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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 220, de 26/05/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 220 INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT Sesión núm. 20 celebrada el jueves, 26 de mayo de 1994

ORDEN DEL DIA: Proposiciones no de ley: --Sobre medidas para controlar el cumplimiento de la normativa sobre tráfico marítimo en lo relativo a la navegación cercana a las costas, especialmente en las Islas Baleares. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente 161/000137) (Página 6662) --Relativa al traslado de un puente sobre la Autopista A-19 a su paso por Badalona, Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000177) (Página 6665) --Sobre creación de una línea de financiación específica destinada a asociaciones ecologistas y de protección o conservación del medio ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000180) (Página 6665) --Relativa a que el corredor ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid sea incluido en la red transeuropea de transporte combinado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente 161/000182) (Página 6668)

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--Sobre ampliación de las zonas metropolitanas de tarifación telefónica a todas las poblaciones del área de influencia de las grandes ciudades españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular (BOCG serie D, número 90, de 25-4-94. Número de expediente 161/000193) (Página 6671)

Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.


DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE MEDIDAS PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE TRAFICO MARITIMO EN LO RELATIVO A LA NAVEGACION CERCANA A LAS COSTAS, ESPECIALMENTE EN LAS ISLAS BALEARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000137.)

El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente con arreglo al orden del día que ustedes tienen, que es debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley. La primera es proposición no de ley sobre medidas para controlar el cumplimiento de la normativa sobre tráfico marítimo en lo relativo a la navegación cercana a las costas, especialmente en las Islas Baleares, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo Parlamentario ha creído conveniente presentar esta proposición no de ley en base a una situación que se produce en todas nuestras costas, pero que tiene una especial virulencia en las costas de Menorca, como se ha podido observar a través de los distintos medios de comunicación después del verano de 1993. Hemos presentado esta proposición no de ley, concretada también en el territorio balear, porque Baleares es la comunidad autónoma donde se produce un mayor número de accidentes causados por embarcaciones de recreo, según estadísticas del propio Ministerio de Obras Públicas. En el Puerto de Ciudadela se produce concretamente un tráfico de 15.000 embarcaciones en invierno y de 30.000 en verano. Son embarcaciones que, en este momento, están fondeando sin ningún tipo de control ni vigilancia, no tributan, por otra parte, a las arcas municipales y provocan graves molestias a los bañistas porque no hay balizas y no se delimitan correctamente las zonas. De estas embarcaciones el 50 por ciento son yates que emiten residuos que, por supuesto, no pasan por ningún tipo de depuradora, con los consecuentes peligros para la salud pública. En Ciudadela concretamente no hay ni una sola playa que esté debidamente balizada y señaladas las zonas que son de bañistas y las que pueden ser de fondeo.
Al parecer, aparte de la Ley de Costas y del Reglamento que la desarrolla, no hay una normativa que prohíba fondear en las calas. Por otra parte, Capitanía Marítima, de quien depende la vigilancia y control de las embarcaciones, no tiene medios técnicos ni humanos para el control efectivo. La solución, por tanto, pensamos que debe venir de la conjunción de esfuerzos de las administraciones central, local y autonómica. Tenemos ejemplos de otras comunidades autónomas donde en zonas concretas de playa, por ejemplo en la Costa Brava, se ha llegado a un acuerdo con las administraciones locales que delimitan las zonas de bañistas y las zonas de fondeo y, por otra parte, tributan a las arcas municipales, con lo cual también puede haber una mayor dotación para vigilancia, tanto en medios técnicos como humanos.
Es por eso que nuestra proposición no de ley, señor Presidente, se basa en los siguientes puntos. Primero, en que se llegue a un acuerdo de cooperación con las administraciones locales y autonómicas de Baleares, los acuerdos que sean necesarios, para que se proceda a balizar las zonas de baño y colocar las señalizaciones y los avisos necesarios para dar a conocer la normativa sobre el tráfico marítimo y utilización de estas zonas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Y en segundo lugar, aspecto muy importante, que se destine una parte de los recursos disponibles para la vigilancia y sanción de aquellas conductas que puedan constituir infracciones de la normativa existente.
Nos gustaría obtener el consenso de los grupos parlamentarios de esta Comisión. Como somos conscientes de que este tema no se circunscribe a las playas y calas de las Islas Baleares (hemos querido resaltar los problemas que se producen en esta comunidad autónoma por ser allí donde más accidentes se han producido en los últimos veranos) no nos opondríamos a que esta proposición no de ley fuera extensible a las demás playas y costas de nuestro territorio.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Entes de dar la palabra a los intervinientes, debo comunicar que se ha presentado con legalidad y, por tanto, dentro del Reglamento, una enmienda del Grupo Socialista, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de sus competencias, colabore con las administraciones local y autonómica en el establecimiento de acuerdos de cooperación, con el objeto de aumentar la

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seguridad en las zonas de baño de nuestras costas, y en el conocimiento de la normativa sobre tráfico marítimo y utilización de dichas zonas.
¿Están de acuerdo los grupos parlamentarios respecto a la tramitación de esta enmienda del Grupo Socialista? (Asentimiento.) En ese caso, se admite a trámite la enmienda, y para fijar su posición tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Señorías, estudiado en primera instancia el texto de la proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la postura del Grupo Socialista debería ser la de solicitar la retirada de la proposición no de ley, no por estar en desacuerdo, en absoluto, con lo que en ella se plantea, sino, muy al contrario, por entender que las actuaciones del Gobierno y de otras administraciones superan con creces los planteamientos del Grupo Parlamentario proponente.
Debería, asimismo, reiterar esta petición de retirada de la proposición, puesto que en los términos en los que se plantea, y con los que es imposible no estar de acuerdo, no pasa de ser una mera declaración de principios que no establece prioridades, ni límites, ni objetivos, ni asigna recursos, etcétera, extremos que podríamos esperar de una proposición no de ley de estas características. Parecería más lógico convertir esta proposición en otro tipo de iniciativa parlamentaria que nos permitiera debatir sobre los importantes planes que hace muy pocas semanas ha aprobado el Gobierno en relación al tema que nos ocupa o sobre el nivel de coordinación de las distintas administraciones competentes, según la actual legislación vigente.
Como suponía que nuestra petición no iba a ser atendida, intentaré dar algunas explicaciones sobre los motivos por los que nuestro Grupo no puede dar apoyo a esta proposición, compartiendo, como he dicho antes, la preocupación que se demuestra en la misma, por lo cual presentamos una enmienda transaccional por estar de acuerdo también con el espíritu que anima a la proposición y que nos ha explicado su portavoz, en el sentido de intentar encontrar un lugar de acuerdo entre el máximo posible de los grupos parlamentarios de la Cámara.
Desde la entrada en vigor de la actual Ley 22/1988, de Costas, y de la Ley de Puertos del Estado se establecen distintos grados competenciales sobre el ordenamiento, vigilancia y salvamento en las costas españolas y éstas se reparten entre la Administración central, la autonómica y la local, según sea el caso, administraciones que tienen clara convicción de que la mejor forma de aplicar correctamente la ley y, por tanto, de dar el mejor servicio al usuario, es decir, al ciudadano, es hacerlo de forma coordinada. Así, la Administración general del Estado ha formalizado acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia y Valencia, estando en discusión actualmente proyectos de acuerdo con el resto de las comunidades autónomas litorales e insulares y, por tanto, con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
No obstante no contar con un acuerdo ya formalizado, existe una continuada colaboración entre las tres administraciones públicas en materia de balizamiento de las zonas de baño de las Islas Baleares, extremo éste que ya es una realidad en muchas playas de nuestro litoral, prácticamente en todas las más concurridas, estén o no urbanizadas, y aceptando también, por supuesto, los incidentes que a lo largo del verano se suceden no solamente en las playas de Baleares sino en las playas del conjunto del Estado español; balizamiento que hasta la fecha se efectuaba según las previsiones de planes insulares, como es el caso de las Islas de Ibiza y Formentera, plan aprobado en el año 1991 por la demarcación de costas, a propuesta de la Comandancia de Marina, y que este año superará el 90 por ciento de su aplicación, o a planes municipales que prevén actuaciones de este tipo, con responsabilidad compartida entre los propios ayuntamientos del litoral, asociaciones de vecinos, clubes y concesionarios de playas, que también tienen un alto índice de aplicación en las Islas de Mallorca y de Menorca.
No comparto, señora Rivadulla, sus afirmaciones sobre el estado de cosas del Puerto de Ciudadela, que creo que no se atiene a la realidad. Yo tengo la suerte de vivir en la Isla de Menorca y puedo decir que las afirmaciones que usted acaba de hacer hace un momento no se adecuan a lo que realmente está pasando en el Puerto de Ciudadela y en otras zonas de la isla.
Como decía, a partir del presente año, esas actuaciones pueden, y deben, ser objeto del definitivo espaldarazo, ya que, con fecha 2 de marzo de 1994, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno Balear publicó una Orden por la cual se aprobaron los criterios generales de distribución de instalaciones de servicio de temporada en el litoral balear y se clasificaban los espacios de las playas en distintas zonas, entre las cuales se hace referencia expresa a una zona marítima de baños y a otra de entrada y salida al mar de embarcaciones y otros elementos náuticos, en las que se recoge esencialmente lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Costas. Suelen ser las zonas donde se producen las incidencias que la proposición no de ley del Grupo proponente señala.
Asimismo, en el Decreto --y me parece importante reseñarlo-- se desarrollan los artículos 115 de la Ley de Costas y el 208 de su Reglamento, se regulan las competencias municipales en materia de limpieza y seguridad, muy especialmente, se recogen las obligaciones municipales en cuanto a salvamento y seguridad de las vidas humanas. Este Decreto ha visto la luz tras un debate intenso entre los responsables de la Demarcación de Costas de Baleares y la Consejería de Ordenación del Territorio y viene a demostrar que la colaboración y la cooperación interadministrativa que nos reclama la proposición no sólo es posible sino que, creo, es un hecho ampliamente incuestionable.
En otro orden de cosas, señorías, quisiera significar que cada año se procede, mediante los bandos correspondientes de las tres comandancias de Marina de Baleares, a que administraciones, instituciones e interesados en general den publicidad de las normas de seguridad marítima para

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los usos legítimos de las aguas litorales, según se establece en la actual Ley de Costas.
Asimismo, los esfuerzos que el Gobierno de la nación ha destinado a mejorar todos los aspectos de la seguridad y vigilancia de las costas españolas se han visto plasmados en la reciente aprobación del Plan Nacional de Salvamento, que prevé una inversiones superiores a los 6.000 millones de pesetas para el período 1994-1997, en el que se contempla una serie de medios que van a ponerse a disposición de la administración marítima para ejercer en mejores condiciones los servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, así como vigilancia y ayuda al tráfico, prevención y lucha contra la contaminación, remolque y otras ayudas complementarias. Como saben todos ustedes, el Plan abarca todo el litoral español, incluidas, claro está, las Islas Baleares.
Con ello ¿quiero decir, señorías, que ya todo está hecho o se está haciendo, que ya no puede hacerse más? En absoluto. Estoy firmemente convencido de que las actuaciones en el sentido de lograr una mejor adecuación del litoral y de mejorar la seguridad de sus usuarios tienen un largo camino que recorrer --no en balde, este país tiene más de 8.000 kilómetros de costas-- y que sólo se está en sus fases iniciales. Será imprescindible, para garantizar el éxito de sus objetivos, contar con la colaboración de las distintas administraciones, así como con las necesarias previsiones presupuestarias. En este sentido va la enmienda que hemos presentado a la consideración de todos ustedes.
Señorías, mientras tanto, creo que sería justo reconocer que se ha hecho mucho, que se está haciendo mucho y que precisamente este conjunto de actuaciones permite que el grado de incidencias en las zonas de baños y navegación sea ínfimo, teniendo en cuenta el uso masivo de las mismas.
Son millones de usuarios los que utilizan y disfrutan de estas zonas en las Islas Baleares y, como digo, la siniestralidad e incluso las incidencias son mínimas. Tenemos que hacer algo más que mejorar, como es natural, el estado de seguridad de nuestros conciudadanos y de los visitantes, pero hemos de reconocer --y creo que es justo hacerlo así y aquí-- que los actuales planteamientos, las actuaciones contempladas, no sólo por la Administración general del Estado sino también por las administraciones regionales y locales, en una clara muestra de coordinación interadministrativa, pueden hacer que este camino largo sea breve, más fácil y más llevadero para todos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar posición, tiene la palabra, en nombre de Convergència i Unió, el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo, al fijar posición respecto a esta proposición no de ley, tiene que hacer algunas observaciones, pero le parece bien todo el texto y hubiese votado afirmativamente la proposición no de ley, ya que las observaciones que tenemos que hacer quedan prácticamente solventadas, como puede ser preservar las competencias autonómicas y las de las administraciones locales, que parece que queda asegurado en el texto que se ha propuesto. Sin embargo, no estamos tan de acuerdo en definir el tema como de alto índice de siniestralidad. Es un tema preocupante, se trata de la seguridad de los bañistas desde un punto de vista previo, pero también de la seguridad posterior en caso de accidente, por lo que nos parecía positiva. Incluso, en el punto segundo no se piden más recursos sino que se trata de una mejor distribución de los recursos existentes.
A nuestro Grupo también le parece bien la enmienda del Grupo Socialista, en cuanto contempla esta temática del tema competencial, que nos ofrecía alguna duda, y lo extiende en general a un más amplio ámbito. Por lo tanto, nos parece positivo y votaríamos favorablemente la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vilafranca.


El señor VILAFRANCA BOSCH: Intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar nuestra posición en torno a la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Estamos ante una iniciativa que, como muy bien indica la propia proponente, se halla regulada por la ley de Costas de 22 de julio de 1988 y su Reglamento, por consiguiente un tema jurídicamente resuelto. En este sentido, el Gobierno Balear, ejerciendo sus competencias, ha propiciado, con el respaldo de todas las fuerzas políticas, los correspondientes acuerdos entre las administraciones pertinentes para llevar a la práctica el balizamiento de sus playas para regular el acceso de las embarcaciones que puedan provocar riesgos a la seguridad de los bañistas. Más concretamente, por lo que hace referencia a Menorca, debo indicar también que el propio Consejo Insular de Menorca, en fecha 22 de noviembre de 1993, tomó un acuerdo en este mismo sentido, es decir, propiciar esa coordinación entre las diferentes administraciones que concurren en ese tema. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Vilafranca.
Ruego un mínimo de silencio para que podamos escuchar las palabras del señor Diputado.


El señor VILAFRANCA BOSCH: Decía que es criterio que no se ha completado en su totalidad dicho balizamiento, pero no es menos cierto que se está trabajando en este sentido, en colaboración con la Demarcación de Costas y la autoridad de Marina y se confía concluir dicho trabajo en el menor plazo posible. Por consiguiente, entendemos que estamos ante una iniciativa ya atendida.
Con referencia a la transaccional que nos propone el Grupo Socialista, no tenemos ningún inconveniente en asumirla, puesto que no representa más que reiterar una voluntad, como ya he dicho, explicitada en diferentes acuerdos, tanto dentro del ámbito del Gobierno balear como del propio Consejo Insular en los temas que hacen referencia a Menorca.


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Por consiguiente, nuestro Grupo va a votar afirmativamente a esa enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: A continuación, damos la palabra a la señora Rivadulla para opinar sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Convergència i Unió su disposición a aprobar nuestra proposición no de ley.
En relación con la transaccional que nos plantea el Grupo Socialista, pensamos que es insuficiente porque, tal como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, parece ser que ya se dan por satisfechos con la situación existente; me ha remitido a unas disposiciones posteriores a la presentación de nuestra proposición no de ley que todavía no han manifestado su vigencia. Digo que la considero insuficiente por cuanto que no recoge el segundo punto de nuestra proposición en el sentido de que se distribuyan de mejor forma los recursos disponibles para atender a la vigilancia y a la imposición de las sanciones de las infracciones que se producen, que se han venido incrementando durante los últimos años, porque todas SS. SS. saben que el uso de embarcaciones de recreo --embarcaciones que no sólo son yates ni barcos, sino que incluso son motos-- están dificultando mucho los ratos de ocio de los bañistas que tienen derecho a utilizar las playas con toda tranquilidad.
No se nos admite ese segundo punto, pero, de cualquier manera, el propósito de nuestra proposición no de ley, que era que desde esta Comisión saliera un acuerdo para instar al Gobierno para que potenciase la colaboración entre las distintas administraciones y que se instrumentasen más medios para el tema de la vigilancia, aunque no queda absolutamente reflejado, queda asumido por esta Cámara, que instará al Gobierno para que esto se produzca. Por tanto, estamos en disposición de aceptar la enmienda transaccional del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Consecuentemente, pasamos a votar la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley sobre medidas para controlar el cumplimiento de la normativa sobre tráfico marítimo en lo relativo a la navegación cercana de las costas, especialmente en las Islas Baleares, presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--RELATIVA AL TRASLADO DE UN PUENTE SOBRE LA AUTOPISTA A-19 A SU PASO POR BADALONA (BARCELONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000177.)

El señor PRESIDENTE: Quiero comunicarles que la señora Rahola me ha dicho, al iniciar la reunión, que retiraba su proposición no de ley, la número dos del orden del día, la que hacía referencia a la autopista A-19 a su paso por Badalona (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.).
Tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: No sé si es por una cuestión de orden, pero quisiera que me dejase un minuto para fijar la posición de nuestro Grupo respecto a la proposición retirada, o al menos para hacer constar en acta que ya es habitual que nos encontremos...


El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, reglamentariamente no se le puede dar la palabra porque se ha aprobado ya la enmienda de transacción.


El señor SEDO I MARSAL: Perdón, señor Presidente. Quiero hablar sobre la proposición no de ley de la autopista a Badalona.


El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley sobre la autopista A-19 a su paso por Badalona ha sido retirada por la señora Rahola.


El señor SEDO I MARSAL: Entonces, pido la palabra por una cuestión de orden. Es habitual en esta Comisión y en alguna otra Comisión que se presenten proposiciones no de ley que después son retiradas. Los Diputados que estamos trabajando sobre el tema nos encontramos, cuando venimos aquí, que desde el Grupo Mixto se retiran, y concretamente lo ha hecho la señora Rahola en esta Comisión con un tema del Prat de Llobregat. Precisamente, la proposición no de ley que presentaba hoy no es competencia de esta Cámara, y está resuelta en la competencia autonómica. También se ha hecho en la Comisión de Defensa; se presentan proposiciones no de ley y después se retiran, cuando, a lo mejor, ya se ha podido llevar a cabo la actuación en otros medios. Por tanto, quiero que conste la protesta de nuestro Grupo por este tipo de proceder.


El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, pido también que figure en el acta su intervención. Es lo más que podemos hacer reglamentariamente.


--SOBRE LA CREACION DE UNA LINEA DE FINANCIACION ESPECIFICA DESTINADA A ASOCIACIONES ECOLOGISTAS Y DE PROTECCION O CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000180.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a darle la palabra a la señora Rivadulla para su defensa de la proposición no de ley sobre la creación de una línea de

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financiación específica destinada a asociaciones ecologistas y de protección o conservación del medio ambiente.


La señor RIVADULLA GRACIA: Con esta proposición no de ley el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se quiere hacer eco en esta Cámara de las reivindicaciones...


El señor PRESIDENTE: Perdone señora Rivadulla.
Me ha pasado a mí cuando hablaba el señor Sedó y nos está pasando a todos. Esta sala tiene malas condiciones acústicas y si no hay un poco más de silencio del habitual será difícil que oigamos de qué se está hablando, como me ha pasado con el señor Sedó. Ahora me está pasando con la señora Rivadulla, y lo siento porque su intervención seguro que va a ser muy clarificadora.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Había iniciado mi intervención diciendo que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con esta proposición no de ley se hace eco de las reivindicaciones de múltiples asociaciones y colectivos ecologistas que nos han manifestado sus dificultades de actuación y de funcionamiento derivadas de la falta de financiación que tienen para todo el tema de infraestructuras.
Si tenemos en cuenta que el movimiento ecologista integrado en distintas organizaciones agrupa, en el momento actual de nuestro país, a más de 70.000 asociados que constituyen, después de los sindicatos, el movimiento asociativo más importante de España, nos podemos dar cuenta del trato que de alguna manera les estamos dando, un trato discriminatorio por cuanto se observa que otras entidades asociativas como pueden ser las de jóvenes, como pueden ser las de consumidores, tienen una dotación presupuestaria específica que viene dada en relación con el número de sus asociados y que se distribuye con criterios objetivos, dotación presupuestaria que, por contra, el movimiento ecologista, en este momento, no tiene. Se le subvenciona por programas, pero en los presupuestos de nuestro país no hay unas dotaciones presupuestarias destinadas a dotar a estas instituciones de la infraestructura necesaria.
Teniendo en cuenta que todo el problema medioambiental y de educación medioambiental es reconocido como importantísimo por todas las instancias, no solamente de nuestro país, sino por todas las instancias comunitarias, pensamos que el papel que desarrollan estas asociaciones es de primer orden para educar a la población en el debido respeto al medio ambiente, y desde aquí debemos dotarlas de suficiente presupuesto para que puedan actuar.
En ese sentido, nuestra proposición no de ley propone instar al Gobierno para que abra una línea de financiación específica anual, de carácter presupuestario, en donde los fondos dotados se destinen a asociaciones ecologistas y a asociaciones de protección y conservación del medio ambiente para la creación de infraestructura, realización de actividades regulares y proyectos concretos. Como somos conscientes, señor Presidente, de las dificultades de establecer criterios objetivos, de que muchas veces las subvenciones se distribuyen con un criterio que podíamos considerar clientelar o mando menos discrecional --y así lo reflejamos en nuestro segundo punto--, pensamos que se debería crear una comisión en el seno del Consejo Nacional del Medio Ambiente, con participación social, para la elaboración de criterios objetivos (como podrían ser la implantación territorial real que tengan esas asociaciones, el número de sus asociados y la capacidad técnica y organizativa de las asociaciones) en la concesión de las subvenciones y en el uso de las mismas.
Pensamos que el tema requiere el interés y el consenso de esta Comisión.
Mediante la aprobación de esta proposición no de ley no estaríamos solamente apoyando las asociaciones ecologistas, sino que, de alguna manera, estaríamos apoyando el futuro tanto de estas asociaciones como de las venideras, en el sentido de que el tema medioambiental ha de ser en nuestro país uno de los principales ejes sobre el que gravite la preocupación nacional.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar la posición respecto de la proposición no de ley? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Gortazar, en nombre del Grupo Popular.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señora Rivadulla, señorías, nos encontramos, a juicio de nuestro Grupo, con un nuevo intento de neutralización electoral de los grupos ecologistas, esta vez procedente de Izquierda Unida.
Tenemos la percepción, por no decir la seguridad, de que ustedes, señores de Izquierda Unida, prefieren a los ecologistas convertidos en funcionarios en lugar de competidores electorales o de ciudadanos preocupados por el medio ambiente. Dice usted que apoyando una financiación presupuestaria a los ecologistas estamos apoyando el medio ambiente y el futuro de las generaciones venideras en nuestro país.
Señora Rivadulla, nosotros no compartimos ese criterio. Creemos que el medio ambiente se defiende con leyes claras, con una justicia que hace cumplir esas leyes y con una Administración que vigila y controla la aplicación de esas leyes. Eso es lo esencial.
Por supuesto, que el movimiento ecologista es importante en nuestro país.
Hay diversos grupos y asociaciones y creemos que tienen un papel importante que jugar. Pero no compartimos el que sea discriminatorio que no tengan una línea de financiación específica, por la sencilla razón de que tampoco la tienen ni las amas de casa ni las asociaciones de vecinos, movimiento bien importante, por cierto, etcétera. Lo que hay --y usted lo sabe muy bien-- son financiaciones prácticamente en la totalidad de los ministerios en función de programas concretos, de tal manera que los señores interesados pueden solicitar una financiación de estudio, de seguimiento, de denuncia, que es para lo que están los grupos ecologistas en todo el mundo. En ese sentido se evalúa, se contrasta y se concede, según las posibilidades presupuestarias y según el resultado de su acción. Desde este punto de vista, lo que sería discriminatorio es que si no se da a otras asociaciones civiles importantes con

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relación a otras materias, no se debe poner a los ecologistas en una línea presupuestaria específica. Sería convertirlos en funcionarios en lugar de aprovechar su impulso de denuncia, su impulso de independencia, que creemos deben tener. Es más, estimamos que si tienen unas posiciones políticas atractivas para el electorado deben presentarse y competir con el conjunto de los partidos políticos.
Con relación al segundo punto que ustedes plantean, denota por parte del Grupo de Izquierda Unida una confusión entre el Legislativo y el Ejecutivo, porque ustedes dicen que una Comisión dependiente del Consejo Nacional de Medio Ambiente va exactamente a conceder, distribuir y controlar. Es decir, usted atribuye a un órgano de asesoría unas facultades que corresponden a esta Cámara, a la soberanía nacional.
Señora Rivadulla, yo creo que a ustedes la práctica parlamentaria de 15 años les debe hacer reflexionar sobre lo que son las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Para un órgano consultivo, para un órgano de asesoría, compuesto por los mismos ecologistas que se van a atribuir sus propias subvenciones, usted pide que una comisión les conceda que distribuyan y controlen. Este es un dislate jurídico, político y parlamentario, señora Rivadulla. Yo creo que ustedes no han meditado esta propuesta que, desde todo punto de vista, no tiene ni pies ni cabeza. Yo le sugiero que no hagan ustedes de abogado de esos planteamientos, porque son un dislate absoluto y, desde luego, no puede contar con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Dávila, quiero pedir excusas al Grupo Socialista, puesto que va a ser el ponente, por haber cambiado el orden de intervención en esta proposición no de ley.
Tiene la palabra el señor Dávila.


El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista la proposición no de ley que nos ocupa tiene dos aspectos políticos fundamentales. Dicho sucintamente hay, por un lado, una proposición de financiación pública del movimiento ecologista, puesto que se implica una línea de financiación específica que figura en los Presupuestos Generales del Estado, no para cualquier cosa sino para cubrir infraestructuras, gasto corriente, proyectos concretos, es decir, la totalidad de la actividad de ese movimiento.
Aunque no se cita si esa financiación pública debería ser total o parcial para subvenir a ese funcionamiento, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista, y aunque pueda parecer sorprendente, eso sería de menor cuantía. Nuestra discrepancia viene de otro aspecto.
El segundo matiz político de fondo que subyace en la proposición no de ley es que los criterios, e incluso el control de esa financiación pública, deberían residenciarse en el Consejo Asesor del Medio Ambiente.
Pues bien, señorías, nuestras discrepancias son de dos órdenes y voy a ir exponiéndolas en orden inverso a la importancia. Tenemos una discrepancia procedimental y una discrepancia de fondo o de filosofía. La procedimental es aquella que se refiere a la intervención del Consejo Asesor del Medio Ambiente en la propuesta que se hace en estos momentos.
No lo creemos congruente ni necesario. No lo creemos congruente, señorías, porque tenemos la impresión (parece que ha sido ya mencionado por el Grupo que nos ha precedido en la intervención) de que no se ha hecho una lectura atenta del Real Decreto 224/1994, de 14 de febrero, por el que se crea el Consejo Asesor del medio Ambiente, porque si se hiciera esa lectura cuidadosa y atenta se vería con nitidez que la naturaleza de ese Consejo Asesor es precisamente para la consulta y participación --atención al matiz-- de los sectores sociales. Incluso en el artículo 1.º se mencionan los intereses sociales, en ningún momento se hace una mención restringida o particularizada, y mucho menos exclusiva, de lo que se conoce como el movimiento ecologista tradicional. Por lo tanto, no figura en la propia naturaleza del Consejo Asesor, e incluso se dice que su finalidad específica es la participación en el desarrollo de la política ambiental. No figura para nada un concepto de potenciación u otra finalidad que no sea la de participación del movimiento ecologista.
Creemos, señorías --como consecuencia de la ambigüedad que en castellano tienen algunas preposiciones-- que no se percibe que el hecho de llamarse Consejo Asesor de Medio Ambiente no debe suscitar en el subconsciente que es Consejo Asesor del Movimiento Ecologista sino que, por el contrario, es Consejo Asesor --la preposición castellana más nítida hubiera sido «para»-- para el Medio Ambiente, para desarrollar una política de medio ambiente.
Decía que aunque no hubiese este problema procedimental no sería necesario matizarlo, señorías, porque está perfectamente regulado. Y en el Real Decreto 2.225/1993, de 17 de diciembre, hay un muy preciso reglamento de procedimiento de concesión de subvenciones públicas en el que con toda nitidez se precisa cómo las transferencias corrientes que deben figurar en los Presupuestos Generales del Estado para instituciones sin ánimo de lucro deben hacerse con unas convocatorias públicas en los que los criterios de objetividad, concurrencia y publicidad están precisados con toda claridad. El mecanismo de apoyo a las actividades del movimiento ecologista y de tantos otros existe ya y, de hecho, es utilizado todos los años en la convocatoria anual que hace el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, precisamente en convocatorias en este sentido. Por lo tanto, ni es el órgano adecuado ni es necesario.
Pero nuestra discrepancia es más de fondo, señorías. Ha habido muchas ocasiones, y, por ello, puedo mencionarlo muy brevemente, en las que hemos expresado ante esta Comisión, incluso ante el Pleno, que, desde la perspectiva de nuestro Grupo, con el respeto absoluto a cualquier otra que fuese discrepante, toda concepción sectorial de la política ambiental hoy está superada. Desde la perspectiva de nuestro Grupo, es hasta ineficaz y retardataria. Tenemos la evidencia --y lo hemos manifestado con reiteración-- de que los movimientos sociales de tendencia ecologista o proteccionista de la naturaleza, no sólo en nuestro país sino en el mundo, tuvieron su gran éxito en la Conferencia de

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Río 92 y lograron lo que consiguieron otros temas suscitados en el mundo, que es la mayor concentración de jefes de estado que ha habido hasta este momento. Sin embargo, su gran éxito ha significado su superación histórica.
Señorías, aquella demostración de Río, que fue la de que los condicionantes medioambientales forman parte esencial de toda la estructura económica y social de cualquier país, tiene como corolario necesario hoy que la preocupación, el conocimiento, hasta la ejecutoria en el movimiento ecologista no es ya un elemento --no quiero negar la característica de diferenciador-- relevante en las tomas de decisión en la gran política de los países.
Dicho rápidamente, señorías, desde la perspectiva de nuestro Grupo, la política ambiental ya no es patrimonio de quienes se confiesan o hagan señas de identidad de la preocupación ambiental, es responsabilidad de cualquiera que tenga que dirigir un país, sea el que fuere, entre ellos el nuestro.
De la misma manera que estamos habituados a que la política exterior no es patrimonio, ni objetivo exclusivo de los diplomáticos, si la política de seguridad no lo es tampoco de los militares, nuestro Grupo cree que culturalmente deberíamos asumir con rapidez que los temas ambientales no son privativos de nadie, precisamente por su trascendencia. ¿Quiere decir esto que nuestro Grupo tiene no sólo algo en contra, sino que no es sensible a la preocupación porque la potenciación de las actividades del ecologismo tradicional sean sustentadas? No, señor. Evidentemente, nosotros tenemos la experiencia --y más de uno de los que estamos aquí podríamos ser testigos de excepción-- de cómo el movimiento ecologista, incluso en los tiempos recientes de la historia de nuestro país, ha sido un rico fermento social y debe continuar siéndolo, pero tenemos también muy clara la idea de esa naturaleza de movimiento social, de fermento social y, por tanto, creemos que su apoyo, su potenciación, su estímulo debe hacerse en el marco general de toda la política de movimientos sociales de este país, dentro de la política de organizaciones no gubernamentales.
Termino, señor Presidente diciendo --y hago uso de ello como argumento que refuerce nuestra perspectiva y no como crítica a la Mesa del Congreso-- que si la Mesa del Congreso hubiera tenido conocimiento de los aspectos delicados de la cuestión que nos ocupa, en lugar de ser ésta la Comisión en la que vemos la potenciación y financiación de los movimientos ecologistas, habría sido la Comisión de Política Social la que habría contemplado este tema y se habría pronunciado como Cámara sobre las medidas que deben ser adoptadas para potenciar, dentro de las prioridades que socialmente se reconocen, todos los movimientos sociales que tienen como expresión organizaciones no gubernamentales, entre las que, desde luego, este Grupo Parlamentario Socialista reconoce una relevancia importante, pero que sitúa en ese marco general de movimientos sociales al movimiento ecologista tradicional.


El señor PRESIDENTE: Después de la intervención de la señora Rivadulla defendiendo la proposición no de ley y la de los dos grupos parlamentarios que han fijado su posición tiene, brevemente, la palabra la señor Rivadulla, porque normalmente no se da réplica en este tipo de debate.


La señora RIVADULLA GRACIA: Quiero hacer uso de la palabra por alusiones.
La alusión viene referida a los términos dislate, disparatado, desconocimiento... Se puede hacer una argumentación política en pro o en contra, pero me veo obligada a responder. Yo creo que el representante del Grupo Popular no ha entendido el segundo punto de nuestra proposición no de ley en el que, de ningún modo, se dice que el Consejo Nacional sea el que distribuya las subvenciones, sino el que establezca los criterios objetivos para la distribución posterior de esas ayudas, en un intento de objetivar al máximo esta situación.
Por otra parte, entendemos precisamente por sus características de participación social, en la que no solamente están los movimientos ecologistas sino también otras entidades, se podrían establecer mejor esos criterios objetivos, porque es absolutamente impensable que el movimiento ecologista haya perdido su virtualidad. Está claro que en manos de las administraciones no se puede dejar solamente el tema del medio ambiente, porque la tarea importantísima de sensibilización, educación y denuncia que todavía tiene el movimiento ecologista, requiere de una financiación que tomo nota de que ninguno de los grupos parlamentarios está dispuesto a asumir, por lo menos los que han hecho uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Después de esta manifestación sobre los aspectos lingüísticos, pasamos a votar la proposición no de ley sobre la creación de una línea de financiación específica destinada a asociaciones ecologistas y de protección o conservación del medio ambiente, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 28; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.


--RELATIVA A QUE EL CORREDOR FERROVIARIO LISBOA-VALENCIA DE ALCANTARA-MADRID SEA INCLUIDO EN LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE COMBINADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000182.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley relativa a que el corredor ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid sea incluido en la red transeuropea de transporte combinado. El Grupo proponente es el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Camisón.


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El señor CAMISON ASENSIO: La comunicación ferroviaria entre las respectivas capitales de los Estados que componen la Unión Europea es un objetivo claramente definido en todas las políticas de infraestructuras comunitarias y no podía ser menos tampoco en el caso de la Península Ibérica, que afecta a dos capitales, Madrid y Lisboa.
Aparte de este interés tan europeo, en el caso de esta Península tendría, además, la ventaja de que vertebraría, de una forma necesaria y eficazmente, áreas en fase socioeconómica en evolución. En algunos casos se ha conseguido, como es el área de Lisboa y su entorno, con la zona occidental española y la capital del Estado español, habida cuenta de las conexiones importantes que desde Madrid salen hacia todas las partes del mundo, vías aéreas y ferroviarias.
Todo esto va en favor de la procedencia de considerar este eje ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid, incluido en la red transeuropea de transporte combinado.
Se da el caso, por otra parte, de que este Parlamento en sesión plenaria, al aprobar las propuestas de resolución del Plan de Transporte Ferroviario, dejó constancia ya de prioridad de la potenciación de este corredor ferroviario. Además, se da la circunstancia de que, habida cuenta de lo que aprobó el dictamen del Consejo de la Unión Europea, contenido en su decisión 93/628 de la Comunidad Económica Europea, en estos momentos sólo hay dos ejes españoles considerados y aprobados como redes transeuropeas: uno es la conexión ferroviaria Madrid-Barcelona-Puigcerdá, y otro es la conexión por carretera de Lisboa en dirección a Francia, vía Valladolid. Esta es la situación actual.
Lo que sí está claro es que se espera que antes de julio de 1995 haya otra propuesta. Pensando en esa nueva propuesta hemos presentado esta proposición no de ley que intenta que, previo acuerdo con el Gobierno portugués, este corredor ferroviario al que me estoy refiriendo sea incluido en la red transeuropea de transporte combinado, a instancias del Gobierno español.
Como razonamientos en favor de esta proposición no de ley tenemos un antecedente trascendente, el debate que tuvo lugar recientemente en esta Comisión, justamente el 27 de abril último, por el que se instaba al Gobierno a que tomara las medidas oportunas, directamente o en combinación con el Gobierno francés, para que la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau fuera incluida en la red transeuropea de transporte combinado, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El portavoz de Izquierda Unida, señor Martínez Blasco, entre otras cosas, manifestaba que la actualidad de esa propuesta obedecía a que, en octubre de 1993, el Consejo de las Comunidades Europeas había adoptado una decisión sobre una red transeuropea de transporte combinado y que le faltaba adoptar otras sobre redes transeuropeas de ferrocarril convencional y de algún otro tipo. Este razonamiento que hizo el portavoz de Izquierda Unida, por supuesto, es aplicable también en el caso que nos ocupa relativo al corredor Lisboa-Madrid.
El portavoz socialista, señor Morlán Gracia, hizo un alegato muy interesante en favor de la consideración de este corredor como red transeuropea y dijo, entre otras cosas, que el Grupo Socialista iba a seguir ratificándose en la necesidad de que exista una comunicación ferroviaria entre España y Francia, a través de Canfranc y que, efectivamente, en la Unión Europea se estaban planteando una serie de decisiones encaminadas a desarrollar unas redes transeuropeas de transporte combinado, dos de las cuales ya fueron aprobadas el pasado año y se espera que otra lo sea antes del 30 de julio de 1995. Antes de esa fecha --decía el portavoz socialista-- tendrán que entrar y ser aprobadas otro tipo de comunicaciones que, en este caso concreto, lo deberán ser a través de transportes ferroviarios, bien de alta velocidad o bien convencionales. Asimismo, planteaba la necesidad de que el Gobierno español siguiera instando al Gobierno francés para que se consiguiese llegar a un acuerdo en favor de la comunicación ferroviaria entre España y Francia. Pues bien, todos estos argumentos son válidos también para este caso; lo único que habría que cambiar es que, donde dice Francia, diga Portugal.
Esa decisión --insistía el portavoz socialista-- se debía adoptar sobre esta red transeuropea que habrá de aprobarse sobre la base legal del Tratado de la Unión Europea; por tanto, tendría que ser mediante un procedimiento de codecisión entre el Consejo de las Comunidades y el Parlamento Europeo y la decisión adoptada por el Consejo lo tendría que ser previo acuerdo de las dos partes (España y Francia), sin que pudiese ser sólo por decisión española. Este argumento también es válido en esta ocasión, exceptuando que, donde dice Francia, tendría que decir Portugal.
Por todo ello, entendía el portavoz socialista, que, en el fondo, coincidía perfectamente con los planteamientos de Izquierda Unida y de los otros grupos de la Cámara y proponía que se estudiara conjuntamente la posibilidad de incluir esta comunicación en la red transeuropea de transportes, lo cual satisfaría la voluntad política de todos los grupos de mantener abierta una esperanza no sólo referida a Aragón. El portavoz socialista terminó diciendo que aprovechaba la coyuntura para hacer esta propuesta y para que la aprobación de esta proposición estuviera lista antes de julio de 1995. Estos argumentos son absolutamente válidos en este caso, sólo habría que sustituir, donde dice aragoneses, por portugueses, extremeños y castellanos.
El portavoz de Convergència i Unió también estuvo a favor de esta proposición no de ley de Izquierda Unida y dijo le parecía completamente aceptable. La portavoz de mi Grupo Parlamentario manifestó asimismo la voluntad de apoyar la iniciativa de Izquierda Unida, al tratarse de una proposición de tanto interés para la comarca de Aragón; argumentos que, repito, son aplicables al caso que nos ocupa.
Este debate tan reciente terminó con palabras del señor Presidente diciendo que quedaba aprobada por unanimidad la proposición no de ley que estoy recordando. Pues bien, yo entiendo que habiendo sido aprobada en esta Comisión esa proposición no de ley hace tan poco tiempo, no hacer lo mismo con la presentada hoy supondría una discriminación, por lo menos con extremeños y castellanos, y estoy seguro de que ningún Grupo querrá consumar esa discriminación.


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El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no ha sido presentada ninguna enmienda.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre esta proposición no de ley? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, voy a comenzar haciendo un comentario a lo manifestado por el portavoz del Grupo Popular al final de su intervención, cuando hacía referencia a los argumentos aplicables a la proposición no de ley a que hacía alusión.
Lamento que hoy no sea un día en el que exista unanimidad en esta proposición no de ley, pero puede estar seguro que, por nuestra parte, no hay ninguna discriminación hacia extremeños y castellanos, lo que sucede es que votamos a favor de la proposición no de ley que usted mencionaba por cuanto en ningún documento de la Comunidad figuraba el eje que en aquel momento íbamos a aprobar. Sin embargo, estudiando la proposición no de ley que hoy tratamos, he de decir que mi impresión es que se trata de un tema ya incluido y resuelto. En todo caso, habrá matices de interpretación de los documentos que obran en nuestro poder. Del propio documento del Consejo («Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de 10 de diciembre de 1993) yo saco una serie de conclusiones y así, aunque en la proposición no de ley se cite que se refiere a carreteras el eje que aparece recogido en el apartado 13 del artículo 2 (Lisboa-Madrid-Barcelona), yo entiendo que no sólo se refiere a carreteras, sino que queda incluido el tema ferroviario. En ese documento se explica, y para mí queda claro, que el asunto está ya resuelto.
Analizando el Plan Director de Infraestructuras --cito de memoria, pero no creo equivocarme mucho--, en las páginas 134, 146, 147, 162, 163 y 164 del mismo, encontramos que el eje que hoy se pide en la proposición no de ley del corredor ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid, incluso con la palabra Valencia de Alcántara dentro del redactado de los distintos corredores que se prevén, figura incluido. Yo creo que hoy estamos discutiendo una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a hacer algo que, desde mi punto de vista y mi interpretación de la documentación que obra en mi poder, está resuelta. Por todo ello, nuestro voto hoy no puede ser favorable. Lamento que el portavoz del Grupo Popular considere que, por nuestra parte, hay una desatención a zonas que puedan verse discriminadas. No es así. Para nosotros es un tema resuelto y, por tanto, nuestro voto no será favorable.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Me van a permitir SS. SS. que, antes de fijar la posición de nuestro Grupo sobre la proposición no de ley concreta --el señor Sedó ya ha dado abundantes argumentos sobre lo que significa y sobre su situación real en los documentos de la Comunidad y del propio Gobierno español--, realice alguna excursión por temas colaterales porque vienen a cuento.
Nuestro Grupo entiende que aquí hay un claro intento de confundir a la opinión pública extremeña puesto que, antes de discutirse esta proposición, se ha realizado la defensa de la misma, en términos parecidos a los expuestos hoy aquí, en lo que algunos llaman el parlamento de papel, en los medios de comunicación, donde incluso se decía que se esperaba de los socialistas que no se amilanasen ante el poder central y no se sometieran a la sumisión de siempre. En ese intento de confundir a la opinión pública se hablaba de una decisión (la 93/628 del Consejo, a la que aquí se ha aludido), que no se refiere para nada a líneas de alta velocidad sino a transporte combinado, y que tampoco se refiere a los proyectos aprobados en el Libro Blanco del paquete Delors o los proyectos en estudio del informe Christophersen. Es decir, se mezclaban --y yo creo que no por ignorancia-- temas, conceptos, redes y situaciones totalmente diferentes, al igual que consideraciones sobre el Plan de Transporte Ferroviario que tampoco son procedentes. Pues bien, los socialistas no se amilanan ante esas situaciones y el Gobierno socialista ya ha incluido en sus relaciones con la Unión Europea este eje que hoy se demanda. Está incluido en los trabajos previos, en la propuesta de decisión, del Parlamento Europeo, en los informes de la Comisión de Transportes y después en la decisión del Consejo. Pero es más. En los documentos de planificación del Gobierno español está incluido y viene siendo incluido permanentemente en las definiciones de líneas estratégicas y prioritarias del transporte combinado, donde es de los considerados ejes-piloto dentro del territorio portugués.
Sólo me queda decir, ante una aclaración que ya el señor Sedó ha hecho sobre el Plan Director de Infraestructuras, que no sólo está incluido sino que, además, en su página 164, dando respuesta tanto a los tráficos nacionales como a los internacionales, dice y concreta que será necesario actuar en los ejes (habla de ejes: Port Bou, Barcelona, Madrid, Irún, Algeciras, etcétera, que también están incluidos dentro de esa red en el documento europeo) y las conexiones con Portugal, dice concretamente y, entre paréntesis, Fuentes de Oñoro y Valencia de Alcántara. Es decir, además del itinerario global Lisboa-Madrid-Barcelona, el Plan Director de Infraestructura habla de Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona.
Por tanto, señorías, en este Parlamento, que es el de verdad, no el de papel, nuestro Grupo quiere dejar claro que esta proposición es totalmente innecesaria y que, en nuestra opinión, solamente ha buscado la confusión en ese parlamento exterior de papel. Por consiguiente, nuestro Grupo, sin ninguna discriminación, quiere dejar claro que nuestro Gobierno ya ha ido por delante de esas posiciones que hoy se nos quieren decir aquí, o que alguien se ha querido apuntar en ese parlamento de papel, y que la Unión Europea también está por delante. (El señor Camisón pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, tiene la palabra por ligeras alusiones nada más.


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El señor CAMISON ASENSIO: Muy ligeras, señor Presidente, porque quiero dejar constancia de un tema que creo es importante.
Este tratamiento tan ligero del parlamento de papel le extraña a este Diputado puesto que el portavoz socialista utiliza ese parlamento de papel, el mismo que yo, cuando le viene en gana, y lo hace también con frecuencia. Por tanto, no entiendo esa depreciación de la prensa extremeña en estos momentos.
Y para terminar, que quede claro que aquí ha habido muchos razonamientos para votar en contra, pero hay un hecho que no se ha podido desmontar, y es que la consideración de red transeuropea de este corredor no está todavía decidida, y es lo que yo intentaba aclarar, en calidad de red transeuropea. Puede estar previsto más o menos mejorarlas en el PDI, pero en calidad de red transeuropea todavía no está tomada en consideración.
(El señor Roncero Rodríguez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra?

El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, para leer un documento a la Comisión, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, y por alusiones respecto a mi utilización o no del parlamento papel, entre comillas.


El señor PRESIDENTE: Si el documento que va a leer hace referencia al tema sometido a debate, tiene la palabra.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Respecto a la alusión, he de decir que utilizo el parlamento de papel (que yo no lo llamo así, son otros los que lo han llamado así) para replicar adecuadamente intervenciones como la que he referido antes y como la que hoy hemos sufrido en esta Comisión.
El documento que leo es el Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 305: Decisión del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la creación de una red transeuropea de transporte combinado. El Consejo de las Comunidades Europeas dicta un dictamen, hace unos considerandos y adopta la presente decisión. Define la red, la enmarca en el tiempo en el punto 2 del artículo 1 (en plazo de seis años y en plazo de doce años) y en el artículo 2, punto 1, señala los ejes prioritarios de esa decisión de red transeuropea adoptada como transporte combinado, proyecto número 13, eje Lisboa-Madrid-Barcelona. Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 305.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo con el Reglamento de esta Cámara que le ha permitido leer ese documento, ruego lo haga llegar a la Presidencia.
Pasamos a la votación de esta proposición no de ley relativa a que el corredor ferroviario Lisboa-Valencia de Alcántara-Madrid sea incluido en la red transeuropea de transporte combinado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--SOBRE AMPLIACION DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE TARIFACION TELEFONICA A TODAS LAS POBLACIONES DEL AREA DE INFLUENCIA DE LAS GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000193.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente a la proposición no de ley sobre ampliación de las zonas metropolitanas de tarifación telefónica a todas las poblaciones del área de influencia de las grandes ciudades españolas, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y otra por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Posada en nombre del Grupo Popular.


El señor POSADA MORENO: El Grupo Popular considera esta proposición de enorme importancia. Es de todos conocida en esta Comisión la situación en la que se encuentran unos determinados municipios que, teniendo una distancia muy corta respecto a las capitales, sin embargo, por un proceso tarifario anterior, sienten una cierta discriminación grave en sus tarifas respecto a otros municipios cercanos. Indudablemente esto tiene un carácter objetivo, es así, y una repercusión económica, pero yo me atrevería a decir que tiene una repercusión mayor, desde un punto de vista social, de sentimiento por una serie de ciudadanos de una injusticia --les parece a ellos-- que no acaban de comprender por qué en unas distancias tan mínimas hay unas diferencias de tarifas tan grandes.
Nosotros creemos que es urgente adoptar medidas en este tema.
Una proposición no de ley de Izquierda Unida, que vino a esta Comisión, trataba específicamente el tema de la zona metropolitana de Madrid. Nos pareció entonces que no era suficiente tratar sólo Madrid, porque creaba una discriminación respecto a otras zonas en las que también ese problema existía. Nuestra proposición lo que pretende es que de una forma general se trate este tema. ¿Cómo? Entrando en las implicaciones últimas que esto tiene, lo que supone una variación tarifaria. Estamos inmersos en una situación en la que la Compañía Telefónica, el Gobierno, tiene que cambiar las tarifas de cara a la liberalización de las telecomunicaciones. En ese proceso creemos que este tema debe tener una prioridad sobre esa generalización de la reforma de tarifas. Por supuesto que no se trata de hacer recaer de golpe, y sobre todo sin previsión, los efectos económicos sobre Telefónica, que ha de tener un balance de situación y tiene que precaverse de lo que va a originar una primera disminución de ingresos. Nosotros creemos que con el decremento de las tarifas puede haber una mayor utilización y, por tanto, puede incluso compensarse esta situación de Telefónica, pero es muy importante conocer ese

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informe de Telefónica. Nuestra proposición no de ley pretende que en un plazo de dos meses tengamos ante esta Comisión la situación de esos municipios, lo que de ella se desprende y consecuencias que tiene para el balance económico de Telefónica, para que podamos estudiar, decidir y aprobar lo más conveniente que, sin duda ninguna, será corregir esa situación de injusticia en la que se siente una serie de ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Es verdad que, tal y como recordaba el portavoz del Grupo Popular, hace tan sólo unas semanas el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó una proposición no de ley sobre este tema. También es cierto que los argumentos que avalaban nuestra proposición no de ley eran casi idénticos, salvo en algunas matizaciones, a los que acaba de expresar el señor portavoz del Grupo Popular. Lo que no es verdad es que nuestra proposición no de ley no se refiriera a todas las áreas metropolitanas de las ciudades españolas. Quiero recordar al portavoz del Grupo Popular que, en relación con una enmienda in voce del señor González Lizondo, el proponente, que era el mismo que está hablando hoy en nombre de su Grupo, no se refirió a todas las ciudades españolas y a sus áreas metropolitanas. Parece que el texto final de la proposición no de ley --pudiera no ser así la exposición de motivos-- no es el mismo que el de Izquierda Unida. Mientras el Grupo Popular insta al Gobierno a que presente un estudio, realice un debate y apruebe que esta ampliación debe adoptarse en no sé qué entornos, etcétera, nuestra enmienda viene a decir claramente que se inste al Gobierno para que en el plazo determinado se lleve a cabo. Es una matización importante. No pedimos que se debata o que se presenten estudios que en un futuro, mareando la perdiz, nunca se realizarán. Nosotros venimos a decir que se lleve a cabo. Por tanto, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de meses, es cuestión de que se lleve o no a cabo. En consecuencia, no me acaba de convencer el portavoz del Grupo proponente de que sus intenciones sean las mismas que las que se manifiestan en la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Me voy a permitir recordarle, con toda cortesía, que conviene que se pongan ustedes de acuerdo con los responsables políticos de su partido que, en todos los ayuntamientos donde tienen representación, vienen promoviendo una moción con mi texto o similar. Les ruego que se pongan de acuerdo porque si sus intenciones son llevar a cabo la moción que presentan en sus ayuntamientos, y que tiene mi texto, yo estaría de acuerdo. La ambigüedad es mala, y se lo recuerdo con toda cortesía de nuevo. También aprobaron ustedes, señores del Grupo proponente, una moción en la Asamblea de Madrid con mi texto que, si quieren, se lo leo.
Por consiguiente, conviene que tengamos el mismo discurso en unos sitios y en otros, no vaya a especular alguien con que ustedes piensan o están movilizando a sus alcaldes y concejales por unas determinadas reivindicaciones que se compadecen con la enmienda que presenta Izquierda Unida hoy, y no quieran llevar a cabo lo que ustedes están reivindicando.
Por eso conviene que se aclaren.
Nosotros no nos podríamos oponer a que se hicieran estudios, pero consideramos que esto es una simple maniobra de dilación y que no ataca el problema en su profundidad. Por esa razón vamos a mantener nuestra enmienda, que es clara, concisa, tajante y que viene a instar a que se lleve a cabo y que, les vuelvo a recordar, se compadece con aquellas mociones o enmiendas que ustedes han votado en aquellas instituciones donde han podido hacerlo. Porque ustedes siguen manteniendo (y me voy a referir a Madrid aunque la proposición no de ley alude a todas las comunidades autónomas, a todas aquellas ciudades que están afectadas en su área metropolitana por situaciones discriminatorias) digo que ustedes siguen manteniendo la actividad de sus alcaldes y concejales reivindicando lo que yo estoy diciendo. Conviene que se aclaren porque si es verdad que, en un primer momento, el Grupo Socialista votó también en la Asamblea de Madrid el texto que yo les puedo leer o parecido posteriormente se ha arrepentido y ha retirado a sus alcaldes y concejales de esas manifestaciones y reivindicaciones, con lo cual no comprendo su actitud, no acepto su actitud porque, al fin y al cabo, es corresponsable con lo que se hace en unos sitios y en otros. Por tanto, acepten nuestra enmienda que viene a decir claramente y en concreto lo que ustedes vienen reivindicando en sus ayuntamientos y en las asambleas de comunidad autónoma en las que pueden hacerlo, y no hagamos una discusión eterna del tema que luego no se soluciona. Si se ha podido solucionar en otros municipios que ustedes y yo conocemos, se puede hacer en éste. Razones técnicas que lo dificulten no existen; quizá pueda haber razones económicas, aunque no en las cantidades que han expresado otros portavoces en el debate de la proposición no de ley anterior y, además, no son justificables ya que se sabe que en otras ocasiones y cuando se han querido solucionar problemas ha habido recursos en Telefónica que, por otra parte, aprovecho para recordar que algunos se despilfarran en la compra de empresas extranjeras.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: La proposición no de ley del Grupo Popular y, en su día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida plantean un problema que se refiere fundamentalmente, como bien ha explicado el señor Posada, a una situación que algunos alcaldes y ciudadanos consideran injusta y que de alguna forma debe corregirse.
En nuestra opinión, el problema no se arregla fácilmente trazando sobre un plano una nueva demarcación tarifaria. Esa ampliación de la zona urbana en las áreas metropolitanas o en torno a las capitales y provincias españolas supondría una disminución de ingresos para Telefónica y, como bien ha recordado el portavoz del Grupo Popular, hay un compromiso del Estado en mantener el equilibrio

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financiero de Telefónica. Por consiguiente, si se amplía la zona tarifaria metropolitana en torno a las capitales de provincia, inevitablemente ello llevaría aparejado un aumento de las tarifas urbanas. Como bien se ha explicado, debemos enmarcar esto en la renovación de las tarifas en general. En cualquier caso, va a ser necesario aumentar las tarifas urbanas y disminuir las tarifas provinciales, nacionales e internacionales. No se trata de trasladar la frontera. Esa nueva delimitación había conseguido trasladar la frontera y, por tanto, trasladar el problema a una zona diferente. Yo creo que la política que defiende el Gobierno y que todos los grupos políticos aceptamos es la necesidad de la reconversión de las tarifas ajustándolas a costes, lo cual implica, como he dicho anteriormente, el aumento de ciertas tarifas y la disminución de otras. Así, el actual efecto que se produce de sensación de agravio o de sensación de injusticia en torno a las zonas fronterizas de las delimitaciones de las zonas tarifarias desaparecerían.
La enmienda que hemos presentado a la consideración del Grupo Popular y a la de todos los grupos presentes en la Comisión va en el sentido de que, en el plazo de seis meses, el Gobierno presente en esta Cámara un estudio relativo a la ampliación de las zonas metropolitanas con objeto de evaluar la viabilidad económica y técnica de dicha ampliación, así como las diferentes repercusiones que la misma tendría en Telefónica de España; en lugar de que exista una definición clara y rotunda de esta Comisión en el sentido de que es inevitable una modificación de las actuales zonas metropolitanas, encargar al Gobierno que haga ese estudio, que lo presente en la Comisión y que, a la vista del mismo, esta Comisión adopte una decisión.


El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición sobre la proposición no de ley, en nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo tiene una predisposición al voto favorable respecto a esta proposición no de ley, pero a partir de un análisis del texto de la proposición no de ley y de las dos enmiendas presentadas.
El texto nos parece aceptable, aunque cuando habla de «en torno a las grandes ciudades españolas», nos queda la duda de a qué grandes ciudades españolas se refiere la proposición no de ley. ¿Las seis o siete que encontramos en el PDI, las zonas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, u otras que amplía en las que entran Zaragoza, Asturias y Cádiz? Esta es la pega que encontramos y que podría resolverse en parte con la enmienda de Izquierda Unida que se refiere a los municipios que lo soliciten, aunque aquí nos pasamos por el otro lado, por comprender demasiadas solicitudes, pero esta enmienda, aunque fuese aceptada, no la votaríamos a favor porque es imperativa.
La enmienda del Grupo Socialista pide un estudio que, en el fondo, no dejaría de ser una propuesta de ampliación en la que se podría ver el volumen de lo que se está pidiendo. Creemos que falta el estudio económico de lo que la proposición no de ley original está pidiendo. En todo caso, si la enmienda del Grupo Socialista fuese aceptada la apoyaríamos, pero el plazo de seis meses nos parece excesivo.


El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Popular, señor Posada, tiene la palabra.


El señor POSADA MORENO: Todos los grupos, y desde luego el grupo proponente, sienten que éste es un problema verdaderamente grave que ha llegado a la sociedad. Lo hemos visto en los últimos días en las manifestaciones de alcaldes, de grupos políticos y de ciudadanos. Ahora bien, yo no creo que los problemas, porque sean muy urgentes o muy graves, puedan ser resueltos de un plumazo porque a todos nos parezcan muy injustos. Si aceptáramos la enmienda de Izquierda Unida nos encontraríamos con que a la vuelta de dos meses no se habría podido resolver este tema. Probablemente aducirían razones técnicas y tendríamos siempre la duda de si era una razón técnica o una razón política. Es decir, llevar las cosas más allá de lo que es factible hacer impide la solución, no la promueve. Ciertamente que en nuestro partido (y contesto a lo que decía el señor González) hay personas que querrían resolverlo ya, porque lo ven desde un punto de vista más particular y quieren que la situación de sus conciudadanos se resuelva inmediatamente. Pero las fórmulas llevan un tiempo y un trabajo. Por tanto, es preciso conocer primero la delimitación de las zonas metropolitanas, como muy bien decía el señor Sedó, cuáles son los municipios que se encuentran afectados, cómo puede resolverse ese tema sin que se produzca el nuevo efecto frontera y cómo repercute en Telefónica, porque Telefónica tiene un acuerdo con el Gobierno por el cual hay unas compensaciones económicas. A nosotros eso nos parece aceptable. Por tanto, no vamos a aceptar la enmienda de Izquierda Unida.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, que recoge el espíritu del que estamos hablando, el plazo de seis meses me parece excesivo, máxime cuando tenemos por medio los meses de verano que no se sabe muy bien cómo computan. Por eso presentamos una enmienda transaccional a la del Grupo Socialista, para dejar claramente establecidas las cosas y mandar un mensaje a los ciudadanos en el sentido de que estamos estudiando las fechas, partiendo de que tenemos por delante julio y agosto. Diría así: El Congreso de los diputados insta al Gobierno para que antes del 31 de octubre presente en esta Cámara un estudio relativo a la ampliación de las zonas para que pueda ser discutido, etcétera. Sería fijar una fecha para estudiar a fondo este tema.


El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, ¿su opinión respecto a esta transaccional in voce?

El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, nos parece razonable y la aceptamos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Blázquez.


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El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Mi grupo no quiere solucionar el problema de un plumazo. A lo mejor nos hemos precipitado en dos meses y no nos importa dar vacaciones también al Gobierno o poner algunos meses más. El problema no es ése; el problema es que se lleve a cabo o no. No se vaya a dejar la imagen de que somos unos irresponsables que sin estudios de ningún tipo queremos llevar adelante una cuestión. Los estudios están hechos. Si quieren les presento a sus propios alcaldes para que se los transmitan. Sus alcaldes se han reunido ayer, se van a reunir dentro de unos días, acudan a la reunión y les entregarán los estudios que ya están hechos. No es cuestión de meses. Si el problema es ése les propongo un plazo y les doy hasta final de año, pero que se lleve a cabo, no que se inicien estudios, etcétera. Eso es demorarlo y marear la perdiz.


El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que considere que ha terminado.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: En treinta segundos voy a leer lo que votaron ustedes en la Asamblea de Madrid. ¿Me lo permite?

El señor PRESIDENTE: Su señoría ya ha insistido en dos o tres ocasiones...


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Ustedes votaron la incorporación de todos los municipios sin más...


El señor PRESIDENTE: Señor González, estoy diciendo que de eso ya se han enterado los Diputados de esta sala, todos, los del Partido Popular y todos los que están presentes...


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Es por si acaso...


El señor PRESIDENTE: Si yo lo he oído, ellos lo han oído también perfectamente.
Por tanto, sin más dilación sometemos a votación la proposición no de ley enmendada por el Grupo Socialista y a su vez enmendada in voce por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Anuncio que el próximo día 31, después de la sesión de la mañana, tendremos reunión de Mesa y Portavoces.
Se levanta la sesión.


Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.


CORRECCION DE ERROR. En el «Diario de Sesiones» n.º 168, de 14 de abril pasado, intervención de la señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en la página 5.331, primera columna, se hace mención en la séptima línea del segundo párrafo a «una presa en el Odiel» y, en el siguiente renglón, a «las aguas del Odiel», cuando en realidad la interviniente quería referirse en ambos casos al río Tinto.

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