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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 33, de 06/10/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 33 ASUNTOS EXTERIORES PRESIDENTE: DON JORDI SOLE TURA Sesión núm. 4 celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1993

ORDEN DEL DIA: Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga), para: --Dar a conocer la posición del Gobierno español respecto de la situación en Guinea Ecuatorial, habida cuenta de los últimos acontecimientos producidos en ese país y de las informaciones aparecidas en los últimos días en la prensa al respecto. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000051.) (Página 545) --Informar sobre los últimos acontecimientos en Guinea Ecuatorial. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000059.) (Página 545)

Preguntas: --Del señor Rupérez Rubio (Grupo Parlamentario Popular), sobre apertura de algún proceso informativo para averiguar quiénes son los responsables de las graves filtraciones de documentos relativos a la política exterior española con respecto a Guinea Ecuatorial. (BOCG, serie D, número 11, de 27-9-93. Número de expediente 181/000012.) (Página 556) --Del mismo señor Diputado, sobre medidas para prevenir los efectos desfavorables que la filtración de documentos relativos a la política exterior de España con Guinea Ecuatorial pudieran haber tenido sobre algún político guineano. (BOCG, serie D, número 11, de 27-9-93. Número de expediente 181/000013.) (Página 556)

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--Del mismo señor Diputado, sobre razones que, según el Gobierno, pueden haber llevado a causar las graves filtraciones recientemente producidas de documentos relativos a la política exterior de España con Guinea Ecuatorial. (BOCG, serie D, número 11, de 27-9-93. Número de expediente 181/000014.) (Página 556) Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga), para informar: --Sobre los últimos acontecimientos en Rusia. A petición propia. (Número de expediente 214/000021.) (Página 558) --Dar cuenta de la posición del Gobierno español respecto de la situación por la que atraviesa la República Federativa Rusa y precisar las actuaciones y medidas adoptadas y a adoptar. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000081.) (Página 558) --Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a actuar como parte solidaria en el proceso judicial abierto en Chile por el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria y Mata. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 8, de 17-9-93. Número de expediente 161/000016.) (Página 570) Dictámenes sobre: --Código Europeo de Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964. (BOCG, serie C, número 3-1, de 26-7-93. Número de expediente 110/000001.) (Página 574) --Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y tres Protocolos anejos. (BOCG, serie C, número 4-1, de 26-7-93. Número de expediente 110/000002.) (Página 575) --Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. (BOCG, serie C, número 5-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000003.) (Página 577) --Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, hecha en Ginebra el 6 de abril de 1974, así como Reservas y Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión. (BOCG, serie C, número 6-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000004.) (Página 580) --Documento sobre los miembros asociados de la Unión Europea Occidental (UEO) referente a la República de Islandia, al Reino de Noruega y a la República de Turquía, firmado en Roma el 20 de noviembre de 1992. (BOCG, serie C, número 7-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000005.) (Página 581) --Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992. (BOCG, serie C, número 8-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000006.) (Página 582) --Protocolo de enmienda al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania de 22 de mayo de 1990, firmado en Madrid el 2 de marzo de 1993. (BOCG, serie C, número 9-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000007.) 584 --Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica, el Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural y el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmados en Madrid el 29 de octubre de 1992. (BOCG, serie C, número 10-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000008.) (Página 584) --Acuerdo sobre relaciones cinematográficas entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en San Sebastián el 20 de septiembre de 1992, y Canje de Notas que modifica el artículo VI del mismo. (BOCG, serie C, número 11-1, de 30-7-93. Número de expediente 110/000009.) (Página 586) --Canje de Notas por el que se modifica el Convenio relativo al transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 29 de diciembre de 1979. (BOCG, serie C, número 12-1, de 2-8-93. Número de expediente 110/000010.) (Página 587) --Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. (BOCG, serie C, número 13-1, de 2-8-93. Número de expediente 110/000011.) (Página 588)

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--Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993. (BOCG, serie C, número 14-1, de 2-8-93. Número de expediente 110/000012.) (Página 589) --Convenio de extradición y asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993. (BOCG, serie C, número 15-1, de 2-8-93. Número de expediente 110/000013.) (Página 590)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (SOLANA MADARIAGA), PARA:

--DAR A CONOCER LA POSICION DEL GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO DE LA SITUACION EN GUINEA ECUATORIAL, HABIDA CUENTA DE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS EN ESE PAIS Y DE LAS INFORMACIONES APARECIDAS EN LOS ULTIMOS DIAS EN LA PRENSA AL RESPECTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000051.)

--INFORMAR SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS EN GUINEA ECUATORIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000059.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
La Mesa se ha reunido con anterioridad porque en las últimas fechas han tenido entrada en esta Cámara dos solicitudes de comparecencia, una del propio Gobierno y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar sobre los acontecimientos que han ocurrido y que están ocurriendo en Rusia. La Mesa ha estado de acuerdo en introducir este punto del orden del día, que someto a la Comisión. ¿Están de acuerdo SS. SS.? (Asentimiento.) Queda acordado.
Hemos considerado que primero vamos a agotar lo que quedó pendiente de la última comparecencia, es decir, los asuntos relativos a Guinea Ecuatorial. Agruparemos en una sola las dos solicitudes de comparecencia realizadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Parlamentario Popular, luego haremos las preguntas y a continuación entraremos en el nuevo punto del orden del día. Por consiguiente, vamos a iniciar la sesión con las solicitudes de comparecencia realizadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Parlamentario Popular, sobre los últimos acontecimientos en Guinea Ecuatorial.
Para exponer sus puntos de vista, tiene la palabra --lo hacemos por el orden en que entraron estas solicitudes--, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, siguiendo una tradición en nuestro Grupo Parlamentario de preocupación por el restablemiento o por la instauración de un régimen democrático en Guinea, hemos planteado esta petición de comparecencia para solicitar al Ministro de Asuntos Exteriores que informe a la Cámara sobre la situación en aquella república, sobre las últimas actuaciones del Gobierno al respecto y sobre los planes y proyectos de actuación del Gobierno español respecto de la República de Guinea y, sobre todo, respecto del objetivo, que creo que todos compartimos en esta Comisión, del más pronto y total restablecimiento de un régimen democrático en esta república centroafricana.
Para centrar un poco los puntos de mayor interés para nuestro Grupo Parlamentario y pedir al Ministro que puntualice, salvo mejor criterio, la respuesta a nuestras preocupaciones, las enumeraré muy brevemente, señor Presidente. En primer lugar, quisiéramos conocer las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores respecto de las filtraciones de algunos documentos relativos a la política exterior española en relación a la República de Guinea. Tenemos conocimiento de que algunas de las noticias aparecidas en los medios de comunicación españoles respondían a la realidad --haciendo una paráfrasis podríamos decir que eran noticias reales--, pero que también había otra fabricadas o prefabricadas. Nos gustaría conocer la opinión del Ministro respecto de esta cuestión, así como, naturalmente, sobre lo que era el núcleo de estas informaciones, es decir, la posible ayuda discriminatoria o discriminada del Gobierno español a determinados partidos o líderes políticos que forman parte de la Plataforma de oposición conjunta.
Todos somos conscientes de que se acerca el límite fijado por el actual mandatario guineano para la celebración de las elecciones el 21 de noviembre. Todos somos conscientes también de que no existe todavía un censo fiable realizado en la República; que la Plataforma de

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oposición conjunta está amenazando con no acudir a las elecciones si no se clarifican determinados aspectos, especialmente uno tan importante como el del censo y las garantías de libertad de información y de libertad democrática para concurrir a las elecciones, así como el uso y acceso a las radios y la televisión de la República que, por cierto, como es sabido, funciona con la ayuda oficial al desarrollo español. Hemos tenido conocimiento, como todas SS. SS., de los aspectos de discriminación étnica o racial respecto de uno de los pueblos que componen la República, el pueblo bubi. Nos preocupa especialmente esta cuestión, así como las desagradables y tristes noticias sobre fusilamiento o ultimación de reos en procedimientos públicos y petición, por parte del fiscal, de más penas de muerte a inculpados en consejos de guerra. Todo esto configura un panorama inquietante sobre el proceso de transición hacia la democracia de esta República. Esta era la razón de nuestra preocupación, que creo que compartirán todos los grupos, y de la petición de información al Gobierno.
Quiero recordar, cosa sabida por todos ustedes, que Guinea representa la mayor contribución en un solo país de la ayuda oficial al desarrollo de España. Repetidamente en esta Comisión nos hemos planteado pedirle al Gobierno que aplique de forma más taxativa y más combativa, si se me permite la expresión, la llamada cláusula democrática, en el caso de Guinea, para forzar la conducción de los hechos hacia una situación democrática. Por supuesto que no hablamos de suprimir la ayuda humanitaria, pero sí nos planteamos muy seriamente la necesidad de retener o bloquear, mientras las cosas no se produzcan en un sentido adecuado, la ayuda oficial al desarrollo de España a la República de Guinea para forzar la salida que todos queremos.
La última cuestión que me gustaría que el señor Ministro nos precisase es la posición que puedan tener España y Francia respecto a la evolución de los hechos en Guinea. Hubo unas frases del señor Balladur en Moncloa, en las conversaciones con el Presidente Felipe González, que nos gustaría conocer con más profundidad: si hay acuerdos, qué tipo de acuerdos, y si éstos no lesionan los intereses españoles respecto de la República de Guinea.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Ministro, ésta es una de las casi innumerables veces que el representante del Gobierno y los grupos políticos presentes en esta Cámara se interesan por el tema de Guinea Ecuatorial; a nosotros nos gustaría que fuera la última. En cualquier caso, es un buen índice de la preocupación constante que ciertamente al Grupo Popular le embarga por la situación en Guinea, por las responsabilidades que entendemos que España tiene respecto a Guinea, por los intereses que España tiene respecto a Guinea y, consiguientemente, por nuestra preocupación también constante de encontrar una vía de relaciones fluidas, pacíficas, fructíferas, exentas de los sobresaltos a los que, prácticamente, desde el momento en que Guinea Ecuatorial accedió a la independencia en 1968, se han visto aquejadas esas relaciones.
La verdad es que nuestra preocupación coincide con la del Gobierno. En la memoria explicativa del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, en varias ocasiones, podemos observar afirmaciones como la siguiente: Dentro de los objetivos genéricos de la política exterior de España, tal como la define el Gobierno actual, se encuentra --y cito-- reforzar la presencia e intereses españoles en el Africa subsahariana, en especial en el Africa austral y en el Golfo de Guinea, dotando a nuestra política de los adecuados medios de cooperación. Hay una referencia, también precisa, al Plan Marco de Cooperación con Guinea Ecuatorial, diciendo que en 1994 se aborda el cuarto año de dicho Plan. Ese ejercicio presupuestario y los recursos que en él se asignen a la cooperación con Guinea serán vitales para el buen término del Plan Marco. Sin duda, el compromiso político de España con Guinea Ecuatorial requiere un apoyo, en forma de cooperación, no retornable, absolutamente imprescindible en un país de las características y situación social, económica y cultural como Guinea Ecuatorial. Otra cita --y hago gracia de otras que se encuentran en el mismo documento-- dice también que uno de los objetivos de los sectores correspondientes en el Africa subsahariana es la especial atención a las relaciones con Guinea Ecuatorial y a la colaboración con ese país y con sus autoridades para ayudar a hacer efectivo un proceso de transición hacia un Estado de derecho.
Tengo que decirle que podemos estar en desacuerdo con algunos otros de los aspectos de esta memoria, pero estamos plenamente de acuerdo con éstos. Además, quiero resaltar que en la medida en que se habla de la presencia e intereses españoles en el Africa subsahariana se está también subrayando una política que, para nosotros, es una de las principales que se puede seguir, que es una política de presencia. Es decir, frente a la tentación que ha podido existir en algunos grupos políticos o en algunos sectores de la Administración del abandono, de decir que ahí no tenemos nada que hacer, el Gobierno, y nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, reafirma la voluntad de la presencia y de la defensa de principios y de intereses. Lo que ocurre, señor Ministro, es que en función de los últimos acontecimientos (y nosotros tenemos una visión matizada de los mismos, que a continuación pasaré a narrar) no estamos todavía en situación de decir que esa actitud de España, en cumplimiento de una responsabilidad histórica, política, como se quiera llamar, esté en situación de hacer efectivo un proceso de transición hacia un Estado de derecho. Digo que tenemos una visión matizada porque en esos sobresaltos continuos se han producido cosas negativas y positivas. La retirada del contingente marroquí, que estaba actuando como guardia pretoriana del Presidente Obiang, es un dato positivo y deducimos y esperamos que la actitud del Gobierno español al respecto no haya sido ajena a esa retirada. Datos positivos: el aplazamiento de las elecciones convocadas de manera absolutamente imprevista y, por otra

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parte, fuera de unas normales condiciones por el Presidente Obiang; aplazamiento al cual seguro que el Gobierno y la oposición en este país, el Partido Popular, no son ajenos. Yo creo que éstos son datos realmente positivos. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad que nosotros queremos ver instalada? Como antes decía, una situación razonablemente democrática en Guinea Ecuatorial, una situación en donde los derechos humanos básicos sean realmente respetados, una situación donde el pueblo ecuatoguineano pueda decir que vive en términos razonables de libertad y de prosperidad, cosas que en este momento radicalmente no existen.
Cosas negativas: No se ha producido absolutamente ningún cambio en la situación interna de Guinea Ecuatorial respecto a las elecciones que en este momento están convocadas para el 21 de noviembre. De manera que si aplazamiento hubo en las previstas para el 12 de septiembre, sin embargo, no observamos ningún tipo de cambio de actitud respecto a esas condiciones mínimas para la realización de las elecciones. No se ha producido un cambio en la ley electoral; no se ha producido un cambio en el censo; no se ha producido ningún tipo de medida concreta, que nosotros sepamos, para convocar la presencia de observadores internacionales en el proceso electoral; no se ha producido por parte del Gobierno guineano ninguna decisión sobre la financiación de los partidos políticos, de modo que puedan concurrir de manera igual ante el proceso electoral; no se ha producido el respeto mínimo a los términos del pacto nacional firmado, en su momento, entre la oposición democrática guineana y el Gobierno para que los presos políticos salieran de las cárceles, para que los derechos humanos básicos fueran respetados, para que las garantías democráticas fueran ampliadas a todos por igual. Y desgraciadamente todos los días tenemos noticias de muertes y de incidentes que hacen enormemente preocupante la situación.
Esa perspectiva está complicada también --y seguramente el señor Ministro y el Gobierno español están al tanto de ello-- por un constante flujo de la rumorología. La última es que el Presidente Obiang estaría gravemente enfermo y que su reciente viaje de la Isla al continente, rodeado de todo su Gobierno, con un silencio informativo realmente notable, estaría justificado precisamente por la situación física del Presidente. Junto a esa rumorología existe la de que los sectores más duros de un Gobierno que precisamente no se ha caracterizado por ser blando estarían, en este momento, tomando posiciones para lo que sería prácticamente el exterminio final. No es que a uno, y a este Grupo político le guste abundar en tipos de planteamientos que tienen más que ver con la brujería africana que con otros más nacionales, pero tampoco el señor Ministro debe ignorar que por parte del grupo, clan o tribu, al que pertenece el señor Obiang, se afirma que son doce los presidentes que tienen que pertenecer a esa tribu para cumplir no se sabe bien qué tipo de profecía.
En estas circunstancias, señor Ministro, no se trata únicamente de obtener la información que nosotros querríamos obtener al respecto, sino también de emplazar de nuevo al Gobierno. Sabemos que en los últimos tramos de su actuación el Gobierno ha sabido recuperar, al menos, parte de la capacidad normal de actuación del Gobierno español en ese sentido.
Que recupere toda su capacidad de acción y que, dentro de lo que son las relaciones internacionales, al mismo tiempo, actúe con firmeza, con contundencia, en respeto de los derechos y de los intereses españoles, en respeto de los derechos y de los intereses de los mismos guineanos. De manera que todos aquellos aspectos que adecuadamente subraya el Gobierno sobre las necesidades de mantener la cooperación con Guinea Ecuatorial, y que nosotros genéricamente compartimos, no queden de nuevo anegados en un baño que sin ningún tipo de retórica o de exceso puede llamarse baño de sangre.
Queremos ver cómo el Gobierno guineano, de aquí a las elecciones del 21 de noviembre, cumple estrictamente todos y cada uno de los extremos firmados entre el mismo Gobierno y los partidos principales de la oposición guineana para la celebración adecuada de las elecciones.
Queremos ver cómo de manera inmediata se produce un cambio radical de actitud por parte del Gobierno guineano en todo lo que ha venido siendo una falta no ya de respeto, sino de consideración mínima, a los intereses y a los planteamientos mínimos del Gobierno y de la Nación española.
Queremos, en definitiva, que algunas frases que he visto muy recientemente escritas por alguien que está presente en esta sala y que es un excelente analista político, Alberto Mínguez, no sean más realidad.
Dice Alberto Mínguez: En estas tierras africanas ha naufragado estrepitosamente la diplomacia española ayer, hoy y, si Dios no lo remedia, tal vez mañana. Qué hacer, se han preguntado todos los Ministros de Exteriores que desde Castiella han sido y casi siempre han hecho lo contrario de lo que creían que debían hacer. No, no es un acertijo ni una charada, es sencillamente una realidad. Y acaba el señor Mínguez: La situación es mala pero puede empeorar.
A mí me gustaría que estas palabras, dictadas ciertamente por la preocupación y por el buen sentido, dictadas también por un conocimiento de la realidad, no correspondieran nunca más a la realidad y porque efectivamente, en defensa de los intereses de los españoles, en defensa de los intereses de los mismos guineanos, con nuestra participación, con nuestra firmeza, pudiéramos ver definitivamente instalada la democracia en Guinea Ecuatorial.


El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Señorías, trataré de contestar, con la información que tengo en mi poder en este momento, a las dos propuestas, tanto la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuanto la del Grupo Popular.
Es la segunda vez en lo que va de año que intervengo en esta Comisión para tratar de los asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial, aunque ciertamente es la primera que

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lo hago en esta nueva legislatura, y lo hago con gran satisfacción porque creo que estamos ante una situación de una cierta complejidad, sin duda alguna. Las palabras últimas del Diputado señor Rupérez, citando una fuente autorizada que tiene un conocimiento profundo sobre esta situación, creo que lo ponen de manifiesto. Y lo hago con gran satisfacción también porque entiendo, insisto, que es una situación difícil pero en la que, a la vez, sería bueno que encontráramos el máximo consenso social, el máximo consenso político, para intentar resolverla.
Las relaciones de España con Guinea --no hace falta repetirlo-- desde 1968 han sido extremadamente difíciles, quizá por la extraña o la difícil capacidad que hemos tenido para establecer vínculos de amistad sincera y de cooperación con una ex colonia, quizá por los errores cometidos en los momentos de la descolonización, y quizá también por la falta de experiencia que España tuvo en descolonizar como en intentar transmitir aquellas ideas democráticas que en aquel momento en España desgraciadamente no existían. Ciertamente hemos tenido siempre una relación difícil, sin duda, y es buen momento éste para reflexionar sobre ella, como bien decían los dos Diputados que han hecho la presentación de la comparecencia, para intentar que en este momento en que puede ser que encontremos una fórmula para resolver alguno de esos problemas no se frustre.
Desde la última comparecencia en el mes de febrero, señor Presidente, quizá los elementos más relevantes que han tenido lugar han sido puestos de manifiesto por SS. SS. En cualquier caso, para que conste en el Diario de Sesiones reiteraré los más significativos. Quizá los más significativos fueron el del 18 de marzo, en que se llegó a la firma del pacto nacional entre la Plataforma de oposición conjunta y el Gobierno, que fue saludada por el Gobierno español lógicamente con satisfacción, y la convocatoria por primera vez de unas elecciones en régimen pluralista.
Son dos acontecimientos importantes que desgraciadamente luego han venido acompañados de algunos elementos negativos, pero supone que ha existido una aceleración de acontecimientos muy fuerte, muy rápida, en los últimos años y que puede --y esperemos que así sea-- colocar a este país africano, perteneciente a la familia hispánica, en una corriente más positiva de lo que ha sido en los últimos años. Hemos tratado siempre en España de impulsar ese diálogo, entre el Gobierno y las diferentes fuerzas políticas del país, para lograr el máximo entendimiento posible que facilitara esa convocatoria de elecciones y que la misma se produjera con la máxima normalidad democrática. Sus señorías saben que esa tarea no ha resultado fácil y lo cierto es que ese diálogo, como ha sido ya señalado por SS. SS., se ha interrumpido, y que no se ha puesto en práctica lo que era un esperanzador y prometedor pacto nacional.
El Gobierno de Guinea, como ya se ha dicho, decidió aplazar las elecciones, que estaban previstas para el 12 de septiembre, y ha manifestado su intención de posponerlas al 21 de noviembre. Ahora bien, el clima político generalizado a raíz de las dificultades surgidas en ese proceso, en el proceso democrático, ha producido tensiones internas graves en el propio país, agravadas también quizá, como señalaba el Diputado señor Rupérez, por el vacío que ha supuesto la retirada del contingente militar marroquí que estaba, como SS. SS. saben, al servicio del régimen y al servicio del círculo más íntimo del Presidente. Han sido muy graves, aunque no han sido señalados por ninguno de los dos Diputados, los sucesos de Annobón el pasado agosto, que se saldaron desgraciadamente con muertes y con el fallecimiento en circunstancias todavía no explicadas y en condiciones de excepción de don Pedro Motú, y el Gobierno sigue exigiendo al Gobierno de Guinea una explicación a fondo de estos hechos. Pero, señorías, señor Presidente, una consecuencia a mi juicio clara de las dificultades que atraviesa este proceso democrático y del enrarecimiento del clima político existente en el país, en Guinea, ha sido sin duda la proliferación de incidentes que ha habido en las últimas semanas con España, con cooperantes o con españoles residentes en Guinea, como, por ejemplo, la detención, con excusas a mi juicio infundadas, de los señores Costart y Núñez Torres, que luego fueron puestos en libertad sin cargos. Otros incidentes menos importantes, pero que su repetición podría interpretarse, me atrevería a decir, como una manifestación de un deseo de provocar y de dañar las relaciones con España, los conocen SS.
SS. y no los voy a relatar: las acusaciones de injerencia contra nuestros diplomáticos, la denegación de visados a profesores o a otros cooperantes, o el rechazo, en algún caso, de la propia valija diplomática.
Estoy convencido, señor Presidente, señorías, de que esta proliferación de incidentes en este momento no es casual, sino que responde al designio de ciertos sectores del régimen guineano que desearían que cesara nuestra presión a favor de los derechos humanos y a la continuación del proceso de apertura política y de democratización que estamos dispuestos a seguir manteniendo desde el Gobierno español y desde la sociedad española. Creo que esos sectores estarían favoreciendo, si fuera posible, una ruptura de sus relaciones con España. Pero a pesar de todas estas provocaciones, el Gobierno español seguirá animando, de forma amistosa, a las autoridades de Malabo y a las fuerzas de la oposición para que hagan un esfuerzo que permita la celebración de elecciones en condiciones de libertad y de limpieza, pues estamos seguros --yo creo que SS. SS. también lo están-- de que es la mejor manera para sentar las bases de un Estado de derecho, de un Estado democrático en Guinea Ecuatorial, y que es el único camino para promover un desarrollo económico y social en beneficio del propio pueblo de Guinea Ecuatorial.
Guinea seguirá siendo, como se ha subrayado, a pesar de las dificultades de nuestra propia coyuntura económica, uno de los principales objetivos de nuestra política de cooperación para el desarrollo, y seguirá siendo uno de los lugares donde centraremos nuestra ayuda, fundamentalmente, en los sectores de educación y de sanidad. Ahora bien, el Plan marco de cooperación está tocando a su fin; el día 31 de diciembre de este año toca a su fin y haremos el máximo esfuerzo para tratar de examinar con

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profundidad y con realismo lo que ha supuesto este Plan antes de pasar a la puesta en marcha del siguiente. Noviembre será un mes importante para hacer la evaluación del Plan y, sobre todo, para marcar las líneas maestras del siguiente plan de cooperación que se debe poner en marcha a partir del uno de enero de 1994. Lógicamente, la evolución de Guinea será un elemento fundamental para ver cómo nos enfrentamos con el siguiente plan de cooperación en el futuro.
Este clima, que en estas fechas estaba un poco más enrarecido que en otras circunstancias, quizá tuvo una subida de temperatura con el grave caso al que ha hecho S. S. referencia (hay algunas preguntas del señor Rupérez al respecto, pero contestaré al señor Espasa), con lo que a mi juicio es una grave filtración a la prensa de ciertos documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores y, lo que es más grave todavía, la falsificación total de otros documentos --lo quiero dejar claro-- de arriba abajo, desde las iniciales hasta la firma, los cuales fueron publicados en algunos periódicos de difusión nacional a primeros de septiembre y tengo que decir, y lo digo con tristeza, que sin contrastar su autenticidad con nadie del Ministerio de Asuntos Exteriores o calibrar las posibles consecuencias de esa publicación.
Quiero decir a SS. SS. que existe una doble investigación abierta en este momento, una en el Ministerio de Asuntos Exteriores para saber de dónde surgió la filtración de los documentos reales, y una investigación por los servicios del Estado, a los que corresponde, sobre el origen de la falsificación y las responsabilidades que podamos encontrar en los mismos. En este momento estoy en disposición de decir que la investigación está avanzada y que en fechas muy breves podré comunicar a los grupos parlamentarios el resultado de la misma, al menos en cuanto a lo que el Gobierno estima que ha sido la parte de falsificación de los documentos, el sentido, quién está detrás de ellos y con qué objetivo se realizó esa falsificación. Sin usar la terminología de una manera exagerada --suelo ser cuidadoso con mis palabras-- creo que no sería exagerado decir que nos encontramos ante una minitraición. Mido mis palabras pero creo que es así, que ha habido una irresponsabilidad muy grande, si es que se encuentra, por algunos funcionarios de la carrera diplomática o del Ministerio de Asuntos Exteriores, y una responsabilidad muy grande también por otras personas, algunas españolas, otras no, que han colaborado en la generación de una mayor tensión que pudo tener consecuencias muy graves para vidas y haciendas, si me permiten la expresión, de ciudadanos españoles en Guinea. Por tanto, las personas, las instituciones o las entidades que sean responsables tendrán que ser sometidas a las normas que España tiene para el tratamiento de estas cuestiones.
Continúo, señorías, donde había dejado la primera parte de mi reflexión sobre las filtraciones a las que había hecho referencia el señor Espasa.
Quiero dejarlo bien claro porque, como SS. SS. recuerdan, en las informaciones que se publicaron en aquellas fechas había, reitero una vez más, una parte de documentación filtrada del Ministerio de Asuntos Exteriores, documentación poco relevante puesto que todas las informaciones que se contenían habían sido expresadas por mí públicamente en esta Comisión. Por tanto, se puede deducir, con sentido común, que el único objeto que tenían esas filtraciones era acompañar y dar una mayor credibilidad a los documentos falsificados desde la a hasta la z.
Insisto, los documentos que fueron filtrados y que existen en los archivos del Ministerio tenían una información que SS. SS. conocían porque en mi primera convocatoria ante esta Comisión ya les di información de esas características. Pero insisto en que la situación es más grave. Quien filtró esos documentos sabía que lo hacía para arropar documentos que eran falsos, que se han demostrado como falsos y que, desgraciadamente, han contribuido a que las relaciones entre España y Guinea sean, en este momento, más difíciles de lo que eran sin necesidad de que se filtraran esos documentos. ¿A quién han beneficiado esos documentos?, algo que tenemos que esclarecer todavía. Hay tres hipótesis.
En pocas horas podré decir a los grupos parlamentarios, no sé si a nivel confidencial o a nivel público, por dónde avanzan las investigaciones en los dos temas.
Debo reiterar con toda franqueza que España, como se afirmaba en los documentos falsificados, niega que tenga intereses ni designios ocultos en relación con Guinea Ecuatorial. Nuestro único deseo, compartido por los grupos parlamentarios, es que Guinea se desarrolle en paz, en libertad y redunde en beneficio del pueblo guineano el proceso de transformaciones. Es, como conocen bien SS. SS., el único país de Africa que se caracteriza por tener una identidad nacional ligada a nuestra cultura, a nuestra historia, ligada, por tanto, a nuestra lengua oficial.
En el tiempo que falta hasta la cita electoral de noviembre, el Gobierno español, espero que en cooperación con los grupos parlamentarios y respetando la soberanía de Guinea Ecuatorial, se esforzará por conseguir que esas elecciones se realicen en las mejores condiciones, desde el punto de vista de la democracia en ese país.
Una última reflexión. Hemos recibido con gran satisfacción la llegada, hace dos semanas, de la delegación presidida por el Ministro Alejandro Evuna, recibida por Su Majestad el Rey y por el Presidente del Gobierno, a quienes entregó un mensaje del Presidente Obiang que reflejaba la disponibilidad de las autoridades de Malabo para trabajar en favor de una normalización de las relaciones entre Guinea y España. Nuestra disposición es clara, como saben SS. SS. Haremos todo lo posible para que el contenido de esas cartas se lleve a la práctica mejorando las relaciones entre España y Guinea.
Traigo a colación, otra vez, las últimas reflexiones que el señor Rupérez ha hecho y las pongo en relación con las afirmaciones que ha leído en la publicación «Revista». Su señoría ha puesto de manifiesto las enormes dificultades con las que tenemos que trabajar para intentar que el pueblo guineano acceda a los niveles que todos deseamos de libertad y de democracia. Pero cuando el señor Rupérez ha hablado de la rumorología y de algunos elementos tribales, cualquier observador normal que haya

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escuchado sus palabras tendrá que ponerlas en relación con la dificultad de que en esas condiciones, con esa sociedad en ese nivel de desarrollo político, económico y social, se produzca un proceso de transformación democrática y podamos realizarlo con los parámetros de personas que afortunadamente tenemos una renta per cápita muy superior y una tradición también muy superior. Ese es uno de los gravísimos problemas. Cuando uno mira a Africa y ve los últimos acontecimientos que están pasando en países que pensábamos que estaban más desarrollados desde el punto de vista económico, político y social, como Togo y otros, nos hacemos cargo de la enorme dificultad que va a tener la transición democrática en Guinea.
Creo que, en cualquier caso la exigencia del respeto a los derechos humanos es inexcusable; el buen gobierno, entendiendo el buen gobierno por un gobierno transparente en cuanto a los recursos públicos, es exigible. España, a lo largo de su historia, ha tenido momentos de más o menos intensa relación. Yo me quiero hacer solidario, en este momento, con el documento esgrimido por don Javier Rupérez, con algunos de los pasajes que, estoy seguro, hacían referencia a mi buen amigo y Diputado del Grupo Popular don Marcelino Oreja, que fue Ministro de Asuntos Exteriores y tuvo también que trabajar sobre Guinea; me hago solidario de la parte de responsabilidad que tuvo, porque estoy seguro de que en el futuro lo que hoy se dice de él se dirá de mí, y cuando pase más tiempo todavía se dirán cosas mejores de él y espero que también alguna mejor de mí.


El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir un turno de intervenciones. ¿Grupos que desean intervenir? El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Ministro, comparto prácticamente toda su intervención, pero he de señalarle que quedan por resolver --o por fijar posición política por su parte-- algunas de las cuestiones que yo mismo le he planteado y que ahora le voy a reiterar para que en su segunda intervención pueda hacerlo.
Primero, sobre su exposición, le diré que en líneas generales la comparto, y quiero señalar la enorme gravedad e importancia que tienen sus palabras, puesto que usted mismo decía que las estaba midiendo muchísimo al hablar de una situación de minitraición, de una necesaria información, quizá en una primera fase confidencial --y entre todos los grupos veremos en qué medida es una información que deba ser pública y compartida por toda la sociedad española--, pero a eso le emplazamos, y quedamos a la espera de conocer a fondo lo que usted, por razón de su cargo y de los medios con los que cuenta, está en condiciones y en obligación de dar cuenta a los representantes de la soberanía española, para que tomen posición política sobre unos extremos tan importantes y graves como usted señalaba. Por tanto, no quiero hacer ya más conjeturas y espero recibir esta información.
Pero voy a los aspectos políticos de nuestra posición y de la petición de comparecencia, a los que usted al final no ha hecho mención. Yo le planteaba --supongo que algún otro grupo también lo hará-- si no había llegado el momento de utilizar de forma más contundente la cuestión de la cláusula democrática respecto a la ayuda oficial al desarrollo, la ayuda de cooperación al desarrollo, que por parte de España se produce respecto de la República de Guinea, que es el país que recibe más fondos de los presupuestos públicos españoles. Hay una serie de razones para que esto sea así --no es que lo estemos cuestionando, ni mucho menos--, pero ahí tenemos una palanca importantísima. Sería bueno saber si todos los grupos parlamentarios y el Gobierno están o no de acuerdo --nosotros avanzamos ya que sí lo estaríamos-- en utilizar a fondo la cláusula democrática, la posible, necesaria o real suspensión de esta ayuda oficial al desarrollo, como medio contundente de presión, en el mejor sentido de la palabra, hacia una estabilidad democrática por parte del régimen guineano.
En segundo lugar, le he preguntado por la posición y las relaciones con nuestra vecina Francia respecto de la República de Guinea, cuál fue el contenido político que podemos --y creo que debemos-- conocer de las conversaciones de los señores Balladur y González sobre el futuro de la República de Guinea, porque sería chungo o chusco que, si nosotros llegásemos a la convicción democrática de que para fomentar la salida democrática en Guinea hubiéramos de suspender temporalmente la ayuda oficial al desarrollo, lo que se suspende por una parte se diese por otra, hablando en términos coloquiales, que lo que se suspendiese en pesetas se pudiese dar en francos, por ejemplo. Nos gustaría saber cuál es la posición del Gobierno francés respecto de la República de Guinea.
Estos dos extremos creo que son, en definitiva, los más políticos, los que permiten fijar una posición que supere el simple --y no por ello poco importante, ni mucho menos-- lamento sobre las desgracias y las dificultades de la transición democrática en un pueblo como es el guineano, en un continente como es el africano, lamentos y preocupaciones que podemos compartir todos en esta Comisión, pero además de eso hay que tomar decisiones políticas, hay que fijar posiciones políticas. Nosotros le hemos pedido que el Gobierno las fije sobre estos dos extremos, hemos avanzado la nuestra y quisiéramos conocer la suya y la de los otros grupos parlamentarios, si tienen a bien pronunciarse sobre estos extremos.


El señor PRESIDENTE: Tiene a palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Creí haber contestado a sus dos preguntas, con sumo gusto lo hago ahora.
Respecto a la ayuda al desarrollo, creo que en mi intervención he dicho que el Plan de cooperación está a punto de finalizar, finalizará el 31 de diciembre, que lo debemos utilizar en este momento en función de cómo se desarrollen los acontecimientos alrededor de las elecciones y que lo que deberíamos hacer --y ofrezco esa posibilidad a los grupos parlamentarios-- es reflexionar conjuntamente sobre el siguiente plan, que se iniciaría el 1 de

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enero de 1994. La iniciación de ese próximo plan el 1 de enero estará muy en relación con el desarrollo de los acontecimientos que tengan lugar en los próximos meses. Lógicamente eso es lo que el Gobierno entiende que se debe hacer, y ofrece a los grupos parlamentarios que, en el momento que se deba iniciar la puesta en marcha de ese plan, se haga el esfuerzo entre todos de encontrar el máximo consenso posible para que definamos también la cooperación con Guinea. Yo me alegro mucho de haber escuchado esta mañana por parte de los dos grupos intervinientes que ambos son partidarios de que se mantenga una relación estrecha con Guinea, que no son partícipes de lo que pudiéramos llamar la tentación abandonista que ha aparecido en algunos otros medios sociales o políticos de España. Por tanto, tendremos que seguir involucrados en el futuro de Guinea, y lo que desea el Gobierno es que esa involucración se haga de la mejor manera posible y con el máximo consenso posible. Por tanto, una vez más ofrezco esa posibilidad.
Sobre las relaciones de Francia y España en relación con Guinea, la comunidad internacional tiene unas relaciones con Guinea que SS. SS.
conocen. Hay una relación de la Comunidad Europea a través de la cooperación de la Comunidad Europea, que en este momento está paralizada, y hay una cooperación o colaboración entre España y Guinea y entre Francia y Guinea. En las dos entrevistas que últimamente han tenido lugar, tanto del Ministro de Asuntos Exteriores español con el Ministro de Asuntos Exteriores francés cuanto del Primer Ministro francés con el Presidente del Gobierno de España, hemos tenido una coincidencia de planteamientos. El objetivo de que Guinea avance por la vía que todos deseamos es compartido por las dos partes, y entiendo que no debe haber en este momento ninguna duda sobre que los planteamientos acerca de Guinea de la República Francesa y del Reino de España son, en términos generales, coincidentes en este momento.
No sé si con eso le contesto a sus dos preocupaciones; si no, con sumo gusto ampliaría la información.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Rupérez tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Ministro, gracias por sus palabras. Yo querría concretar alguno de los aspectos que nos parecen fundamentales en la evolución de la política con respecto a Guinea, sobre la base de que no abandonamos, que no sólo no abandonamos sino que nos declaramos dispuestos a defender determinados principios e intereses, tanto nuestros como del pueblo ecuatoguineano, en el entendimiento de que nuestros intereses coinciden con la evolución próspera y democrática, razonablemente democrática, mínimamente democrática, si se quiere, pero democrática al fin y al cabo, del pueblo guineano. Desde ese punto de vista, no podemos estar a resultados, no creo que España pueda estar a resultados de la buena voluntad --sobre la cual, por otra parte, tenemos más que una razón, más que diez razones, más que mil razones, para dudar del Gobierno ecuatoguineano, y hay que decirlo muy nítidamente--, sino que hay que marcar unas líneas sobre las cuales se condiciona esa pertenencia, esa presencia, y sobre las cuales también se produce un futuro. Es decir, atendamos primeramente a lo que son nuestras exigencias, en el entendimiento también de que, si no, hay otros miembros --y ciertamente el Gobierno guineano en este momento no representa lo que debería representar, los intereses del pueblo guineano-- de la comunidad internacional, España entre ellos principalmente, que hacen lo que yo creo que, en una misión que en otros momentos se hubiera llamado misión civilizadora, les corresponde hacer. Desde ese punto de vista, no podemos estar a resultados, sino sobre la base de unas exigencias concretas que antes he mencionado, que no son nuevas, que conocen los partidos democráticos de la oposición guineana y que se reducen a todos esos puntos en su momento firmados entre la oposición y el Gobierno. De manera que no podemos estar pendientes de llegar a las elecciones en unas condiciones absolutamente inaceptables, para luego tener que digerir los resultados. Esto no sería lo que nuestros intereses deben reflejar y, por consiguiente, tampoco lo que los intereses de los guineanos reflejan.
Desde ese punto de vista, nosotros creemos, primero, que debemos interesar de una manera directa a las Naciones Unidas --en este momento estamos en el Consejo de Seguridad para hacerlo adecuadamente-- para que se controlen, condicionen y marquen las líneas, desde todos los puntos de vista, del proceso electoral.
Segundo, como acabo de decir, la exigencia del cumplimiento de las condiciones firmadas en su momento por los partidos de la oposición con el Gobierno.
Tercero, la consideración --y digo la consideración, no necesariamente la ruptura-- de las ayudas técnicas que el Gobierno español y Radiotelevisión Española prestan a la radiotelevisión guineana. No sé si el señor Ministro ha tenido ocasión de contemplar en vídeo alguno de aquellos ministros que vienen aquí con cara de querer establecer buenas relaciones con España cuando apenas cuarenta y ocho horas antes de la visita a España han utilizado ondas televisivas, pagadas por España, para ponernos, como dirían los castizos, de «chupa de dómine». No es que a mí me preocupe que a estas alturas eso se produzca, pero la verdad es que no tiene ningún sentido.
Cuarto, exigencia frente a Francia de un comportamiento. Yo creo que el señor Ministro tiene que utilizar determinada prudencia al definir los comportamientos de un país aliado y amigo. Nosotros, que no tenemos en este momento por qué compartir ese tipo de extremada prudencia, todavía al menos, tenemos que decir que no estamos en absoluto satisfechos con el comportamiento de éste o de otros Gobiernos franceses en el tema de Guinea Ecuatorial. Allí donde España honestamente, a veces ingenuamente, ha mantenido una actitud de ayuda y de fondos de cooperación con los guineanos, nos hemos encontrado con que Francia ha subvencionado o está subvencionando actividades que son claramente lesivas para el entendimiento que nosotros tenemos o que la comunidad internacional tiene de los intereses

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guineanos. Por ejemplo, nos consta que en este momento una empresa francesa, de nombre Asecna, está preparando los artilugios técnicos para impedir la llegada a Guinea de las emisiones de Radio Exterior de España.
Y usted sabe perfectamente, señor Ministro, que Radio Exterior de España --y es un dato positivo para todos nosotros-- se ha convertido, en cierto sentido, en la voz de la libertad para los guineanos. Sería realmente letal que a través de la cooperación técnica francesa se produjera ese tipo de situación. No es ningún secreto que Francia está entrenando a los aduaneros ecuatoguineanos. No es ningún secreto que el Ministerio de Asuntos Exteriores guineano se llama de Exteriores y de la Francofonía, lo cual puede producir una cierta sonrisa, pero es así, y no es por razones de tipo nacionalista sino porque efectivamente estamos contemplando cómo hay una determinada visión, si se me permite el término o me lo permiten los franceses, y aunque no me lo permitieran, neocolonialista de la presencia francesa en el golfo de Guinea. No es que vayamos a entrar en una pugna por intereses, no creo que ésta sea el papel español, pero sí tenemos que estar atentos a ese tipo de planteamientos y exigir a los franceses que éstos sean mucho más concordes con lo que en este momento la conciencia internacional exige.
Quinto, en principio, nosotros no somos partidarios de la supresión de la cooperación al desarrollo. Creemos --ya lo veríamos con la evolución pertinente-- que hay aspectos que revisten un matiz claro y directamente humanitario, cuya supresión produciría posiblemente bastantes mayores males de los que se intentaría paliar.
Sexto, garantías terminantes del respeto a la vida y a las haciendas de los españoles. Me parece que no hace falta que elabore más sobre este tipo de cuestiones, pero este país no puede permitir en absoluto, ni allí ni en ninguna otra parte, que las vidas y las haciendas de los españoles sean impunemente puestas en riesgo.
El último punto, por pura coherencia, garantías terminantes de la comunidad internacional y de España sobre el respeto a los derechos humanos básicos en Guinea Ecuatorial.
Para nosotros este sería el programa mínimo que tendríamos que cumplir o ayudar a cumplir antes de que las elecciones se celebren el día 21 de noviembre.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Quiero reflexionar en voz alta sobre algunas de las afirmaciones del Diputado señor Rupérez.
Lo primero que le puedo decir es que España no está a los resultados. No me remito a intervenciones mías, sino a la suya inicial de esta mañana.
Su señoría ha reconocido esta mañana que en los dos elementos positivos, según los ha calificado S. S., no ha sido ajeno el planteamiento del Gobierno español. Yo lo quiero reiterar una vez más porque no sería justo que después, en la segunda intervención, se dijera que España está solamente a los resultados sin marcar líneas. No es que lo diga yo, sino que lo dice S. S. y me alegro mucho de que lo reconozca así. Estamos intentando marcar las líneas. Lógicamente, a veces en el marcado de esas líneas se tiene éxito y otras no, pero sin duda ninguna España no está a la espera de los resultados, como S. S. ha dicho en la segunda intervención, en contradicción con lo que ha expuesto en la primera. Sí le puedo decir que el programa máximo que S. S. ha planteado sobre la mesa no se diferencia mucho de la intervención que yo he tenido. Me parece que eso es bueno y que habría que subrayar que, en este momento, el programa que S. S. ha planteado no se diferencia fundamentalmente de lo que el Gobierno está haciendo, y a sus propias declaraciones me remito.
Quisiera decir algo sobre Francia. Su señoría ha hecho una afirmación, con toda contundencia, sobre que le consta que hay una empresa francesa que está destinada a interferir las emisiones de Radio Exterior de España. Yo he leído esas declaraciones, en un teletipo, de un dirigente guineano que vive en Madrid con relativa frecuencia, pero le puedo decir que yo no podría hacer esa afirmación. Si S. S. tiene las pruebas, si puede afirmarlo con esa contundencia con que lo ha hecho, me gustaría que me las aportara. Los servicios oficiales de España son incapaces de comprobar lo que S. S. ha dicho. Yo lo he leído en un ticket de prensa de un dirigente de la oposición guineana, pero insisto en que no hemos podido comprobar que esa afirmación responda a la realidad. Es una afirmación que aun sin ser grave, porque no va contra el Gobierno francés, sí deja un cierto tono en el ambiente que a mí me gustaría disipar. Le puedo decir, con la prudencia con la que debo hablar lógicamente, que respecto a las relaciones con Francia, en las dos entrevistas últimas, tanto con el Ministro de Asuntos Exteriores cuanto con el primer Ministro, sobre la situación de Guinea, que fue una parte de la agenda aunque no la más importante, no hubo una concordancia de posiciones. Lo que sí es verdad es que Guinea Ecuatorial está, desde el punto de vista económico, en la zona del franco. No es nuevo, eso es así desde hace muchos años, no es algo que haya ocurrido en estos últimos años y lógicamente hay unos intereses, como España tiene en Guinea, que también tiene Francia, pero esos intereses no son incompatibles con la defensa de lo que son los elementos básicos que S. S. y yo compartimos.
Es decir, el respeto a los derechos humanos y la evolución hacia una situación de normalización política y democrática que, a nuestro juicio, se ha iniciado de forma balbuceante, dando pasos hacia delante y hacia atrás, pero se ha iniciado.
Recuperar las exigencias de la Plataforma, sin duda ése ha sido nuestro planteamiento y sigue siendo el que hicimos público, no hace mucho tiempo, en declaraciones del propio Ministerio y que en privado se hizo saber al representante del Gobierno de Guinea que vino a España en una misión para entrevistarse con Su Majestad el Rey y con el Presidente del Gobierno. A la espera estamos de las consecuencias que pueda tener esa entrevista, pero quede claro que en eso estamos prácticamente afirmando las mismas cosas, aunque con matices menores. Nuestras preocupaciones son las mismas. Reitero el agradecimiento

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a los grupos parlamentarios por la cooperación y por la comprensión que tienen sobre lo que se está haciendo en estos momentos en Guinea. Me parece una buena noticia que todos coincidamos en que Guinea no debe ser abandonada por España desde el punto de vista de la cooperación, aunque es verdad que se pueden afinar algunos de sus instrumentos. Pase lo que pase, sea cual sea la evolución de Guinea, yo creo que debemos revisar el siguiente plan marco de cooperación, sea cual sea el devenir de los acontecimientos futuros, con mucha más razón si éstos no van en la dirección que la mayor parte de nosotros desearíamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Si me permite el señor Presidente, me gustaría hacer una pequeña referencia histórica a cuándo empiezan de forma continuada y recurrente en esta Comisión y en el Pleno los debates sobre los temas de Guinea Ecuatorial. Fue durante la III Legislatura, cuando el entonces Diputado de la Agrupación Parlamentaria del PDP, señor García-Margallo, presentó en el pleno una proposición para que se constituyera una comisión de investigación que estudiara la cooperación entre España y Guinea Ecuatorial. Fue aprobado por todos los grupos de la Cámara, se constituyó la comisión y hubo un trabajo, yo creo que importante, de esta comisión de investigación que estudió con mucha profundidad las relaciones económicas y la cooperación entre España y Guinea Ecuatorial.
En aquel momento las discrepancias que había entre los grupos de la oposición y el grupo mayoritario eran notables --me refiero a la cooperación--, de tal manera que en el debate final que hubo sobre esa comisión de investigación hubo dos documentos que se presentaron al pleno: uno, firmado por todos los grupos de la oposición y, otro, firmado por el grupo mayoritario. Es verdad que el entonces ponente del Grupo Socialista, señor Ciriaco de Vicente, hizo un esfuerzo, yo creo que meritorio, para intentar consensuar un solo documento, unas solas conclusiones de aquella comisión de investigación, cosa que no fue posible, pero sí es cierto que el documento que presentó el grupo mayoritario, que finalmente fue el que resultó aprobado, recogía bastantes de las aportaciones y sugerencias que hicimos los grupos de la oposición durante la comisión de investigación. Lo cierto es que el documento que aprobó el pleno y que marcaba las líneas de cómo tenía que ser en el futuro la cooperación ha sido recogido, por supuesto, como no podía ser de otra manera por el Gobierno y es cierto también que hoy, cuando hablamos de cooperación, no lo hacemos en los mismos términos que en la III Legislatura; existe en toda la Cámara un consenso acerca de que esto ha cambiado, las formas y modos en que se desenvuelve la cooperación han disipado las dudas sobre presuntas corrupciones que en aquel momento se denunciaban y el debate hoy está situado en otro campo.
En cuanto a la cooperación, creo que hay bastante consenso en la Cámara sobre que funciona razonablemente bien, se han corregido aquellos defectos que se denunciaron por los grupos de la oposición, en 1988, y me parece deducir de las intervenciones que ha habido esta mañana en esta Comisión que por aquí no habría grandes discrepancias, sino, en todo caso, matices. En este caso, quisiera matizar la intervención del señor Espasa en el sentido de que creo que no habría que aplicar nunca la cláusula democrática. España tiene una obligación, yo creo que moral y política con el pueblo guineano; por tanto, nuestra cooperación es imprescindible por razones de supervivencia, me atrevería a decir, del pueblo guineano y nuestro grupo es partidario de que se mantenga, incluso, si fuera posible --hay que tener en cuenta nuestra situación económica--, ampliarla.
Digo todo esto para llegar a la conclusión de que el debate de hoy está centrado, sobre todo, en aspectos políticos y no de cooperación. Creo que es un avance, creo que esto es bueno para el conjunto de la Cámara porque quiero recordar que todos los grupos manifestábamos que en este terreno, en el terreno de la cooperación, nos gustaría que el balance fuera positivo, por la sencilla razón de que es un tema de Estado, es un tema en el que se juega el prestigio internacional de España por cuanto Guinea es el país con el que más cooperamos y, por tanto, todos teníamos interés en que este tema funcionara razonablemente bien. Esto es así y, por tanto, en primer lugar, tengo que decir que me satisface que el debate sea más en términos políticos.
Hay, también, un compromiso de todos los grupos que formamos esta Cámara de apoyar a los grupos de la oposición guineana. Ha habido diversas reuniones con distintos grupos y plataformas políticas de oposición al régimen actual vigente en Guinea Ecuatorial y hay consenso de todos los grupos parlamentarios en que es preciso impulsar este proceso democrático; incluso más, ha habido compromisos formales de los grupos parlamentarios de apoyar a estos partidos que están en la oposición agrupados en la denominada POC. Por tanto, si el compromiso es de los grupos parlamentarios, de alguna forma nos implica a todos y, singularmente, a esta Comisión. El gran tema, que yo creo que está en la mente de todos, es cómo se puede avanzar hacia la «democratización» --entre comillas-- en el grado que sea posible en Guinea Ecuatorial --coincido con el señor Rupérez--, ya que es un país complejo y no se puede utilizar este término en el sentido occidental, tienen sus peculiaridades, sus etnias y es francamente complejo; pero es evidente que hay que llegar a un mínimo de respeto a los derechos humanos y avanzar en un sistema de elecciones libres y de más representación en Guinea Ecuatorial.
Aquí es donde está el gran problema. Como recordará el señor Ministro, hay unos acuerdos firmados en marzo entre el Presidente del Gobierno guineano y la oposición guineana que no se cumplen por una obstinada actitud del Presidente de Guinea de boicotearlo todo; hay un compromiso de los grupos parlamentarios de esta Cámara de ayudar a que este proceso se haga como Dios manda

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y con las mínimas garantías y aquí es donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos. En la pasada legislatura, en algunas reuniones informales con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y representantes de la oposición de Guinea llegamos casi al compromiso de que esta Comisión o una representación de los distintos grupos parlamentarios hiciera un seguimiento constante del proceso preelectoral y electoral.
Los problemas que está habiendo con el censo electoral y los movimientos de los distintos partidos de la oposición hacen difícil pensar en este momento que sea posible que el 21 de noviembre, como está fijado, se puedan celebrar unas elecciones. En este momento es imposible pensar que esto vaya a ser así porque los partidos de la oposición no están en condiciones de concurrir ni hay la más mínima garantía democrática de que el censo esté en unas mínimas condiciones para que haya una votación como corresponde a un país democrático. Por tanto, aquí es donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Me parece muy bien la sugerencia del Grupo Popular de que desde Naciones Unidas se tengan en cuenta todas estas cuestiones, pero creo que debería haber un compromiso que fuera más allá por parte de esta Comisión y que deberíamos formalizar el acuerdo tácito que tomamos en su día con los grupos guineanos de la oposición, en el sentido de garantizar o intentar garantizar, mediante un seguimiento constante, y si es necesario haciendo de observadores directamente de todo el proceso preelectoral, un mínimo de limpieza democrática en este proceso. Creo que si el 21 de noviembre no se hacen estas elecciones con las mínimas garantías y resultan un fracaso porque no concurra la oposición, los problemas que va a haber en las relaciones entre los dos países van a ser mucho más graves, cosa que no conviene a nadie. Por tanto, creo que tenemos tiempo --estamos empezando el mes de octubre-- para hacer un esfuerzo y comprometernos más en esta línea.
Por otra parte, nosotros vamos a apoyar al Gobierno en todo lo que sea mejorar las relaciones, tan complicadas con este país. Parece deducirse de la última entrevista con el Ministro de Exteriores ecuatoguineano --digo parece porque no se puede decir más; no sería la primera vez que ha habido contactos con el Gobierno--, que se pueden reconducir las cosas y vamos a intentar que sea así, pero yo pido más presión por parte de esta Cámara, por parte de la Comisión de Exteriores y, en todo caso, me gustaría que esta presión y, sobre todo, la posición del Gobierno para forzar --dicho sea en términos diplomáticos-- que las elecciones se hagan en condiciones, se pueda hacer con el máximo consenso posible por parte de los grupos parlamentarios. Si no es así, creo que estaremos haciendo un mal favor a Guinea y al proceso de democratización, porque las discrepancias que puedan surgir desde España, mal vendidas en Guinea por el grupo que hoy domina la situación política, pueden perjudicar los intereses del pueblo guineano.
Esta es nuestra disposición, señor Presidente. Reitero que me parece una baza importante y, por tanto, recojo la sugerencia del señor Ministro y creo que es muy importante que a partir del 1.º de enero todo lo que haga referencia a la cooperación se pueda seguir a fondo desde esta Cámara por esta Comisión, porque si hoy no hay discrepancias en este tema, si podemos apoyar más esta política y se hace desde la unanimidad, creo que estaremos también ayudando mucho a lo que todos queremos que, en definitiva, no es otra cosa que el progreso del pueblo de Guinea.
« El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Quiero darle las gracias al Diputado señor Casas por su intervención, que entiendo enormemente constructiva y que comparto casi milimétricamente. Creo que es un paso positivo el que no estemos hablando de cooperación, sino de política. La cooperación está yendo un poco mejor, como S. S. ha reconocido, aunque es verdad que tenemos que replantearnos, incluso desde el punto de vista técnico, algunos temas de cooperación para el siguiente plan, el 1.º de enero de 1994. Como he dicho anteriormente, me gustaría hacerlo con el máximo acuerdo posible, con la máxima comprensión posible por parte de los diputados de esta Cámara, que han tenido una preocupación profunda e intensa en las últimas legislaturas sobre los temas de cooperación en Guinea.
En relación con la otra cuestión, la forma en que la Comisión se puede implicar, es algo que la Comisión debe decidir. En la última comparecencia quedamos --es verdad que luego vinieron las elecciones en nuestro país-- en que el Gobierno ayudaría a que representantes de esta Comisión pudieran visitar Guinea y tomar contacto con las autoridades y ver sobre el terreno la evolución de los acontecimientos. La oferta del Gobierno sigue en pie. Si tiene a bien la Comisión organizar ese viaje o ese contacto, con sumo gusto seguiríamos ayudando a que se pudiera realizar desde el punto de vista técnico.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Para un Diputado como el que les habla que desde hace ocho años, sobre todo los primeros cinco, ha tenido una relación muy intensa en el tema de Guinea Ecuatorial es una constatación muy interesante encontrar en esta Comisión de Asuntos Exteriores una evolución muy positiva de la conciencia y, en consecuencia, del consenso en relación con un tema tan importante, tan relevante para España como es el de Guinea Ecuatorial. Creo que una cuestión importante para la «solución» --entre comillas--, del problema --ahora me referiré a ello--, es justamente el consenso entre los grupos parlamentarios en un tema en el que el esfuerzo del Gobierno debe contar con el respaldo parlamentario, entre otras razones, para que las posibles o hipotéticas discrepancias, que hoy prácticamente no han existido, no sean utilizadas por los que, sobre todo desde Guinea Ecuatorial, no les interesa una posición

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firme y sostenida por parte de nuestro país. Por tanto, bienvenida esa madurez y evolución positiva de la conciencia en el tema de Guinea Ecuatorial en el seno de esta Comisión y de los grupos parlamentarios. A eso hay que añadir que se ha evolucionado desde un voluntarismo hacia una voluntad; es decir, ahora hay una conciencia clara de la complejidad, pero, a su vez, de las medidas, de la dirección, de la línea y del camino a seguir en ese esfuerzo sostenido e inequívoco y se ha ido abandonando un poco el voluntarismo de pensar que en nuestra mano está la solución de todos los problemas de Guinea Ecuatorial. No hay que olvidar que hace muchos años que Guinea Ecuatorial es un país independiente, con las características que todos conocemos de país subdesarrollado, pero formal y jurídicamente independiente. Por tanto, nuestro papel es de antigua potencia colonizadora, de país que tiene una fuerte cooperación con Guinea Ecuatorial, pero que no puede ni debe, no es posible, sustituir el papel de los propios ecuatoguineanos en la solución de los problemas. Eso sí, lo que podemos y debemos hacer (y en eso coincido con los demás portavoces y, por supuesto, con el señor Ministro, cuya intervención y cuya línea apoyo inequívocamente) es actuar con elementos de persuasión y de disuasión, que están en nuestra mano, en cuanto a la evolución de los derechos humanos y de la democracia, en ese orden; persuasión y disuasión que vienen por dos caminos: uno, el de la utilización de la cooperación como elemento de presión; y, dos, la colaboración internacional con Francia, con otros países y con las propias Naciones Unidas para esa evolución, porque la voz de España en el tema de Guinea Ecuatorial es muy escuchada, muy oída en la comunidad internacional interesada por estos temas.
En cuanto a la presión o persuasión en la utilización de la cooperación, soy de los que opinan, junto con otros que lo han manifestado, que la cláusula democrática no se debe emplear rígidamente y también en la reelaboración --el Ministro lo insinuaba-- del futuro plan marco en algunos elementos de la cooperación. El señor Rupérez citaba el tema de la Radiotelevisión, que puede ser un elemento sobre el que se pueda o se deba actuar en esa dirección, pero no sólo en aquellos elementos humanitarios, sino también educativos y sanitarios que están en la base de los escasos indicadores, diría yo, de supervivencia de ese país. En otras palabras, no podemos aplicar medidas o cláusulas que penalicen al pueblo ecuatoguineano, a la gente sencilla, al pueblo llano y que, en realidad, no penalicen a los que desde el Gobierno o desde las capas dirigentes están tomando medidas lesivas para ese pueblo, es decir, ése no sería un buen camino, pero sí elementos de cooperación económica, de la escasa cooperación financiera que puede haber ahora y de otros elementos como la Radiotelevisión o la cooperación en temas de transportes, donde sí se pueden emplear más a fondo los elementos de presión. Por supuesto --coincido también con algunos intervinientes--, hay que ser inflexibles en la defensa de los intereses españoles y, sobre todo, de la vida y la hacienda de los ciudadanos españoles, tanto cooperantes como empresarios, en aquel país.
Otros elementos a tener en cuenta e introducir en cualquier análisis --cuando oí a algunos intervinientes pensaba que quizá no se tenían suficientemente en cuenta-- son los elementos culturales africanos locales, que no pueden ser olvidados, ni siquiera minusvalorados, a la hora de desarrollar una política en favor de la democracia. El tema tribal, de los clanes, incluso de la brujería, son elementos que no pueden ser ajenos a esa evolución. No podemos miméticamente, con un eurocentrismo que es criticable, trasladar instituciones, elementos o prácticas europeas, sin mayores correcciones, a una realidad africana muy distinta. Ahora bien, dicho esto también añadiría que esas características o esas peculiaridades culturales no pueden ni deben ser en ninguna manera una excusa para eludir las obligaciones de respeto de los derechos humanos y de alguna forma de democratización, de libertad y de pluralismo en el propio país.
En resumen --y voy a ir terminando, señor Presidente, señor Ministro--, creo que una correcta o adecuada política como la que se está llevando con Guinea Ecuatorial nos evitaría, además, frustraciones e impotencias que en el pasado han podido llevar a pensar que está en nuestra mano la solución de todos los problemas de Guinea Ecuatorial.
No añadiría mucho más. Creo que lo dicho y la satisfacción por la coincidencia muy generalizada de los grupos Parlamentarios en el tema de Guinea Ecuatorial, ayuda de una manera importante a la posición del Gobierno que ha expresado, a mi modo de ver, de una manera impecable el señor Ministro en esta comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muy brevemente, por cortesía parlamentaria, quiero agradecer al Diputado señor Yáñez, el apoyo que ha dado a la posición del Gobierno y reiterar una vez más que, respecto a las últimas afirmaciones que ha hecho en relación con que Guinea es un país con una renta per cápita desgraciadamente bajísima y con una tradición y una antropología que está ligada a las culturas de la zona en la que está inserto, comparto completamente que eso no debe ser en ningún momento un óbice para que se exijan los derechos humanos. Creo que derechos humanos y buen gobierno son dos premisas que deben exigirse en cualquier caso. Ciertamente, teniendo en cuenta que a veces tratamos de aplicar parámetros que son de difícil aplicación, incluso en países más próximos culturalmente al nuestro y no los exigimos, debíamos ser cuidadosos también en la aplicación de los mismos a países más lejanos culturalmente o con unas tradiciones culturales más distantes de lo que son los valores de la democracia pluralista o representativa. En cualquier caso, los derechos humanos y lo que pudiéramos llamar buen gobierno, buen uso de los recursos públicos, etcétera, creo que es algo que debiéramos todos exigir.


El señor PRESIDENTE: Damos por concluidos los dos primeros puntos del orden del día.


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CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

--SOBRE APERTURA DE ALGUN PROCESO INFORMATIVO PARA AVERIGUAR QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LAS GRAVES FILTRACIONES DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA POLITICA EXTERIOR ESPAÑOLA CON RESPECTO A GUINEA ECUATORIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000012.)

--SOBRE MEDIDAS PARA PREVENIR LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE LA FILTRACION DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA POLITICA EXTERIOR DE ESPAÑA CON GUINEA ECUATORIAL PUDIERAN HABER TENIDO SOBRE ALGUN POLITICO GUINEANO. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000013.)

--SOBRE RAZONES QUE, SEGUN EL GOBIERNO, PUEDEN HABER LLEVADO A CAUSAR LAS GRAVES FILTRACIONES RECIENTEMENTE PRODUCIDAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA POLITICA EXTERIOR DE ESPAÑA CON GUINEA ECUATORIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR RUPEREZ RUBIO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000014.)

El señor PRESIDENTE: Los puntos 3, 4 y 5 se refieren a tres preguntas formuladas por el señor Rupérez sobre un tema que ya ha salido, pero naturalmente el señor Rupérez tiene la facultad de presentarlas. Sugiero que se puedan formular en un sólo turno, si al señor Rupérez le parece bien. De todas maneras, es él quien tiene que decidir si las quiere presentar por separado o en un solo turno.


El señor RUPEREZ RUBIO: Por supuesto, voy a agrupar las preguntas.
También, aunque ya el señor Espasa, en el sentido más amistoso de la palabra, me las ha madurado en algún sentido, nosotros queríamos separarlas precisamente de la consideración de los temas; no las preguntas en sí, que voy a exponer de manera breve y conjunta, pero sí separarlas del tema de Guinea, porque aunque, por supuesto, las filtraciones se refieren a Guinea, queríamos poner el énfasis no en Guinea, sino en lo que es la filtración en sí y las consecuencias de la misma. Por eso hemos hecho tres preguntas. La primera es quiénes son los responsables de esa filtración; la segunda, una evaluación, porque evidentemente esas filtraciones tenían en algún sentido un protagonista guineano, un político de la oposición, respetado por nuestra parte, el señor Moto, y que al ser puesto en el candelero de la consideración de una manera bastante cruda, podía haber tenido consecuencias favorables para su propia persona; y, en tercer lugar, una consecuencia evidente «cui prodest», a quién aprovecha, cuál ha sido la intencionalidad que se ha producido con las filtraciones.
Nos preocupan las filtraciones por esas consecuencias, pero por supuesto, y, sobre todo --y seguro que al señor Ministro le preocupa tanto o más que a nosotros-- en lo que tienen o pueden haber tenido de mal funcionamiento interno de la maquinaria de la Administración española y más concretamente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las filtraciones no eran baladíes. No hace falta recordar los términos en los que se producen. Hay una parte de las filtraciones que era cierta en cuanto al contenido de las mismas; había otra parte que a mí me recordaban determinadas actividades a las que se dedicaba, cuando todavía existía --no sé si aún existe, a lo mejor vuelve a existir-- la KGB, que era la desinformación; es decir, sobre la base de unas informaciones exactas, sin embargo se procedía a la elaboración de informaciones adicionales que claramente tenían un propósito manipulador, con lo cual estamos no únicamente ante el descuido, la desidia, la negligencia de un funcionario, sino, además, ante un propósito muy claro de producir determinados efectos políticos previsiblemente cara a la Administración, al Gobierno español y, naturalmente, también cara a la política exterior española respecto a Guinea Ecuatorial. Como, por otra parte, es evidente que el acceso a documentos secretos de la persona o de las personas que hayan producido la filtración no es precisamente anónimo o baladí y porque hay acceso a material clasificado, nuestra preocupación es también doble.
Nosotros, al realizar estas preguntas, además de manifestar nuestra preocupación porque se haya producido, nuestro interés porque se descubra y se castigue a los culpables, también nuestro deseo de decirle al Gobierno que desde ese punto de vista no se puede tolerar este tipo de manifestaciones, tanto por lo que suponen de mal funcionamiento de la Administración y, sobre todo, por lo que pueden suponer de falta de fidelidad, de falta de garantías, en las personas que lo hayan producido.
Este es el sentido político de las preguntas, estas son las preguntas sobre las cuales desearíamos recibir la clarificación que el Ministro esté en situación de dar en este momento y esperamos también, porque tuvieron su importante grado de publicidad, que no únicamente los grupos parlamentarios, pública o privadamente, sino la opinión pública, la Administración española, sepan en qué condiciones y cuáles son los culpables de estas graves filtraciones.


El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Trataré de contestar a las tres preguntas agrupadas, porque realmente las tres llevan la misma dirección y creo que lo podré hacer de una sola vez.
Algo he dicho ya a lo largo de la comparecencia sobre

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este tema, pero me gustaría resaltar algunos extremos. Primero, hay una filtración de documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, documentos de la misma fecha, poco más o menos, del mes de marzo o abril --les reitero a SS. SS. que la filtración se produce en septiembre o al menos su publicación--, tres o cuatro documentos que, como habrán comprobado, todos tenían una información que SS. SS; ya conocían; estaba ligada a la que yo di en esta Cámara en la comparecencia anterior. Por tanto, la filtración de esos documentos, siendo muy grave, y habiendo de buscar las responsabilidades en el seno de la Administración pública y castigarla con toda contundencia, desde el punto de vista político del mal que se hace por publicar esos documentos no es tan alto. Insisto en que eran documentos cuyo contenido era público, por lo menos en el «Diario de Sesiones».
¿Cuál es la gravedad de esa filtración, a mi juicio? La gravedad de esa filtración es que se utiliza para arropar dos documentos, que son total y absolutamente faltos, desde la a a la zeta, desde la cruz a la raya, y que están, por tanto, construidos por personas que tenían un objetivo distinto del que el Gobierno tiene en relación con Guinea.
¿Cuál es la gravedad del tema? La gravedad del tema es que quizá esos funcionarios o ese funcionario que han podido colaborar en la filtración, insisto, de documentos inocuos estaban o tenían relación con los que querían falsificar los documentos con membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero que son falsos, que no existen, y que tenían un objetivo muy claro: el objetivo claro, sin duda, era dañar las relaciones de España con Guinea. Ese es el tema, tal y como está contemplado en este momento.
Distingo dos cuestiones distintas: falsificación de unos documentos con un contenido relativamente poco importante y utilización o arropamiento con esos documentos de dos documentos de una enorme gravedad porque se hacían afirmaciones muy contundentes con membrete del Ministerio, con firmas falsificadas, con documentos falsificados. Digo más, con planteamiento y publicados también en la prensa de manera (yo no quiero juzgar en este momento a quien los filtrara, los juzgaré en su momento, ni quiero juzgar en este momento a quien lo publicó, lo juzgaré en su momento), hay una página del periódico en cuestión en la que se pone como primera página y última página fotocopia de la primera y de la última de uno --el primer documento que existe--, la segunda no existe, y se pone como continuación de un único documento, tratando, por tanto, también de insinuar que había una continuación entre esa página y la siguiente, cuando el documento que se pone primero tiene tres páginas y la última lleva la numeración 4. Por tanto, no forman parte ni de la misma unidad documental y, lo que es más grave, la segunda parte del documento no existe. Por tanto, estamos ante dos cuestiones: falsificación de unos documentos con un objetivo, que, sin duda, era poner de manifiesto una falsedad, que Estados Unidos y el Gobierno de España, de común acuerdo, estaban apoyando la candidatura del señor Moto para sustituir al Presidente Obiang, cosa que no es cierta. No sé lo que el Gobierno de Estados Unidos estaba haciendo, pero desde luego el Gobierno de España no tiene candidato para la sustitución del Presidente Obiang; el Gobierno de España está ayudando, como entiendo que están ayudando todos los grupos parlamentarios, a que se produzca una transición pacífica, a que haya unas elecciones y que de esas elecciones surja la candidatura que el pueblo de Guinea, si son libres, estime oportuno votar.
Se están produciendo dos tipos de investigaciones: una interna en el Ministerio, de la que daré cuenta en cuanto tenga el conocimiento preciso de la misma, pues no quisiera hacer ninguna afirmación, puesto que se trata de funcionarios públicos del Estado español a los que yo respeto porque el cuerpo diplomático es un cuerpo que respeto enormemente, como SS. SS. lo hacen también, y por tanto, no quisiera apuntar ninguna dirección hacia la cual esa investigación tiende, pero tiende y tiende hacia personas concretas, con nombres y apellidos.
Sí les quiero decir que las filtraciones, si SS. SS. recuerdan, se encuentran en unas fechas no muy lejanas a unas elecciones en España. Yo no quiero pensar que haya alguna relación entre unas y otras pero no me extrañaría que la hubiera.
Segunda cuestión. Investigación sobre la falsificación de los documentos, contenidos de los mismos, quién la produjo y con qué objetivo. Ahí se han barajado tres hipótesis, no las voy a hacer públicas en este momento, creo que en el día de ayer o anteayer dos de esas hipótesis tienen ya unas posibilidades muy altas de ser descartadas, por tanto nos vamos acercando de manera bastante rápida, pienso yo, a la comprobación de la tercera hipótesis como válida. Lógicamente los servicios de inteligencia de España son los que están llevando a cabo esta información y en cuanto obre en mi poder el dictamen final con toda certeza lo tendrán los grupos parlamentarios en primer lugar y, si estimamos conjuntamente que es relevante, las conclusiones que allí se aportan, lógicamente, la opinión pública. Mi deseo es que a eso se llegue lo antes posible, por dos razones: por respeto al cuerpo diplomático, a los trabajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores y, en segundo lugar, por clarificar lo que a mi juicio ha sido un comportamiento desleal con España de algunas personas. Espero que esas personas encuentren su justo castigo, de acuerdo con las leyes españolas, cuando clarifiquemos la situación.
No es la primera vez que ocurre. Yo recordaba no hace mucho, que en la época de un buen Ministro de Asuntos Exteriores que se sienta hoy con nosotros, también hubo, si recuerdan SS. SS., que creo lo recordarán bien, unas filtraciones sobre algunos telegramas relativos a Guatemala.
En aquel momento, lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista entendió muy bien la profundidad del tema de que se trataba, cooperó con el Gobierno, como estoy seguro que el Partido Popular lo va a hacer con el Gobierno de España en este momento.
Gracias.


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El señor PRESIDENTE: El señor Rupérez tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Ministro, la verdad es que es tanto lo que nos dice como lo que todavía no nos dice.
Claro que tiene no únicamente nuestra simpatía sino nuestra solidaridad, porque si estamos hablando de deslealtades a la nación, nosotros somos los primeros en desear clarificar esas deslealtades y que sean conocidas, también para salvar el buen nombre de todos aquellos funcionarios públicos que se pueden haber visto indirectamente sometidos a la sombra de la duda y que no merecían serlo.
Observo de sus palabras que la historia es grave, es en cierto sentido conspiratoria, y eso redobla nuestro interés, que no es únicamente interés personal o de grupo sino el de la Administración española, y en general de todo el pueblo español, por saber exactamente qué ha pasado para delimitar responsabilidades y que no se vuelvan a producir.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo más, señor Ministro?

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Agradecer las palabras del señor Rupérez. Tenga la certeza de que los servicios del Estado están trabajando con el máximo ahínco por descifrar los entresijos de este desgraciado incidente, que sin ninguna duda --hay que decirlo también claramente-- podría haber sido evitado de manera muy fácil con una llamada telefónica y una consulta por parte de aquellos que lo han publicado. Creo que ha habido cierta ligereza en algunas personas, que no son en este caso miembros de la Carrera diplomática ni trabajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores sino más bien personas relacionadas con lo que llamamos sociedad civil, que a veces se comporta civilmente y otras de manera menos civil.


COMPARECENCIA URGENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (SOLANA MADARIAGA), PARA:

--INFORMAR SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS EN RUSIA. A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 214/000021.)

--DAR CUENTA DE LA POSICION DEL GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO DE LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESA LA REPUBLICA FEDERATIVA RUSA Y PRECISAR LAS ACTUACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS Y A ADOPTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000081.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se ha incluido esta misma mañana y responde a la comparecencia, pedida por el propio Gobierno, para que el señor Ministro de Asuntos Exteriores informe sobre los últimos acontecimientos en Rusia. También hay una petición de comparecencia del señor Ministro, realizada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que tiene la misma finalidad.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Comparezco esta mañana ante SS. SS. para informar sobre la situación en Rusia, con la urgencia que dictan los acontecimientos recientemente registrados en este gran país.
La presión acuciante de una actualidad que no deja de renovarse a diario me obligará a centrarme en hechos concretos y recientes. Sin embargo, considero que sería bueno iniciar mi intervención con un instante, aunque sea breve, de reflexión.
Cualquier análisis de lo que acontece en Rusia en este momento debe tener en cuenta el alcance verdaderamente histórico de algunas de las transformaciones que en los últimos años se están produciendo en ese gran país, una transformación que hemos calificado todos de histórica y que no opera en el vacío. Nos hallamos ante un proceso de enorme complejidad, de transición desde unos valores políticos y unas estructuras sociales y económicas bien determinadas hacia un sistema que quiere orientarse hacia los valores que todas las democracias compartimos. Es una labor que alguna vez hemos calificado de titánica. Los españoles sabemos bien lo que es transformar una sociedad y un Estado desde una situación dictatorial a una situación democrática. En este caso, estamos hablando de un problema que tiene una dificultad todavía mayor, porque no solamente hay que hacer una transformación del Estado desde el punto de vista de sus estructuras sino también de una situación económica distinta, ligada a una economía centralizada hacia una economía que tienda hacia el mercado. Por tanto, en este esfuerzo verdaderamente titánico se dan cita los factores históricos y todos los condicionantes de la realidad que prefiguran la existencia de una sociedad constituida en Estado y en comunidad política.
El análisis de este fenómeno nos remite a unos esquemas de interpretación que son muy complejos y que SS. SS. conocen bien. Sin embargo, la fuerza de los hechos nos obliga a realizar una labor de síntesis que nos permita interpretar la realidad y actuar sobre ella de una manera inmediata. Creo que en esta situación nos hallamos todos quienes nos vemos llamados a tomar decisiones sobre este tema en la comunidad internacional.
Quiero señalar desde el inicio de mi intervención el convencimiento de que hemos optado, como lo han hecho nuestros socios, nuestros aliados y la gran mayoría de los países del mundo, por apoyar la solución que creemos que ofrece mejores perspectivas de futuro para el pueblo de Rusia y para la estabilidad política mundial.
Continuaré mi intervención haciendo una reflexión que dividiré en seis pequeños apartados.
Primer apartado. Hemos seguido con la máxima

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preocupación el desarrollo de la crisis rusa, hemos estado en contacto permanentemente no solamente con nuestro Embajador o con nuestra Embajada en Moscú --esta misma madrugada he vuelto a hablar dos veces con el Embajador-- sino también con nuestros amigos, nuestros socios en la Comunidad Europea casi de forma permanente. Vuelvo a insistir en lo que ya he dicho en múltiples ocasiones. La estabilidad en Rusia es un componente esencial de la seguridad y de la estabilidad de Europa y del mundo. Por eso, pensamos que los acontecimientos que allí han ocurrido a partir del 21 de septiembre nos afectan a todos en cierta medida. En consecuencia, es por ello por lo que creemos necesario concretar nuestra postura, la posición española, una posición necesariamente matizada que parte de reconocer que es precisamente el pueblo ruso el que debe decidir el rumbo a tomar.
Hemos respaldado la decisión del Presidente Yeltsin de disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas como única manera de salir de una situación que la actitud de obstrucción permanente del Parlamento había atascado hasta extremos de gran peligrosidad. Ese respaldo tiene, a nuestro juicio, dos significados esenciales. Supone, en primer lugar, el respaldo a un proceso de reformas políticas y económicas del que el Presidente Yeltsin ha sido el motor principal y que el pueblo ruso aprobó, sin ningún género de dudas, en el referéndum celebrado el pasado mes de abril. Supone, en segundo lugar, el respaldo a la decisión de convocar elecciones para que sea el pueblo ruso el que zanje el contencioso que desde hace meses ha venido enfrentando a los poderes legislativos y al Poder ejecutivo.
Segunda reflexión. Somos los primeros en lamentar que se haya derramado sangre y que haya sido imposible alcanzar una solución negociada a la crisis, pero creemos que la responsabilidad de que el desenlace haya sido violento debe atribuirse casi enteramente a los representantes del Parlamento. Fue ese contingente el que complicó los intentos de negociación con el incumplimiento de lo acordado y con el establecimiento de condiciones previas que sabían imposibles de cumplir. Por supuesto, fueron los sectores ligados al grupo parlamentario los que iniciaron una insurrección popular y recurrieron a la violencia abierta para intentar derribar al Presidente y al Gobierno.
Lamentamos también la declaración del estado de emergencia, que ha venido acompañada de algunos de los indeseables e inevitables corolarios.
Noticias de última hora indican que algunos de estos corolarios parecen levantarse, censura de prensa, proscripción de algunas fuerzas políticas, etcétera. Confiamos, y confiamos plenamente, en que se trate de medidas transitorias que, como ya se ha anunciado, se levantarán el próximo domingo cuando, es de esperar, haya desaparecido ya la situación excepcional en virtud de la cual se han adoptado.
Valoramos positivamente --y creo que algo hemos tenido que ver-- que se haya garantizado la seguridad personal de los dirigentes parlamentarios y estamos seguros de que la depuración de sus responsabilidades se hará con arreglo a la ley y con estricto apego a criterios de justicia.
Tercera reflexión. Somos conscientes de que la situación sigue siendo muy delicada y muy compleja. El Presidente Yeltsin habrá de recurrir a todos los instrumentos de conciliación a su alcance para cerrar las heridas que sin duda habrán abierto los sucesos de estos últimos días. El más importante de esos instrumentos de conciliación serán las elecciones, elecciones legislativas y presidenciales, previstas en principio para diciembre de 1993 y junio de 1994 respectivamente. Yeltsin deberá asegurar que esas elecciones se celebran rodeadas de todo tipo de garantías, de modo que supongan un impulso irreversible al proceso de reforma. El Presidente Yeltsin también tendrá que recomponer y redefinir las relaciones entre el Gobierno central y las repúblicas, las regiones, y los territorios que integran la Federación, relaciones que estos días han pasado por serias tensiones y malentendidos.
Cuarta reflexión. Pocas veces pienso, señoría, señor Presidente, habrá habido un acontecimiento de relevancia mundial que haya sido valorado de manera tan unánime por la comunidad internacional. La coincidencia ha sido general a la hora de considerar la disolución del Parlamento, la convocatoria de elecciones como mecanismos democráticos para desbloquear y relanzar el proceso de reformas. Las demandas y las tesis del Parlamento, que yo sepa, no han encontrado eco en ningún gobierno, si se exceptúa el apoyo muy personalizado del Gobierno iraquí al Vicepresidente Rutskói.
Quinta reflexión. Creo que hay que hacer mención a la reacción del ejército y del pueblo ruso que, en definitiva, han sido los árbitros de esta situación. Como se sabe, las Fuerzas Armadas se mantuvieron al lado de los poderes establecidos o adoptaron una actitud de neutralidad desoyendo los llamamientos irresponsables de quienes les incitaban a la rebelión, llamamientos que, de haber tenido un eco mayor, hubieran llevado, probablemente, a la división del ejército y a la guerra civil. Y el pueblo ruso, por su parte, optó también de forma mayoritaria por no sumarse a la insurrección, a la que instaban los partidarios del Parlamento, demostrando una vez más, como en agosto de 1991, que rechaza todo intento de restablecer el régimen soviético y que respalda a quienes impulsan el proceso de reforma democrática.
Sexta reflexión, y última. Creo, señor Presidente, señorías, que es nuestro interés, el interés de todos nosotros, prestar al presidente Yeltsin el mayor respaldo posible para que pueda concluir de forma satisfactoria estas tareas. Es nuestro interés, porque, como decía al principio, la estabilidad de Rusia es condición «sine qua non» para la estabilidad mundial y la paz internacional; y, a la vez, señorías, la integridad de Rusia es requisito imprescindible para su estabilidad. No compartimos ciertos análisis según los cuales las tensiones centrífugas en el seno de la Federación serían un elemento positivo para occidente.
Creemos, al contrario, que una Rusia débil, una Rusia en trance de desintegración podría desatar los demonios de un nacionalismo ruso reivindicativo y agresivo con las terribles consecuencias que a ninguno de nosotros se nos escapan.


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Señor Presidente, señorías, no voy a pasar a relatar los extremos concretos que conocen SS. SS. a través de los medios de comunicación, prácticamente igual que yo. He tratado de poner en el contexto cómo el Gobierno de España y la Comunidad Europea han entendido los acontecimientos de las últimas horas, con esa reelección matizada, dividida en seis puntos que me parece refleja bien la posición, desde luego la del Gobierno español, y entiendo también que la de la Comunidad Europea.
Señor Presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo que ha propuesto también la comparecencia, Izquierda Unida, el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Ministro, prácticamente es una obviedad recordar o repetir, como ya ha hecho S. S., que estamos ante una situación de enorme importancia y gravedad para el porvenir del propio pueblo ruso, de Europa y, por extensión, del mundo. La estabilidad en la Federación Rusa, la integridad de la Federación Rusa y la democracia en la Federación Rusa son tres valores que nuestro grupo parlamentario creo que puede compartir con todos los demás al situarlos como premisa fundamental de las actuaciones o de las posiciones políticas que debemos adoptar ante los dramáticos y tristes acontecimientos sucedidos en los últimos días en la Federación Rusa.
En este aspecto creo que todos vamos a coincidir: estabilidad, paz, autodeterminación del pueblo ruso, capacidad de dirigir sus propios destinos e integridad de la propia entidad política, de la Federación Rusa, como elementos de paz y de estabilidad en Europa y en el mundo.
Dicho esto, y con estos valores fundamentales como frontispicio, es importante que cada grupo parlamentario fije claramente cuál es su posición y cuál ha sido su aproximación a los acontecimientos. Para ello yo quisiera, con la brevedad que pueda, señor Presidente, hacer algunas consideraciones de tipo general, como ha hecho también el Ministro de Asuntos Exteriores, para analizar la situación en Rusia, analizar la posición de la comunidad internacional y, lo que nos interesa más, la posición del Gobierno español y también del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Yo creo que no es exactamente justo ni exacto, políticamente --estoy hablando, y procuraré hacerlo siempre, en términos estrictamente políticos, no ideológicos--, decir que la legalidad y la legitimidad estaba o está sólo en uno de los tres protagonistas de los tristes acontecimientos de Rusia. Ni el Presidente Yeltsin ni el Parlamento ni el Tribunal Constitucional tienen ni tenían toda la legalidad ni toda la legitimidad. Yo creo que una aproximación más exacta sería reconocer que había una tríada de poderes con distintas legitimidades, que estaban todos ellos abocados y habían proclamado --después no lo han cumplido, desgraciadamente-- la necesidad del consenso y del pacto entre ellos, entre las distintas legitimidades de las que eran hijos, para avanzar de consenso hacia la democracia, y lo que se ha roto ha sido eso.
No podemos nosotros, ni estamos en condiciones de analizar quién ha tenido más o menos culpa en la ruptura de este consenso, pero yo creo que una aproximación mayor y mejor de la que se ha hecho por parte de la comunidad internacional y, en parte, por usted, señor Ministro, de lo que ha sido su obligado resumen de la posición española, es decir: no, la verdad, la legitimidad, la legalidad, la democracia está en un protagonista. Yo creo que eso no es así y creo que es más exacto reconocer esta tríada de posiciones que, desgraciadamente, se ha roto.
Digo esto porque quizá la posición más equilibrada en el curso de los acontecimientos y en el apoyo, aunque al final el apoyo ha de sustanciarse en personas y en instituciones, hubiese sido, debería ser --y ahí habría un margen de discrepancia con lo que ha sido su presentación-- la necesidad del consenso y del pacto en las reformas en la Unión Soviética.
Es evidente que la moviola nunca vuelve atrás, que la Historia, y en términos de poder y de poder político nunca vuelve atrás, que estamos hoy donde no estábamos hace tres días y, por tanto, pedir el restablecimiento de determinadas situaciones es un ejercicio más o menos retórico o puede ser un ejercicio ideológico, pero que este diputado no va a hacer. Pero es cierto que quizá la aproximación más constructiva políticamente, y menos ideológica sería continuar reclamando esta necesidad de acuerdo entre las legitimidades que hay en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa.
Me parece que cifrarlo todo, como se está haciendo por parte de la comunidad internacional, como hace el Gobierno español, en la personalidad de un dirigente que ha mostrado ya claramente, que había mostrado en el pasado ribetes, ahora ya se puede hablar de pruebas, de autoritarismo importante, formas de actuar que, a pesar de las promesas de futuro, poco dicen de la legalidad democrática, no es tan seguro para la comunidad internacional, para España como apostar más claramente por el diálogo civil y social, por el consenso, por las transformaciones, por los cambios democráticos, pero entendiendo que hay un conjunto de realidades y de legitimidades que en la Unión Soviética, nos guste más o no nos guste, continúan existiendo. Es preocupante, por ejemplo, esta noticia --no sabemos hasta qué punto será cierta o no-- de la posible disolución de parte o de la totalidad de poderes autónomos, regionales y provinciales, con lo cual se podría llegar --y estoy hablando, repito, en términos estrictamente políticos-- a un vacío de poder realmente importantísimo en un país de las dimensiones, tanto en número de habitantes como en extensión territorial, que haría bastante difícil la práctica, incluso, no ya del poder político sino del poder administrativo, de la vida política cotidiana en este país.
Por tanto, nosotros creemos que deberíamos haber estado y deberíamos estar en el futuro mucho más a favor

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de la salida democrática, del cumplimiento de alguna de las promesas, incluso quizá haciendo más hincapié en la necesidad de que la convocatoria de elecciones se realice en los plazos previstos o, mejor aún, de forma simultánea. Se han tomado medidas que han acompañado al estado de excepción, y que usted ya nos dice que parece que pueden ser levantadas, pero de momento, al menos, las informaciones que obran en mi poder son que estamos ante una situación de estado de excepción; cierre de prensa; censura de prensa, ilegalización de determinados partidos; destitución de cargos designados o electos en regiones autónomas, provincias o repúblicas de la Federación Rusa; un aplazamiento del único cuerpo político que parecía existir de la reunión del Consejo de la Federación. Es decir, toda una serie de acontecimientos que configuran que la apuesta a la transición democrática, que todos compartimos, que todos deseamos, a las reformas democráticas políticas y económicas que ineludiblemente debe afrontar la Federación Rusa, se cifran y se centran en las pretendidas virtudes de, en nuestra opinión, en mi opinión, un poco fiable, dirigente político. Me parece que ésta es una apuesta demasiado arriesgada por parte del Gobierno español, por parte de la comunidad internacional, por parte de la Comunidad Europea y por parte de la opinión de la comunidad internacional. Espero que se no se tergiversen mis palabras ni mis posiciones. Esto no implica rechazo de una u otra figura o adscripción a una u otra de las tres legalidades y legitimidades de las que he hablado al inicio de mi intervención, pero quiero señalar que me parece que la posición que se ha adoptado es mucho más ideológica que política. La posición de la Comunidad Europea y la de la comunidad internacional se puede interpretar mejor desde perspectivas ideológicas que desde perspectivas de Derecho Internacional y de razones de Estado, auténticas razones políticas de Estado. Se está cifrando demasiado la apuesta en las pretendidas virtudes de un dirigente, y yo creo que esto no es bueno. Pienso que se ha apostado demasiado en el sentido de que se ha hecho una reducción muy simplista, en el sentido de que quien apuesta por las reformas de la economía, de una economía de mercado (y no seré yo quien esté en contra de pensar que éste es el camino que debe producirse en la Federación Rusa), está apostando por la democracia. El axioma economía de mercado/democracia, la historia de la humanidad demuestra que no siempre es un binomio compartido y, por tanto, por ahí va mi crítica, nuestra crítica, a que la apuesta, puesto que este dirigente es quien más se ha pronunciado respecto de la economía de mercado, es el que más garantías tiene de una salida democrática en Rusia, es una apuesta ideológica, no una apuesta de política de Estado, no una apuesta de política hecha al amparo del Derecho Internacional y, por consiguiente, una apuesta en parte ideológica, que me sorprende y lamento que la haya tenido el Gobierno español, la Comunidad Europea y otras naciones sobre las que no tengo ni puedo opinar.
En consecuencia --y con esto termino, señor Presidente--, creemos que, como he dicho al principio, los hechos no van a retroceder, van a continuar desarrollándose hacia adelante.
¿Qué podemos hacer a partir de este momento en que estamos hablando y pensando en futuros acontecimientos? Yo creo que hemos de reconducir la posición, al menos la del Gobierno y del Estado español, a una posición más claramente a favor de la salida democrática institucional, no tanto de la autoridad y de las virtudes de un único dirigente. Creo que una matización clara en este sentido, un reconocimiento de la necesidad de recuperar, en la medida que sea posible, el consenso entre las legitimidades que aún existen hoy en la Federación Rusa, es imprescindible, y esto no lo veo en su exposición ni en la posición de la Comunidad Europea.
Usted ha dicho, por ejemplo, que espera que los líderes del Parlamento sean juzgados de acuerdo con la ley. Yo le podría preguntar: ¿Con qué ley, señor Solana? ¿Con la que daba legitimidad al señor Jasbulátov y Rutskói? ¿Con la que da legitimidad al Presidente Yeltsin, evidente, democrática? ¿Con el referéndum? ¿Ha hecho la mejor lectura del resultado del referéndum del Presidente Yeltsin actuando como ha actuado, en la forma, no en cuanto a los objetivos finales, de la necesidad de unas elecciones que todos compartimos? Por tanto --ésta es nuestra posición--, seamos un poco más prudentes en el apoyo tan incondicional --repito-- a una persona, y seamos más claros en el apoyo a las reformas democráticas, a la cooperación económica y al desarrollo de la Federación Rusa. Estoy de acuerdo con usted en mantener y ayudar a mantener la integridad de este ente político tan importante --a nadie se nos escapa--, la segunda potencia mundial, con armamento nuclear disponible y utilizable por no se sabe quién, y, por tanto, esto es de una enorme importancia.
Centremos más nuestro apoyo y nuestra exigencia en una salida democrática en las instituciones, en el acuerdo y en el consenso entre las legitimidades que existían y continúan existiendo todavía. No apostemos por el vacío de poder, por la carta blanca, por el mesianismo de un dirigente; esto no es bueno en política internacional, y es lo que está haciendo, yo creo que por razones ideológicas, la Comunidad Europea, la comunidad internacional y me parece que usted, en parte, también ha hecho, y en este aspecto no puedo compartir sus criterios.


El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Señor Presidente, contestaré al Diputado, señor Espasa, uno de los proponentes de la comparecencia de hoy.
Empezaré por darle las gracias por su intervención. Creo interpretar en la misma una posición más matizada que otras posiciones que he venido escuchando en los últimos días. Me produce una gran satisfacción ver que hay distintos matices en su posición respecto a la que he mantenido yo; pero, sin duda, hay una proximidad mayor de su posición a la mía que la que he creído entender

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entre la suya y otros dirigentes políticos a quienes he escuchado últimamente por la radio y en los medios de comunicación. Me satisface, porque creo que por ahí podemos encontrar un camino de entendimiento.
Quisiera hacer referencia a dos puntos que me gustaría rebatirle afectuosamente con el máximo cariño.
Su señoría pide que hagamos una apuesta por la salida democrática, y lo ha dicho creo que cinco veces; las he contando. Yo creo que si se lee otra vez más con detenimiento lo que he dicho, encontraría que la apuesta que el Gobierno y la Comunidad Europea están haciendo es por la salida democrática. Pienso que pedir unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, a fecha fija, de las que surja una nueva legitimación política que impida la situación del bloqueo, por lo menos que rompa la situación de bloqueo que ha impedido que lo que S. S y yo queríamos que pasara, que es ese avance por la vía de las reformas políticas y económicas se produzca, creo que es la mejor salida democrática. No sé a qué otra salida democrática, señoría, se refiere, pero parece que la mejor es por la que hemos optado la Comunidad Europea, España y su Gobierno, y entiendo que es la que S. S. defiende también: una elecciones, pronto, a fecha fija, legítimas, democráticas, de las que --insisto-- surja una nueva legitimación política que rompa el bloqueo institucional en que se encontraba la Federación Rusa, en la dirección de las reformas políticas y económicas.
Segundo, le quiero rebatir, y se lo voy a hacer con todo afecto y cariño, porque creo que tiene una profunda desinformación o equivocación y creo que parte de un apriorismo que me gustaría desmontar. Su señoría entiende que la reacción del Gobierno español y de la Comunidad Europea en su conjunto está preñada se ideología. Su señoría debía leer bien los documentos, porque entiendo que hay otras intervenciones mucho más preñadas de ideología. Su señoría tiene que saber bien que son la comunidad internacional y la Comunidad Europea las que en este momento aconsejan, sugieren que la transición hacia la economía de mercado quizá haya que realizarla a una velocidad distinta de la que se ha puesto en marcha anteriormente. Por tanto, pienso que el planteamiento apriorístico es el suyo, argumentando que es una posición ideológica, porque se quiere y se desea estrictamente la economía de mercado, entediendo que economía de mercado es igual a democracia, cosa que estoy de acuerdo con S. S. en que no es cierto, no es una identidad; pero entiende S. S. que si eso ha sido lo que ha movido a los gobiernos, por lo menos al de España y a la Comunidad Europea, se equivoca. Me gustaría que volviera a leer las declaraciones que se hicieron el lunes desde la Comunidad Europea y las declaraciones que el Gobierno español ha hecho. Hemos estado más bien en una posición más matizada, en la posición de defensa de que esa transformación económica y política debe hacerse hacia la economía social de mercado sin ninguna duda, S. S. no tendrá duda sobre eso --veo que asiente con la cabeza; me satisface verlo-- y, por tanto, estamos en la misma dirección. Por consiguiente, cargar de ideología ese planteamiento me parece que es un error por su parte; se lo digo sinceramente, por lo menos, por parte del Gobierno español y por parte de la Comunidad Europea le puedo garantizar que no ha sido ése el planteamiento; antes bien, el contrario.
Dice S. S. que se apoya sólo a un hombre. Tampoco es correcto: se apoya un proceso. Señoría, siga los acontecimientos de estas horas y verá usted que no es un hombre el que está surgiendo, sino un equipo de hombres encabezados por una persona que hace quizás algunas semanas o algunos meses no pensaríamos que fuera la persona que encabezaría seguramente el nuevo impulso hacia adelante de Rusia, que es el Primer Ministro. Su señoría sabe muy bien cuál es el origen del Primer Ministro, ¿verdad? Su señoría sabe que el Primer Ministro actual, en este momento, de la Federación Rusa tiene un origen de un pacto entre lo que eran las fuerzas que pudiéramos llamar más afines a Yeltsin y las fuerzas más afines al señor Volski que, señoría, no se le oculta a quién representaba, representaba el señor Volski y el señor Rutskói, a la Unión Cívica, que tenía dos partes, y el señor Primer Ministro en este momento formó parte de ese pacto. Se ha hecho durante mucho tiempo un gran esfuerzo por parte de las mejores personas de la dos legitimidades --no hablo de la tercera, el Tribunal Constitucional-- por encontrar esa solución.
El señor Presidente del Gobierno de la Federación Rusa de hoy, que, de acuerdo con el último Decreto, será el sucesor de Yeltsin, en caso de que le ocurra algo, forma parte de un pacto entre Yeltsin, Rustkói y Volski, y esa persona es la que está manejando con mayor tesón, con mayor tenacidad, a mi juicio con gran sentido común, la situación en este momento.
Decir que no ha habido intentos de pacto, decir que no se ha tratado a lo largo de estos años de encontrar fórmulas de consenso entre las legitimidades, creo que no es del todo correcto. Lo que pasa es que la situación se bloqueó de tal manera que, desde los últimos resultados del referéndum, la situación realmente no podía avanzar. Y habría que plantearse qué ocurriría en otros países que han tenido transiciones hacia la democracia a veces más fáciles que ésa, por ser países más pequeños, por tener quizá una parte ya importante de la transformación económica realizada, en el sentido de tener una tradición histórica de lo que es el mercado, o de lo que son las capas medias, o de lo que es una economía o un comercio libre. Otros países, como del que estamos hablando, desgraciadamente no tienen ese modelo ni tan siquiera en su memoria, mi próxima ni lejana. No ha sido un país que haya vivido en los esquemas de economía de mercado en ningún momento de su historia. Por tanto, esa transformación es mucho más difícil, mucho más compleja.
Piense S. S. por un momento, y S. S. y yo podríamos pensar juntos --no lo quiero hacer en voz alta, pero sí se lo sugiero para que lo hagamos un día juntos--, si en algunos países donde estas transformaciones se han producido con mucha menos dificultad, porque eran más fáciles, nos hubiéramos encontrado con un Parlamento, y alguno tenemos memoria de ello, que no hubiera querido hacer lo que tenía que hacer y lo que algunos Parlamentos de

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países muy próximos al nuestro y muy queridos por nosotros, incluso tan próximos que nos podemos encontrar en él, sí hicieron.
Yo creo que tenemos que reflexionar sobre esas cosas. En una situación de bloqueo total, realmente, ¿Qué hubiera pasado, qué se podría hacer? Aquí lo que se ha hecho el día 21 es una llamada a lo que nos parecía que era la salida democrática que S. S. apunta: la convocatoria o la llamada a unas elecciones, elecciones que se deben celebrar separadamente o de forma conjunta, no somos nosotros quiénes para decirlo. Yo, si me permiten mi sugerencia, preferiría que fueran juntas, pero no soy yo quién para afirmar qué es lo que debe hacer en este momento la Federación Rusa.
Sí me gustaría recordar que aquí no hay, por lo menos por nuestra parte, una reacción ideológica, sino al contrario, una reacción yo creo que de sentido profundo de lo que son los valores que compartimos; no hay una reacción ideológica, sino al contrario, hay más bien una reacción a tratar de que en el camino que tenga que recorrer y transitar, dificultoso, a partir de este momento la Federación Rusa, las reformas económicas deben realizarse al ritmo que la sociedad pueda aguantarlas, desde el punto de vista social. No es un apoyo ciego a una persona, sino a un proceso y sobre todo es un apoyo a la salida democrática que S. S.
pedía, y mejor manera que las elecciones creo que no existe.


El señor PRESIDENTE: El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Muy brevemente para contestar y defenderme de algunas de las imputaciones que me hacía el señor Ministro.
En primer lugar, constato, no con satisfacción, simplemente por un mero prurito de honor a la verdad, que en todas las familias hay discrepancias, señor Ministro; en todas, en la suya también. No he sido yo el que ha sacado este tema, ha sido usted, pero era justo que le correspondiese con la misma moneda.
Vamos a las cuestiones serias, no a las ideológicas, a las cuestiones políticas.
Usted me dice que no ha habido un apoyo ciego, no ha habido una apuesta por una sola persona, es un equipo. Vuelvo al inicio de mi intervención, que veo que usted la comparte y me alegro en este aspecto coincidir. Este reconocimiento de las tres legitimidades poco se ha hecho en declaraciones internacionales, lo ha hecho usted como una reflexión más profunda, más política. En este sentido me gusta coincidir con usted, pero coincide usted con lo que he apuntado yo, que había que reconocer más esta triple legitimidad; no eran unos los buenos y otros los malos.
Esta ha sido un poco la línea directriz, tanto de la posición de la comunidad internacional, la Comunidad Europea, como, en mi opinión, de la de usted y de la de su Gobierno, quizá con un problema de matices, evidentemente; cada uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, según desde la óptima con que lo mira. Pero yo creo que de esto sí ha habido algo.
Usted mismo reconoce que, habiendo apostado por un proceso, lamenta, como todos lamentamos, los métodos que se han utilizado para hacer progresar este proceso. No vamos a entrar aquí ni usted ni yo, ni creo que ningún otro Diputado, en pontificar sobre lo que debían haber hecho los ciudadanos rusos, las distintas legitimidades, en desacuerdo entre ellas, para superar la situación y quien tuvo más o menos responsabilidad. Por supuesto que nosotros entendemos que hubo grave responsabilidad en los ataques a determinados medios de comunicación e instituciones por parte de, al parecer, fuerzas leales al Parlamento, como, en nuestra opinión también, en el absolutamente innecesario baño de sangre para la ocupación del Parlamento. Quien tiene los fines tiene que querer los medios alguna vez y como los fines no justifican los medios, en la medida en que los medios sean absolutamente desproporcionados --y creo que en el caso de la ocupación de la Casa Blanca en Moscú los medios lo han sido cuando, por otra parte, políticamente, ya era claro hacia dónde se decantaba el proceso (y no lo digo yo, lo dice un ilustre comentarista, ex presidente de la antigua Unión Soviética, que merece las opiniones coincidentes de la mayoría de analistas políticos del mundo; me estoy refiriendo al señor Gorbachov)--, aquí ha habido un uso indebido, clarísimamente indebido de fuerza, no sólo política sino militar, y fuerza violenta, con resultado de sangre.
Por tanto, algo del apoyo unilateral, no a un proceso, sino a una persona, a unos métodos y a una determinada concepción autoritaria del poder, algo debemos tener de la poca responsabilidad que tenemos. Es evidente que la responsabilidad primera es la de los actores en todo acontecimiento y la del propio país, pero algo debe haber.
En este sentido es en el que yo decía que ha sido un apoyo ideológico; vayamos a un apoyo más político, más de derecho internacional, más de política de Estado. Apoyemos más las elecciones, la salida democrática, las reformas económicas y políticas, pero en el marco muy acotado de que esto es lo que quiere la comunidad internacional y no el mesianismo de uno u otro dirigente. Seamos más claros en eso a partir de ahora. Y me parece que no lo somos. En la medida en que no lo seamos y que todo se continúe basando en este pretendido mesianismo alrededor de un dirigente, con una legitimidad, pero que no tiene ni mucho menos toda la legitimidad, porque no la tiene nadie (usted lo decía muy bien y nos recordaba otros procesos de cambio de régimen no político y económico como el caso de Rusia, pero sí político, en nuestro caso), es evidente que para que se produzcan las cosas ha de haber renuncias por parte de todos a las antiguas legitimidades. No se puede convertir una legitimidad en la única. Y esto lo hemos hecho los españoles, desde la más alta autoridad del Estado, la más alta --y mido bien mis palabras--, al conjunto de las fuerzas políticas. Esta capacidad de acuerdo y de consenso es lo que desde fuera se debía primar y continuar primando respecto a la Federación Rusa. A nosotros nos parece que esto se ha sesgado un poco por la vertiente ideológica, como le he dicho, al identificar economía de mercado con democracia, que, como usted mismo reconocía, no son identidades que

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vayan siempre parejas, sino que a lo largo de la historia de la humanidad una cosa ha sido la economía de mercado, que ha existido siempre, y otra los regímenes y procesos democráticos.
Creo, señor Presidente, que con estas precisiones he dado respuesta por mi parte a las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores y no tenemos nada más que decir.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muy brevemente, señoría, sólo para decirle que lógicamente --no sé si lógicamente, pero de hecho es así-- en todas las casas hay discrepancias; mi obligación es resaltar las suyas y la suya resaltar las mías, y es lo que he hecho. Pero me alegra mucho escuchar su intervención, que creo que es más matizada, mejor, más ajustada a lo que, a mi juicio, es la realidad de las cosas. Insisto una vez más en que S. S. debe reflexionar sobre dos extremos: el término bloqueo de una situación política durante mucho tiempo y en un país donde la paralización política y económica no es buena ni para los ciudadanos de Rusia ni para nadie; segunda cuestión, hace una interpretación sobre el planteamiento ideológico, en el sentido que S. S. le quiere dar, que creo que es profundamente incorrecta.
Nada más me queda agradecerle su intervención.


El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los demás grupos parlamentarios, quisiera pedir al señor que está manejando la cámara de Televisión Española que, por favor, no impida la visión que yo tenga de los Diputados ni la que los Diputados tengan de la Mesa, así como tampoco el libre tránsito de todos. Muchísimas gracias.
Vamos a iniciar el turno de intervenciones. Empezaremos de menor a mayor, de modo que el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, la Coalición Canaria, en una reunión que mantuvo sobre este punto del orden del día en su comité político en el día de ayer, ha acordado, dada la repercusión que sobre el Archipiélago Canario ha venido teniendo tanto el comercio con la antigua Unión Soviética como actualmente con Rusia, a través de la empresa hispano-rusa en este momento, Sovhispan, todavía de marca, y dado el interés en tener una estabilidad política, social, económica y comercial en la Federación Rusa, el apoyo total a la política exterior del Gobierno español en estos momentos sobre la situación en Rusia, dentro del marco de la Comunidad Económica y dentro de la Europa comunitaria, como punto de referencia para una actuación común y conjunta, garantizando la vida y la situación de derechos humanos de las personas significadas en el Parlamento ruso, en este momento bajo arresto o detención, para abogar con la misma línea en que se ha definido el Gobierno español, y dentro del marco de Ministros de la Comunidad Europea, por hacer esta causa común como política de Estado, de apoyo, en el mejor sentido de colaborar a una responsabilidad común, y, desde nuestro punto de vista, de óptica en todos los aspectos comerciales, sociales, económicos y políticos, en el mejor sentido de la palabra.
Por esta razón, Coalición Canaria ratifica su apoyo conjunto y solidario a la política de nuestro Gobierno, en el marco de cooperación de la Comunidad Europea, como no podía ser menos, en la línea de buscar una política exterior común, como se señaló en el Acta Unica y en el Tratado de Maastricht, hasta que se consolide definitivamente.
Nada más, señor Presidente. Quería decir estas palabras de apoyo a lo dicho por nuestro Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias al Diputado señor Mardones por la comprensión que ha manifestado de la posición del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo de Iniciativa per Catalunya. (Risas.)

El señor HOMS I FERRET: Otra vez no, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Algo me debe fallar hoy, debe ser que el Grupo de Iniciativa per Catalunya hoy está teniendo mucho protagonismo, porque la verdad es que no me acostumbran a pasar estas cosas, pero, puesto que vamos de memorias, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor HOMS I FERRET: Ahora sí, señor Presidente, muchas gracias.
En primer lugar, agradecemos la información al señor Ministro. Toda la información que tenemos últimamente nos viene sobre todo por los medios de comunicación y creo que esta sesión ha sido positiva para ratificar y darnos a conocer la posición que ha adoptado el Gobierno español en relación con los sucesos en la República Rusa.
Nuestro Grupo, en primer lugar, quiere trasladarle, señor Ministro, nuestro pleno apoyo a las seis reflexiones que ha hecho usted; las compartimos, las podemos suscribir y apoyar en prácticamente toda su literalidad, y, en ese sentido, no queremos expresarle ningún matiz ni discrepancia, ninguna cuestión que pudiera dar a entender que no nos parece bien la posición que ha adoptado el Gobierno español y la que usted ha expuesto en esta Cámara. Nos parece correcta y compartimos la posición que usted nos ha transmitido.
En segundo lugar, quizás esta circunstancia específica por la que atraviesa la Federación Rusa podría dar pie a un protagonismo político importante de la Comunidad Europea, y, en este caso, le sugerimos que España, en el

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seno de la Comunidad Europea, y usted, señor Ministro, como representante español en las reuniones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, proponga una cierta voluntad política de que la Comunidad lidere o tome una cierta posición de liderazgo en todo ese proceso electoral inmediato que va a vivir la Unión Soviética. Sería importante que la Comunidad Europea jugara ahí un papel de un cierto protagonismo político, de soporte, de apoyo, de garantías de ese proceso electoral, no ceder eso a otras instancias, tan válidas, por supuesto, como la que estoy proponiendo en estos momentos. Creo que podríamos recuperar ahí un cierto protagonismo político de garantía de ese proceso para dar estabilidad a toda la transformación que está experimentando la Federación Rusa.
Se podía proponer alguna resolución en esa dirección y en alguna futura e inmediata reunión de Consejo de Ministros de la Comunidad se podría valorar como para poder estudiar qué posición se podía adoptar conjunta, unánime, en el seno de la Comunidad, para que ésta se erija como un cierto garante en este proceso, en estos próximos seis o siete meses, en relación con la etapa electoral que vivirá la República Rusa. No nos tiene que dar ningún recelo esa etapa que está viviendo la Federación Rusa, porque es importante valorar que es la primera vez que se van a celebrar unas elecciones de esta dimensión allí, y eso hay que valorarlo políticamente de una forma muy importante. Ahí creo que la Comunidad debería poder adoptar algunos compromisos de garantía de ese proceso, de colaboración, de seguimiento. Sería un punto importante que le trasladamos en la medida en que usted podría comprometerse con ese planteamiento y transmitirlo a la Comunidad Europea.
Quiero también, señor Presidente, decir que nuestro Grupo no ha terminado de entender la alambicada iniciativa del Grupo de Izquierda Unida. Es cierto que ha expresado algunas reflexiones que conocemos. Yo creo que tiene razón cuando se plantea dónde está la legalidad y toda su intervención ha ido dando respuesta a esa incógnita, pero yo creo que la confusión que hoy está existiendo en la Federación Rusa se fundamenta un poco en esa triple legalidad existente. Que en un futuro podamos garantizar una clarificación de esa legitimidad que debe tener siempre el poder político en un Estado democrático tiene que ser bueno. Yo pienso que las simpatías o las antipatías por las personas no deberían empañar las posiciones políticas o de los procesos y en este sentido Izquierda Unida debería madurar más esa valoración sobre los procesos y las circunstancias que se están dando en este momento en la República Rusa y no limitarlo a posibles simpatías o no sobre las personas. Yo valoro que la información les llega a ellos un poco más sosegada, es lógico que hayan roto ustedes los lazos más directos de información con esos países, pero la verdad es que yo creo que deberían ustedes profundizar un poco más, porque el proceso que está experimentando y que está abierto en estos momentos es el que tiene una trascendencia política importantísima.
Eso debería ser mucho más valorado, no intentando, a través de esta iniciativa, generar una cierta duda, porque del fondo de la intervención del portavoz de Izquierda Unida hoy se desprendían algunas dudas sobre quién es más legítimo o menos legítimo. Esto es un mal proceso que no deberíamos seguir en estas valoraciones; no nos lleva a ningún sitio ni creo que sea positivo. En cambio, deberíamos apoyar la transición hacia un proceso electoral del que creo que van a salir las garantías de todo un proceso democrático posterior.
En este sentido, señor Presidente y señor Ministro, reitero la posición de nuestro Grupo de colaboración con la posición del Gobierno en todo lo que pueda suceder en la República Rusa. La Comunidad debería en estos momentos tomar un cierto liderazgo político y no cederlo, por aquello de que no tenemos todavía Maastricht vigente ni los instrumentos que Maastricht contempla para poder generar algunas posiciones unánimes en cuanto a política exterior con más seguridad y más estabilidad, no desaprovechar las coyunturas. En definitiva, la Comunidad debería actuar políticamente con una posición unánime y con cierta posición de contundencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor representante del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. (Risas.) Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Voy a contestar al Diputado señor Homs, del Grupo parlamentario que representa.
(Risas.)

Primero, gracias por el apoyo a las seis reflexiones del Gobierno. Se lo agradezco sinceramente. Y, segundo, en relación con la iniciativa comunitaria, tomo buena nota de ella; veremos qué es lo que se puede hacer.
La Comunidad Europea ha tenido un protagonismo en la evolución de la Federación Rusa mucho más extenso e intenso de lo que, a veces por incapacidad de comunicación o porque las medallas no se las ponen siempre quienes las merecen, se ha producido. Yo les quiero decir que la Comunidad Europea es el grupo mundial que ha cooperado de una manera más intensa económicamente al desarrollo de la Federación Rusa; mucho más que Estados Unidos; mucho más que el Japón y mucho más que otros bloques o países. Es verdad que puede parecer que los que han estado ayudando más al proceso de cambio económico han sido otros y que han puesto más dinero; pues no es verdad. La máxima aportación ha sido la comunitaria y lógicamente deberíamos seguir trabajando en esa dirección de mantener un liderazgo en las relaciones con la Federación Rusa. Qué duda cabe que hay otros países muy importantes en el mundo que tienen unas relaciones muy estrechas y una preocupación grande y lógica por la evolución de la Federación Rusa, pero entiendo que la sugerencia que hace S. S. es razonable y trataremos de ver en qué forma y de qué manera se puede llevar a efecto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.


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El señor RUPEREZ RUBIO: Voy a hacer una brevísima introducción y luego tres tiempos, con los correspondientes puntos y aparte de algunas cosas que nos parecen significativas.
La brevísima introducción es que si en algo yo estoy de acuerdo, y mi Grupo, con las expresiones mantenidas por don Ramón Espasa es en que, efectivamente, la economía de mercado no trae necesariamente consigo la democracia. Tan es así que nos gustaría que el señor Solchaga, cuando vuelva a Cuba, se lo diga al señor Castro; no le vaya a engañar con el propósito de traerle una economía de mercado y que se olvide de lo demás, porque efectivamente la economía de mercado es parte de todo un sistema global. Como no siempre tengo la ocasión de estar de acuerdo con lo que dice el señor Espasa, quiero reforzar y apoyar ese tipo de impresión.
Primero, señor Ministro, nosotros estamos de acuerdo con las posturas mantenidas por el Gobierno español y por la Comunidad Económica Europea.
Estamos de acuerdo. Me parece una buena intervención la suya, en su longitud y en sus matizaciones. Estamos de acuerdo también en los condicionamientos. Estamos de acuerdo también en una visión de futuro con respecto a la evolución de la Federación Rusa. Estamos de acuerdo también en subrayar que, al fin y al cabo, lo pasado si alguna justificación o explicación puede tener lo será en función de lo que vaya haciendo el pueblo ruso cara a la cimentación, al establecimiento de sus libertades.
Desde ese punto de vista, no quiero que quede ninguna duda sobre nuestro endoso completo de esas posturas.
A partir de ese momento yo querría establecer un punto y aparte porque me parece que no sería bueno, ni política ni intelectualmente, o más bien, no sería bueno políticamente que abandonáramos, casi por sistema, como si necesitáramos pasar de puntillas sobre determinados temas no haciéndonos determinadas preguntas que están en el ánimo de todos, que están en el ánimo del Gobierno español, que están en el ánimo de los gobiernos occidentales, que están en el ánimo de todos nosotros y que tienen que ver, por una parte, con lo que es la teoría del mal menor y, por otra, con una determinada aplicación del principio pascaliano y que nos llevaría a afirmar torcidamente que la política puede llegar a tener razones que la ética no comprende o no comparte.
Reafirmando el apoyo a las razones que han llevado al Gobierno español y a los gobiernos occidentales a decir las cosas que han dicho, y que seguramente nosotros también hubiéramos dicho, sin embargo necesitan ser puestas en un contexto que nos permita, no tanto regodearnos con ningún tipo de actitud o de persona concreta o de fallo concreto, sino imaginar un futuro mejor.
Dice el señor Ministro, dice la Comunidad, dicen los Estados Unidos, dicen los aliados: ésta es la mejor de las soluciones posibles. Yo creo que es la menos mala de las soluciones posibles.
El señor Ministro tiene razón al afirmar que el Presidente Yeltsin encarna una determinada voluntad de reformas políticas y económicas que nosotros plenamente compartimos y que identificamos con la estabilidad rusa y con nuestra propia estabilidad. Se ha olvidado de un dato importante, que seguramente ha tenido mucho que ver en todo lo que ha ocurrido y en el mismo proceso de formación de la voluntad occidental, y es que el Presidente Yeltsin, aparte de, en este momento, encarnar por lo menos de una manera positiva, a lo mejor negativa, no porque sea el mejor, sino porque es el menos malo, no porque sea el mejor, sino porque es el único, además de garantizar ese proceso de reformas garantiza un cierto control sobre las armas nucleares y a nosotros nos parece esa una razón potísima, importante a tener en cuenta en la formación de un determinado proceso de voluntades. Pero dígase también parta situarlo en todo el contexto.
Es seguro que la terminante, contundente, firmísima voluntad de apoyo de los Estados Unidos a Yeltsin en este caso ha tenido que ver con ese dato más que con ninguno de los otros; también con los otros, pero seguramente menos. No es que no sea importante, no es que minimice o relativice la importancia de Yeltsin en estos momentos pero sí ayuda a situarlo en una determinada perspectiva, positiva o negativa, según se entienda.
Segundo, tenemos que entrar --por eso es importante situar el futuro y las exigencias del futuro-- en otras preguntas que no son tampoco especialmente cómodas. El Presidente Fujimori disolvió el Parlamento y nosotros, muchos más, le consideramos golpista. No se trata de abordar el tema de la legalidad o de la legitimidad, que es enormemente complicado; se trata de saber que al fin y al cabo era un Parlamento que en una determinada perspectiva --que en este momento no juzgo-- impedía una determinada voluntad de reforma. Eso es lo que ha pasado. Yo no tengo respuesta, no tenemos respuestas para ese tipo de preguntas que son, como digo incómodas, pero, como hemos estado hace un momento hablando de la necesidad de democratización de Guinea Ecuatorial y recordando a los líderes de Guinea Ecuatorial cuáles son sus obligaciones en una determinada perspectiva de obligaciones internacionales, también tendríamos que tenerlo en cuenta. No creo que, desde ese punto de vista, ni el Presidente Yeltsin, ni nadie, en ninguna parte, esté a salvo de responder a ese tipo de preguntas, por incómodas que sean.
Tercero, ha habido una postura de los Estados Unidos, como antes he dicho, de una manera total y absoluta entregada al Presidente Yeltsin que, por lo visto, ya se tutea con el Presidente de los Estados Unidos de América. (Risas.) Recordemos que cuando los países bálticos empezaron a reclamar, justa y legítimamente, su independencia, todavía bajo el mandato del Presidente Gorbachov, hubo unas intervenciones militares de tropas todavía soviéticas, rusas en cualquier caso, dependientes de Gorbachov, no sé sabe bien en qué relación de dependencia con el entonces Presidente de la todavía Unión Soviética, que provocaron, justa y legítimamente, rechazo y escándalo en todos nosotros y que produjeron, si no recuerdo mal, así como una décima parte de las víctimas humanas, de las pérdidas humanas, que se han producido en este caso. Eso lo saben perfectamente los americanos. Acabo de leer

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un excelente libro, por otra parte, del que en este momento es embajador especial estadounidense dedicado a temas rusos, señor Talbot, dedicado precisamente a narrar aquellos acontecimientos. Es otra de las preguntas incómodas a la que tenemos que responder y situar en un contexto en donde una determinada figura, en un momento concreto, produjo unos determinados destrozos humanos que, ahora, por otras razones estamos dispuestos a situar en un contexto en donde esperamos del futuro; esperemos del futuro, pero tengamos también en cuenta que las preguntas están ahí y no son siempre de fácil respuesta.
Yo creo que, al final, la comunidad internacional, los occidentales, tenemos que reivindicar, en cierto sentido, la noción geográfico-política de Occidente; tenemos que reafirmar precisamente nuestro derecho a expresarnos con claridad sobre cosas que de una manera directa nos afectan y, consiguientemente, recordar las cosas que tantas veces hemos dicho sobre la necesidad de pronunciarnos sobre aquello que ocurre en otros países y no volvernos de repente absolutamente ciegos o mudos sobre determinadas evoluciones.
Hace exactamente 48 horas ha estado en Madrid el Presidente del Comité Militar de la OTAN, un mariscal británico, y, a preguntas mías sobre la situación en Rusia, comenzó diciendo una cosa que en este momento está también muy presente en determinados medios militares y políticos de la misma Alianza Atlántica; comenzó diciendo: eso es un asunto interno ruso.
Esta idea, en la medida en que se haya podido adoptar como una línea de pensamiento, es una mala línea de pensamiento, y no traigo a colación situaciones que nos pudieran recordar cosas domésticas de su momento, sino simplemente la necesidad de situar todo ese contexto también en la necesidad de no abandonar los planteamientos que nos hemos hecho y que han conducido a que el señor Yeltsin no tenga más remedio que ser un líder comprometido con las reformas democráticas, con las reformas económicas y con la estabilidad. Yo creo que si olvidáramos todos esos datos, y seguramente otras muchas preguntas que no tienen nada que ver con la ideología pero que sí tienen que ver con una determinada noción de la estabilidad mundial, estaríamos haciéndonos un flaco servicio.
Termino, volviendo de nuevo al punto y aparte, diciendo que naturalmente nosotros apoyamos la postura del Gobierno español y de los gobiernos occidentales europeos, con todas sus matizaciones, y esperamos que esto no pase de ser nada más que un mal sueño, una determinada historia, y que dentro de pocos meses tengamos todos la satisfacción de contemplar cómo el pueblo ruso, la Federación Rusa, es un elemento más de la estabilidad que todos necesitamos, pero una estabilidad que tiene que estar basada en el respeto a determinadas normas, escritas o no escritas, que incluyen naturalmente el camino hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos y el respeto a cosas que, escritas o no escritas, están en la mente de todos, concretamente el respeto a la vida humana.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Quiero agradecer al Diputado señor Rupérez que, en nombre del Grupo Popular, haya dado su apoyo a la posición del Gobierno español y de la Comunidad Europea, y entiendo que en sus tres puntos y aparte ha dado también su apoyo a los seis puntos de reflexión que yo he hecho esta mañana, que lógicamente tiene unos matices mayores por su longitud y porque no es lo mismo hacer una declaración formal a los medios de comunicación, de tres párrafos, que poder tener una reflexión más sosegada.
Yo me formulo las mismas preguntas incómodas, y algunas más, que las que S. S. se plantea, pero creo que está en la obligación de los que tenemos responsabilidades de Gobierno tomar a veces decisiones y decisiones que coagulan en una decisión simple como respuesta a una situación compleja.
En el inicio de mi intervención yo decía que analizar el planteamiento o lo que está aconteciendo en estos días en la Federación Rusa no se puede hacer sin echar la mirada atrás y al echar la mirada atrás se da uno cuenta de la enorme complejidad del proceso; lo malo y lo desgraciado es que, a veces, una situación compleja --insisto-- tiene que coagular en una resolución que es elemental o simple, que es optar. Esto es algo que define la acción política en muchos casos y, lógicamente, en ese momento hay matices que se pierden, pero esos matices que se pierden no deben perderse para siempre; en la reflexión intelectual deben seguir presentes y, para futuros comportamientos políticos, deben formar parte del acervo común.
Me va a permitir que cite una frase de alguien que estoy seguro que S. S.
ha leído y que apreciará más que incluso al señor Talbot, que es Weber, una frase que a mí me encanta citar. Dice Weber que el comportamiento ético es como una lágrima derramada sobre la necesidad. El dolor que produce el hacer una acción necesaria en cuanto que acción para el que tiene responsabilidades, pero quizá a veces tan alejada del ideal. Hay ocasiones en las que hay que actuar y hay que hacerlo, sin duda alguna, coagulando una situación compleja en una decisión que, insisto, a veces es simple. La teoría del mal menor, lógicamente, no es la que se debe aplicar en todo momento, pero desgraciadamente hay veces en que sí hay que hacerlo.
En lo que sí establecería algún matiz de distinción en lo manifestado por S. S. es en la comparación que ha hecho con la situación en Perú; yo creo que ése no es un buen ejemplo, señoría, lo creo honestamente. Los matices que separan a Perú de la Federación Rusa, en cuanto a los comportamientos políticos de estos últimos días, merecen la pena ser subrayados; no debiéramos caer en la tentación de decir que es lo mismo.
Yo creo que el Presidente Fujimori atacó unas Cortes elegidas por sufragio universal desde hacía muchas generaciones por los ciudadanos de Perú, y honestamente creo que la legitimación del Soviet Supremo de la Federación

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Rusa es una legitimación distinta. Las elecciones de 1990 se hacen con la Constitución de 1976 ó 1978, de Brézhnev, y aunque es verdad que se ha ido modificando no estoy seguro de que alguna de las decisiones que se han tomado vayan en la dirección que S. S. apuntaba, y lo digo al hilo de la segunda reflexión que S. S. hace. Usted sabe que el Soviet Supremo era el que en estos momentos estaba paralizando cualquier acuerdo de desarme internacional; los dos acuerdos firmados por el señor Yeltsin y el señor Bush están en el proceso de no poderse poner en marcha porque el Soviet Supremo no quería ratificar esos planteamientos; por tanto, hay unas responsabilidades en el Soviet Supremo, en la dirección que S. S.
apuntaba de la paz mundial, del desarme mundial, que, sin duda, están en ese lado.
En lo que sí estaría de acuerdo con S. S. es en un elemento fundamental, que creo haber puesto de manifiesto en los seis puntos que he señalado --si no lo he hecho de forma determinante sí lo quiero hacer ahora--, y es en la garantía y el control de las armas nucleares, que es un tema importantísimo y que, lógicamente, es algo que nos debe importar y muchísimo a todos. Y, ciertamente, el comportamiento del Soviet Supremo en los últimos seis meses, en relación con las armas nucleares no era bueno, era más bien inquietante, lo mismo que lo ha sido en relación con la República de Crimea, que también nos ha producido una cierta preocupación.
En mi primera intervención, o al menos en la que he tenido sobre Guinea, sin ser tan explícito como S. S., sí he querido dejar constancia de que, a veces, es verdad que exigimos parámetros duros en circunstancias muy difíciles --siempre que se exigen parámetros que son duros de exigir es porque la situación es difícil--, pero a veces también es verdad que no tenemos sentido de la medida en cuanto a lo que pedimos a unos u otros.
Yo lo he querido poner de manifiesto en mi primera intervención, aunque quizá de una forma no tan explícita como S. S.
En cuanto a la tercera cuestión, desde luego nos debemos expresar con claridad sobre lo que nos afecta, sin ninguna duda. Nos tenemos que expresar con responsabilidad y teniendo en cuenta que no solamente tenemos que defender los intereses de España, sino que también tenemos que defender los intereses de la Comunidad Europea, de la que formamos parte; hay que hacer compatible lo uno con lo otro. Normalmente es muy fácil hacerlo, si bien puede haber momentos en que no lo sea, pero hasta el momento, afortunadamente, ha sido siempre compatible.
Termino, de la misma manera que S. S., haciendo una reflexión sobre el primer punto. Estoy muy satisfecho de que exista un acuerdo con el planteamiento del Gobierno y con las reflexiones que yo he hecho esta mañana en nombre del Gobierno, que son las que nos hubiese gustado hacer con mayor tiempo en momentos en que desgraciadamente hay que hacer unas declaraciones mucho más contundentes, mucho más breves y, por tanto, con muchos menos matices, pero para esto está el Parlamento, para poder explicar las cosas. Yo creo que lo hemos hecho en un tiempo relativamente breve y me alegro mucho de que haya sido posible la convocatoria de hoy de esta Comisión, donde hemos podido disipar algunos malentendidos o algunas malas informaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Ante todo, quiero agradecer, en nombre del Grupo Socialista, las palabras del señor Ministro y, al mismo tiempo, expresar el apoyo de mi Grupo a la posición mantenida por el Gobierno español, en concordancia con la Comunidad Europea.
Estamos ante una situación que es compleja y de su propia complejidad se deriva la complejidad del juicio del análisis. Evidentemente, como algunos portavoces han expresado anteriormente, nos encontramos ante una situación de conflicto de legitimidades, pero no un simple conflicto en el plano de lo teórico, ni en el plano siquiera de las discrepancias más o menos diletantes, sino de un bloqueo total en un país en crisis, lo cual acrecienta, sin duda, las características de gravedad de lo que puede suponer ese bloqueo.
No creo que sea el momento, ni tampoco me parece que fuese un ejercicio útil ahora entrar a discernir sobre la procedencia, la originalidad democrática o no de cada una de esas legitimidades, pero, como valoración política, quizás no esté mal recordar que la legitimidad en la que se ampara la elección del Presidente Yeltsin tiene la garantía de la soberanía popular de que carecen en ese sentido otras legitimidades. Pero no quiero en ese sentido entrar ahora en unas valoraciones de tipo jurídico en cuanto a legitimidades, sino simplemente hacer un análisis de carácter político, en cuanto al referendo electoral que garantiza una de ellas.
La insistencia del señor Ministro en la conveniencia de reflexionar sobre la naturaleza del bloqueo en que se encontraba la situación en Rusia me parece que es un elemento importante e interesante para reflexionar.
Independientemente de que en los pasos precedentes --y creo que ahora tampoco es el momento de hacer la historia de esa situación-- alguna de las partes haya podido realizar más esfuerzos por llegar a una situación más de concordia y otra de las partes haya debido realizar muchos menos esfuerzos en poner obstáculos, independientemente de que en todo ese proceso pueda haber debes y haberes en unos y en otros, yo estoy totalmente convencido --como en la intervención del señor Ministro se ha puesto de manifiesto-- de que la responsabilidad en la acumulación de obstáculos por parte de los representantes del Parlamento era una constante, mantenida persistente y pertinazmente durante largo tiempo, que estaba agravando no sólo la situación política desde el punto de vista de las instituciones, sino también la confianza en la situación y en la recuperación económica del país.
Por tanto, cuando se llega a una situación en la que el bloqueo es total, esto no es simplemente un ejercicio de palabras; cuando hay un bloqueo total, ese bloqueo no se resuelve por la síntesis de los elementos que forman parte

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de la situación. Desgraciadamente, si se quiere, pero por la propia naturaleza de las cosas, cuando el bloqueo es total, el resultado no es la síntesis, sino la emergencia de una legitimidad sobre las otras. Son los hechos los que dictaminan eso así; se ha llegado a una situación en la que no cabe una posición de síntesis ecléctica, porque los acontecimientos precedentes lo han demostrado.
Evidentemente, cuando se llega a una situación así, en la que ha emergido una legitimidad sobre otra y no se ha podido conseguir una mínima síntesis, todos nos sentimos un tanto incómodos. Tiene razón el señor Ministro, las preguntas a las que hacía referencia el representante del Grupo Popular y a las que el propio señor Ministro también aludía.
Lógicamente, esto produce algunas incomodidades, incomodidades que se acrecientan si, además, la salida va acompañada del uso de la fuerza o de víctimas, como las que se han producido en esta situación. Nos encontramos ante una de esas situaciones que, en cierta manera, están cargadas de indeseabilidad y, al mismo tiempo, cargadas de inevitabilidad. Ante esas situaciones hay que optar, pues no nos podemos quedar en el dilema de decir que ante la incomodidad, la indeseabilidad y la inevitabilidad, no tomo postura. Yo creo que sí hay que tomar postura y en ese sentido me parece muy acertada la opción que la Comunidad Europea y el Gobierno español han realizado sobre la cuestión, por cinco razones, y las diré muy rápidamente, aunque algunas de ellas ya se han expresado aquí por parte del señor Ministro y de algunos representantes de distintos grupos.
En primer lugar, la opción que ha tomado la Comunidad y España de apoyo al proceso de reformas encarnado en la actual dirección política es la que mejor, sin duda, evita el desencadenamiento de un enfrentamiento civil de consecuencias absolutamente alarmantes. Si nos imaginamos el previsible escenario que pudiese haber resultado de una victoria o de una imposición de la legitimidad parlamentaria, por decirlo de alguna manera, con lo que conllevaba de amalgama de distintas fuerzas muy disolventes entre sí, muy contrarias entre sí y absolutamente carentes de homogeneidad, con los obstáculos al proceso de reformas de las que estaban preñadas muchas de esas fuerzas políticas, con los problemas en torno al mantenimiento de la seguridad internacional, en torno al desarme y en torno a la cuestión nuclear, yo creo que el escenario del predominio de la otra legitimidad hubiese sido infinitamente peor, desde el punto de vista de la estabilidad democrática del país.
En segundo lugar, la opción por la que se ha dado aval y apoyo es la única que garantiza que no va a haber una marcha atrás en el proceso de reformas emprendido, de reformas económicas y de reformas políticas. En ese sentido, los ciudadanos rusos y, al mismo tiempo, toda Europa y la comunidad internacional han hecho una apuesta muy seria por un proceso de reformas. Yo creo que quedaba muy claro ante esta situación que el proceso de reformas sólo quedaba asegurado, como decía el señor Ministro, en lo económico a una velocidad más matizada que la de crucero, que, en un principio, parecía que podía llevar el Presidente Yeltsin y que la Comunidad, como usted ha dicho, matiza en el sentido de que hay que graduarla y adaptarla a las resistencias de la población civil y a las capacidades de adaptación. Pero, indudablemente, proceso de reformas económicas y políticas que sólo estaba asegurado dentro del marco de la opción que han hecho España y la Comunidad Europea.
En tercer lugar, ya he hecho referencia al tema de la seguridad, desde el punto de vista de desarme y de seguridad en materia nuclear. Me parece que es un elemento que no es baladí en absoluto y que también queda totalmente asegurado frente a la otra inseguridad dentro de la opción que se ha realizado.
Luego hay otro elemento, que el señor Ministro ha reflejado, en relación con el Ejército. Los acontecimientos han venido a demostrar que esta es la opción que garantiza mejor una unidad y homogeneidad dentro del ejército y la que no propicia una división interna dentro del Ejército.
La otra tenía mucho más riesgo de haber creado una división profunda dentro de las Fuerzas Armadas. Esto, que en todo país es una situación delicada y grave, en la situación de Rusia es todavía mucho mayor. No hace demasiado tiempo leía el comentario de un prestigioso analista internacional que, refiriéndose a la situación de crisis de la Federación Rusa, venía a decir que de la misma manera que había países sin Ejército --pocos--, también había ejércitos sin países, y se refería a Rusia. Yo no es que comparta esta afirmación ni la haga mía en su literalidad, pero indudablemente lo que quería decir es que el peso de una institución como el ejército ruso, dentro de una sociedad en crisis en este momento, muy desvertebrada, con graves retos que superar todavía, es un elemento importante a considerar. Por tanto, creo que mantener la unidad del Ejército y, al mismo tiempo, mantenerlo leal al poder establecido, al poder presidencial, es un elemento muy importante a tener en cuenta.
El riesgo de cualquier otra opción distinta a la que ha optado la Comunidad Europea y España hubiese supuesto una mayor debilidad interna y externa y hubiese generado, a mi juicio, una dispersión y una desintegración, desde el punto de vista de los nacionalismos, que hubiesen llevado a un escenario absolutamente indeseable.
Asimismo, quiero poner el acento en algo que puede parecer una obviedad, pero que no me parece oportuno, en la medida en que venimos reclamando desde hace mucho tiempo las actuaciones unitarias europeas en materia de política exterior por parte de la Comunidad. En este caso nos encontramos con un ejemplo de voz única de Europa, lo cual es importante que se ponga de manifiesto. La reacción de la Comunidad Europea ha sido uniforme, rápida, inmediata, lo cual demuestra cohesión en los planteamientos y, al mismo tiempo, reflejos rápidos en la toma de decisiones sobre una situación grave. Me parece que son elementos positivos que dicen en favor de la construcción de una identidad futura que se va haciendo en un proceso en torno a una política exterior y de seguridad común.
Finalmente, hago mías las palabras del señor Ministro cuando decía que lo esencial de todo este proceso es asegurar la salida democrática y que el apoyo que la

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Comunidad presta es vigilante, en la medida en que el comunicado es explícito en que hay un respaldo para una convocatoria de elecciones, de elecciones libres y con todas las garantías de libertad.
Quiero decir, por tanto, que me parece que, independientemente de toda la carga de dificultad que ha tenido el tema por la complejidad que supone siempre la ruptura de un bloqueo que no ha sido posible sintetizar y, al mismo tiempo, por las dificultades y las incomodidades que crea que esa ruptura se haya visto acompañada del uso de la fuerza, como se ha visto, independientemente de esas situaciones, Europa y España estaban lógicamente en la obligación de tener que tomar una posición y tener que optar. Yo creo que ha adoptado la correcta y, por todas las razones que he mencionado, simplemente, una vez más, quiero mostrar el apoyo de mi Grupo a la posición que ha manifestado el señor Ministro esta mañana.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Por cortesía parlamentaria voy a pronunciar unas palabras para agradecer al Diputado señor Moya el apoyo y la comprensión de la posición del Gobierno y de la Comunidad Europea.
Diré una palabra más, sin intentar complicar el debate pero por hacer una reflexión que a veces se nos escapa. El Soviet Supremo, el Parlamento de la Federación Rusa, no es equiparable a los parlamentos que conocemos en la Comunidad Europea. No es equiparable desde cualquier legitimación que se mire ni incluso desde la Constitución actual y vigente.
Yo creo que tiene interés volver a leer el artículo 103 de la Constitución en vigor. La Constitución en vigor tiene un artículo 103 donde da todo el poder al Parlamento, todo el poder para el Soviet, que era una frase hermosa en su momento, deteriorada con el transcurso del tiempo y seguramente indeseable e inaplicable hoy. Eso es lo que ha pasado en los últimos meses. Ese Soviet, ese parlamento tiene Fuerzas de Seguridad, tiene empresas, hace nombramientos en el Estado; no es lo que entendemos nosotros por la representación popular, incluso partiendo de la base de que las elecciones de 1990 hubieran tenido una legitimidad mayor de la que tuvieron.
La interpretación que se da del artículo 103 de la Constitución por parte del señor Jasbulátov ha ido en esa dirección, en la dirección de ir construyendo un contrapoder total en el sentido clásico. Hay algunas declaraciones, incluso algunos artículos del Presidente del Parlamento, el señor Jasbulátov, clarísimos en los que se ve cómo interpreta el artículo 103 de la Constitución, que se contradice con el artículo cuarto --creo-- de la propia Constitución, donde habla de la división de poderes. El artículo 103 es clarísimo: el órgano supremo del poder es el Soviet. Lo han querido aplicar y eso llevaba a una confrontación que era imposible de saldar por la vía del consenso; tal era el bloqueo que se había producido. Esos son elementos para una reflexión que desgraciadamente no resuelve la situación de hoy, pero nos puede ayudar a pensar en la salida y sobre todo en los acontecimientos del mañana.


El señor PRESIDENTE: Acaba aquí el punto del orden del día que era la comparecencia del señor Ministro.
Propongo a la Comisión una breve pausa de diez minutos, después de los cuales seguiremos con el orden del día. Es un orden del día extenso y conviene que repongamos fuerzas. (Pausa.)

Se reanuda la sesión.


--PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ACTUAR COMO PARTE SOLIDARIA EN EL PROCESO JUDICIAL ABIERTO EN CHILE POR EL ASESINATO DEL CIUDADANO ESPAÑOL CARMELO SORIA Y MATA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000016.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la segunda parte de la sesión, después de esta interrupción.
Empezamos con la discusión del punto 6, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a actuar como parte solidaria en el proceso judicial abierto en Chile por el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria y Mata. Existen enmiendas a esta proposición no de ley.
La señora Maestro tiene la palabra.


La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, intervengo para exponer los argumentos que han llevado a mi Grupo a plantear esta proposición no de ley.
El asunto, como ha dicho el señor Presidente, se refiere al asesinato en Chile, en el año 1976, del funcionario internacional Carmelo Soria, ciudadano español.
Esta persona nace en Madrid, en el año 1921, en la calle Alfonso XII, número 8, distrito del Congreso. Insisto en ello porque es el argumento que algunas veces ha sido objeto de duda acerca del carácter de ciudadano español de esta persona. Asimismo, da la coincidencia de que es nieto del urbanista Arturo Soria y Mata.
Carmelo Soria fue secretario general de la Federación Universitaria Española y viajó a Chile en el año 1946 a recabar ayudas para esta organización universitaria.
A partir de esta circunstancia permanece en Chile ante la detención en España, en el marco de la dictadura, de la mesa directiva, entre ellos de personas significativas como Nicolás Sánchez Albornoz.
Carmelo Soria permanece en Chile. Ingresa a trabajar en Naciones Unidas, en la FAO, en el año 1960, y en el año 1965 es contratado como funcionario internacional

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de CEPAL y trabaja en el centro latinoamericano de demografía como jefe de la sección editorial. Estos hechos son los que hacen que, en virtud del convenio del Gobierno de Chile con CEPAL, se le confiere condición diplomática a los funcionarios internacionales.
Esta persona vuelve a trabajar en CEPAL en el año 1972, y, como saben todos ustedes, en el año 1973 se produce el golpe militar en Chile, y el 14 de julio de 1976 es asesinado. La familia abre un proceso, que es sobreseído con el dictamen de homicidios por terceros no habido en el año 1979.
Previamente, en Chile, bajo la dictadura del General Pinochet, se establece una ley de amnistía por la cual quedan excluidos de toda posibilidad de proceso judicial cualquier asesinato o desaparición que se produzca en Chile, excepto los hechos en los que los afectados fueran diplomáticos y evidentemente casos posteriores.
En 1991, restablecida la democracia en Chile, el Gobierno nombra la Comisión Rettig de la Verdad y la Reconciliación, en la que van a declarar familiares de detenidos y desaparecidos.
En función de la calidad de doble nacionalidad, española y chilena, de Carmelo Soria, y de la inmunidad diplomática a que estaba afecta la misma persona, el abogado de la familia pide y obtiene el nombramiento de un ministro en visita, que es una especie de juez instructor especial que acelera el proceso.
El caso sigue abierto en este momento, y se ha visto enriquecido con declaraciones como las que van a tener ustedes la oportunidad de ver en la pantalla del ex agente de la DINA chilena, de la policía secreta de Pinochet, en las cuales aparecen implicados altos cargos militares de la dictadura chilena directamente en el asesinato de Carmelo Soria, que se produce en su casa.
En el curso de mi intervención quería reclamar su atención para que visualicen dos minutos de las declaraciones de Michael Vernon Townley en un programa emitido en este mes de agosto en la televisión chilena, y en el que, como van a ver, relata las circunstancias concretas en las que se produjo el asesinato. (Se proyectan en la pantalla de vídeo las imágenes a que hace referencia la señora Maestro Martín.) Muchas gracias por su atención. Quería continuar brevemente con la argumentación.
Les recuerdo que el proceso por los asesinatos de Orlando Leterier y de Carmelo Soria son los únicos que escapan a la Ley de amnistía dictada por Pinochet en el año 1978, y que, por tanto, los dos procesos abiertos son procesos evidentemente a la DINA, a la dictadura de Pinochet y a la época en que actuó.
En este vídeo, que no se lo voy a exponer porque no tengo tiempo, aparece y relata la misma persona, Michael Townley, la vinculación de estos hechos con el asesinato del ex comandante en jefe del ejército chileno, Carlos Prats, en Buenos Aires en 1974, y el atentado al dirigente democratacristiano italiano, Bernardo Leiton, en Roma, en 1975, en el que la DINA chilena actúa en vinculación con comandos ultraderechistas italianos.
La vinculación de Townley con la DINA --quiero exponer esto porque justifica las circunstancias especiales en las que se está produciendo este proceso-- supone la relación directa con el asesinato de Manuel Contreras, general retirado y jefe máximo de la DINA, y de Pedro Espinosa, brigadier en activo. Esta última persona, Pedro Espinosa, es quien relata en otro momento, en el exhorto que se realiza a Michael Townley, que da personalmente la orden de matar a Carmelo Soria. Quien pidió a Townley recibirlo en su casa fue el Comandante Iturriaga, jefe de la Brigada Mulchen, hoy General retirado; quien conducía el coche era Juan Delmás, Mayor del Ejército; quien iba sentado junto a Carmelo Soria era Guillermo Salinas, Coronel del Ejército en activo, y otras personas directamente vinculadas con la Brigada Mulchen son Jaime Lepe de Orellana, Secretario General del Ejército, y Francisco Quilot Palma, en este momento edecán personal de Pinochet.
Hay que señalar que, dentro de las dificilísimas circunstancias en las que se produce este proceso, un dato que les incorporo es que el exhorto enviado por la justicia chilena a Estados Unidos, dirigido a los ex agentes de la DINA Townley y Armando Fernández Larios, que se produjo en octubre de 1992, aún no ha llegado a manos de la jueza instructora.
En la proposición no de ley de Izquierda Unida se solicita que el Gobierno español actúe como parte solidaria en el proceso como garantía de la independencia de la jurisdicción chilena. Según mi información, el Derecho internacional aplicable a este caso sólo plantea esa figura jurídica de actuar como parte en el juicio, que, por otro lado, tiene precedentes directos en el caso del Gobierno de Estados Unidos, que actúa como parte en el juicio por el asesinato de la ciudadana norteamericana Ronnie Muphit, que muere con Orlando Letelier en el asesinato perpetrado por las mismas personas. Otras figuras jurídicas que el Derecho internacional prevé, como la reclamación internacional en el ejercicio de la protección diplomática, en opinión de nuestro Grupo no son aplicables al caso, dada la condición de doble nacionalidad, es decir, de nacionalidad chilena, por lo que esta figura sería contemplada como una injerencia en asuntos internos.
Colectivos prestigiosos, como Jueces por la Democracia, han manifestado su preocupación por la petición de inhibición a la jurisdicción militar del procedimiento penal seguido por la jurisdicción ordinaria en este caso, y ante la posibilidad --estoy leyendo textualmente la carta-- de que la independencia judicial del órgano decisor pueda verse afectada por instancias «de facto» interesadas en que no se llegue al fondo de la investigación de los hechos.
Los informes de la Comisión Rettig de la Verdad y la Reconciliación también han sido tratados por el Parlamento Europeo en su sesión del 14 de marzo de 1991, en la cual expresa su apoyo al Presidente Alwyn y a las fuerzas democráticas que sostienen al Gobierno en la prosecución de la tarea de depurar las responsabilidades originadas por los crímenes cometidos por la dictadura, y aplaude la valentía y el sentido de la justicia y la firmeza que han demostrado tanto el Gobierno de Chile como los

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componentes de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación.
Asimismo, el Parlamento Europeo insta al Congreso chileno a adoptar leyes que permitan someter a las Fuerzas Armadas y sus mandatarios al poder civil legitimado por el voto popular.
En este momento, nosotros entendemos que al Gobierno español le corresponde, en el caso del asesinato de nuestro compatriota Carmelo Soria, agotar las instancias legales que el Derecho internacional y la propia legislación chilena prevén para que ningún poder fáctico, en este caso militar, obstaculicen la plena realización de la justicia en la identificación de los culpables de su asesinato, objetivo, a mi juicio, íntimamente vinculado a la consolidación y al desarrollo de la democracia chilena.


El señor PRESIDENTE: Se han presentado a esta proposición no de ley tres enmiendas: una enmienda de sustitución, firmada por el Grupo Parlamentario Socialista; una enmienda de supresión de un párrafo importante, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y una enmienda de adición, que propone añadir un nuevo párrafo, también presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para defender estas enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señoras y señores Diputados, con toda brevedad, porque la señora Maestro ha hecho una exposición bastante completa de la situación, y además yo creo que, después de lo que hemos visto aquí, una imagen vale más que mil palabras.
Mi Grupo está completamente de acuerdo, coincide plenamente con la valoración de los hechos y con los objetivos que plantea esta proposición no de ley. Los hechos son que durante los peores años de la dictadura chilena un ciudadano español fue asesinado; los hechos son que, mientras esta dictadura se mantuvo, no hubo forma de esclarecer, de investigar esta situación; los hechos son que, con la instauración en Chile de un Gobierno civil que responde a parámetros democráticos, se ha podido reabrir este proceso, y lo que todos queremos --y en eso coincidimos plenamente con la proposición no de ley-- es que se esclarezcan plenamente las circunstancias en las que se produjo este asesinato, que se identifique a los culpables, que sean castigados de acuerdo con el Derecho penal chileno y de acuerdo con la ley internacional, y lo que todos queremos, y mandatamos a nuestro Gobierno para ello, es que se desarrollen cuantas acciones se consideren necesarias para el fin de conseguirlo, todo ello dentro del marco de las normas y de los usos del Derecho internacional, sin excluir ninguna, sin excluir, por supuesto, aquella a la que se refiere la señora Maestro, que es la de actuación como parte solidaria, pero sin cerrar tampoco este mandato, sino permitiendo la posibilidad de otras actuaciones.
Por tanto, señor Presidente, nuestra enmienda se refiere más a los medios a utilizar que a los objetivos que se pretenden. Nosotros consideramos que es preferible que demos al Gobierno un mandato más abierto, que permita utilizar por parte del Gobierno todo el elenco de posibilidades de actuación que tiene, no solamente la actuación como parte acusadora en el proceso, sino también otras, y que las utilice en la forma que considere más oportuna para conseguir los objetivos que pretendemos.
Para justificar esta enmienda, señor Presidente, yo quiero recordar algo que conviene que todos sepamos, y es que el Gobierno español no ha esperado a que el Parlamento apruebe esta proposición no de ley para actuar, el Gobierno español está actuando en este tema fundamentalmente a través de dos momentos muy concretos.
Para empezar, y ya desde principios de 1991, cuando se reabrió el proceso, el Gobierno ha estado presente como observador permanente en todas las fases del mismo, mediante la presencia del Cónsul General de España en Santiago de Chile; en segundo lugar, y ya más recientemente, ante la inminencia de una decisión por parte de la Corte Suprema --como ha dicho la señora Maestro, aquí nos encontramos con un conflicto de jurisdicciones-- sobre si será la jurisdicción militar o la jurisdicción ordinaria la que decida sobre este tema, el Gobierno envió a Chile al Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, don José Antonio Pastor Ridruejo, quien tuvo la oportunidad de exponer la posición del Gobierno al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Justicia e Interior, al Presidente de la Corte Suprema y a la Ministra en visita doña Violeta Guzmán, y les expuso con toda claridad el interés español por que el proceso siga los cauces de la jurisdicción ordinaria, evitando así su traslado a la jurisdicción militar, que seguramente aplicará la amnistía sobre el caso sin identificar a los culpables, y esto creemos, señor Presidente, que no puede suceder. También se entrevistó con el Fiscal militar, General Torres, a quien hizo ver el interés del Gobierno español en este caso.
Por consiguiente, hay ya unas actuaciones; podemos tener la garantía de que con la proposición no de ley que vamos a aprobar estas acciones van a continuar, y nuestra enmienda, como he dicho anteriormente, señor Presidente, lo único que pretende es ampliar el abanico de posibilidades de actuación, incluyendo las presiones diplomáticas, que se puedan realizar en esta materia.
Por último, está claro, y todos lo tenemos muy en cuenta, que esta Comisión, posteriormente, siempre podrá pedir la comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores para que nos explique de qué manera ha cumplido el mandato que aquí le damos. Se trata, pues, de una enmienda perfectamente razonable, y no creo que haya dudas por parte del Grupo proponente para aceptarla.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.


El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, nuestro Grupo entiende que ha habido, efectivamente, una violación general de los derechos humanos --del derecho a la vida, que es el principal de ellos-- de un súbdito español en el asesinato de don Carmelo Soria Mata, y

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apoya, por tanto, la petición al Gobierno para que actúe como parte solidaria en el proceso judicial abierto en Chile, lo cual, afortunadamente, tiene precedentes ya, pues es el obligación del Estado proteger a los súbditos, tanto frente a actuaciones arbitrarias de otros Estados como en situaciones de delito común. Sin embargo, nosotros pensamos que el objetivo perseguido por la proposición no de ley se alcanza perfectamente sin necesidad de las adiciones ulteriores que, entendidas como juicios de valor, bien pudiesen alterar el normal funcionamiento de las relaciones entre España y Chile. Por eso hemos presentado una enmienda de supresión para que la proposición no de ley rece con el siguiente tenor: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar como parte solidaria en el proceso judicial abierto en Chile por el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria y Mata, dadas las condiciones en que se produjo el mismo. Punto final. Pediríamos al grupo proponente que lo tomase en consideración.
Hemos propuesto también un nuevo párrafo a la proposición no de ley que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actuar como parte solidaria en todos aquellos procesos judiciales abiertos en el extranjero como consecuencia de atentados contra la integridad física o patrimonial de sus súbditos y que se hayan producido en clara violación de lo dispuesto en los pactos y documentos internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte. La justificación es la siguiente: de esta manera se obtiene que la plausible actitud del Gobierno español, al interesarse por la vida y los intereses de los españoles en el extranjero, no quede circunscrita a un solo caso y, por el contrario, adquiera carácter de generalidad. Pedimos al grupo proponente, por supuesto, que acepte esta enmienda. En el caso de que no la aceptase (nosotros esperamos que la acepte demostrando así que su actuación en relación con el caso que nos ocupa no es una actuación meramente ideológica), nuestro grupo, en el caso de que no se acepte, ya digo, sin alterar el sentido del voto tomará las medidas oportunas y presentará una proposición no de ley a este respecto.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. Muy brevemente para manifestar nuestra adhesión como grupo parlamentario a la iniciativa que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida en relación con los sucesos que terminaron con la vida del ciudadano español Carmelo Soria y Mata y decirle al grupo proponente que compartimos su preocupación, motivación y el ánimo que les ha llevado a presentar la proposición en esta Cámara para que sea votada en esta Comisión y manifestar que en la medida en que sea aceptada la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista nuestro grupo también vería bien adherirse a la propuesta de redacción que nos propone dicho Grupo Parlamentario Socialista.
En suma nos parece correcto que en este proceso se plantee a esta Cámara, que instemos al Gobierno a que actúe como parte solidaria en ese proceso judicial y si por los hechos sucedidos y la trayectoria que ya tiene parecería más oportuno no instarle a que actúe como parte solidaria, sino instarle a que actúe en las diferentes fases del proceso penal ante la jurisdicción chilena, nos parecería también oportuna. Por tanto, si es aceptada esa enmienda por parte del grupo proponente nuestro grupo dará su voto favorable a la misma.
En relación con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular queremos expresar que no es discordante la primera con la presentada por los demás grupos y por el propio grupo proponente. No vemos discrepancia fundamental aunque sobre la segunda sí quisiera, señor Presidente, expresar que la propuesta de añadir un nuevo párrafo a esta proposición no de ley le da un carácter muy genérico a lo que es un propósito muy puntual y específico. Yo creo que no debiéramos desnaturalizar la iniciativa despersonalizándola y situándola en un contexto más general. Esta es una decisión que tomará el Congreso de los Diputados en relación con el caso del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria y Mata, no sobre otras cuestiones. Creo que sería bueno que lo hiciéramos sobre este proceso y este caso.
No quisiera manifestar mi oposición al contenido de lo que propone el Grupo Popular pero sí decirle que eso sería más objeto de una iniciativa posterior que, en todo caso, podría ser también contemplada por esta Comisión. Si lo hiciera el grupo proponente, creo que debiera reflexionar sobre si hemos de comprometernos con este carácter tan absoluto y genérico al respecto mandatando al Gobierno a que actúe siempre como parte solidaria en todos los procesos judiciales abiertos en el extranjero, porque podría haber alguno --no quiero expresarlo ni comentarlo-- en el que no debiéramos pedir al Gobierno que actuara de esa forma.
No obstante, señor Presidente, quisiera recabar la atención de la Comisión para que nos pronunciáramos estrictamente sobre la iniciativa que nos plantea el Grupo de Izquierda Unida y sobre la petición concreta que nos formula en relación con el proceso que terminó, en su día, con la vida del ciudadano español Carmelo Soria y Mata.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el grupo proponente para decir si acepta o no alguna de las enmiendas.


La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, quiero agradecer a los grupos la presentación de las enmiendas y para manifestar a continuación que en relación con las enmiendas del Grupo Popular entendemos que el hecho de que en el texto concreto de la proposición no de ley se aluda explícitamente a las circunstancias en las que se produjo es lo que diferencia el objetivo político que tiene Izquierda Unida en la presentación de esta

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proposición no de ley de lo que plantea el Grupo Popular. Es decir, sin negar de ninguna manera la posibilidad, que seguro tendrá que producirse, de que el Gobierno español deba actuar como parte en otros procesos, no queda fuera de la voluntad política de nuestro grupo negar esa posibilidad, nosotros entendemos que este es un caso muy especial en el que inciden unas circunstancias muy concretas, tanto por el carácter de la persona, por la situación jurídica que en estos momentos vive Chile con la ley de amnistía, como por la envergadura de los cargos que ocupan las personas presuntamente implicadas.
En ese sentido y coincidiendo con las valoraciones que hace el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) nuestro grupo, sin negar que pudiera ser objeto de las actuaciones que plantea el Grupo Popular, desde luego sobrepasan nuestro objetivo político el hacer extensiva a todos los casos la actuación del Gobierno como parte solidaria. En este caso no aceptaríamos las enmiendas del Grupo Popular, como digo, no porque estemos frontalmente en contra, sino porque sobrepasan claramente el objetivo político de nuestro grupo.
En relación con la enmienda del Grupo Socialista he dicho en mi intervención que en las consultas realizadas por nuestro grupo en materia de Derecho internacional no parece que dentro del caso que nos ocupa haya otras figuras diferentes de la de actuar como parte solidaria en el juicio.
En cualquier caso nuestro grupo que tiene como objetivo fundamental que la presión del Gobierno español aumente sobre Chile en el sentido de garantizar la independencia jurisdiccional, va a aceptar la enmienda del Grupo Socialista tanto en el texto como en el espíritu que ha indicado el señor Jover, en el sentido de que no se excluye esta posibilidad, sino que se contemplan otras posibles que a nuestro grupo no le parece que existan, pero que si existieran está dispuesto a apoyar al Gobierno en este caso.
Quiero terminar con una petición «in voce» al Presidente de la Comisión solicitándole que el resultado de la proposición no de ley, con la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, tal y como hizo el Parlamento Europeo en la sesión a la que me he referido, pueda ser enviada por la propia Comisión al Congreso, al Senado, al Gobierno chileno y a la Corte Suprema de Justicia, como expresión concreta de la voluntad política de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Así se hará si resulta aprobada.
Vamos a someter, por consiguiente, a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con el texto de la enmienda de sustitución propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista cuyo tenor es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice las actuaciones que sean necesarias para conseguir el total esclarecimiento de las circunstancias en que se produce el asesinato del señor don Carmelo Soria, funcionario internacional de la CEPAL, y ciudadano español, haciéndose presente en las diferentes fases del proceso penal que se ha de seguir ante la jurisdicción chilena en la forma que se considere más oportuna, todo ello con la finalidad de colaborar al desarrollo y la consolidación de la democracia en Chile.
Este es el texto, por consiguiente, que se somete a votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


DICTAMENES SOBRE:

--CODIGO EUROPEO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 16 DE ABRIL de 1964. (Número de expediente 110/000001.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día: Dictámenes sobre una serie de acuerdos, convenciones y protocolos. Tan sólo ha sido presentada una enmienda a la Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, que figura en décimo lugar, pero no veo que esté en la sala el proponente de la enmienda ni ningún representante del Grupo Mixto; por consiguiente, entiendo que queda decaída, a menos que se presente su proponente justo en el momento en que vayamos a votarla.
Procedemos por parte a la discusión y votación de los distintos dictámenes.
Código Europeo de la Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16 de abril de 1964. ¿Alguna intervención? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señor Presidente, para decir que vamos a votar afirmativamente este Código Europeo de Seguridad Social, originariamente del año 1964, hecho en Estrasburgo, por entender, en primer lugar, que armoniza en este momento las políticas de prestación, aceptándose por vez primera por parte de España las tablas actualizadas de los pagos periódicos a los beneficiarios de todas las disposiciones que se enumeran en el presente código, y sobre todo porque estimula a los países signatarios a desarrollar más su sistema de Seguridad Social, así como a armonizar, sobre todo, las cargas sociales, como se refleja en las tablas, ya que la disparidad que muchas veces se daba hacía que los trabajadores españoles en Holanda, en Francia, en el Reino Unido de la Gran Bretaña o en Suiza, por poner unos ejemplos, mantuviesen siempre contenciosos y recursos por no existir unas tablas de prestaciones con los coeficientes. Como incluso ha prestado su conformidad la Oficina Internacional de Trabajo, nos parece un código completo que ya era hora que España

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pudiera signar, con todas las garantías jurídicas, en el principio de hacer extensivo este estado de seguridad jurídica a los trabajadores de cualquier parte que estén en otro país, en este caso los españoles que residen en los países europeos signatarios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: El Código de Seguridad Social se aprobó el 16 de abril de 1964, entrando en vigor en marzo de 1968 y habiendo sido ratificado ya por todos los estados miembros de la Comunidad Europea, excepto España.
Entendemos que este código tiene como objetivo favorecer el progreso social, animando a todos los estados miembros del Consejo de Europa a desarrollar su sistema de Seguridad Social. En realidad está relacionado con la Carta Social Europea y con el Convenio 102 de la OIT, sobre Normas Mínimas de Seguridad Social, del año 1952, ya ratificado por España.
Lo que se pretende en este código --como ha dicho mi compañero-- es armonizar la cobertura social entre los países europeos, extender esa cobertura a la población residente y mejorar el nivel de protección respecto de la norma mínima definida en el Convenio 102 de la OIT. El contenido, en el que no vamos a entrar, se reparte en dos bloques. El primero de ellos atiende a las cuestiones de obligada aplicación, y en este bloque habría que destacar el artículo 65, en su parte 11.ª, que recoge el sistema para calcular los pagos periódicos que determinen la cuantía de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. El segundo bloque establece las partes opcionales, en las que se recogen las prestaciones de la Seguridad Social, es decir, asistencia médica, prestaciones económicas por enfermedad, prestación por paro, prestaciones por vejez, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, prestaciones a la familia en caso de maternidad, en caso de invalidez y de supervivencia. En consecuencia, el protocolo supone una mejora sustancial de lo establecido en el código y entendemos que éste es un elemento muy importante para considerar un voto afirmativo en defensa de los intereses de cuantos trabajadores quedan afectados por este acuerdo.
Por ello, y de acuerdo con la fórmula propuesta por el Gobierno para su ratificación, entendemos que hay que ratificar las partes de obligada aplicación, así como las partes opcionales, excepto la séptima, relativa a las prestaciones familiares, y la décima, relativa a las prestaciones de supervivencia. En cuanto al protocolo, se demora su ratificación. De otro modo, a la vista del dictamen del Consejo de Estado y en contra de la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores, que entiende que no es necesaria la autorización de las Cortes Generales, ya que no afecta a ninguno de los apartados del artículo 94.1 de la Constitución, es claro que precisa la autorización de las Cortes Generales al encontrarnos ante un tratado incluido en el supuesto artículo 94.1, e) de la Constitución, según se afirma en el citado dictamen.
En efecto, cuando entre en vigor el convenio, quedará establecido un mínimo, con lo que se limita el ejercicio de la potestad legislativa en materia tan significativa como la relativa a la Seguridad Social. De todas formas, y en conclusión, nuestro grupo va a votar favorablemente este acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Antes no había percibido que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya había pedido la palabra; en este momento la tiene el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Al igual que los demás grupos, para mostrar la disposición favorable del nuestro al dictamen que se nos pide sobre este Código Europeo de Seguridad Social, por considerar que, además de producir una armonización de algunas condiciones sociales en los países europeos, fundamentalmente es una normalización operativa que, sin duda, va a resolver problemas cotidianos relativamente frecuentes de ciudadanos de toda Europa, en concreto de los españoles residentes en muchos de estos países, en su condición de emigrantes.
Este es un convenio que entró en vigor en el año 1968, a pesar de haber sido firmado en 1964, siendo nuestro país el último en ratificarlo. En cualquier caso, repito, creo que este convenio aporta aspectos positivos y que armoniza operativamente de forma correcta aspectos sociales que son interesantes para nuestros trabajadores en el exterior.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacios.


El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, queremos sumarnos a lo que aquí ya se ha dicho sobre este Código Europeo de Seguridad Social, que se abrió a la firma en abril de 1964, así como decir que nuestro grupo apoyará también, por supuesto, todas las partes o disposiciones obligatorias, incluyendo también el anexo y adenda I sobre clasificación internacional de industrias y ramas de actividad económica.
En cuanto a las opcionales, con las exclusiones que también algunos intervinientes ya han hecho, aquellas que hacen referencia a la asistencia médica, las prestaciones en metálico por enfermedad, por desempleo, las que atañen a la vejez, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, maternidad e invalidez.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS

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CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, HECHA EN GINEBRA EL 10 DE OCTUBRE DE 1980, Y TRES PROTOCOLOS ANEJOS. (Número de expediente 110/000002.)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y tres protocolos anejos.
Vamos a aplicar las convenciones no escritas que parece existían al respecto y, por consiguiente, voy a dar la palabra al Grupo Popular.


El señor MARTINEZ CASAÑ: Nos encontramos ante una convención vieja, ya que data de 1980, y sobre la que ha habido un largo debate, si no aquí sí en otras instancias. Es una convención que se firmó unánimemente, en 1980, por todos los miembros de la OTAN (España la firmó en 1981) y entró en vigor en 1983, pero se suspendió el proceso de ratificación por razones de oportunidad política el 23 de marzo de 1982, siendo la razón una nueva lectura de la Convención dentro de la Alianza y especialmente su protocolo número 3 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias, que planteó ciertas dudas de interpretación.
Hay que decir a este respecto que los estados parte de la Convención pueden adherirse a todos o únicamente a aquellos protocolos que estimen convenientes. Esto, en relación con el Protocolo número 3, crea el problema de la interoperabilidad, derivado de la eventualidad de que si unos países aliados ratifican y otros no y los ratificantes añaden reservas o declaraciones propias existirían diferentes obligaciones que podrían plantear problemas al desarrollo de una acción conjunta, en la medida que no todos los países aliados tendrían las mismas obligaciones.
Algunos países, sin embargo, y debido a lo avanzado del proceso de ratificación, concluyeron y ratificaron la convención. Dinamarca y Noruega fueron los primeros y, posteriormente, en 1987, los Países Bajos, con declaraciones interpretativas respecto a los Protocolos. Francia también ratificó la convención, en 1988, pero excluyó de la misma el tercer Protocolo, que es el que planteaba problemas. Grecia ratificó también, en enero de 1992 y los demás países no ratificaron y no han ratificado hasta saber si Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania e Italia ratificarían o no el tercer Protocolo.
Con fecha 3 de septiembre de 1993, nuestro grupo expresó su preocupación respecto al estado de la cuestión y nuestro portavoz, don Javier Rupérez, pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores una copia de las consultas con los aliados que aún no habían ratificado la convención que nos ocupa.
A tenor de la respuesta dada al señor Rupérez, España, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tras reactivar la convención, encargó a su misión que celebrase una serie de consultas bilaterales, en el seno de Naciones Unidas, con Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania e Italia y de estas consultas verbales se desprende, según la comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que los restantes países coincidían con la opinión de España sobre la conveniencia de continuar con el proceso de ratificación anunciado por nuestra misión.
Alemania ratificó la convención poco después, en noviembre de 1992.
El Grupo Parlamentario Popular apoyará, pues, la ratificación de la convención sobre la base de la veracidad de la comunicación del Gobierno en relación con la formación de un consenso entre todos los países de la OTAN respecto a la conveniencia de la ratificación, no obstante la ausencia de una postura única dentro de los países aliados, en lo que se refiere al tercer Protocolo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moya tiene la palabra.


El señor MOYA MILANES: Voy a ser brevísimo, porque el representante del Grupo Popular ya ha hecho una explicación detallada de las vicisitudes por las que había atravesado este proceso en torno a la ratificación de este Convenio. Evidentemente, se trata de un convenio que ha tenido cierta tramitación, con algunas disparidades, con alguna disimilitud, pero que ha quedado perfectamente salvada la posición española, en la medida que se ha producido una consulta con los países aliados, que han entendido perfectamente la posición del Gobierno español, proclive a la necesidad de ratificar este Convenio. En ese sentido, la explicación dada ha sido suficientemente prolija y el Grupo Socialista apoyará la ratificación de la convención.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria va a votar afirmativamente esta convención, nacida --posiblemente haya que recordarlo aquí-- de lo que fue un clamor político y social popular, a raíz de la guerra de Vietnam y los dos tipos de armas fundamentales que emplearon los norteamericanos allí: el denominado «napalm», la gasolina gelatinosa, y los defoliantes.
Es importante resaltar, señor Presidente, que el preámbulo de esta convención va generando una normativa de Derecho internacional que un país democrático como España debe señalar como un frontispicio a la defensa de los derechos humanos, en el marco de nuestros valores democráticos.
Si la carta de las Naciones Unidas había declarado el principio poco optimista de que cualquier país, en relaciones internacionales, debe abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra terceros, es importante lo que se señala en el párrafo tercero del preámbulo: en un principio de Derecho internacional, ninguna parte

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conflicto armado puede elegir los métodos o medios de hacer la guerra.
Este principio no es ilimitado. Lamentablemente, en la política de bloques, los Estados Unidos abrieron una línea, en el sentido de que era ilimitado, en razón de una explicación tecnológica, cualquier tipo de armas en el campo de batalla. No es, por tanto, coincidencia el que en un párrafo siguiente de este preámbulo se hable de que se extiende esta prohibición a los armamentos o sustancias que causen extensos daños, duraderos y graves, del medio ambiente natural.
Hay sectores vegetales en Vietnam que todavía no han podido reponerse del efecto del armamento defoliante que la aviación norteamericana empleó allí, por poner un ejemplo. Nos congratulamos que eso se recoja, porque en otro caso no entenderíamos de qué trae causa el acuerdo de Ginebra, del año 1980, y el entorpecimiento que ha tenido. El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 no lo recogía, lamentablemente, por carencia entonces de una tecnología militar de armas destructoras tan avanzada como la que se empleó en el campo de batalla de Vietnam.
Aquí se tendría que entender qué significa el Protocolo número uno cuando se prohíbe cualquier tipo de armamento que deje esquirlas en el cuerpo humano que no pueden ser detectadas por los medios de diagnóstico habituales como son los rayos X.
Qué decir del Protocolo número dos, sobre la prohibición del empleo de minas, armas, trampas y otros artefactos sobre todo, cuando estamos viendo ahora que en conflictos como el de la ex Yugoslavia las fuerzas de las Naciones Unidas se están encontrando con emplazamientos de campos de minas y minas-trampa puestos por todos los contendientes, como se señala en la prohibición y en la exigencia de anuncio que hace el artículo 7 de este Convenio, para que haya una seguridad. Mal podíamos operar sobre el terreno si no se exige mediante un documento de ámbito y respaldo internacional esta actuación.
Y en cuanto al Protocolo número tres, sobre armas incendiarias, lamentablemente en la guerra del Irak, la aviación norteamericana, sobre determinados objetivos en Bagdad, empleó, con matanzas de niños, armas incendiarias. Desearíamos que los países que se encuentran dentro del marco de la OTAN y de la UEO, sobre todo de la OTAN, especialmente el socio norteamericano, vieran que países como España signan estos convenios y que son ellos, en una leal política de socios, los que tienen que estar no solamente a las duras, sino a las maduras, cuando se trata de conseguir un documento de referencia y que no se abra una punta de lanza conculcando lo que ha sido un acuerdo del comité respectivo, comité que aquí se invoca, que es la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, en la que, lamentablemente, algunos de nuestros socios de la OTAN han mirado siempre para otro lado y han justificado su actitud por una necesidad del desarrollo tecnológico.
También creemos que es necesario en el Gobierno español, porque si no están a nuestro alcance determinadas tecnologías de armas aquí prohibidas, si han existido en los arsenales del ejército español, bombas de fósforo, que están consideradas como armas incendiarias, como dotación de obuses, tanto de artillería como de aviación, que, sobre todo en el campo de las armas de pequeño calibre, se lleve adelante precisamente lo que fue un acuerdo de la Conferencia de Naciones Unidas en septiembre de 1979. Cuando estamos viendo que hay países que están exportando a la ex Yugoslavia proyectiles de pequeño calibre explosivo denominados balas «dum-dum», usadas por los francotiradores, creemos que hay que cargarse de razones jurídicas para que esto se lleve adelante, no solamente en quienes las emplean, sino en los países occidentales que las fabrican y las están exportando subrepticiamente a países en conflicto, en los que producen gravísimos daños, incluso mortales, a los que reciben el impacto de una bala explosiva.
Por estas razones, por una lectura política en Derecho internacional y porque se avance en esta concepción nueva de que no se justifique que ningún país, por las necesidades que puedan justificar una guerra defensiva, emplee indiscriminadamente un determinado material de guerra, vamos a apoyar, con toda nuestra responsabilidad de voto, esta convención.


El señor PRESIDENTE: Habiéndose agotado el turno de palabras, pasamos a la votación de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1983.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993. (Número de expediente 110/000003.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9, que es el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y protocolo adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Peticiones de palabra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Este tema ha sido ampliamente debatido ya por estas Cortes, tanto en la anterior legislatura como en el Pleno del pasado jueves. Por tanto, voy a hacer una intervención breve para referir el apoyo de nuestro grupo a este Tratado y algunas consideraciones de lo que significa el mismo.
Este Tratado viene a crear un espacio económico, con 380 millones de consumidores, con un alto poder adquisitivo, pues la renta «per cápita» de los países que se integran en este Tratado es superior a la media de la Comunidad Económica Europea y crea, entendemos, un escenario de oportunidades, de potencialidades para el

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comercio español y muy especialmente para las empresas españolas, que nos interesa destacar.
Junto a este escenario y a unos acuerdos que nosotros entendemos que son favorables para nuestro país en materia de pesca y de agricultura (viene a eliminar aranceles para numerosos productos de nuestra agricultura), también contiene una serie de posibilidades de cooperación en temas importantes como el turismo, el medio ambiente, la pequeña y mediana empresa, la cooperación científica, etcétera, y además contiene un fondo de cohesión especialmente importante para nuestro país.
Como el tema ha sido ampliamente debatido, voy a terminar aquí mi intervención. Sólo quiero decir que apoyamos claramente ese tratado porque entendemos que es favorable para los intereses españoles en su conjunto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Tocino.


La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Efectivamente, estamos cumpliendo un nuevo paso en un trámite parlamentario previo a la ratificación de este acuerdo del Espacio Económico Europeo, que ha sido debatido y que, desde luego, va a tener nueva posibilidad de debate en el pleno del próximo día 20, según tengo entendido. Es un acuerdo, como ya se ha dicho aquí, de una enorme trascendencia, no solamente por todo el contenido que tiene sino por la repercusión fundamentalmente de tipo económico que para nuestro país va a tener.
Hemos aludido a las dificultades en temas de agricultura o en temas de pesca y el último día tuve ocasión de hablar en nombre de mi Grupo de los problemas de competitividad que el abrir los mercados plantea en una economía en donde la falta de competitividad nos está creando serios problemas en nuestra balanza comercial. No vamos a insistir hoy en ello por muchas razones, pero fundamentalmente porque en este momento ni siquiera un miembro del Gobierno puede escuchar nuestras sugerencias y nuestras alegaciones. Por lo tanto, nuestra intención es dejar claro en este nuevo trámite que, efectivamente, mi Grupo va a ratificar este Acuerdo en la medida en que significa un paso previo --digamos-- a algo a lo que nuestro Grupo siempre ha sido favorable: a la ampliación de la Comunidad Europea, si bien nos gustaría dejar constancia de que lo importante aquí va a ser el ver cómo se cumple este acuerdo y el seguir paso a paso su desarrollo. Porque, señorías, a nadie se nos oculta que en temas tan controvertidos para nosotros como, por ejemplo, los acuerdos de pesca (de los cuales tenemos que felicitarnos --así, entre comillas-- de lo que se ha conseguido, pero tenemos que decir también que distan mucho de lo que nuestro Gobierno empezó solicitando) hemos de decir que es muy importante el considerar que, por ejemplo, por lo que se refiere al acceso a los recursos, es decir, las posibilidades que tenemos de pescar en aguas de otros países del Espacio Económico Europeo, existe una dificultad y es que en el texto del Acuerdo no se establece ninguna vinculación entre este texto y los acuerdos bilaterales en el tema de pesca. Quiero decir con ello que podría darse el caso --y ojalá no sea así--, de que una vez que entre en vigor el Espacio Económico Europeo, mediante este Acuerdo que vamos a ratificar, países como Noruega o Islandia se negarán a cumplir esos acuerdos bilaterales y, en ese caso, hay que recordar aquí que, con las condiciones de la negociación, los países teóricamente beneficiarios de ese acuerdo no tendríamos en el acceso a los recursos ninguna garantía, no tendríamos ninguna posibilidad de reclamar el cumplimiento de esos acuerdos bilaterales.
Creo que esto nos exige una atención muy prioritaria en cómo se va a desarrollar dicho Acuerdo. En una comparecencia del señor Secretario de Estado, señor Westendorp, que tuvimos en esta misma Comisión tuve la ocasión de decir que a los que se les reconocía una simple «decisión shaping», es decir, la posibilidad de que estos países entren sencillamente en una línea de dar más amplitud cada vez a la llamada comitología --porque van a formar parte de cantidad de comisiones para estar informados de las disposiciones legislativas que allí se tomen en consideración--, evidentemente, no se les concede el «decision making», pero todos sabemos, y no debemos llamarnos a engaño, que a través de asesores y a través de acuerdos oficiosos previos a la toma de decisiones se puede alterar muy mucho el contenido de lo que después vayan a ser decisiones legislativas.
Por tanto, reiterando la postura de nuestro Partido de estar de acuerdo con la ratificación por lo que ello significa de miniadhesión (y, a lo mejor, para muchos va a significar su salvavidas si las opiniones públicas no les dejaran entrar en la Comunidad Europea), queremos advertir, como decíamos ya, que este Tratado tiene que ser de ida y vuelta, como todos los tratados, y que, por lo tanto, nuestro Gobierno tendrá que hacer un seguimiento muy específico de las condiciones que aquí se han negociado para que se cumplan en su extensión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Voy a intervenir de forma breve para cubrir este trámite en este momento sobre el Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
Yo creo que las posiciones de todos los grupos son sobradamente conocidas, en concreto la de mi Grupo de mantener una actitud de abstención activa respecto del Espacio Económico Europeo en función de la dismetría que, desde nuestro punto de vista, se produce al aprobar este Acuerdo antes de que sea ratificado y esté en plena vigencia el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. De hecho, el que estemos ocupándonos de este Acuerdo ahora, con su protocolo adicional, es un poco expresión de esta circunstancia, protocolo adicional que tiene que ver con la exclusión de Suiza, a través de su referéndum, de este Acuerdo que incluye a los países de la EFTA junto con los países de la Comunidad en ese gran marco económico europeo.


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Vamos a mantener esa posición de abstención activa en la confianza de que cuando definitivamente se traiga ese Acuerdo al Pleno para su ratificación, se haya producido lo que para nosotros es una condición previa necesaria, que es la entrada en vigor del acuerdo de Unión Europea, es decir, la ratificación del Tratado de Maastricht, una vez solventado el trámite planteado por la República alemana con el tribunal de Karlsruhe.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: También voy a ser breve, no porque el tema no merezca que seamos más exhaustivos en la reflexión sobre este acto de ratificación del Acuerdo, porque creo que es muy importante, teniendo presente que la situación económica en estos momentos es especialmente delicada y que políticamente ese Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene una trascendencia --diríamos-- importante para nuestro país, sino porque yo creo que en el Pleno vamos a tener ocasión de celebrar también una fijación de posición de todos los grupos y no quisiera repetir aquí lo que voy a decir próximamente en el Pleno. Pero sí quiero apuntar que la posición de mi Grupo es favorable a la ratificación del Acuerdo --ya lo hemos manifestado varias veces--, si bien entendemos que el marco en el que ahora nos pronunciamos no es exactamente el mismo en el que nos pronunciamos hace un año, cuando también tuvimos ocasión de debatir ese Acuerdo en esta Cámara. Ha cambiado en ciertos aspectos el marco político y ha cambiado también el marco económico. Repito, estamos de acuerdo en el proceso de ratificación, pero siempre dijimos que la ampliación de la Comunidad Europea a un mercado todavía más amplio, integrando los países de la EFTA, debería ir precedido del acuerdo de construcción de la Unión Europea, de la entrada en vigor de la unión política y económica que contempla el Tratado de Maastricht. Primero, consolidar la construcción de Europa con la aplicación del Tratado de Maastricht; posteriormente, proceder a un paso de ampliación del mercado interior, previo a una posible y posterior ampliación de la propia Comunidad. Siempre nos hemos manifestado partidarios --y creo que ésta también era la posición general de otros países de la Comunidad-- de que la Comunidad Europea primero debería asumir el compromiso de consolidar su proceso político-económico con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht y, posteriormente, ampliar su mercado interior a los países de la EFTA.
Parece ser que esto, a lo mejor, no va a ser así. No nos gustaría que fuera así. Podría ser que no en función de los plazos, los trámites a que se podría ver sometida la ratificación y la entrada en vigor de Maastricht, pero nosotros queríamos manifestar en estos momentos que somos partidarios de consolidar, primero, el proceso de construcción europea con la definitiva entrada en vigor de Maastricht y, luego, ampliar el compromiso de generalizar o ampliar el Espacio Económico Europeo.
La segunda cuestión es que la recesión económica nos hace ser más cautelares. Las estimaciones de los expertos nos indican que la incidencia del Espacio Económico sobre la Comunidad Europea puede ser que genere en un plazo breve de tiempo un impacto de incremento del producto interior bruto de la Comunidad del orden del 2,5 por ciento. Se espera que ese incremento del espacio económico nos permita un crecimiento económico del orden del 2,5 por ciento en el ámbito comunitario, y se estima que en el ámbito estricto de nuestro mercado interno español podría tener un posible efecto de un incremento del 1,6 sobre el producto interior bruto de nuestro país. Puede ser una buena decisión, pues, entrar en ese proceso, lo puede ser. Pero esas valoraciones se hicieron en una situación económica distinta a la actual, la recesión en la que nos encontramos creo que hace variar un poco esos parámetros y las cautelas y las medidas que nosotros deberíamos adoptar en nuestra política económica, para poder garantizar una mejor competencia de nuestros productos con los productos de los países que ahora se integrarán en nuestro mercado, debería ser un tema a reflexionar, porque, en algunos aspectos, este tema podría ser distinto a cómo se analizaba y se razonaba hace más de un año, cuando la recesión económica no tenía la profundidad que ahora tiene ni teníamos el conocimiento y el análisis que ahora tenemos de ella.
Por eso, señor Presidente, manifestamos nuestra posición favorable, a pesar de que tenemos algunas cuestiones a razonar sobre esa decisión que argumentaremos más extensamente en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, voy a intervenir muy brevemente, porque nuestras razones «in extenso» fueron expuestas ya en el Pleno cuando debatimos la enmienda a la totalidad, y allí pusimos de manifiesto la posición de Coalición Canaria para apoyar con nuestro voto positivo este Acuerdo, como vamos a hacer en la sesión de hoy.
Como razones de mayor abundamiento y de resumen de énfasis, diré que es un documento que se hace dentro del marco de la Asociación Europea de Libre Comercio, donde se significan cuatro libertades fundamentales, la libertad de circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales, pero que, al mismo tiempo, se establece un sistema que va a garantizar que se produzcan los inconvenientes de las distorsiones en la competencia, pero que tiene que ser en sentido de doble vía, es decir, no solamente competencia entre los países del continente europeo, donde, por ejemplo, la política de fletes y de transportes tiene menor incidencia que en aquellas regiones ultraperiféricas que ha señalado el Tratado de Maastricht como la política de la Comunidad Europea, caso en este momento de Canarias, considerada región ultraperiférica, sometida a un encarecimiento del coste de transporte de mercancías competitivas en el Espacio Libre Europeo por la incidencia de los fletes,

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fundamentalmente marítimos y aéreos, y que se da al mismo tiempo una cooperación más estrecha en lo que se llaman las disposiciones horizontales relacionadas con las cuatro libertades, como son, en este caso, unas garantías de política social, unas garantías de protección de los consumidores --cuestión fundamental--, unas garantías de medio ambiente, la transparencia informativa entre las estadísticas. Porque si los países signatarios de este Acuerdo no se comprometen a transparentar, vía estadísticas oficiales, cuáles son los volúmenes de comercio que están en este momento entrando y saliendo en su balanza comercial, mal uso podíamos hacer de él. Finalmente, los derechos sociales nos impulsan a votar, como he dicho, señor Presidente, favorablemente este Acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho en Bruselas el 17 de marzo de 1993.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, por 25 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, activas, según he entendido, se aprueba el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional.


--CONVENCION SOBRE UN CODIGO DE CONDUCTA DE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS, HECHA EN GINEBRA EL 6 DE ABRIL DE 1974, ASI COMO RESERVAS Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESION. (Número de expediente 110/000004.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10 del orden del día, Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, hecha en Ginebra el 6 de abril de 1974, así como Reservas y Declaración que España va a formular en el momento de la Adhesión.
A esta Convención existe una enmienda presentada por el Grupo Mixto, concretamente el señor González Lizondo, de Unión Valenciana, que propone la sustitución, en los puntos 1, 2 y 3, de las Reservas que España va a formular, de las expresiones «compañía marítima» y «compañías marítimas» por las de «compañía naviera» y «compañías navieras».
Dado que el señor González Lizondo no se encuentra en la sala, creo que se puede someter a votación, aunque no se defienda.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.


El señor DURAN NUÑEZ: Señor Presidente, el sistema de Conferencias Marítimas tiene por objeto permitir la distribución del tráfico marítimo entre las compañías navieras y favorecer la regulación del tráfico marítimo. El Consejo de Ministros del 22 de enero de 1993 aprobó la adhesión de España al Convenio sobre el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas. El Reglamento comunitario número 954/1979, del Consejo del 15 de mayo, obligaba a los Estados miembros a ratificar o adherirse al Convenio de referencia y formular tres reservas y una reserva interpretativa, si era necesario. Por otra parte, y esto es muy importante, la Comisión de las Comunidades Europeas, en carta de 11 de marzo del presente año, advirtió a España de la importancia de que continuara en la práctica de incluir la declaración antes citada porque, en caso contrario, podría interpretarse que España se separaba de la posición comunitaria mantenida en relación con las líneas que no formaban parte de la Conferencia Marítima. Este es un tema que es importante resaltar y que debe quedar recogido en el «Diario de Sesiones».
Finalmente, tengo que decir que la Ley de Puertos del Estado y de Marina Mercante, en su artículo 84, ya recoge distintos aspectos contemplados por la Convención, tales como el deber de garantizar una oferta de servicios suficiente y eficaz, el sometimiento a la competencia, las obligaciones de información a las autoridades españolas, las relaciones de las Conferencias con los consejos de usuarios, etcétera.
Por todo lo anterior y creyendo que ya es el momento de proceder a ratificar esta Convención, nuestro Grupo va a dar su voto favorable.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.


El señor CREMADES SENA: Señor Presidente, voy a intervenir muy brevemente para fijar la posición de mi Grupo en este Código. Efectivamente, por el Reglamento 954/1979 de la Comunidad Europea, al Convenio se añaden tres reservas, que hacen referencia especialmente a las relaciones típicas de lo que son los países de la Comunidad Europea y, por tanto, obligan a mantener esas reservas en el momento de la ratificación de la Convención.
Yo destacaría que con esta Convención se pretende los siguientes principios: facilitar la expansión ordenada del comercio marítimo internacional, promover el desarrollo de los servicios marítimos regulares, garantizar un equilibrio entre los intereses que pueda haber entre los proveedores y usuarios de estos servicios y hacer consultas con las organizaciones de usuarios, especialmente.
En cuanto a la referencia que se ha hecho a la enmienda presentada por el Grupo Mixto, concretamente por Unión Valenciana, quiero señalar que por nuestra parte no encontramos ninguna objeción técnica porque, simplemente, se debe a un problema de traducción, que viene dado precisamente por traducir, en el Reglamento del Consejo de 15 de mayo de 1979, que obliga a esas reservas por parte de la Comunidad Europea, «marítimo» por «naviero». En todo caso, creemos que es una enmienda de entidad menor y, por tanto, en este momento, nosotros estaríamos en contra de la enmienda y daríamos

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nuestro voto favorable a la Convención tal como ha venido traducida del Consejo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria va a votar favorablemente a esta Convención, para que España respete y haga respetar, en el Derecho internacional, un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas. Cuando en 1974 Naciones Unidas, en Ginebra, establece las Conferencias Marítimas, poco sabíamos de lo que se iba a imponer después, una serie de normativas y de directrices de la Comunidad Europea.
Canarias se felicita de que la Conferencia de Fletes Marítimos Península-Canarias haya desaparecido el pasado año. Nos ha afectado tremendamente y valoramos, desde un punto de vista económico y social, lo que significa un Código de Conducta. Digo social porque la Conferencia de Fletes Marítimos Península-Canarias, la denominada Copecan, venía introduciendo muchas veces en el coste del IPC de Canarias hasta medio punto por encima de la media nacional, sencillamente porque se había producido un monopolio de fletes y el expendedor peninsular o el receptor canario, o viceversa, se encontraban con que estaban en un régimen de monopolio de tarifas y tenían que aceptarlas para sus mercancías entre Península-Canarias, Canarias-Península, transporte, que, por otro lado, el Gobierno español tenía que subvencionar con la prima de subvención al transporte de mercancías para aminorar la repercusión en el IPC del flete marítimo. Todo esto ha hecho que nosotros veamos con optimismo este Código no ya sólo en su extensión internacional, sino también en su aplicación en el archipiélago, y sobre todo porque aquí, en este documento, se den dos anexos: uno, la reserva que España va a formular en el momento de la adhesión por imposición del Reglamento de la Comunidad Económica Europea, y otro por la declaración específica que España va a formular en el momento de la adhesión. Pedimos que haya constancia de que las autoridades españolas en el mundo del transporte respeten la libre competencia a las no conferenciadas, porque quiero recordar, señor Presidente, que en la anterior legislatura se aprobó en este Parlamento una Ley de Puertos de la Marina Mercante donde España tiene radicado en Canarias un segundo registro de buques, y ese segundo registro de buques para que sea viable tiene que respetar la declaración de España de que los cargadores tengan opción de elegir entre líneas marítimas conferenciadas y las no conferenciadas. Es la única manera de romper el monopolio de fletes.
Por esta razón, vemos con optimismo este documento y lo vamos a votar favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones. En primer lugar, votaremos la enmienda presentada por el señor González Lizondo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 24; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Pasamos a la votación de la Convención.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--DOCUMENTO SOBRE LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA UNION EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) REFERENTE A LA REPUBLICA DE ISLANDIA, AL REINO DE NORUEGA Y A LA REPUBLICA DE TURQUIA, FIRMADO EN ROMA EL 20/11/92. (Número de expediente 110/000005.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 11. Documento sobre los Miembros Asociados de la Unión Europea Occidental referente a la República de Islandia, al Reino de Noruega y a la República de Turquía, firmado en Roma el 20 de noviembre de 1992.
¿Señores Diputados que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, estamos ante un documento que yo creo que es importante por muchas razones. En primer lugar, porque dar entrada como miembros asociados de la Unión Europea Occidental a Islandia, Noruega y Turquía, supone un importante paso adelante en el proceso de fortalecimiento de la Unión Europea Occidental como identidad europea de defensa que se diseñó en el Tratado de Maastricht.
En este sentido, las discusiones que se han mantenido sobre este particular en la Asamblea de la UEO y en el propio consejo de la UEO han concluido, a mi juicio positivamente, con la respuesta favorable tanto por parte de la Comunidad Europea como por parte de los países interesados, a propiciar y a llevar a cabo este acuerdo de asociación.
Creo que es, por tanto, desde el punto de vista de la UEO y de la construcción de una identidad europea de defensa un paso en la dirección adecuada.
En segundo lugar, creo que estamos poniendo, por otra parte, una piedra más en el cumplimiento de lo que es la filosofía del Tratado de Maastricht referente a cuestiones de seguridad y defensa, en la medida en que en ella se recoge también la necesidad y la conveniencia de incorporar como asociados a estos países. Hacerlo en este sentido yo creo que supone, aparte del refuerzo de la propia UEO, también un refuerzo del propio pilar europeo de la alianza. Creo que esto es positivo, no sólo para la UEO sino también para la propia Alianza Atlántica, en la medida en que refuerza el propio pilar europeo. El hecho de que sean tres países miembros de la Alianza Atlántica los que se incorporan como asociados al

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bloqueo de la UEO significa una línea de cooperación, de entendimiento, de transparencia entre las instituciones de seguridad y de defensa que van en la línea adecuada, como el propio Tratado de Maastricht recoge.
Por otra parte, en cuanto al propio contenido, es verdad que es un contenido que ha estado preñado de negociaciones entre los países interesados y la propia Comunidad Europea en materia de defensa y seguridad, en la medida en que al final, de alguna forma, se ha llegado a una fórmula a mi juicio equilibrada, de manera que los tres países miembros de la Alianza que van a participar en la UEO en condiciones de miembros asociados no forman parte del Tratado modificado de Bruselas, pero sí tienen un papel activo, con unas condiciones específicas, yo creo que muy perfectamente detalladas en la declaración de Petersber, y que no voy a resumir siquiera en este momento, pero que reflejan la voluntad por parte de los países europeos de integrar a estos socios en unas condiciones de participación absolutamente activas en las decisiones de la UEO y en la contribución al papel de seguridad de la propia UEO.
Por otra parte y, finalmente, en el contenido de las actas acordadas yo creo que se salvan en ese sentido alguna serie de cuestiones puntuales que era necesario dejar precisas sobre la base de salvar los intereses de seguridad de las partes constitutivas del Tratado, salvar también los intereses de seguridad de los miembros asociados en las condiciones que se especifican en las actas acordadas y, al mismo tiempo, evitar, como se hace también en el documento con algunas cláusulas referentes al respecto, la eventual o posible utilización de esta declaración de asociación por algún país para interferir en contenciosos bilaterales, como pudiesen ser los mantenidos entre Turquía y Grecia. Yo creo que están suficientemente bien recogidos todos los supuestos, todas las situaciones particulares, y están previstas en ese sentido, de manera satisfactoria tanto para la Unión Europea Occidental como para los países asociados, todas las eventualidades posibles y colaterales que pudieran llevar consigo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fabra tiene la palabra.


El señor FABRA VALLES: Brevemente, señor Presidente, ya que S. S. conoce bien lo largas que han sido las horas de discusión de la creación de esa figura miembro asociado, ya que usted mismo es miembro de la Asamblea de la UEO. La verdad es que era difícil el poder cumplir con uno de los acuerdos de Maastrich, en el que, por un lado, se invitaba a los estados miembros de la Unión Europea a que formaran parte activa como miembros de pleno derecho de la UEO (en esta situación teníamos el caso de Grecia y ya se ha cumplido), pero, por el otro, teníamos el problema de que podía haber una contradicción con el Acuerdo del Tratado de Bruselas modificado. Entonces, se creó la figura de miembro asociado. Por la que estos tres países invitados, y que han aceptado, podrán hablar, podrán presentar propuestas, pero jamás podrán bloquear un acuerdo, con lo que estamos totalmente conformes. Todo ello encaminado a, por un lado, dar apoyo al desarrollo de una identidad europea de seguridad y defensa y, por otro lado, dar apoyo también, a través de la UEO, al pilar europeo de la Alianza Atlántica y al vínculo trasatlántico. Desde luego, estamos de acuerdo. Vamos a votar a favor, pero el Grupo Popular desearía que la misma diligencia que ha demostrado el Gobierno en la firma de este documento la demostrara también en el cumplimiento de los compromisos españoles en cuanto a los temas de defensa y de seguridad europea que hemos adquirido.


El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA OLIVER: Nosotros vamos a abstenernos en esta votación, puesto que aun cuando podríamos compartir el contenido concreto del documento, como ya hemos significado en otras ocasiones, no compartimos la filosofía que subyace en el contenido material del mismo.
En primer lugar, este documento trae causa no tanto del Tratado de Maastricht cuanto de unas declaraciones anexas que producen los estados signatarios del Tratado de Maastricht, y en función de aquellas declaraciones e invitaciones se produce este documento. Nuestra reserva está en la línea de apostar --como apostamos y hemos significado repetidamente-- por una identidad europea de defensa, que en su caso podría ser la propia UEO transformada en un órgano plenamente vinculado y dependiente del Tratado de la Unión Europea, es decir, del Tratado de Maastricht, y no, como es en la actualidad, una subrogación o una especie de alquiler o de arriendo de servicios por parte del Tratado de la Unión Europea a la alianza militar preexistente, Unión Europea Occidental.
Nosotros queremos reforzar una auténtica identidad europea de defensa, sujeta al poder político y civil del Tratado de la Unión Europea, y por tanto formando parte de ella todos los países que sean signatarios hoy y en futuras ampliaciones de este Tratado de la unión política europea, por todo lo cual nosotros vamos a abstenernos en la votación de este documento.


El señor PRESIDENTE: No habiendo más petición de palabra, vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobado.
Creo interpretar el sentir de la Comisión si seguimos con el trabajo hasta agotar el orden del día. Es preferible eso que interrumpir y continuar por la tarde.


--PROTOCOLO PARA ENMENDAR EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO X DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL ATUN

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ATLANTICO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 1992. (Número de expediente 110/000006.)

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, continuamos con el punto número 12, Protocolo para enmendar el párrafo 2 del artículo X del Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, hecho en Madrid el 5 de junio de 1992.
¿Quién desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.


El señor DURAN NUÑEZ: En el Pleno del pasado día 30, nuestro grupo presentó una enmienda para solicitar la prohibición del empleo de las redes de deriva o volanta en la pesca del bonito, también conocido como atún, en aguas del Atlántico, porque creíamos que con la presentación de una enmienda de este estilo, con la cual lo que queríamos era que por el momento se suspendiera el pago de las contribuciones a la Comisión del ICCAT --contribuciones que, por otra parte, sólo pagaban unos pocos países--, al dar tal aldabonazo esta Comisión reaccionaría ante un gravísimo problema que existe para los pescadores, en este caso vascos, gallegos y de toda la zona norte de España, y que crea circunstancias gravísimas para una industria ya bastante en declive de por sí.
A pesar de todo ello, en aras del consenso parlamentario que, sobre todo en tratados internacionales, nuestro grupo preconiza siempre, aceptamos una transaccional del Grupo Socialista en el sentido de que se iba a aprobar una proposición no de ley de nuestro grupo semejante a la de Izquierda Unida, en la que se pedía, entre otros puntos pero muy importante, la negociación urgente ante la Comunidad Europea del establecimiento de un control severo en el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre el empleo de las volantas en la pesca del atún. Lo hicimos y, como es natural, lo mantenemos, pero seguimos pensando que hubiera sido importante dar ese aldabonazo para que, lo antes posible, en las naciones europeas --en este caso Francia-- que siguen usando la red de deriva fuera prohibido este uso.
Con lo dicho, como es natural, señor Presidente, vamos a dar nuestro voto favorable, pero deseamos que consten en el «Diario de Sesiones» nuestras manifestaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Curiel tiene la palabra.


El señor CURIEL ALONSO: Brevísimamente, para fijar la posición de nuestro grupo, que es favorable, como ya dijimos en el Pleno del Congreso al que acaba de hacer referencia el señor Durán. Fijaría la posición de nuestro grupo, muy brevemente, en cuatro apartados.
En primer lugar, llamaría la atención sobre el Convenio al que nos referimos, el Convenio Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. El señor Durán sabe muy bien, y todos los Diputados que estén preocupados por estos temas, que estamos ante un acuerdo primordial para nuestros intereses generales, en la medida que regula la gestión de todas las pesquerías de túnidos en el Océano Atlántico, a través de recomendaciones y medidas diversas, nada menos que para la protección de unos recursos que son vitales justamente para una parte muy importante de nuestra actividad pesquera, como sin duda a ninguna señoría se le escapa.
¿Por qué la modificación del párrafo 2 del artículo X, señor Presidente? Por una circunstancia especial. La crisis económica que venían padeciendo los países en vías de desarrollo dificultaba en extremo el abono por estos países de la contribución anual a la que venían obligados. Este hecho, que venía produciéndose desde hace once años, había provocado y estaba provocando en los últimos tiempos una situación grave dentro de la Comisión, que incluso podía poner en peligro su continuidad. Nuestro país, el Gobierno español, a través de una tarea de consenso, buscó la elaboración de un nuevo sistema de cálculo de contribuciones, y en ese sentido desarrolló una política de concienciación o de convencimiento --me gusta más la palabra-- con el resto de los países desarrollados del ICCAT para buscar ese nuevo sistema del cálculo que permitiría que, ciertamente, recayese, como parece más lógico, en los países de mayor potencial económico la principal responsabilidad en el abono de esas cuotas. Eso es estrictamente lo que se busca con la modificación del párrafo 2 del artículo X del Convenio a que estamos haciendo referencia.
En tercer lugar, como ya lo dije en el Pleno, el Gobierno y este grupo comparten la preocupación y la filosofía que subyacía en la enmienda presentada por el Partido Popular. Dijimos ya en aquel momento que, si la aprobáramos al amparo del artículo 156.2.2.º, estaríamos impidiendo precisamente la modificación de este apartado básico, del párrafo 2 del artículo X, lo cual traería pésimas consecuencias para el propio Convenio, y ciertamente llegamos a este principio de consenso con el Partido Popular que yo quiero ratificar y reiterar, en nombre de nuestro grupo, en este momento.
Termino diciendo no obstante ello, que el Gobierno --quiero decirlo-- comparte plenamente la preocupación a la que hacía referencia el señor Durán, y, en este sentido, además de haber impulsado la adopción de una normativa tanto nacional como comunitaria en el sentido apuntado, ha propugnado la adopción por ICCAT de una resolución en apoyo, a su vez, de la resolución 44/225 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre pesca de altura con grandes redes de enmalle a la deriva. ICCAT adoptó la citada resolución en su séptima reunión extraordinaria, celebrada en Madrid, en noviembre de 1990, y en la próxima reunión ordinaria, que tendrá lugar también en Madrid, del 8 al 12 de noviembre de 1993, se examinarán precisamente las medidas adoptadas por las partes contratantes en aplicación de la citada resolución.
Finalizo reiterando la voluntad de nuestro grupo de que en este tema seamos capaces de construir un amplio consenso que abarque aquellas iniciativas parlamentarias que se están tramitando en este momento en esta Cámara. Concretamente, hago referencia a las proposiciones no de ley presentadas, en su momento, por

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Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra solicitud de palabra? (Pausa.) Procedemos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE MAURITANIA, DE 22 DE MAYO DE 1990, FIRMADO EN MADRID EL 2 DE MARZO DE 1993. (Número de expediente 110/000007.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 13, Protocolo de Enmienda al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, de 22 de mayo de 1990, firmado en Madrid el 2 de marzo de 1993.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Estrella tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: El presente Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo de enmienda que modifica el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre España y Mauritania viene a resolver un problema que afectaba al cumplimiento de los objetivos de cooperación entre España y Mauritania y, en definitiva, a evitar que la cooperación se convierta en onerosa, tal y como estaba ocurriendo hasta ahora, dada la legislación interna que venía aplicando Mauritania, por la que se gravaban con derechos de aduanas los equipos que España enviaba destinados a la cooperación.
Al establecerse un nuevo apartado que fija que estos artículos estarán exentos de todos los derechos de aduana o de entrada, de tasas o de exacciones fiscales, así como de avales, se permite que se pueda incorporar a la legislación mauritana la exención de los derechos de aduana. Naturalmente, y viene siendo práctica habitual en las relaciones de España con otros países, en acuerdos que afectan a cooperación se incorpora también en términos de reciprocidad, lo cual plantea un problema con nuestra propia legislación, a partir de la modificación de la antigua redacción del IVA: modificación que se aprueba en diciembre de 1992 y que suprime la previsión expresa de exención de impuestos para bienes importados al amparo de los convenios internacionales de cooperación científica y cultural, con lo cual se precisa la aprobación por la vía del artículo 94.1 y es por eso que va a ser objeto de debate, espero que sin ningún problema, en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ledro León.


El señor LEDRO LEON: Veo que mi primera intervención en esta Comisión de Asuntos Exteriores va precedida por el número 13. Espero, a pesar de ello, entrar con buen pie.


El señor PRESIDENTE: Señor Ledro, en estas cosas siempre hay opiniones muy diversas; hay quien opina lo contrario. (Risas.)

El señor LEDRO LEON: El 22 de mayo de 1990 se firma el Convenio básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania. Como consecuencia de ello, entre las exenciones que contempla la ley del IVA en vigor, en estos momentos, según el artículo 21.10 los bienes que entraban de Mauritania en España no tenían ningún tipo de gravamen al paso de nuestras aduanas. No pasaba igual con los bienes que, con motivo de este convenio, repito, iban de España a Mauritania, donde tenían unos gravámenes y unas tasas al pasar por las aduanas.
Con motivo de la visita del Ministro de Asuntos Exteriores mauritano a Madrid, el 2 de marzo de 1993, se firma un protocolo de enmienda, firmado también, cómo no, por el Ministro de Asuntos Exteriores de España. La enmienda dice lo siguiente: Los bienes materiales, instrumentos, equipos y otros objetos importados en el territorio de Mauritania o de España, en aplicación del presente convenio estarán exentos de todos los derechos de aduana o de entrada, de tasas o exacciones fiscales, así como de avales.
El 1.º de enero de 1993 entra en vigor, en España, la nueva Ley del IVA que suprime la previsión expresa de exención del impuesto para los bienes importados al amparo de los convenios internacionales de cooperación científica y cultural.
Se trata de adaptar el convenio a la legislación vigente en estas materias. El Consejo de Estado estima que el protocolo de enmienda requiere la previa autorización de las Cortes, al ser de aplicación el artículo 94.1 de la Constitución.
Por todo ello, en consecuencia, nuestro grupo considera que procede desarrollar y aprobar en todos sus términos el protocolo de enmienda que hoy se presenta aquí.


El señor PRESIDENTE: No habiendo más peticiones de palabra, vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--TRATADO GENERAL DE COOPERACION Y AMISTAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, JUNTO CON EL

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PROTOCOLO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICO-TECNOLOGICA, EL PROTOCOLO DE COOPERACION EDUCATIVA Y CULTURAL, Y EL ACUERDO ECONOMICO INTEGRANTE DEL MISMO, FIRMADOS EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 1992. (Número de expediente 110/000008.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 14: Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de Cooperación Técnica y Científico-tecnológica, el Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural y el Acuerdo Económico integrante del mismo, firmados en Madrid el 29 de octubre de 1992.
Peticiones de palabra. (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.


La señora PULGAR FRAILE: Señoras y señores Diputados, tomo la palabra, en nombre del Grupo Popular, para hablar sobre el Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República de Colombia, junto con el Protocolo de Cooperación Técnica y Científico-tecnológica, otro Protocolo sobre Cooperación Educativa y Cultural y el Acuerdo Económico integrante del mismo, que fueron firmados en Madrid, el 29 de octubre del pasado año.
Hago una brevísima historia. El pasado 21 de febrero de 1992 se firmó en Madrid un comunicado conjunto hispano-colombiano por el que se anunciaba la conclusión de un Tratado general de Cooperación y Amistad junto con protocolos para las áreas de cooperación científica y tecnológica y de cooperación cultural y educativa.
El Tratado General, junto con el Acuerdo Económico integrante del mismo, fue firmado el pasado 29 de octubre por el Presidente de la República de Colombia, doctor César Gaviria, y el Presidente del Gobierno español, don Felipe González, durante una visita a España del Presidente de Colombia.
Los protocolos de cooperación fueron firmados por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.
Este Tratado general tiene como objetivo reflejar y actualizar, con carácter global, las relaciones hispano-colombianas en todos sus aspectos y, al mismo tiempo, servir de base para una futura suscripción de otros convenios en cumplimiento de lo acordado en el comunicado conjunto hispano-colombiano, de 21 de febrero, antes mencionado.
Este tratado es importante para ambos países pues cubre la cooperación en las áreas política, económica, científico-técnica, educativa, cultural y consular y no dudamos que va a llegar a buen término puesto que la coordinación y el seguimiento del Tratado en sus distintos aspectos queda encomendado a una comisión de alto nivel, presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores de España y el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y formada por delegados de ambas partes. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Ruego a SS. SS. que guarden silencio, por favor.


La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo resaltar que el Acuerdo Económico, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad, prevé la ejecución conjunta de un programa de cooperación económica, por un total de hasta 1.500 millones de dólares, que van a ser destinados al desarrollo del sector productivo y de servicios de Colombia, así como a incrementar la presencia del empresariado español en dicho país. Para ello España va a facilitar créditos por valor de 600 millones de dólares.
Quiero añadir que, en líneas generales, este Tratado tiene cierta similitud con otros firmados con anterioridad, tal es el firmado con la República Argentina y últimamente con Uruguay.
Señor Presidente, es indudable que la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América fue un buen momento para estrechar relaciones con Colombia, país al que estamos vinculados no solamente por la historia, lengua y cultura, sino por una plena coincidencia en puntos esenciales de Derecho internacional. Además, nombres de ciudades colombianas, como Medellín y Cartagena, recuerdan nuestro pasado histórico común.
Por todo lo expuesto estamos a favor de la ratificación del Tratado General de Cooperación y Amistad, los Protocolos y Acuerdo Económico integrante del mismo entre el Reino de España y la República de Colombia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: La intervención que me ha precedido de la Diputada, alcaldesa de Palos de la Frontera, me ahorra algunas explicaciones sobre este Tratado y, sobre todo, dada la hora.
Como ella ha dicho es un Tratado de amistad y cooperación que fue firmado el 22 de octubre, que significa la continuación de una política iniciada en la segunda mitad de los ochenta como consecuencia de dos características: una, la ordenación y reforma de la cooperación, tanto en su aparato administrativo, como en sus normas, que se realizó de 1985 a 1987 con la creación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y de la Agencia de Cooperación; y, dos, la proximidad del V Centenario en aquellos momentos y la voluntad, tanto de España como de los países iberoamericanos, de dar un contenido concreto de cooperación a dicha conmemoración.
Como consecuencia de ello, se crea el modelo de tratado general de cooperación y amistad con los países iberoamericanos, sobre todo con aquellos que por su volumen e importancia desde el punto de vista demográfico y económico fuesen necesarios, en los que se distingue de una manera común tres grandes apartados. Los principios genéricos, en los que se resalta la defensa de la democracia, e incluso la novedad de que decaen dichos tratados o acuerdos, en una interpretación jurídica y política de los mismos, si se da la desaparición de las instituciones democráticas como consecuencia de un golpe de

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Estado u otras razones. Se destaca también la defensa y salvaguarda de los derechos humanos, así como el desarrollo económico, la paz y otros principios que son comunes a los países iberoamericanos. En ámbitos específicos, también como elementos comunes de estos tratados, aparecen los temas políticos o de cooperación (políticos, económicos, financieros, técnicos, científicos, culturales, educativos, jurídicos y consulares), y por último son de resaltar los acuerdos económicos que le acompañan y que tienen una duración común de cinco años, con la previsión de créditos y de inducir inversiones para desarrollar los intercambios entre los países firmantes.
Ya han sido firmados y ratificados los tratados con Argentina, Chile, Méjico y Venezuela, hoy estamos ratificando el de Colombia, quedando pendientes de ratificación los de Brasil y Uruguay, así como el de Perú que fue congelado por el autogolpe del 5 de abril de 1992. Hay convenios de otra naturaleza, aunque ello no quiere decir de menor categoría, pero sí de otra naturaleza por la dimensión de los países, son los firmados con Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay.
Los recursos movilizados o en curso de movilización en estos tratados generales de cooperación y amistad y otros acuerdos ha sido en su totalidad de 16.575 millones de dólares, de los cuales la cantidad destinada a créditos ha sido de 6.575 millones, divididos en créditos FAD y mixtos (3.375 millones) y de consenso OCDE (3.200 millones), y la destinada a aportaciones con fines de inversión, unos 10.000 millones de dólares.
Hasta aquí el análisis general de los tratados ya que, como decía anteriormente, en el caso concreto del relativo a Colombia no voy a repetir lo que ha explicado muy bien la Diputada, Alcaldesa de Palos.
Solamente quería señalar que son evidentes y conocidas las relaciones históricas y actuales de amistad y hermandad con Colombia, así como de coincidencia en muchos aspectos que han permitido que el desarrollo tanto de la negociación previa del Tratado como de los meses pasados, a partir de su firma, haya sido satisfactorio. Por tanto, y en consecuencia de estas palabras, vamos a votar favorablemente su ratificación.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--ACUERDO SOBRE RELACIONES CINEMATOGRAFICAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ARGENTINA, FIRMADO EN SAN SEBASTIAN EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1992, Y CANJE DE NOTAS QUE MODIFICA EL ARTICULO VI DEL MISMO. (Número de expediente 110/000009.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 15. Acuerdo sobre relaciones cinematográficas entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en San Sebastián, el 20 de septiembre de 1992, y Canje de Notas que modifica el artículo VI del mismo.
¿Peticiones de palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ciscar.


El señor CISCAR CASABAN: El presente acuerdo, firmado «ad referéndum» el 20 de septiembre de 1992, durante la celebración del Festival de Cine de San Sebastián, sustituye al Convenio Hispano-Argentino de Relaciones Cinematográficas, firmado en Buenos Aires el 28 de agosto de 1969, que a juicio de las partes ha quedado totalmente superado y no recoge las necesidades que se plantean actualmente en esta materia. Pretende atender las necesidades de relaciones cinematográficas de ambos estados, así como al interés por contribuir al prestigio de las cinematografías española y argentina.
El acuerdo consta de un preámbulo, 19 artículos y un anexo sobre normas de procedimiento. A través de los diferentes artículos del mismo se recogen las características a que deben ajustarse las obras cinematográficas que gozarán de los beneficios de la producción. Se establece la duración de un año, a contar desde su entrada en vigor, renovable tácitamente por igual período, salvo denuncia de las partes.
En relación con el artículo VI del acuerdo, para evitar su incompatibilidad con el Derecho Comunitario de no discriminación por razón de la nacionalidad, se procedió al Canje de Notas que recoge una nueva redacción de este artículo negociada por ambas partes y que supone la inclusión de cualquier otro país perteneciente a la Comunidad Económica Europea.
Al estimar la conveniencia de la conclusión de este nuevo acuerdo, debido a la insuficiencia del anterior convenio, de 1969, mi grupo manifiesta que dará su voto favorable.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, la señora Pulgar tiene la palabra.


La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, continúo en el uso de la palabra, esta vez para hablar del Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el Reino de España y la República Argentina que, como ya se ha dicho aquí, fue firmado en San Sebastián en septiembre del año pasado, así como también el Canje de Notas que modifica el artículo VI del mismo.
El Acuerdo no es nuevo, fue firmado en Buenos Aires hace 24 años y el actual tiene una duración inicial de un año, aunque es prorrogable tácitamente por otro. El objeto del Acuerdo es importante, porque trata de la consideración como nacionales de las películas coproducidas por ambos países, a efectos de que puedan beneficiarse de las ventajas y de los beneficios previstos para las películas nacionales en cada uno de los ordenamientos de los países firmantes.


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Cuando se dice que el Canje de Notas modifica el artículo VI es comprensible, puesto que dicho artículo en su párrafo primero dice que las películas deben ser realizadas por directores españoles o argentinos, o residentes en España o en Argentina, con la participación de técnicos o intérpretes de nacionalidad española o argentina, o residentes en España o Argentina. Para evitar la incompatibilidad del presente acuerdo con el Derecho Comunitario, en lo que se refiere a discriminación por razón de nacionalidad, mediante este Canje de Notas se procedió a modificar el artículo citado, ampliándolo por parte española a los nacionales de cualquier país de la Comunidad Económica Europea.
Y ya que de cine estamos hablando y de Argentina, permítanme recordar el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en el que van a ser presentadas una decena de películas argentinas, cuatro de ellas a concurso.
También si me lo permite, señor Presidente, quería dejar constancia de la preocupación de los organizadores de dicho Festival de Cine Iberoamericano, único en España, que como muchos de ustedes saben va a celebrar su XIX edición en el mes de noviembre. Dicha preocupación está basada en unas declaraciones de la señora Ministra de Cultura, que no he podido comprobar, referidas al recorte de las subvenciones a los festivales de cine. La subvención del Festival de Huelva es de 11 millones de pesetas, cantidad realmente ínfima para la gran labor que realiza el mencionado festival que don Luis Yáñez conoce muy bien por haber asistido a sus inauguraciones. Repito que es una cantidad muy pequeña para la gran labor que realiza el mencionado Festival de Cine Iberoamericano dedicado a dar a conocer, año tras año, esa América que descubrimos, de la que tanto hablamos y tan poco conocemos.
Señor Presidente, consciente pues de la contribución que las coproducciones cinematográficas pueden aportar al desarrollo de la industria cinematográfica y al crecimiento de los intercambios culturales y económicos entre España y Argentina, estamos a favor de la ratificación del Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre estos dos países.


El señor PRESIDENTE: Señora Pulgar, sobre este acuerdo yo le podría decir también muchas cosas personales porque se firmó siendo yo Ministro de Cultura y estando precisamente en el Festival de San Sebastián; sobre el otro festival, de momento, no le puedo decir nada.
No hay más peticiones de palabra y pasamos a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE MARITIMO ENTRE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE DICIEMBRE DE 1979. (Número de expediente 110/000010.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto decimosexto, canje de notas por el que se modifica el Convenio relativo al transporte marítimo entre España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 25 de diciembre de 1979.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Durán.


El señor DURAN NUÑEZ: El Consejo de Ministros del 29 de diciembre de 1992 acordó autorizar el canje de notas que modifica el Convenio de Transporte Marítimo entre España y Marruecos. La causa es la obligación de España de respetar la legislación de la Comunidad Europea, en el marco del Reglamento comunitario 4055/86, de 22 de diciembre, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios y al transporte marítimo entre Estados miembros, etcétera. Y esta adaptación debe permitir un acceso equitativo y no discriminatorio de todos los Estados miembros de la Comunidad Europea en los repartos de carga, de los que España es beneficiaria.
Por esto, y siendo una obligación de España, de cara a un reglamento comunitario que todos hemos votado, nuestro Grupo va a dar su aprobación, pero no quería finalizar sin que constara en el «Diario de Sesiones» nuestra preocupación por el hecho de que el Estado español traiga --aunque con cierto retraso-- este acuerdo de transporte marítimo con el Reino de Marruecos que va a agravar la ya delicada situación de una ciudad española, que es Melilla, que sufre todas las consecuencias de una quizás no buena adhesión al Mercado Común en muchos aspectos. Otra de las consecuencias es que su supervivencia depende de los arbitrios de importación y producción, única fuente real de ingresos de Melilla, lo que hace que esta Cámara tenga que pedir una aceleración del Estatuto que Melilla necesita, una aceleración de las ayudas a Melilla. Quiero que quede constancia de que si bien el Grupo Popular, como siempre hemos dicho, tiene que aceptar lo que el Estado español ha firmado --y también lo firmó este Grupo--, no puede dejar pasar este momento sin dar un aldabonazo ante la gravísima situación en que puede quedar Melilla, de lo que debemos concienciarnos todos los parlamentarios.
Señor Presidente, ruego que estas manifestaciones consten en el «Diario de Sesiones», aunque en aras de lo que he dicho anteriormente, mi Grupo votará favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Santos tiene la palabra.


El señor SANTOS JURADO: La coincidencia con lo globalmente expresado por el señor Durán me hace ser prudente y económico en mi intervención.
Simplemente

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deseo decir que se trata de adaptar la legislación al Reglamento comunitario, para garantizar el principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre los Estados miembros de la Comunidad y países terceros. Lógicamente, como firmantes de esa directiva y habiéndola apoyado como miembros de la Comunidad Europea, tenemos que ser coherentes y apoyar esta libre prestación de servicios.
En cuanto a la preocupación demostrada por el señor Durán en relación con Melilla, estimamos que esta ciudad no tiene por qué verse perjudicada por el tráfico directo; este tráfico no tiene por qué estar directamente aplicado en este reglamento comunitario ni en esta modificación por canje de notas y sí indirectamente a través de otro tráfico con otras ciudades cercanas marroquíes. Pero confiamos, al igual que el señor Durán, en que no haya ninguna posición negativa para la ciudad de Melilla.
Globalmente, nos parece adecuado porque se trata, simplemente, de garantizar una libertad de derechos y de obligaciones de todos los países comunitarios en cuanto al tráfico marítimo y, obviamente, el Grupo Socialista va a dar su aprobación a este canje de notas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: La verdad es que nos encontramos no con la fórmula diplomática a que se ha recurrido de un canje de notas, sino ante una auténtica modificación del Convenio hispano-marroquí, de diciembre de 1979, en el que, nada más y nada menos, la cuota marroquí de reparto de toneladas de registro bruto de mercancías que existía entre los dos países, fundamentalmente para atender las líneas de El Estrecho, se mantienen en el 40 por ciento, la cuota española se diluye entre los restantes países de la Comunidad Económica con otro 40 por ciento y un 20 por ciento que va para países no conferenciados.
Acabamos de aprobar en esta sesión la Convención sobre el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, y resulta que el tráfico entre Marruecos y España no se venía rigiendo por él --y así la nota verbal--; ambos ministerios tienen que comenzar con un preámbulo en que se hace referencia a los tráficos no regidos por el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas, y quiero significar, señor Presidente, que cuando entre dos países o entre varios existen unas líneas de transporte marítimo no regidas por Conferencia Marítima y, por tanto, no sometidas a código de conducta, actúa otro tipo de código de conducta, que es lo que se denomina los acuerdos de fidelidad. Marruecos ha tenido pocas fidelidades con España, porque, por ejemplo, traslada sus producciones de cítricos en buques de bandera francesa.
Los señores miembros de esta Comisión que hayan tenido la curiosidad de leerse el documento, que ya hemos aprobado, de la Convención de las Conferencias Marítimas de las Naciones Unidas y vean el registro de toneladas de registro por buque, que se coge de las encuestas más fiables del mundo, que son las dadas por el registro de seguros de buque de la «Lloyd» londinense, se encontrarán con que Marruecos tiene solamente la cifra en buques de carga general, incluidos los buques de carga y pasaje, de 43.303 toneladas de registro bruto y no declara nada en buques portacontenedores, mientras que España declara 1.025.000 toneladas, en números redondos, de buques de carga general, como son los transbordadores de El Estrecho, y 20.000 toneladas de registro bruto en portacontenedores, mientras que Francia, que es quien verdaderamente, políticamente, tiene los acuerdos de fidelidad con Marruecos --y fidelidad entre comillas-- tiene 1.419.000 toneladas de buques de carga general que hacen la línea de los puertos marroquíes hasta Marsella fundamentalmente, y 135.000 (fíjense que en España solamente tenemos 20.000 en portacontenedores) en portacontenedores por toneladas de registro bruto. Quiero significar que éste es un segmento en el que los norteamericanos mantienen una posición estratégica dominante en el mundo, con la República Federal de Alemania y Japón, porque ellos han bajado tonelaje en pasajeros y en carga no convencional y se lo han llevado a bandera de conveniencia, y si SS. SS. leen las cifras que tienen aquí Bahamas, Chipre y Liberia verán que son superiores a las de los Estados Unidos, pero porque son banderas de conveniencia.
Pues bien, por parte de España no hay más remedio que aceptar la directiva del Reglamento comunitario, la 4.055, del año 86, que ahora obliga a España a retirarse de este competencial tráfico de mercancías.
Sería deseable que las autoridades políticas del Gobierno español mantuvieran una unidad de presión sobre Marruecos para que, al menos Marruecos, siguiera respetando los acuerdos de fidelidad en los tráficos con navieras de bandera española, porque con este acuerdo a que nos obliga la Comunidad, mañana, Marruecos puede elevar a rango de conferencia marítima lo que son simples acuerdos de fidelidad con navieras de bandera francesa o italiana, por poner unos ejemplos.
Nosotros vamos a votar, de acuerdo con el compromiso y por congruencia con las exigencias de la Comunidad Europea y las directivas del Reglamento comunitario, a favor de este canje de notas que, quiero significar, es una auténtica modificación del Convenio hispanomarroquí de transporte marítimo, que ahora será Marruecos-Comunidad Económica Europea.


El señor PRESIDENTE: No habiendo más turnos de palabra, procedemos a efectuar la correspondiente votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA

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REPUBLICA DE POLONIA PARA LA SUPRESION DE VISADOS, REALIZADO EN MADRID EL 26 DE OCTUBRE DE 1992. (Número de expediente 110/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto decimoséptimo: Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992.
¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Intervengo para anunciar el voto favorable de mi grupo a este acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia porque viene a favorecer el desarrollo de las relaciones entre los dos Estados y a facilitar los viajes de sus ciudadanos de acuerdo con el espíritu del Acta final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.
Muy brevemente voy a enumerar los tres términos, para nosotros, fundamentales del Acuerdo. En primer lugar, los ciudadanos españoles de pasaporte diplomático, de servicio u ordinario en vigor que viajen a la República de Polonia o los polacos que vengan a España con fines privados o de negocios y que no vayan a ejercer ninguna actividad podrán entrar y salir libremente del país sin necesidad de visado por estancias de hasta noventa días. En segundo lugar, esta anterior disposición no eximirá a los beneficiarios de la obligación de observar la legislación vigente en España y en la República de Polonia. Por último, cada parte podrá suspender temporalmente en su totalidad o en parte la aplicación de las condiciones presentes por motivos de orden público, seguridad o salud pública; la suspensión y su revocación deberán notificarse a la otra parte.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular ha pedido la palabra el señor Durán.


El señor DURAN NUÑEZ: Sólo intervengo para decir que coincido con la señoría que me ha precedido en el uso de la palabra. Ya ha explicado suficientemente un acuerdo que consideramos positivo y lo vamos a votar así.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: En este canje de notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados debo hacer dos lamentos, aunque vamos a apoyarlo porque menos da un ladrillo.
El primero es porque se sigue manteniendo con Polonia el sistema del pasaporte. Ojalá, pronto, Polonia y España puedan suprimir este documento y sustituirlo, como ocurre con otros países de la Europa occidental, incluso no miembros de la Comunidad Económica Europea, de forma que el simple Documento Nacional de Identidad de cualquiera de los países signatarios de un acuerdo de este tipo tenga su efectividad.
Lo segundo es pedir a la sensibilidad del Presidente de esta Comisión, en recuerdo de su anterior mandato como Ministro de Cultura, que por favor interceda para que el Ministerio de Asuntos Exteriores español no solamente conceda ese beneficio de no necesitar visado a los que tengan pasaporte ordinario, español o polaco, españoles que vayan a Polonia o polacos que vengan aquí con fines privados o de negocios y no vayan a ejercer ninguna actividad lucrativa dentro de un plazo de noventa días.
Señor Presidente, los estudiantes no pueden beneficiarse de esto.
Convendría que la cláusula se modificara en relación a los estudiantes, porque sus fines no son privados ni son de negocios ni van a ejercer ninguna actividad lucrativa, sino que van a potenciar un intercambio cultural entre dos países señeros en la historia de Europa como focos de cultura. No es que tengamos que ponerle música de «La Polonesa», de Chopin, pero sí hacer un reconocimiento para que los profesores, estudiantes, españoles o polacos, que tengan que hacer intercambio queden, señor Presidente, exonerados del requisito del visado. Con este canje de notas, quien vaya a Polonia desde España o venga de allí para una finalidad de estudio en nuestros centros, universidades, etcétera, o cultural por más de noventa días resulta que tiene que proveerse del visado correspondiente.
Esta es la reflexión que yo quería hacerle, señor Presidente, para que se la haga llegar al señor Ministro de Asuntos Exteriores y se pueda rectificar esta ausencia de los estudiantes.
Votaremos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: No creo que sea exactamente como usted dice, pero de todas maneras se transmitirá todo lo que haya que transmitir en mi condición de Presidente de la Comisión, no como ex ministro, condición por la que no ejerzo influencia.
Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, FIRMADO EN SOFIA EL 23 DE MAYO DE 1993. (Número de expediente 110/000012.)

El señor PRESIDENTE: El punto 18 se refiere a un Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez Casañ, del Grupo Popular.


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El señor MARTINEZ CASAÑ: Este Tratado de amistad y cooperación es un acuerdo político de la misma naturaleza que los firmados con los países de Europa Central y Oriental, como Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rumania, y se enmarca dentro de la política exterior común de la Comunidad Europea de contribuir al establecimiento de un orden internacional más justo, humano, pacífico y democrático en la nueva arquitectura europea. Así se señala en el preámbulo en el que se reafirma la importancia del desarrollo de la cooperación entre Bulgaria y la Comunidad Europea.
Es un Tratado bilateral que reviste especial importancia para ambos Estados: para Bulgaria por su interés en acercarse a la CEE y a sus Estados miembros, y para España por el deseo que tenemos de incrementar nuestra presencia en Europa del Este, región de la cual Bulgaria es el país más oriental.
El artículo 1.º dispone que las partes colaborarán en todas las esferas sobre la base del respeto y la confianza mutuos y de acuerdo con los principios y valores, que ambos comparten, de la Conferencia de Helsinki.
Opinamos que es buena la referencia que se hace en el área de la defensa, concretamente en el artículo 8.º, al desarrollo de la seguridad en el Mediterráneo y en el Mar Negro. También se contempla en el articulado el fortalecimiento de las relaciones de ambos Estados en el campo económico, agrícola, transportes y comunicaciones, servicios y turismo.
Es un Tratado que puede permitir a España jugar un papel importante en la consolidación y evolución del proceso democrático iniciado en Bulgaria, pero que creemos que en estos momentos está todavía pendiente de estabilización.
Por todo ello, señor Presidente, nuestro Grupo apoya la ratificación de este Tratado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo socialista, tiene la palabra la señora Pla.


La señora PLA PASTOR: Anunciamos nuestro voto afirmativo a este Tratado de cooperación y amistad entre España y la República de Bulgaria y lo hacemos con la satisfacción con que hemos hecho otros tratados similares por las razones ya expuestas por el portavoz del Grupo Popular, pero que yo quisiera resumir en una sola: el acercamiento de España a los países de esta zona. También es importante para Bulgaria porque un Tratado con un país miembro de la Comunidad Económica Europea es importante en su proceso de acercamiento a la Comunidad y de adhesión a la Comunidad Económica Europea.
Quiero resaltar que en el preámbulo las partes establecen una defensa de la paz en Europa y en todo el mundo que consideramos muy importante. En el articulado se expresa el acercamiento que existe para la cooperación en campos tan importantes como el político, cultural, jurídico y de orden público. Por eso, reiteramos nuestro voto afirmativo al Tratado de cooperación entre España y la República de Bulgaria.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.


--CONVENIO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, FIRMADO EN SOFIA EL 23 DE MAYO DE 1991. (Número de expediente 110/000013.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 19 y último, que es el Convenio de extradición y asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Vamos a votar a favor de la ratificación de este convenio porque nos parece un convenio útil, es similar a otros que ya ha ratificado España, no parece que haya nada contraproducente a los intereses españoles y sustituye a otro de 1930.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.


El señor MARTINEZ CASAÑ: Nosotros también vamos a votar a favor de este Convenio que se inspira en el Convenio hispano-húngaro de 1985, con algunas modificaciones, y en el que se atiende a los principios inspiradores del Derecho internacional privado, no contraviniendo los principios constitucionales en la materia ni en el espíritu de las normas reguladoras al respecto.


El señor PRESIDENTE: Les agradezco a todos la brevedad. Vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Muchas gracias por la colaboración y por su resistencia física.
Quiero hacerles el anuncio de que las comparecencias con motivo de los Presupuestos van a empezar, como saben, muy pronto y esta Comisión, concretamente, ha conseguido, tras ardua pelea, reservar una sala para el día 19 por la tarde. De modo que quedan ustedes emplazados. Ya se les convocará, pero lo digo para que tengan a punto sus agendas.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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