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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 96, de 22/12/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 96 ASUNTOS EXTERIORES PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA Sesión núm. 9 celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 1993

ORDEN DEL DIA: Preguntas: --Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre tipo de propuestas que está elaborando el Gobierno español para la solución de los problemas institucionales de la Comunidad Económica Europea (CEE) para la futura ampliación de la misma a Finlandia, Austria, Suecia y Noruega. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000102) (Página 3044) --Del mismo señor Diputado, sobre iniciativa presentada por el Gobierno de Bélgica, como Presidente actual del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea (CEE), con referencia al tema de Gibraltar.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000104) (Página 3048) --Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre valoración de la pretensión de Marruecos de crear una zona «off-shore» en Tánger, en clara competencia con las Islas Canarias. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000194) (Página 3050)

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--Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre objetivos y condiciones en que se otorga el crédito de 300 millones de dólares al Gobierno de China por parte del español. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000053) (Página 3052) --Del mismo señor Diputado, sobre balance de las ayudas económicas a Cuba por parte del Gobierno español. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93.
Número de expediente 181/000061) (Página 3055) --Del mismo señor Diputado, sobre cuantía de la cooperación económica de España con la República de Cuba. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93.
Número de expediente 181/000062) (Página 3055) --Del mismo señor Diputado, sobre balance actual de las ayudas económico-financieras del Gobierno español a Rusia y demás Repúblicas que configuraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000063) (Página 3057) --Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre opinión del Gobierno acerca de si los eventuales cambios en el sistema económico cubano pueden producirse sin alteraciones sustanciales en su actual sistema político. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000106) (Página 3059) --Del mismo señor Diputado, sobre contactos mantenidos por el Gobierno con las autoridades de Cuba en relación con los cambios de sistema económico en el mencionado país. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93.
Número de expediente 181/000107) (Página 3059) --Del mismo señor Diputado, sobre medida en que el Gobierno español participó en la visita que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Solchaga, realizó recientemente a la República de Cuba.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000111) (Página 3059) --Del mismo señor Diputado, sobre realización de las obras de nuestra representación diplomática en Santo Domingo. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000064) (Página 3062) --De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre inicio de actuaciones para facilitar a los argentinos perseguidos que lo soliciten el acceso a la condición de refugiado o asilado político.
(BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000072) (Página 3064) --De la misma señora Diputada, sobre medidas para condicionar el apoyo político y económico que actualmente presta al Gobierno argentino al estricto respeto a los derechos humanos por parte del mismo. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000073) (Página 3064) --Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular), sobre fecha prevista para la reforma del organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000124) (Página 3066) --Del mismo señor Diputado, sobre medidas para corregir la duplicidad de Delegaciones españolas en el exterior. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000127) (Página 3068) --Del mismo señor Diputado, sobre negativa de determinados Ministerios a que sus funcionarios se integren en los edificios destinados a alojar la Cancillería de Embajadas o representaciones de España. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000129) (Página 3069) --Del mismo señor Diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de que las Consejerías comerciales y otras Agregadurías en Washington, Varsovia o París no se hayan alojado en los nuevos edificios de estas Embajadas.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000130) (Página 3069) --Del señor Milián Mestre (Grupo Parlamentario Popular), sobre criterios que inspiran la política del Gobierno español con respecto a Argelia y su delicada situación interna. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000052) (Página 3071) --Del mismo señor Diputado, sobre criterios que inspiran la política de cooperación militar de España con el Reino de Marruecos. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000054) (Página 3074) --Del señor Elorriaga Fernández (Grupo Parlamentario Popular), sobre criterio mantenido por España ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto a los objetivos finales de las tropas españolas integradas en la UNPROFOR en Bosnia. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000059) (Página 3076)

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--Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre actividades del Gobierno español como miembro actual del Consejo de Seguridad para proceder a la realización del referéndum previsto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solucionar el problema del Sahara. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000100) (Página 3078) --Del mismo señor Diputado, sobre importancia del hecho de que hasta ahora no hayan podido tener lugar las Cumbres previstas con Marruecos.
(BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000101) (Página 3081) --Del mismo señor Diputado, sobre postura del Gobierno español ante la posibilidad de ampliación de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000103) (Página 3082) --Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre valoración de las dificultades para poner en marcha los acuerdos de Bruselas entre el Reino Unido y España sobre la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000230) (Página 3084) Proposiciones no de ley: --Sobre la proyección exterior del idioma catalán y el ingreso de Andorra en las Naciones Unidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(BOCG, serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente 161/000027) (Página 3086) --Por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Secretario de Estado de Cooperación y la remisión anual de la memoria del Plan anual de Cooperación Internacional, PACI. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 13, de 4-10-93. Número de expediente 161/000033) (Página 3090) --Por la que se insta al Gobierno a mantener en su actual situación jurídica los locales propiedad de la emigración española, sito en el número 10, Rue Cristino García, en la Plaine, St. Denis (Francia).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 22, de 29-10-93. Número de expediente 161/000045) (Página 3092) --Por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para asegurar la presencia de una delegación española, como observadores, en las elecciones generales que se producirán en la República de El Salvador en el mes de marzo de 1994. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93.
Número de expediente 161/000052) (Página 3094) --Sobre pensiones a trabajadores en Gibraltar. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente 161/000058) (Página 3096) --En relación al ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 31, de 29-11-93. Número de expediente 161/000060) (Página 3098) Dictámenes sobre: --Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, así como declaración a formular por España. (BOCG, serie C, número 33-1, de 11-10-93. Número de expediente 110/000027) (Página 3100) --Convenio entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993. (BOCG, serie C, número 34-1, de 11-10-93. Número de expediente 110/000028) (Página 3100)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


PREGUNTAS:

--SOBRE TIPO DE PROPUESTAS QUE ESTA ELABORANDO EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS INSTITUCIONALES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) PARA LA FUTURA AMPLIACION DE LA MISMA A FINLANDIA, AUSTRIA, SUECIA Y NORUEGA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000102.)

El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Se abre la sesión.
Señores Diputados, de acuerdo con el orden de presencia de las autoridades del Ministerio que van a contestar a las preguntas que figuran en el orden del día, se ha propuesto una reordenación de las mismas y empezaríamos con las números 13 y 15, que van a ser contestadas por el Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, don Carlos Westendorp, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia.
Para formular la primera de esas preguntas, la número 13, sobre tipos de propuestas que está elaborando el Gobierno español para la solución de los problemas institucionales de la Comunidad Económica Europea para la futura ampliación de la misma a Finlandia, Austria, Suecia y Noruega, tiene la palabra don Francisco Javier Rupérez Rubio.


El señor RUPEREZ RUBIO: Efectivamente, la pregunta, y me voy a limitar en este primer trámite a enunciarla, es la que el señor Presidente acaba de formular, dirigida al Gobierno y pretende obtener respuesta sobre qué tipo de propuestas está elaborando el Gobierno español para la solución de los problemas institucionales de la Unión Europea con vistas a la previsible y futura ampliación de la misma a Finlandia, Austria, Suecia y Norega.
No se le oculta al señor Secretario de Estado que esta pregunta, que como gran parte de las que se tramitan en esta Comisión y posiblemente en otras comisiones de esta Casa aparece con retraso debido a razones reglamentarias varias, sin embargo tiene hoy una rara actualidad que se produce precisamente en función de las decisiones que ayer mismo anunció el Gobierno español por boca del mismo Secretario de Estado ante la Comisión de la Unión Europea, relativas a los temas de la Unión Monetaria. Yo le invitaría al señor Secretario de Estado que no sólo respondiera en los términos más estrictos de la pregunta con respecto a los arreglos institucionales que España prevé en el futuro, sino que también considerara ese importante aspecto de las decisiones del Gobierno español como incluidas dentro de la pregunta porque así nos parece que cabría. En cualquier caso, nosotros agradeceríamos, y posiblemente también los medios de comunicación, obtener una versión, por lo demás autorizada, al respecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y Cabeza): Señor Presidente, señorías, las cuestiones institucionales en el marco de la ampliación han sido para el Gobierno español, y siguen siéndolo, un capítulo importante de estas negociaciones. Hay que tener en cuenta, por una parte, que la ampliación se realiza forzosamente hacia el norte y hacia el centro de Europa --no es posible seguir realizando ampliaciones sustanciales hacia el sur y hacia el oeste--, y, por lo tanto, los equilibrios actuales de la Comunidad se ven alterados. Por otra parte, se trata de países poco poblados, con pocos habitantes, y por ello los equilibrios actuales en la Comunidad, que ya en principio cuenta con una sobrerrepresentación de países poco poblados con relación a los países más poblados y, por consiguiente, con una legitimación democrática específica, al ampliarse a estos países, corren el riesgo de verse alterados.
En el Consejo Europeo de Lisboa se dijo que la ampliación en el capítulo institucional era posible con arreglo a las disposiciones institucionales actuales. Eso quería decir que no era necesario hacer una transformación profunda del sistema institucional de toma de decisiones en la Comunidad antes de la ampliación, porque la conferencia intergubernamental convocada para 1996 está prevista para hacer los cambios fundamentales preparándose para nuevas ampliaciones. Pero esta ampliación, limitada a cuatro países, no necesita unas grandes transformaciones institucionales.
Esto fue comprendido por España desde un principio. Hubo países, sin embargo, que pensaron, en un principio, también, que se debería aprovechar ahora para hacer la gran reforma institucional. Esto, en nuestra opinión, hubiera retrasado innecesariamente las negociaciones de adhesión de estos cuatro países y, por lo tanto, había que limitarse a adaptaciones institucionales centradas en lo fundamental. Estas adaptaciones deberían afectar tanto al Consejo de Ministros como a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia fundamentalmente, que son las cuatro instituciones básicas de la Comunidad.
En lo que se refiere a la Comisión --y empiezo por la Comisión porque es el tema más sencillo de explicar--, se planteaba la alternativa de hacer una adaptación mecánica a la situación actual: si hoy hay diecisiete comisarios, uno por país, excepto los países más grandes --cuando hablo de países grandes me refiero a los más poblados--, que tenemos dos comisarios, la simple extrapolación mecánica sería ampliar en un comisario por país nuevo adherente. Había otras soluciones quizá más en línea con la efectividad o con la lógica, que era reducir el número de comisarios --veintiún comisarios se podría considerar excesivo para las carteras que existen en la Comisión--, pero esta solución acarreaba un problema y es que si se quería

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mantener el equilibrio actual --los grandes tienen dos comisarios y los pequeños uno-- y se reduce el número de comisarios, nos podríamos encontrar o bien con una solución en la que hubiera un comisario por país --es decir, dieciséis comisarios--, en cuyo caso se hubiera desequilibrado profundamente el sistema actual --todos pasaríamos a tener un solo comisario--, o bien se reducía todavía más el número de comisarios por debajo del número de países, esquema en el cual podríamos mantener ese equilibrio a base de una solución que consistiera en que los países grandes tuvieran un comisario permanente y los países pequeños tuvieran que rotarse en los comisarios restantes. Estas dos últimas soluciones no son aceptables, la primera por los países grandes --es decir, el reducir a un comisario por país hubiera desequilibrado en su contra la situación actual-- y la segunda --es decir, el reducir el número de comisarios por debajo del número de Estados miembros-- hubiera supuesto una situación de países grandes con comisario permanente y países pequeños rotándose y, por lo tanto, no disponiendo en todo momento de un comisario propio.
En el Tribunal de Justicia España tenía una situación de país grande en lo que se refire al número de jueces --tenemos todos los países un juez--, pero hay un decimotercer juez, un juez impar, para el que rotamos solamente los cinco países más poblados de la Comunidad. Sin embargo, teníamos una situación de país mediano y pequeño en lo que se refiere a los abogados generales. Los cuatro países más poblados de la Comunidad, de la Comunidad anterior a nuestra entrada, tenían un abogado general permanente, y los demás países teníamos que rotar en un número más limitado de abogados generales. España solicitaba en esta ampliación poder disponer de un abogado general permanente, igual que los otros cuatro países más poblados. (El señor Presidente, Solé Tura, ocupa la presidencia.) En cuanto al Parlamento Europeo SS. SS. saben que ya en el Consejo Europeo de Edimburgo se había decidido la ampliación del número de parlamentarios, mejor dicho, el retoque del número de parlamentarios con objeto de poder dar entrada a los representantes de los nuevos Länder de Alemania. Se aumentó, en consecuencia, el número de parlamentarios alemanes de 80 a 99; tuvo lugar un aumento proporcional de cinco en los otros cuatro países más grandes, de un parlamentario más para España y así sucesivamente. Es decir, se ha ampliado el número de parlamentarios europeos. Por lo tanto, no se discutía ya en este capítulo de la ampliación porque estaba ya decidido.
En cuanto al Consejo de Ministros se planteó fundamentalmente el problema de si se debería o no retocar el número de votos que está asignado a cada país, y que son diez votos para los grandes, ocho para España, cinco para los medianos, tres para los pequeños y dos para Luxemburgo. Esta es la situación actual de voto en el Consejo que rápidamente fue desechada en las primeras discusiones porque hubiera conducido a una situación de total parálisis de la Comunidad, porque en estos momentos la Comunidad no está preparada para que se produzca un reajuste de votos que tenga más en cuenta la representatividad demográfica de la Comunidad. Como ustedes saben existe en la Comunidad un desequilibrio, una sobrerrepresentación de pequeños y una infrarrepresentación de grandes. Un ejemplo es el de Luxemburgo que con 300.000 habitantes tiene dos votos, es decir, 150.000 habitantes un voto, mientras que la nueva Alemania, con 80 millones de habitantes, tiene 10 votos, es decir, le cuesta un voto ocho millones de habitantes. Existe, efectivamente, un desequilibrio, pero de lo que se trataba en este momento en esta operación era de mantener esos equilibrios. La mejor manera de mantener esos equilibrios, a juicio de España, es a través del sistema de voto en el Consejo. Hay dos tesis. Por una parte, está la tesis de adaptación mecánica. La minoría de bloqueo en estos momentos de número de votos está en 23. Si entran cuatro países miembros nuevos, si se quiere mantener el porcentaje del 70 por ciento que representan esos 23 votos, hay que aumentar esa minoría de bloqueo, es decir, el número de votos necesario para impedir una decisión, de 23 a 27. Esta es la adaptación mecánica. Por otra parte, en el otro extremo, está el Reino Unido, que sostiene que se debe mantener el número de votos para la minoría de bloqueo en 23 sobre la base precisamente de esta infrarrepresentación relativa que tienen los países grandes con relación a los países pequeños en la Comunidad y teniendo en cuenta el hecho de que cuando se realizaron las sucesivas ampliaciones ha ido progresivamente produciéndose un sucesivo y paulatino deterioro de esta representación demográfica de los países.
España, por lo tanto, se encontraba entre dos posiciones, la mayoritaria, 27, la minoritaria, Reino Unido, 23, y entre dos exigencias contradictorias, por una parte, la de la legitimidad democrática invocada por el Reino Unido y que consiste básicamente en que si se eleva a 27 el número de votos necesarios para bloquear una decisión, se puede dar el caso de que en una combinación de países 40 millones de habitantes puedan bloquear una decisión en el Consejo, es decir, aproximadamente un 12 o un 13 por ciento de la población de la Comunidad, mientras que en la situación actual tres países, de los cuales hubiera dos grandes, en esa decision y que sumaran 23 votos, que es lo que ahora constituye una minoría de bloqueo, pudieran representar más de 100 millones de habitantes, por lo tanto, un 30 por ciento de la población de la Comunidad. Por consiguiente, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, la posición del Reino Unido puede ser correcta.
Por otra parte permitir extender o generalizar el número de 23 votos para bloquear una decisión a lo que sí puede llevar es a dificultar la toma de decisiones en una Comunidad con más miembros; es decir, si mantenemos el número de 23 para una Comunidad no de doce sino de dieciséis, las decisiones se hacen más difíciles; es decir, había que combinar, por una parte, la eficacia y, por otra, la democracia, que son los dos elementos, digamos, nuevos del Tratado de la Unión y que deben presidir siempre el proceso institucional comunitario. De ahí que España haya hecho la propuesta de una alternativa, es decir, la

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norma general para un bloqueo es de 27, son 27 votos los necesarios para bloquear una decisión, o bien también se puede bloquear una decisión cuando se dé la circunstancia de que tres países, ellos solos, totalicen 23 votos, que cuando se produzca el hecho de que solamente una combinación de tres países tengan por sí mismos 23 votos también puedan bloquear. Eso significa que Francia, 10 votos; España, 8 votos --18-- más Grecia, 5 votos --23--, representan 110 millones de habitantes, pueden bloquear una decisión. Este es un sistema inspirado mutatis mutandis en la CECA, donde para darse una mayoría de este tipo era necesario no solamente un número de votos determinado, sino que esos votos de países representaran un número determinado de la producción comunitaria de carbón y de acero.
Pues bien, ésta ha sido la propuesta española --está todavía sobre la mesa del Consejo--, que está siendo estudiada por los distintos Estados miembros y que confiamos en que pueda ser una propuesta de compromiso intermedia entre las dos posiciones extremas a las que me he referido. De momento ya hay algunas muestras de simpatía por parte de algunos países a esta propuesta de compromiso.
No quiero ocultar que los países llamados pequeños tienen alguna reticencia en aceptar la propuesta española, porque supone de facto que dos países grandes más uno mediano puedan bloquear una decisión; es decir, se da una posibilidad mayor a los países grandes de bloquear que a los países pequeños que necesitarían una combinacion de 27. Sin embargo, hay países, digamos, pequeños, con una idiosincrasia particular, que se ven en la estadística de votación comunitaria mejor representados por la fórmula española --estoy pensando en Grecia, en el propio Portugal, tambien en Francia y en Italia--, con los que históricamente nos hemos encontrado votando juntos, porque estábamos defendiendo intereses similares. Piénsese, por ejemplo, en la política agrícola mediterránea, donde juega el sistema de voto por mayoría cualificada y donde la defensa de los 23 votos ha sido siempre muy importante para poder ajustar los intereses. No se trata de poder bloquear o de bloquear como sistema; se trata simplemente de poder influir para conseguir alterar una determinada propuesta de la Comisión en beneficio de unos intereses regionales o de unos intereses sectoriales propios a un determinado país. En estos momentos la cuestión está sobre la mesa. Quiero decir que todas las demás propuestas hechas por España anteriormente, es decir, el mantenimiento de dos comisarios, el disponer de un abogado general permanente, el haberse aumentado el número de parlamentarios, etcétera, han sido ya aceptadas por el Consejo Europeo de Bruselas y han sido transmitidas así a los nuevos países adherentes, es decir, a los candidatos a la adhesión, como acquis entre los Doce. La única cuestión que queda, pues, pendiente, es la de la minoría de bloqueo en el sistema de voto del Consejo. En relación con esto, y como ha dicho su señoría, ayer en el Consejo que tuvo lugar en Bruselas para negociar diversos capítulos con los países candidatos a la adhesión, uno de esos capítulos era el de la Unión Ecónomica y Monetaria. Todos estos países ya han aceptado el acervo comunitario en política exterior y de seguridad común; Han aceptado el tercer pilar igualmente y estaban dispuestos a aceptar también la Unión Económica y Monetaria.
En la Unión Económica y Monetaria en el artículo 109 I) se plantea un problema que podríamos, en sentido extenso, llamar institucional y es que cuando se negoció la Unión Económica y Monetaria se hizo entre los Doce y allí se establece un mecanismo de paso a la tercera fase, es decir, a la moneda única, en el momento en que se tenga que producir ese paso, es decir, en un primer intento en 1997, en un segundo intento en 1999. El mecanismo consiste en que si una mayoría cualificada de países en el Consejo Europeo constata que una mayoría de países está en condiciones de pasar a la tercera fase, vota aunque esa mayoría de países, es decir la mitad más uno, no está clara porque se habla de «una mayoría» en vez de decirse «la mayoría». Esto fue objeto de discusiones en el seno del Ecofin y de la Conferencia intergubernamental y como solución de compromiso se hablaba de «una mayoría»; está por definir si eso significa stricto sensu una mayoría de países, es decir, siete de los doce actuales, y, por otra parte, cómo se contabilizan los criterios de convergencia para el paso a esa tercera fase, esto es, si eran doce países y esos países tienen unos determinados criterios, como lo que se hace es obtener la media de todos ellos, quién cuenta para hacer esa media, ¿los doce que estaban en ese momento o los dieciséis?; es decir, si se incluyen tambien los otros cuatro nuevos países para establecer esa media. Efectivamente, ésta es una cuestión que tiene su interés porque puede modificar los equilibrios negociados entre doce. Estos equilibrios eran los que eran y nuestras situaciones económicas son las que son; eran unas; han ido modificando para peor en todos los demás casos, y sin duda es un tema que debería haber sido abordado con cierta profundidad y rigor en el marco de la preparación de estas negociaciones de adhesión. No fue así; se ha tratado únicamente el viernes pasado en el marco de un Comité Monetario a nivel de suplentes y, por tanto, no ha habido tiempo de madurarlo. Lo que hizo la delegación española en el Consejo de ayer fue presentar la posibilidad de que los nuevos Estados miembros no cuenten, por así decirlo, a la hora de evaluar cuál es la mayoría para pasar a la tercera fase ni a la hora de computar los criterios necesarios para pasar a esa tercera fase.


El señor PRESIDENTE: Señor Westendorp, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y Cabeza): Termino, señor Presidente.
Este ha sido, básicamente, el motivo por el cual España ha planteado esta cuestión. Quiero decir que en ningún momento se pretende bloquear la adhesión de los países; este tema puede resolverse en pocas semanas, pero es necesario que se discuta, porque tiene un cierto interés.


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Por eso estamos pidiendo que se examine, cosa que puede hacerse a través de una fórmula jurídica, como la presentada, o a través de cualquier otro tipo de decision en el marco del Comité Monetario y de la Conferencia negociadora.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez, por cinco minutos.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, muchas gracias por la detallada y prolija contestación.
Creo que sus palabras ponen de relive varios aspectos que a nosotros nos interesa subrayar, alguno de los cuales --adelanto-- destacamos positivamente. Primero. Hay una volutad --el señor Secretario de Estado me dirá que no es nueva; nosotros estimamos que es relativamente nueva-- por parte del Gobierno español de preocuparse en el marco de la Unión Europea por la defensa concreta, específica, de lo que se entienden como intereses nacionales frente a una tendencia que ha sido más bien benévola con respecto a todo aquello que venía de los ámbitos europeos y que encontraba al Gobierno español favorable sistemáticamente, sin más discernimiento de lo que en aquel momento se producía. Parece haberse encontrado una postura seguramente más firme, más consciente y más lúcida de los efectos de determinadas decisiones por parte de las instancias europeas, hasta el extremo de que, como el señor Secretario de Estado sabrá, en este momento se hace incluso el recuento de los vetos españoles. El recuento incluye el veto al Tratado sobre las fronteras exteriores, al acuerdo sobre Marruecos, al acuerdo sobre Bulgaria --imagino que en el caso del acuerdo sobre Bulgaria se habrá levantado ya ese veto, porque recientemente hemos procedido al acto de ratificación de ese acuerdo en esta Comisión--, al tema de la política de asilo y al tema de la Europol. El señor Secretario de Estado sabe perfectamente que nosotros estamos completamente de acuerdo con el mantenimiento de esos vetos por lo que afecta al Tratado de fronteras exteriores y a la política de asilo; tenemos algunas dudas con respecto al tema de la Europol, pero tampoco vamos a morir por la cuestión.
Lo que sí es importante, señor Secretario de Estado, es que se mantengan esas perspectivas, sobre las cuales nosotros deseamos animar al Gobierno a que actúe con esa recién adquirida lucidez con respecto a la defensa de los intereses españoles, no únicamente sobre los efectos institucionales que bien ha descrito el señor Secretario de Estado --y que en la medida en que procuran responder a una noción equilibrada de lo que son los intereses de todos y, por supuesto, los intereses de España, nos parecen adecuados--, sino que se continúe profundizando en lo que es la perspectiva de la Comunidad, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista específico español.
Nosotros, miembros de la Unión Europea, no podemos ni queremos ni debemos oponernos a la ampliación. Nos parece que los efectos de una imposibilidad ampliatoria serían tremendamente negativos para la Comunidad y, por supuesto, para las naciones candidatas. También nos parece --lo dejamos a la consideración del Gobierno, aunque seguramente tendremos ocasión de hablar de esto de manera más amplia que en el contexto del trámite de una pura pregunta-- que las fechas previstas por la Unión Europea para proceder a los últimos plazos de la ampliación son claramente apresuradas y nos preguntamos, como seguramente se pregunta el Gobierno, si la fecha del 31 de marzo de 1994 es la fecha en que efectivamente y de manera realista se puede proceder a la finalización de esas negociaciones. Al mismo tiempo nos preocupa que decisiones como la que acaba de tomar en este momento el Gobierno español tengan un efecto negativo, como en su momento lo tuvieron otras decisiones del Gobierno español, concretamente en relación con el Espacio Económico Europeo, sobre la opinión pública, de forma que rogaríamos encarecidamente que por el Gobierno español o por aquellos Gobiernos que participan del punto de vista del Gobierno español se transmitiera un mensaje claro de voluntad ampliatoria y que no se ponga en duda en ningún momento esa voluntad, sobre todo teniendo en cuenta que aquellos que hoy son irónicamente conocidos como los FANS, por el juego de las iniciales de los países respectivos, Finlandia, Austria, Noruega y Suecia, no queden confirmados en lo que en este momento son los negativos resultados de las encuestas sobre la opinión pública respecto a la entrada en la Comunidad. Nosotros, repito, creemos que el fracaso definitivo de la ampliación sería gravemente lesivo para los intereses nuestros y europeos.
Queda una cuestión que no sé si consciente o inconscientemente ha contribuido el señor Secretario de Estado a poner de relieve, cual es la situación de la economía española y la incapacidad en la que el Gobierno español reconoce implícitamente que se encuentra la economía española para hacer frente a los períodos, a los plazos del tratado de Maastricht y del Tratado de la Unión Europea con respecto a la Unión Económica y Monetaria; claro que como alguien dice, seguramente de su entorno, la fotografía no es exactamente la misma, pero en el momento en que el Gobierno español toma una decisión, a lo que parece relativamente tajante, para impedir que la eventual ampliación no vaya a alterar las condiciones del cumplimiento de los plazos, en el fondo, lo que está reconociendo también es que, con ellos o sin ellos, con los ampliables o sin ellos, la economía española no está en situación de cumplir los plazos inicialmente previstos en el Tratado de Maastricht.


El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, ha concluido su tiempo.


El señor RUPEREZ RUBIO: Estoy acabando, señor Presidente.
Como las autoridades económicas de este Gobierno sistemáticamente se complacen en decir que no hay absolutamente ningún problema por el cumplimiento de los plazos, sería bueno que por parte del bloque exterior y del

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bloque económico se pusieran de acuerdo para decir que a lo mejor no estamos en esa situación y que posiblemente, en una reflexión puramente europea, otras deberían ser las medidas y los plazos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y Cabeza): En los últimos tiempos España se ha visto en la obligación de dificultar determinadas decisiones porque no coincidían con sus intereses; lo ha hecho últimamente, lo ha hecho en otras ocasiones anteriores también, y, afortunadamente hemos podido ir levantando esos bloqueos sucesivamente a medida que las situaciones se iban arreglando.
Tal ha sido el caso de la Europol, que está ligado a la decisión sobre sedes y, concretamente, a la Oficina de Marcas, y a los obstáculos que estaban poniendo los Países Bajos en torno al tema de lenguas. Este problema se ha solucionado e inmediatamente España pudo resolver el tema de la Europol. La cuestión de Bulgaria estaba en función de los instrumentos de defensa comercial, que al final, en el marco de la Ronda Uruguay, se han resuelto satisfactoriamente y, por tanto, hemos podido solucionar este problema. En cuanto al Espacio Económico Europeo, ya conoce S. S., que una vez que se ratificó el Tratado de la Unión Europea no había ninguna razón para haber puesto reparos al mismo, y así sucesivamente. Es decir, está claro que la defensa de los intereses se realiza y que en la Comunidad es cuestión de tiempo y, al final, todo se acaba arreglando. Por tanto, no es necesario mantener esa actitud de veto permanente. Es además una situación sumamente incómoda porque se producen siempre unas presiones muy fuertes. Su señoría ha aludido a las presiones que vamos a recibir, las hemos recibido ya por parte de los países condidatos, cuando se produce algún tipo de problema, algún tipo de obstáculo. Es la técnica normal, la de presionar al país que se singulariza. De lo que sí nos estamos ocupando --ya lo hice ayer con los países candidatos-- es de darles seguridades de que no vamos a obstaculizar la ampliación por este problema, sino que simplemente, lo que necesitamos es tiempo para reflexionar sobre el mismo y encontrar algunas soluciones.
El motivo --y ahí tengo que matizar su afirmación-- no es el de que España en ese momento no se encuentre en una situación capaz de pasar a la tercera fase. Precisamente es lo contrario; porque cree razonable poder cumplir con los requisitos de 1997, es decir, lo cree posible y, además, porque considera que no se deben cambiar tampoco los criterios ni modificar los calendarios ni adelantar ni retrasar, es por lo que hemos planteado esta cuestión, porque la entrada de estos países sí puede alterar esta situación, y nos la puede alterar a nosotros, pero se la puede alterar a cualquier otro de los doce países actuales que esté en una situación similar a la nuestra, es decir, que no cumpla plenamente con los requisitos de convergencia exigidos para el paso a la tercera fase, que en estos momentos el único que los cumple es Luxemburgo.
Cualquiera de los otros países que no sea Luxemburgo, por ejemplo, tomemos Bélgica, que está también en una situación de deuda pública y de déficit público importante, si se encuentra en el límite y entran unos países que bajan la media, indudablemente la cuestión cambia, y no cambia solamente para España. Yo creo más bien que por el deseo que tenemos de que se cumplan los plazos y de que todo permanezca igual, que haya un rebus sic stantibus, es por lo que hemos planteado esta cuestión.


--SOBRE INICIATIVA PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE BELGICA, COMO PRESIDENTE ACTUAL DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE), CON REFERENCIA AL TEMA DE GIBRALTAR. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000104.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15, presentada por don Javier Rupérez que tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, ¿tiene noticia el Gobierno de alguna iniciativa que hubiera podido presentar el Gobierno de Bélgica, como Presidente actual del Consejo de Ministros de la Unión Europea, con referencia al tema de Gibraltar?

El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y Cabeza): Efectivamente, señoría, la Presidencia belga, lo mismo que lo hizo la Presidencia portuguesa --menos la danesa, posiblemente porque desde un punto de vista más realista encontró que las posibilidades de un acuerdo eran muy difíciles, prácticamente inexistentes, y se abstuvo de hacer ninguna propuesta de compromiso-- la Presidencia belga --como digo-- igual que lo intentó la portuguesa, se interesó, desde un principio, sobre las posibilidades de desbloqueo del único punto que queda pendiente para que se ponga en marcha el Convenio sobre fronteras exteriores e intentó también ejercer unos buenos oficios entre las dos delegaciones implicadas: el Reino Unido por una parte y España por otra.
La Presidencia belga no nos presentó ninguna propuesta formal, ni mucho menos oficial, sobre la materia, pero avanzó algunas sugerencias. Estas sugerencias se insertaban en la línea de pensamiento de la anterior oferta portuguesa y que consistía en un control conjunto, no in situ a través del control conjunto del aeropuerto, el otro a distancia a través del control del tráfico de personas, a través del puerto, con una diferencia en lo que se refiere al primer caso, que se encargase a la Comisión un estudio de viabilidad, de mejoría del aeropuerto, y que ese estudio y su eventual mejoría, las obras de mejora del aeropuerto, pudieran

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confinarse con cargo a fondos regionales comunitarios. Mientras duraran las obras se suspendería la aplicación a Gibraltar del Convenio de fronteras exteriores en lo que se refiere al aeropuerto. Es decir, que se entraba en una filosofía análoga a la del Convenio de 1987, de suspensión, pero esa suspensión no era hasta que hubiese un control conjunto efectivo, sino hasta que se terminaran las obras.
Pues bien, esta oferta, este sondeo que por una parte mejoraba el aeropuerto con cofinanciación comunitaria, podía ser de interés para las dos partes, pero, sobre todo, para la gibraltareña, y por otra aplicaba un esquema de suspensión análogo o en la línea con lo que ya había sido comentado anteriormente. Sin embargo, presentaba, como no se le oculta a S. S., a primera vista dos interrogantes o dos defectos: la suspensión no quedaba clara, era una suspensión hasta que hubiese un acuerdo entre las dos partes sobre la utilización conjunta del aeropuerto, como está previsto en el Convenio de 1987, y, por otro lado, no estaba claro en a qué o adónde podría conducir el ejercicio de ese estudio de factibilidad, cofinanciación, posible mejora o mejoría del propio aeropuerto. Por tanto, son dos defectos en lo que se refiere al istmo, al aeropuerto, y después, seguían los defectos propios de la solución en lo que se refiere al puerto, con toda la distancia, con las lagunas e imperfecciones a que eso puede dar lugar. Por estas razones, volvimos a decir a la Presidencia belga, agradeciéndole sus buenos oficios, que cualquier tipo de solución al problema de Gibraltar tiene que pasar o bien por una exclusión de Gibraltar en lo que se refiere a las fronteras exteriores, o bien por una suspensión, aplicándole a Gibraltar el Convenio, una suspensión de su aplicación hasta que exista un acuerdo sobre la utilización conjunta del aeropuerto.
Posteriormente a la sugerencia de la Presidencia belga se han producido dos hechos en este ámbito de las fronteras exteriores. Por una parte, el Parlamento Europeo aprobó el 28 de octubre último una resolución en la que propone que el Estatuto de Gibraltar y del aeropuerto de Gibraltar queden temporalmente excluidos de la discusión sobre el problema de libre circulación de personas y pide al Consejo que examine las propuestas que hace el Parlamento sobre este asunto, a la mayor brevedad, y que informe de su posición a las Comisiones correspondientes. Por tanto, a través de nuestros parlamentarios de todo tipo, hemos podido conseguir que a nivel de Parlamento Europeo se consagre la posición española de suspensión a Gibraltar del tema de fronteras exteriores y que se pueda avanzar en el problema, es decir, hay un respaldo del Parlamento Europeo, y además entrará en vigor, y éste es el otro elemento nuevo del Tratado de la Unión, ya que permite a la Comisión obviar ya el problema del Convenio sobre fronteras exteriores y abordarlo desde un punto de vista más comunitario, por una parte sobre la base del artículo 100 C en lo que se refiere a visados y, por otra, sobre la del artículo K.3 en lo que se refiere a las fronteras exteriores.
La Comisión, en consecuencia, ha presentado unos textos, a cuya elaboración hemos estado atentos, y se ha incluido una serie de elementos que evitan prejuzgar la adopción de una solución concreta para el caso de Gibraltar. Hay un artículo 30, de aplicación del Convenio de fronteras exteriores, y por tanto la aplicación o no a Gibraltar tendría que estar dentro de ese artículo 30, donde todo el texto queda suprimido y es sustituido por un PM, por un pour mémoire, en el que se añade una nueva redacción de exposición de motivos y se hace una mención de la filosofía sostenida por España, en la que se señala que el texto propuesto por la Comisión no intenta resolver esta cuestión, que requerirá negociaciones de carácter bilateral entre los dos Estados miembros afectados.
Estas son, digamos, las evoluciones del tema de Gibraltar en estos momentos y del Convenio de fronteras exteriores.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Secretario de Estado. La pregunta tenía un sentido puramente informativo, ya que habíamos sabido indirectamente la existencia de esta iniciativa y no conocíamos exactamente su alcance.
Lo primero que querría rogarle al Gobierno a través del señor Secretario de Estado es que en el tema de Gibraltar --y seguramente en otros muchos temas pero en este caso específico, ya que de él hablamos-- nos parece conveniente que el Gobierno dé la máxima publicidad a todas aquellas sugerencias, aproximaciones y mediaciones que reciba. Nos parece absolutamente fundamental que el Gobierno sepa que en este tema, no sólo en este tema pero sí fundamentalmente, cuenta con un apoyo mayoritario en esta Cámara. Esta Cámara fue la que en su momento aprobó una resolución, por la cual nuestro Grupo sigue todavía ligado, incitando al Gobierno a realizar ese veto con respecto al Tratado de fronteras exteriores mientras no hubiera un cauce satisfactorio de solución para el tema de Gibraltar.
Nosotros comprendemos perfectamente los deseos que puede tener la Presidencia de turno de --en el mejor sentido y con la mejor buena voluntad-- marcarse el tanto de conseguir ese desbloqueo. Precisamente por ese tipo de razones, nos parece importante que la opinión pública y, desde luego, los grupos parlamentarios de esta Casa sepan exactamente cuáles son los contenidos de esas iniciativas. Así pasó en el caso de la Presidencia portuguesa, en donde, como sabe seguramente el señor Secretario de Estado, hubo una cooperación que yo calificaría de excelente entre la oposición y el Gobierno precisamente para reforzar la voluntad del Gobierno cuando todos sabemos que en la soledad normalmente las decisiones son bastante más complicadas por las presiones que se pueden producir. De manera que ése sería el primer ruego: publicidad y, desde luego, por nuestra parte, atenimiento estricto a lo que fue en su momento la decisión de esta Cámara al ligar esos dos temas.
Segundo, hay una constatación evidente de que Gibraltar

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ha comenzado a existir en el contexto de la Comunidad y de la Unión Europea precisamente cuando se produjo el veto español sobre el Tratado de fronteras exteriores. No digo yo que lo vayamos a mantener ad infinitum; lo que sí digo es que ése es un dato y un tanto negociador que no podemos abandonar, que no podemos dejar sin una compensación extremadamente congrua y extremadamente satisfactoria para la resolución de nuestros intereses. Precisamente en el curso de esta misma sesión vamos a considerar una proposición no de ley, respecto de la que, seguramente, podremos encontrar también un amplio consenso entre los grupos parlamentarios --así lo deseamos nosotros-- sobre el tema de Gibraltar.
En tercer lugar, aunque sea una referencia a una instancia puramente partidista pero no precisamente anónima, porque me refiero a uno de los dos grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, al Grupo del Partido Popular Europeo, recientemente, en el congreso que el Partido Popular celebró en Bruselas, y por una iniciativa, precisamente, del Partido Popular español, aparece, en lo que será el programa electoral para las elecciones de 1994, una decisión en la que se incita a la Unión Europea a convertirse también en un foro para la solución de los contenciosos bilaterales que pueden existir entre los Estados miembros, con una mención explícita al tema de Gibraltar, que por otra parte, en ese mismo párrafo, es calificado de situación extremadamente anacrónica. Nos parece que ése tiene que ser, efectivamente, uno de los caminos, por las buenas o relativamente por las malas, sabiendo nuestros colegas y amigos de la Unión Europea que ése es un tema que está afectando de una manera muy directa a los intereses españoles y que, en consecuencia, estamos en nuestro Derecho y en nuestra obligación de hacer uso de todos los instrumentos que estén en nuestra mano para la resolución razonable y razonada de un tema que tiene en este momento, que sigue teniendo unos perfiles absolutamente irracionales.
Por eso, señor Secretario de Estado, y agradeciendo la información que nos da, querríamos decir a los señores del Gobierno que en este caso, como en otros, practiquen lo que siempre produce un resultado excelente en la vida democrática, que es la más total de las transparencias, porque puede haber disidencias --en este caso concreto normalmente no las habrá--, y nos interesa estar puntualmente informados de los intentos bienintencionados pero normalmente erróneos que producen las presidencias para solucionar este tema.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y Cabeza): Quiero decirle en primer lugar a S. S. que el Gobierno se siente muy reconfortado con el apoyo mayoritario de la Cámara en lo que se refiere al problema de Gibraltar. En segundo lugar, que el Gobierno reitera su compromiso de mantener plenamente informada a la Cámara sobre esta cuestión. En tercer lugar, que el Gobierno tiene la voluntad de seguir defendiendo en este asunto los intereses legítimos de España, que, como acaba de señalar S. S., coinciden con los de la práctica totalidad de los grupos de esta Cámara. Así podremos seguir haciéndolo dado que éste es un tema intergubernamental y por lo tanto aquí no existe ningún problema de ser «minorizados» en una cuestión absolutamente vital para nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Le agradecemos su presencia aquí y le liberamos ya de la pesada tarea.
Muchas gracias.


--SOBRE VALORACION DE LA PRETENSION DE MARRUECOS DE CREAR UNA ZONA «OFFSHORE» EN TANGER EN CLARA COMPETENCIA CON LAS ISLAS CANARIAS.
FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000194.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, con la presencia del señor Secretario de Estado para la Cooperación, señor Dicenta, vamos a iniciar su turno de preguntas. Comenzaremos por la número 24, que presenta el señor Soriano Benítez de Lugo, por problemas del señor Diputado de necesidad de estar presente en otra Comisión.
Tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, desde hace mucho tiempo Canarias viene reclamando una zona especial o zona offshore como forma de relanzar su maltrecha economía por los inconvenientes derivados de la lejanía del territorio y de su insularidad, reconocidos constitucionalmente. Desde la pasada legislatura, el Gobierno de la nación ha sido incapaz de tramitar ante las Cámaras un proyecto de ley regulando los aspectos económicos de nuestro especial régimen económico y fiscal, lo que ha provocado que se encuentre en tramitación en esta Cámara una iniciativa legislativa del Parlamento de Canarias con esta finalidad, que mereció sólo los votos de los grupos nacionalistas que hoy apoyan al Gobierno de Canarias y que contempla en todo caso, así como las iniciativas de los demás grupos políticos, como parte principal de su cuerpo legislativo, la creación en Canarias de una zona económica especial, caracterizada fundamentalmente por exenciones fiscales y el régimen secreto en las operaciones financieras.
Como es sabido, actualmente se encuentran operativas en el mundo treinta y nueve zonas offshore repartidas por los cinco continentes, de las cuales catorce están en Europa, otras catorce en América, nueve en Asia y Oceanía y sólo dos en Africa, pudiéndose constatar la existencia de grupos de poder económico que dirigen su estrategia financiera internacional desde ellas, bien directamente bien a través de fiduciarios o mediante el establecimiento de otras figuras afines.


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Pues bien, mientras en Canarias esta reivindicación se viene planteando desde hace mucho tiempo, repito, sin el menor interés por parte del Gobierno, Marruecos ha tomado la iniciativa de crear con carácter inmediato una zona offshore en la ciudad de Tánger, con lo que Canarias contará con un serio competidor a la hora de captar la inversión extranjera. Esta circunstancia es contemplada con gran preocupación desde todos los sectores de Canarias, siendo cada vez mayor la expectación de los medios económicos contra la inoperancia del Gobierno de la nación en este terreno.
Fuentes del Gobierno marroquí --que se pusieron de relieve en la prensa nacional en los meses de septiembre y octubre pasados-- señalaron que esta zona offshore, en Tánger, impulsará el relanzamiento económico del norte de Africa y más concretamente de Marruecos. En Canarias se ve con mayor preocupación el creciente potencial económico de Marruecos, alentado desde España y desde la Comunidad Europea, en clara competencia con Canarias, especialmente desde la construcción del puerto de Agadir, con capital español, que ha motivado la huida de toda la flota pesquera hacia ese puerto, por su más bajo coste, y sobre todo el apoyo a las producciones agrícolas de Marruecos por parte de la Comunidad Europea, especialmente en lo que se refiere al tomate --y en la Comisión de Agricultura se ha planteado en infinidad de ocasiones la ampliación del período de los precios de referencia a los meses de noviembre a abril, que son los meses de la producción canaria--, así como el concurso, como digo, de importantes empresas y entidades bancarias españolas, algunas ya instaladas en suelo marroquí. Y lo grave es que el proyecto marroquí coincide en el tiempo con las nunca acabadas negociaciones entre la Administración central y la canaria, con vistas a la creación de una zona tributaria reducida; negociación que aparece vinculada a la aprobación del proyecto de ley de régimen económico y fiscal.
Según las citadas fuentes marroquíes los bancos españoles interesados en acudir a Tánger esperan que el Gobierno de la nación otorgue ventajas fiscales para las inversiones hechas en territorio nacional desde Tánger.
Esta petición se fundamenta en el hecho de que si el Ministerio de Hacienda incluye a Tánger entre los 39 paraísos fiscales censados, las inversiones en España estarán sujetas al pago de impuestos sobre intereses e incrementos del patrimonio. La normativa española considera exentos de dichos impuestos sólo a los residentes en los países de la Comunidad Europea. Con ello se pretende atajar una desviación de dinero que en 1992 superó los 200.000 millones de pesetas, una desviación que fue posible al ser fruto de operaciones en paraísos como el de Tánger y realizada por residentes comunitarios que se ocultan en sociedades-pantalla afincadas en esas zonas de baja fiscalidad.
Este empeño marroquí en atraer capital exterior, por la vía de la reducción de impuestos, es paralelo a la entrada de dinero español en varias compañías, que pasan del control estatal al privado.
Recientemente, como es sabido, Marruecos ha anunciado la privatización de 120 compañías, y se calcula que en los últimos tres años el importe de los contratos firmados con ese país por empresas españolas ha ascendido a más de 150.000 millones de pesetas. Y no se olvide que, incluso, en las propias Islas Canarias se han oído voces --como la del actual Ministro para las Administraciones Públicas y la del comisario europeo, señor Marín-- animando a los canarios a invertir en Marruecos, lo cual da una idea de la caótica y grave situación que se atraviesa en estos momentos en las Islas Canarias. No cabe duda que esta zona especial de Tánger restaría protagonismo a paraísos fiscales como los de las islas Caimán, la isla de Man, Gibraltar o Luxemburgo, pero, sin duda alguna, también va a ser un grave contrincante para esa zona especial que, repito, figura en el proyecto de ley que contempla los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias, que está en estos momentos en debate en esta Cámara.
A la vista de cuanto he expuesto, nos gustaría saber qué valoración hace el Gobierno de esta intención de Marruecos de establecer esta zona offshore en la ciudad de Tánger, en clara competencia con la posibilidad de una zona especial en Canarias, prevista en el proyecto de ley que actualmente se tramita en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En efecto, como usted bien ha expuesto, esta plaza financiera offshore de Tánger se creó en el año 1992 por un decreto que se promulgó en febrero de ese año y que desarrollaba un acuerdo que el Consejo de Ministros marroquí había tomado en el mes de noviembre de 1990, sobre la creación, en general, de zonas francas en Marruecos, y prevé dos tipos de sociedades: por una parte, sociedades bancarias y, por otra, los holdings. Las sociedades bancarias, los bancos, necesitan una aprobación del Ministerio de Finanzas y el pago de una licencia de apertura de 25.000 dólares americanos; en cambio, los holdings no necesitan más que comunicarlo a posteriori, después de constituidos, a la Oficina de Cambios marroquí.
¿Qué objetivos se pretenden con esta novedad jurídica en Marruecos? Básicamente, entendemos que lo que se pretende es drenar una parte de los movimientos de capital internacional hacia Marruecos, para dinamizar el sector financiero y contribuir al desarrollo de la región de Tánger. El desarrollo de estos objetivos --que entendemos que son los que básicamente justifican la creación de esta zona offshore-- se está viendo frenado por el deficiente estado de las comunicaciones, tanto de las aéreas como por carretera, que existen en Tánger y por los escasos servicios bancarios especializados, que son fundamentales para el buen funcionamiento de este tipo de organizaciones.
Por otra parte y debido a que existe un gran número de zonas offshore cercanas a ésta de Tánger, entendemos que no es previsible que a corto plazo Tánger se pueda

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convertir en un gran centro financiero. Y en ese sentido, por tanto, no parece que la creación de esta zona offshore, en Tánger, se haga en clara competencia con las Islas Canarias. Más bien parece responder, por un lado, al interés de Marruecos en volver a una tradición que siempre tuvo Tánger, históricamente, como plaza internacional y financiera, en el pasado, y, por otro, a competir en la captación de capitales que ahora irían a plazas como las de Gibraltar, Luxemburgo o Chipre. La desaparición de la plaza financiera de Beirut también podría estar entre las razones que hayan motivado o inducido al Gobierno marroquí a la creación de esta zona offshore, para atraer capitales básicamente de origen árabe.
Hasta la fecha, según nuestras informaciones, el desarrollo de la zona offshore de Tánger ha sido bastante modesto, puesto que casi dos años después de promulgada la ley a la que se refería al principio, sólo existen dos bancos offshore, el Banco Internacional de Marruecos, participado en un 60 por ciento por el Crédit Lyonnais y en un 40 por ciento por el Crédit du Maroc, y una sucursal del Banco Nacional de París. Por consiguiente y en definitiva, el futuro de Tánger como plaza offshore va a depender mucho del propio desarrollo del país, del propio desarrollo de Marruecos, y en la medida en que las operaciones con residentes vayan ampliándose, el interés de Tánger aumentará, pero siempre muy vinculado, muy ligado al desarrollo del mercado marroquí.
Esta iniciativa del Gobierno marroquí de crear una zona offshore en Tánger está, por otra parte, en línea con los esfuerzos desarrollados por ese Gobierno de internacionalizar todo lo que se pueda la economía de Marruecos. La creación de Tánger como zona financiera offshore supone, por tanto, un indicador más de este proceso de apertura y de liberalización marroquí, que en sí mismo es ya positivo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Intervengo muy brevemente para agradecer las explicaciones. En todo caso, si bien nos ha indicado que no es presumible que a corto plazo Tánger se pueda convertir en un gran centro financiero, no cabe duda de que la competencia de Marruecos con Canarias se agudiza cada vez más. Ya puse de relieve antes los problemas del tráfico con el puerto de Agadir, construido con capital español, y del tomate marroquí, que se están agudizando cada vez más en clara competencia con intereses de Canarias, que forma parte de la Comunidad Europea, a diferencia de Marruecos. Insistimos una vez en lo que hemos dicho en infinidad de ocasiones en esta Cámara en cuanto a que no estamos en contra, en absoluto, del desarrollo de Marruecos, pero sí de la posible competencia de Marruecos con los intereses de las islas Canarias, teniendo en cuenta que Canarias forma parte de la Comunidad Europea, mientras que Marruecos no.
Como es sabido, en el famoso Protocolo II del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, Canarias se mantuvo fuera de la plena integración, apartada de la política agraria comunitaria y de todas las instituciones del acervo comunitario, y en Canarias se dijo que la plena integración iba a resolver todos nuestros problemas y que la agricultura de Canarias, por ejemplo, iba a poder ser competitiva en Europa. La realidad es que nos hemos integrado plenamente, pero en estos momentos la competencia marroquí está incidiendo gravemente en Canarias. Por eso yo espero y deseo que por parte del Gobierno se agilicen al máximo los trámites conducentes a la aprobación de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que está pendiente en esta Cámara, y que esas negociaciones que mantiene el Gobierno central con el Gobierno de Canarias y los demás grupos parlamentarios den fruto y de inmediato se resuelva este problema para que, a través de esos instrumentos, Canarias pueda estar presente en los intereses generales europeos, debidamente defendidos por el Gobierno de la nación.


El señor PRESIDENTE: ¿El señor Secretario de Estado quiere añadir algo?

El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Creo que efectivamente es como S. S.
indica, en el sentido de que posiblemente es inevitable que no exista una competencia directa entre Marruecos y los intereses de las islas Canarias. Creo que habrá que seguir con atención la evolución de este tema. Coincido con S. S. en que sería deseable que cuanto antes se alcancen esos objetivos que permitan que el desarrollo de Canarias y el desarrollo de Marruecos no se enfrenten y no se produzcan obstáculos en la evolución de ninguna de las dos regiones.


--SOBRE OBJETIVOS Y CONDICIONES EN QUE SE OTORGA EL CREDITO DE 300 MILLONES DE DOLARES AL GOBIERNO DE CHINA POR PARTE DEL ESPAÑOL. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000053.)

El señor PRESIDENTE: Recuperamos el orden que habíamos establecido para las preguntas. Pasamos a la pregunta número 2: Objetivos y condiciones en que se otorga el crédito de 300 millones de dólares al Gobierno de China por parte del español. Tiene la palabra el señor Milián Mestre, del Grupo Popular.


El señor MILIAN MESTRE: Esta es una pregunta que nace al albur de las informaciones aparecidas en la prensa recientemente, en concreto el martes 21 de septiembre de 1993, en las que se decía que el Vicepresidente de China pedía apoyo a España en sus relaciones con la CEE y Felipe González otorgó un crédito de 300 millones de dólares. Esta es la noticia que motivó esta pregunta, que a nosotros nos mueve no sólo a formularla sino a pedir

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algún tipo de consideración sobre los intereses político-económicos que se puedan mover en torno a lo que es hoy día el epicentro real del gran despegue asiático y, por tanto, de las consecuencias que se nos pueden derivar en el orden económico y comercial internacional.
Dicho esto, quisiera hacer unas breves consideraciones. China está evidentemente en el epicentro del boom económico asiático, de tal manera que su crecimiento está desbordando todos los parámetros conocidos hasta el presente. Mientras Japón, por ejemplo, su vecino, está estancado en el crecimiento (probablemente incluso negativo en el presente año) China está consiguiendo un crecimiento del 13 por ciento del PIB y en algunas zonas como Cantón se está llegando al 20 por ciento. Esto produce un fenómeno de crecimiento del consumo interior privado tan espectacular como del 30 por ciento, y en el caso concreto de Volkswagen se acaba de dar la noticia de que en el año 1992 ha doblado la venta de sus productos y en 1993 vuelve otra vez a doblarla. Ciertamente esto parecería para nosotros lejano en intereses, pero a mí me parece extremadamente próximo a los mismos, puesto que puede incidir directa o indirectamente en la economía y en la política española. El caso de Volkswagen lo cito justamente para que se vea el paralelismo de sus consecuencias, después de un mes de noviembre en que esta Cámara se ha visto muy preocupada por el tema Seat. Consecuentemente este crecimiento, que en algunas zonas como Shanghai llega en la industria al 20 por ciento este año, ha producido un fenómeno de atracción de inversión extranjera, como era de esperar, y nosotros deberíamos potenciar nuestra presencia. Por tanto, mi pregunta no va en sentido de acusar o de increpar, sino todo lo contrario, en sentido exploratorio y aclaratorio para conocer el ámbito de este interés del Gobierno español.
Las inversiones extranjeras, según mis conocimientos, en el año 1989 eran de 4.000 millones de dólares en China; en el año 1992 fueron de 12.000 millones de dólares y hoy son de 20.000 millones de dólares. Esto quiere decir que en 1993 crecerán un 77 por ciento estas inversiones y los sectores --éste es un dato interesante para esta prospectiva que yo le pido-- en que inciden más estas inversiones son electrónica, informática, automóvil y aeronáutica. Si comparamos todo esto con nuestras cifras quedaremos asustados, pues la aviación, por ejemplo, que en Occidente la tenemos en plena crisis (Iberia tiene pérdidas de 53.000 millones de pesetas), en China crece este año el 29 por ciento, y la automoción el 22 por ciento y nosotros estamos debatiéndonos en pérdidas de mercado del 26 por ciento. Es decir, esto es tan brutal que, con las cifras en la mano, no es exagerado hablar de una explosión del crecimiento chino, lo que nos indica algunas de las claves para poder considerar qué está pasando y qué debería pensar el Gobierno español en este momento. Para mí la clave fundamental está en la baratura de la mano de obra. Es evidente que se están explotando las condiciones de infradesarrollo de aquel monumental país. En este sentido los datos son muy claros. España tiene un coste laboral/hora de 11,73 dólares; China tiene un coste laboral/hora de 0,44 dólares, y Alemania está en 24,87 dólares. La comparación es ridícula.
Aquí está la clave y aquí están, por tanto, nuestros intereses.


El señor PRESIDENTE: Señor Milián, vaya terminando.


El señor MILIAN MESTRE: Con todo esto, yo creo que ciertamente nuestros intereses son muchos, pero las perspectivas y los riesgos que al mismo tiempo esos intereses suponen me gustaría que quedaran claros al responder a esta pregunta que he formulado. Por eso le pregunto cuáles son los objetivos y en qué condiciones se otorga el crédito de 300 millones de dólares del Gobierno español al Gobierno chino.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Hemos estado estudiando el tema al que se refiere específicamente su pregunta, el crédito de 300 millones de dólares al Gobierno de China. Es posible que ésta sea una información obtenida a través de la prensa, porque no consta ningún crédito español por ese importe a China en los últimos meses, de manera que resulta difícil ofrecer datos aclaratorios sobre un crédito que no hemos localizado. Sin embargo, y para poder aclarar --creo que ése era en el fondo el objetivo de su pregunta-- la política crediticia de España con China, yo me permitiría ofrecerle algunos de los datos más significativos de esta política.
Las relaciones financieras entre España y la República Popular China han estado marcadas por líneas de crédito que España ha concedido a China desde 1985 hasta 1992, hasta el año pasado. Estas líneas de crédito ascienden a un total de 1.200 millones de dólares, más un crédito especial de 320 millones de dólares para el proyecto de construcción de una acería, lo cual daría un total de 1.520 millones de dólares, de los cuales 679 han correspondido a créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo. A raíz de la visita del Presidente del Gobierno español, en febrero de este año 1993, a China, se firmó para el período 1993/94 --la línea crediticia a la que me he referido anteriormente, como le dije, cubre los años 1985/1992-- una nueva lnea de crédito por 60.000 millones de pesetas, de los cuales 12.000 millones bajo la fórmula de crédito concesional del Fondo de Ayuda al Desarrollo y 48.000 millones en forma de crédito a la exportación en condiciones del consenso OCDE, asegurados los 48.000 millones últimos por la Compañía Española de Crédito a la Exportación, por CESCE. Estos créditos están destinados a la financiación y suministro de bienes y servicios españoles en proyectos que se realicen por empresas españolas en la República Popular China.
Por otra parte, el pasado día 25 de agosto un sindicato europeo de bancos, liderado por el Banco Central-Hispano, firmó una tercera línea de crédito de 340 millones de

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dólares para financiar suministros de equipamiento telefónico. Ese mismo consorcio bancario, el día 31 de agosto, volvió a firmar otra línea por un importe de 460 millones de dólares, totalizando 800 millones de dólares. Al margen del Banco agente español, es decir, el Banco Central-Hispano, participa en este consorcio un grupo de los mayores bancos europeos, y CESCE ira dando cobertura a estas operaciones a lo largo de los próximos tres o cuatro años, a medida que vayan desarrollándose los contratos de suministro. Las líneas de crédito se han convertido en China en un instrumento básico, quizá el principal instrumento de promoción y de penetración comercial de productos de alto valor añadido, en un mercado en el que ya están presentes las principales potencias industriales y comerciales del mundo y al que España, como SS.
SS. saben, accede con un cierto retraso y sin que existan demasiadas referencias previas que permitan un fácil acceso a ese mercado. De manera que gracias probablemente a este esfuerzo financiero importante realizado por España, los bienes de equipo españoles comienzan ya a ser conocidos y apreciados en la República Popular China, y este país se ha convertido en el primer mercado para numerosas empresas españolas que fabrican máquina-herramienta. Al objeto de que esta línea se pueda seguir potenciando, la industria española, al dar una utilización adecuada a la línea de crédito a la que nos hemos referido, ha previsto la organización y celebración en Pekín, en julio del año 1994, de un importante certamen industrial conocido por el nombre de Expotecnia-94.


El señor PRESIDENTE: El señor Milián tiene la palabra.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Secretario de Estado, han sido muy interesantes las informaciones que usted me ha dado. Creo que marcan una línea de interés comercial evidente en España respecto a China y, sobre todo, un sentido pragmático de la política del Gobierno.
Es cierto que nosotros estamos saltando de alguna manera, en pequeña proporción respecto a las empresas transnacionales y otros países, esa muralla china del comercio. Es tan cierto que en el primer semestre, por ejemplo, las exportaciones españolas han crecido un 152 por ciento respecto a 1992, y las importaciones pasaron de 44.857 millones de pesetas en el año 1988 a 165.664 en el año 1992; es decir, estamos ya inmersos en ese proceso de intercomunicación con el mercado de ese gran país. Sin embargo, mi única observación va a ser cuáles son los intereses políticos que puedan jugar en este ámbito. Si en lo económico está claro que no se puede renunciar al interés pragmático y comercial --usted me acaba de dar un dato curioso que no conocía, el crédito español de 300 millones de dólares para la acería en China; yo creía que era para una térmica, sinceramente--, sin embargo, tengo que decir que éste es un dato contradictorio con nuestros intereses. Todo el excedente de acero de la Comunidad Europea y de España específicamente, y en consecuencia todo lo que ello supone de crisis del sector, lo está absorbiendo China. Es decir, nosotros estamos facilitando que dentro de cuatro o cinco años se reduzcan nuestras exportaciones de acero y, consecuentemente, perjudiquen a nuestros intereses, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de esa filosofía, sino simplemente que se fije usted en que estamos en esa interacción en la que la potencia brutal del mercado chino y su capacidad de produccion, con los capitales japoneses a su lado, evidentemente pueden suponer un alto perjuicio.
Por último --y acabo aquí--, esta complicada situación hace que nosotros queramos incorporar...


El señor PRESIDENTE: Señor Milián, se ha acabado su tiempo.


El señor MILIAN MESTRE: Estoy terminando, señor Presidente. Yo creo que tengo veinte minutos, aunque no los voy a usar, por supuesto.


El señor PRESIDENTE: No. Se ha acabado su tiempo, señor Milián. Tenía usted cinco minutos para la réplica.


El señor MILIAN MESTRE: Yo creo que son veinte minutos en total.


El señor PRESIDENTE: Son cinco minutos para la réplica.


El señor MILIAN MESTRE: Termino, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Milián, tenemos que ser estrictos en el cumplimiento del tiempo; si no, no vamos a terminar.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, yo siempre he creído que en Comisión eran veinte minutos por pregunta. No los pensaba usar, pero...


El señor PRESIDENTE: En las preguntas el tiempo es de diez minutos para la primera intervención y cinco minutos para el turno de réplica.


El señor MILIAN MESTRE: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Lo siento.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Coincido con S. S. en que los intereses económicos son claros. Es difícil poner en entredicho la importancia que pueden tener los intereses económicos y la penetración económica en un mundo tan rico y con tan amplias posibilidades de futuro como es la República Popular China, y a esos intereses económicos van ligados de manera indisoluble intereses políticos; interés por seguir con la mayor proximidad la

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evolución, el desarrollo futuro de un país del peso específico y de la importancia que tiene la República Popular China. Efectos de interacción negativos, a los que S. S. empezaba a aludir, creo que posiblemente son inevitables en cualquier entramado comercial o de relación económica y más inevitables en la medida en que esa relación se va haciendo cada vez más intensa y, por consiguiente, más compleja.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.


--SOBRE BALANCE DE LAS AYUDAS ECONOMICAS A CUBA POR PARTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000061.)

--SOBRE CUANTIA DE LA COOPERACION ECONOMICA DE ESPAÑA CON LA REPUBLICA DE CUBA. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000062.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. Quisiera hacer al señor Milián una proposición perfectamente honesta; si es posible acumular en el mismo debate las preguntas números 5 y 6, que se refieren al mismo tema, aunque seremos un poco más flexibles en el tiempo.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, aceptada la propuesta, aunque yo creía que era lógico entenderlo así.
Señor Secretario de Estado, el tema de Cuba en nuestro caso ha sido recurrente y sistemático desde hace mucho tiempo; personalmente desde hace cinco años. Nos preocupa específicamente la situación interna de Cuba, su situación atípica en lo político y en lo social, y nos asustan las consecuencias derivadas de esta terquedad cubana en lo que se refiere a la evolución de la propia sociedad y del pueblo de Cuba. En este sentido quieren ir las dos preguntas que afectan a este caso y una consideración que entendemos que debe ser clarificatoria y que voy a anticipar ahora para no encontrarme con los cinco minutos finales.
Tras la caída de la URSS, que evidentemente financiaba en altos porcentajes la economía de aquel país, y sobre todo lo que ellos han llamado el «desmerengamiento» del campo socialista en el año 1989, lo que ocurre en Cuba es paradójico y contradictorio, hasta el punto de que mientras nosotros estamos dando una asistencia extraordinariamente ejemplar en lo fraterno al pueblo cubano, pero en lo político un tanto paradójica e inquietante, los cubanos están siguiendo una ruta un tanto perversa hacia la transición política. Es decir, no se sabe muy bien cuál es su voluntad de transición y no se sabe tampoco muy bien cuál es su esquema de transición, a pesar de algunos intentos políticos que se han hecho desde el Grupo Popular o desde el sector socialista, como el señor Solchaga recientemente. Está claro que España ha sido muy generosa, y yo diría que lo ha sido excesivamente para el trato recibido en correspondencia, a veces un trato claramente histriónico e inusual en los comportamientos diplomáticos y políticos internacionales como nos ha obsequiado el señor Castro. Sin embargo, lo cierto es que estamos ayudando de una forma muy generosa a Cuba --en algunos momentos las ayudas han superado los 100.000 millones de créditos-- y en cambio permanece, como Felipe González ha dicho recientemente, el paleocomunismo. Naturalmente, que nuestro interés como partido y nuestro criterio es no solamente consentir una ayuda económica y humanitaria en sus términos estrictos, sino también buscar una rentabilidad a esa reforma económica, paso previo inevitable e imprescindible para la transición política, que es el objetivo final que nosotros, como Estado, nos debemos proponer. Y esto que podría ser hasta cierto punto paradójico, cada día está más claro que es imposible la transición política de Rusia --y ahí está el ejemplo-- si no existe previamente una transición económica, como están haciendo los chinos y como debería hacer Fidel Castro. En este contexto, preocupados por el principio democrático, yo quisiera razonar mi pregunta.
La deuda de Cuba con España, según mis informaciones --y le ruego que me corrija si no es así, porque una de las preguntas va dirigida justamente a saber la cuantía, por tanto yo le doy mis informaciones y usted me corrige--, se cifra en torno a los 90.000 millones de pesetas, de los cuales dos tercios son créditos vencidos y que no nos han pagado, es decir, que ya no se van a recuperar. En ese sentido, ¿es cierto que el Gobierno da por perdidos esos créditos? Si a esto le unimos el entorno, es decir Cuba más Nicaragua, suma una cantidad muy respetable, por encima de los 120.000 millones; si unimos Cuba, Irak y Nicaragua, que son las tres monedas negras de nuestros créditos internacionales, damos por perdidos 135.000 millones al día de hoy, según mis datos. Eso hace que de alguna manera nosotros estemos asumiendo grandes sacrificios. Según los informes del CESCE, de la deuda activa o viva de 77.418 millones de pesetas que tiene Cuba con España, 28.000 millones de pesetas son vencidos y dados por perdidos, 33.000 millones son refinanciados con escasas posibilidades de cobro y a 16.000 millones de pesetas se les otorga una suerte muy parecida. En consecuencia, esto arroja unas expectativas en cierto modo pesimistas para recobrar este dinero, ya que entre los años 1972 y 1991 España ha pagado 50.000 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones a exportadores nacionales que nunca pudieron cobrar sus mercancías o actividades en los servicios. En este mismo período el Gobierno español sólo ha podido recuperar --fíjese que hablo de 1972 a 1991-- 3.800 millones de pesetas de esa cuantía voluminosa, lo que nos produce una cierta preocupación. Si hay un criterio de fatalidad absoluta solidaria y cedemos ese terreno y, por tanto, pagamos y damos por perdido ya de entrada ese dinero,

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es una realidad o un principio de acción política, pero si no entendemos que, dadas las peculiaridades singulares de Cuba, lo que debiera ser exigible por nuestra parte es el condicionamiento democrático sine qua non para seguir en esta política tan generosa y espléndida por parte del Gobierno español.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Para responder a su pregunta quizá sería conveniente empezar por dibujar el marco en el que se han venido concediendo los créditos españoles a Cuba; y este marco se ha canalizado a través de dos convenios bilaterales. Por una parte, un acuerdo de cooperación económica e industrial, que se firmó en octubre del año 1985, que tiene como objetivo fundamental incrementar y diversificar las relaciones económicas a través del desarrollo de la cooperación económica e industrial. Es un acuerdo que se previó que tuviera una duración inicial de cinco años y que se podría prorrogar de forma automática por períodos anuales, salvo que hubiera una denuncia previa. Este acuerdo prevé la creación de una comisión mixta que es la encargada de seguir y controlar el cumplimiento de este acuerdo; comisión en la que tradicionalmente se han venido examinando todos los proyectos susceptibles de financiación concesional española.
Por otra parte, un convenio de crédito recíproco entre el Banco de España y el Banco Nacional de Cuba, del 27 de marzo de 1981, que tiene por objetivo canalizar los pagos en moneda convertible a través de una cuenta de crédito recíproco entre ambos bancos. Desde 1988 España ha concedido un total de 22 créditos FAD a Cuba --aprobados en su día, por supuesto, por el Consejo de Ministros respectivo--, cuyo importe total asciende a 15.638 millones de pesetas. Se ha dispuesto prácticamente de la totalidad de estas cantidades aprobadas, con excepción de un proyecto específico, el proyecto de barcos pesqueros y mercantes, por un valor de 1.335 millones de pesetas. El último FAD que se le concedió a Cuba fue aprobado por Consejo de Ministros del 25 de mayo de 1990, hace algo más de tres años, y correspondía a una tercera fase de un proyecto de suministro de material y de equipamiento educativo. La CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, tiene abierta asimismo una línea de crédito a corto plazo, de 12.000 millones de pesetas de techo, en la modalidad de crédito suministrador, línea que se utiliza en la medida en que se van realizando los reembolsos. Es un crédito revolving que ha permitido un flujo constante, permanente de bienes y de servicios españoles a lo largo de los últimos años; flujo que ha hecho de Cuba uno de los destinos más importantes de la exportación española en Iberoamérica. En la actualidad, el importe del riesgo asumido al amparo de la línea que acabo de señalar asciende a 6.780 millones de pesetas.
El total de riesgo asumido con Cuba, que es efectivamente un alto riesgo, asciende, en septiembre del año 1993, hace tres meses escasos, a 101.475 millones de pesetas, de los cuales 85.993 corresponden a CESCE y los 15.482 restantes corresponden a FAD, al Fondo de Ayuda al Desarrollo. De estas cantidades, unos 65.000 millones de pesetas corresponden a atrasos e impagos.
La decisión de apertura de estas líneas de crédito a Cuba se ha tomado en función siempre de criterios económicos, de criterios comerciales, de interés en penetrar en ese mercado, aunque indudablemente existe una decisión política previa que consiste en mantener las corrientes comerciales con Cuba. En este sentido, el Gobierno español se ha opuesto siempre a cualquier medida de embargo de bienes y de servicios contra ese país, y ha venido comerciando con él a lo largo de la última década de forma ininterrumpida. Como se dijo antes, Cuba ha sido uno de los principales destinos de la exportación española a Iberoamérica en los últimos años, y las líneas de crédito mientras han funcionado han permitido ese importantee intercambio comercial bilateral al que me refería. Son numerosas las empresas españolas, pequeñas y medianas, que dependen de sus exportaciones a Cuba y de las limitadas facilidades financieras que en la actualidad España mantiene con ese país.
Precisamente la aparición de los impagos, a los que S. S. se refería, en los vencimientos de la deuda es lo que llevó a CESCE a suspender la cobertura para operaciones de crédito a medio y largo plazo desde marzo de 1983. Cuba viene pasando por una difícil situación económica que SS.
SS. conocen perfectamente y que ha conducido a esa acumulación de impagos en los vencimientos de créditos a medio y largo plazo que alcanzan en la actualidad, como acabamos de ver, cifras altamente significativas.
En cuanto a las operaciones financiadas, los criterios utilizados han atendido básicamente a razones de carácter comercial --es decir, fomento de nuestras exportaciones, apertura de mercados--, de política industrial y también, aunque en menor medida, como instrumento de política exterior.
Por otra parte, hay con Cuba una ayuda no reembolsable. En noviembre del año 1991 se reunió en La Habana una comisión mixta cuyo objeto era analizar la cooperación bilateral no reembolsable. De esta forma se pudieron reactivar toda una serie de programas que habían quedado interrumpidos como resultado de la denominada crisis de las embajadas de julio de 1990 y se pusieron en marcha nuevos programas. Los proyectos que se aprobaron en esta comisión mixta de noviembre del año 1991 estaban inspirados básicamente en el deseo de apoyar a una población --la población cubana-- necesitada de ese apoyo y excluían otras iniciativas que hubieran podido llevar a un reforzamiento de las instituciones del Gobierno cubano. En esta línea y por vez primera se materializaron iniciativas de ayuda alimentaria y donaciones de medicamentos, acentuándose en el mayor grado posible la política de formación de recursos humanos que venimos continuando desde entonces, ya sea a través de la concesión de becas para ciudadanos cubanos o a través de pasantías más o menos breves para expertos en

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áreas prioritarias que van desde la sanidad a la energía o la ordenación territorial hasta el sector agropecuario y al de industrias varias. Se ha apoyado muy directamente la creación de un hotel, el Hotel Escuela de Sevilla, aportando fondos para su equipamiento y comprometiendo una asistencia técnica y de profesorado que ha permitido su puesta en marcha.
También y a instancia de las autoridades cubanas se ha continuado prestando asesoramiento en los centros de ingeniería genética y de biotecnología de Camagüey y de Sancti Spiritus, e igualmente se ha enviado una misión técnica para asesorar sobre las posibilidades de comercialización de los frutos de este tipo de investigación.
Quisiera señalar otros proyectos que hemos impulsado, como algunos con la Universidad de La Habana dirigidos básicamente a impartir cursos sobre desarrollo económico en economías muy centralizadas, y se está financiando con la Universidad Politécnica de Madrid la creación de nuevas especialidades de posgrado sobre organización y dirección de empresas. Por ejemplo, entre los seminarios nuevos que se van a poner en marcha este año se está considerando uno que financia la Unión Europea y que organiza el IRELA, en el que estarán presentes diversos europarlamentarios, el que acaba de tener el apoyo al proyecto del seminario de «The Economist». «The Economist» pretende celebrar en La Habana una conferencia con las autoridades cubanas sobre desarrollo económico cubano y eventualmente se organizará un seminario con juristas y con políticos españoles sobre las modificaciones normativas e institucionales en épocas de transición. También hay otros proyectos de cooperación tradicionales en Cuba como los de CYTEA, ciencia y tecnología, jóvenes cooperantes, preservación del patrimonio histórico, escuela-taller, etcétera.
En síntesis, y para acabar, las cifras de la cooperación gubernamental no reembolsable en el año 1992 han sido: en donaciones de leche en polvo y de medicamentos unos 145 millones; en becas del ICI 59 millones; en expertos y envíos de misiones técnicas 28 millones; en apoyo al hotel escuela 10 millones. En el año 1993: en donaciones de medicamentos y leche en polvo aproximadamente 145 millones; en ayuda alimentaria 34 millones; en becas del ICI 80 millones, aunque faltan aún por conceder las becas del programa Mutis; y en acogida de expertos y envío de misiones técnicas, 59 millones.


El señor PRESIDENTE: El señor Milián tiene la palabra.


El señor MILIAN MESTRE: Ha sido muy completa su información y creo que la apostilla ha de ser muy breve.
Nosotros insistimos y subrayamos que cooperar económicamente con Cuba en términos que vayan más allá de la ayuda humanitaria puede significar apuntalar al régimen de Fidel Castro. En este sentido, sí que entendemos que la prioridad democrática debería incidir en lo que es un enorme esfuerzo de subvención a Cuba. Está claro. Usted hablaba, por ejemplo, de corrientes comerciales y son corrientes de subvención prácticamente.
Pero, en fin, aceptamos esa realidad a cambio de que ocurra lo contrario, porque si nos alejamos de lo que es --entiendo yo-- la correcta dialéctica, en este momento, de los cambios económicos necesarios del sistema para una estabilización social que pueda garantizar un cambio político inevitable, creo que éste sería el buen sentido político de una operación tan importante como la que está haciendo España y un esfuerzo extraordinario, porque si lo comparamos con el conjunto de Latinoamérica nos damos cuenta de que andamos por lo menos en un diez por ciento de ayuda a Cuba. En consecuencia, creo sinceramente que es muy grande el esfuerzo y a lo mejor muy pequeña la rentabilidad política en este momento.


--SOBRE BALANCE ACTUAL DE LAS AYUDAS ECONOMICO-FINANCIERAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL A RUSIA Y DEMAS REPUBLICAS QUE CONFIGURABAN LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS, URSS. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE. (Número de expediente 181/000063.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7. La formula el señor Milián Mestre y se refiere al balance actual de las ayudas económico-financieras del Gobierno español a Rusia y demás repúblicas que configuraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Esta es otra pregunta también recurrente puesto que estamos haciendo un seguimiento, al menos por mi parte, desde hace cuatro años, a lo que es la política de ayudas y apoyo a los países del Este y muy específicamente a la ex Unión Soviética y a lo que hoy es Rusia. En este sentido, yo quisiera decirle, señor Secretario de Estado, que estamos francamente preocupados por el entorno del escenario, pero no como en los casos de China y Cuba. Está claro que en China hay un proyecto político muy transparente; es decir, se va al cambio económico como fase previa o premisa mayor para el cambio político, lo que me parece muy sabio. En Cuba tenemos una incomparecencia del objetivo final, está claro también. En Rusia tenemos un caos, ésa es la diferencia. Y quienes hemos estado recientemente allá, en mi caso a finales de octubre, hemos podido comprobar que el caos empieza a ser inquietante. En la reunión de la OTAN, a la que yo asistí a finales de octubre, nos dimos cuenta de que allí había una inseguridad política total, una falta de garantías de control de seguridad absoluto, un descontrol completo de la economía que lo sustituye, una presencia de mafias que controlan sectores muy determinados, un desmadre de la moral del pueblo: se pasa de tres casinos en Moscú a 33 en tres años; un desmadre, un caos. No hay leyes que rijan ni el mercado político ni el mercado económico. Hay unos comportamientos sociales ordenados de alguna manera, y no

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quiero decir bautizados de una determinada manera. Allí existe la nada y en esa nada evidentemente pululan todos los pescadores de la confusión. Eso ha llevado a situaciones tan estrambóticas e inquietantes como que un empresario catalán haya perdido 44 camiones con su mercancía enviados a San Petersburgo, como usted sabrá y sabe perfectamente la Embajada de España. No hay ninguna garantía, ninguna seriedad, ninguna seguridad para las mercaderías y para el comercio o para la economía y para el intercambio. Esta es una parte del problema que yo quiero plantear en esta pregunta, pero hay una segunda.
La segunda parte del problema es que en este momento nosotros hemos hecho una aportación generosísima a la URSS; y digo a la URSS. En 1990 ó 1991 Mijail Gorbachov vino a visitarnos a España y se llevó un buen crédito, un paquete de 200.000 millones de pesetas, del que ya en su día nos ocupamos --yo concretamente-- en esta Comisión. De ese paquete me gustaría saber qué es lo que realmente se ha invertido, qué es lo que realmente se ha realizado y qué queda por realizar, porque tengo confusas informaciones. Se habla de que ese paquete se ha cumplimentado en 150.000 millones y de ellos no se llega ni mucho menos a la mitad; son confusas las informaciones. Lo que sí es cierto es que en estos momentos invertir en Rusia probablemente habrá que hacerlo, pero a sabiendas de que vamos a invertir como los ciegos, sin saber dónde metemos el dinero, sin saber dónde metemos la ayuda, porque después del 4 de octubre el caos es muy grande y las elecciones últimas no son mas que un punto de inflexión para la total intranquilidad respecto al futuro sistema. Ciertamente lo que ha hecho Yeltsin no deja de ser algo estrambótico y paradójico, y tiene razón el señor Jasbulatov cuando dice que los parlamentos nunca crean dictaduras, las crean aquellos que asaltan los parlamentos. En ese sentido la confusión es muy grande y yo no me atrevo a hacer un veredicto, pero desde lo militar stricto sensu, la inseguridad nuclear, hasta lo comercial stricto sensu, el caso que acabo de contar de un empresario catalán, y hasta lo que son las ayudas de la Comunidad Europea después del Tratado de París de 1991 --y es un dato importante-- con unas condiciones que el señor Yeltsin acepta y firma que habrá desmantelamiento del armamento convencional y nos dicen hace un mes el Viceministro de Defensa y una serie de generales que no pueden cumplimentar ese tratado porque no tienen recursos para poder desmantelar los armamentos convencionales, ciertamente estamos a merced de una caótica situación, de una confusa contrapartida y de un no saber qué pasa mañana en ese escenario político. En consecuencia, ése quiere ser el sentido de mi estricta pregunta: cuál es el balance actual de las ayudas económico-financieras del Gobierno español a Rusia y demás repúblicas que configuraban la URSS, porque los condicionantes del entorno pesan también sobre los resultados finales de la ayuda a Rusia y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, España ha hecho un esfuerzo financiero importante en relación a Rusia y posiblemente, y al margen de los peligros y de las incógnitas que acompañan ese esfuerzo, ésa es la única posibilidad de que estemos presentes en un proceso lleno de incógnitas, repito, y también de complejidades. Se ha hecho un esfuerzo financiero importante tanto a través de una línea de crédito, que se abrió en el año 1990, por un valor de 1.500 millones de dólares --la llamada «línea Gorbachov»; luego se subrogó la Federación Rusa en derechos y obligaciones de esa línea crediticia--, como a través de nuestro comportamiento en la refinanciación de la deuda del Club de París en abril de 1993. En relación con esta línea de crédito, la llamada «línea Gorbachov», la utilización del tramo crediticio a corto plazo fue rápida, ya que Rusia iba iba concediendo subvenciones estatales a los productos de consumo de importación. Pero este proceso se congeló; se congeló el tramo para los bienes de equipo, objeto de financiación a medio y largo plazo, y casi dos tercios de esa línea no se han utilizado.
Al no dar Rusia un respaldo al Vnesheconombank, que era el garante por parte soviética, literal y jurídicamente yuguló el uso de esa línea, con el fin de evitar un endeudamiento ruso mayor; Rusia, en muy pocos años, se ha convertido en un deudor importante, con una deuda de cerca de 100.000 millones de dólares.
Por lo que respecta al esfuerzo hecho en el seno del Club de París, por razones políticas se dio a Rusia un tratamiento favorable, ya que se puso como top de servicio de la deuda la cantidad de 2.000 millones de dólares anuales solamente y se permitió a Rusia financiar la parte correspondiente al corto plazo, que es algo que va en contra de la costumbre de foro del Club de París. En este contexto España hizo un esfuerzo muy especial, ya que de los 15.000 millones de dólares reestructurados en el año 1993 corresponden 579 a España. De esos 579 millones, 451 eran a corto plazo y en su mayoría procedían de la línea de crédito. España era el principal deudor a corto plazo de Rusia. Han tenido lugar ya negociaciones para el acuerdo bilateral España-Rusia, correspondientes a acuerdo del Club de París --después de la negociación multilateral vienen las negociaciones bilaterales--, y está pendiente de la firma formal del acuerdo bilateral. Por otra parte, a este esfuerzo de caracter financiero hay que sumar lo que Rusia recibe del programa Tacis de la Unión Europea, que es el equivalente al programa Phare para Rusia, que se financia con fondos presupuestarios comunitarios y en estos fondos también participa España con un porcentaje del 8,7 por ciento del total.
Por último, el 23 de septiembre --hace tres meses-- el vicepresidente ruso solicitó la reapertura de la línea para operaciones de compra de productos y creación de instalaciones médicas o de alimentación infantil, por un valor de 75 millones de dólares. Y el 5 de noviembre el Presidente del Gobierno contestó a esta petición mostrando la buena disponibilidad del Gobierno a facilitar el crédito por este importe, una vez que se firme el convenio de

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refinanciación bilateral al que aludí hace un instante. En cualquier caso, la línea de crédito anterior, la «línea Gorbachov», no podrá ser resucitada y, por tanto, se deberá arbitrar una fórmula financiera específica para poder atender esta petición rusa de 75 millones de dólares.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias por esta información. Ciertamente, voy viendo que eran bastante coherentes las noticias que había podido recabar respecto a la cuantía. Sin embargo, hay un tema --el único que voy a subrayar en esta respuesta rápida-- que a mí y a mi Grupo nos sigue preocupando: el buen uso de esos créditos. Tengo fundadas sospechas de que no todos los recursos que se destinan a Rusia van realmente a implementar los objetivos para los que dicen ser tramitados. Ese es un problema que la comunidad internacional tendrá que plantearse muy seriamente, puesto que los desviacionismos que se producen en el descontrol de esos recursos empiezan a inquietar. Verbigracia, a mí me consta que hay operaciones comerciales que no se complementan --hablo de exportaciones rusas-- con los pagos correspondientes al Estado ruso, sino con pagos y depósitos a cuentas bancarias de Nueva York o de Suiza que, evidentemente, no ingresan en Rusia. De la misma manera, pero a la inversa, me gustaría saber si las garantías para lo que nosotros hacemos y dicen que son nuestros créditos van en el mismo sentido. Es decir, si realmente se implementa en operaciones alimenticias, en operaciones de equipamientos, o se distraen en otros caminos.
Como el caos es tan grande y no existe ninguna moral de los negocios, puesto que lo que yo he visto últimamente en Rusia ha sido la más brutal de las expresiones del capitalismo salvaje, de la oferta y la demanda cruda y dura, me da mucho miedo que algunos de los buenos fines que se entiende que tienen nuestros propios recursos, dados en una bondadosa interpretación de la realidad rusa, sean utilizados para otros fines, lo que para nosotros sería lamentable y triste.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En relación con su observación con respecto al buen uso de esos créditos, debo decirle que yo no tengo constancia de esas irregularidades en las operaciones comerciales a las que se ha referido, pero sí es evidente que la relación comercial con Rusia está en una fase difícil, no solamente por la escasa penetración en ese mercado que ha tenido España durante mucho tiempo --prácticamente hasta ahora no habíamos estado presentes de una manera seria en ese mercado--, sino también por la situación de transición, complicada, de irregularidades y falencias a veces graves en la legislación por las que atraviesa Rusia, a la que S. S. hizo referencia al principio. De modo que no puede sorprender, no solamente aquí sino en cualquier país que tenga en estos momentos una relación comercial con Rusia y que pretenda que esa relación comercial se incentive y se incremente, que puedan surgir anomalías derivadas de las propias anomalías del proceso y de la situación irregular del mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.


--SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LOS EVENTUALES CAMBIOS EN EL SISTEMA ECONOMICO CUBANO PUEDEN PRODUCIRSE SIN ALTERACIONES SUSTANCIALES EN SU ACTUAL SISTEMA POLITICO. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000106).


--SOBRE CONTACTOS MANTENIDOS POR EL GOBIERNO CON LAS AUTORIDADES DE CUBA EN RELACION CON LOS CAMBIOS DE SISTEMA ECONOMICO EN EL MENCIONADO PAIS.
FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000107.)

--SOBRE MEDIDA EN QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL PARTICIPO EN LA VISITA QUE EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SEÑOR SOLCHAGA, REALIZO RECIENTEMENTE A LA REPUBLICA DE CUBA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000111.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, formulada por el señor Rupérez, al que yo quisiera sugerir que, si es posible, concentrara las preguntas números 16, 17 y 18 en una sola, puesto que las tres se refieren al sistema económico y político cubano.


El señor RUPEREZ RUBIO: Por supuesto, señor Presidente. Mi intención era acumular el trámite de las mismas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rupérez. Tiene usted la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, las preguntas --seguramente usted las conoce-- se producen en torno a una harto publicitada visita a Cuba del que es actualmente portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, señor Solchaga, cuyos datos son en algunos casos conocidos y en otros no suficientemente conocidos. Las preguntas se refieren más específicamente a estos últimos y en un contexto al que de una manera lateral,

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pero clara, también ha hecho referencia mi compañero el señor Milián.
Las preguntas son las siguientes: ¿Estima el Gobierno español que los eventuales cambios en el sistema económico cubano pueden producirse sin alteraciones sustanciales en el sistema político actualmente imperante en la isla caribeña? ¿Cuáles son los contactos mantenidos por el Gobierno español con las autoridades cubanas con vistas a los cambios de sistema económico en el mencionado país iberoamericano? ¿Y en qué medida participó el Gobierno español en la visita que el portavoz parlamentario socialista, señor Solchaga, realizó recientemente a la República de Cuba? De manera que de los hechos a la filosofía son las preguntas que formulamos y sobre las cuales querríamos conocer el parecer del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): En cuanto a la primera pregunta, formulada en los términos de si el Gobierno español estima que los eventuales cambios en el sistema económico cubano pueden producirse sin alteraciones sustanciales en el sistema político que impera actualmente en la isla caribeña, respondemos rotundamente que no. El Gobierno considera que los cambios en el sistema económico cubano han de encaminarse inevitablemente hacia una apertura y una liberación de sus esructuras económicas, tanto de las exteriores como de las interiores, y que la ampliación de los márgenes de autonomía y libertad económica de la población irán produciendo inevitablemente efectos políticos que habrán de ser tenidos en cuenta en la medida en que se profundice en este proceso de transición y de adecuación económica de la isla a los nuevos marcos internacionales. Somos conscientes de que no es posible confiar en una evolución democrática exclusivamente a través de reformas de naturaleza económica, y somos también plenamente conscientes de las limitaciones a las libertades individuales y de las transgresiones a los derechos humanos en Cuba, por lo que consideramos que es inevitable mantener una presión continuada sobre las autoridades cubanas en torno a la defensa de los derechos humanos y a la práctica efectiva de las libertades individuales. En consecuencia con esta línea, que es la mantenida por el Gobierno español en todos sus contactos con el Gobierno cubano, a lo largo de estos últimos años, tanto con las autoridades cubanas como con miembros destacados de la disidencia o con otros gobiernos que puedan tener un especial interés en el tema cubano, no nos cansaremos de repetir, apelando a la experiencia iberoamericana y bilateral con que contamos, que la mejor vía de ejercer influencia política en Cuba es a través de un diálogo abierto y sincero. Este diálogo se favorece, por supuesto, a través de la cooperación, a la que he aludido anteriormente, y a través de la ayuda humanitaria, cuyo único condicionante deberá ser la correcta utilización, recepción y aprovechamiento por parte del pueblo cubano de esa ayuda. Por tanto, creemos sinceramente que tenemos que colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a ayudar al pueblo cubano a salir de esta crisis. Creemos que si se profundiza en las reformas económicas y sociales, con unos objetivos claros y con un plan previo y bien estructurado, hay unas buenas posibilidades en Cuba de que se produzca una transformación social y política que favorezca una transición pacífica, una transición hecha por los propios cubanos hacia un régimen pluralista y democrático.
La segunda pregunta que formulaba S. S., hecha en los términos de cuáles son los contactos hasta ahora mantenidos por el Gobierno español con las autoridades cubanas con vistas a los cambios de sistema económico en ese país, es obvio hacer mención, a priori, de la estrecha relación que une a España con Cuba, como país iberoamericano, y la enorme sensibilidad que existe entre los españoles por nuestra política exterior en Cuba.
Partiendo de esta sensibilidad y de esta relación estrecha es como se ha ido construyendo la actual posición de España como interlocutor cercano y también privilegiado en estos momentos de particular dificultad para el pueblo cubano. Los contactos que ha mantenido el Gobierno español con las autoridades cubanas desde el verano pasado, en que se constató en la cumbre de Salvador de Bahía la voluntad de los cubanos de poner en marcha ciertos cambios sustanciales en su sistema económico, son conocidos por todos los presentes a través de la información suministrada por los distintos medios de comunicación. El Ministro de Asuntos Exteriores, respondiendo a otra pregunta de este mismo orden de ideas, se refirió a la entrevista que mantuvo el Presidente del Gobierno español con Fidel Castro, en el mes de julio, en el curso de esa cumbre de Salvador de Bahía a la que aludía antes. Posteriormente, en el mes de agosto, el Ministro de Asuntos Exteriores tuvo la oportunidad de encontrarse con Fidel Castro y con el Ministro de Relaciones Exteriores cubano en Cartagena de Indias, donde coincidieron durante dos días. Anteriormente habían tenido ocasión de encontrarse en La Paz durante los actos de la toma de posesión del Presidente boliviano. En septiembre, y con motivo de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y a petición cubana, de nuevo, el Ministro de Asuntos Exteriores español se entrevistó con el canciller cubano Roberto Robaina. Estos encuentros han estado siempre presididos por un ambiente de suma cordialidad, se ha dialogado con total apertura y han supuesto indudablemente una mejora en la relación bilateral. En todos ellos el Gobierno cubano, repito, ha manifestado su preocupación por la situación económica por la que atraviesa la isla y su voluntad de encontrar soluciones que sean objetivas, que sean realistas y que les permitan avanzar en un proceso económico que les adapte a los nuevos marcos internacionales, buscando al propio tiempo reactivar la economía interna y mejorar sustancialmente un nivel de abastecimiento para la población que hoy en día es de un escaso aporte. Las autoridades cubanas también nos han informado de las medidas que se han ido poniendo en marcha en estos

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meses con objeto de lograr esos objetivos que acabo de mencionar, y han solicitado que les hiciéramos sugerencias respecto al proceso que han iniciado. La actitud del Gobierno español ha sido siempre la de responder con la misma franqueza y con la misma sinceridad a ese interés y a esa confianza que nos han expresado las autoridades cubanas. En este marco se les ha insistido sobre la necesidad de elaborar un plan concreto y profundo de reforma global, no cosmético, que permita fijar objetivos y generar confianza interna y externa respecto a la viabilidad económica de la isla. También se les ha planteado en todas las oportunidades la necesidad de acompañar las medidas económicas con mediddas de reforma política, y la necesidad de mostrar un escrupuloso respeto por los derechos humanos y por las libertades democráticas. En todos estos contactos mantenidos se ha prestado gran atención y gran interés a los argumentos dados por la parte española, pero seguimos creyendo que más que las palabras es la fuerza de los hechos y la toma de conciencia realista sobre las propias limitaciones las que habrán de ser los argumentos más convincentes para que se realice un proceso de transición democrática en Cuba y para que se llegue hasta el final en el proceso que hoy apenas acaba de iniciarse y que sitúa a Cuba en el lugar que le corresponde junto a los demás países hermanos de América Latina.
La tercera pregunta que S. S. me ha planteado es en qué medida participó el Gobierno español en la visita que el portavoz parlamentario socialista, señor Solchaga, realizó recientemente a la República de Cuba.
Del 22 al 31 del pasado mes de julio el señor Solchaga realizó una visita a Cuba, efectivamente, como resultante de una solicitud formulada expresamente por el Presidente Fidel Castro al Presidente del Gobierno español durante la entrevista, a la que me refería antes, mantenida en Salvador de Bahía con motivo de la III Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
En estas conversaciones surgió la idea de que un equipo de expertos españoles en materia económica pudiera visitar la isla, analizar «in situ», sobre el terreno, la situación y definir posteriormente posibles recomendaciones, en la perspectiva de los cambios económicos que sería necesario implantar en Cuba para que adecúe sus estructuras a los nuevos marcos internacionales, desaparecido ya el bloque del Este, y permita así superar la crisis actual que está provocando, indiscutiblemente, un grave deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, lo que preocupa también de manera muy especial, por las razones apuntadas al principio de mi exposición, tanto al Gobierno como al pueblo español. Ahora bien, corresponde a los cubanos, es una responsabilidad exclusiva de las autoridades cubanas, la aplicación de las medidas que ellos consideren oportunas y necesarias para afrontar esta grave crisis económica por la que atraviesa su país.
Por otra parte, consideramos que es positivo el diálogo; que el hecho de haber dialogado, de haber hecho unas sugerencias ya es una actitud positiva por ambas partes, y hemos constatado el interés de los líderes cubanos por conocer alguna otra opinión, lo cual supone una novedad en nuestros intercambios. Repito que el Gobierno español considera positiva esta forma de cooperación y que el proceso de transformación económica es ineludible e imprescindible para que en Cuba se pueda asegurar una transición pacífica hacia la democracia y el pluralismo. Y seguiremos dispuestos a mantener los contactos y las asesorías que se nos soliciten, si se considera que estos contactos y asesorías pueden actuar como un impulso favorable en el camino de la integración, la democracia plena y la prosperidad que todos los españoles deseamos para Cuba.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario de Estado, que la situación económica cubana es desesperada, lo sabemos todos; que los responsables de que esa situación económica desesperada son los propios líderes comunistas cubanos, lo sabemos todos; que las transiciones a la democracia --y alguna experiencia al respecto tenemos-- tienen una cierta viabilidad, una cierta capacidad de éxito, en la medida en que se produzcan en un cierto marco de estabilidad económica y social, también lo sabemos; que los dictadores son irreformables, también lo sabemos, y que se pueda producir un juego en donde podamos estar contemplando para ver quién engaña a quién, también lo sabemos.
Como es evidente, nosotros compartimos muchas de las expresiones que el Gobierno transmite por su boca a esta Cámara y nos alegramos de que sean, en alguna medida, contundentes con respecto a la necesidad de democratización de la situación cubana. Pero el señor Secretario de Estado, como el Gobierno, es perfectamente consciente --o por lo menos así nos consta a nosotros-- de que en ninguna ocasión, al menos pública y seguramente tampoco en ninguna ocasión privada, ningún dirigente cubano ha concedido, ha admitido, que tras la necesidad de poner al día unas estructuras económicas caducas, que tienen su origen en una determinada concepción ideológica, hubiera la más mínima intención de proceder a la democratización del sistema y, consiguientemente, a contemplar una liberalización de la situación en Cuba.
Es más, escuchando a algunos de los personajes a los cuales usted ha hecho referencia, señor Secretario de Estado, se tiene claramente la sensación de que es justamente todo lo contrario, de que están efectivamente desesperados porque son mejor que nadie capaces de constatar la catástrofe del sistema, pero que a lo que están aspirando es que a una mínima racionalización económica permita su supervivencia, la supervivencia política de la dictadura cubana. Yo creo que ése es un riesgo que seguramente habrá contemplado el Gobierno, pero es un riesgo sobre el cual es nuestra obligación llamar la atención de una manera contundente.
No es automático ni mecánico el que la adopción de determinadas medidas liberalizadoras, desde el punto de vista económico, conduzca necesariamente a la

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democracia política. Estamos contemplando y hemos contemplado situaciones en donde la existencia de un determinado parámetro de mercado es perfectamente compatible y coexistente con situaciones dictatoriales. Lo tenemos hoy en China, lo tenemos en otros países del área asiática, lo tuvimos en Chile y lo tuvimos en España. Y nosotros contemplaríamos con harta preocupación el que España se prestara a una operación donde, al final, se diera todavía continuación a una dictadura agonizante.
Nosotros partimos de una constatación, y es que, así como en Guinea Ecuatorial sobra el señor Obiang, en Cuba sobra don Fidel Castro. Y todo lo que no sea llevar al ánimo de los gobernadores correspondientes que en esa encarnación, en esa simbología está precisamente el tapón que impide que los cubanos en su caso, los ecuatoguineanos en otro, alcancen la plena libertad, es un servicio malo prestado a los intereses españoles.
Hace todavía muy pocos días, esta misma Cámara, de manera abrumadoramente mayoritaria, volvió a reafirmar la necesidad de que todo tipo de relación exterior, fundamentalmente basada en los parámetros de cooperación al desarrollo, tenga en cuenta lo que se llamó en su momento --y seguimos llamando-- la cláusula democrática. Y nosotros comprendemos perfectamente las matizaciones del caso e incluso apoyamos el que se favorezcan transiciones pacíficas a la democracia, pero querríamos que, en éste como en otros casos, se produjera la transparencia que aquí, conspicuamente, ha faltado. No sé si era el señor Solchaga o el Gobierno el que tenía que haber informado puntualmente de unas intenciones que sólo el señor Secretario de Estado ahora nos transmite de una manera más o menos coherente y extensa. Pero lo que es evidente es que nosotros, posiblemente toda esta Cámara, y desde luego el pueblo español, tenemos derecho a exigir que, frente a esa buena voluntad demostrada en procurar una transición pacífica, existan también las medidas correspondientes para no dejarse engañar por ningún tipo de compadreo bien o malintencionado.
Esta es la razón por la que habíamos hecho estas preguntas y por las que, en definitiva, y mostrándonos, repito, de acuerdo con algunas de las afirmaciones más contundentes, querríamos que en el inmediato futuro cualquier tipo de continuación --como previsiblemente haya-- de ese tipo de contactos sea puntualmente referida a esta Cámara, en el contexto no ya de lo que decimos en este Grupo Parlamentario, sino de lo que dicho la propia Cámara con respecto a lo que es la política exterior española, basada --entre otras cosas, pero fundamentalmente-- en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Secretario de Estado?

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Dicenta Ballester): Efectivamente, en la exposición en que he tratado de contestar a las tres preguntas formuladas por S. S. creo que he insistido en la necesidad de que las reformas económicas vayan acompañadas de reformas políticas. El que sobre o no sobre Fidel Castro será una decisión que tendrán que tomar los propios cubanos; el que lleven o no a la práctica las sugerencias que se les están brindando, a petición de los propios cubanos, será una decisión que tendrán que tomar ellos. Lo que nosotros estamos evidenciando es que en base a una relación muy especial, la que existe entre Cuba y el pueblo cubano y España y el pueblo español, y en base a una situación que consideramos enormemente preocupante --porque la situación actual de Cuba es tremendamente preocupante--, no podemos dejar de atender a un llamamiento formulado por las propias autoridades en el que, por lo pronto, sí toman conciencia --y hacen evidente esa toma de conciencia-- de que la situación por la que pasa internamente el país es tremendamente problemática y que es necesario implantar una serie de medidas para poder salir de esa crisis.
Yo creo, señoría, que eso es ya un paso hacia adelante.
El hecho de que reconozcan que la situación por la que atraviesa el pueblo cubano es prácticamente insostenible y que es preciso poner en marcha una serie de reformas es algo que, posiblemente, hubiera sido impensable no hace mucho tiempo. Hay una toma de conciencia de una realidad que es dramática y hay un llamado dirigido a un país amigo al que se pide una asesoría. Y en esa asesoría el Gobierno español insiste, por una parte, en que hay que poner en práctica reformas globales y profundas de orden económico, acompañadas de reformas profundas de orden político y, además, de una forma constante e ininterrumpida continúa haciendo una presión para que se respeten los derechos humanos y las libertades individuales, y que no se violen, Esa presión se ha ejercido y se seguirá ejerciendo. Pero me costaría trabajo pensar que no deba darse esa asesoría a un país que está atravesando por una crisis como la que atraviesa Cuba y que de una manera voluntaria se dirige a un país amigo y le dice: écheme usted una mano, dígame cuáles son las sugerencias que me puede usted hacer para que, de alguna forma, la crisis económica, que está indudablemente hermanada por una crisis política, tenga una salida, y una salida digna para el pueblo cubano.
De manera que yo creo que ésa es la actitud: atender un llamamiento y atenderlo con el mayor interés, porque responde a nuestra propia preocupación y a nuestra íntima vinculación con un pueblo como el pueblo cubano.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado de Cooperación. Le agradecemos su presencia y le despedimos en el sentido más exacto de la palabra, puesto que ha concluido su turno de respuestas.


--SOBRE REALIZACION DE LAS OBRAS DE NUESTRA REPRESENTACION DIPLOMATICA EN SANTO DOMINGO, FOMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expendiente 181/000064.)

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El señor PRESIDENTE: Ruego al Subsecretario de Estado, señor Cajal, que acuda a la Mesa. (Pausa.) Le doy la bienvenida, señor Cajal. Vamos a empezar ya, sin más, el turno de preguntas que le conciernen. Usted sabe que son las números 8, 9, 19, 20, 21, 22 y 23. Vamos a empezar, por consiguiente, con la pregunta número 8.
Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Bienvenido, señor Subsecretario.
Esta es una pregunta que, como la mayor parte de ellas, tiene una cierta antigüedad y que procede de algunas informaciones de prensa que a nosotros nos causaron una cierta preocupación, francamente.
Las informaciones de prensa corresponden al jueves 12 de agosto de este año, de 1993. Aparecieron en el diario «El Mundo». Ocupaban una página completa del diario mencionado. Llevaba un titular que decía: Esta embajada es una ruina, y un subtítulo que era: Exteriores engañado por Agromán y Ocisa en las obras de la legación diplomática de Santo Domingo.
La pregunta es, simplemente, si es cierto que las dos empresas constructoras mencionadas en la información que reproduce «El Mundo» efectivamente engañaron a la venerable Casa de Asuntos Exteriores en las obras, a lo que parece, según se cuenta en el contexto del artículo, harto complicadas y complejas de la legación diplomática en Santo Domingo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cajal.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Efectivamente, S.S. tiene razón cuando ha mencionado lo que publicó el diario «El Mundo», aunque no es menos cierto que, quizá, los titulares siempre propenden a llamar la atención; obviamente, algunos periódicos más que otros.
A mediados del año 1988 se iniciaron unas conversaciones con determinadas empresas españolas con vistas a efectuar ciertas obras en Santo Domingo de remodelación de las dos cancillerías, tanto de la embajada como del consulado, la residencia y algunas obras adicionales. A mediados del año siguiente, es decir, mediados de 1989, se contrató con una unión temporal de empresas la ejecución de estas obras y, efectivamente, las empresas eran Agromán y Ocisa. Simultánaeamente se contrató con un arquitecto la dirección de esas obras. Se contrató con Agromán y Ocisa, como digo, en junio de 1989, porque estas empresas tenían, por lo menos «prima facie», una amplia experiencia de trabajo en la República Dominicana y también, a primera vista, disponían de una serie de equipos técnicos bien dotados.
Asimismo, el arquitecto con quien se contrató la dirección de la obra tenía unos antecedentes profesionales aparentemente serios y particularmente en la República Dominicana, donde había trabajado en 8 proyectos. A la vista de esto se hizo esta contratación que abarcaba las obras de rehabilitación y de ampliación de la residencia del embajador de España en Santo Domingo, la construcción de una nueva cancillería para la embajada, de una cancillería para el consulado, de una vivienda para el canciller, de una planta de generación eléctrica, todo ello acompañado de un proyecto de seguridad con los cerramientos, etcétera, del perímetro donde se iban a edificar estos locales.
El importe presupuestario era en torno a los 540 millones de pesetas. Lo que ocurrió fue que, efectivamente, las obras no fueron por buen camino, tuvieron fallos técnicos, errores de concepción y ello motivó que una visita de inspección, que se llevó a efecto en noviembre de 1991, informara de esta serie de defectos al Ministro y, como consecuencia, se tomaron dos decisiones: una, suspender con carácter temporal el contrato con la unión temporal de empresas Agromán-Ocisa, suspensión temporal que es previa a la rescisión del contrato, que se hizo en enero de 1992 y, simultáneamente, la rescisión del contrato con el arquitecto a quien se había encomendado la dirección de la obra.
Poco después, y a lo largo de una serie de nuevas negociaciones o contactos con Agromán-Ocisa, se llegó a la conclusión, tras una serie de seguridades que esta empresa ofreció, que parecía más lógico y más económico continuar con esta unión temporal de empresas que no encomendárselo a una nueva empresa o grupo de empresas. Insisto, ello después de las seguridades que ofreció Agromán en particular.
Se actuó entonces en este sentido. En abril de este año de 1993 se llegó a este acuerdo que acabo de mencionar y continuaron las obras. La situación actual es que está prácticamente terminada la residencia del embajador y en trámite de adjudicación el amueblamiento. Están finalizándose los proyectos de seguridad y generación eléctrica. Las obras de las dos cancillerías terminarán aproximadamente en marzo de 1994 y la vivienda del canciller, que en la actualidad es utilizada como cancillería provisional, estará reacondicionada en mayo de 1994.
Volviendo al principio, usted dice: engañado. En obras de esta naturaleza a veces, efectivamente, la confianza que se deposita en la constructora o en la dirección técnica, desgraciadamente, no da buen resultado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Subsecretario, con independencia del grado de espectacularidad y de la titulación de la noticia, lo que sí deduzco por sus palabras es que la información es terrible y preocupantemente cierta. Incluso releyendo el artículo que tengo delante, veo que se queda corto en algunos aspectos. Dice, por ejemplo: «Las últimas evaluaciones de Exteriores indican que parece muy optimista el informe del encargado de obras, según el cual todas las obras estarán finalizadas para el próximo octubre.» Efectivamente, no lo estarán sino hasta bien entrado el año 1994, con lo cual se producen una serie de cosas que a nosotros nos preocupa, no digo yo que más, pero tanto como al señor Subsecretario, y es

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que, por una parte, hay un coste añadido por --no voy a hablar de culpabilidades o de responsabilidades, que seguramente las habrá-- negligencias. No es la primera vez que el señor Subsecretario comparece en esta Comisión ni es la primera vez que tenemos ocasión de dedicarnos con cierto detalle a lo que son las partidas presupuestarias del Ministerio de Asuntos Exteriores, partidas presupuestarias harto estrechas como para además contemplar que se producen estas importantes desviaciones en esos presupuestos.
Como sabe el señor Subsecretario, también hemos solicitado la relación pormenorizada de todas aquellas obras que el Ministerio ha realizado o está realizando en el extranjero, precisamente para, alertados por esta noticia, comprobar si en otras o en todas las obras realizadas no se han producido este tipo de desviaciones, porque sería muy grave desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la adecuada utilización de los fondos presupuestados y desde el punto de vista de las responsabilidades, y cuando hablo de las responsabilidades me refiero, naturalmente, a las responsabilidades en las que incurren las empresas constructoras, pero también a las responsabilidades funcionariales en que pueda haber incurrido alguno de los funcionarios.
Yo le diría al señor Subsecretario que lamentamos que la noticia sea cierta, lamentamos la confirmación de la noticia por su propia y autorizada boca, y querríamos que ésta fuera la única y última vez que este tipo de situaciones se producen, pero, como dirían los castizos, esto no puede quedar así, de manera que me imagino que la Administración del Estado, el Patrimonio del Estado, tomará las medidas correspondientes para depurar las consiguientes responsabilidades en que hayan incurrido los responsables de las constructoras, los responsables económicos y los responsables funcionariales, porque, según todos los indicios, se ha producido un importante y costoso para el Estado desvío de fondos públicos, y todavía no hemos contemplado el final de las obras. Esperemos que la tradicional capacidad y eficacia del señor Subsecretario sea capaz de poner definitivamente coto a este tipo de situaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Simplemente he de decir que tomo buena nota de los comentarios de S. S. y subrayar que, afortunadamente y como no podía ser de otro modo, esto es la excepción, ni mucho menos la regla, y que me ocuparé de informar a S. S.
de las disposiciones que se han adoptado o que se vayan a adoptar al respecto.


--SOBRE INICIO DE ACTUACIONES PARA FACILITAR A LOS ARGENTINOS PERSEGUIDOS QUE LO SOLICITEN EL ACCESO A LA CONDICION DE REFUGIADO O ASILADO POLITICO, FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente: 181/000072.)

--SOBRE MEDIDAS PARA CONDICIONAR EL APOYO POLITICO Y ECONOMICO QUE ACTUALMENTE PRESTA EL GOBIERNO ARGENTINO AL ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL MISMO. FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente: 181/000073.)

El señor PRESIDENTE: Tenemos, a continuación, las preguntas números 9 y 10, que han sido formuladas por doña María Angeles Maestro. Las dos se refieren no exactamente al mismo tema, pero sí al mismo contexto. Quizá se podrían agrupar, pero el problema es que, cuando se ha dividido el orden de intervenciones, se ha hecho una clara división entre la 9 y la 10, de modo que quizá es mejor que las veamos por separado.


La señora MAESTRO MARTIN: Yo no tengo inconveniente en que se vean de forma conjunta.


El señor PRESIDENTE: Pues vamos a verlas conjuntamente.
Tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Evidentemente, las preguntas están muy relacionadas, aunque el contenido es diferente, y tienen la misma exposición de motivos, es decir, se refieren a hechos comunes. El asunto es la situación que en Argentina se está viviendo en relación con las agresiones físicas y amenazas de muerte que tienen por blanco a intelectuales, artistas, miembros de organismos defensores de los derechos humanos y muy especialmente periodistas. En estos momentos, hay en los juzgados argentinos 500 denuncias de este tipo. Yo me voy a referir a alguna de ellas, evidentemente no pienso agotar la relación. En todos los casos, la prensa argentina refiere su grave preocupación por la semejanza de las actuaciones realizadas contra estas personas con las que años atrás marcaron el nacimiento de la Triple A en Argentina.
Recientemente, Hernán López Echagüe, periodista de la revista «Página 12», fue atacado a golpes y navajazos en la cara y frente a la puerta de su domicilio, tras haber denunciado en las páginas de esa revista el reclutamiento, en terminología argentina, de barras bravas o patotas progubernamentales por parte de Alberto Pierri, Presidente de la Cámara de Diputados de la nación, y de Alberto Brito Lima, hasta hace solo un mes Embajador ante Honduras y líder histórico del comando de organización grupo terrorista de ultraderecha. El Ministro del Interior, ante estas denuncias, aseguró que los agresores de este periodista habían sido detenidos y que aún llevaban encima un mapa con el domicilio del periodista y diferentes instrumentos de agresión y tortura. Sin

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embargo, la justicia ordenó la libertad de los sospechosos por falta de causa, y dos semanas después el mismo periodista recibió un segundo y brutal ataque, una paliza que le obligó a ser internado durante varios días en las unidades de vigilancia intensiva. El segundo ataque se produce a la salida de una emisora donde había reiterado las denuncias sobre este tipo de actuaciones.
Al mismo tiempo, Magdalena Ruiz, miembro de la Comisión Nacional Conadep, organismo creado por Raúl Alfonsín en el año 1984, encargado de la investigación por la desaparición de 10.000 personas durante la dictadura militar, fue también brutalmente golpeada. En esta situación, que, insisto, ha sido objeto de 500 denuncias en los juzgados de Argentina, en todas las ocasiones la vista de la causa se cierra con el sobreseimiento de la misma.
Con posterioridad al registro de la pregunta que fue objeto de la iniciativa de Izquierda Unida, se ha conocido la desaparición de un estudiante, Miguel Bru, tras haber denunciado en la Policía el allanamiento ilegal de su casa. Después de ello, también ha aparecido ahogado un periodista, Mario Bonino, cuya desaparición se produjo después de que en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires se plantearan los actos que cobijaron las denuncias contra estas actuaciones. En este caso, el juez dice lo siguiente: «No descartamos ninguna hipótesis, ni siquiera la de asesinato. Ya hemos comprobado que Bonino no murió ahogado y además no se encontraron sustancias tóxicas dentro de su cuerpo.» La situación que se está viviendo en Argentina es poco conocida y aparece muy de tarde en tarde reflejada en los medios de comunicación, pero, tal y como se expresa por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, parece que existe la planificación del miedo y que a cargo de esa planificación se encuentran grupos organizados, tal y como lo reconociera antes de su renuncia el Ministro del Interior, Gustavo Béliz. Pese a ello, el Gobierno español mantiene relaciones preferentes con el Gobierno argentino, y la información que yo tengo es que en recientes fechas se ha acordado la concesión de una línea especial de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial del Reino de España.
Asimismo, por hacer referencia a las dos preguntas y a sus respectivos apartados, personas que han sufrido persecución, amenazas o agresiones en Argentina, han solicitado asilo en España y su solicitud se ha visto denegada aludiendo al carácter de país democrático y respetuoso de los derechos humanos de Argentina.
Es por eso por lo que formulo, en este caso al señor Subsecretario, las preguntas de si el Gobierno piensa adoptar alguna medida que condicione el apoyo político y económico al estricto respeto de los derechos humanos por parte del mismo y si el Gobierno tiene previsto iniciar alguna actuación que facilite a los argentinos perseguidos que lo soliciten acceder a la condición de refugiado o asilado político.


El señor PRESIDENTE: El señor Cajal tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Señor Presidente, señoría, voy a tratar de contestar con precisión a las dos preguntas.
Qué duda cabe que la descripción que S. S. ha hecho no puede ser objeto más que de rechazo por parte del Gobierno, al tratarse de agresiones, persecuciones, atentados contra la libertad de prensa, que son muy de lamentar, pero, dicho esto, el Gobierno no prevé ninguna actuación específica referida a Argentina. El Gobierno sigue considerando que Argentina es un país democrático donde existen los mecanismos jurídicos adecuados para garantizar la integridad física y el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Por otra parte, cualquier ciudadano extranjero dispone de los recursos que la legislación española contempla para acudir o solicitar el asilo o la condición de refugiado. La Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado de 1984 establece unos mecanismos, que son conocidos, y a los que cualquier ciudadano se puede acoger. Por supuesto, si un ciudadano argentino considera que su integridad física está en peligro puede recurrir a este mecanismo.
Según las informaciones de las que dispongo, hasta octubre de este año ha habido 24 solicitudes de asilo, y según estas mismas informaciones estos 24 casos fueron rechazados porque la Comisión encargada de resolver las solicitudes consideró que las invocaciones no eran adecuadas y que en el fondo se trataba de emigrantes, por decirlo así, económicos.
Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un programa de acogida para casos de persecuciones, personas cuya vida está en peligro por amenazas de grupos extremistas, terroristas y a los cuales se facilita la salida del país. Efectivamente, muchos de los que se acogen a este programa son ciudadanos de algún país hispanoamericano, pero no se ha dado el caso --insisto que según la información de la que dispongo-- de ciudadanos argentinos que hayan recurrido a este programa de acogida.
El Gobierno considera que Argentina no es un país en el que se den las circunstancias que motivarían una acogida masiva de personas asiladas o refugiadas y considera, asimismo, que a partir del año 1983, con la vuelta a la democracia, no solamente se ha restablecido la democracia en Argentina, sino que existen una serie de mecanismos que contemplan y condicionan, en el terreno de los principios, el apoyo politico y económico que España presta al Gobierno argentino y que son básicamente, por supuesto, el respeto de los derechos humanos y el mantenimiento y fortalecimiento del sistema democrático.
Paso a contestar la segunda pregunta. España, de acuerdo con los principios de la resolución del Consejo de Cooperación para el Desarrollo, de noviembre de 1991, otorga prioridad al llamado enfoque positivo de los principios que rigen la política global de cooperación con los países iberoamericanos; propicia, consecuentemente, la intensificación de la cooperación con aquellos Gobiernos, cual es el caso de Argentina, que han logrado una

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consolidación real de la democracia y la protección de los derechos humanos.
Las declaraciones, como S. S. sabe, de las cumbres iberoamericanas de Guadalajara, Madrid y Salvador de Bahía reafirman, asimismo, este compromiso y el propio preámbulo del Tratado de cooperación y amistad hispano-argentino de junio de 1998 mantiene este principio rector de la defensa de la institucionalidad democrática y del respeto de los derechos humanos. Por otra parte, conviene también tener presente que juega en ambos sentidos.
Dicho esto, señoría, insisto, la enumeración de los casos que ha mencionado es realmente preocupante, pero creo que hay que dar un margen de confianza a las instituciones argentinas, a la justicia argentina para que hagan frente a estas situaciones que, tal como están descritas, evidentemente concitan la preocupación de cuantos las escuchan. Por otra parte, los casos individuales que puedan surgir, como digo, pueden recurrir a los mecanismos contemplados por la legislación española y serían resueltos en sus propios méritos.


El señor PRESIDENTE: La señora Maestro tiene la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: Señor Subsecretario, más allá de otras situaciones, a mí se me ocurre que hay solamente dos posibilidades: o me invento lo que digo, no es real lo que está produciéndose en Argentina con los quinientos casos de agresiones, persecuciones, desaparecidos, entre núcleos de personas de la intelectualidad, de la prensa, de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, o, si existe, el Gobierno español tiene que tomar alguna medida en consecuencia. A mí no se me ocurre otra cosa.
Es decir, en Argentina los casos de denuncias se incrementan, la vinculación de los agresores con miembros de las fuerzas armadas y del aparato represor del antiguo régimen parece evidente; parece claro el reclutamiento de los mismos por altos dignatarios de la nación, como el presidente de la Cámara de Diputados. Entiendo que a SS. SS. podría parecerles increíble si no fuera porque este personaje --que no creo que pueda llamársele de otra manera, y refresco sus memorias-- fue el protagonista de un chantaje a un ciudadano español dentro mismo del edificio del Congreso de los Diputados de Argentina; este ciudadano era el representante en Argentina de la empresa Gas Natural y recibió un chantaje económico, con amenazas de muerte por parte de este personaje.
Hay otro hecho, y es que legalmente está instituido el poder judicial y los mecanismos de actuación pertinente, pero la evidencia es que el poder judicial no actúa, que no se ha condenado nunca a nadie por esas agresiones y que el Gobierno español deniega las solicitudes de asilo que se producen en relación con estos hechos y que, además, establece líneas prioritarias de financiación a ese Gobierno y usted me dirá, señor Subsecretario, si esta situación permite decir que más allá de declaraciones formales en Argentina se están respetando los derechos humanos.
Acepto que usted intentara demostrarme que los hechos que relato son ciertos, pero usted puede decirme que no, que exagero o que me los invento. Ahora, si son ciertos, en un país democrático como España es razonable solicitar del Gobierno la apertura de algún tipo de investigación que permita que el Gobierno español obtenga una información real de lo que allí sucede y que actúe en consecuencia tanto en relación con el trato de favor político como económico por lo que se refiere al Gobierno argentino. Y todo ello como medida para intentar fortalecer el desarrollo de la, a juicio de mi Grupo, débil y agredida democracia argentina.


El señor PRESIDENTE: ¿El señor Subsecretario quiere añadir algo?

El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Simplemente tomar nota del último comentario de su señoría.


--SOBRE FECHA PREVISTA PARA LA REFORMA DEL ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GP). Número de expediente 181/000124.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 19, 20, 21, 22 y 23.
Según se me ha comunicado, la número 23, presentada por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha sido retirada.
Por consiguiente, vamos a tratar las números 19, 20, 21 y 22.
Me atrevo también a sugerir al señor Robles Fraga, que es el que ha presentado las cuatro, que entiendo que se refieren globalmente al mismo tema y quizá se podrían ver conjuntamente o si considera que no, en cuyo caso lo dejo a su libre criterio.


El señor ROBLES FRAGA: En cualquier caso, me gustaría hacer brevemente las números 19 y 20, separadas y la 21 y la 22 juntas, que re refieren al mismo caso. Creo que son tres asuntos distintos referidos a la misma cuestión, pero podíamos refundir las dos últimas y tratar rápidamente --desde luego me comprometo a ser breve-- las 19 y 20.


El señor PRESIDENTE: Adelante. Tiene usted la palabra, señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Subsecretario, ¿cuándo se va a proceder a la anunciada reforma del organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores, que debería hacerlo más efectivo y mejorar así el aprovechamiento de los recursos del Ministerio del que usted es Subsecretario?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


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El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Yo no creo, señoría, cuando menos de una manera oficial, que el organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores fuera a ser reformado o modificado.
En lo que a mí respecta, es cierto que en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores con motivo de la discusión del Presupuesto en el año 1992, el 14 de octubre, según tengo aquí delante en el «Diario de Sesiones» del Congreso, hice una referencia a la reestructuración del organigrama y dije: «Es algo que está en la mente del Ministro y del Subsecretario, aunque no parecía que fuera el momento ni la coyuntura los más aconsejables para embarcarse en esta iniciativa y que, cuando las circunstancias lo aconsejaran, se acometiera la modificación del organigrama.» Entre tanto, se ha introducido una reforma puntual.
Por otra parte, debo decir también que no hay que establecer necesariamente una relación de causa-efecto evidente entre reforma del organigrama y eficacia. Se puede reformar un organigrama y llegar a la ineficacia. Lo que sí que se ha hecho es una reforma importante que parecería que era la aconsejable en las actuales circunstancias, una reforma que, como S. S. sabe, entró en vigor hace un par de meses, y fue la creación de la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio.
Esta reforma parecía urgente y necesaria con vistas a ir preparando, por un lado, la próxima presidencia de la Comunidad y ello como consecuencia de la necesidad de aliviar al Secretario General de Política Exterior de sus múltiples obligaciones, puesto que además de coordinar las llamadas direcciones políticas del Ministerio, desempeñaba las funciones, desde la creación de este puesto en 1985, de director político.
De lo que se ha tratado es de crear la figura autónoma de director político de una parte para, como digo, aliviar al Secretario General de Política Exterior de parte de las obligaciones que recaían sobre él y, por otra, para ir preparando las nuevas y cada vez más complejas obligaciones que recae sobre el Director de Asuntos Políticos, que es una figura tradicional en todos los ministerios de Asuntos Exteriores europeos y, por supuesto, de los países miembros de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: La última ocasión en que se anuncia, se habla o aparece --imagino que de fuentes muy bien informadas-- el propósito del Ministro de abordar la reforma del organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores es con motivo del relevo del precedesor del señor Dicenta y de su predecesor como Subsecretario. Eso organiza un cierto revuelo y al final ese muy loable propósito de reforma desaparece de las intenciones del Ministerio.
Sin embargo, a mí también me gusta seguir el trámite legislativo y observar lo que ha pasado en esta Comisión cuando hemos hablado de los Presupuestos. Discutíamos la reducción del 27 por ciento en el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo y el resultado era que más de la mitad del Presupuesto de la Agencia se destinaba a gasto corriente.
Esta misma cuestión del organigrama del Ministerio, es decir, del instrumento fundamental de política exterior del Gobierno en relación con sus objetivos declarados, vuelve a aparecer con motivo de algunas preguntas realizadas al Ministro en esta misma Comisión con ocasión del proyecto de nueva sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A mí me parece que en un momento de restricción presupuestaria, de ajuste de los instrumentos y medios de política exterior del Gobierno, en que se están invirtiendo cantidades importantes de dinero o proyectando invertir cantidades importantes de dinero en una nueva sede que dignifique y mejore el funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y, por tanto, de la defensa de nuestra política exterior y de la promoción de nuestros intereses, parece razonable pensar que éste es el momento para abordar una reforma que va siendo atrasada, evitada, aparcada, desde hace muchos años.
A esto se añade una vieja discusión planteada una y otra vez por este Grupo y que incluso llegó a figurar en algún momento en los programas del Partido Socialista sobre la necesidad o no de hacer una ley del servicio exterior que desarrollase, aplicase y clarificase el panorama del servicio exterior conforme al principio de unidad del servicio exterior para conseguir el objetivo de la unidad de la acción exterior del Estado.
El organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores no es un organigrama cualquiera, sino que procede de muchas reformas parciales que se han ido sucediendo a lo largo de los años, pero que nunca han conseguido solucionar, porque quizá no estaba en el ámbito de sus posibilidades, la vieja cuestión de las competencias compartidas o de las peleas competenciales con otros organismos de la Admnistración central del Estado.
Me refiero, por ejemplo, al viejo contencioso con la Secretaría de Estado de Comercio sobre las competencias de política económica exterior sobre los nuevos problemas planteados por la importancia de las cuestiones de inmigración con otros Ministerios, como son el de Interior y el de Trabajo, su conflicto con las competencias consulares, la también planteada en esta misma Comisión cuestión de las competencias culturales y de la relación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto Cervantes. También la cuestión importante de carácter consular de los asuntos electorales, mucho más importante ahora con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. En fin, nos referimos a qué queremos hacer con el servicio exterior, qué modelo queremos seguir y cuáles son las competencias en materia de política exterior que queremos que desarrollen unos y otros.
Si uno analiza con cierto detenimiento las características del organigrama del Ministerio, verá que son muy poco compatibles con las necesidades de una potencia media como España que, precisamente en época de austeridad, debe ajustar más recursos humanos y materiales.


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Hay una infradotación permanente de medios personales en las direcciones generales del Ministerio y una multiplicación --a la que me referiré en la siguiente pregunta--, de funcionarios destinados en el extranjero, y no todos, desde luego, del Ministerio de Asuntos Exteriores, un excesivo número de unidades administrativas que quizás habría que simplificar, una falta de adaptación del organigrama del Ministerio a nuevas realidades europeas que muchas veces entran en competencia con otros Ministerios, por no hablar de las viejas peleas corporativas que no se solucionan nunca y que se perpetúan en una guerrilla interminable, estéril para los intereses de nuestra política exterior.
Creo que éste es el momento para eliminar esos cuellos de botella. Creo que es tarea primordial de la política exterior española y, por lo tanto, de su Ministerio y de usted mismo como Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, abordar la reforma de nuestro servicio exterior, y hay que empezar por poner orden dentro de la casa propia. La correcta o incorreca utilización, según se aprecie, de los medios públicos es, sin duda, uno de los factores primordiales que afectan a cómo España defiende sus intereses en el exterior. Desde luego, creo que un país como el nuestro, que no está, desde luego, en un momento especialmente boyante, debe plantear también en este momento la necesidad del ajuste de sus medios, de los instrumentos de los que dispone para defender o para promover sus intereses exteriores.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): La creación de una Dirección de Asuntos Políticos obedece precisamente a un análisis de la situación y de las necesidades a las que se consideraba que había que hacer frente con carácter urgente e inmediato. La creación de este puesto se ha hecho, además, sin gasto presupuestario alguno.
Habrá observado, sin duda, S. S. que de los tres Institutos dependientes, por decirlo así, de la Agencia en la Secretaría de Estado de Cooperación, se han cubierto solamente dos: el Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, no así el Instituto de Cooperación para el Desarrollo. Quizás esto sea un primer paso con vistas a una refundición de ambos Institutos, también con vistas a una mayor racionalización y a un ahorro de los recursos escasos.
Su señoría ha hecho un planteamiento muy amplio de una serie de temas de indudable interés, pero que, a mi juicio, van más allá del tema de la organización o reorganización del organigrama del Ministerio. Comparto el objetivo que S. S. plantea de adecuación de los medios a las necesidades crecientes del Ministerio a una creciente complejidad de la vida internacional. Como ya he tenido ocasión de decir, creo que con todo el Ministerio cumple más que dignamente sus funciones como brazo ejecutor, por decirlo así, de la política exterior de España.


--SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LA DUPLICIDAD DE DELEGACIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR, FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO POPULAR). (Número de expediente 181/000127.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: La siguiente pregunta, que viene a continuación de esta misma, es como sigue: ¿cuáles son las medidas que piensa adoptar su Ministerio para corregir la duplicidad de delegaciones españolas en el exterior, entendiendo como tales a las unidades administrativas de España que realizan competencias en el exterior que duplican el esquema organizativo y acarrean costes excesivos?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Confieso que no acabo de entender bien su pregunta. Si la pregunta se refiere a lo que se entiende por delegaciones, es decir, misiones que salen de España con carácter general para asistir a determinadas conferencias o reuniones internacionales, por lo general, como S. S. sabe perfectamente, incluso en aquellas de carácter técnico, suelen ir presididas por un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar, por decirlo así, la cobertura política de la gestión que vaya a hacer esa delegación.
Si se refiere S. S. a la multiplicación de oficinas en el exterior, qué duda cabe que es una Administración que debe hacer frente a temas técnicos cada vez más complejos en su despliegue en el exterior, por mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores quisiera preservar su hegemonía, chocaría con la dura realidad, y es que se tiende, se propende cada vez más a la especialización de funciones. Naturalmente, se podría pretender --y éste es un ejercicio puramente intelectual--, se podría intentar reducir el número de delegaciones, por llamarlas así, en el exterior. Creo que ésta es una batalla que no conduce a ninguna parte.
El Ministerio de Asuntos Exteriores como tal o el servicio exterior, representado en este caso por la carrera diplomática, no puede pretender hacer frente a toda la gama de actividades que se presentan en una embajada en un país importante, en una embajada integrada por un número considerable de funcionarios y que ha de cubrir temas desde agrícolas hasta de cooperación científica, temas financieros o consulares, por supuesto, culturales y de todo tipo. Creo que eso es imposible. Hay que tener un buen servicio exterior, integrando en el mismo a todos los departamentos que por una u otra razón tengan que tener una proyección exterior. Pretender que eso quede circunscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores me parece que es una tarea imposible.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Efectivamente, de eso se trata. Se trata de tener un buen servicio exterior, partiendo de la base de que el servicio exterior que tenemos ahora no lo es porque necesita de un esfuerzo de ordenación y clarificación que no se ha hecho, a pesar de ser una necesidad manifestada en numerosas ocasiones no solamente dentro del Ministerio por los funcionarios de la carrera diplomática, sino por cuantas personas se asoman con objetividad e interés, personal y profesional a la manera en que España defiende sus intereses y ejerce esas atribuciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de representación, protección, negociación, información, fomento y desarrollo de relaciones amistosas y de todo el mundo.
Todo el mundo acaba volviendo al viejo principio de la unidad de acción exterior del Estado, de tal manera que un país como España, que es una potencia media con limitaciones de todo tipo, se encuentra con que dispone de 90 embajadas, más diez representaciones permanentes, y que en este centenar de misiones, además de los nombramientos que efectúa el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado de Comercio nombra a 115 personas con acreditación diplomática, el Ministerio de Trabajo a 41, la Secretaría de Turismo a 35, el Ministerio de Educación a 21, el Ministerio de Agricultura a 27, el Ministerio de la Presidencia a 18, la Secretaría de Estado a ocho, el Ministerio de Industria a otros cuatro, el Ministerio de Transportes a dos y el Ministerio de Asuntos Sociales a uno. Sin duda, sólo nombra a uno porque no ha podido nombrar a ninguno más, porque algunas intenciones aviesas también tenía la anterior Ministra de Asuntos Sociales de crear oficinas de relaciones o agregadurías de su Ministerio en el exterior.
El problema de la coordinación --y el señor Subsecretario sin duda lo conoce mejor que nadie-- de la política exterior, que es, en definitiva, en lo que consiste la unidad del servicio exterior, es tanto de su Ministerio como de los jefes de misiones diplomáticas y de representaciones de España en el extranjero. Y claro, cuando existen once o doce focos de política exterior, nos encontramos con que el servicio de exteriores es un poco como el ejército del libro de «Tintín», que está lleno de coroneles pero que tiene muy pocos soldados, y en definitiva no hay ningún general que coordine aquí. No hay más que ver el excesivo número de consejeros y agregados, con niveles muy altos --29 y 30-- en algunas embajadas, que casualmente son París, Bruselas y Washington, que dependen de ministerios distintos y dependen en todos los sentidos. Y las esporádicas y muy meritorias reuniones que realizan los embajadores para tratar de averiguar qué es lo que hacen las personas que nominalmente trabajan a sus órdenes no sirven para mucho. La labor coordinadora de los embajadores, de los jefes de misión, no puede ser eficaz si no existen dos cosas: por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores su misma capacidad coordinadora y, al mismo tiempo, orden en la atropellada y masiva manera con la que se envían al exterior representantes de ministerios y organismos varios que consideran que sólo dependen del ministro que les nombra. No entrar en el espinoso tema de cómo se envían por parte de algunos ministerios...


El señor PRESIDENTE: Señor Robles, vaya concluyendo que el tiempo apremia.


El señor ROBLES FRAGA: Concluyo, señor Presidente. Cómo se nombra a estas personas que no dependen directamente o que tratan de no depender directamente del Ministerio. Sí diré que, desde luego, el esfuerzo hay que hacerlo con mayor rigor que el actual. En cualquier caso, no parece razonable pensar que exista tan elevado número de personas, que no solamente no reconocen sino que desconocen la necesidad de una coordinación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, titular de la política exterior, y del embajador de España o del jefe de la misión en cuyo país están acreditados.


--SOBRE NEGATIVA DE DETERMINADOS MINISTERIOS A QUE SUS FUNCIONARIOS SE INTEGREN EN LOS EDIFICIOS DESTINADOS A ALOJAR LA CANCILLERIA DE EMBAJADAS O REPRESENTACIONES DE ESPAÑA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000129.)

--SOBRE OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE LAS CONSEJERIAS COMERCIALES Y OTRAS AGREGADURIAS EN WASHINGTON, VARSOVIA O PARIS NO SE HAYAN ALOJADO EN LOS NUEVOS EDIFICIOS DE ESTAS EMBAJADAS. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000130.)

El señor PRESIDENTE: Señor Robles, las preguntas 21 y 22, según tengo entendido, se acumulan en un solo turno.


El señor ROBLES FRAGA: Sí, señor Presidente. Me gustaría conocer la respuesta del señor Subsecretario sobre la negativa de algunos ministerios a integrar sus funcionarios en las nuevas cancillerías construidas y edificadas con cargo al erario público, y de la opinión que le merece a este Ministerio semejante actitud.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Cajal López): Señorías, voy a hacer una breve enumeración de unas embajadas, alguna de las cuales menciona S. S. en sus preguntas, en las que efectivamente se ponen de manifiesto algunos de los problemas que S. S. suscita.


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En París, por ejemplo, están integrados en la cancillería, además de la de la OCDE, las agregadurías de Defensa, Industria, Educación en breve, Agricultura, la Oficina cultural y la Oficina de información. Están fuera Turismo, porque tiene que atender al público, y Comercio. En Washington están fuera Defensa y Comercio y están integradas Agricultura, Educación, la Oficina laboral, la Oficina financiera y el Consulado. En Lisboa está fuera Comercio y están integrados Defensa, Cultura, Información y Educación. En Rabat hay bastantes fuera porque la Concillería es pequeña; están integradas parte de la Oficina de defensa, el Agregado militar y el Agregado naval, y la Oficina de información. En Moscú están integradas todas, incluida Comercio. En Varsovia, Defensa, el Instituto Cervantes y el Consulado; Comercio está fuera. Por supuesto, en la representación permanente ante las Comunidades todos los agregados sectoriales están integrados.
De esta breve enumeración se deduce que, efectivamente, hay un ministerio que propende a no integrar sus oficinas sectoriales en las cancillerías de las embajadas de España. Sin duda S. S. sabe que esto es una práctica inveterada que data de antes de 1982, para lo que se pueden buscar varias explicaciones. Una de ellas es que en numerosas ocasiones y no solamente las oficinas comerciales son propiedad del Estado, por decirlo así, en segunda instancia del Ministerio de Comercio. Esto en ocasiones plantea problemas de venta para integrarse en las cancillerías. Hay un segundo tema que es más complejo y también de más compleja apreciación, y es que las oficinas comerciales tienden a localizarse en zonas, por decirlo así, del mundo de los negocios, no necesariamente coincidentes con la localización de las cancillerías y mucho menos de las oficinas consulares, puesto que evidentemente hay oficinas comerciales no sólo en las capitales de los países, y en el caso de las oficinas consulares éstas se sitúan más bien en otro tipo de barrios puesto que de lo que tratan es de atender a otro tipo de clientela, por decirlo así.
Dicho esto, qué duda cabe que no es el ideal. Ello crea ciertas disfuncionalidades. La cohabitación no genera necesariamente el amor, como es sabido, ni siquiera una coordinación ideal. Por otra parte, es verdad que esta multiplicación de sedes podría dar lugar a un mayor gasto para los Presupuestos del Estado. A mediados de los años ochenta, y coincidiendo con una época de optimismo presupuestario, se trató, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de ir a cancillerías integrales, coincidiendo también con la necesidad de renovar o modernizar algunas de las cancillerías de las grandes embajadas que adolecían de numerosos defectos y que estaban en manifiesto estado de postración; Washington, Londres y París son los casos más evidentes. Se fue a este tipo de cancillería integral y en algunos casos, como por ejemplo en Moscú, ha habido una integración total; en otros casos la integración ha sido parcial. Me atrevería a decir que en la actualidad la experiencia de las grandes cancillerías se está repensando en el Ministerio. Las grandes cancillerías exigen una atención muy compleja, unas dotaciones de seguridad muy complejas. A una cancillería integral tienen acceso muy distintos grupos de personas en función de las distintas oficinas que visitan, y eso complica no solamente la estructura del edificio sino que complica y dificulta sobre todo la seguridad. Por otra parte, una cancillería integral que pretenda integrar, por definición, en un país donde España tenga una implantación importante, a la totalidad de las oficinas sectoriales, sería una auténtica megacancillería, y eso plantea problemas de concepción que, como digo, mueven más bien a la reconsideración. Dicho esto no puedo ocultar una realidad, y es que básicamente las oficinas comerciales no se integran en las cancillerías de las embajadas de España.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Ante el estupor probablemente de quienes no conozcan este asunto, la realidad es que la Secretaría de Estado de Comercio se niega a integrarse en cancillerías recién construidas o habilitadas para integrar al conjunto de nuestra representación diplomática en algunos países importantes --el caso de Washington es especialmente sangrante-- y por una pelea de patio de vecinos, por una guerrilla competencial que debería haberse resuelto pero que ahí está, la Secretaría de Estado de Comercio deja vacíos centenares de metros cuadrados de edificio de oficinas recién construidos, con argumentos que desde luego no tienen nada que ver ni con la necesidad de restricción de gasto público ni con los objetivos de política económica del Gobierno ni, desde luego, con la necesidad no ya de la unidad del Servicio Exterior, sino una simple coordinación de actividades de distintos ministerios y secretarías de Estado que llevan sectores de nuestra política exterior.
Esto es muy lamentable. Como casi todo lo anterior, nace de la vieja necesidad de una reforma del Servicio Exterior y de una aclaración de competencias en materia de política exterior. Yo creo que si la política exterior es una política de Estado, punto que hemos explicado por activa y por pasiva en esta Comisión, también lo debe ser para la Secretaría de Estado de Comercio.
Espero tener en alguna ocasión una comparecencia del Secretario de Estado de Comercio para que me aclare cuál es su modelo del servicio exterior, cuáles son las razones que hacen que centenares de metros cuadrados estén vacíos exclusivamente porque hay unos funcionarios que, obedeciendo instrucciones del Secretario de Estado, no se integran en una estructura no digo ya única, sino ordenada y coordinada de defensa de nuestros intereses en países tan importantes, repito, como los Estados Unidos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
El señor Subsecretario no quiere añadir nada. Por consiguiente, le doy las gracias al señor Cajal y le despido también después de esta parte de su tarea.


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--SOBRE CRITERIOS QUE INSPIRAN LA POLITICA DEL GOBIERNO ESPAÑOL CON RESPECTO A ARGELIA Y SU DELICADA SITUACION INTERNA. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE (GP). (Número de expediente: 181/000052.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el último turno de comparecencias de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Invito al Secretario General de Política Exterior, señor Villar, a que se sume a esta Presidencia. (Pausa.) Le doy la bienvenida al señor Villar y, sin más, pasamos a la consideración de las preguntas que le afectan en la ordenación del debate que hemos realizado. Comenzaremos por la pregunta número 1, cuyo autor es el señor Milián Mestre, referida a la política del Gobierno español con respecto a Argelia y su delicada situación interna. Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Como ustedes comprenderán, señorías, esta pregunta se presentó hace más de dos meses, y los acontecimientos están variando sustantivamente la esencia de la misma. Yo voy a mantener la filosofía de la pregunta, pero creo que éste es un tema que da para una comparecencia y más porque los acontecimientos son especialmente graves.
Desde diciembre de 1991 el Frente Islámico de Salvación obtiene el 60 por ciento de los escaños en las elecciones frustradas por el golpe de Estado. El Ministro de Asuntos Exteriores español dice --textualmente-- entonces que ve con preocupación la situación interna de Argelia.
Posteriormente, el 20 de octubre de este año, repite que vuelve a ver con preocupación la situación interna de Argelia, a pesar de que en el ínterin había hecho declaraciones diferentes, y tengo aquí referencias de prensa, exactamente del 21 de octubre de 1992, en las que Solana admite que Argelia va por buen camino y ofrece 50.000 millones de pesetas en ayuda. Eso hace que se haya observado una falta de previsión, en mi opinión, o de prospectiva analítica por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español para entender la etiología del problema y la magnitud que se derivaba del mismo. En este sentido, los sucesos que varían un poco la sustancia de mi planteamiento, después de la caída de Benyedid, son de todos conocidos: golpe de Estado en 1992, asesinato de políticos importantes como el propio Presidente de la Junta colegiada de la Presidencia, inestabilidad creciente interna, asesinatos y matanzas masivos de extranjeros, atentados del terrorismo establecido que genera prácticamente un estatus de guerra civil, todo lo cual ofrece en este momento una situación muy complicada que podríamos definir y que creo que obliga a la reflexión por nuestra parte en los siguientes datos.
Primero, el Presidente del Frente Islámico, Rabah Kebir, desde Alemania acaba de advertir --es información de la prensa de ayer-- que en Argelia se está en la guerra civil y que se han cobrado 3.000 vidas los acontecimientos. Y decía el pasado mes: Si fuera español o francés me iría de Argelia, pero no por miedo sino por razones éticas. Después, un sector militar argelino manifiesta que quiere eliminar físicamente a los integristas. En este caso están diciendo que su posición es radical y que dan un plazo que se concluye a finales de este año, según tengo entendido por informaciones publicadas en la prensa de ayer. Dicen que o esto se resuelve por las buenas o sacan los tanques a la calle inmediatamente.
Por tanto, la concesión de un mes por parte de los militares para ultimar el diálogo nacional, en el que se han basado ciertas esperanzas de pacificación de la situación, provoca una situación de perplejidad y, al mismo tiempo, una extrañeza notable a las cancillerías occidentales, a la vista del marchamo ya extremadamente violento que adoptan los acontecimientos. Se ha constituido una comisión de diálogo nacional que ha convocado una conferencia para finales de diciembre y se ha respondido por parte de Ait Ahmed, del Frente FFS, socialista, que ni él ni Ben Bella por parte de los progresistas, van a asistir a esta conferencia.
Por otra parte, el Grupo Islámico Armado, llamado GIA, descarta todo diálogo y entiende que la situación tiene que evolucionar a su favor. El Movimiento Islámico Armado, MIA, otro, que es la parte militar del FIS, no se ha pronunciado todavía, pero todo parece indicar que, al final, la situación será muy dura puesto que las reglas de juego que imponen los militares no se casan exactamente con las condiciones que establece el FIS, que son liberación de presos políticos, derogación de las leyes y decretos adoptados con motivo del golpe de Estado, creación de una comisión independiente abierta a todas las fuerzas políticas, que los responsables de actos de violencia sean juzgados y, finalmente, apertura de diálogo en un país neutral. Este es el estado de la cuestión. Ante dicho estado evidentemente la situación cada vez es más preocupante.
España ha tenido una postura coordinada con Francia, Mercado Común y los países comunitarios, pero lo cierto es que la vecindad física la tiene España y la tiene Francia y, en consecuencia, los riesgos inherentes a una situación enormemente conflictiva van a incidir sobre nosotros de manera directa y primaria.
Antes de formular la pregunta, simplemente quisiera atraer la atención sobre estas posibles contradicciones o variaciones de opinión que he observado por parte del Gobierno español respecto a la situación de Argelia. Me refiero a algo que ha dicho una persona muy inteligente, el Director del Instituto Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, el profesor Samuel Huntington, que dijo recientemente que los conflictos entre civilizaciones están sustituyendo a la guerra fría como principal fenómeno de la política global. Ni que decir tiene que el escenario máximo de estos conflictos está en el Mediterráneo; y ni que decir tiene que los grandes analistas del momento entienden que el Mediterráneo suroccidental ofrece unas características muy peculiares para este gran conflicto. En consecuencia, ¿qué criterios inspiran la política del Gobierno español con respecto a Argelia y a su delicada situación interna?

El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.


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El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Como saben SS. SS., España y Argelia mantienen buenas relaciones de amistad y cooperación, caracterizadas por el mantenimiento de contactos políticos regulares a diversos niveles e importantes vínculos económicos y de cooperación. Hace años que del panorama de las relaciones bilaterales han desaparecido los contenciosos serios que existían en el pasado, y hoy en día puede decirse que estas relaciones tienen un carácter, una naturaleza estratégica concebida a largo plazo por ambas partes, por ambos gobiernos y por ambos Estados. Sin embargo, todos somos conscientes --y sin lugar a dudas en el Ministerio de Asuntos Exteriores de manera especial-- de la situación enormemente delicada, difícil y compleja --en esto estoy totalmente de acuerdo con los calificativos empleados por S. S.-- por la que atraviesa Argelia en estos momentos.
Esta situación, tremendamente difícil y compleja por la que atraviesa Argelia, hace que no podamos permanecer indiferentes a su suerte. A nadie escapa que la estabilidad de Argelia es, por otra parte, un elemento de gran importancia para la estabilidad de toda la región magrebí y, por tanto, también de toda la región mediterránea.
Voy a tratar de resumir las principales cuestiones que definen esta situación tan delicada, tan difícil y tan compleja, que vive Argelia en estos momentos. Es una situación que puede quizá, a riesgo de una necesaria simplificación, evaluarse en tres planos diferentes pero estrechamente interconectados. En primer lugar, los gravísimos problemas de seguridad. Es tristemente conocida la oleada de atentados terroristas y asesinatos que se han ido desarrollando en los últimos meses, en las últimas semanas, y que han producido numerosas víctimas, entre ellas, y a partir del mes de septiembre, 23 ciudadanos extranjeros, uno de ellos un español, el señor López Bailén. Todos estos hechos, esta situación de gravísima inseguridad y de atentados terroristas son motivo, por supuesto, de una gran preocupación para el Gobierno español, cuyo objetivo esencial a corto plazo en Argelia es precisamente el de atender de manera prioritaria la seguridad de todos los españoles que allí residen o que allí se encuentran. Puedo asegurar a S. S. que, en este sentido, se han adoptado todas las medidas posibles que las circunstancias tan difíciles y tan complejas (vuelvo a subrayarlo) permiten para proteger la integridad física de la colonia española, de todos los residentes españoles, entre las cuales mencionaré las siguientes.
Se constituyó hace algún tiempo, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, un grupo de trabajo para el seguimiento de la crisis y para atender a la protección de nuestros nacionales. La Embajada de España en Argelia, nuestra Embajada, ha hecho lo propio. Por otra parte, se ha establecido un sistema de comunicaciones permanentes que permiten un estrecho contacto de la colonia española, tanto con la Embajada y con el Consulado en Argel como con el Consulado en Orán. Asimismo, se ha asegurado la comunicación permanente de nuestra Embajada con las demás representaciones, con las demás embajadas de los países de la Unión Europea, que están constantemente coordinadas, a efectos de asegurar o mejorar la protección de sus repectivos nacionales como también a efectos de, si las circunstancias se agravaran todavía mucho más, tratar de llevar a cabo una eventual evacuación conjunta, o por lo menos tratando de apoyarse en aquellas embajadas que tienen más medios. En ese sentido estamos también en contacto con algunas embajadas iberoamericanas en Argel que se han acercado a nosotros para facilitarles también este tipo de comunicación, información y eventual asistencia. Por otro lado, estamos insistiendo de manera constante ante las autoridades argelinas para que hagan todo lo que esté en sus manos, conscientes de las dificultades que ellas mismas tienen que afrontar para tratar de atajar este gravísimo problema de inseguridad y de terrorismo, para proteger tanto la integridad como la seguridad de los ciudadanos extranjeros, en este caso de los españoles, de nuestras sedes diplomáticas así como de las empresas españolas y de los españoles que están trabajando en diversos lugares del país. Y naturalmente seguimos insistiendo para que investiguen y nos transmitan el resultado de la investigación en relación con los hechos que costaron la vida a nuestro conciudadano el señor López Bailén. La Embajada en Argelia y el Consulado en Orán, por otra parte, han tomado una serie de medidas concretas de protección desde las respectivas sedes. Se ha distribuido a la colonia española una lista de recomendaciones de actuación para aminorar los riesgos en materia de seguridad. Y finalmente señalaré que, tanto a través de los medios de comunicación como mediante comunicaciones a las agencias de viaje y a los touroperadores, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos aconsejado que en tanto no cambien las circunstancias se trate de evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, los viajes a Argelia, a la vez que hemos recomendado a nuestros residentes en dicho país que, en la medida de lo posible también, adelanten sus vacaciones navideñas y procedan al retorno de aquellos familiares cuya presencia en Argelia no se considere imprescindible.
El segundo plano, conectado con el que acabo de describir someramente, es el proceso de transición hacia un sistema más democrático y pluralista.
Su señoría ha mencionado la constitución reciente de una comisión del diálogo nacional que, efectivamente, está tratando de llegar a algún tipo de entendimiento con las principales fuerzas políticas del país para acordar una plataforma de consenso que permita organizar un período de transición hacia un sistema más democrático, una vez que finalice el mandato del Alto Comité de Estado, la presidencia colegiada que en estos momentos hay en Argelia, a finales del próximo mes de enero. Al término de este período de transición, si las cosas fueran bien y consiguiera establecerse un consenso sobre dicha transición, se convocarían elecciones. El período de mantenimiento de esta presidencia colegiada del Alto Comité de Estado acaba de prorrogarse un mes; por tanto, va a permanecer en el poder hasta finales del mes de enero, en vez de finales del mes de diciembre, como estaba inicialmente previsto, con la finalidad, al parecer, de darle más tiempo a la comisión de

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diálogo en estos arduos intentos que están llevando a cabo para tratar de encontrar una base mínima con las principales fuerzas políticas para este consenso. Pues bien, en todos los contactos que estamos teniendo, tanto con el Gobierno como con otras fuerzas políticas del vecino país, España viene insistiendo en la necesidad de iniciar, de abordar un proceso de reformas políticas en profundidad que contemplen un horizonte pluralista y democrático y en el que se garantice el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y por lo que se refiere al objetivo más a corto plazo, el relativo al diálogo para sentar las bases de esa transición, es nuestra opinión, y así lo hemos transmitido también a las autoridades argelinas, que deben tratar de abrir dicho diálogo a todas las fuerzas políticas que se oponen a la violencia. Esa es nuestra posición y nuestro criterio, por tanto, en relación con este segundo gran plano que permite describir la situación actual argelina.
Por lo que se refiere al tercer plano, a su vez también relacionado con los dos anteriores, que es el de la recuperación de la actividad económica, las medidas para salir de la grave crisis económica, debo decir que frente al programa económico del Gobierno anterior, claramente inmovilista, el nuevo Gobierno, presidido por el señor Reda Malek, el anterior Ministro de Asuntos Exteriores, parece que está dando muestras de un mayor pragmatismo. Después de un amplio debate interno, el nuevo Gobierno argelino que preside el señor Malek ha decidido adoptar un serio programa de ajuste, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este programa de ajuste, si se llega (y así esperamos que ocurra) a un acuerdo pronto con el Fondo Monetario Internacional, contempla medidas como la liberalización paulatina del comercio exterior, la reestructuración de la deuda externa y la fijación de una nueva paridad del dinar, aparte de otras medidas. Pues bien, el Gobierno español apoya decididamente estas medidas de reforma económica prometidas por el Gobierno argelino y, por tanto, actuará también en consecuencia en el seno de los organismos internacionales (fundamentalmente en el seno del Fondo Monetario Internacional) para tratar de impulsar la adopción de asistencia económica de diverso tipo que acompañe, que es el complemento necesario para que este programa de ajuste pueda ponerse en marcha y pueda funcionar.
Pero junto a este esfuerzo en el terreno multilateral, naturalmente España está tratando también de aportar su concurso en el plano bilateral, como lo ha venido haciendo en los últimos años en los que, como sabe S. S., España ha pasado a ser uno de los principales socios económicos, comerciales y financieros de Argelia. A este respecto señalaré únicamente algunos datos significativos del esfuerzo que estamos haciendo para tratar de ayudar a Argelia a salir de esta situación. Las relaciones comerciales entre los dos países han ido mejorando progresivamente, a pesar de las dificultades internas, desde 1985, hasta nuestros días.
Por lo que se refiere a la cooperación financiera, a través del Protocolo financiero de 1989, España empezó a conceder facilidades por valor de 380 millones de dólares anuales para el período 1989-1991, de los cuales 125 millones fueron en créditos FAD y 255 en créditos comerciales en condiciones OCDE. El 12 de marzo de 1992, una vez agotadas las líneas anteriores, se le otorgaron a Argelia otras tres líneas de crédito para dos años, con una dotación anual de 500 millones de dólares, que son las que en estos momentos están en vigor.
En cuanto a la cooperación científica, técnica, cultural y educativa, el pasado mes de abril se firmó un nuevo convenio bilateral, sobre cuya base se están desarrollando diversos programas en materia de formación profesional, sanidad, meteorología, seguridad e higiene en el trabajo.
Mantenemos también programas de cooperación en el terreno educativo y cultural. Como conoce perfectamente S. S., cabe destacarse, en el marco de esta concepción estratégica, la importancia que tienen nuestras relaciones con Argelia, cualquiera que sea la situación por la que atraviesa ese país, en el proyecto de construcción del gaseoducto magrebí-europeo (Argelia-Marruecos-España), cuyas obras de ejecución empezaron el pasado 13 de mayo, que es la mejor prueba de esta voluntad común de dar a las relaciones entre los dos países una dimensión verdaderamente estratégica, asociando, además, a este esfuerzo a otros países magrebíes --en este caso, Marruecos-- y europeos.
Confiamos en que también la cooperación bilateral española, económica, financiera, técnica, etcétera, sumada a la de otros países, a la de los principales socios occidentales de Argelia: Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, que están desarrollando una política similar a la nuestra, contribuya a mejorar la grave situación económica y social por la que atraviesa Argelia, lo cual es un requisito imprescindible para la estabilidad de ese país y de toda la región magrebí.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Señor Secretario General voy a hacerle sólo dos consideraciones, puesto que ha sido muy prolijo en la información.
Información que ha venido dada de lo que entiendo que es la filosofía del Ministro Solana, cuando dice textualmente que las relaciones comerciales son la única forma de estabilizar al país.
Por lo que se refiere a la primera consideración, a la situación económica, tengo que decir que ciertamente los intereses de España empiezan a ser cuantiosos en un área, sobre todo en el Sáhara, especialmente vinculados a lo energético, lo cual supone un problema de salida. Si se agrava la situación política general, si se establece una dinámica endiablada de violencia o de guerra civil, y si se está persiguiendo de esa manera tan brutal a los extranjeros, qué ocurrirá con nuestros planes energéticos vinculados al Plan Energético Nacional, que está estrechamente vinculado al problema gasístico gracias a la filosofía de Pedro Durán Farrell que la vinculó de manera tan directa a ese compromiso. En este caso, hay tres empresas españolas muy directamente implicadas, especialmente

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Repsol y Enagas, y no voy a dar cifras porque usted las conoce y mis colegas supongo que también, pero que suponen una inversión de 200.000 millones de pesetas, gran parte de los cuales, según tengo entendido el 70 por ciento, está financiado por nosotros. El gaseoducto de 1.275 kilómetros es un cordón umbilical que vincula nuestra economía nacional a los conflictos que puedan derivarse en la zona, específicamente en el punto de origen o fuente que es Argelia; pero que transita por Marruecos, que es otro problema al que luego nos referiremos, no menos importante para nuestra razón estratégica y económica. Esta es mi primera y preocupada consideración.
La segunda consideración, breve, es simplemente política. Nosotros entendemos como Grupo que lo importante sería presionar a Francia para que hubiera una aproximación conjunta, nuestra y de Francia, hacia los sectores más moderados del fundamentalismo, puesto que es evidente que está ahí como dato apodíctico e indestructible: hay que negociar con los amigos si no se les puede derrotar. Sería prudente hacer esto buscando apoyo para evitar enfrentamientos con los radicales, que son los peores del fundamentalismo, rebajando así la hostilidad antioccidental que el FIS está derivando de forma explícita con los atentados.
En este sentido, sería bueno que el Gobierno intensificara esta política y que buscara cuantas alianzas fuera posible para evitar males mayores que se están perfilando en esa frontera sur del Mediterráneo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General de Política Exterior.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Sobre la primera cuestión que ha suscitado el señor Milián, tengo que decir que, efectivamente, los datos que ha aportado subrayan la importancia de nuestros intereses y, por tanto, también las razones de nuestra involucración en el terreno político para contribuir a paliar los gravísimos problemas que tiene Argelia --aunque, obviamente, España no va a poder solucionarlos--, en la medida de sus posibilidades, al igual que otros países con intereses fuertes en dicho país, y a que el propio pueblo y las autoridades argelinas puedan encontrar las bases para la solución de esos graves problemas.
En todo caso, la cuestión energética pone también de manifiesto el carácter estratégico de esta relación, carácter estratégico que lo es también para los dos países y que funciona en las dos direcciones. De manera que es también el Gobierno argelino --probablemente cualquier gobierno argelino que hubiera--, el primer interesado en mantener esta relación con España en este terreno.
Por lo que se refiere a la aproximación a los llamados sectores moderados fundamentalistas o integristas islámicos y a la necesidad de actuar de manera concertada con Francia, debo decirle a S. S. que la situación en Argelia es uno de los temas recurrentes en nuestras conversaciones, en nuestros contactos bilaterales con Francia desde hace tiempo a todos los niveles. Este fue un tema que se abordó, tanto por los Presidentes, como por los Ministros de Asuntos Exteriores, con ocasión de la última cumbre bilateral franco-española, y a otros niveles lo estamos tratando constantemente. Precisamente uno de los acuerdos que se adoptó en la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores, celebrada recientemente en Madrid, fue el de incrementar nuestros contactos a efectos de compartir informaciones, preocupaciones y de tratar de concertar algún tipo de política en relación con esta situación tan compleja que nos preocupa a los dos países sobremanera.
En relación con la aproximación a los llamados sectores moderados fundamentalistas, en mi intervención anterior ya le indiqué a S. S. que uno de los criterios que está siguiendo el Gobierno español en relación con la situación argelina, por lo que se refiere en concreto a las posibilidades de diálogo nacional, es el de animar o alentar a las propias autoridades argelinas a que abran lo más posible el abanico, el espectro de su diálogo con las fuerzas de la oposición. Por supuesto que en esos consejos o recomendaciones que hacemos a las autoridades argelinas incluimos a los sectores moderados del FIS u otros sectores islamistas, si es que esos sectores existen, que sin duda existirán, pero eso no es fácil. Hay que reconocer que en la actual situación es difícil que las autoridades argelinas puedan encontrar interlocutores válidos.
Ese es el gran problema.
Sabemos que en la cúpula política, e incluso en la cúpula militar argelina, hay en estos momentos claros partidarios de abrir el diálogo a estas fuerzas, a estos sectores moderados. Sabemos que hay otros sectores en la cúpula política y, sobre todo, ciertos sectores en la cúpula militar, que no están tan de acuerdo en que el diálogo se abra. Sabemos que los sectores partidarios de abrir el diálogo al máximo están teniendo dificultades para encontrar interlocutores válidos. Recientemente, al parecer, algunos líderes históricos del FIS manifestaron su voluntad de involucrarse en este diálogo y es posible que la respuesta que recibieran fuera precisamente las declaraciones, a las que S. S. hizo mención en su intervención, de uno de los dirigentes del exterior, el señor Rabah Kebir desde Alemania, en las que ponía unas condiciones para el diálogo muy difíciles, por no decir de imposible cumplimiento.
Este es un tema muy complejo y muy difícil, pero naturalmente nuestra línea es la de que el diálogo debe de abrirse también --como dije antes literalmente en mi intervención-- a todos los sectores que están por una vía de diálogo, por una vía pacífica y que excluyen la violencia y el terrorismo.


--SOBRE CRITERIOS QUE INSPIRAN LA POLITICA DE COOPERACION MILITAR DE ESPAÑA CON EL REINO DE MARRUECOS. FORMULADA POR EL SEÑOR MILIAN MESTRE, GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000054.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villar.


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Pasamos a la pregunta número 3, de la que es autor también el Diputado del Grupo Popular, señor Milián, sobre criterios que inspiran la política de cooperación militar de España con el Reino de Marruecos.


El señor MILIAN MESTRE: Evidentemente esta es una pregunta casi corolario de la anterior; es decir, aunque no estaba formulada en ese sentido, a resultas de lo que ocurre es un corolario.
Le voy a hacer un planteamiento rápido, sucinto y voy a empezar el razonamiento a la inversa: voy a entrar en las conclusiones y después daré las razones.
La cuestión de Marruecos y nuestra relación con este país es extremadamente delicada. El Grupo Popular no quiere plantear ninguna reticencia a la cooperación militar con Marruecos, porque podría ser malinterpretada y no es ésa nuestra intención. Esto, además, podría ir en contra de nuestro sector industrial de la defensa, que se encuentra maltrecho en estos momentos a causa de las reducciones presupuestarias.
Entendemos que sería bueno escuchar las explicaciones que el Gobierno pueda dar para clarificar estos conceptos sin mostrarnos entusiastas partidarios, ni tampoco enemigos acérrimos, de cuanto se produzca en este sentido.
La pregunta viene de muy lejos; hace un año que estoy haciendo preguntas en este sentido por diversas razones, una de ellas, la disolución antes del plazo previsto de la anterior legislatura que impidió que hubiera respuestas puntuales a este tema concreto. Las razones son, en primer lugar, las contradicciones aparentes en la información que se nos da.
Yo argumentaba hace un año, en preguntas que no fueron contestadas por el Gobierno, que el 2 de mayo decía el señor García Vargas en un viaje a Marruecos que se abordaría en Rabat una venta de armamento de 100.000 millones de pesetas. Esto fue publicado en «El País» de esa fecha.
En segundo lugar, después de varias preguntas mías por escrito se me contesta, el 28 de enero de 1993, que en los últimos años el Gobierno no ha autorizado ninguna operación de venta o de suministro de armamento al Reino de Marruecos. Se explica que ha habido material de defensa en los últimos tiempos, como fueron exportaciones de vehículos Nissan, seis aviones de transporte CASA, etcétera, y dan las valoraciones de esas operaciones.
Lo cierto es que eso se contradice un poco con lo anterior. Mucho más se contradice cuando vemos recientes informaciones (exactamente ésta es del 3 de agosto, también de «El País»), donde el señor García Vargas reitera que el Gobierno ha logrado desbloquear los créditos para financiar la operación de armamento. Dice: «España ultima la venta de material militar a Marruecos por 50.000 millones de pesetas.» Este es el estado de la cuestión.
La pregunta va en sentido exploratorio: ¿Por qué tanto interés en no aclarar si hay de verdad o no exportación de material militar? Lo cierto es que el entorno en el que estamos --y eso es lo que señalaba anteriormente la otra pregunta-- nos sitúa en una postura comprometida, puesto que somos suministadores de munición militar a Marruecos, que es un posible implicado en un conflicto en el norte de Africa, en la zona del Magreb y, evidentemente, agravado por el fundamentalismo cuyas raíces ya están muy arraigadas en Argelia y pueden ser proyectadas a las áreas adyacentes.
En este caso --y cito simplemente a modo de prueba--, el General Juan Sosa Hurtado, Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa, dijo hace unos meses que el escenario norteafricano --cito textualmente-- «puede ser origen de preocupaciones, tensiones y riesgos, aunque hoy» --continúa la cita-- «no sea constitutivo de amenaza directa».
El entorno, como usted ha expresado anteriormente con referencia a Argelia, la vecindad de Marruecos y los problemas que nacen de una demografía asaltante de la otra orilla del Mediterráneo, puesto que no pueden contenerse físicamente en unos países tercermundistas, por razones económicas y sociales, hace que estemos configurando un escenario peligroso en el que nosotros tenemos intereses directos de subsistencia, de supervivencia, incluso intereses económicos por lo dicho anteriormente de nuestra industria militar.


El señor PRESIDENTE: Quiero advertir a los señores y señoras Diputados que intervienen que deberíamos intentar ser lo más concisos posible, porque evidentemente el desarrollo reglamentario de las preguntas tiene un tiempo determinado que yo no puedo cortar si no se cumple este tiempo, pero debo recordarles, por ejemplo, que la pregunta anterior se ha desarrollado en 30 minutos. Nos faltan todavía unas cinco o seis preguntas, de modo que con este ritmo acabaremos muy tarde. Ustedes deberán decidir.
Yo no quiero coartar la libertad de nadie. El tiempo reglamentario es el tiempo reglamentario y en esto no voy a infringir el Reglamento.
Tiene la palabra el señor Villar para responder a las cuestiones planteadas.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Su señoría ha formulado su pregunta reduciendo nuestra cooperación militar con el Reino de Marruecos básicamente a un tema que puede ser importante pero que, a nuestro juicio, es, o debería ser, sólo una parte de esa cooperación militar, que es el eventual suministro o venta de material militar, de armamento. El Gobierno concibe la cooperación militar con Marruecos de una forma mucho más amplia.
En relación con la pregunta que dirigió su señoría, tal como llegó al Ministerio, le diré que los criterios que inspiran la política española de cooperación en materia de defensa con el Reino de Marruecos se inscriben dentro de la política general con dicho país, cuyos principios objetivos e instrumentos S. S. ya conoce por anteriores intervenciones en esta Comisión del Ministro de Asuntos Exteriores básicamente, y que tiene su marco de

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referencia en el Tratado bilateral de amistad, buena vecindad y cooperación.
Dentro de este esquema general, el Gobierno español está prestando, por supuesto, una atención especial a la cuestión de la seguridad y la estabilidad en nuestro vecino país, pero entendida en un sentido no estrictamente militar, sino más amplio, es decir, incluyendo también una serie de elementos políticos y socioeconómicos. Debo decir que la seguridad de Marruecos, entendida en este sentido amplio, no puede contemplarse exclusivamente en el ámbito bilateral, que también debe recibir un tratamiento internacional más amplio. Voy a mencionar algunas iniciativas que tienen como finalidad precisamente la consolidación de la estabilidad y de la seguridad de Marruecos, que consideramos que es de gran importancia para toda la región y, por tanto, también para España.
Por ejemplo, las iniciativas en el marco de la UEO para establecer cauces y canales de diálogo en temas de seguridad con los países del Magreb y, por supuesto, con Marruecos, entre ellos; actuaciones similares en el marco de la CSCE para desarrollar la llamada dimensión mediterránea en la que viene participando Marruecos de manera importante, etcétera.
Pasando al ámbito estrictamente bilateral, debo decir que nuestra cooperación para la defensa, nuestra cooperación militar con Marruecos, va mucho más allá del suministro, como decía antes, de material militar; de material para la defensa. El régimen que regula esta relación bilateral en el ámbito de la cooperación militar y de la defensa viene establecido por el convenio específico sobre la materia de diciembre de 1990, y también por el marco general al que antes hacía referencia del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación. Dentro de este marco estamos realizando actividades importantes que nosotros pensamos que redundan en favor de la estabilidad de Marruecos y de un objetivo de máxima o de progresiva interrelación entre nuestras Fuerzas Armadas, lo cual pensamos que, por razones evidentes, es un objetivo, también a largo plazo, importante que va en beneficio de nuestra propia seguridad.
En este marco me voy a limitar a señalar algunas actuaciones, como el intercambio de observadores previsto en el artículo 1.º del Convenio. Los oficiales de las fuerzas armadas de Marruecos participan habitualmente en ejercicios de instrucción. En estos momentos hay 21 becas para alumnos marroquíes en centros y academias militares españoles para el curso 1993-1994. Paralelamente, alumnos españoles realizan el curso de Estado Mayor en Marruecos y profesores militares españoles imparten clases en la Escuela de Estado Mayor y en la Escuela de la Marina Real. Estamos realizando también con Marruecos programas comunes de investigación, desarrollo y producción de sistemas de armas, material y equipos de defensa, destinadas a cubrir las necesidades de ambas partes. Estamos realizando ejercicios combinados, tanto navales, como aéreos, como terrestres. Y, finalmente, también en el pasado hemos suministrado material de defensa para Marruecos.
Por supuesto, hay programas que están desde hace tiempo en discusión y proyectos que están desde hace tiempo en negociaciones y discusión entre los dos Ministerios de Defensa. Sin duda, nuestro Ministro de Defensa podría ser más explícito al respecto, pero en estos programas todavía --quizás eso explica las contradicciones que, siguiendo únicamente los medios de prensa, se pueden apreciar-- hay esas aparentes contradicciones que S. S. ha podido apreciar entre las declaraciones de unos y otros Ministros.
En estos momentos, insisto, los dos Ministros de Defensa están negociando y hablando sobre el futuro suministro de material militar, pero de momento no se han materializado. Por lo tanto, lo que le puedo decir es lo que se le respondió a S. S. hace unos meses, en el sentido de que en los dos últimos años no se ha autorizado ninguna operación de venta o de suministro de armamentos, aunque sí de otro tipo de productos a los que se hacía mención en aquella respuesta, como vehículos todoterreno o aviones de transporte CASA.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias por la información e intervengo sólo para una mínima cuestión. Señor Secretario General la información que usted nos da amplía el ámbito de los conocimientos que teníamos hasta ahora, pero no deja de ser preocupante puesto que estamos viendo que la crisis de la zona en todo el Magreb está produciendo efectos a veces sorprendentes. Ahí tenemos a Libia integrada en ese conjunto y vemos que a veces se suceden colaboraciones de las cuales nunca se sabe exactamente cuáles son las últimas deliberaciones. Cito simplemente, a modo de ejemplo, los estudios serios de estrategia que se están haciendo en este momento en algunos organismos internacionales y señalan que el año 2000 habrá 15 naciones del Tercer Mundo que dispondrán de capacidad de producción de armas químicas; 10 de armas biológicas y ocho de capacidad nuclear. Esto quiere decir --no digo que ése sea el caso de Marruecos-- que en esa área hay un gran conflicto, hay conflictividad creciente y potencial, y que existen algunos países y posibilidades reales y efectivas de que puedan surgir sorpresas.


--SOBRE CRITERIOS MANTENIDO POR ESPAÑA ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS FINALES DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS INTEGRADAS EN LA UNPROFOR EN BOSNIA. FORMULADA POR EL SEÑOR ELORRIAGA FERNANDEZ. GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000059.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en la pregunta número 4, cuyo autor es el señor Gabriel Elorriaga, del Grupo Popular, sobre el criterio mantenido por España ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con

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respecto a los objetivos finales de las tropas españolas integradas en la Unprofor en Bosnia.
Tiene la palabra el señor Elorriaga.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Secretario General, la pregunta, como se deduce claramente de su enunciado, se refiere al criterio y a la propia capacidad de decisión dando por supuesto que las decisiones de una asamblea de una entidad colectiva como el Consejo de Seguridad, como Naciones Unidas en su conjunto, no son necesariamente idénticas al pensamiento de cada uno de sus miembros, sino una posición de conjunto que ha de ser respetada, aunque no coincide en todo con el criterio con cada una de las partes.
No obstante, ha habido manifestaciones, algunas muy recientes, singulares que parecen insinuar un cierto matiz español. Por ejemplo, el Ministro de Defensa recientemente ha dado a entender que consideraba conveniente una posible retirada de la presencia militar española si las partes enfrentadas no llegaban a un acuerdo de paz en este mismo día en que está tratándose el tema. Esta decisión ha sido seguida por algunos otros ministros de la Unión Europea, no naturalmente por los ministros de todos los países del Consejo de Seguridad ni, mucho menos, de Naciones Unidas.
Sabemos lo convencional que puede ser el acuerdo de paz, si llega a firmarse. Puede haber acuerdo de paz, puede ser incumplido y el conflicto puede prolongarse, como desgraciadamente parece deducirse por experiencia, durante mucho más tiempo que unos meses. Aun así, en cierto modo esto puede significar un posible gesto en base a una visión propia del conflicto, ya que suponemos que Naciones Unidas seguirá manteniendo una presencia militar en la zona aun sin las fuerzas españolas y quizá sustituyéndolas por otras de más dudosa preparación y eficacia. Parece una amenaza de despegarse de la política de Naciones Unidas de alguna manera.
Comprendemos que puede carecer de sentido la presencia en posiciones arriesgadas como Jablanica sin poder cumplir la misión humanitaria y que hay razones para presionar, naturalmente, a las partes en conflicto con retiradas que, por otro lado, más bien perjudicarían a la población civil que se trata de proteger que a esas fuerzas.
La información acumulada por España, tanto como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como por la información de inteligencia que recibe por la presencia de nuestro personal militar en la zona, hace pensar que nuestro Gobierno tiene una capacidad para mantener una base de pensamiento, una propia doctrina sobre la situación, sea o no atendida nuestra posición por otros países.
Nosotros lo que deseamos, por conluir la pregunta, es si puede clarificar su Departamento hoy aquí cuál es nuestra posición, cuál es nuestro criterio, el camino que considera el Gobierno más adecuado para lograr un equilibrio en esa dramática zona, porque naturalmente si el Gobierno tuviese una idea clara de los objetivos deseables tendría una dudosa legitimación para justicar el esfuerzo e incluso los sacrificios que está comportando la participación de España en este difícil escenario.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Los objetivos del Gobierno español en la antigua Yugoslavia (por lo que se refiere a los conflictos en la antigua Yugoslavia, han sido y continúan siendo fundamentalmente dos) coinciden básicamente con los objetivos de la comunidad internacional en su conjunto y, por supuesto, con los del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del que formamos parte desde el 1 de enero pasado. Por una parte, favorecer el desarrollo de un proceso negociador que evite la extensión del conflicto a otras áreas, incluso a otros países de la región y que pueda conducir a un arreglo político aceptado por todas las partes y, por otra, aliviar el sufrimiento de la población civil víctima de los horrores de una guerra especialmente cruenta.
En definitiva, estos son los objetivos, como le decía, que inspiran también las ya muy numerosas resoluciones que ha ido adoptando el Consejo de Seguridad a lo largo de los últimos meses de las Naciones Unidas; resoluciones que, por supuesto, la delegación española ha contribuido a elaborar, informar y en cuya adopción ha participado siempre de manera activa y dando su voto favorable.
Más específicamente los objetivos, por lo que se refiere al mandato concreto que tienen las fuerzas de Unprofor en la antigua Yugoslavia, especialmente en la zona de conflicto de Bosnia-Herzegovina, como sabe S.
S., han sido establecidos por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad; básicamente son la protección y el funcionamiento del aeropuerto de Sarajevo, a cuyo amparo y de manera intermitente se han realizado desde entonces miles de vuelos humanitarios; la protección de los convoyes humanitarios, tarea especialmente importante y, una vez más, ahora que comienza un invierno que se prevé que será de gran dureza, tarea en la que como S. S. conoce perfectamente nuestras sucesivas agrupaciones, nuestros contingentes han tenido una participación destacada al corresponderles mantener abierta la ruta del Neretva y asegurar la llegada de ayuda humanitaria a núcleos de población fundamentalmente croatas y musulmanes en medio de tremendas dificultades, sometidos a veces al fuego cruzado, teniendo que hacer frente a innumerables provocaciones u obstaculizaciones por parte de los propios contendientes, unos y otros. Otro objetivo es la protección de las llamadas zonas seguras, establecidas por varias resoluciones el pasado verano del Consejo de Seguridad; concretamente, las ciudades de Sarajevo, Bihac, Sbrenica, Gorazde, Trusla y Zepa.
Un destacamento de nuestra agrupación, por otra parte, ha venido desempeñando una importante tarea en una zona especialmente conflictiva, como es la ciudad de Mostar, realizando labores de interposición dentro del espíritu de contribuir a la pacificación de la zona y de

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mejorar las condiciones de vida de la población civil. Estos son los objetivos y los criterios que han guiado en todo momento la actuación de nuestro contingente integrado en Unprofor.
¿Qué ocurre en estos momentos y a qué obedecen algunas de las declaraciones a las que S. S. ha hecho mención no sólo del Ministro español de Defensa, sino que también el Ministro de Asuntos Exteriores ha hecho alguna declaración similar en este sentido? Efectivamente, hay declaraciones muy similares que se han podido registrar en los últimos meses o semanas por parte tanto de los responsables de Defensa como de Asuntos Exteriores de los otros países socios de la Unión Europea que tienen importantes contingentes en la antigua Yugoslavia y en Bosnia, como son el Reino Unido y Francia. Estas declaraciones son en el sentido --y voy a tratar de que queden muy claras-- de que si una vez que pase el invierno y entre todos hayamos intentado paliar lo que de otra forma podría ser una auténtica catástrofe humanitaria, especialmente en algunas zonas de Bosnia-Herzegovina a lo largo de estos meses de invierno; si no hay una perspectiva razonable de arreglo político, si las partes siguen obstaculizando indefinidamente el que exista esa perspectiva de arreglo político negociado y aceptado por todas las partes, es posible que los países que tenemos contingentes en Unprofor nos veamos obligados a replantearnos nuestra permanencia allí. Si no existen esas perspectivas --insisto-- de arreglo político, obviamente no podemos mantenernos indefinidamente en unas condiciones de altísimo riesgo, incluso teniendo que hacer frente a los obstáculos de unos y otros.
Ahora bien, si se llega a algún arreglo político aceptado e implementado por las partes (y sin duda cualquier tipo de arreglo político tendrá un capítulo o una dimensión militar importante), en ningún momento nuestro Gobierno ha excluido el que España pueda participar con contingentes militares en esa aplicación, en esa implementación del arreglo político, del plan de paz, cualquiera que sea. En estos momentos no sabemos cuáles serían las exigencias militares para implementar un plan de paz, porque como sabe S. S. no se ha podido llegar a él. Hoy mismo, en Bruselas, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a esta misma hora están celebrando conversaciones con los principales dirigentes políticos de las partes implicadas en el conflicto. Carecemos de información y las perspectivas anoche no eran muy optimistas en el sentido de que no parece que la facción musulmana estuviera en condiciones de aceptar el nuevo mapa negociado ayer, al parecer, por serbios y croatas, pero hay que esperar cuál es la reacción de unos y otros hoy, y probablemente en las próximas horas tendremos el panorama un poco más claro.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, ha terminado el tiempo que tenía usted para intervenir en este primer turno.
Tiene la palabra el señor Elorriaga.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Le agradezco mucho, señor Secretario General, sus criterios, en algunos puntos coincidentes con los nuestros.
Simplemente le hago la reflexión de que sus informaciones serán de índole más directa, pero las que tenemos nosotros son bastante pesimistas en cuanto a la posibilidad de acuerdo e inclusive, aunque hubiese acuerdo, la perspectiva de la posibilidad de cumplimiento del mismo es mala.
La pregunta y la insistencia en ella es más bien en el sentido de que dando por dignísimos los móviles humanitarios que estamos cumpliendo allí, creemos que el pueblo español merece una contraprestación --vamos a decir-- informativa más amplia de la que está teniendo hasta ahora sobre las razones por las que estamos allí o por las que vamos a seguir estando, en el caso de que haya que ayudar a imponer el sistema de paz en aquella zona.
Verdaderamente, el sacrificio de nuestros medios y de nuestros hombres en proporción a nuestras posibilidades es grande, es muy importante, y el mandato de las fuerzas de Unprofor en la parte en que participamos sería penoso que fuese estéril. Por otro lado, estos anuncios del Ministro de Defensa, y eventualmente del de Exteriores, de retirada en el caso de que no haya perspectiva de arreglo, entra también dentro de lo posible, pero evidentemente sería un fracaso importantísimo de la gestión de Naciones Unidas en esa crisis, tema que también hay que considerar y que afecta mucho a la responsabilidad --creo-- de España como ilustre miembro de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad.
No quiero más que hacerle estas reflexiones y solicitar del Gobierno, a través de usted, que procuren informar lo más ampliamente posible, puesto que es un tema en el que los compromisos de España son importantes, y por lo que usted dice pueden ser mayores en el futuro. Creo que hasta este momento hay una cierta precariedad informativa o una cierta falta de transparencia sobre cuál va a ser la actitud definitiva de España.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, ¿quiere añadir algo?

El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Unicamente indicar que comparto las preocupaciones de S. S., pero que yo creo, con toda honestidad, que si hay un tema sobre el que ha habido y está habiendo una más que amplia información, entre otras cosas a través de las comparecencias tanto del Ministro de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Defensa en esta Cámara, es precisamente en todo lo relativo a los conflictos en la antigua Yugoslavia, y más en particular a la importante contribución que España está teniendo a través, sobre todo --aunque no sólo--, de los contingentes españoles integrados en Unprofor.


--SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO ESPAÑOL COMO MIEMBRO ACTUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA PROCEDER A LA REALIZACION DEL REFERENDUM PREVISTO

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POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL SAHARA. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expediente 181/000100.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, de la que es autor el señor Rupérez, del Grupo Popular, sobre actividades del Gobierno español como miembro actual del Consejo de Seguridad para proceder a la realización del referéndum previsto por las Naciones Unidas para solucionar el problema del Sáhara.
Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Ese es el contenido de la pregunta y, sin más trámites, la someto a la consideración del señor Secretario General.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rupérez, por su brevedad.
Tiene la palabra el señor Villar.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Las actividades que el Gobierno español desarrolla como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en relación con el Sáhara Occidental, tienen como punto de referencia esencial la posición, de principio invariable, que España mantiene desde el año 1976, desde la retirada de su Administración del territorio.
Mucho más recientemente, España, como es sabido, acogió con satisfacción, cuando todavía no era miembro del Consejo, las Resoluciones 658 y 690 del Consejo de Seguridad, ratificadas después por la Asamblea General y por las dos partes en el conflicto, que encomendaron la organización de un referéndum, bajo la dirección del propio Consejo de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas, siguiendo las disposiciones del plan de paz diseñado por éste, a la sazón el señor Pérez de Cuéllar.
Desde el primer momento España ofreció toda su colaboración al Secretario General para el buen desarrollo de las operaciones del referéndum, y el Secretario General aceptó esta oferta. La contribución española, en sus aspectos financieros, logísticos y técnicos, hasta el momento ha sido básicamente de dos millones de dólares como contribución obligatoria al presupuesto de Minurso, la operación que ha montado Naciones Unidas para tratar de ayudar a la implementación del plan de paz; cuatro millones de dólares, como aportación voluntaria en efectivo, y cerca de un millón de dólares más en medios de transporte, además de facilitar el censo español de 1974, el único censo que se haya realizado nunca en el territorio, y otros documentos útiles para la identificación de los saharauis, así como los servicios de expertos sobre esta cuestión, tan crucial e importante, del censo y diversas prestaciones logísticas y sanitarias, también a Minurso, en Las Palmas de Gran Canaria.
Pero esta contribución, importante en sí (es probablemente la más importante de cualquier país hasta el momento a Minurso y a las operaciones de Naciones Unidas), no ha agotado la acción española. En apoyo del plan de paz España ha ejercido una actividad diplomática constante, y a nuestro juicio constructiva, a través de contactos bilaterales con todas las partes, con los gobiernos interesados, con los responsables de Naciones Unidas, fundamentalmente con la propia Secretaría y el propio Secretario General o sus sucesivos representantes especiales.
En otro orden de cosas, la incorporación de España al Consejo de Seguridad a principios de este año ha abierto, naturalmente, nuevas perspectivas de acción que el Gobierno y nuestra Delegación tratan de aprovechar con la mayor eficacia posible.
Por añadidura debo decir que en el seno del Consejo de Seguridad se ha constituido un grupo informal de países especialmente interesados en el proceso de paz del Sáhara Occidental que se reúne con frecuencia con las partes y con el Secretario General o con su representante especial, señor Yakub Jan, para tratar de impulsar el proceso. España forma parte de este grupo y expresa en él sus puntos de vista.
Por lo que se refiere a la situación actual del plan de paz, nos encontramos en la estela de aplicación de la Resolución 809 del Consejo de Seguridad, aprobada por unanimidad el pasado 2 de marzo. España participó muy activamente en el proceso de elaboración de esta Resolución, que fue complejo y delicado, y que refleja adecuadamente, a nuestro juicio, nuestras principales preocupaciones. Me referiré en particular a dos de ellas.
En primer lugar, es preciso evitar que la celebración de la consulta a la población se demore indefinidamente; y, en segundo lugar, el Secrerario General debe intensificar sus esfuerzos con las partes en la importante cuestión de la interpretación y aplicación de los criterios que determinarán la condición de votante en el referéndum, e iniciar el proceso de identificación e inscripción de los votantes, empezando por los que figuran en el censo español de 1974, tal y como señala la propia resolución del Consejo de Seguridad.
En relación con la interpretación y aplicación de los coloquialmente llamados criterios de saharauidad, el Secretario General ha trasladado hace meses a las partes unas propuestas de compromiso que pretenden aproximar las posiciones de las partes en este tema tan delicado y difícil. Sin embargo, las divergencias en relación con esta cuestión son todavía importantes, aunque seguimos confiando en que puedan cerrarse en un futuro próximo; hemos apelado reiteradamente a las partes para que, haciendo gala de un sincero espíritu de compromiso, cooperen al máximo con los esfuerzos del Secretario General.
En cuanto a la identificación e inscripción de votantes, se han registrado últimamente algunos casos positivos; la comisión de identificación de Minurso ha comenzado ya sus trabajos sobre el terreno; su presidente ha obtenido el visto bueno de las partes sobre un «modus operandi», y después de abrir oficinas en los principales lugares del Sáhara y de los campamentos de refugiados, han distribuido ya los formularios mediante los cuales los saharuis

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harán llegar sus solicitudes de inclusión en el censo electoral del referéndum.
La Resolución 809 del Consejo de Seguridad solicitaba, asimismo, la presentación de un nuevo informe del Secretario General en el que éste evalúe el resultado de sus gestiones y determine los pasos que a su juicio deben seguirse para la pronta celebración del referéndum. El señor Burtos Gali ha presentado en mayo y noviembre sendos informes provisionales, y se espera que el próximo mes de febrero presente un informe definitivo en el que se supone que se pronunciará sobre las posibilidades de celebración de la consulta a lo largo de la primera mitad del año 1994, que es la perspectiva temporal que en principio contempla el Consejo de Seguridad, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que se pueda realizar el referéndum dentro de esa perspectiva temporal.
Me referiré, por último, a otro aspecto importante de la cuestión, que es el de los contactos directos entre las partes.
Si bien la Resolución 809 no hacía mención a esta posibilidad, el Consejo de Seguridad, en los innumerables debates o en las consultas informales en las que ha tratado el tema del Sáhara, con la opinión favorable de España, ha considerado oportuno promoverlos y encomendar su canalización a través del Secretario General y de su representante especial, con el fin de tratar de instaurar un clima de mayor confianza entre las partes y posibilitar que se avance en la resolución de determinados aspectos técnicos del plan de paz. El pasado mes de julio se celebró una ronda de conversaciones en el Aaiún, hecho positivo en sí mismo, aunque lamentablemente después no se han podido celebrar nuevos contactos directos; el Secretario General continúa tratando de que se produzcan, y entretanto se están celebrando contactos indirectos a través de su representante especial.
En definitiva, estamos en una fase muy delicada del proceso, pero tenga S. S. la seguridad de que España seguirá, en la medida de sus posibilidades, ejerciendo o tratando de ejercer una influencia constructiva, desde su puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, para intentar resolver todos estos difíciles problemas pendientes y para que, mediante la aplicación del plan de paz del Secretario General, se pueda poner término a este conflicto y pueda instaurarse una paz justa y duradera en esta región del Magreb tan próxima a nosotros.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Nosotros agradecemos la información y compartimos el sentido general del propósito. Sin embargo, querríamos insistir en un punto concreto por razones que inmediatamente explicaré.
Creemos que España, en función de sus responsabilidades, y sobre todo en función de sus intereses, debería, en el marco del Consejo de Seguridad, en el marco del conocimiento que tiene de las dos partes, propiciar activamente los contactos y las negociaciones directas entre las partes, a las cuales se ha referido el señor Villar al final de su intervención.
Creemos que algunos de los obstáculos políticos que eventualmente se plantearán sólo tienen cabida a través de esos contactos directos entre las partes, y me refiero concretamente al tema no ya de la celebración del referéndum, sino de la pregunta que en su momento se va a someter a la consideración de los saharauis que tengan derecho a voto. Esa pregunta debería contener, por lo menos, una de las alternativas en donde, como consecuencia de la negociación entre las partes, los intereses básicos de Marruecos y los intereses básicos de los saharuis --me refiero a los saharauis que tienen en este momento su sede en Tinduf-- pudieran ser adecuadamente representados.
Entre otras razones, ésa sería la manera de evitar un callejón sin salida en donde pudiera llegar a convocarse un referéndum en el que las partes se declaran incapaces de aceptar cualquiera de los dos extremos en donde se produzca la solución. Yo creo que como ese resultado nadie lo busca, y ciertamente no es el que a España interesa, debería mostrarse el Gobierno especialmente activo para propiciar unas negociaciones concretas entre las partes para que, con fórmulas a explorar, una de las cuales podría ser precisamente la autonomía de la región saharaui y de los habitantes de la misma, pudiera reflejar ese consenso entre unos y otros.
Es importante recordar que el referéndum debe celebrarse para acabar con la situación de pendencia internacional en la que se encuentra el territorio y que Naciones Unidas querría establecer una fecha límite para la inscripción de los votantes --algo que también es de nuestro interés--, y es importante igualmente recordar que a nosotros nos interesa acabar con esa pendencia. Y como cualquier tipo de lucubración sobre un referéndum en las condiciones más puras del término resulta difícilmente aceptable, creemos también que ésa debería ser la línea a seguir de una manera sistemática por el Gobierno español. Minurso mismo, en estos momentos, refleja y da noticia del cansancio que se está produciendo por parte de los propos saharuis agrupados en torno al Polisario, lo cual tiene su lógica, y como a España tampoco le interesa que haya ningún tipo de victoria aniquiladora de unos sobre otros, es por lo que creemos que ésta debería ser la línea sistemática y contundente que habría de seguir el Gobierno español en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Secretario General?

El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Unicamente quería decir al señor Rupérez que comparto plenamente lo que acaba de manfifestar; la línea del Gobierno español es precisamente ésa y es lo que venimos haciendo. Desde hace mucho tiempo estamos tratando de propiciar los contactos directos, y algunos se han producido, pero no es nada fácil que estos contactos tengan continuidad, y por supuesto el objetivo fundamental de los mismos,

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como he indicado anteriormente, es tratar de propiciar un arreglo político previo que a nuestro juicio debería ir quizá en una tercera vía, es decir, en una vía que sea intermedia entre las dos extremas, que son las únicas contempladas por el momento en el plan de paz, y que a falta de un arreglo político entre las partes van a permanecer ahí; estas líneas son, por una parte, la integración pura y simple en el Reino de Marruecos, y, por otra, la independencia total y absoluta. Obviamente, las partes, ni una ni otra, hoy por hoy, parecen estar por la labor de emprender una negociación en pos de una vía intermedia.


--SOBRE IMPORTANCIA DEL HECHO DE QUE HASTA AHORA NO HAYAN PODIDO TENER LUGAR LAS CUMBRES PREVISTAS CON MARRUECOS. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expediente 181/000101.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, cuyo autor es el señor Rupérez. No voy a leerla para que la pueda exponer él.
Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Sabe el señor Presidente que confío plenamente en las lecturas que hace de mis preguntas.
Por razones que el señor Villar comprende perfectamente, entre la fecha del origen de la pregunta y la de su tramitación parlamentaria se ha producido precisamente el hecho del cual nos quejábamos: la no celebración de las cumbres previstas con Marruecos.
En cualquier caso, es evidente que cuando la pregunta se realizó habían transcurrido más de dos años, si no recuerdo mal, sin que tuvieran lugar esas cumbres, y el sentido de la misma era por qué no se habían realizado. Ahora, el sentido de la pregunta puede ser, brevísimamente, incitar al señor Villar a que nos explique cuál fue la razón de ese retraso y cuál ha sido el resultado de la cumbre feliz finalmente celebrada hace todavía pocas semanas.


El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Efectivamente, estas cumbres, previstas con carácter anual en el Tratado bilateral, hasta fecha muy reciente no han podido celebrarse con la periodicidad en principio prevista, pero en todos los casos se debía a razones de fuerza mayor. Por ejemplo, la correspondiente al año pasado fue aplazada en vísperas de su celebración, en el mes de noviembre de 1992, debido a problemas de salud por un grave accidente que sufrió el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, hoy felizmente restablecido.
Posteriormente, el deseo de ambas partes de celebrar la cumbre a principios de este año se vio frustrado fundamentalmente por la celebración de elecciones legislativas en los dos países, lo que originó un nuevo retraso.
En cualquier caso, estos retrasos no impidieron que el diálogo hispano-marroquí haya sido en todo momento muy fluido, como lo prueba, entre otras cosas, el intenso intercambio de visitas ministeriales que ha tenido lugar a lo largo de estos últimos dos años.
Finalmente, la reunión de alto nivel se celebró el pasado 3 de diciembre en Madrid. Participaron el Primer Ministro marroquí y el Presidente del Gobierno español acompañados por un número elevado de miembros de ambos Gobiernos, posiblemente una media docena por cada parte.
Puedo decir que la cumbre se desarrolló de forma satisfactoria, siendo evidente el deseo mutuo de profundizar aún más en el desarrollo de las relaciones hispano-marroquíes, que han alcanzado una gran intensidad y estabilidad. En la reunión se adoptaron diversos compromisos, tanto en el ámbito económico-financiero como en el educativo, cultural, jurídico y consular, que entendemos del mayor interés.
Para abreviar, sugiero a S. S., si está interesado, hacerle llegar el texto, que es bastante completo, del comunicado conjunto que se adoptó con motivo de la cumbre, y en el que se detallan los principales compromisos o acuerdos adoptados en estos distintos campos a los que he hecho mención.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Le agradecería al señor Villar que nos hiciera llegar el texto completo de ese comunicado. Simplemente querría mencionar tres aspectos.
Primero, ha habido algunas informaciones de prensa que hemos recogido con cierta preocupación, haciendo estado de una supuesta disposición española a suavizar sus exigencias con respecto a los derechos humanos en las relaciones con Marruecos. No es que quiera hacer aquí un planteamiento fundamentalista de los derechos humanos, pero me refiero a los temas que han ido surgiendo a lo largo de estas comparecencias para intentar obtener del señor Villar las informaciones correspondientes sobre esas noticias algo preocupantes.
Segundo, posiblemente se encuentra en el comunicado, al menos parcialmente, la preocupación que nos merece también el reequilibrio de las relaciones, sobre todo en el terreno agrícola.
Tercero, aunque sea hasta cierto punto anecdótico, y también hasta cierto punto explicable, quiero exponer la constatación de que la parte nacionalista de la prensa marroquí, seguramente de manera inexacta (aunque no por ello de forma menos vocinglera), en el momento en el que se producía la visita del Primer Ministro marroquí a España hacía noticia o estado del supuesto encargo que traería para hablar con las autoridades españolas del tema de Ceuta y Melilla. Me imagino que eso no se

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produciría, y sería simplemente la necesidad de calentamiento de las propias clientelas por parte de la prensa nacionalista marroquí, pero también quería señalárselo con algún aspecto de preocupación.


--SOBRE POSTURA DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA POSIBILIDAD DE AMPLIACION DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE (OTAN).
FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO (GP). (Número de expediente 191/000103.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 14, cuyo autor es don Javier Rupérez, quien tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: La pregunta, como sabe el señor Villar, es muy simple. Es sobre la postura que el Gobierno español mantiene sobre la posibilidad de ampliación de la OTAN a nuevos miembros.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): España viene desarrollando, como sabe S. S., en consulta con los restantes miembros de la Alianza, un amplio proceso de reflexión desde hace tiempo (de manera especialmente intensa estas últimas semanas) sobre la mejor forma de atender a las legítimas preocupaciones de seguridad de los países de Europa central y oriental, fundamentalmente los pertenecientes al antiguo Pacto de Varsovia, incluyendo el deseo de alguno de ellos de adherirse a la OTAN.
Este proceso de reflexión, que venimos haciendo entre todos los aliados, parte de una triple constatación. En primer lugar, el que la Alianza Atlántica no es un club cerrado; que el Tratado de Washington --y España, por ser el caso más reciente, lo sabe mejor que nadie-- es un convenio abierto a la adhesión de otros estados europeos.
En segundo lugar, que cualquier ampliación de la Alianza debe cumplir el doble objetivo de contribuir a reforzar la seguridad de los miembros de la misma, pero también a promover una mayor estabilidad global en Europa.
En tercer lugar, que la OTAN no puede desentenderse de las preocupaciones de seguridad de los países de Europa central y oriental, y que ello debería tenerse en cuenta, de alguna manera, en las decisiones que se adopten con ocasión de la próxima cumbre del mes de enero del año que viene.
En todo caso, los aliados estamos constatando, en este proceso de reflexión conjunta, que la ampliación de la OTAN en estos momentos sería una cuestión muy compleja y delicada y que, por tanto, debemos considerarla con gran serenidad y con la cabeza muy fría, por las siguientes razones, entre otras.
En primer lugar, la dificultad para determinar unos criterios generales y objetivos de admisibilidad o para diferenciar, en una consideración caso por caso, el trato a otorgar a los distintos países de Europa central que han manifestado ya su deseo de adherirse a la OTAN.
En segundo lugar, por las implicaciones que tendría en estos momentos la extensión a Europa central y oriental de las garantías de seguridad colectivas previstas en el artículo 5.º del Tratado de Washington, en especial para una Alianza todavía en proceso de adaptación --de difícil y compleja adaptación-- al nuevo contexto estratégico europeo.
En tercer lugar, por las consecuencias para la estabilidad global en Europa, incluyendo los posibles efectos de la ampliación en estos momentos del proceso de reformas políticas y económicas en Rusia y, más en general, en la posición de dicho país en el nuevo marco de seguridad europea.
Por ello, teniendo en cuenta estos tres criterios, tratando de encontrar un cierto equilibrio entre todos ellos y de dar, por otra parte, alguna satisfacción a las expectativas de los países de Europa central y oriental, España ha sugerido, en este proceso de consultas con los demás aliados en preparación de la cumbre de enero, la conveniencia de actuar en una doble dirección. En primer lugar, destacando que el Tratado de Washington, como decía antes, es un tratado abierto a adhesiones futuras de otros estados democráticos europeos, y en segundo lugar, reforzando de modo sustancial la cooperación --esto ya a corto plazo-- política y militar con los países de Europa central y oriental, fundamentalmente en el marco del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, pero, como ahora veremos, no sólo en él.
En este contexto, como sabe S. S., Estados Unidos ha presentado hace varias semanas una propuesta, denominada asociación o consorcio para la paz, que ha sido bien recibida por la totalidad de los aliados. España también ha manifestado su apoyo de principio a esta iniciativa, que apreciamos particularmente porque parte del principio de ofrecer una igualdad de oportunidades a todos los países de Europa central y oriental, evitando así tanto una discriminación de algunos de ellos, ya de partida, como podría ser el caso de Rusia-Ucrania, como el reconocimiento a Rusia de una especie de derecho de vigilancia o tutela sobre los países de Europa central, lo cual obviamente sería inadmisible.
A la vez, permite diferenciar --esto me parece importante y deseo subrayarlo-- el grado de cooperación con la OTAN que cada uno de estos países quiere, puede, o está en condiciones de alcanzar en un determinado momento. En definitiva, esta iniciativa de la Asociación para la paz propone, en el plano militar, intensificar la colaboración de carácter cooperativo, incluyendo, en particular, entrenamiento y ejercicios conjuntos para misiones multinacionales de mantenimiento de la paz y la designación de oficiales de enlace para coordinar actividades de planeamiento militar. En el plano político, cabe la posibilidad de poner en práctica un sistema de consultas en caso de producirse una amenaza en la seguridad de dichos países. Este modelo de

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cooperación variaría en su intensidad y extensión en función de los intereses y capacidades de cada uno de los países concernidos, permitiendo establecer así una relación diferenciada entre la OTAN y cada uno de ellos.
Con ocasión de la próxima cumbre, esperamos poder ya definir los principios básicos de este nuevo esquema de cooperación que, sin duda, se va a estructurar en torno a esta iniciativa originariamente norteamericana pero que, como digo, goza ya de un consenso total entre los aliados. Una vez definidos los principios básicos de este nuevo esquema de cooperación, se pondría en marcha un acuerdo-marco, que podrían suscribir los países que estuviesen interesados en participar en este esquema. Posteriormente, cada uno de estos países podrá acordar un programa de trabajo para determinar la amplitud y el contenido concreto de su cooperación con la OTAN. Este nuevo esquema de cooperación irá dirigido ante todo a los países de Europa central y oriental, actualmente miembros del CCAN, del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte.
También se considera conveniente que puedan participar algunos otros países de la CSCE, en particular aquellos que tienen una especial experiencia en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz, pero al menos por el momento no parece que se vaya a abrir a la totalidad de los miembros de la CSCE.
Una activa participación en los programas de trabajo que se elaboren en este marco permitirá, a nuestro juicio, a los países interesados llevar a cabo un proceso evolutivo de acercamiento a la OTAN, armonizando doctrinas militares, equipos y armamentos y situándoles así, previsiblemente, en mejores condiciones para incorporarse a la Alianza Atlántica llegado el momento. Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa por sí misma no es una antesala ni conduce necesariamente a una ampliación de la OTAN, pero sí puede constituir uno de los factores que la Alianza tome en consideración al examinar, en su momento, las distintas solicitudes de adhesión.


El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Secretario General, nosotros consideramos el proceso que usted describe como enormemente interesante, pero también hasta cierto punto peligroso, porque, partiendo de la afirmación de que el Tratado de Washington es un Tratado abierto, sin embargo, establece tantas y tan numerosas cautelas para hacer verdad que el Tratado de Washington es un Tratado abierto que, aquellos que hoy están pidiendo con un cierto carácter de urgencia --y no hace falta referirse a determinados acontecimientos que se están produciendo en Rusia para explicar esa urgencia--, podrían quedar claramente defraudados, con lo cual la misma vocación de apertura del Tratado de Washington y la misma capacidad de ofrecer garantías de seguridad a los que, compartiendo sus fines y principios así lo solicitan, quedaría claramente distorsionada.
Nosotros querríamos que el Gobierno español, que España y desde luego el máximo número posible, por no decir todos los miembros de la OTAN, consideraran la posibilidad de la ampliación de la Alianza a aquellos que lo han solicitado de manera no excesivamente remota, por decir francamente inmediata. En segundo lugar, querríamos que este paso se produjera en términos de la consideración individualizada de los candidatos. Nos parece que es erróneo hablar de grupos, que nos parece que es erróneo confrontar grupos o calidades de unos y de otros. En tercer lugar, nos gustaría que se considerara la posibilidad de comenzar las negociaciones para esa ampliación en términos no excesivamente alejados en el tiempo.
Nosotros somos perfectamente conscientes de las dificultades que tiene la ampliación de las garantías de seguridad en los términos contemplados por el Tratado de Washington, y somos perfectamente conscientes también de las debilidades internacionales para contemplarlos. Pero, al mismo tiempo, y precisamente porque el señor Secretario General ha hecho algunas referencias a ello, como tenemos la experiencia nuestra, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Sabemos que, tras las peticiones de pertenencia a la OTAN, hay necesidades genéricas de reafirmación de la seguridad y, al mismo tiempo, exigencias concretas --por lo meno así lo sentimos aquellos que en su momento lo abogamos y así lo sienten aquellos que, en Polonia, en Hungría o en otros países centroeuropeos, así lo abogan--, necesidades de confirmación, de cimentación, de una incipiente democracia. En ese contexto, la extensión de las garantías de seguridad es tanto como la extensión de nuestras propias garantías de seguridad. En último lugar, es evidente --como también lo fue en nuestro caso-- que la concesión, implícita o explícita, a ningún tercer país de un derecho de veto para la ampliación de la OTAN es tanto como condenar a la Alianza Atlántica a no contar con la capacidad y efectividad que hasta ahora ha garantizado. En su momento, la Unión Soviética, de una manera también harto sonora, hizo valer su desacuerdo con la entrada de España en la Alianza Atlántica. Nosotros no hicimos caso de aquella sonora y por lo demás inoportuna advertencia y no pasó absolutamente nada, estamos más o menos en la misma situación. Por eso, señor Secretario General, incluso comprendiendo y apreciando ese proceso que va de una consideración genérica a una asociación para la paz, a unas garantías políticas, estimamos que, para hacer frente a las necesidades concretas de garantías de seguridad o, incluso, de seguridad psicológica que en este momento están solicitando esos países centroeuropeos, es necesario por lo menos no excluir la posibilidad de proceder a la ampliación de la Alianza Atlántica de manera cuasi inmediata.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, ¿quiere añadir algo?

El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Sí, un brevísimo comentario. Quiero que quede muy claro que no se excluye la futura ampliación de la Alianza. En segundo lugar, precisamente este esquema que estamos diseñando entre

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los aliados va a permitir que, para algunos de los países de Europa central y oriental, el horizonte de adhesión se acerque en el tiempo y que estén en condiciones de adherirse a la Alianza a medida que se vayan desarrollando, prosperando y dando frutos los programas concretos de cooperación que se les van a ofrecer. En tercer lugar, una de las características fundamentales de este nuevo esquema es el que, si bien la oferta es genérica y abierta a todos, después se va a concretar de una manera individualizada. Es decir, a cada país se le va a ofrecer --por decirlo en términos coloquiales-- una especie de menú de opciones y cada país, en función tanto de su voluntad política como de su capacidad, va a ir eligiendo unas u otras opciones a lo largo del tiempo. De manera que, al final del proceso algunos de los países participantes en el nuevo esquema probablemente no van a desear su adhesión a la Alianza; otros sí, pero no estarán todavía en condiciones de hacerlo en mucho tiempo; en cambio, otros, quizá en no demasiado tiempo, a través de estos programas que se les van a ofrecer, estarán en condiciones de hacerlo.


--SOBRE VALORACION DE LAS DIFICULTADES PARA PONER EN MARCHA LOS ACUERDOS DE BRUSELAS ENTRE EL REINO UNIDO Y ESPAÑA SOBRE LA UTILIZACION CONJUNTA DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR. FORMULADA POR EL SEÑOR ANDREU ANDREU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000230.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en la pregunta número 25, y última, de las incluidas en el orden del día.
Tiene la palabra el autor de la misma, el Diputado señor Andreu, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Secretario, confío que le dé alegría que sea la última pregunta.
La pregunta se refiere fundamentalmente a la situación en la que se encuentra el aeropuerto de Gibraltar, que, a nuestro entender, es extraordinariamente equívoca. Por una parte, está firmado un acuerdo entre el Reino Unido y el Reino de España, en el año 1987, por el cual se prevé la utilización conjunta y que existiría una terminal en la parte española y, por otra parte, ese acuerdo, cuando han pasado ya más de seis años desde su firma, no tiene ningún viso de concretarse en la realidad, de hacerse realmente sustantivo.
Digo que es una situación equívoca que viene incluso en los propios documentos de la Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea), en los que se ve que los acuerdos para la regulación del tráfico aéreo siempre recogen en sus considerandos el que España y el Reino Unido han firmado ese acuerdo para la utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar. Pero es un acuerdo que nunca se sustancia, con lo cual estamos en una situación extraordinariamente equívoca, además de que la zona vive continuamente en el dilema de si se utilizará conjuntamente o si habrá que construir un nuevo aeropuerto, como incluso ha manifestado el Gobierno en el sentido de que, en caso de que no se llegara a una nueva buena conclusión en este tema, se llegaría a una solución de esta naturaleza.
Nosotros realmente no entendemos cómo, teniendo el Gobierno del Reino Unido capacidad para que el acuerdo firmado entre España y el Reino Unido se pueda llevar a cabo, no se ha sustanciado todavía cuando han pasado seis años. Yo le rogaría que nos explicitase cuál es el estado, no de la negociación (porque se supone que la negociación ha terminado con la firma del acuerdo), sino la actitud del Reino Unido para cumplir ese acuerdo y cuál es la actitud que adoptará el Gobierno español para que realmente esto se produzca en el menor plazo posible.


El señor PRESIDENTE: El señor Villar tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Como S. S. sabe, las dificultades para la puesta en marcha del llamado acuerdo sobre el aeropuerto, de 1987, no provienen de la parte española, sino del Reino Unido, quien aún no ha notificado formalmente al Gobierno español que haya entrado en vigor la legislación necesaria para llevarlo a la práctica, tal y como estipula el artículo 8.º del mencionado acuerdo contenido en la declaración conjunta de 3 de diciembre de 1987.
La valoración que hace el Gobierno en esta situación es forzosamente negativa. Como se ha señalado reiteradamente, y la propia declaración de diciembre de 1987 en su preámbulo así lo indica, este acuerdo es conveniente y positivo y debería ser beneficioso para todos. Por una parte, el acuerdo salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y del Reino Unido en la controversia respecto a la soberanía sobre el territorio en que el aeropuerto está situado, el istmo; es decir, el acuerdo neutraliza, a efectos prácticos, la disputa sobre la soberanía del istmo y permite obviar las dificultades prácticas derivadas de esa controversia, que es el pretexto en el que se han escudado las autoridades gibraltareñas para no adoptar la normativa que les incumbe a ellos en el reparto de competencias entre la potencia administradora y la colonia para llevar a la práctica el acuerdo.
El hecho de que el acuerdo no se haya podido aplicar tiene consecuencias sin duda negativas también para Gibraltar ya que parte de la normativa comunitaria, como saben SS. SS. (y antes se ha hecho mención a ello), en concreto, por ejemplo, todas las directivas referentes a la liberalización del tráfico aéreo, está en suspenso para Gibraltar, precisamente por no haberse podido aplicar este acuerdo, y va a continuar en suspenso en función precisamente de la suerte que corra la aplicación del acuerdo. Además, el que no se haya aplicado el acuerdo bilateral, un acuerdo bilateral firme entre dos Estados soberanos como el Reino Unido y España, ha supuesto,

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qué duda cabe --y ésta es otra consecuencia negativa--, una quiebra en la confianza bilateral y ha tenido un efecto también negativo en el conjunto de la negociación, obligándonos a veces, en determinados temas de normativa comunitaria, a adoptar una posición muy dura que ha reducido los márgenes de flexibilidad.
Por otra parte, es evidente --así pensamos nosotros-- que la apertura al tráfico regular europeo del aeropuerto de Gibraltar tendría efectos beneficiosos para el conjunto de la zona, mejorando sensiblemente los servicios aéreos de la comarca del Campo de Gibraltar. Pero, indudablemente, quienes a nuestro juicio sufren en mayor medida los efectos negativos de esta situación son los habitantes y la economía del Peñón. Por esta razón, el Gobierno español, a pesar de estos antecedentes, no ha perdido toda la confianza en que las autoridades locales del Peñón y el señor Bossano sepan sacar algún día las conclusiones necesarias y comprender lo que, al parecer, cada vez más gente en la Roca ha entendido ya: que la prolongación de la situación actual es perjudicial fundamentalmente para ellos porque, desde luego, el Gobierno español no va a negociar otro acuerdo sobre el aeropuerto. El acuerdo de 1987 entre los dos Estados está en vigor, aunque no se haya podido poner en práctica el régimen previsto en el mismo.
En definitiva, como decía antes, es positivo y beneficioso para todos y, por tanto, confiamos que las autoridades de Gibraltar desbloqueen de una vez por todas la aplicación del acuerdo.


El señor PRESIDENTE: El señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: A partir de la respuesta que ha dado S. S., se pueden hacer varias reflexiones. En primer lugar, ha hablado de los beneficios para la economía gibraltareña, pero parece como si la economía gibraltareña no se resintiera de que hubiera liberalización del tráfico aéreo. La naturaleza de la economía gibraltareña debe ser de tal forma que eso le importa poco. Debe ser una economía que viva de otras cosas, que son extraordinariamente perniciosas para el conjunto de la economía española. Parece que vive más en función de evitar que se produzcan fiscalidades ante blanqueo de dinero. Parece que la preocupa mucho más eso a la economía gibraltareña que el tener liberalizado el tráfico aéreo. Yo creo que ahí sí tiene una importante tarea que realizar el Gobierno español.
De igual manera, nos preocupa muchísimo el que se pueda utilizar como excusa por parte del Gobierno del Reino Unido el que exista una oposición dentro del Gobierno de Gibraltar para que no se aplique este acuerdo del año 1987, porque entendemos que eso nunca puede ser utilizado como excusa. Quien tiene la potestad para conseguir que ese acuerdo se lleve a cabo es el Gobierno del Reino Unido, que tiene la facultad de que se cumpla ese acuerdo y ante ello no hay un impedimento de fuerza legal, por parte del Gobierno de Gibraltar, que pueda impedir que ese acuerdo se lleve a la práctica. En este sentido, de ninguna manera puede ser utilizado como excusa la oposición que pueda tener el Gobierno del señor Bossano a que este acuerdo se lleve a cabo.
Por último, quisiera manifestarle que mi Grupo Parlamentario siempre va a apoyar todas las actuaciones del Gobierno español que pretendan que este acuerdo se cumpla y que utilice toda la fuerza que tiene en su mano. A usted no se le escapa que ahora mismo existe el Convenio de fronteras externas, que tiene que terminar de suscribir la Unión Europea, y consideramos que no puede ser suscrito por España hasta que este problema quede definitivamente resuelto.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE POLITICA EXTERIOR (Villar y Ortiz de Urbina): Muy brevemente.
Primero, quiero agradecer a S. S. esta manifestación de apoyo a la gestión del Gobierno español, que precisamente viene persiguiendo desde hace tiempo el desbloqueo, la puesta en marcha del Acuerdo sobre el aeropuerto hasta ahora sin mucho éxito.
En segundo lugar, quiero señalarle que durante cierto tiempo la economía de Gibraltar ha prosperado relativamente, a pesar de la no aplicación del Acuerdo. Probablemente podría haber prosperado de una forma más clara y más limpia si el acuerdo hubiera entrado en vigor, aunque la impresión que tenemos es que últimamente las cosas, desde el punto de vista económico, no están tan boyantes en el Peñón.
Efectivamente, como he indicado en mi intervención, la Declaración de 1987 es un acuerdo entre el Reino Unido y España. Así lo consideramos nosotros, así lo considera el Reino Unido. El problema es que, según prevé la propia Declaración, la aplicación requiere la adopción de una serie de medidas y de normas que corresponden, en el reparto de competencias entre la potencia administradora y el territorio administrado de Gibraltar, a la autoridad local. Precisamente ahí está el problema, en que, como sabe S. S., el señor Bossano en gran medida ganó las elecciones incluyendo como un aspecto básico de su programa electoral la no aplicación del acuerdo sobre el aeropuerto. Esa situación no ha variado hasta el momento, pero no perdemos la esperanza de que las autoridades del Reino Unido sean capaces algún día de persuadir al señor Bossano de que debería terminar su política de radical oposición a la aplicación del acuerdo sobre el aeropuerto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar, le agradecemos su presencia en la Comisión y le liberamos ya de la servidumbre a que ha estado sometido durante este buen rato.


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Señorías, habíamos barajado la posibilidad de interrumpir aquí la sesión y continuar por la tarde, pero, de acuerdo con todos los portavoces --y se lo adelanto para que se preparen sicológicamente a lo que voy a decir--, vamos a continuar hasta agotar el orden del día y esperar que no agotemos la resistencia de todos nosotros. Por consiguiente, entraremos en el apartado siguiente del orden del día que se refiere a las proposiciones no de ley. (El señor Vicepresidente, Muñoz-Alonso Ledo ocupa la Presidencia.)

DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE LA PROYECCION EXTERIOR DEL IDIOMA CATALAN Y EL INGRESO DE ANDORRA EN LAS NACIONES UNIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000027.)

El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): La primera de las proposiciones no de ley es la que hace el número 26, sobre la proyección exterior del idioma catalán y el ingreso de Andorra en las Naciones Unidas.
Para su defensa, la señora Rahola tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, un anuncio que se emitía por TV3 como promoción turística utilizaba este lema: «Andorra el país dels Pirineus». Puesto que no entiendo de publicidad no puedo asegurar su eficacia comercial, pero es evidente que en el subconsciente colectivo catalán éste era un lema con fuerte carga sentimental, traspasaba el ámbito estrictamente comercial y casi nos tocaba algo parecido al alma catalana, si es que ésta se puede conceptuar más allá de la poesía.
No puede ser menos. Desde que existe Andorra o casi desde que existe, porque Polibio situaba ya a los andorranos en el 218 antes de Cristo, este pequeño país forma parte del referente sentimental catalán. Y hablo de referente sentimental y no de referente político, porque los lazos sentimentales siempre han sido tan estrechos como diferentes los procesos políticos.
El hecho es que el pequeño país de los Pirineos, de cultura y lengua catalanas, ha palpitado siempre --si se me permite la expresión romanticista-- en el interior del corazón catalán. La trascendencia, pues, de los últimos acontecimientos, que culminaron el 28 de julio con la admisión de Andorra como miembro número 184 de la ONU, después de un proceso de modernización institucional y de la aprobación de una Constitución plenamente democrática, tienen una gran fuerza sentimental, una gran importancia cultural y una gran relevancia política para el colectivo catalán.
He intentado expresar el referente sentimental, los lazos que nos unen milenariamente con Andorra. La importancia cultural no es menos relevante. Por primera vez en la ONU hay un Estado que tiene el catalán como lengua oficial. Por primera vez, pues, la ONU habla catalán. El discurso que Oscar Ribas hizo delante de este gran fórum internacional no sólo fue un hecho político, sino también un hecho histórico. Nunca en la ONU antes se había oído la cadencia, la fonética, el verbo de esta lengua milenaria que, a pesar de su vigor, no estaba homologada internacionalmente.
Déjenme SS. SS. que exprese la emoción que sentíamos muchos ciudadanos de habla catalana --estoy segura de que los diputados catalanohablantes aquí presentes me entienden perfectamente-- cuando oímos el discurso de Oscar Ribas. Desde Salses a Guardamar, desde Fraga hasta Maó --dijo--, piensen que esta aportación fundamental a la gran cultura de la humanidad es esta lengua que sólo hablamos nosotros. Pero si nuestra lengua no existe internacionalmente, existe menos que las otras. De ahí nuestra emoción y de ahí nuestra felicitación al pueblo de Andorra y, específicamente, a Oscar Ribas.
La intención de esta proposición no de ley es doble. De un lado, deseamos que se felicite institucionalmente, desde un Estado que tiene en su interior una nación de habla catalana, al nuevo estado de la ONU, culminación de su historia milenaria; y también animar a Andorra para que continúe con la proyección internacional de la cultura en lengua catalana y, por supuesto, comprometerse, a colaborar en esta proyección.
Anuncio aquí que puesto que las enmiendas presentadas por el señor Puig, en nombre del Partido Socialista, no cambian el espíritu de la proposición, las aceptamos sin ningún problema. Si fuera aceptado por los demás partidos, pediríamos que la proposición no de ley incluyera el último punto, en el que se felicita a Andorra por el proceso electoral que acaba de seguir. Ello actualizaría y completaría la proposición.
Dos últimos apuntes para acabar a estas horas ya tan tardías. Uno referente a la figura de los copríncipes. No sé si mi colega de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Espasa, repetirá hoy sus planteamientos respecto al copríncipe de Andorra y Obispo de la Seu d'Urgell, el señor Martí Alanis. En todo caso, ayer fue explícito en la comparecencia del señor Ministro.
Desde Esquerra queremos decir dos cosas sobre este tema. Una, elogiar la actitud decidida y comprometida de Martí Alanis en favor del pleno reconocimiento de Andorra como Estado. Su actitud ha sido decisiva. La segunda, expresar la convicción de que la figura del copríncipe, vacía de contenido político, sólo representa la culminación simbólica de una figura con una enorme carga histórica. Su continuidad nos parece, pues, más un gesto cultural que un gesto político.
Finalmente, deseo agradecer la buena predisposición de la mayoría de fuerzas políticas ante la proposición, pero deplorar que mientras en la ONU ya se puede hablar catalán, en el Congreso de los Diputados, en un debate sobre Andorra y la proyección del catalán, conducido íntegramente por catalanes, se tenga que utilizar otra lengua.
He pedido al Presidente de la Comisión, el catalán Solé Tura, que permitiera, como gesto simbólico y de tolerancia, la utilización del catalán en este debate. Entiendo la

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dificultad de la demanda y que no lo considerara posible. Pero quisiera dejar patente y quisiera que fuéramos todos conscientes de que mientras exista este déficit, esta imposibilidad de ejercer en todos los ámbitos la realidad pluricultural del Estado, los catalanes seremos ciudadanos de primera en nuestras obligaciones, pero no lo seremos plenamente en nuestros derechos.


El señor VICEPRESIDENTE (Muñoz-Alonso Ledo): Como la señora Rahola ha anunciado, a esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG I OLIVE: Esta proposición no de ley, que trata sobre Andorra y sobre la proyección internacional del idioma catalán, nos ha parecido oportuna. Sin embargo, no hemos podido compartir su redacción y, por ello, hemos presentado algunas enmiendas.
No voy a entrar en el fondo del tema, puesto que ayer hubo una comparecencia del Ministro sobre la situación de Andorra y los procesos anteriores a la nueva Constitución, a su reconocimiento internacional.
Creo que todos los grupos ayer tuvimos ocasión de desarrollar nuestra opinión en torno a lo importante que ha sido ese reconocimiento internacional de la nueva Constitución andorrana. Me parece que quedó patente, tanto en la intervención del señor Ministro como en la de todos los grupos, que consideramos positivo este paso histórico que ha dado Andorra así como el apoyo que en todo momento el Estado español ha dado a ese proceso.
Ahora bien, además de compartir la satisfacción por este hecho y aceptar la mayor parte del contenido de la propuesta, las alusiones concretas a la actuación de un dirigente político de este nuevo Estado, la referencia al contenido de discursos del jefe de gobierno, nos parecía que no se ajustaba al trabajo de una Comisión y a una proposición no de ley aprobada por esta Comisión. Por ello presentamos estas enmiendas, que son de actualización en un cierto sentido, cuando proponemos que, además de felicitar a Andorra por su integración en Naciones Unidas, la apoyamos en su integración en el Consejo de Europa, donde ya ha solicitado su adhesión.
Otra enmienda es de precisión, en el sentido de señalar que el interés de una Comisión del Congreso en relación al idioma catalán y a su nuevo estatus no nos viene dada porque el jefe de Gobierno hablara en catalan en la ONU, ni con un discurso, sino que nos viene dado porque el catalán es una lengua constitucional, con una vinculación clara y una lengua, por otra parte, protegida por la propia Constitución y las leyes, y la enmienda señala precisamente estas circunstancias.
En la parte más resolutiva de la proposición no de ley, nosotros hemos querido señalar que de lo que se trata es de continuar en una labor, si se quiere modesta, que es la de la proyección internacional de una lengua que tiene sus limitaciones como lengua, que va a tener también sus limitaciones porque nadie puede hacerse ilusiones con respecto a lo que pueda hacer Andorra en tanto que proyección de una lengua en un mundo lingüísticamente tan complicado y con realidades lingüísticas tan potentes, pero continuar, sí, una proyección que ya se ha dado por el catalán y por otras lenguas autonómicas españolas en materia de acuerdos de enseñanza de estas lenguas en otros países, en Inglaterra, en Luxemburgo, en Bélgica, en materia del Programa Lingua para intentar que el catalán forme parte del programa de enseñanza de lenguas en las comunidades, en materia de actividades exteriores del Ministerio de Cultura, etcétera. No voy a dar la lista de cuántas actividades; ya desde los Ministerios correspondientes se ha dado cabida a iniciativas que puedan situarse como proyección exterior.
En este sentido, creo que estas actividades pueden dar lugar, evidentemente, con la nueva situación de Andorra, a posibilidades de cooperación y en este sentido hemos propuesto la tercera enmienda, eso sí, con modestia y realismo porque podemos ser sensibles ala poesía, a la literatura, podemos compartir sentimientos, pero ésta es una Cámara política, tenemos que tomar decisiones políticas y tenemos la obligación de ser muy realistas. Esta proyección, aun cuando sea muy importante en el ámbito de los sentimientos, en la realidad va a ser una cosa probablemente modesta por la situación y por la propia capacidad de la lengua catalana.
En cualquier caso, éstas son nuestras enmiendas. Creemos que son positivas y se insertan en un trabajo que ha llevado a cabo la Comisión.
Hemos hablado muchas veces de apoyar los procesos de Andorra y yo agradezco que sean aceptadas las enmiendas que presentamos a esta proposición porque creo que entra dentro de lo que ha sido el trabajo positivo que con relación a Andorra hemos desarrollado en los últimos años.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Casas tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència y Unió).


El señor CASAS I BEDOS: El Grupo Catalán también va a votar favorablemente la proposición no de ley, ya que de la intervención del Grupo proponente he entendido que iba a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista.
Por tanto, quiero expresar, en primer lugar, la satisfacción de que vaya a ser la unanimidad del conjunto de la Cámara la que reconozca la importante evolución política que ha tenido Andorra, el pequeño país del Pirineo. Es verdad que tenía unas instituciones de gobierno muy ancladas en el pasado, por sus tradiciones medievales, que hacía falta poner al día, y es verdad --y en este sentido también querríamos hacer un reconocimiento-- la labor del Copríncipe, monseñor Martí Alanís, que, a nuestro juicio, ha sido realmente el verdadero impulsor de que en Andorra haya habido esta evolución. Por tanto, nos merece mucho respeto tanto la persona como la institución que él representa en el sentido de Copríncipe del pequeño Estado del Pirineo, y nos parecería bien que, tal como ha quedado en la Constitución, siga conservándose esta tradición que viene de muy lejos, porque también creo

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que es interesante que en democracia y cuando los países evolucionan y adaptan sus fórmulas políticas a los tiempos modernos, conserven aquellos signos de identidad que definen en parte su propia personalidad, y éste sería uno de los signos de identidad que tiene el pequeño Estado de Andorra.
Por tanto, quiero destacar la intervención del señor Martí Alanís y creo que también es interesante hacer mención a lo que comentó el Ministro ayer en la comparecencia ante esta Comisión sobre este tema, cuando habló de la coordinación que en todo momento hubo entre el Copríncipe y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, de tal forma que toda la evolución que se ha seguido y la nueva Constitución se ha hecho procurando mantener la sintonía y la relación necesaria que debe tener Andorra con el Estado español por razones de vecindad y por otras muchas razones. Por tanto, la evolución se ha hecho con mucha prudencia, con tacto y con sentido político.
En cuanto al tema del reconocimiento internacional del catalán, es verdad que a todos los catalanes y al conjunto de la sociedad española le hizo ilusión y se sintió satisfecha el día en que el Presidente, el Cap de Govern de Andorra, habló en catalán en Naciones Unidas. A los catalanes, porque se utilizó la lengua propia de nuestro país, y al conjunto del Estado español, porque se utilizó una lengua que forma parte del acervo cultural del conjunto del Estado, que la Constitución reconoce como tal y que es la lengua oficial en una parte importante del Estado. Por lo tanto, creo que la sensación de satisfacción me gustaría que la compartieran todos los ciudadanos españoles por esta razón, porque forma parte esta lengua del acervo cultural del conjunto del Estado y, por tanto, doble satisfacción: unos, como más íntimamente vinculados a la lengua, porque es nuestra lengua materna, y otros porque forma parte del acervo de una cultura común y de una evolución histórica común.
Por otra parte, también habría que decir que el reconocimiento internacional del catalán no nace con la intervención del Cap de Govern de Andorra en Naciones Unidas. El Parlamento Europeo ha hecho reconocimiento de la lengua, el Consejo de Europa ha hecho reconocimiento de la lengua catalana y del idioma catalán; ha habido una aportación evidentemente importante del Gobierno andorrano, pero no cabe ninguna duda que siempre van a ser mucho más importantes las aportaciones que en este terreno de la internacionalización o de la puesta en escena del idioma internacional, siempre será mucho más importante lo que se haga desde Cataluña, en el marco constitucional, por supuesto, y desde el conjunto del Estado, porque no cabe duda que el peso político, no ya del conjunto del Estado español, por supuesto, que es mucho más que Andorra, sino el peso político de Cataluña creo que es mucho más importante que el de Andorra, a pesar de que Andorra tiene la suerte de poder ser un Estado miembro de Naciones Unidas.
Por estas razones, creo que hemos de reconocer a las fuerzas políticas parlamentarias catalanas que hace años estamos trabajando en esta Cámara para defender el catalán ahí donde haga falta, que ha sido un paso más, evidentemente, pero nosotros seguiremos trabajando en la línea de lo que hemos hecho durante muchos años y seguiremos trabajando para que, por ejemplo, pueda tener un final feliz la ubicación de las distintas lenguas oficiales del Estado español en el Senado. Veremos. Es un debate que está todavía pendiente, pero, en cualquier caso, si no es hoy será mañana; es un tema que algún día se tendrá que reconocer y adquirir carta de naturaleza porque, en definitiva, el Estado español es un Estado plurinacional; éste es un hecho tan evidente como racional y, por tanto, al final las cosas se imponen con calma, con tranquilidad y sin necesidad de hacer, a veces, declaraciones muy radicales, sino todo lo contrario.
Con la fuerza de la razón, del convencimiento, de la explicación, de las cosas bien hechas, al final se acaba triunfando.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: En primer lugar, quiero felicitarme por la iniciativa que se ha planteado ante esta Comisión y, sobre todo, por la conclusión política final que va a tener en la forma de esta enmienda transaccional en la que varios grupos han participado en su elaboración, aunque después formalmente es una enmienda del Grupo Socialista.
Como decía el representante del Grupo Socialista, el tema de Andorra, el tema de la defensa de los derechos del pueblo andorrano a su autodeterminación y, por lo tanto, al uso de su lengua oficial y materna, el catalán, en esta Comisión tienen larga tradición; una tradición que iba más y mejor arropada, porque a la defensa de estos legítimos y dignísimos intereses se añadía la de los intereses humanos; por ejemplo, entre otros, el derecho de asociación sindical para los trabajadores españoles que trabajaban en Andorra, con lo cual esta Comisión supo hacer una perfecta síntesis entre defensa de la identidad, como pueblo, de Andorra, de su lengua, el catalán, que es también una lengua española reconocida en la Constitución y, además, de derechos tan fundamentales como el derecho de asociación, el derecho de formar partidos, es decir, lo que entendemos por una auténtica democracia.
Por lo tanto, no podemos más que dar la bienvenida a la señora Rahola, que se sume a un trabajo que hacía esta Comisión desde hace mucho tiempo, quizás un trabajo más rico y más completo, puesto que abarcaba todos los aspectos de la compleja realidad política, que va mucho más allá de los sentimientos, aunque todos los tenemos y, por supuesto, compartimos --aunque no me atrevo a decir que los tengamos más amplios-- los de la señora Rahola; todos y cada uno de los que ha expresado estoy seguro que los comparten los Diputados de esta Comisión. Lo que pasa es que, además, como decía, les han añadido otras cuestiones políticas a lo largo del trabajo.
Respecto del Copríncipe, estoy seguro de que, dada la sagacidad de SS.
SS., vieron ayer en mi intervención un

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auténtico y serio elogio de la figura del Copríncipe. Tan elogiosa era mi actitud que iba más allá de lo terrenal y pretendía salvar su alma.
(Risas.) Por lo tanto, no veo por qué se puede poner en duda la actitud de este Diputado, cuando, además de reconocer todo lo que ha sido la labor política de este Copríncipe, se preocupa por el futuro de su alma.
Casi no me atrevería a añadir más porque los Diputados y Diputadas me oyeron ayer.
Simplemente quiero recordar dos cosas no tan positivas y en el ámbito de lo político, por supuesto salvando completamente mi admiración personal por el Copríncipe y por todo lo que ha hecho, que indudablemente ha sido positivo en el avance democrático de Andorra, aunque también el pueblo andorrano ha tenido su pequeña parte. Me refiero a dos aspectos. En primer lugar, a la simetría. A mí me encanta la simetría, como a San Lorenzo también le encantaba. Cuando estaba en el tormento de la parrilla pidió que le diesen la vuelta. (Risas.) Simplemente era por una cuestión de simetría. El Copríncipe francés es un gobernante laico, el Jefe del Estado francés. A mí me encantaría que la simetría se aplicase también al caso de Andorra, porque sería una plena situación democrática y laica.
Aludí ayer a cuestiones que no quiero repetir sobre los peligros que acechan a todo gobernante en forma de corrupción, simonía, etcétera.
Estaría mucho mejor y más tranquilo el digno representante del Coprincipado si no estuviese sometido a estos azares. La presencia del Copríncipe eclesiástico, señorías, no ha sido neutral, aunque son muy pocos los habitantes de Andorra. Señora Rahola, en tanto que mujer, aunque, por supuesto, antes que muje Diputada y política, por ejemplo en la Constitución andorrana no se puede hablar de la posibilidad del derecho al aborto porque el Copríncipe es eclesiástico. A mí eso me preocupa. No sé si a la señora Rahola le preocupa.
Para terminar, señor Presidente, como todos han dicho, me felicito de que el catalán se haya utilizado por primera vez en Naciones Unidas. El catalán es lengua oficial de Andorra, es lengua propia y oficial en Cataluña y también en el País Valenciano. Por lo tanto, no puedo más que sumarme a lo que han sido las palabras del señor Casas, que las haría mías completamente en el sentido de ver en el idioma catalán una doble realidad: ser lengua propia de la nación catalana dentro del Estado plurinacional que es España, pero ser también una lengua española en la medida en que así ha sido consagrada en la Constitución y votada por una inmensa mayoría de los españoles.
Por último, sólo quiero recordar a la señora Rahola, que lo sabe mucho mejor que yo, puesto que representa a esta fuerza política que la ha traído tan dignamente al Parlamento y que todos estamos seguros que su labor va a ser cada vez más importante, que un dignísimo e ilustrísimo representante no de su fuerza política, porque ella es una independiente presentada por Esquerra Republicana de Cataluña --me estoy refiriendo al señor Companys-- que fue ministro del Gobierno de España.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Después de todo lo oído, solamente me falta añadir alguna pequeña consideración. Creo que el mejor elogio es el elogio a la madre y, en consecuencia, como diputado catalán, de origen valenciano, la lengua es la madre y entiendo que para nosotros es una satisfacción importante que se haya traído aquí esta proposición no de ley.
Dicho esto quiero subrayar que, como ex seminarista, algunas consideraciones que ha hecho S. S. nos sorprenden y no puedo menos que decir que me atengo a los principios de la Sta. Madre Iglesia, por eso no coincido con Su señoría. (Risas.) Dejando el humor aparte, diré que es cierto que esta proposición no de ley me parece francamente interesante de cara a Andorra, por el reconocimiento de su plena soberanía de un país con lengua oficial catalana.
Simplemente decir que nosotros vamos a dejar íntegros los párrafos fundamentales uno, dos y tres de la proposición. Vamos a aceptar las enmiendas que propone el Grupo Socialista concretamente y, por tanto, matizaríamos en este cuarto punto que, en caso de no haber existido enmiendas de los socialistas, no lo hubiéramos aceptado, sino que lo hubiéramos rechazado.
Habría que subrayar en el punto tercero, cuando se habla de la identidad catalana y la totalidad de su ámbito territorial, que en su intervención el señor Ribas, el Cap de Govern del Gobierno de Andorra, dio a esa expresión de «ámbito territorial» una dimensión, en la Asamblea de Naciones Unidas, claramente definida, y él consideraba esa expresión del territorio catalán, textualmente, «desde el Rosellón a Guardamar (Alicante) y desde la franja de Poniente, o sea, Aragón, hasta Baleares y el Alquer (Cerdeña)».
En este sentido subrayamos esto: creemos que es un ámbito internacional de la lengua catalana y, como diputado mixto de origen catalano-valenciano, quiero decir que me alegra mucho que los clásicos valencianos hayan consagrado una lengua tan ilustre como la catalana en los siglos XIV y XV. Y me satisface mucho, como español, ser admitido el catalán como lengua española, puesto que así está en la Constitución. Y no nos sentimos por ello de modo alguno coartados ya en nuestros derechos como catalanes --eso eran otros tiempos--, sino todo lo contrario. Nos sentimos muy honrados de elogiar a la madre, que es nuestra lengua catalana, en esta casa, y, como lengua española, en su plenitud de entendimiento.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!, ¡muy bien! - El señor Rupérez Rubio pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, yo no quería participar en este debate, pero hay un Diputado nuestro, que es el señor Martínez Casañ, que se ha

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sentido ofendido por algunas de las expresiones que se han mantenido con respecto a la polémica, en la cual yo ni entro ni salgo, y de hecho ha decidido abandonar la sala, cosa que lamento. Pero, en su nombre y, repito, sin entrar en la polémica, quiero decir simplemente que en Valencia se habla valenciano. (La señora Balletbo Puig: ¡No me diga!) Nada más. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le doy la palabra simplemente para que exprese si acepta o no las enmiendas presentadas. En caso de que las acepte, procederemos a la votación de las mismas; en caso de que no, procederemos a la votación de la proposición tal como está.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estoy segura que me deja hacer una pequeñísima réplica.


El señor PRESIDENTE: No, señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acepto las enmiendas. Y sólo decirle al señor Espasa que no sólo Companys fue Ministro de la República, sino que un pariente mío, que era Rahola, también lo fue, y eso no invalida en absoluto lo que estamos haciendo aquí.
Otra réplica. Lo siento. Hay quien piensa que lo que se habla en el país valenciano es el catalán.
Una última. No entiendo por qué la cuestión eclesiástica pone tan nervioso a mi digno compatriota. En todo caso...


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, se trata de saber si su Grupo acepta las enmiendas presentadas.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Las acepta.


El señor PRESIDENTE: Después de este debate sobre las raíces de nuestra historia y de nuestros conflictos históricos, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley, con las enmiendas aceptadas por la Diputada proponente.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada con las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y aceptadas por la proponente.


--POR LA QUE SE ACUERDA LA COMPARECENCIA TRIMESTRAL DEL SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION Y LA REMISION ANUAL DE LA MEMORIA DEL PLAN ANUAL DE COOPERACION INTERNACIONAL (PACI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000033.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Secretario de Estado de Cooperación y la remisión anual de la memoria del Plan Anual de Cooperación Internacional.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.


La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, intervengo, como usted muy bien ha dicho, en el punto número 27 de este apretado y denso orden del día, que trata sobre la proposición no de ley por la que se acuerda la comparecencia trimestral del Secretario de Estado de Cooperación y la remisión anual de la memoria del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI). Esta iniciativa del Grupo Popular presentada en octubre de este año está inspirada en la idea de aprovechar y sacar el máximo rendimiento del PACI como instrumento de información, por un lado, y control, de otro.
Sabemos que la cooperación al desarrollo constituye uno de los capítulos principales de la política exterior, y la gestión de los fondos de cooperación ha sufrido hasta el momento graves deficiencias de control y de todo tipo, deficiencias que ha puesto de relieve el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre los créditos FAD. (Rumores.) Decimos también que, a pesar de los importantes recortes que viene soportando en los últimos años este capítulo y de los porcentajes decrecientes que destinamos a cooperación, sigue siendo ésta un área compleja, donde la información previa. (Rumores.) Y la explicación del gasto de los proyectos en los diversos países, además de las grandes líneas de (rumores.) áreas prioritarias, etcétera, es de vital importancia.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone usted, señora Pulgar. Ruego a las señoras y señores Diputados y a los representantes de los medios de comunicación que si quieren comentar la situación lo hagan fuera de la sala; si no es así, les ruego ocupen sus lugares. Muchas gracias.


La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor Presidente.
Aclaro que el Tribunal de Cuentas dispone de dos instrumentos útiles, el PACI o memoria de las previsiones del año en curso, y el PACI seguimiento o memoria del uso y destino efectivo que se ha dado a estos fondos. Pero ocurre con demasiada frecuencia que estos documentos llegan con mucho retraso; es el caso de los últimos PACI de seguimiento que debían estar ya en poder de los miembros de esta Comisión, por lo que es imposible de este modo realizar un seguimiento efectivo de esta actividad.
He de resaltar que el Gobierno se comprometió, como consecuencia de las iniciativas anteriores del Grupo Popular, a comparecer para informar precisamente de este mismo asunto, de los planes de cooperación, y este compromiso no se ha cumplido con el rigor y frecuencia con que el Grupo Popular hubiese deseado.
El Grupo Popular desea llamar la atención del Gobierno,

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una vez más, sobre este asunto de manera que se constituya un mecanismo y un sistema fluido de información y control de estos fondos destinados a la cooperación para el desarrollo, tal y como desean todos los agentes y sectores afectados e implicados en esta tarea.
Por todo ello solicitamos la comparecencia trimestral del Secretario de Estado para la Cooperación y la remisión anual de la memoria del plan anual de cooperación internacional. Creo que todos debemos apoyarlo, puesto que es en razón a la transparencia y también para el mejor control en la asignación y administración de los fondos públicos.


El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, en efecto, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que no afecta a lo fundamental del fondo de la cuestión, con el que estamos de acuerdo. Ya que en el punto anterior han hablado en catalán, en este vamos a hablar en andaluz. La señora Diputada alcaldesa lo es, como yo, de esa región que tantos vínculos tiene con América y que se nota muchas veces en los debates esa vocación y esa dedicación.
Espero también que la hipoglucemia que a esta hora nos afecta a todos no nos juegue una mala pasada, como ha estado a punto de ocurrir en el punto anterior.
Decía que estamos de acuerdo en lo fundamental, porque se reconoce implícitamente en los preámbulos de la propia proposición no de ley la labor realizada en esta década, porque antes no podíamos haber tenido ni siquiera este debate. Los debates se piden cuando las cosas existen; con anterioridad al año 83-84 lo que había era una realidad caótica y dispersa de la cooperación en multitud de ministerios con escasez de cuantía en su dotación, sin una política que lo orientara, y todo eso fue cambiando, poco a poco, con una ordenación, con una normativa, con la creación de la agencia posteriormente, de todo el instrumento del PACI, de la Comisión Interministerial de Cooperación, que ha logrado, en mi opinión, una profesionalización, una modernización y una realidad y un cuerpo de doctrina de lo que es la cooperación en el desarrollo que otros países vienen haciendo desde hace más de treinta años y que nuestro país lo hace recientemente.
Ahora tenemos que avanzar en el perfeccionamiento de ello, con mecanismos, por ejemplo, de control parlamentario, en los que estamos absolutamente de acuerdo el Grupo Socialista.
Lo que ocurre es que el instrumento para el control, en los dos puntos que presenta la proposición no de ley, pensamos en el primero, que es el que hemos enmendado --el segundo punto no está enmendado--, pensamos que en la práctica de la actividad parlamentaria es más razonable una comparecencia en cada período de sesiones, es decir, prácticamente semestralmente que no trimestralmente, que impediría un seguimiento real de los temas porque no hay novedades trimestrales que puedan suscitar un informe del Secretario de Estado, y pensamos que sí puede haberlo más razonablemente en cada período de sesiones.
Estamos de acuerdo en la segunda parte de la proposición no de ley en cuanto a la remisión anual del PACI para su discusión en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Aunque sólo fuera para introducir de nuevo el matiz del catalán, que se habla en el País Valenciano, la variante fonética del catalán, que se habla en el País Valenciano, es decir, el valenciano.
Yendo al fondo de la cuestión, nosotros compartimos los argumentos que se han expuesto por parte del Grupo presentante de la proposición no de ley, del Grupo Popular, así como los que contiene la enmienda de sustitución que plantea el Grupo nacionalista. Yo creo que en esencia lo importante es que establezcamos el mecanismo de que, con una u otra periodicidad --eso es accesorio--, pase por esta Comisión el Secretario de Estado de Cooperación para que tengamos la posibilidad real de controlar la gestión de los fondos que se dedican por parte del Estado español al Plan anual de cooperación internacional.
Repito, en cualquier caso, creo que, compartiendo el fondo con cualquiera de las dos variantes, tanto la que se plantea en la proposición no de ley como de la enmienda, nos parece adecuado, aunque probablemente será tema del calendario de trabjo parlamentario la periodicidad por sesiones parlamentarias, que sea trimestral; por tanto, apoyaremos la enmienda, y, en el supuesto de que fuera aceptada la enmienda, aprobaríamos la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿No existe ningún otro grupo que quiera hacer uso de la palabra? (Pausa.) La señora Pulgar tiene el uso de la palabra para que exprese su opinión sobre la enmienda presentada.


La señora PULGAR FRAILE: De nuevo, muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda, que entró en registro en el día de hoy, realmente lo que propone es la sustitución del primer párrafo, y el Grupo Popular va a aceptar esta enmienda, siempre y cuando se sea riguroso en exigir la presentación en los períodos de sesiones a que hace alusión la enmienda presentada por el Diputado señor Yáñez.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del Grupo parlamentario Socialista aceptada por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.


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--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANTENER EN SU ACTUAL SITUACION JURIDICA LOS LOCALES PROPIEDAD DE LA EMIGRACION ESPAÑOLA SITOS EN EL NUMERO 10, RUE CRISTINO GARCIA, EN LA PLAINE, ST. DENIS (FRANCIA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000045.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la que se insta al Gobierno a mantener a su actual situación jurídica los locales propiedad de la emigración española, sitos en el número 10 de la calle Cristino García, en la Plaine St. Denis (Francia). Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tuvo conocimiento en su día de que el Gobierno español, a través de su Cónsul general en París, tenía la intención de enajenar los locales propiedad de la emigración española ubicados en el número 10 de la calle Cristino García, en la Plaine St.
Denis. Estos locales de los que trata la proposición no de ley que sometemos a su consideración tienen una historia centenaria. Parece ser que en el tiempo se remontan a la acción casi individual de un sacerdote, el Padre Gabriel Palmer, que en su día fue capellán del Rey Alfonso XIII y que, al parecer, a partir de su actividad, consiguió los recursos suficientes para la construcción de un edificio en la Pleine St. Denis. Y a lo largo del tiempo, y según la tradición oral que sobre el mismo se ha venido transmitiendo, parece constar que la adquisición de estos terrenos y la construcción posterior fueron absolutamente gratuitas por parte del Estado español; es decir, el Estado español no gastó una sola peseta, ni de la época ni actual, en la adquisición de los dos solares, ni en la construcción del edificio, ni siquiera en su posterior mantenimiento.
Este edificio siempre ha estado ligado a una orden religiosa, la Orden Claretiana, y posteriormente ha sido un colectivo de ramificación española el que ha estado utilizándolos. La vida de esta asociación ha transcurrido con normalidad hasta los años 80, en que los padres claretianos, a los que me he referido, abandonaron este patrimonio, quedando como único ocupante y garante de la continuidad de la misma la asociación llamada «El hogar de los españoles», que fue, además, quien asumió el coste del mantenimiento de dicho edificio.
En dichos locales se han venido desarrollando diferentes actividades por parte de la emigración española en esta zona del Estado francés, y esta propia asociación tuvo conocimiento de la intención de la Administración española de la posible enajenación de los mismos. En su día, en septiembre de este mismo año, remitieron una carta-pregunta al señor Cónsul General de España en París, en la que planteaban que la existencia de ese proyecto de enajenación sería un grave error para los intereses de la presencia de nuestro país, de España en Francia, y un incomprensible atentado contra el patrimonio histórico y cultural, e incluso para la memoria de miles de emigrantes que desde principios de siglo han hecho posible la existencia de ese trozo de España en tierras francesas. Esto supondría igualmente un agravio para la asociación «El hogar de los españoles», que desde 1926, y aún hoy, hizo posible en el tiempo que las instalaciones siguieran en pie y cumplieran una función social y cultural irreemplazable.
No hay más constancia posterior en mi Grupo de esa pretendida o posible enajenación de los locales, o esa intención de enajenación, y es por lo que...


El señor PRESIDENTE: Permítame, señor Vázquez, que le diga que hable usted con el micrófono más cerca y, si es posible, más lento, porque creo que las señoras estenotipista y taquígrafa no le pueden entender bien.


El señor VAZQUEZ ROMERO: De acuerdo, señor Presidente.
Decía que por todo este conjunto de motivos es por lo que mi grupo presenta esta proposición no de ley que insta al Gobierno a mantener en su actual situación jurídica los locales propiedad de la emigración española sitos en el número 10 de la calle Cristino García, en la Pleine St. Denis, en Francia.


El señor PRESIDENTE: No me consta que exista ninguna enmienda a esta proposición no de ley.
¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Las casualidades de la vida son impresionantes. Yo he sido Cónsul adjunto en París y conozco perfectamente de lo que estamos hablando, ya que he estado visitando los edificios de los que estamos hablando, primer punto. Segundo, esos locales, que ocupan un terreno bastante grande, no son propiedad de la emigración española, son propiedad, desde el principio, del Estado español en virtud de una donación generosa efectuada por una rica dama de la aristocracia española que deseaba beneficiar a la emigración española. Por tanto, todos los documentos jurídicos indican que eso es propiedad del Estado español.
Los claretianos, que en colaboración con las autoridades españolas realizaban una importante labor asistencial, abandonaron aquello, primero, porque pretendían a la propiedad de los locales; en segundo lugar, porque ya no existía la necesidad de aquella primera emigración dura y pura de las anteriores décadas; en tercer lugar, la asociación «Hogar de los Españoles», que allí funciona y cuya principal actividad genera todo tipo de conflictos porque consiste en un bar, pretende, apoyada por una federación de asociaciones y centros españoles en Francia, obtener una propiedad que nunca fue suya. Todo esto vinculado, además, a las operaciones inmobiliarias

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del nuevo estadio del norte de París, que será construido con motivo del mundial de fútbol.
La proposición me parece muy bien, pero, repito, en este caso creo que el tema jurídico es claro. Existe una asociación que no desarrolla actividades relevantes en unos terrenos que no son propiedad de esa asociación sino del Estado, y que además desbordan ampliamente la capacidad de gestión, y por supuesto de inversión, de esa asociación, en el caso de que el titular jurídico fuera claro.
Creo que en este tema tenemos que ser serios, y que la Administración del patrimonio del Estado en el exterior, que consiste en un solar que puede tener importante valor pecuniario en el futuro, debe primar sobre otro tipo de consideraciones, en este caso de la pequeña política de las federaciones y centros españoles en Francia, que desde luego pertenecen, creo yo, más bien al pasado de la emigración española y no al presente de la colonia española en París.
A mí me gustaría que los esfuerzos del Estado se dedicaran mucho más a conseguir que votaran todos los españoles, y el censo o el Consulado funcionara mucho mejor, que no a este tipo de bares o de hogares que no realizan una función relevante y que, además, sin entrar en detalles --algunos de ellos tremendos--, desde luego no significan nada importante para la colonia española en Francia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cisar.


El señor CISAR CASABAN: Señor Presidente, en relación con la presente proposición no de ley quisiera hacer algunas precisiones en nombre de mi Grupo.
Los terrenos y los edificios referidos pertenecen legalmente al Estado español, propietario único de los mismos, ya que fueron adquiridos de forma directa en los años 1992 y 1994, como así se refleja en las escrituras.
La adquisición se debió, inicialmente, a esta referencia que he indicado por parte del Estado y se aplicó en favor de la Orden Claretiana para fines asistenciales a españoles. Este local fue gestionado por la Congregación Claretiana desde el momento de la adquisición hasta 1981, manteniéndose en el mismo un dispensario, una sala de reuniones, servicios religiosos y algunas actividades culturales varias.
Su enajenación no supondría, por tanto, ni error ni una disminución de la presencia española en Francia, ya que en el aspecto institucional y administrativo se encuentra representada por la Embajada de España y por doce consulados, y en el aspecto social por numerosas instituciones y asociaciones de muy diferente carácter, el número de las cuales está en torno a las 388. Tampoco supondría un atentado contra el patrimonio artístico cultural, dado que los edificios que se ubican en este terreno carecen del valor artístico necesario para adquirir la correspondiente calificación.
Por otra parte, el movimiento asociativo español en la emigración se encuentra en la actualidad dentro de un conjunto de asociaciones, como ya he indicado. A la que se hace referencia en concreto, «El hogar de los españoles», están asociadas 350 personas, que supone un número aproximado que por unidades familiares incluso puede prolongarse hasta unos mil como máximo, por otra parte, sabemos que el número de españoles residentes en Francia es de 328.567 en el último informe.
Además, en la eventual enajenación se contempla la posibilidad de negociar que «El hogar de los españoles» siga teniendo allí su sede dimensionada y adecuada para las propias necesidades. Al mismo tiempo, el inmueble y terrenos de 4.500 metros cuadrados se han ido deteriorando a lo largo del tiempo, está infrautilizado, y los gastos del mantenimiento y servicio, que se sufragan por parte del Consulado de España en París, ascienden a una cuantía de cierta importancia, que podría, destinándose a los mismos objetivos asistenciales, distribuirse de la forma más adecuada y eficaz.
Por último, con objeto de atender las labores asistenciales a las que se dedicó el local mencionado desde su origen, se tiene prevista y contemplada la posibilidad de iniciar el correspondiente expediente para que una vez ingresado en el Tesoro Público, como es preceptivo, el importe de dicha venta, si se llega a producir, una parte de los beneficios de su totalidad se destinen a esos mencionados fines asistenciales que inicialmente se cumplían hasta 1981.
Entendemos, por tanto, que están atendidas las razones que realmente preocupan y que han sido expuestas por el señor Vázquez en la defensa de la proposición no de ley, ya que estas preocupaciones en cuanto a la continuidad de actividad o la acogida de la asociación que hasta ahora está desempeñando quedan previstas y contempladas. Por todo ello, nuestro voto será negativo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Vázquez Romero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, no cabe turno de réplica. De todas formas, le doy la palabra, pero sólo por 30 segundos.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Acepto y tomo buena nota de las expresiones que acaba de manifestar el señor Ciscar respecto a que se va a continuar con la posibilidad de mantener actividad cultural, recreativa o de cualquier otro tipo por parte de este colectivo de emigrantes.
Unicamente quiero decir al señor Robles que yo desconozco si esto está ligado o no a algún tipo de especulación inmobiliaria relacionada con la construcción del gran estadio de París, etcétera. En cualquier caso, si éste es el tema, yo creo que sería suficientemente importante como para poderlo documentar, y no me parece muy correcto verter sobre esta relación de emigrantes esa posible maniobra de especulación inmobiliaria, que, repito, desconozco en qué datos está basada.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA PRESENCIA DE UNA DELEGACION ESPAÑOLA, COMO OBSERVADORES, EN LAS ELECCIONES GENERALES QUE SE PRODUCIRAN EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN EL MES DE MARZO DE 1994. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000052.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para asegurar la presencia de una delegación española, como observadores, en las elecciones generales que se producirán en la República de El Salvador en el mes de marzo de 1994.
Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Yo creo que es justo reconocer que España ha tenido en el pasado, y tiene en la actualidad, un papel destacado en el proceso democrático, complejo y muy dificultoso que está produciéndose en la República de El Salvador. Están los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las fuerzas opositoras en ese país.
La presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado español en esa República centroamericana ha sido y está siendo valorada muy positivamente por parte de la práctica totalidad de las fuerzas políticas de aquel país. Y de ese compromiso que España ha asumido enviando a estas personas, a estos ciudadanos españoles a aquel país, cuya acción concreta ha sido altamente eficaz y altamente reconocida por todas las fuerzas políticas, parece desprenderse la responsabilidad o el compromiso que al mismo tiempo adquiere España --digamos-- personándose en lo que es el acto final de ese proceso democrático, que es una etapa de lo que será seguramente la consolidación de la democracia en El Salvador: las elecciones de marzo de este año próximo.
La proposición no de ley pretende exclusivamente que el Gobierno --como se dice en el tenor literal de la misma-- realice gestiones que le parezcan oportunas y necesarias para que se posibilite la existencia de una delegación española en dichas elecciones de marzo de 1994 como observadores y garantes anteriores a la propia elección y en el propio acto de la elección, y probablemente en los días inmediatamente posteriores, garantes --digo-- de la limpieza democrática de dichas elecciones.
Creo que la responsabilidad asumida por España y el cumplimiento de esa responsabilidad quedaría incompleto si en ese acto final de la transición democrática en El Salvador que significa estas elecciones no hubiera una presencia de una delegación española que pudiera testificar la limpieza o, en caso contrario, la falta de limpieza de las elecciones que se van a producir en este país centroamericano.
Por tanto, nos parece que la proposición no de ley es adecuada, que viene a completar el papel jugado por España en este proceso democrático en El Salvador, y espero de la sensibilidad de los diferentes grupos de la Cámara el apoyo a la misma.


El señor PRESIDENTE: Tampoco consta que se haya presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Yáñez tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: En primer lugar, agradezco, en nombre del Grupo que apoya al Gobierno, el reconocimiento que Izquierda Unida hace del papel de España en el proceso de democratización y de pacificación de El Salvador, donde ha habido una importante presencia y participación de nuestro país, tanto en el plano diplomático como en el plano militar (embajadas en Naciones Unidas y en el propio Salvador, por una parte, y fuerzas armadas y de seguridad, por otra), que ha llevado a ese país a un proceso esperanzador de reconciliación y de pacificación que puede culminar en las elecciones de marzo de 1994.
Hay que decir que la vigilancia u observancia de todo el proceso está siendo garantizada por la división electoral Onusal, con sede en el propio San Salvador. Hay un informe del Secretario General de las Naciones Unidas del pasado 20 de octubre en el que dice que se encuentra prácticamente concluida físicamente la instalación de la misión de observadores de Naciones Unidas para verificar, en los meses anteriores, la inscripción del ciudadano en el registro electoral.
El informe no elude las críticas que los partidos de la oposición (sino que las acoge) hacen a la ineficacia de la operación en el registro. Los partidos de la oposición achacan esa ineficacia en la operación de registro a la falta de voluntad política del Tribunal Supremo electoral.
Sin embargo, a juicio de la Onusal, parece que la no inscripción es debida más a la falta de movilización ciudadana y a la ineficacia técnica, a la falta de medios y de conocimientos del Tribunal Supremo Electoral, que a la deliberada exclusión de ciertos sectores de la población.
De todas maneras, sigue siendo para el informe y para nosotros un tema importante y preocupante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que recoge, también con datos de octubre, que el 27 por ciento de los salvadoreños en edad de votar, es decir, cerca de 700.000 personas, no tenían carnet electoral. Sin embargo, el informe del Secretario General antes citado recoge que hay un proceso creciente de inscripción;

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concretamente en julio se inscribieron 10.000, en agosto 40.000 y en septiembre más de 100.000. Es razonable pensar que en los meses siguientes, de cuyos datos no dispongo, esa inscripción habrá ido en aumento porque hayan mejorado los mecanismos y la propia vigilancia de Onusal sobre el proceso.
El informe achaca a los ayuntamientos que tiene que dar los datos a los solicitantes ese retraso, ya que a veces los alcaldes ignoran dicho trámite que impide el completar el censo necesario para que las elecciones de marzo sean debidamente democráticas.
Tengo que añadir que el Gobierno español en todo momento apoyó la iniciativa de Onusal, y que al frente de la misión en El Salvador se encuentra un catedrático español de sociología con amplia experiencia electoral.
Dicho todo esto, que además de ilustrar a los que no lo conocieran tenía como sentido expresar que hay una vigilancia y una observancia del proceso preelectoral (y la habrá también electoral), tengo que decir que el Gobierno hace el seguimiento que le corresponde como país tercero, pero muy involucrado, a través de su misión diplomática, bilateral, es decir, desde la Embajada de San Salvador, además de los citados.
Y en cuanto a la proposición no de ley, se nos plantea algo más, que es enviar una delegación a las elecciones de El Salvador. Hay que decir que en dicha proposición no de ley no se habla de si debe ser una delegación gubernamental o parlamentaria. Si es gubernamental, ha sido siempre una norma constante de la diplomacia española no enviar delegaciones gubernamentales. Para la observación y el seguimiento tiene las propias Embajadas, el propio servicio exterior en cada país donde esta situación se pueda plantear. Pero ni que decir tiene que el Gobierno no se opone a que el Parlamento envíe delegaciones de los partidos políticos, ya que además no podría, puesto que existe autonomía parlamentaria.
Por ello, señor Presidente (no sé si es posible, porque no he consultado el Reglamento), si se me permite, desearía plantear una enmienda «in voce» a la proposición no de ley en el sentido siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para conseguir la invitación» (porque tampoco se puede enviar una delegación sin invitación; recientemente, con ocasión de las elecciones rusas, se ha ido porque nos han invitado las autoridades y los partidos políticos rusos, y en general ése es el criterio en el plano parlamentario) «para que una delegación parlamentaria española asista, como observadora, a las elecciones generales que se producirán en la República de El Salvador en marzo de 1994.» Es decir, que al Gobierno se le insta a que dé instrucciones a nuestra Embajada en San Salvador para que, en conversaciones con los partidos políticos, las autoridades salvadoreñas, si lo tienen a bien, digan que acogerían con agrado el envío de una delegación parlamentaria o al menos que no se oponen, y que eso lo expresaran formalmente para que el propio Parlamento (y esta Comisión podía presentar una iniciativa ante la Mesa del Congreso, porque no creo que la Comisión como tal tenga autonomía; normalmente lo decide la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces) pueda enviar, si lo considera conveniente, una delegación parlamentaria cumplidos esos requisitos.
Solamente en esas condiciones podríamos votar a favor, incluyendo esta enmienda, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, entiendo que, tal como está el Reglamento, no cabe en este momento una enmienda transaccional, puesto que no se ha presentado ninguna enmienda y no hay transacción posible. De todas maneras, yo creo que si el conjunto de la Comisión está de acuerdo en su aceptación, podíamos someter su texto a votación e incorporarlo como tal enmienda.
Si hay alguien que se oponga, creo que deberíamos darla por no posible.
(Pausa.) Entiendo que hay unanimidad en la aceptación. Por consiguiente, la enmienda propuesta por el señor Yáñez significaría...


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: ¿Puedo leerla otra vez?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones pertinentes para conseguir la invitación» (no sé si la redacción gramatical está bien) «para una delegación parlamentaria española a asistir, como observadora en las elecciones generales que se producirán en la República de El Salvador en marzo de 1994.»

El señor PRESIDENTE: Más que para conseguir la invitación sería para asegurar que sea invitada una delegación española, o algo así.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Para que sea invitada.


El señor PRESIDENTE: El señor Cisneros había pedido también la palabra y me excuso de no habérsela dado en primer lugar. Ha sido un error mío.


El señor CISNEROS LABORDA: Señor Presidente, había pedido la palabra porque, coincidiendo plenamente con el espíritu y la intención que subyacía en la proposición no de ley, efectivamente, todos hemos vivido, con mayor o menor proximidad, el drama de la guerra civil salvadoreña y asistimos también con esperanza al proceso de elecciones, ciertamente una esperanza muy orlada de incertidumbres, porque el curso de los acontecimientos no es tan alentador como todos quisiéramos en el proceso salvadoreño, pues consideramos que sería pertinente el realizar las gestiones encaminadas a conseguir una observación del Parlamento español, muy cualificado porque, si el señor Yáñez me permite, cuando aludía al papel significativo que España ha desarrollado en el proceso de pacificación de El Salvador como miembro del grupo de países amigos del Secretario General de Naciones Unidas, se ha referido a la acción

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gubernamental, se ha referido incluso a la acción militar, y no ha hecho mención de la parlamentaria, que ha tenido también, como sabe por el papel de observación en el juicio de los responsables del asesinato de los jesuítas, etcétera, un papel de alguna relevancia, que creo que tendría su lógico corolario con la presencia de esa delegación parlamentaria.
Se nos suscitaban algunas perplejidades, incluso respecto a la idoneidad del procedimiento de la proposición no de ley, los términos de asegurar, que parecían poco respetuosos para la soberanía, en último término, y la autonomía de decisión del propio Gobierno salvadoreño para formular la invitación, y también la no precisión del carácter parlamentario de la delegación, toda vez que, como muy bien decía el señor Yáñez, es manifiesta la inconveniencia de una observación gubernativa. Salvadas estas objeciones en razón de la interpretación de las peticiones de declaración del señor Yáñez y de la interpretación del Presidente, aceptada por el propio Grupo proponente, anunciamos el voto favorable del Grupo Popular a la misma.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, por consiguiente, que la petición es que se admita a trámite una enmienda «in voce» con el texto que hemos dicho anteriormente. Es decir, «Instar al Gobierno para realizar las gestiones pertinentes para asegurar que una delegación parlamentaria española sea invitada como observadora en las elecciones generales. Este sería el texto.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Perdón, señor Presidente, pero quizá la palabra asegurar...


El señor PRESIDENTE: Entonces, el texto podría ser: «Instar al Gobierno para realizar las gestiones pertinentes para procurar que una delegación parlamentaria española sea invitada como observadora.» Señor Vázquez, tiene la palabra.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Tomo la palabra, aunque sea sólo formalmente, para mostrar la aceptación de mi Grupo a las enmiendas «in voce» que se han planteado. Creo que, sin contravenir la letra y coincidiendo con el espíritu del Reglamento, la unanimidad que hay en la Comisión posibilita ampliamente que esta iniciativa salga adelante y cumpla el objeto fundamental para el que fue pensada.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.


--SOBRE PENSIONES A TRABAJADORES EN GIBRALTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000058.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre pensiones a trabajadores en Gibraltar, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, dentro de la delicada situación económico-social del Campo de Gibraltar, donde en este momento tenemos la mayor tasa de desempleo de toda España, nos hemos encontrado con la aparente sorpresa, ya que no es tal porque el Gobieno español conocía esta posibilidad desde 1988, de que el Gobierno de Gibraltar fuera a dejar de pagar las pensiones a los españoles que durante muchos años trabajaron en Gibraltar, colaborando en la creación de riqueza en la colonia inglesa. Muchos de ellos, señorías, han trabajado para las reales Fuerzas Armadas inglesas. Por tanto, el Reino Unido tiene una doble responsabilidad: como miembro de la Unión europea y también como una administración donde trabajaban estos ciudadanos españoles.
Pero no nos sorprende esta situación, señorías, nos indigna porque se ha esperado demasiado, y hasta última hora, para intentar dar una solución definitiva a este grave problema, que ahora afecta a más de 7.500 pensionistas y que en un futuro afectará a más de 15.000.
Desde el principio de todo este proceso, la sociedad gaditana ha estado y está en la defensa de los intereses de estos pensionistas y, al parecer, también es la preocupación del Gobierno andaluz y del Gobierno de España.
Digo al parecer porque ellos tienen la máxima responsabilidad de que nos encontremos ahora en esta situación.
El Ministro de Asuntos Exteriores, señorías, en una comparecencia en el Senado se intentaría dar una solución definitiva al problema. Pocos días más tarde, el día 17 de este mismo mes, el Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, aseguraba en La Línea de la Concepción que se crearía un fondo de 2.000 millones de pesetas para hacer frente al pago de las pensiones mientras se solucionaba el problema definitivamente. Y como es costumbre, nos sorprendieron unas manifestaciones en las que nos pedía públicamente que no preguntáramos quién iba a financiar ese fondo para el pago de pensiones. Nos sorprende especialmente porque el señor Chaves era Ministro de Trabajo en 1988, cuando el Gobierno español tuvo el primer conocimiento de que se podía producir esta situación, y el señor Griñán, actual Ministro de Trabajo, era Subsecretario del Ministerio de Trabajo. Además, en una contestación al Ministerio de Asuntos Exteriores decía él, que lo firmaba: Concretándonos a las normas comunitarias en esta materia, hay que destacar que el campo de aplicación de los reglamentos comunitarios de Seguridad Social se extiende al territorio jurídico-político de los doce Estados. Gibraltar queda incluido en este marco territorial por aplicación directa del apartado cuarto del artículo 227 del Tratado de Roma. Por todo ello, decía el señor Griñán, sería necesario conocer con precisión si existe algún acuerdo sobre el futuro del fondo de pensiones de Gibraltar y los términos del mismo, para

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proceder en consecuencia. Ha pasado demasiado tiempo y el Gobierno español, por lo que ahora vemos, no ha actuado consecuentemente con el problema que se nos avecinaba.
En el convencimiento, señorías, de que iba a llegar la fecha del 1.º de enero de 1994 y este asunto no iba a estar resuelto, el Grupo Popular presentó el día 16 de noviembre esta proposición no de ley, con la intención de que esta Cámara instara al Gobierno a garantizar el cobro de las pensiones de los trabajadores españoles en Gibraltar, haciendo cumplir al Reino Unido y a Gibraltar sus acuerdos dentro de la Comunidad Europea. Nosotros, que desde el primer momento hemos presentado inicativas parlamentarias, tanto en el Parlamento andaluz como en este Parlamento y en el Parlamento Europeo, no queremos, señorías, más declaraciones ni compromisos casi a título personal, sino un acuerdo de esta Cámara, pues ya conocemos todos lo que pasa luego con estos compromisos. En el caso de Gibraltar, señorías, es público y notorio; no sólo en este caso sino en otros tan graves como el blanqueo o el narcotráfico, en los que el Gobierno español nos asegura una y otra vez la máxima cooperación con el Gobierno de Gibratar, pero todos sabemos que allí se sigue blanqueando dinero y se siguen refugiando las lanchas de los traficantes. Señorías, en Cádiz estamos cansados de esta situación y estamos seguros de que ésta es una buena ocasión para que el Gobierno español utilice, de forma enérgica, todos sus recursos para que no se sigan lesionando nuestros intereses por parte del Gobierno de Gibraltar con el consentimiento del Gobierno del Reino Unido.
Finalmente, señorías, el Gobierno español, como decía al principio, conocía desde hace seis años la posibilidad de que esto iba a ocurrir a primeros del año 1994. Pero hasta que el señor Bossano, el pasado verano lo ha manifestado públicamente, ha tenido guardado este problema en un cajón sin darle importante, quizás esperando a que se solucionara solo, a última hora, o a sacar dinero de ese cajón que el señor González, Presidente del Gobierno, nos dice una y otra vez que no se pueden sacar recursos si no se llena y que en este momento está muy vacío, señorías.
En el Partido Popular estamos muy preocupados, aun conociendo la creación de este fondo que nos ha anunciado el señor Chaves, porque, como todos sabemos también, la Junta de Andalucía no tiene dinero y, en todo caso, ni tan siquiera se nos ha dicho de cuánto tiempo disponemos con este recurso de 2.000 millones para solucionar definitivamente el problema.
Anunciándoles que seguiremos haciendo iniciativas parlamentarias, tanto en el Parlamento andaluz como en este Parlamento y en el Parlamento Europeo, encaminadas a que el Reino Unido y Gibraltar --como he dio anteriormente-- cumplan sus acuerdos y esperando conseguir el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, se lo agradecemos de antemano, dada la necesidad de nuestros pensionistas y de una parte muy importante de nuestro país que es Cádiz y el Campo de Gibraltar.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda de sustitución. Para defenderla tiene la palabra el señor Santos.


El señor SANTOS JURADO: Quisiera empezar aclarando, porque probablemente puede haber cierta confusión sobre el fondo del tema después de oír la intervención anterior, que este asunto es --y creo que debemos estar todos unidos en ello-- de responsabilidad exclusiva del Gobierno británico, con un incumplimiento claro del Gobierno británico. No hagamos aquí exposiciones para, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hacer oposición al Gobierno español, aunque cada cual está en su derecho de hacerlo, evidentemente. Seguramente las relaciones del Partido Popular con el señor Major y el Gobierno conservador de Gran Bretaña ayudarán a encontrar una solución a este tema.
Yendo al grano de la situación, yo quiero decir, en favor de la enmienda que hemos presentado, que nosotros nos encontramos muy preocupados por esta situación que se ha creado por la liquidación del fondo de pensiones de Gibraltar, que va a perjudicar a cerca de 15.000 pensionistas. Esta es una decisión unilateral del Reino Unido, acordada con las autoridades de Gibraltar, que nos parece injusta y contraria a los compromisos adquiridos no sólo con España, sino también en el seno de la Comunidad Europea, y que nunca han comunicado al Gobierno español. Hay que tener en cuenta, para tener idea de la gravedad del asunto, que se pretende disolver un sistema público de pensiones, incluido plenamente en el marco comunitario, que regula la libertad de circulación laboral en lo que se refiere a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes y que deja desprotegido, de hecho, a un importante colectivo de ciudadanos de la Unión Europea. Por otra parte, nos parece inadmisible que el Reino Unido no haya aportado ninguna información concreta sobre una posible refundación de un nuevo sistema de protección social y haya creado claramente una situación de indefensión no sólo a los particulares, que es lo más importante, sino también a las instituciones afectadas por esta medida. En ese sentido, nosotros coincidimos con el espíritu y la letra de la proposición --no así con la intervención de la señora Martínez-- en lo fundamental, en la finalidad de defender con firmeza los derechos de los trabajadores españoles en Gibraltar, y hemos presentado una enmienda de sustitución que deja clara la defensa de esos derechos a través de los instrumentos jurídicos internacionales, como también se expone en la proposición inicial. Esto ya se está haciendo de hecho y hay que tenerlo claro. El Gobierno ya ha decidido presentar un recurso ante la Comisión Europea, en primer término, y ha decidido también abrir oficinas de información en el Campo de Gibraltar para asesorar a los pensionistas.
Yo creo que es bueno tratar de llevar el tema a los niveles jurídicos oportunos internacionalmente, pero también es bueno dejar abiertos cauces políticos para llegar a una solución, que sería lo idóneo y lo aconsejable, teniendo en cuenta que ambos países formamos parte no solamente del ámbito comunitario, sino también de la

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política de seguridad. Yo espero que por la bondad de la finalidad se acepte nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espasa, por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor ESPASA OLIVER: Muy brevemente, señor Presidente, simplemente quiero señalar el apoyo a la iniciativa del Grupo Popular y la voluntad de nuestro Grupo de que se llegue a un acuerdo en el seno de la Comisión, ya sea por la aceptación de esta enmienda, para que, en definitiva, el resultado sea positivo en el sentido de defender los intereses de estos españoles que se han visto brusca y brutalmente impedidos de percibir un derecho adquirido a lo largo de toda su vida laboral, como es el derecho a la pensión. Yo creo que todas las fuerzas políticas deberíamos saber estar a la altura de superar pequeñas diferencias y aunar nuestros esfuerzos para asegurar que estos españoles cobren su pensión. En este espíritu nosotros estamos dispuestos a votar lo que finalmente se someta a votación.


El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda propone la sustitución de los cinco puntos de la propuesta o sólo los dos primeros puntos de la resolución?

El señor SANTOS JURADO: Es una enmienda de sustitución total.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Con la intención de que de esta Cámara salga un acuerdo, como han dicho los demás grupos parlamentarios, en defensa de los intereses de los pensionistas del Campo de Gibraltar, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, pidiéndoles que añadan el segundo punto de nuestra enmienda, dada la importancia que tiene, que dice: Defender jurídicamente a aquellos pensionistas que pudieran resultar lesionados en sus derechos. Es fácil comprender que estos pensionistas van a poder tener pocos recursos y pocos medios, como siempre, para defenderese ante las instancias europeas si el Gobierno no toma cartas en el asunto. Por tanto, pediríamos al Grupo Socialista que aceptara nuestra propuesta de añadir al texto el segundo punto para que de esta Cámara salga así una propuesta aceptada por todos. Señor Presidente, al Grupo Popular no le importa que el Grupo Socialista no le guste el contenido de mi intervención, pero lo más importante es que salga de aquí esta propuesta porque se tenía que haber hecho antes y los únicos culpables son ellos.


El señor PRESIDENTE: La propuesta que usted hace, señora Martínez, es que el punto segundo de su proposición se incluya sustituyendo al otro punto segundo.


La señora MARTINEZ SAIZ: No, que se incluya solamente.


El señor SANTOS JURADO: Señor Presidente se lo puedo aclarar, si me concede la palabra.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santos.


El señor SANTOS JURADO: Estoy de acuerdo con la señora Martínez en la culpabilidad del Gobierno británico sobre este tema.
En aras a llegar a un acuerdo común, propondría añadir en el segundo punto, a partir de la única coma que existe en ese punto: en la defensa individual y colectiva de los intereses de los asegurados. El texto seguiría igual. Doy lectura al punto, que es muy breve, para que vean cómo quedaría: Segundo: Actuar con todos los medios políticos y jurídicos disponibles derivados del punto anterior, en la defensa individual y colectiva de los intereses de los asegurados y beneficiarios del fondo de pensiones de Gibraltar.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Aceptamos esta propuesta del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a someterla a votación en los términos que se acaban de expresar.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--EN RELACION AL EJERCICIO DE LA SOBERANIA ESPAÑOLA SOBRE GIBRALTAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000060.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley en relación al ejercicio de la soberanía española sobre Gibraltar, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: El propósito de esta proposición no de ley --creo que queda muy claro-- es fundamentalmente recordar que en los intereses nacionales está la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar. Parecerá una propuesta un tanto repetitiva, pero en realidad no lo es. No lo es porque, primero, cuenta con un amplio consenso a lo largo de estos últimos años, por parte de esta Cámara, en el sentido de que de lo que se trata es de obtener la retrocesión de la soberanía sobre Gibraltar a España. En segundo lugar, porque quizás con

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el paso del tiempo y de alguna fragilidad, a veces nuestras, pero sobre todo fragilidades interesadas de otros, parecería como si Gibraltar tuviera definitivamente soluciones que no pasaran por esa retrocesión de la soberanía. Nos parece importante desde ese punto de vista y, sobre todo, en función de todos los procesos negociadores que se han producido desde el comienzo de los ochenta hasta este mismo momento en que, finalmente, empieza a aparecer el dato de la soberanía como sujeto importante de la negociación. Conviene recordárnoslo, conviene recordarlo al Gobierno español y conviene recordarlo también al Gobierno británico y, en la medida en que sea necesario --esperemos que no lo sea-- reforzar la fortaleza psicológica y negociadora del Gobierno español a los efectos de continuar con esa importante y fundamental parte de la negociación respecto a Gibraltar. También nos parece importante que, en esa perspectiva, el Gobierno español adquiriese el compromiso, propio y ajeno, de informar regularmente a la Cámara del mantenimiento del proceso negociador y de los progresos habidos en el mismo. Ese es el contenido, muy simple, de esta proposición no de ley que, como digo, pretende fundamentalmente reforzar, si cabe y es necesario, la fortaleza negociadora del Gobierno español cara a esa retrocesión de la soberanía sobre Gibraltar.


El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda de sustitución, por parte del Grupo Socialista, a esta proposición no de ley del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Santos.


El señor SANTOS JURADO: Nosotros consideramos oportunas, a pesar de que pueda parecer reiterativo, estas iniciativas porque siempre es conveniente reafirmar nuestra reivindicación sobre la soberanía de Gibraltar. Se trata de un proceso largo, a veces lento y a veces también con desesperación por la lentitud de los pasos que se dan, pero hay que dejar claro que tanto en el marco defensivo, como en el marco comunitario, se tiene muy presente la reivindicación de la soberanía.
Esta misma mañana se nos ha recordado por el Secretario de Estado de las Comunidades Europeas la oposición de España a la firma de proyecto de convenio a Doce sobre el cruce de fronteras exteriores de la Comunidad, mientras no se dé una solución satisfactoria a la utilización conjunta del aeropuerto y del puerto de Gibraltar, que a una pregunta de Izquierda Unida nos hemos referido anteriormente, asuntos que están muy relacionados, como todos sabemos, con el tema de la soberanía. El proceso negociador hispano-británico es una actividad continua que se ejerce por parte del Gobierno en todos los ámbitos, aunque repito que a veces nos desespere la lentitud de los avances. No obstante, repito, nos parece muy adecuado reafirmar cuantas veces sea necesario la posición inequívoca y unánime de los grupos políticos en relación con este tema de Gibraltar.
Es evidente que a los ingleses no les gusta que se hable de este asunto, lo cual indica que nosotros debemos hacer exactamente lo contrario: repetirlo muchas veces para hacerles ver las contradicciones en las que está cayendo el Gobierno británico en este tema.
En consecuencia, en el Grupo Socialista compartimos el fondo de la proposición no de ley del Grupo Popular, agradecemos al señor Rupérez el interés que de siempre ha puesto en este asunto y coincidimos en que sea objetivo prioritario en nuestra política exterior el tema de Gibraltar.
También queremos animar al Gobierno a impulsar el proceso negociador, agilizando la información a la Cámara, con una propuesta concreta, que se hace en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, para que se reúnan los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países en los primeros meses del próximo año, de 1994, para reactivar nuevamente el asunto. Confío igualmente en que el texto de la enmienda, coincidente totalmente con el espíritu de la proposición, sea aceptado para poder salvaguardar también la unanimidad en esta proposición.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Deseo sumarme al espíritu tanto de la iniciativa como de la propuesta de enmienda de sustitución, señalando, como ha hecho mi Grupo repetidamente, incluso esta misma mañana, la posición actual de fortaleza que España tiene, después de muchos años de una cierta debilidad política en esta situación. En recordatorio telegráfico tengo que decir que no es ajeno a esta situación el largo período de dictadura que sufrió nuestro país, un mundo dividido en bloques, unos argumentos que se utilizaron como si la puerta del Mediterráneo debía estar o no en manos más o menos supuestamente fiables. Todo esto ha cambiado radicalmente. Estamos en la Comunidad, estamos ya en la Unión Europea y la anterior posición de debilidad se ha convertido en una posición de fuerza, concretada especialmente en el convenio a doce sobre fronteras exteriores.
Por tanto, insistimos una vez más en que se aproveche ahora la situación de fuerza en la que se encuentra España para conseguir la plena y total retrocesión de soberanía sobre el Peñón.


El señor PRESIDENTE: Señor Rupérez, tiene la palabra para decir si acepta o no la enmienda presentada.


El señor RUPEREZ RUBIO: La aceptamos, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, vamos a someter a votación la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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DICTAMENES SOBRE:

--CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y SOBRE SU DESTRUCCION, HECHA EN PARIS EL 13 DE ENERO DE 1993, ASI COMO DECLARACION A FORMULAR POR ESPAÑA. (Número de expediente 110/000027.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dos últimos puntos del orden del día: Dictámenes. El primero relativo a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, así como declaración a formular por España.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Rupérez tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, a nosotros esta Convención nos parece especialmente importante, tan importante como para anunciar, por un lado, que vamos a votar a favor y, por otro, que haremos uso del derecho que tenemos para hablar en Pleno con cierta calma sobre las razones que nos llevan a apoyarlo. Me parece que en este momento sería hacernos un flaco servicio exponerlas con cierto detalle. Por consiguiente, simplemente anuncio el voto favorable y también que en el Pleno haremos uso de la palabra para explicar en detalle nuestras razones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista el señor Moya tiene la palabra.


El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, quiero también destacar la importancia que tiene esta Convención. Qué duda cabe que la trascendencia se ve absolutamente clara si tenemos en cuenta la creciente proliferación del uso de armas químicas que ha motivado una conferencia de desarme en Ginebra que ha negociado, nada menos que desde el año 1984 hasta 1992, el texto de la presente convención y que ha sido finalmente adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas por consenso en su actual período de sesiones. Creo que la importancia de esta Convención, su contenido, las cláusulas, etcétera, merecen una intervención en el Pleno del Congreso y nos reservaremos también para ese momento.


El señor PRESIDENTE: El señor Vázquez tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor VAZQUEZ ROMERO: También de forma muy breve quiero anunciar nuestro voto favorable a esta Convención que consideramos muy importante.
Explicitada la voluntad de otros grupos de intervenir en el Pleno para aumentar las consideraciones sobre la misma, probablemente mi Grupo adopte la misma posición. Unicamente he de decir que nos gustaría poder votar favorablemente otros convenios con otras armas de las muchas que existen en el muestrario.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la Convención que se nos propone.


Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN NUEVA DELHI EL 8 DE FEBRERO DE 1993. (Número de expediente 110/000028.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día: Convenio entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.
Por el Grupo Socialista, el señor Cremades tiene la palabra.


El señor CREMADES SENA: Señor Presidente, voy a ser muy breve ya que con este punto se termina esta maratoniana sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es cierto que las relaciones comerciales y las relaciones económicas con la República de la India por parte de los españoles van in crescendo y, por tanto, este Convenio tiene una vital importancia ya que su objetivo principal es evitar, como dice su propio título, los problemas fiscales que bien por la doble imposición fiscal, bien por la evasión fiscal --segundo aspecto que contempla--, de las empresas españolas y de capitales de la India en inverisones en España en colaboración técnica se están produciendo en este tipo de relaciones económicas y comerciales.
La estructura del Convenio es una estructura tipo, similar a la de otros convenios, para evitar la doble imposición. Quiero destacar que en el Convenio se establecen unos mecanismos amistosos para resolver los posibles problemas que puedan surgir en la interpretación que pueda haber a la hora de aplicar la evasión o la doble imposición fiscal para evitar, en la medida de lo posible, lo lenta que puede ser cualquier resolución por vía jurídica. En este sentido creo que el convenio, a partir de este momento, va a posibilitar que las relaciones comerciales, las inversiones, cada vez más importantes, de capitales españoles en la India no tengan que verse sometidas a veces a una situación de discriminación respecto a inversiones similares en otros países con los cuales tenemos convenios parecidos.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ledro.


El señor LEDRO LEON: Señor Presidente, voy a tratar de hacer lo más breve posible mi intervención, porque creo que es momento de felicitar las Pascuas a sus señorías y no de hacerles la pascua con una intervención demasiado larga. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!-- Risas.) Vaya por delante que el voto de mi Grupo va a ser favorable a la ratificación de este Convenio, pero tengo que hacer una observación sobre la tramitación que se ha seguido. Conviene solicitar una explicación sobre las fechas. El Convenio se firma en Nueva Delhi el 8 de febrero de este año 1993. No obstante, todos los informes que lo acompañan están fechados con anterioridad cuando, como es preceptivo, tendrían que ser posteriores. Hay un dictamen del Consejo de Estado de fecha 15 de octubre de 1992 y un informe de la Dirección General de Tributos de 26 de junio del mismo año 1992. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en su memoria de fecha 13 de julio de 1992, en el apartado de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales hace referencia, en sus antecedentes, a un convenio rubricado en Nueva Delhi pero con fecha 2 de febrero de 1990. Creo que es una simple cuestión formal que no afecta al contenido del Convenio, pero que no por ello deja de llamar la atención y requiere una aclaración.
En definitiva, consideramos que es un Convenio bastante sencillo, se ajusta a las normas de la OCDE, y para nuestro Grupo no presenta ningún impedimento técnico su ratificación por las Cámaras, una vez hecha la salvedad formal de las fechas.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por consiguiente, a la votación de este Convenio.


Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señoras y señores, creo que interpreto el sentir de la Mesa, y naturalmente el mío propio, deseándoles a ustedes unas muy buenas fiestas. ¡Felices Pascuas y un magnífico año 1994! también quiero agradecer a las señoras y señores taquígrafos y estenotipistas la labor que han realizado y la resistencia física que han demostrado tener ante esta larguísima sesión.
Se levanta la sesión.


Eran las cuatro de la tarde.

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