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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 29, de 29/09/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 29 REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART Sesión núm. 2 celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1993

ORDEN DEL DIA: --Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Número de expediente 42/000007.) (Página 404) --Aprobación de la celebración de la comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas. A propuesta de la Mesa y Portavoces de la Comisión, acordada en su reunión del día 21 de septiembre de 1993.
(Números de expedientes 213/000007 y 213/000031.) (Página 404) Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas (Saavedra Acevedo), para informar: --De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000007.) (Página 404) --De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento.
A petición propia. (Número de expediente 214/000001.) (Página 404) --Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000031.) (Página 404)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


--APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 42/000007.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Se inicia la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas con quórum suficiente para tratar el orden del día reflejado en la convocatoria.
Primer punto: Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Como se hizo constar en la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión, de 21 de septiembre, se trata de delegar en favor de la Mesa las atribuciones a que se refiere el artículo 44 que corresponden a la Comisión.
¿Alguna intervención por parte de los grupos? (Pausa.) ¿Se puede entender que se da por aprobada por unanimidad? (Asentimiento.) Se aprueba por unanimidad.


--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. A PROPUESTA DE LA MESA Y PORTAVOCES DE LA COMISION ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1993.
(Números de expedientes 213/000007 y 213/000031.)

El señor PRESIDENTE: Segundo punto: Aprobación de la celebración de la comparecencia del excelentísimo señor Ministro para las Administraciones Públicas, a propuesta de la Mesa y Portavoces, acordada en la reunión del 21 de septiembre de 1993.
¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede entender que se da por aprobada por unanimidad? (Asentimiento.) Se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión hasta las diez y quince horas en que se supone que estará presente el señor Ministro.


Se reanuda la sesión.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (SAAVEDRA ACEVEDO), PARA INFORMAR:

--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000007.)

--DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000001.)

--SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000031.)

El señor PRESIDENTE: Dando la bienvenida al excelentísimo señor Ministro para las Administraciones Públicas, se reanuda la sesión.
Entramos en los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día, solicitudes de comparecencia del Ministro para las Administraciones Públicas. Siendo así que el trasfondo y el objeto de la comparecencia por las diferentes solicitudes es similar, si no idéntico, se acumulan por esta Presidencia. Consecuentemente, tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante esta Comisión para exponer a SS. SS. los objetivos que, como responsable del Ministerio para las Administraciones Públicas, me propongo alcanzar durante la presente legislatura.
Nos encontramos, señorías, ante una etapa caracterizada por los rasgos de dinamización e impulso, en la que habrán de resolverse cuestiones ciertamente importantes. Ninguna de ellas puede, sin embargo, resolverse satisfactoriamente mediante iniciativas o actuaciones de carácter unilateral, por muy acertadas que éstas fueran o por amplia que fuese la mayoría política que apoyara a este Gobierno. Al contrario, son cuestiones que están claramente conectadas con el desarrollo del modelo constitucional y cuya solución requiere, en consecuencia la colaboración de todas las instancias territoriales y el acuerdo, a ser posible, de todos los grupos políticos. Quisiera subrayar este segundo elemento: la necesidad de sumar esfuerzos y voluntades para poder perfilar las decisiones de esta legislatura.
Por ello, permítanme SS. SS. que, antes de entrar en materia, les exprese la satisfacción que me causa disponer de esta oportunidad para dialogar con ustedes sobre asuntos cruciales para esta Cámara, en la medida en que lo son para la definitiva vertebración de España como un proyecto constructivo de convivencia.
Tengo la seguridad de que compartirán conmigo la apreciación de que el grado de madurez adquirido en este proyecto continuado nos permite acometer, siempre desde el consenso, los ajustes necesarios para dar un nuevo impulso al proceso autonómico y modernizar las administraciones públicas para asegurar el eficaz funcionamiento del Estado autonómico y de sus administraciones,

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así como su puesta al servicio de todos los ciudadanos.
Política autonómica. Superada ya la fase de institucionalización y consolidación de mecanismos de funcionamiento de nuestro Estado autonómico, todos los objetivos que se incluyen en la etapa que afrontamos pueden ser condensados bajo un denominador común: Se trata de mejorar e impulsar esos mecanismos mediante procesos de diálogo y acuerdo en la toma de decisiones. Por ello, he querido que mi primera iniciativa en este departamento fuese llevar a cabo una ronda de entrevistas con todos los presidentes de las comunidades autónomas. Aunque aún quedan pendientes cuatro de estos encuentros, la experiencia habida nos ha permitido detectar con claridad cuáles son en este momento nuestros intereses respectivos y nuestras preocupaciones compartidas, así como acercar posiciones en problemas que nos afectan a todos y que requieren soluciones conjuntas. Una expresión del carácter concertado de la política autonómica fue precisamente la firma de los acuerdos de 28 de febrero de 1992, en los que se han comprometido el Gobierno de la nación y los dos principales partidos de la escena política nacional. El contenido de dichos acuerdos apunta a múltiples objetivos, pero al mismo tiempo está animado por un afán perfeccionador, un esfuerzo que debe desplegar toda su virtualidad en la legislatura que hemos comenzado y puede ser desglosado en los puntos que les detallo a continuación.
Ampliación competencial de las comunidades del artículo 143. En primer lugar y como compromiso ineludible, aparece la ampliación competencial de las comunidades que accedieron a su condición por el mencionado artículo.
La Ley Orgánica de Transferencias 9/1992, aprobada en la anterior legislatura, pone los cimientos necesarios para que ese trasvase jurídico de titularidades se materialice en concretos traspasos de funciones y servicios en las materias en que ello sea preciso, al tiempo que permite el ejercicio de otras que no necesitan traspasos. Por poner varios ejemplos de estas últimas, éste sería el caso de la estadística para fines no estatales, la publicidad, la defensa del consumidor y usuario en su vertiente de desarrollo legislativo, etcétera.
Por ello y a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Transferencias, se inician por parte de los interlocutores los trabajos necesarios, ponencias técnicas, comisiones mixtas, que conducirán a que, según el compromiso asumido por el Gobierno y por mí mismo, a primeros de 1994 todas las comunidades autónomas afectadas puedan ejercer ya parte de las competencias previstas en los acuerdos.
En una segunda fase, aproximadamente en el verano de 1994, se ultimarían los restantes traspasos, a salvo de los correspondientes a Educación que, como se sabe, están ligados, en cuanto a su temporalidad, a una adecuada implantación de la reforma educativa que se ha iniciado, ello sin perjuicio de establecer en este caso mecanismos de colaboración y/o participación en la política educativa, que preparen adecuadamente la asunción de los servicios educativos por parte de las comunidades autónomas. Dentro de una semana se creará dicho mecanismo institucionalizado. En el caso concreto de universidades, quiero manifestar mi voluntad de que los traspasos inherentes a esta materia se puedan realizar durante el primer semestre del próximo año 1994.
Puedo asegurarles que su culminación va a exigir un gran esfuerzo por parte de los implicados. Con todo, el calendario previsto se ha realizado según un acertado criterio de economía de reuniones y también de acuerdos, tratando de unificar todos los supuestos similares. Así, tras las primeras reuniones preparatorias con las comunidades afectadas, ya a principios de este año han podido constituirse y celebrarse las primeras ponencias técnicas. Disponemos ahora de un apretado calendario para proseguir con todas las necesarias, un calendario que se ha ido cumpliendo desde enero a septiembre y que continuará sin interrupción hasta alcanzar los objetivos prefijados.
En segundo lugar, el proceso de ampliación posee una segunda vertiente no menos importante; se trata del reflejo de la aproximación competencial en cada uno de los estatutos de autonomía, de modo que el contenido de cada una de las once normas institucionales básicas, actualmente en proceso de reforma, reciba actualización y reproduzca fielmente el nuevo mapa competencial. Saben cuál es el proceso que en esta sede están siguiendo los estatutos y me abstengo de hacer referencia detallada respecto a los mismos.
En lo que se refiere al Estatuto canario, estaremos atentos al proceso que haya de tener lugar, partiendo de la decisión del Parlamento canario como impulsor inexcusable de toda modificación del ordenamiento propio de esta Comunidad. Con ello culminará con éxito una operación sin precedentes y de enorme trascendencia: la reforma pactada de los estatutos de autonomía, la primera de verdadera importancia desde 1983, con el consenso de gobiernos autonómicos y del Gobierno de la nación, de parlamentos y Cortes Generales y de las dos principales fuerzas políticas del país.
En tercer lugar, está la finalización del proceso de traspasos a las Comunidades del artículo 151. Mis entrevistas con los responsables de estas Comunidades han sido ciertamente fructíferas. Estas conversaciones están permitiendo conocer mejor nuestros puntos de vista sobre el perfeccionamiento de nuestro modelo autonómico, nuestros respectivos órdenes de prioridades y la manera de aproximarlos. A partir de ello la intención del Gobierno, y por tanto de mi departamento, es que las negociaciones se lleven a cabo de forma ordenada y por materias, de manera que, por una parte, puedan ser culminados aquellos traspasos que no ha sido posible acordar, pero que ya han sido propuestos e inicialmente negociados, al tiempo que, por otra parte, sean discutidos los pormenores de aquellos otros que todavía, hablando coloquialmente, no han sido puestos sobre la mesa. Ello nos permitirá hacer lo que hemos llamado una lectura conjunta y actual del marco competencial autonómico establecido en el bloque de constitucionalidad, que facilite, desde la mutua

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lealtad y espíritu constitucional, profundizar en las posibilidades autonómicas de nuestro Estado.
Como dijo el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, la igualdad de trato no significa igualitarismo, siendo perfectamente compatible esa igualdad de trato con el respeto al hecho diferencial que a todos nos parece fundamental. En este sentido, el Gobierno estudia, de mutuo acuerdo con el Gobierno vasco, la posibilidad de negociación de los traspasos correspondientes a las materias incluidas en el acuerdo recientemente aprobado por el Parlamento de aquella Comunidad. También en este aspecto habrá que acercar posturas y tratar de llegar a soluciones para todos satisfactorias. Ello se hará también, por supuesto, con la Generalidad de Cataluña y con la Xunta de Galicia, una vez celebradas elecciones en esta última.
Cooperación y disminución de conflictividad. Encaminado precisamente a la consecución de soluciones conjuntas y satisfactorias para el interés general, la articulación correcta del principio de cooperación es hoy referencia insoslayable de los acuerdos autonómicos. Desde el departamento se viene haciendo hincapié en que uno de los principios que más intensamente ha de informar las actuaciones de los entes territoriales es el de cooperación y no el de compartimentación pura y simple en el ejercicio de las competencias.
La apuesta de los partidos mayoritarios y del Gobierno por la cooperación se incluye, como es notorio, en la segunda parte de los acuerdos autonómicos, así como la referida a la ampliación de competencias tiene un principio y un fin en el tiempo, la que a la cooperación respecta tiene, y así ha de entenderse, una vigencia permanente por tratarse de un principio consustancial al Estado autonómico.
Son ustedes conscientes de que el núcleo central de los acuerdos es la institucionalización de conferencias sectoriales, de las cuales aún están pendientes de crear dos, la relativa a pesca y a trabajo. La de pesca va a ser convocada en la segunda quincena del mes de octubre y la de trabajo supongo que cuando el ritmo laboral de ese departamento, como consecuencia de la negociación de los pactos permita pasar a esta acción propia del desarrollo de los acuerdos autonómicos. Esas conferencias sectoriales se han puesto en funcionamiento y van permitiendo una actuación coordinada y programada para los meses siguientes.
Por otra parte, las comisiones bilaterales que según los acuerdos autonómicos tendrían por objeto unir el mecanismo multilateral de otro de carácter complementario que dé respuesta a las peculiaridades de cada Comunidad, continúan siendo instrumento idóneo para cuestiones específicas. El ejemplo más cercano está en la celebración de la última comisión con la Comunidad canaria para la solución de asuntos que tienen su origen, fundamentalmente, en la insularidad y lejanía física de esta Comunidad, así como, entre otros objetivos, la culminación del régimen económico fiscal, proceso este que el Gobierno de la nación es el primer interesado en intentar llevar a buen término con la mayor prontitud posible.
Además, la cooperación entre el Estado y las comunidades produce en otro plano un efecto tremendamente beneficioso en relación con el funcionamiento de los engranajes territoriales. Se trata de la disminución de los índices de conflictividad constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas. Así, la totalidad de asuntos retirados entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido de 33, en 1991; 31, en 1992; y 20, en lo que va de 1993. De todos ellos el Gobierno ha retirado 14, 20 y 4 respectivamente. En este orden de consideraciones estimo oportuno recordar que cada conflicto, cada recurso acarrea, inevitablemente, una gran distorsión en las relaciones interadministrativas, una interferencia que en ocasiones puede resultar gravemente perjudicial para la actuación pública y que además puede extender estos efectos negativos a otros ámbitos de estas relaciones, muchas veces por causas no plausibles. Debemos intensificar la cooperación en este campo, trasladando a la fase de elaboración normativa los mecanismos de negociación técnicos y jurídicos que eviten los conflictos.
Seguramente, las entrevistas que he mantenido con los presidentes de las comunidades autónomas van a producir efectos positivos a corto plazo en este ámbito. Hay que intentar igualmente reducir el alcance de lo que se viene considerando legislación básica en el futuro.
Por último, también contemplado en los acuerdos autonómicos, la futura aprobación de un estatuto de autonomía para las poblaciones de Ceuta y Melilla es otra de las cuestiones pendientes de consenso entre las fuerzas políticas. Recientemente he comenzado las conversaciones con la dirección del Partido Popular y con los representantes parlamentarios de estas ciudades para completar, merced a un amplio acuerdo, nuestro mapa territorial. La buena disposición encontrada me hace creer que en los próximos meses ambas ciudades podrán contar con dichos textos.
Les comentaré a continuación tres aspectos no menos importantes de la política autonómica que precisamente tienen en común el hecho de hallarse en un momento decisivo; me estoy refiriendo a la financiación autonómica, la decisión relativa a la representación española en el Comité de las Regiones y, por último, a la reforma del Senado.
Respecto de la primera cuestión, financiación autónomica, como saben SS.
SS., el 20 de enero de 1992, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un acuerdo de financiación para este quinquenio. Este acuerdo ha permitido mejorar aspectos importantes de la metodología acordada en 1986. Por tanto, nos encontramos en este momento con un desarrollo del acuerdo citado, que ha podido ser reflejado en la Ley de Presupuestos para 1993. Como también saben SS. SS. en el propio acuerdo se puso de manifiesto la necesidad de avanzar en una serie de cuestiones que, a juicio de los miembros del Consejo, debían ser objeto de análisis y estudio. Con este fin se constituyeron una serie de grupos de trabajo cuyo alcance ya conocen ustedes. Permítanme que me detenga en un tema que fue objeto de estudio por uno de los citados grupos, el grupo de corresponsabilidad fiscal y obviando

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los últimos acontecimientos puedo afirmarles que, en mi opinión, es acertado que cada ciudadano de cada comunidad autónoma sepa quién gasta sus cuotas fiscales y en qué las gasta y ello, entre otros motivos, porque así sabrá ejercer de modo más responsable su derecho de voto y expresar cuáles son sus demandas, no ya siempre frente al Estado, sino precisamente ante su Gobierno autonómico cuando ello proceda.
No obstante, un Estado social y democrático de derecho, que constitucionalmente no tolera ni puede tolerar en su seno desequilibrios territoriales ni privilegios económicos o fiscales, ha de saber atender a la solidaridad y a corregir esos desequilibrios, y la solución que se dé a la postre para aumentar esa autonomía de ingresos de las Comunidades ha de saber cohonestar esta autonomía financiera con el igual y equitativo derecho de cada español a obtener, por lo menos, un igualmente equitativo nivel de prestación de servicios, resida donde resida. Ello, sencillamente, porque contribuye igualmente, a través de unos impuestos directos al sostenimiento de las cargas del Estado, ha de saber conjugarlo, además, con un incentivo a aquellas comunidades cuya renta global es más elevada y, por último, ha de estimular a las comunidades autónomas más desfavorecidas a mejorar sus variables socioeconómicas a través de mecanismos correctores y de los instrumentos técnicos de la solidaridad. Todo ello, y creo que en esto coincidirán SS. SS. conmigo, es tan absolutamente insoslayable como difícil de articular.
En definitiva, y seguiré insistiendo en la premisa que preside mi discurso, creo que todos los interlocutores estamos obligados a aproximar diferencias de planteamiento, a hacer y correlativamente a exigir un esfuerzo en aras del interés general, más allá de posturas que puedan producir al ciudadano la impresión de que ese interés general no existe o, mucho peor, la impresión de que tal interés se puede dividir en beneficio de éste o aquel territorio.
La última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera trajo consigo una coincidencia en diversos aspectos que no sólo se extendió a la aplicación de una participación en el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por dos años o al establecimiento de topes para evitar desviaciones, sino que incluyó también la decisión de encargar a un grupo de trabajo externo la redacción de un Libro Blanco sobre financiación y nivelación de servicios. Creo que nuestro sistema va a ir poco a poco encauzándose gracias a un gran esfuerzo de las partes por conciliar posiciones.
Así mismo, mi ministerio impulsará la creación de una comisión o grupo de trabajo para analizar los problemas de financiación que están generando los servicios sanitarios traspasados en algunas comunidades autónomas.
Pasando a la segunda cuestión que les anuncié, es decir la elección de representantes para el Comité de las Regiones previsto en el Tratado de Maastricht, en las próximas semanas deseamos que sea discutido en la Cámara Alta cuál ha de ser la proporción de representantes locales y regionales en dicho Comité.
También en este caso habremos de esforzarnos en que el proceso de concertación con las partes concernidas alcance resultados que sean, en la medida de lo posible, satisfactorios para todos.
Se trata, ni más ni menos, de que la descentralización española pueda proyectarse hacia fuera y de que nuestro reparto de poder territorial encuentre también su reflejo en el entramado institucional europeo comunitario.
En el ámbito interno fortaleceremos el papel de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad española en los ámbitos comunitarios a través de las conferencias sectoriales en general, y en la de los asuntos relacionados con Europa en particular, lo que me propongo impulsar a partir de la reunión que se celebrará el próximo día 21 de octubre, con el objetivo no de recibir información pasada de hechos ya conocidos por los medios de comunicación, sino de anticipar los criterios que la representación española va a defender ante los órganos comunitarios.
Intencionadamente he dejado que el último asunto a tratar sobre la política autonómica sea la reforma del Senado, porque la esencia misma de la reforma que ahora tenemos en marcha me retrotrae a las palabras con que inicié este apartado. Ciertamente la reforma del Senado, en orden a convertirlo en una verdadera Cámara de representación y participación territorial, es el sustrato esencial de ese perfeccionamiento de nuestro Estado autonómico.
No podemos ignorar la posición preeminante a la que el Senado está llamado en la organización territorial del Estado. Todos los temas que les acabo de desarrollar, señoras y señores Diputados, precisan un foro en el que sea posible el contraste de pareceres entre los representantes de nuestras comunidades, que sea un verdadero catalizador de acuerdos, que sea, en definitiva, el lugar en que se residencie la toma de todas aquellas decisiones en las que se plantee la articulación del interés territorial.
Aunque por sí la reforma del Senado compete a la propia Cámara, las positivas repercusiones que dicha reforma ha de tener forzosamente en el diálogo interterritorial no pueden ser obviadas por el Gobierno y más concretamente por mi departamento, que sigue con gran interés todos los avatares de este proceso de diálogo entre las fuerzas políticas y no desdeña la posibilidad de que órganos de participación y cooperación Estado-comunidades autónomas, que hoy se adscriben a los Ejecutivos, acaben por adscribirse a la Cámara Alta.
Saben SS. SS. que el Gobierno no descarta una puntual reforma constitucional, pero hoy por hoy creo que lo primordial es que la Comisión General de Comunidades Autónomas se ponga en marcha y para un correcto funcionamiento de ésta les aseguro que mi departamento adelanta su mejor disposición y prestará su decidido apoyo a los trabajos parlamentarios.
Una vez comentados todos los aspectos prioritarios de la política autonómica, paso ahora a trasladar los objetivos en materia de política local.
La dinamización y perfeccionamiento de nuestro Estado autonómico precisa ineludiblemente la participación

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local. Existen en este sentido varios temas enormemente relevantes respecto a los que voy a tratar de trasladarles cuál es mi programa, que aparece presidido por la idea de desarrollar en todos sus aspectos la autonomía local, comenzando por la financiera.
Como ocurre con la financiación autonómica, la financiación local está ahora de plena actualidad, debido entre otras razones a que es ahora cuando la Ley de Haciendas Locales fijaba el final de este período y la apertura de un nuevo quinquenio para el que debe ser fijado el cálculo de la participación en los ingresos del Estado.
Sin embargo, y como ustedes seguramente sabrán, esta entrada en vigor ha de ser necesariamente aplazada en el tiempo. Las circunstancias económicas de crisis que ahora atravesamos no nos permiten afrontar para el próximo año un sistema distinto de financiación, pero el proyecto de ley de presupuestos contiene una elevación del 9 por ciento del Fondo de Cooperación, nada desdeñable.
El Ministerio de Economía y Hacienda informó ayer a representantes de la Federación Española de Municipios de la liquidación del año 1992, que supone una cifra próxima a los 80.000 millones de pesetas.
Existe otro compromiso electoral reiterado por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura referente a la presentación de un Libro Blanco sobre la Administración Local. Este Libro Blanco, que se encuentra en un avanzado grado de elaboración, no es más que un instrumento de trabajo, no sólo para el propio Gobierno, sino también y muy principalmente para las corporaciones locales, las comunidades autónomas y desde luego para los partidos políticos. Este documento recoge todos aquellos aspectos de lo local que hoy interesan y que probablemente son mejorables en muchos o algunos de sus aspectos.
A partir de este elenco de cuestiones, que vendrían a ser un reflejo de la situación existente, el Gobierno espera provocar el debate entre las partes interesadas. En este punto una de las cuestiones que hay que abordar es una reordenación de las competencias locales, gracias a la cual las corporaciones locales realicen aquellas tareas para las que precisamente por su tamaño y proximidad al ciudadano las acredita como las más idóneas.
Aquí juega obviamente la voluntad de las comunidades autónomas. El compromiso socialista se funda en que nuestros representantes territoriales van a apoyar e impulsar estos procesos de trasvase de facultades asegurando en todo momento que no se impongan cargas sin contraprestación y que se tienda a una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.
Otros aspectos del Libro Blanco son indudablemente interesantes, como el relacionado con la gobernabilidad de las corporaciones locales, que pone sobre la mesa la delicada cuestión de instrumentos democráticos, probablemente indispensables, como la moción de censura o la posibilidad de que un concejal cambie de partido político, puedan llegar a tener efectos desastrosos sobre la buena gestión local si no se utilizan de manera responsable. Estas cuestiones son trascendentales en todos los ámbitos territoriales.
Al lado de las anteriores, otra de las cuestiones que hoy tiene nombre propio en el panorama territorial y que desborda lo puramente local es la mejora en la gestión de las grandes ciudades. En este punto el compromiso del departamento consiste en aportar una nueva regulación básica para grandes municipios que ponga los cimientos para la resolución de sus problemas organizativos y competenciales, asi como el impulso de mecanismos de cooperación entre los municipios que componen las conurbaciones españolas.
La negociación con los interlocutores locales para la redacción concreta de estas normas comenzará a finales de este año, tras la asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias. No obstante, he de decir que en este punto el Gobierno es una parte más en un proceso que también por fuerza nos lleva a la necesidad de un esfuerzo cooperativo tripartido, es decir, de los tres entes territoriales cuya actuación confluye en los espacios urbanos. Sólo este esfuerzo cooperativo hará eficientes las ingentes inversiones que nuestras ciudades necesitan.
Frente a los espacios urbanos densamente poblados, el problema creado en España por la gran cantidad de municipios existente es la otra cara de la moneda. También aquí estamos ante una cuestión de eficacia y eficiencia en el gasto y en las actuaciones públicas.
En un país como España, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, es por hoy impensable acometer un proceso de fusiones puro y duro, como los que se han acometido en anteriores décadas en la República Federal Alemana o en los países nórdicos. Por citarles el caso, la pasada semana estuve con la Ministra sueca y allí en los últimos años han establecido menos de doscientos cincuenta municipios. Sin embargo, sí es cierto que se puede frenar el lento pero inexorable crecimiento de entidades municipales, tratando de paliar sus efectos más claramente perjudiciales.
En este sentido, y con esto termino la parte referida a la Administración Local, la gran cantidad de mancomunidades existentes es un buen indicio de que nuestras corporaciones comprenden la necesidad de aunar esfuerzos.
En la línea de fomentar este tipo de entidad asociativa se encuentra el departamento.
De todo lo dicho me gustaría destacar de nuevo la necesidad de un diálogo constructivo como catalizador necesario para la consecución de todos los objetivos que he planteado ante ustedes. Aunque la necesidad de acuerdo haga en ocasiones largo y trabajoso el proceso de búsqueda de soluciones, éstas podrán disfrutar, cuando se pongan en práctica sobre las bases descritas, de un plus cualitativo de solidez, acierto y legitimidad. Ello habrá de compensar más que sobradamente el esfuerzo realizado.
Enlazando ahora con los objetivos de la otra gran área de mi departamento, la Administración Pública, me referiré, en primer lugar, a la readecuación de la Administración general del Estado, cuestión que vendría a ser el reverso complementario de todo lo relatado, y sobre la que existen ya compromisos del Gobierno.
Política de Administración Pública. Desde 1989, con

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la publicación del documento «Reflexiones para la modernización de las administraciones públicas», hemos estado embarcados en un proceso de cambio permanente y sostenido de la cultura tradicional de la Administración pública española. Sus señorías ya conocen los rasgos fundamentales de esta estrategia de cambio seguida, por otra parte, en casi todos los países de la OCDE.
Uno, el rechazo a las reformas legales totalizadoras, exclusivas de la función pública, y la confianza en las acciones concretas de mejora basadas en la experiencia y en la especificidad de cada problema.
Dos, la importancia estratégica que otorgamos a la mejora de la gestión pública y a los modelos contrastados de organización.
Tres, reconocimiento del valor de los recursos humanos, de su formación y motivación como principal factor de éxito en el logro de una Administración Pública orientada al servicio de los ciudadanos.
Cuatro, y por último, la vinculación de toda mejora a la expresión de la voluntad ciudadana, la orientación de los objetivos de la política administrativa hacia los clientes naturales de la misma: los usuarios.
No es intención del Gobierno, en el inicio de esta V Legislatura, abandonar los principios que la experiencia ha demostrado como válidos.
Todo lo contrario, debemos profundizar en su desarrollo y avanzar en las reformas estructurales necesarias para configurar la Administración general de Estado como una organización capaz de servir a los ciudadanos con niveles adecuados de calidad, capaz de fortalecer los derechos individuales y colectivos y de estar preparada, por último, para ser un puntal básico de la competitividad de la economía española en su conjunto.
En el discurso de investidura del Presidente se asumió un compromiso por un esfuerzo mayor de transparencia, tanto de las políticas que acometemos como del propio funcionamiento de la Administración Pública. Por mi parte asumo y reitero el compromiso, en este caso con la Cámara y con SS. SS., que ya en la pasada Legislatura recibieron debida cuenta de los procesos de modernización en curso.
Plan de modernización. En esta filosofía, año y medio después de su puesta en marcha, el Plan de modernización de la Administración del Estado continúa su proceso de ejecución, habiendo logrado ya importantes resultados. Permítanme recordar que el Plan tuvo su origen en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 1991, y condujo a la puesta en marcha de 204 proyectos inscritos en las tres líneas estratégicas que vertebraron el Plan: mejora de la información y comunicación con el ciudadano, mejora de la calidad de los servicios y aumento de la eficacia de la gestión interna. Al cumplirse el primer año de su ejecución, el Plan había logrado un alto nivel de cumplimiento de sus previsiones y objetivos iniciales, habiéndose finalizado un tercio del total de proyectos y ofrecidos resultados tangibles más de la mitad de ese total. Al mismo tiempo se constataba que cerca del 70 por ciento de los proyectos tenían o habían tenido un desarrollo normal, mientras que solamente alrededor del 5 por ciento habían sido cancelados o tenían serias dificultades de ejecución. Teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos establecían su ejecución en el período 1992-93, es previsible que a finales de este año se hayan terminado entre el 70 y el 80 por ciento del total de los proyectos iniciales.
Todo ello, y la experiencia acumulada con los primeros 204 proyectos que configuraron el Plan de modernización, lleva a valorar éste como un instrumento verdaderamente útil para coordinar esfuerzos, tensionar las organizaciones en la consecución de objetivos concretos y dinamizar la Administración. En tal sentido, me propongo impulsar la incorporación de nuevos proyectos al Plan, priorizando aquellos que generen ahorros en el funcionamiento de la Administración e incrementen la productividad. El contenido de los proyectos se ajustará al cumplimiento de compromisos concretos, tales como reducir progresivamente los tiempos de respuesta de la Administración al ciudadano, simplificar los procedimientos, establecer indicadores de calidad, implantar o ampliar teléfonos de consulta permanente, potenciar las unidades de información al ciudadano, incrementar el uso de las tecnologías de la información, facilitar la accesibilidad física a las dependencias y oficinas, etcétera. En el MAP pretendemos que el Plan de modernización potencie y coordine las acciones de mejora que se llevarán a cabo durante estos meses. Espero poder comparecer ante ustedes en el futuro para concretar estos nuevos proyectos y ofrecerles un balance completo de los que se ejecutarán.
Por otra parte, el conocimiento y evaluación periódica del funcionamiento de los servicios públicos, estén incluidos o no en programas o proyectos concretos de modernización, es un elemento imprescindible para permitir una verdadera transparencia en la gestión de los mismos, de manera que podamos ir aproximando los niveles de calidad expresados por la opinión pública a los que los gestores se plantean como posibles en atención a los condicionamientos presupuestarios y del propio servicio. Con este objetivo se trabajó en la anterior Legislatura en el diseño de los fundamentos teóricos de un sistema general de indicadores capaces de medir y valorar periódicamente la evolución de los servicios públicos considerados de mayor importancia por los ciudadanos. Para su diseño, de gran complejidad técnica, se ha contado tanto con las aportaciones de los ámbitos científicos y administrativos como con experiencias extranjeras, teniendo en cuenta, fundamentalmente, las encuestas de opinión sobre los servicios públicos de mayor importancia para el bienestar ciudadano.
Desde el Ministerio me propongo poner en marcha este sistema de control de calidad e impulsar la implantación de sistemas análogos en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales, mediante los instrumentos de cooperación y colaboración más adecuados en cada caso.
Tanto su implantación como los resultados que periódicamente nos ofrezca serán objeto de la debida discusión en el seno de esta Comisión y su inmediato traslado a la opinión pública. Este proceso permitirá

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avanzar en el compromiso electoral de ir publicando una carta de servicios para cada uno de los distintos servicios públicos afectados, que exprese el conjunto de prestaciones ofrecidas y el nivel de calidad mínimo exigible en cada una de ella, así como las vías que faciliten la subsanación o compensación, en su caso, de las deficiencias sufridas por los usuarios. Por otra parte, se va a seguir abordando la modernización del lenguaje administrativo y la normalización de impresos. Como es sabido, el MAP elaboró y publicó, en agosto de 1990, el Manual de estilo del lenguaje administrativo con una doble finalidad: acabar con las tradicionales barreras de comunicación entre la Administración y los ciudadanos y dotar a los funcionarios de un instrumento útil para modernizar y mejorar la redacción de sus impresos. El manual ha sido ya de gran utilidad, como se ha comprobado en 24 centros de la Administración del Estado en los que se puso en marcha un proyecto de aplicación experimental, así como la implantación del manual en las oficinas de información administrativa. Para favorecer su difusión, se ha procedido a la elaboración de un extracto y a la impartición de veinte cursos, a pesar de lo cual es preciso avanzar aún más y dar continuidad a la impartición de cursos de modernización del lenguaje administrativo.
Desarrollo de la LRJPAC (Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común). Precisamente desarrollando la LRJPAC y en el mismo ánimo de facilitar la aproximación de la Administración a la sociedad, se va a proceder a una reducción de número de procedimientos administrativos, de lo que ya informé a la Cámara cuando se convalidó el Decreto-Ley correspondiente, de los que actualmente existen 1.893 en el ámbito de la Administración general del Estado. Pretendemos unificar los precedimientos de naturaleza común en un número limitado de normas que contengan la regulación de procedimientos-tipo relativos a cada una de las categorías generales de la actividad administrativa.
Ya se ha aprobado el reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial y el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, existiendo, por otra parte, otros tres proyectos de Reales Decretos en preparación referidos a la consecución de subvenciones públicas, autorización de actividades y reconocimiento de derechos económicos. En todos estos casos, y con independencia del distinto grado de desarrollo de cada uno de ellos, se cuenta ya con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Queda pues, únicamente, la fase de consultas con los distintos departamentos para, una vez atendidas sus observaciones, concretar los textos definitivos. También, como desarrollo de los principios definidos en la Ley 30/1992, se va a reforzar la obligación de resolver por parte de la Administración. Por este motivo está previsto desarrollar las normas de fijación de criterios sobre la forma y contenido del sistema de certificaciones de actos presuntos y de generalización del criterio de acto presunto estimatorio.
Además, es intención del Ministerio consolidar este objetivo de respuestas y asistencia, con la regulación del derecho de los ciudadanos a obtener asistencia jurídica y técnica gratuita por parte de la Administración y, aunque en un grado de importancia menor, publicar en el próximo año el calendario anual de días hábiles e inhábiles, que facilite el conocimiento ciudadano sobre el servicio que la Administración debe prestar.
Por otra parte, una administración moderna y participativa ha de encontrar el justo equilibrio entre la intimidad y el derecho a la información, de manera que los ciudadanos tengan acceso a los archivos y registros que contengan datos de su interés y puedan así operar un control individual de la gestión administrativa. El desarrollo de este derecho ha sido asumido por la Ley de Régimen Jurídico, llenando un vacío normativo que era preciso contemplar de forma similar a otros países de nuestro entorno cultural.
Próximamente, llevaré al Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto que regule el procedimiento de acceso a archivos y registros, compaginando dicho derecho con las peculiaridades de lo sectores de la Administración general del Estado.
La creciente difusión entre los ciudadanos de los medios informáticos exigía un nuevo marco jurídico que posibilitase, de un lado, que los ciudadanos se relacionen con las administraciones públicas por medios informáticos y, de otro, la emisión válida de documentos y copias a través de éstos. Este vacío legal ha quedado también cubierto por la Ley de Régimen Jurídico, para cuyo desarrollo se están estudiando los requisitos precisos, para que la utilización de los medios informáticos, que cada vez se está acentuando más, se realice de forma que queden garantizados los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.
Organización de la Administración. La materialización y posterior consolidación de los objetivos expuestos hasta el momento requieren la actualización del marco normativo, de manera que establezca los criterios de organización y funcionamiento de los servicios públicos, acordes con esos objetivos y con los imperativos de control y reducción del gasto público que impone la actual situación económica.
En este sentido, los equipos de trabajo de los ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda han elaborado un Libro Blanco sobre la gestión del gasto público y la organización de la administración del Estado. Una vez dados los últimos retoques al mismo, su publicación supone el inicio del proceso que ha de culminar con un nuevo modelo organizativo y de funcionamiento de la Administración. La iniciativa del Libro Blanco abre paso a la formulación de un texto articulado de la ley de organización y funcionamiento de la Administración, dando así cumplimiento al compromiso expreso del Presidente del Gobierno, y es previsible la remisión del texto legal por el Gobierno a las Cortes en el próximo período de sesiones. Esta iniciativa dará también cumplimiento a los compromisos electorales de diseñar un nuevo modelo organizativo y funcional de la Administración del Estado y adaptar su organización territorial.


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El proceso de traspaso a las comunidades autónomas por la vía del artículo 143 impone simplificar el diseño de la organización territorial de la Administración general del Estado y ajustar y reducir su dimensión con criterios de máxima economía. Paralelamente, para reducir las estructuras se buscará la colaboración de las administraciones territoriales, a través de las fórmulas previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo común, de manera que el objetivo de simplificación de las estructuras administrativas se realice compartidamente por la Administración general y las de las comunidades autónomas. En este sentido, el Ministerio procederá al análisis y estudio de los servicios periféricos actuales, estructura, número de unidades, funciones de cada una de ellas y personal, como base para el diseño inicial del mapa periférico, teniendo en cuenta los traspasos de servicios previstos y el mejor cumplimiento de los cometidos reservados a la Administración general.
Hemos remodelado recientemente las estructuras periféricas de tres ministerios con importantes ramificaciones en el territorio, como son el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el de Sanidad y Consumo. En todos los casos se ha procurado ajustar las estructuras del Estado a las competencias que ejerce en el territorio, buscando la mayor eficacia de su presencia y el ahorro en el gasto público. En esta dirección, la reorganización territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afectó a 229 unidades periféricas, que quedaron reducidas a 56, con un ahorro en gasto de personal de 44 millones. La reorganización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente afectó a siete áreas de servicio, suprimiéndose 37 órganos territoriales y obteniéndose un ahorro de 406 millones de pesetas. Finalmente, la reorganización del Ministerio de Sanidad y Consumo supuso una reducción de 30 órganos territoriales. En el conjunto de estas operaciones el Estado ha llevado a cabo una reducción orgánica de 240 unidades territoriales. Este es el camino que nos proponemos continuar recorriendo para ajustar la dimensión de la Administración del Estado en el territorio y realizar acciones puntuales y concretas de simplificación según lo vayan demandando las circunstancias y el desarrollo de los procesos de transferencias.
Por lo que se refiere a las estructuras administrativas, las líneas de actuación se centran en varios aspectos complementarios. Es intención del Ministerio seguir una política muy restrictiva respecto a la creación de organismos autónomos y entes públicos en tanto no esté aprobada la ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado.
Además, en el marco de reducción de la estructura y la desconcentración de la gestión se procurará ajustar los servicios comunes, de forma que se realicen con mayor eficacia las tareas de apoyo a las funciones de dirección y evaluación de la gestión que corresponde a los órganos superiores.
En cuanto a la estrategia específica de flexibilidad de gestión de los recursos humanos, que se comenta más adelante, se pretende abrir vías para la desformalización de las estructuras organizativas de rango inferior y contribuir así a la ubicación más idónea del personal, de acuerdo con el volumen de trabajo a desarrollar en cada momento, facilitando la movilidad del personal, derivada de la supresión o modificación de puestos de trabajo. El objetivo político de lograr una Administración que funcione con eficacia y eficiencia no sólo depende del modelo organizativo y funcional sino también, y muy significativamente de los procesos económicos y presupuestarios. Así se ha entendido por los dos ministerios horizontales que han trabajado coordinadamente para que la modernización de los aspectos organizativos y funcionales de la Administración se lleve a cabo simultáneamente con los aspectos relacionados con el gasto público y la presupuestación. En tal sentido, es necesario prever que la ley de organización y funcionamiento vaya acompañada de modificaciones significativas en la presupuestación, control y gestión del gasto público.
Finalmente, es imprescindible incorporar al funcionamiento de la Administración del Estado nuevos principios inspiradores de la gestión de los asuntos públicos. Se trata de criterios y principios que están ya presentes en los procesos de modernización de las administraciones públicas en otros países y que, por su bondad, debemos incorporar a nuestra Administración. Así, es necesario orientar la actuación de la Administración hacia la eficacia y la eficiencia, poniendo énfasis en la calidad de los servicios, enfocando las actividades hacia el cumplimiento de objetivos y promoviendo el empleo de técnicas gerenciales avanzadas.
Igualmente han de primar los principios de autonomía y responsabilización de la gestión, de manera que los gestores públicos puedan asumir el compromiso de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en reciprocidad, puedan ser evaluados según los resultados obtenidos en su gestión.
Como apunté al principio, los recursos humanos son un factor estratégico, especialmente en una organización como la Administración, donde los servicios públicos descansan muy intensamente sobre la calidad profesional y la formación del personal. Pero la mejor utilización de los recursos humanos de la Administración determina la necesidad de someter la planificación y gestión de los mismos a procesos dotados de mayor flexibilidad y eficacia.
Reasignaciones de efectivos y planes de empleo. La necesidad de reasignar efectivos al servicio de la Administración del Estado viene ocasionada por la complejidad de las organizaciones administrativas, el funcionamiento de las mismas conforme a reglas burocráticas, que tradicionalmente han carecido de la suficiente flexibilidad, el impacto de las transferencias a las comunidades autónomas y la política de contención del gasto público. Dicha necesidad se incrementa con el proceso de nuevas transferencias a las comunidades autónomas.
En los últimos años se han producido reasignaciones de efectivos en sectores como Instituciones penitenciarias, Agencia estatal de administración tributaria, Aeropuertos españoles y navegación aérea, Puertos del Estado,

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etcétera. Estas experiencias han puesto de manifiesto la insuficiencia y rigidez de los actuales instrumentos normativos. En consecuencia, la articulación de las medidas necesarias para la implantación de procesos flexibles y actualizados de reasignación de efectivos exige realizar una serie de modificaciones normativas que han de abordarse en una norma con rango de ley. Por eso el Gobierno tiene el propósito de remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que contenga la regulación de los planes de empleo, y la reasignación de efectivos, junto con una flexibilización paralela de la oferta de empleo público anual.
Les adelantaré que la reasignación de efectivos se acompañará de medidas previas, tales como el establecimiento de programas de formación y reciclaje, la suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito o sector afectado, tanto por vía de empleo como de concurso de provisión de puestos, la autorización de concursos de provisión de puestos limitados al personal del ámbito que se determine, el desarrollo de medidas específicas de promoción interna y la prestación de servicios a tiempo parcial. Asimismo, se instrumentará de forma objetiva en una serie de fases sucesivas, con unas garantías en materia de retribuciones y de provisión de puestos de trabajo acordes con el principio de estabilidad en el empleo de los funcionarios.
Por otra parte, es intención del Gobierno abrir la posibilidad de que otras administraciones públicas implanten planes de empleo y procesos de reasignación de efectivos, a cuyo fin las normas que se dicten van a poner estos instrumentos a disposición de las restantes administraciones públicas para la óptima utilización de sus recursos humanos.
En cuanto a la oferta de empleo público, las líneas que se vienen practicando en los últimos años apuntan los criterios de austeridad y restricción con que trabajaremos en el futuro.
Ya para 1992, el Gobierno aprobó una oferta global de 19.565 plazas, que suponía una reducción del 43 por ciento respecto a la oferta del año anterior, y que respondía a los criterios fundamentales de contención del gasto público y reposición de las bajas naturales, de manera que dispusiéramos de una Administración mejor, pero no mayor. En esta línea de trabajo, la oferta aprobada para el presente año de 1993 ha sido aún más rigurosa, actuándose con criterios absolutamente selectivos, de manera que las 13.940 plazas aprobadas se han destinado a servicios básicos esenciales, como Educación, Correos, Justicia, instituciones penitenciarias y Agencia Estatal de Administración tributaria.
Nos hallamos, así, este año ante la oferta más baja desde que se creó este mecanismo en 1985, de manera que una vez ejecutada la oferta de este ejercicio, la Administración verá reducidos ligeramente sus efectivos en términos netos. Igualmente hemos procurado que estas ofertas selectivas contribuyan a la consolidación del empleo temporal, dando así cumplimiento al compromiso adquirido con los sindicatos en los acuerdos de 1991 para reducir el número de plazas ocupadas en régimen de interinaje o de contratación eventual.
Para los próximos ejercicios, la actuación a desarrollar estará caracterizada por la paralización de nuevas incorporaciones de personal con carácter general y la apertura de un proceso interno de reasignación de efectivos, de manera que la oferta de empleo publico quede reservada para aquellas situaciones que no pudieran abordarse con los mecanismos de reasignación. Esto significa la flexibilización del carácter rígido de la oferta de empleo público anual a través de la habilitación al Gobierno para aprobar excepcionalmente ofertas de empleo referidas a sectores específicos.
Se pretende, con esta nueva orientación, promover una mayor responsabilidad de los gestores públicos en el aprovechamiento y planificación de los recursos humanos existentes, de manera que las posibles nuevas necesidades que pudieran tener de los mismos se agoten, primero, en el mercado interno de la propia Administración a través de la movilidad funcional y geográfica, y del incremento de la productividad.
La oferta de empleo será así, en adelante, un recurso excepcional y altamente selectivo.
Uno de los factores relevantes en la modernización de la Administración es la implicación de los empleados públicos en el proceso, y para ello es necesario incorporar elementos de motivación en el desarrollo de la función pública. Se trata de promover un cambio en la cultura administrativa y fomentar la responsabilización de los empleados y funcionarios por los resultados de su trabajo.
A tal fin, el Ministerio se propone analizar los problemas derivados de la actual uniformidad del régimen de personal y avanzar criterios para una diferenciación de regímenes atendiendo a las peculiaridades de determinados colectivos, sin abandonar por ello la existencia de una normativa básica común.
Por otra parte, en las organizaciones que han alcanzado cierto grado de complejidad, el desempeño de puestos directivos requiere que sus titulares se caractericen por el mantenimiento de determinadas actitudes y la aplicación de técnicas y habilidades que solamente se adquieren con la experiencia y el desempeño de puestos de cada vez mayor responsabilidad, de tal manera que la etapa profesional directiva debe considerarse como una segunda carrera profesional. A su vez, en el ámbito público es necesario establecer la distinción entre la función política que realiza el Gobierno y la función administrativa que se encarga de cumplir las órdenes de aquél y de cumplir el programa de Gobierno surgido de un proceso electoral. Como consecuencia, se prestará una especial atención a los problemas del personal directivo.
En un mundo cada vez más dinámico y más tecnificado, resulta imprescindible continuar los esfuerzos que garanticen la adecuada formación de los recursos humanos. El INAP está elaborando en este momento, en base a la evaluación realizada de los planes anteriores, las actividades de formación para el próximo trienio. Sus líneas básicas serán la potenciación de la función

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directiva, la ampliación de métodos y técnicas gerenciales al personal de niveles intermedios, la mayor incidencia en los procesos formativos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la ampliación del esfuerzo en formación de formadores que puedan extender las experiencias innovadoras al conjunto de la organización, el fomento de las actividades formativas con técnicas de asistencia a distancia y el establecimiento de programas formativos A LA CARTA en función de las demandas y necesidades detectadas en las propias organizaciones.
Asimismo, se van a estrechar los mecanismos de cooperación y colaboración con los otros centros de formación de la Administración. Ya se ha iniciado este año un esfuerzo de aproximación e incluso se está trabajando en el diseño de productos formativos que puedan ser utilizados en los distintos centros para alcanzar mayores grados de homogeneidad. En particular, se están dedicando esfuerzos a preparar actividades de formación para el área directiva que sean homologables en el conjunto de la Administración para facilitar posteriormente la selección e incorporación a este tipo de puestos de trabajo.
El diálogo con las organizaciones sindicales seguirá desarrollándose en el marco del acuerdo que Administración y sindicatos suscribieron en noviembre de 1991, para modernizar la Administración y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Este acuerdo profundizó en el proceso de negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, que ya venía realizándose como consecuencia de lo dispuesto en la Ley 7/1990, habiendo supuesto un considerable impulso al desarrollo de la negociación colectiva en el ámbito de la Administración pública.
Se va a continuar avanzando en todas las materias señaladas en el acuerdo, tales como la carrera profesional y la promoción y las condiciones de salida de los empleados públicos. A este objeto, se realizarán los estudios y propuestas procedentes y se mantendrán las reuniones necesarias para el adecuado funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo y comisiones configurados en el acuerdo. Todo ello dentro de un proceso de negociación racional y eficaz que, teniendo en cuenta el escenario social y económico en el que nos encontramos, alcance el objetivo de lograr acuerdos con el mayor número posible de organizaciones sindicales representativas.
Finalmente, el objetivo común de la óptima utilización de los recursos humanos y la contención del déficit de las administraciones públicas determinan la necesidad de intensificar las políticas de colaboración y cooperación con las administraciones territoriales.
La colaboración con las comunidades autónomas se viene desarrollando de forma satisfactoria a través de la Comisión de Coordinación de la Función Pública, que ha demostrado su validez desde su configuración en febrero de 1985. Con las corporaciones locales esta coordinación se produce a través de la Comisión Nacional de Administración Local y de los contactos con la Federación Española de Municipios y Provincias. Tales vías se mantendrán y potenciarán en la presente legislatura.
El plan de trabajo expuesto requerirá, a lo largo de esta legislatura, la introducción de modificaciones normativas en el ámbito de la función pública y de la organización administrativa. Por su importancia quisiera resaltarles las siguientes iniciativas legislativas.
Uno. El proyecto de ley, ya en trámite ante esta Cámara, para abrir el acceso de determinadas áreas de la Administración española a los ciudadanos de otros países miembros de la comunidad Europea, dando así un paso más hacia la integración política de los países que apostamos por el proceso de Unión Europea.
Dos. El proyecto de ley sobre la organización y funcionamiento de la Administración del Estado, cuyas líneas maestras les he avanzado anteriormente, y que previsiblemente se someterá a discusión en esta Cámara a lo largo del próximo período de sesiones.
Tres. Las modificaciones puntuales --en la actual legislatura-- de la función pública, a fin de permitir el desarrollo de una política eficaz de planificación de recursos humanos en el conjunto de la Administración del Estado; iniciativa ésta que se presentará de manera inmediata por el Gobierno ante esta Cámara acompañando a los Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Cuatro. Finalmente, los cambios estructurales necesarios en la normativa básica de la función pública, que deberán contar con un largo proceso de diálogo con las organizaciones sindicales de funcionarios, y que podría permitir la presentación ante esta Cámara de un paquete consensuado de normas básicas de la función pública en la segunda parte de la presente legislatura.
Concluyo, señorías. Son estos los objetivos que me he propuesto alcanzar en la presente legislatura. Soy consciente, sin embargo, como les he anticipado al comienzo de mi intervención, de que las decisiones e iniciativas que habremos de adoptar para conseguirlos requieren la colaboración de todas las instalaciones territoriales, de las organizaciones sindicales y sectores profesionales implicados, y, en lo que sea posible, el compromiso de todos los grupos políticos representados en esta Cámara.
Sólo me resta, por tanto, reiterarles mi voluntad de diálogo y solicitar de SS. SS. el apoyo necesario para desarrollar, con el mayor grado de consenso posible, el programa que acabo de anunciarles y que someto a su consideración.
Muchas gracias por su paciencia.


El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 202, pregunto a los grupos parlamentarios si alguno desea interrupción de la sesión.


El señor RIBO MASSO: Sí, solicitamos la interrupción, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Entonces, de acuerdo con la resolución de la Mesa y portavoces, se interrumpe la sesión por diez minutos.


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Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión transcurridos los diez minutos de interrupción solicitados por el señor Ribó, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Núñez. del Grupo Popular.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, aunque ya tuve la oportunidad de darle la bienvenida ante el Pleno de la Cámara con motivo del debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, quiero reiterársela hoy, tanto en nombre del Grupo Parlamentario Popular como en el mío propio, al comparecer en esta Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas donde sin duda tendremos ocasión de debatir y estudiar, a lo largo y ancho de la V Legislatura, estos objetivos que usted hoy nos ha apuntado y que, efectivamente, merecen todos y cada uno un debate concreto, porque poco se ha concretado sobre los mismos. Se han enunciado los asuntos que su Ministerio tiene pendientes y también encomendados, y nos parece bien, pero en este turno de comparecencia poco más que tomar conocimiento de su posición nos es dado.
Al darle la más cordial bienvenida queremos desearle también una gestión nueva y distinta de la de sus antecesores, positiva y eficaz, que redunde en beneficio de todos los ciudadanos, y para ello, no lo dude, contará con la colaboración del Grupo Parlamentario Popular. Su llamada, su invitación al diálogo constructivo, la aceptamos sin ningún tipo de reserva.
Para finalizar este breve preámbulo protocolario, que va más allá de la cortesía parlamentaria, señor Ministro, quiero agradecerle su intervención y la exposición del programa de objetivos del Ministerio para las Administraciones Públicas, a pesar de que tanto tenga que ver con el expuesto aquí por sus antecesores, con excepciones notables, sobre todo en materia autonómica y en materia de política local, pero el resto tenemos que calificarlo de continuista, y al hacerlo así ya lo estoy valorando de manera negativa, y lo siento muy de veras, porque sus primeras e interesantes declaraciones al ser nombrado Ministro tenían un aire nuevo y unos planteamientos reconfortantes de los que esperábamos mucho más esta mañana. Tres libros blancos, cartas de servicio, libros de estilo, son muchos libros blancos para que no espere esta Comisión y este Parlamento, después de once años de Gobierno socialista, proyectos concretos, objetivos cifrados, objetivos con calendario y objetivos con presupuesto.
Durante estos meses de verano he tenido que seguirle la pista a través de los medios de comunicación, y debo reconocer que ha descansado usted poco, y lo digo en su mérito. Entre sus visitas a las comunidades autónomas y sus múltiples declaraciones consumió usted prácticamente todas las vacaciones. Pero tan claras y luminosas eran sus palabras que parecían nuestras. Es como si aceptara usted las buenas tesis del Grupo Parlamentario Popular que en tantas ocasiones defendimos durante las pasadas legislaturas. No se preocupe, señor Ministro, nosotros no cobramos derechos de autor por estas cosas. Le recordaré algunas frases a título de ejemplo. «La Administración única de Fraga me parece bien.» --«El País», domingo, 25 de julio de 1993--. Con esta frase, señor Ministro, ha recorrido usted distancias siderales, separándose felizmente del criterio y valoración que esta idea le merecía a su antecesor, señor Eguiagaray, quien en el debate de totalidad sobre la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común dijo literalmente: «La idea de una Administración única se inserta con naturalidad en una concepción predemocrática del Estado en la que el Poder Ejecutivo, Gobierno y Administración son una y única cosa.» Segundo ejemplo: «El Ministro Saavedra» --titulares-- «reconoce que el PSOE ha abusado de la creación de altos cargos» --«ABC», 21 de julio de 1993--, «y que en la próxima ley que regule el funcionamiento y la organización de la Administración» --ahí ya se ha referido usted esta mañana con mucho detenimiento-- «convendría empezar a simplificar y recortar el número de puestos directivos.» Hoy no nos ha dicho cuántos; ha mencionado unas pequeñísimas cosas --eso sí que es el chocolate del loro-- de reducción de servicios periféricos que, efectivamente, no suponen nada en el esfuerzo de ahorro de gasto público que hay que exigirle a este Gobierno.
También la separación con sus antecesores en este punto es sideral. En la comparecencia del 23 de abril de 1992 en esta Comisión, en el debate de Presupuetos Generales del Estado para 1993, tanto en Pleno como en Comisión, y en el debate del Plan de modernización del Estado, que tuvo lugar también en esta Comisión en febrero de este año, se negaba...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón un segundo.
Por favor, les rogaría silencio a los asistentes, sobre todo de la última fila.
Adelante, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, Presidente. Decía que se negaba recalcitrantemente que existieran en la Administración central más altos cargos de los necesarios, y se rechazaba la solicitud de su reducción, que en múltiples iniciativas, incluso enmiendas concretas a artículos concretos de los Presupuestos Generales del Estado, se fueron presentando en esta Cámara por nuestro Grupo.
Tercer ejemplo, Administración periférica. Se publica en una revista, «Panorama», el 26 de julio de 1993: «Habrá que ir simplificando, unificando determinados servicios existentes hoy que están dispersos y que por una economía de costes, y sobre todo por un mejor servicio al ciudadano, deberían unificarse y se pueden unificar.» Todo lo contrario todavía de la realidad de nuestra Administración periférica, que mantiene un funcionamiento paralelo con la Administración autonómica, y que es una de las causas del mayor crecimiento de la nómina de funcionarios.


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Otro tema al que no ha aludido usted hoy: auditorías. Consideró usted necesarias las auditorías; también las reconoció el señor Solchaga. Tal y como nosotros las pedíamos era un punto determinante de nuestra moción consecuencia de una interpelación que defendimos el 15 de septiembre del año pasado en esta Cámara para coordinar, precisamente, y definir la proporción correcta entre medios materiales y personales y competencias que prestan los distintos ministerios, etcétera. Nuestra propuesta fue rechazada de manera radical. Me gustaría que hoy usted se pudiera referir a ella como un dato objetivo para saber qué relación tiene que haber entre medios materiales y personales y las competencias que aún quedan residenciadas en determinados ministerios.
Estos son algunos ejemplos, algunos antecedentes que nos servían de pista para poder adivinar su programa, el programa de objetivos que hoy el señor Ministro ha tenido la amabilidad de exponernos. Sin embargo, ninguna medida concreta que refleje voluntad política de poner en marcha alguna de estas ideas hemos podido encontrar en su exposición.
En todo caso, le prometo que estudiaré con el máximo detenimiento --he cogido me parece que siete folios de apuntes-- su intervención, y la desmenuzaremos o la dividiremos en debates que provocaremos con iniciativas propias o con iniciativas de textos de proyectos que usted nos ha anunciado o, evidentemente, con otras iniciativas que sin duda los otros grupos de la Cámara también presentarán, ya que tendremos mucho interés en colaborar en el debate con ellos para buscar luz y buscar medidas concretas que resuelvan este gravísimo problema del funcionamiento de nuestras administraciones públicas.
Pero, a bote pronto, encuentro que en su planificación de objetivos son quizá demasiados los elementos de orientación que permanecen constantes en el tiempo, desde 1982 hasta aquí. Elementos de orientación, iba a decir pétreos, en todo caso mantenidos rigurosamente, asumidos y practicados por sus antecesores en el cargo, señores Moscoso, Almunia y Eguiagaray, y asumidos y practicados por los gobiernos que preside don Felipe González.
También a bote pronto encuentro que apenas hay elementos de orientación nuevos, salvo, repito, las orientaciones que usted ha dado en materia de polémica autonómica y en materia de política local, a los cuales me voy a referir después. Digamos elementos de orientación nuevos que sean claves de modernización y reforma de la Administración que tanto necesita la sociedad española.
Por enésima vez, señor Ministro, los dos grandes argumentos que inspiran el programa de objetivos de la actuación de su Ministerio --lo digo porque siempre han coincidido estos dos argumentos en la presentación de sus programas por sus antecesores-- se refieren a dos grandes pactos. En este caso, el pacto que persigue el Gobierno es el pacto social, en otras ocasiones se llamaba pacto social de progreso o pacto de competitividad, pacto social que se está negociando con empresarios y trabajadores --nos parece muy bien--, pero lejos de aquestos tutelares muros de la soberanía popular y del que nadie nos dice cuál es su contenido material. Otro gran pacto de naturaleza institucional y pacto de Estado que el Gobierno socialista ha traído a colación --iba a decir por motivos espúreos--, que ha traído por motivos que no consideramos prioritarios a los que luego me referiré, es el pacto autonómico, es decir, el de la cesión del 15 por ciento del IRPF, sin que nadie nos haya dicho tampoco en esta Cámara cuáles son los parámetros, el decurso y el contenido material fundamental de un pacto autonómico de estas características.
Por lo visto, las propuestas del Gobierno cambian de color como los camaleones, según quien sea el presidente autonómico al que se le cuente el asunto.
Sobre estos dos pies de verso, y más sobre el primero que sobre el segundo, señor Ministro, han tenido que buscar la rima los objetivos de su programa. Y los versos de pie forzado, ya lo sabe usted bien, casi siempre salen ripiosos, cojos y asonantes. Y esa sonancia es la que noto en general en el tono y en el contenido de su discurso.
Ayer, IV Legislatura --el ayer de Fray Luis de León--, cuando el Gobierno hace dos años tuvo que dar respuesta a través del Ministro para las Administraciones Públicas al pacto de competitividad --y usted también ha hablado de este tema hoy--, se encontró con la tremenda necesidad de tener que modernizar urgentemente la Administración para que no fuese una rémora de nuestra economía.
El informe Davos, de enero de 1991, y el actual de enero de 1993 sitúan a España en el lugar 21 de los 24 países que componen la OCDE en cuanto a competitividad y en el 22 en cuanto a eficacia del Gobierno y la Administración como factores de esa competitividad.
Desde 1991 no mejoramos posiciones. Quiere decirse, por tanto, que el plan de modernización, construido como puro artificio por su antecesor, ha fracasado, y que, por tanto, necesitamos otro radicalmente distinto que usted no nos ha ofrecido esta mañana. Ha dicho que sumará a los 204 proyectos algunos otros.
Hoy, en esta legislatura, V Legislatura, cuando el Gobierno socialista, a través del Ministerio para Administraciones Públicas, tiene que dar respuesta al pacto social que persigue como pieza básica para salir de la crisis económica, el programa que usted ha ofrecido tendría que hacer clara referencia a los Presupuestos Generales del Estado aprobados en la última reunión del Consejo de Ministros y decirnos que en ellos se recoge la necesaria reducción del gasto público y el equilibrio presupuestario, papeles que deben jugar con ejemplaridad las administraciones públicas y, sobre todo, la Administración central del Estado, para lograr los objetivos de dicho pacto social. Porque si el Gobierno necesita imponer austeridad y sacrificios a los trabajadores, a los funcionarios y a los pensionistas --el Ministro Solbes dijo anteayer que el pacto social que el Gobierno persigue es un pacto de solidaridad sin contraprestaciones--, ¿cómo pueden entender los afectados por el pacto que el Gobierno no se aplique a sí mismo esta medicina de la austeridad y del sacrificio? Eso sólo lo entenderían con medidas claras y concretas. Por ejemplo, primero, reducir, a partir del 1 de

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enero de 1994, los organismos públicos que no sean necesarios para el buen funcionamiento de los servicios públicos, con claridad, de la Administración central del Estado. Segundo, reducir los altos cargos y puestos directivos a los niveles de 1982, etcétera. Así se entendería de verdad una contraprestación. Aunque no sea el «do ut des» de los contratos recíprocos, de los contratos liberales, sí es una contraprestación que el Gobierno tiene que ofrecer en estos Presupuestos si de verdad quiere que los ciudadanos acepten el sacrificio que les debe imponer el pacto social, que, no olvidemos, está motivado para superar una crisis de la que el principal culpable es el Gobierno socialista.
En definitiva, señor Ministro, su intervención de hoy debería haber contenido referencias concretas al gasto público y su control, a la desregulación, a la imprescindible necesidad de suprimir duplicidades en los tres planos de la Administración, a un esfuerzo superior en la formación de los funcionarios, a la clarificación del sistema retributivo de los mismos, a su promoción en el diseño de una carrera administrativa moderna, a la eliminación de formas bastardas de contratación y promoción, a la auténtica congelación del empleo público, y a los compromisos legislativos que tiene contraídos este Gobierno desde 1983.
Aquí estamos siempre hartos de oír promesas de que los proyectos de ley se van a enviar entre seis o siete meses, en esta legislatura o en el siguiente período de sesiones, y estamos esperando desde 1983 el proyecto de ley de organización y funcionamiento de las administraciones públicas, y desde 1983 --disposición adicional quinta de aquella famosa ley-- la ley del Gobierno, de la que aquí no se ha hablado ni media palabra.
Por tanto, cuando me refiero a compromisos legislativos es que muchos están sin cumplir, y ahora solamente tenemos la promesa de que se van a enviar.
Por lo que se refiere al pacto autonómico, ha venido a enturbiar, creo, el proceso autonómico de manera absurda e innecesaria la introducción interesada de la cesión del 15 por ciento del IRPF, no para resolver el problema de la financiación de las comunidades autónomas, sino como pura estrategia partidista, pues ha sido utilizado como piedra de apuntalamiento de un gobierno anémico que no sólo está falto de votos, sino de ideas y proyectos que miren por los intereses de todos.
En todo caso, confiamos en su buen sentido, señor Ministro, se lo digo de verdad, para llegar al acuerdo que en este punto a todos convenga en el momento oportuno, sin otras adherencias políticas de carácter coyuntural y partidista y con el consenso más amplio en el ámbito que para estas cuestiones es el propio: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Partido Popular, nuestros grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, estamos en la mejor disposición para colaborar en el logro de la fórmula más feliz.
En relación con este asunto ya dejo planteada una primera pregunta: Desde su experiencia académica y política díganos, de verdad, qué entiende el señor Ministro por corresponsabilidad fiscal. Díganos simplemente, repito, desde su experiencia académica y política, qué entiende por este concepto, a ver si lo aclaramos a todos los ciudadanos.
Y dicho esto, y con mucha brevedad, señor Presidente, hay que recordar que la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular se centraba en tres objetivos básicos: la situación actual del Departamento, la exposición por el Ministro del programa --así lo ha hecho-- y el grado de ejecución del presupuesto, las desviaciones y la incidencia presupuestaria del programa del Departamento. A dos cosas de estas tres no ha hecho usted referencia.
La escasa naturaleza inversora del Ministerio para las Administraciones Públicas hace que el tercer objetivo de la comparecencia tenga, en este caso, menos trascendencia. Sin embargo, merece la pena que nos detengamos en el capítulo primero, gastos de personal, y en el capítulo segundo, gastos de bienes y servicios. Ambos capítulos tienen importancia por el volumen de gasto, y sobre todo por el valor ejemplificador que una correcta administración de los mismos tiene para el objetivo de contención y control del gasto público y, por tanto, para la reducción del déficit público.
En este ejercicio, el presupuesto de gasto necesitó, como sabe el señor Ministro, una modificación de crédito espectacular en gastos de personal.
El crédito inicial de dos billones 509.940 millones de pesetas necesitó, en el mes de enero, un crédito extraordinario de 80.027 millones. Se batieron todos los récords. El primer crédito extraordinario que necesitó un presupuesto en toda la época de los Presupuestos generales del Estado desde que se inventaron fue ese. Batió, repito, todos los récords; va a pasar al libro del Guiness. Y ello debido, sin duda, a la torpe negociación del Gobierno con las centrales sindicales en materia de moderación salarial de los funcionarios.
La pregunta es muy sencilla: ¿Usted cree, señor Ministro, que en el mes de enero de 1994 necesitarán ustedes otro crédito extraordinario de la misma cuantía y por el mismo motivo? A la hora de hacer un balance de la situación de las administraciones públicas se ha referido usted a tres planos, a los cuales yo me voy a referir también muy brevemente: las autonomías, las corporaciones locales y la Administración central del Estado, la función pública.
Sin duda se puede hablar de un proceso autonómico compartido (fíjese lo que le digo) en líneas generales por los dos grupos parlamentarios con mayor representación en las Cámaras. Buena prueba de ello la tenemos en el pacto autónomico plasmado en los acuerdos de febrero de 1992, firmados por el Gobierno y los dos partidos mayoritarios --PSOE y PP-- con el objetivo básico de ampliar las competencias que las comunidades autónomas constituidas por la vía del artículo 143 de la Constitución asumieron en el momento inicial de acceder a la autonomía. Consecuencia de estos acuerdos fue la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, cuyo contenido está en proceso de incorporación a los respectivos estatutos de autonomía, y cabe esperar --como decía el señor Ministro, y así lo entendemos todos-- que ello ocurra de manera plena y que los traspasos de servicios que en su

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caso correspondan lo sean evitando duplicidades que a la postre contribuyen a aumentar el gasto público. Estos días estamos debatiendo en el Pleno estos temas y, por tanto, ahorro a SS. SS. hacer mayores comentarios sobre los mismos.
En este sentido nos preocupa sobremanera el disparatado criterio que se aplica en cada autonomía para decidir cuántos altos cargos, centros directivos y funcionarios de creación propia necesita el ejercicio de cada competencia o servicio transferido. Esta es una de nuestras principales preocupaciones. ¿Por qué? Porque en la actualidad unas comunidades triplican y otras duplican estos altos cargos para las mismas competencias, incluso para menos territorio y población. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a las distintas circunstancias que concurren en las autonomías constituidas por los artículos 151 y 143, considerando, efectivamente, este dato. Tengo las cifras de todas ellas, y en cuanto al número de funcionarios de creación propia las diferencias en algunos casos son abismales; digo de creación propia, es decir, descontando los transferidos para las mayores competencias que les corresponden a las comunidades. Frente a los 54.560 de creación propia en Andalucía, están los 1.400 de Castilla y León o los 708 de Castilla-La Mancha, para que no se diga que sólo traigo ejemplos que me favorecen. La pregunta es muy sencilla, señor Ministro, ¿piensa el Gobierno que sería conveniente poner orden, armonizar --poner puerta al campo iba a decir--, poner límites, utilizando la facultad que se reserva al Estado en el artículo 150.3 de la Constitución? Si nos detenemos en la situación de nuestra Administración local no es difícil constatar carencias que demandan soluciones. Solamente me voy a detener en alguna. Existe una carencia en relación con la autonomía de las corporaciones locales. Pese a venir proclamada por la Constitución, la autonomía de ayuntamientos y provincias sigue condicionada por la segunda carencia: la suficiencia de las haciendas locales asimismo proclamada por la Constitución. Quiero decir que a instancias del señor Nadal este tema fue el primero que tratamos con carácter sustantivo en la reunión de Mesa y portavoces, fíjese si nos preocupaba a todos esta cuestión.
Para nadie es un secreto el sustantivo incremento de competencias a ejercer por las entidades locales, que se corresponden con concretas demandas y exigencias de los ciudadanos en los ámbitos más diversos de la prestación de servicios. Si a ello sumamos la premisa generalmente aceptada --y usted lo ha dicho esta mañana-- por las sociedades más avanzadas de que la mayor eficacia en la prestación de servicios públicos se corresponde con la mayor proximidad del ciudadano a la entidad que presta el servicio, tendremos una cabal perspectiva para avanzar en la línea de allegar recursos a las haciendas locales suficientes para con sus cometidos.
Pero sin llegar a estos extremos de reforma --que, repito, nos preocupa mucho y no prescindiremos de ello a lo largo de la legislatura--, nos preocupa también el incumplimiento de lo ya establecido. Usted se refirió a los ochenta y tantos mil millones que se debe por liquidación de los presupuestos. Me parece que son más; yo tengo aquí otras cifras; no sé si son ciento diez mil, pero no viene al caso la diferencia en miles de millones, aunque son muy importantes. Lo que sí le quiero preguntar es cuándo piensa el Gobierno liquidarla, pero fijando una fecha más o menos concreta, porque los presupuestos sí establecen esa fecha concreta: primer trimestre del año. ¿Y por qué se incumple, año tras año? ¿No entra esto dentro de la eficacia de la Administración el dar una respuesta clara justamente al otro plano de administraciones que tanto tienen que ver con el Gobierno de lo inmediato, es decir, con el bienestar directo de todos los ciudadanos? Esta es otra pregunta que le quería formular.
Voy a continuar con brevedad porque, si no, mis compañeros me van a coger manía. Y aunque nuestras relaciones son muy cordiales, no quiero que me la cojan desde la primera intervención. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Mientras no se la coja el Presidente, usted continúe.


El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a hablar del otro plano de la Administración central. La etapa del Ministro Eguiagaray --usted lo citó antes-- en Administraciones Públicas, y dejando atrás etapas anteriores para no traer aquí antecedentes históricos porque todo el mundo sabe cuál es nuestra valoración y figura en el «Diario de Sesiones»; esta última etapa, repito, del Ministro Eguiagaray, como inmediatamente previa a la suya, se caracteriza por un pretendido cambio de filosofía que a la postre se reduce a un simple cambio terminológico y al lanzamiento del famoso plan de modernización, cuyo objetivo principal era tapar el fracaso de la reforma y hacer frente al clamor ciudadano ante el deterioro de los servicios públicos esenciales, especialmente significativo por las famosas listas de espera sanitarias, el atasco de la justicia, las deficiencias en el servicio telefónico, la indefensión de los ciudadanos ante el mal funcionamiento de los servicios, la descoordinación entre las diferentes administraciones a la hora de tramitar licencias, etcétera.
Como ya tuve ocasión de plantear en la comparecencia del anterior Ministro --concretamente en febrero del año pasado--, creo que el plan de modernización fue mal concebido en cuanto al fondo y al procedimiento.
Por eso yo esperaba que usted hoy no nos diera una suma para el plan de modernización, sino un cambio profundo en lo que es dicho plan, que pienso que sigue siendo necesario. Yo creo que fue mal concebido en su seguimiento y evaluación porque no son éstos objetivos que puedan hacer instancias ajenas al Gobierno, y esta endogamia pienso que ha afectado al cumplimiento del plan y le ha restado afinidad y riqueza, porque de los demás podemos esperar, evidentemente, ideas y no sólo críticas. Previa o simultáneamente a su puesta en ejecución no se abordaron reformas pendientes imprescindibles que condicionaban la buena marcha de esa modernización. Por ejemplo, el Estatuto de la Función Pública, al cual no sé si se

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ha referido o no, porque no sé tampoco si nos va a mandar un Estatuto de la Función Pública o unas normas parciales que modifiquen la Ley 30/1984 y después la 23/1988, no lo sabemos, pero ya dejo sentado aquí que le vamos a pedir ese Estatuto de la Función Pública en los términos que recoge el artículo 103 de la Constitución.
En cuanto al funcionamiento y organización de la Administración del Estado, usted se ha referido a ella. Y a preguntas orales en el Pleno del otro día de nuestro querido compañero y vicepresidente de la Comisión, le dijo que la enviaría seguramente en el próximo período de sesiones; la esperamos. Dése cuenta de esta respuesta, yo confío que usted lo va a cumplir, pero el gato escamado del agua fría huye, y es que me lo han prometido no sé cuántas veces; vamos a ver si ahora es verdad. Yo tengo incluso el borrador de un texto que fue muy debatido y objeto de discusiones profundas en el seno del Consejo de Ministros; no sé si será sobre ese borrador sobre el que usted está trabajando.
La Ley General Presupuestaria hay que modificarla para volver otra vez a los sistemas de control del gasto público, regular la situación de los ciudadanos ante la Administración, la ley del Gobierno, etcétera. La reciente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Común ha venido a poner un levísimo remedio a esta situación, pero lo ha hecho de manera incompleta, de manera no integral y sin una puesta a punto de toda la normativa anterior. Además, ha sido el primer debate que hemos tenido usted y yo en esta legislatura.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, vaya concluyendo, por favor.


El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor Presidente, voy terminando. Por imprevisión del Gobierno esta Ley de Régimen Jurídico está en un período de adecuación a los procedimientos administrativos en vigor. Nos ha hecho usted un calendario y lo voy a aceptar, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo tremendo porque los casi dos mil procedimientos hubieran exigido ya un trabajo con el que tuviera que contar el Gobierno para poner en marcha la Ley antes de traérnosla aquí. Usted nos dijo que en seis meses esto era agua de rosas, ahora son dieciocho y ya veremos.
Pero, en fin, acepto el esfuerzo que en materia de desarrollo de esta normativa usted nos ha ofrecido esta mañana. Además, achacábamos al plan, en la mencionada sesión, su complacencia con quienes lo elaboraron. Lo más sonoro del mismo es la cifra de los 204 proyectos, y que no funcionaron lo ha reconocido el propio Presidente del Gobierno, quien, a finales de 1992 y ya en los albores de estas elecciones generales, dijo literalmente que su mayor frustración era el fracaso en la idea de que España funcione proclamada en las elecciones de 1982.
Usted tiene frases muy parecidas también. No se las voy a recordar porque no tengo tiempo. Y si no, dígame, señor Ministro, con respecto a este plan, ¿cuál es el balance de nuevas actividades puestas en marcha por el plan de modernización y cuántas de las nuevas actividades previstas siguen siendo sólo propósitos de papel? ¿Usted considera cumplidas estas actividades porque se han publicado las disposiciones correspondientes en el Boletín Oficial del Estado, o de verdad están en marcha? Dígame el porcentaje.
Y finalmente me voy a referir, única y exclusivamente, a la función pública, en un minuto, señor Presidente.
Todo el mundo sabe que el número de funcionarios de todas las administraciones y de las sociedades estatales del artículo 6.º de la Ley General Presupuestaria supera ya los 2.200.000. El crecimiento en estos últimos diez años es de un 30 por ciento, frente al 10 por ciento de las Comunidades Europeas. Estamos, por tanto, ante una cifra muy importante.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1993 se congela la oferta de empleo público. Sin embargo, no ha sido así, y se ha contratado personal funcionario y laboral. Usted dice que la oferta ha bajado considerablemente respecto a años anteriores, que en 1992 eran 19.000 y ahora son 13.450. A mí me salen otras cifras. ¿Cuántos contratos laborales se han producido en 1993? ¿Cuántos nuevos puestos de funcionarios se han ofertado en 1993? ¿Cuántos trabajos propios de los funcionarios se han contratado con empresas privadas? ¿Cuántos créditos para inversiones reales, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Presupuestos, se han utilizado para contratar personal y no para inversiones reales? Sobre la función pública tengo que decirle que la carrera administrativa no existe, señor Ministro, lo que permite que un funcionario de nuevo ingreso sea destinado a un puesto de máximo nivel funcionarial, como es el de subdirector general. Esto posibilita la promoción por razones de afinidad política y desprofesionaliza la carrera de los funcionarios. Los principios constitucionales de mérito, capacidad e imparcialidad en el desempeño de la función han sido, voy a decirlo de manera fuerte, pisoteados. Y, no nos engañemos, no puede haber competitividad entre desempeño imparcial de la función pública y libre designación en la racional consolidación de la profesionalidad y la carrera administrativa.
Usted habla, para la promoción, de gastos con el INAP en la formación de los funcionarios. ¿Sabe usted qué porcentaje de masa salarial dedica la Administración a formar los funcionarios de la Administración central del Estado? El 0,6. ¿Sabe cuánto piden las centrales sindicales, y nos parece muy bien? Del 2 al 3 de la masa salarial. ¿Sabe cuál es la media de las empresas, que evidentemente saben reciclar a sus trabajadores, promocionarlos, etcétera? Hasta el 5 y el 6 por ciento de la masa salarial. Nosotros hemos pedido, en distintas ocasiones, un plan global de formación de los funcionarios, con unas dotaciones presupuestarias razonables, y eso no es un derroche, eso es una inversión. Y yo le pregunto si usted tiene, de verdad, entre sus objetivos el cambiar radicalmente el sistema de formación del INAP, que no sirve absolutamente para nada.
Podía seguir con los altos cargos, podía seguir con cincuenta mil cosas, pero tengo que hablarle de la jubilación

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de los funcionarios que saben mucho, en materia de discriminaciones, y que evidentemente necesitan de una ley general que los haga beneficiarios del principio de igualdad contemplado en el artículo 14 de la Constitución. ¿Tiene previsto enviar el Gobierno una ley de esta naturaleza? Créame que más que un inventario de quejas y de críticas es un inventario de preocupaciones que quisiéramos que se reflejaran en una actitud de diálogo constructivo al que usted nos invitaba esta mañana. En ese sentido, señor Ministro, le reitero nuestro agradecimiento por la exposición de sus objetivos, le pido que entienda que nos parezcan algunos de ellos una pura continuación de los que motivaron errores tremendos en la gestión de sus antecesores, y volvemos otra vez, repito, a ofrecer nuestras iniciativas y nuestra posición para que redunden en beneficio del logro de una mejor Administración.


El señor PRESIDENTE: El señor Ribó, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.


El señor RIBO MASSO: Yo también quisiera empezar la intervención saludando la presencia del señor Ministro, recordando que nuestro Grupo Parlamentario fue el primero que solicitó esta comparecencia y que, coincidiendo con la del Grupo Popular y del Gobierno, nos lleva a la sesión de hoy.
Cada uno de los bloques en los que usted ha dividido su intervención merecería más de una reunión específica y múltiples debates, y espero que con el talante que usted se ha presentado en esta Comisión nos va a dar ocasión, a lo largo de la legislatura, a irlo tratando de forma selectiva. Entenderá que, por ello, vamos a ser muy telegráficos, porque ésta es una primera sesión que cubre prácticamente la totalidad de materias posibles que nos toca impulsar y controlar desde este Parlamento. Voy a alterar algo su esquema. Voy a empezar por lo que consideramos que es la columna básica de la democracia española, que es el poder local, para pasar después a los temas autonómicos y por último a los de la Administración.
No le cito ningún secreto si le digo que el poder local ha sido y continúa siendo la Cenicienta de todos los gobiernos que ha habido en España desde la democracia de 1978. Recuerden que la Constitución la aprobamos en dicho año 1978, y que había habido elecciones generales en 1977. No hubo elecciones municipales democráticas hasta 1979, y cuando ya estaban en marcha todos los textos del bloque constitucional, incluidas las autonomías, se tuvo que esperar hasta 1985 para disponer de una Ley de Bases de Régimen Local. Las fechas muestran unas voluntades políticas, como he dicho al principio, no de desprecio, pero sí de poca consideración a la importancia del poder local. No fue hasta 1988 que se llegó a legislar sobre las haciendas locales.
Quisiéramos, señor Ministro, que esta legislatura fuese un punto de ruptura sobre este tema. El entonces candidato señor González, en el debate de investidura lanzó unas insinuaciones positivas al respecto excesivamente breves, esperamos que usted las pueda desarrollar y, entre todos, las podamos realizar. El poder local hoy está muy necesitado de un fortalecimiento desde las instituciones, en especial desde los gobiernos autonómicos y, sobre todo, desde el Gobierno español. Lo está en un doble plano: en el de las competencias y en el de los recursos. Y también lo está en un marco, que usted ha tocado brevemente, quizá también en aras a la eficacia de esta sesión, pero que no quisiéramos dejar pasar, que es el del minifundismo local.
El Tribunal Supremo ha fallado diversas veces a favor de iniciativas de segregación, y esto es posible porque la legislación lo permite. ¿Por qué no vamos a la modificación de esta legislación, señor Ministro? ¿Por qué no ir más allá de voluntades como las que ha expresado usted, ante el absurdo del minifundismo local que hay hoy en el Estado español en comparación con cualquier país avanzado y modernizado? ¿Por qué no vamos al cambio de la legislación que permita mantener la representación sobre ámbitos locales, por reducidos que sean, pero potenciando las competencias, las funciones y los recursos en ámbitos superiores? Es una propuesta que le hacemos y que esperamos que sea recogida por el Gobierno.
Este poder local está falto de competencias y de recursos. Nos gustaría saber, por parte del Gobierno, cuáles son las competencias que consideran debía disponer de nuevo el poder local. Usted ha citado el tema de las competencias; lo hizo también el Presidente del Gobierno, entonces candidato, hablando del libro blanco. ¿Nos podía avanzar por qué líneas pasa la voluntad del Gobierno en la transferencia de estas nuevas competencias para, como ha dicho usted --no lo cito textualmente porque no recuerdo las palabras exactas--, potenciar aquella administración que está más cerca de los ciudadanos y debe resolver cuestiones muy concretas y cotidianas? Donde creemos que su intervención ha sido insuficiente, porque proviene de un Gobierno que está tratando este tema de forma escandalosa e insuficiente, es en el tema de las haciendas locales. Usted nos ha llegado a decir que por la crisis se va a retrasar el cumplimiento de la revisión, a partir del quinquenio, sobre el tema de las haciendas locales. Pero, señor Ministro, son los más necesitados. Los ayuntamientos españoles están hoy en quiebra, y no están en quiebra ni principal ni fundamentalmente por su mala administración de los recursos; lo están por la falta de recepción de recursos públicos, que son de todos, y aquí hay culpables y responsables, que son los gobiernos autonómicos y, sobre todo, el Gobierno español.
Ustedes han impulsado, a través de la Ley de Haciendas Locales de 1988, a transformar los ayuntamientos en auténticos recaudadores, con un poder tributario, con impuestos desequilibrados y mal formados y con un alejamiento de lo que sería hoy el esquema europeo, que es incrementar las transferencias de recursos públicos y de incrementar los ingresos tributarios. Esquema absolutamente contrario a lo que pasa en Europa.
Somos el país europeo donde menos transferencias de las cajas centrales recibe el poder local y, a nuestro entender, se tiene que ir a la solución inmediata de este problema. Si usted lo

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pone en función de la crisis, quizá nos lo pone «ad calendas graecas». Y, ¡qué curioso!, en la financiación autonómica y la cantidad que están discutiendo ustedes con Convergència i Unió, muy en concreto, para acabar de cerrar un pacto que sí que tiene plazo, que es los días 20 y 21 de octubre, debate de totalidad de los Presupuestos, no hay consideraciones sobre la crisis. A mí me ha sorprendido mucho su afirmación, señor Ministro, porque no tiene ningún parangón con lo que ustedes están haciendo, con precipitaciones, sobre un tema tan serio y tan profundo como la financiación autonómica, de que aquí la crisis no va a afectar.
Y aún añadiría sobre el tema local que nosotros nos opondremos a cualquier medida legislativa que vaya a reforzar un presidencialismo de las corporaciones locales. Creemos que el equilibrio consensuado que se logró en la formas de elección, de control, de impulso, de censura, etcétera, es suficiente. Debemos combatir figuras extrañas, a todos los niveles, no sólo en el local, como es el transfuguismo (no sólo en el local, señor Ministro), pero creemos que el gobierno de las corporaciones locales no puede sufrir ahora una alteración que tendría un cariz partidista si se enfocase con un incremento del presidencialismo.
Por lo que afecta a las autonomías, quisiera iniciar este apartado haciendo una pregunta muy concreta. ¿Comparte el señor Ministro la afirmación que se hacía en el programa electoral --por tanto, compromiso público-- del Partido Socialista Obrero Español de que el tema autonómico se da por acabado? ¿Comparte el señor Ministro la afirmación que hacía el partido del Gobierno de que, una vez cumplido el pacto al que obligaba la Constitución, y que estaba flagrantemente incumplido, de las autonomías del 143 ya se ha acabado el desarrollo autonómico? ¿Son sólo retoques lo que vamos a hacer? ¿Qué competencias contempla el Gobierno transferir a las autonomías del 151? ¿Son las que relata un medio de comunicación esta mañana para cerrar el pacto con algún socio de cara a los presupuestos: transferencias en temas puramente de administración, de agricultura, puertos, costas y finalizar las de justicia? ¿Se está estudiando en serio (quizá un libro blanco, del cual son ustedes tan amantes) el cómo se deberían potenciar de verdad las competencias de un desarrollo ulterior, a nuestro entender muy necesario, del Título VIII de la Constitución? Usted ha hablado (es un tema que tiene varias vertientes, no sólo la de la autonómica, sino la general, y lo toco ahora, aunque después lo podíamos recordar en la de la administración) de la simplificación de la Administración, y hasta ahora el Gobierno que les ha precedido, del mismo partido y con mayoría absoluta, no se había distinguido por ninguna medida de simplificación de administraciones ni por reducción de administraciones. Usted nos ha citado unas cifras que, claro, no dejan de ser cifras y hechos, pero son mínimas. Usted sólo puede dar ejemplos superreducidos en una complejísima Administración que debería, años ha, haber sufrido ya una transformación, tal como establece la Constitución, porque si no, ustedes están perpetuando un doble modelo, que no está en la Constitución. Pasar de un anterior Estado centralista a un Estado autonómico a la fuerza implica ir adelgazando la Administración central, tema que no se ha abordado en serio aún (ni han hecho ningún libro blanco, que conozcamos) por parte de gobiernos anteriores. Y no hemos visto en su exposición una voluntad muy clara de entrar en ello.
Por ejemplo, señor Ministro: ¿qué vamos a hacer con los Gobiernos civiles? ¿Se deben mantener los Gobiernos Civiles? No le hago una pregunta para que mañana me la resuelva, aunque usted sabe que se podrían suprimir los Gobiernos Civiles sin tocar ninguna ley básica, porque están establecidos por decreto. Pero sí le hablo de una medida de simplificación, no sólo administrativa, que las autonomías no son una cuestión puramente administrativa, sino política. Recuérdense las competencias que ejercen los Gobernadores Civiles, como son los temas de seguridad, de protección, de coordinación periférica. Todos estos temas pueden inscribirse perfectamente en el esquema constitucional y transferirse a otras administraciones, no sólo la autonómica, porque ya sé yo que quizá, muy lejos del presidencialismo, también en seguridad ciudadana debería haber competencias reales en el poder local.
En este sentido, nos gustaría que pudiese desarrollar más cuál es la voluntad del Gobierno sobre las transferencias respecto a la administración periférica, lejos de los ámbitos donde se estén negociando, incluso a estas mismas horas, pactos de cara al 20 y 21 de octubre.
No vamos a entrar en el tema de la financiación autonómica porque ha sido objeto de debate hace muy poco en la Cámara. Sólo le recuerdo, señor Ministro (y si, como supongo, no está de acuerdo, nos gustaría que hubiese una respuesta concisa al respecto), que la fórmula que ustedes están cerrando en estos momentos no tiene corresponsabilización fiscal.
El máximo que contiene son unos impresos en donde el ciudadano verá que una parte de su aportación va a la administración autonómica. No le llamemos corresponsabilidad fiscal.
Ustedes, de nuevo, incumplen lo de 1992. Lo incumplieron durante un año y medio porque no tenían ninguna prisa; ahora la tienen, pero tampoco lo van a resolver, ni ustedes ni los socios que les van a dar su voto. Y éste es un tema tan serio, que tarde o temprano, y creo que temprano, lo vamos a reencontrar en nuestros trabajos parlamentarios. Ni contiene otras de las medidas que usted ha afirmado solemnemente en esta sesión, como, por ejemplo, que es normal que todos los ciudadanos españoles reciban las mismas prestaciones y, por tanto, que exista la misma financiación. Esto no se da hoy, y no se da hoy de forma escandalosa. No hay diferencias de un pequeño porcentaje: la diferencia va de uno a dos en tomas tan importantes como la sanidad para Andalucía, o como la enseñanza para Cataluña, señor Ministro.
En cuanto al tema del Senado, nos gustaría que fuese tratado con mayor decisión de lo que lo ha sido hasta ahora. El Senado es Cámara de representación territorial, lo dice la Constitución. El Senado no ha sido Cámara de representación territorial para ninguno de los gobiernos

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españoles habidos hasta ahora. Ustedes han logrado un pacto autonómico con el Partido Popular que no pasó ni un segundo por el Senado, fíjese usted, la Cámara de representación territorial; el pacto autonómico no pasó ni por el Senado. Ustedes ahora están intentando transformar un tema tan importante como la financiación autonómica escudándose en la LOFCA y sin propiciar ni un solo debate, ni en el Senado ni en el Congreso; lo han propiciado los Grupos parlamentarios que han interpelado al Gobierno.
Por tanto, su política, hasta hoy, no es precisamente la de potenciar al Senado como Cámara territorial. ¿Cuándo van a revisar ustedes el debate sobre el Estado de las autonomías, señor Ministro? ¿Recuerda usted que había un compromiso anual? ¿Quiere que le recuerde cuántas veces se ha realizado este debate en el Senado, y con qué carácter fortuito, sin una reacción real de impulso a las autonomías? La reforma que está pactada por algunos grupos parlamentarios, no por el nuestro, sobre la Comisión de Autonomías es realmente escasa. Tanto en la anterior legislatura como en la actual, las medidas de reforma que se prevén son francamente aún de fachada. Sabemos que el Presidente del Gobierno habló del horizonte, de una perspectiva de reforma constitucional. No se trata tampoco de algo para pasado mañana, pero entre aquello y lo que hay quizás habría medidas intermedias que no han estado, ni mucho menos, enunciadas; al revés, que han sido rechazadas cada vez que se han planteado por parte de los que consideramos que sí debería ser el Senado la Cámara de representación territorial.
Y sobre el tema de las comunidades autónomas y la Comunidad Europea, señor Ministro, no debemos hablar sólo del Consejo de Regiones. Hay un tema que desde que el señor Pons era antecesor en su cargo está por cumplir, desde enero de 1986, que es la presencia de las comunidades autónomas en la Comunidad Europea. Algo que está solucionado en Italia, en Alemania, en estados donde, sin tener el carácter plurinacional, como el Estado español, sin tener incluso, como Italia, desarrollos autonómicos como el que está en marcha en España, lo tienen solucionado.
Desde 1986 aquí el tema está aparcado, y está aparcado tanto por su falta de voluntad de tratarlo como por la comodidad con que algunos gobiernos autonómicos, especialmente los de sus socios, pueden tratar el tema con sus respectivos (con perdón) «chiringuitos» en Bruselas, sin entrar en la solución constitucional. En la Comunidad Europea no ha ingresado un Gobierno español, ha ingresado un ordenamiento constitucional que tiene un Gobierno y 17 comunidades autónomas, con una distribución competencial. Desde el nivel informativo, hasta el de coordinación, hasta el de presencia incluso, como pasa con los «länder» alemanes, hay múltiples formas de estudiar para solucionar lo que sería una respuesta a una necesidad constitucional: la presencia en las Comunidades Europeas.
Voy, por último, a referirme al tema de la Administración pública. Señor Ministro, nosotros somos partidarios, como quien más, de la modernización y la simplificación de la Administración pública. Ustedes han fracasado, hasta ahora, en lo que afecta a la modernización. En su exposición, señor Ministro, no ha podido dar muchos datos que sirvan para evaluar los logros de esta modernización, o quizá se nos han escapado. No hemos visto materias concretas en donde se pueda decir en tal o cual de ellas, con tales porcentajes, con tal presente, con tal distribución territorial, se ha avanzado en tal y cual plan de modernización respecto a lo que se aprobó por parte del Gobierno hace ya unos cuantos años.
A nuestro entender, el plan de modernización es algo aún por cumplir.
Como lo es, y es un tema que usted casi ni ha tocado, el acuerdo establecido entre el Gobierno y los sindicatos. Los sindicatos mostraban una disposición total a entrar en esta modernización, simplificación y reasignación, incluso, como después hablaremos, y todo aquello que acordaron ustedes con los sindicatos está por cumplir. Y está por abordar, de verdad, como antes me refería en el tema autonómico, el problema del tamaño de las administraciones públicas, que no sólo es el de la central, sino incluso el de algunas administraciones autonómicas que están reproduciendo, con nuevos centralismos, los viejos defectos de la Administración central, señor Ministro.
A nuestro entender, en este sentido la existencia de una doble estructura de Administración, en la cual ustedes se han acomodado, es un tema que en años de crisis, además, debería ser prioritario a la hora de la resolución de problemas globales del Estado. Por ello nos sorprende la forma en que en su exposición, y en intervenciones anteriores a su exposición por parte del Gobierno, se está tratando la relación crisis-reforma de la Administración. Están ustedes CRIMINALIZANDO, perdone la expresión, a la función pública, como si fuesen los malos de la película, como si fuese la fuente principal de disfunciones a la hora de tratar de forma austera, rigurosa, la salida de la crisis, con argumentaciones como el déficit o la estabilidad, muy repetidas, no sólo por usted, sino por muchos ministros del actual Gobierno.
Recuerde usted, señor Ministro que el PSOE llegó al poder en 1982 con gran afán de reformar a la Administración y colgó muchos relojes, y no pasaron de aquí. Después vino el tema de los sueldos. Nosotros le podemos garantizar que ni con relojes, ni con congelaciones salariales se hace la reforma de la Administración.
Ya que hablamos de congelaciones salariales, me gustaría que usted opinase sobre por qué se ha derogado, ha desaparecido la cláusula de revisión salarial que se acordó en el año 1990. ¿Cómo quiere usted, señor Ministro, que el Gobierno disponga de la credibilidad o la confianza de los interlocutores si acuerdos firmados solemnemente en 1991 o cláusulas pactadas en 1990 son papel mojado o han desaparecido del mapa? La reforma es algo mucho más serio, tal como se expresaba en aquellos documentos por parte del Gobierno y de los sindicatos, y afecta a muchos más temas.
Ustedes hace muy pocos días, el 21 de septiembre de 1993, han planteado un documento que se llama «Medidas en materia de función pública», del cual no nos ha dicho prácticamente nada en esta intervención, que toca

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temas fundamentales de la Administración y los toca casi a golpe de martillo. Usted ha citado los planes de ocupación o la reasignación de efectivos. Ustedes, «de facto», van a suprimir las ofertas de empleo y «de facto» lo van a hacer en un momento en que estábamos entrando tímidamente en algo que es tan democrático como el poder de la contratación y la negociación colectiva por parte de la función pública, cuando tienen, por ejemplo, el bosque de 49 convenios hoy diferentes en la Administración. Se permiten afirmar en este documento --usted no lo ha hecho en su intervención-- que se cambiarán estructuras administrativas a través de los planes de ocupación. Esto es algo que parece una barbaridad, no sólo desde el punto de vista de Derecho administrativo, sino de una política democrática para tratar con rigor la administración necesaria en esta reforma.
Pero lo más importante está en la reasignación de efectivos. Reasignación de efectivos que los sindicatos acordaron con ustedes el año 1991, que ustedes no cumplieron cuando incluso podían haber dispuesto del artículo 17 de la Ley 30 de 1984 para hacerlo. ¿Por qué tantos años incumpliendo la reasignación de efectivos, que tenían dispositivos legales para realizarla, y tenían acuerdos sociales para llevarla a cabo y ahora, de repente, el 21 de septiembre, se descuelgan con ese tema y pretenden despacharlo --usted lo ha dicho en los dos minutos finales de su intervención-- diciendo que ya acompaña los Presupuestos de 1994? ¿Cree usted que esto es razonable, que temas de tal calado en la Administración, que son una auténtica reestructuración de un sector, que en cualquier otro sector han llevado meses y meses de negociación --hablo de los privados--, temas que en cualquier país requieren un esfuerzo casi de años, lo van a despachar del 21 de septiembre al 20 ó 21 de octubre, y antes no sólo de la fecha de votación sino acompañando al Presupuesto medidas como éstas? Medidas que plantean temas (se lo leo, aunque usted lo debe conocer) como una medida de alerta a la función pública general en España, que desconoce la función pública en España: «Tras las reasignaciones respectivas, los funcionarios que no hayan entrado quedarán en expectativa de destino y al cabo de un año de esta expectativa de destino recibirán tan sólo retribuciones básicas y prestaciones familiares y no podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea en la empresa laboral o administrativa.» Es un texto del Gobierno, señor Ministro. Amenazas tan fuertes como ésta, sin ningún tipo de consenso y negociación van a acompañar a los Presupuestos de 1994? A nuestro entender, ustedes están confundiendo de nuevo reestructuración y modernización con recortes contables que no afectan a determinados niveles de la Administración. A ustedes se les ha escapado llegar a decir que había, y lo pongo en pasado, contratos blindados en la Administración. A éstos ¿les va a afectar algo de lo que estamos hablando? La expresión contratos blindados en la Administración la sacaron ustedes. No nos la hemos inventado.
Nosotros reiteramos que este tema es de un enorme alcance. Estamos dispuestos a entrar en su tratamiento detenido, responsable, de temas que ya estaban elaborados y pactados. No vale aquí la excusa de que hay sindicatos conservadores retardatarios o grupos maximalistas. Están encima de la mesa desde hace años propuestas para ir a la movilidad geográfica, a la reasignación de efectivos, acompañándolo, obviamente, de una negociación que no sólo afecte a las rentas, como parece que ustedes van a hacer desembocar la negociación, sino también aquellas medidas, medidas, como se ha propuesto de forma unitaria, para contribuir al pacto por el empleo. Si ustedes llevan esto al Presupuesto de 1994, de forma consciente o inconsciente, allá ustedes, tengan por seguro que están poniendo un obstáculo fundamental al pacto social. No hay separación posible entre la función pública y el pacto social. Y no la hay por corporativismo, no la hay porque afecta a un capítulo importantísimo de los Presupuestos y de la función pública. Si ustedes mantienen este documento, tal y como hemos entendido, para acompañarlo, sin negociación, a los Presupuestos (le digo sin negociación incluso por razones de calendario, ya que estamos a 29 de septiembre, señor Ministro; se conoce desde hace una semana y tiene temas de gran profundidad; sólo he mencionado los dos que ha citado y he dejado de mencionar los que usted no ha citado, que son de igual profundidad); si ustedes creen que se puede hacer una acción de Gobierno así y después hablar de negociación, de consenso, de apelación a la responsabilidad de todos en un momento de la crisis... Por favor, eso suena casi a chiste o a tomadura de pelo, si no fuese porque el tema es muy serio y muy profundo.
Nosotros creemos que debería haber una negociación que empezase en esta Cámara por la modificación de la Ley 30/1984. Recuerde usted, señor Ministro, que esta Ley la pactaron en exclusiva ustedes y Minoría Catalana, ¡qué paradoja!, al igual que la de bases de Régimen Local. ¡Qué paradoja!, dos leyes que les están diciendo ahora que afectan a las autonomías también. ¡Qué paradoja! Nosotros proponemos empezar el trabajo legislativo con un estudio serio y responsable de las modificaciones que preveía hacer aquella ley y que entremos en temas necesarios para la modernización y la racionalización de la Administración. La simplicaficación de estos temas no la va a encontrar detrás de usted sino a través de lo que se había venido elaborando, de aquello que incluso se había pactado, de aquello que hace falta, pero sin ningún trágala.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nadal, de Convergencia y Unió.


El señor NADAL I MALE: Permítame, señor Ministro, que no le dé la bienvenida porque las dos anteriores han sido un poco extensas. Deben ser absolutamente sinceras, pero, por las expresiones de mis anteriores compañeros en el uso de la palabra, parece ser que son unas bienvenidas un tanto radicales. Permítame, simplemente, que le desee suerte en su nuevo cometido, que esté

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especialmente contento por esta coincidencia del Partido Socialista y del Partido Popular respecto a la Administración única. Me alegro mucho de que el Partido Popular y mi amigo Núñez no les cobren «royalties»; en todo caso, la Administración única no es invento del Partido Popular ni del Partido Socialista y, si por mí fuera, yo no les permitiría dejar de pagar «royalties».
En todo caso, doy por oídas las manifestaciones del señor Ribó, en algunos aspectos correctas y otros aspectos incorrectas. Las incorrectas las doy por oídas, pero por no compartidas. Permítanme que, siendo uso normal en estas comisiones el hecho de que los partidos y las coaliciones debatamos con la Presidencia, no entre en un debate con el señor Ribó sobre los temas que los eventuales pactos --eventuales digo-- futuros, si es que existen y se producen --entre comillas todo lo que he dicho--, y cuantas veces sea necesario entre el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió; en todo caso podría ser que existiera por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya una cierta envidia por la falta de protagonismo. Mejorando un poco las relaciones o dejándolas simplemente como las tiene en Zaragoza y en Barcelona, se podrían producir unos pactos a nivel estatal que permitirían que nosotros prescindiéramos de nuestra responsabilidad.
Dicho esto, señor Ministro, le agradezco mucho la presentación que ha realizado de su programa de trabajo en esta legislatura. Yo diría que es un programa de trabajo lógico en cuanto a la presentación, diría que es un programa de trabajo académico y que usted ha hecho una presentación en la que ha intentado llegar a cada uno de los objetivos que tiene planteados su Ministerio a lo largo del tiempo.
Permítame decirle que, en cuanto a objetivos, a presentación académica, a razonamiento absolutamente objetivo y generalizado, entra dentro de lo correcto, aunque me da la sensación, señor Ministro, que su prueba de presencia y de buena voluntad en cuanto a objetivos puede estar condicionada por el hecho de que sus antecesores en otras ocasiones han realizados razonamientos o discursos similares ante la Cámara y ante la Comisión.
Como ha dicho el señor Núñez, creo que desmenuzar su planteamiento de objetivos ministeriales en este momento sería un poco difícil, sobre todo creo que se necesitaría entrar en un debate pormenorizado, tema por tema.
Tendremos tiempo a lo largo de la legislatura para debatirlos, y añado algo que creo que sería relevante: para debatirlos tantas veces como sea necesario, pero para solucionar algunas cosas que están muy pendientes.
Dos o tres cosas que le he escuchado me han complacido mucho, entre las positivas; después hablaré de las negativas, no crea que me voy a limitar a las positivas. Habla de la disminución de la conflictividad entre las comunidades autónomas. Un gran paso adelante. Habla de mejorar e impulsar las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado central. Muy importante. Habla de la ampliación competencial. Buenos términos. Habla de traspasos. Excelente. Ha hablado de financiación. No me lo creo. Ha hablado de los comités para las regiones. Sería positivo que fuera así.
Ha hablado del Senado. Bien. Ha hablado de política local y ha marcado unos objetivos. Escuchar lo que ha dicho de un objetivo ha sido de un ingrato total: ha afirmado que no se modificará la financiación para el próximo año 1994. Esto es terrible, señor Ministro, quizás es lo más serio y difícil que usted ha planteado en todo el discurso y en todos sus razonamientos en cuanto a política ministerial. No se puede decir tan simplemente que se condena a todos los ayuntamientos de España a una situación de escasez financiera para el año 1994. No se puede resolver este tema con una simple frase como la que ha dicho usted: no se modificará para el próximo año 1994. Por mucho que usted hable después y que diga que es sustancioso el incremento del 9 por ciento para el Fondo de Cooperación, esto no es admisible en términos reales.
Ha hablado de la gobernabilidad en los ayuntamientos. Creo que es positivo si se diera un paso adelante en este tema. Es difícil plantear gobernabilidades y es difícil, tan de moda como está el transfuguismo, plantear la libertad de los derechos individuales de cada uno de los miembros de un consistorio o de una diputación, o de un parlamento regional o de un parlamento español por la eficacia o limitación en este tema.
Ha estado hablando de la Administración pública, del plan de modernización. El plan de modernización es importante y ya he oído hablar de él en numerosas ocasiones. Admito que todos tenemos derecho a la presunción de que vamos a actuar con una cierta corrección o de que se van a cumplir nuestros objetivos. Deseo que esta presunción se cumpla, aunque no se ha cumplido hasta ahora.
Ha hablado de la mejora en los servicios públicos. Señor Ministro, la mejora en los servicios públicos se tiene que plantear con una cierta claridad y rotundidad. Insisto: como entiendo que su discurso es de objetivos generales, espero que más adelante podamos hablar del funcionamiento de los servicios públicos y de la organización administrativa.
Señor Ministro, insisto en que algunas de estas generalidades son gravísimas en cuando a la rotunda manera de expresarlas; otras son positivas. Deseo que las positivas se cumplan y que se modifiquen las graves.
Ya que usted ha entrado en generalidades, desearía entrar también en general en cuanto al planteamiento que hace.
Usted ha hecho una visita a casi todos los presidentes de las comunidades autónomas, han salido todos contentos y usted también, cosa de la que me alegro. Lo que pasa es que sería difícil interpretar esta alegría en conjunto, porque me niego a pensar que todos hayan quedado tan contentos como usted cree que están y que usted haya salido tan contento de las entrevistas. Si ha salido absolutamente contento es que no se han tratado los problemas de crisis, y si hubiera salido preocupado se habrían tratado los problemas que afectan a las comunidades autónomas.
No obstante, cada vez que un Ministro comparece ante una Comisión del Congreso, rápidamente deriva hacia

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los temas de las comunidades autónomas y yo ya he aprendido el pequeño truco. Aquí no hay ningún presidente de comunidad autónoma, aquí no hay ningún ministro o conseller de comunidad autónoma, y las relaciones que se mantienen aquí con las comunidades autónomas las interpreto entre Parlamento de comunidad autónoma, Gobierno de comunidad autónoma, Ministerio de Administraciones Públicas. Usted y los anteriores en su cargo los pasan por aquí como una manera de justificar unos planteamientos de su Ministerio. Bueno es que lo hagan, pero bueno será que, a partir de este momento, pensemos en que las responsabilidades del Ministro lo serán delante de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados español y también ante las comunidades autónomas. Ya verá usted cómo, siguiendo con el pequeño truco, cada vez que nosotros le pidamos responsabilidades sobre una actuación en comunidad autónoma usted nos dirá que esto ya lo tiene tratado con el respectivo presidente de la comunidad autónoma. Espero que usted no lo haga, lo que sería algo positivo.
¿Sabe lo que me sorprende más? Que haya iniciado las visitas a todos los Presidentes de las Comunidades Autónomas y no haya recibido ni visitado a un solo alcalde, ni tan sólo al Presidente de la Federación Española de Municipios, y si lo ha hecho o si le han llamado por teléfono --creo que me dirá que han hablado por teléfono-- poco importante debía ser la conversación porque no la ha traído ni a colación.
Usted ya nos ha anunciado la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Federación Española de Municipios --me alegro mucho de que el Ministro convoque las reuniones de la Federación Española de Municipios-- y me alegro mucho de que lo haga, porque lo que antes era una correa de transmisión entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios, con algunas discrepancias, como podría ser la del Alcalde de Córdoba o la de algún Presidente de Diputación, que está aquí, del Partido Popular, puede tener otros tonos.
No es lógico que se dé el tratamiento que se está dando a las administraciones locales. No es lógico lo que hacen los Ministros para las Administraciones Públicas (y conste que el reproche se lo hago, señor Ministro, de diferente manera; no me confunda, no pretendo hacer un reproche subjetivo, sino constatar un hecho objetivo), porque objetivamente el desprecio de los Ministros para las Administraciones Públicas hacia los grandes, medianos y pequeños ayuntamientos ha sido siempre la constante de esta casa. Fíjese usted, señor Ministro, que lo único que ha dicho es que hay que suprimir municipios. La única relación con el mundo de la Administración local de su Ministerio es la preocupación para suprimir algunos municipios. Puedo coincidir y coincido con usted en la idea de que hay que reducir municipios, pero, señor Ministro, por favor, ¿cómo en su primera comparecencia aquí, en lugar de hablar sobre el profundo desgaste financiero de los ayuntamientos, del tema de las competencias de los ayuntamientos o del tema de las competencias que realizan y los servicios que prestan y que no están decretados por ley, del tema de la necesaria y obligada solución inmediata de determinados problemas por parte de los ayuntamientos, y los costes que conlleva, nos pega usted directamente el palo de decir que no hay financiación para el próximo año y nos anuncia que determinados ayuntamientos de este país están en vías de próxima desaparición? Si hablamos de temas de Comunidad Económica Europea y nos referimos a comparaciones legislativas europeas a ayuntamientos, ya solamente queda que usted diga: en los municipios que están a menos de tantos kilómetros de un municipio importante y que tengan menos de tantos habitantes, pongan ustedes el letrero de «Se cierra».
Señor Ministro, hay un problema fundamental de administración local, de financiación de ayuntamientos, de eficacia de ayuntamientos, y también hay responsabilidad por parte de aquellos que de una forma u otra dirigimos la administración local.
En la anterior reunión de la Federación Española de Municipios en Zaragoza (no me cansaré de repetir, como dice la canción, las palabras del Vicepresidente del Gobierno) dijo el señor Serra: «Ha llegado la hora de los municipios. Vamos a solucionar el tema de los municipios.» De esta manera lo que hizo el señor Serra --creo-- fue calmar a los Municipios en aquella asamblea.
Señor Ministro, sé que usted irá a la próxima asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios --en la anterior usted no estuvo presente por lógicas labores de Gobierno-- y, por favor, en la próxima, cuando vaya, no diga que ha llegado la hora de los municipios, no diga que vamos a solucionar el tema de los municipios, dígales algo mucho más sencillo, y con esto acabo, «Señores alcaldes, señores concejales, señores presidentes de diputación, ya hemos solucionado el tema de los municipios y de su financiación y retiro las palabras que dije en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados de que no se modificará la financiación para el año 1994». Porque si usted no retira este concepto y estas palabras, no convoque --se lo recomiendo--, no vaya a una asamblea extraordinaria de municipios.
Señor Presidente, dos minutos más. Administración Pública del Estado. El plan de modernización, las pequeñas cuestiones que usted ha planteado, la eficacia de los 240 proyectos que han sido eficaces un 80 ó 90 por ciento. Es posible que de los 240 proyectos el 80 ó 90 por ciento hayan tenido una rotunda eficacia. Le confirmo que esta rotunda eficacia no ha traslucido en la opinión pública y el ciudadano sigue pensando que las administraciones somos igualmente ineficaces.
Déjeme hacerle cuatro preguntas muy simples para ver si su discurso pasa el control de calidad necesario, no en cuanto, insisto, a la razón académica y objetivos sino el control de calidad respecto a su voluntad.
Señor Ministro, ¿en qué fecha se van a suprimir los gobiernos civiles? Primera pregunta. Segunda pregunta, señor Ministro: ¿Va usted a plantear una nueva financiación de las administraciones locales? Tercera pregunta, señor Ministro: ¿Considera obligado un presupuesto de liquidación de

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deudas de las haciendas locales? Cuarta: ¿Considera usted que podemos continuar sin aclarar si los funcionarios del Estado, administraciones locales, etcétera, dos millones doscientas mil personas, verán incrementados o no sus sueldos? ¿Es definitiva o no la congelación? Finalmente, señor Ministro, decirle que la colaboración, al menos de este miembro de la Comisión estatal, se la brindo y estoy a disposición de usted para proporcionarle toda aquella información que usted precise de la Administración local, que algunos la vivimos con más intensidad que otros. En todo caso, señor Ministro, si realmente considera que las palabras del Vicepresidente del Gobierno, señor Serra, son correctas en el sentido de que haya llegado la hora de los ayuntamientos, vaya usted a la Federación Española de Municipios y a su asamblea extraordinaria y dígales que esto es así y lléveles propuestas positivas, porque si no tendremos graves dificultades todos.
Déjeme acabar con la bienvenida, porque si no, quedo un poco mal.


El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría, del Grupo Vasco, tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al señor Ministro de Administraciones Públicas la comparecencia en la Comisión, así como reiterar el agradecimiento respecto a la información, amplia y general, de carácter global sobre las líneas de trabajo de su Ministerio que nos ha dado.
Es intención de nuestro Grupo Parlamentario mantener una relación fluida y estrecha con su Ministerio, y en concreto con usted, señor Ministro, por los grandes temas que en este momento están pendientes de poner en práctica, de gestionar y de planificar en cuanto al modelo de Estado en el que nos encontramos.
De la generalidad de cosas que ha tratado voy a hacer una catalogación.
En primer lugar, he de referirme a la modernización de la Administración.
Efectivamente, en tiempos de su predecesor se aprobó un plan de modernización de la Administración que era ambicioso, porque ésta es una cuestión muy difícil. Ya le dije a su antecesor que nuestro Grupo Parlamentario, en líneas generales, coincidía con la filosofía y planteamiento que contenía dicho plan de modernización. Es así, y es de justicia reconocerlo, que ninguna Comunidad Autónoma ha sido capaz todavía de abordar un plan de modernización de esa envergadura y las cosas creo que hay que decirlas cuando se hacen mal por la Administración central y cuando se hacen bien o se intentan, por lo menos, hacer bien, dado que usted ha dicho que el grado de eficacia es de un 80 por ciento en cuanto al plan de modernización.
Pero es que había proyectos o había una serie de iniciativas en ese ambicioso plan que verdaderamente si se pone en práctica --y no tengo información detallada al respecto-- son cuasi revolucionarias en el ámbito de la Administración. Había proyectos tan interesantes como el del control de calidad del funcionamiento de la Administración pública, de los funcionarios, del rendimiento. Había proyectos como el de la redistribución de plantillas con ocasión de la reunificación de Ministerios, como el de Obras Públicas y Transportes y Comunicaciones.
Evidentemente, quería recibir información --y si puede enviarla el señor Ministro se lo agradecería-- sobre esta serie de proyectos, de los que en este momento no recuerdo la numeración que tenían, pero que efectivamente creo que son trasladables a cualquier Administración pública.
Por tanto, aun entendiendo que se ha podido fallar en determinadas cuestiones, también quiero dar un margen de confianza porque ésta es una cuestión difícil, de envergadura, que cuesta poner en práctica. Tanto es así, que la Comunidad Autónoma del País Vasco está en estos momentos esbozando un plan de modernización y de reestructuración de la Administración que verdaderamente cuesta, porque yo he tenido ocasión de trabajar en ello y de conocerlo.
Por consiguiente, yo creo que en este aspecto hay que ser justos, equitativos y realistas. Yo creo que se hace lo posible y que se ha avanzado en ese aspecto. Otra cosa es que podamos percibir materialmente a corto plazo los efectos, lo que puede ser más difícil, pero en principio quiero resaltar la envergadura del plan y la dificultad para su puesta en marcha con la burocracia, la falta de flexibilidad y los esquemas anquilosados que existen en todas las administraciones públicas, empezando con la local y terminando en la comunitaria.
En segundo lugar, señor Ministro, en relación al desarrollo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, nuestro Grupo ya fijó su posición favorablemente en el sentido de que hubiera una prórroga en cuanto al plazo de adaptación de los procedimientos administrativos especiales al procedimiento administrativo común y, por tanto, entiendo que ustedes lo que tienen que realizar es una refundición, o por lo menos una reubicación, de los procedimientos administrativos especiales generales en la materia, por ejemplo, con los contenidos o con los aspectos materiales que usted ha indicado, como es el sancionador, el de las subvenciones, etcétera, porque ello es importante y de seguridad jurídica en el cotidiano quehacer y tratamiento de los actos de la Administración hacia los ciudadanos.
En tercer lugar, señor Ministro, respecto al tema del Estado autonómico, nosotros queremos transmitirle que, efectivamente, se avanza en una línea positiva de dotar a las comunidades autónomas del 143 de mayores techos competenciales. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros manteníamos nuestros recelos respecto de la Ley en cuanto a su estructura y al contenido material de determinados artículos y en cuanto a cómo se diseñaba el reparto competencial entre las comunidades autónomas del 143 y los poderes centrales del Estado, en la medida en que se plasmaba en el mismo texto legal jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando ésta es una cuestión que puede cambiar con el tiempo, es una cuestión mutable.


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Por tanto, no estamos de acuerdo con la técnica utilizada a la hora de la elaboración de la Ley, pero estamos de acuerdo con el fondo de que se debe avanzar en el desarrollo de las comunidades autónomas del 143.
Respecto a las comunidades del 151, nosotros le planteamos, señor Ministro, que hay todavía una serie de importantes materias pendientes de transferencia, tanto para Cataluña como para el País Vasco. He de decir que en este último caso ha habido un informe del Parlamento vasco, aprobado tanto por el Partido Socialista, como por el Partido Popular, como por el Partido Nacionalista Vasco y por Unidad Alavesa, sobre qué materias se entiende que han de ser transferidas por parte de los poderes centrales del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto es un avance importante, porque se ha llegado a un consenso político, que habrá que materializar en una negociación técnica, aunque la negociación política creo que ya está ahí.
Usted, señor Ministro, es un interlocutor que tiene una información de primera mano sobre cómo va este contexto y no creo que sea de recibo ahondar más sobre el tema en este momento, pero sí se ha de producir --repito-- esa transferencia a las comunidades del 151, todavía pendiente, como ocurre en el caso del País Vasco, o puede ocurrir --casos que yo no conozco con tanta profundidad-- en Cataluña, en Andalucía o en Galicia.
Señor Ministro, quiero referirme a continuación a una cuestión que me parece importante en un Estado compuesto o autonómico como el nuestro, que es el relativo a la posición que han de tener las comunidades autónomas en su relación con las Comunidades Europeas.
A nuestro juicio, se ha de tender a un reconocimiento de la capacidad de actuación exterior de las comunidades autónomas. Señor Ministro, en este momento, la relación con la Comunidad Europea no es una relación de orden internacional, no es la relación internacional típica del 149.1.3ª de la Constitución, tal como se ha entendido tradicionalmente por la doctrina, la relación del «ius contraendi» de los Estados para poder establecer derechos y obligaciones de un Estado frente a otro.
En este momento la relación con la Comunidad Económica Europea es sobre infinidad de temas de mera gestión: el pago de las ayudas a la ganadería, el pago de las ayudas en la intervención de precios en las oleaginosas.
Son cuestiones de mera gestión que ya no son relaciones de orden internacional concebidas como se ha hecho tradicionalmente en el 149.1.3ª. Bruselas y todo el tema comunitario han dejado de ser una cuestión de relación exterior, de relación internacional. La gestión de este tipo de materias que se encuentran «comunitarizadas» es una relación de orden doméstico y a través del Tratado de la Unión Económica y Monetaria vemos que todavía hay más materias COMUNITARIZADAS, como pueden ser el medio ambiente o el consumo.
Por ello, yo creo que es una cuestión difícil y de envergadura la posición que los poderes territoriales del Estado han de tener en su relación con las comunidades autónomas. Porque el Estado español, señor Ministro, el Reino de España, no es el Gobierno central. El Reino de España son el Gobierno central, las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Por ello le insto a que se resuelva de una vez la dificultad práctica o jurídica que haya para el reconocimiento de la capacidad de actuación de las comunidades autónomas, en materias de su competencia, ante las comunidades europeas.
Admito que la Conferencia sectorial de Relación con las Comunidades Europeas que existe en el Ministerio para las Administraciones Públicas puede ser un foro adecuado. Por ello yo creo que se debe avanzar en esa línea de que, en las materias en que son competentes las comunidades, éstas dispongan de esa capacidad de intervenir en el orden comunitario.
Quiero referirme también, enlazando con este tema, a la posición que usted conocerá mantenía nuestro Grupo sobre la articulación que las comunidades autónomas han de tener en el Comité de las Regiones. En la anterior legislatura nosotros planteamos una proposición no de ley por la que proponíamos que la representación fuera únicamente de las comunidades autónomas. Lo hacíamos así porque está en el espíritu del Tratado de la Unión Económica y Monetaria que se avance hacia una Europa de las regiones y el espíritu del legislador, el espíritu de los autores del Tratado de Maastricht, es el de que el hecho regional se incorpore. Justo es reconocer que el Gobierno español ha tenido una importancia fundamental a la hora de que se recoja en el Tratado de Maastricht el órgano del Comité de las Regiones. Sin embargo, el espíritu no es que participen ahí ayuntamientos ni diputaciones. Yo creo que el espíritu es que participen ahí las comunidades autónomas.
Por ello nuestro Grupo planteaba la posibilidad de que, como ya existe un órgano a nivel un tanto inferior en el ámbito de las comunidades europeas, que es el Comité de los Municipios (en este momento no recuerdo el nombre técnico exacto), se le podría dar una mayor relevancia, de forma que el municipio, la entidad local menor, tuviera su órgano propio de representación, que es una cuestión diferenciada, con una naturaleza diferente, de las comunidades autónomas. La naturaleza diferente está en que la comunidad autónoma es un poder del Estado con capacidad de legislación, mientras que el poder local es un poder del Estado que no tiene capacidad de normar, capacidad de actuar y de incidir legislativamente sobre los ciudadanos. Por tanto, la naturaleza de un poder y de otro es diferente y nosotros, señor Ministro (sé que hay otro tipo de opiniones y sé que en su partido también hay opiniones diversas), somos partidarios de que la representación en el Comité de las Regiones sea de las comunidades autónomas.
Paso, señor Ministro, a referirme a continuación al tema de la Administración local, respecto al cual yo le quería efectuar una serie de preguntas. He leído por ahí algunas declaraciones --no recuerdo si eran de usted o de su antecesor-- sobre que hay intención del Gobierno de elaborar un texto legal relativo a las grandes ciudades que aborde la problemática de las infraestructuras, de la organización y la financiación peculiar que tienen las grandes

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ciudades y, por tanto, querría saber si existe esa intención de abordar el texto legal en esta legislatura y si se va a consultar con las comunidades autónomas, lo que yo creo que es importante en la medida en que existe un reparto competencial en la materia en el bloque de la constitucionalidad, legislación básica del Estado y desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local a las comunidades autónomas.
También quería hacerle alguna sugerencia relativa a las relaciones que usted ha dicho mantiene el Ministerio con las corporaciones locales, fundamentalmente con la Federación Española de Municipios y Provincias como entidad más representativa del asociacionismo municipal y provincial. Me refiero a que tuviera relación con otras entidades asociativas que existen a nivel de comunidades autónomas, que muchas veces se quejan de no ser tenidas en cuenta.
Existe una Federación de Municipios y de Islas en Canarias, existe una Federación o una Asociación de Municipios en Aragón; existe una Asociación de Municipios Vascos, con los que yo he tenido ocasión de relacionarme, que se quejan de que quizá el Ministerio canaliza a través de la Asociación más representativa, que es la FEMP, pero que hay otras a las que también les gustaría ser tenidas en consideración. Por ejemplo, si se aborda un texto legal de esta envergadura o una modificación de la Ley de la Función Pública, una modificación de la Ley de bases de Régimen Local, creo que aportarían una serie de visiones que no puede aportar igual una entidad de carácter más general.
Por tanto, sugiero que tenga en consideración --repito-- a las asociaciones de municipios que existen también en otras comunidades autónomas.
Voy a finalizar, señor Presidente, refiriéndome al último gran capítulo al que usted ha hecho referencia, que es al tema de la organización de la Administración. Efectivamente, yo lo enlazaría con el tema de la modernización que usted ha planteado. Estoy de acuerdo en que se tiene que simplificar la Administración central del Estado en las comunidades autónomas, lo que se denomina la Administración periférica.
Señor Ministro, nosotros somos partidarios de que, en ese sentido, se potencie la figura de los delegados del Gobierno. Entendemos que ya no tiene sentido mantener la figura de los gobernadores civiles. Es una cuestión, no de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, porque la Constitución no lo prohíbe ni lo permite; es una cuestión de mera facultad de autoorganización que los poderes del Estado tienen para crear o mantener esta figura.
Sin embargo, yo creo que, haciendo una valoración política, ya no procede que exista esta figura, no por el nombre o por la connotación que antes podía tener, que nada tiene que ver con la que tiene ahora, sino porque efectivamente se puede funcionar debida, eficaz y ágilmente en la Administración central a través de la figura de los Delegados del Gobierno, como en nuestro caso hemos tenido ocasión de conocer y de tratar en profundidad.
En segundo lugar, quiero referirme a la posibilidad de que el Gobierno central, sin perjuicio de que se realice el cúmulo de transferencias a las comunidades del 143, o las transferencias pendientes ordinarias a las comunidades del 151, en esta materia de la simplificación de la Administración, podría avanzar en la utilización de las técnicas previstas en el artículo 150.2 de la Constitución, respecto a transferencias o delegación. Hay determinadas materias de la gestión administrativa a las que el Gobierno central y sus diferentes ministerios no llegan con la eficacia y agilidad que es exigible. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas prevé otras figuras, como puede ser la encomienda de gestión. Por ello, señor Ministro, le rogaría que sobre determinadas cuestiones que son competencia exclusiva de la Administración central se pudiera encomendar, bien de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico o bien delegar o transferir, de conformidad con las técnicas del 150.2 de la Constitución, a las comunidades autónomas ese tipo de materias. Y le pongo un ejemplo práctico: se están produciendo en Galicia, en el País Vasco, y me imagino que también en otras comunidades marítimas, como Canarias, problemas en cuanto al control de la inspección pesquera. La Administración central no dispone de infraestructura, no dispone de aparato administrativo suficiente y se encuentra solapado con las administraciones pesqueras de que disponen estas comunidades autónomas. Sería mejor que estas funciones de control las pudieran realizar las comunidades autónomas, puesto que éstas controlan la pesca en aguas interiores, que alcanzan hasta una o dos millas escasamente, y queda todo fuera de su competencia. Por ello creo que hay determinadas cuestiones de mera gestión que se pueden delegar a las comunidades autónomas y es más provechoso y eficaz, ya que éstas ya disponen de un aparato administrativo y se caracterizan por la cercanía y la inmediatez al problema que hay que resolver.
Termino, señor Presidente, repitiendo nuestro deseo de que exista una relación estrecha y fluida con el Grupo Parlamentario Vasco y que dé realmente información a la Cámara sobre un proyecto que a nosotros nos parece interesante, que es el de la modernización de la Administación pública, así como la elaboración de los diversos textos legales que su Ministerio tiene en marcha.


El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señorías, quiero empezar, como han hecho otros señores Diputados, por saluda y dar la bienvenida al Ministro, señor Saavedra, por su presencia en esta Comisión y por el informe que ha presentado. Decía antes un portavoz que siempre la bienvenida ha servido para hacer un listado de reproches a continuación, tanto de los grupos de oposición como de los grupos que apoyan al Gobierno. En este caso parece que el Grupo Catalán --me ha dado la impresión-- es el que ha presentado más reproches al Ministro.
Cambiando la tónica de ese listado de reproches, entendemos que en esta primera comparecencia del

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Ministro para las Administraciones Públicas es el momento de decirle que debemos ser todos conscientes de que a quince años de la aprobación de la Constitución española la estructura del Estado y el modelo de Estado en este país está en una situación de crisis. Me parece que no es exagerado señalar que al mismo tiempo que hay una propuesta urgente, muy seria, para la reforma de las administraciones públicas, que es una tarea de Estado, que es inaplazable y que es una tarea que se han planteado todos los países del área europea, incluso Estados Unidos muy recientemente. Es una tarea fundamental porque en ella está en juego el desarrollo del proceso del sistema democrático, que creo es una de las tareas fundamentales de este Gobierno.
En segundo lugar, está abierto, chirría por todos lados, el modelo de desarrollo del Estado de las autonomías. En mi opinión, se dan pasos en lo que pueden ser formas de estado federal. El debate --más simbólico que real, porque no creo que el debate del 15 por ciento haya sido la base de un debate sobre corresponsabilidad fiscal; es un problema de definición de tomas y dacas y fundamentalmente de hegemonías políticas-- ha planteado, en cualquier caso, el tema de la corresponsabilidad fiscal, ha planteado el tema del esfuerzo fiscal y el problema de las relaciones entre la Administración central del Estado y las administraciones autonómicas. Sin duda, en ese tema están las competencias, los traspasos, que se han planteado de manera muy acusada con el País Vasco y con Cataluña. Las autonomías del 143 han encontrado ahora una fórmula de avance entre sus traspasos, pero las que no estamos ni en el 143 ni en el 151, como Canarias o el País Valenciano, necesitamos también definir una política de traspasos en ese área. Creo que eso va ligado, en el caso de Canarias, al tema de la reforma del Estatuto, pero a lo que quería referirme primeramente --y ahora entraré muy brevemente en estos temas-- es que tanto en los temas de financiación como de traspaso hay un debate muy serio de hacia dónde va el modelo del Estado de las autonomías, que se vincula con el debate sobre la simplificación de la Administración periférica del Estado, que también aparece. Y ¡cómo no!, aquí se ha dicho --y yo no hago sino subrayarlo y mostrar mi pleno acuerdo-- que la idea de todo sistema de financiación de las administraciones locales está en quiebra, y no por utilizar palabras tremendistas, sino porque es una realidad. Es una quiebra que me parece que ya ha tocado fondo y que no puede continuar ni un año más. Lo han planteado el Grupo Catalán, el Partido Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Es un problema vital de este país, al margen de que las mayorías o no de gobierno no dependan de él y de que los municipios no tengan todavía la fuerza política, por la diversidad de fuerzas políticas que aparecen ahí, de negociación y de presión para plantear este tema, que es seguramente el más urgente de los que tiene planteados la estructuración y organización del sistema administrativo y de reforma del modelo de Estado en este país.
Todos estos temas, unidos, creo que dan el cuadro de la necesidad de que a quince años de la aprobación de la Constitución este país defina un nuevo modelo o avance, dentro del modelo actual, con reformas serias pero de alcance, con perspectivas a medio y a largo plazo. Porque lo peor de la construcción de edificios políticos es que uno no tenga los planos desde el primer momento para definir la perspectiva, y podamos, simplemente, ir construyendo este complejo edificio político del Estado español sobre la base de acuerdos coyunturales con uno u otro grupo político en función de que apruebe o no los presupuestos, y una vez hechas concesiones, que a lo mejor no son lo más adecuado para el avance en este modelo, vengan luego las compensaciones a las comunidades agraviadas. Y así entramos en una dinámica que creo conduce a que esto se convierta en una jaula de grillos y no en un Estado moderno.
Como éste es el gran tema, nosotros, desde Coalición Canaria, le decimos al señor Ministro que tiene que asumir que el suyo es uno de los ministerios clave de este Gobierno, y no es un ministerio de segundo orden, casi siempre encargado de resolver asuntos de menor cuantía, de resolver algunas tensiones y conflictos de actualidad y coyuntura, y luego seguir por el camino de la inercia y de la rutina. Es un Ministerio clave, junto con los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo, en orden a la salida de la crisis económica y a las soluciones de carácter social y de mantenimiento del Estado de bienestar. El gran problema de la reforma de la Administración pública española y de desarrollo del Estado de las autonomías hacia formas de Estado federal, así como la solución del problema de las administraciones locales, son los tres temas fundamentales que tiene planteados este Ministerio que se convierte, en nuestra opinión, en uno de los claves de la acción de gobierno en este próximo período.
En función de eso, vamos a hacer un esfuerzo para no entrar en debates de oportunidad, de propaganda política, de acoso al Gobierno, sino ofrecerle a este Gobierno, así como a todos los grupos parlamentarios aquí representados, la necesidad de un gran acuerdo político, de un gran consenso, para que este asunto, que no es de coyuntura, se resuelva no por la vía de los intereses parciales, sino de los intereses generales de este país, del Estado en su conjunto y de cada una de las comunidades autónomas. Nosotros, como comunidad autónoma, podríamos tener la tentación en este momento de decir ¡sálvese quien pueda! y ver quién corre más para llevarse el panecillo que existe en esta situación de «miseria» --entre comillas miseria-- en que todos estamos, en la que cada uno va a intentar escapar, pero creo que o escapamos todos o aquí no escapa nadie.
En esta línea, vamos a hacer una brevísima referencia a los temas que ha planteado el señor Ministro, porque creo que ha expresado más un talante positivo y una actitud de enfrentarse a los problemas que una precisión, porque todavía no ha tenido tiempo de hacerlo.
Hasta que no exprese en concreto --supongo lo hará en próximas comparecencias-- las líneas de lo que son sus políticas para cada una de estas áreas, no podemos adoptar posiciones políticas claras con respecto a ellas.
En principio, quiero decir que la reforma de la

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Administración pública es un gran tema. No creo que ello sea un problema de arte, de paciencia, ni de ir poquito a poquito. O se acomete o no se acomete. Se enfrenta uno a ella o no se enfrenta. Hay una canción de los ALCOHOLICOS ANONIMOS que me permitirán SS. SS. que se la cuente, que dice: «Dame, Señor, el coraje de saber enfrentarme a los problemas que puedo cambiar, la paciencia para no enfrentarme a los que no puedo cambiar pero, sobre todo, la sabiduría de distinguir unos de otros.» Ahí es donde está la clave.
Si no se va a hacer la reforma de la Administración pública en serio, ni se plantee, porque nos van a estar entreteniendo con programas de unas unidades territoriales, que si se simplifican, que si se quita por aquí y se pone por allí, y yo creo que este país lo que necesita es un gran consenso para la reforma de la Administración pública. Además, el mal funcionamiento y el mal dimensionamiento de la Administración pública española --la del Estado, la de las comunidades autónomas e, incluso, la de los ayuntamientos-- le cuesta a este país bastante más de un billón de pesetas. La culpa no es de los funcionarios, es de las fuerzas políticas que tienen la capacidad y el gobierno en cada una de las administraciones autonómicas, locales o del Estado, para acometer de verdad ese planteamiento, pero esto es difícil y necesita consenso. Según todas las experiencias de la reforma de la Administración en Inglaterra y en otros países, acaban por decir que esto no se hace a través de medidas autoritarias y parciales. Se necesita un consenso con los sindicatos, con los empleados de la Función Pública, pero se necesita también coraje y decisión para enfrentarse al problema. Yo le pediría al señor Ministro que no lo deje para la segunda fase de la legislatura, porque, a lo mejor, no llegamos a ella y sería mejor que empezáramos desde ahora.
El segundo gran tema es el de la financiación autonómica y el de los traspasos de competencias a las administraciones autonómicas. Se ha abierto por ahí una brecha, que es el famoso 15 por ciento, pero si queremos avanzar hacia la corresponsabilidad fiscal debemos intentar corregir eso, sobre todo, desde los principios de solidaridad y equilibrio territorial. También quisiera hablarle de la nivelación de servicios. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del próximo día 7 de octubre, sería muy bueno que se aceleraran los trabajos que establece la LOFCA para la nivelación de servicios. Y en cuanto a nivelación de servicios, me parece que el señor Ministro sólo ha hablado de la sanidad. Si no es así me alegro, porque también educación es importante, sobre todo en comunidades donde la presión demográfica ha generado unos problemas muy relevantes para la aplicación de la Logse.
En ese orden de financiación y de traspaso de competencias, lo que hay que buscar es, sobre todo, la eficiencia y no el prestigio de la fuerza política que gobierna o no gobierna, o los intereses de orden político o parcial. Lo que hay que buscar es la eficiencia en el funcionamiento de una administración articulada y descentralizada y, en algunos aspectos, federalizada en todo el Estado. Quiero decirle que, por ejemplo, el INEM no puede seguir siendo una estructura burocrática. Ya sé que corresponde al Ministerio de Trabajo, pero sigo viendo ahí una visión centralista, de no entender que hay competencias de institutos de este tipo que, si se quiere aplicar una política de empleo en serio, necesitan una transferencia al menos de los aspectos de formación, contratación y coordinación con las comunidades autónomas. Cito este ejemplo, pero puede haber otros muchos --ha mencionado algunos el portavoz del Grupo Vasco--, sobre todo en zonas de carácter insular, como la nuestra, Canarias, donde los temas de puertos, aeropuertos, etcétera, tienen una incidencia especial. Sólo quiero decirle al señor Ministro --y él lo debe saber igual o mejor que yo-- que el Estatuto canario debe desarrollarse y reformarse para que tenga el carácter de un estatuto especial. Somos una comunidad, distinta y distante --utilizando las palabras del señor Calvo Sotelo en otro contexto--, con un espacio económico distinto y con unas necesidades distintas. Eso lleva, con el desarrollo de una interpretación inteligente de la Constitución, a la necesidad de un estatuto especial, de particularidades especiales, para lo que pido en esta Cámara el mismo consenso que para el conjunto de los problemas del Estado, con todos los grupos políticos, para sacar a Canarias de la situación de abandono o marginación que en algunos aspectos siente hoy la población canaria.
En ese sentido, me alegra que el señor Ministro haya señalado la necesaria reforma del régimen económico canario, con carácter urgente. Se había fijado para el 15 de octubre, pero nosotros creemos que hay que acelerar esa negociación. Valoramos muy positivamente (creo que en todos estos temas hay una coordinación entre el Ministerio de Administraciones Públicas, cuya importancia he señalado antes, con el Ministerio de Economía y Hacienda, y en este orden estoy muy satisfecho y quiero señalárselo al señor Ministro) las intervenciones que en la Comisión de Economía y Hacienda ha hecho el señor Solbes; intervenciones que empujan al Ministro de Administraciones Públicas a acelerar este proceso negociador sobre el régimen económico canario, que es una parte de la financiación. Creo que hay una fase negociadora basada en el tramo del anterior ITE, impuesto de tráfico de empresas, que está incluido en la financiación local canaria, en la financiación propia de la comunidad canaria.
Podemos llegar a un acuerdo pronto porque aquí el tiempo es uno de los factores clave para la salida de la crisis y, simplemente, quiero recoger su declaración para que se concrete lo antes posible.
Por último, está el tema de los ayuntamientos. En la misma línea, hace falta un gran acuerdo. Aprovecho la reincorporación a la Comisión del señor Nadal para decirle que estamos totalmente de acuerdo --ya lo he dicho antes, cuando él estaba fuera-- respecto a la quiebra del sistema de financiación local en España. ¡Ya es hora! Tenemos la suerte del señor Nadal que es alcalde, aparte de parlamentario, y como tal conoce muy bien esa situación. A lo que tenemos que llegar aquí es a un acuerdo todos, desde el Partido Popular a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para que en los Presupuestos del Estado

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del año próximo --nos darán la sorpresa dentro de unos días y veremos si hay algún avance en toda esta política--, hagamos una enmienda común (nosotros estamos por apoyar la de los catalanes, parece que han anunciado que no van a aceptar esto de ninguna manera; vamos a ver si el señor Nadal gana, como municipalista, la batalla dentro de su propio Grupo Parlamentario y presenta una buena enmienda) en la cual se plantee una ampliación de los fondos de cooperación municipal, porque, desde luego, la situación de los ayuntamientos no espera, no aguanta un día más; se está rompiendo la situación en ofertas de servicios que son primordiales para los ciudadanos.
En ese sentido, espero que el Ministro, señor Saavedra, recoja con la sensibilidad adecuada la situación que tienen los ayuntamientos canarios en su peculiar sistema de financiación. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaba de estimar un recurso de los ayuntamientos canarios para su equiparación a los del Estado. Las asambleas de la Federación Española de Municipios y Provincias han aprobado ya dos veces --una en Valencia, si no me equivoco, y, otra, en Zaragoza-- que esa equiparación se tiene que hacer. Ahí veremos si cada uno tira por su cuenta, si cada uno va por su lado, o hay el principio de solidaridad y de visión de Estado que hace falta para resolver estos problemas.
Acabo por donde empecé, agradeciendo al Ministro su comparecencia.
Estamos dispuestos a empujar al Ministro si encuentra muchas resistencias, porque algunas veces da la impresión de que los Ministros siempre vienen con lo mismo, vienen planteando los mismos temas, pero que luego no son capaces de avanzar en la dirección que anuncian. El avance de la política no sólo supone voluntad política; hay resistencias muy importantes, por ejemplo, en la reforma de la Administración pública o en los sistemas de financiación del Estado, de las autonomías, etcétera, hay resistencias muy importantes.
En la reforma de la Administración pública están los mandarines de los grandes cuerpos del Estado; y el mandarinato es un poder que está ahí, más viejo que el mundo. Lo que no se puede es venir aquí diciendo: Hay que apoyar al Ministro; usted no avanza, pero, por otro lado, apoyamos a los mandarines. Lo que decimos nosotros es que hay que tirar hacia delante y a los mandarines, mándeles usted a China, señor Ministro --utilizando la expresión coloquial--, en el sentido de que los intereses corporativos, que no son los intereses sindicales en general, pero sí los intereses corporativos, hay que saberlos aislar si se quiere hacer la reforma de la Administración pública. Pero eso no va a ser nada fácil, porque ése es un poder real del Estado, el gran poder burocrático; está la política, está el Parlamento, pero también está la burocracia, que es uno de los poderes reales del Estado. ¿Hay capacidad y voluntad de los grupos políticos para enfrentarse a ellos? Ese es el gran problema.
Nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a ello desde nuestra escasa fuerza.
Señor Ministro, le deseo los mayores éxitos por el bien de España y por el bien de Canarias, y espero que usted introduzca en la política española decisión y determinación en problemas tan difíciles, que traiga el alisio, que es nuestro viento canario, que el alisio serene y que si se encuentra con tramontana, empuje con el alisio (Risas), que encontrará todo nuestro apoyo, y que los nerviosismos de los intereses parciales no afecten a los intereses generales del Estado en los cuales Coalición Canaria le va a apoyar a usted solidariamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marcet, por el Grupo Socialista.


El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, voy a realizar una intervención, en nombre del Grupo Socialista, que forzosamente va a ser breve y que pretende no ser una intervención de congratulación o de felicitación exclusivamente al programa importante expuesto por el señor Ministro, a quien agradezco su comparecencia a petición propia y de otros grupos, programa presidido por una línea de actuación, que también quiere ser la línea de actuación del Grupo Parlamentario Socialista, que es la línea del acuerdo, del consenso, del sumar más que del restar.
Se ha calificado por alguno de los intervinientes a este Gobierno de Gobierno anémico. Cuando el Gobierno tenía mayoría absoluta se hablaba de prepotencia. Cuando el Gobierno no tiene mayoría absoluta o tiene una mayoría relativa se le trata de Gobierno anémico. Yo creo que ni entonces éramos un Gobierno prepotente ni ahora somos un Gobierno anémico. Estamos como Grupo Parlamentario, como Partido, como Gobierno, como Grupo que apoya al Gobierno, en una orientación derivada del mandato de los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones del 6 de junio pasado.
Siguiendo el esquema de la intervención del señor Ministro, yo no tengo más remedio que felicitarnos. Creo que debemos felicitarnos todos de que una de las primeras iniciativas del Ministerio para las Administraciones Públicas, una de las primeras iniciativas de señor Ministro, haya sido esta actividad de escuchar a todas las comunidades autónomas.
Como se establecía en nuestro programa electoral, se trata de impulsar el consenso, de dar un nuevo talante del conjunto del Gobierno, en esta voluntad de impulsar la profundización del Estado de las autonomías, en una propuesta que es para algunas comunidades autónomas de complementar, de acabar su techo competencial y su traspaso de competencias y, para otras, de hacer una lectura conjunta con cada comunidad autónoma de su estatuto dentro del bloque de la constitucionalidad.
En este sentido, nuestra aportación, lo que nuestro Grupo ofrece en este diálogo, es una orientación, que algunos denominamos federalista, pero que tiene como elemento esencial este incremento de cooperación y de coordinación entre Estado y comunidades autónomas, para asegurar el eficaz desarrollo de las políticas públicas. (El señor Vicepresidente, Sanz Díaz, ocupa la Presidencia.) Creo, señor Presidente, que se trata de más cooperación, lo que, sin duda, implicará menor conflictividad.


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No sé, señor Presidente, en qué programa ha leído el señor Ribó que el tema autonómico se da por acabado. Sin duda, no es ni en el programa del Partido Socialista en Cataluña, Comunidad de la que provenimos tanto el señor Ribó como yo, ni en el programa del Partido Socialista para el conjunto de España donde esto se plantea. Da la impresión de que el señor Ribó toca de oído muchos temas, especialmente algunos de aquellos en los que pasa por ser un especialista. Nos ha propuesto para el Senado un paso previo a una futura reforma constitucional. Este es precisamente el planteamiento que estaba ya en marcha a finales de la anterior legislatura, que ya ha sido reiterado por el señor Ministro en la propia comparecencia y con el que sus senadores, señor Ribó --no su Grupo, porque no tiene grupo en el Senado--, parecían estar de acuerdo. Parecía que en aquel momento las resistencias venían de otros grupos y ahora felizmente parecen también salvadas.
En el terreno de la política territorial de las comunidades autónomas, yo creo que el avance es claro y la nueva orientación es también clara.
En el terreno de la política local, la reforma, sin duda, debe encaminarse a reforzar la capacidad de gestión y ejecutiva de dichas instituciones más próximas al ciudadano, más sujetas a control directo de su acción política y, con frecuencia, sometidas a un sistemático obstruccionismo, gracias al excesivo parlamentarismo que deriva de la composición de los ayuntamientos y que promueve la actual Ley Electoral.
Sobre esto tendremos que reflexionar todos. Esto ha dado como resultado fenómenos, como el citado del transfuguismo o el bloqueo de la paralización de la acción de gobierno, lo que, sin duda, no ha sido bueno para la acción política local.
Nuestro acuerdo, por tanto, en reforzar el papel de los municipios, en incrementar las responsabilidades de estos municipios, en dar un nuevo marco legal para las grandes ciudades, en incrementar también el peso del sector local en el conjunto del sector público. El Partido Socialista, como partido municipalista, no puede verlo de otra forma. Hay que dar a los ayuntamientos una financiación suficiente y, si en un primer momento no se puede modificar la ley, que de esto se trata --el señor Ministro lo ha comentado--, no se puede modificar la ley, aunque debería hacerse para el próximo quinquenio, un incremento del 9 por ciento que se recoge en los Presupuestos, superior al incremento medio, es un esfuerzo importante en un proyecto de Presupuestos muy austero como el que, por las observaciones que tenemos, estamos abocados a tener.
Decía que hay en estos aspectos una coincidencia, como la hay también en otros elementos fundamentales. El discurso de investidura del Presidente del Gobierno, señor González, se refería a que la eficacia, la agilidad y la transparencia de la Administración había que hacerla más próxima al ciudadano, ya que era uno de los elementos del impulso democrático.
Creo, señor Presidente, que durante los años de gobierno del Partido Socialista se han dado pasos trascendentales para la transformación de las administraciones públicas en instrumentos más extensos y de mayor calidad para los ciudadanos. El panorama, sin duda ya histórico, del mal funcionamiento de la Administración Pública, que ha tenido momentos álgidos también dentro de este decenio de gobierno socialista, creo que ha sido superado y hoy debemos plantearnos la realización, en la línea señalada por el señor Ministro, de nuevas transformaciones más profundas y estructurales de la Administración General del Estado. En este sentido, mayor información, mayor calidad del servicio, mayor productividad interna.
Cito en este momento aquella frase del Presidente González en el discurso de investidura cuando señalaba que la competitividad depende no sólo de la productividad del sector privado de la economía, sino también de la calidad y buen funcionamiento de las administraciones públicas. Esta frase, que también ha reiterado el señor Ministro, resume muy claramente cuál es la orientación que debe presidir, a nuestro entender, y creemos que va a presidir, esta nueva etapa de desarrollo de las administraciones públicas.
En este tema nos parecen importantes los planes iniciados y avanzados por el señor Ministro: la eliminación de las duplicidades, la simplificación de las administraciones públicas en esta orientación de contención del gasto público, de potenciación de las funciones de cooperación interterritorial e intermediación social. Es importante, por tanto, el anuncio de que en el próximo período de sesiones puede remitirse ya a la Cámara la ley sobre organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. Nos parece un elemento relevante, porque la reorganización territorial de la Administración del Estado es también un elemento fundamental. El análisis de la Administración periférica, que ya se ha iniciado y que debe continuar en esta línea, la potenciación de las delegaciones del Gobierno, ir a esquemas de ventanillas únicas, como planteábamos en nuestro programa electoral, pueden ser elementos importantes en esta eliminación de duplicidades, en esta simplificación de las administraciones públicas, en esta potenciación de una reforma amplia de las administraciones públicas.
Como he indicado, voy a ser muy breve y voy a terminar, porque lo que es propio del Grupo que da apoyo o soporte al Gobierno es animar a este Gobierno, en este caso al señor Ministro, a seguir en el camino emprendido en este nuevo impulso en la política territorial y en la reforma de las administraciones del Estado. En este camino y en este impulso contará con todo el apoyo del Grupo Socialista. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Voy a tratar de contestar a algunas de las cuestiones, muchas veces coincidentes, que han planteado los distintos portavoces.
El señor Núñez me va a permitir que, un poco con

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rasgo de humor, le recuerde lo de que el gato escaldado del agua fría huye. Esta es mi primera agua y no está muy fría. Por consiguiente, no tema que le vaya a decepcionar con incumplimientos respecto a los calendarios que he reflejado en mi intervención.
También le voy a agradecer una cosa. Cuando tenga el «Diario de Sesiones» lo voy a subrayar, porque toda su introducción acerca del aire nuevo, pero al mismo tiempo el continuismo que notaba en ciertas actitudes, creo que es la mejor definición que he oído de lo que es el cambio del cambio.
Por eso, lo voy a subrayar.
Entrando en materia, en cuanto a la Administración única y la frase que ha ido desgranando de declaraciones efectuadas en los pasados meses, insisto en que lo que señalé allí es que en esa frase hay ideas positivas que deben utilizar, que lo de menos es la denominación o el adjetivo y que hay que ir hacia una integración de la Administración. Si en lugar de única le llamamos Administración integrada, a lo mejor nos ponemos todos de acuerdo. En esa línea estamos trabajando en contacto con distintas comunidades autónomas de las denominadas históricas. Ya sea en el caso que han planteado algunos portavoces, como es el de inspección pesquera --me parece que fue el representante del PNV--, como en cuanto a costas, no tiene sentido que sigamos reconociendo la competencia de la comunidad autónoma hasta la orilla de la playa, luego, si se contamina el mar es competencia de la comunidad autónoma y Costas vigila y delimita la zona marítimo-terrestre. Esa Administración periférica o residual que existe en esa simplificación o en esa integración debería pasar al ámbito de la comunidad autónoma. He citado algunos de los ejemplos que pienso que permiten trabajar por la racionalización y, al mismo tiempo, por el reconocimiento de una mayor eficacia por parte de la propia autoridad autonómica que mantiene un amplio nivel de competencias donde la Administración Central o periférica sólo mantiene la residual.
Respecto a la reforma de la Administración, estoy seguro de que es el que más riesgos de frustración ofrece. Se lo digo sinceramente. El tema de la política autonómica, de la política local o de cualquier otra, puede llevarse adelante con diálogo, con comprensión o con flexibilidad, pero en la reforma de la Administración vemos que hay países que tienen Ministerio para la reforma de la Administración Pública y se han pasado 20 años sin desarrollarla ni ponerla en práctica y otros que se presentan con un ímpetu muy grande. Como decía el portavoz del Grupo Coalición Canaria, ahí no cabe ir pasito a pasito, sino que se hace o no se hace, y vamos a intentar hacerla, efectivamente con coraje. Es un tema en el que bien sean los mandarines, bien sea la rutina o bien otros factores, nos encontramos con una gran resistencia.
Es cierto --y hay que proclamarlo públicamente-- que los sindicatos más representativos en el sector de la Función Pública me han manifestado en las primeras reuniones que he tenido con ellos su compromiso para restablecer la buena imagen de los funcionarios ante los ciudadanos.
Administración Pública sin funcionarios es inimaginable, es algo que va siempre muy unido, muy estrechamente vinculado. Cuento con esa confianza y con ese compromiso para tomar las riendas de este tema que es, indudablemente, el más complejo de las competencias que corresponden a este Ministerio.
Se refirió S. S. a la ausencia de mención sobre si había auditorías sobre medios materiales y humanos dentro de la Administración. Es conveniente tener en cuenta que si hay recursos y se confía en el nivel de cualificación de los propios funcionarios de la Administración Pública, antes de acudir a auditores o a expertos externos deberíamos, por economía de gasto, utilizar los propios recursos, y eso es lo que ha hecho el Ministerio. Conviene que seamos coherentes y que si estamos denunciando cualquier exceso de gasto que no sólo sea el de los altos cargos, sino también de estudios o documentos que se encargan muchas veces sin necesidad, consideremos que ese gasto se puede controlar precisamente utilizando los propios recursos que han elaborado ese plan de modernización. Se trata, en definitiva, cuando concluya a finales de este año, de establecer la valoración, a través de todos esos índices de ese observatorio que se ha creado, y traerla aquí, en febrero o en marzo, cuando tengamos todos los datos y decir: esto ha significado un avance, este otro proyecto no ha conducido a nada, esto ha sido un mero cambio de denominación, pero que tengan ustedes el material disponible para, a partir de ahí, colaborar todos en la elaboración de los nuevos proyectos para seguir adelante con un plan de modernización auténtico.
En eso no hay riesgo de endogamia porque, repito, debemos ser consecuentes y si estimamos, valoramos, y no CRIMINALIZAMOS --como algún portavoz ha dicho-- a los funcionarios, tenemos que contar con ellos para todo, para la tarea más noble como es la de elaborar un estudio donde se refleje la autocrítica, la iniciativa, la imaginación, para plasmarlo luego en un plan de modernización del propio ámbito donde desarrolla su actividad el funcionario.
En la reducción del gasto público en los Presupuestos del año 1994, sobre la que ha manifestado también su preocupación, creo que es importante señalar, aparte del tema de la reducción de altos cargos y organismos públicos, que a continuación abordaré, que los presupuestos del año 1994 suponen una reducción del 1,8 por ciento del gasto previsible del presupuesto del año 1993. No me estoy refiriendo al presupuesto inicial; me estoy refiriendo al presupuesto final, donde, como saben, ha influido, en esa desviación entre el inicial y el gastado, el déficit, especialmente en determinados organismos de la Seguridad Social conocidos por todos ustedes.
Por consiguiente, hay ya un compromiso de reducción del gasto público plasmado en los Presupuestos del año 1994. Y ¿ahí para nuestro compromiso? No, en absoluto. Tenemos papeles a nivel de Consejo de Ministros, ya en fase de análisis y de discusión, donde hemos propuesto, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Hacienda, con el que trabajamos codo a codo, la reducción --no quiero avanzar porcentajes-- de organismos públicos y de altos cargos de la Administración, porque cuando se habla de hacer un proyecto de ley, para el próximo período

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de sesiones que se inicia en febrero, de la Administración general del Estado, central y periférica, me parece percibir la idea de que estamos pensando más en la periférica que en la central, y naturalmente si hay un proceso de traspasos esto no sólo tiene efecto sobre la Administración periférica sino que tiene mucho más sobre la Administración general central del Estado. Ahí habrá que ir a la supresión de direcciones generales, de organismos, con todas las consecuencias que ello entraña.
Ese será el primer ejemplo de MANDARINES del más alto nivel que pueden aparecer en oposición a un deseo y a un compromiso de modernizar la organización de la Administración en todos sus niveles.
Sobre el tema de los funcionarios me plantea si las distintas medidas de carácter legislativo a que he aludido en la comparecencia suponen que, por fin, vamos a abordar el Estatuto de la Función Pública del artículo 103 de la Constitución. Yo digo, personalmente, que soy partidario de hacer un Estatuto de la Función Pública. Me dicen los expertos que es un tema muy complejo, que requiere tiempo, y por eso he hablado de la segunda parte de esta legislatura, pero todos sabemos que desde la Ley de 1964 hasta el presente ha habido muchas modificaciones parciales, alguien ha pedido también la modificación o la supresión de la Ley 30/1984 y, evidentemente, eso debe hacerse de una manera global para también conocer claramente cuál es el Estatuto, la norma básica que regula la relación del empleo público.
En relación con este tema ya les adelanté a los sindicatos una idea a ver cómo reaccionaban (y no sé cómo van a reaccionar SS. SS. acerca de esta idea que tengo en la cabeza y en el corazón), que es que pienso que uno de los instrumentos necesarios para la modernización de la Administración pública es la laboralización de ciertos aspectos de la relación funcionaria. Me estoy refiriendo especialmente, sin tocar a la estabilidad en el empleo, al Derecho sancionador (que en el ámbito laboral funciona en todas las empresas con rapidez, con eficacia y con una definición clara de faltas y sanciones) y, también, al conocimiento por la jurisdicción social de las reclamaciones que se produzcan en ese ámbito y que no sea lo contencioso-administrativo que lleva los pleitos de personal a dilatarse años en la actualidad. Sé que son temas que provocarán reacciones, pero, repito, se los he expuesto a los sindicatos en mi primera entrevista y su actitud fue la de que les parece interesante hablar de ello. Espero que también les resulte interesante a SS. SS. hablar de ello, si efectivamente queremos salir de la mera fraseología sobre modernizar la Administración y mejorar la situación del funcionario.
El tema de la financiación y de la participación en los ingresos derivados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, olvida, señor Núñez --ya sé que lo sabe--, que está en los acuerdos del año 1992 y que se celebraron reuniones; que hubo un grupo de trabajo que el 30 de junio elaboró un documento; que a partir de ahí, en el año 1992, hubo contactos con diversas comunidades autónomas; que empezaron a hacerse simulaciones, documentos, a provocarse declaraciones más o menos radicales a favor o en contra; y que hemos desembocado en una situación que está próxima ya a conseguir consenso --yo creo que todavía es posible-- en esta materia en la reunión del día 7. Creo que la propia negociación que se ha celebrado a lo largo de todo este mes de septiembre, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda básicamente, el cambio de papeles, de propuestas, es una prueba evidente de que no se trataba de imponer ninguna fórmula exigida por nadie, sino simplemente de dar cumplimiento al acuerdo del año 1992. Eso es, pienso, el final que va a haber en esta materia.
Me pregunta qué es la corresponsabilidad fiscal. La corresponsabilidad fiscal son muchas cosas, indudablemente, pero hay que reconocer que aquí hay un primer paso importante en materia de corresponsabilidad fiscal. Yo he sido Presidente de una comunidad donde probablemente, junto con, o más que, la Comunidad vasca, podemos decir que sabemos lo que es la corresponsabilidad fiscal, y le voy a citar también alguna otra comunidad gobernada por el Partido Popular.
Corresponsabilidad fiscal, en primer lugar, es utilizar las posibilidades que la Constitución o el bloque constitucional otorga a las comunidades autónomas para crear impuestos autonómicos propios. Cito, caso canario, el Impuesto sobre Carburantes; cito el caso balear en una Ley que está recurrida (esperamos llegar también a un acuerdo para desistir de ese conflicto ante el Tribunal Constitucional) y que grava determinadas instalaciones que afectan al medio ambiente.
Corresponsabilidad fiscal también, ya descendiendo a niveles menores, sería establecer recargos sobre la legislación fiscal estatal, permitido igualmente por el bloque constitucional. Corresponsabilidad consiste también en gestionar impuestos, cosa que hay comunidades autónomas que los gestionan: vascos, navarros, canarios. Corresponsabilidad también es participar en la Agencia Tributaria Estatal, como se plasma en esta propuesta que se está negociando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Finalmente, si queremos bajar al mínimo nivel --y me anticipo también en la respuesta al señor Ribó-- es que aparezca en los impresos de la declaración sobre la renta algo relativo a la vinculación de lo que se paga con el destino del dinero que se aporta a la colectividad.
Yo creo que es necesario que la corresponsabilidad fiscal también conduzca a eso que aludía en el texto de mi comparecencia, y es que el ciudadano sepa que no es sólo el Estado al que hay que exigir por la utilización de sus recursos, sino también a otros ámbitos inferiores, desde el mismo municipio hasta la comunidad autónoma, porque empieza a tener importancia la participación en los ingresos que aporta cada ciudadano al Estado y, con este 15 por ciento, también a su comunidad. He leído recientemente artículos de profesores de Derecho financiero que, efectivamente, reconocen que esto es un avance en el terreno del establecimiento de la corresponsabilidad fiscal en comunidades donde todavía no había ningún ejemplo en tal sentido.
Plantea la cuestión relacionada con la reducción de la retribución de los funcionarios, teatralizando un poco

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acerca del crédito extraordinario de enero del presente año, pero resulta que es la consecuencia del acuerdo del crecimiento de los salarios del 1,8 por ciento. Lo que no se puede es estar repicando en dos campanarios.
O estamos a favor de la subida de las retribuciones de los funcionarios o estamos a favor de la congelación radical. Si estamos por la negociación y hay un acuerdo en la mesa de la Función Pública en relación con las retribuciones, que no está incorporada en los presupuestos, como ocurre hoy, satisfactoria para todos --porque sería una fórmula negociada y pactada--, no podemos pasar luego a criticar que sea necesario articular una enmienda en el Senado o en el propio Congreso y, si no, recurrir a un crédito extraordinario y a un decreto-ley a principios del año próximo.
Sobre el pacto autonómico y su cumplimiento, le agradezco sus palabras de coincidencia con los criterios y la política que vengo desarrollando en esta materia. Muestra una preocupación acerca de que una vez que se produzcan los traspasos a las comunidades del 143 empiecen ya a hablar de cuántos altos cargos van a tener que tener, por una especie de fenómeno de copia de otras comunidades que han alcanzado unos niveles competenciales con anterioridad.
Yo espero que las comunidades del 143 hayan oído las críticas que se hacen --y en esto entran los más diversos colores ideológicos, como sabemos todos-- acerca del exceso en la contratación de funcionarios y en la creación de altos cargos. Aquí tengo datos, pero no voy a recurrir a ellos porque usted lo sabe. Hay comunidades en las que estableciendo la pauta del número de funcionarios en relación con el número de altos cargos, la Administración central queda muy bien respecto a la Administración autonómica. Evidentemente, no se pueden mezclar ni comparar una comunidad como Andalucía, del 151, con traspasos en sanidad y educación, con las Castillas, tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha, porque están en unos niveles inferiores. No sirve tampoco ese dato.
Lo que sí comparto es su preocupación, y todos debemos hacer un esfuerzo, dentro de nuestras respectivas responsabilidades, para que las comunidades autónomas, sea por el nuevo nivel competencial que alcanzan o sea porque lo han tenido anteriormente y se lanzaron en una pendiente de creación y contratación exagerada, sigan el ejemplo de estos mismos criterios que empezamos a barajar a nivel de la Administración central respecto al número de funcionarios, respecto a la organización de la Administración, respecto a la movilidad y a la reasignación de efectivos, respetando su autonomía y su competencia legislativa. Si hay un buen ejemplo, no le damos la espalda, sino tratemos de aplicarlo también en el ámbito de cada comunidad autónoma.
En cuanto a la política local, pregunta en qué fecha se liquidará 1992.
El dato que conozco es que ayer se comunicó a los representantes de la FEMP la cifra de la liquidación y me dijeron que se les iba a pagar inmediatamente. No sé cómo se debe interpretar el INMEDIATAMENTE. No me comprometo a más, porque yo no soy el que tiene que pagar (Risas), pero digo que se va a pagar inmediatamente. Efectivamente, no se ha cumplido la fecha, pero todos sabemos las dificultades de caja existentes.
En cuanto a si no existe la carrera administrativa, yo creo que se ha avanzado en ello. ¿Que es deseable que los subdirectores generales permanezcan una vez nombrados si eso es consecuencia de una carrera administrativa? Es un tema que la Ley de la Función Pública o el estatuto deben abordar y me parece bien. ¿Que la carrera administrativa también supone que hoy casi el 80 por ciento de los directores generales sean funcionarios? Yo no digo que eso sea una consecuencia de la carrera administrativa, pero sí hay una gran funcionarización en los altos cargos de la Administración.
La oferta del año 1993 se ha reducido notablemente y ha quedado limitada, además, a determinados servicios que hemos considerado esenciales. Pero es que en 1994 la congelación es total. Unicamente hay una autorización al Gobierno para que, en función de las peculiaridades, de las características de determinados servicios, pueda, una vez recibidas las peticiones de cada Ministerio, a través de una propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, proceder a la oferta pública. Esto indicará que el deseo es ir a una reducción neta del número de funcionarios dependientes de la Administración central.
En cuanto a la formación que desarrolla el INAP y a la aportación que supone en relación con los presupuestos, dado que ha hablado de un tres por ciento como deseo del Grupo Popular, puedo decirle que el incremento del gasto en formación ha sido espectacular, dado que de los 16.000 millones de 1982 se pasa a 82.900 millones en 1993; que hay un aumento muy importante del gasto medio en formación por cada empleado público, multiplicándose por siete dicho gasto: de 15.050 pesetas que se invertían en 1982 a las más de 104.000 pesetas por empleado en el año 1993, es decir, tres veces y media en términos reales. Con esa cifra se ha superado el 2,5 por ciento de la masa salarial. El aumento cuantitativo ha ido acompañado de una importante mejora cualitativa que ha supuesto la incorporación de las técnicas más modernas contemplando todos los niveles de la formación, desde la inicial para personal recién incorporado hasta la de reciclaje o la de perfeccionamiento en técnicas directivas y de gestión.
Sobre las jubilaciones le diré que en los documentos que se están negociando con los sindicatos se abordan propuestas relacionadas con este tema. Supongo que lo que plantea el señor Núñez es si está pensado retrasarla con carácter general a los 70 años o voluntariamente. (El señor Núñez Pérez: La voluntaria.) En dichos documentos se contienen propuestas de jubilaciones anticipadas voluntarias estableciéndose algunos incentivos que conduzcan a esa situación. Es una técnica que otros países de la Comunidad Europea están adoptando ante la situación de crisis, porque quieren contribuir así a la disminución del coste de los funcionarios y, de esta forma, contribuir también al control del gasto público.
No sé si he contestado todo lo que preguntaba o comentaba el portavoz del Grupo Popular, pero no quiero concluir sin expresar mi agradecimiento al señor Núñez,

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dada la vieja amistad que nos une como miembros de esta Cámara en el año 1977 y siguientes. Espero seguir colaborando, no sólo con amistad, sino también en el plano político, tal como he querido recoger en mi intervención.
El señor Ribó plantea una serie de preguntas relacionadas con el poder local. Dice que sigue siendo la cenicienta del proceso democrático. Yo creo que no es correcto, porque el protagonismo de una institución se puede reflejar, entre otras cosas, en el porcentaje que supone el gasto de esa institución sobre el total del gasto público, y estamos en torno a un 14 por ciento de gasto por parte de las corporaciones locales. Es cierto que ha habido un crecimiento de hasta el 23 por ciento del gasto atribuido a las comunidades autónomas y el resto sigue siendo del Estado y que ese crecimiento de las comunidades autónomas no ha ido acompañado de un crecimiento similar en las corporaciones locales. Nosotros siempre hemos tenido como Partido el objetivo de alcanzar el 25 por ciento tanto para comunidades autónomas como para corporaciones locales. No desistimos de este objetivo, pero hay que atemperarlo también en función de las disponibilidades económicas existentes en cada momento.
El problema principal que plantea es que su fortalecimiento está relacionado con una materia que es competencia, fundamentalmente, de las comunidades autónomas, donde por el esquema constitucional y por la autonomía constitucional, atribuida tanto a comunidades autónomas como a los propios ayuntamientos, no es posible desde estas Cámaras legislar estableciendo delegaciones o traspasos --como queramos llamarlo-- o encomiendas a las comunidades autónomas si éstas no quieren. Aquí no hay más que el deseo y el compromiso político de contribuir a que las comunidades autónomas no se conviertan en un nuevo poder centralizado, como usted mismo señaló en su intervención, y yo comparto ese criterio.
En algunas comunidades se han hecho esfuerzos, bien por su propia historia o bien por su peculiar organización administrativo-fiscal, y han avanzado más en esa línea; otras, por el contrario, se mantienen en una posición donde las corporaciones locales se quejan --con razón-- de no obtener las delegaciones de funciones, ni tampoco de recursos que deben acompañarles, desde las comunidades autónomas. Insisto en que todo lo que hagamos para contribuir a que se refuercen estas delegaciones desde las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos debe contar con el apoyo del Ministerio, pero no tenemos otros instrumentos en nuestra mano para forzar dicho proceso. Las resistencias --de nuevo insisto-- se encuentran en las comunidades, cualquiera que sea el signo ideológico de quien las presida o gobierne.
En cuanto al minifundismo local comparto totalmente su opinión y ya he señalado que el Tribunal Supremo lo permite porque así está previsto en nuestro ordenamiento. ¿Es posible el cambio de la Ley tanto como para impedir la segregación? Lo dudo. Hay una serie de mecanismos vinculados, como sabe, a los referendos locales, sobre los que tuve una ponencia hace una semana en La Haya, donde se planteó la distinta situación de los municipios en los países del Consejo de Europa y, generalmente, el proceso se lo han planteado más en relación con la segregación que con la fusión. Además, el deseo de ir a la reducción del número de municipios es un tema en el que, si no hay un pacto político de todas las fuerzas, en el que se abstengan de utilizar como argumento el que éstos vienen a suprimir nuestro ayuntamiento, aunque sean ochenta habitantes los que están allí y aunque carezcan de abastecimiento de agua a domicilio, como he conocido que ocurre en una provincia porque su presidente me ha visitado hace unos días, seguiremos soportando esa irracionalidad, nos guste o no nos guste, de este minifundismo exagerado existente. Pero, insisto, mientras alguien, políticamente, quiera, porque está gobernando aquél y está el otro en la oposición y el que está gobernando o el que está en la oposición propone la concentración, la fusión, en definitiva, la reducción del número de corporaciones locales, y el otro se opone, no hay instrumento legal para colaborar en el proceso de reducción del número de municipios que, en lugar de facilitar un buen nivel de vida a sus ciudadanos se ve imposibilitado de conseguirlo, si no es por la tutela permanente bien de la diputación o bien de la comunidad autónoma respectiva.
En cuanto al tema de la financiación, lo que he dicho --y no he revelado ningún secreto, lo que ha pasado es que aquí se han desgarrado algunas túnicas-- es que cuando se ha planteado ahora, a finales de año, en este último trimestre, la iniciada negociación para revisar el sistema de financiación del próximo quinquenio, se ha dicho que ahora no es posible con efectos para el año 1994, pero sí iniciarlo ya, con el fin de cerrar en los primeros meses la fórmula que a partir del año 1995 permita obtener mayores recursos. La fórmula provisional no creo que sea precisamente tacaña, como ha señalado ya el portavoz del Grupo Socialista; un crecimiento del 9 por ciento del Fondo de Cooperación de Corporaciones Locales me parece que es muy estimable en unos presupuestos contractivos como son los del año 1994 y en los que el gasto general crece --repito-- negativamente.
En cuanto a la pregunta --a la que se ha dado una respuesta anticipada-- de si el sistema autonómico está acabado, yo creo que no hay nada acabado en la viña del Señor. En la vida política no hay nada acabado, todo es dinámico, todo es variable y no se estremece ni el país ni la nación ni la patria ni nada se viene abajo porque se planteen determinadas interpretaciones o porque se plantee algún objetivo competencial nuevo, que no es el caso, que no se ha planteado. El tema no está cerrado, porque no es que no esté cerrado para el caso del cumplimiento del Estatuto de Guernica, es que tampoco se ha cumplido íntegramente el Estatuto de Galicia o el Estatuto de Andalucía, y me lo han planteado sus presidentes. Por consiguiente, salgamos de la eterna obsesión de que como estamos en una coyuntura política determinada todo lo que se haga en materia de nueva lectura, conjunta, de Constitución y estatutos, todo se debe a factores coyunturales políticos, no. Mi deseo es ir hacia adelante en el respeto y en el cumplimiento a rajatabla de lo que se diga. Fíjese a qué niveles se plantea el asunto que --según

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me dijo el Presidente Chaves-- el Estatuto de Andalucía fue una copia del Estatuto de Guernica, cosa que no son otros estatutos de autonomía por la vía del artículo 151. Por consiguiente, aquellas aplicaciones relacionadas con el bloque aprobado por el Parlamento Vasco en julio del presente año, la Comunidad andaluza --y por qué no-- también quiere que se le apliquen. También el Presidente de la Junta de Galicia, señor Fraga, por escrito me ha planteado y solicitado una serie de traspasos pendientes que no se han cerrado todavía por distintas circunstancias.
En relación con la Administración integrada --y a ello apuntaba el portavoz del Grupo Popular--, si se plantea por Cataluña, por el País Vasco, por Galicia, por la Comunidad Valenciana o por Canarias el tema de puertos o de costas que ha mencionado, o el de Justicia, es porque se está produciendo esa disfunción entre una administración periférica, que está actuando en una parte muy concreta de esas materias, y una administración autonómica que es competente en el resto de las materias mencionadas. Si se llega a fórmulas para esa Administración integrada, sea para vascos, sea para gallegos, ¿por qué no se les va a aplicar a los catalanes? Estamos en el cumplimiento --y no en el cierre-- o en el avance de la España autonómica.
Voy a referirme ahora a la pregunta que tardaba en salir, que era la relativa a los gobiernos civiles. (Rumores.) Cuando se presenta el proyecto para el próximo período de sesiones de una ley para la organización de la Administración, parece que este es el tema estrella.
Yo creo que no es el tema estrella.
Por parte del portavoz del PNV se ha planteado la necesidad de fortalecer las delegaciones de Gobierno. Estoy totalmente de acuerdo, están en una situación de práctico desamparo desde el punto de vista de infraestructura de servicios. Por otro lado, hay comunidades que tienen funcionarios que no saben qué hacer con ellos porque la materia a la que estaban adscritos está traspasada a esa comunidad en la que se encuentran y, en virtud de esa legislación un tanto anquilosada que tenemos y que no permite esa reasignación de efectivos, están prácticamente sin hacer nada. Por tanto, las delegaciones de Gobierno hay que reforzarlas y hay que --esperemos que no sea peligroso el verbo-- REDEFINIR las funciones de los gobernadores civiles. Estamos abiertos al diálogo, todos debemos participar y cuantos más estén de acuerdo en este tema mejor será para todos, porque en el momento en que alguno crea que este es un tema a BUNKERIZAR, entonces seguiremos detenidos en la cuestión de la Administración periférica.
Ya respondí al tema de la corresponsabilidad fiscal y no voy a insistir en ello, así como en torno a la potenciación del Senado. El debate de autonomías último se celebró en febrero de este mismo año. Por consiguiente, cuando me toque, iré. Como un primer gesto de la actitud que tengo respecto al Senado, pienso --y he hablado con varios portavoces de grupos del Senado-- que el tema de la definición, de cómo debe ser la representación de España en el Comité de Regiones, se debe decidir en el Senado y que sea una moción o una proposición no de ley --lo que SS. SS.
estimen más oportuno-- la que inste y dé los criterios al Gobierno para perfilar esta composición. Con esto también respondo al representante del Grupo Vasco (PNV), porque ha hecho referencia a que entiende que sólo deben ser las comunidades autónomas las que estén presentes y que, por consiguiente, ocupen los 21 puestos. Hay un acuerdo de la Conferencia sectorial de asuntos europeos, que se celebró poco antes de las elecciones generales, según el cual debían estar las diecisiete y que los restantes cuatro puestos fuesen dedicados a las corporaciones locales.
El caso que mencionaba el portavoz del PNV no es del todo exacto, aunque como pretensión puede serlo. Puedo decirle que en la delegación comunicada ya a Bruselas por parte de la República Federal Alemana existen representantes de los Länder, existen representantes, incluso, de los municipios, y existen representantes de comarcas o provincias, si vale la traducción de la organización administrativa alemana.
Entendemos que aquí deben estar ambos, y ése fue el acuerdo de la Conferencia sectorial, y lo único que deseamos es que el Senado dé los criterios al Gobierno y no nos enfrasquemos en un debate sobre municipios o comunidades, porque 21 es el número y pocas combinaciones se pueden hacer en relación con esa cifra.
En cuanto a la presencia de las comunidades autónomas en la CEE, está aparcada desde que nos adherimos a la Comunidad. Yo no comparto ese calificativo de «chiringuito», porque entonces yo fue el primer que monté el «chiringuito» (Risas.), en febrero de 1987, si mal no recuerdo. La fórmula que yo había copiado de los Länder austriacos, que tenían problemas similares con el Gobierno federal austriaco, en relación con determinadas gestiones de tipo económico y cultural, en el ámbito internacional, la habían resuelto creando sociedades anónimas. Eso fue lo que hicimos. Me parece que los vascos hicieron otro tanto con posterioridad. Luego, mediante un decreto, que después ha sido derogado, se creó una oficina, y el tema está pendiente en otros niveles jurídicos.
Yo creo que la denominación es lo de menos. Lo importante es estar presentes allí los LOBBIES empresariales, los LOBBIES institucionales, los ayuntamientos, etcétera. Entrar en la definición jurídica es innecesario. Pero en un rasgo de sinceridad --y contesto también así al portavoz vasco--, he de decir que me escapé por los pelos de escribir un prólogo a un libro que se va a publicar, me parece que por el Parlamento de Canarias, escrito por un catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de La Laguna, en el que defiendo que el Derecho Comunitario es una categoría distinta al Derecho Internacional, que es una categoría intermedia y que no se puede seguir con los formulismos jurídicos de pensar en el Derecho interno y en el Derecho Internacional, que no hay nada posible y qe todo está fosilizado. Eso conducía a una serie de consecuencias en relación con el título del libro, que me parece que es «El papel de las comunidades autónomas en la política exterior del Estado». Como facilité muchos datos acerca de la función que desarrollé en la

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época de presidente de una comunidad autónoma en materia internacional, en colaboración con la política de Estado, ésa es la materia relacionada.
Es decir, que por poco se encuentran con palabras comprometedoras (Risas.) del que hoy tiene que estar defendiendo lo que estoy defendiendo, porque sigo pensando lo mismo. Creo que es un tema que no debemos llevarlo al campo de formalismos, sino al terreno de la fluidez, de la cooperación, de la lealtad mutua y no estar buscando qué dijo aquel presidente en la entrevista que mantuvo con el presidente de la república de no sé dónde, por si a lo mejor ha ido a hacer campaña en contra de los intereses del Estado, porque creo que los presidentes de las comunidades autónomas son leales a la Constitución y a la política exterior del Estado, sin ninguna duda.
En el tema con el que estoy más en desacuerdo con el señor Ribó --y quiero contenerme-- es el relativo a la cuestión funcionarial porque, por un lado, defiende la modernización, pero, luego, sus posiciones en relación con los funcionarios es lo más próximo a las viejas tesis, a la burocratización, al mantenimiento del STATU QUO de los funcionarios, etcétera.
En cuanto a la cláusula de revisión, no se va a aplicar. Se les ha dicho a los sindicatos en la mesa de la Función Pública el jueves de la semana pasada. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque no hay dinero para aplicarla y cumplirla. ¿Qua hay que respetar lo pactado? En el sentido contrario, yo aplicaría lo que los más progresistas italianos del Derecho del Trabajo y sindicalismo de los años 70 defendían: que frente a la cláusula de respeto a los pactos --no voy a entrar aquí en latinismos--, en los casos en los que las empresas estuviesen muy prósperas, había que imponer, a través de huelgas --que en otros países serían salvajes--, modificaciones en el convenio colectivo pactado y que estaba vigente.
¿Por qué? Pues porque había que atenerse al estado de las cosas, y si las cosas iban mejor para la empresa, los trabajadores y el sindicato podían presionar. Ahora, seamos también coherentes y si las cosas van mal, nos debemos atener al estado de las cosas y si no se puede cumplir la cláusula de revisión, no se puede cumplir.
Yo no soy de los que entro en ningún tipo de declaraciones --ya se lo dije a los representantes de los sindicatos-- respecto a hacer valer la estabilidad en el empleo o el seguro de empleo que tiene, porque eso me parece una grosería. No creo que ése sea el lenguaje que tengamos que emplear con la representación sindical o con los funcionarios en general.
Con relación a su preocupación sobre ese papel azul, le diré que lo tienen los sindicatos desde ese día y que se han estado reuniendo mesas sectoriales para analizar cada una de esas propuestas. El deseo del Gobierno es aprobarlo en el Consejo de Ministros del día 8, para enviarlo a esta Cámara y que tenga una tramitación simultánea a la de la Ley de Presupuestos.
También me pregunta si para firmar un convenio colectivo hay que estar negociando tres meses o solamente es necesario un día. Ni en un día ni en tres meses. Estamos negociando y me parece que quince días es un período de tiempo factible para ocho, diez o veinte propuestas concretas, sobre temas muy conocidos por los sindicatos de los funcionarios, y son los sindicatos de los funcionarios los que también tienen el compromiso y las ventajas, como representantes de todos los funcionarios, de asumir el compromiso de arriesgarse a equivocarse o no y de ser rechazados luego por las bases. Si queremos modernizar y estamos de acuerdo en qe no es posible disparar el gasto del capítulo 1, es necesario introducir algunas propuestas, con las modiciaciones que se incorporen en la negociación en torno a planes de empleo, reasignación de efectivos, movilidad funcional y geográfica, etcétera, y otra serie de ventajas que también se contiene, porque no todo es amargo en la propuesta, sino que hay alguna cosa dulce.
Por eso, insisto en que si S. S. quiere modernizar la Administración, también debe asumir --y los sindicatos lo han asumido-- que hay que cambiar alguna de las reglas que han venido caracterizando a la Función Pública durante mucho tiempo, y se está negociando. Que no le gusta a S.
S. que en quince días se pueda concluir una bena negociación, es otra cosa. Repito que se puede ultimar una negociación en una semana.
Por último, no es necesario insistir en que si no hay acuerdo, el Gobierno tiene la obligación de asumir sus responsabilidades y las Cortes Generales también las suyas de discutir, matizar, enmendar, rechazar o aprobar esas propuestas, de no obtenerse el consenso sindical.
Quiero dar las gracias a todos los señores Diputados porque no voy a estar dando las gracias a cada uno en particular. (Risas.) Ya son las dos y cuarto y permítanme esta licencia un poco fuera de las rigideces habituales. Señor Nadal, yo no soy ni enemigo ni ignorante de las corporaciones locales. ¡Dios me libre! Da la casualidad de que las primeras llamadas telefónicas que yo hice fueron a los dos secretarios generales de las confederaciones sindicales más representativas y la tercera fue al presidente de la Federación Española de Municipios.
Hablamos de todos los temas, desde el Comité de Regiones a la financiación y demás. En los últimos días he estado con dos presidentes de Diputación de su partido --el de Lleida y el de Tarragona--, también he estado con el presidente de la Diputación de Valladolid, con el presidente de algún cabildo y también ha venido la FECAN, la Federación de Municipios de Canarias. Por consiguiente, por recibir y mantenerme en contacto con la problemática municipal, creo que hay indicios de que estoy al tanto de ello.
Ya he hecho aclaraciones acerca de la segregación o fusión de municipios y no he hablado de supresión, sino que creo que es deseo de todos racionalizar las dimensiones de las corporaciones locales.
Lo de los gobernadores ya está, aunque no se la puedo dar la fecha. Lo único que le digo es que la ley vendrá aquí en el próximo período de sesiones, entre febrero y junio. Lo que no comparto es lo relativo a la supresión, tal y como usted formula la pregunta, porque alguien tendrá que haber a niveles provinciales para coordinar, dependiendo de los delegados del Gobierno de cada

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comunidad autónoma, las funciones de la administración periférica del Estado en cada provincia.
En cuanto a la financiación de las corporaciones locales, me preguntan por una nueva ley de financiación. Yo entiendo que el nuevo sistema de financiación empezará y se cerrará --eso dependerá de la FEMP-- a lo largo de los primeros meses del año 1994. Creo que le he contestado ya a la pregunta de la liquidación de las deudas de las haciendas locales en relación con la de 1992.
En cuanto a si es definitiva o no la retribución de los funcionarios, he dicho en la mesa de la Función Pública que si hay acuerdo de rentas o pacto de empleo --como lo queramos llamar--, el Gobierno se compromete a negociar las retribuciones de los funcionarios. En coherencia con esta actitud, en el proyecto de Ley de Presupuestos no hay crecimiento.
Depende de la política general de negociación o de pacto social.
Quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Vasco por la referencia que ha hecho a las dificultades de modernización. Me alegra que el Gobierno Vasco inicie esa vía. Yo lo intenté en el ámbito correspondiente, pero no pude llevarlo a buen término por otras circunstancias.
Ya me he referido a la negociación política sobre el Estatuto de Guernika y a la votación de las 52 ó 53 fichas del Parlamento Vasco. Está en pleno desarrollo, va a continuar, no tiene agobio ni condicionamiento de ningún tipo y se está desarrollando con un espíritu de lealtad y de confianza recíproca. Sobre las relaciones con la Comunidad Europea y con el Comité de regiones, creo que ya he contestado a otros portavoces.
Por último, respecto a ley para las grandes ciudades, está prevista. No me he comprometido en un calendario, pero se recoge en los compromisos del Presidente del Gobierno en el discurso de investidura.
En cuanto a la administración periférica y a la potenciación de la dirección del Gobierno, estoy totalmente de acuerdo. Sobre la conveniencia de utilizar leyes del artículo 150 o el sistema de encomienda de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración en temas como el que mencioné, ya he dicho que precisamente ésa es la línea de trabajo que hemos iniciado con algunas comunidades autónomas para racionalizar la Administración en la periferia y para fortalecer, igualmente, la administración autonómica. Ya saben, tanto usted como los restantes señores Diputados, que pueden tener acceso a este Ministro como a sus colaboradores en cualquier momento, para recibir la información que necesiten.
El portavoz del Grupo Coalición Canaria se ha referido en su exposición a los mandarines y plantea temas como el de la financiación, los traspasos, o las corporaciones locales en quiebra, aunque el término es un poco dramático y no del todo exacto, porque en quiebra podrían estar las empresas que gastan más de lo que podrían gastar, lo cual no es la situación de las corporaciones locales, sino que éstas han asumido una calidad de servicios que necesitaban y demandaban los ciudadanos y que era inaplazable, y eso tiene un coste que probablemente supera las posibilidades que actualmente ofrece el sistema de financiación y que hay que corregir.
En cuanto a la financiación y los traspasos, en la última sesión celebrada, la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó encargar la elaboración de un LIBRO BLANCO por parte de tres expertos externos a los ministerios o a las propias comunidades. Se fijó una fecha, el 30 de junio de 1994, para la mesa de nivelación y para el sistema de financiación, pensando que todo es un sistema de financiación que es siempre experimental, que en el año 1996 concluye y que tiene que dar paso a una nueva negociación donde podrá replantearse, desde sus bases, el actual sistema de financiación. No me refería, por consiguiente, a la Sanidad como mesa de negociación. Me refería a la Sanidad como el compromiso de este Ministerio para impulsar la creación de un grupo de trabajo o comisión que aborde el sistema de financiación de los gastos sanitarios o de la Sanidad traspasada a determinadas comunidades autónomas. Eso está fuera del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En cuanto a la referencia que hace sobre el INEM y a la conveniencia del traspaso, coincide el portavoz de Coalición Canaria con opiniones que he oído de presidentes de otras comunidades, que igualmente entienden que la función de promoción de empleo que desarrolla el INEM puede efectuarse, sin resquebrajarse la política estatal de empleo, por las comunidades autónomas. Es un tema que, en el caso de los vascos, está planteado en ese acuerdo del Parlamento que hemos mencionado.
Estoy totalmente de acuerdo con la especialidad de la Comunidad Canaria, tanto respecto a la reforma del Estatuto como a la ley económica pendiente que complete el régimen económico y fiscal, tal como reconoció el Presidente González en su investidura.
Quiero dar las gracias al señor Marcet, portavoz del Grupo Socialista y a todos los señores Diputados. Utilizando la expresión del paisano, portavoz del Grupo de Coalición Canaria, soplaré en la dirección del alisio, nunca en la del siroco.


El señor PRESIDENTE: Se abre un turno final de cinco minutos, que serán aplicados rígidamente por esta Presidencia.
Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Ministro, por sus respuestas, con independencia de la valoración que haga de ellas.
Yo también me leeré el «Diario de Sesiones» para saber, por fin, lo que es el cambio del cambio. A lo mejor, lo que hemos descubierto, al fin y a la postre --yo soy muy humilde--, es que no es nada o casi nada.
La semántica Administración única, integrada, común, etcétera, es lo de menos; lo de más es la idea, el concepto y lo que de éste se deriva. En ese sentido, el acercamiento a nuestras buenas tesis es palpable y, por tanto, nos satisface profundamente.
Tengo que hablar necesariamente, aunque sea un segundo, de los responsables del mal funcionamiento de la Administración, porque lo que aquí ha quedado claro es que la Administración funciona mal y que hay que

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buscarle responsables. La responsabilidad está determinada en la Constitución, corresponde al Presidente del Gobierno, después a sus Ministros, a los altos cargos, a los secretarios de Estado, a los subsecretarios, a los directores generales y después de ellos a los directivos, a los subdirectores, a los subdirectores generales adjuntos, a los asesores, que son más de 7.200, según los últimos datos... Sí, todos, todos, también aquí hay semántica. Dejemos los altos cargos para los primeros y hablemos de puestos directivos para los demás, para no equivocarnos como en otras ocasiones. Todos éstos son seis veces más que en 1982 y son los responsables directos del funcionamiento de los servicios, los responsables directos, sin olvidar que en este grupo, y no en los niveles E, C o D, están, como decía muy bien el portavoz de Coalición Canaria, los mandarines; están dentro de aquí, designados libremente por el Gobierno socialista (Risas), al que deben lealtad y pleitesía. Por tanto, algo tendremos que ver sobre estas cosas en otros debates.
No es necesario esperar, para reducir este gran capítulo del gasto de los altos cargos, a tener aprobada la ley de organización y funcionamiento de la Administración central del Estado. Puede hacerse perfectamente en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así lo pediremos en una enmienda, que ya presentamos el pasado y que esperamos tenga mejor destino que la de entonces.
En cuanto a las retribuciones de los funcionarios y al crédito extraordinario, no me meta usted en una trampa, señor Ministro. Son ustedes maestros en convertir una crítica en un «boomerang» que nos quiera dar en las narices. Me recuerda su intervención a la del Presidente, entonces candidato, don Felipe González, en televisión en plena campaña electoral, reprochándole al Presidente del Partido Popular que había votado en contra de la Ley de Pensiones de 1985. El Presidente Aznar, como Nicolás Redondo y otros ilustrísimos diputados de aquella Cámara, votaron en contra de aquella Ley, porque era la Ley de recorte de pensiones. Pero ante la opinión pública parecía que se había votado en contra de las pensiones.
Aquí le pregunto por un crédito extraordinario para saber si ustedes van a negociar con los sindicatos, como el año pasado, es decir, rematadamente mal. Traemos esto a colación porque vamos sencillamente a apoyar, como es lógico, las peticiones de los funcionarios a través de los representantes sindicales. ¡Faltaría más! Votamos en contra de la congelación salarial que figuraba en la Ley de Presupuestos de aquel año, pedimos que las retribuciones aumentaran un 4,5 por ciento y que se respetara la cláusula de revisión salarial --está en el «Diario de Sesiones», no me estoy inventando absolutamente nada--, pero ustedes no aceptaron nada de aquello; los sindicatos tampoco se pusieron de acuerdo con ustedes, y eso motivó el crédito extraordinario. Y esa chapuza presupuestaria es la que nos tememos que vuelva a tener que reproducirse en enero de 1994, y por esa chapuza le preguntaba. No mezcle a Judas con las témporas, o no sé yo, con los pobres, me parece (Risas), y nos diga que queremos estar en contra del crédito extraordinario.
Por eso es bueno, señor Ministro, tener --y me alegro mucho, sobre todo, que en su segunda intervención lo haya concretado de manera clara-- un estatuto de la Función Pública que resuelva y ordene el sistema retributivo, evitando las discrecionalidades, los abusos, sobre todo en la fijación de los complementos específicos y de productividad --¡lo que tendríamos que hablar aquí de esto!--, la carrera administrativa, los derechos y obligaciones, etcétera.
En cuanto al plan de modernización, usted no me ha contestado. Hay ejemplos evidentes de que respecto al plan de modernización y a las actividades puestas en marcha, derivadas de los 204 proyectos, no sé si efectivamente conocen sus efectos benéficos los ciudadanos. Yo sé que en el Inem hay colas, que en Muface hay colas, que en el Documento Nacional de Identidad hay colas, que hay colas también para la solicitud de pensiones, por ponerle ejemplos que entienda todo el mundo. Le recuerdo que, en respuesta escrita del Gobierno sobre este asunto, de 18 de enero de 1993, exactamente, se reconocía que había proyectos aprobados vigentes del plan de modernización, 203; proyectos sin problemas, 120 --es decir, que el resto sí los tenía--; proyectos con problemas subsanables, 69; sin viabilidad o con viabilidad dudosa, 14... Sobre todas estas cosas, que no sabemos si son las más o menos importantes, era por lo que yo le preguntaba. En definitiva, todos esos proyectos requieren nada más y nada menos que poner en marcha 1.728 actividades definidas en los proyectos.
Yo estoy completamente convencido de que no han pasado de las musas al teatro casi ninguna de ellas, por lo menos las necesarias para demostrar que el grado de eficacia y de eficiencia de la Administración ha subido unos cuantos grados.
En cuanto a los temas autonómicos --rapidísimamente, termino en un minuto--, se habló de la corresponsabilidad fiscal. Le agradezco sus aclaraciones y estoy, en gran parte, de acuerdo con casi todas ellas, lo que pasa es que circunscribir la cesión del IRPF, como se ha hecho estos días, sobre todo, desde el verano hacia acá, al sí o al no del 15 por ciento, es una trampa, y sobre eso se ha pivotado toda la argumentación para decir lo que es la corresponsabilidad fiscal. La corresponsabilidad fiscal, como dice usted muy bien, comienza en las decisiones. No basta, pues, que las autoridades autonómicas estén interesadas en que no haya evasión del IRPF y que colaboren en la represión del fraude. Se necesita algo más. Se necesita que las comunidades que quieran mejorar sus servicios públicos por encima del mínimo que a todos garantiza el principio solidario de la financiación autonómica, lo hagan porque pagan más, por IRPF o por otros impuestos, y no porque lo que ahora pagan por IRPF se distribuya de otra forma. De todos modos, la recaudación por IRPF no es una buena fuente y referencia de recaudación estable; es un impuesto inestable en bases y en tarifas y por eso la fórmula de cesión que al final se apruebe deberá tener, en cuenta, a nuestro juicio, todas estas circunstancias para ser aceptadas.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, concluya, por favor.


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El señor NUÑEZ PEREZ: Un segundo, señor Presidente, porque dijo algo el señor Ministro que conviene aclarar. Se me quedan en el tintero cincuenta mil cosas.
Cuando yo le hablaba del crecimiento en funcionarios propios de determinadas comunidades autónomas, de manera anárquica, yo tenía en cuenta ya las distintas competencias que correspondían a las del artículo 151 y a las del artículo 143. Andalucía tiene en administración periférica, 40.880; al servicio de la comunidad autónoma en total, 176.413. Pero de esos puestos traspasados por las competencias en Educación y Sanidad, son 121.853; por tanto, de creación propia, le quedan 54.560, que son una barbaridad. En cambio, en las Castillas, que usted menciona --en las dos, en la del señor Bono y en la del señor Lucas--, ocurre exactamente lo contrario, es decir, ahí se aplica la austeridad. Tengo los mismos datos que usted, están a su disposición, no nos los vamos a inventar ni a tirar ahora a la cara.
En ese sentido es como creo que debe hacerse una norma armonizadora que, además, encaja en el punto 3 del artículo 150 de la Constitución, y sobre el que yo le preguntaba si tenía el Gobierno intención de poner un poco de orden en esa línea. No creo que con eso sufran las autonomías, sino todo lo contrario: los que se benefician son, en definitiva, los ciudadanos de toda España.


El señor PRESIDENTE: El señor Ribó tiene la palabra.


El señor RIBO MASSO: Señor Ministro, yo le agradezco muy sinceramente la afabilidad y el talante constructivo con los cuales ha contestado las intervenciones. Tiene S. S. nuestra total disposición a colaborar y ojalá el «Diario de Sesiones» nos lleve a coincidir y a confirmar algunas de las posibles soluciones que hoy se han apuntado.
Usted tiene entre manos uno de los tres temas más importantes que hay hoy en España: la crisis, la renovación democrática y el Estado, que es uno de los tres más importantes hoy presentes. El del Estado porque a través de la discusión del IRPF, bien o mal planteada, ha resurgido.
Nosotros reiteramos nuestra voluntad de un pacto institucional. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es un Grupo Parlamentario que llega, prácticamente, a toda la geografía española. No es el Grupo Parlamentario de una sola comunidad autónoma. Tenga esto en cuenta cuando vislumbren alianzas, no por partidismos, sino porque el tema del Estado no es un tema menor, es uno de los tres temas que implica --repito-- al futuro de muchas cuestiones de nuestra sociedad.
Muy rápidamente citaré lo que afecta a los tres bloques temáticos. En cuanto al poder local, me sorprendería que con su afabilidad escondiese algo como decir que cree que es suficiente la financiación local que hay hoy en día. ¿Se puede hablar de un 9 por ciento de crecimiento? ¡Claro sí!, pero hablemos de qué cotas partimos. Los crecimientos son engañosos cuando se citan sólo porcentajes y no se habla de qué cotas se parte.
Por lo que afecta a las competencias, además de la financiación y la hacienda local, no resiste la menor comparación con Europa --después hablaremos de quién está por la modernización-- lo que está pasando hoy con los ayuntamientos españoles. En cuanto a las competencias, la Constitución española es ambivalente sobre quién tiene la competencia en el poder local. Pero una vez se hizo la Ley de Bases de Régimen Local, que la hicieron ustedes (lamento que se haya ausentado el señor Nadal, a quien le gusta contestar, como lo hace en sus plenos, más en polémica que entrando en el fondo de las cuestiones--, y Minoría Catalana --¡qué curioso!--; con aquella ley empezaron a despejar la ambivalencia de la Constitución. Una ley básica, es tan básica que llega casi en algunos aspectos al reglamentismo. Por tanto, no despache el tema de transferir competencias a las comunidades autónomas cuando tenemos la Ley de 1985, pues si acaso la vamos a despachar como usted ha dicho, reformemos la Ley de 1985 en aquellos aspectos que hoy lo impiden.
Nosotros somos tan autonomistas, yo personalmente soy tan autonomista como usted, y le admiro en la forma que lo ha planteado, y provengo de la Comunidad Autónoma que redactó el primer estatuto de autonomía; quizá otros después lo copiaron, no lo sé, nosotros seguramente nos inspiramos en otras latitudes, no vayamos a ver quién copia a quién. Tengo mis problemas incluso con mis colegas de formación política, como los tiene cualquiera, cuando topamos con temas de centralismo y de ideologías. Hace poco, el Partido Socialista en Cataluña ha publicado un documento post-electoral muy sintomático, que dice que en política autonómica el Gobierno está a la defensiva; lo dicen los socialistas de Cataluña, señor Ministro.
Pues bien, en autonomías ustedes deben ir más a fondo de lo que planteaba en su programa electoral, y ojalá continuemos líneas que aquí se han apuntado, pero, por favor, con otra concepción. Usted dice, muy amablemente: Alguien deberá encargarse de las tareas provinciales. ¿Por qué? ¿Por qué debe existir este alguien? ¿En función de qué? ¿En función de aquella concepción que tiene Felipe González que dice: No renuncio a intervenir en ningún punto de la geografía española? Esto y autonomías es como un huevo y una castaña. Sino se renuncia a intervenir en cualquier punto de la geografía española, no estamos entrando en serio en el modelo que se prevé en la Constitución. ¿Por qué alguien deberá encargarse de las funciones provinciales? ¿Por qué no el Gobierno autonómico? Sabe usted igual o mejor que yo que en Alemania todo el BUND está traspasado al LAND, incluso en las tareas comunes, y es un Estad federal que no tiene el añadido que hay en España de la plurinacionalidad. Que no se quede en una pura redifinición, señor Ministro, que yo esto ya lo he escuchado, ya lo he oído. Le cambiamos el nombre al Gobernador Civil y se ha acabado el problema. Ojalá que no se quede en una pura redifinición.
Por lo que afecta al debate de las autonomías, celebro que usted me recuerde, y con razón, que hace muy poco se ha celebrado. ¿Cuántos se han celebrado en 15 años de

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democracia española, señor Ministro? ¿Lo recuerda usted? Pregunto si lo recuerda usted no polémicamente. Me parece que no llegan a tres, dos o tres --yo tengo mis dudas-- en quince años.
Señor Ministro, sobre la Comunidad Europea lo de chiringuitos lo he dicho con mucho cariño, y celebro que me encuentre ante quien fundó el primero.
Pero más allá de los chiringuitos está, por ejemplo, la presencia de los representantes de los LANDER alemanes en el Coreper. ¿Es que no podemos avanzar hacia una figura similar cuando se discuta un tema de nuestras competencias, la presencia del representante de la Comunidad Autónoma zeta o equis en el Coreper, en el Comité de Representación Pemanente? ¿Por qué no? Y otras figuras institucionales muy claras que ya en su día se plantearon en este Parlamento y que fueron votadas en contra, curiosamente en este Parlamento, por el Grupo Socialista y por el Grupo de Minoría Catalana. En cuanto a la penúltima cuestión, la corresponsabilidad fiscal, de la mano de uno de estos autores que usted dice que ha leído, y estoy seguro de que es el señor Castell, el padre de la criatura del 15 por ciento, le diría que de menor a mayor es: o atribución (vinculación de rendimientos impositivos); lo que ustedes quieren hacer, el impreso, así la gente lo vinculará) o responsabilidad en su gestión administrativa (impuestos cedidos) o responsabilidad normativa. La plena corresponsabilidad es que si yo aumento o decremento los impuestos, lo hago porque aumento o decremento los servicios. Aquí soy corresponsable. Y lo que ustedes están pactando estos días no da ni una coma, y llegan a la paradoja de que al pobre alcalde que no tiene recursos le presentan como recaudador, y el presidente de la comunidad autónoma, del color que sea, no recauda nada. Aquél es el que puede ir gastando, inaugurando y venga transferencias. Esta es la contradicción que hoy hay en el Estado español y que le invito a estudiar tranquilamente, con la misma tranquilidad y talante constructivo, y a ver si le podemos dar la vuelta tal y como está en la Europa moderna.
Acabo con el tema de la Función Pública y lo que usted me ha planteado sobre la contradicción. Me ha recordado la declaración de Felipe González sobre sindicatos, que eran conservadores. Yo no he visto estos días mayor disposición a negociar un pacto social que la que están expresando los máximos dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, punto número uno. Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez deben ser dos de los personajes que hay hoy en España con mayor disposición a llegar a un acuerdo social. Ahora bien, basado en la confianza y en la credibilidad. Yo le he recordado que pactos conseguidos con su Ministerio, no con usted, con sus antecesores, por los sindicatos --y no la cláusula de revisión salarial, que yo no he dicho que sea eterna, sino cómo se ventiló--, se rompieron y no se cumplieron por su parte, por parte del Gobierno anterior. Primer punto: duda sobre la credibilidad. Segundo: una disposición enorme, como está en el acuerdo de 1991, a ir mucho más allá de lo que usted plantea, a movilidad geográfica, a reasignación, utilizando mecanismos existentes.
Tercer punto: en quince días pretenden ustedes ventilarse todo esto (no se lo leo porque el señor Presidente con razón me está llamando la atención todo el tiempo) que toca columnas fundamentales de cualquier Estado, que en Francia o en Gran Bretaña han tardado años, ustedes quieren hacerlo en quince días, porque lo conocen desde el 21 de septiembre, señor Ministro. Estoy seguro de que hay miembros de esta Cámara que no lo conocen. Que en quince días pretendan ustedes ventilarlo, no me diga que tienen voluntad negociadora. Los acuerdos pactados del año 1991 no los aplican en dos años y pico, después de meses de elaboración, y ahora en quince días quieren que les den el sí a temas fundamentales que giran sobre el recorte del déficit, según necesidades de caja, no según las necesidades de modernización; ésta es la crítica que yo le he hecho a este documento. Aquí hay más terror porque los agujeros son como un coladero por donde se va el dinero público y cómo está la caja, que no enfocar el tema de la Administración Pública...


El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, concluya ya.


El señor RIBO MASSO: Acabo diciendo que esto pone en peligro algo más el clima y el diálogo social para este tema y para muchos otros.


El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Vasco tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente, en primer lugar quiero agradecer al señor Ministro el tono de su contestación a las propuestas realizadas por nuestro Grupo y, en segundo lugar, que me explicara una serie de cuestiones que no me han quedado suficientemente aclaradas en la primera parte de su contestación.
Señor Ministro, desearía recordarle que se tuviera en consideración a las federaciones o asociaciones de municipios de comunidades autónomas a la hora de integrar por los menos su voluntad, cuando se conformen determinados textos legales de incidencia en el ámbito de la Función Pública local o en el régimen de organización de las corporaciones locales, puesto que aparte de la Federación Española de Municipios y Provincias hay otra serie de entidades que, como he dicho en la primera intervención, están interesadas en dar su visión sobre la problemática del mundo municipal.
No me ha parecido que haya hecho usted referencia a un texto legal que en su día el Gobierno anticipó que se iba a elaborar, el relativo a la ley de Gobierno, en virtud de la cual se distinguía lo que es propiamente Administración pública de lo que es Gobierno y Consejo de Ministros, la diferente naturaleza o la naturaleza dual que puede existir entre Gobierno y Administración pública y las diferentes funciones que corresponden a la Administración pública y al Gobierno. No sé si lo ha anunciado porque he estado un momento ausente de la sala, pero me gustaría que aclarase la posición del Gobierno al respecto.


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Por último, deseo hacer referencia a una modificación que va a haber de la Ley 30/1984, de Medidas Urgentes de la Función Pública, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Quisiera recibir un poco más de concreción sobre qué aspectos va a contener dicha modificación de la Ley 30/1984 en el texto presupuestario.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor representante de Coalición Canaria.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muy brevemente, creo que el Ministro ha contestado a las propuestas y a las preguntas que ha hecho Coalición Canaria, pero me ha faltado hacer unas pequeñas precisiones que si es posible en un minuto se las replanteo y si es posible en medio minuto me las puede contestar.
Creo que toda la Cámara, por tanto, todos los portavoces y miembros de los grupos tienen conciencia de que hay una situación específica en Canarias, el tema del régimen económico, que lleva un retraso enorme y que el Ministro de Economía, el otro día, en la propia Comisión dijo que está dispuesto a acelerar al máximo. Deseo decirle al Ministro de Administraciones Públicas si sabe que el día 4 de octubre o en fechas próximas parece que se cumple el trámite del informe preceptivo del Gobierno. Creo que sería muy importante para Canarias que pudiéramos anunciar que se va a acelerar al máximo ese trámite, para que podamos tener el debate parlamentario correspondiente a la toma en consideración del proyecto de ley del Parlamento de Canarias lo antes posible.
Paralelamente yo creo que vamos a llegar a un amplio consenso. La impresión que yo tengo de todos los grupos parlamentarios es que hay conciencia sobre el tema y se puede llegar a un amplio consenso, yo diría que prácticamente a la unanimidad, en la aprobación de este proyecto que caería como agua de mayo en Canarias y sería una solución para el problema de las islas.
Yo creo que la crisis de los ayuntamientos españoles es más grave de lo que se ha dicho aquí --en eso coincido con otros portavoces-- y hay que ir buscando soluciones, aunque estemos en el terreno del LIBRO BLANCO. A mí los libros blancos me asustan mucho por la pérdida de tiempo, no porque se hagan mal, sino porque a veces los trabajos de los expertos nos pueden alejar de soluciones que todos sabemos. Yo no creo que haga falta mucho debate; lo que hace falta es decisión política y consenso. Vuelvo a repetir la palabra consenso para esta Comisión en particular --en otras seguramente no llegaremos--, pues en el fondo de las intervenciones de todos los grupos hay una voluntad de solución de problemas de Estado que no aparece. Creo que el Ministro de Administraciones Públicas debe estar muy atento al tema de la financiación de los ayuntamientos canarios. Está en crisis este problema. Se ha planteado con una reciente resolución de la Audiencia Nacional, pero, en definitiva, el problema es que la justificación de la no equiparación de los ayuntamientos canarios es que había otra vía de ingresos, la de la Hacienda canaria. Como entrará en un proceso de descreste a partir de 1996, es claro que hay que darle una solución a largo plazo, no esperar a 1996, sino que a través de esta resolución judicial se pueda llegar a un pacto político que no va a tener ningún problema de agravio comparativo, puesto que si en las reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias de Zaragoza y de Valencia se aprobó por unanimidad (está aquí presente el que fue su presidente, que puede dar fe y que asiente a mis palabras porque no tiene otra posibilidad), nadie puede ponerlo en duda, repito, puesto que es un acuerdo de todos los municipios, e incluso abre una vía de carácter judicial. Lo único que hace falta es cerrar en muy poco tiempo acuerdos políticos en esta dirección.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Intervengo con toda brevedad porque no voy a entrar en la polémica. Solamente dos palabras, una para agradecer al señor Ministro las concreciones y la sinceridad de sus convicciones en la respuesta que ha ofrecido a los distintos portavoces, y otra para felicitar al señor Ribó por sus continuas lecturas de los documentos del Partido Socialista de Cataluña y de los estudios de sus militantes.
(Risas.) Así, leyendo directamente puede aprender alguna cosa; leyendo de manera parcial, como la cita que ha realizado de las manifestaciones del señor Presidente del Gobierno sobre los sindicatos, se mantendrá en el error.


El señor PRESIDENTE: En turno final tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Contesto brevísimamente.
Señor Núñez, para que medite las enmiendas que vaya a presentar en relación con las retribuciones de los funcionarios, y como pidió el 4,5 por ciento para el año 1993, piense que cada punto son 52.000 millones de pesetas, más los deslizamientos.
En cuanto al Plan de modernización pregunta que cuándo se conocerán los efectos benéficos que para los ciudadanos se han producido como consecuencia de esas 1.728 actividades. Ya le dije que mi intención es informarles a ustedes en febrero o marzo, cuando tenga los resultados, porque concluye en diciembre de 1993, y con las encuestas que podamos encargar al Centro de Investigaciones Sociológicas tendrán entonces una información y una valoración sobre este tema.
Respecto a la corresponsabilidad --digo lo mismo al señor Núñez que al señor Ribó-- es un primer paso y esto es lo importante. Se abre una brecha y evidentemente sabemos que entre ese paso y lo que hemos definido tanto el señor Núñez como el señor Ribó y yo mismo hay una notable diferencia, pero habrá que caminar por ahí.
Y en cuanto al deseo o a la posibilidad que ve de controlar o de llamar la atención, llamar la atención, sí,

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pero controlar, prohibir la contratación de un número de funcionarios en las comunidades autónomas, no. (El señor Núñez Pérez: Yo no he utilizado esa palabra.) Podemos echar todos los sermones que creamos convenientes y a ver si nos escuchan.
Señor Ribó, acepto, agradezco y tomo buena nota de la disponibilidad en el pacto institucional para todo lo que afecte al funcionamiento del Estado. Me parecen muy positivas sus palabras. Voy a encargar que estudien jurídicamente el tema que plantea acerca de si es posible que intervengamos en relación con las comunidades autónomas sobre posibles delegaciones en favor de las corporaciones locales. No lo sé.
Jurídicamente quiero aclararlo porque, en principio, me parece que no hay posibilidad de intervenir sobre las comunidades autónomas en esa materia.
Asumo que me equivoque. Y por eso voy a pedir un informe jurídico.
Continuaré en la línea autonomista, que siempre ha sido la misma, que he expresado antes y que he practicado.
Respecto a los gobernadores civiles, siga pensando que a nivel provincial siguen quedando competencias de la Administración central, que algunas son importantes y que hay territorios muy amplios en algunas comunidades autónomas. Hay diversidad de temas a considerar como para ponderar su afirmación.
En cuanto a la doctrina, no sólo al señor Castell, también he leído al señor García Añoveros, que está a notable distancia ideológica, y coinciden en los planteamientos, por lo menos en que aquí hay un inicio de corresponsabilidad fiscal.
Al portavoz del Grupo Vasco le diré que el tema de la formación de la voluntad municipal al margen de la FEMP es delicado y en el que la Administración yo creo que no puede entrar. Es cuestión de que se acepte que estén otros por parte de aquellos que están. Es un tema de libertad de asociación, que no me queda más remedio que respetar, pero eso sí, las asociaciones de ámbito territorial inferior pueden tener con el Ministerio todos los contactos, negociaciones y relaciones que estimen oportunas.
No he mencionado la ley de Gobierno, efectivamente, pero en la ley de organización de la Administración se incluyen temas a los que ha hecho referencia. La definición de departamento, de ministro, de secretario de Estado, de distintos cargos, etcétera, estará contenida.
En cuanto a los temas que se están negociando en este proyecto de ley que queremos aprobar el día 8 para remitirlo al Parlamento, únicamente le leo la relación de los puntos: planes de empleo y oferta de empleo público (no sé lo que afecta a la Ley 30 o a leyes posteriores, porque no me sé toda la legislación a fondo), reasignación de efectivos, situaciones de los funcionarios, supresión del plazo máximo de diez años de la excedencia voluntaria por interés particular --eso sí es de la Ley 30--, situación administrativa de expectativa de destino, excedencia forzosa --nueva modalidad--, excedencia voluntaria incentivada, jubilación anticipada incentivada, cesación progresiva de actividades, régimen disciplinario, delimitación del procedimiento aplicable y carácter básico de las normas propuestas.
Por último, al portavoz del Grupo Coalición Canaria, el día cinco acababa el plazo efectivamente. Ya he manifestado que el Gobierno no va a emitir ningún informe en contra, va a practicar el silencio administrativo, en estos casos es efecto afirmativo, e irá a Pleno cuando la Junta de Portavoces lo decida. En principio nosotros pensábamos que fuera antes del debate de los presupuestos, en el Pleno de los días 19, 20 y 21, pero eso depende de otras instancias.
En cuanto a la FECAM plantea temas que abordé directamente con ellos, con la Federación Canaria de Municipios. En cuanto a la resolución judicial, según todos los expertos jurídicos ministeriales, efectos nulos. No tiene ningún efecto, porque después de esa Orden hubo un decreto que convalidó y el Tribunal no conoció la existencia de esa norma.
En cuanto a que hay que resolver la financiación de los municipios, de los cabildos y de la propia Comunidad ante la previsión del Reglamento comunitario de Canarias en la Comunidad, en enero de 1996 empieza un descreste de los impuestos canarios que requerirá compensaciones. Supongo que habrá que desembocar en un sistema fiscal distinto del que tenemos.
Puedo apuntar un IVA canario y que desaparezca todo lo demás, más la TEC para aquellos productos que la paguen, y establecer luego las distribuciones en la recaudación que se pacte con destino a las instituciones canarias y la parte que corresponda a la Administración central, si es que corresponde algo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.

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