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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 114, de 22/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 114 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ Sesión núm. 11 celebrada el martes, 22 de febrero de 1994

ORDEN DEL DIA: --Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios (Fernández Felgueroso), para explicar las actuaciones realizadas y previstas en relación con la cárcel que han decidido construir en Zuera (Zaragoza). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 212/000366) (Página 3634) --Pregunta del señor Martínez Blasco (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre construcción de un centro penitenciario de grandes dimensiones en la localidad de Zuera (Zaragoza). (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94.
Número de expediente 181/000398) (Página 3634) --Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios (Fernández Felgueroso), para informar de las medidas inmediatas que piensa adoptar para corregir las actuales graves carencias de la política penitenciaria española. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000459) (Página 3645) --Comparecencia del señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), para explicar la existencia de sistemas permanentes de grabación en los locutorios de los establecimientos penitenciarios españoles. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000139.) (En virtud de acuerdo de la Mesa de la Comisión, esta comparecencia será cumplimentada por la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios) (Página 3658)

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Preguntas: --Del señor Ollero Tassara (Grupo Parlamentario Popular), sobre actitud del Gobierno ante la realización de trabajos por internos de la prisión provincial de Granada en el domicilio de uno de sus subdirectores, así como circunstancias en que se llevaron a cabo. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000338) (Página 3664) --Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que se ha planteado el Gobierno el posible traslado del Subdirector de Tratamiento de la prisión provincial de Granada a otro centro penitenciario. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000339) (Página 3667) --Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre derechos del Cabildo Insular de Tenerife, en el caso de ser desafectada para uso penitenciario, sobre la antigua prisión Tenerife I, sita en la Avenida Pérez Armas, de Santa Cruz de Tenerife. (BOCG, serie D, número 46, de 28-1-94. Número de expediente 181/000341) (Página 3668)

Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (FERNANDEZ FELGUEROSO) PARA EXPLICAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y PREVISTAS EN RELACION CON LA CARCEL QUE HAN DECIDIDO CONSTRUIR EN ZUERA (ZARAGOZA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 212/000366.)

--CONTESTACION A LA PREGUNTA SOBRE CONSTRUCCION DE UN CENTRO PENITENCIARIO DE GRANDES DIMENSIONES EN LA LOCALIDAD DE ZUERA (ZARAGOZA).
FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000398.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Según el orden del día, comparece la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, doña Paz Fernández Felgueroso, a quien damos la bienvenida a la Comisión, para, en la primera de las comparecencias, explicar las actuaciones realizadas y previstas en relación con la cárcel que han decidido construir en Zuera (Zaragoza). El grupo parlamentario autor de la comparecencia es el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, señorías, intervengo para explicar las actuaciones realizadas y previstas por la Secretaría de Estado sobre la implantación de un centro penitenciario en Zuera (Zaragoza). Voy a relatarlas por orden cronológico.
Como SS. SS. conocen, el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobado por el Gobierno de la nación en julio de 1991 previó la construcción de un centro penitenciario para el área territorial de Huesca-Zaragoza, con una capacidad de unas 950.000 plazas, así como el cierre de los establecimientos que actualmente funcionan en las citadas capitales. Para llevar a cabo la finalidad perseguida en el mencionado plan se inició la búsqueda de posibles emplazamientos que reunieran los requisitos de superficie, topografía, accesos, etcétera, exigidos en el mismo, de forma que en diciembre de 1991 fueron estudiados por una comisión creada «ad hoc», integrada por diversos funcionarios de la Secretaría General de Asuntos Penitenciaios y en estrecha comunicación tanto con las autoridades locales como con las autoridades autonómicas.
La mencionada comisión de emplazamiento elevó una propuesta a la entonces Secretaría General de Asuntos Penitenciarios el 15 de enero de 1992, seleccionando, de entre los posibles asentamientos, seis, inicialmente estudiados. Uno, próximo a la localidad de El Temple, entre la N-330 y la carretera local de Teruel de El Temple a Puilatos, si bien se consideró que una alternativa que mejoraría el emplazamiento consistiría en situarlo en la parte derecha de la carretera nacional. No les cuento con detalle estas actuaciones por considerarlo innecesario; simplemente les diré que el 5 de febrero de 1992 se mantuvo una reunión con la Delegación del Gobierno a la que asistieron los distintos alcaldes de la zona del Bajo Gállego, en la que se expusieron las características del centro prototipo que se pensaba ubicar en esa área territorial y se deliberó sobre el lugar concreto de su implantación.
El pleno del Ayuntamiento de Zuera, en su sesión extraordinaria de carácter urgente, el 11 de febrero de 1992, adoptó, por mayoría absoluta, el acuerdo que, a continuación, se transcribe: Atendido que, tras conocer

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la decisión firme del emplazamiento elegido por la Administraión del Estado en relación con el Centro Penitenciario del Bajo Gállego, la junta de Ontinar del Salz, mediante acuerdo plenario de fecha 8 de febrero actual, acordó solicitar del Ayuntamiento de Zuera que proponga a Instituciones Penitenciarias un emplazamiento alternativo que aleje dicho centro de la población de Ontinar del Salz, al objeto de mitigar los perjuicios derivados de su proximidad a este núcleo de población.
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento acuerda proponer a Instituciones Penitenciarias el siguiente emplazamiento alternativo para el Centro Penitenciario del Bajo Gállego, Paraje Monte Puilatos, situado en la finca denominada registralmente Monte Puilatos, Sardas y Medianos, titularidad que pertenece al Ayuntamiento de la Villa de Zuera, por compra a la Iglesia de Monte Aragón.
Este acuerdo se remitió a través del Delegado del Gobierno en Aragón para el conocimiento de la entonces Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, hoy de Instituciones Penitenciarias.
Más tarde, la Comisión de emplazamiento, en una segunda reunión, estudió una nueva alternativa que se consideró más idónea que el asentamiento inicialmente seleccionado por cuanto estaba situada en zona más elevada y, a su vez, separada de núcleos urbanos. El nuevo asentamiento se ubica en suelo no urbanizable igualmente en el municipio de Zuera, en el límite con la provincia de Huesca.
Se eleva esta nueva propuesta a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios con fecha 27 de febrero de 1992, mediante la cual, por otra parte, quedaba atendida la petición formulada por el propio Ayuntamiento de Zuera y la Junta vecinal de Ontinar del Salz.
Determinado ya definitivamente el emplazamiento, se procedió a la depuración jurídica de los terrenos, obteniéndose las correspondientes certificaciones catastral y registral. De ellas resultó la titularidad del Ayuntamiento de Zuera y como bienes patrimoniales o de propios, constando así en el Registro de la Propiedad de Zaragoza.
A lo largo de este proceso se han estudiado posibles fórmulas de adquisición de los terrenos del municipio, si bien, dada la titularidad jurídica y la legislación de régimen local, se ha optado, como fórmula más idónea, por acudir a la expropiación. El procedimiento expropiatorio ha sido iniciado mediante resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, con fecha 27 de septiembre de 1993, que ordenaba la remisión a la Delegación del Gobierno en Aragón de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación para que se realizare la pertinente información pública. Con ello se daba cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Cumplidos que han sido todos los requisitos legales de publicación en diversos medios públicos y privados, el plazo para alegaciones finalizó el pasado 3 de diciembre y he de decir que hasta la fecha se encuentran alegaciones sin haber sido resueltas.
Seguido que sea el procedimiento expropiatorio por sus trámites, una vez tomada la posesión de los terrenos, se realizan los pertinentes estudios geotécnicos. Facilito a SS. SS. otra fecha importante en el proceso, que es la decisión del Consejo de Ministros en su reunión de 29 de diciembre de 1993, que reconoció la utilidad pública de las obras necesarias para la construcción del mencionado centro penitenciario y declaró de urgencia la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras.
Por resolución de 12 de enero de 1994, publicada en el boletín del martes 18 de enero, la Delegación del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, convocó a los propietarios, arrendatarios y titulares de derechos afectados por la expropiación al levantamiento de los actos previos a la ocupación para el día 31 de enero de 1994 en el Paraje Monte Puilatos, del término municipal de Zuera.
Se prevé que a finales de febrero, dentro de unos días, estén constituidos los depósitos y consignadas las indemnizaciones por rápida ocupación; cumplimentado este trámite se podrá tomar posesión de la finca e iniciarse los estudios geotécnicos previos a la construcción. En los pasos posteriores que aún quedan pendientes, está éste de poder hacer los estudios geotécnicos. Después, por el proyecto de implantación, conocen SS. SS. que el centro-tipo es un centro que vamos ubicando en los distintos asentamientos que se eligen y que, por tanto, no se hace un nuevo proyecto por cada centro que construimos, sino que se hace un proyecto de implantación del centro-tipo en el lugar estudiado y adquirido por la vía jurídica que sea.
Sólo una vez hechos estos estudios geotécnicos, procede ya a hacer el proyecto de implantación y tramitarlo administrativamente a través de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, si la comunidad autónoma correspondiente no tiene a bien o no considera procedente la modificación del planeamiento, la licencia se otorgaría con apoyatura en el artículo 244.2 de la Ley del Suelo, es decir, por el Consejo de Ministros.
Hasta aquí, señorías, es el relato de asociaciones administrativas que se han hecho en relación con el centro penitenciario y, además de estas actuaciones puramente administrativas, evidentemente, a lo largo de este proceso que se ha dilatado en el tiempo, se han mantenido numerosas conversaciones, numerosas reuniones con el Ayuntamiento de Zuera, con organizaciones de ciudadanos, con la Delegación del Gobierno y con las autoridades de la comunidad autónoma.
Pese a estas explicaciones, saben SS. SS. que hay una parte de la ciudadanía de Zuera absolutamente a favor de la implantación del centro penitenciario y también otra parte importante y resoluciones del Parlamento autonómico que se oponen a él.
En todo caso, considerando que ha de prevalecer el interés general sobre otros intereses, en cumplimiento del plan aprobado por el Gobierno de la nación, como tendremos ocasión seguramente en esta misma sesión de comentar, y la necesidad de creación urgente de centros

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penitenciarios que permitan una relación adecuada entre centros y necesidades de plazas, se ha seguido, precisamente en la defensa de ese interés público, la construcción en Zuera (Zaragoza) del centro que estaba previsto y planificado en el plan al que antes hice referencia, aprobado por el Gobierno de la nación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.
A esta comparecencia se acumula la pregunta número 7 del orden del día, cuyo autor es don José Luis Martínez Blasco.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) El señor Mur, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Quiero agradecer a la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios su comparecencia hoy en esta Comisión y sus explicaciones. He de aclarar que, en nombre del Partido Aragonés y a través de este Diputado integrado en el Grupo Mixto, solicité la comparecencia del entonces señor Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios con fecha 19 de noviembre; han pasado ya más de tres meses desde aquella fecha y muchas cosas han cambiado. Ha cambiado hasta el propio señor Secretario de Estado, que ahora es señora Secretaria de Estado.
No solamente ha cambiado eso, sino que desde entonces en este proyecto de la macrocárcel que se pretende instalar en Zuera también ha habido acontecimientos importantes, que la señora Secretaria de Estado, con habilidad dialéctica, ha pasado por alto; nos ha ilustrado con una buena descripción topográfica de los terrenos y del proyecto, pero pocas cosas ha dicho del trasfondo político que hay detrás de este asunto. Espero que en su segunda intervención entremos de verdad en lo que nos interesa, porque los estudios geológicos del terreno y si colinda con la iglesia de no sé qué o con la vía del ferrocarril me parece que a las señorías de esta Comisión les importa poco.
Quizá tendrían mucho más interés en conocer que, desde 1991, cuando se hace pública la noticia de que el Gobierno de la nación quiere instalar una macrocárcel en terrenos próximos a la villa de Zuera, en la provincia de Zaragoza, se levanta una gran contestación, contestación como hacía mucho tiempo que no se había visto en la provincia de Zaragoza. A tal efecto, el día 14 de enero de 1992 ya se crea una coordinadora comarcal del Bajo Gállego para canalizar y garantizar las acciones de protesta contra la construcción de la macrocárcel. El día 18 de enero hay una concentración ciudadana en Zuera frente al ayuntamiento para recoger firmas. El uno de febrero hay una manifestación de más de diez mil personas en Zaragoza. Recuerdo que la villa de Zuera no debe tener más allá de cinco mil habitantes y logran convocar en Zaragoza más de diez mil personas para protestar contra esa decisión. El 12 de abril más de 400 vecinos se manifiestan frente al Ayuntamiento de Zuera. El 29 de mayo, representantes de la coordinadora se reúnen con el entonces Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, Emilio Eiroa, para hacerle patente su oposición a este proyecto. Dicho Presidente en aquel momento tiene que limitarse a dar traslado de esta inquietud al Gobierno de la nación, puesto que hasta entonces no conoce oficialmente los proyectos que tiene para este asunto. El Justicia de Aragón, entonces don Emilo Gastón, también ha hecho público un informe en el que considera inadecuada la fórmula de la macrocárcel en Zuera y considera más aceptable la construcción de dos cárceles, dos prisiones de menor tamaño, una en Zaragoza y otra en Huesca.
Como ven SS. SS., éste es un asunto que ha levantado mucha expectación, mucha contestación y mucha preocupación en la zona afectada. Nada más hay que recordar las declaraciones del Alcalde de Zuera, el socialista señor Puyuelo, que, en noviembre de 1991, cuando se hace pública la noticia, dice algo así como las siguientes frases recogidas por un medio de comunicación: La instalación de una macrocárcel hipotecaría el desarrollo de Zuera como zona industrial y de servicios. Zuera tiene enmarcado su proyecto de futuro con instalaciones de industrias que tal vez no vendrían si aquí hubiera una macrocárcel. El proyecto de la macrocárcel no está dentro de los planes de expansión que queremos para nuestro municipio. Bien es verdad que en noviembre de 1992 el mismo alcalde, por lo visto ya suficientemente informado de los planes del Ministerio, cambia de parecer y dice: En ocasiones hay que tomar decisiones políticas que pueden no gustar a la mayoría, aunque sean las mejores posibles para la localidad. Y dice también: No es un centro de contaminación --refiriéndose a la macrocárcel-- ni de pestilencia. Como ven, hay cambios de actitudes en este caso del alcalde que, poco a poco, se va quedando solo, ya que la coordinadora acaba de aglutinar a la mayor parte de la población de Zuera y de la comarca.
Esta coordinadora, que ha tenido un papel muy activo en la reivindicación y en la oposición a esta construcción, ha llegado, incluso, a hacer encierros, a hacer una consulta popular, llamada referéndum o consulta de opinión que tuvo lugar hace muy pocos meses, con un resultado abrumador en contra de la instalación de esta macrocárcel.
Pero todo ello, señorías, es porque nadie ha explicado --y tampoco se lo he oído a la señora Secretaria de Estado-- cómo y por qué se toma esta decisión, por qué se decide hacer una macrocárcel en ese sitio y a quién sirve esa macrocárcel. Y, curiosamente, aunque el plan dice que es para eliminar dos establecimientos penitenciarios, uno en Huesca y otro en Zaragoza, ésa ha debido ser una decisión tardía y, a nuestro juicio, equivocada, del Gobierno, porque no hacía muchos meses, antes de tomar esta decisión, que el Ayuntamiento de Huesca, en un convenio firmado con el Ministerio de Justicia, llegó al compromiso de adquirir una finca en las cercanías de Huesca, invirtiendo por parte del Ayuntamiento una cantidad importante de dinero, para ofrecerla a Instalaciones Penitenciarias y que se hiciera la cárcel de Huesca, en sustitución de la que actualmente está funcionando y que, al parecer, no reúne los requisitos. Pues bien,

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cuando se toma la decisión de construir esta macrocárcel en Zuera no se le advierte al Ayuntamiento de Huesca, no se le dice qué va a ocurrir con el terreno que ha comprado y que ha puesto a disposición de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Por tanto, se le ha obligado a hacer un gasto que ahora, a la vista de esto, no va a servir para nada. Y no sabemos si el Ayuntamiento de Huesca va a tener algún tipo de compensación por aquel gasto que se le hizo hacer, en aquel momento, de conformidad con el Ministerio.
También aquí habría que poner de manifiesto algo muy importante: las actitudes del Gobierno de Aragón. Y las dividiría en dos períodos: uno, las actitudes del Gobierno de Aragón antes del 15 de septiembre de 1993 y, otro, después del 15 de septiembre de 1993.
Antes del 15 de septiembre de 1993, y SS. SS. saben que hago referencia a esta fecha porque es la fecha en la que el Gobierno de Aragón cambia --en virtud de una moción de censura ganada por el candidato socialista, señor Marco, con el apoyo del voto de un tránsfuga del Partido Popular-- hasta entonces, como digo, el Gobierno de Aragón no sólo no ha sido oficialmente informado, sino que había sido ignorado en sus peticiones. Y el Gobierno de Aragón, lógicamente, que vio burladas sus competencias exclusivas en ordenación del territorio, pretendía, de alguna manera, que se le explicara cómo se puede ordenar el territorio de la Comunidad Autónoma, competencia del Gobierno de Aragón, si, desde las instancias del Gobierno central, se le impone una instalación como esta macrocárcel, que, por las dimensiones, el volumen de inversión y las afecciones que va a crear, puede desbaratar cualquier idea de ordenación territorial. Pero es que el tema también va a las Cortes de Aragón, al Parlamento regional, cuyos acuerdos han sido sistemáticamente deseoídos por las autoridades del Ministerio y, en concreto, de la Secretaría de Estado, y la recuerdo que el día 13 de febrero de 1992, es decir, con cierta rapidez desde que se conoce el asunto, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó una proposición no de ley que decía: las Cortes de Aragón se manifiestan en contra de la instalación de macrocárceles en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, por entender que no responden a una adecuada política de reinserción social. Las Cortes de Aragón expresan su más enérgico rechazo a la ubicación de cualquier tipo de instalación penitenciaria en la comarca del Bajo Gállego; instan a la Diputación General para que solicite del Ministerio de Justicia la realización; a la mayor brevedad posible, de los estudios para la modernización y, en su caso, nuevas ubicaciones de centros penitenciarios en la comunidad autónoma y expresan su más enérgica protesta ante la decisión tomada por el Ministerio de Justicia de instalar una macrocárcel en el término municipal, entonces de Gurrea de Gállego, en la misma comarca y, posteriormente, en Zuera.
De esto supongo que el Ministerio tiene constancia porque así se le hizo saber desde las Cortes de Aragón, pero no ha surtido ningún efecto y la señora Secretaria de Estado no ha hecho ni siquiera mención a por qué no se ha hecho caso a esto, si se ha contestado, si se ha argumentado, si se han dado alegaciones en contra. Y eso ha llevado a que hace muy pocos días, en noviembre de 1993, en las Cortes de Aragón, haya habido otra iniciativa parlamentaria, que ha sido aprobada por la mayoría de los votos de ese Parlamento, concretamente los del Partido Popular, del Partido Aragonés y de Izquierda Unida, en contra de esta instalación. Es decir, por segunda vez se reitera y por lo que veo, por segunda vez desde las instancias del Gobierno central se desconocen o se hace caso omiso de estos acuerdos parlamentarios de un Parlamento que lo que intenta es velar por la defensa de los intereses de su territorio y recoger la opinión mayoritaria de las fuerzas políticas representativas de Aragón.
Me gustaría que puediera informarnos sobre cuál ha sido la actitud del Gobierno de Aragón después del día 15 de septiembre porque el ahora Presidente, señor Marco, después de muchas dudas, tuvo que recibir a los miembros de la coordinadora y, según decía la prensa de aquellos días, el no a la macrocárcel llegará a Madrid, palabras del actual Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. No sé si ha llegado a Madrid ese no y, si ha llegado, si ha sido oído, si ha sido escuchado o si ha sido ignorado, como había sido hasta entonces. Pero, en el fondo, también hay muchas dudas, señora Secretaria de Estado. ¿Qué tipo de cárcel se quiere hacer allí? ¿Cumple esta cárcel la Ley General Penitenciaria? Hay serias dudas por parte de colectivos importantes y representativos sobre esta cuesión.
Deseo simplemente recoger aquí unas declaraciones de un informe de Jueces para la Democracia, que dice que la Ley General Penitenciaria prescribe que los establecimientos penitenciarios no deberán acoger a más de 350 internos por unidad y, por tanto, califica a esta macrocárcel de dudosa legalidad. Esto lo dice Jueces para la Democracia; no lo dice la coordinadora del Bajo Gállego. También nos ha dicho usted que todo este trámite, que parece que se lleva a uña de caballo en cuanto a la expropiación, a levantar las actas de ocupación, etcétera, se ha hecho sin contestar las alegaciones que, por centenares, se han presentado en la exposición pública de este proyecto.
¿Qué va a pasar entonces con estas alegaciones? Porque supongo que el trámite jurídico y el trámite procedimental no están cerrados. El Ministerio podrá contestar con el silencio administrativo o contestar expresamente, pero la vía jurisdiccional quedará abierta para los alegantes. Si los tribunales después dieran la razón, lo que no parecería tan raro, a aquellos que alegan en contra de esta instalación ¿qué ocurriría? ¿Estaríamos ante una política de hechos consumados? ¿Estaría ya construida la macrocárcel y habría que apelar entonces al daño social que podría causar esta cuestión? Yo le pediría un poquito más de prudencia y esperar a que en este asunto no solamente se escuchen los legítimos pareceres de los representantes políticos de Aragón, sino incluso que demos por finalizado el procedimiento jurídico legal, que en este momento está todavía abierto, antes de acometer una obra de esta envergadura.
En definitiva y para terminar, señor Presidente, nadie

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nos ha explicado por qué hay que hacer esta macrocárcel, por qué hay que hacerla allí, por qué hay que hacerla en contra de la opinión de los vecinos, por qué hay que hacerla en contra del Parlamento de Aragón y por qué hay que hacerla en contra de la voluntad, manifestada en el Parlamento Aragonés, de la mayoría de las fuerzas políticas que representan al pueblo aragonés.
Si todas estas aclaraciones las pudiera hacer la señora Secretaria de Estado, sabríamos un poquito más. Y, desde luego, algo más habrá que hacer. Una de las cosas que le sugiero es dialogar un poco más porque, hasta ahora, no ha habido absolutamente nada de diálogo. Hasta el 15 de septiembre de 1993 --tengo los datos--, el Gobierno de Aragón había sido sistemáticamente ignorado y los representantes de la coordinadora y otros representantes de los vecinos de Zuera no han sido, no digo atendidos, ni siquiera escuchados por el Departamento que ahora dirige la señora Secretaria de Estado. Ya sabemos que el Gobierno central puede tener la legislación a su favor, puede decretar urgencia, puede decretar utilidad social y puede, efectivamente, mandar a la Guardia Civil para que vigile la construcción de las obras durante todo el período que duren, pero no es un buen procedimiento tener que hacer una obra de esta envergadura, que debería satisfacer las necesidades y el deseo de los ciudadanos, en contra de la voluntad manifiesta y reiterada de aquellos que van a tener que convivir permanentemente, en el futuro, con esta instalación que hoy, por lo que se advierte, no es ni deseada ni querida.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Efectivamente, yo había presentado una pregunta oral, que ha sido incluida en el orden del día, que comenzaba diciendo: ¿Mantiene el Gobierno la intención...? Porque no es ésta la primera vez, señor Presidente, señora Secretaria de Estado, que se habla de la cárcel de Zuera en esta Comisión; en la legislatura pasada ya se habló de esta cárcel.
A nosotros nos parecía que, después del cambio de Gobierno, considerando las características, incluso personales, el origen del señor Ministro, podría haber un cambio en la filosofía respecto a esta cuestión. Me ha gustado que la señora Secretaria de Estado haya intentado enfocar el problema desde el punto de vista del interés general. Usted sabe que, hasta ahora, no primaba el interés general en la construcción de las macrocárceles; fue expresamente dicho en esta Comisión que el interés que primaba era el económico. Puesto que los recursos del Ministerio de Justicia están disminuyendo no sólo para completar la Ley de Planta y Demarcación Judicial, sino también para las instalaciones penitenciarias, al Ministerio, en 1991, se le ocurrió la brillante idea de vender las cárceles viejas y con su importe hacer unas cárceles nuevas, y cuanto más grandes, más baratas; es evidente. Creo que este ámbito del interés general permite ahora entrar en el contenido de si eso corresponde al interés general, tanto desde el punto de vista penitenciario como desde el autonómico y me va a permitir la señora Secretaria de Estado que me refiera a esas dos cuestiones.
La primera cuestión es si el interés general penitenciario en estos momentos es hacer macrocárceles. Efectivamente, hubo un tiempo en nuestro país en el que a los locos se les trataba en grandes instalaciones psiquiátricas; después, la ciencia llegó a la conclusión de que pequeñas instalaciones, pisos, incluso régimen abierto en las propias poblaciones, era mucho más adecuado. También hubo tiempos en que en nuestro país se hicieron grandes hospitales, cuanto más grandes mejor, porque parecía que era más barato; ahora, la tendencia es otra. « ¿No cree la señora Secretaria de Estado que es volver hacia atrás respecto al hito que supuso en nuestro país y en nuestro entorno la Ley General Penitenciaria de 1979, que yo creo que es una extraordinaria Ley? Evidentemente, necesita completarse --y así se dijo en aquel momento-- con una reforma del Código Penal, para evitar que vaya a la cárcel todo el mundo y que sólo vayan los que sea necesario que vayan y de la forma que sea necesaria; unos, con internamiento, otros con un régimen más o menos abierto, buscando siempre el objetivo fundamental de la reinserción y de la integración en la sociedad.
Ahora que teníamos la Ley General Penitenciaria, que diseñaba ese modelo de integración de los reclusos en la sociedad, no apartándoles, como en los antiguos penales, porque son irrecuperables, sino buscando la integración, viene este modelo de 1991 que propone grandes cárceles, alejadas de los núcleos urbanos --la señora Secretaria de Estado ha empezado diciendo que el emplazamiento ha sido buscado para alejarse de los núcleos urbanos--, donde estén presos de diferente condición, porque van a estar los preventivos, los de cumplimientos de penas, los jóvenes.
Todas son categorías sobre las que la propia Ley Penitenciaria establecía que debían hacerse instalaciones propias y adecuadas.
En la línea de la modificación del Código Penal que todos esperamos ¿qué ocurrirá cuando se hagan arrestos de fin de semana? ¿También habrá que cumplirlos en esta instalación en el monte? Supongo que entonces se pondrá como premio porque, como está en medio del monte, en unos parajes idílicos, es como irse a la sierra a estar el fin de semana. Creo que ésa no es la filosofía de la Ley General Penitenciaria ni, como ya se ha señalado, incluso de las normas mínimas que establecieron las Naciones Unidas, en cuanto a dimensiones de los centros y demás.
Por tanto, a nosotros nos parece que la propuesta de 1991 de hacer una macrocárcel va en contra de la Ley General Penitenciaria, de su espíritu y también de su letra, más allá de las disquisiciones de si los 350 internos a que se refiere el artículo 12 son 350 por módulo o por cada establecimiento. No debe haber ninguna duda de que va contra la filosofía. Y la única razón que se ha dado en esta Cámara es económica.
Efectivamente, hacer los establecimientos más grandes resulta más barato, porque hay una serie de servicios comunes, aunque sólo sea la seguridad, servicios de electricidad, de lavandería, de

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comedor, una serie de servicios, incluso de dirección, pero nuestro Grupo no admite que se rebaje ni un ápice la Ley General Penitenciaria por mor de que haya en estos momentos escasos recursos para atender las necesidades de la Justicia y, más específicamente, las necesidades penitenciarias.
La segunda cuestión también me parece fundamental. Igual que se equivocaría la señora Secretaria de Estado si creyese que estamos hablando de quitar la macrocárcel a Zuera para pasársela al pueblecillo de al lado (no es ése el problema, en ningún momento la coordinadora y todas las fuerzas sociales y políticas de Aragón, que han estado en contra de la macrocárcel, han dicho que se quite de Zuera para llevarla al pueblo de al lado, a Almudévar o a otro sitio; en ningún caso se ha dicho eso; se está atacando el modelo), se equivocaría la señora Secretaria de Estado si se empecina en poner una cárcel contra la opinión de Aragón.
Aquí también tocamos un problema muy importante. Ha dicho la señora Secretaria de Estado que, en un determinado momento, el Ayuntamiento de Zuera acordó, para evitar que estuviese al lado de una pedanía que tiene ese ayuntamiento, proponer como alternativa otro terreno. Eso es cierto, pero ha habido dos resoluciones del Parlamento de Aragón, de 13 de febrero de 1992 y de 9 de diciembre de 1993, y es el Parlamento de Aragón, además de otras instituciones, como ya se ha señalado, o el propio Justicia de Aragón, el que ha dicho que no.
Sabemos, y es cierto, que en estos momentos las competencias en materia penitenciaria las tiene la Administración central; pero ¿de verdad cree la señora Secretaria de Estado que es ir por el interés general imponerse a la voluntad del Parlamento de Aragón, que ha sido explícita? ¿Cree usted que en otras comunidades autónomas se trasladaría esta imposición? Yo creo que no se toleraría en ninguna otra comunidad autónoma. Ha habido un pronunciamiento neto y expreso por dos veces, y la segunda ha sido porque, efectivamente, se empezó a ver que se movían los papeles para la expropiación.
A mí me parece, señora Secretaria de Estado, que esto no es tolerable en un Estado de las autonomías, que no se puede imponer, porque la competencia la podrá tener la Administración central, pero el interés general, el interés general de los presos de Aragón lo tiene también la Comunidad Autónoma de Aragón, y quiere ser corresponsable.
Y termino, señor Presidente, señora Secretaria de Estado, con la alternativa. La alternativa es la Ley General Penitenciaria. Háganse centros diversos. Ya se ha señalado que el Ayuntamiento de Huesca llegó incluso a iniciar la compra de un terreno. El Ayuntamiento de Zaragoza me consta, puesto que en aquellos momentos yo era concejal de ese Ayuntamiento, que hizo el ofrecimiento formal de terrenos para ubicar un nuevo centro penitenciario, o nuevos centros penitenciarios --los que sean necesarios, puesto que, evidentemente, la ciudad de Zaragoza, por sus dimensiones, necesita más de un centro penitenciario-- en Zaragoza.
Háganse los centros de acuerdo con el diseño de la Ley General Penitenciaria, donde los preventivos puedan estar en un régimen en el que se supone su inocencia. Se supone porque lo dice la Constitución y porque todos lo creemos hasta que sean condenados, y no tienen por qué estar en esa ciudad militar que se ha diseñado, rodeada de siete líneas de seguridad, que tienen las nuevas instalaciones. Yo creo que eso no tiene que ver con los presos preventivos que están pendientes de juicio.
Diséñense centros para jóvenes, diséñense centros que permitan la reinserción en régimen abierto, acudiendo al trabajo durante el día, etcétera, y diséñense incluso, previendo la reforma del Código Penal, centros donde se puedan hacer esos arrestos de fines de semana, etcétera.
Esa es la alternativa y a esa alternativa se apunta todo el mundo. Nadie en Aragón está diciendo que no se modifique la situación en las cárceles actuales de Huesca y de Zaragoza. Todos hemos pedido que se sustituyan esas cárceles por otras, porque las que existen están obsoletas, porque están hacinados; todos lo hemos dicho; pero la solución no es hacer una macrocárcel de 7.000 millones de pesetas, con siete barreras de seguridad, en medio de los montes, de los páramos aquellos del municipio de Zuera, sino el cumplimiento de la Ley General Penitenciaria y el cumplimiento del Estado de las Autonomías.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Nosotros vamos a ser muy breves, porque, desde luego, no queremos profundizar en lo que podría ser el prólogo de esta cuestión que nos ocupa, es decir, el sentido, la filosofía, la concepción, la instrumentación y la ejecución del actual plan de amortización de centros, y especialmente lo que significa y comporta la figura del modelo típico de centro, el llamado macrocomplejo. Sobre eso anunciamos ya que a lo largo de este período de sesiones íbamos a promover un debate específico, y, efectivamente, tanto con la señora Secretaria de Estado, como con el Presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos, vamos a tener oportunidad de llevarlo adelante a lo largo de los próximos meses, amén, naturalmente, de añadir a ese debate nuestras correspondientes propuestas específicas.
Sí tenemos que reafirmar hoy nuevamente aquí lo que ya venimos diciendo en la pasada y en la presente legislatura y lo que, en consecuencia con esa postura sostenida por nuestro Grupo parlamentario, han sostenido igualmente nuestros representantes en los diversos municipios y en las comunidades autónomas: que esa figura del macrocomplejo no casa en absoluto con los preceptos establecidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria en cuanto a la concepción de los centros y que, por tanto, es un obstáculo determinante para poder ejecutar seriamente una política de tratamiento y de reinserción, que es el sentido último del sistema de penas privativas de libertad concebido en nuestra Constitución.
A esos argumentos que nosotros en su momento especificaremos con más detalle, cabe citar hoy, como acompañamiento, lo dicho muy recientemente por la jueza

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Carmena que redunda en esta misma tesis y que señala, además, que esa interpretación un tanto atípica que viene haciendo la Administración penitenciaria, el anterior equipo, promotor de este plan y de esta figura del macrocomplejo, en cuanto a que la ley orgánica establece 350 por unidad, es en todo caso una interpretación que difícilmente casa con la realidad del espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Entrando en concreto en la cuestión que nos ocupa, nosotros tenemos que señalar que la señora Secretaria de Estado, con una habilidad absolutamente elogiable, desde su óptica y desde sus intereses, ha hecho, como decía el representante del Partido Aragonés Regionalista, un relato de hechos que, desde un punto de vista técnico, puede tener su interés o su curiosidad, pero que, desde un punto de vista político, en modo alguno se ajusta al trasfondo real del asunto: la situación de conflictividad que esa decisión, absolutamente unilateral de la Administración penitenciaria, ha generado en una comarca y en el conjunto de una comunidad autónoma.
Yo, muy brevemente, voy a dar a la señora Secretaria de Estado, como es natural, otra relación de hechos, atenida a ese trasfondo político.
El 23 de diciembre de 1991 el Ayuntamiento de Zuera, por unanimidad, aprueba el rechazo de la instalación de un posible centro penitenciario en la comarca del Bajo Gállego. El 13 de enero de 1992, el Alcalde de Zuera elude dar cualquier tipo de información, sobre la posibilidad de que ese centro fuera instalado en su municipio, a los representantes de los grupos de la oposición, y uno de los tenientes de alcalde, perteneciente al Grupo Socialista, señala que todas las noticias que se han publicado son meramente rumores de los periódicos. Sin embargo, el 14 de enero de 1992 «El Heraldo de Aragón», ya de una manera completa en su información, sentencia que, efectivamente, la Administración penitenciaria se propone llevar adelante la creación de esa macrocárcel en Zuera. El 18 de enero de 1992 el pueblo de Zuera se concentra en su Plaza de España y, tras haber despreciado públicamente en varias ocasiones el manifiesto de la coordinadora que se había creado al efecto días antes (manifiesto que en ese momento estaba firmado por más de 4.000, del total de 5.000 zufarienses), el alcalde firma ante toda la población el manifiesto, señalando que lo hace, no como alcalde, sino simplemente como ciudadano. El 24 de enero de 1992 todos los alcaldes de la comarca y representantes de la coordinadora se entrevistan con el Presidente de la Diputación General de Aragón y el alcalde de Zuera abandona repentinamente la reunión, sin dar mayores explicaciones. El 1 de febrero de 1992 se produce una gran manifestación en Zaragoza, en la que toda la comarca prácticamente se manifiesta en contra de la instalación de este macrocentro penitenciario. Es curioso que esta manifestación aparece encabezada por el propio alcalde de Zuera y por un parlamentario nacional perteneciente al Grupo Socialista. Por cierto, el Delegado del Gobierno en Aragón, que había comprometido una reunión con los manifestantes para recibir el manifiesto, se niega a recibirles. El 11 de febrero, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zuera aprueba, en solitario, la cesión de terrenos. Los grupos de la oposición, precediendo a la votación, abandonan el pleno, por entender que esa sesión está, en su planteamiento, en manifiesta contradicción con lo que es la opinión mayoritaria de la comarca y por entender, naturalmente, que, como representantes municipales en un tema de esta envergadura, tienen en sus posiciones y en su debate que ser fieles a una opinión manifiestamente mayoritaria en el ámbito de esa comarca. El 13 de febrero el Partido Popular presenta una proposición no de ley en las Cortes de Aragón, junto con el Partido Aragonés Regionalista, y es respaldada por todos los grupos de las Cortes, a excepción, naturalmente, del Grupo Socialista. El 30 de mayo, como ya ha recordado también el señor Mur, el Justicia de Aragón tiene un pronunciamiento taxativo en relación con el proyecto de construcción de esta macrocárcel y con lo que el concepto de macrocárcel significa en el ámbito penitenciario.
Podíamos seguir así, explicando los pasos sucesivos que se han ido produciendo en este asunto, en lo que afecta al planteamiento de la opinión pública en relación con la decisión adoptada por la Administración penitenciaria; hay que señalar que el 19 de diciembre, como paso último, se celebró una consulta de opinión en Zuera, convocada por la coordinadora del Bajo Gállego, y el resultado no pudo ser, desde luego, más apabullante. Los votos en contra de la construcción de esa macrocárcel fueron 2.222; a favor, 30; en blanco, nueve, y 20 nulos, y participó un 52,9 por ciento de la población. Naturalmente no se trata de un procedimiento que tenga, entre comillas, «un valor legal», pero sí se trata de una consulta que refleja en este caso, sin comillas, un clarísimo estado de opinión.
En definitiva, el sentimiento que existe en la comarca es que las circunstancias de la misma impiden que la instalación de esa macrocárcel pueda suponer un beneficio para las personas que, hipotéticamente, serían internadas en ella ni un beneficio para la comarca. Entienden que, difícilmente, un complejo que puede llegar a albergar a cerca de 2.000 personas, puede ser compatible con la situación de una comarca en ciertos aspectos muy seriamente deprimida y con necesidades manifiestas, con un total de población de 9.000 habitantes.
Yo no quiero traer a colación, y podría hacerlo, algunas de las citas textuales del debate que se celebró, en su momento, en las Cortes de Aragón, pero sí señalar, y a modo ya de conclusión, que este asunto ha puesto de manifiesto, primero, una vez más, que ese modelo de macrocomplejo y esa política de ejecución y concepción del plan de amortización es una política que genera conflictos sociales, porque no es una política adecuada a la realidad del sistema penitenciario, ni convenientemente desarrollada conforme a las necesidades y a las exigencias del entorno social. En segundo lugar, que aquí el anterior equipo de la Administración penitenciaria volvió a hacer gala de una especie de ordeno y mando, de dispongo, de ausencia de todo diálogo. Se ha recordado, efectivamente, que para nada hubo un encuentro, una negociación,

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un intercambio de opiniones con los representantes del Gobierno aragonés.
Se ha dicho que para nada, en ningún momento, ninguna representación del Estado quiso dialogar con los representantes de esa coordinadora que gustará o no a algunos pero que, efectivamente, representaban un clarísimo estado de opinión en la comarca.
Lo que decimos, lo confirmó en esta misma Cámara, en cuanto al planteamiento de esa actitud de alguna forma secretista, el anterior Secretario de Estado. Yo quiero recordar que en la pasada legislatura, a pregunta de un Diputado de nuestro Grupo, don César Villalón, en relación con el asunto que nos ocupa, la respuesta literal del señor Asunción fue: Le diré en este caso que no sé exactamente el término municipal en donde se va a ubicar esa macrocárcel, pero, aunque lo supiera, no se lo podría decir hasta que tuviera formalizado con ese ayuntamiento un compromiso que no dificultara esa formalidad. No creemos que tampoco sea ése el planeamiento adecuado para poder dialogar la Administración penitenciaria con el Parlamento.
En definitiva, y concluyo, señora Secretaria de Estado, usted inicia una gestión «ex novo»; no sea prisionera, y de eso hablaremos más tarde, ni de errores, ni de concepciones, ni de métodos anteriores. Tiene ahora usted una magnífica oportunidad, en este asunto concreto de la cárcel de Zuera, para empezar a demostrar que está dispuesta a introducir cambios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Piquer.


El señor PIQUER JIMENEZ: Quiero aclarar algunos conceptos porque, al oír algunas de las intervenciones, sobre todo en este último tramo del debate, uno tiene la sensación de que alguien aquí toca de oído y, además, se apunta a todos los conciertos, con lo cual desafina bastante.
Siendo de muy cerca de donde están ocurriendo los hechos que aquí se relatan, pienso que alguien o no los ha vivido o se los han relatado mal.
En todo caso, querría decir lo siguiente: Puede dar la sensación de que ha habido un cierto ocultismo en la actividad de la Administración y nada más lejos de la verdad. En 1991, cuando se aprueba el plan de amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios, uno de los sitios, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, donde había que actuar era precisamente en la Comunidad Autónoma Aragonesa, fundamentalmente, y aquí no se ha dicho cuál es la propuesta de solución, porque, tanto en la ciudad de Zaragoza como en la de Huesca, existen unos centros penitenciarios que requieren una actuación que permita que, desde el punto de vista penitenciario, desde el poblacional y desde los intereses de la Comunidad, se dé una actuación de la Administración que permita ubicar una cárcel en un lugar apropiado.
A partir de ese momento existieron contactos entre la Administración de Justicia, entre la Administración, y la Administración municipal. Se produjeron varias reuniones e incluso, si la memoria no me falla, alguno de los intervinientes también estuvo en alguna de aquellas reuniones en las que al Ayuntamiento de Zuera, al Alcalde --que, además, sigue siendo, por decisión democrática y legítima de los vecinos de esa población, la misma persona-- le pareció conveniente solicitar la ubicación de ese centro penitenciario en Zuera. Por tanto, nada más lejos de la realidad que transmitir aquí la sensación de que ha habido un cierto ocultismo o de que no se ha respetado la voluntad del Ayuntamiento de Zuera.
También me gustaría decir, a efectos de contestar y de ilustrar a la Comisión, porque se ha hablado de que hay un cambio de posición --en el Gobierno, por supuesto, claro que lo hay-- y también porque se ha puesto un poquito en tela de juicio la legitimidad de que en este momento hace gala el Gobierno de Aragón. Si hay que hablar de legitimidad habría que hablar del Gobierno anterior en el que, sin ser candidato y sin tener los votos una persona se proclama como Presidente de la Comunidad y... la historia juzgará. No creo que juzgue por los hechos, seguramente juzgará por lo no hecho.
Volviendo al tema que nos ocupa, quiero manifestar que el referéndum, al que se ha hecho alusión en la Comisión, es un referéndum que no se celebró con las garantías democráticas que exige cualquier consulta popular. En todo caso, a mí me parece que el referéndum que deberíamos tener en cuenta es el de las elecciones municipales y, por supuesto, el de las elecciones legislativas que se han celebrado en nuestro país; en los programas electorales figuraba la posición política de cada uno y esa posición política es la que se ha mantenido.
En cuanto a las decisiones adoptadas por el Parlamento de la Comunidad Autónoma Aragonesa, quiero mantener ante la Comisión la posición que mantuvo el Grupo parlamentario que en este momento me honro en defender, que no fue otra que el respeto a la autonomía municipal, la necesidad de ubicar la cárcel en el lugar que en este momento se está planteando y avanzar por el camino del diálogo y del entendimiento.
Y, señora Secretaria de Estado, desde el respeto a la autonomía municipal, desde el respeto a lo que los ciudadanos han elegido, a lo que el Ayuntamiento de Zuera soberanamente decida y desde el respeto, por supuesto, a todas las instituciones, nosotros encontramos apropiado seguir avanzando en el plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios y, en participar, en la Comunidad Autónoma de Aragón nos parece una decisión apropiada, necesaria, que va a permitir descongestionar dos centros penitenciarios, evidentemente muy necesarios.
A nosotros nos hubiera gustado haber oído alguna internativa a los centros a los que en este momento todos los ciudadanos aragoneses están demandando que se dé una solución. En todo caso, desde el respeto a la autonomía de las Cortes de Aragón como desde el respeto a la autonomía municipal, quiero decirle, señora Secretario de Estado, que nuestro Grupo Parlamentario apuesta por avanzar en el plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios y apuesta decididamente por ese lugar, a 15 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, prácticamente en el centro de los dos centros

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penitenciarios que en este momento hay en Huesca y en Zaragoza, porque nos parece que es el apropiado. En este momento, si hubiera que hacer alguna referencia a alguna consulta popular, sería simplemente a la legitimidad democrática por parte de la corporación municipal que en este momento existe en Zuera en la decisión que tomaron. Por tanto, en este momento quiero exhortarle a usted a que continúe en el camino de avanzar en ese plan de amortizaciones y creación de centros penitenciarios y a que consiga que en las ciudades de Huesca y de Zaragoza, donde es tan necesario, avancemos en esta dirección.


El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Ante todo, quiero pedir disculpas a SS. SS. por si no contesto puntualmente a algunas de las cuestiones, pero no es porque no me parezcan interesantes, sino porque han sido muchas las cuestiones que han salido en el debate, y probablemente de algunas de ellas no he tomado las debidas anotaciones, y de otras me faltan en estos momentos datos.
Pero desde ahora ofrezco a SS. SS. la remisión de cuanta documentación consideren precisa para esclarecer este asunto.
Hecha esta salvedad, y reiterando mi disposición a cualquier aclaración o contestación pormenorizada que SS. SS. entiendan, al hilo de lo que se ha expuesto yo creo que hay que hacer una breve reflexión sobre cuestiones que han sido coincidentes en algunos grupos, como es el tema del modelo macrocárcel y el objetivo de lograr el consenso --sería lo ideal y lo conveniente--, en aquellos lugares donde se vayan a edificar establecimientos penitenciarios, respecto a esa ubicación. En el tema del consenso, evidentemente, no puedo por menos que compartir esa preocupación que han señalado sus señorías. Yo creo que hay que consensuar hasta el final, pero en todo caso hay que mantener las aclaraciones y las conversaciones oportunas, especialmente con las corporaciones locales, con las comunidades autónomas, explicar hasta el final, intentar convencer y, finalmente, si este convencimiento no se produce, desde el Gobierno de la Nación vemos la imperiosa necesidad de cumplir la obligación que éste tiene de ir haciendo instalaciones en diversas ubicaciones. No debemos engañarnos. Hay ejemplos sobrados a lo largo y ancho del cumplimiento del plan para asegurar que ya no es sólo el tamaño de la cárcel lo que está en cuestión --a ello nos remitiremos con posterioridad--. Yo creo que el término macrocárcel hay que colocarlo incluso dentro de esos términos un poco, en mi opinión, peyorativos que en este momento es habitual que emplee la sociedad española. Empecemos por decir que todo es relativo, que cuando decimos macrocárcel en ese sentido peyorativo nos estamos refiriendo, señorías, a una cárcel que en el resto de la Comunidad Europea, salvo algunas excepcione de países nórdicos, son cárceles pequeñas; es decir, estamos duplicando las dimensiones de lo que son las antiguas cárceles en el centro de las poblaciones. En todo caso, señorías, una macrocárcel es la cárcel que se va a hacer ahora en las cercanías de París, que es un complejo penitenciario de 4.000 ó 5.000 reclusos. Por tanto, todo es relativo. Yo no estoy de acuerdo con que se llame macrocárcel, si es que se hace en sentido peyorativo, al centro tipo, sino que es una cárcel de dimensiones superiores a las cárceles antiguas que estaban en todo nuestro territorio.
Como antes les comentaba, SS. SS. se tendrán que decidir o tendrán que pronunciarse sobre si la oposición --porque esa oposición es fácil que se produzca-- de las instituciones concernidas, como antes decía, de ayuntamientos, comunidades autónomas, ha de llevar consigo el efecto inmediato de que el Estado --porque esa oposición se puede producir no sólo por la macrocárcel, sino por otras, como luego diremos-- renuncie a esa obligación fundamental que tiene de ir construyendo centros nuevos que incrementen la oferta de plazas, en este momento absolutamente sobrepasada y saturada. Es evidente que --y volveremos a ello cuando hablemos nuevamente del tamaño de las prisiones-- cuando hablamos incluso de un tamaño mucho más pequeño, no podemos olvidar que incluso en la hipóstesis --que acepto sólo como hipótesis-- de que me dijeran ustedes que una cárcel debe ser para 400 personas, nunca estaremos hablando de las actuales cárceles con 9.000, 10.000 ó 13.000 metros cuadrados; siempre estaremos hablando de unas dimensiones que cuadruplican o quintuplican esto. Por tanto, de ahora en adelante, si queremos progresar en esa cuestión que SS. SS. también han puesto de manifiesto de reinserción de los reclusos, tendremos que pensar que las instalaciones tienen que tener talleres, espacios deportivos, espacios educativos y toda una serie de servicios que no tienen las antiguas cárceles. Por tanto, nunca hablaríamos de pequeñas dimensiones y nunca podríamos situarlas en el centro de las poblaciones. Eso dentro de la hipótesis que SS. SS. comentan. Incluso como detalle les diré que hemos tenido últimamente la oposición frontal del pueblo de Ocaña que se mantenga lo que alguna de SS. SS. ha puesto de manifiesto, un centro de reinserción social en el centro de las poblaciones. Es decir, en una población de alto carácter penitenciario como es Ocaña, con dos centros penitenciarios en su demarcación, resulta que cuando queremos hacer un establecimiento de reinserción social en el centro del pueblo, hay una oposición frontal, y no es por la connotación de si es o deja de ser una macrocárcel, sino porque, señorías, ustedes saben como yo que algunas veces en nuestra sociedad mantenemos un doble lenguaje: queremos que haya cárceles, queremos que las cárceles cumplan las previsiones de la Constitución, que las cárceles cumplan la función que tienen en relación con los privados de libertad, pero luego, al igual que todos queremos planes para combatir la drogadicción pero nadie quiere una ubicación en la que se dé un tratamiento de metadona a las personas adictas, tampoco nadie quiere que se coloquen cerca de su vivienda o de su pueblo instituciones de esta naturaleza. Yo creo que ésa es una reflexión que algún día tendremos que hacer para entender que no sólo es el tamaño sino

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que ocurre con cárceles de tamaños menores, como es el CIS, o como ocurre, por ejemplo, con la decisión de eliminar de Santander, en Cantabria, la vieja cárcel de Santander, en Santoña, en que se oponen frontalmente también --y hay acuerdos del municipio-- a que se incremente en menos de 200 plazas y dentro del mismo recinto el penal del Dueso. Por tanto, no nos confundamos en el sentido de creer que la gente se opone porque es una macrocárcel.
Por otra parte, también hay que decir que es importante que, en todo caso, haya una clarificación y que respecto al plan de cárceles y de sus ubicaciones haya un consenso parlamentario, porque es una cuestión básica para el desarrollo del plan. Si los distintos grupos políticos les dicen --cuestión con la que discrepo, y luego explicaré por qué-- a las coordinadoras --y las coordinadoras evidentemente tienen que entender que los políticos o las personas que participan en política tienen más datos en sus manos-- que la macrocárcel no es legal, que contraviene la Ley Orgánica General Penitenciaria --lo que tendremos ocasión de comentar, porque ha vuelto a salir--, si se dice que no es útil para la reinserción; si se va aseverando dogmáticamente, porque se hace dogmáticamente y lo veremos luego --es decir, las leyes tienen interpretaciones variadas hasta que hay una interpretación jurisprudencial que clarifique algunas veces los contenidos--, si esto se va expresando así y si además en la zona donde se va a establecer una cárcel incluso se empieza a sugerir que hay una mayor peligrosidad, que va a haber permisos penitenciarios, que sus hijos van a tener problemas de seguridad física, de todo tipo, es natural que todas estas organizaciones se opongan radicalmente. Lo digo así de claro. En los papeles que reparten para expresar su oposición he visto reiteradamente que dicen: nos oponemos porque es una ilegalidad, porque el tamaño de la cárcel no es legal.
Es un asunto que me preocupa. Evidentemente, no comparto la interpretación --he tenido ocasión de leer los Diarios de Sesiones de la Comisión y del Pleno y he visto que esta cuestión ha surgido reiteradamente y se ha explicado por parte del Gobierno de la Nación, por parte de la Administración penitenciaria-- del artículo 12.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y no la comparto porque no se puede analizar simplemente el artículo 12.2, sino que hay que ponerlo en relación con el 8.3 y con el conjunto de los preceptos de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esa no es una opinión. Si alguna vez, como ha dicho algún grupo parlamentario, se produce un debate monográfico, tendremos ocasión de profundizar. Simplemente, a modo de pincelada, diré a SS. SS. que el profesor García Valdés, principal inspirador, como ustedes saben, de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria, en su libro «Comentarios a la legislación penitenciaria» manifiesta en la página 60: El artículo 12.2 de la Ley no quiere decir que la capacidad máxima de un establecimiento penitenciario sea de 350 internos, pues en un establecimiento pueden existir varias unidades. Se trata de la reiterada discusión de si lo que ordena o lo que orienta la Ley es una unidad y si la unidad se puede identificar con un centro. Insiste García Valdés --y yo creo que es un intérprete que hay que citar, puesto que ha sido, como antes he dicho, el principal inspirador del vigente texto-- en que el máximo es por unidad, no por establecimiento. Es en el reglamento penitenciario, artículo 9.3 --dice--, donde encontramos que debe entenderse por unidad, y el reglamento dice por unidad, siendo ésta un departamento con completa separación física y regimental. Lo que nosotros llamamos modelo tipo de cárcel y que se viene llamando por el conjunto de la sociedad --los nombres en seguida pegan muy fuerte-- macrocárcel no supone ninguna contradicción con la Ley.
Me gustaría que las organizaciones ciudadanas al menos tuvieran esa información. Jueces para la Democracia dice que es de discutible legalidad, no dice que sea ilegal. En el informe, que algún grupo también mencionó, dice que es discutible su legalidad y también se refiere a si unidad se puede equiparar a establecimiento carcelario o unidad es un departamento con completa separación física y regimental, que es la interpretación que hace Instituciones Penitenciarias y, señorías, con toda humildad, creo que no la hacemos gratuitamente. Creo que hay razones legales y de peso para decir que esta interpretación no es gratuita.
Sus señorías han dado muchas cifras, han señalado opinones concretas, pero echo en falta que no hayan mencionado que en su momento también la Coordinadora del Bajo Gállego se dirigió al Defensor del Pueblo para que éste le comunicase si consideraba que el tipo de centro que se iba a instalar en Aragón, en Zuera, se correspondía con la legislación o no.
Por decirlo en términos simplificados, si era legal o ilegal, ajustado a Derecho o no, para expresarlo con mayor justeza. El Defensor del Pueblo fue inequívoco en su contestación --no la tengo yo, pero supongo que la tienen las organizaciones--, al considerar que no se vulneraba en absoluto la Ley Orgánica General Penitenciaria y fue también claro al decir a la Coordinadora que reconocía el esfuerzo organizativo y presupuestario --viene recogido en una publicación del Defensor del Pueblo-- que estaba realizando la Administración penitenciaria para afrontar el problema de la masificación mediante la construcción de nuevos centros, urgiendo también la colaboración y solidaridad de todas las administraciones. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) Como después tendré ocasión de comentar, precisamente en este momento se está hablando con tres comunidades autónomas y con los ayuntamientos con competencia en las ubicaciones en principio elegidas y se está produciendo absoluto consenso. Son Galicia, Andalucía y Castilla y León.
En ese ánimo de compartir con ustedes que el consenso es muy importante, reitero, señorías, que la Administración penitenciaria tiene la obligación, el deber, y el placer, diría yo, de intentar hasta el máximo ese consenso. Pero, dicho esto, quisiera que SS. SS. se pronunciasen sobre si en el supuesto de que la totalidad de las comunidades autónomas no quisieran --porque unas veces, como antes decía, no quieren

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establecimientos de la amplitud de los que hacemos-- establecimientos en sus territorios, SS. SS. piensan que el Gobierno de la Nación debiera desistir de su propósito de ir haciendo plazas carcelarias en el ámbito temporal que se ha decidido.
Algunas de las cuestiones planteadas por el Grupo Mixto a través de su Diputado señor Mur creo que han sido ya contestadas. Ha puesto de manifiesto el tema de trasfondo de la macrocárcel, de la gran contestación. Evidentemente, nos consta esa contestación. También nos consta --no lo he dicho porque me he referido exclusivamente, como todas SS. SS. han resaltado, a explicar exactamente qué es lo que se había dicho desde el punto de vista de procedimiento administrativo-- que no podemos ignorar, como ha dicho el señor Diputado, que existen esas tomas de acuerdo en el Parlamento regional de Aragón. Tengo absoluto respeto por la toma de este acuerdo. He sido Diputada regional durante siete años y, por tanto, conozco cómo se pronuncian los parlamentos regionales con el ánimo de defensa de los ciudadanos, pero los informes jurídicos de toda naturaleza también ponen de manifiesto cuándo esos parlamentos se pronuncian en cuestiones que no son de su competencia. Al Estado le hubiera gustado que el pronunciamiento fuera distinto, pero sin duda eso no puede ser impedimento, «lamentablemente» --y lo digo entre comillas--, con todo el respeto que me merecen las resoluciones. Alguno de ustedes ha comentado que una de esas resoluciones hacía relación a que no se quería la macrocárcel. Es una especie de asunción capilar: se empieza a decir que la macrocárcel es ilegal, que produce problemas, y a continuación eso va subiendo y los representantes de los ciudadanos asumen ese sentimiento y deciden que no hay macrocárcel; la decisión es porque no se quiere la macrocárcel. Por tanto no hay desconocimiento; en todo caso existe la obligación, como antes tuve ocasión de exponer, de la prevalencia del interés general y la prevalencia organizativa del Estado respecto a las instalaciones carcelarias, muy a pesar de estas decisiones, de continuar con su proyecto de ubicación, en este caso en la Comunidad Autónoma a la que estamos haciendo continuamente referencia.
Hay algún otro tema menor como es el de las alegaciones. Quiero decir que hay algún precedente en Soto del Real, en el que los alegantes pidieron la suspensión de la actuación administrativa, y hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo que basándose en el bien general, en la necesidad de hacer estos establecimientos y en la discrecionalidad de la Administración para hacerlos en el marco de las leyes de referencia, de un tipo o de otro, no estima la suspensión del procedimiento, para una cuantía muy importante de alegaciones que se han presentado en Soto del Real.
En la contestación al señor Mur les quería comentar a SS. SS. un dato curioso y es que esta unanimidad que aparentemente se produce tampoco es tal. Existe un curioso escrito que yo creo que lo conocen SS. SS. porque ha venido tanto directamente como a través del Parlamento, en concreto por el Congreso de los Diputados, del Colegio de Abogados de Huesca en el que hacen una serie de consideraciones en relación con las dificultades que les produce el alejamiento de prisión y también dicen una cosa muy significativa y es: no aleje usted la cárcel de Huesca porque las instalaciones de las prisiones significan un movimiento económico muy importante, tanto por su construcción como porque generan después riqueza para el lugar donde se ubican. Por tanto, si la Administración aleja la cárcel de Huesca, nos está creando un mayor agravio comparativo --que, al parecer, ya tienen con Zaragoza--. Todo depende un poco del color del cristal con que se mire. Luego ya tendremos ocasión de volver sobre ello al hablar de si la macrocárcel --que también ha planteado el Diputado de Izquierna Unida-- o es cárcel de tamaño medio, diría yo, impide o no la reinserción o la resocialización de los reclusos, cuestión con la que tampoco estoy de acuerdo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En relación con algún tema puntual planteado por el Diputado de Izquierda Unida señor Martínez Blasco, poniendo de manifiesto que le gustaba escuchar que se hablara de interés general y no sólo de interés económico, quiero decir aquí que he tenido ocasión de oír opiniones --lo recogen en general las coordinadoras que se van organizando por el territorio nacional-- que tachaban la decisión del Gobierno de la Nación de economicista. Yo creo, evidentemente, que el Gobierno de la Nación no tiene más remedio que tener en cuenta los componentes económicos. Aquí yo creo que se produce la misma distorsión que cuando decimos: queremos cárceles, pero nadie las quiere a su espaldas. Aquí se produce también la distorsión de que todos consideramos que hay que reducir el déficit público, que hay que contraer el gasto público, pero a la hora de situaciones puntuales, cuando alguien las plantea, se dice que se han utilizado criterios economicistas. Yo creo que ese criterio economicista que podría achacársele al Gobierno, a la Administración penitenciaria en concreto, hay que verlo dentro del siguiente encaje. El Gobierno tiene la obligación de contar con las mejores cárceles posibles, de atender lo mejor posible a los reclusos, de que su alimentación, higiene, sus condiciones sanitarias y ocupacionales sean las mejores posibles, pero también con la mejor relación calidad-precio, por decirlo en el lenguaje que todos compartimos. Por tanto, hay que aplicar esos recursos, que han sido poco restringidos --hay que reconocerlo así-- en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, es decir, se ha hecho un gran esfuerzo para que los presupuestos se fueran incrementando y no sufrieran la natural contracción que han seguido los Presupuestos Generales del Estado, pero por eso hay que aplicarlos de la mejor forma posible.
Me ha puesto de manifiesto también el representante de Izquierda Unida los diferentes pronunciamientos del Parlamento. No se lo he dicho a SS.
SS., pero tengo también un listado, por orden cronólógico, de manifestaciones públicas, porque alguna señoría ha comentado que las decisiones se habían tomado subrepticiamente o a escondidas, y hay manifestaciones de junio de 1992, del anterior Secretario de Estado, en Zaragoa; de marzo de

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1993, del propio Ministro De la Quadra-Salcedo, que asegura en Zaragoza que la prisión se construirá en Zuera. Hay también numerosísimas intervenciones públicas de quienes tenían la responsabilidad, lo que pone de manifiesto que no es realista decir que no hubo transparencia y claridad en cuanto a la toma de esa decisión y a llevarla a cabo.
Yo sí entraré, aunque no ahora, con muchísimo gusto en expresar por qué la Administración penitenciaria piensa que esos objetivos que antes comentábamos, que además son obligatorios por el texto constitucional, de reeducación, etcétera, se compadecen con que existan estos centros penitenciarios y con que haya unidades. Cuestión ya muy distinta es lo que plantea S. S. referente a centros abiertos. Le he comentado antes que eso también tiene contestación. Le he puesto como ejemplo el CIS de Ocaña. Al terminar el plan y en la medida en que lo exija el nuevo Código Penal habrá que ir más centros de la naturalea que S. S. plantea. Quiero aclarar que los centros de tercer grado, los centros abiertos, no quedan dentro del perímetro cerrado a que S. S. hizo alusión con grandes medidas de seguridad, sino que la mayor parte de los centros abiertos van al lado del complejo penitenciario pero extramuros del mismo.
Contestando al representante del Grupo Popular, señor Gil Lázaro, que cuestionaba el modelo de cárcel, en la medida en que me lo permite esta comparecencia, puesto que es realmente Zuera lo que se discute y no el modelo, y como él ha dicho ya tendremos ocasión de debatirlo, doy por contestada su inquietud en relación con el modelo de cárcel. Ha hecho alusión al beneficio de la comarca. Le reitero la contradicción que antes tuve ocasión de exponer a SS. SS. de que el Colegio de Abogados de Huesca precisamente lo que cuestiona respecto a Zuera es que considera que se perjudica a Huesca, dejándolo explícitamente reflejado en un párrafo de su escrito, en el sentido de que genera un movimiento económico y, por tanto, un beneficio para la comarca en la que se ubica.
Respecto a la intervención del Grupo Socialista quiero agradecer el apoyo que presta a la instalación y compartir con él esa relevancia que da a la autonomía de ese municipio, que si bien en principio tuvo una oposición, o ha de extrañarnos que las corporaciones municipales cambien de posición, porque en la medida en que avanzamos en el diálogo con ellas y que podemos contestar pormenorizadamente a la información que demandan de si en las ubicaciones que hemos ido haciendo de nuevos centros con mayor número de reclusos se han producido problemas añadidos para los municipios, comarcas, etcétera, en la medida en que deshacemos o aclaramos esos recelos, por decirlo de alguna manera, va cambiando la opinión de las distintas administraciones, como antes decía, relacionadas con el tema.
Les pido de nuevo disculpas por si algunas cuestiones no han sido contestadas. Estos son los temas que yo quería señalar en contestación a las preocupaciones de los distintos grupos parlamentarios.


--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA CORREGIR LAS ACTUALES GRAVES CARENCIAS DE LA POLITICA PENITENCIARIA ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000459.)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, comparecencia de la señora Secretaria de Estado, a instancias del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que informe de las medidas inmediatas que piensa adoptar para corregir las actuales graves carencias de la política penitenciaria española.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, para informar sobre la cuestión para la que se ha pedido la comparecencia, quiero recordar, en primer término, que en el pasado mes de diciembre, con la presencia de la Subsecretaria del Departamento, se pusieron de manifiesto las líneas generales de actuación y objetivos principales del Ministerio de Justicia para esta legislatura; por tanto, en términos generales, me remito a aquella comparecencia para insistir en que casi todas las cuestiones se trataron en la misma, por lo que me voy a centrar aquí en lo que expresamente considero el objetivo prioritario o, si se quiere decir de otra manera, la carencia más importante en este momento de la política penitenciaria española, que no es otra, señorías, que conseguir en un tiempo razonablemente mínimo, en el tiempo que se previó en el plan de amortización y creación de centros penitenciarios, el número de plazas que previó aquel plan, ya que sin la consecución de ese objetivo prioritario no tendrá solución realista la sobreocupación que en este momento tienen los equipamientos penitenciarios. Sólo con el desarrollo con la mayor celeridad posible del plan se podrá paliar, reducir o solucionar la sobreocupación de los equipamientos. El Ministerio de Justicia y esta Secretaría entienden que sin esa adecuación de plazas-reclusos resulta difícil aplicar en toda su extensión e intensidad programas de reinserción y programas de resocialización de los reclusos; sin esa adecuación cualquier otro programa de los que se están haciendo y que se van a intensificar, decaería o no se podría aplicar en toda su extensión, como decía, para conseguir ese objetivo prioritario de la política penitenciaria española. Todo lo demás es mejorable, todo es perfectible; sin duda se ha hecho mucho a lo largo de los últimos cinco años en la política penitenciaria española, y estoy segura que SS. SS., que realizan visitas frecuentes a las instituciones penitenciarias españolas, han podido comprobar esa mejoría que les comento. En todo caso, el problema es la grave carencia, y lo demás es perfectible. La sanidad en las cárceles, la formación, la ocupación, todas esas

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cuestiones son perfectibles y debemos perfeccionarlas. No podemos decir que estamos absolutamente satisfechos con lo que hacemos, pues sería no decir lo que pensamos. Creemos que no hay graves carencias, salvo en esta cuestión fundamental para la aplicación de cualquier programa como es la tensión entre la necesidad de plazas y la oferta de las mismas y el cumplimiento del objetivo que indica la Ley General Penitenciaria de un recluso, una plaza; objetivo que, por el momento, resulta absolutamente imposible de alcanzar.
Al referirme al plan de cárceles quisiera informar a SS. SS., puesto que como he dicho anteriormente es la grave carencia que en estos momentos yo detecto en la política penitenciaria española, que en el momento actual se encuentran en fase de construcción un centro en Soto del Real (su finalización está prevista para este año); otro en Topas, en la provincia de Salamanca, donde ha existido una perfecta sincronización, modélica, entre las autoridades respectivas sobre su ubicación, Administración del Estado, Administración autonómica y Ayuntamiento y los grupos políticos.
Quisiera aprovechar este punto para decir que existe una absoluta disparidad entre lo que aquí dicen algunos grupos políticos cuando hablan peyorativamente de macrocárceles como imposibilidad de llevar a cabo una adecuada política penitenciaria, y los distintos criterios empleados por esos mismos grupos en otros lugares; me refiero al conjunto de los grupos políticos, sin hacer excepción alguna. Los otros centros son uno en Huelva y otro en Dueñas, en la provincia de Palencia, cuya finalización está prevista entre finales de 1994 y principios del año 1996. Asimismo, se dispone de suelo para edificar otros dos centros, se está en proceso de adquisición de terrenos en otros cuatro lugares y se están efectuando los trámites oportunos para localizar terrenos en ocho lugares, teniendo prioridad absoluta la construcción de un nuevo centro penitenciario en la Isla de Gran Canaria, que no estaba previsto en el plan de 1991, para evitar el desarraigo sociofamiliar de los internos de las islas al haber crecido la sobreocupación que actualmente padecen los centros de Tenerife y Gran Canaria en las zonas más turísticas por el crecimiento muchísimo mayor que en el resto de la población penitenciaria, tanto de reclusos nacionales como extranjeros.
El objetivo, por tanto, del plan para 1994 es la adquisición de todos los terrenos necesarios para la construcción de los 18 centros proyectados, que era la previsión genérica del plan, quedando así salvados los obstáculos de índole sociopolítico que ha venido reflejando la ejecución del mismo durante los años 1992 y 1993. El retraso que ha sufrido este plan se ha debido precisamente al hecho de no encontrar en algunas ubicaciones esa solidaridad que se viene demandando a las personas con responsabilidades políticas para la construcción de esos centros; sin embargo, ello no va a poner en riesgo la ejecución de este plan, cuya finalización no sé si va a ser posible en 1997, que era el punto de referencia inicial; en todo caso va a sufrir un deslizamiento poco significativo, puesto que, si las cosas continúan como en los últimos meses, es decir, con la posibilidad de contar con la colaboración de otras administraciones, podrá estar finalizado en el año 1998.
Como antes les comentaba, ha sido necesario incrementar el número de centros inicialmente previstos, dado que el crecimiento de la población reclusa está siendo más rápido que las previsiones hechas en el año 1991, debido no tanto al aumento de la criminalidad --como se ha tenido ocasión de reiterar una y otra vez en esta Cámara-- sino a la eficacia de las actuaciones policiales y judiciales. Por tanto, no parece conveniente ni razonable dar por cerrado el plan hasta que se conozcan los efectos que, sobre el volumen de la población reclusa, pueda tener la previsible reforma del Código Penal. En previsión de esos deslizamientos del plan, el acuerdo del Consejo de Ministros que lo aprueba, así como el acta de constitución de la empresa pública que desarrollará el mismo, prevén que las actividades comprendidas en el mismo puedan ampliarse. Esta es la razón por la que, a la vista de cómo es la situación concreta de las Islas Canarias, se haya decidido incluir en el plan un nuevo centro, y espero que en muy pocos días, o por lo menos dentro del próximo mes, podamos comunicar a SS. SS., puesto que algunos de ustedes han puesto de manifiesto su interés por conocerlo, cuáles son definitivamente los emplazamientos en los que se puede ubicar el centro de Gran Canaria.
Resumiendo, tenemos estos cuatro centros en construcción: suelo adquirido para Segovia y Curtis, en La Coruña; suelo en trámite de adquisición en Pontevedra, en Zaragoza, como hemos tenido ocasión de ver, en Albolote (Granada), en Mansilla de las Mulas, en Aranjuez; y centros en fase de localización del suelo en Canarias, en Algeciras, en Mallorca, en Córdoba y en AlicanteMurcia.
Por tanto, señorías, ésta es la situación del plan que, como mencionaba al inicio de mi intervención, es la preocupación fundamental y prioritaria de la Administración penitenciaria, del Ministerio de Justicia, y, en consecuencia, es razonablemente satisfactorio que el plan no tenga, como parecía hace un año o año y medio, un retraso considerable sino un simple deslizamiento que probablemente no irá más allá de un año del previsto cuando se aprobó el mismo.
Probablemente pudiera comentarles a SS. SS. algunas cuestiones que, como antes decía, no considero que constituyan, como se puede colegir de la citación para la comparecencia, graves carencias, pero, no obstante, que son objeto de preocupación para quien les habla y que he puesto de manifiesto que serían en el ámbito de mi responsabilidad temas de trato preferente. En ese sentido, quiero decirles que es preocupación de la Secretaría el reforzamiento y la organización de los equipos de observación y tratamiento de los centros penitenciarios, según criterios de excelencia, en un objetivo también inmediato, porque la calidad de tales equipos está determinada por su adecuada dotación para la organización del trabajo y por la competencia de sus miembros. En varias ocasiones, el Ministerio de Justicia ha puesto de manifiesto que la mejor organización del trabajo y la mayor

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perfección profesional de los integrantes de estos equipos de observación y tratamiento tienen una relación muy directa con los temas de calificación en grado, con los temas penitenciarios de permisos en los que hay que extremar los informes que se le facilitan, en definitiva, a quien tiene el control jurisdiccional de la ejecución de las penas, que es el juez de vigilancia penitenciaria. Por tanto, para estos equipos que SS. SS. habrán podido comprobar que en los últimos presupuestos se han incrementado y para los que ha habido una dotación para incremento de plazas significativo probablemente nosotros querríamos todavía más plazas, pero en esa constricción de la oferta pública lo mejor es enemigo de lo bueno y, por tanto, creemos que se nos ha tratado bien, y es objetivo prioritario de la Secretaría de Estado reforzar e incentivar estos medios humanos y técnicos porque tienen una clarísima relación con lo que hemos venido hablando de la inserción social de los internos.
Otra preocupación, en la que creo que todavía estamos lejos o al menos a medio plazo de conseguir el objetivo final, es intensificar en esta legislatura lo que denominamos el POI, el Programa de Ocupación Integral, que es un instrumento, como SS. SS. conocen, para la organización y la racionalización de los incentivos y medios humanos y materiales y para la ocupación positiva de los reclusos. Al respecto les indicaré que en el año 1991, previamente a la implanción de este llamado Programa de Ocupación Integral, se realizó una experiencia piloto que consistió en pedir a cada centro penitenciario que elaborará su propio plan de ocupación. En ese momento cada interno realizaba una media de 1,23 unidades de ocupación, entendiendo que la ocupación óptima al cien por cien se alcanzaba cuando cada interno realiza diariamente tres ocupaciones: una de tipo de educativo, otra laboral y una tercera de carácter cultural, deportivo u ocupacional. Pues bien, a finales de 1992 se había alcanzado un nivel medio de ocupación del 55,4 por ciento (en el año 1993 --todavía no tengo las cifras finales--), cada interno realizaba 1,6 unidades diarias de ocupación, y a finales de 1993, pero sin cerrar las cifras, del 62,46 por ciento, es decir, 1,9 unidades de ocupación por interno. Este es un objetivo y podría decirse que es una carencia el no conseguir una ocupación integrada. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Secretaria de Estado.
Por favor, guarden silencio. (Pausa.) Señora Secretaria de Estado, puede continuar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Probablemente es que soy demasiado prolija en la explicación, pero como veo que SS. SS. tienen interés en muchísimos temas puntuales, temo que después me digan que no he tocado cuestiones que son realmente de interés penitenciario.
Finalmente y, por tanto, con la advertencia de que la explicación no ha sido exhaustiva, precisamente porque ya se han producido en esta legislatura varias comparecencias en las que se ha tenido ocasión, por parte del Ministerio de Justicia, de explicar la amplia gama de objetivos que pretende el Ministerio de Justicia, simplemente quiero decir que dentro de ese Programa de Ocupación Integral también me preocupa la potenciación --y sé que les preocupa a muchas de SS. SS.-- del organismo autónomo penitenciario, es decir, conseguir que además se incremente su función; el año pasado ya se incrementó a pesar de las dificultades que ustedes comprenderán. El organismo autónomo penitenciario tiene que trabajar para terceros y, por tanto, si las empresas en este momento no consiguen o tienen dificultades en conseguir pedidos, el organismo penitenciario, por sus propias características, igualmente las tiene o las tiene a mayor abundamiento. Por tanto, ése es otro esfuerzo en sentido positivo o, si lo quieren ver en sentido no positivo o en términos negativos, es una carencia que no se alcancen mayores cotas de incorporación de los reclusos al trabajo productivo, porque es la fórmula, como sin duda tendrán en cuenta SS. SS., de que los reclusos no solamente rediman sino que obtengan unos recursos económicos que son, evidentemente, de su máximo interés.
Señor Presidente, ésta era la información o la expresión de las preocupaciones que quería ponder de manifiesto con ocasión de esta petición de comparecencia para informar sobre esas medidas inmediatas que se propone la Administración penitenciaria.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) El señor Gil Lázaro, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Por favor, guarden silencio, señorías, o abandonen la sala. (Pausa.) Señor Gil Lázaro, puede empezar.


El señor GIL LAZARO: Mi Grupo Parlamentario esperaba con sumo interés esta comparecencia convencido de que la señora Secretaria de Estado no defraudaría la expectativa de cambio en la política penitenciaria que nosotros interpretábamos como motivación principal de su nombramiento.
Entendíamos que la decisión del Gobierno de poner al frente de la Administración penitenciaria a una persona ajena al equipo de su antecesor sólo podía explicarse desde la perspectiva de querer promover un giro sustancial orientado a resolver las carencias y disfuncionalidades presentes en el ámbito penitenciario, y ésa era, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, de la intervención de la señora Secretaria de Estado no se deduce indicador alguno que asegure que ese cambio se va a producir, sino que, por el contrario, todo parece que va a seguir en el más puro continuismo, con lo que ese continuismo comporta en cuanto a la profundización en

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la muy preocupante vertebración actual de la política penitenciaria española. Nosotros habíamos solicitado esta comparecencia bajo, precisamente, la invocación de explicación de esos cambios urgentes, pero la señora Secretaria de Estado ha confirmado esa política de continuismo al remitirse a la comparecencia de finales del pasado período de sesiones de la señora Subsecretaria del Ministerio, y eso, evidentemente, deja las cosas como están. Pero, aún más, esa expresión de continuismo que hoy hemos podido apreciar nos lleva a interrogarnos, con todo el respeto personal y con toda cordialidad, acerca del porqué de su nombramiento, pues es evidente que si lo único que se pretende es seguir las líneas de actuación ya conocidas, hubiera parecido más lógico situar al frente de la Secretaría de Estado a alguna de las personas que han venido siendo responsables de esa ejecución anterior. Por eso, tampoco se entiende cuál es la causa que ha impedido que ese continuismo tuviera, igualmente, esta traducción.
No vamos a reiterar nuestra visión del actual estado de cosas en la realidad penitenciaria española. Nosotros sí nos remitimos a lo ya dicho en el anterior período de sesiones, y sobre ello iremos insistiendo a lo largo de los próximos meses. Pero, señora Secretaria de Estado, sí tenemos que recordarle, sin ánimo exhaustivo, que usted ha obviado hoy toda referencia a aspectos esenciales que van a tener que abordarse a lo largo de su mandanto y sobre los que, por tanto, nos quedamos sin saber cuál es su criterio al respecto. No ha dicho usted si piensa o no acometer una revisión en profundidad del plan de amortización y creación de nuevos centros para adecuar ese plan a la realidad y a las exigencias conceptuales de nuestro ordenamiento vigente, amén de introducir racionalidad y transparencia en su gestión material. Usted prácticamente ha confundido esta comparecencia con un esbozo de la comparecencia específica sobre el plan, que tendrá lugar en su momento. Pues bien, incluso en esa referencia singular que usted ha hecho al plan ha establecido una serie de conceptos, que van a orientar su gestión y que ya son, por definición, preocupantes, porque usted ha dicho que precisamente esa carencia de plazas es en este momento el principal problema, el principal obstáculo para el desarrollo de la política penitenciaria española y que su objetivo principal es conseguir cuanto antes hacer efectivas las previsiones del plan. Y yo tendría que recordarle que las previsiones del plan son precisamente la consecución de una dotación de plazas para 1997 de 41.000, y, evidentemente, parece que ése ya es un objetivo que tiene que ser revisado cuando, como hemos señalado y conforme a cifras oficiales, en 1993, es decir, en el año finalizado, el total de la población reclusa española era de 40.000 personas en centros dependientes de la Administración del Estado.
No ha dicho usted cómo piensa optimizar las estructuras y recursos de la política sanitaria penitenciaria a fin de garantizar la adecuada rentabilidad de las inversiones ya realizadas, reducir el número de salidas extrapenitenciarias y resolver tanto los problemas generales que se están planteando en la ejecución de ciertos convenios asistenciales, como las cuestiones específicas que dimanan del internamiento de presos en los establecimientos de la red hospitalaria general, y, desde luego, en la documentación que se nos remitió después del debate en Pleno que tuvimos ocasión de celebrar en el pasado período de sesiones, tampoco se dice nada de eso al respecto.
No ha dicho usted qué criterios va a aplicar para frenar la introduccón de droga en las cárceles, ni de qué forma va a resolver las actuales insuficiencias que el sistema de convenios plantea en relación con el tratamiento y deshabituación de reclusos toxicómanos, ni con las garantías de continuidad del tratamiento de desintoxicación para aquellos que lo seguían antes de su entrada en prisión.
No ha dicho usted qué medidas urgentes se van a adoptar para dar una respuesta acorde a lo que es la evolución del sida en el interior de los establecimientos penitenciarios, puesto que no puede ignorar su señoría, ni puede ignorar esta Cámara que el número de reclusos fallecidos por esta causa en 1993 ha sido prácticamente el doble que en 1992, es decir, 192 muertes frente a 105; tampoco puede ignorar el avance espectacular y preocupante de la enfermedad entre la población penitenciaria femenina.
Y, desde luego, no ha dicho usted cómo prevé introducir mecanismos más rigurosos de control del gasto interno, ni cómo piensa afrontar las cargas de la deuda contraída por la Administración penitenciaria con sus proveedores, cuestiones éstas sobre las que ya hemos cursado las correspondientes solicitudes de información.
Tampoco ha esbozado usted siquiera un avance de opinión en relación con exigencias singulares que afectan al diseño y desarrollo de la política penitenciaria, y sobre las que también va a tener que adoptar decisiones, porque tiene usted que acabar con las contradicciones en los criterios organizativos entre las disposiciones que emanan de la Secretaría de Estado y las que emanan de los propios centros, contradicciones que han sido manifiestas en los últimos años. Tiene usted que objetivar los mecanismos reales de concesión de permisos y progresiones de grado para que éstos no queden en demasiadas ocasiones en la mera discrecionalidad de los responsables de los establecimientos en concreto. Tiene usted que asegurar que se dé una auténtica clasificación de los reclusos en el interior de los centros y que el tratamiento sea algo más, señora Secretaria de Estado, que teoría y burocracia.
Tiene usted que promover una reforma en profundidad del Plan de Ocupación Integral. Algo de eso ha dicho como expresión de su preocupación, pero ese Plan de Ocupación Integral, en los términos en que actualmente está formulado, presenta notabilísimas carencias y hay que ir, desde luego, a su reforma. Tiene usted que asumir la necesidad de un plan orientado a la educación de los internos más jóvenes y que sea de aplicación por igual en todos los centros, y hacer de las tareas formativas el verdadero eje de la organización del tiempo de los internos en la vida ordinaria de los establecimientos, situación que usted sabrá que hoy no se está produciendo sino que básicamente son otras actividades supuestamente

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lúdicas las que centran esa organización básica del tiempo en el interior de los establecimientos.
Tiene usted que lograr una ampliación del número de puestos de trabajo para internos en los establecimientos penitenciarios para adecuarlos al número total de la población reclusa, y se ha de plantear usted la viabilidad del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios; ha hecho una somera referencia a ello en su intervención. Sabe usted perfectamente que en este momento en el interior de los centros la oferta ocupacional es sensiblemente inferior a las posibilidades reales, a las necesidades reales que plantea la ocupación laboral de los internos, y sabe usted también perfectamente que el organismo autónomo Trabajos Penitenciarios --y yo supongo que se refería a ello cuando en su intervención hablaba del organismo autónomo penitenciario-- está necesitado de una profundísima revisión en su concepción, en la ejecución de sus cometidos y, desde luego, en algunos aspectos rigurosamente contables.
Y, naturalmente, tiene usted mucho por hacer en lo que concierne a la práctica de la política de personal, porque, mire usted, tiene que abordar la limitación del uso de las comisiones de servicio. Tiene que proveer de mayor agilidad a la convocatoria y resolución de concursos, pues basta ver el período de tiempo que media entre los últimos celebrados y los que le precedieron. Tiene usted que garantizar el cumplimiento efectivo en todos los centros de la relación de puestos de trabajo, que sistemáticamente se está incumpliendo. Tiene que dar una solución a la situación de los funcionarios del extinguido Cuerpo B y ése es un problema grave. Tiene usted que arbitrar medidas de promoción profesional para el conjunto de los trabajadores penitenciarios y estudiar la posibilidad de promoción horizontal de esos funcionarios en el conjunto de la Administración. Tiene usted que terminar con las situaciones que se vienen dando en virtud de las cuales se pagan complementos específicos por puestos de trabajo que no se desempeñen y, sensu contrario, no se pagan complementos específicos por puestos de trabajo que efectivamente sí se desempeñan. Tiene usted que revisar el plan de reciclaje para que éste se atenga a las verdaderas exigencias de la formación continuada y asegurar además la universalidad... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Señor Cuesta, guarde silencio, por favor.
Señor Gil Lázaro, puede continuar

El señor GIL LAZARO: ... y asegurar la universalidad de ese plan a todo el cuerpo funcionarial. Y tiene que replantearse muy seriamente la concepción actual del sistema de formación inicial de los funcionarios, porque la práctica acredita sus lagunas e insuficiencias, amén de que no podemos comprender cómo se pueden dar, como se están dando, situaciones de funcionarios con más de tres años en situación de prácticas.
No pretendemos agobiar a S. S. con un catálogo de actuaciones pendientes, pero es obvio que esa Secretaría de Estado ha de abandonar ya la mera estrategia de la imagen y de las relaciones públicas que ha podido caracterizar épocas inmediatamente anteriores a la suya y debe, por el contrario, resolver los muchos problemas que a usted le han dejado sobre la mesa. Mire usted, tiene que concluir la red de informatización de los centros, tiene usted que establecer una mayor precisión en las cuentas de la Administración penitenciaria, para impedir que en muchos casos esas cuentas se parezcan en exceso a las cuentas del Gran Capitán, y tiene que hacer prevalecer un escrupuloso respeto a los mecanismos legalmente establecidos en lo que concierne a adquisiciones y adjudicaciones.
Tiene usted que resolver el problema que suponen los mas de 3.000 presos extranjeros ocupando plaza en nuestra red por la comisión de delitos menores. La semana pasada, sin ir más lejos, el propio Fiscal General del Estado señalaba esta cuestión como una cuestión preocupante y decía --se decía una vez más, pero también se dijo hace dos años-- que se iba a abordar junto con el Ministerio de Justicia, la administración penitenciaria y la propia Fiscalía, a través de los correspondientes planes conjuntos de actuación y de las propias instrucciones de la Fiscalía, la búsqueda de una solución definitiva a este asunto.
Tiene usted que promover medidas efectivas que garanticen la seguridad en los centros, señora Secretaria de Estado, y que equilibren la ratio reclusos/funcionarios en servicios de interior. No nos sirve que se nos esté diciendo sistemáticamente (o se nos ha dicho en los últimos meses) que se ha incrementado el cuerpo funcionarial, porque sabe usted, o debe saber usted, que la «ratio» funcionarios en servicio de Interior-reclusos sigue siendo una de las más bajas, negativamente bajas, del conjunto de los países de nuestro entorno, y tiene usted que abordar la siempre asignatura pendiente de la situación en que se encuentran los psiquiátricos penitenciarios y la especial problemática que rodea a los internados en ellos, porque nos da la sensación...


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, concluya, por favor.


El señor GIL LAZARO: Termino en seguida, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: No, en seguida, no; concluya, por favor.


El señor GIL LAZARO: Yo, señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Lleva usted siete minutos más de su turno.


El señor GIL LAZARO: En todo caso, señor Presidente, le ruego la misma benevolencia, menos benevolencia, que la que ha tenido con la señora Secretaria de Estado en todas sus intervenciones a lo largo de esta mañana. En dos minutos termino, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado no tiene turno, como usted sabe, y usted sí, señoría. Concluya.


El señor GIL LAZARO: Muy bien.
Y tiene que revisar, señora Secretaria de Estado, la operatividad de la Central de Observación, tiene usted que dotar adecuadamente a los equipos (ha dicho que va a hacerlo; ya veremos) y tiene que establecer cauces para que los funcionarios, especialmente aquellos que cumplen tareas en servicios de Interior, puedan participar directamente en las tareas de tratamiento, amén de conseguir que, de una vez por todas, el protocolo inicial de personal de internos se realice con garantías suficientes para determinar las características de aquél, y esto supone que lo realicen técnicos especialistas, cosa que hoy no está sucediendo, y que no se limite, como hasta ahora, a una encuesta hecha por educadores. Tiene usted que dotar de una nueva dimensión a la asistencia social penitenciaria y desarrollar un seguimiento efectivo de los internos clasificados en tercer grado, situación que hoy está generando determinadas situaciones de conflicto, algunas de ellas muy graves, que están, por desgracia, en la mente de todos.
Y concluyo diciendo que tiene usted que poner fin a ciertas prácticas que han venido siendo habituales en la dinámica de la Administración penitenciaria y que reiteradamente, a su vez, han sido criticadas por los jueces y fiscales, porque, en definitiva, señora Secretaria de Estado, le corresponde a usted resituar el cometido de esa Administración penitenciaria en el papel subordinado que ha de ejecutar respecto de la Administración de Justicia en todo cuanto afecta al modo y duración de la ejecución de las condenas.
Así, pues, le queda por delante mucha tarea por hacer, y nosotros no tenemos más remedio que exigirle que en esa tarea se decida a emprender urgentes cambios, los que motivaban hoy la solicitud de esta comparecencia, cambios urgentes que, de entrada, acaben con la paralización que viene arrastrando la Administración penitenciaria desde hace tres meses, y que configure usted un equipo propio en el que no se den las situaciones internas de enfrentamiento que se han vivido en la época precedente a la que usted inaugura hoy con esta comparecencia.
Vamos a tener, a lo largo de su mandato, ocasión de vernos y de discutir de estos temas, y nosotros la deseamos muy buena suerte en la medida en que usted ponga coraje en su tarea. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, el señor Casas tiene la palabra.


El señor CASAS I BEDOS: En primer lugar, quiero saludar a la Secretaria de Estado en esta su primera comparecencia y decirla de entrada, porque no habíamos tenido ocasión, ni en privado ni en público, desde que es Secretaria de Estado, de tener ninguna conversación, que nuestro Grupo Parlamentario, al margen de la aritmética parlamentaria que naturalmente pueda haber en esta legislatura, que este especial tema, y, entre otras razones, porque tenemos competencias en la Comunidad Autónoma de Cataluña y, por tanto, somos gobierno también, tenemos una visión quizá distinta de lo que se ha venido diciendo hasta ahora y entendemos que la situación es tan compleja y la problemática de suficiente alcance como para que tengamos muy claro que nuestra posición debe ser la de intentar, desde la búsqueda del consenso, colaborar al máximo para resolver los graves problemas que afectan a la situación penitenciaria.
¿Esto qué significa? A nuestro juicio, significa (y este tema no se puede aislar del conjunto general de la política del Gobierno) que hay que tomar medidas legislativas y que hay que tener en cuenta también posibilidades presupuestarias. En este sentido entendemos que, con la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno tiene previsto remitir a la Cámara en breve, podremos abordar algunas de las cuestiones que afectan a la situación penitenciaria, y, por supuesto --y ya lo dijimos con ocasión de una interpelación y la moción consiguiente en Pleno hace un par de meses--, para nosotros es fundamental cumplir el plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios.
Creo que con todas estas posibilidades a la vista, y teniendo en cuenta las posibilidades que los Presupuestos Generales del Estado permiten para este año y para los que vienen, que son las que son y no otras, no se puede aislar este tema de la situación general de crisis económica que vive el país, no podemos en quince días empezar a meter dinero en este tema porque dejaríamos otros flancos de la acción del Gobierno y, por tanto, hay que ser muy conscientes de dónde estamos y qué posibilidades tenemos para marcarse unas prioridades y empezar a actuar. Para nosotros, repito, las prioridades son: plan de amortización y, en el orden legislativo, Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho esto, quiero hacer una reflexión política, que es la que hace mi Grupo aquí y en el Parlamento de Cataluña y que hará tantas veces como se suscite este debate. Es imprescindible, para que podamos actuar de una forma eficaz en la solución del problema, básicamente, de la masificación de los centros penitenciarios, actuar con consenso, y el consenso implica a la Administración municipal, a la Administración autonómica en algunos casos y a la Administración central. Sin este consenso, es imposible que podamos resolver los problemas. Si nosotros, los que tenemos responsabilidades públicas, no hacemos pedagogía a los ciudadanos del alcance del problema penitenciario y de que es imprescindible construir nuevos centros, es imposible que la opinión pública entienda que, por ejemplo, en su municipio le puede tocar que se construya un centro. Por responsabilidades políticas que tenía en aquel momento, tuve la ocasión de colaborar en la creación de estado de opinión para que se construyera un nuevo centro penitenciario en Cataluña. Tuvimos muchísimos problemas --manifestaciones, coordinadoras, todos los problemas--, pero el centro está

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hoy en funcionamiento y en esta población nadie sabe que hay un centro penitenciario, no molesta en absoluto ni ha significado ningún problema adicional para aquella población; todo lo contrario; en algunos casos incluso ha sido una fuerte de generación de riqueza. Si nosotros no hacemos esta pedagogía desde la responsabilidad pública que tenemos, es imposible que la opinión pública entienda que es necesario construir centros penitenciarios.
Por tanto, nosotros --y tampoco queremos que lo haga la Administración, es decir, el Gobierno-- no queremos que se utilice el tema penitenciario como arma arrojadiza en el debate político legítimo que pueda tener cada grupo político. Es imprescindible el consenso, asumir la responsabilidad y entender que, sin este mínimo de asunción de responsabilidades, es prácticamente imposible que la sociedad haga suyo un problema que sí es suyo, pues el problema de la construcción de centros penitenciarios es un problema del conjunto de la sociedad, no solamente de la Secretaria de Estado, del Gobierno o de los poderes públicos, y si no hay pedagogía por parte de los que tenemos responsabilidades públicas, señorías, no vamos a llegar a ninguna parte.
Por consiguiente, nuestro Grupo Parlamentario no va a participar en ningún momento en debates duros que quieran resolver en una interpelación de conjunto y en diez minutos toda la problemática penitenciaria, porque además entendemos que hay que enmarcarla en una situación económica que es la que es, y hay que tener en cuenta que hay aspectos legislativos que tienen que pasar por esta Cámara y en los que, sin un esfuerzo de todos, también va a ser muy difícil que establezcamos las normas necesarias para que la situación vaya mejorando.
Por todo ello, repito que nuestro Grupo Parlamentario, desde su posición de vocación de Gobierno (que la tiene donde está gobernando, en Cataluña, y que también la tiene aquí; aunque seamos un Grupo pequeño en cuanto al número, tenemos vocación de Gobierno y la hemos tenido incluso cuando ha habido mayorías absolutas), siempre ha sabido distinguir cuándo hay que mojarse en determinadas situaciones políticas, cuándo hay que votar que no y cuándo hay que presentar alternativas, pero con un criterio muy claro. Este es un tema complejo, en el que, a nuestro juicio, saber hacer una política penitenciaria que pueda tener en cuenta todo lo que prevé la Ley --desgraciadamente, hoy, por cuestión de masificación, no se pueden abordar todas las políticas que prevé la Ley Orgánica-- es una política progresista. Todo aquello que sea una política penitenciaria que tenga muy presentes todos los aspectos de reinserción, a nuestro juicio, es progresismo; todo lo que sean políticas que ayuden a los marginados a integrarse en la sociedad es progresismo, y esto debe hacerse necesariamente desde el diálogo tranquilo, desde la aportación de los distintos puntos de vista, pero, por supuesto, asumiendo cada uno su responsabilidad y, sobre todo, haciendo pedagogía. Por tanto, va a encontrar en nuestro Grupo Parlamentario crítica cuando sea necesaria. Lo que pasa es que nuestra crítica va a ser siempre constructiva y siempre con alternativas encima de la mesa, y sepa que siempre tendrá nuestra colaboración para intentar resolver un problema que, a nuestro juicio, es muy importante, por cuanto afecta a capas marginales de la sociedad, y esto para nosotros requiere una atención especial.
No queremos debates arrojadizos. No queremos polemizar sobre estos temas, porque entendemos que el alcance de los mismos tiene otras vías de solución y, sobre todo, insisto, lo importante es que cada uno de nosotros sepamos hacer la pedagogía suficiente para que el conjunto de la sociedad entienda que el problema es de todos y no solamente de los poderes públicos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Romero tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: En primer lugar, para darle la bienvenida a la señora Secretaria de Estado a esta Comisión de Interior y Justicia; es su primera comparecencia en ella; ha hecho una exposición sobre las carencias del sistema penitenciario y algunas ideas para abordar su solución. Nosotros le deseamos acierto y, desde luego, vamos a estar aquí pendientes de todo este tema. Comparecerá usted más veces y veremos cómo van las cosas. Sinceramente, no le arriendo las ganancias, porque esta Comisión es muy movida, como no podía ser de otra manera; es la Comisión de Interior y Justicia; en ella se ven los problemas de las libertades democráticas y los problemas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros aspectos relacionados con la Administración de Justicia.
Por tanto, quizá sea una de las comisiones que más intensamente trabaja del Parlamento. La veremos por aquí en más de una ocasión.
Nosotros queremos exponer, en ésta su comparecencia, a petición del Grupo Popular, sobre temas que ya hemos debatido antes de que usted accediera al cargo de Secretaria de Estado, que hemos planteado nuestra visión sobre estos temas, e incluso sugiriendo la necesidad, como han pedido algunos sindicatos que actúan en prisiones, de que se abordara una negociación seria, una especie de libro blanco, para ver cómo se va desarrollando la reforma penitenciaria que nos acerque, como país moderno y democrático, al año 2000, solucionando una serie de problemas de infraestructuras y de tratamiento en el campo penitenciario.
A nosotros no nos parece lógico que un orden y un criterio que se ha puesto en marcha sobre todo basándose en datos económicos y en costes, se plantee algo así como si en un país se ofertara como único recurso asistencial en materia sanitaria, por ejemplo, un gran hospital, por muy diverso que internamente se configure. Creemos que ese tipo de enfoque de la macrocárcel y de la unidad con módulos diversos se homologa a este ejemplo que para nosotros no es bueno, un gran hospital sin ningún tipo de otros instrumentos de atención sanitaria; o, eligiendo otro ejemplo gráfico, otro botón de muestra, apostar por una gran superficie comercial en contra de la tradición de las tiendas de barrio.
Nosotros, en esa filosofía de fondo y en ese enfoque de

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la macrocárcel, no estamos de acuerdo, por varias razones. Admitiendo que hay que establecer un programa a medio y largo plazo para remodelar y revisar los centros penitenciarios y que eso es positivo en líneas generales, y que hay un ejemplo francés muy interesante sobre todo este asunto de las instalaciones penitenciarias y de su modernización, la solución a la criminalidad es necesario que se dé teniendo en cuenta la evolución en Europa y en España. Tener más presos no significa que haya menos delitos, sino que debe procurarse, y es difícil y muy necesario, el que haya ajustes y equilibrios. Desde el punto de vista económico, es un eje central, en el discurso oficial que usted ha planteado hoy aquí, el ajustar y rentabilizar el costo de los centros antiguos por los nuevos, y parece ley de vida el que los costos de las grandes superficies sean más bajos que los de las pequeñas superficies también en otros planos de la atención a la ciudadanía.
Ahora bien, las cifras necesarias de muchos ceros no pueden ocultar la dimensión discutible de los ratios y de los ajustes que ustedes manejan en el Gobierno y en la Administración penitenciaria.
Igualmente cierto es que esta fábula economicista aplicada al sistema penitenciario se olvida de ciertos perfiles de los internos, como, por ejemplo, colectivos de drogadictos con actuaciones delictivas muy primarias; así, la ratio de 10 millones de inversión por plaza en la prisión tipo y 4.000 pesetas día de mantenimiento pudiera tener mejor utilización y acomodo en otras medidas asistenciales o soluciones arquitectónicas más ajustadas a sus necesidades.
El plan de amortización que prevé rentabilizar el patrimonio de solares, de edificios de viejas prisiones para ayudar a sufragar la inversión prevista, creará graves problemas. Frente a la supuesta autofinanciación del proyecto, que enarbola la Administración penitenciaria, tenemos que este hecho se financia o bien vía presupuestos de los ayuntamientos, es decir, por impuestos, o bien indirectamente a través de los compradores de los futuros pisos, o arrendamientos o establecimientos construidos en los solares de los antiguos centros, es decir, en operaciones especulativas que habría que evitar. En cualquier caso, la operación presenta un desagradable parecido con las prácticas semiespeculativas tipo Renfe; también en las instalaciones de Defensa se ha llegado a convenios con instituciones públicas primándolas sobre convenios con operaciones de carácter inmobiliario, pero esos fenómenos se deberían tener en cuenta.
En el plano humano --y voy terminando--, en este equilibrio de rentabilidad del costo por plaza y de la dimensión, se ha situado el proyecto de unas mil celdas convertibles en dos mil plazas, muy superior a la recomendación de los organismos europeos de la Comunidad Europea, que establece 350 plazas por prisión, y de un argumento del módulo de convivencia. Es cierto que la dimensión humana en una organización de 2.000 personas se diluye en una complejidad de servicios y organización de un sector tan sensible como el penitenciario, sobre todo si desaparecen las prisiones pequeñas, que son funcionales en otro orden de cosas, como en atenciones a colectivos específicos. También es necesario el colectivo humano de 14.000 funcionarios de instituciones penitenciarias, al definir qué tipo de prisión, qué espacio físico, en qué lugar van a desarrollar su trabajo. Para mi Grupo Parlamentario es muy importante perfilar las modificaciones que se vayan a introducir en el estatuto del personal funcionario de instituciones penitenciarias, ver qué carácter van a tener, si se van a introducir conducciones y traslados, si van a asumir competencias que hoy son de la Guardia Civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o no, y qué tipo de funcionario, qué modelo, de acuerdo con la Constitución y con las garantías democráticas de atención al colectivo penitenciario, van a tener en ese perfil de reformas que se van a introducir en el estatuto del personal.
En el terreno del diseño, por ejemplo, en lo que se refiere a los funcionarios, no podemos recorrer un camino inverso al que se demanda en Francia o en Italia, donde un funcionario militarizado se enquista en una situación corporativa, paralizante y resistente a un cambio de una participación mayor para lograr un trato con los reclusos distinto al tratamiento que hoy tiene y la ley le establece al funcionario de instituciones penitenciarias.
En relación con el diseño de la prisión, del plan y de la prisión-tipo, yo creo que ese diseño no es sólo un problema de volumen y de forma, sino todo lo que significan las personas que cumplen condena en conceptos como horizonte, intimidad, luz, que adquieren una especial relevancia y que no son problemas de carácter artístico o de estética fácil, sino de ver cómo se establece y cómo se posibilita la reclusión de las personas que son privadas de libertad.
En cuanto a las prestaciones, también se debe constituir un debate político, qué cantidad, qué calidad de servicio se deben prestar y se deben dotar a las prisiones en España. Se habló de que las piscinas climatizadas y las pistas de «squash» no responden a unos estándares homologados de la sociedad española, constituyéndose más bien en una mera imagen propagandística, porque quedan sin discutir elementos tales como la actividad laboral, normalizada en el interior de los centros penitenciarios. Para nosotros es fundamental que antes de las piscinas climatizadas y de las pistas del «squash», que no están al alcance de la sociedad española en su conjunto, se dotaran de unas prioridades, como son las escuelas talleres, la formación profesional, la actividad laboral y otras tareas en el interior de los centros penitenciarios.
El problema de la seguridad como un valor clave, importante de estos complejos sistemas de seguridad, de la ubicación de las nuevas macrocárceles, debe tener siempre su equilibrio con objetivos razonables.
No debemos caer en el papanatismo del todo vale mientras que en el capítulo de seguridad o en las prisiones el que no se vayan a producir fugas sea lo fundamental.
Sobre la masificación --y termino--, se pretende con un plan acabar con la masificación, pero eso se dijo anteriormente, y se pone la fecha cada vez a más largo plazo, en 1996, en 1997, etcétera. Se trata de ser realistas, porque

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una cosa son los deseos de la Administración penitenciaria, sin nuevo Código Penal todavía abordado, los arrestos de fines de semana, a domicilio, y las figuras que se van a establecer como Código Penal moderno van a estructurar una nueva concepción de la política penitenciaria, y otra cosa es el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, que no está hecho todavía. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma andaluza, de donde yo procedo como Diputado, al serlo por la circunscripción de Málaga, se les manda que, de acuerdo con el Estatuto, se transfieran las competencias en prisiones que debe tener la Junta de Andalucía.
Finalmente, hay una serie de ideas que se deberían tener en cuenta con un esquema básico como conclusión. No se debe vaciar de contenido la Constitución mediante normas inferiores, de manera aislada por parte de la Administración. Sería necesario decir: «Se modifica la legalidad mediante un acuerdo parlamentario y con los colectivos de instituciones penitenciarias, con los sindicatos, con objeto de que a través de las circulares no se vaya alterando el respeto democrático que se debe mantener en todos los casos.» De la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la agilización de la Administración de Justicia, va a depender fundamentalmente el número y el tiempo de permanencia de los presos en las cárceles españolas, de la reforma del Código Penal y, secundariamente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya se ha dicho anteriormente, así como de la transferencia progresiva a las comunidades autónomas, en línea con ese proceso de transferencia de la competencia general. Junto a estos ejes básicos y en estrecha relación con ello, hay que considerar las diferentes modalidades, las nuevas sanciones penales, que pueden coincidir --ya lo habíamos hablado antes-- con arrestos de fines de semana, con medidas no carcelarias que se apliquen a cierto tipo de delincuentes, voluntariado social, toxicómanos, rehabilitación, etcétera, que parecen ir abriéndose paso y que deberíamos contemplar.
Nosotros tenemos una serie de ideas que vamos a trasladarle; estamos dispuestos que usted las considere y las estudie con sus asesores para ver qué tipo de centros se hacen, cómo se dotan de mecanismos, para que consigamos en España que la gente que está privada de libertad no esté privada de los demás derechos que les asisten como ciudadanos y se haga un gran esfuerzo para lograr su reinserción en la sociedad. Estamos avanzando en una serie de temas gravísimos de delincuencia nueva, moderna, informatizada, con influencia de los medios de comunicación audiovisuales, con problemas generados con la droga y el tráfico de drogas, delincuencia de carácter económico y fraudulento que se debe abordar; hay que estudiar el tratamiento que se debe dar desde Instituciones Penitenciarias a todos estos fenómenos.
Gracias por la atención prestada y, repito, nuestro Grupo está, como todo el mundo sabe, en la oposición de izquierdas a la política de su Gobierno, pero en este campo, como en otros, estaríamos dispuestos, si se hace una política progresista y de izquierdas, a contemplar nuestra colaboración con su delicada labor al frente de las instituciones penitenciarias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: En primer lugar, como parece que exige la cortesía parlamentaria, quiero saludar y dar la bienvenida a la nueva Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias, deseándole, desde el Grupo Socialista, el éxito en una tarea siempre difícil y rodeada de complejidad, ante la cual nuestro Grupo le anticipa la colaboración lógica, no sólo como Grupo que sostiene al Gobierno, sino como Grupo que piensa que estamos en una materia en la que el esfuerzo conjunto y la máxima colaboración es siempre algo deseable.
La verdad es que en esta comparecencia para exponer lo que es un esbozo, como no puede ser de otra manera, de las líneas generales de actuación, lógicamente creo que no se puede proceder, como algún Grupo ha hecho, a una especie de juicio sobre la posible gestión de la Secretaría de Estado con una nueva titular. Ciertamente, el Grupo Socialista ha abordado en muchísimas ocasiones este debate y la verdad es que tenemos una sensación de cierta perplejidad. No sabemos si el Grupo Popular está en una interpelación permanente, a través de su portavoz, que nos resulta, en cierta medida, un interpelante monótono y reiterativo, puesto que la verdad es que desde que se inicia esta legislatura ha habido ya en torno a los mismos temas tres debates de características muy similares.
Uno tiene la sensación de si produce alguna fruición especial escucharse tantas veces para decir las mismas cosas; si produce alguna fruición especial leerse una y otra vez en los «Diarios de Sesiones», y si produce alguna fruición especial tener una escasísima capacidad de diálogo; diálogo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que parte siempre de la capacidad de escuchar los argumentos de los demás, en este caso de la Secretaría de Estado, del Gobierno en su conjunto. Lo digo porque en poco tiempo ha habido debates ya muy parecidos que han tenido una contestación suficiente; eso sí, entendemos que ha sido una contestación poco escuchada, y yo no sé si para los anales del parlamentarismo o esta legislatura puede tener algún interés reiterar tantas y tantas veces e imagino que muy poco para los medios de comunicación.
Ello me lleva a hacer una intervención breve, simplemente manifestando algunas de las cuestiones que me parecen más relevantes.
En primer lugar, yo creo que la descripción que a veces se escucha del estado de las prisiones o del sistema penitenciario no es justa; no es correcta a la realidad. Se habla mucho de las prisiones, seguramente sin estar mucho en ellas y seguramente bastante alejado de la realidad.
Nuestro sistema penitenciario, como todo sistema penitenciario, tiene problemas. Seguramente estamos en una de las áreas donde es imposible un estado ideal de las cosas por sus propia naturaleza, pero, evidentemente, la evolución de la situación en los últimos años apunta

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hacia una dirección acertada que se manifiesta en el conjunto de los nuevos aspectos que se han ido aplicando en previsión de la Ley General Penitenciaria en todos los órdenes y que tiene como gran reto el plan de amortización de centros para luchar contra el grave problema del hacinamiento.
Yo no voy a exponer aquí ya ningún argumento más sobre ese plan, sobre por qué el Grupo Parlamentario Socialista apoya ese plan. Ni siquiera tampoco voy a poner el dedo en las contradicciones de algunas posturas de los grupos. Ciertamente, cuando este plan se critica, con poco fundamento desde nuestro punto de vista, lo que estamos haciendo es jugar a una política de corto alcance, a una política que tiene unos ribetes claramente demagógicos, que tiene el enganche de una clientela que puede ser coyuntural de oponerse allí donde se establece un plan de instalar un centro penitenciario, sea grande, sea pequeño --este grande nos parece mucho más razonable-- porque eso puede tener algún aprovechamiento electoral, insisto, coyunturalmente. Eso se hace desde grupos que, para tranquilidad del Grupo Parlamentario Socialista, no tienen vocación de gobierno real o, al menos, no tienen convencimiento de que son opción de gobierno real; si no sería imposible que se hicieran estos planteamientos tan demagógicos a los que estamos acostumbrados en buena parte del territorio nacional.
Por tanto, yo creo que ese plan debe de seguir adelante. Aquí algún grupo trae a colación otro tipo de argumentos, como la comparación con los sistemas de la atención especializada en el mundo sanitario. Parece que ése es un argumento que estaría más a favor de las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, puesto que yo creo que la tendencia clara a que existan grandes complejos hospitalarios es un método mucho más adecuado para esa atención especializada.
Se ha expuesto hasta la saciedad y no voy a repetir los argumentos a favor del plan, pero yo les pediría a SS. SS. que se incorporaran un poco al ritmo de la modernidad, que se incorporaran un poco al ritmo de lo que exige una penalidad tan específica como es la que se produce en nuestro país y que tuvieran la capacidad --ellos sí-- de cambiar algo en sus discursos, de cambiar algo en su reflexión, de escuchar otras posiciones, porque ciertamente nos parecería muy positivo.
Desde esa perspectiva insistiré en, para no reiterar, que algunas de las cosas que se han dicho no son correctas. El tratamiento a los problemas de drogodependencia, de toxicomanías, de sida en nuestras cárceles ha mejorado notablemente, aunque ahí existe una gran problemática por abordar. La tarea de formación ocupacional, de inserción educacional ha mejorado notablemente en nuestro sistema penitenciario, igual que ha mejorado la política de personal.
Yo quiero decir aquí que, aunque se ha hecho alguna alusión, llevamos mucho tiempo sin ningún conflicto mínimamente serio en nuestras prisiones, ni desde el punto de vista de reclamaciones de las funciones, ni desde el punto de vista, incluso, de la propia situación de los penados, a pesar de ese hacinamiento, y eso tiene que ser, más allá de los datos, de las cifras, de los porcentajes, un índice a tener en cuenta. Los incidentes son muy aislados y por fortuna llevamos tiempo en una situación de bastante tranquilidad.
En definitiva, creemos que la línea es una línea acertada globalmente, que habrá que reforzar con algunas de las posiciones que ha mantenido la Secretaría de Estado y que por parte del Grupo Socialista sólo tenemos dos deseos: uno, que, por supuesto, la Secretaría de Estado continúe en buena medida y con la máxima intensidad ese plan de amortización que nos parece absolutamente imprescindible y, dos, que algún grupo tenga la capacidad de demostrar algo más de cintura política en sus planteamientos, cosa que a tenor de los antecedentes históricos parlamentarios va a ser ciertamente difícil, pero que, en todo caso, el Grupo Socialista va a mantener la cortesía parlamentaria de intentar que así sea en relación a una problemática tan compleja como la que nos ocupa.
Le deseamos, pues, suerte en su gestión y reiteramos la plena colaboración del Grupo Socialista más allá de las coyunturas electorales, más allá de los posicionamientos de corto plazo que algunos parece que tienen como único referente político. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente. Para una cuestión de orden, si me lo permite.
Venimos observando desde mi grupo parlamentario ya con cierta reiteración que siempre que se plantea el tema del ámbito penitenciario por la fórmula parlamentaria de comparecencia de alguna autoridad, el Grupo Socialista viene utilizando su turno, en vez de para prefijar, como establece el Reglamento, una posición de grupo frente a la intervención de la compareciente, para replicar directamente con argumentos políticos y con alusiones personales a las intervenciones de los demás grupos parlamentarios. No nos parece que esto se ajuste estrictamente al tipo de intervención que el Reglamento prevé de los grupos en este turno posterior a la intervención del compareciente. Queremos dejar constancia de esto y, en segundo lugar, precisamente por eso, solicitar al señor Presidente, al amparo de Reglamento, un brevísimo turno por alusiones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, es prácticamente inevitable que en fijación de posiciones los distintos grupos se contradigan, toda vez que su posición se supone distinta a cada uno de los grupos, pero sí ha habido una alusión del portavoz del Grupo Socialista muy concreta y muy directa que ha sido acerca de sus intervenciones monótonas y reiterativas, para la defensa de lo cual, si usted quiere, tiene tres minutos; sólo sobre esto.


El señor GIL LAZARO: Muchísimas gracias, señor Presidente, por la benevolencia con la que acoge mi ruego.


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Señor portavoz del Grupo Socialista, yo supongo que soy monótono y reiterativo en función estrictamente del cumplimiento de una obligación parlamentaria, dada la situación que estamos analizando. Probablemente a usted le parecerá monótono y reiterativo el proceso lógico desde un punto de vista intelectual, político y, desde luego, parlamentario, que hemos seguido desde el inicio de la legislatura.
Aquí se planteó, primero, una comparecencia del Ministro de Justicia al inicio de la legislatura para abordar esta cuestión con la consiguiente oferta por nuestra parte de una relación, por la vía de moción, de medidas urgentes y específicas para ser alternativas a la situación actual; a continuación solicitamos una comparecencia en Comisión, una vez finalizó la gestión de un equipo, el anterior al de la señora Fernández Felgueroso, para que diera cuentas de esa gestión, lo cual nos parece impecable desde un punto de vista parlamentario y democrático y hoy, que un nuevo equipo se hace cargo de la responsabilidad de la Institución penitenciaria, hemos solicitado esta comparencia para que, efectivamente, la Secretaria de Estado nos explicara qué cambios piensa introducir. Esto nos parece impecable y riguroso desde un punto de vista político, intelectual y parlamentario.
Yo comprendo que al señor portavoz del Grupo Socialista esta cuestión del ámbito penitenciario le resulte incómoda que se trate en esta Comisión, pero créame que vamos a seguir planteando con rigor estos temas, sobre los que, por lo demás, hoy no hemos formulado ningún tipo de juicio, sino simplemente, en cumplimiento de nuestra obligación parlamentaria, le hemos señalado a la señora Secretaria de Estado cuáles son los problemas que tiene sobre la mesa; probablemente porque le hemos señalado cuáles son el Grupo Parlamentario Socialista se ha sentido incómodo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quería, para que no parezca que hay descortesía parlamentaria, decir que la autocalificación de «impecable parlamentariamente en su actuación» en ningún caso es incompatible con que ésa sea monótona y reiterativa; sobre todo, es monótona y reiterativa cuando la contestación a la propia comparecencia de la Secretaría de Estado está prefijada, sin haber escuchado lo que se ha dicho.


El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, procuraré ser lo más breve posible, para que SS. SS. tengan ocasión, más adelante, de plantear otras cuestiones.
En primer lugar querría agradecer, y no en forma protocolaria, sino muy sinceramente, a todos los portavoces que he tenido ocasión de escuchar su deseo de éxito en una gestión que, como todos han expresado, es delicada.
También agradezco su ofrecimiento de colaboración.
Indudablemente, la ejecución de las penas, las cárceles, son un eslabón más, probablemente el último, del ámbito más genérico de la justicia. El propio Ministro de Justicia, en ese pacto por la Justicia que ha expresado ante SS. SS., ha incluido, como no podía ser menos, este ámbito en ese, repito, ofrecimiento de pacto y de consenso. Por tanto, yo tengo enorme y sincero interés no sólo en escuchar a SS. SS. en esta Comisión, en el ámbito parlamentario, sino que también deseo intercambiar opiniones y sugerencias con los grupos parlamentarios en el ámbito de mi competencia, es decir, dentro y fuera de esta Casa.
Dicho esto, voy a intentar, brevemente, puesto que todavía queda bastante materia objeto de la comparecencia, contestar a algunas cuestiones puntuales, aunque hay cuestiones a las que no podré contestar con el rigor que quisiera por carecer de los datos precisos.
En términos generales, quiero poner de manifiesto al Diputado señor Gil Lázaro --contesto por orden de intervención-- una cuestión. Mi comparecencia se ha ceñido precisamente al objeto de la misma: las graves carencias de la política penitenciaria española. (El señor Gil Lázaro: Graves cambios.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no interrumpa a la compareciente, por favor. (El señor Gil Lázaro: Perdón, señor Presidente.)

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): No sé si son cambios o carencias, pero, en todo caso, la interpretación que yo he hecho no es la de pensar que se me pedía que explicara las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, porque eso sería objeto de una explicación bastante más amplia, sino que me he ceñido a los aspectos que he considerado y ello siguiendo un orden de prioridades. La carencia o problema más importante de la política penitenciaria española es la que he expresado en relación con los centros, y he dicho que la realización, el llevar a término el resto de las actuaciones en relación con los reclusos españoles tenía mucho que ver con este problema prioritario de la grave carencia de plazas. Por tanto, siento que S. S. considere que no he respondido a muchas de sus preocupaciones; ello no quiere decir que no sean preocupaciones de la Secretaría de Estado, pero sí que no eran objeto --al menos así lo he entendido yo-- de este establecimiento de prioridades y carencias.
Ha hablado S. S. de continuismo. Para mí continuidad en un plan del Gobierno, en un plan del Ministerio de Justicia, es bueno; me honro de esa continuidad. Naturalmente, no pretendo que S. S. ni su Grupo compartan los criterios y lo que el Gobierno socialista considera como progresista; por tanto, evidentemente, continuidad con los planes del Gobierno, con el proyecto del Ministerio de Justicia, en cuyo Ministerio estoy ubicada, y, desde luego, continuidad con lo que consideramos política progresista, sin perjuicio de que cada responsable político,

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cada responsable público imprima su particular manera de hacer las cosas.
A lo largo de mi intervención he tenido ocasión de reiterar que hay muchas cosas absolutamente perfectibles, que hay muchas cosas en las que tenemos que insistir, que se ha mejorado, pero que todavía quedan muchísimos aspectos por mejorar, algunos de ellos muy importantes, e incluso se podría decir que esenciales. Por tanto, continuidad dentro del proyecto global y aplicación de los criterios correspondientes a mi responsabilidad, criterios que iré expresando en la medida en que vayamos viéndolos puntualmente.
Su señoría ha puesto sobre la mesa numerosísimos datos y lo cierto es que contestar puntualmente a cada uno de ellos nos llevaría una sesión suficientemente larga, desde luego más de una hora; por tanto, le pido disculpas por referirme tan sólo a algunas cuestiones muy concretas.
Al hablar de las carencias sanitarias --en esta Cámara se ha tenido oportunidad de exponer cuáles son las actuaciones en materia sanitaria de Asuntos Penitenciarios, actuaciones absolutamente en la línea de las recomendaciones de las organizaciones internacionales, tanto en lo que respecta al SIDA como a la drogadicción, y en total sintonía con las actuaciones de las comunidades autónomas--, su señoría ha mencionado la cifra de 192 fallecidos de SIDA, cuando en realidad han sido 146; si S.
S. ha utilizado datos míos habrá un error porque, desde luego, ésa no es la cifra.
También ha hecho una serie de consideraciones sobre funcionariado, reciclaje, comisión de servicios y promoción profesional que S. S.
entenderá que resulta imposible contestar en esta comparecencia. Sin embargo, hay una cuestión que creo que sí merece un comentario especial, y es la alusión que ha hecho a la autosuficiencia en materia sanitaria.
En este tema he de decirle que no pretendemos la autosuficiencia en materia sanitaria, sino que la posición de Asuntos Penitenciarios es precisamente mantener un cierto grado de autosuficiencia con respecto a aquellos enfermos que puedan ser tratados en nuestras propias instalaciones, pero siempre con el objetivo de ir incorporando a los reclusos al sistema universalizado de la Seguridad Social. En este punto volvería a pedir el consenso de SS. SS. y de sus respectivos grupos políticos, puesto que, al igual que sucede en las instalaciones carcelarias, en algunos centros hospitalarios se está produciendo un rechazo a convertirse en centros de referencia donde, con las instalaciones adecuadas, sean ingresadas personas reclusas; es como si la sociedad considerase que son personas que no están dentro de ese ámbito universalizado de la Seguridad Social. Por tanto, me permito pedir en estos momentos el apoyo de SS. SS. para deshacer cualquier información no clara con respecto a esta cuestión que no incorpora en absoluto ninguna situación especial en esos centros sanitarios, porque lo que sí se convino con las comunidades autónomas es el establecimiento de unas medidas que impidan que se produzcan efectos no queridos o efectos perversos por ese acudir de nuestros reclusos a los centros de la Seguridad Social, porque comprenderán SS. SS. que es completamente imposible que, con el avance de la tecnología y las necesidades de toda índole que requiere una buena atención sanitaria, se produzca esa autosuficiencia, aunque quizá no sea éste el término que ha empleado S.
S., si bien me ha parecido entender que sí lo ha sido.
Ha planteado también el tema de extranjeros. Supongo que tendremos ocasión de hablar de esa cuestión con más detenimiento en otra comparecencia o con ocasión de otra pregunta. Los que están en nuestras instituciones son más de 3.000, casi se han duplicado. Sobre todo en los últimos ingresos, es decir, en el año 1993, hay un incremento muy notable de personas extranjeras. Las soluciones, como SS. SS. conocen, son complejas. Instituciones Penitenciarias no puede solucionarlo por sí misma. Ahí tiene que haber no solamente unas peticiones de los fiscales en consonancia con la Ley Orgánica de Extranjería para protección de estas personas, sino que además los tribunales son los que, definitivamente, deben establecerlo o no en sentencia, ya que, como S. S.
sabe, son absolutamente independientes en cuanto a esa decisión. Es decir, es un asunto complejo en el que se requiere petición del Ministerio Fiscal, decisión por parte de los tribunales en penas inferiores a seis años, del cumplimiento en sus respectivos países y, a falta de todas esas cuestiones, acuerdos o convenios internacionales, pero también decisión de los propios reclusos, que muchas veces bajo ningún concepto se quiere ir a cumplir la condena a otros países. Ese equilibrio difícil entre la autonomía judicial, la petición fiscal y la autonomía de los propios reclusos es con el que tenemos que conjugar este problema, que, evidentemente, como S. S. ha dicho, es importante.
Otra cuestión. He creído entender que cuestionaba el protocolo que manejan los equipos de observación y tratamiento y que estos equipos no estaban integrados por técnicos. Quiero poner de manifiesto ante SS. SS., por si acaso hay alguna duda, que están integrados por psicólogos, por juristas, por asistentes sociales y por educadores. Creo que de ninguna manera se puede decir que no son técnicos, sino todo lo contrario; es decir, son unos equipos muy profesionalizados que, como antes he tenido ocasión de decir, me propongo reforzar precisamente por ese papel fundamental, pero que sin que se llegue a la conclusión de que en este momento sus componentes no son técnicos especialistas. (El señor Gil Lázaro: No he dicho eso.) A lo mejor no lo ha dicho, señor Diputado, pero he tomado nota de ello en algún momento.
En relación con la intervención del Diputado señor Casas, por el Grupo de Convergència i Unió, quiero agradecer muy sinceramente su intervención.
Me identifico plenamente con lo expresado, agradezco muy especialmente su colaboración y el anuncio de crítica constructiva; ambas cosas me agradan y me congratulan. Creo que ha expuesto cosas muy sustanciales. He tenido ocasión también de comentar con anterioridad, cuando hemos hablado del cumplimiento del Plan de centros, que había un diferencial entre las previsiones que se hicieron en el año 1991 y las que, desgraciadamente, tenemos ahora en

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cuanto al crecimiento de la población reclusa, pero también he dicho algo que es una cuestión que plantea, creo que muy acertadamente, el portavoz señor Casas, que es la de que todo ello habrá que atemperarlo y habrá que establecer con realismo las prioridades, en función también de la futura reforma del Código Penal --también lo ha planteado el Grupo de Izquierda Unida-- y, por tanto, no caben en este momento simplificaciones de todo ese tema tan complejo, sino que habrá que ver cómo se plasman esas modificaciones legislativas y qué incidencia tienen en la ampliación o decrecimiento de las plazas carcelarias o en las instituciones penitenciarias.
El señor portavoz ha resaltado algo que quiero reiterar, y es cómo a pesar de que en algunos momentos iniciales de la construcción de cárceles se produce una vibración y una oposición frontal de los ciudadanos del área donde se hace la instalación, después esto cambia completamente, especialmente cuando la población comprueba que no hay males adicionales, por decirlo textualmente, y que, además, se produce reactivación económica en ese espacio. Vuelvo a decirles a SS. SS. que tengo un listado de ayuntamientos y alguno dice: he visto que ustedes van a instalarlo en este municipio. Si no quieren, nosotros sí. Son casos curiosos que SS. SS. tendrán que conocer. Por tanto, muchas gracias por ese ofrecimiento. También compartimos la reflexión política, a mi juicio muy atinada, que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió.
En relación con el portavoz de Izquierda Unida, con el señor Romero, que ha expresado la preocupación de los sindicatos de que tengan una participación en todas estas modificaciones y novedades que incluye el Plan, quiero reiterarle que, evidentemente, es una política de Asuntos Penitenciarios el tener una relación estrecha con las organizaciones sindicales más representativas. Ya he tenido una primera visita o una primera reunión con estas organizaciones sindicales más representativas para conocer de primera mano cuáles eran esas preocupaciones. He de decirle que en relación con el Plan de Creación y Amortización, todas las centrales sindicales han suscrito el Plan en lo que les afecta de reubicación por amortización de algunos centros y no todas ellas tienen la misma opinión sobre la bondad o no bondad del tamaño de las nuevas cárceles. Ahí no hay identidad de pareceres, no hay criterios homogéneos, pero, en todo caso, tenga la seguridad de que igual que se negoció algo tan difícil y que supuso, ha supuesto y supondrá sacrificios por parte de los funcionarios de trabajos penitenciarios, por parte de los funcionarios de la casa, ahí tengo que resaltar que han tenido una posición digna de encomio al suscribir, a pesar de que realmente les va a suponer incomodidades, el Plan de Creación y de Amortización de Centros.
El señor Diputado ha puesto de manifiesto nuevamente sobre el tapete la idoneidad o no de la cárcel mediana, como digo yo, y de la macrocárcel, como dicen SS. SS., y ha hecho unas comparaciones que no comparto exactamente, aunque creo que se pueden expresar, como es la del gran hospital o el supermercado o la tienda de barrio. En el segundo de los supuestos, inexorablemente, al final, creo que no es posible ponerle esas puertas al campo y que ese mismo ejemplo puede servir para las instalaciones de las cárceles. No es posible eliminar esas superficies comerciales de gran tamaño porque, en definitiva, ofrecen una relación precio-calidad que sin duda demandan también los consumidores. Y esto se puede trasladar aquí con todos los matices, aunque no querría hacer ninguna comparación porque creo que es un aspecto muy complejo y porque el objetivo son factores humanos, seres humanos privados de libertad. Por tanto, con las diferencias notables que existen, yo no quiero comparar estos términos, como ha hecho el señor Diputado, y creo que podremos tener ocasión de seguir insistiendo en cómo la cárcel de mil internos es una cárcel que permite esa preocupación que ha expresado el señor Diputado, que permite la preocupación de atender debidamente a los internos en el conjunto de sus necesidades.
Ha hecho un comentario que puede parecer baladí, pero que no lo es, en relación con que estas cárceles tenían previsiones de piscinas climatizadas y que S. S. consideraba que eran más importantes las cuestiones de actividad laboral, escuelas taller, etcétera.
Evidentemente, comparto su criterio de que tiene mayor relevancia que este tipo de prisiones presten atención fundamental a todo lo que es actividad laboral, actividad formativa, actividad educativa, pero también ha de prestar consideración a la actividad deportiva porque no hay que desdeñar esa actividad en las cárceles, y no hablemos de squash, no hablemos de instalaciones muy sofisticadas; son instalaciones buenas, pero no tan sofisticadas como pudiera creer S. S. o como han podido llegarle a decir a S. S. Por tanto, compartiendo su preocupación de que son más importantes estas cuestiones, quiero decirle que la actividad deportiva tampoco es una cuestión a desdeñar.
Ha hablado también del estatuto de personal. Sobre esta cuestión en la legislatura pasada se comentó una hipótesis de trabajo; sobre este punto tan sólo hay conversaciones en términos muy vagos con las organizaciones sindicales, en las que profundizaremos a lo largo de esta legislatura, pero tenga la seguridad que se celebrarán las reuniones que sean necesarias para llegar a acuerdos en esos aspectos, sobre los que las centrales sindicales más representativas tampoco tienen un criterio uniforme. Por tanto, habrá que estudiar con las centrales sindicales y en el ánimo de lo que es mejor para el conjunto de la institución por dónde ha de desarrollarse este estatuto de personal, que es un asunto pendiente de la anterior legislatura.
Finalmente, ha comentado su preocupación por la cuestión de las circulares. También es nuestra preocupación. Creemos --en parte estoy concentrando mis esfuerzos en ese trabajo-- que hay que estudiar muy bien toda la cuestión de circulares y probablemente elevarlas de rango e incorporarlas al reglamento, como se ha sugerido por algunos grupos e incluso por algunos jueces de vigilancia penitenciaria, no por todos; es decir, hay autos muy diferentes de los respectivos jueces de vigilancia penitenciaria, pero, en conjunto, es un asunto que nos preocupa; compartimos esa preocupación, y le aseguro que

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trabajaremos para clarificar todo aquello que no suponga una absoluta seguridad jurídica en esta cuestión. Por tanto, compartimos su preocupación y he de decirle que avanzaremos en esa cuestión y tendremos ocasión de volver a comentarla.
En relación con la intervención del representante del Grupo Socialista he de decir que me reitero en la identificación con sus razonamientos que también he hecho respecto al Grupo Catalán, y también comparto que las líneas generales del plan de actuación y de amortización de centros son absolutamente necesarias y es indispensable desarrollarlas en un tiempo relativamente corto. También comparto la idea de que esa política hace una identificación con lo que ha expresado respecto del tratamiento de toxicomanías referente a la ostensible mejora en estos aspectos, que son aspectos muy preocupantes no sólo intramuros de las instituciones penitenciarias, sino también en el conjunto de la sociedad civil.
Cumpliendo con mi ofrecimiento de brevedad, señor Presidente, termino.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, QUE SERA CUMPLIMENTADA POR LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (FERNANDEZ FELGUEROSO), PARA EXPLICAR LA EXISTENCIA DE SISTEMAS PERMANENTES DE GRABACION EN LOS LOCUTORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000139.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, la tercera comparecencia en el orden del día solicita la explicación sobre la existencia de sistemas permanentes de grabación en los locutorios de los establecimientos penitenciarios españoles. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Intervengo para responder al objeto de petición de comparecencia. Quiero poner de manifiesto que, ciertamente, existen en los establecimientos penitenciarios sistemas permanentes de grabación para intervenir, en su caso --quiero ser muy cuidadosa con las palabras, puesto que es un tema en el que creo que hay que ser rigurosos y cuidadosos--, las comunicaciones de los internos. Es decir, dicho de otra manera, existen medios técnicos cuyas instalaciones fijas, no operativas en tanto no se activen, permiten intervenir cuando está en consonancia con la legislación penitenciaria.
La existencia de estos sistemas se encuentra legitimada, a nuestro juicio, por las previsiones que la legislación penitenciaria realiza al respecto. El artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza, como SS. SS. conocen, el derecho al secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Es cierto que la relación de sujeción especial en que se encuentran los internos es también enjuiciada o descrita por el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna, que establece que el condenado a prisión gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria.
A su vez, la Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, regula en su artículo 51 las limitaciones al derecho al secreto de las comunicaciones, estableciendo el régimen para su intervención. Dispone en concreto, el artículo 51, que con carácter general los internos estarán autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones en cuanto a las personas y al modo que las impuestas por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento. Además establece este precepto, en su apartado quinto, el régimen general de suspensión e intervención de las mismas, diciendo textualmente: Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo, podrán ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente.
En el apartado segundo del mismo precepto se establece un régimen especial en relación con las comunicaciones con abogados, al disponer que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado de relación con asuntos penales y con los procuradores que les representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.
El régimen de las intervenciones y suspensiones de las comunicaciones orales se desarrolla igualmente en el artículo 91 del Reglamento Penitenciario, que dispone: Cuando las comunicaciones deban ser restringidas en cuanto a las personas o intervenidas a tenor, en ambos casos, de lo previsto en el artículo 51.1 párrafo segundo de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el director del establecimiento, con informe previo del equipo técnico si la razón fuere de tratamiento, lo acordará así en resolución motivada que se notificará al interno ya sea detenido, preso o penado. En ambos supuestos se dará cuenta al juez de vigilancia.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Golder, entre otras, ha establecido que la injerencia en los derechos de los internos y en concreto en sus comunicaciones, puede estar justificada

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en función de la defensa del orden o de la prevención de infracciones penales, siempre que esté prevista por la ley.
Por su parte, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 73/83, de 10 de julio, ha considerado conforme a la Constitución, la facultad de los directores de los establecimientos de suspender las comunicaciones con abogados en los supuestos de terrorismo, si bien dando cuenta al juez. En consecuencia, las anteriores previsiones legales justifican la existencia y utilización de sistemas de escucha cuyo carácter permanente resulta lógico por cuanto es garantía para su propia eficacia.
Este es, en resumen, señorías, el estado de la cuestión, insistiendo en el marco de legalidad anteriormente reseñado y reiterando la cuestión con que comencé mi intervención, es decir, que estos medios técnicos de instalación fija --por si alguien pudiera entender lo contrario-- no están operativos en forma automática y continuada y que sólo son operativos en las condiciones que acabo de relatarles, es decir, con absoluto control y ateniéndose a las prescripciones legales.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Romero tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: Seré breve, como ha sido la señora Secretaria de Estado pero, al mismo tiempo que breve, contundente en lo que nosotros consideramos derechos fundamentales.
Nosotros, como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hemos solicitado esta comparecencia específica a raíz de los últimos sucesos en torno a las escuchas sin mandato judicial en las instituciones penitenciarias de nuestro país.
La Constitución española establece que, salvo autorización judicial o flagrante delito, no serán violadas las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas. Si se tiene conocimiento de que los abogados de los presos de ETA actúan como correos de la organización, si ustedes tienen conocimiento y constancia de que su papel va más allá de las atenciones y derechos que todo detenido tiene a ser tutelado y defendido ante los tribunales, las autoridades penitenciarias deben saber que un preso pierde su libertad pero no otros derechos que le asisten como ciudadano en el Estado de Derecho, de acuerdo con la Constitución, con las penas, con la sentencia que hayan recaído sobre él. Sean cuales sean los crímenes por los que una persona se encuentre en prisión, incluyendo su pertenencia a banda armada, hay que cumplir siempre las formas y el fondo en los procesamientos democráticos; siempre.
Parece que hay una ingenuidad, parece también que puede ser una seria temeridad intervenir la comunicación de un preso con su abogado sin mandato judicial escrito. Digo esto, digo escrito (y pido que se subraye «escrito»), porque desde instancias del Ministerio del Interior se ha dejado caer que había una especie de autorización verbal de instancias judiciales para proceder a escuchas (me refiero a la grabación, que luego ha sido anulada por los tribunales de rango superior) de Gorostiza con presos de ETA.
Usted ha dicho que hay unas instalaciones y unos sistemas en el interior de las cárceles en España que no están funcionando de forma automática, y que cumplen, de acuerdo con lo que establece la Ley General Penitenciaria, lo que se estipula en la comunicación de abogados y detenidos; es muy taxativa, no se pueden suspender, no se pueden intervenir sin autorización judicial, sin orden judicial, sin comunicación a la autoridad judicial. Es muy importante, como pilar básico del Estado de Derecho, que estas comunicaciones existan siempre y en todos los casos. Independientemente de los problemas de orden que se puedan crear, de los problemas de inseguridad, o de las investigaciones en torno a la gente que queda fuera de la cárcel en actividades criminales o mafiosas, en actitudes delictivas ante la sociedad civil, toda la investigación que se abra hay que ponerla en conocimiento de la autoridad judicial, que puede autorizar la intervención telefónica, la comunicación postal o escrita, lo mismo que se autoriza para cualquier persona que, no estando privada de libertad, se investigue en torno a ella la posible comisión de un delito. Hay infinidad de teléfonos intervenidos con autorización judicial en España y en todos los países democráticos de nuestro entorno y de la Comunidad Europea, en persecución del narcotráfico, en persecución de delitos violentos o terroristas, en descubrimiento de tramas, de delitos económicos, etcétera. Por eso nosotros no nos oponemos a que se intervenga una comunicación telefónica, siempre que se haga de acuerdo con la Constitución y las leyes, y en este caso no se ha hecho; así lo ha demostrado la sentencia de los tribunales en un asunto último que ha adquirido notoriedad y ha causado un gran revuelo en la opinión pública española. Repito, independientemente del carácter de banda armada, independientemente de la naturaleza por la que son condenados los presos, siempre hay que observar (y lo establecen con claridad la Ley General Penitenciaria, la Constitución Española y todos los procedimientos democráticos) el mandato judicial, la comunicación judicial a la hora de actuar. Luego hay una serie de medidas de carácter disciplinario que sí puede establecer la dirección de los centros penitenciarios, y puede suprimir encuentros, salidas, recibir visitas, recibir determinadas comunicaciones que, por razones de seguridad, tienen que ser revisadas, etcétera. Pero incluso en ese campo de las sanciones disciplinarias para mantener el orden y para hacer cumplir la ley penitenciaria, el preso que se vea privado de derechos fundamentales puede recurrir al juez, y el juez puede determinar una decisión final sobre si hay un abuso o un exceso de autoridad o de celo en este tema.
Para terminar, señora Secretaria de Estado, yo le diría que, dados su biografía y su talante de abogada, de especialista en derecho y la lucha por las libertades democráticas en nuestro país, que sea muy cuidadosa en este tema con asuntos que no pueden seguir ocurriendo en nuestras cárceles, en ningún caso, y cuando ocurren queda muy mal parada la dirección administrativa de Instituciones

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Penitenciarias que lo ha consentido, a raíz de las últimas sentencias que hemos conocido.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Padilla tiene la palabra.


El señor PADILLA CARBALLADA: De la intervención de la señora Secretaria de Estado, a la que como portavoz de nuestro grupo en esta Comisión también doy la bienvenida, no se deduce una inquietud especial por parte de quien ocupa la responsabilidad a la que usted acaba de acceder.
Brevemente, por no abundar ni repetir lo que el portavoz de Izquierda Unida ya ha expuesto, yo quisiera señalarle varios aspectos en los que se centra la posición de nuestro grupo en este asunto.
En primer lugar, quiero decirle que, ya en el mes de diciembre, a preguntas del Diputado de nuestro Grupo Parlamentario señor Gil Lázaro, el Ministro de Justicia compareció ante el Pleno de la Cámara en una sesión de control y mostró un optimismo que los derechos después no han confirmado. A la pregunta que le hacía el señor Gil Lázaro en relación precisamente con la instalación de aparatos, de dispositivos de escucha en los locutorios de los centros y establecimientos penitenciarios (concretamente, en este momento se refería a la prisión de Alcalá-Meco), el señor Ministro dijo que, afortunadamente, la respuesta para él era tan sencilla como decir que no era cierto. Parece ser --y eso, naturalmente, ustedes lo deben saber-- que hay unas instalaciones permanentes que se utilizan solamente en los casos en que se deben utilizar. Esa es la respuesta sencilla en la que se materializa la postura del órgano administrativo, del complejo orgánico, que usted dirige. Creo que, de ser así, eso genera una enorme intranquilidad, porque yo entiendo que las llaves de las prisiones --por denominarlo de alguna manera-- las tiene en ellas quien las dirige, y si se ha acordado, con el fundamento pertinente, la intervención de una determinada comunicación, basta con preparar ese lugar, porque también suponemos que los presos e interinos en las prisiones españolas no se comunican donde ellos quieren, sino que lo hacen en el lugar al efecto señalado por la dirección de la prisión.
De tal manera, y como gráficamente se decía ayer en una intervención del Decano del Colegio de Abogados de Madrid, en una tribuna de esta ciudad, lo que no se puede es lanzar redes a ver qué sale y a ver qué se escucha, en esa especie de lucha o competencia que tienen ustedes organizada de super-escuchas y super-oyentes de todas las conversaciones de los españoles. Nosotros creemos que no se puede aceptar, y no se puede ante la duda de si un funcionario oculto está escuchando, en un momento determinado, una conversación o una comunicación de un preso que no tenga acordada la intervención de sus conversaciones por resolución judicial motivada, o también en el supuesto que usted indicaba, con las consecuencias que se puedan producir de ello.
Señora Secretaria de Estado, lo evidente es que la desafortunada interpretación de una norma ha determinado que probablemente hoy un presunto delincuente, o cientos de eventuales delincuentes, a lo mejor escapen razonable y afortunadamente a la acción de la justicia por una aplicación de la ley. Me voy a permitir decirle que la sentencia de la Audiencia Nacional es tan contundente en un caso reciente en el que se dice expresamente que la administración penitenciaria realizó una vulneración del derecho fundamental garantizado en el artículo 18.3 de la Constitución, en relación con el 55.2 de la misma, y es tan contundente el análisis que hace el propio tribunal de sus potestades, que entendemos que la administración penitenciaria también debe leer con atención esos textos, reflexionar y, sobre todo, pensar que no es tan fácil como la señora Secretaria de Estado nos ha explicado en su intervención de hace unos minutos.
Nosotros deseamos que vuelva usted muchas veces para desarrollar, en esta Comisión y en ella también usted su papel, la tarea necesaria de control del Gobierno y de la Administración, pero le quiero decir que deseamos que no vuelva usted (en este caso ya sería por una decisión adoptada durante el ejercicio de su responsabilidad) para que en esta Comisión tengamos que volver a analizar este asunto. Esperamos que no vuelva usted en ninguna ocasión, porque deseamos que efectivamente se cumpla la ley y, sobre todo, se respete lo que es nuclear en un Estado de Derecho, que son las libertades fundamentales de los ciudadanos, las libertades públicas fundamentales de los ciudadanos.
Quiero recordar que el artículo 55 de la Constitución establece, precisamente para este derecho, unas pautas que ponen de relieve la magnitud de lo que entiende el constituyente y, por tanto, de lo que entiende la norma fundamental, que es el derecho a la libertad de las comunicaciones. En ese texto, en el apartado segundo del artículo 55, le quiero recordar que la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en la Ley Orgánica a que se refiere la Constitución, quiere la Constitución que esa violación de derechos y libertades tenga unas expresas consecuencias penales; consecuencias penales que tiene previstas el Código Penal para todas las violaciones de derechos fundamentales, pero expresamente la Constitución hace aquí una remisión que pone de relieve la importancia que en la órbita fundamental de la dignidad de los ciudadanos y de sus libertades establece para este derecho.
Le querría decir, lo deduzco además de los hechos probados de esta sentencia y probablemente de otras muchas, que si una Administración pública conoce con bastantes horas de antelación --ahí se dice--, que la coordinación de seguridad de prisiones había ya advertido que se iba a producir una conversación, ¿será tan difícil pedir al Juez de guardia un mandamiento? ¿Será tan difícil? ¿Será tan difícil entender que el control judicial es una garantía para los ciudadanos y de las libertades públicas? Pues no. Se buscan cauces donde naturalmente después las consecuencias no son las mejores para el fin, a lo mejor bien intencionado, de una determinada decisión.
Quisiera decirle que todas las medidas excepcionales son excepcionales y deben ser interpretadas con carácter restrictivo. Creo que eso lo sabemos todos y naturalmente

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también lo tiene que saber la Administración penitenciaria; pero en el ámbito de los hechos públicos fundamentales yo creo que justamente todas las excepciones ya son unas excepciones que deben ser todavía más estricta y restrictivamente interpretadas, porque en el orden de las libertades lo que hemos de interpretar siempre es lo más favorable a la libertad, y también en estos supuestos concretos hay que entender que solamente se deben utilizar prerrogativas excepcionales cuando la excepcionalidad, la urgencia, la necesidad y la imposibilidad de utilizar los cauces ordinarios lo demanden. Todo lo demás es escuela de escuchas y escuela de oyentes, a la que nosotros, desde luego, creemos que nadie debe acudir. Yo le pido a la Secretaria de Estado que ella no sea discípula de esa escuela en la que parece hay tan buenos profesores dentro de la Administración dirigida estos años por un Gobierno determinado, con un curso y un sesgo de determinadas actuaciones en este orden de cosas. Se daña al Estado con estas actividades; se daña a la lucha antiterrorista; se daña la eficacia y la credibilidad de esa lucha antiterrorista; y, sobre todo, para los que tenemos un compromiso con la libertad, entendemos que se daña ese compromiso con la libertad. Los compromisos con la libertad no solamente se expresan con palabras, se expresan, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de gobernar, con un ejercicio del poder y de las responsabilidades públicas coherente, naturalmente, con ese compromiso con la libertad. Todo lo demás son expresiones de progreso vacías de contenido.
Termino, señora Secretaria de Estado, asegurándole que confío que en esta Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados no tengamos que volver a encargarnos de sucesos y acontecimientos como éste, y sobre todo confío que entienda las razones por las cuales consideramos que su respuesta no ha sido satisfactoria. Esperamos que su actuación en el futuro nos proporcione la tranquilidad de que la intimidad de todos aquellos que tienen derecho a ella está preservada tambien en el ámbito de las prisiones, y de que esa intimidad solamente será destruida cuando, con razones suficientes y resoluciones fundadas, haya lugar a ello.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez Mariño tiene la palabra.


El señor PEREZ MARIÑO: Realmente la comparecencia que estaba solicitada para esta mañana se fundaba exclusivamente en la explicación de la existencia de sistemas permanentes de grabación en los locutorios, y con interesada o no interesada intención, el hecho cierto es que, por parte de los dos intervinientes anteriores, se ha mezclado lo que es una resolución judicial, que declaró que la prueba que versaba sobre unas escuchas en el locutorio de una cárcel española era una prueba no válida.
Entonces, se han mezclado ahí dos elementos que es importante poner de manifiesto. Las intervenciones parlamentarias no se pueden convertir en una especie de tertulia en la que todo el mundo puede decir lo que quiera. Así, el representante de Izquierda Unida se permite decir --y quiso que se reflejase por escrito-- que había un mandato judicial probablemente verbal, no escrito, y él quiere que sea escrito. A mí me gustaría decirle que eso no existe en ninguna parte del ordenamiento judicial español; que las resoluciones judiciales son por escrito; que no puede crear la más mínima duda o tensión afirmando que puede haber un mandato judicial no escrito y, en consecuencia, le querría dejar claro que cuando sepa de la existencia de uno concreto, debe ponerlo de manifiesto, pero entretanto no lo sepa, no puede sembrar la más mínima duda ni amparado en la inmunidad parlamentaria, porque las cosas no son así. Las cosas, señor Romero, no son así; los jueces no extienden esos cheques en blanco a nadie, porque irían contra los principios que rigen su profesión y contra el principio de legalidad.
En segundo lugar, el señor Romero ha dicho que en la sentencia de la Audiencia Nacional, de la Sección Segunda, por lo que se ve, no se han hecho las intervenciones con arreglo a la Ley. Si yo no conozco mal la sentencia, lo que la sentencia dice es que por parte de Instituciones Penitenciarias no se comunicó en el plazo adecuado la resolución y que tardaron 17 días, pero no que la intervención no se haya hecho con arreglo a la Ley, que son dos cosas absolutamente diferentes. Si se puede decir todo y todo vale, pues efectivamente está muy bien.
En tercer lugar, y en eso sí estoy absolutamente de acuerdo con él, no puso en entredicho, no puso en duda en ningún momento que puedan existir unos sistemas permanentes de grabación en los locutorios de los establecimientos penitenciarios españoles, que es lo único que se le ha preguntado, es a lo único que ha respondido la señora Secretaria de Estado, y es en lo único que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ella, porque es lo único que se le preguntaba, lo único que es objeto de esta comparecencia y de lo único que podemos hablar. Puede o no puede existir esta red de escuchas institucionales para aplicarlas en aquellos casos que sean precisos con los mandatos judiciales oportunos que están contemplados en el Reglamento y en la legislación penitenciaria y, mucho más allá, en la Constitución Española. Eso es lo único que queríamos saber, si efectivamente los grupos que lo planteaban, en concreto Izquierda Unida, quería poner algna objeción a esto para evitar que, posteriormente, en caso que fuera oportuna su utilización, pudiera llevarse a la práctica o no. Esos son los únicos términos posibles en los que podemos hablar.
Por lo que se ve, Izquierda Unida está de acuerdo, pero por si acaso mezcló una mala interpretación que ha hecho de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, sentencia por otra parte no firme, pero que probablemente, entre otras posibilidades, pueda ganar firmeza en su día. Lo sabe muy bien la señora Secretaria de Estado, porque lo que le ha reprochado la Audiencia Nacional y lo que algunos desde este propio grupo le hemos reprochado es que le faltó la diligencia oportuna para haberlo cumplido en menos de 17 días, pero de ahí a mezclar que ha hecho una mala utilización de las posibilidades legales que le da en orden a la intervención de las comunicaciones, es una mezcla interesada e injusta y,

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además de injusta, incurre en graves responsabilidades políticas. No se puede decir --como dice el señor Romero-- que cuando se va a tener conocimiento y constancia de que con una determinada comunicación puede llegar a cometerse un delito... Eso está absolutamente prohibido, gracias a Dios, en el derecho español, ya que las conductas predelictuales no son delictivas. En consecuencia, ningún juez español, si no existen sospechas más que fundadas, podrá dar esa orden de intervención. No se puede estar diciendo, por un lado, que es necesario perseguir los delitos de terrorismo, etcétera, y, al mismo tiempo, manifestar que no se pueden intervenir las comunicaciones. En este caso no se puede vestir a dos santos al mismo tiempo.
Al señor Padilla, representante del Grupo Popular, si me lo permite le diré que estoy de acuerdo en todo con él; lo que pasa es que ha aprovechado para decir que desde el Gobierno, que lleva no sé cuántos años gobernando, lo que se ha hecho es instalar unos super-escuchas y unos super-agentes de todos los españoles. Me gustaría que cuando él sepa de algún caso de una super-escuela, de un super-agente de todos los españoles, con su deber ciudadano --aunque sólo fuera ciudadano-- lo pusiera de manifiesto caso a caso y uno a uno. (El señor Soriano Benítez de Lugo pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le ruego que guarde silencio.


El señor PEREZ MARIÑO: Por mínima responsabilidad política y parlamentaria de todos nosotros, no se puede sembrar la duda generalizada de que aquí se escucha o se investiga a todo el mundo. Ningún aspaviento tolera la injuria generalizada, por más teatro que pongamos en los aspavientos o aperturas de brazos.
Estábamos hablando de los locutorios de las prisiones y aprovechando, por si acaso, mezclamos otros temas, y supongo que se referirá a las escuchas del Cesid, que es el primer caso y se está investigando en un juzgado barcelonés. Ese es un buen lugar para personarse en los procedimientos si alguien cree que, efectivamente, se ha vulnerado algún derecho individual de los ciudadanos españoles y no en su conjunto. Ampararse en inmunidades parlamentarias para sembrar, en dos ocasiones, esta especie de hálito de duda sobre todos, me parece que, además de injusto, es irresponsable políticamente, porque en el poder hoy estamos unos, pero mañana estarán otros y la destrucción institucional, sin embargo, es para todos. No parece que sea el camino más adecuado por el que seguir.
Al final, el representante del Partido Popular ha hecho un canto a la libertad, a los derechos y libertades fundamentales, me gustaría añadir.
En ese canto estamos absolutamente de acuerdo; pero para que existan derechos individuales tenemos que ser coherentes y responsables con nuestra función política, porque si no lo somos estamos destruyendo eso que costó tanto tiempo en este país. En toda la historia del constitucionalismo español no ha habido un catálogo de derechos como el que se estableció y se ha puesto en práctica en estos años de ese Gobierno que presumiblemente escucha. Sepa usted, señor Padilla, que sólo hubo seis años en la historia de España, de los siglos XIX y el XX, en el sexenio revolucionario, en los que tuvimos algún catálogo que se podía atener aquí. Eso lo pusieron en práctica las fuerzas progresistas, como ocurrió en el período de los años 1931 a 1936 o en la Constitución de 1932, para ser más exactos. ¿No sería bueno que hiciera usted también un canto de homenaje a la lucha de las fuerzas progresistas que han logrado que los derechos y libertades rijan en este país, con no pocos esfuerzos, ya que su puesta en práctica es complicada? Nosotros queremos perseguir el terrorismo, el narcotráfico y todos los delitos, no sólo algunos, como decía el señor Romero, sino todos en su conjunto, por los medios que permita la legalidad y con una sola mira, que es el respeto del principio de legalidad que rige para todas las instituciones, para la Secretaría de Estado y para todas las instituciones del país. Nosotros estamos aquí para apoyar todas las medidas que no vulneren ninguno de los principios que están dentro de los permisibles. Sepan muy bien los otros grupos que no defenderemos nunca ninguna actuación de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias ni de ningún organismo de la Administración si ha vulnerado alguno de los derechos. Y nos gustaría en esa medida, bien entendido, que se nos dijera de las actuaciones de Instituciones Penitenciarias cuál es la que ha vulnerado alguno de sus derechos. Lo que pasa es que, a veces, en la colisión entre la seguridad y la libertad puede haber zonas de fricción. Pero en este caso me gustaría afirmar que no ha existido, tampoco, zona de fricción alguna, que lo que existe es una previsión de posible necesidad de intervención de determinadas comunicaciones y su instalación, porque, si no, el día que hubiera que comunicar y tuviera Instituciones Penitenciarias que poner un magnetofón encima de la mesa, dirían ustedes: ¡Qué gobierno! ¡Qué han hecho ustedes! Por eso se han hecho esas previsiones.
Yo creo que mientras la señora Secretaria de Estado venga para responder a estas fáciles preguntas que le han formulado, al revés de lo que usted decía, señor Padilla, puede volver todas las veces que quiera.
Pregúntenle por problemas con más enjundia, con más fondo para no caer en lo que decía mi querido compañero: la monotonomía del decir que no con pocos fundamentos. (El señor Romero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Romero ¿se siente ligeramente aludido? Tiene tres minutos, que es lo que permite el Reglamento.


El señor ROMERO RUIZ: Me siento intensamente aludido, no ligeramente, pero voy a ser breve. Muchas gracias por su amparo.
Voy a ser muy breve porque considero que el señor Pérez Mariño tiene pocos trienios parlamentarios y poca experiencia política. Eso explica un poco su actitud de aludirme personalmente y de decir algunas cosas en las que se contradice a los cuatro minutos siguientes. Hemos venido aquí a hablar de las instalaciones en los locutorios

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y no se puede hablar de una escucha y de una sentencia reciente sobre este tema, sin comunicar judicialmente el permiso adecuado, y a partir de ahí entrar en la historia del constitucionalismo o hacer una intervención abierta, que yo no le reprocho. En un parlamento se habla de todo. Esto no es una tertulia; es un parlamento, el Parlamento de España. Nosotros, que somos dueños de esta iniciativa, hemos querido decir que el mandato judicial tiene que ser por escrito. ¡Pues claro! Pero ¿usted no ha prestado atención cuando yo he dicho que desde el Ministerio del Interior se ha dejado caer que había una especie de autorización verbal a este tipo de práctica y que de haber sabido lo que iba a pasar con el caso Gorostiza se hubieran tomado las medidas adecuadas, conforme a la Ley de Procedimiento, para que los mandatos sean por escrito? ¡Pues claro que sé que son por escrito los mandatos y deben serlo siempre! Por eso lo he repetido, y lo he dicho con ironía; no lo he dicho con desconocimiento.
Es muy importante que se diga que aquí ha sucedido un hecho por el que ha venido la Secretaria de Estado. Hay unas instalaciones adecuadas que no son la grosería de poner el magnetofón sobre la mesa cuando haya una autorización judicial para intervenir una comunicación, sino unas instalaciones técnicas que permiten su utilización cuando se cumplan los preceptos constitucionales. Hay que estar vigilantes y no se puede bajar la guardia. No son preguntas fáciles de hacer a la Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias qué ha pasado con la conversación de Gorostiza o qué ha pasado con otras conversaciones, cómo se graban y si se tiene en cuenta siempre el mandato judicial.
Y no se puede hacer una frase afirmando que el señor Romero dice delitos de narcotráfico y terrorismo. Nosotros decimos todos los delitos. Yo he dicho todos los delitos cuando hay indicios claros de los mismos y resolución judicial motivada. ¡Si tenemos una sentencia reciente sobre la ley Corcuera! ¡Si tenemos una sentencia reciente sobre la Ley de Seguridad Ciudadana! ¡Si tenemos que preservar todo y velar por el desarrollo y el respeto de las instituciones democráticas, sobre todo los que hemos sufrido mucho luchando porque esas instituciones democráticas se consoliden y se abran camino! Le he dicho, además, a la Secretaria de Estado que confío, por su biografía, que no suceda nada de eso durante el período de su mandato. Pero aquí hay un hecho, que no nos inventamos, en la forma y en el fondo, que está avalado por una resolución judicial y por una preocupación ciudadana. Sobre el terrorismo no se puede decir lo que usted ha dicho. No se puede decir que se debe luchar contra el terrorismo y luego que no se intervengan las comunicaciones. Sí, pero contra el terrorismo se lucha interviniendo las comunicaciones, como dice el Estado de derecho, y no hay autorización de carácter administrativo para que el Poder Ejecutivo intervenga las comunicaciones ni en el terrorismo ni en el narcotráfico ni en ningún delito, por horrible que sea. Esa es la grandeza de la democracia y del Estado de derecho, que no puede utilizar métodos fácticos como los que utilizan los enemigos de la democracia.
Yo comprendo que usted tenga poca experiencia parlamentaria y política, pero debería ir aprendiendo a marchas forzadas porque le va a hacer falta.


El señor PRESIDENTE: El señor Padilla tiene la palabra por tres minutos.


El señor PADILLA CARBALLADA: Brevísimamente, sólo quiero decir al portavoz socialista que el Grupo Popular naturalmente que está interesado en todos los asuntos; lo que sucede es que el Vicepresidente del Gobierno, que ya ha sido calificado de superoyente y superescucha, no ha comparecido en esta Cámara por la decisión y con los votos del grupo mayoritario.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: Solamente quiero decir al señor Romero que le agradezco los deseos que tiene de que aprenda rápidamente, pero no voy a participar en ningún grupo corporativo de trienios ni aspiro a la profesionalización política que, por lo que parece, es el principal mérito que se puede tener aquí para saber.
Efectivamente, le oí muy bien lo de la autorización verbal. No sé a quién achaca, porque se ha tirado la piedra y se ha escondido la mano, no sé a quién achaca del Ministerio del Interior lo de que se ha dejado caer. El que lo ha dejado caer aquí por si acaso, sin autor y anónimamente, es el señor Romero. Y por si quedase alguna duda a alguien, la autoridad administrativa podrá intervenir las comunicaciones orales --artículo 51,5-- siempre y cuando lo haga motivadamente el director y dé cuenta posteriormente a la autoridad judicial. No está mal leer los reglamentos porque a veces la experiencia deja lagunas.
Quisiéramos manifestar otra vez nuestro profundo acuerdo con la intervención de la señora Secretaria de Estado.


El señor PRESIDENTE: Recuerdo a la señora Secretaria de Estado, antes de darle la palabra, que la comparecencia se limita a informar sobre los sistemas permanentes de grabación en locutorios penitenciarios españoles.
La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Presidente, espero atenerme a la cuestión, como usted sugiere. Con el permiso de la Presidencia me voy a permitir contestar conjuntamente a todos los grupos, en vez de grupo por grupo, y hacer alusión a las dos cuestiones que esencialmente se han tratado. Una, como dice el Presidente, en relación con los sistemas permanentes. Yo creo que el grupo que ha solicitado la comparecencia ha entendido perfectamente en qué condiciones y de qué manera, en la medida en que existe esa tecnología, se activa esa tecnología, que es de acuerdo con la legislación, y me exige --yo soy la primera que me lo exijo--que

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se haga siempre con todo rigor y dentro del mandato no sólo genérico constitucional, sino el que remite también a la legislación penitenciaria. Esta cuestión creo que ha quedado clara.
El Grupo Popular ha puesto de manifiesto una supuesta contradicción entre una respuesta del Ministerio de Justicia y la que yo he dado en esta Comisión. Sin tener delante el texto, pero sí habiéndolo leído, cuando su grupo preguntó directamente al Ministro de Justicia si permanentemente se escuchaba, éste contestó con un lacónico: No, evidentemente no. Las cosas no hay que contarlas a medias, porque las medias verdades al final no resultan verdades, sino que hay que contarlas como se produjeron, en qué contexto, con qué pregunta determinada y la contestación. Por tanto quería hacer esta aclaración.
Al Diputado del Grupo Popular quisiera trasladarle mi más firme y respetuosa repulsa a la insinuación que ha hecho su grupo --lo ha puesto también de manifiesto en su intervención el Grupo Socialista--, más que malévola (no creo que sea correcto entrar en calificativos) sobre la red de escuchas y otras cuestiones de esa misma naturaleza. Tenga usted la seguridad de que en cuestión de defensa de derechos fundamentales, que es de lo que estamos hablando, no me va a tener usted a su zaga, sino a su cabeza; tenga la total seguridad. No sé si a su lateral; yo creo que a su cabeza y en ningún caso a su zaga. Esto se lo digo para su tranquilidad y por la manifestación que ha hecho.
Aun a riesgo de que el señor Presidente me retire la palabra y puesto que ha salido aquí el tema Gorostiza, en el que no voy a entrar, y por tanto me atengo a la cuestión, a comentar una sentencia, por otra parte no firme, salvo en un simple aspecto, sí pongo de manifiesto a SS. SS. que esa sentencia no cuestiona la constitucinalidad de la legislación penitenciaria, y lo que dice --como alguien ha expuesto-- es que considera que hay un exceso de tiempo transcurrido, lo que hace que no deban tenerse en cuenta las grabaciones.
Para terminar, sí quiero --puesto que hemos estado hablando de constitucionalidad, de Derecho constitucional, de derechos fundamentales-- leer textualmente a SS. SS. (y no entrar en ningún comentario, que cada uno, a partir de esa lectura, haga el comentario que considere procedente) un párrafo de la sentencia 73/1983, del Tribunal Constitucional --no estamos hablando de una sentencia no firme de la Audiencia, sino del intérprete de nuestra Constitución--, sobre el derecho de los letrados a comunicar con sus defendidos, porque creo que es muy atinente al caso que nos ocupa. El fundamento jurídico séptimo de la sentencia dice así: La interpretación de este precepto --se refiere al artículo 51.2, que es el de la comunicación con los letrados-- ha de hacerse en conexión con la regla quinta del mismo que regula la suspensión o intervención motivada por el director del establecimiento de las comunicaciones, orales o escritas, previstas en dicho artículo, dando cuenta a la autoridad judicial competente. La interpretación lógica de uno y otro apartado de dicho artículo, que en cuanto afecta a un derecho fundamental puede hacer este Tribunal Constitucional, conduce a la conclusión de que las comunicaciones de los internos de que trata el número 2 sólo pueden ser suspendidas por orden de la autoridad judicial con carácter general, si bien, en los supuestos de terrorismo, además podrá acordar la suspensión el director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente. Como he dicho, señorías, no voy a comentarlo, pero sí quería dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de este párrafo tan expresivo del Tribunal Constitucional.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios.


PREGUNTAS (CONTINUACION):

--ACTITUD DEL GOBIERNO ANTE LA REALIZACION DE TRABAJOS POR INTERNOS DE LA PRISION PROVINCIAL DE GRANADA EN EL DOMICILIO DE UNO DE SUS SUBDIRECTORES, ASI COMO CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE LLEVARON A CABO.
FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (G. POPULAR). (Número de expediente 181/000338.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos el trámite de preguntas. La primera está formulada por el señor Ollero Tassara y dice lo siguiente: Actitud del Gobierno ante la realización de trabajos por internos de la prisión provincial de Granada en el domicilio de uno de sus subdirectores, así como circunstancias en que se llevaron a cabo.
Tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señora Secretaria de Estado, comprenderá que me preocupe por un problema de este tipo, cuando ya existían antecedentes, por ejemplo, en el caso del centro penitenciario Puerto II, donde fue destituido el director, tras una auditoría de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, precisamente porque se habían concedido permisos poco claros a internos y se les había utilizado para trabajos de albañilería en algún domicilio particular. No muy distintos han sido los hechos en el centro penitenciario de Granada y asombrosamente, sin embargo, por el momento no han dado lugar a ninguna circunstancia similar. Los hechos son muy simples. El subdirector de tratamiento del citado centro lleva a su propio domicilio, a realizar unos trabajos de albañilería, a un recluso que se hallaba en la situación prevista en el artículo 43.2 y que, por tanto, sólo podía salir los fines de semana; sin embargo, va al domicilio de este funcionario entre semana y realiza allí unos trabajos por los que, según afirma el propio recluso, debería haber cobrado unas 90.000 pesetas y acaba percibiendo solamente 25.000 pesetas, de ellas 14.000 destinadas a pagar tres losas de mármol --según él afirma también-- y 11.000 a gratificar a su hijo que le había ayudado en este menester. Se trata de un funcionario con cargo directivo, de quien dependían decisiones

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relevantes sobre el grado de intensidad con que el interno habría de vivir su situación penitenciaria. Por tanto, la situación nos parece extremadamente grave.
Este Diputado, cuando planteó por escrito esta pregunta, hizo hincapié en el hecho de que el interno estaba sujeto al artículo 43.2 y nunca al artículo 45. A pesar de hacer esa referencia expresa en la pregunta, en la respuesta se dice, sin más, que estaba clasificado en tercer grado, sin abordar, por el contrario, esa circunstancia. A poco que usted haya preguntado habrá constatado que no hubo ninguna decisión de la Junta de observación y tratamiento, que no se ocupó en ningún momento de la posible aplicación del artículo 43.2 al citado recluso. Por otra parte, este Diputado se interesó sobre si se había producido el obligado cumplimiento del pago fiscal correspondiente a un trabajo de este tipo y la respuesta del Gobierno, que me deja asombrado como Diputado representante de los españoles, es que al estar clasificado en tercer grado --una vez más se ignora la diferencia entre el artículo 43 y el 45-- el recluso ejercía el oficio de albañil como trabajador autónomo y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de afiliación a la Seguridad Social son responsabilidad suya exclusivamente.
En primer lugar, está claro que las salidas de la prisión que el recluso hace de manera reiterada no las ha hecho con la autorización del director, sino con autorizaciones expedidas por el propio subdirector, en impresos que no están normalizados siquiera, por tanto, de manera absolutamente irregular y fuera de sus competencias. En segundo lugar, también está claro --al menos eso me parece a mí-- que una persona que realiza esa función, asumiendo esas responsabilidades, no solamente ha de huir de toda conducta deontológica o penalmente reprobable, sino que ha de actuar con ejemplaridad y respetar con especial escrúpulo las previsiones reglamentarias que ellos mismos hacen observar a sus subordinados. No parece que sea el modo de rehabilitar a un recluso el ser cómplice con él, sea cual sea el tratamiento jurídico que su conducta merezca, de la evasión fiscal, que en este caso, al parecer, no se ha desmentido. A todo esto, al producirse estos hechos y al hacer el señor Diputado esta denuncia, el director de la prisión, que conocía perfectamente los hechos y que no sabemos por qué no les da importancia alguna, preguntado por los periodistas sobre si iba a interponer una querella contra este Diputado por mis afirmaciones, manifestó paladinamente que no pensaba hacerlo. Sin embargo, al día siguiente, quizá porque alguien de Madrid --es posible que sea alguien que hoy es Ministro-- le llamó, manifestó a la prensa que iba a poner una querella criminal contra el que en este momento está en el uso de la palabra; querella criminal que este Diputado todavía está esperando sentado --tiene esa buena costumbre-- que llegue a ponerse. Al parecer, desde Madrid se le había aconsejado judicializar algo tan elemental como que un diputado ejerza sus obligaciones y se le había aconsejado que fuera a la prensa con ese pintoresco mensaje, que jamás llegó a hacer efectivo.
El informe que envía el director de la prisión al Ministerio Fiscal oculta de manera igualmente cuidadosa cuál era la situación exacta del interno y que entre semana no podía salir de la prisión. Vuelve a referirse en términos genéricos a la existencia de un tercer grado según el cual --así se afirma luego en la respuesta del Gobierno-- podía entrar y salir de la prisión como quien lava porque, al fin y al cabo, no era sino un trabajador autónomo más. Los hechos no son así. No se han desmentido unos hechos según los cuales un subdirector se ha aprovechado de un recluso para hacer obras en su propio domicilio --esa circunstancia no se ha desmentido en ningún momento--; ese recluso sólo podía salir en fines de semana y ha salido entre semana con documentos no normalizados firmados por el propio receptor de ese trabajo y, como final, las afirmaciones sobre el pago son las que han quedado en pie y a las que me acabo de referir.
Me gustaría que hubiera sido el señor Asunción el que hubiera aclarado esta situación, pero, ya que usted ha asumido esas responsabilidades, le pediría que después de lo que ha oído abriera una investigación y procediera, de confirmarse los extremos a los que me he referido, a destituir al director de una prisión que encubre, con pleno conocimiento de estos hechos, circunstancias tan irregulares.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Fernández Felgueroso): Comparto la preocupación del señor Ollero porque en todas estas cuestiones exista una transparencia total. Esta preocupación del señor Ollero se ha plasmado, como él ha tenido a bien recordar, en varias preguntas. Va a resultar difícil que le añada algunos otros datos, salvo mi opinión personal en algún aspecto, pero quiero señalar al conjunto de la Comisión, de la misma manera que se informó al señor Ollero, que por parte de Instituciones Penitenciarias se reconoció que, efectivamente, un recluso clasificado en tercer grado --el señor Ollero ha hecho una serie de disquisiciones pero en todo caso tanto en el régimen restringido como en el más amplio podría haber salido-- ha hecho unos trabajos en el domicilio del subdirector de tratamiento. Es cierta la cuestión que plantea el señor Ollero. Con ocasión de este tema se abrió por Inspección Penitenciaria, cuando tuvo conocimiento del asunto --y así se ha hecho saber al señor Diputado--, una investigación reservada, concluyendo que la conducta de este señor no era tipificable como falta en los reglamentos. Es verdad que no es falta. El subdirector podía haber contratado a un recluso para hacer una obra en su domicilio, pagándola como la pagó. Parece ser que la obra duró día y medio y desconozco por completo esta reclamación del recluso de 90.000 pesetas, pero mal podían reclamarse 90.000 pesetas. Pero dicho todo esto, que es verdad que podía hacerlo, que le pagó, que pagó los materiales aparte, con independencia de todo esto, es criterio de esta Secretaría de Estado que para evitar confusiones y malas interpretaciones, en aras a esa claridad y transparencia que tiene que tener la Casa, aunque sea legítima

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toda esta ejecución, los cargos directivos, en mi opinión, no deben hacer estos encargos, aunque no incurran en falta desde el punto de vista del reglamento penitenciario ni desde cualquier otro punto de vista adicional. No es menos cierto que, como sabe el parlamentario que formula la pregunta, se han abierto diligencias por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, diligencias que fueron archivadas el pasado mes de mayo, sin pronunciarse sobre una cuestión de responsabilidad respecto al conjunto de los hechos.
Resumiendo, comparto esa preocupación que usted ha expresado. Creo que estoy en condiciones de asegurar (como usted bien ha dicho no se corresponde con mi mandato y, por tanto, los datos que tengo son los que son) que no se conculcó la legalidad penitenciaria ni la civil general ni ninguna otra. En todo caso, no son situaciones deseables y, desde luego, no es mi criterio que estas situaciones se produzcan, en especial con cargos directivos. Esta es mi respuesta. Mi tranquilidad reside en el enjuiciamiento o en el archivo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que si hubiera observado la más mínima irregularidad creo que no hubiera archivado, el pasado mes de mayo, las diligencias abiertas con ocasión de este asunto que ha hecho al señor Diputado preguntar reiteradamente a la Administración cómo se había producido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero, por tiempo de dos minutos.


El señor OLLERO TASSARA: Señora Secretaria de Estado, comparto absolutamente su deseo de evitar confusiones; ahora bien, yo le rogaría que sea usted la primera que las evite. No entiendo que un jurista pueda haber hablado, como lo ha hecho usted, con ese desenfado de las posibles disquisiciones entre el artículo 43 y el 45. ¿Qué es lo que usted pretende insinuar, que aquí ha habido alguien que se ha dedicado a partir un pelo en cuatro a la hora de hacer la normativa vigente y para que hubiera más artículos, poner aquí uno y aquí otro, que dicen lo mismo, da igual? ¿Qué es lo que usted quiere decir, que aplicando el artículo 43.2 sin que se reúna la Junta de observación y tratamiento puede salir, en un día que no sea fin de semana, un recluso? ¿Quiere usted decir eso? Dígalo aquí para que conste en el «Diario de Sesiones»; de lo contrario no me hable usted de disquisiciones. ¿Qué disquisiciones? La ley contempla clarísimamente dos modos de enfocar el tratamiento de un recluso; en un caso se puede salir y en otro no.
Segundo asunto. Usted no se ha pronunciado sobre un hecho claro cuyos papeles están en la prisión, si no los han roto, y si los han roto, yo le doy fotocopias para que proceda como corresponda. En esos papeles consta que es el propio subdirector el que firma los permisos de salida, sin ser competente para ello, en papeles no normalizados. Allí están, y yo le doy las fotocopias que usted quiera, si es que han roto los originales, porque a lo mejor los han roto, en cuyo caso algo tendría que decir el fiscal. Por tanto, no me hable de disquisiciones, hábleme de si se ha aplicado o no la normativa vigente.
Usted ha dicho aquí que lo que ha ocurrido en este asunto es que se ha estimado que no se ha producido una falta. No, señora Secretaria de Estado. Tengo delante la respuesta del Gobierno, el Gobierno al que usted ahora pertenece, en la que dice que no se ha apreciado en el señor Burgo Fernández o en el equipo directivo de la prisión de Granada conducta reprochable alguna, que no es lo mismo, y eso es lo que a mí me preocupa.
Usted ha hecho aquí reproches sobre esa conducta y, por tanto, usted está desmintiendo al Gobierno al que sirve. Es un reproche decir que usted no está de acuerdo en que alguien se comporte así; eso es un reproche.
Respecto a lo que ha dicho sobre la fiscalía --y con esto termino-- he de decir que la fiscalía fue falsamente informada por el director que, como usted misma ha dicho aquí, entendió que eran disquisiciones las diferencias existentes entre el artículo 43 y el 45 y, evidentemente, con ese planteamiento no tenía nada que decir la fiscalía. Pero ya lo ha dicho usted aquí. Usted ha dicho que es reprochable algo que su Gobierno decía que no lo era.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Señor Ollero, o no me ha entendido usted bien o me he expresado muy mal. No he empleado para nada el término reprochable. Lo que he dicho es que era mi criterio que, para no introducir confusión, no convenía que algún recluso trabaje en el domicilio particular de algún responsable de Instituciones Penitenciarias, que es una cuestión completamente distinta. He dicho que se abrió una investigación reservada por parte de Inspección Penitenciaria y, como consecuencia de que no observó nada reprochable, desde el punto de vista del reglamento, cerró la cuestión.
En cuanto a su aseveración, ya de mucho más grueso calibre, de que es falsa la información al Ministerio Fiscal, permítame decirle que es una aseveración que no se puede hacer. (El señor Ollero Tassara: ¡Falsa, falsa!)

El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le llamo al orden por primera vez.
Puede continuar, señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Considero que no es una aseveración que se pueda hacer con total tranquilidad y, evidentemente, ante una acusación de falsedad es difícil decir que no es falso, pero le aseguro que la información fue más o menos amplia, con la amplitud requerida, y si el tribunal hubiera visto que la documentación era escasa, naturalmente habría pedido mayor información. Además, nada impide que alguien que considere que la cuestión no está suficientemente establecida se persone y pida al tribunal mayor

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información. Usted sabe como yo que nada impide que alguien se persone.
Su señoría ha comentado que alguien dio instrucciones para querellarse.
Lo desconozco absolutamente, pero no me creo la cuestión tal como usted la plantea. Pero igual que usted ha hecho mención a este tema, yo le puedo decir que si considera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tuvo la suficiente información, abierto está el tema para personarse y ponerlo de manifiesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En todo caso, lo que sí quiero decirle es que la información que se le dio al tribunal fue exactamente la que constaba en el establecimiento. (El señor Cuesta Martínez: ¡Muy bien!)

--SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE HA PLANTEADO EL GOBIERNO EL POSIBLE TRASLADO DEL SUBDIRECTOR DE TRATAMIENTO DE LA PRISION PROVINCIAL DE GRANADA A OTRO CENTRO PENITENCIARIO. FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (G. POPULAR). (Número de expediente 181/000339.)

El señor PRESIDENTE: La pregunta número 5, de don Andrés Ollero Tassara, se refiere a las razones por las que se ha planteado el Gobierno el posible traslado del subdirector de tratamiento de la prisión provincial de Granada a otro centro penitenciario. Señor Ollero, tiene la palabra durante cinco minutos.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, antes de proceder a la formulación de esta pregunta --entiéndalo como una cuestión simplemente de orden-- quiero hacer constar que la señora Secretaria de Estado no ha contestado a dos cuestiones claras que le he reiterado dos veces: diferencia entre artículo 43 y artículo 45, y si había firmado o no el subdirector los permisos de salida. No ha querido contestar, y quiero que ello conste en el «Diario de Sesiones».


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, todo consta en el «Diario de Sesiones», incluso la posibilidad de los comparecientes de contestar lo que les parezca más oportuno y ése es un derecho que usted no puede vulnerar. (El señor Ollero Tassara: Yo creía que venía a contestar.) El hecho de que usted se sienta insatisfecho por una contestación no significa que no tenga otra vía parlamentaria (interpelación, etcétera) que puede usar en cualquier momento.
Señor Ollero, en cuatro minutos formule la siguiente pregunta, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Me va a bastar con 10 segundos, señor Presidente.
¿Por qué razones --decía en su primera formulación la pregunta-- se ha planteado el Gobierno el posible traslado del subdirector de tratamientos de la prisión provincial de Granada a otro centro penitenciario? La pregunta estaba hecha en el mes de noviembre y, de hecho, el señor subdirector está ya en Sevilla. He terminado la formulación de mi pregunta, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Con igual brevedad, señor Presidente. En el cambio de destino no ha habido un traslado del Subdirector de Tratamiento del centro penitenciario de Granada; ha habido un cambio de destino que se produce tras su nombramiento en comisión de servicios, de fecha 2 de noviembre de 1993, como jurista del centro penitenciario de Sevilla-II, a petición propia, debido, como expresa, a razones de índole personal alegadas por el interesado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero por un minuto, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: No; serán dos minutos, por lo menos.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, dos minutos.


El señor OLLERO TASSARA: He consumido sólo diez segundos.


El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no mantenga, por favor, ningún tipo de debate con la Presidencia, si no quiere que le llame al orden por segunda vez. Un minuto a la vista del tiempo en que estamos.


El señor OLLERO TASSARA: Señora Secretaria de Estado, desde luego las coincidencias a veces son elocuentes. No me negará usted que, después de haber calificado aquí de inconveniente --me permitirá que diga que la ha calificado de inconveniente-- la conducta del señor Subdirector, que firmaba los propios permisos --cosa que usted no ha desmentido-- y que confundía el artículo 43 con el 45 --como usted misma--, resulta que casualmente este señor, que tiene un cargo de libre designación, decide de pronto irse a Sevilla a un cargo de inferior rango administrativo --espero que me lo confirme-- por cuestiones personales. Esto es una consecuencia de la política que se está siguiendo de libre designación en Instituciones Penitenciarias, porque un funcionario que se ha visto incluso en la prensa expuesto a acusaciones como las que aquí se han puesto de relieve merece, para salvar su prestigio y su honor, un expediente disciplinario que le deje libre de toda sospecha, y sin embargo no ha habido tal expediente disciplinario, sino que a este señor, en comisión de servicios, se le catapulta, a petición propia para más inri, a Sevilla a un cargo inferior. Esto es una sanción encubierta como la copa de un pino, señora Secretaria de Estado. Esa es la situación. Así está funcionando la Administración penitenciaria en España, y eso afecta al honor y a la dignidad de los propios funcionarios.
Voy a terminar con una cuestión. Yo llevo aquí

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suficiente tiempo como para saber lo que es un Diputado. Yo no sé si el día que yo no sea Diputado, iré o no a los juzgados mucho o poco. Yo sólo le digo una cosa, a usted y a todos los que han hablado antes: jamás, mientras sea Diputado, iré a un juzgado para nada, porque sé que mi función está en el Poder Legislativo, porque el control parlamentario no se hace en los juzgados. (El señor Gil Lázaro y el señor Soriano Benítez de Lugo: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un señor Diputado del Grupo Socialista: Los delitos se denuncian.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, puede tranquilamente bajar un poco el tono de voz, porque estamos en este momento quince personas y le escuchamos perfectamente.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Sin acritud por mi parte, señor Ollero, hace usted aseveraciones absolutamente gratuitas. Con todos mis respetos, hace aseveraciones absolutamente gratuitas y prejuzga el derecho en el sentido siguiente --quiero aclarárselo antes de que se sienta molesto con esa aseveración--, en el sentido de que prejuzga usted el derecho de cualquier funcionario a tener una movilidad, a irse a un puesto de inferior rango por razones familiares, y no tengo por qué desvelar qué razones familiares son las que movían a este funcionario o las que movieron a este funcionario a desear ir a Sevilla; no tengo por qué, pero, por favor, no prejuzgue usted que cuando alguien se desplaza lo hace porque es una sanción encubierta. Nadie ha sancionado encubiertamente, porque, si no, lo habríamos hecho claramente, con luz y taquígrafos; en absoluto. Es su información frente a la mía, pero no se puede hacer esas aseveraciones, como antes he dicho, y prejuzgar que alguien quiera moverse de su sitio e identificarlo con una sanción encubierta. Yo le aseguro que ésa no es en este caso la cuestión, señor Ollero.


--SOBRE DERECHOS DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE, EN EL CASO DE SER DESAFECTADA PARA USO PENITENCIARIO, SOBRE LA ANTIGUA PRISION TENERIFE I, SITA EN LA AVENIDA PEREZ ARMAS, DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000341.)

El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta número 6 del orden del día, de don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, sobre derechos del Cabildo Insular de Tenerife sobre la antigua prisión Tenerife I, en el caso de ser desafectada para uso penitenciario, sita en la Avenida Pérez Armas, de Santa Cruz de Tenerife.
El señor Soriano Benítez de Lugo tiene la palabra durante cinco minutos.


EL señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Por Real Orden del Ministerio de Justicia y Culto, de 31 de mayo de 1929, Su Majestad el Rey se sirvió aceptar el solar ofrecido al Estado por el Cabildo Insular de Tenerife para la construcción de una prisión, teniendo en cuenta el propósito de dicho Cabildo --se decía textualmente en dicha orden-- de contribuir con alguna cantidad para su realización. El Cabildo, en sesión extraordinaria de 20 de julio de 1929, adjudicó el concurso de adquisición de un solar con destino a la construcción de la nueva prisión provincial que, por escritura de fecha 24 de agosto de 1929, se cede y transmite perpetuamente al Estado con destino a la construcción de la mencionada prisión.
El proyecto de la prisión se realiza en 1934 y las obras se llevan a cabo en la década de los cuarenta. Como es bien sabido, la nueva prisión fue habilitada en el año 1987 y al construirse esta nueva prisión, conocida por Tenerife II, el Cabildo Insular, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 1987, teniendo en cuenta tal circunstancia, acuerda solicitar de la Administración del Estado la reversión del inmueble ocupado por la prisión provincial en Santa Cruz de Tenerife con todas sus pertenencias y accesiones, alegando que en la escritura de cesión de la adquisición del solar por el Cabildo de Tenerife quedó claramente determinado que lo fue a los fines exclusivos de construcción de una prisión, por lo que este cambio de destino supone ahora fundamento jurídico bastante para operar una reversión del bien cedido, y he transcrito literalmente el acuerdo.
Posteriormente, con fecha 7 de marzo de 1988, después de haberse notificado el anterior acuerdo a la Dirección General del Patrimonio del Estado, en un escrito del Delegado de Hacienda transcribiendo otro del Director General de Patrimonio, se participa al Cabildo que procede la reversión de la citada prisión. Posteriormente, con fecha 15 del mismo mes, el Presidente del Cabildo Insular se dirige al Director de la prisión solicitando los planos para llevar a cabo la valoración. Con fecha 14 de abril, el Presidente del Cabildo contesta a un escrito del Gobernador Civil en el que éste indicaba que era conveniente establecer un procedimiento por medio del cual la antigua prisión quedara para uso del Ministerio de Justicia, y le contesta el Presidente del Cabildo significándole la imposibilidad actual de esta corporación de ceder o renunciar a los derechos que le asisten sobre el mismo. Con fecha 30 de noviembre de 1988 se contesta al Delegado de Hacienda el escrito del mes de marzo anterior, trasladándole el informe sobre la valoración de la edificación, que se cifraba en más de 70 millones de pesetas, para que se llevase a cabo, en efecto, esta reversión.
Con todos estos antecendentes, este Diputado, en la Comisión celebrada el día 1 de diciembre de 1993, solicitó información de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia indicándole que, según mis informaciones --porque todavía no tenía la documentación de la que ahora dispongo--, el Cabildo Insular de Tenerife cedió los terrenos precisamente para que fueran destinados a la prisión, con lo cual, si no tiene este fin, posiblemente el Cabildo podría pedir la reversión.


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Sorprendentemente, y después de todos estos antecedentes, con escritos del Patrimonio del Estado aceptando la reversión, valorándose el edificio, etcétera, etcétera, sorprendentemente --digo-- la Subsecretaría del Ministerio de Justicia me responde el día 1 de diciembre --y leo textualmente el «Diario de Sesiones»-- lo siguiente: Dentro de la política del plan de amortización y creación de centros penitenciarios, es voluntad del Ministerio de Justicia hacer en este centro lo que se ha hecho en otros, es decir, se va a proceder a su desafectación para uso penitenciario, pasando a la Dirección General del Patrimonio, que a su vez lo trasladará a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario, para poder proceder a su enajenación y, con el capital obtenido, contribuir a la financiación de los centros de nueva creación.
Esto ocurría el 1 de diciembre, y el 3 de diciembre en toda la prensa de Santa Cruz de Tenerife se recogió la protesta del Cabildo Insular diciendo que la Subsecretaría desconocía por completo la situación y asegurando que el Cabildo estaba dispuesto a llegar hasta los tribunales para exigir sus derechos sobre estos terrenos comprados en su día por el Cabildo y cedidos al Ministerio para la construcción de una prisión. El propio Presidente del Cabildo decía en la prensa del día 3 de diciembre --y la Comisión se celebró el día 1-- que: Resulta incomprensible que Justicia pretenda sacar rentabilidad económica de unos solares destinados a uso público y que no pueden utilizarse para otro fin.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a mayor abundamiento, dentro del plan de ordenación urbana, ha calificado ese terreno como un destino de equipamiento público, con lo cual lógicamente la valoración de los terrenos resulta sin duda muy minusvalorada.
A la vista de todo este cúmulo de despropósitos, con una Dirección General del Patrimonio que dice que procede la reversión, con unas declaraciones de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia en esta Comisión diciendo que va a enajenar la prisión para con ello contribuir a la construcción de nuevas prisiones, a mí me gustaría saber si ya la señora Secretaria de Estado ha visto los papeles de los antecedentes de este asunto y nos puede dar una respuesta coherente y no en contradicción con actuaciones anteriores de la propia Administración.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): No voy a entrar en una contradicción de la relación de los hechos porque son sustancialmente, en esencia, los que el señor Diputado ha relatado, con la siguiente salvedad --y luego ya entro en el fondo de la cuestión--: que al señor Diputado, ante unas respuestas que algunas veces pudieran incluso --pudieran digo, con ese matiz-- parecer contradictorias, y la más significativa de las que ha hecho mención es una de 7 de marzo de 1988 del Delegado de Hacienda, que responde al Cabildo en nombre de la Dirección General del Patrimonio, en esta que ha mencionado sólo le falta un detalle: que esa información que se trasladó en el año 1988 habla de la posibilidad de reversión, pero dice --que no lo ha dicho SS. SS.-- que deberá satisfacer el valor que de dichas edificaciones tengan en la actualidad. (El señor Soriano Benítez de Lugo: ¡Claro!) Sí, claro, pero es un matiz muy importante en todas esas cuestiones. Entonces, vayamos al fondo de la cuestión.
Este planteamiento de reversión es coincidente en la mayor parte de las situaciones, porque casi todos los centros penitenciarios a amortizar estaban en las mismas condiciones que éste al que hace referencia el Cabildo Insular; es decir, eran espacios físicos donados, regalados o vendidos --donados en general-- por los ayuntamientos, por los cabildos en este caso, a instituciones penitenciarias para determinado fin. Ahí entramos ya en una serie de cuestiones y no es baladí que se hayan firmado ya convenios con seis ayuntamientos en los que también originariamente, en la mayor parte de ellos, se había hecho esta misma transmisión al Estado, y en los que por las dos partes, especialmente por haber transcurrido el plazo legal de reversión y de destino de los centros, se ha considerado que, aunque en su inicio hubo esa transmisión --y transmisión finalista--, los informes jurídicos ponen de manifiesto que no existe ese derecho de reversión gratuito. En consecuencia, lo que sucede es que los ayuntamientos y la Administración penitenciaria se han venido poniendo de acuerdo. Y se lo fundamento en Derecho, señor Diputado. Partiendo de esa base de que la mayoría de los terrenos sobre los que se asientan los antiguos centros penitenciarios provienen de cesiones realizadas por ayuntamientos, por diputaciones o por otras corporaciones locales, la fundamentación en Derecho es la siguiente. La paulatina asunción de competencias penitenciarias por el Estado y la incorporación a sus presupuestos de créditos para tal fin dan lugar al Real Decreto de 18 de octubre de 1922, que establecía en su artículo 3.º la transferencia al Estado de la libre disposición de terrenos y edificios cedidos o donados en cualquier forma por entidades oficiales, con destino expreso al servicio de prisiones. Por otra parte, el Decreto de 14 de marzo de 1933 obligó a diputaciones y ayuntamientos a ceder gratuitamente, sin más condicionamientos, terrenos para la construcción de nuevas prisiones cuando los edificios que las albergan no reunían condiciones.
Indudablemente, pueden plantearse, y de hecho --como antes he puesto de manifiesto-- se han planteado, peticiones de reversión por parte de las entidades a que anteriormente se ha hecho referencia. Al respecto, el posicionamiento jurídico establece que parece incongruente con lo dispuesto en el Real Decreto de 1922, en el caso de cesiones formalizadas con posterioridad al 14 de julio de 1955, fecha del derogado Reglamento de bienes de las entidades locales; que la cláusula de reversión es obligatoria, pero sólo será eficaz si no se hubiera dado el destino previsto al bien cedido en el plazo de cinco años ni mantenido durante los otros 30 siguientes. Si se alegara la aplicación del artículo 111 del actual Reglamento de bienes de las entidades locales, de 1986, habría que estar en lo que se dispone en el punto 2 del mismo que, en definitiva,

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viene a reproducir lo que antes he comentado de las exigencias del Reglamento de 1955. Abundando en lo dicho haré referencia, concretamente, a un recentísimo informe de la Abogacía del Estado --que le transcribo literalmente y que está referido en este caso al análisis de la escritura de donación del Cabildo, informe que tengo muchísimo gusto en ofrecerle-- en el que se dice que, sentado lo anterior --hace todo un análisis de en qué condiciones el Cabildo Insular de Tenerife otorgó la escritura de cesión de esos terrenos-- y como quiera que en la escritura pública de donación del inmueble, de 24 de agosto de 1929, nada se decía en cuanto al plazo durante el cual el bien cedido habría de destinarse a la ubicación de la prisión provincial, en cuanto que únicamente se limitaba a estipular que la cesión de la finca se efectuaba con destino a la construcción de aquélla, resulta de aplicación lo señalado en el apartado 2 del mencionado artículo 111 del Reglamento de 1986, que señala un plazo de 30 años durante el que han de mantenerse los fines que dieron lugar a la cesión, plazo que ya venía contemplado en el anterior reglamento de bienes de las entidades locales, de 27 de mayo de 1955, artículo 97, y que en el supuesto analizado, dadas las fechas en las que nos encontramos, ha transcurrido sobradamente, lo que supone obviamente y con lógica consecuencia concluir que el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife no tendrá derecho de reversión sobre la finca en su día cedida en el supuesto de que se proceda a la desafectación de la actual prisión provincial de Tenerife.
Este es el informe jurídico que yo quería trasladar a S. S., ésta es la cuestión que se nos plantea una y otra vez con las distintas administraciones que en su momento cedieron estos terrenos, y estas cuestiones se han comentado y, sobre todo, se han tenido en cuenta, como decía anteriormente, con las localidades, que hasta este momento son seis, de muy diverso signo --desde municipios gobernados por el Partido Popular, o municipios gobernados por el Partido Socialista, o municipios gobernados por partidos de distinto signo--, que han suscrito convenios, en coincidencia con esta interpretación que acabo de comentarle del transcurso del tiempo-- y, por tanto, de esa propiedad sin los límites que inicialmente se tuvieron par parte de la Administración--, y han considerado que de esa forma la cuestión está situada correctamente en el plano jurídico y, en consecuencia, han llegado a acuerdos beneficiosos para instituciones penitenciarias, que legítimamente quiere financiar en parte, con la venta de estos terrenos, el plan de cárceles, y esos convenios también recogen la aspiración absolutamente legítima de los municipios de recuperar para sí y para el espacio público una parte de esos terrenos que estaban ocupados por las prisiones que se ha decidido cerrar.
Esta es la explicación, señor Diputado. Probablemente la enjundia jurídica de la cuestión a lo mejor requeriría analizar párrafo por párrafo, tanto la posición jurídica del Cabildo como la de este informe, y, cuando quiera, lo comentamos más detenidamente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado. Señor Soriano, le concedo la palabra por tiempo de un minuto.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, intervengo muy brevemente para decir que me produce confusión la exposición de la señora Secretaria de Estado, porque en el escrito de 7 de marzo de 1988 la Dirección General del Patrimonio dice textualmente: Se participa para su conocimiento y el del Cabildo interesado que procede la reversión. Por supuesto que se añade lo de la valoración, y yo he hecho referencia en mi intervención --y, si no, que se consulte el acta-- que se había valorado por los servicios del Cabildo en 70 millones de pesetas, y aquí tengo la valoración realizada por el Cabildo. Es obvio que esa reversión tenía que producir como consecuencia una indemnización.
En todo caso, la legislación que ha citado es una legislación muy posterior, puesto que esto arranca del año 1929, y yo no sé hasta qué punto sería cuestión de estudiar esto jurídicamente, pero lo que sí le puedo garantizar es que, primero, el solar va a tener escaso valor, puesto que, como digo, el uso para el que ha sido clasificado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no permite especular con él, y, segundo, sospecho que el Cabildo Insular de Tenerife, desde luego, se va a defender por todos los medios, porque no va a permitir que eso pueda producirse. Y, en todo caso --y termino con este parecer de este Diputado--, entiendo que estas cosas no se pueden hacer por las bravas; es decir, que el Cabildo Insular de Tenerife se haya enterado por la intervención de la Subsecretaria que la prisión se pretendía enajenar sin que previamente se haya llevado a cabo una negociación me parece improcedente. Me parece que si en este asunto se pudieran poner de acuerdo la Administración de Justicia o la Administración del Estado con el Cabildo Insular y con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que algo tendría que decir, estoy seguro de que se podría llegar a un arreglo. Lo que no es válido es que, después de haber dicho el Estado que procede la reversión, a través de los escritos que he manifestado, de golpe y porrazo, la señora Subsecretaria de Estado dijera aquí que se iba a enajenar por el Estado. No me parece que sean ésos los procedimientos.
Siempre se logra más por un procedimiento dialogante que por uno de imposición. Esto tendrá que reconocerlo conmigo la señora Secretaria de Estado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS (Fernández Felgueroso): Sí, señor Diputado, coincido en que siempre la negociación es mejor que la imposición, pero volvemos al primer tema de la comparecencia del día de hoy, a la cuestión de ubicación de las cárceles.
Se da la circunstancia de que en estas cuestiones también existen pronunciamientos municipales, incluso de comunidades autónomas, que dicen que están en contra de llegar a ningún acuerdo que no sea

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la devolución absolutamente gratuita de los terrenos que en su día se cedieron. En esta cuestión, también existen posiciones de esa naturaleza.
Si aceptásemos posiciones de esa naturaleza, sin más, nos encontraríamos con que no podríamos financiar el plan de cárceles. Ello no quiere decir que no estemos dispuestos a volver a hablar, todo lo contrario. Acepto su amable invitación de seguir dialogando, en vez de incluso por carta, mucho más directamente, con el Cabildo Insular de Tenerife, pero que quede bien claro que no sería lícito ni legítimo por nuestra parte, en la medida en que se producen pronunciamientos, por supuesto muy legítimos, de corporaciones locales o de comunidades autónomas diciendo que reversión pura y dura, sin más... (El señor Soriano Benítez de Lugo: Yo no he dicho eso.) Es un discurso mío, no lo pongo en su boca, es una reflexión propia.
Sobre esa cuestión de la que usted habla, imposición, no, imagínese que hay pronunciamientos de la naturaleza que le digo. Si eso nos obligara a tener una actitud diferente, y no me refiero a la negociación, nos encontraríamos con que los seis municipios que han suscrito convenio con nosotros --y usted lo entenderá--, al suscribirlo, hubieran preguntado claramente a la Administración penitenciaria si ése era el marco jurídico en el que se movía, porque yo también querría; si me lo devuelven todo, ¿por qué no lo voy a tener? ¿Esta es la interpretación jurídica que ustedes hacen de esas cesiones de las que han transcurrido más de treinta años? Si no, habríamos engañado claramente a nuestros interlocutores.
Nuestro pronunciamiento jurídico ha sido el que le he trasladado. En todo caso, le aseguro que seguiremos hablando con el Cabildo Insular.
Perdóneme que no le haya oído, probablemente lo ha dicho usted, hablar de esos 70 millones, que supongo que será valoración del año 1988.
(Asentimiento.) Disculpe, no había entendido así esa cuestión de esos 70 millones. (El señor Soriano Benítez de Lugo: Tengo aquí la valoración.) Me parece muy bien. Lo que le preguntaba es si eran pesetas del año 1988.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por su intervención y por la información dada a la Comisión.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.

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