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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 521, de 08/06/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 521 POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL Sesión núm. 26 celebrada el jueves, 8 de junio de 1995

ORDEN DEL DIA: Comparecencias: --Del señor Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales (Peña Pinto), para informar sobre la política de formación profesional vinculada a la creación de empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/001479). (Página 15973) Preguntas: --Del señor Aparicio Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre fecha prevista para la vigencia del sistema nacional de cualificaciones profesionales y el correspondiente Catálogo de títulos y certificados, según lo aprobado en el programa nacional de formación profesional. (BOCG serie D, número 201. Número de expediente 181/001391). (Página 15978) --Del mismo señor Diputado, sobre ofertas de empleo vacantes en el año 1994 por falta de formación de los demandantes de empleo y de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, en las cualificaciones profesionales demandadas. (BOCG serie D, número 201. Número de expediente 181/001392). (Página 15978)

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--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre posición del Gobierno en relación con la recomendación del Defensor del Pueblo de fecha 23 de junio de 1993, dirigida al Director General del Instituto Nacional de Empleo (INEM), relativa a la efectiva aplicación por las oficinas de empleo de la preferencia en materia de gestión de la colocación que establece para los titulares de familias numerosas el artículo 22 del Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre. (BOCG serie D, número 187. Número de expediente 181/001276). (Página 15983) --Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos del cierre de más de ocho escuelas-taller en Iberoamérica. (BOCG serie D, número 189. Número de expediente 181/001296). (Página 15985) --Del mismo señor Diputado, sobre motivos por los que el Instituto Nacional de Empleo (INEM) no sigue financiando el programa de escuelas-taller en Iberoamérica. (BOCG serie D, número 189. Número de expediente 181/001297). (Página 15985) --Del señor Aparicio Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones que impiden que la gestión presupuestaria del Instituto Nacional de Empleo (INEM) deje de basarse en cuenta extrapresupuestaria. (BOCG serie D, número 201. Número de expediente 181/001393). (Página 15987) --De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre regulación de las condiciones de acceso a los certificados de profesionalidad previstos en la Ley 10/1994, de 19 de mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. (BOCG serie D, número 216. Número de expediente 181/001475). (Página 15988) --Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre medidas para corregir los niveles de ruidos superiores a los máximos legales en las empresas del sector de muebles y maderas. (Número de expediente 181/001525). (Página 15988) Comparecencias (Continuación): --Del señor Director General del Instituto Nacional de Empleo, INEM (Elordi Dentici), para informar del proceso de elaboración del repertorio de certificaciones profesionales. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001462). (Página 15900) Preguntas (Continuación): --Del señor Ríos Martínez (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre conclusiones y medidas derivadas de la inspección realizada en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Murcia en el mes de enero de 1995, así como trabajo realizado y centros colaboradores visitados para la ejecución del informe correspondiente.
(BOCG serie D, número 216. Número de expediente 181/001484). (Página 15998) --Del mismo señor Diputado, sobre depuración de responsabilidades por las irregularidades en la gestión de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de Murcia. (BOCG serie D, número 216. Número de expediente 181/001485). (Página 15998) --De la señora Montseny Masip (Grupo Parlamentario Popular), sobre defensa de la aplicación del mismo recargo a las empresas deudoras a la Seguridad Social que colaboran en la presentación de documentos en tiempo y forma y a las que no los presentan. (BOCG serie D, número 206. Número de expediente 181/001443). (Página 16003) --De la misma señora Diputada, sobre inclusión en el sistema de Seguridad Social del colectivo empleado en las notarías. (BOCG serie D, número 216.
Número de expediente 181/001470). (Página 16003) --De la misma señora Diputada, sobre números patronales inscritos como consecuencia de la celebración de contratos de aprendizaje y demás modalidades contractuales introducidas por la reforma laboral. (BOCG serie D, número 225. Número de expediente 181/001514). (Página 16004) --De la misma señora Diputada, sobre proyecto de reforma institucional previsto para las entidades gestoras de la Seguridad Social. (BOCG serie D, número 225. Número de expediente 181/001516). (Página 16005)

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Se abre la sesión a las once de la mañana.


COMPARECENCIAS:

--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES, PEÑA PINTO, PARA INFORMAR SOBRE LA POLITICA DE FORMACION PROFESIONAL VINCULADA A LA CREACION DE EMPLEO QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001479.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Señoras Diputadas, señores Diputados, se abre la sesión para el trámite de un orden del día que comienza con la comparecencia de don Marcos Peña, Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, para informar sobre la política de formación profesional vinculada a la creación de empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Debo empezar agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista la petición de esta comparecencia para dialogar, para analizar lo que para mí y creo que para todos ustedes constituye el valor fundamental. Otras veces hemos dicho aquí que la riqueza de las naciones es la inteligencia de sus personas y que, por tanto, el factor humano es el factor estratégico por excelencia. Nadie duda en la actualidad que la formación debe ser considerada como un instrumento imprescindible de las políticas activas en la lucha contra el desempleo, mejorando de forma ostensible la ocupación de los desempleados y la flexibilidad y permanencia en el empleo de los ocupados, y así se ha reiterado permanentemente en Europa, desde el artículo 127 del Tratado de Maastricht hasta la primera de las cinco consideraciones realizadas recientemente por el Consejo Europeo de Essen en diciembre de 1994.
Esta importancia de la formación profesional es en realidad reciente en España. Hasta hace bien poco era considerada una enseñanza secundaria, de calidad inferior y a la que se acudía ante la imposibilidad de acceder a estudios superiores, ya fuera por ausencia de recursos económicos, ya por una situación semiencubierta de fracaso escolar. La decidida atención a la educación como pilar fundamental de la sociedad del bienestar, su universalización y la afluencia masiva de recursos permitió en la década de los 80 dar un salto cuantitativo de magnitudes desconocidas en nuestro país. Los matriculados en enseñanza primaria pasaron de 3 a 5 millones; el medio millón en bachillerato se convirtió en millón y medio; los matriculados en facultades y colegios universitarios pasaron de 60.000 a más de 700.000, y esto fue posible por un esfuerzo presupuestario en becas, construcción de centros, dotación de personal, etcétera. Sin embargo, los avances cualitativos en formación profesional sólo se han producido cuando esta política ha concurrido con la voluntad de los agentes sociales, verdaderos destinatarios y casi me atrevería a decir que protagonistas de la misma. Su participación ha sido decisiva en todos los momentos que han supuesto avances de calidad hasta la configuración de nuestros días. Así ocurrió con la puesta en marcha del primer plan FIP y la creación del Consejo General de la Formación Profesional, frutos del Acuerdo Económico y Social. Así también ocurrió con la ordenación con carácter estable del plan FIP en 1990 y con su modificación en 1993, y lo mismo con la formación continua de los acuerdos iniciales de 1992 y la cascada de acuerdos anclada en estos acuerdos iniciales.
El Programa nacional de formación profesional, que constituye el referente y punto de partida del desarrollo actual, surge de esta voluntad de entendimiento y con una concepción unitaria que no impide el mantenimiento de distintas estructuras de gestión, administraciones educativas y laborales, del Estado y de las comunidades autónomas respectivamente, para la formación reglada y ocupacional, y agentes sociales para la formación continua. La coherencia entre esta diversidad competencial y la concepción global e integradora de lo que debe ser una política nacional de formación profesional es la que define los objetivos del programa nacional, estableciendo un marco básico con carácter abierto y susceptible de desarrollos y sucesivas adaptaciones a los diversos ámbitos y con fórmulas de enlace y coordinación entre ellos.
¿Qué objetivos esenciales contiene este programa nacional? El primero renovar los contenidos, la estructura y la planificación de la oferta global de formación, adaptándola a las nuevas cualificaciones que demanda la economía productiva en un proceso dinámico que permita adaptaciones continuas a los cambios que se van produciendo. El segundo identificar los colectivos potenciales demandantes de formación y establecer prioridades según sus características, necesidades de cualificación y problemas de acceso al empleo. El tercero mejorar la calidad.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora para dar cumplimiento a estos objetivos? A la hora de concretar qué se ha hecho para dar cumplimiento a estos objetivos no quiero en absoluto caer en la tentación de presentar un panorama idealmente cerrado, autocomplaciente que no exigiera ningún tipo ni de mejora ni de desarrollo. La reordenación de la oferta formativa y el currículo de estudios o conjunto de titulaciones debe ser un proceso en constante dinamismo y que exige, por tanto, una interpretación flexible y una actualización continua para adaptarla a las realidades concretas de una economía real en constante y acelerado cambio, para dar respuesta, en definitiva, al reto de disponer de un mercado de trabajo con la flexibilidad suficiente que permita incrementar los niveles de productividad y traducir después éstos en empleo.
No pretendo extenderme más en este asunto porque, según lo previsto en el orden del día, participará el Director General del Inem para informar a SS. SS. del proceso de elaboración del repertorio de certificaciones profesionales, y en cuanto a esos aspectos concretos me remito a su intervención.


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Esta ordenación del sistema y este complejo entramado de titulaciones ¿a quién se dirige? ¿Quiénes han de ser los destinatarios de la formación profesional ocupacional? Evidentemente, se dirige a todos los trabajadores, pero especialmente a los más desprotegidos, a aquellos que el mercado expulsa con mayor facilidad o a quienes tienen más dificultades para encontrar su primer empleo, para reinsertarse en actividad laboral, básicamente jóvenes con escasa o nula cualificación y experiencia, parados de larga duración, perceptores de las prestaciones por desempleo, mayores de 40-45 años.
Atender adecuadamente las necesidades tan variadas de cada uno de los colectivos, hacerles partícipes a todos del aforismo de aprender a trabajar en el trabajo que realmente existe requiere instrumentos específicos para cada uno de estos colectivos, y esto es lo que se ha pretendido con la reforma del plan FIP de 1993 y con la actividad normativa desplegada en lo que ha dado en denominarse reforma laboral.
El nuevo plan de formación e inserción profesional se ha orientado prioritariamente a los perceptores de prestaciones por desempleo y parados de larga duración, en el ánimo, por otra parte, de reemplazar políticas pasivas por políticas activas, de liberar recursos para una más decidida acción en favor del desempleo. La oferta actual va dirigida a formar a 195.000 alumnos/año con la siguiente distribución: 120.000 perceptores de prestaciones por desempleo, 55.000 parados de larga duración y jóvenes con empleo anterior y 20.000, otros colectivos, minusválidos, migrados, etcétera. En realidad, esta orientación contrasta con el pasado en el que los alumnos formados fueron mayoritariamente desempleados no perceptores de las prestaciones por desempleo. Responde quizás a una preocupación esencial de la Secretaría y del Ministerio, en el sentido de que si hay que preocuparse de alguien, principalmente debe ser de aquellos que están registrados en el Inem. Además, para los jóvenes, como conocen SS. SS., se ha diseñado el contrato de aprendizaje, a cuya disposición y para la formación teórica que comporta se ha puesto la amplia red de centros de formación del plan FIP y del programa de escuelas taller y casas de oficio, centros vinculados a la administración educativa, centros de los agentes sociales y otros privados previamente acreditados.
Las políticas de formación que asocian a los poderes públicos, a las empresas y a los interlocutores sociales se desarrollan en nuestro país desde el acuerdo tripartito para la formación de trabajadores ocupados a través de la Fundación para la formación continua, que gestiona algo más de un 40 por ciento del total de los créditos destinados a formación profesional. Las acciones financiadas por la Forcem se instrumentan a través de planes de formación de empresas, planes agrupados dirigidos a las pymes, planes intersectoriales, y a partir de 1995, a través de la primera convocatoria de ayudas para permisos individuales de formación.
En 1993 y en 1994 la Forcem aprobó un total de 2.290 planes formativos que afectaron a alrededor de millón y medio de trabajadores. Asimismo, se ha firmado un acuerdo, el pasado 15 de julio de 1994, entre el Ministerio y la Forcem, para extender las acciones formativas a los trabajadores eventuales del sector agrario, a los autónomos y a los funcionarios. En relación con los trabajadores de la Administración pública, esto se ha concretado en un acuerdo firmado en el seno de la comisión tripartita en marzo de este año, con vigencia hasta el 96 y al cual se destinan 4.500 millones de pesetas.
Esta actualización y renovación de la oferta está siendo acompañada por una serie de actuaciones complementarias, estructuradas en forma de planes, tendentes a apoyar la mejora de la calidad de todo el sistema. He de destacar en este sentido el plan para la puesta en práctica experimental en 1995 de algunos programas correspondientes a las familias profesionales actualizadas ya en 1994, tarea que están realizando los centros nacionales y que permitirá calibrar los contenidos, instalaciones, tiempos y costes antes de la implantación definitiva de los nuevos programas generales en 1996. Una vez finalizado este plan piloto, se revisará el sistema de información laboral, SIL, modificándose en él las familias profesionales e incluyendo la posibilidad de programación no sólo por cursos completos sino también por módulos. Se han revisado, por otra parte, los criterios de homologación de los centros colaboradores, de forma que permanezcan sólo en el sistema aquellos que reúnan unos niveles determinados de calidad. Se ha puesto también en marcha el plan de homologación de especialidades a impartir por estos centros, con la finalidad de adecuarlas a las nuevas programaciones derivadas del proceso de revisión y actualización, y se ha iniciado un nuevo plan de perfeccionamiento técnico de formadores, a fin de capacitarlos para impartir con garantía los nuevos programas, así como un plan de adecuación de las dotaciones existentes.
Estas actuaciones que he descrito sucintamente han sido posibles gracias al esfuerzo presupuestario, común de todos los españoles. Las cuantías dedicadas a formación profesional ocupacional en nuestro país se han incrementado, en el período de 1986 al 95, en más de un 400 por ciento.
En 1995, sólo en el capítulo transferencias, en el capítulo 4, hay una dotación cercana a los 120.000 millones de pesetas.
¿Cuál es la valoración de este marco conceptual y normativo, de este esfuerzo presupuestario? Todo esto, ¿qué efectos tiene para el empleo? En términos generales, creo que moderadamente satisfactorios y así lo pone de relieve el todavía único e insuficiente estudio de evaluación de las acciones formativas del plan FIP que hemos realizado; evaluación que yo creo que comentamos ahora por primera vez y que, en realidad, significa la seña de identidad de lo que va a ser nuestro modo de actuar en el futuro: reforzar la evaluación de todos los planes formativos que existan. Voy a relatarles brevemente las conclusiones de esta evaluación que hemos realizado.
Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes. El impacto del plan FIP en nuestro país ha sido positivo, máxime si consideramos que está referido a un período, de 1991 a 1993, en el que estábamos en recesión económica. Esto se pone de relieve cuando vemos que un 57 por ciento de los alumnos ha tenido un empleo después del curso, si bien es cierto --y hay que reconocerlo-- que

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un 28 por ciento de este grupo volvió a caer posteriormente en desempleo.
Un 18 por ciento de los alumnos manifiesta que, en su opinión, el curso se ha realizado y ha permitido su colocación posterior. Naturalmente, estos datos deben ser matizados por cuanto las trayectorias no habían finalizado en todo su potencial en el año 1993, y por la propia subjetividad de las respuestas a la hora de analizar la relación entre la formación recibida y el trabajo desempeñado. En cuanto al sentido, positivo o negativo, de las trayectorias laborales, un 37 por ciento de los alumnos mejoró objetivamente su situación; un 2,7 por ciento empeoró; respecto a un 60 por ciento se puede considerar que su situación no había cambiado. Lógicamente, en estas grandes apreciaciones no se valora la calidad del empleo concreto y la rotación en el mercado del trabajador, ya que ésta puede valorarse de forma ambivalente. Con respecto a los alumnos ocupados, el 40,7 por ciento estima que el curso ha influido y ayudado a mejorar sus condiciones de trabajo.
El estudio no pudo valorar, por cuanto no estaba entre sus objetivos, los efectos positivos que la formación haya podido tener sobre la actividad empresarial para mejorar y flexibilizar la organización y gestión de los recursos humanos. En el año 1991 no había una gestión de la oferta de formación del plan por parte del Inem verdaderamente activa, basándose la selección sobre los deseos particulares de los alumnos. Al no estar orientada la oferta por el Inem, se ha comprobado la insuficiente participación de perceptores por desempleo en los cursos --lo que ya les comentaba antes, sólo el 8,84 por ciento--, y sorprendentemente se comprueba que los resultados de inserción en este grupo son claramente superiores al total de la muestra. El 72 por ciento de este colectivo de perceptores se había colocado después, frente al 57 del colectivo general. Por otra parte, el Inem solamente orientó efectivamente al 9,85 del total de alumnos; el resto decidió por sí la elección de los cursos y se ha detectado que un total del 50 por ciento de alumnos realizaron los cursos por motivos no profesionales --que es también otro elemento que debe ser objeto de análisis--, como podrían ser completar estudios académicos, estar ocupado en algo, etcétera. Ello pone de manifiesto la importancia del cambio de orientación introducido en la gestión del plan FIP a partir de 1993, pasando a gestionar activamente la oferta formativa teniendo en cuenta la demanda real de cualificaciones en el sistema productivo.
La participación de hombres y mujeres ha sido claramente equilibrada: el 51,8 por ciento de los alumnos en 1991 fueron mujeres. Sin embargo, esta participación equilibrada no se ha traducido en equiparación total de oportunidades de empleo posterior para ambos sexos, dado que el 63,9 por ciento de los hombres trabajaron después, mientras que sólo lo hizo un 52,4 por ciento de las mujeres. En todo caso, en el grupo de mujeres de 20 a 29 años se comprueba que los resultados de inserción son similares al de los hombres.
En cuanto a la relación nivel educativo previo y resultado de inserción después del curso ocupacional, han sido los alumnos que habían realizado estudios completos de formación profesional reglada los que obtienen, sin comparación, mejores resultados.
La calidad de los cursos ha sido valorada por los alumnos al otorgar a los ocho factores sometidos a valoración --contenido, profesorado, material, etcétera-- un 7,37 sobre 10. Por último, un 85 por ciento de los alumnos declara su disponibilidad e interés en realizar otro curso si tuviera oportunidad.
Hasta el presente, más o menos, esto hemos hecho. ¿Cuáles serán, a partir de ahora, las líneas de actuación hacia el futuro? Este estudio nos muestra, aun con valor limitado, un grado de eficacia aceptable, y sobre todo la idoneidad de los cambios introducidos en el sistema a partir del año 1993. Mostrar en todo caso satisfacción en este terreno sería una insensatez. Tenemos la obligación de evitar que se produzca un abismo entre las necesidades de cualificaciones y la formación de cualificaciones; la obligación de acompasar la transformación de la vida laboral, impulsada por las nuevas tecnologías y la competencia entre empresas, con la oferta de nuevas cualificaciones y competencias. Y si no lo logramos, ahondaremos en la principal causa de los problemas estructurales de nuestro mercado laboral. Por eso, mirando hacia adelante, lo primero que debemos hacer es intentar dar respuesta a los problemas que sabemos que existen. El primero es común a todos los países miembros de la Unión Europea y es lo que algunas veces he denominado la paradoja de la formación. Sabemos que existe una relación directa entre formación y empleo, y esto es indiscutible; pero no es menos cierto que gran parte de los puestos de trabajo accesible no exigen ningún tipo de formación, y así se está demostrando en la evolución del empleo, repito, en todos los países miembros de la Unión, y sin lugar a duda también en Estados Unidos.
El segundo objetivo que reproduce el comentario que les hacía al señalar el estudio que habíamos realizado es corregir la insuficiencia permanente de la ausencia de evaluación constante de las políticas formativas --también es un problema común de la Unión--, saber qué efectos tienen, conocer en definitiva el grado de eficiencia del sistema, al que cada vez más se asignan unas cantidades considerables. Pienso que éste es un objetivo irrenunciable y que en realidad últimamente es el que más está preocupando y el que más se discute en los Consejos de asuntos sociales y de trabajo que realizamos en la Unión Europea.
El tercer objetivo, que es un objetivo común a todos nosotros, es hacer más fluida la coordinación de las administraciones públicas con competencias en esta materia para lograr un funcionamiento homogéneo respecto de algo que es vital para la unidad del mercado del empleo. En nuestro país, hace escasamente dos meses, que fue cuando hice el cálculo, existían 394 normas de las comunidades autónomas sobre formación profesional y política de fomento del empleo, que en buena medida están provocando cierta desconexión, solapamiento, dificultad de seguimiento, dificultad de control y dificultad de evaluación. Yo creo que sería preciso que entre todos nosotros alcanzáramos una subespecie de pacto territorial que intentara homogeneizar nuestro comportamiento de cara a la formación profesional.


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Resolver, por tanto, estos problemas y continuar el camino marcado por el programa nacional de formación profesional, aumentando la transparencia en el mercado de trabajo a través del nuevo sistema de cualificaciones, reforzando el binomio formación-empleo, investigando la evolución del mercado de trabajo, incrementando la participación en programas e iniciativas comunitarias son los objetivos que a corto y medio plazo tiene marcados el Ministerio.
Debemos también pedir a los interlocutores sociales que incrementen aún más su protagonismo en la formación profesional, y sobre todo, a las empresas, que prosigan el esfuerzo que ha permitido entre 1989 y 1992, aumentar el porcentaje de la masa salarial bruta dedicada a formación del 1,2 por ciento al 3,5 por ciento. Estamos en un 3,5 por ciento; fíjense que desde aquel 1,2 en el que estábamos se ha recorrido un trecho, pero quiero recordarles cuál es la participación de la masa salarial bruta de algunos países importantes: en Japón puede ser del 11,3 frente al 3,5 de las empresas españolas; en Estados Unidos, el 11,1; o en países culturalmente más cercanos, como Italia, el 5,2.
En un mundo en transformación continua es imposible que el sistema de formación sea un sistema cerrado, tiene que tener un grado de flexibilidad tal que sólo se puede conseguir mediante la aplicación de experimentos locales y bajo la responsabilidad de las empresas y de los agentes sociales correspondientes. Ello es lo que puede dar respuesta eficiente a la lucha contra el paro mediante la formación de los jóvenes y la reconversión del personal excedente como consecuencia del proceso tecnológico, el relanzamiento del crecimiento, reforzando la competitividad y la obtención de un crecimiento más rico en puestos de trabajo, lo que, en definitiva, hemos denominado desviar la productividad hacia el empleo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo demandante de la comparecencia, tiene la palabra la señora Romero, aunque antes de concedérsela quisiera rogar a los señores portavoces de los grupos parlamentarios que esta mañana, en el trámite del orden del día, tratemos todos de ajustarnos al tiempo que concede el Reglamento a cada una de las fijaciones de posiciones de los grupos, que, como ustedes saben y casi es ocioso recordarlo, es de diez minutos.
Tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente, por su insinuación, que creo que en este caso no será necesaria, porque voy a intentar ser breve para agradecer a don Marcos Peña la exposición que ha hecho sobre un tema que desde sus inicios preocupa al Grupo Socialista y sobre todo una exposición bastante exhaustiva de todos los aspectos relacionados con la formación profesional. De todas maneras, precisamente porque ha hablado del dinamismo al que estamos sujetos en un tema en el que por fuerza tienen que cambiar todavía muchos aspectos, seguiremos insistiendo en algunos aspectos concretos, puesto que su intervención nos despeja algunas dudas pero nos deja otras que intentaremos aclarar en sucesivas comparecencias que iremos demandando.
Desde nuestro punto de vista, el problema de la formación profesional y su vinculación al empleo tiene raíces profundas, a algunas de las cuales el señor Secretario General se ha referido, pero que conviene recordar la debilidad de un tejido empresarial español que en buena parte, casi un 90 por ciento, es pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta, sobre todo, que en Andalucía estudios últimos me han facilitado la cifra de que las empresas no llegan a una media de 6,6 trabajadores --es decir, no se puede considerar ni siquiera pequeña empresa en los parámetros europeos--, es un factor muy importante para la asunción de un elemento de competitividad como es la formación profesional por parte de estas medianas y pequeñas empresas. Por otra parte, hay que citar la desaparición de la figura del aprendiz con los abusos en la época de la dictadura franquista y el hecho de que los acuerdos de la transición entre los agentes sociales desgraciadamente no han puesto sobre el tapete como objetivo prioritario el tema de la formación profesional, que siempre se ha relegado en mor de otros temas más urgentes. En definitiva, esa escasa inversión por parte de las empresas en la formación profesional la reclamaba también un informe de las cámaras de comercio que sucesivamente hemos repetido en esta Cámara y que señalaba que la empresa española dedicaba siete veces menos que la empresa europea a la formación profesional. Los datos que nos ha proporcionado hoy sobre la inversión que se hace en Japón o en Italia también son muy significativos de la escasa inversión que nuestras empresas hacen en la formación de los recursos humanos.
Por otra parte, las circunstancias que rodearon la creación del Inem tampoco fueron las más propicias para la vinculación de la formación al empleo, pero es verdad que se puso en marcha en 1985 el primer plan FIP para colectivos desfavorecidos y que la orientación del nuevo plan FIP de 1993 hace insistencia sobre todo en la prioridad para los perceptores del desempleo. No comparte mi Grupo que sean estudios complementarios y para destinatarios con estudios, sino para colectivos desfavorecidos, como es el objetivo prioritario, aunque no se haya llegado a acertar en estos destinatarios por la abundante demanda y por la escasez de oferta de los mecanismos que son habituales en otros países y que, sin embargo, en nuestro país, por la debilidad del tejido empresarial a la que antes me refería, han sido muy escasos. Por tanto, el Inem suple las carencias de una política de acuerdo entre los agentes sociales para introducir la formación profesional en las empresas, con resultados discutibles, como no podía ser de otra manera, debido, entre otras razones, a la escasa vinculación de cualquier tipo de estudio teórico al empleo requerido y a que el Inem, como he dicho anteriormente, ha tenido que atender a una población activa que no tenía adónde acudir.
A pesar del observatorio y de otros muchos mecanismos que el Inem ha puesto en marcha para reordenar la oferta y la demanda, se han producido desajustes y tenemos que decir que, además del programa al que ha hecho referencia el Secretario General de Empleo y que es el marco teórico --y anteriormente el Consejo General de Formación Profesional--, se han puesto las bases para

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que, desde el punto de vista de lo que deba ser la oferta pública y de lo que debe ser el diseño de la futura formación profesional, se pueda llegar a resultados más satisfactorios. Las negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno, que llevaron a la firma del acuerdo tripartito para la constitución de la Fundación para la formación continua y el destino de la importante cantidad de la que el Secretario General nos ha dado la cifra --casi el 40 por ciento de los créditos destinados a formación profesional están administrados por esta Fundación-- nos hace pensar que la parte más importante de la futura formación profesional de los jóvenes --y permítame que haga referencia al sexo femenino porque me parece muy importante también como colectivo destinatario-- reside en la responsabilidad y en el protagonismo de estos agentes sociales. Esperamos una valoración de esos planes de formación presentados por las empresas con el acuerdo de los sindicatos, y en qué medida están incidiendo en el aprendizaje.
Entre los 34.000 empleos fijos del primer trimestre de 1995, parece que 32.000 lo han sido por la vía de los contratos formativos, lo que consolida el eje fundamental de que la mejor vía para acceder a la contratación fija no es la subvención a la contratación indefinida, poco utilizada, sino la extensión de estos contratos formativos y la mejora de sus contenidos. En la medida en que mejoren los contenidos de estos contratos, en especial el de aprendizaje más conducirán al empleo.
Algunos mecanismos están puestos, aunque no sean los más requeridos por los contratados para aprendizaje, que son los que facilitan la titulación del graduado escolar para compensar las deficiencias básicas; pero otros, como la formación que debe impartir el tutor en la empresa, no dependen en estos momentos de la Administración, sino de los acuerdos entre los agentes sociales y de la vigencia de la citada Fundación. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la Administración tiene la obligación de vigilar y tutelar este proceso para que no se produzcan los desequilibrios que somos conscientes que se están produciendo.
Por otra parte, tenemos que congratularnos de que esté a punto de publicarse el Real Decreto sobre las cuestiones que inciden en el certificado de profesionalidad, y también de la buena marcha del repertorio, a pesar de que, como sabe el Secretario General del Empleo, nos gustaría tener la información del Director General de Inem, porque existe un plazo previsto en la Ley de medidas urgentes para el fomento de la ocupación.
Es cierto que las transferencias a las comunidades autónomas en la gestión de los recursos formativos destinados a la formación profesional deben armonizarse para hacer posible la igualdad de acceso a la formación. Este es un proceso que debe tenerse en cuenta también, porque la propia cita de las más de 300 regulaciones que inciden en este tema es bastante preocupante a la hora de considerar que este marco tiene que establecerse porque, en definitiva, el programa, que es una vinculación entre la formación reglada y la no reglada, no estará completamente diseñado hasta que los distintos aspectos referidos a la gestión de esta formación por parte de las comunidades autónomas no queden contemplados en él.
Quedan cuestiones pendientes que reordenar y será preciso un seguimiento que mi Grupo se compromete a hacer en el futuro. No nos preocupa tanto el tratamiento de los colectivos desfavorecidos a los que antes hacía referencia el señor Marcos Peña, la adecuación de los centros públicos dependientes del Inem, en los cuales se ha hecho un esfuerzo muy importante, el plan de formación de formadores, el incremento del presupuesto público ni la evaluación de las políticas formativas públicas a las que antes hacía referencia, sino la normalización de un sistema de acceso a la formación y al empleo que va a afectar al número más importante de jóvenes, y permítame referirme, como antes hacía también, a las destinatarias del sexo femenino, por no usar el neologismo sobre el que no quiero insistir. Me parece una población lo suficientemente importante, la de ambos sexos, como para que estudiemos no sólo una evaluación de las políticas formativas públicas, sino, sobre todo, una evaluación de lo que los agentes sociales tienen hoy día como objetivo prioritario, y que desde nuestro punto de vista supone la consolidación de esa normalización de la formación para el futuro.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Una brevísima intervención porque se me hace difícil contraargumentar lo que nos acaba de exponer el Secretario General.
Estamos absolutamente de acuerdo con la valoración que ha hecho de la importancia de la formación profesional. Es evidente que si queremos ser competitivos en el futuro, hemos de prestar una especial atención a la formación profesional de nuestros jóvenes, cosa en la que, efectivamente, no hace demasiado tiempo que se está incidiendo de una manera contundente en este ámbito. Pero para que ésta no sea una intervención de guante blanco, déjeme hacerle alguna crítica.
Ya sabe el Secretario General y la Comisión que tenemos una espina clavada con el Plan Forcem, del que no se ha hablado. Al hilo de lo que acaba de decir tanto el Secretario General como la representante del Partido Socialista respecto a la necesidad de implicar más a las empresas, yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. Las empresas deben implicarse mucho más en la formación profesional, no sólo aportando recursos, que también, sino teniendo claro cuál ha de ser el futuro de su actividad para requerir una formación profesional adecuada a sus trabajadores. Lo que pasa, refiriéndome al plan Forcem, es que, no se hace nada fácil que la empresa intervenga de una manera comprometida en la formación de los trabajadores, porque no sé si SS. SS. saben la cantidad de burocracia que supone la participación en una convocatoria que hace el Forcem y lo que para la empresa significa tener que aportar todas las certificaciones de cualquier tipo de tributación que tenga que hacer, las certificaciones de estar al día en la Seguridad Social, si existe o no un comité de empresa o delegados de personal, los poderes a los representantes que representen, valga la redundancia, a la empresa en la convocatoria, un plan financiero y no financiero del programa, etcétera. Es

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una burocracia que da cierta grima a la hora de intervenir en una convocatoria para la formación de los trabajadores. Saben ustedes también que las empresas de menos de 200 trabajadores no podían acceder a las convocatorias; ahora parece que eso se ha corregido y van a poder acceder a estas convocatorias. Si analizamos cuál ha sido el defectuoso funcionamiento, vemos que funciona mal, a pesar del importante caudal de recursos que se pone en manos del Forcem, caudal de recursos que no siempre se invierten, como ocurrió el año pasado, que hubo que hacer una convocatoria en diez días para poder acabar de cumplir un presupuesto, tiempo que además no permitía hacer programas para utilizar los recursos.
Finalmente no sé qué ocurrió. Lo que sí sé es que funciona muy mal y que no haremos una formación profesional adecuada sino es acercando mucho a esta formación allá donde se realiza, que es en la empresa, en los municipios, en las autonomías, no en organismos centralizadores como es el Forcem.
No estoy seguro, y lo digo a riesgo de provocar una crítica de las fuerzas sociales participantes en el Forcem, que su participación esté garantizando la calidad de la formación que necesitan nuestros trabajadores en la formación profesional. Tendrán que revisarlo ellos, pero la impresión que yo tengo, según los datos que me llegan por el área que conozco más que es la de la autonomía en la que yo vivo, es que no está siendo una garantía, cuando una de las razones fundamentales para la participación de las fuerzas sociales en un programa como éste es garantizar la agilidad y la calidad de la formación. Pienso que es una reflexión que deberíamos seguir haciendo. Ya sé que lo del Forcem puede que sea irreversible, salvo que el Tribunal Constitucional haga caso de nuestro recurso, pero si ha de seguir funcionando, por lo menos revisemos a fondo cuál es su funcionamiento, porque hasta ahora no es satisfactorio para la implicación de las empresas ni para el entusiasmo de los trabajadores, ni para el cumplimiento de ese deseo y de ese programa de formación que tenemos para nuestros trabajadores.


PREGUNTAS:

--sobre fecha prevista para la vigencia del sistema nacional de cualificaciones profesionales y el correspondiente catalogo de titulos y certificados, segUn lo aprobado en el programa nacional de formaciOn profesional. formulada por el señor aparicio perez (gp). (Número de expediente 181/001391.)

--sobre ofertas de empleo vacantes en el año 1994 por falta de formación de los demandantes de empleo y de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en las cualificaciones profesionales demandadas. formulada por el señor aparicio perez (gp). (Número de expediente 181/0011392.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
Antes de concederla quiero informar a la Comisión de que en una decisión coherente por razón de la materia, el señor Aparicio ha decidido considerar incluidas dos preguntas que están en el trámite del orden del día dentro del turno de fijación de posición en relación con la comparecencia del Secretario General. Lo digo a efectos de información del Secretario General. Son las preguntas números 1.391 y 1.392, que, como los señores Diputados conocen, se refieren a esta materia de la formación profesional ocupacional.
En estos términos tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Voy a tratar de ceñirme al tiempo indicado, aunque con el margen que supongo que va a producir la especial referencia que haré a una de las dos preguntas, y ya le aclaro a don Marcos Peña que me centraré en la correspondiente a la falta de formación de demandantes de empleo, puesto que en relación a esta misma pregunta recordará otra formulada en esta misma Comisión sobre la misma materia, en la que algún compromiso solemne adquirió y que espero que hoy lógicamente me amplíe.
Ha tratado de hacer usted un repaso al estado actual de la formación profesional en España. Ya le anuncio que, con mayor intensidad con la que probablemente lo podamos hacer las fuerzas políticas de este Parlamento, usted va a ser sometido a lo largo del próximo semestre a un importante examen, el derivado de la Comisión Europea, precisamente de la Unión Europea bajo Presidencia española, que sobre los cinco grandes ejes de la Cumbre de Essen en materia de empleo, va a tener que presentar la Administración española, el Gobierno español.
Permítame que le diga que no soy optimista respecto al balance que pueda presentar el Gobierno español, precisamente bajo Presidencia española, con relación a la formación profesional. Yo creo que el objeto de esta comparecencia no podía ni debía ser un recordatorio de los grandes principios que ya están contenidos en el Programa Nacional de Formación Profesional. En eso estamos todos de acuerdo y, en consecuencia, bien está recordarlo, pero no puede ser el objetivo fundamental de la comparecencia de un Secretario General de Empleo. Yo creo que el objetivo fundamental era explicar el grado de cumplimiento de esos objetivos, y no sólo de esos objetivos sino de los calendarios incluidos en aquel Programa Nacional de Formación Profesional.
La cuestión no es básicamente si se gasta más. Bienvenido sea el incremento del gasto, eficiente, a la hora de actuar con el principal problema de España, pero sobre todo se trata de ver si se gasta mejor. Y yo creo que difícilmente se puede gastar mejor si no se tiene bien definido el marco sobre el cual va a girar la totalidad de la formación profesional en España, bien sea la reglada, bien sea la ocupacional. Ese era uno de los grandes objetivos contenidos --insisto-- en el Programa Nacional de Formación Profesional, en el que afortunadamente se logró un gran acuerdo social, una gran presencia de los agentes sociales y un gran acuerdo político.


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¿Estamos en condiciones de afirmar que tenemos ya esas bases o esas estructuras definidas en lo que será objeto de la siguiente comparecencia, repertorio de cualificaciones profesionales, catálogo de titulaciones? Bien sabe usted, como sabemos la mayor parte de los miembros de esta Comisión, que desgraciadamente no es así, que seguimos sin disponer de esa referencia clara, de esa estructura clara por familias, por grupos profesionales, actualizable por supuesto y dotada de las correspondientes posibilidades de convalidación o de flujos entre ambas formaciones profesionales.
Yo creo que esa descoordinación es más preocupante, le voy a decir ahora, que la que usted mencionaba. Hablaba del riesgo de descoordinación entre las administraciones autonómicas y la Administración central en materia de formación profesional. Yo creo que eso ya está resuelto. Existe un marco institucional que sin duda usted conocerá, que es la conferencia sectorial correspondiente a este área de formación profesional y a las áreas de trabajo transferidas a las comunidades autónomas. El que se ponga en marcha o no es una decisión que lógicamente a ustedes les corresponde impulsar como Gobierno. Más preocupante --y es preocupante-- que la no constitución de esa comisión, que daría marco institucional y solución posible de colaboración a todas las administraciones, es la evidente descoordinación que seguimos viendo y escuchando entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y Ciencia en materia de formación profesional. En los últimos meses hemos oído cosas sorprendentes en ambas Comisiones con motivo de las comparecencias de ambos Ministros.
Se nos ha dicho, por ejemplo, que el contrato de aprendizaje sólo conducía a una cualificación que era la obtención de un certificado de escolaridad. Comprenderá que, ante eso, la misma cara de perplejidad que pone usted en este momento la pusiera yo entonces, y más aún oído en boca del Ministro de Educación y Ciencia, que creo que ignoraba profundamente cuál es el sistema de funcionamiento del repertorio de cualificaciones profesionales y que creo que incluso desconocía incluso conceptualmente para qué sirve un contrato de aprendizaje.
Hemos hablado en muchísimas ocasiones de que ese contrato debía ser perfeccionado, porque su objetivo indudablemente es la integración en el mercado laboral de quien no ha obtenido una cualificación previa, y, por supuesto, si sirve además para suplir carencias académicas y dotar del nivel mínimo indispensable a todo español mayor de 16 años, bienvenido sea --son objetivos compatibles--, pero no olvidemos que al final estamos ante un contrato de integración en el mercado laboral.
Le decía que difícilmente van a poder establecer ustedes el correspondiente régimen de convalidaciones entre la reglada y la ocupacional si siguen sin definirse las estructuras básicas, y eso se llama catálogo y eso se llama repertorio. Y permítanos que ya hagamos un primer énfasis en las fechas. En el Programa Nacional de Empleo ustedes se comprometieron a tener resuelta esta materia a lo largo del año 1994.
Se concedieron ustedes mismos una prórroga, en lo que se dio en llamar la reforma laboral, hasta mayo de este año, y a esta fecha lo único que tenemos es la noticia de la aprobación de un decreto por el Consejo de Ministros que ni siquiera ha llegado al «Boletín Oficial del Estado». De ahí la cautela y reserva con la que actuaba la portavoz del Grupo Socialista. Esperemos que no suceda, por ejemplo, como sucedió con la Ley de Secretos Oficiales, que es tan secreta que tres años después de su aprobación en Consejo de Ministros ni siquiera ha llegado a esta Cámara.
Le agradecería que este real decreto o decreto --no conocemos su forma definitiva-- sea algo más que la reiteración de lo ya contenido en normas anteriores, porque el compromiso no era de generalidades o de bases; era de completar --y lo sabe usted, lo tiene usted en lo que se ha venido en llamar la reforma laboral-- era de completar ese repertorio.
Espero también que si hoy es tan amable, bien usted o bien el señor Elordi, de adquirir un compromiso, éste sea más firme que el relacionado con una materia que ha sido objeto de su comparecencia. Usted mismo ha dicho que aceptaba que un indicador de la eficiencia del sistema de formación profesional es saber ir encajando ofertas y demandas en la labor intrínseca de intermediación que corresponde al Inem. Para eso admitía usted --planteábamos nosotros como Grupo Popular-- que era muy bueno conocer el grado de cobertura y las razones de la no cobertura o no aceptación de determinadas ofertas en el propio Inem. El 25 de mayo de 1994, ante esta misma Comisión, nos decía que a partir del mes de septiembre, en torno a esa fecha, podría estar a nuestra disposición este tipo de relaciones: ofertas no cubiertas, motivo del rechazo y desde luego dando conocimiento de si se estaba actuando con la formación profesional pertinente para lograr el equilibrio entre dichas coberturas.
Usted llegó a decir literalmente: Yo me voy a esforzar y me comprometo ante S. S. a que el 1 de octubre esto esté en funcionamiento (ese mecanismo de seguimiento preciso de causas de rechazo y especialmente si ese rechazo obedecía a falta de formación profesional). Por supuesto confiamos en usted, pero nos permitimos pedirle esta información en el mes de noviembre. No sé si usted ha leído la contestación que nos ha remitido, pero nos dijo que no era posible disponer de información acerca de la desagregación de las diferentes ocupaciones y ramas profesionales en función de la condición por parte del demandante de empleo de ser o no beneficiario de prestaciones de desempleo.
Usted, a lo largo de su intervención, ha hecho mención de que ahora el gran esfuerzo se está haciendo en las personas beneficiarias de prestaciones de desempleo. A nosotros nos dice que es muy difícil la desagregación entre beneficiarios y no beneficiarios relacionados con el motivo de rechazo. Permítame que a partir de las afirmaciones simultáneas, las escritas --de que algunas desagregaciones no son posibles-- y la presentación por su parte de desagregaciones respecto a las que tendremos que hacer acto de fe, porque no nos llega dicha información, guardemos una prudente reserva.
Los datos de que disponemos --y con esto voy concluyendo-- nos dicen que hasta ahora precisamente se daba la paradoja de que los mayores esfuerzos presupuestarios y de formación se dirigían a quienes ya tenían de partida mayor formación y, por otro lado, no eran beneficiarios de

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prestaciones de desempleo. Usted nos asegura que esto ha cambiado. Le agradecería que esto mismo nos lo dé de una forma desagregada, creíble y concreta para que indudablemente podamos congratularnos del avance efectuado, pero hasta entonces permítanos que manifestemos nuestro más absoluto escepticismo.
En consecuencia, y con esto --insisto-- concluyo, creo que es fundamental saber en qué fecha va a ser posible el conocimiento de la información que le fue planteada en mayo de 1994 y le ha sido reiterada hoy. Le agradecería, sinceramente, que si adquiere un compromiso de fecha, se limite a cumplirlo.
La otra gran cuestión que a nosotros nos gustaría conocer, es cuándo va a estar ese repertorio definitivamente. Yo sé que a continuación del señor Secretario de Empleo intervendrá el responsable máximo del Inem. Nos gustaría que algunos de los dos nos dijese ya una fecha no de bases, no de proyectos, no de objetivos, no de reiteración de algunos tópicos, porque hablar de que la formación profesional es la cenicienta del sistema educativo español es una frase que desde hace bastantes años debía haber desaparecido. No es --se lo digo sinceramente-- el motivo de una comparecencia el repetir grandes objetivos o grandes proyectos. Le pido que si adquiere un compromiso se limite sencillamente a cumplirlo, creo que en beneficio de un debate como el que todos deseamos tener en esta materia, serio, ordenado y riguroso, para atender, desde nuestra responsabilidad parlamentaria, al principal problema español, y le agradezco, por supuesto, que comparezca y que nos facilite ciertos niveles de información.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General para responder a las posiciones de los grupos.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Señora Romero, voy simplemente a contestar quizá subrayando algunos de los aspectos de su intervención. Comenzaba destacando la importancia de la pequeña empresa como la destinataria fundamental de la formación por ser la más discapacitada para establecer autónomamente programas de formación. Eso es así, y ése es uno de los nudos que tenemos en todo el programa y en el funcionamiento de la Forcem. Esos 51.000 millones de pesetas destinados este año a la formación continua en su mayoría deberían destinarse a las pequeñas empresas. Se ha diseñado la fórmula de planes agrupados de empresa para que ellas puedan acceder a las ayudas. La verdad es que yo no tengo mucho inconveniente en reconocer las insuficiencias, y ésta es una de ellas. Yo soy consciente de que tenemos dificultades para acceder a la pequeña empresa, tanto en el ámbito formativo, que sería quizás el más importante, como en otros ámbitos que afectan al espacio laboral. Insistir en la importancia por ahora no está ayudando a resolver el problema, pero somos conscientes de que la pequeña empresa es la apuesta esencial en lo que a formación se refiere.
Hablando de empresas, hablaba usted también de las inversiones de las empresas en formación. Por mucho que hagamos, el problema se resolverá cuando las inversiones empresariales sean suficientes. Hemos avanzado, pero aún estamos a una diferencia abismal respecto a otros países, tal como les decía. Por ello, sigo pensando que el Parlamento y nuestra gestión tiene también una función educativa, una cierta pedagogía popular, y es algo que deberíamos también reclamar nosotros y poner encima de la mesa social de nuestro país, que las empresas tienen que invertir también en formación y que es una inversión que no puede quedar subordinada a las partidas correspondientes de los presupuestos que anualmente SS. SS. asignen, y que aunque se recorre trecho, aquí, como en investigación y desarrollo, el peso fundamental es el de los presupuestos, y ello, en realidad, no es satisfactorio.
En cuanto a la participación del Inem, yo estoy convencido de que desde que se produjo el cambio de destinatarios entre perceptores y no perceptores la formación está mejorando mucho, y el Inem es consciente --y lo tiene así diseñado incluso en el contrato-programa suscrito con el Ministerio-- de que además de esto, tiene que modificar un poco la manera de trabajar, porque hasta la fecha nosotros hemos venido trabajando a demanda: se nos solicitaban una serie de cursos fundamentalmente por entidades colaboradoras, y esos cursos eran financiados con las subvenciones que éramos capaces de destinar, de tal manera que existía una inflación desmesurada a algunos cursos que poco tenían que ver con las necesidades del mercado de trabajo. Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que empezar --y estamos haciéndolo-- trabajando a oferta, ofertando aquellos cursos formativos que consideremos que sean los convenientes y los que necesita nuestro mercado de trabajo. Yo estimo que en estos dos, tres últimos años el cambio que se ha dado es importante; cambio que es aún menos importante que uno que se produjo con anterioridad, y aquí quiero unir una pregunta suya a otra del señor Hinojosa. Yo estoy convencido de que el Forcem, tal como está constituido, y el resultado de los acuerdos evidentemente pueden tener dificultades en su desarrollo. Sin duda, son mejorables. Yo lo que temo es que no seamos conscientes de la importancia que supusieron dichos acuerdos. Yo creo que produjeron un vuelco notable en la formación profesional en nuestro país. En ningún país europeo participan los agentes sociales en la formación desde hace tan poco tiempo, un par de años, como pasa en nuestro país. En todos los países aliados o socios nuestros los agentes sociales participan hace decenas de años, e indudablemente lo hacen mejor que nosotros, pero que hayamos adoptado la decisión de que la responsabilidad en la formación es, fundamentalmente, de los agentes sociales, porque son los únicos que pueden responder a ese dinamismo tremendo del mercado yo creo que es una decisión muy importante. No sé si han leído ustedes uno de los últimos documentos de empleo publicado en nuestro país. Yo creo que es un documento sensato y razonable, que es el que suscribía el sociólogo Víctor Pérez Díaz, del seminario en el que participan grandes empresarios españoles. Pues bien, gran parte de dicho documento se refiere a formación, y la conclusión es que la formación tiene que estar en el ámbito de los agentes sociales porque desde fuera

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nunca seremos capaces de adaptarnos a la rapidez con que se nos exige que nos adaptemos. Y ahí, en el mercado local y con los agentes sociales, es la única manera de conseguir esa adaptación.
Ha dicho la señora Romero una cosa que en realidad pasa totalmente desapercibida en nuestro país, porque, en primer lugar, en nuestro país yo creo que se sigue pensando que hay más contratos no estables ahora que antes. Esto no es así estadísticamente y es comprobable. Ya hemos repetido que en 1994 se produjeron 43.000 contratos fijos más que en 1993, y que solamente en el primer trimestre de 1995 se produjeron esos 34.000 contratos estables. Lo sorprendente es que 32.000 de ellos fueran producto de los contratos formativos, que es lo que usted ha dicho, señora Romero. Yo creo que eso es muy importante, porque aunque nosotros fuimos conscientes de que en el diseño del contrato de aprendizaje --y entro también un poco en pregunta del señor Aparicio-- constituimos un híbrido entre formación e inserción, también decíamos que íbamos a intentar reforzar la parte formativa de los contratos. Yo creo que esto paulatinamente se está realizando, y se está realizando también gracias a los acuerdos que firmamos en el seno de la Forcem. Hay que recordar que de los 210.000 contratos de aprendizaje, por ejemplo, suscritos en 1994, se mantienen vivos más de 160.000, los cuales tienen bastantes posibilidades de terminar en contratos estables. Y ésa, evidentemente, es una consecuencia o es un logro propio de los contratos formativos. Este es un buen dato.
Hay tres preguntas que se refieren a lo mismo, y que son relativas a los problemas que provocan las transferencias en materia de formación profesional. Al decir problemas quizás identifiquemos mal el asunto. Son dificultades también propias del desarrollo y del comienzo de la participación de las comunidades autónomas en esta materia. Cuando un representante que actúa bajo el rótulo del Gobierno, aquí, ante ustedes, habla de esto puede dar una sensación engañosa, en el sentido de decir: nosotros actuamos muy bien y las comunidades autónomas funcionan mal; hay 394 normas y la descoordinación es por culpa de ustedes. Esto yo no lo planteo así. Yo sé que podíamos funcionar mejor y que responsables de ello somos todos, evidentemente la Administración central del Estado, las autonómicas, ustedes y los agentes sociales. Lo único que quería era destacar el problema, porque será imposible que lo resolvamos si antes no sabemos que existe, pero indudablemente, también la conferencia sectorial, a la que aludía el señor Aparicio, que es algo cuya responsabilidad compete exclusivamente a nosotros, ayudaría también a resolver estos problemas.
Ya he contestado otras veces a preguntas tanto del señor Hinojosa como del señor Olabarría y hemos mantenido muchas conversaciones sobre el futuro de los acuerdos de formación continua. Nosotros partíamos de una afirmación que yo creo que en realidad no es contestable: los pactos están para ser cumplidos y los pactos que suscribimos con los agentes sociales se tienen que cumplir hasta que finalice su plazo de vigencia.
Eso es razonable, pero también es razonable pensar que todo es mejorable.
La formación continua es mejorable y tendríamos que avanzar hacia un diseño en el que quizá fuera menester acentuar la participación no sólo de las comunidades autónomas, sino también de la Administración central, cuya participación ahora, como ustedes saben, es muy limitada. El protagonismo, repito, tiene que ser de ellos, pero evidentemente, el responsable de todo aquel dinero que sale de los presupuestos generales del Estado es el poder constituido, el poder institucional, sea Administración central, sea autonómica, y eso ahora no lo tenemos perfectamente engarzado y habría que engarzarlo, al margen de que, en lo que se haga en el futuro, el tema de la pequeña empresa tiene que quedar resuelto de otra manera. Lo que usted decía, señor Hinojosa, es verdad: que el trámite es farragoso y muy burocratizado. Pero no quiero tampoco arroparme aquí con una función de defensa de los agentes sociales, patronales y sindicatos, aunque creo que es justo reconocer la novedad en la gestión de estos asuntos por su parte y que tienen que ser rodados y, en definitiva, nuestra ayuda, la de todos nosotros, sería bastante positiva para ese rodaje. Para nosotros no es un tema cerrado. Estamos abiertos --lo he repetido aquí varias veces-- al diálogo con todos ustedes para encontrar una fórmula adecuada para la formación continua, quizá sin tanta obsesión como tenemos en este país por diferenciar tan nítidamente las formaciones: formación ocupacional, formación reglada, formación continua, etcétera, que a menudo no son fácilmente diferenciables. Tenemos formación y hay que darle una respuesta.
El señor Aparicio, aparte de hacer una intervención general sobre mi comparecencia, que reconozco que es atinada, porque quizá yo tendría que haber hablado más del futuro que hacer este recordatorio de lo que ha pasado hasta ahora, ha hecho tres o cuatro apreciaciones ajenas en principio a la comparecencia. No voy a hacer un juicio de valor sobre el cumplimiento. Creo que saldremos bien parados, entre comillas, y que los cinco puntos nodales del documento de Essen en España han tenido un desarrollo que no creo que sea mejorable por ningún país de la Unión Europea. Este es un problema que comentaremos con SS. SS. más adelante.
Además, como saben, lo que más nos preocupa ahora a todos los Estados miembros es establecer el seguimiento, que no es fácil, sobre los compromisos que asumimos. En nuestro caso, hemos elaborado un documento conjunto entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un documento metodológico pero que evite en cierta manera aquello que se produjo hace casi un año, cuando al Consejo de jefes de Gobierno acudieron tres documentos: el de Ecofín, el de Trabajo y Asuntos Sociales y el de la Comisión. Ahora queremos ir con un documento único, que las cosas sean más homogéneas y establecer un método que, repito, nos permita hacer un seguimiento. No es fácil establecerlo, pero yo hasta a bote pronto podría recordar los cumplimientos.
Respecto a otras preguntas --antes de entrar en las dos específicas sobre el aprendizaje--, tengo que decir que en realidad no estamos hablando del desarrollo de una obligación legal. Cuando se acordó con Educación y Ciencia la cobertura del graduado escolar fue simplemente como consecuencia de constatar que, en la realidad, el 40 por ciento de los jóvenes españoles que acudían a este contrato

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carecían de graduado escolar y se pensó que era conveniente que lo tuvieran, que ése era el primer paso formativo necesario. Así se hizo en ese convenio, que bien o mal como funcionan nuestras cosas, se está desarrollando ahora, pero todos sabemos que el objetivo del contrato de aprendizaje no es, ni mucho menos, que los jóvenes entren en primero de BUP.
Respecto a cómo llevamos los certificados de profesionalidad, le contestaré ahora, pero antes quiero decirle, porque me lo ha recordado, que yo tenía el compromiso de desagregar las demandas en relación con la cobertura de las mismas. Pido permiso al Presidente para poder comprometerme a dar un plazo una vez que esté en el despacho, con el fin de poder dar una fecha razonable de cumplimiento de ese compromiso. De repente no soy capaz de decir en qué fecha exacta puedo proporcionar a la Cámara esa desagregación. En todo caso, respecto a las demandas no cubiertas por carencia formativa, debería comenzar diciéndole que no puedo contestarle con exactitud qué tanto por ciento no ha sido cubierto porque los trabajadores que ofrece el Inem no tienen formación suficiente, pero hay que recordar que del total de las demandas genéricas solicitadas al Inem solamente el 7 por ciento no se cubre. Para ser exacto, de las 555.347 ofertas de empleo genéricas que las empresas han presentado ante el Inem en 1994, 494.924 se han transformado en colocaciones y 22.142 han quedado pendientes. ¿Por qué? ¿Sólo por ausencia formativa? Creo que no, que quizá éste sea un elemento menor y que lo que falla principalmente y lo que impide esta cobertura es una caída de las expectativas empresariales en el momento de hacerse efectiva la demanda, en el momento de llegar el trabajador que correspondía a una oferta genérica llegada al Inem.
Con independencia de que el Director General del Inem tenga una comparecencia específica relativa a los certificados y al real decreto, que efectivamente debería estar ya publicado --esperamos que se publique mañana o pasado mañana; no es un asunto que responda a un ánimo ocultista, sino al desarrollo normal y habitual de las publicaciones de las normas en el Boletín Oficial del Estado--, le voy a responder a su pregunta. En diciembre pasado ya contesté, a requerimiento de la Diputada doña Carmen Romero, sobre cómo se encontraban los trabajos tendentes a instaurar los certificados de profesionalidad y el sistema nacional de cualificaciones, previstos en el Programa nacional de formación profesional. Lamento decir que no resulta fácil dar una respuesta concreta en cuanto a la previsión temporal de vigencia de todo el sistema, debido a la magnitud y a la complejidad que entrañan los trabajos y a la necesidad de articulación y coordinación de las diferentes piezas del sistema y de las actuaciones de muy distintos organismos e instituciones que participan en su elaboración. Esta complejidad viene dada no sólo porque tanto desde el Inem como desde el Ministerio de Educación se está llevando a cabo un profundo proceso de reordenación y actualización de todos los contenidos de la formación profesional, que va a servir de base para la elaboración y adquisición de las titulaciones o certificados correspondientes, con la estructuración de nuevos modelos ocupacionales e itinerarios formativos, sino también porque todo ello requiere una perfecta coordinación entre ambas administraciones, y entre ellas y las de las comunidades autónomas, que son las que van a aplicar el sistema en virtud del proceso actual de transferencias. Además, los resultados de todos estos trabajos tienen que ser validados a su vez por el Consejo General de la Formación Profesional.
Como les decía en mi comparecencia de diciembre, ya están elaborados por parte del Inem los modelos ocupacionales e itinerarios formativos correspondientes a las ocupaciones de once familias profesionales, cuyas referencias competenciales han empezado a ser contrastadas y consensuadas con las de formación profesional reglada en el seno de los grupos de trabajo. Las familias profesionales a las que me estoy refiriendo son: hostelería y turismo, electromecánica, comercio, químicas, industrias alimentarias, agraria, pesca y acuicultura, edificación y obras públicas, industrias gráficas, textil y servicios a la comunidad. Conforme se vayan terminando estos trabajos de contraste y consenso entre ambos subsistemas, se irán preparando los primeros proyectos de normas de certificados de profesionalidad, los cuales serán sometidos a consulta de las comunidades autónomas y seguidamente tramitados. Para ello es necesario aprobar previamente el decreto que regule el modelo estandarizado de las certificaciones profesionales. La previsión, por tanto, es que hacia el mes de julio, dentro de poco, estén tramitadas y aprobadas las normas que establecen un conjunto de certificados profesionales, seleccionados por su importancia dentro de las once familias aludidas. Son éstas las más prioritarias, desde el punto de vista de la colocación, de la formación y del contrato de aprendizaje.
En cuanto a las dieciséis familias profesionales restantes, los trabajos de actualización y ordenación de la formación profesional se comenzaron a final de 1994; se han continuado a lo largo de este año y esperamos que los grupos técnicos de los ministerios de Educación y de Trabajo puedan empezar a reunirse a partir del último trimestre para consensuar las competencias que deben corresponder a cada ocupación y servir de base, por tanto, a la futura programación de formación en estos sectores y a la elaboración y obtención de los certificados de profesionalidad. El establecimiento de las correspondencias y convalidaciones entre las titulaciones de ambos subsistemas y de ellos con los conocimientos adquiridos en la práctica profesional, que culminará la edificación del sistema, es un proceso que se va abordando en paralelo y en el que juega un papel esencial la unidad interministerial para las cualificaciones, creada en febrero de 1994.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General, por su comparecencia, aunque no le despido definitivamente porque deberá retornar a la Mesa para contestar a preguntas. (Pausa.) El señor Secretario General me pide, por razones de compromiso...


El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, la interpretación del Reglamento a la que yo me ceñiría gustosamente, con la máxima brevedad, sería si ha quedado integrada

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en mi intervención la pregunta, la posibilidad de que la brevísima réplica correspondiente a la pregunta pudiera ser formulada en este acto, de forma sucesiva, lógicamente, a la intervención del señor Secretario General de Empleo. Si no, entiendo que me veré obligado a desagregar la segunda de las preguntas que había anunciado formular al señor Elordi para poder tener una mínima normalidad en ese trámite.


El señor PRESIDENTE: Yo no me refería a ese problema, señor Aparicio. Ese problema tiene solución. Usted tendrá inmediatamente la palabra para una breve intervención, porque no quiero penalizar a quien trata de ahorrar tiempo en el trámite del orden del día. Me refería a que como el señor Secretario General tiene problemas, por razón de compromisos, si fuera posible que contestara --lo digo por las personas que tienen que hacer las preguntas-- a continuación las preguntas que él debe responder antes de la comparecencia del señor Director General del Inem. ¿Es posible en todos los casos? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Voy a intervenir con la máxima brevedad, conforme anunciaba anteriormente a la Presidencia.
Yo le agradezco que hoy haya hecho gala de una mayor prudencia de la que tuvo en el mes de mayo de 1994, cuando --insisto-- de una forma firme comprometió una información, no digo a este Diputado sino a esta Cámara.
Lo que me ha sorprendido es que haya hecho uso parcial, pero uso, de la información que venimos demandando desde mi Grupo. Parece que algún grado de conocimiento tiene de la desagregación. Ha hecho un análisis en el cual un tanto por ciento lo imputaba a una determinada causa, y sobre el resto se ha limitado a especular. Me refiero, naturalmente, para que se comprenda en el «Diario de Sesiones», a las ofertas no cubiertas por parte del Inem.
Permítame que le diga que creo que el Inem --y ahora habrá ocasión de hablar de él-- empezará a funcionar mejor cuando se dedique a lo que realmente se tiene que dedicar, que es a la intermediación en el mercado de trabajo y a la formación profesional. Alguna vez creo que podremos llegar a ese gran acuerdo de que la gestión de nóminas y la gestión de prestaciones las pueda desempeñar --entiendo-- con igual o superior eficacia otra institución propia de la Seguridad Social, que, por cierto, parece que es el camino que marca el artículo 41 de nuestra Constitución, integrando las prestaciones de desempleo en el sistema general de Seguridad Social.
Permítame también que le diga que lamento que no me haya podido concretar la fecha. Le agradezco la prudencia, pero es triste que después de un año transcurrido desde aquel compromiso hoy no nos quiera concretar más. Yo le haría una amable oferta: remítanos la información cuando pueda, queda bajo su responsabilidad que nos la envíe y mejor dejémonos de ocuparnos de alguna fecha.
Por otra parte, hablaba de la necesidad --y estamos totalmente de acuerdo-- de que en los sistemas de formación profesional participen los agentes sociales. Le diré que en eso el Grupo Popular está totalmente de acuerdo, pero creo que la participación se estimula y se consolida con el cumplimiento de los acuerdos previamente formalizados. También lo ha dicho usted: «pacta sunt servanda», los pactos están para ser cumplidos.
De acuerdo. Si el Programa nacional de formación profesional establecía unas determinadas fechas, cúmplanse esas fechas y esos calendarios.
Supongo que fue una decisión pensada y meditada ésas y no otras fechas.
Cúmplanse, que estoy seguro de que es un camino que propicia el diálogo, el entendimiento y la colaboración con los agentes sociales.
Finalmente, permítame que le diga que en su última intervención el panorama que nos ha dibujado no es alentador. Ha hablado de once familias profesionales desarrolladas. Pero once frente a dieciséis, en su área, Ministerio de Trabajo, no es alentador. El Ministro de Educación y Ciencia, con motivo de la presentación --también hay que reconocer brillante desde el punto de vista escenográfico, que no desde otro punto de vista--, en este Parlamento, del mapa de formación profesional, también reconoció que un 25 por ciento de sus trabajos, de las familias correspondientes a la formación profesional reglada tampoco estaba desarrollado. Usted supera largamente el 50 por ciento. El se queda en más de un 25 por ciento. Les agradecería infinitamente, no en nombre de mi Grupo sino en nombre de toda la sociedad española, que de una vez concluyan estos trabajos. Saben, además, que cuentan con la colaboración de los agentes sociales y del resto de fuerzas políticas.


El señor PRESIDENTE: No sé si el señor Secretario General quiere añadir algo a la intervención del señor Aparicio, pero le pediría que lo hiciera brevísimamente, si es que lo considera imprescindible.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Como se trata de una intervención a algo ajeno a la comparecencia, en cortesía al tiempo no respondo.


El señor PRESIDENTE: En los términos en los que antes solicité el acuerdo de los portavoces, pasamos ahora al trámite de las preguntas que debe de responder el Secretario General de Empleo.


--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA RECOMENDACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE FECHA 23-6-93, DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) RELATIVA A LA EFECTIVA APLICACION POR LAS OFICINAS DE EMPLEO DE LA PREFERENCIA EN MATERIA DE GESTION DE LA COLOCACION QUE ESTABLECE PARA LOS TITULARES DE FAMILIAS NUMEROSAS EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 3140/1971, DE 23 DE DICIEMBRE. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente 181/001276.)

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El señor PRESIDENTE: La primera de ellas, de acuerdo con el orden del día, es la relativa a la recomendación del Defensor del Pueblo, de fecha 23 de junio de 1993, formulada por el señor Peralta Ortega, quien tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario General de Empleo, conoce usted perfectamente que en nuestro país la Ley, de 19 de octubre de 1971, de protección a las familias numerosas, en el artículo 9 establecía el derecho de los titulares de familia numerosa a tener prioridad para ser empleados en cualquier puesto de trabajo, siempre --y me parece importante destacar este punto-- que reunieran la aptitud, el conocimiento y las demás condiciones exigidas para desempeñarlo. En desarrollo de esta ley, el Decreto de 23 de diciembre de 1971, en su artículo 22, establecía que tendrían derecho los titulares de familia numerosa a ser propuestos con carácter prioritario para la ocupación de empleo. Esta normativa no ha sido derogada expresamente hasta el día de hoy y se han planteado dudas sobre su vigencia, en concreto sobre la posible contradicción de la misma con los preceptos constitucionales, tanto del artículo 14, en la medida en que proclama el derecho a la igualdad, como del artículo 103, que obliga a la Administración a actuar con sujeción a criterios objetivos, y podría entenderse que entra en contradicción con una circunstancia subjetiva como es la familia de una persona determinada.
En relación con este tema se han planteado distintas problemáticas.
Respecto a una de ellas, el Defensor del Pueblo dirigió hace casi dos años, el 23 de junio de 1993, una recomendación al Gobierno en la que planteaba que por la Dirección General del Inem se valorase la conveniencia y oportunidad de dictar las correspondientes instrucciones para permitir la efectiva aplicación, por las Oficinas de Empleo, de la preferencia en materia de gestión de colocación contenida en la ley del año 1971, a la que antes he hecho referencia. Esta es una recomendación del Defensor del Pueblo fundamentada, en la que pone de manifiesto cómo este tipo de normas discriminatorias, en la medida en que establecen un trato desigual, no tienen por qué ser necesariamente ilegales o inconstitucionales, porque esa discriminación puede tener un fundamento objetivo, y hace referencia a que son múltiples las normas en nuestro Derecho vigente que establecen tratamiento desigual en atención a circunstancias desiguales. El Defensor del Pueblo estima que esta circunstancia desigual --ser titular de una familia numerosa-- puede justificar ese tratamiento discriminatorio y por eso dirige la recomendación.
Nos consta que en el caso concreto de la Comunidad valenciana, recientemente, la institución equivalente al Defensor del Pueblo, el Sindic de Greuges, ha dirigido una recomendación parecida a, en este caso concreto, la Dirección del Servicio Valenciano de Salud, planteándole que en los acuerdos para la constitución de bolsas de trabajo se tenga en cuenta la circunstancia de ser titular de familia numerosa. Me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno en relación con esta recomendación y, en general, en cuanto a esta problemática.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Señor Peralta, al ser una contestación jurídica que quiero articular con mayor precisión, paso a leérsela, aunque suponga tres o cuatro minutos más.
La recomendación del Defensor del Pueblo fue contestada negativamente por el Inem, el 14 de julio de 1993, fundándose en una serie de argumentos que, a juicio de los servicios jurídicos del instituto, resultan inequívocos y que les voy a exponer.
Como ustedes saben, tanto la Ley de protección a las familias numerosas como su Reglamento fueron aprobados en el año 1971, con anterioridad, por tanto, al establecimiento de nuestro texto constitucional y a la normativa laboral y de empleo vigente en la actualidad. Todas estas normas, tanto nuestra Carta Magna como el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo, contienen principios que invalidan y hacen inaplicable el principio de preferencia en el acceso al empleo a los titulares de familias numerosas que contenían los preceptos de 1971, por lo que dicho principio, a nuestro entender, debe considerarse derogado, aunque no lo haya sido particularmente de forma expresa, por cuanto resulta incompatible con normas superiores o de igual rango. Y ello es así porque una disposición de esta naturaleza vulneraría el derecho a la igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución y el principio de objetividad y sometimiento a la ley y al derecho que debe presidir las actuaciones de la Administración pública, contenido en el 103.1 del mismo texto. En este sentido, el artículo 39 de la Constitución, que asegura la protección a la familia y que fue utilizado por el Defensor del Pueblo, no puede prevalecer como principio rector de la política social y económica ante el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Pero además se opone también al artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge la no discriminación en las relaciones laborales, y al artículo 38 de la Ley Básica de Empleo, que recoge como principio básico de la política de colocación la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.
Cuestión distinta del acceso a la colocación es la política de fomento del empleo selectivo que, en base al artículo 9 del texto constitucional, al 17.2 del Estatuto de los Trabajadores y al 10.1 de la Ley Básica de Empleo, contempla una serie de medidas para favorecer la contratación de determinados colectivos de desempleados, los colectivos especialmente desprotegidos en relación con el acceso al trabajo; acciones cuya finalidad es precisamente contrarrestar la desigualdad de partida de estos colectivos, en aras al cumplimiento del principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, en ninguna de estas normas se incluye a los titulares de familias numerosas, por considerar que esta circunstancia familiar no tiene en sí misma una repercusión desfavorable para acceder a un empleo que precise de una discriminación positiva a su favor, si bien sí se incluye a las mujeres que, dado su papel tradicional en relación con las responsabilidades

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familiares, pueden encontrarse en situación de desventaja respecto al acceso y mantenimiento.
En consecuencia, el efectivo ejercicio del mandato que el artículo 39 de la Constitución dirige a los poderes públicos sobre la protección social, económica y jurídica de la familia debe ser realizado a través de otro tipo de medidas, como pueden ser las fiscales o de Seguridad Social, pero, a nuestro juicio, es ajeno a las políticas de fomento del empleo, cuyos colectivos hemos repetido hasta la saciedad: mujeres, jóvenes sin experiencia ni cualificación, parados de larga duración, minusválidos y mayores de 40-45 años perceptores de desempleo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta, brevemente.


El señor PERALTA ORTEGA: Seré breve.
Señor Secretario General de Empleo, yo creo que las razones que usted da son las mismas que en su día se le plantearon al Defensor del Pueblo, antes de que dictara la recomendación a la que yo he hecho referencia. El recoge esas alegaciones por parte de la Dirección General del Inem, el servicio competente del Inem, y tiene ocasión de contestar.
Señor Secretario General de Empleo, sinceramente le tengo que decir que no me satisface la respuesta que me ha dado. Yo creo que esa contradicción que usted afirma que hay entre la normativa de protección de la familia numerosa y el principio de igualdad o de objetividad de la Administración y el principio de no discriminación no es tan así. Ya le decía antes que discriminación es algo normal y corriente. El problema de la discriminación es que se convierte en ilegal cuando carece de fundamental objetivo. El tratamiento desigual por sí no es ilegal. Es ilegal si se tiene derecho a un tratamiento igual o si ese tratamiento desigual es arbitrario e injustificado. Puede haber una determinada justificación y usted ha hecho referencia, por ejemplo, a circunstancias que son dudosas. En el caso de la mujer usted ha dicho que es una tradición. En el caso de las familias numerosas ¿usted puede afirmar, señor Secretario General de Empleo, que no tienen una situación particularmente distinta de quien no tiene familia? Yo creo que no.
¿Hasta qué punto tiene que traducirse eso en medidas de promoción del empleo, por ejemplo? ¿O es que no tiene que haber medidas de promoción del empleo en esa circunstancia? Yo creo que es una de las medidas posibles de protección: intentar procurarles empleo. ¿Cómo se concreta eso? Yo creo que la recomendación que hace el Defensor del Pueblo es muy matizada y, desde luego, no cabe descalificarla o rechazarla simplemente para no hacer nada. A mí la opinión del Defensor del Pueblo me merece una cierta credibilidad. Cuando además coincide con que no sólo es el Defensor del Pueblo a nivel del Estado, sino que otras instituciones similares a nivel de comunidades autónomas entienden que esa normativa de protección puede tener un determinado juego, yo le animaría, señor Secretario General, a que, en contacto con la Dirección General del Inem o desde el propio Ministerio, se haga un esfuerzo por ver en qué medida se puede intentar avanzar en una determinada protección, dejando al margen la protección fiscal que, como usted sabe, está sujeta a muchas reconsideraciones, y a ver si al final nos vamos a quedar sin nada, que no creo que sea lo mejor de todo.
Dejando al margen ese pequeño circunloquio que hace referencia a la actualidad, yo sí que le animaría a que hagamos un esfuerzo, y haga un esfuerzo la Administración, por ver en qué medida se puede contemplar el tratamiento que guarde relación con una situación que yo creo que de hecho --y usted lo reconocerá-- es distinta de quien no tiene esas circunstancias familiares. Analizar en qué medidas se concreta estoy convencido de que admite distintos tratamientos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Repito lo dicho, señor Peralta. Yo no creo que exista una relación de causalidad específica entre el número de hijos y el acceso al empleo. Aparte de eso, temo que no es conveniente atomizar demasiado las medidas de fomento al empleo, que cada colectivo --que indudablemente son distintos-- reciba una política específica de empleo, una política de diseño. No lo creo. Es posible seguir analizando y buscando el encaje de los titulares de familia numerosa en alguna de las figuras existentes, pero en principio mantengo bastante recelo ante este tipo de políticas --digamos-- a medida en el empleo. Dudo de su eficacia.


--SOBRE MOTIVOS DEL CIERRE DE MAS DE OCHO ESCUELAS-TALLER EN IBEROAMERICA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GP). (Número de expediente 181/001296.)

--SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) NO SIGUE FINANCIANDO EL PROGRAMA DE ESCUELAS-TALLER EN IBEROAMERICA.
FORMULADA POR EL SEÑOR ROBLES FRAGA (GP). (Número de expediente 181/001297.)

El señor PRESIDENTE: Tramitamos a continuación dos preguntas del señor Robles Fraga. Le pregunto si se pueden acumular en una. (Asentimiento.) Muchas gracias.
Tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, las preguntas se refieren a los motivos, a las razones que justifican que el Instituto Nacional de Empleo haya dejado de financiar una importantísima parte del programa de preservación del patrimonio cultural en Iberoamérica. Me refiero al programa de escuelas-taller en Iberoamérica. Con ello, el Instituto Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo cortan una de las más exitosas acciones de cooperación no solamente cultural, sino de cooperación y de ayuda al desarrollo en Iberoamérica, y se hace de una manera brutal. Se pasa de unos 600 millones de pesetas al año a nada por

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parte del Instituto Nacional de Empleo. Teniendo en cuenta que más del 80 por ciento de los jóvenes iberoamericanos jamás tendrán acceso a estudios superiores, es realmente inexplicable si tenemos en cuenta los objetivos, fijados en este Parlamento y fijados también por el Gobierno de cooperación prioritaria con Iberoamérica y de concentración en aquellas actividades de cooperación que más eco y más efecto social tienen.
Me gustaría conocer cuáles son las razones, cuáles son las justificaciones, cuáles son las explicaciones que tiene que dar el señor Peña a este respecto, reservándome para el final el resto de la argumentación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Señor Presidente, señor Robles, en realidad no se han suprimido estos proyectos, porque los proyectos de escuelas-taller, en virtud de su normativa reguladora, tienen un período de vigencia, desde el 3 de agosto de 1994, de dos años. Por tanto, no resulta exacto decir que se han cerrado proyectos, sino que tienen una fecha de comienzo, cuando son aprobados, y otra de finalización, al transcurrir el período. Esto es lo que ha ocurrido con las escuelas-taller. En la actualidad hay nueve escuelas-taller que siguen funcionando, financiadas por el Inem y desarrolladas en colaboración con la Agencia Española de Cooperación. En cuanto al número de nuevos proyectos que se puedan aprobar para años futuros, tanto en territorio nacional como en Iberoamérica, está condicionado, obviamente, por las dotaciones presupuestarias. En todo caso, el Inem, al margen de los proyectos concretos que pueda llevar a cabo en Iberoamérica, ya sea con presupuesto propio, ya con dotaciones de la Agencia Española de Cooperación, seguirá prestando, como está haciendo en la actualidad, asesoramiento y asistencia técnica para consolidar estas experiencias y facilitar su implantación en todos los países que manifiesten interés. Recientemente estamos manteniendo, tanto el Director General del Inem como yo, contactos con distintos embajadores de Iberoamérica acreditados en España, llegando a acordar que más importante que colocar una escuela-taller financiada por nosotros en Iberoamérica, sea el país que sea, es exportar la tecnología de las escuelas-taller.
Estamos reforzando las vías de asistencia y cooperación.
Tengo aquí un pequeño cuadro descriptivo del número de alumnos, subvención, países, etcétera, de las escuelas-taller existentes en la actualidad en Iberoamérica. Simplemente como recordatorio para la Cámara, les diré que en el período reciente de 1991 a 1996 hemos aportado 2.416.372.000 pesetas en 23 escuelas. Las escuelas que estaban en funcionamiento son: la Joao Pessoa en Brasil, la de Cartagena de Indias en Colombia, la de Popayán en Colombia, Quito-2 en Ecuador, la de México en México Distrito Federal, la León-2 en Nicaragua, Asunción-2 en Paraguay, Cuzco y Lima en Perú. Repito que estamos intentando intensificar la asistencia más que la construcción de la escuela en el lugar que sea.


El señor PRESIDENTE: El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Peña, esos cuadros también los tengo yo; son unos cuadros muy claros y muy concretos. Si uno ve la lista de países y las escuelas a que se refiere, el número de alumnos en el período 1995-95 y la fecha de terminación de los proyectos, observará que los últimos proyectos de los que yo tengo reseñados, el León-2 de Nicaragua termina el 31 de enero de 1996 y la escuela Popayán en Colombia termina el 31 de mayo de 1996. El problema es que se terminan, todos se terminan. Si quiere, se lo enseño a usted más bonito todavía. En este cuadro se ve claramente cuándo terminan. En el año 1996 se termina la participación del Inem. Se ahorra el Estado español 600 millones de pesetas al año.
Efectivamente se han gastado, en el período 1991-1995, 2.071.106.471 pesetas. Esos datos los tengo yo también. El misterio no es saber cuándo terminan las escuelas-taller. El problema es que ustedes las van a cerrar. Ese ahorro va a costar la destrucción de una extensa red, en 14 países de Iberoamérica, de centros de formación ocupacional para la juventud, donde se están formando 1.315 jóvenes iberoamericanos; la disolución de un equipo humano de 430 personas sólida y perfectamente capacitadas (profesores, monitores y personal de apoyo); el desmantelamiento de 52 talleres totalmente instalados y equipados; la renuncia a rentabilizar los más de 3.500 millones de pesetas de inversión pública que se van a destinar a las escuelas-taller desde 1991 hasta 1996; la no renovación de 16 convenios de cooperación con 14 países en donde se incorporan 22 instituciones iberoamericanas; y la destrucción de una línea con participación solidaria y de un foro de entendimiento y comunicación que en todas las ocasiones ha servido para consolidar las relaciones con cada uno de los países y que, desde luego, ha facilitado las vías de diálogo entre España y los países iberoamericanos.
A mí me parece un ahorro demasiado caro. Me parece que todo lo que usted me dice es muy bonito: sus conversaciones con los embajadores y la aportación de la tecnología, que por otra parte ya tienen; una tecnología que tiene una incidencia real y concreta no solamente en la preservación del patrimonio cultural, sino también en la calidad de vida y en la formación de personas que se incorporan a la vida productiva después de su paso por las escuelas-taller. Yo, desde luego, no le veo una explicación. Yo creo que hay un abandono de las líneas, lo que sin duda es una reflexión que usted debe transmitir a su Ministro y al Gobierno.
No nos parece razonable que se abandone una de las líneas de cooperación de más éxito --y se lo pueden apuntar ustedes; si tampoco estoy diciendo otra cosa-- que han construido en los últimos años y, de repente, por razones que no entiendo, y que desde luego no entiende la gente que trabaja en este proyecto, el Instituto Nacional de Empleo y el Ministerio de Trabajo, que si alguna razón tienen para participar en la política de cooperación es ésta, abandonan de manera brusca, radical e inexplicable.
Creo que hay una voluntad de todos los grupos de la Cámara de que se aumenten las cantidades que se destinan a la cooperación. Es también un deseo expresado de manera casi

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unánime por la sociedad española que ésos sean programas que sirvan para ayudar a mejorar la vida de nuestros hermanos de Iberoamérica. En vez de continuar con los programas serios, con los programas que tienen éxito, con los programas que tienen repercusión social, se está privilegiando una última fiesta, una revisión de las fiestas y de los fastos del 92, y se está empezando a dedicar más dinero a programas que tienen escasa relevancia social. Esta es una línea de actuación que no podemos más que lamentar; esperamos que sea corregida, y aguardo las explicaciones del señor Peña a este respecto, porque, desde luego, lo que se nos ofrece como solución de recambio no satisface las necesidades que venían cubriéndose con la aportación del Instituto Nacional de Empleo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Señor Presidente, lamento que la falta de tiempo me impida extenderme en la fraternidad entre los distintos pueblos hispanos, pero, en todo caso, nada se destruye. Un proyecto que tiene un comienzo, tiene un fin. Una vez que este fin se produce, se pueden presentar estos proyectos y pasarán el trámite de aprobación al que están sometidos todos los proyectos que llegan. No veo que exista hecho nuevo que merezca explicación específica.


--SOBRE RAZONES QUE IMPIDEN QUE LA GESTION PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DEJE DE BASARSE EN CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA.
FORMULADA POR EL SEÑOR APARICIO PEREZ (GP). (Número de expediente 181/001393.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre las razones que impiden que la gestión presupuestaria del Instituto Nacional de Empleo deje de basarse en la cuenta extrapresupuestaria. Tiene la palabra el señor Camps Devesa.


El señor CAMPS DEVESA: No se le escapa al señor Secretario General que el Inem es el organismo autónomo administrativo más importante si nos fijamos en el volumen de su presupuesto, y tampoco que no rinde cuentas mensualmente en ese presupuesto la Intervención General de la Administración del Estado. Esto es tan evidente que en los boletines mensuales de ejecución de presupuestos de organismos autónomos no se refleja desglosada la ejecución mensual del presupuesto del Inem en su totalidad. Hay que esperar prácticamente, como norma habitual, a final del ejercicio para que se registre en el presupuesto la contabilidad del Inem, funcionando mientras en base a lo que se denominan cuentas extrapresupuestarias, como el boletín de la Intervención General del Estado recoge en su introducción. Hay un párrafo que se incluyó tras la denuncia que este Grupo realizó, en un determinado momento, sobre las cuentas del Instituto Nacional de Empleo, que se recoge habitualmente mes a mes y en el que se dice claramente, cambiando los importes, que los importes tan elevados de ingresos y pagos por operaciones extrapresupuestarias corresponden en su mayor parte al Inem, que igualmente registra como pagos extrapresupuestarios, antes de la aplicación definitiva al capítulo IV, las prestaciones por desempleo también pagadas por la Seguridad Social. Es por ello que nos encontramos, porque ha habido hechos ya, con sorpresas como que en el año 1993 afloró un importe cercano al billón 200.000 millones de pesetas que no se había reflejado en ejecución mensual alguna. En estos momentos suponemos que las sorpresas serían menores, incluso positivas, razón de más para que esta transparencia diera lugar y acabara ya con estas cuentas extrapresupuestarias que, a nuestro juicio, no tienen razón alguna. De ahí nuestra pregunta sobre las razones de que exista este tipo de cuentas extrapresupuestarias del Instituto Nacional de Empleo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Señor Camps, en aras también de la brevedad, en todo caso, si usted lo desea, después puedo exponerle todos los razonamientos jurídico presupuestarios, pero le diré que existen dos motivos, avalados por la Intervención General del Estado, por los cuales el Inem refleja la gestión de las prestaciones por desempleo en conceptos no presupuestarios. Primero, cuando se producen insuficiencias del crédito presupuestarios para atender el pago de las obligaciones derivadas de dichas prestaciones. Hay una insuficiencia y existe un escrito de 29 de julio de 1993 que permite esta operación, que es lo que ha dado lugar a lo que usted ha señalado y también, con razón, que este año no se va a producir. El segundo motivo es la conveniencia de anotar en su contabilidad una estimación provisional del gasto por no disponer, en su momento, de la cuantificación exacta a la fecha de la contabilización.
Viene también avalado por escrito de la Intervención General del Estado, de fecha 17 de febrero de 1995. Es un modo de actuar presupuestario con un aval de la Intervención General del Estado, que si por algo se caracteriza es por su rigor, que pensamos que no contiene ningún defecto ni ninguna perversión presupuestaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: No era nuestra intención, al realizar esta pregunta, que se presumiera que exista ni siquiera poco rigor presupuestario; ya no hablamos de otro tipo de calificaciones. Pero convendrá el señor Secretario General conmigo en que, a pesar de los dos argumentos que me ha dado en el día, avalados por escritos de muy cercana fecha, de 1993 y 1995, y ¡por qué no decirlo! posteriores a cuando el déficit del Inem se descubría preocupante y la ejecución presupuestaria del mismo, al final de

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año, traía consigo que nos preguntáramos por qué no había habido una ejecución mensual más clarificadora y transparente, repito que convendrá conmigo en que esos argumentos técnicos tampoco imposibilitarían que, al igual que el resto de organismos autónomos, se ejecutaran por la misma Intervención General del Estado mes a mes. Lo que hace el Instituto Nacional de Empleo es mantener esa cuenta extrapresupuestaria con la Tesorería de la Seguridad Social mensualmente. El propio Secretario General de la Seguridad Social ha reconocido en esta Cámara, el 18 de octubre de 1994, que no habría ningún problema ni inconveniente en dejar de lado estas cuentas extrapresupuestarias y que fueran intervenidas en la ejecución mensual por la Intervención General del Estado. Sí que es cierto que entró en contradicción con el Subsecretario de Trabajo que dijo, sin más, que no tenía constancia de que hubiera ninguna gestión del Inem extrapresupuestaria, cuando todos sabemos que es así. Tampoco coincide con lo manifestado por usted en el día de hoy. Yo creo que estas contradicciones no son relevantes; en el caso del Subsecretario pueden ser olvidos. Pero esto no da consistencia al hecho de que se siga manteniendo ese sistema. No queremos pensar, en ningún momento, que tengamos que apartarnos del objetivo de que el Inem, reitero, al igual que los restantes organismos autónomos, mensualmente registre sus gastos: en el presupuesto de ingresos, las cuotas de desempleo, formación profesional, que recauda la tesorería, y en el presupuesto de gastos los pagos efectuados por prestaciones de desempleo. Esto ayudaría a una mayor transparencia, por no hablar de un mayor rigor presupuestario, término que no quiero usar. No entendemos por qué no se hace si técnicamente es totalmente viable y posible, a pesar de que puedan existir recomendaciones cercanas en el tiempo de que no hacerlo así técnicamente, o al menos legalmente, sería posible. Convendrá conmigo en que ayudaría mucho más a la transparencia en la gestión del Instituto Nacional de Empleo. Este es un principio que recojo del Ministro titular de su Departamento cuando en esta misma Cámara, en una Comisión no muy lejana en el tiempo, reconocía que la transparencia en la gestión era lo que los ciudadanos demandaban y a donde se debía dirigir la Administración en este caso. Reitero que convendrá conmigo en que para esa transparencia sería mucho mejor que hubiese una ejecución mensual por parte del Inem, y de la Intervención Delegada, en este caso, de sus cuentas tanto de gastos como de ingresos. Evitemos con ello que esa falta de transparencia pueda ocultar en algún momento determinada falta de rigor en esa ejecución mensual. Además, señor Secretario General, estamos ahora en un buen momento: no hay déficit y parece ser que no lo va a haber, razón de fondo que traería consigo que dejáramos estas cuestiones formales a un lado y adoptáramos las de todos los organismos autónomos, sin que el Inem fuera una excepción.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Gracias, señor Camps, porque todas sus intervenciones son muy constructivas. Nuestro objetivo es que toda la gestión presupuestaria del Inem sea más transparente. Además, estamos bastante orgullosos ¡por qué no decirlo! de la gestión del Inem de los últimos años y de lo bien que están saliendo todas las operaciones al respecto. No sé si técnicamente es posible hacer lo que usted me dice. Si es posible lo haremos. Tenga en cuenta que tenemos una dificultad añadida a la que tienen otros organismos. Nosotros tenemos una previsión de gasto, pero hemos de cubrir aquellos supuestos que jurídicamente se producen, que pueden coincidir con la previsión de gasto o no. Por tanto, puede haber un desfase a la hora del pago; desfase que tesorería nos tiene que adelantar, lo que a su vez entra en una cuenta que después es objeto de conciliación. Si eso se puede solucionar y permite una mayor transparencia en las cuentas del instituto, por supuesto que lo haremos.


--SOBRE REGULACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PREVISTOS EN LA LEY 10/1994, DE 19 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION. FORMULADA POR LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GS). (Número de expediente 181/001475.)

El señor PRESIDENTE: La pregunta de la señora Romero, en relación con las condiciones de acceso a los certificados de profesionalidad, se da por contestada en la medida en que entiende, y creo que entiende bien, que será sobradamente respondida en la comparecencia del Director General del Inem que tendrá lugar a continuación. Por tanto, la pregunta 1.475 se da por contestada.


--SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LOS NIVELES DE RUIDOS SUPERIORES A LOS MAXIMOS LEGALES EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MUEBLES Y MADERAS.
FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de expediente 181/001525.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre medidas para corregir los niveles de ruidos superiores a los máximos legales en las empresas del sector de muebles y maderas. Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Secretario General, seguramente conoce usted que recientemente, y en virtud de un convenio firmado en marzo de 1994 entre una mutua valenciana y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano se llevó a cabo un estudio por la Universidad de Valencia sobre la evaluación del riesgo por exposición a ruido en el sector de maderas y muebles. (El señor Vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa la Presidencia.) A lo largo de este trabajo llevado a cabo por la Universidad se pudo constatar, por ejemplo, que aproximadamente un 43 por ciento de los trabajadores

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a quienes se sometía a audiometrías presentaban disminución de la capacidad auditiva para altas frecuencias, lo que conocen técnicamente como trauma acústico, y un 3 por ciento tiene una sordera establecida.
Globalmente se puede afirmar que una de cada cuatro personas expuestas a niveles de ruido elevado tienen pérdidas auditivas importantes. Los redactores de ese informe, en sus actuaciones, constatan que los empresarios no parecen tener una información suficiente sobre el problema del ruido y tampoco muestran demasiado interés por el mismo. A su vez, los trabajadores se consideran acostumbrados al ruido, deficientemente informados respecto al riesgo y rechazan mayoritariamente los medios de protección personal.
Entre las conclusiones de ese estudio se constata, en primer lugar, que los niveles sonoros existentes en el sector de maderas y muebles --sabe usted perfectamente, señor Secretario General, que es un sector con importante implantación en la Comunidad valenciana--, pueden alcanzar valores muy altos que superan los límites máximos establecidos en la normativa vigente, que es el Real Decreto 1.316/1989. Los datos audiométricos a los que hacía referencia anteriormente revelan una grave afectación auditiva a los trabajadores expuestos y se aprecian importantes deficiencias en el terreno de la información y sensibilización entre empresarios y trabajadores. Existen diversas propuestas de actuación, por ejemplo para disminuir los niveles de contaminación sonora: sustitución de determinadas máquinas, instalación de silenciadores, sustitución de engranajes, mantenimiento preventivo, cerramientos y apantallamientos, etcétera. Llama la atención ese estudio especialmente sobre la necesidad de que la Administración lleve a cabo un serio esfuerzo de formación dirigida a los empresarios, en primer lugar, ya que sobre éstos recae la obligación de la prevención, y también hacia los trabajadores. En este sentido postula la participación de las organizaciones sindicales de cara a conseguir la mayor información sobre esta materia.
Desearía saber, señor Secretario General, en relación con este informe sobre un sector muy concreto, qué medidas y qué conclusiones saca la Administración sobre la situación que en el mismo se describe y la necesidad de adoptar medidas para corregir esos problemas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor Peña.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Señor Peralta, si intentara sintetizar su pregunta, yo creo que destacaría dos palabras: la primera sería información/formación, de la que es carente el sector, y vigilancia/control para que se apliquen las medidas previstas para evitar los riesgos.
Nosotros venimos estudiando desde hace tiempo el sector de la madera a través de distintos informes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Tenemos ya publicados distintos mapas de riesgo: el de aserrado de madera, el de fabricación de piezas de madera y el de fabricación de muebles de madera. Con toda esta información recibida en poco tiempo vamos a publicar la «Guía práctica para la prevención de riesgos en el sector de la madera», que tiene que ser el instrumento esencial de información y formación para todo el sector. Es una guía que, como todas las de estas características, se realiza en íntimo contacto con los agentes sociales. Ello podría cubrir todo el aspecto formativo como medida esencial de prevención de riesgos y pasaríamos a la siguiente fase: la de control, vigilancia, inspección. Aunque realizamos una campaña reciente, ahora tenemos que ser conscientes de que toda la fase de aplicación de la normativa en materia de seguridad e higiene es competencia de las comunidades autónomas, pero indudablemente debe ser promovida también por la Administración central del Estado. Si no recuerdo mal, dentro de una semana se verá en Pleno la ley de prevención de riesgos profesionales. Hemos diseñado organismos con competencia específica para este tipo de asuntos y, evidentemente, en la Comisión Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo es donde se debe ver todo eso.
Repito, el trabajo formativo está realizado; no es suficiente, pero es imprescindible. Hemos hablado --y usted también lo ha repetido mil veces-- de que en seguridad la formación es el elemento nuclear y la inspección es el fracaso de la formación. En ello estamos, concluyendo la guía e intentando coordinar las acciones de inspección. Es el segundo plan general de inspección en el sector de madera.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Celebro, señor Peña, algunas de sus afirmaciones. Efectivamente, es importante la labor de información y de formación. Yo le urgiría para que esa guía práctica de riesgos en el sector de la madera se publique a la mayor brevedad posible e incluso, si se requiere alguna participación especial de las organizaciones sindicales, que trascienda esa participación ordinaria que usted ha señalado que es la acostumbrada, le urgiría para que se promoviera cualquier tipo de convenio en los ámbitos geográficos donde el sector de la madera y el mueble tiene una especial implantación --en concreto, como le consta al señor Secretario General, en el ámbito de la Comunidad valenciana--, de cara a conseguir que ese elemento de información y de formación sea realidad.
Por lo que se refiere al segundo apartado, el de la vigilancia, me gustaría, señor Secretario General, que se contemplen los planes de trabajo de la Inspección en cumplimiento de la normativa vigente en la materia, adaptada al sector específico de la madera y del mueble, en función de los datos que se proporcionen a través del Instituto Nacional o de los estudios que se lleven a cabo por organismos competentes, como el que yo he señalado en mi intervención.
Finalmente, llamaría la atención al señor Secretario General, aunque no sea competencia de su Ministerio, sobre que todas esas medidas que se plantean --por ejemplo, sustitución de maquinarias, dotarlas de cerramientos, de apantallamientos, etcétera-- suponen también una manera de contribuir a que ese tipo de riesgo se reduzca. No basta

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con estar informado. Si no desaparece el ruido, se está sufriendo, por muy formado que se esté. Sería bueno que todo eso se actualizara en esa normativa de cara a conseguir que se reduzca el riesgo sonoro, porque es uno de los factores importantes que inciden en la salud de los trabajadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor Peña.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES (Peña Pinto): Recojo sus recomendaciones. Simplemente quiero recordar que, evidentemente, el ruido es un problema de origen y, segundo, incidir en algo que también ha pasado un poco desapercibido en el proyecto de ley: las normas de homologación de fabricantes van a tener mucha importancia en el asunto que usted mismo ha señalado, señor Peralta.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Gracias, señor Peña. Le despedimos con esta última respuesta y vamos a proceder a la celebración de la siguiente comparecencia prevista en el orden del día, que es la del Director General del Instituto Nacional de Empleo, señor Elordi.


COMPARECENCIAS (CONTINUACION):

--DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) (Elordi Dentici), PARA INFORMAR DEL PROCESO DE ELABORACION DEL REPERTORIO DE CERTIFICACIONES PROFESIONALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001462.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Damos la bienvenida al Director General del Instituto Nacional de Empleo, don Alberto Elordi, para informar del proceso de elaboración del repertorio de certificaciones profesionales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Elordi.


El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) (Elordi Dentici): Señor Presidente, agradezco al Grupo Parlamentario Socialista su solicitud para que pueda explicar el momento actual del repertorio de certificados de profesionalidad.
Mis primeras palabras van a ser para reconocer un cierto fracaso. Yo creía que hoy podría venir a esta comparecencia con el Real Decreto regulador del sistema de certificados publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ayer mismo por la tarde traté de averiguar por qué el retraso. El Decreto está aprobado por el Consejo de Ministros el día 16 de mayo. El retraso parece que se debe a problemas internos del Boletín Oficial del Estado. Me aseguraron que hoy estaría publicado y mi primera acción esta mañana ha sido averiguarlo. He tratado de encontrarlo en el Boletín Oficial del Estado pero no estaba publicado. Por tanto, en lo que me toca como responsabilidad, reconozco el fracaso. Debería estar publicado y así no tendríamos que hablar de un proyecto que no tiene una traducción por escrito y publicado donde se tenía que publicar, sino de un proyecto exclusivamente aprobado por el Consejo de Ministros.
En cualquier caso, el Decreto está y con ello se ha cumplido un mandato de las Cortes de mayo de 1994 que preveía, con la aprobación de la Ley 10/1994, es decir, la Ley de medidas urgentes para el fomento de la ocupación, que el sistema de repertorio de certificados de profesionalidad estaría desarrollado en un año a contar desde la publicación de la ley, es decir en el período mayo/junio de 1995. El Gobierno pese a ese problema de la publicación del Decreto ha cumplido ese compromiso, que estaba mandatado por las Cámaras y, además, suscrito en la propia ley, en sus disposiciones finales. Un año más tarde, es decir, en el plazo previsto por la Ley 10/1994, el Decreto que conforma el sistema de certificados de profesionalidad ha sido aprobado por el Gobierno.
En ese Decreto la certificación de profesionalidad constituye el elemento clave de la reforma de la formación profesional y lo hace con un triple objetivo. En primer lugar, identificar las competencias profesionales características de una ocupación y por tanto acreditables, haciendo más visibles los recursos humanos existentes y la entidad real de la oferta de empleo. En segundo lugar, permite articular la formación profesional ocupacional para garantizar la más sólida adquisición de estas competencias profesionales. Y, en tercer lugar y por último, dota a la certificación profesional de validez nacional para facilitar la transparencia del mercado de trabajo, la movilidad laboral, a la par que mantiene un nivel uniforme en la calidad de la formación profesional ocupacional.
El Real Decreto define la finalidad de los certificados como acreditación de competencias profesionales, regula los aspectos de su contenido, articulación formativa y condiciones de expedición, definiendo las vías de acceso a ese certificado.
Las comunidades autónomas con gestión transferida del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional serán competentes para realizar pruebas de acceso y expedir o establecer un registro de certificaciones de profesionalidad por ocupaciones. Sin embargo, y en aras a facilitar la coherencia en el conocimiento del mercado de trabajo y su transparencia y la libre circulación de trabajadores, existirá un registro general en el Inem al que se deberán comunicar las inscripciones efectuadas en los registros territoriales.
Es importante también significar que el Real Decreto aprobado el 19 de mayo por el Consejo de Ministros autoriza a los Ministerios de Educación y Trabajo a establecer conjuntamente correspondencias y convalidaciones entre los módulos de formación profesional reglada y formación profesional ocupacional.
La regulación del certificado de profesionalidad, tal y como recoge el Decreto, comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos: Primero, el perfil profesional de la ocupación. Segundo, los contenidos teórico-prácticos de la

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acción formativa en la formación profesional ocupacional; el itinerario formativo organizado por módulos profesionales que respondan a contenidos formativos asociados con la unidad de competencia. La unidad de competencia es el núcleo central, la masa crítica del certificado de profesionalidad definido conjuntamente por el Ministerio de Educación en sus títulos y por el Ministerio de Trabajo en los certificados de profesionalidad; la duración total del itinerario formativo y de cada uno de los módulos que conforman ese itinerario y los objetivos formativos, por último, y los criterios para la elaboración del aprendizaje del alumnado.
Se da cumplimiento con el Real Decreto aprobado el 19 de mayo a lo que preveía la Ley 10/1994. Sin embargo, evidentemente, no se cierra, con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto, el proceso de tener un sistema de certificados de profesionalidad. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo y qué se va a hacer en el futuro para cerrar el ciclo, para tener por fin el catálogo de certificados de profesionalidad? El trabajo ha sido, es y será, arduo, complejo y se le tiene que dedicar tiempo necesariamente.
Quizás cuando se definió el Plan nacional de formación profesional e inserción profesional se fijaron unos plazos que después, en la práctica, en el día a día, podemos llegar a convenir que eran plazos demasiado exigentes. Sin embargo, decir que unos plazos son demasiado exigentes no nos debe dejar tranquilos. La verdad es que durante 1994 y el tiempo transcurrido de 1995 se ha tratado de ganar el tiempo que presumiblemente se pudo perder en el pasado.
La realidad es que el proceso tendente a la creación de un sistema de certificados de profesionalidad comienza allá por 1992 y con uno de los trabajos base más importantes para tener un sistema de formación profesional ocupacional adaptada a la realidad de nuestro mercado de trabajo y también a la reforma consiguiente que se estaba produciendo en el sistema de educación reglada o de formación profesional reglada. Me estoy refiriendo a todo el proceso que tiende al análisis del mercado de trabajo y, fundamentalmente, a lo que se han venido en llamar los estudios sectoriales. Se estudian 28 sectores de la producción que representan prácticamente la totalidad de la producción en nuestro país bajo dos premisas. Es un estudio por sectores productivos, de sus necesidades de formación y de sus requerimientos de empleo.
En último extremo, los estudios sectoriales lo que hacen es analizar lo que se realiza, lo que se debe realizar o lo que se puede intuir que se realizará en el futuro en un puesto de trabajo, lo que hace un trabajador cuando está en su puesto de trabajo. Es un trabajo que realizó el Instituto Nacional de Empleo en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia y los agentes sociales y es un estudio que ha servido --de ahí su valor complementario y generalizado-- para la elaboración de las titulaciones profesionales del Ministerio de Educación.
Al tiempo que se están produciendo los estudios sectoriales comienza la reforma de la formación profesional reglada. Saben ustedes que el Gobierno, prácticamente en todos y cada uno de sus Consejos de Ministros, viene aprobando nuevas titulaciones, que son la expresión máxima de la reforma de la formación profesional reglada que se está produciendo.
En 1994, y cumpliendo con el Plan Nacional de Formación Profesional e Insersión Profesional y el propio programa de formación profesional, se crea la unidad interministerial, unidad conformada entre el Ministerio de Trabajo y el de Educación y Ciencia.
¿Para qué se crea esta unidad? No es un organismo más, no es una institución más en el seno de la Administración Pública, sino que es una pequeña unidad efectiva, sin grandes cargas burocráticas, que tiende a que los procesos de reforma, tanto de la formación profesional reglada como de la formación profesional ocupacional no vivan de espaldas a sus propias reformas, sino que sean reformas que pueden integrarse en cualquier momento y que responden a una demanda social; que la formación profesional en nuestro país sea un todo constitutivo de las necesidades y futuro del mercado de trabajo. Una vez creada la unidad interministerial comienza el trabajo que ha de llevarnos al buen puerto de que nuestro país cuente con el repertorio de certificados de profesionalidad.
Muy sucintamente, para llegar a este repertorio se ha partido, como era lógico, de los estudios sectoriales, de los títulos que el Ministerio de Educación y Ciencia iba produciendo. Se ha entrado en un trabajo complejo y a veces arduo, que es la readaptación de todas y cada una de las familias profesionales; al mismo tiempo, se ha ido produciendo en paralelo un análisis constante de los cambios que se han producido en el mercado de trabajo y que es previsible que se puedan producir en un inmediato futuro. Esta labor, en parte, ya se ha realizado y quedan, hasta alcanzar las 27 familias profesionales, algunas por realizar. A la fecha de hoy, ya se han readaptado 11 familias profesionales. Las 16 familias profesionales restantes estarán finalizadas --es un compromiso en función de la realidad del trabajo que se está realizando ahora mismo-- a 31 de diciembre de 1995. En estos momentos, en los meses previos al mes de junio, de esas 11 familias profesionales, se ha trabajado ya en grupos mixtos, Ministerio de Trabajo-Inem-Ministerio de Educación y Ciencia, en cuatro familias profesionales, es decir, se han desarrollado trabajos para la definición conjunta, articulada y de acuerdo, de los certificados de profesionalidad con el Ministerio de Educación y Ciencia. Estas cuatro familias profesionales son: la familia del comercio, electromecánica, química, hostelería y turismo. Si digo que son cuatro, evidentemente, tenemos que proyectarlas sobre la totalidad.
Sin embargo, si lo analizamos en función de lo que está reclamando el mercado de trabajo, la mejor encuesta para saberlo es analizar los contratos formativos. Tenemos una gran encuesta --no es una encuesta, sino una visión contrato a contrato-- que son los contratos de aprendizaje. La comparación de estas cuatro familias con los contratos de aprendizaje nos dice que ese trabajo de readaptación de estas cuatro familias supone que hemos readaptado entre el 50 y el 60 por ciento de las ocupaciones más reclamadas por el mercado de trabajo en la actualidad.
Destacaría, en esa readaptación de estas cuatro que ya está terminada, un hecho, a mi entender, importante y significativo.


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Estas cuatro familias se han readaptado, se han definido las ocupaciones con una importante imbricación de los dos sistemas de la formación profesional en España: el sistema reglado y el sistema ocupacional. No podía ser de otra manera, pero es lógico que comprendan que siempre puede haber dificultades. De ahí también el tiempo que se ha tenido que dedicar.
La verdad es que si lo hubiéramos hecho de otra manera y no hubiéramos producido estas cuatro familias y todas sus ocupaciones correspondientes de esta forma imbricada, coordinada, hubiéramos errado totalmente, porque, de no producirse procesos convergentes y complementarios entre la formación ocupacional y la formación reglada, al final, nuestros ciudadanos tendrían dos ofertas blindadas, perfectamente realizadas ambas, pero que no tendrían nada que ver una con otra. Por lo tanto, estaríamos también ante la posibilidad de un nuevo factor de dualización del mercado de trabajo, cuando menos una evidente dualización de la formación profesional. Asegurar que no se produce ese proceso, era una responsabilidad a la que habíamos de dar respuesta. En este momento, con cuatro familias perfectamente terminadas, al igual que todas las ocupaciones correspondientes, he de decir que ese proceso de imbricación se ha alcanzado muy positivamente.
El paso siguiente, ya realizado, era seleccionar determinadas ocupaciones por cada una de las familias, tendiendo siempre esta selección y este trabajo a la elaboración de los correspondientes certificados. En las familias de comercio, de hostelería y turismo, de químicas y de electromecánica, hemos seleccionado las ocupaciones más demandadas por el mercado de trabajo en función de la información que nos dan los contratos de aprendizaje. Así, en la familia del comercio, hemos seleccionado la ocupación de dependiente; en hostelería y turismo, la de camarero; en químicas, la de analista de laboratorio, y en electromecánica, la de ajustador mecánico.
Estamos ahora mismo en disposición de elevar al Consejo de Ministros, en lo que resta del mes de junio y en la primera quincena de julio, en torno a los 20 decretos o proyectos de decreto de certificado de profesionalidad, que cubrirían en torno al 50 por ciento de las ocupaciones más demandadas en el mercado de trabajo. De aquí a final de año presentaríamos al Consejo de Ministros proyectos de decreto de certificados de profesionalidad hasta alcanzar otros 50 más, con lo que, a 31 de diciembre e 1995, tendríamos cubiertas con certificados de profesionalidad, mediante decretos aprobados por el Consejo de Ministros, en torno al 95 o al 97 por ciento de las ocupaciones más demandadas por el mercado de trabajo, es decir, relacionadas con los más de 210.000 contratos de aprendizaje realizados en 1994.
Sin embargo, he de decirles --y perdón por el paréntesis-- que para definir las ocupaciones y los consiguientes certificados de profesionalidad no sólo hemos utilizado los contratos de aprendizaje, sino que también hemos tenido en cuenta otras tipologías de contratos a la hora de significar estas u otras ocupaciones.
Si podemos afirmar que vamos a enviar al Consejo de Ministros, antes de la primera quincena de julio, los primeros 20 decretos de certificados de profesionalidad y que el proceso alcanzaría en torno al 95 ó 97 por ciento de las ocupaciones a 31 de diciembre, será bueno que conozcamos para qué sirve un certificado de profesionalidad.
Le voy a decir muy brevemente, porque creo que es un tema relativamente conocido, que sería bueno que hoy o en el futuro pudiéramos profundizar aún más sobre ese asunto. Evidentemente, los certificados de profesionalidad van a tener un efecto positivo en la capacidad de intermediación en el mercado de trabajo, no sólo del Instituto Nacional de Empleo, sino de las agencias de colocación sin ánimo de lucro que surjan en el futuro al calor del Real Decreto de agencias de colocación y sistemas integrados de promoción de empleo, aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de mayo.
Es evidente que el certificado de profesionalidad que posea un desempleado define que ese trabajador está adecuadamente cualificado. En consecuencia, existe un conocimiento de su perfil profesional que permite remitirle a todas las ofertas de empleo adecuadas a su perfil. Es decir, el certificado de profesionalidad mejora la intermediación en función de que conocemos las capacidades de los trabajadores con mucha mayor aproximación.
En segundo lugar --y es lógico--, tanto los estudios sectoriales como la readaptación de las familias profesionales y la readaptación de las ocupaciones y su definición nos van a permitir elevar la calidad de la formación profesional ocupacional, sin duda porque el ingente trabajo realizado para alcanzar los certificados de profesionalidad es un elemento que nos permitirá definir, con mejor aproximación en positivo, los diferentes itinerarios formativos.
En tercer lugar, los certificados de profesionalidad van a posibilitar la promoción profesional de los trabajadores ocupados. Sin ninguna duda, también los certificados incrementarán innecesariamente la contratación y la inserción de los alumnos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, porque el certificado de profesionalidad para estos trabajadores que pasan por un curso del Plan FIP es un valor añadido a la propia formación, es una constatación de sus capacidades, adquiridas en el curso de formación profesional. Los empresarios tendrán siempre así una garantía de que los alumnos que pasen por un proceso formativo ocupacional habrán adquirido las competencias que ellos necesitan en su empresa. Al mismo tiempo, tanto el Decreto como los certificados de profesionalidad van a posibilitar la progresión académica de los desempleados, a través de las convalidaciones de los alumnos de formación profesional ocupacional, que podrán convalidar algún módulo profesional de formación profesional reglada, lo que puede incentivarles para intentar seguir el ciclo formativo completo.
Por último --y creo que es un valor que no podemos desdeñar--, lo que va a lograr el sistema del certificado de profesionalidad es valorizar y prestigiar la formación profesional ocupacional, un instrumento que necesita una mayor calidad, así como ese valor añadido que es el certificado.
¿Cómo se podrá acceder a la certificación de profesionalidad? Las vías de acceso establecidas en el Decreto

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aprobado por el Gobierno son las siguientes. En primer lugar, la formación profesional ocupacional, al completar con evaluación positiva la totalidad de los módulos que integran el itinerario formativo de la ocupación; en segundo lugar, superando las pruebas de acceso que se determinen para la comprobación del dominio de las competencias profesionales adquiridas en la práctica laboral, el contrato de aprendizaje, o en acciones de formación continua de los trabajadores ocupados; y, en último lugar, por correspondencia y/o convalidaciones entre los ciclos de formación profesional reglada y formación profesional ocupacional.
Con el decreto regulador del sistema de certificados de profesionalidad y los correspondientes decretos de certificados de profesionalidad que empezarán a llegar en cascada al Consejo de Ministros, desde finales de este mes hasta el 31 de diciembre, en mi opinión, concluye la actualización y ordenación del sistema de la formación profesional ocupacional. Finalizada también, o en vías de finalización la renovación de las titulaciones de formación profesional reglada, sin ninguna duda, estamos ante el sistema nacional de cualificaciones, que, evidentemente, estará conformado por las titulaciones de la formación profesional reglada y por los certificados de profesionalidad de la formación profesional ocupacional o las capacidades profesionales.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): La comparecencia del Director General del Inem ha sido pedida por el Grupo Socialista. En su nombre, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Director General del Inem, por su comparecencia y por su exposición.
Muy brevemente, voy a decir, en primer lugar, que nos satisface haber conocido que la dirección general está ya en disposición de poner en manos del Consejo de Ministros veinte decretos de certificados de profesionalidad, que van a cubrir un porcentaje importante de las ocupaciones más demandadas.
El Grupo Socialista quiere destacar la importancia de este Real Decreto, que establece las directrices sobre los certificados de profesionalidad y que conocemos por la referencia del Consejo de Ministros. Creemos que los certificados de profesionalidad permiten acreditar la competencia profesional de los asalariados que carecen de título expedido por la autoridad del Ministerio de Educación, como pueden ser los títulos universitarios, o los títulos de formación profesional reglada, y estimamos que de estos certificados se van a beneficiar tanto las empresas como los propios trabajadores. Las empresas porque, a la hora de contratar, pueden conocer el grado de competencia, los conocimientos, la experiencia, etcétera, de los propios trabajadores. Se produce así una transparencia importante del mercado de trabajo. Y en cuanto a los trabajadores porque van a tener --así lo creemos-- mayores posibilidades y oportunidades de empleo y promoción. El mercado de trabajo, en definitiva, aparece más transparente, se facilita el encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo, se conocen las cualificaciones disponibles por parte del empresario y se posibilita también una carrera profesional para el trabajador.
Por otra parte, en la medida en que las competencias profesionales de una ocupación van a quedar determinadas en cada certificado de profesionalidad, estimamos --y en ello coincidimos con el señor Director General del Inem-- que la calidad de la formación profesional ocupacional debe aumentar porque debe garantizar la buena adquisición de estas competencias. De esta manera, los certificados de profesionalidad introducen mayor orden en la formación profesional ocupacional y, por otra parte, constituyen una exigencia de calidad de la misma formación, puesto que ya en cada norma reguladora de los certificados de profesionalidad se fijarán los contenidos teórico-prácticos de la formación.
Queremos destacar también, como ha hecho el señor director general, la validez nacional de los certificados de profesionalidad puesto que, de esa manera, se va a facilitar la movilidad laboral y se va a asegurar también un nivel de calidad uniforme de la propia formación. En segundo lugar, en la medida en que la formación profesional reglada y la formación profesional ocupacional tienen un referente común, como son las unidades de competencia, se posibilita la convalidación de estudios, coincidiendo también con el director general en que ello facilita la imbricación entre la formación profesional reglada y la formación profesional ocupacional.
La importancia de estos certificados de profesionalidad, evidentemente, nos exigen que se apruebe cuanto antes el repertorio, aunque sabemos que esto lleva su tiempo por el trabajo minucioso que implica, así como los itinerarios de formación de las ocupaciones y familias profesionales que restan por estudiar.
Yo señalaría, en nombre de mi Grupo Parlamentario, dos posibles pegas sobre las cuales requeriría la opinión del señor Director General del Inem. La primera sería que, en tiempos de exigencia de flexibilidad del mercado de trabajo y de exigencia también de polivalencias funcionales, los certificados de profesionalidad pudieran ser una traba para ejercer un oficio o desempeñar varios puestos de trabajo en una empresa. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Si así sucediese, supondría una vuelta atrás hacia casi los sistemas gremiales; por eso consideramos conveniente que, a la hora de regular cada certificado, se actúe con la suficiente ductilidad y adaptabilidad a lo que hoy es el mundo productivo y a los requerimientos de las empresas, en orden a su competitividad.
En segundo lugar, cuando las clasificaciones profesionales, por las razones apuntadas y señaladas ya en la reforma del mercado de trabajo del año pasado, tienden a ser sustituidas por grupos profesionales, el hecho de que la expedición de los certificados de profesionalidad condicionaran de forma obligatoria los sistemas de clasificación profesional en las empresas creemos que no sería coherente con la reforma del mercado de trabajo. Por eso pido la opinión del señor director general sobre estas dos preguntas que le formulo.


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Por último, como ocurre siempre en el Derecho del Trabajo, los convenios colectivos, es decir, las fuerzas sindicales por una parte y los empresarios por otra, tienen un importante papel a jugar para determinar el valor exacto de los certificados de profesionalidad y para otorgarles el debido reconocimiento, porque tampoco nos engañemos, la regulación de los certificados de profesionalidad no son la panacea y serán lo que los empresarios y los trabajadores quieran que sean. Su valor dependerá, por tanto, del apoyo que les presten empresarios y trabajadores, dependerá también de la calidad de la formación profesional necesaria para adquirirlos, así como de la rigurosidad de las pruebas para su obtención, en los casos en que reglamentariamente se establezca esa necesidad para acceder a dichos certificados.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Simplemente quiero agradecer la comparecencia del señor Elordi y decir que, efectivamente, el tema de los certificados de profesionalidad es importante --parece que ya nos encontramos en la última etapa para clarificar esta situación--, pero, en el fondo, a mí lo que me preocupa es la calidad de la formación, si ese certificado es homologable en calidad al alemán o al francés, porque ése es nuestro reto. Nuestro reto es equiparar la calidad de la formación profesional de nuestros jóvenes y no tan jóvenes con otros programas de formación profesional de los Estados que componen la Unión Europea; eso es lo que realmente me preocupa. Pero ése es un discurso que ya hemos iniciado en la intervención anterior, y en el que supongo que coincidimos con los demás Diputados y con el propio Director General. Y ningún comentario más. Simplemente, tengo la inquietud de saber, en la importante función que tienen las fuerzas sociales --que evidentemente la tienen-- y los empresarios --también la tienen--, que son los que en definitiva van a calificar el valor de los certificados, si estamos en la línea de que ello sea con la mayor calidad posible, para que estas titulaciones puedan ser homologables a otras titulaciones similares de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aparicio.


El señor APARICIO PEREZ: Voy a coincidir en parte, espero que sea poca la reiteración, con la intervención que anteriormente ha tenido mi Grupo en la comparecencia de don Marcos Peña, pero es que, repito, no se trata de reiterar lo que ya es conocido y aceptado por la totalidad de los grupos políticos, ni aquello que es aceptado por los agentes sociales, que son los objetivos marcados y definidos en el programa nacional de formación profesional. De lo que se trata, señor Elordi, es de ir cumpliendo esos objetivos, sobre todo los cuantificados en el tiempo, con calendario.
Usted ha hecho una intervención con dos grandes partes. Una, tratar de justificar los retrasos producidos. La segunda, sorprendentemente, ha sido una glosa de los efectos, los graves efectos, que tienen esos retrasos. Usted ha citado un plazo límite para la finalización de estos trabajos, pero permítame que le diga que ese plazo del 31 de diciembre de 1995 era sobradamente conocido de esta Cámara. Sabrá usted --como sé yo-- que ha sido una resolución aprobada como consecuencia del debate del Estado de la Nación del año 1995, pero sabrá también --como yo-- que fue una resolución aprobada en el debate de esta Comisión del ejercicio anterior; una de las no cumplidas. Por tanto, tampoco creo muy necesario que nos venga a recordar lo que son --o deberían ser-- compromisos del Gobierno, precisamente ante esta Cámara, sino a informar estrictamente de los motivos de su incumplimiento y, sobre todo, de si va a poder --cosa que empiezo a dudar-- dar satisfacción a esa resolución antes del 31 de diciembre.
En cuanto a la descoordinación entre los Ministerios de Trabajo y Educación y Ciencia pienso que es evidente. El simple hecho de que según el Ministerio de Trabajo sean 16 las familias de cualificaciones profesionales aún pendientes y según el Ministerio de Educación y Ciencia, dicho en la comparecencia del señor Suárez Pertierra, sean seis, habla de un desfase que es de difícil comprensión. Por cierto, que sean seis, después de un acuerdo de Consejo de Ministros, empieza a ser casi tan misterioso como este real decreto, que conocen ustedes pero que no conocemos nadie más.
Permítame que le diga que de lo que nos ha dado a conocer del real decreto una parte también sobraba. La referencia es una mera transcripción, de un lado, del programa nacional de formación profesional y de otro lado de lo que la Logse dispone respecto de la formación profesional, lo que creo que no era necesario. Sin embargo, se echa en falta, tanto en su exposición como en lo que usted nos anuncia del real decreto, la mención a una directiva de tipo europeo, como es la 92/51.
¿Por qué? Por que el problema de un trabajador español, en ausencia de este completo repertorio, es doble. No sólo es interno, no sólo es dentro de España donde tiene sus problemas. Usted lo ha dicho, un desempleado español, o un aprendiz que acaba su contrato de aprendizaje tiene varios problemas. Hoy no tiene resuelto poder progresar por paso desde la formación ocupacional a la formación específica reglada; no tiene esa posibilidad. Pero tampoco tiene siquiera la posibilidad de obtener una homologación o una convalidación de su certificación con respecto a otros países de la Unión Europea. Y no me digan que se trata de posiciones o voluntades divergentes las que ahora mantiene el Gobierno español respecto a esa directiva, porque supongo que cuando la firmó --por cierto en el año 1992-- sabía lo que estaba firmando y hablaba de la integración de España en ese régimen de convalidaciones o de reconocimiento de títulos.
El importante desfase que se está produciendo entre su Ministerio y el de Educación y Ciencia creo que ya es preocupante. Es preocupante que no vayan al menos a la par, máxime con la explicación que usted ha dado de que el Ministerio de Educación y Ciencia trabaja sobre la base de los trabajos elaborados por su departamento; resulta bastante chocante que quien prepara los trabajos vaya más rezagado

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que aquél que los aprovecha, y eso me ha parecido entender.
Le diría también que el señor Peña, si usted ha estado atento, respecto a la colaboración entre los grupos o equipos interministeriales creados en febrero de 1994, ha dicho que podrán empezar a reunirse en los meses próximos. De verdad, aquí empieza a no encajar ninguna pieza. ¿Qué han hecho hasta ahora, señor Elordi? ¿No ha habido ese tipo de reuniones con esa debida frecuencia? ¿No debían ser creados los equipos interministeriales antes de febrero de 1994, puesto que así venían fijados, y usted lo sabe, en el programa nacional de formación profesional? Sinceramente le digo que me resulta un tanto decepcionante que diga que ahora van a acudir en cascada este tipo de acciones a los Consejos de Ministros. Yo no sé si lo ocurrido será por la premura de tiempo o por algún otro objetivo, pero ustedes sabían los compromisos que adquirían.
Pero no se trata tanto en el programa nacional de plazos exigentes; los plazos no tiene que ser exigentes, los plazos tienen que ser realistas y se lo digo por el bien del cumplimiento de los acuerdos. Más reciente es, y usted lo ha citado, que la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas urgentes de fomento de la ocupación, ustedes decían que para la fecha del 24 de mayo tenía que estar aprobado no ese real decreto de bases, insisto, por un lado genérico y por otro lado escaso, de cara a los repertorios; decían literalmente, en posición libre, supongo, que el Gobierno, a los efectos de una mejor implantación del contrato de aprendizaje, aprobará en el plazo máximo de un año, 24 de mayo de 1995, fecha límite, el repertorio de certificaciones profesionales y regulará las correspondencias o convalidaciones de los conocimientos adquiridos en la práctica laboral. Aquí no se decía que se iba a elaborar un real decreto marco, básico, general. Yo leo: el repertorio.
De verdad, los plazos tienen que ser realistas y los compromisos tienen que ser respetados. No se han cumplido. No se trata tanto de mirar hacia atrás como de mirar hacia delante. Lo que le puedo garantizar es que nuestro Grupo seguirá con plena atención este proceso de aquí a final de año, y esperemos que los compromisos se cumplan.
El Ministro de Educación y Ciencia anunció que en el siguiente Consejo de Ministros iba a incluir seis grupos de familias profesionales, pero todos leímos con exquisita atención y cuidado la referencia del Consejo de Ministros posterior y, de entonces ahora, no ha habido acuerdo alguno relativo a dicho anuncio o compromiso.
Este real decreto, al que usted hacía mención, se ha aprobado el 19 de mayo en el Consejo de Ministros. Yo creo que los problemas del Boletín Oficial del Estado están --algunos de ellos, los de falta o exceso de papel-- bastante superados como para que en temas de la máxima prioridad, como son los de empleo o los que afectan al principal problema social, no haya un poquito más de diligencia. Supongo que no es tan difícil.
Finalmente, ha dejado caer una idea que nos tiene muy preocupados. Ha dicho que el Inem va a seguir de alguna manera la estela o el rumbo que marquen algunas de las nuevas instituciones de intermediación del mercado de trabajo. Permítame que le diga que pensamos que el Inem debe tomar la iniciativa y no debe estar simplemente esperando a ver qué hacen y si es interesante aprovechar las experiencias de terceros. Al Inem, el Gobierno, les corresponde tomar la iniciativa y seguirla. Si va a hacer una simple labor de emulación de aquello que sea positivo de otras instituciones o si, lo que es peor, no sabe muy bien lo que van a hacer esas instituciones, le aconsejaría que se replantee algunas de estas actuaciones. Se lo digo con toda sinceridad, y le añado que ha habido alguna pregunta anterior, relacionada con ello, que me parece que está en la mente de todos. Vamos a tratar desde el Grupo Popular de seguir presentando ideas e iniciativas que permitan al Inem dedicarse a lo que se tiene realmente que dedicar. Se tiene que dedicar a la intermediación en el mercado de trabajo y se tiene que dedicar a la formación profesional. Y le voy a decir a lo que no se tiene que dedicar: No se tiene que dedicar a ciertas acciones que, desde luego, causan perplejidad jurídica, administrativa y de todo tipo. Le voy a mencionar a usted el contrato-programa que parece haber firmado su departamento, el Inem, con el Ministerio de Trabajo. Que tengan que firmar un contrato, que supongo que han firmado, el presidente de un instituto con su director general, aparte de novedoso desde el punto de vista jurídico, no sé si no lleva a hacer explícita la enorme desconfianza de una institución respecto a otra. Yo no sé si el señor Griñán se acuerda de que él es Presidente del Inem y usted es el Director General. Pero que tengamos que recurrir a contratos para el cumplimiento de objetivos en un instituto dependiente del Ministerio, me parece que raya lo sorprendente y, lógicamente, no quiero utilizar otros términos que supongo que están más relacionados con la imagen pública de su institución que con la eficacia de la misma.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.


El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (Elordi Dentici): Me van a permitir tanto el señor Arnau como el señor Hinojosa que responda, en primer lugar, sólo a una cuestión, al señor Aparicio y luego contestaré a ambos.
Señor Aparicio, el Presidente del Instituto Nacional de Empleo es el Secretario General de Empleo, no el Ministro de Trabajo. A partir de ahí podríamos hablar del contrato-programa.
Señor Arnau, yo coincido con usted en las dos preocupaciones que me ha manifestado: la adaptabilidad de los certificados de profesionalidad a una creciente visión cambiante del mercado de trabajo, hoy y en el futuro, lógicamente, y cómo se puede garantizar desde el sistema de certificados de profesionalidad esa adaptabilidad y esa flexibilidad de adaptación. No es fácil, se lo reconozco, porque en primer lugar lo que tendremos que pensar es que tampoco es estático el número de familias profesionales; podríamos prever que en el futuro habría esas familias profesionales o más, o distintas, o que cambiarán internamente. Si decimos familias profesionales, podríamos decir lo mismo con más énfasis en lo que son las ocupaciones.


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¿Cómo queremos resolver este problema, cómo tratamos de adelantarnos, en la medida de lo posible, a las consecuencias negativas de esa necesaria flexibilidad que se está produciendo y que se va a producir con mayor valor en el futuro? Todo el proceso es modular. Los certificados de profesionalidad funcionan a través de módulos, lo que permite readaptar constantemente, y en la medida de las necesidades, esos módulos y, por tanto, los certificados de profesionalidad. Para entendernos, no habría que variar absolutamente el certificado de profesionalidad y las exigencias de ese certificado de profesionalidad ni cómo se conforma éste, sino que podríamos hacerlo modularmente, parcialmente.
A mí me parece que con los instrumentos que tenemos y los módulos, podemos dar respuesta a ese problema. ¿Totalmente? Yo pienso que no hay respuestas totales; nunca las puede haber y en este caso tampoco, pero creo que salvamos el problema con este carácter modular del certificado de profesionalidad.
Y coincido con usted en su segunda apreciación sobre el valor futuro del certificado de profesionalidad. Evidentemente, el valor futuro del certificado de profesionalidad está en función del valor que depende de la negociación colectiva, del encuentro en positivo entre las partes, entre los sindicatos y los empresarios. Ese encuentro se produce en nuestro país y en el entorno de la Unión Europea en la negociación colectiva. Será ahí donde se le dé todo el valor que se quiera dar al certificado de profesionalidad. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, lo que hacemos es crear un sistema de mínimos y un mínimo denominador común para todo el país. Serán los sindicatos y los empresarios los que, día a día, en la negociación colectiva, vayan conformando un valor, posiblemente distinto, más amplio, a esos certificados de profesionalidad.
Señor Hinojosa, coincido con usted en que éste es un instrumento en la vía de mejorar la calidad de la formación profesional ocupacional en nuestro país, pero es solamente un instrumento. La calidad se conforma desde la oferta, también desde la propia demanda, y desde la imbricación de los diferentes factores que intervienen en el mercado de trabajo. Algo de ello han hablado y discutido ustedes con el Secretario General, Marcos Peña, en su intervención anterior, y, por supuesto, coincido con sus planteamientos.
Era necesario en España organizar los dos subsistemas de formación profesional y hacerlos complementarios, y en eso estamos. Esa conformación nueva de la formación profesional es un elemento que juega en positivo para la calidad, pero la calidad se construye en el día a día y, sobre todo, en el compromiso social. A veces creo que con la formación profesional tenemos un recurso dialéctico, hablamos de su necesidad, de su carácter estratégico para la mejora de las condiciones de trabajo, para la mejora de la ocupación de nuestros trabajadores o para la mejora de la ocupación general en el país. Yo creo que en España tenemos necesidad de que ese debate dialéctico supere esa frontera del debate y se convierta en un debate también en las propias empresas.
Con el acuerdo de formación continua (con las reservas que su Grupo y usted tienen al respecto), con el plan nacional de formación profesional y de inserción profesional, con la renovación de la titulación de la formación profesional reglada y los certificados de profesionalidad, estamos rompiendo también ese muro de debate interno. Tenemos que entrar con ese debate en las propias empresas.
La verdad es que, para calcular, aproximadamente, qué calidad de enseñanza tenemos, habríamos de referirnos a sistemas comparativos.
Nosotros tenemos una calidad de nuestra formación profesional, por todos los encuentros y programas europeos en los que participamos, relativamente similar a la media europea; lo que pasa es que hay situaciones comparativamente distintas si no vemos en bloque la formación profesional. Ahora bien, ¿eso quiere decir que nuestra formación profesional está dando todos los beneficios que debería dar? Comparativamente parece que vamos mejorando, y las decisiones que han tomado el Gobierno y estas Cámaras, en materia de formación profesional, han contribuido a ello.
Hay procesos importantes en marcha. Estamos renovando toda la oferta de la formación profesional ocupacional en estos momentos, con lo que es la homologación o la rehomologación de los centros que imparten formación profesional ocupacional, pero evidentemente no es suficiente, hay que hacer más todavía. Lo que a mí me parece es que, en la medida en que se mejore también la intermediación profesional, la orientación, la información, el acompañamiento en la búsqueda de empleo para los trabajadores desempleados, se extraerá de la formación profesional todo el valor intrínseco que tiene. Si la formación profesional se queda en un todo exclusivo y excluyente y no se acompaña de acciones de reinserción profesional, no sabremos valorar definitivamente la calidad, porque la calidad, en último extremo, se medirá por la reinserción de los trabajadores parados, por el mantenimiento de los puestos de trabajo y por la calidad del trabajo realizado y las acciones tienen que ser complementarias.
Señor Aparicio, hoy y en anteriores comparecencias mías respecto a los certificados de profesionalidad he reconocido el retraso que ha tenido el Ministerio de Trabajo, el Inem, en crear el sistema de certificados de profesionalidad, el repertorio. Y he reconocido también, si no hoy, en el pasado, que el Ministerio de Educación ha llevado su trabajo más adelantado que nosotros. Nosotros estamos trabajando con once familias profesionales. Me dice usted que el Ministro de Educación y Ciencia decía que a ellos les faltaban seis. De lo que nos tenemos que responsabilizar nosotros es de tratar de igualarnos al Ministerio de Educación, ésa es la labor fundamental. Y también mirar críticamente al pasado. Es verdad: ha habido un retraso, lo reconozco, no tengo ningún ambage en hacerlo. El problema es que creo que ha habido una reacción muy importante desde enero de 1994 para que a final de 1995 tengamos terminado lo que es el repertorio de los certificados de profesionalidad.
Luego, por tanto, comparto con usted el problema del retraso, pero le añado la reacción que ha habido. Si tuviéramos que hacer una valoración numérica, diría que el objetivo se va a cumplir y que va a coincidir la finalización de nuestros trabajos con la de los que realiza el Ministerio de Educación y Ciencia.


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Usted me ha leído los compromisos de mayo de 1994, cuando se aprueba la ley 10 de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. No era posible, señor Aparicio, ir a la creación del repertorio de certificados de profesionalidad sin que existiera un decreto que lo orientara; no era posible, porque nosotros podemos hacer todos los decretos de certificados de profesionalidad, pero siempre quedará alguna de las dudas que el decreto por el que se establecen las directrices resuelve. Por ejemplo, la finalidad, la articulación formativa, las pruebas de acceso, quién escribe el certificado de profesionalidad, el papel de las comunidades autónomas. Eso no lo puede definir un certificado profesional ni una ocupación. La técnica jurídica sería muy discutible. Sería muy discutible que un certificado de profesionalidad de ayudante de laboratorio definiera si una comunidad autónoma puede expedir un certificado de profesionalidad o no y la parte de ese certificado de profesionalidad que puede elaborar la comunidad autónoma. Era una condición «sine qua non», señor Aparicio.
Eso no quiere decir que mi voluntad y la del Ministerio de Trabajo hubiera sido que en el mismo instante en que el Gobierno aprobara las directrices, ese Decreto, estuviera ya aprobando decretos de certificados de profesionalidad. El retraso sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas con la Ley 10/1994 va a ser un retraso de semanas.
Evidentemente, hay retraso, se lo digo contundentemente también; hay retraso. Pero lo importante es valorar el proceso.
Sinceramente no sé si la intervención del señor Peña o la mía propia pueden haber inducido, ambas o alguna de ellas, a algún error. Todo el trabajo realizado con las familias profesionales y ocupaciones que ya están terminadas se ha hecho con los grupos mixtos Ministerio de Trabajo-Inem-Ministerio de Educación y Ciencia; no es que vayan a empezar a trabajar ahora; lo que van a hacer es continuar su trabajo con otras familias. Pero si por nuestras intervenciones se ha producido alguna mala información, la corrijo, espero corregirla con esto.
Todos podemos tener nuestras valoraciones políticas sobre el contrato-programa firmado entre el Ministro de Trabajo, como Ministro de Trabajo, y el Director General del Inem, como Director General del Inem.
Es verdad que si hubiera sido entre el Presidente del Inem y el Director General del Inem hubiera sido una contradicción «in terminis», lógicamente, pero no ha sido así. El contrato-programa que hemos firmado se hizo al calor de la ruptura del monopolio del Instituto Nacional de Empleo en materia de intermediación laboral. ¿Qué supone esta ruptura? Algo que ustedes vienen reclamando desde hace muchos años, que el Inem defina qué es lo que tiene, quiere y puede hacer. Es una reclamación de su Grupo que yo he oído, que me han hecho a mí directamente en más de una ocasión. El contrato-programa, roto el monopolio, permitió la existencia de agencias de colocación sin ánimo de lucro; lo que define desde su primera línea hasta la última es lo que el Inem va a hacer de aquí a 1997, con un valor añadido. Es un trabajo por objetivos y, por tanto, medibles y con capacidad de rectificación o de insistencia en el buen hacer, espero que en el buen hacer, por supuesto. Es un contrato-programa, además, que no solamente define lo que el Inem tiene que hacer, los objetivos y qué objetivos debe cumplir, sino cómo va a cumplirlos, con qué medios. Por tanto, hay definiciones presupuestarias, definiciones de gestión, definiciones de sistema de control, definiciones de reforma profunda del Instituto Nacional de Empleo.
El Decreto de agencias de colocación sin ánimo de lucro y de servicios integrales para promoción de empleo y el contrato-programa es la tan traída y llevada reforma del Instituto Nacional de Empleo. Lo que sucede es que las reformas no se anuncian o no son un mero enunciado; las reformas hay que hacerlas en el día a día y el contrato-programa significa la temporalidad de esa reforma, con independencia de que sea acertada o no la formulación de un contrato-programa. Personalmente creo que es acertado.
No sé si le he provocado alguna duda sobre si vamos a estar mirando lo que hacen las agencias de colocación y, por tanto, aprender de ellas.
Nunca lo diría. Lo mucho o poco que se sabe en este país de intermediación laboral lo ha hecho el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Empleo, con mejor o peor suerte. Lo que puedo decirle es que en los proyectos y agencias de colocación que hemos ido recibiendo desde la aprobación del Decreto, lo que se hace prácticamente es transmitir los conocimientos ya publicados, elaborados, trabajados por el Instituto Nacional de Empleo. Nosotros hemos hecho un decreto de agencias de colocación que es también un mínimo común denominador. Lo que queremos es que todas esas iniciativas sociales que hay en España surjan, que se organicen y que colaboren en la intermediación laboral y con el Inem. Además, van a colaborar con nosotros de una manera muy sensible. No hemos hecho --y ahí está el Decreto para verlo-- una reglamentación de las agencias de colocación que impida su surgimiento, que se puede hacer; se puede hacer un reglamento que impida en la práctica que surjan las agencias de colocación. Tan es un Decreto que no impide el surgimiento de las agencias de colocación que en tres semanas he de decirle que tengo en torno a las 30 peticiones para comenzar a discutir la concreción de una agencia de colocación en diferentes territorios, por diferentes instituciones, que van desde colegios profesionales a comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones, por ejemplo, de minusválidos.
Si hubiéramos hecho un decreto reglamentista, yo me imagino que tendríamos muchas menos peticiones. Sinceramente le digo que yo personalmente y el Ministerio de Trabajo como colectivo orgánico intelectual creemos que lo que se persigue con las agencias de colocación es que no se pierda ni tan siquiera la posibilidad de cubrir una oferta de trabajo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General, por su comparecencia.
Preguntas dirigidas al señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Señorías, quiero informarles de que la primera pregunta que figura en el punto 2 del orden del día no se ha podido tramitar porque hemos recibido un escrito del Ministerio de la Presidencia en el cual se informa de que la autoridad

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administrativa competente en el control de las prestaciones complementarias de la Seguridad Social no es el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Economía, y más exactamente la Dirección General de Seguros, que tiene el control administrativo de mutualidades de previsión social, seguros colectivos y planes y fondos de pensiones, que son las tres figuras de prestaciones complementarias existentes en nuestro país.
Por tanto, habrá de ser la Mesa de la Comisión la que juzgue el escrito del Ministerio de la Presidencia y dé una respuesta conveniente para poder tramitar, en ésta o en otra Comisión, la pregunta del señor Peralta Ortega.


PREGUNTAS (CONTINUACION):

--SOBRE CONCLUSIONES Y MEDIDAS DERIVADAS DE LA INSPECCION REALIZADA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) EN MURCIA EN EL MES DE ENERO DE 1995, ASI COMO TRABAJO REALIZADO Y CENTROS COLABORADORES VISITADOS PARA LA EJECUCION DEL INFORME CORRESPONDIENTE.
FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS MARTINEZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/001484.)

--SOBRE DEPURACION DE RESPONSABILIDADES POR LAS IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DE MURCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS FERNANDEZ (GIU-IC). (Número de expediente 181/001485.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor Subsecretario de Trabajo. Hay dos preguntas del señor Ríos Martínez que sospecho que podrán ser tramitadas conjuntamente al ser referidas a la misma materia.
Si no tiene inconveniente el señor Ríos Martínez, así lo haríamos.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que el objetivo de nuestras preguntas es concatenado, no hay ningún problema para tramitarlas conjuntamente, e iban dirigidas a la Dirección General del Inem, pero en todo caso no hay ningún problema para formularlas a la parte de la Administración que se considere oportuno.
La primera pregunta iba dirigida fundamentalmente a las conclusiones y medidas derivadas de la inspección realizada por la dirección general del Instituto Nacional de Empleo en la oficina de Murcia. La verdad es que el objetivo de estas preguntas es fruto de una voluntad de nuestro Grupo, y es entender que cualquier cosa es positiva para aclarar lo que sucede, que es bueno aclarar las cosas que hayan podido funcionar de manera no clara o no transparente y que por eso lo que puede tener como resultado significaría medidas que dejasen nítidamente claro qué es lo que ha sucedido en cada acto de la propia Administración.
La segunda consideración es que vaya por delante que para nuestro Grupo es cierto que la puesta en marcha de todos los programas de formación con la administración y gestión de recursos europeos en volumen importante obliga a la Administración y a los distintos agentes, por decirlo de una manera benévola, a improvisar urgentemente infraestructuras. Por tanto, hay que poner en marcha un volumen importante de infraestructuras, pero ¿cuál es el objetivo de la pregunta y cuál es la investigación que en teoría se pone en marcha y de la que yo solicito información? Lo cierto y verdad es que hay una circular de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo del año 1992 en la que se dan unas instrucciones a las distintas oficinas, en concreto a la Dirección Provincial, para elaborar una propuesta de red de oficinas del Inem y, dentro de ella, la puesta en marcha de la figura de las oficinas integradas, en las que iba a recaer todo el proceso de desconcentración de prestaciones dentro del funcionamiento que en esa región debiera tener esa puesta en marcha de descentralización.
Por tanto, el objetivo de esta pregunta obedece a que en nuestra región no se han puesto en marcha esos procesos de desconcentración y el desarrollo de lo que pudiéramos llamar el Real Decreto 631/1993, donde se ponía en marcha la regulación del Plan Nacional de Formación y de Inserción Profesional, y lo que era la Orden del 13 de abril de 1994 que lo desarrollaba. En Murcia han tenido una actuación que ha sido denunciada precisamente por una persona, que tiene un nombramiento para ejercer ese puesto de trabajo desde el año 1991, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», nombramiento como director de esa oficina, pero que no había manera de tomar posesión de esa dedicación ni poner en marcha esa oficina.
Fruto de esa realidad es que el funcionario en cuestión pone en conocimiento de la Administración central del Estado, llámese Delegado del Gobierno, llámese Dirección General del Inem, esta realidad. Manda un escrito el día 23 de diciembre dirigido al Delegado del Gobierno de nuestra Comunidad y dirigido también a la Dirección General del Inem, donde pone en su conocimiento que no se está poniendo en marcha ese proceso de oficina integrada para actuar sobre la formación, que además no hay manera de poder tomar posesión, y que puede haber en el uso --él denuncia a estas dos autoridades-- dos actuaciones que no sean positivas: una, que no se haya hecho un proceso claro de la homologación de centros para poder actuar en esta formación. En esa región se han homologado 128 centros en 15 días, por cuatro funcionarios, cuando hay un plazo para poder hacerlo muy amplio, pues se ha hecho una homologación realizada de una manera bastante acelerada. Esa homologación podría llevar consigo que algunos de los requisitos físicos que debían de cumplir estos centros para ajustarse al Real Decreto que citaba con anterioridad y a la Orden de abril del año 1994, no se ajustaran a la legalidad en cuanto a centros de formación. Inclusive hay algunos

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de ellos de índole pública o privada. La segunda es que podría haber un cierto manejo de recursos que no estuvieran obedeciendo a los criterios que debieran de cumplir.
Fruto de esta denuncia que se remite a la Administración central es que se produce una inspección, que es realizada por un funcionario de la Administración central, que es el jefe nacional de la Inspección de Servicios --por tanto, se ve que era importante el trabajo a realizar--, don Juan Gómez Tobar; se presenta en la oficina en cuestión del 18 al 20 de enero, y produce un expediente, una información para comprobar las presuntas irregularidades de ese centro de la Dirección Provincial y del propio Inem; da trámite, realiza la comparecencia del denunciante, de un funcionario del Inem, y también la comparecencia del director del propio servicio, y produce una actuación. Es aquí donde viene la segunda parte.
Como conclusión de este informe, la realidad es que allí lo que se produce es abrir expediente disciplinario al funcionario que había denunciado el hecho. Se le incoa un expediente. La resolución que recibe el funcionario el 8 de febrero es que en diez días tiene que personarse, puesto que se le ha incoado un expediente administrativo, porque parece ser que ha habido una actuación despectiva hacia sus superiores; circunstancia un tanto graciosa, porque, aun siendo verdad, lo cierto y verdad es que el 4 de febrero, cuatro días antes, resulta que ha dimitido el director provincial del Inem, ha sido cesado, ha sido invitado a dimitir, porque, no sabemos muy bien, el puesto está en libre remoción --creo que se llama--, es la ubicación de quien dirigía esa realidad administrativa.
La conclusión, por tanto, que tiene este Diputado es un tanto confusa.
Parece que las actuaciones son las de reaccionar contra quien denuncia unos hechos irregulares más que aclararlas, porque en dos días visitar 128 centros para ver si la homologación está bien hecha me da la impresión de que o es el rayo de luz capaz de penetrar en cualquier sitio a una velocidad pasmosa o es muy difícil. Otra cosa es que se haya ido directamente a amedrentar al funcionario que denuncia y a proceder sobre él.
Lo que quiero que se me precise con estas dos preguntas es si ha sido esa la actuación.
Por tanto, las dos preguntas van dirigidas, en primer lugar a saber cuáles son las conclusiones y otras actuaciones. Si solamente es este expediente disciplinario al funcionario que denuncia, que es la información que tiene este Diputado, me gustaría que se me diesen las razones. Si hay otras actuaciones, las desconozco, y me gustaría que se aclararan y precisaran. En segundo lugar, querría saber cuál es la depuración de responsabilidades y si está afectado e esta depuración de responsabilidades la dimisión, el cese o la indicación del director de INEM en Murcia y del director provincial de Trabajo, también en Murcia, si es que tienen alguna relación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): Señor Ríos, aclaro que el hecho de que comparezca el Subsecretario ante una pregunta oral que usted formula en Comisión, como S. S. sabe, es que la pregunta va dirigida al Ministro de Trabajo y éste delega , en este caso, en el Subsecretario por tratarse de cuestiones de carácter disciplinario en el funcionamiento relacionado con la propia gestión del personal y funcionamiento de la organización del Ministerio y sus organismos. A esta pregunta no podía contestar el Director General del INEM y hay una delegación del propio Ministro en el Subsecretario.
Dicho lo anterior, me voy a referir brevemente a las distintas cuestiones que se contienen en las conclusiones que la Inspección de Servicio del Instituto Nacional de Empleo lleva en relación con las denuncias contenidas en distintos escritos, por un lado de don Francisco Morote Vidal, Secretario General del Sindicato de la Administración del Estado, y Comisiones Obreras en la Región de Murcia, y luego también de la denuncia del propio señor Molina, funcionario del INEM, en relación con irregularidades en el funcionamiento de la Dirección Provincial.
La denuncia en relación, en primer lugar, con la presunta incompatibilidad de don Rafael Sánchez Sánchez, subdirector de gestión económica y servicios de la Dirección Provincial del INEM en Murcia, porque hay distintas denuncias al respecto, fue presentada por el señor Morote el 6 de mayo de 1994, mediante escrito dirigido a la señora delegada del Gobierno en la Región de Murcia (entonce todavía estaba la anterior delegada del Gobierno). Se indicaba en la denuncia, en relación con este asunto en concreto que el señor Sánchez Sánchez, funcionario de la escala de gestión de empleo, que desempeñaba el puesto de subdirector de gestión económica y servicios de la Dirección Provincial del INEM en Murcia incurría en incompatibilidad por su condición de Diputado electo en la Asamblea regional y Presidente de la cooperativa agraria El Limonar, en su condición de subdirector de gestión económica de la Dirección Provincial del INEM.
Se acusaba también al Director Provincial del INEM de entonces, señor Sánchez Ros, por su innegable complicidad en anterior situación, quien con su silencio ha ayudado durante estos años a don Rafael Sánchez Sánchez, según se expresaba textualmente en el contenido de la denuncia.
Se solicitaba, además, que se le abriera expediente disciplinario a don José Sánchez Ros, director del INEM de Murcia, y al subsecretario, señor Sánchez Sánchez.
Tras las visitas realizadas por la Inspección del Servicio del INEM sobre este particular, las conclusiones fueron las siguientes: primero, que existía compatibilidad funcional y retributiva sin necesidad de solicitarla, ni de resolución expresa autorizándola, del puesto de subdirector provincial del INEM, desempeñado por don Rafael Sánchez Sánchez, con su actividad como miembro electo en la Asamblea Regional y Presidente de la cooperativa El Limonar, en base a lo siguiente: Artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades, que establece que, por excepción al personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley, podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: a) Miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas,

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salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de las funciones. En relación con su puesto de Presidente de la cooperativa El Limonar no se producía incompatibilidad, por cuanto, en virtud del propio artículo 19.a) de la Ley citada de Incompatibilidades de 1984, su participación en la reiterada cooperativa venía determinada por sus actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar.
A su vez --y era otra de las conclusiones--, el artículo 30.2, de la Ley 30/84, sobre Medidas de Reforma de la Función Pública, en relación con las ausencias del puesto de trabajo, entiende --hablo siempre de las conclusiones a que llegaba la Inspección de servicios del INEM-- después de haber solicitado el oportuno informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas... Pues bien, señorías, se decía que la ausencia puede realizarse por el tiempo indispensable para el desempeño de su cargo electivo y para la asistencia a las sesiones del pleno de las comisiones de que formara parte. Estos mismos criterios venían ratificados en escritos y circulares de la Inspección General de Servicios de la Administración pública ya desde el año 1990.
La Delegación del Gobierno, a la vista de estas conclusiones, con fecha 5 de abril de 1994, dictó resolución declarando la no procedencia de apertura de expediente disciplinario a don Rafael Sánchez Sánchez y a don José Sánchez Ros. Don José Sánchez Ros interpuso denuncia ante el juzgado de guardia, en Murcia, contra el señor Morote, por calumnias y desacato.
Otra de las cuestiones investigadas, contenidas en esas conclusiones de la inspección de servicio a la que me estoy refiriendo, tiene que ver con las presuntas irregularidades denunciadas en la incorporación de un funcionario a su puesto de trabajo. La denuncia fue presentada, al igual que la anterior, por el señor Morote, el 15 de junio de 1994, mediante escrito dirigido al Delegado de Gobierno de la Región de Murcia.
Igualmente, presentó una denuncia ante los tribunales de justicia de Murcia. El contenido de la misma hacía referencia a presuntos delitos de falsedad y prevaricación cometidos por el señor Sánchez Ros, director provincial, a la sazón director del INEM, en Murcia, como consecuencia de la presunta irregularidad en la incorporación, como he dicho, a su puesto de trabajo del señor Molina.
Tras las sucesivas actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de servicio del INEM, las conclusiones a que se ha llegado, muy brevemente expuestas, son las siguientes. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de puestos de trabajo del INEM incluye una llamada oficina integrada en Murcia. Don Juan Angel Molina Morales tomó posesión, después de hacer concursado a esa vacante, en la Delegación del Gobierno de Murcia, mediante concurso en méritos, como Director de dicha oficina, el 6 de abril de 1991, percibiendo desde ese momento las retribuciones inherentes a dicho puesto, si bien no fue ubicado físicamente en dicha oficina al entender el Director provincial, señor Sánchez Ros, que el local no cumplía las condiciones que debe tener una oficina integrada.
Corroboran lo anterior la falta de adecuación de aquel local a las características que había de reunir la oficina integrada, y que corroboraba lo anterior los distintos escritos que el propio Director provincial del INEM vino realizando desde mayo de 1990 en la búsqueda de la ubicación adecuada para la oficina integrada a la propia Subdirección General de Producción del Empleo del INEM y al servicio de planificación y seguimiento de obras de servicios centrales de dicho organismo.
No se perjudicó en ningún momento la gestión diaria de la oficina de empleo, donde presta sus servicios don Juan Angel Molina Morales. Además, conviene indicar a este respecto, que en el Juzgado de Instrucción número seis de Murcia, con fecha de 8 de febrero de 1995, ordenó el archivo y el sobreseimiento de las diligencias iniciadas como consecuencia de la querella criminal planteada contra la Dirección Provincial del INEM por presuntos delitos de falsedad y prevaricación por estos mismos hechos a que anteriormente me he referido, reseñando expresamente el propio juzgado que no podía admitirse que exista un trato discriminatorio contra el señor Molina Morales, ya que ha quedado demostrado, se dice en el auto de sobreseimiento, que el señor Sánchez Ros no sólo ha mantenido las retribuciones que le correspondían por la plaza que había ganado, sino que, además, se le ha otorgado un complemento de productividad de concesión graciable.
Otro de los puntos denunciables tienen que ver con las presuntas irregularidades de un centro colaborador del Plan de Formación profesional. Al igual que las dos anteriores, la denuncia es presentada también por el señor Morote, el 24 de octubre de 1994, mediante escrito dirigido al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia. La denuncia se refería a presuntas irregularidades en el funcionamiento de un centro de formación ocupacional del INEM en un centro concertado en Alguazas, del que era titular doña Josefa Gambín Alarcón. De las visitas realizadas por la inspección de servicios, las conclusiones fueron las siguientes: La actuación del Inem en relación con el centro colaborador Josefa Gambín ha sido correcta en sus diferentes procesos administrativos, según se deduce del análisis del expediente del centro.
Hay que destacar que la Dirección Provincial hace constar al centro colaborador que el material de consumo --es decir, carnes-- utilizado en el desarrollo de las prácticas de los cursos es irrecuperable --y así se refleja en la propia guía didáctica--, pudiéndose entregar a los alumnos e instituciones mediante un recibo justificativo. El material utilizado en el centro, obviamente, no se vendía, como se denunciaba, sino que se entregaba a los propios alumnos y como ayudas a personas necesitadas de la propia localidad.
La cantidad de carne adquirida cuadra con el número de kilos retirados por los alumnos y las personas necesitadas, enviados, como he dicho, por el cura párroco de Alguazas, teniendo en cuenta la pérdida de desperdicios irrecuperables a consecuencia de la manipulación. Perdonen, señorías, que entre en esta suerte de detalles, pero me parece importante para calibrar el alcance de la investigación realizada.


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En la guía didáctica de los cursos, y siguiendo instrucciones de la Dirección Provincial, se recoge la necesidad de que los alumnos realicen una unidad didáctica de cara al público, así como visitas programadas a empresas del ramo para conocer la implantación de nuevas tecnologías en el sector. Esto tenía que ver con algún aspecto de la denuncia referido al hecho de que se estaba utilizando a los alumnos --se decía-- como trabajadores por cuenta ajena.
En concreto, se indica en dicha guía que el centro colaborador cuenta con un local en propiedad dedicado a supermercado de alimentación donde los alumnos podrán realizar prácticas de venta directa al detalle y donde adquirirán conocimiento de psicología de venta, acompañados en todo momento por uno o varios profesores.
Estas actuaciones --para no alargarme--, de proceder correcto por parte del centro fueron corroboradas por el comisario jefe provincial de la policía de Murcia ante el propio delegado del Gobierno y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en informes de noviembre y diciembre de 1994.


El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, le ruego brevedad.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): En relación, finalmente, con la razón de que la denuncia de irregularidades en la Dirección Provincial del Inem desemboque en la incoación de expediente disciplinario a don Juan Antonio Molina Morales, funcionario del Inem y Director de la Oficina de Empleo Integrada, debo decir que con fecha 23 de diciembre de 1994, como recordatorio, dicho funcionario presentó ante la Delegación del Gobierno de la región de Murcia un escrito denunciando al Director Provincial, teniendo como base razones tales como obstaculizar la labor normal de la oficina; no ser cierto que la formación estuviera asignada a las oficinas de empleo; la existencia de procedimientos totalmente arbitrarios, teniendo en cuenta que se manejaban grandes sumas de dinero al margen de la legalidad, etcétera.
A la vista del mencionado escrito, la Dirección General del Inem inició un expediente informativo para constatar si las irregularidades descritas en la denuncia eran ciertas, siendo el resultado el siguiente. Tras una entrevista de la Inspección de Servicios del Inem con el señor Molina con el objeto de que precisara y aclarara las presuntas irregularidades cometidas por el Director Provincial, el denunciante se ratificó simplemente en sus imputaciones escritas, sin aportar ningún dato objetivo, indicio sólido ni, mucho menos, pruebas que fundamentasen sus imputaciones al señor Sánchez Ros sobre ninguno de los extremos denunciados, por lo que la propia Inspección propuso la apertura de un expediente disciplinario que se está tramitando al denunciante, señor Molina, para determinar las posibles responsabilidades en que el funcionario pudiera haber incurrido por sus imputaciones y descalificaciones, así como por la forma en que éstas se habían producido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que o le han mezclado papeles o no nos hemos comunicado bien en mi primera intervención. Yo no he hecho referencia a ninguna denuncia ni de Comisiones ni del señor Morote. Yo he hecho referencia a un escrito dirigido por un funcionario que es nombrado Director de la Oficina Integrada de Formación. No he hecho, por tanto, referencia al señor Rafael Sánchez ni al problema de incompatibilidad para nada. Ni está en el texto ni está en mi expresión.
¿A qué sí he hecho referencia? Ha hecho dos comentarios en su explicación: uno, que el Director del Inem, el señor Sánchez Ros, lo estaba haciendo bien, que además cobraba un plus por esa dedicación especial, plus que, por cierto, a pesar de haber cesado el día 4 de febrero de 1995, ha cobrado también en el mes de marzo; las 56.000 pesetas que tiene de productividad. No sé si después de cesar en el puesto lo debe seguir cobrando. Y ha dicho que no estaba trabajando este hombre que pedía la oficina integrada, pero no había ido a ese sitio porque no tenía condiciones el local. Si no es un problema de local, el problema es si se ha puesto en marcha o no la Oficina Integrada de Formación. Y el problema es que no se ha puesto en marcha. ¿Está cobrando un sueldo? Sí. Ese es el problema, que está cobrando el sueldo, pero no está cumpliendo la función.
Esta era la primera parte de la petición. Pero lo que yo le he planteado como crítica ha sido esa apreciación relativa a que aquí se mata al mensajero. Ponen unas irregularidades. No tenía ninguna base.
Le voy a hacer referencia a tres documentos, y siento que la persona que haya respondido sea usted. Me parece razonable la explicación que usted me ha dado al principio. Por tanto, no voy a ir a una valoración distinta.
Un escrito lo remite el Director del Inem al Delegado del Gobierno en Murcia el día 10 de enero, y dice: «Querido amigo, ...», y después de toda una serie de explicaciones de lo que ha sido la investigación --de que el señor Juan Angel Molina Morales ha tomado posesión de su puesto--, le dice al Delegado del Gobierno en Murcia lo siguiente: «Parecería oportuno, si lo estimas oportuno, que la Delegación de Gobierno en Murcia hiciera llegar a los órganos provinciales de Comisiones Obreras la responsabilidad de esa central para el prestigio del propio Inem y la erosión que causa», ¿Y sabe usted lo que le responde el Delegado de Gobierno? Porque le responde el Delegado de Gobierno al señor Director del Inem. Pues le dice el señor Delegado de Gobierno: «Ilustrísimo señor, la irregularidad administrativa de no incorporar en su destino a los funcionarios nombrados puede constituir el elemento suficiente para imputar al Director Provincial del Inem de Murcia, José Sánchez Ros, responsabilidades en el ámbito de un expediente disciplinario.» Y sigue el señor Delegado del Gobierno: «Es harto difícil para esta delegación emprender las actuaciones indicadas por V. I., ya que las contradicciones reflejadas en las actuaciones, declaraciones y certificaciones emitidas por la Dirección Provincial del Inem sobre estos temas en la provincia lo dificultan». Y dice: «De la lectura de los informes de la Comisaría Provincial, efectivamente parece ser que no existe ilícito penal, pero, no obstante, se reflejan en los mismos toda una

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serie de posibles irregularidades administrativas». Y le pide al Director del Inem: «Al objeto de no erosionar el prestigio» --no solamente del Inem-- «de la Administración del Estado en esta Comunidad, se hace desde todo punto de vista necesario que por esa Dirección General se expongan a la mayor brevedad las medidas necesarias que solucionen el estado de cosas».
Eso es lo que le pide el Delegado del Gobierno en un escrito del 13 de enero. El 4 de febrero es cesado el Director del Inem, que aquí no ha sido actuado.
Pero tengo aquí en mis manos --yo tampoco le he preguntado por el centro de Alguazas; he presentado una pregunta escrita-- el informe de la Dirección General de Policía cuando se persona allí, que viene a decir que la carne del curso se ingresa en el mismo frigorífico. Esta señora que da el curso de formación tiene un supermercado. Por tanto, la carne entra en la misma nevera, en el mismo frigorífico donde están las ventas que emite esta señora. Es decir, hay una administración conjunta de las carnes del curso y de las carnes de la propia señora. No quiero entrar en esto, pero hay un informe de la propia policía.
En suma, me gustaría conocer el procedimiento que se sigue cuando se pone en conocimiento, es decir, no existe nada, pero actúa y cesa a los responsables e incoa un expediente a un funcionario que ha puesto en conocimiento, cumpliendo con su obligación, unas irregularidades a la autoridad competente, al Director del Inem y al Delegado del Gobierno. Y el resultado ha sido que hay un expediente disciplinario al funcionario que pone en conocimiento esto.
No hay irregularidades en el informe. No me ha dado las conclusiones fundamentales. Es verdad que lleva una serie de anexos sobre la inspección que yo le he preguntado. Yo le he demandado por la inspección de los días 18 a 20 de enero y ahí le preguntaba cuántos centros colaboradores se han visitado, porque en quince días se dio la homologación a 128 centros que debían cumplir unos requisitos según el Decreto 631; cuántos centros se han visitado para ver si es verdad que cumplían los requisitos ahora, no antes, ahora. Ninguno, solamente se ha entrevistado con el funcionario en cuestión y con otro funcionario.
Yo le he preguntado por si se han investigado las causas de origen y no por si se ha matado al mensajero. No se me queda clara la actuación de la Dirección General del Inem en cuanto a este caso. Me queda confuso.
Entienda usted que me quede confuso porque no se me ha precisado todo lo demás.
En todo caso, como hay otra pregunta, señor Presidente, y con esto termino, que no se ha tramitado y que hacía referencia precisamente a las condiciones de esos centros, en su momento estaremos en situación de poder responder a lo otro.


El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): Usted lo que pregunta es por las conclusiones contenidas en el informe, resultado de la visita que se realiza en el mes de enero. Pero es que esa visita que se realiza en el mes de enero por la Inspección de Servicios del Inem es continuación de otra que se había realizado en el mes de octubre y sobre cuya base se elaboran esas conclusiones. Lo cual denota que ha habido por parte del Ministerio, y además en contacto muy directo con el propio Delegado del Gobierno, que yo personalmente llevé junto con el Director General del Inem, por supuesto; digo que ha habido un deseo manifiesto de esclarecer todo lo que estaba pasando en la Dirección Provincial del Inem, en la gestión del propio Inem de Murcia.
Usted mismo ha dicho que otro día tendremos que hablar de lo que ha pasado en la Dirección Provincial y, como hay una pregunta sobre ello, ya hablaremos de eso también cuando llegue el caso.
Insisto en que yo informo sobre las conclusiones --fíjese, parece que le estoy dando más información de la que usted había solicitado, lo cual yo creo que debería ser de agradecer por S. S.-- de una exhaustiva inspección que a lo largo de tres o cuatro meses, señoría, ha venido realizando la Inspección de Servicios del Instituto Nacional de Empleo, inspección que había sido requerida, porque ésa es su obligación también, por el propio Delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia.
Esos son los resultados. ¿Por qué al señor Molina? No se mata a ningún mensajero. Lo que realmente ocurre es que, a la vista de reiteradas denuncias de irregularidades, que ponen en grave riesgo la propia gestión de la Dirección Provincial, ya de por sí muy deteriorada en aquel momento --usted lo conoce perfectamente--, llega un momento, por las razones a las que me he referido anteriormente, en que el propio Ministerio de Trabajo, a propuesta de la dirección del Inem, se ve obligado también a depurar responsabilidades ante quien en un determinado momento puede estar actuando de forma --yo diría-- hasta temeraria.
En relación con la conducta del Director Provincial del Inem, por lo que se refiere a la toma de posesión de la Oficina Integrada, naturalmente lo que se dice por la Inspección de Servicios como conclusión, en una primera investigación, es que aquí puede haber algún tipo de actuación que habrá que clarificar desde un punto de vista administrativo, de por qué se ha retrasado hasta estos extremos la toma de posesión del señor Molina. No obstante, como ya se había planteado la querella criminal, se dijo: «Vamos a esperar a ver qué ocurre y qué decisión toma el juez.» El juez --usted lo conoce perfectamente y no tengo tiempo para leérselo-- dicta ese auto de sobreseimiento en febrero de este año con las conclusiones que S. S. conoce perfectamente bien. A la vista de que el juez no encuentra ningún indicio de actuación delictiva al respecto, se decide, por aplicación --se trata de unos mismos hechos que concurren en las mismas personas-- del principio «non bis in idem», no continuar las actuaciones por la vía del expediente administrativo.
Esto es lo que ha ocurrido. Afortunadamente, esperamos desde el Ministerio --y concluyo-- que por la vía de las decisiones que ha habido que tomar en los propios servicios periféricos del Ministerio en Murcia, podamos entrar en la vía de la normalización.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario, por su comparecencia y sus respuestas.


--SOBRE DEFENSA DE LA APLICACION DEL MISMO RECARGO A LAS EMPRESAS DEUDORAS A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE COLABORAN EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA Y A LAS QUE NO LOS PRESENTAN. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GP). (Número de expediente 181/001443.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre defensa de la aplicación del mismo recargo a las empresas deudoras a la Seguridad Social que colaboran en la presentación de documentos en tiempo y forma y a las que no los presentan, de la señora Montseny Masip, que tiene la palabra.


La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, retiro esta pregunta porque en su momento el Grupo Popular presentará una proposición no de ley para concretar más la posición del Grupo que represento en aras a los recargos de las empresas por cotizaciones a la Seguridad Social.


--SOBRE INCLUSION EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL COLECTIVO EMPLEADO EN LAS NOTARIAS. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GP).
(Número de expediente 181/001470.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre inclusión en el sistema de Seguridad Social del colectivo empleado en las notarías.
Tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, quiero agradecer la presencia del Secretario General para la Seguridad Social y formularle esta pregunta que genera una cierta inquietud en el colectivo de los empleados de notarías en relación a si es cierto que se pretende su inclusión dentro del ámbito del sistema único de Seguridad Social; ver la finalidad de esa inclusión; qué criterio se ha seguido y si ha sido tenido en cuenta este colectivo puesto que, si bien la mutualidad que engloba la protección de todos los empleados de notarías data de 1979, el Ministerio de Justicia promulgó una Orden Ministerial en 1992 en relación a la mutualidad en donde se establecía un período transitorio de ocho años para que este colectivo fuera adecuando las mismas prestaciones en materia de Seguridad Social a las que resultan del régimen general de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Efectivamente, estamos gestionando la posibilidad de integración de este colectivo a petición del Presidente del Consejo General del Notariado.
Como sabe muy bien S. S., en el artículo 97.2 de la Ley General este colectivo cae dentro del campo de aplicación de la Seguridad Social y está afectado por la disposición transitoria octava.
¿De qué se trata? Se trata de determinar el coste de integración, el capital-coste, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2.244, del año 1985, y a partir de ahí proceder a la integración.
Evidentemente, hay que hacer los cálculos actuariales. En eso se está y eso es lo que tiene que ver también el colectivo que ha pedido la integración en la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Por los datos que obran en mi poder, la mutualidad tiene un superávit en estos momentos en torno a los 9.000 millones de pesetas. Tampoco parece lógico que se les aplique a ellos un sistema de capitalización cuando rige en España el sistema de reparto. Me gustaría conocer el futuro de dicha mutualidad, qué ocurrirá con ella y si va a ser absorbida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Quisiera preguntar qué ocurrirá con los epígrafes seis y siete relativos a las prestaciones complementarias que en este momento cubre la propia mutualidad. Queremos conocer también qué va a ocurrir con las cesantías, puesto que este colectivo viene teniendo problemas después de cotizar al desempleo y al fondo de garantía salarial por considerar que ya tienen vinculadas las prestaciones complementarias con arreglo a las cesantías que regula la propia mutualidad y, al parecer, tienen problemas en la percepción del desempleo en momentos determinados, porque se considera que es una prestación de carácter doble cuando ese colectivo cotiza con carácter doble también.
Señor Jiménez, me gustaría que fuera un poco más extenso porque hay una verdadera inquietud en este colectivo, para que les podamos tranquilizar con un cierto grado de fiabilidad, y también que oyeran sus problemas y sus alegaciones. Yo creo que toda inclusión dentro del sistema de la Seguridad Social lleva consigo, por lo menos, el oír los problemas de un determinado colectivo. Todo ello redundaría en mayor tranquilidad para todos ellos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Empezando por el último comentario de S. S., tengo que decirle que llevamos varios años hablando con este colectivo, unas veces de forma oficial, otras oficiosa a través de la Dirección General de Planificación y Ordenación Económica, donde tienen abiertos incluso todos los cálculos que ha ido realizando esta Dirección General.
Yo creo que está bien centrado en el sentido de que a partir de la Orden del Ministerio de Justicia, de 12 de julio

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de 1992, que tuvo por finalidad, dentro de las competencias de la Dirección General de Registros, habilitar unos recursos en esta mutualidad para que fuese autosuficiente y, además, empezase a capitalizar una serie de recursos a efectos de una posible integración.
Evidentemente, la integración la tienen que decidir ellos.
Esta entidad sustitutoria no está dentro del conjunto de entidades que contemplaba el Decreto 2.248, del año 1985, en donde la decisión de la integración recaía en el ámbito de la decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese Decreto crea las condiciones para todas las integraciones en el sistema de Seguridad Social, sin exclusión de retribución y de compensación del coste de integración, de los capitales-costes. Así ha sido absolutamente con todas las que se han integrado, desde el Banco de España, por poner un ejemplo, al Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local, Metropolitano de Barcelona, la ONCE; todas han pagado su capital-coste y, consecuentemente, las condiciones no se podrían modificar por parte de la Seguridad Social porque vienen reguladas en dicho Decreto.
¿Cuáles son las concreciones? El capital-coste, según los datos --puede oscilar en algunas cantidades porque va variando el número de pasivos--, está en torno a los 40.000 millones de pesetas, que deberían satisfacer como coste de integración a la Tesorería General de la Seguridad Social.
La integración es con pleno derecho, igual que cualquier otro afiliado a la Seguridad Social una vez integrado. Pero es cierto que solamente comprende las prestaciones que reconoce el sistema de Seguridad Social, todas las demás quedan en el ámbito del sistema complementario --la mutualidad también hace esa función-- y se regirán en su equilibrio económico-financiero por la Ley del Seguro Privado.
Para concluir, ha de satisfacerse el capital-coste establecido. Creo que están en contacto continuo los responsables del Consejo General del Notariado y los actuarios de la Dirección General de Planificación y Ordenación Económica. La cuantía inicialmente es ésta y la integración se realiza en igualdad de condiciones que con cualquier afiliado del sistema de Seguridad Social. Las otras prestaciones que reciba o que paga la mutualidad tienen que sujetarse a la normativa del seguro privado, que es la parte de la mutualidad que quedará viva una vez integrado.


--SOBRE NUMEROS PATRONALES INSCRITOS COMO CONSECUENCIA DE LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE APRENDIZAJE Y DEMAS MODALIDADES CONTRACTUALES E INTRODUCIDAS POR LA REFORMA LABORAL. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GP). (Número de expediente 181/001514.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre números patronales inscritos como consecuencia de la celebración de contratos de aprendizaje y demás modalidades contractuales introducidas por la reforma laboral.
Tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Al parecer, señor Jiménez, cada contrato de aprendizaje que se celebra dentro de una empresa conlleva la obligación de dar de alta a un número patronal con el fin y efectos de poder controlar el número de contratos de aprendizaje celebrados en un momento determinado. ¿Me podría aclarar esa pregunta, por favor?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Con la finalidad de poder tener una contabilización de los contratos de aprendizaje y de los centros que están utilizando esta modalidad de contrato laboral, creamos el código de cuenta de cotización, una especie de cuenta patronal separada y, al 30 de abril de 1995, el número de código de la cuenta de cotización ascendía a 113.659.
Otra información que la facilito adicionalmente es que hicimos lo mismo con los contratos a tiempo parcial reducido. Los códigos de cuenta de cotización correspondientes a estos contratos a tiempo parcial reducido son, al 30 de abril de 1995, 42.300.
Le doy esta información adicional y muy breve, señor Presidente, porque si de ahí se intentase obtener el número de contratos de aprendizaje tendría que dar una información adicional, teniendo en cuenta que el código de cuenta de cotización es, por decirlo así, el código patronal.
La información adicional es que el número de contratos de aprendizaje, al 30 de abril de 1995, ascendía a 157.412, y los de a tiempo parcial se han reducido a 115.797. Como sé que el dato que le voy a dar a SS. SS. es un dato positivo, por tanto importante, quiero señalar que en el crecimiento de las afiliaciones de los últimos meses, especialmente en mayo, que han crecido en 104.877, los contratos de aprendizaje a tiempo parcial representan solamente en torno al 8, casi 9 por ciento. Por tanto, las nuevas afiliaciones no están utilizando el vínculo del contrato de aprendizaje a tiempo parcial, sino lo que llamamos una cotización ordinaria o normal, lo cual tiene un efecto muy positivo tanto desde el punto de vista del empleo, como de los ingresos de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: La señora Montseny tiene la palabra.


La señora MONTSENY MASIP: La pregunta, señor Jiménez, va más bien encaminada a tener una mayor transparencia en todas las cifras que se vienen barajando en la Seguridad Social, tanto en creación de empresas como afiliados a la Seguridad Social. Ayer, la mayoría de la prensa traía a colación unas declaraciones del señor Ministro de Trabajo que decían, creo recordar: «La Seguridad Social gana 260.000 afiliados.»

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Siempre estamos barajando el número de altas en la Seguridad Social, y a mí me gustaría traer a colación aquí que en un momento dado, cuando pasaron los funcionarios de la Munpal al sistema de Seguridad Social, no hubo nunca la aclaración dentro de esas altas de los trabajadores que ya trabajaban y que habían ingresado en el sistema de Seguridad Social, sino que se camuflan las cifras como si todo fueran nuevas altas en un momento determinado, y siempre cambiando un poco la imagen de que hay una verdadera recuperación económica, cuando si bajamos a nivel de la calle sabemos que el consumo está totalmente parado, y que eso ciertamente no es así.
A mí me cabe la sospecha de que, si bien los contratos de aprendizaje no han tenido el futuro que se esperaba puesto que se van reduciendo cada vez más, si se hubiera atendido más nuestra posición respecto al contrato de aprendizaje --aunque no sea éste el momento de hablarlo-- quizá habría tenido otro fruto, con esa formación paritaria que el Partido Popular defendía.
Yo tengo aquí unos datos de celebración de contratos de aprendizaje de los meses correspondientes de enero a abril: 12.071 en enero, 15.000 en febrero, 16.000 en marzo, 13.000 en abril, muy inferiores a los del ejercicio anterior, que fueron --si no me fallan las cifras que tengo apuntadas aquí, creo que son datos del propio Ministerio, de la Secretaría para la Seguridad Social--: 208.975, es decir, el contrato de aprendizaje ha caído. A mí hasta cierto punto me escandaliza y me gustaría saber el soporte jurídico, dónde está contemplada la disposición jurídica que diga que en un centro de trabajo donde se celebra un contrato de aprendizaje procederá un nuevo número patronal, como si fuera un alta nueva. Cuántos números patronales se han celebrado en este sentido, y a ver si también cuando ustedes publican las cifras, en lugar de decir: creación de empresas, sale creación inicial de empresas y creación de números patronales por conllevar la ubicación y control del número de contratos de aprendizaje.
Me gustaría que me aclarara estos dos puntos.


El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Permítame que haga la reflexión de que yo creo que los datos que se dan en esta Cámara sirven muchas veces para tener una información constante.
Los datos de la integración de la Munpal, señorías, se han dado reiteradamente en esta Cámara, en la liquidación del presupuesto de 1994.
Cuando se ha dicho los afiliados que había a 31 de diciembre de 1994, se han establecido los que correspondían a la integración de la Mutualidad de la Administración Local, que se integraron en el año 1993, por cierto.
Más aún --hablando un poco de memoria--, son del orden de 113.000. No creo que me equivoque mucho. Pero no hemos dado el dato de cuando se integraron en el año 1993. Juega en contra de los crecimientos del empleo, porque si tengo una base más elevada de una integración del colectivo en el año 1993 ó 1994, el crecimiento real en 1995 sería más fuerte, porque la base de 1993 ó 1994, excluidos los datos de integración de la Munpal, sería inferior. No sé si me explico. Es un dato que se ha dado reiteradamente en esta Cámara: la integración de la Munpal, en pasivos y en activos. Además, en las liquidaciones y en las previsiones de liquidaciones hay una llamada a pie de página en la que se señala cuánto corresponde a la integración de la Munpal; documento que se ha distribuido en esta Cámara.
En cualquier caso, no puede haberse dado mayor transparencia. Insisto, si hiciésemos una comparación de los afiliados que tenemos actualmente con los afiliados de los años 1993 ó 1994, excluida la Munpal, veríamos que el crecimiento interanual sería mayor.
¿Por qué se hace una separación que no necesita una norma con rango de ley? Por la sencilla razón de atender a una gran transparencia para no complicar, para no confundir, para saber concretamente los contratos de aprendizaje a tiempo parcial.
Discrepo rotundamente de lo que acaba de decir S. S. Me alegro profundamente de que no haya contratos de aprendizaje y de que vaya creciendo la afiliación. Lo que me alarmaría es que la afiliación fuese creciendo en base a un aumento continuo del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tiene una finalidad que cumple perfectamente el año 1994, donde hay crecimiento muy fuerte del contrato de aprendizaje y a tiempo parcial reducido. Evidentemente, sería malo que creciese en los años sucesivos. Lo que está ocurriendo es que el crecimiento del empleo y, por lo tanto, de la afiliación está empezando a aumentar con los contratos que llamamos normales --ésa es una gran noticia-- por la calidad del empleo. Eso es lo que intentaba expresar en los datos del mes de marzo.
El Ministro ha hablado de 260.000. Yo le diría 258.900, puntualizando. Yo añado que de esos 260.000 en los cinco primeros meses, 104.877 corresponden al mes de mayo, de los cuales 7.900 y pico son contratos de aprendizaje y algo más de 3.000 contratos a tiempo parcial. Es una extraordinaria noticia. ¡Ojalá en los próximos meses no hagamos ningún contrato de aprendizaje y tengamos un crecimiento de 80.000 ó 90.000 en el número de afiliados! Eso sería lo positivo. El contrato de aprendizaje está pensado para personas que tienen dificultades en seguir en el mercado de trabajo, pero no para que se utilice habitualmente. La gran noticia --y como tal la he dado yo-- es que ha mejorado la calidad de los incrementos en la afiliación y, por tanto, del empleo.


--SOBRE PROYECTO DE REFORMA INSTITUCIONAL PREVISTO PARA LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FORMULADA POR LA SEÑORA MONTSENY MASIP (GP) (Número de expediente 181/001516.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta sobre el proyecto de reforma institucional previsto para las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Tiene la palabra la señora Montseny.


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La señora MONTSENY MASIP: Me gustaría que, conocido que hay un proyecto de reforma en las entidades gestoras de la Seguridad Social, nos pusiera el énfasis en por dónde va a ir esta reforma.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario General.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Creo que puede haber una cierta confusión. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene ningún proyecto concreto de reforma institucional. Lo que sí está haciendo, desde hace ya algún tiempo, es reformar la gestión bajo tres principios básicos. En primer lugar, considerar una concepción integral de la gestión, es decir, cada vez se ve más claramente que el proceso de inscripción, afiliación, recaudación, acceso a la base de datos y gestión de prestaciones es integral y continuo y, a la vez, se ve con mayor facilidad en el momento en que empezamos todo el proceso de mecanización de la gestión de la Seguridad Social.
En segundo lugar, estamos reestudiando continuamente los procedimientos, lo que llamaríamos ampulosamente una reingeniería de procedimientos, con el fin de perfeccionar y mejorar la gestión. El tercer planteamiento o principio básico es la utilización intensivamente de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Estos son los tres principios.
Eso se tiene que insertar dentro de la recomendación 7.ª del llamado Pacto de Toledo. Los partidos políticos de esta Cámara dicen que debe haber una recomendación para que la gestión se haga con un carácter cada vez más integrado. En eso estamos. Si de eso se deriva una reforma institucional, sinceramente, señoría, en el Ministerio aún no lo hemos planteado. Es una de tantas reflexiones. No obstante, esencialmente pasa por integrar en la base de datos el subsistema de afiliación e inscripción, el subsistema de recaudación, el subsistema de gestión económica y el subsistema de gestión de prestaciones, pero no hemos pasado más allá de una reflexión en cuanto a lo que es conveniente en el sentido que dice el Pacto de Toledo.


El señor PRESIDENTE: Señora Montseny Masip, tiene la palabra.


La señora MONTSENY MASIP: Señor Jiménez, se me va por la tangente, no me diga que no hay un proyecto. En la provincia de Barcelona se está repartiendo ya cuál de los dos directores provinciales del INSS y de la Tesorería va a ocupar la Dirección Provincial de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. ¡No me diga que no lo hay! Lo saben todos los funcionarios. Tienen ustedes hecho el organigrama, por lo menos el anteproyecto. Es más, yo se lo pregunté ayer al señor Griñán, Ministro de Trabajo y de Seguridad Social, y lo que me dijo es que no podía avanzar lo que había en este momento, pero que se estaba estudiando la autorización que el Parlamento le había hecho en ese ámbito.
En este momento no reconoce que tienen intención de remodelar las entidades gestoras de la Seguridad Social y que se baraja incluso el nombre concreto, que ya tienen ustedes muy claro: Agencia Estatal de la Seguridad Social, copiando un poco el anagrama que se ha hecho en la Agencia Tributaria de la Seguridad Social. Entonces, ¿dónde está la transparencia, por qué hay ese mutismo y ese secretismo? Le digo que conozco perfectamente ya los movimientos en provincias para ocupar esa dirección provincial, donde ahora hay dos o tres directores provinciales, porque no debemos olvidar a la otra entidad gestora de la Seguridad Social que es el Instituto Social de la Marina, que es una de las preguntas que le quería formular. ¿Qué ocurre con el Instituto Social de la Marina? ¿Se va a tener en cuenta a las asociaciones profesionales de funcionarios en la confección de ese organigrama? ¿Va a suponer una nueva adaptación de la relación de puestos de trabajo para los funcionarios que se viene prometiendo desde los últimos siete años? No me diga que no existe. Dígame que no me lo puede decir todavía porque pertenece a la esfera de los estudios y que no está ultimado --yo sé que tienen el anteproyecto--, pero no me diga que no hay ninguna intención.
Dígame, por favor, qué hay de real en ese asunto, cuántas subdirecciones se prevén en esta Agencia Estatal de la Seguridad Social, cómo se van a conformar los asesores técnicos, los directores generales adjuntos, toda una serie de cosas que se van moviendo dentro de servicios centrales de las entidades gestoras, modificaciones parciales de las RPT encubiertas que no se dicen respecto sólo a los servicios centrales, cuando el resto de los funcionarios están esperando a ver qué ocurre con esa rumoreada reforma de la estructura orgánica de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández): Es un rumor, como usted ha dicho muy bien. No cabe la menor duda de que después de publicarse en los documentos del Pacto de Toledo y conociendo --por lo menos aquí hay bastantes funcionarios-- que hay una recomendación, en el punto siete, de integración, están pensando en que va a haber una integración institucional y a partir de ahí cada uno es libre de adscribirse la próxima responsabilidad, sea en Barcelona, en Valencia o en Sevilla. El Pacto de Toledo es de una claridad que da pie a que puedan hacer todas las consideraciones que estimen oportunas cada uno de cómo se ubica en esa hipotética integración de la gestión.
Creo que la recomendación séptima del Pacto de Toledo debe ser tenida en cuenta, como decía anteriormente, incluso en lo que son reformas de gestión que estamos haciendo con la utilización de las nuevas tecnologías que van dirigidas cada vez más a tener integrados los distintos ámbitos de la gestión de prestaciones o de la recaudación. Pero la recomendación séptima va a estar sujeta a las mismas consideraciones que las otras recomendaciones del

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Pacto de Toledo. No vamos a sacar nada parcial, sino concretamente global, en su momento. Por consiguiente, cualquier modificación que se derive en el esquema organizativo o no esquema organizativo, estará al hilo de lo que dice el Pacto de Toledo y tenemos que hablarlo conjuntamente con los interlocutores sociales.
Actualmente, puedo asegurarle que en mi mesa no hay ningún proyecto concreto de decreto o de modificación de la estructura orgánica de la Secretaría General. No lo hay ahora ni está previsto para un plazo fijado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las tres de la tarde.

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