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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 165, de 14/04/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 165 CONSTITUCIONAL PRESIDENTE: DON VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ Sesión núm. 6 celebrada el jueves, 14 de abril de 1994

ORDEN DEL DIA: --Informe a la Comisión de la dimisión del Secretario Segundo de la Mesa de la Comisión (Página 5240) --Aprobación de la propuesta de remisión al Pleno del Informe de la Ponencia encargada de estudiar las actuales condiciones de elaboración del Censo Electoral. (Número de expediente 154/000001) (Página 5240) Proposiciones no de ley: --Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que la programación de las televisiones privadas respete la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 4, de 30-7-93. Número de expediente 161/000003) (Página 5240) --Por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (BOCG serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente 161/000029) (Página 5245)

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--Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, previa remisión de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 67, de 4-3-94. Número de expediente 161/000150) (Página 5248) --Comparecencia del señor Presidente de la Agencia EFE (Sobrado Palomares), para informar del ejercicio económico de 1993 y las previsiones para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000472) (Página 5250) --Pregunta del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre actuación del Delegado del Gobierno en Melilla respecto de la situación por la que atraviesan ciudadanos de diversos países africanos solicitantes de asilo y refugio en dicha ciudad. (BOCG serie D, número 26, de 8-11-93. Número de expediente 181/000145) (Página 5265)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


--INFORMAR A LA COMISION DE LA DIMISION DEL SECRETARIO SEGUNDO DE LA MESA DE LA COMISION.


El señor PRESIDENTE: Señorías, tenemos ya quórum para comenzar la sesión.
Les agradezco que hayan podido cambiar sus viajes y sus otros compromisos previstos para mañana, y que podamos celebrar la sesión en la tarde de hoy.
El primer punto del orden del día trata únicamente de informar a la Comisión de que hay que proceder a la elección del Secretario segundo de la Mesa cuando proceda, puesto que no es necesario hacerlo hoy, habida cuenta de que el Diputado, señor Camp i Batalla, del Grupo de Convergència i Unió, ha presentado su dimisión.
¿Alguna pregunta u observación al respecto? (Pausa.) Por tanto, en su momento someteremos a decisión de la Comisión la elección del Secretario segundo de la Mesa.


--APROBACION DE LA PROPUESTA DE REMISION AL PLENO DEL INFORME DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ESTUDIAR LAS ACTUALES CONDICIONES DE ELABORACION DEL CENSO ELECTORAL. (Número de expediente 154/000001.)

El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día trata de dar cuenta a SS. SS., brevísimamente, de que la Ponencia aprobada por decisión del Pleno, pero nombrada por esta Comisión, para proceder a someter a examen los problemas derivados del censo electoral en pasadas elecciones, ha terminado su trabajo; y lo ha terminado con unas conclusiones que han sido firmadas por todos los miembros de la Comisión, que representan a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Yo les sugiero que, dado que estas conclusiones han sido aprobadas y firmadas por los miembros de la Comisión, decidamos hoy elevarlas a la consideración del Pleno, en el orden del día que crea la Mesa, dándolas, por consiguiente, por aprobadas, si les parece a sus señorías.
(Asentimiento.) Así queda aprobado.


DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA PROGRAMACION DE LAS TELEVISIONES PRIVADAS RESPETE LA PLURALIDAD CULTURAL Y LINGÜISTICA DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000003.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que la programación de las televisiones privadas respete la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: La proposición no de ley pretende instar al Gobierno a tomar medidas para que la programación de las televisiones privadas respete la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado.
Esto en un primer punto que yo quisiera destacar de forma especial sobre el conjunto de la proposición no de ley, incluso con el conocimiento de la reticencia, cuando no la oposición, de algunos grupos a suscribir el contenido de la misma.


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En un segundo apartado nos atrevemos a cifrar, en el tiempo y en el espacio de programación, cómo se podría traducir el principio de respeto a la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos del Estado.
Recuerdo a SS. SS. que la Constitución Española, en su artículo 20, reconoce y protege derechos que se regularán por ley, como el de respetar el pluralismo de la sociedad y de sus diferentes lenguas en la organización de los medios de comunicación social que dependan del Estado o de cualquier entidad pública, y garantizar el acceso de grupos sociales y políticos significados.
Creo que más que principios, como argumentos para fundamentar la pretensión de esta proposición son importantes los hechos. Hoy, en las diversas comunidades autónomas españolas con una lengua propia estamos en las antípodas del cumplimiento de aquel mandato constitucional. En Cataluña, la estadística de la programación televisiva en las diversas lenguas, si nos atenemos a las televisiones públicas, da que hoy un telespectador allí puede ver hasta un 42,9 por ciento de programación en catalán, teniendo en cuenta que, además, Televisión Española en Cataluña está progresivamente reduciendo el espacio de emisión llamada regional en lengua de la comunidad autónoma. Pero si vamos al conjunto de horas que cualquier ciudadano o ciudadana de Cataluña puede contemplar la televisión, tan sólo el 22,1 por ciento son en lengua catalana. Públicas y privadas nos dan este enorme desequilibrio en favor de la programación en lengua castellana.
Debo reconocer que, desde que se presentó la proposición no de ley, un canal privado, Tele 5, emite por el sistema dual dos películas semanales, la serie «Melrose Place» y una de dibujos, en lengua catalana. También en lengua catalana sería sorprendente analizar los datos de la comunidad de las islas Baleares, no llegaría al tres por ciento de la programación global, o del País Valenciano, donde no llegaríamos al nueve por ciento.
En el caso de Euskadi, la programación de las televisiones públicas en euskera da el 19,06 por ciento, pero si sumamos públicas y privadas llegamos tan sólo al 9,7 por ciento. En Galicia, las televisiones nos dan como cifras, si sólo son las públicas, el 28 por ciento en gallego, y si sumamos las privadas tan sólo el 13 por ciento. Debería decir, como ciudadano que habita en Cataluña, que aún somos unos privilegiados. Pero es evidente que, en general, estamos muy lejos de que se cumpla aquel mandato constitucional.
Se han escuchado y leído opiniones en diversos ámbitos, incluso en esta Cámara (a mi entender fruto de la desinformación, cuando no del ideologismo o de la ignorancia) en contra de estos hechos tan elementales que derivan del mandato constitucional.
En temas lingüísticos, el nacionalismo español, tan a menudo olvidado, acostumbra a optar por posiciones --entre comillas-- «partidarias de la libertad», y críticas con todo lo que para ellos son políticas autonómicas equivocadas de normalización lingüística. No creo que a los fines del siglo XX exista un solo constitucionalista que interprete que la defensa de los derechos fundamentales sea equiparable a una actitud de abstención, de «laisser faire», por parte de los poderes públicos. Los poderes públicos, para impulsar los derechos fundamentales, en todas las democracias maduras expresan un programa de medidas positivas para hacer aquellos derechos efectivos. Incluso nuestra Constitución, en su artículo 9 (copiando literalmente, excepto una palabra, la Constitución italiana), pone mucho énfasis en este aspecto positivo de impulso por parte de los poderes públicos para que los derechos sean efectivos.
El Estado español ha participado en las negociaciones sobre GATT y ha suscrito planteamientos muy claros, como el de la excepción cultural, que van en línea contraria a los que he afirmado que defienden a menudo los nacionalistas españoles. Incluso, cuando se trata de defender la lengua castellana, salen planteamientos muy curiosos que son intervencionistas, como cuando la Comunidad Europea pretendía suprimir la letra eñe de los ordenadores y de otro tipo de instrumental informático. Intelectuales de muy diversos signos y de distintas ideologías llegaron a afirmar cosas tan curiosas como la de decir que es muy grave depender de una maquinaria universal que no tiene en cuenta las características locales, y podría cansar a la Comisión con citas de personas muy destacadas de la cultura castellana en esta línea intervencionista de impulso para defender un ámbito lingüístico.
Se puede argumentar --creo que con desconocimiento jurídico-- que las televisiones privadas son, efectivamente, privadas y, por tanto, no son ámbito de regulación por parte de los poderes públicos. Hay una cuestión fundamental que no podemos olvidar, y es que el Estatuto de Radiotelevisión habla de servicios públicos esenciales de titularidad estatal, y la Ley de Televisión Privada dice que es objeto de dicha Ley regular la gestión indirecta de servicio público esencial de la televisión cuya titularidad corresponde al Estado, y estamos hablando del término Estado en su acepción plena, amplia, que afecta a estas parcelas.
Son servicios públicos gestionados indirectamente a través de una concesión administrativa, y tampoco canso a la Comisión con toda la doctrina, que hoy ya es sobrante, que avala esta afirmación, como sería una concesión administrativa el transporte público de viajeros o la explotación de autopistas.
No debe haber la más mínima duda sobre la posibilidad de que los poderes públicos entren a regular la prestación de aquellos servicios en las condiciones que derivan de los mandatos constitucionales. La misma Ley de las televisiones privadas afirma que se debe mantener el principio de respeto al pluralismo cultural y lingüístico. Habla de programaciones territoriales, habla de unos porcentajes de producción, y creo que las cifras que he dado al principio son una auténtica burla a estas afirmaciones constitucionales y legales. Con la sola excepción de la cadena que he citado en unas expresiones en sistema dual, ninguna otra televisión privada --ni la misma que he citado-- hoy está respetando estos principios constitucionales. Pero es más, la Directiva de la Comunidad Europea del año 1989 impone a los Estados miembros vigilar porque las televisiones públicas y privadas respeten aquel pluralismo, y marca

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a dichos Estados miembros unos objetivos de política lingüística, incluso con su pluralismo interno.
Podría citarles resoluciones de parlamentos autonómicos que han ido en la misma dirección, y que, curiosamente, por lo que puedo imaginar que va a pasar esta tarde en esta Comisión, han contado con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios. Les podría citar, igualmente, las diversas leyes de normalización lingüística que se han ido produciendo en parlamentos con mayorías tan dispares como el Parlamento Balear, el Valenciano o el Catalán, que en sus diversos artículos mantienen los mismos principios que defendemos en esta proposición no de ley.
Por último, podría citar lo que, en términos homologables, sería la necesidad de tener en cuenta el impacto ambiental por el hecho de que hoy, a través de las televisiones privadas, se está rompiendo el equilibrio de aquella pluralidad lingüística y cultural. No alimentemos, desde posiciones centrales --y no he dicho centralistas-- lo que después se convierte en absurdas y artificiales guerras lingüísticas por no respetar hechos sociales elementales.
Esta proposición no de ley, que tiene dos mandatos completamente diferenciables --y de nuevo brindo la diferencia a los diversos grupos parlamentarios por si cree demasiado atrevida la pretensión de su segundo punto--, va en la dirección de empezar a cumplir, tras muchos años de democracia y algunos ya de televisiones privadas, con aquellos mandatos constitucionales.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Brevemente, para decir que el objetivo que se persigue con esta proposición no de ley le parece acertado a nuestro Grupo Parlamentario.
Poco voy a añadir a la documentada exposición que ha realizado el Portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ribó, que ha descrito una situación real, la que se produce tras la puesta en funcionamiento en nuestro país de las televisiones privadas, que vienen a romper un pretendido equilibrio que se había alcanzado en el ámbito televisivo lingüístico. Sólo ha sido corregido el rompimiento que se produce en este ámbito de funcionamiento de las televisiones privadas con la reciente iniciativa, insuficiente todavía, que ha puesto en marcha Tele 5.
Quiero recordar, para terminar, que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado muy recientemente, en el debate todavía vivo en esta Cámara relativo al proyecto de ley de transposición de la Directiva comunitaria de televisión, una emienda, que no fue aceptada en su momento en Comisión y que nos gustaría que fuera admitida por el Pleno de la Cámara, precisamente en el mismo sentido de recomponer este equilibrio entre las diversas lenguas y culturas del Estado en el panorama televisivo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: A mí en esta intervención me gustaría no resultar incurso en algunas de las imputaciones que el señor Ribó ha formulado apriorísticamente sobre aquellas posiciones que podrían no compadecerse o no ir en auxilio de la proposición no de ley que su Grupo postula. Es decir, yo no creo incurrir en ninguna suerte de nacionalismo español, por ejemplo, por expresar alguna reserva o alguna puntualización a sus tesis. Desde luego, tampoco querría ser objeto de la imputación de ideologista, y me aceptará el señor Ribó que su intervención no ha estado ciertamente exenta de fuertes elementos ideológicos, tales como suponer que el ejercicio de los derechos fundamentales, desde cualquier perspectiva constitucional, obliga necesariamente a una acción activa, positiva, de fomento de intervención, cuando en muchas ocasiones --y de libertad de expresión estamos hablando-- cabalmente a lo que obliga la máxima expansión de esos derechos es justamente a la más rigurosa inhibición, a la más absoluta abstención de la intervención estatal.
También ha hablado incluso de ignorancia. No quiero, en absoluto, ser acogido por esa imputación ni tampoco pretendo retrucársela, pero permítame recordarle, por indicación de algún compañero, que la denominación constitucional y estatutaria de Valencia es la de Comunidad Valenciana y no la de País Valenciano, y que la lengua cooficial --en el Estatuto de la Comunidad Valenciana se le atribuye esa condición-- es la lengua valenciana y no la lengua catalana.
Ciertamente agradezco al señor Ribó la amplia y muy documentada información que nos ha dado sobre la cobertura de la utilización de las distintas lenguas cooficiales en aquellas comunidades que disponen de ella. Ha ilustrado nuestra posición y también nos ha permitido interpretar adecuadamente la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque de su lectura, no fácil en su comprensión, parecía deducirse el carácter no cooficial de la lengua castellana en dichas comunidades, y después, de hecho, en su intervención ha hablado de lenguas propias de la Comunidad Autónoma, sin tener en cuenta que en razón del bilingüismo, situación real de tales comunidades, la lengua de la Comunidad Autónoma es la lengua castellana, como aquella específica propia del pluralismo cultural de dichas comunidades.
Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra. No se trata de plantear aquí un debate de normalización lingüística. Creemos que muchos de los esfuerzos y muchas de las tentativas de normalización lingüística son muy plausibles y las respaldamos plenamente, siempre que no alcancen, no introduzcan unos elementos coactivos; no introduzcan una lesión del derecho fundamental, del derecho individual a la utilización de la lengua, y a la educación, y a la recepción de información en el idioma propio.
Este es exactamente el centro de gravedad --en nuestra opinión-- del problema, y es el que puede haber dado lugar a algunos planteamientos poco o mal comprendidos, a unos planteamientos polémicos en un tema en el que a todos nos importa mantener el máximo de armonía, en el que cursen de la forma más espontánea, más fluida y más pacífica posible. Y si cursa así (espontánea, pacífica y fluidamente) no

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se acaba de entender cómo unas televisiones que concurren en régimen de mercado, que concurren en régimen competitivo, de libertad, respondiendo a principios de economía de empresas, pueden no estar atentas a esas condiciones sociolingüísticas que se predican, porque tienen que ser ellas, obviamente, las máximas interesadas, por razones de mercado, en buscar el acomodo a esas condiciones sociolingüísticas.
Yo pienso, señor Ribó --a él no se le ocultará-- que la emisión o no emisión en la lengua propia de la comunidad autónoma puede imputarse a la televisión privada como una no concurrencia en ese esfuerzo de normalización, pero en ningún caso como un atentado a la pluralidad de esa realidad sociolingüística.
Creo que el señor Ribó convendrá conmigo en que no es posible, por la vía de una proposición no de ley, instar al Gobierno a adoptar determinadas medidas para corregir esa situación. En última instancia se trataría de una iniciativa legislativa, de una proposición de ley de reforma de las televisiones privadas, que con grave daño, con grave menoscabo de los principios --insisto--, de la economía de mercado, introduciría, «a posteriori» y adicionalmente, unas obligaciones para estas televisiones privadas que no estaban contempladas en el momento del régimen concesional en que se les otorgaron las respectivas licencias, de suerte que, como él mismo apuntaba, invocamos ese carácter privado que no está afectado por la definición de servicio público esencial que conceptualmente se le atribuye al medio televisivo, pero que no puede en ningún caso, enrarecer, enmascarar o llegar a neutralizar su autonomía para buscar los medios de difusión en la lengua que entienda más pertinente para conseguir su finalidad de una cobertura de mercado lo más amplia que sea posible. En todo caso, tendrá que aceptarme, con independencia de que ciertamente podría ser --él mismo lo ha reconocido-- excesivo o abrumador el punto segundo en cuanto a la determinación normativa de un porcentaje determinado, que está perfectamente claro en la filosofía de los terceros canales.
Señor Ribó, nosotros creemos que, efectivamente, en los terceros canales --que yo pienso que no tendrían otra justificación más que en aquellas comunidades que disponen de una lengua propia distinta de la común, del castellano-- tendría una mayor acogida, una más clara expresión la inquietud que el señor Ribó manifiesta. Pero al señor Ribó no se le oculta que por vía de una proposición no de ley ni este Gobierno ni ningún otro gobierno podría modificar los términos legislativos de la Ley Reguladora de la Televisión Privada, marco que, naturalmente, sólo por una reforma legislativa podría ser alterado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela.


El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor Presidente, señorías, podría parecer, a la vista de la exposición que ha efectuado el portavoz de Izquierda Unida, señor Ribó, que habría que inscribir cualquier respuesta de los grupos a la proposición que ha presentado en el marco de un debate acerca de la normalización lingüística o incluso en un debate que ha tratado de suscitar en torno a cuestiones ciertamente más ideológicas, como la relativa al nacionalismo español.
Yo quisiera excluir categóricamente, de ese marco de discusión, la propuesta o la posición que voy a tratar de reflejar y que sostiene el Grupo Parlamentario Socialista. De ninguna manera cabe deducir que un pronunciamiento eventualmente favorable o negativo a la iniciativa que ha tomado el Grupo de Izquierda Unida deba inscribirse en ese debate más amplio de carácter ideológico del que con mucho gusto hablaría, pero me parece que no es el momento adecuado en forma alguna.
Una primera aproximación a esta proposición no de ley que formula el Grupo de Izquierda Unida requiere, indudablemente, la consideración de sus términos bajo aspectos formales.
La proposición insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para intervenir o regular la programación de las televisiones privadas, y hay que deducir esta interpretación del texto literal de la proposición que dice: «Insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que la programación... etcétera.» Y para tomar las medidas necesarias para que la programación se adecue a sus propósitos no cabe más vía o camino que el de la intervención o regulación de la programación en la televisión privada.
Asimismo, la proposición no de ley insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar, lo cual conlleva también un tipo de intervención.
Pues bien, cuando se insta al Gobierno a actuar, se olvida que tomó una iniciativa legislativa (que, por cierto, hay que respetar), como es la Ley 10/1980, que regula la concesión de emisiones de programas de televisión por cadenas privadas y las propias bases de la concesión, de tal manera que la vía de la proposición no de ley, habría que calificarla como no apta o no idónea para los objetivos que pretende la propia proposición de ley. No es el camino adecuado para alterar las condiciones establecidas por la Ley 10/1980 la de una proposición no de ley acerca de cuestiones que están reguladas específicamente, tanto en la ley que regula la televisión privada como en los sucesivos decretos que aplican lo previsto en esta ley a la hora de otorgar concesiones.
La intervención posible del Estado en esta materia se ha configurado a través de la iniciativa legislativa aprobada por esta Cámara y que ya he mencionado, la Ley 10/1980, de regulación de la televisión privada. Y debo señalar a SS. SS. que esta televisión con los requisitos, con las limitaciones que establece, jamás fue calificada de inconstitucional. Por tanto, habría que pensar que siguen siendo válidos los principios que llevaron a esta Cámara a aprobar una ley que establece unos requisitos para la emisión de programas en estas emisoras privadas de televisión. Y esos requisitos son, en primer lugar, que se prevea la posibilidad de emisión en diversas zonas territoriales (que no siempre coinciden literalmente con las zonas donde existe una lengua cooficial), según un plan técnico que debe desarrollarse, y que supone inversiones y la implantación de una serie de instrumentos técnicos, complejos por cierto.
Y, en segundo

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lugar, establece la Ley que debe ser uno de los criterios de adjudicación (no el único) la capacidad para que los aspirantes a la concesión puedan producir emisiones en las diferentes zonas territoriales.
Por tanto, la intervención que se solicita ya se ha adoptado, y no solamente por una iniciativa del Gobierno, sino por la propia adopción legislativa de esta Cámara a través de la aprobación de dicha ley.
Cualquier iniciativa tendente a alterar los términos de las concesiones previstas en esta Ley por la vía de una proposición no de ley se configura como una vía no idónea, no apta, y solamente estos requisitos formales ya deberían ser suficientes para desestimar la proposición no de ley que se nos ha presentado.
Pero es que, además, hay (y no voy a extenderme, en absoluto, en amplios argumentos) cuestiones que podíamos calificar materiales en torno a esta proposición, o sustantivas, que tienen su importancia. Porque las pretensiones de la proposición de ley no solamente generan problemas técnicos que todo el mundo comprende; suscitan también, en el marco de unas emisiones, dentro de una concesión a una sociedad privada, problemas económicos. Nada dice la proposición de la trascendencia que, en una emisora de carácter privado puede ocasionar por gastos de producción, por disminución de ingresos de publicidad, la adopción de estos porcentajes de emisión a que alude la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
Supondría, por otra parte, alterar los términos legales en que fue otorgada la concesión administrativa para emitir desde las tres concesiones de canales privados, y acarrearía, como es lógico, un perjuicio a unos titulares de esa concesión administrativa que tiene perfecto derecho a que los términos en que se estableció esa concesión no sean variados.
Quisiera hacer una mínima mención (y no por ser la última supone que sea menos trascendente) a la cuestión política de la interpretación de la libertad de expresión. Yo creo, señorías, que esta Comisión Constitucional no tiene facultades para interpretar, en términos tan estrictos como lo hace la proposición no de ley, el concepto de la libre expresión referida a la forma en que se producen las emisiones de los canales privados, tanto en lo que se refiere a los tiempos de emisión específicos para cada zona territorial como a los propios contenidos.
Señorías, permítanme relativizar un poco la trascendencia de estas cuestiones, sin que ello quiera decir que no tenga importancia la cuestión de fondo que ha suscitado pero que no es esta tarde el momento de plantear, y es la evolución que van a tener estos medios técnicos de emisiones de programas de televisión.
Los progresos que se están desarrollando van a permitir que cada vez haya más acceso a distintas emisiones privadas y públicas de programas de televisión a través de la vía de satélite. Esto nos lleva a pensar que la estrechez de planteamientos de la proposición no de ley no contempla la virtualidad y la propia realidad de las emisiones de televisión en las sociedades modernas actuales, en las que las emisiones vía satélite, van a dejar pequeños, seguramente (si no los están dejando ya), los marcos de los otorgamientos de concesiones administrativas de emisiones de programas.
Creo, señorías, que son todo un conjunto de argumentaciones que sustentan fundadamente la posición que mantendrá en la votación el grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.) El señor Ribó tiene la palabra.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, quisiera puntualizar cinco aspectos de esta cuestión.
En primer lugar, la cooficialidad de lenguas en las comunidades autónomas se basa en el principio de la igualdad. Creo que las cifras que yo he dado, y que nadie ha desmentido en esta sesión, son claramente una prueba de que estamos lejos de la igualdad y, por supuesto, estamos muy lejos de cualquier afirmación, como se ha hecho a veces, no en esta Comisión ni en esta Cámara pero sí en medios de comunicación, sobre la opresión de una lengua sobre otra en cualquier comunidad.
El segundo lugar, creo que el constitucionalismo mantiene que los derechos implican medidas, y no inhibiciones. Lo diría de la mano del artículo 9 de la Constitución Española, que dice literalmente que los poderes públicos promoverán y removerán todos los obstáculos para conseguir una igualdad eficaz. Removerán todos los obstáculos (aparte de otros mandatos tan taxativos como el que acabo de citar) de la propia ley de televisiones privadas que, en su artículo 14, para ilustración de la Comisión, recuerdo que fija porcentajes de hasta el 50 por ciento, al menos, en expresión originaria española; o sea, que lo que parece que, con el sentido más literal de la palabra, repugna algunas de las posiciones de esta Comisión, está en la Ley de televisiones privadas.
En tercer lugar, sería interesante que todos recordásemos argumentos que se oyeron en esta Cámara cuando nos enfrentábamos a la defensa de la excepción cultural ante el GATT, y lo que era la posible invasión que teníamos de productos culturales foráneos al área cultural europea. Por ello, me sorprende que seamos capaces de defender nuestras culturas ante determinada posible invasión, y, en cambio, seamos tan prudentes por decirlo de una forma muy limitada, ante planteamientos que afectan a nuestras propias realidades más inmediatas.
Penúltimo. Quiero recordar a la Comisión que la Real Academia Española, en dos dictámenes extensos, ha afirmada que la lengua valenciana es una variante de la lengua catalana, que tiene diversas: catalana oriental y occidental, siendo el valenciano plenamente catalán occidental.
Y, por último, que es normal que al Grupo Parlamentario que defiende, como ha dicho muy legítimamente, que sean sólo las televisiones autonómicas las que impulsen la normalización, se oponga a estas medidas. A nuestro entender, no sólo las cifras, sino el propio mandato constitucional, debería ir bastante más lejos que al ámbito de las televisiones autonómicas.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la proposición no de ley defendida por el señor Ribó.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, por consiguiente, la proposición no de ley.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REGULACION DE DERECHO DE PETICION PREVISTO EN EL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN, CONVERGENCIA I UNIO. (Número de expediente 161/000029.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Para defender nuestra proposición no de ley quisiera remitirme a la proposición no de ley que también a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (en aquel momento el Grupo Parlamentario de Minoría Catalana) aprobó el Pleno de la Cámara el día 22 de marzo del año 1988, en la que se instaba al Gobierno a remitir a la Cámara, a la mayor brevedad posible, la propuesta de los proyectos de ley que desarrollan aquellos preceptos constitucionales que, a su juicio, así lo requieren para su completa efectividad.
Para completar el sentido de esta proposición no de ley, que si no me falla la memoria fue aprobada por la unanimidad del Congreso, el Diputado que en ese momento la defendió, don Josep María Trías de Bes, en la defensa que hizo de la misma, y citando algunos de los preceptos constitucionales que, a su juicio, debían de ser desarrollados con urgencia por el Gobierno, citó expresamente el previsto en el artículo 29 de la Constitución, es decir, el derecho de petición.
Han transcurrido más de cinco años desde que se aprobó la proposición no de ley citada, y el Gobierno, como es sabido, no ha presentado todavía un proyecto de ley orgánica que desarrolle el derecho de petición individual y colectiva; derecho que, como decía hace un momento, regula y prevé el artículo 29 de la Constitución.
Concretamente, en el citado artículo de nuestra Constitución se proclama que todos los españoles tendrán el derecho a petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que determine la Ley.
Creo, además, que es importante resaltar que este artículo 29 se incluye precisamente en el marco de la Sección 1.ª, del Capítulo segundo, de la Constitución, en el cual se enumeran aquellos derechos que tienen la consideración de fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico.
Esta omisión en el desarrollo legislativo del derecho de petición entiende nuestro Grupo Parlamentario que no puede justificarse por el hecho de que exista una normativa preconstitucional que lo regulaba --y me refiero concretamente a la Ley 92/1960--, dado que esta Ley no recoge todos los aspectos que el mismo derecho comporta, y ni tan siquiera reconoce o contempla el derecho de petición colectiva. Ya el propio Tribunal Constitucional sentenció, en el año 1993, que la citada Ley del año 1960 precisaba --cito textualmente al Tribunal Constitucional-- de las inevitables adaptaciones que exige su aplicación en un marco de libertades muy distinto del existente en la época de su promulgación.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario propone a la Comisión que apruebe la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta proposición no de ley, un proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo Parlamentario desea intervenir? (Pausa.) El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Mi Grupo Parlamentario apoya la proposición presentada por el Grupo de Convergència i Unió sobre el desarrollo del derecho de petición, que no viene sino a recordar la necesidad de poner en práctica una proposición aprobada en estas Cortes hace cinco años, y que pone también de relieve la dificultad que tiene esta Cámara para que algunos de sus acuerdos no jurídicamente vinculantes se pongan en práctica, aunque sí lo sean políticamente. El hecho de que esta proposición no haya sido ejecutada después de cinco años de su aprobación creo que nos debe poner sobre aviso del poco caso que en muchas ocasiones hace el poder ejecutivo a lo que se acuerda por el poder legislativo, cuando no es un acuerdo de carácter estrictamente jurídico legislativo.
Este es un ejemplo de laboratorio. Desde este punto de vista sería absolutamente necesaria la aprobación de esta proposición oportunamente presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Efectivamente, el derecho de petición está establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución y, sin embargo, está regulado en una ley de 1960, de carácter preconstitucional, y que, por tanto, no tiene nada que ver con la nueva situación jurídica después de aprobada la Constitución.
Además de ello, resulta que la situación jurídica del derecho de petición está completamente desperdigada en múltiples normas, ya que dicho derecho de petición se regula según cuál sea la institución a la que se va a presentar y, por tanto, no hay una regulación unitaria que permita a los ciudadanos españoles saber que cuando desea pedirle algo a los poderes públicos tiene que seguir una u otra vía. En ese sentido, la regulación de este derecho dificulta enormemente el que se pueda poner en práctica, aunque está reconocido en el citado artículo 29 de la Constitución.
También nos parece que es otro argumento fundamental para que por parte del Gobierno se envíe este proyecto de Ley Orgánica, que es uno de los que sin duda implícitamente quedan por desarrollar de la Constitución Española.
Igualmente, creo que el derecho de petición debería resucitarse en el futuro como instrumento de participación

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política. Se ha dicho que el derecho de petición es, en nuestros días, una reliquia histórica, que ya no tiene mucho sentido. Nosotros discrepamos de esa opinión, dado que en la complejidad de las relaciones entre ciudadanos y Estado del mundo actual hay ocasiones en las que no existe sencillamente ninguna vía por la que pueda solucionarse alguno de los problemas que personalmente se sienten, y este derecho de petición es algo que va muy unido a la individualidad más que a las peticiones colectivas.
Por eso es por lo que debe ser regulado, fortalecido y unificado en su regulación.
Ese proyecto que se solicita en esta proposición no de ley debería respetar, en todo caso, el contenido esencial de ese derecho, la posibilidad de que se recabe la tutela de ese derecho por los Tribunales y que no pueda ser suspendido en ningún caso.
Además, creemos que hay un problema que debería solucionar ese proyecto de ley, y que es la obligación de contestar a las peticiones que hacen los ciudadanos a la Administración. Sabemos que la Constitución no resuelve ese problema, y que la Ley de 1960 no obliga a la Administración, a los poderes públicos, a contestar a las peticiones de los ciudadanos. De ahí que hay una multiplicidad de ellas que sencillamente son desoídas, no contestadas, puesto que la única obligación que existe en esa Ley es que se acuse recibo de la petición.
Creemos que en ese proyecto de ley debería estar incluida la obligación de contestación a cualquier solicitud, algo que de alguna forma se ha avanzado en la reciente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que debería extenderse al conjunto del ejercicio de este derecho fundamental del artículo 29.
Por todas esas razones, nuestro Grupo va a apoyar esta proposición.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cava de Llano.


La señora CAVA DE LLANO I CARRIO: Voy a comenzar mi intervención anunciando ya de entrada el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución. Y lo vamos a hacer desde el convencimiento de que su desarrollo no sólo es conveniente, sino necesario.
La inclusión de dicho derecho en la Sección 1.ª, del Capítulo segundo, del Título I de la Constitución, aunque sólo sea en último lugar, como se hace, le confiere rango de derecho fundamental. Y a pesar de que hay quien opina que el ámbito del derecho de petición se estrecha conforme se va afianzando el Estado de derecho y que la figura del Defensor del Pueblo debilita, en parte, la razón de ser de ese derecho de petición, nosotros --y en esto coincido con el señor López Garrido-- no estamos de acuerdo con esta opinión, porque consideramos que las lagunas legales, la rigidez de las leyes, etcétera, siempre impondrán la necesidad de utilizar instrumentos de protección al ciudadano. Y ahí es precisamente donde el derecho de petición puede jugar un importante papel si sabemos potenciar su ejercicio y rodearlo de las garantías suficientes para que, quien lo desee utilizar, pueda hacerlo aportando sus ideas y sugerencias.
Por otra parte, el derecho de petición no es nuevo; data de antiguo. Se dice que el archivo de Simancas está lleno de memoriales dirigidos a Felipe II y que resolvía el Rey personalmente.
La Comisión que redactó el proyecto de la Constitución de Cádiz consideró que el derecho de petición era el primero de todos en un Estado libre. La Constitución de 1837 reconoció este derecho, al igual que la de 1845, la de 1869, la de 1876, la Constitución republicana de 1931 y el Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945.
El artículo 29 de la Constitución, que recoge el derecho de petición individual y colectiva, limita a los miembros de las fuerzas o instituciones armadas o de los cuerpos sometidos a disciplina militar este derecho, que sólo podrán ejercer de forma individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
Este artículo 29 viene complementado con el artículo 77, que preceptúa que las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Tal y como se ha dicho por parte del compañero del Grupo Catalán (Convergència y Unió), el Pleno del Congreso aprobó, el 22 de marzo de 1988, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana en la que se instaba al Gobierno a remitir a la Cámara la propuesta de los proyectos de ley que desarrollen los preceptos constitucionales que a su juicio así lo requieran para su completa efectividad.
Pero lo cierto es que el artículo 29 de la Constitución parece ser uno de los preceptos de tardío desarrollo legal, ya que resulta paradójico que a los pocos años de vigencia de la Constitución se regulara, por ejemplo, el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, y aún hoy se encuentre falto de desarrollo un derecho como el de petición, mucho más accesible para los españoles.
Sé que se me puede decir que la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, por la que se regulaba el derecho de petición, dictada en aplicación del Fuero de los Españoles, tardó en dictarse 15 años, pero es que van a cumplirse 16 sin que el artículo 29 de la Constitución haya alcanzado su desarrollo, lo que sinceramente nos parece ya demasiado tiempo. Y máxime si tenemos en cuenta que el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español presentado para las elecciones de 1982 contenía una interesante declaración sobre el derecho de petición que decía lo siguiente. Leo: «Puede decirse que el reconocimiento constitucional y el desarrollo legal de los derechos de participación representan una novedad en nuestro ordenamiento jurídico, con algunas escasas excepciones, como el derecho de petición, cuya normativa exige una reforma.» Así decía el programa electoral de 1982. Pues bien, a pesar de ese claro propósito, aún a estas alturas no lo han desarrollado.
Me adelanto a lo que posiblemente me conteste el portavoz del Grupo Socialista, ya que luego probablemente no

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podré volver a intervenir. Es posible que me diga dos cosas. Primero, que a raíz del contenido de su programa electoral se creó, por acuerdo del consejo de Ministros de fecha 22 de diciembre de 1982, el Servicio de Comunicación con los Ciudadanos de la Presidencia del Gobierno (dependiente del Gabinete de Presidencia del Gobierno), que tiene como función estudiar y dar respuesta a las preguntas o reclamaciones que mediante carta efectúan los ciudadanos al Presidente del Gobierno. Pero supongo que todos ustedes convendrán conmigo en que eso no es suficiente, pues el artículo 29 recoge una expresión genérica del derecho de petición que no tiene por qué restringirse a las que puedan hacerse concretamente al Presidente del Gobierno.
También se me puede decir por el compañero socialista que intervenga a continuación que no existe urgencia en desarrollar el artículo 29 de la Constitución, ya que la forma y efectos del derecho de petición están regulados por la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, que desarrolló este derecho reconocido en el artículo 21 del Fuero de los Españoles. A esto le respondo por adelantado que, en nuestra opinión, dicha ley es inconstitucional, debido a que reconoce únicamente el derecho de petición individual y no el colectivo y por haberse derogado expresamente a través de la disposición derogatoria primera de la Constitución.
En cuanto al punto 2.º, del artículo 29, queda patente que el derecho de petición no es aplicable a los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, aunque entendemos que esta previsión es aplicable únicamente al ejercicio de este derecho cuando se refiera a asuntos relacionados con lo militar, pues en los demás casos el interesado estará actuando como ciudadano y le será aplicable el artículo 29.1.
Hay que tener en cuenta que el hecho de que haya que desarrollar este precepto constitucional está invocado, por ejemplo, por la mayoría de las constituciones vigentes que reconocen este derecho, tanto en los regímenes políticos democráticos como en los regímenes carentes de libertades, aunque en estos últimos, obviamente, el derecho de petición tenga un reconocimiento simplemente nominal, ya que este derecho es inherente a un sistema democrático en el que exista, además, una auténtica libertad de petición.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recomendado a los Estados que informen a la opinión pública de la existencia de derecho de petición y que lo promuevan, ya que es un vínculo fundamental de los ciudadanos con las instituciones democráticas. También el artículo 57 del Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoce y regula el derecho de petición, aunque establece un trámite ciertamente engorroso consistente en que es necesario que su firma esté legalizada conforme a la legislación interna del país de residencia.
El Reglamento del Parlamento Europeo también reconoce, en su artículo 128, que todo ciudadano de la Comunidad tendrá derecho a presentar por escrito, a título individual o con otros ciudadanos, peticiones al Parlamento Europeo.
Lo que sí que esperamos, y ya lo anunciamos, es que cuando mediante ley orgánica se desarrolle en España el derecho de petición, no se cometa el error que se incurrió en el Tratado de la Unión Europea hecho en Maastricht el 7 de febrero de 1992, que en la parte dedicada a la ciudadanía de la Unión reconoce el derecho de petición de la siguiente forma. Dice así: Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o que tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos y personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad que le afecte directamente. Si he hablado de error es porque consideramos que la incorporación de la cláusula «que le afecte directamente», que equivale al concepto de interesado en el derecho administrativo, supone desconocer la verdadera naturaleza del derecho de petición como un derecho político fundamental. Esta redacción del Tratado va a suponer la falta de operatividad de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ya que el reconocer el derecho de petición en los asuntos que afecten directamente al peticionado está reconduciendo ese derecho a las quejas para las que se ha creado la figura del Defensor del Pueblo europeo.
Ante este error jurídico, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en el dictamen por el que se pronuncia sobre los resultados de la conferencia intergubernamental, así como sobre el Tratado de la Unión Europea, ha dejado ya muy claro que va a hacer caso omiso a la cláusula que dice «que le afecte directamente», pues será aplicada simplemente en el sentido de que se requerirá al peticionario una preocupación real y efectiva sobre el tema de su petición, pero sin exigir que tenga un interés individual y personal sobre dicha petición.
Esta redacción del Tratado, que esperamos que se tenga en cuenta cuando se desarrolle nuestra ley, es triste porque supone observar que el Parlamento Europeo ha tenido que buscar interpretaciones retorcidas para evitar que se perjudique a los ciudadanos en el ejercicio de este derecho.
Señorías, por todo lo anteriormente manifestado, porque consideramos que el desarrollo del derecho de petición representa para los ciudadanos una progresiva ampliación de su actividad política, porque creemos que la democracia no puede funcionar adecuadamente si el pueblo no tiene la convicción de que puede actuar sobre los gobernantes de manera eficaz, no sólo en tiempo de elecciones sino también en los períodos intermedios, y porque creemos que el derecho de petición tiende a garantizar la igualdad política de los ciudadanos en el sentido de posibilitar su participación haciendo oír su propia voz, vamos a dar entero soporte a la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: Por si quedara algún argumento a favor, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García Espinosa. (Risas.)

El señor GARCIA ESPINOSA: Soy perfectamente consciente de que en política lo último que se puede hacer es defraudar, pero me temo que hoy voy a defraudar a la representante del Partido Popular, porque la pretensión que

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nos pone sobre la mesa el Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a contar con el concurso del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, no habrá lugar a las respuestas que ella presumía en su primera intervención antes de que yo lo hiciera.
Pocos argumentos quedan por decir que no hayan expuesto otros grupos parlamentarios. Parece que va a ser unánime la aprobación de una proposición que, como se acaba de explicitar ahora por otros grupos parlamentarios, se remonta a la tan reiteradamente expuesta de marzo de 1988. Creemos que con buen criterio, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) hoy concreta aquella proposición no de ley y la referencia concretamente al derecho de petición. Estamos hablando de un derecho de configuración legal, es decir, que necesita un desarrollo legal posterior para su efectiva realización.
Hoy el derecho de petición está regulado, efectivamente --en eso sí coincido con la Portavoz del Grupo Popular--, por una ley preconstitucional, por una ley del año 1960 que se dictó entonces por aplicación del llamado Fuero de los Españoles. Sin duda hoy, afortunadamente, el marco de libertades es radicalmente diferente y nos vemos obligados a esa nueva regulación, máxime después de la sentencia de julio de 1993 del Tribunal Constitucional, en la que se indica al legislador la inevitable adaptación que este derecho de petición ha de tener.
En consecuencia, y dando por reproducidos los argumentos que otros portavoces han manifestado antes, diré que estamos de acuerdo con esa pretensión y prestaremos nuestro concurso y nuestro apoyo para la regulación, en ese plazo que se indica en la proposición, de ese derecho de participación democrática que hemos dado en llamar derecho de petición.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a someter a votación la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la regulación del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la citada proposición no de ley por unanimidad.


--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, PREVIA REMISI--N DE UN INFORME, PARA QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DE SU PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000150.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, previa remisión de un informe, para que dé cuenta de la ejecución de su presupuesto.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: El Grupo Popular observa con inquietud la evolución de la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios. Sin intentar remontarnos a años muy anteriores, creemos, y los datos así lo avalan, que la ejecución presupuestaria durante los últimos cinco años ha tenido una desviación media en torno al 12 por ciento; ha habido una diferencia de un 12 por ciento entre las cifras aprobadas por el Parlamento y las liquidadas definitivamente por el Gobierno socialista.
Una muestra importante de esta desviación ha sido la ejecución presupuestaria del año 1993. Sus señorías conocen que estos presupuestos fueron aprobados con la previsión inicial de registrar un déficit público en torno al 3 por ciento del PIB, e igualmente conocen que el cierre definitivo del ejercicio de 1993 se ha hecho con un déficit público en torno al 7,5 por ciento del PIB, dicho esto en términos absolutamente optimistas, dado que otros autores fijan esta desviación en torno al 10 por ciento del producto interior bruto.
Por tanto, estamos ante una ejecución presupuestaria del ejercicio de 1993 que, a nuestro entender, está fuera de todo control, y no es ésta una frase nuestra, sino una frase recogida de multitud de informes de entidades financieras, de entidades de estudios económicos que han dicho que el año 1993 ha sido un año que ha situado un «récord» histórico en las desviaciones que se han producido en la ejecución presupuestaria. Por si faltara algo en este año 1993, en plena ejecución presupuestaria, allá por el mes de septiembre, el Gobierno se vio obligado, para intentar amparar legalmente estas desviaciones, a suprimir el contenido del artículo 10 de la Ley General Presupuestaria, que, como SS. SS. conocen, es un artículo que de alguna manera viene a autodisciplinar la ejecución presupuestaria.
Por tanto, señor Presidente, mi Grupo entiende que es necesario recuperar la credibilidad de estos presupuestos, pero entiende también que esa recuperación de credibilidad no tiene que ser exclusivamente en materia de desviaciones. A nuestro entender, se ha gastado en partidas distintas de las previstas inicialmente y mi Grupo, con esta proposición, pretende devolver a los presupuestos su sentido legal originario, eliminando las prácticas que han hecho de éstos un instrumento al servicio de la discrecionalidad del Gobierno.
El objetivo de la proposición no de ley que defiende el Grupo Popular en este trámite es, como decía, recuperar la credibilidad del presupuesto.
Creemos que esta recuperación se puede conseguir a través de un seguimiento más cercano e intenso de esta ejecución presupuestaria. Hasta la fecha, este Parlamento ha vigilado la ejecución presupuestaria exclusivamente en lo que podríamos llamar las grandes cifras, ha vigilado la evolución de los presupuestos y su ejecución en materia de sueldos y salarios, en materia de compras y bienes de servicio, en materia de intereses de la deuda, de inversiones públicas o de transferencias

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corrientes o de capital. Nosotros entendemos que hay que completar este seguimiento con otro que, como decía antes, sea más cercano y más intenso; por ello, creemos que el Parlamento también debería aprobar el poder efectuar un seguimiento periódico en torno a la evolución de las secciones y los programas. Creemos, insisto, que es necesario complementar el seguimiento de las grandes cifras y el impacto que tienen en términos macroeconómicos con el seguimiento de la eficacia en la gestión de estos presupuestos.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley para, con el objeto de ejercer este seguimiento, plantear la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, con el fin de que en ese acto se valore políticamente la evolución de la ejecución de su sección, de sus presupuestos, en concreto en lo relativo a los créditos por servicios, los créditos por programas, las inversiones reales por provincias y las inversiones reales por comunidades autónomas.
Creemos necesario que para que esta comparecencia --con carácter periódico y trimestral-- tenga mayor eficacia, los miembros de esta Comisión deben tener previamente un informe que contenga precisamente las partidas sobre las que se quiere mantener un seguimiento.
Estas son, señor Presidente, las razones que nos mueven a presentar esta proposición no de ley y a solicitar el voto favorable de los miembros de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: No me voy a extender, señor Presidente, puesto que la proposición no de ley que nos plantea esta tarde el Grupo Popular no es nueva, en tanto en cuanto ha sido planteada una proposición en términos idénticos en la mayoría de las Comisiones de la Cámara. Me remito, por tanto, a las manifestaciones que se han realizado por otros portavoces de este Grupo ante proposiciones no de ley similares, y es que, si bien estamos de acuerdo, y es más, consideramos necesario reforzar los mecanismos de que dispone la Cámara para ejercer un correcto control presupuestario e incluso podemos considerar una propuesta similar a la que nos propone el Grupo Popular con esta proposición no de ley, entendemos que si en este momento la Cámara está ultimando unos trabajos de reforma de su Reglamento, una propuesta de este tipo debe ser considerada en el marco del debate de la reforma del Reglamento y, en su caso, incorporada en el nuevo Reglamento de la Cámara.
Por tanto, nuestro Grupo va a votar en contra de dicha proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Neira.


El señor NEIRA LEON: Señor Presidente, me cabe el honor de intervenir por primera vez en esta Comisión en representación del Grupo Socialista para manifestar, en relación con la proposición no de ley del Grupo Popular, nuestra coincidencia en el fondo, en la motivación que les anima a presentar esta proposición no de ley. Pensamos que no huelga un esfuerzo mayor aún para que el control de la ejecución presupuestaria sea perfecto o se acerque a la perfección, pero discrepamos con la visión, un poco tremendista, que ha hecho de la situación hasta la fecha, hablando de discrecionalidad en el gasto por parte del Gobierno. Hasta ahora han existido, y existen, mecanismos de control parlamentario de un nivel homologable al de cualquier otro país del entorno en relación a este tema.
Sin embargo, entendemos que, efectivamente, cualquier esfuerzo en esta línea es bienvenido y nosotros estamos dispuestos a avanzar en este sentido.
Ahora bien, como ya se ha indicado aquí, no nos parece indicado el método que se propone. Pretender que en todas y cada una de la Comisiones de este Congreso, ahora un subsecretario, mañana un director general, vayan, de una manera aislada, controlando la ejecución del presupuesto que le afecta, no nos parece el mecanismo más idóneo. Nosotros entendemos que se requiere una visión de conjunto para resolver este problema. No se trata del «pero» típico, de decir que estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, porque hoy en día ya está en fase de discusión en esta Cámara el Reglamento de la Cámara, en el que está prevista --aún no está cerrado, pero sí previsto-- la creación de la oficina presupuestaria, que puede ser un instrumento, un organismo mucho más eficaz que estos planteamientos aislados que pretende el Grupo Popular, para cumplir el objetivo que les mueve, que también nos mueve a nosotros. Yo entiendo, repito, que es en ese marco donde deberíamos afrontar este tema, lo que nos va a permitir continuar con el control macro, con el gran control, y también entrar en el detalle, en el micro control de la ejecución resupuestaria.
Por todo lo dicho, señor Presidente, señorías, entiendo que el Grupo Popular podría perfectamente retirar su propuesta y, si no fuese así, nosotros votaríamos en contra.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En primer lugar, el Grupo Popular quiere agradecer el tono de las intervenciones que le han seguido como respuesta a la suya y contestar de una forma global, porque parece ser que el argumento central para rechazar nuestra proposición no de ley, tanto del Grupo de Convergència i Unió como del Grupo Socialista, es prácticamente el mismo. Se remiten SS. SS. a la próxima redacción del reglamento de la Cámara.
Señorías, el problema está precisamente en la próxima redacción del reglamento de la Cámara; es una revisión del reglamento que, como SS. SS.
conocen, los que llevan más de una legislatura, que pasa como un Guadiana por esta Cámara. De alguna manera, hay momentos en los que hay mucha voluntad política por llevar a cabo esta redacción definitiva, en otros momentos decrece esta intensidad de la voluntad política y el resultado final es que han pasado

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cinco años --que yo sepa-- en los que esta Cámara está estudiando la reforma de este Reglamento y, por lo tanto, no sé cuántos años más van a tener que pasar hasta que se encuentre el nivel de coincidencia política suficiente para reformar este Reglamento. Por lo tanto, en tanto se encuentre ese punto de coincidencia y pueda ver la luz la redacción definitiva del Reglamento, creemos muy conveniente dotar de instrumentos de forma periódica a cada una de las comisiones para que se pueda hacer el seguimiento no sólo --como decía antes-- de las grandes cifras, sino también de la evolución de las secciones y los programas de cada ministerio.
No se trata, señoría, de una visión tremendista la que he reflejado en los calificativos de mi intervención; me estoy remitiendo --y lo he dicho con toda suavidad-- a terminología utilizada en los informes de entidades financieras, informes que ustedes ahora manejan con mucha frecuencia a los efectos de apoyar o avalar su debate recuperación sí recuperación no de la economía, y cuando les interesa esos informes son válidos y cuando no les interesa no lo son. Pero en esos informes durante el año 1993 han venido a calificar que la ejecución presupuestaria del año 1993 constituye un récord histórico de desviación y de alguna manera viene a indentificarla como una ejecución fuera de control. Yo me limito a leer lo que dicen estos informes para precisamente evitar ser calificado, como dice S. S., de tremendista.
Cuando dice S. S. que sí han puesto los suficientes mecanismos de control parlamentario, señoría, yo tengo que decirle que no se han puesto todos los mecanismos. Sabe S. S. que en esta Cámara se propuso, por parte de otro grupo parlamentario (que ya no está en esta legislatura; se planteó de antiguo y contó con los votos favorables de la mayoría de la Cámara), la puesta en marcha de la oficina técnica de seguimiento y control presupuestario. Pues bien, pasa lo mismo que con el Reglamento: hasta la fecha esta oficina no conseguimos que vea la luz, en unos casos porque dice el Ministerio que es responsabilidad de la Mesa de la Cámara y en otros casos porque la Mesa de la Cámara dice que es responsabilidad del Ministerio.
Mientras todo esto ocurra, mi Grupo lo que pretende, señoría, es poner en marcha un mecanismo que complemente el que actualmente existe en cuanto al seguimiento de la ejecución de las grandes cifras que, a nuestro entender, es insuficiente y quisiéramos complementar con este otro mecanismo.
Estas son las razones, señor Presidente, por las que insistimos en pedir el voto favorable para nuestra proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a someter a votación la proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (SOBRADO PALOMARES) PARA QUE INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 1993 Y LAS PREVISIONES PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000472.)

El señor PRESIDENTE: A continuación comparece ante la Comisión el Presidente de la Agencia Efe a quien damos la bienvenida.
En primer lugar intervendrá el señor Presidente de la Agencia Efe.
Tiene la palabra el señor Sobrado Palomares.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): Señor Presidente de la Comisión Constitucional, señorías, para comprender cualquier análisis económico de la Agencia Efe debe tenerse muy en cuenta la vertiente informativa de esta empresa y resulta evidente que Efe es una agencia internacional estratégica en el mundo de la comunicación y, como tal, el Estado debe aceptar un coste si desea, consecuentemente, ese proyecto.
Señorías, Efe es la gran agencia del mundo hispanohablante que garantiza a los medios de comunicación de esta zona una autonomía y una soberanía informativa. Lo consigue contándoles diariamente la historia del mundo desde una consideración de los intereses españoles e iberoamericanos.
En el plano interior, Efe tiene delegaciones perfectamente dotadas en todas las autonomías españolas para recoger y distribuir noticias literarias y gráficas, así como para radio y televisión a toda España.
Cumple una labor integradora de primer orden en el Estado de las autonomías. La existencia y nacionalidad de las agencias de prensa son expresión, en buena medida, de apuestas políticas y económicas de los Estados, defensa de la lengua, autonomía informativa, influencia cultural y política en su entorno regional, apertura de negocios e intereses en el exterior. Afirmación que mantiene su vigencia en el caso de Estados europeos como Italia, Francia, Alemania, que siguen de cerca las vicisitudes de sus agencias y participan de modo directo o indirecto en su sostenimiento o consolidación.
Paso a hacerles una radiografía económica que dé respuesta al motivo de mi comparecencia en esta Comisión. El origen de los recursos económicos ordinarios de Efe proviene de dos fuentes, es decir, nuestros ingresos tienen un doble origen: primero, la venta de nuestros productos a los clientes; segundo, el contrato de servicios que firmamos con el Estado.
Hasta el año 1988 el contrato de servicios con el Estado aportaba alrededor del 60 por ciento del presupuesto de la Agencia y el 40 por ciento se lograba por la venta de servicios a los clientes. Las cifras concretas de 1988 fueron: el contrato de servicios con el Estado supuso unos ingresos de 3.296 millones --hablo siempre de pesetas, naturalmente--, mientras que la facturación por servicios propios fue de 2.340 millones de pesetas. Las cifras del ejercicio de 1993, el último ejercicio, fueron: el contrato de servicios con el Estado supuso unos ingresos de

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3.448 millones de pesetas, mientras que la facturación por servicios propios se elevó a 7.218 millones de pesetas. En porcentajes, el contrato de servicios con el Estado aportó el 32 por ciento y hace seis años aportaba el 60 por ciento, mientras que nuestra facturación aportó el 67,5 por ciento. En los últimos cinco años el contrato de servicios con el Estado permaneció prácticamente congelado, e incluso puedo afirmar que disminuyó debido a la decisión de incluir en dicho contrato en 1992 el importe que se facturaba por suministro de servicios informativos a los organismos de la Administración central sin incrementar a cambio la cuantía del contrato. La facturación de ese año a los citados organismos era de 220 millones y se trataba de un mercado que iba en creciente progresión. Por el contrario, en 1987 la cifra de ingresos por facturación propia fue de 2.078 millones y, como he indicado antes, la del ejercicio de 1993, el último ejercicio, ascendió a 7.218 millones, lo que supone un incremento de 5.140 millones de pesetas, y en términos porcentuales significó un crecimiento o un aumento del 247 por ciento. El volumen total invertido en inmovilizado material en el último quinquenio asciende a casi 5.000 millones de pesetas, la mayor parte dedicado a infraestructuras tecnológicas de informática y telecomunicaciones.
En el período de 1987 a 1993 se han creado en Efe 370 puestos de trabajo, pasando de 665 trabajadores fijos a 1.035, un incremento porcentual del 56 por ciento. Todo este crecimiento se debió en un cien por cien a la facturación propia.
Las cifras que les acabo de dar han sido auditadas hasta el año 1989 por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), del 90 al 92 por Price Waterhouse y en 1993 por Arthur Andersen. Todos los ejercicios auditados han sido limpios, sin ninguna salvedad.
Ejercicio de 1993. El entorno de este ejercicio se ha caracterizado por una notable recesión que se ha reflejado en los principales indicadores económicos, y no parece exagerado afirmar que la crisis ha sido especialmente severa en los medios de comunicación, una crisis marcada de manera especial por la evolución negativa de la publicidad. Las medidas que los gestores de los medios de comunicación han tomado para paliar esta crisis han actuado fundamentalmente sobre el gasto, dada la rigidez por ingresos de venta de ejemplares. Estas actuaciones han disminuido la demanda de servicios de Efe que calificamos de variables, como reportajes, banco de datos, archivo gráfico, algunos servicios técnicos, y en determinadas empresas, fuera del ámbito de los medios de comunicación, prescindieron de algunos de nuestros servicios básicos o generales. Tengo que decir que todos, absolutamente todos los periódicos son clientes --me refiero a los periódicos diarios-- de nuestros servicios clásicos: nacional, internacional, deportes y telefotografía.
Por eso, la desaparición de algunos títulos afectó directamente a nuestra cuenta de resultados.
En nuestra estructura de costes el peso de los gastos en divisas es considerable debido a la cobertura mundial de Efe presente en 94 países, y la devaluación o devaluaciones de la peseta han supuesto para la Agencia un coste de 200 millones de pesetas. hablo del ejercicio de 1993.
Las cifras más significativas de 1993 fueron: ingresos totales, 10.667 millones; éstos se lograron, por venta de servicios, 7.218 millones, y contratos de servicios con el Estado, 3.449 millones. Costes: el del personal fue de 6.888 millones, amortizaciones y dotaciones, 1.048 millones, y resto de costes, 3.480 millones. Asimismo, los costes financieros se elevaron a 543 millones y el resultado final arrojó una pérdida de 1.456 millones. Esta cifra --fíjense bien-- equivale a la diferencia entre el importe actual del contrato de servicios con el Estado y la que se hubiera obtenido de haber incrementado cada año el IPC, el importe de dicho contrato de servicios con el Estado desde 1988.
Aquí cabe la pregunta siguiente: ¿puede una agencia mantenerse sola con sus ventas, una agencia de esta estructura, de estas características mundiales? No, es imposible. Aquí tenemos un parque de clientes de 3.500.000 ejemplares de periódicos diarios, una tirada muy baja; sumando todos los periódicos, tres millones y medio diarios, mientras que, por ejemplo, la vecina Francia tiene alrededor de diez millones de tirada.
Las tarifas se formulan según las tiradas y, por tanto, esta tirada de periódicos es una estructura muy frágil como para sostener un andamiaje de una agencia mundial. Le voy a decir como referencia que la Agencia France Press recibe del Estado el 50 por ciento de su presupuesto. Si nosotros hubiéramos recibido el año pasado el 50 por ciento de nuestro presupuesto, aunque ésta es una hipótesis un poco absurda, pero, en fin, conviene señalarla --Efe y France Press se mueven en un campo análogo--, hubiera supuesto que habríamos tenido unos beneficios de cerca de 3.000 millones de pesetas.
También podríamos ver los ingresos. Y ya que hablamos de ingresos, aquí tengo --no sé si se ve bien esta gráfica-- (Mostrándola a la Comisión.) unos datos que, como verán, comienzan en 1978 y lo que está en azul es lo que aportaba el Estado, el porcentaje. La columna entera es el presupuesto total de Efe anual, empieza el año 1978 y termina el año 1994 y 1993 con las correspondientes previsiones. Fíjense ustedes: el azul es lo que aportaba el Estado en porcentajes y ahora verán que el descenso es espectacular, porque es así. Aquí se puede comparar lo que aportaba el Estado con lo que aporta actualmente. Aquí aportaba casi un 70 por ciento en 1978 y ahora es el 32 por ciento. Si a partir de 1978 se ha bajado el 50 por ciento, y si el Estado aportara ese 50 por ciento, se vería claramente que se habría producido un aumento espectacular. Estos datos son según cifras auditadas por las empresas que les he dicho anteriormente.
Información. Desde el punto de vista informativo, el año 93 significó la consolidación de Efe como la primera agencia en Iberoamérica. El señor Reyes Mata, que es el profesor de periodismo internacional de la Universidad Nacional Andrés Bello, de Chile, y hasta hace poco asesor de prensa de Chile en la ONU, analizó 21 diarios de diversos países los días 9 a 11 de mayo, 13 a 15 de junio, 7 a 10 de julio y también del 14 al 17 de julio. La Agencia Efe firmó esos días 4.802 noticias, lo que significa el 28,76 por ciento del total. La siguió Associated Express con 3.068 noticias, lo que equivale al 18,37 por ciento. Es decir, la Agencia Efe le saca una ventaja de más de diez puntos.


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En cuanto a noticias sobre España, el 55 por ciento de las noticias que se publican en los periódicos americanos llegan a través de la Agencia Efe. Esto significa que Efe contribuye de forma muy importante a conformar la visión que tienen en Iberoamérica de España.
En cuanto al intercambio o intercomunicación u ósmosis de noticias entre los países iberoamericanos, Efe es la primera agencia con un 40 por ciento del mercado. Es decir, las noticias de Méjico que se venden en Argentina, Bolivia o Chile son en un 40 por ciento de la Agencia Efe; el vehículo es la Agencia Efe.
También Efe juega un papel clave en la consolidación y posición del español. Diariamente, desde Florida a Argentina, en todos y cada uno de los países iberoamericanos, Efe publica las mismas noticias con las mismas palabras, y ejerce un seguimiento y vigilancia sobre el uso correcto de nuestra lengua por medio del departamento del español urgente. Efe es, sin duda alguna, la institución más eficaz en la defensa de la unidad del idioma.
En este cuadro vemos cómo ha crecido. Se ve dónde estaba la Agencia Efe cuando arrancó en 1976 y cómo está ahora. Actualmente está en primer lugar, bastante distanciada de la segunda. El crecimiento espectacular fue a partir de 1988. Se ve la curva roja, Va hacia arriba. Creció de un modo espectacular. Eso se observa en los periódicos diarios de allí.
Los datos son de Fernando Reyes Mata, de 1976, de la Universidad Central de Venezuela en 1983 y de Fernando Reyes Mata desde 1993 en adelante.
Esas son las fuentes de las noticias para confeccionar este cuadro.
Tecnología. En la vertiente tecnológica se puso a punto un nuevo sistema de transmisión, vía Retevisión, que definimos como Datacas. Este sistema facilita enormemente las transmisiones de noticias y permite abrir nuevos mercados para Efe, tanto entre las empresas como entre los profesionales, con un significativo abaratamiento del producto final. Es decir, nosotros lo enviamos a Retevisión; para recibir Retevisión hace falta tener solamente una antena normal de televisión en casa, llega la información de Efe, baja a un ordenador compatible con un «model», que cuesta aproximadamente unas 20.000 pesetas, y entra en nuestro ordenador. Esto abre unas posibilidades enormes. Esto lo pusimos a punto hace unos meses y está funcionando en estos momentos.
Previsiones para el ejercicio de 1994. Los análisis económicos sobre la posible evolución del ejercicio 1994 coinciden en señalarlo como el año en que se va a iniciar la recuperación; sin embargo, difieren en el mes en que esto ocurrirá y en la intensidad de la misma.
Los medios de comunicación no son ajenos a esta situación. Los Presupuestos Generales del Estado y las administraciones autonómicas y locales son de claro carácter restrictivo, lo que, sin duda, afectará a la capacidad de contratación de servicios por parte de autonomías y municipios.
Si la peseta, respecto a las principales monedas, evoluciona de forma adversa, y especialmente respecto del dólar, repercutirá negativamente en los resultados de la Agencia, dado el alto volumen de pagos en esta moneda. Si evoluciona positivamente, afectará de modo favorable a nuestra cuenta de resultados.
Como aspecto muy positivo cabe señalar el incremento del importe en el contrato de servicios con el Estado, de 1.033 millones netos, pasando de 3.448 millones a 4.481 millones. Este incremento nos permite plantearnos como objetivo un resultado cercano al que se prepara este año, aunque para obtener ese objetivo no es suficiente el citado incremento, sino que tenemos que instrumentar, lo estamos haciendo, unos objetivos y medidas que actúen sobre los dos componentes de la cuenta de resultados: ingresos y gastos.
Expansión desde la concentración. Nos planteamos la gestión para este año bajo el lema o la filosofía empresarial de: «expansión desde la concentración», que define un conjunto de medidas encaminadas a aumentar los ingresos mediante la optimización de los recursos tecnológicos existentes y también de nuestros recursos humanos, diversificando la producción y poniendo en marcha proyectos que no necesitan inversiones costosas o que estas inversiones las hagan otros y nosotros pongamos la información. Más concretamente podríamos definirlo así: incrementar los ingresos a través de la comercialización de nuevos servicios que aprovechen la producción informativa ya existente; controlar los recursos de manera que se optimicen al máximo los propios disponibles, disminuyendo los recursos ajenos que no sean imprescindibles para la operatividad diaria de la Agencia, y reducción del coste de estos recursos de forma que el incremento del gasto sea consecuencia de la puesta en marcha de nuevos proyectos y no de un crecimiento de costes que comporte riesgos económicos notables.
Las principales magnitudes económicas son las siguientes. Una primera aproximación a los objetivos económicos que se plantea la Agencia para 1994 nos la ofrece el cuadro siguiente. El presupuesto para 1994 supone un punto de inflexión en el resultado económico después de los dos últimos años, estimando un balance positivo de 463 millones. Esta mejora será posible por los siguientes hechos: a) la recuperación, en parte, de la pérdida de ingresos que la congelación del contrato de servicios con el Estado ha significado en los últimos años, 1.033 millones; b) un incremento respecto a otros años en la cifra de venta de servicios, un 13,2, lo que supone casi 6 puntos por encima del incremento estimado en 1993; c) el control en el aumento del gasto y compensación del incremento que suponen los nuevos proyectos. El resultado financiero descenderá debido principalmente a la baja de tipos de interés y al menor endeudamiento medio. Los costes financieros supondrán unos 400 millones de pesetas. El resultado final del ejercicio en el que estamos será cercano al equilibrio.
El eje de la filosofía empresarial de este ejercicio se moverá en el marco antes aludido: expansión desde la concentración. En el orden concreto hemos puesto en marcha las siguientes acciones o proyectos. El pasado 23 de febrero firmamos un contrato con la empresa norteamericana Magic Radio, con sede en Miami, para desarrollar el sistema de producción latinoamericana. Efe aporta su estructura informativa en todo el mundo para la revisión de los

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programas informativos y pondrá unos servicios de noticias en el Hispasat a disposición de las emisoras clientes de Magic Radio, que se estima en unas 400 en dos años en el mundo hispanohablante. O sea, en el plazo de dos años, y comenzando desde el próximo mes o prácticamente a finales de este mes, tendremos 400 emisoras que darán noticias en español con voz de la Agencia Efe.
Con Telefónica tenemos un proyecto en marcha, que es cerrar una red integrada de comunicaciones de la Agencia Efe. El desarrollo lo hace Telefónica. En este momento tenemos la distribución vía satélite de lo que llamamos «punto multipunto», que es partir desde la central de Madrid y distribuir a todo el mundo, concretamente a Europa, a Africa, a América y también a Asia hasta Riad, aproximadamente. Y tenemos un proyecto, que estará terminado dentro de un año, en el que habrá una intercomunicación de puntos multipuntos. Desde Argentina se podrá enviar a Madrid, a Méjico y a El Cairo. Esto también nos pone en punta de la tecnología de las comunicaciones de las agencias de prensa.
Dentro de un mes comenzaremos a vender en la América hispanohablante el nuevo servicio Efecom para América bajo el lema «La brújula de los negocios en Latinoamérica». Ya tenemos el diseño y el rodaje. Aquí tengo el folleto. Da las noticias económicas en esa zona, las noticias económicas principales. En estos momentos estamos distribuyendo el díptico en América a nuestros potenciales clientes y daremos: noticias económicas; en mercados daremos Bolsas, materias primas, divisas, monetario, como tipos de interés, deuda y emisiones de los bancos centrales en América Latina y en las principales plazas del mundo; metales de los precios de Londres y Nueva York; oro con los precios de Londres, París, Zurich, Nueva York y Milán; futuro y opciones, datos de interés de los mercados de Chicago, Nueva York, Londres para América, así como los datos de inflación del PIB, de desempleo, de déficit, de balance comercial, coyuntura, etcétera. También daremos áreas regionales, mundial y ferias y congresos de la zona iberoamericana. Es mucho más completo, pero no voy a pararme.
También hemos puesto en marcha estos días, y ya se está comercializando, Euroefe, que es la información de la Comunidad, se llama «Euroefe, la clave de sus decisiones». Esto lo hemos presentado en sociedad, por decirlo de alguna forma, hace unos veinte días, y en estos momentos ya han contactado con nosotros unas seiscientas empresas, aunque no se hayan suscrito. Aquí se da la información de todos los temas que afectan a la Comunidad, y es un servicio continuo de información especializada en español sobre todas las actividades de la Unión Europea: la agenda, la legislación y normativa, el diario oficial, estadísticas comunitarias, comunicados... La agenda es para conocer con urgencia hacia dónde se orienta la Comunidad Europea, órdenes del día y calendarios de Comisión, Consejo de Ministros, Parlamento, Tribunal de Justicia, Comité Económico, etcétera. También estamos dando información sobre las ayudas comunitarias para ciertos sectores empresariales, así como anuncios de licitaciones y concursos convocados por las instituciones comunitarias.
En televisión estamos haciendo un despliegue de corresponsales en las principales capitales del mundo para cubrir informaciones para cadenas de televisión españolas y del mundo hispanohablante. Efe, señorías, tiene en estos momentos la capacidad, una capacidad que se traduce en realidad, de contar cotidianamente las noticias del mundo y de la comunidad hispanohablante, y los medios de esta comunidad reciben Efe en su mayoría sobre cualquier otra agencia, porque poco importa tener una agencia con capacidad para hacerlo si los grandes medios de comunicación no conectan con esa agencia, y en estos momentos hay una conexión con Efe de todo el mundo hispanohablante.


El señor PRESIDENTE: La señora Mato tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora MATO ADROVER: En primer lugar, agradecemos al Presidente de la Agencia Efe su comparecencia en esta Comisión Constitucional para informar tanto de la gestión y resultados de la Agencia en 1993 como de las previsiones para 1994. Quiero decir que me ha parecido una intervención muy didáctica, en un principio incluso me parecía haberle oído anteriormente; luego, pensando, he dicho: «No, no puede ser que le haya oído anteriormente», y lo cierto es que no le he oído, pero sí le he leído, y su intervención coincide prácticamente, quitando los datos numéricos del año 1994, porque en ese momento no estaban, al cien por cien con la de 1993, y aunque, como decía, es muy didáctica, creo que es poco clarificadora de la situación actual de la Agencia Efe.
En todo caso, usted ha liquidado el ejercicio de 1993 simplemente con la lección teórica y nos ha esbozado una serie de programas futuros, algunos de los cuales parece que ya están en funcionamiento y otros empezarán a funcionar durante este año 1994, y ya le anticipo que vamos a pedir su comparecencia de nuevo para que nos explique con todo detalle todos estos nuevos programas que tienen previsto plantear.
Antes de entrar en el contenido concreto de mi intervención, y al objeto de centrar la misma, le quería reiterar que nuestro Grupo considera que la Agencia Efe, al garantizar la conexión informativa del mundo de habla hispana y de la sociedad española, y sobre todo por su proyección internacional, es un proyecto de Estado. Esto quiere decir que requiere una ayuda estatal, fundamentalmente, como decía, en su proyección internacional.
Compartimos con el Presidente de la Agencia Efe la importancia de que exista un contrato económicamente suficiente de carácter plurianual, pero, eso sí, con equipo gestor que garantice una buena utilización y un control de esos recursos que, como usted sabe, proceden del bolsillo de los ciudadanos. En este sentido, si bien tenemos que mostrar nuestra satisfacción por la ayuda económica concedida por el Estado a la Agencia Efe para 1994, a través del contrato de prestación de servicios, creemos que ese contrato para el año 1994 quizá no es sólo suficiente, sino más que suficiente y, por tanto, exigimos una buena gestión, y también nos gustaría saber a qué es debido ese incremento espectacular del contrato para este año 1994.


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Como le hemos dicho, somos partidarios de garantizar la estabilidad económica de la Agencia, siempre que se realice una buena gestión. Lo que no es posible es que la subvención crezca y crezca y la gestión cada vez sea peor; lo que no es posible es que, como usted decía, cada vez tengan más recursos propios y, sin embargo, necesiten cada vez una subvención mayor por parte del Estado. Lo lógico y coherente sería que, al crecer la aportación propia y los ingresos propios de la Agencia, pudiera decrecer la aportación del Estado. No quiero dejar de recordar que estamos hablando de una Agencia estatal con una gestión pública, con la importancia que el término «público» debería tener para todos, y en cualquier caso lo tiene para el Grupo Popular, y por tanto no queremos que ocurra como en otras entidades y otras empresas públicas que están gestionadas por el Partido Socialista, en que lo público es el justificante de una mala gestión económica.
En todo caso, sin perjuicio de que, como decía, consideramos excesiva esa cantidad, sí surge una pregunta lógica después de varios años de no haberse incrementado el contrato de prestación de servicios, como nos ha comentado el Presidente de la Agencia Efe: ¿por qué se ha dado esa cantidad después de varios años de haberse negado algún incremento? ¿Por qué se ha dado precisamente ahora y por qué precisamente ahora el Presidente de la Agencia Efe ha entrevistado --y repartido gratuitamente la entrevista-- a Felipe González en este año 1994? Tenemos una duda razonable sobre ello y esperamos que no haya existido ninguna contraprestación política que perjudique al prestigio de la Agencia y ponga en duda la profesionalidad de los trabajadores de Efe, temas de los que hablaré al final de mi intervención.
En cualquier caso y para cerrar este capítulo, me gustaría nos dijera qué previsiones tiene de financiación ajena para 1994. Para 1992, según los datos presupuestarios, eran 1.700 millones; para 1994, aparecen en los presupuestos 77 millones, y nos gustaría conocer este dato, puesto que, al haberse aportado por parte del Estado 5.000 millones de pesetas, parecería que se podría evitar recurrir a ningún tipo de financiación ajena para este año 1994. En este punto también nos gustaría conocer con más amplitud --y no ha hablado nada en esta intervención-- las sucesivas ampliaciones de capital, especialmente la que estaba prevista para los años 1993/94, para dos años, de 1.500 millones, que estaría delegada en el Consejo de Administración, y las perspectivas que hay para este año de ampliación de capital.
Como cuestión general, querría reiterarle que nuestro Grupo no descarta la posibilidad de que se plantee la privatización parcial de la Agencia, dando entrada a los clientes, por supuesto en igualdad de condiciones y sin que en ningún caso ellos tengan la posición mayoritaria ni se incremente el problema que ya existe hoy en España de concentración de medios.
Señor Palomares, usted imputa las pérdidas económicas y el déficit de Efe del año 1993 y de años anteriores fundamentalmente a la insuficiencia del contrato con el Estado. Esa coartada no la podrá utilizar ya para 1994, porque se ha incrementado considerablemente la cantidad, pero me pregunto: si, como usted dice, Efe es la primera Agencia en Iberoamérica, si distribuye --me parece que llega ya-- el 50 por ciento de la información a diarios nacionales y extranjeros y tiene los mejores profesionales, ¿por qué no tiene una situación económica estable? ¿Qué es lo que falla? Le podría dar tres soluciones: la primera, que falla el Gobierno, que no ha entendido --y no le ha interesado hasta ahora, al parecer-- la Agencia Efe; en segundo lugar, que falla su gestión y, en tercer lugar, que fallan las dos cosas. Nuestro Grupo se inclina a pensar que, lamentablemente, fallan las dos cosas y, por tanto, queremos que nos aclare una serie de temas que, por supuesto, no ha tocado en su intervención.
La situación de la Agencia Efe este año ha alcanzado de nuevo un récord histórico en su cuenta de resultados, y nos gustaría saber los motivos del incremento en las pérdidas, los motivos del endeudamiento y los motivos de los gastos financieros. Me parece que, si he cogido bien la cifra, los gastos financieros son 543 millones de pesetas, y me gustaría saber si son consecuencia de la congelación de estos años del contrato del Estado, porque me parece una cantidad excesiva para que sea eso, y si no sería, en todo caso, una imprevisión a la hora de elaborar los presupuestos por parte del Presidente de la Agencia.
Podría concretarnos también cada uno de estos apartados con su correspondiente desviación, así como las previsiones para el año 1994, una vez que ya han transcurrido tres meses desde que se aprobaron los presupuestos. También nos gustaría que nos especificara cuáles son las deudas a proveedores. Según los presupuestos, se deben, a corto plazo, 5.519 millones de pesetas, y queríamos saber si esta cifra es correcta y cuánto le deben sus clientes, quiénes son y, fundamentalmente, si son empresas públicas o privadas.
En fin, señorías, como decía, estamos ante un récord en resultados económicos de la Agencia y, eso sí, como siempre, tienen ustedes una excusa: todo se le puede permitir a Efe porque Efe es una empresa pública, y además aquí está, como se ha demostrado, «papá Estado», que en un momento de apuro puede dar dinero suficiente como para que, a lo mejor, este resultado económico acabe sin pérdidas ni beneficios, o sea, cercano, ha dicho --ni siquiera ha dicho seguro--, al equilibrio, y a lo mejor incluso nos encontramos con que todavía sigue habiendo alguna pérdida.
Su argumento fue siempre el mismo: a otros Gobiernos europeos les cuestan sus agencias más que al Gobierno de España. Esta canción la oímos siempre que se habla de un medio de comunicación público; siempre que se habla vemos un interés sublime y extraordinario en que el Estado cada día aporte más, las autonomías, los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera. En este aspecto nos gustaría que nos diera datos sobre los contratos de la Agencia Efe con cadenas privadas de televisión y los contratos con autonomías, ayuntamientos y diputaciones.
Hablemos de la gestión, de una gestión que no ha podido evitar un rápido deterioro de la situación económica. Me remito al 15 de diciembre de 1992, a su comparecencia ante esta Comisión. Hablaba durante un largo tiempo --hoy también lo ha hecho y haré referencia a ello-- de

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EFECOM y EFEARO; fundamentalmente dedicaba gran parte de su intervención a contar y a cantar las excelencias de EFECOM, lamentando que entonces tenía poca proyección y señalaba que ésta era la apuesta que tenía que hacer no sólo el Estado español, sino toda la comunidad iberoamericana, y cito textualmente, porque es el agujero más grande que tiene la información microeconómica en el mundo hispanohablante.
Señorías, ese alegato sobre EFECOM durante el año 1993 se ha convertido en papel mojado; se ha procedido a su desmantelamiento y se ha decidido desinvertir en los proyectos de EFECOM y EFEARO. Hoy, sin embargo, nos enteramos de que va a haber un proyecto de EFECOM --si no he cogido mal la nota-- para América. También nos gustaría que nos informara sobre eso.
Quisiéramos saber la situación real de estos proyectos, de EFECOM y de EFEARO, las causas de la decisión de desinvertir en los mismos, ya que parece que ha tardado usted mucho tiempo en darse cuenta del fracaso de los mismos, porque desde el año 1991 se apreciaban pérdidas claras.
Otro tema importante que tampoco nos ha comentado en su intervención de hoy ha sido el del Hispasat. Me gustaría saber si se sigue enviando toda la información a través del Intelsat-4 o se ha pasado ya al Hispasat. Si se ha pasado al Hispasat, cuál ha sido su costo y cuáles han sido las ventajas al cambiar o si, además de utilizar el Intelsat para unas cosas, se está utilizando el Hispasat para venderlo a Magic Radio y desarrollar producciones americanas y supongo que esas ventas se pagarían a Hispasat, en vez de a la Agencia Efe. También me gustaría conocer ese dato concreto, si el Hispasat que se ha contratado para América se ha contratado también para España, se ha dejado el Intelsat o se está pagando por las dos partes y, además, la cadena americana paga directamente a Hispasat o a la Agencia Efe.
En cuanto a las líneas de actuación para el año 1993 que ustedes marcaban, en el punto quinto de las mismas señalaban la realización de un nuevo plan de objetivos a medio plazo con el horizonte de 1997. Tampoco nos ha hablado usted de este plan de objetivos y quisiéramos conocer si existen detalles de dicho plan. En caso de que no exista, parece difícil que se elaboren presupuestos sin ese plan a medio plazo. También parece más difícil que el Estado aporte más de 5.000 millones de pesetas sin un plan de objetivos a medio plazo.
Quisiéramos saber --y se lo he dicho también al principio-- qué proyectos tiene para 1994, y usted ha comentado unos cuantos. Nos gustaría que nos explicara un poco más estos proyectos, así como su repercusión presupuestaria. En todo caso, ya le he anunciado que pediremos su comparecencia para que nos explique con todo detalle estos proyectos.
El punto cuarto de sus líneas básicas de actuación decía que había que controlar el gasto con medidas de ahorro estimadas en 500 millones de pesetas. Tampoco sabemos si se han producido esos 500 millones de ahorro; si no es así, me gustaría saber qué ha fallado, y si se han producido quisiéramos saber qué medidas de control de gasto se han llevado a cabo y también que nos justificara por qué hasta esta fecha no se habían llevado esas medidas. Me da la impresión de que no se han llevado, puesto que también nos las ha anunciado para el año 1994. Nos gustaría saber qué tipo de medidas se van a hacer; si no se han hecho, por qué no se han hecho, y si han dado resultados, que nos los explicara.
Por otro lado, el incremento del gasto en relaciones públicas sólo en el primer semestre del año 1993 había supuesto 2.700.000 pesetas, y sólo el apartado de comidas, también en el mes de junio, se había incrementado en más de dos millones de pesetas. Quisiéramos saber cuál ha sido el incremento final de estas partidas y el montante final de las mismas. ¿No cree usted que el control del gasto debe empezar por estas partidas? Nos gustaría que definiese, si es posible, cuánto se gastó la Agencia en viajes varios, relaciones públicas y publicidad. Señor Palomares, ¿por qué se han perdido contratos con agencias oficiales? ¿En qué volumen se han perdido? ¿Cómo perjudican económicamente a la empresa? También quisiera saber --se lo dije antes-- el incremento de gasto financiero, que ya nos ha dicho que para el año 1993 eran 543 millones. Quisiéramos saber cuál ha sido el incremento concreto entre 1992 y 1993 y a qué se ha debido ese incremento. En resumen, como puede ver, hay muchos puntos oscuros de su gestión que esta comparecencia no ha contribuido a despejar, y espero que con su contestación de ahora pueda despejar algunos de ellos.
Me gustaría acabar con la cuestión económica, pero no sin antes comentar un tema que estoy segura de que le encantaría que se me hubiera pasado, que es el de Telemadrid. Decía en su comparecencia de diciembre de 1992 que el edificio del complejo Espronceda podría ser el buque insignia de Efe porque allí se aceptó a Telemadrid y por ello es un edificio rentable. También es cierto que hoy nos ha hablado de un proyecto de televisión, que también nos gustaría que aclarara con más detalle, con un despliegue de corresponsales. Me imagino que a lo mejor es la solución al problema de Telemadrid que le voy a plantear.
Hoy es una realidad que Telemadrid se va a marchar a la ciudad de la imagen, va a dejar los edificios de la Agencia Efe. A este Grupo le gustaría saber qué va a pasar con toda la inversión que se ha hecho en televisión, fundamentalmente para Telemadrid; qué va a suponer económicamente la salida de Telemadrid. Nos gustaría saber si existe algún plan o lo dejan a la improvisación para cuando llegue el momento, o si ya han hablado con el Gobierno y lo que pretenden es que el Estado se haga cargo de ello en su momento.
También me gustaría que nos dijera si Telemadrid se encuentra entre los deudores de Efe; si es así, en qué cantidades. Todos sabemos que Telemadrid es una empresa pública con aproximadamente 30.000 millones de pesetas de pérdidas. Por tanto, y puesto que es una empresa en quiebra, parece difícil que esté cumpliendo regularmente sus compromisos económicos con Efe. Nos gustaría saber si de verdad lo está haciendo.
Antes de pasar a los temas de política retributiva, solamente una pregunta. A ver si nos puede contestar cómo es posible que en dos ejercicios, 1992-1993, el déficit sea tan

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alto para la Agencia Efe. En cuanto a política retributiva, simplemente quisiéramos que nos informara sobre los salarios de los directivos y de los empleados y su evolución en estos años de crisis. No quisiéramos pensar que ha habido congelación para los trabajadores y que ha habido un incremento para los directivos.
En cuanto a la plantilla, usted ha hablado de creación de puestos de trabajo en la Agencia Efe; lo que no sé muy bien es a qué años se refería o durante cuántos años. En todo caso, en estos momentos, si mis datos no están equivocados, habría aproximadamente 814 personas fijas y 225 contratadas, de las que el 29 por ciento tienen la consideración de directivos o jefes, es decir, 210, de los cuales --a lo mejor precisamente éste ha sido el incremento de puestos de trabajo-- más de la mitad, 130, han sido nombrados directamente por usted.
¿Cree el señor Palomares que alguna empresa de comunicación puede mantener esta proporción de plantilla, con el 29 por ciento de jefes y el resto de trabajadores de la empresa? Nos gustaría que nos lo dijera.
Voy finalizando, señorías. Desde nuestro Grupo siempre hemos mantenido la necesidad de la actualización del contrato con el Estado para la Agencia Efe, ya que creemos que la Agencia Efe está formada y compuesta por unos profesionales independientes e imparciales que ofrecen un servicio que, como decía al principio de mi intervención, obedece a un proyecto de Estado. Somos conscientes, por ejemplo, de que los fotógrafos de Efe envían siempre las mejores fotografías que hacen, somos conscientes de que la información que se facilita, en líneas generales, es objetiva y plural.
En este sentido, y por su proyección internacional, como comentaba anteriormente, somos absolutamente partidarios de las aportaciones del Estado a la Agencia Efe.
No obstante, no podemos dejar de plantear, a raíz del volumen de la subvención concedida para 1994, y lamentablemente de la entrevista realizada por la Agencia Efe y por su Presidente a Felipe González, la posibilidad de que la Agencia se esté convirtiendo, como ya lo es hoy Radiotelevisión Española, en un instrumento de poder en manos del Partido Socialista para ganar las elecciones. Nos preocupa que esa entrevista sea el inicio de una campaña propagandística del Partido Socialista a través de una agencia estatal. No preocupa que sea usted mismo el que haya realizado y haya llevado a cabo esa entrevista. Y nos preocupa, como le decía antes, que pretenda conseguir la ayuda económica para Efe como lo hace Radiotelevisión Española: poniendo al servicio de un partido político que Gobierna, del Partido Socialista, la Agencia.
Señor Palomares, con esta actuación creemos que ha hecho un gran daño, un daño irreparable a la Agencia Efe y a toda su redacción. Por ello le solicito que abandone de inmediato ese camino y convierta a la Agencia Efe en lo que tiene que ser: un instrumento de cohesión de la política española en otros países de Iberoamérica. Si Felipe González quiere una campaña publicitaria la puede contratar con otra Agencia, pero que no utilice una Agencia estatal para ese propósito.
Esto nos lleva al último punto que quería tratar. El problema fundamental es que no hay quien controle actuaciones como éstas que se han dado en Televisión. Se hizo una entrevista a Felipe González --para ponerles un poco en antecedentes--, la hizo el propio Presidente de la Agencia Efe; fue una entrevista de 16 folios; remisión gratuita a todas las televisiones y radios, por cierto, con unos planos de recurso de tres o cuatro minutos de usted mismo, que supongo habrán gustado mucho a su familia, pero que no tienen mucho sentido en la información que puede facilitar una Agencia, como tampoco lo tiene el que sea usted el que haya realizado esa entrevista. Nunca se había producido un hecho semejante y quisiéramos saber por qué ha ocurrido. El problema al final, señorías, es que quien podría controlar que esto no sucediese es el consejo de administración. Pero, ¿qué ocurre? Que el consejo no es profesional ni representativo de la agencia. No es un consejo de gestión ni es un consejo de actuación; es un consejo político y, además, inoperante.
¿Por casualidad tiene el Presidente una media de la duración de los consejos de administración de Efe? Si la tuviera sabríamos que ningún asunto se estudia en profundidad en ese consejo. Y esto es así porque el consejo de Efe está formado por personas del Partido Socialista. En la mayoría de los casos, por cargos públicos de los distintos ministerios para proporcionarles un sobresueldo y, además, para realizar de vez en cuando actuaciones como ésta que estamos comentando sin que se pida ninguna explicación por parte del propio consejo. Le voy a citar algunos ejemplos de componentes del consejo de administración. Tenemos a la Asesora Ejecutiva del Gabinete del Ministerio de Economía, al Secretario General de la Salud, del Ministerio de Sanidad, al Subdirector General de Servicios Consultivos, al Subdirector General de Telefónica, al Subdirector General del Patrimonio, al Director de Análisis del Gabinete de la Presidencia, al Director General de la OID y a la ex Jefa de Gabinete del anterior Ministro de Relaciones con las Cortes y hoy Presidente de esta Comisión, entre pocos más.
La Agencia Efe no puede seguir con la independencia de los periodistas y la parcialidad del consejo. Por ello, reiteramos nuestra solicitud de que el consejo de administración de Efe y el nombramiento de sus líderes obedezca a planteamientos plurales y no se base en una decisión arbitraria del Gobierno, ni siquiera en la influencia de los partidos políticos.
A usted, señor Palomares, le solicito formalmente que no entre en una competición con la televisión pública para ver quién apoya más al Gobierno, ni siquiera a cambio de un poco más de dinero, porque esto llevaría a la Agencia Efe y a sus trabajadores a la ruina, no sólo económica sino también moral.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Palomares.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): He tratado de tomar nota de todos los puntos que usted ha expuesto. Le aseguro que si en estos

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momentos no puedo aclarar alguno --concretamente me refiero a las cifras--, si tiene a bien hacerme llegar su pregunta completa tendrá cumplida, precisa respuesta al cien por cien de todos los puntos. No sé si me faltarán algunas cifras; incluso manejar todos estos números que tengo aquí me resulta un poco difícil. Aunque soy de letras, también ahora estoy bastante familiarizado con los números, sé leer la cuenta de resultados.
Señala que coincide lo que he dicho ahora con mi intervención en 1993, de lo cual me alegro. Quiere decir que no hay contradicciones. Me alegro de que no haya estridencias con mi anterior intervención.
Le agradezco que haya dedicado el adjetivo de didáctica a mi intervención.
Sinceramente se lo agradezco. Dice que ha sido poco clarificadora. Lo lamento. Yo traté de clarificar lo máximo posible, pero a lo mejor no lo he conseguido.
En cuanto a programas previstos, me cita para un futuro. Naturalmente explicaré Euro-Efe o Efe-Com para América, con mucho gusto. Y coincidimos en que es un proyecto de Estado.
Paso a contestar a una parte medular, que es el contrato de servicios con el Estado. Yo creo que era a todas luces insuficiente después de congelarse durante cinco años por razones que yo desconozco. Pero en cuanto a la gestión económica he de decir que contra los hechos no valen argumentos. La gestión económica está aquí. (Mostrando un documento a la Comisión.) Esto era lo que daba el Estado en el año 1978 y lo que dio hasta el año 1988. Ve que pasa del 60 por ciento de todo el presupuesto y en cambio este año es el 32 por ciento de todo el presupuesto.
Respecto a personal, tenemos 370 personas más. En los últimos seis años crecimos en 370 personas. Me parece que las cifras que me citó del personal de Efe están equivocadas, pero puedo haber entendido mal. En estos momentos hay 1.035 personas. Aunque sea alterando un poco el orden, le contesto a otra cuestión. Dice que hay mucha jerarquía. El problema de la jerarquía depende de cómo se tome. En cualquier redacción del mundo hay redactores, jefes de sección, redactores jefes, subdirectores, directores, toda una gama. La estructura jerárquica es bastante cercana a la propia de los grandes medios de comunicación. La proporción de subdirectores es la misma que yo me encontré; incluso ahora es menor, porque al aumentar el personal no creció el número de subdirectores, sino que, al revés, aumentó el número de redactores. Yo me encontré con seiscientas sesenta y tantas personas y le aseguro que respecto a hoy había más jefes. La proporción de jefes era mayor; ahora es ligeramente menor. La pirámide de jerarquía es bastante racional. A veces, como en todos los medios de comunicación y en muchas empresas, hay proporcionalmente más subdirectores. No hay saturación para ellos en el nivel jerárquico concreto y se dedican a otras actuaciones. Eso ocurre prácticamente en todos los medios de comunicación. Yo quería crear una jerarquía de función operativa y una jerarquía de niveles y hasta ahora no me ha sido posible.
Estaría bien una jerarquía de niveles, independientemente de la función.
Podían ser directores, subdirectores o redactores jefes que tuvieran nivel 30, nivel 25 o nivel 24 y que ejercieran en un momento determinado esa función.
Ya dije antes que el contrato de servicios con el Estado era sustantivo.
En América nuestros precios son mucho más bajos y no pueden resistir la estructura mundial de Efe. Es prácticamente imposible resistir esta estructura con tres millones y medio de periódicos. Cuando yo llegué teníamos cobertura en 53 países y por eso no eran clientes muchos periódicos de América, porque no atendíamos muchas zonas geográficas del mundo; en estos momentos atendemos a 94 países. En este sentido, se elevaron bastante los costes por la cobertura mundial, que es una exigencia para ser una agencia mundial. Durante cinco años estuvo congelado el contrato, incluso reducido, porque teníamos contratos con diversos ministerios por 220 millones, aproximadamente. Cuando se suprimió en 1992 no podía resistir. Repito lo que en la filosofía aristotélica se dijo por primera vez: contra los hechos no valen argumentos. Aquí, contra los hechos no valen muchos argumentos. Desde que tenemos una contabilidad precisa y concreta en la Agencia Efe --porque durante los años cincuenta no la había--, la proporción es espectacularmente menor, porque jamás bajó del 58 por ciento de aportación de contratos de servicios con el Estado hasta el año 1988 y el año pasado fue el 32 por ciento, que es muy poco.
Este año, que hablamos de una referencia cero en el presupuesto --veremos cómo se comportan nuestros mercados, porque son muy móviles y muy frágiles y no podemos tener en estos momentos una proyección exacta y concreta--, la proporción del contrato de servicios con el Estado es del 35,55 por ciento y nuestra facturación debe ser el 64,55 por ciento. Es una proporción a todas luces muy baja. No me gusta acudir al recurso exterior.
Otras veces citan France Presse como ejemplo para otras cosas; le diré que --tengo aquí las cifras concretas-- aporta el 50 por ciento. Es decir, que aporta 12.000 millones el Estado francés y facturan 12.000 millones. La productividad de Efe es alta. En términos de comparación, por ejemplo, el año pasado --y son cifras que les puedo hacer llegar, autentificadas además por la cuenta de resultados--, el contrato de abono con el Estado francés, con fecha 17 de marzo, a razón de 24,1 pesetas el franco, fueron 13.120 millones de pesetas lo que aportó el Estado francés y la venta que ellos hicieron fue de 12.865 millones. Es decir, la facturación propia fue un 49,5 por ciento y lo que aportó el Estado francés con el contrato de servicios, que se llama convention générale o convention avec l'Etát, fueron el 50,5 por ciento. Incluso France Presse precisó en 1993 de unos gastos de explotación de 26.230 millones de pesetas para generar unos ingresos por ventas de servicios de 12.865 millones de pesetas. Efe precisó de 11.482 millones de pesetas para ingresar 7.188 millones de pesetas. La productividad de recursos de France Presse es, por tanto, de un 49 por ciento, mientras que la productividad de Efe es de un 62,5 por ciento. Y a la agencia italiana Ansa --y tienen los datos de estos días, que pasan por una grave crisis, lamentablemente-- lo que aportó el Estado italiano el año pasado fueron 5.600 millones de pesetas, 2.000 millones más que lo que aportó Efe, y Ansa --no me gusta entrar en

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comparaciones-- no tiene la dimensión mundial de Efe, y eso lo reconocen sus propios directivos. El contrato de servicios con el Estado es necesario y este año no sobra, ni mucho menos. Incluso nosotros tenemos que gestionar con rigor, con responsabilidad para lograr esto.
Hacía una relación de todas las cosas gestionadas por el Partido Socialista. Yo le digo que la Agencia Efe no la gestiona el Partido Socialista. La gestionamos unos gestores, alguno será socialista o no, yo no pido a nadie el carnet ni yo lo tengo, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo o no con el proyecto. No hablamos de eso. Efe no la gestiona el Partido Socialista.
En cuanto a uno de los temas medulares que me señala, la entrevista con Felipe González, le tengo que decir que yo llevo en este cargo casi ocho años y en estos ocho años se le han hecho tres entrevistas al Presidente del Gobierno Felipe González: una la realizó el Director de Información, Miguel Angel Aguilar, y dos yo. Esto bastaría para aclarar que no es instrumento del Gobierno una empresa, una agencia que en ocho años le hace tres entrevistas al Jefe del Gobierno; casi sería para pedir mi dimisión si fuera instrumento, o la dimisión de los gestores. A partir de esa realidad y de este dato primario y primero, de tres entrevistas en ocho años, podemos discutir todo. Primero, se la hice en un momento muy concreto, por una coyuntura muy concreta y era un hecho informativo de primera magnitud una entrevista con el Presidente del Gobierno. Además, la Agencia Efe distribuye a todos los medios de comunicación, y los medios de comunicación son los termómetros de si algo tiene interés informativo, porque yo no les obligo a publicarlo, lo hacen libremente y lo publican cuando ellos valoran que es interesante. Yo le puedo decir que hemos acertado plenamente porque ese día los periódicos la publicaron.
Me dice que es muy larga. No son exactamente 16 folios, me parece que son doce folios y medio en folios de 27 líneas. Si es largo o corto lo determinan también un poco los medios de comunicación, que son libres para publicarlo. Le puedo asegurar a usted --y puedo dar testimonio de ello, pues me consta analizado directamente-- que un 70 por ciento publicó la entrevista casi en su totalidad, lo cual quiere decir que entonces no la encontraron amplia; la encontraron aceptable para ellos y les interesaba.
Incluso algún periódico la criticaba al tiempo que la daba entera, la criticaba y lo respeto mucho, me parece muy bien el ejercicio de la crítica, como en otro momento yo la ejercí; ahora no ejerzo la crítica sino la información. A partir de ahí yo le digo que no se utilizó ni quiso utilizarse como instrumento.
Me dice que se dio gratuitamente. Estas informaciones se dan a las televisiones normalmente a un precio de 60.000 pesetas, pero nosotros tenemos suscripciones, por lo que se distribuía con una filosofía, que además la decidió el Director del departamento de Televisión; nos pusimos de acuerdo en decidirlo así. La filosofía que nos llevó a esto fue: primero, nosotros tenemos contratos muy altos con las televisiones. Las televisiones que menos pagan a Efe pagan, aproximadamente, 200 millones de pesetas y la que más 1.500 millones de pesetas. Comprenda que dárselo a 60.000 pesetas, cuando tienes una noticia de esta envergadura, es mejor, incluso desde el punto de vista puramente comercial de sociedad anónima, darla como aliciente comercial. Pero, por otra parte, con otras televisiones nosotros tenemos suscrito un contrato que nos pagan una cantidad por la cual tenemos que dársela, no es que se la diéramos gratuitamente, es que va incluido en el contrato que se la demos. Por ello hicimos esta evaluación. Dijimos: a los que tienen contrato con Efe de algún tipo, que tienen una cantidad importante, se la damos gratuitamente, y a los otros se les cobra. A las agencias mundiales que vinieron trató de cobrárseles, aunque la verdad es que no sé los resultados. A las radios se les cobra cuatro mil y pico pesetas. Entonces se les cobró esa cantidad que es un poco el coste del envío, la línea telefónica dedicada.
No creo que cause sensación el que un presidente de la Agencia Efe haga una entrevista al Jefe del Gobierno de su país si tiene ocasión. Yo le puedo asegurar que en otras partes el comportamiento es análogo, e incluso se realizan con más frecuencia. Y aquí se realizaban con mucha mayor frecuencia en otra época en la que yo no estaba de presidente. Y además me parece muy bien. Así, el periódico de mi pueblo, Orense, o de otro pueblo, pero por citarle el que tengo más cercano, tiene una entrevista con el Presidente del Gobierno que no tiene que recoger de otro medio de comunicación sino de un supermercado de medios que es la Agencia Efe.
Le voy a contestar a todos los datos, pero es que algunos los tomé un poco aprisa. Si me dejo algo sin contestar después usted me lo aclara y le digo si se lo contesto hoy o se lo contesto mañana, porque no me hace falta más término que mañana, no tengo que bucear en nada.
En cuanto al endeudamiento, el año pasado fue un año con un endeudamiento de 2.300 millones de pesetas, aproximadamente el giro de negocio que nosotros teníamos en aquel momento era de unos dos mil y pico millones de pesetas. Los costes financieros --y me salto un poco el orden pero estoy en esta línea-- fueron de quinientos y pico mil --lo puedo mirar pero usted lo dijo correctamente-- y este año están presupuestados cuatrocientos y pico mil. El año pasado hubo retrasos de pagos importantes de muchas empresas, retrasos de pagos que nosotros teníamos que financiar.
La verdad es que la coyuntura económica no era buena para muchos medios, y muchos de ellos me llamaron a mí para que no cortara el servicio y teníamos que financiarlo. Muchas veces tratábamos que lo financiaran ellos pero era difícil por la coyuntura. A principios del año pasado tuvo un pico alto el coste del dinero, aunque al final de año bajó el precio del dinero. También influyeron en nuestra cuenta de resultados el año pasado, de una manera muy fuerte, las devaluaciones; fueron doscientos y pico millones de pesetas lo que afectaron las devaluaciones a la cuenta de resultados, porque nosotros tenemos un negocio exterior importante, ya que le dije que operábamos en 94 países.
Financiación ajena para este año. Siempre necesitamos financiación porque siempre hay un desfase en el pago, incluso también hay desfase de pago en el contrato de servicios con el Estado; muchas veces hay algún desfase de

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pago y podemos presionar. Son desfases de pago normales, es decir, desde que se genera lo exigible pueden transcurrir dos o tres meses más, como en todas las agencias de nuestro entorno comercial. A veces este margen se extiende, afectando a la gestión y hay que presionar, otras veces es un desfase normal en los hábitos de comercio. En cuanto a financiación futura, yo en ese sentido no puedo decir nada, soy un empleado, un trabajador de la Agencia Efe y no voy a hacer filosofía del futuro. Si alguna vez me piden una opinión, yo puedo hacer un informe sobre este tema, pero creo que no es el momento en el que yo pueda hacer un análisis sobre esta financiación.
La Agencia Efe efectivamente es la primera en recursos económicos en América. En América estamos luchando encarnecidamente todas las agencias que tienen una proyección internacional. Allí comparecemos unas ocho agencias. Normalmente todas las agencias aplican unos precios mucho más altos en su país que en el exterior. Prácticamente en el exterior todos hacemos dumping, porque lo que queremos es tener influencia en el exterior. Puedo decirle que el mercado iberoamericano --que es riquísimo desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista económico-financiero-- es pobre aunque haya periódicos muy ricos, porque hay una competencia muy grande por la que todos luchamos y el mero hecho de entrar en un periódico ya es importante, aunque los precios más altos son los nuestros. Pero nunca lograremos un apoyo, por lo menos a medio plazo. Ojalá haya un despegue económico en esos países y alguna vez puedan contribuir a la financiación de Efe, pero en estos momentos no lo hacen.
El despliegue de estructura que nosotros tenemos en esos países es muy costoso, porque es la primera estructura de cualquier agencia en el mundo en esos países.
En cuanto a los gastos financieros a los que S. S. hace referencia, tengo que decirle que, por ejemplo, este año ascienden a 400 millones de pesetas. Consideramos que es importante pero no alto, teniendo en cuenta un volumen de negocio de 12.000 millones de pesetas. La razón fundamental es que el coste del dinero es más bajo y nosotros tratamos de obtenerlo al precio más bajo posible y el endeudamiento de Efe es bastante menor.
Me ha preguntado S. S. por Efe-Com. Efe-Com, sociedad anónima, dijo que yo había dicho --lo dije y lo sigo diciendo-- que el gran agujero negro del mundo iberoamericano de la información es la información microeconómica. Efe-Com, sociedad anónima, fue una empresa que Efe creó en colaboración con varias entidades financieras, entre ellas, Caja Madrid, el Banco Exterior de España mediante Negocios Panafex, S. A., la Zona Franca de Barcelona y Telefónica; todas estas empresas eran socios muy fuertes. Efe tenía el 32 por ciento de las acciones. Influyó mucho la crisis, la caída de la actividad financiera en esta empresa, aunque una empresa de esta envergadura necesitaría que transcurrieran siete años para ser rentable. Como vimos la coyuntura económica preferimos no seguir con este negocio. Para entender lo que es Efe-Com para América y Efe-Com para España les diré que Efe-Com, sociedad anónima, se componía de tres líneas de negocio. Una, que se llamaba Datacom, cuya función consistía en dar las Bolsas en tiempo real, mercados de futuro en tiempo real, opciones en tiempo real y una serie de productos financieros en tiempo real. Otra línea de esta sociedad anónima estaba dirigida a las noticias económicas.
Otra línea de negocio era Money Center, un departamento que se dedicaba a la información sobre el coste y venta de materias primas, lo que se llama mercados testigos en el mundo. Renunciamos a ello y Efe recobró el nombre de Efe-Com, sociedad anónima, porque lo había cedido, y recobró también el producto Efe-Com de noticias. En estos momentos lo que estamos explotando es Efe-Com de noticias en España y Efe-Com de noticias en América. Yo dije aquí y repito ahora --y lo debería decir con mucho énfasis-- que el gran vacío y el gran agujero negro, desde el punto de vista informativo, en el que estamos colonizados al cien por cien es en la información microeconómica. En estos momentos no se da información microeconómica desde el mundo hispanohablante. Toda la información que se da al mundo hispanohablante, incluida España, viene del mundo del norte y, además, lo hacen muy bien. La información viene de Reuters, A. P Down Jones Telerate, Lumber y Telebourse; esta última se ocupa sobre todo de Bolsa. Prácticamente no hay ninguna empresa de expresión hispana que dé este tipo de información. Había que apostar por esto, porque muchas veces --y me refiero a Iberoamérica-- hacen negocios por la información que tienen, de forma que productos de Nueva Zelanda pueden conocerse en algún país de Iberoamérica mejor que los productos de algún país vecino. Hay un ejemplo muy claro. Hace unos años hablaba de este tema con Belisario Betancourt --ésta es una vieja obsesión que tengo y seguramente voy a seguir luchando por esta idea, espero que no inútilmente-- y en una reunión que tuvimos me dijo, para confirmar esta tesis, que ellos habían comprado carbón en Polonia. Me recordó que en una ocasión tenía que hacer una visita a Brasil y preguntó a sus colaboradores qué era lo que Colombia podía vender a Brasil. Le dijeron que tenían un carbón espléndido y que estaban importando carbón de Polonia. Efectivamente Belisario Betancourt fue a esta entrevista y comprobó que tenían carbón de Polonia; hicieron un análisis del carbón y comprobaron que era análogo. Belisario me decía que no quería dañar a los polacos --que bastantes problemas tenían--, pero que también quería vender sus productos. ¿Cómo habían tomado la decisión? A través de uno de los terminales de estas agencias que habían dicho que había un stock de carbón en Polonia a un precio determinado. En estos momentos muchas materias primas se compran en un país y en el país de al lado es más barata.
En cuanto a Efe-Con pensamos trabajar más modestamente. Pensamos empezar por noticias --es lo que le dije--, pero no en tiempo real, lo que exige una estructura y unas inversiones mucho más fuertes. Posiblemente para hacer una gran agencia, una agencia de esta envergadura, habría que dotarla del doble de las inversiones que tiene la Agencia Efe hoy.
Posiblemente es un desafío muy fuerte y un reto para la comunidad hispanohablante. Es un agujero negro que alguna vez tendremos que llenar.
De lo contrario estaremos colonizados, informativamente, en la información microeconómica. Lo digo como un dato, pero puedo

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desarrollarlo de forma mucho más amplia, como algunas veces lo he desarrollado directamente.
También me ha hablado de Efe-Agro. Efe-Agro no se disolvió, sigue funcionando. Antes estaba en unas oficinas fuera, ahora está en unas oficinas dentro. Es una pequeña empresa en la que la Agencia Efe tiene el 50 por ciento y el Banco de Crédito Agrícola el otro 50 por ciento. Se trata de una empresa de información agroalimentaria, que queremos dar, de unas dimensiones muy pequeñas. En estos momentos tiene ocho personas dedicadas directamente a este tema y unos costes de infraestructura de personal de 47 millones de pesetas, que es una cifra pequeña. Además, creo que puede prestar un gran servicio --espero que incluso sea rentable-- a la dinámica agroalimentaria española.
Respecto a lo que me decía de los satélites, nosotros tenemos conviviendo en estos momentos tres satélites: Intelsat 6 y no el 4, me parece... (La señora Mato Adrover: En la comparecencia anterior dijo usted el 4.) Es que entonces era el 4 y ahora es el 6, pasamos del 4 al 6; yo dudaba de cuál era el modelo pero ahora lo tengo más claro. Efectivamente, del Intelsat 4 pasamos al Intelsat 6, que es el último modelo de la misma compañía y por el mismo coste, el modelo más nuevo, y están retirando el Intelsat 4.
Ya saben que los satélites tienen una vida de 12 ó 14 años, luego se van extinguiendo y muriendo y aparecen generaciones nuevas de satélites, los clientes van pasando de unos satélites a otros, y nosotros ahora estamos en el Intelsat 6. ¿Por qué tenemos el Intelsat 6? Tenemos el Intelsat 6 porque nos cubre hasta Riad, en la zona de Asia, al este de Moscú, a unos 300 kilómetros, toda Africa, toda América, norte y sur y este, excepto el oeste, Los Angeles, y toda Europa. Tiene un haz muy amplio. También tenemos el Eutelsat, que cubre España y las zonas del Mediterráneo y de Europa. ¿Y por qué utilizamos éste? Por la señal audio. El otro no nos permite la señal audio a no ser que tuviéramos un espectro muy amplio de antena, una antena elíptica enorme; y a pesar de todo la antena elíptica del otro es muy grande, de dos metros y pico. El Eutelsat tiene una antena más reducida y en costes va de aproximadamente 140.000 pesetas a las 700.000 pesetas de cada antena del Intelsat. Por ello a nuestros clientes de España llegamos por el Eutelsat, que es mucho más barato en costes, incluso, que si tuviéramos el Intelsat, que nos valía para llegar a España pero no nos servía para llegar con señal audio.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Palomares.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): El Hispasat lo tenemos para señal de audio para América, porque no nos vale para señal de audio el Intelsat.
En cuanto al rigor del control del gasto lo podemos deducir. Los gastos que no sean de personal, de amortizaciones, son tres mil y pico millones y el año pasado tuvimos un menos un uno por ciento. Dadas las medidas de control de viajes, de control de transmisión, hicimos también unas inversiones en transmisiones, que salen mucho más baratas, y por eso las hicimos. Habla también de Telemadrid y dice que parece que se marcha. No lo sé. Ellos se están marchando desde hace cuatro años. No lo sé. Cuando firmamos un contrato hace cuatro años me dijeron que se iban a marchar al año siguiente y no fue así. Ahora bien, sí estamos preparados en el caso de que se marche Telemadrid. Telemadrid paga bien, en estos momentos paga bien, aunque hubo momentos en que no lo hizo. Al día de hoy paga estupendamente. No sé por qué, pero me parece muy bien que pague de esta manera. Y me pregunta si se va a marchar. Hace cuatro años nosotros dependíamos en un 80 por ciento de Telemadrid. Actualmente la factura de Telemadrid es el 50 por ciento de la factura del departamento de televisión, y para eso tenemos el 50 por ciento del personal contratado temporal para, si se marcha, poderlo adecuar y que no lesione los intereses de Efe.
¿Cuántas inversiones se han realizado? Ha visto su señoría que el 50 por ciento no son inversiones para Telemadrid, hay un 50 por ciento que son inversiones destinadas a otros objetivos, y le puedo decir que, como son cinco años, están amortizadas las inversiones que hemos hecho.
Respecto a las cuestiones planteadas relacionadas con el consejo de administración, le puedo decir que el consejo de administración nombra al Presidente de Efe, el Presidente de Efe no nombra al consejo de administración. Las personas que lo componen me parecen muy capacitadas, colaboran a fondo en la gestión de Efe. Jamás se inmiscuyen en la política informativa de Efe, le puedo decir que jamás se han entrometido en dicha política, nadie jamás me dio ninguna indicación. Y respecto a la duración de los consejos de administración, ésta en una media de dos o tres horas.


El señor PRESIDENTE: El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias por su comparecencia, señor Palomares.
En una comparecencia llena de datos económicos, me gustaría hacer algún tipo de reflexión más bien cualitativa que cuantitativa y lo más breve posible sobre algunos aspectos de la situación de la Agencia Efe y de su estatuto. La Agencia Efe, como usted sabe mejor que nadie, es una de las cinco grandes agencias internacionales de noticias y es, sin duda, la primera de origen y habla hispana por distintos conceptos. Sólo con conocer cuál es el consumo de información en Iberoamérica pone de manifiesto la importancia de la función que desempeña la Agencia Efe, ya que una tercera parte de la información publicada se refiere a la propia Iberoamérica. Las noticias en Iberoamérica están servidas aproximadamente en una tercera parte por agencias anglosajonas y en otra tercera parte por agencias latinas, y de éstas las dos terceras partes corresponden a Efe.
En consecuencia, en el mundo en el que estamos, dominado por grandes agencias anglosajonas o por la francesa AFP, que la Agencia Efe tenga esta capacidad de penetración en el mercado iberoamericano fundamentalmente le da un carácter estratégico y hace que su estatuto jurídico público nos parezca el más adecuado para la Agencia Efe. Esta es una de las cuestiones que quería señalar, porque en

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alguna otra intervención como la realizada por la señora Mato se ha indicado que el propósito del Grupo Parlamentario Popular era la privatización de la Agencia Efe. Nuestro grupo parlamentario está absolutamente en desacuerdo con ese propósito. Nos parece que a la vista de estos datos, con los que yo iniciaba mi intervención, relativos a la presencia de la Agencia Efe en Iberoamérica, solamente la importancia que tiene la presencia cultural española en el mundo, aparte de la presencia en el interior de nuestro país --no parece que puedan disociarse ambas cosas--, justificaría su carácter de estatuto público. En consecuencia, apoyamos claramente el tenimiento de la Agencia Efe con su estatuto público.
Ahora bien, esto significa que pueden producirse una serie de problemas económicos por los que ha atravesado la Agencia Efe y todas las agencias, problemas que deben ser resueltos con una buena gestión, y en este momento es insustituible el apoyo financiero público. El hecho de que el gran cliente de las agencias, que eran en su momento los periódicos, hayan disminuido su presencia en la comunicación, en beneficio de la radio y de la televisión, hace que haya habido problemas financieros en las agencias internacionales y en la Agencia Efe también, naturalmente.
Nosotros apoyamos el mantenimiento de una financiación pública, parcial, de la Agencia Efe e incluso en algunos aspectos no nos parece todo lo extensa que debería ser. Lo mismo que sucede en países de nuestro entorno, el caso de Italia, el caso de Francia que usted ha mencionado o el caso de Alemania. Ahora bien, partiendo de esta posición previa, creo que hay algunos elementos que deberían modificarse sustancialmente, en la forma de funcionamiento de la Agencia Efe, en sus aspectos económicos y de gestión y yo brevísimamente voy a enumerarlos por si es posible que usted nos diera su opinión al respecto.
En primer lugar, en cuanto a los datos, le agradecería que la respuesta que dé a la señora Mato sobre los datos que le ha pedido también los hiciera llegar a nuestro grupo parlamentario, pues nos serían de mucha utilidad. En concreto, no nos queda claro cuáles son los resultados de la gestión, desde el punto de vista estrictamente económico, en cuanto al ámbito nacional e internacional; es decir, la gestión del negocio de la Agencia Efe en el Estado y la gestión en el ámbito internacional.
Imaginamos que son bastantes diferentes los resultados y, como están agregadas las cantidades casi siempre, nos gustaría saber, me imagino que en la Agencia Efe habrá una forma de evaluar cuál es la rentabilidad de la gestión de Efe en el Estado y fuera del Estado. Seguramente esto conduciría a plantearnos cuál es el tipo de relaciones económicas que hay con el Estado a través del contrato de servicios y si éste es el modelo que debería funcionar en un futuro o no. Más adelante voy a volver sobre esta cuestión.
En segundo lugar, me quería referir también a la forma de la dirección de la Agencia Efe. Tengo aquí la Constitución Española que en su artículo 20.3 dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad. No es fácilmente comprensible que exista un consejo de Radiotelevisión en Televisión Española, al que tienen acceso los grupos políticos, y sin embargo, nos sucede los mismo con la Agencia Efe. Precisamente en estos momentos estamos en trance de plantearnos una reforma del Estatuto de Radiotelevisión, como usted sabe. Quizá sería el momento de plantearnos también esa reforma respecto de la Agencia Efe, puesto que Efe es un órgano de comunicación dependiente del Estado (es una sociedad anónima estatal) y debería adecuar la dirección de su gestión a esa situación.
Por último, me querría referir a algunos puntos frágiles del proyecto de Efe en estos momentos y sobre los que le agradecería también una contestación; puntos frágiles compartidos dentro de la propia Agencia Efe, por tanto no es una novedad lo que le voy a contar, pero me gustaría saber cómo piensan afrontarlos. En primer lugar, la Agencia Efe no ha conseguido un liderazgo cualitativo en las primeras páginas de los periódicos (éste es un elemento de calidad, no de cantidad, no tiene que ver con el número de noticias sino con la audiencia de esas noticias) por ausencia de una cierta agresividad a la hora del funcionamiento estrictamente profesional en el campo de la comunicación. En segundo lugar, la Agencia está considerada como la segunda agencia en medios escritos iberoamericanos porque no existe un servicio de fotos en la oferta de la Agencia Efe, lo que significa que en un momento determinado podía ser más fácil prescindir de la Agencia que de AP o de France Presse, por ejemplo, y ése sin duda es un riesgo que existe para el futuro. En tercer lugar, en España (y también esto proviene de estudios realizados en el interior de la Agencia Efe, por tanto yo creo que compartido por la propia Agencia) usted sabe que los incrementos de ingresos generados en los servicios básicos de la Agencia, en los últimos años, se han originado vía aumento de tarifas y no vía aumento de la productividad.
Por último, también hay que ser conscientes de que la diversificación que se ha emprendido en el sector audiovisual tiene un techo (se manifiesta en las dificultades que ahora mismo están atravesando televisiones o radios), y es difícil que en el futuro estos servicios puedan actuar como financiadores de la estructura básica de la Agencia, a diferencia de lo que ha sucedido en estos últimos años. Es decir, estamos en una situación de una cierta posición de riesgo para el futuro, de cambios importantes para el futuro, y nos gustaría saber si existen unos planes en la Agencia para enfrentar estos significativos problemas con los que se va a encontrar y se está encontrando ya la Agencia Efe, y que van a afectar a su propia estabilidad. Seguramente no es posible mantener por más tiempo un sistema de contrato de servicios que se hace año a año, un poco en función del resultado de la gestión del año anterior, por tanto con previsiones algo arbitrarias, y se echa en falta una planificación a medio y largo plazo, que no existe en este momento y que solamente sería posible yendo a técnicas de contratos-programa del Estado con Efe, o algo parecido, que signifiquen que existe una verdadera estrategia en la Agencia Efe. Probablemente en estos momentos no existe una verdadera estrategia desde el punto de vista no

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solamente comunicacional, sino económico, de cara a nuevos negocios que, sin duda, es la única vía posible en el futuro de mantenimiento de los niveles de autofinanciación que la Agencia Efe tiene, e incluso en esa línea que usted señalaba en el gráfico de ir haciendo descender la parte que el Estado aporta a Efe por vía del contrato de servicios. Nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto, cómo piensa contrarrestar estos desafíos del proyecto, que ha sido bien calificado como proyecto de Estado, esto que representa Efe, y que viene referido nada menos que a la opinión pública mundial.


El señor PRESIDENTE: Señor Mohedano, tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Tendría derecho nuestro Grupo, reglamentariamente, a plantear al Presidente de la Agencia Efe algunas preguntas en relación con la exposición que ha hecho en esta comparecencia. Pero aparte de lo exhaustiva que ha sido su intervención, y también para evitar que la señora Mato, portavoz del Grupo Popular, pudiera pensar que nuestras preguntas podrían tener casi un efecto de reduplicar ese carácter propagandístico que injustamente le atribuía en algunos momentos de su intervención a la Agencia Efe, y dada también la hora que es, no vamos a hacer ninguna pregunta; tiempo habrá en próximas comparecencias para hacer preguntas sobre los aspectos más fundamentales, podríamos decir mollares, que cumple o debe cumplir una agencia estatal de las características de la Agencia Efe, una de las principales agencias mundiales de información.
Créanme, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que he estado escuchando atentamente, con el máximo interés, la exposición del compareciente y también las de la Diputada y el Diputado que han intervenido. Mi intervención va a ser exactamente la misma, en sus líneas fundamentales, que hubiera sido en la comparecencia del Presidente de esta agencia estatal en otro momento anterior y en otro momento político distinto, mañana o pasado mañana (me refiero en tiempos políticos), ante una comparecencia de estas características. Porque no sólo a tenor de lo que se pide en la comparecencia, sino a tenor de lo que nos debe interesar como responsables políticos y como parlamentarios, lo fundamental es si la Agencia Efe española cumple su función de divulgadora y de presencia idiomática e informativa de España en el mundo, primordialmente en el mundo iberoamericano, no sólo en el mundo iberoamericano pero fundamentalmente. Y en segundo lugar, si el presupuesto y los recursos financieros en orden a esa presencia informativa e idiomática son los correctos, incluido su contrato de servicios con el Estado, y si esos recursos son administrados de forma correcta y, por tanto, la gestión de esta Agencia, que es más que una empresa (porque es una empresa no sólo económica sino también al servicio de los intereses culturales y de la presencia en España en el mundo), se ha realizado correctamente. En esos términos, en los que pienso que coincidiríamos todos los presentes, no habría que hacer excesivas intervenciones o excesivas disquisiciones sobre la comparecencia que se ha realizado. Tan es así que una parlamentaria que es una persona inteligente y una parlamentaria incisiva, lo que tenemos que agradecer siempre desde el Partido que soporta al Gobierno, no digo que haya cometido el error, pero no ha tenido más remedio o la necesidad de acudir a bordear algunos asuntos periféricos, no centrales, sobre lo que debe ser la función de la Agencia Efe y la gestión de sus directivos, lo cual ha dado lugar a dos consecuencias.
La primera consecuencia es que en esta comparecencia ha puesto un mayor énfasis, como derivación de estos temas que se han planteado por los peticionarios de la comparecencia, en aspectos no digo que no sean importantes ni que sean secundarios pero que no son los asuntos mollares, probablemente, porque sinceramente no hemos apreciado, con los datos que se nos han dado y que conocemos, nada incorrecto. La Agencia Efe --no sólo por lo que conocemos o por lo que se nos ha dicho en este caso, sino cuando viajamos por Iberoamérica y cuando nos enteramos de la opinión de la comunidad informativa en España-- es una agencia que tiene un prestigio en el mundo, al que llega fundamentalmente en Iberoamérica y también en la comunidad de medios de comunicación en España. Por otro lado, no hay ningún dato de los que conocemos, de los que han sido preguntados y han sido dados, no sólo con exhaustividad sino diáfanamente, casi espontáneamente, por el compareciente, que nos haga pensar en una incorrección en la gestión económica. Nos decía la señora Mato que ella no quiere una mala gestión económica de la Agencia Efe.
Nosotros no la queremos, efectivamente. Y si ella hubiera apuntado realmente algún dato importante, sobre él podríamos discutir, pero no ha sido así.
La segunda consecuencia --en ese tono a veces serio pero sarcástico de la portavoz del Grupo Popular-- es que ha provocado al compareciente, en esa misma línea de algunos aspectos periféricos, a que nos inundara exhaustivamente de información sobre esos otros aspectos que --como digo--, sin dejar de ser importantes, quizás la hora en que estamos no nos permita plantear algunas de esas cosas que el Diputado López Garrido decía que eran aspectos cualitativos, sobre los cuales a veces debemos tener también una cierta precaución, porque cualquier medio de comunicación, incluida una agencia estatal, tiene una gran libertad de expresión y es difícil preguntarse --no sé si se podrá preguntar o no-- si la información que da ocupa o no muchas veces las primeras páginas de los periódicos. Yo estoy seguro, y al hilo de la intervención también de la señora Mato, de que una de las informaciones que ha ocupado la primera página de los medios de comunicación escrita en estos últimos tiempos de manera más amplia ha sido, precisamente, la entrevista con el Presidente del Gobierno que se realizó hace pocas semanas. Por tanto, nos meteríamos quizá en un terreno no digo que no sea importante, pero en un terreno un poco vidrioso. Entrevista con el Presidente del Gobierno, señora Mato, que por el énfasis que ha puesto usted por lo menos en dos ocasiones en esta comparecencia, que era fundamentalmente sobre la situación económica de la Agencia Efe y las previsiones económicas para el ejercicio del año 1994, me reconocerá usted --se lo digo con todo respeto y con todo afecto-- que es un poco

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estrecha, un poco cicatera la relevancia que le da usted. Yo comprendo perfectamente que desde una opción política determinada, beligerante en el juego democrático, le pueda a una persona gustar o no en un momento determinado que la agencia estatal haga una entrevista al Presidente del Gobierno. Pero si atendemos a las circunstancias, al momento --no al momento electoral sino precisamente después de las elecciones--, no podemos dar esa relevancia de reproche y de crítica a la Agencia Efe porque haga una entrevista --de las pocas que se han hecho al Presidente del Gobierno por esta agencia durante los últimos años-- al Presidente del Gobierno en España, cualquiera que sea su afiliación política, la ideología o el partido al que pertenezca; una entrevista al Presidente del Gobierno que quiere para sí no sólo la Agencia estatal Efe sino también muchos medios de comunicación que probablemente están pujando (El señor Cisneros Laborda: Pero no se la dan.) sobre todo en algunas coyunturas, para realizar esa entrevista. La prueba es que precisamente de manera coetánea a la entrevista de la Agencia Efe al Presidente del Gobierno se le hicieron varias entrevistas más en otros medios de comunicación, fundamentalmente televisiones y radios privadas, no por una agencia estatal.
En consecuencia, aceptando perfectamente los términos en los que se plantea por la portavoz del Partido Popular --y nos parece absolutamente lógico que lo haga así--, reconozcamos también, en una especie de examen de conciencia colectivo, que es un poco cicatero plantear ese reproche por el hecho de que se haga una entrevista al Presidente del Gobierno de España en un momento no electoral y cuando, además, era requerido no sólo por la Agencia Efe sino por otra serie de medios de comunicación privados, porque también es importante conocer cuál es la opinión del Presidente del Gobierno --igual o más que la de otros responsables públicos-- en determinadas coyunturas políticas.
Dejando al margen esta circunstancia concreta que ha sido planteada por la portavoz del Partido Popular, que sinceramente creemos que es un poco exagerada aunque nos parece, como decimos, lógico que la platee, quizá en otra oportunidad podamos volver a discutir más concretamente cuál es la proyección real que desde el punto de vista de la función idiomática y de la función informativa tiene la Agencia Efe en el mundo, y algunos aspectos de mejora quizás de este papel que cubre la Agencia Efe.
No vamos a entrar en otros detalles como, por ejemplo, el consejo de administración de la Agencia Efe, entre otras cosas porque no es función del compareciente, porque no es él el que nombra al consejo de administración. Sí que es una agencia estatal. Nuestro grupo político mantiene el que tenga ese carácter estatal y carácter público, que tenga esa financiación actual a través del contrato de servicios que, por cierto, en términos relativos, no ya sólo comparado con los contratos similares que tienen otras agencias en países circundantes, en Francia, en Italia o en Alemania, pensamos sinceramente que en esos términos, por ejemplo, el Parlamento francés no dejará de apoyar hasta el máximo la agencia France Presse, que cubre un papel informativo importantísimo de Francia en el mundo, no dejará de apoyarla, no en los términos actuales sino incluso incrementando ese apoyo, porque es un contrato de servicios que se ha mantenido congelado en los últimos seis años y que, además, en términos relativos su aumento ha sido absolutamente escaso o incluso decreciente si hablamos en términos relativos. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que el índice de rentabilidad de la empresa ha sido importante, porque se han invertido prácticamente los términos del apoyo económico del Estado a través del contrato de servicios y los resultados económicos de su gestión. Ha pasado de un 35-65 en contra de los resultados de la empresa, a un 65-30 a favor precisamente de esos resultados de la propia empresa, disminuyendo en esa proporción en contrato de servicios del Estado.
El Consejo de Administración no es función del Presidente de la compañía, como he dicho. En cualquier caso, apoyamos ese carácter estatal de la compañía y un consejo fundamentalmente técnico. Podemos discutir en otro momento cuál debe ser la composición del Consejo de Administración de la Agencia Efe, pero precisamente cuando estamos hablando de revisar el Estatuto de Radiotelevisión, una de las líneas de orientación que se están planteando es perfilar un futuro consejo de administración más técnico y precisamente ese carácter más técnico es el que, en principio, parece que tiene la Agencia Efe, sin que hasta el momento nadie haya podido decir que el Consejo de Administración de la Agencia Efe, se reúna mucho o se reúna poco, haya interferido en lo más mínimo en la línea informativa y en el trabajo independiente de los profesionales de ese medio.
Nos da igual, a esos efectos, que los miembros del Consejo de Administración, designados --me parece, no estoy muy seguro-- por el Patrimonio, pertenezcan a un organismo del Estado o a otro. Lo que es importante es que en estos momentos, igual que decía que no teníamos ningún dato hasta ahora, a la vista de los informes, de que no haya habido una expansión de la labor idiomática informativa de la Agencia Efe, una expansión además acertada, adecuada a las innovaciones tecnológicas en el mundo; de que se hayan administrado incorrectamente los fondos, los recursos y los presupuestos al servicio de esa función de la Agencia Efe, tampoco tenemos ningún dato de que el Consejo de Administración haya interferido en lo más mínimo en el trabajo informativo de los profesionales de dicha Agencia Efe.
Por eso, señor Presidente, quería fijar mi intervención en estos términos, sin dejar de agradecer al compareciente el carácter exhaustivo y su espontaneidad en toda la información que nos ha dado y, cómo no, también a la señora Mato, representante del Grupo Popular, que haya ejercido esa sana labor de control democrático, en este caso correctamente, como es natural, porque se trata de una agencia estatal.
Pero le pediría también, sinceramente, que, al margen de la perspectiva política desde la que ella enfoca el control en esta comparecencia, pudiéramos también reconocer que una agencia estatal, que siempre ha tenido importancia para España en el mundo en el que ha desarrollado su labor, si no ha acrecentado su prestigio --que yo creo que sí--, al menos lo ha mantenido en ese papel

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importante que juega no para el papá Estado, señora Mato, sino para el Estado español.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sobrado Palomares por cinco minutos, porque al señor Subsecretario de Interior, que de vez en cuando aparece y abre la puerta, le tenemos esperando desde las cinco de la tarde.
Le ruego, por tanto, que en cinco minutos dé contestación y, en todo caso, envíe por escrito respuestas a lo que parece que ha quedado comprometido.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): No sé si siempre tienen la razón los clientes o no, pero los clientes de una agencia son muy importantes a la hora de medir su eficacia. Los clientes de la Agencia Efe, la AEDE, lo han mostrado públicamente y cuando se han firmado los contratos de servicios --con la AEDE, no con el Estado-- han aceptado alguna vez subidas en virtud de que era importante la labor de Efe y que era totalmente imparcial.
Le tengo que decir que en los últimos años nunca, jamás, a pesar de que hemos cubierto dos elecciones generales, muchas autonómicas y municipales, hemos tenido de ningún grupo parlamentario, de ningún partido político una protesta o cualquier crítica de este tipo, sino todo lo contrario. Incluso le puedo decir que de su Partido, señora Mato, a través del máximo dirigente del mismo se ha dicho que la labor de Efe era correcta en términos generales, y lo han dicho exponentes de su partido.
En cuanto a lo del Consejo de Administración --y voy terminando-- no me meto en esos temas, pero sí que voy a dar una idea de filosofía pragmática, y es que es una agencia mundial, y lo que no se debe percibir en los ámbitos mundiales, principalmente en Iberoamérica, donde hay una sensibilidad especial, es que el Gobierno español actúa sobre la Agencia Efe. Cualquier fórmula de consejo --no me meto en ella-- o de control parlamentario que sirviera a una incidencia de los poderes públicos y políticos en la Agencia Efe sería perjudicial.
Después de los puntos frágiles, primeras páginas de los periódicos. A veces nosotros somos como un canódromo, que se suelta al lebrel y coge la liebre. Nosotros a veces cazamos las noticias y las levantamos, pero lo hacemos a las once de la mañana, entonces los periódicos tienen todo el día para trabajar sobre esa noticia y la dan en primera página al día siguiente, pero no citan a Efe. Por ejemplo, nosotros fuimos los que dimos lo de don Mariano Rubio ayer, y hoy llena todas las primeras páginas de los periódicos; fue, repito, la Agencia Efe la primera que lo dio. No me meto en el fondo. Por ejemplo, la entrevista con el Presidente del Gobierno ocupó todas las primeras páginas, pero no quiero meterme en eso.
Hay muchas noticias que después los periódicos utilizan a su antojo y hacen muy bien, para eso nos pagan.
Respecto a lo que me decía usted de que crecimos por aumento de tarifas, es que el cien por cien de los periódicos españoles son clientes de Efe, entonces sólo nos queda el recurso de dichas tarifas o no habrá servicios.
Y hemos creado servicios regionales, los cuales han tenido una aceptación, y en este momento estamos creando servicios gráficos para las autonomías.
Esto nos permitirá una nueva facturación en las empresas, pero como el cien por cien son clientes, insisto, no tenemos otro medio, sólo ese.
El contrato de servicios con el Estado quisiera que fuera un contrato jurídicamente sólido, suficiente económicamente y también con una temporalidad que nos permita hacer unos esquemas de operación de futuro.
Tenemos una estrategia económica perfectamente definida y escrita, y antes de final de año la imprimiremos para que todos tengan los objetivos a corto y medio plazo de la Agencia Efe; unos objetivos clarísimos desde el punto de vista económico e informativo.
En resumen, puedo asegurar que la Agencia Efe gestiona con el máximo rigor, con la máxima transparencia y le diría que incluso con ascetismo.


El señor PRESIDENTE: La señora Mato tiene la palabra.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, voy a ser absolutamente breve.
Solamente tres cosas.
En primer lugar, anticipar al Presidente de la Agencia Efe que le voy a plantear todas las preguntas prácticamente que he expuesto en esta Comisión, puesto que no se ha contestado concretamente a ninguna de ellas.
Fundamentalmente no se ha respondido ni a la referente a deudores, ni a incrementos retributivos, ni al propio plan de objetivos que es importante. Y anticipo también que si existe ese plan de objetivos pediremos una comparecencia para que se nos explique en esta Cámara.
En segundo lugar, quiero aclarar que cuando he hablado de la posibilidad de privatización he dicho que era privatización parcial de la Agencia Efe, tan parcial que hemos dicho que daba entrada a los clientes, pero que nunca tuvieran una posición mayoritaria en la Agencia. Eso que quede bien claro.
En cuanto al carácter propagandístico, que nunca se había dado en la Agencia Efe. Espero que se haya dado única y exclusivamente con la entrevista que se le realizó al Presidente Felipe González y estoy segura de que se acabará con eso y no tendremos que volver a lamentar incidentes como este.
En tercer lugar, ratificar todos los datos que he presentado y lo único que sí queda claro de esta intervención es que el resultado negativo de la Agencia Efe de 1993 es casi de 11.000 millones de pesetas: seis mil de deuda entre corto y largo plazo, 1.456 de pérdidas y 3.400 del contrato con el Estado. Casi, repito, 11.000 millones de pesetas es el resultado del año 1993 según los datos que se han facilitado en esta Comisión.
Por último --agradeciendo la comparecencia del señor Presidente--, comentar que el carácter estatal de la Agencia Efe nada tiene que ver con un carácter gubernamental de la misma. Por tanto, es impresentable absolutamente la composición del Consejo de Administración en estos momentos, de lo cual sí tiene toda la responsabilidad no el Presidente de la Agencia Efe, sino el Gobierno y don Felipe González.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Presidente de la Agencia Efe.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): Tendrá usted todos los datos que quiere.
Tengo que decir que, desde el punto de vista periodístico --hablo como periodista--, me parecía que me debía ir de la Agencia Efe si no le hubiera hecho esa entrevista al Presidente Felipe González (en ese momento y con la personalidad de Felipe González). Si no se la hubiera hecho, teniendo ocasión de ello, repito, desde luego merecería que me echaran de la Agencia Efe; palabra que yo dimitiría desde mi sensibilidad de periodista.
No entendí bien la cifra de 11.000 millones. Esa cifra es prácticamente el Presupuesto global de la Agencia Efe. El endeudamiento fueron 2.300 millones el año pasado. No sé si he mezclado algo ahí. Puedo haberme equivocado yo antes.


El señor PRESIDENTE: En todo caso está el «Diario de Sesiones» y se puede aclarar leyéndolo.
Le ruego, señor Sobrado Palomares, que tal y como se ha comprometido, lea el «Diario de Sesiones» y respecto de las preguntas sobre las que quiera hacer alguna matización o complemento, lo puede hacer perfectamente por escrito y daremos traslado de ello a los señores Diputados que lo han solicitado.
Muchas gracias, señor Sobrado Palomares, por su comparecencia, y esperamos verle nuevamente entre nosotros.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Sobrado Palomares): Muchas gracias, señor Presidente.


--PREGUNTA SOBRE ACTUACION DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA RESPECTO DE LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN CIUDADANOS DE DIVERSOS PAISES AFRICANOS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO EN DICHA CIUDAD. FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO (Grupo IU-IC). (Número de expediente 181/000145.)

El señor PRESIDENTE: Procedemos a tramitar el último punto del orden del día, que es la comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio del Interior para contestar a la pregunta sobre la actuación del Delegado de Gobierno en Melilla respecto a la situación por la que atraviesan ciudadanos de diversos países africanos solicitantes de asilo y refugio en dicha ciudad.
Señor Subsecretario, bienvenido al seno de esta Comisión.
El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: También muy brevemente, dado el tiempo que lleva aquí esperando esta ocasión el señor Subsecretario.
El 20 de diciembre del año pasado formulé una pregunta a su antecesor en el cargo, señor Moreno Catena, sobre esta misma cuestión relativa a que casi doscientas personas solicitantes de asilo atravesaban una situación de penuria económica, sanitaria y de todo tipo en Melilla.
Como usted sabe, este problema empezó a nacer en octubre del año 1991, cuando crece de una forma inusual el número de personas que proceden de países de Africa negra y da lugar a una serie de situaciones inaceptables desde el punto de los derechos humanos, ya que estas personas son, en primer lugar, expulsadas de Melilla hacia Marruecos, pero este país no las quiere admitir y las sitúa en un territorio de nadie en opinión del Gobierno español en ese momento, no del Defensor del Pueblo, que interviene activamente. Esto desemboca en una demanda ante la Comisión Europea de Derechos Humanos y como consecuencia de la misma empieza a solucionarse el problema, pero parcialmente, ya que aún quedaban en ese momento bastantes personas en Melilla, concretamente en el Hospital de la Cruz Roja, sin un alojamiento mínimamente adecuado.
Nosotros señalamos en ese momento que seguramente los problemas venían, aparte de por cuestiones fácticas debido a la dificultad de documentar a esas personas, de las difíciles relaciones del Delegado del Gobierno con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y abogábamos porque se restablecieran unas buenas relaciones con CEAR, que, como usted sabe, tiene una importante capacidad de relación y de contacto --decía yo en aquella intervención de hace algunos meses-- con personas en el Africa sudsahariana.
La pregunta que hoy le hacemos es sobre la situación de esas personas en este momento, cómo ha evolucionado este problema, si se han solucionado las difíciles relaciones del Delegado del Gobierno con quienes se preocuparon por todo ello, tanto CEAR como otras organizaciones no gubernamentales, y cuál es, en lo sucesivo, la posición que va a adoptar el Gobierno español a ese respecto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE INTERIOR: (Puig de la Bellacasa y Aguirre): Señoría, no voy a entrar a explicar la actuación del Delegado del Gobierno en Melilla en relación con el colectivo centroafricano.
Remontándonos al año 1991, creo que ha habido diferentes comparecencias sobre este tema; S. S. se ha interesado en varias ocasiones por la situación de este colectivo, la última de ellas, efectivamente, en el mes de diciembre. Yo creo que el interés de mi comparecencia aquí es justamente el de explicar la situación del colectivo de centroafricanos que todavía están en la ciudad de Melilla.
Nos estamos refiriendo a un colectivo de ciudadanos que entraron en España de manera irregular --esto es importante destacarlo--, en la ciudad de Melilla, a lo largo del año 1992. Se habla, al referirse a este colectivo, de un número inusual. Yo creo que 200 personas, teniendo en cuenta lo que pueden ser los flujos migratorios en otras zonas de Europa o del mundo, es una cifra casi irrisoria.


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Tiene importancia teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de la ciudad de Melilla, en donde conviven diferentes colectivos: hay un colectivo importante musulmán, evidentemente español, ya que se ha nacionalizado a partir de la Ley de Extranjería, en los años 1985-1986; hay un colectivo importante de origen hebreo, y otro colectivo de origen hindú. Es decir que hay un problema de una convivencia --yo creo-- bastante armónica, sobre todo en los últimos años, de los diferentes colectivos étnicos que conviven en la ciudad de Melilla, y la entrada en un momento determinado de 200 personas, que, vuelvo a repetir, es un dato irrisorio a nivel nacional, podía plantear, teniendo en cuenta que alguno de estos colectivos, fundamentalmente el colectivo musulmán, todavía tiene carencias de tipo social importantes, problemas de agravios comparativos que, evidentemente, en la acción del Delegado del Gobierno había que tener en cuenta ya que hubo quejas de representantes del colectivo musulmán a dicho Delegado por determinadas actuaciones que pudo haber excesivamente favorecedoras del grupo de centroafricanos, que, vuelvo a repetir, habían entrado irregularmente en la ciudad de Melilla. Hay que recordar que, además del alojamiento en Cruz Roja, se les suministraron alimentos, ropas y enseres de aseo, y algunos de ellos, los que reunían las condiciones establecidas, tuvieron la ayuda individual de 32.000 pesetas por parte del Inserso. A lo largo de este proceso, parte de este colectivo, no todo, solicitó asilo y refugio.
No voy a entrar en lo que fue todo ese proceso --creo que ya ha habido alguna comparecencia al respecto-- pero sí diré que de esas 196 personas solamente cinco se pudieron acoger al Estatuto de Refugiado, con el voto unánime de la Comisión de Asilo y Refugio, es decir, de todos los componentes de los diferentes Ministerios que participan en esa comisión, y del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Evidentemente, por el proceso, que fue muy difícil, muy largo, de entrevistas de estas personas --el propio proceso de irregularidad en la ciudad de Melilla--, nos encontramos con un colectivo de, repito, en torno a 190 personas con el que había que hacer algo. Partiendo de esta base, y con carácter excepcional fundamentalmente por razones estrictamente humanitarias, se tomó --después de una reunión con el anterior Ministro del Interior en el mes de septiembre pasado, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales-- la decisión de intentar regularizar, de integrar al máximo número posible de estas personas en la ciudad de Melilla o en otros lugares del territorio nacional. Esto se ha venido haciendo de manera paulatina, atendiendo en muchos casos a la situación documental de estos ciudadanos (muchos de ellos no tenían ningún tipo de documentación; otros, en el período anterior, incluso la habían ocultado, y la prueba es que han aparecido documentos en el momento en que se ha abierto este proceso de regularización), y para ello se contó con la colaboración fundamental, por un lado, de Cruz Roja y, por otro, de Cáritas, que ha sido la organización que ha trasladado y que ha intentado integrar (con el acuerdo, en algunos casos, de ayuntamientos, y, en otros casos, de diputaciones, de organizaciones no gubernamentales) este número de personas en diferentes lugares de España.
Se les ha dotado de permiso de trabajo y residencia.
Yo mismo, en mi anterior responsabilidad de Director general de Política Interior, di instrucciones a los gobernadores civiles para que favorecieran justamente la entrega de esta documentación de permisos de trabajo y residencia, y por tanto, creo que se ha hecho un esfuerzo importante.
Paralelamente a esto, se tuvo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, contacto con diferentes embajadas para intentar documentarles, y después de este proceso, desde el mes de septiembre, en que se decide por parte del Ministro la integración de este colectivo y su salida de la ciudad de Melilla, al día de hoy, sólo queda en Melilla un grupo de 39 personas, de las cuales 32 ya han sido recientemente documentadas a lo largo del mes pasado, y esperamos, según una conversación que he tenido antes de venir a la Comisión con el Delegado del Gobierno y con responsables de Cáritas, que su traslado a la península se produzca en el plazo de una semana, con lo cual quedarían única y exclusivamente siete personas que vamos a intentar hacer todas las gestiones con las delegaciones diplomáticas justamente para documentarlas, porque, en caso contrario, sería absolutamente imposible su regularización y tendrían que ser devueltas a sus países de origen.
Por tanto, yo creo que la actuación del Delegado del Gobierno en Melilla ha sido correcta, lo reitero en este momento. Me parece que se han enfrentado, en una ciudad complicada --vuelvo a repetir--, con diferentes colectivos; se ha enfrentado a un problema de difícil solución; se ha encontrado con una situación de hecho complicada, y yo creo que frente a esa situación ha cumplido con su misión, que es intentar aplicar la ley, y hacerlo en todo momento con un sentido equilibrado y humanitario, como ha demostrado con el resultado de estas gestiones. Pienso que ha impulsado y ha apoyada la actuación de otro tipo de organizaciones no gubernamentales. Usted cita a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que en mi conocimiento no tiene representación en la ciudad de Melilla; se ha trasladado alguna vez desde Sevilla el responsable de CEAR en Andalucía, pero los que han llevado directamente el trabajo con este colectivo fueron, por un lado, el responsable de Cruz Roja en la ciudad de Melilla, y, por otro, el responsable de Cáritas interparroquial en dicha ciudad.
Yo creo que el Delegado del Gobierno ha apoyado justamente estas tareas, ha colaborado en las mismas, ha coordinado la actuación de estas organizaciones humanitarias y, por tanto, desde la posición de nuestro Ministerio, ha actuado con todo rigor.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
Finalizamos el orden del día con este último trámite. Le doy las gracias por su asistencia y convocaremos una próxima reunión.
Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.

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