su caso, por conversaciones directas con ellos o conocimiento directo de ese documento, de ese proyecto de libro blanco, lo que han dicho en relación a las comunidades autónomas, insisto, creo que con esa mera lectura estaríamos eximidos de justificar el porqué de nuestra enmienda a la totalidad. No obstante, nosotros nos apoyamos en ese previo dictamen del grupo de expertos para abundar aún más en nuestros argumentos; pero es evidente que no nos exime de la defensa de nuestra enmienda de totalidad.
Insisto y reitero que la existencia de un libro blanco quiere decir que el Gobierno --y en esto coincidimos plenamente con él-- considera que 14 años después de la aprobación de la LOFCA seguimos sin tener un adecuado modelo de financiación para las comunidades autónomas. Y sobre la base de lo que existe y, sobre todo, a los incumplidos --como ahora intentaré demostrar-- acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, me parece que queda bastante claro el íter gubernamental, racional y lógico que justifica nuestra enmienda de totalidad.
¿Qué decían los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992, por los cuales se aprueba el método para la aplicación del sistema de financiación autonómica, descrito y regulado en la LOFCA, para el quinquenio 1992/1996? Decía, en síntesis, como todos sabemos, que, además de fijar otros porcentajes de participación para las 15 comunidades autónomas de régimen financiero común en los tributos del Estado, se crearían unos grupos de trabajo, que, a su vez, deberían elevar para su consideración al Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera propuestas relativas a la solución de diversas cuestiones que se consideraba por ese Consejo absolutamente necesaria su resolución para poder avanzar en la terminación de los problemas de la financiación autonómica.
Igualmente, hacía referencia a tres cuestiones. En primer lugar, en la necesidad de evolucionar y avanzar en la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas en lo que hace referencia a esa financiación. En segundo lugar, hacía referencia a la necesidad de solventar de una manera definitiva, mediante un adecuado sistema de financiación, el capítulo de la sanidad. Y, en tercer lugar --y no hago un orden jerárquico, evidentemente, sino meramente enunciativo--, aplicar lo previsto en el artículo 15 de la LOFCA, relativo a la necesidad de asignar unos fondos de nivelación para garantizar un nivel de prestación mínimo y homogéneo en todo el territorio nacional en los servicios públicos fundamentales, lo cual nos lleva, evidentemente, a la necesidad de definir cuáles son esos servicios públicos fundamentales. Ni en eso, siquiera, ha avanzado desde entonces, 1 de septiembre de 1980, el Gobierno. Me permito decir que, sin embargo, nosotros, en un ejercicio de exceso de celo desde la oposición, habíamos avanzado algunas de las cuestiones o materias en las que a nosotros nos parece que deberían centrarse esos servicios públicos fundamentales, con independencia de que esa lista no debería tener el carácter exhaustivo, sino meramente enunciativo, y así hablábamos de la educación, de la sanidad, de la vivienda, de los servicios sociales..., por entender que, si hablamos de servicios públicos fundamentales para la comunidad, sin duda puede haber más, pero, en todo caso, difícilmente nos pondremos de acuerdo en que han de ser algunos de esos servicios públicos. Pues bien, ni siquiera en la definición de esos servicios públicos se ha avanzado; mucho menos, lógicamente, ya que no había sobre qué establecer esos fondos de nivelación, cumplir este tercer acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992.
Por el contrario, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho, con ocasión de la elaboración de este proyecto de ley de Presupuestos y dada la situación de apoyos parlamentarios que hay en esta Cámara, a los efectos de dar estabilidad y legitimidad al Gobierno tras las elecciones del pasado año, avanzar una solución sobre la sanidad, aunque no voy a entrar en su desarrollo ni en la descripción y justificación de esta enmienda de totalidad por entender que será en el capítulo

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correspondiente a sanidad donde se debatirá, que no resuelve los problemas de fondo, sino que hace una mera transferencia de partidas presupuestarias. Sin embargo, está claro que en el asunto de la corresponsabilidad fiscal ya tenemos algo más avanzado. No voy a reiterar los argumentos ya expuestos en el debate de Presupuestos del año pasado y cómo fue la necesidad de aprobar los Presupuestos del año 1994 lo que llevó a que el Gobierno accediera a lo que su socio parlamentario, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), le pedía, en cumplimiento --hay que reconocerlo, eso sí-- de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992, es decir, que la corresponsabilidad fiscal se centrara en la cesión de una parte de un porcentaje, fijado en el 15 por ciento, de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los diferentes territorios de cada una de las 15 comunidades autónomas de régimen financiero común. Ha pasado, por no haber hecho las cosas como se debían de haber hecho, y por eso presentamos enmienda de totalidad a este título y a este capítulo en el Presupuesto del año pasado y lo reiteramos ahora, que no hubo unanimidad, ni acuerdo ni consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y después hemos visto que algunas comunidades autónomas que se han considerado lesionadas en sus derechos han interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo en otra comunidad autónoma, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, unos grupos parlamentarios han adoptado un acuerdo mayoritario en el respectivo Parlamento autonómico que obliga a la denuncia de ese acuerdo y de la transferencia de ese 15 por ciento al correspondiente ejecutivo autonómico. Y, finalmente, para acabarlo de redondear, hemos visto lo que ya ha anticipado ese grupo de expertos que está elaborando el libro blanco sobre financiación autonómica. Nos parece a nosotros que eso sólo, y ya por sí mismo, justificaría esta enmienda. Si a eso, insisto, le añadimos lo que hemos comentado en relación con los fondos de nivelación, nos parece que está plenamente justificada la enmienda de totalidad a este capítulo II, de los entes territoriales, del título VII de este proyecto de Ley de Presupuestos.
En lo que hace referencia al capítulo I, de corporaciones locales, quiero comenzar reconociendo, en nombre de mi Grupo Parlamentario, que se ha avanzado algo en relación con la situación del año pasado. No obstante, no se ha avanzado lo suficiente como para que no hayamos presentado todavía enmienda a este capítulo I.
La aprobación de la ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, de diciembre de 1988, y lo que hemos visto a partir de la aprobación de esta ley, en cuanto a la evolución de los tributos locales creados en aquella ley, el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas y la historia por la que han pasado las corporaciones locales en su aplicación me exime en este caso de más comentario, sobre todo si tenemos presente que mi Grupo parlamentario ha presentado numerosísimas iniciativas parlamentarias desde entonces criticando la aplicación de esa ley y, sobre todo, criticando también la inaplicación de esa ley en lo que hacía referencia a la fijación de los criterios que ahí se establecían para el quinquenio 1989-1993 por parte del Gobierno en orden a la participación en las corporaciones locales en los tributos del Estado, ya que vimos que lo que se había pactado ahí después fue incumplido unilateralmente por el Gobierno. Ahora se ha rectificado parcialmente, es cierto. Ha habido un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno, acuerdo suscrito el 1 de agosto de 1993, donde se establece la participación en los ingresos del Estado por las corporaciones locales para el quinquenio 1994-1998.
Es verdad que, aparentemente, como decía el Ministro de Hacienda en su defensa de los Presupuestos hace unos días ante el Pleno de esta Cámara, que los Presupuestos teóricamente para corporaciones locales crecen bastante, alrededor de un 11 por ciento. Lo cierto es que, a la hora de la verdad, si establecemos una comparación homogénea entre lo que al final serán transferencias de verdad, en virtud de lo no presupuestado sobre el 95 por ciento como anticipo a cuenta, sino lo que será después previsiblemente la liquidación, en la práctica, como la propia FEMP determina, no vamos a estar en un 11 por ciento, sino en un 6,3. Lo mismo ocurre no sólo en los ayuntamientos, sino también en lo relativo a las comunidades autónomas uniprovinciales, no insulares, cabildos y diputaciones. Pero es evidente que, en todo caso, eso no justificaría la enmienda a la totalidad. Sí que lo justifica, sin embargo, a nuestro juicio, lo que está sucediendo en ese proyecto de Presupuestos y en este capítulo I en lo relativo al incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Como SS. SS., sin duda, saben, el artículo 9.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 39/1988, determina que cuando el Gobierno o las Cortes, mediante una ley aprobada en las mismas a iniciativa del Gobierno, eximan a diversas personas físicas y/o jurídicas de la exacción obligatoria correspondiente a algunos tributos locales, el Estado, lógicamente, deberá compensar a esas corporaciones locales por esas exenciones de ingresos fiscales a los que, en virtud de esas leyes o acuerdos del Gobierno, las personas físicas o jurídicas tienen derecho y que, lógicamente, reducen los ingresos fiscales previstos por las corporaciones locales.
¿Y qué está sucediendo en la práctica, señorías, y señor Presidente? Pues que, desde la publicación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sólo se han reconocido beneficios fiscales sobre tributos locales en 17 normas y, sin embargo, sólo cuatro han aplicado lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales. De tal suerte que en 13 supuestos de exenciones fiscales el Gobierno no está cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales y vuelve a lo mismo en este proyecto de Ley de Presupuestos, cuando en el artículo 94 vuelve a decir que sólo establece un crédito ampliable de 1.500 millones de pesetas para compensar a los ayuntamientos por los beneficios fiscales que haya concedido el Gobierno a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales (artículo 94). Por eso nosotros hemos presentado después una enmienda a la rúbrica de este artículo 94 y también una enmienda a su párrafo primero de modificación, previendo la necesidad de

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que envíe el Gobierno a las Cortes un proyecto de ley de créditos extraordinario para compensar a los ayuntamientos de estas pérdidas de ingresos que atentan claramente contra la autonomía local y financiera consagrada en la Constitución, reconocida en las leyes, especialmente en la Reguladora de las Haciendas Locales.
Nos parece que ese incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales y ese incumplimiento de la autonomía local y municipal justifican plenamente, en lo que hace referencia al Capítulo I, esta enmienda de totalidad.
Sobre todo si, insisto, recordamos que está siendo el Gobierno reiterativo en el incumplimiento de esta norma legal y también reiterativo en el incumplimiento de las promesas que, a estos efectos, había formulado a las corporaciones locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.
A estos efectos, quiero recordarle, señor Presidente, señorías, que nuestro Grupo Parlamentario, precisamente para atender a la necesidad de compensar a los ayuntamientos por estas minoraciones de sus ingresos fiscales por decisión unilateral del Gobierno, ha presentado hace unos días una proposición no de ley aquí en el Congreso en la que se propone que el Pleno del Congreso mandase al Gobierno a enviar ese proyecto de ley de crédito extraordinario para subvenir a esos ingresos fiscales con los que contaban, en principio, en sus presupuestos las corporaciones.
He intentado hasta el momento hacer referencia a los criterios generales que justifican nuestras enmiendas de totalidad a los capítulos I y II.
Con la venia del señor Presidente, yo incluiría, dentro de esta argumentación, las enmiendas relativas a las disposiciones adicionales de este proyecto de Presupuestos que hacen referencia directamente a este título VII, en particular a las previsiones contenidas en cuanto a la participación de las corporaciones locales, por un lado, y comunidades autónomas, por otro, en los fondos europeos, concretamente en el Feder y los Fondos de Cohesión.
Como SS. SS. saben, para los municipios o corporaciones locales, en general, de más de 50.000 habitantes, establece el proyecto de Presupuestos la posibilidad que reglamentariamente, es decir, por decreto aprobado en Consejo de Ministros, se establezcan los criterios de distribución de los 50.000 millones que, como dotación para inversión e infraestructuras de medio ambiente, se prevén en esa disposición adicional, así como también de los 15.000 millones que hay para complementar el fondo de corporación local en los municipios de menos de 50.000 habitantes.
Lo mismo podíamos decir en cuanto al criterio que se prevé en las disposiciones adicionales para regular reglamentariamente los criterios de participación y distribución de las comunidades autónomas en esos mismos fondos, los de infraestructuras de medio ambiente previstos en los Fondos de Cohesión y de infraestructuras en general.
Tengo que decir que, con esa previsión legal que se hace en este proyecto de ley de Presupuestos de regulación reglamentaria, se está violando en la práctica lo que prometió el señor Presidente del Gobierno en contestación a una pregunta parlamentaria que formuló el Diputado de nuestro Grupo Mariano Rajoy. Para que conste en el «Diario de Sesiones» y para ilustrar a SS. SS., les diré que fue la primera pregunta oral que contestó el señor Presidente del Gobierno en esta nueva etapa de mayor transparencia informativa, donde dijo, y consta en el «Diario de Sesiones», el señor don Felipe González que habría absoluta transparencia, absoluta participación de todos en la fijación de esos criterios reglamentarios. Me parece que esa participación de todos en la fijación de esos criterios reglamentarios no se garantiza por un decreto aprobado por Consejo de Ministros. No hablo de la legitimación ni de la legitimidad; hablo de criterios políticos. Por eso nosotros presentamos una enmienda en virtud de la cual, si se aceptara, cuando se aprobara el proyecto de ley, transformado en ley, obligaría al Gobierno a presentar una memoria, antes del 31 de marzo de 1995, ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, donde establecería los criterios generales, en orden a los cuales se va a atender a esa dotación y distribución de esos fondos en los cuales van a participar las corporaciones locales y comunidades autónomas. De esa manera atenderíamos a lo previsto en el Reglamento de esta Cámara, por una parte, y, sobre todo, atenderíamos, de verdad, la promesa de don Felipe González sobre esos criterios de transparencia, de participación democrática de todos los grupos políticos e instituciones implicadas en este proceso.
Es evidente que, mediante una comunicación del Gobierno ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, habría la posibilidad de hacer un debate y una votación que vincularía al legislativo en una decisión que, entendemos, si sólo es del Ejecutivo, incumpliría ese compromiso de don Felipe González, del señor Presidente del Gobierno, pública y solemnemente hecho en esta Cámara y, por otra parte, y es lo que nos parece lo más trascendente, garantizaría la transparencia, la objetividad, la defensa de los intereses generales, que de esta manera, insisto, estarían mucho mas asegurados que no con un decreto que, por muy bien intencionado que sea, va a responder, lógicamente, al interés político, legítimo, pero interés particular del Gobierno.
Por tanto, sobre estas tres consideraciones: atentar contra la autonomía local en virtud del incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se hace en la redacción del artículo 94 del Proyecto de Ley de Presupuestos, Capítulo I, que estamos comentando; Capítulo II, por incumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, relativo al quinquenio 1992-96, en cuanto a la financiación autonómica y que ha ratificado el grupo de expertos que está redactando, a iniciativa del Gobierno, un libro blanco sobre la financiación autonómica, y, por último, por el incumplimiento que se prevé en este proyecto de presupuestos de los compromisos contraídos en esta Cámara por el Presidente del Gobierno en cuanto a los criterios para la distribución entre las corporaciones locales y comunidades autónomas de los Fondos de Cohesión y Feder, fondos europeos en general, justificamos la enmienda a la totalidad a los capítulos que integran este título.


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No sé, señor Presidente si, llegados a este punto, sigo con las enmiendas a los diferentes artículos que componen estos títulos o si, por el contrario, considera que, una vez hecha este defensa general de la enmienda de totalidad, procede otro turno de intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Fernández, en este mismo turno haga la defensa de sus enmiendas concretas.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
En el artículo 87 uno, del Capítulo I, presentamos una enmienda de supresión, por cuanto decimos que no se garantiza con la cantidad que aquí se concreta el cumplimiento de acuerdo entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, de 1 de agosto de 1994, que recoge la cantidad de 655.887,7 millones de pesetas. Sé que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda técnica y tendremos ocasión después de discutirlo, pero quede constancia de que nuestra enmienda se refiere a que aquí no se recoge lo que en el documento suscrito entre el Gobierno y la FEM, que tengo aquí, se recogía. La diferencia es pequeña, pero hay que explicar por qué esa diferencia; si es un error material o de hecho o, por el contrario, está basada en otro tipo de argumentos que nos interesaría conocer.
Como he dicho, las enmiendas a los artículos 87.4 y 88.4, relativas a los municipios canarios, las defenderá, con su venia, mi compañero Nicolás villalobos.
De la misma manera que justificaba la enmienda anterior porque no recogía la cantidad exacta que, a nuestro juicio, debe recoger, de acuerdo con el convenio suscrito entre la FEM y el Gobierno, la enmienda al artículo 91, cuatro, tercero, a), de modificación, pedimos que se sustituya la cantidad de 2.480 millones de pesetas por 2.551 millones, que es la cantidad que figura en el proyecto de presupuestos, si se tiene en cuenta la pérdida sufrida en el ejercicio de 1994.
Ya he hablado antes de la rúbrica y el contenido del artículo 94 relativa a la compensación de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales. Baste recordar que en la previsión del artículo 94 de presupuestos simplemente se compensan las exenciones fiscales que hayan tenido como causa inundaciones u otras catástrofes de estas características, es decir, en general fuerzas mayores, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de acontecimiento imprevisible e inevitable o que, pudiendo ser previsto, son inevitables sus consecuencias. Por tanto, serían enmiendas a la rúbrica y enmienda al artículo 94, párrafo primero, donde, de acuerdo con la filosofía que subyace en el conjunto de enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley, abogamos por la supresión de los créditos ampliables.
Pedimos, para dotar a las comunidades y corporaciones locales de las compensaciones adecuadas, que el Gobierno remita un proyecto de ley de crédito extraordinario, en lugar de un crédito ampliable, y sólo de 1.500 millones, que es lo que está previsto que haya de sufragar única y exclusivamente a esas fuerzas mayores previstas en el proyecto de ley, es decir, inundaciones y otras calamidades o catástrofes.
El artículo 97, sexto, hace referencia a la documentación que han de presentar las corporaciones locales para tener derecho a las subvenciones destinadas a financiar el servicio de transporte público colectivo de viajeros. El proyecto de ley dice que han de aportar la documentación necesaria y exigible, según el proyecto y la Ley Reguladora de las Bases de Haciendas Locales y otras disposiciones que regulan la materia, antes del 31 de marzo de 1995, y que si no lo hacen así se quedan sin la subvención. Con nuestra enmienda mejoramos la situación de las corporaciones locales que no tienen por qué renunciar de una manera tan sencilla a un derecho tan claro y tan necesario, por otra parte, y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad jurídica.
Decimos que han de presentar la documentación exigible y que mientras haya, aunque sea fuera de plazo, partida presupuestaria disponible, que tendrán derecho a esa subvención. De esta manera nos quedamos a medio camino entre la excesiva cerrazón del proyecto de ley y lo que sería para las corporaciones locales, que nos parecen también excesivas por su parte, puesto que sería tanto como dejar «sine die» abierta la posibilidad de que puedan aportar documentación. Eso atentaría contra la necesidad de tener cerradas las cuentas del Estado en un período determinado y con una seguridad jurídica adecuada. Es decir, frente a la necesidad de aportar antes de una fecha determinada la documentación exigible para tener la subvención, y que si no es así se quedan sin subvenciones, nosotros decimos que, aunque incumplan la fecha, si la partida presupuestaria todavía tiene dotación, podrán tener derecho a esa subvención. Pido, señorías, que atiendan a lo que decimos porque lo que se pretende es mejorar lo que hay, sin dejar abiertas «sine die» las cuentas del Estado y que no podamos liquidarlas, ni siquiera con el retraso que ya lo hacemos en estos momentos.
Doy por defendida la enmienda al artículo 98, en cuanto a la posibilidad que tiene el Estado de retener, para compensar las deudas de los municipios, hasta el 50 por ciento de las deudas que hagan referencia al crédito que haya a favor del Estado en relación con los municipios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y donde nosotros lo bajamos al 25 por ciento. En la justificación que damos en la redacción de la enmienda está suficientemente explicado como para entender que parece que el 50 por ciento es excesivo y que con el 25 por ciento habría más que suficiente.
Eso mejoraría, sin duda, la situación de las corporaciones locales y no atenta, en absoluto, contra la necesidad de velar, sobre todo nosotros, por las cuentas del Estado.
Paso a las enmiendas del Capítulo II, Título VII. Ya he dicho que, en cuanto a la enmienda a la totalidad, se basaba en estos criterios generales que después se traducen en estas enmienda al articulado, de las que voy a hacer una referencia sucinta a algunas de ellas.


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En la enmienda al artículo 100, cuatro, proponemos sustituir la redacción que se da en el proyecto de ley de que será efectiva la liquidación correspondiente en los quince días siguientes a la práctica de la misma con cargo al crédito, por que se haga efectivo a los quince días siguientes a la práctica de la liquidación durante el tercer trimestre de 1996, que es lo que dice el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero de 1992. Lo que está pactado y firmado por los integrantes del Consejo lo ha de respetar el Gobierno. Y no lo respeta en su literalidad ni, a mi juicio, inclusive, en su espíritu con la redacción que se propone al artículo 100, cuatro, del proyecto de presupuesto.
Por la misma razón y con la idea de cumplir adecuadamente con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992, proponemos una enmienda de adición al artículo 100, cuatro, con un párrafo que dice: «En el supuesto de que el Estado no pueda hacer frente en el plazo fijado a la liquidación definitiva de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, recurrirá a un anticipo de tesorería.» En presupuestos anteriores habíamos abogado por unas enmiendas que decían que al retrasarse el Estado y generar en la práctica costos financieros derivados de problemas de tesorería, esos retrasos en la liquidación suponían para las comunidades autónomas que se les pagaría un interés de demora. Nos parece que no es la forma más ejemplar y adecuada como relación entre las administraciones públicas, en este caso la del Estado, y las administraciones autonómicas, la que se paga en intereses de demora, pero sigue existiendo el problema que justificaba aquella enmienda, es decir, que, en la práctica, las comunidades autónomas --insisto en lo de en la práctica--, según la información que en el trámite previo a este debate de presupuestos ha suministrado a esta Cámara el Director General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, la experiencia recogida y reconocida por las diferentes comunidades autónomas, con independencia de su color político, así lo avalan, y es que en la práctica esos retrasos tienden a disminuir, es justo reconocerlo, pero siguen existiendo y ocasionan costos financieros a las comunidades autónomas. Nos parece que la fórmula que proponemos de que podrán recurrir a un anticipo de tesorería compensaría de ese exceso de gasto por un costo financiero a las comunidades autónomas, y va inserta en lo que fue el espíritu de los acuerdos de 20 de enero de 1992. Esto sirve tanto para la liquidación definitiva como para los pagos que con carácter mensual por doceavas partes tienen que hacer de su participación en los ingresos del Estado y que recogen los presupuestos Generales.
Hago gracia de la enmienda al artículo 102, que, con todos los respetos, y a mi juicio, se explica por sí misma, así como a la disposición adicional vigésima, párrafo primero, que es la relativa a la necesidad de que el Gobierno remita antes del 31 de marzo de 1995 a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados una comunicación, la que se fije en los criterios de reparto, para su debate y aprobación en las Cortes Generales. Estoy hablando de los criterios de reparto relativos a la financiación de infraestructuras para la mejora del medio ambiente hasta una cuantía de 30.000 millones, procedentes en igual porcentaje del FEDER y los fondos de cohesión para los municipios con población de más de 50.000 habitantes.
Lo mismo cabe decir respecto a una disposición adicional nueva que proponemos relativa a las comunidades autónomas, porque entiendo que con la explicación que he dado antes queda plenamente entendida cuál es la motivación, cuál es la justificación de esta enmienda, que sin duda ha de beneficiar a la credibilidad del Gobierno y, lo que es más importante, a los criterios objetivos que han de servir de base para el reparto de estos fondos europeos, que, lógicamente, deben ser distribuidos con carácter objetivo entre las corporaciones locales y comunidades autónomas.
Señor Presidente, éste es el conjunto de las enmiendas que a este Título VII presenta mi Grupo, que serán complementadas con las dos que, con su permiso, defenderá ahora, por ser relativas a los municipios canarios, mi compañero Nicolás Villalobos.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra su compañero el señor Villalobos para defender esas enmiendas.


El señor VILLALOBOS DE PAIZ: En una muy breve intervención me corresponde defender, en nombre del Grupo Popular, las enmiendas números 993 y 994 al apartado 4 del artículo 87 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y al mismo apartado del artículo 88.
A través de estas dos enmiendas se persigue equiparar a los municipios canarios al resto de los municipios españoles en cuanto a su participación en los tributos del Estado. Se pretende que los municipios de las islas canarias participen en los tributos del Estado en condiciones de igualdad con el resto de los municipios españoles, ya que hoy, a tenor del texto de los artículos que enmendamos, ven recortada su participación en el capítulo 2 de los ingresos del Estado al 36 y 37 por ciento de lo que le corresponde en virtud de su población.
El régimen económico fiscal especial de Canarias encuentra su causa justificadora en la necesidad de compensar las desventajas económicas que en términos de encarecimiento de sus abastecimientos exteriores y de obstáculos al desarrollo de sus actividades productivas le vienen impuestas por su condición geográfica de aislamiento y de lejanía del resto del territorio nacional. El núcleo esencial del régimen especial canario se vino a plasmar históricamente en dos formas de compensación: las franquicias aduaneras de sus puertos y las franquicias fiscales al consumo, por el que se aplicaba en Canarias un régimen de imposición más benigno que el vigente en el resto de España.
Así, pues, es cierto que, en virtud de estas especialidades, las islas Canarias contribuyen a los ingresos del Estado en menor proporción que el resto de las regiones españolas. Pero es igualmente cierto que con ello se trata de compensar las referidas desventajas económicas de su situación de aislamiento y lejanía del resto de España.


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De ahí que se constituya como regla básica de la normativa reguladora del REF la prohibición de que los beneficios que se derivan del propio régimen sean contrarrestados, rebajados o anulados por otras medidas que discriminen a las islas Canarias respecto del resto de las regiones españolas en cuanto receptoras o beneficiarias de un mayor gasto público corriente o de inversión con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Así lo establece el artículo 6.2 de la Ley 30/1972, de 22 de julio, del régimen económico fiscal de Canarias y así lo establece el artículo 3.2 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal, que dispone que la existencia del régimen especial no dará lugar a disminución del volumen de gasto público estatal corriente de inversión destinable a las islas en ausencia del mismo.
Pues bien, desafiando esa inequívoca y clara voluntad de la ley, año tras año los municipios canarios han visto cómo los Presupuestos Generales del Estado practicaban un injustificable cercenamiento en su participación en el capítulo 2 de ingresos del Estado, discriminándolos respecto al resto de los municipios españoles al recortarse su coeficiente por población a un porcentaje inferior al que realmente le corresponde.
Una larga y tenaz lucha de los municipios canarios y, por último, el generoso apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, han conseguido ir elevando el referido porcentaje hasta el 37 por ciento para el próximo año 1995, previéndose que en 1998 se alcance el 40 por ciento.
Sin desconocer lo positivo de los últimos avances, nuestra postura es que la participación de los municipios canarios en el capítulo 2, de los ingresos del Estado, debe estar equiparada al cien por cien con el resto de los municipios españoles. Porque otra cosa sería contraria al régimen especial de las islas Canarias y a las leyes que lo regulan.
Los beneficios que se derivan de las especialidades fiscales canarias tienen por objeto compensar las desventajas económicas de su situación geográfica de aislamiento y lejanía. Y por imperativo de la propia norma reguladora, en ningún caso pueden ser contrarrestados, anulados o restringidos por una disminución de los gastos del Estado en el archipiélago, en este caso por una disminución de las transferencias corrientes a las corporaciones locales que figuran en la sección 32, del estado de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.
Por estas razones pedimos el voto favorable de esta Comisión a nuestras enmiendas números 993 y 994.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de orden. Se me había olvidado que la sección 32 y 33 quedaban incluidas.
Entiendo ya defendidas en sus propios términos las enmiendas a la sección 32 por los criterios que he señalado como justificativos de la enmienda a los capítulos 1 y 2, corporaciones locales y comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Hinojosa para la defensa de sus enmiendas.


El señor HINOJOSA I LUCENA: En este título tenemos la enmienda 862 a 864, que doy por defendida para su votación posterior.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos para la defensa de sus enmiendas.


El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar argumentar las enmiendas que presentamos al Título VII del proyecto de ley y a las secciones 32 y 33.
El bloque de enmiendas que Izquierda Unida presenta va dirigido a fortalecer, aun reconociendo que este año ha dado un paso hacia adelante con el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y el propio Gobierno, a incrementar o favorecer a los municipios en su participación en los ingresos del Estado y en los recursos que deben recibir.
Por otro lado, van dirigidas nuestras enmiendas a las comunidades autónomas para incorporar este año el compromiso aplazado desde el año 1981 de la nivelación de los servicios del artículo 15 de la LOFCA y el incremento del Fondo de Compensación Interterritorial hasta el 40 por ciento de la inversión nueva del Estado.
El objetivo, por tanto, es fortalecer la participación de las comunidades y de los propios municipios.
La enmienda 564 va dirigida al artículo 87, al final, para adicionar un nuevo apartado 7, que propone crear un fondo para la mejora de la participación en los ingresos de los municipios menores de 20.000 habitantes. Lo cierto es que los municipios pequeños de mayor dispersión, de mayor territorio, en los que cuesta más trabajo prestar servicio, son los que reciben una respuesta menor del Estado. Es cierto que el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y el propio Gobierno está más mediatizado por las grandes ciudades y los grandes municipios que por los pequeños y medios.
Por tanto, el objetivo es facilitar la participación en los ingresos del Estado de estos municipios con un fondo de 30.000 millones de pesetas. Lo que nosotros hacemos aquí, puesto que no planteamos en el texto la propuesta, la idea, es autorizar al Gobierno para que, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de los presupuestos, establezca las condiciones para la distribución de este fondo. Es verdad que hay una organización de municipios que pide una distribución por igual, pero muchas veces lo que iguala desiguala y hay que tratar desigual a los desiguales.
La enmienda 565 va dirigida al artículo 88.1. Es un objetivo que en realidad no supone mayor gasto al propio Gobierno. Esta enmienda pretende que los municipios tengan el mismo tratamiento que en la actualidad tienen las comunidades autónomas. A la hora de liquidar la participación en los ingresos del Estado del año 1995, que el crédito presupuestario, la entrega a cuenta que se hace a los municipios, en lugar de estar cifrada en el 95 por ciento, se establezca en el 98 por ciento, cifra idéntica a la que tienen ahora mismo las propias comunidades autónomas.
Por tanto, nosotros lo que intentamos es establecer la misma actuación para cada uno de estos entes territoriales, con lo

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cual las arcas municipales tendrán más recursos durante este ejercicio y tendrán que recurrir menos a gastos financieros para obtener liquidez a la hora de actuar.
La enmienda 566 va dirigida al artículo 92. El artículo 92, uno, habla de las entregas a cuenta de las participaciones a favor de las comunidades autónomas. Lo cierto es que se establecen unos pagos mensuales por parte del Estado hacia los ayuntamientos. Esos pagos pueden hacerse mensualmente o pueden aplazarse en el tiempo. Lo que nosotros proponemos es que, si se aplaza en el tiempo, el Estado haga frente a los intereses de ese aplazamiento, puesto que los ayuntamientos tendrán que hacer frente también a esos pagos.
La enmienda 567 se refiere al artículo 95,3, y pretende que en ese apartado 3, de las subvenciones a las entidades locales, se recojan, además de las centrales hidroeléctricas que contempla el propio proyecto de ley, las centrales de generación eléctrica convencional. ¿Cuál es el objetivo? La compensación a los municipios en los que exista una central eléctrica convencional, que ahora mismo estaría excluida, puesto que solamente recibirían esta subvención o aportación los municipios que tuviesen centrales hidroeléctricas.
La enmienda 568 pretende añadir un nuevo artículo dentro de la Ley de Presupuestos para facilitar que los ayuntamientos puedan gestionar todo lo que va a ser (gracias a ese acuerdo con la Federación Española de Municipios) la participación de los municipios en los fondos europeos, sobre todo en el Fondo de Cohesión. ¿Cuál es el objetivo? Que el propio Ministerio de Economía y Hacienda establezca un convenio con el Banco de Crédito hacia los municipios de hasta 45.000 millones, que son los recursos que pueden administrar, para financiar los proyectos que, correspondientes a los fondos de infraestructuras para el medio ambiente y al fondo de infraestructuras locales, puedan acometer los ayuntamientos. Estos créditos serían aportados al final por los propios fondos (cuando se liquide o se haga frente al pago de ese proyecto se amortizarían) y los municipios se harían cargo de los intereses. Por tanto, sería facilitar que los municipios pequeños, que tienen poca capacidad de endeudamiento municipal, puedan acometerlo, adelantando así las obras y las actuaciones de estos fondos de infraestructuras, de mejora del medio ambiente y del fondo de infraestructuras locales.
Las enmiendas 570 y 571 van dirigidas a fortalecer todo lo que pudiera tener de filosofía de corrección de desequilibrios el FCI. El Fondo de Compensación Interritorial este año plantea un 35 por ciento. En la explicación de esta propuesta el Gobierno dice que, si se hubiese mantenido el 35 por ciento, la cifra de 128.000 millones incluso se hubiera tenido que reducir. Pero hay que reconocer que esta cifra de 128.000 millones es la misma en los últimos tres años; por tanto, está congelada, no compensamos territorialmente al Estado si no incrementamos esa actuación. ¿Cuál es la propuesta de Izquierda Unida? Elevar hasta el 40 por ciento de la inversión nueva con la idea de, al año siguiente, elevarla al 45 por ciento. Es decir, el Estado, de toda la inversión nueva que vaya a acometer este año, un 40 por ciento la debe destinar a corregir, a compensar territorialmente a las zonas más desfavorecidas, y el resto a todas las actuaciones en general. Este sería el objetivo de las dos enmiendas. Por tanto, una fija el 40 por ciento y la otra eleva a unos 16.000 millones de pesetas la propuesta del Gobierno que nosotros distribuimos entre las distintas comunidades, en la enmienda a la Sección 33, con los mismos criterios de la Ley del Fondo. Por tanto, hemos aplicado esos mismos criterios y hemos distribuido esos 16.000 millones de más para obras y actuaciones que gestionan las comunidades autónomas en política que ellos mismos deciden.
La enmienda 569, igual que la 592, que se refiere a una disposición adicional que después discutiremos cuando lleguemos a las disposiciones adicionales, y las enmiendas que dirigimos a la Sección 32, tienen un objetivo: pretendemos un nuevo artículo 104 bis del proyecto de ley y, dentro de la sección, que se introduzca un programa nuevo, un fondo de nivelación, para cumplir con ese compromiso de nivelar los servicios de las comunidades autónomas, puesto que todos los ciudadanos de este país no reciben por igual los servicios que el Estado presta a través de su parte de Estado que es la comunidad autónoma.
Este fondo de nivelación, que explicamos, como decía, en la enmienda que pretende la adición de un nuevo programa 911-E, cumple ese olvido (que ha sido declaración inclusive) de los acuerdos del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque yo reconozco que los criterios de distribución serán complicados y conflictivos a la hora de discutirlos comunidad a comunidad.
Por tanto, la enmienda 569 pretende introducir en el articulado de la ley ese fondo de nivelación que después desarrollamos.
La enmienda 826 va dirigida a la totalidad de esta sección 32, con el objetivo de devolverla, pero haciendo una propuesta. No queremos caer en la crítica de suprimir o devolver secciones o propuestas del Gobierno, sino plantear cuáles son las deficiencias que le encontramos y cuál sería indicativamente el camino que nosotros andaríamos. Hay que reconocer que esta propuesta lo que intenta es abrir un debate o, por lo menos, indicar el contenido de un debate.
Al proponer la enmienda de Izquierda Unida un programa nuevo, aporta a la memoria de objetivos, en la estructura de funciones y programas, una descripción de los objetivos que el programa tendría. Fundamentalmente, el fondo debe incrementar la participación de los ingresos del Estado por nivelación de los servicios mínimos, desarrollando así el artículo 15 de la LOFCA, y ese compromiso prescribe una garantía de que las comunidades podrán disponer de recursos suficientes para prestar en condiciones ese nivel de servicio que ahora mismo no se está haciendo.
¿Cuáles serían los criterios para elaborar este fondo de nivelación? Fundamentalmente cuatro: primero, una equiparación a la media de todas las comunidades autónomas, equiparación a la calidad o al tipo de servicio. Segundo, una mejora de la suficiencia, en función de los habitantes que tiene cada comunidad. Tercero, una corrección de esa financiación por habitante en función de la renta que tiene cada una de las zonas. Es verdad que, en función de que hay más renta, los ciudadanos se dirigen a otras ofertas del

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sector privado para satisfacer necesidades, mientras que, donde el nivel de renta es inferior, se tiene que dirigir a la oferta pública de los servicios que prestan las propias administraciones regionales. El cuarto objetivo sería la corrección en función de la población por dispersión.
Por tanto, introduciríamos una compensación a los archipiélagos, por ejemplo, en un 20 por ciento, a las regiones que tienen muchos municipios y pequeños, de menos de 100 habitantes, como Galicia, a los municipios que tienen de 200 a 600 habitantes, como Asturias, o de 1.000 a 1.500, como Castilla-La Mancha. Por ello proponemos una corrección para que los servicios que se prestan con este grado de dispersión puedan mejorar.
La distribución de este fondo sería de 121.000 millones de pesetas y con estos criterios hemos hecho una cuantificación y hacemos una propuesta por la que todas las comunidades autónomas salen mejoradas. Es verdad que salen más mejoradas las que tienen una situación peor siguiendo estos cuatro criterios.
La enmienda número 830 es la misma: la distribución por comunidades autónomas de esta propuesta.
Las enmiendas 827 y 828 van dirigidas a entes territoriales. Esta sección recoge aportaciones que el Estado hace a las comunidades autónomas; por ejemplo, porque sirva de recordatorio, los 5.000 millones de pesetas para los mozos de escuadra; por ejemplo, la financiación del área metropolitana para Barcelona y para Madrid en lo que son transportes del «metro», etcétera. (Esta es una explicación, solamente; no pretendo quitar esas partidas presupuestarias.) Pues bien, lo que pretende Izquierda Unida es que las partidas para la Comunidad de Madrid se incrementen, tanto para las de obras de infraestructura del ferrocarril metropolitano, en 2.000 millones de pesetas, como la inversión en material móvil, para lo que significa reposición del material derivado de la ampliación de la red y la necesidad de renovación del material que ahora mismo utiliza el servicio del ferrocarril metropolitano.
Y termino, señor Presidente, porque las enmiendas 831 y 832 son las enmiendas que he explicado antes sobre el Fondo, en este caso a la Sección 33.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo parlamentario tiene una única enmienda al título VII, que es la número 315, dirigida al artículo 103, que es el que regula el régimen de transferencias a las comunidades autónomas.
Nosotros presentamos una enmienda de modificación a este artículo, por la que pretendemos que haya una adecuación del texto previsto en el proyecto de ley a los regímenes de transferencias establecidos bien para comunidades como la catalana, la vasca, la navarra, etcétera, o bien para el resto, donde existen unos reales decretos que regulan el régimen de traspasos entre la Administración central y las comunidades autónomas. A nuestro juicio, es necesario que de alguna manera el proyecto de ley recoja el régimen ahí previsto. Por ello nuestro Grupo plantea, además, que la valoración que se establece en el proyecto de ley para las transferencias a las comunidades autónomas se realice en pesetas del año 1995 y no en pesetas de 1990, como plantea el proyecto de ley.
Nuestro Grupo parlamentario entiende que este artículo 103 tiene que ser más acorde con el régimen regulador de las transferencias a las comunidades autónomas, regulado, por cierto, por reales decretos del Gobierno central. Por ello hemos presentado esta enmienda de modificación para adecuar ese texto a los regímenes previstos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): He de preguntarle si la enmienda 313, que sí figura en la relación de enmiendas de su Grupo, se entiende retirada.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: No, señor Presidente, se mantiene en vigor.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): De acuerdo. Tiene la palabra el señor Mauricio, por el Grupo de Coalición Canaria.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Si SS. SS. prestan un mínimo de atención, voy a intentar argumentar el conjunto de enmiendas que hemos presentado al título VII y a la Sección 32. Son dos bloques que están basados en la misma argumentación, que iré repitiendo en el debate de las diferentes secciones y que se basan en un hecho muy específico, como es el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
De entrada tengo que decir que nuestro Grupo va a apoyar el conjunto de enmiendas presentadas por otros Grupos que se refieren a la mejora de la financiación de las corporaciones locales y para que sea la base del gran pacto social del que está necesitado este país en este momento.
A mi Grupo le preocupa, y estoy convencido de que probablemente esa preocupación no es compartida por muchos otros, que, quizá, llevados por el momento político de este país, donde las historias de corrupción, etcétera, ocupan la atención necesaria del conjunto de los ciudadanos españoles, ello nos lleve a olvidar excesivamente problemas específicos y complejos que vive el conjunto del país y sobre todo una comunidad tan particular como la canaria. A lo que voy directamente, señor Presidente, señorías, es que el 6 de julio de este año, recientemente, hemos aprobado la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo que supone una actualización de los fueros históricos de las islas, tal como había establecido la Constitución española en su disposición transitoria tercera, etcétera, sobre la necesidad de un tratamiento específico para Canarias.
En el mismo se dice, en su artículo 1.º, en el momento más importante de la ley --el de la declaración de intenciones--, que se trata de garantizar que la lejanía e insularidad de Canarias, que la convierten en región ultraperiférica de la Unión Europea, sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes. Para ello, al mismo

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tiempo, en el apartado 6 se establece un conjunto estable de medidas económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo económico y social de Canarias, que en estos momentos vive una situación de crisis y, sobre todo, de niveles de paro insoportables que es necesario articular con urgencia.
Esta declaración reciente de las Cortes Generales mediante la aprobación de la Ley del 6 de julio, tiene siete u ocho grandes apartados, de los cuales ahora sólo me referiré a dos, que son los bloques a los que hemos presentado enmiendas. Se refieren al transporte público de viajeros y a la equiparación de las corporaciones locales canarias, cuya misma línea argumental y de razonamiento justifica la mayoría de nuestras enmiendas a los Presupuestos del Estado de este año.
Empiezo por referirme al transporte público terrestre, artículo 8.º Ahí se dice que se reconoce al transporte público regular de viajeros el carácter de servicio público esencial. ¿Por qué la Ley declara el carácter de esencial? En unas islas donde sólo hay transporte de superficie, donde no hay ferrocarriles, ni «metro» ni ninguna otra alternativa al transporte público de viajeros; en unas islas que tienen un territorio muy limitado, sobre todo en las islas más pobladas, donde tienen una densidad demográfica enorme, se ha llegado a una situación de práctico colapso, a una situación terrible que está necesitando de inversiones enormes de infraestructura en carreteras, ya que, además, están provocando un desequilibrio medioambiental tremendo en estos dos territorios --las dos islas mayores-- y que necesita, frente a esa situación, un apoyo decidido al transporte público de viajeros. Ese apoyo lo lleva a cabo la política española mediante importantes subvenciones.
En los Presupuestos Generales de este año aparecen importantes subvenciones al transporte. Naturalmente, eso no afecta a Canarias, pero, en concreto, sí al programa-contrato de Renfe, que ya está recogido en estos Presupuestos, aunque no sé si ya está firmado o a punto de firmarse, no sé en qué nivel está, pero, en cualquier caso, el Estado, con mucha razón, invierte del orden de 1,6 billones de pesetas en los próximos cinco años con una cantidad entre subvenciones e inversiones que significa alrededor de 300.000 millones de pesetas/año en política de subvención para inversión en transporte. En la proporción que teóricamente nos correspondería, nosotros estamos enormemente por debajo, ni siquiera pedimos esa proporción, pero sí que a las empresas públicas de Canarias se les reconozca el carácter de servicio público esencial.
Por ello presentamos una enmienda que ha sido aprobada por los ayuntamientos principales de Canarias y por todos los grupos políticos, en el sentido de que se prevea una subida de 2.050 millones a los cuatrocientos y pico que están previstos para ciudades de más de 50.000 habitantes, hasta llegar a los 2.500 millones de pesetas, que es el déficit de explotación calculado actualmente para el conjunto de estas empresas de transporte en las islas Canarias. Esto no es más que cumplir el artículo 8.º del REF y el principio de solidaridad de que todos los ciudadanos españoles tengan una nivelación de servicios. Si el servicio de transporte público regular de viajeros es un servicio público esencial, la nivelación estaría muy por encima de nuestra enmienda, muy por encima, repito, probablemente cuatro veces superior a nuestra enmienda. Simplemente estamos pidiendo lo imprescindible y necesario para mantener el transporte público regular de viajeros, cuya desaparición o crisis está produciendo en este momento, sobre todo en «gua-guas» municipales de Las Palmas, una situación insoportable, terrible, a punto de una crisis que está provocando serios conflictos y tensiones. Si esto no se resuelve, la situación del transporte en Canarias empezará a entrar en una fase absolutamente dramática y de colapso.
Nosotros hemos presentado un bloque de enmiendas, que comprende las números 445, 447 y, en la Sección 32, la número 484, que simplemente concretan este artículo 8.º del REF, ya aprobado y que obliga a todos los Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, entiendo yo, máxime cuando el propio Senado, recientemente, en el debate sobre el estado de las autonomías, aprobó por unanimidad instar al Gobierno de la Nación para que, en estrecha colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, desarrolle y dé pleno cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley de 6 de julio de 1994, de modificación de las bases económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Se trata justamente de esto, y ya me oirán repetirlo insistentemente a lo largo de todo el debate presupuestario, de siete u ocho grandes disposiciones que intentan dar cauce al hecho diferencial canario, difícil de entender desde un territorio continental, en el que está la Península, a mil kilómetros de distancia de ese continente, pero la articulación del hecho diferencial canario en un proceso acelerado de integración europea y desde perspectivas de situaciones de ventajas comparativas enormes de los territorios continentales. Por cierto, hay que decir que la Unión Europea ha sido mucho más sensible y que, a través del Poseican y de otros instrumentos económicos-financieros, etcétera, reconoce el carácter de región ultraperiférica de Canarias y le da un tratamiento diferenciado. En el caso de España sólo hay declaraciones retóricas, como en este REF, en su artículo 1.º, pero que después no tienen concreción, porque a los ministerios, a la hora de elaborar el presupuesto, les pesa enormemente su vivencia de ciudadanos peninsulares y no insulares, hasta el punto de que en el artículo que nosotros pretendemos modificar se habla de la necesidad de dar cumplimiento al REF. Según nuestras noticias, había una partida específica para esto, el transporte público, en la sección correspondiente, que desapareció con el último recorte que se hizo antes de ir a Bruselas a presentar los presupuestos y la política de convergencia del Estado.
El segundo bloque de enmiendas comprende las números 442, 443 y 444, y su argumentación coincide con la que ha expresado el señor Villalobos, Diputado del Grupo Popular. Se refieren a la equiparación de los ayuntamientos canarios, porque, efectivamente, en el artículo 3.º del REF se dice que la existencia de un régimen económico-fiscal en el archipiélago no dará lugar en ningún supuesto a la disminución del volumen del gasto público estatal ni de la inversión destinable a las islas en ausencia del mismo. Sin embargo, se viene argumentando que el carácter de la imposición

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indirecta canaria que ayuda a la financiación de los municipios canarios, obliga a un recorte en la participación de los ayuntamientos canarios en el fondo de participación de las haciendas locales.
Aunque aquí se argumenta que eso quiere decir que esta financiación, establecida ahora entre el 36 y 37 por ciento de los años 1994 y 1995, se basa en el propio REF. Sólo en el REF de 1972 se dice, en el artículo 28, que los municipios canarios participarán en el fondo nacional de haciendas municipales en la proporción que reglamentariamente se determine, sin que nadie diga cuál es. Esto ha sido motivo de que todos los ayuntamientos canarios hayan venido exigiendo, por el coste de insularidad, de lejanía, etcétera, participación, de acuerdo con el artículo 3.º del REF, en igualdad de condiciones. Curiosamente, las sucesivas asambleas de la Federación Española de Municipios y Provincias han aprobado este planteamiento y han pedido que el Estado negocie una fórmula para la equiparación de los ayuntamientos canarios.
Aquí lo que se hace es pasar del 31 por ciento al 36 y luego al 37, sin tener en cuenta que el argumento, si es que existe, de que los ayuntamientos canarios tienen una financiación propia en el artículo 2.º, en los impuestos indirectos, no sirve, porque precisamente la integración en la Unión Europea nos obliga a ir bajando, a un descreste del APIC --Arbitrio sobre la Provisión e Importación de Canarias--, que es una figura impositiva que tiene una gran capacidad recaudatoria y que empieza a descrestarse el 1 de enero de 1996 en una proporción del 20 por ciento anual, con una desaparición absoluta al final de siglo. Esto conduce precisamente a una pérdida del argumento, de la justificación, y, naturalmente, de los fondos. Ante ello, es necesario entrar en la discusión en serio de una equiparación progresiva, que, por supuesto, no puede empezar en el 36 por ciento y culminar en el 40, que es la propuesta que nos hace el Gobierno, absolutamente insuficiente, inaceptable y que yo espero que este Congreso de los Diputados, en su Comisión de Presupuestos, corrija, puesto que es una simple cabezonería de un gobierno que, repito, sólo tiene en cuenta su visión, que representa el 90 por ciento del Estado, una visión peninsular, y empieza a entender el hecho insular.
Termino manifestando el incumplimiento del REF en estos presupuestos. No sólo en estos dos artículos sino en los sucesivos que iré presentando a lo largo de hoy y mañana, se demostrará que hay un incumplimiento flagrante de la Ley del 6 de julio, cosa que, lamentablemente, puede causar un conflicto muy grave entre el Estado y Canarias, que nosotros, por supuesto, no deseamos. Nosotros mantenemos siempre una actitud moderada y constructiva, buscando la mejor solución de los problemas, pero esto puede provocar un conflicto de graves proporciones, y eso es un problema de Estado; no es un problema de una comunidad autónoma que en un momento determinado hable aquí de agravios comparativos y demás historias, sino que esto va a provocar un problema grave. El que avisa no es traidor y yo advierto que sería bueno que se diera cumplimiento a lo que el Congreso y el Senado han aprobado recientemente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Mixto, Unión Valenciana, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a defender las enmiendas al Título VII y a la sección 33, respecto a las que mantengo discrepancias en relación con el proyecto presentado por el Gobierno Socialista.
En primer lugar, respecto al Título VII, quiero dejar claro que la enmienda 274, al artículo 88, de la diputada del Grupo Mixto señora Rahola Martínez, se da por defendida en los propios términos que recoge la enmienda.
Mis enmiendas son dos: una al Título VII, la número 37, y otra, la enmienda de totalidad con petición de devolución, a la Sección 33, referente al Fondo de Compensación Interterritorial.
Respecto a la primera, la número 37 al artículo 88, es una enmienda de adición; crearíamos un apartado nuevo, el apartado seis, referente a la financiación del Conseill Metropolitá de lÕHorta de Valencia. Con esta enmienda de adición pretendemos que se declare el área metropolitana de Valencia como beneficiaria de las dotaciones previstas, en los mismos términos y características que las recibidas por las áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona. La cantidad que contemplábamos no podía ser inferior a 3.000 millones de pesetas y se trataría presupuestariamente con la baja en igual cuantía de la sección 31, correspondiente a gastos de diversos ministerios.
La justificación de presentar esta enmienda por enésima vez es poner fin de una vez por todas a la discriminación del área metropolitana de Valencia y de su ente, el Conseill Metropolitá de lÕHorta, y que ésta perciba aquellas dotaciones compensatorias previstas para otras áreas metropolitanas reconocidas vía presupuestos.
Nuestra enmienda pretende obtener financiación para el Conseill Metropolitá de lÕHorta, que agrupa 44 municipios y contempla una realidad que no puede ser olvidada, desconocida y, de ninguna manera, desconsiderada: un millón trescientos mil ciudadanos, un transporte público colectivo común prestado por la Empresa Municipal de Transportes y el Consorci Valenciá de Transports; unos servicios de saneamiento de aguas comunes, residuos públicos, tanto en su tratamiento como en su reciclaje, cuestiones de infraestructura viaria, ejes viarios y otras infraestructuras, así como el planeamiento urbanístico en algunos municipios.
Pensamos que esta realidad que es el Conseill Metropolitá de lÕHorta, esta realidad que es el área metropolitana de Valencia, debe tener un trato similar al de otras grandes áreas metropolitanas, sobre todo porque la ciudad de Valencia soporta, y así tiene que reconocerse, unos servicios para 43 municipios, como he citado anteriormente. Consideramos que esta enmienda debe ser aceptada, porque es absurdo ignorar la realidad del área metropolitana de Valencia. Por tanto, solicitamos su consideración, su apoyo y la inclusión en el dictamen de la Comisión.
La segunda de las enmiendas es la presentada a la sección 33, al Fondo de Compensación Interterritorial. Es una enmienda de totalidad por la que solicitamos la devolución de esta sección.


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Si consideramos --así lo establecen las directrices que llegan a la Comunidad Europea-- que nuestra Comunidad, la Comunidad Autónoma Valenciana, es objetivo prioritario de la Unión Europea por ser una comunidad desprotegida en muchos aspectos, no entendemos cómo el Gobierno central no reconoce en el Fondo de Compensación Interterritorial esta difícil situación por la que atraviesa la Comunidad valenciana: la tasa de paro un punto por encima de la media nacional y otros indicadores que no son considerados a la hora de hacer la distribución de las dotaciones vía Fondo de Compensación Interterritorial. La justificación clave de esta enmienda es que este fondo, en lo referente a la Comunidad valenciana, no adecua medios afines y discrimina a la Comunidad valenciana, que sufre una caída de más del 50 por ciento respecto al año 1991. Así, mientras en el año 91 recibíamos de 257.000 millones a algo más de 15.000, en el año 95 recibimos poco más de 7.000 millones; la caída es del 51,5 por ciento.
Otra cosa que nos lleva a plantear esta enmienda de devolución es cómo se aplican los coeficientes, puesto que si el montante asignado a las comunidades autónomas, vía Fondo de Compensación Interterritorial dependen casi un 90 por ciento de la población relativa de la situación de desempleo que sufre la comunidad, no entendemos cómo la Comunidad valenciana, que representa algo más del 10 por ciento, sólo recibe el 5,6 del total asignado, algo más de 7.000 millones. Considerando que una de las variables aplicables a la hora de determinar el Fondo de Compensación es la tasa de paro, la Comunidad valenciana próxima al 25 por ciento, un punto por encima de la media nacional, debería tener un trato más favorable. Por ello, mantenemos esta enmienda de devolución íntegra a la sección 33 y esperamos que sea considerada, votada y apoyada en esta Comisión.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, para la defensa de sus enmiendas y para mostrar cuál es su posición con respecto a las enmiendas que han sido defendidas hasta ahora, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: En principio, he de indicar que mis compañeros don Néstor Padrón y don José Jerez harán uso de la palabra, el primero, respecto a los temas de los municipios canarios y de la solución del transporte de Canarias y, el segundo, hará referencia a la sección 33, Fondo de Cooperación Interterritorial.
Voy a intentar defender la posición de mi Grupo respecto a las enmiendas de los distintos grupos a este Título VII del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, título complejo e importante para el desarrollo y estructura de nuestro país. Cualquier modificación que se introduzca tiene que ser meditada y muy pensada debido a las consecuencias que puede traer consigo porque desde nuestra perspectiva, está apoyada en dos acuerdos: el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, sobre el sistema de financiación autonómica en el acuerdo al que recientemente se llegó entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias respecto a la financiación de las corporaciones locales.
Desde esta perspectiva, he de indicar que me alegra que se reconozca por parte de los intervinientes que algún paso se ha dado para ir solucionando y amortiguando las diferencias y los problemas que existían, tanto a nivel autonómico como local en el tema de financiación, en estos últimos tiempos y con las perspectivas que plantea este proyecto de presupuestos.
Si es cierto que se han dado esos pasos, si es cierto que el inicio de esa mejora en la financiación de los entes locales y de las comunidades autónomas es un hecho, no entiendo por qué razón se defienden unas enmiendas a la totalidad del título, cuando existen razones suficientes y bastante importantes como para pensar que no es bueno una enmienda a la totalidad, desde luego, respetable bajo la perspectiva de este Grupo pero no justificable, porque lo que sí parece es que el Grupo Popular presenta enmiendas a la totalidad a todos aquellos títulos o capítulos que tienen cierta trascendencia para justificar un posicionamiento que a veces no es tan distanciado como ellos pretenden.
Se ha alcanzado un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias en el que se contemplan unos sistemas de participación de las corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado entre 1994 y 1998, en el que se hace referencia a que, sobre la base del quinquenio de 1994, se establezca para los municipios una cifra de participación que efectivamente no es la que figura en el proyecto de ley porque, como indica nuestra propia enmienda a la que luego me referiré, hay un error material, pues tiene que estar cifrada en la cantidad que indica nuestra propia enmienda y no en la que figura en el proyecto. Es una participación importante, que viene a reconocer un primer paso necesario para que la financiación de las corporaciones locales experimente una mejoría bastante considerable. Entiende mi Grupo que desde esta perspectiva, pueden plantearse enmiendas parciales al contenido del texto pero, en ningún momento, enmiendas a la totalidad.
De la misma manera, si tenemos en cuenta que, cuando hablamos de financiación autonómica, hacemos permanentemente referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera en su acuerdo de 20 de enero de 1992, en modo alguno se están incumpliendo los pactos que hay en ese propio acuerdo. Desde luego, lo que sí se reconoció en el debate sobre el Estado de las Autonomías que se celebró en el Senado hace unas fechas, es que es necesario perfeccionar el actual sistema de financiación autonómica, profundizando en lo que es el principio de corresponsabilidad fiscal, sin perjuicio de que sufra ningún tipo de dificultades el principio de solidaridad, que también es fundamental a la hora de establecer cuál tiene que ser la distribución de los recursos que tiene el Estado entre las diversas instituciones y administraciones, y, por lo tanto, entre las comunidades autónomas, y, a su vez, también con respecto a los ayuntamientos.
Rechazamos esas enmiendas a la totalidad porque se ha reconocido que se han dado unos pasos importantes, son pasos en los que existe una voluntad política manifiesta tanto en las Cámaras como del propio Gobierno --las Cámaras

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en el sentido de los acuerdos que se alcanzaron en el Senado con el propio Gobierno-- en función de cómo ha diseñado la estructura de este proyecto de presupuestos. Pienso que no es bueno en estos momentos defender unas enmiendas a la totalidad como las que plantea el Grupo Popular.
Respecto a las enmiendas parciales a las que me referiré ahora, he de indicar que la número 313, del Grupo Vasco, según mis datos, hace referencia al artículo 78 del Impuesto del Valor Añadido, porque lo que hace es modificar el artículo 91.2, que regula la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero no modifica el artículo 91.2 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Mi Grupo en este momento no va a hacer ninguna propuesta porque entiendo que tiene que ser debatida en el momento oportuno.
Respecto a la enmienda 315, al artículo 103 dos, apartados c) y d), no podemos aceptarla. El portavoz del Partido Vasco hace referencia a un conjunto de comunidades autónomas que tienen un sistema de transferencias y de financiación que tiene cierto nivel de diferencia respecto al artículo 143. El artículo 103, letra c), dice en el punto al que hace referencia la enmienda del Grupo Vasco: «La financiación, en pesetas del ejercicio 1995, que corresponde desde la fecha fijada en la letra a) precedente hasta el 31 de enero de 1995, desglosada en los distintos conceptos presupuestarios que comprenda. La cuantía total de esta financiación coincidirá con el importe del correspondiente expediente de modificación presupuestaria.» Y la letra d) habla de la valoración definitiva en pesetas del ejercicio 1990.
Aquí hacemos referencia, por un lado, a que, efectivamente, la financiación que tiene que haber tiene que ser con pesetas de 1995.
Cuando hablamos de la base de valoración nos estamos acogiendo al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando hace referencia a que el punto de inicio de ese coste efectivo del ejercicio es el año 1990 y no 1995, o el año correspondiente.
Por esa razón pensamos que la redacción del proyecto es aceptable, es una redacción que contempla tanto a los intereses de las comunidades del 143, como a la Comunidad Vasca, Comunidad Navarra u otra comunidad que tenga algún otro sistema de distinta financiación, y pensamos que esta redacción es la más correcta.
Respecto a las enmiendas del señor Chiquillo, de Unión Valenciana --y pido perdón por no seguir el orden de intervenciones sino el orden en que las tengo previstas, pero siempre siguiendo el criterio de grupos--, en relación con la enmienda número 37 he de indicar que el intentar que el área metropolitana de Valencia tenga el mismo tratamiento que las de Barcelona y Madrid me parece un deseo encomiable y respetable, pero que en estos momentos es un deseo incumplible por parte de una simple apostilla en los Presupuestos Generales del Estado, con la aportación de 3.000 millones de pesetas. Piensa mi Grupo que éste es un tema de la suficiente entidad y calado como para que su estudio se haga con una mayor reflexión y con un mayor detenimiento, contemplando otras variables que tendrían que permitir hacer esa equiparación en función de por qué razón se ha llegado a contemplar las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, para ver qué pasos habría que dar para recoger a Valencia como área metropolitana. Son temas que no se pueden tratar en este momento, por lo que mi Grupo va a votar en contra de dicha enmienda número 37 de Unión Valenciana.
Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, en concreto las que solicitan la supresión de los capítulos I y II --a pesar de que se reconozca que se han dado pasos importantes--, cuando se dice que no se garantiza la autonomía financiera de las corporaciones locales o que hay que establecer un sistema definitivo de financiación de las comunidades autónomas, son deseos, porque todos los grupos entendemos que hay que dar pasos en esa dirección, en esas cifras mágicas que todos utilizamos a la hora de hacer nuestras exposiciones políticas. Creo que tenemos que partir del reconocimiento de que éste es un proceso que no se puede cerrar con una enmienda en un proyecto de ley de presupuestos, porque tienen que participar en él otros agentes a la hora de ver el diseño de esa propia enmienda.
Como es lógico, mi Grupo cree que sí se garantiza la autonomía financiera de las corporaciones locales. Desde luego, si fuéramos a los hechos, a la realidad de funcionamiento de cada entidad o corporación local nos daríamos cuenta de que tienen una enorme capacidad de diseñar su sistema financiero, de fijar sus niveles de deuda, con unos niveles que vienen contemplados en la legislación básica del Estado y, desde luego, de llevar a cabo todos aquellos programas y objetivos que se plantean dentro de sus perspectivas de Gobierno. Bajo ese criterio, no creo que haya que decir que no hay garantías de que la autonomía financiera se consiga, habría que decir que la autonomía financiera que se garantiza por estos presupuestos debiera ser mayor. En esta dirección van encaminados todos los pasos que se están dando respecto a los acuerdos firmados entre la FEMP y el Ministerio de Economía y Hacienda, respecto a los niveles de participación que tiene que haber por parte de las administraciones locales en los Presupuestos Generales del Estado. Niveles de participación que, en función de esos acuerdos, se sitúan este año en las cifras que he indicado y que en años futuros se adecuarán con los mismos criterios que se establecen en este acuerdo suscrito entre ambas partes.
Respecto al artículo 87 uno, la supresión que propone el Grupo Popular en su enmienda 992, lamento recordarle que antes ya he hecho referencia a que se había producido un error material. No hay ninguna otra justificación o planteamiento oscuro, ni cosa por el estilo. Se trata simplemente de un error material en el sentido de que la cifra que desearíamos que figurara en los Presupuestos Generales del Estado, en función de las votaciones que se realicen en esta Comisión, es la que señalamos en nuestra enmienda número 405 cuando hablamos de 656.400,9 millones de pesetas, y no la que figura en proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Respecto a las enmiendas que hacen referencia al régimen fiscal de Canarias, será don Néstor Padrón quien fijará la posición de mi Grupo y mantendrá los criterios

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oportunos para determinar cuál va a ser nuestro sentido de votación.
En cuanto a la enmienda 995, al artículo 91.cuatro. tercero, que sitúa la cifra no en los 2.480 millones que recoge el proyecto sino en 2.550 millones de pesetas, me gustaría que se hiciera una lectura del citado artículo para comprobar que lo que se está planteando en el mismo es una cantidad mínima, es decir, es la garantía, es lo que los presupuestos tienen en consideración al estimar que el fijar una cifra superior pudiera no abarcar todas las posibilidades que se contemplan entre las distintas provincias. Estimamos que mantener esa cifra de 2.480 millones de pesetas, como una cantidad mínima, es suficiente para garantizar que aquellos que tengan derecho a percibir una cantidad superior no tengan dificultad alguna en que así sea, en función de los supuestos que existan en cada caso concreto.
Respecto a la enmienda número 998, que solicita la supresión del artículo 94.dos, entendemos que no debe realizarse esa supresión porque la redacción que se formula en el texto del proyecto es más acorde con el criterio y la intención que demuestra el artículo 94, cuando habla de compensación en los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas sobre tributos locales, como consecuencia de inundaciones y otras catástrofes. Además, ustedes, en una enmienda anterior, pretenden que se supriman los términos «inundaciones y otras catástrofes». Nosotros pensamos que esa expresión debe mantenerse para situaciones especiales determinadas, y por ello no podemos aceptar su enmienda de supresión del párrafo segundo, en tanto en cuanto esa excepcionalidad que se recoge en el texto, esas condiciones que se mantienen en ese mismo apartado, tienen que seguir figurando en el mismo tal y como están redactadas.
En cuanto a la enmienda 999 la tenemos en estudio. Tenemos que seguir trabajando en ella y la contestación se la daremos en el Pleno, porque no es desacertada la redacción que se da a la misma. Hasta ese momento vamos a seguir reflexionando sobre su contenido y sobre la trascendencia que tendría su incorporación al texto del proyecto.
La enmienda número 1.000, al artículo 98, que fija el tope máximo que debería ser reducido al 25 por ciento, tal y como viene contemplado en el texto del proyecto, no debe ser admitida, por cuanto en él se establece tanto el límite del 50 por ciento como la posibilidad de reducirlo al 25 cuando haya una petición razonada por parte de las corporaciones locales, y en ese caso no habría ningún problema para la Administración en que se produzca esa reducción al 25 por ciento.
Respecto a la enmienda 1.001, de supresión, que hace referencia al capítulo II, ya he indicado anteriormente nuestro criterio sobre los sistemas de financiación de las comunidades autónomas. Pienso que después de los acuerdos parlamentarios del Senado y del interés que todos los grupos políticos tienen en trabajar para llegar a un sistema definitivo de financiación de las comunidades autónomas, el camino que se ha iniciado y que continúa este proyecto de presupuestos tendrá que seguir siendo estudiado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con el ánimo de buscar un sistema definitivo de financiación que intente compaginar y establecer fórmulas de compensación con las otras comunidades autónomas para que no se produzcan desequilibrios que sean después irreparables, como pudiera ser si se actúa de forma precipitada, deberemos de trabajar más no en la labor negativa de decir que éste no es el momento y que hay que buscar una fórmula definitiva, deberemos reflexionar sobre esa fórmula a partir de los debates y de los exámenes que tienen que hacerse en este Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las comunidades autónomas para intentar compaginar los criterios de cada una de ellas sobre cuál tiene que ser ese sistema definitivo de financiación.
La enmienda 1.002 al artículo 104 no la vemos con malos ojos. Es casi seguro que vamos a aceptarla porque efectivamente obedece a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992.
Las enmiendas 1.003 y 1.004 no nos parecen aceptables porque no creemos que sea la fórmula más adecuada recurrir a anticipos de Tesorería cuando, en un momento determinado, el Estado no puede hacer frente al plazo fijado en la liquidación definitiva de la participación de las comunidades autónomas. La propia norma tributaria que está rigiendo en este país impide que podamos acudir a anticipos de Tesorería y que podamos plantear las cosas tal y como ustedes lo dicen en sus enmiendas.
La enmienda al artículo 102 también es aceptable por nuestra parte. En su momento, daremos nuestra posición definitiva. Responde a los criterios que se establecen en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992.
En el grupo de enmiendas de Izquierda Unida se solicita la creación de un fondo para municipios rurales de menos de 20.000 habitantes. Nosotros también somos muy receptivos al problema que se plantea con los sistemas de financiación de los municipios rurales, el nivel de desarrollo que tienen que tener estos municipios y la forma de equilibrar los objetivos que se contienen y de llevarlos a cabo. Me imagino que la Federación Española de Municipios hablaría con los responsables de Izquierda Unida y con otros grupos políticos, de la misma manera que habló con nosotros y le expusimos los temas de la misma manera que lo estamos haciendo ahora.
Somos receptivos al problema, no pensamos que la fórmula sea presentar una enmienda solicitando 30.000 millones de pesetas para estos municipios de menos de 20.000 habitantes, porque hay un acuerdo FEMP-Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno, donde vienen contempladas todas las aportaciones y la participación que tiene que haber por parte de los municipios en general, y por supuesto de los rurales, en los tributos del Estado. ¿Que son cantidades escuetas? Son cantidades que, de acuerdo con los criterios pactados entre las dos partes en cuanto a territorio, población, renta y demás, resultan de la aplicación de los mismos. Son perfeccionables, habría que tener una especial atención con esos municipios. Estamos en la misma sintonía, lo que sucede es que vemos bastante complicado y difícil que en estos momentos, y a través de una enmienda, se pueda arbitrar el establecimiento de un fondo que no tiene una estructura muy definida de cuál tiene que ser su distribución entre los

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ayuntamientos. Tiene que ser un elemento de reflexión, con un poco más de tranquilidad. Desde luego, hay que arbitrar que estos recursos que van a ir a infraestructuras, a mejora de medio ambiente o a fondo complementario para la cooperación económica local, sean recursos en los que los municipios rurales vean refrendados sus propios problemas y objetivos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Morlán.
Señorías, hablen en voz baja o salgan porque es dificultoso para los taquígrafos tomar el discurso.
Continúe, señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Desde esa perspectiva, entendemos que no es el momento adecuado de plantear la admisión de esta enmienda, pero es cierto que habría que estudiar con bastante detenimiento de qué manera se pueden perfilar de mejor modo las aportaciones por parte del Estado a este tipo de municipios, de qué manera se tendrían que acometer los problemas suscitados. Desde luego, tendrían que venir, aparte de por estos fondos, también por los planes de vías y obras que tienen las diputaciones provinciales y por otro tipo de actuaciones, no solamente por las explicitadas en un fondo global de 30.000 millones de pesetas, como se indica en sus enmiendas.
Respecto a las enmiendas 565 y 566, a los artículos 88 y 92. uno, para modificar el 95 por ciento de entregas a cuenta el 98 por ciento, pensamos que no es oportuno admitir esa cifra porque las desviaciones se podrían producir al contrario. En un momento determinado, podría ser que la liquidación, debido a esos tres puntos de incremento, diera a devolver en lugar de a abonar. Por ello, salvo que no se realice un estudio más riguroso del conjunto de las consecuencias que puede tener, pensamos que es conveniente mantener este criterio del 95 por ciento.
Respecto al artículo 92 y la aplicación del interés legal, con ello no se van a evitar los costes financieros, estarán en una u otra administración, pero los costes financieros seguirán existiendo porque ese interés legal lo tendrá que pagar alguien. Mi Grupo piensa que lo que hay que hacer --y me imagino que será el criterio de todos los grupos-- es que se produzca un abono de la entrega a cuenta en la fecha en que está fijado, al objeto de evitar cualquier tipo de costes añadidos, tanto a unas administraciones como a otras, que acaban cayendo sobre las espaldas de los ciudadanos a la hora de fijar esos costes financieros que deben de pagar las propias administraciones.
Respecto a la enmienda 567, está en relación con la número 406 del Partido Socialista al incorporar las centrales térmicas. La votaremos a favor porque es similar a la nuestra.
En cuanto a las enmiendas 568, 569 y 570, todas hacen referencia al fondo de nivelación. Articular un fondo distinto al que hay establecido actualmente en el Fondo de Compensación Interterritorial o una nueva estructura, me da la impresión de que no aclararía cuál tiene que ser el cometido de estos fondos, porque se podrían producir situaciones de confluencia entre lo que deciden unos fondos y otros. Efectivamente, la nivelación a que hace referencia el artículo 15 de la LOFCA es un objetivo al que hay que ir llegando. No creo que sea necesario en estos momentos plantear un nuevo fondo. Pienso que, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la propia Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, se tiene que ir a buscar ese equilibrio en los servicios. Lo que sí es cierto, tal y como he comentado antes respecto a los acuerdos del Senado, es que hay que profundizar en el principio de corresponsabilidad fiscal, sin que sufra merma alguna el principio de solidaridad entre las distintas comunidades. Nosotros no vemos positiva la articulación de ese fondo, por lo que votaremos en contra del mismo.
Hemos presentado dos enmiendas, la 405, a la que he hecho referencia, respecto a la modificación de ese error material, pues debe ser 656.400,9 millones de pesetas, y la número 406, que pretende incluir centrales térmicas, que tiene que ver con las enmiendas de Izquierda Unida y de Convergència i Unió al artículo 95.3. Respecto a las enmiendas 863 y 864 de Convergència i Unió, estamos dispuestos a aceptar el contenido de las mismas y daremos nuestro voto definitivo en el momento de la votación.
Por último, quiero hacer referencia a la sección 32, en la que vamos a rechazar, como es lógico, las enmiendas de totalidad del Grupo Popular porque se han dado razones suficientes en mi exposición sobre la oposición de mi Grupo a las enmiendas a la totalidad al Título VII, entes territoriales. De la misma manera, rechazamos las enmiendas a la totalidad por las razones que he indicado, respecto a la falta del fondo de nivelación y a la atención a los ayuntamientos pequeños. En algunas de las otras enmiendas parciales a que hacen referencia tanto Izquierda Unida como Coalición Canaria, que serán contestadas por el señor Padrón, he de indicar respecto a las enmiendas 827, 828, 829 y 830, que en esta sección 32 ya se establecen para la Comunidad de Madrid 5.500 millones de pesetas que pensamos que son suficientes, a los que, desde luego, habría que añadir otros 16.287 millones de pesetas del Programa 513.B. Pensamos que el fondo que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid --y me imagino que los compañeros del Grupo Socialista en la Comunidad Autónoma lo entenderán perfectamente-- es el que hay y que su distribución para atender todas las peticiones que existen es el que en estos momentos consideramos adecuado y por ello nos mantenemos en las cifras que figuran en los Presupuestos.
Respecto a las enmiendas 829 y 830, que hacen referencia al fondo de nivelación, ya he indicado que no pensamos que sea oportuno incluirlo en estos momentos. A título de anécdota, señor Ríos, tendrá que explicarles a mis compañeros de Aragón por qué razón no les incluye en la enmienda 830, porque están todas las comunidades autónomas menos la aragonesa pues, a pesar de que, según ustedes, existe una cantidad a abonar de 693 millones de pesetas, no está incluida en su relación. Es a título de anécdota, porque, aunque la incluyeran, no íbamos a aceptar la enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Padrón.
(El señor Ríos Martínez pronuncia palabras que no se perciben.)

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Señor Ríos, por favor, cuando le llegue su turno, dice lo que le parezca oportuno.


El señor RIOS MARTINEZ: Era «sottovoce».


El señor PADRON DELGADO: Muy brevemente, voy a contestar a las enmiendas del Grupo Popular, defendidas por el señor Villalobos, y por el Grupo de Coalición Canaria, por el señor Mauricio. Estas enmiendas son tradicionales en los Presupuestos del Estado. En este caso, para la justificación de alguna otra partida, se aduce la aprobación de la modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias, aprobada el año pasado.
He de decir que con respecto a la solicitud de que los ayuntamientos canarios participen en el capítulo II, del fondo de cooperación municipal, en iguales términos que los ayuntamientos peninsulares, las razones que venimos dando en los debates de otros ejercicios vienen fundamentadas por el hecho --bien lo saben los señores que han defendido las enmiendas-- de que este capítulo II se nutre fundamentalmente de imposición indirecta, que no se aplica en Canarias, que tiene su propia imposición y su propio régimen fiscal. A pesar de que Canarias no participa en este capítulo II, se ha venido incrementando la participación desde que está gobernando el Partido Socialista: del 17 por ciento en los años 1981 y 1982, al 37 por ciento en que va a participar en el año 1995. Quiere esto decir que se ha producido un incremento de 20 puntos porcentuales.
Se aducen razones de insularidad, de lejanía, etcétera, pero computando las cifras de transferencia que reciben ayuntamientos peninsulares de régimen común con ayuntamientos canarios, y en datos referidos al año 1992, los ayuntamientos canarios recibían por el concepto de transferencia 4.740 pesetas más por habitante y año que los ayuntamiento de régimen común. A pesar de este incremento, para el período atrasado del último convenio suscrito con la FEMP, la participación se eleva al 36 por ciento para el año 1994, que recibirá la correspondiente consignación, y para el año 1995 esa participación se eleva al 37, con el compromiso, de acuerdo con la FEMP, de ir elevando este porcentaje hasta el 40 por ciento en el año 1998. Por tanto, creo que hay una voluntad decidida del Gobierno socialista de ir elevando este porcentaje de participación de los ayuntamientos canarios. Las razones que aducen, como la situación financiera, etcétera, las comprendemos, pero dentro de la política general, hay que tener también cierta racionalidad a la hora de no incrementar enormemente las partidas de forma que sigan produciendo mayor déficit en cada uno de los ejercicios.
Creo que éstas son razones de peso para que comprendan por qué no vamos a apoyar las enmiendas, al margen de que sigamos considerando la posibilidad de que este plazo establecido para llegar hasta el 40 por ciento en el año 1998 pueda acortarse en próximos ejercicios. (Rumores.) Con respecto a la otra enmienda defendida por el señor Mauricio, haciendo referencia a una enmienda que pretende la consignación de una partida de 2.500 millones de pesetas para la subvención al transporte colectivo por carretera... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Padrón.
Por favor, esas «voces» que no son «sotto» a ver si nos dejan escuchar.


El señor PADRON DELGADO: Respecto a esta solicitud de dotación de 2.500 millones de pesetas, quiero, en primer lugar, hacer algunas aclaraciones.
Los ayuntamientos canarios participan en el fondo global de 5.835 millones y, por los datos que tiene este Diputado, los ayuntamientos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife reciben un montante, entre ambos, de 400 millones de pesetas. Posiblemente, esta cantidad sea corta, pero también es verdad que hay que efectuar las auditorías correspondientes de las empresas de transporte colectivo para ver hasta dónde llega el déficit y, por tanto, determinar en qué medida la Administración del Estado, para dar cumplimiento a lo establecido en uno de los artículos de esta modificación del régimen de Canarias, hace una consignación o establece unas cantidades para enjugar una parte del déficit de estas empresas de transporte colectivo por carretera.
Estas son las razones por las cuales, a pesar de que en este momento digamos que no, vamos a seguir estudiando el tema para trámites posteriores, si no con la intención de aprobar esa cantidad, que inicialmente nos parece algo alta, aunque no digo que sea necesaria, sí para establecer la posibilidad de consignar una cantidad algo inferior que pretenda por lo menos solucionar el problema de una de las empresas a las que ha hecho referencia el señor don José Carlos Mauricio, que es el transporte municipal en la ciudad de Las Palmas. No así en el caso, al que no ha hecho referencia, del transporte público en la isla de Tenerife, donde en los Presupuestos existe una consignación de 923 millones de forma indirecta para un convenio que tiene establecido con la Administración del Estado y que, por tanto, supone una fuerte inyección económica para esa empresa.
Aunque en este trámite y con respecto a esa enmienda decimos que no, seguimos estudiando el tema para llegar a un acercamiento, puesto que este mismo Diputado intentó presentar una enmienda con una cantidad inferior a la que ha planteado el señor don José Carlos Mauricio. De momento no existen los estudios consiguientes que permitan determinar la cantidad que corresponde para subvencionar ese transporte.
Por estas razones, vamos a rechazar las enmiendas presentadas por ambos Grupos, con la finalidad de seguir estudiando uno de los temas para trámites posteriores.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Tomo la palabra, en nombre de mi Grupo, para definir la postura sobre las enmiendas presentadas a la sección 33 por los Grupos Izquierda Unida y Unión Valenciana.


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Izquierda Unida presenta una enmienda en la que propone el cambio del 35 al 40 por ciento. Este, como sabe el representante de Izquierda Unida, es un acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 20 de enero de 1992. Como sabe también, existe un techo o, mejor dicho, un suelo de 128.000 millones de pesetas, que se viene manteniendo --así lo ha expuesto-- durante los años 1993, 1994 y 1995.
Cuando el enmendante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone la subida al 40 por ciento, comete, yo diría, dos errores: uno de ellos se refiere al 40 por ciento de una cantidad que no es el 35 por ciento, y no aumentan el 14 por ciento que corresponde. Pero la cantidad a aplicar sobre las inversiones reales en obra civil del Estado y organismos autónomos, es otra distinta. Por tanto, el resultado que obtiene al aplicar el 40 por ciento, es decir, el 14 por ciento de subida, no se corresponde, ni mucho menos, con la cantidad real, que vendría disminuida, posiblemente, en más de 2.000 millones de pesetas.
Por consiguiente, toda la enmienda, la primera está mal, y la segunda, con los números que aparecen de distribución en cada una de las autonomías, no son las cantidades resultado de la aplicación de la primera enmienda.
Rogaría al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, en función de todo esto, que no hace falta estar muy puesto en el asunto, pudiera retirar estas enmiendas, con objeto de no tener que salir en el Pleno con una operación matemática que desvirtuaría el debate político diciendo que ésos no son los números, como claramente se ve.
Con este reconocimiento --espero yo-- por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de aplicar a una referencia de subida de 14 por ciento en función de ese 40 por ciento a una base que no es la real, puesto que está marcando el suelo porque es inferior, habría que aplicar la de inferior y no a esta cantidad a que hace referencia de los 128.000 millones de pesetas.
En cuanto a Unión Valenciana, el señor Chiquillo presenta una enmienda a la totalidad con argumentos que no son ciertos. Primero, habla de un tratamiento favorable por parte de la Comunidad Económica Europea y no favorable del Gobierno. El Gobierno y la Comunidad Económica Europea emplean el mismo parámetro, de entrada, en la compensación: el 75 por ciento de la renta media y, por tanto, o los dos discriminan o los dos aciertan, pero no es posible que con el mismo concepto, uno discrimine y otro, no. Como sabe también, es acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y aplicación de la Ley 29/1990.
Le diría algo más al representante de Unión Valenciana. Cuando están aplicando sus números, la referencia que tenemos nosotros por parte del representante de Unión Valenciana en el pasado año, cifraba la cantidad que recibía la Comunidad Valenciana en 12.000 millones de pesetas; usted nos da otra cifra de más de 15.000 millones de pesetas, lo que indica que la referencia porcentual variaría del 6,7, que usted afirma, al 4,6.
Además, que está usted aplicando esa queja en un momento en que la Comunidad Valenciana sube respecto al año 1994 más del 26 por ciento, lo que supone que durante este ejercicio es la comunidad que más sube.
Entiendo que con referencia a años anteriores, debiera ser un reconocimiento al ascenso.
El fondo de reparto que tiene el Fondo de Compensación Interterritorial es un fondo para las comunidades menos favorecidas. Yo creo que el interés de lo mejor de su debate debiera ir en la intención de hacer que la Comunidad Valenciana saliera cuanto antes de las comunidades que entran dentro del Fondo de Compensación Interterritorial, lo que supondría una lucha, entiendo yo, que es el empeño de todas las fuerzas políticas en la Comunidad Valenciana en el sentido de superar esa renta media del 75 por ciento de la Comunidad Económica Europea. En esta ocasión, con una subida que es la máxima de todas las comunidades afectadas por el Fondo y que, si las referencias de su predecesor son ciertas, se ha subido, y si son ciertas las de usted, se ha bajado, lo que indica es que ha mejorado el conjunto de la Comunidad respecto al resto de las comunidades del Estado. Ese razonamiento no es suficiente, a juicio del partido que represento, para que pueda devolverse al Gobierno esta distribución y cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Puesta de manifiesto la capacidad de análisis de SS. SS., vamos ahora a otro aspecto, el de la capacidad de síntesis. Dado que el tiempo no es sólo escaso existencialmente, sino funcionalmente, vamos a dar un minuto a cada uno de los intervinientes anteriores, sin que la utilización de este turno sea obligatoria para nadie.
Comenzamos por el señor Fernández Díaz, del Grupo Popular.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, le prometo intentar que el minuto no vaya más allá de 120 segundos.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Comience ya, señor Fernández.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, nosotros justificábamos la enmienda a la totalidad a este Título VII por tres razones. Decíamos, en lo relativo al capítulo II, por no establecer un sistema definitivo de financiación. Hago gracia de extenderme aquí. Simplemente le anuncio, señor Morlán, que seguramente leeremos en el Pleno el argumento de los expertos consultados por el Gobierno para redactar un Libro Blanco sobre financiación autonómica y verá usted hasta qué punto está o no justificado lo que nosotros decimos en nuestra enmienda y lo que hemos dicho aquí.
También decíamos, para justificar la enmienda al capítulo II, Título VII, incumplimiento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992. Tengo aquí los acuerdos; seguro que usted los tiene también. Verá que dice: dotar de fondos de nivelación en desarrollo del artículo 15 de la LOFCA. Nadie puede discutir algo que es evidente: que no se desarrolla ese artículo 15. Por tanto, está plenamente justificado y ustedes no me lo han contradicho. Distinguiendo entre información y opinión,

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usted ha opinado lo contrario, que es absolutamente legítimo, pero, desde luego, la información no avala su opinión.
Con relación al capítulo I, decíamos que por no garantizar la suficiente autonomía financiera a las corporaciones locales, incumpliendo la Ley de Haciendas Locales, Ley 39/1988, Ley aprobada con la mayoría absoluta parlamentaria del Partido Socialista. Nadie puede discutir (y, desde luego, lo dice así también la FEMP) que el Gobierno incumple el artículo 9.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por tanto, atenta contra la autonomía financiera de las corporaciones locales en lo relativo a la compensación de beneficios fiscales. Tengo aquí una nota informativa del Pleno de la FEMP en la que se dice, entre otras cosas, que se hace imprescindible que el Gobierno de la nación adquiera el compromiso de que, en el futuro y con carácter general, sean de aplicación las compensaciones previstas en el artículo 9.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Señor Morlán, lo dice la FEMP, no lo dice sólo mi Grupo Parlamentario; lo dice la FEMP porque los hechos, evidentemente, lo avalan. Le voy a dar un ejemplo adicional en relación...


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Vaya terminando, señor Fernández.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Voy terminando, señor Presidente.
El Real Decreto-ley 6/94, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía --decreto-ley de hace cuatro o cinco meses escasos--, artículo 4, condonaciones; se condona el pago correspondiente al ejercicio de 1994 de las cuotas y recargos devengados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Dice después el artículo 9: compensación a los ayuntamientos por beneficios fiscales. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Presupuestos para 1994, se compensará a los ayuntamientos afectados, abonando las cantidades correspondientes.
¿Qué pretendemos mediante nuestra enmienda a la rúbrica del artículo 94 y al párrafo primero del mismo? Que no sea preciso tener que estar haciendo esto, es decir, que en cada disposición legislativa, en virtud de la cual se condonan del pago determinados tributos locales a personas físicas o jurídicas, afectando a la autonomía financiera de las corporaciones locales, tenga que irse con medidas de estas características, que, además, luego, incumple el Gobierno. Con nuestras enmiendas números 996 y 997 se garantizaría la autonomía financiera a las corporaciones locales y, lo que es más importante, se garantizaría que se cumpla la ley, cosa que parece bastante razonable que se exija.
Termino, señor Presidente. Tomo nota de la posibilidad que anuncia de que nos voten a favor las enmiendas números 998, 1.000, 1.003 y 1.004 y nos parece que están entrando ustedes en la buena senda. Yo le anuncio también, con el mismo criterio de razonabilidad, que estamos dispuestos a retirar la enmienda número 992, si usted, en el turno de dúplica al que tiene derecho, me aclara definitivamente su enmienda número 405, en virtud de la cual dice que hay un error material por el que las cantidades previstas para las corporaciones locales, concretamente municipios, serían 656.000 millones y no los 655.000. ¿Qué es lo que me ha de aclarar? Yo tengo aquí el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno, y no dice ni 655.400,9 ni los 656.000 que según usted debe decir, sino que habla de 655.888,7 millones. Estoy dispuesto a aceptar que es un error material, pero me tendrá que explicar ese error material a qué se contrae: el acuerdo del Gobierno con la FEMP o a la que pone el proyecto de ley de Presupuestos. En todo caso, ya anuncio la retirada, porque estoy seguro de que me lo aclarará, de la enmienda número 992.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Villalobos.


El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente, para replicar muy brevemente a las consideraciones hechas por el señor Padrón acerca de la defensa de nuestras enmiendas con las que pretendemos que los municipios canarios sean equiparados al resto de los municipios españoles en su participación en los ingresos, tributos e impuestos indirectos del Estado.
Creo, francamente, que o el señor Padrón no ha entendido o no ha querido entender. En cualquier caso, lo que está claro es que no ha contestado a las razones y argumentos expuestos en la defensa de nuestras enmiendas.
Nosotros reconocemos que Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial que significa una menor contribución a los ingresos del Estado; eso es cierto, si bien es verdad que hay que reconocer que hay una aportación indirecta y oculta, que es el recorte que ha supuesto para la Comunidad Autónoma Canaria la supresión del Impuesto General de tráfico de empresas. La recaudación normativa del citado impuesto, cuando fue suprimido al entrar en vigor el Impuesto General Indirecto Canario, ha sido restada de la participación que la Comunidad Autónoma tiene que tener en los ingresos del Estado.
Reconociendo, como hemos reconocido efectivamente, la menor contribución de los canarios en los impuestos indirectos del Estado, también hemos dicho que el motivo justificador de esas especialidades es la compensación del hecho insular, del coste de la insularidad, de la lejanía y del aislamiento del Archipiélago con respecto al resto del territorio nacional, y que el propio REF, como regla y como pieza fundamental de su esquema legal dice que en ningún caso esos beneficios indirectos podrán ser compensados, contrarrestados, anulados o restringidos por los gastos del Estado, tanto gastos corrientes como de inversión. Justamente lo que está ocurriendo es que en este tema concreto se produce una disminución de los gastos del Estado, en concreto en las transferencias corrientes a las corporaciones municipales, dela Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RIOS MARTINEZ: Telegramas a las tres propuestas que se han hecho.
Primero, crear un fondo o ayudar a los municipios rurales se puede hacer de dos maneras: o a través del fondo o modificando los coeficientes. Se ha dicho que se está de acuerdo con la idea pero que es prematuro hacerlo a través de la enmienda. Pero cuando discutimos los números es ahora.
Cuando repartimos los recursos que tenemos es ahora, por eso hemos planteado que a los municipios menores de 20.000 habitantes se les dote de una partida para esas actuaciones. Es verdad que la Federación de Municipios Rurales lo que pedía era una distribución igualitaria que nosotros no hemos planteado.
En cuanto a la aportación de participación, si a las comunidades autónomas se les da hasta el 98 por ciento de entrega a cuenta, no sé por qué a los municipios no se les puede entregar hasta el 98 por ciento, porque hay que devolverles, si es el 98 por ciento es menos del 100 por ciento. No va a haber problema de devolución, después, a cuenta porque la liquidación será al 100 por cien.
Por último, el tema del Fondo de Compensación es gracioso. Ayer también se lo dije en la discusión que teníamos en otras enmiendas. Ustedes tienen un sinfín de acuerdos del Consejo que no cumplen, pero es que el 35 por ciento lo pone la ley, no lo pongo yo. Es verdad que no se cumple porque ustedes no invierten, pero es que nosotros hemos presentado enmiendas para que se invierta más, se haga más inversión nueva. Ustedes invierten poco, han reducido la inversión y la han contenido, por eso el 35 por ciento de poco se va bajando cada año. Es más, la filosofía --no me saque usted fórmulas-- de lo que nosotros le proponemos es compensar lo desequilibrado y que el Estado de su inversión en su conjunto vaya incrementando para corregir esos desequilibrios. Esa es la filosofía que proponemos nosotros: incrementar esas políticas, porque a pesar de lo que se ha hecho hasta ahora siguen existiendo territorios desequilibrados.
Por eso creemos que ese Fondo de Compensación Interterritorial debe crecer hasta el 40 por ciento este año. Usted me puede decir: la ley habla del 35; el Consejo en el año 1992, habló de una cifra, que se estableció, y ahí está parada. Nosotros proponemos incrementarlas. Le hemos presentado enmiendas ahora, que es cuando discutimos los dineros, y no después. Le hemos aplicado la distribución que ha hecho la ley, los 16.000 millones los hemos distribuido con los mismos criterios que han distribuido 128.000. Si a usted le parece que la mejor fórmula es sacar la discusión de números, discutimos de números, pero lo importante es la filosofía de la propuesta y la cuantificación de la misma. Como está financiada es posible.
En cuanto a que no se puede abordar el fondo de nivelación, espero que alguna vez podamos abordar lo que España necesita, porque la política no es el arte de lo posible. Es el arte de hacer posible lo necesario, y no al revés.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA I BASTIDA: Para contestar al Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz en este momento está ausente, señor Morlán, pero voy a dejar constancia de la réplica de este Grupo Parlamentario. Entra en este momento el señor Morlán, de lo cual me complazco.
Nosotros entendemos que la redacción que queremos dar al artículo 103 es más acorde con el régimen de competencias que disponen las comunidades autónomas, porque existe una normativa específica para el traspaso de servicios a determinadas comunidades autónomas que no queda reflejada en el artículo 103. El artículo 103 del proyecto de Ley de Presupuestos no diferencia --usted lo ha diferenciado en el debate-- entre las comunidades del 143 y del 151, pero aquí no se habla, y existe normativa específica en materia de traspasos que, de alguna manera, se tiene que contemplar, porque aquí se está hablando de transferencias a comunidades autónomas, no se diferencia entre las del 143 y las del 151; se diferencia a efectos dialécticos, pero lo que se va a aplicar es el artículo 103.
Por tanto, lo que nosotros pretendemos es mejorar el proyecto de ley de forma que quede plasmado en el mismo de manera explícita que existen normas reguladoras de los traspasos de servicios a las comunidades autónomas y, en base a ellos y a lo que disponga esta ley, se hagan los traspasos de servicios; pero debe recogerse expresamente la existencia en vigor de estos reales decretos aprobados por el Gobierno central que regulan el traspaso con las comunidades del 151.
Por último, señor Presidente, en relación a la enmienda número 313 de nuestro Grupo Parlamentario, cedo la palabra para aclaración de una cuestión de ubicación de la misma en el articulado de la ley, a mi compañero señor Olabarría,

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Olabarría para esta aclaración.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Es una aclaración dirigida también a los servicios de la Cámara.
La enmienda número 313 por un error mecanográfico la hemos dirigido a un precepto inexistente del Título VII, cuando lo pertinente es dirigirla al Título VI y en concreto al artículo 78.
En cuanto a su justificación, los propios términos de la justificación literal son los que aquí cabe reproducir. Se trata de que se aplique un tipo superreducido del IVA a todas las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial, y no sólo las del régimen especial. No aceptar la enmienda supondría una discriminación que nosotros entendemos no objetiva ni razonable.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Ha ratificado lo que ya sospechábamos en la Mesa.
A continuación, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Brevemente para contestar al razonamiento que ha hecho el Grupo Socialista sobre las enmiendas presentadas por Coalición Canaria.


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En primer lugar, el señor Padrón, sobre el tema del transporte público, ha razonado diciendo que, en cualquier caso, comprende, pero que él mismo tenía intención de presentar una enmienda que no le fue aceptada por su grupo. Yo creo que a partir de ahí lo que tendría que hacer el señor Padrón es votar a favor de nuestra enmienda u ofrecer alguna transaccional, porque el Grupo Socialista por lo visto está en un período de reflexión permanente, y va a seguir reflexionando hasta no sé cuánto tiempo.
Las auditorías que harían falta para establecer la cifra exacta ya están prácticamente hechas y el valor del déficit de explotación de las empresas de transporte público en Canarias está por encima de los 3.000 millones de pesetas. Se habían colocado en los Presupuestos del Estado de este año, según mis noticias, los mismos 2.500 millones que nosotros hemos presentado en la enmienda, pero yo he aclarado que eso desapareció de los Presupuestos cuando por el Plan español aprobado por los doce, el pasado día 10 octubre, el señor Solbes tuvo que ir a justificar el déficit público y recortó por los sectores que considera políticamente más débiles, aunque en este caso el sector más débil, Canarias, incumple flagrantemente la Ley de Régimen Económico y Fiscal aprobada este año (no el año pasado como ha dicho el señor Padrón, exactamente el 6 de julio), y está tan caliente, tan actual, que debería haber servido para que el Grupo Socialista reflexionara y cumpliera el acuerdo de su artículo 8.º.
Espero que otros grupos voten esta enmienda.
Con respecto a la equiparación de los ayuntamientos canarios, el señor Padrón argumenta, y muy brevemente le contesto, que como Canarias tiene cedida la imposición indirecta, lo que hace es reducir la participación de los ayuntamientos canarios en el capítulo II. Canarias no tiene todo el gasto; tiene cedida la gestión de la imposición indirecta, pero el gasto no, porque cede al Estado un 50 por ciento de compensación que el año pasado fue de alrededor de 16 ó 17.000 millones de pesetas, que luego una parte de ese dinero nos lo colocan en inversión en infraestructura.
En cualquier caso, sigue el Estado recibiendo una compensación y nosotros ya nos conformaríamos con que se cumpliera estrictamente lo que dice el señor Padrón, que nos cedieran toda la imposición indirecta y que la parte que todavía el Estado recibe de compensación lo convirtiera en una compensación del hecho insular para los ayuntamientos, y que esa cantidad, que serían los ocho mil y pico millones, sirviera para equiparar los ayuntamientos canarios y los Cabildos al régimen común del Estado. O sea, que es un juego de malabarismo de yo te doy por aquí y te lo escondo por allí, y al final resulta que, como todos los malabaristas, si uno está atento a todas las manos y a todos los bolsillos, uno descubre que nos han engañado en una parte de la operación. En este caso lo que hay es un flagrante engaño, aparte de una violación del Régimen Económico Fiscal Canario.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Mauricio.
Por Unión Valenciana, Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Treinta segundos para defender y mantener las dos enmiendas. La primera, la número 37, respecto al Area Metropolitana de Valencia, me alegra que, de alguna manera, por lo menos se diga que se puede estudiar aunque no sea dentro de los presupuestos. Ha dicho que por lo menos se podría considerar fuera de presupuestos. De todas formas mantengo que esta enmienda número 37 para financiación del Consell Metropolità de LÕHorta puede ser considerada para su inclusión en este artículo 88.
Y, en segundo lugar, sobre la enmienda de totalidad que mantengo a la Sección 33, con petición de devolución del Fondo de Compensación Interterritorial, usted me ha dicho que he utilizado algunos datos que chocaban o eran contradictorios con los utilizados anteriormente por el Diputado que me precedió a principio de esta legislatura. Mi intervención, aunque le parezca extraña, la he fundamentado casi toda en las propias declaraciones del conseller de la Generalitat Valenciana, Aurelio Martínez, que usted conoce, que fue asesor de Presidencia en asuntos económicos, y que ha dicho textualmente que en los últimos diez años la política de inversiones del Gobierno central en la Comunidad valenciana y lo relativo al Fondo de Compensación Interterritorial, en el que la Comunidad ha sido gravemente discriminada, han frenado el progreso, han frenado la competitividad de nuestras empresas y han hecho que la Comunidad valenciana sufra un actual estado de estancamiento. O sea, que usted puede decir que los datos o las palabras entran en contradicción con otras de otro Diputado que me precedió, pero yo he utilizado gran parte de la argumentación del propio conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, que es del Partido Socialista, que ha dicho que esa discriminación que ha sufrido la Comunidad valenciana frente a otras comunidades la ha colocado en la actual situación de graves problemas de infraestructuras, graves déficit en general que, de alguna manera, están frenando su progreso y su posibilidad de afrontar los próximos años con expectativas de futuro.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán, la breve palabra porque seguramente él no estaba cuando he avisado que daría un minuto, aunque he sido generoso en atención al hecho insular y a otros hechos.


El señor MORLAN GRACIA: Señor Presidente, voy a ser muy breve. Tengo que pedir disculpas a los portavoces de los grupos por no haber estado presente en su contestación ya que la apertura de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente no se podía producir al no estar el Presidente. Yo, como Vicepresidente primero, me he tenido que hacer cargo de la misma hasta que se incorporara el Presidente. Por esa razón no puedo referirme a lo que ha comentado el Grupo Popular, el Grupo de Izquierda Unida y algún otro grupo. Es cierto que ante las contestaciones que he oído al señor Gatzagaetxebarría respecto a la enmienda 315 al artículo 103.2 c) y d) he de indicar que me sigo ratificando en mis criterios. Creo que el texto del proyecto contempla perfectamente lo que se pretende con la

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enmienda y deja a salvo y mantiene los criterios que han de respaldar todo lo relacionado con las comunidades de otro régimen económico distinto. Por eso creo que no es posible aceptar esta enmienda, porque si no significaría el unificar los criterios respecto a una determinada forma de financiación y no manteniendo los que existen en otras comunidades.
Respecto a lo que plantea el señor Chiquillo, de Unión Valenciana, le ha comentado, y me ratifico, que el texto del proyecto de ley de Presupuestos no es el adecuado para hablar en estos momentos de la equiparación del Area Metropolitana de Valencia con el Area Metropolitana de Barcelona y de Madrid. Ello tiene que ser motivo de un estudio, más tranquilo, más sosegado, en el que se plantee y se reflexione sobre todo lo que llevó en su momento a que Madrid y Barcelona tuvieran la consideración que se pretende para Valencia.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Padrón tiene la palabra, si es que tiene alguna consideración que hacer.


El señor PADR0N DELGADO: Intervendré más que nada por cortesía y porque no parezca que no he oído las intervenciones que ha habido. Aunque el señor Villalobos no está, he entendido su planteamiento y le reitero que, por ejemplo, para el año 1995 cuando se sube el IVA un punto para compensar la diferencia de recaudación en la Seguridad Social, Canarias no se ve afectada por esta medida. Se ve afectada beneficiariamente por el hecho de bajar las cuotas de la Seguridad Social pero no por el incremento del IVA, y aun así participa en este mayor incremento de recaudación de IVA que se va a producir. Son argumentos lógicos, aparte de lo manifestado de que se ha elevado la participación del 17 por ciento, en las etapas históricas pasadas, al 37 por ciento para el año 1995.
Yo creo que éste es un argumento de bastante peso y demuestra la voluntad del Grupo Socialista de mejorar la financiación para atender ese hecho insular.
Con respecto al señor Carlos Mauricio, llamar «flagrante engaño» a acuerdos habidos entre el Gobierno de la nación y la consejería o el gobierno de la comunidad autónoma me parece que es una frase demasiado dura y que no se corresponde con la realidad, puesto que, efectivamente, como él mismo ha reconocido, esa parte de recaudación de devolución al Estado, más de la mitad se invierte en Canarias en infraestructuras.
Por otra parte, le he manifestado que ya las empresas canarias de transporte reciben una cantidad del montante global a través de los municipios. Establecer 2.500 millones para 1995 es un tema que hay que resolver mediante el acuerdo entre esas empresas de transporte público y el Ministerio de Economía y Hacienda para, una vez comprobados esos déficit, establecer la cantidad que corresponde de subvención. Le manifesté que la empresa de transportes en Tenerife, por ejemplo, recibe como atención preferente 923 millones de transferencias de capital, que es una cantidad importantísima. Tenga en cuenta que la cantidad para todo el Estado, para atender estas subvenciones es de 5.835 millones, señor Mauricio. Todos hablamos de la necesidad de reducir el déficit, pero a la hora de defender enmiendas parciales todas las cifras se desbordan.
Seamos un poco coherentes. Seguimos estudiando los temas; no es una excusa. Iremos dando cumplida respuesta en trámites posteriores.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Jerez tiene la palabra.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, intervengo, en principio, pidiendo disculpas por si, no estando en la primera parte del debate, se adolece de alguna precisión en las respuestas.
Al Grupo Popular quiero decirle que cuando se está hablando tanto, no solamente por su grupo, sino por otros, de los incumplimientos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero, concretamente en ése, se debía decir si existe o no voluntad, si se está trabajando y si existen dificultades, porque usted sabe, señoría, y lo sabe perfectamente, que el artículo 15 de la LOFCA, que como filosofía no es discutible y yo creo que con intención de aplicarla por todos los grupos, presenta unas dificultades importantes que usted conoce y que no es intención del Gobierno el dejar esto indefinidamente, sino encontrar una solución que pueda hacer que desde el punto de vista económico se compense lo que es el equilibrio de los servicios. Es un concepto interesante, aceptado pero difícilmente plasmable en una ley, y en eso estamos todos, y usted lo sabe perfectamente y no se puede llamar incumplimiento a esta situación.
Por otra parte, en cuanto a la Federación Española de Municipios quiero decirle también que hay muchos acuerdos en financiación, y últimamente algunos importantes. Por lo tanto, no se puede dar a entender que la Federación Española de Municipios está en una situación de continua reivindicación en cuanto a lo que supone las cantidades que le transfiere el Estado.
Al señor Ríos le diría dos cosas: primero, nosotros no hemos hecho la enmienda, y hay una enmienda que es numérica exclusiva y cuando se presenta una enmienda numérica exclusiva, si está equivocada, tendremos que hablar de números, pero también hablamos de filosofía, que es la primera enmienda. Lo que no podemos pretender es que una subida del Fondo del 14 por ciento sea la panacea que equilibra todas las desigualdades en las regiones dentro de nuestro país. Yo creo que pretender esto, como se ha afirmado de palabra y como se dice en el propio texto de la enmienda, es, cuando menos, una temeridad. Porque si eso fuera cierto, estaríamos cerca prácticamente de 15.000 ó 20.000 millones de pesetas para conseguir el equilibrio entre las distintas comunidades, regiones y nacionalidades de España. Me parece que eso no es así.
Por lo tanto, como hay un equilibrio en el planteamiento del asunto, precisamente con un acuerdo bastante grande en cuanto a lo que supone representación de fuerzas sociales, me parece que en la subida, por aquello de que en el pedir no hay engaño, podemos estar de acuerdo

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--todo lo que sea más, mejor--, pero no me parece que concuerde con una filosofía real en estos Presupuestos y mucho menos con la distribución que se propone. De los números teníamos que hablar necesariamente porque están equivocados y hay que decirlo.
En cuanto al señor Chiquillo yo le diría algo.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Jerez, le ruego que abrevie.


El señor JEREZ COLINO: Señor Chiquillo, en ningún caso me he referido a las palabras del consejero; me he referido a las de su predecesor, que figura en el acta de fecha 9 de noviembre de 1993, y estoy ajustado a lo que le he dicho. Por lo tanto, no he dicho ninguna mentira, he dicho una verdad. No le he discutido las declaraciones del consejero; me parecen bien, pero le repito una vez más que el Fondo de Compensación Interterritorial intenta equilibrar aquellas regiones que están por debajo del 75 por ciento de la media. Yo creo que es deseo de la Comunidad que salga. Y este reparto del Fondo que, como usted sabe, supone cinco mil y pico millones de pesetas a la Comunidad valenciana no puede ser el culpable de lo que usted dice déficit de infraestructuras, o pudiera decir el consejero. Por lo tanto, vamos a llevar las cosas a su sitio, porque hay mucho más campo de actuación que la Comunidad y dentro de estos propios Presupuestos.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Con esto termina el debate del Título VII y anuncio que a partir de la una, tal como se ha quedado de acuerdo ya desde el día de ayer, tendrán lugar las votaciones del Título V y Sección 06 Título VI; Título VII, Secciones 32 y 33 y Título VIII y Sección 60, que veremos a continuación.
El debate correspondiente al Insalud se unirá al debate de la Sección 26.
Lo digo para aquellas de SS. SS. que tienen que estar en ese debate.
Ahora comenzamos, precisamente para poder votarlo adecuadamente, el Título VIII y la Sección 60, que por su brevedad yo creo que nos llevará poco tiempo y podremos cumplir el plan que tenemos para la mañana, que es empezar ya con las secciones. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Para plantear la posibilidad que habíamos comentado entre los portavoces de los distintos grupos y que está pendiente de la confirmación por parte del Grupo Socialista. Me refiero a la posibilidad de incorporar también la Sección 19, Ministerio de Trabajo, junto con el Título VIII y la Sección 60. Parece que había conformidad de todos los grupos. Lo digo por si quiere recabar ese consenso el señor Presidente, puesto que estábamos pendientes de la confirmación por parte del Grupo Socialista, para acelerar la discusión de esa Sección, si lo consideraba oportuno la Mesa.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Un momento, señor Peralta. Voy a tratar de establecer la coordinación con el coordinador del Grupo Socialista, para ver cuál es la contestación en ese sentido.
Señor Hernández Moltó, hay una petición en el sentido de que también la Sección 19 se vea juntamente con el Título VIII y la Sección 60. Como coordinador del Grupo Socialista, le pido su respuesta.


El señor HERNANDEZ MOLTO: No hubiera habido inconveniente, pero debido al momento en que ha surgido la iniciativa, tenemos serias dificultades para que el ponente tenga la información adecuada y, por tanto, lamentándolo mucho, deberíamos discutirlo en el momento en que estaba previsto.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El momento será mañana, miércoles, a primera hora, al comienzo de la nueva sesión.
Damos comienzo al debate del Título VIII y la Sección 60.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Lamentamos que no sea factible la acumulación a la que se ha hecho mención hace unos instantes, puesto que creo que simplificaría el debate y quizá aligerase la jornada de mañana. Entramos así en lo que ya es propiamente este primer binomio. Nosotros entendíamos que también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como su nombre indica, podía formar parte de él, pero sobre todo por nuestra visión y nuestro rechazo al planteamiento presupuestario que ha realizado el Gobierno en materia de Seguridad Social.
Unicamente, como grandes novedades, aparece una medida que yo calificaría sin duda ninguna de simbólica, de aislada y de ineficaz, que es la reducción en un punto de las cotizaciones a la Seguridad Social, con algunos olvidos en el propio proyecto de Presupuestos que, en alguna medida, han sido subsanados por algunas enmiendas de nuestro Grupo y de otros, como puede ser el caso de los autónomos. Permítame que me detenga a pensar no sólo en los actuales trabajadores autónomos, sino también en las expectativas de autoempleo que puede tener la sociedad española, que creo que nos obligan a hacer un esfuerzo a todos los grupos para conseguir que esta expectativa se convierta en realidad; esto es, por un lado, autoempleo como una de las herramientas útiles para combatir el paro en España y, por otro, este punto de reducción, en cuya estimación ni siquiera coincidimos. Yo creo que ha habido una cierta alegría --digamos-- a la hora de buscar la aproximación entre las cifras.
Sistemáticamente, desde el propio Gobierno y desde el Grupo Socialista, se nos ha hablado de 204.000 millones de pesetas, cuando creemos que es una cifra bastante hinchada, buscando su aproximación a lo que sin duda es superior, que es el incremento de fiscalidad, el incremento del Impuesto sobre Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, que no sólo son superiores, sino que introducen riesgos añadidos en la evolución de la economía española; riesgos añadidos que, por otro lado, no son sólo objeto de comentario desde el Grupo Popular y desde otros grupos de la Cámara, sino que han merecido

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incluso --y sé que es un tema que al señor Cercas le encanta, porque ayer tarde tuve ocasión de escucharle sobre discrepancias-- la discrepancia de hasta quien hace bien poco era el máximo responsable de su Grupo. Insisto en que es una medida simbólica, aislada e ineficaz y, si me permite, un planteamiento presupuestario con escasa fe en su propia viabilidad o en su propia eficacia.
Cuesta creer que no se contemple en estos Presupuestos lo que debería ser lógico en su discurso. No sé si es otro grado de contradicción interna.
Poco optimista es en cuanto a la ampliación de la base de cotizantes.
Poco optimista es en cuanto a creerse el propio Grupo Socialista que va a producirse una verdadera reactivación económica, con un importante incremento de la base de cotizantes y, en consecuencia, que vaya a haber una mejor base, un mejor soporte para el funcionamiento del sistema. Se nos dice también, y se está asociando este debate al propio debate presupuestario, que existe un problema en el seno de la economía española y, por supuesto, de sus aspectos laborales y de Seguridad Social, como es la existencia de una enorme bolsa de fraude o de una enorme cantidad de economía irregular. Me permitiría recordar al señor Cercas que este tema fue objeto de tratamiento parlamentario hace ya ocho años. Me gustaría que el señor Cercas releyese lo que entonces ya eran grandes manifestaciones de voluntad. Siempre la voluntad parece que preside las intervenciones del Grupo Socialista, voluntad que luego no se ve acompañada por hechos o por una gestión eficaz, y creemos que también en este área debería hacerse algo más que --insisto-- declaraciones de voluntad o de voluntarismo. Ocasión habrá en debates que incluso el Grupo Socialista está dispuesto a producir, yo creo que de una manera un tanto oportunista en este momento, para comentar cómo podría incidirse en estas bolsas de fraude. Ciertamente nos alegra que algunas medidas tomadas por el Gobierno a iniciativa del Grupo Popular, como fue la asociación del rechazo de acciones formativas o de oferta de empleo adecuado a la pérdida de prestación por desempleo, comience a tener sus frutos importantes. Lo digo con satisfacción porque fue una iniciativa del Grupo Popular, como otras varias en esta materia, que se han mostrado eficaces y útiles para el buen funcionamiento del sistema.
Le decía y mantenemos que una base de nuestro rechazo es que, sin duda ninguna, habrá buena voluntad, y eso no se lo voy a discutir al Grupo Socialista, pero lo que no parece que acompañe a la buena voluntad es una gestión eficaz. En concreto, si me permiten, en Seguridad Social y en diseño de lo que es un sistema de protección, creo que cabría hablar de actuaciones un tanto compulsivas, un tanto a expensas de otro tipo de fenómenos, bien sean de contestación social, bien sean de reivindicación sindical, o bien sean de simple proximidad electoral. Creo que todo ello ha llevado a la existencia de problemas y de dificultades en este momento para las que no es suficiente plantear reducciones simbólicas e inconexas. Nada se nos ha dicho de lo que puede ser la posición del Gobierno en ejercicios próximos y entiendo que no van a resolver algunas de las dificultades, eso sí, distinguiendo siempre entre las medidas inmediatas, las medidas de actualidad, y lo que puedan ser actuaciones a medio y largo plazo, que sin duda ninguna ocasión habrá, y espero que muy pronto, de debatir en la ponencia de reforma del sistema de Seguridad Social de esta propia Comisión. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Entrando ya en la desagregación de algunas de las enmiendas, o en su detalle, creo que es muy importante establecer un sistema más claro, más fiable y más acorde con lo que son sin duda ninguna las necesidades presupuestarias, aunque la enmienda 903 ya fue tratada ayer. Me estoy refiriendo a esa fórmula de préstamos que viene aplicando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la propia Seguridad Social, en la cual se está embalsando y embolsando una gran cantidad. Creo que la estimación más correcta es que a finales del año 1995 podríamos encontrarnos con un volumen de deuda embalsado de un billón 300.000 millones de pesetas como consecuencia de este tipo de préstamos, de los cuales poco o nada sabemos. Sabemos que habrán de ser devueltos sin intereses, a partir de 1996, y en plazos de diez años genéricamente.
Yo creo que este tipo de actuaciones únicamente obedecen al deseo de enmascarar la verdadera envergadura de algunos aspectos de la deuda y del déficit. De ahí que nosotros hayamos propuesto que si ha de ser financiada la sanidad, se haga de una forma mucho más directa y clara, mediante unas transferencias ordinarias. No buscando --insisto-- el aplazamiento o el enmascaramiento de estas cantidades.
Nos parece incomprensible, y a ese objetivo atiende nuestra enmienda 1.010, que se siga hablando de los remanentes de Tesorería entre el Inem y la Tesorería General de la Seguridad Social como créditos ampliables.
Se supone que esas grandes mejoras informáticas y esos grandes avances de gestión deben permitir a ambas entidades conocerse mutuamente y disponer, incluso, de información mes a mes. De ahí que nos resulte sorprendente que se esté ahora aplicando --salvo que nuevamente se quieran utilizar espuriamente los remanentes de Tesorería para disimular otro tipo de deudas-- como crédito ampliable. Le insisto que no tiene razón de ser.
Muy preocupante sería que no conocieran mutuamente la Tesorería y el Inem sus obligaciones en lo que se refiere tanto a cuotas de desempleados como a prestaciones por desempleo.
Hemos incluido también en esta Sección varias enmiendas que afectan al Inserso, en concreto, la 1.814, la 1.815 y la 1.816. Lógicamente, en el debate ante el Pleno y en la presentación de la Sección correspondiente de Asuntos Sociales habrá ocasión de descender más en su detalle, pero permítame que me detenga un instante en la 1.816. No se nos alcanza ninguna otra razón que no sea de simple electoralismo para que el único programa que retiene la Administración central sean los programas de viajes para la tercera edad y de termalismo. Yo creo que no hay una razón sólida --y si la tienen me gustaría conocerla-- para que esta acción siga manteniéndose férreamente anclada en la Administración central, obligando de hecho a algunas comunidades autónomas, para suplir precisamente las carencias de gestión, a recurrir a acciones de tipo paralelo y, en algún caso, incluso --lo digo con toda tranquilidad--, casi, casi a duplicar acciones.


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Permítanme, finalmente, que llame la atención sobre dos enmiendas asociadas en las disposiciones complementarias, como son la 1.045 y la 1.054. La 1.045 fija esa voluntad de una reducción enérgica de las cuotas de la Seguridad Social en un plazo concreto (tres años) y en una cuantía que estimamos razonable: cinco puntos. No me cuesta mucho imaginar lo que el señor Cercas dirá, puesto que ayer tuvo una cierta anticipación en su intervención respecto a lo que sería esta enmienda. ¿Qué es lo que pretende? Algo tan simple como que esta cuantía no sea simplemente simbólica, sino que tenga una eficiencia, y le aconsejo al señor Cercas que haga el cálculo de la actual reducción en lo que sería una empresa normal en España, una empresa de 10 ó 12 trabajadores, para que vea cuál es su potencialidad de creación de empleo, si se limita o se circunscribe a un punto. Creemos que hay que marcarse un objetivo, no digo ambicioso sino razonable (cinco puntos en tres años). Junto a esta enmienda, la 1.054 propone un camino en el que creo que debe seguirse avanzando, un camino que se inició en el año 1989 y que hoy, más que nunca, cobra razón de ser. Entendemos absolutamente necesario avanzar en la separación de prestaciones e ingresos de carácter contributivo y de prestaciones y financiación de lo que ya está universalizado, de lo que ya está al alcance de cualquier español, no por el hecho de ser contribuyente al sistema de Seguridad Social sino por el hecho de ser español. Entendemos que esa enmienda debe obligar a reflexionar al Gobierno y a plantear acciones que, insisto, no tienen otra razón de ser en cuanto a su congelación desde hace ya varios ejercicios.
Finalmente, le pediría también al Grupo Socialista que en materias que son sustanciales para el buen funcionamiento de España, como es, sin duda ninguna, el sistema de protección social, si quiere introducir mejoras, que yo creo que son necesarias, y si realmente desea el consenso y el apoyo de otras fuerzas políticas, no actúe como viene actuando y como recientemente ha actuado el Presidente del Gobierno que, naturalmente, desde el extranjero, ha hecho declaraciones muy importantes que afectan a nuestro país. No se puede decir que lo que separa, lo que distingue al Partido Popular del Partido Socialista son, precisamente, las pensiones (declaraciones que usted podrá leer en «Le Figaro») e, inmediatamente, venir a esta Cámara a pedir consenso, ayuda y colaboración. Si realmente el Grupo Socialista entiende --y desde el Grupo Popular lo entendemos plenamente-- que estamos ante una cuestión crucial, de las que definen a un Estado, de las que nos integran en la Unión Europea, no debe hacer un uso electoral ni frívolo de esta materia. Tengan en cuenta que una de las dificultades con las que nos vamos a encontrar en cualquier propuesta de reforma es la abusiva utilización electoral del sistema de protección social. Y les digo, para concluir, que el Partido Popular se mueve en coordenadas claras, puesto que no sólo acepta sino que impulsó en su momento la redacción del artículo 41 de la Constitución. No sólo desea sino que, además, está intentando poner medios eficaces para consolidar las garantías de un sistema público de pensiones; lo que no acepta el Partido Popular es la permanente y continua utilización electoral del sistema de protección social. Y sepa, señor Cercas, que en esta materia, si ustedes realmente y de corazón buscan un consenso, buscan un entendimiento, buscan un apoyo que nuestro Grupo no está dispuesto a regatear, parece condición necesaria e imprescindible que depongan el uso electoral de la misma.


El señor PRESIDENTE: La Mesa conoce la disposición del Grupo Socialista para contestar también a las posiciones de los grupos que tengan enmiendas a la Sección 19 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El señor Aparicio puede optar por defender la posición de su Grupo en este momento, o bien daría la palabra al resto de los grupos y él lo hace al final; en el turno que desee.


El señor APARICIO PEREZ: A gusto de la Presidencia, y con la mejor disposición. Realmente, en este tema sería extraordinariamente breve.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: A la Sección 19 ha sido presentada, por parte de nuestro Grupo, una enmienda de totalidad, con una componente básica, como he dicho anteriormente. La presencia en un Presupuesto, que en su conjunto no llegaría a los dos billones de pesetas, de un préstamo de 400.000 millones, que desvirtúa presupuestaria y financieramente el concepto de estabilidad, supone préstamos que se van acumulando y embalsando y que a finales del año 1995 alcanzarán la cuantía de un billón 300.000 pesetas, sin que exista una programación adecuada de devolución de dichas cantidades.
También plantea, lógicamente, reparos a lo que es el funcionamiento del principal organismo autónomo afecto a esta Sección 19, como es el Inem.
Un Inem que ahora se ve obligado, por las circunstancias actuales, a competir en lo que sería una de sus funciones básicas, como es la intermediación de empleo, sin que veamos que se estén adoptando las medidas necesarias para adaptarse a estas nuevas circunstancias; un Inem que ayer mismo nos sorprendía imputando buena parte del fraude que pueda existir en prestaciones por desempleo al desconocimiento de los ciudadanos. Me pregunto yo: si no está haciendo de intermediario en el mercado de trabajo, si no está resultando tampoco eficaz en el control de sus propias prestaciones, ¿a qué se dedica? A nuestro Grupo le gustaría que se dedicase a facilitar esa información correcta.
Pedimos también en este apartado que se invierta lo que ha sido la tendencia y la constante negativa de los últimos años en esa proporción entre políticas pasivas y políticas activas. Creemos que España debe ir girando hacia lo que es la normalidad dentro de la Unión Europea: un mayor equilibrio entre las políticas activas y las políticas de empleo, que las simples y pasivas políticas de desempleo. Evidentemente, es necesario que todo español que sufra la pérdida de su puesto de trabajo reciba protección del Estado, pero el objetivo básico no es otro que reintegrar a esa persona a un puesto de trabajo, y creo que la concepción y la gestión que se ha dado en estos últimos años no puede

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calificarse de acertada simplemente desde la lectura de ese parámetro, cual es la proporción entre políticas activas y políticas pasivas. A ese objetivo atienden enmiendas como la 1.472 y la 1.473.
Permítanme que me detenga un segundo en la 1.473, que afecta a la integración laboral de minusválidos, para hacerles dos observaciones.
Parece haber olvidado el Ministerio de Trabajo que algunas de estas competencias van a ser gestionadas por las comunidades autónomas, como consecuencia del denominado pacto autonómico. De ahí que, tal vez sin mala fe, pero desde luego el resultado es el mismo, no se hayan incrementado en la misma cuantía que otras partidas que se supone que son susceptibles de transferencia. Eso resulta, como mínimo, poco elegante, y espero que el señor Cercas, o quien en este momento vaya a contestarme, me aclare por qué precisamente los grupos de programas susceptibles de transferencia se ven congelados, y no así el resto de programas de este Ministerio.
Permítanme también que diga que la Lismi podría ser --y habrá otras enmiendas, en su momento, en la Sección 27, Servicios Sociales-- un ejemplo de lo que antes citaba. No basta con la buena voluntad. La buena voluntad creo que la tienen todos los grupos de la Cámara; no basta con hacer leyes que puedan ser calificadas de modernas, de progresivas o de vanguardia europea, si posteriormente no se ponen los medios presupuestarios y la gestión necesaria para llevarlas a cabo. Esperemos que situaciones como la generada por la Lismi, de grandes expectativas y grandes frustraciones, vayan corrigiéndose. También a dicho fin, insisto, se han presentado enmiendas que responden a intentar dotar de operatividad a una ley que, sin duda ninguna, será positiva, pero que se ha visto deficientemente gestionada en estos últimos años y que ha generado frustración precisamente en un grupo social que necesita, más que otros, ayuda y colaboración.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas, incluidas las de la Sección correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, voy a intervenir para defender las enmiendas de nuestro Grupo al Título VIII de la ley de presupuestos, así como a las secciones 19, relativa al Ministerio de Trabajo, y 60, relativa a la Seguridad Social, y algunas otras enmiendas que forman parte de las dirigidas a las disposiciones adicionales.
Por lo que se refiere al tema de la Seguridad Social, las enmiendas que presenta nuestro Grupo son muy cortas, porque somos conscientes de que el presupuesto de esta institución fundamental en el Estado de bienestar, como es la Seguridad Social, en buena medida responden a un acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales sobre revalorización de pensiones, en torno al 3,5 por ciento, así como a la revalorización de los sueldos de los funcionarios, partida pequeña dentro del monto global del presupuesto de la Seguridad Social.
En nuestra opinión, ese acuerdo es positivo, si bien insuficiente, por cuanto no da posibilidades de solucionar algunos de los problemas graves que tiene la Seguridad Social, como es la cuantía baja de un número importante de pensiones. Pero cuando se están haciendo tantas afirmaciones, en nuestra opinión sin fundamento, acerca de los peligros y la quiebra del sistema de la Seguridad Social, el que podamos presentar un presupuesto para el año 1995 en unos términos previstos y que dan respuesta a necesidades básicas de millones de ciudadanos de nuestro país, es un dato que valoramos positivamente. Por eso, las enmiendas que hemos presentado buscan, fundamentalmente, mejorar aquellas prestaciones que en los últimos años han sufrido un deterioro notable, como son principalmente los temas de protección familiar.
Conocen perfectamente SS. SS. que en la anterior legislatura una proposición de ley de nuestro Grupo perseguía la revalorización anual de los niveles de renta necesarios para tener derecho a esas prestaciones, así como una revalorización de las propias prestaciones. Las enmiendas del Grupo Socialista en la anterior legislatura dieron lugar a que esa proposición de ley terminara revalorizando sólo los niveles de renta. En nuestra opinión es necesario actualizar esos niveles de renta para recuperar los años en que no se produjo dicha revalorización y es necesario, asimismo, revalorizar las cuantías de las prestaciones. Esos dos objetivos son el núcleo de las enmiendas que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por lo que se refiere a la enmienda de totalidad que hemos presentado a la Sección 19, del Ministerio de Trabajo, queremos hacer referencia en la misma al problema que nos parece fundamental, que es el de la cobertura de desempleo. Como consecuencia de las modificaciones introducidas en los dos últimos años, fundamentalmente en la Ley derivada del decretazo, en el año 1992, y la Ley 22 del año 1993, estamos asistiendo, a lo largo de los últimos meses, y especialmente en los que llevamos del año 1994, a una caída verdaderamente notable y preocupante de la tasa de cobertura de desempleo, más de 10 puntos en lo que va del año 1994.
Ante esta realidad, nos parece que los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se pueden hacer con el criterio de lograr un equilibrio financiero y desconocer los graves problemas que ese Ministerio tiene obligación de resolver, sin descuidar y sin desconocer los problemas necesarios de equilibrio financiero, es necesario que ese Ministerio cumpla con su papel fundamental, que en el tema del desempleo, sin lugar a dudas, es proporcionar una protección adecuada a los millones de desempleados que tiene nuestro país.
Estas son las enmiendas fundamentales que plantea nuestro Grupo por lo que se refiere a este Título y a estas actividades.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi Grupo tiene formuladas dos enmiendas en esta parte del debate del Título VIII y la Sección 19.


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La enmienda 865 al Título VIII, pretende equiparar a los empresarios individuales y los trabajadores autónomos con los demás empresarios de este país, a los que se les ha rebajado un punto, en la cotización social. Asimismo adecua el tipo de cotización cuando el interesado no se haya acogido a la protección de la ILT. Esta es una medida en la que naturalmente no me voy a extender --como no suelo extenderme en ninguna de mis intervenciones--, porque éste ha sido un tema muy debatido con el Partido Socialista y parece que coincidimos y que será una enmienda aceptada en este trámite.
La enmienda número 860, a la Sección 19, pretende incrementar la partida que pueda favorecer la autoocupación. En una época en la que estamos todos doloridos, preocupados, con un cierto punto de desesperación porque nuestro índice de paro es un índice brutal, altísimo (dobla el de la Comunidad Económica Europea, y todos queremos de alguna manera intentar rebajar este porcentaje y crear actividad para que haya cada día menos trabajadores en esa desgraciada situación de paro), parece que este camino, el de incentivar la autoocupación, es un camino válido para ir sacando personas del paro, que vayan a realizar una actividad. Actividad que responderá a su propia iniciativa personal pero que si es incentivada tendrá más éxito que si nos olvidamos de ello. Por ello, mi Grupo tiene un especial interés en esta enmienda a la Sección 19, para que, en lo posible, los grupos se sientan sensibilizados y la voten favorablemente.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, creo entender que estamos debatiendo el Título VIII.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, y la Sección correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la Sección 60.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas presentadas por mi Grupo Parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Brevemente y en relación a las enmiendas al Título VIII y a la Sección 19.
En primer lugar para mantener la enmienda 273, al Título VIII, de la Diputada del Grupo Mixto, señora Rahola Martínez, y en el mismo sentido, en la Sección 19, mantener las enmiendas 269 y 270 de la misma señora Diputada, para que sean votadas en esta Comisión.
En particular, quiero mantener la enmienda de quien les habla a la Sección 19, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; quiero mantener la enmienda 92, en los términos que se contemplan en la misma, referente al Instituto Nacional de Empleo, consistente en la inversión de 50 millones en la creación de centros docentes de formación profesional ocupacional en la Comunidad valenciana, por así demandarlo nuestra sociedad y sectores empresariales importantes de la Comunidad valenciana.
Por tanto, por si ha habido algún tipo de problema respecto a las enmiendas, quedan mantenidas las de la señora Rahola y, en particular, queda defendida la enmienda 92 a la Sección 19.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Voy a tratar de ordenar mi intervención empezando por lo que es más agradable que es --¡cómo no!-- poder presentar alguna posición positiva sobre trabajos que ha hecho la oposición --en este caso concreto al que me voy a referir, trabajos hechos después de un debate con nuestro propio Grupo Parlamentario-- como es el caso de la enmienda 865, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que vamos a votar afirmativamente. Coincidimos --y a ello responde también nuestra propia enmienda número 407-- con el Diputado señor Hinojosa en que para dotar de coherencia al conjunto de intervenciones que hay en la vertiente del ingreso de la Seguridad Social se debería haber traído en el proyecto del Gobierno una adecuación de la cotización de los trabajadores del régimen especial de autónomos, adecuándose a esa previsión de la rebaja de un punto que tienen el resto de trabajadores por cuenta ajena. Esta laguna en el proyecto de ley del Gobierno se subsanará con nuestra posición favorable a la enmienda 865, que le reitero al letrado, junto con la 407 del Grupo Socialista, de igual literalidad.
Empezaré también por decir que a los Diputados que han mantenido vivas sus enmiendas pero que no las han defendido, les responderemos en el Pleno. Les anuncio que alguna de ellas está siendo objeto de estudio por nuestro Grupo y si hubiera alguna posibilidad, sin desequilibrar gravemente los presupuestos de la Seguridad Social, aún habría algún esfuerzo adicional, sobre todo con algunas de las que ha planteado el Grupo Vasco (PNV).
Entro a considerar la posición de Izquierda Unida y del Partido Popular, que son quienes en este trámite han establecido con precisión sus puntos de vista, puntos de vista importantes a mi parecer, puesto que pretenden nada más y nada menos que la devolución al Gobierno de este Título y de esta importantísima Sección.
Como es lógico no vamos a decir desde el partido que apoya al Gobierno cómo debe administrar la oposición sus derechos reglamentarios, pero imaginamos que tendrán que existir razones muy poderosas para pedir la devolución al Gobierno de este Título y de esta Sección 60, que tan fundamental es para el bienestar de millones de españoles, lo que, en el caso de una eventual victoria en las confrontaciones que tenemos en la Comisión o en el Pleno, ocasionaría un daño de unas considerables magnitudes. Porque devolver este presupuesto al Gobierno qué duda cabe que, en la mejor de las hipótesis, al menos

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demoraría en una serie de meses actualizaciones, intervenciones, transferencias corrientes a familias que en estos tramos de la población están especialmente necesitadas.
Por tanto, si me permiten y con moderación, expresaré mi opinión de que al menos en lo que ha sido la defensa que ambos grupos han hecho de sus enmiendas de totalidad, yo no acabo de alcanzar a entender las razones para pedir la devolución al Gobierno. En el caso concreto de Izquierda Unida con mucha más razón, puesto que su parlamento se ha iniciado con la afirmación cierta de que éste es un presupuesto en el que por primera vez en las Cámaras en muchos años podemos estar discutiendo los Diputados un conjunto de programas que han sido plenamente consensuados con sectores sociales que Izquierda Unida siempre ha defendido que eran un elemento y una referencia de legitimación de las políticas sociales, y este Título y esta Sección gozan, yo creo, en sus términos fundamentales, de un amplísimo consenso de las organizaciones sindicales, de las organizaciones más representativas de los pensionistas, etcétera. Por tanto, cabría esperar de Izquierda Unida que hubiera hecho una serie de enmiendas parciales, lo que nos hubiera ahorrado este trámite de debate de devolución al Gobierno.
En cuanto a sus enmiendas parciales aprovecho para decir, sobre todo en relación a la que ha sido objeto de mayor dedicación, la que se refiere a un incremento de la ayuda a la protección a la familia, que podemos estar perfectamente de acuerdo con ustedes, señor Peralta. No hay ninguna duda de que en España hay un amplio camino que recorrer para que nuestra dosis de protección social a la familia sea más elevada. El problema, señor Peralta, que ayer comentaba con algún otro Diputado de su Grupo, es que ustedes son perfectamente conscientes, como lo somos nosotros, de que la Seguridad Social ha pasado ya tres ejercicios económicos ciertamente muy preocupantes. Estos días conocemos también los Diputados el cierre de la cuentas y balances del año 1993. Han sido años dramáticos para el equilibrio financiero de la Seguridad Social y se han tenido que sujetar las propias finanzas de la Seguridad Social a un ejercicio de rigor verdaderamente importante. Solamente el mantenimiento de los compromisos ya adquiridos con anterioridad ha supuesto obligaciones enormemente gravosas que han llevado, como tenemos ocasión en estos mismos presupuestos, a tener que acudir a préstamos del Estado en cuantías muy importantes y que un día la Seguridad Social tendrá que devolver. Por tanto, la Seguridad Social no está en este momento en condiciones de asumir otro objetivo que el de su propia consolidación, el de dar seguridad a los actuales beneficiarios con los programas que son importantes, entre otros los del mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, que nos obliga a dedicar más de 400.000 millones adicionales cada año solamente a este programa. Nos parece sumamente importante que Izquierda Unida reflexione que una manera de tutelar, como yo creo que sí pretenden tutelar, el equilibrio de la Seguridad Social es en el día a día y no incrementar los compromisos más allá de lo que razonablemente el propio sistema puede en este momento atender.
Hay muchas cosas que hacer en España, pero habrá que ir haciéndolas poco a poco; habrá que ir haciéndolas, sobre todo, a medida de que podamos ir disponiendo de recursos suficientes, y es evidente que los presupuestos de 1995 de la Sección 60 no pueden soportar una mayor capacidad de gasto para diversos programas. Hoy se ha referido S. S. al de la protección a la familia, pero ayer otros compañeros de su grupo se referían en el Título IV a otro conjunto de elementos que posiblemente están pendientes de solucionar, pero que no es éste el momento, puesto que la Seguridad Social encuentra con dificultad el equilibrio entre los ingresos y las obligaciones que tiene que atender.
En todo caso, señor Peralta, no quiero terminar sin decirle que al Grupo Parlamentario Socialista mucho le agradaría --y creo que ya tenemos una cierta aproximación a Izquierda Unida en lo que son las definiciones globales de la política de protección social en España-- que se retirara esa enmienda de totalidad puesto que, en el fondo, no hay un programa alternativo de Izquierda Unida, todo lo más que hay son pequeñas modificaciones que pueden ser objeto de este tipo de debates y de enmiendas parciales, pero no de enmiendas de devolución al Gobierno.
Por último, señor Presidente, cómo no, merece una consideración especial la intervención del señor Aparicio, que ha hablado como portavoz del principal Grupo de la oposición. También hubiera deseado que el señor Aparicio nos hubiera ilustrado con algún mayor grado de precisión en cuanto al porqué pretenden la devolución de estos programas, por qué pretenden dejar huérfana a la Cámara de esta parte sustancial de la Ley de Presupuestos del Estado cuando todos los Diputados hemos oído que no hay un programa alternativo.
Ayer hubo un debate importante en el Programa más importante de esta Sección, que eran las pensiones, y efectivamente ya tuvimos ocasión de demostrar --no reiteraremos los argumentos-- que el Partido Popular no tiene un programa alternativo en gastos. Las posiciones de su máximo portavoz, su Presidente, se limitaban a decir que este año lo más que podía hacer en gastos la Seguridad Social era el mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, pero no introducir ningún componente obligacional nuevo.
Por tanto, parece difícil --y en eso ha sido inteligente el señor Aparicio-- sostener una devolución del Título y de la Sección al Gobierno por una política alternativa de gastos. El ha intentado establecer de una manera bastante confusa y contradictoria alguna posición diferencial con nuestro Grupo en la vertiente del ingreso. Pero yo creo, señor Aparicio que, como en el refrán, el parto de esa montaña al final ha sido un ratoncito, un ratoncito de medio punto en la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Luego ya llegaremos a este elemento.
En realidad, el señor Diputado ha gastado mucho tiempo, muchos adjetivos, muchas energías, en descalificar la rebaja de un punto en la cotización empresarial diciendo que era ineficaz, que era simbólica, que era realmente insuficiente para hacer lo que había que hacer en España, y luego, a la hora de la verdad, cuando se termina la literatura, llega a concretar para el ejercicio de 1995 un punto y medio, de modo que es un simbolito sobre el símbolo. Bien es cierto que no

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mantienen esta posición, porque luego el discurso va a adornado de toda una serie de afirmaciones para una parte de la galería, a la que luego me referiré.
Ha discurrido después el discurso del señor Aparicio acerca de hechos sobre los que yo tengo la obligación de reconstruir la verdad en este momento. La gestión de la Seguridad Social la ha calificado de ineficaz sin aportar ni un solo dato para soportar ese juicio de valor. ¿Cómo puede el señor Aparicio decir que hay una gestión ineficaz cuando hoy la Seguridad Social, tras esta larga década de Gobierno socialista, gestiona con la mitad de recursos con que gestionaba hace doce años en España? Hoy gestiona con cerca de 4.000 funcionarios menos de los que había en 1982 en la Seguridad Social (en 1982 había 37.000 y en este momento hay 34.000), a pesar de que entonces la Seguridad Social gestionaba 2,4 billones de pesetas y hoy gestiona 10,8 billones de pesetas, a pesar de que la Seguridad Social entonces tardaba siete y ocho meses en reconocer las pensiones y hoy tarde días. ¿Cómo puede el señor Aparicio, sensatamente, hablar de gestión eficaz cuando nuestro país, que no está precisamente a la cabeza de los países de la Unión Europea prácticamente en ninguna «ratio», en lo que es atenciones respecto al producto interior bruto, sin embargo es el país de la Unión Europea que menos dedica a gastos de administración de su sistema de protección social? Estamos a la cabeza en la Unión Europea en cuanto a eficacia en la gestión, en cuanto a eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Cómo puede, señor Aparicio, decir eso y, si no, que lo diga el señor Núñez que le acompaña. Le reitero un argumento que le dije al señor Núñez: la Seguridad Social, hoy, tiene menos altos cargos que tenía hace una década en España; ningún Secretario de Estado, menos directores generales, menos subdirectores generales. En definitiva, señor Aparicio, ese es uno de tantos latiguillos que ustedes usan buscando quizá titulares, buscando impactar a la opinión pública, pero que no tiene ninguna apoyatura en datos que puedan ser demostrados ni en éste ni en ningún otro trámite.
Dice que hay mucho fraude en la Seguridad Social y el señor Aparicio sabe exactamente igual que yo que en todos y cada uno de los ejercicios se van incrementando las actividades, las iniciativas, las unidades y que este año el propio presupuesto de la Seguridad Social, las unidades de recaudación ejecutiva van a incrementar y van a sacar fruto de un programa que cuesta muy poco dinero, pero que ingresa en la Seguridad Social 70.000 millones de pesetas y son cifras que se van aplicando cada año a lo largo de esa última década.
Usted conoce exactamente igual que yo que la Seguridad Social tiene menos morosos que la banca pública en España, que resiste cualquier comparación con cualquier entidad pública o privada que se dedique a iguales menesteres. En otros trámites e incluso otros diputados de su Grupo que hoy se sientan cerca de usted, no han tenido ningún empacho en reconocer justamente lo contrario: que si por algo se podía calificar la gestión de la Seguridad Social era por ser una gestión eficaz y modélica.
También se ha referido, de una manera inconexa en cuanto al fondo de la cuestión, a temas procedimentales que reiteradamente le han sido explicados al señor Aparicio por los responsables no solamente de la Seguridad Social, sino de la propia Intervención del Estado.
Siguen ustedes confundiendo y dicen que no tienen claro las cuentas de relación entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el INEM o entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Salud. Es un problema suyo, señor Aparicio. Tienen ustedes que volver a releer esa comparecencia de altos cargos, donde se les ha explicado «ad nauseam», cómo funciona la Seguridad Social, cómo exige, precisamente por el principio de unidad de caja, que la Seguridad Social sea, de alguna manera, el banquero del conjunto del sistema de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tiene unas cuentas que no es que no estén en los Presupuestos, sino que ahí están las cuentas de 1993 que han sido presentadas ya cerradas e intervenidas y ahí aparecen absolutamente todas las posiciones deudoras y acreedoras. Día a día se van manteniendo en función de las necesidades de cada una de las entidades gestoras, pero el hecho de que sean extrapresupuestarias no quiere decir que no estén controladas, no quiere decir que enmascaren ningún déficit. Todas, absolutamente todas las posiciones de insuficiencia de financiación que puede haber en cualquier entidad gestora de la Seguridad Social luce y termina por lucir. Lo que ocurre es que tienen que acudir a los capítulos oportunos de los presupuestos para que en ellos luzca. Y hay que decirle que no tenemos inconveniente en manifestar que en este momento tenemos una necesidad de financiación, prevista para el año 1995, de 405.000 millones de pesetas que está perfectamente explicada y expresada en todos los documentos, en la memoria, en el informe económico-financiero. Lo tiene todo a su disposición.
No cabe por ello, en un tema de esta relevancia, dejar en el ambiente, más o menos, la creencia de que las cifras no son claras, son confusas, de que hay algo oculto. No hay nada oculto y lo sabe el señor Aparicio y si no lo sabe es porque no se ha dedicado a estudiarlo a fondo, porque tiene usted todos los datos en su poder, y en ningún caso justifica la devolución al Gobierno.
Pero voy a entrar en lo que creo que es --más allá de esas pequeñas enmiendas, que algunas de ellas son al Inserso y que serán contestadas cuando llegue la correspondiente sección-- relevante, sin contestar afirmaciones, incluso algún reto que ha señalado el señor Aparicio a nuestro partido y a nuestro Gobierno. Y quiero empezar por decirle, señor Aparicio, que si tienen ustedes alguna duda de que nosotros podamos hacer un uso electoral o frívolo, según sus palabras, de cuál es la posición del Partido Popular en estas pensiones, tienen el camino expedito para eliminar cualquier tentación que pudiéramos tener. Y yo le voy a decir cuál: señor Aparicio, cesen ustedes en sus ambigüedades y en hacer algo que también han vuelto a intentar otra vez en estos Presupuestos. Cesen ustedes en sus ambigüedades, en primer lugar, y dígannos con claridad, porque aún no lo sabemos --y yo soy un lector, no apasionado porque su literatura no me apasiona, pero sí ocupado en leer la literatura que produce el Partido Popular--, dígannos ustedes definitivamente no solamente los nombres

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que ponen a cada uno de los niveles de la Seguridad Social, sino las características de cada uno de los niveles. Dígannos ustedes, hoy o cuando quieran, además de decir que va a haber un nivel universal, profesional y complementario, si quieren que ese nivel profesional --que es el quid de la cuestión-- siga siendo público; si ustedes quieren que siga siendo el que sustituya las rentas de activo en una calidad parecida a la que hoy tiene nuestro sistema, con unas técnicas de reparto, de solidaridad como la que hoy hay en el sistema o ustedes están por lo que acabamos de oír en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, de que ahí tiene que entrar la gestión privada, o ustedes están por lo que dice la patronal española --y ya lo discutiremos en el Pleno del Congreso de los Diputados-- de que hay que ir a una pensión de tasa uniforme en el sector profesional y que el resto debe ir a la iniciativa privada. O dígannos ustedes si están o no de acuerdo con los expertos que nos han llevado a la Comisión y a la Ponencia que estudia la reforma de la Seguridad Social que siguen defendiendo estas tesis, o de personas que firman manifiestos de apoyo al Partido Popular y que están manteniendo en la prensa especializada en la prensa generalista opiniones de quiebra del sistema y de que hay que ir a una privatización del plan profesional.
Dígannoslo ustedes. Si ustedes tienen el coraje de decir que no están de acuerdo con esas cosas, al menos tendrán la legitimidad para decir que cesen nuestras ambigüedades porque habrán cesado las suyas, que son las que justifican las nuestras; que cesen nuestras dudas, porque yo me espero cualquier cosa del Partido Popular. ¿Sabe lo que me espero? Lo que sea más útil electoralmente para el Partido Popular (Rumores.), pero, al menos, den ustedes la cara ante los sectores económicos, ante los sectores de opinión, ante los sectores académicos que están con ustedes, que ustedes dejan que estén en la opinión pública drenando el criterio de la crisis, de la quiebra, de la perversión del sistema público, sin una palabra de rechazo del Partido Popular. Suba usted a la tribuna del Congreso de los Diputados la próxima semana y diga que don José María Cuevas no tiene razón en las Tribunas de Opinión que ha escrito en el ABC el mes pasado. Diga usted que el Partido Popular no tiene nada que ver con la patronal española, porque, al menos, de esa manera podríamos saber a qué atenernos.
Cesen ustedes, por último, señor Aparicio, en esa otra manera, más taimada, de destruir el sistema público de Seguridad Social, que consiste en pedir, como han pedido este año, como vienen pidiendo todos los años, cada vez más obligaciones y cada vez menos ingresos para la Seguridad Social. Luego lo tamizan, luego nos quedamos en medio punto, pero la verdad es que ustedes en la campaña electoral decían que iban bajar ocho puntos las cotizaciones a la Seguridad Social y ocho puntos de bajada son 1,6 billones de pesetas. Y como ustedes no quieren incrementar el déficit del Estado por razones evidentes, porque si incrementamos el déficit del Estado vamos a incrementar los tipos de interés y el paro y vamos a destruir la economía española, si le quitan a la Seguridad Social 1,6 billones de pesetas no tienen más remedio que entrar con la tijera en las pensiones públicas para igualar y equilibrar los presupuestos de la Seguridad Social. Ya parece que se han arrepentido de lo que decían hace unos meses; ya no son ocho puntos, sino cinco, y, al mismo tiempo, dicen: Pero en tres años. ¿En qué quedamos, señor Aparicio? ¿Cuántos son, cinco u ocho? ¿Y cuándo son: ya, para que no sea simbólica la medida, o dentro de tres años? Tiene usted la palabra, señor Aparicio. No le quepa la menor duda, para terminar, de que al Partido Socialista le interesaría muy mucho, no sólo con el Partido Popular, que representa a una parte y no la más importante de la sociedad española, sino con el conjunto de los partidos que hay en esta Cámara, que en su conjunto sí representamos a la sociedad española, llegar a un consenso de mantenimiento del sistema público de protección social, y estaremos encantados de conseguir ese consenso con ustedes. Lo que no sabemos es si ustedes están en disposición de dar los pasos suficientes para que este consenso se pueda producir.


El señor PRESIDENTE Por un error, que no sé si se debe a la Presidencia o al Grupo Parlamentario Vasco, no ha hecho uso de la palabra en el turno anterior el señor Gatzagaetxebarría. Si le parece a S. S., yo le daría la palabra ahora para que, ya en un solo turno, cumpla los dos, el inicial y el de réplica.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Simplemente para conocer cuál era la posición del Grupo Socialista, porque no he tenido ocasión de escuchar la intervención de su portavoz y, por tanto, no reproduciría la defensa que ha hecho el representante de mi Grupo en el momento en que yo estaba ausente. Unicamente era conocer la opinión del Grupo Socialista, por si procede la réplica o no.


El señor PRESIDENTE: Quizá pueda complementar S. S. la postura del Grupo Socialista con la expresada por el señor Cercas y el segundo turno al que habrá lugar al final de esta deliberación.
Tiene la palabra el señor Moragues para defender la posición de su Grupo en relación con la Sección 19.


El señor MORAGUES GOMILA: Muy brevemente, en cuanto a la Sección 19, porque todos los Grupos han pasado casi de puntillas sobre el debate de la totalidad de la Sección, para presentar las tres enmiendas que mantiene el Grupo Socialista a los presupuestos de Trabajo, la 426 y la 427, referidas al Consejo Económico y Social, que son dos enmiendas de carácter técnico, y la enmienda 428, para aumentar la partida 231 del programa 612 de locomoción, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones».
En cuanto a las intervenciones que han hecho los distintos Grupos acerca de las enmiendas presentadas, creo que nos encontramos, como cada año, en una presentación y un planteamiento formal de las mismas para derivar el debate al Pleno. Evidentemente, las razones que han presentado los distintos Grupos para la defensa de sus enmiendas han sido tan mínimas que imposibilitan que el Grupo Socialista pueda plantearse un debate mínimamente constructivo en relación a ellas. De todas formas, en el

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Pleno tendremos oportunidad, como digo, de mantener un debate más en profundidad sobre lo planteado por los distintos Grupos. No les quepa duda, de todas formas, a SS. SS. de que el Grupo Socialista está abierto en las próximas semanas a discutir en profundidad, bilateralmente con cada uno de los Grupos, el mantenimiento o la aceptación de las distintas enmiendas presentadas.
En cuanto a una cuestión muy concreta que ha presentado el señor Aparicio relativa a la enmienda 1.473, que ha sido la única a la que ha hecho mención especial, sí querría decirle que, en cuanto a los presupuestos acerca del programa 322 A, de fomento y gestión del empleo, en relación a la integración laboral del minusválido, el mantenimiento de la rúbrica 472, en lugar de la 453 que demanda el Grupo Parlamentario Popular, estando de acuerdo seguramente en la filosofía que se destila de la enmienda, se debe a no haber resuelto aún el traspaso competencial abierto por la Ley 9/1992, correspondiente a los traspasos de competencias a las distintas Comunidades Autónomas. El Grupo Socialista está dispuesto a apoyar este cambio de artículo que presenta el Grupo Popular, pero en el momento en que los Reales Decretos de traspasos sean un hecho y, por tanto, se pueda traspasar del artículo 45 al 47 esta partida o las que haga falta para poder potenciar en este caso concreto la integración laboral del minusválido.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Aparicio tiene la palabra.


El señor APARICIO PEREZ: Tal vez por seguir también en una línea de cortesía y ver algo positivo en la intervención del señor Cercas, me alegra que haya algún elemento excepcional de autocrítica, tal cual es el olvido que se había formulado en el proyecto de la existencia de autónomos y de expectativas de autoempleo. Pues vaya por delante que nos alegra que, por una vez, y espero que no sea la última, se reconozcan errores palmarios, como el que creo que puede subsanarse, entiendo que parcialmente, si se atiende alguna enmienda de la oposición.
Usted ha intentado, puestos a hablar de metodología y de clásicos, decir una vez más: Yo estoy en una posición intermedia entre Izquierda Unida y el Partido Popular. Permítame que le diga que empiezo a percibirle no ya intermedio entre Izquierda Unida y el Partido Popular, sino simplemente fuera de la realidad, porque aquí es muy fácil decir: «Como nosotros estamos sociológica y políticamente entre...» Pues da la casualidad de que bien sabe que hay discrepancias profundas entre todos los Grupos, y las habrá sin duda alguna entre Izquierda Unida y el Partido Popular, y creo que tendrán su plasmación en las votaciones que a continuación se produzcan, pero ya le digo de antemano que no cabe asignarse gratuitamente un posición. Eso es puro voluntarismo. Al final tiene que haber unos hechos que, insisto, avalen las declaraciones programáticas.
No se han cuestionado en nuestras enmiendas, y usted lo sabe, los aspectos en los cuales se da el caso de acuerdo con los agentes sociales, ni se ha querido ni se va a querer nunca perturbar ese diálogo. A lo mejor la diferencia es que ustedes, sin embargo, tienen una larga trayectoria de frustrar acuerdos con los agentes sociales, y me remito a lo que ustedes entendían que eran las grandes claves programáticas para esta legislatura. Ustedes sabrán, hablando del parto de los montes, si lo que han obtenido es el gran acuerdo social al que hacía mención en la última campaña electoral, la que dio lugar a esta legislatura, y el balance que pueden presentar a fecha de hoy, y ustedes sabrán si eso es calificable como el parto de los montes o de otra manera, a lo mejor, más dulce, pero está usted en su derecho de hacer voluntarismo antes que sustentar sus afirmaciones.
¿En qué hemos hecho hincapié? En qué, desde esa visión global del sistema de protección social, del que no cabe segregar la protección sanitaria, sobre todo en la estructura actual, si a algo hemos asistido en las comparecencias de los altos cargos no ha sido a explicaciones «ad nauseam»; permítame que le diga que a lo que hemos asistido es a peloteo «ad nauseam». No ha habido un alto cargo --y si lo hace usted yo me quito el sombrero político en este momento--, ningún responsable en su administración capaz de explicarnos cuál era la programación concreta de devolución de casi un billón de pesetas que puede alcanzarse a finales del año 1995. Si ha sido tan «ad nauseam», tan clara y sucinta la explicación, no tendrá usted inconveniente en repetirla en este trámite, si usted me dice cómo y cuándo está prevista la devolución de esas cuantías. Si usted no es capaz de dar esa explicación, no tengo otra alternativa que pensar que lo único que se busca es un aplazamiento o un enmascaramiento de una cantidad que sí lastra y pone en riesgo --no voy a adjetivar, para que no diga usted que soy catastrofista-- la estabilidad financiera que usted pretende defender.
Cambie el chip, hablando de informática, y le voy a decir por qué. En la última campaña, si usted recuerda, permanentemente nos hablaban de que no teníamos programa alternativo ni implantación territorial, especialmente en alguna Comunidad Autónoma. Todos estamos reflexionando sobre algunos resultados electorales bien próximos. Valore usted quién avanza en programas alternativos y en implantación territorial y valore usted quién retrocede en planteamientos alternativos, en imaginación de gobierno y en implantación territorial. Creo que tiene los datos bastante frescos y bastante recientes. Refresque su memoria; le digo que a lo mejor un problema de este tipo de planteamientos tan reiterativos o de alguna manera ya tan repetidos durante muchos años es que se olvidan de sus cosas. ¿Me quiere decir usted en qué programa electoral del año 1982 figuraba una reducción de veinte puntos de cotización de Seguridad Social? ¿O quiere que bajemos a la biblioteca y le diga en qué programa electoral del Partido Socialista Obrero Español se contenía esta afirmación? ¿Quiere usted que le recuerde cuáles fueron las recomendaciones? Se lo digo con toda franqueza.
Ustedes en el año 1986, también como consecuencia de un debate sobre economía irregular y sumergida, pidieron a quienes ustedes entendieron oportuno desde el Gobierno, y sin duda ninguna personas de una alta cualificación académica y científica, recomendaciones y remedios para el

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paro en España y para la contención de la economía sumergida. Cosa bien distinta es que no les hayan hecho ni caso, pero en aquel informe, en el capítulo --comprendo que la palabra es conmiserativa-- de remedios, se proponía una reducción energética de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, se proponía una contención en sus límites de la presión fiscal y en concreto en impuestos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo tiene usted a su disposición en la biblioteca del Congreso. Mire, por ilustrar con algún tipo de cifras, que parece que también son necesarias para dar mayor convicción a las afirmaciones, le daré algún ejemplo de crecimiento. Usted habla de una reducción que he entendido sería de unas tres mil o cuatro mil personas en la Seguridad Social. Se compensa más que ampliamente con las modificaciones habidas en el Inem, que ha pasado de 5.800 personas a 15.900 en el mismo período.
Supongo que esto le servirá para ver si estamos en plano de eficacia o no.
Crecimiento burocrático. ¿Recuerda usted que había una dirección general capaz de gestionar las mismas competencias que el Inserso? Ahora ya tiene Ministerio e hijuela. Y no es que me parezca mal, en términos absolutos, que se le dote del rango adecuado y que tenga una especificidad el órgano administrativo que haya de entender de estas materias, pero no quiera hacer los dos discursos de que simultáneamente han racionalizado y han reducido. No sé si han racionalizado, pero es claro que no han reducido.
Decía que España ocupa distintos puestos en los «ranking» europeos. Para mí el más triste es que estamos en un puesto excepcional en desempleo, en paro. Ese es el «ranking» verdaderamente preocupante para mí y el núcleo final de lo que hoy estamos tratando. No concibo un sistema de protección social que no entienda como la más eficaz protección social proporcionar empleo a los españoles que no le tienen. Me parece que es una reducción inadecuada limitar la protección social a nuestra tercera edad, a nuestros grupos sociales con dificultades y no entender que la mejor protección social es la consecución de empleo a quien hoy no lo tiene. Lo otro es una visión muy propia de su ideología, pero que olvida algo fundamental. Hoy por hoy, insisto, la mejor forma de protección social, y compartiríamos derechos de autor su Secretario General y quien en este momento le habla, es crear empleo. Y en esto no me negará que las cuentas no cuadran.
Quisiera hacer dos afirmaciones que me han resultado simpáticas; y se lo digo con cordialidad. Posiciones del Fondo Monetario Internacional. Quien pertenece al Fondo Monetario Internacional, y que yo vi aplaudiendo en sus secciones, es el señor Solbes. No me pareció ver por allí a ningún responsable del Partido Popular y no he visto que posteriormente el señor Solbes, como consecuencia de alguna indignación, haya presentado su renuncia a participar en dicho foro. Luego algo más implicados estarán ustedes en las posiciones del Fondo Monetario Internacional que lo que puede estar un grupo de oposición de esta Cámara. Además, no he visto ninguna reacción.
Y perdóneme que le pregunte finalmente ¿quién ha creado la inquietud en la sociedad española sobre la viabilidad del sistema de protección social a medio y largo plazo? ¿No tendrá algo que ver el señor Ministro de Economía y Hacienda? ¿No tendrán algo que ver algunos directivos del actual Gobierno con sus extrañas recomendaciones o con su extraño lenguaje de ida y vuelta en lo que puede ser la viabilidad del sistema? ¿O es que aquí no ha hablado nadie? ¿Por qué lateraliza o intenta unilateralizar esta cuestión en el Grupo Popular, que precisamente ha mantenido una actitud de prudencia para no crear esa desazón, para no crear esa inquietud y para no agravar la actual situación española? Esto sí que es la auténtica técnica y frase muy repetida por usted, dado también a poner en mi boca frases que yo no he pronunciado, de tirar la piedra y esconder la mano.
Particularmente creo que es bueno que haya acuerdos con los agentes sociales. Hasta ahora desde el respeto y el afecto a don José María Cuevas, que creo que está cumpliendo con el papel que la Constitución le encomienda, de igual modo que lo pueden estar haciendo las centrales sindicales --ahí sí que no discrimino--, admítame una cosa: hasta ahora, quien ha llegado a acuerdos con el señor Cuevas son ustedes, firmados, publicados y ratificados. Y, por cierto, en ocasiones incumplidos. Motivo por el cual no me extraña que tampoco tengan buena disposición a alcanzar nuevos acuerdos ni el señor Cuevas ni el resto de los agentes sociales.
Si ustedes hubiesen cumplido los acuerdos alcanzados con el señor Cuevas y con el resto de los representantes de los agentes sociales, estoy seguro que habría menos dificultad para el diálogo social. Luego no se trata de que nos estemos lanzando a nadie contra nadie, y menos lanzando contra representantes de una fuerza política, a quienes tienen un papel bien distinto y bien definido en la propia Constitución española. Eso sí, no me parece elegante tratar de utilizar o lanzar a ningún secretario general de ninguna confederación sindical ni a ningún presidente de ninguna confederación española de empresarios. Se lo digo con toda tranquilidad. Eso contribuye muy poco, y se volverá contra ustedes, si pretenden, y de corazón, alcanzar acuerdos. Supongo que usted le enviará copias de sus intervenciones al señor Cuevas y con esto facilitará nuevos acuerdos, de la misma manera que fracasaron en las últimas experiencias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Puesto que la defensa de la Sección 60 la ha hecho mi compañero de Grupo el señor Peralta, en la argumentación el portavoz del Grupo mayoritario nos ha venido a decir que no es motivo una enmienda de totalidad a la sección para hacerle pensar sobre la Seguridad Social, porque las diferencias no son tan grandes, sino que debiéramos de haber planteado la estrategia de presentar pequeñas enmiendas.
Yo le tengo que aceptar una cosa. Es cierto que estamos preocupados con la realidad de la Seguridad Social y es cierto que nuestra preocupación es porque ustedes se están moviendo más rápidos hacia las presiones que le vienen de un sector que les condiciona la mayoría de Gobierno que

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de las presiones que les vienen de los que, por lo menos en el tema pensiones, han llegado a un acuerdo. Ayer le discutía el tema de las pensiones y su revalorización. Hoy podríamos hablar de la protección al desempleo, del Inem, de la regulación y la reforma de la ILT y podíamos hablar de otra serie de modificaciones que, en lugar de esperar al acuerdo de la ponencia, han sido modificados en la propuesta de Gobierno y van a ser modificados en la discusión de los presupuestos sin esperar a esas conclusiones globales.
Nosotros estamos dispuestos a llegar a conclusiones en esa ponencia, en reformar, para consolidar, el sistema de la Seguridad Social, consolidarlo para garantizar un estado de bienestar, pero no para desmontar prestaciones de un estado de bienestar o para introducir, por ejemplo, lo que le decía ayer de la reducción de la cotización sin plantearse el conjunto. Usted me tendrá que aceptar que es un parche decir que hemos reducido un punto la cotización a la Seguridad Social, exactamente 0,8 para las empresas y 0,2 para los trabajadores, y que ha solucionado el régimen. Para usted todo su centro es que 1993 ha sido un año complicado para la Seguridad Social a nivel de equilibrio de ingresos y gastos, pero las medidas que nos traen no solucionan el problema.
Precisamente incrementan la transferencia que va a hacer el Estado por una reducción de la cotización.
Todos estos elementos, no abordar el tema de la financiación que da inseguridad, no abordar el tema de la protección de desempleo, hacer una velocidad rápida para el tema de la ILT, que compartimos que hay que luchar contra el fraude y compartimos que hay que abordar la reforma de la ILT, pero la propuesta que nos viene es que al trasladarlo hacia las mutuas, por decisión de los propios empresarios, va a ser un proceso de vaciar la Seguridad Social hacia las mutuas o la privatización, y sería otra realidad distinta. Estas limitaciones son las que nos ha planteado, en lugar de ir a discusiones puntuales, porque en muchas de las cosas estamos de acuerdo en su conjunto.
Le acepto, señor Presidente, y con esto termino, que no es un problema de devolver el monto de los billones que supone la Seguridad Social, no es ese el planteamiento, sino la reflexión que necesitamos para ver cómo administramos esos recursos y cómo garantizamos elementos que son puntos de partida. A nosotros nos gustaría traerles la idea de que no estamos en unos puntos máximos de un sistema de Seguridad Social desarrollado, estamos en un incipiente estado de bienestar social que debemos ampliar, mejorar y consolidar, también regular y reformar, pero para mantener planteamientos que signifiquen un incremento el día de mañana ya son niveles de bienestar que hoy todavía no hemos alcanzado, aunque hemos avanzado en los últimos años.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Para aclarar un error que he cometido en la intervención anterior cuando he dicho que teníamos viva una enmienda, que era la 860, a la Sección 19. Me equivoqué. Es la 876, que ya defendimos en su momento.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo tiene una única enmienda a este título, que damos gran importancia, puesto que pretende adecuar la cotización del régimen de Seguridad Social del Mar a la situación que padece el sector pesquero español y que esperamos que sea analizada detenidamente y con especial mimo por parte del Grupo parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Solamente para dar por defendidas las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, porque ya argumenté en mi intervención anterior respecto a la otra sección sobre la base del Régimen Económico y Fiscal, y como la argumentación es la misma, las damos por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, mantenemos todas las enmiendas que hemos presentado los integrantes del Grupo Mixto a este Título VIII y a esta Sección 19.


El señor PRESIDENTE: Señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Con mayor brevedad y ciñéndome exclusivamente a los asuntos que han sido controvertidos en los turnos de réplica, empezaré por decirle al señor Ríos que ningún problema habría si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida atemperase la producción de sus enmiendas a su propio discurso. Usted ha hablado de consolidar hoy el sistema de Seguridad Social y ha dicho literalmente: y el día de mañana podremos intentar ampliarlo. Pues muy bien, señor Ríos: el día de mañana.
Pero este presupuesto es un presupuesto de consolidación presupuestaria; por tanto, podríamos perfectamente estar en la misma posición, y creo que sería más coherente por su parte el retirarlo, ya que el argumento de las mutuas me tiene que aceptar S. S. que es bastante extravagante, puesto que se refiere a otra ley que no es la ley de presupuestos, que va en una ley de acompañamiento que discutirá la Comisión de Economía el próximo jueves. De modo que este argumento, desde luego, no tiene nada que ver con la devolución de esa sección y de este título. Lo único que le quedaría sería esa última argumentación, a la que ayer ya le contesté y a la que usted no me replicó, porque sabe que tengo razón, y es que la rebaja de un punto de la cotización de la Seguridad Social, en contra de su tesis, no desequilibra para nada la viabilidad del sistema contributivo de pensiones, porque es cierto que hay 204.000 millones menos

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de ingresos en el sistema contributivo, pero no es menos cierto que, simultáneamente, se ha eliminado una obligación de igual cuantía en cuanto a la financiación de la asistencia sanitaria. De modo que el equilibrio continúa exactamente igual que antes de la rebaja de un punto.
Y aprovecho para decirle, por si eso le tranquiliza, que es posición de nuestro Grupo, y en eso nos diferenciamos del Partido Popular, que cualquier esfuerzo adicional que se pudiera hacer en la dirección (y que es positivo, y a ello me referiré después) de descargar a nuestras empresas de parte de los costes sociales tiene una restricción y un límite, y es que ello no puede poner en cuestión el equilibrio del sistema de pensiones. Pero cuando hubiera oportunidad, bien porque mejoraran sustancialmente las cifras de la Seguridad Social, o bien porque tuviéramos otros elementos de compensación como los que hemos previsto en esta ley de presupuestos, por supuesto que esto caminaría en el sentido (que además creo que también interesa a Izquierda Unida) de conseguir, de una u otra manera, que nuestras empresas sean más competitivas, que haya más generación de empleo en el país.
El problema es que, efectivamente, no podemos poner en peligro el equilibrio del sistema, y eso se consigue en esta ley de presupuestos, porque se baja un punto en la cotización a la Seguridad Social y en igual cuantía se exonera de una obligación de financiar prestaciones de carácter universal.
En cuanto al señor Aparicio, tengo que empezar por poner en sus justos términos una verdad que es incontrovertible, y es que usted ha falseado un dato que está en todas las bibliotecas y en todos los textos que se pueden consultar de aquellos años. Se lo digo porque yo fui uno de los autores, precisamente, del borrador del programa electoral del Partido Socialista el año 1982, y en ningún caso en ese programa electoral se dijo que se iba a rebajar la cotización de los empresarios a la Seguridad Social en 20 puntos; falso de toda falsedad. En aquel programa electoral se prometió, y se cumplió, rebajar un 20 por ciento la cotización empresarial a la Seguridad Social, y se hizo la rebaja correspondiente de puntos. No 20 puntos, señor Aparicio, un 20 por ciento en el tipo, y se hizo en aquella legislatura, se hizo. Y no solamente se ha hecho en aquella legislatura, sino a lo largo de todo el Gobierno socialista, porque estamos preocupados por ese tema. Pese a que, en términos reales, la Seguridad Social hoy necesita utilizar tres puntos del PIB, que es una cantidad verdaderamente importante, superior a la de aquel año de 1982, sin embargo, la presión contributiva que sufren nuestras empresas hoy es inferior a la de 1982 en términos de PIB; no solamente en términos de puntos, de cotización, no solamente en términos porcentuales de cómo se financia el sistema de Seguridad Social, sino incluso en términos de PIB.
De modo que aquel compromiso se cumplió y se ha mantenido.
Pero, señor Aparicio, no tiene argumentos. Yo lamento mucho que, a una mano tendida que yo le he lanzado en mi primera intervención, a un intento sincero y leal de que usted tuviese una tribuna, incluso para ponernos contra las cuerdas, diciendo: ustedes están haciendo un uso abusivo de cuál es la posición del Partido Popular, usted, señor Aparicio, no ha hablado de la posición del Partido Popular; el señor Aparicio ha hablado del señor Solchaga, del señor Solbes, del Banco Mundial, de nuestra posición ante la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo, pero no nos ha dicho exactamente qué les lleva a ustedes a proponer en la última campaña electoral una reducción de ocho puntos en la cotización de la Seguridad Social. ¿Cómo pueden ustedes decir tamaña barbaridad, cuando simultáneamente están diciendo que van a descender el déficit público del Estado al mismo tiempo que van a mantener la protección social? Usted ha tenido la oportunidad de decirlo y no lo ha hecho, y ha ido usted, por tanto, generando toda una serie de columnas de humo para seguir en la ambigüedad, y tengo que salir al paso de una de ellas.
Ha utilizado usted, de una manera torticera, la referencia que yo he hecho a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y a su presidente. De nada vale traer a colación un disenso importante que hay entre esa Confederación y nuestro Partido --como ha habido disenso entre nuestro Partido y otras organizaciones de las sociedad civil-- para decir por ello que yo poco menos que he estimatizado al señor Cuevas y que le he hecho reo de no sé cuántas maldades. ¡No, señor Aparicio! Yo simplemente digo muy claro y muy alto que en este tema no estamos el Partido Socialista y el Gobierno socialista de acuerdo con lo que ha expresado el señor Cuevas en tribunas de opinión. Y yo le he dicho a usted que me diga si S. S. está de acuerdo en este tema con el señor Cuevas, y S. S. no me ha contestado. Y éste es un tema nuclear, no por el señor Cuevas, sino porque él ha explicitado cuál es la posición del empresariado español respecto al nivel profesional de pensiones en nuestro país. Y usted no me contesta a esa pregunta. De modo que usted no tiene ninguna legitimidad para decir que nosotros levantamos sospechas sobre la auténtica voluntad política del Partido Popular, porque cuando le damos la oportunidad no la aprovechan, y me atengo a sus palabras, y créame, señor Aparicio, que si, por parte de usted o incluso de personas más relevantes que usted en el Partido Popular, estas cosas se aclararan, cesarían inmediatamente los interrogantes, no las imputaciones, que nosotros no hacemos imputaciones, sino simplemente nuestra posición política, que tiene que ser, en un tema de este calibre, exigirles a ustedes, que se proclaman alternativa de gobierno, que, en un asunto de este calibre, digan a la sociedad española, a los empresarios españoles, cuál es su posición, y ésa es una pregunta, señor Aparicio, que mientras no la respondan les seguiremos haciendo, porque en ello va, y mucho, el bienestar de los españoles.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, podemos someter a votación las enmiendas resultantes de las deliberaciones tenidas hasta el momento y después de las votaciones ayer por la noche.
Como informé a SS. SS., la Mesa y la Presidencia han decidido tener sesiones continuadas al mediodía y nocturnas, siempre que vayamos desfasados en relación con el horario previsto, que es la situación en que nos encontramos en este momento. La Mesa también es sensible a que, sobre todo, señorías de grupos con menor número de Diputados,

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han estado sometidos a un programa de trabajo grave que ha terminado ayer a las dos de la mañana y que se ha iniciado hoy a las nueve y media. Si a SS. SS. les parece, una vez que hayan finalizado las votaciones que ahora vamos a realizar, suspenderíamos la sesión por tres cuartos de hora para que SS. SS. repararan fuerzas y la reanudaríamos ya en la sala de Columnas, en la que nos reunimos ayer. ¿De acuerdo, señores Diputados? (Asentimiento.)

El señor SANZ PALACIO: Señor Presidente, solicitaríamos tres minutos para poder ordenar las votaciones.


El señor PRESIDENTE: Lo tendrán ustedes. (Pausa.) Vamos a comenzar las votaciones que, después de la experiencia de anoche, espero que resulten más ordenadas.
Quiero informar a SS. SS. que el Gobierno ha contestado formalmente a las enmiendas sometidas a su consideración por la Mesa de la Comisión en cuanto que entrañaban aumento de gastos o disminución de ingresos. El Gobierno ha dado su opinión favorable a que todas las enmiendas sean consideradas, debatidas y votadas por la Comisión. Habrá que reconocer esa generosidad del Gobierno, porque entre Gobierno y generosidad suele haber una cierta contradicción. (Risas.) Cualquier Gobierno.
Señoras y señores Diputados, contribuiremos mucho mejor al orden de las votaciones si yo indico las enmiendas que se ponen a votación, pero encomendamos al Letrado, que trabajosamente y espero que muy bien ha recogido las posiciones de todos los grupos, que indique el grupo de enmiendas que se someten en cada caso a votación.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas del Partido Popular al Título V. El Letrado irá diciendo los distintos bloques de enmiendas, indicando cuál es el origen de ese agrupamiento y si ha sido pedido por el propio Grupo proponente, o por otros grupos.


El señor LETRADO: En relación con las enmiendas del Grupo Popular al Título V, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida solicita votación separada de la enmienda 951.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 951 del Partido Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas del Grupo Popular al Título V corresponde a las número 952, 953, 955, 956, 957 y 959.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas lo constituye las número 954, 958, 960 y 961.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este grupo de enmiendas del Partido Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: La última enmienda del Grupo Popular al Título V es la 962.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 962 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor LETRADO: Aquí corresponde hacer dos bloques de votaciones. En primer lugar, la enmienda número 31.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 31 del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: El siguiente bloque lo constituye las enmiendas 32 y 33 del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación estas enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: La siguiente enmienda es la número 300, del Grupo Vasco.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 300 del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: La siguiente enmienda es la número 540, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 540, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda 440, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación corresponde votar el texto del Título V, ya que no ha habido incorporación de ninguna enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a las enmiendas correspondientes a la Sec-ción 6.ª

El señor LETRADO: Hay una sola enmienda que corresponde al Grupo Parlamentario Popular, que es la número 1.071.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 1.071, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto de la Sección 6.ª, de conformidad con el informe de la Ponencia y el proyecto del Gobierno.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las enmiendas al Título VI presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor LETRADO: En primer lugar, se pueden votar, salvo criterio en contrario, las enmiendas números 963 y 1.824, del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas números 963 y 1.824, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas del Grupo Popular estaría formado por las enmiendas números 964, 965, 967, 968, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978 y 979.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas estaría formado por las números 966, 970 y 977.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas serían las restantes presentadas por el Grupo Popular al Título VI, cuyos números serían los siguientes: 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1.214, 1.825, 1.826 y 1.827.


El señor RIOS MARTINEZ: Pido votación separada de las enmiendas 1.825 y 1.826.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 1.825 y 1.826, de acuerdo con la solicitud del señor Ríos, que corresponden al Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las restantes enmiendas leídas por el Letrado correspondientes al Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


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El señor LETRADO: El primer grupo de enmiendas serían las números 541, 542, 560 y 562.


El señor COSTA CLIMENT: Señor Presidente, solicito que la enmienda 562 pase al siguiente bloque de enmiendas; o sea, votación separada en un primer bloque de las números 541, 542 y 560.


El señor LETRADO: Hay que votarla separadamente porque hay otro grupo que tiene un sentido diferente de voto.


El señor PRESIDENTE: Aceptamos la posición del señor Costa, pero simplemente segregando de este bloque la enmienda que él ha indicado.
Así pues, sometemos a votación primeramente las enmiendas 541, 542 y 560, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente la enmienda 562, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas incluiría, salvo criterio contrario, las números 543, 544, 545, 550, 557, 558, 559 y 561.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas es el constituido por las números 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556 y 563.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas correspondiente al Título VI son del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Están retiradas las 853, 855, 856, 859, 860 y 861. Hay una petición del Grupo Popular de votación separada de la 854.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 854, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos seguidamente a votación las enmiendas 857 y 858, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas al Título VI corresponde al Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y hay que votar todas separadas porque no coincide ningún Grupo en su manifestación. La primera es la 301.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 301, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 302.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 303.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 304.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Ha habido empate. De conformidad con el Reglamento es rechazada, puesto que los grupos que se han opuesto suponen la mayoría de la Cámara.
Votamos la enmienda número 305.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 306.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 307.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 308.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 309.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 310.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, porque los grupos que están en contra suponen mayoría de la Cámara.
Votamos la enmienda 311.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 312.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Salvo error, podrían votarse juntas las enmiendas 313 y 314.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 313 y 314.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas corresponden al Grupo Socialista, números 402, 403 y 404.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas 402 y 403 en un bloque y la 404 sola.


El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas números 402 y 403, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda número 404, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar ahora la enmienda número 441, del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 4, del Grupo Mixto, señor Chiquillo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 34, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 35, del señor Chiquillo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 36, del señor Chiquillo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas, que son las últimas al Título VI, corresponden al Grupo Mixto, señora Rahola.


El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas 258 y 259, de la señora Rahola.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas de la señora Rahola, que podrían votarse juntas, son la 260, 262 y 263.


El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas 260, 262 y 263.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 261, del Grupo Mixto, señora Rahola.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación el Título VI con las enmiendas que hemos incorporado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


El señor LETRADO: Pasamos al Título VII. Enmiendas del Grupo Popular. El primer bloque serían las números 990, 991, 992, 1.001, 1.003 y 1.004.


El señor PRESIDENTE: Votamos este bloque de enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente bloque serían las números 993, 994, 995, 996, 999, 1.000, 1.002 y 1.005.


El señor PRESIDENTE: Votamos este bloque de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Son rechazadas por la mayoría a que se ha aludido en distintas votaciones.


El señor LETRADO: El siguiente bloque está constituido por las enmiendas 997 y 998.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación estas dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas sería el correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista. A petición del Grupo Popular se votan separadamente las 405 y 406.


El señor RIOS MARTINEZ: Solicito información sobre las enmiendas 1.006 y 1.007, del Grupo Popular. No han sido votadas, por eso pregunto si han sido retiradas.


El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, tiene la palabra.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Las enmiendas a las que se refiere el Grupo de Izquierda Unida serán votadas en el trámite de votación de adicionales.


El señor PRESIDENTE: Parece que se incluyen en el trámite de votación de las disposiciones adicionales.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, observo que la enmienda 862, de Convergència i Unió, es idéntica a la 405, del Grupo Parlamentario Socialista. En ese sentido no sé si convendría la votación conjunta de ambas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Aclarada la cuestión que ha planteado el señor Ríos y que, por tanto, estas enmiendas se votarán en el turno de las disposiciones adicionales, pasamos a votar la enmienda número 405, del Grupo Socialista, y la 862, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que son idénticas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda número 406, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Las siguientes enmiendas corresponden a Izquierda Unida. Votamos la número 564.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Se pueden votar conjuntamente las enmiendas 565 y 568.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 565 y 568.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: El siguiente bloque corresponde a las números 566, 567, 569, 570 y 571, de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas corresponden al Grupo de Coalición Canaria. Serían las números 442, 443 y 444, que se votarían separadamente a petición del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Votamos las citadas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por la mayoría de los dos grupos que han votado en contra.
Votamos la enmienda 445, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, catorce.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 37, del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 274, de la señora Rahola.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas corresponden al Grupo Parlamentario Vasco. La 313 se ha votado con el Título VI, con lo cual corresponde votar la 315.


El señor PRESIDENTE: Votamos dicha enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 863 y 864, del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Son aprobadas por unanimidad.
Sometemos a votación el título con las enmiendas incorporadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Enmienda 1.811, a la sección 32, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, las enmiendas de Izquierda Unida a la sección 32, que se pueden dividir en dos bloques.
Enmienda 826.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El siguiente bloque serían las enmiendas de Izquierda Unida números 827, 828, 829 y 830.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La siguiente enmienda es de Coalición Canaria, la número 484.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la sección.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 33. Enmiendas de Izquierda Unida números 831 y 832.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, número 106.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 34.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora corresponde votar la sección 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, cinco; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Título VIII. Enmiendas del Grupo Popular 1.006 y 1.007.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 407.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda 865, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, seis; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 316, del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Mixto, señora Rahola, número 273.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del Título VIII, con las enmiendas incorporadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 60. Se pueden votar en un solo bloque las enmiendas números 1.813, 1.814, 1.815 y 1.816, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Corresponde votar ahora las enmiendas de Izquierda Unida números 833, 848, 849, 850, 851 y 852.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la Sección 60.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 19. Votamos las enmiendas del Grupo Popular números 1.471, 1.472, 1.473 y 1.474.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 426, 427 y 428.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida números 783, 784 y 785.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Coalición Canaria números 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 y 466.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 876, del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 92, del señor Chiquillo, Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente votamos las enmiendas del Grupo Mixto, señora Rahola, números 269 y 270.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Queda votar la Sección 19, con las enmiendas incorporadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Sección 19.
Suspendemos la sesión, que se reanudará a las tres de la tarde en la sala de columnas.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señorías, vamos a iniciar el debate de esta tarde con las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos al texto del proyecto de ley de presupuestos para 1995.
Hay disposiciones que ya han sido defendidas por algunas de SS. SS., por lo tanto no es necesario que vuelvan a insistir y deben darlas por defendidas. En todo caso, quedan ahora para discutir y debatir aquellas otras que no hayan tenido correlación con los títulos que antes se han debatido. De esta manera, creo que podremos ahorrarnos un cierto tiempo, ya que, aunque no vamos tan mal, tampoco sería malo que lo mejorásemos en lo que se refiere al debate de esta tarde.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Aguirre, para la defensa de las enmiendas que permanecen sin debatir.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Como muy bien ha señalado la Presidencia, en este trámite el Grupo Popular ya ha defendido, con los títulos correspondientes del articulado, alguna de las enmiendas adicionales, transitorias y finales y en este turno vamos a proceder a la defensa de las restantes. Para ello vamos a hacer uso de la palabra tres miembros de este Grupo: don Manuel Núñez, don Rafael Hernando y yo mismo.
Hechas estas precisiones iniciales, señor Presidente, en el turno que voy a consumir voy a intentar defender aquellas enmiendas que están relacionadas, a nuestro entender, con el control del presupuesto.
Como SS. SS. conocen, existe desde hace tiempo el debate sobre cuál es exactamente el déficit de las administraciones públicas. Es un debate en el que prima por encima de todo el objetivo de convergencia con Europa y de definir con claridad cuál es ese déficit para no volver a incurrir en el expediente que nos han abierto y en el que hasta se ha llegado a discutir en Bruselas cuál es el montante real de ese déficit. Sin el afán de poner en ello crítica sino, por el contrario, luz, mi Grupo Parlamentario solicita, en una disposición adicional nueva, que en 1995 el Gobierno presente a la Cámara una auditoría completa de la situación actual de las cuentas públicas, con el objeto de identificar el déficit real de las administraciones públicas. Tema importante sería, una vez identificado este déficit, recoger en esta auditoría la deuda contraída por las administraciones públicas con los contratistas y con los proveedores, y al mismo tiempo proponer un plan especial para la cancelación de esta deuda. En consecuencia, creemos que es prioritario que esta auditoría se lleve a cabo.
De manera adicional, el Grupo Popular cree también que, como se ha puesto de relieve en los últimos trámites de la ejecución presupuestaria, el Parlamento no sólo debe controlar la ejecución presupuestaria con carácter general. Todas SS. SS. conocen las tres comparecencias que el Gobierno hace para el control de la ejecución presupuestaria, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. A petición del Grupo Popular, en 1994, por primera vez, en el mes de septiembre, se ha puesto en marcha un conjunto de comparecencias de los responsables del presupuesto en cada Ministerio, al objeto de hacer un seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, por programas, funciones, económica y orgánica, con el fin de visualizar cuáles son las modificaciones presupuestarias realizadas para hacer posible, como dice la enmienda, el seguimiento completo y exhaustivo del presupuesto por las Cortes Generales. Nosotros queremos ampliar el control de la ejecución presupuestaria no sólo a las grandes cifras del presupuesto, sino descender al detalle de cada departamento y cada ministerio.
Creemos que ésta es una enmienda, señores de la mayoría, que va a gozar --por lo menos así lo esperamos-- de su confianza y de su voto favorable por cuanto ya en trámites anteriores han apoyado esta iniciativa y no vemos argumento en contra para que, de alguna manera, hagamos periódica esta comparecencia de los distintos ministerios para controlar la ejecución de su presupuesto.
Sin lugar a duda, el Grupo Popular tiene que defender, como viene siendo ya habitual desde hace cinco años, en cinco presupuestos, la puesta en marcha de la Oficina parlamentaria de seguimiento y control presupuestario, que tiene que servir para el asesoramiento técnico de los órganos de la Cámara en materia presupuestaria, que tiene que servir para el soporte del control continuado de los presupuestos, que tiene que servir para informar a los diputados, y especialmente a los miembros de esta Comisión, de la documentación que se recibe en la Comisión, de la tramitación, de la aprobación y ejecución de los presupuestos, y de las actividades parlamentarias que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos; igualmente, tiene que ser una oficina que facilite previamente a los diputados las documentaciones que afecten a cada comparecencia. La oficina presupuestaria, como SS. SS. conocen, constituye un instrumento valioso de información y asesoramiento para el desempeño de las funciones de control encomendadas a los parlamentarios.
La oficina presupuestaria, como conocen SS. SS., ya fue aprobada en la disposición adicional vigésima de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de los Presupuestos Generales del Estado para 1990, y nunca ha sido puesta en marcha ni se han adoptado las medidas presupuestarias que faciliten la dotación para la constitución de la misma. Por esta razón, creemos que sería un gran avance para el seguimiento y el control presupuestario que, de una vez por todas, los presupuestos contemplaran la dotación,

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tanto económica como humana, para hacer posible esta oficina presupuestaria.
Para completar lo que es un paquete de medidas adicionales para el control del presupuesto, habría que cumplir la promesa del Ministro Solbes. Como saben SS. SS., el Ministro, señor Solbes, en su última comparecencia por vía de interpelación de este Grupo, en el mes de septiembre, a contestación de preguntas del Grupo Popular, se comprometió a que, a finales de 1994, iba a entrar en esta Cámara un nuevo proyecto de la Ley General Presupuestaria. Nosotros confiamos en que ese compromiso del Ministro, señor Solbes, se lleve a cabo, pero, en todo caso, por si existe alguna dificultad de calendario, quisiéramos que gozara de su aprobación, señores de la mayoría, en consecuencia con el anuncio del señor Solbes, que, como mínimo, en el primer trimestre de 1995 ese nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria entrara en esta Cámara. Esa nueva Ley General Presupuestaria tendría que dar una atención principal al tratamiento en lo que a ampliaciones e incorporaciones de crédito se refiere, en lo que a las transferencias de crédito entre capítulos y secciones se refiere. Nos parece que en este trámite ayer dimos un avance importante con la aprobación de la enmienda en la que se impide que se vuelvan a repetir las transferencias entre el capítulo IV, para atender gastos en tendencia creciente, y el capítulo II, por lo que quisiéramos que el espíritu de esta enmienda y todo lo que está detrás, se tradujera en un proyecto de Ley General Presupuestaria nueva. Sin lugar a dudas, este nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria tendría que contener, como no podía ser de otra manera, las recomendaciones que respecto a la Ley General Presupuestaria ha realizado el Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes y las que este Tribunal ha realizado en materia de contabilidad. Sería bueno que esta Ley General Presupuestaria pusiera, de una manera definitiva, punto y final a las discrepancias que existen entre los criterios de contabilidad del Tribunal de Cuentas y del propio Gobierno, fundamentalmente para orientarnos y poder proyectar a la Unión Europea toda una homogeneización en la contabilidad nacional y que no existieran, ni se pudieran a volver a repetir, estas discrepancias que permanentemente se están poniendo de manifiesto entre los criterios de contabilidad del Ministerio y los criterios de contabilidad del Tribunal de Cuentas.
Junto a estas cuatro medidas, auditoría, ejecución y seguimiento del presupuesto por ministerios, Oficina parlamentaria, nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria, habría que introducir también un nuevo proyecto de ley reguladora de la Intervención General de la Administración del Estado; nuevo proyecto que encuadrara, funcional y jerárquicamente, la Intervención General de la Administración del Estado en una adscripción más adecuada a la que actualmente se encuentra y en que, de alguna manera, procuráramos, en el contenido de la nueva ley reguladora, el restablecimiento y control previo de los gastos.
Para cerrar este paquete de enmiendas de control presupuestario, sin lugar a dudas, hay que plantear, como hacen nuestras enmiendas, una nueva reforma de funcionamiento del Tribunal de Cuentas; una reforma que estuviera encuadrada o, por lo menos, dirigida a lo que en su momento han establecido los diferentes pronunciamientos de este Tribunal en cuanto a la capacidad que tiene el mismo para atender y hacer un seguimiento, control y fiscalización de las cuentas del Estado. Se trataría de potenciar la función fiscalizadora del Tribunal, tanto en lo que se refiere a su valoración de la gestión pública, como en la propuesta de medidas para la mejora de la misma, así como su función jurisdiccional en exigencia de las correspondientes responsabilidades ante el menoscabo de los caudales públicos.
Señorías, cediendo en este punto de mi intervención el turno a mi compañero don Manuel Núñez, siempre con la venia de la Presidencia, doy por defendido el conjunto de las enmiendas en el punto de adicionales, transitorias y finales, a excepción de las que en los siguientes turnos defiendan, como he dicho, mi compañero Manuel Núñez y don Rafael Hernando.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Al comenzar el debate del Título III, dejamos para la defensa en este turno de disposiciones adicionales, finales y transitorias las enmiendas 1.038, 1.046 y 1.047, que se refieren, de manera más clara y concreta, a la reducción del gasto público. En breves minutos trataré de defenderlas y de solicitar el voto favorable para las mismas.
Como en años anteriores, el Grupo Parlamentario Popular presenta una batería de enmiendas con la finalidad última de contribuir a la moderación del gasto corriente en bienes y servicios y de la burocracia por la vía de reducción de altos cargos, organismos obsoletos, puestos directivos innecesarios y determinadas compensaciones incompatibles con las exigencias de moderación e incluso de pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los empleados públicos y amplios sectores de destinatarios de prestaciones sociales. De todas ellas, señor Presidente, sólo me referiré a las que afectan al gasto de funcionamiento, puesto que las demás han sido presentadas a la llamada ley de acompañamiento que debatiremos en Comisión el próximo jueves.
Las enmiendas en cuestión, repito, son la 1.038, la 1.046 y la 1.047, y proponen nuevas disposiciones adicionales. En su defensa quisiera decir lo siguiente. Primero, el pasado día 24 de octubre solicitamos la comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas para que informase a la Cámara sobre la incidencia que el capítulo de gastos en bienes corrientes de los Presupuestos Generales del Estado debe tener en la reducción del déficit público. Le recordé al señor Ministro, y lo recuerdo ahora, que la segunda fase del plan de modernización presentado por el señor Ministro en abril de 1993 subrayaba como línea de actuación estratégica la del ahorro y contención del gasto corriente, lo cual venía a ser un claro reconocimiento de la política derrochadora del Gobierno en estos últimos doce años. Recordé también declaraciones del señor Ministro para las Administraciones Públicas en esta Cámara y del señor Solbes a los medios de comunicación, concretando

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en miles de millones el esfuerzo de austeridad que haría el Gobierno en estos presupuestos que estamos debatiendo.
Sin entrar en una guerra de cifras, señalaré sólo la promesa del señor Solbes puesto que, según él, el Consejo de Ministros del día 16 de septiembre aceptó su propuesta de reducir en 150.000 millones de pesetas los gastos de los Ministerios para adaptar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1995 a la nueva realidad impuesta, entre otras cosas, por el agravamiento de la tasa de inflación de agosto, cuando registró una subida del 0,6 por ciento. El ahorro logrado, continúa el señor Solbes... (Rumores.) No sé quién me va a contestar, porque me da la sensación de que no se están enterando de lo que estoy diciendo.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Núñez, procuraremos que se enteren y yo creo que la contestarán adecuadamente este Grupo y cualquier otro.


El señor NUÑEZ PEREZ: De acuerdo, señor Presidente. Como somos tan pocos, los rumores se notan más.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Pero los parlamentarios tenemos oído largo, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Me parece bien. Yo, desde luego, lo tengo, por eso les estaba escuchando.
El ahorro logrado --continúa el señor Solbes-- se distribuirá en una mayor cantidad para hacer frente al coste de la deuda pública y el resto, más de 100.000 millones de pesetas, para rebajar la cifra del déficit público. Pues bien, la pregunta que hicimos al señor Ministro, en la comparecencia del 24 de octubre y la que ahora volvemos a hacer al Grupo Parlamentario Socialista es la siguiente: ¿dónde figuran en los Presupuestos estos propósitos de austeridad en lo que a reducción de gastos de funcionamiento se refiere? En ningún sitio.
Por eso nuestras enmiendas pretenden que figuren, no sea que se trate de un simple olvido del Gobierno, al que necesitamos poner remedio. Por eso la enmienda 1.046 supone una rebaja razonable y posible al capítulo II.
Dicho capítulo comprende, como saben SS. SS., el presupuesto de gastos corrientes en bienes y servicios del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y entes públicos.
El Gobierno, en los últimos ejercicios presupuestarios ha gastado siempre mucho más de lo que figuraba en el Presupuesto inicial dentro del capítulo II. Por tanto, lo primero que conviene demostrar son estas desviaciones presupuestarias. Los datos son los siguientes. La dotación inicial en 1993 fue de un billón 7.202 millones de pesetas, la liquidación fue de un billón 141.854 millones. En 1994, la dotación inicial fue de un billón 113.567 millones y la previsión de liquidación es de un billón 274.623 millones, como señala exactamente el Libro Amarillo de presentación de los Presupuestos.
La dotación inicial prevista para 1995 es de un billón 111.410 millones, la liquidación no la sabemos, pero podemos sospechar que será, como siempre, muy superior.
El Gobierno, al hacer la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1995, se atreve a calificar estos Presupuestos de restrictivos porque el capítulo II experimenta una reducción del 0,2 respecto del Presupuesto inicial de 1994. Este ridículo esfuerzo de austeridad que, al final del año 1995 no se habrá cumplido, no tiene nada que ver con el serio esfuerzo de reducción del gasto en este capítulo que contribuye a la reducción del déficit público de manera consistente. Y tampoco tienen nada que ver con las promesas de reducción del gasto que hicieron, tanto el Ministro de Administraciones Públicas --como antes reseñé--, como el señor Ministro Solbes a la salida del Consejo de Ministros del día 16.
La enmienda dice exactamente lo siguiente: Durante el ejercicio presupuestario de 1995 no podrán autorizarse gastos corrientes en bienes y servicios con cargo al capítulo II que en el conjunto de presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y entes públicos superen los 889.127 millones de pesetas. A tal fin, el conjunto de gastos con cargo al capítulo II de cada uno de los servicios y organismos autónomos de los departamentos ministeriales, de la Seguridad Social y de cada uno de los entes públicos, no podrán sobrepasar el 80 por ciento de la respectiva consignación.
Se autoriza al Consejo de Ministros --para que no se nos acuse de querer hacer una reducción lineal y a ojos cerrados-- para llevar a cabo el reajuste de las diferentes partidas de gastos del capítulo II en cada uno de los servicios y organismos autónomos en la Seguridad Social y en cada uno de los entes públicos, sin que en ningún supuesto se rebase el límite del 80 por ciento del total consignado en cada uno de ellos. En el supuesto de que la limitación señalada en los apartados 1 y 2 impida hacer frente a necesidades de gasto inaplazables con cargo al capítulo II en alguno de los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos en la Seguridad Social o en alguno de los entes públicos, el Gobierno recabará la autorización de las Cortes, debidamente justificada, para rebasar el límite del 80 por ciento sin sobrepasar la dotación inicialmente consignada y siempre que ello se lleve a cabo con la correspondiente minoración de otras dotaciones del capítulo II, no utilizadas y sin que en ningún caso se sobrepase, repito otra vez, el total de 889.127 millones señalados en el apartado a) 1.
Por tanto, proponemos un ahorro de 222.282 millones de pesetas desde el billón 111.410 millones de pesetas. Lo digo muy claro porque el señor Ministro Solbes se ha defendido de esta enmienda diciendo que cómo vamos a ahorrar esa cantidad si el importe del capítulo II para los ministerios --no habla para nada del presupuesto consolidado-- es mucho menor. Según él no llega a 500.000 millones, pero también se equivoca porque son muchos más. En todo caso, damos la pista de que nuestra deducción es desde el billón 111.410 millones de pesetas. El ahorro se destinaría, como hemos dicho ayer al defender otras enmiendas, a subir pensiones asistenciales, las pensiones de viudedad, a superar discriminaciones entre pensionistas y a reducir el déficit presupuestario.


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Otra enmienda importante que también producirá sin duda ahorro de gasto público es la 1.038, que propone lo siguiente: «Con carácter, al menos anual, todas aquellas secciones que gestionen programas y medidas relacionadas con el fomento o desarrollo de la economía productiva y el desarrollo de la modernización de las administraciones públicas, destinarán una parte de sus dotaciones al análisis y elaboración de propuestas de mejora y simplificación de los procedimientos y métodos de relación con la Administración así como de las restricciones a la competencia sobre los principales sectores económicos, remitirán al Congreso de los Diputados el resultado de este tipo de trabajos y la información suficiente para valorar su aplicación. Tendrán carácter de prioritarios a este fin, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Industria y Energía, Turismo y Comercio, Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y Hacienda, y Administraciones Públicas.» Queremos eliminar barreras innecesarias para el desarrollo de la economía productiva y en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas.
La otra enmienda se refiere sencillamente a que las consignaciones para atenciones protocolarias y representativas, dentro de los límites previstos, tendrán carácter global en cada Ministerio y sus organismos autónomos, y su disposición requiera de la oportuna autorización del responsable del centro directivo previa oportuna justificación. Es claramente una medida de desarrollo prácticamente reglamentario de lo que dice la disposición adicional, que recoge la enmienda 1.046, y que contribuye al control del gasto, sin merma de la eficacia.
Por todas estas razones, señor Presidente, solicitamos la votación favorable para nuestras enmiendas. En todo caso, las mantendremos para su defensa en Pleno.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Hernando tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Como manifestamos ayer al defender otra enmienda al artículo 57, la Ley de Presupuestos Generales para 1995 contiene unas dotaciones para ayuda oficial al desarrollo repartidas entre distintos programas y Ministerios, que asciende a unos 185.000 millones de pesetas.
Nosotros hemos presentado fundamentalmente dos enmiendas: una, que defendimos ayer a través de los créditos FAD al artículo 57 y, otra, que propone una nueva disposición adicional, que es la número 1.065, que viene a completar la dotación que ayer solicitábamos al FAD mediante dotaciones adicionales de 37.000 millones, con el fin de alcanzar los 240.000 millones, que es el compromiso parlamentario adquirido no sólo este año sino también en noviembre de 1992, aprobado además en esta Cámara por la mayoría de los grupos políticos, prácticamente por unanimidad.
Lo que hemos querido, debido a la falta de cumplimiento de estos acuerdos por parte del Gobierno, es presentar enmiendas para que estas dotaciones, esta consecución del 0,35 fuera un objetivo real mediante partidas concretas. Así, esta disposición adicional pretende esta dotación de 37.000 millones con cargo a la reducción de gastos en el capítulo II. Eso nos diferencia, además, de otras enmiendas que han presentado otros grupos políticos, en las que recurren a los créditos ampliables y, por tanto, a incrementar el déficit público.
Nosotros creemos que esta figura de los créditos ampliables no es la más adecuada, y que una consignación concreta permitiría, además, eliminar arbitrariedades a la hora de incrementar las dotaciones previstas para la ayuda oficial al desarrollo y eliminar, por tanto, el voluntarismo dejándolo, como decía antes, en propuestas claras y concretas.
Por otra parte, nuestro Grupo ha presentado la enmienda 1.064, que es de modificación, a la disposición adicional decimonovena, en la que pretendemos que si se cumplen determinados objetivos, como son la reducción del décifit público en España y que éste mismo no supere el 5 por ciento del producto interior bruto, que el Estado pueda remitir al Congreso de los Diputados créditos extraordinarios por un total de 100.000 millones de pesetas. Esto cumpliría las aspiraciones no sólo de numerosas organizaciones no gubernamentales que en este sentido se han venido manifestando a lo largo de los últimos tiempos, sino que también respondería a los criterios manifestados por los portavoces de los distintos grupos políticos; manifestaciones que, por cierto, aparecen en la prensa pero luego vemos que no se plasman en enmiendas concretas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado. Sobre esto sí queríamos poner especial énfasis.
Estos días se está debatiendo en los medios de comunicación sobre la enmienda del 0,5 del Partido Socialista, pero hay que decir que el Partido Socialista no ha presentado ninguna enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que ni siquiera se valore la posibilidad de conseguir ese 0,5 por ciento para programas de ayuda oficial al desarrollo. Vaya por delante, además, que la ayuda oficial al desarrollo no puede ser única y exclusivamente una responsabilidad en los Presupuestos Generales. Creemos que esas dotaciones deben de ir implementadas a través de cooperación descentralizada en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Además, debe unirse la iniciativa privada, porque España, señorías, es todavía el país de la OCDE en el que menos dotaciones se dedican a través de la iniciativa privada a la ayuda oficial al desarrollo. La Ley de Mecenazgo es un mecanismo que juzgamos claramente insuficiente, y así lo manifestamos en el Pleno, pero de alguna manera podría servir para dinamizar esta iniciativa privada.
No obstante, quiero volver a reiterar que el Partido Popular, sensible con la situación del Tercer Mundo, ha pretendido que estas dos enmiendas fueran una llamada de atención y que estas dotaciones presupuestarias quedaran plasmadas en enmiendas concretas a través de cargos a reducción de gastos en otros capítulos, y no hacer cantos de cisne a través de otras enmiendas presentadas por otros grupos.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RIOS MARTINEZ: Voy a defender las enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Cuando el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha puesto a estudiar la propuesta del Gobierno y las dificultades que hemos encontrado en algunas precisiones, hemos tenido que utilizar el camino de la disposición adicional para actuaciones que, a lo mejor, no son tan de disposición adicional, sino de previsión presupuestaria en cada una de las secciones. La filosofía es ampliar la decisión y la actuación que queremos conseguir con estos presupuestos y que el Gobierno los desarrolle con posterioridad.
Las primeras enmiendas van dirigidas a añadir, dentro del seguimiento de los objetivos de la disposición adicional primera, junto con lo que pudiéramos llamar programas que van a ser de una especial aplicación, el seguimiento de los objetivos propuestos, uno cual es el programa de transferencias a comunidades autónomas y a entes territoriales. El objetivo es garantizar también esa filosofía de los demás programas en esta actuación del Gobierno.
La segunda enmienda, la 573, va dirigida a lo que pudiéramos llamar financiación del acuerdo nacional sobre información continuada. Propone la adición de un párrafo nuevo que pretende trasladar a las distintas administraciones públicas el acuerdo nacional de formación continua, al tiempo que se plantea la ejecución de un auténtico programa de formación y reciclaje necesarios dentro de la Administración pública para rentabilizar mejor los efectivos de que ahora mismo dispone.
La enmienda 574 propone la supresión de esta asignación que establece a través de una disposición adicional, porque entendemos que nuestro Estado debe ser laico y no confesional.
La enmienda 575, a la disposición adicional cuarta, propone añadir, dentro de las modificaciones del régimen retributivo de los funcionarios, al final del primer párrafo, una precisión que diga que la ampliación de esta autorización se producirá de acuerdo con los resultados de la negociación entre sindicatos representativos de la Función Pública y las juntas de personal. ¿Por qué? Porque la relación con la Administración pública no se puede despachar con un acuerdo entre las grandes confederaciones, sino que tiene que ser una filosofía estable y permanente en la actividad de los distintos órganos de la Administración.
Por tanto, la negociación colectiva debe estar presente para todas las actuaciones que afecten a los empleados públicos de la Administración.
La enmienda 576 va dirigida a la disposición adicional sexta y pretende elevar las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a su cargo de 1.071.000 pesetas a 1.252.000 pesetas.
La enmienda 578, a la disposición adicional séptima, pretende modificar el apartado 1 para poder recoger una obligación que data del año 1982 y es que la actuación de integración social de minusválidos debe equipararse al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional, que ya era un objetivo a establecer a los diez años de aquella ley y que aún no ha sido realidad. Proponemos añadir ese objetivo para que todos los presupuestos lo recojan.
En la enmienda siguiente presentamos una distribución distinta al texto del Gobierno, puesto que propone la cifra de 24.935 pesetas para el subsidio de garantía de ingresos mínimos, cifra que es la misma en los últimos tres años. Creemos que hay que cumplir aquella ley. Es verdad que con posterioridad se ha producido una modificación legal que facilita que las nuevas actuaciones de este tipo puedan optar a lo que pudiéramos llamar una pensión no contributiva, pero mientras existan estas asignaciones, estos subsidios, creemos que no se deben penalizar. Las enmiendas proponen que las cuatro propuestas del Gobierno se incrementen para equipararse al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional que teníamos al año 1994.
La enmienda 79 pretende añadir al final de esta disposición el requisito de ingresos anuales no superiores a un millón de pesetas previsto en el artículo 168 de la Ley General de la Seguridad Social. Hay que actualizar ese requisito para cada uno de los que tienen la condición de beneficiario.
La enmienda 570 pretende que las empresas de economía social, las que pudiéramos llamar cooperativas y sociedades anónimas laborales, tengan, a la hora de actuar el Gobierno, un tratamiento de discriminación positiva.
Es decir, que las bonificaciones fiscales, subvenciones y cualquier tipo de ayuda que tengan las empresas en general se puedan incrementar para las que tienen este carácter. El objetivo precisamente es ayudar a que las empresas que están haciendo frente al mantenimiento de una actividad productiva la puedan cumplir con el auxilio de la Administración.
Las enmiendas 581 y 582 van dirigidas a algo que tiene enmiendas de todos los grupos: la disposición adicional decimonovena. Hay enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo Popular, de todos los grupos. Ayer discutíamos los fondos de ayuda al desarrollo, los FAD. Pretende nuestra enmienda que se adquiera el compromiso de que la cuantía destinada a los proyectos que la disposición adicional decimonovena establece para ayuda a los países del Tercer Mundo a través de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, sea equivalente al 0,5 por ciento del producto interior bruto de nuestro país, es decir, 340.000 millones de pesetas, y que el ejercicio 1996 se comprometa al 0,7 por ciento del producto interior bruto.
Este es el compromiso que el Gobierno adquirió el año pasado, que se debe ver reflejado en el texto del Gobierno. En todo caso, como hay otras iniciativas, espero que se pueda producir el consenso a través de las propuestas de los distintos grupos, o con esa llamada transaccional que todavía no conocemos pero que parece que se está elaborando.
La enmienda 582 va dirigida a la constitución de ese consejo de cooperación y ayuda al desarrollo y, sobre todo, a los criterios de calidad de los proyectos que se deben establecer para la ayuda al desarrollo. Es importante fijar una filosofía no de beneficiencia, sino de solidaridad sobre las tareas de máxima necesidad para los países que la reciben, no para nosotros desde aquí. Creemos que la ayuda al desarrollo

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debe estar destinada a áreas de prioridad social, como son los programas de educación básica, de atención médica primaria, de agua potable, de planificación familiar, de nutrición, de electrificación rural, de energía renovable, etcétera. Se trata de lo que podemos llamar caminar para, de verdad, cumplir ese requisito de enseñarles a pescar, teniendo peces el río, en lugar de regalarles el pez, aunque vaya congelado desde aquí.
Este es nuestro objetivo. Hay una propuesta orientativa para que en este año podamos llegar al 25 por ciento de estos fondos destinados a esas actuaciones y, en el año 1996, al 40 por ciento. De todas formas, ya veremos cómo evoluciona esta decisión.
La enmienda 583, que al igual que todas las demás que voy a defender, señor Presidente, pretende la adición de nuevas propuestas, quiere facilitar que haya una participación de las comunidades autónomas en la fijación de los criterios de la distribución de los fondos de cohesión.
El criterio para poder territorializar no es solamente el de dar gestión, sino el participar en las propuestas de nuestro Gobierno a la hora de adjudicar estos recursos.
La enmienda 584 pretende ampliar los 5.000 millones de pesetas que propone el Gobierno a 10.000 millones de pesetas, para destinar estos 5.000 millones de diferencia a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto estaría destinado, a través de la disposición adicional vigésima, a dotar lo que podríamos llamar infraestructuras locales de los municipios más reducidos. Esta mañana hemos discutido en la sección correspondiente también esta realidad.
En la enmienda 585 creemos que el dinero que se pueda obtener a través de la gestión de recursos que ahora mismo tenga el Estado en distintos organismos, como puede ser, Defensa (venta de cuarteles, solares, etcétera) debe de funcionar con un criterio de caja única. No es un dinero para que administre el Ministerio de Defensa en recursos que va a obtener para destinarlos a políticas que él quiera establecer, sino que hay que fortalecer el criterio de caja única, que ya defendíamos ayer para otras actuaciones.
La disposición adicional nueva, que crea la enmienda 587, va encaminada a cumplir el artículo 14 de nuestra Constitución y evitar la discriminación por razón de estado civil, es decir, apoya lo que pudiéramos llamar uniones efectivas de hecho con independencia del tipo de unión que se establezca.
La enmienda 588 pretende ampliar los plazos y los benefactores de indemnización en la disposición adicional decimoctava de la Ley de Presupuestos del año 1990, ampliando, por tanto, las previsiones de los plazos de edad que estaban fijados en esa ley y las posibles personas a incorporarse a esa ayuda.
La enmienda 586 va dirigida a la realidad canaria para subvencionar el fuel, para potabilizadoras y para la prima del transporte marítimo-aéreo, que facilita esa realidad que ahora mismo tiene el archipiélago.
La enmienda 589 pretende atender a los pensionistas mayores de 80 años que necesitan la ayuda de una tercera persona puesto que tienen escasos recursos. Nosotros proponemos que haya un complemento de pensión porque éste es un gasto añadido para estas personas que además de la edad, tienen una dificultad, una limitación y necesitan la asistencia de terceras personas. Es verdad que hay municipios que están realizando políticas encaminadas hacia ello, pero todavía no se cubre el volumen de personas que puede demandar esta ayuda.
La enmienda 590 pretende colocar las pensiones de los presidentes, ex ministros o altos cargos al nivel que tienen las demás personas, los demás trabajadores dentro de la Ley del IRPF. Pretendemos, por tanto, la igualdad ante la ley.
La enmienda 591 va dirigida a la planificación plurianual de la investigación y el desarrollo para usos civiles. Creemos que hay investigación y desarrollo con unos recursos limitados pero hace falta dar estabilidad, una visión plurianual para que las personas que se pongan a realizar este trabajo tengan una garantía, no haya incertidumbre en su actuación, al igual que también debiera de ser buena la coordinación con las políticas autonómicas que, según sus estatutos de autonomía, abordan las distintas comunidades autónomas. Esta medida sería positiva y es bueno el que el Gobierno se comprometa, a través de esta disposición, a regular para el próximo año estas actuaciones.
La enmienda 592 ya la he defendido, puesto que es el tema del fondo de nivelación, en la discusión de los órganos territoriales. La idea de la enmienda 593 se dirige a habilitar un crédito extraordinario (algo ha hecho ya el Gobierno este año) para hacer frente al déficit de la Sanidad, tanto de las comunidades autónomas como la del Estado, pero creemos que hay un déficit acumulado histórico que en algunas comunidades está saliendo a través de lo que son las decisiones de los Tribunales de Cuentas; déficit histórico de algunas comunidades, como es el caso de Andalucía, que debe ser tenido en cuenta. Es verdad que no puede ser solamente para la Comunidad de Andalucía, debe ser para todas las que, al revisarlos los Tribunales de Cuentas, así se lo vean necesario. Por tanto, proponemos un crédito de 106.000 millones de pesetas para, en los próximos cinco años, hacer frente a esta necesidad.
En la enmienda número 594 proponemos una nueva disposición para hacer frente a las deudas existentes desde enero de 1995, a lo que pudiéramos llamar préstamos concedidos por el extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo, a la vez que proponemos que se faculte al Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social para llevar a cabo todos los trámites necesarios para hacer frente a esas deudas y a la posible condonación de las mismas.
Nosotros creemos que es necesario hacer frente a la obligación de la LOGSE y proponemos una disposición adicional con un crédito de 50.000 millones de pesetas, puesto que la financiación extraordinaria de esta ley es hoy necesaria, porque en su día no tuvimos esa actuación presupuestaria paralela que hiciese realidad lo que son los compromisos de ley. Es decir, pretendemos caminar, por un lado, con lo que dice el texto de la ley y, por otro lado, los recursos que el Estado pone. Con esta actuación no creemos que se solucione todo, pero sí que se da un paso para superar esos déficit y esas limitaciones que tiene el desarrollo de la LOGSE.


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La enmienda 596 propone una nueva disposición adicional para la modificación del tendido de las líneas eléctricas, telefónicas, de gas o de cualquier otro servicio público, puesto que entendemos que no debe haber un trato privilegiado de las compañías titulares de las líneas de servicios públicos frente a los particulares La enmienda 597 pretende superar el déficit del poder adquisitivo de los empleados públicos durante los ejercicios 92, 93 y 94 y hacer frente a eso en los próximos dos ejercicios, 95 y 96. Creemos que se puede abordar, puesto que estamos en un año que puede haber un crecimiento de nuestra economía.
Hay enmiendas que van dirigidas a propuestas concretas. La número 598 pretende introducir una nueva disposición adicional que contemple la construcción de un tercer grupo térmico en la central de Aboño, en Gijón.
Esto significaría una dinamización para esa zona, puesto que podría aportar, para la capacidad de producción de carbón en aquella región, esa realidad productiva.
La enmienda 599 pretende que el Gobierno cumpla el requisito de presentar el Plan Hidrológico antes de abordar actuaciones puntuales. La enmienda 600 va dirigida a obtener, por parte del Gobierno, el cumplimiento del saneamiento de Gijón, suscrito por las distintas administraciones. Es verdad que hay unas previsiones en la sección 17, pero no aparecen especificadas y preferimos que figuren dentro de este compromiso.
Asimismo, igual que cuando hablábamos antes del desarrollo de la LOGSE, proponemos en la enmienda 601 que en la política educativa del Gobierno se tienda a la gratuidad de la enseñanza. Solicitamos que en la enseñanza infantil y primaria, así como en la secundaria obligatoria, se camine a la gratuidad de los libros, cosa que hoy en día todavía no lo es. Es verdad que en la enseñanza primaria es reducido el costo, pero en la enseñanza secundaria el valor es bastante alto.
Las enmiendas números 602, 603 y 604 intentan ampliar, por un lado, la equivalencia de los efectos retributivos y los haberes reguladores de lo que pudiéramos llamar de empleo militar. Es una actuación parecida a la que dirigimos de una adición a la disposición adicional vigésima de la Ley 4/1990. Por otro lado, está la idea de que el personal militar retirado que hubiese prestado los servicios en la Administración Pública también tenga una situación clara a su retiro.
La enmienda número 605 va dirigida a algo que está recogido pero no desarrollado en el proyecto del Gobierno y es el Plan de empleo rural.
Nosotros creemos que hace falta incrementar los fondos de este plan para acometer la mejora, la reforma y modificación del sistema del citado plan. Estimamos que para este año la cuantía podría ser de 15.000 millones de pesetas y esa cifra existe a través de un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la administración, acuerdos que deben concretarse también en las propuestas presupuestarias.
Paso, señor Presidente, rápidamente a defender las enmiendas correspondientes a las transitorias. La primera pretende suprimir la disposición transitoria quinta puesto que creemos que debemos mantener la filosofía de la oferta pública de empleo que establecía la Ley 30 del año 1984. En todo caso, si no se suprime, la enmienda número 607 pretende que para esta actuación de oferta pública de empleo sea oída la junta de personal o el comité de empresa laboral que represente a los trabajadores de la Administración Central o del organismo correspondiente para hacer realidad eso de la negociación colectiva que decía antes.
En la enmienda número 608 proponemos que el Gobierno envíe una ley de financiación de las universidades públicas para que, previamente, sea dictaminado por el Consejo de Universidades, puesto que creemos que ahí puede haber un crecimiento excesivo en tasas universitarias si no se aborda de verdad un sistema de regulación y financiación de estas universidades.
La enmienda número 609 ya está defendida junto con la enmienda anterior presentada a la disposición adicional.
La enmienda número 610 pretende que haya, dentro del Plan Director de Infraestructuras, una actuación para modernizar la línea ferrroviaria de la línea de La Plata.
La enmienda número 611 pretende que el Gobierno envíe a la Cámara y presente los criterios y prioridades a la hora de utilizar los fondos comunitarios cuya finalidad fundamental sea corregir desequilibrios territoriales. Es lógico que se deban fijar criterios, y nosotros proponemos que primero se fije como objetivo la modernización al máximo de las líneas de la red básica de ferrocarril antes inclusive que las actuaciones de la red de alta velocidad del ferrocarril o la red de alta densidad de las carreteras, las autopistas o las autovías.
La enmienda número 612 pretende que el Gobierno envíe al Congreso la normativa necesaria para que el actual Estatuto de la Mujer, creado por la Ley de 24 de octubre de 1983 y pendiente del Ministerio de Asuntos Sociales, eleve el rango de la Dirección General actual a Secretaría de Estado.
La enmienda número 613 pretende que el Gobierno dicte, en el plazo de tres meses, disposiciones para desarrollar el artículo 108 de la Ley General de la Seguridad Social.
La enmienda número 614 persigue que el Gobierno presente proyectos a la Cámara para modificar la actuación legislativa hacia la protección del medio ambiente y la erradicación de la contaminación, estableciendo los cánones que graven la contaminación producida.
La enmienda número 615 pretende que durante el año 1995 se apruebe la totalidad de puestos de trabajo, compromiso que data ya del año 1984 y que aún no se ha cumplido.
La enmienda número 616 habla de la participación en los fondos de cohesión y la número 617 hace referencia a las actuaciones del Gobierno para el plan de dinamización y reindustrialización de Asturias, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de enero de 1992.
Termino, señor Presidente, con las enmiendas correspondientes a las disposiciones finales. Proponemos en la número 618 que se sustituya el texto del Gobierno para que se autorice al Gobierno para afectar al plan de empleo rural créditos destinados a la financiación del programa de inversiones públicas, preferentemente las dirigidas a la

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conservación y protección del medio ambiente y a la realización de obras e infraestructuras agrarias.
La enmienda número 619 propugna que el Gobierno desarolle las bonificaciones que debían tener en discriminación positiva las empresas de economía social frente a las demás empresas.
La enmienda número 620 propone que el Gobierno cuantifique los gastos fiscales asociados a los impuestos locales como consecuencia de los beneficios fiscales que se deriven de la ley de presupuestos del año 1995.
Tenemos presentada una enmienda al anexo IX, que pretende unir a la propuesta del Gobierno una serie de programas, con carácter plurianual.
El proyecto habla de los compromisos de gasto que se extienden a ejercicios futuros y propone una serie de programas como los relativos a infraestructuras en carreteras, explotación de carreteras, recursos hidráulicos, transporte ferroviario, etcétera. Izquierda Unida pretende añadir el Programa 443.D, de Protección y Mejora del Medio Ambiente.
Las anualidades que propone Izquierda Unida para los años 1996, 1997 y 1998 no son ni más ni menos que las que el Gobierno nos ha aportado en el anexo de inversiones.
Por tanto, esta enmienda pretende que entre los programas de gastos extendidos a ejercicios futuros se recoja también la protección y mejora del medio ambiente

El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Voy a llamar la atención sobre un hecho para que tratemos de ser un poco sintéticos. Quizá se me ha pasado a mí decírselo en un momento anterior a su intervención.
Rogaría a SS. SS. que nos ahorrasen todo aquello que podemos leer ya en la relación de enmiendas. En todo caso tendrán que hacer la argumentación sobre ello. No me refiero a usted sólo, señor Ríos, sino que en el tiempo que llevamos lo he oído con relativa frecuencia. Creo que lo que está escrito lo leemos todos aquellos a los que nos interesan las enmiendas y el que tiene que replicar a ellas lo ha leído también. Quizá de lo que se trata sea de añadir algunas argumentaciones que puedan reforzar la motivación que ya viene en cada enmienda.
Dicho esto, voy a dar la palabra al señor Olabarría, en nombre del Grupo Vasco.
Perdón, tampoco es que tenga demasiada importancia, pero por orden de jerarquía de escaños --digamos--, el señor Hinojosa tiene la palabra, en nombre del Grupo Catalán.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Sí que tiene importancia, nunca querría compararme con mi ilustre compañero Olabarría que, como todas SS. SS.
saben, es un magnífico parlamentario mientras que yo soy un humilde parlamentario.
En este caso, siendo disciplinado y obedeciendo las indicaciones del Presidente, mi Grupo va a consumir un turno muy breve para defender las enmiendas que van de la número 866 a la 872, ambas inclusive, que hacen referencia a distintas adicionales de todo tipo, alguna adicional nueva, etcétera. Todas ellas para nosotros de mucha importancia.
La 866 tiene componentes de competencias autonómicas que no nos convendría que se pasasen por alto en esta Comisión y que por ello pudiesen ser recuperadas por el Gobierno, sino que tienen que estar donde están, que es en las comunidades autónomas. De entre este grupo hay dos enmiendas que me interesa comentar. Una es la 869, porque afecta a un colectivo de trabajadores autónomos o empresarios individuales que viven desde hace un tiempo una serie de tensiones entre ellos dada la excesiva proliferación de licencias de taxis, lo que crea una serie de disfunciones en algunas grandes ciudades, entre ellas Barcelona. Hemos dialogado bastante con el Grupo Socialista no sólo en concreto sobre este tema, sino sobre todos los que afectan a estas adicionales. Ellos saben la importancia que damos a esta enmienda 869, que yo espero que no tenga ninguna dificultad en ser aprobada, al igual que otras enmiendas que estoy comentando, pero específicamente ésta.
Otra enmienda importante es la 807, que hace referencia, como SS. SS. han podido ver, al proyecto de ayuda al desarrollo en países del Tercer Mundo. No voy a decir nada nuevo, porque ya se ha dicho mucho sobre este tema. Espero a lo que diga el Grupo Socialista para ver qué hacemos con esta enmienda.
Finalmente, hay una enmienda 872 al anexo II, que doy por defendida en sus propios términos.
Con ello acabo mi intervención, creo que batiendo el récord de rapidez en esta sesión.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Estoy un poco abrumado por las palabras de mi compañero señor Hinojosa, inmerecidamente elogiosas, que se deberían formular en términos personalmente inversos.
Voy a distribuir el tiempo que corresponde a mi Grupo Parlamentario con mi compañero Ricardo Gatzagaetxebarría. Me referiré a las argumentaciones atinentes a las disposiciones adicionales y será mi compañero quien justifique lo relativo a las disposiciones transitorias.
Con relación a las disposiciones adicionales, para mi Grupo es de la mayor relevancia la enmienda número 317. Es una enmienda que hace referencia a la formación profesional continua y, en concreto, a la formación profesional continua gestionada o acogida al Acuerdo interprofesional de fecha 16 de diciembre del año 1992. Lo que pretende fundamentalmente es que aquello que el Estatuto de los Trabajadores en este momento prevé en materia de concurrencia de convenios colectivos y acuerdos interprofesionales, se prevea también en materia de ámbitos territoriales relativos a la negociación colectiva laboral en los acuerdos interprofesionales que se puedan adoptar por los interlocutores sociales legitimados.
Como quiera que, tras la vigencia del nuevo artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, en el Estado español podrán existir no sólo acuerdos interprofesionales de ámbito estatal sino, concurrentes con éstos y simultáneamente vigentes, acuerdos interprofesionales de ámbito territorial inferior, de ámbito de comunidad autónoma o incluso inferiores,

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nosotros pretendemos que, en relación a la formación profesional continua, se prevea en esta disposición adicional segunda el carácter bifurcable, por su propia naturaleza, del crédito consignado en los presupuestos del Instituto Nacional de Empleo, de forma y manera que si en el próximo ejercicio presupuestario se adoptan, se perfeccionan otros acuerdos interprofesionales (además del estatal ya citado de fecha 16 de diciembre de 1992) en ámbitos diferentes al del Estado español, por interlocutores sociales, con los requisitos de legitimación previstos en los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores, se prevean consignaciones presupuestarias suficientes para la atención económica financiera de estos nuevos, y de ámbito territorial diferente, acuerdos interprofesionales. Ese es el sentido de la enmienda. En definitiva, ¿qué pretende? Que no sean dificultades, que no sean obstáculos de naturaleza presupuestaria los que impiden el cumplimiento de previsiones contenidas en la legislación laboral, en concreto, en el Estatuto de los Trabajadores y en sus ya citados artículos 83 y 84 recientemente reformados. Esto en cuanto a la enmienda 317.
Las enmiendas 318 y 319 tienen la misma justificación. Son enmiendas prácticamente idénticas. Han sido ya referidos y justificados los presupuestos teóricos en los que se basan estas enmiendas por todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En definitiva, se trata de consignar en la Sección 12 un crédito equivalente al 0,5 por ciento --es la famosa enmienda del 0,5 por ciento-- del producto interior bruto, al objeto de atender proyectos de ayuda al desarrollo.
Si bien el compromiso presupuestario contenido en el acuerdo, del Parlamento, de fecha 15 de febrero de 1994, no compromete más que el 0,35 por ciento del producto interior bruto, es obvio, señor Presidente, que en este momento la dinámica social ha desbordado este compromiso presupuestario adoptado por el Pleno de la Cámara, y desde esa perspectiva es muy difícil en estos momentos ya asumir presupuestariamente un compromiso que reduzca la cifra del 0,5 por ciento del producto interior bruto. En este contexto, la propuesta de mi Grupo hace referencia a que se comprometa por lo menos el 0,5 por ciento del producto interior bruto, en la Sección 12, como crédito a la atención de proyectos de ayuda al desarrollo en países del Tercer Mundo.
La enmienda 320 --última relativa a las disposiciones adicionales-- hace referencia a algo a lo que ya ha hecho mención el portavoz de Izquierda Unida, es decir, a la condonación de las deudas que sigan vivas con cargo a subvenciones concedidas por el extinto Fondo Nacional de Protección del Trabajo. Los beneficiarios de las subvenciones de este Fondo, como es sabido, son o cooperativas o sociedades anónimas laborales. Todavía con fecha 1 de enero de 1995 existirán deudas de sociedades anónimas laborales y cooperativas, en relación al extinto Fondo Nacional de Protección al Trabajo, es decir, en este momento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Dirección del Fomento de la Economía Social.
Esta es una enmienda en cuya justificación participamos prácticamente todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. El Grupo Socialista la tiene, la tiene Izquierda Unida y la tienen todos los demás grupos. En definitiva, lo que se pretende es la condonación de estas deudas, siempre que las sociedades anónimas laborales deudoras o las cooperativas deudoras de viejas subvenciones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo puedan demostrar lo siguiente: que siguen funcionando con fecha 1 de enero de 1995, que son titulares del préstamo subvencionado por el extinto Fondo Nacional de Protección al Trabajo y, por último, que existan puestos de trabajo fehacientemente demostrados en estas sociedades anónimas laborales o cooperativas que han sido beneficiarias de subvenciones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, y en este momento resultan todavía deudoras de los créditos o de estas subvenciones.
Estas son las argumentaciones que, siguiendo sus pertinentes sugerencias, señor Presidente, las he hecho, desvinculándome del tenor literal de las enmiendas, y también del tenor literal de sus justificaciones, esperando haber atendido, en primer lugar, su recomendación y, en segundo lugar, las disponibilidades temporales en el uso de la palabra que resultan razonables en un debate tan prolijo y tan exhaustivo como éste, doy por concluida la justificación y el razonamiento de las enmiendas relativas a las disposiciones adicionales.
Mi compañero Ricardo Gatzagaetxebarría continuará en el uso de la palabra y defenderá todo lo relativo a las disposiciones transitorias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, para continuar con la defensa de las enmiendas correspondientes a este Grupo.


El señor BATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, la primera enmienda que me toca defender es la número 325 y va dirigida a la disposición transitoria cuarta. Lo que nuestro Grupo Parlamentario pretende es que las comunidades autónomas y las corporaciones locales dispongan de las mismas facultades que se habilitan al Gobierno en esta Disposición adicional cuarta, que es la relativa a revisar los complementos de destino dentro del régimen retributivo para los funcionarios. Nosotros pretendemos que esa facultad que se otorga a la Administración central de modular, de complementar y de determinar el ámbito y el alcance de los complementos de destino, como concepto integrante de las retribuciones básicas, la tengan también las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
En segundo lugar, planteamos la modificación del inciso segundo de la disposición transitoria cuarta. Nosotros pretendemos que lo que se autoriza al Gobierno, también lo puedan hacer las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que es la modificación de las retribuciones complementarias, que ya se prevé en el artículo 22.2 del mismo proyecto de ley. Entendemos que es oportuno y adecuado el establecimiento de un régimen de paridad, de igualdad entre lo que es la Administración central y las comunidades autónomas y las corporaciones locales en lo que atañe al régimen retributivo del personal, en este caso

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los funcionarios, dependientes de los mismos, no estableciendo este régimen de que sean administraciones de segundo orden y no puedan regular los complementos de destino ni tampoco las retribuciones complementarias, como pueden ser los complementos específicos, el complemento de productividad, las gratificaciones extraordinarias, que en cada caso hay que adecuar a las circunstancias en que cada administración pública se mueve y presta sus servicios, que es lo que verdaderamente supone la esencia de la autonomía. Es decir, que cada administración pública pueda modelar determinados regímenes retributivos de los funcionarios en función de las circunstancias del servicio público que se presta, de la dificultad, del rendimiento que se obtiene, etcétera.
La enmienda 321 de nuestro Grupo Parlamentario va dirigida a la disposición transitoria primera. Lo que pretendemos es una corrección en el título de dicha disposición, puesto que se habla del sector público cuando, a continuación, en el contenido de dicha disposición se refiere al sector público estatal. Evidentemente, una interpretación coherente nos lleva a la conclusión de que el ámbito al que se refiere el título de la disposición es el sector público estatal, pero convendría aclararlo, señor Presidente.
La enmienda 322 va dirigida a la disposición transitoria quinta. Lo que el Gobierno pretende a través de esta disposición es regular el régimen de las plazas presupuestadas, pero que no están sujetas a oferta de empleo público. De acuerdo con esta disposición transitoria, el Gobierno podrá autorizar las convocatorias sobre puestos de trabajo o plazas dotadas presupuestariamente. Ello parece que es una cuestión lógica, puesto que si se presupuestan unos puestos o plazas de trabajo, deben ser para que se correspondan con sus respectivas convocatorias de oferta de empleo público. Pero es que en el apartado dos se habla, como en el uno, de que podrá autorizar. Nosotros lo que queremos saber es: si se dotan presupuestariamente plazas y puestos de trabajo en el seno de la Administración central, ¿por qué se dice que se autorizará o que se podrá autorizar la convocatoria? Si se dotan, es para que se convoquen. Por ello nos llama la atención y nos preocupa que en el planteamiento político que se plasma en la filosofía del presupuesto de contener el gasto corriente, de contener el gasto de personal, se está estableciendo la puerta de escape, puesto que se está autorizando al Gobierno a que pueda convocar plazas que están dotadas. Una de dos: o se convocan todas las dotadas o, si están dotadas y no se van a convocar, se amortizan y, en ese caso, desaparecería ese crédito en el Capítulo I y pasaría a otra partida de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, no es muy ortodoxo que se establezca en esta disposición transitoria quinta, puesto que, en definitiva, está ubicada también al final de la Ley; vendría a ser como la letra pequeña, y es la que está estableciendo la puerta de escape a que el Gobierno pueda realizar las convocatorias de oferta de empleo público con carácter discrecional, cuando se encuentran dotadas presupuestariamente dichas plazas. A nuestro juicio, si no existe esa intención (y esa intención no se ve en los Presupuestos, puesto que si no diría: el Gobierno autorizará, o no diría nada y se autorizaría), deben presupuestarse las cantidades que se vinculan al Capitulo I en otros capítulos de los Presupuestos Generales del Estado.
La enmienda número 323, dirigida a la disposición derogatoria, es de adición. Lo que pretendemos es una modificación del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se procedió a la integración de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad Social. A nuestro juicio, ahí se estableció un tipo adicional de cotización que deben efectuar las corporaciones locales respecto al personal dependiente de las mismas, ligado a una relación de servicio de naturaleza estatutaria. En este momento, teniendo en cuenta la situación del Régimen General de la Seguridad Social, los debates que hay en esta Cámara, que no sabemos todavía cuál va a ser definitivamente el ámbito de protección de la Seguridad Social, que se ha constituido una Ponencia, etc. nos parece que es excesivo el índice adicional que se ha establecido en el Real Decreto 480/1993. Además, tenemos como precedente la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de empresas de naturaleza pública dependientes del Gobierno, para las cuales se fijaron índices adicionales de cotización muy inferiores a lo que se ha establecido para los funcionarios dependientes de las corporaciones locales, índices que alcanzaban hasta un máximo del 2,2 por ciento y un mínimo de 1,1 por ciento. Nos parecía excesivo el índice que se prevé en el Real Decreto 480/1993, por lo cual pretendemos su modificación.
Por último, señor Presidente, paso a defender la enmienda número 324, dirigida al Anexo II, cuarto, cuatro, relativo a los créditos ampliables.
Lo que nuestro Grupo parlamentario pretende es dar seguridad de que las prestaciones farmacéuticas, en definitiva, el gasto de farmacia, pueda ser un crédito ampliable. Hasta ahora lo ha venido siendo así, pero tenemos miedo de la redacción que se ha dado en el Anexo II, cuando se habla de los créditos ampliables no queda claramente expuesto, pues la prestación farmacéutica, por el volumen que tiene (en aras a la protección de todos los ciudadanos, tanto para el régimen sanitario dependiente del Insalud, como el dependiente de las comunidades autónomas), debe mantener la filosofía que está vigente en el artículo 149 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Presentamos la enmienda puesto que, con la redacción que se prevé en el Anexo II, cuarto, cuatro, podemos entender que hay una derogación implícita de la condición de crédito ampliable de los gastos de farmacia. Si ello fuera así, es preocupante para nuestro Grupo parlamentario, puesto que el ámbito sanitario de protección, en lo que atañe a la farmacia, a los ciudadanos españoles, podía quedar aquí minusvalorado y desprotegido y, por ello, pretendemos garantizar que quedan incluidos como crédito ampliable los gastos relativos a la farmacia. Por ello hacemos una pequeñísima modificación en el contenido del Anexo II, cuarto, cuatro, para que quede salvaguardada esta regulación, hasta ahora vigente, y que a nosotros nos plantea serias dudas de que se mantendrá vigente con esta redacción un tanto oscura que el Gobierno ha dado a los créditos ampliables del Anexo II. Para aclarar tal cuestión es por lo que hemos presentado esta enmienda de modificación puntual.


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El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Con brevedad, a ver si cunde el ejemplo.
Solamente tenemos presentada la enmienda 446 a la disposición adicional decimocuarta, que es una simple enmienda de supresión, porque ya está recogido en la Ley de 6 de julio del REFC y nos parece innecesario.
La enmienda 447 --por eso intervengo, para explicarla-- es una disposición transitoria nueva para que, en el supuesto --que parece que va a ocurrir así-- de que el transporte público en Canarias por fin tenga una partida específica, se separe esa partida, teniendo en cuenta el artículo 8 del REFC. En ese caso, mientras no exista la entidad o la institución que regule la gestión y ordenación del transporte en las Islas, esta disposición transitoria nueva establece que la transferencia de la subvención del transporte se realice directamente por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Mixto-Unión Valenciana, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, respecto a las disposiciones adicionales, las enmiendas del Grupo Mixto, de la Diputada Rahola Martínez, se dan por defendidas. Son las enmiendas a la disposición adicional undécima, bajo el número 268, y a las disposiciones adicionales nuevas agrupadas en las enmiendas 264, 486, 265, 271 y 272.
Ahora paso a defender la totalidad de las enmiendas de creación de nuevas disposiciones adicionales que yo mismo he propuesto, que son un total de treinta y una. Voy a intentar ser breve y hacer un pequeño comentario acerca de cada una de ellas. Como he dicho, son treinta y una, todas las cuales aparecen como disposiciones adicionales nuevas. La primera, la número 1, solicita un proyecto de ley integral de mejora y modernización de un sector muy afectado por los módulos en el Estado español, que es el de peluquerías y salones de belleza. Solicitamos que en el plazo de tres meses se remita un proyecto de ley integral de mejora y modernización del sector de peluquerías.
La número 2 es de más peso, máxime cuando estamos en tramitación de la ley de comercio, que contempla la liberalización de horarios a partir del 2001. Pedimos, asimismo, al Gobierno que remita un proyecto de ley de modernización del pequeño comercio en el plazo de tres meses, porque este sector, que a nivel de la Comunidad Valenciana engloba más de 60.000 establecimientos, tiene un gran arraigo en todo el Estado español y está atravesando serias dificultades derivadas de la fuerte expansión de las superficies comerciales, la mayoría de ellas de capital extranjero, acaecida en estos últimos años. Por otra parte, esa anunciada liberalización, libertad total de horarios para el año 2001, supondrá la definitiva puntilla para los pequeños comerciantes de no incentivar la modernización de éstos. Por ello solicito se apoye este plan de modernización del pequeño comercio.
La enmienda número 3 pretende la inclusión, entre las que podrían quedar exentas de la tributación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de aquellas entidades benéfico-sociales en su actividad y sin ánimo de lucro.
La enmienda número 38, en consonancia con lo que ha mantenido Unión Valenciana en esta Cámara, pretende la firma de un convenio, acuerdo o concierto económico entre el Estado y la Comunidad Valenciana. La disposición adicional, que contemplamos en esta enmienda número 38, habla de la creación de este acuerdo económico como modelo de financiación de la Comunidad Autónoma Valenciana; modelo que queremos que se base en la concertación económica, de la que en estos momentos disponen dos Comunidades Autónomas dentro del Estado, la Comunidad del País Vasco y la Comunidad Navarra. Nos parece perfecto que estas dos comunidades lo tengan y a nosotros, sabiendo el funcionamiento y el rendimiento que les está dando, nos gustaría que la Comunidad Valenciana pudiera beneficiarse de este acuerdo económico, porque pensamos que estamos capacitados para llevar a cabo este concierto económico. Creo que en estos momentos todos sabemos que los economistas más prestigiosos de la Hacienda Pública defienden la tesis del federalismo fiscal, tesis por la que los gobiernos subcentrales --en nuestro caso comunidades autónomas-- gestionan sus propios recursos y realizan la asignación más eficiente posible de los bienes y servicios públicos. No es casualidad que sistemas similares sean los que actualmente estén utilizando los países más avanzados del mundo, como son Estados Unidos, Canadá, Suiza o la propia Alemania. Desde la óptica de un partido nacionalista como Unión Valenciana, que aspira a mejorar el nivel y calidad de vida de Alicante, Castellón y Valencia, proponemos y pretendemos la adopción de los conciertos económicos para nuestra comunidad, conciertos económicos solidarios y generalizables a todas aquellas comunidades que así lo deseen.
Después de defender la enmienda 38 solicitando este acuerdo o concierto económico Estado-Comunidad Valenciana, tenemos otras disposiciones adicionales, como la enmienda 61, que es la cofinanciación del palacio de congresos y exposiciones de Valencia con el Gobierno central, o la enmienda 79, que es referente a que se contemplen por parte del Gobierno central ayudas a los agricultores afectados por la enfermedad de la «tristeza», que afecta a las plantaciones de cítricos en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Murcia.
Solicitamos también en la enmienda número 100 la confinanciación o financiación de inversiones en los puertos de la Comunidad Valenciana. La enmienda 102 se refiere a la confinanciación del Instituto Valenciano de Arte Moderno y en particular la 103 solicita la policía autonómica valenciana, promesa del Ministerio del Interior y que tarda en llegar.
Asimismo solicitamos, vía disposición adicional, por las enmiendas 104 y 105, la confinanciación de sanidad y de la Logse.


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Refiriéndonos a temas fiscales, la enmienda 111, se refiere a la reducción del importe de los módulos para los pequeños y medianos empresarios en estimación objetiva, en su modalidad de signos, índices y módulos. En la enmienda 112 pedimos la introducción de las deducciones por inversiones en el régimen de estimación objetiva, en su modalidad de signos, índices y módulos; y en la enmienda 113, la deducción por inversiones en el régimen de estimación objetiva en su modalidad de coeficientes, de manera que se puedan beneficiar de estas deducciones del 15 por ciento en ambos casos por inversiones.
En la enmienda 114 se recogen unas reivindicaciones respecto al acogimiento voluntario al régimen de la Seguridad Social por parte de los empresarios que así lo soliciten. En la 115 pedimos un proyecto de ley de investigación y fomento a la investigación universitaria. En la 116 pedimos que se haga efectivo el abono de cantidades a los abogados del turno de oficio que, en distintas comunidades del Estado español, llevan un retraso de más de un año y medio. La 117 es una enmienda relativa al carácter confiscatorio del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por la que se solicita del Gobierno que, en el plazo de tres meses, apruebe un proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para que lo modifique y elimine el carácter confiscatorio que rige en la actualidad.
En las enmiendas que tengo más interés son las que se agrupan entre la 120 y la 131, excepto la 129, que recoge la petición al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, presente un proyecto de ley de incentivos fiscales y un plan integral de modernización de importantes sectores económicos para la Comunidad Valenciana y creemos que para el resto del Estado español: el plan de incentivos fiscales y el plan integral de modernización del sector del calzado, del textil, azulejo, juguete, mueble y mimbre, cerámica, vidrio y lámpara, pirotécnico, vitivinícola, frutas y hortalizas. Todo ello debido a que los últimos acuerdos sobre la Ronda del Gatt, así como los proyectos de la Unión Europea respecto a la organización común de mercados en frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, ponen a estos sectores vitales para la economía valenciana y para la economía nacional en situación de desventaja, evitan la penetración de nuevos mercados y frenan la competitividad de estos sectores. Por tanto, solicitamos unos planes especiales para cada uno de estos sectores.
La enmienda 130 es de adición y en ella se solicita que en el plazo de tres meses el Gobierno elabore un proyecto de ley de incentivos fiscales, encaminado a la protección para la familia. Con esta iniciativa se pretende proteger y amparar, a los efectos fiscales y sociales, a la familia española para alcanzar los niveles de protección que gozan en la gran mayoría de los países comunitarios de nuestro entorno.
En penúltimo lugar la enmienda 131 --hoy acaba el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley sobre el tema de Tous-- propone que se contemple la consignación presupuestaria de 6.000 millones para hacer efectivas las posibles modificaciones que suponen la inclusión de nuevos municipios y el reconocimiento de nuevas indemnizaciones a unos damnificados que quedaron excluidos en el anterior decreto.
En último lugar, la enmienda 182 es reproducción literal de la del año pasado. Se refiere a la autovía de Madrid-Valencia, con el ruego de que se quite el título de Autovía de Levante y se denomine Autovía Valenciana. Es una denominación más acorde con el sentir mayoritario y más aproximada a lo que todos los valencianos queremos para esta autovía que tanto tarda.
Por ello solicitamos que la denominación de esta autovía sea Autovía Valenciana.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Ahora pasamos a la intervención del Grupo Socialista. Como sospecho que hay un equipo que está tratando de intervenir, vamos a empezar por el señor Jerez, quien dirá las personas que van a intervenir.


El señor JEREZ COLINO: Señorías, no cabe duda que este conjunto de adicionales, transitorias, final y derogatoria, así como los anexos, da posibilidades para plantear todo. Eso supone que el Grupo Socialista esté pensando, de las cerca de 400 enmiendas de los Grupos, cuáles considera como más importantes. Por ello tenemos que improvisar un equipo para dar respuesta, lo que necesariamente llevará a generalidades en muchos casos y en otros a que tengamos más tiempo del deseable, puesto que parece que ese conjunto de enmiendas que se han presentado por los distintos grupos necesitan, si no una respuesta puntual, sí por lo menos conceptos, aspectos y opiniones por parte del Grupo que sustenta al Gobierno.
Por eso, teniendo en cuenta en algunos casos la prisa del compañero y en otros el orden en que se ha planteado, tomará primero la palabra, con permiso de la Presidencia, Gerardo Torres, que intervendrá en temas de agricultura, adelantando que yo contestaré a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco y Unión Valenciana; el compañero Blas Trujillo responderá a Izquierda Unida, Convergència i Unió y Coalición Canaria; al señor Cremades, todo lo concerniente a las presentadas por el Grupo Socialista y a lo que se mueve alrededor del 0,7, por decirlo de alguna manera, que nos comprenda tanto la adicional diecinueve como lo que supondría la sección 12; y al compañero Jordi Marsal los temas de defensa.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Con la máxima brevedad.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada la enmienda 1.041, que propone una disposición adicional nueva, que no ha defendido, porque me imagino que ha tenido que hacer, como todos, un orden de prioridad.
En cualquier caso, pedimos en este momento al Grupo Popular que retire dicha enmienda, por cuanto tiene presentada una moción --esta enmienda se refiere al sector lechero-- sobre el mismo asunto; de tal suerte que los dos puntos que contiene esta enmienda son exactamente iguales a los dos primeros puntos de la moción, y que vamos a debatir en el próximo Pleno ordinario de esta Cámara. Por

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tanto, sin más, le ruego que la retire, porque vamos a poder hablar de esto, exactamente de lo mismo, en la moción. Y anunciar que, si no lo hace, por esta razón no quiero dar más argumentos por falta de tiempo, votaríamos en contra de la enmienda y fijaremos nuestra posición al respecto en la moción.
Respecto a las tres enmiendas que tiene el señor Chiquillo, de Unión Valenciana, en lo que afecta a la sección 21, muy brevemente también para decirle que la que se refiere a la tristeza del naranjo es una enmienda recurrente, en este caso no de su Grupo pero sí del Grupo Popular en otros presupuestos, y sobre ella vamos a decir lo mismo porque la situación no ha variado.
Sobre la tristeza del naranjo, se actuó con un programa muy ambicioso y muy intensivo entre los años 1972 y 1989, porque en aquel momento tenía carácter de epidemia. El problema es que era una epidemia muy amplia. El propio sector no podía asumir la resolución de este problema.
Desde el año 1989 la virulencia de esta enfermedad ha decaído sustancialmente. Es así, señor Chiquillo. Ha decaído sustancialmente, aunque existen casos todavía, y el sector asume la resolución de la misma, a pesar de que se sigue actuando con ayudas a viveros para proporcionar al sector material vegetal de calidad contrastada y exento del virus, o de pie tolerante, como ustedes lo llaman, que es así.
Con ello se subvenciona, por ejemplo, al sector viverista de agrios, a VASA, y se subvenciona a los viveros agrícolas en general que proporcionan estos plantones. En consecuencia, nos vamos a oponer a la enmienda presentada.
De las otras dos, una habla del sector vitivinícola y la otra del sector de frutas y hortalizas. A las dos les voy a dar el mismo razonamiento por ser breve también. Como usted sabe, están los dos sectores pendientes de la aprobación de la OCM, de la Organización Común de Mercado. Nos parece que no es momento para plantear medidas de reestructuración de un sector, o de dos sectores en este caso, cuando está pendiente de aprobación por parte de la OCM. Saben perfectamente cuál es la posición del Gobierno español respecto al sector vitivinícola, que es de oposición rotunda y firme a lo que se pretende. En cuanto al sector de frutas y hortalizas, en este momento hay un documento de reflexión sobre el que se está estudiando.
Por tanto, nos vamos a oponer a sus dos enmiendas en espera de que, una vez aprobadas las OCM, veamos qué complementos debemos añadir dentro de nuestro Estado para completarlo en lo que haya quedado cojo. No nos parece oportuno poner ahora en marcha algo que puede quedar invalidado dentro de tres meses.
Por estos motivos nos opondremos a estas tres enmiendas de Unión Valenciana.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Para contestar a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco y Unión Valenciana.
Señor Aguirre, no cabe duda que siempre es bueno empezar por el contexto estructural, por así decirlo, económico, antes de entrar en cada una de las enmiendas. En ningún caso podemos confundir situaciones. Me refiero a que se está actuando como si fueran sinónimos rigidez y control. Me parece que el control y la rigidez no son elementos sinónimos. La rigidez supone crear dificultades a la gestión presupuestaria, y el control tiene otra función, como es dar cuenta de todo el gasto en por qué, cuándo y cómo. No deben existir todas esas rigideces con que desde el Partido Popular se pretenden ahormar los presupuestos. Creo que son dos conceptos absolutamente distintos.
Por otra parte, el déficit de las Administraciones Públicas es conocido, está valorado en tanto por ciento del PIB, hay compromiso de cuál va a ser el déficit de caja en los Presupuestos Generales del Estado y hay también una presentación del programa de convergencia en Europa que, como usted sabe, ha sido aceptado (no digo que con «cum laude», por si pudiera servir esto para decir que sólo fue sobresaliente o notable) diciendo que era un plan realista y posible, con el compromiso de dedicar después, de manera preferente, el aumento de los ingresos a financiar el déficit.
Se está diciendo, y creo que es cierto, que hay dificultades para el control de los presupuestos, quizá porque la mucha documentación necesitaría ordenarse. Esa oficina presupuestaria, por la que estamos clamando y que está aprobada, se mueve en un contexto de reforma del reglamento, por lo que sería deseable que sacáramos entre todos de la manera más unánime y que pudiéramos tener la documentación adecuada.
No sé si hacer de la ley de presupuestos una especie de compromisos legislativos que pudieran suponer introducir de manera continua y permanente qué leyes son las que tienen que aparecer en el ejercicio siguiente, no supone salir un poco del contexto en el que debe moverse una ley presupuestaria. Sí es cierto, y se ratifica, que la nueva Ley General Presupuestaria está en estos momentos en período de informe y, como ya le dijo el Ministro, contamos con que antes de fin de año tenga su entrada en esta Cámara.
Esto no quita para que en otros trámites ese ejercicio de control se realice, que tengamos en cuenta que la rigidez supone siempre dificultades y que no debe estar en el ánimo de la oposición crear dificultades a la tarea presupuestaria del Gobierno. Sí al control, sí a determinadas críticas, pero en ningún caso rigideces previas que hacen muy difícil la posibilidad de moverse si hiciéramos caso a lo que nos plantea.
Eso por lo que respecta al señor Aguirre. Ya le decía que eran conceptos generales. Estoy convencido de que quizá no toco una por una las enmiendas que me propone, pero esas ideas servirán para que conozca cuál es la forma de pensar del Grupo parlamentario Socialista.
Al señor Núñez, quizá en esa misma idea. Existe también el concepto de que reducir el Capítulo II puede ser sinónimo de buena administración. Yo entiendo que ese concepto crea buena imagen y no son políticamente desdeñables algunos conceptos que puedan crear buena imagen. Pero le diría que detrás de este Capítulo II está toda la preparación de lo que pueden ser después las inversiones. Eliminar

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sistemáticamente, sin que se presente alternativa, cómo debe ser esa futura administración, que parece que se quiere cubrir detrás de toda esa reducción, cuanto menos es un deseo, y en el deseo podemos estar de acuerdo, pero no en cada una de las reducciones. Decir que se reduzca, en un momento en que, como usted sabe, en el presupuesto de 1994 se hablaba de una reducción del 19 por ciento, significa el tremendo interés que tiene el Gobierno en llegar a una disminución lo más posible del Capítulo II. En total tienen presentadas cerca de 400 enmiendas con conceptos de este tipo. Esas enmiendas deben suponer una estructura nueva, porque quitar de distintos conceptos: de investigación, de centros de estudio, de publicidad, hasta bolígrafos, lápices y cualquier cosa, incluso de los estudios, será difícil, si prohibimos la salida de encargos de proyectos, que podamos licitar este año 700.000 millones de pesetas como está previsto, por ejemplo, en el capítulo de infraestructuras.
Por tanto, yo creo que el Capítulo II no es un elemento aislado que hay que ir a por él, sino que está enlazado con el concepto de inversiones públicas y creo que nadie estará en contra.
Por otra parte, al señor Hernando le contestará mi compañero que se ocupa de los asuntos del 0,7, como ya dije al principio.
El Partido Nacionalista Vasco introduce una serie de enmiendas. Creo que hay una, que ha sido estudiada lo más detenidamente posible con estas prisas que llevamos --me estoy refiriendo a la enmienda 317--, en la que se habla de la forma de gestionar el 0,25. Estoy hablando de la financiación sobre formación continua.
Propone el Grupo Vasco una fórmula, y es que se gestionara a través de fundaciones o entes creados con este fin. Parece interesante. Por tanto, mi Grupo acepta esta enmienda, entendiendo que en el paquete de las que usted presenta es importante y que en cierta manera cubre muchas funciones de cara a esta inversión.
No podemos decir lo mismo de las demás enmiendas que ha presentado.
Parece que la enmienda 320 es similar, como muy bien ha dicho, a otras que presentaba Izquierda Unida u otros Grupos, incluso el nuestro. Yo le pediría (no sé si porque siempre el Grupo que apoya al Gobierno piensa que el camino que él elige puede ser el más abierto) que retirara esa enmienda en este momento para que pudiera incorporarse como una aportación del Partido Nacionalista Vasco.
He de decir al señor Gatzagaetxebarría que, en cuanto a las enmiendas que nos propone a las transitorias, no podemos aceptar ninguna de ellas. Lo digo en aras a la brevedad, no como una descortesía, sino en la idea de que si en el Pleno, ya eliminada buena parte de lo que en estos momentos estamos hablando, necesitamos entrar en razonamientos, o bien después, estaría encantado entrar en ello, agregando simplemente que no aceptamos las modificaciones a las transitorias.
Respecto a Unión Valenciana, decía al principio que, evidentemente, las adicionales dan para mucho. Yo diría que las nuevas dan para todo, porque no sé si ustedes han hecho los números. Eso que se mueve alrededor del pequeño comercio que ustedes presentan, haciendo números supone una incorporación de alrededor de tres billones de pesetas. Esta adicional nueva que ustedes proponen supone una nueva situación para los salones de peluquería, una ley de incentivos fiscales que abarque desde el calzado hasta la familia, con una amplia gama en esa dirección, pasando por 5.000 millones de pesetas para los aeropuertos de la Comunidad valenciana y entrando también en la incorporación de 6.000 millones para Tous y tantas y tantas cosas. Creo que cada una tendría un camino que podía ser tratada perfectamente. Yo creo que cada una tendría un camino y que podría ser tratada perfectamente.
Entiendo que el problema que se plantea de los aeropuertos, en una entidad que no puede entrar vía Sección 17, tampoco puede entrar en esta situación. Es decir, tendría que ser otra gestión a un nivel y en otro momento distinto. Pero quiero decirle que, miradas en su conjunto, muchas de ellas son tradicionales, como ya apuntaba mi compañero, sobre todo para esa forma de financiación por concierto. Aunque lo comprendemos, como usted sabe, tendrían que seguirse unos pasos de cambios legislativos previos antes de venir aquí. Por lo tanto, éste no es un sitio en el que nosotros le podíamos dar respuesta adecuada.
Tampoco las adicionales deben servir para que el Gobierno, en función de su aceptación, vaya asumiendo compromisos legislativos de futuro de la más variada gama.
Sintiendo no poder aceptar ninguna de sus enmiendas, y teniendo en cuenta cómo vamos de tiempo, pidiéndole disculpas por anticipado porque sabemos que ésta es una respuesta un poco general al asunto, quiero decir simplemente que le paso la palabra con permiso del Presidente, naturalmente, a mi compañero Blas Trujillo para que defienda el punto de vista socialista a las enmiendas que presentan Izquierda Unida, Convergència i Unió y Coalición Canaria.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Trujillo tiene la palabra.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, voy a intentar ser lo más breve posible en la explicación de la respuesta de nuestro grupo a las enmiendas de Izquierda Unida, salvo en aquellas que tienen que ver con el denominado 0,7 y algunas que están relacionadas con el Ministerio de Defensa, que la harán los compañeros que posteriormente usarán de la palabra.
Comenzamos por la primera enmienda, la 572, que pretende introducir en la disposición adicional primera, en el seguimiento de objetivos, un programa relacionado con transferencias a comunidades autónomas, corporaciones locales y planes de las comunidades europeas. O sea, lo que habría que señalar con respecto a las mismas es la no adecuación de introducir un programa de esta naturaleza por cuanto, como bien sabe el señor Ríos, el propio Tribunal Constitucional en distintas sentencias ha establecido que no pueden ser controladas las comunidades autónomas en los programas que reciben por el Gobierno y que solamente pueden ser controladas por el Parlamento y por el propio Tribunal de Cuentas.
Asimismo los planes de la Comunidad

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Europea están controlados por los órganos de la misma. De ahí que no consideremos oportuno introducir esta enmienda.
La segunda enmienda, la 573, habla de establecer, con respecto a los empleados públicos, una participación de las cotizaciones en el porcentaje de la cláusula de formación profesional para acogerlos al acuerdo de la formación continua. Creo que el señor Ríos recuerda que en el propio debate de la presentación del presupuesto del Ministerio para las Administraciones Públicas el Secretario de Estado de Administración Pública ya comentaba que para este año, y de ah í que el presupuesto del INAP, el presupuesto directo se mantuviese prácticamente en los mismos términos que en el de 1994; se iban a poder acoger a los fondos de la formación continua y así incluso lo recogía el acuerdo con las propias organizaciones sindicales. Por lo tanto, no es necesario introducir, en principio, una cláusula de esta naturaleza en los propios Presupuestos.
La enmienda 574 pide la supresión de la disposición adicional tercera que fija las liquidaciones de fondos, los acuerdos que tiene el Estado con la Santa Sede. Tanto por el acuerdo del año 1979, como lo establecido por la propia disposición adicional quinta de los Presupuestos de 1988, no parece oportuno recoger la supresión de dicho apartado, que sigue manteniendo en vigor el acuerdo con la propia Santa Sede.
La enmienda 575, que hace referencia a la aplicación de los resultados de la negociación con los sindicatos, trata, en definitiva, de establecer un proceso de negociación para la modificación de las retribuciones complementarias. No consideramos tampoco que sea oportuno introducirla por cuanto ya el propio acuerdo de la Administración con los sindicatos establece claramente cuál es el proceso que se va a seguir con relación a esta materia. No nos olvidemos de que la propia Ley lo que hace en el Título III es fijar las retribuciones y, en cualquier caso, en el Título II, en el capítulo V, se establece que durante 1995 se llevará con un programa de racionalización y ordenación de retribuciones complementarias consistentes, fundamentalmente, en lograr una más adecuada distribución de las cuantías retributivas. Obviamente, este proceso se realizará en su momento; lo que hacemos es autorizar al Gobierno a modificar lo que fijamos en esta ley y se hará en el proceso de negociación, en la propia mesa de retribuciones, con los sindicatos firmantes del acuerdo. Por tanto, no parece que sea tampoco oportuno, o al menos sobra, el introducir una materia de esta naturaleza que ya se contempla en el propio acuerdo.
Luego vienen una serie de enmiendas, que van desde la 576 a la 579, así como la 588 y 589, que pretenden establecer unos incrementos en determinadas prestaciones económicas relacionadas con el sistema de la protección social. A S. S. no se le oculta que, incluso con respecto a la 576, en determinadas prestaciones, Lismi, etcétera, básicamente el procedimiento es que vayan siendo sustituidas paulatinamente por pensiones no contributivas. En cualquier caso, y convendría recordarlo cuando se debate este tipo de elementos (y lo hemos hecho ya a lo largo de esta Comisión en distintos puntos), no debemos olvidar que el esfuerzo que estamos haciendo en políticas públicas de gasto social supera muy claramente el propio incremento del presupuesto. Esta es una reflexión que hago en el sentido de recordar (a veces conviene hacerlo) que nuestro gasto público social crece en torno al 5,7 por ciento en un presupuesto que, además, hemos señalado no pretende ser expansivo, pero no cabe la menor duda que sí fija como objetivo el mantener los niveles efectivos de protección social. Por tanto, tampoco nos parecen oportunos esos incrementos que se pretenden en estas enmiendas.
En la enmienda 580 se pretenden establecer determinados mecanismos relacionados con las empresas de economía social y, en cualquier caso, convendría recordar también que ya existen mecanismos similares para la atención y la discriminación positiva de este tipo de proyectos empresariales.
Con respecto a la enmienda 583, que hace referencia a la aplicación del fondo de cohesión para la mejora del medio ambiente, y que también tiene en otra enmienda de IU cierta regulación con respecto a esta materia de los fondos de cohesión, queremos señalar que, en primer lugar, no nos parece oportuna, sobre todo cuando se ha alcanzado, por el resto de las Administraciones públicas, un acuerdo muy interesante y muy amplio en este tema, tanto en cuanto al reparto del fondo como a los objetivos generales que se van a desarrollar. De hecho, la propia ley recoge en distintas disposiciones articulaciones y regulaciones de estos fondos con comunidades autónomas y con las propias corporaciones locales. En ese sentido, queremos adelantar que hay una enmienda, en cuanto a la gestión de este tipo de fondos presentada por el Grupo de Convergència i Unió, en concreto la número 867, que nosotros vamos a aprobar, por cuanto el mecanismo de asimilarlo al Feder nos parece un sistema de gestión interesante.
La enmienda 584 pretende aumentar en 5.000 millones más lo que son los fondos destinados a municipios menores de 5.000 habitantes. Simplemente queremos señalarle que las actuales disposiciones que recoge el proyecto de ley lo que vienen a reflejar de manera clara es el acuerdo de financiación establecido con la Federación Española de Municipios y de participación de los Entes locales en los tributos del Estado hasta el año 1998. Por tanto, en esos términos nos estamos moviendo y, en cualquier caso, también hay que recordar que las cifras son de una cuantía muy importante. Se ha pasado a 20.000 millones para los municipios de más de 50.000 habitantes, que pueden llegar hasta 30.000, y ahora tenemos 20.000 millones también para estos municipios. Por tanto, como digo, recogemos ese acuerdo con la propia Federación Española de Municipios.
En lo que hace referencia a la enmienda 586, que es el establecimiento de las ayudas al fuel de potabilizadoras y al transporte marítimo y aéreo de Canarias, simplemente queremos señalar dos cuestiones: una, que ya la propia ley recoge el desarrollo de la Ley de Régimen Económico y Fiscal en ambas materias y, por tanto, no habrían de establecerse «ex novo» en una disposición adicional.
En segundo lugar, quiero recordarle, al menos en lo que hace referencia al transporte marítimo y aéreo de mercancías,

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que el propio REFC establece la creación de una comisión mixta --Gobierno de la nación-gobierno de Canarias-- para tratar de evaluar y seguir el resultado de todo este tipo de mecanismos. Probablemente a finales de este mes se reunirá para, entre otras cuestiones, tratar esta materia. En cualquier caso, sí quiero señalarles que en el seno del Grupo estamos estudiando el importe necesario con respecto al transporte de mercancías, por cuanto al ampliarse a todo el año y a todos los productos las subvenciones para ese tipo de transportes la cantidad consignada pudiese estar sujeta a una revisión.
En cuanto a la enmienda número 587, que pretende establecer que el Gobierno elabore una normativa necesaria con respecto a los derechos civiles, fiscales, laborales, etcétera, con respecto a las parejas de hecho, quiero recordar dos cuestiones. Nosotros estamos estudiando esta materia en el seno del propio Grupo, pero, en cualquier caso, no hay que olvidar que el propio Gobierno ya ha anunciado, a través de la Ministra de Asuntos Sociales, que está analizando dicha regulación y también en la ponencia de la familia, constituida en esta Cámara, a buen seguro trataremos este tipo de parejas por cuanto ha sido uno de los fenómenos que hemos venido observando en el seno de esa ponencia en los últimos años de mayor proliferación.
Las enmiendas números 588 y 589 estarían contestadas en los términos del incremento del gasto social.
La enmienda número 591 pretende establecer una ley específica relacionada con los proyectos de I + D.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Trujillo, le ruego que acelere un poquito porque eran muchas las enmiendas, en efecto. Trate de sintetizar.


El señor TRUJILLO ORAMAS: En cualquier caso, no parece oportuno el establecer una ley presupuestaria de investigación más desarrollo cuando ya estamos dotados de la propia Ley 13, de fomento y coordinación de la investigación científica. En definitiva, la ley de la ciencia, que establece los planes plurianuales con respecto a esta materia.
La enmienda número 592 fue debatida ayer porque iba relacionada con la enmienda presentada al ciento cuatro bis. El rechazo está establecido en los mismos términos y no vamos a repetirlo. Es la que hace referencia al fondo de nivelación.
En la enmienda número 593 se pretende establecer un crédito extraordinario para las comunidades autónomas con competencia exclusiva en sanidad. Prácticamente nos remitimos al acuerdo que en materia sanitaria se ha logrado, yo creo que positivo, con el conjunto de las comunidades autónomas, a no ser con las que han tenido estas competencias.
La enmienda número 594 es igual a la número 320, del Grupos Vasco (PNV), con respecto al fondo de protección nacional del trabajo. Yo le pediría al señor Ríos que, en base al mismo argumento que daba mi compañero el señor Jerez, fuese retirada por cuanto los distintos órganos de Gobierno, los centros gestores, coinciden en señalar la conveniencia de establecer este tipo de mecanismos --nosotros hemos presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento-- en esa propia ley.
Luego tienen tres enmiendas --las números 595, 601 y 608-- en materia educativa. Ha señalado el propio señor Ríos que alguna de ellas más bien era propia de las propias secciones.
Quisiera decir tres cuestiones simplemente. Con respecto a la enmienda que establece un crédito extraordinario para la LOGSE, yo creo que la propia Sección 18, si la analizamos a fondo, establece una financiación suficiente y se marca, como uno de esos objetivos, el desarrollo de la LOGSE.
La enmienda número 601 pretende la gratuidad de los libros. Usted mismo reconocía la bajada significativa de costos en la enseñanza primaria. En cualquier caso, el esfuerzo presupuestario que se está haciendo en educación no debemos minimizarlo por no adoptar una medida de esta naturaleza. No es que nosotros nos opongamos, pero, en cualquier caso, creemos que el esfuerzo que estamos haciendo es el máximo posible dentro del marco presupuestario que tenemos.
En cuanto a la ley de financiación de universidades, usted sabe que nosotros hemos elevado en el Consejo de Universidades una propuesta para debatir el sistema de financiación. En estos momentos se está debatiendo y no tiene por qué necesariamente conllevar que se determine por una ley.
En cualquier caso, con independencia de garantizar la estabilidad de financiación del sistema, sí que nos estamos marcando como objetivo primordial el que todos los ciudadanos puedan acceder a ese nivel de la enseñanza.
La enmienda 596 consideramos que no es pertinente por cuanto ya existe una ley de expropiación forzosa y además no sería adecuado introducirla en la ley de presupuestos.
La enmienda 597 hace referencia a la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. Ustedes establecen un mecanismo para aunar lo que cifran en siete puntos de pérdida de poder adquisitivo a lo largo de dos pagas en el ejercicio 1995 y 1996. Debo señalarle muy brevemente dos cuestiones. En primer lugar que, si se hacen los cálculos, como máximo y siendo tremendamente generosos en el cálculo de la posible pérdida de este ejercicio en el que nos encontramos, no llegaríamos nunca a superar los dos puntos. Podríamos emplazarnos a un debate concreto para ver ese tema, ya que por el ritmo que debemos llevar aquí, no creo que sea el momento de establecerlo. En cualquier caso, la masa salarial del personal que tiene representación en la mesa general de negociación representa una suma de 1,8 billones de pesetas. Estaríamos hablando, para todos los empleados públicos, de 50.000 millones de pesetas. En cualquier caso, con respecto a esta materia, usted es consciente de que en el acuerdo con los sindicatos los propios empleados públicos han asumido el esfuerzo que se les ha pedido en estos tres ejercicios con respecto a ese --podemos denominar-- apretarse el cinturón, dada la situación económica, y no parecería razonable que nosotros fuéramos a superar en reivindicaciones las que los propios empleados públicos han estado de acuerdo en firmar para este ejercicio presupuestario.


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Tienen una serie de enmiendas relacionada...


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Trujillo. Le he llamado la atención antes y no tengo más remedio que hacerlo de nuevo. No nos repita, además, en qué consisten las enmiendas, porque ya lo sabemos, por favor.


El señor TRUJILLO ORAMAS: La enmienda 598 parece que es más adecuado debatirla en la Sección.
La enmienda 599 es la relativa al Plan Hidrológico Nacional que, como usted sabe, todavía no ha sido debatido ni aprobado por las Cortes. Por tanto, no se puede ejecutar ningún tipo de proyecto en base a ese plan y tampoco se debe parar ninguna de las obras que está realizando el Gobierno en estos momentos.
La enmienda 600 también debe debatirse en la Sección.
Con respecto a las enmiendas 605 y 618 hacen mención a incrementar los recursos destinados al Plan de Empleo Rural. Simplemente debo decirle que este plan ha sido firmado satisfactoriamente con las organizaciones sindicales más representativas y el incremento de gasto y de regulación que ustedes pretenden aquí no nos parece adecuado por cuanto, como digo, ya se ha llegado a un acuerdo satisfactorio.
Con respecto a la enmienda 606, de sobra es conocido que el Gobierno se encuentra en ese proceso de reordenación de todos los empleados públicos a través de los planes de empleo y, por tanto, se cerrará ese proceso en el momento en que se cierren los planes de empleo de los distintos departamentos.
La enmienda 607 incluso plantea que los sindicatos han de ser oídos y parece que minusvalora hasta el propio papel que han venido desarrollando hasta este momento, por cuanto han sido más que oídos, han negociado los acuerdos que se han firmado con el Gobierno.
La enmienda 612 pretende modificar orgánicamente el Ministerio de Asuntos Sociales y pasar al Instituto de la Mujer a que sea una Secretaría de Estado. La verdad es que esa modificación orgánica no parece necesaria para conseguir los objetivos que se plantea el propio Instituto de la Mujer.
Con respecto a la fijación de un canon para la protección ambiental, el Gobierno está estudiando mecanismos de protección. En cualquier caso, las propias disposiciones actuales, tanto las penales como otras, establecen repercutir sobre los que pudieran producir este tipo de efectos las cargas a que hubiera lugar. En cualquier caso, no parece lo más lógico establecer este tipo de medidas en una ley como la de presupuestos y podría ser más propio de una proposición de ley que su Grupo presentara.
Por último, por lo que respecta a Izquierda Unida, la enmienda 620 hace mención a los gastos fiscales asociados a los impuestos locales. Estamos estudiando esa posibilidad, pero la verdad es que la complejidad es bastante. Por otra parte, no consideramos oportuno establecer en el anexo correspondiente el programa que pretende la enmienda 621.
Por lo que hace referencia a las enmiendas de Convergència i Unió, nuestra posición va a ser favorable respecto a la enmienda 866, así como a la 867, que antes comentaba. No así con lo que pretende establecer la enmienda 868 para los centros concertados de la red de hospitales con la Seguridad Social. También la enmienda 869. El resto hacen mención al 0,7 por ciento, y las comentará mi compañero.
Respecto a Coalición Canaria, la primera de sus enmiendas no parece razonable por cuanto la regulación que hace del proyecto de ley es distinta a la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ya que aquí se trata no sólo de Canarias sino también de otros territorios: Ceuta, Melilla y Baleares. Y con relación a las enmiendas sobre el transporte se enmarca en el debate que hemos tenido esta mañana, y que el Grupo y el Gobierno estamos estudiando.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Cremades.


El señor CREMADES SENA: Las enmiendas números 408, 412, 413 y 438 las doy por defendidas con el texto que figura en su redacción, ya que todas ellas son de mejora de carácter técnico o de corregir algunos errores, puntualizando que la enmienda 408, en el segundo párrafo, donde dice artículo 22, debe decir artículo 21.
Voy a defender las enmiendas números 409, 410 y 411 del Grupo Socialista.
La enmienda 409 es de modificación de la disposición adicional decimonovena, y pretende conseguir el objetivo consensuado por esta Cámara sobre la dedicación porcentual del producto interior bruto a ayuda oficial al desarrollo a través de un crédito ampliable que garantiza ese objetivo del 0,5 del PIB en dos tramos totalmente distintos. Un primer tramo sería hasta 32.000 millones de pesetas, pudiendo hacer uso del crédito ampliable sin necesidad de que pase la aprobación de los proyectos por el Consejo de Ministros, y un segundo tramo iría desde el 0,35 al 0,5, que es el objetivo consensuado prácticamente por toda la Cámara, en el que, para ser utilizado el crédito ampliable, los proyectos tendrían que tener la aprobación del Consejo de Ministros. Con ello pensamos los socialistas que hemos contribuido de una manera clara, no, como se ha dicho aquí, por un voluntarismo que luego no se puede llevar a la práctica o por una especie de deseo que se plantea pero que luego no se ejecuta, a conseguir perfectamente el objetivo del 0,5, sobrepasando el objetivo consensuado en el Pleno del Congreso en febrero, que no era del 0,5 sino del 0,35, pero los acontecimientos, la mayor sensibilidad de la sociedad en estos temas, nos ha hecho elevar esos 0,15 puntos para llegar al 0,5.
¿Por qué lo hacemos con un crédito ampliable y, de alguna manera, rechazamos el hecho de que algunos grupos hayan fijado determinadas cifras muy concretas? Pues porque también hay una preocupación en esta Cámara, incluso en las propias organizaciones que más directamente se dedican a la cooperación, sobre la eficacia y la capacidad de gestión que en estos momentos tiene tanto la Administración como las propias ONGs a la hora de gestionar, con calidad y eficacia el dinero que los españoles nos gastamos

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en ese ejercicio de solidaridad y de justicia en la cooperación al desarrollo. La enmienda, atendiendo las indicaciones del Presidente, como la tienen ustedes no la voy a leer, pero va en ese sentido.
A la enmienda número 410, del Grupo Socialista, vamos a presentar una enmienda transaccional. Es la enmienda que se refiere a la creación de un consejo de cooperación al desarrollo. La vamos a completar porque pensamos que esta enmienda transaccional --luego pasaremos el texto por escrito para que la puedan valorar con mucho mejor criterio que sólo a través de mis palabras-- pretende definir mejor la creación de ese Consejo de cooperación al desarrollo, y en esta enmienda se recogen algunas de las propuestas que en este sentido han hecho algunos de los grupos, empezando por el cambio de nombre. Nosotros le llamábamos consejo asesor en materia de ayuda al desarrollo; Izquierda Unida y otros grupos planteaban que se denominase consejo de cooperación al desarrollo.
Partiendo de ahí, también seguimos mandatando al Gobierno para que en el primer trimestre del año 1995 proceda a la creación de ese consejo de cooperación y se le autoriza para ello. Además, se especifican algunas de sus funciones fundamentales, no todas, como son definir los criterios que deben regir la AOD y sus prioridades, informar previamente los anteproyectos de leyes que se refieran a la cooperación al desarrollo; informar previamente el plan anual de cooperación internacional, el PACI, y también el seguimiento periódico de la ejecución de los proyectos de AOD y del nivel de cumplimiento global de dichos proyectos. El consejo de cooperación al desarrollo que creamos con esta transaccional que presentamos, se dotará del propio reglamento y en él deberán estar presentes, además de las instituciones representativas que fije el Gobierno, expertos y representantes de la ONGs más representativas, entre las que deben estar la Plataforma del 0,7 y otros agentes de la cooperación privada al desarrollo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Esa es nuestra enmienda.
Asimismo, pensamos que este consejo de cooperación al desarrollo, cuya creación planteamos en la enmienda 410, no debe contemplar en su composición una mayoría de la Administración, sino que el 51 por ciento, como mínimo, de este consejo tiene que estar compuesto por otros agentes que no sean la Administración. Lo deseamos así claramente. También se expresa el deseo de que la Plataforma del 0,7 tiene que estar presente, puesto que ha hecho un trabajo importantísimo, con sus movilizaciones, para conseguir un objetivo fundamental en nuestra sociedad, como es sensibilizar a la opinión pública española, a la sociedad española sobre este problema importante de cooperación que tenemos los países desarrollados hacia los países del Tercer Mundo.
Respecto a la enmienda 409, de modificación de la disposición adicional decimonovena, queremos despejar algunas dudas que plantea a algún grupo, concretamente al Partido Popular, el señor Hernando, que se preocupa por la posibilidad del incremento del déficit público. Nosotros creemos que no se debe condicionar la reducción del déficit público, primero, en ir rebajando el objetivo del 0,5 a medida que se reduzca el déficit público, sino que lo que pretendemos con la enmienda 409 es que se atiendan esos proyectos hasta conseguir el 0,5 del PIB y que, en la medida en que el déficit público se pudiera disparar, sea el propio Gobierno el que, a posteriori, a través bien del capítulo 2 o de cualquier otro capítulo, ajuste las partidas para no rebasar ese déficit público. Pensamos que el esfuerzo debe realizarse de forma inversa a la que plantea el Grupo Popular. Primero, garantizar esa ayuda hasta el 0,5 siempre que haya proyectos y capacidad eficaz de gestión de los mismos y, en segundo lugar, evitar que se dispare el déficit público; en ese orden de prioridades. Primero la AOD y después ajustarlo a que no se dispare ese déficit público.
Como pensamos que con esta enmienda transaccional se pueden retirar las distintas enmiendas de otros grupos igual que nosotros retiramos la número 410, en aras al consenso una vez más, nos vamos a oponer a las enmiendas presentadas por los otros grupos en caso de no ser retiradas.
Así, por ejemplo, nos vamos a oponer a la enmienda número 129, del Grupo Mixto (Unión Valenciana), porque no existe un vacío legal en los fondos de ayuda al desarrollo. Los fondos de ayuda al desarrollo están reglamentado en el Real Decreto-ley 16/1976, de 24 de agosto; en el 509/1977, de 25 de febrero; en el 2399/1977, de 19 de septiembre y en el 325/1981, de 6 de marzo. Además, en cuanto a ese vacío legal al que hace referencia --aunque no me está escuchando en este momento-- el representante de Unión Valenciana, le tengo que decir que cada año, en los propios Presupuestos Generales del Estado, se regulan algunos de sus aspectos; también en el propio consenso de la OCDE hay una regulación de los créditos FAD e incluso en los organismos internacionales, como el CAD, que también hace una regularización.
Sin embargo, le vamos a dar razón a Unión Valenciana no en que hay un vacío legal, como dice en su motivación, sino en que hay una cierta dispersión de la normativa que regula los créditos FAD. Le puedo anticipar que el Gobierno está trabajando, en el Ministerio de Comercio y Turismo, en el borrador de ese anteproyecto que reagrupe o redefina --estamos todos en este objetivo--, no por ese vacío legal, sino, simplemente, para intentar hacer suficientemente clara la normativa que hay en este momento. Finalmente, también porque creemos que técnicamente los Presupuestos Generales del Estado no son el sitio de plantear ese proyecto de ley que pretende Unión Valenciana.
En referencia al Grupo Vasco (PNV), y a su enmienda número 319, quiero decir que con nuestra enmienda pensamos que queda garantizado el 0,5, que es la preocupación que el Grupo Vasco tiene para este ejercicio de 1995.
Sólo le quiero corregir una cosa, en cuanto a la motivación que hace en su enmienda, cuando apela al acuerdo por unanimidad alcanzado en febrero en el Pleno del Congreso: ahí no se planteaba el 0,5 sino el 0,35; es un error de su propia motivación, pero creo que con nuestra enmienda se justifica el propio objetivo que pretende el Grupo Vasco (PNV) y, por tanto, sugeriríamos que retirara la enmienda en aras a aprobar la transaccional que nosotros hemos presentado.
Al Grupo Popular le quiero decir que no tiene por qué preocuparse, señor Hernando, por el problema de que se

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pueda disparar el déficit. Pensamos que es mejor, a través de este crédito ampliable, conseguir el objetivo que todos pretendemos del 0,5 y no con cifras determinadas, que, de alguna manera, nos obligarían a tener que gastar esa cifra peor. Usted sabe, puesto que muchas veces lo hemos comentado, que parece que sería mejor que, en aras a la eficacia y a la capacidad de gestión, se haga con este crédito ampliable en esos dos tramos, de garantizar hasta el 0,35, como piensa el propio Grupo Popular, sin necesidad de hablar del tema del déficit, y de ahí hasta el 0,5, en ese orden inverso que yo decía, primero, la AOD y, después, la reducción de las partidas correspondientes para que no se dispare el déficit, mandatar al Gobierno. En este sentido, creemos que también estamos en sintonía con los objetivos que pretenden.
Finalmente, al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, enmienda número 582, quiero decirle que entendemos que su enmienda --ellos mismos lo van a reconocer-- es muy amplia, mezcla varias cosas, el tema de FAD, es un poco farragosa y un poco complicada. En el fondo, pretende ese mismo objetivo del 0,5 para este año. Quizás la única cosa que aquí no definimos y que, desde luego, nosotros no vamos a aceptar, es la pretensión que tiene de definir claramente ya, hoy día, que para el próximo año tenga que ser necesariamente el 0,7. Se ha dicho muchas veces que el objetivo de conseguir el 0,7 antes del año 2000 es un objetivo de este Gobierno, es un objetivo de este Grupo Parlamentario. Lo que pasa es que pensamos que, con el gran salto que vamos a dar en ayuda oficial al desarrollo en el año 1995, es mejor comprobar hasta dónde se llega en la capacidad de gestión de este salto tremendo que se da en los presupuestos en este año 1995, para saber si tenemos que ir al 0,7 en el próximo año o en los próximos años. Pero el resto de planteamientos que hace Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no están tampoco en disonancia con los objetivos que pretendemos con nuestra enmienda.
Para terminar, señor Presidente, tenemos la enmienda número 411 al Anexo II, segundo, dos, b), que está condicionada a que se aprueben nuestras enmiendas y las enmiendas a que he hecho referencia del Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque van en el mismo sentido que las nuestras, 870, 871 y 872. Van exactamente en el mismo sentido que las nuestras y están condicionadas a que se aprueben la 409 y la 410 para que nosotros defendamos la 411 al Anexo II, que simplemente es de adecuación al nuevo texto, caso de aprobarse la enmienda transacional que hemos presentado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: Con rapidez, voy a referirme a las cuatro enmiendas de Izquierda Unida, que se refieren a temas de Defensa. La 585 es la más sustancial de todas ellas, y se motiva, en la exposición de Izquierda Unida, para un mejor control presupuestario y el criterio de unidad de caja. Le recuerdo al señor Ríos que todo el asunto relacionado con la venta de cuarteles, el dinero obtenido y su posterior inversión para mejora de instalaciones de Defensa viene regulado por la Ley de Gerencia de Infraestructuras. Por tanto, es algo que tiene una regulación legal clara y concreta y que se instrumenta con la creación del organismo autónomo administrativo de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por tanto un organismo cuyo presupuesto debatimos y aprobamos aquí, tanto en los ingresos como en los gastos. Por consiguiente, existe ya un control parlamentario del uso de este dinero. Al mismo tiempo, siendo un organismo autónomo, está sujeto a la intervención, a toda la normativa legal. En este sentido, las ventas que se realizan son de acuerdo con la Ley de bases del patrimonio del Estado, y los ingresos también se hacen de acuerdo con el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Por tanto, el dinero que se obtiene, en este caso una previsión de 7.400 millones por la enajenación de inversiones reales, es decir, de venta de solares, se destina casi en su totalidad --7.229 millones-- para la modernización de las instalaciones. Por consiguiente, existe el control presupuestario y, siendo un organismo autónomo aprobado por este presupuesto, su cuenta forma parte también del Tesoro Público y, por tanto, se respeta el criterio de unidad de caja.
Respecto a la enmienda 602, le recuerdo también al señor Ríos que hace pocos días fue aprobada definitivamente la Ley de Reglamento de la Guardia Civil, en la cual ya se fijaba que para los subtenientes el paso del Grupo C al Grupo B se hacía con efectos de 20 de octubre de 1994.
Siendo una ley que acaba de ser discutida, no parece tener mucho sentido lo que proponen de hacerlo con efectos retroactivos, porque si además se hiciese entraríamos en colisión con el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, que prevé un máximo de cinco años para la retroactividad de estos derechos, y lo que él propone supondría la retroactividad de seis años.
Respecto a la enmienda 603, la verdad es que creemos que en su redacción debe haber algún error, porque no acaba de entenderse. En cualquier caso, es un tema en el que estamos estudiando la posibilidad de ofrecer una transaccional teniendo en cuenta alguna sentencias de tribunales que ha habido y que en este momento estamos estudiando. Sin embargo, en este trámite no estamos aún en condiciones de poder hacerlo y, por tanto, tampoco podremos votarla favorablemente.
Finalmente, respecto a la enmienda 604, si lo que nos propone es lo que realmente está diciendo la enmienda, esto ya sucede. De acuerdo con la transitoria cuarta de la Ley 50/1984 y de acuerdo con el Real Decreto legislativo 670/1987, del texto refundido de Clases Pasivas, ya se cumple el principio de unicidad de pensiones, y en cualquier caso el redactado que él nos da, al limitarlo a partir de 1 de enero de 1991, lo haría aún más restrictivo de lo que en la actualidad es. Por tanto, es una enmienda que no tiene ningún sentido, ya que corresponde a una cosa que ya está fijada en los dos textos legislativos que le he citado.


El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar el otro turno, rogaría se acercaran a la Mesa los portavoces de los

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grupos con el fin de mejor ordenar los debates a partir de ahora.
(Pausa.) Señoras y señores Diputados, la Mesa y la Presidencia ha consultado a los grupos con el fin de ordenar mejor los debates en este momento. Los portavoces de los grupos tienen la posibilidad de proponer que intervengan varios representantes de cada grupo, en cuyo caso tendrán tres minutos de reloj, o bien un solo representante, en cuyo caso podrán disponer de hasta diez minutos.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular parece que desea que sean varios los intervinientes. Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Quisiéramos contestar, en primer lugar, a las observaciones que el señor Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista, nos ha hecho sobre la enmienda relativa a la multa láctea. Creemos que lo que abunda no daña y, por tanto, no entendemos el alcance del porqué nos solicita la retirada de esta enmienda por el hecho de que se produzca una votación en el trámite de los presupuestos y otra votación en otro trámite.
Entrando directamente a contestar al señor Jerez, quiero decirle, con la rapidez que nos pide la Presidencia, que en ningún caso he utilizado el término de rigidez, sino el de rigor, empieza por erre, pero es rigor. No he utilizado el término de rigidez.
¿Que por qué pedimos la auditoría? Pues muy sencillo, señor Jerez. Usted sabe como yo que, al cierre de 1993, el déficit público estaba cifrado por la Intervención General de la Administración del Estado en 7,3.
Cuando hemos recibido las cuentas finales, como sabe usted, ese 7,3 ha sido revisado hasta el 7,5. Por tanto, no tenemos ya ni seguridad en qué términos estamos de déficit al cierre de 1993. La propia Universidad anuncia que ese déficit puede ser muy superior al 7,5 en el año 1993. El propio Tribunal de Cuentas nos indica que ese déficit del año 1993 y los arrastrados contienen dentro lo que ellos llaman déficit no aflorado. Yo no sé si recuerda usted la última comparecencia en esta Comisión del señor Conthe que nos sorprendió con que la deuda pública en términos de PIB, según oficialmente era del 57,9 y, según él confesó en aquella comparecencia de control, había que cifrarla en el 59,8 para el año 1993.
Por tanto, lo que estamos pidiendo es que se nos diga, de una vez por todas, cuál es el déficit de las Administraciones públicas a tenor de la cantidad de revisiones y variaciones que se están produciendo por diferentes voces y portavoces del Gobierno. Desde luego, no creo que debamos ignorar la apertura del expediente de déficit excesivo que tiene España en este momento en Bruselas, expediente en cuyo texto ayer tuvo que introducir una modificación por miedo a que el incumplimiento de los compromisos de déficit para el año 1994 pudiera producir sanciones en los fondos de cohesión como sabe usted muy bien. O, por ejemplo, por qué no mencionar los objetivos de déficit para este año que son absolutamente, como ha calificado el propio Gobernador del Banco de España, unos objetivos tímidos, escasos, con la previsión de recaudación que se puede tener para 1995. Por tanto, señor Jerez, por estas razones creemos absolutamente necesario el averiguar cuál es exactamente la situación de las cuentas del Estado. Por estas razones hemos defendido el conjunto de las enmiendas que van de la 1058 a la 1063.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, tiene la palabra.


El señor NUÑEZ PEREZ: Casi con laconismo.
Las generalidades dichas con toda cordialidad por el señor Jerez, en respuesta a nuestra argumentación en defensa de nuestras enmiendas, debo decirle, primero, que debe usted trasladárselas al Ministro de Economía y Hacienda y a los altos cargos de ese Ministerio, por lo que ahora le diré, porque en realidad está contestando a sus preocupaciones. En todo caso, yo le voy a dar respuestas muy concretas.
Primero, la ejecución presupuestaria demuestra que el Gobierno no ha sido capaz de contener el gasto corriente: informe presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda en esta Cámara el 26 de septiembre de 1994. Esto se confirma en el libro amarillo que tienen ustedes ahí --lo estoy viendo--, y verá usted cómo en el presupuesto consolidado de 1994 el desvío en gasto corriente es un 12,6. Está ahí, lo tiene usted a su disposición, si no es en la página 176, por ahí anda. Segundo, el Ministro Solbes dijo en el Consejo de Ministros del día 16 de septiembre que era posible reducir gastos corrientes, capítulo 2, en 150.000 millones de pesetas. Por tanto, está mucho más cerca de nuestras enmiendas que el rechazo general que usted ha hecho de la que yo he defendido. Y, tercero, en una aproximación del plan de modernización, y sólo para los Ministerios --no sé si está aquí el anterior Secretario de Estado de Administraciones Públicas, mi querido amigo don Justo Zambrana; estaba por aquí hace un momento--, señaló que era posible reducir en un año 62.000 millones en teléfono, prensa y dietas. En consecuencia, no estamos aquí hablando del mar y de los peces. Estamos hablando de un esfuerzo serio en la reducción de gastos corrientes, capítulo 2, sin que se altere para nada la organización actual de la Administración. En todo caso, hay enmiendas que también por supuesto tienen serias consecuencias para esta reducción del tamaño de las administraciones públicas, pero son enmiendas que en este ejercicio presupuestario hemos tenido que presentar a la ley de acompañamiento. Por eso no las he defendido en este debate de presupuestos; el jueves las defenderé y si está usted allí, señor Jerez, con mucho gusto debatiremos sobre este tema.
Repito, las respuestas que usted me ha dado trasládeselas al señor Ministro Solbes porque no está usted de acuerdo con él.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: El portavoz del Grupo Socialista ha mantenido fundamentalmente dos criterios para rechazar nuestras enmiendas y apoyar las suyas. Uno de los primeros argumentos ha sido que queda garantizado el 0,35 en los presupuestos, a través de sus enmiendas;

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el segundo, que no va a suponer incremento del déficit porque este control se va a hacer a posteriori.
Respecto al primer asunto he de decirle que no nos gusta la figura de los créditos ampliables, porque supone dejar esta decisión al Consejo de Ministros y al Gobierno en concreto, y el Gobierno ya ha demostrado que no podemos fiarnos de él en esta materia, porque si no, ya en los presupuestos de 1995 habría incluido los 240.000 millones en partidas concretas. Por otra parte, con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista tengo que insistir en que no se llega al 0,35. Sí se llega al 0,31 con los 32.000 millones que aporta a las organizaciones no gubernamentales.
Compartimos con el Grupo Socialista la duda sobre la capacidad para presentar programas serios y eficaces, y ése debe de ser uno de los compromisos de ese consejo de cooperación que anuncio que vamos a apoyar, pero existen otra serie de programas de ayuda oficial al desarrollo que nosotros creíamos que se debían de implementar. Por eso en nuestra enmienda hablábamos no de organizaciones gubernamentales exclusivamente sino de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y ahí incluíamos los programas de ayuda alimentaria, ayuda de emergencia, ayuda humanitaria y los programas de cooperación científica y cultural.
En cuanto al tema del déficit, creemos que se pone delante el carro de los bueyes. Hace poco el portavoz de mi Grupo hacía referencia al tema del déficit y a su elevado nivel. Se ha visto, señor Cremades, que la mayor recaudación no se está aplicando desgraciadamente a la reducción del déficit como debería de realizarse. En este caso, además, llegar al 0,5 suponen en 100.000 millones. Lo que hay que procurar primero es la reducción del déficit y luego la implementación de esos programas mediante la figura de créditos extraordinarios. Estos créditos, a diferencia de los créditos ampliables, supondrían que estos programas pasaran antes por el control parlamentario y, por lo tanto, que el propio Parlamento se pudiera pronunciar sobre la eficacia y eficiencia de esos programas. Si no, a través de la figura de créditos ampliables, tendremos que realizar ese control a posteriori, lo cual es mucho más dificultoso, y no sólo eso, sino que impide que el propio Parlamento pueda certificar la eficacia y eficiencia de esos programas de ayuda oficial al desarrollo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar responder a las propuestas que nos ha hecho el Grupo mayoritario con ese sistema de autotransaccionar sus enmiendas, es decir de enmendar sus enmiendas. Yo sé a qué obedece este criterio. Es positivo que se pueda realizar esta proyección, que significa una negociación con las personas que han estado ejerciendo una actuación de reivindicación pero al mismo tiempo de sensibilización de la opinión pública. Siempre es positivo que estas actuaciones tengan proyección en los compromisos de las administraciones.
En cuanto a la enmienda transaccional que usted mismo se plantea ofrecer, tanto para su enmienda como para las enmiendas que hacen referencia a la composición del consejo, su enmienda 410 y mi enmienda 582, que hace referencia a ese consejo, anticipo que retiramos nuestra propuesta porque creemos que ese consejo, conforme se especifica, supera dos limitaciones de las que había incialmente: habla de qué funciones y de la composición.
Vamos a ver cómo funciona y cómo se pone en marcha. Es verdad que esa puesta en marcha se delega en el Gobierno, pero siempre hay capacidad para actuar sobre ello.
En cualquier caso, en cuanto a la primera enmienda, a la 409, que mantiene y a la 581 que yo también voy a mantener, usted hace un juego de palabras y de cifras. Esto del 0,5 del 0,35 pero del 0,27, sin cuantificación, nos lleva a pequeñas equivocaciones. La enmienda que propone el Grupo mayoritario habla de un crédito ampliable por una cuantía acumulada del gasto aproximadamente de unos 32.000 millones de pesetas, que se suman en teoría a los 185.000 que ya hay sumando las distintas partidas. Pues no suma el 0,35 si suma esos 32.000 millones.
Harían falta como mínimo 37.000 millones para que sumara el 0,35, que fue el compromiso votado en el Pleno del Congreso para el año pasado en esa moción a que hacía referencia. Pero dice: nosotros facilitamos ese primer paso como compromiso para dar el siguiente paso al 0,5, diciendo que la aprobación de nuevos proyectos a ejecutar para los países requerirá la aprobación del Consejo de Ministros. Su enmienda no habla del 0,5. En la enmienda que usted propone no hay un compromiso por el 0,5. Eso es lo que me lleva a mantener mi enmienda que hace referencia al compromiso del 0,5 para este año, compromiso que pactamos el año pasado, compromiso que estamos dispuestos a pactar porque es lo que reivindican, con la filosofía de llegar al 0,7. Yo les insisto a SS. SS. que esta reivindicación puede parecer que viene de nuevo, pero es un compromiso que ha respaldado nuestro Gobierno, con las Naciones Unidas desde hace muchísimos años. Otra cosa es que no hayamos ido caminando y que ahora, fruto de lo que ha sido la reivindicación social y las organizaciones en la calle, nos hayamos hecho eco, cosa que yo valoro positivamente. Pero ustedes reconocerán también que es fruto de esa acumulación de olvidos más que de otra cosa. Por tanto, yo voy a mantener mi enmienda, aunque, en la medida en que haya precisiones, nosotros estamos dispuestos a transaccionar de aquí al Pleno, no por nada sino porque el objetivo no es la pelea entre los partidos políticos, el objetivo es el compromiso de la sociedad y del Estado que la representa hacia el Tercer Mundo, ésa es la filosofía solidaria y no benefactora que nosotros defendemos; por tanto, estaríamos dispuestos a eso y voy a mantener la enmienda que hace referencia a ello.
Me gustaría precisar que si mi enmienda era farragosa o era amplia es porque intentábamos precisar, por ejemplo, el compromiso a dónde destinamos los FAD. Sabe usted que los fondos FAD van al comercio. Es verdad que es ayuda al desarrollo, pero van al comercio; por tanto, son de retorno para nosotros. Los que da Asuntos Exteriores sí van con una filosofía o un criterio de distribución, pero nosotros estábamos cifrando un compromiso del 25 por ciento para este año de todos los recursos destinados a tareas

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de prioridad social y hablábamos de la educación, hablábamos de unos contenidos determinados por centrar esa ayuda para capacitar a esos países con el fin de que sean autónomos, que sean independientes y que tengan capacidad de incorporarse a los demás países.
Me referiré rápidamente a lo que han sido las otras posiciones que hemos mantenido y que han sido rebatidas por los grupos mayoritarios. Empezando por defensa, que ha sido la última, quiero decir que es cierto que va dirigido a defensa, es verdad que administran, pero seguimos pensando que debe de haber el criterio de caja única. La Administración no puede funcionar atomizada. Por tanto, vamos a mantener esa enmienda y espero que la transacción que se ofrecía en relación con las otras propuestas pueda avanzar de forma positiva.
En cuanto al tema de la Lismi se me decía que ya estaban integrados hacia lo que pudiéramos llamar pensión no contributiva. He de decirle que eso es lo que marcaba la Ley 13/1982. Decían que estos subsidios económicos de integración social para los minusválidos en diez años se equiparaban a la media. Por desgracia han pasado los diez años, los once y los doce y no se han equiparado a la media. Las partidas siguen congeladas. Se dice que muchos ya han optado por la compensatoria. Pero no es bueno que el Gobierno utilice esto como presión para forzar que todo el mundo se pase a esa realidad, porque los que hoy cobran eso son solamente los que habiendo tenido esto antes de 1992, siguen manteniéndolo en lugar de incorporarse a una pensión no contributiva. Por tanto, actualícese mientras se sigue el camino de integrarse; actualícese. Por eso proponemos el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional.
En cuanto al tema de una cierta previsión inicial que ya está recogida de investigación y desarrollo, creo que nunca es suficiente el trabajo que se pueda hacer o el incremento que se pueda dar en investigación y desarrollo. Esta enmienda que nosotros presentamos no pretende hablar de cuantificaciones, sino de compromisos plurianuales, porque cualquier proyecto de investigación no se termina en un año, cualquier proyecto de investigación tiene que tener su consolidación para años siguientes, y es importante esa tranquilidad, esa normalidad; lo hacen ustedes con la obra publica, lo hacen ustedes con los compromisos del Estado. Esa es la filosofía en el fondo de la enmienda. Quizás es farragosa en su redacción, pero el objetivo fundamental es que haya una posibilidad de planificación plurianual.
En el tema de la educación, el asunto de los libros no es baladí. Es verdad que ha habido un esfuerzo, pero la ley --termino, señor Presidente-- no iba acompañada, y era un defecto. Nosotros apoyamos la Logse y la apoyamos desde el concepto crítico, porque sabíamos que una cosa era predicar y, si no había previsión presupuestaria, si no está el dinero, luego no se concreta. Esa es la deficiencia que queremos corregir. Pero los libros siguen sin ser gratuitos, ni en la primaria ni en la secundaria, y proponemos un camino hacia la gratuidad de este sistema.
Señorías, el Plan de Empleo Rural, aunque está recogido en el proyecto y está firmado, no sería malo que se proyectara a los presupuestos. Mala cultura es, cuando discutimos de los números, que los compromisos no se cuantifiquen. Como se ha producido después de presentar el proyecto aquí, sería bueno proyectar ese acuerdo al texto, y si es excesiva la cuantía que propone Izquierda Unida de 15.000 millones para el empleo rural, póngase la cifra que se ha pactado, pero póngase en los presupuestos; no que el Gobierno actúe después modificando esta actuación o buscando previsiones o ajustes presupuestarios. Hágase ya desde el principio.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, por el Grupo Parlamentario Vasco.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, ¿por qué me olvida siempre, si soy el más rápido? (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Sólo quiero agradecer a los portavoces socialistas el anuncio de su votación favorable a un grupo de enmiendas presentadas y defendidas por mí en este trámite, y en el momento de la votación hablaremos de otras que no han sido mencionadas y que, probablemente, retiraré.


El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muy brevemente, para manifestar que esperamos de la bondad expuesta por el señor Jerez, portavoz del Grupo Socialista, que mirarán con detenimiento nuestras enmiendas. Llevamos un cómputo de las enmiendas sobre las que el Grupo Socialista nos ha dicho que va a mirar con detenimiento para luego cotejar en el Pleno, de lo que nos hayan dicho inicialmente, lo que vaya a resultar en la probación definitiva. No sabemos si es únicamente una pequeña argucia para poder trasladar la votación final al Pleno y no fijar posiciones en este momento, o si verdaderamente existe plena voluntad por el Grupo Socialista de hacerlo. Esperamos que ésa sea la intención expuesta por el señor Jerez, no queremos ser mal pensados. Y cedo inmediatamente la palabra, señor Presidente, a mi compañero, señor Olabarría.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: No para contestar, sino para agradecer al señor Jerez, en primer lugar, la aceptación de la enmienda 317, que logra compatibilizar una cuestión que no es baladí, que es muy relevante jurídicamente: nada menos que el sector laboral en el ordenamiento jurídico, la legislación laboral, con la ley presupuestaria. Si no lo hubiésemos hecho así, hubiésemos tenido quizá conflictos jurídicos de difícil resolución, incluso en vía jurisdiccional, señor Jerez, y yo le agradezco la atención intelectual y jurídica a la propuesta de mi Grupo Parlamentario.


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Señor Presidente, quiero anunciar la retirada de las enmiendas números 318 y 319, en relación al 0,5 por ciento. Efectivamente, la propuesta hecha por el Grupo Socialista nos parece técnicamente correcta, más ajustada incluso a los compromisos parlamentarios, los derivados del Pleno de la Cámara del 15 de febrero de 1994. No es una retirada en términos reglamentarios; es una integración en la propuesta del Grupo Socialista. Nosotros entendemos que el Grupo Socialista nos ha propuesto una transacción, transacción que aceptamos retirando nuestra enmienda e incluyendo las dos, la 318 y 319, en la propuesta por el Grupo Socialista.
Y, por último, señor Presidente, lo que sí nos gustaría conocer es que, puesto que a sugerencias del portavoz del Grupo Socialista la enmienda 320 la tenemos que desplazar a la ley de acompañamiento, la ley financiera, nos gustaría que quedara constancia, en el «Diario de Sesiones» incluso, de que no es una retirada formal lo que hacemos con la 320 sino un deslizamiento. Yo no sé qué consecuencias reglamentarias puede tener o cómo se articula eso reglamentariamente, y nos gustaría, señor Presidente, que fueran los servicios de la Cámara los que determinaran cuál es la ubicación sistemática correcta en esta ley de acompañamiento de nuestra enmienda número 320 en relación a la condonación de las deudas del extinto Fondo Nacional de Protección al Trabajo con sociedades anónimas laborales y cooperativas.


El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene responsabilidades en el campo de la interpretación del Reglamento más importantes que las mías. Pienso que, desde el punto de vista político, es ciertamente positiva la actitud que ha manifestado y la que, a lo que parece, ha manifestado en relación con su enmienda el Grupo Parlamentario Socialista. Pero el llamado deslizamiento de una enmienda de un proyecto de ley a otro proyecto de ley me temo que va a ser tarea ardua e imposible en el Reglamento. Por tanto, creo que no hay otra posibilidad que mantener la enmienda y votarla, en su caso, con el resultado que al final se tome, o bien que haya algún cauce hábil en el seno de la propia ley llamada de acompañamiento. Pero la Mesa y la Presidencia no tienen capacidad reglamentaria para deslizar una enmienda de un proyecto de ley a otro.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Le agradezco su respuesta, señor Presidente, porque si usted hubiese aceptado mi propuesta, yo me hubiese visto en la tesitura de tener que deshomologarla en la Mesa en la que yo tengo asiento, efectivamente. Su posición es correcta, pero lo que sí voy a pedir al portavoz del Grupo Socialista es, en atención a este consenso político, a esta transacción política que estamos intentando articular, no sin dificultades reglamentarias, saber si estarían en la tesitura de aceptar una transacción in voce, propuesta por mi Grupo Parlamentario con esta literalidad, cuando se debata la ley de acompañamiento. Si eso es así, señor Presidente, lo que hacemos es retirar, sin más, la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, yo he querido simplemente hacer una advertencia. La Presidencia está dispuesta a colaborar con S. S. y con el Grupo Socialista en favor de la fórmula política que permita el deslizamiento. Lo que sabe S. S. es que yo no tengo fórmula jurídica reglamentaria para permitir el susodicho deslizamiento. En todo caso, como siempre hay tiempo para que S. S. pueda ponerse de acuerdo, a la hora de tener que someter la Presidencia a la Comisión la votación de las enmiendas lo haré en los términos que resulte más positivo para S. S. y para su Grupo.
Grupo Parlamentario Mixto. El señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo simplemente para decir que las enmiendas respecto a las disposiciones adicionales nuevas, un total de 31, las mantenemos con el ruego de que la reflexión que me ha garantizado el portavoz del Grupo Socialista sea fructífera a los intereses no sólo míos y del Grupo Socialista, sino del conjunto de la sociedad valenciana y española, por lo cual espero que alguna de las disposiciones adicionales nuevas sea aceptada y considerada por esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista se me ha advertido que intervendrán y por este orden el señor Jerez, el señor Cremades y el señor Trujillo.
El señor Jerez tiene la palabra.


El señor JEREZ COLINO: Por orden, y como hay poco tiempo, simplemente quiero decirle al señor Aguirre que, como él conoce, la definición del déficit y todo lo que supone gasto corriente tiene interpretaciones muy diversas en función de quien las coja, pero le diré una cosa, lo que sí es necesario es reconocer el tremendo esfuerzo del Gobierno para la reducción del déficit estructural. Yo creo que eso es necesario reconocerlo. Estoy convencido de que siempre se buscará alguna situación o algún momento en el que esto no sea así, pero yo creo que eso sí es necesario reconocerlo, y en el esfuerzo de reducción del déficit de 1995, que podemos llamarlo realista, yo creo que usted conoce perfectamente que hay un desfase entre la situación económica y la presupuestaria, de tal manera que en función de ese desfase que se pueda producir a lo largo de todo el ejercicio, existe compromiso por el propio Ministro de aplicar, no de manera exclusiva pero sí de una manera importante, los aumentos de ingresos en la reducción del déficit. Eso lo sabe usted también y, por lo tanto, yo creo que en estos momentos estamos en previsiones y cualquiera pueda aceptarlo.
Me estaba refiriendo, seño Núñez, a cuando nos presentaron el informe de ejecución presupuestaria, a fecha de septiembre, en que se hablaba de un diecinueve y pico. De los datos que usted me dice, teniendo parcialmente razón en el incremento, la cantidad del 12,8 y 0,2 se refiere a la disminución del gasto corriente de 1995; si lo comparamos con el presupuesto proyectado en 1994 habría una disminución del 12,8 y si lo comparamos con la liquidación, de un 0,2. En cualquier caso, la intención del Gobierno en estos

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presupuestos está claramente por la reducción del gasto corriente. Por lo tanto, yo creo que eso también lo reconocerá sobre el papel. Depende con qué lo comparemos.
Por lo que respecta al Grupo Vasco (PNV), existe el compromiso por parte del Partido Socialista de incorporar la enmienda in voce --no cabe duda que es la fórmula mejor--, lo que supondrá lógicamente la retirada de la enmienda número 320 para que con este compromiso que queda en el «Diario de Sesiones» poder asumir después una situación conjunta a la hora de presentar esta enmienda. De acuerdo.
Yo diría al señor Gatzaetxebarría que no me he comprometido al estudio, me he comprometido al debate. Le he dicho que no la podíamos aceptar. Si mira usted el «Diario de Sesiones», verá que no aceptábamos las transitorias. Lo que sí le decía a usted, y le pedía disculpas, es que así como ahora íbamos deprisa y no podíamos entrar en el debate, podríamos hacerlo en el Pleno o en la réplica. Le he dado a usted esas dos posibilidades como debate para explicaciones, pero no como aceptación, pero no cabe duda que siempre estaremos abiertos para la suya.
Y lo mismo le traslado al portavoz de Unión Valenciana, a que en cualquier momento antes del Pleno se pueda estudiar porque eso no supone que en un momento determinado, si se defiende, el texto que va a salir de la Comisión va a ser uno y no cabe duda que se permiten posibilidades de modificación en el Pleno y no soy yo en ningún momento el que vaya a colocar los «no» rotundos en ninguno. Es «no» en esta Comisión y así se lo he dicho. No sabemos qué es lo que podrá pasar en el futuro en función de las situaciones que se pueden estudiar o de los cambios que puede haber.


El señor PRESIDENTE: Señor Cremades, tiene la palabra.


El señor CREMADES SENA: Muy brevemente.
En primer lugar quiero agradecer al Grupo Popular su apoyo a la enmienda transaccional que hemos presentado, a Izquierda Unida y al Grupo Vasco (PNV) en esta misma dirección, así como al Grupo Catalán (Convergència i Unió).
En segundo lugar, contestando al Partido Popular, quiero matizar que evidentemente cuando tiene esas reticencias con el crédito ampliable, con respecto a la aprobación por parte del Consejo de Ministros y a esa impresión negativa de que eso luego no se cumple, le quiero recordar que nuestra enmienda no dependerá del Consejo de Ministros hasta ese 0,35 que tiene ese primer tramo del crédito ampliable. Por tanto, el señor Hernando debería despejar estos temores.
En cuanto al déficit, nosotros también estamos preocupados por que no se dispare el déficit público. Lo que pasa es que pretendemos que se corrija y que los proyectos de ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,5 sean capaces de gestionarse y no a la inversa. No ponemos el carro delante de los burros. Lo que hacemos es decir simplemente que son prioritarios e importantes en estos momentos ambas cosas, pero siempre condicionado que si se va cumpliendo ese 0,5 porque hay proyectos de gestión, que entonces obliguemos al Gobierno a corregir mediante la reducción de las partidas de otros capítulos, en el sentido no disparar ese déficit.
Agradezco a Izquierda Unida que acepte la transaccional a nuestra enmienda, pero también le quiero decir una cosa. Las preocupaciones que tienen Izquierda Unida sobre esta transaccional que presentamos, que por supuesto ha sido producto de un consenso con la Plataforma del 0,7 es un esfuerzo de negociación importante que lleva el Grupo Socialista, como creo que han hecho el resto de los grupos, en aras a que esta enmienda transaccional sea satisfactoria. Se dota al consejo de competencias claras y diáfanas, y la hemos transado porque mejora la enmienda que nosotros hemos presentado en el sentido de que se especifican perfectamente cuáles son las competencias y funcionamientos de este consejo, con mayoría no de la Administración sino de los ONGs. Allí se perfilarán muchas de las preocupaciones que tiene el representante de Izquierda Unida, muchas de las cuales comparto. Evidentemente, ése será el foro donde se definan todas esas preocupaciones que tiene Izquierda Unida y que tenemos también nosotros.
Respecto al 0,5 o a que no se garantiza el 0,35, le quiero recordar al representante de Izquierda Unida, señor Ríos, que con los 32.000 millones de pesetas podemos estar en torno al 0,32, de acuerdo, pero usted sabe que en el cómputo global de lo que es AOD oficial a final de año, computa también la cooperación descentralizada que desde luego este año se va a incrementar mucho con las decisiones que están tomando comunidades autónomas y ayuntamientos; las tres centésimas que en todo caso faltarían para ese 0,35 se conseguirán. Sabe usted que esto no lo decimos nosotros.
El propio CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo, es el que define a final de año cuál es la ayuda oficial total de todas las administraciones en ayuda oficial al desarrollo. Ese 0,35 está garantizado sin necesidad de recurrir al Consejo de Ministros.
Con respecto al FAD --fondos de ayuda al desarrollo-- que es un instrumento, no el único, de cooperación, le quiero recordar que hay una cierta confusión en algunas enmiendas que se han presentado hoy y sobre todo en algunas que se vieron ayer en el artículo 57, porque se sigue confundiendo aquí, quizá por el nombre, la parte de FAD que es AOD y la parte de FAD que es ayuda a la exportación, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, ruego que no se confundan ambas cosas por lo menos hasta que hagamos la ley que regule los FAD con una normativa nueva, que pretendemos realizar muy pronto para que de una vez por todas, espero, clarifiquemos lo que es AOD desde el Ministerio de Comercio y lo que es realmente ayuda y fomento a la exportación.
En ese sentido, quiero recordar que esas preocupaciones que tenía el Grupo de Izquierda Unida sobre utilizar la AOD para venta de armamentos no tienen ningún sentido porque lo que es AOD, desde el año 1991, nunca puede computar como venta de material de doble uso de defensa. No puede computar porque el propio Comité de Ayuda al Desarrollo no nos lo computaría como AOD cuando hace

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su evaluación. Nos diría: Mire usted, este crédito no es AOD y por tanto este crédito no lo pueden computar ustedes como tal.
Finalmente, al Grupo Vasco simplemente quiero agradecerle el hecho de que retire su enmienda y de que acepte la transaccional. Yo creo que no se puede decir, como algún portavoz ha dicho, que hay reticencia a la hora de apostar solidariamente por este tema de la cooperación. Este país ha hecho un tremendo esfuerzo en los últimos once años y ha pasado de ser un país receptor de ayuda a ser un país donante, y con las medidas que estamos adoptando en estos presupuestos de 1995 no estaremos a la cabeza de los países del CAD, pero estamos muy cerca de la cabeza de muchos países del CAD. El esfuerzo de cooperación que ha hecho España en los últimos años ha sido un esfuerzo que no se ha dado en ningún país del mundo; esfuerzo que habrá que seguir haciendo hasta llegar al 0,7, que es el compromiso que tenemos con las decisiones de la ONU y que el Grupo Socialista, una vez más, aquí quiere dejar claro que intentaremos que eso sea antes del objetivo previo que teníamos consensuado del año 2000. Pero no podemos garantizarlo desde ahora para que sea el próximo año el 0,7.
Si va bien la economía española y la capacidad de gestión de proyectos de 1995 con este salto que damos, probablemente el próximo año seamos capaces de apostar por subir las dos décimas que nos separarían ya del 0,7.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Ríos, el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en desarrollo del artículo 6.º de la Ley de la Ciencia, ya contiene las previsiones presupuestarias plurianuales, los programas nacionales, sectoriales, incluso de comunidades autónomas, que usted pretende introducir con la enmienda relacionada con esa ley presupuestaria de I + D. Incluso en los mecanismos de coordinación para la articulación de esas propuestas y esos programas está creado el propio Consejo Asesor de la Ciencia y de la Tecnología, donde participan los distintos agentes y las distintas comunidades científicas, entes economicosociales, etcétera. Por tanto, consideramos que no es necesario articular esa medida que usted propone.
Respecto a lo que plantea en cuanto a la ley de integración social de los minusválidos, efectivamente marcaba un plazo de tres años para equipararlos al 50 por ciento del salario mínimo desde el año 1982, pero en el año 1990, como usted sabe perfectamente, apareció la Ley de Pensiones no Contributivas, que viene a cubrir, a dar cobertura a las mismas necesidades que esa otra ley y que está por encima de ese 50 por ciento del salario mínimo. Por tanto, no parece razonable que estemos en la estrategia de la otra ley que ha sido superada por esta más novedosa.
Por lo que se refiere al Plan de Empleo Rural, quiero señalarle que, tal como establece la disposición final, se autoriza al Gobierno para que dote los recursos oportunos para el plan de inversiones. Deberá ser el Real Decreto que desarrolla el Plan de Empleo Rural, como todos los años, y que se consulta con los agentes sociales y con las correspondientes comunidades autónomas, el que fije el plan de inversiones a acogerse a ese Plan de Empleo.
Por último, señalarle que agradezco la retirada de su enmienda 594, que coincide con la 320, del Partido Nacionalista Vasco, diciéndole tanto a usted como al señor Olabarría que tengan la absoluta tranquilidad y la absoluta seguridad que buscaremos esa fórmula parlamentaria que garantice el coprotagonismo político de las distintas fuerzas en este tema.


El señor PRESIDENTE: Con esta intervención finalizan las correspondientes a las disposiciones transitorias, finales y adicionales y comenzamos el debate relacionado con las enmiendas a las distintas secciones. Como he indicado antes a los señores portavoces de los grupos, conviene, para la mejor ordenación del debate, comenzar por la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
A esta sección ha presentado enmiendas el Grupo Popular. En su nombre, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar le diré que vamos a dividir la defensa en dos intervenciones, la mía y la de mi compañero de Grupo Rafael Hernando. La mía va referida especialmente a los temas de cooperación, es decir, voy a defender las enmiendas 1.074, 1.075, 1.076, 1.079, 1.080 y 1.081.
La número 1.074, como saben, señorías, es la que hace referencia a una enmienda de totalidad. El Grupo Popular ha expresado en más de una ocasión que considera que los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores no están en este momento adaptados o adecuados a los objetivos que el Gobierno se plantea en una política exterior. Es decir, cada año vemos cómo aumenta de una forma muy considerable el presupuesto referido a las cuotas a organismos internacionales, cómo también aumentan, por defectos no deseables, como la devaluación de la peseta --difícilmente controlable-- y por otros conceptos, gastos que son difícilmente defendibles y que, en todo caso, están haciendo del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores un presupuesto claramente inadaptado, como digo, a los objetivos de la política exterior española. La política de inversiones ha quedado muy mermada y no hay, por tanto, una adaptación de los créditos adecuada. Hay una falta de control y, a nuestro juicio, una discrecionalidad. Este año, además, con el aumento importante que aparentemente ha tenido el Ministerio, que queda prácticamente destinado a Capítulo I y a cooperación, todo lo que es acción exterior del Ministerio queda, como digo, seriamente comprometido. De esta forma vamos a justificar en su momento la enmienda de totalidad.
La enmienda 1.075 se refiere a un capítulo de Ayuda de emergencia y reposición. Consideramos que la Secretaría de Estado de Cooperación está excesivamente dotada en cuanto a asesores ejecutivos, en contraste con los capítulos que puede destinar precisamente a la ayuda de emergencia.
Por lo tanto, esta enmienda trata de dotar con 25 millones a este capítulo de Ayuda de emergencia y reducirlos del capítulo de asesores ejecutivos. Creo que son seis los que

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tiene en este momento el Secipi y nos parece claramente desproporcionado.
La enmienda 1.076 hace referencia a la Escuela diplomática. Creemos que no está suficientemente dotado el capítulo de becas y de formación de la Escuela, y con el mismo concepto. Es decir, creemos que existe una dotación excesiva en la Agencia Española de Cooperación Internacional y una falta de adecuación de los presupuestos en el capítulo de becas de la Escuela y esta enmienda trata de transferir al programa 131 B, concepto 481, 10 millones de pesetas.
La enmienda 1.077 es relativa al Instituto Cervantes. Hemos podido comprobar, por las diferentes comparecencias del Director del Instituto Cervantes, las dificultades en las que en este momento se encuentra para poder desarrollar el proyecto de implantación del Instituto y, lo que es más preocupante todavía, el propio funcionamiento correcto del Instituto Cervantes. Es evidente que aquel plan quinquenal ha quedado desfasado y, en ese sentido, la comparecencia del Director del Instituto fue todavía mucho más clarificadora que lo que los números del presupuesto nos decían. El presupuesto de inversiones ha quedado limitado a 41 millones de pesetas y el presupuesto de funcionamiento seriamente comprometido.
Por tanto, nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas, que son la 1.077 y la 1.079, que hacen referencia al Instituto Cervantes. Lo que tratamos es de dotar al capítulo 4, Funcionamiento, y al capítulo 6, Inversiones reales, con sendas partidas de 200 millones de pesetas para este Instituto, al que le damos una importancia muy relevante en la política cultural exterior española.
La enmienda 1.080 hace referencia a un programa muy concreto que se llama «Archivos». Como saben SS. SS., este programa surge por la firma de ocho países hispanoamericanos y trata de poner en marcha un proyecto de editorialización de escritores latinoamericanos y españoles, que ha tenido un importante éxito y que además tiene en su plan inmediato su ubicación editorial en España. Esto tiene una importancia para nuestro país, como es fácilmente comprobable. Se venía colaborando en este programa a través de los programas del V Centenario y, desde la desaparición de estos programas, la colaboración ha quedado seriamente comprometida. Creo que para España, políticamente, no es presentable que en este momento dejemos de participar en este programa, que además tendría unos beneficios importantes para nuestro país al estar ubicado en Madrid el centro editorial de este programa, y que tendría difícil explicación en el contexto de los países latinoamericanos, máxime cuando hay países de no lengua hispana, como Francia, que han tenido y tienen interés en participar en este programa. Por lo tanto, yo creo que es un programa que para nosotros tiene toda una trascendencia cultural y también política, y se trata de dotarlo con la cantidad de nueve millones de pesetas, que entendemos será suficiente para poder seguir implementando este programa. Por otra parte, insisto en que veníamos participando en él en ejercicios anteriores.
La última enmienda es la 1.081, con la que, de entrada, lo que pedimos es una información, porque, a nuestro juicio, no tiene mucho sentido que se contemplen gastos financieros en el Ministerio de Asuntos Exteriores cuando esto parece que debería estar reservado exclusivamente al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, creemos que estos gastos financieros que figuran en estos programas no tienen sentido y por eso hemos presentado, lógicamente, una enmienda de supresión.
Estas son, muy rápidamente enumeradas, señor Presidente, las enmiendas que nuestro Grupo ha presentado a la Sección 12, con la salvedad de que quedan todavía las que va a defender mi compañero.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, voy a defender las enmiendas números 1.078 y 1.082, referidas al Programa 134 A. En la primera pedimos la devolución del programa, porque entendemos que la actual distribución que tiene la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional no es la más adecuada; no es solamente algo que hayamos evidenciado en reiteradas ocasiones desde nuestro Grupo, sino que incluso en el informe del Comité de Ayuda al Desarrollo se habla especial y específicamente de que el aparato administrativo y burocrático actual no permite realizar una cooperación internacional con la suficiente efectividad. En el propio informe del Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE se hablaba de la intención de la Secretaría de Estado de organizar los tres institutos que dependen de ella a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y creemos que eso debería de haberse incluido ya en las consignaciones presupuestarias que se han realizado. Entendemos que con la actual configuración presupuestaria se produce una duplicidad de funciones entre la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional y que habría que procurar llegar a un organismo único, con el fin de no duplicar gastos. Hemos visto que los incrementos que se han producido en este capítulo, según las consignaciones iniciales previstas, pasan a ejecutarse a través de los Capítulos I y II, personal y gastos corrientes. Nosotros creemos que estos incrementos deberían de haber incidido más en el Capítulo IV y en el de proyectos y de programas. Además, teniendo en cuenta que, como decía anteriormente, se van a producir incrementos muy importantes por todas las enmiendas presupuestarias que se van a aprobar a lo largo de los debates en el Congreso, el mayor incremento, seguramente, lo vaya a tener precisamente este Programa 134 A, incremento que ya hemos visto que se va a hacer no sólo por intención de nuestro Grupo, sino por intención del Grupo Socialista en este tipo de programas. Creemos que incidirían y mejorarían este programa también establecer los mecanismos que permitan un mayor control de los programas de ONG desde la propia Secretaría de Estado.
La enmienda número 1.082 es para una cuestión técnica. Pretendemos que se evite la duplicidad de dotaciones que existe y reagrupar los conceptos de subvenciones a familias, instituciones sin fines de lucro y las subvenciones

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al exterior, con lo cual quedarían ambos conceptos agrupados en torno al programa y no como viene ahora esa duplicidad de dotaciones, es decir, se fundirían ambas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, las actuaciones de secciones, como la Sección 12, que plantea hacia el exterior la imagen y la actuación de nuestro país, por regla general siempre ha tenido un tratamiento por parte de nuestro Grupo diferenciado del resto de secciones. Por tanto, no hemos presentado enmiendas que vayan a dirigir la mayor o menor dotación de algunas actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque es verdad que hay algunos departamentos y algunas de las actuaciones del Ministerio que no están bien dotadas.
Sin embargo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado una enmienda dirigida al organismo 06 de esta Sección 12, precisamente al concepto de participación en organismos internacionales. No es que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no quiera que España esté representada en organismos internacionales, sino que, en concreto, en estos dos, la contribución española a la Otan y a la UEO creemos que no son ni necesaria ni básica; ni lo eran en su momento, cuando España dio el paso para incorporarse a esta organización militar, ni lo es aún hoy en día, mucho menos todavía, puesto que en la situación de nuestro entorno, no solamente regional en cuanto a Europa, sino en el concierto mundial, hoy la guerra fría y la posición de confrontación se ha reducido bastante. Por tanto, las políticas de presencia externa no deben de fijarse a través de las organizaciones militares y creemos que nuestro país no debe de participar en ellas. Por esta razón, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para seguir trayendo a reflexión a los demás Grupos esta discusión, mantiene esta enmienda que pretende reducir la dotación de los Presupuestos para el año 1995 en la contribución que nuestro país tiene por su participación en la Otan y en la UEO.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi Grupo tiene presentadas dos enmiendas a esta Sección 12, que son la 873 y la 874. Ambas enmiendas vienen a completar y a perfeccionar la enmienda presentada con el número 870. Por tanto, las doy por defendidas en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Unicamente para que se dé por defendida la enmienda del señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, que lleva el número 251.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Con brevedad, voy a empezar defendiendo las tres enmiendas que presenta el Grupo Socialista a la Sección 12. Por una parte, la enmienda 415 y la 417 se presentan en coherencia con la disposición adicional decimonovena, que se defendió con anterioridad por mi compañero el señor Cremades. Unicamente se pretende incluir en el concepto 414, por una parte, y 404, por otra, ambos de la Sección 12, uno del servicio 03 y otro del organismo 103, Agencia Española de Cooperación Internacional, un inciso, que es: «incluidos los propuestos o a ejecutar por organizaciones no gubernamentales». Creemos que es perfectamente en coherencia, como decía, con la enmienda presentada a la disposicion adicional decimonovena, y con ello las doy por defendidas.
De todas maneras diré que Convergència i Unió, efectivamente, presenta dos enmiendas de idéntico tenor, la 873 y la 874, que, lógicamente, e igualmente por coherencia, anuncio que el Grupo Socialista votará favorablemente.
Respecto a la enmienda 416, del Grupo Socialista, pretende dotar con un suplemento de crédito al Instituto Cervantes por importe de 300 millones de pesetas. En este sentido coincidimos con algunos de los planteamientos que antes realizaban los portavoces del Grupo Popular en cuanto que la importante labor de difusión de nuestro idioma, de nuestras lenguas, que lleva a cabo el Instituto Cervantes en el exterior aconseja dotar más adecuadamente a dicho Instituto. Concretamente nosotros proponemos una baja en la Sección 31, en el Servicio 02, y la alta correspondiente en el Servicio 03, concretamente en el concepto 447, del Instituto Cervantes.
Lógicamente, en función de las necesidades del Instituto, estimamos que las más acuciantes y las más apremiantes son las de gastos corrientes, capítulos 1 y 2. ¿Por qué? Porque muchos de los centros que el Instituto está abriendo en el exterior se hacen en colaboración con organismos, con Gobiernos internacionales, que permiten obviar la realización de inversiones reales para la construcción de estos centros. Sin embargo, una vez construidos los centros, es evidente que los gastos de personal, concretamente del profesorado que habrá de impartir la enseñanza, o los gastos de mantenimiento de los mismos centros, aconsejan dotar un crédito suplementario, concretamente de 250 millones al Capítulo 1 y de 50 millones al Capítulo 2. Somos conscientes de que, en este aspecto, para una labor tan importante y decisiva como la del Instituto Cervantes cualquier cantidad puede parecernos pequeña, pero en función del ajuste presupuestario, de las propias características del presupuesto de no incrementar el déficit público, creemos que con ello respondemos a la demanda que el propio Director del Instituto ha realizado en cuantas comparecencias ha hecho en esta Cámara, concretamente en la Comisión de Asuntos Exteriores, y planteamos esta enmienda.
Habré de referirme, a continuación, en turno en contra, a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto-Partido Aragonés Regionalista, en el sentido de que el incremento que plantean de 100 millones de pesetas no viene con especificación de concepto artículo ni capítulo, y además actualmente carece de aplicación en la que queden recogidos

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los convenios a que hace referencia la enmienda. No estimamos conveniente en este sentido, digo, su mantenimiento.
Respecto a la enmienda 622 que plantea el Grupo de Izquierda Unida, lo único que pretende es la supresión, supongo, porque no me queda claro.
Después de la intervención del portavoz creo que es la reducción de 1.900.000 pesetas. Yo dudaba, en función de las propias cantidades que imagino que supondrá la aportación española tanto a la UEO como a la OTAN, pues es una cantidad nimia. En cualquier caso, llegué a pensar en algún momento que se referían ustedes a 1.900 millones de pesetas y no a 1.900.000 pesetas y que había sido un error de tres ceros.
De cualquier forma, las aportaciones que se contemplan en el concepto 491 del organismo, los 37.277 millones de participación y cuota internacionales, es una aportación absolutamente ajustada, absolutamente pegada a la realidad y cualquier disminución no haría sino permitirnos incumplir los compromisos de nuestro país. De ahí que no podamos aceptar la enmienda que ustedes plantean.
Respecto a las enmiendas planteadas por el Partido Popular, intentaré ser breve. Me referiré fundamentalmente a la enmienda de totalidad que plantean a la sección 12, concretamente la enmienda 1.074. Cuando uno lee la justificación: inadecuada distribución de créditos, falta de control y excesiva discrecionalidad, imposibilidad de alcanzar objetivos, discrepancia en las prioridades políticas de los gastos, etcétera, es decir, una descalificación que yo diría que es, si me permiten los portavoces del Grupo Popular, dura, global e incluso me atrevería a decir una terrible descalificación de la sección 12; sin embargo, si uno después se va a las enmiendas 1.075 a 1.082, por un importe, asómbrense, señorías, de 254 millones de pesetas, es decir, enmiendas que equivale al 0,25 por ciento de los 108.000 millones de pesetas que contempla el presupuesto; es más, si tenemos en cuenta que el propio Grupo Socialista plantea una enmienda de 300 millones para el Instituto Cervantes y quitáramos los 200 millones en un juego de números, la enmienda que plantean es algo así como el 0,05 por ciento del total del presupuesto.
Yo le diría que por qué no proponen una alternativa a la sección 12, porque de la enmiendas parciales no se deduce, en absoluto, esta declaración ampulosa y terrible, como decía antes, de enmienda a la totalidad.
El proyecto de presupuestos en esta sección se enmarca dentro de los objetivos prioritarios de la política presupuestaria del Gobierno de los presupuestos Generales del Estado para 1995 de contención del gasto público. Todo ello sin menoscabo en la consecución de las prioridades establecidas en la política general del Departamento.
En cualquier caso, en la memoria de objetivos que acompaña a los presupuestos puede detectarse claramente cuál es el objetivo del presupuesto que, dicho sea de paso y en función de las enmiendas aquí defendidas, es evidente que, afortunadamente, como ocurre con la política general exterior del Gobierno, goza de un amplio consenso en la Cámara.
Con la enmienda 1.075, que plantea dotar de 25 millones para ayuda de emergencia y reposición, es evidente que nosotros compartimos el loable deseo de disponer de mayores dotaciones para ayudas a países necesitados en situaciones de emergencia. Sin embargo, lo que no podemos compartir es la financiación que proponen, la baja en el capítulo 1, ya que las cantidades consignadas son absolutamente imprescindibles para atender a los compromisos. Pretenden la reducción de asesores ejecutivos en la Secretaría de Estado.
La enmienda 1.076 va prácticamente en el mismo sentido. Es loable también el incremento de becas a los alumnos de la Escuela Diplomática; sin embargo, no consideramos adecuada la financiación que proponen, porque, igualmente, en el concepto 226, de gastos diversos, se acomodan diversos conceptos que no pueden ser susceptibles de minoración por la índole de su naturaleza, desde atenciones protocolarias, publicaciones, reuniones, conferencias, etcétera.
Yo les pediría que retiraran las enmiendas 1.077 y 1.079, ambas referidas al Instituto Cervantes, apoyaran la nuestra, la 416, en el sentido de que no planteamos un incremento de 200, sino mayor, de 300 millones de pesetas. No al capítulo 6 de inversiones que ustedes plantean, sino al 1 y 2, de gasto corriente, pero ya le he dicho que, a nuestro juicio --y creo compartir es este sentido el juicio del propio Director del Instituto Cervantes-- es prioritario en estos momentos atender al gasto corriente para los centros ya en funcionamiento, más que para la construcción de nuevos centros.
Respecto a la enmienda 1.078, de devolución, a nuestro juicio plantea una cierta confusión al replantear el programa 134.A, de cooperación para el desarrollo. Concretamente debería decir aquí que la función más amplia de relaciones exteriores acoge a la subfunción de cooperación internacional y éste, a su vez, comprende el programa 134.A, de cooperación para el desarrollo. Las dotaciones de este programa, como ustedes saben bien, están asignadas a diversos ministerios: Asuntos Exteriores, Trabajo y Seguridad Social y Educación y Ciencia. Creemos que la reorganización del programa, concentrándolo en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, no es viable, toda vez que cada Departamento ministerial desarrolla una actividad que finalmente confluye en la cooperación internacional, pero que su gestión la llevan a cabo en sectores o campos de actuación claramente diferenciados. Pero es más: en Asuntos Exteriores creemos que es innecesario e inoperante el agrupamiento de la Secretaría de Estado y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ya que desarrollan cometidos totalmente diferenciados que aconsejan estructuras apropiadas a los mismos.
Respecto a la enmienda 1.080, igualmente consideramos inadecuada la financiación que proponen, por lo que no la podemos apoyar.
La enmienda 1.081 pretende una baja en otros gastos financieros de aproximadamente 10 millones de pesetas. Incluso el portavoz popular decía que prácticamente lo que pedía era aclaración o información. El mantenimiento del concepto es necesario, porque ha de hacer frente a gastos financieros generados, por una parte, por diferencias en cambios y, por otra parte, por intereses negativos de cuentas

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corrientes de los organismos españoles en el extranjero, y ello en los pagos al exterior.
Son gastos que vienen produciéndose fundamentalmente por el desfase que necesariamente se produce entre la orden de pago y la realización del mismo, lo cual ocasiona una diferente paridad de la peseta con las restantes monedas. Esas disparidades de la cotización de la peseta con las restantes monedas es la que se sufraga con estos aproximadamente diez millones de pesetas.
Por último, señalar que nos parece absolutamente acertada, y vamos a apoyar, la enmienda 1.082, del Partido Popular. Es una enmienda técnica que pretende fusionar los conceptos 480 y 484 del organismo 103, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y, por otra parte, los conceptos 490 y 493, de transferencias al exterior, también de la sección 12, de la misma Agencia Española de Cooperación Internacional. Nos parece acertada la enmienda técnica en este sentido. La aceptamos y la apoyamos, únicamente especificando que la dotación que proponen para la 490, de la suma de los dos subconceptos, les falta mil pesetas, son 737.197.000 pesetas, por exactitud cuadre del presupuesto.
Con ello doy por defendidas las enmiendas y fijada nuestra posición de turno en contra.


El señor PRESIDENTE: Segundo y muy breve turno.
Señor Robles, tiene la palabra.


El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, poco más que decir. Sólo que vamos a mantener todas y cada una de nuestra enmiendas. Las consideramos que siguen siendo adecuadas y especialmente esperamos que reconsidere el Grupo mayoritario aquellas que hacen referencia al Instituto Cervantes, porque consideramos que nuestras enmiendas completan mejor la posibilidad de desarrollo de este Instituto, así como el programa Archivos, que tendremos la ocasión probablemente de hablar más sobre él, que consideramos importante para el sector editorial español y para la importancia cultural española en América, y todos los demás que hacen referencia a la capacidad del servicio exterior en el extranjero.
Por tanto, mantenemos vivas las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: El señor Hernando tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: En el tema de cooperación decirle al portavoz socialista que le agradecemos que acepte la enmienda 1.082, que es de tipo técnico.
En lo que se refiere a la 1.078, volver a insistir en que creemos que es necesario buscar la unidad de acción de todas las actuaciones de cooperación internacional y creemos que eso debe de pasar por la reestructuración de todo nuestro aparato administrativo, tanto el que se refiere a la Secretaría de Cooperación Internacional como al de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de cara a afrontar precisamente esa implementación presupuestaria tan importante que se va a consignar para el próximo año.
El señor PRESIDENTE: El señor Ríos, por Izquierda Unida, tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
La enmienda de Izquierda Unida iba dirigida precisamente no a poner en cuestión los 37.000 millones de pesetas que tiene nuestra propuesta de presupuestos para cumplir las obligaciones con los organismos internacionales en los que participamos, sino la previsión desde el objetivo de que si nosotros tuviéramos esa responsabilidad no participaríamos ni en la OTAN ni en la UEO y no tendríamos que pagar nuestra tarifa. Por eso hemos presentado la reducción del total de 37.000.000, 1.900.000 pesetas, que más o menos viene a ser la cuota que nos cuesta la participación en ambos organismos.
El porqué, ya lo he dicho antes. Los números los digo ahora, y la propuesta, para tranquilidad también, se la vuelvo a repetir ahora. La mantengo para el Pleno porque es nuestra aportación al debate de Asuntos Exteriores, porque con todo lo demás casi, casi, coincidimos, hasta con las enmiendas del Grupo Socialista que ha presentado al Instituto Cervantes, y ya viene a ser raro esto, porque no va a ser lo normal en la demás secciones.


El señor PRESIDENTE: Termina el debate de la Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Vamos a comenzar la deliberación relativa a la Sección 5, Consejo de Estado, y Sección 8, Consejo General del Poder Judicial, a las que han presentado enmiendas el grupo parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el señor Cortés Muñoz.


El señor CORTES MUÑOZ: Sección 14.


El señor PRESIDENTE: Hemos pasado a la Sección 5, correspondiente al Consejo de Estado, y 8, al Consejo General del Poder Judicial.


El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, no soy yo el representante del Partido Popular que va a intervenir.


El señor PRESIDENTE: Si les parece que alteremos el orden, por si el Grupo parlamentario Popular quiere defender sus enmiendas a las Secciones 5 y 8 y pasamos a la Sección 13.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para recordarle que nuestro Grupo también tiene enmiendas a la sección relativa al Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Lo dije porque estábamos a la espera de la comparecencia del ponente del Partido Popular para tratarlas toda juntas.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: A nuestro Grupo no le importa. Se lo digo porque no ha mencionado

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que habíamos presentado enmiendas. Sólo ha mencionado que el Grupo Popular era el único que había presentado enmiendas a esta Sección. Le recuerdo que nuestro grupo también las tiene a la sección relativa al Consejo del Poder Judicial. Mi intervención era únicamente a esos efectos. Estoy completamente de acuerdo en que esperemos a que el portavoz del grupo Popular esté presente en la sala y podamos debatir esta cuestión.


El señor PRESIDENTE: No quiero entrar en polémica con S. S. Yo no he dicho que sólo tuviera enmiendas el Grupo Parlamentario Popular; es que no he podido salir del embrollo de la no presencia del representante del Grupo Parlamentario Popular, que veo que entra en la sala. Por lo tanto, podemos darle la palabra al señor Padilla, para defender las enmiendas de su Grupo a las secciones correspondientes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial.


El señor PADILLA CARBALLADA: Ruego se disculpe mi ausencia para atender el teléfono.
Nosotros no tenemos más que la enmienda 1.073, a la Sección 8. Hay una enmienda del Grupo Socialista a la Sección 5, la 414, en la que manifestamos nuestra intención de abstenernos porque se dice que es una enmienda de carácter técnico y nosotros no hemos alcanzado a comprender su contenido.
En cuanto a la enmienda 1.073, a la Sección 8 a que hacía referencia, se traduce exclusivamente en acomodar el Presupuesto de 1995 a las previsiones de la recientemente aprobada por esta Cámara reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, en definitiva, el órgano de gobierno de los jueces pueda poner en marcha el centro de perfeccionamiento y formación de jueces y magistrados. A esos efectos hemos presentado esta enmienda, que supone detraer de la previsión presupuestaria del Centro de Estudios Judiciales la cantidad suficiente para atender la puesta en funcionamiento de esta nueva competencia, de este nuevo servicio, podríamos denominarlo así, atribuido a la competencia del Consejo General del Poder Judicial. A eso se concreta nuestra enmienda, la cual quiere traducir a la realidad presupuestaria una realidad legal plasmada en la reforma de la ley que va a tener desarrollo en el ejercicio de 1995 y para la que no existía previsión alguna. A eso se concreta nuestra enmienda. Anunciamos nuestra abstención a las enmiendas 326 y 327, del Grupo Mixto, señor Albistur, y del Grupo Vasco a esta Sección 8 de los Presupuestos Generales para 1995.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario tiene 3 enmiendas, la 326 y 327, que es el incremento de gasto y la contrapartida de minoración, y la 389, en la que a nuestro grupo parlamentario nos llama poderosísimamente la atención que en los planes del Consejo General del Poder Judicial no se hace ninguna referencia a la formación de los jueces y magistrados en el conocimiento de lenguas oficiales distintas al castellano, como el catalán, el gallego, el valenciano, el euskera, cuando el 42 por ciento de los jueces y magistrados en España ejercen sus funciones jurisdiccionales en territorios del Estado español en regímenes de cooficialidad lingüística.
A esto nosotros añadiremos la contestación que hace unos días el mismo Presidente del Consejo General del Poder Judicial daba a los grupos parlamentarios reconociendo el incumplimiento flagrante del Consejo General del Poder Judicial de la legalidad de diferentes estatutos de autonomía donde no se computa como mérito para la ocupación de plazas de jueces y magistrados en estas comunidades autónomas el conocimiento de estas lenguas oficiales distintas del castellano ni del derecho foral específico o administrativo, en su caso, que existe en estas comunidades autónomas.
El señor Ministro de Justicia e Interior, sobre una pregunta oral que le hicimos en el Pleno, venía a reconocer explícitamente que existe una responsabilidad política, no del Gobierno, puesto que el Consejo General del Poder Judicial no depende del Gobierno, pero sí una responsabilidad política del Consejo General del Poder Judicial, lo cual, señalaba el señor Ministro, es una cuestión todavía no zanjada ni analizada doctrinal ni jurisprudencialmente, pero que, en definitiva, nosotros, como representantes de la soberanía popular, tenemos que denunciar aquí que el Consejo General del Poder Judicial no está cumpliendo con la legalidad vigente, cuando es el órgano judicial que por antonomasia es el encargado de la aplicación del principio de legalidad en la actuación de los poderes públicos y como representante de los diferentes órganos judiciales.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario pretende, mediante una cantidad insignificante dentro de los Presupuestos Generales del Estado, dedicar en los planes de formación y de selección de los jueces esta cantidad de 20 millones para que se compute, de alguna manera, en los concursos de provisión de vacantes y en la selección el conocimiento de lenguas cooficiales distintas del castellano. De esta manera, entendemos que iremos cumpliendo lo que está establecido en los diferentes estatutos de autonomía y en la misma constitución, que es la vigencia, la cooficialidad de lenguas oficiales distintas del castellano. Esta es nuestra proposición en las enmiendas 326 y 327 y en la 389 lo que pretendemos incluir es que, dentro de los objetivos que tiene establecidos el Consejo General del Poder Judicial en sus Presupuestos, aparezca la formación en lenguas oficiales distintas del castellano, puesto que nos encontramos en un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico.
Termino, señor Presidente. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor De la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, voy a fijar la posición de mi Grupo en relación con las enmiendas que se acaban de defender y anuncio nuestro voto en contra, por las razones que brevemente voy a exponer.


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En primer lugar, en relación con la enmienda 1.073, del Grupo Parlamentario Popular, tendente a dotar con 100 millones de pesetas la creación de un nuevo centro de selección y formación de jueces y magistrados en la Sección del Consejo General del Poder Judicial, nuestra posición venía por innecesaria y ésta se encuentra argumentada o avalada no por mis palabras, las de nuestro Grupo, sino por las del propio Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que esta misma mañana, sentado donde está en estos momentos el Presidente de esta Comisión, a lo largo de cinco horas ha venido explicando la Memoria del año 1993 y del programa que están desarrollando y ha dicho que el centro de selección y formación de jueces y magistrados no entrará en funcionamiento hasta el mes de abril de 1996. A lo largo de 1995 intentará llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para que las promociones que ya están en marcha sigan en el Centro de Estudios Judiciales. Esa propuesta es enormemente coherente con el hecho de que él ha dicho que la primera promoción que el Consejo General del Poder Judicial quiere tutelar, valga la expresión, será la que salga de la convocatoria que se haga en enero de 1995. Incluso ha continuado argumentando que a lo largo del año 1995 se pretende establecer el reglamento de funcionamiento y los criterios básicos.
Por tanto, desde el punto de vista presupuestario, no es necesaria esta previsión. Sí habrá que hacerla, evidentemente, para el año 1996, pero nos parece, por consiguiente, innecesario dotar por 100 millones de pesetas.
En cuanto a las enmiendas que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, he de decir que las dos primeras, sobre todo por el entusiasmo y la pasión que ha puesto (y lo digo con todo el afecto para el señor Gatzagaetxebarría), son sorprendentes, porque decir que el Consejo General del Poder Judicial no viene haciendo cursos en euskera, en catalán o en gallego y que se dote una partida para que esa finalidad es, probablemente (seguramente, tratándose del señor Diputado que ha hablado), el desconocimiento de lo que hace el Consejo General del Poder Judicial.
Tengo aquí en la mano la memoria del año 1994, que esta mañana, por lo demás, se nos ha expuesto y defendido por el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en cuya página 69, en los anexos que se refieren a las actividades de colaboración con los gobiernos de comunidades autónomas, concretamente en el anexo del País Vasco, dice: cursos de euskera para jueces y magistrados... se continúa con la oferta individualizada, de acuerdo con la Comunidad Autónoma Vasca, y en la página siguiente se dice lo mismo respecto del Gobierno gallego y del Gobierno catalán.
Por consiguiente, creo que es una omisión, un olvido, un desconocimiento y no hay más razones para poder seguir argumentando por qué no aceptamos que se haga lo que ya se está haciendo.
Sí, en cambio, le vamos a aceptar la enmienda 389, porque lo que es verdad es que no está explicitado en la referencia de objetivos de actuación del Consejo General del Poder Judicial que entre los objetivos de formación está también el proporcionar conocimiento, iniciación, ampliación o mejora del conocimiento de las distintas lenguas del Estado español distintas al castellano a los jueces y magistrados de esas comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


El señor PADILLA CARBALLADA: Brevísimamente, señor Presidente.
Efectivamente, ha escuchado este Diputado al señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial esta mañana, pero nosotros no podíamos tener la presciencia de saber la opinión del órgano de gobierno del Poder Judicial. En todo caso, nosotros nos atenemos al contenido de la ley, y la ley no tiene ninguna disposición temporal que implicara que ese centro no tiene que empezar a funcionar hasta 1996. En ese punto, y con todo respeto (respeto a la referencia a la persona), exclusivamente para contraargumentar al representante del Grupo Socialista, hemos de decir que la ley, naturalmente, obliga a todos, también al Consejo General del Poder Judicial, también a su Presidente, que además suponemos que ya estará muy acostumbrado al criterio y al principio de sometimiento a la ley. De manera que nosotros, como no hay ninguna disposición temporal que remitiera la puesta en funcionamiento de esa previsión de la ley orgánica a 1996, nosotros, naturalmente, preferimos el criterio de la ley que el criterio, por muy respetable que sea, del señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Yo le tengo que decir al señor De la Rocha que no hay ni desconocimiento ni olvido por parte de este Grupo parlamentario. Al contrario: yo tengo que decir que quizá el desconocimiento y el olvido es de él, porque yo tengo aquí la respuesta firmada por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, donde habla del convenio entre la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero habla también del convenio con la Comunidad Autónoma Gallega, con la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, de Cataluña, y donde se habla de convenios de colaboración para la formación de jueces y magistrados, pero sufragados por las comunidades autónomas; ésa es la diferencia; porque usted no me ha dicho en qué partida de los Presupuestos Generales del Estado, en la sección del Consejo General del Poder Judicial, hay consignación presupuestaria para formación. Efectivamente, se da formación, en muy pocos casos, porque yo tengo aquí todos los cómputos de todos los cursos, pero, además, es a costa de los presupuestos de las comunidades autónomas, quienes fomentan la utilización, en sus ámbitos territoriales, de lenguas oficiales distintas del castellano para formar a personal que no depende de las administraciones de las comunidades autónomas, sino que dependen del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, lo que usted dice del olvido y el desconocimiento no es de este Grupo, es de usted, de que las consignaciones

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presupuestarias no responden al Consejo General del Poder Judicial, sino a las comunidades autónomas.
Lo que nosotros pretendemos es que el cumplimiento de la legalidad sea del mismo Consejo General del Poder Judicial, que en sus presupuestos aparezcan 20 millones de pesetas para formación en lenguas distintas del castellano y no que sean las comunidades autónomas las que con sus presupuestos sufraguen la formación del Consejo General del Poder Judicial, como aquí lo manifiesta el señor Pascual Sala, en contestación dada, a través de la Presidente de Presidencia de esta Cámara, a este Grupo parlamentario.
Por lo tanto, si usted dice que el desconocimiento es el nuestro, yo lo reconoceré siempre que me diga dónde está la partida presupuestaria para dedicarse a estos fines. Como no la hay, no me lo podrá decir.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: El señor De la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LAROCHA RUBI: Para un brevísimo turno de dúplica.
En relación con la enmienda del Grupo parlamentario Popular, quiero insistir en que si a lo largo del año 1995 las actividades que va a hacer el Consejo General del Poder Judicial para constituir el centro de estudios de formación de jueces y magistrados no van a necesitar partida presupuestaria, según ha manifestado su propio presidente, sino que se va a quedar reducido a la preparación de su reglamento interno y la selección de sus directores, para lo cual los créditos presupuestarios actuales son suficientes; el Presidente del Consejo General del Poder Judicial no creo yo que vaya a incumplir la ley; simplemente la va a ir aplicando a lo largo del tiempo conforme hoy cree razonable. Por tanto, nos parece que no hay necesidad de esta partida, que sí la habrá el otro año, que estaremos atentos todos a que su dotación sea la razonable, la necesaria, pero no hay por qué forzar a algo que en este momento no es imperativo.
En segundo lugar, quiero decir que el señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha dicho dos cosas en su primera intervención: una, que el Consejo General del Poder Judicial estaba incumpliendo la finalidad de formar a jueces y magistrados en las otras lenguas de España que no son el castellano, y yo le he dicho que eso no era cierto.
Probablemente su afirmación dependía o respondía a ignorancia. Quizá él me corrije y dice: «No es problema de ignorancia, es un problema sólo de financiación.» Creo recordar que en algunos de esos convenios, el Consejo General del Poder Judicial está pagando parte también de esos cursos de formación.
Pero como usted no dice en qué partida está... Señor Gatzagaetxebarría, el programa 141 se refiere a selección y formación de jueces. Tiene un montante global, como usted bien conoce, de 742 millones de pesetas. Ahí no se hace un desglose curso por curso, actividad a actividad. Sí se hace una revisión general a todos los cursos, entre ellos a la parte que aporta para los cursos que hace en colaboración con las comunidades autónomas. Pero yo creo que su intención, que es una intención que comparto, queda suficientemente cubierta con forzarle al Consejo General del Poder Judicial, aceptándole la enmienda --creo que ha dicho que es la 39, porque no la tenía a mano--, a que, entre los objetivos de los cursos, esté también la formación de los jueces y magistrados en las otras lenguas españolas distintas del castellano.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Terminadas las deliberaciones relacionadas con las enmiendas presentadas a las secciones del Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial, comenzamos las correspondientes a la Sección 13, Ministerio de Justicia e Interior, en la que tienen enmiendas, entre otros, el Grupo parlamentario Popular.
En su nombre, en primer lugar, tiene la palabra ¿el señor Padilla o el señor Baón?

El señor PADILLA CARBALLADA: Empezaré yo, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, tiene la palabra.


El señor PADILLA CARBALLADA: Aunque la realidad de la entidad del Ministerio es Interior y Justicia, la proclamación de orden del Ministerio es Justicia e Interior.
El Grupo Popular, señor Presidente, señoras y señores diputados, formula, en lo que al contenido de la sección se refiere a justicia, las enmiendas números 1.083 y 1.084 y 1.090 a 1.106 de este conjunto de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
La enmienda número 1.083, que, en realidad, es conjunta para todo el Ministerio, interesa la devolución de la sección en su totalidad; interesa la devolución de la sección en su totalidad porque entiende nuestro Grupo que este presupuesto que se concreta en la Sección 13 para el Ministerio de Justicia e Interior es un presupuesto inadecuado para alcanzar los propios fines que en la correspondiente memoria señala el Gobierno que persiguen estos Presupuestos Generales del Estado. Es inapropiado, entendemos, porque un año más se nos traen unos presupuestos continuistas, en los que no se abordan, evidentemente, unas soluciones presupuestarias, unos hitos, unas pautas presupuestarias que permitieran, naturalmente, después cambiar los modos, las actuaciones, las formas de luchar contra aquellos problemas que se han manifestado reiteradamente a lo largo de los años.
En este punto bastaría decir, refiriéndome ahora a Justicia, que estos Presupuestos no son más que una manifestación continuista de lo que han sido los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Justicia los años anteriores.
Como esos Presupuestos es patente que no dieron solución a los problemas de la justicia española, problemas que continúan latentes de atasco, de atraso, de respuesta judicial no adecuada a las necesidades de la sociedad española, que siguen acentuando una dotación económica desequilibrada que fundamentalmente atiende a gastos corrientes y

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que no tiene soluciones ni recetas presupuestadas para paliar el problema de atasco y atraso de los tribunales españoles y que, en definitiva, lo que pretenden es una continuidad de esas soluciones que se han manifestado ineficaces, nosotros entendemos que este Presupuesto no es adecuado.
Por lo demás, el Presupuesto contiene para los órganos centrales del Ministerio una dotación económica que entendemos es absolutamente desproporcionada, una dotación de gastos reservados que casi es del 70 por ciento, por poner un ejemplo, de la cantidad destinada a paliar los problemas del atraso judicial (se dedican más de 800 millones de pesetas a gastos reservados y 1.400 millones de pesetas a luchar contra esa situación de atasco judicial). No tiene ni siquiera coherencia con el programa del Gobierno plasmado en la reforma de la Ley Orgánica que pretende acentuar aquellas medidas para resolver los problemas de atasco judicial, como son la adscripción de jueces sustitutos y la adscripción de magistrados suplentes a los tribunales, con una cantidad de 1.400 millones de pesetas, como decía antes, que es algo superior, en 200 millones de pesetas, a la del ejercicio anterior y que, por cierto, se manifestó insuficiente durante su desarrollo.
Por tanto, entendemos que, en términos generales, el Presupuesto de la Sección no responde ni siquiera a la propia política que el Gobierno presentó a la Cámara con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como solución a los problemas actuales.
Las enmiendas concretas, señor Presidente, señoras y señores Diputados, responde a un recorte en determinadas partidas de gastos corrientes que nosotros entendemos están poco justificadas. Entendemos poco justificada esa dotación para gastos reservados, sobre todo teniendo en cuenta el poco escrupuloso uso de estos gastos que, al menos aparentemente, se ha venido haciendo durante esos ejercicios, que además no sólo se han extendido a las cantidades presupuestadas, sino a las ampliaciones de crédito, de las que se han tenido conocimiento después en la ejecución de los correspondientes Presupuestos de las últimas anualidades. Tiene también capítulos que nosotros entendemos que deben ser cuidadosamente presupuestados, sobre todo atendiendo al déficit público que uno y otro año va agobiando el cumplimiento del Presupuesto y que responderían, por no ser excesivamente pesado en la exposición de nuestras enmiendas en este momento, a capítulos como el de protocolo, como el de suscripciones, libros y revistas, como algunos capítulos de personal, en concreto el del personal eventual de los órganos centrales del Ministerio, en los que aparece una cantidad absolutamente disparatada de mil y pico millones de pesetas, que nosotros no entendemos en modo alguno justificado y que, naturalmente, pretendemos que se reduzca para dedicarlo, en un mayor esfuerzo, no en nuestra línea, que, evidentemente, era otra, sino en la línea que el propio Gobierno proponía de luchar contra las deficiencias de esa respuesta judicial insuficiente que el Estado español da a las pretensiones de justicia de los ciudadanos españoles.
Consideramos que el presupuesto tiene esos desajustes y hemos procurado, a través de estas enmiendas, que han ido reduciendo justamente estos capítulos en todos y cada uno de los epígrafes del presupuesto de esta sección 13, buscar una política de ahorro y de austeridad, que no resultan del presupuesto tal como lo remite el Gobierno a la Cámara.
Hemos considerado que en algún caso concreto (lo cual pone de relieve la mesura y la reflexión con que hemos formulado nuestras enmiendas), como sería el caso de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, es donde debería aumentarse esa partida de suscripciones y de medios bibliográficos, porque esa Dirección General, que tiene encomendado el asesoramiento del Estado, es la que debe hacer un esfuerzo especial para tener a su disposición toda la documentación necesaria para conocer en todo momento la doctrina más moderna, los pronunciamientos de los tribunales lo más al día posible y, naturalmente, tener un conocimiento cabal de la doctrina y jurisprudencia que permita también asesorar al Estado con el mayor conocimiento, con la mayor autoridad y con la mayor eficacia y efectividad.
Nosotros entendemos que hay una serie de partidas relativas a asesoramientos externos poco justificadas y notoriamente cuantiosas, que creemos deben ser en algunos casos reducidas y en otros eliminadas.
En esos términos generales se cifran estas enmiendas números 1.083, 1.084 y de la número 1.090 a 1.155 de esta sección 13. Para terminar he de decir que la enmienda 1.084, en concreto, pretende la devolución, no del programa en su totalidad, sino del programa relativo a tribunales de justicia y Ministerio Fiscal, porque es aquí justamente donde debería hacerse el mayor esfuerzo presupuestario. Los años van pasando y los ejecutivos siguen dilatándose, las letras no se ejecutan, la respuesta judicial a los ciudadanos sigue siendo insuficiente, lenta, retardataria y perjudica, naturalmente, legítimos intereses y derechos de los ciudadanos. El esfuerzo presupuestario no va por ahí, y hemos querido ponerlo especialmente de relieve en nuestra enmienda a este programa, el 142.A, que pone de manifiesto todas las carencias y todas las insuficiencias de este presupuesto, si de verdad el Gobierno tiene la voluntad de encauzar, de una vez, nuestra Administración de Justicia.
Finalmente, hay un gran capítulo pendiente, señoras y señores Diputados.
La Subsecretaría del entonces Ministerio de Justicia anunció aquí que para este año 1995 tendría ya una dotación presupuestaria referida a la puesta en funcionamiento de los juzgados de lo contencioso-administrativo. Es una vieja cuestión pendiente de desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta, cuyo plazo de ejecución, como ustedes saben, está ya agotado. No hemos sido el único grupo que ha incidido en este problema. Nosotros consideramos que esto no admite espera y entendemos que un presupuesto serio, coherente, responsable, un presupuesto que atienda de verdad a las necesidades de este sector de las prestaciones públicas, no puede obviar por más tiempo este problema.
Naturalmente, si no hay dotación presupuestaria, quiere decir que otro años más continuaremos en esta misma situación. Eso, combinado con la ultimación final de la Ley de Demarcación y Planta, en la que

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figura una cantidad ridícula de 150 millones de pesetas, incumplidas, como fueron en la ejecución de presupuestos anteriores, partidas de 200 millones de pesetas, teniendo en cuenta la propia valoración que el Gobierno hace del coste de la puesta en funcionamiento de un juzgado, nos parece que en sí mismo afirma la voluntad de incumplir, un año más, el desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta. Por eso nosotros pedimos también el aumento de esta partida para, al menos, con las posibilidades materiales de ejecución en un presupuesto, intentar cumplir en parte las carencias que en este momento existen en la ejecucion del mandato legislativo que la propia Ley de Demarcación y Planta entrañaba.
Esas son nuestras enmiendas, señor Presidente, para las que pedimos a los demás grupos de esta Cámara su apoyo en orden a mejorar este proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Continúo, por lo que respecta al área de Interior, con la glosa y defensa de las enmiendas presentadas a la sección 13, que, como bien decía mi compañero señor Padilla, comienza con una enmienda de totalidad a toda la sección por no ajustarse a los objetivos marcados y que necesita la realidad social española en materia de seguridad y de justicia. No obstante, también pedimos la devolución de los programas 222.A, referido a seguridad ciudadana; 222.B, referido a seguridad vial, y 222.C, referido a actuaciones policiales en materia de droga. Pensamos que, pese a que la memoria tiene una buena letra, se desvían de los objetivos necesarios para conseguir la rebaja de la criminalidad en España, en la que estamos con unas tasas por encima de lo que es normal y sin previsiones de que puedan disminuir a corto plazo.
Por otra parte, presentamos también 37 enmiendas parciales que, en conjunto, por decirlo de forma sumaria, vienen a reducir gastos corrientes del capítulo II, incrementando, a su vez, con esas bajas, las dotaciones para la lucha contra la delincuencia y la droga, referidas a esos dos programas. En este sentido, es sintomático que el presupuesto de Interior tenga una rebaja en inversiones del 2,3 por ciento y se resienten las inversiones, tanto las de reposición como las nuevas, lo que entendemos que puede traducirse también en una no consecución de los objetivos marcados tanto en las memorias de los distintos programas como en el conjunto del Ministerio.
Por referirme a alguna de las enmiendas más importantes de las 37 parciales ya enunciadas a los distintos capítulos --las otras las damos por defendidas en sus propios términos--, quiero señalar que nosotros enmendamos, de forma seria, coherente, el programa 122 A, referido al Servicio 01, con relación al Ministerio, Subsecretaría y servicios generales, porque entendemos que viene a crear una superestructura en un Ministerio y al servicio del Ministro, cuando la tarea del departamento está dividida en tres secretarías de Estado y una Secretaría General; superestructura o macrocefalia que entendemos innecesaria. De ahí que, por vía de enmiendas parciales, aparte de la reducción que hacemos en el capítulo 2, por lo que se refiere a gastos corrientes como gratificaciones, pago de servicio de asesoramiento externo, etcétera, por lo que afecta al capítulo 1, llevemos una distribución a otras áreas del Ministerio donde hay unos programas concretos de lucha contra la droga o contra el crimen.
En Protección Civil, que es el Programa 223 A, pretendemos que, con nuestras enmiendas, se supriman los gastos que entendemos accesorios, consuntivos, como son los de reuniones y conferencias o estudios y trabajos técnicos, que referidos a todo el Ministerio suponen partidas bastante importantes. En este sentido he de destacar que con la enmienda 1.121 pretendemos incrementar en 200 millones la inversión prevista en este programa 223 A, para 1995, con el fin de poder terminar la Escuela de protección civil y así acelerar su puesta en funcionamiento, tan necesaria y clave para evitar catástrofes como los incendios forestales del verano pasado.
En cuanto al Programa 222 A, referido a Seguridad Ciudadana, entendemos que, en lo que afecta a Policía y a Guardia Civil, deben suprimirse muchos gastos generales innecesarios, pero también creemos que debe suprimirse un gasto extraordinario, que merecería un crédito extraordinario y no tenerlo como una partida de gasto consuntivo normal, cual es la factura histórica de Telefónica en estos dos programas. No pretendemos en absoluto ni restringir el 091 ni ninguno de los teléfonos básicos, sino traer su costo a las necesidades de ejercicios normales cuando se pagaba la factura y no traer aquí una partida de 8.543 millones de pesetas, Servicio 03 de la Policía, que nos parece desmesurado, toda vez que, repito, pretende pagar deudas históricas.
Lo mismo podemos decir respecto de esa partida de teléfonos en lo que afecta al Servicio 04, de la Guardia Civil, donde figuran 2.898 millones de pesetas, casi 3.000 millones de pesetas, para pagar el teléfono, cuando lo normal sería que figurasen 800, como decimos en nuestra enmienda número 1.155.
Por lo demás, como es tónica general, pretendemos rebajar el costo de reuniones y conferencias y, por el contrario, subir, porque lo entendemos normal, como decimos en nuestra enmienda número 1.138, los gastos que ocasiona el patrulleo para lograr, por la vía preventiva, unas mejores tasas en la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, entendemos que debe aumentarse en 200 millones de pesetas el coste de combustible, toda vez que entendemos también, porque no está reflejado en este presupuesto, la subida en combustible que ya ha anunciado el Gobierno a partir del 1.º de enero.
Por otra parte, en lo que respecta a inversiones nuevas, entendemos que también deben dotarse anualmente las correspondientes a medios, instrumentos y automóviles en la lucha contra la criminalidad por lo que respecta a este Programa 222.A, tanto en lo que se refiere a la Policía como a la Guardia Civil, y eso restándolo de inversiones que entendemos, por lo menos si no necesarias, sí secundarias, cuales son inversiones en mobiliario o en adecuación

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de locales, que quizás merecería la pena que esperasen.
Por lo que respecta al Programa 222.B, de seguridad vial, el Grupo Popular sigue con la filosofía de, en este organismo --me refiero al organismo autónomo no comercial, la Jefatura Superior de Tráfico--, insistir mucho más en la vía preventiva que en la represiva. Además, lo denuncia el presupuesto de ingresos, toda vez que parece que las autoridades saben que los españoles vamos a infringir las normas de tráfico en un porcentaje determinado, sabiendo que no vamos a tener enmienda, que no vamos a tener contrición en ese sentido, lo cual parece disparatado y, sobre todo, viene a denunciar que es un organismo recaudatorio por la vía de multas, hasta 17.000 millones de pesetas, o por la vía de ingresos por tasas, hasta 40.000 millones de pesetas. En este aspecto, hay una enmienda que entendemos importante, seria, coherente, que es la número 1.142, en la que pretendemos rebajar en el capítulo IV, transferencias corrientes, la transferencia que hace la Jefatura Superior de Tráfico tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Economía y Hacienda, como fruto de ese remanente que hay de tasas y multas, para que se reinviertan, si no en todo, por lo menos en 3.000 millones de pesetas, en dotar de mayor seguridad vial por medio de la formación. En este sentido, nosotros aumentamos 1.000 millones de pesetas en formación vial, otros 1.000 millones de pesetas en educación e información a través de medios masivos de comunicación, para las campañas disuasorias a los malos conductores, y otros 1.000 millones de pesetas para la supresión de tramos y puntos peligrosos y conflictivos de los que está demostrado estadísticamente que cada 32 kilómetros hay uno en España, con un total de 700.
Por lo que respecta al Programa 222.C, actuaciones en materia de droga, las enmiendas también van en la dirección apuntada de inversiones nuevas, para dotar de mejores instrumentos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que luchan en este campo.
Para concluir, enlazado con el tema de la droga, me refiero al Programa 313.G, sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Droga, Secretaría de Estado, donde también suprimimos o pretendemos suprimir gastos superfluos del Capítulo 2, referidos a reuniones y conferencias, donde rebajamos de 40 a 20 millones con nuestra enmienda. Asimismo, en publicidad y propaganda, rebajamos otros 20 millones y aumentamos, en cambio, las transferencias corrientes a organizaciones no gubernamentales y a comunidades autónomas. Entendemos que muchas comunidades están haciendo una importante labor en la lucha contra la droga y en ese ámbito de deshabituación o desintoxicación de los drogodependientes, de tal manera que las bajas a las que me refería con anterioridad en el capítulo 2 pasen a inversiones en esa materia o a transferencias, ya he dicho, a familias, a instituciones sin fines de lucro, con vistas a obtener los resultados que como muy razonables y ambiciosos se proponen en la memoria correspondiente del Ministerio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo voy a defender las enmiendas de Justicia y el señor Romero defenderá las de Interior.
Izquierda Unida ha presentado un paquete de enmiendas dirigidas, por un lado, a fortalecer toda la inversión en Justicia, en juzgados, en dotarnos de infraestructura y recursos y, por otro, lo que pudiéramos llamar actuaciones en una vertiente que va ligada a la Justicia, que es la recuperación o la rehabilitación de personas que en un momento determinado se separan de la actuación social normal y, por tanto, la actuación en prisiones.
La enmienda de Izquierda Unida a la totalidad de la Sección pretende que la reelaboración o la política de esta Sección fundamentalmente haga frente a tres cosas. Una, que la Justicia recupere los recursos necesarios para demostrar que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que no hay un trato distinto. Por tanto, no es la presencia de actuaciones especializadas que funcionan con «shows» permanentes la que soluciona o hace frente a la Justicia, sino la organización en todo el Estado de una respuesta por la cual todos los ciudadanos se ven tratados por igual en esa Administración. Pero es que, además, yo creo que el peor ejemplo lo da el que ejerce el poder y la propia Administración es la que más limitaciones pone.
¿Cuáles serían las propuestas que Izquierda Unida haría? Primero, desarrollar y ampliar la Ley de Demarcación y Planta. Presentamos propuestas para invertir 1.800 millones de pesetas más en dotar de mayores recursos humanos y mayores infraestructuras a nuestros juzgados.
Segundo, que haya una idea de dotarnos de una justicia gratuita y de un turno de oficio que de verdad funcione y reciba los recursos del propio Estado. Por eso, otra de nuestras enmiendas va dirigida a dotar adecuadamente con transferencias las necesidades para reformar la organización del sistema de justicia gratuita que hoy en día tenemos y que funciona a trancas y barrancas.
El año pasado, cuando presentábamos a esta Sección una enmienda que pretendía hacer un programa específico para la puesta en marcha del jurado, se nos decía que eso ya estaba previsto, que, en realidad, tampoco hacía falta un programa para poner en marcha el jurado porque prácticamente se iba a poner a los pocos meses de aprobarse los presupuestos y que había una partida ya suficiente para ello. Lo cierto y verdad es que no había partida, y no por los números, sino por falta de actuación, no se ha puesto en marcha el jurado. Es verdad que ha sido por problemas de regulación, pero ésos los teníamos también antes, no era lo que se esgrimía entonces. Hay que meditar mucho cuál es nuestra actuación, hay que sacar el mejor ejemplo para que la puesta en marcha de esta ley del jurado sea lo más asentada sobre la realidad, pero lo cierto es que todavía no se ha hecho y todavía hay gente que pone más pegas a si será eficaz o no, si nos aclimataremos o no. Mientras no se tomen las medidas, desde luego no vamos a avanzar.
Esas serían las tres grandes líneas por las que nosotros presentamos esta enmienda de devolución, con el objeto de potenciar esto. Es más, yo creo que el Gobierno debiera hacer una actuación más a la ofensiva de la que hasta ahora ha tenido a nivel de la acción inversora. Se han aplazado

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muchas actuaciones de inversión, se ha aplazado la dotación y, por desgracia, tenemos una Justicia lenta, a la que, por su limitación, le falta rigor, y tenemos procesos que duran eternamente, que en un juzgado son fallados de una manera, se recurre a otro y a otro y tardamos seis y siete años en tener solucionado un problema. Ese ejemplo es el que hay que romper y para eso hace falta esa dotación de recursos.
Las enmiendas concretas que hemos presentado, además de esos 1.800 millones de pesetas para fortalecer o incrementar la creación de juzgados de primera instancia y la relación con la Administración para este año, piden la renovación de determinados juzgados, aumentando la dotación de inversiones para mejorar estos juzgados en distintas zonas de nuestro país --en Almería, en Calamoche, en bastantes sitios--, pero creemos que sería necesario aún más.
Por último, señor Presidente, y con esto termino para dar la palabra a mi compañero del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Antonio Romero, me voy a referir a las enmiendas que van dirigidas a las mejoras en prisión. Creemos que la actuación penitenciaria hoy está masificada. Se ha paralizado aquel proceso que había de sustitución de las cárceles actuales o de las ofertas de puestos actuales en unos centros que no se han ejecutado. Tenemos, por tanto, paralizada la conservación de los actuales centros y, sin embargo, no tenemos puesta en marcha la sustitución o la ampliación de ellos. Por tanto, proponemos mejoras y renovación en algunos centros, en el caso de Teruel y de Córdoba, y algunas actuaciones nuevas, como es el caso de Castellón y de Alicante. En todo caso, sirva como ejemplo esta propuesta. Si trajéramos una relación de propuestas mucho más amplia nos dirían que no sirve como indicación, puesto que serían unas partidas para las que no tendríamos recursos suficientes para poder abordarlos. Hemos tomado estas enmiendas como ejemplo de la posibilidad de ampliar los recursos que ahora mismo se destinan.
No se nos puede responder por parte del Grupo mayoritario del Gobierno que los recursos son escasos y que las prioridades son éstas y no hay para más, porque hay que ver con qué facilidades, cuando se requiere, se obtienen miles de millones de otras partidas incluida la sección 31. No es ése el objetivo nuestro. Lo cierto es que nosotros sacamos todas nuestras pequeñas partidas de 40, 15, 20, 50 millones de una Sección la mar de precisa, que se llama: Gastos de diversos ministerios, imprevistos y funciones no clasificadas. Desde luego, una fábula de la previsión presupuestaria.


El señor ROMERO RUIZ: Para defender las enmiendas que hemos presentado a Interior en el seno de este Ministerio de Justicia e Interior.
En primer lugar, quiero manifestar una vez más en este debate presupuestario la discrepancia radical de mi Grupo parlamentario con la fusión de Interior y Justicia. Sería bueno para que los objetivos que se marcaran tuviesen el control adecuado, la dirección adecuada en las misiones que corresponden a la Administración de Justicia y a la política de Interior en un Estado de Derecho, que no estuviesen unidos en un mismo Ministerio. A partir de ahí se presentan grandes dificultades para los grupos parlamentarios de la oposición cuando son derrotadas sus enmiendas a la totalidad. Cuando se derrotan estas enmiendas a la totalidad se entra a jugar en el terreno del Gobierno, en sus márgenes. Y el Gobierno coloca un piloto automático en sus presupuestos en las distintas secciones presupuestarias que son habas contadas y es muy difícil, enmienda por enmienda, y eso es algo a lo que nosotros hemos renunciado de manera gráfica en este debate presupuestario, aunque hemos presentado algunas, alterar el sentido político del presupuesto, los objetivos programáticos y políticos del presupuesto. Hay un margen, pero un margen escaso, entre otras cosas porque el Gobierno parte de la idea de mantener una política con unos presupuestos, con una prestación de servicios.
Nosotros en España hemos detectado, y ahí están las memorias de la Fiscalía, del Poder Judicial, las reivindicaciones de los sindicatos policiales, sus denuncias, un aumento de la criminalidad y de la delincuencia. La seguridad es fundamental desde el punto de vista de la democracia, de los derechos democráticos. Y desde un pensamiento de la izquierda es fundamental que la gente disfrute de la libertad y de los derechos constitucionales con seguridad. El concepto de la seguridad ha sido siempre un concepto que la izquierda no ha defendido ideológicamente de forma adecuada. La seguridad es fundamental para que los trabajadores, los sectores populares y el conjunto de los ciudadanos disfruten de los derechos constitucionales y del Estado de Derecho y ejerzan esos derechos y esas conquistas democráticas. Y por eso es muy importante que consigamos que el Cuerpo Nacional de Policía y que la Guardia Civil tengan medios, tengan dotaciones y tengan infraestructuras adecuadas.
Nosotros hemos presentado pocas enmiendas, pero en esa dirección. Además, queremos llamar la atención de la discriminación salarial que existe entre los Mossos dÕEscuadra, la Ertzantza, las policías municipales de algunas grandes ciudades de nuestro país y los sueldos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Es muy importante que este tema se aborde y se concrete. Son cerca de 40.000 pesetas mensuales para un funcionario de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía.
El Gobierno tiene un plan que pide un aumento de 5.000 pesetas en esta ocasión, e ir progresivamente equiparando a la Policía nacional y a la Guardia Civil. Son cinco o seis mil pesetas, que nosotros creemos que es insuficiente. Si se hubiese ampliado el capítulo de ingresos, como nosotros planteábamos en nuestra enmienda a la totalidad, se hubiesen conseguido recursos de la lucha contra el fraude fiscal, de otra serie de medidas, para permitir que hubiese una mayor dotación para inversiones en nuestro país, para la creación de empleo y para corregir injusticias como ésta, que se plantean ahora en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con las policías autonómicas y con algunas policías locales.
Estos son los temas que a nosotros nos preocupan a nivel general y que hemos incluido en lo que se llama enmienda genérica a la totalidad de la Sección.


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Luego, algunas enmiendas parciales, son muy pocas y planteamos que se dote mejor a la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico, que entra en las zonas rurales por primera vez en nuestro país y no sólo en las zonas urbanas, y que necesita de un acompañamiento económico y de una dotación para que ese reajuste y ese agrupamiento comarcal del nuevo despliegue de la Guardia Civil en España pueda cumplir su misión.
Esas son nuestras preocupaciones fundamentales. Pero, repito, es bastante difícil, una vez que estamos en la pista del Gobierno, corriendo, de acuerdo con los márgenes que el Gobierno plantea en los laterales, hacer enmiendas que alteren fundamentalmente la orientación política que el Gobierno ha dado y que sus aliados respaldan. Por eso, desde la oposición de Izquierda Unida, nosotros lo que queremos es mostrar nuestras discrepancias, traduciéndolo en algunas enmiendas, de carácter más testimonial que real, en este caso, y planteando una filosofía distinta si nosotros hubiésemos distribuido los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA I BASTIDA: Para defender las enmiendas del Grupo Vasco relativas a esta Sección.
Voy a empezar, señor Presidente, haciendo referencia a dos enmiendas que tiene nuestro Grupo Parlamentario al Programa 144.A, denominado Centros de Instituciones Penitenciarias, donde nosotros pedimos la creación de dos partidas de inversión.
Pedimos dos partidas de inversión, en el Centro penitenciario de Martutene, que se encuentra en una situación muy precaria, puesto que ese centro, dependiente del Ministerio, vierte sus aguas residuales a unas fosas sépticas, desde allí directamente al río y de éste al mar, en las proximidades de la playa de Gros, en San Sebastián.
En la práctica, como SS. SS. saben, ninguno de los contaminantes biológicos más peligroso para la salud, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, se transmiten por vía oral, pero tanto las normas más elementales de eliminación de residuos como la hipersensibilidad ciudadana hacia el tema del Sida, y más en este entorno, aconseja prevenir urgentemente cualquier tipo de posible contaminación por este motivo.
Por ello, dentro del capítulo de inversión que solicitamos de una partida de 36 millones de pesetas, la desglosaríamos del siguiente modo: Se considera, en primer lugar, necesario comunicar las conducciones que están en la misma prisión con la canalización general, al objeto de derivar convenientemente las aguas residuales del centro por la proximidad de dicha canalización. Ninguna de las alternativas posibles dista más de 150 metros y la experiencia de otras derivaciones de este tipo que luego concertamos en 25 millones.
En segundo lugar, dentro de la misma prisión, que se caracteriza por su obsolescencia, se necesita una adecuación de las dependencias, sobre todo de carácter higiénico-sanitario, que ha de comenzar con una adecuación de la cocinas, fundamentalmente unas pequeñas obras pero sin excluir alguna mejora de instalaciones y equipamiento. Todo ello lo valoramos en un importe de 5 millones de pesetas, que, juntamente con la renovación de las duchas y los lavabos, haría un importe total de 7 millones de pesetas, como segunda partida del total de los 36; estaríamos en 32, señor Presidente. He de recordar que administraciones públicas no competentes en la materia como el Gobierno vasco han dado ayudas a este centro dependiente de los presupuestos generales del Estado, del Ministerio de Justicia, para poder renovar la enfermería en la prisión, dotándola de habitaciones dobles, puesto que ni las mujeres ni los jóvenes de dicho centro pueden ser alojados en el enfermería cuando lo necesitan, ya que la configuración arquitectónica dificulta la segregación en espacios comunes de los reclusos según su sexo. En la práctica eso significa la derivación innecesaria de casos para su ingreso hospitalario o cuando no la convivencia hacinada de ocho mujeres en cada celda, cuando fueron concebidas éstas para dos, pudiendo estar alguna de ellas, embarazada, al lado de otras con sida o con tuberculosis.
Valoramos estas pequeñas mejoras que hay que hacer en cuatro millones. En total, la partida de inversión que solicitamos para todas estas mejoras en el Centro penitenciario de Martutene sería de 36 millones de pesetas.
Para el Centro penitenciario de Nanclares de la Oca, solicitamos una partida de 12 millones de pesetas. La petición nuestra responde a una concepción trasnochada de estas instalaciones cuando la existencia de los reclusos enfermos con carácter infectocontagioso o terminal era excepcional. Hoy en día, al virus de la inmunodeficiencia adquirida, se añaden otra serie de patologías infecciosas como la tuberculosis, que con frecuencia requieren un aislamiento. En la práctica la enfermería de Nanclares de la Oca no se distingue del resto de las instalaciones y carece hasta de habitaciones de aislamiento. Tan es así que cuando un recluso necesita aislamiento por motivos de salud, la única posibilidad consiste en enviarlo a una celda de castigo.
Por ello, lo que nuestro Grupo parlamentario pide con estas pequeñas intervenciones de inversión en los presupuestos el Ministerio de Justicia, no es sino una ínfima parte de lo que se considera necesario.
Tenemos un presupuesto ajustadísimo que nuestro Grupo parlamentario se ha preocupado de realizar sobre estos dos centros penitenciarios. La extrema precariedad de las instalaciones citadas exige acometer, sin dilación, las actuaciones reseñadas, so pena de arriesgarse incluso a una clausura de carácter administrativo-sanitario, por carecer de las condiciones más elementales higiénicas-sanitarias.
Hemos tenido conocimiento también de que, dentro de las relaciones del Ministerio de Justicia, en los créditos plurianuales hay una partida de 35 millones de pesetas diferenciada en 30 para Nanclares y cinco para Martutene. Pero en ese conocimiento que nos da de los presupuestos del Ministerio vemos que esas cantidades se presupuestan para obras de carácter general, como parte de un presupuesto plurianual del Ministerio de Justicia. Se orienta fundamentalmente a otras necesidades que nos parecen

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bien, pero nosotros complementamos lo que en las relaciones densísimas que los presupuestos del Ministerio de Justicia tienen, que no pueden ser en este momento pormenorizadas y que exigen un detallado análisis, al margen de las publicaciones de la Cámara. Entendemos que son necesarias estas pequeñas inversiones, al margen de estas reposiciones o mantenimiento de carácter general de 30 millones para Nanclares y cinco para Martutene, que se contemplan en la relación de créditos plurianuales.
Señor Presidente, quiero referirme a continuación a otra enmienda que tiene nuestro Grupo parlamentario al Programa 144.A, donde pedimos un programa de intervención, de formación higiénico-sanitaria, tanto para el personal al servicio de la Administración penitenciaria que trabaja en los centros penitenciarios de Nanclares y de Martutene, como para la prevención, información y mejor conocimiento y formación del personal interno. Es reconocido y tiene un prestigio asumido a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco la coordinadora anti-sida de Alava.
Nuestro Grupo parlamentario plantea una serie de medidas de intervención de carácter formativo, para lo cual solicitamos una ayuda que iría dentro del programa 144.A para esta asociación coordinadora anti-sida de Alava que realizaría, como decía, actividades preventivas, actividades formativas en el ámbito de la salud, la puesta en marcha o la implantación de programas, permitiendo, tanto al funcionario como al interno, poder prevenir determinados contagios e infecciones y la adquisición de determinadas patologías. Por ello hemos presentado esta enmienda, 38 millones se pesetas, una insignificancia dentro de la inmensidad de los presupuestos del Departamento de Interior y de Justicia.
A continuación, paso a defender otras trece enmiendas que tiene nuestro Grupo parlamentario al programa 142.C, que se refiere a la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, secretarios, oficiales, auxiliares, agentes judiciales y demás peritos que trabajan al servicio de la Administración de Justicia. Nuestra enmienda se justifica por las mismas razones que exponíamos cuando defendíamos la formación de los jueces y los magistrados en lenguas oficiales distintas al castellano.
Entendemos que hay que realizar un esfuerzo en esta materia, puesto que el 42 por ciento del personal al servicio de la Administración de Justicia presta sus servicios en territorios del Estado en que están en vigor regímenes de cooficialidad lingüística. Por ello planteamos la puesta en marcha de una partida de 60 millones de pesetas dentro del Programa 142.A.
No voy a ser reiterativo, puesto que la argumentación sería la misma y es extrapolable a lo que he expuesto con anterioridad en relación a la formación del personal de magistratura y de judicatura. Por último, la enmienda 390 pretende incluir dentro de los objetivos que ha de tener el programa 142.C la plasmación expresa como indicador de la formación de este personal en lenguas oficiales distintas del castellano.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mauricio, por Coalición Canaria.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Voy a explicar muy brevemente las tres enmiendas que presentamos a esta Sección, las números 448, 449 y 450. Se refieren a algo ya expuesto por el Grupo Vasco sobre compromisos adquiridos por el anterior equipo ministerial, en concreto con los secretarios judiciales, en un intento de encontrar una salida a esos compromisos. Proponemos unas dotaciones sobre infraestructura y equipamientos en zonas turísticas con la finalidad de seguridad ciudadana. Hemos hecho unas propuestas específicas para las zonas turísticas de Gran Canaria y Tenerife. Consideramos que, efectivamente, hay un vacío de actuación y de dotación en estas zonas, por lo que merecen una consideración especial las enmiendas que hemos presentado.
Para no cansarles y no agotar el tiempo con esta defensa, mantenemos las tres enmiendas presentadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ser superbreve; son muchas las enmiendas, pero voy a intentar ser muy rápido.
Las presentadas a la Sección 13 son en total 36 y la mayoría, en su espíritu, consisten en la solicitud de proyectos de inversión en obras e infraestructuras relacionadas con el Departamento de Justicia e Interior.
Mantenemos estas 36 enmiendas.
En lo referente a Justicia, las enmiendas de la 8 a la 28, ambas inclusive, y la 118 y 119 se refieren a órganos judiciales. Nos induce a su presentación el propio informe remitido por sindicatos de juzgados de la Comunidad Valenciana y la federación de servicios públicos de la UGT respecto a la caótica situación de los edificios de los juzgados de varios municipios de dicha Comunidad Valenciana. Muchos de ellos, que pasaré a nombrar rápidamente, tienen instalaciones decadentes, hacinamiento en pequeños espacios, falta de personal y material, tanto en lo que se refiere a juzgados de instrucción como a centros de justicia.
Sin ánimo de nombrar todas, están contempladas entre las enmiendas 8 a 28, ambas inclusive, y 118 y 119, a esta Sección. Se refieren a los juzgados de Denia, Alcira, Villajoyosa, Torrevieja, Benidorm, Gandía, Carlet, Moncada, etcétera. Estos son los que más carencia y deficiencias presentan en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.
En un segundo apartado estarían las enmiendas 67, 68, 69 y 70, que se refieren a comisarías de policía, en la que solicitamos unas inversiones que no llegan a los 450 millones de pesetas. Las anteriores, de la 8 a la 28 y la 118 y 119, ascienden a 650 millones. Estas últimas que he citado, de la 67 a 70, se refieren, como digo, a comisarías de policía en varios municipios y ciudades de la Comunidad Valenciana.
La enmienda 71 es la que tenemos más interés en que prospere, porque así nos lo han solicitado los municipios que vamos a mencionar. Se refieren a la creación de comisarías o mejora de las existentes en zonas turísticas de la Comunidad Valenciana: Benicasim, Peñíscola, en Castellón;

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Gandía y Cullera en Valencia y Benidorm y Jávea en Alicante. Tenemos especial interés en que esta enmienda 71 sea considerada por el Grupo Socialista en esta Sección número 13.
Para ir rápidamente, las enmiendas 132 y 133 se refieren a edificios de la Dirección General de la Policía, tanto en Alicante como en Valencia, que ascienden a unos 150 millones de pesetas; las enmiendas 134, 135 y 136, que afectan a Alicante, Castellón y Valencia, sobre edificios de la Guardia Civil, que se encuentran en un estado bastante lamentable.
Referente a instituciones penitenciarias en Alicante y Castellón, mantenemos las enmiendas 137 y 138, con unas cantidades casi simbólicas, que consideramos que son necesarias. Y la enmienda 139 se refiere al Psiquiátrico de Alicante, dentro de instituciones penitenciarias, por ser necesaria esta inversión en este apartado.
Mantenemos la totalidad de estas 36 enmiendas por considerar que no suponen un gasto excesivo, no llega a los 900 millones de pesetas, y pudieran mejorar notablemente la gestión de Justicia e Interior, tan importante en la Comunidad Valenciana.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor De la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, voy a exponer la posición de mi Grupo sobre todas y cada una de las enmiendas o al menos sobre las más importantes que han sido defendidas; aunque algunas no lo hayan sido expresamente, suman en su totalidad alrededor de 120 ó 130, lo cual hace premioso el trabajo de este Diputado.
Enmiendas formuladas por los señores Padilla y Baón, del Grupo Parlamentario Popular. Empiezo, lógicamente, por la enmienda a la totalidad de la Sección XIII, solicitando la devolución de los presupuestos de esta Sección. Nosotros tenemos que decir que sí nos parece que el proyecto de presupuestos de la Sección XIII sea adecuado, sea razonable, sea suficiente para los objetivos políticos que el Gobierno pretende desarrollar a través del Ministerio de Justicia e Interior. El instrumento económico del presupuesto es suficiente para esos objetivos en el marco de un presupuesto de rigor, de un presupuesto, ya no de austeridad, de restricción como el del año pasado, tampoco un presupuesto de extensión, un presupuesto de rigor que ve afectadas determinadas partidas con carácter general. Hay que decir que el presupuesto de esta Sección se incrementa en el 6,1 por ciento, por encima de la media general de los presupuestos.
Por consiguiente, hay un esfuerzo en gastos en el ámbito de Justicia e Interior, esfuerzo que no es solamente en el capítulo I y II, como se ha pretendido decir por los señores Padilla y Baón a través de muchas enmiendas --luego comentaré alguna de ellas-- que pretenden recortar gastos de capítulo II y algunos de capítulo I, muy significativos, sino que también es un esfuerzo en el capítulo VI. Es, probablemente, este capítulo, del área de Justicia, de los pocos que se incrementan por encima de la media. No es que se incremente la media del presupuesto de inversiones, es que disminuye y, sin embargo, el capítulo VI, de la Secretaría General de Justicia, se incrementa un 12,7 por ciento. Ello viene a mostrar, repito, la sensibilidad y la voluntad del Gobierno, del Ministerio de Justicia e Interior, de seguir abordando uno de los objetivos centrales, una de las facetas del objetivo central del ámbito de la Justicia, que es mejorar el funcionamiento de la Justicia en su triple faceta de, primero, seguir creando, seguir dotando nuevos juzgados y tribunales, quizá no al ritmo, en los últimos años, de lo que preveía la Ley de Demarcación y Planta, sobre todo el año pasado, pero sí manteniendo ritmos importantes de inversión; segundo, seguir incrementando las plantillas de personal, pero fundamentalmente en esta faceta ya, en el ámbito de la Justicia, incrementar los aspectos de formación de personal. Lo que tiene de deficiente la Justicia en muchos casos ya no es por falta de medios. Si uno acude a cualquier sede de juzgados que haya sido remozada, y ya lo son la inmensa mayoría en este país, encontrará que hay edificios nuevos, que hay juzgados nuevos que no existían hace dos o tres años en gran cuantía, que hay muchos instrumentos informáticos, que hay más personas, personas de poca antigüedad, que se han incorporado recientemente y, sin embargo, hay un déficit de formación, incluida la cúpula del sistema, que son los jueces y magistrados. Y, tercero, en la faceta, que no tiene una manifestación presupuestaria directa, que es la procesal, la faceta legislativa directa. Hay que recordar que en los dos últimos años, o en el último año y medio, se han traído a esta Cámara la reforma parcial de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, ya aprobada, que permite pasar (y antes se refería a ello el señor Padilla) al Consejo General del Poder Judicial, en el futuro, la selección y la formación de jueces y magistrados, la ley del jurado, que ya está aquí (se ha referido también a ella otro portavoz parlamentario) y el Código Penal, y están en trámite muy inmediato de ser presentadas dos leyes, importantes también, que afectan a dos cuestiones que han sido alegadas por los portavoces de varios grupos parlamentarios, de manera significativa por el señor Padilla, y están en sus enmiendas, que son la referente a las partidas de justicia gratuita (no sé si lo ha dicho expresamente, en todo caso está en una enmienda importante que ha presentado el Grupo Popular) y lo que es la creación de los primeros juzgados, órganos unipersonales de lo contencioso-administrativo.
Pues bien, ambas cuestiones, que requerirán en su momento una dotación presupuestaria, obvia, evidente, cuestiones a las que nuestro Grupo es sensible, a las que el propio Ministro de Justicia e Interior en todas sus últimas intervenciones en el Pleno y en la Comisión en esta Casa ha hecho constante referencia, necesitan dos proyectos de ley previos: el primero, muy adelantado, como sabe la práctica totalidad de SS. SS., al menos de los que están relacionados con la Comisión de Justicia e Interior, el nuevo proyecto de ley de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que es el que tiene que establecer precisamente qué competencias hay que dar a esos juzgados. Hay que fijar esas competencias y no es lo mismo que cubran materias, como parece que en los últimos borradores no se les van a atribuir, materias como los planes de urbanismo, etcétera, que se quiten por tanto a las Salas de los Tribunales Superiores

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de Justicia cuestiones más nimias, menores, como pequeñas reclamaciones en materia de tributos locales. A veces nos encontramos con que una reclamación de 15.000 ó 20.000 pesetas en una plusvalía va a una Sala y es vista o es conocida por tres magistrados. Esa ley tiene que reformar sustancialmente el sistema y sólo cuando lo reforme, a partir de ahí, será la creación de esos órganos unipersonales de lo contencioso-administrativo.
Y es muy probable, casi seguro, que para el año 1996 sí que haya, ya necesariamente, repito, que dotar esas partidas.
Y lo mismo para la mejora de las partidas para lo que globalmente podríamos llamar justicia gratuita, que son las partidas para el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores, que han sido incrementadas a lo largo del año 1994, y que van a tener también, por tanto, respecto al presupuesto inicial del año 1994, en el año 1995, un aumento significativo. ¿Que hay que aumentar más? Sin duda nuestro Grupo es también sensible a este tema. A todos nos gustaría poder aportar más; nos parece que en este momento lo razonable es esperar a ese proyecto de ley de justicia gratuita al que está emplazado el Gobierno por un acuerdo, creo recordar que unánime, de esta Cámara, a partir del cual se podrán establecer nuevos módulos, nuevos criterios, nuevas dotaciones, en su caso.
En las intervenciones, tanto para defender su enmienda a la totalidad de la Sección como enmiendas parciales, ambos intervinientes, los señores Padilla y Baón, se han referido a cuestiones en las que nos parece necesario insistir. Una de ellas la de los gastos reservados. Quiero destacar aquí que la partida de gastos reservados para el año 1995 es exactamente igual que la del año 1994. En segundo lugar, que están todos concentrados bajo la autoridad de una única partida, bajo la autoridad del señor Ministro de Justicia e Interior, frente a lo que fue años anteriores y creo que, además, recogiendo un sentir que algunos grupos parlamentarios plantearon al propio Ministro. Pedir una disminución de esta partida, pura y simplemente, sin argumentar nada más que el riesgo, el temor de que, como se ha dicho, que creo que es una afirmación gratuita que no debe traducirse en una modificación presupuestaria.
Los gastos reservados no van a poder ser tampoco incrementados sin que esta Cámara haga una revisión, una reforma de los mismos. En el propio proyecto de ley presentado por el Gobierno así se recoge y, por consiguiente, nuestro Grupo piensa que son suficientes y necesarias las partidas que así están puestas.
Luego, con carácter general, el Grupo Popular hace dos cosas. Permítanme sus señorías hacer un resumen de todas sus enmiendas en dos grandes aspectos. Hay, por una parte, la propuesta de que se incrementen de manera muy significativa algunas partidas, fundamentalmente en inversión, no sólo la del Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Procuradores, que no sería inversión, sino del capítulo IV pero se pretende incrementar en 1.400 millones: a partir de ahí, el capítulo VI de los jueces contencioso-administrativos, 1.100 millones también aproximadamente; partida del capítulo II para reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, que se pretende también subir cerca de 100 millones; incremento en los juzgados, otros 1.000 millones de pesetas; inversión para la fiscalía de la droga, inversión para equipos de la Guardia Civil, otros 1.000 millones de pesetas; inversión para equipos de la policía nacional, otros 1.000 millones de pesetas; inversión para edificios para extranjeros que sean detenidos y estén pendientes de expulsión, otros 1.000 millones de pesetas; inversión en seguridad vial para incremento de formación vial, otros 1.000 millones de pesetas; una inversión muy importante en campañas de seguridad vial creo recordar que de varios miles de millones de pesetas; otra inversión directa en puntos negros de seguridad vial de otros 1.000 millones de pesetas; otra inversión de reposición asociada a funcionamiento de servicios en instituciones penitenciarias de otros 1.000 millones de pesetas; más partidas del capítulo IV en el Plan Nacional de la Droga también de varios cientos de millones de pesetas; transferencias a comunidades autónomas o a ONG o partidas para rehabilitación y reinserción de toxicómanos.
La primera faceta supone el incremento de varios miles de millones de pesetas en gastos de inversión o en gastos del capítulo IV o del capítulo II pero, digamos, destinados a servicios que son incuestionables.
Destinar más dinero para la rehabilitación de drogadictos sería una necesidad colectiva, gastar más dinero para la rehabilitación y reinserción de penados es también una necesidad colectiva. El problema es, y es la segunda faceta, de dónde sale ese dinero. Ustedes, para ese dinero yo no me atrevo a decir que hagan, perdónenme, se lo digo con simpatía, una carta a los Reyes Magos, pero sí hacen algo que me parece que es enormemente discutible y peligroso. Ustedes ese dinero pretenden sacarlo fundamentalmente de cuatro o cinco partidas y han comentado las más importantes. Dos de ellas, las enmiendas 1.084 y 1.086, pretenden obtener, por una parte, 500 millones de pesetas; por otra, 1.800 millones de pesetas, la primera al capítulo II, fundamentalmente donde están metidos los gastos reservados que sufrirían un recorte muy sustancial.
Debo decir, por lo que conozco, que se produciría un riesgo significativo a la seguridad del Estado si los gastos reservados en esta cuantía son recortados más de lo que ya han sido. Pero en el capítulo I pretenden, en esta enmienda 1.086, un recorte de 1.500 millones de pesetas, probablemente sin saber con exactitud qué es lo que están recortando.
Señorías, en esta partida a la que se refiere la enmienda 1.086 se encuentran, además de los gastos del capítulo I del Programa 122, los gastos de productividad, 1.743 millones de pesetas, como complemento a todos los funcionarios del Departamento. Yo no sé si ustedes quieren recortar los gastos de productividad, o eliminarlos, de los funcionarios de todo el Departamento. Y está una partida de 62 millones de pesetas, también de gratificaciones, a la que en seguida me referiré, porque el segundo gran bloque es un montón de partidas pequeñas o de partidas no tan pequeñas que son fundamentalmente reuniones y conferencias, estudios y trabajos técnicos, publicaciones, gratificaciones a personal, pensiones. La partida de pensiones es muy pequeña pero es muy significativo cómo pretenden un recorte sin que haya una verdadera conciencia de qué se está recortando. Ustedes defienden

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que la partida de pensiones se tiene que pagar con cargo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Señoría, se trata de tres pensiones que tiene que pagar el Ministerio del Interior por sentencias de Magistratura de Trabajo, hechas firmes después de su suplicación a los Tribunales Superiores de Justicia y que corresponden a personal proveniente del antiguo diario «Pueblo», cuyo convenio colectivo establecía unos complementos de pensión por la empresa, y la empresa ha sido al final el Ministerio del Interior y por eso tiene que pagar esas partidas, que son complementos a la Seguridad Social.
Están luego los dos grandes filones de donde ustedes pretenden sacar hasta 12.000 ó 14.000 millones de pesetas, y que son: 3.000 millones que pretenden cortar, a través de la enmienda 1.142, de la Jefatura de Tráfico, sin darse cuenta de que, efectivamente, es una transferencia que hace la Jefatura de Tráfico al Estado y que si ustedes recortan los 3.000 millones, lo que están haciendo es incrementar directamente el déficit de los presupuestos del Estado en 3.000 millones; y, a través de las enmiendas 1.154 y 1.155, otros 11.000 millones de pesetas --no 100 ó 200 millones de pesetas--, a través de recortar, como ha explicado el señor Baón, o reajustar unas partidas de gasto telefónico, para no pagar unas deudas atrasadas muy importantes que se están pagando en el ejercicio de 1994 y que se pretenden cerrar en el año 1995, para Telefónica.
La contestación es: o bien se hace lo que usted decía el año pasado, que es que haya un crédito extraordinario, en cuyo caso lo que estamos haciendo es algo a lo que sus compañeros que llevan la Comisión de Presupuestos con carácter general suelen oponerse, que es decir que los gastos que haya que hacer y que se prevea hacer a lo largo del ejercicio se incorporen en los presupuestos y no en créditos extraordinarios, o bien pura y simplemente lo que se está pretendiendo es incrementar el déficit.
Aquí se tienen que poner ustedes de acuerdo. Yo vengo oyendo a lo largo del día de hoy que no hay que incrementar el déficit y o incrementamos de manera significativa inversiones y gastos que socialmente podrían tener un cierto atractivo y a los que cómo no vamos a ser sensibles otros grupos parlamentarios, pero lo hacemos recortando gastos necesarios, y es voluntad del Gobierno y de este Ministerio, cuando nos presenta este proyecto, terminar con esa deuda histórica de los gastos de Telefónica, o producimos un déficit, que es lo que ustedes, en definitiva, están generando con sus enmiendas.
Por eso, señorías, no podemos aceptar las enmiendas que nos han presentado.
Me refiero ahora a las enmiendas de Izquierda Unida. La enmienda a la totalidad se sustenta en tres facetas. La primera es que no se desarrolla suficientemente la Ley de Demarcación y Planta; la segunda es la necesidad de incorporar los juzgados contencioso-administrativos, los órganos colegiados de lo contencioso-administrativo, y tercera, el tema de la justicia gratuita, el turno de oficio.
El señor Ríos ha hecho una reflexión sobre el jurado que yo creo que se puede utilizar dándole la vuelta. Efectivamente, el año pasado se discutía en esta Comisión el problema del jurado. Se pedía dinero para poner en práctica el jurado y dijo aquí el representante de mi Grupo que primero era necesario aprobar la ley para saber, además, qué tipo de jurado, con qué alcance, qué tipo de delitos, porque sobre eso habría que hacer los cálculos presupuestarios. En las partidas para 1995 ya hay una previsión para el jurado, que todavía es una previsión pequeña porque es sólo para final de año, que habrá que consolidar y ampliar para los años siguientes. Lo mismo, señor Ríos, entendemos nosotros para los juzgados de lo contencioso-administrativo y para el turno de oficio. Están pendientes dos leyes, ya lo acabo de mencionar, que van a tener entrada pronto en esta Cámara y a partir de ellas es como habrá que establecer las dotaciones para algo que es necesario, pero que nos parece que es mejor que tras el desarrollo legislativo se hagan los cálculos presupuestarios.
Hay otro conjunto de enmiendas al área de Justicia que pretenden desarrollar más la Ley de Demarcación y Planta, mejorando determinadas partidas para juzgados concretos o para instituciones penitenciarias concretas, algunas de las cuales proponen --como S. S. ha mencionado-- mejoras en los centros penitenciarios de Castellón y Alicante. Debo decirle que en los presupuestos ya hay unas asignaciones para el de Castellón, 125 millones, que usted pretende ampliar en 50 millones más, y para el de Alicante, 25 millones, en la que usted pretende también una ampliación de otros 50 millones. Nos parece que en este momento, período de verificación plurianual, con unas partidas es suficiente, porque hay otras necesidades en este propio ámbito.
Quiero recordarle, como le he dicho antes, que éste es, al menos en el ámbito de los juzgados, uno de los pocos Departamentos que mantiene un incremento de inversión en nuevos edificios de juzgados respecto del año anterior, en que efectivamente hubo uno de los recortes más importantes a la Ley de Demarcación y Planta.
La intervención del señor Romero ha sido más bien de carácter global.
Quisiera únicamente hacer una pequeña reflexión sobre su discrepancia con la fusión de los Ministerios de Justicia y de Interior en un solo Ministerio de Justicia e Interior. Esa reflexión se basa en el comentario que ha hecho que, de alguna manera, yo resumiría en: ¡Ojo!, el Ministerio de Justicia es un Ministerio garante de derechos; el Ministerio del Interior ha sido, tradicionalmente, más bien un Ministerio cuya función era de represión de derechos. Por tanto, se podría producir una confusión en la que dejara de ser un Ministerio tan garante de derechos para ser un Ministerio en el que la sensibilidad represora se deje sentir. Sin duda, la policía tiene también una función represora. Nadie lo puede discutir.
El Estado, mientras exista --y parece discutible que en un horizonte razonable se pueda eliminar--, tiene que tener instrumentos para imponer las leyes, reprimir para el cumplimiento de las leyes en garantía de los derechos y de las libertades. Yo quisiera darle la vuelta a esa reflexión. Quizá es un tema discutible. Hay países de trayectoria democrática donde sigue habiendo dos Ministerios y hay países con la misma trayectoria en los que están unidos en un único Departamento ambas funciones, la función de garantía de la justicia y la función de interior, lo que se viene tradicionalmente llamando

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de interior. Quizá en España, los de nuestra edad, tengamos metida en la cabeza la idea del Ministerio del Interior como el antiguo Ministerio de la Gobernación, Ministerio represor. Hagamos el esfuerzo de pensar que la fusión del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior en el Ministerio de Justicia e Interior significa un reforzamiento a la garantía de los derechos y de las libertades. Estoy seguro de que en ese reto nos vamos a encontrar, vamos a estar juntos. Por eso, ahí está la decisión del Gobierno, ahí está ese Ministerio. Creo que, aunque no esté expresamente recogido en su enmienda, sí lo está en su comentario; en eso podríamos estar juntos muchos de los miembros de lo que llamaríamos el sector progresista de esta Cámara.
En relación con los demás grupos parlamentarios, al representante del Partido Nacionalista Vasco quiero decirle que respecto a la enmienda 331, sobre el centro penitenciario de Martutene, en este momento vamos a votar en contra, pero le prometo que, cara al Pleno, probablemente vamos a hacer un esfuerzo, porque la intervención que ha hecho ha sido de suficiente calado como para entender que no estamos ante la necesidad de una puesta al día más de muchos edificios en todo el Estado, en todo el país: hay problemas que probablemente requieren una atención que debe priorizarse en el próximo ejercicio presupuestario.
En cuanto a la enmienda 390, sobre introducir indicador del objetivo de la formación también en cursos de otros idiomas, se la vamos a aceptar.
El resto de las enmiendas, lamento decirle que no se las podemos aceptar.
En relación con las tres enmiendas de Coalición Canaria, una de ellas sobre un incremento muy sustancial de los sueldos de los secretarios judiciales --un poco incomprensible para este Diputado--, no podemos aceptarla. Nos parece que están en estos momentos ajustados con el contexto general de las retribuciones de todos los funcionarios públicos.
Sin embargo, sí le ofrezco una enmienda transaccional a la enmienda de su Grupo, que pretende un incremento de 150 millones para dotaciones de la Policía Nacional en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, reduciendo este incremento de 150 millones a la provincia de Las Palmas, porque nos parece que está más necesitada en este momento. Ha habido debates, preguntas e interpelaciones, en los últimos meses, en esta Cámara sobre esa cuestión y nos parece de más necesidad en esa provincia.
En relación con las enmiendas del Grupo Mixto, el representante de Unión Valenciana nos ha hecho --perdone la expresión absolutamente coloquial-- una retahíla de todos los órganos judiciales, de todas las comisarías de Policía, de todos los centros de la Guardia Civil, de todos los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana, y ustedes pretenden que haya un tratamiento singular previsto claramente en el presupuesto para todos y cada uno de ellos. Evidentemente, no puede ser. España es algo más completo que la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, hay partidos que por ser estatales tienen una visión más global, incluso algunos que sin ser estatales --debo decirlo-- tienen una visión más global de los problemas de toda España que los puramente segmentarios de entender que se doten todos y cada uno. En todo caso, quiero decirle que su enmienda 133, que pretende incrementar en 50 millones de pesetas las dotaciones ya existentes para el edificio de la Dirección General de la Policía en Valencia, sí se la vamos a aceptar porque, efectivamente, en el propio Ministerio había ya dudas sobre si incluir en este presupuesto ese plus de dotación por la necesidad de reforzarla. El resto de las enmiendas se las vamos a rechazar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, para un segundo y brevísimo turno, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor De la Rocha, usted ha hecho una argumentación en la que ha pretendido enjuiciar peyorativamente algunas de nuestras enmiendas. Lo ha pretendido hacer como suelen hacer ustedes siempre, en una especie de afirmación de la contundencia y objetividad del presupuesto, frente a manifestaciones voluntaristas que pudieran estar recogidas en las enmiendas.
Ustedes pueden decir lo que quieran, pero en el presupuesto del ejercicio anterior se equivocaron --usted ha hecho una referencia especial a la transferencia a los Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores, por ejemplo--, porque ustedes hacen mal las cuentas. El año pasado, nosotros dijimos: Hay que dotar más estas partidas porque los compromisos que ustedes --ustedes, que son el Gobierno-- tienen adquiridos no los van a poder atender con esa previsión presupuestaria. Naturalmente, tuvo que haber suplemento de crédito, en la misma cuantía en que el Grupo Popular había pedido que se modificaran esas partidas. Como este año vuelve a ocurrir lo mismo, hay que aplicar la misma receta y, si ustedes insisten, incurren en la misma equivocación. Porque ustedes pretenden en este ejercicio, con el dinero que les fue insuficiente en el ejercicio anterior, pagar unos servicios que no se pueden atender con esa previsión presupuestaria. Aquí no hay ningún tipo de voluntarismo, ni estamos pensando en la ley de asistencia jurídica gratuita. Estamos pensando en los compromisos que ya tiene el Gobierno adquiridos en este momento y que no nos hemos inventado. Nosotros nos hemos atenido a esos compromisos, hemos examinado cuáles son los volúmenes de turno que han tenido en el ejercicio anterior, de abogados y procuradores, les hemos aplicado la media que ustedes aplican en este momento, no antes ni después, a esos turnos y, naturalmente, los números que nos salen no son los que les salen a ustedes. Es que a ustedes nunca les salen los números. Parece que están hablando ustedes de presupuestos ejecutados después con minuciosidad. Nunca les salen los números, de manera que no hable usted de objetividades ni de otras cosas.
Nosotros no argumentamos la minoración de la partida de gastos reservados en atención a juicios de intención. Nosotros entendemos que esa cuantía es exagerada en proporción a lo que es el presupuesto de este Ministerio.
Lo que decimos es que, si para paliar la problemática judicial, ustedes destinan 1.400 millones de pesetas --vamos a dejar los gastos reservados-- y para la pompa y circunstancia

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del señor Ministro de Justicia e Interior destinan 300 millones, a nosotros nos parece que eso no guarda ninguna proporción ni objetividad.
Desde luego, no es que no tenga nada que ver con un presupuesto destinado al ajuste del gasto público y a un intento de huida del déficit público.
No. Se trata, evidentemente, de una especie de presupuesto --por lo menos en esas partidas y en otras que nosotros enmendamos-- que parece que, en vez de ser Justicia e Interior, es de propaganda, pompa y circunstancia de su titular. Y como eso ni ustedes lo justifican ahora ni lo pueden justificar, naturalmente, nosotros lo enmendamos.
Usted ha hablado de los juzgados de lo contencioso-administrativos. La competencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo, en este momento, salvo que se modifique, está establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece para esos órganos una competencia residual de la que no venga atribuida --es un cajón de sastre-- a los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Claro que se podrá perfeccionar y tecnificar, pero no diga usted que estamos hablando... Estamos hablando de órganos que existen, porque están en la Ley Orgánica, que tienen una competencia atribuida y que podrían ser ya puestos en funcionamiento. Pero es que los propios miembros del Gobierno han dicho que en 1995 eso se iba a poner en marcha y, entonces, aquí estamos «ad kalendas graecas». Naturalmente, es un presupuesto que crece fundamentalmente en gastos corrientes. Sobre lo que usted habla de inversión, no es más que los presupuestos plurianuales que se han previsto en ejercicios anteriores que se cumplen en éste para mejorar la organización judicial y para mejorar, sobre todo, eso que antes decía yo, que es la carencia reiterada de ejercicios anteriores, que es celeridad y eficacia en la Administración judicial. Hay muy poco esfuerzo presupuestario, y eso es, en definitiva, lo que nosotros queremos enmendar.


El señor PRESIDENTE: El señor Baón, por el Grupo Popular, también tiene la palabra.


El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, muy brevemente.
Ha dicho el señor De la Rocha que éstos eran los Presupuestos del rigor.
Todo lo contrario. En definitiva, le voy a exponer unas razones para que comprenda por qué no son de rigor.
En efecto, el Presupuesto --y no lo base S. S. en un mérito-- sube un 6,1 por ciento respecto del año anterior, pero respecto del año anterior de la suma algebraica de los dos Ministerios. Una fusión, aunque sólo sea por aplicación de escala, que supone que es más cara uniendo servicios comunes --que habría que haberlo suprimido-- técnicamente es un mal Presupuesto. Usted dice que nosotros, con nuestras enmiendas --luego lo ha corregido--, reajustamos incluso el capítulo I. En efecto, nosotros lo abordamos para desmantelar ese Programa 122.A, que supone Ministerio, Subsecretaría y servicios generales, porque entendemos que es la creación de una superestructura --lo decía en mi intervención anterior-- macrocefálica al servicio propio del Ministro, desprotegiendo, raquitizando los servicios que corresponden a los programas de seguridad ciudadana, de lucha contra la droga y de seguridad vial.
Nosotros creemos que eso es innecesario y que no puede ser una plataforma para una actuación o para distanciarse un Ministro de los problemas cotidianos del día a día. Por supuesto que usted ha hecho un esfuerzo y se ha estudiado nuestras enmiendas y, en efecto, habrá visto que lo que hacemos es reducir gastos consultivos del capitulo II y pasarlos, como gastos superfluos que son, gastos de inversión. Me reconocerá usted --porque lo habrá leído en los periódicos-- que los vehículos con los que patrullan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están viejos; incluso que no tienen combustible --también lo habrá oído-- que no tienen medios para perseguir a los narcotraficantes en lanchas, etcétera. Claro que esa baja que hay en gastos superfluos la dirigimos a gastos de inversión, suprimiendo, por supuesto, esas inversiones a mobiliario en los servicios centrales, que entendemos innecesarios, y que parece ser que aumentan año a año, sobre todo, después de las mudanzas y las reorganizaciones ministeriales que ha habido.
Nosotros no pretendemos que el Ministerio deje de pagar una pensión que está reconocida por sentencia firme, como nos ha recordado el señor De la Rocha. Lo que sí decimos es que hay un Ministerio, un departamento en la Administración adecuado para pagar esas pensiones; que no le corresponde al Ministerio, por mucho que lo diga una sentencia firme, porque, en cualquier caso, no va a haber una baja para el perceptor, para el beneficiario de esa pensión si se traslada adecuadamente. Por eso decimos que técnicamente es malo el presupuesto.
Por lo que respecta a la deuda de Telefónica, mi Grupo nunca ha sostenido que, si es necesario, venga por la vía de crédito extraordinario. Lo que no podemos hacer es estar asumiendo deudas históricas en Telefónica, poniendo unas partidas que son desmesuradas, desproporcionadas y que no se corresponden con la atención cotidiana de los servicios, como son los 10.000 millones de pesetas que se pagan a Telefónica. Traigan un crédito extraordinario por importe de 8.000 ó 10.000 millones de pesetas y, por lo demás, atiéndanse los gastos ordinarios previstos de años anteriores para esas partidas, pero no traten de camuflarlo, porque técnicamente también denuncia que estaba mal hecho el presupuesto.
Como ve, estoy partiendo de la premisa de que éstos no son presupuestos de rigor, como no es de rigor tampoco que, siendo un órgano recaudatorio la Jefatura Superior de Tráfico, no pueda impedir la muerte de 600 españoles cada año, precisamente por la presencia de 700 puntos negros, cuando es un organismo que genera por la vía de tasas o de multas hasta 60.000 millones de pesetas. Reinvierta ese organismo en sus propias atenciones, en la Función Publica de dar seguridad vial a los españoles, y podremos con eso reducir esa tasa de siniestralidad y de mortalidad que ocasiona hoy el tráfico en España. Eso es en términos generales.
Con todos estos datos quiero decir que puede buscar cualquier otra calificación, cualquier otro diagnóstico, pero no me diga que éstos son unos presupuestos de rigor,

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cuando ha sido la suma, la agregación de los dos Ministerios anteriores, sin una racionalización adecuada del gasto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, porque intervendrá Antonio Romero en la parte de Interior y los criterios generales que ha expuesto.
Voy a mantener las enmiendas para su votación, puesto que la argumentación --la verdad es que razonada y agradable en esta discusión-- es la misma que la del año pasado. Lo malo es que muchas veces, después de una explicación, a uno le queda el sabor de que no se concreta la proyección. El año pasado, cuando hacíamos nosotros la propuesta de un programa para el jurado, se nos decía por parte del portavoz del Grupo mayoritario que se iba a acometer al final, que primero se iba a hacer la ley. Hemos esperado más tiempo. Este año tiene una previsión inicial, y fíjese si nosotros somos rigurosos con aquello que decíamos que no hemos vuelto a plantear la enmienda este año. Hemos dicho: por lo menos, que esto que dice que van a hacer para el final, lo haga, cuando se está demorando y mucho nos tememos que al año que viene en la discusión presupuestaria pediremos un programa nuevo, porque la evolución puede no ser la que nosotros desearíamos.
En cuanto al tema de recursos humanos y materiales, hay buena voluntad, porque hay que reconocer que hay dos grandes actuaciones que este año se incrementan sobre el año pasado. Lo que nosotros veníamos a denominar turno de oficio y justicia gratuita ve incrementada su previsión presupuestaria sobre el año pasado, y también lo que es el desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta con algunas actuaciones en juzgados.
Nosotros hemos planteado el desarrollo de una actuación determinada, que es la que está supercongestionada, el contencioso-administrativo, que está sin desarrollar. Por eso habíamos hecho una propuesta indicativa de un número de juzgados. Me hubiese gustado decir: vamos a aplazar, vamos a dar prioridad, no abordemos todos, veamos qué se puede hacer con más prioridad, pero usted ha preferido decir que falta el desarrollo de la ley que diga qué función va a tener, qué competencias o qué composición.
Nosotros hemos hecho indicativamente una plantilla básica de ese juzgado, podría no ser ésta sino otra, pero esto estaría dentro de la justificación, de la teoría de los números. Sin embargo, en los números es donde no hemos llegado al acercamiento.
Termino, señor Presidente. Hemos hecho simbólicamente propuestas sobre la renovación de juzgados y los centros penitenciarios. Es verdad que en algunos casos hemos incrementado las previsiones plurianuales, pero es que muchos de estos dineros son para conservación o para rehabilitación, y los elementos que se deterioran cuesta más rehabilitarlos después.
Me tendrá que reconocer --no me ha respondido al tema de la sustitución de plazas, puestos o centros-- que en un principio había un proyecto de no seguir conservando los centros penitenciarios que teníamos y hacer frente a una adaptación, que no se ha abordado, no se ha puesto en marcha, porque ha habido resistencia civil a las macrocárceles, porque no ha habido una actuación en desarrollo, porque quizá los recursos en principio se valoraron con demasiada buena voluntad. Lo cierto y verdad es que ni lo uno ni lo otro. En todo caso, tenga usted la seguridad, señor portavoz, de que la posición de Izquierda Unida es vísteme despacio, que tengo prisa, es decir, no por mucho madrugar, amanece más temprano, pero que alguna vez salga el sol.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: De manera muy breve voy a explicar en muy poco espacio de tiempo, al compañero De la Rocha lo que planteaba sobre la fusión de Interior y de Justicia. El señor De la Rocha ha dicho que existía un peso histórico, una concepción de los Ministerios de Interior o de Gobernación como Ministerios de represión y que el Ministerio de Justicia era un Ministerio de garantía jurídica de los derechos. Cuando nosotros nos oponemos a la fusión del Ministerio de Interior y Justicia no se trata de eso. No se trata de esa tradición, de ese peso histórico o de esa mentalidad a la hora de abordar la fusión de ambos ministerios en uno solo. Qué duda cabe que ése es un elemento que tiene su peso, tiene razón el compañero De la Rocha cuando lo expone, pero hay otro más material y más concreto.
La gente de la calle cree que los ministros tienen la cabeza grande o gorda, pero no que tienen dos cabezas. Un ministro no puede ser bicéfalo, pero un ministerio, sí. Y aquí tenemos un ministerio bicéfalo y un ministro con una sola cabeza. Aquí lo que se plantea es que haya un Ministro del Interior que se dedique a trabajar en Interior, a organizar bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pensar las 24 horas del día en la responsabilidad política y en la tarea de su Ministerio, en desarrollar ese Ministerio del Interior que debe ser un Ministerio que garantice la seguridad en el respeto más escrupuloso de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos civiles, a luchar contra la criminalidad organizada, contra las mafias, contra el terrorismo, etcétera. Y a partir de ahí que el Ministerio de Justicia juegue su papel, que en un Estado de derecho está limitado porque la independencia del Poder Judicial en relación con el Ejecutivo y el Legislativo, son las señas de identidad básicas del Estado de derecho, pero que es fundamental en la prestación de servicios, en la dotación de infraestructuras y en la coordinación de todos los bienes materiales que se ponen a disposición del Poder Judicial y de la Administración de justicia de España. Al mismo tiempo hay una gran labor en lo que significan las instituciones penitenciarias y los 45.000 presos que en este momento tienen las cárceles españolas, la mayoría de ellos, casi el 80 por ciento, por delitos de droga, por delitos de robo o por atentados contra la propiedad y los bienes, que proceden de zonas del paro, de la marginación de nuestras ciudades y pueblos.


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Este era un poco el enfoque que quería hacer. Para no extenderme, quiero decirle que hay ejemplos en países democráticos, como señala el portavoz De la Rocha, que unen los Ministerios de Interior y de Justicia, pero en España no existe esa tradición. En la época moderna y democrática ha habido esa separación de los Ministerios. Los juristas que se han reunido reclaman que no es buena esa unión de ambos Ministerios y ahora este presupuesto consolida la unidad de estos dos Ministerios que nosotros políticamente no la vemos acertada para nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA: Brevemente para decir que esperamos, como ha indicado el Grupo Parlamentario Socialista, que den cumplida satisfacción al planteamiento que inicialmente he expuesto de que nos puedan aceptar las obras de inversión absolutamente necesarias en el centro penitenciario de Martutene en San Sebastián. El importe de 12 millones de pesetas, que nosotros lo tenemos valorado muy ajustadamente, es también muy necesario en la prisión de Nanclares de la Oca.
Quiero indicarle también que en cuanto a la formación del personal al servicio de la Administración penitenciaria y de los propios internos y a la prevención respecto a enfermedades contagiosas, que en este momento tenemos en la cárceles españolas, como el sida, no me ha contestado nada.
Yo creo que es un programa interesante poder disponer de estos mecanismos auxiliares de los que ya dispone de manera precaria la Administración penitenciaria española a través de entidades de un conocido prestigio y acreditación en el País Vasco, como es la coordinadora Antisida de Alava.
Quiero manifestarle también que no nos ha contestado a las enmiendas de nuestro Grupo sobre los cursos sobre lenguas oficiales distintas del castellano. Curiosamente nos aceptan, dentro de los indicativos que complementan las actividades a realizar por el Ministerio en materia de formación, la formación en lenguas oficiales distintas del castellano, pero sin contrapartida presupuestaria. Nos aceptan el objetivo relativo a esa actividad, pero no sucede lo mismo con la creación de una partida presupuestaria al respecto. Por tanto, creemos que queda vacío de contenido. Se acepta el planteamiento, pero no la puesta en marcha de un programa al respecto, puesto que no se prevé consignación presupuestaria.


El señor PRESIDENTE: El señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Mantenemos la defensa de nuestras dos enmiendas e inicialmente aceptamos la transaccional que nos ofrecen. En cualquier caso, sugeriría que siguieran reflexionando por qué en una isla, sí y en otra, no. No encontramos una justificación suficiente. De cualquier forma, más vale avanzar en una solución parcial en espera de que haya tiempo para reflexionar sobre una solución total.
Por tanto, aceptamos la transaccional y mantenemos la defensa de las otras dos enmiendas.


El señor PRESIDENTE: El señor Chiquillo Barber tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Una intervención breve para comentar única y exclusivamente que el argumento de que presentamos enmiendas sólo referentes a la Comunidad Valenciana no es cierto, ya que cuando estábamos debatiendo el articulado y cada uno de sus títulos se presentaban enmiendas del interés general, entendiendo por tal la colectividad de los ciudadanos del estado español, así lo hemos hecho.
Es lógico que defendamos en estas secciones intereses por los que estamos aquí actuando. Por eso, desde la óptica de un Partido Nacionalista es bastante lógico y coherente que presentemos enmiendas de respeto a la comunidad autónoma de origen. En particular hemos presentado 36 enmiendas, de las cuales 22 se refieren a órganos judiciales, como usted muy bien ha citado. Yo no las he presentado para que me admita las 22.
Con que me aceptara alguna ya me conformaría.
Usted conoce esta situación igual que yo. A lo mejor yo la conozco algo más. Por ser de esa Comunidad y ser abogado en ejercicio hasta hace poco, he recorrido muchas de las instalaciones judiciales de la Comunidad Valenciana, en concreto algunas de las que le he nombrado, Denia, Alcira, Villajoyosa, Torrevieja, que están en un estado casi ruinoso, y algunas de las que también he nombrado, como Benidorm, Gandía o Carlet en estado muy lamentable y precario. Por eso le solicitaba que considerara alguna de ellas. Yo no le digo que me admita las 22, pero que tenga un poco de voluntad con alguna.
En cuanto a si defiendo intereses muy localistas, una de nuestras enmiendas, en particular la número 71 que solicita 250 millones --que tampoco son ninguna burrada-- y se refiere a las comisarías en zonas turísticas de la Comunidad Valenciana: Benicasim, Peñíscola, Gandía, Cullera, Benidorm y Jávea. Estos municipios emblemáticos del turismo de la Comunidad Valenciana, que yo sepa son un lugar de acogida en los meses estivales de más de un millón y medio de ciudadanos del Estado español distintos a los de la Comunidad Valenciana. Por tanto, esta enmienda no es única y exclusivamente en defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana, sino para dar bienestar y tranquilidad a muchos ciudadanos del Estado español.
Deseo agradecerle que haya aceptado la enmienda 133, por lo menos le honra el gesto; de 36, una. Pienso que alguna más puede ser asumida por su Grupo. Gracias por la atención.


El señor PRESIDENTE: El señor De la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Voy a intentar cerrar brevemente este turno contestando a cada uno de los intervinientes de los demás grupos parlamentarios, empezando por el señor Padilla a quien tengo que decirle, como primera

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providencia --como se dice en el lenguaje forense-- que mi intervención no ha sido peyorativa, y si lo ha parecido, desde luego la retiro. Ha pretendido ser, por una parte, tranquila, suave y política, lo que ocurre es que si se acusa al proyecto del Gobierno y al Grupo que lo defiende de defender unos presupuestos no rigurosos y yo muestro de manera razonable --y ahora volveré a insistir en ello-- que la falta de rigor está en la contradicción del conjunto global de sus enmiendas, no individualmente consideradas, en muchas de ellas, por lo menos en las que suponen incremento de inversión o determinadas aportaciones del capítulo IV, si uno hace una encuesta a los ciudadanos y pregunta: ¿cree usted que hay que dar más dinero para la droga? Pues sí. ¡Cómo van a decir que no! Globalmente consideradas suponen una flagrante contradicción. Se nos dice que es de Telefónica de donde surge la mayor cantidad de dinero para todos los incrementos que ustedes quieren hacer. Reconozco que pretenden hacer incrementos de inversión y de algunos gastos del capítulo IV y alguno puntual del capítulo II que tienen un sentido social y colectivo bastante importante. Pero sobre unos créditos que ya incrementan en los términos ordinarios, los del ejercicio anterior, y que nosotros creemos que son suficientes aunque siempre mejorables --¡cómo no van a serlo!--, ustedes quieren sacar un dinero, que son 8.000 ó 10.000 millones fundamentalmente de Telefónica y 3.000 millones --que no me ha replicado, quizá por falta de tiempo-- de la Jefatura de Tráfico. Dicen: presenten ustedes un suplemento de crédito. Pero sea ahora, sea a través de un suplemento de crédito, lo que no cabe duda es que son 8.000 millones más de gasto sin una contrapartida de ingresos, y 3.000 millones más de gasto que usted quita a los ingresos. Repito, globalmente hay una falta de rigor absoluta. Tienen ustedes que ponerse de acuerdo. Si dicen que no hay que hacer presupuestos más deficitarios y que éstos habría que recortarlos, hacemos un gran envite --lo digo sin ánimo peyorativo-- que a todos nos puede gustar: más inversión, más gasto, más juzgados, etcétera. ¿De dónde? De más déficit. Pónganse ustedes de acuerdo, aclárenlo y a partir de ahí, hablamos.
Sobre las cuestiones concretas a que se ha referido no tengo ningún empacho en reconocer, señor Padilla, que, efectivamente, el año pasado, en el inicio del debate presupuestario, tenía razón cuando decía que el cálculo de los gastos para el Consejo General del Colegio de Abogados estaba mal hecho, y efectivamente era la cifra que decía. He estudiado y recordado el debate del año pasado en el que usted planteaba, por ejemplo, que había un gasto excesivo en objetores de conciencia frente a las previsiones que tenía el Gobierno para cubrir el incremento que se iba a producir de objetores de conciencia y que se ha producido incluso por encima de lo previsto por el Gobierno. Esto no es una cuenta perfecta, sino una cuenta de razonabilidad de los criterios. En ese sentido, los criterios que están planteando globalmente tienen ese gran error.
Ha dicho en un determinado momento que los gastos reservados no, pero que hay 300 millones para pompas del Ministro del Interior. No creo yo...
El señor PRESIDENTE: Sea usted congruente también, señor De la Rocha, que prometió brevedad.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Efectivamente, señor Presidente, voy a ser breve.
Para terminar la idea en la que estaba, no creo que el actual Ministro del Interior sea un hombre de muchas pompas.
Sobre los juzgados de lo contencioso-administrativo, me dirijo a usted y al portavoz de Izquierda Unida que en este momento no está.
Efectivamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que existan órganos unipersonales de lo contencioso-administrativo, pero no atribuye qué competencias y qué asuntos tienen que ver. Hay una necesidad de que sea la ley de la jurisdicción. Usted sabe como yo que esa ley va a estar probablemente a primeros de año en esta Cámara, y que será en nuestra sede en la que pondremos el calendario. Para el año 1996, no le quepa duda que habrá juzgados de lo contencioso-administrativo.
Por acelerar y refiriéndome a las argumentaciones del señor Ríos y del señor Romero, el señor Ríos ha dicho un latiguillo que me parece muy útil. Dice: Vísteme despacio que tengo prisa. Desde luego, en el ámbito de la justicia nunca algo ha estado mejor dicho. El año pasado ustedes tenían prisa en vestir al jurado. Nosotros dijimos: para que el jurado vaya deprisa, vamos a vestirlo a su ritmo. Ya está el jurado. Si ahora va despacio es culpa de esta Cámara. No echemos la culpa al Gobierno, lleva dos o tres meses en la Cámara. Se está discutiendo en la Cámara y su Grupo, como el mío y como los demás somos los que podemos acelerarlo. El grupo Socialista no es mayoritario para eso. Lo mismo para los jueces de lo contencioso y para otras facetas a las que se ha referido, como la justicia gratuita. Dejemos que se aprueben las leyes con la tranquilidad necesaria.
En cuanto al resto de las intervenciones, tengo que hacer un levísimo apunte a la reflexión del señor Romero sobre la fusión del Ministerio de Justicia e Interior y sobre la bicefalia y unicefalia del señor Ministro.
Yo creo que el sentido de sus palabras es: necesitamos un ministro que se ocupe de interior para potenciar aún más que el Ministerio del Interior sea fundamentalmente garante de las libertades y derechos humanos. Creo que el Ministro de Justicia e Interior está sin duda alguna potenciando esa faceta y ocupándose del área de interior. Si no está en la tradición española, hay muchas cosas que no han estado en la tradición española y que, sin embargo, luego se han tenido que ir cambiando. Entre otras cosas porque el Ministerio de Gracia y Justicia, que es uno de los primitivísimos de la historia de las secretarías del Estado de España, hacía todo en la justicia y hoy es un ministerio que está perdiendo competencias porque hoy existe, y no forma parte de nuestra tradición política ni jurídica, una cosa muy importante que se llama el Consejo General del Poder Judicial.
Respecto a los demás Grupos, mantenemos la oposición a las enmiendas que he dicho antes y la aceptación que ya en la anterior intervención expuse.


El señor PRESIDENTE: Con su intervención, señor De la Rocha, finalizan las correspondientes a la sección 13, Ministerio de Justicia e Interior.


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Es propósito de la Mesa someter a votación todos los títulos, las secciones y las disposiciones pendientes lo más cerca posible a las nueve de la noche, entre otras cosas porque algunos diputados que, como el conjunto de la Comisión, sufren los rigores del ritmo a que estamos sometiendo el debate, me han planteado que por necesidades de su programa desearían que se votara a las nueve.
Es propósito también que en estas votaciones pudiera entrar esta sección 14, Ministerio de Defensa. Yo rogaría a SS. SS. que dispongan del tiempo necesario para exponer sus posiciones, pero a la mayor brevedad posible.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cortés Muñoz tiene la palabra.


El señor CORTES MUÑOZ: Señorías, atendiendo a la petición del Presidente, vamos a defender de forma conjunta todas nuestras enmiendas a la Sección 14, desde la 1.156 a la 1.167, ambas inclusive.
Nuestra defensa gira fundamentalmente en torno a tres objetivos políticos básicos. En primer lugar, el del incremento de la retribución a la tropa de reemplazo. En segundo lugar, a la reducción del gasto burocrático que origina el órgano central de la defensa. En tercer lugar, a la racionalización en las adquisiciones de material en el Ejército de Tierra.
En el primer objetivo, que se refiere al incremento de retribución a las tropas de reemplazo, hemos de decir claramente, una vez más, que consideramos dicha obligación, mientras no cambie la situación o el ordenamiento actual de nuestro ejército, de cualquier joven español el acudir a prestar el servicio militar con las excepciones que, naturalmente, recoge la ley, entre las que se encuentra, como es lógico, la objeción de conciencia. Dicho esto, no es menos cierto que precisamente esos jóvenes tienen que acudir a prestar este servicio a la nación española en una edad en la que se encuentran en plena fase de preparación para el resto de su vida, ya sea estudiando en la universidad, ya sea aprendiendo un oficio o un trabajo.
Parece ilógico y es, objetivamente hablando, injusto que estos chicos tengan, además, la obligación de atender a sus gastos personales, todos ellos motivados precisamente por su participación activa en el servicio militar, con su dinero, con esfuerzo de su propio patrimonio.
La idea del Partido Popular, y la venimos manifestando ya hace muchos meses, es llegar a un punto en el cual durante el tiempo que están prestando el servicio militar estos jóvenes tengan un haber en mano, una remuneración que alcance las 30.000 pesetas mensuales, que nos parece cifra adecuada para atender a estos gastos que les produce específicamente esa prestación.
Para llegar a ello hemos calculado un tiempo de tres años y cuantificado en 25.000 millones de pesetas. Es por eso, precisamente, por lo cual en los presupuestos para el año 1995, en la enmienda 1.164, nosotros pretendemos un aumento en 7.950 millones de pesetas que va destinado al incremento de la retribución de la tropa de reemplazo y que en tres años nos llevaría al objetivo que nosotros nos hemos marcado.
El segundo objetivo al que antes he hecho referencia es el de la reducción de los gastos burocráticos del órgano central de la Defensa y que se han visto en los últimos meses, en los últimos años incrementados de forma exagerada de forma exorbitada y, sobre todo, de forma escasamente defendible con argumentos sólidos. Cuando hablamos de reducir, de apretarnos el cinturón, hay que acudir a jerarquizar las necesidades, y es exactamente lo que nosotros pretendemos a través de nuestra enmienda 1.157, en la cual llegamos a una disminución, a un ahorro exactamente de 5.100 millones de pesetas, que se compone de distintas partidas variopintas de este órgano central de la defensa, tales como arrendamientos, suministros, y en el que no falta, naturalmente, una partida a la que se ha hecho referencia en otra Sección anterior, que es la de pompas --y yo añadiría: pompas y circunstancia-- y que nosotros rebajamos, en el caso del Ministerio de Defensa, en 200 millones de pesetas.
Al final, el total que nosotros proponemos reducir en este órgano corresponde a un 3 por ciento de lo presupuestado para el órgano central para 1995.
El tercer objetivo es el de la racionalización. Naturalmente en todo, pero en este caso concreto en la adquisición de bienes materiales en el Ejército de Tierra. Lo hacemos a través de la enmienda número 1.166, en la cual proponemos una reducción de 4.000 millones de pesetas que, naturalmente, después serán aplicados a otros fines, a nuestro juicio más racionales y más efectivos para nuestro Ejército de Tierra.
Ocurre aquí que el Ejército de Tierra español en estos momentos está jugando con una baraja de tres carros de combate diferentes y de tres nacionalidades distintas. Por un lado, estamos con el M-60 americano, y aquí se le ha presupuestado una cantidad importante de dinero para intentar arreglarlo para que pueda seguir funcionando. Es un carro de combate que tiene muchos, muchísimos años, que todos conocemos, y que está prácticamente en desuso. Además de ése tenemos el AMX-30, de nacionalidad francesa, y ahora vamos a recibir en cesión por parte de Alemania un total de 100 carros de combate Leopard 2. Hay un aspecto que conviene también tener en cuenta y no olvidar: que no sólo vamos a recibir 100 carros Leopard 2, sino que además podemos llegar a tener el compromiso cercano en el tiempo de que este carro pueda fabricarse a partir de poco tiempo en España, lo cual redundaría naturalmente en beneficio de la industria armamentística española.
Parece exagerado tener un número tan excesivo de carros. El Ejército de Tierra español no necesita tantos y, en segundo lugar, parece desacertado tener tres tipos de carros distintos. Entendemos que debemos centrarnos en uno solo, y parece que el presente y el futuro debe pasar por el Leopard 2.
Por otra parte, nosotros al liberar 4.000 millones de pesetas en esta partida pensamos que ese dinero puede aplicarse precisamente para que se fabrique en España un nuevo vehículo de combate de infantería que, además, sustituiría al famoso Toast con el que muchos de nosotros, los que ya tenemos algunos años, hicimos el servicio militar,

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lo que indica la vetustez de tal vehículo. Por lo tanto, estos 4.000 millones de pesetas servirían para sustituir a los Toast y, sobre todo, y fundamentalmente, para que también la industria española se viera mejorada en este aspecto, en este sentido.
Nada más, señor Presidente, simplemente entendemos que el buen sentido de nuestras enmiendas coincidirá con el de los Diputados de los demás Grupos parlamentarios representados en esta Cámara y que, naturalmente, verán con buenos ojos, y de forma favorable, nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: El señor Romero tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: De manera muy breve, quiero exponer la enmienda a la sección y explicar que se trata de 19 enmiendas concretas de supresiones de gasto, teniendo en cuenta los siguientes criterios de nuestro Grupo parlamentario.
Desde 1989 hemos visto estancarse, e incluso disminuir, las cantidades destinadas para los presupuestos del Estado en el Ministerio de Defensa.
En 1994 se quebró esta tendencia y en 1995 el total del gasto militar, que siempre hemos elaborado siguiendo los criterios presupuestarios de la OTAN, ascenderá a casi un billón y medio de pesetas. La austeridad que se pretende imponer en los presupuestos generales para 1995 no ha alcanzado al Ministerio de Defensa. La cantidad asignada a este Ministerio aumenta un 7,57 por ciento respecto a 1994, lo que equivale al doble, aproximadamente, de lo que se prevé de inflación para el año próximo.
La distribución económica de los presupuestos en el Ministerio y en sus organismos autónomos nos permite observar un ejército que, desde Izquierda Unida, hemos dicho siempre que está sobredimensionado, ya que casi la mitad es absorbido por gastos de personal; en total, casi tres cuartas partes del presupuesto van a parar a sueldos y salarios de los militares y funcionarios civiles, así como a gastos corrientes.
En el capítulo de inversiones reales, mientras la inversión civil disminuye en un 1,38 por ciento, la inversión militar aumenta un 6,44 por ciento, incrementando su participación en el total de inversión del Estado en dos puntos, llegando al 24 por ciento.
Los principales proyectos de inversión corresponden a la modernización de las Fuerzas Armadas, como son los aviones AV-8B PLUS, en su fase de producción, 17.308 millones; modificación y adquisición de aviones F-1, más de 10.000 millones; construcción de cazaminas, ocho unidades, 7.000 millones; construcción del buque mixto P/A, 7.397 millones. Esta distribución poco racional del presupuesto no se soluciona incrementando más el dinero que se destina a la defensa, ya que un 2,15 por ciento del gasto militar respecto al producto interior bruto, y casi un 5 por ciento respecto a los presupuestos generales totales, es un porcentaje elevado, dada la situación económica del país y las necesidades defensivas del momento.
A investigación y desarrollo militar se destinan 48.465 millones de pesetas, aunque su aumento es menor que el I + D civil, y ocupa la nada despreciable proporción del 23,5 por ciento del total del I + D financiado por el Estado, sabiendo además que el gran bocado lo da el proyecto de avión de combate EFA, con 20.000 millones de pesetas, un proyecto cuya viabilidad se ha puesto a menudo en duda y en el que España lleva gastados aproximadamente 100.000 millones de pesetas, sólo en su etapa de desarrollo. Otros programas importantes de I + D militar son: comunicaciones y guerra electrónica, 1.680 millones de pesetas, sistemas y mandos de control, 1.542 millones de pesetas.
Se plantea, por tanto, un modelo de ejército del que cada cuatro pesetas que recibe dos se destinan a pagar su salario, una a pagar los gastos corrientes y una al mantenimiento y modernización, y un ejército con esa distribución interna del gasto es un ejército escasamente dotado, pero no porque la cantidad destinada sea pequeña (hay que tener en cuenta que son 248.000 millones los que se destinan al capítulo de modernización y dotación), sino porque hay una sobredimensión que impide una asignación y un aprovechamiento más eficaz de los recursos, y de prolongarse esta situación, se va a agudizar el modelo de ejército basado en gastos de sueldos y gastos corrientes, y una falta de eficacia en la asignación interna de recursos para hacerlo más operativo.
Esta es la filosofía general que nos lleva a la enmienda a la totalidad de la sección, a defender nuestro modelo alternativo de ejército pequeño y defensivo y a plantear una serie de supresiones, con objeto de testimoniar cómo nosotros consideramos que se debería hacer un presupuesto más adecuado a las necesidades del país y de las Fuerzas Armadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: En primer lugar, voy a defender las dos enmiendas que nosotros tenemos presentadas a esta Sección. La enmienda número 418 consiste en un reajuste interno de cantidades entre distintas partidas motivado por la adecuación de las gratificaciones a los militares de reemplazo, una vez se ha podido hacer el cálculo exacto por cada uno de los ejércitos, mientras que la enmienda número 419 significa un cambio de 700 millones de pesetas de un proyecto de inversión de mantenimiento de aviones debido a que hay una opción de no mantener determinados tipos de aviones y pasarlos a un proyecto de inversión de adquisición de nuevos aviones y así dotarlo mejor.
Respecto a las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular, en la que se refiere a la totalidad de la Sección 14, uno de los motivos que argumenta es la inadecuada distribución de los créditos. Sin embargo, cuando sumamos la movilidad de cantidades, observamos que solamente proponen mover 12.000 millones de pesetas, es decir, sólo un 1,4 por ciento del presupuesto de Defensa. Esto indica que no hay inadecuada distribución de los créditos. Como sabemos que estas enmiendas son pocas, no

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por falta de trabajo o de desidia, ello nos lleva a la conclusión --conclusión satisfactoria-- de que por parte del Grupo Popular no existe un modelo alternativo de Fuerzas Armadas. Digo con satisfacción porque no sería bueno para el país que los dos principales partidos tuviesen modelos alternativos y que la alternancia en el poder pudiese llevar a ir cambiando año tras año este modelo.
Las enmiendas concretas que han sido presentadas por el Grupo Popular, como muy bien ha señalado el señor Cortés, inciden básicamente en el tema de incremento de retribución de los militares de reemplazo en los casos del órgano central de Defensa y en la racionalización de adquisiciones.
Para ello proponen una serie de bajas en el órgano central. Aquí, como otras veces, y es un debate que hemos tenido, existe una confusión al pensar que el órgano central es únicamente el edificio del Ministerio. El órgano central es, además del Ministerio en el sentido más estricto, el Estado Mayor de la Defensa, las delegaciones territoriales, el CESID; una serie de organismos que son operativos. Pero, además, en las enmiendas que nos presentan no sólo inciden en el órgano central de Defensa, sino también en los ejércitos y en otros temas. Solamente por citar algunos ejemplos, con la misma rapidez que el señor Cortés ha tenido, algunas de las propuestas que hacen de distribución de gasto corresponden a partidas que ya han disminuido o se mantienen estables respecto al año anterior.
Otra partida de gastos ordinarios en la que proponen una disminución corresponde a la implantación de las delegaciones de defensa en todas las provincias españolas, lo que se está llevando a cabo. Por otra parte, proponen la disminución en gastos de reposición de material de transporte del órgano central. Precisamente estas cantidades están destinadas a aumentar su seguridad, a blindar una serie de vehículos. Por lo tanto, no consideramos que pretenda el Grupo Popular precisamente esto. También propone, por ejemplo, la disminución del programa 126 F, de publicaciones. No tienen en cuenta que bajo este programa no entran únicamente las publicaciones en el sentido estricto, sino, por ejemplo, entran también 200 millones que van a ser destinados precisamente a captar más jóvenes para la profesionalización del ejército, objetivo que compartimos y que, de hacer caso de su enmienda, rebajando 200 millones en esta partida, precisamente lo que estaríamos haciendo es disminuir la capacidad de incentivar a los jóvenes para que se enrolen en el ejército profesional.
Proponen también, por ejemplo, la disiminución en algunas partidas que se dedican a centros de investigación, y aunque están asignados contablemente al órgano central, corresponden a centros de investigación de cada uno de los ejércitos.
Otro ejemplo es que en una de las partidas en la que proponen una baja más importante es en la de los incentivos al rendimiento. Precisamente en esta partida, donde hay más de 5.000 millones de pesetas, sólo el 24 por ciento corresponde al órgano central, 1.265 millones; 3.989 millones, un 76 por ciento, corresponden a incentivos al rendimiento de cada uno de los ejércitos. Por tanto, hacer la reducción que ellos pretenden de unos 2.000 millones de pesetas no incidiría en el órgano central, sino que básicamente incidiría en las gratificaciones a los miembros de los tres Ejércitos.
Con estas enmiendas consiguen rebajar 7.950 millones, pero si se rebajase esa cantidad tendría consecuencias negativas para el propio funcionamiento y operatividad de nuestros Ejércitos. Destinan estos 7.950 millones a mejorar las retribuciones y gratificaciones a los militares de reemplazo. En primer lugar, el objetivo que ellos fijan de llegar a 30.000 pesetas por cada soldado supondría un gasto muy superior a los 25.000 millones de pesetas que ellos calculan, supondría casi el doble.
Por otra parte, lo proponen en un plazo entre tres y cinco años, que es precisamente el mismo que se fija el Ministerio con su actuación. La diferencia está en que en este primer año, en vez de distribuirlo homogéneamente a cada uno de los militares de reemplazo, se hace de una forma selectiva, teniendo en cuenta criterios de mayor dificultad, de desplazamientos fuera de la región militar del soldado y, por tanto, nos parece más justa y racional esta distribución.
Finalmente tienen dos enmiendas que se refieren, como muy bien ha dicho, a cambios en los destinos para los carros de combate. Nos dicen que dejemos de modernizar el M-60 y que lo destinemos a vehículo de combate de infantería. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones que hacen imposible aceptar su propuesta. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) En primer lugar, el M-60, modernizado, va a tener vida hasta el año 2010.
Por tanto, no es un carro obsoleto, sino que tiene aún vida si se hacen las reparaciones previstas.
Por otra parte, el Leopard 2, que aún está en negociación y que las cantidades ofrecidas no son de cien Leopard, sino que son de la mitad, va ligado a la negociación para que se pueda construir por Santa Bárbara.
Sin embargo, no sería posible que Santa Bárbara empezara a realizarlo hasta el año 1998. Por tanto, hasta esa fecha no podremos tener en cuenta la incidencia de la modernización y la construcción del Leopard en fábricas españolas.
Además, tampoco podemos reducir los 4.000 millones que ellos proponen en cuanto a la modernización de los M-60, porque esto corresponde ya a un contrato realizado con Santa Bárbara. Por tanto, es imposible de realizarlo. Además, supondría un efecto negativo para esta empresa, que al mismo tiempo tiene que fabricar el vehículo Ascot, el vehículo Pizarro, y, sin embargo, en este momento para el año 1995 aún no está en condiciones de hacer una producción masiva. No obstante, ya existe, también en contrato con Santa Bárbara, para los años 1995 y posteriores, un programa que señala para cada año un número determinado de vehículos y que por tanto... Rumores.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señorías, por favor, un poco de silencio porque no se oye bien por parte de la Mesa, ni por parte de los servicios de la Cámara, ni probablemente por parte del propio interviniente.
Muchas gracias.


El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.


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Por tanto, hacer caso de las tres enmiendas que nos propone el Grupo Popular es imposible por motivos de contratos. Pero, hay más, no sería beneficioso porque no compensaría a Santa Bárbara el ofrecerlo en la forma en que ellos nos proponen.
Por parte de Izquierda Unida, todos sabemos que su modelo es diferente.
Lo hemos discutido muchas veces. Pero resulta que su modelo no es mayoritario. No solamente no es mayoritario en nuestro país, sino que tampoco corresponde al modelo de todos los países de la Unión Europea.
Esto se muestra claramente en la propia justificación de su enmienda a la totalidad, en la que dicen que es misión del ejercito la función de defensa del territorio. Esta es una concepción estrictamente tradicional.
La concepción de modelo de defensa y de modelo de Fuerzas Armadas no se basa en la defensa del territorio nacional, sino en la defensa de intereses nacionales. En su concepción, sería imposible defender estrictamente, por ejemplo, las operaciones de paz, que, por otra parte, él defiende en otro sentido.
Al mismo tiempo nos dicen que tienen que ser unas Fuerzas Armadas suficientemente dotadas, que no tienen que gastar tanto en personal y más en inversión. Sin embargo, todas las enmiendas que nos proponen no reducen el gasto de personal sino que, precisamente, lo que hacen es reducir los gastos de inversión y de material.
Por otra parte, las enmiendas 635 a 650, que nos presentan, resulta que son exactamente la fotocopia de las enmiendas 1.405 a 1.422 que presentaron a los presupuestos de 1994. Esto no parece que sea muy serio por su parte.
En conjunto, las enmiendas que propone Izquierda Unida afectan principalmente al programa de modernización de la Fuerzas Armadas, que es el programa básico; afectan a los programas de desarrollo tecnológico más avanzado, inciden en los programas de compensación para nuestras industrias. Por tanto, hacer caso de sus enmiendas tendría también consecuencias negativas para algunas de nuestras industrias de defensa.
Además, supondrían el incumplimiento de compromisos adquiridos, incluso en algunos casos tendrían la posibilidad de sanciones de costo económico.
Citaré sólo tres casos de los que ha mencionado el portavoz de Izquierda Unida y que propone que se rebajen. Uno es rebajar la inversión en Harrier. Si hiciésemos eso tendría consecuencias terriblemente negativas para una de nuestras empresas, INDRA, que precisamente gracias a este programa ha conseguido una serie de contrataciones en el extranjero, y supondría también que INDRA perdería unos 10.000 millones de pesetas, cosa que no creo que proponga el señor Romero ni nadie del grupo de Izquierda Unida.
Propone también la baja, casi la desaparición del programa Eurofighter.
En esto quiero recordarle solamente que hace año y medio, cuando se debatió en Comisión este programa, hubo acuerdo por parte de todos los grupos. Le recomiendo que relea la intervención que él mismo tuvo, en la que se mostró casi entusiasta de este programa. Por tanto, no tiene ningún sentido que ahora, de repente, sin elementos nuevos distintos de los que había en aquel momento, nos proponga dar de baja precisamente el programa más importante para el I+D en nuestro país y que afecta a empresas como CASA, como ITT, pero también a un conjunto de 40 ó 50 pequeñas empresas.
Como último ejemplo de lo poco pensadas que están algunas de sus enmiendas, nos propone también abandonar la adquisición del helicóptero Superpuma. Aparte de que existen unos compromisos y dejarlo nos llevaría a unos costes económicos negativos, resulta que el Superpuma es precisamente un helicóptero de los que, por parte del Ejército, tienen también un uso civil en misiones de rescate. Es una muestra más, repito, de que muchas de sus enmiendas no están claramente pensadas. Por tanto, no pueden ser aceptadas, incluso a pesar de su discurso de modelo de Fuerzas Armadas distinto del que es mayoritario en este país.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para un breve turno de réplica, tiene la palabra el señor Cortés Muñoz, por el Grupo Popular.


El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, atenderé su petición.
En primer lugar, quiero decirle al señor Marsal, que nos acusa de inadecuada expresión en nuestro lenguaje --porque acusábamos al Partido Socialista, en nuestra enmienda de totalidad, de inadecuada distribución en el presupuesto de Defensa, y de que, al final, nosotros sólo transferíamos créditos por valor de 12.000 millones de pesetas, que es posible que el señor Marsal haya perdido un poco la perspectiva del valor de los millones --12.000 millones son muchos-- y, en segundo lugar, que hemos cambiado aquello que considerábamos que debía ser cambiado. Por eso, porque hemos movido un total de 12.000 millones de pesetas, es por lo que hemos utilizado la expresión «inadecuada distribución». Si hubiéramos hecho una transferencia de cero pesetas, no hubiéramos utilizado esa expresión.
Me ha dicho después que no sabemos lo que es el órgano central y que creemos que el órgano central es simplemente el edificio del Ministerio de Defensa. Yo agradezco a S. S. que me haya ilustrado con tan expresivas palabras, y ahora ya sé que el órgano central de la defensa es algo más que el edificio del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, no he perdido la tarde, señor Marsal.
Dice usted también: ¿Cómo nos piden que bajemos todavía más los créditos en algunas partidas, que ya nosotros hemos bajado? Pues eso nos da más la razón. Eso quiere decir que esas partidas se pueden bajar y se pueden bajar más. Lo que pasa es que ustedes lo han hecho con la mano encogida, no las han bajado lo suficiente, pero hemos acertado en las partidas que proponemos bajar.
Dice después: Al final, de ahí se produce un ahorro en el órgano central de la defensa --más que un edificio-- de 7.950 millones de pesetas, y dice que los queremos utilizar única y exclusivamente para incrementar la retribución a las tropas de reemplazo. Pues naturalmente que queremos hacerlo, porque insistimos en que, cuando los medios son escasos, hay que jerarquizar las necesidades, y nos parece más justo y más necesario atender a las necesidades

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de los chicos que están haciendo el servicio militar como tropas de reemplazo, que no, a lo mejor, a algunas de esas publicaciones a las que usted ha hecho referencia, como tampoco a algunas de esas pompas y circunstancias a las que aquí también anteriormente se ha hecho referencia.
Termino con una referencia breve a lo que usted nos ha explicado y nos ha intentado razonar sobre los carros de combate. Dice que los M-60 --carros ya de por sí viejos, por no decir antiguos, puesto que tendrían que tener cien años--, modernizándolos, van a estar en activo hasta el año 2010.
Pueden estar en activo hasta el 3000, como ejemplares, en el Ministerio del Ejército, pero eso no quiere decir que sea lo acertado. Dice, por otra parte: Los Leopard, al margen de los que nos ceda Alemania, en Santa Bárbara no se podrán fabricar hasta el 98. No está tan lejos. Además, que nuestra planificación sobre carros de combate la podamos hacer a unos años vista, teniendo en cuenta los que ya tenemos en la actualidad, no es ni mucho menos descabellado.
Señor Presidente, termino manteniendo todas nuestras enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Romero, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, voy a intervenir de manera muy breve.
La Constitución española, en su artículo 8, establece la composición que tienen nuestras Fuerzas Armadas y sus misiones, y sus misiones son dos: la defensa de la integridad territorial de España y de su ordenamiento constitucional. Eso es lo que dice la Constitución española en su artículo 8, en el título preliminar, y no dice que tengamos un Ejército que defienda los intereses nacionales en el extranjero; una concepción que nosotros no compartimos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Otra cosa es que la ONU pida a sus países miembros que aporten fuerzas para la pacificación, la ayuda humanitaria, la protección en las catástrofes, y nosotros queramos contribuir. Debemos contribuir y desde Izquierda Unida hemos apoyado esa contribución, pero no hemos apoyado de ninguna manera que participemos en una guerra abierta, entendiendo que nuestros intereses nacionales de civilización o de costumbres están en juego en un país de Africa, de América o de otro lugar. Nosotros no tenemos una concepción imperialista ni tenemos una concepción de dominio del Norte sobre el Sur. Nosotros tenemos una concepción muy clara, que es la que tiene la Constitución española.
Luego ha dicho el portavoz socialista que nuestro proyecto es minoritario. Nosotros somos conscientes de que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya supone la tercera fuerza política de España y, por tanto, tenemos una minoría parlamentaria y tenemos el apoyo electoral que tenemos, el que nos dan los ciudadanos libremente expresando su voluntad, pero ello no nos evita defender en cada trámite parlamentario, y para eso estamos aquí con toda la dignidad y con todo el esfuerzo de nuestro trabajo, nuestro modelo; ésa es una cosa evidente, porque es que el portavoz socialista defiende tus enmiendas, se mete en tu modelo, defiende tu modelo, te dice que es minoritario, defiende lo tuyo y lo suyo. No defienda usted su oficio de esa manera tan integral y tan totalitaria, metiéndose en todas las demás fuerzas políticas y en sus aspiraciones, señor Diputado socialista.
Y luego, a partir de ahí, hay una serie de enmiendas que nosotros estamos dispuestos a defender de manera parcial, pero yo he defendido la filosofía y la crítica general, a la que estoy legitimado como cualquier otro, como usted mismo para rechazarla. Creo que no tendrá usted que dar certificados aquí a nadie; desde luego , yo no acepto que me firme uno.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: Señor Presidente, con la misma rapidez, quiero decir al señor Cortés que 12.000 millones son 12.000 millones, y son muchos millones, pero significan el 1,5 por ciento del presupuesto; por tanto, la inadecuada distribución que hay en la enmienda de totalidad afecta únicamente al 1,5 por ciento, por lo que no parece lógico que, afectando al 1,5 por ciento dé lugar a una enmienda a la totalidad.
En cuanto al órgano central, evidentemente, yo sé que el señor Cortés sabe lo que es, como seguramente la mayoría de Diputados. Sin embargo, conviene recordarlo, porque éste es un debate y es siempre uno de los elementos del mensaje del Partido Popular, decir que el órgano central está sobredimensionado, cuando, por ejemplo, en el órgano central casi un 50 por ciento de su gasto va destinado a las pensiones, 100.000 millones, que corresponden a toda la reserva y que, por tanto, en vez de estar distribuidos por cada uno de los Ejércitos, está todo concentrado en el órgano central. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque, si no, para quien no esté suficientemente informado de qué significa el órgano central podía llevarse a equivocación.
Proponen una serie de rebajas en partidas que el Ministerio también ha rebajado, porque, precisamente, se han ajustado las rebajas lo máximo que se podía hacer en estos momentos.
Para nosotros es importante también dedicar dinero a la retribución de los soldados de reemplazo. Sin embargo, el resultado de aquí a tres años será muy parecido en su propuesta y en la nuestra. No proponemos un término de tiempo distinto. Ustedes hablan de tres a cinco años; nosotros hablamos de tres años. El resultado, al final, será muy parecido. Lo que es distinto es el orden de prioridades en que nosotros vamos a realizarlo. En vez de hacerlo por igual a todos los militares de reemplazo, en el primer año hemos preferido hacerlo atendiendo a unas prioridades: a aquellos destinos que comportan mayor riesgo, que comportan mayores problemas o que comportan mayores desplazamientos.
El tema de pompas y circunstancias son 200 millones, aún menos que 12.000 millones; por tanto, seguramente, tampoco es necesario darle tanta importancia.


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Respecto al asunto del M-60 y al del Leopard no voy a extenderme, porque es un tema que hemos debatido varias veces. Unicamente, para quien esté interesado --y no se lo digo a usted, porque sé que es consciente--, si se leen con atención las actas de las Comisiones de Defensa números 18 y 19, en la intervención del Teniente General Faura hay una exposición intensa del programa, de los términos en los que se va a llevar a cabo y de los costes que esto va a suponer.
Finalmente, al señor Romero quiero decirle que su modelo es tan legítimo como el nuestro o como cualquier otro modelo. No he criticado la legitimidad del modelo ni la legitimidad que tiene usted para defenderlo.
Lo único que he dicho es algo evidente, que es un modelo minoritario, y esto se demostró cuando hubo la votación del modelo de Fuerzas Armadas: el 95 por ciento de la Cámara estuvo a favor del modelo de Fuerzas Armadas que es mayoritario y únicamente un 5 por ciento de la Cámara estuvo a favor de su modelo, que es un modelo minoritario. No discuto su filosofía general, que no comparto, que creo que es equivocada e inadecuada. Lo único que le he dicho en el trámite de crítica a sus enmiendas ha sido que las enmiendas particulares que usted presenta no corresponden a su filosofía general, sino que corresponden en cualquier caso a otra filosofía que no sé exactamente cuál es.


El señor PRESIDENTE: Terminan las intervenciones correspondientes a la Sección 14 del Ministerio de Defensa. Vamos a proceder ahora a las votaciones de disposiciones adicionales, transitorias y finales y de las secciones que se han debatido esta tarde, es decir, desde la votación realizada en la mañana de hoy.
Las previsiones de trabajo para la sesión de esta noche son las siguientes. Después de las votaciones que tendrán lugar ahora, habrá un pequeño descanso, y al fondo de la sala estará preparado un pequeño refrigerio para reparar fuerzas. Daremos del orden de un cuarto de hora o veinte minutos y comenzarán las deliberaciones correspondientes a la Sección 15, del Ministerio de Economía y Hacienda, y a la Sección 17, del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Medio Ambiente. Con ello finalizará la sesión de esta noche y mañana comenzaremos a las nueve y media con la Sección 18, del Ministerio de Educación y Ciencia.
Vamos a levantar la sesión durante unos cinco minutos para que el Letrado y los portavoces de los grupos puedan ponerse de acuerdo sobre el sistema para mejor ordenar las votaciones. (Pausa.) Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar las votaciones.
En primer lugar, vamos a realizar las votaciones relativas a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.
Enmiendas del Grupo Popular. Por parte del letrado se irán indicando los distintos bloques de agrupación de enmiendas.


El señor LETRADO: A petición de Izquierda Unida, enmiendas del Grupo Popular 1050, 1034, 1036, 1039, 1047, 1048, 1053, 1009, 1010, 1011, 1017, 1018, 1021, 1023, 1054, 1057, 1062, 1068, 1069 y 1070.


El señor PRESIDENTE: Sometemos este bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: A petición del Grupo de Izquierda Unida, enmiendas del Grupo Popular 1828, 1045, 1049, 1058, 1066, 1067, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1019, 1020, 1022, 1024 y 1025.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo Popular a disposiciones adicionales, transitorias y finales.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. A petición del Grupo Popular; enmiendas 572, 586, 589, 590, 598, 600, 601, 602 y 604.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación este bloque de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: A petición del Grupo Popular, enmiendas de Izquierda Unida números 574, 575, 582, 587 y 599.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: Enmiendas de Izquierda Unida, a petición del Grupo Popular, 608, 609, 610, 611, 613, 615 y 616.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: A petición del Grupo Popular, enmiendas de Izquierda Unida 606, 607, 612, 614 y 617.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


El señor LETRADO: Enmienda 618 del Grupo de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación esta enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Enmienda 619 del Grupo de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación esta enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Enmienda 620 del Grupo de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Restos de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Vasco, a petición del Grupo Catalán Convergència i Unió y Socialista, número 317.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco 323, 397, 398, 399 y 400.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo Vasco.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmienda transaccional del Grupo Socialista, número 1, sobre la enmienda 410 del mismo Grupo.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Socialista número 413.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista 408.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista 409, 411 y 412.


El señor RIOS MARTINEZ: Pido votación separada de la 409.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 409 del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista 411 y 412.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


El señor LETRADO: Enmienda 866 del Grupo Catalán de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió, número 867.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmienda número 868, del mismo Grupo.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, éste es el momento procesal para comunicar a la Cámara que retiro la enmienda 868 para una mejor formulación en el Senado, y la 871 la retiro también en este momento en función de una transaccional con la 410 del Partido Socialista Obrero Español, que se ha votado favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Se retiran, pues, las enmiendas 868 y 871 del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmienda número 872.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo número 869.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo 870.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, tengo la impresión de que la 867 no se ha votado, porque la anunciaba el Letrado cuando le he interrumpido para decir que retiraba unas enmiendas y no se llegó a votar.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 867.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmiendas de la señora Rahola, 264 y 265.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Nuestra intención de voto era favorable a las enmiendas 264 y 265, y en el recuento que se ha hecho no se nos ha considerado así. Es a favor en lugar de en contra.


El señor PRESIDENTE: Consta en acta la intención que tenía el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que a lo que parece no se correspondió con su votación. (Risas.)

El señor LETRADO: Enmiendas de la señora Rahola, 268 y 486.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del mismo Grupo 271 y 272.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Mixto, señor Chiquillo, Unión Valenciana, números 79 y 102.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 112 y 113.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del grupo Parlamentario Mixto números 112 y 113.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas números 126 y 128.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, 103, 104, 105 y 116.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación este grupo de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 117 y 130.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 182 y 38.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 1 y 2.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas 1 y 2 del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmienda número 3.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 61, 100, 111 y 115.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación este bloque de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 20; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.


El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129 y 131.


El señor PRESIDENTE: Sometemos este bloque de enmiendas a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


El señor LETRADO: Enmiendas 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129 y 131.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, se está produciendo una confusión. Hemos votado en contra de ese bloque de enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación. La Presidencia creyó también que habían votado en contra y así había hecho el recuento. Repetimos la votación. ¿Quiere repetir el señor letrado los números de las enmiendas?

El señor LETRADO: Enmiendas 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129 y 131.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria 446 y 447.
El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen con las modificaciones introducidas por las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Si a SS. SS. les pareciera oportuno, las Secciones 1, Casa de Su Majestad el Rey; 2, Cortes Generales; 3, Tribunal de Cuentas, y 4, Tribunal Constitucional, como no tienen enmiendas, las podíamos votar conjuntamente. ¿Les parece? ¿Alguien tiene inconveniente en votar conjuntamente las cuatro Secciones? (Pausa.) Pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Sección número 5.


El señor LETRADO: Enmienda 414, del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Dictamen Sección 05.


El señor PRESIDENTE: La sometemos a votación, teniendo en cuenta la enmienda introducida y aprobada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 08.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Popular número 1.073.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco números 326 y 327.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Dictamen Sección 08.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Sección 12.


El señor PRESIDENTE: Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.


El señor LETRADO: Enmienda número 622, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 540, 581 y 582.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista números 415, 416 y 417.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió, número 870. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, a esta Sección 12, las enmiendas de mi Grupo son las números 873 y 874.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas números 873 y 874 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular números 1.078 y 1.081.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular números 1.074, 1.075 y 1.080.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Popular número 1.082.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 300, 318 y 319.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Intervengo solamente para indicarle que estas enmiendas están retiradas por parte de mi Grupo parlamentario.


El señor LETRADO: Enmienda del señor Mur número 251.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Pasamos a votar el dictamen con las enmiendas incorporadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Es aprobado.
Sección número 13, Ministerio de Justicia e Interior.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular números 623 y 627.
Señor Sanz.


El señor SANZ PALACIO: Son enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Perdón, enmiendas del Grupo de Izquierda Unida números 623 y 627.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación todas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida números 623 y 627.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.


El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 330 y 331.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Vasco número 329.
El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco número 390.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, tres; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo Vasco.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; 23 en contra; 14 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, Unió Valenciana, números 67, 68, 69, 70, 132, 71, 134, 135 y 136.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor LETRADO: Enmienda transaccional sobre la 450, del Grupo Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 26; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo, número 448.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo, número 449.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, si no estoy equivocado, faltaría por votarse la enmienda 133, del Grupo Mixto, de Unión Valenciana.


El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Mixto, Unión Valenciana, número 133.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, cuatro; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor LETRADO: Resto de enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, Unión Valenciana.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor LETRADO: Dictamen con las enmiendas incorporadas.


El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Es aprobado.
Sección 14, Ministerio de Defensa. (Pausa.) Señoras y señores diputados, el letrado no ha tenido tiempo para hacer la agrupación de las enmiendas correspondientes a la Sección 14, porque ciertamente ha sido la última que se ha debatido. Si a SS. SS. les parece, sería la primera sección que votaríamos en la mañana de mañana, a partir de la una.
Suspendemos la sesión hasta dentro de un cuarto de hora. (Pausa.)

Se reanuda la sesión a las diez y quince minutos de la noche.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Señorías, se reanuda la sesión con las enmiendas a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE GOMEZ: Señor Presidente, a la Sección 15, el Grupo Popular ha presentado un bloque de enmiendas comprendidas entre los números 1.168 y 1.208, ambos inclusive.
La primera es una enmienda a la totalidad, con la que queremos expresar nuestra disconformidad con la gestión del Ministerio de Economía y Hacienda, que lleva a distorsiones en el funcionamiento, a presupuestar partidas absurdas, créditos para gastos sin que el Ministerio tenga pasivos financieros que los puedan provocar, créditos para gastos jurídicos y contenciosos cuando estos servicios los realiza la Dirección central del Servicio Jurídico del Estado, etcétera. Lleva a seguir incluyendo programas cuya operatividad está muy en duda. Además, con esta enmienda a la totalidad mostramos nuestra disconformidad con el esquema y algunas técnicas presupuestarias que entendemos que no están dotadas de mucho rigor.
El Ministerio de Economía y Hacienda prevé dedicar un 61,5 por ciento de su presupuesto al capítulo 8 de activos financieros. El programa 612.F, gestión del patrimonio del Estado, desarrollado por la Dirección General del Patrimonio, comprende un crédito superior a 84.220 millones de pesetas a diversos conceptos del capítulo 8 de activos financieros, y dentro de ése destaca con una dotación de 63.225 millones de pesetas el artículo 85, adquisición de acciones dentro del sector público, concepto 850, compra de acciones de sociedades estatales. Cuando en la comparecencia del Director General del Patrimonio se le preguntó por un mayor detalle de estas operaciones, afirmó que la sociedad de equipamiento en infraestructuras penitenciarias, Siepsa, recibirá en 1995 29.385 millones a través de aportaciones de capital del Grupo Patrimonio, que es su único accionista --además, recibe 5.000 millones en concepto de subvenciones--, dinero que va destinado a financiar el plan de amortización y la creación de nuevos centros penitenciarios.
Desde mi Grupo no terminamos de entender por qué este tipo de gasto tiene la consideración de adquisición de activo financiero, cuando claramente se trata de una inversión real. Ayer ya, en el debate del Título V, lo hablábamos. Nos da la impresión de que se trata de eludir la contabilización como operación no financiera, porque eso se sumaría a lo que es déficit del ejercicio, no la contabilización en el grupo 4 ni en el grupo 6, sino en el 8, y así el déficit presupuestario no financiero queda disminuido.
Esta sociedad ha recibido entre 1993 y 1995 una cifra próxima a 60.000 millones de pesetas. Por otra parte, Agesa recibirá 16.000 millones de pesetas que, sumadas a las aportaciones de 1993 y de 1994, arroja un total de 78.000 millones. El Director General, en la comparecencia, decía que era para poder llevar a cabo la financiación, tanto el principal como los intereses, de un crédito multidivisa suscrito en el año 1993 con el Banco de negocios Argentaria. En este caso la composición del activo, en su mayor parte infraestructura, no justifica que su financiación se contabilice como adquisición de activo financiero, igual

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que pasa con la anterior. Parecería más lógico seguir la práctica habitual de considerarlas inversiones reales o, en el mejor de los casos, una transferencia de capital.
Por otro lado, la financiación de los intereses podría ser una subvención de explotación. Además, nos parece algo desorbitada la ampliación en el programa 631.A, dirección, control y gestión de seguros, que en el subconcepto 821.0.4 amplía su crédito de 59.000 millones en 1994 a 151.000 millones en 1995. Hasta el 30 de junio, esta partida se había ejercitado en un tercio del crédito definitivo y no sabemos si las décimas de aumento de cobertura en el seguro de la exportación justifican multiplicar por tres esta partida.
Nosotros, y ya lo hemos señalado en diversas intervenciones, entendemos que el Ministerio de Economía y Hacienda debería servir de ejemplo para el resto de los ministerios. En unos momentos en que se hace necesario, y ha salido a lo largo de este debate, para ayudar a la recuperación, disminuir el gasto público, entendemos que el Ministerio debe afrontar más racionalización en su gestión, mejora en la eficacia del uso en los recursos y servir, con respecto a los demás ministerios, de ejemplo. Este Ministerio tiene una enorme responsabilidad porque sus acciones producen un efecto mimético en las actuaciones de otros ministerios. Nosotros entendemos que el presupuesto debería estar hecho desde una reorganización administrativa, estudiando uno a uno los programas y las asignaciones presupuestarias a cada uno. De hecho en algunas enmiendas pedimos la devolución de programas para su reestudio. En concreto, en las enmiendas 1.169 a 1.175, solicitamos la devolución de algunos programas en su totalidad, elaboración y difusión estadística, previsión y política económica, resolución de reclamaciones económico-administrativas, transacciones corrientes e inversiones exteriores, planificación, presupuestación y política fiscal, gestión del patrimonio del Estado y ampliación del sistema tributario estatal.
Nosotros entendemos que estos programas que suponen crecimiento de gastos no están acompañados con aumentos de objetivos que justifiquen ese aumento. Entendemos que estos programas no han cumplido el cometido que tenían establecido hasta ahora. Y se puede hablar del sistema tributario estatal con un fraude fiscal de los mayores de Europa; se puede hablar de una gestión del patrimonio estatal del Estado que no ha dado los resultados apetecidos; se puede hablar de la previsión en política económica, que no han acertado ni en una de las previsiones que ha hecho en los últimos años.
Nosotros entendemos que estos programas, y así lo pedimos en nuestras enmiendas, que no han cumplido los objetivos marcados para 1994 con eficacia, se presenten del mismo modo que estaban fijados en 1994. No se producen modificaciones que nos hagan pensar que van a pasar de no ser eficaces a eficaces. Por eso pedimos que se devuelvan y se reestudien con profundidad.
Luego presentamos un grupo de enmiendas que piden reducción de gastos en los capítulos II, III y IV; no suponen cantidades importantes en relación al presupuesto general del Estado, pero podrían alcanzar un ahorro bruto de 1.361 millones de pesetas que, restando la introducción de un programa de 100 millones, daría un ahorro neto de 1.261 millones.
Las enmiendas 1.176 a 1.187 plantean reducciones en los artículos 21 y 22, en base a la ejecución presupuestaria de 1994. No nos hemos inventado nada al hacer estos recortes de los gastos, simplemente hemos calculado, según el crédito definitivo para 1994, no el crédito inicial, y el porcentaje de ejecución a 30 de junio, cómo se podrían producir rebajas en el crédito inicial de 1995.
En las enmiendas 1.188 a 1.195 pedimos reducir las partidas de estudios y trabajos técnicos realizados por otras empresas. No son grandes recortes, pero entendemos que, en un año de control presupuestario mayor, hay técnicos en el Ministerio que podrían realizar estos trabajos y que se podrían rebajar los gastos por este concepto.
En las enmiendas 1.203 y 1.204 hablamos de eliminar gastos que se prevén para unas funciones que no corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda. Creemos que, en concreto, estas dos enmiendas deberían aprobarlas todos los grupos sin ningúan problema.
También pedimos la reducción de crédito en una partida de gastos financieros, en la enmienda 1.207, porque no encontramos pasivos financieros que puedan ocasionar esos gastos. Entendemos que esta enmienda debería ser aprobada por todos los grupos. Planteamos, además, la eliminación de un alto cargo en la enmienda 1.206. Es una enmienda pequeña, es poco dinero, pero las funciones que realiza podría desempeñarlas la Secretaría General de Planificación y Presupuestos y serviría de inicio para una reducción mayor de los altos cargos, que es lo que nuestro Grupo está pidiendo desde hace ya bastante tiempo.
Las enmiendas 1.196 a 1.200 hacen referencia al Instituto Nacional de Estadística. En el Instituto Nacional de Estadística se plantea un cuadro donde los gastos del capítulo II aumentan en un 18 por ciento. Nosotros, haciendo un breve cálculo, situando el crecimiento en el 3,3 por ciento, pensamos que se podría lograr un ahorro de 315 millones, y eso sin variar la partida que tiene un gasto comprometido, como es la de arrendamientos.
No creemos que en la situación actual se justifiquen aumentos del 25 por ciento, del 29 por ciento, del 12 por ciento en algunos conceptos.
En la enmienda 1.200 simplemente solicitamos que la transferencia no se haga al Instituto Nacional de Estadística. Es una enmienda técnica, si se aprueban las anteriores.
Las enmiendas 1.201 y 1.202 hacen referencia a la Agencia Estatal Tributaria. Hay un aumento en uno de los gastos de 500 millones, en concreto en publicidad y no encontramos la justificación en ningún lugar de la documentación que tenemos. Nosotros creemos que en esa partida se pueden rebajar 500 millones sin grandes dificultades.
En la enmienda 1.205 pedimos que la traslación de los pagos por las indemnizaciones e intereses de demora a los titulares de oficinas de farmacia se sitúen en el Ministerio de Sanidad. Eso ya lo hemos venido diciendo en otras intervenciones y en otras comparecencias. Creemos que el sitio más adecuado es el Ministerio de Sanidad y no el de Economía y Hacienda.


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Por último, y para no alargarme, ya que es tarde, proponemos añadir un nuevo programa; es la enmienda 1.208. Nos parece que es un programa que se hace supernecesario para mejorar la relación de la Administración y los administrados. Estudia la simplificación de los procedimientos y métodos de la Administración.
Nos parece básico ir eliminando burocracia, y los Ministerios que tienen relaciones directas con los administrados deben hacer un esfuerzo en esa línea. Para las empresas se hace básico --hay recomendaciones de la Comunidad Europea a los Estados miembros que lo piden-- eliminar burocracia, simplificar los trámites administrativos. En España un pequeño empresario dedica más tiempo a hacer papeles que a trabajar.
Pedimos un esfuerzo en esta línea. No pedimos un gran esfuerzo, sino que se acepte esta enmienda que está en otros Ministerios. Creemos que puede servir de experiencia piloto para ir eliminando burocracia de la Administración y nos parece que es una enmienda perfectamente asumible por todos los grupos, ya que simplemente va a facilitar a los ciudadanos las relaciones con la Administración.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos, para defender su enmienda a la totalidad.


El señor FRUTOS GRAS: A diferencia de los presupuestos de 1994, hemos presentado una enmienda a la totalidad a la Sección 15, por entender que presentar enmiendas parciales no tenía mucho sentido y podía conducir a la melancolía, ya que cambiar aspectos muy parciales de una negociación de calderilla a estas alturas del año no representaría nada, cuando durante este año prácticamente se ha hecho toda la política que se podrá hacer a través de estos presupuestos.
Presentamos una enmienda a la totalidad de acuerdo con la presentada al conjunto de los presupuestos generales del Estado para el año 1995, coherente con lo que mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha defendido en política económica, financiera, social, laboral, durante este largo año que está a punto de fenecer, con unos presupuestos que sancionaban de forma meticulosa esta política que hemos calificado de laminación de derechos sociales y económicos.
Ha habido pocos acuerdos en el conjunto de las políticas y continuamos sin coincidir en la política económica global, en la política financiera y en la política fiscal. En relación con la política fiscal, puede servir como elemento ilustrativo de lo que queremos decir que un punto de aumento del IVA, del tres al cuatro por ciento, representa para la inmensa mayoría de la sociedad un 33 por ciento de aumento de los precios; sin embargo, en el aumento del IVA alto, el del 15 por ciento, pasar un punto representa un 6,5 por ciento. Es decir, hay toda una vocación de liquidar algunas cosas que nos parecían interesantes, de ir a una regresión en todo lo que es sistema fiscal. Esto se sanciona de nuevo con carácter bastante total en estos presupuestos de 1995.
No hemos visto tampoco un planteamiento de buena administración en lo que son recursos de la Unión Europea, los que se aplican a través de la Ley de Incentivos Regionales, para nuevas industrias, para mejoras tecnológicas de la industria endógena, entendiendo la industria endógena, no la que viene a partir de las multinacionales a instalarse aquí y que se larga cuando le interesa, caso de Gillette, Suzuki o Volkswagen, que, además, se subvencionan con los presupuestos generales del Estado, sino la industria que nace de condiciones de producción que en este país deberían haberse desarrollado durante los años precedentes porque había fuerzas productivas suficientes, capacidad técnica suficiente, trabajadores con una cultura industrial suficiente, para poder desarrollar estas industrias. No ha sido así. Se ha apostado por otras cosas y nosotros tampoco apostamos por ello.
Piden también la reducción del programa donde podía haber una cierta planificación, al menos de objetivos, la gestión presupuestaria y la política fiscal. Nos parece que reducir este programa que tiene que gestionar casi 30 millones de pesetas de los presupuestos generales del Estado de 1995 no es ir hacia adelante, sino, como los cangrejos, ir hacia atrás. Si funciona mal el control de estos 30 millones de pesetas de cada uno de los programas, corríjase, hágase de otra forma, pero no es justo reducir el programa de planificación, de gestión presupuestaria y de política fiscal reduciendo personal, capacidades técnicas, etcétera.
En definitiva, los presupuestos generales del Estado de 1995 son, a mi entender, como si te devolvieran la cartera después de haberte sacado el dinero de dentro. Durante todo el año 1994 ya te han quitado el dinero de la cartera con una serie de políticas ecónomica sociales, laborales, fiscales y luego, a través de los presupuestos, se quiere sancionar esta política. No podemos estar de acuerdo con esta política.
Defiendo al mismo tiempo la enmienda a la totalidad número 653 y la 655, que es una enmienda de adición. Proponemos lo mismo que propusimos para los presupuestos de 1994, pero para todo el Estado, 15.000 millones de pesetas para incentivos de carácter regional para la realización empresarial. Pedimos que se destinen dineros a toda una serie de actividades de empresas cuyo fin más importante, además de cubrir el mercado nacional, es la exportación. Consideramos que necesitaban una cobertura. Proponemos 15.000 millones de pesetas más, que se minorarían de la Sección 31, con lo cual el servicio 03, programa 602.12 F, artículo 85, dedicado a la adquisición de acciones, pasaría de la cifra inicial de 37.000 millones de pesetas a 22.000 millones, más o menos.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a la Sección 15 que trata de los incentivos para las empresas acogidas a los planes de desarrollo ZUR i ZID, que son planes de zonas de urgente reindustrialización y zonas industrializadas en declive. Fueron planes o programas vigentes en los años 1985 y 1990 que comprometieron una serie de ayudas importantes para la creación y desarrollo de determinados

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proyectos empresariales con unas condiciones concretas de inversión y de empleo en estas zonas que estaban de alguna forma en proceso de reconversión y de reindustrialización por los problemas de la industria fundamentalmente en el País Vasco.
En estos programas participan el Ministerio de Industria y el de Hacienda, participación que se vio complementada por la del Gobierno vasco, a través del Departamento de Industria y Energía y por la sociedad que se creó a este fin para la promoción y reconversión industrial, la SPRI, con la aportación de un tercio de la ayuda en el primer caso por parte del Estado y con la asunción de los costos de mantenimiento de la oficina ejecutiva gestora del programa en ambos casos, por el Gobierno vasco y por el Gobierno del Estado.
Los compromisos del Gobierno vasco han sido cubiertos. Aquellas cantidades que tenían que aportar a estos programas han sido pagadas de una forma puntual y cumplidos los compromisos, pero en la liquidación de las ayudas a estas empresas, en cumplimiento, por cierto, de las resoluciones que estaban ya recogidas en los respectivos boletines oficiales del Estado, no ha sido así. Hay retrasos permanentes, constantes en el pago por parte de la Administración central, hasta el punto de que nunca ha existido la menor regularidad en los pagos de la Administración del Estado. En la actualidad estas deudas atrasadas se elevan a un importe de 1.193.781.346 pesetas, es decir, 1.200 millones de pesetas en números redondos, que tiene pendientes de pago el Estado a proyectos empresariales ya iniciados en esta etapa. Las empresas, lógicamente, han hecho las inversiones correspondientes en base a que habían sido aprobados sus planes de reindustrialización.
Esta situación actual de impagos está produciendo, como es lógico suponer, un efecto totalmente opuesto al que pretendían los programas en su momento. Las empresas se ven en cierto modo defraudadas en las expectativas y la verdad es que están creando verdaderos problemas en algunos casos en ciertos proyectos empresariales.
Hay que tener en cuenta que, al margen de esos 1.200 millones de pesetas que están comprometidos por la Administración, en este momento con un retraso en el pago, tienen que sumarse las previsiones para el año 1995 de los proyectos que siguen en curso, que cumplen los requisitos establecidos y que, por tanto, tienen que ser atendidos de acuerdo con lo que se estableció en la ley y el reglamento correspondiente. Esto puede suponer para el año 1995, entre los proyectos de la ZUR (Zona de Urgente Reindustrialización), posteriormente convertida en ZID (Zona de Industrialización en Declive), alrededor de 4.200 millones, con lo cual nos pondríamos en 1995 en una deuda firme ya de 1.200 millones y una previsión de deuda posible de otros 3.500 ó 4.000 millones de pesetas.
Este es el motivo por el cual nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda que pretende destinar 3.000 millones de pesetas a estos incentivos regionales con cargo a la Sección 15, correspondiente a la gestión del Patrimonio del Estado, que tiene unos fondos destinados para adquisición de acciones dentro del sector público del orden de 63.000 millones de pesetas. Creemos que es posible hacerlo, que tiene que haber esa voluntad porque en estos momentos hay serios problemas en proyectos empresariales que en su momento entraron precisamente en dichos proyectos por cuestiones que estaban aprobadas, recogidas y prometidas por la Administración central. Esta es una obligación del Gobierno y es una necesidad imperiosa que tiene que cumplir el Gobierno de sus promesas, obligaciones, estando refrendado en algunos casos en los propios Boletines Oficiales del Estado como reconocimiento de estas deudas.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, con relación a nuestra posición, me va a permitir que vaya en el orden inverso al que han intervenido los portavoces de los grupos parlamentarios.
Señor Zabalía, en este momento mi Grupo Parlamentario no está en condiciones de pronunciarse de acuerdo con la información que usted ha suministrado, pero que nos puede parecer interesante para aceptar esta enmienda en los montantes y términos en los que S. S. ha planteado los 3.000 millones de pesetas. Está claro --yo no conozco el dato formalmente-- que puede haber unos retrasos en los pagos de 1.200 millones de pesetas. Dinero tiene la Dirección General de Incentivos Regionales; 17.000 millones de pesetas tenía en el ejercicio anterior; 17.300 aproximadamente tiene en éste. El orden en el que se producen los pagos por parte de la Dirección General es habitualmente en función del que habitualmente se realizan las inversiones.
Es verdad que a lo largo del tiempo ha habido ciertos retrasos en el pago de estas cantidades subvencionables no solamente en las zonas ZUR y en las zonas ZID, sino en otras que, por ejemplo, recogían las antiguas áreas de expansión u otras objeto de promoción o de ayuda a proyectos de inversión.
Le puedo garantizar que de aquí al Pleno mi Grupo Parlamentario va a estudiar si efectivamente el problema del retraso es un problema de gestión o de dificultades financieras, porque si tal es el caso, mi Grupo Parlamentario tratará de llegar a un acuerdo con la enmienda que ha presentado su Grupo Parlamentario y el diputado señor Albístur.
Con relación a la intervención del señor Frutos, señor Presidente, realmente me lo pone complicado; su intervención global es una intervención hecha de retazos, fruto de reflexiones en voz alta de sus insatisfacciones permanentes en debates parlamentarios anteriores (fiscal, de funcionamiento económico, políticas financieras, políticas económicas) que no es el objetivo central del presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda. Es verdad que siempre que hay un debate de estas características en relación a la Sección 15, no solamente con su Grupo, sino con otros grupos parlamentarios, surge esta especie de enmienda de totalidad al conjunto de los presupuestos, al conjunto de la política económica del Gobierno y al conjunto de todas las actividades del mundo humano, sobre la base de que sirve, parecer ser, hablar del presupuesto del Ministerio de Economía

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para hablar de todas las políticas: las políticas industriales, sectoriales, de infraestructuras, de las políticas absolutas que recogen los 30 billones de pesetas que decía S. S. en torno al debate presupuestario, a la cantidad global.
Desde luego, su argumentación respecto a que la modificación de un punto en el tipo del IVA, como consecuencia del cambio establecido para compensar la menor recaudación, debido a la menor cotización de la Seguridad Social en las cuotas de los empleados y los empleadores, va a suponer un 33 por ciento en el aumento de los impuestos y de los gastos para el conjunto de los ciudadanos, me permitirá S. S. que le diga que esto no es así. Simplemente el IVA superreducido sube del 3 al 4; es verdad que es un 33 por ciento en el tipo, pero éste no es un aumento de la financiación o de la fiscalidad indirecta de un 33 por ciento prácticamente a casi todos los ciudadanos que parece que solamente consumen productos de estas características. Es el IVA el que sube un componente del precio final de producto un 33 por ciento, no el producto final un 33 por ciento.
Su señoría hacía una amplia reflexión respecto a la política industrial del Gobierno de la nación. Me va a permitir que, con sus mismos argumentos, le diga que ha empleado mal el recurso que S. S. ha utilizado para dar de baja una cantidad para incrementar otra, concretamente la de los 15.000 millones de pesetas. Los 15.000 millones de pesetas con que su Grupo quiere incrementar la partida destinada a las ayudas a las empresas, no a las empresas en general, no a las empresas exportadoras, como S. S. ha dicho, sino expresamente a las de un determinado colectivo que, además, conociendo como conozco (después de amplios debates parlamentarios) de dónde viene esta enmienda, va dirigida fundamentalemente a un sector, y dentro de un sector, a un territorio concreto o bastante focalizado en un área concreta.
No se puede poner un epígrafe global, como S. S. quieren introducir en el apartado 77 de la Dirección General de Incentivos Regionales, de esta magnitud, de 15.000 millones de pesetas, que es prácticamente lo que el conjunto de las empresas de todo el país y de todos los amplios sectores de actividad tienen para repartir en el año 1995 en calidad de incentivos regionales.
Además, S. S., que ha hecho una defensa apasionada de la industria española, de la capacidad de la industria productiva española, ni más ni menos quiere quitar esos 15.000 millones de un proyecto industrial de la suficiente envergadura como es la Corporación Siderúrgica Integral, que es la que va a dar salida y perspectivas a un sector tan importante como es el sector del acero, con los nuevos planes de la industria siderúrgica española, en la que intervienen el Gobierno, Altos Hornos y Ensidesa, en unas zonas muy importantes que requieren precisamente una amplia reindustrialización, utilizando sus palabras. En este caso concreto, el sitio de donde sacan, el cajón en donde han intentado buscar 15.000 millones de pesetas, no me parece que sea el más oportuno. Por esas razones y por alguna otra más, no podría aprobar nuestro Grupo Parlamentario esa enmienda que ha presentado sus señoría.
Con relación a la intervención del señor Martínez-Pujalte, me va a permitir que no entre en el desglose individualizado de todas sus enmiendas que, en definitiva, suponen una reducción en torno a los mil y pico millones de pesetas, como reducción del capítulo 2, dentro del Ministerio de Economía y Hacienda.
Su señoría ha empleado en la defensa de sus enmiendas los argumentos que el Grupo Parlamentario Popular viene utilizando en todo el debate presupuestario de todas las secciones: tratar de ahorrar dinero del capítulo 2, gastos corrientes.
Su señoría conoce y sabe que el capítulo 2, gastos corrientes, de la sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, no crece; prácticamente se mantiene estable. Se mantiene estable a un nivel de los 12.556 millones de pesetas. El año pasado el presupuesto inicial fue de 12.292 millones.
Como bien decía S. S. tiene que ir precisamente en el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Dirección General de Servicios, en pago en concepto de las atribuciones al sector farmacéutico porque así lo marca expresamente la sentencia, no porque el Gobierno quiera incluir precisamente el gasto de farmacia o de pago a farmacéuticos en el Ministerio de Economía y Hacienda. Es que la setencia obliga, de acuerdo con las características de su emisión, a que debe ser el Ministerio de Hacienda. Concretamente lo que se incorpora este año a los presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda son 300 millones de pesetas. Si a los 12.556 millones de pesetas le quitamos estos gastos extraordinarios, como consecuencia de una sentencia, de 300 millones de pesetas, estamos a los niveles del año 1994, que ya habían producido, concretamente con relación a los años 1993 y 1992, una merma importante en el capítulo 2 de los gastos del Ministerio.
Pero es que no son gastos ociosos, y usted lo conoce, señor Martínez-Pujalte. Son gastos absolutamente necesarios para el funcionamiento de un Ministerio que tiene 50.000 funcionarios desperdigados en todas las provincias españolas, con centros de gestión en torno a las organizaciones de Hacienda, centros de gestion catastral, Instituto Nacional de Estadística y oficinas abiertas en todas las ciudades españolas importantes, los gastos de mantenimiento, los gastos de los funcionarios, los gastos de los amplios y complejos sistemas informáticos y su mantenimiento.
Realmente, no se puede hablar de unos gastos excesivos. No hay más que hablar con los funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Ellos saben las dificultades que tienen de gestión precisamente para el mínimo desenvolvimiento de su función dentro de cada una de sus actividades.
Tampoco se puede decir que éste sea un Ministerio con una amplia profusión de altos cargos y organismos extemporáneos. Un Ministerio que tiene 50.000 funcionarios y personal laboral, «grosso modo», tiene concretamente 50 altos cargos en su concepto más amplio. Pensemos incluso que están recogidos ahí nueve personas que forman parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, que tienen rango de director general porque la propia Ley del Tribunal de Defensa de la Competencia así lo marca en las caraterísticas del mismo. Estamos hablando

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de prácticamente menos de 50 altos cargos y de un Ministerio con tres Secretarías de Estado, en términos generales y un Ministro que tiene un personal eventual de gabinete de siete personas. No se puede decir que es un Ministerio que tiene que dar ejemplo porque lo da --no lo tiene que dar, lo da-- en su austeridad, en su presupuestación, en el crecimiento de sus gastos.
Su señoría conoce que el crecimiento aparentemente desorbitado que pueda tener el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda este año tiene una única razón de ser: el crecimiento de los activos financieros, en torno a casi noventa y tantos mil millones de pesetas, como consecuencia de una transferencia al consorcio de seguros para financiar las primas por el riesgo político (para eso está, estoy seguro) con Argelia. Es el crecimiento único y exclusivo que tiene este Ministerio.
Es normal que a su Grupo Parlamentario, que ha presentado iniciativas desde el punto de vista de privatización, etcétera, no le guste. Puedo entender, pero no compartir, el que les parezca excesiva la cantidad recogida entre estos presupuestos en dos conceptos básicos, que son compras de acciones dentro del sector público y fuera del sector público.
Su señoría hacía algunas referencias respecto a qué van destinadas estas cantidades. Por una parte, el Ministerio de Economía y Hacienda recoge este año, como consecuencia de cambios normativos, el atender los compromisos internacionales que tiene España en su doble vertiente de participación como socio activo y miembro del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; diferentes organismos multilaterares a los que España debe contribuir, primero, con sus cuotas y, segundo, con su participación en las ampliaciones de capital, concretamente en el Banco Europeo de Inversiones, cantidades que en otros momentos estaban concretamente referenciadas en el Banco de España y que el próximo año 1955, en función de la normativa que hemos aprobado en esta Cámara, el Ministerio de Economía y Hacienda debe de hacerlas frente.
A S. S. le parecía desorbitada la adquisición de acciones y el sistema por que el Ministerio de Economía y Hacienda presupuesta unas cantidades importantes --tengo que reconocerlo-- para la adquisión de acciones y no se utilizan otras técnicas presupuestarias, que pueden ser transferencias de capital o transferencias corrientes. No pueden ser transferencias de capital y transferencias corrientes en determinadas ocasiones.
Concretamente, S. S. hacía referencia a la sociedad estatal de gestión de activos, Agesa. Decía S. S. que Agesa, que se hace propietaria y gestionadora de todos los fondos e instalaciones y equipamiento con ocasión de la Exposición Universal de Sevilla, recoge un activo y recoge un pasivo; un pasivo que tienen que ir financiando y refinanciando a través de ese crédito multidivisas. Si fuera una transferencia de capital, en su estricto sentido, sería una cantidad destinada fundamentalmente a realizar inversiones. El sistema que está utilizando la Dirección General del Patrimonio es el de ampliaciones de capital, precisamente para aportar a esa sociedad, Agesa, sus compromisos financieros recogidos ampliamente en su memoria de gestión.
Los otros 63.000 millones de pesetas también van recogidos, como decía S.
S., no solamente a financiar, a través de adquisición de acciones, todo ese programa de infraestructura de equipamientos penitenciarios que el Gobierno aprobó hace un par de años con un objetivo básico, que es el de mejorar la gestión, la agilidad en la gestión de los activos que eran propiedad del Ministerio de Justicia en un momento determinado, con el fin de dotar de más fondos a toda esta política (que su Grupo Parlamentario quizá no le guste, desde luego, a muchos alcaldes de su Partido parece que tampoco les gusta), que es la creación de esas macrocárceles o de sistemas penitenciarios, y que a la vez gestionan los ingresos provenientes de los antiguos edificios de penitenciaría. Además, estos 63.225 millones de pesetas van dirigidos a financiar y a comprar acciones de empresas que ni este Gobierno ni este Partido Socialista han querido comprar nunca o hacerse empresario en determinados sectores, como, por ejemplo, la Empresa Nacional de Autopistas, que gestiona dos autopistas hasta ahora muy poco rentables, aunque empiezan a serlo ahora, como son la autopista gallega y la autopista asturleonesa, que tienen unos déficit de explotación y que han tenido que estar financiándose a través de ampliaciones de capital de su propietario, que es la Dirección General del Patrimonio. Lo mismo ocurre con la empresa Segipsa, que tiene problemas a través de un contrato no demasiado cubierto por el Ivima, de Madrid, y algunas otras empresas que explican con toda exactitud y claridad a qué van destinados esos 63.200 millones de pesetas.
Por último, quiero hacer una referencia a esas enmiendas, concretamente a una. Me ha hecho gracia cuando decía S. S. que no sabían a qué podían estar destinados en activos financieros sesenta y tantos millones de pesetas, concretamente en la Dirección General del Tesoro. El Gobierno, de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, se hace cargo de la retirada de todos los billetes antiguos, de fuera de circulación.
Precisamente a la financiación de todo ese proceso van destinados los sesenta y tantos millones de pesetas que están recogidos en el Ministerio. Lo digo porque a veces, por la falta de información, utilizan las comparecencias para preguntar cosas que no tienen que ver con los presupuestos. Si su Grupo Parlamentario y otros grupos parlamentarios preguntaran de verdad las cosas que interesan en los presupuestos, quizá determinadas informaciones se podrían dar previamente y no las trendría que dar yo.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra, en turno de réplica, el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muy brevemente.
Nuestro Grupo Parlamentario pregunta en las comparecencias lo que cree conveniente y, a veces, se escandaliza de lo mal que están las cuentas en el sector público. Cuando me respondía a algunas de las cuestiones que yo he suscitado --por encima, algunas de ellas-- decía que nosotros proponemos una reducción de casi 1.300 millones de pesetas en el capítulo 2. Eso no es así. Nosotros

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planteamos una reducción en el capítulo 2 de alrededor de 500 millones de pesetas, porque los otros 800 millones de pesetas están recogidos en el capítulo 4, de transferencias, porque pretendemos reducir las transferencias al INE y a la Agencia Estatal Tributaria, como consecuencia --eso sí-- de reducción de gastos corrientes, del capítulo 2 --si así quiere llamarlos-- en el INE y en la Agencia Estatal Tributaria.
Queremos reducir una serie de gastos en el INE, que antes enumeraba, en reparaciones, material, indemnizaciones por razón de servicio o publicaciones. Como consecuencia de esa reducción en el capítulo 2 del INE, proponemos hacer una transferencia menor de fondos al INE. Lo mismo pasa con la Agencia Estatal Tributaria. Al reducir en 500 millones una partida de algo así como publicidad, que la presupuestan en 1.000 millones, pretendemos que la transferencia a la Agencia Estatal Tributaria disminuya en 500 millones. Eso da una reducción en capítulo 2 sólo de 500 millones y no de 1.300, y en el capítulo 4 de 800 millones.
Nosotros entendemos, y así lo manifestamos con toda honestidad, que el Ministerio de Economía y Hacienda no da ejemplo, porque la técnica presupuestaria que usa --ayer lo discutimos, es muy tarde y no me voy a extender-- oculta el déficit real. Usted ha respondido a casi todo, a lo del BEI y nos parece correctísimo. Ha respondido a lo de autopistas, que no lo habíamos mencionado porque mi Grupo lo había considerado correcto.
Nosotros hemos presentado, en concreto, dos enmiendas: una con relación a Agesa y otra a Siepsa, que son las cuestiones que no vemos claras, y la explicación que usted nos ha dado no nos ha aumentado la luz, seguimos sin verlas claras. Yo sigo entendiendo que la ampliación de capital en Siepsa podría ser una inversión. Usted me ha hablado de que era mejor y que así se había entendido para hacer más ágil la nueva dotación de establecimientos penitenciarios. Nosotros creemos que eso debe ser una inversión controlada y no una inversión descontrolada a través de una sociedad. En cuanto a la ampliación de capital de Agesa --así se lo había explicado antes--, ya no decía que eso fuera una transferencia de capital de capítulo 6, sino que podría ser una subvención a la explotación.
Nosotros creemos que ése es el sistema adecuado, pero no me quiero alargar. Sólo quiero recalcar que lo que nosotros pedimos es rigor, para poder saber exactamente cuál es el déficit presupuestario no financiero.
Nuestras enmiendas lo que reclaman es control, disciplina, reducción de gasto.
Por último, tengo que decirle que no ha respondido a una de las enmiendas creo que podrían asumir perfectamente, que es la introducción del nuevo programa que proponemos de estudio para simplificar las gestiones administrativas.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Sí, señor Presidente. Voy a intervenir muy brevemente, para agradecer al portavoz del Grupo Socialista las promesas de estudiar la propuesta de nuestro Grupo Parlamentario en la enmienda número 333. Yo espero que esa reflexión va a ser positiva; que, como él ha dicho, si son problemas financieros, en los Presupuestos se podrá recoger la partida necesaria para hacer frente a las deudas pendientes y a las previsiones de compromiso de pago que tendrán en el año 1995; y que si es un problema de gestión --los problemas de gestión, al final, siempre son problemas financieros--, ahí también podremos tener alguna aclaración y podremos trabajar en este área de gestión para agilizar los pagos de los compromisos adquiridos por el Gobierno por parte de la Administración.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, muy brevemente, quiero decirle cordialmente al señor Martínez-Pujalte que de todas las enmiendas que han presentado, desde la 1.176 a la 1.208, que hacen referencia a esas pequeñas enmiendas que en total yo he calculado que suman 1.200 millones de pesetas --suponen ahorrar en el capítulo 2 1.200 millones de pesetas--, no he encontrado ninguna que haga el juego contrario. Todas son de reducción del capítulo 2, y como tal, a eso me he referido. Le ruego vuelva a leer todas sus enmiendas, señor Martínez-Pujalte, de aquí al Pleno, y verá que no hay ninguna enmienda de minoración del capítulo 4, transferencias.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Las enmiendas números 1.200 y 1.202.
Perdón, señor Presidente.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Perdón, se me habían pasado. Retiro lo que he dicho. En términos generales, la doctrina de sus enmiendas va dirigida a esta filosofía.
Yo he hecho referencia al espíritu de austeridad con el que el Ministerio de Economía y Hacienda afronta su propio presupuesto en el capítulo 2, de gastos corrientes. El capítulo 2, de gastos corrientes, lo mismo que otras partidas del Presupuesto de 1994, fue informado en la Comisión de Presupuestos por el Subsecretario del Ministerio, que habló sobre el grado de control precisamente de todas estas partidas y de los problemas de gestión que estaban produciendo, hasta el punto de que algunas partidas, dentro del mismo 1994, se estaban teniendo que suplementar, porque habíamos terminado el año 1993 incorporando gastos en materia de correos, teléfonos, etcétera, de un Ministerio tan complicado en el ejercicio de 1994 y que estaba teniendo problemas de tensión.
Fuera de la Comisión, le enseñaré un documento de uso interno que he podido conseguir dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, que si usted lo lee, como lo he leído yo, da ejemplo de esa austeridad, de ese funcionamiento de las fotocopias, de los fax, de los teléfonos, etcétera, en el que se ve clarísimamente esa austeridad que el Ministerio de Economía y Hacienda incorpora a la gestión diaria de su presupuesto.
Ustedes también serán alternativa de gobierno algún día y estoy convencido de que cuando vean las cosas de cerca, como ya lo ven en el sitio en que tienen

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responsabilidad, sabrán que sería deseable que pudieran bajar determinados gastos corrientes, pero tienen graves problemas de reducción en un presupuesto que, insisto, en el capítulo 2, de gastos corrientes, ha ido aminorando sensiblemente sus gastos desde el año 1993 y 1994 y continuará en el año 1995.
Decía que no me había referido a una enmienda. No voy a hacerle una ampliación, porque parece que estamos en diferente sintonía respecto a las empresas Agesa y Siepsa. Usted considera que debiera ser inversión; nosotros creemos que el sistema de aportación de capital para el desenvolvimiento de esta sociedad, que nos parece que está haciendo una muy buena gestión en la modernización de todo el sistema penitenciario español, es la aportación de capital, con el fin de que este organismo pueda tener fondos suficientes, aunque sería difícil de hacer una transferencia a una empresa de estas características más allá de lo que se está haciendo, concretamente, con la compra de acciones por parte de la Dirección General de Patrimonio.
Por el mismo argumento que a usted no le parecía bien: que hubiera 300 millones de pesetas residenciados para un pago específico en materia de gastos de farmacia en el Ministerio de Economía y Hacienda, no parece tampoco oportuno que tuviera que ser residenciado exclusivamente en el Ministerio de Economía y Hacienda todo un programa específico que tiene que ver con lo que es deseable. La Administración pública española está en ello, de acuerdo con el programa de formación pactado con los sindicatos y con la simplificación burocrática de la Administración, en que no tiene que estar residenciado única y exclusivamente en el Ministerio de Economía y Hacienda. De esto entiende, lógicamente, el Ministerio para las Administraciones Públicas y todos los ministerios operativos del Gobierno. Aceptamos su filosofía, pero no la inclusión de este programa exclusivamente en el Ministerio de Economía y Hacienda, por cuanto que la solución a este problema debe estar en el conjunto de las administraciones públicas y no exclusivamente en el Ministerio de Economía y Hacienda.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Terminado el debate de la Sección 15, pasamos a la Sección 17, Ministerio de Obras Públicas,Transportes y Medio Ambiente. Antes de comenzar el debate, quiero hacer una llamada a todos los portavoces para que hagan un esfuerzo de síntesis. Tengo delante el listado de enmiendas y ocupa dieciséis páginas, desde la 8 a la 24. Dado lo avanzado de la hora, creo que esta llamada a la síntesis es obligada, y con este ruego doy la palabra, en primer término, al señor Posada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor POSADA MORENO: En efecto, su sugerencia me parece muy pertinente, porque el Grupo Popular ha presentado a esta Sección desde la enmienda 1.207 a la 1.459, o sea, 252 enmiendas. Pretendo, por tanto, ser muy sintético en su exposición e intentar que los señores Diputados se puedan hacer una idea bastante clara de cuál es nuestra propuesta de presupuesto.
Nosotros hacemos bajas en el Capítulo 1 por valor de 149 millones de pesetas y en el Capítulo 2 por valor de 2.181, y se incrementa el Capítulo 4 en 2.330 millones, suma de ambas cifras. En el Capítulo 1, las enmiendas 1.216 a 1.224 pretenden variar el rango de dirección general de algunos servicios, por considerar que no debe haber el número de directores generales que hay en este Ministerio. De la 1.225 a la 1.235 se trata de enmiendas sin alta ni baja, pero pretenden el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria para que los gastos de personal se sitúen adecuadamente, y de la 1.325 a la 1.350 hay una serie de bajas por conceptos tales como gratificaciones, que no tienen a nuestro juicio la debida transparencia.
En el Capítulo 2 las enmiendas de baja van de la 1.267 a la 1.324, y se reducen parcialmente siempre, porque consideramos que no puede hacerse de forma total en ningún caso: atenciones protocolarias y representativas, publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos que deben realizarse por los funcionarios, comunicaciones y teléfonos, que están en partidas muy elevadas, partidas inconcretas como otros suministros, reuniones y conferencias, etcétera. Sé que esta reducción de gastos corrientes que el Grupo Popular plantea una y otra vez es dolorosa y difícil. Ciertamente, el crecimiento de los gastos corrientes en el presupuesto de 1995 en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente no es excesivo. Por tanto, estas reducciones en algún caso pueden resultar dolorosas, porque habrá que sacrificar algunos gastos que tienen un carácter conveniente, pero es preciso hacer esos ahorros para poder sacar el dinero suficiente para otras atenciones más necesarias.
Esos 2.330 millones de pesetas así ahorrados se destinan en las enmiendas 1.263 y 1.264 precisamente a transferencias para el transporte de Canarias, y esas dos enmiendas, con brevedad, las defenderá cuando yo termine el señor Villalobos.
Pero es en los Capítulos 6 y 7 en donde el Grupo Popular, a través de sus enmiendas de baja y de alta, quiere señalar su política para la Sección 17. No se trata aquí de hacer un presupuesto alternativo, porque el no poder variar las cifras totales nos lo impide, pero sí queremos marcar las prioridades que el Grupo Popular tiene. Así, hacemos bajas en el Capítulo 6 por 29.574 millones, y altas en el mismo Capítulo por 22.274 millones. Los 7.300 millones de diferencia son enmiendas de alta en el Capítulo 7, transferencias de capital, luego en operaciones de capital dejamos la misma cantidad, pero con aplicaciones diferentes.
Las bajas en el Capítulo 6 comprenden las enmiendas desde la 1.351 a la 1.455. Se refieren fundamentalmente, rebajándose de forma parcial en unos casos el 50 por ciento, y en otros menos, a programas indeterminados, acondicionamientos y mejora de edificios del propio Departamento, adquisiciones de mobiliario, programas informáticos redundantes, estudios y trabajos que, insistimos, deben hacer los propios funcionarios del Ministerio, excesos en reposiciones de maquinarias, incidencias, actuaciones terminadas hace tiempo, etc.
Hechas estas bajas, las altas son las siguientes: El aumento más importante es de 11.400 millones de pesetas en el Capítulo 6, que se dirige al programa 512 A, obras hidráulicas.


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Señalaba el Gobierno que una de sus prioridades en este presupuesto del Ministerio de Obras Públicas eran precisamente las obras hidráulicas.
Pues bien, no se corresponden las cifras con esa prioridad.
Ciertamente no se ha aprobado el plan hidrológico nacional y el Congreso en un Pleno pidió una serie de documentos, como, por ejemplo, un plan de regadíos que indudablemente lo van a retrasar. En el Senado se aprobó que los planes de Cuenca fueran antes que el plan hidrológico nacional, lo cual supone otro retraso. Retraso que no es perjudicial porque es preciso hacer un esfuerzo grande para llegar a un acuerdo entre partidos y en la propia sociedad sobre un plan hidrológico nacional. Mientras ese Plan se aprueba hay muchas actuaciones que pueden llevarse a cabo y que permiten una dotación mayor.
Estamos hablando, por ejemplo --y éstas son nuestras enmiendas de la 1.246 a 1.253--, de abastecimientos en zonas de interés turístico; de investigación geológica, sondeos de investigación; de mejora y cumplimiento de la red meteorológica, de mapas de riesgo de zonas inundables, con 200 millones; del control de la salinización de acuíferos costeros; de nuevas regulaciones, como el Pacto del Agua de Aragón. Ahí se puede emplear un dinero porque hay una serie de presas que están ya aprobadas por todos los partidos y no se ponen en marcha y dedicamos 2.200 millones, o actuaciones en encauzamiento, con mil millones.
Quiero insistir aquí en un plan en el que ya lo hice el año pasado. Es preciso ahorrar agua. Esto es algo en lo que todos los grupos estamos de acuerdo. Pues bien, hagámoslo. Nosotros pedimos en una enmienda 3.500 millones de ahorro de agua en zonas costeras. ¿De qué se trata? Se trata de hacer un gran plan de pequeñas obras entre las confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y corporaciones locales, para reparar los conductos de regadío, reparar las condiciones de abastecimiento y evitar así, sobre todo en zonas costeras en donde esa agua no se recupera porque no va al subsuelo, una pérdida de agua que supone miles de millones de pesetas de ahorro. Este es un plan que puede actuar en grandes zonas; es un plan anticíclicos, y en estos momentos en que la economía está despegando es cuando hay que aplicarlo. Yo creo que este plan es algo que se debe estudiar a fondo mientras se discute el plan hidrológico nacional.
A carreteras destinamos 9.874 millones. Fundamentalmente en la enmienda 1.254, dotada con 5.600 millones, pretendemos adelantar a 1995 obras en autovías que tenían que estar ya terminadas, que tienen sólo dinero hasta el año 1996 y que, por tanto, pueden acabarse en 1995. Esta misma idea tiene también la enmienda 1.255, con 3.900 millones, sobre acondicionamientos. Hay muchos acondicionamientos que deben ser rápidamente puestos en marcha.
Hay otra enmienda importante, la 1.243, que está dotada con sólo 200 millones, pero plantea un problema de principio. Se trata --quiero corregir la enmienda, porque no está perfectamente redactada-- de transformar la N-122 en la Autovía del Duero. Por supuesto, es frontera portuguesa, Valladolid, Soria, eje de la carretera de Aragón, sale desde la frontera portuguesa.
¿Por qué traemos esta enmienda aquí? Es la única de carácter concreto.
Porque esa autovía no está contemplada en el PDI. El PDI no está aprobado todavía, pero hay un plan puente en que ya se actúa como si las obras contenidas en el PDI fueran todas las que hay que hacer.
Nosotros aquí tenemos una discrepancia, porque consideramos que esa autovía es absolutamente necesaria para vertebrar una comunidad autónoma como es Castilla y León, y además establecer un eje internacional entre Portugal y Francia que atraviese toda la península.
Queremos decir con esto que hay obras que no están en el PDI y que nosotros estamos en desacuerdo con que no lo estén.
Finalmente, las enmiendas del Capítulo 6. La 1.245, en el programa de infraestructura ferroviaria, destina 500 millones para estaciones a fin de facilitar el acceso a trenes a personas con minusvalía física. Es una actuación que debe de empezar en las grandes estaciones, pero que revela la preocupación social que todos debemos tener por estas personas.
En política ambiental, la enmienda 1.259 propone en el Capítulo 6 una dotación de 500 millones para el plan de medio ambiente. Es un plan que se ha prometido reiteradamente y que nunca sale adelante. Pues bien, empecemos con actuaciones.
Por otra parte, la 1.260, con 300 millones, propone una transferencia para el Plan Nacional de Residuos a empresas privadas. Ese Plan no está funcionando. Está siendo un fracaso. Tratemos de que salga adelante.
Y una enmienda, la 1.261, de mil millones, de transferencias de capital a corporaciones locales dentro de ese Plan Nacional de Residuos. Yo doy a esta enmienda enorme importancia, porque creo --lo hemos comprobado una y otra vez y el Plan Nacional de Residuos ha fracasado por esto-- que el problema está en que no se pueden instalar estaciones de tratamiento de residuos porque las rechazan los habitantes de la corporación a la que van; y lo rechazan fundamentalmente porque no ven ninguna ventaja en ello. Esta es nuestra propuesta. Hay que compensar a esas corporaciones, a esos pueblos, a esos ayuntamientos, que están dispuestos a admitir una de estas instalaciones, con otras ayudas que permitan que ellos mismos consideren que han hecho una buena operación con la instalación de esta planta de residuos.
En vivienda consideramos que el Plan no está funcionando lo suficientemente bien, y por eso pretendemos en la 1.256 una transferencia de 1.500 millones a comunidades autónomas para el Plan, y en la 1.257, de 500 millones a corporaciones locales.
La 1.258 es una enmienda importante porque pedimos una transferencia de 2.000 millones de pesetas precisamente para facilitar la residencia y circulación de minusválidos.
En transporte terrestre, enmienda 1.244, pedimos una transferencia de 1.200 millones para el transporte de mercancías. Esta es una actuación que ha autorizado Europa, que está establecida en poco tiempo, porque creo recordar que en el año 1997 termina, y no puede prorrogarse; que no se está dotando suficientemente, y que es vital para los

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transportistas de mercancías. Se pretende precisamente reordenar el sector; conseguir unas empresas de mayor fuste, favoreciendo las uniones; favorece las jubilaciones anticipadas porque en este momento hay exceso de oferta en mercancías. Es necesario aprovechar al máximo el tiempo que la Unión Europea nos concede para conseguir el efecto buscado.
Finalmente, en el programa 521 B, Ordenación de las comunicaciones y gestión del espacio radioeléctrico, nosotros hemos presentado una enmienda de devolución, a ese y a algún otro programa, como a Correos, etcétera, pero a ése especialmente, porque no contempla la liberalización de las comunicaciones, que es un poco el porvenir en el que ahora mismo nos hallamos. A ese programa tenemos la enmienda 1.262, de 500 millones de pesetas, precisamente para establecer cabinas para sordos, algo que se está haciendo en Europa y que indudablemente debe implantarse en España.
Termino ahora con una enmienda «in voce» que hemos presentado a la disposición adicional undécima, que si le parece a la Presidencia voy a dar lectura. La enmienda dice: «Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres de tráfico y circulación de vehículos a motor y de seguridad vial prescribirán según los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de tres meses.» Parece que, tal como va esta disposición, se daría el caso de poner unos plazos superiores a los vigentes por esta ley.
Finalmente, comunico al señor Presidente que la enmienda 1.265 queda retirada porque repite la 1.383. La 1.343, que se refería a los gastos reservados en la Confederación del Norte, la retiramos porque el Ministro en el Pleno dio cumplida explicación de que se trataba de un error.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias, señor Posada, especialmente por el esfuerzo de síntesis que ha hecho y que le agradezco.
Haga llegar a la Presidencia el texto de esa enmienda «in voce» para que los Servicios de la Cámara estudien el momento procesal oportuno y la procedencia de la incorporación de la misma.
Por unos muy pocos minutos, tiene la palabra el señor Villalobos.


El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Con la mayor brevedad posible, para defender las enmiendas 1.263 y 1.264.
En la primera de ellas proponemos se eleve la cantidad consignada como compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías y productos originarios de Canarias a la Península entre islas y hacia los puertos de la Unión Europea, este último de particular importancia para las exportaciones hortofrutícolas. Nuestra enmienda incrementa esta partida en 1.572 millones de pesetas, pasando de 1.188 a 2.700 millones de pesetas. Esta es la cantidad que se ha calculado como necesaria para satisfacer los porcentajes de cobertura del coste de los fletes previstos por las normas reguladoras como razonable compensación, y que son del 35 por ciento para los envíos de mercancías a la Península, y del 25 por ciento para las exportaciones de Canarias a la Unión Europea.
La segunda de las enmiendas incrementa en 758 millones de pesetas la cifra consignada para la subvención al tráfico aéreo regular de viajeros entre Canarias y la Península, así como entre las islas, elevándola de 6.529 a 7.017 millones de pesetas.
Si los transportes y comunicaciones son hoy un servicio público esencial en todo Estado moderno, por cuanto integran y dan cohesión en lo político y en lo económico a las diferentes partes de su territorio, en el caso de las Islas Canarias su comunicación y transporte con el resto de España adquieren particular importancia por su circunstancia geográfica de aislamiento y lejanía.
Es justamente en el sobrecoste de los transportes y comunicaciones de Canarias con la Península y los países de la Comunidad Europea donde se hacen patente y de forma especial sus desventajas económicas de situación, el denominado coste de insularidad.
Si gravoso es el encarecimiento de sus abastecimientos exteriores, su circunstancia geográfica de aislamiento y lejanía, más onerosos son sus efectos sobre el desenvolvimiento de sus actividades productivas, por cuanto que los envíos al exterior y las exportaciones de sus bienes y productos necesarios, dada la reducida dimensión del mercado interior, se enfrentan a las barreras y al obstáculo que representan los elevado fletes de transporte marítimo y aéreo que deben soportar.
Por ello, la compensación al transporte de Canarias con el resto de España y la Comunidad Europea constituyen hoy pieza esencial de su régimen económico fiscal que a tenor del artículo 73 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, tendrá en cuenta el principio de continuidad territorial con la Península. Este principio rectamente entendido significa que en términos de coste de transporte se debe situar a Canarias en la contigüidad geográfica del sur peninsular.
Pues bien, frente a la inequívoca expresión de la ley y al carácter estratégico de los transportes y comunicaciones de Canarias con el resto de España, nos encontramos con una actitud cicatera y de recorte por parte del Gobierno de la nación en esta vital cuestión.
En lo que se refiere a la compensación al transporte de mercancías, la partida presupuestaria está congelada desde hace muchos años en 1.188 millones de pesetas, que no cubren siquiera el 15 por ciento de los fletes, donde está previsto alcanzar el 25. Este porcentaje de cobertura quedará, además, sensiblemente disminuido si se hace efectiva la promesa de instancias gubernamentales en orden a extender a todo el año la subvención al transporte de las exportaciones hortofrutícolas de Canarias a la Comunidad Europea, rompiendo la injustificable limitación que lo reducía a las realizadas sólo en el segundo semestre del año.
En este punto se hace preciso denunciar la decisión del Gobierno de declarar indisponible la partida presupuestaria a la compensación del transporte para el año 1992, con lo cual la consignación de los presupuestos de 1993 se habrá

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de repartir entre ambos ejercicios. Este hecho reviste suma gravedad y pone de manifiesto la absoluta insensibilidad del Gobierno en este tema.
En cuanto a la solución al tráfico aéreo de pasajeros, se da la llamativa paradoja de que, siendo insuficiente el crédito inicial que se viene consignando en los presupuestos, de manera que ha habido que recurrir a su ampliación. Sin embargo, para este próximo año la consignación se reduce en más de 300 millones de pesetas. Con esta reducción se está quebrantando, además, el artículo 6.2 de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que obliga al Gobierno a no disminuir la ayuda prestada a este tráfico.
Este es el escenario en que se enmarcan nuestras enmiendas y a través de ellas queremos instar al Gobierno a que dé un giro de 180 grados en su política de apoyo al transporte con Canarias, que asuma el compromiso de solidaridad y cohesión con esa región española alejada para que, como he dicho en otra ocasión, la lejanía no sea nunca barrera de separación y aislamiento.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andréu, con el mismo ruego de brevedad.


El señor ANDREU ANDREU: No se preocupe, señor Presidente, que atenderé su ruego.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una enmienda de devolución, la 656, por la cual considera que la Sección 17 debería ser devuelta al Gobierno en su totalidad. Y ello es así porque este Ministerio necesariamente tendría que hacer un presupuesto malo, a nuestro juicio, descompensado y desequilibrado, porque desde hace tiempo viene actuando sin planes, de forma descompensada entre sus diferentes departamentos, que son muchos y muy variados. Es un Ministerio que continuamente refleja la ficción de estar actuando en muy diversos frentes y con muy diversos planes, pero en realidad no tiene acabado ninguno y estamos esperando que algún día se acabe el plan hidrológico, que otro día se acabe el plan de infraestructuras, que otro día se acabe el plan nacional de comunicaciones y no se sabe cuántos planes más, pero ninguno de ellos acaba. Sin embargo, sigue invirtiendo de forma rutinaria y casi inercial con respecto a presupuestos anteriores, con lo cual el resultado no puede ser bueno.
Buena muestra de ello es la escasa dotación que tiene el Ministerio para los programas medioambientales. Cuando se ha convertido en el auténtico cuello de botella de este Ministerio, que tiene problemas para resolver los importantes impactos medioambientales de muchas de sus obras públicas. Así, por ejemplo, nos parece muy escasa la dotación para protección y mejora del medio ambiente, asistencia en las obras públicas y a planificación y concentración territorial y urbana. Esto hace que ni haya equipos suficientes dentro del Ministerio para abordar los estudios de impacto medioambiental y que se tengan continuamente problemas con tal o cual embalse, o con tal o cual autovía que pasa por lugares extraordinariamente bellos y con los que siempre tiene auténticos problemas el Ministerio de Obras Públicas y que, como decía anteriormente, se ha convertido en un auténtico cuello de botella.
También es preocupante que la inversión tan importante que se consigna en recursos hidráulicos se haga sin que aún esté terminado el plan hidrológico. Se trata de una inversión nada más y nada menos que de 162.312 millones de pesetas. Es una inversión importante. Sin embargo, el plan hidrológico no está aún hecho y no sabemos, sobre estas inversiones --de las cuales en embalses de regulación se destinan nada más y nada menos que prácticamente 60.000 millones de pesetas--, los impactos que sobre el conjunto del territorio nacional van a tener estos embalses ni si pudiera haber alternativas a los mismos, como tampoco sabemos exactamente la eficacia que van a tener esos 27.900 millones de pesetas destinados a la mejora de regadíos, cuando en el plan hidrológico se dice: se debería estudiar si realmente es necesario, útil y compatible con la ordenación agrícola que dimana de la Unión Europea el que existan todos estos regadíos que hay en nuestro país, a no ser que gran parte de esta dotación estuviese destinada al cuidado de muchísimas de estas redes de regadío por las cuales se pierden importantísimas cantidades de agua.
A nosotros también nos preocupa bastante que mientras que la inversión en carreteras, de una forma inercial, como decía anteriormente, continúa siendo importantísima --concretamente en autovías vamos a ponernos en 773.000 millones de pesetas--, la dotación en infraestructuras ferroviarias sea extraordinariamente escasa, escasísima, por no decir que ridícula. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que debe equilibrarse mucho más la relación entre medios de transporte en nuestro país y muy concretamente hacia el ferrocarril. Muchas veces pensamos que el Gobierno socialista se ha embarcado en una política auténticamente suicida de cara al futuro de nuestro país, dejando prácticamente de la mano de Dios la red ferroviaria española; red ferroviaria a la que ya se le asestó un duro golpe al haberse transferido prácticamente todo el dinero que existía del Plan de Transporte Ferroviario a la línea de AVE.
Nos parece muy bien que esa línea esté ahí y que sea tan cómoda, tan estupenda, pero es gravísimo que a cambio de ello nuestra red ferroviaria nacional esté hecha unos zorros.
Incluso dentro de la propia inversión en carreteras llama también la atención el desequilibrio que existe entre la inversión en autovías y el medio urbano. En medio urbano estamos en los 232.000 millones de pesetas.
Es decir, menos de un 30 por ciento de lo que existe en autovías, cuando es muy importante esta inversión en medio urbano porque tienen un alto valor añadido. Son inversiones que no solamente facilitan y mejoran la relación interterritorial, sino la descongestión de las propias ciudades.
También nos llama mucho la atención y denunciamos cómo cosas a las que se ha dado tanto bombo y platillo, como el plan de salvamento marítimo, luego, a la hora de ejecutar los presupuestos tienen una dotación francamente ridícula, como son esos 2.300 millones de pesetas que nosotros consideramos que deben incrementarse sustancialmente, dados los problemas que se pueden ver continuamente en nuestras costas.


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Esta es la enmienda fundamental de mi Grupo Parlamentario, ya que considera que los Presupuestos se deben confeccionar desde un punto de vista muy diferente al que lo ha hecho el Gobierno. Nosotros consideramos que se debe planificar más. No sólo decir que se va a planificar, sino realmente hacerlo y tener un sentido más social, más equilibrado de nuestro territorio. En cuanto a las enmiendas parciales, siendo coherentes con estos planteamientos que hemos ofrecido, nosotros tenemos muchas que se refieren a la infraestructura ferroviaria. Bien es cierto que nos gustaría hacer estas enmiendas con un plan de infraestructuras encima de la mesa y aprobado, exigiendo que partidas concretas de ese plan se llevaran a cabo, pero, a falta de ello, nosotros solicitamos que haya inversiones en el ferrocarril de San Sebastián de los Reyes, no sé si castigado por aquel asunto de corrupción que le costó el cargo al Ministro García Valverde; que se actúe también en las cercanías de Málaga. Pedimos los acondicionamientos a eso que se llama velocidad alta, no alta velocidad, para las conexiones Albacete-Murcia, Sevilla-Huelva, Sevilla-Cádiz, Vitoria-Pamplona, Madrid-Cáceres, Guadix-Baza-Almendricos.
Pedimos la famosa variante de Pajares, tantas veces aplazada, la Santander-Palencia, Madrid-Aranjuez-Cuenca, etcétera.
Pedimos asimismo una mayor inversión en cuestiones medioambientales, sobre todo en actuaciones de saneamiento y depuración de aguas, enmiendas 669 y 670. Pedimos también que programas concretos para salvar las barreras arquitectónicas se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado. Reitero que pedimos las depuradoras del río Tajo; en fin, inversiones que vayan en el sentido de que tengan mayor relevancia lo que hoy es la Secretaría General de Medio Ambiente, ya que administrativamente hasta ahora el Gobierno se niega a que haya un auténtico Ministerio del Medio Ambiente, que debería ser el que controlara toda la actuación de este Ministerio de Obras Públicas, porque la situación administrativa en que nosotros nos encontramos es tanto como que el sospechoso se vigile a sí mismo.
En definitiva, más allá del conjunto de enmiendas parciales, de cuya lectura libero a SS. SS., nosotros insistimos en la necesidad de que, desde otros presupuestos, se planteen (y valga la redundancia, aunque sea con significado diferente) unos presupuestos de la Sección 17 sustancialmente diferentes.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias, Señor Andréu, por su esfuerzo de síntesis realmente importante.
Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió, a petición del Grupo enmendante, y tiene la palabra, en nombre el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La primera enmienda que presenta nuestro Grupo Parlamentario a la Sección 17 es la número 334, en la que planteamos la previsión, en los presupuestos generales, de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma del País Vasco para poder abordar la construcción de una línea II del metro en la zona del Gran Bilbao.
Como SS. SS. saben, el Plan Director de Infraestructuras, dentro del listado de actuaciones, prevé expresamente la figura del convenio entre el Gobierno central y el de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación al metro de Bilbao. Lo que nuestro Grupo Parlamentario pide es que, en el listado de actuaciones del plan intermodal de transportes, se incluya expresamente la posibilidad de que sea financiado con una participación, que estaría en este momento sin concretar, del Gobierno central en la construcción de esta segunda línea del metro que va a propiciar un cambio, una modificación en el sistema del transporte.
Por ello, lo que nosotros pretendemos, en definitiva, es que haya una concreción de la previsión general que se contiene en el Plan Director de Infraestructuras, de forma que ese futuro convenio que ahí se recoge respecto a la construcción del metro de Bilbao se refiera también a una segunda línea que abarcaría toda la margen izquierda del Gran Bilbao y que se podría financiar con la supresión progresiva de la línea de ferrocarril, que en estos momentos depende del Gobierno central y que gestiona la empresa Renfe. A nuestro juicio, las consignaciones presupuestarias que se están destinando en este momento por Renfe para esta línea de ferrocarril podían ser sustituidas por la construcción del ferrocarril metropolitano, línea II, que circularía por toda la margen izquierda del Gran Bilbao.
La segunda enmienda nuestra es la número 337, relativa a actuaciones en la costa. En ella planteamos la posibilidad de establecer un programa de inversiones en el litoral en colaboración con las comunidades autónomas.
Por tanto, de los 14.700 millones que el Gobierno presupuesta en el plan de actuaciones en la costa, nosotros planteamos que la mitad, 7.350 millones, sean objeto de transferencias de capital a las comunidades autónomas para que éstas puedan intervenir sobre espacios protegidos, como es en este caso, y así está catalogado en la Ley reguladora de costas, el litoral español.
La enmienda número 340 de nuestro Grupo Parlamentario pretende la realización de una obra de urbanización del litoral del Camino de la Galea, en el municipio vizcaíno de Guecho, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental en la costa, rehabilitando el borde marítimo y permitiendo de esta forma garantizar su uso y utilización de forma acorde con la naturaleza en una zona de alta densidad de población y de intensa presión sociodemográfica.
La enmienda número 339, dirigida al programa 513A, lo que pretende es que se presupueste por el Gobierno con una reducción correspondiente en ese mismo programa en lo que se refiere a las transferencias a Renfe para que el Gobierno realice las inversiones necesarias para la supresión de pagos a nivel en la Comunidad Foral de Navarra.
En la enmienda número 334, dentro de la Dirección General de Marina Mercante, pedimos que en la financiación de las actividades de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima se prevea una cantidad de 1.349 millones, de los 7.349 --por lo tanto, reservaríamos al Gobierno 6.000 millones-- para que sea transferida como

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operaciones de capital a las comunidades autónomas por la razón de que las comunidades autónomas están ejerciendo y disponen de competencias de salvamento marítimo en lo que concierne a la zona de dominio público del Estado, que es el mar territorial; en las aguas jurisdiccionales que alcanzan hasta las 12 millas, las operaciones de salvamento marítimo corresponden a las comunidades autónomas. Por lo tanto, planteamos que dentro de los presupuestos del Ministerio dirigidos a financiar a la Sociedad se transfirieran estos 1.349 millones a todas las comunidades autónomas que disponen de litoral, que disponen, en definitiva, de mar en sus diferentes condiciones, en sus diferentes acepciones.
También, señor Presidente, dentro de esta Dirección General de Marina Mercante, en el programa 514A proponemos una transferencia a la Escuela de formación de administración marítima de Bilbao. No podemos olvidar que la Dirección General de Marina Mercante ha estado financiando durante muchos años al Instituto de Estudios Europeos Marítimos y que esta escuela es una escuela de posgraduados de las más avanzadas en este momento y de las que otorgan una mayor formación en materia marítima, para la cual nosotros solicitamos una ayuda a cargo del Programa 514A.
Para finalizar, señor Presidente, nuestra enmienda número 336 lo que plantea en este momento es un convenio en los Presupuestos Generales del Estado para la realización por parte del Gobierno central en colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco de la autopista que uniría los municipios de Armiñón con Maltzaga. Por lo tanto, dentro de las previsiones que tiene el proyecto de presupuestos en el programa 513D en materia de inversiones reales, proponemos que se realice una transferencia de 2.000 millones a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su caso mediante la suscripción de un convenio, para la construcción --repito-- de la autopista que uniría Maltzaga con Armiñón.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muy brevemente, intervengo para dar por defendidas nuestras tres enmiendas --las números 451, 452 y 453--. La primera coincide, y me evito la explicación, con una que presenta el Grupo Popular, y coinciden nuestros argumentos y nuestros razonamientos.
Está prevista en el artículo 7 del REFC, y en él se dice de una manera muy clara que, en todo caso, el sistema de compensación tendrá en cuenta el principio de continuidad territorial con la península. Ese principio es absolutamente imposible cumplirlo a partir de la cantidad que se destina en estos presupuestos. Por tanto, pedimos una ampliación como mínimo de 1.000 millones de pesetas, que creo que incluso sería insuficiente y habría que volver a ampliarla. Es una partida para la que, en cualquier caso, deberíamos de encontrar una enmienda transaccional entre todos los grupos, porque le guste o no le guste al Grupo del Gobierno, evidentemente esto tendrá que pagarlo, porque está establecido así y es necesario para compensar el coste de insularidad y la lejanía, que es la razón fundamental de esta enmienda. Igualmente, en el REFC se establece un programa de inversión en infraestructuras que nosotros, en este caso, lo concretamos en 1.000 millones de pesetas, y que está también establecido de una manera específica, concreta y clara en las disposiciones del REFC y que, por tanto, deben de tener una concreción en estos presupuestos.
Por último, en la enmienda número 453, para el programa de costas y playas, de la Dirección General de Costas, pedimos una ampliación, pues si bien en algunas islas están recogidas actuaciones interesantes, en cualquier caso insuficientes, sin embargo en la isla de Tenerife no es el caso, cuando tienen una serie de actuaciones que se proponen, concretamente seis, que contabilizan 250 millones de pesetas, que completarían el programa que ya previsto para las islas de Gran Canaria, Lanzarote, etcétera.
Estas son nuestras tres enmiendas. En espera de su consideración por los grupos mayoritarios de la Cámara, las doy por defendidas, agradeciendo la palabra al señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): A continuación tiene el uso de la palabra, con el ruego de brevedad análogo al de los grupos anteriores, por el Grupo Mixto, el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, lo que quiero decir es que voy a ser breve en agradecimiento a los Diputados que se han quedado a escucharme, al señor Letrado y al personal de la Cámara.
Voy a dar por defendidas las enmiendas del señor Mur, números 225 a 234, las 241 y 242, 243 y 244, 236 a 239, 245, y de la señora Rahola la 439.
Rápidamente paso a las enmiendas que presenta Unión Valenciana a la Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que son en total 125.
Vamos a mantener todas para su votación en esta Comisión. Está claro que el motivo que ha inducido a Unión Valenciana a presentar estas enmiendas ha sido el grado de concienciación de los graves déficit de infraestructuras de que adolece la Comunidad Valenciana. Los valencianos --es un clamor popular-- tenemos sed de justicia en inversiones, que en los últimos 12 años no se han visto cristalizadas en nuestra Comunidad.
Estos déficit en infraestructuras condicionan el desarrollo de la Comunidad Valenciana. Un instrumento bueno del Gobierno que hubiera servido para conseguir que saliéramos de esta situación de desencanto respecto al Gobierno central y sus inversiones en la Comunidad, como son los presupuestos para 1995 o el Plan Director de Infraestructuras, deja de lado la Comunidad Valenciana.
Los motivos y las justificaciones del propio Ministerio para establecer sus criterios de inversión, nos llevaron a presentar estas enmiendas, aduciendo los mismos objetivos, criterios y planteamientos que a ellos les han llevado a dirigir las inversiones a otras comunidades o a otras obras que nosotros no consideramos tan prioritarias. El objetivo

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de nuestras enmiendas es crear, impulsar y mantener las infraestructuras de carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas y costas en la Comunidad Valenciana; que se presten los servicios públicos de saneamiento aguas, correos, telégrafos, explotación portuaria y aeroportuaria, y la potenciación política medioambiental. Esos son los objetivos que tiene marcados el Ministerio de Obras Públicas en su propia memoria de actividades. Basándonos en ellos, pensamos que algunas de las enmiendas que presenta Unión Valenciana deberían haber sido consideradas y contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Mantenemos un grupo importante de enmiendas referentes a obras hidráulicas, que tienen como finalidad la corrección del déficit hídrico y la consolidación e impulso de los sistemas hidráulicos actuales de abastecimiento, regadío y otros usos en la Comunidad Valenciana; la defensa contra inundaciones, la mejora, modernización y conservación de las obras e infraestructuras para el ahorro y racionalización del uso del agua e incremento de la oferta de recursos hidráulicos. En puertos y aeropuertos solicitamos que se impulsen las obras de infraestructura y de equipamiento que resuelvan los déficit de capacidad y operatividad de los aeropuertos de Valencia y Alicante, así como los puertos de las mismas ciudades.
Respecto a costas, formulamos enmiendas que promueven actuaciones que mejoran la calidad ambiental de nuestras costas, eminentemente turísticas. Solicitamos que se desarrollen actuaciones preventivas y protectoras para controlar los procesos de erosión y degradación de la costa valenciana; mejora, ampliación y regeneración de playas, rehabilitación de los bordes marítimos, defensa de costas y accesibilidad a las playas. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.) Respecto a medio ambiente y calidad de aguas, proponemos un impulso de acciones básicas para la mejora y conservación de la calidad de las aguas, y sobre todo, a través de alguna de nuestras enmiendas, una acción firme y decidida que frene el progresivo proceso de desertificación que afecta a amplias zonas de Almería, Málaga, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia. Los propios estudios del Centro Superior de Investigaciones Científicas sitúan a grandes zonas de la Comunidad Valenciana y de Andalucía entre las más afectadas por los riesgos de desertificación dentro de la Unión Europea. Solicitamos, igualmente, la regeneración y mejora forestal de la Comunidad Valenciana y cuenca mediterránea azotada por los incendios de este año en particular, que en la Comunidad Valenciana han supuesto la desaparición de 144.000 hectáreas.
Así, sin ánimo de nombrarlas todas --mantengo las 125 enmiendas--, tenemos especial interés en que se considerara por el Grupo Socialista la enmienda 83, respecto a la depuración de aguas residuales urbanas; las 141 y 142, relativas a la depuración de aguas residuales en Elda-Petrel y en la Marina Baja y Vinalopó, en la provincia de Alicante; las enmiendas 55, 56 y 57, que son las que contemplan la regeneración y mejora forestal de la Comunidad Valenciana, en particular en las comarcas de Els Ports y El Maestrat, afectadas por la lluvia ácida de la central térmica de Andorra, las sierras Calderona, Espadán y Desierto de Las Palmas, gravemente afectadas por los incendios forestales de los últimos años.
Repito que han sido 144.000 las hectáreas quemadas en el último año. Por no ser extenso, no le comento las que han ardido en los últimos quince años, aunque usted lo conoce porque sé que le preocupa el tema.
Respecto a infraestructura hidráulica precisa, dados los graves déficit hídricos de nuestra Comunidad, mantenemos las enmiendas 85, 86, 87 y 88, respecto al canal Xerta-Calig, así como a otros trasvases Tajo-Segura, Júcar-Vinalopó y acondicionamiento del cauce del río Júcar; y las enmiendas 161 a 172, relativas a obras de infraestructura hidráulica vitales para el progreso de la Comunidad Valenciana en lo referente a turismo y a agricultura.
Mantenemos una enmienda --y queremos que sea considerada porque los sectores le han presentado los proyectos al Ministro Borrell, la Generalitat Valenciana está dispuesta a colaborar y esperamos que el Ministro Borrell también--, que es la 177, que es un plan integral, a seis años vista, de actualización, mejora y modernización de los regadíos históricos de la Comunidad Valenciana, encaminados a evitar la pérdida y a favorecer la mejor utilización de los recursos hidráulicos, racionalizando el uso y consiguiendo ahorro de agua.
Luego también me referiré a las enmiendas 94, 95 y 96, respecto al transporte colectivo público en las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia. Ya en particular, las relativas variantes de la red viaria, un impulso a inversiones que son diferidas en los años, intentar llevarlas a los años 95 y 96. Son las enmiendas 5, 6, 73, 77, 181, 183, de la 184 a la 192 y de la 196 a la 211, que no sólo afectan a la Comunidad Valenciana sino también a varias comunidades por las que pasa la autovía N-3, la de Alicante-Baeza, y la autovía del Mediterráneo, que uniría Málaga, Nerja y Motril; la enmienda 187 plantea que se adelanten las inversiones en esta autovía.
Solicitamos también inversiones en materia de ferrocarril en las enmiendas 41 a 50, sobre el eterno problema del soterramiento de vías férreas en distintos municipios de la Comunidad Valenciana, y la supresión de pasos a nivel, y sobre todo, la enmienda 99, relativa al proyecto mejora estación Renfe en Alicante y la enmienda 222 --bonito número--, referente al parque central en Valencia, que lleva tantos años en el cajón del Ministerio de Obras Públicas.
En conjunto, éstas serían nuestras enmiendas. Ruego al Grupo Socialista que las mime y que las estudie con el máximo cariño.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Chiquillo, por esta deferencia, aparte de por sus palabras rápidas en defensa de sus enmiendas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, en principio, quiero presentar las enmiendas del Grupo Socialista, números 420, 421, 422, 423 y 424, que las doy por defendidas en sus propios términos. Vamos a no perder el tiempo en este apartado.


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Contestando a cada uno de los grupos, en primer lugar, quiero agradecer al señor Posada su exposición, no solamente por su brevedad, sino por su buen sentido. Yo creo que hay un avance importante en las enmiendas que presenta el Grupo Popular, y es huir lo más posible de lo que llamábamos, en tono cariñoso porque yo creo que cada obra es necesaria siempre, enmiendas de campanario, porque le dan otra agilidad al debate. Siento que haya coincidido que esas enmiendas de campanario --llamadas así cariñosamente-- se hayan sustituido por algunas enmiendas que llamaríamos de manguito, es decir, enmiendas de entrar en cada departamento para ver dónde puede estar la pequeña economía. Porque no tenemos que olvidar que, de las 254 enmiendas, prácticamente 194 corresponden a este tipo de enmiendas en las que se entra en una gran cantidad de temas, desde problemas de mobiliario, supresión de compras para informatización, eliminación de planteamientos de investigación, supresión de publicaciones, es decir, una gran cantidad de temas que le llevan a ese ahorro de más de 2.000 millones de pesetas.
Yo estoy convencido de que en ese tema que de manera global, en el capítulo 2, lo hemos tratado muchas veces, de forma muy especial en lo que supone el presupuesto de la Sección 17, creo que se hace una injusticia al hacer este traslado mimético, sin más. ¿Por qué digo esto? Porque si repasamos cuál ha sido la trayectoria en este capítulo del Ministerio de Obras Públicas, veremos que en 1992, el gasto en este capítulo es de 16.500 millones de pesetas, mientras que, en este año, es de 11.600 millones de pesetas, llegando a representar únicamente el 0,9 por ciento de los presupuestos que se presentan, por lo cual no deja de ser especial que se dedique tanto tiempo a una situación ya en descenso, con números comprobados, y cuya representación presupuestaria no es excesivamente alta. Yo creo que en la situación en que se plantea ahora mismo las reducciones del capítulo 2, estamos corriendo alto riesgo de que algunos de los proyectos y algunas de las situaciones que en estos momentos ayudan a las inversiones no se puedan realizar en detrimento, lógicamente, de las propias inversiones.
Se ha hablado de obras hidráulicas, de carreteras, de muchas cosas. Yo creo que en estos momentos, estos presupuestos de Obras Públicas tienen una serie de virtualidades importantes, entre ellas, su ajuste al Plan Director de Infraestructuras. En estos momentos, la inversión completa con los organismos del Ministerio de 940.000 millones de pesetas se ajusta prácticamente a lo que se preveía en el Plan Director de Infraestructuras, y no solamente como globalidad, sino diría que en cada uno de los apartados estamos en cifras muy cercanas a las previstas en el propio Plan Director de Infraestructuras, entre ellas, las propias obras hidráulicas, en las que estamos de acuerdo, es una filosofía que manifestaremos siempre, y estoy convencido de que el plan hidrológico debe ir en la dirección de ahorro del agua. Por ello, creo que en ese camino necesariamente nos vamos a encontrar cuando empecemos a hablar de situaciones, de filosofía, de obras y de realizaciones.
Ocurre un fenómeno, que yo sé que usted lo entiende perfectamente, señoría, y es que cuando se hacen las enmiendas, hay un elemento de desilusión fuerte en esta Sección 17, motivado por un desfase que existe entre la inversión y el proyecto. Cuando se plantea la necesidad de una inversión cuantificada en una gran obra pública, sabemos que primero tiene que haber un período de información, normalmente un proyecto de trazado o un proyecto previo y, después, un proyecto de obra; es decir, por mucha voluntad política que hubiera de plantear una inversión de una cuantía determinada en cualquiera de las obras que se presentan, sería prácticamente imposible llevar a buen fin la inversión que se propone.
Por tanto, en muchos aspectos, yo creo que sería mucho más interesante que se sepa esto previamente, cuando se empiece a hablar de planificación hidráulica, que existe como usted sabe y lo ha afirmado, con un plan puente, hasta que se apruebe el plan hidrológico, aprobación que es un deseo de todos, pero cada vez más difícil, los sucesos que van ocurriendo y las movilizaciones que se van produciendo en uno y otro sitio, no crean el ambiente más favorable posible para esta situación.
Quiero decir también que en vivienda se hace un gran esfuerzo, como usted sabe; se intenta, con el importante ascenso que se produce en vivienda, aumentar y acelerar las inversiones en la parte de situaciones comerciales, viviendas no residenciales, que es donde precisamente está la gran caída que ha existido estos años atrás.
Por entrar ya de lleno --y es difícil anotar cada una de las enmiendas que se presentan, pero por grandes bloques--, yo le diría que de la 1225 a la 1235 se pretende presupuestar de forma diferente el capítulo 1. No podemos aceptar este concepto, puesto que, por el funcionamiento que tiene el propio Ministerio --y usted lo conoce--, lo prioritario es la asignación de recursos a los programas presupuestarios que posteriormente se sitúan en las unidades encargadas de gestionarlos. De otra manera crea dificultades de funcionamiento, y ya no es un problema de cuantía, sino tal y como se está expresando en esas enmiendas del capítulo 1.
La 1326 propone suprimir el rango de director general a los presidentes de Puertos, y usted conoce perfectamente que éstos, en estos momentos, por ser un órgano autónomo, tienen un contrato laboral o una categoría laboral y difícilmente pueden tener categoría de director general, puesto que esta situación no lo permite. No sé si tendrán sueldo de director general, pero categoría de director general en ningún caso.
De la 1237 a la 1242 se propone realizar una serie de estudios por el propio personal. Yo estoy convencido --y usted es técnico-- de que muchas veces tendríamos que filtrar estas opiniones de tipo general. Llevar una gran cantidad de proyectos para ser realizados por el propio personal del Ministerio de Obras Públicas, que tiene un ritmo de trabajo alto y ya ocupado en estos momentos, incorporar nuevas actuaciones de este tipo sería sacrificar con certeza muchas de las inversiones del futuro próximo, y sobre todo muchas inversiones de las que pudieran ir aceleradas.
De la 1243 a la 1265 se intenta aumentar dotaciones por proyectos en estos momentos en fase de actuación y con dotaciones existentes. Eso nos lleva a un riesgo de eliminación

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de inversiones. Como sabe, cada cantidad que puede salir a licitación puede alargarse durante tres ejercicios consecutivos con cantidades del 90, 80 y 70 por ciento sucesivamente, según hablemos de 1996, 1997 ó 1998. Por tanto, parece que esa idea de incremento en cantidades que ya están asignadas va en detrimento de cantidades mayores a la hora de licitación, y usted sabe que este año se intenta mantener la licitación de 1994, que es año récord, en torno a los 700.000 millones de pesetas, y estas situaciones verdaderamente no lo favorecen.
Tiene una enmienda, la 1244, que nos parece interesante. Quizá convendría que más adelante entráramos a hablar de ella --digo más adelante, fuera ya del entorno de la Comisión--, porque tal vez habría que ajustar en las cuantías, pero en principio nos parece interesante, no digo que sea aceptada, sino simplemente que vamos a intentar estudiarla despacio para que pueda serlo.
Prácticamente en cuanto a las demás estamos ya entrando en el campo del capítulo 2, sobre el que hemos hablado yo creo que largamente, y lo que sí está claro es que las que hablan de ahorro del agua, aunque tienen dificultades, vamos a intentar también que puedan ser estudiadas para, si necesitan alguna corrección, llegar a un acuerdo, o, si no, intentar asumirlas de una manera general. Por las conversaciones que llevamos con el propio Ministerio, nos parece interesante poder entrar en este campo, pero sin que podamos asegurar ninguna cosa, puesto que, como usted sabe, depende mucho de cómo está la situación de proyectos para que las inversiones puedan ser llevadas a efecto dentro del ejercicio de 1995.
Quiero terminar, como empezaba al principio, agradeciendo el tono y la forma de exposición tremendamente positiva, que yo creo que en cierta manera es la mejor forma de encontrar situaciones receptivas, aunque se puede llegar, por lo que ya he apuntado, en realidad a muy pocas de las cosas que se presentan.
Por Izquierda Unida --y siento que su representante no esté en estos momentos presente--, se actúa con planes. Es sabido que se han creado para cada una de las actuaciones planes puente, y en otras se está hablando de planes. El está mencionando, cuando habla del plan de salvamento marítimo, un plan que existe prácticamente en todas las secciones del Ministerio de Obras Públicas, planificación, y él en muchos momentos está haciendo alusión a estos planes.
No se puede hablar de que no se consideran en las obras situaciones medioambientales, cuando es preceptivo que toda obra lleve una declaración de impacto ambiental y las formas de corrección, hasta tal punto que tenemos obras de mucha importancia que, por esta causa, en estos momentos están en expectativa, en espera, o muchas de ellas no han podido ni licitarse. Por tanto, no es cierto. Y eso de que parta del propio Ministerio de Obras Públicas y por eso haya que desconfiar de las declaraciones de impacto ambiental yo creo que hace un flaco servicio a los técnicos que están encargados, que parece que se les debe presuponer, por lo menos de entrada, objetividad y conocimiento en sus informes, y no estar continuamente haciendo planear la duda y la sospecha de que, porque salen del Ministerio, por eso no tienen que ser objetivos. Se habla de las carreteras frente al ferrocarril y se dice que en carreteras se continúa invirtiendo mucho y en ferrocarriles poco. Yo creo que no ha habido una lectura detenida de cómo son los presupuestos de la sección 17 de este año, puesto que en carreteras se baja respecto al año anterior y en la inversión de ferrocarriles se sube un 14,7. Esta es la subida más alta que ha tenido en los últimos años el ferrocarril y, además, es la subida más alta de todos los organismos que dependen del Ministerio de Obras Públicas. Por tanto, no creo que pueda decirse que en carreteras y ferrocarriles en este momento el Ministerio está apostando fundamentalmente por ferrocarriles. Lo único que pasa es que hay muchas más carreteras, 20.000 kilómetros, que estamos metidos en un plan de autovías y que hay que seguir financiando las obras que en este momento están en marcha y las nuevas, ya que hay que completar la red estatal de autovías, que es un compromiso del Gobierno, con una planificación hecha en su momento.
Lo mismo podría decirle de otras muchas cosas. Su señoría nos ha dado una relación de enmiendas presentadas. Lo único que puedo decirle en la globalidad de las enmiendas, aparte de que, como decía anteriormente, la mayor parte de ellas no tienen proyecto, es que muchas de ellas están ya incluidas y otras están metidas en plan con otra denominación. Por tanto, yo le agradecería al representante de Izquierda Unida que las lea despacio, porque también ha incluido alrededor de 15 enmiendas en las que aparecen cuantificaciones de uno, dos, tres millones de pesetas para resolver problemas de autovías. Yo entiendo que debe de haber habido algún error, porque en un conjunto de unas 12 enmiendas hay una inversión completa pedida al Gobierno de unos 18 millones de pesetas que intenta arreglar autovías, carreteras y hasta ferrocarriles. Por eso entiendo que debe haber errores, como ocurre con muchas bajas de la sección 31, que sería bueno, según nos manda el Reglamento, que correspondan a otras partidas dentro de la propia sección 17.
Al Partido Nacionalista Vasco le voy a contestar no en el orden en el que me ha dado sus enmiendas, sino en el que yo tengo en función de los propios programas.
La enmienda 339, que corresponde al programa 513.A, que pide pasos a nivel en la Comunidad navarra, quiero decirle que esto está incluido en los presupuestos presentes. Que lo mire despacio, porque figuran incluidos los pasos a nivel de la Comunidad de Navarra cada uno en su sitio. Se espera que con esta planificación prácticamente no quede ningún paso a nivel, no sé si quedará alguno en alguna carretera secundaria, pero en las carreteras principales y en algunas de la propia Comunidad con convenio se harán. Por tanto, esto está incluido ya.
La enmienda 340, del programa 513 B, se refiere a la urbanización del camino de la Galea, en Guecho (Vizcaya). Están incluidas las obras de rehabilitación del borde marítimo de Vizcaya, siempre que los terrenos estén disponibles. El único problema que existe es el de expropiación del propio Ayuntamiento para que las obras puedan ser realizadas. Por tanto, es un problema de expropiación de suelo.


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La enmienda 335, del programa 513. A, se refiere a la línea II del Metropolitano de Bilbao, con dotación de 1.000 millones de pesetas. Yo creo que lo ha dicho usted muy bien; primeramente hay que hacer el convenio; es decir, para que tenga dotación tendría que hacerse el convenio a tres bandas y, después del convenio a tres bandas, tendría que hacerse el proyecto para ver la cuantificación. Mientras tanto, estoy convencido que el convenio, ojalá, pueda ser terminado y firmado en el año 1995 para luego hacer el proyecto, pero es imposible en estos momentos que podemos incluir ninguna inversión.
Respecto a la enmienda 336, que se refiere a la autopista Urbina-Malzaga, con 2.000 millones, el digo lo mismo. Esto necesitaría, además, información pública, proyecto de trazado y proyecto de obra. Es prácticamente imposible en el año poder adelantar ningún tipo de inversión.
Las enmiendas 334 y 338, programa 514A, seguridad de tráfico marítimo y navegación costera, no podemos asumirlas, no por lo positivo, sino por lo negativo. Es decir, nos quita y se lleva los 1.349 millones y los 500 millones de un crédito de 7.340 millones de pesetas de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, que a todas luces la deja sin posibilidad de poder ejercitar sus programas, y no sería, parece, bueno vestir a un santo desnudando a otro. Por tanto, esas bajas nos imposibilitan poder entrar en el estudio afirmativo de esta enmienda.
La 337, al programa 514, que nos habla de financiación convenio Comunidades Autónomas, sabe que se financian estos convenios a través del capítulo 6, Dirección General de Costas. Por tanto, esa denominación genérica no nos serviría para poder aplicarla en ningún concepto concreto que nos permitiera inversión.
Respecto a Coalición Canaria, cuyo portavoz se ha marchado, no podemos entrar en lo del transporte aéreo de mercancías privadas, que es igual a la que nos presentaba el Partido Popular, que estudiaremos, aunque no sabemos las posibilidades de éxito; no lo de viajeros, porque eso es una partida realmente abierta, porque es una financiación parcial del billetaje y se pone la cuantía en función de la experiencia de otros años, pero, si fuera más, esa cuantía sería mayor. Por tanto, es absurdo bloquear una cantidad mayor teniendo en cuenta que el resultado final va a ser el mismo. En consecuencia, ésa de ninguna de las maneras se movería, sino que estaría en la cantidad que figura, que es la que la experiencia del propio billetaje de otros años nos está dando y que es la que posiblemente se acercará al final de 1995.
En la enmienda 452 existe un convenio con fecha 30 de abril de 1994, firmado en Santa Cruz de Tenerife, que recoge los compromisos del MOPTMA, en la que presentaba infraestructuras en áreas turísticas por mil millones de pesetas. Por tanto, no sería necesario decir nada, sino que está en convenio.
En la enmienda 453 de este mismo Grupo, efectivamente hay situaciones en el PID y afectan a las playas de Teresitas --cada una con su problema--, Candelaria, La Barranqueta, el Barranco de Troya y los Llanos de Aridane, cada una con un problema; una con explotaciones de terrenos, otra porque necesita un convenio urbanístico, en este último con el ayuntamiento, y otros porque están en marcha. La realidad es que en estos momentos sus enmiendas están siendo atendidas.
Respecto a Unión Valenciana, no sé si por atención o porque es la última, nos podremos permitir algún lujo de ir avanzando despacio. Yo creo que Unión Valenciana nos presenta con frecuencia --y en este caso yo creo que se da mucho-- situaciones de enmiendas que tienen una cierta tradición y que siguen incorporándose, a pesar de que algunas de ellas ya están inauguradas, como una que lo fue el año 1993.
Simplemente, por programas le diría que, por ejemplo, del programa 431A, la 84 está incluida con un crédito de 784 millones, superior al que usted propone. O sea que su enmienda, que parece que va al alza, tendríamos que bajarla para acoplarnos a la misma si fuera aceptada, con lo cual nos ahorraríamos cuatrocientos y pico millones de pesetas.
Le diría lo mismo en los que me habla usted de saneamiento y calidad del agua. Yo creo que todo este tipo de enmiendas que nos presenta debieran venir contrastadas con un convenio, porque usted sabe perfectamente que para actuar en muchos de los sitios, desde la Albufera hasta Petrel, la Marina Baja o Vegalopop, harían falta convenios con las respectivas autonomías, en un caso, o con autonomía y ayuntamiento, en otro, porque de otra manera sería difícil, como ya he dicho en otros momentos, la realización de inversiones.
En la enmienda 86, lo mismo. Existe una dotación superior a la solicitada, y le diría que en obras hidráulicas existen bastantes de ellas; la enmienda 161 y la 180, que tienen actuaciones previstas ya con dotaciones, pero no figuran actuaciones específicas en las dotaciones que usted pone.
Concretamente, en la 163 solamente es posible la subida de un aliviadero en embalse, y la cantidad que se necesita para esta actuación es bastante menor. Por tanto, no podríamos movernos en una cantidad mayor, puesto que no existe donde actuar. Así en buena parte de ellas, en las que yo se lo diría, si quiere, más despacio, por no cansar y que no aparezcan en el acta un montón de actuaciones. Le diría, por ejemplo, que están incluidas en la E-5 la variante de safor; que está incluida la que usted pide como variante de Gandía-Oliva, que figura en ese mismo proyecto. La variante de Buñol se encuentra en el tramo de la autovía Requena, que está en servicio, o si no se refiere usted a otra carretera de las que dan a Buñol y que debe ser de competencia autonómica, porque el Estado no tiene otra que pase por Buñol, con lo cual debería dirigirse a la respectiva comunidad autónoma.
La autopista Madrid-Valencia no se contempla en el Plan Director de Infraestructuras. Si ya va a haber una autovía con todo lo que está costando, si además tenemos que hacer el estudio de una autopista, que me imagino que tendría que tener un trazado similar, parece mucho. En estos momentos la autovía está en la autopista. (El señor Chiquillo Barber: Yo pido un estudio.) Es que un estudio en una autovía que ya tiene origen Madrid, destino Valencia,

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o viceversa y que va a ser autovía, con lo que está costando el esfuerzo, no vamos a meter una autopista a la vez. No sé si es que vamos a hacer la paralela y fija, una parando y otra no. Me imagino que el Estado no va a adjudicar nunca una autopista de ese calibre a simple vista.
De lo que sí estoy convencido, y hay que reconocerlo, es de la gran preocupación que en estos momentos demuestra el representante de Unión Valenciana por su conocimiento del territorio, como no podía ser de otra manera, y porque presenta 125 enmiendas, que aunque muchas de ellas están en ejercicio en estos momentos, otras contratadas, otras en marcha, otras en proceso de contratación y otras ya incluidas, se las podría dar cuando quiera. Agradecemos la preocupación que tiene por su región, como no podía ser de otra manera, y que, no obstante, nos hemos preocupado, como creo que ha quedado claro en estos momentos, de estudiar todas y cada una de sus intervenciones.
Creo que no hay nada más. Las demás han sido defendidas en sus justos términos. Agradecer la paciencia a los que quedan y de una manera muy especial a los funcionarios. Y no sé si decir, muchas gracias, señor Presidente, o buenas noches.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para una réplica breve, tiene la palabra el señor Posada, por parte del Grupo Popular. Pero, antes de que se me olvide, sí quisiera decir que, con objeto de que queden en el «Diario de Sesiones» con precisión los nombres de determinadas poblaciones del Archipiélago canario, le rogaría que los compulsase con su compañero Néstor Padrón, para que no fuese objeto de protesta o pareciese que había un desconocimiento o ignorancia acerca del asunto.
Siempre me han gustado las precisiones de tipo geográfico y cultural, en general.
Tiene la palabra el señor Posada.


El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, pero es al señor Jerez, a quien doy la palabra, ya que se ha adelantado. Le ruego que tenga un poco de paciencia, señor Posada.


El señor JEREZ COLINO: Es aridane.


El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias. Para cualquier cosa que haya en ese sentido, se pone en contacto con el redactor de turno y así lo hacen con precisión.
Tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Muy brevemente. Quiero, en primer lugar, agradecer al señor Jerez su intervención con respecto a la mía y el estudio de esas enmiendas que se ha ofrecido a ver a fondo para ver en qué forma se pueden aceptar. Enmiendas de baja, todas ellas juntas. Yo le diría al señor Jerez que en el año 1991, cuando se discutía el presupuesto de 1992, que no estábamos aquí ni él ni yo, estoy seguro que el portavoz del Grupo Popular presentó una serie de recortes al Capítulo II y estoy seguro también de que el portavoz del Grupo Socialista dijo que, si aceptaban esos recortes, sería imposible que el Ministerio funcionara. Al cabo de tres años resulta que los 16.000 millones del Capítulo II del año 1992 han pasado a once mil y pico millones en 1995.
Luego sí se podían hacer recortes.
¿Qué es lo que yo digo en todas estas bajas? No pienso que todas ellas deban aceptarse simultáneamente, yo mismo no lo propondría, pero no es bueno que se descarten estas enmiendas, consideradas todas, como ha dicho el señor Jerez, de manguito y que, por ser de ese tipo, no se miren. Creo que hay que mirar porque algunas de ellas podrían aplicarse.
Las enmiendas de alza son las que tienen para nosotros importancia, porque es donde marcamos nuestra política como Grupo. Por ejemplo, en carreteras sí tenemos en cuenta la tramitación de la obra pública. Por eso proponemos adelantar obras que están ya muy avanzadas, cuyas últimas consignaciones están en el año 1996 y, por tanto, si las empresas constructoras recibieran ese dinero antes, desde luego las podría llevar a cabo en muchos casos. No en todos, porque en alguno puede haber dificultades, ya lo sé, pero es imposible conocerlo desde la oposición exactamente; es el Gobierno el que lo conoce.
Para terminar, yo creo que sí debía estudiar las enmiendas dirigidas a minusválidos, quizá no con la magnitud con que nosotros las planteamos, pero yo creo que en estos momentos existe un deseo social y de alguna forma podrían incorporarse por lo menos como un inicio hacia el futuro.
Finalmente --y con esto termino--, me gustaría que reflexionaran sobre la enmienda 1.261, transferencias de capital a corporaciones locales para el plan de residuos industriales, para el plan de residuos sólidos urbanos.
En la Comisión de Infraestructura y Medio Ambiente aprobamos una proposición no de ley de este tipo. Coincidíamos en lo importante que era motivar a las corporaciones locales para aceptar estos establecimientos.
Ponemos 1.000 millones --quizá es una cantidad excesiva--, pero yo creo que conviene por lo menos estudiar a fondo cómo podría tratarse esa enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Chiquillo tiene la palabra, también con brevedad.


El señor CHIQUILLO BARBER: Quiero agradecerle que haya estudiado con detenimiento las 125 enmiendas. Repetiré el argumento de que los valencianos tenemos sed de justicia en inversiones porque pensamos que no estamos considerados de la manera que deberíamos y el ruego de que de las 125 enmiendas podamos llegar a un entendimiento en alguna de aquí al día 21 de noviembre. Puede ser vía transaccional que ustedes presenten con algún recorte sobre alguna de mis cantidades --son tantas, y teniendo en cuenta el tiempo que he tenido para estudiar toda la sección, que ha podido haber error, porque a veces se te escapa algo.


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Me gustaría que mirara con especial celo la referencia a la regeneración y mejora forestal, la número 55, reforestación de las zonas quemadas de la comunidad valenciana. Están actuando ayuntamientos y la Generalitat y sería interesante que el Gobierno central se sensibilizara del grave problema que afecta a la Comunidad Valenciana como consecuencia de los incendios forestales, aunque no se contemplara la cantidad que pedimos en la enmienda nosotros.
La enmienda 177, relativa a un plan de modernización de los regadíos históricos de la Comunidad Valenciana, contiene un estudio que en el propio Ministerio de Obras Públicas se conoce. El señor Borrell es conocedor y diversos directores del Departamento de Obras Públicas conocen este plan de mejora de los regadíos históricos de la Comunidad Valenciana. Los regantes del Júcar lo han puesto en conocimiento de la Consellería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Obras Públicas para intentar entre todas las Administraciones dar un impulso a este plan, que supondría una mejora en el objetivo, en particular en el ahorro de agua, que es a lo que va encaminado este proyecto, y constituir un beneficio para todos.


El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Si el señor Jerez lo estima pertinente, tiene la palabra, también con brevedad.


El señor JEREZ COLINO: La verdad es que no sé si la rapidez en la respuesta de las ciento noventa y tantas enmiendas ha dado la impresión de que no estaban miradas. Le aseguro que sí, le puedo contestar a cada una de ellas porque han sido estudiadas. Tengo constancia, con informes de Ministerio, de todas ellas, una por una. Lo que pasa es que no merece la pena, entiendo yo, pero si quiere se las puedo enseñar en cualquier momento, no hay ningún problema. No niego --pudiera ser-- que esa rebaja se debiera a todas estas peticiones. Yo creo que la fiebre del capítulo 2 es posterior a 1992. Yo creo que éste es el segundo año de la fiebre del capítulo II. No sabemos lo que durará hasta que lleguemos a situación cero, en cuyo caso esto será tremendo; no sé; pudiera se.
Yo creo que en casi todos los municipios y normativa general de construcción existe la necesidad de hacer accesible a los minusválidos cualquier tipo de edificación o de obra.
Por tanto, toda nueva obra debe llevar necesariamente una eliminación de barrera arquitectónica por obligación y, por supuesto, también los edificios públicos. Pero si hay alguna situación que haya que mirar en el futuro, se intentará.
Sobre los 1.000 millones de corporaciones, le diré una cosa. Los planes de residuos son complicadísimos. El lugar y el encuentro donde se tienen que hacer los vertidos también. Las negociaciones, cuando tiene que hacerse entre varios municipios en cooperación, es mucho mayor. Por lo tanto, no habría problema ni entiendo que lo ha habido cuando un municipio encuentra o un grupo de municipios tiene la posibilidad de encontrar una situación de eliminación. Me parece que el Ministerio esta normalmente receptivo a estas situaciones concretas. De manera genérica no creo que esto deba ser legítimo.
Después, al señor Chiquillo le diré que está bien que siga la sed de justicia; eso es bueno.
Sobre la reforestación yo le diría, y no se lo he contestado en la respuesta general, yo le diría que depende del Ministerio de Agricultura, en convenio con los ayuntamientos. Es decir, ese conjunto de enmiendas no depende del Ministerio de Obras Públicas. Este Ministerio reforesta únicamente las caídas grandes para evitar aterramientos en zonas de embalses o en zonas determinadas de cauces de ríos, pero, como elemento general, la reforestación la hace el Ministerio de Agricultura en convenio con autonomías o ayuntamientos. Tendrían que ser reforestaciones muy concretas, sobre todo para librar de aterramientos los embalses, no para otra casa.
En los riegos históricos usted tiene partidas incluidas para lo que son las acequias generales, las acequias globales fundamentales, no la red de azarbes pequeña que ya entra dentro de otro tipo de temas; puede ser del propio particular, del ayuntamiento, de la autonomía, pero el ayuntamiento tiene partidas que, si se las mira usted, están destinadas prácticamente para toda la cuenca del Júcar y sus afluentes. Hay partidas para evitar las filtraciones de las zonas de regadío, sobre todo en los canales principales que son competencia del Ministerio de Obras Públicas.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Con esta intervención termina el debate sobre la Sección 17, Obras públicas.
Mañana continuaremos, como ya ha quedado dicho en el debate de los Presupuestos en comisión, con la Sección 18, Educación, a las nueve y media de la mañana.
Muchas gracias a todos. Hasta mañana.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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