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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 123, de 01/03/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 123 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU Sesión núm. 8 celebrada el martes, 1 de marzo de 1994

ORDEN DEL DIA: --Deliberación y votación acerca de la solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para dar a conocer a la Cámara su opinión y medidas adoptadas en relación con la venta de Elosúa al Grupo Italiano Ferruzzi, así como del conjunto de operaciones financieras de este Grupo en España, actividades relacionadas con las mismas, y condiciones en que se llevaron a cabo las distintas operaciones del Grupo Ferruzzi en relación con Elosúa. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000155) (Página 3882) Proposiciones no de ley: --Defensa de la agricultura española frente a la apertura del Mercado Comunitario a terceros países no miembros de la Comunidad Europea, CE.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 35, de 7-12-93. Número de expediente 161/000075) (Página 3884) --Medidas a tomar en favor de los productores españoles de patata.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 39, de 20-12-93. Número de expediente 161/000078) (Página 3890) --Medidas a tomar para mejorar la situación por la que está atravesando el sector productor de champiñón en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 39, de 20-12-93. Número de expediente 161/000083) (Página 3894)

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--Establecimiento de una línea de ayudas en favor de los agricultores que dediquen sus explotaciones agrarias a la obtención de productos biológicos, así como para fomentar el consumo de los mismos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 41, de 5-1-94.
Número de expediente 161/000088) (Página 3898) --Medidas a tomar para mejorar la situación del sector productor de ajos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 161/000101) (Página 3904) --Medidas a tomar en favor del sector productor de algodón en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 161/000102) (Página 3909)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


--DELIBERACION Y VOTACION ACERCA DE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, A PETICION DEL G. P.
FEDERAL IU-IC, PARA DAR A CONOCER A LA CAMARA SU OPINION Y MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LA VENTA DE ELOSUA AL GRUPO ITALIANO FERRUZZI, ASI COMO DEL CONJUNTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DE ESTE GRUPO EN ESPAÑA, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARON A CABO LAS DISTINTAS OPERACIONES DEL GRUPO FERRUZZI EN RELACION CON ELOSUA. (Número de expediente 213/000155.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.
El primer punto del orden del día es la deliberación y votación acerca de la solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura en la Comisión, formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar de las medidas adoptadas en relación con la venta de Elosúa al Grupo italiano Ferruzzi.
Como saben SS. SS., la competencia para la aceptación de las solicitudes de comparecencia es una competencia que tiene la Comisión. En virtud de la delegación que normalmente se efectúa al inicio del período de sesiones, se delega en las mesas este tipo de atribución. No obstante, por acuerdo de la Mesa y de la Comisión en el inicio de la legislatura, en el caso de no existir acuerdo en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, como la competencia ya reside inicialmente en la Comisión, se le plantea a la Comisión la posibilidad de aceptar o no estas solicitudes de comparecencias. Dado que no hubo acuerdo en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces acerca de la conveniencia o no de aceptar esta comparecencia, se va a debatir votar esta solicitud en esta Comisión.
Vamos a dar un pequeño turno para que el Grupo proponente pueda exponer las razones por las cuales solicita la comparecencia, indicándole que no se trata de entrar en el fondo de la cuestión, sino solamente, como es lógico, en las razones que impulsan al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a solicitar la comparecencia.
Señora Rivadulla, tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo mantiene la petición de comparecencia del Ministro de Agricultura precisamente por la posición divergente que mantuvo este Ministerio en relación con el Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministerio de Agricultura se mantuvo muy firme para que el Grupo italiano Ferruzzi no pudiese ejercer el control de la empresa Elosúa, que significaba un sector estratégico en nuestro país, como es el de la producción de aceite. Hay que tener en cuenta que durante muchos años los italianos habían vendido a granel el aceite producido en zonas importantes de nuestro país y, en el momento en que conseguimos tener una empresa importante y competitiva, el Ministerio de Agricultura entendió que esta empresa tenía que mantenerse como patrimonio nacional. Por esa situación, es decir, por la confrontación que se produjo entre el Ministerio de Economía y Hacienda, que al final permitió que el Grupo italiano Ferruzzi tuviese el control de la empresa Elosúa, es por lo que no consideramos suficiente únicamente la explicación que pueda dar el Ministerio de Economía y Hacienda, sino que también entendemos importantísimo que el Ministerio de Agricultura nos explique su actuación y las razones que le movieron para mantenerla.


El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, en primer lugar quiero manifestar que nuestro Grupo no se opone ni se va a oponer a cualquier información y a la clarificación que se pueda hacer de la venta de Elosúa al Grupo Ferruzzi. Pero sí, en este caso concreto, en esta situación y en este trámite procesal, nos oponemos a la solicitud de comparecencia del Ministro de Agricultura en

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esta Comisión. Explicaremos por qué. Porque el mismo Grupo solicitante de esta comparecencia tiene presentadas multitud de iniciativas sobre el tema, que están siendo contestadas por el Gobierno, y solicitudes de comparecencia en esta Cámara del Ministro de Economía y Hacienda, del Fiscal General del Estado e incluso del Ministro de Justicia; solicitudes que están siendo tramitadas ya alguna de ellas y otras se ha acordado que se van a producir.
La opinión de nuestro Grupo es que la primera instancia que debe responder, como Gobierno, a las actuaciones que el Gobierno ha realizado en la venta de Elosúa es el Ministerio de Economía y Hacienda, puesto que la empresa dependía de la Dirección General del Patrimonio. Por tanto, nosotros entendemos que este trámite procesal debe ser resuelto por el Ministerio de Economía y Hacienda con su comparecencia. Los trámites que se refieran a actuaciones de la justicia o a actuaciones judiciales serán resueltos en la Comisión de Justicia. No se puede prejuzgar --la señora Rivadulla lo ha hecho y en el «Diario de Sesiones» constará-- y señalar, antes de que se produzcan las comparecencias, que no le parecen suficientes las explicaciones que pueda dar el Ministerio de Economía. Yo creo que hay que esperar a oír las explicaciones que pueda dar el Ministerio de Economía, y en función de esa satisfacción o no a su Grupo e incluso al nuestro y a los demás grupos, podremos decidir y podrán tomarse iniciativas en otro sentido o, incluso, en el de aceptar comparecencias en esta Comisión del Ministro o de otras personalidades.
Pero en este momento nuestro Grupo cree que el trámite a seguir es, por un lado, escuchar las explicaciones de los responsables de Economía y, por otro, escuchar las explicaciones que en el ámbito judicial solicite el Grupo de Izquierda Unida, por quienes son competentes en la materia.
Creemos que son explicaciones razonables. Llamamos también a esas posiciones razonables al resto de los grupos, a que no hagamos simplificaciones que puedan ser caldo de cultivo hacia las demagogias sobre las posiciones de cada grupo. Nuestro Grupo quiere dejar claro que no desea ocultar nada de las actuaciones del Gobierno en esa venta al Grupo Ferruzzi. Lo que sí quiere es que se sigan los trámites que parecen de más sentido común y más razonables en esta Cámara. Por todas estas razones, nuestro Grupo se opone a esta solicitud de comparecencia en estos momentos, puesto que hay las otras pendientes y lo lógico será esperar a esas explicaciones y no prejuzgar que no van a ser suficientes.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran explicar su voto? (Pausa.) En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, yo creo que la exposición que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista parte de un error: la comparecencia del Ministro de Economía ya se ha producido en la Comisión de Economía, señor Roncero, y las explicaciones fueron absolutamente insuficientes. Por ello cobra el máximo interés que conociéramos la posición del Ministro de Agricultura. Estamos tratando del cambio de titularidad de la mayor empresa aceitera española, por tanto inmersa en las competencias del Ministerio de Agricultura como industria emblemática que es del sector aceitero, que tiene una cuota de mercado de 61.000 millones de pesetas, prácticamente el 22 por ciento del total del sector aceitero embotellado.
Sería bueno que conociéramos la posición del Ministerio de Agricultura, que también es propietario de Elosúa y de la aceitera española que participa de una forma importante, con el 36,4 por ciento del capital de la sociedad, y que está gestionada, como sabe el señor Roncero, por el Patrimonio nacional, propietario también de una parte, y por el FORPPA.
Sería bueno que supiéramos los avatares de esta industria, cómo se ha producido esa privatización, cómo se ha producido la gestión de la misma por parte del Grupo Ferruzzi, a su vez propietario de otra gran aceitera española, Koipe, y es natural que la Comisión de Agricultura se llame a la competencia.
También sería bueno resaltar, señor Presidente, que sería la primera vez, al menos en los últimos años, que esta Comisión rechazara la comparecencia de una autoridad a nivel de Ministro que hubiera sido solicitada por un Grupo Parlamentario. Sería un mal precedente que, cuando algo ha funcionado perfectamente en el seno de la Comisión de Agricultura, y es que no hemos obstruido jamás la pretensión de ningún Grupo Parlamentario y no hemos prejuzgado, por tanto, su pretensión a la hora de dar luz verde a las comparecencias solicitadas, ahora empezáramos a hacer esta labor de obstrucción.
Por tanto, señor Presidente, por las razones expuestas, porque yo sí estuve en la Comisión de Economía y oí lo que dijo el Ministro de Economía y no me satisfizo en absoluto aquella comparecencia, creo que tiene máxima actualidad que permitamos que el Ministro de Agricultura, que tiene competencia directa respecto de los avatares de la principal aceitera española, comparezca en la Comisión, que parlamentariamente también tiene competencia sobre el futuro del sector aceitero español.


El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, ¿para qué solicita la palabra?

El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, sólo por alusiones en cuanto a la acusación al Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por alusiones, rápidamente.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy rápidamente. Por eso insistía en que lo hiciéramos de manera razonable y no hiciéramos simplificaciones. La posición del Grupo Socialista no es de obstrucción, sino de racionalización de la tramitación sobre este tema. Creemos que la tramitación debe dirigirse en todos sus términos, hasta que pueda salir de ahí porque se considere inaceptable --pero creemos que no está en esa fase--, a las informaciones del Ministerio de Economía y Hacienda como responsable final de la empresa y de la venta, y no al Ministerio de

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Agricultura. También hay empresarios privados que han tenido sus responsabilidades en la propia empresa y, por tanto, creemos que lo que hay que delimitar y lo que debe informarse exhaustivamente son las actuaciones del Gobierno en su conjunto, que serán explicadas y ampliadas por el Ministerio de Economía y las judiciales por el Ministerio de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, también por alusiones. Yo le rogaría al representante del Grupo Socialista que tuviese en cuenta que mi Grupo no estaba prejuzgando absolutamente nada. Yo era consciente de que se había producido la comparecencia y que no ha satisfecho, concretamente, a mi Grupo. Las declaraciones del Ministro Solbes no han satisfecho en absoluto las pretensiones que nuestro Grupo tenía cuando pidió su comparecencia.
Por otra parte, también le ruego que, cuando se plantee una proposición por un Grupo, en este caso como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no se acuda a la solución fácil de que la pretensión es demagógica.
Estará acertada políticamente o no, pero le ruego que esas alusiones continuas a la demagogia se las ahorre el representante del Partido Socialista.
Por otro lado, también quiero preguntarle por qué no puede venir aquí el Ministro de Agricultura para explicar la actividad de ese Ministerio en el conjunto de operaciones que dieron lugar a la privatización del Grupo Elosúa. Pienso que, cuanta más información tengamos los Grupos Parlamentarios, más claras podremos sacar las conclusiones de cómo se ha producido, y más teniendo en cuenta que el Fiscal General está interviniendo ya y que es un tema que va a estar muy presente en la actualidad, y esta Comisión tiene que estar absolutamente enterada para poder emitir un juicio de valor sobre este tema.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor VIDAL I SARDO: Voy a anunciar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) respecto a esta petición de comparecencia del señor Ministro de Agricultura para informar a esta Comisión de la venta que el Departamento del Patrimonio del Estado realizó de la empresa Elosúa al Grupo italiano Ferruzzi. Nuestro Grupo entiende que tanto por lo anunciado en la petición de la comparecencia como por los argumentos alegados aquí por unos y otros Grupos Parlamentarios, unos en defensa de la iniciativa y otro en contra, y entendiendo que se pide un debate sobre una operación financiera del Estado, creemos que en realidad corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda dar al Congreso la máxima información posible (Rumores.), porque es él el responsable de la operación, además de ser quien controla toda la información y toda la documentación pertinente al caso concreto de la citada venta y la correspondiente a la segunda petición, que es más amplia información del conjunto de intereses y operaciones financieras emprendidas por el Grupo italiano en España.
Además, como nos consta que ha sido solicitada y aceptada esta comparecencia del Ministro de Economía para dar una información monográfica de este tema, y también la del Fiscal del Estado para el esclarecimiento de presuntas irregularidades que pudieran tener incidencia penal, pensamos que, por el momento, es innecesaria la comparecencia del Ministro de Agricultura, porque se reiteraría un debate del mimo tema, que debe quedar suficientemente resuelto con las comparecencias de las autoridades que tienen competencia directa. En otro momento, si esta información no fuera suficiente, nuestro Grupo apoyaría la comparecencia del Ministro de Agricultura.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta solicitud de comparecencia.


DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEFENSA DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA FRENTE A LA APERTURA DEL MERCADO COMUNITARIO A TERCEROS PAISES NO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA (CE).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000075.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día de hoy. La primera de ellas, que figura como punto segundo, es defensa de la agricultura española frente a la apertura del Mercado Comunitario a terceros países no miembros de la Comunidad Europea.
La proposición está formulada por el Grupo Popular y la va a defender el señor Arqueros.
Tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: La Comisión Europea, al final del verano de 1993, aprobó, a propuesta del Comisario de Cooperación y Desarrollo, don Manuel Marín, una «recomendación» --entre comillas-- dirigida al Consejo de Ministros de la Comunidad, por la que se preveía una mayor liberalización del Mercado Comunitario de frutas y hortalizas para determinados productos originarios de Marruecos, entre los que destaca el tomate por la fuerte competencia que supondrá para las exportaciones españolas de este producto, originario fundamentalmente de Almería, del Levante, de Murcia y de Canarias, y afectaría esta medida también a hortalizas y a agrios.


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Dicha propuesta de la Comisión Europea, de aprobarse, entraría en vigor en el cuatrienio 1997/2000, y contempla dos vías para la mejora de las condiciones de acceso al mercado comunitario para los tomates originarios de Marruecos, que son las siguientes: A) un incremento de los contingentes de tomates originarios de Marruecos a importar por la Comunidad Europea con arancel cero, concretamente un 3 por ciento acumulativo para todo el cuatrienio 1977/2000. B) Las cantidades que sobrepasen a las exportaciones marroquíes con arancel cero tendrán la rebaja de hasta el 4 por ciento del tipo reducido del arancel aplicable a las cantidades de tomate originario de Marruecos, es decir, importados por los mercados comunitarios por encima de los contingentes señalados.
Tal propuesta es totalmente lesiva para los intereses agrarios españoles y muy especialmente para los agricultores productores de tomate y para la propia economía nacional, toda vez que el incremento de las exportaciones de productos agrícolas por parte de Marruecos hacia mercados comunitarios se hace a costa casi exclusiva de las propias exportaciones españolas.
Hay que tener en cuenta que las producciones marroquíes llegan a los mercados de la Unión Europea a unos precios muy inferiores a los españoles, habida cuenta de sus mínimos costes de cultivo por los bajos salarios que se pagan en Marruecos, además de la no existencia de costes de Seguridad Social, o con una mínima presión fiscal, la tierra es más barata, el agua tiene un coste de cuatro pesetas metro cúbico, los salarios son del orden de las 320 pesetas día, los abonos son menos caros, pero es que, además, los abonos importados de la Unión Europea son para los marroquíes más baratos que para los agricultores españoles; no hay convenios colectivos, no hay ordenanzas laborales, existen grandes concentraciones en la propiedad, no el minifundio español. Ayer mismo decía el Ministro de Agricultura que se le va a dar un crédito de 150.000 millones para crear la segunda mayor presa de Africa, después de la de Asuán, que va a regar 130.000 hectáreas. Eso, a la larga, va a ser en perjuicio de la agricultura española.
Por este motivo y ante el grave daño que la aprobación de dicha propuesta puede causar a la agricultura de Almería, gran número de ayuntamientos de esta provincia han aprobado mociones, prácticamente por unanimidad de todos los concejales, en el sentido de instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que defienda a los agricultores españoles y se realicen cuantas gestiones sean precisas para que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea desestime la recomendación de la Comisión Europea del Comisario señor Marín, que propugna una mayor apertura del mercado comunitario a determinados productos agrícolas procedentes de Marruecos.
El Grupo Popular es solidario para con el Norte de Africa, pero esa solidaridad no la han de pagar los agricultores españoles, especialmente mediterráneos. Nuestra solidaridad debe ser muy especial para con nuestros agricultores, para con nuestra economía.
Estas medidas propuestas por el Comisario señor Marín, de acuerdo que favorecerían a Marruecos, y también a las grandes potencias industriales de la Unión Europea, que, a cambio, venderían sus productos, sus bienes de equipo, a un nuevo mercado norteafricano, pero todo ello iría en claro perjuicio de nuestra agricultura mediterránea y canaria.
Ayer tarde, en esta Comisión, durante la comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para informar sobre la postura del Gobierno español en relación con las negociaciones del establecimiento de una zona de libre cambio entre la Unión Europea y el Norte de Africa, advertí que todos los grupos parlamentarios de la Cámara, menos el socialista, recriminaban y advertían al Ministro que el Tratado con el Norte de Africa desprotegía a nuestros agricultores. Igual valoración hago ahora, y espero que los grupos parlamentarios, en base al mismo fundamento, apoyen la proposición no de ley tendente a desestimar la recomendación del Comisario señor Marín a la Comisión Europea, incluso que la apoye el Grupo Socialista, ya que la misma está fundada en mociones aprobadas por la práctica unanimidad de Ayuntamientos almerienses, como El Egido, Adra, Roquetas, Cuevas del Almanzora, entre otros; todos, menos el primero, de mayoría y gobierno municipales socialistas. Por eso invito al Grupo Socialista en el Congreso a que apoye la proposición no de ley del Grupo Popular. No sería muy comprensible que los señores socialistas digan unas cosas en los pueblos almerienses y aquí lo contrario y sean rechazadas sus peticiones. ¿Cómo podemos hacer comprender esta disparidad de criterios y cambios de opinión a los sufridos, honrados y laboriosos trabajadores del campo español? Por todo ello, y por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en defensa de los agricultores españoles, realice cuantas gestiones sean precisas para que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea desestime la recomendación de la Comisión Europea, que propugna una mayor apertura del mercado comunitario a determinados productos agrícolas procedentes de Marruecos, y, en todo caso, obtenga de la Comisión Europea las compensaciones suficientes en favor de los agricultores españoles que están gravemente perjudicados por las elevadas importaciones que la CE realiza de terceros países no comunitarios.» Nada más, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arqueros.
Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda del Grupo Socialista. Para defender y explicar la posición respecto a la globalidad, tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, de entrada debo dejar claramente puesto de manifiesto, tal y como ayer declarábamos en la comparecencia del señor Ministro de

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Agricultura, que el Grupo Socialista está plenamente convencido de las actuaciones en defensa de la agricultura española, partiendo del sector hortofrutícola, por parte del Gobierno español, así como del intento, difícil, pero evidente, de hacer compatible esta defensa con el reforzamiento y la intensificación de las relaciones de España con los países del Norte de Africa y muy especialmente con Marruecos.
En consecuencia, a nuestro juicio no procede adoptar la estrategia planteada en la oposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular. De ahí, ya digo, de entrada, nuestra posición contraria.
He de señalar, tal como decía ayer, que España concede una extraordinaria importancia a las relaciones de nuestro país con el Reino de Marruecos, al que consideramos, naturalmente, un país amigo, al que consideramos un aliado de primer orden y que, consiguientemente, nos empeñamos en privilegiar con este tipo de relaciones. En esta línea, como todas SS.
SS. conocen, el anterior Ministro de Asuntos Exteriores español lanzó la iniciativa en la Comunidad Europea de intensificar y de mejorar las relaciones de España con Marruecos, en todos los aspectos, pero muy particularmente en el aspecto político. El interés manifiesto de España por conseguir que un país de gran interés geoestratégico para nosotros refuerce su situación política, intensifique sus planteamientos democráticos y de libertad económica, llevaron al Gobierno español a solicitar un nuevo acuerdo preferencial, no solamente con Marruecos, como digo, sino con el conjunto de los países del Norte de Africa. Primera idea, en consecuencia, a retener, señorías: la iniciativa política para la suscripción de un nuevo acuerdo preferencial con Marruecos corresponde al Gobierno español.
La segunda idea que me interesa dejar claramente puesta de manifiesto es la amplitud de objetivos de carácter político, económico, cultural, financiero, social, etcétera, que se contienen en el proyecto de directrices, en el ya hoy mandato negociador emanado de la Comunidad para la suscripción de un nuevo Acuerdo preferencial con Marruecos y con los países del Norte de Africa, el reforzamiento de su desarrollo político, el compromiso de respeto a los derechos humanos, los principios democráticos y de libertad económica, la instalación de un diálogo político y social para temas bilaterales y para temas multilaterales de interés conjunto, el desarrollo de un diálogo cultural, etcétera. En suma, diálogo político, cooperación económica, social y cultural serán las bases, los ejes del nuevo acuerdo a suscribir por la Comunidad con Marruecos. Ni que decir tiene, y SS. SS. tienen en su poder, como ayer comprobamos, las directrices o el mandato negociador de la Comunidad para la suscripción del nuevo acuerdo con los países del Norte de Africa, que en el mismo se contienen capítulos de la más diversa cooperación económica, política y social: educación o transporte, telecomunicación y tecnología de la información, cooperación científica y tecnológica, cooperación en el campo energético, medio ambiente, lucha contra la droga y blanqueo de capitales, etcétera.
En el ámbito de los intercambios comerciales, se persigue --esto es verdad-- la liberalización total y recíproca para los productos industriales, que se habrá de llevar a cabo --tal y como establece el mandato negociador-- de forma progresiva; aunque también queda claramente establecida la liberalización de los intercambios agrícolas. Las directrices de negociación en la primera etapa que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, se extenderán hasta el año 2000, en ningún momento hablan de una zona de libre cambio, sino de una mayor liberalización en materia agrícola y no solamente hortofrutícola. Yo ayer recordaba, en la comparecencia del Ministro, cómo en el propio mandato negociador se contiene que después del quinto año la Comunidad y los países afectados, Marruecos, Túnez, etcétera, realizarán el seguimiento de la mayor liberalización en los intercambios para plantear nuevas etapas progresivas a partir del sexto año.
Puesto que al grupo proponente parece preocuparle, por las referencias que ha hecho, especialmente el tema de la exportación de tomate, voy a detenerme unos instantes en este tema. Como ustedes conocen, la competencia con el tomate marroquí en los mercados comunitarios se presenta fundamentalmente para el tomate español en los meses de enero a marzo, no constituyendo en principio ningún problema en el resto de la campaña de comercialización, puesto que hay un precio de referencia o, a partir de los Acuerdos del GATT, un precio de entrada, desde el 1 de abril hasta el 20 de diciembre. Las exportaciones que a la Comunidad Europea realizamos tanto España como Marruecos en los tres primeros meses del año han evolucionado de la siguiente forma: Marruecos exportó en el año 1986 43.134 toneladas, y en 1933, siete años después, 88.318 toneladas en estos tres primeros meses del año; es decir, ha habido un incremento de 45.184 toneladas. España ha pasado de 169.030 toneladas en 1986 a 247.558 en 1933 o, lo que es lo mismo, un incremento de 78.528 toneladas. Es decir, que el aumento de la exportación de Marruecos en absoluto ha ido en detrimento de la exportación de tomate español a la Comunidad. Además, las exportaciones totales del conjunto del año a la Comunidad han supuesto un récord en España en la campaña 1992-93, al alcanzar las 464.110 toneladas. Como ustedes conocen, con la política mediterránea renovada, que se aprobó en junio de 1992 y que actualmente está vigente, los derechos arancelarios aplicables al tomate han sido eliminados para un contingente aproximadamente de 92.000 toneladas, que además se incrementarán hasta 96.300 en 1995. Las cantidades que exceden dicho contingente abonan un derecho preferencial del 4,4 por ciento «ad valorem». Este derecho no se prevé rebajarlo --por lo menos que este Grupo conozca-- al 4 por ciento, como afirma en su proposición no de ley el Grupo Popular.
El Gobierno ha planteado --y ustedes lo conocen perfectamente-- la necesidad de garantizar para el sector hortofrutícola una preferencia comunitaria efectiva. El caso quizá más significativo es, desde luego, el del tomate, para el que durante los meses de enero a marzo no se aplican precios de referencia o precios de entrada. España viene solicitando --y ustedes son perfectamente conscientes de ello-- la modificación de los calendarios de aplicación de los precios de referencia. El señor Ministro --nos lo

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recordaba ayer en la Comisión-- planteó en el Consejo de Asuntos Generales, de 7 de diciembre de 1993, que aprobó las directrices de negociación o el mandato negociador, que si no se modificaban los calendarios de aplicación de los precios de referencia, España no ratificaría en su momento el acuerdo. En los momentos finales de la Ronda Uruguay se ha conseguido, tal y como ayer manifestaba, un acuerdo político al más alto nivel, Comisión y Consejo, para modificar estos calendarios de los precios de referencia. Concretamente, se ampliarán, una vez esté modificada la OCM de productos mediterráneos, a los meses de enero, febrero y marzo los precios de referencia para el tomate.
En definitiva, señorías --y voy terminando, señor Presidente--, a nuestro juicio los esfuerzos del Gobierno para que el nuevo acuerdo preferencial respete los derechos españoles son evidentes: evitar el incremento excesivo de los contingentes, modificar los calendarios de los precios de referencia y fomentar la producción en Marruecos de productos agrarios deficitarios y diversificar sus producciones agrarias; de ahí la propuesta española de ofrecer nuevos contingentes para una serie de productos que actualmente figuran en el régimen bilateral francés, y que no han sido tenidos en cuenta en la propuesta de la Comisión.
En conclusión, señoras y señores Diputados, la ampliación de los calendarios de los precios de referencia a enero, febrero y marzo, por una parte, el establecimiento de los contingentes previsto en el mandato negociador efectuado en el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre, con cuyos niveles --quizá con la excepción de flores-- España ha mostrado su conformidad, incluso el incremento del 3 por ciento anual previsto entre 1997 y el año 2000, con el que en principio no estamos de acuerdo, pero que tampoco sería imposible de asumir, nos permite afirmar, en consonancia con lo defendido por el señor Ministro de Agricultura, que ya puede existir un amplio margen de maniobra para ratificar el nuevo acuerdo; eso sí, una vez que ya haya sido negociado, lo que no se prevé quizá antes de unos cuatro o cinco meses.
Además, señor Presidente, permítame dos puntualizaciones: Primera, la proposición aboga porque el Consejo de Ministros de Agricultura desestime el proyecto de directrices, yo no diría de recomendación. Al respecto debo recordar al grupo proponente que las decisiones en materia de política comercial común corresponden al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que decide por mayoría cualificada, según lo establece el procedimiento general del artículo 113 y siguiente del Tratado de Roma. Y en segundo lugar, que no hay justificación económica para solicitar compensaciones cuando todavía está en plena negociación el nuevo acuerdo euromagrebí.
Por consiguiente, pensamos que se están defendiendo los intereses nacionales, no solamente los hortofrutícolas, con amplias miras --y en esto sí que quiero poner especial énfasis-- políticas, sociales, culturales y económicas y que, en consecuencia, no procede adoptar la estrategia planteada por el Partido Popular. No obstante, en consonancia con la moción aprobada en el Pleno, en el primer período de sesiones de esta legislatura, sí que proponemos una enmienda de sustitución a la planteada hoy por el Grupo Popular, que se establece en los siguientes términos: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca en breve plazo ayudas a la modernización de la producción de tomate consistente en la bonificación de intereses a las inversiones que tengan por objetivos: uno, reducir los costes de producción; dos, racionalizar el aprovisionamiento y empleo de los medios de producción; tres, mejorar el nivel técnico de la explotación, especialmente en los problemas sanitarios causados por los virus y sus formas de transmisión, y cuatro, la adaptación de las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción, ahorrar energía o agua, o incorporación de nuevas tecnologías, incluidas las de la informatización.» Esto permitiría continuar con la actual estrategia negociadora del Gobierno español, que consideramos adecuada, y, por otra parte, implementar, en consonancia con lo ya aprobado por todos los grupos, medidas que favorezcan el desarrollo del sector del tomate.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate para fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Canario, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser muy breve, señor Presidente, y dentro de la óptica de la solidaridad agraria que deduzco que existe, por la exposición del portavoz del Grupo Popular proponente, en el fondo de esta proposición no de ley, dado que aunque hay una especial referencia en los fundamentos a los posibles daños que en la producción hortofrutícola, concretamente de tomate, se pueden producir en la provincia de Almería, no son menores los que afectan fundamentalmente a la economía de Canarias, que tiene en el tomate precisamente el segundo renglón, después del plátano, de sus producciones de exportación hacia los mercados comunitarios de la Unión Europea y, por tanto, entran en competencia directa con lo que aquí se ha dicho tanto por el portavoz del Grupo Popular como por el portavoz del Grupo Socialista con respecto a las producciones marroquíes. Estamos de acuerdo con el fondo de esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular en la medida en que la voy a comparar con la enmienda del Grupo Socialista, porque, a nuestro juicio, son dos cuestiones diferentes, pero complementarias. La proposición no de ley del Grupo Popular es una recomendación o una instancia al Gobierno sobre su gestión en los órganos comunitarios, bien de Ministros de Agricultura, bien de Ministros de Comercio, bien de Ministros de Asuntos Exteriores o de cualquiera que sea el nivel de los consejos del ámbito de la Unión Europea. Por tanto, debe ser objeto, por un lado, de un tratamiento, de una política específica de gestión dentro de los ambientes de la Unión Europea y, por otro lado --y aquí está el aspecto complementario con respecto a la enmienda del Grupo Socialista, que a nosotros nos parece bien si va a ser aceptada por el Grupo Popular--, sería necesario también, vuelvo a decir, buscar la complementariedad porque la enmienda del Grupo Socialista, a nuestro juicio, se dirige

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como medida interna hacia la Administración agraria española, y precisamente en su comparecencia del año pasado, el Secretario General de Producciones Agrarias ante la Comisión de Agricultura para el estudio de los Presupuestos Generales del Estado anunció la preparación de un real decreto conteniendo medidas de fomento o de apoyo a la producción del tomate español, concretamente por la línea de bonificación de intereses.
Nos parece muy interesante la línea de los créditos subvencionados, la línea de bonificación de intereses en los convenios que las unidades del Ministerio de Agricultura, como el IRYDA, viene realizando con entidades de crédito y ahorro en España, como son las cajas o los bancos, para bonificar precisamente estos intereses.
Estamos de acuerdo en la enmienda del Grupo Socialista, pero dentro de los cuatro puntos específicos que contiene dentro de la bonificación de intereses hay uno que es verdaderamente muy delicado y en el que pediría una reconsideración. Es el punto tercero, cuando habla de mejorar el nivel técnico de la explotación, especialmente de los problemas sanitarios causados por los virus. Es una recomendación. Los reglamentos sanitarios dentro de la Unión Europea, como saben SS. SS., muchas veces son utilizados como discriminatorios para levantar barreras a la importación de determinados productos. Si encima nos van a decir que, a nivel de una Comisión del Congreso, reconocemos la existencia de problemas sanitarios causados por virus, difícil se lo estamos poniendo a la exportación de los tomates españoles. Estos se van a agarrar a un clavo ardiendo y cualquier país va a decir que los propios españoles reconocen que sus tomates están infectados por virus. Pediría una recomendación muy cautelar. Si es preciso, que se acepte aquí una enmienda «in voce», pero hemos de evitarlo, porque no hay país que reconozca implícita y expresamente enfermedades, y más en el caso de enfermedades víricas. No estamos hablando de ectoparásitos u otros organismos que se vean en una inspección fitosanitaria realizada por las autoridades del Soivre. ¿Hacer una referencia al nivel técnico de la explotación? Correctísimo. ¿Introducir ahí problemas de garantías fitosanitarias? De acuerdo.
Otro de los problemas que tiene en este momento el tomate español, igual que el tomate holandés o el francés, es el derivado del tratamiento con fitohormonas y problemas de genética, que están dentro de los costes con los que hoy en día tiene que enfrentarse cualquier agricultor para mejorar la calidad, aunque sea visual, de presentación de sus productos.
Pediría al Grupo Socialista una reconsideración porque es muy peligroso hablar a niveles internacionales de efectos causados por los virus en los tomates españoles para la exportación. No digo que eso se enmascare, pero sí que se presente de otra manera, porque tampoco es cierto porque nuestros tomates están saliendo con una altísima calidad fitosanitaria y esto lo pondría en cuestión. Que una explotación determinada tenga problemas de una determinada contaminación, eso ocurre en cualquier población vegetal o animal.
Por tanto, mostramos nuestro apoyo a todo lo que sean medidas tendentes a la protección del mercado del tomate español, de cualquiera de sus regiones productoras, y hacemos una reflexión muy importante y suscribimos lo que ha dicho el portavoz socialista de que de una vez por todas es necesario suprimir esos tres meses críticos, de enero a marzo, en los que estamos totalmente desprovistos y desarmados de los precios de referencia y, por tanto, reiteramos que apoyaremos cualquier gestión administrativa, política, etcétera, tendente a la ampliación del calendario.
Ya hubo un compromiso de nuestro propio Ministro de Agricultura, a una pregunta de este Diputado, y me pareció entenderle que ya estaba resuelto el problema de la ampliación de los calendarios de los precios de referencia. Parece ser que la realidad no ha sido así. Resuélvase este problema en el contencioso con Marruecos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència iUnió), tiene la palabra el señor Vidal

El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) participa de los temores que han motivado la proposición no de ley que presenta el Partido Popular respecto a las importaciones de frutas y hortalizas de terceros países, especialmente los de la zona del Magreb, como consecuencia de una mayor apertura del mercado comunitario a estos terceros países, algunos de ellos con tratados preferenciales con algunos países comunitarios, y que ahora por especial recomendación de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea se generalizan al conjunto de la Comunidad, ampliándose sus concesiones.
En el debate subsiguiente a la comparecencia del señor Ministro, celebrada ayer, nuestro Grupo ya dejó patentes estos fundados temores y la necesidad de que se tomaran precauciones en una serie de productos, especialmente respecto al tomate.
También en la moción marco del GATT y de otras medidas de política agraria, presentada por mi Grupo, y que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Pleno del Congreso, propusimos un conjunto de medidas para contrarrestar los posibles efectos perniciosos de la ampliación del tratado preferencial con estos países del Magreb.
Estas medidas tenían dos vertientes complementarias, las relacionadas con el Mercado Común, que urgían la modificación de los calendarios de importaciones y la obtención para nuestras frutas y verduras de una OCM que compensara los excedentes posibles y los bajos precios, que desplegara cláusulas de salvaguarda en caso de graves perturbaciones del mercado, así como cláusulas de preferencia comunitaria.
Nuestra propuesta ya aprobada, tal como decía, se completaba con algunas medidas de política agraria interna que ahora quedan definidas y ampliadas en la enmienda de sustitución socialista que votaremos favorablemente en el caso de ser aceptada por el Partido Popular. No podríamos votar la impugnación de una recomendación de la Comisión Europea porque pensamos que éste no es el camino acertado. A nuestro juicio, lo es la OCM y las medidas internas propuestas por la enmienda de sustitución socialista.


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También nos parece acertada la recomendación que acaba de hacer el Diputado y compañero don Luis Mardones respecto a los virus.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: El Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el debate que tuvo lugar ayer tarde con motivo de la comparecencia del señor Ministro, expresamos nuestro criterio respecto al contenido de la proposición no de ley del Partido Popular. Efectivamente, expresábamos la importancia que para la Unión Europea y para España tiene el lograr un acuerdo global con Marruecos que abarque aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Decíamos en esa ocasión que el tema del Magreb es importantísimo para el Estado español, y como Diputada y mujer de izquierdas entiendo que también es un tema de principio el hecho de que podamos contribuir todos, el Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur, a un mayor equilibrio del entorno y a un crecimiento sostenible por parte de todos los países de la zona.
No compartimos la proposición no de ley del Grupo Popular por cuanto entendemos que no podemos estar absolutamente en contra del conjunto del mandato negociador de la Comisión. (Rumores.) Expresábamos ayer la importancia...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.
Ruego silencio, por favor.


La señora RIVADULLA GRACIA: Expresábamos ayer la importancia de que los sectores que podrían verse perjudicados por un tratamiento preferente hacia el Reino de Marruecos o hacia otros países del Magreb, como son aquellos productores de frutas y hortalizas, en conjunto productos mediterráneos, tuviesen una salvaguarda, que no es la cláusula de salvaguarda, por parte de la Comisión, por cuanto no podían ser los paganos del acuerdo global que podamos tener con el Reino de Marruecos o con otros países del Magreb.
En ese sentido, instábamos al Ministro a que solicitase la inmediata puesta en vigor de los calendarios de precios de referencia y a que se formulase ya la Organización Común de Mercados para frutas y hortalizas.
Señalábamos también nuestra prevención con respecto a que la actividad económica de Marruecos pudiese verse distorsionada por la actuación de empresas multinacionales o no, como dijo el señor Ministro, que en lugar de contribuir a que el Reino de Marruecos pudiese adquirir unas cuotas de crecimiento económico que le llevasen también a un desarrollo del sistema democrático pudiesen incidir en una mayor explotación o en una mayor especulación. Nosotros pedíamos que esas actividades económicas se tuviesen en cuenta por parte de la Unión Europea y que se atendiesen las reclamaciones del Parlamento Europeo en el sentido de no colaborar con sistemas que no tengan todavía perfeccionado el sistema democrático de tal manera que estemos consolidando este tipo de regímenes. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estaría en condiciones de aceptar la segunda parte de la proposición no de ley, sin prejuzgar que eso se vaya a producir, y sería en el caso de que esos sectores productores de tomates, frutas y hortalizas en general se viesen perjudicados por los objetivos del acuerdo global con Marruecos. En ese sentido, nosotros reclamaríamos compensaciones económicas para que no fueran concreta y específicamente esos sectores los que se hicieran cargo del coste que pudiese suponer el acuerdo.
Con respecto a la enmienda del Grupo Socialista, estamos de acuerdo con la prevención que ha explicado el representante de Coalición Canaria, pero entendemos que es otra proposición no de ley. De todas maneras, si el Grupo Popular la acepta, nosotros la aceptaríamos también, pero entendemos que es otra proposición no de ley.
Quisiera aprovechar también este punto para hacer una reflexión en el sentido de intentar conseguir un ahorro en la economía de nuestra actividad, ya que si este tema fue objeto de una moción aprobada en Pleno, no reiteremos cuestiones que ya han sido tratadas. Es una reflexión que yo, como Diputada, hago a esta Comisión.
No he entendido tampoco la expresión del Grupo Socialista cuando ha dicho que el tema de los calendarios de referencia quedaría supeditado a la aprobación de la OCM. Yo entendí ayer al Ministro que los calendarios estaban aprobados y que pensaba que debían de entrar en vigor este mes, aunque la propuesta sobre la Organización Común de Mercados todavía no estaba encima de la mesa y que hasta mayo o junio no se vería esta propuesta. Por tanto, creo que continúa habiendo una confusión al respecto que convendría ir solucionando entre todos.
En conclusión, estaríamos de acuerdo con la segunda parte de la proposición no de ley del Grupo Popular por cuanto que garantizaría que esos sectores no fueran perjudicados y que todo ello repercutiría sobre la Unión Europea. Compartimos también la proposición no de ley del Grupo Socialista, aunque entendemos que es otra, pero si el Grupo Popular la acepta, nosotros también lo haríamos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arqueros Orozco.


El señor ARQUEROS OROZCO: Los agricultores españoles, las organizaciones agrícolas, las cooperativas y los sindicatos son los que nos han planteado estas cuestiones, así como los ayuntamientos socialistas de la provincia de Almería. Y yo me pregunto: ¿es que todos estos colectivos se están quejando de vicio? ¿O es que esos agricultores...?

El señor PRESIDENTE: Señor Arqueros, S. S. conoce la finalidad de este turno. Le ruego se ciña a la aceptación o no de la enmienda del Grupo Socialista.


El señor ARQUEROS OROZCO: De acuerdo, señor Presidente.


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La enmienda que presenta el Grupo Socialista, a nuestro entender, es vaga, dice poco y, sobre todo, desvirtúa la motivación de la proposición no de ley del Grupo Popular; es etérea, es vaga, no concreta, habla «sine die» --habla de un breve plazo y yo me temo que ese breve plazo sea un «sine die»-- y habla también de reducir los costes de producción, pero sin concretar cómo. Y yo pregunto: ¿cómo, con una menor presión fiscal y con abonos más baratos, se puede hacer eso? Yo le rogaría que me concretase ese punto.
En cuanto al tercer punto relativo a los problemas sanitarios, pienso que tanto las comunidades autónomas españolas como el Ministerio de Agricultura estarán haciéndolo ya, puesto que es una tarea de oficio; en su oficio de gobernar tienen que tener previsto todo esto. ¿O es que no se está haciendo y por eso lo proponen ahora los socialistas? Estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones del Diputado don Luis Mardones, haciendo hincapié, como él mismo ha hecho, en que estas enmiendas socialistas son diferentes totalmente a la proposición no de ley del Grupo Popular, pero sí pueden ser complementarias. Por tanto, nosotros podríamos aceptar esas enmiendas como enmiendas de adición, pero no como enmiendas de sustitución. Como también se ha dicho aquí, parece una segunda proposición no de ley que pueden presentar y que la aprobaremos como enmienda de adición.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Mesa, del Grupo Parlamentario Socialista, para decir si acepta o no esta propuesta.


El señor MARTIN MESA: De entrada, he de decir que nos parece más acertada la redacción que del tercer punto de nuestra propuesta realizaba el señor Mardones, en el sentido de que ése era nuestro espíritu y no, en absoluto, que nosotros reconociéramos la existencia de problemas fitosanitarios, sino que, sencillamente, queríamos poner de manifiesto que cualquier inversión que se llevara a cabo en el sector para mejorar el nivel técnico también fuera en esa dirección. Ese era el espíritu y no otro.
Con respecto a la afirmación del Grupo Popular de que seamos más sensatos, he de decir que esa reflexión también se la puede aplicar el propio Grupo Popular. Cuando se está en pleno proceso de negociación, la sensatez, en contra de las afirmaciones de que las cosas van mal como forma generalizada, facilitaría las negociaciones con terceros países por parte de España.
Señorías, el objetivo de la enmienda que nosotros proponíamos no es otro que el de incrementar la competitividad de las explotaciones y para ello le aclaro al portavoz del Grupo Popular que la reducción de costes de producción se instrumenta a partir de la bonificación de tipos de interés. Si el Grupo Popular acepta la enmienda, nosotros estaríamos de acuerdo en rectificar el punto tercero y plantearlo según lo expuesto por el señor Mardones, es decir, poniendo de manifiesto que hay que mejorar el nivel técnico de la explotación y sus garantías fitosanitarias y genéticas.
El señor PRESIDENTE: Lo que yo he entendido de la intervención del Grupo Parlamentario Popular es que aceptaban la enmienda como añadido, pero no como sustitución de su proposición no de ley. Por tanto, si el Grupo Socialista la formula como sustitución del texto, entiendo que el Grupo Popular no la acepta. ¿Es así, señor Arqueros?

El señor ARQUEROS OROZCO: Efectivamente, señor Presidente, no la aceptamos como sustitución, puesto que esto es algo que ya le viene al Gobierno de oficio y tiene que hacerlo, y si no lo ha hecho, pues un cero.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Arqueros. (El señor Arqueros Orozco pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, se me había olvidado decir que aceptamos también lo que ha dicho el representante del Grupo Socialista en el sentido de que en vez de figurar en la proposición no de ley el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que, efectivamente, sea el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con la modificación del texto que ha indicado el señor Arqueros.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.


--MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES ESPAÑOLES DE PATATA.
PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de expediente 161/000078.)

El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día es la proposición no de ley que insta al Gobierno a tomar medidas en favor de los productores españoles de patata. La proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y para defenderla tiene la palabra el señor Isasi. (Varios señores Diputados abandonan la Comisión.)

El señor ISASI GOMEZ: Una vez más, vamos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Isasi. Ruego guarden silencio.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Isasi, puede continuar su intervención.


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El señor ISASI GOMEZ: Ya veo que no atrae mucho el tema a los señores Diputados, aunque confío que, cuando menos, el consumo sea más agradable.
(La señora Pelayo Duque: Mucha patata.) Es verdad que va habiendo en esta Cámara mucha patata, pero también es verdad que los problemas del sector son abundantes. El Grupo Popular es altamente sensible a los problemas de este sector y a buscar las mejores soluciones para el mismo. Por ello, en los últimos tiempos hemos venido debatiendo en varias ocasiones los problemas que afectan al sector de la patata.
Señorías, este sector, por humilde que pueda parecer, es fundamental en nuestro país, se cultiva en numerosas comarcas y provincias españolas; sin riesgo a equivocarnos podríamos afirmar que en la práctica totalidad de las provincias españolas con más o menos intensidad se están produciendo patatas en explotaciones familiares, explotaciones pequeñas, en parcelas pequeñas, en definitiva, por parte de modestos agricultores que en demasiadas ocasiones dependen casi en exclusiva de la economía de este producto. Pero la situación del mercado en los últimos años, yo diría que en los últimos tiempos, viene siendo muy errática, porque es uno de los productos que no está ordenado en la Comunidad Económica Europea, hay intereses económicos dentro de los propios Estados miembros de la Comunidad, de esos Estados miembros que controlan fundamentalmente las decisiones de la Comunidad para que no se ordene, para que no se regule, para que no exista una organización común de mercado de la patata, y ello porque a partir de 1985 ó 1986, año en que España empezó a formar parte de la Comunidad Económica Europea, prácticamente fuimos invadidos por este producto desde los Estados miembros, en el mejor de los casos, y desde terceros países a través de los Estados miembros de la Unión Europea.
Señorías, en la producción de patatas en la Unión Europea España se sitúa en segundo lugar en cuanto a superficie dedicada a tal fin, con una producción total de poco más de los cinco millones de toneladas, pero con un rendimiento que nos sitúa en el décimo lugar de once países productores en la Comunidad. Alemania, con poco más de la superficie dedicada por España, produce prácticamente el doble que España. Los productores españoles se sitúan en unas 19.000 toneladas por hectárea y, sin embargo, en Alemania están en 30.000, en Bélgica, en 44.000, en Dinamarca, en 38.000, en Francia, 37.000, etcétera. Esto viene a demostrarnos cómo los rendimientos en España son mucho menores, cómo los costes de producción en España son muchísimo más altos y, por tanto, cómo esos costes de producción son prácticamente el doble de la media europea: en España producir un kilo de patatas viene a costar alrededor de las doce pesetas, frente a las seis o siete pesetas de coste de producción que tiene el resto de los países comunitarios.
Ello nos ha llevado a presentar nuevamente una proposición no de ley en esta Cámara tendente a plantear una serie de iniciativas por parte del Gobierno para mejorar las infraestructuras, en definitiva, para mejorar los costes de producción. Hace un año y unos meses en esta misma Cámara, en la legislatura pasada, a iniciativa del Grupo Popular y ante la convulsión que supuso la campaña 1992-93 para el sector de la patata, año en el que prácticamente se arruinaron muchos de los productores de patatas a causa de las salvajes importaciones que se hacían del resto de los países comunitarios a costes muy por debajo de los costes de producción en España, el Grupo Popular, digo, presentó una proposición no de ley que, entre otros puntos, planteaba por segunda vez en esta Cámara el establecimiento de una organización común de mercado para la patata.
Digo por segunda vez porque en octubre de 1990, también en esta Cámara, en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas, otro compañero nuestro presentó por primera vez entonces la petición de una organización común de mercado para la patata, previendo todas estas situaciones y, sin embargo, el Grupo Socialista votó en contra en aquella ocasión, y eso nos abocó a la situación, incluso yo diría a la dramática situación de la campaña 92-93 sobre el mercado de la patata. Y en esta ocasión yo creo que el Grupo Socialista, de alguna manera sorprendido y asustado por la situación que se estaba padeciendo en este sector, sí dio el apoyo al Grupo Popular, y, en definitiva, todos los grupos de la Cámara por unanimidad aprobamos que el Gobierno instara a los organismos comunitarios e incluso liderara la presentación de una propuesta de organización común de mercado para la patata de forma que en los años sucesivos tuviéramos regulado este sector y no padeciera los graves problemas de comercialización que está sufriendo.
Sin embargo, un año y meses después, nos encontramos con que, según conocimiento de este Grupo, el Gobierno prácticamente no ha hecho nada sobre ese mandato de esta Cámara de petición de la organización común de mercado de la patata, y es por ello por lo que uno de los puntos que nosotros planteamos en nuestra nueva proposición no de ley es que el Gobierno dé cuenta a esta Cámara del grado de cumplimiento del mandato de esta Comisión y, en definitiva, del Congreso de los Diputados sobre la organización común de mercado para la patata aprobada en octubre de 1992.
El resto de los puntos, hasta siete, pretenden enmarcar de alguna manera las condiciones mínimas que, a nuestro entender, debe entender esa organización común de mercado y, por tanto, a los planteamientos básicos que el Gobierno español debe defender y conseguir en el reglamento de la organización común de mercado, donde debe figurar la cláusula de salvaguardia para que en el momento en que sea necesario se establezca esa cláusula de salvaguardia, como debió suceder en el año 1992-93, para regular el mercado durante un tiempo determinado. Asimismo, se deben establecer unos mecanismos de vigilancia sobre las subvenciones que el sector o el productor recibe en algunos países comunitarios aun a costa o aun a sabiendas de que oficialmente esté prohibido o no esté permitido.
Nos consta a este Grupo y al propio sector español cómo, directa o indirectamente, Estados miembros interesados en este sector están subvencionando bien directamente a los productores, bien directamente a las interprofesionales, pero, en definitiva, procurando colocar en otros países, en este caso en nuestros mercados, las patatas, como decía

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antes, a unos precios muy por debajo de los costes de producción.
Asimismo en el punto 5.º nosotros pedimos que se incentive por parte del Gobierno el asociacionismo en la producción en la normalización y en la comercialización. En estos tres ámbitos el sector debe implicarse, pero para implicarse tiene que verse motivado. El Gobierno tiene que incentivar al sector para que en los tres procesos de producción, normalización y comercialización el productor pueda recibir ese valor añadido que suponen esos tres grupos de producción.
En el punto 6.º nosotros pedimos que el Gobierno incentive la mejora de las estructuras productivas al objeto de reducir los costes de producción y, por consiguiente, ser plenamente competitivos. Creo que a lo largo de la intervención he puesto de manifiesto repetidamente el gran problema que existe en el sector para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de los países comunitarios, y no vamos a repetir aquí la diferencia de costes, el coste del dinero, de los riesgos, de la maquinaria, de la fiscalidad, etcétera. Por último, solicitamos que desde las pertinentes instancias comunitarias se organicen campañas de ayuda de alimentos de primera necesidad, entre ellos el de la patata lógicamente, destinadas al Tercer Mundo, a aquellos países más necesitados.
Señorías, entre la proposición no de ley aprobada en el Pleno de la pasada semana y esta proposición no de ley, para la que desde el Grupo Popular pedimos el apoyo de la Cámara, sentaríamos las bases para la modernización de un sector importante de la producción agraria española que está padeciendo cíclicamente problemas muy graves. Precisamente, es en estos momentos de una relativa paz comercial cuando de una forma más sosegada, entre todos --el sector por una parte y nosotros como representantes del sector y de la sociedad española, del pueblo español--, con la responsabilidad de establecer las reglas del juego más apropiadas para la solución de esos problemas, entre todos, digo, tenemos la responsabilidad y la obligación de buscar las mejores soluciones.
Nosotros pensamos que entre ellas están las medidas que se contienen en esta proposición no de ley, para la que les pedimos el voto desde el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, la señora Rivadulla tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo entiende que esta proposición no de ley fue debatida y votada ya en sesión plenaria y, por tanto, que ya hay una resolución del Congreso sobre el tema de la patata. Por ello, cuando se produzca la votación votaríamos a favor del primer párrafo y del último, que no se incluyen en la proposición no de ley que el Pleno de la Cámara ya votó en su día. Y, por tanto, para no ser reiterativos, nosotros pediríamos una votación por separado para poder pronunciarnos sobre estas cuestiones.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Varela.


El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, es indudable que el mercado de la patata tiene importancia en nuestro país por causas objetivas de carácter económico y social, afectando a un importante número de agricultores de todas las regiones de España, y prueba de ello es el tratamiento que del tema está realizando esta Cámara. Hoy lo abordamos en Comisión por iniciativa del Partido Popular, la pasada semana lo hacíamos en Pleno por iniciativa del Grupo Vasco (PNV), y esto dentro de un período, como dijo el portavoz del Grupo Popular, de relativa tranquilidad en el sector, a diferencia de lo ocurrido en 1992 en que se produjo un debate sobre la situación crítica por la que atravesaba el mercado de la patata, con una caída de los precios que hacía que éstos no cubrieran los costes de producción y debido, esencialmente, a la situación de coyuntura que producía el retraso en la recolección de la patata temprana y el adelanto en la producción de la patata de media estación, dando lugar a una oferta extraordinaria ante la rigidez de la demanda característica de este producto.
Escuchando las intervenciones de todos los Grupos Parlamentarios del pasado martes es incuestionable la coincidencia que se produce al diagnosticar la problemática situación del mercado de la patata tras la adhesión de España a la Comunidad Europea y la apertura de sus fronteras a la importación, lo que supuso una reducción de un 20 por ciento de la superficie de cultivo, sobre todo para la patata de conservación, tras una fuerte reconversión, consolidando unos niveles medios de importación de 350.000 toneladas de patata tardía procedentes de la Comunidad Económica Europea y exportando unas 100.000 toneladas de patata temprana, que se comercializa en el período de enero a junio, de las que más del 95 por ciento compiten en el mercado de la Comunidad con la patata de Chipre, Egipto y Marruecos, países con los que mantiene acuerdos preferenciales.
También coincidimos todos al considerar que en España la comercialización asociativa se encuentra en unas cotas muy bajas, y las entidades que se dedican a esa actividad, salvo algún caso aislado, son de reducida dimensión, limitando esta deficiencia estructural la capacidad competitiva de nuestros productos en el marco de la organización común de mercado que la Comisión propone. La coincidencia con el diagnóstico es lo que nos ha llevado el pasado día 22 de febrero a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco (PNV) y que no supone fundamentalmente otra cosa que insistir y respaldar la política que en torno a esta materia defiende el Gobierno español en los órganos de la Unión Europea y que pasa por la creación de una organización común de mercado para la patata, por dotar las normas que regulen la interprofesión y por fomentar la constitución y funcionamiento de las organizaciones de productores mediante la concesión de ayudas para el inicio de sus actividades, en particular, además de las previstas para su reconocimiento, otras ayudas para constituir fondos de rotación, en línea con lo que existe en

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otras organizaciones comunes de mercado, pudiendo constituirse este fondo con un 30 por ciento del valor de la producción comercializada y financiado al 50 por ciento por el Feoga en una sola vez.
En cuanto al establecimiento de la organización común de mercado en el sector de la patata, como SS. SS. saben, la Comisión ha presentado al Consejo, a través del documento 185 de 25 de noviembre de 1992, una propuesta de reglamento que, justificándose en el establecimiento del Mercado Unico, comprende los elementos básicos siguientes: en el mercado interior el estímulo de la constitución de agrupaciones de productores reconocidos voluntariamente por los Estados miembros con ayudas máximas que van del 5 al 1 por ciento del valor comercializado desde el primer año hasta el quinto respectivamente. En el régimen con los países terceros, además del arancel común, el establecimiento de certificados de importación sin carácter restrictivo, pero que puedan permitir un seguimiento estadístico que pueda llevar al desencadenamiento de la cláusula de salvaguardia prevista ya en el artículo 7, en caso de perturbaciones graves. Se establece también, como consecuencia del propio concepto de organización común de mercado, la aplicación de los artículos 92, 93 y 94 del Tratado, lo que implica la prohibición de concesión de ayudas nacionales. Igualmente se constituye un comité de gestión para el seguimiento del mercado e informe sobre las propuestas correspondientes.
Además, a lo largo de los debates, la propia Comisión ha aceptado una enmienda propuesta inicialmente por el Parlamento Europeo, introduciendo las normas de calidad en la comercialización de estos productos. Pero, como SS. SS. saben también, existen tres posiciones diferenciadas: la de los países que no desean una organización común de mercado, como son Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda; la de la Comisión, en los términos ya comentados; y la de aquellos países que quieren dotar de un contenido real a esta Comisión, como es el caso de España. España, Grecia, Portugal e Italia defienden una organización común de mercado más completa para enfrentarse eficazmente a situaciones de crisis, permitiendo la intervención y protección frente a las importaciones de países terceros con una vigilancia especial de estas importaciones de los países mediterráneos, así como del uso que se hace de los contingentes arancelarios preferenciales, para que dichas importaciones se realicen en armonía, contribuyendo en equilibrio al desarrollo de las regiones afectadas, en los términos utilizados en la anterior intervención por la portavoz del Grupo de Izquierda Unida y como tuvimos ocasión de escuchar ayer en la comparecencia del Ministro de Agricultura ante esta Comisión, a raíz del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos y de la posición que en defensa de nuestros productos, entre los que se incluye la patata, mantiene el Gobierno español.
Dicho esto, y concretando, la postura del Grupo Socialista ante esta proposición no de ley del Grupo Popular es la de no aceptación, no ya por el contenido, que puede ser básicamente asumido, como lo fue también la semana pasada el contenido de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), debatida y aprobada, sino porque precisamente esa aprobación por el órgano máximo de esta Cámara, que es el Pleno, no justifica que en el plazo de una semana se vuelva a realizar, y ahora por parte de una Comisión, órgano de carácter jerárquicamente inferior al del Pleno; no parece positivo --como digo-- que se realice un nuevo mandato sobre el mismo tema y en la misma línea.
Respecto al primer punto, no tendríamos inconveniente en que el señor Ministro comparezca para explicar cómo están en estos momentos las negociaciones en la Unión Europea sobre la aprobación de esa organización común de mercado que consideramos tan necesaria y, como decimos, todavía más completa de lo que la propia Comisión propuso en su reglamento de 1992. Sin embargo, creemos que para este trámite existe una habilitación, a través del Reglamento del Congreso de los Diputados, que permite que las comparecencias se pidan por un cauce específico para las mismas y no a través de la inclusión en un punto de una proposición no de ley, como es ésta que estamos tratando en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
(El señor Isasi Gómez pide la palabra.) El señor Isasi tiene la palabra.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, yo pretendía hacer alguna aclaración a los dos portavoces que han intervenido, por haber aludido a algún concepto en que hay algún error.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, tiene la palabra durante un minuto.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
En las dos intervenciones anteriores se ha hecho alusión a que este trámite hoy puede ser una repetición y, además, en un órgano jerárquicamente inferior. Es jerárquicamente inferior, efectivamente, pero con el mismo valor en cuanto a la aprobación o denegación de los asuntos en esta Cámara. Pero no es éste el asunto importante por el que quería intervenir. Como argucia parlamentaria, está bien que se esgrima, pero no es cierto. Si quieren SS. SS., repasamos punto por punto la proposición no de ley que debatimos. El diagnóstico, por supuesto que es el mismo, porque la situación es la que es; pero en la propuesta concreta de la proposición no de ley que aprobamos la semana pasada en el Pleno de la Cámara instaba al Gobierno para que solicitara una OCM para la patata.
Eso sí que se repitió respecto de lo que ya esta Cámara había aprobado en octubre de 1992, a propuesta del Grupo Popular. La semana pasada sí que fue una repetición; en esta ocasión, no. Es en todo caso complementario, es de servicio interno o doméstico, es para que el Gobierno español ayude a la modernización de las estructuras del sector de la patata; es para que, a través de esas siete propuestas, dé cuenta el Gobierno --la primera-- a esta Cámara de cómo está ese tema, y el resto, señor Presidente...


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El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, no repita el contenido.


El señor ISASI GOMEZ: No lo pretendo repetir, en absoluto, sino demostrar a SS. SS. que nada tiene que ver lo aprobado la semana pasada con lo que aquí se propone. Insisto, como argucia parlamentaria, está bien, pero no se ajusta a la realidad, porque son propuestas para que el Gobierno español tome iniciativas en una serie de temas tendentes a mejorar las estructuras y en definitiva a rebajar los costes de producción del sector de la patata en España.


El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas en favor de los productores españoles de patata.
Señora Rivadulla, ¿quiere votación separada del primer punto y del último punto? (Asentimiento.) Votamos, en primer lugar, el primero y el último punto de la proposición no de ley del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos primero y último de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
A continuación, votamos los restantes puntos de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.


--MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR LA SITUACION POR LA QUE ESTA ATRAVESANDO EL SECTOR PRODUCTOR DE CHAMPIÑON EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000083.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley que insta al Gobierno a tomar medidas para mejorar la situación que está atravesando el sector productor de champiñón en España, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defender esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Isasi. (Rumores. Varios señores Diputados abandonan la Comisión.)

El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, a pesar del aperitivo que pueda suponer la patata y el champiñón, parece ser que nos vamos quedando sin audiencia. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, yo creo que la audiencia todavía es considerable.


El señor ISASI GOMEZ: Sobre todo, señor Presidente, de calidad. (Risas.
El señor Roncero Rodríguez: Muy bien, muchas gracias.) Señor Presidente, señorías, el sector del champiñón en España no es un sector que se asiente, como en el caso anterior, en la práctica totalidad de las provincias españolas, pero sí en unas siete comunidades autónomas, donde se da de forma importante este cultivo que también, como el anterior, está pasando por problemas estructurales considerables.
El Grupo Popular, al final de la pasada legislatura --final, sin saberlo, lógicamente, el Grupo Popular--, en marzo de 1993, presentó una proposición no de ley, tras haber mantenido varias reuniones con el sector afectado, llegando a la conclusión de que el Gobierno debería actuar en concreto en este sector, por lo cual presentamos entonces una proposición no de ley que, luego, con motivo de la disolución de las Cámaras, lógicamente decayó, causa por la cual, nuevamente reunidos con el sector, hemos presentado, en el pasado mes de diciembre, una nueva proposición no de ley muy semejante, muy parecida en sus términos a la formulada en marzo del pasado año.
Señorías, la producción del champiñón bien se puede afirmar que es un sector que cumple una labor eminentemente social, porque para su función se requiere una cantidad de mano de obra muy importante y se produce también a través de pequeñas explotaciones de modestos cultivadores en la Comunidad de La Rioja, en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Madrid y en Castilla y León. Estas funciones tienen un valor aproximado en torno a los 10.000 millones de pesetas, con lo que, dentro del sector agroalimentario, hace que tengan una cierta importancia sus explotaciones --como decía antes--, muy difuminadas a través de pequeñas explotaciones agrarias. Sin embargo, en los últimos años también este sector está padeciendo importaciones indiscriminadas, y en este caso no ya tanto procedentes de la Unión sino de terceros países, fundamentalmente de Polonia y de China.
El sector del champiñón en España está dispuesto a competir con sus propios compañeros de la Unión en igualdad de condiciones, pero lo que es absolutamente imposible y, según ellos, intolerable, es que se les pretenda hacer competir con países como Polonia o China, donde tienen unos costes de producción que nada tienen que ver con la situación en que están implícitos en la producción de España, con unos costes sociales y estructurales importantísimos, que nada tienen que ver, como decía, con los costes de los países de donde se importa. Además, no se respeta para nada el principio que tenemos que tener permanentemente presente los miembros de esta Cámara, al margen del Grupo al que pertenezcamos, que es el de la preferencia comunitaria para los productos agroalimentarios fundamentalmente.
Señorías, a partir de 1987 se produjo un hecho importante y, según el propio sector, trascendental en los cotes de producción y fundamentalmente en los costes sociales del sector del champiñón. A partir de 1987 la mayoría de los productores del champiñón tuvieron que pasar del

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Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social al Régimen General. Y aquí se está producido un gran debate entre el propio sector, la Administración de la Seguridad Social y el Gobierno, que, en el mejor de los casos, mira para otro lado mientras se pelea el sector con los responsables de la Seguridad Social. Señorías, se da la paradoja de que, dependiendo de la ubicación de la explotación, de si paga contribución urbana o contribución rústica, los responsables de la Seguridad Social les afilian al Régimen General (si pagan contribución urbana) o al Régimen Especial Agrario (si pagan contribución rústica). Dicen ellos, y repito yo en esta Cámara, ¿qué tendrá que ver el hecho de pagar una contribución u otra para defender que el sector es uno más de la agricultura española? Además, se da el hecho también de que un productor tenga su explotación en un terreno rústico pero que el ayuntamiento decida en un momento determinado ampliar el caso urbano, y, mediante este mecanismo, la explotación se vea acogida al terreno urbano. Entonces, automáticamente, la Seguridad Social, a la que el día anterior ese productor estaba cotizando en el Régimen Especial Agrario, le inscribe en el Régimen General.
Este es uno de los ejes fundamentales de los problemas que está padeciendo el sector y de las luchas más importantes que tiene este sector en España. Además de esa competencia desleal que suponen las importaciones, de los altos costes de explotación y, por tanto, la falta de rentabilidad, este punto, la adscripción al Régimen General de la Seguridad Social, es, repito, uno de los debates más importantes que están teniendo y entiende el sector y mi Grupo Parlamentario que es uno de los asuntos sobre los que esta Cámara, los representantes también de esos ciudadanos, tenemos la obligación de buscar las mejores soluciones para que los responsables de la Seguridad Social no tengan dudas a la hora de fijar los regímenes de la Seguridad Social a través de los cuales han de cotizar, el Régimen Especial Agrario o el Régimen General, porque no es pequeña causa, como entenderán SS. SS., la diferencia de costes de producción, incluso de competencia entre los propios cultivadores españoles, porque unos están cotizando en un régimen y otros en otro, y sobre todo respecto de los cultivadores del resto de Europa. Por eso, señorías, nosotros proponemos con esta proposición no de ley que a través de esta Cámara se declare el cultivo del champiñón en todas sus fases como actividad agraria y no quede absolutamente ninguna duda sobre este tema ni tenga nadie dentro de España la duda, repito, de que el cultivo del champiñón es una actividad agraria. Por eso se requiere una declaración solemne de esta Cámara, de esta Comisión, sobre este tema.
Consecuentemente con lo anterior, pedimos que, al margen de la ubicación de las explotaciones agrarias y de que esté pagando contribución rústica o urbana, los cultivadores de champiñón y los trabajadores del sector coticen a la Seguridad Social a través del Régimen Especial Agrario. En tercer lugar, habida cuenta del bajo consumo de champiñón en nuestro país, uno de los de menor consumo de toda la Unión Europea, pedimos que se impulse, de acuerdo con el propio sector y tendente al incremento del consumo, la asociación de productores y se estudie la conveniencia de promover programas y campañas de carácter nacional y comunitario. En cuarto lugar, se solicita la aplicación en todo el territorio nacional de la directiva comunitaria --esto es algo obvio, pero se hace necesario resaltarlo-- que prohíbe el uso de aditivos en las conservas de champiñón. En quinto lugar, proponemos incentivar la creación de una interprofesional, como desde el Grupo Popular estamos pidiendo desde hace años, para todos los sectores productivos de nuestro país. En sexto lugar, se solicita la creación de un programa técnico y de investigación para el cultivo de los hongos comestibles en nuestro país, al igual que existe en el resto de los países comunitarios Señorías, debido a un error de la redacción de los puntos 7.º y 8.º de nuestra propia proposición, nos hemos presentado a nosotros mismos una enmienda de sustitución de dichos puntos, que seguramente obrará en poder de SS. SS., que es de modificación, por un nuevo punto 7.º en el que se dice que se colicite de las instancias comunitarias de las que España forma parte la revisión inmediata del Reglamento 1122 del Consejo, relativo a las medidas aplicables a la importación de champiñón en sus diversas formas, en salmuera, conserva, etcétera.
Por otro lado, señorías, pedimos el voto favorable del resto de los grupos de la Cámara a esta proposición no de ley, pero fundamentalmente apelo una vez más a la sensibilidad de SS. SS. sobre el punto relativo a la Seguridad Social, porque el sector ha puesto grandes esperanzas en que se pueda resolver este tema en el trámite de esta mañana en esta Cámara.
Son múltiples las gestiones que se vienen haciendo cerca de los responsables de la Seguridad Social, a todos los niveles, regionales y nacional, a través de la Secretaría de Estado, en el Ministerio para las Administraciones Públicas, para intentar resolver este problema, e incluso en este ámbito se les dieron buenas palabras de flexibilizar la aplicación de la norma, hecho por el cual el sector, repito, ha puesto grandes esperanzas en que el resto de los grupos de esta Cámra sea sensible y vote favorablemente esta mañana en este aspecto.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la proposición. La señora Novoa tiene la palabra para defenderla.


La señora NOVOA CARCACIA: Señor Presidente, señorías, señor Isasi, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas a tomar para mejorar la situación por la que está atravesando el sector del champiñón en España. Lo hacemos porque mi Grupo es sensible a las necesidades de este sector, que se ha desarrollado en España en los últimos treinta años y que, como expresa el Grupo Popular en el fundamento de su proposición, se cultiva en una red de provincias españolas. No obstante, no podemos aceptar globalmente las ocho medidas que se nos plantean --después de la intervención del señor Isasi, siete-- respecto a las cuales haré una serie de observaciones.


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No podemos aceptar la inclusión en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de todas las fases que intervienen en la producción del champiñón, en tanto que introduciría una diferenciación no justificada en el tratamiento que a efectos de la Seguridad Social se da a la producción, transporte, manipulación y comercialización de productos agrarios. De aceptar la propuesta del Grupo Popular, uno de estos productos, el champiñón, quedaría incluido en el Régimen Especial Agrario, mientras que para el resto se mantendría en vigor el actual artículo 8 del Reglamento de la Seguridad Social Agraria, que define las labores consideradas agrarias a efectos del Régimen Especial. Por otra parte, señorías, con fecha 6 de julio de 1993 se adoptó una resolución interpretativa respecto a cuál era el régimen de Seguridad Social aplicable a la producción del compost o sustrato orgánico del champiñón, mediante la cual dichas labores quedaron ya encuadradas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Otra razón, señorías, nos lleva a no considerar los puntos 1 y 2 de la proposición del Grupo Popular, y es que el Pleno del Senado aprobó en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 1993 la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura, con el fin de elaborar un informe al Gobierno que sirva como base para dar solución a la situación actual del Régimen Especial Agrario, por lo que, estando pendiente de elaboración el citado informe, no parece oportuna la adopción de una medida singularizada aplicable al sector del champiñón.
Respecto a que España aplique la directiva comunitaria sobre aditivos, he de indicarle al señor Isasi que no existe tal directiva, que se sabe que está en fase de elaboración y que precisamente para cubrir la ausencia de normas comunitarias sobre la conserva de setas, sobre los procesos de fabricación y los elementos que pueden incluirse en los preparados a base de estos productos, la Comisión redactó la recomendación 8912, de 21 de diciembre de 1988, que ha sido trasladada a nuestra reglamentación técnico-sanitaria, y a falta de una directiva más precisa, dicha disposición constituye un instrumento eficaz para evitar que los fabricantes usen aditivos como el almidón, que aumenta la retención de agua, con el consiguiente fraude en peso.
Sobre otras medidas que propone el Grupo Popular, restrictivas del sistema de importación, he de indicar que la propia Comisión de la Comunidad Económica Europea ha venido adoptando desde 1978 medidas de salvaguardia respecto a la importación de países terceros; en definitiva, el régimen de importación del champiñón es ya una excepción restrictiva al sistema general de importación de frutas y hortalizas transformadas, siendo poco razonable solicitar el endurecimiento del régimen que sólo podría plantearse en caso de perturbaciones graves del mercado, con el procedimiento previsto para las medidas de salvaguardia, que siempre tienen un carácter coyuntural.
Hechas estas observaciones, paso a dar lectura a la propuesta alternativa que el Grupo Parlamentario Socialista presenta y que se expresa en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que solicite de la Comisión Europea la potenciación de las organizaciones de productos del champiñón, que posibilite el establecimiento de relaciones interprofesionales con el fin de intervenir en los mercados, ajustando la oferta a la demanda y favoreciendo el consumo. Asimismo, insta a que aplique en todo el territorio nacional la futura directiva sobre uso de aditivos en las conservas del champiñón y que en el programa sectorial de I+D agrario y alimentario, dentro de la línea de producción y mercados agrarios, se promueva la elaboración de un programa de investigación relativo al cultivo de los hongos comestibles en nuestro país.
Mi Grupo Parlamentario, como decía al principio, es sensible a las necesidades del sector del champiñón y cree, señorías, que la adopción de medidas como las contempladas en nuestra enmienda contribuirá a mejorar la situación del sector, a la vez que se toman en consideración las propuestas del Grupo Popular que son asumibles desde el realismo político al que estamos obligados. Más concretamente, se recoge en nuestra enmienda el espíritu de los puntos 3, 4, 5 y 6 de la proposición no de ley del Grupo Popular, en concreto el impulso al consumo interno, la aplicación de la futura directiva comunitaria en el uso de aditivos, la creación de la interprofesional y la promoción de un programa de investigación técnica relativo al cultivo de hongos comestibles en nuestro país.
Esperando que esta enmienda sea aceptada, termino mi intervención, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate para fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor Vidal tiene la palabra.


El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Catalán conoce las dificultades por las que está atravesando el sector cultivador del champiñón como consecuencia de los bajos precios con que se cotizan, provocados por múltiples causas y entre ellas las derivadas de las importaciones de otros países y por el descenso importante del consumo acaecido en los últimos tiempos, debido a la competencia de otras setas más apreciadas o que están más de moda. Por ello consideramos que está justificada la petición de impulsar asociaciones de productos con la finalidad de promocionar el consumo del champiñón. También está justificada la prohibición de aditivos en las conservas e igualmente nos parece acertado que se incentive la creación de la interprofesional del sector, así como el desarrollo de programas de investigación sobre hongos comestibles, que diversifiquen la oferta, mejoren las calidades y permitan el aprovechamiento de las instalaciones hoy dedicadas al cultivo del champiñón. Estas previsiones están contenidas en los apartados 3, 4, 5 y 6, para los que pedimos votación separada.
La proposición no de ley contiene, además, otras propuestas que no podemos apoyar, porque algunas de ellas son de imposible aceptación por la propia Comisión de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, la señora Rivadulla tiene la palabra.


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La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo va a apoyar la proposición no de ley del Partido Popular. Entendemos que recoge la mayor parte de las reivindicaciones del sector cooperativo productor de champiñón, que está pasando una situación realmente difícil. Creemos que el Régimen Especial Agrario se ha de extender a toda la actividad --no solamente a la de compost-- por cuanto esta actividad se desarrolla en el sector cooperativo y hemos de entender que es una actividad puramente agraria. Por eso nuestro Grupo sí va a apoyar los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley.
Nos parece también especialmente importante el punto 7, con la modificación que ha recogido el representante del Grupo Popular, porque la pretensión es que se impida que so pretexto de que las importaciones son salmuera o conserva, la realidad es que se están produciendo importaciones, especialmente de Polonia, con adición de sal, que no se puede llegar a considerar salmuera, pero que realmente está incidiendo en el mercado nacional. Por tanto, esta recomendación, este reglamento, debería incluir todo tipo de champiñón, no solamente limitarse a los tipos de salmuera y conserva.
Hemos planteado una enmienda no escrita in voce al Partido Popular porque creemos que el sector tiene también otros problemas derivados de la situación difícil en la que se encuentra el movimiento cooperativo, por dos razones: una por la conceción indiscriminada de ayudas, que no van, precisamente, encaradas a fomentar y a impulsar el mundo cooperativo, que es el que está haciendo inversiones en las instalaciones, el que está modernizando toda la estructura, sino que las ayudas se están repartiendo de forma indiscriminada, y, después, por la incidencia importante que tiene la actividad ilegal sumergida por parte de sectores que no están sujetos a ningún tipo de impuestos porque realmente no constan como actores económicos. Por eso, aparte de señalar que nuestro Grupo va a aprobar esta proposición no de ley, formulamos una enmienda in voce en el sentido de que el Gobierno ejerza un estricto control para impedir la economía sumergida del sector que está poniendo en serio peligro la rentabilidad del sector organizado cooperativo. De hecho, nos han señalado en muchas cooperativas que hay cooperativistas que se dan de baja porque les es más rentable estar en la economía sumergida. Por tanto, entendemos que esta proposición debería completarse con la enmienda in voce que ahora formulamos.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, tiene la palabra a los efectos de la aceptación o no de las enmiendas.


El señor ISASI GOMEZ: Con relación a los puntos primero y segundo, que se refieren a la declaración como actividad agraria o no del cultivo del champiñón, quiero aclarar a SS. SS. cómo puede existir o existe de hecho, una contradicción. La fabricación o la composición del compost sí se ha admitido como actividad agraria y, sin embargo, al cultivo --insisto, señorías, resalto-- propiamente del champiñón no se le considera como actividad agraria, y nosotros, aquí, los representantes de los ciudadanos españoles, insistimos en no considerarlo como actividad agraria, en contra de la realidad, porque no deja, por mucho que digamos nosotros aquí, de ser una actividad agraria. Otra cosa es que queramos seguir cargándoles a estos cultivadores, a estos productores agrarios una carga social mucho más gravosa que la que están padeciendo otros cultivadores de la Unión Europea e incluso españoles, por el hecho de tener su explotación en una ubicación o en otra, pagando contribución rústica o urbana. Esa es una realidad objetiva, al margen de lo que aquí se manifieste.


El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, por favor, exprese la aceptación o no de la enmienda.


El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente.
En cuanto a las dos enmiendas del Grupo Socialista, a la vista está también objetivamente que no son de sustitución, a no ser que lo que se pretenda sea disfrazar la proposición no de ley del Grupo Popular, distraer la intención del Grupo Popular y del propio sector, de cuyas inquietudes y problemas ha sido vehículo el Grupo Popular, para al final no decir absolutamente nada. Por tanto, en todo caso, mostrando nuestra buena voluntad de llegar a acuerdos, admitiríamos la adición de esas dos enmiendas del Grupo Socialista a la proposición no de ley que hemos debatido aquí esta mañana, pero en ningún caso, las admitiríamos como enmiendas de sustitución, porque no podemos sustituir el hecho fundamental de la declaración solemne de actividad agraria de la producción de champiñón. Respecto de la segunda, prácticamente lo mismo.
Podemos admitirla, no contradice en nada lo que nosotros proponemos, sino que añade alguna cosa más, una redacción u otra, pero podemos admitirla como adición.
En cuanto a la enmienda in voce de Izquierda Unida, por supuesto nadie encontrará que el Grupo Popular que ampare, activa o pasivamente, supuestas economías sumergidas, de ninguna manera. Por tanto, aceptaríamos esa enmienda in voce, si reglamentariamente es posible, pero políticamente admitimos, en todo caso, la enmienda propuesta por el Grupo de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Sabe S. S. que en este trámite parlamentario este tipo de enmiendas, ya que tienen un contenido sustantivo, no pueden aceptarse. En todo caso se aceptan enmiendas in voce que tienen un carácter técnico o de modificación de alguna cuestión específica. El trámite parlamentario prevé la presentación de enmiendas de este calado hasta seis horas antes de la tramitación de este tipo de proposiciones no de ley. (La señora Novoa Carcacia pide la palabra.) Señora Novoa, tiene la palabra.


La señora NOVOA CARCACIA: Mi Grupo Parlamentario, como ha indicado ya en su intervención esta portavoz, está plenamente sensibilizado por el problema del sector del champiñón en España (El señor Ramírez González: Ya lo veo.) y de ello es reflejo la enmienda que hemos presentado. En absoluto queremos que el Grupo

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Popular nos fuerce a una votación en contra y, por ello, mi Grupo estaría dispuesto a una votación separada de los respectivos puntos; como ya he indicado, la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista recogía perfectamente los puntos 3, 4, 5 y 6 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y si dicho Grupo desea someter a votación separada los respectivos puntos, el Grupo Parlamentario Socialista votaría los puntos que he indicado siempre y cuando se produzca en ellos una corrección de estilo, no de contenido, por supuesto.
¿Cómo concretaría el Grupo Socialista esa corrección de estilo? En el punto tercero entendemos que la primera parte de la formulación no es tanto una medida sino la atribución de una causa que nos lleva a adoptar una medida. Por tanto, ese punto lo formularíamos de la siguiente forma: Impulsar entre las asociaciones de productores la conveniencia de promover programas y campañas con carácter nacional y comunitario tendentes a incrementar el consumo de estos productos. El punto cuatro, buscando que realmente la formulación adquiera la forma de una medida concreta, quedaría expresado de la siguiente forma: Aplicar en todo el territorio nacional la futura directiva comunitaria que prohíbe el uso de aditivos en las conservas de champiñón. El punto quinto, incentivar la creación de una interprofesional, quedaría tal como lo formula el Grupo Popular. Y del punto sexto la formulación que haríamos sería: Promover la elaboración de un programa de investigación y técnico relativo al cultivo de los hongos comestibles en nuestro país similares a los existentes en los países comunitarios con los que España compite. Hacemos esta modificación porque los términos empleados: creación de un programa de investigación y técnico, delegan totalmente la responsabilidad en el Gobierno, cuando para el desarrollo de un programa de esta naturaleza los operadores han de presentar proyectos en las convocatorias que se realicen.
Insisto, señorías, en que la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista es que podamos adoptar desde esta Cámara medidas que se puedan cumplir y que mejoren la situación del sector del champiñón y sobre las cuales lleguemos a un consenso entre todos los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: ¿Se aceptan estas modificaciones técnicas?

El señor ISASI GOMEZ: Efectivamente, en aras a buscar el máximo consenso posible aceptamos las propuestas del Grupo Socialista sobre los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto. Desearía hacer una aclaración sobre nuestra última enmienda, la enmienda al punto séptimo, por si no se ha entendido bien. Nuestra enmienda, sobre todo en la segunda parte, se refiere a que los productores españoles están muy preocupados por las importaciones indiscriminadas que se están haciendo, sobre todo de champiñón en congelados, en vinagre y deshidratados. Ellos estarían dispuestos a enclavar estas especializaciones de champiñón en contingentación con los de salmuera según el Reglamento 1.122, que establece dicha contingentación para el período 1992-1996 de champiñón en salmuera y conserva, pero no dejar fuera, como están en estos momentos los otros productos de champiñón, porque a través --como decía Izquierda Unida-- de esta especialización se están produciendo importaciones de forma indiscriminada. Esa era la aclaración de nuestra enmienda y la preocupación que tiene el propio sector.


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, la proposición no de ley en los siguientes términos: vamos a separar de la votación los puntos 1.º y 2.º, y seguidamente votaremos en otro bloque los puntos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, indicando que el punto 7.º es con la inclusión de la enmienda que el propio Grupo Popular ha formulado y con la supresión del punto 8.º, que dicho Grupo Popular ya ha retirado de su proposición.
Recuerdo a SS. SS. que el punto 7.º dice textualmente: Solicite, en las instancias comunitarias de las que España forma parte, la revisión inmediata del Reglamento de la CEE 1.122 del Consejo, relativo a las medidas aplicables a la importación de champiñón en salmuera y conserva en los años 1992 a 1996, incluyendo, en todo caso, la contingentación de las importaciones procedentes de países terceros de champiñón en fresco, congelados, en vinagre y deshidratados.
En los puntos 3.º, 4.º y 6.º están las modificaciones técnicas que ha indicado el Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos los puntos 1.º y 2.º de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1.º y 2.º de la proposición no de ley.
A continuación, votamos los restantes puntos.
Efectuada la votación, fueron aprobados por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, quedan aprobados los restantes puntos de la proposición no de ley.


--ESTABLECIMIENTO DE UNA LINEA DE AYUDAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES QUE DEDIQUEN SUS EXPLOTACIONES AGRARIAS A LA OBTENCION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS, ASI COMO PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE LOS MISMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000088.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 5.º del orden del día, que trata sobre el establecimiento de una línea de ayudas en favor de los agricultores que dediquen sus explotaciones agrarias a la obtención de productos biológicos, así como para fomentar el consumo de los mismos.
Para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, el señor Llorens tiene la palabra.


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El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores Diputados, como sin duda todos ustedes sabrán, la agricultura biológica o ecológica, que viene a ser lo mismo, se basa en la obtención de productos agrarios sin el empleo de fertilizantes, de herbicidas o de cualquier otra sustancia química.
Hay una moda creciente por el consumo de los productos naturales y sanos, una cierta añoranza por la tradición, una preocupación por el medio ambiente, y todo esto hace pensar que esta proposición que hoy nosotros tenemos el honor de traer a esta Comisión es oportuna.
Unos recientes sondeos a escala europea revelan que alrededor de un 15 por ciento de los consumidores manifiestan su preferencia por el consumo de productos ecológicos y naturales.
En Francia, que en tantos aspectos (sobre todo en los relacionados con el sector agrario) es un modelo a imitar, hay 14.000 agricultores que destinan su explotación a productos biológicos. Esos 14.000 agricultores cultivan unas 270.000 hectáreas, lo que viene a representar un 0,23 por ciento del total de la superficie agraria del vecino país. El valor de la producción agraria biológica en Francia supone 45.000 millones al año.
Pero es Alemania, un país en el que el cultivo agrario no tiene una gran preponderancia, el que está a la cabeza de la producción biológica, con un valor agrario anual del orden de 200.000 millones de pesetas.
En España, sin embargo, tan sólo se dedica a la producción biológica 7.860 hectáreas, lo que supone una superficie del 0,05 por ciento del total del terreno cultivado, y representa una superficie treinta y cinco veces inferior a la que se destina al mismo fin en Francia. Aquí no llegan a los 700 agricultores, eso sí, absolutamente desamparados porque no reciben ninguna ayuda, los que destinan su producción a la agricultura biológica.
La producción de cultivos biológicos y ecológicos plantea un triple problema. En primer lugar, el que no se empleen herbicidas y fertilizantes de carácter químico supone una disminución de los rendimientos. En segundo lugar, también plantea una dificultad en la distribución de este tipo de productos, porque hay unas dificultades ciertas para que sean introducidos en los grandes canales comerciales.
Por otro lado, se requieren unas campañas de información pública para que el consumidor sepa valorar que esos productos están en el mercado, que existe una alternativa.
La disminución de rendimientos, como todas las señorías comprenderán, plantea el verdadero problema de la cuestión, es decir, si un agricultor tiene que dejar de producir lo que está cultivando y dedicarse a productos ecológicos y biológicos, lo que supone que no puede emplear ni fertilizantes ni herbicidas de carácter químico, su producción disminuirá. Entonces, para compensar esa pérdida de rentas tiene que repercutirlo en precios, por eso los precios son superiores, y entonces el consumidor se retrae y no vende. Por tanto, este tipo de fomento de la agricultura ecológica y medioambiental debe tener un auxilio, por lo menos para ponerlo en marcha, de los gobiernos respectivos para que los precios sean competitivos y el consumidor pueda satisfacer sus demandas.
La propuesta que hoy traemos aquí tiene una triple ventaja: por un lado, supone una protección efectiva del medio ambiente; por otro lado, como ya hemos dicho antes, supone también que se puede satisfacer una creciente demanda del consumidor, y tercero, que no es una ventaja menor, ya que supone el planteamiento de una alternativa que está contemplada en el Programa de medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC. En las medidas de acompañamiento en esa reforma de la PAC, que en definitiva lo que tratan es de plantear una sustitución de aquellos cultivos excedentarios por unas alternativas en las que la producción no sea excedentaria (una de ellas es la jubilación anticipada y otra es el programa de reforestación), hay una tercera línea que es el programa de agricultura ecológico y medioambiental. Como ustedes saben, estos programas son proyectos cofinanciados, donde la Comunidad Económica Europea pone la mitad de los fondos, es decir, el mismo dinero que pone cada país. Hay que recordar que España está a la cola de los países de la Comunidad Económica Europea por la sencilla razón de que España no pone la mitad de los fondos necesarios.
Todo en un momento especialmente delicado para los agricultores españoles, como lo demuestran los índices, aunque se utilice el índice comparativo que se quiera. Es decir, el sector agrario español, si se compara con el resto de los sectores productivos de nuestro país, es el único que, desde nuestro ingreso en el mercado común, ha tenido un crecimiento real cero, ya que mientras que el sector construcción ha subido un 57 por ciento, el sector industria un 22 por ciento y el de servicios un 30 por ciento, el sector agrario es el que ha estado más perjudicado, como lo demuestra el que ha crecido cero.
La caída de la renta agraria española ha sido la mayor de la Unión Europea; en nuestra población es la más envejecida, con más de 58 años, de la Unión Europea.
Todo ello indica que se ha negociado mal, como reiteradamente hemos denunciado desde nuestro Grupo; se han negociado mal todos los acuerdos internacionales, empezando por el de nuestra integración en el Mercado Común, siguiendo por el de la reforma de la PAC y terminando por el último acuerdo del GATT.
Somos conscientes de que todos los agricultores europeos están sufriendo, de alguna forma, la consecuencias de una política como la que marca la reforma de la política agraria comunitaria, que está orientada a reducir los excedentes agrarios, cuya colocación en los mercados internacionales exige un gran sacrificio, porque tienen que estar subvencionados por nuestros mucho mayores costos de producción, lo que hace que el precio también sea mayor. Como, en definitiva, el GATT es un fomento de libre intercambio comercial, por lo que supone que desaparezcan todos aquellos procedimientos que lo están impidiendo y se traduce en que se reduzcan los aranceles y se disminuyan las subvenciones a la exportación, que son prácticas que oscurecen el libre mercado, se comprenderá que la agricultura de todos los países comunitarios está en graves dificultades y que los agricultores están sufriendo

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importantes pérdidas de renta. Pero mientras otros países están tratando de compensar esta difícil situación de su sector agrario, en el nuestro no aprovechamos las medidas de acompañamiento de la PAC, una de ellas la que hoy nos trae aquí esta proposición de la ley, que es el fomento de la agricultura ecológica y biológica, y tampoco hemos sabido proteger, con organización común de mercados, el sector más competitivo de nuestra agricultura, que es la agricultura mediterránea, lo que nos coloca en condiciones mucho peores que las del sector agrario del resto de los países de la Comunidad.
Por todo ello, en nombre del Grupo Popular estimo que traer hoy a la consideración de todas SS. SS. esta proposición es una de las medidas que esperan nuestros agricultores para que, desde el Gobierno, se contemple con una sensibilidad que hasta ahora no ha existido a un sector que está en muy mala situación.
Terminamos apelando a la sensibilidad de todos los diputados de los diversos grupos políticos aquí representados para que nuestra propuesta sea aprobada.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Para defenderla, tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SANCHEZ DIAZ: Señorías, en primer lugar voy a explicar a la Cámara que no estoy de acuerdo con la exposición del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a que el Ministerio de Agricultura en ningún momento se ha preocupado por potenciar el fomento de la agricultura biológica. Como me parece que o bien no recuerda, o bien no quiere recordar la trayectoria seguida por este Ministerio desde el principio respecto a la agricultura biológica o ecológica y su fomento, me voy a permitir enumerar unos cuantos reglamentos y órdenes que este Ministerio ha realizado para esos efectos.
En primer lugar, antes de que fuera aprobado el Reglamento comunitario 2.092, en el año 1991, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, el Ministerio de Agricultura desarrolló una legislación propia para este sector, siendo España el tercer país comunitario, después de Francia y Dinamarca, que creó un marco jurídico para el control de los productos ecológicos, porque ya era consciente de la potencialidad de este sector en el futuro marco de la política agraria. Concretamente, el 15 de julio de 1988 se aprobó el Decreto 759, por el cual se incluyen los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de síntesis en el régimen de denominaciones de origen. Más tarde, el 25 de noviembre de ese mismo año, se nombró el Consejo Regulador de la Denominación Genérica. Este Consejo se encargó de elaborar el Reglamento, que fue publicado el 4 de octubre de 1989.
La función del Consejo Regulador ha sido de vital importancia para el fomento de la agricultura biológica o ecológica en España, pues desde octubre de 1989 hasta octubre del año pasado ha sido el único organismo encargado de la certificación y control de los productos ecológicos en estos cuatro años. Más tarde, a partir de octubre del año pasado, se promulga el Real Decreto 1852, por el que, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, se crea un marco armónico para que las comunidades autónomas asuman las competencias de control establecidas en el Reglamento. Es de destacar que, desde octubre del año pasado hasta ahora, la Comunidad Autónoma andaluza ha asumido dichas competencias, por que lo que en la actualidad existen dos autoridades de control en España: el Comité territorial andaluz de agricultura ecológica en la Comunidad andaluza, y el Consejo Regulador de la Denominación Genérica en el resto de España.
Creo, señor Llorens, que toda esta legislación propia creando un marco jurídico adecuado cuyo objetivo ha sido potenciar el desarrollo de la agricultura biológica es uno de los claros apoyos que está ofreciendo y ha ofrecido la Administración a los agricultores que se dedican a cultivos biológicos.
Pero, además de eso, ha habido y hay ayudas muy claras. Se aprobaron dos órdenes en el Boletín Oficial del Estado, una del 7 de septiembre de 1989 y otra del 21 de septiembre de 1991, cuyo objetivo era la puesta en funcionamiento y desarrollo de estos consejos reguladores. Concretamente, en la del año 1991, en su artículo 4 se contemplan ayudas de hasta seis millones para gastos de funcionamiento, de infraestructura, de confección de registros y sobre todo para campañas de promoción y creación de imagen, y ayudas de hasta 15 millones para establecer sistemas de control de calidad, análisis de suelos y materias primas, en general para investigación.
Por tanto, hay financiación para aquellos agricultores que quieran dedicarse a cultivos biológicos; hay financiación por parte de la Administración para hacer campañas. Prueba de ello es que el Consejo Regulador de la Denominación Genérica ha recibido ya 37 millones y medio para promoción de consumo de productos ecológicos.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen ha realizado ya una promoción de consumos ecológicos, con celebración de reuniones a través de asociaciones de consumidores, y ha asistido a ponencias, ferias y seminarios. Todo esto ha dado unos resultados bastante considerables en nuestro país, donde, en cuestión de dos años, hemos pasado de tener inscritas 223 fincas con unas 3.000 hectáreas, a tener 522 con unas 9.000 hectáreas en el año 1992. Es previsible que también en pocos años consigamos el incremento de agricultores que se dediquen a este tipo de técnicas productivas.
Por otra parte, la proposición no de ley que presenta el Partido Popular recoge que el Ministerio de Agricultura no tenía en sus presupuestos dotación económica para la financiación y potenciación de la agricultura ecológica. Señorías, este año 1994, y usted lo puede recordar, existen 26.000 millones para ayudas de acompañamiento de la política agraria comunitaria. Concretamente, sobre las últimas alusiones que hace respecto a que España no se ha preocupado de pedir en la Unión Europea ayudas para las políticas de acompañamiento, y sobre todo para las medidas agroambientales, usted sabrá, y si no se lo voy a recordar, que el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con

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las comunidades autónomas, ha presentado un programa que está en curso de aprobación, de acuerdo con el Reglamento comunitario 2.078 del año 1992.
Es un programa cuya primera fase es de cuatro años, desde 1994 hasta 1998, donde se contemplan medidas horizontales con el objetivo de contribuir a la realización de la política comunitaria en materia de agricultura y medio ambiente, para garantizar a los agricultores una compensación de sus pérdidas de renta por contribuir a dicha política y también para realizar los cambios previstos en el contexto de las OCM paliando los efectos negativos sobre los agricultores. Sabrá que estas medidas horizontales, a las que van a poder acogerse los agricultores, entre otras, van encaminadas a dedicar sistemas extensivos en las tierras cerealistas con prácticas de cultivos para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, a hacer tratamientos integrados de lucha contra las plagas y enfermedades de los cultivos, a fomentar una producción agraria utilizando métodos de agricultura ecológica, y también habrá ayudas para la formación de agricultores en práctica de cultivos compatibles con el medio ambiente.
Este programa, que está en curso de aprobación por la Comunidad Económica Europea, sí ha sido presentado por el Ministerio de Agricultura, y además con mucho interés, para que nosotros podamos recibir, en todo el ámbito territorial y también en aquellas zonas de actuación que el Ministerio considere adecuadas, con unas características especiales, ayudas complementarias que, como usted sabrá, pueden ser de 25.000 pesetas por hectárea para cultivos actuales, de 30.000 por unidad de ganado mayor que se reduzca, etcétera; es decir, una serie de ayudas que aquí no quiero enumerar.
Con todo esto quería decirle que no estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho de que somos un país a la cola porque Francia y Alemania tengan un número mayor de agricultores con cultivos biológicos. España ha sido de los países más preocupados por este tipo de agricultura; ha potenciado y ha promocionado la agricultura biológica a través de todo lo que antes he referido sobre los consejos reguladores, y sigue potenciándolos.
Al mismo tiempo, con este importante programa presentado en Bruselas para las medidas de acompañamiento de la PAC, y sobre todo para las medidas agroambientales, pretende que vayamos a la extensión y sensibilización de la agricultura, pero con mucho tacto, señoría, porque usted debe ser conocedor de unas declaraciones realizadas hace muy pocas semanas por organizaciones agrarias, y de los enfrentamientos con algunos grupos ecologistas. Todavía no está muy claro cuál es el término y el equilibrio a mantener entre qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que debemos pedir en Bruselas como medidas de acompañamiento, y qué es aquello que nos interesa producir.
Hay que tener cierto tacto en la petición de las ayudas. Se han pedido por Madrid, vendrán y se pondrán en marcha por el Ministerio y las comunidades autónomas, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los agricultores nacionales, y concretamente muchas comunidades, viven del campo, no viven de otro tipo de actividad, son agricultores a título principal, y las ayudas que vengan tendrán que ser compatibles con sacar productos de la tierra. Además, como usted bien sabe, este tipo de medidas que protegen el medio ambiente llevan consigo una pérdida de producción, y esto también es para tenerlo en cuenta. (El señor Vicepresidente, Grau y Seris, ocupa la Presidencia.) Por tanto, en la línea que el Ministerio de Agricultura está potenciando, que demuestra que está muy interesado y sigue queriendo que el número de agricultores dedicados a la agricultura biológica se vaya incrementando más cada año, nosotros presentamos una enmienda a la proposición no de ley sobre el fomento de la agricultura biológica, en la que decimos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del programa nacional sobre aplicación de prácticas de cultivo compatibles con el medio ambiente, y una vez aprobado por la Comisión Europea, desarrolle, en el plazo más breve posible, la normativa nacional para el establecimiento de ayudas a los agricultores que cultiven productos ecológicos.


El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Tan sólo para anunciar nuestro voto favorable a la proposición no de ley, caso de ser admitida la enmienda de sustitución socialista, por estar, a nuestro juicio, más de acuerdo en su redacción con las posibilidades de incidir en el fomento de una agricultura biológica o ecológica, dentro del marco de intervención permitida por la normativa comunitaria, para cuya aplicación sólo hace falta que se desarrolle, en el plazo más breve posible, la normativa nacional para el establecimiento y la concreción de las ayudas y beneficios a los agricultores que se decidan a practicar esta agricultura biológica.


El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: También muy brevemente, para decir que vamos a apoyar la proposición no de ley con la enmienda formulada por el Partido Socialista. Creemos que en el programa de desarrollo de las medidas agroambientales de acompañamiento de la PAC es donde se deben recoger las ayudas para este sector. Pensamos que, efectivamente, en España todavía es un sector muy reducido, con posibilidades limitadas de expansión debido a que sus productos van dirigidos a niveles de renta alto. Coincidimos con los dos portavoces que me han precedido en que se necesitan campañas para potenciar el consumo, y en esa línea nosotros vamos a votar la enmienda socialista, si el Partido Popular la acepta como sustitución a su proposición no de ley.
Creemos, sobre todo, que en esta medida sí hay que estimular el consumo.
Debemos reglamentar, pero también debe haber un control mucho más rígido, tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte de la

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Administración central, para que, efectivamente, estas ayudas que se proponen estimulen la agricultura ecológica y puedan cumplirse sus objetivos. Pensamos que de momento no existe un control riguroso sobre las certificaciones que se están produciendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Por el Grupo Popular, para que manifieste si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los demás grupos, porque, en definitiva, la finalidad del Partido Popular es el servicio al agricultor, lo ponemos por delante de nuestras diferencias políticas. Recientemente lo hemos podido comprobar cuando nosotros trajimos un proyecto a la Cámara que fue rechazado y luego presentado por los mismos que lo rechazaron al cabo de quince días.
Yo ahora no quiero entrar aquí en discusiones, porque además serían interminables con los datos que ha dado la portavoz socialista, pero tengo conocimiento de toda la normativa que en materia de agricultura ecológica y biológica ha hecho el Partido Socialista, la última el Real Decreto...


El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Seris): Señor Llorens, su intervención es para fijar su posición en cuanto a la enmienda.


El señor LLORENS TORRES: Efectivamente, normativa, la que se quiera; lo que quiero decir es que dinero muy poco, como lo demuestra que aquí sólo hay 7.000 ó 9.000 hectáreas destinadas a la agricultura ecológica y biológica, y en Francia 270.000. ¿Eso qué quiere decir? Como ha dicho muy bien la portavoz de Izquierda Unida que habrá que hacer un esfuerzo para el fomento del consumo de este tipo de producción.
Por tanto, para que vean ustedes que hay una voluntad real de entendimiento, nosotros presentamos una propuesta diferenciada en tres bloques. Es decir, no hay nada que impida que el Gobierno socialista realmente ponga en práctica una política de ayudas para que esta irrisoria superficie que se destina a la agricultura ecológica y medioambiental sea potenciada. Por consiguiente, el primer punto de la enmienda alternativa que presenta el Partido Popular sería el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco del programa nacional sobre aplicación de prácticas de cultivo compatibles con el medio ambiente, primero: Establezca una línea de ayudas en favor de los agricultores que cultiven productos ecológicos.
El segundo punto de nuestra enmienda alternativa (y lo tengo que explicar ya que luego, a lo mejor, lo votan en contra simplemente porque lo hemos redactado nosotros o lo hemos diferenciado) es idéntico al que ha presentado hoy como sustitución del Partido Socialista: Una vez aprobado por la Comisión Europea, que se desarrolle en el plazo más breve posible (eso demuestra un ejercicio de optimismo impenitente, porque el plazo más breve posible para ustedes puede ser cualquiera) para el establecimiento de ayudas a los agricultores que cultiven productos ecológicos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Y, tercero, y yo creo que en sintonía con la acertada sugerencia de la portavoz de Izquierda Unida: Que se realicen campañas de fomento del consumo de los productos ecológicos.
Por tanto, el Grupo Popular, al que tengo el honor de representar en esta intervención, plantea un texto alternativo con una enmienda diferenciada en tres puntos, y nosotros pediríamos al señor Presiente la autorización para que se voten por separado.


El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, la parte sustantiva de su proposición yo entiendo que solamente tiene un punto.


El señor LLORENS TORRES: Sí, señor Presidente, lo que pasa es que, con el ánimo de encontrar un entendimiento, yo he recogido la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y también como consecuencia de unos apuntes de la portavoz de Izquierda Unida, que asimismo estaban recogidos en nuestra proposición, el punto más especificado de que se realicen campañas de fomento del consumo de los productos ecológicos. Es decir, lo que abunda no daña, y creo que está más aclarado; por eso nosotros planteamos esto como texto alternativo a nuestra propuesta originaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Quisiera hacer una salvedad, y es que ya que la voluntad del Grupo Popular, queremos entender que es una voluntad de consenso --la nuestra también, pero queremos entender, repito, que la suya lo es--, no nos fuercen a esos equilibrismos procesales.
Aquí hay una proposición suya que habla de establecer ayudas a la agricultura ecológica y al fomento del consumo de productos ecológicos, ésa es su propuesta inicial. A esa propuesta inicial, y dados los datos objetivos de la realidad española de que existen ayudas y campañas de fomento, hemos presentado una enmienda adaptada a los hechos objetivos del marco europeo y del programa marco nacional, en ese panorama de ayudas o medidas agroambientales, porque es el futuro. Lo otro que dice el Partido Popular existe, pero nosotros insistimos en el futuro.
En ese sentido, en ese ánimo de consenso, acogiendo su idea de la intensificación --también de Izquierda Unida-- de las campañas de consumo, para no hacer ese tipo de equilibrismos, acepten nuestra redacción, que insisto que es de futuro, del programa marco nacional, etcétera, y añadamos, si quiere, en una corrección «in voce», al final, donde hablamos de agricultores que cultiven productos ecológicos, «e intensifique las campañas de promoción de fomento del consumo de los mismos», que de hecho, reconozcámoslo, las hay, existen en nuestro país, está puesto de manifiesto y todo el mundo las conoce.


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Por eso decimos que no hagamos ese equilibrismo, no forcemos las cosas a tener que decir que sí o que no, no sacamos ningún rendimiento de ello.
Si queremos de verdad ayudar a los agricultores y a la agricultura biológica, pongámonos de acuerdo en una cosa tan sencilla.


El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, entiendo que la propuesta del Grupo Socialista sería si el Grupo Parlamentario Popular aceptaría la enmienda con el añadido final que ha aportado el portavoz del Grupo Socialista.
¿La acepta en estos términos, señor Llorens?

El señor LLORENS TORRES: Eso sí que es equilibrismo puro, porque nosotros diferenciamos aquí tres puntos: el nuestro originario, después el suyo añadido, el que han traído aquí, y una tercera aclaración en la que todos estamos de acuerdo, y es que hay que fomentar, porque habrá habido grandes campañas de fomento del consumo y todo eso, pero los resultados son los que son.


El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, entiende la Presidencia, y creo que podemos entenderlo todos, que en estos momentos lo que deberíamos votar, en todo caso, sería la proposición del Grupo Parlamentario Popular, bien de la manera que la presentó o bien con la enmienda del Grupo Socialista, con la corrección «in voce» que ha apuntado su portavoz. Sinceramente, no creo que haya posibilidad reglamentaria de la modificación que el propio Grupo Parlamentario Popular planteaba en su intervención, y me parece, con el Reglamento en la mano, que solamente existen estas dos posibilidades: o bien votamos la proposición del Grupo Parlamentario Popular en sus términos iniciales, o bien la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con la corrección, ésta sí, «in voce» que finalmente se ha apuntado.


El señor LLORENS TORRES: Igual que ellos tienen el derecho de plantear aquí una enmienda «in voce», nosotros planteamos otra, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Es diferente una enmienda «in voce» de algún añadido, que es una práctica que hemos utilizado siempre en cualquier Comisión, que reformular toda la proposición no de ley, incluso con una estructura totalmente diferente, y la Presidencia entiende que no podríamos aceptarlo.
Tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, una última aclaración para demostrar una vez más nuestra buena voluntad.
Entiendan que no queremos desvirtuar su propuesta, sino adaptarla al marco real de los programas comunitarios y agroambientales, que es donde va dirigida la propuesta, parece ser, por la intervención del propio señor Llorens, no a hablar de que no existe ningún tipo de ayudas, que de hecho existen en otros marcos. Es decir, nuestra buena voluntad es apoyar el espíritu de la propuesta, no desvirtuarla, pero adaptarla con una redacción más correcta a la situación en que nos movemos, y añadirle lo del fomento que nosotros habíamos puesto: que se intensifique el fomento de la promoción y del consumo de los mismos. Nada más. Esa es la aclaración, no estamos desvirtuando nada.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Vamos a demostrar una vez más (Risas), a pesar de las risas de los que invocan lo mismo cuando lo presentan los socios que mandan, que la finalidad de nuestra acción política y de nuestras iniciativas es mejorar la situación del sector agrario. Luego pasaremos cuentas; ya veremos qué ocurre con el plazo.


El señor PRESIDENTE: Señor Llorens...


El señor LLORENS TORRES: Por tanto, lo aceptamos, pero yo rogaría al señor portavoz, que no sé ya cuál es, porque aquí, con tanto equilibrio, hemos cambiado incluso de portavoz.


El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista es el mismo.


El señor LLORENS TORRES: Es que anteriormente ha intervenido la señora Diputada.
Yo le rogaría, decía, que le dé una lectura final a esta brillante exposición.


El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, tiene la palabra.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Ironías aparte, voy a leer brevemente el contenido de la propuesta final de nuestro Grupo: El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a que, en el marco del programa nacional sobre aplicación de prácticas de cultivo compatible con el medio ambiente, y una vez aprobado por la Comisión Europea, desarrolle, en el plazo más breve posible, la normativa nacional para el establecimiento de ayudas a los agricultores que cultiven productos ecológicos e intensifiquen las campañas de promoción del fomento del consumo de los mismos.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de este texto.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición del Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del Grupo Socialista.


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--MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR LA SITUACION DEL SECTOR PRODUCTOR DE AJOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 161/000101.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a debatir el sexto punto del orden del día, sobre medidas a tomar para mejorar la situación del sector productor de ajos. La proposición es del Grupo Parlamentario Popular. El señor Madero tiene la palabra.


El señor MADERO JARABO: Señorías, en esta especie de paseo parlamentario que estamos haciendo por la huerta española, ahora le toca el turno al cultivo del ajo (Risas.), que, según tengo noticias, es de las primeras veces que acude a esta Comisión y a esta Cámara. Seguramente esto será porque ha sido de los últimos en tener problemas serios derivados de la situación nueva de nuestro país de cara a mercados exteriores, producida, sin duda, por un mal tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Quizá por ser un cultivo nuevo se me permita, en breves instantes, hacer una referencia a algunas de las características del mismo, para cifrar la importancia económica y social que tiene en general en España y en particular en algunas provincias, y muy en particular en algunas comarcas.
Podemos considerar que hay una superficie media sembrada en toda España de unas 40.000 hectáreas, con una producción de unas 200.000 toneladas.
(El señor Vicepresidente ocupa la Presidencia.) Por provincias, las estadísticas del propio Ministerio nos dicen que en la provincia de Cuenca se cultiva la tercera parte; en Albacete, Córdoba y Granada, la otra tercera parte de esas 40.000 hectáreas que he citado anteriormente, y el resto está disperso por toda España, con algún núcleo comarcal de notable importancia, como pueden ser, dentro de la provincia de Gerona, las zonas de Puigcerdá o Bañolas.
En cuanto a distribución regional, obviamente Castilla-La Mancha es la que mayor superficie cultiva, se produce aproximadamente, tanto en superficie como en tonelaje, el 60 por ciento del ajo de España, y Andalucía cultiva y produce alrededor del 20 por ciento.
Para evaluar su importancia social diremos que este cultivo requiere, aproximadamente, unos 30 jornales por hectárea, más el 40 por ciento de jornales añadidos en cuanto a manipulación, envasado y expedición. La producción final en destino puede ser de unos 25.000 millones de pesetas, a unos precios medios que podemos considerar de 125 pesetas/kilo percibidas por el agricultor, aunque bien es cierto que de un año para otro existen unas muy fuertes oscilaciones del precio percibido por el ajo producido en España y exportado fundamentalmente a Europa, América y Asía.
Este es un cultivo típico, como saben SS. SS., de pequeños agricultores, de explotaciones familiares agrarias e incluso de agricultores sin tierra, pues el hecho de que agronómicamente es imposible la siembra en el mismo terreno donde se cultivó el año anterior ha obligado a que los cultivadores tengan que buscar tierras nuevas que arriendan en cada campaña, y lo que es indudable es que, tras la cosecha de cada año, en las zonas tradicionales, y sobre todo en el centro de producción y elaboración --que podemos situar en Las Pedroñeras, en la provincia de Cuenca--, se crea un proceso de selección, preparación, envasado y expedición para comercializarlos que realizan fundamentalmente las cooperativas de los propios agricultores; es decir, que en este subsector se produce, elabora y comercializa, habiéndose integrado en él todo el ciclo productivo, y además los agricultores acceden al valor añadido del producto cosechado.
En la normativa de la Unión Europea no ha sido considerado y, por tanto, no goza de ningún tipo de subvención, de ningún tipo de pago compensatorio ni de nada similar, ni supone ni ha supuesto históricamente ninguna carga para las arcas nacionales o comunitarias. Por el contrario, he dicho al principio, y reitero ahora, que ha sido gravemente perjudicado por nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea, y a pesar de ello se ha acreditado en todos los mercados exteriores como un producto de excepcional calidad muy apreciado por todos los consumidores.
Debo señalar, además, que nuestras exportaciones no han tenido nunca problemas sanitarios --esto me interesa resaltarlo--, ya que el cultivo está perfectamente tratado contra enfermedades, plagas o virosis.
Asimismo, se cumplen con exquisito rigor las normas fitosanitarias de la exportación y las recomendaciones sanitarias que la Organización Mundial de la Salud hace al respecto. Se trata, por tanto, de un cultivo de gran importancia regional y de vital importancia comarcal en algunas provincias; que ha movido, en el mercado de arrendamiento anual, unas 40.000 hectáreas de tierra, con una producción de 200.000 toneladas, en buena parte para la exportación, y que da trabajo a unas doce mil familias, que han acreditado ya en el exterior, como decía antes, un producto agrícola español.
Actualmente, y es quizá una de las razones por las cuales presenta mi Grupo esta proposición no de ley, este cultivo se encuentra con unos problemas que ha ido sorteando hasta donde ha podido, y me explico. Para los mercados no europeos la competencia del ajo de países asiáticos ha sido creciente, y las exportaciones se han ido orientando hacia países europeos, tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella, es decir, para terceros países también europeos. Ahora bien, en la última campaña, en los países de la Unión Europea, e incluso en nuestro país, se ha producido una auténtica invasión de ajo procedente de China. Ello produjo la inmediata reacción del sector, que consiguió de las autoridades españolas y comunitarias que, como medida protectora, se pusiera la cláusula de salvaguardia prevista en la reglamentación europea. Ahora bien, dicha cláusula terminó el 31 de diciembre de 1993, y a comienzos de 1994 estamos ante una situación similar, ya que nuestra producción está permanentemente amenazada por la de ajos chinos, con unos precios sospechosamente bajos y con una calidad fitosanitaria no suficientemente contrastada.
Por ello, señor Presidente, señorías, presentamos esta proposición no de ley que nuestro Gobierno defienda, en España y en Bruselas, un cultivo vital para algunas

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comarcas españolas y cuya alternativa es ninguna, ya que al ver la distribución geográfica de este cultivo, observamos que los ajos se producen en zonas agrícolas de productos excedentarios, regulados mediante subvenciones por la nueva política agraria comunitaria.
¿Qué se pretende, en concreto, con esta proposición no de ley? En primer lugar, que el Gobierno español vigile atentamente la entrada procedente de países terceros, estrechando de una manera especial la vigilancia en un doble aspecto. De una parte, los precios. El coste de conservación del producto, su transporte y distribución, con independencia del coste de producción, ya he dicho antes que es sospechosamente bajo, y hace pensar en prácticas comerciales no admitidas por la reglamentación internacional del comercio. De otra parte, los certificados de importación no sólo deben referirse, como se está haciendo hasta ahora, a cantidades y formulismos aduaneros, sino que debe vigilarse muy especialmente el aspecto sanitario, porque de China sabemos que son muchos, pero no sabemos que estremen el rigor a la hora de hacer la expedición de sus productos. Si fuera preciso habría que adoptar fuertes cuarentenas a la entrada de este producto en las fronteras comunitarias. deben adoptarse todas las medidas que garanticen la total ausencia de plagas, si quieren se las cito, porque ya hemos importado algunas, como el gusano rojo o nematodos, y de enfermedades como la esclerostimia o el penicilium.
Además de un producto sospechamos que estamos importando plagas y enfermedades.
En otro orden de cosas se pretende que para evitar el desplome de nuestro mercado, y dentro de la normativa comunitaria, el Gobierno español debe solicitar, y obtener de manera inmediata --aquí la brevedad de los plazos y la lasitud en las peticiones deben ser obviadas--, la prórroga de la cláusula de salvaguardia para el ajo como mínimo hasta el 31 de marzo de 1994, y ello de cara a terceros países, aunque podemos excluir a los sudamericanos, cuyo ciclo productivo hace que no podamos ser competitivos con ellos en el tiempo.
Asimismo, las importaciones de terceros países no deben superar las quince mil toneladas en toda la Unión Europea, cantidad coincidente con el cinco por ciento del consumo de los Doce. Debe también, y esto es muy importante, establecerse un calendario de importaciones, con un período inhábil de importación de ajos en la Unión Europea desde el uno de junio de cada año hasta el 31 de enero del siguiente. Con estas medidas de carácter urgente se actúa en favor del sector del ajo de manera coyuntural en cada campaña y siempre al amparo de la reglamentación comunitaria.
Pero para dar un carácter más estable (y ése es otro de los puntos de nuestra proposición no de ley) al apoyo que nuestros agricultores requieren, el Gobierno español debe solicitar y negociar, en las condiciones adecuadas, la inclusión del ajo en la reformada futura organización común de mercado de frutas y hortalizas. Es decir, en vez de mirar para otro lado y no considerar este cultivo, hacerlo, dada la importancia que comarcal y provincialmente tiene en algunos sitios de España.
De esta manera, el ajo entraría, junto con otros productos, en un adecuado régimen de precios e intervenciones por parte de la Unión Europea, que despejaría, al menos en parte, el futuro de muchos miles de agricultores, que en determinadas zonas han cultivado tradicionalmente el ajo y lo han acreditado en el exterior como un producto de alta calidad.
Termino, señor Presidente. Por todo lo expuesto hasta ahora pido a esta Comisión el voto favorable para esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en defensa de un cultivo y, sobre todo, en defensa de miles de pequeños agricultores, que ven amenazado su futuro por una falta de previsión y de reglamentación que defienda su profesionalidad y su trabajo.


El señor VICEPRESIDENTE (Grau i Serís): Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Voy a consumir un turno para defender la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley del Grupo Popular que acaba de ser defendida.
De entrada, quisiera decir que nos parece que el contenido de la proposición no de ley defendida por el portavoz del Grupo Popular recoge propuestas que nos parecen interesantes y que están apuntando a solucionar algunos problemas, unos de carácter coyuntural y otros de carácter estructural, que tiene el sector. Reconocido esto, nos hemos acercado al contenido del texto de la proposición no de ley con el mejor espíritu para intentar ofrecer una enmienda que recoja aquellas partes del texto de la misma que miren en beneficio del sector.
Del texto de la proposición no de ley hemos quitado tres cosas que creemos que no deben contemplarse en una resolución que adopte esta Cámara, en este caso esta Comisión, y son las siguientes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En primer lugar, nos parece que no es necesario recoger, en el texto de una proposición no de ley, aquellas cuestiones que ya está realizando el Gobierno, es decir instar a realizar aquellas políticas que ya se están haciendo; además, pensamos que se están haciendo bien. En segundo lugar, cualquier resolución que tome esta Cámara en un asunto como este debe ajustarse al marco jurídico comunitario, si no, estaríamos entrando en una contradicción entre lo que es nuestro ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico comunitario, que también nos afecta. En tercer lugar, hemos eliminado de nuestra enmienda cualquier concesión a la galería, aunque comprendemos que desde la oposición es razonable hacer algún guiño al conjunto del sector, a pesar de que muchas veces sea un brindis al sol o un simple gesto.
Insisto, eliminadas estas tres cuestiones, hemos presentado una enmienda de sustitución, que de ser aprobada estaríamos beneficiando al sector, puesto que lo que hace es mirar al futuro. ¿Cuál es el texto de la enmienda? Es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que defienda, en la futura reforma de la OCM de frutas y hortalizas, la exigencia de certificados de

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importación a toda importación española de ajos. En segundo lugar, la inclusión de los ajos, así como de la cláusula de salvaguardia para su aplicación en el caso de perturbación del mercado.
Creemos que esto es lo sustancial; pensamos nosotros que es la parte sustantiva del contenido de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Las otras cuestiones planteadas en su iniciativa, por las tres razones que decía antes creemos que no debemos aceptarlas, y voy a tratar de justificarlo, voy a dar razones para ello.
Plantea el Grupo Popular, en su iniciativa, la exigencia de certificados a toda importación española de ajos. Señoría, el Reglamento 1.859/93 de la Comisión establece, para todo el territorio aduanero de la Comunidad, la obligatoriedad de la presentación de un certificado a la importación de los ajos originarios de países terceros. Dicho Reglamento, como su señoría sabe, todavía está en vigor, por tanto, no parece razonable exigir certificados a la importación que en estos momentos, según la regulación comunitaria, se están exigiendo; parece que sería una redundancia innecesaria.
En segundo lugar, la iniciativa del Grupo Popular plantea solicitar urgentemente a las instancias comunitarias varias cuestiones, entre otras, la prórroga de la cláusula de salvaguardia para el sector del ajo para terceros países, como mínimo hasta el día 31 de marzo de 1994, exceptuándose, como decía el portavoz del Grupo Popular en su intervención, las importaciones procedentes de países sudamericanos.
Señoría, como usted ha reconocido también en su intervención, el Gobierno español, consciente de los perjuicios económicos que estaban causando las importaciones de ajos procedentes de China al sector productor español, solicitó, con fecha 31 de agosto, la aplicación de la cláusula de salvaguardia, prevista, como su señoría sabe, en el Reglamento 1.035/72, que establece la organización común del mercado de frutas y hortalizas.
En consecuencia, la Comisión Europea publicó un nuevo Reglamento, el 2.448/93, de fecha 2 de septiembre, aprobando la suspensión de la emisión de certificados de importación de ajos originarios de China con efectos desde el 3 de septiembre hasta finales de 1993, y estimando, como su señoría sabe y ha reconocido también, lo que fue la demanda española a la Comisión.
¿Qué sucede a partir del 1 de enero de 1994? A partir de esta fecha es verdad que el Reglamento que acabo de citar dejó de ser aplicable, y con ello también ha dejado de ser aplicable la cláusula de salvaguardia. Sin embargo, tiene que reconocer conmigo que permanece vigente el Reglamento relativo a la obligatoriedad de solicitud de certificados de importación.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio. Es difícil seguir el debate en estas condiciones.


El señor NIETO GONZALEZ: Este Reglamento permite hacer un seguimiento estadístico de la evolución de las importaciones de ajos en la Comunidad según procedencias. De dicho seguimiento estadístico se deduce que en nuestro país, desde el 1 de enero, solamente se han solicitado certificaciones de importación por un importe total de 240 toneladas procedentes de China. Dichos datos se refieren a un período de 40 días, y la cifra que le estoy dando va desde el 1 de enero hasta el 10 de febrero.
Estará conmigo su señoría en que con estas cantidades no parece justificado que por parte de España se solicite una nueva ampliación de la cláusula de salvaguardia, dado que, por otro lado, se pueden dar por terminadas las importaciones procedentes de China durante la presente campaña. En ese sentido consideramos que la prórroga de dicha cláusula no tendría efectos prácticos; las importaciones de China se extienden en el período de julio a octubre, como usted muy bien sabe, por lo que la cláusula de salvaguardia ha cubierto suficientemente dicho período sensible.
Otra de las peticiones que ustedes hacen se refiere a la limitación de las importaciones de ajo a un cupo máximo de 15.000 toneladas anuales para toda la Unión Europea, cantidad igual al cinco por ciento de su consumo. En este sentido tengo que decirle también que no se pueden aplicar al sector de los ajos los compromisos de acceso mínimo acordados en la Ronda Uruguay del GATT. Dicho acceso mínimo, como usted sabrá, es aplicable únicamente a los productos que se arancelizan, y, como usted sabe, eso no se ha producido con los ajos. Por tanto, desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido esta limitación a la que usted hace referencia.
En último lugar, también piden que se establezca un período inhábil para las importaciones de ajos entre el 1 de junio de cada año y el 31 de enero del año siguiente. Quisiera decirle que no es posible establecer ningún período inhábil sin causa justificada, sólo por motivos de aumento excesivo de importaciones o de baja de precios. Se podría solicitar la aplicación del Reglamento comunitario 1.035, que prevé la instalación de una cláusula de salvaguardia, en su caso. Si en la campaña próxima se produjeran estos hechos, habría que recurrir, como digo, a esta cláusula, pero no está prevista la introducción previa en la legislación del sector de un período inhábil, que iría claramente en contra del citado Reglamento al que acabo de referirme y que prohíbe las restricciones cuantitativas.
Por toda esta serie de razones quiero decirle a su señoría que hemos tratado de recoger en nuestra enmienda (creemos haberlo conseguido, no sé si el Grupo Popular estará de acuerdo con lo que acabo de decir) la parte sustantiva del contenido de la proposición no de ley que ustedes presentaban, y no hemos incorporado partes que no eran sustanciales y que, en algunos casos, o no tenían sentido porque se están haciendo, o claramente contradicen la reglamentación comunitaria.
Dicho esto, pedimos al Grupo Popular que acepte a trámite la enmienda que presenta el Grupo Socialista, porque pienso que con ello estaríamos haciendo un buen servicio al sector del ajo.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)

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En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, intervengo brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo, señalando que para resolver la situación que plantea el Grupo Parlamentario Popular nos parece que las medidas que ahí se plasman podrían valer, pero nos parece que también es preciso tener un diseño general y buscar una solución de futuro.
Anteriormente se habrá debatido la proposición no de ley relativa al convenio con Marruecos, yo no he podido estar presente, señor Presidente, pero creo que siempre andamos con problemas parecidos; es decir, ahora puede ser el ajo, luego será el algodón, pero, en definitiva, lo que está ocurriendo deviene de la situación de apertura, quizá excesiva, de nuestros mercados a los de otros países que actúan con modelo, con parámetros de vida económicos y de bienestar muy diferentes y con los cuales no disponemos de índices y niveles de calidad suficientes para competir, en la medida en que el coste, el régimen económico y de vida en dichos países, como digo, es diferente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatxagaetxebarría.
Ruego a sus señorías silencio. Esta sala tiene un nivel acústico deficiente y hay problemas luego para transcribir el acta.
Puede continuar.


El señor GATXAGAETXEBARRIA BASTIDA: Entendemos el planteamiento que hace el Grupo Popular, pero creemos que el tema de fondo está en defender el principio de preferencia comunitaria en la materia por las razones que anteriormente exponía, al encontrarnos con sistemas económicos completamente diferentes y que requieren de determinados mecanismos de protección.
Nosotros seríamos partidarios de fijar unos precios mínimos de importación que hagan referencia al precio del mercado en el ámbito de la Unión Europea. Para ello nos parece oportuno que existan exacciones reguladoras variables, de forma que esa exacción reguladora ajustara el precio (en este caso del ajo, pero puede ser de cualquier otro producto) dimanante de un tercer país que no tenga las connotaciones económicas o sociales, como puede tener los modernos Estados de la Unión Europea, a la realidad y al precio del mercado en la Unión Europea, de forma que al ser la exacción reguladora variable, se impidiera la entrada de productos por debajo del precio que se estuviera cotizando en ese momento en el mercado europeo.
Por ello, nuestro Grupo entiende que en este momento, y al entrar en vigor el espacio económico europeo, es muy difícil aprobar una cláusula de salvaguardia. No obstante, nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con la filosofía del Grupo Parlamentario Popular y va a apoyar la iniciativa, sin perjuicio de que también nos parece oportuna la enmienda del Grupo Socialista, que en caso de ser aceptada también la apoyaríamos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, respecto al problema del sector de los ajos que expone la proposición no de ley del Partido Popular, nuestro Grupo Parlamentario cree que, efectivamente, hay un problema grave y que su solución definitiva y viable pasa por obtener su inclusión en la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. De alguna forma el Gobierno debería actuar para obtener de la Comisión la rápida aprobación de esta reforma de la OCM para evitar la reiteración de las importaciones masivas de ajos y otras causas que están perjudicando al sector. Esta rapidez en la aprobación de una OCM que acotara más los calendarios de las importaciones, adaptándolos a nuestras producciones, donde quedaran asegurados los precios mínimos rentables y aplicando cuando fuera necesario las cláusulas de preferencia comunitaria, nos parece que sería la solución idónea.
Por tanto, un mandato al Gobierno, adoptado por unanimidad de esta Comisión del Congreso de los Diputados, para la obtención de algo tan razonable y justificado en las instancias europeas como es la inclusión de todo el sector del ajo en la reforma de la OCM de frutas y verduras pienso que sería la mejor forma de defender este sector, dando, a la vez, un plus de fuerza a las autoridades de nuestro país, a nuestros negociadores comunitarios, para que obtuvieran lo que se precisa, con la máxima urgencia, esto sí, para la supervivencia de este sector de los ajos.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar a favor de esta proposición no de ley relativa a la salvaguarda del sector del ajo, como no podía ser de otra manera.
Izquierda Unida presentó una proposición similar en las Cortes de Castilla-La Mancha, que fue aprobada, lo que dio lugar a la constitución de la Mesa Nacional del Ajo, Mesa de seguimiento que nos ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios sus preocupaciones y sus reivindicaciones en este sector.
Nuestro Grupo en este tema, como en otros que hacen referencia a la protección que de alguna manera establecemos respecto a países de producciones similares a las nuestras, se mueve, he de reconocerlo, en un difícil equilibrio. Se mueve en el equilibrio de propugnar al mismo tiempo el desarrollo de los países en vías de desarrollo y mantener una protección para los agricultores de diversos sectores de nuestro país. Lo que nos movió en las Cortes de Castilla-La Mancha y en esta Cámara a votar a favor de esta proposición y la que nosotros planteamos en las Cortes de Castilla-La Mancha, es la siguiente. Se trata de una economía social que agrupa a muchas familias y de zonas de difíciles alternativas de desarrollo. Por eso pensamos que proposiciones como ésta ayudan a que sectores que se encuentran en dificultad en nuestro país no se vean más

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perjudicados y carguen con los costes de una política que debe ser mucho más global de potenciación de desarrollo de los países del tercer mundo.
Somos conscientes, señorías, de que esta proposición no de ley es muy limitada, es un parche; nos veríamos obligados, año tras año, a demandar medidas como las que se contemplan en la misma, hasta que no se consiga el punto de esta misma proposición no de ley que es que el ajo sea incluido en la organización común de mercado de frutas y hortalizas.
Pensamos que realmente ésta será la solución definitiva. Por eso, se debería instar al Gobierno a que esta organización común de mercado se realice a la mayor brevedad posible y que se incluya al ajo.
Creemos que también hay otras ayudas que son necesarias para el sector, como las relativas a su modernización, a medidas para el almacenamiento, de tal manera que los agricultores no se vean obligados a sacar en unas fechas determinadas su producción, sino que dispongan de un tiempo razonable para su comercialización.
En definitiva, votaremos a favor de la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero a los efectos de aceptar o no la enmienda del Grupo Socialista.


El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, me permitirá que, al hablar de la enmienda del Grupo Socialista, agradezca la postura de la señora Rivadulla, del Grupo de Izquierda Unida, que veo que hace apelación a una iniciativa en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, que es donde este tema nos duele de manera específica.
Coincido con S. S. en que esta proposición no de ley si no un parche, es algo más que un parche, pero poco más, porque efectivamente la solución definitiva pasa por la inclusión de este cultivo en la OCM reformada de frutas y hortalizas. Por cierto que, aunque no esté reformada --y me dirijo al portavoz del Grupo Socialista--, sin embargo permite que cada uno de los puntos que están incluidos en nuestra proposición no de ley estén dentro de la reglamentación comunitaria más estricta, incluidos algunos de los acuerdos conocidos de las últimas negociaciones del GATT.
En definitiva, apelando al principio de preferencia comunitaria, como algún otro grupo ha mencionado, entre otros el Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de determinado precepto, entraría de manera plena cada uno de los puntos que constituyen nuestra proposición no de ley, en donde estar de acuerdo con algunos y rechazar otros sin causa aparente nos obliga, señor Presiente, a no aceptar la enmienda que propone el Grupo Socialista, porque no se trata de aceptar algo sí y algo no, sino que hay una interrelación. Ya he dicho que no era la medida definitiva, pero si encima le quitamos alguna de las partes se va a quedar no ya en un parche, sino en un vulgar remiendo que no va a valer absolutamente para nada.
Me va a permitir también, señor Presidente, que, una vez visto que se ajusta totalmente a cualquier precepto o normativa del marco jurídico comunitario, rechace la imputación de que en esta proposición no de ley se hacen concesiones a la galería o brindis al sol. No los veo por ningún sitio, señor Presidente; al contrario, mi Grupo, el Grupo Popular, ha sido sensible a la demanda que la Mesa Nacional del Ajo hace en los medios públicos, en todas las instancias regionales, nacionales y comunitarias. Es aquí donde debemos decidir buena parte de lo que el Gobierno deba hacer, o, al menos, instar a que lo haga. No es hacer brindis al sol, ni es hacer concesiones a la galería hacerse eco y recoger literalmente las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas del sector.
Voy a fundamentar el rechazo de la enmienda que nos propone el Grupo Socialista. Al hablar, por ejemplo, de los certificados, ha habido una intervención esta mañana del representante del Grupo de Coalición Canaria en la que hablaba del cuidado exquisito que hay que tener al hablar y sobre todo al escribir, sobre problemas fitosanitarios. Cuando yo he hablado de certificados, y no lo incluimos en el texto de la proposición no de ley pero sí lo he dicho para que vaya en el espíritu, no solamente se trata de que haya una serie de complementos aduaneros y burocráticos y, además, un control estadístico, como decía el portavoz socialista, sino que estamos hablando del gravísimo problema fitosanitario, tanto para cultivos como, esperemos que no, para el consumo humano. En todo caso, de ese certificado debe derivarse también, porque así lo exige la normativa, la procedencia y el origen de aquello que se consume, y ahora mismo estamos consumiendo en España ajos chinos y nos creemos que son españoles. Y este Diputado y este Grupo tienen serias dudas de que cumplan la reglamentación fitosanitaria internacional al respecto.
Finalmente --y ya termino, señor Presidente--, es cierto que la cláusula de salvaguarda que el sector pidió el año pasado y que acababa el 31 de enero, dio sus resultados, pero, al no haberse continuado, han vuelto a aparecer los problemas. Efectivamente, señor portavoz del Grupo Socialista, han entrado pocas toneladas de ajos por las fronteras comunitarias en los cincuenta días hábiles que llevamos de año, pero es que habían entrado ya antes y están en las cámaras frigoríficas de España, concretamente de Las Pedroñeras, y ahora es cuando se van despachando, en la medida en que el mercado lo va demandando.
Por ello, pensamos que mutilar la ya de por sí escuálida proposición no de ley del Grupo Popular sería dejarla en nada, porque esto sería salvar, si se aprueba --y vuelvo a apelar al buen sentido de la Comisión para que se apruebe esta proposición no de ley en defensa del cultivo del ajo--, esta campaña. Pero, en definitiva y de cara al futuro, coincido con otros portavoces en que es uno de los puntos que ahí se dicen incluir este cultivo en la organización común de mercados de frutas y hortalizas reformada.


El señor PRESIDENTE: El señor Nieto tiene la palabra.


El señor NIETO GONZALEZ: Yo, la verdad, después de escuchar la intervención del portavoz del Grupo Popular, me reafirmo en todo lo que he dicho en mi primera

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intervención. Pero sí quisiera decir un par de cosas y hacer una sugerencia a la Presidencia, en cuanto a lo que podamos votar.
Decía que nos habíamos acercado a esta proposición no de ley con el mejor espíritu y con la idea de aprobar algo que sea bueno para el sector, que favorezca los intereses del sector y que no entre en contradicción con la normativa comunitaria, sin que aprobemos cosas que, de hecho, se vengan realizando por parte de las administraciones españolas; no aprobar algo superfluo o algo sin sentido.
Proponíamos una enmienda que nos parecía que iba a la parte sustancial de la proposición no de ley, cual es la petición al Gobierno español para que se incluya el ajo en la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Pero, puesto que por parte del Grupo Popular se plantean objeciones a nuestra enmienda, que impedirían su tramitación, damos un paso más para intentar conseguir en este trámite parlamentario algún acuerdo que sea positivo para el sector. En este sentido, propondríamos al Grupo Popular --puesto que, repito, no van a aceptar la tramitación de nuestra enmienda-- que se vote separadamente el punto 1 y punto 2 D, en un bloque, separado del resto. Si eso es posible, el Grupo Socialista votaría en consecuencia.


El señor PRESIDENTE: Al no aceptarse la enmienda, la inicial se puede votar por separado. Saben SS. SS. que si el Grupo Parlamentario afectado hubiese aceptado una enmienda, tendría que votarse en bloque, pero al no aceptarse la enmienda, cualquier grupo tiene la posibilidad de pedir votación separada.


El señor NIETO GONZALEZ: Como vemos que hay problemas por parte del Grupo Popular para aceptar una propuesta del Grupo Socialista y quieren que quede muy reflejado que la iniciativa es suya, a nosotros no nos duelen prendas en votar parte de su iniciativa y que la medalla se la ponga el Grupo Popular. No hay ningún problema.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: El trámite en el que estamos es simplemente para pedir votación separada. Por lo tanto, los juicios de valor del representante del Grupo Socialista sobran. Estos juicios de valor le recomiendo que los haga en las asambleas que se celebran periódicamente en Las Pedroñeras protestando contra la política ajera socialista. Le recomiendo una visita a esa localidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, sobran estas últimas palabras. La intervención del señor Nieto se encuadraba en el contexto. (El señor Madero Jarabo pide la palabra.) Señor Madero, ¿para qué quiere la palabra?

El señor MADERO JARABO: Para decir más o menos lo mismo que ha dicho el señor Ramírez, pero, si me permite, en un tono más rebajado, porque yo no vengo aquí a ponerme medallas, señor Presidente, ni mi Grupo las quiere, sino a solucionar un problema.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del primer punto de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos a continuación el segundo punto, menos el apartado d), que votaremos separadamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados a), b) y c) del punto 2 de la proposición no de ley.
Votamos a continuación y finalmente el apartado 2, d) de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR PRODUCTOR DE ALGODON EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000102.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir el último punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas a tomar en favor del sector productor de algodón en España.
Para defenderla, el señor Jordano tiene la palabra.


El señor JORDANO SALINAS: La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ya he comentado que esta Sala tiene dificultades acústicas. Ruego que colaboren en no aumentarlas.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular en relación con el cultivo del algodón es una consecuencia lógica de la advertencia que ya hizo este Grupo y este mismo Diputado en el año 1988, en concreto el 3 de noviembre, en la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, cuyo debate consta en el «Diario de Sesiones» número 360.


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Ya advertíamos en aquella ocasión que la legislación comunitaria aceptada por el Gobierno español para el cultivo de algodón era perjudicial para el sector y era perjudicial para toda España, puesto que se aceptaba una cantidad máxima garantizada global para toda Europa, en vez de distinguir claramente la producción de los dos países que fundamentalmente integran la producción de algodón en Europa, que son Grecia y España.
Nos encontramos ahora con que en todo el territorio de la Unión Europea se pueden cultivar 701.000 toneladas en esta presente campaña. Y, evidentemente, por el sistema utilizado, si se supera la cantidad máxima garantizada en hectáreas, se produce una serie de penalizaciones en las subvenciones a recibir por los agricultores.
Es difícil para el agricultor español entender cómo reduciendo paulatinamente la producción española, tanto en hectáreas como en producto final, se encuentra, no obstante, penalizado a la hora de percibir las subvenciones. Y es difícil entender también cómo es posible que se alcance este volumen de producción cuando, objetivamente, los sistemas de producción en Grecia, la superficie asignada y las técnicas que se utilizan, no son adecuados para obtener estas producciones, y es conocido del sector y reconocido en esta Cámara por la propia Administración que a esas producciones, aparentemente griegas, se llega en función de un contrabando organizado de productos de fuera de la Unión Europea, probablemente de Turquía, que entran como si fueran griegos en la Unión Europea.
Si hubiera dos cantidades máximas garantizadas diferentes, una para Grecia y otra para España, nos importaría muy poco que, por otras razones de relaciones geopolíticas que pueda haber dentro de los países de la OTAN, se permitiera o se hiciera la vista gorda sobre este sistema de contrabando, pero, evidentemente, al ser la cantidad máxima garantizada común para toda la Unión Europea no podemos admitir esta situación.
Por ello, planteamos la proposición no de ley en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de una forma inmediata, exija ante las instancias comunitarias la asignación a España de una cantidad máxima garantizada de algodón sin desmotar del orden de 325.000 toneladas anuales.
A esta proposición se presenta una enmienda por parte del Grupo Socialista que aparentemente puede venderse como que suaviza los términos de nuestra proposición y se adapta al lenguaje de la negociación comunitaria. Y en estos términos el Grupo Socialista propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que solicite de las instituciones comunitarias la distribución de la cantidad máxima garantizada entre los países productores con criterios que permitan a los agricultores españoles el cultivo de superficie similar a la registrada en los últimos años.
Esta forma de redactar y el contenido de la enmienda nos llevan a tener que rechazarla y ello por lo siguiente. De un lado, porque no queda claro si lo que se pretende es que haya una cantidad máxima garantizada exclusivamente para los agricultores españoles o no y, de otro lado, porque no se sabe a qué superficies similares se refiere.
En la campaña de 1988 se cultivaron en España 133.000 hectáreas por 20.000 cultivadores; en el año 1992, se cultivaron 76.026 hectáreas por 12.633 cultivadores y en la campaña de 1993 se han cultivado 31.769 hectáreas por 6.188 cultivadores.
Es cierto que en los dos últimos años se ha producido una incidencia de reducción de la superficie por la sequía y por la no disponibilidad suficiente de agua para riego, pero también es verdad que desactiva totalmente al agricultor el hecho de que al final va a haber una penalización, que no se sabe cuál va a ser al principio de la campaña y que, además, no la ha provocado él.
Por otra parte, el lenguaje que nos propone el Grupo Socialista de que el Gobierno solicite es el mismo lenguaje que ya utilizó en 1988 y en aquella ocasión el portavoz del Grupo Socialista decía: Cuando llegue el momento de las negociaciones se solicitará el incremento del umbral establecido. Y, además, añadía: No es que España tenga la intención de solicitar el incremento de la cantidad garantizada, sino que ya lo ha hecho en cuantas ocasiones ha sido oportuno.
Vista la diferencia que hay entre número de hectáreas y número de cultivadores desde el año 1988 al año 1993, es evidente que el lenguaje de solicitar o el tono de la solicitud no es el adecuado para relacionarse con las instancias comunitarias.
Precisamente la prensa del día de hoy recoge una serie de comunicados de organizaciones agrícolas francesas que plantean que si los agricultores españoles no reducen el volumen de sus exportaciones de frutas y hortalizas en esta presente campaña bloquearán las exportaciones --bloquear las exportaciones en el lenguaje comunitario franco-español supone atacar camiones, presionar a los distribuidores y hacer una campaña para que los consumidores franceses no utilicen productos españoles-- y ello lo van a hacer a partir del mes de abril, que es cuando realmente entran en producción los territorios agrícolas franceses.
Realmente tenemos que comprender y enterarnos de una vez que el lenguaje europeo es un lenguaje, al menos en la agricultura, duro y amenazante y que, por tanto, no tiene sentido pedir, sino exigir, como se hace en nuestra proposición.
No vale en esta materia del algodón hablar de la renta individual del agricultor o de la renta individual de los cultivadores, puesto que en el cultivo del algodón lo de menos es la renta que obtiene el cultivador; lo de más es el dinero que este cultivo mueve en el entorno comarcal. Una hectárea de algodón de regadío requiere una inversión a lo largo del año de aproximadamente unas 250.000 pesetas. Estas 250.000 pesetas de gasto en la producción se reparten por toda la comarca y potencian toda la comarca. Cualquier sistema que provoque una reducción de la superficie cultivada, aunque garantice la renta del agricultor, provoca un hundimiento económico en toda la comarca y se puede constatar claramente en comarcas con una vocación tradicional algodonera, como es todo el valle del Guadalquivir, toda la zona sur del valle del Guadalquivir, que se está produciendo un importante incremento de desempleo en el sector servicios y en el sector agroindustrial y un

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importante número de cierres y suspensiones de pago en empresas relacionadas con el servicio al agricultor.
Ante esta situación, no podemos adoptar una actitud comprensiva hacia normas comunitarias en un producto en el que la Comunidad es claramente deficitaria y, por tanto, tenemos que exigir a las instancias comunitarias que se fije una cantidad para todo el Estado español y que ello sea en nivel de exigencia.
Repito, el lenguaje agrícola europeo es un lenguaje duro y amenazante y en esos términos da resultado. Todo lo que sea solicitar, que es lo que lleva haciendo el Gobierno Socialista desde el año 1988 en materia de algodón, no ha dado más resultado que se reduzca la superficie sembrada de algodón en un 80 por ciento y que salgan realmente del campo miles de agricultores.
Por ello no podemos admitir la enmienda presentada por el Grupo Socialista y vamos a solicitar que se someta a votación la moción en los términos en que aparecía redactada originalmente.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Como ha anunciado el señor Jordano, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Para defenderla y expresar su opinión sobre el resto de la proposición no de ley, el señor Velasco tiene la palabra.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: Lamentamos que ya se nos diga que no se va a aceptar la enmienda. Creemos que es una enmienda que tiende fundamentalmente a resolver el problema que tiene en este momento el sector algodonero y de ahí que el Gobierno español ya haya solicitado formalmente de la Comunidad la distribución de la cuota de algodón entre los países productores, es decir, entre España y Grecia.
Esta petición --y nos sorprende-- se hizo en el Consejo de Ministros del 13 al 17 de diciembre y la proposición no de ley entra un mes más tarde en la Cámara. Nos sorprende porque pensamos que viene con retraso. Viene con retraso y, además, como saben SS. SS., se alcanzó un acuerdo para que la Comisión reflexionara sobre el funcionamiento del régimen actual, pudiendo llegar a una distribución de las cuotas de forma equitativa para los dos países.
Creemos que éstos son los términos correctos de exponer el problema. Por parte del Gobierno español se es consciente de que la producción griega --sobre todo la de los últimos años-- está incrementándose de una forma importante y, por lo tanto, está perjudicando los intereses de nuestro sector. De ahí que se presente, como digo, esta propuesta dentro del Consejo de Ministros También hay que tener en cuenta que España, tras su adhesión a la Comunidad Económica aumenta de una manera sensible su producción en los primeros años y, por tanto, hay que analizar rigurosamente cuál ha sido la evolución de las producciones tanto en España como en Grecia.
A nosotros nos parece que la enmienda que presentamos es una enmienda correcta en cuanto que el primer paso ya se ha dado. Es voluntad del Gobierno español que se separe la cuota que tenga asignada España y la que tenga asignada Grecia. Por tanto, en ese término, como el paso ya está dado, entendemos innecesaria esta proposición no de ley.
En cuanto a la cuota que quedaría por determinar, en el momento en que se abra el camino yo creo que no sería bueno aportar algunos datos que incluso podían ser desfavorables para los propios intereses algodoneros españoles, teniendo en cuenta que no ha habido --como se dice en la exposición de motivos de la proposición no de ley del Partido Popular-- disminución de toneladas, sino que simplemente ha habido un ajuste en cuanto a las calidades del algodón. Se ha modificado la humedad, se ha modificado los criterios de impurezas y eso da como resultado, después de unos cálculos, que las 2.000 toneladas que teníamos cuando nos incorporamos en el conjunto de la Comunidad se quedaran en 701.000. Es decir, se ha mantenido la misma.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien faltaba una pequeña cantidad de producción por parte de Grecia cuando nos incorporamos, tras nuestra incorporación se fija una cantidad adicional de 185.000 toneladas.
Ahora bien, es cierto que nosotros podríamos producir más. Podríamos producir más --efectivamente si pusiéramos más superficie en cultivo.
Para eso hay que tener presente cuál es la política común y cuál es la situación en este momento de la PAC, que condiciona de una manera fundamental los resultados de la propia negociación.
En primer lugar, hay que considerar las disponibilidades financieras y las nuevas orientaciones de la reforma de la OCM y, en segundo lugar, la repercusión de los acuerdos alcanzados recientemente con la finalización de la Ronda Uruguay y que conducen a una limitación de los apoyos internos a las producciones comunitarias, así como a la limitación de éstas.
Nosotros entendemos que se puede defender perfectamente el sector si se separa el cupo de España y de Grecia.
En cuanto a la cantidad, yo diría que, haciendo el balance histórico, haciendo el estudio de cuál ha sido la evolución, lógicamente hay que despreciar la última campaña, puesto que ha habido unos problemas de riego y, por tanto, no reflejan en absoluto cuál es la situación del sector. Yo creo que a eso era a lo que se refería el portavoz del Grupo Popular cuando decía que, efectivamente, este año está generando un problema importante en todo el área de influencia. Esperemos que este tema se regularice y vayamos a las producciones normales.
Si vemos todas estas estadísticas, salvo en la campaña 1988-1989, en la cual estábamos en producciones alrededor de las 380.000 toneladas, la fluctuación va de 284.000 en el año 1986, a aproximadamente 279.000 en el año 1991-1992. Pero también sabemos que cuando se han separado cuotas de mercado o de cantidades máximas garantizadas, se tienen en cuenta las producciones de los países afectados, y en la relación Grecia y España hemos estado habitualmente en la tercera parte. De ahí que la única salida posible que tendríamos sería el incremento de esa producción máxima garantizada, que vemos que puede resultar bastante complicado en este momento a tenor de cuáles son las directrices de la propia Comunidad.


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Por ello, nosotros entendemos que la proposición no de ley es innecesaria en cuanto al aspecto de la petición, puesto que ya está tomado el acuerdo. Y en cuanto al tema de la cantidad, creemos que es arriesgar demasiado el poner una cantidad fija, puesto que entendemos que el Gobierno español va a defender al máximo los intereses del sector algodonero y, por tanto, a la vista de todos los parámetros de conjunto, intentará, por todos los medios, obtener el mayor cupo posible que nos corresponda, y que estoy convencido de que va a ser satisfactorio para el sector.
Por último, no quisiera pasar por alto la acusación que se hace en cuanto a las producciones griegas. Efectivamente, estas denuncias han llegado a la propia Comisión y, como saben SS. SS., ha habido durante dos años una retención de las subvenciones a este sector. Pero, por el contrario, las inspecciones realizadas por la Comisión en Grecia no han podido demostrar que exista un fraude, y nosotros, en principio, no somos quiénes para aceptarlo y no aceptarlo. Será la propia Comisión la que tendrá que velar porque la producción declarada sea la que realmente se está obteniendo.
Termino diciendo que creo que se complementarían perfectamente las gestiones que ya ha realizado el Gobierno español con la enmienda que el Grupo Socialista presenta ante esta Comisión, y que en absoluto ayudaría a la buena marcha de las negociaciones fijar una cantidad, porque, como digo, si nos ponemos en un plan optimista se han quedado cortos, podíamos ir más alto, ya que nuestras posibilidades podían ser superiores a las que la propia enmienda contempla. Pero las superficies y las producciones obtenidas en los últimos tiempos nos dicen que, salvo un año, nunca hemos llegado tampoco a esas producciones.
Por tanto, creemos que no es bueno cerrar en una cifra concreta la petición, y que se debe seguir negociando a través del Gobierno español, que al final obtendrá, conjunta y combinadamente por la información amplia que tiene, el cupo preciso para cubrir las necesidades de este sector y de todo el conjunto de industria que está trabajando y que depende también de este sector algodonero.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) La señora Urán, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.


La señora URAN GONZALEZ: Nuestro Grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Popular porque consideramos que la situación del sector requiere que por parte de esta Cámara respaldemos, con esta exigencia, la postura del Gobierno en Bruselas.
Nosotros estamos de acuerdo con que hay que solicitar para España una cuota separada de la general para la Unión Económica, y además estamos también de acuerdo en que hay que fijar una cantidad. Las expectativas del sector algodonero, con todas las informaciones que a nosotros nos han llegado, están en torno a la cantidad que por parte del Partido Popular se propone, y, por tanto, creemos que es conveniente orientar hacia esas cifras la negociación que tiene que hacer el Gobierno.
No dudamos de que el Gobierno estará interesado en conseguir lo mejor para el sector algodonero. De todas formas, consideramos que, respaldado por esta Cámara, todavía tendrá muchísimos más argumentos para defender en la Unión Económica.


El señor PRESIDENTE: El señor Jornado, brevemente, tiene la palabra.


El señor JORDANO SALINAS: Simplemente para hacer una serie de precisiones. La primera es que nosotros no hablamos en la proposición de una cifra concreta y cerrada, sino que se establece una cantidad del orden de 325.000 toneladas, con lo cual se da margen al negociador español para moverse tratando de acercarse a ese límite.
En segundo lugar, respecto al fraude griego, nos ratificamos totalmente en que no hay producción en Grecia para cubrir la cantidad por la que está cobrando subvenciones de la Unión Europea, y además no es que no exista nada, existe un expediente tramitándose tanto por parte de Bruselas como por las autoridades griegas, y ha habido ya una exigencia, dentro del territorio griego, de responsabilidades por el mayor fraude que se ha registrado hasta ahora en la historia de la Comunidad Económica Europea en la percepción de subvenciones.
Por tanto, nos ratificamos en algo que, además, basta con verlo, y otro día podíamos hablar de los olivos en Italia, porque también ahí basta con ver dónde están los olivos para darse cuenta de que no hay producción suficiente como para la cifra que se declara. Y algo parecido pasa en Grecia, basta ver los campos griegos de algodón y las zonas de cultivo para darse cuenta de que no se puede sacar, en modo alguno, de esa tierra y de esas plantas la producción que sostiene.
En cuanto al aumento de producción, evidentemente se produjo en su momento, pero se olvida que en la zona de máxima producción, que es Andalucía, hubo dos planes quinquenales de desarrollo de la misma en un momento en que se estaba aplicando la Ley de Reforma Agraria, que exigía tanto nivel de producción como número de jornales por hectárea, y el algodón se prestaba a cubrirlo. Y ese aumento de producción se hizo también con un esfuerzo por parte de los agricultores, tanto en cuanto a la mejora de regadío, como en cuanto a la mecanización del campo, esfuerzos que han resultado baldíos salvo para la obligación que tienen ahora de pagar los préstamos que se concertaron para estas finalidades.
Por ello, entendemos que lo que el sector necesita es lo que se recoge en los términos de la proposición no de ley del Grupo Popular. Y quiero agradecer, finalmente, a la representante del Grupo de Izquierda Unida el apoyo a la misma.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la

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proposición no de ley en los términos exactos en que la formula el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
Antes de levantar la sesión, recuerdo a SS. SS. que el próximo miércoles, día 9, tenemos reunión de la Comisión de Agricultura.
Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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