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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 28, de 29/09/1993
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1993 V Legislatura Núm. 28 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ Sesión núm. 4 celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1993

ORDEN DEL DIA: Comparecencia del señor Ministro del Interior (Corcuera Cuesta), para informar: -- De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000011.) (Página 364) -- Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000039.) (Página 364) -- De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000016.) (Página 364) -- De las previsiones y grado de aplicación del Plan Estratégico del Estado Mayor por el que se prevé el cierre de casi mil cuarteles y puestos de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000002.) (Página 385) -- De las circunstancias ocurridas el pasado día 1 de agosto de 1993, en el transcurso de una carga policial ante la Casa de Socorro de San Cristóbal de los Angeles, Villaverde (Madrid), en la cual resultaron heridos cinco agentes de Policía y dos vecinos. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000045.) (Página 388)

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-- Sobre el estado de resolución de las solicitudes formuladas al amparo del Real Decreto-Ley 4/1993, de 26 de marzo, por el que se autoriza el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000064.) (Página 390) -- Comparecencia del señor Director General de la Guardia Civil (Roldán Ibáñez), para explicar las razones que le han llevado al aumento de la plantilla dentro de la cúpula del Cuerpo de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000008.) (Página 395) -- Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la urgente declaración de zona catastrófica en beneficio de los municipios de Fuenteálamo y Ontur, de la provincia de Albacete y Jumilla y Yecla, de la de Murcia, cuyos términos municipales resultaron duramente afectados por la tormenta de granizo sufrida el día 1 de julio de 1993. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (BOCG, serie D, número 6, de 14-9-93. Número de expediente 161/000005.) (Página 399)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (CORCUERA CUESTA), PARA INFORMAR:

- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.
A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000011.)

- SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000039.)

- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000016.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos el orden del día con las comparecencias que hacen los números 1, 2 y 3 como consecuencia de la decisión de la Comisión, de la sesión del 22 de septiembre de 1993, que acordó que estas tres comparecencias -a petición del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- se debatieran de manera acumulada. Las tres solicitan que el Ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta, presente y al que damos la bienvenida, informe de las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. (El señor Alvarez-Cascos Fernández pide la palabra.) El señor Alvarez-Cascos tiene la palabra.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, en estas condiciones no podemos celebrar la comparecencia. (El orador se refiere al fuerte ruido producido por las obras del edificio, que impide una correcta audición. Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Les decía, señorías, que los tres puntos primeros del orden del día que componen la comparecencia a petición propia del Ministro del Interior y a petición de los Grupos Parlamentarios Popular y Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, destinados a informar sobre el programa a desarrollar por el Ministro al frente de su Departamento, se debatirán de manera acumulada.
Para ello, tiene la palabra el Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, comparezco de nuevo ante ustedes para informarles, entre otros asuntos, de las líneas generales a desarrollar por el Ministerio del Interior, cuyas competencias son, como ya saben, de las que probablemente más inciden en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y también de las que entrañan más dificultad a la hora de ejecutar y llevar a buen término si no es con la colaboración de todas las fuerzas políticas e instituciones y de la sociedad en su conjunto.
Espero que la colaboración con SS. SS. sea lo más fructífera posible en la presente legislatura, y renuevo mi compromiso de dar cuenta con transparencia de la gestión del Ministerio y de acudir a informarles, bien a petición propia o siempre que lo soliciten, al igual que creo haberlo hecho en la pasada legislatura. Permítanme que al dar cuenta de las líneas generales a desarrollar, les informe también de las actuaciones llevadas a cabo desde mi última comparecencia de tipo general, semejante, por tanto a ésta, que tuvo lugar en esta Comisión el 30 de enero de 1990, porque las líneas básicas a realizar derivan necesariamente de las ya desarrolladas en el período anterior.
Como SS. SS. saben, el Ministerio del Interior está

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estructurado en dos grandes instancias: la que coordina la Secretaría de Estado para la Seguridad y que integran la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y la que coordina la Subsecretaría del Departamento, que comprende fundamentalmente las áreas de Tráfico, Protección Civil y Política Interior. A ello se unen, además, el control del juego privado y de los espectáculos taurinos, competencias que serán transferidas en breve a las comunidades autónomas.
En términos generales, puedo decir que son cinco los objetivos fundamentales previstos en la presente legislatura: Primero, consolidar el impulso que entonces prometí dar -y de hecho creo haber dado a las áreas del Departamento no directamente vinculadas con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero que también inciden en aspectos de seguridad de todos los ciudadanos, como son, por ejemplo, las áreas de tráfico y de protección civil.
En segundo lugar, proseguir en la línea de garantizar un adecuado nivel de seguridad ciudadana manteniendo e intensificando, entre otras acciones, la lucha contra el tráfico de drogas. Tercero, continuar con la política diseñada de lucha contra el terrorismo, tanto desde el punto de vista policial y de colaboración internacional como del consenso con las fuerzas políticas en base al Acuerdo de Madrid y al Acuerdo de Ajuria Enea. Cuarto, consolidar el proceso de modernización ya iniciado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro del modelo policial establecido. Quinto, dedicar, por último, una especial atención a la política de extranjería dado que la inmigración, por razones económicas, constituye, a corto y medio plazo, uno de los grandes problemas al que habremos de enfrentarnos.
Comenzando por la Dirección General de Tráfico debo señalar, en primer lugar, la tendencia a la baja, a partir del año 1990, tanto del número de accidentes con víctimas como del número de muertos. El número de accidentes con víctimas en carretera ha pasado de 47.313, en 1990, a 39.121, en el año 1992, lo que representa un descenso del 17,3 por ciento; y el número de víctimas en carretera más travesías pasó de 5.891, en el año 1990, a 5.135, en el año 1992, lo que representa un descenso del 12,8 en esos años. En ese mismo período, sin embargo, el número de turismos por mil habitantes pasó de 307,6 a 335, incrementándose el número de kilómetros recorridos por vehículo-año.
No es fácil, señorías, establecer de forma clara cuáles son las causas inmediatas de este descenso de los índices de accidentes. Muy probablemente, y dada la complejidad del fenómeno del tráfico, deberíamos buscar causas interrelacionadas. No puede ignorarse la mejora de las carreteras durante los últimos años y la incipiente renovación del parque automovilístico, pero considero que las razones más profundas habría que encontrarlas en el incremento de la sensibilidad social respecto al tráfico y sus consecuencias negativas, los accidentes y las víctimas.
En este contexto, elementos fundamentales de esta evolución de la sensibilidad social son, sin duda, los efectos sobre el comportamiento de los conductores, de la entrada en vigor, en marzo de 1990, de la Ley de Seguridad Vial, así como en junio de 1992 del nuevo Reglamento de Circulación, que sustituyó parcialmente al vetusto Código de Circulación de 1934 lo que, unido a la nueva y sobradamente conocida actividad divulgativa que se está llevando a cabo en los últimos años y que consideramos fundamental, está configurando un escenario más favorable para la seguridad vial. Además, desde el año 1990, la Dirección General de Tráfico ha realizado inversiones por valor de 56.697 millones de pesetas tanto en actuaciones directas de seguridad vial, como de regulación y control del tráfico en acceso a ciudades, mejora de la seguridad vial en travesías de poblaciones e iniciación de las obras de la Academia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida, como en dotar de mejores medios materiales para la realización de su función a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Por lo que se refiere a las actuaciones previstas por el Ministerio, a corto y medio plazo, a través de la Dirección General de Tráfico, que tienen como objetivo primordial contribuir al descenso del número de accidentes y víctimas, quiero resaltar entre otras las siguientes. En el ámbito de la formación, se seguirá promoviendo la introducción de la formación vial más allá de la etapa infantil y primaria, es decir, en el bachillerato y en la formación profesional, así como en las escuelas universitarias de formación del profesorado. Se continuarán llevando a cabo actuaciones directas de formación por la propia Dirección General y se continuarán realizando las campañas de divulgación de seguridad vial, que considero han dado buenos resultados hasta el momento.
En el campo de la vigilancia y control del tráfico se realizarán actuaciones prioritarias en cuanto a los controles de alcoholemia, el cumplimiento de los límites de velocidad, el uso de los cinturones de seguridad y casco de protección, la posesión de la documentación que habilita para la conducción, y se realizará una vigilancia estricta de los requisitos exigidos en los transportes de viajeros de menores y de mercancías peligrosas.
En relación con el programa de mejora de la circulación, se seguirán ejecutando proyectos de regulación de tráfico e instalación de postes de socorro, y se estudiará el establecimiento de áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas.
En el campo de la investigación científica y técnica, se seguirán suscribiendo convenios con universidades y otras instituciones para la realización de estudios relacionados con la seguridad vial, como, por ejemplo, sobre el efecto de los fármacos, drogas y alcoholemia en la conducción.
En el ámbito normativo, los proyectos más significativos que actualmente están en elaboración, en desarrollo de la Ley de Tráfico, son: el Reglamento de sanciones y procedimiento sancionador, el Reglamento de vehículos y el de permisos de conducción.
Les informo, por último, que está en estudio implantar el permiso de conducir por puntos, acompañado de medidas adicionales dirigidas hacia los profesiones de la

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conducción. Asimismo se impulsará la firma de un gran pacto social, si es posible, en base al dictamen de la Comisión especial de encuesta e investigación, sobre los problemas derivados del uso del automóvil y la seguridad vial, hecho en el Senado. Como comprenderán SS. SS., todas estas medidas y proyectos tienen como finalidad reducir la mortalidad en nuestras carreteras, todavía alta pese a la clara tendencia a la baja que venimos experimentando.
Siguiendo con la Dirección General de Protección Civil, desde este organismo se sigue desarrollando lo que entiendo es un gran esfuerzo para actualizar los medios e infraestructuras necesarios que permitan afrontar con eficacia todo tipo de riesgos. En este sentido, la colaboración y coordinación entre todas las administraciones públicas, que se articula a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, son fundamentales para toda actuación en esta materia.
El esfuerzo principal, desarrollado en el anterior período, se dirigió a lograr la cualificación técnica que permitiera a dicha Dirección juzgar eficazmente el papel que legalmente se le atribuye. La mejora de los medios humanos y técnicos ha permitido el funcionamiento, cada vez más eficiente, de la Sala nacional de coordinación operativa, que funciona durante las veinticuatro horas al día, así como completar todas las directrices aplicables a las diferentes emergencias.
Como ustedes saben, con la aprobación de la norma básica de protección civil, en abril de 1992, quedaron establecidas las bases por las cuales los planes de protección civil de todas las administraciones públicas pueden integrarse en un conjunto operativo y susceptible de rápida aplicación. Es preciso, sin embargo, completar el desarrollo normativo sobre los riesgos de inundaciones, riesgos sísmicos y emergencias derivadas del transporte de mercancías peligrosas.
Por lo que se refiere al riesgo químico se ha completado ya el cuadro normativo, para dar aplicación en España a las directivas comunitarias en esta materia y se han firmado los oportunos convenios de colaboración técnica y cofinanciación con las comunidades autónomas que lo han requerido. Cabe citar por su importancia el convenio con la Generalidad de Cataluña, relativo al plan de emergencia exterior de Tarragona y el suscrito con la Junta de Andalucía, relativo al polígono químico de Huelva.
Por lo que se refiere al riesgo nuclear, a finales de 1990 se aprobó la revisión de los planes de emergencia nuclear de las cinco provincias españolas en las que se ubican, centrales nucleares de potencia, planes que ya están implantados y en condiciones de funcionamiento. Actualmente se está llevando a cabo la mejora de las infraestructuras de acceso a las centrales, habiéndose realizado ya la de las grandes redes y se ha potenciado la información a población sobre emergencia nuclear que contemplan los propios planes, coincidiendo con una directiva de Euratom.
La actuación futura en este campo estará dirigida, además de a seguir extendiendo la información a la población, a concluir la implantación de la red de alerta a la radiactividad, para su puesta en explotación a finales del próximo año. Esta red es un sistema de control informatizado que, a través de sus 902 puntos de sensorización, distribuidos en todo el territorio nacional, permitirá obtener el conocimiento exacto de los niveles de radiación existentes y su evolución. Se dará carácter prioritario al riesgo derivado de los transportes de mercancías, a cuyo efecto se elaborará la correspondiente directriz básica.
Por lo que se refire a los riesgos naturales, se concluirán las directrices básicas de planificación que están en curso de elaboración con relación al riesgo de inundaciones y de fenómenos sísmicos.
La Dirección General de Protección Civil continuará ejerciendo las actuaciones de su competencia en relación con los riesgos producidos con ocasión de grandes concentraciones humanas o acontecimientos de similar naturaleza. En este ámbito se enmarcan las actividades de planificación y organización de protección civil, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos y de la Exposición Universal en Sevilla, llevadas a cabo el pasado año, o las que cada año deban realizarse para facilitar el paso por nuestro país de los ciudadanos magrebíes en la denominada operación PASO DEL ESTRECHO.
Finalmente, cabe hablar de la Escuela Nacional de Protección Civil, creada por Real Decreto de 1990, de 13 de junio, que se configura como un proyecto estatal y que permitirá a las distintas administraciones públicas contar con un centro para afrontar las necesidades de formación de expertos que participan en el sistema de protección civil. La construcción se realiza por fases, la primera de las cuales está a punto de finalizar y, por tanto, de entrar en servicio.
Dentro del área de la Subsecretaría se integra, igualmente, como ya les he indicado, el juego, los espectáculos taurinos y la Dirección General de Política Interior. Respecto al juego, las previsiones se concretan en dar cumplimiento a la Ley Orgánica de diciembre de 1992, que prevé las transferencias de esta competencia a las comunidades autónomas y en conseguir la firma de un convenio que asegure la necesaria coherencia de todas las actuaciones en esta materia.
Espero que se llegue a un acuerdo en este campo y que todos seamos conscientes del grave peligro que supondría para este país un crecimiento incontrolado del juego privado. Esto naturalmente acarreará la desaparición de una Dirección General en el Ministerio.
Por lo que se refire a la fiesta de los toros, en la pasada legislatura se aprobó la normativa que les anuncié sobre espectáculos taurinos, constituida por Ley de abril de 1991, sobre potestades administativas en esta materia, y por el Real Decreto de 1992, que aprobó el nuevo Reglamento.
Las facultades sancionadoras que hasta ahora eran ejercidas por los gobiernos civiles pasarán a las comunidades autónomas que carecían de esta competencia, en el marco del proceso de transferencias en materia de espectáculos taurinos.
Pasando a la Dirección General de Política Interior, debo señalar que engloba la gestión de los procesos

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electorales generales, locales y al Parlamento Europeo, prestando la máxima colaboración en los procesos de elecciones autonómicas, la gestión de la política de extranjería, y su titular ostenta asimismo la Presidencia de la Comisión Nacional contra la violencia en el deporte, además de coordinar cuanto sea necesario respecto de los gobiernos civiles.
Por lo que se refiere a los procesos electorales, hay que tener en cuenta que para la celebración de elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar en la primera quincena de junio del próximo año, será preciso proponer las necesarias modificaciones de la Ley Electoral, para asegurar que España disponga de 64 representantes, tal y como se establece en una decisión del Consejo que ha entrado en vigor el 9 de febrero de este año, y para posibilitar que los residentes comunitarios en nuestro país puedan ejercer, tanto su derecho de sufragio activo como pasivo, que les reconoce el Tratado de la Unión Europea, que próximamente entrará en vigor.
Respecto a la violencia en el deporte, su erradicación ha sido y seguirá siendo una preocupación constante del Departamento y ha constituido una de las líneas de actuación del Ministerio, de tal forma que se elaboró el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, aprobado por Real Decreto en mayo del presente año.
La política de extranjería constituye, señorías, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. En este sentido, la actuación durante estos años se ha centrado en la ejecución del mandato dado por el Congreso de los Diputados, con la aprobación en abril de 1991, de la proposición no de ley relativa a la situación de los extranjeros en España. De acuerdo con dicho mandato se abrió un proceso de regulación de trabajadores en situación irregular que permitió, como SS. SS. conocen, la legalización de más de 110.000 extranjeros. Se estableció la obligación de visado con los países del Magreb, con Turquía, Perú y la República Dominicana, y, en febrero de 1992, se concluyó un acuerdo con Marruecos relativo a la circulación de personas en tránsito y a la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente. En febrero de 1993, un acuerdo con Portugal sobre readmisión de extranjeros ilegales de terceros países.
Se han creado oficinas únicas de extranjerías, así como la oficina integrada de asilo y refugio, y se elaboró un proyecto de Ley de reforma de la Ley de Asilo y Refugio, que se encontraba ya en trámite en las Cortes cuando se disolvieron las Cámaras. Este proyecto ha sido remitido de nuevo a esta Cámara en el mes de julio. Es mi deseo que cuente -¡ojalá!- con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Finalmente, en el Consejo de Ministros de marzo de 1993, se aprobó un acuerdo por el que se fija el contingente de autorizaciones para el empleo de ciudadanos extranjeros no comunitarios para este año.
La política del Gobierno en relación con la inmigración es la de aceptar el número de inmigrantes que realmente podamos asumir, facilitando su integración, así como el reagrupamiento familiar cuando pueda hacerse en condiciones dignas. La peor política que podría hacerse en este campo es la de puertas abiertas, porque ni nosotros ni el resto de los países europeos podemos asumirla y porque sólo daría lugar a situaciones de marginación y, por tanto, contribuir a la xenofobia.
En todo caso, quiero dejar claro que estamos firmemente decididos a luchar contra cualquier manifestación de xenofobia o racismo, especialmente cuando revistan caracterísicas violentas, y se pondrán todos los medios para favorecer la integración de los extranjeros que residen legalmente en nuestro país.
Como actuaciones concretas futuras cabe señalar la elaboración del Reglamento de ejecución de la Ley de Asilo, cuando sea aprobada por el Parlamento su reforma, y la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, de 1985, en base a la experiencia de ocho años de aplicación. También se establecerán las reformas necesarias para facilitar la repatriación de extranjeros en situación irregular, se generalizarán las oficinas únicas de extranjeros y se ejecutarán todos los compromisos derivados de nuestra integración en el grupo Schengen y del tratado de la Unión Europea.
En este sentido, es conocido por SS. SS. que España ha ocupado durante dos semestres consecutivos la Presidencia del Grupo Schengen, impulsando -creo que definitivamente- la implantación del SIS -Sistema de Información-, que se ha visto considerado previo para la eliminación de los controles internos y que podrá entrar en vigor en breve plazo.
Lo hasta aquí reseñado, relativo a la dirección de política interior es de tal importancia, sobre todo, en los temas que tienen que ver con extranjería, señorías, que estoy estudiando la posibilidad de que no sea dirigido por una dirección general, sino por una secretaría general, sin aumento de gasto. Ya les he dicho que, entre otras cosas, desaparece una dirección general que es la que antes tenía encargado el juego.
Respecto a la seguridad ciudadana, el objetivo es, sin duda, alcanzar un adecuado nivel de seguridad que permita el libre ejercicio de los derechos y libertades, tratando de controlar y reducir los niveles de delincuencia. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que la delincuencia proviene de disfunciones que se producen muy a menudo en el seno de la propia sociedad y su erradicación no depende únicamente de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino de un esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas, de todos los sectores sociales, del conjunto de la sociedad en definitiva, para hacer políticas preventivas que hagan menos necesaria la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por lo que se refiere al índice general de delitos, a partir de 1990 se han producido descensos que se han venido consolidando en los años sucesivos. Así, en el año 1990, el número total de delitos descendió en un uno por ciento respecto del año anterior. En 1991, el descenso fue del 3,2 por ciento, y de un 5,3 por ciento en el año 1992.
Esto sería mucho más importante si los niveles sobre los que se producen los descensos fueran bajos. Como son niveles altos es menos satisfactorio, aunque,

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naturalmente, no puedo por menos que señalar la cierta satisfacción que produce que, en vez de crecer, comenzamos a descender, lo cual -creo yo- es un buen dato, sin darle más trascendencia que la que acabo de señalar.
No deben, por tanto, permitir ningún tipo de alegría. Los resultados son mejores que hace años, pero habrá que seguir en la misma línea de esfuerzo que se ha venido realizando hasta ahora, para lograr una disminución cada vez mayor de la delincuencia en nuestro país.
En este sentido, es propósito del Ministerio seguir adecuando la organización y actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las nuevas formas de la delincuencia. Se potenciarán las acciones específicas para combatir la delincuencia a nivel provincial y local, se continuará fomentando la coordinación con las policías autónomas y locales a través de las juntas de seguridad, y se dedicará un mayor esfuerzo para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, lo que llevará consigo una intensificación en la persecución de la delincuencia económica y el blanqueo de capitales procedente de acciones criminales.
Dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, la lucha contra el tráfico de drogas continúa siendo uno de los objetivos prioritarios del Departamento, ya que es también de los factores que inciden en una buena medida en los niveles de delincuencia. La política de lucha contra el pequeño y gran tráfico se mantendrá partiendo de la base de la efectividad que las Fuerzas de Seguridad del Estado vienen obteniendo contra esta actividad delictiva.
España, señorías, es uno de los países europeos que ha alcanzado una mayor eficacia en aprehensiones de droga en los últimos años, así como en la desarticulación de importantes organizaciones dedicadas a este tráfico. Mostrar preocupación no puede impedir reflejar la realidad de este fenómeno y la realidad de España en el conjunto de la Comunidad internacinal. Como ya señalé en mi anterior comparecencia, para terminar con este tráfico hay que abordar globalmente la raíz del problema y muchos de esos problemas están centrados en los países productores y transformadores de droga, como también en los problemas que generamos los países más desarrollados con la demanda.
Consciente de la gravedad de este problema, España tiene una presencia activa en todos los foros internacionales que se relacionan con el tema y ha promovido, en el seno del Grupo Trevi, la creación de Europol, germen, como ya he tenido oportunidad de decir en múltiples ocasiones, de lo que debe de ser en el futuro una especie de policía europea y que, en breve, iniciará su andadura inicialmente, como ya conocen, como un centro de información e inteligencia precisamente en materia de tráfico de drogas.
Es un desafío que requiere el apoyo de las instituciones y colectivos sociales y también de las instituciones financieras, para facilitar la investigación de las grandes redes de narcotraficantes. A este respecto, les informo que el Gobierno remitirá en breve -ya ha remitido de nuevo a esta Cámara- el proyecto de ley de medidas contra el blanqueo de capitales.
Por lo que se refiere a la lucha contra el pequeño tráfico, la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, tan discutida en algunos casos, ha proporcionado, en mi opinión, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una herramienta para perseguir mejor este tipo de tráfico.
Ha establecido la posibilidad de sanción administrativa para el consumo en público, que puede quedar en suspenso con el sometimiento voluntario a un proceso de desintoxicación conforme a la regulación establecida por un Real Decreto de julio del corriente año.
En cuanto a la lucha contra el terrorismo, señorías, la colaboración internacional, la mayor eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguriad del Estado y el acuerdo de todas las fuerzas políticas como forma de aislar socialmente al terrorismo y de movilizar a los ciudadanos frente a esta amenaza, sigue siendo un elemento fundamental. Como ya he señalado en reiteradas ocasiones, considero fundamental el acuerdo con los partidos políticos y el Pacto de Ajuria Enea, que se ha mostrado, a mi juicio, muy eficaz y ha servido como instrumento de diálogo y auerdo de los partidos más representativos del País Vasco.
Entiendo que en los tres campos se ha avanzado de una forma sustancial y quiero resaltar, una vez más, la acción decidida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la plena incorporación de la política autónoma en la lucha contra el terrorismo con resultados muy positivos.
Hay algo que considero fundamental como es la valiente movilización del pueblo vasco en contra de la violencia de ETA, que nada debiera impedir que siga creciendo. Como fruto de la relación internacional, simplemente quiero resaltar la importancia de detenciones efectuadas y, en este sentido, la de Bidart que supuso la detención de la cúpula de ETA. Por ello, la política del Departamento consistirá en el mantenimiento y perfeccionamiento de estas medidas.
Como ya he señalado al principio, otro de los objetivos del Ministerio es consolidar el proceso de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que implica tanto la dotación de medios materiales y humanos, como el desarrollo del estatuto de personal de ambos Cuerpos para completar el modelo policial establecido por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a cuyo efecto les informaré por separado del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Sin embargo, antes de entrar en el análisis de cada una de las dos Direcciones Generales, creo obligado referirme a determinados acontecimientos que tuvieron lugar en la pasada legislatura y en los que la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinadas por la Secretaría de Estado para la Seguridad, fue decisiva. Me refiero a la Conferencia de Paz para Oriente Medio, en octubre de 1991, y a los Juegos Olímpicos de Barcelona y a la Exposición Universal de Sevilla, que tuvieron lugar el pasado año y en los que la normalidad con que se desarrollaron tiene mucho que ver con el importante papel que jugaron los cuerpos policiales, además de demostrar la capacidad de ambas policías para dar respuesta a acontecimientos de singular relevancia e importancia y dificultad.


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Estos tres acontecimientos supusieron un gran esfuerzo en cuanto a planificación y empleo de considerables medios materiales y personales que, como digo, pusieron de manifiesto el alto nivel de preparación de la policía española y que mereció el elogio de los organizadores y el reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, de la importante labor realizada en el área de la seguridad de los mismos.
Señalado lo anterior, expondré de forma esquemática las principales realizaciones, así como los proyectos de futuro de cada una de estas Direcciones Generales. Por lo que se refiere a la Dirección General de la Policía, diré que desde el año 1990 hasta la actualidad se han efectuado inversiones por valor de 46.800 millones de pesetas, tanto en la construcción y remodelación de edificios como en la compra de material para la mejor dotación de sus miembros.
En el área de Policía Judicial se han creado grupos especiales para la lucha contra la delincuencia organizada, en las modalidades de delincuencia económica y financiera y blanqueo de capitales.
En el área de la seguridad ciudadana se han creado grupos policiales de atención al ciudadano y de prevención de la delincuencia, que inciden policialmente en aquellos lugares más conflictivos o puntos negros de las grandes ciudades. Se ha implantado, a nivel nacional, una amplia red de coordinadores de contactos con ciudadanos que atienden las necesidades y peticiones de los diferentes colectivos sociales.
En el área de documentación se ha implantado el nuevo Documento Nacional de Identidad, y en el área de seguridad privada se está elaborando el reglamento de desarrollo de la nueva ley. Algunos de estos esfuerzos requerirán adecuar las tasas al costo que supone una modernización de esta naturaleza.
Se ha firmado un acuerdo marco entre las autoridades del Ministerio y las organizaciones sindicales policiales más representativas en el que se contemplan una serie de medidas a realizar a corto, medio y largo plazo, que inciden en la modernización, en la mejora de los medios de actuación y de las condiciones de trabajo de los funcionarios; acuerdo que tiene algunas complicaciones, no en la voluntad de cumplirlo sino en la situación económica general del país, pero, desde luego, en aquello que no tenga efectos o costos económicos la voluntad firme es de cumplirlo y haremos un esfuerzo, el que sea posible en estas circunstancias, para ver si podemos, si no en todo sí en parte, ir en la dirección de cumplir el acuerdo al que me acabo de referir.
Por lo que se refiere a la Dirección General de la Guardia Civil les informo de que, desde el año 1990 hasta la actualidad, ha invertido casi 69.000 millones de pesetas en el capítulo 6, que incluye tanto la construcción y remodelación de cuarteles y otros edificios, como la compra de material para la mejor dotación del Cuerpo. En este período se ha puesto en funcionamiento la Guardia Civil del Mar, que cuenta actualmente con embarcaciones en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Barcelona, Cantabria y La Coruña, estando previsto extenderla en los próximos años.
Por lo que se refiere al régimen de personal, les diré que se ha aprobado ya la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario y, más recientemente, un Real Decreto, en mayo del corriente año, por el que se regula, con carácter transitorio, el sistema de ascensos. En esta legislatura está previsto continuar la transformación de la Guardia Civil, que sin duda constituye la mayor realización desde la creación del Cuerpo, tanto en lo que se refiere al despliegue, tema del que informaré específicamente en la siguiente comparecencia, como en lo que respecta al régimen de personal.
En cuanto a la Policía Nacional, me ha faltado complementar lo dicho con la redacción del reglamento orgánico y de servicios, que contendrá una regulación jurídica completa del Cuerpo Nacional de Policía.
Cabe, respecto a la Guardia Civil, citar en este último sentido la elaboración del anteproyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo, que se someterá a la consideración de SS. SS. en la presente legislatura.
La publicación de esta ley constituye una estapa previa para poder elaborar el reglamento orgánico y de servicios, que se espera realizar en este mandato.
Finalmente, señorías, para completar la visión del Ministerio, les informaré que, a través de la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales, se están llevando a cabo importantes actuaciones en el campo de la información y atención al ciudadano, colaborando con las distintas direcciones generales del Departamento en determinadas actuaciones en este campo, como ha sido, por ejemplo, la campaña de cita previa telefónica para el carné de identidad en Madrid, para la Oficina de Asilo y Refugio, así como las acciones realizadas para incrementar el número de aspirantes a las pruebas selectivas, tanto para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía como en el de la Guardia Civil, habiéndose conseguido excelentes resultados.
En la petición de comparecencia el Grupo Popular solicita una información adicional sobre algunos aspectos relacionados con la ejecución del presupuesto del presente año, de lo que paso a informarles. Grado de ejecución de los distintos programas. El 15 de septiembre de 1993, y en términos de obligaciones reconocidas, se ha ejecutado un 60,96 por ciento del presupuesto definitivo del Departamento. La ejecución de cada uno de los programas oscila entre el 90,38 por ciento en el programa 463 A, elecciones y partidos políticos, y un 16,14 por ciento en el programa 223 A, protección civil, dado que este programa incluye las indemnizaciones correspondientes a la presa de Tous.
En el programa 222 A, seguridad ciudadana, el más importante cuantitativamente hablando al suponer casi un 61 por ciento del total del presupuesto definitivo del Ministerio, la ejecución se sitúa en el 64,43 por ciento. Esto comporta un elevado grado de ejecución de los programas del Departamento, considerando que aún faltan tres meses y medio para el cierre del ejercicio, y no puede olvidarse que los compromisos adquiridos suponen un

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porcentaje significativamente mayor sobre el presupuesto total, el 78 por ciento para el conjunto del presupuesto y el 83,3 por ciento en el programa seguridad ciudadana.
Respecto a las desviaciones producidas en la ejecución del presupuesto de 1993 en cada uno de los programas, les informo que el presupuesto del Ministerio del Interior para el presente ejercicio se ha incrementado en un 7,9 por ciento sobre el crédito inicialmente aprobado. El incremento más significativo se ha producido en el programa 223 A, protección civil, que ha aumentado en un 511,8 por ciento sobre sus créditos iniciales. La desviación producida se debe, como ya decía antes, al programa 222 A, seguridad ciudadana, que representa únicamente un 3,4 por ciento sobre el presupuesto inicial.
Debo advertirles que los incrementos producidos sobre los créditos parlamentarios aprobados se deben fundamentalmente a actuaciones obligadas por los motivos que a continuación expondré. Primero, la partida más significativa en la desviación producida se refiere al crédito extraordinario por importe de 19.000 millones de pesetas, aprobado para el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous. Esta circunstancia justifica el espectacular aumento de los créditos del programa 223 A, así como el bajo nivel de ejecución en este programa, consecuencia directa del incremento en su presupuesto, producido una vez iniciado el ejercicio.
Segundo, de los más de 3.786 millones de incremento como consecuencia de la aprobación de ampliaciones de crédito, 3.263 millones de pesetas se refieren a partidos políticos y se han destinado a financiar gastos electorales y subvenciones a partidos con motivo de las elecciones generales.
En cuanto a la aplicación de los créditos del programa 221 A, Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil, por un importe de 400 millones de pesetas, ha sido necesario para el abono de indemnizaciones a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, así como las derivadas de los daños a terceros en base a la responsabilidad patrimonial de la Administración y a la protección a medios internacionales de transporte que se encuentran en nuestro territorio.
La ampliación de 124 millones de pesetas del presupuesto inicial del programa de protección civil se debe a la necesidad sobrevenida de financiar los gastos de emergencia originados por la acogida y atención de refugiados procedentes de Bosnia-Herzegovina.
El aumento de los créditos parlamentariamente autorizados como consecuencia de la aprobación de generaciones de crédito no implica, en realidad, la existencia de un mayor gasto sobre las previsiones iniciales al tratarse de aumentos en el presupuesto de gastos precedidos de un incremento equivalente de los ingresos. De los casi 4.425 millones de incremento por este concepto, 4.000 millones corresponden a un ingreso en el Tesoro efectuado por la Dirección General de Tráfico y el resto a un ingreso del Instituto Nacional de Empleo.
Finalmente, el presupuesto inicial del Departamento se ha incrementado en 3.237.217.000 pesetas como consecuencia de la aprobación de transferencias de crédito procedentes del programa de imprevistos y funciones no clasificadas. La mayor parte del aumento señalado ha venido justificado por la obligación de financiar el incremento de gasto de personal producido por la aplicación del Real Decreto-ley que dispuso como medida de revisión salarial aplicable al ejercicio de 1993 el aumento de las retribuciones de los funcionarios de la Administración del Estado en un 1,8 respecto a 1992.
Por terminar esta información que solicitaba el Partido Popular sobre medidas para la reducción de gasto corriente del Departamento, les informaré que mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de agosto pasado, se dispuso la no disponibilidad de créditos del Presupuesto del Estado por un importe de 100.000 millones de pesetas, de los que 6.156 corresponden al Ministerio del Interior.
Por lo que se refiere específicamente al capítulo 2, gastos en bienes corrientes y de servicios, la aplicación del acuerdo mencionado supone una reducción del 2,28 por ciento sobre los créditos iniciales y afecta a múltiples atenciones consignadas en el presupuesto, destacando por su cuantía la referida a alquileres de equipos para procesos de información, reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones, atenciones protocolarias y representativas por un importe de 36 millones de pesetas, conforme establece el propio acuerdo, prensa, revistas, libros y otras publicaciones y, sobre todo, dietas.
Sobre la reducción establecida en el propio acuerdo para cada uno de los capítulos del presupuesto, se han solicitado determinadas modificaciones que habrán de ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda, por lo que no puedo informar aún de la cuantía de la reducción de cada uno de los capítulos presupuestarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARTIN: Muchas gracias, señor Ministro, por la información exhaustiva y yo diría que precisa que, como en otras ocasiones, nos ha proporcionado.
Me han quedado dos dudas que quisiera que se me aclararan: una de ellas está relacionada fundamentalmente con un tema que, aunque tenga un carácter local, me parece que es suficientemente importante en su Departamento y, dada la amplitud de la exposición realizada, me imagino que, aunque no sea cuestión de tratarla, desearía una ampliación. La cuestión está relacionada con un tema de importancia porque se está produciendo el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado y está entrando la Ertzaintza. En concreto, la zona de Donostialdea, es decir, San Sebastián, es uno de los últimos puntos donde se va a incorporar. (El señor Ministro del

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Interior, Corcuera Cuesta: Yo personalmente oigo con muchísima dificultad.)

El señor PRESIDENTE: A ver si con el esfuerzo de adelantar el micrófono y subir un poco la voz conseguimos oír mejor.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Se lo digo porque no le entiendo bien y luego no le contesto.


El señor ALBISTUR MARIN: ¿Se me oye bien ahora? (Pausa.) Me refería, fundamentalmente, a los temas que usted ha citado y en los que no ha entrado. Son cuestiones relacionadas con el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la incorporación de la Ertzaintza. Me refiero a la última de las zonas que quedan, zona muy importante a mi modo de entender, como es San Sebastián y sus alrededores, que parece que es uno de los últimos puntos de incorporación de la Ertzaintza. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) En relación con este punto, hay temas que afectan al Ministerio del Interior como es la dispersión de instalaciones, que afectan no solamente a la policía sino también a los propios servicios para el ciudadano que no han sido transferidos, como son los pasaportes, documento nacional de identidad, Gobierno Civil, etcétera, y servicios administrativos que, a mi modo de entender, causan una cierta confusión. Quizá sería un momento importante para su concentración o para una mejora de ese servicio al ciudadano ya que en estos momentos incluso tiene que trasladarse desde diferentes puntos de la provincia y hay problemas, aunque parece que también se van a aplicar las medidas que, como usted ha señalado, se han aplicado en Madrid respecto a la cita previa, etcétera. Allí hay suficientes instalaciones que van a quedar vacías y me imagino que el Ministerio del Interior tendrá intención de colaborar con el ayuntamiento en esa materia. Me gustaría que abundara S. S., si fuera posible, en cuáles son esos planes de coordinación que, como se puso de relieve en la reunión de ayer, son temas de trascendental importancia para la vida social.
Por último, respecto a la colaboración internacional me gustaría que el señor Ministro nos ampliara en lo que sea posible, entiendo que estas cuestiones tienen sus aspectos delicados, la información sobre cuál es esa colaboración con la policía francesa porque tengo que decirle claramente que me da la impresión de que la policía francesa siempre sabe más de lo que dice y hace y, de alguna forma, somos víctimas de una cierta actuación de no muy buena colaboración, con las necesidades que se tienen, de lucha contra el terrorismo a este lado de la frontera. Le pongo como ejemplo el último descubrimiento de un chalet en la zona de Arcachon, donde parece que se producían entrenamientos. Creo que es demasiado evidente que ahora aparezca allí ese chalet donde se realizan entrenamientos. Parece como que todo eso se adivina a partir de un accidente de automóvil, que puede ser un accidente de automóvil de unos turistas. Aunque utilizo términos un poco irónicos, quiero destacar la importancia que a nuestro modo de ver tiene esta colaboración para los ciudadanos que vivimos a este lado de la frontera para terminar con problemas de los que estábamos hablando ayer.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Gracias, señor Albistur.
El señor Camp tiene la palabra.


El señor CAMP I BATALLA: Señor Ministro, muchas gracias por la información que nos ha suministrado. Voy a hacer algunas puntualizaciones respecto a la misma.
En cuanto al capítulo de protección civil me gustaría saber hasta qué punto su Ministerio contempla la posibilidad de modificaciones en la legislación vigente a los efectos de... (El señor Ministro del Interior, Corcuera Cuesta: No le he entendido a su señoría.) Decía, señor Ministro, que me gustaría saber hasta qué punto su Departamento ha podido estudiar la conveniencia de que los temas de protección civil se analicen desde una perspectiva más comunitaria en el sentido de relaciones entre las comunidades autónomas. No quiero decir que actualmente no haya relaciones, pero, en muchos casos, la cercanía al propio territorio aumenta unas determinadas potencialidades no sólo en comunidades autónomas sino con la Administración local propiamente dicha. Lógicamente estaríamos hablando de una jerarquía y estoy seguro de que en este tema hay un terreno importante a recorrer en un futuro próximo. Pues bien, ¿hasta qué punto cree que esto es posible y que cabría una modificación de la legislación vigente que permitiera llevar estas relaciones de forma ordenada y una asunción clara de funciones y de competencias? Con relación a este mismo tema de protección civil, también nos gustaría conocer su opinión sobre hasta qué punto es importante potenciar las relaciones transfronterizas en aquellas comunidades que tienen frontera con estados vecinos y que la experiencia nos demuestra que esta relación coordinada entre Protección Civil española con protecciones civiles de estados vecinos puede, en un momento determinado, dar mucho provecho. Un ejemplo claro lo tendríamos en la lucha contra incendios.
Querríamos saber también hasta qué punto han previsto ustedes el impulsar la implantación del teléfono europeo único de emergencias, que funciona ya en algunos países, incluso a nivel de alguna directiva comunitaria se recomienda su implantación, visto desde una gestión directa por parte, como decíamos antes, del territorio de las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere a la Policía Nacional, alguna vez se ha comentado y se ha trabajado desde el Ministerio en una regionalización de la Policía Nacional. Regionalización, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso es así y qué perspectivas hay en este sentido? Para terminar, otra pregunta. Usted ha hecho mención a coordinadores de contactos ciudadanos como un elemento dentro de la Dirección General de Policía. La verdad es, señor Ministro, que quien le habla no conoce

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exactamente la función de esta figura. Se ha dicho que tenía como misión el contacto con agentes sociales, si he entendido bien, pero nos gustaría tener más luz sobre esta figura de coordinadores de contactos ciudadanos.
Nos gustaría hacer también una sugerencia en relación con su exposición.
Cuando usted se refería a que en la Dirección General de Política Interior cabría la posibilidad de crear una secretaría general, decía: y esto sin aumento de gasto. A renglón seguido, usted ha añadido: Recordemos que se va a suprimir la Dirección General del Juego. ¿Esto quiere decir que es una simple compensación y, por consiguiente, la filosofía -y es un tema de filosofía en este caso- es no aumentar el nivel de gasto, pero manteniendo el gasto; o bien la filosofía habría de ser (ya que se suprime una unidad orgánica como es la Dirección General del Juego, entre otras cosas, porque esta competencia ha sido transferida, y será transferida, a través de la reforma estatutaria que estamos tramitando, a la mayoría de las comunidades autónomas) la de disminuir el gasto? Este sería un planteamiento que realmente nos preocuparía porque esta forma de actuar de su Ministerio podría ser extendida a otros y generalizarse. En ese caso, estaríamos en contra de una disminución del gasto de la Administración Central del Estado debida a transferencias de estas competencias a comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Ministro, para contestar a las intervenciones de los señores Albístur y Camp, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): El señor Albístur solicita aclaraciones sobre la adecuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al despliegue de la policía autónoma, y yo aquí quiero despejar cualquier duda. Los servicios que va asumiendo, por sus competencias, la Policía Autónoma Vasca origina que deje de ejercerlos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pasan a ejercerlos en otro lugar. Yo deseo que se produzca cuanto antes el conjunto del despliegue previsto de la Policía Autónoma y que, por tanto, ejerza todas sus competencias, lo cual, como bien decía el señor Albístur, puede originar algunos problemas. Por ejemplo, hay dispersión de instalaciones y de edificios, a la que tendremos que encontrar una solución. Algunos de esos edificios e instalaciones, muchos, son cesiones que en su día hicieron los ayuntamientos y, por tanto, tendremos que contemplar la devolución de los mismos a quienes los cedieron para ese uso -la disposición está abierta a hacerlo así-, y aquellos que son propiedad de la institución debieran servirnos, entre otras cosas, para suplir insuficiencias presupuestarias, que debieran llevarnos a que la utilización de esos recursos obtenidos nos sirvieran para arreglar otras instalaciones, ya sean de Policía o de Guardia Civil. Pero eso no debe traducirse, como S. S. señala, en un perjuicio a los ciudadanos, ya que éstos no tienen por qué verse molestados por esas circunstancias a la hora de obtener el documento nacional de identidad. De ahí que tengamos que recordar que está en el acuerdo con la Policía Autónoma Vasca -por lo menos, no he detectado problemas si no está en él- prestar ese servicio en locales de la Ertzaintza. Es decir, quienes tienen que recoger los datos pueden perfectamente desplazarse a un local de la Ertzaintza, unos determinados días a la semana, en lugares en los que no haya instalaciones, y, sin molestias a los ciudadanos, en esas instalaciones se puede atender, tanto para el documento nacional de identidad como para el pasaporte. Ese es el esquema y así debiéramos hacerlo. La coordinación con la Policía Autónoma Vasca es fundamental, sobre todo en algunos aspectos, pero aquí no señalaría aspectos más o menos importantes. Me preocupan más los más importantes, y debo decir que el despliegue de la Policía Autónoma Vasca se está produciendo con una normalidad de la que yo me siento -lo decía ayer- partícipe y, por qué no, un poco orgulloso de ello. Algo que originó tanta controversia en años pasados, ante lo que una parte de la sociedad tenía algunas reticencias, hoy haya un acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas y un reconocimiento del papel que está realizando la Policía Autónoma me parece que es como para satisfacer a todo el mundo. Por tanto, que ejerza sus competencias y, desde luego, la coordinación se tiene que producir con absoluta normalidad. Hay un lugar donde se produce esa coordinación, pero debiera perfeccionarse a los niveles inferiores, de tal forma que no haya roce alguno. Como sabe S.
S., hemos alcanzado un acuerdo en relación con este tema en cuanto a vigilancia de prisiones y traslado de detenidos en el territorio de la comunidad autónoma de quienes estén cumpliendo sentencia, cosa que no estaba realmente en la letra del Estatuto, pero que me parece que puede y debe estar en el espíritu, sin duda lo está, y me parece que las relaciones en ese terreno son correctas, de respeto e incluso de un cada vez mayor prestigio de la Policía Autónoma Vasca.
Por lo que se refiere a la colaboración con la policía francesa, señoría, siempre digo que no hay unas relaciones perfectas, siempre hay lugar a perfeccionarlas, pero creo que son satisfactorias. Lo que pasa es que S.
S. dice algo que no tiene solución. Dice: siempre parece que la Policía francesa tiene más información de la que dice. Yo siempre tengo la sensación de que la policía siempre sabe más de lo que dice. Siempre he tenido dudas, a veces les comento a algunos mandos: ¿Lo que me dices es el 80 por ciento, el 90 por ciento, o el 95 por ciento? ¿Cuánto es lo que me dices de lo que de verdad sabes? Pero eso no impide en lo fundamental que las relaciones sean correctas. Yo diría que son buenas. Yo creo que se trabaja bien, e incluso digo más, yo creo que ha habido ocasiones, y las seguirá habiendo en el futuro, en que investigaciones que tiene el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil que necesitan coordinarse con los servicios franceses, se coordinan, y cuando es la Policía Autónoma Vasca quien tiene esa necesidad de coordinación, también se tiene que producir, y de hecho también se ha producido. Por tanto, yo creo que los niveles son satisfactorios. Nunca podré decir que estoy satisfecho al cien por cien, porque

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si no estoy satisfecho al cien por cien ni de lo mío, ¿cómo voy a estar al cien por cien de lo de los demás? Respecto de lo que ha señalado, le diré que estas cosas son así. Un accidente da lugar a encontrar el sitio que puede servir de adiestramiento. Esto es así, porque en esto la suerte también es un elemento importante. Hay veces que se conjugan todos los astros par tener mala suerte y hay vece que se juntan todos para que tengas buena suerte.
Lo de ayer, me da a mí la impresión que fue lo primero, probablemente la referencia a esto es lo segundo. Eso es lo que le puedo decir.
Por lo que se refiere al Grupo Catalán, si lo que me pregunta -y creo que le he entendido bien- es si se pueden hacer más cosas y tomar más decisiones en común, le diré que todo lo que sea necesario. Seguramente se pueda hacer más, y si ésa es su preocupación, tenga la seguridad de que en esa disposición continuaremos trabajando. Sobre si para hacerlo juzgo conveniente hacer modificaciones legales, le diré que, en principio, no porque primero tendríamos que recorrer los márgenes que nos da para esa cooperación, y por tanto para esa eficacia, la legislación vigente. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Pero si llegara en algún momento a la conclusión de que hay algo que impida el buen funcionamiento, la buena coordinación y la buena cooperación, no tendría inconveniente en tratarlo con los grupos políticos, ver qué es lo que impide un mejor funcionamiento y trasladarlo a una norma que el Parlamento considere necesaria.
Por otro lado, plantea el problema de las relaciones transfronterizas.
Creo que tiene toda la razón. Hay no sólo aspectos que pueden originar problemas a nuestros vecinos, sino que los medios que ellos tienen y que nosotros tenemos, en ocasiones pueden servir para atender las necesidades, de Francia en este caso, o de Portugal, o ayudarnos ellos con sus medios. Tenemos convenios en esa materia con Portugal y, desde luego, no será la primera vez que, cuando se produce un acontecimiento, nuestros países vecinos -incluso los países del Magreb- nos piden ayuda, o al revés. ¿Deberíamos hacer acuerdos? Si lo plantea S. S. en esos términos, me parece una buena idea. Con esto quiero decir que los planteamientos, en la dirección que yo le he escuchado, que podamos hacer en esta legislatura para introducir las modificaciones que se juzguen necesarias o acuerdos que fortalezcan la prevención, quien le habla está totalmente dispuesto a tratarlos. Por ejemplo, la iniciativa del teléfono único de emergencias no sé contestar si es buena o es mala, pero, en cualquier caso, la veremos. El teléfono único de emergencias, habrá que verlo; puede ser una buena iniciativa. No puedo contestarle de otra forma.
En cuanto a si tenemos previsto regionalizar la Policía Nacional, le diré que no tenemos previsto regionalizarla, en el supuesto de que eso supondría desgajar. La Policía Nacional seguirá teniendo un mando único, una dirección única. Lo que sí debo decir es que tenemos necesidad en algunas regiones y en algunas provincias de más medios personales y que no podrán ser satisfechas más que en una política sostenida en el tiempo.
Eso es así y no tiene solución.
Me dice S. S. que abunde más en esa figura que contacta con los ciudadanos. Esta figura tiene la pretensión de conocer, por ejemplo, en los barrios, las cosas que ocurren en ellos, de contactar con organizaciones sociales e, incluso, recabar esa información que a veces los ciudadanos tienen por el conocimiento del medio donde viven. Ellos saben quiénes son los que se dedican al tráfico de drogas y, a veces, en vez de estas explosiones que tratan de tomarse la justicia por su mano, sería mucho mejor que se trasladase la información a los funcionarios de policía para que se produjera una investigación, y si es posible la detención. Todo eso requiere fortalecer el contacto de la policía con los ciudadanos, y ésa es la pretensión de la figura que le acabo de señalar.
Respecto al aumento del gasto, lo que quería decir -y no sé si lo he dicho con fortuna- es que al desaparecer la competencia, por tanto transferir a las comunidades autónomas algo que estaba en la Secretaría Nacional del Juego con rango de Director General, naturalmente el Director General desaparece. De tal forma que el anterior Director General ha pasado a desempeñar funciones de Director General de Protección Civil. No está producida la transferencia, pero no le he sustituido -está sin cubrir la Dirección General- ni lo voy a hacer, porque creo que es inminente la transferencia y, por tanto, no la voy a cubrir. Ahora me refiero a la Dirección de Política Interior; la valoración que he hecho de darle la consideración de Dirección General sin aumento del gasto, no es porque me ahorro la Dirección General, sino que no hay aumento del gasto en la sustitución de la Dirección General por la Secretaria General. Y ¿por qué creo que debiera ser una Secretaría General? Porque la política de extranjería, los problemas de inmigración, las dificultades de la aplicación del Convenio de Schengen -de tal suerte que hay que garantizar muchas cosas en frontera-, tienen tal importancia, o yo por lo menos, sobre todo a las primeras, les doy tal importancia, tienen tal necesidad de coordinación con otras áreas ministeriales, que alguien debe tener una jerarquía un poquito superior a la de los demás.
Es muy difícil coordinarse entre directores generales. Es más fácil coordinar direcciones generales si el que las coordina es un Secretario General que si es un Director General. Esa es la razón, pero no es ahorro porque ahorre una Dirección General. El saldo tiene que ser negativo, no tiene que ser igual.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero Ruiz.


El señor ROMERO RUIZ: Existe, señor Ministro, la tradición parlamentaria al inicio de la legislatura, una vez que el Presidente del Gobierno es investido por el Pleno del Congreso, donde expone su programa de investidura, de que los ministros que componen su Gobierno comparezcan en las comisiones respectivas para explicar las tareas, las líneas generales de su actividad en el Ministerio, y en esa sesión es en la que nos encontramos. Así que este «Diario de Sesiones» de la Comisión de Interior

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y Justicia será un Diario a conservar muy cerca para controlar, estudiar y ver los plazos y los calendarios para ponerlo en marcha.
Se han planteado una serie de apartados a los que yo me voy a referir por seguir su línea, al mismo tiempo que también dejaré constancia de lo que figura en política de interior y de seguridad ciudadana en el programa electoral que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó a los electores en estas últimas elecciones generales.
Referido a protección civil, es necesario -y se ha aumentado en medios y recursos- que se ponga en marcha esa escuela nacional y que, al mismo tiempo, participen en ella, como usted ha dicho, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Nosotros, en Izquierda Unida, pensamos que se debería extender a las federaciones deportivas, se debería hablar con los sindicatos, con la Cruz Roja, con asociaciones juveniles y trasladar al campo educativo todo lo que significa la protección civil en una sociedad moderna, porque es una de nuestras tareas más olvidadas. Cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, cuando hay catástrofes, cuando hay riesgos sísmicos, es necesario estudiar muy detenidamente cómo debe participar la sociedad civil en su protección, en su seguridad. Es una regla de oro en política de interior en un país cuidar y dotar de medios y, sobre todo, de instrucciones y de conocimiento educativo la labor de la protección civil.
Se habla del paso del Estrecho, de los problemas que ha ocasionado el paso del Estrecho por la población magrebí que trabaja y que es emigrante en los países de la Comunidad. Se habla de otros apartados, pero sería muy importante dar ese paso, establecer convenios con todas estas entidades para ofrecer a cuadros dirigentes a estos niveles cursos, participación y estudio en las tareas de la protección civil en España.
Nosotros consideramos que se ha avanzado, pero no lo suficiente y estaríamos en condiciones, incluso con recursos presupuestarios reducidos, de avanzar más siempre que se amplíe la participación a otros estamentos de la vertebración de la sociedad civil.
En relación con la Dirección General de Tráfico, es verdad que se han reducido los accidentes, se han mejorado en algunas autovías y algunos medios de comunicación los puntos negros, la señalización, se han tomado medidas publicitarias y se han reducido los accidentes mortales. Sigue estando pendiente el aumento de la plantilla de la Guardia Civil dedicada al tráfico. Está estancada en España desde hace 14 ó 15 años y como ha aumentado enormemente el parque motorizado automovilístico en nuestro país sería importante plantearlo, al mismo que se respetara la circunvalación de las grandes ciudades urbanas para el transporte de materias peligrosas, inflamables, etcétera. Pero para ello es necesario aumentar los siete mil y pico guardias civiles que componen la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de nuestro país.
Al mismo tiempo, señor Ministro del Interior, sería importante observar con detenimiento la publicidad en la prensa escrita, en los medios radiofónicos, sobre todo en la televisión, de las casas de automóviles con afirmaciones contrarias al Código de la Circulación (es decir, límites de velocidad, potenciación de los vehículos que se promocionan para el consumo), con objeto de conseguir que se respete también en la publicidad de los automóviles, de los distintos vehículos, el Código de la Circulación y la seguridad que significa su respeto.
Se ha avanzado también, y habría que seguir en la línea -en opinión nuestra-, en el ámbito educativo, para ir formando desde el punto de vista de lo que significan hoy los carriles-bicis o los derechos del peatón, porque hay ciudades donde el peatón, el ciudadano, se ve sin posibilidades de ejercer sus derechos a circular teniendo en cuenta la invasión automovilística que se padece.
Hay también problemas en relación con la regulación del transporte público. Ha habido dificultades en torno a los autobuses de línea y autobuses piratas y a la necesidad de que la documentación que presentan a los agentes de tráfico esté en regla; es muy importante que eso se lleve a cabo.
En relación con el juego en España se plantea que desaparezca esa Dirección General y que las comunidades autónomas se hagan cargo del mismo. Hay un problema relacionado con los delitos de carácter económico, con el blanqueo de dinero negro, con hechos delictivos que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ministerio, al que se debería seguir prestando una especial atención, independientemente de que las garantías del local, la apertura, las licencias, correspondan a las comunidades autónomas. Por eso es muy importante que este tema se tenga en cuenta.
En relación con la fiesta de los toros, señor Ministro, yo, que soy un aficionado a los toros como usted, le voy a contar una anécdota. El Secretario del Partido Comunista de España en el año 1934, José Díaz, que era panadero, de Sevilla, era un gran aficionado a los toros y en la época del Frente Popular hubo una conversación en la que le plantearon si se suprimirían los toros o no en España y él contestó que si el pueblo decidía que había que suspender los toros, a lo mejor ocurría que se suspenderían, pero él se enteraría dónde se daba la última corrida, iría a verla y cuando terminara saldría a la puerta y se sentaría a llorar.
Era un gran aficionado a los toros.
Nosotros pensamos que aunque en el Reglamento taurino que se aprobó en esta Cámara la facultad de sanción la tengan las comunidades autónomas, es necesario que se coordine con objeto de que se cumpla, porque ha habido algunas sanciones en algunas comunidades autónomas en relación con infracciones graves, como suspensiones de corridas, afeitados, el problema del peto de los picadores, una serie de temas que son importantes, en los que se debería observar el Reglamento y se debería velar por su desarrollo.
Hay un capítulo que usted ha abordado y que a nosotros nos preocupa en gran medida: la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero negro. Ahí es donde está la cabeza de la serpiente. Nosotros proponemos de una manera muy clara en nuestro programa electoral que para favorecer la acción del Estado contra el

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crimen organizado, el dinero negro y el narcotráfico se debe crear por ley una unidad policial especializada, directamente dependiente de los jueces y magistrados, en la perspectiva de una futura reordenación de funciones y medios adscritos al Poder judicial.
Nosotros creemos que la gran asignatura pendiente en la lucha contra la droga es el blanqueo de dinero negro. No se pueden blanquear capitales enormes con apoyo de sectores financieros. Hay que lograr un acuerdo europeo e internacional para que la banca y los sectores financieros no blanqueen dinero negro y no se invierta en instalaciones dinero procedente de la sangre de la juventud, dinero criminal procedente del narcotráfico, que es un atentado al interés general. Ahí es donde yo creo que el balance es claramente insuficiente, claramente escaso.
Independientemente de las aprehensiones que se hacen de carnés de conducir falsos, de algunas armas, de algunos alijos, no se han inmovilizado todavía cantidades importantes de miles de millones y edificios donde se ha blanqueado ese dinero procedente del narcotráfico.
Ahí es donde tenemos la gran asignatura pendiente, no sólo en España sino en Europa y en el mundo. El dinero, señor Ministro, debe tener padre y madre, venga de nuestro país o venga de capitales extranjeros. El dinero con un origen negro y procedente del narcotráfico es un dinero criminal a perseguir, a inmovilizar. Sería también interesante -ya se ha hablado de ello- que quedara en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los medios requisados a los narcotraficantes en relación con materiales móviles, tipo de transmisiones, etcétera.
Hay un asunto relacionado con la Guardia Civil del Mar al que no se ha hecho referencia, sobre el que sería también de destacar su puesta en práctica. Pero repito que esa es nuestra opinión fundamental. A lo mejor se ha dicho y no he prestado la atención debida a ese apartado.
En la lucha contra el terrorismo ha quedado claro que se necesita la unidad de las fuerzas democráticas, que hay que lograr que el aislamiento de la sociedad hacia el terrorismo sea un hecho cada vez más evidente y que toda la acción policial se inscriba siempre en el respeto escrupuloso al Estado de Derecho.
Cuando se refería usted a la modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es necesario plantear los recursos, los salarios, la ley de segunda actividad, el papel del Consejo de la Policía. El Consejo de la Policía es un órgano para oír a los representantes de la policía elegidos por su colectivo en relación con las reivindicaciones que plantean y es necesario tener en cuenta sus reclamaciones. No se trata de un Consejo vinculante, de un órgano corporativo como antes. Ya sabe usted que en el VERTICAL se decía: oída la parte social, se procede; y procedía el poder como le daba la gana. Oída la parte social se deben tener en cuenta una serie de reivindicaciones de la policía que son naturalmente lógicas, entre otras cosas, señor Ministro, porque hay una diferencia de salario entre la Policía Municipal de algunas ciudades importantes de nuestro país, entre la Policía Autonómica, que se baraja entre las 35.000 y las 50.000 pesetas en algunos casos con un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. En ese campo es necesario que esos temas se corrijan, porque esa discriminación no es tolerable.
También es necesario, en el campo de la asociación profesional, que se estudie una fórmula que permita a la Guardia Civil el derecho de asociación. Nosotros seguimos pensando que no es de recibo que la Guardia Civil en España carezca del derecho de asociación para defender sus intereses estrictamente profesionales, salariales, etcétera, ante el Ministerio del Interior y las instancias del Estado. Es algo que planteamos de manera clara en nuestro programa electoral, en el que seguimos pidiendo la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de otras leyes que creemos que vulneran derechos. El Tribunal Constitucional se pronunciará en breve en torno a este asunto.
Para terminar, en relación con la Ley de Extranjería, quiero comentar las situaciones que se dieron en Melilla, con emigrantes centroafricanos en terreno de nadie, situaciones como abusos a mujeres dominicanas, situaciones de racismo y xenofobia. La Comunidad Europea nos obliga a tener una frontera, pero no debe ser una frontera que levante alambres de espino en relación con el Tercer Mundo para que éste no venga a este lugar europeo al que ven diariamente por televisión en cualquiera de sus países en donde se encuentran en una situación miserable, que es como están los países del Tercer Mundo, sobre todo en la zona del sur. Es necesario plantear la tipificación como delito contra los derechos del hombre y contra los derechos humanos del racismo y la xenofobia, no sólo en relación con la extranjería, sino también con las minorías étnicas en nuestro país. Hemos tenido brotes muy peligrosos en relación con la población gitana en algunos lugares.
Le voy a plantear en esta comparecencia una información a la que hemos tenido acceso, relacionada con las actividades racistas y neonazis. Los próximos días 1 a 3 de octubre se reúnen en Madrid organizaciones neonazis venidas de países europeos. Festejan el 50 aniversario del ingreso de la Legión valona, norte de Bélgica, en la Armada de Hitler; para que el hito sea completo, traen a León Degrelle, antiguo alto dirigente de las SS, quien será homenajeado. Se reunirán aquí porque parece ser que España es el único país de la Comunidad Europea en el que se les autoriza y se les permite y, además, sirve para apoyar y consolidar a grupos neonazis de nuestro país.
Desde Izquierda Unida queremos transmitir esta preocupación y esta información al señor Ministro del Interior, pidiendo que se actúe, entre otras cosas, para que no se autoricen actos que tienen como contenido y objetivo una apología clara del racismo, de la xenofobia, de la intolerancia. Es necesario también que se sepa que se pueden estar editando en nuestro país en lengua alemana algunos materiales que se prohíben en Alemania. Se deben tomar las medidas necesarias, entre otras cosas, porque en Europa asistimos a un rebrote del nacismo y a unos acontecimientos sobre los que España, con su tormentosa historia, en la situación actual debería extremar las medidas para que no ocurrieran.
Es necesario, al mismo tiempo, terminar en esta

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comparecencia planteándole, en el apartado de la Ley Electoral, donde se habla de organizar una modificación, que a los emigrantes que voten se les pague el gasto del envío de su voto. Hemos estado en Australia, en la reunión de la Interparlamentaria, y hemos recibido a los representantes de los residentes españoles en aquel lejano continente y nos cuentan que todavía no han cobrado del Ministerio del Interior el costo del voto que han emitido, cosa que se les prometió. La Ley existe, hubo ese compromiso; a lo mejor no debía haberse incluido, porque votar es un derecho, pero es muy importante que se garantice en cumplimiento de la ciudadanía europea, que originó la modificación de la Constitución Española, con nuestro voto favorable, porque hemos querido siempre que los residentes voten en las elecciones locales, sean candidatos, sean electores; es necesario que se le garantice a nuestra emigración en el exterior el voto, así como que se les abone la cantidad que se había estipulado, y, al mismo tiempo, que se corrijan algunos defectos que la administración electoral tiene en nuestro país.
En el campo de la seguridad privada, también es necesario revisar la aplicación de la Ley de Seguridad Privada por el volumen financiero, por la cantidad de personas, por el papel que juegan en la protección de servicios públicos, de edificios públicos, para que la vía pública quede siempre en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no de la seguridad privada.
Es también necesario que se investiguen algunos trabajos en esa dirección. Que se clarifique el Estatuto de la policía local, que se coordinen las transferencias a las policías autonómicas y que se haga un diseño más racional del modelo policial en nuestro país. Como vamos a tener tiempo de seguir planteando todos estos temas en esta V Legislatura, y esperamos que se inicien las reuniones de esta Comisión sin el ruido de los albañiles una vez que terminen de construir este edificio, iremos explayando nuestras posiciones y discutiendo sobre estos asuntos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Ministro, al comienzo de su intervención situaba la primera parte de la información que hoy nos ha suministrado como continuación de las líneas básicas expuestas en la comparecencia del año 1990. Precisamente por ello, porque su propia exposición toma la referencia para dar continuidad a las líneas básicas del año 1990, a mí me gustaría recordar que, en aquella comparecencia, el señor Ministro anunció para la legislatura pasada una serie de proyectos legislativos, algunos de los cuales fueron desarrollados y aprobados en la legislatura; sin embargo, hay proyectos legislativos anunciados entonces y no cumplidos a lo largo de la legislatura y hubo también proyectos legislativos del Ministerio del Interior no anunciados y aprobados en la legislatura.
Entre los proyectos que en el año 1990 el señor Ministro anunció y que luego, en la legislatura, no cumplió, están los decretos de plantillas, la ley de segunda actividad y el reglamento de la Guardia Civil. Y entre los no anunciados y cumplidos está justamente la Ley de Seguridad Ciudadana. Eso hace, señor Ministro, que si tomamos como referencia el planteamiento del año 1990 su comparecencia de hoy nos lleve a la incertidumbre de si éstas van a ser las líneas básicas o, unas por incumplimiento y otras por innovación, a lo largo de la legislatura contemplaremos sorpresas o frustraciones como las de la legislatura anterior. Por tanto, le rogaría que en ese sentido fuera más fiel ejecutor de las líneas maestras que hoy ha traído al Congreso de los Diputados.
Su señoría ha recorrido, como corresponde a su responsabilidad, cada una de las áreas del Ministerio del Interior; pero la limitación de tiempo y la valoración política, de importancia, de los temas que debemos hacer los grupos parlamentarios, lleva al Grupo Parlamentario Popular a centrar esta intervención de su comparecencia en los temas que a nosotros nos parecen capitales en este momento en relación con la política del Ministerio del Interior, anunciándole que próximamente solicitaremos una comparecencia monográfica para tratar el tema de tráfico, porque creemos que es un tema de suficiente entidad para tratarlo aisladamente y no picotear con unas pinceladas que serían las que encajarían en el tiempo que tiene este Grupo Parlamentario. Lo mismo en relación con la protección civil y el juego.
En relación con el terrorismo, señor Ministro, poco que decir porque no tenemos nada nuevo que añadir. Creo que hay una coincidencia básica en el enfoque que todos los partidos políticos democráticos venimos desarrollando en torno a los acuerdos por la paz de Ajuria Enea, de Pamplona y de Madrid y, por tanto, en la medida en que el Gobierno afirme o reafirme su convicción de mantener la estrategia basada en esos principios, el Grupo Popular estará también al lado de las fuerzas democráticas en el cumplimiento del espíritu y de la letra, repito, del espíritu y de la letra, de los acuerdos por la paz que tan eficaces han resultado para lograr los avances conseguidos en la lucha contra el terrorismo y en el aislamiento de los violentos.
Nos queda el tema de la seguridad ciudadana, señor Ministro, que a nosotros nos parece que es el tema capital, fundamental y el eje de las responsabilidades del Ministro del Interior. El señor Ministro del Interior, una vez más, se acoge a unas estadísticas de elaboración propia; estadísticas que, por cierto -y eso lo reiteraremos en sucesivas iniciativas parlamentarias en esta legislatura-, no conocemos las bases de su elaboración; son fuentes propias, pero cómo se hacen esas estadísticas en el seno del Ministerio del Interior para nosotros continúa siendo un misterio.
Usted anuncia, señor Ministro, que se ha producido, en el año 1992, un nuevo descenso de los índices de delincuencia. En los casilleros del Congreso de los Diputados estos días -no hace mucho tiempo- nos han entregado la Memoria que la Fiscalía General del Estado eleva al Gobierno. En esta Memoria, señor Ministro, de nuevo se afirma que la delincuencia ha crecido en el año 1992 y que mantiene la misma tendencia de crecimiento que en

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los años anteriores. Se dice exactamente: Así, durante el año 1991 se incoaron 2.089.120 diligencias previas, lo que hace un total de 2.469.987 procedimientos. Durante el año 1992 el número total de diligencias previas ha sido de 2.244.982, lo que arroja un total de 2.610.882 procedimientos, significando esta cifra, por lo tanto, un incremento del 5,70 por ciento, que es lo que, comparativamente hablando, la Fiscal General califica de incremento de la criminalidad. Página 103 de la Memoria recién distribuida entre los parlamentarios.
Por tanto, señor Ministro, yo creo que es hora ya de que salgamos de este debate de estadísticas que, al final, puede llevar a la confusión y a la ineficacia. Nosotros creemos que no hay una evolución sustancial en la reducción de los niveles de delincuencia que son, con sus estadíticas o con las de la Fiscalía, el doble de los niveles de delincuencia que había en el año 1982. Se podrá discutir si están creciendo al 7, al 5 por ciento, o descienden como usted dice, pero son el doble de los niveles de delincuencia que había en el año 1982, con cualquier estadística.
Además, señor Ministro, con alguna otra peculiaridad. Por ejemplo, el elevadísimo número de casos no esclarecidos. En esta misma Memoria se afirma que, en el año 1992, de los 2.244.982 diligencias previas tramitadas se archivaron el 61 por ciento; es decir, no han conseguido ser esclarecidas el 61 por ciento de las diligencias iniciadas con motivo de presuntos actos delictivos, lo cual quiere decir que no hay en estos momentos unas referencias estadísticas fiables de mejora de la actividad policial, que, por otra parte, se ratifican cuando uno examina, también con estos mismos datos, los posibles efectos que ha podido tener la Ley de Seguridad Ciudadana en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas, porque resulta que en el año 1992 las detenciones por tráfico y consumo de drogas han disminuido con relación al año 1991: 27.713 frente a 28.581 del año anterior, e incluso los decomisos se han mantenido exactamente en la misma cifra. Es decir, las estadísticas de la Fiscalía ponen de manifiesto que el instrumento de la Ley de Seguridad Ciudadana cuando se examina a la luz de los datos no parece suministrar datos positivos que justifiquen la operatividad y la eficacia de esta norma, cosa que, por otra parte, señor Ministro, al Grupo Parlamentario Popular no le sorprende, porque alguna de las claves de la eficacia policial han venido siendo disminuidas y reducidas a lo largo de estos años.
Usted nos ha dado datos globales de la inversión del Ministerio en deteminadas direcciones generales, pero si descomponemos la evolución de las inversiones, año tras año, nos encontramos con que las inversiones reales en el Programa 222 A, de Seguridad Ciudadana, entre el año 1990 y 1993, disminuye en 9.000 millones de pesetas; bajan de 35.000 del año 1990 a 26.000 millones del año 1993. Y cuando se disminuyen las inversiones en seguridad ciudadana se está afectando previsiblemente a la eficacia. De la misma manera, en las actuaciones policiales en materia de drogas se produce otra disminución proporcional en las dotaciones que en el Programa 222 C estaban previstas para estos instrumentos eficaces de lucha.
Como el tercer pilar de la lucha contra la delincuencia, que es la presencia policial en la calle, no ha mejorado, es explicable, razonablemente, que los índices de delincuencia no hayan cambiado de signo y mantengan una tónica de aumento constante en la línea de los últimos años.
Señor Ministro, el tema de la presencia policial en la calle es clave. En los programas electorales de los años 1989 y 1993 de todos los partidos políticos estaba el cumplimiento de ese compromiso de mayor presencia policial en la calle, como estaba en los discursos de investidura del Presidente del Gobierno, pero esa mayor presencia policial en la calle sólo se ha podido llevar a la práctica de manera puntual ante los grandes acontecimientos del año 92, y es verdad que, puntualmente, en Barcelona y Sevilla se percibieron los efectos positivos y la eficacia de una mayor presencia policial en la calle, cosa que en el resto del territorio español con carácter general no se puede afirmar. Esa mayor presencia policial en la calle no es posible porque la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía, lamentablemente, está disminuyendo. Los datos que el Gobierno nos remite en las contestaciones a nuestras preguntas parlamentarias ponen de manifiesto que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía era de 56.000 hombres en el año 1986 y en la Memoria del Ministerio del Interior del año 1992 se cifra la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en 50.798 efectivos. Por lo tanto, está disminuyendo la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía. Lo mismo la plantilla de la Guardia Civil, que de 49.231 efectivos, en el año 1986, en el año 1991, que es el último año en el que tenemos cifras precisas facilitadas por el Ministerio del Interior, ha bajado a 48.925.
Señor Ministro, es necesario plantearse una mayor presencia policial en la calle basada en una adecuación de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil a las necesidades del crecimiento de la delincuencia. Y eso plantea algo que ya ha sido expuesto en otras ocasiones por mi Grupo Parlamentario. No es posible conformarse con reconocer que hay limitaciones en la capacidad de formación de policías y de guardias civiles. Es necesario hacer un esfuerzo suplementario en los sistemas de formación en las academias de ambos cuerpos, el de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil. Y frente a la posibilidad de sacar una promoción al año, señor Ministro, basados en cursos académicos convencionales, mi Grupo Parlamentario insiste y reitera la fórmula de programar en los próximos ejercicios tres promociones cada dos años, basadas en cursos de ocho meses para cada una de las promociones que académicamente, desde el punto de vista de la formación, los expertos en formación reconocen como suficientes para equiparar el nivel de formación de cursos de nueve o diez meses. No es un esfuerzo que rebaje el nivel de formación. Se puede hacer en ocho meses lo mismo que se está haciendo en nueve o diez meses. Y ese esfuerzo lo demanda la sociedad española para que el crecimiento de las plantillas de la Guardia

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Civil y de la Policía Nacional se acomoden a las demandas que, por otra parte, figuran en los objetivos de los proyectos de plantillas que, en su momento, ha ido barajando el Ministerio del Interior.
Finalmente, aunque esta consideración tiene un apartado aislado, a petición de Izquierda Unida, me parece que no puede quedar fuera, al hablar de las plantillas, la consideración de una opinión general sobre la política del Ministerio y, por lo tanto, en todo caso, ahorraría el tiempo suficiente en la intervención siguiente, puesto que no reiteraría esta consideración.
Además de adecuar, en cuanto al número de efectivos, las plantillas es necesario realizar despliegues adecuados a la realidad. Nosotros, señor Ministro, no estamos de acuerdo con el proyecto de despliegue de la Guardia Civil, que consiste en suprimir 1.000 puestos en toda España. Se lo digo con toda claridad, porque no es homologable la eficacia que se logra con el objetivo de aumentar el número de patrullas dedicadas a la seguridad ciudadana, aunque sea duplicándolas de las 3.000 actuales a las 6.000 proyectadas, con el nivel de eficacia que supone la presencia en cada una de esas localidades, pueblos y núcleos, con carácter permanente, de esos efectivos de la Guardia Civil. Porque justamente, señor Ministro, la eficacia de la Guardia Civil no se basa en tener muchos coches dispersos circulando por muchos núcleos y haciendo muchos kilómetros. No, señor Ministro. Usted sabe, porque es también la opinión de los expertos que tienen la responsabilidad de dirigir la Guardia Civil, que lo fundamental de la capacidad operativa de la Guardia CIvil es, literalmente, en términos coloquiales del Cuerpo, hablar con la gente, estar en contacto con la gente, convivir con la gente. No se trata de tener más coches-patrulla por las calles; se pueden tener muchos más que no conviven, que no se implican, que no tienen esa capacidad de información, que no pueden establecer una red permeable que recopile todos los datos y sea capaz de garantizar el nivel de información para la prevención y la persecución de los delitos.
Señor Ministro, hay problemas en las casas cuartel y en los puestos de la Guardia Civil, y es necesario hacer un esfuerzo para acomodarlos a las necesidades y al nivel de vida exigible para todas las dotaciones de la Guardia Civil, pero eso no se puede hacer suprimiendo 1.000 puestos de la Guardia Civil en toda España, porque eso significa rebajar de manera sensible el nivel de eficacia, el nivel de operatividad y, como consecuencia, el nivel que, para garantizar la seguridad ciudadana, hoy ofrece la Guardia Civil a la sociedad española y, muy particularmente, a las zonas más marginadas de la misma en todas las prestaciones cívicas, que son los españoles que viven en las zonas rurales de nuestro territorio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: Señor Ministro, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, queremos manifestar nuestro acuerdo, como no podía ser menos, con lo manifestado por el señor Ministro sobre cuáles van a ser sus líneas maestras de actuación y, en alguna forma, sobre cuál ha sido su actuación desde la última comparecencia en el año 1990; acuerdo y apoyo que creemos compartir con el resto de la Cámara, ya que, después de lo oído en esta comparecencia, en mi opinión, salvo problemas de matiz, hay un acuerdo general en cuáles deben ser esas líneas de actuación.
Nuestro apoyo, sin embargo, y así queremos manifestárselo al señor Ministro, no es un apoyo que no tenga matices; el matiz que querríamos introducir es el ánimo crítico, que sin duda tiene el Ministerio pero que nosotros querríamos mostrar a lo largo de toda la legislatura, de mejora en los servicios policiales, de mejora sobre todo en alguno de esos puntos clave en los próximos años de la sociedad española como puede ser el problema de la extranjería, el problema de la xenofobia, el problema del racismo, en los que, sin duda, el Ministerio del Interior tiene un importante papel que desarrollar y que nosotros querríamos que fuera, en la medida de lo posible, de solidaridad, de acogida, en definitiva, de preocuparnos para que esos grupos que quieren llegar a nuestro país pudieran encontrar la mejor acogida de la sociedad española.
Quisiéramos también -como sin duda va a hacer este Ministerio- que en problemas tan serios como los que se van a plantear en cuanto a la dispersión de la Guardia Civil, lugar de ubicación de cuarteles de Policía Nacional, etcétera, primase, por encima de todo, por encima de los intereses de cualquier grupo o localidad, un elemento de racionalidad.
Voy a terminar ya porque no quiero extenderme más, pero, si se me permite, querría decir al señor Alvarez-Cascos que en las encuestas que él manejaba, enfrentando las del Ministerio del Interior con las de la Fiscalía General del Estado, desde mi punto de vista, probablemente se ha producido un error en su interpretación. La Fiscalía General del Estado, cuando habla de las diligencias previas abiertas, incluye en las mismas lo que es el elemento fundamental en cuanto a la importancia cuantitativa, que son los accidentes de tráfico; es decir, todo lo que se abre como diligencias en un Juzgado. Esas diligencias, además, tienen una vida efímera porque, de acuerdo con la legislación vigente, al cabo de dos meses deben archivarse, salvo que las partes hayan expresado su derecho y, en ese caso, opción de presentar denuncia. Por eso, la vida de las mismas, bien por arreglo entre las compañías de seguros o bien porque no se han producido algunas de las circunstancias por la entidad del accidente en orden a los heridos que se hayan podido producir y que necesitan además unas determinadas cualificaciones, terminan en el sobreseimiento; de ahí esa cifra del 61 por ciento que él atribuía a que no se han descubierto los autores de las mismas, pero que sin embargo se debe a que no tienen entidad penal y sí civil y que por eso se archivan.
Por tanto, yo creo que ahí no se pueden enfrentar, en orden al aumento de delitos, llevándolo a la cifra de las diligencias previas abiertas en los juzgados, que nada tiene que ver con la existencia de delitos, ni en

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orden a que no se haya descubierto a los autores de los mismos, que no se puede equiparar al sobreseimiento que se hace en el Juzgado, porque son también dos conceptos que no podemos homologar de ninguna manera.
Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia, y animarle para que desde su Ministerio continúe su labor ya que, por lo oído a los distintos grupos, no existe un especial descontento a la realizada desde el año 1990.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): El señor Romero plantea la necesidad de que la Escuela Nacional de Protección Civil entre en funcionamiento cuanto antes, he creído entender. En ella concibe muchas esperanzas, cosa en la que estoy completamente de acuerdo, hasta el extremo de que estamos acelerando la entrada, aunque sea en una primera fase, para que empiece a cumplir esos objetivos. Si presupuestariamente fuera posible, sería el primero en apuntarme a que se terminara cuanto antes, porque yo también, como el señor Romero, valoro imprescindible esa Escuela de Protección Civil, no sólo para formar expertos de ámbito nacional sino, como él ha dicho, para formar, junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a aquellos que se van a tener que encargar a nivel local o a nivel comunitario de llevar adelante los planes de protección civil del conjunto de la sociedad. Por tanto, nada que objetar a lo que yo he entendido que ha dicho el señor Romero en esa materia que no sea la intuición que tengo de que no será posible hacerlo a la velocidad que quisiera por problemas presupuestarios, pero, en cualquier caso, espero que este año entrará en servicio la primera fase de la Escuela de Protección Civil.
Respecto de la protección civil, también ha hecho referencia a temas que tienen que ver con el paso del Estrecho. El año pasado fui objeto de muchísimas críticas, sin duda muchas de ellas con razón, en relación a cómo se habían producido los acontecimientos del paso del Estrecho de ciudadanos del Magreb. Les dije a SS. SS. lo que había ocurrido, les dije cómo se había producido ese paso del Estrecho en 1991, y con satisfacción podemos hoy ver que, al no haber cosas extrañas o imprevisibles en la materialización de los planes de Protección Civil, de las áreas del Ministerio del Interior, y también de ayuntamientos y de comunidades, e incluso con los países de los que estos ciudadanos son nacionales, este año creo que ha funcionado con normalidad, y es nuestra pretensión que en el futuro todo transcurra con normalidad.
En todo lo que señala de avanzar más en temas relacionados con protección civil estoy totalmente de acuerdo con usted, entre otras cosas porque nos acordamos de la protección civil cuando llueve, en un orden falso probablemente de prioridades. Si yo, mañana, diera una rueda de prensa sobre protección civil, probablemente hablaríamos de terrorismo, hablaríamos de delincuencia, pero lo de protección civil en dos minutos quedaría listo. Por tanto, en todo aquello que suponga contribuir a concienciar a la sociedad estoy totalmente de acuerdo con S. S., y vamos a ver si cada día acertamos en mayor grado. Debemos tener en cuenta, no obstante -y por eso participe usted-, que se debe de avanzar más, que es una dirección general muy reciente; como SS. SS. saben, es algo que hemos empezado a conocer y a organizar hace muy poquitos años. La Ley que da origen a ese cargo en la Administración es recientísima.
También estoy de acuerdo con usted en que hay que aumentar la dotación de la Guardia Civil de Tráfico; a mí me gustaría aumentarla mañana mismo. No puedo. Pero no sólo la Guardia Civil de Tráfico, me gustaría que algunos de los servicios que demanda la sociedad estuvieran hoy -y lo estarán- mejor dotados; por ejemplo, la que tiene que ver con la conservación de la naturaleza que allí donde tiene no digo suficiente dotación, que probablemente en ningún lugar la tiene, pero donde existe se están obteniendo resultados espléndidos, e incluso en los lugares donde más presencia existe en los últimos tiempos se detecta un descenso, por ejemplo, en el número de incendios. Por tanto, es una prioridad también aumentar la plantilla o la dotación en esas llamémosles nuevas áreas policiales que creo yo entroncan perfectamente con lo que son las prioridades que la sociedad cree que debemos de atender, y también la Guardia Civil del Mar, que tiene dos problemas para situarse en el número que yo juzgo conveniente: uno es la dificultad -y, por tanto, la tendremos que desarrollar en el tiempo-, de suficiente dotación en medios humanos; y otro es presupuestario, de suficientes recursos presupuestarios para poder abordar lo que supone un importante número de embarcaciones para cuidar debidamente nuestro litoral.
Respecto del aumento de la Guardia Civil de Tráfico y de su cada día mejor formación, yo tengo depositadas muchísimas esperanzas en la escuela de tráfico que se está construyendo en Mérida, que permitirá la formación de esa unidad de la Guardia Civil cada día mejor y que posibilitará no sólo eso sino, si las cosas van como preveo y espero luego contestar, poder aumentar paulatinamente la dotación de la Guardia Civil de Tráfico.
Completamente de acuerdo con usted en los temas de publicidad de automóviles, aunque no sean cuestiones que caen de lleno en mis competencias, pero sería, como usted, el primero en empujar en esa dirección, como asimismo educar e, incluso, profundizar más en la educación que se está haciendo en temas que tienen que ver con tráfico.
También en juego, porque es cierto que aunque se transfieran las competencias puede haber alrededor de eso algunas actuaciones no acordes con la ley de las que no podemos abdicar, pero eso no se transfiere y, por tanto, naturalmente tendremos que tenerlo presente, con aquellas que queden en el Ministerio; lo único que ocurrirá es que no habrá un Director General para atenderlas sino que irán a otro departamento o a otra dirección, que serán de las pocas que queden en relación con estos temas.
Compartimos afición en el tema de los toros, y claro que habrá una coordinación e incluso habrá una competencia porque la propia ley en temas de sanciones,

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dependiendo de cuáles sean éstas, sigue manteniendo competencias del Ministro que, en este caso, no se transfieren; por tanto, la capacidad de recursos, etcétera, está en los términos que fija la ley, y eso no se transfiere.
En relación con esto, me gustaría decir algo, y usted también lo ha dicho. Hay que asegurar la integridad de la fiesta de los toros. Al final ésta desaparecerá, si es que desaparece -yo creo que no desaparecerá nunca- cuando no haya afición, cuando desaparezca el entronque que yo creo que tiene esta Fiesta con los ciudadanos en múltiples pueblos y ciudades de nuestro país. El tema del fraude y a la espera de saber qué ocurre durante 1993 con los expedientes abiertos en esta ocasión y hasta ahora por presuntas manipulaciones de las astas de toros, sí debo decir que yo he presenciado este año muy pocas, pero en anteriores ocasiones algunas corridas de toros en algunos lugares donde probablemente no se tendrían que haber celebrado. ¿Por qué? Porque aparentemente era tan visible que aquello no estaba como debía estar que probablemente se tendrían que haber suspendido. La pregunta es ¿quién suspende una corrida de toros en un pueblo porque un veterinario llegue a la conclusión de que previamente ha podido estar manipulada un asta? El primero que le empuja para que no suspenda es el alcalde; el alcalde, los concejales, las peñas... Porque, ¿qué ocurre si se queda esa tarde sin corrida de toros? Puede pasar cualquier cosa y, claro, a veces se hacen conscientes de que existen razonables dudas de que está ocurriendo lo que está ocurriendo.
Vamos a ver cómo acaban los expedientes abiertos este año porque debo decir que aquello que los aficionados sospechaban que podría ser el lugar por donde se colara el fraude no ha sido así, no ha habido ganaderos que hayan llamado a los funcionarios públicos para decir: este toro tiene un asta deteriorada, vamos a retocarla porque sigue sirviendo; no le han llamado, por tanto, no ha habido autorización legal para hacerlo, ni creo que ocurra en el futuro porque dudo que alguien llame a la Guardia Civil para decir que van a retocar el asta a un toro y que esté vigilando cómo lo hacen.
Coincido con usted en los temas de blanqueo de dinero, aunque me permito añadir lo siguiente: es fundamental la lucha contra el blanqueo de dinero, sobre todo en aquello que sea dinero negro y mucho más en aquel que sea consecuencia de hechos delictivos, sin ninguna duda. Ya he dicho que se está especializando a funcionarios de policía a fin de que tengan mayor cualificación profesional para poder luchar contra el blanqueo de dinero, pero a ustedes y a la sociedad les tengo que decir que esto no es nada fácil. Aquí puede aparecer dinero que ha sido blanqueado en cualquier otro país del mundo; incluso hay algunos lugares donde las facilidades para poder hacerlo son extraordinarias, lugares que no están bajo nuestra jurisdicción y que, por tanto, o se hace en cooperación con otros países o no habrá forma de ser eficaces, lo cual no quiere decir que en un momento determinado una línea de investigación puede dar un resultado positivo. Hablando en serio de este problema o aquí se produce cooperación internacional o no habrá eficacia en la lucha contra el blanqueo de dinero. Esto no quiere decir que no hagamos todo lo que tengamos que hacer, y algunas de las cosas que hemos hecho es poner a disposición de la Fiscalía mayor número de funcionarios policiales para que se produzca en ese lugar la investigación con las mayores garantías de éxito que se puedan producir.
Si me preguntan cuál es mi criterio, yo debo señalar que mi criterio es adscribir más unidades a fiscales de tal forma que los jueces hagan la instrucción. Esa es mi opinión, lo cual no excluye que se adscriban también a jueces, pero entiendo que el futuro debe ir por la adscripción de unidades policiales a los fiscales.
En el tema de salarios, S. S. ha planteado que hay una discriminación, y yo lo suscribo. Hay funcionarios de policías locales y de comunidades autónomas con niveles salariales más altos que la Policía o la Guardia Civil. Aquí tengo que puntualizar algo. Los funcionarios policiales que ejercen su función, por ejemplo, en el País Vasco no tienen menos ingresos que los funcionarios de la Policía autónoma que ejercen su función en esa Policía, aunque todos sabemos cuáles son las razones de eso, pero es necesario puntualizar.
En segundo lugar, yo estoy convencido de que no es igual ejercer la función policial en Madrid que en una ciudad pequeñita (no voy a decir el nombre para que no se moleste ningún funcionario policial) que tiene menos índices de delitos y otra estructura, e incluso donde el acceso a la vivienda es mucho más barato que en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en otros lugares de España. No es igual trabajar de una forma que de otra; no es igual prestar el servicio vigilando, por ejemplo, el Ministerio del Interior que estar en un ZETA patrullando por Madrid de noche. Por tanto, ¿qué hemos venido haciendo hasta ahora? Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, con un crecimiento por encima de lo que cifran los Presupuestos Generales del Estado en el capítulo 1 (aunque bien es cierto que la consideración de ese ingreso no está en las bases, sino en los específicos o en pluses), ha sido tratar de distinguir las condiciones en que se presta el servicio. ¿Eso es una barbaridad? ¿Es una barbaridad decir que el funcionario policial que presta el servicio en un ZETA, en Madrid, gana más que el que trabaja de día? Yo creo que no. El problema es que, como hay una insatisfacción, que soy el primero en reconocer, la pretensión de los sindicatos es que todo lo que se haga tenga carácter horizontal y que, por tanto, el crecimiento de los salarios sea exactamente el mismo, con independencia del lugar donde se presten los servicios.
Como usted ha hecho referencia a aquellas épocas pasadas, a qué ocurría oído el órgano representativo, le diré algo que ya decía yo entonces.
Recuerdo que cuando un tornero se quejaba de que ganaba menos que un calderero, yo le decía que si el torno lo pusiéramos en los cascabeles del horno alto ganaría igual que el calderero, pero mientras estuviera en un taller con aire condicionado no podía ganar lo mismo que el calderero.
¿Por qué? Porque el calderero estaba en los cascabeles del horno alto y no es lo mismo trabajar en unas condiciones de peligrosidad, de toxicidad, que hacerlo en unas condiciones distintas, a igualdad de cualificación. Pues me parece que aquí

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sucede lo mismo; tendremos que conjugar las posibilidades de subidas horizontales que afecten a todos los funcionarios policías y de la Guardia Civil con la especificidad de aquellos que están en unas condiciones peores, porque el puesto, que no el policía, debiera tener en sí mismo unas retribuciones que las cobra el que está en ese puesto de trabajo.
Usted ha señalado una discriminación que voy a ver si se puede corregir, porque para esto, señorías, hay que contar con la voluntad de todos, no sólo la mía o la de los sindicatos. Hay una discriminación más allá de cuánto gana uno y cuánto gana otro; hay niveles distintos que debiéramos solucionar. No parece razonable que la Policía local tenga el nivel 14 y que un Policía nacional tenga el nivel 12, pero eso no es el sueldo, porque el sueldo no sólo es el nivel, sino los pluses, y si algún ayuntamiento se vuelve loco yo no me puedo volver loco; un ayuntamiento se puede volver loco si tiene 10 policías locales y no sé lo que puede hacer con los salarios, pero cuando hay 50.000 una locura de esa naturaleza no hay quien la pague. Por tanto, tendremos que hacerlo con cuidado.
Este año fue posible hacer no el 100 por ciento de lo que estaba pactado, pero sí aproximadamente la mitad, y no se hizo porque, como no daba satisfacción, diría que no encontré acogida entre los sindicatos para poder hacerlo. Estábamos hablando de no menos de 6.000 millones de pesetas. Creo que, con la comprensión de mi compañero de Gobierno, el Ministro de Hacienda, podré volver a recuperar la posibilidad que tuve en los primeros meses de este año, y si vuelvo a tener esa posibilidad trataremos de corregir una de las discriminaciones que se produce en este momento en el nivel. Esa es mi intención, señoría, con las dificultades presupuestarias que tenemos en este momento.
No participo con usted respecto al modelo policial y a los planteamientos de Izquierda Unida sobre los temas de la Guardia Civil, pero hemos tenido muchas oportunidades de discrepar. En este momento, constato que seguimos discrepando.
Respecto a los temas de inmigración en Melilla que ha señalado S. S., yo no puedo aceptar que algún ciudadano se encontrara en tierra de nadie.
No. Lo que ocurrió fue que no estaban en territorio español y, como no hay tierra de nadie en la frontera, si no estaban en territorio español estaban en territorio marroquí. Así de sencillo. Lo que pasa es que aquí, como se funciona con estereotipos, a alguien se le ocurrió decir que estaban en tierra de nadie y se ha quedado esa expresión. No, no; estaban en territorio marroquí, y España y este Ministro solucionaron el problema no porque estuvieran en tierra de nadie. Entraron en España no porque estuvieran en tierra de nadie, sino porque había un problema llamemos humanitario que atender, y reconozco que en este momento todavía no hemos solucionado algunos casos, pero después de haber estado con organizaciones no gubernamentales, concretamente con la CEAR, hace pocos días, espero poder remover las trabas que se produzcan para solucionarlo.
Respecto a los problemas con ciudadanas dominicanas, señoría, habrá que convenir que ha sido la propia Policía, la propia Brigada de Política Interior, la que lo ha detectado e investigado durante mucho tiempo, porque una cosa es tener la convicción moral y otra poder aportar las pruebas necesarias para tratar de depurar las responsabilidades en las que haya podido incurrir cualquier funcionario, gestiones e investigaciones de las que me siento plenamente satisfecho, porque nadie debe comerciar con nadie, con personas, y mucho menos con la necesidad de las personas.
Respecto a garantizar el cobro de gasto del voto, daremos cumplimiento al compromiso, y vamos a ver si lo hacemos con celeridad, porque creo que tiene razón.
¿Defectos en la administración electoral? Pues, señoría, no es mi competencia. Aquí también ocurre algo curioso; cada vez que hay un problema, por ejemplo en el censo, se acuerdan del Ministro del Interior, pero es que el Ministro del Interior no hace el censo. A veces da la impresión, a mí en muchísimas ocasiones, de que uno administra casi todos los potenciales desastres del país, y cuando se produce uno dicen: ¿de quién es? De éste. Pues no, ese no es mío, y además tampoco es del Gobierno, porque no vaya a ser que alguien sonría diciendo: es que se lo está echando a otro compañero de Gobierno. No; no es del Gobierno la competencia en la administración electoral.
Respecto al tema de la seguridad privada, yo participo con S. S., pero una de las iniciativas que tomamos fue la ley, que gozó de un respaldo parlamentario importante, y debemos cumplirla y hacerla cumplir; por tanto, cualquier deficiencia en ese sentido que suponga una crítica por parte de S. S. no tendré más remedio que aceptarla.
Creo haber contestado a todo.
Señor Alvarez-Cascos, algunas de las iniciativas tomadas en la legislatura anterior tienen que ver con la necesidad imperiosa que uno puede llegar a tener de contar con instrumentos que juzga plenamente constitucionales y que preservan la seguridad individual y colectiva para dotar de instrumentos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Segundo. El hecho de que algunas iniciativas parlamentarias comprometidas no se hayan llevado a la práctica en la anterior legislatura tiene que ver con el adelanto de las elecciones en este año porque si no se hubieran cumplido. Hay una de las que S. S. señala que ya había estado en Comisión de Subsecretarios y, por tanto, entrarán en el Parlamento, espero que con la mayor brevedad y tienen que ver con temas de segunda actividad, con el Reglamento de la Guardia Civil.
¿Cómo solucionamos el problema de las estadísticas? Permítame que le diga lo siguiente, primero una afirmación: hay más delincuencia en 1993 que en 1982. Nada que objetar. Hay o había más delincuencia en 1982 que en 1975 y que en 1978 y, desde luego, en 1978 había mucha más que en 1927. Pero esto no es algo propio de España. En Estados Unidos hay más delincuencia hoy que hace veinte años y que hace cinco, y en el Reino Unido y en Alemania... Hay una preocupación extraordinaria en toda Europa y de cómo está creciendo el número

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de delitos en un momento en el que en España están descendiendo. Esto ¿tiene que generar autosatisfacción? No. Pensar que algo tiene que ver uno en que eso ocurra le da a uno un poquito de alegría, pero si cuando uno puede tener una alegría tampoco le van a dejar que la tenga... No puede ser. Cuando me reúno con el Ministro del Interior inglés o con el francés que tienen una preocupación porque allí aumentan, y yo les digo que aquí están descendiendo, me preguntan qué hacemos. ¿Esto cómo es? Lo que hace falta es poner en cuestión las estadísticas. La estadística que maneja el Ministerio del Interior es la misma del año 1983, la misma de 1984, la misma de 1985, la misma de 1987, la misma de 1979 y la misma de 1980. Entonces no se sacaba el informe de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque esa encuesta decía que crecía. La encuesta nos dice que desciende levemente, pero desciende. Con Gobiernos socialistas decía que crecía y entonces el Gobierno decía: crece, y todo el mundo se lo creía. Pero das una buena noticia, dices que desciende y se piensa: vamos a ver cómo complicamos la visión de que desciende y entonces cogemos el informe de la Fiscalía.
El portavoz del Grupo Parlamentario ha dicho algo evidente y es que esas diligencias a diferencia de llevarle como le lleva al señor Alvarez-Cascos a la pretensión primero de que hay un aumento y en segundo lugar un descenso de eficacia, es justo lo contrario, porque si dice que de los dos millones y pico de diligencias el 61 por ciento se archiva, se archiva no porque no se esclarezca, se archiva porque no es un delito (El señor Alvarez-Cascos pronuncia palabras que no se perciben). Sí señoría, en una buena parte, pero no solamente actuaciones de tráfico, sino otras muchas actuaciones y diligencias en las que intervienen los jueces que no son o no tienen origen en un delito. Por tanto ¿qué deberíamos hacer, no tanto para que usted y yo nos ahorremos esta discusión, sino para que si es posible dejemos de producirla y lo que hagamos tenga crédito en la ciudadanía? Yo estoy dispuesto, con la Fiscalía General del Estado o con quien ustedes quieran, a coger y someter a revisión la encuesta.
En el caso del Ministerio del Interior no es una encuesta, es la recopilación, la suma de todas las denuncias que se producen. ¿Se puede hacer más que sumar todas las denuncias que se producen? Yo creo que no puede hacer más que sumarlas, claro que si se quiere poner en duda siempre aparece una tercera consideración y es que hay quien es sujeto de un delito y no lo denuncia, con lo cual nunca, nunca, podremos decir: ¡hombre ya hemos dado con la encuesta! Resulta que cuando uno va dando datos dice: es que hay ciudadanos que no lo denuncian. No, la verdad es que ha descendido y lo ha hecho entre otras cosas porque han sido años de repunte económico y cuando las cosas van bien en lo económico va más gente a los toros, va más gente a los espectáculos y se delinque menos.
Cuando se entra en una etapa de recesión corremos el riesgo de que haya un repunte de la comisión de delitos. Para no hacer bascular sólo sobre las Fuerzas de Seguridad, yo estoy preocupado en este momento por dos cosas: porque puede haber un repunte y porque hay una delincuencia que cada vez se hace detener con mayor dificultad. Hemos detectado que hay un tipo de delincuencia que tira con pistola a los funcionarios con mucha más facilidad que antes o con mucha más propensión; por tanto, aparecen nuevos riesgos para los funcionarios y aparece un tipo de delincuencia de una dureza extraordinaria a la hora de ser detenida por funcionarios de la policía. Esas dos cosas sí tengo que trasladarlas a S. S. porque son ciertas y causan una enorme preocupación en las Direcciones tanto de la Policía como de la Guardia Civil, y en todo el Ministerio.
Me señala usted que ha habido un descenso en el número de detenidos en relación con temas de tráfico de droga. En sí mismo como S. S. ha dado la cifra, pone de manifiesto que la cosa no está mal, que es importante, 27.000 ó 28.000 relacionados con tema de droga no es una cosa menor, son cifras importantes. Yo creo que se ha movido en términos razonablemente iguales, pero ha aumentado la eficacia en el esclarecimiento de los delitos. No lo he traído aquí porque no era motivo de esta comparecencia pero como S. S. ha dicho que planteemos comparecencias específicas, traeré los datos que demuestran que ha habido un aumento en la eficacia policial en relación con los esclarecimientos de delitos.
Participo con usted con que es fundamental la presencia policial en la calle. Es muy importante la presencia policial de quienes no parecen policías, eso es para otro tipo de delitos, pero para dar seguridad -sensación de que existe- es importante e incluso para que los delincuentes, sobre todo el que se dedica al menudeo no tenga una presencia impune en las calles, pero tenemos en la calle todo lo que podemos, señoría. Entre otras cosas estamos valorando y hemos hablado con los sindicatos para ver la posibilidad de que aquellos funcionarios públicos que pasan a segunda actividad no se queden en un puesto que puede ser ejercido por personas de esa edad. Pasar a segunda actividad a un hombre con cincuenta y cinco años que pudiera estar o que puede estar vigilando un edificio y quitando a un joven para tenerle en la calle, debiera ser algo que pudiéramos hacer ¡ojalá lo podamos hacer! Mientras no podamos hacer cosas de esas, sacar a todos los funcionarios que están haciendo o desarrollando una función que puede ser ejercida por un ciudadano que no tenga la condición de funcionario policial debiera ser algo previo a contemplar un aumento de plantillas.
Podemos mirar para hacer en dos años tres cursos, podemos mirarlo siempre que no baje el nivel de formación de los funcionarios, pero es probable que S. S. tenga razón sobre que técnicamente es posible, solapando y no perdiendo ningún mes, aumentar el número de candidatos a ser policías y guardias civiles y, por tanto, aumentar las plantillas. Eso sólo tiene un límite; si técnicamente es posible, tendrá, si cabe, un límite presupuestario. No tiene otro límite porque es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo en aumento de dotacion, pero es el que estamos haciendo. Hace unos años, en la Escuela de Avila se formaban 500 policías, se pasó a 700 y el año que viene saldrán 1.200. Es decir, en poquitos años, una escuela

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que estaba concebida para 500 la hemos pasado a que pueda formar a 1.200.
En segundo lugar, tenemos una coyuntura que debemos contemplar. Hay unos años en los que van a pasar muchos funcionarios a segunda actividad, pero luego van a entrar en una velocidad de crucero más razonable. Por lo tanto, debemos atender esa punta que tiene que ver con una época en la que se formaba a los policías en tres meses; se formaron en muy poco tiempo muchos policías y vamos a tener una punta de pase a segunda actividad que tenemos que solucionar. Pero, señoría, aun con todo y con eso, debo decir que es sensiblemente igual el número de funcionarios de policía que hay en este momento al que había cuando yo llegué a esta responsabilidad. En el año 1989 teníamos 56.661; en el año 1992 teníamos 54.800; algo más en 1993; y en 1994 espero tener 54.964. Si tenemos en cuenta que se han desplegado policías autónomas en este período de tiempo en Euskadi, que se empieza a desplegar policía autónoma en Cataluña, debiéramos de sumar lo que teníamos sin policía autónoma en Cataluña y en el País Vasco y lo que tenemos hoy con los funcionarios que debieran de estar en el País Vasco, para hacer las cuentas igual. Por tanto, si sumáramos eso, en 1994 tendremos más policías que los que teníamos cuando yo llegué a esta responsabilidad en 1988. No vamos a dejar de sumar la Policía Autónoma Vasca, porque si no hubiera Policía Autónoma Vasca ahí estaría desplegada la Policía Nacional. Tenemos que sumar por lo menos una parte, no digo toda, porque si fuera Policía Nacional, probablemente serían menos.
Guardia Civil. El esfuerzo que se ha hecho en la Guardia Civil es notable, señor Alvarez-Cascos. Me podrá decir que hay que hacer más. Ya he dicho que habrá que hacer más esfuerzo. Pero a partir de 1989 las convocatorias de ingreso en el Cuerpo fueron incrementándose, respecto de las bajas, de una forma notable. En 1989 se incrementaron, respecto de las bajas, en 1.000; en 1990, en 2.000; en 1991, en 2.000; en 1992, en 2.000, y en 1993, en 1.630. De tal forma que las previsiones a 31 de diciembre de 1994 es que tendremos 9.084 guardias más que el 31 de diciembre de 1988.
Voy a ser un poquito más prudente porque no sé cuántos podremos meter el año que viene, aunque no serán menos de las bajas que se produzcan, para decir que el número que tendremos a 31 de diciembre de 1994 no será inferior a 7.000, por encima de los que teníamos en 1988. He dicho que necesitamos más para tráfico, para el servicio de la naturaleza, para la Guardia Civil del Mar y para que se queden en la calle. Pero ¿no le parece razonable, señor Alvarez-Cascos, que antes de aumentar el gasto veamos si tenemos un despliegue correcto? Dice S. S. que no está de acuerdo con la previsión de supresión de 1.000 cuarteles de la Guardia Civil. No está de acuerdo en 1.000 pero no sé si estará de acuerdo en 800 ó 700. Lo que no es posible es que se pueda defender con rigor que debemos tener un despliegue de la Guardia Civil como el actual, entre otras cosas porque la proximidad de cuarteles obedece a que la pareja de la Guardia Civil iba andando y tenía que tener un lugar a ocho kilómetros porque era lo que andaba. No es posible tener en un radio de acción de 15 kilómetros cinco cuarteles de la Guardia Civil, señoría, en los que sólo hay fuerzas suficientes para cubrir el servicio de puertas del cuartel.
¿Qué garantía tiene un ciudadano de que velan por su seguridad tres guardias civiles que están en su cuartel y que cada uno tiene que estar ocho horas en la puerta? Si le ven será cuando está fuera de servicio y va a tomar un vino o un pote al bar. Pero será cuando está fuera de servicio. ¿Puede ser desalentador para un delincuente el hecho de que allí haya una casa cuartel? Es probable, pero no es razonable tener a 4.000 funcionarios de la Guardia Civil haciendo guardia en la puerta, cuando a esos 4.000 los podemos tener en la calle. Yo no abdico de tratar de convencerles a usted y a su Grupo de que es necesario que contemplemos ese despliegue y de que lleguemos en la Cámara a la conclusión a la que podamos llegar. No trataré de eludir la responsabilidad del Gobierno, porque, al final, tendrá que hacer lo que cree que tiene que hacer, pero lo que sí digo es que intentaré que alcancemos un acuerdo en la Cámara.
Hay cuarteles donde no se detiene a nadie o se detiene a uno, donde no se hace una diligencia o se hacen tres al año. Con esos datos habría que llegar a la conclusión de que donde ocurre eso no nos podemos estar gastando dinero. Porque el otro razonamiento del que no ocurre porque están, no se puede mantener porque, de verdad, no están. Además, tenemos otro problema que solucionar y es el número de horas que trabaja la Guardia Civil. No podemos mantener una situación donde la insuficiencia de medios, que nunca podrán ser suficientes, haga que los miembros de la Guardia Civil, en un lugar donde están tres o cuatro, trabajen cuarenta y cinco o más horas. Además, si alguno se pone enfermo, aunque nada más sea para suplir la vigilancia de la puerta, tienen que doblar, y aquí no se pagan horas extraordinarias. Tenemos que solucionarlo, señoría, porque si no no estaremos haciendo las cosas bien.
Creo que eso es todo. Muchas gracias por las explicaciones que respecto de algunos temas ha dado el representante del Grupo Socialista y quedo a reservas de cualquier comparecencia específica que crean necesaria los grupos parlamentarios.
También quiero mostrarles mi satisfacción por un hecho. He dicho en mi comparecencia que actualizaré las tasas del Ministerio con los costos, es decir, actualizaré las tasas, adjuntando una memoria económica de por qué se ajustan, y estoy ampliamente satisfecho de que eso que he dicho en la comparecencia no haya merecido la crítica de los grupos en la Cámara. (El señor Alvarez-Cascos pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez-Cascos, sabe de sobra que no hay réplica, so pena que sea por alusiones.
Tiene la palabra exclusivamente para hablar del tema de diligencias y por un tiempo de tres minutos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Pérez Mariño, señor Ministro, cada año la Fiscalía

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General cambia algo la estructura no de sus encuestas, sino de sus estadísticas, que es distinto. De encuentas ha hablado el señor Pérez Mariño. La Fiscalía habla de estadísticas y dice que de las 2.256.481 diligencias del año 1992, hay archivadas por no ser constitutivas de delito 349.000 -son muy pocas, señor Ministro-; declaradas faltas, 177.000; archivadas por no ser conocido el autor- y en los delitos de tráfico se conoce el autor 1.376.000. Pero si vamos a las de años anteriores, donde estas cifras se desglosan, señor Pérez Mariño, en el año 1991 el 67,28 por ciento de la criminalidad nacional son delitos contra la propiedad; los delitos contra la vida aumentaron en el año 1991; los delitos contra la libertad sexual experimentaron un discreto aumento; los delitos contra la libertad y la seguridad aumentaron un 16,29 por ciento; los delitos contra la seguridad interior del Estado pasan de 23.000 a 24.000; también experimentan un aumento de las figuras de falsedades; los delitos contra la seguridad del tráfico permanece inalterado y se observa que bajan los delitos contra el honor.
Quiero decir, señorías, que, por ejemplo, en el año anterior, también recoge la Fiscalía que los delitos contra la propiedad son más de un millón. Tratar de devaluar la importancia de estas estadísticas diciendo que son problemas de compañías de seguros y de tráfico, creo que es, señor Pérez Mariño, sencillamente, no haberse leído las memorias de la Fiscalía e intentar aquí, en este rifirrafe parlamentario, colar un argumento para echarle un capote al Ministro.
Señor Ministro, supongo que en la Fiscalía también suman, y en estos momentos hay dos estadísticas -no dos encuestas-, la suya y la de la Fiscalía: en una se dice que la delincuencia en España está en descenso y en otra, la de la Fiscalía, que en el año 1992 ha aumentado un 5,70 por ciento. Si le parece, es un bonito tema para ponernos todos a trabajar y resolverlo, pero no para descalificar las cifras que cita la oposición.


El señor PRESIDENTE: El señor Pérez Mariño tiene la palabra también por tres minutos.


El señor PEREZ MARIÑO: También por alusiones.
El señor Alvarez-Cascos acaba de citar unas cifras, que yo no las tengo, pero, así, de cabeza, me parece que supone el 14 por ciento.
Aproximadamente, de los dos millones y algo que ha dicho de diligencias abiertas en la Fiscalía, trescientas y pico mil son de tráfico, es decir, el 14 por ciento, aproximadamente, haciendo grandes números, y el señor Ministro ha dicho que descendían los delitos en un cinco por ciento. Es decir que con las cifras que acaba de citar el señor Alvarez-Cascos -y hablo sin tenerlas presentes- se produciría un descenso con respecto a las producidas por la Fiscalía. (El señor Alvarez-Cascos pronuncia unas palabras que no se perciben.) Le ruego que esté callado, señor Alvarez-Cascos, no me interrumpa.
En segundo lugar, el señor Alvarez-Cascos quizá no ha realizado nunca una estadística judicial y debería saber que, por el mismo hecho, es especialmente frecuente que se abran dos diligencias en distintos jugados; por el mismo hecho es perfectamente frecuente que se abran en el mismo juzgado varias diligencias, solamente porque cualquiera de los participantes en el hecho delictivo ha producido sendas denuncias, que después se acumulan. Yo le invitaría al señor Alvarez-Cascos que comprobase «de viso», en los juzgados cómo se hace la estadística judicial, que le preguntase a sus compañeros de escaño que tienen práctica judicial y se enterase de que las estadísticas judiciales es lo menos fiable que nos podemos encontrar, porque no es sumar. Cuando uno tiene, por ejemplo, un accidente de tráfico en Guadalajara y se viene para Madrid ese mismo día, nos podemos encontrar con que hay unas diligencias en Guadalajara, producidas por la Guardia Civil de Tráfico, con que hay otras diligencias en Madrid de donde es, y si además tiene un pariente que se va ese mismo día para Galicia, pues presenta otra denuncia en Galicia, y se sabe por todos los que están en el mundo judicial que es una cosa harto frecuente y que después se produce la acumulación consiguiente. En cualquier caso, sólo de los dos millones trescientas y pico mil que citó debe retirar las trescientas y algo mil -es decir, aproximadamente un 14 por ciento- y, entonces, ya entraríamos en cifras un poco más adecuadas.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Se suspende la Comisión durante cinco minutos.
(Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Corcuera Cuesta): Con muchísima brevedad, señorías.
Estamos aquí hablando y sumando -siento que no esté el señor Alvarez-Cascos, pero no voy a plantear ninguna polémica- cosas distintas.
Un delito puede tener más de una diligencia y, por tanto, estaríamos sumando todas las diligencias y no sumando sumandos iguales. Pero si encontramos un procedimiento para que no entremos en esta polémica, yo me someto a él. Creo que el mejor procedimiento es sumarlos. Es decir, no hay ninguna diligencia cuando no hay denuncia. Por tanto, sumemos las denuncias y asegurémonos de que sumamos todas. Es decir, quitemos de los temas que tienen que ver con seguridad ciudadana denuncias de un ciudadano, por ejemplo, que ha sufrido una estafa de no sé quién. Eso da origen a diligencias judiciales pero no tiene que ver con la seguridad ciudadana, por ejemplo.
El señor Romero me apunta un tema que me he olvidado y tiene razón, es el de los neonazis. No será la primera vez que hemos prohibido actos de la extrema derecha, incluso cuando han venido de fuera. Continuaremos de igual forma, prohibiendo lo que nos conste que puede dar facilidades para que se creen condiciones xenófobas, racistas o incluso peores. Nos gustaría estar acompañados en estas prohibiciones de todo el mundo; entre otras

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cosas que, cuando hagamos una prohibición, no nos levanten la prohibición. Eso sería lo deseable.
Respecto a algo que usted ha dicho, en lo que tiene razón y nos está preocupando -es el tema de publicaciones-, estamos investigando dónde se han producido algunas publicaciones que no se pueden hacer, por ejemplo, en Alemania y que tenemos más de un indicio de que se han producido en España. Probablemente eso dé lugar a algunas modificaciones legislativas, naturalmente muy cuidadosas, para impedir que determinadas publicaciones puedan hacerse en nuestro país. Por tanto, participo con usted de esa prohibición. Asimismo, tomo nota de lo que usted ha dicho para ver en qué circunstancias se encuentra esa posible reunión a la que usted ha hecho referencia.


El señor PRESIDENTE: Señorías, en el orden del día, pendientes de información y debate, como es el caso de la proposición no de ley que obra al final del orden del día, quedan todavía cinco iniciativas, y es voluntad de la Presidencia terminar hoy con el debate de todo el orden del día; por tanto, es un ruego de esta Presidencia, no ya que se atengan a los diez minutos que van a tener los distintos portavoces para la exposición, sino que incluso limiten más el tiempo de exposición, ruego que, evidentemente, hago también al señor Ministro del Interior.


- PARA DAR CUENTA DE LAS PREVISIONES Y GRADO DE APLICACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO MAYOR POR EL QUE SE PREVE EL CIERRE DE CASI MIL CUARTELES Y PUESTOS DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000002.)

El señor PRESIDENTE: El punto número cuatro del orden del día es la comparecencia, a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del Ministro del Interior para dar cuenta de las previsiones y grado de aplicación del Plan Estratégico del Estado Mayor por el que se prevé el cierre de casi mil cuarteles y puestos de la Guardia Civil.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, es probable que mis intervenciones, sobre todo cuando se me piden explicaciones, sean largas; trataré de ahorrarles lo que no es sustantivo.
En primer lugar, señoría, debo señalar que ya no existe Estado Mayor en la organización de la Guardia Civil, a partir de la reestructuración de la Dirección General llevada a cabo por el Real Decreto 107/1991, de 1 de febrero.
Debo señalar también que éste es un tema del que ya informé en otras ocasiones en la anterior legislatura, y concretamente, una vez, a instancias de un Diputado de su mismo Grupo Parlamentario, el señor Núñez Casal, en sesión de 19 de mayo de 1992. Dije entonces que el actual despliegue de la Guardia Civil, que, con ciertas modificaciones, data casi desde la creación del Cuerpo en el siglo pasado y obedece a las características de la sociedad de aquel tiempo, hoy es, en mi opinión, absolutamente incorrecto. Con el actual despliegue no se satisfacen correctamente las necesidades de los ciudadanos en el ámbito territorial donde ejercen sus funciones, ni se pueden mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios del Cuerpo, ya sea en vivienda o en horario, ni la Guardia Civil puede prestar debidamente las competencias que tiene atribuidas. No se pueden mantener casi 3.000 cuarteles cuando en más de 1.000 únicamente se alcanza a hacer el servicio de puertas, cuando en algunos casos hay una duplicidad de policía y Guardia Civil, cuando muchos están a una distancia tal como si todavía se tuviera que ir andando y cuando en algunos sitios, lo único que queda es el cuartel de la Guardia Civil. Es decir, que hay sitios, créanme, señorías, donde lo único que queda es el cuartel de la Guardia Civil. Hubo un caso en que se hizo una obra pública, creo que era una presa, se puso un cuartel, por un problema de inseguridad porque fue después de la guerra civil, y ahí estaba el cuartel todavía.
Por tanto, efectivamente, se ha estudiado hacer un despliegue distinto, adaptado tanto a las necesidades actuales como a los medios con que se cuenta. Ese despliegue está realizado; se analizaron más de 3.000 casas de la Guardia Civil; es decir se ha analizado el número de personal que hay, el que sería deseable, los delitos que se cometen en la zona, las diligencias que se tramitan en ese cuartel, en definitiva, se ha analizado todo, no sólo las que proponemos cerrar, sino todas y cada una de ellas y, como consecuencia, hay una propuesta que espero poderla discutir con SS. SS. con la suficiente tranquilidad.
Para cada uno de estos casos se analizó exhaustivamente el índice y las características de la delincuencia a través de las diligencias y atestados instruidos, la extensión de la demarcación, la población, la distancia de los puestos próximos, dónde era más operativo efectuar la concentración, así como los medios personales y materiales necesarios para prestar adecuadamente el servicio.
Los objetivos del nuevo despliegue son: establecer puestos de diez guardias civiles como mínimo, lo que a su vez permitirá mantener activado el puesto de forma permanente e incrementar la presencia policial en toda la demarcación, mejorar la investigación de los delitos e incrementar la posibilidad de reacción de los puestos ante cualquier emergencia, lo cual redundará en una mejora de la seguridad ciudadana. También permitirá mejorar las instalaciones, optimizar el empleo de medios de transporte y transmisiones y mejorar las condiciones laborales del personal del Cuerpo.
Como consecuencia de la aplicación de los criterios antes señalados en la reorganzación de la zona y de las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil, unidades sobre las que descansa la operatividad del Cuerpo, se han obtenido las siguientes conclusiones: Se considera necesario suprimir 1.017 puestos y crear 80 nuevos, lo que

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significa pasar de los 2.936 actuales a 1.999; la reducción de puestos será, pues, de 937. Significa un ahorro inmediato de personal de 4.685 guardias, al suprimir el servicio de puertas que requiere una dedicación de cinco guardias por unidad o, si no son guardias, serán horas en que guardias suplen a los que no existen. Si queremos de verdad que la Guardia Civil tenga el horario que tiene la Policía Nacional debemos considerar cinco guardias por puesto. De la misma forma, 937 comandantes de puestos, sargentos o cabos, pasarán a incrementar los efectivos de otros puestos más operativos.
Respecto a la Agrupación de Tráfico, se suprimen 12 destacamentos, se crean otros 12 distintos y se fusionan 16 destacamentos de autopistas con otros ordinarios limítrofes, con una disminución real de 16 destacamentos.
El porcentaje de distribución actual por funciones de las plantillas de las comandancias en seguridad ciudadana, autoprotección, logística y burocrática se modificaría, pasando a ocuparse de la seguridad ciudadana el 71 por ciento del personal, frente al 54 que se ocupa actualmente.
Fíjense qué cifras, se pasa del 54 por ciento actual al 71 por ciento, en la propuesta que yo haré a SS. SS. con toda serie de detalles.
La ejecución del nuevo despliegue se ha planteado por medio de actuaciones progresivas a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, estaría prevista la supresión de 424 puestos y la creación de tres; la creación de 18 equipos de Policía Judicial y de seis unidades penitenciarias; la supresión de servicios estáticos en delegaciones de Hacienda y el establecimiento de un nuevo sistema de intervención de armas. A medio plazo, está previsto suprimir 150 puestos; suprimir los servicios estáticos en la sede del Banco de España, que serán sustituidos por guardias en reserva activa; la asignación de plantillas a unidades según las previsiones del despliegue; reestructurar el despliegue y plantilla del Servicio Fiscal del Cuerpo y readaptar algunas unidades a las necesidades operativas derivadas de la aplicación del Convenio de Schengen. A largo plazo, se continuará con la supresión y creación de unidades, se suprimirán los servicios en los centros penitenciarios, se desarrollarán plenamente las especialidades y se completará el desarrollo del Servicio marítimo.
Se trata, sin duda, de una importante reorganización de la Guardia Civil, que se basa en un profundo estudio sobre las necesidades que existen en los distintos ámbitos en los que este Cuerpo ejerce sus funciones, articulando la forma más operativa y eficaz de ejercerlas. Y, además, añado: originaría automáticamente una modificación en el despliegue de la Policía Nacional, porque una de las cosas que tenemos que conseguir es que alguna de las creaciones que se hicieron... ¿Por qué no decirlo todo? Cuando el Ministerio del Interior no tenía competencias en la Guardia Civil, en algunos lugares donde estaba desplegada la Guardia Civil el Ministro del Interior desplegó a la Policía sobre la que sí tenía competencias, y además me parece que lo hizo bien, quien lo hiciera, lo hizo bien, porque al estar mandando o tener responsabilidad sobre seguridad ciudadana y no tener competencias sobre un cuerpo que está ejerciendo esa función, probablemente no encontraría en aquel momento otra solución que desplegar más policía, pero en este momento no es posible continuar con la presencia de Policía y de Guardia Civil en una misma ciudad. Es mejor tener más guardias civiles si sigue la Guardia Civil, o tener más policías si sigue la Policía. Esa es la única pretensión que tiene este estudio y que tiene esta propuesta. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente había cuarteles de la Guardia Civil en muchos lugares, entre ellos en algunos cortijos. Mi abuelo paterno nació en un cuartel de la Guardia Civil de un cortijo a las afueras de Antequera que era propiedad del Ministro Romero Robledo, el gran elector, «El pollo antequerano» le llamaban a dicho Ministro porque era un Ministro de Cánovas que solía ganar las elecciones de una manera muy particular en la España de la época. Pero existía un cuartel de la Guardia Civil allí y en otros cortijos grandes cuando la Guardia Civil se utilizaba para servicio privado y para garante de las propiedades de los terratenientes en Andalucía, y también en otros lugares; no sólo en los pueblos, sino que también en los cortijos existían puestos y cuarteles de la Guardia Civil.
Nosotros hemos solicitado esta comparecencia porque estamos preocupados con este despliegue, con este cierre de cuarteles, con este plan estratégico. En mi Grupo han pensado con buen criterio que todos los planes estratégicos los elaboran los estados mayores, aunque es verdad que ha desaparecido ese Estado Mayor y figura así en la petición de comparecencia. Nosotros estamos preocupados porque hay muchas zonas rurales que no son pequeñas poblaciones, como ocurre en algunas comunidades autónomas, sino pueblos de entidad, de 2.000, de 3.000 habitantes, pueblos importantes con preocupación por fenómenos nuevos como es la entrada de la droga en las zonas rurales, que ha entrado más tarde que en las zonas urbanas, y donde tiene importancia el papel de los alcaldes, el papel de las comunidades rurales en el planteamiento de que se mantenga la presencia de la Guardia Civil en su zona. Es verdad que hay problemas de vivienda y de horario, pero hay problemas de vivienda que aumentan al concentrarlos. Por eso se podría llegar -y ésta es la propuesta concreta que nosotros queremos hacer en esta convocatoria- a discutir este plan de manera sosegada con las juntas de seguridad en cada provincia, con presencia de los alcaldes y de los gobernadores civiles, con esa audiencia para reorganizar los servicios que se pueden establecer a nivel comarcal o a nivel de zona. Se puede mantener, por ejemplo, un día abierto el cuartel de la Guardia Civil para pasar revista de armas, para estar presente en las denuncias de algunas localidades, y la presencia en algunos núcleos rurales es fundamental que se mantenga; es decir, de los 937 cuarteles o puestos

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de la Guardia Civil que se piensan cerrar o dejar inactivos para reagruparlos y organizarlos utilizando vehículos «todoterreno» u otro tipo de vehículo con un radio de acción mayor para su desplazamiento, sería necesario que se mantuviera la posibilidad de que en el cuartel, con un apoyo importante de los ayuntamientos, la Guardia Civil siguiera recibiendo, se incorporara por la mañana al puesto cercano de la comarca donde van a desarrollar el servicio, volviera a ese cuartel de la Guardia Civil por la noche y algunos días a la semana prestaran servicio. Sería una solución mixta que facilitaría el horario, en lugar de tener a tanta gente haciendo las puertas en los cuarteles de la Guardia Civil, que tuvieran mejores condiciones y que se agruparan los efectivos. Pero es muy importante que en algunas poblaciones que, repito, no son aldeas de 200 o de 100 habitantes, sino que son núcleos de población que tienen entidad, se pensara en organizar la actividad y los patrullajes a nivel general manteniendo la existencia del cuartel y su apertura como centro de la Guardia Civil algunos días a la semana. Esa sería una fórmula que nosotros estaríamos dispuestos a discutir de manera serena con el Ministerio del Interior. Ya se lo hicimos llegar al Director General de la Guardia Civil en una entrevista con alcaldes de la provincia de Málaga afectados por esta medida del cierre de los cuarteles que se anuncia en algunas poblaciones de Andalucía y también en otros lugares. Ese es nuestro planteamiento y nuestra preocupación.
En resumen, he de decir muy brevemente que nosotros estaríamos dispuestos a estudiar la aplicación de ese plan, que es necesario reagrupar a la Guardia Civil, que es necesario organizar esas misiones en un ámbito más amplio que el de las localidades pequeñas, pero que hay localidades que tienen mucha entidad y cuyos vecinos se movilizan para evitar que desaparezca el puesto de la Guardia Civil.
También hay dificultades para obtener información sobre la delincuencia, para la entrada y salida de noche, para los delitos generales, para los delitos de la droga, porque hay ciudadanos que no utilizan el teléfono para llamar al puesto de al lado o de la comarca, que no ofrecen una información de ese tipo y, sin embargo, en la convivencia diaria con los guardias civiles del pueblo sí se mantiene una información y un conocimiento de los problemas con un efecto disuasorio muy importante con la presencia de la Guardia Civil en estas zonas.
Resumiendo y concretando, nuestra petición de comparecencia consiste en aplicar de manera discutida un plan que podría concretarse con un sistema no tan drástico de cierre definitivo de 937 cuarteles de la Guardia Civil, analizando paso a paso y comarca a comarca, a lo que nosotros estaríamos dispuestos. Si se aplicara de manera tajante, tal y como está en el mapa, con ese estudio que se ha hecho que técnicamente y con las estadísticas se avala y se defiende, nosotros creemos que va a ocasionar muchos problemas, muchos desacuerdos, en algunas ocasiones naturales del ayuntamiento y de toda la gente que firma y que no quiere que la Guardia Civil se vaya de su pueblo, y en otras ocasiones muy fundamentado que tendría nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, intervengo para, tal como anuncié en la comparecencia anterior, dar por reiteradas mis palabras en relación con este tema y, por economía de tiempo, no consumir más del que necesita la Comisión para otros asuntos. Las doy por reiteradas en este punto del orden del día.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Presidente, intervengo brevemente para manifestar la posición del Grupo Socialista que es absolutamente comprensiva con el plan elaborado por la Dirección General de la Guardia Civil. Creo que estamos ante un supuesto de necesidad, de reorganización, de despliegue logístico de esta importante fuerza al servicio de la seguridad ciudadana que parece que tiene una coherencia lógica. El Ministerio está intentando superar un modelo que tiene más de cien años y parece que en cien años se han producido los suficientes cambios, tanto en los medios con que cuenta la Guardia Civil como en la nueva tipología de la delincuencia, como en el proceso de despoblamiento que inevitablemente está sufriendo nuestro país y de concentración urbana, que seguramente exige este planteamiento que hace el Ministerio del Interior.
Por otro lado, creemos que es necesario -creo que ésa está siendo la actitud del Ministerio y es la que comparte el Grupo Socialista- que ese plan, ambicioso plan, que seguramente redundará en beneficio de la eficacia de la Guardia Civil, se desarrolle con el máximo consenso político posible teniendo en cuenta que en estas cuestiones hay, sin duda alguna, más allá de lo que la lógica y el estudio que ha determinado este plan podrían hacer pensar, intereses políticos que pueden afectar a todos los grupos. Desde nuestra perspectiva y habiendo oído algunas de las intervenciones que se han producido aquí, no deberíamos hacer la respuesta ante este problema por una mera intuición o por un mero dejarse llevar por esa respuesta psicológica que se produce cuando en algún pueblo o municipio, por muy pequeño que sea, se cierra aparentemente un edificio que presta un servicio público. No estamos hablando de la supresión de la presencia de la Guardia Civil en los núcleos sino de un cambio a la hora de instrumentar esa presencia.
Permítanme terminar con alguna reflexión que me parece que pudiera ir en la línea de una mayor coherencia con lo que se ha pedido, en general, por la mayoría de los grupos, en especial por el Grupo Popular, en cuya posición ante este tema nos parece advertir una

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contradicción. Para que pueda haber más presencia policial, y creemos que en esa petición se incluye a la Guardia Civil, parece absolutamente necesario que «saquemos» -dicho entre comillas- a la Guardia Civil de la necesidad de estar presentes en los cuarteles, dado el enorme número de ellos, y que puedan estar patrullando, vigilando los caminos, vigilando las comarcas, vigilando la naturaleza, que es, evidentemente, una de las tareas llamadas importantes a cumplir por la Guardia Civil. Por consiguiente, creemos que es más coherente este modelo, que exigirá sin duda alguna el consenso necesario, con lo que la sociedad está reclamando, más allá -insisto- de la respuesta psicológica o el interés político electoral coyuntural de un modelo que ciertamente parece estar periclitado, aunque sólo sea por los años que tiene de vigencia. En ese sentido, el Grupo Socialista ratifica su apoyo y su deseo de que el plan cumpla la finalidad de esa nueva eficacia de la Guardia Civil y que tenga el máximo posible de consenso con todos los agentes territoriales, ayuntamientos, grupos políticos, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Con muchísima brevedad, señorías. He hablado de acciones a corto, a medio y a largo plazo. He dicho que un nuevo despliegue acarrea, entre otras cosas, construir ochenta instalaciones nuevas, porque no es una cuestión de cerrar y no preocuparse de qué es lo que ocurre. Hay instalaciones que pasan a ser algo así como cabeceras de comarca, que no tienen infraestructura para poder atender dicho fin, y, por tanto, hay que hacer ochenta instalaciones, que no las podemos hacer de la noche a la mañana. Por consiguiente, hay operaciones a corto, a medio y a largo plazo. En segundo lugar, yo no quisiera que esto se politizara, en absoluto. ¿Por qué? Porque es tan evidente que podemos poner a más de 4.000 guardias civiles a trabajar en la calle, dejando de hacer servicio en la instalación, que eso no debiera admitir ninguna duda. ¿Dónde prestará mejor servicio? En la calle, no en la instalación. No puede ofrecer duda alguna. En tercer lugar, puede haber algún acuartelamiento en el que, por la significación de la ciudad, porque se juzgue importante, pueda estar equivocada la propuesta de cierre. Conclusión: hemos suspendido la aplicación, hemos suspendido el que en ese tipo de acuartelamiento se ponga en práctica este nuevo despliegue. Señorías, no podemos esperar, entre otras cosas, porque tenemos a los funcionarios trabajando muchas más horas de las que trabaja el común denominador de los trabajadores de este país. En los puestos de la Guardia Civil que tiene una dotación de tres miembros, esos tres guardias civiles trabajan muchas más horas de las que uno puede entender que son razonables. Tenemos que abordar este tema y, para ello, les haré una propuesta. A la máxima urgencia, nos pondremos en contacto con la Presidencia de la Comisión y daremos a la Comisión una explicación pormenorizada de cuál es el despliegue, los pormenores y el estudio previo, que se hizo durante un año, de por qué se llega a esa conclusión, qué es lo previsto a corto, a medio y a largo plazo. Buscamos el acuerdo; si éste no es posible, nos quedaremos frente a nuestra responsabilidad, que es algo de lo que no podemos abdicar. Eso es lo que yo les propongo, una explicación de cómo se solapa el despliegue de la Guardia Civil y los efectos que tiene en la Policía, porque, entre otras cosas, utilizaremos mejor los recursos de la Policía.
¿Por qué decimos que a largo plazo tiene que desaparecer en casi todo la vigilancia en prisiones? Pues, señorías, porque si tenemos un guardia civil en una prisión que, cuando va a haber una fuga, no puede usar sus medios o no los usa, después de haberle tenido formándose durante nueve meses, tenemos a un funcionario frustrado, porque no ha sido formado para estar vigilando una prisión; ha sido formado para ofrecer sus conocimientos en mayor grado a la sociedad. Si hay una alternativa a eso, porque las prisiones se pueden vigilar de otra forma -no digo por medios privados, digo siempre por medios públicos-, no por un guardia civil. A un vigilante de prisiones se le puede formar en tres meses, o en menos.
Para formar a un guardia civil se necesitan nueve meses y un año de prácticas. Yo les propongo exponerles todo lo que tenemos y buscaremos el mayor consenso. Ojalá que éste se produzca. Si no se produce, quedaremos frente a la responsabilidad de tomar decisiones. Eso es lo que yo les propongo. Por tanto, si están de acuerdo, yo consultaré con la Mesa de la Comisión cuándo puede celebrarse esa sesión, que ya les adelanto que será un poco larga.


- DE LAS CIRCUNSTANCIAS OCURRIDAS EL PASADO DIA 1 DE AGOSTO DE 1993, EN EL TRANSCURSO DE UNA CARGA POLICIAL ANTE LA CASA DE SOCORRO DE SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES, VILLAVERDE (MADRID), EN LA CUAL RESULTARON HERIDOS CINCO AGENTES DE POLICIA Y DOS VECINOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000045.)

El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día, comparecencia del Ministro del Interior, a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para dar cuenta de las circunstancias ocurridas el pasado día 1 de agosto de 1993, en el transcurso de una carga policial ante la Casa de Socorro de San Cristóbal de los Angeles, Villaverde (Madrid), en la cual resultaron heridos cinco agentes de Policía y dos vecinos.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señoras y señores Diputados, efectivamente, señoría, el día 1 de agosto pasado se produjeron graves incidentes en la Casa de Socorro de San Cristóbal de los Angeles cuando un numeroso grupo de personas que protestaban por el cierre del centro, decidido por la

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autoridad municipal, y que impedía la salida del personal sanitario del mismo se enfrentaron con miembros de la Policía, de quien estas personas habían solicitado ayuda. De los incidentes ocurridos se instruyeron las oportunas diligencias, que fueron remitidas el mismo día 1 a la autoridad judicial. A la vista de que, de las declaraciones prestadas en las diligencias por las personas implicadas en los hechos, se desprendía una posible actuación irregular del inspector que mandaba la unidad que intervino, se adoptaron de inmediato dos resoluciones. De una parte, se relevó del mando de la unidad al funcionario señalado; de otra, se le inició expediente disciplinario por posible falta administrativa de carácter grave, sin perjuicio, como es obvio, de la responsabilidad penal en la que, en su caso, hubiera podido incurrir. Señoría, ésta ha sido la actitud de la Dirección de la Policía ante estos incidentes: reacción inmediata ante una posible actuación irregular y adopción de medidas contra aquellas personas que posiblemente hubieran incurrido en ellas.
Señalado lo anterior, no considero necesario alargarme, dada la hora, en cómo ocurrieron los hechos porque entiendo, entre otras cosas, que S. S.
tendrá conocimiento seguro de ellos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Romero tiene la palabra.


El señor ROMERO RUIZ: Nuestro Grupo Parlamentario se hizo eco de esta actuación, desproporcionada, con un comportamiento irregular, con riesgo para la integridad de los propios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron y de los vecinos, que organizaron una protesta vecinal en torno a una decisión municipal, en Villaverde, el día 1 de agosto. En esa línea, a nosotros nos parecía conveniente solicitar esta comparecencia, y así lo hicimos, aunque tuvimos conocimiento, a través de los medios de comunicación, de esa actuación del inspector que mandaba la fuerza, considerada irregular y a todas luces causante de una situación que pudo terminar de manera más trágica aún de como terminó, con los heridos que se produjeron en estos hechos. Nosotros creemos que se actuó con corrección, que estos expedientes deben continuar, administrativamente hablando, hasta ver qué opina la autoridad judicial.
Trasladando este debate del «Diario de Sesiones» de nuestra Comisión de Interior y Justicia a la Asociación de Vecinos y al personal que se vio implicado en estos hechos se dan las garantías necesarias de que cuando se actúa de forma irregular se toman medidas por parte del Ministerio del Interior. Quiero saludar esta iniciativa en nombre de Izquierda Unida y trasladaremos a la gente que recurrió a nosotros esta comparecencia y esta información, dada en sede parlamentaria, con esta apertura de expediente al inspector que mandaba las fuerzas de seguridad aquel día.


El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir? (Pausa.) El señor Baón tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor BAON RAMIREZ: Sólo quiero hacer una puntualización al señor Ministro. Respecto del informe que le han pasado y que se refería al cierre de una Casa de Socorro, es lo cierto que era un cierre tan sólo por vacaciones. Como quiera que es de competencia municipal del Ayuntamiento de Madrid, debo precisar que era tan sólo por un mes ese cierre.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor De la Rocha tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Muy brevemente, quiero agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la información del señor Ministro, que este Grupo conoció en su momento con amplitud, porque apareció en la prensa de Madrid, en los medios de comunicación y en el barrio de Villaverde, donde está situada la Casa de Socorro que el Ayuntamiento de Madrid, en una decisión que fue criticada por los vecinos, decidió cerrar, aunque fuera temporalmente. A mí me parece que este pequeño conflicto -voy a hacer una brevísima reflexión- podemos también situarlo en el marco de una idea que ayer se expresó aquí. El Estado de Derecho -aunque éste es un conflicto menor- está siempre siendo objeto de examen, en este caso de un examen cotidiano pero sobre un tema de poca entidad: conflictos sociales donde tiene que intervenir la fuerza pública, donde tienen que intervenir las fuerzas de seguridad -me consta que las instrucciones fueron que se actuara de manera pacífica-, donde se produce una actuación desproporcionada o irregular de un funcionario y, automáticamente, de manera inmediata, hay una reacción diligente y rápida de los mandos del Ministerio del Interior adoptando medidas, como se han explicado, yo creo que enormemente correctas. En ese sentido, quiero alentar al Ministro del Interior a que, por una parte, incremente la acción formativa de esos mandos que en algunos casos no asumen la responsabilidad de garantizar las libertades de todos los ciudadanos, también de los que protestan, y, en segundo lugar, quiero felicitarle porque esa actuación diligente y rápida es la garantía de que cuando se produce una disfunción, los ciudadanos saben que el Ministerio del Interior no está para taparla, sino para garantizar los derechos de todos.


El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Con muchísima brevedad, señor Presidente, para mostrar mi total disposición a rectificar lo dicho en el sentido expresado por el señor Baón. Y, en segundo lugar, y por último, quiero poner también de manifiesto la actuación, que queda nítidamente reflejada, la actuación correcta de los demás funcionarios policiales, según se desprende unánimemente de todos los que intervinieron en estas diligencias.


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- SOBRE EL ESTADO DE RESOLUCION DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS AL AMPARO DEL REAL DECRETO-LEY 4/1993, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000064.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al número 6 del orden del día: Comparecencia del Ministro del Interior, última de las comparecencias del día de hoy del señor Ministro, a solicitud también del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para informar sobre el estado de resolución de las solicitudes formuladas al amparo del Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, por el que se autoriza el resarcimiento de los daños causados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Sin que la brevedad sea ninguna falta de delicadeza -porque tengo muchos folios preparados, señorías-, estoy seguro de que lo sustantivo que quiere conocer quien me interpela es cómo está la situación en este momento -no el Real Decreto-ley-, qué es lo que se ha hecho, etcétera.
Para articular el procedimiento indemnizatorio que decidieron SS. SS. al aprobar el Real Decreto-ley, que abarca la cifra nada desdeñable de 29.130 expedientes presentados, a fecha del 14 de septiembre, se ha requerido la dedicación de medios humanos y materiales importantes, que han atendido las solicitudes de los afectados, los han registrado, estudiado y analizado. Una vez evaluado y extractado cada expediente, se ha elevado al Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana para la cuantificación de la compensación al damnificado y firma del impreso del convenio transaccional correspondiente. Este es remitido al interesado a fin de que preste su conformidad o aceptación de la propuesta que, en el supuesto de ser positiva, se remite a la Dirección General de Protección Civil para libramiento de las cantidades acordadas. Finalmente, y a efectos de la renuncia a toda reclamación indemnizatoria, se remitirá uno de los ejemplares firmados por el interesado a la Audiencia Provincial de Valencia.
Todo el complejo procedimiento iniciado, la urgencia del mismo y el volumen de afectados, ha hecho necesaria la creación de una infraestructura administrativa especial y puntual para este supuesto, en cuya composición ha colaborado la Generalidad Valenciana. Para darnos una idea del trabajo realizado y del estado de la situación actual, diré que, a fecha de 14 de septiembre, habían sido presentadas un total de 29.130 solicitudes, de las cuales 29.060 lo hicieron en el plazo marcado por el Real Decreto-ley y 70 fuera de éste. En este punto hay que hacer constar que un gran número de solicitantes ha presentado, por diversas razones, su solicitud por duplicado, habiendo sido detectadas hasta el momento 1.134. De acuerdo con estos datos, prevemos que sean alrededor de 27.000 el número de expedientes a tramitar. Hasta el momento, 8 de septiembre, podemos hacer la siguiente enumeración de cifras: Número de convenios ofrecidos al damnificado: 7.339, por un importe económico de 2.963 millones de pesetas; convenios aceptados: 4.227; convenios pagados: 2.510, por algo más de 1.000 millones de pesetas; convenios en propuesta de pago: 1.102, por una cuantía cercana a los 500 millones; convenios en trámite: 615. La diferencia entre ofrecidos y aceptados corresponde no a desechados sino a convenios pendientes de contestación por parte de la persona a la que se le ha ofrecido.
En cuanto al índice de aceptación de convenios a fecha 14 de septiembre, puedo señalar que se han tramitado 7.339 propuestas de convenio, de los que hasta la fecha indicada han respondido 4.843, de los cuales 3.612 -es decir, el 74,58 por ciento- han sido aceptados por el interesado, lo que nos hace pensar que el índice de aceptación final alcanzará cifras muy próximas al 90 por ciento.
Teniendo en cuenta el ritmo de trabajo actual, estamos en condiciones de asegurar que durante la primera quincena de diciembre puede haber finalizado el grueso de esta labor, aun cuando es previsible que quede un pequeño número de expedientes, cuya específica complejidad dilate o pueda dilatar algo en el tiempo la solución definitiva.
Tengo que terminar, señoras y señores Diputados, reiterando mi interés personal por la pronta tramitación y resolución de los expedientes, así como mi satisfacción por el gran esfuerzo que está desplegando la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, el grupo de funcionarios puestos a su disposición, que están realizando, creo yo, su labor con la máxima celeridad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: En cuanto a los datos aportados por el señor Ministro en esta comparecencia, son datos que agradecemos y que seguramente serán muy importantes al conocerse públicamente por el conjunto de los afectados y de la opinión pública en el País Valenciano, y a nivel general, porque en España se siguió muy de cerca todo este tema de la presa de Tous, del juicio, de la indemnización, y hubo un debate en el Pleno de la Cámara en torno a este asunto, donde se tomaron las decisiones. Pero de 29.130 expedientes, aunque nosotros entendemos la complejidad de su elaboración, el esfuerzo y la colaboración establecida con la autonomía del País Valenciano para conseguir articularlos y recogerlos, en la práctica se han pagado 2.510, aunque hay otra serie de tramos, de convenios propuestos que están en marcha.
Esa famosa frase, tan española, «qué hay de lo mío», es

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una frase que se sigue repitiendo en la zona del País Valenciano y que nosotros queremos que se deje de repetir tanto porque la gente está muy agobiada; son gente modesta en su gran mayoría y han tenido daños irreparables. Este tema viene de muy lejos. Es verdad que se acuerda y se instrumenta el crédito extraordinario para resarcir de estos daños, para proceder a las indemnizaciones, pero cuando se trata de dinero público hay que ver los temas con rigor; rigor no está reñido con la necsidad de agilizar de manera importante estas indemnizaciones. Se aprobó, además, en vísperas de unas elecciones generales y es necesario que el Estado, que las instituciones democráticas, por el prestigio de la Administración, una vez celebradas las mismas, agilice el cobro a la gente que tiene derecho a ello.
Nosotros hemos planteado esta comparecencia movidos por la inquietud de Esquerra Unida del País Valenciá para que se dé a conocer a la opinión pública cómo está la tramitación y se le dé un impulso. Ese era el objetivo de nuestra comparecencia. También quiero decir que todavía hay una cantidad enorme de expedientes sin resolver, que sería malo que coleara este asunto un año o dos años más en nuestro país, independientemente de que haya flecos, y que el recurso de los afectados a los tribunales dé a éstos, como corresponde, la última palabra en el campo del litigio que mantienen con los poderes del Estado, con el Ejecutivo.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular el señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Señor Ministro, para nosotros el asunto que nos ocupa tiene que ser necesariamente enmarcado -y así nos lo piden los propios damnificados- dentro del contexto general de lo que el Real Decreto significa, como lo que el Gobierno quiso que fuera teóricamente, esto es, la solución última, la solución definitiva a las consecuencias ocasionadas por la ruptura en su día de la presa de Tous.
Nosotros ya dijimos en su momento -y es conveniente reiterarlo hoy aquí por lo que diré al final- que el texto de este Real Decreto adolecía de errores de concepción muy sustanciales que difícilmente iban a poder darle viabilidad en el sentido de intenciones con que el Gobierno lo promulgaba. Hubo ocasión de promulgar este Real Decreto como proyecto de ley a fin de promover un debate sereno que corrigiera los vacíos y disfunciones del texto, pero el Gobierno se negó a ello. Hubo ocasión de escuchar a los damnificados antes de concluir este Real Decreto, para que el mismo naciera arropado por un gran principio de acuerdo entre Gobierno y afectados, de manera que sus contenidos tuviesen garantizada una amplia apoyatura social y, sin embargo, el Gobierno tampoco mostró disposición alguna a hacerlo posible. En definitiva, hubo ocasión de cerrar este largo proceso de diez años con algo más que con esa especie de «o lo tomas o lo dejas» con la que nuevamente se vuelven a ignorar las verdaderas dimensiones de un problema que sigue pendiente.
Este Real Decreto falla, señor Ministro, porque no cumple la finalidad que el propio señor Ministro anunciaba en la sesión del 27 de abril; esto es, ofrecer a todos los damnificados una vía de resarcimiento. No puede cumplirla, aunque el señor Ministro sostiene otra tesis, desde el momento en que su ámbito de aplicación se ciñe tan sólo a aquellos que figuran en la relación del proceso, ignorando así que desde esa perspectiva se cierra todo camino a aquellos particulares y municipios que no figuran en esa relación por causas que, desde luego, no le son imputables. Sé que el señor Ministro ha sostenido y sostiene una tesis de interpretación distinta, pero los hechos y sobre todo las normas dictadas por los representantes del Gobierno en la Comunidad Valenciana están claramente avalando nuestra interpretación. Falla también porque después de diez años no sólo no se contemplan elementos para la actualización de la valoración de daños o el reconocimiento del interés devengado, sino que, por el contrario, define una orientación que en lo jurídico y en lo político resulta poco sostenible, como es la deducción aplicada a las cantidades que se pudieron percibir en concepto de subvenciones a fondo perdido y aquéllas recibidas del Consorcio de Compensación de Seguros. Y falla, en definitiva, señor Ministro, porque desatiende cuestiones que no se pueden ignorar, como las que tiene que ver con la reposición de las tierras de Antella, la compensación a sus propietarios por el tiempo en el que no han podido cultivar esas tierras, la eliminación de toda referencia a los créditos concedidos sobre la central de riesgos del Banco de España o la compensación por los gastos extraordinarios que tuvieron que sufragar quienes comparecieron en la acusación particular.
Este Real Decreto no colmó, por tanto, señor Ministro, lo que eran las exigencias indispensables para cerrar con satisfacción lo que la propia realidad de la cuestión demandaba. Y prueba de ello es que prácticamente todos los grupos políticos, incluida la ejecutiva socialista de La Ribera, reclamaron la modificación de sus postulados fundamentales, precisamente en la línea que acabamos de apuntar.
Pues bien, las cifras que ha dado el señor Ministro y las que nosotros disponemos pueden coincidir en algunos aspectos, varían en otros, pero, desde luego, a nosotros nos invitan a una interpretación diferente.
Nosotros creemos que los contenidos, los términos de la transacción ofrecida por el Gobierno no han conseguido calar en el ánimo de los afectados y que las propias cifras, la interpretación de lo que esas cifras significan así lo acreditan. En estos momentos, según nuestros datos, son 27.060 los damnificados que han solicitado información sobre su caso, si bien muchos de ellos nunca podrán ser beneficiarios de esa transacción por no reunir los requisitos subjetivos que exige para ello el propio Real Decreto, y de ahí la referencia que el señor Ministro ha hecho a que estas solicitudes serán remitidas, cada una de ellas, a la Audiencia Provincial. De esas 27.060 solicitudes de información, sólo han sido contestadas por la

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Administración 7.339, de las cuales 4.227 propuestas de transacción han sido aceptadas por los interesados, mientras que otros 3.112 han rechazado las valoraciones que se les han ofrecido. En todo caso quedan, según nuestros números, 19.721 damnifizados a los que aún no se les ha contestado su solicitud de información y otros 6.940 perjudicados que ni siquiera han formulado una consulta.
Con independencia, pues, de los contenidos del Real Decreto, hay que señalar también que estos números indican que la capacidad operativa de la Administración ha sido tan lenta como insuficiente. No cuestionamos la predisposición de ánimo, la buena voluntad de las autoridades y de los funcionarios. ¡Naturalmente que no! Pero sí decimos que esa capacidad operativa ha sido insuficiente por no haberse dispuesto de los elementos materiales y humanos indispensables para dar cumplimiento a la reiterada promesa de dotar a la tramitación de estas solicitudes de la máxima celeridad. También decimos que ha habido un error esencial en el planteamiento de fondo de esta cuestión que determina la falta de celeridad, y éste es la necesidad que establece el Real Decreto de rehacer todo el proceso de acreditación documental del daño sufrido por cada damnificado -hecho tremendamente dificultoso una vez transcurridos diez años y con la desaparición de algunas de las evidencias físicas, como es natural-, cuando hubiera resultado mucho más simple y lógico tomar como referencia la llamada cartilla del damnificado y cuando, además, la propia Administración ha reconocido que obran en su poder todas las valoraciones tramitadas ante los ayuntamientos en 1991, cuando se prometió que se iba a dar una inmediata solución política a este caso, antes de que el Tribunal Supremo fallara los recursos que le habían sido presentados, promesa que por cierto quedó en el olvido una vez se celebraron las elecciones locales y autonómicas de aquel año.
Las cifras anteriormente señaladas se han de completar, desde nuestro punto de vista, con una consideración que el propio señor Ministro ha reconocido y que revela hasta qué punto la Administración no ha sido capaz de atender sus propias previsiones en lo que concierne al modo de aplicación de este Real Decreto, porque lo cierto es que a fecha de hoy sólo 2.510 afectados han recibido las cantidades correspondientes, lo que no puede considerarse en absoluto como un paradigma de diligencia. Sobre todo ello no se puede perder de vista tampoco lo que es el estado de opinión generalizado entre los damnificados en relación con la dotación presupuestaria de este Real Decreto. Decía el señor Ministro en la sesión del 27 de abril que 19.000 millones de pesetas no son una limosna.
Efectivamente, esa afirmación por sí sola resultaría irrebatible si no fuera porque por sí sola no sirve en el caso que nos ocupa, ya que difícilmente esos 19.000 millones de pesetas, en pesetas de 1993, pueden alcanzar un montante capaz de resarcir el conjunto final de pérdidas sufridas por los particulares y valoradas en 51.000 millones en pesetas de 1982.
La dotación del crédito es, a nuestro juicio, un postulado básico, señor Ministro, para entender el tenor literal de este Real Decreto y, por consiguiente, su ejecución ulterior. Y es que da la sensación, al menos esa sensación tienen los damnificados, señor Presidente, de que aquí se pensó primero en el dinero disponible en la caja del Estado para después acomodar el sentido de la letra legal. Eso, evidentemente, es algo que, como digo, no escapa a los propios afectados. Los damnificados, pues, se están viendo prisioneros de un estado de necesidad que hay que valorar a la hora de interpretar las cifras de ejecución de este Real Decreto. Un estado de necesidad que en muchos casos resulta insostenible después de diez años de espera y que ha forzado a una parte de los mismos a tener que acogerse al Real Decreto aun sabiendo que con ello están teniendo que renunciar a una reparación económica más equiparable al valor del daño entonces sufrido, y por ello esa sensación de haber sido maltratados a lo largo de estos diez años no solamente no ha desaparecido con la aplicación de este Real Decreto, sino que en muchos casos, en muchos sectores de la sociedad de La Ribera, se ha agudizado aún más.
Tampoco se puede ocultar, señor Ministro, que las bases del convenio de transacción están concebidas a la baja.


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego que concluya.


El señor GIL LAZARO: Termino en un par de minutos, señor Presidente.
Gracias.
Y sobre ello no sólo se están produciendo valoraciones por debajo de lo que correspondería a la mera aplicación literal de esas bases, lo cual resulta de todo punto incomprensible, sino que, además, se está produciendo lo que ya advertimos que iba a pasar, esto es, que la prevista retención sobre la valoración transaccional de las cantidades que en cada caso pudieren quedar pendientes por créditos concedidos por instituciones oficiales a los particulares iba a conllevar el que alguno de esos damnificados, en vez de percibir por vía de la transacción, aún quedaran deudores del Estado. Eso también se ha observado ya en la práctica, aun cuando desde fuentes gubernamentales se prometió que nunca sería así.
Concluyo, señor Presidente, diciendo aquí lo que dicen las gentes de Alcira, de Carcagente y de la Ribera. Dicen que el Real Decreto, sienten que el Real Decreto 4/1993 fue una especie de fruto precipitado del miedo a una sangría electoral, y sólo así se puede comprender que se tratase de presentar como solución global lo que sólo estaba llamado a ser un remiendo mal hilvanado. Después de ese Real Decreto el Gobierno perdió por vez primera unas elecciones en las dos capitales emblemáticas de lo que fue la tragedia de la pantanada, y me refiero a las ciudades de Alcira y Carcagente, lo que comporta un dato que no se puede obviar, esto es, que los damnificados no se vieron en modo alguno identificados con lo que se les ofrecía como alternativa a sus diez años de penalidad.
Quiero que se entienda, señor Presidente, señor Ministro, que digo esto desde una profunda vocación constructiva, para que entre todos seamos capaces de cerrar bien

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lo que hasta ahora se ha hecho mal, y no hay ninguna razón que impida que en lo sucesivo, en vez de estar debatiendo la mecánica de desarrollo de un texto cojo, sin duda bien intencionado en su génesis pero cojo, podamos ir más allá dando lugar a las reconsideraciones precisas para que un texto reformado de este Real Decreto coincida en su espíritu y en su letra con lo que los hechos requieren.
Recuerdo que el señor Trillo-Figueroa, en la sesión del día 27 de abril, señalaba que en este caso miles de ciudadanos se han visto gravemente afectados por un mal funcionamiento de un servicio público, visto el hundimiento de la presa, un mal funcionamiento del Gobierno, visto que ha necesitado más de diez años para reaccionar y cuando lo ha hecho ha sido de una forma muy parca, y, desde luego, ha funcionado mal la Administración de justicia, hasta el punto de quedar muy en entredicho el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Quizá por eso son muchas las circunstancias dimanadas del hundimiento de la presa de Tous que aún quedan por resolver. Permítame, para terminar en un minuto, una breve referencia a dos de ellas, cuyas consecuencias, señor Ministro, entre todos, si queremos, aún podemos evitar, porque pueden ser consecuencias graves.
El próximo 13 de octubre volverá a celebrarse la vista oral en unas condiciones que hacen imposible el que los damnificados que comparecen en la acusación particular puedan efectuar los nuevos y cuantiosos desembolsos que exige la defensa de su derecho en lo que concierne a la realización de la prueba pericial; mientras que se tienen noticias de que la Administración ha contratado ya a una consultora inglesa para que asegure ante el Tribunal la confirmación de sus tesis. Hubo promesas electorales muy contundentes afirmando que se reintegrarían los gastos devengados por la acusación particular, precisamente para garantizar a ésta la posibilidad de comparecer en el nuevo juicio, en igualdad de condiciones, frente a la Administración. Nada se ha hecho al respecto y eso genera tensión. Por último, hay que hacer algo, y hay que hacerlo con urgencia, para garantizar que aquellos ciudadanos que desean continuar residiendo en el casco antiguo del municipio de Gavarda puedan ver plenamente consolidado su derecho. Esta es también una cuestión arrastrada desde hace tiempo que puede degenerar en un serio conflicto si, como toda solución, sólo se prevé desalojar por la fuerza a esos vecinos cuando su justa pretensión de permanecer en sus casas viene avalada por el parecer institucional del Defensor del Pueblo y por unas manifestaciones clarísimas de voluntad efectuadas en su momento por las Cortes Valencianas.
Concluyo pues, señor Presidente, volviendo a señalar el elemento clave de toda esta cuestión, esto es, que el Real Decreto 4/1993 no ha sido capaz de constituir el epílogo que todos, sin lugar a dudas todos, Gobierno, grupos parlamentarios y afectados hubiésemos deseado. Por ello volvemos a reclamar que el Gobierno, dialogando con esos afectados, adopte las iniciativas de modificación precisas para que el señor Ministro no pase a la historia como el Ministro que arregló a medias este problema, tal y como él afirmó en la sesión del 27 de abril, sino como el Ministro que promovió y logró la solución definitiva, justa y completa del mismo.
Nosotros sinceramente, señor Ministro, así lo deseamos, pero de usted y del Gobierno depende.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ciscar.


El señor CISCAR CASABAN: Señor Presidente, señorías, intervengo con brevedad indicando, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, que la comparecencia del señor Ministro a la que asistimos está relacionada fundamentalmente con la información en torno a la solicitud de acogida al propio Real Decreto-ley que establecía las posibilidades de compensación.
En ese aspecto quiero agradecer la información que el señor Ministro nos ha ofrecido y que nos permite conocer con exactitud cuál es la situación en este momento y, al mismo tiempo también, la indicación que el señor Ministro ha realizado de que a lo largo de diciembre, y en torno a la primera quincena, podrán estar resueltos los trámites de los expedientes que en este momento nos ha indicado que existen.
Si bien es cierto que las manifestaciones que aquí podemos escuchar nos llevan de nuevo a lo que fue el debate, en su día, en torno a la situación producida por los daños de la rotura de la presa de Tous, creo que se olvidan algunos hechos que son fundamentales para entender esta situación. En primer lugar, es cierto que a lo largo de diez años, desde 1982 hasta principios de 1993, la situación no había sido resuelta por los tribunales, por tanto, por la Administración de justicia, y que no había ningún damnificado que pudiera traer derechos indemnizatorios para percibir las compensaciones correspondientes por parte del Estado. En ese momento, sobre todo después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, en la que tan sólo se reconocieron derechos indemnizatorios a 4.426 afectados, dejando fuera a los 19.000 restantes que habían sido personados, fue el Tribunal Supremo el que, al anular esa sentencia, dejó naturalmente sin derechos indemnizatorios a ninguno de los casi 24.000 personados en la causa. Posteriormente y en virtud del Real Decreto-ley es cuando se ofrece la posibilidad de compensación, y no hay que olvidar que esa posibilidad de compensación está basada en un convenio entre las partes que supone la renuncia a las acciones judiciales y el acuerdo en cuanto a la cantidad que se va a percibir como compensación. Quiere ello decir, por tanto, que está basado también en la propia libertad de los afectados de entender que la compensación es justa, y por tanto acogerse a ella, o de continuar por la vía judicial tratando de obtener el reconocimiento de sus derechos indemnizatorios. Es una acción clara tendente a compensar, de forma justa, a aquellas personas que han sufrido daños y que quieran acogerse a esa posibilidad, dejando también, como es lógico, abierta la posibilidad a quienes quieran conseguir sus derechos indemnizatorios por la propia vía judicial. El hecho de las solicitudes, que

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nos ha informado el señor Ministro que rebasan las 27.000, supone que ha habido más damnificados incluso de los que se personaron en su día en la causa que han acudido a esa vía, por tanto, que han expresado su voluntad de llegar a una compensación. Es lógico que cuando hay que establecer comprobaciones para que las compensaciones sean justas, los trámites no puedan ser todo lo rápidos que se deseara, pero es también cierto que en este plazo de tiempo se ha podido ya resolver un número importante de expedientes, ofrecer unas posibilidades de compensación a aquellos que lo han aceptado y, además, avanzar en el trámite en los próximos meses para que se pueda completar de la mejor forma posible.
Estos son los hechos reales. Y lo que no se puede plantear en estos momentos es que una responsabilidad la asuma directamente la Administración o el Gobierno, cuando los derechos indemnizatorios no han podido ser obtenidos a lo largo de diez años y, en cambio, sí que se ha ofrecido, porque la legislación así lo permite, la posibilidad de acceder a estos acuerdos. Este paso es importante. Puedo afirmar que la mayor parte de los afectados lo han recibido con el interés propio de resolver esta situación, con independencia de que queden algunas cuestiones pendientes o la posibilidad también, que han planteado las distinas asociaciones a través de sus representantes, de obtener resarcimiento o compensación por aquellos gastos que han realizado a lo largo de este tiempo para defender lo que eran sus expectativas legítimas. Es también cierto que ha habido, tanto desde la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana como desde la propia Generalitat, conversaciones, aproximaciones y deseo de solución incluso en aquellos aspectos que no estaban exactamente contemplados. Por tanto, mi Grupo confía plenamente y comparte el planteamiento que el Ministro del Interior ha ofrecido. Somos conscientes del esfuerzo y la diligencia que se ha empleado por la propia Delegación de Gobierno en este corto plazo de tiempo para resolver este problema y confiamos también en que en el tiempo restante, que aquí nos ha indicado el señor Ministro, se puedan ir solucionando estas cuestiones y pueda obtenerse el resarcimiento o la compensación por parte del mayor número posible de damnificados que, de acuerdo con su voluntad libremente expresada, lo establezcan en el convenio.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Corcuera Cuesta): Señor Presidente, si me permiten, voy a hacer una referencia a algo que he dicho antes y es que, a veces, tiene uno la sensación de que es mejor no meterse en según qué cosas porque siempre sale trasquilado. ¡Miren que el Ministerio del Interior estaba al margen de este asunto! Un día en una Comisión le pillan a uno y le dicen: Vamos a ver si lo solucionamos. Y dice Izquierda Unida: Si lo soluciona le vamos a poner una placa. Yo creo que, si se cumplen los plazos que he dicho, la placa de la que habló el señor de Izquierda Unida, aunque nada más sea testimonial, me la habré ganado bien. Por lo que parece sólo me habré ganado media placa del Grupo Popular porque será a medias, pero no por lo que ha dicho, porque los miles de millones no están puestos al albur; están puestos en base a la extensión a otros damnificados que no habían ejercido la acción civil, teniendo en cuenta la decisión judicial de la Audiencia de Valencia. La previsión, teniendo en cuenta esto, es que con 19.000 millones se puede hacer. Por tanto, no es un número caprichoso.
Los argumentos que da el señor Gil son los que su Grupo dio en el debate del Real Decreto-ley. Por tanto mis respetos a los mismos, pero la Cámara ya se pronunció al respecto.
El tiempo. Yo tengo necesariamente que decirles que siempre dudé de que esto se hiciera a la velocidad que se está haciendo. Desde que se aprueba hemos tenido unas elecciones generales que, se quiera o no se quiera, paraliza mucho la Administración; hemos tenido también vacaciones, pero puedo decirles que al 13 de octubre la previsión es ofrecer 12.500 propuestas de acuerdo. Ha habido un período de tiempo en que ha habido que crear el instrumento y hacer posible que los funcionarios se pusieran a trabajar. Creado el instrumento va a haber más velocidad y yo espero que se cumplan los plazos de diciembre. Si terminamos en este año, después -no es una cosa mía sino del representante de Izquierda Unida- voy a tener la satisfacción de que me invite a comer y me dé la placa.
Me queda una cosa que no sé cómo resolver. Ni quiero hacer un titular ni tan siquiera un compromiso; no hay compromiso. Pero tengo que hacerme eco de algo que alguna razón tiene de ser expuesto. Aquellos que dedicaron recursos económicos a plantear su defensa con abogados e hicieron acuerdos transaccionales, es cierto que van a encontrarse en una peor situación que quien no utilizó recursos esperando que la Administración extendiera la decisión judicial hacia los que la habían planteado al resto de los damnificados. Ningún compromiso, por tanto, pero voy a ver -y el Gobierno va a ver- si es posible tener en cuenta eso. Insisto en que no quiero hacer ningún titular y, mucho menos, que de lo que acabo de decir se derive un compromiso que luego me puedan exigir.
Reitero lo dicho, señorías. Si en la primera quincena de diciembre somos capaces de dar respuesta a todos los expedientes planteados, a mí me parece que en ese supuesto lo único que cabría decir es que la Administración ha actuado con celeridad. Eso es lo que creo. Vamos a contemplar algo que he entendido de lo que ha dicho el señor Gil y que a mí me ha llegado por otras áreas, empezando por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, que es ver en qué forma podemos analizar esa situación. A resultados no me comprometo, porque ni están en el Real Decreto ni tengo la capacidad para poder hacerlo.
Concluyo como empecé esta segunda intervención, señorías. La verdad es que el Ministerio del Interior no formaba parte de esto. Habrá que reconocer que proponemos una vía de salida, porque estaba cegada la otra; otra cosa es que se considere insuficiente, y no conozco a

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ningún sujeto a indemnizar que esté de acuerdo con su indemnización.
Claro que a quien no tiene que pagar le puede venir bien, porque puede decir lo que quiera; al que tiene la responsabilidad de pagar ya no le puede venir bien. (El señor Peralta pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Peralta, ¿se siente usted aludido en el tema de la placa y de la comida? Tiene un minuto.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, quiero disculparme ante la Comisión y ante el señor Ministro por no haber podido estar presente en esta comparecencia que había solicitado mi Grupo -yo concretamente-, pero estaba en otra Comisión yo solo. Lamento no haber estado presente en esta Comisión en la que el señor Ministro ha dado informaciones bastante positivas sobre la marcha de los expedientes y previsiones bastante optimistas, que nuestro Grupo apoya, en cuanto a una próxima terminación de los expedientes este año, lo cual nosotros celebraríamos. Mantenemos plenamente los compromisos que en su día asumimos en la medida en que comprobamos que usted los asume y, desde luego, si resuelve ese tema al que ha hecho referencia de los gastos que soportaron determinados ciudadanos para llevar adelante el proceso, el asunto quedará todavía mucho mejor. (El señor Gil pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no hay réplica. En la comparecencia ha habido una alusión, pero no a S. S.


El señor GIL LAZARO: Si el señor Presidente me lo permitiera, en un minuto solventaría una alusión conceptual del señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Ha habido alguna contradicción, lógicamente, pero no es posible romper la normal interpretación del Reglamento, concretamente el artículo 203, que hacemos en esta Comisión.
Señorías, con esto terminamos las comparecencias del señor Ministro del Interior, al que doy las gracias por el esfuerzo y la información dada, un día más, en esta Comisión. (Pausa.)

- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (ROLDAN IBAÑEZ) PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE LE HAN LLEVADO AL AUMENTO DE LA PLANTILLA DENTRO DE LA CUPULA DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000008.)

El señor PRESIDENTE: El punto séptimo del orden del día, señorías, es la comparecencia del Director General de la Guardia Civil, don Luis Roldán, quien se encuentra en esta Comisión y al que doy la bienvenida, por iniciativa del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con el fin de que explique las razones que le han llevado al aumento de la plantilla dentro de la cúpula del Cuerpo de la Guardia Civil.
Señor Director General de la Guardia Civil, tiene la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Roldán Ibáñez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en mi toma de posesión en octubre de 1986, hace ya casi siete años, la Guardia Civil se configuraba como una estructura de Cuerpo de Ejército, con un jefe (director general), un segundo jefe (subdirector general) y un Estado Mayor de asistencia mandado por un general de brigada del Ejército de Tierra, con cuatro secciones al mando de tenientes-coroneles, también del Ejército de Tierra, diplomados de Estado Mayor.
A partir de ese momento comienza un proceso de transformación basado fundamentalmente en tres puntos. Primero, el de dotar a la Dirección General de la Guardia Civil de una estructura de gestión logística y operativa, modificando una estructura propia de un Cuerpo de Ejército y transformándola en una estructura administrativa de centro de mando directivo, todo ello conforme a su dimensión. Segundo, reorganizar los servicios periféricos, acomodados entonces al despliegue del Ejército de Tierra y relacionado por tanto con las entonces capitanías generales del Ejército, adaptando su estructura a la estructura territorial del Estado de las autonomías. Por último, sustituir los mandos del Ejército de Tierra por los propios de la Guardia Civil en las tareas de máxima responsabilidad que hasta ese momento no desempeñaban.
Este proceso que hoy podemos considerar en su última fase no sólo se ha hecho con la necesaria prudencia en la transformación de instituciones tran tradicionales como la que me honro en dirigir, sino que el resultado final refleja una estructura modesta, eficaz y moderna, que resiste cualquier comparación, con ventaja, no sólo con unidades administrativas sino también con las de cuerpos policiales de naturaleza militar de nuestro entorno (como puede ser Gendarmería o Carabineros) e incluso con cuerpos de policía de naturaleza civil.
No es la cuestión, a mi entender, comparar el número de directivos de una organización en una época u otra del tiempo, sino estudiar su adaptación a las necesidades de dicha organización. En este punto, es necesario recordar las dimensiones de la Guardia Civil. En primer lugar, el número de miembros que en estos momentos alcanza este Cuerpo está próximo a las 68.000 personas, lo que requiere un esfuerzo de administración y política de personal fácilmente imaginable. Asimismo, la función de formación que todos los años desempeñamos facilita cursos de acceso, promoción y perfeccionamiento a más de 10.000 personas, junto también con el ingreso, en estos momentos, del orden de 5.000 personas nuevas. Del mismo modo es destacable que el número de unidades

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independientes es de más de 2.700 y que su dispersión es por toda la geografía nacional. En el ámbito de material, por ejemplo, habría que destacar que, además de los 2.900 cuarteles a los que ha hecho antes referencia el señor Ministro que dan soporte a estas instalaciones y que lógicamente convierten al Instituto en una formidable gestora inmobiliaria, hay además 13.000 vehículos que componen su parque de automóviles, más de 150.000 armas, una red de comunicaciones, una red de informática, el vestuario del personal, etcétera. El presupuesto total de la Dirección General de la Guardia Civil para 1993, excluyendo la Agrupación de Tráfico que depende presupuestariamente de la Dirección General de Tráfico, alcanza la cifra de 210.000 millones de pesetas. Sólo la gestión de la nómina mensual puede dar idea del volumen de trabajo administrativo y de responsabilidad que comporta la Guardia Civil. (La Señora Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la presidencia.) Pues bien, con estas cifras, lo que S. S. llama el aumento de la plantilla dentro de la cúpula de la Guardia Civil ha consistido en dotar a la Dirección General de un total de cinco subdirecciones generales, de las cuales una es el Gabinete Técnico, como órgano que ha dirigido y dirige el proceso de reorganización; otra tiene funciones inspectoras, que comprenderá que son muy necesarias con las cifras que le acabo de revelar; quedando para las tareas de gestión la Subdirección de Personal, otra de Apoyo de Gestión de Recursos Económicos y una última Subdirección de Operaciones. No existen en toda la Administración española subdirecciones generales con un volumen de gestión, y por tanto de responsabilidad, tan elevado como el que se da en este centro directivo.
Me he tomado la molestia de comprobarlo en estos días y le aseguro que estamos a la cabeza en cuanto a parquedad estructural se refiere. La verdad es que nunca pensé que iba a ser interpelado por este motivo, sino que más bien pensé que lo sería por el contrario, pues, como le decía al principio, esta transformación de un Cuerpo de Ejército a una unidad administrativa se ha realizado, entre otras características, con la máxima prudencia y con una constante evolución durante estos siete años.
La adaptación de la organización periférica de la Guardia Civil al Estado de las Autonomías que configura nuestra Constitución era también una tarea pendiente, ya que, como he dicho, la Guardia Civil estaba organizada conforme al antiguo modelo de capitanías generales del Ejército de Tierra, y hemos buscando un modelo más racional pero también parco, donde todas las zonas de la Guardia Civil ejerzan su competencia en comunidades autónomas completas, creando además una nueva zona con mando de coronel para Canarias y Baleares y una de general para las comunidades autónomas de Galicia y de Asturias, al objeto de prestar una especial atención a estas regiones y particularmente a las regiones insulares.
Es obvio que estos cambios han supuesto un aumento en el número de oficiales generales en el Cuerpo de la Guardia Civil, pero también en este punto las comparaciones se comentan por sí solas. En estos momentos, la Guardia Civil cuenta con un total de 16 generales entre división y de brigada (4 de división y 12 de brigada) para más de 68.000 efectivos profesionales. Por poner algún ejemplo, la Gendarmería francesa cuenta para su desarrollo, además de con un Gabinete Técnico y de la Inspección de la Gendarmería, con cinco subdirecciones generales, y en cuanto al número de sus generales, estos alcanzan la cifra de 26 en sus distintos empleos; el Cuerpo de Carabineros de Italia cuenta además de con un teniente-general jefe de Cuerpo con un total de 31 generales, de los que nueve de ellos son subdirectores generales. Por tanto, no se ha realizado ningún aumento significativo de la plantilla que responda a razones estructurales u organizativas, sino que los cambios en el número de efectivos en los diferentes empleos de oficiales del Cuerpo se han producido sólo por la aplicación de una norma legal, que es la contenida en la Ley 48/1981 de Ascensos Militares.
Por último, si se recuerda el tercer punto, base también de la transformación acometida, puedo indicarle que se ha realizado de forma completa la sustitución de los oficiales del Estado Mayor del Ejército de Tierra que prestaban servicio en la Guardia Civil por otros miembros del cuerpo, una vez que éstos han podido alcanzar el diploma de Estado Mayor, cosa que no era posible hasta el año 1984. Es obvio, pues, que no todos los diplomados de este curso superior pasan a ocupar puestos de trabajo en el antiguo Estado Mayor de la Dirección General, sino que se ha establecido que un número máximo de dos o tres titulados de cada promoción son los que pasan a ocupar destinos de distinta índole, donde puedan realizar mejor su labor.
Comprenderá por tanto, señoría, mi sorpresa por la petición de comparecencia, máxime cuando este proceso ha sido realizado de forma continua a lo largo de los siete años que llevo al frente del Instituto.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): La comparecencia del Director General de la Guardia Civil se ha producido a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En nombre del citado Grupo, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: La comparecencia que nosotros hemos solicitado es una comparecencia que nos sentimos obligados como Grupo Parlamentario a solicitar para velar por la gestión de los impuestos de los ciudadanos, por el control del organigrama y de la dirección de las instituciones del Estado en España, en este caso de la Guardia Civil, y no creo -es un argumento parlamentario y político- que deba usted sorprenderse por la solicitud de una comparecencia de estas características. Yo no me he referido -y no me voy a referir en el contenido de la misma- al cambio que se ha operado. El que haya una dirección de un ciudadano civil, político, al frente de una institución como la Guardia Civil constituye un cambio extraordinariamente importante y positivo en relación con nuestra reciente historia, así como que cuente con un organigrama que consideramos lógico -al que yo me voy

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a referir ahora- compuesto por generales de división, en una parte, y, en otra, por generales de brigada. Pero es un apartado específico al que yo quiero referirme, para que usted explique a esta Comisión, a petición de nuestro Grupo, qué razones le han llevado a ello.
Por ejemplo, a nosotros nos parece bien que en la Dirección General que usted ostenta exista un organigrama con un subdirector general de Gabinete Técnico, con un subdirector general de Inspección General, con un subdirector general de Apoyo, con un subdirector general de Operaciones y con un subdirector general de Personal, la mayoría de ellos generales de división. También nos parece lógico que exista una Jefatura de Enseñanza, una Jefatura de Investigación e Información, una Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva y una Jefatura de Servicios de Apoyo, todas ellas dirigidas por generales de brigada. Desde Izquierda Unida nada tenemos que objetar a un organigrama de estas características.
Ahora bien, hay 12 miembros que se han incorporado a la organización, a la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil -ORIS en abreviatura-, hay 12 agentes adscritos que han tenido relaciones y actividades con el Centro Superior de Información de la Defensa, que están en posesión de cursos superiores de técnicas operativas de inteligencia, espionaje y contraespionaje, cuatro de ellos sargentos, y también hay cabos, que han sido condecorados con la Cruz Roja del Mérito de la Guardia Civil, en algún momento, por usted mismo, y es necesario que se explique qué funciones cumplen y por qué se ha producido ese incremento, si antes no existía. Este es el apartado concreto. Esa es nuestra petición de información. También es necesario que se explique cómo es conocido en el Cuerpo, a raíz de algunas informaciones que hemos recibido, este grupo que se define -con eso tan español como son los motes, que son para los españoles casi como títulos de nobleza-, cuando se refieren a él, como los PATAS NEGRAS y cuando explican su disposición de fondo, su actuación dependiendo de la Dirección General, teniendo en cuenta que estamos hablando, en España y en la Guardia Civil, de situaciones difíciles, de salarios bajos, de horarios extensos, de disponer de medios para que fundamentalmente los agentes hagan su trabajo en la calle, es decir, de austeridad. Nosotros tenemos que llevar un control de este tema desde el punto de vista ético, estético, jurídico y también presupuestario. Y ésa era -agradeciendo todos los datos que usted ha dado, de los que quedará constancia en el «Diario de Sesiones»- la información que veníamos a solicitar.
Creo que usted sabía muy bien lo que nosotros queríamos de esta convocatoria, porque usted es un hombre informado. De hecho, una gran parte del salario que recibe lo recibe por esa cualidad, que debe tener un buen Director de la Guardia Civil, la de estar informado, y, en esa línea, queremos que explique este aumento, estas situaciones que se denuncian, para que nosotros conozcamos cómo se están administrando los presupuestos, los fondos, en la Dirección General y por qué en este apartado concreto se ha producido este incremento tan notorio e importante en el último período, que antes no existía, según nuestra información, que queremos contrastar aquí.
Muchas gracias por la atención prestada.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Para contestar, tiene la palabra el señor Director General.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Roldán Ibáñez): Si me lo permite, señor Romero, aunque la solicitud de comparecencia, tal como estaba redactada, habla de la cúpula, voy a aprovechar para responderle y no tener que volver otro día, aunque estoy dispuesto a venir tantas veces como la Comisión desee, pero aprovechamos la ocasión y resolvemos el tema.
Existe una cuestión de principio. No es que yo cobre por estar informado, sino que debo estar informado para cumplir bien con mi responsabilidad y, consecuentemente, prestar un buen servicio -no sólo el mío sino el de toda la Institución- a la sociedad. Por tanto, es verdad que esto es así, pero desde esa perspectiva y no desde la otra.
Señor Romero, el problema es que usted está mal informado. Le informa mal el señor Cervero, que es un sargento de la Guardia Civil, expulsado de la misma, que es el que le informa de estas cosas, y al cual yo me niego a reingresar en el Cuerpo. Y como tiene mala información, esto da pie a preguntas de este tipo. Si quiere después le amplío un poco los detalles al respecto.
En primer lugar, me sorprendí mucho cuando leí la información a ese mote, que yo desconocía, de los PATAS NEGRAS. Me sorprendí mucho, primero porque decían que eran 12 cuando no eran 12, y después, tras una reflexión, porque me percaté de que lo que necesitaba no eran cinco PATAS NEGRAS, sino una granja completa de patas negras, con lo cual estoy seguro de que podría hacer mi trabajo muchísimo mejor, pero no para mí sino para la sociedad.
A nadie se le oculta que hay determinadas tareas e investigaciones en el Cuerpo -por ejemplo, me podría referir a los aspectos internos del Cuerpo -que sólo desde una cobertura no conocida se pueden realizar. Si usted quiere hacer una investigación en Baleares para saber si hay algún problema de irregularidades y manda a alguien del Servicio Central de Información de Madrid, todo el mundo sabe que si están ahí los de Información, es que están buscando algo, mientras que si van personas que están adcritas a otros servicios, prestando su trabajo y su responsabilidad en bien de la Institución, lógicamente, pasan mucho más desapercibidos y, con toda seguridad, sus gestiones son muchísimo más fructíferas para la Institución. Muchas de las operaciones que se han hecho y que se están haciendo para demostrar -y creo que cumplida cuenta han dado de ello los medios de comunicación- presuntas irregularidades cometidas por miembros del Instituto, en temas de tipo fiscal, por ejemplo, o incluso en relaciones con el narcotráfico o con el tráfico de estupefacientes, han sido posibles, entre otras cosas, gracias a este tipo de investigaciones. Comprenderá que la

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investigación interna de un colectivo es francamente difícil, porque el colectivo, de por sí, ya es extremadamente cerrado en cuanto a su simple división por parte de la estructura operativa que tiene la Institución.
En cuanto al aspecto que hace referencia al Cesid, el Cesid cuenta aproximadamente con 700 u 800 personas, posiblemente más -si quiere se lo preciso más en su momento- que son guardias civiles y que prestan su servicio en el Centro Superior de Inteligencia para la Defensa, que están allí un tiempo, que luego vuelven a la institución y se incorporan al destino que eligen, en función de la antigüedad o en función de la elección del mando, y otras veces vienen por ascenso o porque ellos mismos quieren cambiar de trabajo. Por tanto, no son cinco funcionarios del Cesid. En la Guardia Civil hay muchos funcionarios en el Cesid y hay muchos que en un momento determinado han estado destinados en el Cesid.
Esa es una realidad que usted conoce. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) La Oris. La Oris no es nada nuevo. Antes de llegar yo había un gabinete de prensa; ahora es algo más que un gabinete de prensa. Es un gabinete que se emplea en las relaciones con los medios de comunicación y también con los sociales, es decir, que atiende aquellos problemas de tipo social en los que, digamos, la interlocución es más fácil por ese medio. Le puedo citar, por ejemplo, desde viudas a muertos en acto de servicio o por muerte natural hasta personas que tienen problemas de colocación para los hijos, estudios o traslados. Todo ese tipo de cosas que antes no se hacían en ese departamento ahora se hacen, y el personal que hay es prácticamente el mismo que había antes, en todo caso, ampliado con las personas necesarias para estas nuevas funciones, no más.
En la información a la que usted ha hecho referencia, se hablaba también de la secretaría de despacho como algo nuevo, y no lo es, no es nada nuevo; es lo que antes se llamaba secretaría particular y que ahora tiene otro nombre, que es secretaría de despacho, porque hace algo más que ocuparse de los asuntos particulares del Director General. Se ocupa también de las tareas de registro y de despacho del Director con el resto de los servicios. Por lo tanto, ese incremento tampoco está motivado por cosas nuevas. En todo caso, serán cosas con otro nombre.
También hacía referencia implícitamente -aunque usted no me lo ha preguntado- al incremento en otros empleos. En mi contestación, he hecho referencia, de pasada, a que es un problema de imperativo legal. Es decir, yo tengo que cumplir la Ley 48/1981, que no se cumplía en la Guardia Civil, que supone el ascenso por años de antigüedad en el servicio y que tenía una vigencia. Cuando se empieza a aplicar en 1989, como se aplica con cinco años de retraso, supone que, de 47 coroneles, se pase a tener 135, la mayoría de ellos sin destino, precisamente por eso; los tenientes-coroneles, como ascienden por los años en los empleos, pues también; los comandantes, también, y de teniente a capitán, también. Por lo tanto, me veo en la obligación, por un imperativo legal, de ascender a un montón de gente, para no lesionar los derechos que, hasta entonces, quizá por una aplicación defectuosa, evidentemente, se estaban lesionando. Por eso, en 1988 se produce un incremento de tenientes, de capitanes, de comandantes y de coroneles que, lógicamente, se ha tenido que ir, digamos, amortiguando a lo largo de estos años, y hay un real decreto último que cifra ya la plantilla que en esos empleos estimamos que es la que deberíamos tener, que supone pasar de 47 coroneles, en 1987, a 95; pasar de 142 tenientes-coroneles, en 1987, a 180; pasar de 192 comandantes, en 1987, a 275; pasar de 924 capitanes, en 1987, a 730; y pasar de 634 tenientes, en 1987, a 1.045. Y ése es el último real decreto, que se aprobó, si mal no recuerdo, en el verano y que hace referencia a lo que entendemos que debe ser la plantilla, ajustando y amortiguando todos los efectos que ha tenido el cumplimiento de una Ley, insisto de 1981 y que ha producido estas distorsiones, pero no como un hecho voluntario de la Dirección de la Guardia Civil, sino, simplemente, por la mera aplicación de la Ley.
No sé si con esto que acabo de exponer, aunque no estaba en el redactado de su pregunta, le he contestado y le he satisfecho. Si no, en cualquier caso, me tiene a su disposición. (El señor Romero Ruiz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Romero, yo pensaba que, a estas horas de la tarde, ni siquiera usted se atrevería a pedir la palabra. En todo caso, ¿en base a qué artículo la solicita?

El señor ROMERO RUIZ: No la he pedido en ninguna de las comparecencias anteriores. Hoy me estoy portando muy bien. (Risas.) Hoy estoy desconocido. Quiero solamente hacer una aclaración.


El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Quiero hacerle una aclaración al Director General en relación con lo siguiente. En España se es muy dado por la Administración española, de antes y de ahora -creo que es una tendencia que producen estas tierras-, a la macroencefalia, a aglutinar a mucha gente por arriba, incluso a pedir asesoramiento fuera de las instituciones. Usted ha dado una explicación y unos datos que yo agradezco, pero sólo he pedido la palabra para corregirle una afirmación.
Usted se ha referido a una persona concreta, que no está aquí, ha dicho que es mi fuente de información y debería usted saber -si no lo debería corregir ahora- que tengo otras fuentes de información, y lo digo en su descargo y en el mío.


El señor DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL (Roldán Ibáñez): Espero que sean mejores.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo quiere fijar su posición? (Pausa.) Señorías, por tanto, terminamos la parte de comparecencias del orden del día, agradeciendo la comparecencia del Director General de la Guardia Civil, don Luis Roldán.


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- PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA URGENTE DECLARACION DE ZONA CATASTROFICA EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE FUENTEALAMO Y ONTUR, DE LA PROVINCIA DE ALBACETE, Y JUMILLA Y YECLA, DE LA DE MURCIA, CUYOS TERMINOS MUNICIPALES RESULTARON DURAMENTE AFECTADOS POR LA TORMENTA DE GRANIZO SUFRIDA EL DIA 1 DE JULIO DE 1993. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000005.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos, señorías, el debate del último punto, que se refiere a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la urgente declaración de zona catastrófica en beneficio de los municipios de Fuenteálamo y Ontur, de la provincia de Albacete, y Jumilla y Yecla, de la de Murcia, cuyos términos municipales resultaron duramente afectados por la tormenta de granizo sufrida el día 1 de julio de 1993.
La iniciativa parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peñarrubia.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Presidente, señorías, la naturaleza suele ser caprichosa con determinadas zonas de Levante y del sureste español. A épocas prolongadas de sequía, como la que actualmente padece la región de Murcia y comarcas de Albacete, se suceden imprevistas lluvias torrenciales, que provocan graves y dañinas inundaciones o precipitaciones acompañadas de pedrisco o granizo, como la que anteayer ocurrió en la ciudad de Yecla. El pasado 1 de julio del actual se produjo en amplias zonas de las comarcas de Albacete y Murcia, concretamente en los municipios de Fuenteálamo y Ontur, en la provincia de Albacete, y Yecla y Jumilla, en la Comunidad Autónoma de Murcia, una de estas precipitaciones de granizo, lo que provocó la práctica destrucción de las cosechas pendientes de recolección, especialmente cereales, uva, almendra y aceituna, dañando incluso a las plantaciones fijas, con el consiguiente perjuicio para próximas cosechas. Dichas precipitaciones afectaron igualmente a las infraestructuras agrarias, siendo la cuantía de los daños, en una primera valoración efectuada por agricultores, ayuntamientos, cooperativas y asociaciones agrarias, cercana a los 15.000 millones de pesetas, sin estar incluidas en esta valoración las pérdidas indirectas, como puede ser el aumento de paro como consecuencia también de la pérdida de futuras cosechas. Ahorro, dada la hora, a SS. SS. entrar en detalle exhaustivo de los daños que produjo la tormenta del 1 de julio.
Los ayuntamientos afectados, la propia Comunidad Autónoma y todos los grupos políticos en ella representados fueron conscientes de la magnitud de la catástrofe y, en consecuencia, adoptaron medidas tendentes a paliar en lo posible estos gravísimos daños, medidas tales como la moratoria de impuestos municipales, la concesión de créditos extraordinarios y algunas más. Pero a nadie se le escapa que dichas medidas, adaptadas a las posibilidades reales de las administraciones que las pusieron en práctica, son insuficientes, como insuficientes son también los seguros agrarios que cubren esta clase de daños y, teniendo en cuenta la situación económica y social de las comarcas afectadas como consecuencia de dicha tormenta, entiende el Grupo Popular que deben aplicarse los mecanismos que la legislación española contempla para estos casos, cual es la declaración de zona catastrófica para los municipios anteriormente mencionados; declaración que implica medidas tales como la concesión de beneficios fiscales, crediticios y de cotizaciones a la Seguridad Social.
Entiende mi Grupo que la agricultura española, abandonada y dejada de la mano de Dios por culpa de una nefasta política socialista, está necesitada de medidas de este tipo, sobre todo cuando ocurren circunstancias extraordinarias como las que aquí se están planteando.
En base a ello, el Grupo Popular somete a la consideración de esta Comisión la declaración de zona catastrófica de las comarcas mencionadas.


El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a la proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señorías, yo no me atrevería a culpar a la gestión socialista de algunas catástrofes, aunque ayer en la reunión que tuvimos de presupuestos alguien se atrevió a decir que la alta superioridad del cielo tenía buena relación con esta Administración.
Me gustaría referirme a lo que han sido los efectos de una tormenta de granizo que tuvo lugar el día 1 de julio y que ha provocado daños en todas y cada una de las producciones en comarcas enteras, tanto de nuestra región, en el caso de Yecla y Jumilla, en Murcia, como en Albacete, inclusive en una parte de Alicante, aunque no están recogidas en la propia proposición. Pero el problema no quedó ahí. A final de mes volvió a repetir otra nueva tormenta y el 27 volvió a haber unos efectos fuertes.
En este sentido, el nivel de informe que han ido haciendo las administraciones tienen para el viñedo casi el 80 por ciento de la superficie cultivada como cosecha totalmente perdida; para el año 1994, una prospección casi del 50 por ciento, y para 1995, el 30 por ciento; en el caso del almendro, casi a la mitad de la cosecha actual; en el olivo, casi el 60 por ciento, y para el próximo año, el 80 por ciento, puesto que el efecto para años venideros es peor que para el actual; en el cereal es casi el 35 por ciento, y podíamos seguir según la valoración que ha habido.
Si los ayuntamientos han tomado acuerdos en ese mismo mes de créditos extraordinarios, de actuaciones para paliar los efectos; si las propias comunidades autónomas han tomado medidas para dar líneas de crédito blando que subvencionan a 2,5 puntos, inclusive para

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cooperativistas un punto más, ¿por qué remitir a nivel del Estado, a nivel central, la solicitud de actuación? Pues, fundamentalmente, porque así fue solicitado por las administraciones locales, actuaciones del Gobierno central, tanto desde el Ministerio de Agricultura como desde la Seguridad Social, y actuación coordinada y globalizadora, porque así lo han planteado las propias organizaciones de agricultores y porque, según nosotros, la legislación que regula la declaración de esta zona catastrófica así lo posibilita.
A mí me gustaría que el decreto que regula la declaración de zona catastrófica lo tuviéramos encima, ya que hace referencia a zonas que tengan un nivel de emergencia o grave riesgo, tanto en personas como en bienes, ocasionados por una catástrofe por acontecimientos provocados por la naturaleza o calamidad pública. Inclusive hay experiencias anteriores de declaración del Gobierno del Estado de zona catastrófica. Por ejemplo, en el año 1987, por efecto de inundaciones, y en el año 1988, por daños causados por tormentas y lluvias torrenciales.
Por tanto, nosotros creemos que es positivo que haya una acción coordinada y globalizadora para hacer frente a los efectos que han provocado estas tormentas.
Nuestra propuesta de adición a lo que ha planteado el Grupo Popular iría a incorporar en la exposición de motivos lo ya realizado por la Administración. Administraciones locales y Administración regional. En la parte resolutiva, en todo el segundo párrafo, donde dice puede declararse zona catastrófica o puede no declararse zona catastrófica, especificamos cuatro medidas que podían afectar o beneficiar a nuestra propia región.
La primera sería la de créditos para reparar los daños de infraestructura de carácter central, ya que hay un volumen alto de montes públicos que están afectados, casi 560 hectáreas; establecer exenciones fiscales a los agricultores que han estado afectados en un volumen superior al 50 por ciento, tanto en viña como frutal, almendro, olivo, cereal o el caso del girasol; fijar por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la reducción o moratoria en las jornadas teóricas que se hayan podido perder por los propietarios afectados y que el Ministerio de Agricultura aumente la superficie a nivel de reforestación.
En el último párrafo proponemos que la gestión y el seguimiento de estas actuaciones se haga de forma descentralizada y coordinada con todas las administraciones, hecho que también recoge la normativa a nivel del Estado, sobre todo la Orden ministerial del año 1993, donde se habla del procedimiento para la concesión de ayudas a determinadas necesidades derivadas de catástrofes o de emergencia.
Por tanto, señor Presidente, señorías, nuestra propuesta sería adicionar y ampliar la del Grupo Popular y votar afirmativamente la declaración en caso de que el Consejo de Ministros así lo haga después de ser instado por este Congreso.


El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Camp.


El señor CAMP I BATALLA: La información de que disponemos es insuficiente, en general, en este tema. De ella se deduce que los daños ocasionados por estas tormentas se circunscriben a producciones agrícolas. Por consiguiente, estas producciones son susceptibles de estar aseguradas y ello nos lleva a que en el análisis que hacemos de la norma reguladora de las declaraciones de zonas catastróficas veamos cómo es de difícil encaje esta situación que se plantea en la propia norma, puesto que el artículo 4.º del Real Decreto de 27 de marzo del año 1981 establece que quedan excluidas de estas medidas los daños que sean indemnizables por compañías de seguros, mutuas o entidades de carácter similar, de naturaleza pública o privada, que sean sus consecuencias y arreglos susceptibles de previo aseguramiento. Es una política general tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas fomentar que exista cada vez más este seguro agrario previo y preventivo y, por consiguiente, creemos que difícilmente encaja en la norma y en la praxis.
Quizá la vía que se hubiese tenido que utilizar en este caso hubiera sido complementaria de las ayudas que se han recibido por parte de otras Administraciones de carácter local o regional, pero quizá no la de zona catastrófica, puesto que los daños se circunscriben, repito una vez más, a los estrictamente agrícolas; no hay daños en personas ni a nivel material, de infraestructuras o, si los hay, no son de un importe suficiente como para plantearnos una declaración de zona catastrófica de la forma que se han planteado. Por consiguiente, creo que la vía más adecuada hubiese sido la de solicitar al Gobierno central ayudas complementarias, pero que no habría que plantearse una declaración de zona catastrófica.
Por ello, nuestro Grupo anuncia que no podrá votar a favor de la propuesta que se somete a nuestra consideración.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cremades.


El señor CREMADES SENA: En la pasada legislatura, por enésima vez se plantearon proposiciones de ley parecidas en casos similares al que nos ocupa en este momento. Tenía la esperanza de que al iniciarse la V legislatura el Partido Popular aplicara un poco el sentido común en esta especie de caos, porque cada vez que hay una catástrofe de estas características, que yo suscribo y que el Grupo Socialista lamenta exactamente igual que el resto de los Grupos, se deberían tener en cuenta los mecanismos que tienen las distintas Administraciones para resolver este tipo de problemas.
Voy a intentar en esta Primera ocasión en que en esta legislatura tratamos una proposición de este tipo que en lo sucesivo seamos capaces de no traer una proposición de ley de estas características cada vez que hay un pedrisco o se producen unos daños en cualquier territorio. En

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mi circunscripción tengo bastante experiencia en estas cuestiones.
La proposición no de ley plantea dos cuestiones: una, la urgente declaración de zona catastrófica y, dos, la concesión de beneficios, que lleva implícito en caso de que se declarase zona catastrófica; beneficios fiscales, crediticios y de cotización a la Seguridad Social por parte de los agricultores, y se dice que en las mejores condiciones posibles. En todo caso, si se aprobase, ya no debería ser en las mejores condiciones posibles, sino en las condiciones suficientes para paliar los daños, con lo cual en la propia definición de la proposición no de ley se huele lo que siempre ha existido: una especie de planteamiento electoralista para quedar bien, precisamente saltándose a la torera toda la legislación que se establece para solucionar este tipo de problemas. Porque si se declarase zona catastrófica, el Portavoz del Grupo Popular debe de saber, igual que sabemos los demás, que no debe ni es posible declararse zona catastrófica cuando solamente hay un Ministerio afectado. En la propia definición de la declaración de zona catastrófica se habla de que para poder llevar esto a efecto tiene que haber varios ministerios afectados, tiene que haber grandes daños producidos en infraestructuras, en canales, en casas, en bienes materiales, en bienes muebles, etcétera.
La propia proposición no de ley ya reconoce que en el caso que nos ocupa solamente ha habido destrucción de cosechas y de plantaciones. Lo dice la proposición no de ley. También dice, en segundo lugar: en una valoración definitiva de los daños. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de un problema que tiene la solución en una política, que este gobierno ha venido llevando a cabo desde hace ya bastantes años a través del Ministerio de Agricultura, de intentar mantener las rentas agrarias a través del Plan anual de seguros agrarios.
No es cierto, como dice el ponente popular, que la agricultura está abandonada. Históricamente, la agricultura ha estado abandonada en este país. Afortunadamente, los problemas que tiene la agricultura española son en la actualidad de otras características y, desde luego, mucho menores que en el pasado más lejano, precisamente debido a las actuaciones que el Gobierno socialista ha venido practicando desde el año 1982.
Este Plan de seguros agrarios, a través de la empresa Enesa, subvenciona las primas de seguros hasta el 49 por cien, con un gasto presupuestario de 14.500 millones de pesetas en el último ejercicio. Sobre estos beneficios extraordinarios que se piden, por la propia legislación está contemplado que todas aquellas producciones susceptibles de aseguramiento no pueden, a la vez, ser susceptibles de otro tipo de ayuda extraordinaria, que sería la que pide el Portavoz del Grupo Popular con la declaración de zona catastrófica, por lo cual es prácticamente imposible. Y no es cierto, como dice la proposición no de ley, que hay un mecanismo idóneo de resolver estos problemas, como es la zona catastrófica porque, si se leyera exactamente la legislación, se daría uno cuenta perfectamente de que ese mecanismo no es posible en este caso.
Habrá que leer toda la legislación al respecto y habrá que tener presente, sobre las cosechas destruidas en las zonas de Fuente Alamo, de Ontur, de Jumilla y de Yecla, que en este momento todas las producciones son susceptibles de estar dentro del aseguramiento del Plan de seguros agrarios. Eso, por una parte.
Vamos a suponer que aceptáramos compensar a aquellos agricultores que no han querido asegurar su cosecha, vamos a suponer que estos agricultores fueran compensados, al igual que van a ser compensados todos los agricultores que, teniendo su cosecha asegurada, van a tener obviamente las indemnizaciones correspondientes, que el año pasado han sido de 12.000 millones de pesetas, a través de las compañías aseguradoras; vamos a suponer que hiciéramos eso. En primer lugar, estaríamos haciendo una injusticia. En segundo lugar, estaríamos desmantelando un mecanismo de mantenimiento de las rentas agrarias a través del Plan de seguros -que, que yo sepa, nadie ha criticado aquí todavía-, desalentando a aquellos agricultores que, por negligencia o porque confían más en la bonanza de la atmósfera, no quieren hacer el planteamiento de mantener las rentas agrarias a través del esfuerzo que está haciendo la Administración para asegurar las cosechas; estaríamos desmantelando un mecanismo que ha dado resultados muy positivos a lo largo de estos años de Gobierno socialista.
Podría quedarnos un fleco que yo voy a reconocer aquí, podría quedarnos algún producto que no fuese susceptible de aseguramiento. En todo caso, las pérdidas de ese producto no son de la cuantía de la indemnización que se está pidiendo aquí; en todo caso, se podrían estudiar, no ya por la Administración central, sino a través de las diputaciones o de las comunidades autónomas correspondientes, mecanismos de ayudas para intentar algún tipo de compensación para ese producto que no es susceptible de aseguramiento, comprobado cada caso particular.
No obstante, voy a informar que la Comunidad de Castilla-La Mancha y la murciana ya han establecido, de entrada, algún tipo de ayuda. La Comunidad Murciana ha propiciado una línea de préstamos de 1.500 millones de pesetas que puede llegar hasta una bonificación de 4,5 puntos para paliar los daños en este sentido.
Por otro lado, refiriéndome al portavoz de Izquierda Unida, que hablaba de que también ha podido haber algún deterioro, alguna catástrofe en los montes, en el medio ambiente, la Comunidad Murciana, por ejemplo, también ha establecido ya una cantidad de 576 millones de pesetas para paliar este tipo de daños que desgraciadamente se produjeron el 1 de julio en esa zona.
Yo quisiera que fuésemos conscientes de que en estos casos hay que aplicar el sentido común y que hay un mecanismo establecido que intenta garantizarle al agricultor que, cuando desgraciadamente se producen hechos de este tipo, su cosecha por lo menos no tenga todas las pérdidas, como pasaba anteriormente a los Gobiernos socialistas.
Yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por hacer entender a todos los agricultores que tienen que procurar asegurar su cosecha para evitar que cada vez que haya hechos de este tipo tengamos que estar

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recurriendo, como hacen ustedes, a las proposiciones no de ley de declaración de zona catastrófica, que no sólo no pueden, ni siquiera con la ley en la mano, ser aplicables, sino que simplemente lo que proponen es intentar que lo que se puede resolver por otras vías se resuelva aquí para que se tenga que rechazar lo que debe de ser rechazable; la declaración de zona catastrófica, intentando, eso sí, hacer una especie de demagogia electoralista en la zona, porque se queda mejor diciendo que se pide todo y en las mejores condiciones posibles, cuando lo que queremos nosotros es intentar resolver los problemas que se produjeron con las lluvias del 1 de julio de 1993.
Por esa razón, mi Grupo, una vez más, rechaza esta proposición no de ley.
Gracias, Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cremades.
El señor Peñarrubia tiene la palabra, exclusivamente a efectos de aceptar o no las enmiendas presentadas.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señor Presidente, aunque sea brevemente yo tendría que contestar, en un minuto, a algunas de las puntualizaciones del portavoz Socialista. Nos ha acusado de demagógicos y de electoralistas.
Señor Cremades, de planteamientos electoralistas saben ustedes mucho más que nosotros, y no me voy a remontar a los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara.
Los daños son importantes. Me he referido a cosechas actuales y futuras, me he referido a infraestructuras; afectan también al medio ambiente.
Evidentemente, en una primera valoración se establecieron en 15.000 millones de pesetas; después se han ajustado, pero esa cifra se ha quedado hasta corta. Sólo en la Comunidad Autónoma de Murcia los propios responsables del Gobierno regional los estiman en 6.000 millones, sin contabilizar las que afectan a los municipios de la provincia de Albacete. Los agricultores, por otra parte, van más lejos; hablan de 10.000 millones.
Los seguros agrarios, no ya es que son insuficientes, como he dicho aquí, sino que dejan sin cubrir algunos de los cultivos; concretamente la almendra no está cubierta por este tipo de seguro, y es uno de los cultivos que ha sido afectado.
Por último, antes de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas por el Grupo de Izquierda Unida, al señor Ríos, con toda cordialidad, le tengo que decir que Dios me libre de culpar al Gobierno socialista de ser el causante de las tormentas. He dicho que es culpable de una mala política en materia de agricultura, y eso es evidente. En cualquier caso, mi Grupo acepta las enmiendas propuestas por Izquierda Unida, porque precisan aún más la proposición no de ley que nosotros hemos presentado y establecen una serie de medidas concretas que en el texto nuestro estaban de alguna manera globalizadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peñarrubia.
Vamos a proceder a la votación, teniendo en cuenta que a la proposición no ley se añaden lógicamente las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y todo ello lo votaremos conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, diez; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley y las enmiendas añadidas.
Señorías, se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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