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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 287, de 28/09/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 287 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 18 celebrada el miércoles, 28 de septiembre de 1994

ORDEN DEL DIA: Elección de Vicepresidente Segundo. (Número de expediente 41/000018) 8416 Proposiciones no de ley: --Por la que se insta al Gobierno a que apruebe una ayuda económica equivalente al importe de las cotizaciones sociales que las empresas pesqueras con buques, afectados directamente por inactividades, deban ingresar a lo largo del tiempo que dura la parada obligatoria por falta de autorización para pescar, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, y en los Convenios celebrados por la Comunidad Europea con terceros países. Presentada por el Grupo Vasco, PNV. (BOCG, serie D, número 117, de 27-6-94. Número de expediente 161/000199) (Página 8416) --Relativa a la necesidad de adoptar medidas tendentes a favorecer el reequilibrio del mercado europeo del vino. Presentada por el Grupo Vasco, PNV. (BOCG, serie D, número 103, de 27-5-94. Número de expediente 161/000216) (Página 8419)

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--Sobre la incorporación a la legislación española de la Directiva Europea 92/43/CEE, relativa a conservación de espacios naturales y de la fauna y flora silvestres. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(BOCG, serie D, número 120, de 1-7-94. Número de expediente 161/000243) (Página 8426) --Relativa a la aprobación de un Plan para favorecer la renovación, por parte de los agricultores, de su maquinaria agrícola automotriz.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 120, de 1-7-94. Número de expediente 161/000246) (Página 8431) --Por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas medidas de política de prevención y extinción de incendios. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 126, de 26-7-94.
Número de expediente 161/000254) (Página 8434) --Relativa a las medidas a tomar en favor de los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones se han visto afectadas por los recientes incendios forestales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 126, de 26-7-94. Número de expediente 161/000256) (Página 8442) --Relativa a la puesta en funcionamiento de un Plan nacional de reordenación del sector lácteo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 130, de 12-9-94. Número de expediente 161/000263) (Página 8445) --Relativa al levantamiento de las prohibiciones de exportación para el porcino, procedentes de las antiguas zonas no exentas de peste porcina.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 130, de 12-9-94. Número de expediente 161/000260) (Página 8450)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


--ELECCION DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO. (Número de expediente 41/000018.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.
Antes de entrar en la tramitación del orden del día, vamos a proceder a la elección del Vicepresidente Segundo de la Comisión, cargo que queda vacante por la dimisión del señor Grau. Si les parece, el señor Letrado dará lectura de los nombres de los miembros de la Comisión, y si hay alguna sustitución ruego que en el mismo momento los portavoces la anuncien.
Comienza la votación.


El señor Letrado procede al llamamiento de los señores Diputados, que depositan su papeleta en la urna.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa.)

Efectuado el escrutinio, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por 36 votos, es decir, por unanimidad, queda elegido Vicepresidente Segundo de la Comisión, el señor Vidal i Sardó, a quien ruego se incorpore a la Mesa. (Aplausos.) A continuación, entramos en la tramitación del orden del día, que son proposiciones no de ley. Anuncio ya en estos momentos a la Comisión que el Grupo Parlamentario Vasco ha pospuesto, para una posterior sesión de la Comisión, la tramitación del punto 7 del orden del día, que era la proposición no de ley relativa al coeficiente corrector de cotización en las embarcaciones pesqueras comprendidas entre las 150 y las 400 toneladas de registro bruto.


DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE APRUEBE UNA AYUDA ECONOMICA EQUIVALENTE AL IMPORTE DE LAS COTIZACIONES SOCIALES QUE LAS EMPRESAS PESQUERAS CON BUQUES AFECTADOS DIRECTAMENTE POR INACTIVIDADES DEBAN DE INGRESAR A LO LARGO DEL TIEMPO QUE DURA LA PARADA OBLIGATORIA POR FALTA DE AUTORIZACION PARA PESCAR, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL TRATADO DE ADHESION DE ESPAÑA A LA COMUNIDAD EUROPEA Y EN LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA CON TERCEROS PAISES. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000199.)

El señor PRESIDENTE: Tramitamos en estos momentos el primer punto, que es la proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Vasco, por la que se insta al Gobierno a que apruebe una ayuda económica equivalente al importe de las cotizaciones sociales que las empresas pesqueras con buques afectados directamente por inactividades deban de ingresar a lo largo del tiempo que dura la

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parada obligatoria por falta de autorización para pescar, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea y en los convenios celebrados por la Comunidad Europea con terceros países.
Para defenderla, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco pretende dar una solución de carácter general a un problema con el que se encuentran diversas flotas españolas que faenan en caladeros sujetos a regímenes pesqueros diferentes. El problema, señor Presidente, ¿cuál es? Lo voy a sintetizar. Deviene de la aprobación de la Ley 22/1993, que es la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el año 1994, donde se modifica el régimen de desempleo previsto en la Ley 31/1984, el artículo 12.2, donde se establecía una calificación y una ordenación de la figura de la fuerza mayor.
La falta de licencia para poder faenar y para poder pescar con normalidad venía siendo conceptuada como fuerza mayor impropia por parte de las autoridades laborales, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, en el sentido de la imposibilidad de poder faenar con normalidad en el caladero, en primer lugar, por falta de licencia al estar sujeto a una parada obligatoria; en segundo lugar, por falta de licencia porque el plan de pesca había determinado que el período de actividad estaba culminado en cada año, y, en tercer lugar, por la culminación del TAC o de la cuota correspondiente a cada Estado. El Tribunal Supremo venía conceptuando estos supuestos como fuerza mayor impropia --el «factum principis» le denomina--, por el que una actividad económica, en este caso la pesquera, se vería suspendida de poder ejercer dicha actividad con normalidad en base a la influencia de una decisión institucional de un poder público --en este caso podría ser un convenio institucional firmado por España anteriormente, y ahora por la Unión Europea, con terceros países--, lo que, en definitiva, suponía que, en esas situaciones, la actividad pesquera estuviera exenta de la cotización a la Seguridad Social cuando se producía este supuesto de fuerza mayor impropia previsto en la legislación reguladora del desempleo. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario va en la línea de la proposición que planteó el Grupo Socialista, donde preveía que en estos supuestos hubiera una compensación por parte de los poderes públicos.
A nuestro juicio, el error y la problemática que se ha suscitado deviene de la modificación que la Ley de acompañamiento realizó en su artículo 12.2. Se presentaron enmiendas en su día, pero no se aceptó el mantenimiento de la regulación del artículo 12.2 de la Ley de 1984, por lo que la Ley de 1993 lo modificó.
Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario entiende que la iniciativa no de ley aprobada en esta Cámara queda coja, puesto que se refiere a situaciones de fuerza mayor impropia, relativas a flota española que faena en caladero de un tercer país, caladero regulado por el Convenio entre la Unión Europea y Marruecos, pero también ocurre miméticamente esa situación respecto a flotas españolas que faenan en caladeros de terceros países, por ejemplo en Argentina, en Mozambique, en Guinea-Conakry, en la Unión Europea. Por eso pretendemos trasladar y ampliar el planteamiento político que hizo el Grupo Parlamentario Socialista de determinar que se diera una compensación por parte de los poderes públicos, por parte del Ministerio, como ayuda pesquera; compensación plena de lo que, en situación de fuerza mayor se cotiza a la Seguridad Social, a estas actividades pesqueras, a esta flota española que se encuentra en idéntica situación, regulada también por los convenios que ha firmado la Unión Europea o directamente por el régimen previsto en el Tratado de Adhesión.
Por tanto, pretendemos ampliar y equiparar la situación de las flotas pesqueras españolas, tanto las que faenan en el caladero marroquí como las que faenan en aguas de terceros países en la Unión Europea.
Como SS. SS. saben, estas flotas se encuentran también sujetas a fuertes restricciones. Toda la flota de altura al fresco de Galicia, de Cantabria, de Asturias y del País Vasco, se caracteriza porque está sujeta a unos planes de pesca que obligan, a lo largo del año, a mantener una inactividad durante unos meses, que son fijados por un acuerdo entre la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en función del TAC existente y de los derechos de pesca determinados para cada uno de los Estados en el Tratado de Adhesión.
Por ello, estas limitaciones, tanto en cuanto a los días de pesca, cuando están autorizados a pescar --por lo tanto, el resto estaría sujeto a la parada obligatoria--, como en cuanto a las limitaciones de las especies que se pueden pescar, únicamente siete de las veintisiete previstas, y el que no se pueda cambiar de actividad, puesto que una inactividad, por ejemplo para poder ejercer la actividad al palangre, impide que pueda modificarse y poder ir al arrastre de fondo, suponen situaciones de fuerza mayor, que no han originado ningún problema desde la entrada de España en la Unión Europea hasta diciembre de 1993, momento en el que se aprobó la Ley de acompañamiento a los Presupuestos, que ha originado esa distorsión, parcialmente corregida a través de la iniciativa no de ley del Grupo Socialista y solamente para la flota española que faena en aguas de Marruecos.
En definitiva, lo que pretendemos es ampliar y dar este margen de ayudas compensatorias al resto de las flotas, evitando esta discriminación o desigualdad cuando el régimen que las soporta o que sirve de justificación al otorgamiento de las ayudas es el mismo; es decir, una relación convencional que regula la actividad pesquera entre la Unión Europea y un tercer país o el mismo Tratado de Adhesión, que establece determinadas actividades a lo largo del año, tal como se prevé en el Tratado de Marruecos.
Nuestro Grupo Parlamentario, y termino, señor Presidente, pretende evitar esta pequeña discriminación --o grande, no sé cómo calificarla exactamente-- que existe en este momento relativa a que el Parlamento Nacional vea de distinta manera a una flota pesquera y a otra. Esa es la intención con la que hemos presentado nuestra proposición

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no de ley y por la que la sometemos a la consideración del resto de los grupos parlamentarios esperando el apoyo de los mismos.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a la proposición.
¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco porque, además de compartir los argumentos que acaba de expresar su Portavoz, tenemos datos que refuerzan todavía más esta petición.
Independientemente del acuerdo unánime de la Cámara del 1 de marzo de este año, en el que se establecía este tipo de ayudas de cotizaciones sociales a las empresas pesqueras con buques afectados directamente por las inactividades o paradas biológicas, hoy, repito, tenemos datos que son contundentes y que urgen la puesta en práctica de estas medidas. Tal es el caso de la flota de Algeciras, de la flota que está faenando en los caladeros marroquíes, que, a partir del próximo día 30 de septiembre, finaliza el plazo para la reconversión de sus redes de monofilamento en otro tipo de artes. El Gobierno ha programado una línea importante de ayudas, de 4 a 4,5 millones de pesetas para hacer esta transformación de artes de pesca a este tipo de barcos, pero les exige estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, y se da la paradoja de que estos barcos, que a partir del día 30 de septiembre podrán cobrar esas importantes ayudas aprobadas por el Gobierno, no se encuentran al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social porque el Gobierno todavía no ha abonado ni una sola de estas indemnizaciones aprobadas en la Cámara desde el día 1 de marzo de 1994.
Por tanto, señor Presidente, lo primero y más importante es instar al Gobierno, una vez más, a que cumpla el acuerdo del día 1 de marzo del año 1994, para que esta flota, a la que le urge en este momento, pueda cobrar esas indemnizaciones para encontrarse al corriente del pago de cuotas de la Seguridad Social, y para poder acogerse a esa otra subvención o a esa otra aportación del Gobierno de 4,5 millones de pesetas por barco, dependiendo de su tonelaje de registro bruto, y poder cambiar de artes de pesca, en este caso transformar las redes de monofilamento. Y no sólo es importante en este momento por este motivo, sino que lo es también a raíz de la negociación que se ha cerrado la semana pasada en Halifax, Canadá, de acuerdo con el convenio existente para la pesca española que faena la flota congeladora en áreas de NAFO.
Es realmente importante que se conozcan, y me imagino que el Gobierno lo manifestará durante estos días, las contundentes reducciones que ha supuesto esta negociación para la flota congeladora española, de forma y manera que aquellos que estaban pescando al fletán, es decir, los 37 barcos españoles que, fuera de las 200 millas de aguas canadienses, estaban dedicándose al fletán negro y que tenían una cuota anual de pesca recomendada por la Comisión científica del orden de las 60.000 toneladas de fletán negro, se ha visto reducida unilateralmente, para el período siguiente, a 27.000 toneladas única y exclusivamente, lo que supondrá para nuestra flota la reducción en un tercio del número de unidades que podrán desplazarse allí, con las consiguientes paradas biológicas. A raíz de lo propuesto por el PNV, vendrá muy bien que se tengan en cuenta estas consideraciones, para que se amplíe aquella normativa del 1 de marzo a todos los sectores pesqueros de España.
Es también importante conocer que en el acuerdo de Halifax, de las doce parejas de bacaladeros que están faenando en aguas de NAFO, y a raíz de las 1.500 toneladas de bacalao que podrán pescar a partir del año que viene, con toda seguridad nos quedaremos única y exclusivamente con tres parejas bacaladeras faenando en aquellas aguas.
Señor Presidente, con estos argumentos, y teniendo muy en cuenta que lo primero que pide el Grupo Parlamentario Popular es que se cumpla inmediatamente por parte del Gobierno el acuerdo unánime del 1 de marzo del año en curso, mediante el cual se pagarían estas indemnizaciones a los barcos que están faenando en Marruecos, solicitamos, además, que se haga efectiva antes del 30 de septiembre para que puedan cobrar esa otra importante línea de ayudas que ha previsto el Gobierno, pero que no podrán cobrar por no haber estado al corriente las cuotas de la Seguridad Social.
En cualquier caso, nos parece una proposición no de ley oportuna, acertada y que, desde luego, va a contar con nuestro voto favorable.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andréu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Con brevedad voy a exponer los motivos por los cuales el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Vasco.
Son dos fundamentalmente los motivos por los cuales la apoyamos. En primer lugar, por equidad con la flota pesquera que faena en aguas marroquíes. Si se ha aprobado ya algo similar para esta flota, consideramos justo que se apruebe para el conjunto de la flota española que faena en aguas internacionales, conforme a los acuerdos que firma la Comunidad Europea con terceros países. En segundo lugar, porque nos parece justo que las empresas no coticen por la Seguridad Social en estas épocas de parada biológica.
Por consiguiente, aunque creemos que, de alguna manera, es desequilibrado que solamente se presente una proposición no de ley para favorecer a las empresas y que no haya algo similar para determinar aspectos que son interesantes para los trabajadores del mar, como son los tipos de asistencia social que tienen, la forma en que participan en las ganancias de la pesca, etcétera, ya que en ese sentido

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pensamos que estamos ante un desequilibrio, no obstante consideramos que es justa esta iniciativa en lo que respecta a las empresas y, por tanto, mi Grupo Parlamentario, aunque sea para llenarse de fuerza ante iniciativas posteriores que afecten fundamentalmente a los trabajadores, va a apoyar esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) también votará favorablemente la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV), por la que se pide la aprobación de una ayuda equivalente al total de las cotizaciones sociales que corresponden a los buques y empresas afectados por inactividades debidas a paradas biológicas u obligadas por tratados europeos o convenios internacionales.
A nosotros también nos parece de justicia lo que se pide. Primero, porque se concedió un similar beneficio a las flotas que faenan en el área de Marruecos; segundo, porque me parece recordar que con ocasión de aquel debate ya se tomó, en cierta manera, el compromiso de extender estos beneficios a la totalidad de las flotas pesqueras del país.
En todo caso, que sirva la presente iniciativa del Grupo Vasco (PNV) para homogeneizar este trato igualitario para todos los pescadores y armadores de la flota española.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moragues, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MORAGUES GOMILA: También con extraordinaria brevedad para anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley que en sus términos reproduce y amplía la que se discutió y aprobó en el Pleno de la Cámara del 1 de marzo, relativa a las paradas biológicas de la flota que faena en aguas marroquíes y que presentó el Grupo Socialista.
Decía que apoyaremos esta proposición porque su tenor literal es prácticamente idéntico a las enmiendas que presentó el Grupo Vasco (PNV) a la propuesta socialista y porque compartimos --y reproducimos también-- la argumentación utilizada por nuestro portavoz que tenía un carácter general. Ese carácter general de la argumentación de nuestro portavoz daba la posibilidad de que situaciones parecidas a la que vivía la flota pesquera en Marruecos podía ser extendida al resto de nuestras flotas pesqueras en aguas de otros países, y fue reflejada en una enmienda que el propio Grupo Socialista presentó y que reconocía la extensión de dichos beneficios a otras situaciones similares que afectaran a las diferentes flotas que faenaban en caladeros de otros países.
Votaremos a favor, como decía, en coherencia con nuestra posición anterior y porque compartimos los argumentos utilizados por los portavoces de los demás grupos políticos, no sin olvidar que la problemática de las paradas biológicas debe ser estudiada en el seno de la Ponencia para conocer en profundidad las repercusiones de las mismas en nuestra flota; para conocer cómo deben absorber el impacto económico de las mismas, ya que se ha convertido en un elemento estructural cuantificable, al cual debemos hacer frente para una correcta ordenación de la actividad anual de las flotas.
Por otro lado, como ya dijimos en el debate de marzo, las paradas biológicas programadas pueden convertirse en el período en que las empresas desarrollen actividades de mantenimiento y mejora de los buques y de sus tripulaciones, garantizando y aumentando la seguridad a bordo; garantizando los descansos vacacionales de las tripulaciones; mejorando, en definitiva, la capacidad profesional mediante los oportunos programas de formación. Todo ello en la idea de que, con la ayuda necesaria por parte de la Administración, las empresas pesqueras deben hacer frente a sus desafíos estructurales, como lo hace cualquier otra empresa por su pertenencia a un sector productivo determinado. Esta era la filosofía, además, introducida en la reforma de la Ley de Medidas Fiscales cuando hace referencia a la nueva redacción del artículo 12 sobre cotizaciones durante la situación de desempleo.
Se trata, en definitiva, de no dar especificidades a un sector cuando muchos sectores productivos de nuestra economía han entrado ya en situaciones parecidas a las de paros biológicos, como el sector del calzado y el de la moda, que también producen paros, no biológicos obviamente, pero sí determinados por las propias necesidades del mercado y éstas no son contempladas por la legislación.
Por tanto, señorías, creo que la Ponencia que se aprobó la semana pasada en el Pleno de la Cámara debe reflexionar sobre dichas actuaciones para dar una salida a las que ya son estructurales y no coyunturales del sector de la pesca.


El señor PRESIDENTE: Si les parece pasamos ya a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--RELATIVA A LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS TENDENTES A FAVORECER EL REEQUILIBRIO DEL MERCADO EUROPEO DEL VINO. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000216.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir el segundo punto del orden del día, que es la proposición no de ley del mismo Grupo Parlamentario, relativa a la necesidad de adoptar medidas tendentes a favorecer el reequilibrio del mercado europeo del vino.
Para defenderla, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señorías, como saben, la Comisión Europea ha planteado una

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propuesta de reforma de la OCM del vino que a pesar de contener algunos avances respecto a las líneas desarrolladas por la comunicación de la Comisión de julio del año pasado, perjudica al conjunto de las zonas cuya economía local cuenta con una fuerte especialización en la actividad vitivinícola con pocas alternativas de producción.
Así, es admitido por todos los grupos políticos que es necesaria una reforma de la OCM del vino, puesto que desde la entrada en España en la Comunidad Europea se han producido una serie de modificaciones en el mercado que es necesario corregir.
No obstante, señorías, en los últimos tiempos se han producido excedentes en el mercado vinícola debido al descenso generalizado en el consumo, lo que hace preciso tomar medidas dirigidas al equilibrio entre la demanda y la oferta.
Aceptadas estas premisas generales del marco en el que se encuentra el mercado del vino, en lo que no coincidimos es en el modelo de reforma de OCM propuesto, al contener una obligatoriedad generalizada en el arranque de viñedos y en la destilación.
A nuestro juicio, los excedentes en el mercado del vino, sobre todo en los que no disponen de un estándar de calidad, no se atajan de forma coherente, puesto que el proyecto de reforma propone medidas de saneamiento del mercado que no priman satisfactoriamente la calidad.
Así, previamente a la reforma de la regulación del mercado vinícola, hay que examinar que los excedentes se están produciendo en los vinos de mesa, cuyo consumo ha descendido entre un 30 ó 40 por ciento en los dos últimos años. Es decir, se está produciendo un trasvase en cuanto al tipo de vino que los ciudadanos consumimos, debiéndose partir, por tanto, a la hora de reformar el mercado, de esta consideración general.
Por ello, desde nuestro Grupo, y creo que desde el resto de los grupos parlamentarios, planteamos que los vinos de calidad que tienen aceptación en el mercado, cuya producción es consumida con normalidad y que no generan excedentes, no tienen que estar sujetos a la reducción de productividad, ni tampoco al arranque de viñedos, ni, en tercer lugar, a la destilación obligatoria.
Es necesario indicar que, en relación a la cuota de referencia establecida principalmente en función de las producciones de los últimos cuatro años, no se está teniendo en cuenta que, mientras que en España se ha procedido a un importante esfuerzo de arranque de viñedos, otros países han ido paulatinamente aumentando su superficie vitícola y el índice de rentabilidad.
Igualmente, la propuesta de la Comisión Europea consolida la práctica de la chaptalización, es decir, el enriquecimiento artificial del grado alcohólico del vino mediante sacarosa, que es lo que está suponiendo, señorías, el incremento de excedentes vínicos en el mercado europeo, produciendo efectos contrarios al reequilibrio perseguido por la reforma, además de que perjudica notablemente a la calidad de los vinos.
Es por ello que la reforma del mercado, tal como está planteada en el punto primero de nuestra proposición, debe prohibir esta práctica, que es habitual en Alemania y en la zona nórdica de Francia, no ocultándosenos que detrás del mantenimiento de la chaptalización están los intereses y presiones de multinacionales azucareras que surten de sacarosas a los productos vinícolas de estos países para que, a través de este enriquecimiento artificial, los vinos puedan alcanzar los grados de alcohol necesarios para que sirvan al consumo de mesa.
Quiero manifestar, señor Presidente, que estos sectores agrarios, cuando han sido reformados con anterioridad, lo han sido de acuerdo a los principios genéricos que inspiran el acervo comunitario de la política agraria común y que han supuesto un fuerte incremento del gasto en el sostenimiento del mercado agrícola. Sin embargo, en el proyecto presentado por la Comisión para la OCM del vino no se respetan los principios inspiradores de la política agraria comunitaria y, además, se propone un recorte presupuestario del 30 por ciento.
El proyecto de OCM va más allá de las obligaciones del GATT. A nuestro juicio no respeta los principios de la política agraria comunitaria (la solidaridad financiera, la unidad de mercado, el respeto al medio ambiente) y va a una interpretación arbitraria, yo diría que un tanto interesada, de la subsidiariedad, con el único fin de plantear ese principio de subsidiariedad para recortar el gasto en el sector vitivinícola en base a los intereses de países nórdicos, mientras que se incrementa el de los sectores característicos de la agricultura del centro o norte de la Unión Europea.
Señor Presidente, el proyecto de OCM carece de instrumentos que permitan calificarla de organización propiamente dicha. De hecho, una vez realizadas las acciones previstas como abandono definitivo, la Comisión no contempla instrumentos para regular el mercado, ya que los explicitados no se pueden considerar como tales. Este planteamiento carece de precedentes en otras organizaciones comunes de mercado recientemente reformadas, que cuentan con unas ayudas destinadas a compensar la pérdida de renta en base a unas dotaciones presupuestarias acordes a sus necesidades. Sin embargo, para el sector vitivinícola la Comisión propone un recorte presupuestario y un debilitamiento de la protección sin establecer compensaciones.
El proyecto de OCM, señorías, ha perdido también el carácter de común, estatalizando sus principales medidas. La Comisión da muchas potestades a los estados en la aplicación de la OCM, a pesar de que en el documento de reflexión se establecía la comunitarización de la reglamentación como principio rector de la nueva organización común de mercado.
Los estados cuya situación económica se lo permita podrá realizar una aplicación muy flexible o laxa en los aspectos más negativos del proyecto de reforma de OCM. Por ello, la propuesta de reforma carece de cualquier rasgo, repito, del calificativo de común, olvidando el principio de solidaridad financiera entre estados para la aplicación de la reglamentación comunitaria.
La Comisión, señor Presidente, ha optado por velar por los intereses de la viticultura del norte de Europa, dejando a los países mediterráneos en clara posición de desventaja,

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puesto que plantea el arranque como mecanismo prioritario y desmonta los instrumentos de regulación del mercado, con lo que podría desaparecer la función de organización. Esta situación será particularmente negativa para amplias zonas de la geografía española en las que la viticultura desempeña un papel muy relevante en el desarrollo económico. Pero es que, además, a la hora de fijar cantidades de referencia hemos de tener en cuenta el esfuerzo que se ha realizado por parte de la viticultura española de reducción de superficie en los últimos cuatro años en 130.000 hectáreas, a diferencia de otros países, como Francia, que ha reducido 70.000, o, curiosamente, Alemania, que ha reducido únicamente 600 hectáreas.
Voy terminando, señor Presidente. Quiero señalar que la reforma de OCM que se nos plantea por parte de la Comisión Europea, a nuestro juicio, y creo que en esto estamos de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios, debe tener un máximo grado de comunitarización de las medidas de regulación del mercado. Sin embargo, al proyecto de reforma presentado por la Comisión se le puede aplicar, reitero, cualquier calificativo menos el de común, ya que va a un diseño de estatalización de la OCM en el reparto de las obligaciones de destilación, como la financiación de acciones estructurales, o en las potestades estatales en el conjunto de su regulación.
Por ello, nos parece que estas situaciones son dudosamente compatibles con el espíritu que anima o que inspira el mercado único y contravienen, como decía, los principios de la PAC.
Termino, señor Presidente, señalando que, a nuestro juicio, la Comisión realiza un análisis del mercado poco riguroso, con resultados no fiables a la hora de alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda, tendiendo a favorecer de un modo inaceptable a los sectores viticultores del norte de Europa en detrimento de los del sur, donde la viticultura tiene una implicación social, económica y ecológica. A nosotros, señor Presidente, nos parece oportuno y conveniente el planteamiento que el señor Atienza, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mantenido en las negociaciones que está habiendo en el seno de la Unión Europea de mantener una firmeza por parte del Gobierno central a la hora de impedir que salga adelante el proyecto de reforma de la organización común del mercado del vino.
Creemos, también, que en este caso la posición que tiene España, a la hora de poder impedir la aprobación, es una posición diferente a cuando se encuentra ante otro tipo de medidas que pueden ser muy restrictivas para el sector primario español, pesquero y agrícola, en la medida en que lo que se pretende ahora es adoptar un reglamento, y España, en colaboración con otros países, podría impedirlo, insisto, a diferencia de cuando lo que se pretende es modificar reglamentos, puesto que la situación en ese caso es que España debe de convencer y lograr una mayoría en sentido adverso. Por eso pensamos que la posición política en este caso es más fácil.
Nosotros hemos visto con buenos ojos el planteamiento realizado por el Gobierno, y debemos mantenernos en esa línea de colaboración por parte de los grupos parlamentarios y de apoyo, por lo menos al Gobierno, en el sostenimiento de las tesis que se están defendiendo.


El señor PRESIDENTE: Se ha presentado a la proposición no de ley una enmienda del Grupo Socialista. Para defenderla y explicar su posición respecto al resto de la proposición, tiene la palabra el señor López.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Acudo de nuevo a la Comisión de Agricultura para tratar, una vez más, un tema, el de la reforma de la OCM del vino, de importancia capital para cientos de miles de agricultores; para la mayoría de las regiones; para España, en definitiva.
Vengo con una doble satisfacción. En primer lugar, con la de contribuir a mostrar que nos esforzamos en encontrar respuesta a un asunto que preocupa y con cuyas propuestas por parte de la Comisión Europea no estamos de acuerdo. En segundo lugar, con la satisfacción del que, de algún modo, como supongo que el resto de los Diputados y Diputadas de esta Comisión, se siente partícipe de la conformación de la posición de defensa de los viticultores que mantiene el Gobierno español ante la Comunidad Europea, a través del Ministro de Agricultura.
Creo, señorías, que no está de más que dejemos constancia hoy del reconocimiento de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados por la defensa que de la posición española hizo el Ministro; mi Grupo quiere hacerlo así expresamente. Y porque estoy seguro que es de justicia hacerlo, ya que me consta la ausencia de mezquindad en los demás grupos, y porque lo cortés no quita lo valiente, me atrevo a sugerirlo a SS. SS., al tiempo que me alegro, en este sentido, de las últimas palabras del señor Gatzagaetxebarría en representación del Grupo Parlamentario Vasco, reconociendo la posición negociadora del Gobierno español en el asunto de la OCM del vino.
Al hilo de este reconocimiento, señorías, me parece de interés, y creo que se ajusta a la realidad, enviar al sector un mensaje de tranquilidad y esperanza, con la seguridad de que nuestras razones son de tal peso y la propuesta de la Comisión tan ajena a la viña española que, finalmente, se impondrá lo razonable porque nadie va a ceder en España ni un gramo de lo que considere de justicia y de solidaridad, y porque el Gobierno, estoy seguro, utilizará cuantas medidas tenga a su alcance para impedir una reforma de la organización común del mercado del vino que perjudique los intereses del conjunto de los viticultores españoles.
Por eso, cuantas iniciativas tomemos en el Congreso de los Diputados encaminadas a mostrar nuestra preocupación por la defensa de los intereses de los viticultores españoles, nos parecen absolutamente apropiadas para su consideración y para obtener de las mismas un refuerzo de nuestra posición negociadora ante Europa.
Ya saben SS. SS. que en este sentido es fundamental, a juicio del Grupo Socialista, la unanimidad de las resoluciones que adoptemos. Esa unanimidad fue, por ejemplo, la que sirvió como uno de los argumentos de fuerza en la intervención del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Consejo de Ministros de la Comunidad, del pasado día 19. Con ese espíritu, y procurando profundizar en

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lo que coincidimos y no hacer hincapié en lo que discrepamos, hemos hecho nuestras enmiendas a la proposición no de ley que analizamos.
Tengo que decir, en primer lugar, que compartimos las consideraciones del Grupo Parlamentario Vasco que hacen referencia a discrepancias con la propuesta de la Comisión Europea. Es notorio que mi Grupo discrepa de esa propuesta en cuanto a los objetivos de producción, en cuanto a que los programas plurianuales de adaptación no cumplen los objetivos de desarrollo rural, ordenación del territorio y protección del medio ambiente, en cuanto a las prácticas enológicas que ampara y en cuanto a las normas de intervención.
Estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Vasco en el análisis que hace sobre la OCM del vino, particularmente, por tomar tres ejemplos, en lo que hace referencia a su no característica de ser una organización común. Es verdad que los excedentes, por primera vez en una reforma de mercado, no se comunitarizan, sino que se deja a los estados miembros la determinación de los mismos; estamos también de acuerdo en que es una reforma que beneficia al norte frente al sur, frente a los países mediterráneos, como ya dijera la delegación española del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y porque es verdad que ésta es una reforma alicorta que, al determinar los excedentes y los problemas del vino, sólo analiza los problemas del lado de la oferta y no las soluciones que pueden venir del lado de la demanda.
Ahorraré a SS. SS. el desarrollo de esas grandes áreas, porque estoy seguro, además, que coincidimos todos. Quiero pasar a concretar la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.
Sobre la chaptalización no hace falta decir que estamos radicalmente en contra de una práctica que, como ésta, hace artificial el vino y contribuye de manera notoria a aumentar los excedentes. No incidiré tampoco en lo contradictorio que resulta partir de la necesidad de reducir excedentes mientras se ampara esta práctica. Estamos a favor de su total eliminación.
Para explicar con qué ánimo nos acercamos a esta proposición no de ley, quiero relatar en la Comisión cómo el Grupo Socialista estaba dispuesto a presentar una enmienda para dar unas alternativas a la chaptalización o al proceso por el cual se llegara, finalmente, a suspender totalmente esta práctica enológica.
Lo hemos consultado en las negociaciones previas con otros grupos, a los que les ha parecido que es mejor no dejar ningún resquicio y mostrar, una vez más, la posición contraria de la Comisión de Agricultura a esta práctica de la chaptalización. La hemos retirado porque hemos pensado que, de seguir analizando en la Comisión el problema de la OCM del vino, deberíamos partir de la proposición no de ley que aprobamos por unanimidad el 21 de abril pasado. Creemos que lo que se vaya interviniendo en la OCM del vino tiene que tener como base aquella proposición no de ley aprobada por unanimidad, y tiene que dedicarse a complementarla o a modular la posición de la Comisión de Agricultura del Congreso, en tanto que se van modulando también, de alguna manera, las posiciones de la Comisión en cuanto a la regulación de la organización común del mercado. No la hemos llegado a presentar porque, repito, en las negociaciones previas les pareció al resto de los grupos, y coincidimos al final con ellos, que era preferible mantener la radical oposición a la chaptalización, y a nosotros nos pareció que era preciso también mantener la unanimidad de esta Comisión.
Hemos presentado la enmienda al punto 1.c) en el sentido de complementar algunas cosas que se decían en aquella proposición del 21 de abril, y añadir algunas cuestiones por las cuales la Comisión debe tener en cuenta las peculiaridades de la actuación española en cuanto a la viticultura.
Pero pretendemos no discutir los temas de desacuerdo, cuando además se trata de cuestiones que no son del momento.
Creemos, señor Presidente, señorías, señor Gatzagaetxebarría, que debe retirarse el apartado d) del punto 1, y el apartado b) del punto 2. Es inútil ahondar en las discrepancias. No podemos aceptar, al discutir una postura global para España, que determinadas regiones carguen con perjuicios añadidos. Estamos ahora ante una negociación global. No podemos excluir a nadie de las medidas que se tomen, porque al asignar la cantidad nacional de referencia para toda España, las normas que no se apliquen en una región tendrán que ser asumidas por otras. Ya en Pleno manifestamos nuestra postura, que resultó ser la postura mayoritaria del resto de la Cámara.
Yo sigo pendiente, como seguía pendiente en aquella intervención del Pleno, de ver cómo parlamentarios que aquí apoyan esta propuesta, pueden defenderla en Valdepeñas, en la tierra de Barros, en la denominación de Jumilla, en Jerez o en el Penedés. Créanme, señorías, no hay manera de defenderlo en ninguna parte. Asumir este punto significa situar la posición de los viticultores españoles en clara desventaja con los viticultores de Alemania y Francia, por ejemplo. Estos países declaran un altísimo porcentaje de vinos de calidad, desde luego muy superior al de España, y quedarían exentos de las medidas de reducción de la producción si aceptáramos el punto 1.c) de la proposición del Grupo Nacionalista Vasco.
Esto no evita que las peculiaridades de algún vino en tal o cual región se contemplen en los planes regionales, examinando casos particulares; estoy seguro de que nadie niega esto. Pero lo que hoy discutimos en la Comunidad Europea es la posición global de España. En este contexto, aceptar lo que del punto 1.d) se desprende es un suicidio negociador, que, además, nadie le pide a España que realice. Estamos tan convencidos de que instar al Gobierno en estos términos perjudica al conjunto de los viticultores españoles que, de no convencer al Grupo Parlamentario Vasco sobre este extremo, tendríamos que votar en contra de toda la proposición, caso de que no se pudieran separar procesalmente sus apartados para la votación.
En cuanto a la enmienda del punto 2.a), es meramente para contemplar lo obvio: que los planes regionales futuros deben hacerse en colaboración con las comunidades autónomas; que deben hacerse dentro del marco competencial, que en este acto no discutimos, y que hay regiones

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vitivinícolas que exceden al ámbito de una comunidad autónoma.
En conclusión, señor Presidente, señorías, señor Gatzagaetxebarría, estamos dispuestos siempre a profundizar en cuantas propuestas refuercen la posición negociadora de España; estamos abiertos a discutir cualquier asunto interno en el momento oportuno, pero nos resulta imposible aceptar que intereses legítimos, pero parciales, dificulten la defensa global del conjunto de los viticultores españoles.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señorías, una vez más traemos a esta Comisión el debate de la reforma de la organización común del mercado del vino. Para el Grupo Popular es de gran satisfacción ver cómo ahora todos los grupos, incluido el Gobierno, están sensibilizados con la tragedia que supondría para España si se aprobara tal como se nos ha presentado la reforma de la organización común de mercado del vino.
Nos hubiese gustado que el pasado 21 de abril todos los grupos que hoy estamos aquí hubieran estado presentes, incluido el Partido Nacionalista Vasco, para haber participado en aquel consenso que logramos, no sin esfuerzos, para desarrollar y aprobar por unanimidad una proposición no de ley que no voy a decir que dio la vuelta al mundo, pero sí dio la vuelta a los países de la Unión Europea como la postura española respecto de la organización común de mercado del vino, puesto que el Gobierno español en aquellos meses, y tampoco ahora, había manifestado por escrito un memorándum, como hicieron otros países, fijando las propuestas que desde el Gobierno español se hacían para modificar el programa que se nos ofreció.
No obstante, lamentando una vez más que el Partido Nacionalista Vasco no estuviera en aquella reunión, puesto que se nos presentó en mayo la proposición que ahora debatimos y de alguna forma viene a cuento por lo reciente de la primera ronda de opiniones de los responsables del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, voy a analizar algunas cuestiones.
Ni que decir tiene --sin entrar esta mañana en el fondo de la cuestión, aunque sí quisiera resaltar algunas pinceladas-- que el Partido Popular mantiene su firmeza y radical oposición a la práctica de la chaptalización en Europa. Este posicionamiento no es nuevo. Yo recuerdo que en otras legislaturas mi compañero y portavoz en esta Comisión, señor Ramírez, tanto en Pleno como en Comisión, instó al Gobierno a que en el seno de la Comunidad Europea se prohibiera la práctica de la chaptalización. Pues bien, ha llegado la propuesta de la reforma de la Organización Común de Mercado del vino a propuesta e instancia de los países no fundamentalmente productores de vino y sí, en alguna medida, fabricantes de un brebaje que nos quieren confundir con el vino natural que se produce en el Mediterráneo o en cualquier otro país del mundo, que en ningún sitio se autoriza la chaptalización, salvo en los países del centro y norte de Europa.
Para nosotros es clave y vital que el Gobierno español se oponga firme y radicalmente a la chaptalización y que no pase por nada del mundo, ni por cuatro monedas al final del debate. Porque los problemas que plantea la Organización Común del Mercado del vino en buena parte se solucionarían si no se chaptalizara vino en Europa. Puesto que en estos momentos formamos un club de doce países --mañana, seguramente, lo formarán algunos más--, tenemos que ser solidarios como lo han sido nuestros agricultores cerealistas o productores de leche, durante más de siete años, pagando tasas de corresponsabilidad para pagar los excedentes de cereales que producían otros y que nosotros les consumíamos, porque somos deficitarios. Además de consumir esos excedentes que producían, nuestros agricultores han estado pagando esa tasa de corresponsabilidad durante siete años y ahora estamos pagando multas multimillonarias sobre el exceso --según ellos-- de producción de leche, que es mentira, puesto que producimos muchísimo menos de lo que consumimos. Es absolutamente inadmisible e intolerable que ahora se pretendan cambiar los criterios para que paguemos también nosotros los malentendidos excedentes de vino, que dicen los burócratas de la Unión Europea que existen en España, como si no perteneciéramos a ese club, a esa Unión Europea... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Isasi. Ruego silencio, por favor.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente, por su amparo. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Cada uno tiene el tono que tiene. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Continúe, por favor.


El señor ISASI GOMEZ: Me gustaría que el Ministro de Agricultura tuviera ese tono no solamente en los pasillos del Consejo de Ministros con los periodistas, sino dentro, en la mesa de los Doce.
(Rumores.--Protestas.--Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!.--Otro señor Diputado: ¿Te sientas con él o qué? Le consta a este Grupo y a este Diputado que se ha montado una gran campaña de «marketing» publicitario desde el Ministerio de Agricultura para difundir ante la opinión pública... (Rumores.--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, cíñase a la cuestión.


El señor ISASI GOMEZ: Estoy en la cuestión. Cuando quieran SS. SS., señor Presidente, continúo.
Aquí no hemos venido a pronunciar las palabras a las que en el último momento se suma el Gobierno o los miembros del Partido Socialista.
Nosotros venimos manteniendo este discurso desde hace tiempo, desde hace más de

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un año, desde abril, sobre este tema en concreto, en solitario, y sin el Gobierno, prácticamente hasta anteayer.
Tengo que decir en esta Comisión, porque viene a cuento como decía al principio, que nos consta que una cosa es lo que el Ministro de Agricultura ha vendido a la opinión pública ante los periodistas el 19 de septiembre y, otra, lo que se dijo en la mesa del Consejo de Ministros.
Porque, señorías, se ha dicho --si alguien quiere, que lo desmienta aquí-- que se ha devuelto el toro a los corrales (Rumores.), que se ha logrado un gran éxito porque se ha rechazado la propuesta de Organización Común de Mercado porque se autocompara al Ministro con Gary Cooper...
(Rumores.--Risas.)

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías.
Señor Isasi, le recuerdo que su turno es para fijar la posición de su Grupo respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor ISASI GOMEZ: En eso estamos, señor Presidente.
Señorías, nada más lejos de lo que se ha tratado de transmitir a la opinión pública. A uno le dicen: «Por fin no se arrancan las viñas en España.» No, señor. Hay que mantener el mensaje tensionado, en el sentido de que presionen al Gobierno español y al Ministro de Agricultura para que no baje la guardia porque no se ha conseguido absolutamente nada, el proceso es normal, como ocurre en todas partes. En este Consejo de Ministros --como podemos comprobar por los documentos que se nos han enviado-- ha habido un tour de table, que en lenguaje francés es lo que se ha producido, una opinión de cada uno de los ministros, ni siquiera el debate; y no se ha devuelto nada a ningún sitio porque el proyecto está en el propio Consejo de Ministros, en el comité de expertos, para analizar y trabajar sobre el mismo documento. Ese es el problema. El sector agrario y nosotros mismos estábamos esperando que se devolviera el proyecto a la Comisión para que elaborara un nuevo proyecto. Ni nosotros ni el sector podemos admitir este proyecto y ese comité de expertos nos está maquillando este mismo proyecto...


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, ha concluido su tiempo y no ha fijado la posición respecto a la proposición del Grupo Parlamentario Vasco. Si no concluye tendré que retirarle la palabra.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, señorías, nos atenemos con toda la contundencia a la proposición no de ley, aprobada por unanimidad en esta Comisión el pasado 21 de abril de este mismo año.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya observa con preocupación que, a pesar de los discursos apasionados de algunos representantes de grupos parlamentarios, estamos rompiendo la unanimidad que, de común acuerdo, fijamos con las decisiones que se han tomado en esta Cámara, tanto en Comisión como en Pleno en relación con la reforma de la Organización Común de Mercado del vino.
Nosotros no creemos que haya viñas buenas y viñas malas, no creemos que haya que arrancar unas viñas y otras, no. Pensamos que la gravedad del problema es tal, que los mismos datos son ilustrativos. En los últimos cinco años, antes de 1993, se han arrancado en España 130.000 hectáreas de viñedo, que significan el 40,5 por ciento de todas las que se han arrancado en el territorio europeo. En la nueva propuesta de la Comisión se establece que se deberían arrancar 780.000 hectáreas, de las cuales 340.000 corresponderían al Estado español. La gravedad del tema es de tal calibre que no podemos, con sentido de la responsabilidad, romper la unanimidad que conseguimos los grupos parlamentarios.
El Gobierno español debe llevar una postura unida y avalada por la totalidad de los grupos parlamentarios. Todos estamos de acuerdo en que esta Organización Común de Mercado, esta propuesta, es absolutamente injusta, pues rompe con el principio de comunitarización de los excedentes y, además, afianza prácticas que son absolutamente inaceptables como la de la chaptalización.
En el pronunciamiento que hicimos en el Pleno fijábamos la postura en el sentido de decir: no hay excedentes. Los 48 millones de hectólitros que fija la Comisión, no son tales. De acuerdo con las propuestas de la mesa del vino, dábamos argumentos en el sentido de armonizar los impuestos; suprimir la práctica de la chaptalización; que en vez de añadir sacarosa se añadiese mosto enriquecido; incrementar las prestaciones vínicas y establecer medidas de verdad para el fomento del consumo, cosa que actualmente ni el Estado español ni la mayoría de las comunidades autónomas está llevando a cabo. Nos estamos reuniendo con cooperativas que no tienen dinero para poder acceder a ferias importantes donde exponer sus productos y promocionar sus vinos que, efectivamente, son de calidad.
En esta línea, pensamos que lo que hay que hacer es dar argumentos a la Comisión para que se tenga en cuenta más la demanda que la oferta.
Proposiciones como la que hoy presenta el PNV son inaceptables por parte de nuestro Grupo. Admitiríamos algún punto, por ejemplo, el que se refiere a la chaptalización o al saneamiento. Sin embargo, no podemos aceptar la letra d) en la que se excluyen del arranque y destilación a determinados vinos. No está de acuerdo porque, además, estamos en un momento muy crítico. Estamos en un momento en el que puede cundir el «sálvese quien pueda» y pienso que no estamos en una situación de ir al «sálvese quien pueda», sino a salvarnos todos juntos. En ese sentido, la responsabilidad de nuestros grupos pasa por pensar no solamente en la ganancia individual que pueden tener algunos productores que con el caramelo de las posibles 700.000 pesetas por hectárea podrían estar tentados a ir hacia arranques masivos de viñedos. La responsabilidad del Gobierno, pero también la de los grupos parlamentarios que estamos en la oposición, es

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la de tener en cuenta la repercusión que en el terreno social, cultural y económico tendrían estos arranques masivos de viñedo y, por tanto, proposiciones como éstas no son admisibles.
Las enmiendas presentadas por el Partido Socialista vienen a corregir esos dos puntos con los que nuestro Grupo no estaría de acuerdo y, sin embargo, mantendrían el espíritu que ya todos los grupos parlamentarios fijamos en abril y, posteriormente, en otras sesiones en que se ha debatido este tema. Por lo tanto, nos oponemos y votaremos en contra de la proposición no de ley del PNV si no tiene en cuenta las aportaciones del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor VIDAL I SARDO: Nuestro Grupo da por seguro que el señor Ministro, si no en el tono por lo menos en los argumentos, ha usado el mismo poder de convicción de que hace gala el señor Isasi. A los resultados nos remitimos.
Vamos a entrar en el tema de debate. Nuestro Grupo Parlamentario comparte completamente con los proponentes todas las reflexiones y análisis que se hacen en la exposición de motivos de la proposición no de ley respecto a las malas consecuencias de las directrices que la OCM del vino puede tener para España y la necesidad de que se produzca en el mercado europeo un reequilibrio entre la producción y el consumo. Opinamos también que mientras sea admitida la práctica de la chaptalización no se puede aceptar que se imponga a España ninguna reducción de producción.
Consideramos que la proposición no de ley aprobada por unanimidad por el Congreso el día 21 de abril, a propuesta del Partido Popular, ayudó de forma decisiva al señor Ministro, al señor Atienza, a lograr que fuera rechazada por el Consejo de Ministros europeo la proyectada reforma de la OCM del vino.
Nuestro Grupo opina que, mientras la Comisión Europea esté elaborando una nueva propuesta de OCM y, por lo tanto, rectificando la presente sus exigencias iniciales de que España sea el país sometido a una reducción de cuotas de producción, la reducción más alta de los países europeos, ningún acuerdo de esta Comisión ni ningún otro debería inducir a suponer una predisposición española a reducir su superficie vitivinícola.
Por este motivo, nuestro Grupo no votará favorablemente los puntos 1.d) y 2.p) que, además, suponen discriminación en el arranque y en la destilación entre unas comarcas y otras, algunas de ellas con una fuerte dependencia de monocultivo de la viña que causaría enormes perjuicios sociales y económicos. No obstante, una vez aprobada la reforma de la OCM que acepte las tesis españolas y de forma interna, sería el momento oportuno para establecer una normativa que defienda las producciones de calidad, no antes ni dentro de la normativa europea, pues muchas producciones europeas tienen otorgadas calificaciones ficticias de calidad que se beneficiarían de ello en contra de la auténtica calidad vitivinícola de las áreas mediterráneas, que éstas sí la tienen reconocida.
Por lo tanto, si se acepta la supresión de los puntos citados, nuestro Grupo votará favorablemente el resto de la proposición no de ley, sea con su propio texto o con las enmiendas del Grupo Socialista. (El señor López Martín de la Vega pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: El portavoz del Partido Popular ha entrado en un debate que no voy a replicar. Simplemente, quiero fijar una cuestión puramente objetiva sobre una afirmación que ha hecho el Grupo Popular. No entraría en el debate.


El señor PRESIDENTE: No entremos en el debate. Efectivamente, la intervención del Grupo Popular ha dado pie a ello. Le ruego que replique en un minuto estrictamente y que no entre otra vez en el debate, porque si no tendría que darle la palabra también al Grupo Parlamentario Popular.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Agradezco su benevolencia y me dispongo a hacerlo en menos de un minuto.
La reforma de la OCM del vino --y creo que el sector debe saberlo por boca de la Comisión de Agricultura-- está bloqueada en estos momentos, pese a alguna afirmación que se ha introducido. Está bloqueada precisamente por la posición de España, a la que se sumaron Italia, Grecia, Portugal e Irlanda. En estos momentos está reunido el Comité de Gestión de Vinos, discutiendo salidas alternativas y, entre las discusiones, la cantidad de excedentes, las fórmulas de reducción de la producción; después la propuesta pasará al Comité Especial de Agricultura, para discutir y revisar puntos como excedentes comunitarios, reducción de excedentes y ayuda al mosto concentrado. De modo que, efectivamente, está bloqueada.
Por otra parte, señoría, en alguna intervención, y en contra de mi buena apreciación del principio, sí ha habido una cierta mezquindad al reconocer la posición negociadora de España. (El señor Isasi Gómez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra solamente a efectos de lo que acaba de responder el portavoz del Grupo Socialista.


El señor ISASI GOMEZ: Quiero confirmar, una vez más, que el proceso que está siguiendo en estos momentos la reforma de la Organización Común de Mercado del Vino, como se ha reconocido en todos los documentos oficiales y periodísticos, está en el seno del Consejo de Ministros. No se ha devuelto a la Comisión, no hay ningún bloqueo que valga. El Ministro no invocó para nada dentro del Consejo de Ministros el Acuerdo de Luxemburgo, lo que conocemos como derecho al veto. El Ministro --y tengo aquí su discurso-- no invocó para nada el derecho al veto. Hizo una exposición de su opinión, ni siquiera como

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propuestas, como hicieron todos, y punto; y pasó a los servicios técnicos del Consejo de Ministros para suavizar e intentar llegar a algún acuerdo dentro del mismo proyecto. Por lo tanto, no se puede confundir a la opinión pública por parte de ningún Grupo.


El señor PRESIDENTE: Creo que las posiciones están expuestas y cada uno mantiene su posición respecto a este tema. No vale la pena entrar más en el debate.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría para exponer su opinión respecto a la aceptación o no de la enmienda del Grupo Socialista.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Previamente quería hacer una pequeña aclaración al señor Isasi, que ha aludido dos veces a nuestro Grupo respecto a la no presencia en la sesión del 21 de abril. Fue por imposibilidad. Evidentemente, no tenemos el número de miembros que tiene el Grupo Parlamentario Popular con derecho a participar en esta Comisión y, por lo tanto, fue una ausencia de tipo personal. Quería dejar constancia de ello, puesto que suscribimos el texto que allí se acordó.
Se ha hecho referencia a que se lamenta nuestra ausencia, pero estamos plenamente de acuerdo con lo que allí se aprobó y no pudimos asistir en base a la representación que tiene nuestro Grupo, a diferencia de la del Grupo Popular.
Respecto al planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista, en principio no tenemos coincidencia entre lo que plantean las enmiendas y lo que ha expuesto el señor López Martín de la Vega. Señor Presidente, solicitaría, si es posible, que se pospusiera la votación al final de otro punto, en aras a poder lograr un acuerdo respecto a nuestro planteamiento en relación con el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco ha solicitado posponer la votación tanto de la enmienda como de la proposición, en su caso, a otro momento procesal. ¿Los grupos parlamentarios están de acuerdo con esta petición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: El Grupo Socialista únicamente tiene que decir al respecto que se trata de un punto muy concreto sobre la retirada de un apartado de la proposición no de ley en la que existe una discrepancia de conceptos.
El Grupo Socialista está dispuesto siempre a hablar hasta el último momento, incluso a retrasar la votación. Aceptaríamos esta suspensión procesal y aprovecharíamos para explicar a los grupos cómo se ejerce el veto de Luxemburgo, que parece no estar muy claro. (Risas.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Si hay asentimiento por parte de los grupos, dejaríamos la votación de esta proposición no de ley para después del tercer o cuarto punto, en el momento en que haya un acuerdo entre los portavoces de los grupos. (Asentimiento.)

--SOBRE LA INCORPORACION A LA LEGISLACION ESPAÑOLA DE LA DIRECTIVA EUROPEA 92/43/CEE, RELATIVA A CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000243.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir la tercera de las proposiciones sobre la incorporación a la legislación española de la Directiva europea 92/43 de la Comunidad, relativa a la conservación de espacios naturales y de la fauna y flora silvestres.
Para defenderla, el señor Gortázar tiene la palabra.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Nuestro Grupo presenta a esta Comisión una proposición no de ley mediante la cual pretendemos que se transponga la Directiva 92/43 del Consejo de la Unión Europea, de 21 de mayo, que establecía que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente directiva en un plazo de dos años a partir de su notificación.
Por ello, el Grupo Popular insta al Gobierno a que elabore y envíe a la Cámara, en el plazo de dos meses, un proyecto de ley que incorpore la Directiva 92/43 a nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de dicha Directiva.
Quiero llamar la atención de la Comisión sobre lo llamativo del hecho de que seamos grupos parlamentarios ajenos al Socialista los que intentemos incorporar directivas firmadas por el Presidente del Gobierno español en Europa. En ocasiones ha sido Izquierda Unida y nosotros hemos apoyado esas proposiciones no de ley, por ejemplo, la relativa al libre acceso de los ciudadanos a información sobre las materias medioambientales. En esta ocasión es el Grupo Popular quien pretende que esta Cámara inste al Ejecutivo a cumplir los compromisos que el Gobierno del señor González asume en los foros europeos.
Ante esta situación absolutamente sorprendente de que seamos los no socialistas quienes pretendamos desarrollar estas iniciativas socialistas, el planteamiento evidente es que una de dos: o no están las directivas que aprueba el señor González de acuerdo con el interés nacional, en cuyo caso no deben firmarse y, por tanto, no deben desarrollarse, basta simplemente con oponerse a esas directivas; o, si están de acuerdo con el interés nacional, lo lógico y conveniente es que fuera el mismo Grupo Socialista quien lo impulsara, lo llevara hacia adelante.
En el fondo, en esta materia hay una contradicción entre el celo proclamado conservacionista y la realidad de los hechos. He señalado anteriormente la directiva de libre acceso de los ciudadanos. El Gobierno socialista firma esa directiva y, sin embargo, en el Congreso obstruye ese libre acceso de los ciudadanos a la documentación medioambiental en disposición de la Administración. Otro ejemplo puede ser la firma del Tratado de biodiversidad. El Gobierno socialista firma, con magníficos efectos propagandísticos,

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pero luego no toma ninguna iniciativa en relación con ese Tratado. Otro ejemplo es la condena del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en su sentencia del año 1993, sobre las Marismas de Santoña. Nuestro país adquirió una serie de compromisos en el año 1985 y hasta 1988 no hubo un requerimiento por parte de la Comisión de incumplimiento de las directivas de conservación de aves silvestres. En el año 1990, cinco años después de la incorporación de España, hubo un recurso de explicación por parte del Gobierno español. Tres años después, el Tribunal de Justicia condena al Gobierno español con relación al incumplimiento de directivas del año 1979, de manera que la distancia entre lo que se firma y lo que se cumple, tanto en plazos como en contenidos, es francamente impresionante.
Con estos ejemplos que he señalado se puede constatar claramente una distancia enorme entre ese celo conservacionista, esa propaganda de interés por conservar el medio ambiente y la realidad que muestran los hechos.
Es conveniente el desarrollo de esta directiva, y así lo propone nuestro Grupo, fundamentalmente por los siguientes principios. En primer lugar, el principio de seguridad jurídica. El Estado español adquiere unos compromisos internacionales, tanto en el Tratado de Adhesión como en el Tratado de la Unión Europea, firma una directivas y, sin embargo, posteriormente no las pone en práctica, con lo cual se crea una situación de inseguridad jurídica. Este Estado y estas leyes obligan a los particulares a cumplir sus compromisos; sin embargo, el primero que las incumple es el Gobierno español.
Puede ser entendible que ciertos plazos previstos en el Tratado de la Unión Europea con relación a las convergencias económicas, etcétera, tengan que dilatarse o no sea posible llevarlos a efecto. Sin embargo, en el caso de una legislación interna que el Presidente del Gobierno firma en Bruselas, parece que no hay una razón de fondo para no cumplirla. De manera que hay un principio de seguridad jurídica, hay que saber a qué atenerse, a qué se compromete el Gobierno y cuál es el papel del Congreso en esos planteamientos. Desde luego, lo que no se puede hacer es dilatar o posponer «sine die» el desarrollo de estas directivas, si es que son de interés nacional. Si no lo son, no se deben firmar, como dije anteriormente.
En segundo lugar, hay una razón de oportunidad política, por cuanto la Ley 4/1989 se encuentra cuando menos bajo cuestión. En el Tribunal Constitucional se han presentado seis recursos, de comunidades autónomas por invasión de competencias; hay una enorme cantidad de quejas de los ayuntamientos afectados por las intromisiones que efectúa la vigente Ley 4/1989, de espacios naturales. Por otro lado, hay enorme cantidad de protestas y quejas de los afectados, como el domingo pasado en Las Palmas de Gran Canaria, con relación al Parque Nacional de Roquenublo.
Hay que clarificar, decir a la gente cuál es la ley aplicable y qué es lo que se va a hacer con relación a estas materias, porque en estos momentos no sabemos si se va a aplicar esta ley o si va a ser la directiva, que ya debería haber entrado en vigor.
Hay, como digo, una oportunidad política, pero hay también una oportunidad social y financiera, por cuanto la directiva prevé en su artículo 8.3 una enorme cantidad de mecanismos de financiación para los nuevos espacios conservados que se derivan de la misma. Es imposible pedir fondos para estos fines si la directiva no se transpone, no se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico.
Señorías, no hay razón para dilatar este desarrollo. No podemos trasladar a la opinión que el Congreso no obliga y controla al Ejecutivo para que cumpla sus compromisos y, por lo demás, nos parece importante no dar a otros países el argumento de que el Gobierno español no es serio, que incumple los compromisos que adquiere en el ámbito internacional.
Ante esta iniciativa del Grupo Popular, nos ha llegado a la Mesa de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca la enmienda del Grupo Socialista --que imagino se defenderá seguidamente-- en la que se nos solicita una modificación consistente en lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que una vez resueltos los correspondientes recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, en el plazo más breve posible y en colaboración con las comunidades autónomas, modifique la Ley 4/1989, de 27 de marzo. De alguna manera, esta enmienda de sustitución pospone esta incorporación de la directiva en función de la sentencia que en su día dicte el Tribunal Constitucional.
En mi opinión, se trata de una enmienda posiblemente bien intencionada, dada la previsible inconstitucionalidad de la Ley 4/1989, pero tiene un elemento de sadismo jurisprudencial, por cuanto obliga a un trabajo complementario al Tribunal Constitucional, toda vez que la Ley 4/1989 se va a derogar o va a cambiar sustancialmente, de tal manera que obligamos al Tribunal Constitucional a manifestarse sobre unos puntos que inmediatamente pasaríamos a modificar en el Congreso de los Diputados.
Parece que por economía procesal lo que hay que hacer es evitar al Tribunal Constitucional manifestarse sobre una ley que va a ser profundamente modificada, cuando no derogada.
Por todo ello y para concluir, señor Presidente, anuncio que mantenemos nuestra proposición no de ley y pido al Grupo Socialista que reconsidere su enmienda, que la retire en atención a este interés nacional que, sin duda, ha intentado defender el señor González en Bruselas en la firma de esta directiva; en atención al principio de seguridad jurídica por cuanto debemos cumplir nuestros compromisos, los del Gobierno y los de la Cámara; y en atención a la clarificación de la ley a aplicar pues los ciudadanos españoles tienen que saber qué ley se les va a aplicar en los contenciosos presentes relativos a la conservación del medio ambiente.
También hay un principio de economía jurisprudencial, al que he hecho referencia. Por último, pido al Grupo Socialista que reconsidere su posición para cumplir los deseos y la política del Presidente del Gobierno --parecería lógico que así fuera--, para que no pueda decirse que este Congreso obstruye los deseos conservacionistas proclamados por el señor González en los foros de la Unión Europea.


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El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra la señora Pelayo.


La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, me sorprende profundamente la intervención del señor Gortázar, que es nuevo en esta Cámara, y, sobre todo, me sorprende su contenido. El señor Gortázar ha empezado por llamar la atención sobre el hecho de que sea el Partido Popular el que intente incorporar al Derecho interno español directivas comunitarias. En esta intervención de defensa de la enmienda que hemos presentado, tengo que empezar por decirle que, en efecto, es llamativo sobre todo en lo que se refiere a la defensa del medio ambiente.
Yo tengo que recordarle al señor Gortázar --quizá no lo sepa-- que en cierta ocasión ya tuve la oportunidad de darle la bienvenida al Grupo Popular en la defensa del medio ambiente. Además, le tengo que recordar la actitud que mantuvo el Grupo Popular en relación con el proyecto de ley de conservación de los espacios silvestres de la flora y fauna que debatimos en esta Cámara, es decir, la Ley 4/1989 que se discutió y se aprobó en esta Cámara. En aquella ocasión el Partido Popular sostuvo una actitud en contra del proyecto de ley y criticó al Grupo Socialista porque se adelantaba --y consta en el «Diario de Sesiones»-- precisamente a los criterios de la directiva comunitaria que se estaba discutiendo y que dio lugar a la aprobación de esta Directiva 92/43 del Consejo. En aquel momento para el Grupo Popular lo procedente era que no se aprobara la Ley de espacios naturales y que esperáramos a la aprobación de la directiva.
Ahora el Grupo Popular pide que transpongamos la Directiva europea 92/43 y que deroguemos la Ley, es decir, sigue en la misma línea que defendió en 1989, y yo tengo que felicitar al Grupo Popular por su coherencia.
Me da la impresión de que en la defensa de esta iniciativa el Grupo Popular ha incurrido en graves contradicciones. En primer lugar, identifica interés nacional con la transposición, sin más, de la directiva, e intenta ver contradicciones en la posición de que el Gobierno español haya firmado la directiva y que todavía no la haya llevado a cabo. Yo creo, señor Presidente, señoras y señores Diputados de la Comisión, que no sólo no hay ninguna contradicción, sino que es precisamente en función de la defensa del interés general por lo que el Gobierno español ha mantenido y mantiene la actitud en relación con esta directiva europea, actitud que se basa en el respeto a la legalidad que nos hemos dado los españoles y al bloque de constitucionalidad.
No parece de sentido común, cuando menos, que, habiéndose aprobado en esta Cámara una ley que ha sido recurrida, como ha tenido oportunidad de poner en evidencia, por cinco comunidades autónomas, entre ellas la gallega, en el sentido de denunciar la violación de competencias asumidas por las comunidades autónomas, de invasión de competencias por parte de esa ley, no parece de sentido común, digo, que nosotros sigamos incidiendo en el mismo error que denuncian las comunidades autónomas cuando han interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, porque --y he aquí otra contradicción que tengo que poner en evidencia por parte del Partido Popular--, según las tesis del mismo, hay una absoluta contradicción entre la Ley de conservación de los espacios naturales, de la flora y la fauna silvestres y la directiva 92/43 sobre hábitat del Consejo. No hay tales contradicciones, todas van en la línea de proteger y conservar los hábitat naturales, la flora y la fauna en nuestro país. Las dos establecen una serie de mecanismos o instrumentos: en un texto se llama planificación de esos recursos y establecimiento de determinadas medidas de protección, y en la directiva se llama «Natura 2000».
Yo tengo que discrepar de esa afirmación que hace el Grupo Popular de que la directiva está en total desacuerdo con la Ley por cuanto que, como digo, si hubiera repasado los debates que tuvimos oportunidad de celebrar a propósito de esta Ley de conservación de los espacios naturales de la flora y la fauna silvestre, se habría dado cuenta de que nos estábamos adelantando y cuando estábamos discutiendo aquella Ley teníamos sobre la mesa los trabajos que se estaban elaborando en las Comunidades Europeas sobre esta Directiva 92/43. En consecuencia, no hay ninguna contradicción entre la actitud y la defensa del interés general, seguimos defendiendo el interés general y el interés conservacionista, pero somos respetuosos con la legalidad. No nos parece de sentido común y nos parecería una falta de respeto al bloque competencial que siguiéramos el mismo camino de profundizar en las diferencias entre lo que opinan las comunidades autónomas y lo que opinan el Gobierno central en relación con las competencias en materia de medio ambiente. Es más, hoy en el Senado se está discutiendo la participación de las comunidades autónomas en la transposición de las directivas europeas, y parece que el Grupo Popular no tiene en cuenta dicho debate cuando margina u olvida las competencias que en materia medioambiental tienen las comunidades autónomas.
Añadiré que la proposición no de ley del Grupo Popular pretende que el Gobierno elabore y envíe a la Cámara, en el plazo de dos meses, un proyecto de ley que incorpore la Directiva 92/43. Esa pretensión, señorías, es absolutamente inviable, y demuestra que desconocen cómo funciona, cómo opera la complejidad de la materia que estamos tratando.
En primer lugar porque, como digo, afecta a competencias de las comunidades autónomas, y habrá que tratar en las conferencias sectoriales las materias que estamos discutiendo con las comunidades autónomas. En segundo lugar, esta directiva afecta también --y su señoría debería saberlo--, tiene conexiones y solapamientos con las Directivas 74/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, y 85/337 de la CEE, reguladora del impacto ambiental. Esta directiva podría incidir en competencias de las comunidades autónomas. Por consiguiente, no sólo nos parece inviable el plazo que pretende el Grupo Popular, sino materialmente imposible de cumplir a la vista de la complejidad y de los trámites que habría que cubrir para esto.
Querría adelantarle al Grupo Popular que desde que se aprobó la directiva no hemos dejado de trabajar en el cumplimiento de la misma. Sabe su señoría que la aprobación

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de esta directiva fue muy difícil de conseguir en la Unión Europea por cuanto había muchas reservas por parte de algunos de los Estados miembros y, como fruto de esas dificultades, contempla --lo sabe su señoría si se la ha leído-- unos plazos muy largos de ejecución, es decir, tiene un horizonte temporal amplio a efectos de que cada país, en función de sus especialidades, de sus necesidades, de sus realidades tanto sociales, económicas, como jurídicas, vaya adaptándose a la filosofía y a la letra de esa directiva.
En nuestro país hemos puesto en marcha los trabajos preparatorios del inventario de Hábitat del Anexo I, que junto con los inventarios de distribución de espacios del Anexo II contribuirán, a nuestro juicio, a la elaboración de la lista nacional y, en definitiva, será la contribución española a la configuración de la Red Natura 2000. No hemos dejado de trabajar en esta materia.
Adelanto que existe desde hace tiempo, un grupo de trabajo preparando el grado de afectación de esa directiva a la Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Estando pendientes de resolución del Tribunal Constitucional esos recursos, nos parece que la doctrina del Tribunal Constitucional no sería ociosa sino, a nuestro juicio, positiva, para, con la doctrina del Tribunal Constitucional y con la conferencial sectorial de las comunidades autónomas en relación con medio ambiente, llevar a cabo la transposición de la directiva y terminar de configurar la lista nacional para contribuir desde España a la Red Naruta 2000. Es por ello por lo que habíamos presentado esa enmienda transaccional que ruego al Grupo Popular que acepte en función de los razonamientos no descalificatorios que he hecho con los que se intenta dar una respuesta positiva a la cuestión que ha planteado la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, la amabilidad del señor Gortázar en cuanto que ha reconocido que nuestro Grupo está especialmente interesado en todos los problemas referidos al medio ambiente. Me ha sorprendido, no obstante, la defensa feroz que ha hecho el señor Gortázar de la transposición de esta directiva. De su intervención en otras Comisiones me había quedado la idea de que más bien el Grupo Popular estaba en contra de la adopción de medidas de protección del medio ambiente por cuanto podían afectar a intereses particulares.
Incluso se me llegó a decir a mí, como Diputada de Izquierda Unida, que me quedaban resabios comunistas-intervencionistas. Todas esas intervenciones se produjeron hace muy poco y hoy me encuentro al mismo Diputado haciendo una defensa a ultranza de los espacios protegidos y de la transposición de la directiva de hábitat que habrá de ayudar a la configuración de la Red Natura.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario preocupado por la transposición de esta directiva, con fecha 4 de junio, hizo una pregunta al Gobierno en el sentido de en qué plazo se podría cumplir la transposición de la Directiva 92/43; si se estaba elaborando algún anteproyecto legislativo sobre la materia... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento señora Rivadulla, por favor.
Señorías, ruego silencio, porque es muy difícil seguir con atención el debate.
Cuando quiera, señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Y si habían sido consultadas las organizaciones ecologistas y conservacionistas españolas para que la transposición de la directiva fuera realizada con el mayor consenso en nuestro país.
Es cierto que cabe el recelo respecto a la dilatación por parte del Gobierno español de la transposición de la directiva por cuanto que tenemos antecedentes. La Directiva de aves 79/409 fue objeto de postergación por parte del Gobierno y después incluso, cuando ya se ha adaptado, ha sido incumplida manifiestamente como así ha sido reconocido por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en relación con las Marismas de Santoña.
La respuesta que me dio el Gobierno a la pregunta escrita viene en la misma línea que la enmienda que el Grupo Socialista presenta a la proposición no de ley del Grupo Popular: que se debe esperar a un plazo razonable para que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de las comunidades autónomas.
En aras a dar un voto de credibilidad al Gobierno, pienso que es razonable esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional, pero creo que se debe instar a que esta resolución sea hecha a la mayor brevedad posible por cuanto es necesario que, de una vez por todas, el Gobierno español se tome en serio el tema de la protección del medio ambiente.
Hemos de lamentar que durante los incendios de este año pasado han ardido, en la isla de La Palma, una reserva de la biosfera y un parque nacional. Pensamos que deben ser efectivas las medidas de protección, que debemos limitar las áreas que deben ser objeto de especial protección, realizar los planes de ordenación y de gestión, y habilitar los medios para que esa protección sea realmente efectiva, porque muchas veces se queda en una cuestión puramente nominal y no hay criterios científicos para delimitar cuáles son las áreas que deben ser objeto de especial protección.
Un problema importante que se debe tener en cuenta, tanto en la transposición de directivas como en la aplicación de la Ley 4/89, es conciliar los intereses medioambientalistas con los intereses socioeconómicos de los vecinos de esos espacios protegidos. No conseguiremos que sean efectivas estas medidas si no integramos a los agricultores, a los ganaderos que viven en el entorno de las áreas protegidas y les damos la posibilidad de que puedan hacer un aprovechamiento razonable de esos espacios, para que no lo vean como un enemigo a abatir. Algunos incendios provocados en áreas protegidas son debidos a la

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incomprensión de los habitantes de los contornos de las mismas. Estimamos que en todas esas normas, tanto las puramente estatales como de transposición de normativa comunitaria, se deben tener en cuenta los intereses socioeconómicos y culturales de los habitantes del entorno.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si el Grupo Popular acepta la enmienda del Grupo Socialista, estaría en condiciones de votarla favorablemente, en el bien entendido de que instaremos continuamente al Gobierno español a que transponga la directiva comunitaria en el más breve plazo posible.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Baltá, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor BALTA I LLOPART: Señorías, intervendré con brevedad para fijar la posición de mi Grupo sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular referente a la incorporación a la legislación española de la directiva europea relativa a la conservación de espacios naturales y de la fauna y flora silvestres.
Intervengo para coincidir, en principio, con el Grupo proponente en la lógica de que en su momento habría sido conveniente esperar a la publicación de la directiva europea del hábitat para incorporar las recomendaciones comunitarias a nuestra Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Con ello hoy ya habríamos dado cumplimiento a los plazos de adaptación previstos por la directiva y cumplidos los trámites que prevé el acuerdo comunitario. Sin embargo, se ha producido una descoordinación que ahora tiene una solución complicada por cuanto la ley referida está recurrida por diversas comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional y sería aconsejable esperar lo que diga dicho Tribunal, con el fin de evitar una nueva y lamentable descoordinación.
Señorías, no obstante compartir la preocupación del Grupo Popular --coincidencia que también vemos que se da con los restantes grupos en cuanto a la necesaria aplicación de la directiva europea--, consideramos razonable ahora esperar la sentencia respecto a la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso, precisamente para no incurrir en una cierta inseguridad jurídica a la que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular.
Por otra parte, la enmienda presentada por el Grupo Socialista se enmarca en los criterios que acabo de exponer, especialmente en el respeto a la legalidad. Si fuera aceptada --parece ser que no lo será-- merecería el apoyo de nuestro Grupo como mecanismo parlamentario que daría salida a la situación creada, que no tiene solución en el breve plazo que nos propone el Grupo Popular.
Esto es todo, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: No he podido intervenir antes porque estábamos intentando llegar a un acuerdo en relación con la proposición no de ley anterior.
Brevemente quería decir que nos parece oportuna la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que todavía está sin clarificar el marco competencial, ya que la ejecución y el desarrollo de las medidas de protección medioambientales corresponde a las comunidades autónomas. Tenemos nuestras dudas en la medida en que se habla de la incorporación de la Directiva 92/43. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el Tribunal Constitucional viene argumentando que, según el principio de preferencia del Derecho comunitario, la transposición al derecho interno la tiene que realizar quien es competente por razón de la materia.
Establecido un marco, la determinación de los ámbitos concretos de una reglamentación general, en base a ese principio de preferencia del Derecho comunitario, la tendrá que realizar quien es competente, y el competente en materia de desarrollo y de ejecución en cuanto al medio ambiente son las comunidades autónomas, y no los poderes centrales del Estado.
Por tanto, nosotros vemos también más acorde el planteamiento que realiza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que, si es aceptada por el Grupo Popular, nosotros la apoyaríamos.


El señor PRESIDENTE: El señor Gortázar tiene la palabra a los efectos de aceptar o no la enmienda del Grupo Socialista.


El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Voy a consumir un breve turno por alusiones de la señora Rivadulla. Quiero decirle que no ha habido alteración de posiciones, como ha reconocido la señora Pelayo, pues venimos diciendo lo mismo desde el año 1989, de tal manera que desde hace seis meses a esta parte no ha habido cambios sino un reconocimiento de coherencia en nuestra posición en relación con la defensa del medio ambiente.
Lamento no poder aceptar la enmienda del Grupo Socialista, toda vez que yo creo que no se ha atendido suficientemente la argumentación de este proponente, en la medida en que la directiva no entra en el debate competencial. Créanme, señorías, que si efectivamente en la directiva hubiera un problema de competencias, seríamos los primeros en aceptar esa dilación en el tiempo. Pero es que es independiente. No ocurre nada porque se transponga esta directiva y porque eventualmente el Tribunal Constitucional emita el dictamen que quiera emitir; no tiene que ver una cosa con la otra.
Por los principios que se han expuesto anteriormente y, en cumplimiento de la legalidad vigente --no olvidemos que esto es una legalidad que tiene unos plazos vigentes--, este Congreso no puede dar a la opinión la imagen de que obstruye los compromisos que adquiere en el ámbito internacional, de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: No se ha aceptado la enmienda, por tanto, pasamos a la votación de la proposición

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no de ley tal cual la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra para aceptar o no la enmienda del Grupo Socialista a la proposición no de ley sobre el vino.
El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para indicar que hemos pasado al Letrado de la Mesa un texto transaccional pactado hace unos instantes.
Solicitaría que leyera para que los demás Grupos se pronunciaran al respecto y pudiera ser sometido a votación.


El señor PRESIDENTE: El señor Letrado tiene la palabra para leer el texto de la proposición tal cual quedaría después de la transacción efectuada con la enmienda del Grupo Socialista.


El señor LETRADO: Quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Primero, que proponga y defienda en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea: a)La suspensión total de la práctica de chaptalización como medio para el enriquecimiento artificial del grado alcohólico del vino.
b)El saneamiento apropiado del mercado europeo del vino.
c)Teniendo en cuenta el esfuerzo de reducción de la superficie vitícola producido por España en los últimos años, la existencia de un desfase claro entre rendimiento unitario por hectárea nacional y rendimiento medio unitario del conjunto de los países de la Unión Europea, y valorando igualmente la óptima adaptación de nuestras superficies vitícolas al medio y la carencia de cultivos alternativos viables, se considerara establecer en relación con nuestras superficies vitícolas una prima por hectárea que compensara esas especiales circunstancias.
d)El aumento de los fondos destinados a las medidas de fomento de consumo de vino de calidad y su financiación íntegra por el presupuesto comunitario.
Segundo, que proponga a las comunidades autónomas, con base en el principio de colaboración y de conformidad con el marco competencial: a)La puesta en práctica de la posibilidad, expresamente mencionada por la Comisión Europea en el proyecto de reforma de la OCM del vino, de establecer programas regionales en los respectivos ámbitos geográficos de las comunidades autónomas o, en su caso, de las regiones vitícolas que abarquen más de una comunidad.
b)La contemplación en el contexto de los planes regionales de las especiales circunstancias de los vinos de calidad, teniendo en cuenta su incidencia en el mercado vitivinícola.


El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo SS. SS. en que se plantee la votación en estos extremos?

El señor ISASI GOMEZ: Perdón, señor Presidente. Nosotros no teníamos conocimiento de esta propuesta. Cuando menos, pediríamos posponer la votación para examinarla y estudiarla.
A nosotros no se nos ha consultado para nada. Ahora bien, si la mayoría obliga a hacer la votación inmediatamente tendríamos que abstenernos, porque no hemos participado en ello.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, entiendo que el Grupo Parlamentario proponente y el Grupo Parlamentario que ha presentado la enmienda se habrán puesto de acuerdo para ofrecer un texto alternativo, que en estos momentos se somete a la consideración de la Comisión.
Si efectivamente algún Grupo quiere que aplacemos el momento de la votación hasta el final de la mañana, tampoco habría inconveniente pero parece lógico que en el momento de ponerse de acuerdo lo hayan hecho los grupos parlamentarios proponente y enmendante. (El señor López Martín de la Vega pide la palabra.) Señor López Martín de la Vega tiene la palabra, brevemente, por favor.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Tan brevemente como para decir que no se ha tratado sólo de conversaciones entre el Grupo proponente (Grupo Parlamentario Vasco) y el Grupo enmendante (Grupo Socialista), sino que, como habíamos quedado al final de la anterior proposición, hemos salido fuera todos los Grupos, absolutamente todos, excepto el Partido Popular, y hemos llegado a ese texto.


El señor PRESIDENTE: En todo caso, ruego al Letrado que transcriba el texto acordado y se remita a todos los Portavoces y en un momento posterior del debate pasamos a votación, si les parece.


El señor ISASI GOMEZ: Es posible que lo aceptemos, pero queremos ser responsables con lo que votamos.


El señor PRESIDENTE: Totalmente de acuerdo.


--RELATIVA A LA APROBACION DE UN PLAN PARA FAVORECER LA RENOVACION POR PARTE DE LOS AGRICULTORES DE SU MAQUINARIA AGRICOLA AUTOMOTRIZ.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000246.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, si les parece, pues, a la tramitación de la proposición que figura en el orden del día como número 4, que es relativa a la aprobación de un plan para favorecer la renovación por parte de los agricultores de su maquinaria agrícola automotriz, presentada

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por el Grupo Parlamentario Popular. El señor Ramírez tiene la palabra.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: El parque de maquinaria automotriz en manos de los agricultores españoles es un parque importante en su cuantía, viejo en sus años, obsoleto en su mayoría de circunstancias técnicas, y necesario de su remoción.
Por distinguir de las tres categorías de maquinaria automotriz más importante, hablaremos del parque de tractores, del de cosechadoras de cereales y de motocultores. En el parque de tractores, señor Presidente, España tiene unos 700.000 vehículos, con un nivel de renovación que hasta el año 1978, que fue el máximo de renovación, oscilaba en aproximadamente 35 ó 40.000 unidades anuales. La cantidad empezó a descender para estabilizarse en los años 1987/1988 en torno a 25.000 unidades. Esa cifra, cinco años después, ha bajado a 12.000 unidades. En estos momentos la renovación de nuestro parque de tractores es la más baja de Europa, provocando, lo que hemos dicho al principio, la obsolescencia del elemento prioritario en la explotación agraria.
Nuestra situación ha provocado efectos inmediatos no deseados, cual es el cierre de las principales factorías españolas fabricadoras o montadoras de estos vehículos, hasta tal punto que más de la mitad de los tractores españoles que se adquieren en el mercado son de procedencia y montado fuera de nuestras fronteras. Conocidas han sido las crisis de las principales fábricas españolas que han tenido que cerrar físicamente; el último episodio fue el protagonizado por Ebro-Kubota, que dejó en la calle a más de 350 trabajadores directamente, con una destrucción de empleo inducido en la zona de más de mil trabajadores.
Esto demuestra, señor Presidente, a juicio del Grupo Popular, que la renta de los agricultores les hace imposible adquirir la maquinaria que necesitan para su explotación. Esto no implica que se tenga que estar adquiriendo maquinaria, en el caso concreto de los tractores, para renovar el parque ya obsoleto. Al lado de esta cifra de 12.000 vehículos nuevos, según las cifras del Ministerio de Agricultura, cambian de nombre y se transfieren tractores viejos, por cifrar el año 1993, cerca de 20.000 vehículos; la edad media de los vehículos viejos que cambian de titularidad está en torno a los 15 años. Estamos, por tanto, ante una urgente y necesaria actuación en la renovación como reconocimiento de la escasez de renta de los agricultores y como fracaso de las líneas que en este momento nos dice el Gobierno, y nos dirán posiblemente representantes del Partido Socialista, existen para favorecer esa renovación.
Cuando el Grupo Popular hizo esta proposición, el 24 de junio, acababa de aprobarse un plan de renovación para que los ciudadanos españoles, indiferentemente de la ubicación de renta en que estuvieran, pudieran cambiar sus vehículos privados, sus turismos con más de diez años. El éxito de la medida ha sido tal que se solicita su renovación; se habla de satisfacción por parte de los fabricantes de automóviles, etcétera. Ese plan ha permitido, repito, que ciudadanos españoles, indiferentemente de su ubicación en la renta, hayan podido cambiar su vehículo con más de diez años de antigüedad. Hoy nos enteramos por los medios de comunicación que el Ministerio de Industria acaba de aprobar un plan similar para la renovación de vehículos industriales. Noventa y ocho mil pesetas a fondo perdido por cada millón de pesetas que las PYME, las pequeñas y medianas empresas dediquen a la renovacón de su parque de vehículos industriales.
Incluso el Ministerio de Defensa nos anuncia una renovación importante de sus vehículos. Todos van a renovar sus vehículos, tanto los privados como los industriales y el Ejército porque el Gobierno ha considerado conveniente afrontar esa renovación, menos el sector agropecuario español que queda marginado, que queda ignorado y sin ser tenido en cuenta en los planes del Gobierno.
Lo mismo que ha sucedido con los tractores, ha sucedido con las máquinas cosechadoras. Por poner un ejemplo, las máquinas cosechadoras por excelencia son las de los cereales. En 1988-89 se adquirían en España cerca de 700 máquinas cosechadoras nuevas; en este momento estamos, según el año 1993 y cifras del Ministerio de Agricultura, en 350 cosechadoras nuevas. En paralelo, el mercado de viejo --permítaseme esta expresión-- nos indica que se cambian de titularidad más de 600 cosechadoras. El precio medio de una cosechadora es de nueve millones de pesetas, más IVA; el precio medio de un tractor es de 3,5 millones de pesetas, más IVA. En los motocultores, esas máquinas autopropulsadas que utilizan los agricultores para pequeñas labores agrícolas o ganaderas, ha sucedido lo mismo. En 1993, hemos matriculado el 22 por ciento menos de los que matriculamos en 1991. Hemos pasado, en cifras exactas del Ministerio de Agricultura, de 2.900 a 2.200 máquinas matriculadas.
Estamos ante una grave carencia en la necesaria renovación del parque de maquinaria autopropulsada del sector agropecuario español, un sector que se ve abocado a unas nuevas relaciones de competitividad, a afrontar los efectos de reforma de la política agraria común y los efectos directos o inducidos que afectan a nuestro sector por los acuerdos del GATT.
Por encima de todo, por encima de esa necesaria y urgente modificación y rejuvenecimiento de nuestro parque de maquinaria, está el hecho de su marginación. Amplios sectores sociales españoles han sido objeto de un tratamiento específico del Gobierno para la renovación de sus vehículos, repito, sin tener en cuenta su situación de renta. Personas con rentas millonarias han podido renovar su vehículo particular; incluso a aquellos que tenían varios vehículos particulares no se les ha pedido nada. El vehículo tenía más de diez años, se le han entregado las cien mil pesetas correspondientes, y el vehículo se ha achatarrado.
Mediante esta proposición no de ley solicitamos que el sector que percibe la peor renta del Estado español, el sector profesional que vive en las circunstancias más duras en función de su ubicación en la explotación en zonas desfavorecidas, en zonas de montaña, etcétera, el sector que las cifras oficiales han demostrado que está matriculando máquinas automotrices muy por debajo de lo que

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demandarían sus necesidades tecnológicas, reciba urgentemente el mismo tratamiento que han recibido otros sectores profesionales y sectores particulares de la sociedad española.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición.
¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) En nombre del Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Muy brevemente para decir que nuestro grupo va a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular por una razón de justicia distributiva, por una razón de justicia a secas y también porque pensamos que es razonable la proposición no de ley, teniendo en cuenta el endeudamiento del sector.
De algunos datos que he podido sacar sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña se ve que no se estaba produciendo una renovación del parque agrícola por cuanto si en los ocho primeros meses de este año se han vendido 218 tractores, está muy por debajo de los 465 que se vendieron en 1992. Pensamos que esta medida si bien va a suponer un gasto en los presupuestos del Estado, puede producir otros ingresos inducidos en la sociedad civil que repercutirán en las medidas que todo el mundo queremos de modernización del sector. Tenemos un proyecto de ley de modernización de explotaciones agrarias y ésta sería una medida que contribuiría a que los agricultores pudiesen realizar sus trabajos en mejores condiciones.
Sabemos que con el endeudamiento que el sector tiene en este momento, si no hay una ayuda por parte estatal, difícilmente podrán renovar su parque agrícola. Por esta razón, vamos a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Vidal tiene la palabra.


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, señorías, no dudo que todas las iniciativas que debatimos en esta Comisión están cargadas de excelentes propósitos incluso, como ésta, de razones fundadas. No tenemos duda de que con la crisis que padece el sector agrario, lo primero que se ha resentido es la renovación de nuestro parque de maquinaria agrícola que, efectivamente, ha envejecido y convendría incrementar el fomento de su modernización a través de potenciar las líneas existentes o ya previstas o mediante otras de ahora en adelante.
Nuestro grupo duda que el método más apropiado tenga que ser parecido al del plan Renove de los automóviles trasladado a la maquinaria agrícola, porque juzgamos que en este sector tal vez sería simbólico y poco efectivo. Pensamos también que la reducción de la inversión en maquinaria agrícola tiene mucho que ver con las dudas del sector respecto al grado de confianza en el futuro del propio sector agrario. Una vez que se recupere esta confianza y con las nuevas ayudas ya previstas, pensamos que se activará inmediatamente la renovación de la maquinaria agrícola.
Ayudas similares, señorías, que no alcanzan a los automóviles, ni a los vehículos industriales a los que se ofrece este único estímulo de renovación.
Si entre todos somos capaces de aprobar las medidas que a este respecto contiene la ley de modernización de empresas agrarias y aprovechamos las dotaciones presupuestarias provenientes del Feoga de los años 1994 a 1999, cofinanciadas con la Unión Europea, no será necesario que se arbitre otro tipo de medidas como las que propone la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Soto tiene la palabra.


El señor SOTO MARTIN: Señor Presidente, voy a intentar fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre esta proposición no de ley que pretende instar al Gobieno a realizar un plan de ayudas directas a la agricultura para la compra de maquinaria agrícola automotriz.
En aras de una sana interpretación de la acción del Gobierno, convendría aclarar que el plan Renove, aplicado a la compra de automóviles o ahora, en estos días, a la compra de camiones y autobuses, que sustituyen a otros con más de diez años de antigüedad, no deberían entenderse como marginación del sector agrario, y tampoco como olvido de la industria fabricante de maquinaria agrícola automotriz.
Desde la agricultura el mejor parque no es el más intenso o el más extenso, sino el más racional, aquel mejor utilizado. Otra cosa es la promoción industrial. Si aquí venimos a hablar de promoción industrial, habrá que llevarlo a la comisión correspondiente y no cargar a la de Agricultura con más cosas.
Con un plan Renove lo único que podemos conseguir es endeudar más a los campesinos de manera individual, con el señuelo de la rebaja en el precio. Convendría tener en cuenta estas cosas que yo digo de manera muy somera. Es cierto que en los últimos años se ha producido una notable caída en la compra de maquinaria automotriz agrícola, pero también es verdad que ya en el primer trimestre de este año en curso la venta de tractores ha superado el 29 por ciento a la venta de tractores en el mismo trimestre del año anterior. Seguramente que en esta recuperación de las compras de maquinaria agrícola tiene algo que ver que el Gobierno ya incluyó en los presupuestos de 1994 medidas incentivadoras. Concretamente existe una dotación presupuestaria cofinanciada con la Comunidad Económica a través de los programas operativos del Feoga para el período 1994/1999, como ya se ha puesto aquí de manifiesto.
En el concepto 771, racionalización del uso de medios de producción agrícola destinados al fomento de cooperativas de uso y círculos de maquinaria, se prevé una ayuda directa inicial para la constitución de las agrupaciones, además de otras, en forma de subvención de intereses para la compra de maquinaria. Esta es otra modalidad de ayuda que entendemos está mucho más de acuerdo con las necesidades profundas y serias del sector de la agricultura.


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Igualmente, mediante el concepto presupuestario 772, promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrícolas, se incluyen subvenciones para financiar la compra de maquinaria y otros medios de producción.
El Gobierno, como se ve, sí tiene establecidas acciones destinadas a fomentar la renovación de maquinaria agrícola. Si además recordamos que las ayudas directas, tipo plan Renove, a la compra de medios de producción agrícola están explícitamente prohibidas en el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad, se puede comprobar que no existe marginación del sector agrícola, lo que existen son ayudas, como las que hemos señalado, acordes con nuestros compromisos comunitarios y, por cierto, cofinanciadas por la Unión Europea.
Señor Presidente, existiendo ayudas y no orfandad, como tratan de hacernos creer representantes del Grupo Popular, nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Creo que los mimetismos son malos en todas las situaciones. Pedir y pedir o acusar sistemáticamente al Gobierno de no atender a este o a otro sector, sin atenerse con rigor a los hechos --en este caso a las medidas de apoyo ya existentes para la renovación de maquinaria automotriz agraria--, aunque parezca muy agresivo como oposición, a mi modesto entender, denota poquísima vocación de gobernante.
En todo caso, en el deseo de lograr el mayor consenso posible de los grupos parlamentarios en un tema como el de agricultura, tan necesario de unidad, nosotros ofrecemos como alternativa una enmienda «in voce» del siguiente tenor que voy a leer y, a continuación, entregaré a la Mesa. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la modernización del parque de maquinaria agrícola potenciando, en colaboración con las comunidades autónomas, los programas existentes, especialmente los dirigidos al uso en común o asociativo de maquinaria agrícola. (El señor Diputado hace entrega de la enmienda en la Mesa.)

El señor PRESIDENTE: Como saben SS. SS. para poder aceptar una enmienda de estas características debe existir unanimidad de todos los grupos.
Pregunto a los grupos si existe unanimidad o no en aceptar la tramitación. (Pausa.) No existe unanimidad, por tanto, señor Soto, no puede tramitarse su enmienda.
Pasamos a la votación de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
Al no estar presente el representante del Grupo parlamentario Vasco, dejaremos para un momento posterior la votación del punto número 3.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS DE POLITICA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA-UNIDA INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000254.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición que figura con el número 5 en el orden del día, por la que se insta la Gobierno a adoptar diversas medidas de política de prevención y extinción de incendios. La proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra la señora Rivadulla para defenderla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar quisiera recabar la amabilidad de los componentes de la Comisión porque se trata de una proposición no de ley un poco larga y mi exposición tendrá que ir a tenor de su extensión. Yo creo que el tema lo requiere.
Estamos analizando y dando propuestas para paliar y corregir una situación que ha producido una catástrofe a nivel nacional, pensemos que estamos hablando de un ejercicio en el que ha ardido la mayor masa forestal de los últimos cien años. Este verano han ardido 400.000 hectáreas y superada la etapa de verano, en septiembre --todavía en septiembre-- han ardido 80.000 hectáreas, lo que da una cuantía superior a la de todas las hectáreas quemadas durante el año anterior.
La población ha podido observar con gran desconcierto cómo las distintas administraciones han actuado en este tema con una gran negligencia, con una gran falta de previsión en relación a los sistemas de alerta que habían proporcionado los informes meteorológicos diciendo que este año iba a ser especialmente grave y que, por tanto, se debían adoptar medidas especiales y no las habituales de cada verano.
En la comparecencia del señor Ministro en el mes de julio, yo dije que suponía un dato bochornoso que cuando todo el litoral mediterráneo estaba ardiendo, justo en ese momento el Ministro viniese a plantearnos un plan de prevención. Mayor falta de prevención no puede darse; cuando todo está ardiendo, entonces se piensa en la prevención.
Se han dado datos tan interesantes como el siguiente. Yo, que soy Diputada por Barcelona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña se recibe en los ayuntamientos la comunicación de la Consellería de Governació sobre las instrucciones que se debían adoptar por parte de los ayuntamientos en caso de incendio. (Rumores.) Esto ocurrió a finales de julio, justo una semana después de que los gobiernos civiles hiciesen llegar...


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, un momento.
Señorías, ruego silencio porque es muy difícil seguir el debate y, además, estamos impidiendo la tarea de los taquígrafos.


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La señora RIVADULLA GRACIA: Eso se hizo justo una semana después de que los gobernadores civiles hiciesen llegar a los mismos ayuntamientos las medidas que se deberían adoptar en caso de riadas. Mayor improvisación --como he dicho al principio-- no se puede dar. Pero el desconcierto ha sido mayor porque no ha habido una asunción de responsabilidades por parte de la Administración central ni por parte de las administraciones autonómicas.
Vuelvo a repetir que en mi comunidad, la Comunidad Autónoma de Cataluña, hemos llegado hasta el colmo de que el Pleno en el que se examinaron las causas y la actuación de la administración autonómica en el tema de incendios, se salda con una resolución de elogio a la actuación de la Generalitat de Cataluña. Me refiero a esta comunidad porque es la que conozco en mayor extensión, pero esta crítica la hago extensiva al resto de las comunidades afectadas y, sobre todo, a la Administración central.
Se sabía que iba a ser un año de especial riesgo de incendios y no se adoptó ninguna medida extraordinaria. También dije en el Pleno que el ex director de Icona me ha hecho llegar datos fidedignos de que se pidió presupuesto extraordinario por cuanto se sabía que había de atender a circunstancias especiales, pero la respuesta del Gobierno fue que como eran unos presupuestos restrictivos, tampoco iba a haber una presupuestación especial para la extinción de incendios.
Lo peor es que después de que en el mes de julio hubiesen ardido 180.000 hectáreas, no se adoptó ninguna medida extraordinaria; todo siguió funcionando exactamente igual. No se incrementó el número de aviones y no hubo ningún presupuesto extraordinario para hacer frente a los previsibles incendios que todavía en los meses de agosto y septiembre se iban a producir; ya he dicho que en septiembre han ardido 80.000 hectáreas.
Teniendo en cuenta todo esto, nuestro Grupo el día 8 de julio presentó una proposición no de ley. Lo hicimos de forma sopesada, pero somos conscientes que esta proposición no de ley puede ser mejorada porque fue realizada con carácter de urgencia en unos momentos que así lo requerían; pensamos que la proposición no de ley puede ser mejorada y con este ánimo la presento hoy ante la Comisión.
En primer lugar, solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno el incremento de medios materiales y técnicos para Icona.
Señorías, si algo se ha podido comprobar durante este verano ha sido cómo todas las comunidades autónomas estaban pidiendo atención especial por parte de los servicios de Icona, pero Icona no podía atender a más porque no tenía suficientes medios.
El presupuesto de este año ha sido de 8.000 millones de los cuales gran parte han ido para remotorización de aviones que estaban obsoletos. Se dijo por parte del Ministro que había medios suficientes de extinción en cuanto a cantidad; podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que estos medios están obsoletos. En cuanto a cantidad, sí; pero a calidad, no.
Nuestros aviones Canadair son pequeños y se sabe que no pueden incidir en lo que son grandes incendios. Solamente disponemos de un DC-6 que efectivamente sí es efectivo en el caso de grandes incendios por cuanto su capacidad es seis o siete veces superior a los Canadair. Sería necesario incrementar el número de Brif que en este momento solamente tenemos en número de ocho unidades, de tal manera que estas Brif pudiesen atender más áreas y que en veinte minutos pudieran desplazarse y estar allí, única forma de poder atajar los grandes incendios cuando se cogen todavía a tiempo.
Ya digo que la necesidad de incrementar los medios de Icona viene dada y se ha podido ver en la práctica porque las comunidades autónomas lo han estado pidiendo durante todos los meses de verano, en que el riesgo, no ya el riesgo, la materialización del incendio ha tenido lugar.
En segundo lugar, pensamos que es necesario incrementar sustancialmente los medios de que dispone Seprona. La Guardia Civil está actuando en estos momentos también en los puestos de ataque del incendio. Nosotros pensamos que esta actuación de la Guardia Civil en el caso del incendio es correcta pero se deberían poder atender también los casos de investigación de las causas del incendio. La Guardia Civil hace grandes esfuerzos por dar en sus partes los datos que tiene sobre posibles causas, pero pensamos que es necesario para incidir también en la prevención de incendios, dotar de más medios a Seprona para que pueda hacer esta función de investigación.
El señor Ministro, en su comparecencia del mes de julio, nos habló del plan que, en base a los fondos comunitarios, supondría 200.000 millones de pesetas en cinco años para la prevención y la restauración de cubierta vegetal. Pensamos que de forma inmediata se tienen que poner a disposición de las comunidades autónomas estos medios para que efectivamente podamos empezar ya con estas tareas de prevención y recuperación de la cubierta vegetal.
Se ha analizado por parte de alcaldes de distintos municipios y por parte de todos los que durante este verano y otros veranos nos hemos venido preocupando por el tema de incendios y del riesgo de incendios, que nuestros montes están padeciendo ahora un mayor número de hectáreas quemadas fundamentalmente porque derivado de la crisis agrícola se ha producido un abandono de los pueblos, y eso ha hecho que no estén siendo cuidados los montes; la ganadería tampoco está accediendo a sitios donde accedía, haciendo de forma natural una limpieza. Por tanto pensamos que, conjuntamente con las otras medidas, una ordenación del mundo rural es absolutamente necesaria para que haya una atención directa de los bosques por parte de los que fundamentalmente lo tienen que hacer, que son los vecinos de los lugares y lor propietarios de los bosques privados que son los que realmente tienen que implicarse en todas las tareas de prevención, de limpieza de bosques, por supuesto con las compensaciones necesarias.
Creemos que también es muy importante la elaboración de un plan de creación de empleo concertado con el Inem para la contratación de personal de vigilancia y extinción de incendios forestales, especialmente durante los meses de mayo y septiembre. Aquí nos autolimitamos.
Pensábamos que debía ser incluso desde enero, porque de enero a abril sería cuando habría que hacer las tareas de prevención, las que son de limpieza, de fijación de puestos de agua, de mantenimiento de balsas, y en mayo y septiembre

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es cuando se tienen que hacer realmente las tareas de vigilancia y de observación de conatos de incendio.
En el punto número 6 supongo observarán SS. SS. recogemos que el proyecto de reforma urgente y parcial del Código Penal debería incluir un agravamiento de las penas para los delitos de incendio. Supongo que SS.
SS. me dirán que el proyecto de ley ya lo contempla, estoy de acuerdo en el sentido de que lo contempla, pero tendríamos que ver si el conjunto de los grupos políticos que estamos en esta Comisión consideramos suficiente o no la forma como se está contemplando la reforma del Código Penal.
Pensamos que en nuestro país hace falta un proyecto de ley básica de montes. Es indispensable. Hace muchos años que se está hablando de la necesidad de una ley básica de montes pero nadie pone el hilo a la aguja y todavía no hemos tenido ocasión de que ese proyecto llegue a esta Cámara.
Soy consciente de que en nuestro grupo hemos sido muy drásticos cuando decimos que se impida de manera definitiva la reclasificación de los terrenos forestales incendiados. Es cierto, hemos sido muy drásticos peeo yo pienso que lo hemos sido de forma voluntaria; de la forma como está disminuyendo la superficie forestal en nuestro país pensamos que todo bosque que se queme debe tener el compromiso de todas las administraciones para que ese terreno quemado sea para siempre bosque.
Sabiendo que hay parte de nuestra proposición que es competencia de la Administración central pero que desde luego gran parte de la competencia es de las comunidades autónomas, incluimos en nuestra proposición no de ley toda una serie de medidas que deberían ser adoptadas por las comunidades autónomas pero de forma coordinada. No se puede volver a dar, señorías, la situación de este verano en el que en una población acuden a un incendio diecisiete entidades cada una de ellas con competencia y donde no hay una jerarquía que las pueda coordinar y que pueda establecer las formas de actuación. Se podría hablar de 20.000 anécdotas que se han producido --todo el mundo lo sabemos-- de un lado a otro de la geografía quemada de nuestro país. Estas medidas que nosotros proponemos aquí serían las que establecerían, en primer lugar, la necesidad de coordinación entre las administraciones y, por otro lado, el compromiso en la elaboración de un plan nacional de reforestación, restauración y limpieza de la cubierta vegetal, que atienda, sobre todo, a aquellas zonas donde hay mayor peligro de erosión.
Señorías, ustedes saben que ya se han producido las primeras lluvias del otoño, han caído con fuerza y con dureza sobre territorios que han sido quemados este verano y los procesos de erosión se están incrementando de forma alarmante. Por tanto, este plan nacional de reforestación ha de ser tomado con seriedad por parte de todos los grupos parlamentarios, con responsabilidad porque estamos tratando de un bien de interés general y estamos tratando del medio ambiente que deberemos dejar en mejores condiciones para generaciones futuras.
La elaboración de un catálogo de áreas protegidas de importancia nacional, entendemos que será objeto de la transposición de la Directiva aludida en la anterior proposición no de ley presentada por el Grupo Popular; deberemos configurar la Red Natura 2.000 con criterios científicos, compaginando intereses socioeconómicos pero, desde luego, sabiendo que hay ecosistemas que forzosamente debemos proteger.
Nuestro grupo incluye aquí también que se inste para que las comunidades autónomas adopten medidas para limitación de la circulación de vehículos motorizados en las áreas o espacios de especial riesgo fuera de los lugares estrictamente habilitados o sin los permisos específicos imprescindibles. Todo el mundo somos conscientes de cómo están proliferando las prácticas de trial, cómo los vehículos todo terreno están llegando a sitios de los montes antes inaccesibles; ahora llegan y no hay prácticamente ninguna regulación normativa para el uso de los montes por parte de estos vehículos. Nosotros pensamos que debe ser con criterios muy restrictivos para la gente, para la población que viva en esos entornos, pero que las prácticas recreativas deberían limitarse al máximo.
En el punto número 9 decimos: «Adoptar medidas suficientes para aquellas zonas que han resultado especialmente afectadas por los últimos incendios.» Las comunidades autónomas deberán ser rigurosas en el estudio exhaustivo de los daños que se han producido en los lugares donde ha habido incendios. No miremos solamente las hectáreas quemadas, no miremos solamente el bosque y las zonas agrícolas quemadas, hay aperos, hay maquinaria agrícola, hay balsas con animales cuyas aguas han sido utilizadas para extinción y los animales han muerto posteriormente por falta de agua. Todo esto ha de ser objeto de un estudio riguroso y compensar a las poblaciones afectadas por los daños que han sufrido.
Por último, en lo que se refiere a los dos últimos puntos, en el número 10 pedimos que se remita a la Cámara, antes de fin de año, un informe que recoja de forma exhaustiva las causas por las que se han ocasionado y propagado los incendios producidos en España durante los últimos años.
Señorías, en este punto quiero ser especialmente dura con las declaraciones del Ministro del mes de julio. Cuando esta Diputada dijo: hay un 40 por ciento de incendios de los que no se sabe la causa, cuando se hizo especialmente énfasis por parte del Ministro en que las motivaciones económicas eran prácticamente inapreciables, que no se habían producido recalificaciones de terrenos incendiados desde hacía muchos años, yo le advertí al Ministro que una interpretación de ese calibre significaba que ya de entrada se excluía la posibilidad de causas económicas. Nosotros pensamos que los criterios por los que hasta ahora se han ido sistematizando las causas y las motivaciones no deben variar.
Debemos tener durante años consecutivos una relación sistemática de las causas que han producido los incendios y las motivaciones que han llevado a los incendiarios a incendiar los bosques.
En ese sentido, quisiera decir que según datos del Ministerio de Agricultura de 1993, sobre un total del 26 por ciento de incendios de los que se conocen las causas, en 14, declarado ante el juez por los que lo han provocado, se reconoce que la causa que los provocó fue la recalificación de terrenos. Eso ante el juez, no inventado por la Guardia

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Civil, sino declaración ante el juez; 2, para venta de madera y 143, provocados por cazadores. Digo esto porque pienso que por intereses varios no se deben ocultar las causas que provocan los incendios. Está claro que uno puede quemar pensando que después le recalificarán y que después no le recalifiquen, pero la causa alegada por ellos mismos es ésta. Por tanto, que se tenga en cuenta, que se recoja sistemáticamente, que todo se apunte y que podamos hacer durante una serie sucesiva de años un estudio.
Por lo que se refiere al punto número 11, pensamos que es absolutamente importante que en los planes de estudio, tanto de enseñanza primaria como secundaria, se eduque a la población juvenil e infantil en los temas de la preservación del medio ambiente, para que cuando se aproximen al mismo lo hagan con el respeto que requiere la naturaleza; no por razones solamente emotivas, sino porque tengan un conocimiento de los cuidados que requiere esa preservación.


El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta proposición no de ley dos grupos de enmiendas, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista.
Para defender las del Grupo Parlamentario Popular, la señora Martínez tiene la palabra.


La señora MARTINEZ SAIZ: Después de la intervención de la representante del Grupo proponente, no me cabe la menor duda de que lo más importante hoy es no olvidar que ya hay dos iniciativas parlamentarias (una precisamente de Izquierda Unida, una moción consecuencia de una interpelación en el año 1991, y otra, del Grupo Popular, de mayo de 1994, justamente antes de que empezara la catástrofe que hemos sufrido durante los últimos meses en nuestro país) que contenían gran parte de las propuestas de Izquierda Unida que en este momento debatimos.
Digo esto, porque la gran responsabilidad que tenemos y la gran responsabilidad en que ha incurrido el Gobierno socialista y las distintas comunidades autónomas es haber olvidado los acuerdos de esta Cámara, no haberlos querido poner en práctica o no haberlos puesto en práctica. Porque realmente es lamentable que tengamos que seguir viniendo cada cierto tiempo --nosotros esperamos que ésta sea la última vez-- a hacer propuestas similares, año tras año, porque año tras año sigan ocurriendo catástrofes como las de este año, en donde se han quemado más de 400.000 hectáreas y donde se han perdido 28 vidas.
Yo creo que no sólo nos debemos conformar con quedarnos tranquilos con nuestras conciencias políticas viniendo del Parlamento a hacer propuestas e iniciativas parlamentarias, sino obligando a las administraciones responsables, con un seguimiento adecuado, a cumplir sus obligaciones. Se trata de ser eficaces en la prevención. Se trata de ser eficaces en la coordinación y se trata de poner medios a disposición de los equipos especialistas en la extinción de incendios, para que los utilicen de forma eficaz y para que se eviten estas catástrofes. Al final de este verano oímos al Ministro de Agricultura reconocer que, efectivamente, en parte, se había fallado en la prevención y que había medios insuficientes a disposición de la extinción de incendios. De ahí que nosotros hayamos presentado dos enmiendas, sobre todo la segunda, encaminada a que el Gobierno remita a la Cámara, en el plazo de un mes --estaríamos dispuestos a aceptar otros plazos un poco mayores, pero no demasiado, no vaya a ser que ocurra que nos lo presenten cuando estemos en medio de la campaña, como ha ocurrido este año con el plan de protección de incendios--, ese programa que el Ministro, este verano, en su comparecencia --un programa de cinco años con una inversión de 200.000 millones de pesetas, cofinanciado con los fondos de cohesión--, dijo que iba a proponer a las comunidades autónomas. Nosotros queremos que ese programa se remita en esta Cámara para tener la oportunidad de reclamar periódicamente al Gobierno y a las comunidades autónomas el cumplimiento exhaustivo de lo que las comunidades autónomas y el Gobierno acuerden en ese programa.
No se trata, señorías, de asistir, como este verano, a la disparidad de opiniones entre el Director General de Icona, que al final le cesaron, los programas de prevención y los programas publicitarios, que sólo salieron a la opinión pública en plena campaña. Se trata de ser eficaces, señorías, y que, en un país como el nuestro, que estamos dentro de las seis zonas, a nivel mundial, donde hay más riesgo de incendio, no estemos constantemente lamentándonos y echándonos en cara los unos a los otros quién tiene la culpa o quién no la tiene. Se trata, como decía al principio y como tuvimos ocasión de decir en el mes de julio y en otras ocasiones en esta Cámara, de no vernos en la obligación de reiterar iniciativas, sino de que se cumplan. Que tengamos la oportunidad en esta Cámara, además de presentar estas iniciativas, de poder exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de esta Cámara y coordinar de verdad las distintas políticas, para que no ocurran las catástrofes que han venido ocurriendo en los últimos años, sobre todo en este último año en el que, por desgracia, hemos tenido que asistir a un espectáculo lamentable y, sobre todo, ver la incapacidad que las distintas administraciones tenían frente a los fuegos, provocados o no.
Esperamos que nuestras enmiendas sean atendidas por el Grupo proponente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Castells.


El señor CASTELLS FERRER: Señor Presidente, señorías, yo creo que la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre las medidas de prevención y extinción de incendios forestales nos brinda una oportunidad inmejorable para debatir y analizar lo que para el Grupo Socialista ha sido un año bastante negro en materia de incendios forestales. Pero para que los análisis y los debates tengan su fruto y la gente que nos escucha y nos ve crea en ellos, hay que tener unos debates calmados, yo diría sensatos y también rigurosos, porque de lo contrario, yo creo que estamos jugando con ese esfuerzo que vienen realizando en prevención, en extinción y también en

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repoblación muchas instituciones. Podemos hablar de los ayuntamientos, que están haciendo un gran esfuerzo; podemos hablar de las comunidades autónomas, que tienen competencias y que también hacen un gran esfuerzo; y tenemos que hablar de la Administración central, que tiene sus competencias y que también está realizando un gran esfuerzo. Y si decimos que no se ha hecho nada hasta que ha ocurrido la catástrofe, estamos jugando con los sentimientos de mucha gente, muchísima, de todos los ámbitos locales, de comunidades autónomas y nacionales que están poniendo de su parte todo lo que pueden, y yo creo que no sería justo.
A mí me parece que existe una gran sensibilidad en la sociedad sobre estos temas y merece la pena que nos esforcemos en estos debates y en estos análisis. No se puede, por ánimo de protagonismo, creo que mal entendido, utilizar cuatro frases hechas y unos tópicos gastados; hay estudios sensatos. No entro en si el porcentaje de incendios es éste o aquél, si son provocados o no, etcétera, todos lo sabemos porque lo hemos visto. No voy a pararme en ello ni en hacer un análisis pormenorizado de los motivos o de las causas de estos incendios; los conocemos todos, lo sabemos todos, no lo vamos a repetir. Pero tampoco voy a hacer el consabido análisis de exculparme yo, o el Gobierno, o el Grupo que le apoya y echar la culpa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que tienen grandes competencias en esto.
Tampoco pienso, y puedo decirlo aquí, señor Presidente, señorías, que ni el Gobierno ni el Grupo que le sustenta vaya a eludir la parte de responsabilidad que, en materia de prevención, coordinación, extinción y regeneración de zonas afectadas, tienen; su parte, ninguna otra más. Y estoy convencido de que ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni las fuerzas políticas y sociales serias, ni el conjunto de la sociedad, que no tiene competencias pero tiene una responsabilidad concreta, los va a eludir.
Entiendo que la gente en general --digo en general-- valora positivamente todo lo que estas instituciones que les representan están haciendo para atajar las causas y el problema. Sabe que el fuego se puede combatir, pero duda de que los métodos fáciles de tertulia de bar y de casino sean la solución del problema. Sabe que el fuego no conoce de ideologías ni de partidos; se quema gobernando las derechas y se quema en gobiernos de izquierda. (El señor Ramírez González: En Galicia, no; en Galicia, no.) Busca en todas partes... (Rumores.--El señor Roncero Rodríguez: Cuando llueve.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CASTELLS FERRER: Digo lo que pienso, ustedes contestan.
En la prevención, en la coordinación y en la generación de zonas afectadas, aquello que no se pudo lograr con la extinción, cada día, en general, y gracias al esfuerzo de todos, digo todos, va siendo más eficaz, aunque todo es mejorable, aunque hayamos tenido un año atroz, aunque haya sido este año fruto de lo que todos ustedes saben y que yo no voy a repetir.
Es mucho lo que queda por hacer y, por ello, toda la aportación, ideas, sugerencias, esta misma proposición no de ley, el Grupo Socialista lo valora y la gente, también. Ahora bien, lo que entiendo, y me puedo equivocar, es que el ciudadano está pidiendo en esta materia un gran acuerdo, dejando las demagogias aparte, un gran pacto, algo que creo que resumía aquella genial frase publicitaria de «Todos contra el fuego». Si la sociedad ve que debatimos, analizamos, discutimos y al final sólo pretendemos imponer al otro nuestra verdad, se alejará de estos debates y, lo que es peor, perderemos credibilidad frente a las soluciones.
Creemos, pues, que tan importantes son los medios económicos y humanos en materia de prevención y extinción como dar la imagen de que los representantes de la población estamos de acuerdo en lo básico para solucionar el problema. Por ello, todos debemos ser generosos. El gran consenso sobre las medidas de prevención y extinción de incendios forestales pasa por reafirmar la voluntad de combatirlos con eficacia y con las mínimas discrepancias.
No voy a entrar a contestar lo que aquí se ha dicho, entre otras cosas, porque quiero dar el primer paso hacia ese gran consenso y hacia ese gran acuerdo. Por eso, valorando la oportunidad del contenido de la proposición, estimando alguna aportación más y en base a esa voluntad de consenso sobre la materia, nuestro Grupo va a presentar unas enmiendas a esta proposición no de ley, que serían las siguientes: El punto número 1 --más por un cambio técnico en la redacción-- quedaría de la siguiente manera: Redimensionar los medios materiales, técnicos y humanos del Instituto para la Conservación de la Naturaleza, ICONA, con el objetivo de mejorar la eficacia en las labores de coordinación para el control y extinción de incendios. El número 2 quedaría de la siguiente manera: Aumentar progresivamente --no de forma substancial, sino progresivamente-- y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias --señorías, no olvidemos el presupuesto-- los medios técnicos, materiales, etcétera. El número 3 dice: Utilizar y destinar adecuadamente los fondos. Quedaría de la siguiente manera: Utilizar los fondos provenientes de la Unión Europea para políticas de prevención de incendios y recuperación de la cubierta vegetal, adoptando medidas suficientes para aquellas zonas que han resultado especialmente afectadas por los últimos incendios. El número 4 lo dejaríamos tal como está, muy genérico, lo dejaríamos así. Y en el número 5 podríamos poner: Intensificar los planes de creación de empleo concertados con el Inem. El resto quedaría igual. El número 6 lo dejaríamos tal como está. La redacción del número 7 sería la siguiente: Remitir a la Cámara en el plazo más breve posible una ley básica de montes. Todo el mundo sabe que se está redactando y que solamente falta remitirla a la Cámara. El número 8 habla de llevar a cabo una colaboración coordinada con las comunidades autónomas y el resto de administraciones públicas, cosa que se está haciendo desde 1992. Dicho punto quedaría del siguiente tenor: La elaboración de un plan actual integral en materia de incendios que

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contemple, además, dotación adecuada de medios técnicos, materiales y humanos de las distintas administraciones públicas, una delimitación clara de competencias. Porque todo el mundo sabe que siempre que estemos hablando de estas cuestiones hay algunos puntos que no nos corresponden a nosotros, sino a las comunidades autónomas y es a ellas a las que tienen que remitirse. Tengo que decir --todo el mundo lo sabe, ha salido en la prensa-- que el 5 de septiembre sobre la mesa del Consejo de Ministros ha estado ya este plan.
Respecto al número 8, suprimiríamos la letra e), que dice: La adopción de medidas limitativas de circulación. Todo el mundo sabe que eso son competencias de las comunidades autónomas, los vehículos y demás. El número 9 habla de adoptar medidas suficientes para aquellas zonas que han resultado..., etcétera. Ya recogemos esta cuestión y, por tanto, suprimiríamos dicho número. En consecuencia, el número 10 pasaría a ser artículo 9 y dice: Remitir a la Cámara durante el próximo período de sesiones un informe. Creo que eso es lo que interesaría más o menos al Grupo Popular. Como todo el mundo sabe, este informe se ha elaborado en el Senado en 1993 y ahora hay otra Comisión que está elaborando dicho informe recogiendo las catástrofes. El número 11, que sería el 10 ahora, habla de promover la aplicación de la educación medioambiental recogida en los planes de estudio de la LOGSE, facilitando los apoyos necesarios de los centros, del profesorado. Todo el mundo sabe, también, el esfuerzo que se está haciendo en esto y la cantidad de cosas que en materia educativa se ha introducido desde hace algunos años. El nuevo número 11 diría: Estudiar la modificación de la normativa en vigor para que las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios forestales puedan acogerse a las ayudas de modernización de explotaciones, que más o menos también se decía ahí.
Y terminamos con dos adicionales; la primera, que puede recoger la sugerencia de la enmienda del Grupo Popular, dice: Informar a la Cámara antes del 31 de diciembre --pide un mes, nosotros creemos que quedan dos meses y medio-- del contenido y estado de la tramitación del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal elaborado en colaboración con las comunidades autónomas. Y otra adicional: Que, finalmente, el Congreso de los Diputados recomiende a las administraciones competentes la conveniencia de establecer prohibiciones de recalificaciones de terrenos quemados y limitaciones a la circulación de vehículos, que es lo que decíamos antes. Tenemos que tener en cuenta que en mi comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, este año ha entrado en vigor la ley de prohibir las recalificaciones y no ha tenido mucho éxito, pero eso no quiere decir nada. Lo que sí está claro es que nosotros desde aquí no tenemos competencias sobre la ordenación del territorio y, por tanto, pedimos esta redacción en vez de la que tenía antes.
Señorías, termino como había empezado. Es un tema difícil y, además de eso, puede tener graves consecuencias; es un tema que en este momento está afectando a gran parte de nuestra geografía y creo que ese consenso y ese gran acuerdo nacional no solamente sobre extinción y prevención de incendios, sino de recuperación de las masas forestales, es algo importante que debe anular yo diría que esas puyas que a veces intentamos lanzarnos aquí; la gente a lo mejor no lo entiende y está esperando las soluciones.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Vidal tiene la palabra.


El señor VIDAL I SARDO: Efectivamente, señor Presidente, señorías, todos los veranos se producen en nuestro país numerosos incendios forestales y todos los años estamos, antes o después, en este Congreso tratando iniciativas parlamentarias que proponen medidas de prevención, extinción o para compensar los efectos catastróficos de los incendios forestales.
Es lógico y necesario que ocurra este año, ante la magnitud del desastre que ha afectado, además de a las masas forestales, a explotaciones agrarias completas, a residencias de ciudadanos, lamentando incluso la pérdida de vidas humanas.
Hay que aceptar, señorías --y si alguna comunidad autónoma no lo ha hecho, hay que reconocer el error--, que muchos operativos contra incendios --los de Icona, los de las comunidades autónomas, etcétera-- estaban preparados y eran efectivos para combatir una siniestralidad normal; no lo estaban, en cambio, para un número, simultaneidad y gravedad de los incendios acaecidos este verano en toda la franja costera mediterránea.
Se ha comprobado una vez más que, entre las causas conocidas, cerca del 40 por ciento de los siniestros, por ejemplo, los próximos a Barcelona, fueron fuegos forestales provocados de forma premeditada. Pero sea así o por negligencia, y a pesar de existir brigadas de investigación especializadas, se han detenido a muy pocos incendiarios, por lo que el incremento sucesivo del agravamiento de las penas ya legislado por delitos de incendio no está surgiendo el efecto deseado o, por lo menos, el efecto disuasorio que se esperaba.
Si con el mismo número de incendios y simultaneidad los bosques estuvieran limpios como antaño, se quemaría a buen seguro una superficie mucho menor, pero, mientras no se corrija esta superabundancia de sotobosque, el único método efectivo para la extinción de incendios son los medios aéreos, de los que carece nuestro país en número suficiente.
En años como éste de alta siniestralidad y en condiciones meteorológicas propicias a la extensión de cada foco de incendio haría falta multiplicar por diez tal vez estos medios aéreos. Por esto, este Diputado, en el debate que hubo en esta Cámara en julio, en la comparecencia simultánea del Ministro de Agricultura y el de Defensa, propuso, en nombre de su Grupo, la habilitación, adaptación y uso para fines de extinción de helicópteros militares, medida que veo que no recoge el largo catálogo de medidas de la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, proposición con la que estamos esencialmente de acuerdo en la mayoría de sus propuestas.
Otras medidas de la proposición, como el punto 8 e), restrictiva de la libertad de circulación de vehículos por las zonas forestales en riesgo de incendio, entendemos que es

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competencia de las comunidades autónomas y en algunas es ya de aplicación, con lo que tal vez habría que potenciar la vigilancia y el control de esta penetración de vehículos en las zonas forestales.
Nuestro Grupo entiende que la propuesta número 9, relativa a adoptar medidas especiales para aquellas zonas que han resultado especialmente afectadas por los últimos incendios, debería entenderse por aquellas medidas que complementen las ayudas directas y subvenciones habilitadas por algunas o por todas las comunidades autónomas afectadas y que sean competencia --estas medidas complementarias-- estatal. Por ejemplo --y no se cita--, a nuestro juicio, es fundamental, la condonación o exención de impuestos sobre los bienes inmuebles de rústica por un período largo a aquellas propiedades forestales que, habiendo padecido un incendio forestal, fomenten la regeneración del bosque o la reforestación y que reconstruyan las explotaciones agrarias afectadas, medida acordada en otros aspectos, por ejemplo, contra la sequía o para las declaraciones de zonas catastróficas.
Nuestro Grupo, señorías, votará favorablemente, con las salvedades que he citado, la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que nos gustaría que recogiera nuestra sugerencia «in voce» si es posible, señor Presidente, de exenciones fiscales y de implicar los medios aéreos del Ministerio de Defensa.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palaba el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente voy a fijar la posición de nuestro Grupo parlamentario e indicar que, en cuanto al punto primero, relativo a los medios materiales y técnicos, la competencia en materia de montes se encuentra transferida a las comunidades autónomas, en lo que se refiere al desarrollo legislativo y a la ejecución, incardinando en el concepto de ejecución todo lo que se refiere a la gestión en la protección de los montes.
Estamos ante un problema evidentemente político, pero también de gran trascendencia presupuestaria. Quien tiene que presupuestar los medios materiales, técnicos y humanos para la prevención de incendios es quien es competente para gestionar el tema de montes y quien es competente no es el Icona, sino las comunidades autónomas. Lo que los poderes centrales del Estado, en su caso, pueden tener es únicamente la legislación básica, pero en cuanto al resto, que es materia de gestión de montes, está atribuida a las comunidades autónomas.
Nos parece bien pero sobre la base de que quien tiene que presupuestar es el que es competente por razón de la materia. Vemos ahí una discordancia.
Eso ¿cómo se presupuesta? A nuestro juicio, debía estar en los presupuestos de las comunidades autónomas. De alguna manera nos parece bien que haya una coordinación, pero en el aspecto competencial incurre en un vicio importante el punto primero.
Respecto a otras cuestiones, el punto dos, los medios de la Guardia Civil, incardinados en la materia de seguridad pública, corresponden a los poderes centrales del Estado, sobre la base de la competencia que tiene sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Con carácter general, nuestro Grupo parlamentario estaría de acuerdo con algunas cuestiones que ahí se plantean, como por ejemplo, con el del agravamiento de las penas contempladas en el Código Penal; la elaboración de planes de empleo, como tuvimos ocasión de debatir en una proposición --creo recordar-- del Grupo Popular en el Pleno. Por el Grupo Socialista intervino la señora Pelayo y habló no sólo de incentivar los planes de empleo del Instituto Nacional de Empleo, sino también los fondos de empleo de las comunidades autónomas. Nos parece que redunda en la misma cuestión, pero nos parece oportuna y estaríamos dispuestos a apoyarlo.
Lo que sí nos llama la atención es lo relativo al Plan Nacional de Reforestación. Estamos hablando de la misma cuestión, de la gestión en materia de montes por parte de quien tiene que ser competente y quienes lo son son las comunidades autónomas.
En definitiva, ¿qué le está quedando al Ministerio? La facultad genérica de coordinación, pero la gestión del día a día no corresponde al Ministerio. Como decía el Ministro, al final la responsabilidad política se está imputando a una autoridad pública que no es la competente por razón de la materia. Eso, evidentemente, hay que decirlo con claridad.
¿Que tiene que hacer una coordinación? Estamos de acuerdo, pero los medios presupuestarios tienen que estar en las comunidades autónomas, puesto que así se funciona en cuanto a financiación de comunidades autónomas. Las transferencias del Estado a las comunidades autónomas son en función de la competencia que éstas tienen.
Nos parece bien como planteamiento general, como planteamiento político, pero partimos de un error de base, que es que, de conformidad al sistema de distribución de competencias, la gestión sobre la titularidad de los montes corresponde a las comunidades autónomas y no al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla, para decir si acepta o no las enmiendas, con las transaccionales que ha presentado el Grupo Socialista.


La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quiero agradecer la colaboración de los distintos grupos parlamentarios en la mejora de esta proposición no de ley. Ya he dicho al comienzo de mi exposición que éramos conscientes de que podía ser mejorada, dado que fue redactada con carácter de urgencia.
Quiero hacer una precisión al portavoz del Grupo Socialista porque me interesa que esto quede claro.
Me he referido a negligencia de administraciones y a falta de previsión.
No estaba pensando en la Administración local, puesto que los ayuntamientos han sido los que, sin medios, han tenido que salir muchas veces al paso de necesidades perentorias para las cuales ni siquiera estaban preparados, pero a las que todo el pueblo y las corporaciones municipales se han lanzado.
Quiero que quede constancia de esto.


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En relación con las enmiendas del Grupo Socialista --después me referiré a las del Grupo Popular que han sido, de alguna manera, objeto de transacción con los demás Grupos--, quiero señalar que estoy de acuerdo con la relativa al punto número 1, en relación con Icona, en la que aceptaría también la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el sentido que se promoviese que, en la medida de lo posible, Defensa contribuyese con sus medios a la extinción aérea en caso de incendios; por mi parte, no hay inconveniente. Posteriormente, lo vamos a pasar a la Mesa, para que se vea cómo queda esta enmienda. El punto número 2 es insatisfactorio de forma sustancial, pero, en aras del acuerdo, aceptaremos que se aumenten progresivamente los medios de que dispone el Seprona. En relación con el número 3, el Grupo Socialista realiza una suma de los números 3 y 9, pero recoge el espíritu y casi la letra de nuestra proposición y, por tanto, lo aceptamos.
El punto número 5, que se refiere a elaborar un plan de creación de empleo, el portavoz socialista presenta la enmienda diciendo «intensificar», porque piensan que ya hay algunos planes que están funcionando. Yo quisiera añadir una enmienda «in voce», que se dijera: «Intensificar y generalizar los planes de creación de empleo», para que no pase que en unos sitios haya planes y en otros, no, sino que se intenten generalizar estos planes de creación de empleo.
Respecto al punto número 6, aunque ni el Grupo Socialista ni el Grupo Popular ni ningún Grupo lo ha enmendado, entiende esta Diputada que como el proyecto de ley orgánica de reforma urgente y parcial del Código Penal ya está en esta Cámara, lo podríamos suprimir por cuanto en él se habla de remitir a la Cámara, y este proyecto ya se encuentra aquí. Propongo, por tanto, la supresión del punto número 6.
En relación con el punto número 7, el Grupo Socialista presenta una enmienda que mutila un poco el texto porque no admite que haya una ley básica de medio ambiente, pero en aras a la unanimidad, vamos a aceptar que se remita a la Cámara, en el plazo lo más breve posible, esa famosa ley de montes que todavía no tenemos. Por tanto, estaríamos de acuerdo con la enmienda.
Por lo que se refiere al punto número 8, relativo a la elaboración de un plan de actuación integral, prácticamente es el punto 8, a) de nuestra proposición no de ley, por consiguiente, lo aceptamos.
En cuanto al punto 8, letra e), sobre adopción de medidas limitativas de la circulación de vehículos motorizados, como también otros grupos parlamentarios han manifestado, este punto, junto con el de la recalificación, que es el punto 7, podría ser objeto de una redacción que se adjuntaría a esta proposición no de ley, en la que se recomendaría que cada comunidad autónoma viese la posibilidad de la no recalificación de los terrenos forestales incendiados y que se adopten medidas para la limitación de vehículos motorizados en espacios de especial riesgo. Por tanto, se haría como recomendación posterior.
Al punto número 9 ya hemos quedado que es de supresión, por cuanto se adiciona el 3 y el 9. Respecto al punto número 10 aceptamos que sea durante el próximo período de sesiones. Pensamos que, si se hace con seriedad, habrá un mayor plazo para que el estudio de las causas pueda ser realizado en mejores condiciones, por lo que aceptamos el compromiso que el Grupo Socialista manifiesta a través de esta enmienda de que se nos remitirá el próximo período de sesiones.
Aceptamos igualmente la enmienda al punto número 11 porque mejora nuestra redacción. Asimismo, aceptamos la enmienda de adición número 11. Nos satisface que el Grupo Socialista la haya aportado, por cuanto que es un punto que nosotros habíamos contemplado, y consideramos que es muy interesante que esté recogido en esta misma proposición no de ley.
En relación con las enmiendas del Grupo Popular que han sido transaccionadas, para conocimiento del resto de los Grupos, desearía que la Mesa las pudiese leer.


El señor PRESIDENTE: La señora Martínez tiene la palabra, a los efectos de aceptar o no esta transacción.


La señora MARTINEZ SAIZ: Estamos de acuerdo con la propuesta de transaccional que se nos ha hecho. Aprovecho la ocasión para recordar a SS. SS. que, con éste, es el tercer gran acuerdo sobre esta materia que ha habido en esta Cámara: dos en Pleno y éste en Comisión. Esperamos no tener necesidad de volver a pedir el gran acuerdo. El gran acuerdo ya ha existido, hay que cumplirlo.
La transacción que se nos ha propuesto sobre nuestra enmienda es: informar a la Cámara, antes del 31 de diciembre, del contenido y estado de tramitación del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal, elaborado en colaboración con las comunidades autónomas. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, había otra enmienda que se refería a los fondos, a los 200.000 millones de pesetas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Es ésa.
Nosotros hemos aceptado la transaccional porque esos 200.000 millones están dentro del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal. El señor Ministro hizo referencia a a 200.000 millones o más, y nosotros esperamos que el Gobierno mantenga ese compromiso, que sean 200.000 millones o más. Si hacen falta más recursos, nosotros los pediremos, pero lo que queremos es que venga este plan. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, tiene la palabra.


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La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, lamento que en el curso de las transacciones que ha habido no hubiésemos conocido la propuesta de Convergència i Unió en relación con la exención de impuestos para aquellos propietarios afectados. Pensamos que puede ser objeto de una proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, y así no abrimos de nuevo la negociación sobre esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a la votación de la proposición no de ley de Izquierda Unida, con las incorporaciones de las enmiendas del Grupo Socialista y las transaccionales al Grupo Popular. Al mismo tiempo, el Grupo proponente ha solicitado la retirada del punto 6.º de su proposición, por entender que efectivamente el proyecto de ley ya ha entrado en la Cámara. Lo vatamos conjuntamente.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada la proposición, con las adiciones incorporadas con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gatzagaetxebarría, ¿estamos en condición ya y se conoce por parte del Grupo Parlamentario Popular la transacción a la proposición del Grupo Parlamentario Vasco, relativa al vino? (El señor Isasi Gómez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, quisiera consumir un turno para explicar el voto, ahora o al final.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, sabe S. S. que no hay trámite para explicación de voto. Se trata sólo de conocer o no el texto definitivo que se va a someter a votación. Creo que en estos momentos ya lo conocen todas SS. SS. y no podemos, de ninguna manera, reabrir el debate.
Propongo la votación en los términos resultantes del acuerdo al que han llegado los grupos Parlamentarios Vasco y Socialista, y que ya conocen todos los grupos de la Comisión.
Lo siento, señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: No se trata de hacer debate, era para explicar nuestro voto.


El señor PRESIDENTE: Yo creo que se ha explicado suficientemente la posición de todos los grupos respecto al tema.
Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), relativa a las medidas tendentes para favorecer el reequilibrio del mercado europeo del vino, con las incorporaciones de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.


--RELATIVA A LAS MEDIAS A TOMAR EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS CUYAS EXPLOTACIONES SE HAN VISTO AFECTADAS POR LOS RECIENTES INCENDIOS FORESTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000256.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la sexta de las proposiciones no de ley, relativa a medidas a tomar en favor de los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones se han visto afectadas por los recientes incendios forestales.
Para defenderla, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: El contenido de esta proposición no de ley ha sido tratado de manera tangencial en el debate anterior relativo a incendios. La importancia del tema y, sobre todo, la inmediatez que requieren ciertas actuaciones, hacen que lo tratemos no de soslayo, sino en profundidad. No vamos a incidir más en las consecuencias nefastas de un verano negro en materia de incendios. Es lamentable la treintena de muertos, son lamentables también los cientos de miles de hectáreas ardidas, pero no puede quedar en el vacío el tratamiento en profundidad de los daños experimentados por los agricultores y ganaderos...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Madero.
Ruego silencio, señorías.


El señor MADERO JARABO: Decía, señor Presidente, que no pueden quedar en el olvido los daños directos causados por los incendios a un número no determinado de agricultores y ganaderos, que han visto arrasadas por el fuego sus instalaciones agrícolas y ganaderas, sus propias casas, la maquinaria, aperos, ganados, etcétera.
De catástrofes similares, la experiencia anterior de los últimos años nos dice que hay profundas lamentaciones, una solidaridad teórica, un sentimiento muy profundo, etcétera, pero, al final, ayudas, pocas y promesas, muchas. Por eso, el Grupo Popular desea que no se reproduzcan actuaciones anteriores, como las que he citado, e invita a los demás grupos a sumarse a nuestra proposición no de ley que tiende a paliar los daños producidos y a que se indemnice debidamente y cuanto antes a los agricultores y ganaderos que han perdido todo o casi todo en los incendios.
Hasta donde nos ha sido posible conocer, muy pocos agricultores y ganaderos tenían parcialmente asegurados sus bienes agrarios y sus enseres personales. Sin embargo, la mayoría de los agricultores y ganaderos no tenían ningún tipo de seguro y han quedado en una situación extremadamente precaria.
Estos hechos han afectado de manera muy diversa en múltiples puntos de la geografía española. De los 15.000

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incendios registrados aproximadamente, han afectado de manera especial y con una incidencia mayor a Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Mi Grupo pide en esta proposición no de ley que, en primer lugar, se haga un balance de los daños causados por los incendios el pasado verano en las instalaciones agrícolas y ganaderas, detallando en este triste inventario el número de afectados y, sobre todo, la cuantía de los daños. En segundo lugar, proponemos que el Gobierno dote presupuestariamente las partidas a través de las cuales los agricultores y ganaderos afectados puedan acceder a subvenciones y préstamos que palíen la difícil situación en la que estos profesionales del campo han quedado.
También debo expresar que, hasta donde hemos podido conocer, alguna comunidad autónoma ha expresado en los medios de comunicación su voluntad de proporcionar ayudas similares a las que aquí pedimos al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, no tenemos conocimiento de que tal voluntad se haya concretado hasta ahora en el correspondiente decreto, que eventualmente debiera publicarse en el boletín oficial de la respectiva comunidad autónoma, ni tampoco conocemos si esas ayudas serían con cargo a los fondos de la comunidad autónoma o se trataría de anticipos reintegrables por parte del propio Ministerio.
Entiende mi Grupo que para que no haya dudas, si aprobamos esta proposición no de ley, el Ministerio y las comunidades autónomas afectadas podrán acordar lo que tengan que acordar, pero que no haya un trato discriminatorio y que, en definitiva, los agricultores y ganaderos, que han tenido un fuerte quebranto por habérseles quemado su explotación agrícola o ganadera, puedan superar la crítica situación en la que ahora se encuentran.
Por todo esto y sin extenderme más, señor Presidente, presentamos esta proposición no de ley, para la cual pedimos el voto favorable a esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Se ha anunciado por parte del Grupo Parlamentario Socialista la posibilidad de presentar una enmienda «in voce» que, si no hay inconveniente por parte de todos los grupos, pasaría a exponer, y luego el Grupo Parlamentario Popular podría manifestar su opinión respecto a la misma.
Si les parece bien, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Juan Miguel): Compartimos con el Grupo proponente la misma preocupación por los agricultores y los ganaderos cuyas explotaciones se han visto afectadas por los últimos incendios forestales. No estamos de acuerdo, sin embargo, con el conjunto de alegaciones que fundamentan la presentación de esta iniciativa parlamentaria, por varias razones.
La primera de ella, de carácter competencial. Conviene recordar que las competencias relativas a la creación, conservación, mejora y administración de masas forestales fueron transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, es a éstas a quienes compete, en primera instancia, realizar la valoración de los daños producidos por los incendios forestales y, en particular, de aquellos epecíficos a los que se refiere la proposición.
Con fines exclusivamente estadísticos, las comunidades autónomas remiten al Icona los partes de incendios en los que se valoran cuantitativamente los daños ocasionados por cada uno de ellos, referidos en productos forestales, gastos de extinción y una valoración cualitativa de los efectos ambientales. No se segregan las pérdidas en función del tipo de plantaciones o del ganado afectado, aunque sí se señalan las superficies cultivadas.
En este contexto es, pues, a las comunidades autónomas a las que corresponde igualmente concretar, en primera instancia, las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados por los incendios forestales y, en su caso, solicitar las ayudas correspondientes de la Administración central para ejecutarlas.
El MAPA, a través de Icona, viene haciendo una evaluación global del coste para reforestar las superficies incendiadas en el territorio nacional, que en una primera aproximación se sustenta en los costes unitarios de repoblación que se recogen en los partes de incendios.
Hechas estas precisiones, nos consta, señoría, que las diferentes administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias específicas, vienen efectuando la valoración de los daños ocasionados por los últimos incendios forestales. Igualmente, las comunidades autónomas vienen aplicando las medidas necesarias para devolver a la normalidad la situación de las zonas afectadas. No vemos, pues, la necesidad de una proposición redactada en los términos como la que debatimos.
Tampoco vemos razones para arbitrar, en este caso, mecanismos de ayuda y colaboración diferentes de los establecidos en casos similares como la última sequía. No compartimos la valoración negativa que el proponente hace sobre la eficiencia y oportunidad de las ayudas arbitradas por el Gobierno de la nación en casos como el ya reseñado.
El seguimiento presupuestario pone de manifiesto que las ayudas de urgencia se concedieron en el momento del siniestro con cargo a los créditos ampliables, dotados para esta finalidad en el presupuesto de gastos del organismo correspondiente. Las restantes ayudas se materializan en el momento en el que los afectados justifican los requisitos previstos para tener acceso a ellas o acreditan haber realizado las obras y mejoras propuestas.
Cualquier retraso por parte de los afectados en el cumplimiento de estas formalidades ocasiona la consiguiente demora en la percepción de las ayudas que correspondan y que, en ningún caso, pueden ser imputadas al Gobierno.
Por último, debo reseñar que las medidas necesarias para prevenir nuevos riesgos y para configurar las estructuras agrarias existentes están siendo efectuadas por los departamentos ministeriales afectados, dentro del ámbito de sus competencias y con cargo a los propios presupuestos de gastos. Ello sin perjuicio de las actuaciones que deberán efectuar las comunidades autónomas o de las obras que en sus términos municipales puedan llevar a cabo las corporaciones locales.


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Por todo ello y en consonancia con lo manifestado al comienzo de nuestra intervención, en la que compartíamos la misma preocupación por esta situación ocasionada por los incendios forestales, presentamos una enmienda transaccional que esperamos dé satisfacción a las peticiones del Grupo Popular y que cuente también con el apoyo y la aceptación de los distintos grupos de la Cámara. Se concreta en la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en colaboración con las comunidades autónomas y tras la evaluación de los daños ocasionados en explotaciones agropecuarias por los incendios forestales, estudie, con la mayor urgencia, el establecimiento de medidas conjuntas para contribuir a la compensación de pérdidas de renta y a la restauración de las estructuras agrarias en las zonas afectadas.


El señor PRESIDENTE: ¿Puede pasarla a la Mesa, por favor? ¿Conocen los demás grupos esta enmienda? (Pausa.) Se aceptaría a trámite en todo caso.
¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo estaba dispuesto a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular.
Entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Socialista podría cumplir los mismos objetivos siempre que se pudiese decir que en los presupuestos del 95 se habilitará una partida para atender a estos gastos extraordinarios. A grandes males, grandes remedios.
Lo que es necesario y urgente es que los afectados por los incendios tengan por parte de las comunidades autónomas un estudio de los daños, de los prejuicios y que haya inmediatamente recursos estatales y autonómicos para hacer frente a los mismos. Si posponemos el estudio con carácter de urgencia y no habilitamos para 1995 una partida presupuestaria para estos gastos que, efectivamente, son extraordinarios, los directamente afectados verán cubiertos parte de sus gastos, pero no la totalidad de los mismos. Pensamos que la cuestión requiere urgencia y la garantía de que, efectivamente, haya medios presupuestados en 1995 para hacer frente a este gasto.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: La proposición no de ley del Partido Popular va en la dirección que apuntaba al finalizar mi intervención respecto a la iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es decir, valorar el conjunto de los daños sufridos por los agricultores y ganaderos --a los que yo pediría que, si es posible, se añadieran también los forestales-- y cuantificar las pérdidas, a fin de habilitar las dotaciones presupuestarias para que, con fondos del Estado, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea se puedan paliar los daños sufridos este verano por culpa de los incendios forestales.
Teniendo conocimiento ahora de la transaccional ofrecida por el gobierno Socialista, cuya redacción recoge en el fondo la propuesta del Partido Popular, y esta sugerencia que nos hemos atrevido a hacer «in voce» ahora mismo, nuestro Grupo votaría favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero para manifestar si acepta o no la enmienda transaccional presentada.


El señor MADERO JARABO: Respecto a la manifestada por el portavoz del Grupo Socialista y el agregado que ha hecho finalmente el portavoz de Convergència i Unió de añadir la palabra «forestales», tengo que decir que los daños forestales son tan enormes y tan difíciles de evaluar que yo, en estos momentos, no me atrevo a incluirlos dentro de lo que eran específicamente los daños para las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Como el daño más importante que se produce en un incendio es precisamente en la masa forestal, creo, señor Vidal, que eso requeriría un estudio más pormenorizado y el tratamiento en otro momento, ya que se sale del espíritu y la letra de la proposición no de ley del Grupo Popular. Sin admitir que se evalúen, se palíen y se indemnicen los daños forestales, debo dirigirme al portavoz del Grupo Socialista para manifestarle que aceptamos la letra de la enmienda transaccional que se propone, pero, si me permite el señor Presidente, no la música; y me explico.
No se puede decir, señor portavoz del Grupo Socialista, que no se está de acuerdo con los fundamentos, puesto que son la constatación objetiva de lo que ha pasado y, además, de forma breve, telegráfica y hasta suave.
Tampoco he hecho personalmente, ni en nombre de mi Grupo, valoraciones sobre ninguna actuación, sino que, simplemente, ante un daño causado, pido, en nombre de mi Grupo, que se palíen esas consecuencias y se indemnice a los profesionales de la agricultura y de la ganadería que lo han perdido todo o casi todo en un incendio en el que se han visto envueltos y no es poco que hayan salvado el pellejo.
Por otro lado, es un contrasentido decir que las comunidades autónomas piden al Ministerio de Agricultura una serie de fondos y que la Administración central, y por tanto este Parlamento y esta Comisión, no tiene nada que ver en el tema. si se están pidiendo ayudas, entre otras cosas, para paliar los desastres que ha habido en la agricultura y en la ganadería: en cultivos, en ganados, en maquinaria, en instalaciones, etcétera, algo tendremos que decir. Ese es el espíritu que nos ha animado a presentar esta proposición no de ley. Aceptamos el texto con estas matizaciones y esperamos que el resultado de la votación sea favorable, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que, lógicamente, incorpora la enmienda

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transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta proposición no de ley, con la transaccional presentada por el Grupo Socialista.


--RELATIVA A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PLAN NACIONAL DE REORDENACION DEL SECTOR LACTEO PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000263.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición de ley número 9 relativa a la puesta en funcionamiento de un plan nacional de reordenación del sector lácteo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla, tiene la palabra la señora Fernández.


La señorar FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señorías, en representación del Grupo Popular me corresponde la presentación y defensa de la proposición no de ley por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la presente proposición, presente un plan nacional que posibilite la reestructuración, modernización y reordenación del sector lácteo, en donde se contemplen entre otros los siguientes aspectos.
La ordenación del sector lácteo, basando la estructura productiva del mismo en las explotaciones medias y familiares en donde se considere su repercusión económica y su impacto social. Un programa de regularización de las cuotas que contemplen los siguientes objetivos: el incremento de la cuota media por explotación, la superación de las rigideces que inducen a la paralización del progreso en los cambios estructurales del sector mediante el bloqueo de flujos interregionales que generen efectos negativos sobre la eficiencia económica del sistema. La aplicación de sistemas productivos más eficaces, el incremento de los recursos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que permitan rescatar cuotas del sector. La reasignación de las cantidades de referencia. La modificación de la cuota láctea asignada en función de la materia grasa de la leche entregada. El establecimiento de compensaciones económicas por la leche liberada diferenciados por tramos de producción. La coordinación de los esfuerzos realizados por las administraciones central, autonómica y local en favor del sector lácteo, y la identificación de las explotaciones objeto de la mejora a fin de adoptar un sistema de producción válido para la mayoría de ellas.
Señorías, para la reordenación de las explotaciones lecheras, la aplicación de las cuotas no puede ser un factor que bloquee o fosilice la estructura del sector. La experiencia europea desde el año 1984 ofrece ejemplos suficientes de cómo pueden los gobiernos enfrentarse a la reestructuración con un amplio abanico de criterios, aunque se persigan objetivos distintos y diferentes calendarios de intervención.
El hecho de que el sector siga siendo uno de los motores más activos de la agricultura, con un crecimiento espectacular en algunas comunidades autónomas durante los últimos cinco años, desafiando las posibles consecuencias derivadas del marco de incertidumbre provocado por la política seguida por el MAPA en materia de cuotas, expresa con claridad, por una parte, la enorme dependencia de la leche como garantía de rentas, y, al mismo tiempo, el elevado potencial de las explotaciones para crecer.
Hay que considerar que la estructura productiva descansa en la explotación familiar y los cambios estructurales tienen una notable repercusión social y laboral. Por eso, es muy importante calibrar debidamente la dimensión económica y el impacto social de la propuesta de reestructuración.
Teniendo en cuenta que en la actualidad una explotación que disponga de una cuota de 75.000 kilos de leche y utilice un sistema de producción a bajo coste, está en el umbral de la viabilidad y teniendo en cuenta también que un tanto por ciento muy elevado de las explotaciones de nuestro país tienen un titular de más de cincuenta y cinco años y sin sucesión asegurada, fijar un objetivo de viabilización de un número importante de explotaciones cada año debe estar en el punto de mira de los programas de modernización. El programa debe orientar su acción fundamentalmente hacia la renovación de los titulares de la explotación, facilitando la incorporación de los jóvenes capacitados profesionalmente en las mejores condiciones posibles, siendo éstos los principales beneficiarios tanto de las cuotas suplementarias como de las ayudas precisas para mejorar sus explotaciones. Aunque en la actualidad existe un elevado número de explotaciones cuya mayor limitación es el volumen de la cuota atribuida, parece necesario alcanzar una mayor movilidad de la tierra que les permita crecer y abaratar los costes productivos. Para conseguir este objetivo sería necesario un gran acuerdo político-social.
El previsible abandono de la actividad agraria, y la láctea en particular, generará un mayor absentismo, aumentando de esta forma el inculto.
Considerando que dentro del Estado hay zonas que reúnen unas condiciones más favorables para la producción de leche que otras áreas del territorio español, de tal forma que con una cuota determinada es posible obtener una mayor renta disponible y que en la actualidad existen productores decididos a continuar en el sector y viabilizar su explotación, la cuota no debe ser un obstáculo que impida el mantenimiento y consolidación de un sector más competitivo en los próximos años.
La consecución del objetivo general de ordenación y viabilidad de las explotaciones de leche, teniendo en cuenta su repercusión social y posición estratégica en la economía, debe exigir la movilización de los recursos políticos y económicos tan importante como la realizada para los sectores industriales en crisis.


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El plan de adecuación de las explotaciones lecheras exige la puesta en marcha simultánea de los siguientes programas de actuación: regularización de la cuota, inversiones y movilidad de la tierra.
Sabemos que el sistema de cuotas funciona eficazmente para controlar la producción, al ir acompañado de medidas penalizadoras para los productores excedentarios. Ahora bien, el enorme retraso del sector lácteo y la mejora del mismo pasa necesariamente por la mejora de la productividad, mayor movilidad de la tierra, aplicación de sistemas productivos más eficaces y, sobre todo, por el incremento de la cuota media por explotación. Este objetivo exige la disponibilidad de recursos suficientes, por parte del MAPA, que permita rescatar leche suficiente del sector, así como una política que, basada en criterios objetivos, considere la especificidad.
Las comunidades autónomas deberán financiar programas propios de rescate de cuota, a fin de contribuir a la reordenación del sector. Esto implica un esfuerzo incentivador del abandono. Es fundamental asegurar que los productores que cesan en la actividad se acojan a programas oficiales de abandono o bien transfieran su cuota a través del mercado, a fin de que puedan percibir las compensaciones económicas que en derecho les correspondan.
En lo tocante a las compensaciones económicas por la leche liberada, parece necesario insistir en la conveniencia de que las cantidades pagadas sean regresivas, estableciendo cuantías diferentes a la baja por tramos de producción.
La reasignación deberá tipificar las explotaciones prioritarias, valorando las características de las mismas, su cuota actual, el nivel presente de producción, la dependencia del titular de las rentas agrarias ligadas a la producción de leche, así como edad y capacitación del titular de la explotación y las posibilidades de viabilidad a medio plazo con o sin la realización de planes de mejora.
En un período de cinco años se tendrá que hacer un gran esfuerzo inversor que permita la instalación de un elevado número de jóvenes, así como la reestructuración de un número potencial de explotaciones por año. La financiación se realizará con cargo al Reglamento CEE 2328/91, con subvenciones y préstamos complementarios, con fondos de las Administraciones central y autonómica.
Para la optimización de la producción de leche, en el marco de las cuotas, toda explotación de leche debe maximizar el beneficio económico de la actividad mediante la optimización de las medidas de producción disponibles.
Procurar un sistema de producción que globalmente dé respuesta a soluciones técnicas en orden a mejorar la rentabilidad de las explotaciones es un objetivo irrenunciable que debe estar en el punto de mira de los agentes implicados en el proceso de modernización.
Se considera interesante la realización de una cartografía, de carácter municipal o comarcal, que permita conocer los datos estructurales actualizados de las explotaciones lácteas, así como valorar las perspectivas de evolución previsibles, a fin de realizar las intervenciones que se consideren más apropiadas.
La aplicación de un método selectivo que cartografíe las explotaciones en las que el titular tenga más de 50 años, permite disponer de una información sobre el futuro de las mismas en los diez años siguientes.
Es importante, en primer lugar, identificar las características de las explotaciones objeto de la mejora, a fin de adoptar un sistema de producción que sea válido para la mayoría, dotado de la flexibilidad suficiente, que permita su adaptación a situaciones específicas de determinadas explotaciones, con un perfil diferenciado de la media, así como las modificaciones que a lo largo del tiempo se vayan produciendo en el sector, en su conjunto, variación del precio de la leche, de los «inputs», del sistema de regularización de cuota, etcétera.
La estrategia utilizada hasta la fecha, al menos por las explotaciones más modernizadas, consistió en la intensificación de la producción de un sistema de altos «inputs» y «outputs» cuyo objetivo era la obtención del máximo margen bruto por hectárea (El señor Vicepresidente (Hernández-Sito García-Blanco) ocupa la Presidencia).
Este sistema procuraba altas producciones por vaca, elevadas cargas ganaderas y también un elevado uso de concentrados. Los gráficos revelan cómo, a medida que se acrecientan los rendimientos por vaca, mejora paralelamente el margen sobre los concentrados y fertilizantes. Este sistema procura, en definitiva, buscar un óptimo nivel de concentrados en función de la «ratio» precio de litro de leche/coste del kilo de pienso, modulando su nivel según se vayan produciendo variaciones en la relación.
Se trata, por tanto, de un modelo expansivo de la producción, no ligado a ningún sistema de cuotas. Este fue el modelo desenvuelto en Europa durante el período anterior a la aplicación del sistema. Cuando la producción de leche está sometida a un control de producción, es evidente que la estrategia intensificadora pierde su virtualidad, salvo que haya producciones alternativas en la superficie liberada más rentables que la producción de leche y el sistema a desenvolver tendrá que ser avalado con el margen por litro en la dirección de reducir el coste por litro de leche producido, del que hay experiencias muy notables en Europa.
Señorías, es necesario darle un amplio y variado repaso a la actualidad láctea. Este sector no por abandonado deja de tener interés para el país.
A lo largo de las intervenciones que hubo esta temporada, hemos cedido todos en nuestras posiciones en favor del consenso. Esperamos que esa línea de consenso se siga manteniendo y el voto positivo a esta proposición no de Ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): El señor Gatzagaetxebarría, que tiene presentada una enmienda, tiene la palabra.
Ahora me ha salido bien el apellido. (Risas.)

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente. Por primera vez usted ha sido capaz de pronunciar mi apellido públicamente, lo cual agradezco.


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El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Me ha costado una legislatura, pero lo he conseguido.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Después de ser dos años y medio compañeros en esta Cámara, es la primera vez que se lo oigo pronunciar públicamente, por lo cual me congratulo.


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): He sido tardo en aprenderlo, pero lo he aprendido. (Risas.)

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Privadamente ya lo había dicho a ver si era capaz de pronunciarlo, porque era el único de esta Comisión que todavía no se atrevía a decirlo públicamente, por lo cual reitero mi congratulación.


El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Los del campo somos un poco torpes, y hemos tardado, pero al final lo hemos conseguido.
(Risas.) Muchas gracias.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario en relación a la proposición no de Ley del Grupo Popular señalando inicialmente que se ve un doble planteamiento en dicha proposición no de Ley del Grupo Popular. El planteamiento que se diseña en cuanto a la gestión del régimen de las cuotas lácteas del sector productivo y en cuanto al sector transformador en la exposición de motivos no tiene concordancia con la parte resolutiva, parece que han intervenido dos manos diferentes, una ha realizado el planteamiento o el modelo general expositivo, y otra, luego, a la hora de determinar las medidas, ha ido a concretar y, efectivamente, desdibuja el planteamiento general realizado en la exposición de motivos.
Nos llama la atención que la exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Popular utiliza la misma argumentación que utilizó el Grupo Parlamentario Vasco en la sesión celebrada, creo recordar, hace quince días, sobre el sistema francés o alemán de gestión de las cuotas, donde hay una territorialización y una intervención en cuanto a la gestión de las cuotas, donde los poderes públicos delimitan todo el tema de las transferencias, ventas y alquileres, cuando el Grupo Popular planteaba un sistema más librecambista. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, referencias como se hacen aquí de bloquear las deficiencias del mercado mediante fondos públicos de reestructuración, como el alemán y el francés, evidentemente es otro planteamiento diferente al que en su día se realizó. En lo que se dice también a continuación, sobre el tema de las transferencias de las cuotas entre ganaderos que se produzcan entre explotaciones más grandes situadas en las regiones con mejor estructura productiva, vemos nuevamente que ese planteamiento no coincidía con el que nosotros creíamos que tenía inicialmente el Grupo Popular. No obstante, nos congratulamos con la exposición que realiza, pero echamos en falta que en la parte resolutiva o dispositiva de la iniciativa no de ley no se concreten más las medidas que irían en coherencia con el planteamiento genérico que se hace en la parte introductoria.
Voy a hacer referencia, a continuación, señor Presidente, a las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado. Son unas enmiendas de adición. Al punto número 1 lo que el mismo Grupo Popular miméticamente manifiesta en la exposición de motivos, nosotros lo trasladamos a la parte resolutiva y a continuación hacemos una referencia a las zonas con dificultades orográficas. En el punto 2 a), y en los puntos 2 b) y 2 d) trasladamos el acuerdo, que ya se alcanzó en la Comisión celebrada hace 15 días, de recomendar a las comunidades autónomas la puesta en marcha de planes públicos de abandono o de reestructuración. Es lo que nosotros pretendíamos introducir mediante la enmienda en la iniciativa del Grupo Popular.
Por último, adicionaríamos un punto número 3 en el que pedimos que, dentro de este plan de reestructuración, dejando a un lado el sector productivo y abordando ya el sector transformador de la leche, se reestructurara el sector lácteo industrial mediante el impulso de una estructura de comercialización, que agrupara a las industrias españolas de base cooperativa.
En definitiva, lo que estamos planteando, señor Presidente, es que en este momento se está produciendo una distorsión en el mercado de la leche, y hay una gran capacidad de transformación por parte de la industria láctea española que no tiene concordancia con la demanda de consumo de leche, eso por un lado. En segundo lugar, la gran capacidad de transformación de la industria láctea española está suponiendo que los costes de producción y, por tanto, los costes de venta de la leche en el mercado estén encarecidos, en la medida que tienen mayor capacidad de la que en realidad es necesaria. Eso añade unos costes inducidos que están afectando a todos los consumidores de leche.
Creemos que hay unas negociaciones con el Ministerio, incluso con el señor Pedro Pérez, Presidente de Tabacalera, en definitiva, empresa pública que controla Lactaria Española, en las que lo oportuno sería una reestructuración de forma que las industrias lácteas españolas de base asociativa pudieran estar presentes en la participación pública que tiene Lactaria Española. En nuestra opinión, quizá, la empresa pública está distorsionando el mercado, y nosotros seríamos más partidarios de que industrias españolas de carácter cooperativo en las que los propios ganaderos están presentes, pudieran tener una participación directa en la industria Lactaria Española. De hecho, sabemos que hay negociaciones en ese sentido y nos gustaría impulsar una iniciativa de estas características. Por ello hemos planteado la enmienda de adición del punto 3.
Finalizo, señor Presidente, diciendo que industrias lácteas como la gallega Leyma, la asturiana Clesa o la vasca Iparlat sí estarían interesadas en tender hacia una reestructuración con base en las industrias asociativas de carácter cooperativo del Estado.
Nada más.


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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Rivadulla, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro grupo comparte la opinión de que, efectivamente, el sector lácteo debe ser reordenado, pero sobre todo pensamos en las órdenes que el Ministerio se comprometió a publicar en el BOE en el menor plazo posible, según se vio en el debate de nuestra proposición no de ley sobre la ampliación de la cuota láctea.
Esperamos que estas órdenes sean publicadas, que se desarrollen los decretos de ordenación del sector y que sepamos cómo va a ser el funcionamiento de la reserva.
En ese sentido, al observar la proposición no de ley del Grupo Popular, está claro que hay cosas que compartimos, pero su formulación es muy ambigua. Pienso que con la incorporación de las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco queda más concretado el interés de la proposición no de ley, si es el mismo que el del Grupo Popular, de lo que yo dudo, porque, realmente, de la exposición que ha hecho la Diputada portavoz he creído entender unos criterios muy productivistas, unos objetivos muy librecambistas en todo lo que hace referencia a la transferencia de cuota y, desde luego, en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no compartimos esos puntos de vista.
Desde el principio he visto que la proposición era ambigua, he pensado que a lo mejor era deliberadamente ambigua, porque, desde luego, hay una serie de puntos, como el 2 a) o el 2 i), en los que realmente se trasluce una interpretación de lo que ha de ser el reparto de la cuota que no se aviene con lo que se establece en el punto número 1, en el sentido de que esta reordenación debería ir en favor de las explotaciones familiares. Me parece que todos los demás puntos hacen referencia a un criterio, como he dicho, muy productivista, que no tiene en cuenta la función social de otras explotaciones, que a lo mejor no tienen ese grado de rentabilidad, pero tendrían que ser objeto de ordenación y ayuda para que pudiesen seguir adelante, por cuanto su sola presencia significa una garantía de equilibrio y, además, estos ganaderos de algo tienen que vivir. Puede que no sea muy rentable, que no tengan grandes explotaciones; pero se tendría que ir hacia una ordenación del sector que tuviese en cuenta precisamente a éstos.
Como es una proposición que no veo todavía bien perfilada y que es muy ambigua, nuestro grupo, después de escuchar a la Diputada que nos la ha dado a conocer, se va a abstener, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Vidal tiene la palabra.


El señor VIDAL i SARDO: En la última sesión de esta Comisión y anteriormente en el Pleno, aprobamos un conjunto de medidas, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y del propio Partido Popular, respecto al sector lácteo, específicamente respecto a las cuotas y a la supertasa que, por el momento, a nuestro grupo le parecen suficientes para ordenar este sector, dada la situación actual de finalización del primer período productivo controlado eficazmente hasta este momento.
Cuando se conozcan estos datos definitivos, tal vez esté justificado que se propongan nuevas iniciativas como la que hoy contemplamos en esta Comisión. En este momento nos parecen suficientes las aprobadas y, por tanto, no votaremos favorablemente la iniciativa del Partido Popular porque pensamos que no aporta novedades respecto a este momento concreto y a esta situación concreta; tampoco respecto a lo mucho que hemos consensuado ya. No votaremos favorablemente porque muchas de las propuestas, por ejemplo, las de movilidad de la tierra, fomento de la incorporación de jóvenes agricultores, etcétera, ya están contempladas en la modernización de las explotaciones agrarias que, lógicamente, orientará también las explotaciones ganaderas.
Por todo ello, señor Presidente, no votaremos a favor de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Torres tiene la palabra.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Es verdad que las intervenciones de los portavoces de otros grupos parlamentarios previas a la mía no hacen sino reafirmarme en la creencia de nuestro grupo de que esta proposición no de ley la podemos calificar de dos maneras: de bien intencionada y, al mismo tiempo, de desafortunada, ya que no se compadece mucho la exposición de motivos con la parte dispositiva de la misma y creo que menos todavía la intervención de la portavoz del Grupo Popular con lo que se plantea en la proposición no de ley.
Conociendo como conozco, aunque superficialmente, pero es suficiente para valorarlo positivamente, cómo enfoca los problemas la señora Fernández, quiero expresarle mi respeto por su manera de enfocar el problema, pero en este caso debo decirle, fundamentalmente no a ella sino a su grupo parlamentario, que cuando realmente se quieren hacer propuestas para reordenar un sector, y se supone que al hacerlas se considera poco reordenado o poco ordenado, hay que intentar concretarlas. Si ustedes leen la proposición no de ley observarán cómo toda ella está cubierta de calificativos que dicen: mejorar la eficacia del sector, maximizar las ganancias, optimizar los recursos; pero en ningún caso se dice cómo ni de qué manera, cuándo ni con qué instrumentos. Todo eso son declaraciones de buenas intenciones, por eso decía yo que es bien intencionada, pero desafortunada por cuanto no se compadece lo que se pretende poner en marcha con lo que se plantea.
De todas maneras, hay alguna razón más para que nosotros no podamos apoyar esta proposición no de ley, lo ha dicho también ya otro portavoz antes que yo, y es que el día 16 de abril de este año 1994, en el Pleno del Congreso de los Diputados, aprobamos una proposición no de ley, a propuesta precisamente del Grupo Parlamentario Popular,

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modificada por enmiendas del Grupo Socialista y con una amplísima mayoría de votos a favor, que recoge bastante mejor, yo diría que infinitamente mejor de lo que aquí se recoge, puesto que aquí prácticamente no se recoge nada, algunas cuestiones que preocupan a todos los grupos; esa proposición está aprobada.
Pero es que sólo hace 14 días, señorías, el día 14 de este mes de septiembre, hemos vuelto a aprobar en esta Comisión de Agricultura, a iniciativa de los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y PNV, con enmiendas del Grupo Socialista, otra proposición no de ley que ampliaba aspectos que no recogía la que mencionaba con anterioridad. De esa manera, hemos aprobado por consenso, hasta ahora, una cantidad de medidas que a nosotros nos parecen más que suficientes, añadiendo a ellas el desarrollo que está llevando a cabo el Real Decreto 1888/1991, de 31 de diciembre, que nos parece es más que suficiente para corregir los desequilibrios que el sector lácteo ha venido teniendo históricamente.
Es desafortunada también porque no se corresponde, o parece que se contradice, con las propuestas que el propio Grupo Popular ha planteado antes, en un pasado también muy reciente, y además ignora, repito, las cosas que hemos ido aprobando. Yo diría que, si hay alternativas por parte del Grupo Popular a lo que ya hemos aprobado, seguramente están en el subconsciente del Grupo Popular, pero desde luego no en sus propuestas. Ante la carencia de alternativas, no podemos aprobar algo tan etéreo como esto.
Sí me gustaría decir, para terminar, respecto al índice de grasa, que parece ser que preocupa especialmente al Grupo Parlamentario Popular, que por lo que ya sabemos de la campaña actual, que acaba de terminar, el índice medio de grasa aportado por las explotaciones ganaderas españolas es sustancialmente igual al índice que tenemos concedido por la Comunidad Económica Europea. Por tanto, casi me atrevo a decir que, afortunadamente, no sufriremos penalización por eso, puesto que SS. SS.
ya saben que si lo superáramos, tendríamos penalización. En consecuencia nos parece que en este momento tampoco es necesario producir ninguna corrección al respecto. En cualquier caso --ya lo he dicho en estos debates varias veces--, no es competencia del Estado español producir la corrección, porque esa corrección la tiene que producir la Comisión de la Comunidad Europea; y, de todas formas, no se va a producir puesto que, como digo, no hay discrepancia respecto del índice medio que se va consiguiendo con el que tenemos concedido.
Lamentando que en este momento no pueda haber consenso porque no es posible hacerlo sobre algo etéreo, sobre algo que no se sabe muy bien qué quiere decir, nosotros vamos a votar en contra de la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Popular, añadiendo, y con esto termino, señor Presidente, que, conocidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, valoramos también la voluntad de dicho Grupo Parlamentario de corregir lo difícilmente corregible, como él mismo lo ha dado a entender, aunque no lo haya dicho así. Evidentemente, algo mejora porque algo concreta la proposición no de ley, pero nos parece que los planteamientos que hemos venido oyendo durante todo el tiempo, también hoy, del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vasco sobre el sector lechero, difícilmente se pueden conciliar. Por tanto, entendemos también que, aun con la mejor voluntad del Grupo Parlamentario Vasco, que nosotros valoramos, incluidas sus enmiendas, no podemos aprobar esta proposición no de ley, porque creo que no estaríamos haciendo mucho favor al sector, ya que seguramente la confusión sería el resultado final si aprobáramos esta proposición.
Quiero expresar finalmente, señor Presidente, nuestro rechazo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, también si fuera modificada con la aceptación por el propio Grupo de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Díaz a los efectos de manifestar la aceptación o no de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, aceptamos en su totalidad las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, con una precisión en el punto número 1 que donde dice o regiones sin dificultades orográficas, la redacción quedaría: si no hacia zonas de montaña desfavorecidas y con limitaciones específicas.
En cuanto al número 2, también se haría la misma corrección: explotaciones y en especial de aquellas situadas en zonas de montaña desfavorecidas o con limitaciones específicas. Pensamos que recoge más ampliamente, incluso, los criterios que maneja la Unión Europea.
Por lo demás, aceptamos las enmiendas en su totalidad, como digo, porque en nada contradicen lo que nosotros decimos en nuestra proposición; no la desvirtúan, sino que la mejoran.
Me gustaría decirle a la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que yo creo que debí tranquilizarla, cuando leí mi propuesta, porque digo: cantidades pagadas que sean regresivas y a la baja. Tengo interés es clarificárselo, porque no sé cómo ha entendido ella mi propuesta, pero creo que la interpretó mal.
Al señor Torres sólo quiero decirle que tengo aquí un recorte del periódico «La Economía», del año 1989, que dice que la leche española hierve, y yo veo que el señor Torres sigue feliz. Bien, pues con todo el cariño que sabe que le tengo, porque a nivel personal nos llevamos muy bien (Risas), le digo que viva feliz, pero la leche española sigue hirviendo. (El señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: La señora Fernández dice lo del cariño porque es verdad. Yo creo que hemos simpatizado mutuamente, en lo poco que nos conocemos. (Risas.) A mí me parece una persona prudente y ponderada y yo eso lo valoro siempre; pero debo manifestarle que yo feliz no estoy por eso, estoy feliz por otras cosas.


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Sólo quiero decirle que, precisamente en aras de intentar conseguir o mantener el consenso (esto antes no lo dije porque no me parecía oportuno, pero lo digo ahora), pedí ayer a la señora Fernández que pospusiera la tramitación de esta proposición no de ley a otra Comisión, un poco más tarde, para poder tener tiempo e intentar hacer un texto único. Yo supongo que por imperativos del grupo eso no ha sido posible, lo lamento, pero no está en manos del Grupo Socialista posponer una proposición no de ley, está en manos del grupo que la propone.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.


--RELATIVA AL LEVANTAMIENTO DE LAS PROHIBICIONES DE EXPORTACION PARA EL PORCINO PROCEDENTES DE LAS ANTIGUAS ZONAS NO EXENTAS DE PESTE PORCINA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000260.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la última de las proposiciones no de ley presentadas, que es del Grupo Parlamentario Popular, relativa al levantamiento de las prohibiciones de exportación para el porcino procedentes de las antiguas zonas no exentas de peste porcina.
Para defenderla, el señor Hernández-Sito tiene la palabra.


El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular creo que ha demostrado durante estos años que es el Grupo Parlamentario que ha presentado más iniciativas y se ha preocupado más con el fin de erradicar la peste porcina africana en las zonas de Salamanca, Andalucía y Extremadura, que estaban afectadas.
El año 1990 presentamos ya una proposición no de ley instando al Gobierno precisamente a que presentara al Comité Veterinario de la Comunidad Europea levantar la actual situación.
Esta situación empezó el día 14 de diciembre de 1988, cuando ya, el mismo día que se estaba negociando en Bruselas, nuestro portavoz en el Congreso, don Miguel Ramírez, presentaba una interpelación en el sentido de evitar que una parte importante de España quedara dentro de esa frontera sanitaria. Han pasado ya seis años y aunque en estos últimos años se han ido moviendo las zonas en cuanto a zonas afectadas o zonas permitidas, el caso es que el 70 por ciento del cerdo ibérico, lo que supone la base del cerdo ibérico, se encuentra en esa zona que está afectada por la prohibición.
El 20 de diciembre se debatió en el Congreso una moción defendida por nuestro portavoz don Miguel Ramírez, para que se adoptaran medidas que compensasen las pérdidas que las fronteras sanitarias iban a ocasionar a los ganaderos, como así se ha demostrado por una caída de más del 50 por ciento de los precios actuales. La contestación a esa moción, que fue hecha ese día por parte del entonces Ministro para las Relaciones con las Cortes, don Virgilio Zapatero, ha pasado a formar parte del anecdotario de esta Cámara, porque la contestación del Ministro, además de demostrar un desconocimiento total --tampoco tiene obligación de conocer, probablemente porque no es de la zona, lo que es el jamón--, mostraba más bien un poco de cinismo político, ya que dijo textualmente que sólo representábamos los afectados el 5 por ciento y que los afectados no significaban perjudicados. No voy a decir la palabra, pero que diga un señor Ministro que afectado no parece que sea perjudicado, me parece una no diría tontería, sino una frase no muy bien dicha. Cuando el señor Ministro se refería a ese 5 por ciento (por denominar de una manera suave su desinformación) ello representaba un millón 200.000 cerdos ibéricos engordados, criados en las grandes montaneras de Extremadura, Andalucía y Salamanca y representaba, además, un montante de unos 60.000 millones de pesetas en estas zonas afectadas. Estos 60.000 millones de pesetas prácticamente eran la renta agraria total de mucha parte de los ganaderos de estas regiones. Por eso nosotros hemos venido desde el año 1990 pidiendo que ese levantamiento se fuera haciendo progresivo, pero rápidamente, porque estábamos discriminados en todos los sentidos.
Es curioso que en los últimos boletines de la Comunidad Europea, cuando sale un foco en Bélgica, en Holanda --el último ha sido de hace dos meses--, se hace un control de diez o doce kilómetros y después, automáticamente, a los dos meses se pueden exportar cochinos. Lo único que pedimos nosotros es que, si somos europeos, lo mismo que pasa en Europa nos pase a nosotros, y no sólo en Europa sino en España. Si por desgracia --que no lo queremos--, en alguna región de España saliera un foco, pues automáticamente pasaría lo mismo que en Holanda; no se cerrarían las fronteras españolas, sino que se señalaría una zona controlada de 15 ó 20 kilómetros, una suspensión de salida o un sacrificio. Pero da la casualidad que el problema nuestro es que hay zonas en las provincias de Extremadura y Andalucía en las que hace más de dos años no sale un foco de peste porcina y, sin embargo, a pesar de ello, siguen acogidos a ese control.
Yo voy a recordar las palabras que pronunció --y es que nosotros hemos venido luchando por esto y hoy me congratulo, y ahora diré por qué, además, por la situación a la que ha llegado de que esto ya lo vamos a resolver--, que pronunció, repito, en el año 1990 el Presidente de la Comisión de Agricultura, el señor Pau, que, entre otras cosas, decía que no podía aceptar que instáramos al Gobierno cuando el Gobierno lo estaba haciendo

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bien, y en este sentido está previsto que este verano --estoy hablando de abril de 1990-- la Comisión de la Comunidad visite España para ver sobre el terreno y planificar la disposición. Había una intención del Gobierno --decía-- de que se iban a corregir, y no puedo hacer declaraciones lógicamente del Consejo de mi Comunidad, pero cada seis meses dicen que se va a levantar la raya y no se levanta.
Yo creo, además, que tengo hoy la suerte de que el partido Socialista haya presentado una enmienda que tiene una redacción mejor y no cambia absolutamente nada lo que hemos pedido. Yo creo que siempre que he intervenido aquí (desde 1990) en la discusión con los portavoces, muy respetables todos, daba la circunstancia de que eran señores y una señora gallega que no eran del sector agrario ganadero extremeño. Por lo que me han dicho, la intervención de hoy la va a hacer una compañera mía, María Dolores, que ha luchado y que le interesa tanto como a mí este tema y probablemente, quizá por ese interés y por ser los dos extremeños, se va a aprobar por primera vez el tema de Extremadura. Las discusiones se hacían, claro, con otras partes que no eran interesadas, pero afortunadamente... No voy a discutir porque estamos de acuerdo. Yo creo que es bueno que aprobemos este tema en este momento.
Vuelvo a repetir que todas estas propuestas son nuestras. Nos congratulamos, porque es una cosa importante para nuestra región y para Andalucía el aprobar esta proposición. La redacción ha mejorado con la enmienda del Grupo Socialista. Yo no invito a la Comisión a comer jamón ibérico porque, después de los sufrimientos de cuatro o cinco años sin aceptarlo, yo creo que los que me tenían que invitar a mí sería el Partido Socialista a jamón (Risas.) Y los que pertenecen a otras regiones que nos han hecho la pascua no aceptando una cosa tan buena. Les gusta mucho el jamón, les encanta comérselo, pero, sin embargo, nos han tenido condenados al ostracismo.
Yo agradezco, lógicamente, al Grupo Socialista la aceptación de esta proposición porque voy a aceptar su enmienda y me congratulo (Risas.)

El señor PRESIDENTE: El sentir de la Comisión es que, en todo caso, la posición que manteníamos era de puro egoísmo, en el sentido de que lo que queríamos era que el jamón ibérico quedase para los españoles.
En todo caso, el señor Hernández-Sito ha manifestado que, efectivamente, se ha presentado ya una enmienda por parte del Grupo Socialista, y para defenderla tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SANCHEZ DIAZ: En primer lugar quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Popular por esos halagos que, en realidad, no merezco, pero sí es verdad que esta Comisión se puede felicitar unánimemente por varias cosas que son importantes. En primer lugar, porque el Gobierno y todos los grupos de la Cámara, junto con las autoridades regionales y también los ganaderos, llevan preocupándose intensamente y con constancia por erradicar la peste porcina africana, cosa que en algunas zonas de España sabemos que venía durando cuarenta años. Precisamente nosotros en la zona de Badajoz lo hemos sufrido de forma muy dura.
También tenemos que ser comedidos y saber dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y tener en cuenta que precisamente el Gobierno socialista hace unos meses presentó un programa de erradicación de peste porcina africana que fue aprobado por la Comisión Veterinaria en junio y en el mismo ya se contemplaba que, si se seguía cumpliendo lo que estaba pasando en Extremadura --justamente el 15 de septiembre hizo un año en que no tuvimos ningún foco de peste porcina ni resultados positivos serológicamente--, se iba a levantar la vigilancia.
Tenemos que congratularnos todos porque la enmienda que presentamos hoy va por ese camino. Más que por eso, porque como debemos ser más solidarios con todos, en la programación de la erradicación de la peste porcina africana se contempla algo que ya figuraba en otro tipo de pestes: en la peste vesicular o en la peste porcina clásica. Es lo que le está pasando a Bélgica y Holanda, que, con otros tipos de peste, cuando aparece un foco en un sitio determinado se hace una especie de cerco en 10 kilómetros cuadrados y solamente se mantiene en cuarentena esa zona; en las demás puede haber movimiento.
Eso que pasaba en la peste clásica o en la peste vesicular, tenemos la suerte de que en la programación de la erradicación de la peste porcina africana el Gobierno lo lleva ya contemplando y lo va a poner en marcha en aquellas zonas de Andalucía donde todavía hay esa vigilancia y hay que seguir con esta medida; es decir, en vigilancia solamente los focos puntuales para que no sea perjudicada ninguna otra zona.
Por lo tanto, alegrándome de ello, vuelvo a recordar que esta labor ha sido un esfuerzo de todos, sobre todo de la sociedad, de todos los ganaderos, de las administraciones territoriales, fundamentalmente. Somos conocedores de lo que hacen las administraciones territoriales en este campo, también el Gobierno y todos los grupos políticos.
La enmienda que presentamos paso a leerla y dice así: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que solicite a la Comisión Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria, el inmediato reconocimiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura como zona libre de peste porcina africana, así como la reducción de la actual área afectada de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando únicamente circunscrita a aquellos municipios en los que no se cumplen los plazos señalados en la norma en vigor.» El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) El señor Vidal, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, lamento corresponder a la convincente defensa que ha hecho de su propuesta el señor Hernández-Sito con una muy breve intervención, solamente para anunciar nuestro voto

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favorable a la proposición no de ley del Partido Popular, porque coincidimos con la necesidad de ir delimitando y declarando progresivamente libres de peste porcina las zonas saneadas. Celebramos el hecho mismo del saneamiento y que el Grupo proponente acepte la enmienda del Grupo Socialista, que, sin desvirtuar el contenido de la proposición no de ley, a nuestro juicio, la formula de una manera más precisa y adecuada a las normativas sanitarias europeas y españolas.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado ya la aceptación de la enmienda transaccional.
Antes de pasar a la votación, quería comentar a la Comisión --creo que allí quizá podremos materializar alguna de las ofertas del señor Hernández-Sito que se ha formulado invitación a la Comisión, por parte del Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Zafra, para visitar Zafra durante la Feria Internacional Ganadera que se celebra la próxima semana.
Anteriormente, la Mesa y los portavoces habíamos hablado de que quizá el mejor día para asistir a la Feria sería el viernes día 7. Por tanto, aquellos diputados que quieran asistir, que lo comuniquen a sus respectivos portavoces de grupos o a la Secretaría de la Comisión, de manera que podamos buscar un medio de transporte adecuado para todos aquellos que quieran participar. (El señor Roncero Rodríguez pide la palabra.) Señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, solamente para comentar que ese día --lo digo por incitar a SS. SS.-- el Grupo Socialista invitará a jamón. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley, que incorpora la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada la proposición.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.

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