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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 147, de 21/03/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 147 POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL Sesión núm. 10 celebrada el lunes, 21 de marzo de 1994

ORDEN DEL DIA: --Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley por el que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
(BOCG serie A, número 42-1.--Número de expediente 121/000032.) Final.


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes.
Señoras y señores Diputados, se abre la sesión para retomar el dictamen del proyecto de ley donde lo dejamos el último día en que tuvo lugar la Comisión.
Enmienda 22 del señor Albistur. (Pausa.) Se da por defendida.
Enmiendas 27 a 31 del señor González Lizondo. (Pausa.) Se dan por defendidas también.
Enmiendas 156, 157 y 158 del señor Mur Bernad. (Pausa.) Se dan por defendidas también.
Para la defensa de las enmiendas 88 a 97 del artículo 4.º, del proyecto de ley, tiene la palabra el señor Mauricio.


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El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muy brevemente para mantenerlas. Veo que no hay ninguna posibilidad de fórmulas transaccionales, de momento --espero que a lo largo de la sesión alguna de ellas se produzca--, y doy por defendidas las enmiendas a este artículo.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Vasco, números 57 a 59. (Pausa.) Se dan también por defendidas y, por lo tanto, se incorporan al dictamen de la Comisión.
Para la defensa de las enmiendas 414 y 415, en nombre del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi enmienda 414, al artículo 4.º1, primer párrafo, simplemente quiere puntualizar que el descanso se produzca cuando la jornada de seis horas sea ininterrumpida. Esta es una enmienda que coincide con la 188 del Grupo Socialista y que en su momento tendremos que retirar porque ya está incorporada, de hecho, al informe de la Ponencia.
Nuestra enmienda 415 erróneamente fue defendida en la sesión anterior por lo que simplemente quiero ratificar lo que ya dije en ese momento. Se trata del calendario de fiestas y de que algunas comunidades que tienen importantes fiestas, de tipo local y nacional, de gran arraigo popular puedan tener la posibilidad, cuando así se produzca porque no coincidan en domingo, de celebrarlas con una fiesta recuperable.
La argumentación fundamental, como digo, la expuse en mi intervención de la sesión anterior y, por tanto, no canso a SS. SS. con este tema, sino que me remito a lo que ya dije en aquella sesión.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 319 a 334 en nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: En relación con el artículo 4.º, que regula fundamentalmente el tema de jornada tal y como venía contemplado hasta la fecha en el Estatuto de los Trabajadores, nuestro Grupo ha presentado las enmiendas números 319 a 334 que paso a defender a continuación, si bien me parece oportuno hacer, como introducción general, una declaración en relación con el apartado relativo a jornada. En nuestra opinión es de particular importancia dicho apartado porque hace referencia al día a día del contrato laboral, y la posición de nuestro Grupo es la de admitir una parte de la flexibilidad que se propone en la reforma que plantea el Gobierno. Hay otros aspectos concretos de la reforma del Estatuto de los Trabajadores planteados por el Gobierno, como, por ejemplo, los temas relativos a contratación o a extinción de las relaciones laborales, que, en nuestra opinión, son absolutamente negativos y entendemos que no inciden directamente en la productividad laboral y en la competitividad de las empresas, en la medida en que cuando se plantean problemas de despidos colectivos, lo cierto es que ya se ha producido una falta de competitividad en las empresas o una falta de productividad en los trabajadores. Por tanto, si queremos mejorar la productividad de las empresas y la competitividad de los trabajadores es precisamente en los temas del día a día de la relación laboral donde hay que hacer hincapié y, desde ese punto de vista, nosotros creemos que se pueden introducir determinadas mejoras y estamos dispuestos a contemplar con una determinada flexibilidad las reformas que plantea el Gobierno en relación con este artículo 4.º, si bien, insistimos, nos parecen absolutamente negativas las medidas que se plantean con carácter general en lo relativo a contratación o despido.
Desde esta perspectiva las enmiendas que nosotros planteamos son enmiendas fundamentalmente de detalles. La enmienda número 319 pretende la supresión del promedio en cómputo anual de la jornada de 40 horas semanales. Esta es una frase nueva que no figuraba en el actual Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Aquí la reforma que plantea el Gobierno es que sea el promedio en cómputo anual. En nuestra opinión esta afirmación lo que viene a presuponer es la posibilidad de que la jornada semanal sea de más de 40 horas de trabajo efectivo, en la medida en que, como conocen SS. SS., el año tiene una serie de semanas que no son laborables, las semanas de vacaciones entre otras, y las 52 semanas naturales quedan reducidas nuevamente a 48. Al hablar de promedio en cómputo anual, evidentemente se admite que, por tanto, la jornada real en las semanas laborables sea superior a las 40 horas de trabajo. Este párrafo nos parece absolutamente negativo e innecesario, porque lo que en definitiva se pueda pretender con la distribución irregular de la jornada semanal, viene regulado posteriormente.
La distribución irregular de la jornada se contempla también en la reforma que plantea el Gobierno. En relación con este tema pretendemos que esa reforma se lleve a cabo no como la plantea el Gobierno, mediante la posibilidad de ejecutarla por contrato individual, sino que, en nuestra opinión, esto se tiene que llevar a cabo mediante convenio colectivo. Por tanto, admitimos la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, pero siempre que la misma sea acordada entre las empresas o la representación empresarial y los representantes de los trabajadores o los sindicatos en la negociación colectiva.
Por lo que se refiere a la jornada ordinaria de trabajo, conocen SS. SS.
que en la actualidad está establecido el límite máximo de nueve horas ordinarias. Saben también SS. SS. que en la reforma que plantea el Gobierno este límite máximo desaparece y se queda un único límite de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la otra. En nuestra opinión, esta eliminación del tope máximo de nueve horas ordinarias de trabajo es absolutamente negativo por cuanto da pie a la posibilidad de que nos encontremos con unas jornadas realmente negativas desde el punto de vista de la protección de la salud de los trabajadores. En un país como el nuestro, en el que la trasposición de las directivas comunitarias sobre salud está absolutamente carente de desarrollo, nos parece que posibilitar mediante esta reforma del Gobierno el que la jornada laboral ordinaria pueda alcanzar hasta 12 horas diarias es absolutamente nocivo y, por tanto, somos partidarios de

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que se mantengan los topes actuales de jornada ordinaria de nueve horas como máximo.
Creemos, asimismo, que la regulación del calendario laboral, en la medida en que supone, efectivamente, la plasmación concreta de la distribución de la jornada, tiene que tener un especial valor. De tal manera que quede claro que a comienzos de año se elabora por la empresa el calendario laboral ajustándose a lo dispuesto en las normas legales, tanto disposiciones estatales como convenios colectivos; que una copia de ese calendario se tiene que entregar a la representación de los trabajadores y que también se ha de hacer público en el centro de trabajo y que lo dispuesto en ese calendario laboral así elaborado sólo podrá modificarse con arreglo a las disposiciones finales.
En nuestra opinión, las modificaciones que se introducen por el Gobierno en los apartados relativos a horas extraordinarias son claramente contraproducentes. Recientemente, en la Comisión de Política Social tenía lugar una comparecencia del Secretario de Empleo, quien a preguntas de este Diputado reconocía que en el año 1992 el número de horas extraordinarias trabajadas en nuestro país, descontando las pequeñas empresas de la Administración pública y algunos sectores productivos, era superior a 65 millones, cuantía que se consideraba extraordinariamente alta, máxime si se atiende al volumen importante de desempleo que sufre nuestro país. Desde esta perspectiva, el que en la regulación nueva de las horas extraordinarias que se plantea por el Gobierno desaparezca el recargo autonómico del 75 por ciento actualmente vigente nos parece que no va a venir sino a incrementar el número de horas extraordinarias que se trabajan. Por tanto, somos partidarios de que las horas extraordinarias, por una parte, se limiten en su cuantía a un tope máximo anual de 40 y, por otra parte, se mantenga el recargo autonómico del 75 por ciento que existía actualmente.
También nos parece necesario puntualizar que los menores de 18 años, así como los aprendices, no podrán realizar horas extraordinarias. En este sentido, queremos llamar la atención de SS. SS. sobre el dato de que, como conocen perfectamente, puesto que ya hemos tenido ocasión de dictaminar el proyecto de ley dimanante del Real Decreto-ley en el que se contenía el aprendizaje, los aprendices tienen una cuota fija para Seguridad Social y no se regula en modo alguno su cotización por horas extraordinarias. De tal manera que en estos momentos no se sabe si los aprendices realizan horas extraordinarias sin cotizar a la Seguridad Social o cuál es la situación legal reguladora de las horas extraordinarias que trabajan los aprendices.
En nuestra opinión, precisamente por el carácter formativo que tiene el contrato de aprendizaje, los aprendices no deben realizar horas extraordinarias. Tengan en cuenta SS. SS. que el sueldo de los aprendices es notablemente bajo y que la posibilidad de realización de horas extraordinarias por los mismos sólo incidirá en una situación de abaratamiento de la mano de obra y de incentivar un proceso de sustitución de trabajadores fijos por trabajadores aprendices, cuya jornada ordinaria ya es muy barata y la jornada extraordinaria puede ser todavía más barata.
Por lo que se refiere al trabajo nocturno somos partidarios de que se mantenga el recargo económico que existía hasta la fecha del 25 por ciento sobre el salario base. Nos parece que la supresión de ese 25 por ciento es un aspecto negativo de una reforma que por otra parte tenemos que reconocer que tiene aspectos positivos, como aquellos que hacen hincapié en la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras que llevan a cabo esa jornada nocturna. Si efectivamente se reconoce que el trabajo nocturno es nocivo tanto desde el punto de vista de la salud de los trabajadores como en general desde el punto de vista de su vida ordinaria, parece lógico que ese trabajo nocturno tenga un recargo económico que hasta la fecha era del 25 por ciento y que nos parece que debe seguir manteniéndose.
Asimismo, nos parece especialmente razonable y especialmente aceptable la previsión de nuestra enmienda de que las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia tengan derecho a cambiar la jornada nocturna de trabajo por una diurna.
Por lo que se refiere al descanso semanal, nos parece que la previsión que se contiene en la reforma del Gobierno en torno a que el descanso semanal sea acumulable por períodos de 15 días no guarda relación con lo que se considera adecuado a una jornada laboral en el comienzo del siglo XXI. No entendemos por qué, precisamente después del siglo XX, en estos momentos, avanzamos en el tema de la jornada laboral hacia aquellos principios que eran propios del siglo XIX: poder incrementar la jornada diaria hasta el máximo de 12 horas y poder acumular los períodos semanales de descanso por períodos de dos semanas, con lo cual nos podemos encontrar con que un trabajador preste servicios durante 12, 13 ó 14 días en jornadas de hasta 12 horas diarias, lo cual, desde el punto de vista de la salud, es absolutamente rechazable.
Por lo que se refiere a las fiestas anuales nos parece que es necesario proceder a una cierta visión laica de las fiestas suprimiendo determinadas connotaciones religiosas de las mismas.
Finalmente, por lo que se refiere a las vacaciones, creemos que es necesario reducir la posibilidad de fraccionamiento de las mismas y, asimismo, reconocer la posibilidad de preferencia a los trabajadores que tengan hijos en edad escolar, de tal manera que por razones de evidente responsabilidad familiar esos padres de familia con hijos en edad escolar puedan tener derecho preferente a disfrutar sus vacaciones en los períodos en que sus hijos las disfruten.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas 230 a 234, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, voy a ser breve porque no son muchas las enmiendas presentadas por mi Grupo al articulado del proyecto de ley. No son muchas, cuantitativamente hablando --sólo hemos presentado cinco enmiendas-- y tampoco son muchas cualitativamente hablando, por lo que entendemos que son

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enmiendas que por su contenido pueden encontrar el apoyo de otros grupos o, al menos, el no rechazo en esta ocasión del Grupo Socialista. No son muchas tampoco, referencialmente hablando, ya que son muchas más las enmiendas presentadas por otros grupos a este artículo --exactamente 42-- y, exceptuando el Grupo Socialista y el Grupo Catalán con dos enmiendas (le ha sido admitida una por coincidencia con una del Grupo Socialista), el Grupo Popular es el que menos enmiendas ha presentado en concreto a este articulado. Y este hecho, el que mi Grupo presente tan pocas enmiendas, no es debido evidentemente ni a falta de trabajo ni de rigor, ni siquiera de ganas, sino --y sin que sirva de precedente-- porque en esta ocasión coincidimos con el espíritu de la norma, con el principio básico que informa el nuevo ordenamiento, al menos respecto a la ordenación del tiempo de trabajo. Es obvio que si intentamos fortalecer nuestra economía a través de una mejora de la competitividad, que ya han recogido otros grupos con anterioridad, las empresas españolas para mejorar esta economía tenemos que estar de acuerdo con una fórmula que no es puramente desreguladora, como es ésta con la que nos encontramos, pero que potencia el desarrollo de la negociación colectiva como elemento regulador de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo, siendo ésta, la negociación colectiva, un instrumento fundamental en este caso tanto para la flexibilidad de las diversas situaciones de los sectores de actividad y de empresa, como para una gestión más flexible de los recursos humanos en la empresa en temas como el que tratamos de la duración del tiempo de trabajo, donde esa flexibilidad se hace más necesaria, más patente para posibilitar una mejora en la adaptación de los elementos definidores de la relación laboral a las necesidades cambiantes de los mercados y procesos productivos. Es por ello que, dado que la presente norma reordena la regulación de la jornada de trabajo estableciendo los límites y garantías que por razones de salud y seguridad o por objetivos de política de empleo resultan indisponibles, excepto en un caso al que haré mención posteriormente en la defensa de nuestras enmiendas, y fija a su vez un marco de reglas del juego en el que la negociación de las partes pueda libremente desarrollarse, haciendo compatibles las necesidades organizativas de la empresa y los intereses y aspiraciones de los individuos, es por ello, reitero, por lo que entendemos, respecto a este artículo, prácticamente suficiente la reforma.
Dicho esto y con brevedad, paso en concreto a defender las enmiendas que nuestro Grupo ha presentado. La primera de ellas, al artículo 4.º1, que corresponde al artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, pide que se sustituya la expresión «poder establecer» por la de «se establecerá en su caso», para que sea mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Es obvio que pedimos la sustitución de la posibilidad que existe por la necesidad, por el «se establecerá», y ello, evidentemente, porque si la naturaleza de la actividad productiva, que no es aleatoria sino siempre concreta, exige en determinados casos una distribución irregular de la jornada a lo largo del año, ésta debe ser contemplada por las partes de forma taxativa, de forma obligatoria, para mejor garantía de sus propios derechos, toda vez que, de no hacerse así, podrían darse situaciones productivas que, exigiendo esa distribución irregular de la jornada, no se contemplaran en los convenios colectivos o en los acuerdos entre empresa y trabajadores por haberse dejado únicamente la posibilidad y no la necesidad de que lo establecieran. Entendemos que nuestra enmienda, aunque se pueda considerar, y lo sea también, una mejora técnica, redunda en el fondo en beneficio de las partes, obligándolas en su caso a establecer dicha distribución si la actividad productiva así lo exigiere.
La segunda de nuestras enmiendas es al artículo 4.º3, referente al artículo 36.4, párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores, y es relativa al derecho reconocido a los trabajadores nocturnos con problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno al cambio de puesto de trabajo, en este caso a puesto de trabajo diurno que exista en la empresa, y nosotros solicitamos puesto de trabajo para el que sean --añadiendo la palabra-- profesionalmente aptos. Es obvio que es una mejora, entendemos que lo que abunda no daña y creo además que está en el espíritu de todos los grupos el fondo que se contiene en nuestra enmienda, e impediría además con vigor fraudes que se pudieran producir en dichos cambios, ya que concreta totalmente la aptitud desde el punto de vista profesional con el cambio de puesto de trabajo a realizar.
La tercera de nuestras enmiendas, coincidente con la de algún otro Grupo, solicita la suspensión de la expresión «acumulables por períodos de hasta catorce días» respecto al descanso mínimo semanal. Ello en base --y en esto digo que entendemos que sí se ha producido una disposición de los principios indisponibles-- no sólo a lo dispuesto en la última directiva comunitaria de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación tiempo-trabajo, que en este caso no es recogida por el proyecto, cuando así lo ha hecho en innumerables ocasiones, sino porque entendemos que la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse en este caso a criterios de carácter puramente económico y que, para garantizar los mismos, éstos deberán poder disfrutar de un período mínimo de descanso, entre ellos el semanal, que la propia directiva establece como el límite máximo.
La cuarta y penúltima de nuestras enmiendas, al artículo 4.º4, referente al 37.2, párrafo primero, del Estatuto de los Trabajadores, solicita como introducción, dentro de las fiestas de ámbito nacional, respetar la del 12 de octubre, y no por nada, sino porque simplemente es la fiesta nacional, y entendemos que si alguna fiesta de ámbito nacional cabe respetar es ésta, dejando de lado cualquier tipo de connotación o sesgada interpretación que se quisiera hacer de nuestra enmienda, y entendemos por ello que así debería constar en el Estatuto de los Trabajadores, ya que en el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, modificado posteriormente por el Real Decreto 1346/1989, ya se fija esta fiesta del 12 de octubre, la fiesta nacional, como fiesta de carácter retribuido y no recuperable, junto con la del 6 de diciembre, y no puede ser sustituida por las comunidades

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autónomas, excepto si cae en lunes, por lo que su inclusión en el presente precepto entendemos que es una mejora que además no produce un cambio sensible cualitativo ni cuantitativo.
La última de nuestras enmiendas, al artículo 37.2, párrafo dos, solicita la adición de la expresión «en cooperación con las Comunidades Autónomas» en cuanto al traslado al lunes de las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, entendiendo este Grupo que, en virtud del principio de cooperación que consagra la configuración de nuestro Estado de Autonomías y que quedó consagrado en el pacto autonómico, y para evitar tensiones innecesarias, dichos cambios se deberían producir de acuerdo la Administración central con las Administraciones autonómicas.
Este es el contenido de nuestras enmiendas que entendemos que vienen a mejorar una parte, como es la ordenación del tiempo de trabajo, en la que, junto con otros grupos, la sensibilidad, es bastante coincidente con el propio proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de las enmiendas al artículo 4.º (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Méndez.


El señor MENDEZ MARTINEZ: De manera muy rápida, para indicar que creo que es bueno con respecto a este debate que la ordenación de la jornada de trabajo en este proyecto es un elemento esencial, porque viene a vincular la capacidad de organización de las empresas respecto de su propia capacidad directiva en el seno de las mismas con lo que podríamos denominar la organización de las empresas respecto de su propia capacidad directiva en el seno de las mismas con lo que podríamos denominar la organización de la vida de las personas que en las empresas desarrollan su trabajo.
Creemos que el proyecto conjuga dos aspectos esenciales: aquellos elementos que garantizan plenamente la seguridad y la salud de los trabajadores en términos de la calidad de la vida en el trabajo, pero también en términos de la calidad de la vida fuera del trabajo o la capacidad de ordenar sus propios tiempos de ocio y de disfrute, y ello viene armonizado con lo que entendemos es un impulso de una flexibilidad suficiente para garantizar políticas de empleo a través de esta regulación. Cito en particular como políticas de empleo que tradicionalmente están vinculadas al establecimiento de la jornada de trabajo, el propio principio de establecimiento de las horas extraordinarias y la propia flexibilidad en el cómputo de la jornada a lo largo del año.
Quiero decir también, señor Presidente, que creemos que en este artículo se respaldan plenamente dos principios; uno, el de establecimiento de criterios máximos y mínimos de carácter indisponible, basados siempre en garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores, y, otro, el de hacerlo de modo que se pueda ordenar ese principio en el marco de las reglas de juego para una mayor flexibilidad negociada entre las partes, que hagan --como decía al principio-- compatible la capacidad de organización de la vida en las empresas con los intereses y aspiraciones de los trabajadores. Por lo tanto, creo que el campo regulado en este artículo 4.º es generoso con estos dos principios. La regulación de esa jornada máxima en cuarenta horas de cómputo anual, el descanso obligatorio de doce horas, la pausa, la regla especial para menores de 18 años, la facultad establecida respecto del Gobierno de regulación específica de la situación de sectores singulares, la nueva regulación y distinción entre trabajo nocturno y trabajador nocturno, la aplicación de los contenidos de la reciente Directiva europea, que aquí se citaba, de 23 de noviembre del pasado año, etcétera, son elementos que nos hacen pensar que en este artículo se busca poner en armonía esos dos principios o criterios que citaba hace un instante.
Entrando a contestar a la defensa de las enmiendas que se han presentado a este artículo, me gustaría indicar expresamente lo siguiente. Respecto de las enmiendas defendidas por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, me alegra que al principio de la defensa el portavoz del Grupo dijera que estaban dispuestos a entender como positivo el criterio de flexibilidad de la jornada introducido en el texto. Sin embargo, a la hora de defender sus enmiendas, entiendo que hay una contradicción en los términos, ya que se está por la defensa de la flexibilidad y, sin embargo, también se defienden aquellas enmiendas que hacen más rígido ese marco. En particular, en la enmienda 319, defendida por IU-Iniciativa per Catalunya, cuando se habla del cómputo anual, entiendo que pretende el mantenimiento de una jornada fija y uniforme, y por tanto nada flexible, mientras que nosotros en el texto defendemos una flexibilidad negociada entre las partes.
Cuando el mismo Grupo, dentro de ese esquema que dice de flexibilidad, sin embargo, indica la no superación de las nueve horas de la jornada diaria, yo quiero recordar que confunde la flexibilidad en el cómputo de una jornada con la flexibilidad en el cómputo anual. Le voy a poner un ejemplo muy concreto para que entienda que su razonamiento es incorrecto, porque en la medida en que la jornada diaria tuviera como elemento rígido la frontera máxima de las nueve horas, caeríamos en el contrasentido de no poder aplicar en nuestro país la regulación de jornada que en muchos países europeos ya se aplica, como es la jornada semanal de cuatro días.
Por lo tanto, creo que la flexibilidad que aduce el portavoz del citado Grupo aplicada a lo concreto nos lleva a contradicciones francamente insuperables.
En cuanto al tema de calendario laboral, que defendía el mismo Grupo, le quiero indicar que, tal y como lo presenta, se aleja de lo que es el calendario laboral, que es un mero documento informativo que se entrega al conjunto de los trabajadores, y lo convierte en algo tan rígido que de la lectura de la enmienda se deduce que casi, casi es un apéndice al propio contrato de trabajo, cuando en realidad no es más que un documento de información a los trabajadores.
E igual contradicción encuentro en la defensa que hace de las horas extraordinarias manteniendo su incremento, estableciendo unos determinados techos, que a mí me parece que no identifican en absoluto el fondo del contenido

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del proyecto, que cuando se refiere a las horas extraordinarias lo que intenta no es ni siquiera establecer unos límites a las horas extraordinarias, sino que lo que intenta es, básicamente, que las mismas no se realicen, salvo en los supuestos excepcionales que la misma norma recoge, que son de interés fundamental para la empresa, en situaciones --insisto-- muy excepcionales. Pero, en todo caso, el objetivo respecto de horas extraordinarias que marca el proyecto no es otro que evitar o disminuir en todo caso drásticamente el número de las horas extraordinarias que se lleven a cabo libremente por los trabajadores. Y lo hace de un modo que creemos es francamente progresista. Es decir, primero supeditándolo a la negociación colectiva para que se fije en ella la estructura de esa jornada, de su cumplimiento y también la cuantía del salario a pagar por las empresas en la realización de las horas extraordinarias. Pero es que además avanza el principio de sustitución de la retribución de las horas extraordinarias por su compensación en descanso. Tan es así que incluso se indica que esas horas compensadas no serán computadas a efectos del límite máximo, porque ese juego de compensaciones en todo caso dará como resultado final un idéntico cumplimiento que el de la jornada ordinaria.
En relación con las otras dos enmiendas que quisiera destacar de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una de ellas basada en la reivindicación para los trabajadoras nocturnas embarazadas o en período de lactancia de la sustitución respecto del turno de trabajo nocturno, le quiero recordar que lo que hacemos a este respecto es defender mejor los intereses de esas trabajadoras aplicando como principio el de la propia directiva europea que más basa el argumento en una cuestión de salud que en la propia situación del embarazo.
Respecto al tema de las vacaciones, que sugiere no sean fraccionables y que en todo caso se otorguen con el criterio de prioridad familiar, me gustaría indicarle que parece más sensato y más coherente con la forma en que los trabajadores quisieran tomar sus vacaciones remitirlo al pacto en la empresa, en primer lugar, y, en segundo lugar, dejar la facultad abierta que las mismas sean fraccionables.
El criterio de prioridad familiar, siendo un buen criterio, no es menos justo que otros muchos criterios de otras prioridades que no vienen al caso citar, que deben ser conjugadas en todo caso en la negociación colectiva que se establezca en las empresas.
En relación con las enmiendas defendidas por el Grupo Popular, tengo que decir que, respecto a la primera, la 230, sugiriendo se cambie el término «se podrá establecer» por «se establecerá», nos parece que no tiene más valor que de tenor literal y, por tanto, no la vamos a incorporar. Sin embargo, sí lo vamos a hacer respecto a la 231, que sugiere la incorporación de «profesionalmente aptos», nos parece que sí incorpora un elemento de mayor fortaleza al contenido del artículo, y en el 232, relativa la descanso semanal, yo creo que hay un error parecido, y humildemente lo quisiera destacar. Me da la impresión --y es el sentido de no aceptar esa enmienda-- de que cuando se hace esa defensa por parte del Grupo Popular se ignora que es precisamente la directiva comunitaria que han citado la que establece el período de catorce días como el período en el que se recomienda se establezca el cómputo del descanso.
Quiero decir finalmente, señor Presidente, que aceptaremos, por tanto, la enmienda 231, del Grupo Popular, que sugiere la adición de la expresión «profesionalmente aptos». También aceptaremos la enmienda 414 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) porque entendíamos que, efectivamente, estaba asumida por la 188 del Grupo Socialista, así como la 415, también de CiU, relativa a las fiestas recuperables, aunque a ese respecto propondremos una transaccional que es extensible a las enmiendas 233 y 234 del Grupo Popular. El texto de esa enmienda transaccional --lo leo en un instante-- diría: Dar nueva redacción al artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores en el siguiente sentido: Las fiestas laborales que tendrán carácter retribuido y no recuperable no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En cualquier caso, se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1.º de mayo, como fiesta del trabajo, y 12 de octubre, como fiesta nacional de España. Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo en todo caso objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo. Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de 14 días festivos, podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de las facultades de traslado a lunes prevista en el párrafo anterior. Si alguna comunidad autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales, podrá, en el año en que así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Este es el texto transaccional que, insisto, afectaría a las enmiendas 415 de Convergència i Unió, y 233 y 234 del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, evidentemente sólo para agradecer la aceptación de la enmienda 414, que ya está incorporada al texto de la Ponencia por coincidir con una del Grupo Socialista, y señalar nuestra aceptación de la enmienda transaccional del Grupo Socialista a nuestra enmienda 415, cuyo último párrafo recoge nuestras aspiraciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, se nos ha planteado por parte del representante del Grupo Socialista, como criterio general, que no apreciaba en el

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conjunto de enmiendas de nuestro Grupo esa flexibilidad a la que yo hacía referencia al comienzo de mi intervención.
Tengo que decirle que, efectivamente, si se atiende sólo al contenido de las enmiendas en las que nosotros planteamos nuestra disconformidad con el contenido de la reforma, es evidente que, en la medida en que ahí es donde expresamos nuestra disconformidad con esa reforma, difícilmente cabrá apreciar esa flexibilidad. La flexibilidad cabe apreciarla en la posición global ante el conjunto de disposiciones afectadas por ese artículo cuarto, al que ahora hacemos referencia; artículo cuarto en que se modifica un número importante de preceptos del Estatuto de los Trabajadores y al que, sin embargo, nosotros presentamos un número reducido de enmiendas, y enmiendas que, en nuestra opinión, tocan aspectos muy puntuales de la reforma planteada por el Gobierno.
Desde ese punto de vista, insisto, es una visión parcial y poco objetiva la que se plantea por parte del portavoz socialista. Qué duda cabe de que nosotros, en el conjunto de nuestra posición, admitimos la posibilidad de que se lleve a cabo una distribución irregular de la jornada anual, y buena prueba de ello es que ese principio no lo cuestionamos. Lo único que planteamos es que esa distribución irregular se lleve a cabo no por acuerdo individual del empresario y del trabajador sino por la vía de un convenio colectivo. Nos parece que esta vía, a la que tanto recurre en momentos determinados de sus intervenciones el representante socialista, es especialmente idónea para regular un tema que debe tener alguna justificación objetiva, y donde fácilmente se puede apreciar es en el ámbito de la negociación colectiva entre los representantes empresariales y laborales. Cualquier otro mecanismo se presta a que pierda su carácter objetivo y se entre en un terreno de subjetividad y de posibles abusos.
Por tanto, nosotros aceptamos que pueda haber una distribución irregular de la jornada anual, pero tiene su ámbito de acuerdo y de negociación en el terreno del convenio colectivo, y es ahí donde nosotros pensamos que se tiene que producir y no en el ámbito de la negociación individual del trabajador.
Aceptado que hay una distribución irregular de la jornada y que el convenio colectivo puede adaptar la jornada en los términos que se plantean por parte de la reforma --unos términos bastante más liberalizadores de los que existen en estos momentos--, no puede caber la menor duda de que el calendario laboral --en donde se recogen esos criterios de mayor facultad empresarial para fijar la jornada-- debe tener un cierto carácter rígido, porque si ampliamos las facultades empresariales de fijar la jornada laboral y cuando la misma se concreta en un calendario laboral el mismo no sirve absolutamente para nada sino para que el empresario al día siguiente lo pueda cambiar sin ninguna repercusión, evidentemente estamos consagrando un cierto principio de prepotencia empresarial en una materia tan importante para el trabajador como es su vida laboral y, en definitiva, su vida. Por tanto, efectivamente nosotros creemos que el calendario laboral --en donde se recogen esas facultades empresariales de fijación de la jornada laboral en virtud de la reforma introducida por el Gobierno y de los pactos a los que se haya podido llegar en el convenio colectivo-- es un elemento importante en base al cual el empresario organiza su producción y el trabajador organiza su vida. Por tanto, debe tener un cierto carácter rígido, lo cual no obsta para que pueda ser modificado por los procedimientos que se prevén en toda la legislación laboral, procedimientos que, por otra parte, el Gobierno flexibiliza notablemente, por lo que no cabe, por tanto, imputar que tengan una rigidez excesiva (qué más quisieran los trabajadores).
En lo relativo al número de horas extraordinarias, me gustaría que me explicara exactamente el representante socialista cómo se va a reducir su número, que --dice-- es el objetivo que se persigue. Decir que se va a conseguir porque se prevé el principio de su sustitución por jornada ordinaria es desconocer que ese principio ya está previsto actualmente en la legislación, que no es ninguna novedad y que con ese principio vigente en la legislación actual se llevaron a cabo en el año 1992 bastante más de 65 millones de horas extraordinarias, porque no estaban incluidas en ese cómputo las pequeñas empresas ni la Administración pública. Por tanto, que me explique cómo se va a reducir el número de horas extraordinarias, si lo que contiene realmente de nuevo esta norma es la supresión del recargo de las horas extraordinarias, aparte de la no previsión de recargo para los aprendices cuando lleven a cabo horas extraordinarias, ni siquiera su cotización, como he puesto de manifiesto, y no me ha contestado el representante socialista.
Finalmente, respecto al tema de la protección de las embarazadas en el trabajo nocturno ha dicho que debe hacerse por referencia al criterio genérico de salud. Nosotros creemos que en este caso concreto no debe entenderse al criterio de salud de la madre sino al de la del hijo. Por tanto, desde el momento en que se produce el embarazo, la trabajadora debe tener derecho a modificar su jornada laboral. Desde luego, se impone la salud, tanto de la madre como la del hijo, pero sería bueno no esperar a que se puedan producir hechos irreversibles. Por tanto, la protección de la salud en el caso del embarazo se establece expresamente por esta circunstancia y por la protección del hijo.
Respecto al tema de la prioridad en el supuesto de vacaciones, yo estoy convencido de que el representante socialista conoce perfectamente la cantidad de conflictos que se producen en torno a la fijación de vacaciones y la multitud de intereses que confluyen. El lo ha dicho, que el criterio de la prioridad de los padres de familia es un criterio que puede conjugarse y confluir con otros muchos. Lo importante es saber si ese criterio de protección de la familia y de procurar que los padres disfruten las vacaciones junto con sus hijos es un criterio que merece una promoción por parte del Estado, reflejándose en que este criterio se recoja en la legislación estatal. Nosotros somos partidarios de que sea así y creemos que otros criterios que efectivamente confluyen en la realidad sin embargo deben subordinarse. Por tanto, es bueno que la legislación estatal establezca esta prioridad que nosotros mantenemos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Camps.


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El señor CAMPS DEVESA: En primer lugar intervengo para agradecer al ponente del Grupo Socialista la aceptación de una de las enmiendas del Grupo Popular --entendemos que la primera-- por una transaccional, por entender que es una mejora del proyecto --además, dentro de lo que abunda no daña-- como cuestión literal el hecho de añadir la palabra «profesionalmente» a la aptitud. Lo que no acabamos de entender es cómo una enmienda de signo parecido, cuyo fondo, además, es superior al de la anteriormente citada --en concreto, la enmienda número 230, en la que se solicita la sustitución de «podrá establecerse» por «se establecerá en su caso»-- no es admitida con un argumento exactamente igual al de la aceptación de la anteriormente expuesta. Ello lo decimos porque entendemos que en este caso, cuando se está pidiendo el cambio de expresión, se está dotando al convenio colectivo no sólo de la autonomía necesaria que deben tener las partes, sino de la necesariedad de que no existan posteriores lagunas legales que no se puedan rellenar, toda vez que estamos dando pie a que exista en este caso posibilidad de que, habiendo una distribución irregular de la jornada por necesidades de producción, ésta no se contemple en el convenio colectivo o en el acuerdo entre empresa y trabajadores. Por tanto, entendíamos que nuestra enmienda mejoraba el texto del proyecto, y no se puede aducir únicamente el tenor literal de la misma, como argumento para el rechazo.
Cuestión más grave y de mayor fondo es el rechazo que se produce a nuestra enmienda al artículo cuarto, cuatro, referente al artículo 37.1, párrafo primero, del Estatuto de los Trabajadores, con la argumentación, a nuestro juicio en este caso un poco baladí, de que la directiva europea a la que hemos hecho mención reconoce como período de referencia el de catorce días en cuanto a período de descanso semanal, pero no ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que en sus considerandos se establece taxativamente un límite máximo de duración de la semana de trabajo, que reitera en su artículo quinto y posteriormente en su artículo sexto, y únicamente lo establece posteriormente como período de referencia, que no está reñido con el redactado literal de nuestra enmienda al articulado, con lo que defiende el Grupo Popular. Al irnos únicamente a la excepción que la directiva establece de período de referencia de catorce días para fijar el límite de duración semanal máximo, que lo establece a su vez en los considerandos, nuestro Grupo entiende que se está rompiendo lo que para nosotros son principios básicos, que son de los pocos que se han roto, dentro de lo que es la ordenación de los tiempos de trabajo, que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Establecer un límite superior acogiéndose al período de referencia que la directiva fija representa para nosotros un objetivo que se puede utilizar únicamente con un carácter puramente económico para limitar lo que sería la salud y la seguridad de los trabajadores. Ahí, evidentemente, al Grupo Popular no le van a encontrar. Entendemos que debe garantizarse, en primer lugar, dicha salud y seguridad, y, posteriormente, criterios de otro tipo podrían determinar, cosa que nosotros no compartimos, que los períodos de referencia excepcionales pudieran llegar más allá del descanso semanal.
Por eso, nosotros defendemos como límite máximo ese descanso y entendemos que no podrá ser acumulable por períodos de hasta catorce días.
Finalmente, admitimos la transaccional que se ha hecho respecto a una de nuestras enmiendas, junto con una del Grupo Catalán, porque entendemos que recoge el espíritu de tres de nuestras enmiendas. Por tanto, evidentemente mejora el proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Méndez para turno de dúplica de estas intervenciones, a la vez que le hago el ruego de que haga llegar a la Mesa, una vez concluida la discusión de este artículo cuarto, el contenido de las transaccionales a la 415 del Grupo Catalán y 233 y 234 del Grupo Popular.


El señor MENDEZ MARTINEZ: Señor Presidente, así lo haré.
Muy brevemente, para discrepar de dos aspectos que ha defendido el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en materia de horas y de tratamiento a la situación de la mujer en el trabajo nocturno.
Entiendo que la primera parte de su reflexión sobre el marco posible de pacto para la flexibilidad de la jornada es una cuestión de no ver que es el juego de los intereses de negociación en la negociación colectiva, en la negociación en el nivel de la empresa o en el propio pacto que suscriben directamente en su contrato de trabajo empresa y trabajador lo que permitiría el juego correcto de esa flexibilidad a la que tanto alude y que veo que tan poco defiende.
Dicho esto, respecto de las horas que citaba al comienzo de mi intervención, creo que también se trata de no ver el fondo del asunto. El criterio que defendía el Estatuto y defiende el actual proyecto es el criterio de tiempo compensado, lo cual es, junto con la no existencia de un porcentaje rígido de mayor valor al valor de la hora, un intento de desincentivar el desempeño de esas horas extraordinarias. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando las horas tienen un valor como el que el Grupo enmendante propone del 75 por ciento sobre el valor ordinario, ése es un estímulo y por tanto no es una forma de desincentivar la realización de las mismas. Defenderlo en los términos en los que lo hace el Grupo proponente de la enmienda es efectivamente estimular al trabajador a desarrollar esas horas por mor de su mayor valor. Creo que todo eso entra en contradicción con algunas de las propuestas que se contenían, por ejemplo, sin ir más lejos, en su texto alternativo defendido hace unas semanas y creo que no entenderlo así es no aceptar el fondo del asunto.
Respecto de una cuestión que ha suscitado dos veces y que creo que está perfectamente señalada en el proyecto, que es la realización de horas extraordinarias por menores de dieciocho años, respecto de la cual existía efectivamente la enmienda 327 de este Grupo, lo que le tengo que decir es que el contenido de esa enmienda, que es la prohibición de realización de horas extraordinarias por menores de dieciocho años, yo no la he contradicho en la medida en que de la simple lectura del artículo 6.3 del Estatuto, que no está afectado por la reforma presente, se deduce que se

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mantiene la vieja regulación, que es la prohibición absoluta de realización de horas extraordinarias para menores de dieciocho años. En todo caso con la lectura del artículo 34.3 del Estatuto, en la redacción dada por el proyecto, encontrará exactamente la misma respuesta.
Por lo que afecta al tema de la regulación del trabajo de la mujer embarazada, lactancia, etcétera, y que desempeña sus funciones en jornada nocturna, como veo que requiere una mayor afirmación por mi parte de lo contenido en el proyecto, me gustaría decirle que, con carácter general, una medida que no hable de la situación individual de cada una de las embarazadas como situación en la que tienen que tener su propio margen para tomar sus decisiones, lógicamente puede resultar injustificada.
Tratar todo por igual parece un principio no siempre ajustado a la situación de cada uno de los trabajadores. Por tanto, si se tiene en cuenta ese criterio, las aparentes medidas de discriminación positiva, en materia laboral en particular, no siempre juegan en favor positivo de incentivar precisamente el trabajo de la mujer. Por consiguiente, creo que ésta es una de esas medidas en las que una aparente discriminación positiva de retirada de la mujer gestante o en situación de lactancia del trabajo nocturno es una decisión individual posible que le decía está contenida en una directiva de la Unión Europea sobre protección de las mujeres embarazadas y que creo que tiene una posición más racional que la del proponente de la enmienda 330. Dicha directiva, que es la 92/85, reconoce en su artículo 7.º el derecho de las trabajadoras embarazadas a no ser obligadas a realizar trabajo nocturno cuando un certificado médico atestigüe la necesidad de ello para proteger la seguridad o la salud de la trabajadora. En tal caso, la trabajadora --dice la directiva-- podrá bien ser trasladada a un puesto de trabajo de carácter diurno o bien ser incluso dispensada del trabajo. Este precepto comunitario que le cito, señor Peralta, va a ser establecido además como derecho interno con ocasión de la trasposición simple y pura de esta directiva que cito, por lo que por razones sistemáticas deberá hacerse no en una disposición del Estatuto sino en la normativa que regule la prevención de riesgos profesionales en la empresa vinculada a la directiva-marco de la CEE 92/85, que he citado y a cuya lectura en todo caso le remito.
Finalmente, en relación con la posición tanto del Grupo Catalán como del Grupo Popular de aceptación de nuestra transaccional, simplemente agradecerla.


El señor PRESIDENTE: Concluye así la discusión de las enmiendas al artículo cuarto.
A continuación discutiremos, en un bloque, los artículos quinto y sexto.
Las enmiendas del señor Albístur Marín no existen por haberse retirado la que tenía al artículo quinto. Se dan por defendidas las enmiendas del señor González Lizondo, así como las del señor Mur Bernad y las de la señora Rahola i Martínez, al artículo quinto.
Para defensa de sus enmiendas 98 a 122, de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Brevemente para señalar que estas enmiendas de Coalición Canaria van dirigidas a lo que entendemos que son artículos clave de toda la reforma laboral.
En definitiva, se trata de crear los elementos de garantía necesarios para que los aspectos de movilidad geográfica y funcional establecidos se realicen sin arbitrariedad y no en una situación de indefensión de los trabajadores. Estas medidas que proponemos nos parecen razonables a efectos de que no dificulten elementos de flexibilización necesarios, como la movilidad funcional y geográfica, pero insisto en que se hace con las garantías necesarias para que no se produzca arbitrariedad.
Nosotros en Canarias tenemos una situación particular que creemos que no ha sido contemplada en el proyecto de ley, y es que la movilidad geográfica tiene un sentido en espacio y en distancias relativamente cortas, como podría ser la del espacio continental de la península española, pero en una comunidad que está a más de 1.000 kilómetros de distancia (la propia Constitución recoge en el artículo 138 la necesidad de reconocer el hecho insular) la movilidad geográfica tiene un sentido distinto y supone de hecho prácticamente un despido. Creo que es de sensibilidad valorar y reflexionar sobre esta u otras medidas que aceptaríamos si se propusieran a efectos de impedir el traslado de trabajadores de Canarias al espacio continental y que supusieran una situación grave para estos trabajadores. En ese sentido nuestra enmienda número 106 va en esa dirección y creemos que está, repito, vinculada al artículo 138 de la Constitución española.
En lo que se refiere al despido colectivo, que es una de las claves de reforma laboral, pensamos que la desaparición prácticamente de la autorización administrativa rompe con todas las posibilidades de control y garantía para que no se produzca arbitrariedad o indefensión del trabajador. Las causas de tipo técnico, organizativas o de producción pueden convertirse en eufemismo para justificar el despido sin ningún tipo de razón. Por todo ello, nosotros mantenemos elementos de control, elementos de garantía, y, en definitiva, la autorización, que puede ser agilizada administrativamente para impedir que se produzcan retrasos injustificados y, por tanto, perturbaciones en la actividad económica de la empresa, pero, en cualquier caso, la agilización administrativa no tiene por qué suponer la simple desaparición de dicha autorización.
Estas son algunas de las enmiendas esenciales que presenta Coalición Canaria y que mantiene para su defensa en Pleno.


El señor PRESIDENTE: Las enmiendas números 60 a 64, al artículo quinto del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), se dan por defendidas.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 416 a 426, al artículo quinto, y 428 y 429, al artículo sexto, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, al artículo quinto tenemos también la número 427. La 428,

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si no estoy equivocado, es al artículo séptimo. Es decir, voy a defender de la 416 a la 427, salvo mejor criterio de la Mesa.
La enmienda número 416, señorías, es una enmienda que pretende añadir un nuevo párrafo al tercero del artículo quinto, dos, por el que se especifica que si el trabajador no está de acuerdo con el empresario en el nuevo puesto de trabajo --estamos hablando de movilidad geográfica-- y no pase aquél por la rescisión de su contrato, antes de impugnarlo ante la jurisdicción competente podrán las partes --trabajador y empresario-- acudir a un arbitraje voluntario ante un organismo que se regule reglamentariamente. Hay algunas experiencias en algunas comunidades autónomas que han creado un instrumento para este tipo de conciliación, que está funcionando perfectamente. Esta enmienda coincide --no en el redactado, pero sí en los objetivos-- con la 212, del Partido Socialista.
Por tanto, tendríamos que darla por retirada y en su momento así lo haremos.
La enmienda 417 pretende simplemente especificar que si el empresario, en base a la misma causa, por ejemplo económica, superase los umbrales señalados, sería considerado fraude de ley, pero no por otras causas. Si hiciera traslados o despidos por causas distintas no debería considerarse fuera de lo que contempla el proyecto de ley.
La enmienda 418 pretende que se tenga en cuenta la especial situación de las pequeñas empresas, ya que podría darse el supuesto de que aplicar la medida en este tipo de empresas resultara más complejo que el no hacerlo.
Nos estamos refiriendo al traslado. El texto diría: «El traslado a que se refiere el número anterior deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no inferior a quince días, cuando afecten a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe más de 25 trabajadores o, cuando sin afectar a la totalidad del centro de trabajo...» y el resto seguiría como en el proyecto.
Nuestra enmienda 419 es coherente con la anterior en la que hacíamos referencia a traslados por las mismas causas.
Ls enmienda 420 coincide con las de otros grupos y trataría de modificar el párrafo segundo, del artículo 5.º, nueve, y diría: «Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco...» El límite cuantitativo de cinco trabajadores en los supuestos de escisión de contrato de la totalidad de la plantilla nos parece razonable porque, de lo contrario, se podría dar el caso de una empresa de dos trabajadores que tuviese que prescindir de uno y tuviese que hacer todo el procedimiento de un despido colectivo con todo lo que ello supone de problemas burocráticos, tiempo, costos, etcétera.
La enmienda 421 está relacionada con las anteriores en las que hacemos referencia a traslados o despidos por las mismas causas.
La enmienda 422 pretende suprimir el artículo quinto, nueve, tres, párrafo segundo. La referencia a la petición de informe preceptivo debe situarse en una fase posterior. Nuestro Grupo considera que si el informe de la Inspección de Trabajo, cuya facultad para solicitarlo le corresponde al magistrado, se emite en la fase de consultas y negociaciones, su contenido será conocido por las partes antes de la presentación del expediente, hecho que en muchos casos podría radicalizar las posturas y dificultar la posibilidad de acuerdos. Pedimos esta facultad de petición de informe en un artículo posterior que ya indicaremos.
Nuestra enmienda 423 pretende eliminar del proyecto, del actual párrafo en cuestión, la posibilidad de que la entidad gestora pueda impugnar un acuerdo homologado por la autoridad laboral, ya que se crearía una grave inseguridad jurídica y una invasión competencial en algunos casos. El oportuno control quedará garantizado mediante las comprobaciones a las que se refiere el segundo párrafo de la enmienda. Se acepta la posibilidad de impugnar la autorización que resulte del silencio administrativo positivo, porque, si bien se da cierta inseguridad jurídica, puede ser conveniente que la entidad gestora impugne en un supuesto en que la autoridad laboral no ha entrado a conocer el tema y así salvaguardar los intereses generales de la entidad sin invasión de competencias.
La enmienda 424 es al artículo 5.º, nueve, 6, primer párrafo. Hemos situado en este apartado número 6 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores la referencia al informe preceptivo, que decíamos antes que no era prudente situarlo en la fase anterior. En este momento parece más razonable que se pueda evacuar este informe y sea más útil sin entorpecer la posibilidad de la negociación a la que antes hacía referencia. En consecuencia, introducimos en este artículo lo relativo a la Inspección de Trabajo, en lugar del apartado 3 de este mismo artículo.
Con la enmienda número 425 pretendemos añadir un inciso, al final del último párrafo del apartado 6, Nueve, del artículo 5, que diga lo siguiente: «... posibilitando así su continuidad o viabilidad futura, o cuando sean necesarias, por ser inviable el mantenimiento de las actividades.» Parece una incoherencia que se contemple sólo la viabilidad del proyecto empresarial y no la inviabilidad de la empresa. Creemos que se completaría el texto si se aceptase este inciso que propone nuestra enmienda 425.
La enmienda número 426 pretende que en los supuestos a los que se refiere la letra c) del artículo precedente, el recurso debería formalizarse directamente en una única instancia, es decir, en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Se trata de no hacer viable una jurisprudencia tremendamente variada, porque cada magistrado tendrá una posibilidad de juzgar y sentenciar y nos tememos que la jurisprudencia va a ser muy diversa. Pretendemos unificarla un poco al regular que sean las Salas de los Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas las que entendieran estos temas.
En cuanto a la última enmienda, la 427, comunico a SS. SS. que la retiro en este momento y con ello concluyo mi intervención.


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El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 335 a 362, al artículo Quinto y las enmiendas número 363 y 364 al artículo Sexto, por el Grupo de Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Estos dos artículos que discutimos conjuntamente son, en opinión de Izquierda Unida, de la mayor trascendencia en el conjunto de esta reforma laboral. En dichos artículos se contienen aspectos de tanta enjundia como la movilidad funcional, la movilidad geográfica, los expedientes de modificación de condiciones sustanciales de trabajo, los expedientes de suspensión de contratos, los expedientes de extinción de contratos por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción, los despidos objetivos, la nueva regulación de los despidos y, finalmente, en el artículo Sexto, la prescripción y la caducidad, íntimamente relacionado con todo lo anterior. Insisto en que todos ellos son temas de la máxima trascendencia. Por centrarnos en los más importantes, en aras a respetar el calendario inicialmente previsto para la discusión, quisiera hacer referencia a la movilidad funcional.
Conocen SS. SS. perfectamente que la regulación actual parte de la adscripción del trabajador a una categoría profesional cuyas funciones viene obligado a realizar, no obstante lo cual la legislación permite que el trabajador pueda realizar funciones de una categoría superior, en principio, sin más límites que los requeridos por la propia titulación, y, excepcionalmente, de una categoría inferior por el tiempo indispensable para la realización de los mismos.
Esta situación actual, que se completa con la posibilidad de instar, a través de los mecanismos de modificación de condiciones sustanciales de trabajo, las oportunas autorizaciones, es objeto de una radical transformación en el proyecto de ley del Gobierno. A partir de ahora, el trabajador no queda adscrito a una categoría profesional, sino que, sin perjuicio de su posible adscripción inicial a una o a varias categorías profesionales en la medida en que la propia legislación prevé la polivalencia funcional, el trabajador viene claramente obligado a realizar las funciones de los grupos profesionales que engloben varias categorías profesionales o, en el supuesto de que no exista la regulación de los grupos profesionales, viene obligado a realizar las funciones que correspondan a lo que se define de una manera poco precisa como categorías equivalentes.
Esto, sin lugar a dudas, supone una notable ampliación de la disponibilidad funcional de los trabajadores en relación con lo que hay ahora. Pero aún más cuando a continuación se amplían las posibilidades de realizar, tal como se prevé ahora, funciones de grupo o de categoría superior o funciones de grupo o categoría inferior. Y aún más cuando por encima de estos límites se prevé la facultad empresarial de alterar la movilidad funcional de los trabajadores sin que sea precisa la autorización por parte del Ministerio de Trabajo o de la Consellería, en el caso de las comunidades autónomas que tienen hecha la oportuna transferencia.
En nuestra opinión, nos encontramos en presencia de un cuadro de ampliación de las facultades empresariales notablemente desorbitado que no guarda relación con las necesidades productivas y que olvida en buena parte ese recurso a la negociación colectiva que tantas veces se invoca en otros casos concretos. Aquí se establecen las facultades empresariales y, posteriormente, que se negocie lo que se estime oportuno.
Evidentemente, una vez que el empresario tenga reconocida la facultad en unos términos tan ambiciosos, pretender que él mismo vaya a negociar limitaciones a esa movilidad es desconocer la realidad del mundo empresarial.
Cosa parecida cabe decir en relación con el tema de desplazamientos temporales o traslados. Es verdad que todavía la ampliación de facultades que se conceden para los desplazamientos temporales es objeto de alguna pequeña limitación en el sentido de que la autoridad laboral puede, en casos excepcionales, aplazar la efectividad de la orden empresarial de traslado. Pero la norma general que se establece, tanto en materia de desplazamientos como de traslado, a diferencia de lo que existe en estos momentos, es la efectividad inmediata de las disposiciones empresariales, sin que las mismas puedan ser objeto de suspensión por la autoridad laboral, en el caso de los desplazamientos, o sin que las mismas necesiten autorización, en el caso de los traslados. Insisto en que en materia de desplazamientos, tanto temporales como definitivos, los traslados, nos encontramos en presencia de una notable ampliación del conjunto de facultades que la legislación vigente reconoce en favor de los empresarios.
En cuanto a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, es en el único apartado en donde la ampliación de facultades que, como norma general, se contiene en este artículo quinto, tiene alguna pequeña limitación. No resulta claro cuál es la razón de ser de esa pequeña limitación, porque, insisto, el principio general que preside todo este artículo quinto es consagrar la facultad empresarial de llevar a la práctica sus decisiones, sin ninguna limitación en el caso de la movilidad funcional o de la movilidad geográfica; con pequeñas limitaciones, en el caso de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que pueden afectar a temas tan importantes como jornada, horario, primas, sistemas de trabajo, rendimiento, etcétera; o con limitaciones también muy reducidas en el caso de las extinciones de los contratos de trabajo por causas económicas. En la medida en que sólo se va a requerir la autorización administrativa para esas extinciones de contratos en supuestos verdaderamente excepcionales, la gran mayoría de los expedientes, lo que hoy conocemos como expedientes de regulación de empleo, van a quedar fuera del ámbito de la autorización administrativa en la medida en que se trate de pequeñas empresas o de expedientes de regulación de empleo que no afecten a los topes de trabajadores que se prevén en esta legislación. Por tanto, esta norma es especialmente preocupante.
Si toda la filosofía del Estatuto --al menos tal como lo proclaman en muchas ocasiones como un mero «flatus vocis» los representantes socialistas-- es potenciar la negociación colectiva, bueno sería recordar que, según datos

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muy recientes, durante el año 1993 se tramitaron 22.000 expedientes de regulación de empleo en nuestro país. De esos 22.000 expediente, casi 21.000 fueron autorizados, 350 retirados por los empresarios y 870, sólo 870, no autorizados por la Administración. De esos 20.000 autorizados, en 18.000 se había conseguido acuerdo entre empresarios y trabajadores.
Estamos, por tanto, señorías, en presencia de una regulación que permite que más del 90 por ciento de los expedientes de regulación de empleo sean tramitados en sentido positivo a petición empresarial, y que de ese más del 90 por ciento, en casi el 90 por ciento se consigue acuerdo entre representantes de los trabajadores y de los empresarios. No entendemos por qué se produce modificación en esta normativa si lo que se pretende es fomentar el acuerdo. Es difícil pensar que haya más acuerdo que con la actual normativa. Desde luego, difícilmente se puede fomentar el acuerdo cuando la reforma que introduce la normativa consiste en decir que lo que diga el empresario es lo que tiene valor y vigencia. Precisamente se prima la ausencia de acuerdo. La decisión empresarial, en última instancia, es la que tiene valor. Señorías, ésta es una normativa especialmente negativa. Quiero recordarles a SS. SS. que acontecimientos como los que ahora estamos viviendo --y conste que no quiero hacer sangre en ninguna herida--, Suzuki-Linares, Gillete, Kío, son casos en los que la Administración hubiera estado absolutamente impotente de estar vigentes normativas de este tipo.
Es bueno que se reflexione sobre que en el Derecho laboral la intervención de la Administración es precisa por propio principio constitucional, con el objetivo de establecer una determinada equidad y una determinada igualdad en situaciones que en la realidad son claramente desiguales. Y ahí está la realidad y los problemas que nos plantea la realidad. Bueno sería que se mantuviera una normativa, primero, que permite una intervención de la Administración en casos tan sangrantes como los citados, y segundo, que se consigan acuerdos y que se logre tramitar expedientes de reducción de empleo en unos términos que no cabe pensar que funcionen mal desde un punto de vista objetivo, de su eficacia pura y simplemente. Esa normativa de los expedientes de extinción de contratos y de suspensión de contratos por causas económicas y tecnológicas a nosotros nos parece claramente rechazables, no sólo por la ampliación de causas que se prevén, sino por los términos en los que se plantea la supresión de la autorización y se le concede valor absoluto a la decisión empresarial.
Lo mismo cabe decir de lo que se denominan despidos objetivos, es decir, aquellos que no alcanzan los topes para considerarse despido colectivo, cuyo ámbito se amplía nuevamente, no sólo porque se prevén nuevas causas sino porque su ámbito de afectación personal se amplía extraordinariamente al coincidir su tope con lo que hoy día pasan a ser expedientes colectivos, cuyo número es extraordinariamente elevado.
Finalmente, señorías, por no alargarme excesivamente en esta intervención inicial y esperar el resultado de lo que pueda ser la intervención del portavoz socialista, queremos decir que la modificación se produce de lo que se considera como despido nulo, dejando el mismo reducido exclusivamente a lo que son despidos contra derechos constitucionales, nos parece que es una regulación poco precisa y que puede afectar a su vez a derechos constitucionales de los trabajadores, como es el derecho a saber exactamente por qué pierden su puesto de trabajo, la posibilidad de que el trabajador sea despedido sin tener conocimiento exacto de la causa del despido. Y en esa causa del despido pueden verse implicadas actuaciones de mucha trascendencia para el trabajador en la medida en que afecten a su honor, a su dignidad, a su reputación en el conjunto de la comunidad laboral y de la sociedad.
Que por no constar explícitamente la causa no se un despido nulo y el trabajador pueda verse finalmente en la calle, con lo que, en alguna medida, la decisión empresarial «a priori» puede afectar a derechos constitucionales. Por eso somos partidarios de que se regule de manera explícita el despido nulo cuando afecte al derecho del trabajador, a la propia capacidad de defenderse.
En definitiva, señorías, son un conjunto de enmiendas que, por una parte, flexibilizan la actual normativa, y, por otra, son mucho más ajustadas a la realidad de los principios constitucionales que el conjunto de normativas que introduce el Gobierno, y no digamos ya las que proponen algunos grupos parlamentarios, como el Catalán o el Popular que, por lo que se refiere a los despidos colectivos, prácticamente no presenta ninguna enmienda, dando por buena la reforma del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas 235 a 254, al artículo quinto --por no existir enmienda alguna del Grupo Popular al artículo sexto--, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Al tiempo que defiendo estas enmiendas, si fuera posible, querría defender la número 282, que propone una disposición adicional nueva que tiene relación con los artículos 39 y 40 del Estatuto de los Trabajadores. Creemos que podría ser perfectamente vista en este contexto, para no tener que reanudar el debate a la hora de discutir las disposiciones adicionales, aunque, como es lógico, la votación se hiciera en su momento adecuado. Si el Grupo Socialista no tiene inconveniente en ello, así lo haré.
Aquí se ha dicho ya que hemos entrado en el bloque central de las modificaciones del Estatuto. Efectivamente, estos artículos que afectan a la movilidad, tanto funcional como geográfica, así como a las modificaciones de las condiciones de trabajo y de los despidos, son muy importantes. Yo creo que todo es importante, pero las cuestiones que afectan a la movilidad funcional nos parecen fundamentales si queremos hacer que nuestras empresas sean competitivas, si queremos adaptar nuestras relaciones laborales al modelo que funciona de mejor forma en otros países de la Comunidad. No hay que tener miedo a la movilidad funcional pues es una buena fórmula para conseguir una mayor adaptación de los trabajadores al puesto de trabajo y algo que para nosotros es mucho más importante,

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que es impedir los expedientes de regulación de empleo. En este país, durante muchos años se ha resuelto la falta de movilidad interna en la empresa a base de despidos. Y una de las fórmulas para impedir los despidos, en un momento de dificultad o de falta de adaptación de los trabajadores a esos puestos de trabajo debido a los enormes cambios que se producen en las formas de producción, es la movilidad funcional. Por tanto, nuestro Grupo apuesta de una forma clara y decisiva por la movilidad funcional.
Nuestras enmiendas 235 y 236, que están relacionadas con el artículo 39, sobre la movilidad funcional, intenta conseguir que la movilidad funcional sea la que debe ser. Nosotros eliminamos la expresión «categorías profesionales», porque entendemos que corresponde a las reglamentaciones de las ordenanzas laborales, que no han colaborado a que nuestras empresas sea rápidas en la adaptación de las nuevas cualificaciones profesionales. Como nosotros damos un enorme valor y una enorme fuerza a la cualificación profesional y a los grupos profesionales, porque creemos que es en el ámbito de estos grupos donde se debe dar la movilidad interna en la empresa, pensamos que debería desaparecer todo lo que tiene referencia con categorías profesionales.
Nosotros entendemos que deben ser las nuevas reglamentaciones, a través de la negociación colectiva, las que hagan posible la desaparición de esas ordenanzas laborales y adapten este modelo que debería ir mejor en el seno interno de las empresas. Por lo tanto, nuestra enmienda 235, al artículo 39.1, párrafo segundo, va en el sentido de eliminar todo lo que tiene que ver con la denominación de categorías profesionales que, como digo, corresponden a las ordenanzas laborales que van a desaparecer y que darán lugar a otras modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores.
Nuestra enmienda 236, relacionada también con el artículo 39.2, párrafo primero, pretende eliminar la primera parte de ese artículo. Creemos que no tiene sentido, porque lo que realmente hay que regular es la situación del trabajador que produce movilidad en categorías inferiores, cuando se debería proteger al trabajador y limitar la movilidad interna en sentido descendente y no en sentido ascendente. Creemos que el número 2 no limita de una forma muy clara cuál es el orden, el momento adecuado y hasta dónde se puede producir la movilidad en categorías descendentes. Desde nuestro punto de vista, no hay que poner límites a la movilidad en categorías ascendentes. Todo lo que signifique que el trabajador pueda ocupar una categoría dentro o fuera del grupo, una situación más cualificada dentro de la empresa, es positivo. Existen suficientes controles en el artículo 39 que garantizan el reconocimiento de ese trabajador de su mayor cualificación dentro de la empresa. La único que habría que limitar es bajar de categoría, pero no la movilidad en categorías superiores. Yo creo que eso hay que dejarlo lo más amplio posible, porque incentiva a los trabajadores para un mayor esfuerzo en su trabajo y una mayor cualificación profesional.
La enmienda número 237, que se refiere a la movilidad geográfica, es simplemente una modificación técnica. Después de haber oído a los portavoces socialistas, que parece que no apoyan las mejoras técnicas, nosotros creemos que aquí hay que introducir las palabras «modificaciones sustanciales» de las condiciones de trabajo, porque está en relación con el artículo 41 del Estatuto, mientras que en el texto del Gobierno solamente aparecen modificaciones de las condiciones de trabajo.
Entendemos que hay que añadir la palabras «sustanciales», en referencia a la enmienda que presentamos al artículo 41.
La enmienda 238 pretende una economía procesal. En este momento, según el texto del Gobierno, cuando se produce una movilidad geográfica, el trabajador la recurre porque considera que es injustificada y la sentencia dice que efectivamente es injustificado ese traslado, no soluciona el paso siguiente: cuando el empresario no quiere devolver al trabajador a su condición anterior a esa sentencia que declara el traslado injustificado, es el trabajador el que tiene que iniciar un nuevo procedimiento similar al del despido improcedente para conseguir que se declare despido improcedente y que se le otorgue la indemnización correspondiente. Se podría evitar esto a través de nuestra enmienda número 238, de forma que si el empresario decide no reintegrar al trabajador en su condición anterior, inmediatamente se produzca, sin necesidad de un nuevo proceso, la misma situación que en el despido improcedente y dé lugar a la indemnización, con lo cual le evitamos al trabajador seis meses más de procedimiento, con lo que conlleva de gastos y de retraso en una situación que se resolvería de forma mucho más clara.
La enmienda 239, que corresponde al artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores, pretende que si se quiere impedir el fraude de ley, es decir, la movilidad geográfica que después va a afectar en condiciones sustanciales a las condiciones de trabajo y también a los despidos, si queremos evitar el fraude de ley, digo, no se puede introducir la expresión «en casos justificados» porque es el juez el que debe determinar si existe fraude de ley. El fraude de ley en ningún caso puede tener causas justificadas. Si existen causas justificadas, el juez determinará que no existe fraude de ley. Lo que no se puede admitir, desde el punto de vista jurídico, es que hay una situación que justifique un fraude de ley. Será el juez el que determinará que las condiciones en las cuales el empresario ha hecho uso de esas modificaciones que le concede el Estatuto de los Trabajadores no son motivo de fraude de ley.
Lo que no se puede es mezclar condiciones con fraude de ley porque, desde nuestro punto de vista, jurídicamente no es sostenible ese término. Será el juez el que determinará en ese caso que no se ha producido fraude de ley. No puede haber ninguna condición que por el empresario pueda justificar que existe ese fraude de ley. Lo que pretendemos es que desaparezca esa palabra para dar una mayor fuerza a la decisión del juez que, en última instancia, debe ser el que debe determinar la existencia o no de fraude de ley en un ordenamiento jurídico.
Con la enmienda 240, que se refiere al artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores, queremos hacer una distinción muy clara entre lo que es la fase de negociación y la fase de consulta. A nosotros nos parece que en el texto del Gobierno queda bastante diluida. Entendemos que debe

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existir, previamente, un momento de consulta, pero la consulta en sí misma muchas veces no llega a negociación; la negociación puede llegar, al final, a una decisión conjunta de empresarios y representantes de los trabajadores; puede llegar a un acuerdo o no. Lo único que pretendemos con esta enmienda es distinguir claramente entre consulta, que es una fase diferente, y negociación, que puede acabar con acuerdo o sin él. La fase de consulta simplemente es información y consulta y no necesariamente tiene que conllevar un acuerdo de ambas partes.
En este caso, lo que pretendemos es una mejora técnica para hacer una distinción mayor entre las diferentes fases que componen los acuerdos o no entre las partes sociales, entre representantes de los trabajadores y empresarios.
La enmienda 241 se refiere al artículo 40.2. Entendemos que el período de paralización de los traslados es suficiente con seis meses. No se puede paralizar un proceso durante un año, porque en el propio artículo se recogen suficientes cautelas que protegen a los trabajadores. Nosotros creemos que con un período de seis meses es suficiente --insisto--, porque las cautelas ya están previstas en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda 242, al artículo 41, es relativa a la misma denominación del artículo. Modificaciones de las condiciones de trabajo. Este concepto es el que se regula y se especifica a través del artículo 41. Creemos que ha sido un fallo técnico de los Servicios del Gobierno y lo que pretendemos es una mejora técnica.
La enmienda 243, al artículo 41.3, párrafo 3.º, tiene la misma justificación de la enmienda 238. Y la enmienda 244 tiene la misma defensa que la enmienda 239, defendida anteriormente. Y la enmienda 244 tiene la misma defensa que la enmienda 239, defendida anteriormente. Y la enmienda 245 la misma que la enmienda 240. Por tanto, por economía de tiempo, las doy por defendidas.
La enmienda 246, al artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, trata de recoger la enmienda que este Grupo Parlamentario presentó al proyecto de ley de fomento de la ocupación. Ya en aquel momento expusimos la necesidad de que artículos del Estatuto de los Trabajadores que se modificaban en el proyecto de ley debían ubicarse dentro del Estatuto de los Trabajadores. Lo único que hacemos es recoger la enmienda que ya fue defendida por mi compañero Aparicio en ese proyecto de ley. Nosotros entendemos que debe volver a la situación recogida en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, de donde no debería haber salido nunca.
La enmienda 247, del Grupo Popular, tiene la misma justificación que la 238 y 243.
La 248 es coincidente con la de Convergència i Unió al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Pensamos que en empresas de menos de cinco trabajadores habría que tener una regularización diferente, a la hora de hablar de despidos colectivos. Entendemos que, por ejemplo, en el caso de empresas de dos trabajadores, si se extingue el total de los contratos, que son dos, tendrían que sufrir todo el proceso de despidos colectivos; desde nuestro punto de vista, deberían tener una mayor agilización, que este artículo sólo afectara a empresas a partir de cinco.
La enmienda 249, del Grupo Popular, al artículo 51.4, párrafo segundo, plantea que en los casos de despidos colectivos hay determinados colectivos de trabajadores españoles que en este momento se encuentran en situaciones de enorme dificultad para encontrar un nuevo puesto de trabajo; su reinserción en la vida activa es profundamente difícil, debido, primero, a causas de cualificación profesional y, después, por una causa mucho más importante que es la situación de desempleo en que se encuentra nuestro mercado laboral. Por ello entendemos que en los despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 45 años debe existir un plan social especial, en un intento, insisto, de proteger, en estos despedidos, a las personas de más de 45 años.
La enmienda 250, del Grupo Popular, es la modificación al artículo 51.5, párrafo primero. Entendemos que el proceso de homologación, cuando hay acuerdo en los despidos, no debe existir. Si lo que queremos es dar fuerza a la negociación colectiva y a los acuerdos entre los agentes sociales, no parece lógico que, de nuevo, sea la autoridad la que tenga que homologar un acuerdo entre las dos partes, cuando, además, el proceso de protección del dinero que afecta a las finanzas del Estado, en el tema del desempleo y otros, está suficientemente protegido en el resto del articulado.
Nosotros queremos dar más fuerza al acuerdo entre las partes y, en el caso de que exista, no parece lógico que haya una necesidad de homologación de un acuerdo entre las partes que, desde nuestro punto de vista, debe ser soberano, porque más tarde es la propia autoridad del Instituto Nacional de Empleo la que va a proteger los intereses de la colectividad en lo que se refiere a la utilización del seguro de desempleo. Parece más positivo dar esa fuerza al acuerdo y pensamos que debería ser no solamente en este caso, sino que debería haber impregnado toda la reforma del Estatuto de los Trabajadores, dando más fuerza a los acuerdos entre las partes.
La enmienda 251 va en el mismo sentido de que desaparezca la palabra «homologación», en concordancia con nuestra enmienda 250.
En la enmienda 252, al artículo 51.2, párrafo segundo, creemos que debe desaparecer la palabra «toda», simplemente por mejora técnica. Se debe acompañar la documentación suficiente; como es lógico, tiene que ser toda la documentación suficiente, porque en ningún caso podría ser aprobado cualquier expediente que no acompañara la documentación necesaria, no toda. Creemos que es innecesario que aparezca esta palabra.
La enmienda 253, al artículo 51.6, párrafo segundo, tiene dos partes. La primera es cambiar la palabra «necesarias» por «adecuadas», porque entendemos que es más adecuada que la palabra necesarias. Adecuadas y no necesarias. Y en la segunda parte lo que intentamos introducir es todo el proceso que, en cierta forma, regula el artículo 51 del Estatuto, que son las modificaciones de los despidos colectivos y de las suspensiones de contratos; pero no contempla el último caso, que se da a veces, que es el cierre de la empresa. Desde nuestro punto de vista, también tiene que estar contemplado en el artículo 51, para que vea

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todo el proceso completo, desde expediente de regulación de empleo temporal, despidos colectivos y también, como es lógico, en algunos casos, que se pueda producir, el cierre de empresas.
La enmienda número 254, al artículo 55.1, párrafos 2.º y 4.º del Estatuto de los Trabajadores, pretende su supresión por seguridad jurídica; desde nuestro punto de vista, son los propios convenios los que deben contenerlos.
La enmienda 255 también es de supresión. Introduce una situación, que, desde nuestro punto de vista, puede ser incluso inconstitucional. La Ley Orgánica de Libertad Sindical y el propio Estatuto de los Trabajadores dan las condiciones especiales de protección a los representantes de los trabajadores en la empresa y así debe ser. Lo que no compartimos es que los trabajadores afiliados a un sindicato tengan unas condiciones mejores que el resto de los trabajadores. Esto nos parece totalmente inconstitucional, podría ser motivo de inconstitucionalidad. Entendemos que no se debe hacer discriminación entre los trabajadores afiliados y no afiliados. Sí hay que proteger a los trabajadores que pertenezcan al comité de empresa, tienen que tener una protección mayor, como prevé el Estatuto y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pero no creemos que esta mayor protección tenga que ser exactamente la misma para trabajadores afiliados a un sindicato. Ahí creo que existe una discriminación, que puede llegar incluso a la inconstitucionalidad, y pensamos que no tiene ninguna justificación. Si la voluntad del Gobierno ha sido potenciar la afiliación de los trabajadores en las empresas, creo que ha elegido el peor camino. Tal vez el mejor camino hubiera sido dar más cabida a la negociación del Estatuto que estamos discutiendo en este momento en esta Cámara.
La enmienda número 282, a la disposición adicional nueva, se refiere a un concepto, que, desde nuestro punto de vista, debería haber impregnado todo el Estatuto que estamos discutiendo en esta Cámara. El acuerdo básico interconfederal del año 1979 entre la CEOE y la UGT dio lugar al artículo 51 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores. Es un argumento que hemos utilizado en varias ocasiones en esta Cámara, que nos hubiera gustado que el Estatuto hubiera llegado también con el consenso de los agentes sociales. Como ello no ha sido posible, nosotros entendemos que hay que dejar una puerta abierta para que, a través de acuerdos-marcos interconfederales o acuerdos sectoriales entre las partes, sea posible la modificación de la reducción de jornada, las suspensiones temporales de contratos y los despidos colectivos; sería una manera más fácil de aplicar el Estatuto y lograr una mayor paz social, que creo que es el motivo final que debe motivarnos a todos, el mantenimiento de la paz social. Debido a la falta de acuerdos, a la incapacidad que también hemos tenido en esta Cámara de conseguir un acuerdo en las discusiones entre los grupos políticos, me gustaría poder dejar abierta la posibilidad de que, a lo largo del tiempo, cuando las aguas hayan vuelto a su cauce, los agentes sociales, patronal y sindicatos puedan llegar a acuerdos que superen la falta de ellos planteada en el Estatuto de los Trabajadores, sobre todo en lo que afecta al artículo 51.
Hubiera sido más positivo. Y queremos dejar abierta esa puerta porque creemos que va a ayudar más a la posibilidad de esa negociación. También se acomodaría a un modelo mucho más coherente con las normas comunitarias, que descansan en la negociación colectiva todas estas materias que en este país ha sido imposible poner en marcha, y a los principios recogidos en los artículos 37 y 38 de nuestra propia Constitución.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de las enmienda? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Arnau por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ARNAU NAVARRO: Por orden inverso a las distintas intervenciones, voy a empezar por contestar a la señora Villalobos, portavoz del Grupo Popular.
La señora Villalobos se ha referido a enmienda por enmienda y así voy a tener que hacerlo yo, porque ella me ha obligado en su propia intervención.
En relación con la movilidad funcional, el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores que se modifica con el proyecto, la enmienda 235 del Grupo Popular no es que elimine el concepto de categoría profesional, como ha dicho la señora Villalobos; lo que pretende el Grupo Popular es que se asigne al trabajador funciones equivalentes a las que correspondan a su clasificación profesional, y define después qué se entiende por funciones equivalentes.
Cierto que al trabajador pueden asignársele funciones equivalentes a las de su categoría, pero siempre y cuando tengan el límite del grupo profesional, tal y como establece el proyecto de ley; lo que no se puede es asignarle funciones más allá del grupo. El límite, como sabe la señora Villalobos, es el grupo profesional y el título profesional. Creo que el proyecto resuelve la cuestión de falta de definición del grupo y, en ese caso, recurre a las categorías equivalentes.
En definitiva, me parece que está bien regulado en el proyecto la referencia al grupo profesional, la referencia a las categorías equivalentes. Es al convenio colectivo al que compete establecer la definición de los grupos profesionales, dentro de la cual deben moverse las posibilidades de funciones de los trabajadores en las empresas.
No sé por qué el Grupo Popular excluye, en su enmienda 236, la posibilidad de movilidad funcional ascendente. Claro que cabe la posibilidad de movilidad funcional ascendente. Lo que debe hacer la ley es regular esa posibilidad y yo creo que eso está perfectamente regulado en la enmienda 190 del Grupo Socialista, incorporada al informe de la Ponencia.
Cuando a un trabajador se le indica que debe realizar durante un cierto tiempo una serie de funciones superiores a las de su categoría profesional, la ley debe regular si el hecho de desempeñar esas funciones de superior categoría le supone un derecho o una posibilidad de reclamar, frente a vacante posible que haya en la empresa, un ascenso. Esa posibilidad de desarrollar funciones superiores a las de su propia categoría debe estar recogida en la ley y asignarse

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al trabajador, como hace el proyecto de ley, la posibilidad de reclamar, en caso de vacante, la asignación de la correspondiente categoría o la asignación de la vacante cuya cobertura puede reclamar el trabajador.
En su enmienda 237, el Grupo Popular califica de sustanciales, con acierto, las modificaciones al artículo 39.5. De ahí que nosotros vayamos a aceptar esa enmienda.
Pasando ya a las enmiendas del Grupo Popular relativas a la movilidad geográfica, en su enmienda 238, el Grupo Popular realmente amplía las causas del despido, porque, para el caso de traslado declarado sin causa por el juez, es decir, un traslado que se haya producido y el juez declara en su sentencia que se ha producido sin causa, el Grupo Popular concede al empresario la opción entre readmisión y la indemnización por despido improcedente.
Pensamos que, si el empresario se niega a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones, es el trabajador el que puede solicitar la extinción del contrato de trabajo. Así está regulado en el proyecto y así pensamos que debe ser y debe seguir siendo.
En la enmienda 239, el Grupo Popular introduce una mejora técnica, que está recogida en otra enmienda, la número 417, del Grupo de Convergència i Unió, que aceptaremos posteriormente.
La enmienda 240 la pongo en relación con la 238. Si, por una parte, el Grupo Popular está ampliando la flexibilidad, en su enmienda 238, con su enmienda 240 la está limitando, al pretender que el informe que se emita como consecuencia del período de consultas abierto con los representantes de los trabajadores requiera la conformidad de la mayoría de miembros del Comité, delegados o representantes sindicales. Está requiriendo en su enmienda que ese informe tenga la conformidad. Eso es realmente lo que dice, señora Villalobos, su enmienda 240. Que, incluso en caso de desacuerdo, el informe que se emita sea también mayoritario. Nosotros pensamos con el proyecto de ley que, en caso de desacuerdo, lo que procede, sin más, es seguir el procedimiento de conflicto colectivo.
En su enmienda 241 reduce el plazo posible de paralización del traslado por la autoridad laboral a seis meses. Ciertamente el proyecto de ley se refiere a un año, pero ése es el plazo máximo, por lo que cabe la posibilidad, a juicio de la autoridad laboral, de reducir ese plazo al indicado por la señora Villalobos. Puede ser ese plazo de seis meses, evidentemente, porque el plazo señalado de un año es, como digo, plazo máximo.
En su enmienda 242 también modifica el título del artículo 41 introduciendo la palabra «sustanciales». Es acertada esta enmienda y, por tanto, vamos a aceptarla, exactamente igual que hemos hecho con la enmienda 237.
Como las enmiendas 243, 244 y 245 tienen la misma justificación que las números 238, 239 y 240, me remito a lo expresado en la contestación a ellas.
Igual que me remito al proyecto de ley de fomento de la ocupación en lo que se refiere a la enmienda 247, ya contestada, por tanto, con las argumentaciones expresadas. (La señora Villalobos Talero: Es la número 246.) Es la 247.


El señor PRESIDENTE: Por favor, tanto el señor Arnáu como la señora Villalobos tienen tendencia, quizá por la proximidad espacial, a establecer un diálogo al margen de la Presidencia. Les ruego que se abstengan. Reiteradas veces lo han hecho ya esta tarde y no insistan, por favor.


El señor ARNAU NAVARRO: En cualquier caso, yo agradezco la ayuda de la señora Villalobos. Entiendo que las enmiendas 242, 243, 244 y 245 son al artículo 41 y la 247 es la enmienda que ella ha relacionado con el proyecto de ley de medidas de fomento de la ocupación.
En cuanto al despido colectivo, la enmienda 248 coincide con otra que vamos a aceptar el Grupo Catalán, la 420. En esta enmienda el Grupo Popular se refiere a los casos en que la extinción de contratos afecte a la totalidad de la plantilla y dice que sólo se considerará colectivo el despido si el número de trabajadores afectados es superior a cinco.
Aceptaremos, como digo, la enmienda 420, del Grupo Catalán.
En la enmienda 249, del Grupo Popular, creo que ha habido un error en la explicación de la señora Villalobos. Dice que se exige el plan social sólo en los casos en que haya trabajadores de más de 45 años. Su enmienda lo que hace es, con un espíritu supuestamente protector de los derechos de los trabajadores, concretar el contenido del plan social que deben elaborar las empresas de más de cincuenta trabajadores en caso de despido colectivo. Si no estoy equivocado, eso es lo que hace su enmienda, concretar el contenido del plan social. Por ejemplo, el Grupo Popular se refiere a las medidas de recualificación especialmente de trabajadores mayores de 45 años.
Nosotros entendemos que todo ese contenido al cual se remite la enmienda 249 del Grupo Popular está genéricamente previsto en el proyecto cuando se refiere a las medidas necesarias para atenuar las consecuencias del despido para los trabajadores a que afecte. Habla también de la posibilidad de continuidad y de viabilidad del proyecto empresarial. Está genéricamente incluido lo que el Grupo Popular propone en su enmienda 249.
Su enmienda 250 elimina la homologación del acuerdo por la autoridad laboral, pero eso, señora Villalobos, es lo que hace la enmienda 205, del Grupo Parlamentario Socialista, eliminar esa homologación, y esa enmienda está ya recogida en el informe de la Ponencia.
La enmienda 251 tiene concordancia con la número 250. La 252, desde nuestro punto de vista, es irrelevante y, por tanto, no la vamos a aceptar. Exactamente igual que la enmienda 253, en la que quiere cambiar «necesaria» por «adecuada». A nosotros no nos parece adecuado cambiar «necesaria» por «adecuada» y en la que pide que se hable también de autorización en los casos en que la medida propuesta sea el cierre definitivo de la empresa. La autorización está vinculada al número de trabajadores, como sabe perfectamente la señora Villalobos, de la empresa o centro de trabajo.
El Grupo Popular, en su enmienda número 254, lo que niega es que el convenio pueda establecer otras exigencias formales para el despido, además de la notificación por

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escrito: lo que hace precisamente es suprimir el párrafo del proyecto de ley en el que se habla de la posibilidad de que el convenio establezca esas otras exigencias formales para el despido, además --como digo-- de la notificación por escrito.
Tampoco quiere el Grupo Popular que, en caso de despido de un trabajador afiliado a un sindicato, se dé audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.
Nosotros pensamos que esa audiencia previa es fundamental, dentro de la actividad sindical y dentro de la potenciación de la actividad de los sindicatos que pretende y persigue este Grupo parlamentario y el proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda 282, el problema es que da carácter transitorio al artículo 51, al artículo que regula el despido colectivo. Nosotros creemos que no cabe dar carácter transitorio a ninguno de los preceptos de este proyecto de ley, sin perjuicio de que estimemos que es fundamental que entre empresarios, trabajadores y el Gobierno se produzca acuerdo en relación a cualquier modificación sustancial o importante de las relaciones laborales. Como lo hemos considerado fundamental, de aquí que el Gobierno haya promovido ese acuerdo. Al final no fue posible, pero no ha sido por falta de voluntad ni por falta de esfuerzo del Gobierno.
Hubo, como sabe la representante del Grupo Popular, multitud de negociaciones, contactos reiterados y repetidos con los sindicatos, pero no fue posible el acuerdo. Nosotros lo sentimos, pero, a falta de acuerdo, no cabe conceder transitorio a ninguno de los preceptos del proyecto de ley.
Voy a referirme a la defensa que ha hecho de algunas de sus enmiendas el señor Peralta, como portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Ha empezado el señor Peralta hablando de la movilidad funcional, y ha dicho que, con ella, se están ampliando notablemente las facultades empresariales. Nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación. El proyecto de ley tiene importantes límites a la movilidad funcional. En su apartado primero, se refiere a los dos principales límites; uno es el título académico o profesional del trabajador; el segundo, la pertenencia al grupo profesional. Pero --y el señor Peralta lo conoce perfectamente--, los límites que, además, se establecen a la movilidad funcional afectan a la dignidad del trabajador, a la formación y promoción profesional, etcétera. Todo esto recogido en el apartado 3 del artículo 39 del proyecto de ley. La movilidad funcional --dice-- se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente, etcétera. También se regula el supuesto de trabajos de categoría superior --como he dicho-- en nuestra enmienda número 190. Por tanto, de ningún modo nosotros podemos aceptar que esta movilidad funcional permita o posibilite la arbitrariedad del empresario a la hora de ponerla en práctica, por los límites que existen, por la regulación que hay, homologable perfectamente a la normativa que existe en algún país europeo. Con todo, señor Peralta, usted, que conoce perfectamente la legislación laboral de la Unión Europea, sabe que esta legislación nueva que en estos momentos estamos debatiendo tiene no sólo límites, sino importantes referencias a la movilidad funcional que no contienen las normativas de los países europeos, porque, en definitiva, en esta materia el resto de los países europeos se remiten, sin más, a la negociación colectiva y la regulación legal no entra siquiera a regular la movilidad funcional.
Ha hecho una referencia a 22.000 expedientes de regulación de empleo. Ha mencionado los que han sido autorizados; evidentemente, la gran mayoría.
Pero habla de esos expedientes como un «totum revolutum», sin distinguir los expedientes de regulación de empleo que afectan a modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, a los despidos, etcétera.
Pienso que es importante, a la hora de hacer una intervención rigurosa, como siempre son las suyas, precisar qué expedientes de regulación de empleo tienen un motivo u otro.
En relación a la movilidad funcional, también en su enmienda 335 el Grupo de Izquierda Unida lo que hace prácticamente es copiar el proyecto de ley. La diferencia está en el concepto de equivalencia. No introduce usted novedades importantes en relación a lo recogido por el proyecto de ley, sino que simplemente se limita a regular, de una manera especial, el concepto de equivalencia. Por ejemplo, dice que la equivalencia sólo será posible entre categorías cuya prestación laboral tenga un contenido general equiparable y un nivel retributivo similar. Creo, si no estoy equivocado, que la única diferencia importante que introduce usted es la referencia al nivel retributivo, y nada más. El proyecto, como sabe perfectamente el señor Peralta, basa la equivalencia en la aptitud profesional para las funciones.
Después ha destacado el señor Peralta en su intervención la regulación nueva que se da en el proyecto de ley al despido colectivo, es decir, al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
Izquierda Unida en su propuesta mantiene sustancialmente la actual redacción contenida en el Estatuto de los Trabajadores; no acepta, como ya sabíamos, la filosofía de la reforma y, por tanto, los criterios de la directiva europea que regula los despidos colectivos. Sabe también perfectamente el señor Peralta que la regulación que nosotros introducimos en el despido colectivo se ajusta a la directiva europea, mantiene la autorización administrativa en el despido colectivo, establece también importantes garantías, como son el período de consultas necesario que debe tenerse con los representantes de los trabajadores, la exigencia de un plan social en empresas de más de 50 trabajadores, etcétera. Cuando usted intenta sustituir con su enmienda 352 las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas por causas exclusivamente técnicas y económicas, parte de un equivocado planteamiento. Dice usted que existe una ampliación de causas para despedir. No existe tal ampliación de causas para despedir; existe una reordenación y si, además, contempla las enmiendas del Grupo parlamentario Socialista ya recogidas en el informe de la Ponencia verá que existe una definición o concreción, que actualmente no existe en la ley, acerca de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas.


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Si se eliminan las causas organizativas y productivas, ello podría suponer que las empresas que necesitaran recurrir a un expediente de regulación de empleo tendrían que adoptar medidas dirigidas a superar la situación negativa o a mejorar la situación de forma distinta a como pudieran hacerlo si se recogen las cuatro causas: económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Sustituye usted los umbrales para el despido colectivo. También sabe perfectamente que se ha seguido la normativa comunitaria a la hora de fijar dichos umbrales, la directiva sobre despidos colectivos, las prácticas también de los países europeos, en los países de nuestro entorno, pero, sobre todo, se sigue en la nueva regulación la realidad y la dimensión de nuestras empresas.
Creo, por tanto, que deben rechazarse las enmiendas que usted propone por ser contrarias al espíritu de esta reforma. Ya debatiremos en la enmienda de totalidad los puntos de vista suyos y los del Grupo parlamentario Socialista. En este sentido nosotros pensamos que es bueno ajustar nuestra legislación laboral a la de los países europeos. Esto es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Al mismo tiempo estamos procurando promover el empleo a través de unas medidas que, en definitiva, al introducir una flexibilidad en el mercado de trabajo, lo que están haciendo es procurar adaptar la situación de las empresas a las normas laborales, o viceversa y, de esta manera, impedir que se puedan producir despidos; es decir, conseguir que puedan mantenerse los empleos que existen siempre y cuando las empresas tengan la posibilidad de adaptar sus propias condiciones económicas a las regulaciones laborales contenidas, bien en convenios colectivos, bien en la legislación laboral.
El señor Peralta no ha hecho referencia a más enmiendas y, por tanto, entiendo que las restantes las defenderá en el Pleno. También el Grupo parlamentario Socialista contestará más ampliamente a los puntos de vista de Izquierda Unida en el Pleno en el que tenga lugar el debate de este proyecto de ley.
El Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha retirado la enmienda 466. Nosotros vamos a aceptar la enmienda 417. A la 418 vamos a presentar una enmienda transaccional. Aceptaremos las enmiendas 419, 420 y 421. Presentaremos una transaccional a las enmiendas 422 y 424.
Entiendo que, en tanto en cuanto coinciden en cierta medida, o totalmente, con enmiendas presentadas por el Grupo parlamentario Socialista, el portavoz del Grupo Catalán, señor Hinojosa, ha retirado la enmienda 423, así como las enmiendas 425 y 427. Al coincidir la enmienda 426 con la 427, podría ser retirada si así lo estima conveniente el señor Hinojosa, en tanto en cuanto que ha retirado la 427, puesto que las dos enmiendas --426 y 427-- están íntimamente relacionadas.
El señor Mauricio dice que sus enmiendas van a evitar la indefensión de los trabajadores. Esto supone aceptar que el proyecto de ley va en contra de los trabajadores, a los que se les convierte en indefensos, y que, por tanto, carecen de la posibilidad de controlar las medidas que puedan adoptar los empresarios en materias tan importantes como las que estamos debatiendo. De ninguna forma nosotros compartimos cuanto ha mencionado el señor Mauricio. Todas las medidas que se contienen en este proyecto de ley, o en los artículos a los que nos estamos refiriendo, contienen importantes límites a la actuación empresarial. Por ejemplo, en relación con el despido colectivo --tema que S. S. no ha mencionado--, se mantiene la autorización administrativa. Creo que el señor Mauricio ha hecho referencia a la supresión, en general, de la autorización administrativa en los despidos colectivos. Como S. S. sabe perfectamente, de ninguna manera se elimina la autorización administrativa; en definitiva, se mantiene el control judicial de las actuaciones empresariales en todos los casos.
De manera concreta el señor Mauricio se ha referido a la enmienda 115, mencionando el caso especial de las islas y los supuestos de desplazamiento desde las mismas al territorio peninsular. Yo creo que aquí lo que procede es hablar de preaviso, que establece el proyecto de ley. El artículo 40 establece unos preavisos mínimos, tanto para el traslado como para el desplazamiento de los trabajadores, y estas condiciones pueden ser mejoradas por acuerdo individual entre el trabajador afectado y la empresa o por la negociación colectiva. Teniendo en cuenta las peculiaridades que la enmienda plantea, pensamos que el problema que S. S. suscita puede ser perfectamente solucionado por los interlocutores sociales a través de lo que yo estimo --y algunos autores así lo estiman también-- que es más importante que la ley, que es el propio convenio colectivo, que afecta al trabajador.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arnau. Haga llegar a la Mesa, por favor, el texto de las enmiendas transaccionales a las que se ha referido.
Ruego ahora, de manera generalizada, concisión a todos los portavoces en este turno de réplica.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Creo que la solución vía convenio colectivo para la movilidad no supone una garantía en absoluto. Deberíamos haber establecido --hacía referencia incluso a la Constitución-- algún tipo de reserva o garantía superior a aquellas que fije el convenio colectivo.
Porque si el convenio colectivo fuera la actuación de una sola parte, evidentemente, determinaría garantías mayores, pero tal como están redactadas todas las leyes de reforma laboral presentadas por el Grupo Socialista, no hay ninguna fórmula para que en el convenio colectivo se establezcan estas cautelas. Simplemente se coloca en una situación de debilidad a una parte, y la otra, en posición de fuerza, difícilmente va a aceptar estas cautelas.
Por tanto, yo creo que la cautela debería estar en la ley y no en el convenio colectivo. Lamento que el Grupo Socialista haya tenido tan poca sensibilidad hacia un problema insular, hacia una lejanía continental que la Constitución sí tuvo y que esta ley no tiene.


El señor PRESIDENTE: El señor Hinojosa, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.


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El señor HINOJOSA I LUCENA: Muy brevemente, pero permítame que vaya una por una, porque no quisiera confundir a los señores taquígrafos ni a la Mesa.
La enmienda 416, efectivamente, queda retirada. La 417 parece que será votada favorablemente, según ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, al igual que la 418 y la 419. La 420, junto con otros Grupos, la votarán favorablemente. La 421 también se votará favorablemente. La 422, parcialmente, porque se ofrece una transaccional.
Retiro la 423, pero provisionalmente, anunciando que presentaré una nueva redacción para el Senado; pero en este acto la retiro en Comisión. Se admite la transacción a la 424, por lo que se retira. Respecto a la 425, hago la misma advertencia: la retiro provisionalmente. Haré una nueva redacción más feliz que suscite la aprobación del Grupo Socialista en el Senado. Las números 426 y 427, efectivamente, están retiradas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Permítame que en virtud de este juego de las enmiendas transaccionales, por el que los Grupos no afectados no tenemos acceso más que en este trámite, haga una referencia a la voluntad anunciada por el Grupo Socialista en relación con dos enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), las números 419 y 421.
Estas enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) hacen referencia a aquellos supuestos en los que el empresario recurre a modificaciones sustanciales de contrato o a despidos, marginando las previsiones en los topes legales, llevando a cabo un número de modificaciones o de despidos inferior a lo previsto, a los topes legales en el período temporal de 90 días, pero que lleva a cabo en sucesivos períodos de 90 días. La regulación legal supone que cuando eso se produce se entiende que son fraude de ley y todos ellos son declarados nulos.
Las enmiendas del Grupo Catalán pretenden que se reduzca, según dice su justificación, a una misma causa. Pero en el tenor literal de la enmienda la declaración de nulidad sólo afecta a las nuevas modificaciones y a las nuevas extinciones, con una notable limitación de la definición del Grupo Socialista. Sería oportuno que, en todo caso, quedara claro que la limitación hace referencia a que sea la misma causa; pero si por la misma causa se produce fraude de ley, el fraude de ley afecta a todas, porque si no es imposible saber a cuáles afecta y quedará la norma absolutamente en blanco. Como no es posible delimitar cuáles son las nuevas porque no hacen referencia a nada (no sabemos cuáles son las nuevas en relación con las viejas, porque es imposible saberlo; no hay límite temporal que nos permita distinguir cuáles son las nuevas en relación con las antiguas), resultará que en las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, en los despidos colectivos producidos en fraude de ley, el empresario tenga manga ancha, por utilizar una terminología susceptible de ser fácilmente comprendida.
Estoy totalmente convencido de que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) no persigue eso con sus enmiendas; e igualmente estoy mucho más convencido de que no es ésa la voluntad del Grupo Socialista al aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió. Por tanto, desearía que se precisaran exactamente los términos de esas enmiendas, que al parecer van a ser consensuadas por parte de los dos grupos, de cara a saber sobre lo que nos tenemos que pronunciar en su momento.
Dicho esto, que hace referencia a enmiendas presentadas por otros grupos y a las posiciones de los mismos en relación con esas enmiendas, desearía contestar a los argumentos vertidos por el Grupo Socialista en la contestación que daba a mi intervención. Ha contestado sólo a parte de los argumentos expuestos por este portavoz al comentar los artículos 5 y 6 que en este momento discutimos. En lo que se refiere a la afirmación que yo he realizado en el sentido de que la facultad empresarial de movilidad funcional, como consecuencia de la reforma planteada por el Gobierno, se amplía notablemente, me decía el portavoz socialista que no era verdad porque existen notables límites a esa facultad empresarial.
Quiero recordarle al portavoz socialista que los límites que prevé esta reforma del Gobierno --en concreto el límite de la titulación o los límites de que no se lleve a cabo en detrimento de la dignidad de los trabajadores-- son los previstos hoy día en la legislación; no son, de ninguna manera, una novedad. Hoy ya están previstos en la legislación.
Sin embargo, en la legislación no está prevista la ampliación de la facultad empresarial de asignar funciones no ya sólo en el momento inicial de la contratación, pactando la polivalencia funcional, sino en el día a día de la contratación, en la medida en que la obligación del trabajador no se limita a su categoría profesional, sino que se extiende a todo el grupo profesional con todas las categorías que se comprendan o lo que son categorías equivalentes.
En este sentido decía el portavoz del Grupo Socialista que la enmienda presentada por nuestro Grupo sobre la definición de categorías equivalentes no tenía realmente entidad, no contenía diferencia sustancial con la de su Grupo. De ser así le animaría a que aceptara la enmienda que nosotros presentamos en ese sentido, puesto que al parecer es una enmienda puramente de carácter técnico, y que no desautoriza ni desnaturaliza la pretensión gubernamental. Nosotros creemos que la regulación que damos de las categorías equivalentes pone de manifiesto que tenemos una cierta flexibilidad al admitir esta movilidad funcional, pero creemos que tienen que existir límites porque estamos hablando de un tema importante como es el de la profesionalidad del trabajador y la capacidad de destinarlo a funciones distintas de aquellas que inicialmente contrató y que, por tanto, estamos en presencia de una voluntad empresarial de naturalizar un contrato inicial suscrito libre y voluntariamente por ambas partes. Esto es importante tenerlo en cuenta.
Me ha dicho el portavoz socialista que yo he dado algunos datos recientes; son datos que se recogían en los medios de comunicación acerca de los expedientes de regulación de empleo. Yo decía que eran 22.000 en el año

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1993, de los cuales 20.000 eran autorizados, sólo 874 rechazados y de los 20.000, casi 21.000 autorizados, 18.000 con acuerdo. Señor Arnau, me da exactamente igual que esos expedientes de regulación de empleo sean de suspensión de contrato, de extinción de relaciones laborales o de modificación de condiciones laborales. Lo que pone de manifiesto es que la normativa que actualmente regula esta materia, los expedientes de regulación de empleo, en primer lugar, funciona, en buena lógica, con arreglo a los intereses empresariales. De los 22.000 expedientes instados por los empresarios, 20.000 fueron autorizados, sólo 874 fueron rechazados. Eso pone de manifiesto que esta normativa no cabe imponerla desde el punto de vista de que los empresarios tienen limitaciones o rigideces para llevar a cabo sus propuestas de modificación, sean de condiciones sustanciales de trabajo, sean de suspensiones o sean de extinciones.
En segundo lugar, es una normativa que, tanto afecte a las modificaciones sustanciales, como a las suspensiones, como a las extinciones, posibilita un importante grado de consenso entre las partes. De los casi 21.000 autorizados, en 18.000 hubo acuerdo entre las partes. No cabe decir, por tanto, que esta normativa no posibilita el consenso y el acuerdo entre las partes, y ustedes la sustituyen por una que establece que, en última instancia, prevalece la decisión empresarial, en definitiva prevalece y se fomenta el no acuerdo. Esa es la realidad de la normativa que plantean ustedes.
Finalmente, me ha dicho usted que la reforma que introduce el Gobierno nos equipara a la directiva comunitaria. Creo que conoce sobradamente el señor Arnau que este argumento no se ajusta a la realidad. La directiva comunitaria tiene un carácter mínimo, susceptible de mejoras en las regulaciones nacionales de cada país. Por tanto, la normativa de nuestro país, que establece una distinta de la comunitaria, es perfectamente ajustada a la directiva comunitaria. Le puedo recordar --y he tenido ocasión de citarlo en esta Comisión recientemente-- la carta dirigida por el entonces Ministro de Trabajo, señor Almunia, al Secretario General de UGT, diciéndole que en materia de despido colectivo la normativa española se ajustaba plenamente a la normativa comunitaria y que, por tanto, no era voluntad del Gobierno modificarla. Esto ocurría en el año 1985, y estamos convencidos de que no se ha producido ningún cambio legislativo a nivel nacional ni a nivel comunitario que prive de eficacia y de valor a aquellas manifestaciones gubernamentales del año 1985, de la misma manera que estamos convencidos de que esa normativa española, que puede mejorar la situación de la regulación comunitaria en estos aspectos, sin embargo se ve compensada con una notable inferior condición social en otros aspectos. Le quiero recordar al portavoz socialista que el gasto social en nuestro país es en este momento cinco puntos inferior a lo que es la media comunitaria. Por tanto, puede tener en nuestro país sentido que determinada legislación laboral tenga un sentido protector, porque lo cierto es que en otros aspectos nuestra realidad social se caracteriza por tener unos niveles de protección notablement inferiores.
Por lo que hace referencia a la ampliación de causas de las medidas colectivas de reestructuración, me dice el señor Arnáu que no se produce tal ampliación, sino una mejor definición. Tengo que decirle que, si eso es así, dejemos las cosas tal como estaban y no introduzcamos modificaciones que al parecer no se justifican, porque sustancialmente se quedan las cosas como estaban. De todas maneras, sabe el señor Arnáu que ésa no es la situación. En lo que se refiere a las suspensiones de contrato y, en secuencia, a la posibilidad de que con fondos del Estado se sufraguen crisis empresariales, la nueva regulación, tras el trámite de Ponencia y las enmiendas del Grupo Socialista, dice que la autorización de las suspensiones de contratos procederá cuando de la documentación obrante en el expediente, integrada por documentación empresarial, se desprenda razonablemente que tal medida temporal es necesaria para la superación de una situación de carácter coyuntural de la actividad de la empresa. No se califica como una situación coyuntural negativa o difícil, ni siquiera como una situación coyuntural de carácter económico, sino una situación de carácter coyuntural de la actividad de la empresa. Si eso es así, se tiene que autorizar, porque dice: la autorización de esta medida procederá cuando se desprenda razonablemente esa consecuencia.
En cuanto a los despidos, conoce perfectamente el representante socialista que, en virtud de las enmiendas introducidas por su Grupo en el trámite de la Ponencia, en estos momentos la redacción legal dice que se entenderá que concurren las causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuyan, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica (aquí sí que se califica de negativa) de la empresa.
Pero en los casos de razones técnicas, organizativas o de producción se habla de que contribuyan a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de los recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a exigencias de la demanda. Sin lugar a dudas, es una redacción tan amplia, tan dejada a la libre decisión empresarial que nuestra afirmación de que se produce una notable ampliación de las causas es evidentemente justificada. Si no --insisto-- el portavoz socialista tiene una solución muy fácil, y es mantener la actual definición de causas que, por otra parte, ha dado un resultado tan favorable a las pretensiones empresariales, como que de 22.000 expedientes presentados 20.000 han sido autorizados.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Villalobos, en nombre del Grupo parlamentario Popular.


La señora VILLALOBOS TALERO: Sé que el debate sobre la cualificación, categorías y grupos profesionales, es un viejo debate entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Ustedes hablan mucho de la necesidad de la cualificación de nuestros trabajadores, aceptan en Europa acuerdos sobre la cualificación, y parece que ésa es la línea que va a seguir el Gobierno; pero al final parece que tienen miedo a aceptar la nueva situación de grupos profesionales. No sé si porque, dada la formación profesional,

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ustedes no lo tienen muy claro, porque hay una situación como vergonzante de aceptarlo, y luego acusan al resto de los grupos de cosas que no se han dicho.
Entiendo que uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema productivo es la baja cualificación de nuestros trabajadores y la poca motivación interna que tienen, pero creo que sería necesario adecuarla a la realidad.
El Gobierno debería haber puesto en marcha ya el plan nacional de formación profesional, donde se habla de los grupos profesionales. Aquí, en la ley, ustedes vuelven a introducir categorías profesionales, que es un concepto --insisto-- de las viejas reglamentaciones de trabajo y ordenanzas laborales, que yo espero que lo antes posible desaparezcan de nuestra legislación. Por lo tanto, nuestras enmiendas van en ese sentido, porque son de futuro. Estoy segura que más tarde tendremos que discutir proposiciones de ley de reforma del Estatuto, porque quedarán obsoletas determinadas categorías profesionales que ustedes siguen manteniendo de una forma tenaz y que, además, no entiendo el porqué.
Tengo que decir que cada vez que a ustedes no les gusta una enmienda hablan de la negociación colectiva. Vamos a hablar en el artículo 8.º de la negociación colectiva y vamos a ver qué entienden ustedes por negociación colectiva, porque como salida, para no contestar, parece bonita. El problema es que ustedes no creen absolutamente nada de lo que es la negociación colectiva. Pero de eso hablaremos en el artículo 8.º ¿Quién ha dicho que yo no quiera potenciar la movilidad ascendente? Todo lo contrario, lo que tiene que tener unos límites es la descendente, pero no la ascendente. ¿Por qué los límites son solamente dentro de los grupos profesionales? Ahora sí que les gusta la palabra grupos profesionales.
¿Por qué no usa las categorías? Dice usted que no se puede producir la movilidad en superiores grupos. Si ese trabajador ha tenido una cualificación permanente en la empresa y tiene posibilidad de acceder a grupos superiores, ¿por qué se le va a impedir? Eso va a significar mayor productividad y mayor salario para este trabajador. Eso no es malo, por lo menos desde nuestro punto de vista. Hablamos de la descendente porque a la ascendente no le ponemos ningún límite.
En lo que se refiere a la aceptación de la enmienda 237, se lo agradezco mucho, y la enmienda 242, en relación con la 237. Lo que no he entendido (y eso sí me gustaría que me lo aclarara) es por qué no acepta la enmienda número 248 del Grupo Popular, que es exactamente igual que la de Convergència i Unió. Me ha parecido oír que aceptaba la enmienda de Convergència y no la del Grupo Popular, siendo exactamente la misma. Eso me hace suponer que acepta la enmienda 248 del Grupo Popular. ¿O tiene usted instrucciones de no admitir ninguna enmienda importante que no venga de Convergència i Unió? Me gustaría saberlo, salvo que ustedes hayan aceptado la enmienda 248 del Grupo Popular; si no, no lo entendería. Eso serían motivaciones políticas de signo que no entiendo y que no están dentro de esta Cámara.
En lo que se refiere a la enmienda 240, relativa a consulta y negociación, creo que no la ha entendido bien. Es decir, la separación entre lo que es la consulta o información al comité de empresa y lo que es la negociación de un acuerdo. La consulta puede acabar en un acuerdo porque los trabajadores entiendan que se dan por informados y que están de acuerdo con esa medida o que no lo estén y quieran empezar a negociar.
Negociar significa que cada uno ceda algo, tanto la parte empresarial como la parte sindical. Así entiendo yo la negociación y el posible acuerdo posterior. La argumentación que me ha dado es la de que a usted no le gusta mucho eso de que la consulta es diferente a la negociación; yo creo que no ha entendido bien la enmienda. A usted, esto de negociar no le gusta demasiado, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales.
La enmienda 249, al artículo 51.4, párrafo 2.º del Estatuto, usted dice que está contenida en el concepto amplio del texto del Gobierno.
¿Entonces por qué no me la acepta? ¿No le parece a usted mucho más precisa la nuestra? Yo creo que es bastante más precisa que el contenido del proyecto de ley del Gobierno, sinceramente se lo digo.
En lo que se refiere al artículo 41, cuando en un primer momento se comunica al trabajador el traslado, no le gusta y se va, se considera despido, tiene derecho a sus veinte días y punto. Pero en el caso de que el trabajador recurra a los tribunales, porque considera que es injusto y no está de acuerdo con ese traslado y no se quiere ir en ese momento de la empresa, la sentencia debe contener la causa justificada o injustificada de ese traslado. Y el texto dice que tendrá que reponerlo en su puesto de trabajo, en el caso de que el traslado fuese injustificado. Es decir, en el puesto del cual partía ese trabajador.
Pero los Tribunales de lo Social están llenos de demandas de trabajadores porque el empresario decide no volverlos a situar en el puesto de donde partían, porque no le interesa para lo que es la organización interna de su empresa. Y no lo admite, no lo vuelve a colocar en su posición. Y el trabajador tiene necesariamente que volver a Magistratura, decir que el empresario no admite su condición anterior y abrir un nuevo proceso. Y con nuestra enmienda lo único que intentamos es que ese nuevo proceso se abra. Que en el caso de que la sentencia lo considere injustificado, el empresario, si no quiere volver a situarlo en la posición en la que estaba, no tenga que someterse el trabajador a un nuevo proceso en los Tribunales de lo Social, sino que tenga derecho a su indemnización directamente, como está planteado en el caso de que el trabajador no admita el traslado y prefiera la anulación de su contrato. No entiendo por qué tiene que volver a abrirse otro proceso. Y usted sabe igual que yo que los Tribunales de lo Social están llenos de temas como este que le estoy planteando. Es una de las recomendaciones del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre estos artículos 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. No veo yo tan peligrosa la posibilidad de facilitar al trabajador el no tener que esperar seis meses o un año que va a permanecer en la no readmisión en su antiguo puesto de trabajo y en un nuevo proceso. Posiblemente, a los abogados laboralistas que se dedican a esto les gustaría mucho porque así ganarán más dinero, pero yo creo que no sería

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necesario y nuestra propuesta facilitaría la situación. Sinceramente es lo que entiendo que contiene nuestra enmienda.
Por último, señor Presidente, se me dijo por el señor Arnáu que algunas de las enmiendas del Grupo Popular tenían poca sustancia, que no afectaban excesivamente al proyecto y, sin entrar a analizarlas, las rechaza. Me parece que la argumentación, señor Arnáu, es bastante pobre.


El señor PRESIDENTE: El señor Arnáu tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: En relación con las categorías profesionales el problema no es de no entender lo que dice la señora Villalobos, el problema es suyo. Creo que la señora Villalobos desconoce que las categorías profesionales están incluidas en las ordenanzas laborales, en los convenios colectivos, provinciales, sectoriales e incluso de empresa.
La supresión de las categorías profesionales en este proyecto de ley ¿llevaría implícita la supresión de las categorías profesionales en las ordenanzas y en los convenios colectivos? ¿Cree usted eso, señora Villalobos? (La señora Villalobos Talero: Hay una transitoria.) Por otra parte, desconoce también la señora Villalobos que en este proyecto de ley la movilidad funcional gira en torno al grupo profesional, y que el grupo profesional gira, a su vez, en torno a la posibilidad de polivalencia de funciones, y que nosotros aceptamos esa polivalencia de funciones vinculándola a la formación profesional. No es posible que se produzca realmente en las empresas una polivalencia de funciones o una movilidad dentro de los grupos profesionales si no acentuamos la formación profesional de los trabajadores, que es lo que están haciendo el Gobierno y los agentes sociales a través del acuerdo de formación profesional. Eso está hecho, señor Villalobos, como usted sabe perfectamente, pero no me diga que nosotros nos negamos a que se amplíe la formación profesional de los trabajadores, cuando lo que estamos haciendo es potenciar esa formación profesional a través de acuerdos, como el acuerdo tripartito sobre formación continua, y, después, regulando en la normativa laboral la posibilidad de polivalencia de funciones que, a su vez, si no existe formación profesional adecuada, no podría llevarse a cabo. Por tanto, a ver si nos enteramos, señora Villalobos, y decimos las cosas tal y como son y tal y como el Grupo Socialista está intentando reflejar en este debate.
Otro de los problemas que yo encuentro en las explicaciones de la señora Villalobos es que una cosa es lo que ella explica sobre las enmiendas y otra es --y muy distinta a veces-- lo que las enmiendas dicen. Por ejemplo, voy a leer la enmienda 240, exclusivamente a efectos de que conste cuál es el contenido de esa enmienda, y realmente la diferencia que existe entre esa enmienda y el proyecto de ley. La enmienda dice: «Al artículo 5.º.2 (artículo 2, párrafos 3.º y 4.º del ET).
De Modificación.
«... Durante el período de consulta, las partes deberán actuar según el principio de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo.» Eso consta en el proyecto de ley. Y se añade: «El informe que se emita como consecuencia de la consulta o, en su caso, el acuerdo requerirán la conformidad de la mayoría de los miembros...» Es decir, la diferencia que existe aquí respecto al proyecto de ley es que el informe requiere la conformidad incluso en el supuesto de desacuerdo. Así lo interpretamos nosotros. Si estamos equivocados, nos lo explica y posiblemente lleguemos a un acuerdo, si coincidimos. Pero, repito, su enmienda lo único que establece en cuanto a posible diferenciación es ésa: la conformidad, en cualquier caso, de los representantes de los trabajadores.
Y para que se quede usted tranquila en relación con la enmienda 248, que coincide con la enmienda 420 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), se la vamos a aceptar. (La señora Villalobos Talero: ¡Muy bien!) En relación con el señor Peralta, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, vamos a estudiar algunas de sus propuestas --en concreto algunas de las que nos ha ofrecido en este momento-- de cara a posteriores debates y con vistas, evidentemente, a mejorar el texto del proyecto de ley.
Exactamente igual --y antes no he podido decírselo por la precipitación-- que vamos a estudiar alguna referencia, alguna novedad que incluye en sus enmiendas, por ejemplo, la relativa a la caducidad de la acción de despido que contiene su enmienda 363, así como las referencias que hace a los despidos nulos. Vamos a seguir estudiando sus propuestas y en posteriores debates, en la continuidad del debate de este proyecto de ley, le contestaremos adecuadamente.
Sin embargo, insisto, los límites de la movilidad funcional son importantes. No se pueden desconocer límites tan importantes como que la movilidad funcional gira en torno al grupo profesional, fundamentalmente, y al título del trabajador. Es decir, son límites que recortan toda posibilidad de arbitrariedad por parte del empresario, así como los límites a que también he hecho referencia, de la dignidad del trabajador, etcétera.
Dice usted que la mayor parte de los expedientes que fueron autorizados han sido pactados. Eso indica que lo importante no es la autorización sino el pacto --es decir, el acuerdo--. Lo importante, por tanto, es la consulta que se establece con los agentes sociales por parte del empresario, y ese acuerdo siempre es posible antes de llevar el asunto a la jurisdicción social correspondiente. Entiendo, además, que son importantes las razones que antes hemos aducido en cuanto a homologación de nuestra legislación con la legislación de los países europeos.
En cuanto a la referencia que usted ha hecho al despido, en la regulación que se establece en este proyecto de ley el despido sigue siendo causal e indemnizado, y la autorización administrativa, separando debidamente los casos de despidos colectivos de lo que se produce en los casos de movilidad funcional, en los casos de movilidad geográfica --por eso le decía que no convenía mezclar todos los expedientes de regulación de empleo en un único saco, sino que había que distinguir aquellos que afectaban a los

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distintos supuestos-- revela que tampoco es cierto que la introducción de modificaciones en relación con la legislación del despido sea notablemente diferente de la que existía anteriormente.
Por último, el representante del Grupo de Coalición Canaria pone sus dudas en cuanto a la efectividad del convenio colectivo. Yo he acentuado, en relación a la única enmienda que él ha defendido, relativa a la posibilidad de los supuestos de desplazamiento entre las islas o entre las islas y el territorio peninsular, el carácter importante del convenio colectivo. Piense usted, señor Mauricio, que el convenio colectivo es el instrumento más importante de flexibilidad de las relaciones laborales.
El convenio colectivo es el instrumento por excelencia de adaptación de las circunstancias de cada empresa a la situación de las mismas y a las condiciones económicas o, en su caso, como usted plantea, a las circunstancias geográficas. Deben ser, por tanto, los agentes sociales quienes en los convenios colectivos negocien adecuadamente esta peculiaridad que usted plantea.
El señor Hinojosa ha hecho una relación de las enmiendas que nosotros vamos a aceptarle. Estoy de acuerdo con esa relación excepto con la referencia que ha hecho a la enmienda número 418, que no vamos a aceptarla tal cual sino que vamos a presentar una enmienda transaccional.
A estos efectos, presentaré a la Mesa inmediatamente las enmiendas transaccionales: en primer lugar, la que se refiere a la enmienda número 418, que modifica el artículo 40.2, párrafo primero, del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo la expresión «siempre que éste ocupe a más de 5 trabajadores». En cuanto a la enmienda transaccional que presentaremos a las enmiendas números 422 y 424, introducimos un inciso final en el párrafo segundo del artículo 3.º, artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente: «quien los incorporará al expediente una vez concluido aquél».


El señor PRESIDENTE: Conforme a lo convenido al inicio de la sesión, vamos a proceder a la votación de aquellas enmiendas que hasta el momento hayan sido defendidas. Por lo tanto, iniciamos la votación de las enmiendas al artículo 1.º. Trataré de abreviar al máximo posible la votación. En la medida en la que no haya ningún portavoz que demande separación de las acumulaciones que yo haga, trataremos de reducir al máximo el tiempo empleado en la votación de estas enmiendas. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.) El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Intervengo simplemente para pedir que no se someta a votación la enmienda número 418, que formularemos de nuevo en un trámite posterior.


El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, procedemos a la votación de las enmiendas números 25 y 26 del señor González Lizondo; de las enmiendas números 149, 150 y 151 del señor Mur Bernad; de las enmiendas números 76 a 80 del Grupo Coalición Canaria, y de las enmiendas números 44 a 47 del Grupo Vasco (PNV). (El señor Arnáu Navarro pide la palabra.)

El señor ARNAU NAVARRO: Las enmiendas de Coalición Canaria que se someten a votación ¿me puede repetir, señor Presidente, cuáles son?

El señor PRESIDENTE: Son las enmiendas números 76 a 80.


El señor ARNAU NAVARRO: En relación con estas enmiendas, mi Grupo presentó una enmienda transaccional a la número 78, pero dado que el representante de Coalición Canaria no estaba en la sesión correspondiente, no conocemos si el representante de Coalición Canaria retira esta enmienda y acepta la transaccional.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, ¿conoce la transaccional? (Denegación.) No la conoce, señor Arnau. Por lo tanto, no tendría sentido dársela a conocer en estos momentos y que el resto de la Comisión espere su respuesta. Hay trámites posteriores en los que será posible hacerlo.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: ¿Por qué no la lee brevemente y se contesta sobre la marcha?

El señor PRESIDENTE: La transacción dice lo siguiente, señor Mauricio.
Texto propuesto al artículo 14, número 1, párrafo tercero, del Estatuto.
Estamos hablando del artículo 1.º del proyecto de ley, referido al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, artículo 14, número 1, párrafo tercero: «Será nulo un pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya desempeñado ya las mismas funciones con anterioridad en la empresa bajo cualquier modalidad de contratación.» ¿Acepta la transacción, señor Mauricio? (Asentimiento.) Por tanto, retira la enmienda número 78, por lo que sólo votaríamos las enmiendas 76, 77, 79 y 80, de Coalición Canaria. (El señor Peralta pide la palabra.) ¿Señor Peralta?

El señor PERALTA ORTEGA: En este momento ¿sólo votamos las enmiendas de Coalición Canaria o todas las que ha dicho usted?

El señor PRESIDENTE: No, yo he dicho que iba agregando, que, por favor, los portavoces me pidieran desagregaciones.


El señor PERALTA ORTEGA: Desearía votación separada de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Perfectamente, señor Peralta.
Excluidas las enmiendas de Coalición Canaria, votamos todas las que cité anteriormente, es decir, las de los

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señores González Lizondo y Mur Bernad y del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a las que había hecho referencia.
¿Todas las enmiendas de Coalición Canaria en una sola votación, señor Peralta, (Asentimiento.) Perfectamente.
Enmiendas 76, 77, 79 y 80 de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de Coalición Canaria.
Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la 78 de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la 78 de Coalición Canaria.
Enmiendas 409, 410 y 411, del Grupo Parlamentario Catalán. (El señor Arnau pide la palabra.) ¿Señor Arnau?

El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, creo que la 411 fue retirada por el señor Hinojosa, igual que la 408, con lo que sólo quedarían vivas las enmiendas 409 y 410.


El señor PRESIDENTE: ¿Señor Hinojosa?

El señor HINOJOSA I LUCENA: Ya me temía que tendríamos algún problema.
Efectivamente, he retirado la 408, la 411 coincidía con la 180 del Partido Socialista, por lo que ya dije en su momento que quedaba retirada; respecto a la 410, si no tengo mal mis anotaciones, estaba asumida por el Grupo Socialista y la 409 está en la misma situación.


El señor PRESIDENTE: Señor Hinojosa, ¿cuál es la situación de la 409?

El señor HINOJOSA I LUCENA: Está asumida por el Grupo Socialista. Esta es mi anotación.


El señor PRESIDENTE: La 409 y la 410. Perfectamente.


El señor ARNAU NAVARRO: Perdón, señor Presidente.
Lo expresado por el señor Hinojosa coincide con lo que yo he dicho. Es decir, en todo caso, yo pido votación separada de la 409 y de la 410, entendiendo además que son las únicas que quedan vivas.


El señor PRESIDENTE: Son las únicas que quedan vivas en estos momentos.
(El señor Peralta pide la palabra.) El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: ¿Sólo vamos a votar la 409 y la 410?

El señor PRESIDENTE: No podemos votar las que ya están retiradas, señor Peralta.
Efectivamente, 409 y 410.


El señor PERALTA ORTEGA: Pediría votación separada.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 409, del Grupo Parlamentario Catalán.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 410.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 410, del Grupo Catalán.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 294 a 308.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 219 a 223.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Artículo 2.º, enmiendas del señor Mur Bernad; de Coalición Canaria, números 81, 82 y 83; y del Grupo Vasco, enmienda 48.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Son distintas, señor Presidente. ¿Por qué no separa las de Coalición Canaria?

El señor PRESIDENTE: Perfectamente, señor Mauricio.


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Enmienda número 152, del señor Mur Bernad y enmienda 48, del Grupo Vasco.
(El señor Arnau pide la palabra.) El señor Arnau tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, mi Grupo presentó una enmienda transaccional a la número 48, pero si no está presente el representante del Grupo Vasco...


El señor PRESIDENTE: No está presente.
Reitero.
Enmienda 152, del señor Mur, y 48, del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Mur y las del Grupo Parlamentario Vasco.
Enmiendas 81, 82 y 83, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmienda 412, del Grupo Catalán. Señor Hinojosa, ¿ha sido retirada?

El señor HINOJOSA I LUCENA: A la enmienda 412 se ha presentado una transaccional por parte del Grupo Socialista, por lo que creo haberla retirado en su momento. Si no, lo hago ahora.


El señor PRESIDENTE: Votamos entonces la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la 412 del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Arnau, ¿podría hacernos llegar la enmienda transaccional a la 412?

El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, la hicimos llegar a la Mesa en la anterior sesión de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: No nos aparece. Solventaremos posteriormente este problema.
Seguimos adelante con las votaciones.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, números 309 a 314.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 31; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 224 y 225.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Popular.
Artículo 3.º. Enmiendas 153, 154 y 155, del señor Mur, y enmiendas 49 a 56, del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 24; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 84 a 87, del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Arnau pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Quiero votación separada de la enmienda número 84.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 84, del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 14. El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 84, del Grupo de Coalición Canaria.
Enmiendas números 85, 86, 87, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmienda número 413, del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, cuatro; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 413, del Grupo Catalán.
Enmiendas 315 a 318, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, excepto la 316, que ha sido retirada (La señora Villalobos pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Quería votación separada de la 327 y 331.


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El señor PRESIDENTE: Estamos con el artículo 3.º exclusivamente, señora Villalobos. (El señor Peralta pide la palabra.) La 316 está retirada. Señor Peralta, ha habido un error. No se preocupe.
En su momento llegará.
Por tanto, votamos las enmiendas 315, 317 y 318, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 226 a 229.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Artículo 4.º. Enmienda número 22, del señor Albistur (la 21 y la 23 han sido retiradas); enmiendas 27 a 31, del señor González Lizondo; enmiendas 156 a 158, del señor Mur.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas (El señor Peralta pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha abstenido en la anterior votación.


El señor PRESIDENTE: Rectifico el resultado de la votación de las enmiendas del señor Albistur, del señor González Lizondo y del señor Mur:

Votos a favor, uno; en contra, 34; tres abstenciones.


Quedan rechazadas las enmiendas a las que hacía referencia.
Votamos las enmiendas 88 a 97 del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 57 a 59 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Catalán. La 414 ha sido retirada.


El señor HINOJOSA I LUCENA: A este artículo tenemos la 414, que fue retirada por coincidir con la 188 del Grupo Socialista, y asimismo retiro si no lo hice --creo que sí-- la 415 por aceptar la transaccional del mismo Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Perfectamente.
La enmienda transaccional, señorías, afecta también a las 233 y 234 del Grupo Parlamentario Popular que entendería también retiradas.
(Asentimiento.) Por lo tanto, sometemos a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista que afecta a la 415 del Grupo Catalán y a las 233 y 234 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la enmienda transaccional.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, números 319 a 334.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, pedimos la votación de las enmiendas 327 y 331 en un bloque y las demás en otro.


El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 327 y 331 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a este artículo cuarto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 230, 231 y 232, del Grupo Popular.


El señor ARNAU NAVARRO: Pedimos votación separada de la enmienda 231.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 231 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos ahora a votación las enmiendas 230 y 232 del Grupo Parlamentario Popular.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Artículos quinto y sexto. La enmienda 24, del señor Albistur, ha sido retirada. Enmiendas 32 a 37, 41 y 42 del señor González Lizondo; 159 a 164 del señor Mur; 3 y 4 de la señora Rahola y 60 a 64 del Grupo Parlamentario Vasco, que sometemos a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas 98 a 122 de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 417, 418, 419, 420 y 421. ¿Les parece bien a todos los portavoces esta relación? (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, en la relación ha incluido la enmienda 418, que ha sido retirada porque mi Grupo ha presentado una enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda transaccional, creo recordar, a la 422.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, quizá clarificaría que les dijera rápidamente una por una cómo quedan. Las enmiendas que han sido objeto de transaccionales evidentemente las retiramos.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo que consta en la Mesa, se han presentado enmiendas transaccionales a las enmiendas 418, 422 y 424. Han sido retiradas las enmiendas 416, 423, 425, 426 y 427. Por lo tanto, tendría sentido votar en un bloque las enmiendas 417, 419, 420 y 421. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, pediríamos votación separada de la enmienda 417.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 417 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las enmiendas 419, 420 y 421, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
¿Podemos votar conjuntamente todas las enmiendas transaccionales, que son tres? Son a las enmiendas 418, 422 y 424. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, son dos enmiendas transaccionales, una a la número 418 y otra a las enmiendas 422 y 424 conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Perfectamente, señor Arnau. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)

El señor PERALTA ORTEGA: Desearía, señor Presidente, votación separada de la enmienda 418 por un lado y de la 422 y 424, por otro.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda transaccional a la 418 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votamos la enmienda transaccional del Grupo Socialista, conjunta a las enmiendas 422 y 424 del Grupo Catalán (Convergència i Unió). (La señora Villalobos Talero pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, nos gustaría conocer el texto de la transacción.


El señor ARNAU NAVARRO: Lo he leído ya.


El señor PRESIDENTE: Me parece que el señor Arnau la leyó en el momento en que defendió la transacción, pero puedo dar yo lectura, señora Villalobos.
Se trataría de introducir un inciso final en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores con el siguiente tenor: «... quien los incorporará al expediente una vez concluido aquél.».


El señor ARNAU NAVARRO: Se refiere al informe de la Inspección que se incorpora al expediente.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, enmienda transaccional a las números 422 y 424.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, cuatro.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 335 a 362.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
De acuerdo con lo manifestado por los portavoces, a tenor de las manifestaciones del portavoz del Grupo Socialista, tendría sentido votar separadamente, entiendo, las enmiendas 237 y 248, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ARNAU NAVARRO: La 237 y la 242 y entiendo que también la 248, si bien, según manifestaciones de la portavoz del Grupo Popular, el contenido de esta enmienda 248 ha sido ya aceptado en tanto en cuanto hemos admitido la 420. Sin perjuicio de ello, para satisfacción de la portavoz del Grupo Popular, no tenemos inconveniente en que se incluyan estas tres enmiendas en votación separada: 237, 242 y 248.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas 237, 242 y 248, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas al artículo quinto del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al artículo sexto entiendo que hay vivas dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, las números 363 y 364. (Asentimiento.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Con esto damos por concluidas las votaciones de enmiendas defendidas hasta el momento y pasamos a la discusión del artículo séptimo.
Señorías, por tratarse de un artículo que cambia el contenido del Estatuto --estamos hablando del artículo séptimo del proyecto pero del Título II del Estatuto--, discutiremos este artículo séptimo aisladamente del resto de preceptos. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: ¿Quiere decirse con esto que el informe, es decir, el texto del proyecto, lo guarda S. S. para votarlo al final o lo votamos ahora, a continuación de la votación de las enmiendas?

El señor PRESIDENTE: Mejor para el final la votación del texto del proyecto, creo yo. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Parece, por razones de coherencia, señor Presidente, que si es distinto, y evidentemente lo es, el Título II se podía votar después de discutirlo.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Dos portavoces están de acuerdo. Sometemos a votación el texto del proyecto del artículo primero al artículo sexto, con las incorporaciones que se han producido en la votación precedente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, cuatro; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto.
Pasamos al artículo séptimo, que, como digo, se refiere al Título II del Estatuto de los Trabajadores, que discutiremos separadamente.


La señora VILLALOBOS TALERO: ¿Qué quiere decir separadamente?

El señor PRESIDENTE: Sin agregar ningún artículo más, como hicimos anteriormente. Discutimos el artículo séptimo exclusivamente.
Enmiendas 123 a 127, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, nuestras enmiendas pretenden simples mejoras procedimentales del sistema electoral y como tales las mantenemos en espera de ver la actitud de los otros grupos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa para la defensa de sus enmiendas 428 a 436.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, este Título II nos parece de una gran relevancia y lamentamos no coincidir con el contenido de la reforma que aquí se propone. No estamos de acuerdo en dos cuestiones: en el contenido de la reforma en sí y con que esta reforma se traiga en este momento. Mi Grupo considera que esta reforma ha sido muy mal negociada entre las partes que la han traído aquí; mi Grupo considera que esta reforma se propone sin tener en cuenta todas las fuerzas sindicales a las que va a afectar dicha reforma. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo por parte de Comisiones Obreras, UGT y el mismo Gobierno para llegar a acuerdos en algunas cosas, y en esto han llegado, pero no es menos cierto que se han dejado en el camino las opiniones, los criterios y creo que también los derechos, de los sindicatos minoritarios del país.
La riqueza sindical de nuestro país es mucho más amplia que la que supone la contemplación de UGT y Comisiones

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Obreras. Hay sindicatos que por los avatares de la historia no son mayoritarios, no han tenido opción al diálogo para la negociación de esta reforma, pero estos sindicatos, a juicio de mi Grupo, tienen tanto derecho como los mayoritarios a poder opinar respecto a lo que será la reforma. Mi Grupo no entra, no quisiera entrar, en el contenido minucioso de la reforma, porque nos daría igual que fuese esta u otra reforma, siempre que la que viniese aquí, a la Cámara, fuese una reforma consensuada con los sindicatos del Estado. Esta no cuenta con el beneplácito de un sector de sindicatos importantes históricamente e importantes si sumamos lo que representan en todo el Estado. No estamos por el minifundismo sindical, pero tampoco estamos por ahogar a los sindicatos minoritarios que, como digo, no accedieron en su momento, no han accedido a través de las repetidas elecciones, a ser considerados como sindicatos mayoritarios. Es cierto que yo mismo en la Cámara he reclamado en más de una ocasión en nombre de mi Grupo, después de las elecciones sindicales, ante el espectáculo de acusaciones de fraude cruzadas entre uno y otro sindicato, la necesidad de la reforma de la legislación que contempla las elecciones sindicales, y es cierto también que mi Grupo estaba y está dispuesto a colaborar para que esa reforma se produzca, pero nos parece que la que nos trae hoy aquí el Grupo mayoritario --creo que aceptando la propuesta de los sindicatos mayoritarios-- no es la reforma que el sindicalismo español se merece.
No nos parece correcto que se hable de eliminar el cómputo; no nos parece correcto que se sustituya la intervención de la autoridad laboral por la gestión de unas oficinas públicas; no nos parece correcto que desaparezcan las comisiones nacionales de elecciones y por tanto las de comunidades autónomas y provinciales, y no nos parece correcto que se amplíe el mandato de los actuales delegados sindicales (ya hemos visto que tenemos problemas en la contemplación y valoración de esta norma). No nos parece de recibo que esta norma se presente aquí y que se apruebe con el contenido que ha venido. Es por eso por lo que rechazamos la totalidad del Título II que hoy tenemos en el anteproyecto que estamos debatiendo.
Si el Grupo mayoritario --por tanto, el Gobierno-- y las centrales sindicales mayoritarias, a las que hemos dicho exactamente lo que estamos diciendo aquí, no se han sentido obligados a hacer una reflexión y la reforma se mantiene, creemos que estaremos violando unos derechos constitucionales de colectivos muy importantes en comunidades autónomas, y aun cuando no fuesen muy importantes numéricamente, lo son en tanto que, cuando se viola un derecho, aunque sólo sea a un ciudadano, tenemos la obligación de defenderle y defender siempre a las minorías.
En el supuesto de que, como digo, no se retire la reforma que se presenta aquí hoy, mi Grupo ha presentado otras enmiendas al articulado, que tienen menor relevancia, dado que están concebidas desde el convencimiento de que esta reforma se podría y se debería extraer de aquí y llevar a una ley exclusiva, cuyo proyecto fuese negociado realmente entre las partes. Las enmiendas 429 a 436, como digo, sólo pretenden intentar, en último caso, si no se retirase el proyecto, mejorar parte del articulado, y así nuestra enmienda 430 pretende que los sindicatos que tengan una sección sindical en una empresa puedan convocar elecciones en la empresa, y la reforma, en cambio, no lo permite. Nuestras enmiendas 431 y 432 están en la misma línea, es decir, si bien sabemos que puede haber distintos criterios para tratar esta materia, nos parece que deberían modificarse en el sentido que nuestras enmiendas están aportando. No quiero ocupar más tiempo, porque la mención de las enmiendas una por una no hará más que ratificar lo que decimos en la justificación de cada una de ellas y lo que acabo de decir respecto a lo que me parece la totalidad de este Título II, que, repito, debería ser retirado en este acto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para la defensa de sus enmiendas 365 a 371, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Con brevedad, para decir que precisamente en este artículo séptimo, nuestro Grupo, y entendemos que por razones de coherencia, de la misma manera que hemos criticado la falta de apoyo sindical o, más exactamente, la oposición sindical al resto de la reforma, en la medida en que el artículo séptimo cuenta con el apoyo de los sindicatos, debemos apoyarlo. Las enmiendas que presentamos tratan de mejorar técnicamente el contenido de este proyecto. Tenemos que decir que no entendemos cómo se puede criticar este artículo séptimo diciendo que no cuenta con el apoyo de los sindicatos minoritarios, y apoyar el resto de la reforma, que no es que cuente con la oposición de los sindicatos minoritarios sino de todos los sindicatos. Es agradable oír que la realidad sindical de este país es más amplia que Comisiones y UGT, pero lo que resulta sorprendente es que no se atienda ni siquiera a Comisiones y a UGT para todo el resto de la reforma laboral. Da la impresión de que se está manipulando a determinadas organizaciones sindicales que --debe quedar claro, señor Presidente, por el honor y por el buen nombre de esas organizaciones, en concreto USO, que compareció en esta Comisión-- manifestaron su rotunda oposición al resto de la reforma laboral.
Sorprende que no se atiendan esas manifestaciones explícitas que se hicieron por parte de los sindicatos minoritarios.
Por tanto, señor Presidente, sin más, insistiendo en que este apartado cuenta con el apoyo sindical, con un importante apoyo social, nos da la impresión de que, en definitiva, sólo se vincula por determinadas formaciones políticas el apoyo social al apoyo de los empresarios, y desde luego no cabe duda de que en este terreno los empresarios siempre han jugado en contra de las relaciones sindicales.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Villalobos, del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de las enmiendas números 255 a 266.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, al mismo tiempo solicito defender las enmiendas 274, 280, 283, 284, 285, 288, 290, 291 y 292, que se refieren a este artículo séptimo de esta ley. Son enmiendas a las

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disposiciones adicionales y transitorias que corresponden a este articulado.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Villalobos

La señora VILLALOBOS TALERO: La enmienda número 255, que es de supresión del Título II, se basa en que, aceptando que las elecciones sindicales en nuestro país han sido manifestación de continuos enfrentamientos y de fraudes, con una cierta visión para la sociedad de que las elecciones sindicales no se celebraban en las condiciones más adecuadas (no hay que olvidar que las elecciones sindicales se siguen celebrando hasta ahora en este país sin censo electoral, sin un excesivo control en las pequeñas y medianas empresas, y que se tardó once meses en proclamar los resultados de las últimas), siendo todo esto cierto y siendo cierto que en el Consejo Nacional de las elecciones sindicales se acordó que se iniciarían conversaciones entre los agentes sociales representados en ese centro de consultas, donde realmente se aprobaban y proclamaban los diferentes resultados, la realidad es que allí estaban representados todos los sindicatos en función de su anterior representatividad. Aquel fue un acuerdo que, como bien decía antes el señor Peralta, así lo explicó en la comparecencia en esta misma Comisión el señor Zaguirre, secretario general de USO, se ha planteado aquí en el artículo séptimo, que corresponde al Título II del Estatuto de los Trabajadores y que es la consecuencia de un acuerdo entre las centrales mayoritarias y el Gobierno socialista.
Lo más importante para mí no es que no hayan sido consultadas las centrales minoritarias del país; para mí es que conculca un derecho importante, que es el derecho de la libertad sindical, y el gravísimo peligro que encierra este Título II es la cristalización del sistema electoral, la falta de libertad para conseguir los cambios que se puedan producir o que no se tengan por qué producir en el sistema electoral sindical, y, al final, la sensación que puede quedar es que esos sindicatos mayoritarios, que lo serán ya de por vida, no tienen esa auténtica representación en las empresas sino que corresponden a unas superestructuras, y, desde el punto de vista de la obligación que tenemos de defender también el derecho a la libertad sindical, con el enorme respeto que han de tener las centrales sindicales, tanto las mayoritarias como las minoritarias, pero aceptando que las mayoritarias tienen unas condiciones superiores, como así lo reconoce la Ley Orgánica de Libertad Sindical, creemos que este Título II no le hace ningún favor a las centrales sindicales. Creo que se pueden producir situaciones no deseadas por las centrales sindicales mayoritarias cuando llegan a este acuerdo con el Gobierno, creo que se pueden producir movimientos de bases, como ha sucedido ya en otros países europeos, que no contribuyen para nada a una mejor negociación colectiva, a unos mejores acuerdos entre las partes sociales, y todo ello --insisto-- va en contra de la libertad sindical.
Nosotros creemos que no se puede de un plumazo eliminar la proclamación de resultados, el control de la administración de estas elecciones y un censo electoral que haga posible la garantía de que esas elecciones se han realizado con la total y absoluta limpieza como las restantes elecciones que se celebran en nuestro país.
Es por eso por lo que pedimos que se retire este Título II, pero no que se retire para que no se vuelva a plantear, sino que se vuelva a plantear en un contexto diferente, con un texto único, porque, además, creemos que se están modificando artículos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los artículos 6 y 7, que son orgánicos, que son modificados por este proyecto de ley, y por lo tanto tendrán que tener carácter orgánico o cuando menos la parte que correspondiera a esas modificaciones de los artículos 6 y 7. Nosotros creemos que incluso la primera voluntad del Gobierno manifestada por las declaraciones en esta Cámara del propio Ministro de Trabajo no iban en el sentido de contemplar esta modificación del Título II. Por lo tanto, pedimos la retirada del Título II para que se vuelva a discutir como un proyecto de ley diferenciador del que estamos debatiendo en estos momentos en la Cámara.
Como una tiene poca esperanza de que el Grupo Socialista acepte esta primera enmienda, hemos presentado unas concretas al articulado que serían necesarias para garantizar, como mínimo, esa libertad sindical a la que nos referíamos antes.
La enmienda 256, al artículo 67.1, párrafos 1.º, 2.º y 3.º del Estatuto de los Trabajadores, se refiere a un tema concreto que, desde nuestro punto de vista, no debe recogerse. El texto dice que los sindicatos mayoritarios tienen derecho a acceder a los datos de las administraciones públicas. Desde nuestro punto de vista, los datos en posesión de las administraciones públicas, tanto Ministerio de Hacienda como Ministerio de Trabajo, son de uso exclusivo de la Administración. No se les puede dar publicidad ni pueden acceder en ningún caso a esos datos nominales los sindicatos más representativos. Por lo tanto, pedimos la supresión de ese párrafo del artículo 67.1. Al mismo tiempo, entendemos que el párrafo tercero amplía las capacidades de representación de los sindicatos más representativos, por lo que ya está entrando en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Los sindicatos más representativos, incluso en sectores donde no tengan ninguna representación o sean minoritarios, pueden convocar elecciones sindicales en el momento en que lo deseen.
Esto es ampliar bastante las competencias que la Ley Orgánica de Libertad Sindical concede a los sindicatos más representativos.
La enmienda 257, al artículo 67.1, último párrafo, intenta que los convenios colectivos recojan los cambios que se puedan producir en los casos de disminución o ampliación de plantillas, y no solamente el de disminución de plantillas y, por lo tanto, la modificación de los representantes de los trabajadores en la empresa. Tal vez se puede dar el caso --a mí me gustaría que fueran muchos-- de que se ampliara la plantilla y, desde este punto de vista, entendemos que también el convenio colectivo debe recoger esta posibilidad en cada una de las empresas.
La enmienda 258, al artículo 67.2, párrafo 1.º del Estatuto de los Trabajadores dice: «2. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo para la promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente proceso electoral.» Desde nuestro punto de

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vista, no es lógico que se haga una distinción entre la celebración de las elecciones en el centro de trabajo si se ha incumplido alguno de los requisitos previos. Cuando se habla de requisitos incumplidos, desde nuestro punto de vista se tiene que entender que son absolutamente todos.
Y no se puede omitir el de la comunicación a la empresa, que podrá suplirse por medio del traslado de la misma o de una comunicación de la copia que se ha remitido a la oficina pública. Cuando se habla del incumplimiento de cualquiera de los requisitos, nos referimos a todos los que establece el Estatuto. La enmienda 259, de modificación al artículo 74.1, párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores, suprime la fase «... en la fecha fijada por los promotores en su comunicación del propósito de celebrar elecciones...». El artículo 73 del Estatuto regula las funciones de la mesa electoral, atribuyéndose las funciones de dirección, ordenamiento y vigilancia de todo el proceso electoral, por lo que resulta del todo inconveniente predeterminar la fecha de su constitución.
La enmienda 260 expresa la opinión del Grupo Popular de que este articulado es excesivamente reglamentario. Determinadas partes, sobre todo las que se refieren al artículo 74.2, párrafo 1.º, podrían y deberían estar en el reglamento electoral que el Gobierno, en su momento, deberá elaborar.
La enmienda 262, al artículo 75.6, por lógica debería ser aceptada. No nos parece sensato que, una vez celebrado un proceso electoral en una empresa, en el traslado del acta del resultado de las elecciones a la Oficina del Registro, la mesa pueda pasar la responsabilidad a un interventor o a un candidato electo en esas elecciones. Eso podría introducir elementos que no nos parecen lógicos ni sensatos. En este sentido, creemos que es responsabilidad de la mesa y de sus miembros el traslado de ese acta y que en ningún caso deberán trasladar sus responsabilidades a ningún interventor de ninguna de las candidaturas presentadas, sea ganadora o sea perdedora, porque eso introduciría una cierta inseguridad jurídica en el proceso que, a nuestro juicio, podría ser perfectamente subsanada con nuestra enmienda.
La enmienda 263, al artículo 75.7 del Estatuto es la fundamental. Es el proceso electoral, la proclamación de resultados y el mantenimiento, dentro de la autoridad administrativa, del control de todo el proceso electoral y la obligatoriedad de la proclamación de resultados, determinando los sindicatos más representativos, de forma que se garantice que el concepto de sindicato más representativo es el que corresponde a esa realidad. Desde nuestro punto de vista, es la base fundamental de un modelo adecuado de reforma del Título II del Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda 265 al artículo 76.3 del Estatuto se refiere al arbitraje.
Entendemos que es positivo que exista un arbitraje, pero la excesiva reglamentación que figura en este artículo del proyecto de ley no es necesaria. Creemos que los árbitros deben ser designados por las partes interesadas y que no es la Administración la que tiene que decir cuáles son esos árbitros y qué condiciones tienen que tener. Parece lógico que si hay un acuerdo entre las partes se acepten los árbitros que ellas designen, por lo que vemos una excesiva presencia de la Administración.
Correspondería a las partes y no a la Administración decir cuáles son las cualidades que deberían tener estos árbitros. Desde nuestro punto de vista, debe ser un acuerdo previo entre los interesados en esta cuestión.
La enmienda 266 va también en este sentido de la simplificación del procedimiento arbitral, remitiendo al Reglamento, que en un momento determinado deberá dictaminar el Gobierno, todo aquello que, desde nuestro punto de vista, es puramente reglamentario y no de disposición legal.
Las enmiendas 274, 280, 284 solicitan la supresión de disposiciones adicionales, por coherencia con las enmiendas presentadas al Título II.


El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, según le consta a la Mesa, la enmienda 274 es al artículo décimo. ¿La defiende en este momento?

La señora VILLALOBOS TALERO: Sí, señor Presidente, porque está en relación con el artículo séptimo. Lo que pretendo es defender todas las enmiendas que tienen relación con el Título II del Estatuto de los Trabajadores.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Pedimos su supresión en función de las enmiendas de supresión del Título II, que ya he defendido. Lo mismo sucede con las enmiendas 280, 283, 284, 285, 291 y 292.
En la enmienda 288, a la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, nosotros mantenemos el texto de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y cambiamos solamente una palabra. Ampliamos el período electoral de «tres meses» a «seis meses», lo demás permanece igual.
La enmienda 290... un momento, por favor, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: No hay problema, señora Villalobos, las actas no recogen los silencios.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, he dicho que voy a defender la enmienda número 290 con el artículo octavo de la ley que estamos discutiendo en este momento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: En primer lugar, querría hacer referencia a las enmiendas números 428, de supresión del artículo séptimo, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la número 255, del Grupo Popular, aunque ésta ya ha surtido un efecto parcial, puesto que se incluye nueva disposición adicional cuarta en la ley Orgánica de Libertad Sindical.
No compartimos el razonamiento de la enmienda número 428 ni el sentir de la intervención de la portavoz del Grupo Popular ya que, a nuestro entender, y contrariamente a lo que se alega en la misma, la ley pretende simplificar el proceso electoral. Al eliminarse las comisiones

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provinciales se evita también la posibilidad de enfrentamientos que dificultan el rápido conocimiento de los resultados de las elecciones electorales. Estas competencias que la ley atribuía a las comisiones de elecciones sindicales se trasladan ahora a un órgano individual que debe emitir un laudo sobre los temas sujetos a su arbitrio en un plazo razonable.
Por otro lado, la transparencia del proceso electoral, que ha sido puesto en duda por algunos de los portavoces de los grupos que me han precedido, se asegura en el proyecto por una triple vía: en primer lugar, con la denegación de registro por parte de la oficina pública cuando existan defectos formales; en segundo lugar, se crea el procedimiento arbitral para todo el proceso, arbitrio al que pueden acudir tanto los sindicatos como la empresa; en tercer y último lugar, con el control judicial, tanto de la denegación de registro de la oficina pública, como por disconformidad con el laudo arbitral.
Respecto al hecho de que introduce una serie de limitaciones para otras opciones sindicales que no sean Comisiones Obreras y UGT --preocupación compartida por los dos grupos que pretenden la supresión del Título II--, debo decir que creemos exactamente lo contrario. Las opciones de otros sindicatos serán mayores si se trata de un período electoral abierto, tal como establece el proyecto, que si se concentra en un período limitado de tiempo, como está regulado en la actualidad.
Voy a darles unos datos que seguro que SS. SS. conocen pero que me parecen verdaderamente esclarecedores. En el último proceso electoral del año 1990, en un período de tres meses, se movilizaron más de cinco millones de trabajadores, ejerciendo el derecho al voto cuatro millones de ellos, resultando elegidos a la finalización de este proceso más de 237.000 representantes de los trabajadores. ¿Quién sale beneficiado de este sistema sino los sindicatos de mayor implantación y organización que pueden movilizar un mayor número de efectivos en tan corto período de tiempo? La respuesta es clara, y debería quedar claro también un esfuerzo responsable y generoso que han hecho las organizaciones sindicales mayoritarias precisamente en el sentido contrario de las argumentaciones de los grupos que se oponen a la modificación del Título II.
Ahora mucho más que antes pretendemos que la representación sindical sea una consecuencia más ligada a la acción sindical en la empresa que al producto de una normativa electoral, que, por ser muy estricta en cuanto al período de cómputo, beneficiaba a unos sindicatos más que a otros.
En cuanto a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista acepta, quiero anunciarles, señorías, que proponemos una transacción a la enmienda 262, al artículo 75.6 del Grupo Popular, aceptando la ampliación de las personas en quien puede delegar el presidente de la mesa para el depósito del acta en la oficina pública, que quedaría como sigue: «El original del acta, junto con las papeletas de voto nulos o impugnados por los interventores y el acta de constitución de la mesa, serán presentados en el plazo de tres días a la oficina pública de registro por el presidente de la mesa, quien podrá delegar por escrito en algún miembro de la mesa, en uno de los candidatos electos o en un interventor de candidatura.»

El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, ¿nos la puede hacer llegar?

El señor MORAGUES GOMILA: Le haré llegar la enmienda en cuanto termine la intervención, aceptando las argumentaciones que esgrimía la portavoz del Partido Popular.
Aceptamos asimismo la enmienda 365, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al artículo 67.1, que corrige una omisión involuntaria del proyecto de ley en cuanto a la publicación en el tablón de anuncios de la oficina pública de la comunicación de la celebración de elecciones, que está en absoluta concordancia con el espíritu del artículo citado que, como todos sabemos, obliga a publicar en el tablón de anuncios otras fases del proceso y del mandato electoral.
Asimismo, ofrecemos una transacción a la enmienda 429, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que solicita sustituir la referencia a la oficina pública de registro por la referencia a la autoridad laboral. El Grupo Socialista propone cambiar estas referencias del texto por «la oficina pública de registro dependiente de la autoridad laboral». También le haré llegar la transacción, señor Presidente.
Para acabar con las aceptaciones, aceptamos la enmienda 165, del Grupo Mixto, cuyo portavoz no está, pero para que quede constancia en el «Diario de Sesiones».
Contestando las enmiendas que no aceptamos, empezaré por la intervención del Grupo Popular. He de referirme forzosamente al sentido que para el Grupo Socialista tiene el artículo séptimo. Pensamos que el actual sistema de promoción de elecciones sindicales y su procedimiento electoral no ha producido unos efectos satisfactorios, dado que propicia enfrentamientos y dilata el proceso electoral, judicializado el mismo en muchas ocasiones. De ahí precisamente que pretendamos la creación de un sistema más flexible y que evite enfrentamientos innecesarios, suprimiendo el período de cómputo y estableciendo un sistema de certificación en un período de tiempo del proceso abierto electoral y creando para las reclamaciones de esta materia un nuevo procedimiento arbitral.
En definitiva, señores del Grupo Popular, no vamos a apoyar sus enmiendas, pues van encaminadas en la dirección contraria a la que pretende el proyecto de ley y que defiende el Grupo Socialista. Muy al contrario, el Grupo Socialista no intenta mantener un estado de cosas que queremos superar y que hemos negociado en los últimos tiempos con distintos representantes de las organizaciones sindicales.
En lo que se refiere al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, no mantenemos diferencias sustanciales en este capítulo, aunque sus enmiendas van dirigidas a reforzar requisitos que nosotros no consideramos necesarios, puesto que pretende introducir una serie de rigideces que se contradicen con el espíritu de flexibilidad que anima el texto que discutimos.


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Sí quisiera hacer una breve mención a la enmienda 366, que añade un nuevo párrafo al artículo 67.1 y que introduce la posibilidad de establecer un calendario de elecciones por acuerdo de los sindicatos más representativos. Esta es una enmienda que no acabamos de entender porque es una trasposición literal de la disposición transitoria segunda del proyecto, que convierte en regla general lo que ha sido pensado exclusivamente para ordenar la reforma en un período de tiempo limitado; no sería consecuente con la existencia de la propia transitoria segunda, que, por cierto, el Grupo enmendante también mantiene.
Convergència i Unió presenta un conjunto de enmiendas de mayor calado, que no compartimos y cuya aceptación significaría la modificación sustancial del artículo séptimo, por lo que, señor Presidente, me detendré más detalladamente en su análisis.
No compartimos su pretensión de equiparar la sección sindical con un sindicato a efectos de promover elecciones sindicales, tal como presenta su enmienda 430, puesto que la personalidad jurídica, a nuestro entender, la tiene el sindicato y no la sección sindical y, además, porque esta equiparación, a efectos de promoción, vendría a distorsionar el propio contenido normativo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la jurisprudencia social concretada en la sentencia del Tribunal Central de Trabajo del 15 de mayo de 1980.
Tampoco compartimos la necesidad de comunicar la promoción de las elecciones a los representantes de los trabajadores y a las representaciones sindicales, como plantean en su enmienda 431, puesto que la comunicación a la empresa parece suficiente trámite para el conocimiento de los interesados. Tengan presente, señores diputados, que dicha comunicación se hace pública a los trabajadores. Creemos que introducir en la comunicación del proceso electoral el calendario del mismo y reducir los plazos de inicio y finalización de las elecciones, son rigideces que chocan con el espíritu de flexibilidad que anima el proyecto de ley.
Tampoco podemos apoyar lo propuesto en su enmienda 432 en cuanto a la creación y concurrencia de coaliciones electorales y a la imputación de sus resultados, ya que la posibilidad de la coalición electoral no está prohibida por la normativa vigente y, además, el Real Decreto 1.311/86, de 13 de junio, en su artículo 13, fija la atribución de sus resultados de forma más ajustada a la realidad que la propuesta por su enmienda.
Para finalizar con las enmiendas del Grupo Catalán, no podemos aceptar las números 433 --nuevo colegio electoral para técnicos y cuadros--; 434 --supresión del procedimiento abreviado de elecciones en empresas de menos de treinta trabajadores--; 435 --transparencia del proceso electoral-- y 436 --cómputo electoral-- por cuanto entendemos mejor resueltas estas situaciones con la normativa vigente o con el texto que estamos discutiendo.
Se han presentado algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, pero por la ausencia de su portavoz, me voy a saltar el comentario.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, que coinciden con alguna de...


El señor PRESIDENTE: No está presente el portavoz de Coalición Canaria, señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Entonces, economicemos el tiempo.
Tampoco está presente el representante del Grupo Mixto, por lo que termino mi primera intervención aquí.


El señor PRESIDENTE: ¿Turno de réplica? (Pausa.) El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Quiero hacer dos comentarios.
El primero es un comentario amable al portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha hecho una alusión en el sentido de que para un solo aspecto en el que los sindicatos están de acuerdo, nosotros nos oponemos y, en cambio, en todos los demás temas sobre los que los sindicatos están en desacuerdo, nosotros estamos por la reforma.
Quiero decirle a S. S. que nosotros hemos hablado con todos los sindicatos, con los mayoritarios y con una parte importante de los minoritarios, respecto a la reforma y su contenido. No nos hemos puesto de acuerdo. Pero en función de esas conversaciones no hemos presentado algunas enmiendas que teníamos en cartera. Evidentemente, cuando se dialoga y no se llega a acuerdo, lo lógico es que uno sea responsable con su actitud política y presente aquellas cosas que considera que son las que benefician al conjunto de los ciudadanos. Eso es lo que hace mi Grupo cuando presenta enmienda y está de acuerdo con la reforma laboral.
Los argumentos del portavoz del Grupo Socialista --por economizar tiempo, porque no vamos a cambiar el sentido del voto unos y otros-- no me convencen, como yo no le voy a convencer, pero quiero mencionarle el contenido de una de nuestras enmiendas, justamente la 434. La citada enmienda pretende, nada más y nada menos, que en empresas de menos de treinta trabajadores no se hagan las elecciones en dos horas, enviando un agente electoral, reuniendo a la gente, diciendo: «Vamos a hacer las elecciones, quién es el que se presenta, quién no se presenta, hacemos la votación y me voy con el acta.» Ese ha sido el fundamento de todo el fraude de las elecciones anteriores. Los sindicatos mayoritarios saben que ese es el gran pie de barro que tienen. En la pequeña y mediana empresa no sólo hay fraude electoral porque se hacen en unas horas, sino porque en muchos casos ni se hacen, simplemente se pasa y se recoge un acta. Darles un poco más de tiempo parecía lo lógico para garantizar que no hubiese fraude en esa línea.
Dejémoslo así. Aceptamos, naturalmente, la transaccional que ustedes nos ofrecen, sin que ello suponga cambio de criterio en el conjunto, pero siempre será una mejoría la puntualización que hace la transaccional que nos ofrece.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Efectivamente, acertaba el señor Hinojosa cuando decía que había hecho una alusión a su intervención en mi anterior turno de palabra.
Quiero dejarle claro, señor Hinojosa, que respeto absolutamente (no hace falta que conste así porque es evidente) el derecho del Grupo Catalán a reunirse con todos los sindicatos y a mantener las posiciones políticas que estime oportunas como grupo político, con independencia del acuerdo o no acuerdo que tenga con los sindicatos. Mi referencia no era a eso. Mi referencia era a la utilización que se hace de la oposición de sindicatos minoritarios a una parte de la reforma laboral, cuando le consta al portavoz del Grupo de Covergència i Unió la oposición de todos los sindicatos, no sólo de los minoritarios, al resto de la reforma laboral.
En este sentido, decía que me parecía que ese discurso de utilizar la oposición de los sindicatos minoritarios era incoherente cuando le constaba la oposición de todos los sindicatos --fundamentalmente los mayoritarios, precisamente por esta condición, pero también de los minoritarios-- al resto de la reforma laboral que, sin embargo, se ha apoyado.
Acaba de hacer una referencia el señor Hinojosa a un supuesto pie de barro de los sindicatos. Quiero utilizar esa referencia --creo que recojo el sentir de toda la Cámara--, teniendo conocimiento hace poco de un accidente de aviación que se ha producido esta mañana, que ha afectado a determinados ciudadanos de nuestro país, en concreto a algún Diputado, un compañero del Partido Socialista que había estado en el Congreso, y particularmente al Secretario General de Comisiones Obreras, que parece ser que ha sufrido una herida en una pierna, para decir que es voluntad unánime de todos los que estamos aquí desear la recuperación de todos los ciudadanos. Celebramos que el accidente no haya tenido consecuencias graves y lamentamos que se haya producido.
Finalmente, señor Presidente, se ha producido alguna referencia a un posible error por mi parte al dirigir la votación del Grupo. Me gustaría que quedara claro en el «Diario de Sesiones» que, en relación con la enmienda 417, del Grupo de Convergència i Unió, votada anteriormente, la posición de nuestro Grupo es en contra. No sé en este momento --y posiblemente no se pueda saber-- cuál ha sido la posición que he mantenido, pero por si hubiera habido cualquier duda, quiero disiparla diciendo que en relación con la enmienda 417, del Grupo de Convergència i Unió, la posición de nuestro Grupo era en contra.


El señor PRESIDENTE: La señora Villalobos tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora VILLALOBOS TALERO: No sé si es por las muchas horas que llevamos discutiendo, pero se introducen cuestiones que no vienen al caso. Les deseo la mejor salud del mundo a todos los españoles que en este momento están sufriendo múltiples accidentes, bastante más graves que romperse la rodilla, aunque yo prefiero que el señor Gutiérrez tenga su rodilla en perfectas condiciones.
Respecto al planteamiento que ha hecho el representante del Grupo mayoritario, tengo que decir que no ha contestado realmente al fondo de la cuestión. Se ha limitado a decir que es un acuerdo entre las centrales sindicales mayoritarias y el Gobierno y que, como tal, lo acepta. Es un argumento, pero para mí no es un argumento de autoridad suficiente desde el punto y hora en que se están introduciendo reformas que creo que afectan a cuestiones orgánicas, a la Ley Orgánica de Libertad Sindical y al concepto que a medio plazo puedan tener los sindicatos más representativos de este país.
Aquí tendemos a no mirar más allá de las ventanas de nuestra casa, pero detrás de las ventanas existen muchas cosas, entre otras, que las centrales sindicales mayoritarias, que ya están cristalizadas como mayoritarias de por vida, pierdan lo que les da sentido, que es el apoyo de las bases de los trabajadores en las empresas. Si eso se produce, los gobiernos que este país tenga en el futuro van a tener difícil llegar a acuerdos con las centrales mayoritarias puesto que no parece que las bases vayan a apoyar las decisiones de esas superestructuras sindicales.
Eso ya se está produciendo en sindicatos concretos ante eventos internos de ese propio sindicato. No hagamos nada que distraiga el celo, no tanto de los comités de empresa como de los representantes en las organizaciones supraempresas de las diferentes organizaciones sindicales.
Creo --sinceramente lo digo-- que esta estructura que crean aquí desmotiva a las centrales sindicales y no potencia la fuerza que desde mi punto de vista deben tener las centrales sindicales, tengan las siglas que tengan, en la representación de los trabajadores, tanto de la empresa como de los intereses colectivos en los acuerdos marco que puedan firmar con el Gobierno, o, simplemente, interconfederales, sólo y exclusivamente con la patronal. Creo que esto sienta un mal precedente.
Estoy segura de que con una normativa adecuada volverían a ser sindicatos más representativos UGT y Comisiones, porque ésa es hoy la voluntad mayoritaria de los trabajadores de este país. Lo que no se puede hacer es poner una sombra de duda sobre esta representación, en función de que se cristaliza porque nos conviene, porque esto da lugar a situaciones sindicales que no son excesivamente democráticas y que en estos últimos años hemos sufrido en algunas empresas, municipales y públicas, en algunos momentos.
Midamos lo que estamos haciendo. Es en ese sentido en el que yo quiero centrar mi debate. No es que lo hayan negociado con las centrales mayoritarias. Si el acuerdo hubiera sido bueno yo lo hubiera aplaudido, aunque no hubieran estado las minoritarias, pero me hubiera parecido un buen acuerdo y lo hubiera sido. Sinceramente creo que no están haciendo ningún favor ni a la libertad sindical ni a los sindicatos más representativos de este país.
Me ofrece una enmienda transaccional con la 262 y dice que recoge mi posición. No; de verdad que no, en lo que se refiere a que el original del acta junto con las

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papeletas de votos nulos será presentada en el plazo de tres días en la oficina pública de registro por el Presidente de la Mesa o en su defecto por algún miembro de la Mesa.
Usted dice que respetando el texto del proyecto de ley y añadiendo mi enmienda se completa. No. Suponga que en unas elecciones generales, municipales, o autonómicas, una Mesa constituida da al candidato del Partido Popular las actas para que se las lleve. No parece lógico. Lo lógico es que sea la propia Mesa; en el caso de las elecciones generales, serían los representantes del Gobierno civil los que trasladarían esas actas; en ningún caso ninguno de los candidatos ni ningún interventor de ningún candidato. Tienen una función totalmente diferente; los interventores, controlar la limpieza del proceso electoral y los candidatos, como es lógico, machacarse la empresa para conseguir los votos de sus compañeros; en ningún caso, repito, trasladar el acta resultante de un proceso electoral que se celebra en la empresa.
Por lo tanto, que usted añada lo que yo digo no es el contenido profundo de mi enmienda. El contenido de mi enmienda es que desaparezca el interventor o el candidato de cualquier candidatura y que solamente tengan esa capacidad los miembros de la Mesa.
El Presidente de la Mesa podrá delegar en algún miembro de la misma; en ningún caso, en una persona que participe como parte interesada en el proceso electoral que en ese momento acaba de finalizar. Sinceramente, siento decir que no puedo aceptar su enmienda transaccional.
En el resto de las enmiendas usted no ha querido entrar en el meollo de la cuestión y sigo insistiendo en que deben pensar --me imagino que de aquí al Senado tendrán tiempo-- en la capacidad que dan a los sindicatos más representativos promotores de elecciones a acceder a los datos de la Administración. Ningún ciudadano español tiene derecho a introducirse en los datos de la Administración y ustedes aquí, a los sindicatos más representativos, les dan la posibilidad de acceder a los datos que son secretos de la Administración. Yo creo que la solución es la que propone nuestro Grupo, que es un censo de centros de trabajo que la oficina pondrá a disposición de los sindicatos que lo soliciten. En este censo estará explicitado la empresa y el número de trabajadores. En ningún caso un sindicato puede acceder a los datos de la Administración porque son datos que ésta tiene en función de sus obligaciones, pero que son de los ciudadanos y nunca una organización puede acceder a ellos a través de este Título II, como ustedes proponen en esta ley. A mí me parece que es anticonstitucional, incluso. Lo digo con sinceridad y les pido que reflexionen; tienen ustedes tiempo hasta el Senado.
Si hubo fracaso en el cumplimiento del Estatuto porque jamás en este país se han celebrado unas elecciones sindicales con censo, eso no quiere decir que ante el fracaso de la Administración para hacer algo que no es tan complicado se diga que los sindicatos accedan al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo, a la Seguridad Social, al Inem y tengan aquellos datos que ellos consideren que para el desarrollo electoral les hace falta. Esto tiene un contenido más profundo y creo que se podría solucionar de una forma adecuada para el ejercicio del derecho a la promoción de elecciones de esos sindicatos y para el acceso al número de empresas, insisto, y de trabajadores de cada una de las empresas. Esos datos los puede proporcionar el Ministerio de Trabajo perfectamente; los tiene codificados en el centro de datos. Sólo los tiene que poner a disposición de los sindicatos que quieran participar en el hecho electoral.
Desde mi punto de vista, deberían reflexionar sobre el contenido de esas enmiendas. Sobre las otras no me ha dicho nada y me reservo para el Pleno.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Muy brevemente voy a contestar en este turno de réplica.
En relación con la enmienda número 434 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre el sistema de votación y el fraude que se puede producir, precisamente lo que pretende el proyecto de ley es contemplar un proceso mucho más ágil en las elecciones sindicales en centros de trabajo con un pequeño número de trabajadores. La mejor garantía de que no se van a producir fraudes es el conocimiento que tienen todos de la presencia de los propios trabajadores y yo creo que es prácticamente imposible generar fraude en una empresa donde todos los trabajadores son conocidos de todos; de ahí precisamente el límite de los 30 trabajadores. Creo que es imposible que se genere fraude en unas elecciones con tan reducida participación de trabajadores.
Quiero decir también al Grupo Catalán (Convergència i Unió) que en ningún momento el proyecto de ley quiere dejar de lado --como ya he indicado en mi primera intervención-- a colectivos sindicales que el representante de Convergència i Unió ha calificado como muy importantes; obviamente compartimos con dicho Grupo la importancia de los colectivos sindicales y de sus ideales, pero, desde el punto de vista sindical, tendríamos que ajustarnos a la realidad, porque son colectivos relativamente importantes, por decirlo de alguna manera. El Título II de este proyecto de ley viene fuertemente consensuado, es una demostración de la voluntad de negociación de la reforma del mercado laboral, es un acuerdo que se ha explicado poco y es bueno que en el trámite que nos ocupa se explicite por parte de las fuerzas políticas que han descalificado en términos muy duros la reforma laboral que también ha habido voluntad de acuerdo y que ésta es una demostración de la voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos que ha mantenido el Gobierno socialista.
Después de la primera intervención de la señora Villalobos, portavoz del Grupo Popular, quiero señalar especialmente las referencias constantes a la defensa del derecho de la libertad sindical. A mí me parece que lo peor que podemos hacer para defender la libertad sindical --como cualquier otra manifestación de las libertades democráticas-- es crear sospechas sobre la misma. Defiéndanse las posturas que se quieren para mejorar el marco de libertades, para mejorar el texto que nos ocupa, pero si realmente

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nos creemos lo que decimos y lo queremos defender, creo que no debemos mantener posturas del tenor de las que ha mantenido la portavoz del Grupo Popular. Si este texto de la ley va contra aspectos concretos, lo que debería haber hecho la portavoz del Grupo Popular es concretar contra qué aspectos de la Ley de Libertad Sindical atenta. Yo pienso que como esto no es cierto, se ha seguido con la tónica habitual de echar sombras sobre proyectos de ley que son muy claros, que defienden muy claramente en este caso la libertad sindical y como a veces --quiero entender-- no se cree demasiado en lo que se dice, de lo que se trata es de echar sombras sobre el derecho a la libertad sindical que se quiere defender.
La portavoz del Grupo Popular dice que no he contestado enmiendas concretas. Efectivamente, no he entrado a responder una por una porque creo que todas tienen un hilo conductor común, que es contrario, además, al espíritu del texto del proyecto de ley que estamos defendiendo. He dicho antes que el Grupo Socialista, muy al contrario de lo que defiende el Grupo Popular, quiere superar un estado de cosas que el tiempo ha demostrado que no ha dado los frutos esperados y deseados. Nuestro interés es intentar, como digo, superar eso, que el Grupo Popular tiene especial interés en que se mantenga como hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Concluida la discusión de las enmiendas al artículo 7.º, discutiremos de modo conjunto el artículo 8.º y el artículo 9.º en la medida en que al artículo 10.º hay enmiendas del señor Abistur, de Coalición Canaria y del Grupo Vasco (PNV), que no están presentes, y una enmienda del Grupo Popular, la 274, que ya ha sido defendida por la portavoz de ese Grupo en la defensa de sus enmiendas al artículo 7.º Por tanto, Grupo Catalán, enmiendas 437 a 439, al artículo 8.º, y 440, al artículo 9.º Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Nuestra enmienda 437 pretende exactamente lo siguiente --leeré las tres primeras líneas--: «La vigencia del contenido normativo del convenio, una vez concluida la duración pactada, se producirá en los términos en que se hubieren establecido en el propio convenio.» Pretendemos que los convenios introduzcan cautelas y normas para que, en su momento, en su vencimiento, puedan ser renovados y discutidos entre las partes en su totalidad.
Con nuestra enmienda 438 pretendemos posibilitar legalmente a los cuadros y técnicos la negociación de convenios colectivos en las empresas para que ellos puedan establecer sus derechos y sus deberes laborales, dado que hasta ahora hay un amplio vacío en la defensa de este colectivo importante desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico en las actuaciones sindicales tradicionales.
Nuestra enmienda 439 va a ser retirada en este momento.
Nuestra enmienda 440 pretende flexibilizar el proceso de sustitución de las ordenanzas laborales, tal como se sabe, por convenios colectivos y conceder mayor grado de autonomía entre las partes en la negociación de los acuerdos dirigidos a eliminar los defectos de cobertura entre las ordenanzas laborales y los convenios colectivos. Someter a un arbitraje voluntario las controversias de las partes nos parece que evitaría recursos al Ministerio de Trabajo y crearía esa necesaria cultura de la negociación y del pacto de la que estamos muy necesitados, tanto en el ámbito sindical como en otros.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 372 a 384, artículo 8.º, y 385 al artículo 9.º, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: El artículo 8.º, como conocen SS. SS., contiene una serie de disposiciones que modifican artículos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la negociación colectiva. Por su parte, el artículo 9.º contiene un único artículo, que hace referencia a la disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores que regulaba el carácter dispositivo de las ordenanzas laborales en tanto no fueran sustituidos por convenios colectivos.
Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta ese ámbito, hemos presentado distintas enmiendas --las citaba el señor Presidente: 372 a 384 al artículo 8.º-- con las que pretendemos fundamentalmente modificar las previsiones del Gobierno en relación con cinco aspectos concretos que, con carácter sintético, paso a describir.
En primer lugar, el tema del descuelgue salarial, conocido así en el lenguaje y en la terminología sindical; la posibilidad de que en determinadas empresas no se apliquen las condiciones económicas pactadas en convenio que, en principio, tienen vigencia en el ámbito en el que se incluye dicha empresa. La redacción que se propone por parte del Gobierno hace referencia a que los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecerán las condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial del mismo a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación. En nuestra opinión, esta previsión legal es contraria a la negociación colectiva. Piensen SS. SS. que establece con carácter imperativo que los convenios colectivos de ámbito superior establecerán las condiciones y procedimientos. Si la negociación se basa en que actúan representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios, imponer la obligación de que los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa tengan que establecer las condiciones en virtud de las cuales se pueda no aplicar el régimen económico es desconocer que esos representantes, actuando precisamente en el ejercicio de esa representación, pueden acordar que las condiciones económicas sean aplicables a todas las empresas por entender que no plantea ningún problema en las empresas de ese sector.
Desde ese punto de vista, señorías, nosotros presentamos una enmienda en virtud de la cual quede claro que los

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convenios de ámbito superior, los acuerdos interprofesionales o los convenios del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores podrán establecer, si lo estiman oportuno las partes, las condiciones y procedimientos de ese descuelgue salarial. Nos parece que esta cláusula que planteamos es, por un lado, respetuosa con la autonomía de las partes, con su capacidad representativa, y, por otro, tienden a la posibilidad de que efectivamente puedan tener alguna incidencia en la estructura y situación económica de la empresa las condiciones económicas que se pactan.
El segundo tema que nosotros desearíamos clarificar mediante nuestras enmiendas es la disponibilidad de los derechos establecidos en los convenios colectivos por medio de los convenios posteriores. La normativa que se introduce en la reforma del convenio establece claramente que el convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquél. En nuestra opinión, esta redacción proporcionada por el Gobierno vuelve a incidir en lo mismo que denunciábamos anteriormente. Nosotros creemos que sería mucho más respetuoso con la autonomía de las partes decir que el convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquél. En dicho supuesto se aplicará, íntegramente, lo regulado en el nuevo convenio, sin perjuicio de los derechos adquiridos o en curso de adquisición. Con esto nos parece que se contempla más exactamente la realidad de la vida de los derechos, en función de lo dispuesto en los sucesivos convenios colectivos. Creemos, insisto, que esta redacción proporcionada por nosotros técnicamente es más correcta y más respetuosa con la autonomía de las partes que la planteada por el Gobierno.
El tercer tema que pensamos que debe ser objeto de nueva regulación, porque no aparece contemplado en la reforma del Gobierno, son los convenios de grupo de empresas y la capacidad negociadora en los mismos por parte de la representación social. Desde este punto de vista, nosotros creemos que, con carácter novedoso pero urgido por la realidad social, donde ya se presentan los convenios de grupo de empresas, debe quedar atado que en estos convenios estarán legitimados para negociar, además del comité del grupo, en el caso en que quiera pactarlo, los sindicatos o secciones sindicales que tengan una determinada representación en el conjunto de empresas que integran ese grupo.
De otra parte nos parece también necesario regular más adecuadamente y de una manera más realista la legitimación de las asociaciones empresariales que negocien los convenios de ámbito superior a la empresa. El texto remitido por el Gobierno dice que en estos casos están legitimadas las asociaciones empresariales que representen un 10 por ciento de los empresarios y un 10 por ciento de los trabajadores. La realidad pone de manifiesto que es muy frecuente encontrarse con asociaciones que representan un 10 por ciento de los trabajadores pero que, sin embargo, por la atomización empresarial, no representan un 10 por ciento de las empresas. En nuestra opinión, el dato relevante --y en tal sentido debe quedar regulada y redactada la ley-- es que tienen legitimación las asociaciones empresariales que integren un 10 por ciento de los trabajadores del sector que se vería afectado por ese convenio colectivo, con independencia de que el número de empresas fuera superior o inferior al 10 por ciento del total de empresas.
Somos partidarios de que en los convenios colectivos se prevea mediante ley la posibilidad de sistemas no jurisdiccionales de resolución de conflictos y que en tal sentido se contenga una referencia específica a la posibilidad de que esos convenios prevean procedimientos de resolución de los conflictos derivados de su aplicación e interpretación, los sistemas no jurisdiccionales de resolución, y en su defecto lógicamente será competente la jurisdicción social.
Por último, por lo que se refiere al artículo 9.º, presentamos una única enmienda, en la que, en definitiva, nos oponemos a que se establezca una fecha límite de pérdida de vigencia de las ordenanzas laborales. Creemos que la posición mantenida por los sindicatos en ese sentido de urgir la sustitución de las ordenanzas laborales por convenios colectivos es la correcta. Si eso no se ha producido hasta la fecha, hay que decir bien claro que no es por voluntad de los sindicatos de mantener normativas claramente desfasadas de la realidad, sino porque los empresarios se han negado a sustituirlas por una negociación o por una norma resultado del acuerdo. No cabe duda de que los empresarios contaban para esa negativa con los anuncios reiterados y plasmados finalmente en este artículo 9.º de la voluntad del Gobierno de suprimir a fecha fija las ordenanzas laborales, aunque no exista norma pactada que las sustituya. Sobre esa voluntad gubernamental anunciada reiteradamente y finalmente plasmada es evidente que los empresarios no tienen nada que ganar con pactar y optan porque se llegue a la fecha establecida en la normativa y se produzca la derogación de facto de las ordenanzas laborales. Nosotros creemos que esto es un mal favor que se hace a la negociación colectiva, cuando toda la filosofía, al menos como se vende públicamente, es facilitar la negociación colectiva; sería oportuno que quedara claro que las ordenanzas laborales tienen carácter dispositivo y, por tanto, su vigencia subsiste en tanto no haya una norma pactada que las sustituya.
De este modo, se incentiva a las dos partes a encontrar una norma pactada que sustituya a las ordenanzas laborales.
Establecer, como se ha puesto en este artículo 9.º, una fecha fija de derogación de las ordenanzas laborales aunque no haya norma colectiva que las sustituya, en definitiva, es incentivar a los empresarios a que no negocien, y así se está viendo este año en la negociación colectiva.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 267 a 272, al artículo 8.º, y 273 al 9.º, tiene la palabra la señora Villalobos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora VILLALOBOS TALERO: También querría defender la 290, a la disposición final sexta.


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El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Villa-lobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Yo creo que aquí entramos en el tema más importante de la reforma, en lo que se refiere a la potenciación de la negociación colectiva, a la fuerza que se quiere dar a los convenios y a los acuerdos entre las partes para las necesarias modificaciones, fundamentalmente en el seno de la empresa, que tienen que ver con la movilidad, con la estructura salarial y con la jornada; aquí es donde realmente se ve la voluntad política del Gobierno para dar esa fuerza a la negociación colectiva. El representante del Grupo Socialista, en su anterior intervención, refiriéndose a la posición del Grupo Popular respecto al Título II de la ley, decía que creemos poco en la libertad sindical. Sinceramente, es su opinión, yo no la comparto, por supuesto.
La mejor forma de proteger la libertad sindical, como el resto de las libertades en este país, es que puedan ser libres. Si usted entiende la libertad como que el Fiscal General sea alguien del PSOE, etcétera, yo no defiendo ese concepto de libertad sindical.
En el tema de la negociación colectiva es donde se nota --y ahí sí se le podría aplicar al Gobierno-- si lo que dice creer es lo que realmente cree. Aquí se plasma de una forma mucho más clara cuál es el objetivo último de la reforma planteada por el Gobierno socialista. Desde luego, del texto del artículo 8.º, en todo lo que se refiere a la negociación colectiva, lo que se desprende claramente es que ustedes no tienen ninguna confianza real en la negociación colectiva. Si se creyera en la capacidad de negociación, si incluso se intentara forzar a las partes a que negociaran para que, a través del convenio colectivo, introdujeran las reformas suficientes, no se hubieran planteado las reformas que se contemplan en el proyecto de ley.
En concreto, y la voy a defender la primera, me refiero a la enmienda 271 del Grupo Popular, que corresponde al artículo 86.3, párrafo 2, del Estatuto de los Trabajadores. Es una enmienda coincidente con Convergència i Unió. A la negociación colectiva ustedes le dan aquí una enorme fuerza; el Ministro de Trabajo, el de Economía, el propio Presidente del Gobierno, y esta mañana en Bruselas lo decía muy ufano el señor Solbes, hablando de lo que significaba la adecuación de nuestro sistema de relaciones laborales al resto de los países de la Comunidad, dando la fuerza que debería tener a la negociación colectiva, se rompe totalmente esa defensa a ultranza de la negociación en el apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores. Ustedes dicen que el contenido normativo de un convenio, una vez concluida la duración pactada, en el caso de que no hubiera pacto, se mantiene en vigor; es decir, que lo que contenía un convenio colectivo, que acaba su vigencia, si no hay acuerdo entre las partes se va a mantener para siempre.
Usted póngase en la situación en la que estamos. Antes se refería el representante de Izquierda Unida a las ordenanzas laborales, pero se podría aplicar también a los convenios colectivos. ¿Usted cree que los sindicatos, que están en contra absolutamente de esta reforma introducida en la negociación colectiva, van a sentarse a negociar algún convenio? Yo tengo serias dudas.
Yo creo que a las partes, a las dos partes, hay que forzarlas a negociar, y no estoy tan segura de que haya que tener tanto miedo a esa libertad, porque es tener muy poca confianza en la fuerza de las centrales sindicales y en las empresas. Si realmente, como parece, y lo han dicho todos los representantes del Grupo Socialista a lo largo de estos debates, ustedes creen profundamente en las centrales sindicales, que ustedes creen profundamente en la representación de los trabajadores en las empresas, en los comités, que ustedes creen profundamente en la importancia de los sindicatos, darían más fuerza a la negociación. Yo no estoy tan segura de que los empresarios vayan a conseguir todo lo que quieran en una negociación, porque tendrán que ceder en muchas cosas, exactamente igual que sucede en el resto de los países de la Comunidad.
Los convenios colectivos no son los que quieren los empresarios; surgen de la negociación y la negociación --insisto-- significa que todos tienen que dar algo del planteamiento que llevaban en un principio. Y ustedes, con el mantenimiento de las cláusulas normativas de los convenios, impiden esa apertura de nuevas negociaciones en convenios. Por eso, nosotros decimos que, una vez acabada la vigencia de un convenio, si en ocho meses no ha habido una negociación, desaparecerán las cláusulas normativas, salvo las que se refieren a salarios y a condiciones de trabajo y de seguridad e higiene; limitamos en aquello que entendemos que debe ser la protección de los derechos de los trabajadores, pero abrimos la posibilidad de la negociación de los convenios colectivos de todas estas reformas que contiene este proyecto de ley.
No sirve para nada que usted regule la estructura salarial, que usted regule la movilidad funcional a través de negociación colectiva, si, después, no se puede llevar a cabo esa negociación. ¿Cuándo se va a poner en marcha realmente esta reforma laboral? Como medida de publicidad queda bonita, pero, en la práctica, veo difícil su aplicación. En lo de los despidos, sí; eso se va a aplicar rápidamente; lo demás, tengo mis serias dudas. Y yo creo que quedaría bastante coja. A mí, de entrada, no me gusta el tema de los despidos, me hubiera gustado que hubiera venido de acuerdo el artículo 51, como vino en el año 80, pero, cuando menos, dé usted fuerza a los trabajadores, a través de sus comités de empresa, y al empresario a negociar. Esto es la base fundamental, si realmente se cree en la negociación colectiva.
La enmienda 267 se refiere al artículo 82.3, párrafo 3 del Estatuto, en el descuelgue de convenios.
La primera parte de nuestra enmienda lo único que pretende es, tal vez, dar una mejor redacción al artículo; no pretendemos ninguna otra cosa. Lo que sí introducimos en el último párrafo es la distribución de la jornada. Es decir, que el descuelgue no solamente se pueda producir en el caso de empresas que no puedan mantener los salarios, sino también en lo que se refiere a la jornada, dándole más fuerza a la negociación en la empresa sobre la negociación del sector, en los casos en que la situación económica de la empresa aconseje, por supuesto, de acuerdo con los

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representantes de los trabajadores y el empresario, una distribución de jornada diferente de aquella que marca el convenio del sector.
La enmienda 268, del artículo 83.2 del Estatuto, es nueva no está planteada a la reforma del texto remitido por el Gobierno. En lo que se refiere al contenido de la unidad de negociación de convenios colectivos, el punto tercero del artículo 83 dice que las organizaciones de trabajadores y empresarios, en los convenios superiores a la empresa, determinarán los temas en los que la negociación no podrá entrar en ámbitos inferiores. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en positivo, es decir, que serán los convenios de ámbito superior los que determinarán en qué pueden intervenir los convenios de ámbito inferior, dándole una cierta fuerza al convenio de empresa.
La enmienda 269, al artículo 85.1 del Estatuto, pretende introducir el concepto de productividad y de calidad de vida en el contenido mínimo de la negociación colectiva. Tratamos de añadir un punto nuevo.
La enmienda 270, al artículo 85.2, es nueva. Trata de introducir un nuevo párrafo, el f), para recoger el derecho de promoción y formación ligados a los sistemas de clasificación profesional. Si queremos dar más fuerza a la clasificación profesional, a la calificación profesional y a la formación permanente en la empresa, la promoción y la formación deberían estar incluidas en los contenidos mínimos de la negociación colectiva.
La enmienda 269, que se refiere al artículo 85.1, es de modificación.
Pretendemos que se diga: «1. Dentro del respeto a las Leyes, los convenios colectivos podrán regular materias de índole económica, laboral, sindical y, en particular, la mejora de la productividad, de la calidad de vida en el trabajo y cuantas otras afecten a...» porque entendemos que son conceptos que en este momento son los que ya se están negociando en los convenios colectivos.
La enmienda 272, al artículo 86.4, es simplemente una mejora técnica y, en lo que se refiere al artículo 9.º, ordenanzas laborales, enmienda 273, estamos de acuerdo en la necesidad imperiosa de la desaparición de las ordenanzas laborales en nuestro país, pues creemos que es una de las condiciones que más está impidiendo la movilidad interna y la adecuación de las estructuras de nuestras empresas al reto de los países de la Comunidad. Nosotros, antes de que el Gobierno tenga que derogar esas ordenanzas pretendíamos que se recogiera la posibilidad de agotar el acuerdo entre las partes. Hay ejemplos muy claros de cómo se puede negociar la derogación de estas ordenanzas. Esta Comisión ha sido una de las innovadoras en cómo hacer una buena negociación colectiva en un sector difícil, que en estos momentos está totalmente adecuado a esas nuevas realidades y a la competencia, como es el de industrias químicas.
Doña Matilde Fernández, miembro de esta Comisión, que fue Secretaria General de UGT del sector, introdujo esta posibilidad. No se puede decir que esta capacidad de negociación que demostró en aquel momento el Sindicato UGT no es posible llevarla a cabo en el resto de las ordenanzas laborales. Desde luego, que el contenido de las ordenanzas laborales vaya al convenio colectivo, pretensión de los sindicatos, no creo que sea lo más adecuado. En muchos de los actuales convenios colectivos ya están recogidas esas normativas de las ordenanzas laborales. Y ése es el problema de la rigidez de nuestro mercado laboral.
Este país debe decidir definitivamente si quiere flexibilidad interna en la empresa o quiere despidos colectivos. Parece que algunas centrales sindicales y algunos grupos de esta Cámara eligen rigidez interna, aunque eso signifique expedientes continuos de regulación de empleo, porque esos trabajadores no son capaces de adaptarse a esas nuevas realidades. Creo que lo ideal sería que estas ordenanzas laborales agotaran todas las posibilidades de negociación, pero en último caso estamos de acuerdo en que hay que derogarlas, porque, insisto, es el problema real de la rigidez interna de nuestro mercado laboral.
En la enmienda 290, a la disposición final sexta, lo que intentamos es adecuar nuestra normativa, nuestra cultura laboral a lo que ya es europeo. En el Tratado de la Unión, todo el protocolo de Política Social --que como ustedes saben, el único país que no los suscribe es Inglaterra-- es consecuencia del acuerdo que firman los interlocutores sociales, los sindicatos, el CES y la Unice, de 31 de octubre de 1991, y en sus artículos 3.º y 4.º, recogidos en el Protocolo, se dice que en aquellas cuestiones que se refieran a temas de política social en las que la Comunidad ya tiene competencia, si las partes sociales se ponen de acuerdo, la Unión simplemente lo recogerá y lo convertirá en leyes. Se potencia de una forma absoluta la posibilidad de acuerdos en la negociación entre las partes sociales.
Creo que este modelo también es bueno para España y lo que no entiendo es cómo centrales sindicales que firman en la CES --porque están representadas en ella-- este tipo de acuerdos, mantienen una posición contraria cuando llegan a España. Tampoco entiendo cómo la propia patronal toma esa misma actitud. Creo que la cultura de la cooperación, la cultura de la no confrontación, del acuerdo, que funciona en la mayoría de los países europeos -- y que, insisto, ha recogido el Tratado de la Unión, en Maastricht-- en política social, debe ser un ejemplo a seguir en España. Por ello entendemos que si las centrales sindicales y la patronal llegan a acuerdos que desarrollen esta ley el Gobierno debería asumirlos. Me gustaría que en este país la representación de las partes sociales cada vez tuviera más fuerza y más acuerdos. Por ello decimos en nuestra enmienda que si hay un acuerdo interconfederal entre las centrales sindicales y la patronal se pueda modifical el artículo 51 ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle esa mayoría de edad a las partes sociales para que asuman su responsabilidad en los dos sentidos. En la asunción de responsabilidades, que signifique el avance hacia un mercado laboral más competitivo, más ágil y más flexible internamente, creo que sería importante que en este país empezáramos a dar esas cuotas de corresponsabilidad a las partes sociales. Por eso mantenemos la enmienda 290, en este sentido, para potenciarlo, pero protegiendo, porque en el caso de que en un año no se llegue a ese acuerdo el Gobierno, como es lógico, tendrá que tomar las medidas que considere oportunas para el desarrollo de estas normas.


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Creo que sería un buen esfuerzo por nuestra parte comprometer a las partes sociales en el desarrollo económico y laboral de nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de las enmiendas, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Antes de iniciar el debate sobre las enmiendas, querría puntualizar una cuestión que ha originado una pequeña controversia entre los portavoces de los Grupos Popular y Socialista.
Yo no había querido imputar a la portavoz del Grupo Popular que no creyera en la libertad sindical. Sí he dicho que, si se cree en la libertad sindical, lo que no se puede hacer permanentemente es plantear dudas sobre la libertad sindical. Si la libertad sindical --como cualquier otra libertad-- necesita avanzar, lo que hay que hacer es concretar en qué cosas o proyectos --en este caso concreto el proyecto de ley de las elecciones sindicales--, en qué cuestiones se está atacando este marco de libertades.
Por supuesto --y si lo he dicho lo reitero--, señora Villalobos, yo no le quería imputar ningún tipo de no creencia en la libertad sindical, pero sí le rogaría que en sucesivas ocasiones, en que discutamos sobre estos temas, no hagamos descalificaciones por sospechas sobre la propia libertad que, en este caso, el texto conlleva.
Dicho esto, a nivel de preámbulo, iniciaré mi intervención anunciando la aceptación y ofreciendo transacciones, por aceptaciones parciales, de enmiendas a los distintos grupos.
En lo que respecta al artículo 8, haré referencia a la enmienda número 267, del Grupo Parlamentario Popular, presentada al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, a la que proponemos una transacción aceptando su primer párrafo, al entender que su texto mejora la capacidad de gestión del convenio por parte de la comisión paritaria, e introduciendo la palabra «sólo» en la segunda línea después de «esta última», como medida de cautela.
En cuanto al segundo párrafo, se mueve en la misma dirección que la enmienda número 195, del Grupo Parlamentario Socialista, que ya ha sido incorporado al texto del proyecto. Si acaso, le haría llegar después el texto de la enmienda transaccional.
Aceptamos también su enmienda número 272 por compartir su mayor corrección técnica.
Aceptamos la enmienda número 381, del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que si bien no modifica el fondo del artículo 87.4 del Estatuto de los Trabajadores --los porcentajes de representatividad que actualmente figuran en la norma se corresponden con los exigidos para tener la condición de más representatividad--, la redacción que proponen tiene un mayor rigor técnico.
Aceptamos parcialmente también la enmienda número 383, en la que se propone una nueva redacción del artículo 82.1 del Estatuto de los Trabajadores, en su primer párrafo, porque nos parece más correcta ante la generalización del proceso de traspasos a las comunidades autónomas en materia de ejecución de la legislación.
No aceptamos, en cambio, la supresión a la actual referencia a que la parte receptora de la comunicación de iniciativa de la negociación pueda negarse a comenzar las negociaciones, ya que creemos que el deber de negociar protege frente a las situaciones de vacíos de negociación y de regulación. La determinación de nuevos ámbitos que se establecieron por acuerdo de dos partes no puede quedar al criterio de una de ellas, sino a un nuevo acuerdo entre ambos.
Proponemos asimismo un texto transaccional como alternativa a la enmienda número 384, pues, estando de acuerdo con la idea de desjudicializar el tratamiento de las controversias laborales, creemos que la fórmula que se propone la enmienda es incompleta, ya que en ella no se contempla la posibilidad de revisión judicial en los laudos dictados en estos sistemas, que es exigible conforme al principio constitucional de tutela judicial y que nosotros le añadimos.
El texto de esta enmienda transaccional, que también haremos llegar a la Mesa, diría así: «La representación de los trabajadores o de los empresarios que promueva la negociación lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación que deberá hacerse por escrito la legitimación que ostenta, de conformidad con los artículos anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objetos de negociación. De esta comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral correspondiente en función del ámbito territorial del con-venio.
La parte receptora de la comunicación sólo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84. En cualquier caso, se debería contestar por escrito y motivadamente.» Ofrecemos también en este mismo artículo un texto alternativo al propuesto por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en su enmienda número 438 y que, de ser aceptado, sustituirá el segundo párrafo del artículo 87, manteniendo nuestro rechazo a las expresiones referidas a cuadros y técnicos por considerarlas innecesarias, pues creemos que los convenios para grupos profesionales son ya posibles conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, que hace mención a los convenios de ámbito inferior a la empresa.
En lo que hace referencia al artículo 9, aceptamos parcialmente la enmienda número 273, del Grupo Popular, y ofrecemos un texto transacción al sustituyendo la actual redacción del primer párrafo de la disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, que diría así: «Las ordenanzas de trabajo actualmente en vigor, salvo que por un acuerdo de los previstos en los artículos 83.2 y 83.3 se establezca otra cosa, en cuanto a su vigencia, continuarán siendo de aplicación como derecho dispositivo, en tanto no se sustituyan por un convenio colectivo, hasta el 31 de diciembre de 1994.»

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Aceptamos también parcialmente la enmienda número 440, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y proponemos una transaccional, pues si bien creemos más correcta técnicamente la redacción que ellos nos presentan al párrafo tercero, no podemos aceptar la adjetivación de funcional del ámbito de la ordenanza, ya que entendemos que el ámbito de aplicación no puede ser sólo funcional, sino que también ha de ser territorial.
Sin embargo, no aceptamos el redactado del párrafo cuarto, ya que, según nuestro criterio, la competencia de la Comisión consultiva de acordar arbitrajes debe mantenerse, pues es la única fórmula para dar salida a una negociación sin acuerdo y cerrar el problema de los vacíos de regulación, que es el único obstáculo real para derogación de las ordenanzas.
En cuanto a las enmiendas no aceptadas al artículo 9, en las números 268, 269 y 270, el Grupo Popular quiere introducir supuestos de negociación en los convenios colectivos, que a nuestro parecer no añaden nada que no esté regulado ya por las normas existentes ni cambia el efecto que éstas tienen. Con su aceptación, por el contrario, entendemos que podría producirse una confusión innecesaria en el proceso negociador.
Me referiré más detalladamente a la enmienda 271, que califico de enmienda estrella a este artículo porque, de aprobarse, conllevaría un fuerte desgaste de la garantía constitucional de la eficacia vinculante del convenio, cuyo efecto práctico sería crear una gran confusión e inseguridad jurídica para las dos partes de la relación laboral, una vez transcurrido el plazo de ocho meses sin acuerdo. Aparte de esta valoración de tipo jurídico, habría que añadir que la idea de fondo de la enmienda es rechazable, desde nuestro punto de vista, por lo que tiene de erosionadora del sistema de negociación colectiva en sí misma y, en particular, por lo que tiene de desequilibradora de la correlación de fuerzas en la negociación en perjuicio de los trabajadores.
Izquierda Unida plantea en sus enmiendas cerrar las posibilidades de adaptabilidad del convenio a las circunstancias existentes en el momento de su firma o a las peculiaridades que puedan presentarse en las empresas a las que se aplica el convenio, supresión de la inserción obligatoria de la cláusula de descuelgue --enmiendas 372, 373, 374, 375, 376 y 378--, supresión de la posibilidad de que un convenio disponga de los derechos reconocidos en el convenio anterior --enmienda 277--, supresión de la posibilidad de que el convenio establezca qué aspectos se prorrogan y qué otros no una vez vencido el plazo de vigencia, etcétera.
En resumen, demuestran, a nuestro entender, una desconfianza hacia la negociación colectiva que no compartimos, máxime cuando reforzar esta negociación, dando una mayor responsabilidad a las partes, es una de las piezas angulares de la reforma del mercado laboral que estamos discutiendo.
Haré mención más amplia a las enmiendas relacionadas con la llamada cláusula de descuelgue, a la que hacen referencia las enmiendas 372, 373, 374, 375, 376 y 378, de Izquierda Unida, y la 128 de Coalición Canaria.
Son enmiendas que no compartimos en absoluto, como he dicho anteriormente, pues entendemos que precisamente para preservar el principio de eficacia general en el sistema de negociación colectiva deben introducirse en su régimen jurídico elementos de adaptabilidad que eliminen los excesos de uniformidad que puedan derivarse en algunos casos de la aplicación de este sistema.
La previsión de la cláusula de desenganche en los convenios sectoriales viene siendo exigida por la necesidad de adaptar el convenio a las diversas situaciones económicas de las empresas incluidas en su ámbito.
De no hacerse así, ignorando que puede haber empresas cuya situación económica negativa pueda verse agravada por la aplicación de un determinado nivel retributivo, el daño sería no sólo para las empresas, sino que también afectaría a la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Además, la regulación de la cláusula de descuelgue se efectúa desde la óptica de la negociación y no de la imposición por el empresario; negociación en el momento de configurar la cláusula en el convenio o negociación en el caso de que el convenio no tenga nada previsto en el ámbito de la empresa con los representantes de los trabajadores. Incluso en el caso de falta de acuerdo en esta última negociación, se prevé un sistema nuevamente fundado en la negociación para resolver esta discrepancia, como es otorgar la facultad de solventarla a la Comisión paritaria del convenio.
Para acabar con las enmiendas de este Grupo, señor Presidente, no compartimos la tesis planteada en sus enmiendas 379 y 382, puesto que la negociación colectiva de grupos de empresa no requiere una regulación específica en el artículo 83.1 del Estatuto de los Trabajadores, aunque es cierto, y el Grupo Socialista no está cerrado a reflexionar sobre el particular en un futuro, que no sería desaconsejable considerar la posibilidad de una legitimación específica para negociar, más que convenios, acuerdos-marco en los grupos de empresa. Sin embargo, no consideramos la conveniencia de debatirlo en estos momentos, por lo que no le daremos nuestro apoyo.
De las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán, quiero dar por contestada la 437 en el mismo sentido de la 271 del Grupo Popular, y sobre la 439 tampoco vamos a darle nuestro apoyo, en coherencia con la postura que nuestro Grupo mantuvo ante su enmienda 433 al artículo 71.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto al artículo 9.º, el Grupo de Izquierda Unida propone suprimir la redacción de la disposición transitoria segunda. Nuestra postura es claramente contraria a mantener la fórmula prevista actualmente en el Estatuto de los Trabajadores, pues creemos que no puede dilatarse más la derogación de las ordenanzas, una vez demostrado, en el transcurso de los últimos catorce años, el escaso avance logrado en este asunto.
La derogación de las ordenanzas y su sustitución por la negociación colectiva resulta necesaria para eliminar de nuestro ordenamiento regulaciones anacrónicas, como son muchas de las partes de las ordenanzas.
En la fórmula del proyecto de ley se combina la perentoriedad de dar por terminado este proceso por medio del establecimiento de plazos finales, con la garantía de que

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no se van a producir vacíos de regulación. Garantía que se deriva de la valoración de la existencia de tales vacíos por un órgano tripartito, como es la Comisión consultiva, y por la previsión de sistemas de negociación para la cobertura de los vacíos y de procedimientos para solventar las discrepancias tanto en la negociación como en el arbitraje.
Esto es todo, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Su inquisitiva mirada no parecía que invitara a intervenir. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Hago lo que puedo, señor Hinojosa, sin violentar el Reglamento.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Voy a hacer también lo que pueda por la Comisión.
Sólo para lamentar que la enmienda 437 no haya merecido el apoyo del Grupo Socialista y aceptar las enmiendas transaccionales que se han anunciado respecto a las enmiendas 438 y 440, y que espero conocer en más detalle.


El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la pa-labra.


El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, me gustaría conocer las transaccionales que se ofrecen por parte del Grupo Socialista, ya que en estos momentos no las conozco.
Respecto de las enmiendas que no se aceptan por el Grupo Socialista, se ha argumentado que nuestro Grupo es contrario a la posibilidad de que el convenio colectivo se adapte a las nuevas realidades, es contrario a la cláusula de descuelgue salarial y a la disponibilidad de derecho por convenios posteriores, etcétera.
Yo tengo que dejar bien claro, señor Presidente, señorías, que nuestro Grupo no es contrario a esa posibilidad. Lo que plantea es precisamente que sea eso, una posibilidad que está en función de la voluntad de las partes, y no es un imperativo legal tal como se plantea en la redacción que nos ofrece el Gobierno y que defiende el Grupo Socialista.
Nosotros tenemos confianza en las partes, creemos que son conscientes de la realidad y son capaces de adoptar normas que se adapten a la realidad.
El que parece no tener confianza es el Grupo Socialista, que les impone normas por encima de lo que ellos voluntariamente puedan acordar.
Dicho esto, una vez que conozcamos las enmiendas transaccionales podremos decir si retiramos las enmiendas que hemos presentado.


El señor PRESIDENTE: La señora Villalobos, por el Grupo Popular, tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: He creído deducir de la intervención del representante del Grupo Socialista que acepta la enmienda 272 tal como está; que la enmienda 273 es aceptada en su primer párrafo, pero que el resto queda como figura en el proyecto de ley; que de la enmienda 267, que afecta al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, aceptan también el primer párrafo, pero no así el segundo. Si me hace pasar el texto, se lo agradecería porque no ha dicho exactamente cuál es la reforma que introducen en esa primera parte y en ese caso no sé si la puedo aceptar.
Aceptamos la transacción que ha leído --y ésa sí la he entendido perfectamente-- a la enmienda 273. Esa sí me la ha leído y la he entendido perfectamente y también, como es lógico, la enmienda 272.
Respecto a la número 267, cuando me pase el texto a la hora de votar diré si la acepto o no.
Por lo que se refiere al resto de las enmiendas, siento que no acepte la 271 en lo que se refiere a la ultraactividad de los convenios colectivos.
Podríamos estar horas hablando de cuáles son las razones últimas, pero creo que es muy simple, que lo han entendido perfectamente. Siento mucho que no haya sido admitida porque creo que aquí es donde está, realmente, la reforma que necesita nuestro mercado laboral, la flexibilidad interna que requiere. Insisto, este país se está acostumbrando demasiado a los expedientes de regulación de empleo, y si no le damos más fuerza a la negociación, si no le damos más responsabilidad a los trabajadores y al empresario en la toma de decisiones del funcionamiento interno de la empresa, me da la sensación de que va a ser difícil introducir las modificaciones de movilidad funcional, de estructura salarial, de jornada, etcétera, porque no va a haber convenio colectivo que lo asuma.
Creo que esto es complicar bastante la negociación colectiva a partir de este momento en este país. Sinceramente, no le veo el peligro a esa aceptación. Además, me da la sensación de que aquí hay un cierto miedo a este tipo de libertad, que creo que sería bueno introducirla en nuestro mercado laboral.
Respecto a la que usted considera que no añade nada, siento sinceramente que no la acepte porque creo que le da más fuerza a la negociación en la empresa y a estas nuevas relaciones laborales que estamos intentando introducir en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: El señor Moragues, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor MORAGUES GOMILA: Voy a leer las distintas enmiendas transaccionales que presentamos a los grupos.
Una transaccional a la enmienda 267, del Grupo Popular. El tercer párrafo del apartado 3 del artículo 82 quedaría redactado como sigue: «Si dichos convenios colectivos no contienen la citada cláusula de inaplicación, esta última sólo podrá producirse por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, cuando así lo requiera la situación económica de la empresa. De no existir acuerdo, la discrepancia será solventada por la Comisión paritaria del convenio. La determinación de las nuevas condiciones salariales se producirá mediante acuerdo

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entre la empresa y los representantes de los trabajadores y, en su defecto, podrán encomendarla a la Comisión paritaria del convenio.» En la enmienda 273, del Grupo Popular, se sustituye la actual redacción del primer párrafo de la disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores por la siguiente: «Las ordenanzas de trabajo actualmente en vigor, salvo que por un acuerdo de los previstos en el artículo 83.2 y 3 de esta Ley se establezca otra cosa, en cuanto a su vigencia, continuarán siendo de aplicación como derecho dispositivo, en tanto no se sustituyan por convenio colectivo, hasta el 31 de diciembre de 1994.» Transaccionales a las enmiendas de Izquierda Unida. La número 383, diría así: «La representación de los trabajadores o de los empresarios que promueva la negociación lo comunicará a la otra parte, expresando detalladamente en la comunicación que deberá hacerse por escrito la legitimación que ostenta, de conformidad con los artículos anteriores, los ámbitos del convenio y las materias objeto de negociación. De esta comunicación se enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral correspondiente en función del ámbito territorial del convenio.
La parte receptora de la comunicación sólo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84. En cualquier caso, se deberá contestar por escrito y motivadamente.» La última transaccional ofrecida a la enmienda 384 de Izquierda Unida propone una nueva redacción del artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores adicionando a su texto actual los siguientes párrafos: No obstante lo anterior, en los convenios colectivos y en los acuerdos a los que se refiere el artículo 83.2 y 3 de esta Ley, se podrán establecer procedimientos como la mediación y el arbitraje para la solución de las controversias colectivas derivadas de la aplicación e interpretación de los convenios colectivos.
El acuerdo logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la eficacia jurídica y tramitación de los convenios colectivos regulados en la presente ley siempre que quienes hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permite acordar en el ámbito del conflicto un convenio colectivo conforme a lo previsto en los artículos 87, 88 y 89 de esta Ley.
Estos acuerdos y laudos serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme a los procedimientos previstos para los convenios colectivos.
Específicamente cabrá el recurso contra el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión. Estos procedimientos serán asimismo utilizables en las controversias de carácter individual cuando las partes expresamente se sometan a ellos.
En referencia a las transaccionales ofrecidas al Grupo Catalán, la primera, a la 438, propone sustituir el segundo párrafo del número 1 del artículo 87 por el siguiente: En los convenios que afecten a la totalidad de los trabajadores de la empresa será necesario que tales representaciones sindicales en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. En los demás convenios será necesario que los trabajadores incluidos en su ámbito hubiesen adoptado un acuerdo expreso, con los requisitos del artículo 80 de esta ley, de designación a efectos de negociación de las representaciones sindicales con implantación en tal ámbito.
La 440 es una nueva redacción del tercer párrafo de la disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores que quedaría como sigue: La derogación se llevará a cabo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social previo informe de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos relativo a la cobertura del contenido de la ordenanza por la negociación colectiva. A tales efectos se valorará si en el ámbito de la correspondiente ordenanza existe negociación colectiva que proporcione una regulación suficiente sobre las materias en las que el Estatuto de los Trabajadores se remite a la negociación colectiva.


El señor PRESIDENTE: Señorías, los artículos referentes a la modificación del Estatuto de los Trabajadores los tenemos ya a nuestra espalda. Ahora tenemos delante los artículos que se refieren a la modificación de la Ley de Procedimiento Laboral, artículos 11 a 16 que discutiremos en bloque.
(Pausa.) No observo discrepancias, por lo tanto, para la defensa de sus enmiendas a este conjunto de artículos tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Lamento discrepar de su señoría. Al artículo 13 hay una enmienda de mi Grupo, que es la 441, que es corta y que defenderé muy rápidamente. Pretende suprimir el apartado uno del artículo 13 del referido texto, simplemente porque consideramos que los jueces y magistrados tienen siempre la facultad de, para mayor proveer, pedir aquellos informes que consideren necesarios.
La enmienda 442 propone incluir una disposición adicional nueva que pretende mantener la vigencia de los contratos temporales para la contratación de personas mayores de 45 años que se encuentren en situación de desempleo y como medida de preferencia en el empleo a que se refiere el artículo 17, apartados 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores.
Esta enmienda, señorías, la defiendo muy rápidamente por favorecer a la Comisión dada la hora que es, pero mi Grupo la considera básica e importantísima. Tenemos, como SS. SS. saben, un millón veinte mil trabajadores en un paro de larga duración de más de dos años y la mayoría de estos parados son personas de 45 y más años. Estos colectivos difícilmente volverán a entrar en el mundo del trabajo si no hacemos algo contundente por ayudarles y por eliminar todas las dificultades que haya para su contratación. En este sentido mi Grupo presenta esta enmienda y esperemos que en esta ocasión el Grupo Socialista --como en otras-- la apruebe en su contenido literal.


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Retiramos en este momento las enmiendas números 443, 444 y 445, esta última por ser dúplica de otra. Asimismo, retiro en este acto la enmienda número 446.
Con mi enmienda 447 vuelvo a plantear el problema de la enmienda 437, lo que hemos llamado la retroactividad de los convenios colectivos, frase un poco extraña que hemos utilizado últimamente. Es importante insistir en lo que ya se ha dicho aquí. La señora Villalobos ha hecho referencia a la necesidad de reforzar realmente la negociación colectiva, de forma que los convenios colectivos sean un instrumento útil y válido para solucionar cuantas anacronías pueda haber en la negociación entre las partes, trabajadores y empresarios. Tenemos la sensación de que estas enmiendas --como ha dicho el portavoz socialista-- son enmiendas estrellas, pero es que sin ellas la reforma laboral va a quedar coja. Si no nos atrevemos a aprobar una enmienda como ésta u otra similar, que incentive a la negociación total de los convenios colectivos, difícilmente vamos a conseguir el éxito deseado en la reforma laboral que estamos tramitando.
Mi Grupo Parlamentario, una vez más, quiere hacer una reflexión, utilizando la oportunidad que nos da esta enmienda, para que pensemos que es absolutamente importante que las partes puedan negociar después de que venció el contenido de aquello que se negoció en una ocasión, de forma que cada cuatro años se deberían actualizar los contenidos de los convenios. En este sentido presentamos y defendemos esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy breve porque de los artículos a los que hacemos referencia, sin perjuicio de su importancia, destacaría lo que dice el texto, aunque hay otros grupos que destacan la importancia de sus enmiendas --en concreto los grupos de Convergència i Unió y Popular-- cuando plantean el tema de la derogación absoluta de los convenios colectivos pasado un determinado plazo. Eso, que no forma parte del texto, es importante y no cabe la menor duda de que es una posición «retro» por parte de quienes la defienden. El propio texto tiene ya aspectos más que suficientes para destacar su importancia, pero buena parte de esos temas guardan relación con artículos ya discutidos en la Comisión, por ejemplo los que hacen referencia a las modificaciones de la Ley de Procedimiento Laboral para dar coherencia a la regulación de los despidos procedentes, improcedentes y nulos, que es coherente con lo que se ha modificado en el Estatuto de los Trabajadores. Desde ese punto de vista, ésas son las razones que hemos dado para manifestar nuestra disconformidad con la nueva redacción de los despidos nulos, limitando su ámbito de declaración sólo a algunos de los supuestos en los que se violan derechos constitucionales de los trabajadores, e insisto en que sólo algunos, porque entiendo que con esa redacción cabe la posibilidad de que se viole el derecho a la defensa de los trabajadores y, sin embargo, no se considere como un supuesto de despido nulo. Por tanto, deben considerarse reproducidas esas razones en las correspondientes enmiendas que defendemos en su integridad.
También nos parece especialmente negativa la posibilidad de que en los supuestos en los que el empresario pierde el pleito en Magistratura, la Magistratura declara el despido improcedente y, no obstante, el empresario decide recurrir al Tribunal Superior. Sin embargo, a diferencia de lo que hoy es norma vigente, nos encontramos con que la disposición legal prevé que el trabajador pase a percibir el desempleo en lugar de estar cobrando durante la tramitación de ese recurso en la medida en que el empresario no quiera proporcionarle ocupación.
La disposición legal actual es muy clara: el empresario puede optar entre proporcionar ocupación al trabajador y pagarle consecuentemente o sólo pagarle, y ello en la medida en que ha perdido un pleito en Magistratura en primera instancia y decide recurrir al Tribunal Superior, supuestos todos ellos en los que voluntariamente el empresario decide actuar así.
Que en estos casos las costas del procedimiento corran por cuenta del Estado nos parece que es un auténtico despropósito y unas ganas de descargar al empresario de costes que impone él con su voluntad y que pasan a repercutir sobre el conjunto de la colectividad. Es fácil hablar de los costos que tiene el desempleo, pero tengamos en cuenta que esos costes en buena medida vienen impuestos por decisiones empresariales como ésta, en que contemplamos un supuesto de despido improcedente perdido en Magistratura por el empresario que, no obstante, decide recurrir.
Desde ese punto de vista, toda la regulación que se contiene en este apartado, en el que se limitan las posibilidades de declaración judicial de nulidad de los despidos, en el que se limitan las consecuencias de los despidos declarados improcedentes, en el que se favorece la posibilidad de que el empresario recurra al Tribunal Superior con mínimo coste, nos parece que no atiende a reducir la litigiosidad procesal, sino, por el contrario, supone un incentivo a que los empresarios recurran, ya que no tiene coste para ellos.
Por todo ello, solicitamos su voto favorable, señorías, a estas enmiendas de nuestro Grupo.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Voy a defender las enmiendas a esta parte adjetiva, que, en consecuencia me llevaría poco tiempo, habida cuenta de que los argumentos fundamentales han sido expuestos ya por nuestra portavoz, la señora Villalobos.
La primera es la enmienda 275, que propone la supresión del artículo 12.1, es decir, del artículo 104.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. Es en coherencia con la enmienda al artículo 55.1 del Estatuto, que planteábamos como enmienda 254 de mi Grupo. Entendemos que el procedimiento de dar audiencia a aquellas personas que están afiliadas a un sindicato puede producir una determinada

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quiebra de lo que creemos que debe ser la igualdad de todos los trabajadores y el acceso a esa igualdad.
Por tanto, contemplando una posición de igualdad derivada del artículo 14 de nuestra Carta Magna y defendiendo ese principio constitucional, entendemos que se debería aceptar esta enmienda, como antes se debería haber aceptado la enmienda 254 a la que me he referido.
En cuanto a la enmienda 276, relativa al artículo 121, párrafo tercero, también de la Ley de procedimiento a que nos estamos refiriendo en este momento, es coincidente con la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), número 441. Lo que pretende es que el juzgador no tenga una limitación a la hora de recabar los datos, las pruebas mediante diligencia para mejor proveer o de conformidad con los procedimientos que en la ley ritual laboral, o en la Ley de Enjuiciamiento Civil en su caso, se le pueden facilitar para que él investigue y, en definitiva, pueda juzgar con adecuación y con profundidad.
Me parece que la dicción actual del texto que enmendamos supone una limitación porque se está, en definitiva, ciñendo a que se puede requerir de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social un informe. «Sensu contrario», parece que no se puedan recabar otros informes y, por tanto, cabría plantear si es la voluntad del Gobierno que esto sea un «numerus clausus», una cuestión cerrada, o, por el contrario, de acuerdo con las normas procesales más elementales, que el juez pueda hacer el uso que necesite y recabar la documentación que necesite a quien precise. Si se quiere decir lo contrario, no hace falta en absoluto este artículo y por ello nosotros proponemos su supresión.
La enmienda 277 se refiere también al artículo decimocuarto, punto dos, del proyecto de ley y planteamos la supresión. Esta enmienda es en coherencia con la enmienda de supresión que planteábamos en el artículo 7.º --creo que era la enmienda 255-- en la que entendíamos que razones políticas aconsejaban que no se llevara a efecto la regulación de esta materia dentro del campo de la reforma laboral sino de un modo separado, como anteriormente se expuso con claridad y reiteración.
En la enmienda 278, al artículo 133.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, o 14.2 del proyecto, proponemos una pequeña modificación, pero importante, entendiendo que se trata de una mejora técnica respecto al texto enmendado y decimos que «... se podrá impugnar la denegación por ésta del registro de las actas...», cuando el texto que se nos presenta y que estamos debatiendo en esta Comisión dice: impugnar el rechazo por ésta al depósito de las actas.


El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de las enmiendas, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.


La señora MORENO GONZALEZ: Voy a tratar de ser breve. Empezaré por las enmiendas al artículo 12 del proyecto. Las diferentes enmiendas presentadas a este artículo por los grupos no parece que aporten nada por cuanto, como ya se ha dicho en los artículos mencionados anteriormente, lo único que hacen es que, junto al aspecto sustantivo que modifica el Estatuto de los Trabajadores, tiene que existir la correspondiente variación en el texto de la Ley de Procedimiento Laboral que proporciona el adecuado cauce procesal a estas reformas.
La mayoría de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida a este artículo lo que pretenden es mantener la normativa vigente, en contra de lo que pretende el proyecto con un claro apoyo de la doctrina que, más de una vez, se ha pronunciado en la línea de considerar que parecía abusiva la calificación de nulidad para meros incumplimientos formales que merecían más la calificación de improcedencia, tal y como recoge el proyecto que ahora debatimos. También pretenden no hacer efectiva la limitación de los salarios de tramitación, cuando esto nos llevaría a elevar innecesariamente los costes de los salarios de tramitación, cuando ya el empresario ha depositado la indemnización legalmente prevista.
En cuanto al derecho de opción, el texto mantiene todas las garantías que tiene el trabajador, ya que conserva todos sus derechos en el supuesto de recurrir contra esa intención.
En cuanto al PP, en su enmienda 275, creo que lo que se pretende suprimir no constituye novedad procesal. Es norma procesal con antecedentes en la Ley de Procedimiento Laboral, con la única variación de considerar improcedentes los despidos que en anteriores supuestos serían nulos.
En cuanto al artículo decimotercero lo que plantean las enmiendas de IU es la negación misma del proyecto, señor Peralta, porque no da reformas, no da alternativas procesalmente válidas. Convergència i Unió en su enmienda 441 plantea la supresión del número 3 del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Laboral, es decir, dar la posibilidad al juez de recabar informe de la Inspección de Trabajo, así como hace el Partido Popular con dos enmiendas que nosotros consideramos positivas y que no tenemos inconveniente en aceptar en sus propios términos.
Al artículo decimocuarto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende extender la vía impugnatoria de las resoluciones administrativas que deniegan el registro del acta a la empresa. Entiendo que ésta sí tiene interés legítimo en cuanto al laudo, porque viene a resolver un resultado electoral que sí le afecta, señor Peralta, pero la resolución administrativa denegando el registro del acta sólo produce efecto en la determinación de la representación de sindicatos, circunstancia en la que la empresa carecería de interés legítimo.
En cuanto a su intención en la enmienda número 398 de modificar el proyecto en el sentido de que, cuando se declare injustificada o nula la movilidad geográfica del trabajador, el empresario indemnizase por los daños sufridos por el trabajador, creemos que con el párrafo segundo del número 5 del artículo 137 bis, en el que ya se prevé el reconocimiento del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, cuando se dé el caso que ustedes citan, parece que claramente impida la existencia de cualquier daño o perjuicio.
En cuanto al Grupo Popular, las enmiendas que han presentado parece que vienen a rechazar el sistema de la solución de impugnaciones electorales por el

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procedimiento arbitral. Creo pues, que, rechazado el contenido de derecho positivo en esta materia, igualmente había de ser rechazado el contenido adjetivo o procesal del mismo y las modificaciones que se introducen en el Estatuto de los Trabajadores habrán de tener corolario procesal en la Ley de Procedimiento Laboral.
No obstante, su enmienda 278, que pretende modificar el artículo 14.2 del proyecto, en el sentido de que «ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la Oficina Pública de Registro, se podrá impugnar la denegación por ésta del registro de las actas relativas a elecciones...», también encontramos que es una redacción positiva y no tenemos tampoco inconveniente en aceptar su enmienda.
El artículo decimoquinto hace referencia a que, cuando se trate de ejecución definitiva de sentencias firmes, se establece que el juez oirá a las partes «y dictará auto sobre si la readmisión se ha efectuado o no y, en su caso, si lo fue en debida forma». Es evidente que el artículo 281 establece que el Juez habrá de acordar las actuaciones pertinentes para el normal desenvolvimiento de aquellas prestaciones incluidas en el contrato de trabajo y a las que se refiere el citado artículo 281. El juez abordará, dice el precepto, la imposición de tales medidas: abono de salario, continuar pagando las cuotas de la Seguridad Social y permitir el ejercicio de las funciones representativas, que constituyen una carga evidente para el empleador que forzará a lograr el fin perseguido. Por tanto, no parece claro que se acepten las enmiendas al artículo decimoquinto.
Las enmiendas de IU y Coalición Canaria --aunque no están-- en cuanto a la supresión del artículo 282 de la Ley de Procedimiento Laboral, preconizando su mantenimiento encarecen en igual medida el coste del despido, y se aplica la misma argumentación anterior.
En cuanto al artículo decimosexto, viene a modificar el artículo 295: cuando la sentencia declare la improcedencia del despido y el empresario que opte por la readmisión hubiese optado por la interposición de algún recurso, mientras dure la tramitación del recurso el empresario viene obligado a satisfacer al recurrido la misma retribución. El artículo 300 hace referencia a que, cuando el despido o la decisión extintiva afecte a un representante legal o sindical de los trabajadores y la sentencia declare la nulidad o improcedencia, se adoptarán las medidas previstas en el artículo 281, apartado c), a fin de garantizar el ejercicio de sus funciones representativas durante la sustanciación del recurso.
La primera de las enmiendas de Izquierda Unida presentadas a este artículo decimosexto, uno, del proyecto, en su relación con el artículo 295, intenta concretar también los efectos a los que vengan a considerar despido común nulo. Desde el punto de vista procesal, no parece que tenga fundamento, cuando ya el derecho positivo, que condiciona el adjetivo formal, prevé que el artículo 55.6 del Estatuto de los Trabajadores contempla los efectos del despido nulo, teniendo lugar la readmisión inmediata del trabajador con abono de salarios dejados de percibir.
Igualmente, las enmiendas presentadas por IU al artículo decimosexto, dos, del proyecto no las podemos aceptar, porque plantean sustituir la redacción del artículo 300 por otro, cuando el despido sea a un representante sindical con independencia de que el despido sea declarado procedente. Digo que no parece aceptable porque pretende mantener unas funciones representativas durante la tramitación del recurso cuando no existe opción a la readmisión y la relación laboral está extinta de una manera definitiva, en cuanto que no va a modificar la extinción el resultado del recurso.
Al artículo decimosexto hay una enmienda de Coalición Canaria, que no está, por lo cual no voy a contestarla, y me parece que he terminado, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: No tengo opción a réplica porque la 441 me la van a aprobar. Por tanto, agradecerlo, y nada más.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Presidente. Poner de manifiesto que se ha hecho referencia a que las enmiendas presentadas por nuestro Grupo no tienen razón de ser en los supuestos en los que nos encontramos en presencia de despidos declarados contrarios a la decisión empresarial y que son objeto de recurso por parte del mismo.
Es una afirmación que no deja de ser curiosa en la medida en que --insisto-- nos encontramos en presencia de decisiones empresariales que un tribunal social, un tribunal laboral, ha declarado no ajustadas a derecho y, no obstante, el empresario decide recurrir. En estos supuestos en que nos encontramos en presencia de agentes privados, que actúan de forma contraria a decisiones del Poder judicial y deciden recurrir contra los mismos, el coste de esos pleitos corren por cuenta de la colectividad y no por cuenta de quien está desoyendo y desatendiendo decisiones del Poder judicial y sigue pleiteando. Nos parece que aceptar como criterio que con eso se consigue abaratar los despidos es reconocer que estamos en presencia de actuaciones contrarias a la posibilidad que tienen los ciudadanos de este país, y entre ellos los empresarios, de recurrir al Poder judicial, si a partir de ese recurso al Poder judicial la sentencia que recibe no es contraria, el empresario, lógicamente, debe pechar con las consecuencias y no descargarlas sobre la colectividad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiroz, por el Grupo Popular.


El señor AZPIROZ VILLAR: Muy brevemente. En primer lugar, para agradecer a la portavoz socialista la aceptación de nuestras dos enmiendas 276 y 278, que están en congruencia con la parte sustantiva y, lógicamente, las mantenemos. La 279 también lo es, pero simplemente quiero insistir un poco en el argumento o el

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«leimotiv» de esta enmienda, y es que se trata de evitar una duplicidad procesal y que el trabajador tenga que recurrir, supuesto que no haya una reposición en el puesto de trabajo, la decisión que injustificadamente haya adoptado el empresario, bien por la vía del artículo 40 ó 41, e intentar facilitar el acceso, en ese supuesto, a una indemnización equivalente a un despido improcedente ante la eventual rescisión del contrato. Creemos que la actual redacción hace una duplicación de procedimientos, dilatan el trámite, son meses que van a cargar en el trabajador y también en el trabajo que ya pesa suficientemente en los juzgados de lo social de toda España.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.


La señora MORENO GONZALEZ: Contesto primero al representante del Grupo Popular. Yo no dudo de la bondad de su enmienda, lo que ocurre es que me parece que el trámite procesal no es el adecuado, es decir, su enmienda 279 hace referencia al artículo 14.3, y de lo que estamos hablando aquí afecta a la movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, lo cual quiere decir que el vínculo contractual que existía todavía no ha llegado a su fin, y no podemos hablar de despidos cuando todavía no se ha producido el despido, es decir, éste no es el lugar adecuado para esta vía procesal que usted quiere introducir.
En concreto, el señor Peralta dice «sentencias firmes». Lo que se plantea en el proyecto, señor Peralta, es la ejecución provisional de sentencias, no estamos hablando todavía de una sentencia firme, y en la ejecución provisional de sentencias todos sabemos que hay una segunda vía jurisprudencial, una segunda vía impugnatoria y que, además, en este tema los derechos fundamentales de los trabajadores quedan cubiertos, es decir, las garantías económicas de supervivencia y las garantías económicas de los trabajadores me parece que el proyecto las deja bastante a salvo de lo que puede ser el que la ejecución provisional no se realice de la misma manera que venía antes procesalmente constituida sino que se dé una nueva forma procesal a la ejecución provisional de la sentencia. Esto en este caso. Me parece que no ha planteado nada más, con lo que doy por terminada mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Concluida la discusión de las enmiendas a la Ley de Procedimiento Laboral, discutimos ahora en una sola intervención por cada grupo enmendante las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Para la defensa de sus enmiendas 442 a 446, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Debí cometer un error antes porque ya las defendí todas. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Pues bien, señor Hinojosa. Favor que hace a toda la Comisión al efectuar esa confesión.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Para que nos vayamos a cenar.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para la defensa de sus enmiendas 403 a 407, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Yo, siendo más precavido que el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), me reservé unas cuantas para este momento y voy a defenderlas rápidamente.
Son cuatro enmiendas, efectivamente, como decía el señor Presidente, y la primera que queremos destacar hace referencia a la permanencia de vigencia del Decreto de ordenación del salario. Es conocido de todas SS.
SS. que sobre el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, cuando hablábamos de materia de salario en la anterior sesión de esta Comisión se hablaba por el portavoz socialista de la voluntad de nuestro Grupo de conservar una antigualla. Es verdad que tiene en estos momentos más de 20 años de antigüedad el Decreto de ordenación del salario, pero no es menos cierto que este Decreto de ordenación del salario ha posibilitado llevar a cabo un correcto desarrollo del derecho laboral y de la protección de los derechos de los trabajadores y, desde ese punto de vista, a pesar de que efectivamente tiene años, en este caso concreto, en nuestra opinión, los años transcurridos no deberían ser obstáculo para que esta norma permanezca vigente, ya que, insisto, ha producido resultados positivos.
Otra de las enmiendas de nuestro Grupo en relación con este apartado hace referencia a la derogación del Decreto que regula el contrato de lanzamiento de nueva actividad. Nos parece, señorías, que la previsión y la inclusión explícita del Decreto regulador del contrato de lanzamiento de nueva actividad entre las normas que se derogan debería ser una norma que se recogiera en este precepto, con lo que se daría cumplimiento a un compromiso electoral y a una recomendación del informe de los expertos encargados en su día por parte del Ministerio de Trabajo. El mantenimiento del contrato de lanzamiento de nueva actividad, en nuestra opinión, señorías, es un atentado importante al principio de causalidad en la contratación y, desde ese punto de vista, creemos que debe recogerse de manera expresa la derogación del Decreto que regula el contrato de lanzamiento de nueva actividad.
Dicho esto, señorías, y sin perjuicio de contestar posteriormente a las alegaciones que se hagan por el Grupo Socialista, doy por defendidas las demás enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene enmiendas pendientes el Grupo Parlamentario Popular, aunque ha defendido ya buena parte de ellas. Me consta que ha defendido la 282, a propósito de la discusión del artículo quinto; la 280, 283, 285, 288 y 290, a propósito del artículo séptimo.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, las demás se habían discutido ya en los artículos 2 y 3 del Estatuto. Por lo tanto, las damos todas por defendidas.


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El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Villalobos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Dada la hora, mi Grupo se va a referir sólo a aquellas enmiendas que va a aceptar bien de forma transaccional o bien en su integridad.
En primer lugar, me voy a referir a la enmienda transaccional que va a presentar mi Grupo a la enmienda 442, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). La enmienda transaccional entiendo que es muy importante y voy a dar lectura a la misma. Dice lo siguiente: «De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas podrán celebrar contratos de trabajo de duración determinada con trabajadores mayores de 45 años que figuren inscritos como desempleados en la correspondiente Oficina de Empleo para la realización de sus actividades, cualquiera que fuere la naturaleza de las mismas.» Entiendo que es un paso importante de cara al empleo de estos trabajadores mayores de 45 años y, como tal, lo hago significar a la Comisión.
Vamos a aceptar la enmienda 289, del Grupo Popular, que entiendo que es una importante y que afecta a la disposición final quinta, disposición final quinta que dice que quedan vigentes las normas sobre jornada y descansos contenidas en el Real Decreto 2001/1983, sin perjuicio de su adecuación por el Gobierno a las previsiones contenidas en los artículos 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la presente ley.
El Grupo Popular pretende que el plazo de vigencia sea exclusivamente de un año y, al mismo tiempo, también pretende, en su enmienda 289, que la adecuación a efectuar por el Gobierno se haga previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales afectadas. Aceptamos esa propuesta del Grupo Popular.
Por último, señor Presidente, quedaba una enmienda in voce que aceptamos todos los grupos parlamentarios a propuesta del señor Letrado de la Comisión, en la cual íbamos a pasar a la disposición adicional primera el contenido material de la disposición final quinta, que, como recuerdan SS. SS., se refiere a las retribuciones del personal de alta dirección.
Al mismo tiempo, habría que incluir en la disposición derogatoria la referencia al número 1, del artículo 15, del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Repito que ésta es una enmienda que acordamos todos los grupos parlamentarios en la Ponencia, a raíz de la propuesta que hizo el señor Letrado de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Concluida la discusión de las disposiciones adicionales, transitorias y finales, pasamos a discutir las enmiendas a la exposición de motivos.
Enmienda 408, del Grupo Catalán. Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, la enmienda 408 fue retirada en su momento y, desde luego, no era a la exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 293, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: La doy por defendida, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 218, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, se da por defendida, puesto que lo que proponemos es la supresión en lo que se refiere al Título II.


El señor PRESIDENTE: Procedemos --ahora sí-- a la votación de las enmiendas a partir del artículo séptimo.
Enmiendas al artículo séptimo. Del señor Albístur, que ha retirado la 11 y la 12, quedaría viva la 13 para su votación; enmienda 40, del señor González Lizondo; enmienda 165, del señor Mur Bernad; enmiendas 123 a 127 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; enmiendas 66 y 67 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas citadas.
Enmiendas 428 a 436, del Grupo Catalán. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Hay una enmienda de mi Grupo, transaccional a la 429.


El señor PRESIDENTE: Votamos, pues, en primer lugar, la enmienda transaccional del Grupo Socialista, a la enmienda 429 del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas al artículo séptimo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Pasamos a votar la enmienda número 365 del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentada a este artículo séptimo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al artículo séptimo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 255 a 266 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas correspondientes al artículo octavo.
Enmiendas números 7 y 8. (La enmienda número 6 ha sido retirada por el señor Albístur); enmiendas número 166 y 167 del señor Mur; enmiendas números 128 a 133 del Grupo Coalición Canaria; enmiendas números 68 y 69 del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 437 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 439 ha sido retirada. A la enmienda número 438 hay presentada una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos entonces la enmienda transaccional. (La señora Villalobos Talero pide la palabra.) Señora Villalobos, tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: Me gustaría conocer el contenido de la enmienda, señor Presidente.


El señor ARNAU NAVARRO: Ya la he leído.


El señor PRESIDENTE: Leeré yo la enmienda, con cierta premiosidad, señora Villalobos, para que haya posibilidad de entender mejor el contenido sin poder usted leer personalmente el texto. Es una enmienda para sustituir el segundo párrafo del número 1 del artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores.
«En los convenios que afecten a la totalidad de los trabajadores de la empresa será necesario que tales representaciones sindicales en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. En los demás convenios será necesario que los trabajadores incluidos en su ámbito hubiesen adoptado un acuerdo expreso, con los requisitos del artículo 80 de esta Ley, de designación, a efectos de negociación de las representaciones sindicales como implantación en tal ámbito.» ¿Queda usted satisfecha, señora Villalobos?

La señora VILLALOBOS TALERO: Sí, la ha leído muy bien, pero sigo sin entender. Creo que no tiene nada que ver con la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero es un problema que no es mío.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda transaccional presentada a la enmienda número 438.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, tres; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la enmienda número 381, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hay dos enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario Socialista presentadas a las enmiendas números 383 y 384 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Podemos votar ambas conjuntamente? (Asentimiento.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar la enmienda número 272 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista a la 267 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.


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Resto de enmiendas al artículo octavo del Grupo Parlamentario Popular, que no son ni la 267, respecto de la que ha habido transacción, ni la 272.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Artículo noveno. El señor Albístur ha retirado su enmienda número 9; por tanto, quedarían vivas para votación la 134, del Grupo de Coalición Canaria, y la 71, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista a la 440 del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esa enmienda transaccional.
Enmienda 385, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Transaccional del Grupo Socialista respecto de la 273 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo décimo. El señor Albístur retiró su enmienda 14. Votamos, por tanto, la 135 de Coalición Canaria y la 72 del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
Enmienda 274 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Artículo decimoprimero. Enmiendas números 15, del señor Albistur; 136 y 137, del Grupo de Coalición Canaria, y 73 del Grupo Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas al artículo decimoprimero.
Artículo decimosegundo. Enmiendas 168, del señor Mur, y 138, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
Enmienda 386, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 275, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Artículo decimotercero. Enmienda 441, del Grupo Catalán. (El señor Arnau pide la palabra.) El señor Arnau tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, ¿podríamos votar la enmienda 441, del Grupo Catalán, y la 276 del Grupo Popular, conjuntamente?

El señor PRESIDENTE: Si ambos Grupos no tienen inconveniente, sí podríamos hacerlo. (Pausa.) No lo hay.
Votamos conjuntamente las enmiendas 441 y 276.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas 441, del Grupo Catalán, y 276, del Grupo Popular.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 392 a 394.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Artículo decimocuarto.
Enmienda 16, del señor Albistur; 139, de Coalición Canaria, y 74, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


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Enmiendas 395 a 398, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 278, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas 277 y 279, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Artículo decimoquinto.
Enmienda 140, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 399 y 400, del Grupo Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 141, del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 401 y 402, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias, y finales.
El señor Albístur ha retirado su enmienda 19. Votamos, por tanto, las números 17 y 18, del señor Albístur; la 38, del señor González Lizondo; 142 a 148, del Grupo de Coalición Canaria, y 72 a 75, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
La enmienda 442, del Grupo Catalán, tiene una transaccional del Grupo Socialista, que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional a la enmienda 442.
Resto de enmiendas del Grupo Catalán. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) El señor Arnau tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Para concretar mejor, me parece que sólo queda viva la enmienda 447, del Grupo Catalán, referida a la ultraactividad.


El señor PRESIDENTE: La enmienda 447 no consta.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, si no consta, lo lamento, pero está presentada, sellada, impresa y defendida.


El señor PRESIDENTE: Votamos entonces la enmienda 447, que entiendo que sería la única que queda viva a este conjunto de disposiciones adicionales, transitorias y finales.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 403 a 407, del Grupo de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 280 a 290, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ARNAU NAVARRO: Pedimos votación separada de la 289.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la 289.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Queda una enmienda in voce, que no tiene, por tanto, numeración, de Grupo Parlamentario Socialista. Sometemos a votación la enmienda in voce presentada por escrito por el Grupo Parlamentario Socialista. (Risas.)

Efectuada la votación fue aprobada por unanimidad.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Siempre se dijo, señorías, en esta Cámara que eran enmiendas in voce, pero por escrito. (Risas.)

El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, habíamos dado lectura a la misma.


El señor PRESIDENTE: Por eso in voce, pero también hay en la Mesa un escrito que ha presentado.


El señor ARNAU NAVARRO: Posiblemente.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas a la exposición de motivos.
La enmienda 408, del Grupo Catalán, está retirada.
Enmienda 293, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor PERALTA ORTEGA: Siento decirle, señor Presidente, que no es a la exposición de motivos. La 293 es al artículo primero y ya estaba defendida y votada en su día.


El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón, señor Peralta.
Pero la 218, del Grupo Popular, sí es a la exposición de motivos. Ahí sí que no me equivoco.
Sometemos a votación la enmienda 218.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el texto del proyecto, con las incorporaciones habidas de las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, tres; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, siguiendo el proverbio de quien puede lo mucho puede lo poco, vamos a dar ahora trámite al proyecto de ley orgánica en los términos en los que habíamos discutido en la Mesa de la Comisión. De acuerdo con las decisiones que ha tomado la Mesa del Congreso, leo con cierta lentitud para que todos sean conscientes de lo que vamos a votar y después hemos de tomar el acuerdo del trámite en los términos que les voy a precisar.
En primer lugar, someto a su consideración el trámite del inciso final de párrafo primero del citado artículo 67.3 como proyecto de ley orgánica con el siguiente título, que tiene que aprobar esta Comisión, que sería: Proyecto de ley orgánica por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Segundo, dicho proyecto de ley contendría un artículo único del siguiente tenor literal. Artículo único: se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, con la siguiente redacción: Los delegados de personal y los miembros del comité de empresa con el mandato prorrogado no se computarán a efectos de determinar la capacidad representativa de los artículos sexto y séptimo de la presente ley.
Este fue un acuerdo sobre la base de una decisión de la Mesa del Congreso que adoptó por mayoría la Mesa de la Comisión, pero este acuerdo de la Mesa tiene que ser sometido a la aprobación de la Comisión. Por tanto, señorías, someto a votación este acuerdo de la Mesa de la Comisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado ese acuerdo de la Mesa de la Comisión y procedemos al trámite del proyecto de ley respecto del que existen dos enmiendas: la 428 del Grupo Catalán y la 255 del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda 428 del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: La doy por defendida.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda 255, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor Presidente, la doy por defendida también y me remitiré al Pleno.


El señor PRESIDENTE: No tiene sentido, por lo tanto, el turno en contra, de las enmiendas.


El señor ARNAU NAVARRO: Sin perjuicio, señor Presidente, de que estas enmiendas han sido ya votadas en el texto anterior. La 428 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha sido rechazada, al igual que la número 255 del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: En anterior sesión de la Comisión, cuando presenté el acuerdo de la Mesa, hacía referencia a ese carácter ambivalente de esas dos enmiendas que se referían a parte del título del artículo séptimo que no había sido declarado orgánico y también al inciso, que ha sido declarado orgánico. El acuerdo de la Mesa incluía, si no de manera explícita sí de manera implícita, que consideraríamos de esta forma ambivalente estas dos enmiendas.
Por lo tanto, señor Arnau, no hay turno en contra. Se dan por defendidas las enmiendas por los Grupos Catalán y Popular y, por lo tanto, las sometemos a votación.


El señor ARNAU NAVARRO: Aceptamos, señor Presidente, su criterio de que no hay turno en contra...


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El señor PRESIDENTE: No lo puede haber, señor Arnau, si no lo ha habido a favor.


El señor ARNAU NAVARRO: Evidentemente. Yo no pido, en nombre del Grupo Socialista, el turno en contra, sino simplemente quería que S. S. dejara constancia del carácter ambivalente de estas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Lo he hecho una vez.


El señor ARNAU NAVARRO: Se lo agradezco, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar conjuntamente las dos enmiendas? (Asentimiento.) Sometemos a votación las enmiendas 428 y 255 de los Grupos Catalán y Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos ahora el texto del proyecto en los términos en los que aprobamos anteriormente la propuesta de trámite.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto.
Señorías, se levanta la sesión.


Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.

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