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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 109, de 15/02/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 109 EDUCACION Y CULTURA PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO Sesión núm. 8 celebrada el martes, 15 de febrero de 1994

ORDEN DEL DIA: --Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra), para informar sobre la valoración, a 31 de diciembre de 1992, del plan de extensión de la educación física y deporte escolar en los centros educativos, así como las previsiones del mismo para el año 1993 y sucesivos. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000115) (Página 3472) Preguntas: --Del señor Ollero Tassara (Grupo Parlamentario Popular), sobre calendario para ultimar el proceso de transferencias en materia educativa a las Comunidades Autónomas. (BOCG, serie D, número 46. Número de expediente 181/000336) (Página 3484) --Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones por las que el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de preescolar, educación general básica y educación especial, perjudica a los maestros que obtienen su primer destino definitivo en virtud de concurso convocado con posterioridad a su entrada en vigor. (BOCG, serie D, número 46. Número de expediente 181/000347) (Página 3489)

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Proposiciones no de ley: --Por la que se insta al Gobierno a proceder a la devolución de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca a la Generalidad de Cataluña, para su depósito en el Arxiu Nacional de Catalunya. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 22. Número de expediente 161/000046) (Página 3492) --Por la que se insta al Gobierno a que encargue a una empresa especializada una doble auditoría, económica y de gestión, sobre las obras llevadas a cabo en el Teatro Real para su reconversión en Teatro de la Opera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31. Número de expediente 161/000057) (Página 3497) --Sobre el llamado uno por ciento cultural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31. Número de expediente 161/000059) (Página 3500)

Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra), PARA QUE INFORME SOBRE LA VALORACION, A 31 DE DICIEMBRE DE 1992, DEL PLAN DE EXTENSION DE LA EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ASI COMO LAS PREVISIONES DEL MISMO PARA EL AÑO 1993 Y SUCESIVOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000115.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.« Comenzamos la sesión debatiendo el primer punto del orden del día, que se refiere a la comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia para hablar del Plan de extensión de la educación física y deporte escolar en los centros educativos en los años 1992, 1993 y sucesivos, a petición del Grupo Popular.
Para un turno en el que fije las demandas de su Grupo --turno que solicitaría fuese muy breve--, tiene la palabra, por el Grupo solicitante, el señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, esta solicitud de comparecencia responde, en primer lugar, a la comparecencia aplazada, también a petición del Grupo Popular, el 30 de noviembre de 1993.
Señorías, que el Plan de extensión de la educación física y el deporte escolar en los centros educativos no universitarios no ha concluido, cuando debía haberlo hecho el 31 de diciembre de 1992, y no va bien ni se ha cerrado bien en 1992, lo demuestran, al menos, dos hechos: primero, que el Gobierno nunca ha informado públicamente sobre este Plan de extensión de la educación física haciendo un balance del mismo, y tampoco lo ha hecho en el Parlamento más que a petición del Grupo Parlamentario Popular, como ocurre hoy. Ello evidencia claramente el que no debía poder presentar un balance positivo, pues de lo contrario hubiera actuado de otra forma. Segundo, preguntamos hoy sobre dicho Plan, el cual, insisto, debía haber concluido el 31 de diciembre de 1992. Preguntamos también por sus previsiones para 1993, ya concluido, y para años siguientes.
Esperamos, por tanto, las explicaciones del señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.
Hubo algunas comparecencias en esta Comisión para explicar determinadas circunstancias en relación con el Plan de educación física y deporte escolar en los centros educativos. La última de ellas, para explicar precisamente la situación general del Plan, tuvo lugar el 19 de junio de 1991. En cualquier caso, el tiempo transcurrido desde entonces ofrece un período suficientemente dilatado como para poder hacer una valoración objetiva del Plan desde sus inicios, es decir, desde abril de 1988, que es la fecha en que se aprueba el Plan por el Consejo de Ministros, hasta la fecha de hoy, como S. S. me pide.
Puesto que lo que ahora se me requiere es un informe sobre la valoración del Plan, paso a hacer, con el permiso de la Presidencia, una breve exposición recordatoria sobre los propios antecedentes del Plan, para seguir con una referencia a la situación del mismo a finales del año 1992. Pasaré a referirme a su situación a la fecha actual y finalizaré con las previsiones de futuro en relación con el Plan.
Recordarán SS. SS. que en 1987 se realizó una encuesta en todos los centros escolares públicos de las comunidades autónomas que no tenían transferidas las competencias en materia educativa, con el fin de detectar las

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carencias que existían en la dotación de medios humanos y materiales para impartir la enseñanza de la educación física. Teniendo en cuenta los resultados de la citada encuesta y la filosofía de la reforma en la educación, se presenta al Consejo de Ministros un plan de extensión de la educación física en centros escolares, que es el que se aprueba en abril de 1988. Este acuerdo vino a representar la puesta en marcha de un ambicioso proyecto en el que se preveía la financiación de la dotación necesaria para profesores especialistas en instalaciones deportivas y en material deportivo con destino a los centros públicos de EGB y a los centros de bachillerato y formación profesional que no tuviesen estas instalaciones, profesorado o material. De esta manera se detectó la necesidad de actuar en un conjunto muy numeroso --luego iré concretando las cifras que S. S. me pide-- de centros públicos, de los cuales la mayoría correspondían a educación general básica y un cierto número, también importante, a los centros de enseñanzas medias. El material deportivo existente tampoco ofrecía las condiciones adecuadas, por lo que se planteó la necesidad de intervenir una cantidad importante, que luego también concretaré, en el material deportivo. La situación en cuanto a profesorado especializado tenía características semejantes y se planteó la necesidad de formar un número alto de profesores especialistas, una labor que se incluiría en los planes de formación de profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia.
Una vez conocidos los objetivos y los medios económicos de que se podía disponer para llevar adelante este Plan, en la Administración central se pensó en integrar en dicho Plan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, puesto que ambas instituciones llevaban, y siguen llevando, políticas de construcción e instalaciones deportivas para satisfacer las demandas generales de los ciudadanos. En ese momento se proyectaron en común todos los fondos disponibles para la construcción de instalaciones deportivas que permitiesen impartir la educación física en el horario escolar. La aplicación de esta idea suponía establecer un convenio con cada comunidad autónoma; suponía planificar para cinco años los fondos del Consejo Superior de Deportes, que eran fijos para cada comunidad y que se habían calculado en función de las necesidades de los centros; suponía realizar una planificación similar de los fondos de las comunidades autónomas en función de sus disponibilidades y, por último, también suponía definir los fondos que ayuntamientos o diputaciones pudieran aplicar al Plan.
Como resultado de las negociaciones mantenidas se firmaron, durante los años 1988 a 1990, quince convenios que reflejan los distintos niveles de financiación y disposición de las comunidades autónomas para llevar a la práctica el Plan. También se firmaron algunos convenios con ayuntamientos que reunían unas características especiales. Igualmente, en 1990 se incorpora al Plan el acuerdo de uso y gestión, que regula la gestión y el uso de instalaciones entre direcciones provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia y los ayuntamientos correspondientes donde las instalaciones se encuentran ubicadas.
Con todo ello se estableció un programa económico de partida que suponía para el Ministerio de Educación y Ciencia la aportación al Plan de una cantidad situada casi en los 36.000 millones de pesetas, de los cuales más de 27.000 correspondían a la inversión en instalaciones deportivas, 1.795 correspondían a la inversión en material deportivo y 6.227 a la inversión en formación del profesorado, mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos con convenios individuales a los que me he referido aportarían un total de casi 25.000 millones de pesetas. El Plan, por tanto, ofrecía de salida una inversión total de 60.000 millones de pesetas para llevarlo adelante y conseguir asumir los objetivos básicos que en el mismo se planteaban. Restaba, por supuesto, la aportación de los restantes ayuntamientos, que no podía conocerse hasta el año en que se programaran las diferentes instalaciones municipio a municipio, discutiendo en las comisiones mixtas las financiaciones correspondientes en cada término municipal.
Vayamos ahora a la situación del Plan a finales del año 1992 por la que S. S. preguntaba. La situación del Plan en cuanto a instalaciones deportivas en diciembre de 1992 se puede resumir de la siguiente manera.
Se había previsto actuar a lo largo del Plan en 1.210 instalaciones, que eran las programadas por las diferentes comisiones mixtas, es decir, actuaciones identificadas en cuanto a localidad, centro escolar, tipo de instalación, etcétera. De ellas, a finales de 1992 estaban concluidas 481 actuaciones, exactamente un 39,75 por ciento de las actuaciones programadas; existían otras 361 actuaciones en marcha, exactamente un 29,84 por ciento a esa fecha, y faltaban por contratar 668, que equivale a un 30,41 por ciento. De estas 368, 175 correspondían al Consejo Superior de Deportes, mientras que 193 a las distintas instituciones colaboradoras: comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Esta es la situación del Plan a finales de 1992.
De las cantidades inicialmente previstas y anteriormente señaladas para instalaciones deportivas, el Ministerio de Educación y Ciencia hasta la fecha de hoy ha comprometido un total de 23.658 millones de pesetas, las comunidades autónomas 17.352 millones de pesetas y los ayuntamientos 19.522 millones, lo que hace una cifra total comprometida que supera los 60.000 millones de pesetas. Cuando hablamos de inversión comprometida nos referimos a los compromisos de los planes de 1988 a 1991, y conviene señalar que las actuaciones contratadas y programadas por el Ministerio vienen afectadas por los costes reales de las obras a las que se han imputado los honorarios de redacción y dirección de los proyectos, los reformados, los complementarios y liquidaciones, los estudios geotécnicos, material deportivo, etcétera. Las que han contratado las comunidades autónomas o los ayuntamientos están actualizadas en función de la información que se nos remite de los costes reales puestos al día.
Sobre las cifras iniciales comentadas anteriormente se puede observar, pues, que existen todavía ciertas

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cantidades por comprometer, que ascienden a 4.209 millones de pesetas por parte del Consejo Superior de Deportes y a 6.423 millones de pesetas por parte de las comunidades autónomas, por una cifra total de 10.801 millones de pesetas, que se irán cubriendo progresivamente.
En el momento actual y con las adiciones ya señaladas, programadas todas ellas en el seno de las comisiones mixtas, se puede realizar un desglose que intentaré exponer a sus señorías. A la fecha de hoy, se han finalizado un total de 693 actuaciones --hablo siempre de instalaciones deportivas--, que corresponden al 55,44 por ciento de las previstas.
Ahora ya son no 1.210, sino 1.250, porque se han incorporado 40 actuaciones correspondientes a la Comunidad de Murcia, como SS. SS.
seguramente saben. De 1.250 instalaciones, a la fecha de hoy se han cubierto actuaciones completas en 693 --repito, un 55,44 por ciento--; existen otras 284 actuaciones en marcha, que equivalen a un 22,72 por ciento, y faltarían por contratar 273, que equivalen a un 21,84 por ciento. Esto por lo que se refiere a instalaciones deportivas.
Por lo que se refiere, a su vez, al profesorado especializado en educación física y a material deportivo, que es otro de los aspectos que contempla el Plan escolar, a la fecha actual, obviando estadios intermedios, se podría hacer el siguiente resumen. La relación de puestos de trabajo de los colegios públicos de primaria o educación general básica para 1993-1994 tiene catalogados 4.274 puestos de educación física, de los que están ocupados por profesores definitivos ya en dicha especialidad 4.059. Todos los colegios públicos de educación primaria a partir de cinco unidades disponen en su relación de puestos de trabajo de al menos un puesto de profesor de educación física. Todos los centros públicos de educación secundaria de BUP o de FP disponen en su relación de puestos de trabajo de los profesores necesarios de educación física, estando en su totalidad cubiertos estos puestos de trabajo por licenciados del Instituto Nacional de Educación Física.
Finalmente, todas las instalaciones deportivas terminadas y entregadas a los municipios para su utilización disponen del material deportivo móvil establecido en el Plan para la práctica de la educación física.
¿Cuáles son las causas del retraso en la finalización del Plan por las que S. S. pedía explicación? Es evidente que estas causas son de diferente naturaleza y que a ellas hay que unir diversos factores, tanto de carácter técnico cuanto de carácter administrativo. En primer lugar, es evidente que las dotaciones presupuestarias iniciales del Consejo Superior de Deportes en el plan escolar han sufrido un conjunto de variaciones a lo largo de los años de duración del plan que han reducido el ritmo inversor del mismo y que han producido un cierto deslizamiento en el tiempo, siempre en función de las disponibilidades presupuestarias anuales del Consejo Superior de Deportes, que suelen, por lo demás, ir parejas con las disposiciones presupuestarias de las diferentes comunidades autónomas.
Hay que indicar también como factor que ha influido en esta cuestión (puesto que la inversión realizada, en las cantidades indicadas a S. S., supone, como he dicho, más de los 60.000 millones de pesetas) que las cifras iniciales de coste de cada uno de los módulos deportivos a construir e integrados en el Plan se valoraron a precios de 1988 y que no se habían incluido los preceptivos estudios geotécnicos, que son necesarios para dar paso a la construcción, u otras circunstancias técnicas, e incluso los previsibles excesos de mediciones o variaciones que a lo largo de las obras siempre van surgiendo. Esto supone que cada año no puedan iniciarse la totalidad de las actuaciones previstas porque, en función de estas razones técnicas, no hay soporte presupuestario suficiente. También habría que añadir que los propios ayuntamientos tienen dificultades para remitir determinada documentación sobre el suelo, o una serie de deudas que ha generado también, por parte de las corporaciones municipales, la puesta en práctica del Plan.
¿Cuáles serían las perspectivas de futuro en el corto plazo, por las que también ha preguntado S. S. y que en un intento de dar información exhaustiva y puntual quisiera indicar? A corto plazo, el final del curso escolar, puede pensarse que se concluirán el 70 por ciento de las actuaciones en marcha y que se habrán iniciado, al menos, un 20 por ciento de las obras todavía por contratar. En esas condiciones, en julio de 1994 habrán finalizado 891 actuaciones, el 71,28 por ciento de las programadas; existirán otras 142 en marcha, el 11,28 por ciento, y faltarán por contratar 218, el 17,44 por ciento. Son cifras ya de por sí importantes, dadas las carencias existentes en el llamado territorio MEC a comienzos del Plan.
Con toda la información suministrada anteriormente se pueden establecer ciertas comparaciones con las tres fechas analizadas, es decir, diciembre de 1992, enero de 1994 y julio de 1994, finales del curso escolar. De las 1.250 actuaciones programadas, en diciembre de 1992 se habían terminado 481; en enero de 1994, 693, y en julio de 1994 se terminarán 891. Obras en ejecución, en diciembre de 1992 estaban previstas 361, que pasan a ser 284 en enero de 1994 y que serán 141 a finales de junio del presente año.
Y en obras sin contratar se pasa de 368, en diciembre de 1992, a 273 en enero de 1994 y a 218 en julio de 1994. Estas cifras reflejan un aumento, desde finales de 1992 hasta la fecha actual, de 212 obras finalizadas y unas previsiones para julio de 1994 de 410 obras más, entregadas y en uso por la población escolar y municipal. Durante 1993 se iniciaron 95 obras más y de aquí a julio de 1994 se iniciarán otras 55, reduciéndose, por tanto, las obras en lista de espera a las 218 que he indicado.
Así pues, con respecto al Plan de extensión de la educación física en centros escolares, y de acuerdo con las previsiones y líneas generales a desarrollar por mi Departamento, continuaremos con la ejecución del Plan hasta su completa financiación en lo que se refiere a las instalaciones deportivas y continuaremos con las previsiones del Plan en lo que se refiere a dotar de profesorado de educación física a la totalidad de los centros de enseñanza primaria que todavía no tuvieran este profesorado.
Por mi parte, señorías, espero y deseo que el

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incremento de las instalaciones deportivas, la dotación de profesorado especializado en educación física y la disposición social de estas instalaciones sean factores favorecedores de un mayor índice de práctica deportiva en el sistema educativo.
Finalmente, soy consciente de que las dificultades ya señaladas han retrasado el Plan y que concluir el proyecto no fue posible en el plazo inicialmente previsto. Pero, como se ha señalado en otras ocasiones, se hará el esfuerzo necesario para mantener los objetivos del Plan de extensión de la educación física en los centros escolares, intentando cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones colaboradoras, ya que el hecho de que la ejecución del Plan se haya dilatado en el tiempo no debe significar la renuncia a ninguna de las actuaciones que están contempladas en el mismo.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Ministro, por las explicaciones que nos ha facilitado. En primer lugar, voy a hacer un breve comentario, a plantear alguna pregunta en relación con su exposición y a ampliar la mía con algunos datos que, naturalmente, he preparado para esta comparecencia.
En primer lugar, la última comparecencia sí fue el 19 de julio de 1991, explicando el Plan exclusivamente, pero el 30 de octubre de 1991, cuando el señor Solana explicó la política deportiva del Ministerio, en Comisión aquí, se refirió ampliamente al plan y, por tanto, tenemos datos de su seguimiento hasta dicha fecha. También el 30 de junio de 1992 tuvimos una explicación parcial en cuanto a situación del plan en las comunidades de Asturias y Madrid. Y ha habido dos últimas comparecencias del Secretario de Estado del Deporte, en el Congreso, el 19 de octubre y el 11 de noviembre de 1993, en las que se refirió pintorescamente --diría yo-- al Plan, dentro de la comparecencia, para explicar o contestar las preguntas sobre los presupuestos del Estado. Después aclararé lo del pintoresquismo.
Creo que el primer Plan tuvo un error inicial grande y grave, porque el que se aprobó en Consejo de Ministros en abril de 1988 señalaba cuáles eran la extensión y el objetivo del plan. Decía: Disponer en todos los centros educativos no universitarios, y en los de EGB de ocho o más unidades, de gimnasio y pista polideportiva --gimnasio y pista polideportiva, en todos-- y valoraba ese conjunto de objetivos, ese conjunto de obras e instalaciones, en 27.000 millones las instalaciones, en casi 2.000 el equipamiento, en un total de 37.000 millones de pesetas, aproximadamente, que ha citado, coincidiendo con estas cifras, el señor Ministro de Educación.
Creo que hubo inmediatamente una corrección del Plan, porque éste valoraba esas instalaciones --según mis datos y según la información facilitada en su momento-- en 37.000 millones de pesetas. Plan que tuvo que ser recogido --como ha indicado el señor Ministro-- para extenderse y que ha sido corregido con una cofinanciación con las comunidades autónomas hasta 50.000 millones de pesetas en instalaciones y 60.000 en total, entre equipamiento, especialización de profesores, etcétera. Sin embargo, aunque las primeras instalaciones se cubrían con el presupuesto inicial aprobado por el Consejo de Ministros, financiado única y exclusivamente por el Consejo Superior de Deportes --no tengo ninguna referencia de que hubiera que cofinanciarlo--, se planteó luego un complemento de financiación desde las comunidades autónomas y posteriormente, en algún caso excepcional, diputaciones y, en muchos más, ayuntamientos.
¿Hubo error inicial en el Plan en ese planteamiento de aprobación del Consejo de Ministros y esa corrección presupuestaria de aportación de corporaciones locales o comunidades autónomas? Esa es mi pregunta.
De la situación del Plan a 31 de diciembre de 1992 hasta ahora ha habido --insisto-- una devaluación importante del mismo porque él no se ha centrado en las obras del listado que me facilitó el Gobierno en diciembre de 1993. Muchas de esas obras no son polideportivos ni gimnasios sino que son obras de reparación de importes de tres millones de pesetas, de dos millones y medio, que desde luego no estaban incluidas en aquel plan inicial, que era en su presentación objetivo estrella y base. Ha habido --como digo-- una devaluación y figuran a 31 de diciembre de 1992, según los datos que me ha facilitado el señor Ministro, 361 en marcha. Yo pregunto: ¿Qué llama «en marcha»? ¿Llama «en marcha» a una obra firmada? Después pondré bastantes ejemplos y tengo muchísimos más a su disposición. ¿Llama obra en marcha a obra adjudicada o llama obra en marcha a la firma y compromiso de gasto de un polideportivo, de un M-2, un M-3, un M-4, cofinanciado con un ayuntamiento o con una comunidad autónoma y en el que todavía no se ha puesto la primera piedra? En el balance del plan echo en falta la inversión. Si el primero de los objetivos del Plan era que el Consejo gastara 27.000 millones de pesetas en instalaciones, posteriormente ampliadas a 50.000 ó 51.000 con la aportación de las comunidades autónomas y a 70.000 incluso, según las cifras de una comparecencia --tendría que buscarla y prefiero por brevedad no hacerlo-- en la que decían que sería de 70.000 millones el coste final del Plan, no entiendo por qué no se nos dice el balance económico a 31 de diciembre de 1992. ¿Cuánto se ha gastado de aquellas previsiones a 31 de diciembre de 1992? ¿Cuánto se ha gastado, certificado, pagado a 31 de diciembre de 1992 por el Consejo Superior de Deportes y por las otras corporaciones? Sería conveniente saberlo para contrastar con el objetivo económico inicial. Hasta hoy ya se pasa lo comprometido. No lo voy a analizar porque tiene su discusión.
En cuanto a las causas estoy absolutamente de acuerdo en que eran complejas. Cuando las peticiones, las necesidades eran, y son hoy todavía, muy superiores a las posibilidades económicas, una forma de cribar, de seleccionar y de hacer más eficaz el Plan era precisamente la

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previa garantía de disponibilidad de terrenos, la previa garantía de la urbanización prevista o garantizar su ejecución en tiempo y calidad. Eso hubiera servido para corregir el Plan.
La conclusión es: ¿Cuándo se va a acabar este plan? El pintoresquismo es la calificación. El señor Cortés Elvira dice que era un plan dinámico porque se estaban incorporando actuaciones. Veo que se han incorporado 40, de 1.210 a 1.250 actuaciones. Dice que era un plan dinámico y ello le alegraba, porque era señal de que se estaban creando nuevas instalaciones educativas y, como consecuencia, nuevas necesidades en instalaciones deportivas para las mismas. Estamos analizando el Plan --igual que en carreteras, etcétera--, no un anejo al plan dinámico.
A continuación paso a hacer mis comentarios, al margen ya de la intervención del señor Ministro, complementando o pidiendo aclaración.
En cuanto al objeto del Plan considero que no se cumple. Se está pretendiendo cumplirlo con el siguiente objetivo: 713 instalaciones cubiertas, que pueden sera ahora 740; 279 pistas polideportivas y vestuarios y 216 obras menores y obras de reparación. Incluso citó el señor Solana, en su explicación anterior sobre la marcha del Pan, que el Ministerio no tenía datos --ahora veo que los tiene más actualizados-- de las comunidades autónomas en muchas ocasiones hasta el final. No entiendo, entonces, qué hacen las comisiones de seguimiento, que deben reunirse periódicamente para hacer ese seguimiento y corregir las dificultades y retrasos y suplirlos.
Decía antes, y citaba el 30 de octubre de 1991, que la inversión total del Plan era de cerca de 70.000 millones. No sé si fue una cifra alegre en un momento de euforia. Está registrada en la documentación que traigo.
El profesorado ha pasado de 859 (se dice en esa misma comparecencia) en 1989 a 4.440 en 1991. Supongo que serán puestos catalogados, porque, según los datos que tengo yo del Gobierno, el total de profesores especializados en educación física, al terminar junio de 1992, iban a ser 3.135.
En cuanto a la evolución de la calificación de la marcha del Plan, según iba avanzando el mismo se ha pasado de un ligerísimo retraso a un carácter vivo o dinámico que comenté y no sabemos en este momento cuál va a ser el final de la ejecución del Plan. Yo creo que ha sido debido a reducciones presupuestarias del Estado, que aumentan considerablemente y cada vez más y, por tanto, el plazo de ejecución.
Hay deficiencias en la calidad de muchas de las instalaciones realizadas.
Se produce la no explotación ni por suficientes especialistas y profesores de educación física en jornada lectiva, ni por la población de los municipios fuera del horario escolar, conforme está previsto que se haga en los convenios entre el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Educación y Ciencia y el respectivo ayuntamiento.
Yo creo que el impulso de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que debió servir para garantizar el cumplimiento del Plan en tiempo y en calidad y con dotación presupuestaria suficiente para fomentar después desde la base, desde la primera edad la educación física y el deporte, lamentablemente se ha incumplido, se ha olvidado a partir del año 1991.
Las inversiones en el programa de deporte escolar y universitario del Consejo Superior de Deportes han evolucionado. En 1991, 6.182 millones de pesetas; en 1992, 4.182 millones de pesetas. Hablo de presupuestos iniciales para instalaciones deportivas en cumplimiento de este plan. En 1993, 3.431 y en 1994, el actual, 2.416. ¡Pobre balance, pobre evolución de estos presupuestos! Mal auguro la ejecución al ritmo previsto, salvo esas circunstancias, que espero aclare el señor Ministro, y si no, en mi réplica le pediré nueva aclaración.
Al Plan se le calificaba de objetivo estrella, actuación sobresaliente del Ministerio, como vemos analizando comparecencias y algunos documentos de evolución de la LOGSE, etcétera. Ha palidecido aquella estrella y en lugar de sobresaliente lo que tenemos es un suspenso, en mi opinión.
En resumen, del Plan se ha hecho un pésimo seguimiento. Se ha hecho --así se ha reconocido en comparecencias anteriores y supongo que lo reconocerá el señor Ministro-- un pésimo seguimiento porque no se ha seguido con rigor la vigilancia de la ejecución de las obras, tanto las del Consejo Superior de Deportes como las que se realizan sin financiación del Consejo, con aportaciones de las comunidades y ayuntamientos, pero incluidas en el Plan.
He visitado instalaciones deportivas en Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura; las últimas, en Leganés el pasado 9 de febrero. Voy a citar como balance del Plan, como resumen de éste, dos ejemplos: Alcorcón y Leganés. Están bien próximos, bien fáciles de comprobar por los miembros de la Comisión y por el señor Ministro. Ya otro Ministro anterior se comprometió a ir a visitar Torrejón de Ardoz en función de las circunstancias pésimas que tenían algunas de las instalaciones deportivas o de la carencia y retraso de instalaciones deportivas en Torrejón de Ardoz. Lo incumplió. Espero que el señor Suárez Pertierra cumpla este reto que le lanzo.
Alcorcón tiene una población escolar de 35.000 alumnos, siendo muy lamentable que hasta febrero de 1993 no se haya iniciado la primera obra en Alcorcón, un M-4 que se está terminando y un M-2 actualmente en construcción. Como es lamentable la situación del ayuntamiento de Leganés, bien cerquita, con 172.000 habitantes, que en el Plan de extensión de la educación física empezó como estrella --pudiendo servir de modelo al resto de los ayuntamientos, objetivo político importante-- en el año 1988, con siete gimnasios, y en el año 1989, con seis. Pues bien, se ha parado y desde el año 1990 no hay más que un grandioso pabellón o recinto polideportivo, actualmente en ejecución, en el que se están gastando el dinero que tienen, y el que no tienen, el ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay un gimnasio en el Colegio Juan de Austria, en el antiguo comedor, que es también salón de actos; hay otro gimnasio que no tiene vestuarios y un colegio que tiene vestuarios pero no

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gimnasio. En fin, una delicia de visita. Le pido que corrija la situación de estos dos casos.
Otro ayuntamiento: Madrid. Ya se ha hablado de Madrid, que no ha estado nunca en el Plan, y en este momento hay un plan en estudio previo por parte de la Comunidad Autónoma, que dice que hacen falta no menos de 78 instalaciones deportivas y 3.500 millones de pesetas para llevarlos a cabo. Yo creo que son muchas más instalaciones las necesarias, pero a lo mejor es imposible y hay que apoyarse en alguna instalación deportiva próxima.
Según lo que nos dicen el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes en su respuesta del pasado 9 de diciembre de 1993, y por la revisión que he hecho personalmente, en algunos casos «in situ» y en otros telefónicamente --datos que luego expondré--, no se queda más que en intenciones cuando nos dicen que se han incluido en comisión en el año 1990. No quiere decir que esa obra esté ya en ejecución, ni muchísimo menos, y ahí están los datos, que yo creo que no han contrastado suficientemente, o por lo menos no los exponen públicamente de manera adecuada, porque aquí figura como comprometida alguna obra que estimo que está ejecutada. Y luego voy a poner algún ejemplo recientísimo del PER en Andalucía y Extremadura, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero, que confirma el juicio que yo hago en mi exposición sobre la marcha del plan.
¿Sabe, señor Ministro, cuántas instalaciones deportivas --según sus datos, no según los míos-- aprobaron en 1992 en toda España para todos los colegios públicos e institutos de diez comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla? Diecisiete. ¿Sabe cuántas en todo el año 1993 (y repito, según sus datos, no según los míos)? Una, en la provincia de Badajoz, concretamente en Zarza de Alange, con un presupuesto de 84 millones de pesetas.
Contaré dos anécdotas con las que pretendo valorar el Plan, y luego le daré la documentación. La primera de ellas demuestra el perfecto incumplimiento en explotación. Ayuntamiento de Villalba de los Barros, Badajoz, obra inaugurada en noviembre de 1992. Hay un cartel en el que figura: «Prohibida la entrada en todo el recinto del colegio fuera de horas de clases» (cuando existe un convenio entre el ayuntamiento y el Ministerio de Educación por el que hay obligación de garantizar la entrada) «bajo multa de 5.000 pesetas.» La segunda anécdota muestra un oscurantismo en cuanto al Plan. Pregunta, en solicitud de respuesta escrita, de don Rodolfo Orantos, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, a la Mesa de la Asamblea de Extremadura: Primero, ¿qué obras de carácter deportivo tienen pendiente el pago de certificaciones? Respuesta: las que están en curso. Segunda pregunta: ¿Qué importe tiene cada una de ellas? Respuesta: el que corresponda a cada una. Tercera: ¿A quién se adeuda? Respuesta: a los sujetos activos de las certificaciones que están en curso. Cuarta pregunta: ¿Por qué? Respuesta: porque las certificaciones están en curso. Y quinta: ¿Qué previsiones se mantienen respecto al pago? Respuesta: las propias de estas circunstancias. (Risas.) Desde aquí debemos dar gracias a la claridad de la explicación, que afortunadamente no es la del señor Ministro, que estoy seguro de que después me va a ampliar la información respondiendo a las preguntas que le he formulado.
Si hablamos de retraso, ya que cito Murcia (no tenía preparado esto en la respuesta, no sabía que iba a citar Murcia en cuanto a la ampliación de instalaciones), un ayuntamiento, Jumilla, el 4 de mayo de 1992 reclama el comienzo de una cobertura de pista polideportiva y de vestuarios en el Colegio Público Miguel Hernández de Jumilla, y contesta el Ministerio de Educación y Ciencia desde el Consejo Superior de Deportes: «Hemos tenido que retrasar toda la nueva programación hasta que se vayan realizando las transferencias previstas y se libere parte del presupuesto de 1992. Una vez tengamos preparada la nueva programación nos pondremos en contacto con los diferentes ayuntamientos para solicitar la aportación municipal y proceder a la contratación de las obras.» Yo creo que estos datos que he aportado, no exhaustivamente --y después podré aportar alguno más, incluso anecdóticamente--, suponen un marco suficiente de preguntas y de preocupación por la marcha del plan.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Está claro que la percepción que teníamos nosotros era que los planes de educación física en los centros educativos prácticamente no existían. La intervención del señor Ministro nos ha recordado algunas cuestiones. Nos ha recordado cómo se elaboraron los planes y los convenios firmados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y nos ha dicho más o menos que hay un nivel de cumplimiento importante, aunque nosotros seguimos percibiendo que prácticamente no existen esos cumplimientos en los centros educativos, salvo que las deficiencias fueran tantas que no se note la realización o concreción de esos planes.
Está claro que el señor Ministro reconoce que no se han realizado todas las actuaciones y el motivo que da para ello es la carencia presupuestaria. Eso hay que arreglarlo. Cuando uno elabora un plan siempre debe destinar los recursos para cumplirlo; si no, absolutamente todos son brindis al sol. Lo que nos ha sorprendido, y no tenemos por qué dudar de las manifestaciones del señor Ministro, es que diga que todos los centros de secundaria disponen de profesores y de material para la práctica deportiva. No es ésa nuestra percepción, pero esperemos que ello sea así. A lo mejor es que, cuando pasamos a tener contacto directo con los afectados, somos un poco ciegos, pero nos tenía preocupados, como ya decía al principio, porque en las diversas comparecencias que el señor Ministro ha tenido ante esta Comisión su atención al deporte ha merecido poca dedicación dentro de sus discursos. En su primera comparecencia ante la Comisión simplemente hubo dos o tres párrafos dedicados a la educación física en los centros educativos, y uno de ellos haciendo una

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llamamiento a la colaboración del resto de las instituciones, especialmente de los ayuntamientos.
Tengo que decirle al señor Ministro que tengo la percepción de que son y han sido los ayuntamientos, fíjese, con mucha escasez de recursos, los que han tapado en muchas ocasiones las deficiencias del Ministerio en este tema ofreciendo sus instalaciones, o bien acondicionando, en la medida de sus posibilidades, los campos de deportes de los colegios o los centros educativos para su utilización.
Se ha citado al Ayuntamiento de Madrid. Señor Ministro, estoy muy preocupado. Como le gane el Ayuntamiento de Madrid en preocupación por el deporte, un Ayuntamiento gobernado por la derecha tradicional que tiene el concepto de que el deporte es un lujo y que el que quiera realizarlo se lo tiene que pagar, vamos a estar apañados. Procure, señor Ministro --y estoy dispuesto a colaborar con usted--, que no le gane el Ayuntamiento de Madrid, porque entonces el nivel de comparación sería terrible y muy negativo para usted.
Decía que había merecido poca atención. Incluso sus setenta y siete medidas, que ya estudiaremos en su día, dedican unos bellos párrafos, pero sin concreción ninguna. Usted sabe como yo, señor Ministro, como le decía anteriormente, que en los temas tanto de profesores especialistas como de intalaciones como en material deportivo hay un claro incumplimiento de la LOGSE. Faltan profesores de educación física, faltan auténticos especialistas en los centros educativos. No hay recursos suficientes ni medios para finalizar, a mi juicio, un proceso de implantación efectiva de la educación física y de la práctica deportiva en todos los niveles y grados educativos; a pesar de sus promesas de hoy, no hay recursos.
No se ha fomentado tampoco, a mi juicio, el asociacionismo y la participación para desarrollar los clubes escolares desde la escuela a la universidad. Creo que en este aspecto hay una deficiencia notable. Sobre todo, no se ha coordinado, no sé si por voluntad del Ministerio --creo que cuando intervienen varias partes no sólo es por culpa de uno--, con las demás instituciones para aunar recursos y solucionar el problema. Si acaso en algunos momentos, como decía anteriormente, se ha delegado excesivamente en los ayuntamientos que, como comentaba, tienen escasez de medios y recursos.
Todavía, señor Ministro, como usted y yo sabemos, quedan muchos centros educativos sin instalaciones y hay que considerar que desde su concepción y la mía el deporte es un derecho constitucional que hay que garantizar; no es un lujo, como decía anteriormente, desde la concepción de otros.
Tengo que creer, como siempre, en las buenas intenciones del señor Ministro de cumplir y poner en marcha en estos próximos meses o años ese porcentaje de instalaciones a que se ha referido. Lo que pasa es que, como siempre le digo, si usted no tiene recursos, si no reclama recursos, si dentro de los presupuestos no se destinan más recursos al deporte, malamente va usted a poder cumplir, y voy a tener que volver a decirle que lo suyo son bonitas palabras, buenas intenciones, pero pocas concreciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín del Burgo.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Quiero agradecer y recordar. Agradecer al señor Ministro sus exhaustivas informaciones, agradecer también el tono de los Grupos Parlamentarios intervinientes, y recordar que fue precisamente el Gobierno socialista quien promovió esta iniciativa, tan necesaria como benefactora para los cimientos y práctica de nuestro deporte base, el deporte y la educación física en la escuela, con un único objetivo, cual era, y sigue siendo, el dotar de instalaciones deportivas a la red de centros en nuestro país. Más de 1.200 instalaciones programadas para 1.500 centros aproximadamente y que pueden atender, que de hecho están atendiendo, a más de 600.000 alumnos. Es un Plan ambicioso, a juicio de mi Grupo Parlamentario, tanto por su montante económico como por los centenares de instalaciones construidas. También es un Plan complejo por su dimensión y por la urdimbre administrativa que supone, que ha supuesto, al poner en combinación distintos niveles de la Administración, a saber, Administración Central, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que se han ido incorporando paulatinamente en el proceso y la ejecución del Plan.
Desde mi Grupo Parlamentario queremos manifestar también, para público conocimiento, con luz y taquígrafos, que las instalaciones ya culminadas no sufrirán retroceso o regresión respecto a su puesta en funcionamiento en este paréntesis de 1994, o ralentización del Plan; que, aun estableciéndose prioridades en los presupuestos, la preparación y la actividad deportiva están aseguradas, y éste es un aspecto fundamental que tenemos que tener en consideración a la hora de valorar ponderadamente la ejecución del Plan. No es baladí, a nuestro juicio, indicar que este período presente puede ser muy útil para verificar y dotar de contenido a las propias instalaciones deportivas escolares. Me refiero al material, al profesorado y a la utilización polivalente, por ejemplo.
A nuestro juicio, en este período no se ha distinguido el Consejo Superior de Deportes precisamente como ejecutor mediocre. Ha superado en nivel de ejecución a varias comunidades autónomas, y me reservo citar su color político porque ni es un dato relevante ni ello mejora o nos acerca más a los objetivos que guían el Plan.
Señorías, señor Presidente, señor Ministro, la disponibilidad de terrenos, la redacción y aprobación de proyectos, los compromisos económicos de financiación, las múltiples modificaciones de éstos solicitadas por los ayuntamientos, la adjudicación, la ejecución, la liquidación, la recepción de las obras inciden en la marcha de este programa.
Pero también quisiera formular un llamamiento a la coherencia para aquellas corporaciones locales que aún no hayan aportado sus partes proporcionales de la financiación final resultante de cada programa y de obra, porque estas corporaciones locales son dedudores del Plan y son deudores también del Consejo Superior de Deportes.
El Grupo Parlamentario Socialista no renuncia a

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ninguno de los objetivos propuestos por el Plan. Señor Ministro, apostamos por su continuidad y culminación. Valoramos como altamente positivo el incremento de instalaciones deportivas en centros escolares, la dotación de profesorado de educación física y la puesta a disposición de la sociedad de las instalaciones deportivas para su uso multifuncional y polivalente, principio, por cierto, fijado en la Ley del Deporte.
Anécdotas aparte, también consideramos que este proyecto, este Plan, no es un brindis al sol, porque en muchas comunidades autónomas se ha pasado de ocho instalaciones deportivas en el inicio del Plan a más de cien en la actualidad. Todos estos factores serán, sin duda, elementos estimuladores e incentivadores de la práctica deportiva de los escolares en el sistema educativo español.
Concluyo señor Presidente, señorías, señor Ministro. Para aquellos que pretendan poner negro sobre blanco o destacar sólo los claroscuros del plan, apelar a que miren retrospectivamente y se fijen, por ejemplo, en los años de la emergencia democrática, en cómo debíamos adaptarnos a las exigencias, condiciones materiales y humanas aquellos que enseñábamos educación física y trabajábamos en el campo de la preparación deportiva y cómo se practica hoy la educación física en el sistema educativo español y cómo crece la red de instalaciones deportivas en nuestros centros.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a las intervenciones de los diferentes Grupos.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor Carreño me plantea una serie de cuestiones concretas a las que procuraré dar respuesta, aunque es evidente que en esta sesión a todas ellas, por la concreción a la que su señoría ha llegado, no será posible darla. Se pasará la información correspondiente a su señoría, como no podía ser menos, en la medida en que mi Departamento disponga de ella.
Esta serie de cuestiones concretas llevan finalmente a su señoría a plantear una valoración del Plan que, desde luego, lo adelanto desde ahora, no coincide con la que desde la perspectiva de la Administración, que en este caso no es interesada, se tiene con respecto del grado de cumplimiento del Plan, aunque evidentemente es necesario que reconozcamos ese deslizamiento en el cumplimiento de las previsiones, por otra parte me parece que perfectamente explicable en las circunstancias actuales en que nos movemos en España, que se ha producido finalmente.
Comienza S. S. refiriéndose a un error inicial en el acuerdo de Consejo de Ministros. Sin perjuicio de cómo se haya planteado la cuestión en el año 1988, si ese error inicial consiste en no haber previsto en el soporte financiero del Plan y en la propia planificación de las actuaciones en las diferentes zonas de España en el territorio administrado directamente por el Ministerio de Educación y Ciencia la concurrencia de otras instituciones como comunidades autónomas, ayuntamientos o en algunos casos las propias diputaciones, sería un error que habría que reconocer. Sin embargo, a mí me parece que ha habido los suficientes reflejos como para incorporar de inmediato a la financiación, pero también a la planificación, a estas instituciones, lo que supone el que, junto con los recursos que aplica el propio Consejo Superior de Deportes al Plan sobre el que estamos informando en este momento, pueda darse finalmente un cumplimiento en grado suficiente --creo-- y después de muchos esfuerzos a sus previsiones. En planificación y en aportación de recursos siempre es positivo que las diferentes administraciones públicas estén conformes y en contacto, a través de las diferentes comisiones mixtas o de los diferentes instrumentos de comunicación de las previsiones para actuar en cada localidad geográfica de España.
Por otra parte, y después de esta apelación genérica al error inicial en el planteamiento del Plan, dice S. S. que no sabe muy bien a qué se refiere la obra en marcha que ha servido de plantilla en mi exposición para indicar de forma detenida y desglosada cómo va evolucionando el propio Plan. Le diré que obra en marcha significa --en términos genéricos que concretaré a S. S., si así lo estima, en cada una de las obras enumeradas en las diferentes cifras que he ido citando-- iniciada la tramitación y en alguna fase de su proceso. Con esto se quiere decir que hay ya un compromiso formal y no sólo un compromiso de índole política general, esto es, un compromiso concreto en relación con la puesta en marcha de las obras e incluso con calendario de finalización de las mismas. En cualquier caso, cuando se dice, respecto del grupo de lo que llamamos obras sin contratar u obras en marcha en cualesquiera de las referencias que he citado en los tres momentos históricos que he utilizado como eje de mi exposición, que a finales de julio de 1994 habrá 400 obras más entregadas y en uso, ya significa un nivel de concreción importante; obras que, por supuesto, pueden seriarse y sobre las que si S. S. no tuviera información en este momento --creo que probablemente la tenga-- podría tenerla. Cuando se dice que de aquí a julio de 1994 se iniciarán otras 55 obras, reduciéndose por tanto las obras en lista de espera a 218, es decir, 150 actuaciones menos en esta casilla respecto a enero de 1994, quiere decirse que S. S. podrá comprobar, en julio de 1994, si se ha cumplido la previsión de iniciar otras 55 obras. El epígrafe genérico de obras en marcha, obras en ejecución u obras sin contratar en un momento determinado --fecha a la que me comprometo-- no puede hacer dudar de la valoración que aquí se realiza de las diferentes fases del cumplimiento del Plan.
Su señoría echa en falta cifras presupuestarias respecto al 31 de diciembre de 1992. Creo, señoría, que esto lo he referido exactamente a lo largo de mi exposición. En cualquier caso, por si no hubiera sido así, puedo decir que el Ministerio de Educación y Ciencia ha comprometido, a través del Consejo Superior de Deportes, hasta la fecha del 31 de diciembre de 1992 la cifra de 23.658.772 pesetas. Las comunidades autónomas han

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comprometido hasta esa fecha 17.352 millones y los ayuntamientos 19.522 millones, lo que hace una cifra total comprometida de 60.533 millones un poco largos. Supongo que S. S. entiende que con esto se alcanza por mi parte el suficiente nivel de concreción que, en cualquier caso, estoy dispuesto a desagregar si así lo requiere.
Sobre las cifras iniciales comentadas a lo largo de mi exposición, hay que observar que todavía existen unas ciertas cantidades por comprometer; cantidades que respecto a las previsiones iniciales ascienden a 4.209 millones de pesetas por parte de los presupuestos del Consejo Superior de Deportes --me parece que ya lo he indicado así en mi exposición-- y a 6.423 millones por parte de las comunidades autónomas. Por consiguiente, con estas cifras expreso la mayor transparencia en lo que se refiere al grado de cumplimiento del Plan en su soporte financiero y presupuestario y en lo que se refiere a su falta de cumplimiento. Aprovecho para decir que los presupuestos del Consejo Superior de Deportes, en lo que se refiere al caso, alcanzan un grado de ejecución verdaderamente notable y que puede hacerse sentir muy satisfechos a los administradores del Ministerio de Educación y Ciencia. Lo ha dicho así el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y yo no tengo más que reafirmarlo; en concreto, para 1993 el grado de ejecución presupuestaria está por encima del 95 por ciento.
¿Cuándo se va a terminar el Plan? He indicado a S. S. que seguiré con todas las actuaciones previstas en el Plan y que se irán incorporando otras nuevas a medida que se identifiquen necesidades específicas, de acuerdo evidentemente con las disponibilidades presupuestarias. Puedo decir que las cifras previstas para este año --ha hecho referencia a ello el portavoz del Grupo Socialista-- son menores en función de la situación presupuestaria en que se encuentran todas las líneas políticas del Gobierno en este momento, que la cifra a la que ascienden, por ejemplo, las deudas que tienen los ayuntamientos respecto al Consejo Superior de Deportes. Voy a intentar que la financiación del Plan sea lo más holgada posible, de forma que permita su ejecución completa en el menor tiempo.
Es evidente, señorías, que no puedo hablar más que del ejercicio presupuestario de este año --algunas cifras ya he dado al señor Diputado-- y que no puedo referirme a escenarios que todavía no están construidos, cosa natural en buena técnica presupuestaria.
A su señoría le parece pintoresco que se diga que éste es un plan dinámico. Es S. S. muy dueña de que esa referencia le parezca pintoresca.
No obstante, no hay que desconocer que lo que es dinámica es la propia reforma educativa en sí misma y que el Plan de construcción de instalaciones deportivas en los centros escolares debe estar estrictamente conectado con la puesta en práctica gradual y progresiva de los nuevos estudios previstos en la propia reforma educativa con carácter general.
Si a esto se le quiere llamar, como yo creo que se le puede llamar perfectamente, dinamismo de la propia reforma educativa y por consiguiente del Plan, lo cual hace referencia justamente a la planificación continua y dinámica que respecto de la puesta en marcha de los estudios no universitarios se está haciendo en España, en función de la gradualidad de aplicación de la Logse, si a esto se le quiere llamar dinamismo, a mí me parece una expresión sumamente adecuada.
Ha citado S. S. algunas cifras (no he podido tomar nota de las cifras concretas) que supuestamente no coinciden con las que yo he dado del número de profesores de educación física existentes. Además de lo que he dicho en mi intervención, señoría, hay que decir que desde 1988 a 1993, que es el tiempo de vigencia del Plan al que nos estamos refiriendo, se han convocado para el territorio administrado por el Ministerio de Educación y Ciencia específicamente 4.761 plazas de educación física para el cuerpo de maestros. El total de puestos de trabajo de educación física, catalogados en la relación de puestos de trabajo de los colegios públicos de primaria para el curso 1993-1994 en que nos encontramos, es exactamente 4.724 plazas. El total de puestos ocupados por profesores definitivos en la especialidad de educación física es de 4.059 plazas, y además de estos puestos definitivos señalados, el Ministerio dispone de un conjunto de 1.121 maestros especialistas en educación física, correspondientes a las oposiciones últimas del año 1992 y 1993, que aún no han obtenido un puesto definitivo de trabajo por el sistema específico de concurso-oposición que aplicamos.
Es verdad, señoría, que los presupuestos del Consejo Superior de Deportes, los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia y los presupuestos de otros departamentos han sufrido una adaptación provocada por las circunstancias económicas que está atravesando nuestro país. Esto provoca que la financiación prevista para la aplicación del Plan desde 1988 haya sufrido determinadas carencias que S. S. conoce y que no se puede por menos de reconocer desde el campo de la Administración. Es verdad, por consiguiente, señoría, que bajan los presupuestos y es verdad que esto provoca un deslizamiento en el cumplimiento del plan que nos lleva a superar la fecha de 1993. Lo que yo defiendo, señoría, es que, en las circunstancias adversas que estamos atravesando, el grado de ejecución del plan puede permitir que nos sintamos nunca satisfechos pero sí suficientemente satisfechos del grado de aplicación de los recursos escasos a las previsiones que existieron en 1988. Por mi parte y por lo demás, señoría, no tengo la impresión que S. S. ha indicado en relación al pésimo seguimiento o a la falta de control del cumplimiento del Plan por parte de la organización responsable del deporte en España; antes bien, tengo la mejor de las opiniones en relación con ese control que en algún caso puede no haber sido efectivo.
No dispongo en este momento, señoría, de datos relativos a la aplicación del plan en algunos de los lugares que S. S. ha citado, pero sí de otros.
En relación con lo que S. S. ha indicado respecto del Ayuntamiento de Leganés, se ha programado entre el Consejo Superior de Deportes, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, la realización de catorce instalaciones deportivas cubiertas (corríjame su señoría) de distintas dimensiones, y nueve reparaciones de pistas polideportivas. Se han finalizado y se

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encuentran en uso veintidós instalaciones y está pendiente de comenzar, con finalización prevista para julio de 1993, otra instalación. Excuso a SS. SS. de la expresión de las actuaciones realizadas, muchas de ellas importantes, otras de menor cuantía, pero sí quisiera decir que el coste final de todo este programa ha sido 646 millones de pesetas, de los cuales el Consejo Superior de Deportes ha aportado 559 millones de pesetas y el municipio 86 millones de pesetas. Hay veintidós instalaciones en uso y pendiente de comenzar otra instalación que finalizará en julio de 1993.
En relación con el Ayuntamiento de Madrid, sabe S. S. seguramente que estamos pendientes de las observaciones del Ayuntamiento de Madrid a la propuesta, que se ha hecho desde la Comisión mixta constituida por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma madrileña, que prevé un conjunto de 78 actuaciones en el municipio, que son las que se han seleccionado como de carácter prioritario, con una financiación de 3.460 millones de pesetas, que creo que es la cifra que S. S. ha indicado.
Finalmente, señoría, con estas cifras en concreto y con las expresiones de algunas otras que he hecho a lo largo de mi intervención, no puedo considerar que el cumplimiento del plan tenga un mal balance, reconociendo, sin embargo, el deslizamiento en su cumplimiento sobre las previsiones iniciales por causas de todos conocidas.
Tendría que decir lo mismo ante las referencias iniciales que en su intervención ha hecho el señor González, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Yo creo, señoría, que no se puede decir que no haya cumplimiento del Plan; lo hay en la medida en que lo hay y en que he expresado a S. S. ese cumplimiento. Creo que el balance es finalmente positivo y, en cualquier caso, señoría, ha sido un esfuerzo importante de gestión y de aportación de recursos por parte de la Administración central y de las diferentes administraciones implicadas. Hay datos de inversión, hay datos de actuaciones en instalaciones deportivas, profesorado y material deportivo que en cualquier caso no se pueden desconocer, si bien no son capaces de habernos permitido el cumplimiento íntegro de las previsiones del plan, como he indicado.
Yo creo que S. S. no debe pensar que por parte de este Ministro se aplica poca atención al caso del deporte, que es una de las responsabilidades que tiene asumidas el Ministro de Educación y Ciencia en nuestra organización de Gobierno, y especialmente por cuestiones del deporte tan ligadas específicamente a la educación, como es el plan de instalaciones deportivas escolares. Señoría, yo no sé los párrafos que he dedicado en mi primera comparecencia ante esta Cámara, pero, probablemente, a una cosa específica como es el plan de instalaciones deportivas en los centros escolares dedicar en una comparecencia de una hora unos cuantos párrafos será probablemente suficiente. Lo que sí quiero decir a S. S. es que dedico bastantes horas a la cuestión, que comporta por supuesto bastantes preocupaciones.
He presentado hace poco tiempo, señoría, y tendré ocasión de comparecer en esta Cámara para explicarlo, el plan de calidad que he anunciado en mi primera comparecencia ante esta Comisión el mes de septiembre del año pasado, que he publicado para debate de los diferentes sectores y que dará lugar a la adopción de una serie de medidas. Es, señoría, un plan de calidad de la enseñanza que pretende desarrollar de manera específica el Título IV de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo; no se refiere específicamente al caso. De todas maneras, señoría, no se puede desconocer que bastantes de las medidas en él implicadas tienen que ver --ahora pondré a S. S. algún ejemplo-- con la cuestión que le preocupa de que el Ministerio y el Ministro presten una atención especial y prioritaria, en el grado que corresponda, a las instalaciones deportivas en los centros escolares. Precisamente al hilo de la existencia de instalaciones deportivas y otro tipo de instalaciones en centros culturales, se propone la adopción de una de las medidas que dará lugar a otras diversas y concretas previstas en el conjunto de las medidas para la calidad que he presentado, que es la posibilidad de intensificar la utilización de las instalaciones de los centros escolares, que son muy ricas en muchos casos, entre ellas las deportivas, por parte de los ciudadanos del entorno y por parte de los propios alumnos fuera del horario escolar.
En el mismo planteamiento de las medidas para favorecer la calidad de la enseñanza, señoría, se contiene el favorecimiento del asociacionismo, a lo que S. S. da mucha importancia --como creo yo mismo que hay que darle mucha importancia--, y que desde luego será uno de los factores de calidad más importantes y para nosotros de una mayor preocupación.
También está incluido en las medidas de calidad que en desarrollo del Título IV de la Logse publicamos. Señoría, de todas maneras quiero afirmar la voluntad política de este Ministerio de obtener la máxima rentabilidad social de estas instalaciones que existen en los centros educativos, y entre ellas las deportivas, y de potenciar la voluntad política, las actuaciones que se nos ocurran a todos, dirigidas a una mayor integración social ciudadana en los centros educativos, junto con la mayor apertura de los centros a que me refería para habilitar la disponibilidad del uso de las instalaciones en favor de la comunidad social del entorno.
Ya me he referido a las actuaciones en relación con la Comunidad de Madrid. Hay una propuesta en este momento que suscriben el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma, que está informando desde --creo recordar-- el mes de diciembre o quizá el mes de noviembre el Ayuntamiento de Madrid y a la que formulará las observaciones pertinentes. Están previstas en nuestro planteamiento un total de 78 actuaciones prioritarias con un nivel de financiación cercano a los 3.500 millones de pesetas, prueba de que en Madrid damos importancia a la existencia de instalaciones deportivas de la mejor calidad en nuestros centros. Todo esto, señoría, me parece que no permite decir que el planteamiento en relación con ésta, como en relación con otras cuestiones del Ministerio de Educación y Ciencia, sea de buenas intenciones pero de pocas concreciones. Como a S. S., también preocupa a este Ministro la necesidad de un

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soporte financiero suficiente para llevar adelante la implantación de la reforma educativa y todas aquellas cuestiones que conlleva, que son muchas. Señoría, vamos a intentar, aplicando correctamente los recursos que tenemos, hasta el último dinero, que esas buenas intenciones que, desde luego lo son, se conviertan ciertamente en realidad.
Por lo que se refiere a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, no puedo sino suscribir los conceptos que ha indicado en relación con el Plan. Es un plan ambicioso, es un plan que va dando buenos resultados y que actúa en beneficio de todos. Pretendemos que actúe en beneficio de los estudiantes y del conjunto de la sociedad, aunque no haya sido posible conseguir su cumplimiento total, pero sí, creo yo, en un grado muy importante, en el plazo que en 1988, hace seis años, se había previsto.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de réplica? (Pausa.) Señor Carreño, le quiero advertir que en su primera intervención ha consumido bastante más del duplo del tiempo reglamentario previsto. Con esa observación tiene la palabra.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias. Van a pagarlo las estenotipistas, que tendrán que escribir más rápido.« Obra en marcha parece ser que se llama a iniciada la tramitación. Por tanto, estimo que el Ministerio y el Consejo Superior de Deportes están considerando obra en marcha en Alcorcón un M-4 para, entre otros colegios, Blas de Otero, que en noviembre de 1990 me contestaron que estaba en marcha, en construcción, ese M-4. Durante 1991, 1992, 1993 no estaba en marcha, ahora está en marcha. Pondré algún otro ejemplo de Extremadura, que antes he citado, muy brevemente.
Dinero comprometido. He pedido dinero gastado, pesetas pagadas a 31 de diciembre de 1992. Liquidado el presupuesto del Estado y de sus organismos autónomos, y dentro de ellos el del Consejo Superior de Deportes, dinero pagado a 31 de diciembre de 1992 en el concepto «instalaciones deportivas» y en el concepto «reparaciones de instalaciones deportivas». Pregunta que amplío, toda vez que ha concluido el año 1993, al presupuesto del año 1993, a 31 de diciembre.
Los datos de Leganés coinciden con los que he expuesto. Hay nueve reparaciones de pistas deportivas, por importe cada una de 3.300.000 pesetas, que incumplen perfectamente el objetivo del plan, que era dotar de gimnasio y pista polideportiva. El gimnasio no existe, evidentemente, en esas nueve instalaciones deportivas de esos colegios y existen otros muchos centros hoy carentes de ellas en Leganés.
Sorprende que entre las 77 medidas propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza figuren tres referidas al terreno deportivo que sólo hablan de fomento de actividades deportivas, como si ya estuviera resuelto por el Ministerio la existencia de instalaciones en/o a disposición de los centros para practicar primero la educación física y después el deporte.
Conviene saber --no lo sé-- si se cubren todos los colegios con el número de especialistas en educación física y todos los institutos con el número de profesores de educación física.
Hablaba el señor Ministro de deudas de ayuntamientos con el Consejo Superior de Deportes. Sorprende que el dinero dedicado a inversiones por el Consejo Superior de Deportes en toda España, en el año 1993, haya sido --según mis datos-- 7.938 millones y a inversiones en centros educativos, en 1993, en todo el territorio del MEC, 3.431 millones, cuando en ese mismo año el Estado, vía Holsa, pagó deuda del Ayuntamiento de Barcelona, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, inversión comprometida por el Ayuntamiento de Barcelona, posteriormente aliviada, por importe de 5.739 millones de pesetas. Sorprende que en 1994 el dinero que el Estado dedica a las instalaciones deportivas para el deporte en toda España sea 4.210 millones, a inversiones del programa escolar 2.416 millones, y también este año 1994 a través de Holsa aporta el Estado al pago de inversiones deportivas, hasta 1992, 5.969 millones de pesetas.
Sorprende que para el año 1995 la crisis económica vaya a permitir mantener como máximo los presupuestos de inversiones del Consejo en toda España y de instalaciones deportivas en centros educativos en territorio del MEC al nivel de este año, y el año que viene, en cambio, se van a dedicar 6.804 millones a pagar, y así sucesivamente hasta el año 2009, inversiones en un solo ayuntamiento.
Sorprende, o al menos me sorprende a mí, que en el Real Decreto por el que se regula el Plan de Empleo Rural, publicado en el BOE del 5 de febrero, sábado, se incluyan obras del Consejo Superior de Deportes.
Construcción de polideportivos en Esparragosa de Lares (Badajoz), 36 millones de pesetas. Evidentemente, esa obra está contabilizada como obra en marcha en 1991, según la definición de obra en marcha, y es obra que primero se compromete en 1994 y veremos a ver si se inicia en 1994.
Sorprende que haya tres obras de reparación de polideportivos, en Villar del Rey, Pueblonuevo y Guadiana, obras recientemente terminadas por el Consejo Superior de Deportes, en la provincia de Badajoz; sorprende que se dediquen 22 millones de pesetas a reparar tres polideportivos recentísimamente concluidos. Sigue sorprendiendo, al menos a este Diputado, la construcción de polideportivos en Miajadas, obra prevista, en esa lista, en el año 1991 por la Comisión Mixta Comunidad Autónoma de Extremadura-Consejo, en Miajadas, en Coria y en Losar de la Vera, 228,8 millones de pesetas. Evidentemente, no son obras en marcha, por lo menos no son obras iniciadas, que pueden tener problemas si no hay disponibilidad de terrenos, si no hay accesos, si no hay servicios o si no hay aportación municipal. Sigue sorprendiendo la reparación de polideportivo en Navas del Madroño, también obra incluida en el año 1990 y, por tanto, obra en marcha y, al parecer, obra desafortunadamente mal concluida.
En resumen, primero, pido el cierre, a 31 de diciembre, de la situación del plan; segundo, completar y corregir el

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plan: caso Leganés, caso Madrid, caso Monesterio en Cáceres, que aparece aquí, pero no en el plan, ni es Murcia, que son obras ampliadas a 1.250; tercero, vigilancia en cuanto a terrenos, servicios, acceso, agua, luz y ejecución; cuarto, garantía de utilización, tanto en jornada lectiva como extraescolar; quinto, completar los especialistas y profesores de Educación Física en los centros, es decir, cumplimiento de la LOGSE y de la Ley del deporte, y sexto, control parlamentario periódico, que es lo que estamos haciendo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad y haciendo caso de su recomendación, simplemente para aclarar al señor Ministro que, evidentemente, yo no juzgo su dedicación al plan por la cantidad de párrafos que destina a sus discursos, pero formalmente es un indicativo.
A mí me preocupan más la consignaciones presupuestarias, pero hay que reconocer también que el señor Ministro es muy hábil, porque, cuando se le pone de manifiesto la escasez de presupuestos, él lo pone de excusa para no cumplir determinados planes o proyectos, y, cuando se le critica esta situación dice que hay poco presupuesto y, de forma solidaria con su Gobierno, dice que con un informe adicional, supongo que de imaginación, y con cierto retraso se cumplirán.
De todas maneras, el señor Ministro suele reconocer sus culpas y hacer propósito de enmienda. Espero que este propósito de enmienda se concrete y se realice.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): En contestación a lo que me plantea el portavoz del Grupo Popular, yo no sé, señoría, si hay mucho que discutir en relación con la conceptuación técnica, que se puede aclarar con respecto de cada obra en concreto, de obras en marcha, obras en ejecución u obras sin contratar. No discuto los datos que S. S. ha indicado, que probablemente tienen alguna explicación si se estudian en concreto, explicación que, con toda evidencia, yo no estoy en este momento en condiciones de hacer con respecto a todos ellos.
De todas maneras, señorías, creo que es verdad --pero S. S. puede comprobarlo en relación con los datos desglosados que estaría en condiciones de hacerle llegar-- que en diciembre de 1992, de las 1.250 obras previstas en el plan, había 481 obras terminadas, que son 693 en enero de 1994 y 891 serán en julio de 1994, lo que quiere decir, señorías, que, con la cadencia del cumplimiento del plan que nos permiten nuestros recursos presupuestarios, las obras se van terminando. Obras de las llamadas en ejecución había 361 en diciembre de 1992; para julio de 1994 solamente habrá 141, y obras sin contratar había 368 en diciembre de 1992 y en julio de 1994 habrá 218, lo que quiere decir que, con pocos recursos, el plan se va aplicando progresivamente.
Es verdad, señorías, porque lo he comprobado ante la referencia que indicaba, que en el ayuntamiento de Leganés hay un conjunto de obras, que antes indicaba que eran obras menores, de tres millones y pico de pesetas, para un conjunto de institutos, pero no desconozca S. S. que, a lo largo del período de vigencia del plan y para este mismo ayuntamiento, ha habido obras muy importantes; si se dice la cifra menor, hay que hacer referencia también a las cifras mayores. Ha dicho S. S. que hay nueve obras menores que no las he contado, aunque sí las mayores, que son catorce, que suponen una aplicación de recursos de 49 millones, 50 millones, 26 millones, 80 millones, 84 millones, 49 millones, etcétera.
Por consiguiente, el esfuerzo es importante, aunque habrá que seguir insistiendo en él y evidentemente faltan cosas por hacer.
Pasaré a S. S. por conducto de la Presidencia de la Comisión, si el señor Presidente me lo admite, la relación del dinero gastado a diciembre de 1992 en el plan y lo mismo para diciembre de 1993. Lo que sí puedo adelantar es que el plan alcanzó en 1992 un grado de ejecución presupuestaria situado en el 84,5 por ciento, y en 1993, en el 92,2 por ciento. También son cifras bastante significativas, pero haré llegar a S.
S. su concreción.
Su señoría se sorprende, entre otras cuestiones, sobre todas las cuales daré una contestación concreta, si me lo permite, de las cuestiones relativas al deporte escolar incluidas en el plan de calidad que hemos presentado. Señoría, es que se trata de un plan de calidad de la enseñanza. Las medidas que en él se incluyen están específicamente dirigidas a la calidad de la enseñanza, que tocan, como otras muchas cuestiones, aspectos relativos al deporte escolar. Estas medidas están flanqueadas, entre otras cuestiones, por toda una política, que no consta ahí, relativa al personal, relativa a la incorporación --a lo que me he comprometido en mi primera intervención de la sesión de hoy-- de profesores de Educación Física en los colegios de menos de cinco unidades, como decía, o flanqueadas por el propio plan de construcción o reparación de instalaciones escolares, que sigue vigente hasta el momento en que podamos alcanzar su grado de cumplimiento, pero esto no evita que se incluyan otros aspectos que tienen que ver específicamente con el desarrollo del título IV de la Logse. También hay muy pocas medidas introducidas en este plan de calidad, aunque hay alguna, que se refieren específicamente a, pongo por caso, la formación profesional, como digo, de una manera concreta, pero hay todo un plan de formación profesional --para la exposición del cual pediré la comparecencia de esta Comisión a las Cámaras, dentro de muy poco tiempo--, que no tienen por qué estar propiamente incluido en un plan de calidad que tiene una dirección muy específica.
Señoría, por supuesto que me brindo, como no podría menos de suceder, pero, por lo demás, con mucho gusto, como S. S. sabe, a cualquier control periódico que se haga en relación con el cumplimiento del plan, al que le aseguró a S. S. que aplicaré muchos esfuerzos. En ese control periódico, señor González, es en el que se va a ver

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mi grado de propósito de la enmienda, como usted lo llama, o, lo que es lo mismo, mi grado de posibilidad de aplicación de recursos financieros al cumplimiento de esta política, como de otras políticas cuya responsabilidad tengo asumida desde el Ministerio de Educación y Ciencia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


CONTESTACION DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

--SOBRE CALENDARIO PARA ULTIMAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EN MATERIA EDUCATIVA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. FORMULADA POR EL SR. OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000336.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, contestación de las preguntas.
Para formular la pregunta número 336, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Ministro, el texto de la pregunta tal como fue redactada en el momento de iniciarse su trámite era: Teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias para 1994, ¿qué calendario considera el Gobierno más adecuado en el momento actual para ultimar el proceso de transferencias en materia educativa a las comunidades autónomas? La pregunta surge como consecuencia de una indisimulada perplejidad ante la situación que se ha ido creando. Como el señor Ministro sabe bien, hay unos acuerdos autonómicos, firmados hace ahora dos años prácticamente, el 28 de febrero de 1992, que por supuesto son firmados por unas fuerzas políticas, pero que se comprometen a que tengan un reflejo en las Cámaras. No pienso, por tanto, confundir, como es lógico, ambos ámbitos de responsabilidades, pero sí, indudablemente, es un punto de referencia ilustrativo.
En estos acuerdos, los firmantes reconocen la necesidad de adecuar el calendario de transferencias educativas a los compromisos establecidos para implantar la reforma educativa, aprobada por las Cortes Generales, los plazos en ella previstos para los diferentes niveles educativos, así como los específicos mecanismos de financiación contemplados para su realización. La perplejidad surge porque en los dos años transcurridos se ha modificado absolutamente el marco de referencia. En primer lugar, ha cambiado el calendario de aplicación de la Logse. Por tanto, habría que plantearse cuáles eran los motivos que llevaban a vincular las transferencias a la aplicación de la Logse y en qué medida los motivos que van originando, y que presumiblemente seguirán originando, modificaciones en el calendario de aplicación de la Logse deben o no afectar a las transferencias a las comunidades autónomas. Por otro lado, se han producido recortes presupuestarios continuos y todo parece indicar que, mientras que este Gobierno continúe siendo el responsable de la situación, se seguirán produciendo, con lo cual se está incumpliendo otro de los aspectos básicos del marco de referencia que justificaba esa ralentización de la transferencia a las comunidades autónomas. Por eso, un primer aspecto de la pregunta sería: ¿cuáles son las consecuencias que el señor Ministro estima que deben producirse al modificarse el calendario de la Logse y al modificarse claramente las previsiones presupuestarias, a la baja, respecto a las mismas previsiones hechas por el Gobierno en la documentación presupuestaria de años anteriores que, como usted muy bien sabe, contempla inversiones a tres años vista, que se ven cercenadas radicalmente; en qué medida eso debe o no llevar a reconsiderar esta ralentización en la transferencia a las comunidades autónomas? Porque el señor Ministro, que es buen jurista, sabe que en todo pacto hay una cláusula rebus sic stantibus de la que depende la validez del pacto mismo, y desde luego las cosas no están como estaban, eso es obvio.
Por otra parte, la modificación del calendario no ha sido puramente cronológica, sino que ha llevado consigo también una clara modificación de la política de aplicación de la Logse, en la que se ha pasado de todo intento de llevarla a cabo con una coordinación y con una homogeneidad, elementos que serían los que justificarían el retraso de la transferencia autonómica, y se ha pasado al puro oportunismo como criterio decisivo. El mismo Gobierno que obliga a retrasar la aplicación de la Logse, a la vez, no pierde oportunidad de adelantar la aplicación de la Logse donde le parece y cree conveniente, con lo cual está llevando a cabo una política discutible, por supuesto, pero en todo caso absolutamente contradictoria con lo que justificaría el retraso de transferencia, porque si aquí todo vale y en cada asunto se hace lo que corresponda según dependa de no se sabe qué, pues yo no sé cómo puede eso justificar el que se retrasen las transferencias, a no ser que lo que se pretenda sea retener competencias en el Gobierno central el máximo tiempo posible para así poder llevar a cabo determinadas medidas. Y ya que hablo de medidas, el señor Ministro me reconocerá que de ese bonito librito que nos ha ofrecido, con setenta y siete presuntas medidas, la inmensa mayoría de ellas no es que las puedan llevar a cabo las comunidades autónomas perfectamente, es que algunas de ellas son de competencia municipal. El que se abra o no un centro escolar por la tarde, de eso se puede ocupar un concejal. Lo que no entendemos es que se condicione todo el proceso de transferencias autonómicas si todo lo que tiene que ofrecer el Gobierno es lo que dice ese librito, a no ser que tres o cuatro medidas de las que hay ahí justifiquen que se paralice todo para poder hacer un montaje en el cual se consoliden posiciones conseguidas de manera precaria y acaben en su sitio los que se han ido colocando, etcétera; pero de eso hablaremos otro día.
Señor Ministro, no entiendo muy bien por qué, a esas comunidades autónomas que van a tener pronto estas competencias, se las margina totalmente de las conferencias sectoriales. Indudablemente, no es preceptivo que formen parte de ellas, pero en los mismos acuerdos se

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hablaba de mecanismos mediante los que se canalizan las relaciones de colaboración o cooperación y se considera a las conferencias sectoriales como el medio habitual y normal. Si queremos de verdad poner en marcha un proceso de transferencias, parece que, por lo menos y dado que además esas conferencias, en gran medida, van a ser consultivas, deberían asistir a ellas y tener voz esas comunidades, entre otras cosas, para que se vayan familiarizando con problemas que luego tendrán que asumir. No olvidemos que en esos mismos pactos se dice que la consecución de resultados en las conferencias sectoriales sólo se logrará mediante la asistencia y la participación de todas las comunidades autónomas a las reuniones de las mismas. No vendría mal que empezaran a acudir ya; sin embargo, no tenemos noticias de que haya ocurrido así. En ese sentido, me gustaría tener alguna información sobre cuál es la experiencia actual de estas curiosas comisiones mixtas que, al margen de la conferencia sectorial, al parecer, se están poniendo en marcha, ignoramos en qué número y con qué resultados, como ignoramos también cuáles están siendo los frutos y las medidas que se están tomando, que están también contempladas en ese pacto. En concreto, cuando se hablaba de las competencias de educación, se decía que una de las competencias propias del Gobierno central en todo este proceso sería poner en práctica medidas que permitan, en cada momento y en su caso, corregir las desigualdades o desequilibrios que se produzcan en la prestación del servicio de educación. ¿Podría ilustrarnos el señor Ministro sobre qué medidas concretas se han tomado para corregir desigualdades, por ejemplo, en lo relativo a formación profesional? Una de las excusas que se da para no transferir es que hay que consolidar primero la puesta en marcha de la formación profesional. Es obvio que si hay desigualdades en algo entre las comunidades autónomas, es en sus posibilidades de cara a poner en marcha una formación profesional que se apoye de verdad en el tejido empresarial. ¿Qué medidas se están tomando ya para evitar que, cuando se consumen las transferencias, determinadas comunidades autónomas se encuentren con que no tienen prácticamente apoyo alguno con el que contar? Por último, señor Ministro, los recortes presupuestarios sostenidos que se han venido produciendo están, inevitablemente, acarreando un empobrecimiento de los servicios. No olvidemos que en ese pacto se decía también que, entre los instrumentos convenientes para lograr la preparación de las administraciones autonómicas, de manera que éstas puedan, en el momento de recibir los traspasos, prestar adecuadamente los servicios, está claramente el de la financiación. En la medida en que ustedes están recortando los presupuestos todos los años, están empobreciendo los servicios que van a transferir, en un momento en el que todo el mundo sabe que las comunidades autónomas, algunas de ellas --aquellas que no tienen gobierno socialista desde luego-- que tienen competencias plenas en educación, están llevando a cabo la reforma educativa dedicando más medios que el Gobierno central y están poniendo en marcha determinadas medidas antes que el Gobierno central, en muchos casos están consiguiendo la gratuidad de la educación infantil que niega el Gobierno central y están poniendo en marcha determinadas medidas antes que el Gobierno central, que incluso les anima a llevarlas a cabo, por ejemplo en la formación profesional. ¿Por qué? Porque para esos gobiernos es una prioridad la educación y para el Gobierno central no, lo cual quiere decir que si ustedes transfirieran, a lo mejor habría comunidades autónomas para las que sea una prioridad la educación, que estarán aplicando la Logse mejor que ustedes, con más medios. Hay comunidades autónomas con competencias plenas que se encuentran con el cuadro de que ustedes les han transferido 80 profesores de música y necesitan para poner en marcha la Logse, 1.000. ¿Qué ocurrirá cuando ustedes transfieran a las comunidades autónomas que aún no tienen competencias, si siguen ustedes recortando presupuestos? Yo creo que están frenando la posibilidad de que gobiernos con una política presupuestaria, con unas prioridades distintas, que valoran más la educación que ustedes, puedan estar mejorando los servicios, y están impidiendo en la medida en que congelan esas transferencias. Eso sí, lo que ustedes parecen dispuestos a transferir son problemas, porque no deja de ser curioso que mientras que el pacto autonómico al que me refiero dice que es competencia de la conferencia sectorial la creación de nuevos centros y la implantación de nuevos estudios, de acuerdo con criterios de planificación general, que será acordado en la conferencia sectorial, sin embargo ustedes lo que están haciendo es traspasar la patata caliente de la red de centros que consideran que es políticamente negativa para ustedes no a la conferencia sectorial sino a unas comisiones mixtas que se han inventado, para que sean las comunidades autónomas las que pechen con las consecuencias políticas de la cuestión. Los problemas sí que los transfieren; los recursos económicos no y las competencias tampoco. Nos parece una política curiosísima. Por eso yo le animo, señor Ministro, a que nos explique cuáles son los criterios que están rigiendo en esa especie de mare mágnum y cuál será el calendario previsible para estas transferencias, porque siguen vinculadas a la Logse y parece razonable temer que sea ad calendas graecas cuando se produzca la transferencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señoría, vamos a ver si consigo explicar procedimiento, calendario y razones por las que S. S. me pregunta.
Tenemos una Ley, la Ley Orgánica 9/1992, que prevé la transferencia a las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución de la competencia para el desarrollo legislativo, ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. La propia Ley indica que en materia de educación se adecuará el calendario de traspasos a los compromisos establecidos para implantar la reforma educativa --lo ha dicho S. S.--, los plazos en ella previstos para los

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diferentes niveles educativos, así como los específicos mecanismos de financiación contemplados para su realización. Lo dice la exposición de motivos. A partir del marco legal que nos da esta Ley, la efectividad de las competencias de las transferencias educativas sólo requiere el acuerdo formal de las correspondientes comisiones mixtas de transferencias o de traspasos, con una reserva temporal, establecida en la Logse, la que afecta a la enseñanza o educación no universitaria, cuyo proceso de transferencia debe acomodarse al calendario de implantación de aquella enseñanza, especialmente en aquellos aspectos, en efecto, que requieran una planificación coordinada que garantice la igualdad básica interterritorial, a la que S. S. daba tanta importancia, como no puede menos de dársele.
Los acuerdos autonómicos contribuyen a conformar ese marco de referencia, y en consecuencia con este marco, la actuación del Ministerio viene siendo la siguiente. Después de estudiar durante algún tiempo --también había anunciado que se entraba en proceso de transferencias en mi primera comparecencia de esta Comisión-- el modo de cómo enfrentarse con este proceso que ahora va a afectar a diez comunidades autónomas y para el cual, por número, entidad, etcétera, y en el momento en el que nos encontramos, existían pocos puntos de referencia, puesto que las transferencias a las siete comunidades autónomas que tienen hoy competencia plena se habían hecho con otra gradualidad y en otro momento histórico, después de resolver una serie de cuestiones previas, hemos iniciado un proceso de reuniones con las correspondintes administraciones educativas, es decir, con los correspondientes consejeros responsables de la educación en todas y cada una de las comunidades autónomas, con el fin de intercambiar los criterios necesarios para poder entrar en el proceso de transferencias. En estas reuniones bilaterales que estamos teniendo se han celebrado ya sesiones de esta índole, que adelanto a S. S. que han ido yo diría que muy bien; la valoración por mi parte no es sino positiva --espero que también lo sea por parte de todas las comunidades autónomas con las que ya me he entrevistado--; hemos tenido entrevistas con nueve de las diez comunidades autónomas y en este mes finalizaremos esta primera fase inicial de explicación a las comunidades autónomas del planteamiento del Ministerio de Educación y Ciencia, para dar lugar a la fase de iniciación del proceso de transferencias.
Yo me atrevo a decir que hay plena coincidencia con las demás administraciones educativas en los aspectos sustantivos que deben hacer viable, por parte de las diferentes comunidades, la asunción de las competencias en materia de educación. En cualquier caso, esos aspectos sustanciales pueden resumirse de la siguiente manera, para dar a S. S.
una información lo más completa y exhaustiva posible del proceso que he abierto.
Existe una plena coincidencia en iniciar el proceso de transferencia relativo a las enseñanzas universitarias. Para ellas no existe en la Ley 9/1992 la reserva legal que hay para las enseñanzas cobijadas en la Logse, las enseñanzas de nivel inferior a la universidad, y para esto procederemos, probablemente a lo largo del mes de marzo y desde luego cuando las comunidades autónomas lo deseen, a la constitución de las correspondientes ponencias técnicas del traspaso, donde tienen que estar representados los diferentes organismos de la Administración y desde luego la administración sectorial, el Ministerio de Educación y Ciencia, que intervienen en materia de traspasos, y la comunidad autónoma correspondiente, como se hace en cualesquiera traspasos de competencias desde la Administración central a las comunidades autónomas; ponencias técnicas necesarias que acabarán, espero yo, con el acuerdo que se eleve a la Comisión Mixta de Transferencias, para dar lugar al pleno ejercicio de la titularidad que en materia de enseñanza universitaria ya tienen en principio asumida, aunque no puede ejercerse hasta que se produzca el traspaso desde la Ley 9/1992. Pese a la complejidad técnica que ello supone, el Ministerio ha manifestado su disposición de llevar adelante, de una manera simultánea, los traspasos universitarios con las diez comunidades autónomas que tienen que recibirlos, y me estoy refiriendo a la materia universitaria, a lo largo del curso 1994-1995. Con ello, sobre lo que estimo que existe un pleno acuerdo por parte de todas las administraciones educativas con las que me he entrevistado que, como he dicho a SS. SS., son nueve de diez, se da cumplimiento y un margen suficiente para poder actuar, a través de las comisiones técnicas o de las ponencias técnicas o grupos de trabajo de transferencia, y dar cumplimiento a lo dispuesto en los pactos autonómicos y, por supuesto, en la ley.
El planteamiento es otro con respecto a la enseñanza no universitaria, que está sometida a la reserva legal a la que me refería. El proceso de traspasos aquí se ha planteado desde la perspectiva de los ritmos de aplicación generalizada de las nuevas enseñanzas establecidas en la Logse, y señaladamente en los niveles de la educación secundaria obligatoria, que comenzarán a implantarse en el curso 1996-1997, y de la formación profesional, a lo que S. S. se refería, por entender que es precisamente en estos niveles de enseñanza donde se requiere una estricta planificación que garantice la implantación de estos estudios en condiciones básicas de igualdad.
Esto, por supuesto, sin perjuicio de que las medidas que deban adoptarse --estoy plenamente de acuerdo con su señoría--, teniendo en cuenta el principio de competencia asignada, cuenten con el consenso y la cooperación de todas las comunidades autónomas y de la Administración central.
Justamente desde esos planteamientos de consenso y cooperación, el Ministerio ha propuesto a todas las comunidades (y esto es también contenido, materia de enseñanza no universitaria en las reuniones que estamos manteniendo) un convenio que tiene su base justamente en el compromiso adquirido en los acuerdos autonómicos de 1992 a los que su señoría se refería. El convenio pretende que las relaciones institucionales, Administración central y comunidades autonómicas, puedan planificar conjuntamente los estudios, las inversiones, puedan conocer las disposiciones jurídicas que se emitan desde el Gobierno central, en tanto tenga asumidas las

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competencias o los proyectos que se remitan a las Cámaras y puedan informarlos, o puedan participar en cuestiones tales como la definición del calendario escolar o la definición del mapa de formación profesional, a lo que me parece que su señoría también se refería.
Se propone la conclusión de ese convenio; las comunidades autónomas realizarán la información oportuna de ese convenio a través de sus órganos de Gobierno y como el convenio es de plantilla, el mismo para todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de lo cual puede contemplarse en él la singularidad específica de todas o de alguna de ellas, en el momento en que emitan sus observaciones y el proyecto quede enriquecido, el Gobierno lo pasará a informe y aprobación de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos autonómicos y se firmará entre el Presidente de la comunidad correspondiente y el Ministro de Educación y Ciencia.
Queda, por consiguiente, iniciado a partir de este momento el proceso de transferencias que en materia de enseñanza no universitaria tiene como punto de referencia, por las razones que antes indicaba, comienzo de la aplicación generalizada de la educación secundaria obligatoria y posibilidad de puesta en marcha de la formación profesional, que es un plan que prevé la formación profesional en tres años, según la Logse. Con estos puntos de referencia prevén nuestras conversaciones que las transferencias en materia de educación no universitaria comiencen a realizarse a partir del curso 1996-1997, que es el momento en que estos nuevos estudios se inician.
Sobre esto, y en términos generales, creo que también hay acuerdo, como sucede con la transferencia de la enseñanza universitaria, con las comunidades autónomas en general. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ollero, le concederé la palabra exclusivamente si no ha tenido satisfacción en algún elemento de la pregunta, para pedir aclaraciones.
Lo digo porque éste no es un procedimiento de debate y su señoría ha consumido diez minutos en su primera intervención. Es muy dueño de administrar su tiempo, pero le hago esa observación.


El señor OLLERO TASSARA: En efecto, me limitaré a algunos aspectos que creo que no han quedado explicitados.
En primer lugar, señor Ministro, esa reserva legal a la que se refiere es una reserva que, evidentemente, hay que interpretar. Entonces, el problema no es si hay una reserva legal, sino cómo la interpreta el Gobierno en este caso concreto; porque de lo que se trata es de conseguir una planificación coordinada, según ha dicho usted, y una igualdad básica. No olvide que hay siete comunidades que ya tienen competencias plenas; por tanto, ya hay una desigualdad básica inicial. Habría que plantearse entonces qué sentido tiene mantener esta situación.
Un detalle concreto. Aunque sólo sea por curiosidad, podría informar a esta Comisión de cuál es la comunidad autónoma con la que ni siquiera ha iniciado conversaciones.
Otro detalle concreto sería que hiciera un pronóstico para saber en cuántas comunidades autónomas estarán ya transferidas las universidades al comienzo del curso 1994-1995, para que tengamos una idea, porque eso de a lo largo del curso es un poco largo, como la propia expresión indica. Al comenzar el curso 1994-1995, ¿cuántas universidades va a haber transferidas y en qué comunidades autónomas? Por lo menos, queremos que haga un pronóstico.
Dice usted que la reserva legal lleva a aplazar hasta 1996-1997, porque la puesta en marcha de la secundaria obligatoria es fundamental a efectos de planificación. Señor Ministro, será todo lo fundamental que usted quiera, pero si hay algo que no está en absoluto coordinado es la puesta en marcha de la secundaria obligatoria, que la está usted poniendo en marcha donde le parece y cuando quiere. Por tanto, será muy importante, pero no para usted; será importante para que no la hagan las comunidades autónomas, pero usted la hace cuando quiere y donde le parece. La anticipa a su gusto y antojo, sin ningún criterio didáctico. Está metiendo en la secundaria obligatoria a alumnos a los que ha desahuciado de la FP-I y los coloca en el tercer curso de la secundaria obligatoria, sin saber ni dónde están. Si ésa es su planificación y esto motiva todo este asunto, la verdad es que no tiene credibilidad ninguna el motivo que ha elegido.
Que haya convenios me parece muy bien, pero también los hay con las comunidades con transferencias plenas. Todos esos convenios que usted dice que va a hacer los podría hacer igual habiendo transferido las competencias, porque los está haciendo con las que tienen competencias transferidas. Por tanto, sigue sin entenderse dónde va esto.
Por tanto, lo que le pregunto es: ¿Contempla el Gobierno la posibilidad, por lo menos a petición de alguna comunidad autónoma, de un adelanto en el calendario? Si alguna comunidad autónoma está dispuesta a gastarse más dinero en educación y usted se lo está impidiendo y está frenando y está deteriorando el servicio, porque está dando unas dotaciones que no están siquiera en consecuencia con lo que el propio Gobierno había establecido como imprescindible, ¿por qué no va a ser posible adelantar? Por último, está claro que los objetivos de la reserva legal no se están cumpliendo. Insisto en lo que he dicho antes, señor Ministro, de las setenta y siete medidas que ha ofrecido, cuántas piensa usted que no podrían llevar a cabo perfectamente las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Es verdad, señoría, que la reserva legal, que no es, en términos técnicos, aunque yo he empleado esa palabra, una reserva legal, como su señoría sabe muy bien, depende de cómo se interprete. Por eso precisamente está incluida en los términos genéricos que su señoría conoce, y a los que hemos aludido tanto su

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señoría como yo, en la Ley y recogida en los acuerdos autonómicos.
Lo que sí es cierto es que lo previsto en la Ley y en los acuerdos permite llevar las transferencias hasta el final, permite realizar las transferencias en todo el proceso de aplicación del calendario de puesta en práctica de la reforma educativa de la Logse. Nos lleva, como límite máximo, que es el único efecto que, entiendo yo, tiene esa ficticia reserva legal, al año 2000.
¿Cuál es el planteamiento del Gobierno en relación con la cuestión? Creo haberlo indicado al final de mi intervención a su señoría. El planteamiento del Gobierno es no agotar en absoluto ese plazo, sino llevar el inicio de las transferencias y, en función de los resultados de las conversaciones con las diferentes administraciones educativas, al momento que me parece más complejo de la implantación de la reforma educativa, que es el momento en que comienza a implantarse de una manera generalizada la educación secundaria obligatoria, curso 1996-1997. Ese es, desde mi planteamiento, por esa razón y por otra a la que voy a aludir a continuación, el momento más adecuado para producir el comienzo de las transferencias en función de las necesidades, de las previsiones o de las pretensiones de cada comunidad autónoma. Creo que ese plazo de tiempo permite aplicar, sobre todo sustanciando un convenio, criterios objetivos, que para esto se hace, justamente, el convenio al que también me referiré a continuación, permitirá aplicar, repito, los planteamientos de la reforma educativa para que en ese momento de mayor complejidad de la propia reforma puedan salvarse las desigualdades, pueda funcionar correctamente la fase de educación secundaria obligatoria.
La otra razón es porque este tiempo permitirá, y tendré ocasión de exponerlo, si me lo permite el Presidente, a SS. SS. en la comparecencia que pediré para exponer el programa de formación profesional próximamente, que transcurran los tres años necesarios para extender la aplicación de la reforma de los estudios en materia de formación profesional y, por consiguiente, para que las comunidades autónomas, habiendo intervenido antes en el diseño del mapa de la oferta educativa de la formación profesional, puedan adquirir plena gestión sobre una formación profesional ya lanzada a lo largo de los tres años hasta que comience el curso 1996-1997.
Por consiguiente y en resumidas cuentas, señoría, plazo máximo, 2000; realista y razonable, desde el punto de vista que incluso está previsto en los pactos autonómicos de conseguir obtener o liberar las desigualdades básicas interterritoriales que pudieran producirse, curso 1996-97.
Creo, señoría, que con este planteamiento la generalidad de las comunidades autónomas se encuentra de acuerdo, lo cual me parece, por otra parte, significativo.
Para cubrir este período de tiempo intermedio estamos proponiendo a las comunidades autónomas realizar un convenio que da un paso cualitativo sobre otros convenios de cooperación que tenemos, tanto la Administración central con comunidades que tienen competencia plena, cuanto con comunidades que no tienen todavía asumida competencia plena. Pero éste no es un convenio de cooperación para cuestiones de carácter concreto. Este es un convenio de cooperación general que permitirá la planificación conjunta y adecuada de las enseñanzas educativas, de la oferta educativa en una serie de aspectos que brevísimamente, y con el permiso del Presidente, voy simplemente a enunciar para que quede claro el contenido del convenio al que SS. SS., en el momento en que observen las comunidades autónomas, pueden, por supuesto, tener el mismo acceso que yo.
Los contenidos del convenio hacen referencia a la definición de la red actual de centros escolares y servicios, hacen referencia a las actuaciones previstas para la planificación de la red de centros y la oferta de enseñanzas, de acuerdo con el calendario de implantación de las nuevas enseñanzas establecidas en la Logse. Aprovecho para decir a S. S.
que, en el supuesto de que fuera verdad que --con toda evidencia, señoría, a mí me parece que no lo es-- adelanto la reforma educativa donde deseo en cada momento, a partir de la firma de este convenio ya no podré; por consiguiente, el paso cualitativo, señoría, por lo menos, en este extremo, se dará. Planificación de la oferta de formación profesional específica, de acuerdo con las características socioeconómicas propias de la comunidad, se hará conjuntamente; programación de las inversiones en el ámbito educativo no universitario, no podré hacerlo de una manera unilateral como se viene haciendo teniendo en cuenta las necesidades del lugar hasta ahora; normas y disposiciones que tengan incidencia en el sistema escolar; presencia de peculiaridades propias de la comunidad en los planes de estudio que se desarrollan en los centros del ámbito de la comunidad; actividades de formación del profesorado; programas específicos dirigidos a centros escolares, salud escolar, educación medioambiental, deporte, intercambios escolares y promoción de la participación de la comunidad escolar en los centros, especialmente en los centros sostenidos con fondos públicos, convenio que es evidente con este simple enunciado que supone un paso cualitativo en la cooperación con las comunidades y que pretende cubrir el período transitorio y que en su momento coexistirá incluso con las comisiones de transferencias que se inicien a partir del momento en que las comunidades autónomas deseen entrar en contacto con la Administración central para preparar ese proceso a la referencia del curso 1996-97.
En universidades, el sistema es inverso. Creo que es muy razonable y en esto, señoría, tengo que repetir el mismo concepto y fíjese que procuro decirlo con la mayor delicadeza. Creo igualmente que todas las comunidades autónomas, todas, con las que he hablado consideran este planteamiento sumamente razonable. En el caso de las universidades, el punto de referencia es el curso 1994-95. Esto quiere decir que las universidades estarán transferidas desde el planteamiento que hace la Administración central y en la medida en que haya acuerdo con las diferentes comunidades autónomas a la finalización del curso 1994-95, máximo. Si las ponencias técnicas de

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transferencia, como sucede en cualquier transferencia de competencias, solucionan los problemas técnicos que puedan producirse antes del comienzo del curso 1994-95 yo, señoría, no opondré en absoluto ningún inconveniente. Las ponencias técnicas comenzarán a producirse a partir de una primera fase general, que será la única reunión general que se hará con las comunidades autónomas por parte de la Administración central, que se realizará a partir del 15 de marzo; por consiguiente, algunas de estas comisiones de transferencia pueden estar funcionando, o todas ellas, en la segunda quincena del mes de marzo. El ritmo que se le dé dependerá de la resolución de los problemas técnicos que pueda haber y del deseo de cada comunidad autónoma, no de la Administración central.
Me he entrevistado con todas las comunidades autónomas que no tienen asumida competencia plena en la materia de educación menos Asturias, señoría, por razones de calendario. El día 28 del mes de febrero está preparada la última sesión de esta fase inicial con la Comunidad Autónoma de Asturias.
Me parece que he ido contestando a lo que su señoría me decía, salvo a la última cuestión que hace referencia a lo relativo a las medidas para mejorar la calidad de la enseñanza que he presentado en ese documento que me alegro que a S. S. le resulte tan bonito y sobre el que tendré ocasión, porque hay una comparecencia pedida para esta Comisión, de informar.
Su señoría pregunta cuáles de estas 77 medidas no podrían ser aplicadas por la administración educativa correspondiente. Ninguna, señoría. Todas pueden ser aplicadas por la administración educativa correspondiente. Si lo desea, la administración educativa que tenga en este momento asumidas las competencias plenas, las siete comunidades autónomas que así están legalmente consideradas, pueden asumir estas medidas, o no. Yo he informado a estas comunidades autónomas efectivamente de la emisión de este documento de calidad. Las comunidades autónomas que no tienen asumida esa competencia en el momento en que la tengan asumida podrían, naturalmente, aplicar estas medidas o no; es una cuestión puramente de planteamiento y de responsabilidad de quien tiene en cada momento la competencia en relación con el sistema educativo. Lo que sí quiero es poner de manifiesto a S. S. que a mí me parece que el desarrollo del Título IV por esta vía, sobre la calidad de la Logse, resulta, desde mi punto de vista, muy importante y por eso lo constituyo, como anuncié a esta Comisión, como el eje programático de la actuación del Departamento en esta legislatura y que, por consiguiente, en el territorio que administra el Ministerio de Educación y Ciencia y en la medida en que lo siga administrando entiende que la puesta en práctica de estas 77 medidas contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros niños, niñas y jóvenes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Quedamos ya para el día 2 del próximo mes de marzo, salvo imprevistos, para esa sesión monográfica que tratará del cumplimiento de la Logse y de las medidas de mejora de la calidad.
Quiero advertir a sus señorías que el Ministerio ha tenido la deferencia de remitirnos bastantes ejemplares de los anexos, que, como SS. SS.
recordarán, cuando se les envió el informe sobre el cumplimiento de la Logse, se hacía referencia a que estaban en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores Diputados; en estos momentos hay un número suficiente de ejemplares de los anexos y si alguna de S. S. quiere pasar por la Secretaría de la Comisión, puede hacerlo.


--SOBRE RAZONES POR LAS QUE EL REAL DECRETO 895/1989, DE 14 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO EN CENTROS PUBLICOS DE PREESCOLAR, EDUCACION GENERAL BASICA Y EDUCACION ESPECIAL, PERJUDICA A LOS MAESTROS QUE OBTIENEN SU PRIMER DESTINO DEFINITIVO EN VIRTUD DE CONCURSO CONVOCADO CON POSTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO (GP). (Número de expediente 181/000347.)

El señor PRESIDENTE: El señor Ministro nos deja y contestará a la siguiente pregunta el señor Subsecretario.
Para formularla tiene la palabra el señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, el Real Decreto 895, de 14 de julio de 1989, regula la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de preescolar, educación general básica y educación especial. En su exposición de motivos se justifica esta nueva regulación por lo obsoleto de la regulación anterior, que arranca, nada menos, que del Decreto de 24 de octubre de 1947, y en la necesidad de acompasar los concursos a la nueva regulación prevista en la Ley de la Función Pública del año 1984, modificada posteriormente en el año 1988. Se dice, asimismo, que esta nueva regulación ha recibido el acuerdo previo de las comunidades autónomas con competencias en materia educativa, sin que ello implique la renuncia al ejercicio de sus competencias propias, respecto de las cuales el Decreto asume el carácter de derecho supletorio que el artículo 149.3 de la Constitución española reconoce, lo cual hace que las comunidades autónomas estén aplicando este Real Decreto supletoriamente, puesto que así se establece en su propia exposición de motivos.
El nuevo sistema --se dice-- permitirá una mejor atención a las necesidades de la enseñanza, respetando los derechos de todos los docentes a la valoración de sus méritos y capacidad. Y nos encontramos con que en el Capítulo IV, bajo el título de prioridad en la adjudicación de vacantes, se establece en su apartado a) que se contemplará como mérito el tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de carrera con destino definitivo en el centro desde el que se participa,

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valorando el artículo 22 del mismo Real Decreto en un punto cada uno de los tres primeros años de servicio. De otra parte, el mismo artículo 21, en su apartado c), contempla no ya la situación del funcionario de carrera con destino definitivo, sino el tiempo transcurrido en situación de provisionalidad por los maestros funcionarios de carrera que nunca han obtenido destino definitivo, valorando el artículo 22, en un punto cada uno de los años de servicio prestados en esa situación de provisionalidad. Quiere esto decir que a los maestros con destino provisional se les cuenta a estos efectos todo el tiempo que llevan en esta situación de provisionalidad, mientras que a los maestros que adquieren destino definitivo no se les cuenta el tiempo de servicios prestados con carácter provisional.
La transitoria novena del propio Real Decreto pretende paliar esta evidente desigualdad dando la posibilidad a los maestros que se encuentran prestando servicios en el primer destino definitivo obtenido por concurso, al que hubieron de acudir obligatoriamente desde su situación de provisionales, de computar todos sus años de servicio como provisionales, pero se les niega tal posibilidad a los que obtengan su primer destino definitivo con posterioridad a la entrada en vigor del propio Real Decreto citado anteriormente, número 895, de 14 de julio de 1989.
La citada disposición transitoria novena hubiera sido innecesaria, por supuesto, si en el apartado a) del artículo se hubiera permitido, como parece lógico, a los maestros que tengan destinos definitivos, acumular, a los efectos de puntuación, los años servidos en situación de provisionalidad. Parece que el Ministerio no tiene intención de enmendar este agravio que se comete con los maestros que obtengan destinos definitivos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto citado de 14 de julio de 1989 --el 1 de enero de 1990--, ya que este Real Decreto es modificado por otro Real Decreto de 8 de noviembre de 1991, número 1.664, e incluso se modifica el artículo 21, pero no a los efectos indicados.
Este problema ha sido planteado ya con frecuencia, y en una reunión de la mesa sectorial se elevan unas propuestas en cuyo punto quinto se dice literalmente que se solicita la revisión de la forma de aplicar el baremo a aquellos maestros que participen desde su primer destino definitivo obtenido por concurso al que hubieren de acudir obligatoriamente desde la situación de provisionales de nuevo ingreso.
Sinceramente, por mucho que le he dado vueltas a una explicación más o menos coherente de este agravio comparativo entre los maestros con destino definitivo y los maestros con destino provisional, tengo que reconocer que no encuentro explicación alguna, máxime cuando se trata de funcionarios de carrera y los tiempos de servicios provisionales son reconocidos a todos los efectos --a efectos de trienios y a efectos de pasivos--, como si fueran funcionarios de carrera, y no alcanzo a entender por qué a estos maestros que han adquirido la condición de maestros definitivos después del 1 de enero de 1990, no se les cuenta el tiempo de servicios prestados con destino provisional.
Por este motivo, la pregunta que formulo es muy concreta: por qué razón, el Real Decreto de 14 de julio de 1989, número 895, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo en centros públicos de preescolar, educación general básica y educación especial, perjudica a los maestros que obtienen su primer destino definitivo en virtud de concurso convocado con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 1990, al no permitirles computar los años de servicios prestados como provisionales y sí se les permite a los que aún no han obtenido un primer destino definitivo y siguen ocupando un destino provisional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario para contestar.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, en primer lugar, y si me permite, le diré que no debe sorprenderse de que se haya devaluado el nivel de quien responde, no así del que plantea la pregunta, dado que estamos hablando, efectivamente, de un Real Decreto que lleva casi cinco años en vigor, que su período transitorio termina muy próximamente y, por lo tanto, su actualidad, desde mi punto de vista, es relativamente menor, máxime cuando en estos casi cinco años de aplicación de esa situación de transitoriedad que a usted parece que no le gusta mucho, más allá de la casuística, no ha habido especial clamor, digamos, en contra de esta situación. En cualquier caso, agradezco que me explique el contenido de los presuntos agravios comparativos que hay entre distintos colectivos porque, obviamente, nosotros no lo entendemos así.
Su argumentación fundamentalmente se soporta en el hecho de que no se computan los años en situación de destino provisional a determinados efectos. Nosotros creemos que sí se computan; lo que pasa es que el Decreto 895, de 1989, establece un nuevo sistema de provisión de los destinos definitivos, establece un nuevo sistema, por lo tanto, en el método de concurso para proveer vacantes, y ese sistema nuevo supone, desde su punto de vista, que a los maestros que adquieren destino definitivo después de la entrada en vigor de ese Real Decreto no se les computan los puntos que habían adquirido en situación de destino provisional, cosa que no es así. Justamente es más bien al contrario; de hecho, en la situación anterior al Decreto 895, los destinos provisionales no contaban a efectos de obtener el primer destino definitivo, cuestión que ahora sí ocurre. A un profesor que estaba obligado a concursar para obtener destino definitivo anteriormente a la entrada en vigor de este Real Decreto no se le computaban los años que había estado en destino provisional. Se le computaban posteriormente, una vez que ya había obtenido el destino definitivo, sí se le contaban los que había tenido en destino provisional, que le servían para un posterior concurso de traslado. Por cierto, la memoria histórica del Departamento indica que era

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una reclamación permanente, y yo diría que clamorosa, por parte de los profesores, en el sentido de que les computasen sus años en destinos provisionales para poder obtener su primer destino definitivo.
En consecuencia, nosotros entendemos que la razón de que este Decreto produzca este tipo de concurso es incorporar precisamente a la obtención del primer destino definitivo esos puntos que los profesores habían adquirido en sus años de provisionalidad. Una vez que esto se produce, gastarían esos puntos de los años de provisionalidad, y, por lo tanto, en los siguientes concursos ya entrarían en las mismas condiciones que los demás, de acuerdo con la puntuación que obtengan en los años de destino definitivo.
Usted alude a que hay una situación de perjuicio aparente para estos profesores en comparación con los que habían obtenido destino definitivo antes de 1989 o antes del 1.º de enero de 1990, cuestión que puede tener distintas lecturas. Nosotros entendemos que no es así, porque a estos señores, que habían obtenido este destino definitivo, digamos que no les han servido para nada sus años de provisionalidad para obtener ese primer destino definitivo, y lo que se da en esta disposición transitoria es que, efectivamente, durante un período transitorio de cinco años se permita que estos señores opten por uno u otro de estos sistemas y de alguna manera poder obtener una cierta ventaja en la utilización de sus años transcurridos en destino provisional, cosa que no tenían y que sin embargo, sí tienen los otros. Me alegro que me haya aclarado la dirección en la que, según usted, van esos perjuicios porque podía haberse utilizado en cualquier dirección.
Espero haber dado contestación a su pregunta, más o menos, y, en cualquier caso, creo que no estamos hablando de la obtención del primer destino definitivo. Estamos hablando del agravio que parece que detecta entre dos colectivos distintos, es en cuanto a ulteriores concursos de traslados una vez obtenido ese primer destino definitivo. Comprendo que esto es un cierto galimatías, pero le aseguro que yo lo entiendo perfectamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo no entiendo nada, porque creo que no hace falta ser jurista para interpretar las disposiciones legales, y las disposiciones legales son tan evidentes que se están interponiendo recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por esta evidente discriminación de unos profesores respecto a otros. Me alegra muchu su intervención, porque va a ser aportada como prueba en todos los contenciosos-administrativos que se están planteando en estos momentos, ya que, una de dos, o yo no sé leer, o el señor Subsecretario no ha interpretado correctamente lo que se dice en este Real Decreto. Se dice específicamente, en la disposición transitoria, que aquellos profesores que a la entrada en vigor del presente Real Decreto se encuentren prestando servicios en el primer destino definitivo, a ésos sí se les podrá permitir que unan sus tiempos de servicios provisionales. Pero como dice que «a aquellos profesores que a la entrada en vigor del presente Real Decreto», quiere decir que a los profesores ingresados después de esa entrada en vigor no se les permite esa posibilidad, y quedan, en consecuencia, discriminados. Además, en el artículo 21 se dice que el tiempo de permanencia ininterrumpida como funcionario de carrera con destino definitivo en el centro en el que se participa es el único que da derecho a computar. Y esto es tan evidente y tan manifiesto que yo, con todos los respetos, señor Subsecretario, no he entendido nada de su explicación, porque ésta es una interpretación literal del propio precepto que está motivando en las comunidades autónomas múltiples problemas que los maestros en esta mesa sectorial se lo han planteado al Ministerio en una serie de propuestas, y ésta hace la número cinco, que si quiere se la presento.
En consecuencia, créame, su interpretación no resiste el más mínimo análisis jurídico, no ya solamente jurídico sino simplemente saber leer.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Veo que usted no ha entendido nada. No lo había entendido antes de iniciar esta comparecencia y tampoco lo entiende ahora, porque, si leyese usted con atención, vería que lo que ocurre es que no se acumulan, como usted podrá observar de una lectura atenta de ese Real Decreto, los puntos. Los profesores que han obtenido el primer destino definitivo antes de la entrada en vigor de ese Real Decreto no acumulan los puntos que tenían de provisionales, y ahora los computan (entiendo que es lo que acaba de decir), y tienen la posibilidad de optar...


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Los anteriores, no los posteriores. Yo me refiero a los posteriores.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Esos profesores tienen la posibilidad de optar --repito-- entre la puntuación que obtendrían. Y si me lo permite trato de explicárselo una vez más, aunque no va a ser fácil que usted lo entienda, por lo que veo.
Estos profesores pueden optar entre seguir con el sistema de puntuación, una vez obtenido el destino definitivo, o contar su destino provisional desde el primer momento que han tenido...


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Se refiere a los anteriores, yo me refiero a los posteriores.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Perdón, señoría. Yo estoy hablando de los anteriores.


El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, si se interpelan

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de esta forma no permiten a las señoras y señores Diputados que están leyendo hacerlo con tranquilidad. Les ruego que intervengan uno tras otro.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Entonces, señoría --repito--, usted decía que se acumulaban los puntos, y yo le digo que de una lectura del Real Decreto usted verá que no es así. Por ello, yo creo que a estos señores lo que se les hace dándoles esta opción es precisamente evitar una posibilidad de planteamiento de los profesores en cuanto a sentirse ciertamente perjudicados, los anteriores, en la medida en que, si no fuera así y se les aplicase el Decreto exactamente como se prevé en el nuevo sistema y sin aplicación de la transitoria novena, su tiempo de destino provisional no les hubiera contado absolutamente para nada.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No me refiero a eso.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señor Presidente, si me permite continuaré.
A estos señores no les hubiese contado su tiempo de destino provisional para nada. De lo que trata la disposición transitoria novena precisamente es de que estos señores que presuntamente podrían salir ciertamente perjudicados, no lo sean. (El señor Soriano Benítez de Lugo sigue interrumpiendo al orador con palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le hemos escuchado tres o cuatro veces ya.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Y sigo insistiendo. Me refiero a los posteriores.


El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, usted ha formulado una pregunta y el señor Subsecretario le contesta. Si no le da satisfacción puede repetir la pregunta en todas las sesiones, hasta que todos nos enteremos perfectamente tanto de la pregunta como de la contestación, pero no se interrumpan por favor.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Como parece que no nos ponemos de acuerdo en cuanto al método para seguir esta discusión, lo que trato de evidenciar es que la disposición transitoria novena trata de corregir una posible desigualdad que pudiera haber existido en el caso de los anteriores. Eso quiere decir, por tanto, que si nosotros entendemos que, a través de esa disposición transitoria novena, se corrige una posible desigualdad para determinado colectivo, al corregir esa desigualdad, aparentemente y desde nuestro punto de vista no se produce perjuicio del otro colectivo.
Creo que está suficientemente claro, al menos, nuestro planteamiento.
Porque, naturalmente, lo que usted plantea es un problema de perjuicios y de beneficios totalmente ajeno a esta situación, y además se hace omisión absoluta de que estamos hablando de puntuación en los puestos provisionales para acceder a un primer destino definitivo. Ese es el argumento. Usted está mezclando, deliberadamente o no, un sistema de provisión de destinos definitivos con un posterior sistema de concurso de traslados.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: No es así, señoría.


El señor SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y CIENCIA (García Secades): Señor Presidente, no tengo nada más que decir.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROCEDER A LA DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACION DEPOSITADA EN EL ARCHIVO HISTORICO DE SALAMANCA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, PARA SU DEPOSITO EN EL ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA. PRESENTADA POR EL GP IU-IC. (Número de expediente 161/000046.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al tercer punto del orden del día, debate y votación de las proposiciones no de ley.
Quiero advertir a SS. SS. que, salvo error de esta Presidencia, sólo hay presentadas enmiendas a la tercera proposición no de ley, que es la referida al uno por ciento cultural, y aquí tienen ejemplares de dicha enmienda, que fue presentada ayer por parte del Grupo Catalán. Insisto en que si alguna de SS. SS. la quiere la tiene aquí.
Comenzamos, por tanto, con la primera proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a proceder a la devolución de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca a la Generalitat de Cataluña.
Para la defensa de la proposición, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Usted mismo ha citado el texto del mandato que se pretende con esta proposición no de ley: instar al Gobierno a la devolución de aquel conjunto de documentos que provienen de la Generalitat para su depósito en el Archivo Nacional de Cataluña.
Creo que los argumentos son más que de paseo para justificar aquel mandato. El conjunto de documentos que reclamamos que hoy están en el Archivo de Salamanca forman parte del patrimonio histórico del pueblo de Cataluña y, por tanto, como se dice en la exposición de motivos de la proposición, es irrenunciable la reivindicación

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de su retorno a Cataluña. Se podía justificar, incluso, con la lectura sencilla de la Constitución y de la misma historia político-democrática de España y de Cataluña, y yo añadiría: con la petición razonable y elemental que han hecho docenas de profesionales en la materia.
¿Por qué están en Salamanca estos documentos? La razón es muy sencilla: fueron incautados, robados en la guerra civil española, y lo fueron con un afán pura y exclusivamente de represión y depuración de responsabilidades individuales o colectivas. Aquellos documentos fueron a parar al convento de San Ambrosio, de Salamanca, y quedaron en manos de la llamada Delegación de Asuntos Especiales, en el archivo de la Sección Especial y Sección de Masonería. Formaban parte, como después los utilizó el Ministerio de la Gobernación, de la tarea de recuperación, clasificación y custodia de documentación republicana para proporcionar al Estado información relativa a la actuación de sus enemigos, y es así como fueron utilizados por el Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo hasta el año 1963, fecha en que, con una selección muy restrictiva, pudieran acceder los investigadores a aquel fondo documental.
El año 1958 se creó la Delegación Nacional del Servicio Documental del Estado, en 1977 pasaron a depender del Ministerio de Cultura y en 1979 pasaron a la llamada Sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional.
Desde hace muchos años, empezada ya la nueva etapa democrática, en este Parlamento y en otros, en concreto en el de Cataluña, se han producido cantidad de iniciativas para la recuperación de aquel patrimonio. El año 1979, el señor Senillosa presentó una moción en este Congreso de los Diputados; en 1980 fue Josep Benet, entonces Senador; en 1982 fue Xavier Folch, Diputado al Parlament de Cataluña, el mismo año en que se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat para microfilmar parte de aquellos documentos, un acuerdo que era vergonzante, en el cual implícitamente el Estado se atribuía la propiedad de los mismos, incluso el criterio de microfilmarlos y de su selección quedaba al arbitrio del Archivo Histórico Nacional, que podía vetar la presencia de una delegación catalana en el trabajo conjunto para su reproducción.
Hasta hoy se han llegado a conseguir 420 legajos de los 507 que existen en esta tarea de microfilmación y depósito en el Archivo Nacional de Cataluña.
El año 1985, la ley de archivos del Parlament de Cataluña, en su disposición transitoria, encargaba al Gobierno de Cataluña las gestiones para la recuperación de la propiedad de aquellos documentos. El año 1986 se exigía por parte de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, igual que en 1987. Asimismo, Minoría Catalana presentaba una proposición no de ley en este Congreso, que fue rechazada por los votos del Grupo Socialista.
El año 1992, el Senador Ferré preguntaba oralmente en el Pleno del Senado sobre el tema y le respondía el Ministro de Cultura, señor Solé Tura.
Ahora volvemos a la carga los representantes de un grupo parlamentario que, a su vez, es una formación política que hereda 58 años de historia de Cataluña, que están, por voluntad expresa, depositados en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña con toda la documentación de la República, de la guerra civil y de la clandestinidad, como una prueba de transparencia, pero también de lo que entendemos como un servicio a los profesionales de la investigación y de la historia.
El mandato es muy sencillo: que se devuelva la propiedad a sus legítimos dueños y con un proceso muy simple de articular. La Generalitat de Cataluña tiene, según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, competencia exclusiva sobre temas de cultura. La Generalitat de Cataluña ha creado un archivo nacional, donde se están depositando, desde hace años ya, todos los documentos que afectan a la historia de Cataluña. La Generalitat y nuestra petición se mueven como consecuencia elemental de principios del Derecho internacional y principios reconocidos por la misma Unesco, como es aquel que establece que la documentación debe estar en su país de origen, o como es el artículo 19 de la Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales confiscados en conflictos armados, convención suscrita por la Unesco y por el propio Estado español, que habla de la inmunidad y retorno de los documentos requisados en cualquier conflicto, sea internacional o civil.
Se ha argumentado diversas veces por parte de la Administración central que no se puede proceder a esta devolución por una razón elemental de unidad de archivo. Se ha dicho que si se llegasen a devolver aquellos documentos se produciría un vacío irreparable, se rompería la unidad documental y se mermarían los documentos del archivo de la guerra civil.
Creo que no les debe costar mucho a SS. SS. hacer un ejercicio «a sensu contrario»: pensar si es o no un vacío irreparable para el Archivo Nacional de Cataluña la inexistencia de aquellos documentos, si es o no romper el principio de unidad documental el que no estén depositados en el lugar que les pertenece y, en tercer lugar, cómo consideraríamos hoy un solo archivo de la guerra civil española.
El vacío que hoy existe en el Archivo Nacional de Cataluña se origina con una incautación, y sería realmente cómico, por no decirlo de otra forma más escandalosa, que reivindicar el retorno de lo incautado pueda producir al incautador un daño irreparable.
La unidad documental se puede explicar a través de todos los documentos de la historia de Cataluña y de la misma Generalitat, que, como SS. SS.
saben, tiene ya centenares de años de historia, en sus depósitos habituales, competenciales y reconocidos, que son los de los diversos archivos que hoy existen en Cataluña.
Es ridículo argumentar sobre una pretendida unidad del archivo de la guerra civil española, unidad documental, cuando hay centenares de archivos esparcidos por el mundo con miles y miles de documentos, archivos a veces con colecciones mucho más completas que la de Salamanca, como es el de Amsterdam, el de Nueva York o el de Moscú, por no decir los que hay en la misma geografía española.
El mandato, pues, es muy sencillo, y puede superar,

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incluso, los problemas de carácter técnico que parecían ser los últimos que quedaba a la Administración en la respuesta de Solé Tura del año 1992. Decía el Ministro entonces --y al «Diario de Sesiones» del Senado me remito-- que era un problema de grandes dimensiones y que el cuerpo de archiveros estaba en aquel trabajo. Por tanto, esta cuestión técnica se podría vencer con un calendario de devolución y con una dotación de efectivos correspondiente para realizarla.
Acabo, pues, pidiendo a esta Comisión y a los representantes de esta Cámara que tengan en cuenta la posibilidad de esta devolución por el momento político en que vivimos, como una muestra de voluntad autonomista y de sensibilidad para un hecho que afecta de plano a la plurinacionalidad del Estado.


El señor PRESIDENTE: Como he señalado antes, a esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. Por tanto, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Dado lo avanzado de la hora, obviaré la...


El señor NIETO GONZALEZ: Perdón, señor Presidente.
Quizá proceda, desde el punto de vista reglamentario, intervenciones en contra, si las hubiere, y fijación de posición a continuación.


El señor PRESIDENTE: Este Presidente ha consultado al señor Letrado y parece ser que ése no es el procedimiento previsto en el Reglamento. Pero si S. S. quiere que establezcamos un debate sobre dicho procedimiento en las proposiciones no de ley lo establecemos.


El señor NIETO GONZALEZ: Yo creo que el Reglamento lo estipula así.


El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con el artículo 195 del Reglamento no está previsto un turno específico en contra, sino que después de la intervención de los grupos que tengan presentadas enmiendas dice así: «... y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran hecho», no especificando si están a favor o en contra. Es lógico pensar que en su intervención unos se expresarán a favor y otros lo harán en contra, pero no hay, repito, un turno específico previsto para expresar la opinión en contra, sino simplemente la sucesión de los diferentes grupos que no hayan presentado enmiendas.
¿Satisface a S. S. el Reglamento?

El señor NIETO GONZALEZ: Procédase según decida la Presidencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, decía que, dado lo avanzado de la hora, obviaré citar la relación de datos que ya ha expresado magníficamente el señor Ribó, porque, en el fondo, están sacados de la misma fuente documental y, por tanto, huelga la repetición. No obstante, en los mismos se puede comprobar la reiteración con que mi Grupo Parlamentario ha insistido en alcanzar este objetivo, que es, en cierto sentido, una reparación histórica de un acto, yo diría de vandalismo político, que se produjo en el momento en que fueron sustraídos estos documentos a su legítimo propietario, que era la Generalitat de Cataluña en el caso fundamental, y las organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos o ateneos, que también fueron investigados.
A partir del momento en que Cataluña dispuso de nuevo de la Generalitat se llevó a cabo un proceso de recuperación de esta documentación, que se inició en el mismo año 1980, con el encargo a unos historiadores de un informe sobre la situación de los fondos documentales de la Generalitat.
El 21 de noviembre de 1982 se firmó un convenio entre la Generalitat y el Ministerio de Cultura sobre microfilmación de los legajos, que originó la publicación del inventario de fondos, en cuya presentación el Conseller de Cultura Joan Guitart pidió de nuevo la restitución de los documentos originales.
Hace tres o cuatro años la Generalitat obtuvo el archivo fotográfico del Departamento de propaganda de la Generalitat republicana, que ya obra en estos momentos en Cataluña y que establece un precedente que, desde nuestro punto de vista, se pudiera plantear. El propio Presidente Pujol, dando importancia al hecho que estamos reivindicando desde estas posiciones políticas, ha mantenido su posición --que es la posición del Gobierno de la Generalitat--, de la necesidad de que se produzca una reparación de este agravio histórico.
No somos solamente los partidos que hasta ahora hemos expuesto nuestra opinión sobre el particular los que estamos interesados en esto, sino que el programa del propio Partido Socialista de Cataluña para las últimas elecciones autonómicas precisaba con exactitud la necesidad de recuperación del material documental de la Generalitat de Cataluña, que fue requisado por las tropas franquistas para restituirlo al Archivo Nacional de Cataluña. Aparecerá así en los criterios --como ha aparecido a lo largo de los debates que se han producido-- para conseguir estos documentos originales, y siempre les estamos hablando de los documentos originales porque la microfilmación de los mismos ya se ha producido y está en Cataluña, e incluso su inventario ha sido publicado hace justamente un par de años por el Archivo Nacional de Cataluña, dependiente del Departamento de Cultura de la Generalitat.
Decía que los documentos originales que reivindicamos en este momento, y ante los cuales se plantean unos criterios de unidad de archivo que han sido expresados por el señor Ribó en sus aspectos fundamentales, desde nuestro criterio no pueden justificarse sobre la base de que se trataba de una acción represiva nada menos que protagonizada por el franquista Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, y llevada a cabo,

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por otra parte --los documentos llegan al archivo por diferentes caminos--, por la oficina de investigación y propaganda anticomunista. El hecho se produce prácticamente desde una perspectiva de «manu militari», y constituye un expolio de los documentos necesarios para este fin represivo, siendo quemados los restantes documentos; es decir, algo que hoy nos debiera llenar a todos de vergüenza.
Los criterios que podemos considerar estrictamente documentalistas para mantener esta unidad de archivo que tanto se plantea se centran siempre en el acto de expoliación que quebró el orden original de la documentación, la procedencia de la misma en la persona jurídica que la originó, es decir, la Generalitat de Cataluña y las restantes instituciones catalanas (partidos, sindicatos, ateneos, ayuntamientos), y el respeto al orden documental primitivo y original. Es, por otra parte, una agrupación de un comentario en torno a un tema de interés más propio de una biblioteca especializada que de un archivo central.
Nuestro Grupo ha planteado esto en diversas ocasiones, el señor Ribó decía que se había debatido esta cuestión en 1992; en 1993 se volvió a formular la pregunta al Ministro de turno, que era el señor Solé Tura, el cual se manifestaba convencido de que esta acción se podía llevar a cabo, pero planteaba la necesidad de que se hiciera no ya desde un cierto criterio de unidad de archivo, que es lo que impide la devolución de estos documentos a Cataluña, sino de unidad de criterios que satisfacieran a todas las partes.
Nuestra impresión es que el problema, la no devolución de estos documentos a Cataluña no se produce desde el ámbito político, sino desde el ámbito político-técnico, es decir, desde los primeros cargos de los archivos del Estado español que hacen que lo que es un patrimonio reconocido, según criterios de la Unesco y según todos los criterios que podamos poner sobre la mesa --porque todos nos convencerían de ello--, hacen, repito, que estos documentos que constituyen una reparación histórica no vayan a Cataluña.
Por tanto, la posición de mi Grupo Parlamentario, como ha sido siempre, no es más que la de apoyar completamente la posición que ha planteado ante esta Comisión el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ribó.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez-Alba Ruiz.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: La segregación, primero, de estos fondos y, segundo --por qué no--, del resto de los fondos que conforman el Archivo Histórico de Salamanca supondría su desaparición. Está claro que todos los fondos que se encuentran depositados en un archivo proceden de algún otro organismo o entidad, no han sido generados por el propio archivo. Si se procediera a su devolución a las entidades que lo generaron o, en todo caso, a las entidades herederas de aquéllas, supondría la desaparición de todos ellos.
Respecto a los argumentos esgrimidos en la introducción de la proposición no de Ley, hay que tener presente que la documentación catalana que se conserva en dicho archivo no procede directamente de la Generalitat, sino de los servicios documentales de la Presidencia del Gobierno, constituidos en parte por documentos de la Generalitat, incautados por el ejército durante la guerra civil, pero también por documentos procedentes de otros organismos de la Administración del Estado, de archivos militares e incluso de archivos particulares. Eso se ve en el inventario que ha publicado recientemente la Generalitat de Cataluña con dichos documentos. Por tanto, el argumento de que la sección guerra civil no constituye un archivo unitario cae por su propio peso, puesto que lo era, el de los servicios documentales de la Presidencia del Gobierno. Tenía una finalidad específica --estamos de acuerdo en lo que ha dicho el señor Ribó--, facilitar antecedentes políticos sociales y masónicos a todas las instancias que lo precisaran; archivo que estaba formado, como hemos dicho, por documentos incautados durante la guerra civil, procedentes de diversas instancias oficiales y archivos particulares, pero que pasaron a constituir un nuevo fondo con una nueva función, y a los que añadiéronse después documentos de nueva y posterior creación.
Finalmente, no compartimos que existan grandes lagunas en los archivos de Cataluña por la ausencia de estos documentos, puesto que disponen de los microfilms de todos ellos. Su segregación del archivo en el que actualmente están depositados para pasar a integrarse en los fondos de otro archivo rompería una unidad, contraviniendo en este caso las recomendaciones de la Unesco en este sentido.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Cuatro tipo de razones avalan la posición de mi Grupo Parlamentario en orden, señorías, a no tomar en consideración esta proposición no de ley defendida por el señor Ribó.
Admito que sus razones han sida largas, creo que no de peso, aunque sí admitiré que tampoco pesadas. Esos cuatro tipos de razones, que quiero sucintamente explicar a SS. SS., son del siguiente carácter: unas, históricas; otras, técnico-documentales; otras, políticas y unas últimas que yo llamaría de carácter cultural.
Vayamos por las primeras, las históricas. Es cierto que la proposición no de ley no parecía referirse con tanta claridad, pero lo ha hecho el señor Ribó en su exposición, a la materia objeto de debate; es decir, son aquellos documentos que se encuentran en la sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, ubicado en la ciudad de Salamanca. Pues bien, señorías, esta sección se forma por los documentos que la llamada Delegación del Estado para la recuperación de documentos, del ejército franquista, obtenía no de forma ordinaria sino selectivamente, con criterios selectivos, en las unidades administrativas

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de los diversos organismos e instituciones que iba ocupando. Derivado de esta circunstancia, señorías, estos documentos sólo tenían valor administrativo. Es hoy, con el paso del tiempo, a la luz de los acontecimientos ocurridos, cuando puede considerarse que tienen ciertamente un determinado valor histórico. Por lo tanto, es verdad que, de acuerdo con lo que usted indica en la exposición de motivos de su proposición, estos documentos eran clasificados y ordenados para apoyar la unidad administrativa que se encargaba de la represión franquista, con el objetivo, además, de encontrar, hallar, pruebas de carácter incriminatorio. Esto, señorías, señor Ribó, ocurría no solamente con los documentos que se obtuvieron en Cataluña sino con todos los documentos obtenidos por esta Delegación de tan triste recuerdo.
Señorías, nosotros repudiamos de un modo absoluto --y creo que así lo hacemos todos-- aquellas trágicas circunstancias; ahora bien, yo me resisto a compartir el criterio de que la reparación, que podría derivarse de la exposición que ha hecho el señor Ribó, de aquellos hechos consista en la devolución de documentos a sus pretendidos titulares. Ello haría --y lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular-- imposible la existencia de cualquier archivo. Ello haría imposible, de otra parte, la conservación de la memoria colectiva, aun cuando se basare en hechos trágicos que todos repudiamos, pero que son parte de la memoria colectiva de un pueblo, en este caso del pueblo español.
Segundas razones técnico-documentales. La eficacia, señorías, buscada por aquellos represores dio lugar a la organización en series documentales que atendían únicamente a la ciudad o lugar de incautación, es decir, se mezclaban, no sé si deliberadamente o no, los documentos procedentes de distintos organismos e instituciones de un mismo lugar, no pudiendo hoy --y le aseguro que tengo conocimiento muy directo del modo en que se trabaja en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca--, en consecuencia, determinar con certeza cuántos y qué documentos proceden de organismos de la Generalitat de Cataluña, no se puede saber con absoluta certeza.
Muchos de ellos fueron producidos por organismos --también lo ha indicado el portavoz del Grupo Popular-- de la Adminsitración central; incautados en Cataluña sí, pero producidos por organismos de la Administración central, tanto en Madrid como en Barcelona.
Si atendiéramos a las razones expuestas por el señor Ribó y tuviéramos que devolver a sus llamados legítimos propietarios todos los documentos que se encuentran en esta sección, haríamos imposibles los argumentos que él esgrime, es decir, el de los investigadores que desean tener concentrado el material objeto de trabajo. Si hubiera que devolver los documentos a todos aquellos a quienes se les incautó en todos los puntos del país está documentación, sería imposible atender a la necesidad científico-cultural que tienen los investigadores de conocer nuestro pasado.
La Delegación del Estado para la recuperación de documentos quedó después plenamente integrada en la estructura administrativa del Estado con el nombre de Delegación Nacional de los servicios documentales de la Presidencia del Gobierno. Esto, señorías, significa que los fondos que constituyen esta sección deben de considerarse como un fondo único. Al formar una unidad documental, ésta debe mantenerse, en nuestra opinión, de acuerdo con los principios establecidos por la Unesco y el Consejo Internacional de Archivos. Fíjense ustedes qué diferencia en el análisis que formulaba el señor Ribó y el que desarrollamos nosotros. Parece que todos nos acogemos a los criterios de la Unesco para defender nuestra posición. Estos criterios determinan incluso, como usted bien sabe, que en supuestos de sucesión de Estados --supuesto que de ningún modo es contemplado en este momento-- aconseja la Unesco recurrir al concepto de patrimonio común, que se sobrepone siempre al de la división que puede destruir o puede amenazar con destrucción el valor jurídico, administrativo o histórico de un archivo.
Con ser importantes todas las razones anteriores, yo creo que las políticas parecen, en nuestra opinión, determinantes. Yo quiero despejar esa hipotética nebulosa que pudiera extenderse en este debate sobre determinadas titularidades dominicales, y ahora hablaré de ello.
Nosotros, señorías, partimos del expreso reconocimiento (artículo 2 de la Constitución española) de la unidad absoluta de la Nación con independencia naturalmente y salvaguarda absoluta del juego de derechos que el mismo texto reconoce para las nacionalidades y regiones que le integran, y si para el supuesto extremo, como dije antes, de sucesión de Estados --que vuelvo a indicar que no es en modo alguno el que aquí contemplamos-- los archivos deben quedar físicamente intactos en uno de los países interesados, con cuánta más razón debemos mantener el principio de unidad documental a custodiarse en el Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca.
Antes hemos hablado de propiedades. Yo estoy convencido que la posición política de S. S. estará de acuerdo en este caso con la mía. Yo prefiero no hablar de propiedad; prefiero hablar de posesión, y como usted sabe que nosotros hemos conseguido que en nuestro Derecho el concepto de la propiedad absoluta o el concepto de la propiedad entendida como el derecho de gozar o disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, que olvida la función social de los mismos, debe ser repudiable, debe ser rechazable, entendemos que lo importante es la posesión; es decir, lo importante es dar lugar a cubrir la necesidad que se pueda derivar del hecho de acceder a una documentación determinada. Esto quiere decir la tendencia de una cosa o el disfrute de un derecho. Para ello, con muy buen criterio, la Generalitat --usted ha dicho en un acuerdo me ha parecido entender que vergonzante; yo no lo considero así-- firmó un convenio con el Ministerio de Cultura el 21 de febero de 1982 de resultas del cual se celebró la última entrega, el 26 de octubre de 1993, de la microfilmación de documentos de los cuales pueda tener un interés directo la Generalitat de Cataluña. Yo diría más.
El problema puede incluso --porque pudiera existir algún problema de orden administrativo-- solucionarse definitivamente, si

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existiera algún problema grave, en el momento en que se proceda a la digitalización completa del Archivo Histórico Nacional, con sede en Salamanca, porque ello permitirá consultar y reproducir los documentos prescindiendo del soporte documental, tarea que me consta, señorías, está bastante avanzada.
Por último, hay razones de carácter cultural. Señorías, un archivo que ya he dicho antes es parte de la memoria colectiva de un pueblo y aun cuando mantenga o contenga documentos referidos a hechos luctuosos, puede considerarse un elemento cultural de primer orden. Salamanca, la ciudad de Salamanca, ha jugado, como usted sabe muy bien, un papel señero en la cultura española sin desmerecer para nada el de otras localidades. ¡Qué mejor lugar, pues, para albergar este trozo de nuestra historia! Salamanca es la ciudad donde Elio Antonio de Nebrija publicó en 1492 la Gramática Castellana; aquella que un ilustre sabio del siglo XVII, Diego Torres Villarroel, describiera así: Yo nací entre cortaduras de papel y los rollos de pergamino, en una casa breve del barrio de los Libreros de Salamanca. Señorías, ¿puede caber mayor gloria? Salamanca es la ciudad a la que el celebérrimo viajero Hyeronimus Münzer, es decir, aquel a quien se atribuye la afirmación de haber pasado en su recorrido desde el Pirineo catalán a Gibraltar por una bóveda continua de arbolado a traves de la cual una ardilla podría recorrer la distancia sin pisar el suelo, retratara así: No existe en toda España más esclarecido estudio general que el salmanticense.
Le aseguro que respetando todas otras manifestaciones y aportaciones de la cultura, los salmantinos nos encontramos muy orgullosos de nuestro pasado.
En fin, señorías, este conjunto de razones yo creo que invitan a la retirada de la proposición no de ley, porque entiendo que el conjunto de las mismas determinaría su no toma en consideración. Si así no fuere, si aun respetando los criterios que se nos han explicado el señor Ribó la mantuviera, yo tengo que acabar con un excelente y creo que traído a cuanto refrán castellano. En ese caso, señoría, de ambos creo que fue el acertar, de ustedes al pedir y del Grupo Parlamentario Socialista el no dar.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto, que no había intervenido (Rumores), ha solicitado la palabra, puesto que todavía no hemos cerrado el turno de intervenciones, que estaba aún abierto. En todo caso, se puede achacar al orden de las intervenciones.
Para un turno que sí le ruego que sea breve, en función del tiempo y del retraso que lleva acumulado la sesión de hoy, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Agradezco muy mucho la paciencia del Presidente y de mis colegas parlamentarios, y perdón por el retraso.
Realmente voy a intervenir muy brevemente.
Sólo quiero decir que, desde luego, desde Esquerra Republicana no podemos entender, como mínimo, las últimas razones que le he podido oír a mi colega socialista, y sólo quiero dejar muy claro encima de la mesa que apelamos al sentido democrático y apelamos al hecho de que una cosa que fue ganada por derecho de conquista y, por tanto, por derecho de armas de ninguna manera el Estado de Derecho la pueda legitimar. Por razones no sólo culturales, no sólo de necesidad, de reivindicación y de derecho catalán, sino también por razones de Estado de Derecho, que de ninguna manera puede legitimar aquello que hizo posible el franquismo --y que además lo hizo por derecho de conquista--, por razones, pues, democráticas, entendemos que este archivo tiene que volver a Cataluña, de donde fue arrancado, repito, a través de las pistolas y no a través de las razones. Por tanto, ningún otro argumento me parece válido para mantener una ficticia unidad que fue hecha a través, repito, del franquismo. Un Estado de Derecho, y sobre todo un partido progresista, entiendo que lo tendría que devolver a Cataluña, de donde salió y nunca tenía que haber salido.
Por ello pido, desde el sentido democrático, que sea devuelto este archivo a Cataluña.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.
Antes quisiera solicitar de los diferentes Grupos que comuniquen a la Mesa si hay modificaciones en las sustituciones de los componentes de los Grupos. (Pausa.) Resuelto el tema, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a proceder a la devolución de la documentación depositada en el Archivo Histórico de Salamanca a la Generalitat de Cataluña.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ENCARGUE A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA UNA DOBLE AUDITORIA, ECONOMICA Y DE GESTION, SOBRE LAS OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL TEATRO REAL PARA SU RECONVERSION EN TEATRO DE LA OPERA. PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de expediente 161/000057.)

El señor PRESIDENTE: Segunda proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a que encargue a una empresa especializada una doble auditoría, económica y de gestión, sobre las obras llevadas a cabo en el Teatro Real.
El señor Gómez-Alba tiene la palabra.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley para ver si de esta forma logramos por fin enterarnos de cuánto dinero se lleva gastado en la reconversión del Teatro Real de Madrid en Teatro de la Opera. Este mismo

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Diputado, en lo que fue su primera intervención en esta Comisión, preguntó sobre este extremo a la señora Ministra de Cultura, al final de su también primera comparecencia en esta Comisión para explicar las líneas generales que pensaba desarrollar en su Departamento. La respuesta de la señora Ministra fue ambigua e insatisfactoria. Dijo que, si su memoria no le fallaba, hasta la fecha se llevaban invertidos alrededor de 6.000 millones de pesetas en las obras del Teatro Real y que estaba previsto invertir 9.000 millones más hasta la terminación de las mismas, lo que daría un total de alrededor de 15.000 millones de pesetas. Digo que su respuesta no satisfizo a este Diputado porque, habiéndome tomado la molestia de sumar las diferentes partidas consignadas a este fin en los Presupuestos Generales del Estado desde el año 1986, así como las previsiones de inversión para los próximos años consignadas en el proyecto de ley de Presupuestos para el año 1994, la cantidad resultante superaba los 19.000 millones de pesetas.
Por su parte, el señor Subsecretario de Cultura, en su comparecencia informativa sobre la Sección 24 en los Presupuestos Generales del Estado, en la que, más que informar de los presupuestos de su Departamento, repitió el discurso de intenciones de la señora Ministra, puntualizó respecto a este tema, con sorprendente precisión, que la cantidad que estaba prevista para la inversión total era exactamente 16.052,1 millones de pesetas y que el tema tenía tanta importancia que él se estaba ocupando personalmente del Teatro Real. En la misma intervención, además de discrepar con la señora Ministra en 1.000 millones, después de decir que sus cifras coincidían con las de ella --pero ¡qué más da 1.000 millones de diferencia arriba o abajo!, parece--, contestó al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que la cifra que se desprende de las diferentes partidas presupuestarias, 19.000 millones, no era fiable, en la medida en que dichas partidas no eran finalmente gastadas en esa inversión sino en otras, dentro del mismo programa o de otro; asombrosa flexibilidad presupuestaria, desde luego.
En vista de ello y teniendo en cuenta los requisitos que la Ley General Presupuestaria establece para las desviaciones o modificaciones de créditos presupuestarios ya aprobados, el Grupo Parlamentario Popular solicitó al Ministerio de Cultura todos los expedientes de modificación de créditos presupuestarios que hubieran sido aprobados para las obras del Teatro Real pero que hubieran sido destinados, finalmente, a financiar otros proyectos del mismo programa o de otros programas. La remisión --como siempre, tarde-- por parte del Ministerio de Cultura de dichos expedientes de modificación de crédito no ha servido para explicar la diferencia entre los 19.000 millones, que se deducían de los Presupuestos Generales del Estado, y los 16.052,1 millones que se empeña el Ministerio en mantener como cifra total de la inversión.
Finalmente, en la misma fecha en que se solicitaron dichos expedientes de modificación de créditos al Ministerio de Cultura, se solicitaron de la Intervención General de la Administración del Estado todos los datos e informes con los que contase sobre los gastos realizados hasta la fecha en las obras de remodelación del Teatro Real en Teatro de la Opera. La respuesta de la Intervención General de la Administración del Estado fue mucho más rápida que la del Ministerio de Cultura pero igualmente insuficiente, dado que la cifra de 5.836 millones de pesetas que allí se consignaba como gastos del INAEM en el Teatro Real corresponde sólo, como indica una nota a pie de página, al período 1989-92, sin tener en cuenta que el proyecto data del año 1986. Sospechamos que la clave o truco de este baile de cifras está precisamente en la fecha a partir de la que se cuentan las inversiones realizadas en el Teatro Real. En los Presupuestos Generales del Estado de 1991 se dio por terminado --también un poco asombrosamente-- el viejo proyecto de reconversión del Teatro Real en Teatro de la Opera, pero se consignaron cuatro nuevos proyectos para sustituirlo, que eran: de equipamiento escénico, de obra civil, de suministros técnicos e instalaciones y de mobiliario y decoración. Pues bien, tenemos la impresión de que las cuentas que hace el Ministerio de Cultura sólo tienen en consideración las inversiones realizadas desde 1991 en la ejecución de estos cuatro nuevos proyectos, sin que ya nadie se acuerde del viejo proyecto de remodelación al que éstos sustituyeron.
En cualquier caso, como no se trata de hacer suposiciones y como parece imposible conseguir que el Gobierno aclare las cifras en torno a lo que se lleva ya gastado en las obras de remodelación del Teatro Real, por estas razones pedimos que se encargue una doble auditoría, económica y de gestión, a una empresa especializada.


El señor PRESIDENTE: Tampoco se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, ¿grupos que desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Con mucha brevedad, casi sólo para manifestar el sentido de nuestro voto, porque es verdad que, desde que incluso algún medio de comunicación llegara a calificar el tema del Teatro Real como un culebrón interminable, después de que se conociera que el Gobierno rechazó en su día el proyecto de un arquitecto para la reforma del Museo del Prado y aceptó a continuación su propuesta para el Teatro Real, una obra evidentemente importante, se ha puesto en general de manifiesto que la reforma del Teatro Real se puede haber realizado con un cierto grado de imprevisión. Hay otros datos que se han conocido públicamente, como es que alguien ganaba 22 millones de pesetas por no hacer nada, sueldo que se justifica en el año 1989 porque se iba a inaugurar el Teatro Real en 1992, lo que también pone de manifiesto esa imprevisión que yo decía.
Desde luego, el confusionismo de fechas, cifras, retrasos y opiniones de técnicos que cuestionaban un proyecto y otro, una vez más, pone de manifiesto una cierta falta de rigor en la previsión.
La Ministra de Cultura, en su comparecencia ante esta Comisión, manifestó que ella iba a coger como bandera

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esta obra, que iba a dedicarse especialmente a ella y que se iba a inaugurar en el año 1995. Con toda esa falta de transparencia y toda la improvisación que hemos observado en el tema de las obras, de los proyectos, manifestándonos a favor de que deba realizarse auditoría, no cree mi Grupo que sea éste el momento adecuado para hacer una auditoría económica y de gestión. Yo creo que el momento adecuado es el momento de finalización de la obra, eso sí, reclamando, y mi Grupo lo hará, todo tipo de control y transparencia en los futuros recursos que se pueden dedicar a la finalización de reconversión del Teatro Real.
Por esa razón, señor Presidente, señorías, mi Grupo, que se manifiesta partidario de realizar la auditoría, cree que no es éste el momento de hacerlo, sino cuando tenga lugar la finalización de la obra, y por eso nos vamos a abstener.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: La propuesta que hace el Grupo Popular de una auditoría especial para los gastos realizados en las obras de reconversión del Teatro Real en Teatro de la Opera no tiene, para nuestro Grupo, ningún fundamento. Es cierto que las obras se han demorado, que el coste es elevado, como normalmente lo es el coste de obras de tal envergadura, pero yo no creo que haya que confundir este tema de tardanza en el desarrollo de las obras y del coste elevado que en sí mismo tiene este tipo de obras con una situación presupuestaria y de gestión del propio gasto confusa o poco clara.
Los datos que tengo, evidentemente, no coinciden para nada con lo que aquí ha expresado el portavoz del Grupo Popular. Las obras van a tener un coste aproximado de 16.000 millones, que van repartidos en distintas fases o aspectos del proyecto: 10.000 millones tendrán que ver con todo lo que es remodelación del edificio, 4.000 millones con lo que es el equipamiento escénico y 2.000 con lo que es el equipamiento general y otros gastos.
Según los datos que me constan, en primer lugar, las obras del Teatro Real han empezado en 1991 por problemas para desalojar el propio edificio que tenía que ser remodelado. Usted sabrá que el Conservatorio abandona lo que es el Teatro Real en septiembre de 1990, el Centro de Arte Dramático y el Ballet Nacional lo hacen en la navidad de 1990. Es decir, toda la remodelación del edificio, lo que es adecuar la caja escénica, la estructura general del edificio y la adecuación arquitectónica, no se puede abordar hasta 1991.
Estas obras generales de remodelación han tenido tres fases. La primera fase se adjudica por un concurso público a Huarte en noviembre de 1990 y comienzan en enero de 1991, con un presupuesto de 1.183,7 millones. Se da un plazo de 10 meses para su realización, que luego se amplía a 17, y esta parte de la obra está terminada y recibida. La segunda fase, que es la de la estructura general del edificio, se adjudica a Huarte por concurso público en febrero de 1992. La fase de desarrollo está muy avanzada y se tiene previsto que finalizará en el primer trimestre del año 1994, con un presupuesto de 1.850 millones. La tercera fase, que es la más puramene arquitectónica y que presenta discusión y debate sobre lo que es el mismo proyecto, como no puede dejar de pasar nunca ante lo que es el diseño o el proyecto de un arquitecto frente a otro, se adjudica en septiembre de 1992, también por concurso público a Huarte, y comienza en noviembre de 1992, por un importe de 5.583,5 millones, con un plazo de ejecución de 24 meses. No se espera ninguna demora, por lo cual está prevista la finalización de la obra a finales de 1994 o principios de 1995.
Otro aspecto importante de lo que es la remodelación o la reconversión del Teatro Real en Teatro de la Opera para Madrid, que es el equipamiento escénico, comienza antes, puesto que la primera parte del proyecto no iba ligada al desalojo del espacio del Teatro Real, y en diciembre de 1989 se hace la primera adjudicación por un concurso público de proyecto y construcción de lo que sería la ingeniería de diseño, la fabricación en taller y el montaje de toda la maquinaria escénica en la caja escénica del teatro. Los dos primeros aspectos de este proyecto están finalizados y queda sólo el último, que es el relativo a la instalación de la maquinaria escénica en la caja escénica del teatro. El presupuesto vigente en este momento es de 2.660,9 millones. El otro aspecto del equipamiento escénico, lo que es iluminación escénica y equipamiento audiovisual, tiene ya un proyecto que saldrá a concurso público en --calculo, por la información que tengo-- el primer trimestre de 1994 o en los seis primeros meses de 1994. Hay incluso unos presupuestos en donde iría la iluminación escénica, en torno a un proyecto de 600 millones, y el equipamiento audiovisual, en torno a los 400 millones.
Sobre lo que es el equipamiento general todavía no existe un proyecto claro, ni se va a sacar inmediatamente a concurso, sino que está previsto solucionarlo, tener un proyecto y sacarlo luego a concurso, en torno a 1994 y una parte para 1995.
Entonces, sobre ese coste estimado de 16.000 millones, lo que sí le puedo decir es que a finales de 1993 la contratación realizada era de 11.500 millones, pero, de ésta, la ejecutada ascendía a 7.700, con lo cual queda una inversión pendiente para los presupuestos de 1994 de aproximadamente cero que son 4.150 millones. Es decir, las cuentas están claras al entender de esta portavoz que le habla. Por otro lado, en cuanto al otro aspecto del que ustedes hablan y que es el que promueve la iniciativa legislativa que estamos discutiendo, el control de este gasto, de todas las obras del Teatro Real para su conversión en Teatro de la Opera, está sometido, como cualquier otro, a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, en su artículo 17 adjudica a la Intervención General del Estado ejercer el control del funcionamiento de los organismos autónomos en los aspectos económico-financieros y de eficacia, debiéndose elaborar incluso un plan de auditorías de carácter anual. El Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, es decir, el INAEM, del que dependen las obras del Teatro Real, es,

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por tanto, un organismo autónomo de carácter comercial y que está sometido a un control económico-financiero trimestral de la Intervención Delegada, y al mismo tiempo a un control anual específico de la Intervención General del Estado, de acuerdo con las circulares correspondientes.
Evidentemente, existe la posibilidad de recurrir a la colaboración de empresas privadas para la ejecución del plan anual de auditorías, esto se contempla también en la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria a la que hacía referencia anteriormente; ahora bien, para que se recurra a auditorías externas, de carácter privado, como ustedes defienden en su proposición no de ley, se exige que el Ministerio de Economía y Hacienda dicte una orden en la que se especifiquen las insuficiencias de la Intervención General del Estado que justifiquen esta colaboración.
Si ese control no les pareciera a ustedes suficiente, cosa que a mí sí me lo parece, por otro lado está el Tribunal de Cuentas que, como dice el artículo 136 de la Constitución, es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas de la gestión económica del Estado, así como del sector público, y dispone la remisión anual de un informe de este Tribunal a las Cortes Generales, en el que, cuando proceda, se comunicarán las infracciones o responsabilidades en que se pueda haber incurrido.
Por todo esto, tanto por la claridad de las cuentas, como les he explicado por la información que tiene mi grupo parlamentario, como por el control asegurado a través de la Intervención Delegada y la Intervención General del Estado, así como, incluso, el Tribunal de Cuentas, que sabemos es más lento, pero la Intervención Delegada y la Intervención General está claro que llevan un control, nuestro grupo cree que en el caso de las obras del Teatro Real existe un control económico, financiero y de eficacia que no justifica en ningún momento recurrir a una intervención o a una auditoría de carácter excepcional.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley.


El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, hay más sustituciones. Don Jesús Caldera está sustituido por don José Luis Rodríguez Zapatero.


El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--SOBRE EL LLAMADO UNO POR CIENTO CULTURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000059.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, sobre el llamado uno por ciento cultural.
Señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, una vez más vuelve a la Comisión el 1 por ciento cultural; la verdad es que esta reiteración y el hecho de que se haya hecho bastante tarde en la sesión de la mañana me lleva a ser muy breve en la presentación de esta proposición.
Desde que soy miembro de esta Comisión he escuchado ya a tres ministros y a otros tantos subsecretarios reconocer que la Ley del Patrimonio Histórico Español, en lo que se refiere a medidas de fomento, no se estaba aplicando correctamente. Eso se ha reconocido no sólo en la Comisión, sino que se dice también en los informes que legalmente tienen que presentar al Consejo de Ministros los Ministros de Cultura que no han hecho con la debida regularidad, pero en estos momentos ya contamos con todos ellos. En estos informes hay quejas del Ministerio de Cultura de que otros ministerios no le informan como sería su obligación. En muchos casos se ha destinado la cantidad del 1 por ciento cultural a inversiones que nada tienen que ver con el espíritu ni con la letra de la Ley y, por supuesto, cada año es menor la cantidad transferida al Ministerio de Cultura que, por dar sólo un dato, en la previsión presupuestaria para 1994 es de 50 millones, cuando era de 400 millones en 1991.
Nuestra proposición no de ley, señor Presidente --no voy a extenderme en ella porque se ha repartido y está publicada-- pretende ayudar al Ministerio de Cultura a tener el debido protagonismo en la aplicación de los fondos que se derivan del 1 por ciento cultural.
Queremos que la voluntad política del Congreso expresada a través de esta Comisión supla el escaso peso político que los titulares de Cultura tienen en los gobiernos socialistas. La ley se podría haber redactado mejor y el reglamento quizá no ha aclarado demasiado lo que no quedó claro en la ley, pero no creemos que haga falta, que sea imprescindible modificar la ley. Bastaría con que ésta se interpretase de una manera adecuada; por eso los tres puntos de la proposición no de ley del Grupo Popular son criterios interpretativos de la misma. Lo que ha faltado hasta ahora es voluntad o capacidad política para llevarlo a cabo.
Creemos que la Comisión debe respaldar esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas que él considere necesarias, le deja margen de maniobra y vamos a dar un margen de confianza a la señora ministra que anunció aquí en la Comisión que estaba comprometida con procurar un buen uso de las medidas de fomento de la Ley del Patrimonio Histórico. Por lo tanto, señalamos simplemente tres criterios con los que se debe interpretar esta norma que creó muchas ilusiones, que creó expectativas y que, en la realidad, se está viendo que defrauda las expectativas que allí se crearon.
Creo que ya tenemos una perspectiva suficiente de una ley aprobada en 1985 para darnos cuenta de por dónde está fallando en su aplicación. Los tres criterios que

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plantea mi grupo parlamentario, si son apoyados por la Comisión, pueden ser una buena pauta para que el Ministerio de Cultura de manera inmediata, y estaremos muy vigilantes para que pasemos por una vez de los lamentos y las quejas a los compromisos y a las realizaciones y que esto se pueda materializar en medidas legislativas. A lo mejor bastaría, en algunos casos, que fuesen simplemente medidas políticas y que a la señora Ministra de Cultura le hagan caso en el Consejo de Ministros; que los demás ministerios colaboren con el Ministerio de Cultura; no sólo eso sino que cumplan simplemente la ley. Aquí hay quejas de que no se informa al Ministerio de Cultura y que, por tanto, éste no puede tomar las medidas necesarias en los planes anuales y de que se interpreta la ley, por ejemplo, en el caso de las inversiones cofinanciadas con partidas europeas (los 100 millones mínimos que se tienen que considerar) para el conjunto de la obra y no sólo lo que aporta el Estado; no se excluyen aquellas que han sido cofinanciadas, sino que se mantiene el principio de unidad de obra aunque se tenga que realizar en distintos años etcétera.
Todo esto viene dicho en los informes del propio Ministerio de Cultura.
Se ha debatido en esta Comisión; se ha hablado en el Pleno y, por tanto, a estas horas de la tarde hago gracia a SS. SS. de extenderme más pidiendo simplemente el apoyo de la Comisión para esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán. Para su defensa, el señor Baltà tiene la palabra.


El señor BALTA I LLOPART: Brevemente porque la hora lo aconseja y por cuanto los criterios fundamentales que han sido expresados por el portavoz del Grupo Popular, señor Cortés, son los mismos que motivaron que mi grupo parlamentario presentara otra proposición no de ley para su debate ante el Pleno de la Cámara. Diríamos que el procedimiento parlamentario nos ha jugado una pequeña trastada porque ha ocurrido que la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular unos días después que la nuestra ha entrado en debate en Comisión antes, cosa que tiene su sentido pero que pospone nuestra proposición.
Por tanto, la decisión de mi grupo ha sido presentarla como enmienda de sustitución buscando y ya que coincidíamos plenamente con la preocupación que nos llevó a presentarla, quizá fuera posible unificar ambas en un solo texto. No obstante nuestra proposición --también se preocupa en primer lugar, en su justificación por la presencia decreciente y alarmante del 1 por ciento cultural en los Presupuestos Generales del Estado, que es el motivo de la proposición no de ley que nosotros presentamos y, en segundo lugar, la voluntad expresada en el sentido de que este 1 por ciento sea traspasado al Ministerio de Cultura para que dicho ministerio aplique en su ejecución criterios estrictamente culturales. Esto nos preocupa; por tanto, en nuestra proposición dejamos claro que tienen que hacerse las transferencias de crédito al Ministerio de Cultura.
Existe otra preocupación y es que la inversión se produzca en las comunidades donde la obra que ha motivado el 1 por ciento correspondiente se haya realizado. Los criterios de solidaridad estatal en este caso a nosotros nos parecen poco oportunos, porque afortunadamente vivimos en un país con una gran historia, de una gran capacidad cultural, y no puede decirse que sea imprescindible traspasar partidas de una comunidad a otra. Para nosotros es difícil justificar esta interterritorialidad en un hecho como éste. Por tanto, insistimos en el punto 5, en el cual decimos textualmente que los trabajos a que se refiere el apartado 3 de este artículo deberán efectuarse en el territorio de la comunidad autónoma en donde se realiza la obra pública, y se ejecutarán por la Administración del Estado previo informe de la correspondiente comunidad autónoma. Queda claro que nos referimos no solamente a nuestra comunidad autónoma sino a todas. Nos gustaría que fuera aceptado y que siguiera el trámite parlamentario recurriendo a esta propuesta de cierta descentralización de nuestra cultura.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean opinar sobre esta proposición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy a ser también muy breve, señor Presidente, para manifestar nuestra opinión tanto sobre el tema como sobre el voto.
Está claro, como ha manifestado el señor Cortés y lo manifiesta también el informe de la Ministra de Cultura sobre la consideración y el destino del 1 por ciento cultural, que hemos recibido recientemente, que las inversiones no se destinan, por regla general, a la propia obra pública, aunque se aplican a acciones de interés general. También es verdad que muchos proyectos no se someten previamente al Ministerio de Cultura y que, de las dos opciones a que se refería el señor Cortés, sigue utilizándose demasiado la opción «B». Si ustedes estudian con detenimiento el informe a que hacía referencia anteriormente, uno de ellos tiene además la delicadeza de utilizar una simbología al margen para explicar cada uno de los proyectos de los que es informado o no el Ministerio de Cultura. Con tres circulitos se señalan los proyectos o actuaciones de los organismos públicos en los que no ha intervenido el Ministerio de Cultura pero cuyo dato, descripción e información ha sido comunicado al Ministerio. Son demasiados los que tienen los tres circulitos, en los que no interviene el ministerio, y por demasiada cuantía.
Señor Presidente, señorías, nos hubiera gustado que el grupo proponente hubiera aceptado una enmienda de Convergència en el sentido de que no hablara sobre la exigencia de que fueran realizados en el territorio de la comunidad donde haya inversiones, sino que hablaran de una preferencia. Si se hubiera producido así, seguramente hubiéramos votado la proposición con ese texto.


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Está claro que, aunque no haya que hablar de criterios de solidaridad, algunos que conocemos y somos nativos de ciudades como Avila, pensamos en esa ciudad, de mucha riqueza artística, de mucho patrimonio histórico-artístico y de pocas inversiones. ¿Qué sería de ciudades como ésta o ciudades como Alcalá o Salamanca? Nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Popular por las razones expuestas.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señor Presidente, señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular nos permite ciertamente debatir de nuevo en esta Comisión un tema, el 1 por ciento cultural, sobre el que mi grupo parlamentario mantiene unos planteamientos coherentes con lo que ha sido nuestra posición en anteriores debates. Estos planteamientos, además, siempre han coincidido en la necesidad de que en la propia gestión y en la aplicación del 1 por ciento cultural, participe el Ministerio de Cultura más activamente de lo que lo había venido haciendo hasta estos momentos.
En este sentido, también apoyamos, en boca del portavoz del Grupo Socialista en aquel momento, las manifestaciones de la señora ministra en una Comisión celebrada hace muy pocos meses, diciendo que su ministerio estaba estudiando la reforma del Reglamento de aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico.
Es cierto y el señor Cortés lo ha puesto de manifiesto, que esta proposición no de ley propone algunas medidas para que el Ministerio de Cultura tenga más protagonismo en la aplicación de estos fondos derivados del 1 por ciento. Además, tengo que decir que coincidimos con los planteamientos, con la filosofía y con el objetivo que se recoge en esta proposición no de ley y, por tanto, votaremos afirmativamente y apoyaremos esta iniciativa del Grupo Popular.
También se ha puesto de manifiesto --voy a referirme a este tema con mucha brevedad-- que la aplicación del 1 por ciento en los últimos años se acentúa cada vez más en la segunda opción de las que aparecen recogidas, que da posibilidad a los propios organismos públicos, a los distintos ministerios, de invertir directamente ellos y no a través del Ministerio de Cultura este 1 por ciento en las obras que exceden de los 100 millones de pesetas.
También es cierto y por eso queremos que se mejoren estos mecanismos, que se ha producido cierta dispersión en lo que es la aplicación de estos fondos, que no repercuten todo lo positivamente que quisiéramos en la propia conservación e incremento de nuestro Patrimonio Histórico Español.
Por eso decía que coincidimos fundamentalmente con los planteamientos del Grupo Popular, y no me voy a alargar en exceso.
Sí quiero hacer mención expresamente a la referencia de la proposición no de ley en la que se dice que se dé una mayor participación al Consejo del Patrimonio a la hora de establecer los criterios generales de aplicación de este 1 por ciento cultural. Entendemos que esta medida es adecuada y necesaria porque, además, entre las funciones de este Consejo del Patrimonio está la de facilitar esa comunicación o ese intercambio de los programas de actuaciones y de información que se recogen anualmente en los planes que elabora el Ministerio de Cultura, y sería conveniente posibilitar una mayor participación del Consejo.
Existe, además, una razón que quiero poner de manifiesto en mi intervención y es que la propia composición del Consejo del Patrimonio, que está presidida por el Director General de Bellas Artes, contempla como vocales a un miembro de todas y cada una de las comunidades autónomas, y esto sin duda creo que puede posibilitar un consenso amplio, también entre las comunidades autónomas. Es necesario este consenso a la hora de aplicar este 1 por ciento cultural.
Con absoluta brevedad y para acabar, me refiero a un tema que se debe tener en cuenta, bien en un seguimiento más de cerca del propio cumplimiento de la Ley del Patrimonio o del Real Decreto, o incluso en su día si se produce una reforma del Reglamento, y es aquel que hace referencia a que la aplicación del 1 por ciento no se debe limitar exclusivamente a la propia obra o a su entorno inmediato sino que debe tener un carácter preferencial, pero, insisto, no exclusivo; no debe ser un tema que quede totalmente cerrado puesto que evidentemente esto no favorecería el reequilibrio entre las distintas comunidades autónomas, que, además, fue uno de los temas en que se pensó cuando se introdujo la novedad del 1 por ciento cultural en el debate de la Ley del Patrimonio.
En este sentido, el propio Ministerio ha tomado una serie de iniciativas, que no voy a referir en este momento. Simplemente, reiterar señor Presidente, para acabar, que estamos de acuerdo con los planteamientos, con los objetivos y con la propia formulación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, la apoyaremos y votaremos afirmativamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cortés, a efectos, exclusivamente, de si acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán.


El señor CORTES MARTIN: Como ya ha adelantado amable y sagazmente el portavoz de Izquierda Unida, no vamos a aceptar esta enmienda porque comprenderá la Comisión que después de la cantidad de elogios que ha recibido nuestra proposición no de ley del Grupo Socialista (aquí corrían voces en el sentido de que después de recibir tantos elogios iban a decir pero y, sin embargo, no ha habido el pero), no podemos correr el riesgo de que estos apoyos que hemos conseguido se pongan en peligro. Por otra parte, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Catalán (Convergència y Unió), no hay diferencias profundas entre su propuesta y la que se va a votar en Comisión, salvo en la territorialización estrictamente automática, criterio sobre el que se ha manifestado también la portavoz del Grupo Socialista, e interesa, por tanto, que conste, al igual que sus declaraciones, en el «Diario de

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Sesiones» nuestro grupo no está de acuerdo en la territorialización automática.
Mantenemos, por tanto, nuestro texto y estamos seguros que lo entenderán bien nuestros amigos de Convergència i Unió, puesto que son dos textos profundamente parecidos. Además, nosotros lo hemos hecho por confianza en la señora Ministra de Cultura, y ellos tienen bastantes más motivos para confiar en ella.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la última proposición del orden del día.
Quiero advertir a SS. SS., antes de que levantemos la sesión después de la votación, que esta Comisión se vuelve a reunir esta misma semana después de la sesión plenaria del jueves por la mañana. Lo digo para que todo el mundo lo tenga en cuenta, si no ha recibido la correspondiente convocatoria.
Pasamos a votación de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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