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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 516, de 07/06/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 516 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA Sesión núm. 67 celebrada el miércoles, 7 de junio de 1995

ORDEN DEL DIA: Dictamen, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. (BOCG serie A, número 77-1, de 26-9-94.
Número de expediente 121/000063.) (Continuación.)

Se abre la sesión a las diez y veinticinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Se reanuda la sesión de la Comisión de Justicia e Interior para debatir el proyecto de Ley Orgánica de Código Penal.
Abordamos hoy el Título XVI, delitos contra la Administración pública, en primer lugar. Si a SS. SS. les parece, abordaremos, en un primer debate, los tres primeros Capítulos: de la prevaricación de los funcionarios, del abandono de destino y de la desobediencia y denegación de auxilio. En un segundo debate los Capítulos IV, V y VI: de infidelidad en la custodia de documentos, del cohecho y del tráfico de influencias. Y en el último debate, dentro de este título, el resto de los capítulos: de la malversación, de los fraudes y exacciones ilegales y de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.


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Para defender sus enmiendas a estos tres primeros capítulos, tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, señor López Garrido. Son las enmiendas números 804 y 805.


El señor LOPEZ GARRIDO: La enmienda 805 ha sido retirada en Ponencia y, por tanto, sólo nos queda a estos capítulos la 804, que pretende la supresión del artículo 386.
El artículo 386, según el informe de la Ponencia, dice que «las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo e ilegal de un servicio público serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». Creemos que este precepto encierra un peligro para el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de libertad sindical o el del derecho de huelga, derecho este último que podría verse amenazado si hubiera una interpretación extremadamente amplia de lo que hay que entender por abandono ilegal de un servicio público. Consideramos que en lo relativo a derechos fundamentales hay que cuidar el límite del Derecho Penal a los mismos para que éste no se convierta en una constricción de esos derechos fundamentales.
Recordemos que este artículo 386 es algo así como el heredero de ese artículo tan conocido por la historia reciente española que considera como sedición la huelga de funcionarios. Quedaría esta especie de herencia aquí, en este proyecto de Código, y no creo que sea conveniente el que por la vía penal pueda limitarse, como digo, el derecho de huelga, que en el caso de que los funcionarios promuevan abandonos ilegales hay otras vías, como son la administrativa o incluso la laboral, para poder sancionar la promoción de abandono ilegal de un servicio público.
Repito que nos preocupa la interpretación que de ilegal pueda haber, en qué momento se está promoviendo un abandono ilegal o no, dada la profusión legislativa que hay sobre los temas funcionariales y laborales, y por eso creemos que este artículo pudiera en algunos casos esgrimirse torticeramente contra el ejercicio del derecho de huelga. Esto es lo que nos lleva a promover la supresión de este artículo en el Capítulo II del Título XVI.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, puede usted defender las enmiendas del Grupo Popular a los tres primeros capítulo del Título XVI. Le prevengo que debatiremos, como se ha señalado hace un momento, este título en tres debates, que abarcará cada uno tres capítulos.
El Grupo mantiene las enmiendas 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 y 433 a estos tres primeros capítulos.


El señor PADILLA CARBALLADA: La enmienda 426 pretende exclusivamente que la prevaricación cometida por los funcionarios públicos que dictan una resolución arbitraria, según el texto del artículo 381 del informe de la Ponencia, tengan, además de la inhabilitación especial, otra pena.
Durante los debates de la Ponencia dediqué bastante tiempo a la defensa de esta enmienda. Tanto es así que, después de seguir meditando sobre ella, estoy más persuadido de su pertinencia y voy a intentar explicar por qué, ya que, además, este delito, que es el prototípico de los delitos cometidos por las autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, se refiere, como es natural, no a las funciones que pudiéramos considerar insertas en la relación de servicio, sino que atiende fundamentalmente a las potestades o a las atribuciones que correspondan a esas autoridades y funcionarios --sobre todo a los funcionarios, como es natural-- en razón de la relación orgánica.
La primera pregunta que habría que formularse, señores comisionados, es por qué en el artículo 381 se impone exclusivamente una pena afectante a la relación de servicio (porque la inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años afectará a quienes sean autoridades en las expectativas futuras de desempeño de cargos públicos, pero fundamentalmente a los funcionarios), cuando el hecho de la prevaricación no se sitúa estrictamente enmarcado en el ámbito de la relación de servicio.
Además, el propio proyecto de Código Penal, señoras y señores Diputados, tiene un trato, a mi juicio, no justificado de mayor severidad en otra prevaricación que viene al referirse a los delitos contra la administración de justicia. Efectivamente, en el artículo 423 se castiga al juez o magistrado que a sabiendas dictare sentencia injusta con la pena de prisión de uno a cuatro años si se tratara de sentencia injusta en causa criminal, etcétera, y mantiene una pena privativa de libertad.
Sin duda, no se nos oculta que la resolución jurisdiccional, por ser aquella que cierra el íter jurídico de cualquier situación previsible en la vida de relación, probablemente tiene unas consecuencias yo diría que fundamentalmente más definitivas para cualquier ciudadano que se vea sujeto a una resolución injusta de carácter penal, pero eso no quita que el reproche social deba ser el mismo para la resolución injusta dictada por un funcionario o una autoridad.
Yo no acepto, creo que no debemos conformarnos, la idea que establece un punto de exigencia ética en el ejercicio de las funciones públicas menor que la que se le puede exigir a un juez o magistrado. Yo no acepto eso, señoras y señores Diputados, y por eso creo que si el Derecho Penal quiere proyectar un reproche determinado a ese tipo de conductas, lo debe reprochar en la misma escala en relación con la prevaricación cometida por jueces y magistrados respecto de la prevaricación cometida por autoridades y funcionarios públicos. Y mucho más si en este Código se hace ya una expresa mención a la autoridad. En la anterior redacción del Código Penal vigente se comienza hablando sólo del funcionario público y ahora se dice «la autoridad o funcionario público», es decir, que queremos cerrar con un broche de totalidad clara, para que no sea necesario ningún tipo de interpretación, que nos estamos refiriendo a quien ejerce potestades públicas en concepto de autoridad y también a los funcionarios públicos en la medida en que puedan participar de esas potestades.
Además, estamos hablando del poder. Efectivamente, yo iniciaba mi intervención distinguiendo esa idea de la relación

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de servicio y de la relación orgánica en lo que a los funcionarios se refiere. Si estamos hablando del poder, del ejercicio de potestades públicas, nosotros entendemos que las potestades públicas tienen bastante más relevancia que algo que pueda afectar exclusivamente a la relación de servicio del funcionario o a las expectativas de carrera política o de cualquier otra circunstancia de quienes de alguna manera sean autoridades y no sean funcionarios públicos, «stricto sensu», por no pertenecer a una determinada carrera del Estado.
Por eso, esa pena de inhabilitación especial, que despliega su eficacia exclusivamente sobre la relación de servicio y por tanto sobre ese plano en el que no está precisamente el tipo delictivo al que nos estamos refiriendo, nos parece claramente insuficiente. Nos parece, además, que hay una discriminación de tratamiento penal entre el artículo que acabo de citarles, relativo a la prevaricación de jueces y magistrados, y ésta de los funcionarios. Y nos parece también que, si hemos de atender con cierto sentido de observar previamente lo que ha sucedido con este delito, sabemos que es un delito de perfiles siempre imprecisos, como es natural, y añadiré que más imprecisos después de esta redacción, porque fíjense SS. SS. la diferencia que hay en que el tipo consista exclusivamente en dictar una resolución injusta en asunto administrativo a sabiendas o con un plus que aparece ahora, que es «el que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». ¿Quiere decirse que arbitraria es un término que se emplea para no volver a repetir injusta? Si es a sabiendas de su injusticia y, además, tiene que ser arbitraria, ¿no basta con que sea injusta? ¿Tiene que ser también arbitraria? Lean ustedes el concepto de «arbitrario» en nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua y verán que arbitrario no es ningún sinónimo de injusto. Algo puede ser arbitrario y no ser injusto. Entonces, en una traducción, digamos, de un castellano coloquial habría de decir: tiene que ser injusta y, además, pintoresca. No todo lo injusto tiene que ser pintoresco, porque la arbitrariedad generalmente se traduce en resoluciones pintorescas.
Creo --voy a presentar en ese sentido una enmienda «in voce»-- que debemos suprimir esta exigencia de que sea arbitraria porque, o la arbitrariedad está ya incorporada a la idea de resolución injusta o, si es un plus, nos parece no solamente innecesario sino injustificado cuando partimos de la base de que la resolución tiene que ser injusta.
He dicho que hemos de observar la tradición jurisprudencial en el delito de prevaricación. Hemos de decir que los contornos se han ido fijando con cierta dificultad. Probablemente los confines de donde acabe la irregularidad administrativa y donde comience el delito de prevaricación, para algunos, si se mira con una perspectiva estática, es muy sencillo: es que sea injusta o no lo sea; el que sea injusta a sabiendas o que no lo sea. Pero a sabiendas normalmente se presume que se dictan todas las resoluciones y la valoración de la injusticia realmente supone una apreciación en la que sin duda la discrecionalidad de los tribunales opera con una enorme amplitud. No hemos de olvidar tampoco que este tipo delictivo, por la voluntad del Parlamento, va a ser enjuiciado por tribunales de jurado que van a tener que valorar la injusticia y la arbitrariedad, dos cosas tan etéreas que en este caso, sobre todo cuando son aquí concurrentes en una resolución administrativa.
A mí me parece, señoras y señores Diputados, que deberíamos eliminar la arbitrariedad --en ese sentido voy a presentar una enmienda-- e introducir una pena general, no relativa efectivamente a este ámbito, que es el contenido de nuestra enmienda 381, bien entendido que nosotros ahí sugeríamos la pena de multa, pero yo no tengo ningún inconveniente en enmendar nuestra propia enmienda, para hacerla ahora «in voce», y si escucho de los comisionados un criterio coincidente con el nuestro creo que deberíamos irnos, a lo mejor con alguna menor penalidad, a una pena similar a la que se establece para la prevaricación de jueces y magistrados.
En cuanto a esta enmienda termino diciendo que esa tradición jurisprudencial a la que hacía referencia ha venido siendo muy limitativa en la aplicación de estos tipos penales y lo va a seguir siendo, sin duda. Si esto es así, quiérese decir que solamente para los tribunales, con un tipo tan abierto como sigue siendo éste, se va a estimar cometida la acción típica cuando nos encontremos ante casos de injusticia, no digo que clamorosa, pero absolutamente patente. Desde luego creo que una resolución injusta a sabiendas, absolutamente patente, incluso con una vocación de rearme ético del Estado, debe tener una sanción que vaya mucho más allá de una pena que exclusivamente despliegue sus efectos en la relación de servicio de un funcionario público.
Quisiera decirle, señor Presidente, que por las mismas razones que hace unos días yo defendía una enmienda de un bloque que había correspondido defender a otro Diputado, confiando en su benevolencia le solicito que al terminar mi intervención le conceda la palabra a don Antonio Pillado para la defensa de la enmienda 427.
La enmienda 428 se refiere ya al delito de lo que antes se había venido denominando en el Código Penal la anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas. En este tipo delictivo del artículo 382 también queríamos hacer alguna matización de cierta relevancia.
La enmienda al artículo 382 tiene una redacción en coherencia con enmiendas anteriores, del tipo del funcionario público que, a sabiendas y en el ejercicio de su competencia, propusiere, nombrare o diere posesión --dice el texto del proyecto-- para el desempeño de un determinado cargo público a persona que no reúna los requisitos legalmente establecidos para ello, con una pena de multa de tres a ocho meses . Nosotros en este tipo decimos: «La autoridad o funcionario que en el ejercicio de su competencia, propusiere, nombrare o diere posesión para el desempeño de un determinado cargo público a persona que no reúna los requisitos legales establecidos para ello». Es una precisión gramatical a la que no merece la pena dedicarle más tiempo.
En la enmienda 429 se pide, en coherencia con otras anteriores, una modificación. Con la lectura de la misma se observa que supone una mejora de la redacción, sin que tenga un contenido sustancial del fondo.


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Con eso ya pasamos, como he dicho, al Capítulo II, que se refiere al abandono de destino y de la omisión del debate de perseguir determinados delitos.
Aquí, señoras y señores Diputados, quiero hacer una reflexión en el siguiente aspecto. Este capítulo en el anterior Código se denominaba «De la anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas». Ahora pasa a llamarse «Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos». O el título que se ha mantenido por el informe de la Ponencia debe ser alterado o entendemos que debe introducirse, con los perfiles y los límites que haya lugar, un nuevo tipo, porque todos los que contiene el Capítulo II se refieren, en el fondo, a la omisión del deber de perseguir delitos y ninguno de ellos al abandono de destino.
Esto quiere decir que el servicio público en ningún caso resulta perturbado. Ese sería el caso del anterior artículo 376 del Código Penal, que sancionaba al funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino lo abandonare con daño de la causa pública; ahí probablemente estaría el núcleo de lo que ahora se denomina abandono de destino, abandono de destino que por sí mismo es incompatible con el concepto de autoridad, es decir, el destino es una situación, dentro de la estructura orgánica, de quien es un funcionario público perteneciente a una carrera del Estado. El destino no es una situación predicable de quien está constituido en autoridad; las autoridades no son destinadas a ningún sitio, sino que se constituyen en la titularidad de determinados oficios públicos, pero no están en la situación de ser destinables y, naturalmente, lo que hacen es abandonar sus cargos públicos, sin que ello se pueda integrar en la idea del abandono de destino. Por tanto, nos parece poco acertado tanto el título del Capítulo II como su contenido.
Por ello, en principio, aunque por supuesto escucharemos a los demás comisionados, adelantamos una enmienda «in voce» en el sentido de que creemos que debemos recuperar al menos el núcleo del artículo 376, con el añadido de que exista una expresa referencia a la autoridad, además de al funcionario público. Desde luego, el hecho de abandonar funciones públicas a su suerte, sin haber sido aceptada la renuncia y sin haberse decretado el cese, cuando se origine daño a la causa pública, entendemos que es una conducta que merece el reproche del Código Penal dentro de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, porque sin duda el primer deber de un funcionario público es seguir sirviendo en su destino si es un funcionario, o desempeñando su cargo y ejerciendo su autoridad quien esté constituido como tal. El abandono indiscriminado de esas funciones, con daño posible a la causa pública cuando efectivamente se produzca, entendemos que es algo que no debe desaparecer, y en cambio ha desaparecido. Si repasamos el artículo 384 observaremos que en él se habla de la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XVIII, XIX, XX y XXI, aludiendo también a cualquier otro delito no contenido en estos títulos.
El artículo 385 hace relación a la autoridad del funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos. O sea, seguimos en la idea de la omisión de perseguir determinados delitos o a determinados delincuentes.
Finalmente, el artículo 386 también hace referencia a los funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Este precepto es el que podría parecer que recoge la idea del abandono de destino, pero no es tal puesto que solamente se refiere a quienes dirigieren u organizaren el abandono colectivo; es decir, a los meros partícipes en el abandono no les alcanzaría este precepto penal. Además, solamente se enmarca en el abandono colectivo, como si los servicios públicos sólo se pudieran ver afectados por ese tipo de abandono.
Este tipo de delito corregido en el artículo 386 tiene una cierta connotación extraña con una previsión contra la huelga, como adelantaba antes el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Es verdad que el abandono, más allá de los límites del propio derecho de huelga, puede estar perfectamente tipificado penalmente; no sólo puede, sino que debe estarlo lo que sería el abandono del servicio, incluso con infracción de los establecido para los servicios mínimos que garanticen la prestación de ese servicio público concreto. Yo creo que en este punto también sería conveniente hacer alguna matización, puesto que podría ser perfectamente el corolario del rescate a que antes me refería del texto del anterior artículo 376 del Código Penal.
Con mucho gusto me pongo a disposición de los restantes comisionados para la introducción de modificaciones en este artículo, una vez conocida la posición de los demás grupos en relación con la eventual incorporación al proyecto que venimos debatiendo del texto del anterior artículo 376 del Código Penal.
Nuestra enmienda 430 se refiere al texto concreto del artículo 384 y en ella se recoge justamente lo que dice el artículo 376 cuando en el apartado 1 pedimos que se recupere la idea del abandono de destino. No obstante, una vez hecha esa precisión y después de escuchar a SS. SS., sí querría incorporar, de alguna manera, la idea de autoridad porque, como he dicho, el destino se refiere exclusivamente al funcionario y yo creo que hay que contemplar también el abandono de otras funciones públicas, cosa que entendemos debe incorporarse también al texto, en el supuesto de que ustedes lo acogieran. El apartado 2 recoge lo que es la idea básica del artículo 384 en relación con la no persecución de determinados delitos, quedando en sus propios términos el apartado 2 cuando no se persigan los restantes delitos no contemplados en los títulos a que hace referencia este, en principio, apartado 2 del proyecto.
La enmienda 431 pretende la supresión del artículo 385. Ello tiene causa justamente en que con la redacción que se propone en la enmienda, que podía ser incluso mejorada en la forma que he expuesto a lo largo de mi intervención, probablemente dejaría de estar justificado dicho artículo 385. La verdad es que tiene un cierto contenido tautológico en relación con el precepto anterior y probablemente en un sólo artículo puede quedar esto perfectamente regulado, sin necesidad de efectuar ese particularismo de residuo que se va recogiendo en cada uno de los

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apartados del artículo 384, por una parte, y del 385, por otra.
Ya me he referido al artículo 386, al que no hemos presentado ninguna enmienda, aunque habrán comprobado que de alguna manera la introducimos, al menos dialécticamente, enmienda que formalizaremos en nuestro segundo turno, teniendo en cuenta la importancia que tiene este capítulo, si bien antes escucharemos a los restantes grupos.
El Capítulo III hace referencia a la desobediencia y denegación de auxilio. A este capítulo hemos presentado la enmienda 433, referida a varios artículos del mismo, que lo que pretende es sancionar, en vez de con la pena de multa, con la pena de prisión de dos a cuatro años.
Consideramos que la autoridad o funcionario no puede verse privilegiado en estos graves delitos al no imponerles penas privativas de libertad. La verdad es que este proyecto de Código Penal, en relación con los delitos cometidos por los funcionarios públicos, se sigue moviendo con cierta benevolencia, aunque menor que el proyecto de 1992, para los delitos cometidos por los funcionarios públicos, y nosotros entendemos que en estos casos, que además orbitan, en algunas ocasiones, sobre la relación de sujeción especial, en otras aun orbitando sobre la relación de sujeción general, si existe una contemplación específica de que el hecho concreto que se ha perpretado, no por un ciudadano cualquiera, sino por alguien que esté constituido en autoridad o sea funcionario público, será para sancionarlo con una pena de mayor gravedad, no para darle un tratamiento penal más beneficioso y, por tanto, privilegiado en relación con los restantes funcionarios.
Quisiera hacer dos precisiones al artículo 387. En primer lugar, nosotros proponíamos la supresión de la expresión «se negaren abiertamente». Este tipo de conceptos, señoras y señores Diputados, que parece que, en principio, ilustran la redacción de un tipo penal, después, en la interpretación, en la aplicación de la ley la verdad es que crean muchos problemas, porque el vocablo «abiertamente», como comprenderán SS. SS., necesitará doctrina jurisprudencial interpretativa para ver qué quiere decir. Y abiertamente, cuando estamos en delitos de estos tipos, viene a significar un estrechamiento de las posibilidades punitivas. Ustedes sabrán si eso es lo bueno, nosotros creemos que no y, por tanto, que debe desaparecer esa idea de «abiertamente», que, por cierto ya figuraba en el artículo 369 del Código vigente y con no demasiada fortuna, por lo que entendemos es absolutamente innecesario, ya que la valoración de la importancia de la negativa se hará en la sentencia. No se trata de que cualquier fórmula de menor diligencia en el cumplimiento de las sentencias, decisiones u órdenes de la autoridad superior se lleve a efecto, pero sin duda esa idea de «abiertamente» parece que tiene que ser una cosa de enfrentamiento o confrontación incompatible con la eficacia en el funcionamiento de las administraciones públicas y el aquietamiento a las resoluciones superiores y, sobre todo, a los procedimientos judiciales, con los que funcionarios y autoridades deben comportarse en el ejercicio de sus respectivas funciones.
Añadiría todavía una enmienda «in voce» en relación con la idea «sentencias». Ustedes saben que los jueces y tribunales se pronuncian, y se pronuncian con efectos, es decir, más allá de la tramitación, generalmente en sentencias, pero también eventualmente, mediante autos en los incidentes. Por ello, creo que o bien podríamos sustituir el concepto o la idea de sentencia por el de resoluciones judiciales, o añadir a «sentencias», la expresión «y otras resoluciones judiciales». Entendemos que debe recogerse estrictamente el contenido de esas resoluciones judiciales que pueden producir la obligación de ser cumplimentadas por las autoridades y funcionarios públicos.
Finalmente, en el número 2, del propio artículo 387, hay una exención donde en gran parte se recoge también el texto del Código vigente, manifestando que: «No obstante lo dispuesto, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.» A mí ese texto me parece muy bien, pero en un sistema organizado, en el que, además, se supone que por escrito van a recibir esas instrucciones, y mucho más si fueran verbales, nos parece que eso debe quedar fehacientemente constatado. Por tanto, nosotros sugeriríamos una enmienda «in voce», que después de escuchar a los grupos con mucho gusto formalizaré, añadiendo exclusivamente la frase: «y así lo manifiesten fehacientemente» o «así quede fehacientemente manifestado».
Nada más, porque creo que era hasta el Capítulo III, señor Presidente, a lo que correspondía esta primera intervención.


El señor PRESIDENTE: Así es, pero queda pendiente la enmienda 427, que va a defender el señor Pillado.


El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente, por darme oportunidad de defender personalmente esta enmienda. Lo hago por razones de paternidad, igual que lo hice con otra en el día de ayer, y aunque mi paternidad --como dije-- se extiende a otras muchas, alguna de ellas me es especialmente interesante e incluso querida.
Ya tuve oportunidad de defender esta misma tesis en la tramitación del proyecto de 1992, si bien sólo en fase de ponencia, puesto que en la etapa de Comisión no llegamos tan lejos en nuestros trabajos.
Nos ocupa el delito de la prevaricación del funcionario. Del funcionario que, por medio de una resolución, comete una injusticia. Pero todos nos preguntamos --y la gente en general se pregunta-- qué ocurre si la injusticia se comete precisamente por omitir el dictar la resolución que procede. Porque esto, señor Presidente, no nos engañemos, es frecuente.
El funcionamiento o autoridad que pretende cometer la injusticia se guardará muy bien de hacerlo de una manera activa, de hacerlo por medio de una resolución injusta, arbitraria, como se dice ahora o se pretende decir en el nuevo texto. Más bien se escudará en la omisión en dictar aquella resolución que llevaría a la justicia, en omitir precisamente la resolución para llegar a la conclusión injusta que se pretende.


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Comprendo que se me puede objetar que esto supone una revolución, dada la plaga que en nuestro Derecho administrativo es el silencio administrativo. Pero lo que se pretende con la enmienda no es tipificar como delito el silencio administrativo, sino el silencio administrativo buscado de propósito para cometer una injusticia manifiesta y palmaria. Y esto no nos debería resultar tan extraño. Esto, que tiene su nombre en la doctrina y que no deja de ser más que una forma de prevaricación pasiva, no nos debería resultar tan extraño porque ya está tipificado en nuestro Código, si bien en otro título distinto. Cuando se tipifican los delitos contra la Administración de justicia, en el artículo 425, se prevé como delito la conducta del juez o magistrado que se negase a juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, etcétera. Es decir, la omisión en dictar resolución, la prevaricación pasiva, está tipificada con respecto a jueces y magistrados. Pues algo así es lo que se pretende con esta enmienda, la cual va un paso más allá y no se refiere a la simple negativa a juzgar, sino la negativa a «juzgar» --entre comillas--, es decir, a dictar resolución por parte de la autoridad o el funcionario, pero buscando directamente cometer una injusticia. No va tan allá como van los preceptos relativos a la prevaricación de jueces y magistrados, puesto que en el 425, como acabo de decir, se tipifica la negativa a juzgar, y en el 426 el retardo malicioso en la administración de justicia. No quiero llegar tan lejos con respecto a los funcionarios y autoridades para no caer en la gran objeción que se pueda hacer de tipificar como delito el silencio administrativo. Señor Presidente, lo que pretendo es que, si lo que tratamos de combatir es la prevaricación de la autoridad o funcionario que comete una injusticia dictando una resolución, es decir, por acción, también tipifiquemos como delito esa injusticia que se comete por omisión.
Yo pido al Grupo mayoritario y a los otros grupos que apoyen esta enmienda, que tengamos ya la valentía de poner las cosas en su punto y que tipifiquemos los delitos en el Código Penal como tales. Esto es lo que se persigue, repito, señor Presidente, en esta enmienda, no que se pueda cometer la injusticia sólo por acción, sino que se pueda escudar en una omisión el que quiere cometer la injusticia. Demos este paso y creo que nuestra Administración pública, y sobre todo los administrados, la gente en general, nos lo agradecerán.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la enmienda 1.159. Tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, la doy por defendida.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco (PNV) tiene la enmienda número 92.
Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: La enmienda 92 hace referencia al artículo 386 del proyecto de ley. Es una figura importante la que se prevé en este precepto, el abandono colectivo e ilegal de un servicio público.
En su intervención ha comentado el señor López Garrido que hay una especie de no identificación clara de los perfiles de este derecho, de este bien jurídico que aquí se pretende proteger, con el ejercicio de este derecho de huelga. Yo no comparto esta opinión, señor Presidente. El abandono de servicio no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho de huelga. El abandono de servicio, tal como está perfilado, depurada la figura por la jurisprudencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en nada afecta al contenido esencial, al contenido constitucional del derecho de huelga. Al fin y al cabo, usted sabe perfectamente, señor Presidente, cómo el abandono del servicio pertenece a las competencias disciplinarias en el seno de la función pública o a las competencias de las autoridades en la función pública en materia disciplinaria de los funcionarios, es una sanción administrativa que ha provocado ya una muy prolija jurisprudencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa posteriormente. El abandono de servicio está caracterizado por elementos como su duración temporal larga, como su injusticia, como su arbitrariedad, como su carácter lesivo, materialmente evaluable, y otra serie de características que lo alejan de forma clara e indubitada de lo que se puede considerar contenido esencial del ejercicio del derecho de huelga, que efectivamente proclama nuestra Constitución.
Desde esa perspectiva, y argumentando en sentido contrario a las razones esbozadas por el señor López Garrido, mi Grupo Parlamentario no sólo pretende el mantenimiento de este artículo en sus propios términos, considerando punible la conducta de los que promovieren, como reza expresamente el artículo, dirigieren u organizaren el abandono colectivo e ilegal del servicio público, sino que pretendemos la ampliación subjetiva del contenido de este precepto, pretendemos que también se considere punible la conducta de aquellas autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o ilegal del servicio público, lógicamente con menor pena --nosotros sugerimos la pena de multa de ocho a doce meses--, pero también consideramos penalmente relevante esta conducta, la mera participación, no sólo la promoción, la dirección o la organización del abandono colectivo e ilegal del servicio público, desvinculando esta conducta, como debe ser desvinculada jurídicamente, del ejercicio del derecho de huelga. Son cosas que no tienen nada que ver, que no tienen ningún tipo de intersección, que no tienen ningún tipo de contacto. Mi Grupo pretende incluso la ampliación subjetiva y material de este precepto, extendiendo la penalidad a aquellas autoridades o funcionarios que meramente participen en un abandono colectivo e ilegal de un servicio público, tal como este concepto está ya muy bien prefijado por la jurisprudencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Permítame no acabar mi intervención sin referirme a la enmienda cuya paternidad ha manifestado el señor Pillado, con gran honestidad. Es terriblemente innovador, desde luego es revolucionario, no se ha quedado escaso en sus epítetos y calificativos el señor Pillado. Es un tema

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sobre el que mi Grupo va a reflexionar. En este momento no estamos en condiciones intelectuales de aceptar algo tan revolucionario: considerar o tipificar como delito lo que él ha denominado el silencio administrativo, la omisión de emitir resolución y las injusticias que derivan de esa omisión. Habría que hacer incluso una evaluación de carácter estadístico y sociológico, pues una previsión demasiado rigorista en este ámbito podría llenar nuestras cárceles de autoridades y funcionarios públicos. Tendríamos que andar con el brazo encogido y con las suficientes cautelas y prudencias antes de aceptarla. En todo caso, mi Grupo se compromete a hacer una reflexión más ponderada.


El señor PRESIDENTE: El Grupo de Coalición Canaria tiene las enmiendas 1.044 y 1.050. Su portavoz, el señor Olarte, que acaba de ausentarse, me ha rogado que las dé por defendidas.
Por tanto, voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, en los tres capítulos que estamos debatiendo del Título XVI se plantean delitos contra la Administración pública. Creo que acierta el título a la hora de calificarlos como delitos contra la Administración pública, porque el bien jurídico lesionado es precisamente la idea de servicio público, de administración pública, de las obligaciones de la administración pública y no las peculiaridades del sujeto activo del delito. En este sentido, es importante ya incluso la propia denominación de este tipo de delitos. Por tanto, supone un avance recoger lo que son las recomendaciones de la doctrina.
La Ponencia ha mejorado técnicamente, en el Capítulo I, la redacción de los tipos de prevaricación, y creo que también se mejora la definición de prevaricación: dictar, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria, y luego volveremos sobre ello, distinto, además, de lo que es la prevaricación de los jueces, que tiene un ámbito, unas connotaciones y una forma de comisión nítidamente diferenciada de la que pudieran cometer las autoridades o funcionarios públicos; porque no podemos olvidar que forman parte de otro poder distinto del Estado.
En tercer lugar, se mejora el tipo del delito del nombramiento ilegal, consistente en el nombramiento a sabiendas de su ilegalidad o la dación de posesión a personas, que no reúna los requisitos legalmente establecidos. Como tipo nuevo se pena al que aceptare tal nombramiento ilegal, lo cual también supone una innovación importante, porque, con el 382 vigente, el nombrado ilegalmente sólo podría ser responsable como mero partícipe, nunca como un tipo concreto. Creo que es positivo que este proyecto incorpore también la responsabilidad penal en el delito de nombramiento ilegal no solamente a quien lo da, sino a quien, a sabiendas de la ilegalidad, lo acepta. En eso diferenciamos nuestra postura de algunas de las enmiendas sostenidas, porque creemos que es importante no que sea delito la mera aceptación, sino la aceptación a sabiendas de la ilegalidad de ese nombramiento.
Asimismo, se mejora el tipo de abandono de destino y la obligación del deber de perseguir los delitos, se elimina el tipo del 376 vigente, partiendo del principio penal de intervención mínima que inspira a este proyecto, y se sanciona como nuevo tipo la promoción, dirección u organización del abandono colectivo e ilegal de un servicio público, que posteriormente debatiremos, pero creemos que es una medida positiva que se introduce en el proyecto.
El Capítulo III introduce también importantes novedades. Una leve modificación de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, eso sí, estableciendo el tipo agravado o cualificado cuando el requerido fuere autoridad, jefe o responsable en la denegación del auxilio a la justicia o a otro servicio público; es decir, el tenor del artículo 389.2 creo que es un tipo agravado que se introduce y que es importante. Y se escalona también, a la hora de establecer las penas, la gravedad del tipo de denegación de auxilio a requerimiento de particular para evitar un delito, según los daños o males generados y los delitos que no se evitan con esa conducta de abandono o de denegación de auxilio. En este sentido, también la estructura del tipo es mucho más correcta por ese escalonamiento, en virtud, asimismo, de la gravedad de los valores que entran en juego.
Se han planteado distintas enmiendas. Dando por rechazadas las que plantea al título, por las explicaciones que ya he dado al principio, Coalición Canaria, así como la que presenta también Coalición Canaria, no solamente la 1.043, sino la 1.044, a la denominación del Capítulo I, ya enmiendas de mayor calado son, por ejemplo, la número 426, del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido defendida en este trámite.
Nos plantea el Grupo Popular, en su enmienda, una definición del tipo que haga similar el delito de prevaricación de funcionarios al delito de prevaricación de jueces. Nosotros sostenemos que son distintas las prevaricaciones y deben merecer, por tanto, una tipificación también distinta. La fórmula que propone el proyecto incorpora como epicentro del delito, tal como lo ha venido expresando también la doctrina el concepto de resolución arbitraria, que va más allá del mero concepto de resolución ilegal, y además va en la línea del Código Penal alemán.
Señor Presidente, todo acto recurrido en vía administrativa y posteriormente anulado es un acto que se considera contrario a la ley, es un acto ilegal, pero no necesariamente. De ahí se deduce que ha habido un comportamiento arbitrario, o que se ha producido por el funcionario un comportamiento prevaricador. Por eso nos parece muy importante, en este caso, diseñar el tipo delictivo del artículo 381 con los perfiles de que cometen prevaricación la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Huimos expresamente en el proyecto de la modalidad «imprudente» en la sanción de este delito. También ha sido cuestionada por la mayor parte de la doctrina, en estos casos, esa modalidad. Bastaría la sanción administrativa y estaríamos siendo coherentes con el principio de mínima intervención penal. La sanción o la pena que se impone en el artículo 381 es la pena de inhabilitación, como ya ocurría,

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prácticamente, con el artículo 358 vigente del Código Penal, que para el delito de prevaricación de funcionario no contempla pena de privación de libertad.
Quisiera recordar a estos efectos, porque define perfectamente el objeto, el bien jurídico protegido y el perfil concreto de este delito, el artículo 103 de nuestra Constitución, porque guarda perfecta consonancia el diseño de la fórmula del artículo 381 con el tenor de dicho artículo 103 cuando dice que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Es éste el bien jurídico que se protege con el delito de prevaricación de los funcionarios públicos y con las figuras de otros comportamientos injustos.
También me opondré a la enmienda número 433, del Grupo Parlamentario Popular, que intenta insinuar la existencia en esta tipología de una benevolencia con el funcionario. Yo simplemente vuelvo a reiterarme en que este delito nunca se ha castigado con la pena de prisión. Lo importante, además, para cumplir los objetivos y el bien jurídico que queremos defender, a la vista del tenor de la propia Constitución, es que la sanción guarde relación con la posibilidad de apartar de la Administración pública, del ejercicio del servicio público, al prevaricador.
Rechazo también la enmienda 1.159, del Grupo de Minoría Catalana, y la 1.045, del Grupo de Coalición Canaria. Y entro en la consideración de la enmienda 427, tal como ha sido defendida por el señor Pillado, que pretende un nuevo artículo 381 bis. Mediante esta enmienda se está defendiendo una prevaricación por omisión. Esta es, en esencia, la enmienda, que yo sí creo, efectivamente, que es revolucionaria desde ese punto de vista.
Comprendo cuáles son los problemas que pretende resolver el enmendante, pero quiero resaltar los problemas que crea, porque el señor Pillado nos ha hablado, por ejemplo, del silencio administrativo buscado de propósito. Y yo me preguntaría cómo diferenciar un silencio administrativo buscado de propósito, de un silencio administrativo por imprudencia o por negligencia. Hay una complejidad importante a la hora de aplicar esto si incorporásemos el sentido de la enmienda del señor Pillado. Entraríamos de nuevo en abrir el portillo, o por lo menos no encontraríamos una diferenciación entre la prevaricación por omisión dolosa de una prevaricación genérica imprudente, y es voluntad que no exista un tratamiento de sanción penal a la prevaricación imprudente, en la línea del artículo 12 del proyecto del Código Penal, que establece que la imprudencia sólo se sancionará cuando expresamente así lo señale algún precepto del Código Penal.
Creemos que el tipo que diseña crearía serios problemas de interpretación y que, además, es innecesario. ¿Por qué es innecesario ese tipo de prevaricación por omisión? Porque la mayor parte de los problemas están resueltos con otras figuras en este proyecto de ley. Por poner un ejemplo, el artículo 387, cuando habla de la desobediencia y denegación de auxilio, se refiere a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren a dar el debido cumplimiento a sentencias, decisiones u órdenes de autoridad superior. He ahí una penalización de conductas omisivas debidas, de desobediencia clara y de falta de prestación de un servicio público, de una resolución por parte de un funcionario. O, por ejemplo, el tenor del artículo 399 del presente proyecto, cuando, al hablar del cohecho, efectivamente, sanciona el cohecho cometido no solamente por acción, sino también por omisión.
Es decir, que algunas de las conductas que se quieren incriminar con esta enmienda número 427 ya aparecen incriminadas dentro de otra figura en los preceptos 387 y 397. Además, no quiero hacer una reflexión larga, pero es cierto que los artículos 40 y 43, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo, establecen siempre la obligación de la Administración de resolver. A ello hay que añadir que la institución del silencio administrativo encuentra en esta vía los mecanismos adecuados para dar una respuesta también al interés del ciudadano y, por tanto, parece que es muy discutible la necesidad de tipificar el silencio o la omisión como un modo de prevaricación. Y ya digo que plantearía, además, el conflicto de cómo diferenciar esos perfiles de una prevaricación por imprudencia.
Por todas estas razones, creemos que la enmienda 427 debe ser rechazada.
La enmienda número 428, del Grupo Popular, después de leerla, veo que lo único que elimina es la expresión «a sabiendas»; no se diferencia en nada más de la versión que el proyecto da al artículo 382. Nosotros creemos que es más correcto el texto, no solamente del proyecto sino del propio dictamen de la Ponencia, que ha incorporado en Ponencia la enmienda número 1.046, del Grupo de Coalición Canaria.
Al artículo 383 se ha defendido la enmienda número 429. Ya dije al inicio de mi intervención que creemos que es positivo incriminar la actitud del delito de nombramiento ilegal de la persona que es nombrada ilegalmente y que asiente y acepta ese nombramiento, pero entendemos que hay que establecer un requisito culpabilista, más respetuoso con el principio de culpabilidad, que es el que establece el propio proyecto cuando dice: «La misma pena de multa se impondrá a la persona que, a sabiendas de carecer de los requisitos mencionados en el artículo anterior, aceptare dicha propuesta, nombramiento o toma de posesión.» Creemos que queda mucho más correcto el proyecto que el tenor de la propia enmienda número 429, al artículo 383.
Al artículo 384 se ha defendido la enmienda número 430, que aboga por restablecer la esencia del vigente artículo 376 y la creación de un tipo genérico de abandono de servicio. Nosotros creemos que, precisamente por coherencia con el principio de mínima intervención penal, el abandono genérico de servicio sería más bien un ilícito administrativo, por lo que rechazamos la enmienda número 430.
Al artículo 385 está planteada la enmienda número 431, del Grupo Popular, que, como es una consecuencia de la anterior, la rechazamos por las mismas razones.
Al artículo 386 se ha presentado la enmienda número 804, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,

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que ha sido defendida por el señor López Garrido, reflexión que hemos realizado con intensidad, hemos visto las preocupaciones que anidan en la motivación de esta enmienda, pero también somos permeables precisamente a las razones que el señor Olabarría ha dado en su intervención anterior, cuando deja muy claro que una cosa es el abandono de servicio de la forma en que se tipifica en este artículo del Código Penal, y otra el ejercicio del derecho de huelga. En una palabra, el ejercicio del derecho de huelga excluiría el delito, pero, en cambio, nos parece que la actitud de organizar un abandono colectivo ilegal del servicio debe merecer algún tipo de respuesta penal, y yo creo que esa respuesta proporcionada la da también el proyecto en la configuración del tipo del delito definido en el artículo 386 del proyecto.
La enmienda número 92, a este artículo 386, del Grupo Vasco (PNV), nos parece atinada y anuncio en este trámite que la vamos a asumir.
Al artículo 387 vamos a plantear una enmienda «in voce», consistente en recuperar el término «abiertamente» que había sido excluido por aceptación de las enmiendas del Grupo Popular y del de Coalición Canaria en Ponencia. ¿Por qué creemos que hay que recuperar el término «abiertamente»? Porque conviene hacer una precisión a ese concepto de cuándo se produce una negativa al cumplimiento de sentencias u órdenes de la autoridad, cómo definimos esa negativa. Hace falta que exista una negativa clara y notoria. Si elimináramos la expresión «abiertamente», como se ha hecho en Ponencia, probablemente se ampliaría en exceso el propio tipo penal, la propia intervención penal. Además, «abiertamente» no es, por supuesto, sinónimo de doloso; «abiertamente» es una expresión que aparece acuñada en la propia jurisprudencia, porque cuando se abordan los requisitos de este tipo delictivo, se define perfectamente cuáles son las condiciones de esa desobediencia para que sea delictiva y cómo se interpreta el término «abierto», y nuestra jurisprudencia dice que debe tratarse de una orden legítima emanada de autoridad competente y cumpliendo todos los requisitos que vinculen al que recibe por caer dentro de los deberes de su cargo; que la orden haya sido recibida; que la negativa ha de ser abierta, pudiendo ello adoptar la forma omisiva o pasiva si por lo reiterado pone al inferior en actitud de rebeldía; no es suficiente el error, la negligencia o el simple abandono, y sólo admite comisión dolosa. Estos son los criterios jurisprudenciales que abogarían y que acuñan la interpretación del término «abierto», y por ello nosotros planteamos «in voce» la reintroducción de la expresión «abiertamente» que había sido rechazada en Ponencia.
El Grupo Popular, en su enmienda número 433, defiende la pena privativa de libertad para ese tipo de actividades delictivas. Nos parece que es una exasperación y un exceso del proyecto, y yo, en esta materia, recuerdo que el tenor vigente, tanto del artículo 358 como del artículo 369 y siguientes del vigente Código Penal, no contemplan privación de libertad para este tipo de conductas delictivas. La única privación de libertad que se contempla es la relacionada con el vigente artículo 370 de dicho Código Penal. Yo creo que la sanción es mucho más ponderada y no supone ningún trato de privilegio a los funcionarios públicos cuando no aceptamos la privación de libertad como pena al delito de desobediencia o denegación de auxilio.
Al artículo 389 se ha presentado la enmienda número 433, del Grupo Popular, que por las mismas razones expuestas la rechazamos.
Rechazamos, asimismo, la enmienda del Grupo de Coalición Canaria al artículo 389, que se ha dado por defendida.
Creo que ya no queda ninguna otra enmienda viva en esta materia, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le voy a dar la palabra para que replique, si lo desea, no sin advertirle antes que espero las enmiendas «in voce».


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, la verdad es que no he escuchado razones, más allá de una variación sobre el propio contexto del proyecto, que me convenzan del fundamento de nuestra enmienda al artículo 358. Creo que me he explayado bastante anteriormente, pero quiero recordar al señor Cuesta, de nuevo, que el delito de prevaricación, sea prevaricación administrativa, sea judicial o sea de cualquier otro orden, está en relación al contenido del ejercicio del oficio público, no en relación de servicio de funcionario y, por tanto, establecer una penalidad limitada exclusivamente a la relación del servicio del funcionamiento y con efectos dentro de ella, hace pensar que el legislador asume la tesis de que, en definitiva, es algo que perturba en la relación de servicio, pero que no afecta a otros intereses públicos, y sin duda afecta, señor Cuesta. Por tanto, vamos a fijar las posiciones con claridad, porque si pensara que tiene que ser la misma prevaricación, la prevaricación judicial como delito contra la Administración de justicia y la prevaricación administrativa, sencillamente bastaría con que hubiese presentado una enmienda interesando que hubiera un solo delito de prevaricación. Me parece bien que haya dos, me parece bien incluso que la penalidad del delito de prevaricación judicial sea más grave que la del delito de prevaricación administrativa. Ahora bien, lo que no puede usted decir es que, debiendo ser dos, la base del delito es distinta. La base del delito es la misma, los poderes serán distintos, los oficios públicos que ejercitan jueces y magistrados por un lado y autoridades y funcionarios por otro son diferentes, pero son potestades públicas en ambos casos, como le he dicho antes, y no sé si ha tomado nota de eso. Son potestades públicas que afectan a intereses de los ciudadanos, generales siempre, porque el buen ejercicio de las funciones públicas debe estar presente en todo caso.
La doctrina tiene bien dicho que el bien jurídico protegido por el delito de prevaricación en términos generales es el deber de objetividad, que incluso está contemplado en el artículo 103 de la Constitución y que afecta al ejercicio de todas las potestades públicas, a la potestad jurisdiccional por supuesto, pero repito, a todas las demás potestades públicas. Y en un momento en que nosotros pretendemos --por lo menos el Grupo en cuyo nombre tengo el honor de intervenir-- un reforzamiento de la reflexión ética de la

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sociedad, nos parece que este delito, que es el delito paradigmático de aquel que ejerce funciones públicas, tiene que tener alguna trascendencia penal más allá de las incidencias en su carrera profesional, señor Cuesta. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros, en principio, proponíamos la multa, pero después de reflexionar yo creo que debemos ir más allá de la multa, debemos ir a un nivel de privación de libertad, inferior al de jueces y magistrados, pero como expresión del reproche social que realmente tiene el delito de prevaricación.
Luego usted ha hecho un análisis defendiendo la redacción y la combinación de la idea de injusticia con la idea de arbitrariedad. Yo estaría de acuerdo en una cosa: si usted prefiere que sea la resolución arbitraria, la dejamos en arbitraria. Lo que he dicho es que no me parece acertado acumular a la resolución que sea arbitraria además de injusta, que sigue siendo una exigencia; léase usted el precepto como ha quedado, es a sabiendas injusta, y tiene que haber una objetividad, además eso la doctrina lo tiene dicho reiteradamente, el carácter objetivo de la injusticia de la resolución, sea administrativa o judicial, da igual. Una resolución injusta puede ser una resolución exquisita, de aspecto y presentación, cuando se habla de arbitrario, lo arbitrario puede tener muy buenas formas, pero se detecta con rapidez, la arbitrariedad tiene una tosquedad especial normalmente, porque además, si no, la arbitrariedad no podría ser objetiva. Igual que la injusticia necesita un juicio, y valga la redundancia, de justicia de la resolución, la arbitrariedad es algo que ya tiene que resultar en parte de esa eventual injusticia, pero como un plus. Nosotros, llegando a una especie de caricatura, decimos: no me pida usted que para que haya prevaricación tenga que haber una resolución injusta a sabiendas y además pintoresca, porque entonces nos movemos en el deseo; si alguien tiene el deseo de algún tipo de administración pintoresca, nosotros no. De manera que yo creo que conviene que reflexionen en esos dos puntos que digo.
Primero, nos parece innecesaria la cita de la arbitrariedad para el tipo, pero si quieren ustedes que sea arbitraria me parece que quedan mucho mejor defendidos los intereses públicos si decimos que exclusivamente el requisito es que sea arbitraria. Si usted dice que quiere recoger de la doctrina, pues recoja, pero entonces no acumule, dejen lastre por otro lado y ya no exijan que sea injusta. Cualquier resolución arbitraria ya no es objetiva, y si el bien jurídico --según la doctrina más moderna, señor Cuesta-- que se protege en este delito es precisamente la objetividad de la resolución, el deber de objetividad de quienes ejercen potestades públicas, entonces basta que sea arbitraria. Es decir, no tendría inconveniente en aceptar que quedara exclusivamente que fuera arbitraria y naturalmente a sabiendas, pero desde luego nos parece absolutamente imprescindible introducir una pena que de alguna manera ponga de relieve que aquí no estamos ante una exclusiva sanción de relación especial de poder, que estamos hablando de potestades públicas ejercitadas de forma perversa y, por tanto, entendemos que quien así lo ha hecho debe experimentar una consecuencia más allá de sus propias expectativas profesionales. Sería tanto como decir que quien en una relación jurídico-privada de carácter personal comete una irregularidad que en sí misma no fuera constitutiva de delito, pero que perjudicara a la empresa o a las personas que habían depositado su confianza en esa persona, agotaba su responsabilidad exclusivamente en ser una causa justa de despido. Aparte de la causa justa de despido, y hablando fuera del ámbito penal, incluso puede haber una responsabilidad civil que puede ser exigida a esa persona si ha causado efectivamente un perjuicio.
Aquí estamos en que, como resulta que ese perjuicio afecta a intereses generales y a intereses públicos, el perjuicio no puede quedar suficientemente sancionado exclusivamente con una sanción propia de las relaciones especiales de poder. Además eso pone de relieve que todo el sistema de penas que se recogen tiene una filosofía equivocada. Seguir pensando a finales del siglo XX que una relación de sujeción especial y sus incidencias tienen un contenido penal, es decir, que lo que se puede acordar por la Administración como sanción por una falta muy grave, que es la separación del servicio (que es más grave que esa inhabilitación absoluta en términos generales o puede serlo), es en sí mismo una pena propia, la pena adecuada, proporcionada y razonable para sancionar nada menos que el delito de prevaricación, yo creo que es poner de relieve que este código carece de lógica penal, y ustedes carecen, además, de la voluntad de propiciar una reestructuración, yo creo que necesaria, de los valores éticos de nuestra sociedad. O sea, pensar que un funcionario prevaricador está despachado con una inhabilitación en el sentido en que se plantea en el tipo, nos parece algo absolutamente falto del rigor necesario si queremos acometer esa nueva reflexión ética que yo creo que también debe ser uno de los fines genéricos, muy generales, con los que un código penal debe introducirse en el ordenamiento jurídico y en el debate social.
No sé si le habré convencido. En todo caso, no me puede seguir defendiendo que pretendo confundir la prevaricación de funcionarios públicos con la de los jueces y magistrados. Yo no la confundo, lo que le digo es que es el mismo delito, lo único que pasa es que son potestades distintas, pero el delito es el mismo. Es más, si usted considera que la inhabilitación absoluta es suficiente, dígame por qué considera que no lo es para jueces y magistrados. Mantengamos el otro delito, que efectivamente es distinto, yo no pretendo mezclar nada, pero dígame usted por qué la infracción en la objetividad del ejercicio de unas potestades públicas tiene unas consecuencias en ese ejercicio y en otros no, salvo que usted considere que lo bueno es que nosotros tengamos la valoración, seguro que equivocada --desde luego nosotros no la tenemos--, de que la resolución de la autoridad administrativa da igual que sea un poco menos justa, que ya llegará el momento en que el ciudadano tendrá que ir a un recurso contencioso-administrativo para tener garantizada la justicia. Yo prefiero que nos quedemos en la primera playa y que ya sea justa y tenga la misma ponderación y la misma exigencia de objetividad la primera.
Después ha hecho usted una cierta sustracción, yo creo, a la enmienda 430 que yo he defendido en relación con la

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recuperación que nosotros pretendemos del antiguo artículo 376 del Código Penal. Yo le he dicho una cosa, y usted no me la ha aclarado, pero creo que es absolutamente necesario el conocimiento de esa realidad. El capítulo dice: «Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos», es decir, aquí hay una «y». Si usted quiere seguir manteniendo el contenido, el título debe decir: «Del abandono de destino para omitir el deber de perseguir delitos», porque, le vuelvo a decir, no existe el delito de abandono de destino. Existe el delito de promover, dirigir y organizar, con carácter colectivo, el abandono de un servicio público, que ya no es un destino, aquí no estamos hablando de abandono de destino. El abandono de destino es la infracción de un deber de un funcionario y, como tal, entiendo debe tener una sanción residenciada en el ámbito administrativo. Debe ser una infracción administrativa probablemente muy grave, y debe tener el correlato de la lógica sanción en ese orden. Pero es que resulta que el tipo penal que tenía el artículo 376 no estaba limitando su contenido al abandono de destino. Hablaba de destino, pero en realidad estaba hablando de la renuncia a un destino y a los destinos tampoco pueden renunciar los funcionarios, este es un tipo que está en el Código Penal de tiempo atrás y probablemente se encuentra en esa zona de confusión entre la idea de la autoridad, el funcionario, el destino, el cargo público, los funcionarios cesantes y cosas parecidas.
Yo creo que tiene que incorporarse claramente el concepto de la autoridad que abandona sus funciones sin haber sido relevada de ellas. Y lo importante no es el abandono del destino, señor Cuesta, sino el daño a la causa pública. Usted puede citar el principio de intervención mínima todas las veces que le convenga a su argumentación, aunque no convenga al asunto, que es el caso. La cuestión es: ¿a la causa pública solamente se le origina daño tumultuariamente por los funcionarios, es decir, cuando en grupo deciden el abandono colectivo de un servicio público? Al servicio público se le produce ese daño en ese supuesto. Pero ¿usted me puede asegurar que en ningún caso el abandono de sus funciones por una autoridad que no ha sido relevada de ellas puede producir daño a la causa pública? Ese es el tipo. El tipo es el daño a la causa pública, y el origen, la causa determinante, el desencadenamiento de ese daño es el abandono del destino. De manera que no se trata de seguir tipificando en el Código Penal conductas de infracciones administrativas. Se trata de preservar el bien público, que es, en definitiva, la razón y el tipo.
Si usted dice, y que conste en el «Diario de Sesiones», que está usted seguro, por su concepción ortodoxa del principio de intervención mínima, que en ningún caso la causa pública puede ser perjudicada (si quiere usted no me importaría decir «con grave daño de la causa pública»), por la actuación inhibicionista de un solo funcionario o de una sola autoridad, usted mantiene su oposición a la enmienda y todos nos quedamos con la conciencia cumplida. Yo le digo que no. Yo le digo que en algunos casos, incluso, tiene más efectos nocivos para la causa pública la inhibición de las obligaciones de un funcionario o de una autoridad. Lo que pasa es que eso, como he dicho antes, debe llevar como consecuencia la alteración del título, porque no tenemos que hablar del abandono del destino, sino del abandono de las funciones públicas o una cosa parecida, e introducir de nuevo este precepto.
Hay otra enmienda «in voce» a la que usted no ha hecho referencia, que creo que tiene bastante chicha y que se refiere al artículo 387; la alusión al cumplimiento de sentencias, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia.
Evidentemente, tal como está el tipo y tal como lo ha interpretado, en gran parte, la jurisprudencia, lo que hace alusión a resoluciones jurisdiccionales son las sentencias. La primera de las decisiones judiciales, que no es una sentencia y que es sistemáticamente desobedecida por la Administración en todos los tiempos, desde que se estableció el recurso contencioso-administrativo, es la remisión del expediente al tribunal como trámite previo a la formalización de la demanda, y la resolución jurisdiccional que determina la reclamación del expediente no es una sentencia. En muchos casos, convierte en ideales las posibilidades del recurrente, en la jurisdicción contencioso-administrativa, el hecho de que la Administración no remita el expediente. Y no es que hablemos de un caso, es que pasan a veces meses y años si remitir el expediente, hasta que alguna sala hace alusión a un tanto de culpa; culpa que debería estar absolutamente residenciada en este artículo, con una claridad meridiana. Yo creo que debía haber sentencias y demás resoluciones jurisdiccionales. Esta es la enmienda «in voce» que yo le proponía. Le he puesto ese ejemplo, pero si quiere que hablemos de la ejecución de las sentencias contencioso-administrativas, hablamos, y ésas también se terminan formalizando en autos, no en sentencias.
Yo creo que aquí tiene que quedar perfectamente claro que todo eso está dentro del precepto, sin necesidad de ninguna interpretación, porque para eso estamos haciendo un código penal nuevo, y para eso tenemos que ser legisladores diligentes. Las cosas las tenemos que dejar claritas para el tribunal, para los interesados y para los ciudadanos.
Finalmente, señor Presidente, me parece muy importante esa causa de justificación que se establece en el apartado 2 de que en una sociedad moderna, y en la que todo no solamente está por escrito sino que está en los ordenadores, esas conductas deben quedar preconstituidas. Es bueno exigir una preconstitución de la causa justificadora. De manera que creo que es bueno incorporar, como antes les anunciaba, el añadido fehacientemente expresado y que quede el reflejo suficiente.
Podíamos dedicar algún tiempo más a nuestra intervención, pero sabemos que hemos abusado ya de la benevolencia del Presidente, más teniendo en cuenta las urgencias que nos acucian.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pillado.


El señor PILLADO MONTERO: Para añadir, con su permiso, un gramo más de abuso a la reconocida paciencia de su señoría. Ello porque la contestación que ha dado el

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señor Cuesta a mi enmienda 427 no me convence en absoluto.
Su señoría utiliza, en primer lugar, un argumento que veo que es táctica repetida entre los ponentes del Grupo Socialista durante el debate de este proyecto. Se dice: «No vale la pena tipificar esa conducta que ustedes proponen porque estas actuaciones ya de cualquier modo incidirían en otros preceptos de este Código; esas conductas que aquí se pretenden tipificar quedarían abarcadas por otros supuestos punitivos del proyecto.» Se me dice, por ejemplo: «Esos funcionarios podrían incurrir en desobediencia.» No veo yo qué tiene que ver la desobediencia con el delito de prevaricación. También se me dice que podrían incurrir en cohecho. Tampoco veo yo que aquí tenga que haber dádiva por ninguna parte. Si el argumento es ése, en el proyecto sobra el delito de prevaricación activa: Es decir, si la prevaricación pasiva ya pudiera incurrir en otras conductas --cosa imposible porque para la desobediencia tiene que haber un mandato de una autoridad superior, claro, expreso, reiterado, etcétera, y para el cohecho tiene que mediar dádiva, etcétera--; si no puede haber omisión pasiva, sobra también el tipificar la omisión activa, según la razón que me ha dado su señoría.
Me dice también que ya en la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común está prevista la responsabilidad administrativa para el silencio administrativo, para el funcionario poco diligente, para la desidia, el descuido o la pereza, que desgraciadamente los hay. Pero es que hay algo más. Aquí se pretende combatir mucho más que la simple desidia, descuido o retardo. Se pretende combatir la injusticia que se comete por omisión, de igual modo que se tipifica desde siempre la injusticia que se comete por acción.
Según ese argumento, señor Cuesta, también los jueces que se niegan a administrar justicia o que retardan la administración de justicia están sujetos a una responsabilidad de tipo administrativo, al oportuno expediente que incoa la inspección y sanciona el Consejo General del Poder Judicial. Pero llega un momento en que esa conducta es algo más que una simple infracción administrativa, llega un momento en que esa conducta incide de lleno en un plus de gravedad y se tipifica penalmente, porque se entiende que el principio de intervención mínima debe llegar incluso a ese otro plus de gravedad que yo decía. Si esto ocurre con los jueces, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo con los funcionarios? Una responsabilidad administrativa hasta un punto determinado y, a partir de ahí, la responsabilidad penal.
El señor Cuesta me daba también otro argumento, en absoluto convincente.
¿Cómo se va a diferencias lo que es simple pasividad de lo que es el dolo dirigido a cometer la injusticia? Para eso están los tribunales que diferencian, en la prevaricación activa, cuándo hay una resolución arbitraria, cuándo se hace a sabiendas de la injusticia. Señor Cuesta, el problema técnicamente es el mismo, es un problema de apreciación por los tribunales de justicia.
El paralelismo del delito de prevaricación de funcionario con el del prevaricación de los jueces nos lleva a reparar en el artículo 426 del proyecto, que dice: En la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el juez o magistrado, secretario judicial o representante del Ministerio Fiscal, culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Y añade este precepto: «Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.» El número 2 dice: Cuando el retardo fuere imputable a funcionario distinto de los mencionados en el apartado anterior, se impondrá a aquél la pena indicada, en su mitad inferior. Fíjese bien, señor Cuesta, no ya jueces y magistrados, no ya secretarios, sino oficiales, auxiliares y agentes pueden incurrir en prevaricación por retardo malicioso. Según este precepto, el retardo malicioso puede ser el provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima. ¿Por qué los funcionarios al servicio de las administraciones públicas o las autoridades no tienen que estar sujetos a la misma responsabilidad penal? ¿Por qué esta diferencia? Suprimamos, si no, el artículo 426.
Yo pretendo reducir todavía más el ámbito en cuanto a los funcionarios de las administraciones públicas y a las autoridades, es decir, a los sujetos activos del artículo 381. Yo no pido que el retardo sea para cualquier finalidad ilegítima, sino para la injusticia, la omisión para la injusticia. Yo quiero restringir todavía más este concepto, pero si existe el artículo 426, no entiendo el rechazo de lo que aquí proponemos.
O sobre el 426 --y no sobra--, o debe llevarse también la prevaricación pasiva al campo de la administración pública.
El rechazo de esta enmienda a mí y a otras personas les puede llevar a una conclusión ciertamente triste, que es la siguiente. Aquí lo que se quiere es que se prevarique, pero siempre que se haga por omisión. Si se rechaza esta enmienda podrán decir quienes por las razones que sean no están de acuerdo con esto: Hágase la injusticia, pero, eso sí, hágase por omisión; por acción no, porque está tipificado. Hágase la injusticia, pero con cuidadito, por omisión.
Yo no hablo de esa pasividad, no hablo de tipificar el silencio administrativo como delito, por supuesto. He dicho y repito que hablo de la omisión dirigida a la injusticia, y no a la injusticia en general; hablo de la omisión dirigida a la injusticia en ese caso concreto.
Siempre se nos podrá decir: Hágase la injusticia a esta persona, en este expediente, en esta reclamación, pero por omisión.
Termino, señor Presidente, diciendo que la redacción de nuestra enmienda tiene un par de comas que seguramente se le han escapado a cualquier mecanógrafo y que van después de las palabras «injusticia» y «a sabiendas».


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, el Grupo Socialista ha anunciado la aceptación de su enmienda 92. No obstante, si quiere hacer alguna precisión, puede hacer uso de la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, evidentemente no, puesto que es la única enmienda de mi Grupo y eso me exonera de tener cualquier otra reflexión más que la vinculada al agradecimiento.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Muy brevemente, para señalar que nuestra preocupación a la hora de pedir la supresión del artículo 386 del informe de la Ponencia, de que no se considere delito, al menos en la redacción de ese artículo, la promoción u organización de un abandono colectivo e ilegal, sigue vigente, a pesar de que el señor Cuesta ha señalado, como no podía ser de otra manera, que el ejercicio del derecho de huelga es incompatible con que pudiera penalizarse cualquier elemento de preparación o de organización de ese derecho de huelga.
En un plano de principios es claro que es así. Lo que sucede es que en la práctica, para hacer un artículo como el que nosotros solicitamos que desaparezca del Código, puede dar lugar a una gran confusión o a que se utilice ese artículo del Código Penal como un elemento de amenaza, porque en la organización del abandono ilegal de un servicio público, puede resultar de extremada dificultad y complejidad decidir en la práctica qué es lo que es ilegal. De hecho, los recursos judiciales, los procedimientos judiciales, los litigios se establecen siempre sobre la base de distintas interpretaciones de lo que es legal, y los tribunales deciden al final lo que es legal y lo que no lo es. El hecho de que haya tantos litigios nos lleva a pensar que no será tan fácil saber lo que es legal o ilegal, porque hay un conflicto en su interpretación que decide en última instancia un juez.
Decir sin más que organizar un abandono ilegal es un delito puede ser peligroso en la práctica para el ejercicio del derecho de huelga, porque puede haber muchas interpretaciones sobre lo que es ilegal o no.
Entendemos que, manteniendo una sanción administrativa se podrían conseguir los objetivos que pretende este artículo, sin llegar hasta el extremo de situarlo en el campo penal, que es la última ratio siempre del ordenamiento jurídico. Esta es la intención de nuestro Grupo a la hora de proponer la supresión del artículo 386.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Con brevedad, señor Presidente, porque no ha habido nada nuevo bajo el sol. Las argumentaciones han insistido prácticamente en la primera intervención y, desde ese punto de vista, yo también me ratifico en mis argumentos anteriores.
Lo que sí quiero dejar claro, por volver a la enmienda número 426, al artículo 381, es que no se puede deducir que toda resolución arbitraria, sin más, sea pintoresca; no son términos tampoco equiparables. Claro que ha habido una acumulación de elementos que configuran este tipo y que recogen también todas las aportaciones de la doctrina y de la jurisprudencia en esta materia. Esa acumulación consiste en que la resolución arbitraria debe ser dictada por el funcionario a sabiendas de su injusticia. Eliminar el concepto «a sabiendas de su injusticia», que es el que delimita claramente el dolo de este artículo y de esta configuración de la prevaricación, sería prácticamente convertir en inoperante el delito de prevaricación o establecer una ambigüedad en ese tipo, que lo haría prácticamente inaplicable.
Creemos, además, que el sistema de penas del artículo 381 guarda una proporcionalidad con todo el sistema. Es verdad que los bienes protegidos son distintos y, por lo tanto, no es comparable el delito de prevaricación de jueces con el delito de prevaricación de funcionarios o autoridades. Tienen niveles distintos de reparación en el daño a la colectividad, es decir, hay un nivel diferente de reparación y hay una serie de mecanismos de reparación de ese daño en la prestación de un servicio público cuando se trata de la prevaricación de funcionarios en relación a comisiones delictivas basadas en la prevaricación de jueces.
Está claro el tenor y la innovación que supone el artículo 381 y, desde ese punto de vista, creemos que es coherente con lo que en estos momentos figura como Código Penal vigente, y es que por la prevaricación de funcionarios no existe pena de privación de libertad. Nosotros entendemos que establecer la coacción penal en dos niveles, cual es el de la multa y el de la inhabilitación, en los términos que viene dibujado en el artículo 42 del proyecto de ley, es suficiente para preservar el interés público y los objetivos que se tienen que preservar con este tipo delictivo, reconocidos en el artículo 103 de nuestra Constitución, cuando establece las obligaciones de la propia Administración.
No son tampoco comparables --y con esto conecto con el planteamiento que nos hacía el señor Pillado en relación a la enmienda número 427-- las conductas omisivas, que pretende que se incluyan con esta enmienda, con las conductas omisivas que se tipifican en relación, por ejemplo, con el artículo 426, es decir, el retardo malicioso en dictar resolución judicial o la negativa a juzgar o dictar sentencia. No son comparables las conductas, no son comparables los bienes jurídicos protegibles, ni son comparables tampoco los mecanismos reparadores de una conducta omisiva u otra, porque las conductas omisivas en el ámbito de la Administración pública encuentran unos mecanismos reparadores mucho más eficaces e inmediatos y, en cambio, en el ámbito del Poder Judicial se estaría, además, violando un derecho fundamental, que es lo que explica que haya un bien jurídico que deba ser protegido de una manera muy específica, y es el bien jurídico que se desprende del artículo 24 de nuestra Constitución: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse la indefensión.» No compare, por tanto, los intereses en juego en uno u otro caso.
El señor Pillado hace una comparación a través de la redacción de su enmienda 427, que dice: «Se impondrán las mismas penas de los artículos anteriores si se cometiera injusticia, omitiendo a sabiendas dictar resolución cuando proceda», y dice que es la misma fórmula que la del artículo 426. No. No es la misma fórmula del artículo 426. El artículo 426, como muy bien ha leído el propio señor Pillado, deja muy claro que debe producirse un retardo malicioso en la Administración de Justicia; y añade: «Se entenderá

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por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.» Cuando sanciona a los funcionarios de la Administración de Justicia que participaren en esa conducta está tutelando, una vez más, los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva, con unos perfiles que se diseñan y se tipifican de forma concreta, con un dolo muy específico, en el artículo 426, que no aparece, en cambio, en la configuración del artículo 381 bis nuevo que pretende el Grupo Popular con su enmienda número 427.
No ha sido mi único argumento decir que comportamientos omisivos por parte de los funcionarios o de las autoridades se encuentran tipificados en otros tipos delictivos, como los artículos 387, 397 y 399. Por supuesto, no ha sido mi único argumento, pero es verdad que una denegación de actuación administrativa por omisión aparece claramente contemplada en el delito de desobediencia y de denegación de auxilio, así como en el propio delito de cohecho que se comete por acción o por omisión.
El segundo argumento que daba era la dificultad de los perfiles.
Efectivamente, el que un funcionario no resuelva e incurra indebidamente en silencio administrativo es, en la práctica, muy difícil de diferenciar de una actitud imprudente en la generación de ese silencio administrativo. Por esa vía la enmienda crea más problemas que los que resuelve y, al final, en la práctica, sería inaplicable. Salvo que queramos hacer un brindis al sol, un código penal no está, desde nuestro punto de vista, para hacer un brindis al sol, y el silencio administrativo encuentra una reparación adecuada en el propio ordenamiento jurídico. La posibilidad de proteger la idea de servicio público, la idea de las obligaciones de la Administración pública con relación a la colectividad y a todos los ciudadanos, se puede hacer no sólo con el orden penal sino con el orden administrativo, y hay una línea de régimen disciplinario de la Administración, que permitiría claramente exigir responsabilidades a aquel que denegare o no resolviere como autoridad o funcionario, estando obligado a dictar resolución.
En cuanto a la enmienda número 430 y varias reflexiones más que ha hecho el señor Padilla, yo quisiera recordar una cuestión, y es que no es necesario ni incorrecto modificar el título del capítulo II, «Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos», porque si analizamos los tipos delictivos que contempla el artículo 386, por ejemplo, no está hablando de un mero abandono de destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en distintos apartados o títulos del Código Penal. No. Se está incriminando la organización de abandonos colectivos ilegales de un servicio público. Por lo tanto, no podemos aceptar el criterio de modificar el título del capítulo II. Precisamente es correcto, y máxime con la incorporación de la propia enmienda número 92 del Grupo Vasco (PNV). Con más razón queda justificado el título que se da a este capítulo II.
En cuanto a las enmiendas «in voce» que nos propone al artículo 387, en este trámite nos vamos a oponer, pero no dudo de que van a merecer una reflexión en el Pleno por parte de nuestro Grupo, sobre todo, la primera, la que parte de la necesidad de configurar el tipo de desobediencia y denegación de auxilio, no solamente en la negativa a dar el debido cumplimiento a sentencias sino también a otras resoluciones jurisdiccionales, porque probablemente será atinada. Nosotros interpretamos el término «sentencias» en el sentido de resoluciones jurisdiccionales. Pensaremos y valoraremos esa enmienda «in voce» en el Pleno.
Con relación a la enmienda de Izquierda Unida, vuelvo a ratificarme en los mismos planteamientos que hice en mi intervención anterior. El ejercicio del derecho de huelga excluye la comisión de ese delito, por tanto, son realidades distintas. Estamos incriminando una actividad y no amenazando el ejercicio de huelga porque si estimáramos que con este tipo delictivo se está cercenando el ejercicio legítimo del derecho de huelga, sobraría también el resto de los artículos del Código Penal, el artículo 384 o el 385, y nada se ha dicho en esta materia, por parte del Grupo de Izquierda Unida. Creo que es una prevención, la que tiene el señor López Garrido, que, desde nuestro punto de vista, no está justificada. (El señor Pillado Montero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Damos por debatidos estos tres capítulos.
Señor Pillado, llevamos dos horas y cuarto para debatir estos tres primeros capítulos. Puede usted intervenir, pero, desde luego, voy a limitar el tiempo de la réplica con posterioridad.


El señor PILLADO MONTERO: Voy a ser muy breve.
El señor Cuesta ha sacado a relucir la Constitución. Dice que la prevaricación de jueces y magistrados tiene por finalidad combatir las conductas contrarias al artículo 24 de la Constitución, es decir, el derecho a la tutela efectiva de los jueces y magistrados. Por tanto, es un supuesto distinto al de la prevaricación de los funcionarios. Piense, señor Cuesta, que la prevaricación de los funcionarios se tipifica precisamente porque se trata de cometer la injusticia y la Justicia, puestos a hablar de la Constitución, es uno de los valores supremos a que se refiere el artículo 1 de la Constitución. Constitución por Constitución, señor Cuesta, argumentemos correctamente.
Termino, señor Presidente, me ratifico en lo que dije. Parece que lo que se pretende decir es: prevaríquese siempre que se haga por omisión, hágase la injusticia, pero eso sí, por omisión.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, sólo quiero decir que el espíritu que configura la personalidad del señor Pillado, por su origen gallego, le ha llevado quizás a ser torticero en su última argumentación.
Me parece que son bienes jurídicos absolutamente diferenciados el de la tutela judicial efectiva y los que se desprenden del artículo 103 de la propia Constitución española. Mi Grupo no está negando que no deba incriminarse el delito de prevaricación para funcionarios. Lo único que decimos es: no

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confundamos la prevaricación del funcionario o de la autoridad con la prevaricación del juez, pero ambas deben ser incriminadas y este proyecto de ley las incrimina. No nos malinterpretemos ni hagamos versiones interesadas de lo que no se ha planteado aquí, señor Pillado.


El señor PRESIDENTE: Abordamos el debate de los capítulos IV, V y VI.
Señorías, les prevengo que no podemos seguir con esta amplitud en las réplicas. Hemos consumido dos horas y cuarto en debatir estos tres primeros capítulos y, por tanto, les ruego --sigo en mi deseo de no llamar al orden ni de interrumpirles para pedirles brevedad-- que agoten su argumentación en la intervención inicial reservando la réplica tan sólo para precisiones conceptuales, pero no para desarrollar de nuevo en amplitud los argumentos, porque nos vamos a ver abocados a sesión nocturna si seguimos a este ritmo.
El Grupo Popular tiene formuladas las enmiendas números 433 a 445 en los capítulos IV, V y VI de este Título XVI.
Puede defender estas enmiendas el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Dicho sea de paso, me va a permitir usted una licencia...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Padilla.
Le ruego al portavoz del Grupo Socialista que me facilite la enmienda «in voce».
Hay una cierta renuencia entre los portavoces a retrasar la presentación de las enmiendas «in voce» y ello es una verdadera dificultad para que la Presidencia ordene las votaciones. Les ruego que, en la medida en que les sea posible, las faciliten después del momento en que las anuncian.
Prosiga, señor Padilla,

El señor PADILLA CARBALLADA: Me va a permitir una licencia dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que estamos ahora abordando el tratamiento de una serie de delitos que, dije y repito, son la traducción legislativa de una decisión política, de mayor o menor porte, de acometer con rigor no solamente el castigo penal de quienes incurran en determinadas conductas prevaliéndose de sus situaciones de potestad, sino, sobre todo, de establecer un mensaje, como decía antes, de una nueva forma de entender la ética de la vida pública. Ha quedado patente --lo digo porque hay quien dice que nosotros pretendemos la agravación de otras penas-- que también aquí hemos pretendido la agravación de las penas y creemos lícito que ese ejercicio de responsabilidad y coherencia con nuestro discurso político esté también patente en el propio «Diario de Sesiones» de esta Comisión a la hora de debatir estos preceptos.
Seguimos con ellos, con nuestra convicción de que lo que es bueno es que sean suficientemente claros y disuasorios para que en los años venideros garanticen a la ciudadanía que desaparecen de la escena pública todas las personas que por su conducta reprochable deben desaparecer.
En primer lugar, tenemos una enmienda al artículo 395 y otra al 392, recogida en la enmienda 433, que aludía a diversos artículos. El artículo 392 debe imponer pena de prisión a esa autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le estuviere confiada por razón de su cargo. Nos parece que la pena de multa es insuficiente para este tipo delictivo, e insistimos en ese mayor rigor para castigar este tipo que, además, implica poner en riesgo intereses muy importantes del Estado. Hay un gravísimo quebranto de la confianza en determinados funcionarios en cuyas manos se hallan elementos esenciales de la seguridad pública, de la seguridad estatal, por lo que hay que garantizar que tengan la certeza de que su deslealtad, en este caso con consecuencias penales, además tendrá aparejada una pena razonable y proporcional. Ya me imagino que se me va a repetir en este punto de las penas el discurso de esta mañana, pero frente a otro no, otro sí. En nombre de mi Grupo, insisto en ello.
El artículo 395 tiene una enorme complejidad. Primero, es muy largo; segundo, tiene muchos conceptos por lo que nosotros proponemos una fórmula más simple. Nuestra enmienda 434 propone el siguiente texto: «El funcionario público o autoridad que, haciendo uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su influencia o cargo, o de una información privilegiada, la transmitiera a un tercero u obtuviera un beneficio...» (son los dos supuestos), y, a continuación, se fijaría sin más la correspondiente pena. Los tres subtipos que se crean en el artículo 395 probablemente no responden a una cadencia razonable. Además, nosotros consideramos que complican bastante la figura. El que haciendo uso de un secreto del que se tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, obtuviera un beneficio económico para sí o para un tercero, como dice el precepto, será castigado con la pena de multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. Nos parece una pena insuficiente. Nosotros preferimos una pena privativa de libertad para todo funcionario público que tenga conocimiento por razón de su influencia o cargo de una información privilegiada, la trasmita a un tercero u obtenga beneficio gracias a esa información. Además, consideramos que este artículo 395 estaría mejor situado en el capítulo IX de este título, por razones de sistemática, y eso motiva nuestra enmienda 435.
Al artículo 399 formulamos una enmienda que busca remediar cierta lenidad en el tratamiento de este tipo de delitos. Fíjense, señorías, que el artículo 399 establece que la dádiva solicitada, recibida o prometida --estamos hablando ya del delito de cohecho-- tuviere por objeto abstenerse la autoridad o funcionario público de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, y las penas serán de multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Nosotros entendemos que aquí también procede imponer la pena inferior en grado a la señalada en el artículo anterior, pero pena privativa de libertad, porque el que el cohecho lleve aparejado no una actividad positiva, sino una inhibición también positiva para el provecho y efectos de quien promueve el cohecho, justifica

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perfectamente una pena privativa de libertad en ambos casos. Y si acaso es especialmente intensa, en cuanto que la figura del artículo 398 implica una actividad concreta, nos parece que es igualmente lesivo para el interés público el tipo del artículo 399. Todo lo más que entendemos razonable es rebajar en un grado la pena privativa de libertad señalada en el artículo 398.
Ustedes siguen empeñados en que la principal consecuencia que debe tener para los funcionarios públicos las gravísimas deslealtades a esa tarea fundamental de objetividad que debe presidir la actuación de toda persona que está ejerciendo potestades públicas es el que tenga consecuencias para su carrera, y así el Código Penal, en lo que se refiere a los delitos cometidos por los funcionarios, que, por desgracia --ha sido patente en estos años y no por culpa de los que no hemos tenido esas responsabilidades--, abundan bastante más de lo que parece, se convierte en poco efectivo. Yo no digo que en el Código Penal se estimule el delito, pero ustedes comprenderán que todo es un problema de valoración económica. Fíjense que este artículo 399, en realidad, para un funcionario público, no tiene más consecuencias que las económicas: la multa del tanto al duplo del valor de la dádiva, que habrá que ver cuál fue, y, finalmente, la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, esta inhabilitación especial ya saben lo que significa; es decir, que le tenemos en otro ámbito de la Administración ejerciendo la práctica a la que es proclive ese funcionario. Creo que esto no merece más comentarios. ¡Allá ustedes! Ahí queda nuestra enmienda.
La enmienda 437, al artículo 400, es una enmienda técnica. Nos parece que esa fórmula residual de: «Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos o cualesquiera personas que participan en el ejercicio de la función pública» no es buena porque no hay claridad. Nosotros creemos mejor hablar de: «Los jurados, árbitros, arbitradores, peritos, hombres buenos o cualesquiera otras personas que, en el ejercicio de función pública cometan los delitos a que se refieren los artículos anteriores, se les impondrá la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de uno a tres años.» En función de la consideración de la enmienda anterior, también estaríamos dispuestos a considerar ésta, para introducir aquí, en este supuesto, la pena de multa. Si alguna de SS. SS. comparte ese criterio, ofrezco con mucho gusto formalizar en este momento una enmienda «in voce» a este artículo 400.
Nuestra enmienda 438 se refiere al artículo 403.1. Nos parece que la multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público, por tiempo de seis meses a tres años, para la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, para los tiempos que corren, nos parece una broma. Nosotros pedimos que se introduzca en ese precepto la sanción penal de prisión de uno a tres años, la multa del tanto al triplo y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. Vamos a ser sinceros, señores Diputados, ¿creen ustedes que le podemos decir al pueblo español que una autoridad o funcionario público que solicita dádivas o presentes o admite ofrecimientos, es decir, lo que sería el núcleo de la peor manifestación de la corrupción más ramplona, puede tener, en un código en el que ustedes pretenden aquellas cosas que decía su líder del impulso democrático, etcétera, después de las elecciones de 1993, una suspensión de cargo público y una multa del tanto al triplo del valor de la dádiva, que no sabemos si es algún interés recaudatorio? Creo que esto no se resuelve así y que no necesita más comentarios.
Nuestra enmienda 439 se refiere al número 2 de este artículo 403, en el que ustedes proponen la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, por tiempo de diez a quince años, en el caso de recompensa por el acto ya realizado si éste fuera constitutivo de delito. Nosotros, en este caso, proponemos la prisión de dos a cuatro años, la multa de seis a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de diez a quince años. Por los mismos motivos que antes decía de que nos parecía poco razonable y poco proporcionada la pena del número 1, también nos parece poco proporcionada y poco razonable la del número 2 y, naturalmente, pedimos un mayor rigor penal en el tratamiento de estas conductas.
Al artículo 405 formulamos nuestra enmienda 440. Ustedes proponen aquí una exención de pena por el delito de cohecho para el particular que hubiere accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hubieran transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos. Nosotros, en este caso, proponemos la exención de responsabilidad criminal del particular que, habiendo sido objeto de dádiva o presente por un funcionario o autoridad, pusiese el hecho en conocimiento de la autoridad antes de la apertura del correspondiente procedimiento.
Creemos que en estos fenómenos de corrupción no es tan importante que se consiga averiguar en diez días, ni en ellos se dan esas matizaciones a las que se alude en el artículo 405. Estamos de acuerdo en la exención de responsabilidad porque si no esos delitos quedan siempre tras el velo de buscar la propia impunidad de quien ha participado en el cohecho. Siempre recordaré un castizo funcionario, hace algunos años, en un proceso penal en el que intervine. Cuando yo le preguntaba por lo que había sucedido le decía: Dicen, los que le acusan, que usted ha sido autor de un delito de cohecho. Y él respondía: «¿Cómo que cohecho? Cohecho ellos a mí, yo a ellos, de cohecho nada.» Este problema de las perspectivas o los planos del delito de cohecho es siempre muy peculiar. (La señora Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la Presidencia.) En todo caso, hay que primar al máximo la colaboración con la Justicia, porque la mejor manera de erradicar el cohecho es el riesgo del descubrimiento y persecución del delincuente. Ahora bien, hemos de repetir que no entendemos bien el tema de las fechas. Eso sí, la prevención lógica y natural es que sea antes de la apertura del procedimiento,

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porque si no no está descubriendo nada; lo que está es intentando protegerse ese presunto delincuente.
¿El siguiente capítulo también lo debatimos ahora?

La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Sí, señor Padilla. Vaya concluyendo.


El señor PADILLA CARBALLADA: Concluyo en seguida, señora Presidenta.
Finalmente, el capítulo VI, trata del tráfico de influencias. Esto ya tendría que estar como un auténtico libro de estilo, por todo lo que hemos vivido estos años.
Al artículo 406 proponemos también que la prisión de seis meses a un año, que recoge el proyecto, se eleve de dos a cuatro años. ¿Por qué? Porque nos parece tremendamente benevolente esta pena al funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica y consiguiere una resolución obteniendo por ello directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Que conste que este tipo es una especie de prevaricación especializada. Me sorprende mucho que aquí sí se introduzca la pena de prisión. Me sorprende positivamente, pero no entiendo la resistencia en la base y la complacencia en el desarrollo. Pero en ese sentido de complacencia, a nosotros nos complacerá mucho más una pena más ajustada y más proporcionada a la gravedad de este delito, si de verdad queremos dar un toque de atención a toda la sociedad y, sobre todo, naturalmente, a aquellas personas que se mueven en el sector público con este nuevo Código Penal.
Sobre el artículo 407, un poco más de lo mismo: modificar la pena de prisión, que proponemos que sea de dos a cuatro años, en vez de la de seis meses a un año. La razón es la misma; hay prevalimiento de autoridad para conseguir fines espurios, nos parecen conductas absolutamente intolerables, que viene demostrando la realidad que no son una entelequia y, por lo tanto, solicitamos tratamiento penal adecuado y proporcional.
En el artículo 408, párrafo primero, también pedimos que la pena de prisión sea de dos a cuatro años. Al mismo artículo pedimos la supresión del párrafo segundo, porque nos parece absolutamente innecesario en función de lo que antes veníamos diciendo, ya que de lo que hay que tratar es fundamentalmente el tipo con el rigor adecuado.
En cuanto al artículo 409, pedimos, con carácter más general que esa previsión del artículo 408, párrafo segundo, la introducción de un nuevo apartado que, con carácter genérico, establezca: «En los supuestos de este capítulo, así como del capítulo V se impondrá la pena inferior en dos grados al particular o funcionario que, tras haber consumado el delito, pusiera los hechos en conocimiento de la autoridad judicial mediante denuncia, siempre y cuando se aportara en el caso del funcionario el dinero, títulos o dádivas recibidas y por el particular los datos relativos al dinero, títulos o dádivas entregadas. La denuncia habrá de realizarse en el plazo máximo de una semana a contar desde el cobro o pago.» Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): A estos tres capítulos tiene enmiendas el Grupo de Izquierda Unida. Son las números 806, 807, 808 y 809. Para su defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Efectivamente, nuestro Grupo ha enmendado estos artículos, que nos parecen centrales, no solamente en el capítulo correspondiente, sino en todo este Título XVI, «Delitos contra la Administración Pública».
Se trata de los delitos de información privilegiada y del tráfico de influencias, sin duda los delitos de mayor actualidad, de mayor presencia mediática de los últimos años, por supuesto en España, pero también fuera de nuestro país, como ejemplos de la nueva criminalidad económica, que se corresponde en el campo en que entra un funcionario, el poder político, con lo que ayer o anteayer vimos en esta Comisión en cuanto al mercado de valores, es decir, la actividad de información privilegiada en el campo de las relaciones económicas privadas. Ahora nos situamos en el campo de las relaciones económico-públicas, del poder político. Por eso creemos que tiene todavía más importancia la regulación correcta de la información privilegiada, en este caso, de funcionario que lo autoriza para su beneficio personal o de terceros o el tráfico de influencias.
Estos son los artículos 395, 406, 407 y 408 del proyecto de Código Penal, artículos a los que hemos presentado sendas enmiendas, las números 806, 807, 808 y 809. Hay que decir que la última de estas enmiendas, la 809, ya fue aprobada por la Ponencia. Es una enmienda que se refiere al tráfico de influencias de particulares, cuando un particular se ofrece a otro prometiendo hacer uso de influencias cerca de autoridades o funcionarios públicos; un asunto que tuvo nombres y apellidos en este Parlamento, en un sonado debate, hace tres años aproximadamente, como consecuencia de la utilización de un despacho de la Junta de Andalucía por una persona muy conocida que, al parecer, ofrecía hacer uso de influencias cerca de autoridades o funcionarios públicos. Sin duda, esto fue uno de los desencadenantes de que se produjese, de forma inmediata, una reforma legislativa, que tuvo una influencia de coyuntura política considerable, y que dio lugar a los artículos 404 bis a), bis b) y bis c), que en estos momentos figuran en el Código Penal vigente.
Prácticamente, se reproducen con los mismos errores en el proyecto de Código.
Decíamos que la enmienda 809 fue aceptada, en relación con el artículo 408 del proyecto de Código, en el sentido de cambiar la frase que empezaba diciendo: «Los que ofreciendo hacer uso de influencias cerca de las autoridades o funcionarios públicos...», por lo que ahora figura como consecuencia de la aceptación de la enmienda de Izquierda Unida, con lo cual empezaría diciendo: «Los que ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores...» Esta modificación permitirá castigar no solamente al que directamente se ofrece a hacer uso de influencias a autoridades, sino a los que forman parte de una red de influencias, por así decirlo. Por lo tanto, permite ir a la cadena de influencias y amplía las posibilidades sancionadoras de ese precepto.


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No me voy a referir a este último precepto, sino a los demás, porque, en cuanto al resto, no se han aceptado las enmiendas de Izquierda Unida.
Nosotros creemos que pueden mejorarlo y que lo cambiarían profundamente para hacerlo realmente eficaz. Se trata de los artículos 395, sobre información privilegiada, y 406 y 407, sobre tráfico de influencias. A nosotros nos pareció bien en su momento que se produjese este cambio legislativo. Nos referimos a los artículos 404 bis a) y bis b), que ahora se corresponden con los artículos 406 y 407 del proyecto. Tuvieron su origen en una propuesta legislativa del Grupo Popular en 1990 --me parece que el trámite duró hasta 1992--, relativa a la creación del delito de tráfico de influencias.
En aquel momento se reaccionó ante ese hecho tan espectacular a que me he referido anteriormente y a otros que empezaban a surgir en las páginas de los periódicos, en los que aparecía la utilización fraudulenta de información privilegiada, el tráfico de influencias, etcétera. Nos pareció bien, y nos lo sigue pareciendo, que exista en el Código futuro un artículo, el 395, sobre información privilegiada en poder de un funcionario que la utilice para su beneficio, y también nos parece bien que existan estos dos artículos, 406 y 407, sobre tráfico de influencias por funcionarios públicos. Ahora bien, estimamos que debe haber una buena regulación, porque estamos ante un problema importantísimo, la colusión entre el sector público y el privado. Sin duda, esta colusión es la fuente fundamental de la corrupción económica, de los delitos económicos, no solamente la corrupción que pueda haber en el estricto campo privado, sino que esta corrupción se potencia cuando aparece una conexión entre sector público y sector privado, entre particulares y funcionarios.
Por tanto, la regulación de este capítulo VI, tráfico de influencias, como la información privilegiada del artículo 395, es absolutamente necesaria para incluir a funcionarios y a personas que no ostentan la condición de funcionario. Es decir, la novedad sería que aparece ya claramente constituida una tipología penal que contempla la existencia de conexiones fraudulentas, fuentes de corrupción, entre el sector público y el sector privado.
Por eso es importante destacar que, en cuanto a información privilegiada, artículo 395 del proyecto, no hay una limitación de la misma al ámbito del mercado de valores. En otros países surgió la regulación jurídica de información privilegiada, eso que se llama en el mundo anglosajón el insider trading, personas que actúan en el mercado de valores y que tienen una información privilegiada, por lo que pueden actuar sobre las cotizaciones aprovechándose de lo que va a ocurrir en el futuro y que ellos saben por anticipado. No se trata solamente de que se mueva esa información privilegiada en ese ámbito, sino también que hay un ámbito público de información privilegiada, al que se extiende el Derecho español acertadamente, que rebasa las tendencias que en estos momentos existen en países que iniciaron la regulación de esas conductas, como Alemania o Estados Unidos, y está en la línea de un cambio importantísimo en la propia estructura de la propiedad en las sociedades de capitalismo avanzado, donde casi más que la propia propiedad importa el control de la propiedad o el control sobre la riqueza. Es decir, hay una nueva dimensión de la criminalidad económica, que se apoya no tanto en el acceso a la propiedad, sino en el acceso al control sobre la propiedad, al control sobre la circulación de la propiedad o de los bienes más fungibles, como es el caso del dinero o de los valores bursátiles. Es ahí donde hay que incidir. Por eso es por lo que estos delitos de información privilegiada o de tráfico de influencias actúan no ya sobre el núcleo de la propiedad sino sobre los elementos que permiten controlar la riqueza, que pueden más fácilmente aprovecharse económicamente de esa intervención mediante actos de corrupción.
Lo que no nos parece es que esta regulación tenga que ser una mera fachada, una mera imagen, para contentar a eso que se ha llamado la demanda social de la seguridad psicológica frente a este tipo de delitos.
Hay que hacer los tipos penales no para ganar las elecciones sino para que se apliquen en la práctica. No digo que esta regulación se haya hecho para ganar las elecciones, lo que digo es que, viendo las dificultades que puede haber en la redacción de alguno de ellos, convendría reformarlos. Ese es el sentido de las enmiendas que presentamos, tanto en relación con el artículo 408, que ya ha sido aceptada por la Ponencia, como en relación con la información privilegiada y el tráfico de influencias, que son las enmiendas números 806, 807 y 808, que me dispongo a defender más en concreto inmediatamente.
Tanto el artículo 395, que habla de la autoridad o funcionario público que, haciendo uso de un secreto o de una información privilegiada que tiene por razón de su cargo, obtiene un beneficio económico; como el artículo 406 del proyecto, que habla del funcionario público que influye en otro funcionario prevaliéndose de las facultades de su cargo para obtener una directa o indirecta consecuencia beneficiosa desde el punto de vista económico; como el artículo 407, que habla del particular que influye en un funcionario --ya no funcionario sobre funcionario, sino particular sobre funcionario-- para también obtener una resolución que le dé un beneficio económico, en los tres casos siempre aparece la necesidad de que se obtenga un beneficio económico. En los tres artículos, 395, 406 y 407, aparece la necesidad de que haya un resultado de obtención de un beneficio económico. Esto es una gran limitación para las consecuencias beneficiosas que se supone tiene que tener la aplicación de estos artículos del Código Penal en la limpieza de la vida económica y de la vida pública. La necesidad de ir a una obtención de beneficio sin castigar la pretensión de obtenerlo, es decir ir a un agotamiento hasta el final, hasta obtener un beneficio y, si no, no hay un delito consumado de información privilegiada o de tráfico de influencias, limita extraordinariamente las posibilidades de aplicación de estos artículos.
Por eso, hemos planteado lo mismo en las tres enmiendas a esos tres artículos, que se sustituya la expresión «obteniendo un beneficio» por la de «con el fin de obtener un beneficio» en los tres casos. Por tanto, para llegar a un delito consumado de tráfico de influencias o de información privilegiada no sería necesario obtener un beneficio sino que bastaría con tender a obtener un beneficio, es decir, realizar

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la conducta delictiva con la finalidad de obtener un beneficio y agravar la conducta si el beneficio se obtiene. En estas enmiendas distinguimos el delito consumado, del tipo básico, que sería el de que se tienda a obtener un beneficio con estas actividades fraudulentas, con esta información privilegiada torticeramente utilizada o con este tráfico de influencias, de la obtención real del beneficio; si no se ha obtenido el beneficio, se aplica el tipo básico y, si se obtiene, se agrava ese tipo básico. Eso daría una verdadera utilidad a la penalización de estas conductas.
Señoras y señores Diputados, imaginemos que se produjese, como ocurre en muchas ocasiones, un perjuicio efectivo a las expectativas legítimas de otras personas, de derechos a terceros, y no se obtenga un beneficio, no se consumaría el delito. Por el hecho de poner en práctica esta finalidad y de producir daños a otras personas, aunque uno no obtenga el beneficio, debería castigarse. Por eso creemos que la necesidad del agotamiento del delito, la necesidad de obtener beneficio, dificulta, restringe extraordinariamente la figura en su aplicación práctica.
Por último, otra razón para pedir que se aprueben nuestras enmiendas y para sustituir la obtención del beneficio como resultado por la finalidad de la obtención del beneficio como conducta del tipo. Puede suceder --no digo que tenga que suceder necesariamente porque esto está sujeto a una polémica doctrinal--, si no se cambia la redacción de estos tres artículos en el sentido que proponemos, que no se pueda castigar la tentativa de delito de tráfico de influencias o de información privilegiada, por lo siguiente. Aquí, caben dos interpretaciones posibles, lo que requiere una cierta reflexión desde el punto de vista de la dogmática penal.
La primera posibilidad es que se entienda que el beneficio es un resultado del delito, que forma parte del tipo del delito, que el beneficio económico es el núcleo de la lesión del bien jurídico, es decir, que el bien jurídico a proteger fundamentalmente es que no haya ese beneficio económico por parte del funcionario, en cuyo caso sí sería punible la tentativa. Es decir, alguien pretende que se obtenga ese beneficio, no lo consigue, y por tanto se castigaría la tentativa. Eso es lo que nosotros entendemos que debe ser el delito consumado. En fin, imaginemos que ésa es la interpretación, es decir, que el beneficio forma parte del tipo, que es un delito de resultado y que además el beneficio económico es el núcleo de la lesión del bien jurídico que se pretende defender. En ese caso la tentativa de ese delito de tráfico de influencias sería punible. Pero imaginemos que se impone otra interpretación, que va avanzando por cierto en la jurisprudencia cuando se ha aplicado a algo equiparable a esto, que sería el delito fiscal. Me refiero a que la interpretación sea que el beneficio económico no forma parte del conjunto del tipo, sino que es lo que se llama en el Derecho penal una condición objetiva de punibilidad. (El señor Presidente ocupa la presidencia.) Es decir, no forma parte de los elementos del delito, pero sí es una condición objetiva de punibilidad. Como digo, es parecido a lo que sucedería en el delito fiscal. En rebasar cinco millones de delito fiscal, que es lo que se está discutiendo en estos momentos, no es una parte del tipo del delito fiscal, es una condición objetiva de punibilidad. O se rebasan los cinco millones de delito fiscal o, si no, no se puede castigar penalmente. Habría muchos argumentos para entender que esa es la interpretación adecuada. Primero, porque la multa que aparece en el informe de la Ponencia se pone en función del beneficio; segundo, porque, en realidad aquí no estamos defendiendo como bien jurídico el beneficio económico, sino que el bien jurídico que se protege en este título XVI del proyecto de Código es la Administración Pública; son delitos contra la Administración Pública. Se protege la función, no el tema del beneficio económico. El núcleo esencial, el bien jurídico protegido no es que no haya beneficio económico, sino la función que se desempeña por el funcionario, y además, como señalaba anteriormente, el que la jurisprudencia se va orientando en el sentido de considerar que esto es más bien una condición objetiva de punibilidad, que está fuera del tipo por tanto, que se extraña al tipo. A lo que lleva esto es a que si el beneficio está fuera del tipo, y es condición objetiva de punibilidad, la tentativa es impune porque el delito consistiría en la actuación y el beneficio sería solamente una condición de punibilidad.
Por tanto, la tentativa es impune, hasta el punto de que en el Código Penal alemán, por ejemplo, se ha intentado soslayar este problema diciendo expresamente, sin ningún tipo de reticencia, con estas palabras: La tentativa se castiga, para poder castigar la tentativa. Esta cuestión es especialmente importante en el caso del tráfico de influencias, que es cuando se presiona a un funcionario, ya sea por otro funcionario, como dice el 406 del informe de la Ponencia, ya sea por un particular, como dice el 407. Pero si resulta que la tentativa es impune, el funcionario no puede denunciar el hecho porque no es punible. El hecho solamente es punible cuando se obtiene beneficio, por ser una condición objetiva de punibilidad. Creemos que para evitar estos problemas, para evitar que se imponga una cierta interpretación --que es posible que se imponga-- en el sentido de que la tentativa de estos delitos queda impune, sería muy conveniente que apareciese en el tipo la propuesta que hacemos en nuestras enmiendas, que es sustituir la obtención de beneficio por, simplemente, la finalidad de obtención de beneficio por parte de quien lleva a cabo este hecho delictivo.
Este es el sentido de nuestras tres enmiendas, que las he defendido conjuntamente porque tienen una misma filosofía y se refieren a, probablemente, uno de los preceptos más significativos y más importantes, los que dan una mayor impronta o personalidad a este título XVI, Delitos contra la Administración Pública.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Coalición Canaria tiene las enmiendas 1.051 a 1.054, que se dan por defendidas a petición del señor Olarte. Tampoco va a ser defendida, sin que conste ningún mensaje a la Presidencia, la enmienda número 158, del Grupo Mixto.
Por tanto, voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, señor Cuesta, para que fije su posición.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, quiero empezar diciendo que aquí también se producen importantes novedades que es preciso destacar.


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En el capítulo IV se sanciona la infidelidad en la custodia de documentos, pero con un esquema y una estructura distinta a la del vigente 364. Se configura un tipo base y se elimina el delito de la cualificación por el resultado. Se crean tipos nuevos como es la destrucción de los medios para impedir el acceso a los documentos que, a su vez, sean documentos de acceso restringido y se establece una graduación de la pena en el delito cometido por la autoridad o funcionario y por particular. Se mejora la configuración del delito de revelación de secretos y se elevan las penas, en un tipo agravado, sancionando con privación de libertad la revelación de secretos de un particular hecha por autoridad o funcionario. Es decir, se protege la privacidad. La pena de prisión pasa a ser de dos a cuatro años, frente a la pena de arresto mayor que contempla el 367 vigente. Este es el tenor del artículo 394.2 del proyecto de ley. En cuanto al tráfico de información privilegiada, se define este concepto de información privilegiada, lo cual es también un paso importante porque el anterior ordenamiento carecía de una definición clarificadora. Se incrementa la pena de multa, del tanto al triplo del beneficio obtenido. Se sanciona al particular que aprovechare el secreto o la información obtenida de un funcionario o autoridad, a través del artículo 396. Por tanto, se reforma el vigente artículo 368, fruto de la reforma de la Ley Orgánica 9/1991, de 22 de marzo.
En el capítulo V, cuando se habla del cohecho, se mejora también la estructura y sistemática del vigente Código. Se dice: La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero --se introduce este elemento importante--, solicitare o recibiere dádiva para realizar acción u omisión delictiva. Se va a una mayor severidad penal.
El artículo 403.1 diseña un nuevo tipo cuando señala que la autoridad o funcionario que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado: Este es un nuevo tipo delictivo que es importante también reflejar. El artículo 403.2 establece que en el caso de recompensa por el acto ya realizado, si éste fuera constitutivo de delito se impondrá, además, una pena más severa todavía que incluye la privación de libertad.
Por tanto, se va a una mayor severidad penal. La gran novedad está en el artículo 405 al señalar que quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que hubiere accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva y denunciare el hecho antes de la apertura del procedimiento y siempre que no hubieran transcurrido diez días desde la fecha de los hechos.
En el capítulo VI no se modifica prácticamente la estructura de la actual regulación, pero también hay que constatar que se va a un endurecimiento de la pena.
Por lo tanto, en los capítulos IV, V y VI, para todos los delitos relacionados con estos capítulos, sean los relativos a la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, los delitos de cohecho, de tráfico de información privilegiada o de tráfico de influencias, el proyecto de ley endurece las penas que existían hasta el momento. Creo que hay que constatar esto a la hora de abordar las enmiendas de los grupos defendidas en este trámite. No hay, por tanto, impunidad. Hay voluntad de atajar la corrupción, hay voluntad, además, de aplicar unas penas que recojan el principio de la proporcionalidad de la pena y que guarden coherencia con el sistema de penas que diseña este proyecto de Código Penal, pero desde una óptica de endurecer. Esta es una realidad que resulta indiscutible de la mera lectura del proyecto.
El gran avance en este sentido se produjo en la Ley 9/1991, que concitó el acuerdo de la Cámara basado en distintas iniciativas. La reforma del Código Penal actualmente en vigor, fruto de la Ley 9/1991, conoció, entre otras iniciativas, una proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista que incriminaba estos nuevos tipos delictivos de tráfico de influencia, incluso de tráfico de información privilegiada.
Fue el colofón a una línea de trabajo que se había iniciado no sólo desde el orden penal, sino desde otros órdenes como en la legislación electoral o en la legislación administrativa con referencia, por ejemplo, a las incompatibilidades de altos cargos y miembros del Gobierno o a las incompatibilidades de Diputados y Senadores, como elementos que combatían cualquier resquicio o posibilidad de que se tuviese la tentación de confundir lo que podían ser intereses privados con el desarrollo del interés público, con el desempeño objetivo de las responsabilidades de los cargos, sean funcionariales, sean de altos cargos, sean de la función parlamentaria. Esa línea de reforma y de lucha contra la corrupción no sólo no se agotó en 1991, sino que este año se han aprobado importantes medidas de fiscalización, de controles, de controles parlamentarios, de conocimiento del destino de fondos reservados, de un nuevo endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de altos cargos, etcétera. Es decir, que este proyecto se incardina claramente en la línea de cumplimiento del programa electoral socialista, en la línea de impulso democrático, en la línea de dificultar cualquier vía que permita actitudes corruptas, y está influido de una mentalidad de endurecimiento penal. Los hechos están claros en la lectura del articulado, en el que las penas incluso se endurecen.
Hecha esta explicación, me voy a oponer a las enmiendas que han sido defendidas por el Grupo Parlamentario Popular. La mayor parte de ellas son enmiendas que de nuevo pretenden endurecer el tratamiento penal de manera desproporcionada en relación al sistema de penas contemplado en el proyecto. Incluso alguna de ellas es de ordenación sistemática, de la que discrepamos. Es un tema opinable. Por ejemplo, hasta qué punto el cohecho o la prevaricación no es también una negociación prohibida a los funcionarios, cuando intentan decir que la información privilegiada es una negociación prohibida a los funcionarios. Es un tema opinable, como digo. En todo caso, parece que la ubicación sistemática del delito de tráfico de información privilegiada que se hace en el proyecto es la correcta. Otra serie de enmiendas hacen mención a las penas e incluso algunas establecen criterios de redacción con los que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la enmienda 434 intenta modificar el tenor del artículo 395 --recordemos que es el vigente 368 del Código Penal-- cuando regula el tráfico de información privilegiada. En estos artículos se configura

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un tipo delictivo que distingue distintos supuestos en virtud de la gravedad existente en el delito y nos parece, por tanto, que es mucho más correcta la versión del tipo que se hace en el 395 que recoge, por otro lado, lo que fue el sentir unánime del vigente 368, fruto de la Ley Orgánica 9/1991.
El Grupo Popular presenta la enmienda número 436. Tengo que decir que precisamente cuando se aborda la conducta delictiva del artículo 399, en el cohecho, lo que hace el proyecto es eliminar las penas de libertad muy cortas, acorde al sistema de penas. El artículo 399 del proyecto habla de que cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida, tuviera por objeto abstenerse la autoridad o funcionario público de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, las penas serán de multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. El artículo 387, que tipifica una conducta similar, habla de arresto mayor. Hemos ido a la eliminación de las penas muy cortas precisamente para dar más racionalidad y más coherencia a este proyecto de ley. En todo caso, existen también incriminaciones con penas privativas de libertad cuando las conductas son especialmente graves.
La enmienda 437, del Grupo Popular, al artículo 400, también la vamos a rechazar porque, a nuestro juicio, está imperfectamente formulada. Tal como está redactada rebaja de forma espectacular la pena por el delito de cohecho a aquellos que fueren jurados, árbitros, peritos o cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. Por otro lado, la propia enmienda, aunque fue subsanado in voce, no contempla la pena de multa que, en cambio, sí se contempla en el proyecto en el artículo 400 en relación con los anteriores. Creemos que es más duro el proyecto que la enmienda que nos suscita el Grupo Parlamentario Popular.
En el artículo 403.2 estamos ante un tipo nuevo que contempla la pena privativa de libertad cuando el acto realizado por el funcionario o por la autoridad fuera constitutivo de delito. La sanción que se contempla en la configuración de este precepto es un tipo delictivo nuevo, como digo, consistente en que la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente, o admitiera ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, será castigado con la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a seis años. En el caso de recompensa por el acto ya realizado, si éste fuera constitutivo de delito, se impondrá además la pena de prisión de uno a tres años. Creemos que hay una proporcionalidad en el sistema de penas.
Hay que felicitarse por la incorporación de este tipo delictivo que en ningún caso puede ser comparable, en su gravedad, con otras conductas de cohecho más graves todavía que también tipifica el proyecto.
Vamos a rechazar la enmienda 439 por las mismas razones que la anterior.
Al artículo 405, que también es nuevo, el Grupo Popular presenta una enmienda modificativa de la redacción, en el sentido de mantener la filosofía del proyecto de que sea operativa la excusa absolutoria en el supuesto de denuncia por parte de aquel particular que hubiere recibido o accedido a la solicitud de dádiva o de presente. Nosotros creemos que el proyecto es mucho más correcto porque acota la operatividad de esta excusa absolutoria en un plazo muy concreto. El proyecto delimita los plazos con mejor criterio de política criminal. No obstante seguimos abiertos a la reflexión. Es decir, aunque en este trámite nos opongamos, seguiremos dándole vueltas para analizar si es conveniente o no ampliar el funcionamiento de esta excusa absolutoria en la línea de que pudiera ser un buen instrumento en la lucha contra la corrupción, no circunscribiendo la excusa a la denuncia realizada en los diez días siguientes al comportamiento ilícito penal, sino a la denuncia realizada en otros plazos.
Al artículo 406 hay presentada la enmienda 441, del Grupo Popular. Vuelvo a decir que la pena se ha aumentado ya en el proyecto de ley, que en este sentido se endurece. Es más dura la pena que el proyecto de ley contempla en el artículo 407 --estamos hablando ya de tráfico de influencias--; se produce un endurecimiento en proporción también al nuevo sistema de penas que contempla este proyecto. Lo mismo cabe decir en relación a la enmienda 443 y en relación a la enmienda 444, que se refiere al artículo 408, apartado segundo. Aquí, sin embargo, hemos observado que no fue muy explícito el portavoz del Grupo Popular. Yo quisiera llamar la atención sobre un asunto que afecta a este artículo. El Grupo Popular plantea la supresión de un párrafo que pretende incriminar a aquellos que ofreciendo hacer uso de influencias cerca de autoridades o funcionarios, desde el punto de vista de la actividad privada, solicitaren de terceros presentes dádivas o cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento o promesa y que desarrollen una actividad organizada a través de despachos, de empresas, de organizaciones, etcétera. Nosotros creemos que hay que completar la sanción penal con la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por parte de seis meses a tres años. Es decir, que el proyecto es más duro que el planteamiento del Grupo Popular en su enmienda, porque parece que no quiere que se vean afectados los consultings o los despachos especializados en el tráfico de influencias con la posibilidad del cierre. Nosotros creemos que en ese tipo de conductas hay que establecer también la pena de la suspensión de actividades de consultings, despachos u organizaciones especializadas en el tráfico de influencias.
La enmienda 445 pretende que opere la excusa absolutoria que figura en el cohecho para el artículo 405. El Grupo Popular pretende también extenderlo al tráfico de influencias. Nosotros creemos que supondría abrir un exceso en la operatividad de esta excusa, pero también estamos abiertos a una reflexión sobre esta materia.
En relación a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, prácticamente todas han insistido en el mismo tema: en que se incorpore al tipo del delito de tráfico de influencias, incluso del delito de tráfico de información privilegiada, no sólo la obtención en sí de un beneficio económico sino la actividad desplegada con el fin de obtenerlo.


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El criterio de mi grupo a este respecto es rechazar también las enmiendas, máxime en este tramo, aunque abrimos una reflexión sobre la afirmación que ha hecho el señor López Garrido de que no cabe apreciar en este tipo delictivo la tentativa. Nosotros sí creemos que cabe apreciarla y que aquellas actividades de tráfico de influencias que no obtengan el beneficio económico en sí no quedarían impunes, porque su configuración en el artículo 16 de este proyecto, la definición que hace de ella no requiere en sí misma la obtención del beneficio económico para apreciar algún tipo de responsabilidad y de sanción a las actitudes de tráfico de información privilegiada o de influencias, aun cuando desplegada toda la actividad no se hubiere obtenido beneficio económico. El artículo 16 del proyecto dice así: «Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.» Creemos que con el tenor de este artículo 16 damos cabida a las preocupaciones del Grupo de Izquierda Unida, pero estamos dispuestos a seguir reflexionando porque si, desde el punto de vista jurídico, apreciáramos que en la incriminación de estos delitos no encuentra operatividad la tentativa, tendríamos que buscar una fórmula nueva para reflejar un tipo que no sólo sancionara el tráfico de influencias o la información privilegiada cuando se obtiene un beneficio económico, sino también cuando se despliega con el fin de obtener ese beneficio.


El señor PRESIDENTE: ¿Va a ejercitar turno de réplica el portavoz del Grupo Popular? (Asentimiento.) Señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Muy brevemente, señor Presidente, en primer lugar quiero retirar la enmienda 437, al artículo 400, que la verdad es que no me gustaba mucho. Efectivamente, lleva razón el señor Cuesta al decir que está mejor el texto del proyecto que la enmienda que nosotros proponemos.


El señor PRESIDENTE: No se cohíba S. S. Si quiere reiterar más puede hacerlo.


El señor PADILLA CARBALLADA: Por supuesto, pero ya sabe usted que lo bueno siempre está en lo breve y en este caso en lo escaso.
Puede haber planos o perfiles en la forma de encarar el conjunto de un capítulo. Yo quisiera hacer una especial mención al artículo 408. No se puede entender nuestra enmienda al artículo 408 sin hacer referencia previamente a nuestra enmienda 447, en la que figura todo lo que nosotros consideramos que debería estar en relación justamente al supuesto del funcionario público que permite o consiente el uso de inmuebles del Estado para fines distintos de los previstos legalmente, y que guarda una cierta relación según establecemos en nuestra explicación a esta enmienda. Por otro lado, el tráfico de influencias consistente en relaciones entre particulares queda en eso. Es decir: «Los que, ofreciendo hacer uso de influencias cerca de las autoridades o funcionarios, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o aceptaren su ofrecimiento o promesa...» Mi Grupo está abierto a retirar nuestra enmienda si se aceptara, al menos, una transacción en el sentido de que sí debe tener lógicamente algún resultado, porque la mera petición a particulares, sin ningún elemento de fiabilidad ni ninguna apariencia, podría dar lugar a pensar en despachos organizados o en alguien que tenga relación de gestión con oficinas públicas. Para que eso tuviera una lógica, ya que si no es un poco complicado pensar en cómo se va a realizar por sí mismo este tipo delictivo. Nos parece bien que esas conductas estén sancionadas, aunque a nosotros nos preocupaba lo que hemos pedido que se suprima de la enmienda, que es el apartado 2, pero únicamente por la razón de que creemos que cubre suficientemente las previsiones de las consecuencias de las accesorias del artículo 129 del proyecto. Esta es una previsión absolutamente tautológica y está ahí.
De todas maneras, yo quisiera que en el artículo 408 hiciéramos el esfuerzo de establecer dos previsiones distintas. Es decir, que en el caso de que eso realmente responda a la realidad la pena se aumente. Una cosa es la promesa de influencias entre particulares cerca de autoridades, que es una conducta ciertamente reprochable, pero que yo creo que menos grave cuando tenga una potencialidad y cuando esa potencialidad se haya desarrollado. Sugiero que quizá sería conveniente que hiciéramos una enmienda transaccional en el sentido de establecer dos órdenes de penalidad. Es decir, la penalidad del mero ofrecimiento de la influencia frente a la penalidad de ese particular que llega a intentar la influencia de otra manera distinta a la tipificada en el artículo 407.
Creo que habría ahí dos posibilidades.
En cuanto al tráfico de influencias, todos estamos de acuerdo en que había que regularlo. Ya se abordó la cuestión en la norma que ha estado vigente hasta ahora, y hemos de decir --no nos duelen prendas-- que en términos generales consideramos bastante mejor el texto del proyecto de ley. Esa es la razón de que nuestras enmiendas no hayan ido más allá de alguna precisión técnica como la que acabo de decir. Esto es, el apartado segundo, del artículo 408, vuelve a señalar probablemente lo que ya el Código decía y las medidas que debía adoptar la autoridad judicial. Señor Cuesta, estamos de acuerdo en ir contra los despachos de abogados, los consultings y contra todos los despachos que usted quiera, de lo que usted quiera, siempre que cometan esa conducta , además, de eso saben ustedes más porque tienen más práctica.
En cuanto a la idea de la proporcionalidad, ésta se puede aplicar a capricho o no. Creemos que estamos en uno de esos aspectos del nuevo Código Penal que precisan de un talante absolutamente riguroso, no de un talante vengativo, y por más que usted diga, creemos que también guarda proporcionalidad y coherencia el sistema de penas que proponemos.
Mantenemos nuestras enmiendas en ese punto que, como usted muy bien ha dicho, responden a una línea de endurecimiento. Ustedes dicen que endurecen y

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nosotros pretendemos que se endurezca más. Ustedes pretenden ya que el endurecimiento que han arbitrado como pauta es suficiente. Es una cuestión exclusivamente de magnitudes y no se trata de que digamos que por ese sistema de endurecimiento se van a conseguir, a lo mejor, imágenes más dramáticas, pero sí consideramos que si la pena, como elemento de prevención general (y en este caso, además, de prevención especial de un tipo de delitos), tiene algún valor, está en función de la entidad de la misma.
Nosotros queremos aquí toda la prevención e insistimos en esas previsiones. Y como me imagino que usted va a decir que la clave proporcional de las penas, que solamente ustedes poseen en este Código, es la que ustedes dicen, poco más tengo que añadir.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: El señor Cuesta, en una lacónica intervención, ha rechazado nuestras tres enmiendas, la números 806, 807 y 808, refiriéndose solamente a un aspecto que yo traté, que es el relativo a la tentativa. La verdad es que sobre el resto de mis argumentos ha habido un silencio absoluto, y me gustaría saber si comparte esos argumentos o no, porque habría que entender que el que calla otorga. Quisiera saber por qué razón se rechazan las enmiendas sin rebatir los argumentos.
Voy a empezar sobre lo que el señor Cuesta ha dicho respecto a la tentativa. Me alegro de que mi intervención haya suscitado una preocupación sobre qué tal y cómo están redactados ahora mismo los artículos 395, 406 y 407 del proyecto pudiera resultar impune la tentativa.
Para que quede claro, y con toda honestidad intelectual, he dicho que no necesariamente tendría que quedar impune la tentativa. He dicho que podría abrirse una polémica doctrinal y jurisprudencial que al final, porque hay argumentos para ello importantes, podría inclinarse a entender que la tentativa queda impune. Pero desde luego no es de recibo, desde el punto de vista de la estricta técnica penal, el argumento que ha empleado el señor Cuesta, y es que el artículo 16 del proyecto habla de la tentativa en los términos que ha señalado. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos anteriores. El problema, señor Cuesta, es que si la tentativa es cuando se da comienzo a la ejecución del delito, habría tentativa cuando forme parte del delito la obtención de beneficio. Si la intención de beneficio forma parte del tipo, y es entendido así, entonces el comienzo de la ejecución abre la posibilidad de la tentativa. Pero como puede suceder --y ésa es la orientación jurisprudencial-- que la obtención de beneficio no sea considerada parte del tipo, sino que sea una causa objetiva de punibilidad externa al tipo --como pasa con el delito fiscal, según la jurisprudencia que últimamente va abriéndose paso--, entonces no habría tentativa punible nunca, porque no se empezaría a ejecutar realmente el delito, ya que el beneficio económico no forma parte de ese tipo. Esta es la razón por la cual, si se impusiese la tesis de que el beneficio económico es algo externo al tipo y solamente es causa objetiva que desencadena la punibilidad, habría imposibilidad de penar la tentativa.
Esa posibilidad --yo no la he dado como seguridad-- es la que nos lleva a considerar que debería eliminarse esa hipótesis.
Como he visto que S. S. es sensible a esta posibilidad, voy a intentar tranquilizarle y evitar que tenga que pensárselo mucho de aquí al Pleno presentando tres enmiendas «in voce» a los artículos 397, 406 y 407, en las que se diga lo que incluye --para evitar problemas-- el Código Penal alemán. Es decir, que se añada al final de los tres artículos lo siguiente: «la tentativa es punible». De esa forma queda claro que esa tentativa es punible, satisface la pretensión del señor Cuesta de que, efectivamente, lo sea, y no hay ninguna duda de que se consiguen los objetivos que comparte su Grupo y el mío.
De todas formas, aun cuando se aceptasen estas enmiendas «in voce» en el sentido de que la tentativa de tráfico de influencias o la tentativa de información privilegiada, utilizada abusivamente, es punible, aun cuando se aceptasen, repito estas enmiendas transaccionales --que pasaré a la Mesa inmediatamente--, no se terminaba el problema, porque seguiría habiendo una limitación en el tiempo establecido en estos artículos, y es que, hasta que no se obtenga un beneficio, no se consuma el delito.
Podría castigarse a lo mejor la tentativa, pero no el delito consumado hasta que se obtenga un beneficio.
Nosotros creemos que, aunque no se obtuviera un beneficio económico, solamente con la intención de beneficiarse económicamente, influyendo o presionando un funcionario público sobre otro, un particular sobre otro, o abusando de una información privilegiada, solamente con esa finalidad debería castigarse la conducta. Hay que tener en cuenta que aquí no estamos en el caso de la información privilegiada, del «insider trading», en el mercado de valores o el tráfico de influencias entre particulares en el mundo mercantil, que ni siquiera está penalizado. Porque en este caso, en el mundo de mercados de valores, en el mundo privado, el valor a proteger es un valor patrimonial, estrictamente hablando. Es decir, es un tema que tiene que ver con el tráfico económico, con el tráfico comercial, con los aspectos patrimoniales. Esos son los valores jurídicos que se defienden cuando se castigan estas conductas en el mundo estrictamente privado. Pero en el caso que estamos contemplando no es así, porque estamos ante un título XVI que habla de los delitos contra la Administración pública; se defiende el valor del funcionamiento adecuado de la Administración pública, del funcionamiento limpio y honesto del funcionario público; por tanto, la mera intención de obtener beneficios de un funcionario sobre otro funcionario, o de un particular sobre un funcionario, o en el sentido de tráfico de influencias, debe castigarse, porque se está protegiendo el valor de la función, el valor del funcionamiento adecuado de la la Administración pública.
Por esto es por lo que nosotros mantenemos estas enmiendas, recordándole, además, puesto que no me ha contestado a estos argumentos, que puede darse un caso en el que un funcionario público que hace tráfico de influencias,

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y un particular que hace tráfico de influencias sobre un funcionario, aun sin obtener beneficio, puede producir lesiones objetivas daños de expectativas legítimas a terceros y, sin embargo, no sería castigado, como no sea que el que hace el tráfico de influencias obtenga un beneficio al final. Es decir, la definición de este delito como puramente de resultado significa una enorme limitación al mismo, que es explicable y entendible en el caso de una información privilegiada o de un tráfico de influencias en el campo privado, pero que no lo es cuando el título pretende defender la honestidad en el funcionamiento de la vida pública.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, voy a empezar por esta última intervención.
Lo primero que quiero resaltar es que, tanto en tráfico de influencias, este proyecto de ley recoge la reforma en vigor, fruto de la Ley 9/1991, y la endurece, es decir, hay penas de privación de libertad que, en el artículo 400 bis a) vigente, suponen el arresto mayor y que, siguiendo el tenor de este proyecto de ley, llegan a un año de privación de libertad, y en otros supuestos a más dureza penal todavía. Por tanto, existe dureza penal, pasándose a un estadio más en esa dureza penal al endurecer la sanción de cualquier conducta que implique tráfico de influencias.
Ahora bien, convendría hacer una reflexión, si estimáramos en su literalidad la tesis del señor López Garrido, y es la siguiente. Vayamos a un caso práctico. ¿Que ocurre cuando al despacho parlamentario de un grupo cualquiera de la Cámara concurre un número de trabajadores en representación de una central sindical, pidiendo que se interceda en favor de una moratoria fiscal, o de una moratoria de la Seguridad Social, para evitar una situación de daño económico a esa empresa que pudiera generar desempleo? ¿Cuál es la gestión del Diputado, o del Senador en su caso, en un supuesto de este tipo? Si obtiene un beneficio económico estaría haciendo tráfico de influencias puro y duro (delito), pero si inicia gestiones ante las propias administraciones, ya sea para realizar un derecho de terceros, ya sea para intentar encontrar moratorias que alivien una situación en el mundo del empleo en defensa de unos intereses que le han sido planteados, bien por una corporación, bien por una asociación, bien por un sindicato, ¿estaríamos ante el tipo delictivo del tráfico de influencias? Con la fórmula que nos ofrece expresamente Izquierda Unida podríamos incriminar la actividad mediadora de los cargos públicos, la actividad mediadora desinteresada.
Yo creo que es muy importante, en la configuración de ese tipo de delito, incluir no solamente la actividad de influir, no solamente la actividad de prevalerse del ejercicio de facultades del cargo, no solamente de conseguir una resolución, sino el obtener por ello, directa o indirectamente, un beneficio económico. He aquí el problema real del tráfico de influencias. Por eso no se puede incorporar a este tipo de delito simplemente las intenciones, sin hacer una reflexión sobre ello.
Es bien cierto que en la literalidad de la enmienda de Izquierda Unida se alude a que el fin sea la obtención directa o indirectamente, de un beneficio económico. Si es así, y se interpreta, además en el sentido de obtener un beneficio económico propio, en todo caso estaríamos ante una tentativa.
Con esta reflexión lo que pretendo decir es que en la configuración del tipo me vale la actual redacción, que es fruto, además, del consenso de esta Cámara en el año 1991; me vale el endurecimiento que contempla este proyecto y me valen también las tres enmiendas «in voce», para que nadie se escape, que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida, y que quedan aceptadas.
En relación al resto, simplemente hacer una matización. Me alegra que el señor Padilla haya sido sensible a las enmiendas que él había planteado, porque, en efecto, hay una serie de conductas que este proyecto --conviene que se tenga muy claro-- incorpora como nuevos tipos delictivos, entre otros, determinadas actividades privadas, y las actividades, además, del artículo 408. A mí me parece muy importante que el proyecto sancione no solamente a los que ofrezcan el tráfico de influencias desde la óptica privada con penas de multa o, en su caso, con privación de libertad, sino también con el cierre o con la suspensión de las actividades, porque es bien sabido que en el tráfico de influencias existen organizaciones empresariales, consultings o despachos que viven de esto, y eso, tal como está configurado en estos momentos, no se da precisamente en los ámbitos de la izquierda, se da en algunos ámbitos de la sociedad, conocemos muchas prácticas en ese sentido, y nos parece que hay que incriminar con la suspensión de las actividades a esos despachos o esas organizaciones, y el proyecto de ley lo deja muy claro: «En cualquiera de los supuestos a que se refiere este artículo» (es decir, el tráfico de influencias), «la autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de actividades de la sociedad, empresa, organización o despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de seis meses a tres años». Es fundamental establecer este criterio. (El señor López Garrido pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, ¿qué desea?

El señor LOPEZ GARRIDO: Una pequeña precisión, porque ha introducido un ejemplo al que yo me quería referir, y ha aceptado unas enmiendas transaccionales que he presentado y que yo le agradezco, porque denota que, efectivamente, hay una sensibilidad sincera respecto de lo que yo planteé en mi intervención. De esa forma, lo que nosotros exponíamos en nuestras enmiendas iniciales como delito consumado se va a transformar en una tentativa de delito, lo cual supone un avance, ya que queda claro que hay tentativa, y en este sentido nos parece importante que se hayan aceptado estas tres enmiendas transaccionales.
De todas formas, le debo decir que sería mucho mejor que se mantuviese como un delito consumado simplemente

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el hecho de traficar con influencias con la finalidad de obtener beneficios. Es una conducta que debe objetivamente ser castigada como delito consumado. Nos parece un avance lo que se ha hecho, pero mantenemos que eso debería seguir consiguiéndose en la interpretación de nuestras enmiendas que defendí anteriormente.
En cuanto al ejemplo que ha señalado de un grupo parlamentario que recibe la visita de una delegación sindical para que actúe en el sentido de que se obtenga una moratoria fiscal, como muchas otras gestiones que se realizan por grupos parlamentarios o por personas particulares, hay una enorme diferencia, naturalmente, con las propuestas de nuestras enmiendas, primero, porque, como el señor Cuesta ha dicho, la acción punible es la que tiene la finalidad de obtener un beneficio, para sí o para terceros, cosa muy distinta de las gestiones que se hacen constantemente por los grupos parlamentarios; además, no es que se puedan hacer, es que se deben hacer, porque eso es parte de la obligación.
Pero hay una segunda parte importante que creemos necesario subrayar, porque no solamente afectaría a grupos parlamentarios, sino a cualquier profesional que mediase ante las administraciones públicas. Y es que cualquier influencia o gestión no es punible. Sólo lo es aquella que tiene como finalidad obtener un beneficio, pero que tiene que obtenerlo mediante una infracción de los deberes del cargo público, o mediante la quiebra de la imparcialidad que tiene que tener toda autoridad. Cuando se produce eso es cuando es punible esa conducta; es decir, cuando se infringen los deberes del cargo o cuando se infringe la imparcialidad que tiene que tener todo funcionario o autoridad; si no, miles, millones de conductas que se hacen todos los días en plena gestión serían punibles.
No es ésa, naturalmente, la interpretación que hay que darle. En este sentido, creo que la doctrina y la jurisprudencia es absolutamente pacífica. Luego no hay ninguna preocupación respecto al ejemplo que señalaba el señor Cuesta.


El señor PRESIDENTE: El señor Cuesta tiene la palabra.


El señor CUESTA MARTINEZ: No voy a abrir ahora un nuevo debate, pero en la enmienda de Izquierda Unida se dice «con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero». Es decir, que incluso la conducta legítima de intermediación, en ese ejemplo práctico que ponía de intermediar en una moratoria para salvaguardar el empleo, provoca un beneficio económico en un tercero, que es en el empresario. (El señor López Garrido: En el proyecto también.) Por eso digo que si aceptáramos la enmienda en la literalidad que había planteado, abriríamos una incriminación, o por lo menos estableceríamos dudas razonables sobre si actividades de realización del propio derecho, pongo por ejemplo, que implican gestión ante las administraciones públicas, pero que son de realización del derecho que la Ley Electoral, en la regulación de las incompatibilidades, declara como compatibles y autorizables, podrían quedar incriminadas. La actividad legítima de los sindicatos o de los parlamentarios haciendo gestiones o interesándose por problemas suscitados desde distintos lugares de la sociedad, como generarían siempre algún tipo de consecuencia o beneficio para terceros, podrían ser incriminables. Por eso, para evitar esas dudas, creemos que es más concreto y más correcto el tipo, que es pacífico, tal como está en el proyecto y como viene de la Ley 9/1991, con independencia de que hemos aceptado esas enmiendas «in voce».
Nada más. (El señor López Garrido pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Ya sería un cuarto turno, señor López Garrido.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, se me olvidó anunciarle unas enmiendas «in voce».


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, advierto que no someteré a votación las enmiendas «in voce» que no se me presenten con tiempo suficiente para incorporarlas a mis notas. Todavía estoy sin recibir algunas enmiendas «in voce» anunciadas en debates anteriores.


El señor CUESTA MARTINEZ: No he tenido tiempo para pasárselas; llevo atado toda la mañana a esta silla, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia comprende sus dificultades, pero espero que SS. SS. comprendan la dificultad que tengo yo de iniciar la votación sin disponer de los textos.


El señor CUESTA MARTINEZ: En un minuto se las paso. De todas maneras, tengo que hacer necesaria referencia a ellas porque son aspectos muy breves.
Una enmienda, señor Presidente, es al artículo 393. En el informe de la Ponencia hay una imperfección, y debe recoger el siguiente tenor. Se lo leo aunque posteriormente se lo pasaré a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Hágame referencia a ella, por favor.


El señor CUESTA MARTINEZ: Artículo 393.


El señor PRESIDENTE: ¿De qué Capítulo?

El señor CUESTA MARTINEZ: Del Capítulo IV. Dice así: «Serán castigados con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los tres artículos anteriores los particulares...» El resto igual.
En el artículo 402 se habla del «sobornante». En el Diccionario de la lengua no encontramos la expresión y, en cambio, en todos los diccionarios jurídicos aparece consolidada la figura del sobornador.
Parece que debería sustituirse la palabra «sobornante» por la de «sobornador».
Y nada más en este trámite de enmiendas «in voce». Ahora se las pasaré a la Mesa.


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El señor PRESIDENTE: Tiene pendiente también la enmienda «in voce» 104, al artículo 387. No olvide presentarla.
Suspendemos la sesión por un minuto.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Comenzamos las votaciones. En primer lugar, veremos el capítulo IV del Título XIV. Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Popular números 415 a 419.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 795, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 88, del Grupo Vasco PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 1.034, del Grupo de Coalición Canaria, no se somete a votación por estar incorporada al informe de la Ponencia en su integridad, y están decaídas las enmiendas números 155, 156 y 195 del Grupo Mixto.
Votamos el informe de la Ponencia en lo relativo al capítulo IV del Título XIV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al Título XV.
Retirada la enmienda 420, del Grupo Parlamentario Popular, están pendientes las números 420, 421, 422, 423, 424 y 425, que se someten a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, números 796 a 803, inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda 1.158 del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Vasco PNV, números 89, 90 y 91.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Solicito votación separada de la enmienda 90.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 90, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas 89 y 91, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, números 1.035 a 1.042, ambas inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda «in voce» número 101, al artículo 377, del Grupo Socialista, para subsanar errores gramaticales. Debe decir: La fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias, máquinas, programas de ordenador o aparatos específicamente destinados a la comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores será castigada con la pena señalada en cada caso para los autores.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Advierto a SS. SS. que, sin necesidad de enmienda «in voce», se subsanó el error que consta en el informe de la Ponencia, pero que no responde realmente a los acuerdos de la Ponencia, relativo al artículo 363, que consistía en eliminar el párrafo tercero que comienza por «será castigado con la pena» y termina por «la expedición o distribución».


El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, quiero recordar también, si a S. S. le parece, que en el párrafo segundo se sustituía dos veces la palabra «el» por la palabra «al», que también se había recogido mal por error.


El señor PRESIDENTE: Si no tengo mala memoria, este error lo habíamos subsanado ayer, pero no está de más que S. S. lo recuerde. Se trata de sustituir dos veces la palabra «el» por «al» en el párrafo segundo del informe de la Ponencia.


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A continuación, votamos el informe de la Ponencia en lo relativo al Título XV, rúbrica y contenido.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia.
Pasamos a votar la parte que hemos debatido esta mañana del Título XVI.
Enmiendas del Grupo Popular comprendidas en los capítulos I, II y III, que han tenido una unidad de debate. Son las enmiendas números 426 hasta la 433.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. Retirada la 805, queda viva la 804.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), número 1.159.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 92, del Grupo Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, uno; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Están incorporadas a la Ponencia y no se votarán la 1.046 y la 1.047.
Votamos, en consecuencia, las restantes enmiendas vivas, que son la 1.044, la 1.045, la 1.048, la 1.049 y la 1.050.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, pedimos votación separada de la 1.043; el resto en otro grupo.


El señor PRESIDENTE: La 1.043 no forma parte de estos capítulos. Fue votada con anterioridad.


El señor PADILLA CARBALLADA: Entonces empezamos en la 1.044. La 1.046 y 1.047 están incorporadas al dictamen.
¿El capítulo IV no se va a votar ahora?

El señor PRESIDENTE: No, se votará después.


El señor PADILLA CARBALLADA: Entonces, nada.


El señor LOPEZ GARRIDO: No sé si la enmienda 1.045 sigue viva.


El señor PRESIDENTE: Sigue viva.


El señor LOPEZ GARRIDO: Entonces preferiría que la votásemos por separado.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 1.045, del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 18; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1.044, 1.048, 1.049 y 1.050.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas «in voce» al capítulo III.
En primer lugar, la enmienda del Grupo Popular número 102, formulada al artículo 387.1. Dice así: Añadir después de «sentencias», en el párrafo primero, la expresión «y demás resoluciones judiciales».


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda «in voce» número 103, del Grupo Popular, también al artículo 387, esta vez al apartado 2. Consiste en añadir al final y después de «otra disposición general» la expresión «y así lo hagan constar fehacientemente».


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Nos queda la enmienda 104, suscrita por el Grupo Socialista, también con relación al artículo 387. Pretende añadir la expresión «abiertamente» después de «se negare».


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Queda una enmienda, a la denominación del título, del Grupo Coalición Canaria, que es a la que había aludido el señor Padilla; efectivamente tenía razón. Esa enmienda había que votarla. En materia de votaciones siempre se equivoca la Presidencia.
Enmienda 1.043.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 17; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la rúbrica del Título XVI y los capítulos I, II y III.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar los capítulos IV, V y VI.
Enmiendas del Grupo Popular.
Se ha retirado la enmienda 437 y subsisten las números 433, 434, 435, 436, 438 y siguientes, hasta la 445, que pasamos a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Retirada la 809, subsisten la 806, 807 y 808, que votamos a continuación.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, pedimos votación separada de la 808.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 808, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 806 y 807, que votamos a continuación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 25; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, números 1.051 a 1.054.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
No se somete a votación, por haber sido incorporada al informe de la Ponencia, la enmienda número 628, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos a continuación las enmiendas «in voce». En primer lugar, la número 105, formulada al artículo 393. Terminar la redacción con la expresión: Con las penas de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivamente señaladas en los tres artículos anteriores.


El señor CUESTA MARTINEZ: No termina la redacción, sino que se inicia.
Dirá: Serán castigados con las penas... y, a partir de ahí, el resto de la enmienda «in voce».


El señor PRESIDENTE: La Presidencia va a nombrar asesor para las enmiendas «in voce» al señor Solano, que las presenta con claridad. Aquí hay unos puntos suspensivos, señoría. Asesore, señor Solano, sobre las enmiendas «in voce», que la Presidencia se lo agradecerá vivamente.
Con la aclaración expresada, se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Enmienda número 106, también «in voce», del Grupo Socialista, al artículo 402. Sustituir la palabra «sobornante» por la de «sobornador».


El señor CUESTA MARTINEZ: Simplemente para ilustrarle que «sobornador» proviene del latín «sobornator». (Risas.)

El señor PRESIDENTE: No voy a admitir cuestiones de orden sobre etimología.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda «in voce» número 107, del Grupo Federal de Izquierda Unida, al artículo 397, que propone añadir: La tentativa es punible.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda «in voce» número 108, del señor López Garrido, al artículo 406, que propone añadir al final del párrafo «La tentativa es punible».


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, en la línea de estas correcciones terminológicas, nos parece más correcto decir «La tentativa será punible», en vez de «La tentativa es punible».


El señor PRESIDENTE: Corregida sobre la marcha la enmienda «in voce», el texto dirá «La tentativa será punible».


El señor PADILLA CARBALLADA: Perdón, señor Presidente, pero después de qué párrafo.


El señor PRESIDENTE: Al final del párrafo.


El señor PADILLA CARBALLADA: Es que son muchos párrafos, será del parágrafo total del texto del artículo. ¿Está hablando del artículo 406, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: No hay más que un párrafo, señoría; es un largo párrafo.


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El señor PADILLA CARBALLADA: O sea, al final del artículo, añadir «La tentativa será punible».


El señor PRESIDENTE: Exactamente.


El señor PADILLA CARBALLADA: Parece bien que la tentativa sea punible, pero la técnica legislativa es detestable. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ya en este momento, las opiniones se manifiestan a través de la votación. No es posible abrir un debate de nuevo.
Se somete a votación la enmienda «in voce» número 108.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Pese a los escrúpulos, se aprueba por unanimidad.
Enmienda «in voce» número 109, del señor López Garrido, al artículo 407.
Y le auguro éxito, porque el texto de la enmienda «in voce» es idéntico al de la enmienda anterior: «La tentativa será punible.»

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votamos a continuación el informe de la Ponencia, en lo relativo a los capítulos IV, V y VI de este Título XVI.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Abordamos conjuntamente los Capítulos VII, VIII y IX del Título XVI, que comprende los artículos 410 a 422, dedicados a los delitos de malversación, de los fraudes y exacciones ilegales y de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
Las enmiendas presentadas a estos tres Capítulos son pocas: las números 446, 447, 515, 448 y 514, del Grupo Popular, y 1.055, 1.056 y 1.057, del Grupo de Coalición Canaria.
Vamos a abordar, en primer lugar, las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria números 1.055, 1.056 y 1.057, para dar tiempo a que se incorporen los señores miembros de la Comisión y no retrasar más el comienzo de este debate.
Señor Olarte, su Grupo tiene tres enmiendas; las números 1.055, 1.056 y 1.057, que puede defender seguidamente.


El señor OLARTE CULLEN: No repuesto todavía de la celeridad con que se me ha concedido el uso de la palabra, paso a defender las enmiendas 1.055, 1.056 y 1.057.
La primera es al artículo 416 del proyecto de Código Penal, en la que nosotros abogamos por su supresión, remitiéndonos a cuanto hemos expresado en la justificación de nuestra enmienda, por la que proponíamos un artículo 254 bis nuevo.
Por lo que se refiere a la enmienda 1.056, al artículo 420 del proyecto de Código Penal, con anterioridad hemos formulado una enmienda interesando un artículo nuevo, que sería el 170 bis, para incorporar, dentro de los abusos sexuales, un nuevo tipo con el contenido que actualmente tiene el artículo 420, que debe desaparecer de su actual ubicación, ya que el bien jurídico protegido con tal norma es la libertad sexual, cuya agresión, cuando se abusa del carácter de autoridad o funcionario público para doblegarla, no deja de ser un delito de abuso sexual agravado por el carácter público del agente. No es un delito cometido por un funcionario público, sino que prevaliéndose del carácter y de la fuerza que le da el ser autoridad o funcionario público agrava el abuso sexual. Luego su ubicación, su ortodoxia, se encuentra sistemáticamente dentro de los delitos de abusos sexuales, que es por lo que, en su día, ya habíamos propuesto las enmiendas correspondientes, que no prosperaron. Nos parece que tenemos tanta razón que insistimos en ello y, a nuestro juicio, la ubicación correcta de este tipo se encuentra exactamente mejor dentro del Capítulo I del Título VII del Libro II del Código Penal y no, como hace el proyecto incorrectamente, dentro de las negociaciones y actividades económicas que están prohibidas a los funcionarios. ¿Qué negociación, qué actividad, precisamente económica, es la del funcionario que realiza un abuso sexual prevaliéndose de tal carácter? La actividad será la sexual, evidentemente, prevaliéndose de su carácter. Por eso, con esta enmienda de supresión acreditamos la coherencia con la enmienda anterior a la que, por las mismas razones, nos hemos referido.
También por las mismas razones de sistemática proponemos en la enmienda 1.057 la supresión del artículo 422 del proyecto de Código Penal, puesto que mantenemos el mismo criterio por el que hemos abogado al tratar de suprimir los artículos 414 y 415 en su actual ubicación en el Capítulo VIII para trasladarlos al correspondiente emplazamiento en el capítulo sancionador de los abusos sexuales, a los que tan reiteradamente en la defensa de estas enmiendas nos hemos referido. De ahí que parezca obvio que tengamos, por coherencia con ello y por razones de la sistemática, hacer igual propuesta que hemos hecho anteriormente con los artículos 416 y 420 de este proyecto.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular tiene las enmiendas 446, 447, 448, 514 y 515.
¿Está el señor Pillado en condiciones de defender las enmiendas?

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El señor PILLADO MONTERO: Si me deja «aterrizar» un momentito, señor Presidente, haré lo que pueda.
¿Me permite un minuto nada más, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Pillado. (Pausa.)

El señor PILLADO MONTERO: Paso a defender, con la brevedad que las circunstancias imponen, las enmiendas a los Capítulos VII, que trata de la malversación; VIII, que se refiere a los fraudes y exacciones ilegales, y al IX, de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
La primera enmienda es la 446, que trata de modificar la rúbrica del Capítulo VII, para que además de la malversación de caudales diga: «o utilización indebida de bienes públicos». Es obvio lo que se pretende con esta enmienda y con esta nueva rúbrica que proponemos, que es abarcar ciertas conductas delictivas que están en la mente de todos, sin que yo tenga que dar más explicaciones al respecto.
En consonancia con esta enmienda 446 está la 447, que, en efecto, trata de tipificar la utilización indebida de bienes públicos, a fin de que se contemple el supuesto del funcionario público que permita o consienta el uso de inmuebles del Estado para fines distintos de los previstos legalmente. Es tan notoria la conducta que pretende abarcar esta enmienda, al igual que la anterior, que ello me exime de demasiadas justificaciones, puesto que es un tema que está en la opinión pública.
Respecto a la enmienda 448, también se dirige a modificar una rúbrica. En este caso concreto la del Capítulo IX y último del Título XVI. Dice la rúbrica: «De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función».
Nosotros pretendemos que se incluya, después de funcionarios públicos, «y a determinados particulares». También esta enmienda va en la misma línea de las dos anteriores y su justificación --repito-- es de dominio público.
La enmienda 514 trata de ubicar los artículos 522 al 524, contenidos en la sección 4.a del Capítulo V del Título XVIII, dentro de la materia que ahora nos ocupa, concretamente en el Capítulo IX del Título XVI, relativo a las negociaciones y a las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de la función, porque creemos que estos artículos deben tener su asiento donde nosotros pretendemos. Al respecto solicitamos que pasen a ser, en principio, los artículos 422 bis a), bis b), bis c) y bis d), sin perjuicio de la posterior enumeración que haya que dar a todo el texto.
Por último, la enmienda 515 también va en la línea de modificar la rúbrica del Capitulo VIII del Título XVI para que pase a denominarse «de los fraudes, exacciones y expropiaciones ilegales» y que el artículo 525 pase a ser el 415 b), también por razones de congruencia y de similitud con los bienes que se protegen en el lugar donde estos artículos intentan reubicarse.
Con ello doy por terminada la defensa de esas enmiendas, agradeciendo, una vez más, al señor Presidente su comprensión.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Antes de empezar mi intervención quisiera decir que me han transmitido los demás grupos parlamentarios que tienen enmiendas pendientes que se mantengan y que, por tanto, se den por defendidas en sus términos.
En relación a las enmiendas defendidas, anuncio también la oposición de mi Grupo a ellas, tanto las que se refieren a los nuevos títulos de los capítulos, por considerar que se adecúa el proyecto al contenido que se refleja tanto en la malversación como en los fraudes y exacciones ilegales, como en las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su profesión.
Por ello rechazamos las enmiendas del Grupo Popular, al considerar que es mejor la sistemática del proyecto. También, por las mismas razones que en su momento se dieron, rechazamos las enmiendas de Coalición Canaria que plantean un cambio de sistemática.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Padilla, por el Grupo Parlamentario Popular, para replicar.


El señor PADILLA CARBALLADA: La verdad es que nos sorprende la alegría con que se despachan estas pocas enmiendas. Hay una muy significativa, que es la que interesa, que se refiere a la introducción del artículo 413 bis en este texto del proyecto de Código Penal, así como otras dos más que después comentaré.
Señorías, una de las cosas que más me ha sorprendido en mi no demasiado largo, porque no tengo demasiados años, pero sí bastante intenso examen de texto, ha sido un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Voy a hacer un uso consciente de la condición parlamentaria para comentar esa resolución, que pueden ustedes cuando quieran examinar, en la que se decía, para huir --jurídicamente hablando-- de determinados tipos del Código Penal, que la condición de Vicepresidente del Gobierno y la de Vicesecretario General de un partido político determinado --ustedes saben bien quién es-- era inescindible.
Cuando una persona desempeña un misma función en un partido (hay muchos ciudadanos que se encuentran en esa situación y, además, tienen responsabilidades públicas porque para eso se está en la vida política), es difícil separar el hecho de que sea al mismo tiempo una cosa y otra.
Pero resulta que esa idea de inescindibilidad, que tiene unas consecuencias jurídicas en la tipificación de actos, fundamentalmente de delitos de autor, va más allá de esa inescindibilidad «de facto». La prueba de que era escindible es patente, porque en este momento ese mismo sujeto de derecho, de obligaciones y de todo lo demás, es Vicesecretario General de un partido político y no es Vicepresidente del Gobierno.
Es verdad que ha habido una línea de sentencias en las que de alguna manera se ha dicho que se puede ser cooperador necesario, no siendo funcionario, en un delito de los que solamente pueden cometer los funcionarios públicos. En todo caso, es una doctrina todavía no definitivamente

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asentada. Es evidente también que hay tradición jurídica en nuestro ordenamiento, empleando un término vulgar, de abuso de los bienes públicos y que esa tradición jurídica se ha aplicado en función de los códigos punitivos que en nuestra historia hemos tenido, y creo que con acierto.
La verdad es que se ha puesto de relieve por la práctica que las malversaciones eran insuficientes, porque la picaresca inacabable de las personas que se dedican a pensar y reflexionar sobre la posibilidad de buscar beneficios en los recónditos lugares del Estado siempre lo pueden encontrar. Ustedes no pueden negar la incorporación de este precepto al Código Penal porque saben que ha sucedido, que ha habido quien ha utilizado sedes de órganos de la Administración pública siendo particulares (asistentes o no, no se sabe de quién; por eso hacía el prolegómeno de la inescindibilidad) para fines distintos de los atribuidos por la ley o por norma reglamentaria a los órganos administrativos. Ustedes saben que se ha dicho, y probablemente con razón, que era difícil el encaje jurídico de conductas de ese tipo en el Código Penal.
Pues bien, como los inmuebles al servicio de los intereses del Estado y de los fines públicos están para lo que están y se ha visto que pueden en algún momento determinado ser utilizados desviadamente de esos fines, como el problema tampoco es cuánto cuesta la luz, el teléfono o las limpiadoras, sino ese hecho en sí mismo que tiene una entidad propia, que tampoco es necesariamente proporcionado a su evaluación económica, a nosotros nos parece que debe incorporarse a este nuevo Código Penal, en un acto razonable, de autorreflexión de todos esos fenómenos, que no es conveniente que puedan proliferar en este momento, y que el mejor dato siempre es la experiencia para saber que se pueden producir. Creo que es un tipo absolutamente razonable en el que se contemplan esas dos posibilidades: que el funcionario público facilite o consienta el uso de inmuebles propiedad del Estado, o arrendados por éste, a particulares para fines distintos de los atribuidos por ley o norma reglamentaria a los órganos administrativos de que se trate, con una pena importante, porque, además, ahí hay toda una escenografía del poder público al servicio de intereses particulares que no puede quedar al margen del Código Penal. En segundo lugar, la utilización de ese inmueble para la realización de algún acto constitutivo de delito, que sería, naturalmente, una previsión más agravada, con independencia de la pena que corresponda al delito o delitos principales. Y, finalmente, la utilización de bienes muebles públicamente inventariados en las oficinas o dependencias públicas en las que desempeñan sus funciones. Al ser inventariados ya no hablamos de cualquier bien mueble sino sólo de aquellos que efectivamente deben ser inventariados, que no son, como saben SS. SS., todos, bienes muebles importantes para el servicio, que también tienen una trascendencia económica y que deben, naturalmente, quedar adscritos a los fines que les corresponden.
En esa idea de bien mueble incluso se podría pensar en la utilización de vehículos de servicio oficial para fines privados y una serie de cosas.
Realmente creo que ya es momento de plantearse el que su incorporación a las previsiones punitivas del Código Penal pongan punto final a costumbres, a hábitos, o a lo mejor a irreflexiones e incluso, en algunas conciencias un poco laxas, a faltas de diligencia, que no deben perpetuarse en el tiempo.
No se nos alcanza, de verdad, que ustedes vean alguna objeción más allá.
Me hubiera gustado ya escuchar que esto se aceptaba y yo no habría dicho nada, pero no quisiera que tuvieran ustedes una reacción desproporcionada ante esto, porque tampoco tiene un interés político mayor. Nosotros no hemos hecho supuesto de la cuestión, podía haber pasado pacíficamente y creo que ya en Ponencia se debió acoger este tipo penal, pero aquí estamos. Creo que es mejor que no sigamos agitando estas cuestiones, porque, de verdad, considero que no son buenas para nadie. Pero, desde luego, lo que es bueno para el interés público es que estén previstas en el Código Penal.
Tenemos pocas enmiendas más a este capítulo de las malversaciones, que hemos de decir que está bastante bien construido y que, por tanto, en términos generales, salvo una cuestión puntual como ésta, nos parece que es de los mejores capítulos de este proyecto de Código. Creemos que el Capítulo IX del Título XVI debería tener una rúbrica distinta, más omnicomprensiva, que sería «De los negocios y actividades prohibidos a los funcionarios públicos y a determinados particulares y de los abusos en el ejercicio de la función pública».
Con esto, señorías, hemos de decir que solamente nos queda hacer referencia a la enmienda 446, que sería la que serviría de rúbrica precisamente al Capítulo VII y que para acoger lo que debe y para ser comprensiva de lo que debe recibir, en vez de ser exclusivamente de la malversación debería referirse a la malversación de caudales o utilización indebida de bienes públicos. Y les voy a decir una cosa: los bienes de la Hacienda pública habrá que suponer que tienen la misma importancia y la misma trascendencia en todos los órdenes de la Administración pública o en todas las Administraciones públicas. Les puedo decir que ahora mismo hay tipos penales, en un Código Penal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que tiene esto previsto para unos determinados funcionarios. Pues bien, es un Código postconstitucional, de tal suerte que ha sido objeto de contemplación a la luz de la Ley fundamental de 1978. Los bienes jurídicos, y sobre todo los bienes jurídico-públicos en este punto, dignos de protección penal lo deben ser en tantas ocasiones en cuantas estén presentes. Probablemente están presentes con mucha importancia y con mucha más relevancia en el orden de la Administración Civil del Estado.
Por esa razón, nos parece absolutamente oportuno y conveniente que SS.
SS., que sé que son siempre enormemente reflexivas, observen la bondad de este precepto y, en consecuencia, decidan en esta Comisión su incorporación al proyecto de Código Penal, porque lejos de estar inspirado por ningún tipo de objetivo político, lo vuelvo a referir, queremos únicamente que despliegue su eficacia hacia donde cualquier tipo penal lo puede hacer, que es hacia el futuro. Creo que en política el pasado tiene que servir para aprender y para reflexionar y el futuro tiene que servir para que los errores que hayan podido cometerse no puedan volver a repetirse.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Muy brevemente, señor Presidente, porque no he sido rebatido, mis argumentos no lo han sido.
Considero que el funcionario público, o la autoridad que solicita sexualmente a una persona, para sí, para so cónyuge, u otra persona unida por análoga relación de convivencia, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquél, deba ser castigado; pero a mí me parece que ésta no es una negociación ni una actividad prohibida a los funcionarios «per se» sino que se trata de un abuso sexual que tiene que estar agravado por el hecho de que quien abusa, el sujeto activo del delito, sea un funcionario o una autoridad. Puesto que el núcleo del tipo es el abuso sexual y la agravación es la condición de prevalencia en que se encuentra por ser funcionario público o autoridad, es aconsejable su ubicación dentro de los abusos sexuales.
Por ello, ratifico mi parecer, y con ello termino, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: No quería parecer descortés con las intervenciones que han tenido los dos miembros de la Comisión. Empiezo con el señor Padilla, porque yo no sé si se refería a la alegría del despacho del que hablaba o a la alegría del despacho de enmiendas; en todo caso, mi réplica ha sido referida a la defensa de unas enmiendas y en los términos en que habían sido defendidas. Por tanto, creo que no ha habido, por mi parte, ninguna actitud de desprecio, sino todo lo contrario, a las tesis del Grupo Popular.
Pero, despacho por despacho (haciendo la precisión de que el señor Padilla llegó tarde y probablemente por esa razón no ha podido escuchar la extensión de la defensa de las enmiendas por parte de su Grupo y la correlativa réplica por parte del mío), lo que sí quiero dejar claro es que, efectivamente, cuando se presenta una enmienda lo bueno y lo positivo sería arrancar de las enseñanzas del pasado. Creo que hay una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo, del mes de enero de 1993, que también se refiere a determinados despachos. Fíjese usted, en esa sentencia se condena a un tal Méndez Pozo, constructor del Ayuntamiento de Burgos, y en uno de los fundamentos de hecho se dice: El señor Méndez Pozo se entrevistó varias veces en el despacho del señor Aznar, siendo Presidente de Castilla y León. Fue adquiriendo un grado notorio de influencia, lo que le llevó a que le encargasen un estudio sobre la construcción en el ámbito de Castilla y León. Por supuesto, el señor Aznar no sale condenado, el que sale condenado es el señor Méndez Pozo.
Despacho por despacho.
Pero cuando hay que referirse a una enmienda hay que hacerlo en relación a un proyecto de ley concreto. Creo que la enmienda a la que se refirió el señor Padilla lo era en relación al proyecto de 1992, porque en relación al proyecto de 1994 todas las experiencias históricas se recogen y deben animar y enriquecer el futuro.
En ese sentido, tenemos en este proyecto un artículo, que es el 412, que SS. SS. me van a permitir que lea. Dice: «La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diese una aplicación» (no estamos hablando ya de destino, estamos hablando de aplicación) «privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o entidad estatal, autonómica o local u organismos dependientes de alguna de ellas, será castigado con las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».
Sobra cualquier comentario en la lectura de este artículo a la hora de ver cómo se amplían todos los posibles tipos de malversación, hasta tal punto que en este proyecto esta versión del artículo 412 es absolutamente nueva y es una aportación muy importante que se ha hecho al futuro Código Penal.
En relación a la enmienda planteada por el señor Olarte, tampoco quería yo parecer descortés en mi anterior réplica. El señor Olarte se había remitido a los argumentos expuestos con motivo de la defensa de las tesis que sostuvo en relación al artículo 170 bis. Desde ese punto de vista me remitía a lo que en ese momento tuvo lugar como debate en esta Comisión, y yo no debería hacer más mención al tema. En todo caso, lo que sí quiero dejarle claro al señor Olarte es que comprendo su preocupación y, lógicamente, la ubicación de este tipo delictivo podría ser también el ámbito de los delitos contra la libertad sexual.
Estamos, efectivamente, ante una conducta pluriofensiva cuando hablamos de los supuestos del artículo 420 de este proyecto de ley, es decir, una conducta en la que se agrede al valor libertad sexual, pero también se agrede al valor Administración Pública y al valor ejercicio de un servicio público. Dado que es un carácter y un delito pluriofensivo, es legítimo sostener que se ubique en los delitos contra la libertad sexual, pero también es legítimo ubicarlo dentro de lo que podríamos calificar negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, porque se están prevaliendo de esa condición y están haciendo un mal uso de la función pública para intentar obtener otro tipo de favores.
Dicho esto, también quiero recordar que me parece tremendamente positivo el tenor del 422 de este proyecto de ley, porque la solución que se da no es un tratamiento con una pena exclusiva sino que se va a un planteamiento de acumulación de penas. El 422 dice: «Las penas previstas en los dos artículos anteriores se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos contra la libertad sexual efectivamente cometidos.» Yo creo que con esta argumentación quedan satisfechas las intervenciones anteriores. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, realmente no corresponde este tercer turno. Le voy a dar la palabra, pero en el bien entendido de que debe ser breve.


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El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, creo que solamente lo merezco por la constancia en la nocturnidad, apelando a su generosidad, y voy a ser tan breve como le he anunciado.
Señor portavoz socialista, una cosa es el que en determinados despachos se produzcan ciertas actividades y otra cosa es que la gente reciba en los despachos a determinadas personas. Yo le aseguro que usted y yo, y otros muchos ciudadanos españoles, habremos estado con personas que después han tenido contingencias penales, pero ni usted ni yo hemos estado en ellas, de manera que le ruego que se haga esta reflexión.
No es una enmienda al proyecto de 1992, porque el artículo 412 se refiere a la autoridad o funcionario público que da una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o entidad estatal. La da él personalmente. Es decir, ya necesitaríamos de la interpretación para un fenómeno que ya sabemos que puede existir, que existe y que probablemente ha existido y que existirá si no se ponen los medios para que deje de existir.
Nuestra enmienda lo que pretende es que «quien facilite o consienta el uso por otros», por otros que no son ellos mismos. Me dirá usted que estamos dentro del término de aplicación... Estamos dentro del término de la interpretación.
Hay una posibilidad, como es natural, que yo le agradezco: Aceptaría con agrado que usted nos proponga una enmienda transaccional en relación con el 412 donde refundiríamos la nuestra, siempre que quede claro que el que da aplicaciones extravagantes a bienes inmuebles o a bienes muebles públicos y el que tiene el beneficio de esas actividades extravagantes y resulta legitimado o habilitado para ello no es el funcionario sino una tercera persona.
Verá usted que efectivamente los perfiles del artículo 413 son completamente distintos del artículo 412. Yo creo que el uno es bueno que conviva con el otro, bien en dos tipos distintos, bien en un solo tipo donde se prevean las dos situaciones.
Estoy seguro de su comprensión y de su generosidad para la mejora del texto y que será capaz, como es natural, de recoger todo eso que está dentro de las posibilidades de conductas criminalmente relevantes para que, como usted decía, y coincidimos los dos sin duda, el futuro aprenda en este punto del pasado.


El señor PRESIDENTE: El señor Cuesta tiene la palabra.


El señor CUESTA MARTINEZ: Poco que añadir, señor Presidente, porque el 412 es meridianamente claro. Yo creo que no habría que hacer un profundo ejercicio de interpretación para observar el tenor. Efectivamente, está referido (porque estamos hablando de delitos contra la Administración Pública) a la autoridad o funcionario que con ánimo de lucro propio o ajeno --para empezar, primer elemento-- y con grave perjuicio para la causa pública --lógicamente, hay que ir al grave perjuicio, porque no vamos a hacerle responsable de los móviles entre los particulares--, diese una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración --queda claro-- será castigado con las penas de prisión de uno a tres años.
Por tanto, aquí se tipifica, no un destino, sino una aplicación en el uso indeseable y contraria, y además que merma la propia prestación del servicio público y que genera un perjuicio para el servicio público.
El propio artículo 413 aclara que, además, las disposiciones de este capítulo son extensivas, entre otros, a los que se hallaren encargados --aunque no fueren funcionarios-- por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
Yo creo que es suficiente también una lectura sistemática y una interpretación sistemática del proyecto.


El señor PRESIDENTE: Doy por debatidos estos tres capítulos. No quiero adentrarme en el debate del Título XVII sin expresarle mi reconocimiento al señor Pillado, que ha tenido la amabilidad de formular la defensa de unas enmiendas que en la distribución interna del trabajo de su Grupo no le correspondía, con lo que ha facilitado extraordinariamente la decisión de la Presidencia de abordar este debate. (El señor López Garrido pide la palabra.) El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, había dos enmiendas a estos capítulos que me imagino que el Grupo Socialista no ha aceptado en su intervención y que nosotros vamos a retirar en este instante.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista había formulado su deseo de que fueran sometidas a votación.


El señor LOPEZ GARRIDO: Nosotros vamos a retirarlas y, agradeciendo al Grupo Socialista que haya formulado esa propuesta, le agradeceríamos que no se sometiesen a votación ni la 810 ni la 811, que son las dos que correspondían a estos capítulos.


El señor PRESIDENTE: Tomo buena nota, señor López Garrido.
Título XVII, delitos contra la Administración de Justicia.
Son muchos capítulos. Vamos a distribuir el debate, salvo que SS. SS.
prefieran abordarlo en su conjunto. Si no hay inconveniente lo podemos hacer así; si no, distribuiríamos el debate abordando primero los tres primeros capítulos y, con posterioridad, los restantes.
Hay muchas enmiendas, no sé si será cómodo discutir los ocho capítulos a la vez.


El señor PILLADO MONTERO: Yo prefiero que se dividan.


El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar entonces los tres primeros capítulos, porque si no el debate va a ser extraordinariamente complejo, capítulos que tienen cierta naturaleza común: el Capítulo I, De la prevaricación; el II,

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De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, y el III, Del encubrimiento.
Enmiendas del Grupo Popular presentadas, que son de la 449 a la 455.
El señor Pillado tiene la palabra.


El señor PILLADO MONTERO: En efecto, entramos en un nuevo título de este Libro II del Código Penal que hace referencia a los delitos contra la administración de justicia, y más concretamente el de la prevaricación --Capítulo I--, el de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución --Capítulo II-- y el del encubrimiento de delitos --Capítulo III--.
Respecto al primero de esos capítulos, el relativo a la prevaricación de jueces o magistrados, puesto que de la prevaricación de funcionarios y autoridades hablamos esta mañana, mantenemos, en primer lugar, la enmienda número 449 al artículo 423, en la cual no me detendré prácticamente nada puesto que me remito a lo que sobre el tema de la pena de inhabilitación se ha dicho reiteradamente por los ponentes de nuestro Grupo en anteriores debates. La justificación de esta enmienda es la coherencia con otras enmiendas formuladas y defendidas anteriormente.
Sí me interesa detenerme, señor Presidente, en los artículos 425 y 426. Y es que este proyecto tiene algunas novedades importantes en esta materia, que ahora me toca abordar en lo relativo a la prevaricación de los jueces o magistrados que rompen con el derecho hasta ahora vigente, y rompe en dos puntos concretos.
Hasta ahora, la prevaricación de jueces o magistrados no se cometía sólo por dictar sentencia injusta sino que además abarcaba otras resoluciones; en realidad, a todas las resoluciones que se pueden dictar por dichos jueces o magistrados. Ahora trata de reducirse la prevaricación simplemente a las injusticias cometidas en sentencia. Por ejemplo, el artículo 354 actual dice: «El juez que a sabiendas dictare sentencia o resolución definitiva injusta en asunto no criminal»; es decir, no se reduce la prevaricación a la sentencia. Ocurre lo mismo en el artículo 356: «El juez que a sabiendas dictare auto injusto incurrirá en la pena de suspensión». Ahora, sin embargo, el artículo 423 restringe esta materia a la sentencia: «El juez o magistrado que a sabiendas dictare sentencia injusta». Y el artículo 424: «El juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictare sentencia manifiestamente injusta». Nosotros lo que realmente pretendemos es que se vuelva a los criterios actualmente vigentes y a este respecto formulamos la enmienda número 451, solicitando que se incorpore un nuevo artículo 426 bis con el siguiente texto: «El juez o magistrado que dictare otra resolución...» (además de la sentencia) «...manifiestamente injusta será castigado con la pena...», etcétera.
Nos parece razonable y además elemental que la prevaricación se puede cometer no sólo en la sentencia, se puede cometer en un auto, y hay autos importantísimos. No es ahora el momento de repasar una serie de supuestos que no son objeto de sentencia sino de otra resolución de tipo interlocutorio, como autos o providencias (piénsese en los supuestos numerosos de ejecuciones de sentencia que se resuelven por autos, etcétera). Es decir, la prevaricación no se puede predicar sólo de la sentencia. Yo comprendo que estoy hablando de supuestos que rarísimamente se darán, pues no conozco, desde luego, ningún supuesto de un juez que haya incurrido en prevaricación en sus resoluciones, pero la lógica nos permite pensar que si cabe la prevaricación en sentencia puede caber igualmente en autos y en providencias. Y la prueba de todo esto, señor Presidente, es que en la legislación actual, en el Código actualmente vigente, no sólo se tipifica la prevaricación en sentencia sino en los autos y en otras resoluciones.
Así, pues, pienso que, por pura y elemental lógica, hay que incluir y contemplar también el supuesto de la posible, y que yo deseo que no se dé nunca --por supuesto, yo no lo conozco porque nuestros jueces y magistrados afortunadamente son de absoluta integridad y a mí me resulta difícil pensar que en algún momento van a tener aplicación estos preceptos--, prevaricación en otro tipo de resoluciones judiciales si cabe la prevaricación en una sentencia.
Decía, señor Presidente, que en el proyecto actual se promueven algunas diferencias con el Derecho actualmente vigente, y otra de ellas es la relativa al supuesto que se pretende contemplar ahora en el artículo 425 del proyecto y que actualmente se tipifica en el artículo 357 del Código Penal vigente.
El artículo 357, actualmente vigente, dice: «El juez que se negare a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley será castigado con la pena de suspensión». Y ahora en el proyecto se nos ofrece un tipo distinto. Dice: «El juez o magistrado que se negase a juzgar sin alegar causa justa...» Realmente no sabemos bien a qué viene este añadido, este recorte del tipo. Creemos que está bien en el artículo 357 actual que ya he citado. Pero si se añade este inciso «que se negase a juzgar sin alegar causa legal», entonces nosotros ahí formulamos la enmienda número 450, que, a su vez, trata de recortar el inciso que el proyecto pretende introducir, y es: «El juez o magistrado que se negase a juzgar sin causa legal...», no sin alegación de causa legal, puesto que entonces sería bastante fácil burlar este tipo penal. Bastaría con hacer unas alegaciones que, a juicio del juez que tomase esta actitud de negarse a juzgar, fuesen suficientemente legales para excusarse de ello y se burlaría el tipo. No se trata de que se alegue causa legal para negarse a juzgar, se trata de que exista esta causa. Por eso nuestra redacción dice: «El juez o magistrado que se negase a juzgar sin causa suficiente», no --repito-- sin alegar causa legal. Por cierto, si hay causa legal para no juzgar nunca podrá darse este tipo penal, lo cual es un motivo más para que el inciso que se pretende incluir sea excluido y se mantenga el texto actual del artículo 357.
Respecto al Capítulo II, «De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución», no tenemos ahí enmiendas. Sí las tenemos, señor Presidente, al Capítulo III, al cual habíamos formulado la enmienda número 452, que fue admitida por la Ponencia y que trataba de que la rúbrica dijese sólo «del encubrimiento», no «del encubrimiento de delitos» porque sobraba. Se retira simplemente porque ha sido incorporada. Lo mismo ocurre con la enmienda 453, porque también ha sido admitida por la Ponencia.


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Paso a defender la enmienda 454 al artículo 428. Esta enmienda es de un contenido técnico importante, porque la redacción del artículo 428 que se nos ofrece en el proyecto incurre en defectos técnicos, en mi opinión, considerables. Por ejemplo, en el número 1.o estamos hablando, señor Presidente, del encubrimiento, por cierto del encubrimiento como delito autónomo, siguiendo así los criterios marcados unánimemente por la doctrina que hace del encubrimiento (que hasta ahora era una forma de participación en el delito, junto con la autoría y la complicidad) un delito autónomo. Y en el número 1.o, señor Presidente, se comete la incorrección técnica de decir «auxiliando, sin ánimo de lucro propio, a los ejecutores para que se beneficien del producto, provecho o precio de un delito». En modo alguno pienso que puede mantenerse la expresión «ejecutores». Realmente, la participación en el delito no se limita sólo a los ejecutores. Los artículos 27 y 28 del proyecto nos dicen quiénes son los responsables finalmente de los delitos y faltas. Son los autores y los cómplices, y dentro de la autoría no se limita a los meros ejecutores (artículo 28.1), «los que toman parte directa en la ejecución del hecho», sino también a «los que inducen a otros a ejecutarlo». Número 2 del artículo 28. Y 3.o «...los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiere efectuado». Es decir, los partícipes, los responsables de los delitos, señor Presidente, son los autores y los cómplices y el encubrimiento puede ser no sólo de los ejecutores, sino de los autores y de los cómplices. Por eso proponemos que la expresión «ejecutores» sea sustituida por «auxiliando a los autores y cómplices para que se beneficien», etcétera. Es una enmienda, repito, técnica que trata de corregir un defecto de bastante calado en la redacción del proyecto.
Además de esto, señor Presidente, pretendemos corregir en el número 1.o del artículo 428 la expresión relativa a «producto, provecho o precio de un delito». Creemos que con la expresión que ofrecemos de «precio, efectos del delito» van incluidos ya los supuestos que ahí se contemplan.
También pretendemos en esta misma enmienda corregir la expresión del número 2.o del artículo 428 que me ocupa. El número 2.o, respecto a una de las formas de encubrimiento, «ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento».
Obviamente, la expresión «para impedir su descubrimiento» sobra. Se trata de que el que, con conocimiento de comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo, oculta o inutiliza el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, es obvio que lo hace para encubrir y, por tanto, para impedir su descubrimiento.
Por último, en esta misma enmienda y a este mismo precepto propugnamos la supresión del término «quebranto». Este término consideramos que es impreciso y creemos que es suficiente la expresión «abuso». «Cuando el favorecedor obrare», dice el proyecto, «con abuso o quebranto de funciones públicas». Con mantener la expresión «abuso de las funciones públicas», creemos que se incluye cualquier supuesto.
Alternativamente a la enmienda anterior, hemos presentado, señor Presidente, la 455, que se dirige a la supresión del número 2.o del artículo 428, al que me he referido. Es una enmienda alternativa o subsidiaria, si se quiere, porque, en todo caso, el número 2.o es innecesario, es redundante, la conducta que trata de tipificar está incluida en el número 1.o y no deja de ser más que una forma de auxiliar a los partícipes en el delito, a los autores y cómplices.
Con todo lo anteriormente expuesto he terminado, señor Presidente, la defensa de nuestras enmiendas a estos tres primeros capítulos.


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, S. S. tiene dos enmiendas a estos capítulos: la 1.058 y la 1.059, que fue aceptada por la Ponencia.
Tiene S. S. la palabra.


El señor OLARTE CULLEN: Al contrario del señor Pillado --porque a lo mejor la administración de justicia de Galicia está impartida por arcángeles--, yo he conocido en esta vida en el ejercicio de la profesión de jueces prevaricadores. Son seres humanos, aunque a veces algunos parezcan divinos. (Risas.) He conocido médicos que cometen sucesivos delitos de imprudencia profesional; abogados que terminan quedándose, como en el caso del cuento gallego, con la vaca, que la vaca no es ni del uno ni del otro y se la queda el abogado (Risas.); arquitectos irresponsables, contratistas defraudadores, funcionarios o autoridades que cometen delitos de cohecho, políticos corruptos y periodistas sobrecogedores. (Risas.) He conocido de todo, porque de todo hay en la viña del Señor, y, al fin y al cabo, el ser humano no puede escapar a las debilidades innatas a su propia naturaleza.
Por ello yo me alegro que se haya cogido aquí el toro por los cuernos y en este proyecto, respecto de los delitos contra la administración de justicia que antes eran un mero brindis al sol, se contemplen hoy delitos cuyo sujeto activo pueden ser los jueces o magistrados, entendiendo por tales desde el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia hasta el último juez de paz del último pueblo de cualquier territorio del Estado español. Por ello me parece muy bien cuanto el proyecto ha establecido al respecto y por eso, lógicamente, no se ha producido ninguna enmienda por nuestra parte.
Nosotros no hemos presentado enmiendas a los Capítulos I y II, sino al artículo 428, 1.º, donde para nosotros había que elevar el tope máximo de la pena con la que se castigaba a los encubridores que aquí se contemplan, que, según el precepto, lo son a la pena de prisión de seis meses a dos años y nosotros creemos que convenía rebasar ese tope de los dos años, acaso sin llegar a los seis años que, con harto rigor o exceso, nos pronunciamos en la enmienda. Aceptando la redacción dada en el proyecto, lo enmendamos a los efectos de que el máximo de la pena se sitúe en un término superior a los dos años, lo cual nos parece extraordinariamente reducido, dada la gravedad que puede revestir el encubrimiento de algunos delitos, pudiéndose dar la circunstancia --poníamos nosotros «ad exemplum» en la justificación de nuestra enmienda-- que el encubridor de un delito de homicidio agravado o que cause una especial alarma social ni siquiera cumpla un día de prisión por aplicación de la condena condicional.


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Sin embargo, no mantenemos la enmienda 1.059, porque, como bien decía antes el señor Presidente de esta Comisión, «el encubridor será castigado con las penas correspondientes a los autores o cómplices si con anterioridad a la comisión del delito se hubiese concertado con los mismos para encubrirles». Creíamos que mejorábamos la redacción del proyecto; así fue y así lo entendió la Ponencia. Por eso, retirando formalmente el artículo 1.059, como habíamos anunciado en el trámite de Ponencia, mantenemos ahora exclusivamente la enmienda número 1.058.


El señor PRESIDENTE: El señor López Garrido puede defender sus enmiendas 812 a 815; una de ellas, la 814, está admitida por la Ponencia.


El señor LOPEZ GARRIDO: Efectivamente, señor Presidente, me voy a referir a ella porque la Ponencia debió, en correspondencia, admitir otra enmienda que no admitió, que es la siguiente.
Sí quiero señalar que debe darse por retirada la enmienda 813, y, por tanto, no procederé a su defensa.
Así, pues, nos quedan por defender en estos capítulos dos enmiendas, la 812 y la 815. La enmienda 812 coincide en su intención con una enmienda que ha defendido el señor Pillado, que pretende que la prevaricación judicial prevista en el artículo 423 sea castigada no solamente cuando se dicte, a sabiendas, sentencia injusta, sino cuando se dicte, a sabiendas, resolución injusta.
Efectivamente, como decía el señor Pillado, cabe apreciar prevaricación no solamente en sentencias, sino en cualquier tipo de resolución judicial. Precisamente, a lo largo del procedimiento se dicta una gran cantidad de resoluciones, autos, providencias, que pueden tergiversar absolutamente de modo injusto ese procedimiento, afectando a los derechos de las partes con igual o incluso mayor daño que puede hacer una sentencia. Por tanto, no tiene sentido que aquí no se mencionen las resoluciones en el artículo 423 dentro de las prevaricaciones judiciales.
Por consiguiente, hay que decir que el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta, será castigado, etcétera. Además, por una razón de mera coherencia interna del artículo 23, porque, si nos fijamos, el apartado 3.º del artículo 423 dice que se castigará con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictare cualquier otra sentencia o resolución injustas. En el punto 3.º sí que menciona la resolución y, sin embargo, no lo menciona en el punto 1.º, que es el omnicomprensivo. Es claro que o hay que suprimir la palabra «resolución» en la última de las frases de este artículo o hay que incluirla en la primera frase de este artículo. Eso es necesario, por un mínimo de coherencia. Pero es que, yendo al fondo, parece claro que la prevaricación se puede cometer y se comete tanto cuando se dicta sentencia como cuando se dictan resoluciones injustas, a sabiendas. Eso es lo que decimos en nuestra enmienda 812.
Luego está la enmienda 815, que pretende la supresión del segundo apartado del artículo 428, que se refiere al encubrimiento. En este artículo 428 se aceptó en Ponencia una enmienda de Izquierda Unida, la enmienda 814, se aceptó que la frase: «y sin haberse concertado previamente con sus autores o cómplices» se sustituyese por la frase: «y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice». Es decir, el apartado 1 dice ahora, según el informe de Ponencia, lo siguiente: «Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución de alguno de los modos siguientes». Y cita toda una serie de casos en que resume lo que es el encubrimiento. Es absolutamente coherente, el encubrimiento no es ser autor, no es cómplice, es decir, no forma parte de los tipos de autoría; el encubrimiento es una actividad posterior a la comisión del delito e incluso, aunque hubiera una concertación previa, es una actividad posterior a la comisión del delito, y por tanto no puede ser castigado como encubridor el que haya intervenido como autor o cómplice. Es de pura lógica. Por todo ello, el apartado 1 del artículo 428 ha quedado correctamente redactado.
Pero la Ponencia no siguió por ese camino en relación con el apartado 2 y mantiene un apartado 2, que, desde luego, rompe toda la teoría del concepto de autor que, por otra parte, está ya aprobada en la parte general. Dice: «2. El encubridor será castigado con las penas correspondientes a los autores o cómplices si con anterioridad a la comisión del delito se hubiese concertado con los mismos para encubrirles.» Es decir, está equiparando al encubridor con los autores o cómplices por el mero hecho de que se hubiera concertado con los mismos antes del delito para encubrirles.
Nosotros entendemos que no es una redacción afortunada, por lo que tiene que suprimirse, porque el encubridor no puede nunca confundirse con el autor o con el cómplice. La gravedad que tiene el encubrimiento no puede depender en ningún caso del delito que encubre, sino que fundamentalmente tiene una gravedad y, como lo atestigua precisamente el que esté situado este artículo dentro del Título XVII, delitos contra la Administración de Justicia, tiene gravedad porque obstaculiza la administración de justicia. No es algo que tenga relación con el delito, si no estaría situado en la parte general del Código, y está situado en la parte especial porque la maldad, por así decirlo, del encubrimiento no está en relación con el delito cometido, que es lo que compete a los autores o cómplices, sino porque obstaculiza el desarrollo de la administración de justicia.
Si mantuviéramos aquí este apartado 2, volveríamos a un antiguo concepto unitario de autor, propio --no es exagerado decirlo, no se tome como una exageración-- de regímenes autoritarios, ya abandonado claramente en las antiguas tesis jurisprudenciales que han ido cambiando la línea en un sentido parecido al que proponemos aquí, es decir, los encubridores no son autores, ni aunque se concierten antes para encubrirles después.
Fijémonos en la diferencia que puede haber en cuanto a la pena. Podría darse el caso en el que una persona, considerada como encubridor o considerada como lo que dice el artículo 428.2, tendría penas que podrían oscilar de dos años, por ejemplo, a

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treinta años, o sea, una persona considerada como encubridor podría tener una pena de dos años para un mismo delito y sin embargo, si se le considera como autor, castigado con las mismas penas que los autores o cómplices, como dice el 428.2, se le podrían poner penas a lo mejor de hasta treinta años. Dependiendo de esa definición legal, oscila en esa medida esa pena. Y, repetimos, el núcleo de la responsabilidad penal no puede depender de ese elemento subjetivo que es esa concertación previa.
Por ejemplo, preparando esta intervención, yo recordaba el caso conocido del crimen de los Urquijo, en el que, al parecer, hay una persona que está huida de la Justicia y que fue el que tiró la pistola al río o a alguna parte después de la comisión del delito. Si esa persona se hubiera concertado previamente para tirar la pistola después al río, según el 428.2 le caerían las mismas penas que a los autores o cómplices, es decir, penas de enorme importancia cuando realmente lo que hizo esa persona fue ocultar el arma homicida.
Por otra parte, no hay que tener preocupación de que la supresión de este número 2 del artículo 428 que proponemos pudiera impedir que se castigasen formas aparentemente de encubrimiento, pero que, en realidad, son de autoría, como, por ejemplo, el caso de los secuestros. No es así, porque en el caso del secuestro se trata de un delito permanente y todos los que durante el mantenimiento del secuestro participan en la preparación del lugar --por ejemplo, del escondite donde está el secuestrado y los secuestradores-- serían coautores, evidentemente. Por tanto, aquí estamos claramente ante un problema de proporcionalidad de la pena. No tiene sentido castigar de la misma forma a los autores que a los encubridores, no tiene ningún sentido, es contrario al principio de proporcionalidad y, por tanto, nosotros entendemos que debería suprimirse este artículo 428.2, en coherencia, por otra parte, con lo que ya hizo la Ponencia y que quizá no reparó en que había que suprimir este apartado segundo del artículo 428 cuando modificó el apartado primero y, sin embargo, no modificó, en correspondencia, el apartado segundo.


El señor PRESIDENTE: ¿Quién va a intervenir por el Grupo Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra su señoría.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Intervengo para referirme a algunas cuestiones de las enunciadas por los señores portavoces del Grupo Popular y de Izquierda Unida al formular sus enmiendas y para suscribir hasta el punto y aparte primero todas las manifestaciones hechas por el señor Olarte en su intervención, y ya me gustaría suscribir también el gracejo.
Respecto a la enmienda número 812, de Izquierda Unida, he de anunciar que vamos a votar favorablemente, pero vamos a votar a favor de la misma por la segunda parte de la intervención del señor López Garrido, por aquella que dice que la coherencia interna de ese artículo 423 exige que cuando se habla de lo general al referirse a las distinciones que luego va a haber entre sentencia y resolución es lógico que en el primer párrafo del artículo 423 se añada la expresión o resolución después de la expresión sentencia, pero por ese argumento. El otro argumento con el que el señor López Garrido se unía a una tesis, si me permite el señor Pillado, alucinante que ha mantenido para defender su enmienda número 451, por la que se pretende incluir un 426, nuevo, simplemente yo la hubiera despachado con un: Señor Pillado, creo que usted no ha leído bien el proyecto de Ley de Código Penal, por cuanto que esa conducta que usted pretende incriminar ya lo está en el artículo 423.3.º y, por tanto, no hay ocasión de añadir un artículo 426 bis, para incriminar una conducta que está en el 423.3.º, que dice: «3.ºCon la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictare cualquier otra sentencia o resolución injustas.» Por tanto, lo que yo creo que debería hacer el señor Pillado, por encima de la vehemencia de su defensa, es retirar la enmienda. Es de esa vehemencia de la que no se puede deducir que este proyecto de ley pretende minimizar la prevaricación de jueces o magistrados cuando lo que este proyecto hace es justamente todo lo contrario: solucionar dos problemas que venían existiendo y que había puesto de manifiesto la doctrina y la jurisprudencia, primero, en cuanto al sujeto activo, hablando de jueces y magistrados, y, en segundo lugar, en cuanto a la cuestión de las providencias. El actual delito de prevaricación que prevé el artículo 357, creo, en cualquier caso el vigente, se refiere sólo a autos injustos y no se hace mención expresa de la providencia, por lo que se discute si dictar una providencia injusta constituye prevaricación. A favor de una respuesta favorable aboga el que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular el antejuicio, menciona expresamente las providencias, pero había que hacer una aplicación para penalizar a partir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahora no ocurre eso.
Por tanto, no hay restricción de este principio, sino todo lo contrario.
Se habla expresamente de resolución injusta. Por eso, lo que entiendo como un lapsus cuando yo estuve viendo las enmiendas del Grupo Popular, me sorprende que de ese lapsus se pueda argumentar con vehemencia cosa contraria justamente a la que dice el principio o a la que dice el precepto que este Código regula. Otra cosa distinta, y que mi grupo se presta a estudiar, es si también hay que hacer manifestación expresa de la incriminación de las resoluciones por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, resoluciones que también deberían ser manifiestamente injustas, como lo son las sentencias que contempla el artículo 424, pero eso es otra cosa a estudiar que nada tiene que ver con lo que el señor Pillado pretendía y con lo que el señor López Garrido, sumándose, bien que contradictoriamente, porque luego él mismo leyó el 423.3.º, sumándose, digo, a la exposición del señor Pillado, es cosa distinta.
Habría que ver, mi Grupo está dispuesto a verlo, si también hay que castigar la resolución, manifiestamente ahora, manifiestamente injusta que se dicta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, y, en cualquier caso, de esa reflexión, a lo que mi Grupo sí le parece irrenunciable es que no se castigue igual la sentencia manifiestamente injusta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable que la resolución también manifiestamente injusta.


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Una segunda cuestión a la que quería hacer referencia es a la enmienda 450 al artículo 425, que presenta también el Grupo Popular. Viene a solucionar también otro problema, señor Pillado, del actual Código Penal, y es que el principal cambio que incluye el proyecto es que incluye una nueva modalidad típica, el negarse a juzgar sin alegar causa legal so pretexto de obscuridad, insuficiencia, silencio de la ley. A mi juicio, la razón de este añadido, por encima de contingencias verbales sobre si la causa tiene que ser legal o suficiente; en cualquier caso, porque para que la causa excuse al juez que se niega a juzgar tiene que ser una causa legal; por ejemplo, que se inhiba o que se abstenga y que ya lo determinará el órgano competente cuando haya eventualmente una denuncia por prevaricación, decía que la razón de este añadido se encuentra fundamentalmente en que en la actualidad es controvertido si comete el delito de prevaricación el juez que sin más se niega a juzgar, pues hay un amplio y relevante sector de la doctrina que mantiene que para cometer el delito previsto en el actual 357 es necesario que se niegue a juzgar alegando expresamente obscuridad e insuficiencia o silencio de la ley.
Por tanto, a partir de la entrada en vigor de este proyecto que ahora discutimos, constituirá delito el negarse a juzgar sin alegar causa legal, o incluso cuando no se produzca una resolución judicial expresa denegando la pretensión del ciudadano.
En consecuencia, nos parece no atendible esta enmienda 450 y, por consiguiente, la enmienda 450 al artículo 425 la vamos a votar en contra.
En cuanto a la enmienda 449, como el propio señor Pillado decía, es un debate que ya se ha producido con anterioridad en la Comisión; nos parece que la inhabilitación de la que habla el artículo es una inhabilitación que la consideramos pena principal y que, por tanto, no tiene por qué tener la duración de las otras penas principales; ella misma es pena principal y en ese caso debe tener una duración en función de la gravedad del hecho y de la necesidad de separar del servicio al juez o magistrado que prevarica.
En el Capítulo II no hay nada que decir, puesto que la enmienda 813, del Grupo de Izquierda Unida, ha sido retirada en este momento por su portavoz.
En el Capítulo III, del encubrimiento, llamado así tras aceptar, como decía el señor Pillado, la enmienda 452, del Grupo Popular, nuestro Grupo lo que hace es ofrecer a este Grupo una enmienda «in voce» con base en su enmienda 454, que pasaré a la Presidencia en cuanto termine mi intervención, y que dice así: «El artículo 428 en su apartado 1.1.º quedaría redactado --de aceptarla el Grupo Popular-- de la siguiente forma: auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito sin ánimo de lucro propio.» Entendemos que la expresión «sin ánimo de lucro propio» es una expresión más precisa que «sin ánimo de provecho propio», que es la que propone el Grupo Popular.
Eliminaríamos también la expresión «quebranto», que aparece en el apartado 1.3.º, b) de la Ponencia. En cambio, no podemos aceptar el resto de la enmienda 452 porque, entre otras cosas, pretendiendo como pretende suprimir la expresión «para impedir su descubrimiento», de ser aceptada esa enmienda, comportaría eliminar la exigencia subjetiva del tipo, con lo cual este tipo se ampliaría innecesariamente en el ámbito del delito.
En resumen, señor Presidente, para el buen gobierno de la Comisión, nuestra enmienda «in voce» hace una nueva redacción del apartado 1, 1.º, elimina el término «quebranto» en el apartado 1.3.º, b) y deja el resto igual que está en el informe de la Ponencia. Las demás enmiendas a este artículo --con lo que termino mi intervención-- han sido en su mayoría aceptadas en Ponencia, y por lo tanto incorporadas a su informe. Así, la 814, de Izquierda Unida; la 453, del Grupo Popular, y la 1.059, de Coalición Canaria. De las que no fueron aceptadas allí, no vamos a poder aceptar aquí la 1.058, de Coalición Canaria, porque, como ya le dijimos, nos parece desproporcionada la pena para el bien jurídico que pretende proteger.
En cuanto a la enmienda 815, que veníamos dispuestos a no aceptarla y que seguramente, al final, en la votación no la vamos a apoyar, reconocemos que en las razones que ha dado el señor López Garrido para su defensa hay argumentos verdaderamente atendibles, como, por ejemplo y fundamentalmente, el que se refiere a la proporcionalidad de la pena. Es cierto y, por tanto, nos vamos a tomar otro tiempo, de aquí al Pleno, para ver qué podemos hacer con eso. Pero también es verdad, y lo decimos ahora para que el señor López Garrido reflexione sobre ello, que, a nuestro juicio, tiene más sentido no aceptar la enmienda desde el momento en que se aceptó la 814, que cambiaba el concepto de la primera parte de este artículo, porque se pueden generar dudas acerca de los que acuerdan previamente con los autores. Es decir, quedaría una laguna indeseable, generaría dudas de si hay que castigar más, en ese sentido la proporcionalidad de la pena, al encubridor que encubre sin estar previamente concertado o al encubridor que encubre estando previamente concertado. Nos parece que ahí, precisamente por haber aceptado la enmienda 814, queda una laguna que habría que ver cómo se salva. En segundo lugar, entendemos que ahí estamos también ante supuestos de cooperación necesaria, que puede parecer que merecieran la misma pena que los autores y los cómplices. Por esas dos razones la íbamos a rechazar, por esas dos razones la vamos a votar en contra, pero ya le anuncio que de aquí al Pleno estudiaremos y seguiremos reflexionando porque efectivamente nos parecen muy atendibles los argumentos que exponía el señor portavoz de Izquierda Unida sobre la proporcionalidad de la pena.


El señor PRESIDENTE: Señor Pillado, tiene la palabra, si desea replicar.


El señor PILLADO MONTERO: Señor Presidente, debo replicar, en primer lugar, para retirar la enmienda 451, vistas las razones que ha dado el ponente socialista y visto el artículo 423 «in fine» del proyecto, que se refiere también a otras resoluciones, además de las sentencias. Sólo me cabe añadir al respecto, señor Presidente, aquello de que si «aliquando dormitat Homerus», pues qué le quedará a un humilde Diputado y abogado de pueblo que no tiene la perspicacia del ciego de Esmirna. Lo que sí lamento,

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señor Presidente, y no es cosa de explicar aquí, es la causa de este error que ha padecido el ponente que les habla.
He de alegrarme, por contra, de la aceptación de nuestra enmienda 454.
Parece que ahí el error no era mío, sino de los redactores del proyecto, y, en efecto, hay que sustituir «ejecutores» por «autores y cómplices».
Sin embargo, ya puestos a mejorar las cosas, creo que debemos mejorarlas totalmente. Me refiero a que no me convence la expresión «sin ánimo de lucro propio» que se pretende en la enmienda «in voce» que se me ha anunciado. En mi modesta opinión, no es «lucro» el término que ahí debe encajar. El encubridor puede actuar sin ánimo de lucro, pero con ánimo de otro tipo de provecho, con ánimo de otro tipo de ventaja. En mi opinión, «lucro» tiene una connotación económica que no tiene por qué ser la que busca el encubridor. Por eso pienso que se debe mantener la expresión «sin ánimo de provecho propio» o «sin ánimo de ventaja propia», con preferencia a la expresión «lucro».


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, tiene la palabra.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, tomo la palabra muy brevemente para sugerir al Grupo Socialista que, si le parece excesivo el tope cuantitativo que Coalición Canaria establece en su enmienda al artículo 428.1, castigando el delito que se tipifica en el mismo con la pena de prisión de seis meses a seis años, la solución es bien fácil: una enmienda transaccional o una enmienda «in voce» en virtud de la cual el tope no sean seis años, sino que sean tres, por ejemplo.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: En primer lugar, quiero agradecer al señor Martín de la Vega que haya visto con ojos constructivos y positivos las enmiendas que hemos defendido. En cuanto a la enmienda 812, ha comprendido que efectivamente había una contradicción, incluso en el interior de la redacción del propio artículo que enmienda. También debo señalar que mi apoyo a la argumentación del señor Pillado no lo era a su integridad, sino al fondo que latía en su intervención de entender que hay resoluciones judiciales que, aparte de las sentencias, pueden implicar prevaricación. Ese era el sentido del apoyo parcial a la argumentación del señor Pillado.
En cuanto a la enmienda 815, para la que también hay una actitud receptiva, aunque dilatada hasta el Pleno, quisiera precisar que el haber modificado el apartado 1 no hace más necesario el apartado 2, sino que lo hace más contradictorio. Es decir, el apartado 1.º estaba redactado excluyendo lo que luego viene en el apartado 2. Por eso se decía sin haberse concertado y en el apartado 2 sí que lo explicaba después, y tenía una lógica. Se consideraba encubridor propiamente a todos aquéllos, excepto los que se conciertan antes, y en el apartado 2 sitúa a los que se conciertan antes, encubriendo, como autores. Eso era lo que pasaba en el proyecto originario, pero, una vez que se cambia el apartado 1 y se señala exactamente a los encubridores como lo que son, aquellos que no actúan como autores, no tiene sentido el apartado 2, porque el apartado 2 vuelve a resucitar un tipo de encubridor que en realidad ya está considerado como tal encubridor, y no como autor, en el apartado 1. Luego hay una contradicción evidente ahora mismo en ese artículo. Pero aparte de esa contradicción evidente, hay un problema de fondo. Usted ha señalado: ¿Y qué pasa si tenemos que diferenciar entre los encubridores que se conciertan antes y los que no? Me ha parecido entender que es más grave ser encubridor cuando se ha concertado antes para encubrir que si lo hace después, y ha citado usted incluso el caso de la cooperación necesaria. Yo le diría que la diferencia es muy clara. Cuando hay una cooperación necesaria, deja de ser encubridor, se convierte en un coautor, ya no es encubridor, porque es una cooperación necesaria. Pero si no es una cooperación necesaria; el que se concierte antes o no es irrelevante para la gravedad del encubrimiento. Lo que importa es que encubre el delito, pero no participa en él. Simplemente se concierta antes en el sentido de lo que va a encubrir. Si no es una cooperación, es encubridor. Si hay cooperación necesaria, es autor.
No hay ninguna contradicción. Vuelvo a repetir que aquí estamos ante un título que trata de defender a la administración de justicia. No tiene nada que ver con el fondo de los delitos, sino que el bien jurídico defendido aquí es la administración de justicia y por eso no tiene sentido que los encubridores --en el apartado segundo del 428 se les sigue llamando encubridores-- escapen de este título para irse de nuevo hacia el mundo de los autores, con el que tienen poco que ver.
Por eso le aliento a que de aquí al Pleno se acreciente esa posición receptiva, que reflexionen sobre estos argumentos que he señalado y que, en su momento, se apruebe esta enmienda porque creo que introduciría una lógica en el antiguo 428 de la que ahora carece.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Brevemente para decir, señor Pillado, que no tiene mayor importancia. Podía haber sido un lapsus y que lo único que me sorprendió es que montara con vehemencia esa teoría.
Vamos a tener que votar en contra, señor Olarte, de la enmienda 1.058 porque nos sigue pareciendo un marco penal excesivamente amplio para un encubridor. Creo que la pena de prisión de seis meses a dos años es suficiente en relación con el bien jurídico que se pretende proteger y en este sentido estamos dispuestos a reflexionar sobre la falta de proporcionalidad en algún otro apartado que ha puesto de relieve el señor López Garrido. Estaríamos más bien por mantener la pena tal como viene en el proyecto.
Por lo que respecta a la 428, del Grupo Popular, que a su apartado primero habíamos sugerido una enmienda «in voce», creemos que se debe mantener la palabra «lucro», entendiendo que el encubridor puede buscar otro tipo de provecho que no sea lucrativo, pero eso no es incriminable.


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Lo que el proyecto pretende que sea relevante, y nosotros estamos de acuerdo, es que exista o no ánimo de lucro. Si no existe ánimo de lucro, queda en el sentido en que está hecha nuestra enmienda «in voce». Nos parece que hay diferencia entre lucro y provecho. Creemos que es más amplia la palabra provecho que lucro y por eso, porque es más específica la palabra lucro y más concreta, es por lo que la queremos mantener.
Señor López Garrido, poco más que añadir. No podemos acrecentar la receptividad hacia su enmienda. Nuestra receptividad es toda. Lo que sí le garantizamos es que acrecentaremos nuestra reflexión y veremos lo que ocurre de aquí al Pleno.


El señor PRESIDENTE: Por debatidos los tres primeros capítulos de este Título XVII del Libro II.
Entramos en el debate del resto de los capítulos: IV, V, VI, VII y VIII, que comprenden los artículos 432 a 450. La mayor parte de estos capítulos tienen pocas enmiendas. De aquí que, además de la unidad sistemática por su incardinación en este título, podamos abordar el debate conjuntamente por las pocas enmiendas presentadas a varios de ellos.
El Grupo Popular tiene las enmiendas 456, 457, 458, 459, 460, 461, 482, 462, 463 y 464. La 482, según mis notas, está asumida por la Ponencia, al igual que la 456. Puede el señor Pillado proceder a la defensa de todas ellas.


El señor PILLADO MONTERO: En efecto, la primera de esas enmiendas, la 456, ha sido asumida por la Ponencia, al igual que la 482.
Paso, pues, a la enmienda 457, que pretende modificar el artículo 433 tal como figura en el proyecto. Y ello por lo siguiente. Tal como se redacta este artículo, ya no encaja con la rúbrica de este capítulo V. La rúbrica habla de acusación y denuncia falsas, y ahora de la simulación de delitos, según se ha aceptado en nuestra enmienda 482. Sin embargo, contempla un tipo penal que no encaja ya en esta rúbrica. Dice así al principio el artículo 433: los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, si fueren ciertos, etcétera. Lo que no nos convence, y, por tanto, enmendamos, es esto del temerario desprecio a la verdad. (La señora Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la Presidencia.) En modo alguno, en tal caso, cabe hablar de acusación y denuncia falsas.
Pensamos que es muy difícil tipificar dentro de este capítulo el temerario desprecio hacia la verdad. Parece que esto suena a falsedad por imprudencia, por imprudencia temeraria --ahí se emplea el término temerario--, pero, de mantenerse el texto, la rúbrica tendría que decir: de la acusación y denuncias falsas o temerarias y de la simulación de delitos. No creo que haya, en mi opinión, que modificar la rúbrica. Lo que se tiene que hacer es excluir la expresión «o temerario desprecio a la verdad», dejando sólo la alusión a la falsedad dolosa.
Entramos así en el capítulo VI: Del falso testimonio. A este capítulo no tiene mi Grupo enmiendas, pero no quería dejar que pasara la oportunidad para decir unas palabras al respecto, puesto que la modificación que el proyecto pretende en el problema del falso testimonio es grande.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Perdón, señor Pillado. No quisiera interrumpirle, pero en las notas que tiene esta Presidencia figura viva la enmienda 458, del Grupo Popular, a este capítulo VI. ¿La ha retirado S. S.?

El señor PILLADO MONTERO: Lo comprobaré, señora Presidenta.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Aprovechando la interrupción, señora Presidenta, y para la misma cuestión, si me lo permite.
Tengo la impresión, quizá equivocada, de que el señor Pillado ha manifestado que la enmienda 482, del Grupo Popular, estaba aceptada en Ponencia. No me consta. Más bien me consta lo contrario.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Dejaremos que siga el señor Pillado con su defensa y comprobaremos la sugerencia del señor Martín de la Vega.


El señor PILLADO MONTERO: Lo he comprobado y mantenemos viva la enmienda 458 al artículo 439 y luego me referiré a ella.
Decía que quería hacer algún comentario al artículo 435, aunque no mantengamos enmiendas a él. El artículo 435 supone un cambio sobre el derecho actualmente vigente en relación con el falso testimonio. Hasta ahora, el delito de falso testimonio se cometía cuando éste tenía lugar en juicio, no fuera de él: ni siquiera se incurría en falso testimonio por la declaración falsa en el sumario, en las diligencias previas o preparatorias. Ahora lo que se hace es tipificar también como delito el falso testimonio dado en el procedimiento en general. Incluso se le pretende dar una extensión, en mi opinión desmesurada, en el número 4 del artículo 435, tipificando también como delito de falso testimonio el que se prestare en procedimiento administrativo.
Entiendo que la extensión del tipo del falso testimonio a las declaraciones testificales en el sumario y en las diligencias tiene su lógica. En efecto, al testigo que comparece a prestar declaración en un sumario o en unas diligencias de investigación penales, el juez le hace la advertencia del 433, es decir, en las penas que puede incurrir por su falso testimonio; le pide incluso juramento, con arreglo al artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El testimonio falso o la mentira del testigo en las declaraciones sumariales y en las diligencias previas o preparatorias es algo tan frecuente que la tipificación como delito, en principio, la veo con buenos ojos.
No puedo decir lo mismo respecto a la extensión del tipo a la declaración mentirosa en diligencia administrativa. El juez instructor del expediente administrativo, el funcionario que recibe una declaración en el expediente administrativo no tiene obligación alguna. Por supuesto, a la persona que va allí a declarar no se le pide ningún tipo

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de juramento ni de promesa, no se le hace ninguna instrucción al respecto a que su declaración contraria a la verdad pueda constituir ningún delito. Por eso creemos que el tipo penal del falso testimonio que se pretende en el párrafo 4 del artículo 435 no debe mantenerse.
En este sentido hay una enmienda del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que pretende reducir el tipo a las declaraciones testificales que se den en los procedimientos judiciales.
Dicho esto, y respecto a nuestra enmienda 458 al artículo 439 (artículo que contempla una extraña forma de arrepentimiento después de que haya ocurrido y se haya dado el testimonio en falso), propugnamos la supresión del precepto porque creemos que el daño a la administración de justicia, que es el bien protegido en este texto, ya se ha consumado y, por tanto, la retracción posterior debe ser inocua. Retractación en tiempo y forma, dice el artículo, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate, podrá tener lugar en aquel falso testimonio dado durante las diligencias sumariales, o en los procedimientos civiles. En las causas criminales, después de dar falso testimonio en el acto de la vista, pensamos que no hay tiempo hábil ya para conocer de esta retractación una vez que el testigo ha abandonado la sala. No vemos cómo podría encajarse la retractación en el supuesto grave, que es el del falso testimonio, en el juicio oral, en la causa criminal.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Vaya concluyendo por favor.


El señor PILLADO MONTERO: Procuraré complacerla, señora Presidenta.
Paso a la enmienda 459 al artículo 440, apartado 1, con la que pretendo añadir un segundo inciso que diga: «En la misma pena incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciere por segunda vez en causa sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión.» ¿Por que? Porque hasta ahora esta conducta sí estaba tipificada y se perseguía como desobediencia. Sin embargo, al sujeto que haya incurrido en esta conducta y que haya dado lugar a una suspensión de un procedimiento; de una suspensión de una causa, cosa frecuentísima y cosa que supone tanta disfunción en la administración de justicia, con la actual redacción del precepto en el proyecto quedarían no punibles una serie de conductas de este tipo.
La enmienda 460 al artículo 441 es una enmienda de mejora técnica.
Pensamos que la expresión «directa o indirectamente» sobra. «El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente.» No hay por qué. Con que pretenda influir en quien sea denunciante, etcétera, ya va incluida la influencia directa o indirecta. Pensamos que sobra también la expresión «imputado», puesto que va comprendido también en parte. Ofrecemos una nueva redacción omnicomprensiva que comprende todos esos supuestos que se van desgranando (denuncia, desista de la acción, etcétera), que es la de «que modifique su actuación procesal».
La enmienda 461 , señora Presidenta, hace relación al artículo 442 número 2. Con ella se pretende suprimir la tipificación del delito que se contempla en ese artículo 442 por imprudencia grave. ¿Por qué intentamos suprimirlo? Porque si a los jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios no se les reprocha la versión culposa en estas conductas, no se entiende por qué a los abogados y procuradores sí se les va a imputar esta conducta por imprudencia.
Ocurre lo mismo también en el artículo 490 y siguientes para el caso de las autoridades y funcionarios públicos en el delito de infidelidad en la custodia de documentos. En la infidelidad en la custodia de documentos no se contempla como delito la actuación imprudente. Sin embargo, no acertamos a comprender por qué aquí, en el 442, sí se prevé ese tipo imprudente respecto a los abogados y procuradores.
Por último, señora Presidenta, mantenemos la enmienda 462 al artículo 446. El artículo 446, que está dentro del capítulo VIII, del quebrantamiento de condena, dice: «Los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estuvieren recluidos haciendo uso de la violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en motín, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años.» Proponemos que se elimine de este artículo la expresión «preso», porque si el preso no está todavía sentenciado, como se dice en el principio del precepto, si todavía no está condenado a pena privativa de libertad, entendemos que no puede hablarse, en modo alguno, de quebrantamiento de condena. En otro caso, señora Presidenta, habría que cambiar la rúbrica porque tal conducta, repito, no es un quebrantamiento de una condena que no existe.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene las enmiendas 1.161, 1.162 y 1.163, que se mantiene para su votación.
Izquierda Unida tiene las enmiendas 816, 817 y 818 a estos capítulos de este Título. Para su defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.


La señor LOPEZ GARRIDO: La primera de las enmiendas que ha citado, la 816, ha sido aceptada en Ponencia, aunque no figura en el informe como tal, porque lo que pretendía era suprimir la expresión «administrativos» dentro del artículo 432, propuesta en la que coincidíamos con otros grupos parlamentarios y ya ha sido suprimida, de tal forma que ya no cabe que se castigue al que para realizar un derecho propio en lugar de acudir a procedimientos administrativos emplee la violencia. Es una figura que ya no existe, como proponía nuestra enmienda, junto a las de otros grupos parlamentarios. Por tanto, no la sometemos a votación.
Paso a defender las dos enmiendas que ha citado más una «in voce» que va unida necesariamente a la última y que, por un olvido seguramente, no presentamos en su momento. Empezaré por la 817, que propone que se incluya en el artículo 434 que para que se complete la figura delictiva que se define en él se desencadenen actuaciones procesales,

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porque, si no, no parece que sea de suficiente gravedad como para acogerla en el Código Penal. Ese artículo 434 castiga al que «ante un funcionario que deba proceder a su averiguación, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare otra inexistente». Sin embargo, creemos que no basta con esto. Si después de esa simulación no hay ninguna actuación procesal, no parece lógico que sea considerado como un delito, porque en realidad no ha afectado para nada a la Administración de Justicia ni la ha obstaculizado ni la ha incitado a trabajar sin sentido. De acuerdo con lo que pretende este Título, no parece que sin una mínima actuación procesal deba castigarse esta conducta.
Más importante nos parece la enmienda siguiente, la 818, referida al artículo 435. Creemos que el falso testimonio debe castigarse cuando se produce en procedimientos judiciales. Es ahí donde hay que hacer hincapié, donde hay que situar la defensa penal. Estamos ante un título, el XVII en este proyecto de código, que habla de los delitos contra la Administración de Justicia, pero no contra toda la Administración.
Considerar, como hace este artículo 435 en su apartado 4 --no lo especifica en el apartado 1-- que puede haber falso testimonio cuando se preste en procedimiento administrativo, nos parece excesivo. Nos parece que no guarda relación con el principio de intervención mínima tantas veces invocado en estos debates. Por eso proponemos que en el apartado 1 del 435 se diga: «El que siendo llamado a declarar en procedimiento judicial faltare a la verdad en su testimonio, será castigado...» y seguiría como dice el proyecto.
En correspondencia con eso, presentamos una enmienda «in voce», que entregaré a la Mesa inmediatamente, proponiendo la supresión del apartado 4 de ese 435, que dice: «Si el falso testimonio se prestare en procedimiento administrativo será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.» Creemos que debe desaparecer ese apartado 4 para que el falso testimonio se concentre sólo en los falsos testimonios en los procedimientos judiciales y no necesariamente en otras administraciones. Se trata simplemente de una cuestión de separación de poderes, de no extender la Administración de Justicia a todo el conjunto de las Administraciones y ser coherentes con el Título que estamos elaborando, el XVII, que defiende como bien jurídico la Administración de Justicia, no otras administraciones. En todo caso, hay que señalar que hay algunos problemas técnicos también para mantener este apartado 4. Se basan, en primer lugar, en que no estoy muy seguro de que la expresión «falso testimonio» sea la adecuada para los procedimientos administrativos, donde no se realizan exactamente testimonios, sino más bien declaraciones. Además, no tendría mucha eficacia práctica, porque si esa falsa declaración en un procedimiento administrativo tuviera un reflejo documental, se incluiría en las falsedades documentales, que ya hemos aprobado aquí ayer precisamente. La verdad es que se me hace muy difícil pensar en falsas declaraciones en procedimientos administrativos que no tengan reflejo documental --que, por tanto, no puedan incluirse en falsedades documentales-- y que tengan una mínima entidad. Por tanto, tampoco desde este punto de vista nos parece que deba establecerse un delito de falso testimonio en procedimientos administrativos.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El Grupo de Coalición Canaria tiene a estos capítulos las enmiendas 1.060 a 1.075, ambas inclusive.
Obra en poder de esta Presidencia nota en relación a que las números 1.060, 1.062, 1.063, 1.067, 1.072, 1.074 y 1.075 han sido admitidas en la Ponencia.


El señor OLARTE CULLEN: Así lo tengo yo también anotado y lo iré constatando explícitamente a lo largo de mi intervención, señora Presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra, señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: La enmienda 1.060, efectivamente, en virtud de tal admisión, queda formalmente retirada. No así la 1.061. Es indiscutible el avance que en el concepto profesional a lo largo de los años han conseguido los graduados sociales, que procesalmente han venido ejerciendo unas funciones que en el ámbito de enjuiciamiento laboral, son prácticamente las de los procuradores y letrados. Hay que ser conscientes de que por parte de los abogados, fundamentalmente de los colegios de abogados, a lo largo de los últimos años todo esto ha producido una serie de reticencias y reparos hasta el punto incluso de que por alguna sentencia de importancia se haya otorgado a los graduados sociales el derecho a vestir la toga.
Nosotros, con muchos años de ejercicio profesional como letrados sobre nuestras espaldas, no hemos comprendido nunca tales reticencias corporativistas, clasistas, como se las quiera llamar, y aceptamos la evolución, después de una lucha tenaz, que los graduados sociales han obtenido. Pero de eso a que se les excluya en el artículo 438.3 del proyecto de la posibilidad de ser conceptuados como sujetos activos de los delitos que aquí se expresan media un abismo. Nada tiene que ver cierta cosa con las témporas.
Aquí nos encontramos con que, según el artículo 438.3 del proyecto, en el supuesto de presentación a sabiendas de testigo o perito falso o intérpretes mendaces o elementos documentales falsos, se impone una pena superior si fuere abogado, procurador o representante del ministerio fiscal en actuación profesional o ejercicio de su función. Nosotros pedimos sensibilidad y cierta atención al Grupo Socialista para que repare en que si son sujetos activos de estas conductas los abogados y los procuradores, ¿por qué van a ser exceptuados de igual tratamiento riguroso los graduados sociales? Comprendo incluso que en la enmienda, cuando se habla también de los médicos forenses (porque al fin y al cabo son unos peritos cualificados y hemos creído conveniente incluirlos aquí), pudieran formularse ciertos reparos por parte de los grupos parlamentarios, pero me parece que la incorporación del graduado social al elenco de los sujetos activos de los delitos que se contemplan

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en el artículo 438 y precedentes del Código Penal, es algo que me parece absolutamente razonable. De ahí que ante la necesidad de incorporar a los graduados sociales, a tales profesionales y funcionarios expresados tengamos que mantener esta enmienda de una manera inamovible e inconmovible al mismo tiempo.
Retiramos la enmienda 1.062 en virtud de su aceptación, señora Presidenta, al igual que la 1.063.
Mantenemos la enmienda 1.064 que es artículo 440.2 del proyecto. Tratamos simplemente de modificar el texto punitivo proyectado añadiendo «médico forense», ya que citado de tal forma, como también se cita a los médicos forenses, puede no comparecer y ser responsable junto con el abogado, el procurador y el representante del ministerio fiscal. ¿Por qué si se cita a un perito tan cualificado como es el médico forense no comparece y produce la perturbación que la incomparecencia del representante del ministerio público produce no es objeto de la sanción si como consecuencia de ello se deparan las mismas consecuencias perjudiciales que aquí se trata de prevenir y evitar, en lo posible, con las sanciones correspondientes? Pasamos a la enmienda siguiente, 1.065. Tratamos simplemente de adicionar un nuevo apartado, que sería el 3, del artículo 440 del proyecto, diciendo que si la suspensión tuviera lugar en el caso del apartado 1 como consecuencia de la incomparecencia del Juez o miembro del Tribunal o de quien ejerza las funciones del Secretario Judicial, se impondrá la pena de arresto de dieciocho a veinticuatro fines de semana, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años. Para nosotros no existe razón alguna para dar un trato más favorable a los jueces, a los miembros de un tribunal o a los secretarios judiciales que a los profesionales mencionados en el apartado 2.
Retiramos la enmienda 1.066 por las mismas razones de su aceptación en Ponencia y también procedemos a retirar la 1.067.
Por lo que a la 1.068 respecta tratamos simplemente de adicionar al artículo 442 del proyecto un apartado nuevo que iría situado a continuación del apartado 1 con la siguiente redacción: «El Juez o Magistrado, Secretario Judicial o funcionario al servicio de la Administración de Justicia, que cometiera cualquiera de los actos expresados en el apartado anterior, en actuaciones en las que interviniera o se le confiaran por razón del cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para su empleo o cargo público de tres a seis años».
La justificación es bien sencilla, no existe razón para excluir del delito a quienes, como los sujetos mencionados en el tipo que proponemos, han contraído con la sociedad la máxima obligación y responsabilidad en la lealtad exigible en relación con los procesos en que intervienen.
Estábamos hablando, por lo tanto, del artículo 442.1 del proyecto que habla del que, interviniendo en una causa como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare y ocultare documentos o actuaciones de los que hubiera recibido traslado en aquella calidad. Yo pregunto ¿Es que esa conducta punible no puede ser cometida también por un juez, por un secretario judicial o por un funcionario al servicio de la Administración de justicia? Porque también aquí, una vez más, hay profesionales, en este caso, funcionarios públicos, tan cualificados que son objeto de un trato mejor y hasta exculpatorio «a priori» de cualquier barrabasada (tal sería la calificación más benigna que se podría dar) que puedan cometer. Como consecuencia de ello mantenemos esta enmienda, al igual que la 1.069 que dice: Si por negligencia grave cualquiera de las personas señaladas en los apartados anteriores de este artículo (que son el abogado, el procurador) diere lugar a la pérdida o destrucción de las pruebas, documentos o actuaciones expresadas se les impondrán las penas inferiores en grado. Aquí estamos estableciendo un supuesto de negligencia grave en la pérdida de pruebas, documentos o actuaciones de las que se le confiere traslado, Esto, a nuestro juicio, no debe quedar impune bajo ningún concepto.
En la enmienda 1.070 proponemos modificar el artículo 442.3 del proyecto de Código Penal proponiendo que: al particular que cometiera cualquiera de las actuaciones expresadas en el apartado 1 de este artículo se le impondrá una multa de tres a seis meses. Las actuaciones expresadas en el artículo 442.3 son los hechos realizados por un particular cuando, interviniendo también en un proceso por imprudencia grave, diera lugar a la pérdida o destrucción de una causa o de un procedimiento que se le entregase.
Al artículo 443.1 queremos añadir también, después de la palabra procurador, la expresión «representante del Ministerio Fiscal». ¿Por qué en unos preceptos se le sanciona y se le conceptúa como sujeto activo del delito al representante del ministerio fiscal y en este precepto 443.1, sin embargo, se le excluye? (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) A nosotros nos parece que el representante del ministerio fiscal si revela actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial tiene que ser tan castigado como el abogado o el procurador que las revela; sin embargo aquí nos encontramos con que realmente no aparece sancionada esta figura.
Retiramos la enmienda 1.072 en virtud de la aceptación que tuvo lugar en la Ponencia y mantenemos la enmienda 1.073 al artículo 445 del proyecto.
Proponemos que dicho artículo empiece por: «Los que en causa criminal quebrantaren...» El resto sigue igual que el proyecto. Entendemos que es precisa la referencia a la condena en causa criminal estrictamente, al igual que el artículo 334 del Código en vigor hace cuando al iniciar la descripción del tipo expresa «los sentenciados o presos en causa criminal...» Finalmente, señor Presidente, retiramos las enmiendas 1.074 y 1.075 porque fueron aceptadas las enmiendas de otro Grupo notoriamente importante, por su número, en la Ponencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Habiendo sido retirada la enmienda 816 de Izquierda Unida al artículo 432, único artículo del capítulo IV, coherentemente con la supresión de la frase a la que hacia referencia por las

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enmiendas, que ya aceptó la Ponencia, del Grupo Popular y de Coalición Canaria, no nos pronunciamos más sobre la misma.
En relación con el Capítulo V «De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos» vamos a apoyar justamente esta rúbrica. El portavoz que habla tiene la duda porque se ha expresado la aceptación por la Ponencia de la enmienda 482 del Grupo Popular. A mí, personalmente, me parece que no está aceptada; que nos opusimos en Ponencia a la misma en tanto que nos parece mejor la rúbrica actual de este capítulo V y que «De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos» es una rúbrica que fija mejor cuál es el contenido del capítulo que la enmienda 482 que el Grupo Popular pretende.
Por los mismos razonamientos y argumentos vamos a votar en contra también de la enmienda 457 del Grupo Popular porque el proyecto reproduce casi textualmente la redacción del Código vigente, que no ha creado ningún problema de comprensión, mientras que la enmienda del Grupo Popular, sin mejorar gran cosa, introduce algunos problemas que nos parece que no deben ser introducidos, como por ejemplo la expresión «aspectos esenciales» que crea la indeterminación y la inseguridad jurídica respecto al justiciable.
Con la enmienda 817 de Izquierda Unida tenemos dudas. Las dudas surgen porque nos parece correcta la argumentación que se refiere a la necesidad de intervención mínima del Derecho Penal, pero también nos parece que si únicamente penaliza al autor cuando de su simulación resulten actuaciones procesales, puede quedar desprotegido, de alguna manera, el honor de la persona hacia la que, eventualmente, pudieran derivarse imputaciones, cuando además no se nos ocurren casos en los que una conducta, como la descrita en el artículo 434, no genere actuación procesal. No se nos ocurre que haya un caso de incriminación por el artículo 434, o es difícil, o es raro que exista algún caso que no genere algún tipo de actuación procesal. De todas maneras, anuncio que, si en la réplica del portavoz de Izquierda Unida se nos aclararan estas dudas, estaríamos en disposición de votar favorablemente esta enmienda.
En relación con el capítulo VI, artículo por artículo, nuestra posición en el artículo referido al falso testimonio es la siguiente. Por lo que respecta a la enmienda 818 de Izquierda Unida, dos cuestiones. La primera es que en ningún caso podemos aceptar sustituir la referencia que se hace al testigo por la expresión «el llamado a declarar», porque el llamado a declarar, señorías, también puede ser el reo, que no comete, en ningún caso, falso testimonio por cuanto le ampara el derecho a no declarar en su propio perjuicio y, por tanto, tiene también un cierto derecho a mentir. En segundo lugar, porque este proyecto --y el argumento vale también para otras enmiendas a las que no haré referencia puesto que pertenecen a grupos que no las han defendido en Comisión, pero a las que nos opondremos cuando se sometan a votación-- ha tomado la resolución, que es una opción posible, y con la que el Grupo Socialista está de acuerdo --la otra opción posible sería no haberla tomado-- de proteger también el proceso administrativo, y lo protege porque entendemos que, en ocasiones, en ese proceso administrativo se dilucidan cuestiones de tanta gravedad como las que a veces se dirimen en procesos penales. Piensen SS.
SS., por ejemplo, en los procesos disciplinarios. A mí, personalmente, me parece que en los procesos administrativos, en los procesos disciplinarios, también se testifica y existe una consideración absolutamente análoga al testigo del proceso judicial, lo demás serían unas discusiones que ya no entran en el fondo de la cuestión, y yo creo que el fondo de la cuestión es que se puede optar por proteger penalmente o no el proceso administrativo. Esa es una de las dos opciones posibles, y este proyecto opta por proteger el proceso administrativo en tanto que le parece --a nosotros también-- que, en ocasiones, hay cuestiones que son tan graves como las que se puedan dilucidar en el proceso penal.
Con respecto a la enmienda 1.061 de Coalición Canaria, habiendo aceptado la Ponencia la número 1.060 de este mismo Grupo, no nos parece que deba ampliarse la pena en los casos que la enmienda pretende. Yo sé que éste es un tema muy controvertido, señor Olarte, sé que hay presiones corporativistas de uno y otro lado, unas para evitar que los agentes a los que S. S. se refería procedan a instalarse con todas sus consecuencias dentro de los procesos, pero también existen opiniones en el sentido contrario, y nosotros, en este caso, no vamos a aceptar esa enmienda y la vamos a votar en contra.
En cambio, en coherencia con la aceptación de la enmienda 1.062 de Coalición Canaria, referida al artículo 439, que incorporada al informe de la Ponencia gradúa la pena incluso en los casos en que se hubiera producido la prisión provisional, vamos a votar en contra de la enmienda del Grupo Popular, porque exigiendo el tipo que se repare el daño a la Administración no tiene sentido mantener el castigo si ese daño no se produce. Creemos que es una buena opción de política criminal conseguir el arrepentimiento del testigo mendaz, que es lo que impulsa a nuestro Grupo tanto como al de Coalición Canaria, a mantener el texto de la Ponencia, que ya incluye la citada enmienda 1.062 de Coalición Canaria.
Pasando ya al capítulo VIII, «De la obstrucción de la justicia y de la deslealtad profesional», me voy a referir muy brevemente, también artículo por artículo, a las enmiendas presentadas por los distintos grupos.
En el artículo 440, aceptada en Ponencia la enmienda 1.063 de Coalición Canaria, aquí como en Ponencia, nos vamos a oponer a la 1.064 del mismo Grupo. En cambio, nos parecen muy atendibles las argumentaciones que hacen los grupos de Coalición Canaria y Popular en sus enmiendas 1.065 y 459, respectivamente. En el caso de la enmienda 1.065, de Coalición Canaria, nos proponemos seguir tratando este tema con este Grupo, en sucesivos trámites, porque tenemos dudas sobre si estas conductas no pueden subsumirse en los artículos 425 y 426 del proyecto, y porque además nos hacemos una pregunta, una pregunta puramente intelectual y metodológica sin más, y es si no debe tener alguna facultad especial el juez, que es quien cita y preside, porque los casos en los que el retraso fuera malicioso creemos que estarían comprendidos en los artículos referidos a la prevaricación.


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La enmienda 459 del Grupo Popular nos suscita problemas de redacción que eviten un exceso de penalización, máxime cuando resulta dudoso, en política criminal, que haya que incriminar siempre y en cualquier conducta de no colaboración con la justicia. Les animamos a buscar una redacción que haga más matizable esta incriminación, así como a que pensemos juntos si de verdad cualquier tipo de obstrucción a la justicia es siempre y en todo caso perseguible.
En el artículo 441, creemos que la enmienda 460 del Grupo Popular no mejora el proyecto y, en consecuencia, la vamos a votar en contra. Nos parece que sustituir «retractarse, desistir o prestar su defensa» por la expresión «modifique su actuación procesal» es un cambio que va más allá de la pura enmienda de estilo, por cuanto precisaría de interpretación posterior que puede no coincidir necesariamente con la voluntad del legislador, con la interpretación que el legislador quiere dar a cuáles son las conductas que, impedidas por la fuerza, hacen que éste sea un tipo incriminable.
De nuevo, en el artículo 442 se plantea la posibilidad de suprimir la protección al proceso administrativo y, de nuevo, como ya avisamos, vamos a votar en contra de esa opción por cuanto creemos que la opción de proteger penalmente al proceso administrativo es la correcta.
Al votar favorablemente, como vamos a hacer, la enmienda número 461 del Grupo Popular, que coincide con la número 99 del Grupo Vasco, y suprimiendo, como consecuencia de esa votación, el apartado 2 de este artículo 492, no podemos aceptar la 1.069 de Coalición Canaria. En este mismo sentido negativo nos vamos a pronunciar sobre las enmiendas 1.068 y 1.070 del Grupo de Coalición Canaria, en el primero de los casos porque entendemos que las conductas que pretenden penar ya lo están en los delitos de los funcionarios, y en el segundo de los casos porque nos parece más adecuada, para describir lo que es un delito, la expresión «hechos» y no la expresión «actos» que Coalición Canaria propone. Por la misma razón votaremos negativamente la enmienda 1.071, toda vez que la incriminación que Coalición Canaria pretende ya lo está en el artículo 394.1, y aunque ya aceptamos, en cuanto a las penas, la enmienda 1.072, mantenemos para los sujetos el criterio que acabo de exponer.
En el capítulo VIII, que cierra este Título XVII, y con el cual termino mi intervención, la posición del Grupo Socialista, de forma muy breve, es la siguiente. Vamos a votar negativamente las enmiendas 463 y 464, del Grupo Popular, en caso de que se mantengan, porque al estar suprimidos los artículos 459 y 460 por enmiendas aceptadas en Ponencia de los grupos Socialista, Canario y PNV, no tiene sentido mantenerlas. En cuanto a la 1.073, de Coalición Canaria, también la vamos a votar negativamente porque, a nuestro juicio, no es tan expresivo el Código Penal vigente como pretende este Grupo, y queda la duda de si el quebrantamiento de una medida cautelar es siempre posterior o coetáneo a la apertura formal de una causa criminal.
Por último, la enmienda 462, del Grupo Popular, nos parece un simple formalismo --simple en el sentido descriptivo del término y no valorativo--, sin mayor enjundia, y además, de aceptar este argumento, tampoco podría aplicarse a las medidas cautelares, a la custodia, etcétera. Por tanto, anuncio nuestro voto contrario a esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea replicar, señor Pillado?

El señor PILLADO MONTERO: Simplemente, señor Presidente, para que se tenga por mantenida la enmienda 482, puesto que, en principio, había dicho el señor Presidente que estaba aceptada y a mí así me pareció pero en efecto no lo está. Yo creí que, en su última intervención, a esta enmienda 482 se refería el ponente del Grupo Socialista, porque no me encaja la contestación que dio a nuestra enmienda 462. La enmienda 462 relativa al artículo 446 se refiere al quebrantamiento de condena. Y si se trata de un preso que no está sentenciado, que no está condenado, que simplemente está en prisión preventiva, no puede hablarse de quebrantamiento de condena en modo alguno, puesto que no hay tal quebrantamiento de condena. Entiendo que no se puede hablar de sentenciados o presos porque hay presos que por no estar sentenciados no pueden quebrantar su condena, por lo que habrá que suprimir la palabra «presos» o redactar el artículo 446 de otra manera o redactar la rúbrica del capítulo VIII, que trata del quebrantamiento de condena, de otra manera.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: En relación con la enmienda 817, muy brevemente, voy a intentar terminar de convencer al señor López Martín de la Vega, que ha mostrado su buena disposición a votar esta enmienda. Creo que en ningún caso quedaría desprotegido el honor de las personas acusadas o denunciadas por el hecho de que se despenalice la simulación cuando no lleva aparejada una serie de actuaciones procesales. Realmente, si no hay actuaciones procesales posteriores no cabe que exista ningún ataque al honor de ninguna persona; no tiene ninguna publicidad, es la inacción absoluta, se queda simplemente en la mera denuncia que, en la práctica, será tan disparatada o tendrá tan poco que ver con la realidad que no merecerá siquiera una mínima atención por parte de los funcionarios que deben proceder a su averiguación. Otra cosa es que el funcionario debiera proceder a su averiguación, porque entonces estaríamos ante otra circunstancia, pero lo que está claro es que si no hay ningún tipo de movimiento a ese respecto no parece que se esté vulnerando ningún bien.
Por tanto, al despenalizar esta conducta cuando no hay actuaciones judiciales, no estamos desprotegiendo ningún valor.
Señalaba el señor López Martín de la Vega que le resulta difícil pensar en algún caso en el que de una denuncia no se desprenda una determinada actuación. Yo creo que esa argumentación que usted ha expresado es la mejor de las razones para apoyar mi enmienda, porque normalmente habrá actuaciones procesales y se aplicará el artículo 434. Y si usted ve difícil que haya algún caso está claro que es porque se trata de cuestiones anecdóticas que no tienen relevancia

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alguna y que, por tanto, no deben ser acogidas en el Código Penal. Si de algún caso o de todos los casos se derivaran actuaciones judiciales se aplicaría sencillamente el artículo 434, porque ése es el sentido de la enmienda que proponemos.
En cuanto a la enmienda 818, que sin embargo he visto que no le ha terminado de convencer, estoy de acuerdo con su primera apreciación; estoy de acuerdo en que no valdría la forma en que comienza esa enmienda, diciendo: «El que, siendo llamado a declarar en procedimiento judicial...». Tendría que empezar diciendo: «El testigo que, en procedimiento judicial, faltare a la verdad...» Solamente sería necesario introducir la expresión «procedimiento judicial», manteniendo la redacción del artículo. En cualquier caso, veo que no le convence el fondo de la enmienda y por eso no me animo --a no ser que usted me anime-- a presentar ninguna enmienda transaccional porque no tendrá acogida, ya que no está de acuerdo con el fondo de la cuestión.
Es cierto que en los procedimientos administrativos podrían dilucidarse cuestiones importantes pero para todas estas cuestiones, que tienen que ver con la declaración o testificación si mantenemos esta expresión un tanto dudosa, existen normas administrativas que en su ordenamiento sancionarían este tipo de conductas --o deberían sancionarlas--, pero no tiene por qué trasladarse al ámbito penal. Además, me parece que es incongruente situar en este Título esta conducta, porque estamos en un Título que tiene como bien a proteger la Administración de justicia, no otras administraciones. En el caso de los procedimientos administrativos si se penalizan los falsos testimonios o declaraciones se estaría protegiendo a la Administración pública no a la Administración de justicia; es decir, al poder ejecutivo no al poder judicial. Por eso creemos que, además de las razones que he expresado, hay una cuestión de sistemática del Código Penal y es que está mal ubicado este delito, porque en este Título no se está protegiendo la Administración ejecutiva sino la Administración judicial.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, brevemente. A pesar del número importante de enmiendas que he mantenido, quiero hacer referencia a tres de ellas.
En primer lugar, quiero agradecer la intervención del señor López Martín de la Vega, con su corrección y su rigor habituales, pero manteniendo ciertas discrepancias. Estoy absolutamente seguro de que cuando él hablaba de las presiones corporativistas no se refería a este portavoz, estoy seguro. Este portavoz que a lo largo de muchos años como letrado en ejercicio y también con un importante número de años como funcionario de la Administración de justicia, hoy, manteniendo estas enmiendas, ha hecho gala precisamente de lo contrario, de que no hay presión corporativa de ningún tipo que pueda doblegar la conciencia y la voluntad de Coalición Canaria y de su portavoz, en tanto en cuanto aunque no los hayamos metido en el mismo saco sí que hemos metido en sacos diferentes, pero siempre a efectos de la sanción correspondiente, a los graduados sociales, porque realizan las mismas funciones que los procuradores e incluso que los letrados y no van a quedar exentos de pena alguna en el supuesto de que comentan un delito que, de ser cometido por un letrado o por un procurador, sí serían castigados; porque he metido también en los sacos correspondientes a los médicos forenses, a los jueces y magistrados y a los individuos del ministerio fiscal, como en la legislación antigua se les calificaba. Consecuentemente con ello, mantengo todas las enmiendas y pongo un énfasis especial en la enmienda 1.061.
Por lo que respecta a la enmienda 1.065 no puedo aceptar los argumentos que me ha dado el señor López Martín de la Vega. No digo que no sean de recibo, pero, desde luego, yo no los recibo. Y esa referencia que hace a los artículos 425 y 426 del proyecto para justificarlo no nos aporta absolutamente nada que haga doblegar nuestro criterio. Porque en el artículo 425 se trata de «El Juez o Magistrados que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley...» según esa fórmula tan tradicional, y en este caso se tipifica no el negarse a juzgar sino una suspensión que tiene lugar como consecuencia de incomparecencia de quien ejerza tales funciones, incluso por parte del secretario judicial.
Finalmente, cuando me da como argumento descalificatorio de la razón de ser de nuestra enmienda 1.071 que en el artículo 394 ya se impone la misma sanción referida a los funcionarios públicos por lo que a la misma conducta que aquí trato yo de incriminar respecto al ministerio fiscal, nos encontramos con lo siguiente, y éste es un argumento que no me va a poder rebatir. No podrá decirse que, en el supuesto de los delitos que aquí queremos que sean objeto de sanción, concretamente en aquellos supuestos que revelaren actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, si vamos a la norma de la revelación de secretos por parte del funcionario público vulgar y corriente, resulta que al ministerio público, que revela tales secretos, se le impondría sólo una pena de 12 a 18 meses, y sin embargo a los abogados y procuradores que efectúan la misma comisión del delito la pena que se les impone es de 12 a 24 meses. ¿Creen ustedes que es razonable sancionar con mayor benignidad al representante del ministerio fiscal que da trascendencia a un hecho declarado secreto sumarialmente, que al procurador que da esa trascendencia? Este sí que es un argumento, señor López Martín de la Vega, absolutamente irrebatible, al igual que creo que lo han sido los anteriores.
Con esto termino y no quiero alargar más este debate, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Primero, me interesa sobre todo aclarar absoluta y explícitamente que cuando me refería a presiones corporativistas en absoluto estaba pensando en el señor portavoz de Coalición Canaria, del que no me consta ninguna, sino más bien me costaría en cualquier caso todo lo contrario. De modo que

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quiero dejar claro expresamente, para que conste donde tenga que constar, pero sobre todo para que le conste al señor Olarte, que jamás pasó por mi cabeza el hacer ninguna alusión a presiones corporativistas por parte de su señoría. A lo que me refería era a que usted mismo habló de presiones corporativistas sobre el asunto de la toga y demás etcéteras, y yo decía que había tantas presiones corporativistas en pro como en contra de aprobar o no este artículo, y que nos parecía que era coherente mantenerlo en el proyecto.
Respecto a la enmienda 1.065, por seguir ya con la réplica al portavoz de Coalición Canaria, el señor Olarte, lo que yo le he dicho es que la seguiremos estudiando; es decir, que la seguiremos tratando y que nos parece que, efectivamente, de alguna manera había que incriminar al juez que tiene la culpa del retardo de la constitución de la sala o del retardo, en fin, en la Administración de justicia. Pero deberíamos pensar también si estos artículos no están subsumidos de alguna manera en los artículos que yo le he citado.
Y por terminar con la 1.068, en ese argumento que usted decía irrebatible, quiero recordarle que el Grupo Socialista aceptó en Ponencia una enmienda, la 1.072, de su Grupo, del mismo tenor que ésta, en la que reconsiderábamos, si no los sujetos, que efectivamente seguimos manteniendo que están en el título referido a los delitos de los funcionarios, que podríamos hacer algún tipo de concesión, dijéramos (por no buscar otra palabra y alargar mi intervención), en orden a estudiar la aplicación de las penas. Pero, desde luego, en cuanto a los sujetos, nos parece muy rebatible el argumento. Seguimos pensando que los sujetos que usted pretende incriminar con la enmienda 1.068 lo están ya en los artículos referidos a los funcionarios. Otra cosa es que, como hicimos, repito, con la enmienda 1.072, de Coalición Canaria, para las penas que no para los sujetos, podamos hacer lo mismo con esta enmienda 1.068.
Respecto al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, vamos a votar favorablemente la enmienda 817, pero la verdad es que, de todos los argumentos, el único que me parece con fuerza bastante como para acabar de decidirnos en esta duda que teníamos es el de la intervención mínima.
Y es verdad que el Derecho Penal debe responder al principio de intervención mínima, y esta intervención mínima exige que sólo se persiga este tipo de delitos cuando han suscitado alguna clase de actuación procesal, pues en ese sentido la votaremos afirmativamente, por atender a ese principio de intervención mínima que me consta que es tan caro, tan querido para S. S., y puedo decirle que para mí también.
La enmienda 818, del Grupo de Izquierda Unida, aunque ya presentía el señor López Garrido cuál iba a ser el sentido de mi intervención, podríamos discutir la ubicación sistemática del precepto. Es discutible, seguramente, como algún otro que hay en el Código Penal, aunque este proyecto se ha preocupado de solucionar malas ubicaciones sistemáticas del Código Penal vigente, y en este caso probablemente sea por lo menos opinable la ubicación sistemática. La cuestión de fondo es si proteger penalmente el proceso administrativo o no, y lo que decide el proyecto, con lo que está de acuerdo el Grupo Socialista, es con que el proceso administrativo tiene tal relevancia de gravedad en algunos casos, que merece ser protegido penalmente. No le animo, por tanto, en absoluto a que presente ninguna enmienda transaccional. Nuestra postura es esta opción, aunque doctrinalmente podríamos discutir largas horas sobre la ubicación sistemática del precepto.
Y para terminar, en la réplica del señor Pillado, del Grupo Popular, decía que sólo había hecho referencia a su enmienda 462, aunque yo le había sugerido la retirada de las enmiendas 463 y 464, porque están suprimidos los artículos 459 y 460, aunque ya sé que no hay razón suficiente, pero quiero decir que en Ponencia ya aceptamos la supresión de estos artículos por enmiendas de los grupos Socialista, Coalición Canaria y PNV. Simplemente le sugerí aquello, ya supongo que cuando no dijo nada es que las mantiene.
Sobre la enmienda 462 lo único que le digo es que, efectivamente, puede procederse, o puede darse, o podemos proceder aquí a la discusión que usted propone. Simplemente lo que me parece es que el artículo está bastante claro en lo que quiere decir. Se quebranta de alguna manera cuando el sentenciado o preso se fuga del lugar haciendo uso de la violencia, intimidación, etcétera, y la discusión que usted propone es posible, pero únicamente desde un punto de vista nominal, que creo no tiene mayor sentido que el de la satisfacción intelectual que dan este tipo de conclusiones. Es un juicio de valor, lo comprendo, pero a él me voy a atener en la votación.


El señor PRESIDENTE: Debatido el conjunto de capítulos IV al VIII, del Título XVII, pasamos al siguiente Título, «Delitos contra la Constitución». Vamos a abordar, en primer lugar, por separado, el capítulo I, de la «Rebelión», y posteriomente abordaremos los capítulos agrupando algunos de ellos, dada la cantidad de enmiendas que tienen estos capítulos.
Capítulo I. «Delitos de rebelión». El Grupo Popular tiene las enmiendas 465 a 473, ambas inclusive. De estas enmiendas hay tres asumidas por la Ponencia, las números 466, 472 y 473. Tiene la palabra el señor Bueso para defender las enmiendas, pero antes quiero anunciarle que al terminar el debate de este capítulo haremos votaciones.


El señor BUESO ZAERA: En relación con este título de los delitos contra la Constitución, es necesario resaltar que la defensa de la Constitución es, incuestionablemente, un tema clásico de la teoría constitucional, y es que toda Constitución, ley de leyes, necesita ser defendida, y siempre han existido y existirán personas o grupos minoritarios disconformes con el sistema establecido y que no se muestran de acuerdo con la idea de aceptar los cauces previstos por el propio texto constitucional para su posible reforma.
La declaración del artículo 8.º de la Constitución Española no tiene otro alcance, ni otro significado, que el exclusivamente instrumental y disuasorio. Instrumental en cuanto que para hacer cumplir la ley, los órganos constitucionalmente competentes cuentan, si ello fuere necesario, con el apoyo de la fuerza armada; disuasorio en cuanto que previene y advierte a todos aquellos que, por las vías de la

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subversión o la violencia, pretendan trastocar el sistema establecido. En definitiva, la función de defensa del ordenamiento constitucional que el artículo 8.º atribuye a las Fuerzas Armadas debe encuadrarse dentro de lo que hoy se conoce como defensa política de la Constitución, entendida como defensa material.
El problema interpretativo surge al intentar articular esta defensa dentro del conjunto orgánico estatal. Naturalmente, no cabe entender que se ha funcionalizado un nuevo poder autónomo de defensa de la Constitución, esto es, que las Fuerzas Armadas pudieran «per se» salir en defensa del ordenamiento constitucional. Ello iría en contra de las ideas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la propia Constitución. En consecuencia, la cuestión que se plantea es la dilucidar con qué órgano se articula la función encomendada.
La defensa del orden constitucional que corresponde a las Fuerzas Armadas es a través de las funciones que, llegado el caso, deban asumir declarado el estado de sitio. Este tiende a asegurar y mantener el orden constitucional en aquellos supuestos cuantitativamente diferentes y mucho más graves que los que puedan dar paso al estado de excepción, en que peligren los mismos fundamentos del Estado. Consiguientemente, será a través del estado de sitio, siempre bajo la dirección del Gobierno, como se canalizará la función de defensa del ordenamiento constitucional por parte de las Fuerzas Armadas.
¿Cabe pensar en una articulación directa Rey-Fuerzas Armadas en la defensa material de la Constitución? En nuestra opinión creemos que no, puesto que un análisis sistemático del texto constitucional pone de manifiesto que no se han acogido por la Constitución ni las tradicionalmente conocidas como medidas excepcionales ni ninguna otra cláusula que habilite medidas de excepción a adoptar por el Monarca. Y no podemos olvidar que, de conformidad con el artículo 5.º de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, corresponden al Rey las funciones que en materia de defensa nacional le confieren la Constitución, las Reales Ordenanzas y las demás leyes y, en especial, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, y que una de las finalidades de la defensa nacional es la de garantizar el ordenamiento constitucional. Si a todo ello unimos que la Constitución prevé que las Fuerzas Armadas sean la última garantía del ordenamiento constitucional, parece claro que el Rey, al que corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, haya de cumplir también aquí su función constitucional de Jefe Supremo de la institución a la que cumple asumir la garantía política última de la Constitución. Si todas las autoridades han de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus respectivas competencias, el Rey, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, se compromete también a defender activamente el ordenamiento constitucional y los valores materiales en él implícitos, en el ejercicio del mando militar que la propia Constitución le atribuye. En definitiva, en situaciones críticas, no nos cabe duda de que el Rey, en conexión directa con las Fuerzas Armadas, en cuanto Jefe Supremo de las mismas, estará plenamente legitimado para asumir la función de defensa material del texto constitucional.
Sin embargo, junto a esta vía marcadamente política, el Derecho Constitucional contemporáneo nos ofrece una segunda vía, que es la vía jurídica, la defensa del ordenamiento constitucional. Esta vía corre a cargo de la llamada jurisdicción constitucional, que emerge históricamente como un instrumento de defensa de la Constitución. Y, junto a estas dos vías, la doctrina ha venido a introducir lo que podríamos considerar como una tercera vía de defensa que, además, es la que en nuestro caso nos interesa específicamente, es decir, la defensa constitucional normativa, que está representada por todas aquellas disposiciones legales que, a través de mandatos o prohibiciones, han de garantizar la subsistencia del Estado y su Constitución.
Por vez primera en nuestra historia penal, el Código Penal de 1870 acuñó un nuevo Título bajo el rótulo de «Delitos contra la Constitución».
Promulgado el Código de 1944, tales figuras delictuales se subsumieron en los llamados delitos de rebelión, por la circunstancia obvia de no existir Constitución; delitos de rebelión que, a su vez, quedan insertos en el Título que contempla los delitos contra la seguridad del Estado.
Desde esta perspectiva, se puede vislumbrar una muy importante laguna legal: el atentado directo contra la Constitución con el fin de provocar por la fuerza una mutación del sistema constitucional vigente a través de un golpe de Estado.
Tal como la doctrina ha puesto de relieve, con la Ley Orgánica 2/1981 se pretendía tutelar penalmente la Constitución entendida como texto normativo autónomo y protegerla en los dos aspectos esenciales propios de su naturaleza de norma jurídica y de su carácter fundamental. Esto es, su vigencia absoluta y directa y su no modificabilidad al margen del procedimiento que ella misma establece.
Justamente, un mes después del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» publicaba el proyecto de ley orgánica por el que se modificaban determinados preceptos del Código Penal en materia de defensa de la Constitución Española y en materia de terrorismo. Y seis días antes la Mesa del Congreso, a petición del Gobierno, había adoptado el acuerdo de tramitar el referido proyecto por el procedimiento de urgencia. El proyecto era de una gran concisión.
En síntesis, el contenido se circunscribía a los siguientes puntos: una ampliación de la figura delictiva de la rebelión a los supuestos en que, por la fuerza o fuera de los cauces legales, se atentase contra la más elevada norma de nuestro ordenamiento; en segundo lugar, un incremento de la energía represiva; en tercer lugar, una referencia particular a las actuaciones que se produjeran a través de los medios de comunicación social, y una nueva y más rígida regulación de las medidas cautelares a adoptar en tales casos, incluyendo entre las mismas el cierre provisional del medio de difusión y la ocupación material de las instalaciones, máquinas y enseres correspondientes, como instrumento de delito; y en cuarto lugar, en materia de terrorismo se introducían dos importantes medidas, de una parte, la configuración del delito de simple pertenencia a grupos o bandas armadas y, de otra parte, la tipificación autónoma del delito

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de colaboración o favorecimiento cometido normalmente por los llamados comandos informativos.
La Ley Orgánica a la que he hecho referencia nace inserta en unas circunstancias históricas verdaderamente excepcionales, que van a actuar como condicionante decisivo de la norma legal, que puede, asimismo, ser considerada como una Ley de naturaleza excepcional. De ahí que ciertos sectores parlamentarios viniesen a considerar el texto como una Ley instrumental que sólo podía ser de utilidad en tanto se tramitara el nuevo Código Penal. Esta Ley Orgánica adolece de graves defectos en lo que se refiere a la técnica jurídico-penal. De una parte, de una lectura reposada y desapasionada del texto, se llegará necesariamente a la conclusión de que en la Ley se respetan escrupulosamente los principios básicos del Estado de Derecho, y de otro lado, se tratará de dejar sentado que la Ley no sólo no implica, en modo alguno, una suspensión de ningún derecho constitucional sino que, precisamente, pretende una defensa de las libertades y del Estado de Derecho. Bien es verdad que, frente a estos argumentos, se pondrá de relieve, ante todo, el hecho, a todas luces preocupante, de la proliferación de normas penales sustantivas y procesales que, poco a poco, van vaciando de contenido el texto constitucional en materia de derechos y libertades.
Ante todo, es preciso insistir en el hecho inequívoco de que todo Estado de Derecho lleva en su propia entraña la necesidad de un derecho excepcional. Y la praxis política acredita suficientemente la necesidad de una defensa política de la Constitución para hacer inviable que situaciones de anormalidad puedan dar al traste con el sistema constitucional, y, con él, los derechos y libertades fundamentales que en el mismo se amparan.
Esta Ley no pretende la suspensión de ningún derecho fundamental, ni sería en modo alguno admisible tal pretensión, pues el artículo 55.1 de nuestra Carta Magna sólo posibilita la suspensión del ejercicio de ciertos derechos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Las dudas se suscitan en torno a la libertad de expresión que reconoce el artículo 20 de nuestra Carta Magna política y a la posible transgresión de lo que dispone en el apartado 5 del referido precepto, que determina que «Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».
Señor Presidente, paso a defender las enmiendas a este capítulo, concretamente de la 465 a la 473, excepto aquellas a las que ha hecho referencia el señor Presidente porque están admitidas en el informe de la Ponencia.
En lo que respecta a la rebelión, tengo que decir que el delito de rebelión ha experimentado pocas modificaciones sustanciales desde el Código Penal de 1848, si bien ha ido acomodándose a las diferentes formas de gobierno, y la última reforma, influida sin duda por el fallido golpe de Estado a que he hecho referencia anteriormente, tuvo lugar a través de esa Ley Orgánica a que me he referido repetidamente, es decir, la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo. Es un sujeto plural, colectivo, el sujeto activo, y no existe por tanto la rebelión individual de una sola persona, siendo indiferente el número de personas que se rebelan, siempre que sea un número lo suficientemente relevante en orden a conseguir los fines fijados en el tipo. La acción consiste en alzarse públicamente, y alzarse equivale sencillamente a levantarse desobedeciendo o resistiendo colectivamente a alguien, en este caso al poder legítimamente constituido, y dicho alzamiento debe manifestarse públicamente, o sea, de modo abierto y alterando la normalidad y la tranquilidad ciudadana. La reforma ha suprimido la segunda de las notas típicas que caracterizaban el alzamiento en abierta hostilidad contra el Gobierno. La antijuridicidad se inserta como un elemento subjetivo de lo injusto, y la finalidad que los rebeldes persiguen ha de ser una de las señaladas en la ley. Aunque teóricamente pueda ser estado de necesidad o el cumplimiento de un deber, es decir, defensa de la Constitución, por ejemplo, que pueden ser invocados por los rebeldes, la realidad criminológica de estos delitos impide apreciarlas, pues la rebelión implica un ataque total al poder constituido que, si triunfa, convierte en rebeldes a los que ostentaban legítimamente el poder y en gobernantes a los rebeldes. De ahí nuestra enmienda 465 al artículo 452.1, que pretende que la graduación de la pena deba hacerse teniendo en cuenta la responsabilidad y el puesto ocupado. Por eso decimos que la pena debe ser de prisión de quince a veinticuatro años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y para los que ejercieren el mando subalterno la pena debe ser de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
La enmienda 467 es de modificación al artículo 455.1, proponiendo otra redacción que diría que El militar que no empleare los medios a su alcance (...) deberá ser inhabilitado absolutamente por el mismo tiempo.
Es decir, se trata de conseguir que la pena accesoria de inhabilitación sea proporcional a la pena de prisión y no como hace el texto del proyecto, que pone una pena superior de inhabilitación.
La enmienda 468 es al artículo 455.2 y propone suprimir desde donde pone «o las autoridades...» hasta el final, porque, siendo el delito de los que sólo pueden cometer quien tenga la condición de militar, es conveniente que quede clara la obligación de denunciar a quienes sean manifiestamente sus superiores, que son los llamados principalmente a contener la rebelión.
La enmienda 469 es al artículo 457, de supresión, en coherencia con las enmiendas a las que he hecho referencia anteriormente.
La enmienda 470, al artículo 458, también es de supresión, porque dicho artículo, que hace referencia a que «Luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y se retiren», luego viene diciendo que «Si los sublevados no depusieren su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos», y nosotros decimos que se debe suprimir, porque se trata sencillamente de un tipo penal inútil, en nuestra opinión, y desde luego el Código Penal no es el lugar adecuado para esta clase de disposiciones, máxime teniendo en cuenta que el artículo siguiente, el 459, prevé la pena a imponer a los supuestos de desestimiento.


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La enmienda 471 al artículo 459.2 propone suprimir desde «la misma pena se impondrá...» hasta el final, y ello en coherencia con la enmienda que hemos presentado al artículo anterior.
La enmienda 472 fue aceptada por el informe de la Ponencia, lo mismo que la enmienda 473. Por tanto, quedan defendidas todas las enmiendas a este capítulo.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, puede defender sus enmiendas 819 a 823.


El señor LOPEZ GARRIDO: Entramos en el Título XVIII, delitos contra la Constitución, que implica que el Código Penal con carácter autónomo, con la autonomía que da dedicar un título a una materia, considera como un valor fundamental a proteger nuestra Constitución, en primer lugar para defenderla de las acciones de carácter violento que vayan dirigidas a acabar con el ordenamiento constitucional, a ponerlo en peligro o a impedir el desarrollo de las instituciones constitucionales. De ahí este capítulo I referido a la rebelión, figura que, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, experimentó una variación importante después del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y que se manifestó en esta Ley de reforma citada 2/1981, que básicamente es seguida en la propuesta que hace el proyecto de Código para este capítulo I del título XVIII y que, de una forma emblemática, comienza en su artículo 451 señalando que son reos de rebelión «los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes», y el primero de esos fines es el de «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución». Por tanto, el primer precepto y el primer párrafo de este título van destinados directamente a defender la Constitución de cualquier acción violenta que pretenda por vías distintas a las previstas, derogar, suspender o modificar la Constitución.
Nosotros hemos presentado diversas enmiendas a este Capítulo I que no son especialmente significativas, dado que compartimos básicamente la forma en la que está redactado este capítulo I, alguna de las cuales son consecuencia de la posición mantenida a lo largo de este Código, por ejemplo en relación con el máximo de tiempo de penas. Hemos hecho alusión a ello anteriormente y yo no quiero reiterar esta cuestión aquí. Las enmiendas 819 y 820 tienen un objetivo, adaptarlo a nuestra pretensión de que en todo caso no transcurran más de veinticinco años estando una persona en prisión y, por lo tanto, se adaptan todas la penas a lo largo del Código. Este es el objetivo de estas enmiendas, que naturalmente serán rechazadas en la votación en correspondencia con el rechazo que tuvieron las que presentamos a la parte general correspondiente a estas cuestiones. No ocurre así con la enmienda 821, que esperamos sea aprobada, ya que como otras, sustituye la palabra «apología» por la palabra «provocación» en coherencia con lo que ya se ha aprobado en esta Comisión, que es considerar la apología como una forma de provocación.
En cuanto a la enmienda 823, comunicamos la retirada de la misma y deseamos que no sea sometida a votación.
Queda defender la enmienda 822, que lo voy a hacer muy brevemente.
Pretende suprimir el artículo 458, porque consideramos que es un artículo que tiene un carácter más bien procesal que no corresponde situar en este Código Penal. Este artículo 458, establece la forma en la que la autoridad gubernativa debe intimar a los sublevados y la forma en la que debe hacer uso de la fuerza. Nos parece que no es materia del Código Penal, sencillamente no se corresponde con el contenido del Código Penal, que debe ser fundamentalmente un contenido de configuración de tipos penales y de las penas correspondientes, y no este carácter procesal que no implica en sí ni define ninguna conducta, ni la penaliza.


El señor PRESIDENTE: Señor Casas, su Grupo Parlamentario tiene formuladas las enmiendas 1164, 1165, 1166.


El señor CASAS I BEDOS: Las doy por defendidas en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco tiene dos enmiendas, la 102 y la 103.
Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, me da la impresión de que a este bloque son la 103 y la 104. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: En todo caso, proceda a defenderlas, porque parece que la numeración que he dado es la equivocada. Voy a comprobarlo, pero proceda a su defensa.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: No lo compruebe, señor Presidente, porque la 104 la voy a retirar en este momento. Es una enmienda de escaso significado que no permite una argumentación especialmente relevante. La 103, sí, señor Presidente, ya que hace referencia al artículo 451...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no sé de dónde procede el error, pero, a la vista del informe de la Ponencia, le confirmo que hay una enmienda 102 de su Grupo al artículo 451 y una enmienda 103 al artículo 453. La enmienda 104 se corresponde con el capítulo II.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Mantengo las dos, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Quizás el error provenga, señoría, de que esta enmienda 102 en realidad está referida al artículo 456, según las notas que tomé en la Ponencia.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Es probable, es casi seguro que tenga usted razón, señor Presidente. En todo caso la que le interesa a mi Grupo Parlamentario es la relativa al artículo 451 en su número 5, que hace referencia a los comitentes de delitos de rebelión que se alzaren públicamente por declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Nosotros pedimos la supresión de esta

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circunstancia, de este injusto penal, o califíquese como se quiera, señor Presidente, porque declarar la independencia de una parte del territorio nacional es una conducta, es una circunstancia que se puede cometer también por conspiración, por proposición y no por apología, en virtud de las enmiendas que han sido aceptadas al Grupo de Izquierda Unida, puesto que la apología no es una circunstancia especial que posibilite la comisión de un delito, sino que es una subespecie de la provocación, cosa que a mi Grupo le desagrada sobremanera. En todo caso, señor Presidente, declarar la independencia de una parte territorio nacional es una causa política en el sentido más aristotélico del término, es una proclamación que se puede hacer legítimamente en virtud de jurisprudencia harto sostenida por nuestros tribunales. Proclamar, inducir o proponer la independencia de una parte del territorio nacional no es una conducta que pueda ser considerada como delictiva. Vamos a poner un gran énfasis en esta cuestión, no porque nosotros lo propongamos, sino porque ésta es una cuestión que es legítima en términos de debate político. Vamos a pedir la supresión de este delito, de esta conducta considerada como punitiva o delictiva, cual es declarar la independencia de una parte del territorio nacional, bien sea por conspiración, bien sea por apología, bien sea por proposición.
Señor Presidente, muchos partidos políticos del Estado español, o por lo menos algunos, proclaman la independencia de una parte del territorio nacional porque forma parte sustancial de sus convicciones ideológicas más profundas. Esta no es una conducta, en virtud de lo determinado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también por la jurisprudencia (Rumores) del Tribunal Constitucional, no es una conducta que pueda ser considerada como delictiva. Esto forma parte de la dialéctica, del debate político general, convencionalmente aceptado por todos los ciudadanos del Estado español. Y si eso no fuera algo convencionalmente aceptado por todos los ciudadanos del Estado español o por casi todos --hay excepciones a las que no me voy a referir en este momento--, nosotros no estaríamos sencillamente en esta Cámara, señor Presidente. Luego nosotros, muy enfáticamente, vamos a proponer que, sencillamente, se derogue, se excluya de las conductas... (Continúan los rumores.) Señor Presidente, yo no estoy en condiciones de intervenir en esta coyuntura tan coloquial y tan ruidosa.


El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías, porque es evidente que el orador tiene derecho a hablar en medio de un silencio sepulcral.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: No lo haga por el orador, hágalo por las taquígrafas, señor Presidente, que veo, en virtud de interpretaciones semióticas, que tienen dificultad para captar mis palabras.


El señor PRESIDENTE: Por cualquiera de los motivos, ruego silencio.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Es una conducta que no puede ser considerada como delictiva. Si esa conduta por proposición, por apología, por conspiración fuese considerada delictiva, muchos grupos políticos en esta Cámara no podríamos tener ni siquiera presencia material en la misma. Luego enfáticamente mi Grupo propone la derogación o la exclusión de esta figura delictiva, que no puede ser delictiva por razones constitucionales y por razones jurisprudenciales.


El señor PRESIDENTE: El señor Olarte, no tiene enmiendas a este capítulo.
El Grupo Mixto no está para defender sus enmiendas.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Voy a pasar directamente a referirme y a fijar la posición sobre todas y cada una de las enmiendas que han sido defendidas en relación con este primer capítulo del título XVIII del proyecto de Código Penal. Voy a seguir también, como suelo hacer, el orden sistemático, no de los bloques de enmiendas, sino del articulado del proyecto, no sin decir antes que nuestro Grupo, y por eso no nos vamos a extender, está de acuerdo y coincide, más que en lo sustancial, en la concepción que tiene la tutela penal de los valores que se protegen en este título y también en el orden sistemático en el que se protegen.
Esa sí que es una modificación en gran parte de toda la codificación penal española de los siglos XIX y XX, donde, a pesar de la importancia suprema y primordial que tiene el texto constitucional, la protección y la tutela de los derechos fundamentales tiene un rango superior en este Código Penal que la propia tutela de la Constitución.
Siguiendo ese orden sistemático, no tengo más remedio que referirme, no porque lo haya elegido yo así sino por el propio orden de los artículos impugnados, precisamente a la última enmienda que ha sido defendida por el señor Olabarría, en nombre del Grupo Vasco, enmienda número 102 al artículo 451.5, donde solicita la supresión de este párrafo que dice: «5.
Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.» Con su habilidad dialéctica y parlamentaria, a la que siempre con tanta agudeza y muchas veces con tanto fundamento nos tiene acostumbrados --yo creo que en esta ocasión sin ese fundamento--, el señor Olabarría nos dice que no pueden renunciar con carácter esencial a un principio político como es el de declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Pero lo que ocurre es que este artículo 451, en el que se habla de quiénes son reos del delito de rebelión militar, no considera delito ni persigue a los que persigan la independencia de una parte del territorio nacional, sino a los que se alzan públicamente para, entre otros, este fin del apartado 5. Por ejemplo, el apartado 1, se refiere a modificar total o parcialmente la Constitución, y esta acción no es un delito ni es nada que pueda ser perseguible, pero alzarse en armas para modificar total o parcialmente la Constitución, ése es el delito de rebelión militar. El apartado 4 se refiere a disolver las Cortes Generales. Disolver las Cortes Generales no es un delito ni nada que se persiga, pero alzarse en armas para disolver las Cortes

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Generales o el Congreso de los Diputados, ése es el delito de rebelión militar.
Declarar la independencia de una parte del territorio nacional no es nada ilegítimo ni nada que se persiga como delito, pero alzarse en armas, señor Olabarría, públicamente, para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, eso así que es un delito de rebelión militar. (El señor Olabarría Muñoz: ¿Dónde pone eso?) Lo pone, señor Olabarría, si me permite el Presidente este diálogo, donde dice que son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente: 5.º: Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. 1.º: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
Yo creo que el sentido literal, gramatical, penal y político del artículo está absolutamente claro, por más, señor Olabarría, que usted diga lo contrario. Creo que así lo entendemos de su lectura literal y de la teleología de este delito que, vuelvo a insistir, no es declarar la independencia de una parte del territorio nacional; es alzarse públicamente para conseguir ese fin. (El señor Olabarría Muñoz pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Tendrán su turno de réplica, señorías.


El señor MOHEDANO FUERTES: Veo, señor Olabarría, que frente a su habitual tranquilidad en otras discusiones, en ésta no mantiene usted esa tranquilidad, porque sabe usted que no tiene razón. (Risas.) Señor Presidente, con esto doy por agotada, en este turno al menos, la defensa de este artículo y paso a las enmiendas correspondientes a los artículos subsiguientes.
La enmienda 465 al artículo 452, apartado 1, del Grupo Parlamentario Popular, pensamos que no es una propuesta relevante, porque, en definitiva, como bien ha dicho el señor Bueso, la única modificación propuesta supone rebajar de 25 a 24 años el límite máximo de la pena a los jefes principales y hacer coincidir el límite mínimo de la inhabilitación de los meros participantes con el de la pena privativa de libertad.
El propio señor López Garrido ha anticipado y comprendido el sentido de cuál va a ser nuestra respuesta a su enmienda 819, que rechazamos en coherencia con la escala punitiva general del Código Penal, y por las mismas razones rechazamos la enmienda 820.
La enmienda 467, del Grupo Popular, al artículo 455, apartado 1, tampoco la vamos a aceptar, porque a pesar de que en esta enmienda, o en otras posteriores, así como en la anterior, el Grupo Popular insiste en la misma argumentación, no hay razón alguna para mantener esa proporcionalidad que se propone, ya que no estamos ante una pena accesoria, sino que cuando estamos hablando de la inhabilitación nos referimos a una pena distinta y acumulativa. Además, hay que tener en cuenta que la inhabilitación no llega a los seis años y no supone la expulsión del Ejército.
La enmienda 468 al artículo 455.2 propone suprimir desde «o a las autoridades» hasta el final. Desde nuestro punto de vista, esto supondría mantener una especie de poder militar autónomo del resto de las autoridades con obligación de perseguir delitos, en contra de la propia tesis introductoria que el señor Bueso ha hecho muy acertadamente a la hora de referirse al concepto general que subyace en este título, si leemos la justificación de la enmienda, que habla de los superiores como los llamados principalmente a contener la rebelión, ¿qué pasa, por ejemplo, señor portavoz, si los superiores son los rebeldes o los jefes de la rebelión? ¿A quién tiene que denunciar el soldado estos hechos? Vamos a aceptar, como también ha anticipado el señor López Garrido, su enmienda número 821, también al artículo 456, en coherencia con la nueva regulación de la provocación y de la apología, y, en coherencia con el criterio mantenido en enmiendas anteriores, no vamos a aceptar la enmienda 469, del Grupo Popular, que pretende la supresión del artículo 457. En cuanto a las enmiendas 470, del Grupo Popular, al artículo 458, y 822, de Izquierda Unida, al mismo artículo, aunque compartimos formalmente una parte de los argumentos que se han dado por los enmendantes, nuestro criterio para defender que se mantenga este precepto en el Código Penal es porque no es un tipo inútil, por más pintoresco que parezca --y les acepto eso a los enmendantes--; por más pintoresco que parezca en algunos aspectos --permítaseme que lo diga con esa plasticidad, señor Presidente--, no es un tipo inútil, porque si no hay intimación, señores portavoces, no se puede aplicar el último párrafo del artículo siguiente. Es decir, que la utilidad de este artículo es la posibilidad de aplicación del último párrafo del artículo siguiente. Ese es el motivo por el que vamos a defender que se mantenga este precepto en el Código Penal, aunque efectivamente no es un tipo que defina tipos penales concretos, pero es un artículo clásico en los códigos penales, y no lo mantenemos por tener una especie de figura clásica en los códigos penales, sino por esa utilidad que tiene y a la que nos hemos referido antes.
Tampoco vamos a aceptar la enmienda 471, del Grupo Popular, al artículo 459, también en coherencia con haber rechazado la enmienda al artículo 458.
Con eso, señor Presidente, al haber sido o bien aceptadas en trámite de Ponencia o bien retiradas en este trámite el resto de enmiendas presentadas a este capítulo del título XVIII, damos por finalizadas nuestras observaciones y nuestra fijación de posición en relación con estos preceptos.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere replicar el señor Bueso?

El señor BUESO ZAERA: Simplemente para decir que mantenemos nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Quisiera empezar, en esta breve intervención, refiriéndome a las manifestaciones del señor Olabarría sobre su rechazo a este artículo 451, en su apartado 5, que considera rebelión alzarse públicamente para declarar la independencia de una parte del

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territorio nacional, y ha considerado que este artículo podría estar en contradicción con las posiciones políticas que defienden grupos políticos relevantes, con representación parlamentaria, lo que sin duda también podría entenderse en referencia incluso a su propio Grupo Parlamentario (El señor Olabarría Muñoz: Yo no he dicho eso.) o a otros. Desde luego, cualquier grupo podría defender perfectamente, pública y democráticamente, que sería bueno que una parte del territorio español fuese independiente. Es algo que no está, en absoluto, prohibido por el sistema democrático, sino, por el contrario, permitido. (El señor Olabarría Muñoz: Nadie ha dicho eso.) No he dicho que lo haya dicho explícitamente, digo que podría entenderse que puede referirse a grupos nacionalistas, por ejemplo, al Grupo Nacionalista Vasco o a otros grupos nacionalistas. Además, no es la cuestión fundamental; la cuestión fundamental que usted ha planteado es que esto podría ir en contra de posiciones políticas mantenidas por grupos políticos.
Creo que no hay ningún peligro de que este artículo pueda entenderse como algo que impida mantener esas posiciones políticas; en absoluto. Este artículo 451, como ha señalado el señor Mohedano, es un artículo que castiga y sanciona la rebelión violenta, es decir, está castigando lo que previamente se llama alzamiento. Señor Olabarría, no debe usted perder de vista que en el artículo 451 hay un párrafo, el primero, del que parte todo, que dice: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes:» Esa es la clave; la clave es que se alzan públicamente para unos fines que vienen a continuación. Alzarse públicamente para esos fines es una conducta prohibida por el ordenamiento penal y por cualquier ordenamiento penal de cualquier país.
Con esto no hay ninguna innovación en el Código Penal español; seguro que en cualquier país hay un código penal que dice algo muy parecido. Alzarse públicamente es desobedecer y resistir, enfrentarse violentamente al poder legítimamente constituido. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, el 18 de julio de 1936 en algo que se ha llamado desde entonces «el Alzamiento», porque fue eso, un alzamiento público, violento, contra el poder entonces legítimamente constituido, enfrentándose a las autoridades legítimamente constituidas, alterando la normalidad y la tranquilidad ciudadana y, en ese sentido, es una conducta considerada como ilícita cuando pretende esa serie de objetivos que aparecen en el artículo 451 del proyecto.
Por tanto, esto no tiene nada que ver con el mantenimiento de posiciones políticas de cualquier tipo, siempre, naturalmente, que esos grupos políticos no se alcen públicamente, violentamente, en rebelión y en contradicción con el ordenamiento constitucional, porque, evidentemente, ése es el límite de las actuaciones políticas. Así, defender que una parte del territorio nacional o del territorio del Estado español deba ser independiente es absolutamente lícito, incluso estoy seguro de recordar que nuestro país ha firmado los pactos de Nueva York, donde, entre los derechos que se reconocen, aparece el derecho de autodeterminación de los pueblos. Eso aparece dentro de los pactos de Nueva York, que han sido firmados por el Estado español y por muchos otros países. Dentro de nuestro sistema democrático es absolutamente posible hacer una defensa con cualquier finalidad, siempre que se haga pacíficamente y ateniéndose a los resultados de los procesos políticos democráticos. Nada tiene que ver, en consecuencia, con este delito de rebelión, que, como digo, está en cualquier código penal de cualquier país y, además, es lógico que esté.
Voy a hacer una breve referencia a la intervención del señor Mohedano, que ha rechazado nuestra enmienda que pretende la supresión del artículo 458. Ha admitido parte de las argumentaciones que hemos expuesto y señala que es necesario que exista el artículo 458 para que pueda ponerse en práctica el último apartado del artículo 459. El número 2 del artículo 459 dice que la pena de prisión inferior en grado a la que aparece antes se impondrá si los rebeldes se disolvieren o sometieren a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella. Creo que este artículo puede subsistir perfectamente aunque se suprimiese el 458, que es un artículo procesal. El artículo 459 sería perfectamente aplicable, porque dice que los rebeldes tienen que disolverse o someterse a la autoridad legítima antes de la intimación para que se les aplique esta pena establecida en el 459.2. Creo que no es necesario que haya un artículo procesal, como es el 458, como no es necesario que haya artículos procesales a lo largo de este Código en relación con muchas conductas que, en su desarrollo penal, requieren de un procedimiento y, sin embargo, en el Código no están establecidas.


El señor PRESIDENTE: El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, yo estoy sorprendido por lo que he escuchado en estos primeros turnos, que se han convertido en turnos de réplica a mis intervenciones.
El artículo 451 tipifica como delito la conducta consistente en alzarse públicamente, no en alzarse en armas, como ha expresado el señor Mohedano, que ha hecho una referencia que no establece el precepto, sino, repito, en alzarse públicamente, concepto jurídico absolutamente indeterminado; indeterminado jurisprudencialmente, doctrinalmente y desde todas las perspectivas. Este concepto indeterminado convierte en reos o en comitentes de este delito en la circunstancia, en el apartado 5.º, a aquellos que declaren la independencia de una parte del territorio nacional.
Señor Presidente, usted sabe perfectamente cómo los delitos se pueden cometer por su comisión directa, por proposición, por apología, como una subespecie de la proposición, o por conspiración. ¿Quién nos asegura a nosotros que en este momento el proclamar públicamente la independencia de una parte del territorio nacional no puede convertir a esas personas en comitentes de este delito por proposición, por apología o por conspiración, con importantes penas de privación de libertad? Esa es, señor Presidente, la cuestión que me plantea mi Grupo Parlamentario. Esto no es un problema sobre la autodeterminación. Podríamos

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hablar mucho sobre la autodeterminación, que es un derecho constitucional, aunque no esté proclamado por las constituciones, porque es un derecho humano. Podríamos hablar mucho y yo estoy en circunstancias personales de hablar mucho sobre la autodeterminación y cómo los dos tratados internacionales y fundamentales de los derechos humanos, que en estos momentos están convalidados por la ONU, hablan en su Título I de la autodeterminación de los pueblos. No es la cuestión en este momento; yo quiero que se consagre en este momento, en virtud de la interpretación auténtica, la interpretación del legislador, que quien proclame públicamente en un mitin, en cualquier circunstancia política, la independencia de una parte del territorio nacional no sea comitente, por esa misma razón, de un delito que en este momento se considera como delito de rebelión, con la relevancia, con la importancia y con la consecuencia punitiva que un delito como éste tiene.
Ninguno de los portavoces que han intervenido en este momento me han contestado esta cuestión y yo quiero que quede claro, señor Presidente, que ésta es una política legítima, y no sólo legítima, sino legitimada por los tribunales del Estado español. Quiero que quede claro que ninguna persona que proclame públicamente en cualquier circunstancia con relevancia pública, con trascendencia pública, la independencia de una parte del territorio nacional es comitente del delito de rebelión. Esto no queda claro en este precepto, señor Presidente, y la enmienda de mi Grupo Parlamentario sólo pretende que quede claro, por razones de seguridad jurídica, principio o valor superior del ordenamiento jurídico, tal como proclama el artículo 1 de la Constitución. No quiero que se hagan interpretaciones espurias de las de mi Grupo Parlamentario. Quiero que se aclare la hermeneusis, la interpretación de este precepto. Esa es la interpretación que nosotros pretendemos y ninguna de las argumentaciones que se han hecho hasta ahora proveen de la suficiente seguridad jurídica a la interpretación de este precepto que mi Grupo Parlamentario proclama.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, quisiera hacer explicación del voto que voy a formular posteriormente.


El señor PRESIDENTE: Pues espere un momento porque todavía estamos en los turnos de réplica.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, una cuestión de orden.
Estamos hablando de cuestiones trascendentes y en este momento el ambiente de la Comisión es un tanto desordenado, si me permite la eufemística expresión. Hago una apelación a la disciplina para hablar de cuestiones de esta trascendencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, coincidiendo con el final de su intervención, se están incorporando diversos miembros de la Comisión, conocedores de que se va a proceder a votar en los próximos momentos. Esa circunstancia no creo que le permita hacer un juicio de valor de esa naturaleza. La Presidencia se encargará de que el señor Mohedano pueda expresarse en medio del silencio de que ha gozado de su intervención.
El señor Mohedano tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Olabarría, no estamos discutiendo en este momento, ni en el debate de estos artículos del proyecto de Código Penal, sobre la legitimitad o legitimación política o la no legitimidad o la no legitimación política del derecho de autodeterminación. Esa no es la discusión. Quizás usted ha llevado la discusión a ese terreno, pero ésa no es la discusión que tenemos aquí. No, señor Olabarría. Cuando he respondido a su enmienda creo que lo he hecho en términos suficientemente claros en ese sentido, y como no lo estamos discutiendo, no me voy a extender sobre ese problema, porque no es el objeto de la discusión.
En segundo lugar, la verdad es que le tengo mucha admiración y mucho respeto parlamentario y me extraña que traiga este tema aquí, cuando la dicción literal y gramatical del artículo 451 y 456 está muy clara. Pero no es que esté clara, sino que usted dice que es un concepto jurídico indeterminado alzarse públicamente y yo quiero tener la garantía de que no se va a aplicar este precepto a nadie que defienda públicamente el derecho de autodeterminación de una parte del territorio nacional.
Yo creo, señor Olabarría, que usted ha improvisado bastante su argumentación en este caso, contrariamente a lo que suele hacer. Porque el artículo 451.5 que ustedes enmiendan con enmienda de supresión es exactamente igual que el artículo 214.5 del Código Penal vigente. ¿Usted conoce que este artículo 214.5 se haya aplicado a alguien que haya defendido pacífica y públicamente el derecho de autodeterminación? Si hubiera conocido algún caso nos lo hubiera dicho. Usted sabe, señor Olabarría, que no es así, por más vueltas que le dé. La rebelión, como alzamiento público --y ya le contesto exhaustivamente a lo que plantea--, no es un concepto jurídico indeterminado; viene configurado clarísimamente en preceptos legales que han sido citados aquí por otros intervinientes. Concretamente, la rebelión se configura en este proyecto de Código Penal tal como se definió en la Ley Orgánica 14/1985, de 9 de diciembre. Rebelarse o alzarse supone romper la relación de sumisión a las leyes y autoridades legítimas, en la forma que se dice el la Ley 14/1985, de 9 de diciembre. Además, hay una jurisprudencia, aunque no me voy a referir a ella para no incurrir en otras contradicciones que he señalado anteriormente. No estamos ante un concepto jurídico indeterminado, no estamos ante una novedad en este proyecto; estamos ante lo mismo que hay en la legislación vigente, que, desde luego, no ha sido utilizada como instrumento para coartar ningún derecho de autodeterminación planteado pacífica y públicamente.
Desde luego, señor Olabarría, no estamos aquí discutiendo --y con eso acabo igual que empiezo-- ningún derecho de autodeterminación legítimamente o no legítimamente. Lo que estamos diciendo es que alzarse públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional es un delito de rebelión militar, igual que

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es un delito de rebelión militar alzarse públicamente para modificar parcialmente la Constitución o para disolver el Congreso de los Diputados. Disolver las Cortes, disolver el Congreso de los Diputados, modificar parcialmente la Constitución no es nada ilegal ni ilegítimo, pero sí alzarse públicamente para eso, y ése es el concepto clarísimo que todos los que estamos en esta Comisión creo que entendemos de lo que dice el 451, desde luego en relación con el 456, la conspiración, la proposición y la provocación, porque la provocación, la conspiración o la proposición no es para declarar independiente una parte del territorio nacional, sino para provocar la rebelión con cualquiera de las finalidades de los siete párrafos del 451.
Usted, señor Olabarría, cuando tiene razón no mueve tanto la cabeza diciendo que no. Yo creo que ahora sabe usted que no tiene razón, usted está manteniendo aquí una posición, está usted sacando del contexto penal totalmente su discusión, quizá lo hace usted por una posición que crea que lo deba hacer, pero sabe usted que no tiene razón y, además, yo creo que la mayoría o casi todos o todos los que estamos aquí entendemos que usted no tiene razón. Y como lo sabe usted quizá mejor que nosotros, por eso, señor Presidente, no me extiendo más. (El señor López Garrido pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, ¿para qué desea hacer uso de la palabra?

El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, para consumir el turno de precisión respecto de una cuestión que nos ha suscitado el señor Olabarría y que él ha entendido que no hemos planteado.


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Perdone, señor Presidente, si me permite un momento, un segundo...


El señor PRESIDENTE: Va a abrir usted el debate de nuevo.


El señor LOPEZ GARRIDO: No, señor Presidente. Es, simplemente, en la línea de lo manifestado por el señor Mohedano anteriormente, contestar al señor Olabarría porque ha dicho que ninguno de los intervinientes anteriores había hablado del tema de la provocación y la conspiración. Es una mera precisión sobre este asunto.


El señor PRESIDENTE: Adelante.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda del Grupo Nacionalista Vasco número 102 la tengo aquí delante tal como la presentaron en el Registro en su momento; dice que procede la supresión del número 5 del artículo 451, con la siguiente justificación: «No se puede admitir la comisión de ese delito por conspiración, proposición o apología.» Y el señor Olabarría parece entender que defender públicamente, democráticamente y pacíficamente el derecho a la autodeterminación o la independencia, etcétera, de alguna parte del territorio español o del territorio del Estado español puede ser entendida como provocación, conspiración, proposición o apología del delito previsto en el artículo 415.5.
Yo quiero señalarle que está absolutamente claro --me parece que el señor Mohedano ha hablado de ello anteriormente--, está absolutamente claro --y yo quiero unirme a esa interpretación-- que la provocación, conspiración o proposición que está castigada es la provocación, proposición o conspiración para alzarse públicamente, violentamente contra el poder legítimo constituido, es decir, para producir una acción de delito de rebelión previsto en el artículo 451. Es evidente que es una provocación, una proposición para que se produzca ese alzamiento público, que tiene un carácter violento, que tiene un carácter armado y que se desarrolla, además, en el resto del Capítulo I, y si usted se fija en los demás artículos del Capítulo I que desarrollan todo lo que es la rebelión verá que, evidentemente, es un contexto de rebelión violenta, colectiva contra el poder legítimamente constituido y que supone, por tanto, un atentado contra la Constitución. No hay ningún tipo de duda al respecto, no hay ninguna posibilidad de que esa interpretación que usted piensa que podría producirse se produzca. Es un asunto totalmente pacífico en España y fuera de España que nunca eso pueda incluirse en este artículo y en este capítulo, y yo creo que, además, usted debería estar especialmente interesado en que eso fuera así...


El señor PRESIDENTE: No, haga precisiones, pero no me abra el debate con el señor Olabarría. Su señoría puede hacer precisiones y yo no tengo inconveniente, pero si alude en términos contradictorios, inmediatamente el señor Olabarría pedirá la palabra y volveremos a abrir otro turno general.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Yo quería hacer una intervención, señor Presidente, no para abrir ningún debate, sino para hacer una intervención que creo que va a ser constructiva, y lo hago con la mejor fe, para explicar por qué razones técnico-jurídicas yo me veré obligado a votar en unión del señor Olabarría.


El señor PRESIDENTE: Pues tiene usted un turno de explicación de lo que va a ser su voto. Le ruego que sea breve.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, una vez que en el archipiélago canario a mí me se me ocurrió hablar de la sensibilidad que Estados Unidos había tenido con Puerto Rico, se cogió el rábano por las hojas y el actual Ministro para las Administraciones Públicas me

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preguntó si es que yo pretendía un Estado libre asociado y a quién nos íbamos a asociar.
Yo no quiero que hoy se vuelva a coger aquí el rábano por las hojas. Yo espero de la sensibilidad de SS. SS. que lo comprendan así y que comprendan la razón de ser absolutamente constructiva de mi intervención y del apoyo a las tesis, a la enmienda y a la preocupación del señor Olabarría.
Yo estoy de acuerdo en que, en el fondo de la rebelión, late un alzamiento por la fuerza, colectivamente, con violencia, fuera de las vías legales, que eran términos que antes, en la sedición (no sé si era en el artículo 142 o por ahí), en el texto refundido de 1994, se especificaba de tal suerte. Sin embargo, nada estaría de más que se hiciera un esfuerzo por parte de la Comisión y se tratara de describir en qué consiste ese alzamiento. Creo que lo que abunda no daña, creo que sería extraordinariamente constructiva la conclusión que se sacase y, además, yo sé que en ocasiones las improvisaciones son malas consejeras y malas compañeras de viaje, pero también la improvisación nos distingue a los latinos de otros pueblos y en ocasiones yo creo que acertamos precisamente con la genialidad de saber improvisar, y en esto no me estoy autocalificando como genio, ¡Dios me libre! Pero es que en realidad (y estoy improvisando en este momento, haciendo una interpretación de estos preceptos legales, llevado de esa idea de que dentro del alzamiento, tradicionalmente, y en la época precedente, se consideraba fundamentalmente el actuar fuera de las vías legales) yo entiendo que aquí, señor Presidente, se castiga también a quienes no se alzan violentamente, y lo voy a demostrar.
En el artículo 451 se describen las conductas constitutivas del delito de rebelión y en el artículo 452 se contienen dos párrafos; el primero que impone unas penas a quienes no se alzan violentamente y el segundo que dice que si se esgrimieran armas, etcétera, se impondría una pena superior. Luego no cabe duda de que en el fondo de este precepto lo que late es la violencia, y la violencia es lo que late en el delito de rebelión en tanto en cuanto se produce la figura de alzamiento. Entonces digo yo: ¿qué trabajo nos cuesta, señor Presidente, el definir el alzamiento precisamente en función de la violencia y de la fuerza, que son unos elementos, con lo cual se despejaría cualquier problema y pacíficamente daríamos solución a esta cuestión? En otro caso, Coalición Canaria, sintiéndolo profundamente, se vería obligada a tener que votar con el señor Olabarría. (Varios señores Diputados piden la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, comprobarán que cada vez que hacen una precisión abren un debate. Yo comprendo que el tema ha adquirido importancia conforme se iban produciendo las intervenciones. La Presidencia no va a coartar la posibilidad de fijar criterios. Voy a darles la palabra, pero les agradeceré que se expresen en términos que permitan cerrar el debate.
Señor López Garrido, señor Casas, señor Olabarría y señor Mohedano.
Señor López Garrido, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, a mí no me cabe duda alguna de que la expresión que hay en el artículo 451 indica una rebelión de carácter violento. Un alzamiento público y violento es algo que está absolutamente admitido así. Pero, en aras de que quede totalmente claro, nuestro Grupo Parlamentario va a plantear una enmienda transaccional, en donde se diga en el primer párrafo lo siguiente: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaran violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: ...» Con esto creo que quedaría absolutamente satisfecha la preocupación de los señores Olabarría y Olarte.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, para explicar el voto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la enmienda presentada por el Grupo Vasco (PNV). Nosotros hacemos nuestros los argumentos dados por el señor Olarte, que nos han parecido constructivos, como él mismo decía en su intervención y, por tanto, de no aceptarse la enmienda transaccional que ha propuesto el señor López Garrido, votaríamos de conformidad con lo que explica la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, aunque parezca una paradoja argumental, tomo la palabra para adherirme a la enmienda presentada por el señor López Garrido.
Evidentemente, lo que preocupa a mi Grupo Parlamentario en este precepto es la falta de determinación de un concepto que, dígase lo que se diga, es indeterminado jurídicamente, cual es el de alzamiento. Alzamiento violento, alzamiento ilegítimo, que son los epítetos o características que provee en su enmienda el señor López Garrido al alzamiento, resulta satisfactorio a mi Grupo Parlamentario. En esas condiciones, nosotros estamos de acuerdo en adherirnos a la enmienda «in voce» --creo que va a ser una enmienda «in voce»-- que va a presentar el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En todo caso, señor Presidente, ésa es la cuestión troncal de este debate. El alzamiento es un concepto del que nadie me podrá citar una sola sentencia del Tribunal Constitucional, una sola sentencia del Tribunal Supremo que delimite sus perfiles conceptuales. El alzamiento no se sabe en este momento del debate del Código Penal si es un alzamiento militar, si es un alzamiento constitucional o no constitucional, si es un alzamiento legítimo o no legítimo. En este momento estamos especulando sobre un concepto absolutamente indeterminado jurídicamente y, desde esta perspectiva, cualquier determinación --y nos parece pertinente la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- nos parece correcta, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Señor Presidente, también para adherirnos a la enmienda transaccional presentada por el señor López Garrido y decir que, anteriormente, cuando hemos manifestado lo que entendía mi Grupo por rebelión, precisamente hemos dicho claramente que se trata de un sujeto plural, colectivo y que no es la rebelión de una sola persona, aunque sea indiferente el número de personas, sino de un número lo suficientemente relevante en orden a conseguir los fines fijados en el tipo y, por tanto, creo que la enmienda es muy acertada, porque alzarse equivale a levantarse desobedeciendo o resistiendo colectivamente a alguien, y, en este caso, ¿a quién? Al poder legítimamente constituido.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, sinceramente, me producen sorpresa algunas cosas. Me produce sorpresa que haya portavoces que digan que la rebelión es un concepto jurídico indeterminado, con una tradición histórica española evidente (Risas.-- El señor Olabarría Muñoz pronuncian palabras que no se perciben.) Sí, señor Olabarría, con unos conceptos jurídicos perfectamente definidos en el Código Penal vigente a raíz del intento del golpe de Estado de 1981, Ley Orgánica del año 1985, que es la legislación vigente, a la que hasta ahora nadie ha puesto objeción y que no ha dado lugar para ser un instrumento punitivo contra las conductas políticas legítimas a las que usted se refiere.
Sin embargo, lo que me sorprende todavía más, señor Presidente --y me permite, señor Olarte, que haga una referencia, porque también tengo en mucha consideración su seriedad--, es que se nos dé una solución. Nos hubiera gustado no improvisar aquí una fórmula, tratándose de un asunto que se considera de tanta relevancia, tan importante y que pueda dar lugar a tanta confusión. No hablo del señor Olabarría. El señor Olabarría no pide la matización de lo que es la rebelión, lo que pide es que se sacara del precepto la rebelión para declarar independiente una parte del territorio nacional. Lo que pasa es que ahora se cambia la cosa. Una cosa es matizar el párrafo primero del artículo para decir qué es la rebelión, y otra cosa sacar la rebelión para declarar independiente una parte del territorio nacional. Vamos a aclarar las cosas un poco para no confundirlas.
La seriedad no tiene que dar lugar a la confusión, porque si el asunto era tan importante, tan trascendental --si es así, señor Olarte-- habría sido objeto de mayor atención por parte de ustedes y haber traído alguna solución a este tema. No debemos improvisar en un tema muy delicado en el que, desde luego, nosotros no lo vamos a hacer. Y como no queremos improvisar al socaire de ninguna actuación pasional ni trascendental --y con esto fijamos la posición para el resto de los grupos--, no anticipo cuál va a ser nuestra votación aquí ni en el Pleno. Sin embargo, plantearíamos al resto de los grupos que reserváramos la solución de este problema al Pleno del Congreso. Me parece mucho más prudente, mucho menos improvisado, sin dejarnos arrastrar por ningún género de pasión ni de improvisación. Porque si el tema es tan importante como ustedes quieren y le vamos a dar este cambio, debemos no improvisar aquí y dejar la matización de este problema para el Pleno del Congreso. Lo que pido al resto de los portavoces es que nos comprometamos a discutirlo y plantearlo en el Pleno del Congreso y no aquí improvisadamente porque sería poco serio. (Varios señores Diputados piden la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿En base a qué concepto quieren tomar de nuevo la palabra? Este no es un debate abierto indefinidamente.


El señor OLARTE CULLEN: Ha habido alusiones a la improvisación del señor Olarte, en el sentido de que habría sido mejor que hubiera presentado la enmienda, y tengo que hacer referencia a ello, con la brevedad que me caracteriza.
Me parece que sería una pena que no se me concediera la palabra en una Comisión como ésta, que se ha caracterizado por una flexibilidad extraordinaria en todos los órdenes. Sería una pena terminar con un borrón. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, es que me toca intervenir previamente al señor Olarte, si no tiene inconveniente.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que me exprese el concepto por el que quiere hacer uso de la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Es una razón de estrategia parlamentaria. Vamos a demorar o a aplazar, si es que reglamentariamente ello es posible, nuestra enmienda hasta el debate en Pleno de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Como habrán observado, prescindiendo de los requisitos formales del Reglamento, he concedido la palabra, pero quiero que SS. SS. comprendan que la flexibilidad tampoco puede permitir que se produzca un desorden en el orden del debate o que se introduzcan debates no previstos. Pero dadas las manifestaciones del señor Olabarría, prefiero que culmine su explicación.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Es una cuestión de gran relevancia política y jurídica. Prefiero que, por mor del consenso y por mor de concitar un consenso superior a la propuesta que mi Grupo hace en este momento, se demore el debate sobre esta cuestión hasta el pleno de la Cámara.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: También por mor a ese consenso y a esa serenidad que debe haber cuando existen temas que pueden tener sus complicaciones o a lo mejor no llegarse a la fórmula adecuada, creo que es prudente que se trate en el Pleno y que se reflexione de aquí a entonces sobre este asunto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: Mi Grupo está de acuerdo con la propuesta del señor Olabarría.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Parece ser que se ha producido un consenso sobre la conveniencia de que esta cuestión se trate realmente en el Pleno. Hay un compromiso de los grupos, por tanto, a que en el Pleno, a través en su caso de alguna enmienda transaccional, pudiera solucionarse y, por consiguiente, para unirnos a este consenso y no obstaculizarlo, nuestro Grupo no va a presentar esta enmienda transaccional formalmente, reservándola para el trámite de Pleno, en el que, con el resto de los grupos, intentaremos llegar a un acuerdo de consenso general.


El señor PRESIDENTE: Señor Casas, tiene la palabra.


El señor CASAS I BEDOS: Para manifestar mi aprobación a que se sustancie este tema en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, tiene la palabra.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, sólo quería decir que el señor Mohedano acaso no es consciente del ímprobo trabajo que ha realizado este portavoz con la redacción material y personal de 204 enmiendas al Código Penal, lo cual, entre otros inconvenientes, me ha llevado a incurrir no en ésta, sino en numerosas lagunas. De improvisaciones sabemos mucho en esta Comisión, puesto que es una de las comisiones a que yo he asistido donde ha habido mayor número de enmiendas «in voce» y de enmiendas transaccionales, que siempre se producen en virtud de una improvisación en el momento en que se considera más oportuno hacer una oferta o cualquier propuesta. En cualquier caso, al margen de que se comprenda o no se comprenda esto, yo quiero decir simplemente, señor Presidente, que me sumo a las propuestas de quienes anteriormente han expresado la conveniencia de que este tema se relegue al Pleno.


El señor PRESIDENTE: Señor Mohedano, tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Agradecemos a todos los grupos que acepten mantener esto hasta el Pleno.
Por otra parte, como no vamos a reconocer al señor Olarte su trabajo, lo que pasa es que en algunas cosas quizá sea mejor, como vamos a hacer ahora, no improvisar.
Al señor Olabarría le agradezco especialmente que haya pospuesto la defensa de su enmienda para el Pleno, e igualmente a todo el resto de los grupos.


El señor PRESIDENTE: Pues yo también les tengo que agradecer que, sin necesidad de una intervención especial de la Presidencia, haya también en estas cuestiones delicadas y que suscitan emociones la tranquilidad suficiente en la Comisión.
Vamos a empezar las votaciones, comenzando por los capítulos VII, VIII y IX del Título XVI.
Empezamos con el capítulo VII, sobre delitos de malversación, artículo 410. El Grupo Popular tiene las enmiendas 446 y 447, que sometemos a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda de Izquierda Unida 810 ha sido retirada. Quedan las enmiendas 93 y 94 del Grupo Vasco (PNV), que sometemos a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe de la Ponencia en lo relativo al capítulo VII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Capítulo VIII. Hay una enmienda del Grupo Popular, la 515.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 811 del Grupo Federal de Izquierda Unida, ha sido retirada.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), número 1.160.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1.055 de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, ocho.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Informe de la Ponencia, capítulo VIII.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, quisiera votación separada de los artículos 416 y 420.


El señor PRESIDENTE: Artículos 416 y 420 del informe de la Ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, uno; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Restantes artículos del capítulo VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Enmiendas del capítulo IX.
El Grupo Popular tiene la 448 y la 514.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Vasco (PNV), número 95.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1.056 y 1.057 del Grupo Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas 629 y 630 del Grupo Socialista no se someten a votación por formar parte del informe de la Ponencia.
Antes de proseguir la votación del Título XVII hay una precisión que formular.
Esta mañana hemos aprobado la enmienda número 107 del Grupo de Izquierda Unida, al artículo 397, que consistía en añadir: «la tentativa será punible». Si SS. SS. no tienen inconveniente subsanaremos el error de referencia, ya que esta enmienda se formulaba en realidad al artículo 395. Supongo que no hay inconveniente en que quede subsanado este pequeño error en la formulación de la enmienda.
Votamos el capítulo IX del informe de la Ponencia.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, votación separada del artículo 420.


El señor PRESIDENTE: El 420 ya se ha votado, señoría.
Nos queda la votación general del capítulo IX.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al Título XVII.
En el capítulo I ha sido retirada la enmienda 451 del Grupo Popular.
Subsisten la 449 y 450, que se votan.


El señor LOPEZ GARRIDO: ¿Puede votarlas separadamente, por favor?

El señor PRESIDENTE: Enmienda 449 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 450 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 812, del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La enmienda 201, del Grupo Mixto, no ha sido defendida. Por decaída.
La enmienda 631 del Grupo Socialista, forma parte del informe de la Ponencia y no se somete a votación.
Informe de la Ponencia en lo relativo a la rúbrica del Título XVII y capítulo I.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Capítulo II. No hay ninguna enmienda pendiente después de la retirada de la 813, del Grupo Federal de Izquierda Unida. Votamos directamente el informe de la Ponencia, en su capítulo II.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Capítulo III. Se han retirado las enmiendas 452 y 453 del Grupo Popular; subsisten la 454, 455 y 453. De las intervenciones de SS. SS. deduzco que quieren votación separada de la 454.


El señor LOPEZ GARRIDO: Quería votación separada de la 454 y 455, en un mismo bloque.


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El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Señor Presidente, entiendo que la enmienda 454 debería ser retirada si se pretende votar la enmienda «in voce» que hemos presentado al artículo 428, basada en la 454 del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: No es estrictamente necesario que sea retirada.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Perdón, señor Presidente, no he escuchado bien al señor portavoz del Grupo Socialista.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Decía que la enmienda 454 la hemos aceptado parcialmente en una enmienda «in voce» que hemos presentado. En el caso de que el Grupo Popular no retirara esta enmienda, nosotros tendríamos que votarla en contra, para luego votar, supongo, la nuestra «in voce».


El señor GIL LAZARO: En este momento no tengo más remedio, lamentándolo mucho, que mantener la enmienda conforme a mis anotaciones.


El señor PRESIDENTE: No existe inconveniente procesal a que se vote la enmienda, y después la enmienda «in voce». Nos atendremos a los resultados.
Enmiendas 454 y 455 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 453, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Federal de Izquierda Unida ha retirado la 814 y mantiene la 815, que se vota.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 96 del Grupo Vasco se mantiene viva.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Subsiste la enmienda 1.058 del Grupo de Coalición Canaria, ya que ha retirado la 1.059

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 632 del Grupo Socialista fue incorporada al informe de la Ponencia y no se somete a votación.
Votamos, a continuación, la enmienda «in voce» número 110, firmada por el Grupo Socialista, en relación al apartado 1, párrafo 1.º del artículo 428, en relación con la enmienda 454 del Grupo Popular, para que quede redactado de la siguiente forma: «428.1.1.º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.» Y eliminar la expresión «quebranto» del apartado 1.3.º b). Son las dos partes de la enmienda «in voce».


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Queda votar el informe de la Ponencia en lo relativo al capítulo III.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar por capítulos separadamente. Pasamos al capítulo IV.
Han sido retiradas las enmiendas 456, del Grupo Popular; 816, de Izquierda Unida, y 1.161, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Subsiste una enmienda del Grupo Mixto, la 202, que no ha sido defendida y que se da por decaída.
Votamos el informe de la Ponencia en lo relativo al capítulo IV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, como otras veces, sugeriría que pudiésemos votar los cuatro capítulos que quedan a la vez. Creo que sería más rápido y más claro, porque son artículos que tienen pocas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Hay abundantes enmiendas, pero no hay inconveniente porque no abundan las enmiendas «in voce» en estos capítulos, que es una de las razones por las que hay que ir separando las votaciones.
Votaremos entonces las enmiendas de los capítulos V, VI, VII y VIII. El Grupo Popular tiene las siguientes enmiendas: 482, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 y 464.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, desearía que se pusiesen a votación en tres bloques. Uno incluiría las enmiendas 460, 482 y 457.
Otro incluiría las números 461, 462 y 459, y el resto en otro bloque.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Nosotros queremos votar separadamente la enmienda 461, del Grupo Popular.


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El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda 461, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Enmiendas 462 y 459.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 460, 482 y 457, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular que ya se han mencionado con anterioridad.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Enmiendas 817 y 818.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Señor Presidente, queremos votarlas por separado.


El señor PRESIDENTE: Se votan separadamente.
Enmienda 817, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda 818, de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 1.162 y 1.163.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 24; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Retirada la número 100, subsisten las números 98, 99 y 101.


El señor GIL LAZARO: Nosotros desearíamos votación separada de la enmienda número 99.


El señor LOPEZ GARRIDO: Desearíamos votación separada de cada una.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 98 del Grupo Vasco (PNV).


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: La enmienda número 101 está aceptada en la Ponencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, la enmienda número 101 figura como aceptada.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, señor Presidente, incluso como retirada formalmente.


El señor PRESIDENTE: No me constaba. Queda retirada.
Enmienda número 98 del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 99 del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Enmiendas del Grupo Coalición Canaria. Tengo como retiradas las números 1.060, 1.062, 1.063, 1.066, 1.067, 1.072, 1.074, y 1.075.
Votaremos, en consecuencia, las restantes que son las números 1.061, 1.064, 1.065, 1.068, 1.069, 1.070, 1.071 y 1.073.
Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Nosotros desearíamos votación separada, en un mismo bloque, de la 1.061, 1.064 y 1.071 en relación con el resto.


El señor PRESIDENTE: Votamos estas tres enmiendas.


El señor LOPEZ GARRIDO: Pedimos votación separada para las enmiendas números 1.065 y 1.061, que podrían votarse conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: No es posible porque la enmienda número 1.061 se votará separadamente.
Enmienda número 1.061 del Grupo Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1.065.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 17; abstenciones, siete.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1.064 y 1.071.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, diez; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 17; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto números 157 y 159, que no han sido defendidas.
Por decaídas.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: En nombre del Grupo Mixto pido que se mantengan estas enmiendas para su votación en otros trámites posteriores.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 157 y 159 del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 17; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Creo que ya he manifestado que las enmiendas números 633 a 637 del Grupo Socialista no se someten a votación por estar incorporadas al informe de la Ponencia. (Rumores.) Señorías, el silencio se debe guardar, en todo caso, no sólo cuando la dificultad de audición afecta a una persona en concreto.
Votamos a continuación el informe de la Ponencia, capítulos IV, V, VI, VII y VIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, he olvidado someter a votación una enmienda «in voce», que es la 111, del señor López Garrido, al artículo 453.4, del Capítulo VI, consistente en la supresión del apartado que dice: «Si el falso testimonio se prestare en procedimiento administrativo, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.»

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Dada la naturaleza de esta enmienda, que era de supresión, no considero necesario repetir la votación del texto del informe de la Ponencia.
Pasamos al título XVIII, Capítulo I.
Enmiendas del Grupo Popular números 465 a 473, salvo que el Grupo Popular retire las números 466, 472 y 473, que fueron asumidas parcialmente por la Ponencia.


El señor BUESO ZAERA: ¿Qué enmiendas fueron aceptadas?

El señor PRESIDENTE: La 466, la 472 y la 473.


El señor BUESO ZAERA: Entonces se retiran, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Salvo estas tres enmiendas, votamos las del Grupo Popular que van de la 465 a la 471.
El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO : Votación separada de la 470; en otro bloque, la 466 y la 467, y el resto en otro

El señor PRESIDENTE: La 466 ha sido retirada, señoría.
Por tanto, votaremos, en primer lugar, la 470.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 467, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 18; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, números 819 a 822, dada la retirada de la 823.


El señor BARRERO LOPEZ: Votación separada de la número 821.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 821, del Grupo Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas 819, 820 y 822.


El señor BUESO ZAERA: Señor Presidente, votación separada de la 822.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda 822.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 17; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 1.164 a 1.166 inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 102 y 103.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Pido votación separada de ambas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 102 del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 103, del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 196, del Grupo Mixto, que no ha sido debatida.
¿Solicita su votación, señor Olabarría? (Asentimiento.) Se vota dicha enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
No se somete a votación la enmienda 585, del Grupo Socialista, por las razones ya expresadas en otras ocasiones de estar asumida por la Ponencia.
Texto del informe de la Ponencia en lo relativo a la rúbrica del Título XVIII y al Capítulo I.


El señor OLARTE CULLEN: Solicito, señor Presidente, votación separada de los artículos 451 y 453.


El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar conjuntamente los dos?

El señor OLARTE CULLEN: Separadamente, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Votamos el artículo 451.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 453.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Restantes artículos de este Capítulo I y, como digo, la rúbrica del Título XVIII.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, son las nueve menos cinco. Voy a suspender la sesión por cinco minutos al objeto de consultar con los señores portavoces el plan de trabajo y luego reanudaremos, sea para comunicar los resultados de esta consulta y la decisión que adopte la Presidencia, o para cualquier otra conclusión que espero que sea razonable.
Se suspende la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, vamos a establecer las previsiones de trabajo y después proseguiremos.
De acuerdo con la mayoría de los portavoces, vamos a continuar el debate en sesión nocturna, aunque, posteriormente, en torno a las diez, haremos una interrupción suficiente para tomar algún alimento. El plan de trabajo es acabar el Título XVIII esta noche. Mañana se levantará la sesión de forma que en torno a las siete de la tarde --tampoco quiero que con las campanadas del reloj SS. SS. se levanten sin más trámite-- suspenderemos la sesión y pospondremos hasta la semana siguiente lo que quede por debatir del Código Penal, suspendiendo, por tanto, la convocatoria efectuada para el viernes por la mañana. Así pues, señorías, mañana, en torno a las siete, verán interrumpida la sesión, que continuará en la mañana del martes y, si es preciso, en la mañana del miércoles; todo ello, naturalmente, si no terminamos el Código Penal a la hora prevista mañana para levantar la sesión. Ahora vamos a abordar los capítulos siguientes e, insisto, coincidiendo con el fin de algún debate, suspenderemos por un rato para el descanso de sus señorías.
Abordamos los Capítulos II y III de este Título XVIII, delitos contra la Corona y Delitos contra las Instituciones del Estado y la División de Poderes.
El Grupo Popular ha formulado las enmiendas 474 a 492 a estos dos Capítulos II y III. Inicialmente están asumidas por la Ponencia las enmiendas números 475, 480 y 481, que ruego tenga en cuenta el señor Bueso a la hora de fijar su posición, para lo que le doy la palabra.


El señor BUESO ZAERA: En lo que respecta al Capítulo II, voy a defender, en primer lugar, la enmienda 474,

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al artículo 464, que es una enmienda de modificación. Proponemos la siguiente redacción del número 1: «El que matare al Titular de la Corona, a su consorte, sus ascendientes o descendientes, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Sucesor, será castigado con la pena de prisión de veinte a veinticinco años.» Y para el número 2 de dicho artículo 464, proponemos la redacción siguiente: «Si concurrieran en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de prisión de veinticinco a treinta años.» Se trata, por un lado, de mejorar la redacción del informe de la Ponencia en lo que respecta a este precepto y, por otro lado, de establecer que no se pueden castigar igual la consumación y la tentativa de un delito, como hace el texto del proyecto, por lo que se debería suprimir el número 2 de este precepto. Es decir, que solicitamos esta nueva redacción, suprimiendo el número 2 del artículo 464.
En lo que respecta a la enmienda 475, la Ponencia aceptó parcialmente la misma. Aceptó el contenido de su apartado 1, pero no el de los apartados 2 y 3, que seguimos manteniendo. El texto del apartado 1 que proponemos en esta enmienda dice: «El que les causare lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años.» Este texto fue aceptado. Sin embargo, el apartado 2 no lo fue, y nosotros lo seguimos manteniendo, puesto que debe desaparecer la expresión «si las lesiones no fueran graves», ya que la clasificación de estos delitos no sólo se hace en función del resultado.
Mantenemos también el apartado 3, al no haber sido aceptado tampoco, que dice lo siguiente: «Si las lesiones fueran de las que, en otro caso, constituirían falta, se impondrá la pena inferior en dos grados.» La enmienda 476, al artículo 466, es de modificación y propone la siguiente redacción: «El que les privare de su libertad personal será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años, salvo que los hechos estuvieren castigados con mayor pena en otros preceptos de este Código.» Ello en coherencia, precisamente, con la enmienda anterior.
La enmienda 477, al artículo 467, es de modificación, y propone la siguiente redacción: «La conspiración, proposición o provocación, para los delitos previstos en los artículos anteriores, se castigará con la pena inferior en dos grados.» Porque las penas previstas son lo suficientemente graves como para que no resulte necesario excepcionar las normas generales.
La enmienda 478, al artículo 469, apartado 1.º, es de modificación, y propone la siguiente redacción: «Al que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. Si no hubiere violencia o intimidación la pena será de dos a cuatro años.» Ello en coherencia con lo previsto en el artículo 194 del proyecto sobre allanamiento de morada.
La enmienda 479, al artículo 469.3, es de modificación, y propone la siguiente redacción: «Al que calumniare o injuriare al titular de la Corona o a su consorte, sus ascendientes o descendientes, al Regente o a algún miembro de la Regencia o al sucesor...» (resto igual). Ello en coherencia con las enmiendas anteriores.
En lo que respecta a la enmienda 480, al haber sido aceptada en Ponencia, la retiramos.
Por lo que se refiere al Capítulo III (de los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes) en lo que respecta a su Sección I (delitos contra las instituciones del Estado) presentamos la enmienda 481, que fue aceptada en Ponencia y, por tanto, la retiramos.
En cuanto a la enmienda 482, que aparece mal encuadrada, puesto que corresponde al Capítulo V, del Título XVII, del Libro II, no voy a referirme a ella al no ser objeto de este capítulo.
La enmienda 483, al artículo 473, es de supresión, puesto que consideramos que el texto de la Ponencia supone una limitación excesiva e innecesaria del derecho a la libertad de expresión y manifestación, ya que en algún caso se precisa que se utilice fuerza o intimidación.
La enmienda 484, al artículo 474, es de supresión, porque consideramos que el tipo está técnicamente mal construido. El texto del apartado 1 de este artículo dice lo siguiente: «Los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros medios peligrosos, intentaren penetrar en la sede del Congreso de los Diputados o del Senado para presentar, en persona o colectivamente, peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años. Si no portaren armas ni medios peligrosos, se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años.» En el párrafo segundo dice que la pena prevista en el apartado anterior se aplicará, en su mitad superior, a quienes promovieren, dirigieren o presidieren el grupo.
Señorías, consideramos que el penetrar en las cámaras portando armas, es decir, violentamente armados para presentar un escrito, es precisamente un delito de rebelión o de sedición, y si no portan armas ni se entra violentamente para presentar un escrito en el registro de estas Cámaras, se le imponen de dos a cuatro años a cualquier persona. Por tanto, tal y como está redactado este precepto, en nuestra opinión no puede mantenerse, ya que de hecho se produciría una situación totalmente insostenible.
La enmienda 485, al artículo 475, es de supresión, porque el texto hace referencia a que «el que injuriare gravemente a las Cortes Generales hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses». Nosotros consideramos que se trata de un tipo que reduplica la protección a la dignidad de la institución, ya que se encuentra suficientemente protegida, tanto a través de figuras de protección al honor (pues se trata de sus miembros) como en otros preceptos a lo largo de este Capítulo.
La enmienda 486, que es al artículo 481, apartado 2, es de modificación, y propone la siguiente redacción: «2. En las mismas penas incurrirá el funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, o del Tribunal de Cuentas...», y el resto igual.
Nosotros no entendemos por qué no se incluye la negativa de enviar informes al Tribunal de Cuentas en este mismo precepto junto al Defensor del Pueblo, pues su presencia

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en este caso sólo puede justificarse por su carácter de órgano auxiliar de las Cortes Generales. En este supuesto habría que incluir ambos órganos.
La enmienda 487, que es al artículo 482, es de modificación, y propone la siguiente redacción: «1. Incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años, los que invadieran violentamente con intromisión el local donde estuviere constituido el Consejo de Ministros.» Y el número 2 diría: «2.
Incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años los que coartaren o por cualquier medio pusieran obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo, salvo que los hechos fueren constitutivos de otro delito más grave.» No se entiende por qué se castiga con mayor gravedad la misma conducta contra el Consejo de Ministros que contra las Cortes, que representa la soberanía nacional, es decir, prisión de tres a cinco años, conforme al artículo 472 del proyecto. A nosotros nos parece razonable equiparar como máximo las penas.
La enmienda 488, al artículo 484, apartados 1 y 2, es de modificación, y decimos que «incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumniaren o amenazaren gravemente al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al Consejo de Gobierno de cualquier comunidad autónoma, o al Tribunal Superior de Justicia de cualquier comunidad autónoma. El culpable de calumnias, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas, respectivamente, en los artículos 199 y 202 de este Código».
El motivo de la supresión, por nuestra parte, de las expresiones «injuriaren» y la «injuria» de los respectivos párrafos de este precepto, lo fundamentamos en el hecho de que la injuria no puede equipararse a la amenaza grave, y la dignidad de las instituciones queda suficientemente protegida en otros tipos, porque, señorías, el delito de injurias constituye una infracción contra el honor, contra la dignidad humana; la amenaza grave, el delito de amenazas, implica y condensa un ataque a la libertad individual, que se exterioriza mediante la comunicación de un mal futuro dirigido a persona determinada, y el dolo específico del delito de amenazas consiste en la intimidación que los males anunciados producen en el ánimo de la persona amenazada por estar su realización al alcance de la voluntad del amenazante. El examen del concepto de injuria aconseja recordar que el principio de libertad de expresión, proclamado en el artículo 20 de la Constitución, cualquiera que sea su manifestación, es decir, ejercicio del derecho a comunicar libremente información a la crítica política y a la difusión ideológica, tiene la limitación derivada del respeto a los derechos fundamentales de los demás, entre los que el número 4 de dicho artículo de la Constitución individualiza el relativo al honor, sin que las críticas a los cargos públicos ni la actividad periodística puedan moverse extramuros del ordenamiento jurídico, aunque sus peculiaridades deben ser tenidas en cuenta por la fijación del marco concreto en el que el ejercicio de la libertad de expresión es enteramente constitucional, legal y, además, legítimo.
La enmienda 489, al artículo 485, es de modificación y proponemos la siguiente redacción, en coherencia con la enmienda que hemos defendido anteriormente: «Los que amenazaren gravemente a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad serán castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses.» La enmienda 490, al artículo 488, apartado 1.º, es de modificación.
Proponemos lo siguiente: Todo el texto igual, añadiendo, donde se hace referencia a la inhabilitación, «suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año», en vez de por tiempo de seis a doce años, como dice el texto de la Ponencia. Y ello por coherencia con las enmiendas anteriores.
La enmienda 491, al artículo 488, apartado 2.º, es de modificación, en coherencia precisamente con las enmiendas anteriores. Dejamos también todo el texto igual, a excepción de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, que tiene que ser por tiempo de uno a dos años.
Y la enmienda 492, que es la última, al artículo 489, es de modificación.
Mantenemos todo el texto a excepción de la inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo, también en coherencia, como hemos dicho, con el resto de las enmiendas anteriores.


El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra a continuación al señor López Garrido, que tiene las enmiendas 824 y 842.


El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo tiene numerosas enmiendas a los capítulos II y III de este Título XVIII. Capítulo II, Delitos contra la Corona; Capítulo III, De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes.
Vamos a dividir la intervención en diversos bloques, correspondiendo a los diversos objetivos que tienen estas enmiendas.
Quisiera empezar por señalar que la enmienda 835 ha sido aceptada en Ponencia y, por tanto, se retira. La 837, al artículo 476.1, pretende también rebajar la pena de dos años a uno. Esta enmienda no se aceptó en Ponencia, pero tiene el mismo objetivo que la que sí se aceptó, que es rebajar las penas de dos años a uno, entendiendo que el principio de proporcionalidad exigiría esa adecuación.
Después hay una serie de enmiendas, que no voy a defender, aunque las someteré a votación, que son todas las que nuestro Grupo ha presentado en correspondencia con el sistema o la escala de penas que modificamos en la parte general y que, por tanto, habría que adecuar en esta parte especial si se hubiesen aceptado las enmiendas que presentamos entonces. Se trata de las enmiendas 825, 827, 828 y 829.
Hay otras enmiendas que voy a defender por separado, porque se refieren a temas que no tienen necesariamente conexión entre sí; son las números 824, 826 y 830.
Empezando por la enmienda 824, señalaré que lo que pretende es que se altere la sistemática del Título XVIII de este Libro II del Código, para que el capítulo II, de delitos contra la Corona, se integre dentro del capítulo III, que trata de los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes.
Consideramos que no hay muchos motivos para que haya una defensa autónoma de la institución de la Corona,

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respecto de las demás instituciones del Estado, a través de esta expresión gráfica que es dedicar un capítulo II sólo para los delitos contra la Corona. Parece más lógico que la Corona se integre dentro de las instituciones del Estado, dentro del capítulo que defiende penalmente las instituciones del Estado. La Corona es una institución del Estado y, al serlo, parece lógico que se incluyese en un capítulo referido a todas las instituciones del Estado.
Cuando la Constitución Española regula cada uno de los órganos constitucionales lo hace dedicando un título a cada uno de ellos. El Título II, a la Corona, el Título III, a las Cortes Generales, el Título IV, al Gobierno y a la Administración, el Título VI, al Poder Judicial, el Título VIII, a la organización territorial del Estado y el Titulo IX, al Tribunal Constitucional. Aquí se altera esta estructura constitucional y se separa a la Corona de las demás instituciones del Estado, lo que desde el punto de vista sistemático nos parece no excesivamente adecuado, aunque no consideramos que esto deba ser una gran cuestión de fondo en este proyecto de Código Penal. Simplemente nos parece más adecuada la sistemática que proponemos.
En la enmienda 826 pretendemos que se suprima el apartado 2 del artículo 464. Este apartado altera el sistema de penas que en la parte general se establece para la tentativa, porque castiga con igual pena la tentativa que el delito consumado de matar al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes y demás miembros de la Casa Real. El castigo establecido es prisión de 20 a 25 años y con igual pena se castiga la tentativa del delito.
La verdad es que, con independencia de la tradición que pudiera haber en cuanto a esta penalidad para la tentativa del magnicidio, no parece que guarde correspondencia con el principio de proporcionalidad que se castigue con igual pena la tentativa que la consumación del delito de asesinato del Rey o de miembros de la Casa Real. Si se castiga igual la tentativa que el homicidio o el asesinato, entonces la verdad es que se instaría al autor a consumar el delito, porque por el mismo precio, si se me permite la expresión, puede llegar hasta a producir la muerte del Rey o miembros de la Casa Real. Parece que debería intentarse que no se llegase a la consumación del delito y castigar con menor pena la tentativa que la consumación es una forma de hacerlo.
Por eso nosotros creemos que debe suprimirse este apartado 2 del artículo 464 y que la tentativa siga las reglas generales que existen para todos los delitos.
En cuanto a la enmienda 830, es una enmienda que se repite, que se está aprobando sistemáticamente cada vez que se está aprobando sistemáticamente cada vez que aparece y que consiste en sustituir «... la apología...» por «... la provocación...» por las razones tantas veces expuestas a lo largo de este debate y que no necesito reiterar.
Voy a referirme a aquellas enmiendas que respecto de estos capítulos quedan vivas y que tratan de lo que hasta ahora se ha venido llamando los delitos de desacato, es decir, aquellas conductas relacionadas con la libertad de expresión, con los límites a la libertad de expresión que consisten en calumniar o injuriar a instituciones del Estado, a autoridades, a funcionarios y que en el proyecto de Código resultan castigadas con penas agravadas por entender, al parecer, que el bien jurídico que se protege merece ese agravamiento de la condena cuando a quien se calumnia o a quien se injuria es una institución del Estado, una institución pública, la persona que encarna esa institución, autoridades o funcionarios. Es lo que en el Código vigente, aproximadamente, ya que hay una cierta dispersión, se resume en eso que tradicionalmente se ha conocido como delitos de desacato. Es el caso de la enmienda 831, que pretende sustituir en el artículo 469.3 la expresión «... en su presencia o en escrito a ellos dirigido...» por «... en el ejercicio de sus funciones...». Con esta enmienda damos la tónica de lo que pretendemos con todo este conjunto de enmiendas que intentan que desaparezca del proyecto de Código lo que hasta ahora se ha venido llamando delitos de desacato. En la enmienda que he citado, la 831, lo que se quiere es que se suprima esta frase de «... en su presencia o en escrito a ellos dirigido...» --se trata de las calumnias inferidas al Rey o a otros miembros de la Casa Real--, para situar en su lugar la frase «... en el ejercicio de sus funciones...». Creemos que la calumnia o la injuria al Rey o a los demás miembros de la Casa Real que hay que castigar con una pena diferente, agravada respecto de las calumnias o injurias que están reguladas en otras partes de este proyecto de Código, son aquellas que se realizan cuando el Rey o demás miembros de la Casa Real están ejerciendo sus funciones. El bien jurídico a proteger es el ejercicio de la función, ése es el bien jurídico que hay que proteger, no necesariamente una persona individual, vamos a llamarle persona física, en cuanto no ejercita sus funciones, sino en cuanto sí las está ejercitando.
Por ello es por lo que nos parece que es más adecuado el sentido de nuestra enmienda 831, aun cuando en este caso debemos señalar que nuestro Grupo ha mantenido un cierto tipo especial de calumnia e injuria dirigida al Rey o a miembros de la Casa Real; no lo ha adecuado a sus funciones, pero ha mantenido un determinado tipo especial.
Las siguientes enmiendas que se refieren al tema de los desacatos básicamente lo que hacen es proponer supresión de preceptos que están en este capítulo II y sobre todo en el capítulo III del Título que estamos debatiendo, porque no nos parece que la aplicación correcta del principio de intervención mínima del derecho penal, la evolución de la sociedad española y el sentido democrático que tiene nuestro Estado justifique este agravamiento de determinadas conductas, que ya están penadas en otras partes del Código, simplemente por el hecho de que se realicen respecto de personas que ocupan cargos públicos.
Así, por ejemplo, el número 2 del artículo 470, nosotros proponemos que desaparezca del proyecto de Código. Este artículo es el que habla de calumnias o injurias dirigidas contra el Rey o miembros de la Casa Real fuera de su presencia o por escrito y de la utilización de la imagen del Rey o miembros de la Casa Real de forma --dice con una expresión algo abstracta-- que pueda dañar --ni siquiera dice que dañe, sino que pueda dañar-- el prestigio de la Corona.
En este caso, y serviría también para otras enmiendas que proponen supresiones de otros artículos que agravan

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las calumnias o injurias contra autoridades, creemos que lo lógico sería reaccionar frente a ello por la vía civil, por la Ley de Protección Civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen, y que, por tanto, no sería necesario traer al Código Penal este tipo de conductas, que además son conductas que inevitablemente, tal y como están configuradas, limitarían la libertad de expresión. Deben tener su cauce a través de la protección y a través de la protección penal, pero de la protección penal general, es decir, de la protección penal que en este Código se establece, porque hay que decir que no quedan desprotegidos ni el Rey, ni los miembros de la Casa Real, ni las autoridades públicas, por el hecho de que se suprima este artículo y otros, a los que luego aludiré, porque hay unos tipos generales básicos de calumnia e injuria que deben aplicarse y no hay por qué establecer unos tipos especiales de calumnias e injurias por el hecho de que el objeto de la calumnia e injuria sea una persona que ostenta un cargo público.
Lo mismo sucede con el artículo 471. Este no es un artículo que tenga que ver con la libertad de expresión, pero creemos que tampoco tiene mucho sentido, de acuerdo con el principio de intervención mínima a que me he referido anteriormente.
Me interesa más centrarme en los artículos que tienen que ver con desacatos, con calumnias e injurias respecto de instituciones del Estado.
Esto es lo que hace el artículo 475, que habla de las injurias a las Cortes Generales, el 476.2, que se refiere a una perturbación del orden de las sesiones de las Cortes, que no tiene especial gravedad y que, por lo tanto, también debería extraerse del Código; el 480, que se refiere a la autoridad judicial que inculpe o procese a un miembro de las Cortes Generales sin los requisitos establecidos por la legislación vigente, algo que debería ir más bien por la vía de los recursos o, en su caso, de la prevaricación; no necesariamente ha de incluirse aquí como un tipo especial. Y los artículos 484 y 485, donde aparecen de nuevo calumnias o injurias al Gobierno de la nación, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de Gobierno de cualquier comunidad autónoma o Tribunal Superior de Justicia de cualquier comunidad autónoma, o injurias o amenazas a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Nosotros proponemos en nuestras enmiendas 841 y 842 que se suprima del tipo especial la calumnia y la injuria, que se mantenga como delito la amenaza grave al Gobierno o a las instituciones; que desaparezca también el artículo 485, que se refiere a injurias o amenazas a Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y que siga la tipología general que se establece en otras partes de este proyecto de Código Penal.
En relación con todos estos delitos, sobre los que yo he enfatizado, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la libertad de expresión, calumnias e injurias, que se agravan cuando son a instituciones del Estado, nosotros pensamos que el mantenimiento de estas figuras de desacato obedecen más bien a una cultura penal de otros tiempos; nos parece anacrónico en estos momentos mantener esta cultura penal, es algo que va muy unido a toda una doctrina enormemente conservadora de la concepción del Estado o del orden público, como si este tipo de hechos atentase al orden público, que es como se ha entendido básicamente en nuestra jurisprudencia este bien jurídico que se supone que se está defendiendo con los delitos de desacato, que iría a la defensa de una especie de principio de autoridad de mantenimiento del orden social, que no tiene un carácter excesivamente moderno. Por tanto, debería desaparecer como figura agravada en este proyecto de Código e insertarse (porque no por ello deja de tener una defensa penal) en las calumnias e injurias que aparecen establecidas con carácter general para cualquier persona en este Código Penal.
Y ya, por último, quiero referirme a una enmienda a la que no he hecho referencia, que es la 840, que propone un artículo 481 bis; penaliza el falso testimonio en una comisión parlamentaria de investigación a la que una persona sea llamada a comparecer. Existe en otros ordenamientos jurídicos, en Derecho comparado, esta figura del falso testimonio ante comisiones de investigación. De hecho, la experiencia reciente de comisiones de investigación desarrolladas en esta Cámara ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger la seriedad y el rigor de las declaraciones ante estas comisiones de investigación y por eso es por lo que nosotros introducimos aquí esta propuesta, que va dirigida al fortalecimiento de las comisiones de investigación y que significaría que se crease un delito de falso testimonio para quienes incurran en tal falso testimonio cuando comparezcan ante una comisión parlamentaria de investigación.


El señor PRESIDENTE: Los portavoces del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Casas, y del Grupo Vasco (PNV), señor Olabarría, han solicitado a la Presidencia que se den por defendidas todas sus enmiendas.
Por tanto, procede dar a continuación la palabra al portavoz del Grupo Socialista, señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, Presidente, y buenas noches a los que todavía estamos presentes en el debate de esta sesión.
La primera enmienda sobre la que vamos a fijar nuestra posición es, lógicamente, aquella que se refiere a la sistemática del Título XVIII del Libro II, Capítulo II, relativo a los «Delitos contra la Corona», que es la enmienda número 824, como ya ha expresado el señor López Garrido. A pesar de las razones, muy loables y discutibles, como posiblemente lo sea también nuestra posición en este tema, pero todas las razones con suficientes antecedentes, y en este caso también con Derecho comparado, hay muchos códigos penales de monarquías parlamentarias, y parece una tradición bastante asentada, en los que hay un criterio de política criminal de dar una protección separada a la Corona que representa la forma de Estado. Una cosa es la persona del Rey, a la que se ha referido el señor López Garrido, según me ha parecido entender, que histórica y dinásticamente sólo es quien es, y otra cosa distinta son las funciones que realiza y la institución de la Corona. Por lo tanto, no es ninguna extravagancia penal ni nada inédito en la codificación penal que exista esta protección separada de la Corona, insisto, que representa la forma de Estado y

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que es algo más o algo diferente --si se prefiere entender así-- de otras instituciones del Estado.
La enmienda 474, del Grupo Popular, al artículo 464, sustituye la denominación del Rey por el Titular de la Corona y la del Príncipe heredero por el Sucesor, que es una terminología que no se recoge en la Constitución como denominación de la Monarquía. Es cierto que tal denominación simplifica a veces las cosas, pero consideramos más pertinente mantener las denominaciones (por cierto, éste es un debate que ya hemos hecho en alguna ocasión anterior) de la propia Constitución. Es cierto --y con esto ya no sólo estoy hablando de la enmienda 474, del Grupo Popular, sino de la número 826, de Izquierda Unida, y de la número 104, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)-- que hay una cierta exacerbación punitiva en el número 2 del artículo 464, y efectivamente es una regla especial que da un plus de protección al Rey. Es precisamente en eso en lo que consiste el precepto.
Hemos estado, como en otras enmiendas, meditando y dando vueltas a este tema, porque pensamos que no es razón de supresión su especialidad, sino, en cualquier caso, su contenido y la finalidad político-criminal que persigue. Hay razones de hiperprotección, de seguridad, que tienen los miembros de la Casa Real, y es más probable que los atentados se queden en tentativa o frustración antes de resultar consumados, pero el efecto político es un efecto similar. En cualquier caso, vamos a presentar una enmienda in voce, que supondría una solución intermedia entre la redacción actual o la propuesta de su supresión y que se regulara la tentativa por la regla general del Código Penal. La enmienda in voce que presentaremos a la Presidencia dice así en el punto 2 del artículo 464: «La tentativa del mismo delito se castigará con la pena inferior en un grado.» Con eso, no estamos en la equiparación de la tentativa a la consumación del delito en su redacción actual, pero tampoco estaríamos en la reducción de la pena en uno o dos grados. Esta es la enmienda in voce que, con carácter transaccional, presentaremos para su votación en la sesión de mañana.
La enmienda número 475 al artículo 465 --perdón, señor Presidente, pero, aparte de estar un poco cansado, alguien ha pasado por aquí y me tiró todas mis anotaciones al suelo, por lo que tengo todos mis papeles un poco revueltos--, del Grupo Popular, ha sido defendida esta noche por su portavoz, porque dice que no se ha aceptado en lo que se refiere al punto 2 del precepto. Pero, según mis notas, tengo entendido que, efectivamente, ya se ha superado el problema que encontraba el Grupo Popular por la diferenciación entre lesiones graves y menos graves, y hay una nueva redacción que, en parte, supone aceptarla, yo creo que está aceptada en su totalidad. Si es así --y ésa era la confusión que yo tenía--, creo que la enmienda número 475 será retirada, supongo, porque yo creo que ha sido íntegramente aceptada o aceptada en su filosofía fundamental.
Con la enmienda número 476, del Grupo Popular, vuelve, desde nuestro punto de vista, a ocurrir lo mismo que con alguna de las enmiendas anteriores, y es que no se determina el sujeto pasivo y pensamos que su redacción es mejor tal y como está actualmente.
Al artículo 467 hay una enmienda que vamos a aceptar, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque con una redacción que vamos a leer ahora y que presentaremos mañana a la Mesa y que supone admitir la tesis fundamental; pero hay un cambio en la parte final del precepto, que diría así: «La provocación, la conspiración y la proposición para los delitos previstos en los artículos anteriores se castigará con la pena inferior en uno o dos grados a las respectivamente previstas.» Vamos a aceptar íntegramente también la enmienda número 478, del Grupo Popular, al artículo 469, punto 1. Nos parece mucho más aceptable el texto de la enmienda por su criterio de menor penalidad y, sobre todo, por la distinción entre el allanamiento violento y el no violento; y como vamos a aceptarla en su totalidad, no nos exige ninguna observación más.
No haremos lo mismo con la enmienda número 479 al artículo 469.3, porque plantea el cambio de denominación del Rey por el de Titular de la Corona, y ya hemos explicado suficientemente cuál es nuestra posición en este tema.
Entramos ya en una de las enmiendas que ha sido diferenciada por su especial interés por el portavoz del Grupo Popular, que es la número 831, al artículo 469, número 3. Cabría una enmienda transaccional, que propongo al señor López Garrido, pero que me produce problemas en relación con el artículo 470, número 1. El señor López Garrido propone una enmienda de sustitución en el 469.3 y luego la supresión del 470.1.
No somos partidarios de la supresión del 470.1, pero si cambiamos el 469.3, alguna modificación habría que plantear al 470.1 por lo que somos partidarios de su mantenimiento.
La enmienda transaccional que le propongo, con el ruego de que estudiemos una solución para el 470.1 que no sea su mera y simple supresión, sería donde se dice en la enmienda 831 «en el ejercicio de sus funciones», añadir «o con motivo u ocasión de éstas». Con ello, creo que salvamos lo fundamental de lo que el señor López Garrido con su enmienda y también de lo que pretendemos nosotros. Después, habría que arreglar el 470.1. Hay que ver cómo. Todavía no he encontrado la fórmula, aunque llevo improvisando sobre esto bastante rato. Si el señor López Garrido me ayuda, veríamos si podemos llegar a una conclusión con el 470.1.
No vamos a aceptar la enmienda 833, del Grupo de Izquierda Unida, al artículo 470, número 2. Y en lo que se refiere a la 834, cuando se habla de que esta tutela penal se produce en otros artículos, aparte del 471, sinceramente no hemos encontrado en qué otros tipos penales se puede encontrar esta tutela penal. Por lo tanto, no vamos a aceptar la enmienda.
La enmienda 835, de Izquierda Unida, al artículo 473, fue aceptada en su momento en la Ponencia y retirada.
Sí vamos a proponer una transacción a la enmienda 484, del Grupo Popular, al artículo 474. En este caso, lo que se protege es la inviolabilidad del Parlamento cuando la entrada en él se hace sin la finalidad de alterar o de romper la relación de sumisión a la ley, como decíamos antes. En este caso estamos hablando de la pura inviolabilidad

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del Parlamento, pero esto de forma peligrosa. Quizás aquí haya un error de redacción y habría que buscar una transacción para que no parezca que la consumación de este delito se produce sin alzarse, sin portar armas y sin objetos peligrosos. El texto del número 1, que presentaremos también, sería: «Los que sin alzarse públicamente intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados o del Senado portando armas u otros medios peligrosos para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años. Si no portaren armas ni medios peligrosos, se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años.» Me parece que la enmienda no aceptada al Grupo de Izquierda Unida --ahí estaba mi confusión-- era la 837, al artículo 476, número 1, que también plantea, igual que la enmienda sobre la que tenía yo duda antes, sustituir la penalidad máxima de dos años por la de un año. Estamos de acuerdo con esta rebaja punitiva y vamos a aceptar también la enmienda 837 del Grupo de Izquierda Unida.
Aunque ha sido también defendida aquí por el señor Bueso la enmienda 486 al artículo 481.2, me ha parecido entenderle que, cuando se aceptó en la Ponencia la misma, se había aprobado la punición a la negativa de enviar los informes al Tribunal de Cuentas pero no al Defensor del Pueblo. Creo que se ha aceptado también en relación con el envío al Defensor del Pueblo, según los textos que tengo aquí. O al revés, yo creo que se han aceptado los dos casos, al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.
Desde mi punto de vista, esta enmienda estaría ya aceptada, puesto que el texto definitivo de la Ponencia me parece que pone: En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas. Entonces está aceptada porque se ha incluido al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas y supongo que será retirada por el portavoz del Grupo Popular.
No vamos a aceptar, señor López Garrido, su enmienda 840 al artículo 841 bis, y no porque no precocinemos con toda convicción y con toda sinceridad el que se tenga que decir la verdad en las comisiones de investigación parlamentaria. Por supuesto que ésa no es sólo nuestra opinión sino nuestra práctica, pero el problema que vemos aquí es el siguiente. Con su enmienda se pretende trasponer una figura delictiva, relativa a la actuación ante los Tribunales de Justicia, a las comisiones de investigación parlamentaria. Una figura delictiva prevista para quien no dice la verdad, en su condición de testigo, además --no en su condición de imputado, porque en las comisiones de investigación no hay esta diferenciación--, ante un Tribunal de Justicia se traspone a las comisiones de investigación parlamentaria. Lo que ocurre es que no podemos nunca perder la perspectiva de que las Cortes no investigan delitos ni son una unidad de policía judicial. Las Cortes, fundamentalmente, lo que exigen es responsabilidad política y también la pueden exigir, por supuesto, por no decir la verdad. Para ello en ocasiones han de investigar los hechos. Pero esos hechos no los investigan con una finalidad incriminatoria, sino con el fin de exigir responsabilidad política. Precisamente el falso testimonio está construido para cuando se investigan hechos con finalidad incriminatoria, que no es la función de las Cortes Generales. Esa es nuestra opinión sobre esta figura. No dudamos ni de la buena intención ni de la finalidad loable con la que usted presenta esta enmienda, pero pensamos que se produce aquí una distorsión entre lo que es una figura delictiva para proteger hechos que se investigan con finalidad incriminatoria --solamente en el supuesto de testigos-- y su trasposición a las comisiones de investigación parlamentaria, que no tienen esa finalidad.
Le he oído decir que hay ordenamientos que han trasladado la figura delictiva del falso testimonio a las comisiones de investigación parlamentaria. Le agradecería, porque no lo conozco, si tiene la amabilidad para poderlo estudiar (porque lo que perseguimos es la misma finalidad, la de que se diga la verdad en las comisiones de investigación parlamentaria), que nos indique usted en qué ordenamiento jurídico-penal se recoge esta figura para que podamos, repito, estudiarlo, siempre abiertos a reconsiderar el tema y, en este caso, a dejarnos convencer si creemos que no se produce ese posible desequilibrio.
La enmienda 487, del Grupo Popular, al artículo 482, la vamos a aceptar íntegramente, porque nos parece adecuada la observación de la enmienda en cuanto a equiparar las penas con los actos de violación de la inviolabilidad del Parlamento. Lo único que no nos gusta de la enmienda es una cosa puramente terminológica. Cuando habla de «con intromisión» nos gustaría más que se dijera --ya presentaremos el texto-- «violentamente o con intimidación». El resto, que es lo importante de la enmienda, lo aceptamos; únicamente, repito, los términos «con intromisión» es lo que no nos acaba de encajar correctamente.
Sin embargo, la enmienda 488, del Grupo Popular, al artículo 484, apartados 1 y 2, que tiene su relación con la 841 de Izquierda Unida, no la vamos a aceptar. La enmienda del Grupo Popular que, de todas maneras, es diferente de la de Izquierda Unida, suprime las injurias. Sin embargo, en el caso que estamos analizando aquí en este artículo es más fácil insultar que calumniar. El Grupo Popular propone que se supriman las injurias, no las calumnias; pero en este supuesto es más fácil que se produzca la hipótesis del insulto que el de la calumnia. Si hay algo que habría que plantearse a lo mejor sería la supresión del delito de calumnias, ya que --y permítanme el aforismo-- «societas delinquere non potest». Por tanto, difícilmente cabe atribuir a un órgano colectivo la comisión de un delito, que es lo que supondría atribuirle las calumnias.
En cambio, insultar a una institución es muy fácil, mucho más fácil que calumniarla porque se le atribuya la comisión de un delito.
La enmienda que nos suscita dudas es la de Izquierda Unida, la 841, al artículo 484; dudas no en cuanto a la supresión de «injuriaren», sino a la supresión de «calumniaren». Lo vamos a meditar más, pero por las razones que hemos dicho antes nos suscita dudas sobre si no sería procedente suprimir la expresión «calumniaren».
No vamos a apoyar la enmienda 489 del Grupo Popular al artículo 485, por los mismos criterios que en enmiendas anteriores, ni la enmienda 482, al mismo artículo, de Izquierda

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Unida, por razones de distinto criterio. Aquí son criterios diferentes de política criminal, porque si suprimiéramos este artículo respecto al ejército, por qué no suprimirlo para el resto de las instituciones o para otras distintas.
Me parece que con esto, según mis notas, ya no hay más enmiendas esenciales, si es que no nos hemos dejado alguna, a estos dos capítulos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para réplica, el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Agradezco al portavoz del Grupo Socialista, señor Mohedano, la aceptación de las enmiendas a que ha hecho referencia. En lo que respecta a la enmienda 475, la retiramos porque está aceptada; la enmienda 478 también la retiramos porque está aceptada en su totalidad y la enmienda 486 también se retira porque está aceptada en la Ponencia.


El señor MOHEDANO FUERTES: La 478 no la tengo como aceptada.


El señor BUESO ZAERA: Se acepta ahora en su totalidad. La enmienda 487 se ha aceptado íntegramente, excepto la frase «con intromisión»; por tanto, la retiramos. En lo que respecta a la enmienda 474, nos ha dicho que planteará una enmienda in voce; la estudiaremos; y sobre la enmienda 484, a la que presentará una transacción, también la estudiaremos.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Con relación a la enmienda 824 de Izquierda Unida, que no va a ser aceptada por el Grupo Socialista y que propone que sistemáticamente se sitúen los delitos contra la Corona dentro de las demás instituciones del Estado, dentro del capítulo III, que se refiere a delitos contra las instituciones del Estado, mantenemos nuestra posición.
No creo que se hayan dado argumentos que puedan disuadirnos de esta que es una pretensión, como yo ya he señalado, no de cuestión de gabinete, ni muchísimo menos, pero el hecho de que la Corona sea diferente a las demás instituciones, no exactamente algo más --el señor Mohedano habló de algo más que el resto, aunque luego precisó más exactamente diciendo «diferente de las demás instituciones»--, no justifica un capítulo especial, porque todas las instituciones son diferentes de las otras: el Gobierno es diferente del Parlamento, el Parlamento es diferente del Tribunal Constitucional... No quiero detenerme en exceso en esta que no es una enmienda esencial, pero que mantendremos para la votación.
La enmienda 826 veo que ha tenido buena acogida, porque el Grupo Socialista propone una enmienda transaccional de modo que la tentativa del magnicidio no se equipare al delito consumado. Nos parece aceptable esta transacción; por tanto vamos a retirar nuestra enmienda 826 y votaremos a favor de la enmienda transaccional propuesta por el señor Mohedano, aunque sí le señalaré que nunca hemos entendido que situar la tentativa al mismo nivel que el delito consumado sea un plus de protección, sino al contrario, era un plus de desprotección, porque a lo que incitaba, una vez que se había iniciado la ejecución del delito, era a consumarlo, porque el efecto de la sanción penal iba a ser idéntico.
Tampoco el efecto político de una tentativa que no se consuma es idéntico al efecto político de una ejecución que sí se consuma. Por eso era por lo que nosotros manteníamos esa enmienda, y nos alegramos de que sus principales objetivos se hayan cumplido a través de esa enmienda transaccional que propone el Grupo Socialista y que será votada favorablemente por el nuestro.
También nos complace la aceptación de nuestra enmienda 837, que adecua la pena a la conducta prevista en el artículo 476.1, al igual que nos complace que la enmienda 831 haya tenido una buena acogida por parte del Grupo Socialista, que propone una transacción para que en el artículo 469.3 se hable de calumnias o injurias al Rey en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de las mismas. Me parece que es algo parecido y creo que está en la línea de nuestra enmienda 831. Por tanto, la retiramos también, y votaremos favorablemente la transaccional propuesta por el Partido Socialista.


El señor PRESIDENTE: Quiere usted repetirlo.


El señor LOPEZ GARRIDO: Retiro la enmienda 831.
Las enmiendas 832 y 833 al artículo 470 han recibido una acogida desigual. La 833 se va a rechazar por el Grupo Socialista y la 832 parece que puede tener un cauce a través de una redacción satisfactoria que yo me ofrezco a lograr, de acuerdo con el señor Mohedano, para ambas partes.
La enmienda 839 al artículo 480 no ha sido aceptada, aunque no he escuchado argumentos en contra de la misma. Sin embargo, sí ha habido argumentos, por parte del señor Mohedano, para rechazar la enmienda 840, que proponía que en las comisiones de investigación parlamentarias se previese la existencia de un falso testimonio. Yo comparto algunas de sus preocupaciones cuando señala la dificultad de introducir el falso testimonio, figura prevista para los procedimientos judiciales, dentro del procedimiento atípico y más bien político de las comisiones de investigación.
En cuanto a los ordenamientos que, sin embargo, sí prevén este falso testimonio, yo no podría decirles en este momento cuáles son. Creo, pero es un poco aventurado decirlo aquí, que en Estados Unidos o en Italia está prevista una figura parecida, seguramente porque las comisiones de investigación, fundamentalmente en Estados Unidos, tienen unas funciones cuasi judiciales, de una gran potencia investigadora, y a medida que la comisión de investigación es más fuerte y se acerca más a la capacidad que tiene un juez para investigar, se prevén figuras como la del falso testimonio.
Comparto su preocupación al respecto, aunque no me parece congruente que esta argumentación no haya sido utilizada para aceptar nuestra enmienda anterior en la que

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proponíamos que desapareciera el falso testimonio en procesos administrativos. Ahí sí se mantiene el falso testimonio, y los procesos administrativos, en muchas ocasiones, se parecen bien poco a los procesos judiciales; no existe un final incriminatorio y, sin embargo, ahí hay una figura de falso testimonio. Yo tenía pensando, en congruencia, si se hubiese aceptado la enmienda que pretende que desaparezca la figura de falso testimonio en procesos administrativos, retirar esta enmienda en cuanto a las comisiones de investigación parlamentaria; pero no lo voy a hacer así porque nos parece que, si se mantiene el falso testimonio en procedimientos administrativos, debería mantenerse en procedimientos ante las comisiones de investigación, aunque, repito, entiendo perfectamente los argumentos que expresaba S. S. y que tienen fundamento las dificultades que ha expuesto y que llevan a su Grupo a no aceptar esta enmienda.
La enmienda 838 tampoco ha sido aceptada, aunque no he escuchado argumentaciones que justificasen ese rechazo.
Por último, para terminar, me referiré a las enmiendas 836, 841 y 842, que, referidas respectivamente a los artículos 475, 484 y 485, pretenden la desaparición de una figura agravada de calumnia o de injuria existente cuando quienes son injuriados son instituciones del Estado: Clases, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Ejércitos. Seguimos manteniendo que estas figuras no añaden ningún plus de protección a estas instituciones.
Son herencia de concepciones periclitadas sobre una mayor «potestas», una mayor dignidad, para que estas instituciones se defiendan de determinadas injurias, que no corresponden a estos tiempos modernos (por emplear una expresión de una película de Charles Chaplin), y no pasaría absolutamente nada si en estos casos se siguiese la misma fórmula que para el común de los mortales, es decir, calumnias e injurias como delitos que están establecidos en este Código Penal.
Ha expresado algunas dudas que me incitan a pensar que podría haber una cierta reflexión, incluso un cambio en la posición del Grupo Socialista de aquí al Pleno.
Por último, en cuanto a su pregunta relativa a por qué tiene que desaparecer el artículo 485, que habla de Ejércitos, Clases, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la verdad es que este artículo es un caso especial, porque no se refiere a órganos constitucionales. Los artículos 475 y 484 establecen las injurias a las Cortes Generales y las calumnias, injurias y amenazas a órganos constitucionales, pero el Ejército, las Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no son órganos constitucionales, son algo más, instituciones de relevancia constitucional, como hay otras (el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas), pero no están al mismo nivel, en cuanto a relevancia en nuestra Constitución, que las previstas en los artículos 475 y 484. Por eso, especialmente en este caso nos parece que no tiene mucho sentido que haya un régimen especial para esta parte de la Administración del Estado, que son los Ejércitos, Clases, o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.


El señor PRESIDENTE: El señor Mohedano tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, me imagino que lo que me agradecerán SS. SS. ahora es que no agote este turno de dúplica, porque, además, no iban a ser muy agudas mis observaciones a las cuestiones que han planteado los otros portavoces.
Unicamente me ha llamado la atención una cosa, porque no he estudiado esa parte del proyecto de Código, que ha sido un descubrimiento, y es el falso testimonio en procedimiento administrativo. No me había percatado de que en el proyecto de Código se incluía esa figura, que me parece que es novedosa respecto a la legislación vigente.
Aunque, efectivamente, eso puede ser un poco contradictorio --no totalmente, sino algo contradictorio-- con nuestros razonamientos para no apoyar la enmienda del señor López Garrido sobre el falso testimonio por manifestaciones vertidas en comisiones de investigación parlamentaria, y como el señor López Garrido es bastante tenaz en la defensa de sus enmiendas, sobre todo en las que tiene razón, le instamos a que no se desanime, a que insista y a lo mejor consigue algún éxito, no en ésta sino en la otra enmienda del falso testimonio en procedimiento administrativo.


El señor PRESIDENTE: Por debatidos estos capítulos II y III, del Título XVIII. Como hay grupos minoritarios cuyos miembros no pueden ser sustituidos y como los otros portavoces también tienen derecho al sustento y llevamos ya seis horas reunidos, vamos a suspender la sesión hasta las 11 para que puedan tomar un refrigerio.
La señora Del Campo tiene la palabra.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Creo que ninguno de los aquí presentes está en condiciones de ir a cenar con calma. Con veinte minutos, hasta las diez y media, tenemos tiempo de sobra.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Suspendemos la sesión durante treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a abordar los capítulos restantes de este título XVIII.
Después de debatidos los capítulos I, II y III, tengo la impresión de que SS. SS. preferirán debatir el capítulo IV separadamente.
Comencemos por las enmiendas del Grupo Popular números 493 a 505, ambas inclusive.
El señor Bueso tiene la palabra.


El señor BUESO ZAERA: En relación con este capítulo y en lo que respecta a la sección «de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución», quiero hacer una especial referencia a los delitos de pertenencia a grupos o bandas armadas, es decir, a las asociaciones ilícitas, porque dentro de ellas están los grupos o bandas armadas y, como ha constatado la doctrina, la decisión legislativa de crear un tipo cualificado para la asociación de carácter terrorista es una decisión acertada

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que se ve avalada por la experiencia práctica del tratamiento del terrorismo en nuestro Derecho y aun en el mismo Derecho comparado.
En nuestro Derecho, desde las leyes 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se modificaba el Código de Justicia Militar, y la 44 del mismo año, de 15 de noviembre, por la que se reformaba el Código Penal, conformando en ambas normas el terrorismo como nuevo tipo delictual, hasta la Ley 82/1978, de 28 de diciembre, que modificaba el Código Penal en materia de terrorismo, se ha experimentado un cambio sustancial en la normación jurídico-penal del terrorismo. Ya en los Pactos de la Moncloa, en el programa de actuación jurídica y política, se convino que la tipificación del terrorismo figurara en el Código Penal común con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales y se operará con los criterios generalmente aceptados en los convenios internacionales y en los países de Occidente.
Es preciso recordar que ya en la Convención para la Prevención y Represión del Terrorismo, celebrada en 1937 en Ginebra, se definió a los actos de terrorismo como los hechos criminales dirigidos contra un Estado cuyo fin o naturaleza sea provocar el terror en personalidades determinadas, grupos de personas o en el público. Recientemente, la Convención Europea para la Represión del Terrorismo, aprobada en noviembre de 1976 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y hecha finalmente en Estrasburgo, en 1977, además de privar del carácter de delito político a los actos terroristas vino primando, por consiguiente, el ánimo terrorista del sujeto que delinque. Fruto de cuanto he relatado es la Ley 82 de 1978.
Si nos atenemos al Derecho comparado nos encontramos con que tanto en la República Federal de Alemania como en Italia se han introducido reformas semejantes en los códigos penales a la que ahora comentamos respecto a España.
En la República Federal alemana, una Ley de 1976 introdujo un tipo cualificado de asociaciones criminales consistente en fundar, participar como miembro, hacer proselitismo y apoyar asociaciones cuya actividad tienda a la comisión de delitos de asesinato, homicidio, genocidio, contra la libertad personal o simplemente de peligro común. En Italia también hace referencia este respecto la Ley de 1980.
En definitiva, tanto el Derecho comparado como las nuevas orientaciones de nuestro Derecho Penal van en el sentido de que el terrorismo sea perseguido a través de los tipos comunes de delitos cometidos por los miembros de las organizaciones terroristas, así como de tipos cualificados de asociación en grupos o bandas armadas. No es fácil la concreción de qué es una buena banda armada. El tema ya se suscitó en los debates de la Comisión de Justicia del Congreso sobre la que habría de ser Ley 56 de 1978, y creo que el concepto de banda armada no es homólogo o sinónimo del de cuadrilla, tal y como viene definido este último por el Código Penal, pues el concepto de banda armada supone una pluralidad de personas que configuran el grupo o banda, pero sin necesidad de que esa pluralidad se exteriorice y se haga patente en el mismo acto de la comisión del delito. Una banda armada implica básicamente una asociación de personas que tiende, por principio, a delinquir. Y la Ley 11/1980, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución, ha venido a acotar la referencia a las bandas armadas al determinar que éstas son exclusivamente las que incidan gravemente en la seguridad ciudadana. Tal precisión no contribuye sobremanera a clarificar qué son las bandas armadas.
Creo que no hay otra solución que recurrir a la opinión de los órganos jurisdiccionales y, en concreto, a la misma jurisprudencia que a tal efecto ha sido ya sentada.
Los órganos jurisdiccionales competentes se han visto precisados a deslindar qué se entiende por bandas armadas. No puede olvidarse al respecto que la circunstancia de la comisión del delito por una persona o personas integradas en grupos o bandas organizadas y armadas es la determinante de la competencia para el conocimiento, instrucción y fallo de la causa de los juzgados centrales y de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, para declararse competente en materia concreta de delitos cometidos por bandas o grupos organizados y armados, ha exigido una serie de condiciones cuya enumeración no es más que el fiel reflejo de numerosos autos dictados por la Sala de lo Penal de aquel organismo jurisdiccional, y tales condiciones y requisitos se desglosan sucintamente así: que banda o grupo armado no sólo es una pluralidad de personas concertadas, sino, fundamentalmente, la unión entre ellos por vínculos más o menos estables y duraderos. Por otro lado, que la banda o grupo exige un ensamblaje en cuanto a su realización y que la banda o grupo se constituye no sólo para la comisión de un determinado delito y que el grupo o banda disponga y utilice armamento o explosivos aptos para la realización y ejecución de sus actividades delictivas. En análogo sentido se ha pronunciado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una sentencia de 1982, y ha considerado el Supremo que deben entenderse por grupos o bandas organizadas y armados las agrupaciones para la acción armada provistas de cierta organización de la que nacen vínculos de alguna manera estables o permanentes presididos por unas ideas de jerarquía y disciplina. En base a ello hemos presentado las enmiendas a esta sección y en concreto la enmienda 493 al artículo 490, que es de modificación. Proponemos la redacción manteniendo el mismo texto, incluyendo simplemente la frase «por razón de su religión». Se mantiene el texto, pero incluimos la razón de su religión porque se trata de otorgar una mayor garantía de protección a los aspectos relacionados con las creencias religiosas de las personas.
La enmienda 494 es al artículo 490. Introducimos en dicho artículo un apartado 2.º, que sería nuevo y que diría lo siguiente: «Serán castigados con igual pena: 1.ºLos que incitaren al odio o a la violencia de carácter racial, antisemita, xenófobo o religioso, de palabra, por escrito o impreso o cualesquiera otros medios de propaganda.
2.ºLos que manipularen informaciones o emitieren informaciones falsas respecto de individuos, grupos o asociaciones, en razón de su origen nacional o pertenencia a una

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raza, etnia, nacionalidad o religión en menoscabo de su honor y dignidad o con temerario desprecio a la verdad.» En el proyecto solamente se contempla la discriminación, pero no la incitación al odio o a la violencia racial. Ello constituye una amenaza a la seguridad de Europa y de la democracia que está tipificada en gran parte de las legislaciones europeas como instrumento para defender la paz y convivencia social y contrarrestar la funesta propaganda racista. Y la inclusión del concepto específico de «antisemitismo» está justificada no sólo por razones históricas, sino, además, por la aparición en Europa del antisemitismo más manifiesto y virulento desde la Segunda Guerra Mundial.
La difusión de informaciones falsas, a sabiendas de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad, constituyen excesos en el ejercicio de la libertad de información y merecen, en nuestra opinión, la sanción penal.
La enmienda número 495 es al artículo 491.1. Es una enmienda de modificación y proponemos mantener el mismo texto, pero introduciendo, en lo que respecta a la inhabilitación especial para empleo o cargo público, que sea por tiempo de seis meses a dos años. También introducimos que haya información de carácter genético sobre una persona o por valoraciones sobre la misma cuyo único fundamento sea un tratamiento automatizado de actos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características y personalidad. Todo ello en coherencia con otras enmiendas que hemos presentado anteriormente al proyecto.
La enmienda número 496 es al artículo 491, nuevo; sería un artículo 491 bis, que diría lo siguiente: «Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses el particular que, proporcionando u ofreciendo proporcionar un servicio, un bien o su disfrute, cometa un acto de discriminación contra una persona o grupo de personas por razón de su raza, etnia, religión u origen nacional.» Se trata, sencillamente, de penalizar el racismo y la discriminación racial en las relaciones entre personas particulares.
Al artículo 193, apartado 2.º, hemos presentado la enmienda 497, que es de modificación, y en ella proponemos mantener el texto diciendo lo siguiente: «Los asistentes a una reunión o manifestación que portaren armas...» Y quedaría igual el resto, sin poner lo que dice el texto de «u otros medios peligrosos», porque no se comprende la asimilación de medios indeterminados nada menos que a las armas; es decir, que mantendríamos el mismo texto, a excepción de esta frase «u otros medios peligrosos», por las razones que acabo de exponer.
La enmienda número 498 al artículo 494.5 es de modificación, y diría lo siguiente: «Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración...» Y en 5.º lugar proponemos que se diga: «Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia racial, xenófoba o antisemita o inciten a ellas.» Se recomienda la adición de la palabra «antisemita» siguiendo la terminología de la Declaración de Viena de 9 de octubre de 1993.
La enmienda 499 es al artículo 501 bis, sería un artículo nuevo, que diría: «El que mediante cualquier medio ilegítimo de persuasión violare el derecho de otro a la libre formación de su conciencia, impidiéndole así la elección de una religión, ideología, o creencia, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años.» En nuestra justificación de la enmienda está suficientemente detallada la razón de esta enmienda: la necesidad de una adecuada protección penal de la inviolabilidad psíquica en nuestro ordenamiento.
También el artículo 205, del Código Penal vigente, en su párrafo primero, protege exclusivamente el derecho a la libertad religiosa y a la libertad ideológica contra el empleo de la violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo, y el bien jurídico protegido por este precepto es la manifestación externa de la libertad religiosa, es decir, la denominada libertad de culto, y no el derecho a la formación de la libertad de conciencia. El actual proyecto de Código, al haber suprimido los atentados a la libertad religiosa individual contemplados en este artículo 205, ha agravado aún más esta situación. Por ello, la tutela del derecho a la formación de la conciencia contra los atentados al mismo realizados por los individuos, tendrían que ser llevados a cabo a través de los tipos genéticos de las lesiones, las amenazas y las coacciones.
Además, esta tipificación recoge la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la libertad de conciencia supone el derecho a formar libremente la propia conciencia.
La enmienda número 500, al artículo 501, nuevo, sería una enmienda de adición, que diría: «Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a seis años: 1.ºLos que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro medio ilegítimo impidieran a un miembro o miembros de una confesión religiosa o asociación ideológica practicar los actos propios de las creencias que profesen o asistir a los mismos.--2.ºLos que por iguales medios forzaren a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a profesar actos reveladores de profesar o no profesar una religión o convicción, o a mudar la que profesaren. Parece conveniente mantener en el proyecto el texto del artículo 205 del Código Penal actualmente vigente porque protege el ejercicio del derecho de libertad religiosa y, además, este mantenimiento viene impuesto para guardar una mínima coherencia con la rúbrica de la Sección 2.ª La enmienda 501, al artículo 502, es de modificación y propone añadir, después «del Ministerio de Justicia e Interior», la siguiente frase: «o de las asociaciones ideológicas». También, después de «lugar destinado al culto», debe añadirse «o a los ritos». Esta modificación obedece al principio de igualdad, que exige idéntica tutela a las libertades religiosa e ideológica.
La enmienda número 502, al artículo 503, es de modificación.
Introducimos, dentro del mismo texto, la frase «o a los ritos» y la frase «o de cualesquiera creencias». Y en cuanto a la pena, creemos que debe ser de seis meses a seis años. El último párrafo, diría: «Si los hechos se realizaren fuera de los lugares u ocasiones mencionadas en el párrafo anterior, se impondrá esta pena en su mitad inferior.» La mención de creencias no religiosas se incluye por las mismas razones que hemos expuesto en el artículo anterior. Por otro lado, el principio de igualdad penal exige proporción punitiva entre los delitos de interrupción de actos y

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profanación, toda vez que esta última puede ofender tanto más las creencias religiosas o ideológicas que aquélla. En cuanto a la utilización del término ritos, corresponde a la doctrina del Comité de Derechos del Hombre de la ONU, según la cual el concepto de rito, como diferente del de culto, comprende los actos rituales y ceremoniales que expresan directamente una convicción, diferente de una religión.
La enmienda 503, al artículo 503, es de modificación y propone el mantenimiento del mismo texto, si bien cambiando la pena de prisión de seis meses a dos años, porque consideramos que es conveniente agravar las penas para las conductas tipificadas.
La enmienda 504, al artículo 504, propone que se añada la expresión «confesión religiosa» y a continuación lo siguiente: «o asociación ideológica inscrita». Además, después de «escarnio de sus dogmas» debe añadirse «o creencias». Y en el párrafo 2, a continuación de «religión» debe añadirse «o creencia». Por último debe ser incluido un párrafo 3 que diga: «Los que realizaren los mismos hechos del párrafo 1, en el lugar u ocasión mencionados en el artículo precedente (503), serán castigados con la pena superior en grado». Todo ello porque idénticas razones a las ya expuestas justifican la inclusión de las expresiones «creencias» y «asociación ideológica». Al mismo tiempo, parece conveniente mantener una penalidad agravada, como lo hace el artículo 209 del Código Penal.
Finalmente, la enmienda número 505, al artículo 505, de modificación, propone el mantenimiento del mismo texto del proyecto, pero añadiendo, después de «... con ánimo de ultraje, destruyere o dañare las urnas funerarias», lo siguiente: «cometiere actos de vandalismo, como escribir en los muros de un cementerio o panteón, lápida o nicho, o borrare e ensuciare sus leyendas...». El resto igual. Ello sencillamente porque se trata de sancionar penalmente los actos externos, como son las pintadas que desgraciadamente abundan últimamente, que suponen la alteración del cerramiento del lugar donde los muertos descansan.


El señor PRESIDENTE: El señor López Garrido tiene presentadas las enmiendas 843 a 849. De ellas, consta la retirada de la 846 y 848 --corríjame si estoy equivocado--, habiendo incluido la Ponencia en su informe la 843.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Efectivamente, la enmienda 843 fue aceptada en Ponencia y, por tanto, debe considerarse retirada, junto con las 846 y 848. Asimismo debe considerarse retirada la enmienda 850.


El señor PRESIDENTE: Señoría, esa enmienda yo la tengo catalogada en el capítulo V.


El señor LOPEZ GARRIDO: Pues ya le anticipo que está retirada.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


El señor LOPEZ GARRIDO: También debe considerarse retirada la enmienda 844.
La 847 es una enmienda que se reitera y que propone sustituir «apología» por «provocación» en el artículo 498. En su momento se someterá a votación y espero que sea aprobada como el resto de la misma familia.
Voy a centrarme en las enmiendas números 845 y 849. La primera de ellas consiste en añadir un nuevo número 1 bis al artículo 491 del proyecto de Código. Este es un importante artículo que protege el principio de igualdad ante la ley, el principio de no discriminación, y por eso castiga al particular encargado de un servicio público que deniegue la prestación de ese servicio por razón de origen, sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, situación familiar o pertenencia o no a una etnia, raza, religión, grupo político o sindicato. Es un buen precepto que, a nuestro juicio, debe complementarse con otro, que es el que nosotros proponemos, que extiende la protección del bien jurídico de la no discriminación a aquellos casos en que los particulares, aunque no estén encargados de un servicio público, denieguen la prestación de servicios, suministros, mercancías o derecho de libre disponibilidad a personas por las mismas razones que antes hemos expuesto, es decir, por razones de origen, sexo, orientación sexual, situación familiar o pertenencia o no a alguna etnia, raza, religión, grupo político o sindicato.
Se trata de conductas que todos los días sufren personas que no tienen la misma raza que el particular que deniega ese servicio. Fundamentalmente es por esa razón. Es el caso de aquellas personas que niegan la entrada en un establecimiento público a personas que no tienen el color de piel que tienen ellos, o personas que niegan la prestación de un servicio, en este caso la venta del productos por razón de la raza, o aquellos que no alquilan pisos a negros, a gente de color. Es decir, actividades que son de una naturaleza racista y que afectan a la vida de las personas, fundamentalmente a aquellas que son diferentes a la mayoría de los que en nuestro país residen o habitan. En la práctica puede haber un problema de prueba. Seguramente nadie reconocerá que no alquila un piso a un negro por ser negro y se hablará de la libertad de empresa o de otros derechos de carácter económico. Lo cierto es que con independencia de los problemas de prueba que puedan existir, que es algo que tendrá que resolverse en el trámite judicial correspondiente, si es que se llega a un litigio, es importante que aparezca este precepto en el Código Penal como elemento de disuasión a quienes llevan a cabo estas conductas, como elemento pedagógico y como símbolo de que este Código Penal es profundamente antirracista, profundamente antidiscriminatorio, y que tanto los particulares que prestan un servicio público o los que prestan un servicio no público deben cumplir siempre el principio de igualdad, que es un principio básico de nuestra Constitución. Por eso es por lo que nosotros hemos propuesto esta enmienda que pretende añadir un nuevo número 1 bis con el texto que he expuesto.
La otra enmienda que me queda por defender en este capítulo es la 849. No me voy a extender mucho en ella. Pretende la supresión de la Sección 3.ª del capítulo IV. De los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación

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social sustitutoria. Digo que no me voy a extender mucho en ella porque es muy tarde y porque, además, esta enmienda está profundamente conectada con las que hemos presentado a los artículos 593, 594 y 595, que previsiblemente veremos mañana. Se trata en este ultimo caso de los delitos contra la prestación del servicio militar. Este proyecto de Código sitúa en dos secciones distintas, bastante alejadas, delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria y delitos contra la prestación del servicio militar. Están profundamente conectados. De hecho, tienen que ver profundamente con la llamada cuestión de la insumisión. Se trata, de una forma defectuosa técnicamente, aparte de, naturalmente, las deferencias políticas que mantenemos con ellos. Estos artículos están separados, están desperdigados, no guardan una unidad interna. Por ello nos extenderemos más cuando mañana o la semana que viene entremos en el debate de los artículos 593 a 595. Pero sí quiero adelantar aquí que hay que ayudar a resolver, al menos desde la dimensión penal, la cuestión de la insumisión, que está exacerbada fundamentalmente por la mala utilización de las normas penales. Es decir, aquel problema social que sufre un número significativo de jóvenes en nuestro país que se niegan a prestar el servicio militar y la prestación social sustitutoria, que está concebida no como algo de distinta naturaleza, sino como algo subsidiario y enmarcado en la lógica del servicio militar. Esto da lugar a problemas judiciales enormes porque se criminalizan conductas que no son objetivamente reprochables y provocan conflictos en la magistratura; provocan también problemas penitenciarios, ya que los jóvenes que ingresan en prisión por negarse a cumplir el servicio militar no tienen nada que ver con delincuentes o delincuentes comunes; y también provocan problemas constitucionales, ya que la prisión no sirve como elemento de reeducación y de reinserción social para estos jóvenes insumisos y, por tanto, no se está solucionando adecuadamente este problema. Naturalmente que la fórmula de solución última estaría seguramente en un ejército profesional, pero aun cuando quizá quede algún tiempo para llegar a ello, hay que abordar esta cuestión que en este Código Penal no se aborda bien porque se mantienen penas de prisión, y en algún caso fuertes penas de inhabilitación, para aquellos que se niegan a prestar el servicio militar o a cumplir la llamada prestación social sustitutoria. Por eso es por lo que hemos considerado que habría que eliminar estos artículos 506, 507 y 508 del Código Penal, lo mismo que los 593, 594 y 595, a los que llegaremos en los próximos días y en los que se hará un debate más detenido al respecto, porque no nos parece que esta conducta deba estar situada en el Código Penal. No se cumple el principio de la proporcionalidad; no se cumple el principio de intervención mínima y, desde luego, esto crea muchísimos más problemas que los resuelve. No están en cuestión, a nuestro juicio, deberes constitucionales. Es perfectamente constitucional que no esté penalizada la llamada insumisión. Por tanto, creemos que hay que enfocarlo por esa vía de despenalizar la insumisión y de estudiar otras fórmulas alternativas que no sean la sanción penal.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Intentaré dar respuesta a todas y cada una de las enmiendas que se han planteado en este momento, pero previamente quiero decir, señor Presidente, que aparte de las diferentes enmiendas, muchas, que ya se han indicado aquí que fueron incorporadas al texto durante el trabajo de Ponencia (recuerdo, si mi memoria no me falla, las enmiendas 209 y 210, de la señora Rahola, la enmienda 1.180, de Convergència i Unió, la enmienda 110, del Partido Nacionalista Vasco, todas ellas incorporadas en sus propios términos), mi Grupo va a votar favorablemente, en el momento que procesalmente corresponda, algunas de las enmiendas que aquí han sido defendidas.
Concretamente al artículo 490 hay tres enmiendas, dos del Grupo Parlamentario Popular, la 493 y la 494, y la 205, del Partido Nacionalista Vasco, que tienen un texto prácticamente idéntico, lo cual permite suponer que su origen es --digámoslo así-- extraparlamentario. De todas formas, por muy extraparlamentario que sea, nosotros creemos que son enmiendas que mejoran el texto, que amplían bastante los problemas que se plantean en relación con la discriminación por razón de raza, de sexo, de todos los tipos que puede haber, y el único problema que tenemos es cuál de ellas votamos si la 205, del PNV, o la 493 y la 494, del Grupo Popular, porque aunque he dicho que son idénticas se diferencian en una palabra, en la expresión «antisemita». La verdad es que al menos yo considero que si hablamos de discriminación racial sobra la palabra «antisemita». El racismo es una forma de discriminación racial y por tanto sobra. Pero como es cierto que en otros lugares del proyecto parece que se ha incluido la expresión «antisemita» junto a «racial», provisionalmente y a la espera de que en trámites posteriores ordenemos todo el texto y le demos un contenido uniforme, vamos a votar favorablemente, en sus propios términos, las enmiendas 493 y 494, del Grupo Popular, al artículo 490. Repito que con ello consideramos que la enmienda 205, del PNV, está también asumida en su totalidad, pero votaremos favorablemente las enmiendas 493 y 494, del Grupo Popular, por las razones que dábamos antes.
Señor Presidente, también vamos a votar favorablemente la enmienda 207, del Partido Nacionalista Vasco, al artículo 494.5.º Es una enmienda que, al referirse a las causas que permiten considerar a una asociación como ilícita, incluye las que promueven el odio o la violencia racial. Nos parece que también mejora en este aspecto el articulado, por lo que vamos a votarla favorablemente, en sus propios términos.
Señor Presidente, en este momento hago mención de tres enmiendas in voce que queremos presentar a este capítulo IV del título XVIII y que creo que pueden dar satisfacción a algunas de las enmiendas que han sido planteadas, en este momento, tanto por el señor López Garrido como por el señor Bueso.
El problema que quiero abordar con la primera de las enmiendas in voce a que me refiero es el que se plantea en

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relación con las enmiendas 845, de Izquierda Unida, y 496, del Grupo Popular. Son enmiendas que en ambos casos proponen la creación de un artículo nuevo, que sería el 491 bis, y aunque con texto diferente persiguen un mismo objetivo, que es el de penalizar las conductas discriminatorias realizadas por particulares y en relación con otros particulares. Como ha dicho muy bien el señor López Garrido, se trata de un problema importante, delicado que se refiere a eso que los constitucionalistas llaman la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, entre privados. Como sabe muy bien el señor López Garrido, éste es un tema delicado, problemático. La verdad es que no está claro que nuestra Constitución, en sus artículos que regulan los derechos fundamentales, sea directamente aplicable a las relaciones entre particulares. Cuando abrimos un portillo no sabemos hasta dónde puede llegar y cuándo se puede cerrar. En este caso es un tema realmente delicado y la doctrina está dividida en cierto aspecto. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución en este punto no tiene eficacia directa y que la eficacia ha de ser indirecta, mediata, a través de leyes, y es lo que precisamente estamos haciendo en este caso. A través de una ley orgánica como es la del Código Penal, intentamos trasladar, intentamos dar eficacia al artículo 14 de la Constitución en las relaciones entre privados y, además, se trata de darle una eficacia penal.
Señor Presidente, como ha dicho el señor López Garrido, es un tema que de entrada tiene un problema de prueba, un problema importante de prueba.
Será muy difícil en la práctica probar que esta discriminación existe, porque, ciertamente, el particular que quiera discriminar a otro por razón de raza, sexo, religión, origen social, el que sea, no lo dirá expresamente. Sencillamente le denegará la prestación porque puede hacerlo sin más; porque nadie nos puede obligar a alquilar un piso a quien no queremos alquilárselo, porque nadie nos puede obligar a hacer cosas que en nuestra voluntad no las queremos en ese sentido. Por tanto, en esta cuestión los problemas serán tremendos y ya se han presentado.
Recuerdo, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional que se planteó el problema de los títulos nobiliarios y decía que solamente podrían heredarse en personas que hubieran casado con persona noble. Era una discriminación clarísima por razón de origen y, sin embargo, el Tribunal Constitucional no tuvo más remedio que aceptarla, aunque indirectamente. Podríamos encontrar múltiples ejemplos que demostrarían las tremendas dificultades con que se encontrará el juez a la hora de aplicar un precepto de esta naturaleza. Ya se ha dicho que la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares debe hacerse a través de unos puntos de irrupción que se encuentran precisamente en el Derecho privado, que se encuentran por ejemplo en el Código Civil. Nuestro Código Civil, tanto en lo que se refiere a los testamentos como a los contratos, incluye, por ejemplo, la prohibición de cláusulas que sean contrarias a la moral o al orden público que podrían permitir una cierta introducción de estos temas. De todas maneras, señor Presidente, como nos parece que el tema es importante, yo mantengo una idea que creo que está clara: hoy día quien discrimina realmente es la sociedad, no es el Estado, no son los poderes públicos, no es la ley. La ley no discrimina. La discriminación real se produce en las relaciones privadas. La discriminación por razón de sexo, la discriminación por razón de raza, por lo que se quiera, básicamente existe y mucho en las relaciones entre privados; la hacen particulares respecto a los particulares. Por tanto, conviene que afrontemos este tema, aunque yo creo honradamente, señor Presidente, que la propuesta contenida tanto en la enmienda 845, de Izquierda Unida, como en la enmienda 496, del Grupo Popular, es de una amplitud excesiva y nos llevaría a problemas más graves de los que se pretenden resolver.
Por consiguiente, señor Presidente, presentaremos una enmienda in voce que pretende ser transaccional con la 845, de Izquierda Unida, y con la 496, del Grupo Popular. La presentamos como enmienda in voce para no obligar a los señores comisionados a retirar las suyas si queremos que se vote la enmienda in voce, cuya redacción sería la siguiente: Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren una prestación a que tuviere derecho cualquier persona por razón de su origen, sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, situación familiar o pertenencia o no a una raza, etnia, religión, grupo político o sindicato, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio por un período de uno a cuatro años. En suma, la diferencia que hay entre esta enmienda in voce y las enmiendas defendidas por los señores comisionados es que se refiere básicamente a la discriminación que pueda realizarse en el ámbito de actividades profesionales o empresariales, que es la más habitual; es el tendero que no quiere vender a alguien por su raza, es el profesional que no quiere prestar un servicio a alguien por la razón que sea. Además --y esto es lo más importante-- cambiamos la pena. Creemos que en este caso, señor Presidente, lo adecuado no es una pena de prisión. La pena adecuada es la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, del oficio, de la industria o del comercio que se trate. Creo que con esta transacción resolvemos una parte del problema que se ha planteado en esas enmiendas.
Igualmente, señor Presidente, presentamos una transacción en relación con la enmienda 500, del Grupo Popular, al artículo 501 ter nuevo. Esta enmienda, aunque el señor Bueso no lo ha dicho, en realidad lo que pretende es mantener el texto del actual artículo 205 del Código Penal.
Parece coherente que se haga esta propuesta, pero hay un aspecto con el que nosotros no estamos tan de acuerdo, que es la referencia a las asociaciones ideológicas. Este es un tema redundante en otras enmiendas del Grupo Popular y que, a salvo de posteriores explicaciones que nos pueda dar el señor Bueso, nosotros no acabamos de ver. No olvidemos que aquí estamos hablando de delito contra la libertad de conciencia, y la libertad de conciencia es básicamente un problema que se plantea en las relaciones de la libertad religiosa. Por tanto, introducir aquí aspectos tan genéricos de libertad ideológica nos parece abrir nuevamente el portillo que, una vez más, no sabríamos hasta dónde podría llegar. Por tanto, señor Presidente, la enmienda in voce que proponemos a la 500, del Grupo Popular, diría lo siguiente:

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Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez mes: 1.ºLos que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidieran a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesaren o asistir a los mismos.
2.ºLos que por iguales medios forzaren a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión o a mudar la que profesaren.
Hay una última enmienda in voce, al artículo 498, que pretende resolver una vez más ese problema, que también es redundante, de la provocación o la conspiración. Se refiere a los problemas que se plantean sobre la provocación en el delito de asociación ilícita. El artículo 498, de acuerdo con esta enmienda in voce, quedaría redactado --caso de ser aprobada-- de la siguiente forma: La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que correspondiere, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.
Señor Presidente, después pasaré estas enmiendas in voce a la Mesa.
Respecto a las enmiendas que vamos a votar negativamente, intentaré hacer una exposición rápida porque parece que el tiempo ya no da más de sí.
La enmienda 495, del Grupo Popular, al artículo 491, pretende añadir simplemente como causa velada de discriminación la información de carácter genético, y lo hace con una redacción yo diría excesivamente farragosa, compleja. Nos parece que éste no es un tema relevante actualmente, señor Presidente. Nos parece que de acuerdo con el principio de la mínima intervención penal no corresponde introducir esta nueva causa de discriminación, porque, si abrimos el portillo, una vez más, empezamos a introducir causas y causas de discriminación y no se acaba nunca. Quizá en este caso sería mejor decir lo que dice el artículo 14 de la Constitución: «o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Por tanto, como la lista es ya muy larga, vamos a rechazar esta enmienda.
También vamos a rechazar la enmienda número 497, que en relación con las manifestaciones y reuniones ilícitas pretende suprimir la expresión «otros objetos peligrosos». Señor Bueso, intentaré explicar por qué nosotros consideramos que ha de mantenerse la expresión «otros objetos peligrosos». Si dejamos solamente la expresión «armas», resulta que de acuerdo con el desarrollo reglamentario que está previsto son armas determinadas, armas concretas, armas de fuego o armas blancas, no otra cosa. Todos sabemos que en el curso de manifestaciones y reuniones ilícitas pueden utilizarse medios tremendamente peligrosos, yo diría que a veces más peligrosos incluso que lo que técnicamente son armas y que conviene tener en cuenta para tipificar estas manifestaciones como ilícitas. Por ejemplo, con la consideración técnica de armas, un cóctel Molotov no es un arma; tampoco la típica botella llena de gasolina que se lanza y puede causar mayores estragos que otras teóricas armas, y todos sabemos el efecto tremendamente brutal y demoledor que pueden tener los conocidos tiragomas que lanzan rodamientos de medio kilo de peso. Estas no son técnicamente armas, pero son medios tremendamente peligrosos, a veces más peligrosos que lo que técnicamente son armas, y nos parece que conviene tenerlos en cuenta para tipificar la consideración de una manifestación como ilícita.
Lo mismo podemos decir respecto a la enmienda 499, del Grupo Popular, en relación al artículo 501. Esta enmienda, aunque el señor Bueso no lo ha dicho claramente, pretende un objetivo loable, y es enfrentarse con el problema, desde el punto de vista penal, de las sectas. Ahora bien, lo hace con una redacción a nuestro juicio tremendamente vaga, hasta el punto de que su aplicación podría dar lugar a resultados que estoy seguro el señor Bueso no quiere de ninguna manera. Por ejemplo, cuando se dice en la enmienda: «El que, mediante cualquier medio ilegítimo de persuasión, violare el derecho de otro o la libre formación de su conciencia»... ¿Qué es un medio ilegítimo de persuasión? Esto podría ser realmente complejo en su determinación, y la verdad es que estoy seguro de que muchos jueces podrían considerar que actividades de confesiones o de congregaciones, que algunos consideran como muy respetables, son medios ilegítimos de persuasión, porque están incidiendo, están violando el derecho a la libre formación de las conciencias de muchas personas, y esto realmente sería complejo. Por tanto, señor Presidente, nos parece que esta propuesta no puede ser aceptada y menos aún en un Código Penal.
Tampoco aceptaremos las enmiendas 501 y 502; ambas pretenden ampliar el problema de la libertad religiosa a las asociaciones ideológicas. Yo me pregunto, señor Presidente, por ejemplo, refiriéndome a la enmienda 501: ¿qué significan, en este caso, asociaciones ideológicas que no practicasen cultos o ritos? ¿Qué asociaciones ideológicas pueden practicar cultos o ritos? ¿A quién se está refiriendo esta enmienda, señor Presidente; a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones varias? Seguro que no; seguro que no es a ellos a quienes se refiere. Entonces ¿a quiénes? ¿Qué asociaciones ideológicas puede haber que practiquen cultos o ritos y que no sean religiosas? Ciertamente se nos escapa, señor Presidente, y por tanto, a salvo de posibles explicaciones suplementarias por parte del Grupo Popular, votaremos en contra de esta enmienda.
De la misma manera, votaremos en contra de la enmienda 502. Esta enmienda se refiere al artículo 503, que es el artículo que habla de la profanación. ¿Qué profanaciones pueden realizarse en ofensa de creencias que no sean religiosas? La palabra profanación siempre tiene un contenido en relación con ideas y creencias religiosas. ¿Qué profanación puede haber en relación con asociaciones o creencias ideológicas y que no sean religiosas? Señor Presidente, no acabamos de entender el contenido de esta enmienda y, además, el tremendo problema es que grava muchísimo la pena, pena de hasta seis años de prisión, y nos parece que esto sí que ya es perder todo sentido de la proporcionalidad.
Para terminar, señor Presidente, voy a referirme a la última de las enmiendas presentada y defendida por el señor López Garrido, que aunque él aquí ha dejado constancia de que desea realizar este debate con más profundidad,

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cuando se discuta en relación con los artículos 593, 594 y 595, por lo menos tendré que contestar a algunas de las argumentaciones que aquí se han dado.
De entrada quiero decir que yo no coincido con la afirmación de que estos artículos están dispersos, de que tendrían que haberse unido en un solo capítulo. No; se trata de cosas muy diferentes. Yo creo que no se pueden en absoluto confundir los delitos que se cometan en relación con el ejercicio o con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, con los delitos contra el Servicio Militar, que no es un derecho fundamental, sino un deber constitucional.
Por tanto, para la estrategia, muy legítima, del señor López Garrido, conviene unir esto --ya sé que conviene--, pero yo creo que no se puede unir, que son dos cosas muy diferentes. Incluso desde una perspectiva de reproche social, no es lo mismo la persona que incumple la prestación social sustitutoria que la que lleva a cabo, digamos, una actividad de tipo antimilitarista y legítimamente se opone a las Fuerzas Armadas y se opone al servicio militar obligatorio. A mi juicio, son dos cosas diferentes y, por tanto, deben ser tratadas dentro del Código Penal en lugares diferentes, porque no es lo mismo los delitos que se cometen con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales que los delitos que se pueden cometer en relación con las Fuerzas Armadas y con el servicio militar.
Para dejar bien clara nuestra posición en este tema, señor Presidente, quiero empezar desdramatizando el problema, porque parece ser que cuando hablamos de la llamada insumisión estamos refiriéndonos a un problema tremendamente grave, un complejo que está afectando a toda la sociedad, y yo creo que conviene dejar las cosas en sus justos términos. La verdad es que si nos dejamos guiar solamente, por ejemplo, por el número de insumisos que han sido juzgados hasta la fecha, el problema es francamente menor. Según mis datos, en el año 1992 fueron juzgados 108 insumisos, de ellos solamente 59 en relación con los delitos que estamos tratando ahora, que son los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. En el año 1993 solamente 25 personas fueron juzgadas por los delitos que estamos tratando en esta Sección, artículos 507 y 508. Es decir, no estamos hablando de un problema que realmente tenga las características de gravedad que tienen cualquiera de los otros delitos que podemos estudiar en este código. Además --y son datos de naturaleza estadística--, quiero recordar que de todas las personas que han sido juzgadas hasta la fecha por delitos relacionados con la insumisión, sólo un tercio ha sido condenado a penas superiores a un año de prisión, solamente uno de cada cinco ha ingresado en prisión, y de ésos uno de cada cinco, la mitad lo han hecho porque ellos no han querido acogerse a remisión condicional de la condena, a la que tenían derecho. Por tanto, centremos el tema en sus justos términos, porque estamos hablando de un problema que política y periodísticamente puede tener cierto impacto, pero a la hora de la realidad afecta a un número relativamente reducido de personas.
Además, quiero dejar muy claro, señor Presidente, que la democracia española, a lo largo de sus largos años --o no tan largos--, desde la Constitución del año 1978, ha evolucionado en esta materia y ha ido incrementando los márgenes de tolerancia, por así decirlo, que se tienen respecto a determinadas conductas relacionadas con lo que estamos hablando. Aquí no podríamos olvidar que ha sido precisamente en España donde el derecho fundamental a la objeción de conciencia ha tenido una regulación que está a la altura de la que tienen los demás países más avanzados de Europa, y que hoy España es el país en el que más se ejerce, y con más libertad, la objeción de conciencia de toda la Comunidad Europea, dejando aparte a Alemania, y las estadísticas lo demuestran.
Además, no podemos olvidar que las Fuerzas Armadas en nuestro país han sufrido un proceso de reforma importante, que les ha permitido incluso mejorar la consideración que tienen en la sociedad española. Un último dato que no hay que olvidar: Desde el año 1992 estos delitos ya no son juzgados por la jurisdicción militar, sino que son juzgados por la jurisdicción ordinaria. Creo que éste también es un tema que conviene tener en cuenta para entender los esfuerzos notables que se han hecho respecto a la cuestión.
Señor Presidente, creo que el proyecto intenta plantearse el problema desde una perspectiva moderna, que está en la línea de lo que se está haciendo en todos los países europeos; mejor dicho, en los países europeos más avanzados y, concretamente, desde ese punto de vista, los dos artículos clave, el 506 y el 507, dan un tratamiento diferenciado a conductas que son diferentes. El artículo 506, como es obvio, se refiere al caso de incumplimiento puro y simple de la prestación social sustitutoria sin causa justificada, por supuesto, bien por no presentarse a realizarla, bien porque, habiéndose presentado, se ausentan por más tiempo del que sería aceptable. Nos encontramos, pues, aquí ante una actuación puramente individual, una actuación que en principio no tiene ningún condicionamiento de tipo ideológico --al menos no es a esto a lo que se refiere el artículo 506--, una actitud individual de una persona que sencillamente, sin expresar las razones, por tanto sin hacer ninguna expresión ideológica, decide que no quiere hacer la prestación social sustitutoria. En consecuencia, aquí nos encontramos ante un delito que, al menos aparentemente, no tiene el contenido ideológico que algunos quieren ver en otras formas de insumisión y la pena que se mantiene es una pena de prisión de seis meses a dos años. Es una pena de prisión, por supuesto, en la que se prima el carácter preventivo y el carácter de reinserción, no el carácter retributivo. No tiene carácter retributivo porque, sencillamente, está claro que, con la redacción que se ha dado a los artículos 81 y siguientes, difícilmente estas penas se van a ejecutar, porque todas son penas de menos de dos años y, de acuerdo con los artículos 81 y siguientes, está claro que aquí, a no ser que el sujeto en cuestión haya delinquido previamente, la remisión condicional de la condena se producirá de forma generalizada; es decir, el carácter de reinserción puede ser todo el que se quiera, hasta el punto de que la condena queda en suspenso.


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En cambio, el artículo 507 se refiere a otro tema más complejo; se refiere al incumplimiento que se realiza de forma explícita; al incumplimiento que se realiza por actos concluyentes; al incumplimiento, por tanto, ideológico, aquí sí; al incumplimiento que se realiza en el marco de un movimiento, el que sea, en el País Vasco será uno, en Navarra será otro, en Madrid quizá diferente, en todo caso, un movimiento que tiene unos objetivos muy claros, y esos objetivos son fundamentalmente la oposición a unas Fuerzas Armadas, a su existencia y, como mínimo, a la existencia de un servicio militar obligatorio, pero yo creo que más que eso: a la propia existencia de un Estado que tiene unas Fuerzas Armadas y, por tanto, en este caso, la pena es diferente. En la medida en que aquí hay un planteamiento ideológico que es en sí respetable, no en los medios que utiliza pero sí en los objetivos perfectamente legítimos y respetables, la pena ya no es de prisión, sino de inhabilitación para el ejercicio de empleos y cargos públicos; es una pena de inhabilitación que parece tener una cierta y absoluta lógica, porque en la medida en que la fundamentación última de estas actividades es la oposición a un Estado o, al menos, a una institución como son las Fuerzas Armadas, que desde el siglo XV han sido un aspecto de la formación del Estado moderno, parece lógico que esta persona, por así decirlo, no se pueda aprovechar de otros aspectos que sí le da ese Estado; tiene sentido, pues la pena de inhabilitación parece que es la más adecuada para este tipo de conductas y no la de prisión.
Todo esto, ¿qué significa, señor Presidente? Significa que estamos, sencillamente, ante la negativa a cumplir una prestación social sustitutoria. En todos esos casos, estas personas se han declarado objetores, han sido reconocidos como objetores y, por tanto, han ejercido un derecho constitucional, pero, en cambio, a partir de ese momento, se niegan a cumplir una prestación social que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con el servicio militar, que no tiene nada que ver con las armas, sino que es una prestación social de contenido tremendamente positivo y progresista, como puede significar trabajar en una ONG, irse a Bosnia, ir a Ruanda o trabajar en el ayuntamiento de su pueblo en cosas que puedan ser útiles para toda la colectividad. No puedo entender qué tiene que ver esto con el antimilitarismo, con el pacifismo. Negarse a hacer la prestación social sustitutoria una persona que ha sido reconocida como objetor y que ha ejercido un derecho constitucional como es la objeción de conciencia, francamente, señor Presidente, yo no comprendo qué tiene que ver con actividades, muy legítimas, antimilitaristas, pacifistas o todo lo demás.
Por ello, señor Presidente, nosotros, a no ser que de aquí al Pleno se nos aporten datos suplementarios, no acabamos de ver en este contexto concreto la bondad de las enmiendas que se plantean; al menos, de las enmiendas que piden una despenalización total. Las enmiendas de las que aquí hemos hablado, las del señor López Garrido, pero también otras, como pueden ser las del Grupo Vasco (PNV) o las de Coalición Canaria, plantean la alternativa pura y simple de despenalización total y absoluta y, en ese sentido, yo digo: estas enmiendas, de aprobarse, serían una carga de profundidad contra el derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia, es uno de los aspectos que mejor definen a los Estados sociales democráticos como el nuestro, a una democracia avanzada; el derecho a la objeción de conciencia es un derecho que siempre ha tenido una doble vertiente. Primera vertiente, el derecho a quedar exento del servicio militar, porque la conciencia de cada uno --por eso se llama objeción de conciencia-- impide un servicio de armas; a continuación y como contrapartida, la prestación social de un servicio que no tiene nada que ver con las armas, que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas y que, por el contrario, es bueno para la sociedad.
Si lo que decimos es que se puede declarar objetor, pero a continuación añadimos que si no quiere hacer la prestación social no tendrá ninguna sanción, estamos destruyendo todo el sistema de objeción de conciencia por completo, porque no se entiende la objeción de conciencia sin una prestación social sustitutoria. En ningún país del mundo existe la objeción de conciencia sin prestación social sustitutoria. La propia concepción de lo que es el derecho a la objeción de conciencia, su contenido esencial, su naturaleza básica siempre lleva unida una prestación social sustitutoria. No significa librarse de hacer un deber.
No, se libra de hacer un deber constitucional a cambio de hacer un servicio a la comunidad. Por tanto, si lo que aceptamos es que libremente cada objetor puede decir que, además, no hace la prestación social, estamos realmente destruyendo la propia naturaleza del derecho a la objeción de conciencia. Por ello, señor Presidente, nosotros no podemos entender el alcance de estas enmiendas que, repito, no plantean ninguna alternativa aceptable.
Hay otras enmiendas, sobre las cuales no nos vamos a pronunciar porque no han sido defendidas, concretamente la número 1.183, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que sí plantean una alternativa. Eliminan las penas de prisión y proponen otro tipo de penas que no son de prisión en ningún caso. Sobre esa alternativa se podría hablar. No digo que vayamos a votarlas favorablemente, pero nos parece una alternativa que no rompe el modelo, no rompe el esquema. Decir, como dicen estas enmiendas, que la prestación social se hará si se quiere, o no se hará, y el que no la haga no tendrá ningún tipo de sanción, ningún tipo de reproche social, nos parece sencillamente destruir todo el modelo en que se ha basado un derecho fundamental tan importante para una sociedad moderna y democrática como es el derecho a la objeción de conciencia.
Para acabar, señor Presidente --aunque pueda no ser importante--, algún dato más, de Derecho comparado. Creo que aquí, aunque no tengamos por qué seguir lo que hacen otros países, algo ayuda. Si nos fijamos en el conjunto de Estados y de países que forman la Unión Europea, sin ir más lejos, no hay ni un solo Estado que, teniendo servicio militar obligatorio, no pene con prisión la negativa a hacer la prestación social sustitutoria; no hay ninguno, repito. Además, añado, la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno social, político, cultural, geográfico, mantienen el servicio militar obligatorio. Solamente hay dos países que no lo hacen, Gran Bretaña e Irlanda, porque su tradición ha sido, desde siempre, ejércitos mercenarios.


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Fuera de esa tradición, los países continentales que siguen la tradición de la revolución francesa en este aspecto, una tradición del pueblo en armas, como así se decía, se basan todos ellos en el servicio militar generalizado, el servicio militar obligatorio, excepto Bélgica, que el año pasado parece que tomó medidas para eliminarlo, pero no se sabe exactamente si se han aplicado o hasta qué punto. Ninguno de los países ha eliminado el servicio militar obligatorio y en todos ellos (hago gracia de leer a los señores comisionados todos los datos porque sería demasiado pesado) se reconoce la objeción de conciencia y en todos ellos la negativa a ejercer la prestación social sustitutoria está penada en el Código Penal. En algún caso, como por ejemplo en Francia, incluso se pena y castiga --por así decirlo-- la propaganda para la objeción de conciencia, cosa que ciertamente en nuestro tratamiento no podía ser aceptable en ningún caso.
Todos éstos son argumentos creo pueden ayudar en este momento a aclarar cuál es la posición de mi grupo. Por tanto, en este aspecto no vamos a aceptar las enmiendas referidas.


El señor PRESIDENTE: Cuando pueda, facilíteme las enmiendas «in voce» que ha anunciado.
Señor Bueso, ¿quiere replicar?

El señor BUESO ZAERA: En primer lugar, quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista la admisión de las enmiendas del Grupo Popular números 493 y 494.
En lo que respecta a la enmienda 497, decirle que nosotros excluimos del texto la frase «u otros medios peligrosos» sencillamente porque se trata de unos medios indeterminados. El concepto de armas sabemos cuál es, pero en cuanto a otros medios peligrosos habría que matizar más, porque puede quedar un poco al criterio de las personas de forma discrecional y arbitraria. Por tanto, insisto, hay que concretar más.
Con la enmienda 499 proponemos un nuevo artículo 501 bis, y el portavoz socialista se sorprende porque no entiende qué quiere decir la expresión «medio ilegítimo de persuasión». Significa violar psíquicamente la libertad de las personas, es decir, que haya coacciones cuando tiene que decidir una cosa y carece de protección individual. Es una forma de que se persuada, mediante unos medios que no son los correctos, para que esa persona tome su decisión de forma concreta.
En la enmienda 501 se dice que debe añadirse, después «del Ministerio de Justicia e Interior», la mención «o de las asociaciones ideológicas». Por el principio de igualdad, hay que tutelar tanto la libertad religiosa como la libertad ideológica. Por supuesto que hay asociaciones ideológicas; usted sabe que existen, independientemente de que sean partidos políticos o sean sindicatos, simplemente asociaciones como tales desde el punto de vista ideológico.
En cuanto a la enmienda 502, al artículo 503, el portavoz socialista cree que los actos de profanación --si no he entendido mal-- se refieren a sentimientos religiosos y no a otra cosa. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, profanar equivale a tratar una cosa sagrada sin el debido respeto, o aplicada a usos profanos; pero las cosas sagradas pueden ser de creencias religiosas o no religiosas, porque el principio de igualdad penal exige una proporción, y también la incriminación de la profanación de un lugar u ocasión puede ser de un tema religioso o no. La utilización del término «rito» es diferente del concepto de culto y comprende tanto los actos rituales y ceremoniales que expresan directamente una convicción, en cuanto es una cosa diferente de una religión.
No se ha pronunciado en cuanto a la enmienda 505 y me gustaría que dijese algo; es la última presentada por mi grupo. Creo que es una enmienda aceptable. Pretendemos se sancionen penalmente los actos externos, como las pintadas, que suponen una alteración del cerramiento urbano donde los muertos descansan. Entiendo que puede ser asumida porque no está dentro del texto del informe de la Ponencia, puesto que se habla en ella de que «cometiere actos de vandalismo, como escribir en los muros de un cementerio o panteón, lápida o nicho o borrare o ensuciare sus leyendas».
Creo que esto sería algo nuevo y que no está previsto en la tipificación del texto del artículo que ahora se somete a nuestra consideración.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Nos parece un acercamiento positivo la enmienda «in voce» que ha presentado el Grupo Socialista, en relación con nuestra enmienda 845, para prever estas conductas racistas o discriminatorias, contrarias al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, realizadas por particulares frente a particulares.
Creemos que es algo tímida esta enmienda, en el sentido de que no sé si tendría un mínimo efecto intimidatorio, y si podría ser, incluso, técnicamente aplicable, en cuanto que la inhabilitación para profesión concreta seguramente en la práctica sería muy difícil de aplicar porque en la mayoría de los casos no habría una licencia profesional que pudiera anularse. No sé si tendría suficientes efectos intimidatorios. En todo caso, vamos a votar favorablemente esta enmienda, aun cuando mantendremos la nuestra, la 845, a la espera de alguna redacción ulterior que nos acerque más en nuestras posiciones.
En cuanto a la cuestión en que más ha insistido el señor Jover, es decir, lo relativo a los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, efectivamente señalé que quizá era más adecuado plantear el debate de fondo en relación con los artículos que estudiaremos próximamente, los números 593, 594 y 595; pero no quisiera ser descortés en este momento, porque creo que su intervención ha sido detenida, cosa que yo agradezco, y al menos algunas consideraciones creo que debo hacer en defensa de las enmiendas que nuestro grupo propone, que coinciden con las del Grupo Vasco, con las del Grupo Mixto y con las del Grupo de Coalición Canaria, en el sentido de que desaparezcan del código como delitos específicos éstos que consisten en la conducta de quien no se presenta al cumplimiento del servicio social sustitutorio que se le asigna o se niega de modo explícito a cumplirlo.


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En primer lugar, el señor Jover ha dicho que no son artículos dispersos; creo que sí lo son, y socialmente corresponden a personas o a conductas perfectamente asimilables. Simplemente por el hecho de que ha habido o no una previa declaración de objeción, no me parece que sea una razón suficiente como para que haya esta dispersión y un tratamiento penal diferente y un tanto arbitrario de estas conductas.
Se ha señalado que hay una diferencia entre los artículos 506 y 507. El 507 aparece como una especie de movimiento, ha dicho, antimilitarista, colectivo. Es algo muy gratuito expresar eso así, porque lo único que dice el artículo 507 es que se niega de modo explícito o por actos concluyentes a cumplir la prestación social, pero no dice que se niegue por razones antimilitaristas o por razones ideológicas, no lo dice; por tanto, este artículo contiene conductas que no son muy diferentes de las del artículo anterior. Una persona puede dejar de presentarse en el servicio o puede llegar al servicio y decir que no quiere hacerlo. En la práctica puede ser muy parecida la situación, y parecido a su vez a aquel que no quiere pasar antes por ser declarado objetor, sino que directamente se niega al servicio militar. Son conductas parecidas, tienen problemáticas parecidas y, sin embargo, están en secciones distintas de este proyecto.
Realmente no es un delito en relación con un derecho a la objeción de conciencia, porque es alguien que no va a la prestación social sustitutoria. Por tanto, no tiene relación con un derecho fundamental, en ese sentido incluso chirría en este Capítulo IV que habla de delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales. El resto de artículos de este Capítulo IV están referidos a personas que cometen delito porque impiden que los demás ejerciten derechos fundamentales. Este no es el caso; por tanto, tiene una naturaleza muy distinta y está aquí de forma bastante arbitraria.
La distinción de penas es también muy arbitraria. El que no se presenta, cárcel; el que se presenta, pero dice que no quiere ir, inhabilitación.
Es una construcción muy artificiosa decir: es que el segundo es ideológico y el primero no. Es absolutamente artificiosa; en la práctica no es así necesariamente.
En la presentación de este proyecto, el Ministro de Justicia e Interior habló de que a los insumisos se les iba a imponer una pena de inhabilitación, no de cárcel. No ha sido así, yo creo que fue una presentación algo propagandística pero que no se corresponde con la realidad. De hecho, siguen ingresando en la cárcel, a la vista de este proyecto de Código, aquellos que entendemos como insumisos, que, aunque no sean un gran número de personas, no por ello debe despreciarse su situación y decirse que es un problema menor. Aunque solamente hubiera uno que ingresase en la cárcel no debiendo hacerlo, sería ya un problema; con que uno estuviera en situación injusta de estar sancionado penalmente cuando su conducta no merece ese reproche de la sanción penal, ya sería un problema a solucionar. No es una cuestión de número mayor o menor, y sin duda tiene un importante impacto social por otra parte, yo creo que hay una opinión pública al respecto y es algo que ha sido objeto incluso de debates parlamentarios importantes en esta Cámara, luego no es un problema menor.
Cuando dice que nada tiene que ver esta cuestión con las armas, uno de los problemas que hay es que la prestación social sustitutoria está pensada como eso, como sustitutoria, es decir, que no hay un servicio militar y paralelamente un servicio civil, que sería por otra parte lo lógico, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución, que habla de la defensa nacional, no teniendo que ser defensa militar necesariamente --así no está regulado--, lo que hay es un servicio militar obligatorio y como sustitutorio, pero en el ámbito del servicio militar, en la lógica del servicio militar, aparece la prestación social sustitutoria. Luego sí que tiene que ver con el asunto de las armas y que esté en la órbita militar es una de las razones por las cuales tiene esa contestación la prestación social sustitutoria, lo mismo que la tiene el servicio militar obligatorio.
Luego ha extraído unas consecuencias, yo creo que exageradas, sobre la posición de quienes solicitamos una despenalización de estas conductas, y es: no se presentan alternativas, no hay ninguna sanción y, por tanto, no hay reproche social... Nosotros no decimos aquí que no tenga que haber sanción, ésta es otra cuestión diferente, lo que decimos es que no tiene que tener una sanción penal. Hay deberes --y otro tema es hasta qué punto esto es un deber o no, pero incluso si se constituyese como un deber-- cuyo incumplimiento lleva aparejada una sanción no necesariamente penal.
La sanción penal es la última «ratio» en un ordenamiento jurídico, y la decisión política es precisamente saber si hay que llegar hasta la prisión para reprimir esa conducta, si sirve de algo la prisión para reprimir esa conducta, si tiene sentido. Es una decisión política.
Nosotros entendemos que no tiene sentido, que no sirve, que no es una conducta equiparable a la de un delincuente, que la prisión no cumple ningún tipo de efecto resocializador en esas personas. Es decir, cuando presentamos estas enmiendas no estamos poniéndonos de parte de esas personas o en contra de ellas, es un problema diferente, es un problema de política criminal, y nosotros creemos que la alternativa frente a esa problemática no es la sanción penal, no es la prisión. Es una cuestión opinable, pero nosotros entendemos que no es ésa la solución y que puede haber otras vías para exigir el cumplimiento de esos deberes, puede haber otras fórmulas, por ejemplo esa que he planteado de que haya un servicio militar y un servicio civil, puede haber una alternativa en la línea de un ejército profesional, es decir, hay diversas salidas, diversas posiciones. Lo que no creemos que sea una solución es meter en la cárcel a quien se niega a cumplir el servicio militar, eso no nos parece que solucione nada, por eso es por lo que planteamos aquí, como más adelante, la despenalización. Esto no significa que no haya que preocuparse de ese problema o, incluso, que no hubiera que sancionarlo por otras vías, pero lo cierto es que la sanción penal es la que nos parece que no debe existir y como el Código Penal trata sobre eso, éste es el momento de plantearlo. No podemos plantear en este momento una enmienda alternativa que desarrolle fórmulas alternativas. Estamos en el Código Penal. La única solución que nos queda es desplazar esta cuestión a otros ámbitos,

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pero no considerar que la solución a esto es la de la represión penal.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER I PRESA: Esta vez sí prometo ser breve, porque en las dos respuestas que hemos oído, con toda legitimidad, los señores que han intervenido no han aportado datos nuevos a los ya dados con anterioridad, por tanto, no exigen una respuesta excesiva por mi parte.
Quiero recordarle al señor Bueso que, una vez más, la expresión «medios peligrosos» está definida. Un medio que es peligroso, que es susceptible de crear peligros. En ese sentido es evidente que no podemos aceptar que solamente los que son considerados como armas propiamente dichas sean determinables a efectos de precisar si una manifestación es ilícita o no.
En su enmienda, tampoco me aclara casi nada sobre la utilización de medios ilegítimos de presión, por así decirlo, para incidir sobre la conciencia de las personas. ¿Cuáles son esos medios ilegítimos? ¿Los que muchos sufrimos cuando fuimos al colegio hace años, por ejemplo? ¿Eran ilegítimos o no? Porque le aseguro que eran presiones y muy fuertes.
¿Quiere penalizar eso? ¿Quiere que penalicemos, por ejemplo, a todas las congregaciones religiosas que nos han obligado cuando teníamos doce años a ir a misa, cuando no queríamos, a las siete de la mañana? Me imagino que no, que no es eso lo que pretende el señor Bueso. Se refieren a otra cosa. Está claro que sí. Pero, aunque se refieran a otra cosa, es evidente que el problema de las sectas es un problema que a nosotros nos preocupa mucho, y es posible que mereciese un tratamiento penal, pero eso sí, que fuera preciso, más claro, más delimitable, que no la propuesta que nos hace el Grupo Popular que, repito, por su excesiva amplitud, al final, se podía volver incluso en contra de lo que, estoy seguro, pretende el Grupo Popular. Le repito una vez más, señor Bueso, dígame cuáles son esas asociaciones ideológicas a las cuales usted pretende proteger y que no son, por supuesto, ni partidos, ni sindicatos, ni asociaciones de vecinos, ni nada de eso, y que hacen ritos y ceremonias y no son religiosas. Tienen ritos, tienen actividades de ese tipo pero no son religiosas. Qué profanación es esa que no se refiere, usted mismo lo ha dicho, a una cosa sagrada, y lo sagrado siempre tiene una relación con la religión, creo yo. ¿Se puede profanar el local de un partido político o de un sindicato? Porque éstos serán los casos a los que podría afectar su enmienda. ¿Eso es profanación? Eso es otra cosa y eso ya está previsto en otros artículos del Código Penal.
Finalmente, tengo que decir que es verdad que no he respondido antes a su enmienda 505, lo hago ahora. Penalizar con la gravedad que ustedes lo hacen el hecho de que alguien pueda hacer una pintada en la pared de un cementerio nos parece excesivo. Creemos que el artículo 505, tal y como está regulado, que más o menos es la misma regulación que hay en el Código Penal vigente, ya protege suficientemente los sentimientos religiosos en relación con los difuntos.
Señor López Garrido, hemos presentado una enmienda transaccional con toda buena voluntad, pensando que resuelve prácticamente la totalidad de los problemas que se pueden plantear en relación con la vulneración del derecho a la igualdad en relaciones entre particulares. Yo creo que sí que tiene efecto intimidatorio, más que una supuesta pena de prisión que nunca se aplica. El efecto intimidatorio de decirle, por ejemplo, a un comerciante, a un dueño de un bar, a un dueño de cualquier establecimiento público que por negarse a servir a personas por su raza se le puede cerrar y se le puede impedir durante a uno o cuatro años que ejerza esa actividad puede ser mayor que posibles hipotéticas penas de prisión que nunca se van a aplicar porque siempre serán, incluso en su enmienda, penas menores que tendrían una remisión condicional. Por supuesto podrá referirse a personas que tengan licencia o no. El artículo 45 del Código dice exactamente lo que es esta pena de inhabilitación especial. Por tanto, yo creo que este conjunto de discriminaciones siempre se va a producir en las relaciones empresariales, en las relaciones profesionales y en otro tipo de relaciones; o no se producirán o difícilmente van a poder existir como tales, porque la realidad es que en otros casos --lo decíamos antes-- el particular que se niega a alquilar un piso a otra persona por razones de su origen o de su raza es un tema que penalmente no se me ocurre que pueda plantearse, porque, repito, no será nunca un problema que se plantee como tal.
Finalmente, señor Presidente, en relación a las enmiendas referidas a la negativa a la realización de la prestación social sustitutoria, insisto en lo que decía antes. Me parece que no se puede confundir en absoluto la negativa a realizar una prestación social sustitutoria, que es una negativa que se produce en el marco del ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho fundamental a la objeción de conciencia, y que esto no tiene jurídicamente nada que ver con el de unas personas que se niegan simplemente a cumplir el servicio militar.
Para el señor López Garrido el que esa persona se haya declarado previamente objetor o no, no es relevante, para mí sí que lo es, y mucho.
El ejercicio de un derecho fundamental nunca puede no ser relevante, y el derecho fundamental a la objeción de conciencia es uno de los derechos que en nuestra posición han quedado definidos con mayor precisión.
Precisamente, la prestación social sustitutoria forma parte íntegra del derecho a la objeción de conciencia. No se entiende el derecho a la objeción de conciencia sin la prestación social sustitutoria.
Usted decía: están mal colocados estos artículos porque este capítulo habla del conjunto de delitos que se cometen contra aquellos que ejercen un derecho fundamental. No, el propio título del capítulo ya lo dice: delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales. Aquí nos encontramos exactamente ante un delito que se comete con ocasión del ejercicio de un derecho fundamental: el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia que no es ejercido con su plena eficacia, sino sencillamente sólo en lo que interesa, y en la otra vertiente, que es la prestación social (que, repito, está indefectiblemente ligada a la objeción de conciencia) ahí no se practica.


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Los del artículo 507 son los que consideramos como insumisos. Ya sé que la palabra insumisos no es una palabra correcta en técnica jurídica. La prueba es que las enmiendas propuestas no hablan de insumisos, y tampoco el Código Penal, pero cuando estamos hablando de insumisos nos estamos refiriendo precisamente a las conductas previstas en el artículo 507 del Código Penal. Por tanto, es cierto lo que decía el Ministro de Justicia anterior cuando se refería a que los que entendemos por insumisos ya no tendrían una pena de prisión sino de inhabilitación. Es lo que hace el artículo 507 en relación a ellos.
Lo que más me ha interesado, señor Presidente, de la última intervención del señor López Garrido es algo que para mí es nuevo y le agradezco que lo haya dicho. En una afirmación, que me parece técnicamente muy adecuada, decía que puede haber algún tipo de sanción, pero no una sanción penal. Me gustaría que pudiésemos profundizar por esa vía.
Después de los muchos años que se lleva debatiendo este tema en el Parlamento, nunca he visto ninguna propuesta de Izquierda Unida en el sentido de buscar alguna clase de reproche a estas conductas que no sean en el Código Penal. Porque yo creo que son conductas reprochables, que la persona que se niega a cumplir la prestación social sustitutoria, que se niega sin más, mantiene una conducta reprochable y merece un reproche. El señor López Garrido ha dicho ahora algo que yo no había oído por parte de su Grupo, y es que puede haber otro tipo de sanción; que la sanción penal ha de ser la última. Es verdad, la sanción penal puede ser la última.
Puede haber otras. Me gustaría conocerlas, ¿sanciones de qué tipo?, ¿administrativas, por ejemplo? Pero tampoco creo que esto resolviese el problema. Las sanciones administrativas, por su propia naturaleza, son menos garantistas que las sanciones penales. No olvidemos que el Derecho Administrativo sancionador no requiere de las garantías que requiere el Derecho Penal. Por ejemplo, el principio de legalidad no se aplica con tanta rigidez. Por tanto, no sé si pasar el tema de su contenido de Derecho Penal a un contenido hipotético de Derecho Administrativo sancionador simplemente, que ya sé que no es lo que ha dicho el señor López Garrido, pero que podría ser una de las posibles salidas, aunque tampoco creo que esto resolviera el problema, en absoluto. Es más, todos sabemos que, a veces, hay sanciones administrativas que son más graves y que hacen más daño incluso que determinadas sanciones penales. Aquí, no lo resolvería el problema.
Por supuesto que éste es un tema absolutamente opinable. Tan opinable que nuestro grupo está dispuesto a seguir discutiendo sobre él.
Lo que no nos parece de recibo en este momento son unos supuestos que provocan, sin más, una despenalización absoluta, sin que después pueda haber una posible alternativa que mantenga el principio de que por lo menos eso merece algún reproche.


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al capítulo siguiente, que cerrará ya los debates de la sesión de hoy, quiero advertir a SS. SS. que hay un error en el artículo 495, en el informe de la Ponencia. Dice: «En los casos previstos en el número 1.º del artículo anterior, se impondrán las siguientes penas: ...» Este número 1.º, al que hace referencia, tenía relación con el antiguo número 1.º del proyecto, que ha pasado a ser 2.º, y el 2.º, 1.º. Para subsanar el error debe corregirse en la denominación del artículo el número 1.º, y poner número 2.º.
Igual problema hay en el artículo 496 que dice: «... 2.º al 5.º...», y debería decir: «1.º y 3.º al 5.º...» Y en el artículo 497, lo mismo.
Pone: «2.º al 5.º...», y debería decir: «1.º y 3.º al 5.º...» Si no hay inconveniente, podemos dar por corregido el informe de la Ponencia. Son errores como consecuencia de los cambios que se introdujeron aceptando algunas enmiendas. ¿Están de acuerdo SS. SS.? (Asentimiento.) Se dan por corregidos estos pequeños defectos que tenía el informe de la Ponencia.
Pasamos al capítulo V, «Delitos cometidos por funcionarios contra las garantías constitucionales.» Comprende los artículos 509 a 526, ambos inclusive.
Hay diversas enmiendas del Grupo Vasco (PNV), que se dan por defendidas, a solicitud del señor Olabarría. Hay una enmienda viva del Grupo de Izquierda Unida y las enmiendas 506 a 516, ambos números inclusive, del Grupo Popular. Si no tiene inconveniente el señor Bueso, voy a dar la palabra, en primer lugar, al señor López Garrido para que defienda la enmienda 851. La 850 ha sido retirada.


El señor LOPEZ GARRIDO: Efectivamente, la enmienda 850 debe considerarse retirada y la enmienda 851, única que mantenemos en este capítulo, pretende la supresión del artículo 525. Dicho artículo dice: «La autoridad o funcionario público que expropiare a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.» Creemos que es una figura innecesaria en el Código Penal que estaría perfectamente incluida en otros tipos penales, por ejemplo, la prevaricación. No es necesario que aparezca esta especificidad de expropiar a una persona fuera de casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales porque o tiene la vía del recurso administrativo o tiene la vía de prevaricación, en donde está técnicamente mucho más precisada, que no en este caso que tiene una amplitud que no se corresponde con la adecuada técnica del Derecho Penal.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bueso para defender sus enmiendas.


El señor BUESO ZAERA: En lo que respecta a este capítulo V, «De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales», quiero decir en primer lugar que en el actual Código Penal, antes de la reforma de 1983, en muchas ocasiones se producía un privilegio en el tratamiento de los delitos cometidos por funcionarios contra derechos y libertades cívicas en comparación con los correlativos o similares delitos comunes o

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genéricos contra la libertad, la intimidad, etcétera, ya que mientras éstos suelen castigarse con privación de libertad, a los primeros no se les suele asignar penas privativas de libertad, sino penas de inhabilitación o suspensión o penas pecuniarias o a veces se castigan con penas privativas de libertad, pero inferiores a las correspondientes a los tipos comunes o genéricos.
Por otra parte, hay casos en que el delito del funcionario tiene una pena menor que un delito común similar, pero sin que se dé una auténtica relación de especialidad a favor del delito del funcionario. A veces, aunque el tipo contenga como características especiales la cualidad de funcionario del autor e incluso algún significado específico del bien jurídico o del objeto de la acción, se conforma con una forma de ejecución no tan grave como la que requiere el delito común más o menos paralelo. Así es la relación entre la conducta del funcionario que impide el ejercicio de derechos cívicos, que en el artículo 194 actual no requiere violencia, y el delito de coacciones, del 496, que sí la requiere.
En estos supuestos, y antes de la reforma a la que he hecho referencia de 1983, podía justificarse la pena inferior de los delitos de funcionarios porque éstos abarcan conductas menos graves que las de los delitos comunes, pudiendo sostenerse antes y ahora que cuando, además, concurra la forma de ejecución más grave, es decir, la violencia o amenazas, en la conduzca del funcionario habrá un concurso ideal de delitos entre el del funcionario menos grave pero que afecte a intereses específicos y el común más grave. En cambio, en estos casos que he indicado anteriormente, en que si se da una relación de especialidad favorable al delito de funcionario frente al común o en que, en cualquier caso, el delito del funcionario tiene un trato más favorable que el correlativo delito del particular, esta regulación es frecuentemente más que discutible, pues en infinidad de supuestos no se ve el porqué de la posición de superioridad del funcionario.
Una posible vía de solución a esta situación insatisfactoria, en nuestra opinión, es la que propone la cláusula general introducida al final de la sección 2.a, en la reforma parcial y urgente que se hizo en 1983 del Código Penal. Con ello se puede pretender acabar con el trato privilegiado de los delitos de funcionarios en casos como los vistos, aplicando la pena del delito más grave en el concurso con la del delito del funcionario.
Hay otra vía, por ejemplo la de examinar de una forma particularizada en el articulado; es decir, examinar si el correspondiente delito especial del funcionario contra un derecho o libertad cívica reviste mayor gravedad que el del particular, por prevalerse del cargo y de sus atribuciones para realizar una injerencia en derechos ajenos, totalmente indebida, en el caso concreto, en cuyo supuesto el delito del funcionario deberá castigarse más como tipo autónomo o como cualificación que el genérico, o si el del funcionario supone menor gravedad que el del particular por ser un simple exceso o ilegalidad dentro de una actuación, en principio legítima por caer dentro del ámbito competencial del funcionario para el tipo de supuestos de hecho como el del caso concreto, y entonces el delito del funcionario deberá ser privilegiado.
Dicho esto, entraré en el detalle de cada una de las enmiendas. En primer lugar, en la enmienda 506, solicitamos que se suprima el artículo 510 y se cree un nuevo capítulo en el Título V con un solo artículo 168 bis que tendría el siguiente contenido: «Si el culpable fuera autoridad o funcionario público, y en el ejercicio de sus funciones hubiere cometido cualquiera de los delitos previstos en los anteriores capítulos, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.» Por las razones indicadas de congruencia de bienes jurídicos protegidos y para proteger con más penalidad los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, este nuevo artículo y capítulo ofrecen, en nuestra opinión, la mejor solución.
La enmienda número 507 al artículo 511 es de modificación y solicitamos mantener el mismo texto pero añadiendo que «incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años», porque, por razones de congruencia de bienes jurídicos, a nosotros no nos parece justo que conductas tan graves sean solamente sancionadas con la privación de derechos y no de libertades, puesto que el proyecto no impone privación de libertad.
La enmienda número 508 al artículo 513 es de modificación. Se propone mantener la misma redacción pero incluyendo la frase «incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años», por la misma razón que hemos alegado anteriormente.
La enmienda número 509 a los artículos 515 y 516 es de modificación, y proponemos la supresión de estos dos artículos y la creación de un nuevo capítulo en el Título IX con el siguiente contenido: «Disposición Común.
Artículo 196 bis. Si el culpable fuera autoridad o funcionario público, y en el ejercicio de sus funciones hubiere cometido cualquiera de los delitos previstos en los capítulos anteriores, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.» También por coherencia con las enmiendas anteriores.
La enmienda número 510 al artículo 521 es de modificación, en la que proponemos mantener el mismo texto del proyecto pero añadiendo que será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años. Se trata nuevamente de sancionar no solamente con la pena de multa al funcionario que comete un delito tan grave, sino con la pena privativa de libertad a la que he hecho referencia.
La enmienda número 511 al artículo 522 es de modificación, introduciendo la frase «incurrirá en la pena de prisión de cuatro a seis años», por las mismas razones alegadas anteriormente.
La enmienda número 512 al artículo 523 es de modificación y se trata de introducir «será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años», por las mismas razones alegadas anteriormente.
La enmienda número 513 al artículo 524 es de modificación y se trata de introducir la frase «será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años», por las mismas razones alegadas anteriormente.
La enmienda número 514 a los artículos 522 a 524 propone que éstos pasen a ser los artículos 422 bis A, 422 bis

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B, 422 bis C y 422 bis D, por las razones ya reiteradas anteriormente de congruencia de bienes jurídicos protegidos.
Finalmente, la enmienda número 515 al artículo 525 es de modificación. En el Título XVI, el capítulo VIII pasa a denominarse «De los fraudes, exacciones y expropiaciones ilegales». El artículo 525 pasa a ser el artículo 415 bis, por las razones reiteradas anteriormente de congruencia de bienes jurídicos protegidos.
Finalmente, señor Presidente, en la enmienda número 516, al artículo 525, de modificación, se propone introducir la frase «incurrirá en las penas de prisión de dos a cuatro años», porque se trata de nuevo de sancionar con la pena privativa de libertad y no sólo con la multa al funcionario que cometa este tipo de delitos.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Voy a consumir también un breve turno de oposición a las enmiendas, oposición que yo calificaría de no concluyente. Digo no concluyente porque en esta materia tenemos abierta una reflexión que cerraremos en el Pleno, aunque, en principio, efectivamente, la postura de mi Grupo es la de rechazar todas las enmiendas que se han defendido en este trámite.
La primera defendida fue la 851, de Izquierda Unida, al artículo 525, en la que se pretende la supresión del tipo delictivo consistente en la conducta de expropiar a una perona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, realizada por autoridad o funcionario público.
Nótese que curiosamente el proyecto está en el centro de dos actitudes: la de Izquierda Unida, que es la de la supresión de esas conductas porque o bien la tipifica dentro del marco de la prevaricación o bien encuentra otras vías distintas al Derecho Penal para proteger los derechos que se ven conculcados, amenazados, o el bien jurídico que se ve violentado con este comportamiento típico que se refleja en el artículo 525, y la enmienda 516, que también rechazamos, del Grupo Popular, que, a diferencia de la anterior postura, pide que se contemple, además de la inhabilitación especial que viene en el proyecto, la pena de prisión de dos a cuatro años para este tipo de conductas.
El proyecto aquí se coloca en una situación intermedia que es mantener el tipo delictivo del 525, pero con una sanción que se estima que es no sólo proporcionada al bien jurídico protegido, a la conducta que aparece tipificada y al grado de reproche que merece esa conducta, sino también a la propia lógica interna de este proyecto de ley de Código Penal cuando diseña un sistema de penas con unos alcances y en comparación a otras penas. Es decir, que guarda una coherencia y una proporción razonable con la sanción que se establece para otras conductas. En este artículo 525 se queda en la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
En otras enmiendas tampoco me voy a detener en exceso. El Grupo Popular propone fundamentalmente modificaciones de sistemática que ya habían sido valoradas en otros trámites con motivo de otros apartados. Así, por ejemplo, ocurre con la enmienda 515, que ofrece un cambio de sistemática, o con la 514, a los artículos 522 a 524, que pide que desplacen también a los artículos 422 bis a), bis b) o bis c), concerniente a las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El resto de discrepancias está una vez más en la gradación de la pena.
Mientras el Grupo Popular plantea que en todas las conductas que se van describiendo y respecto de las que hace enmiendas concretas debe añadirse la pena privativa de libertad, el proyecto y la postura de mi Grupo consideran que es sanción suficiente la contemplada en el proyecto para todas estas conductas, que parte de establecer como pena principal la de la inhabilitación especial. Recordamos en este sentido que el propio artículo 42 del proyecto configura la inhabilitación especial como una pérdida definitiva de empleo o cargo. Así creemos que guarda una proporción con la lógica interna del sistema de penas.
Es cierto, no obstante, y por ahí va la reflexión de mi Grupo, que en algunas de las conductas, como, por ejemplo, la tipificada en el artículo 511, pudiera merecer alguna reconsideración el tipo de la sanción penal, aunque entendemos que existe una cierta ponderación en estos momentos con la pena que contempla el propio proyecto.
Es verdad también que hasta el momento con el Código Penal vigente se daba un cierto trato privilegiado, que es el que quiere eliminar este proyecto de ley, a los delitos cometidos por funcionarios que atenten contra el orden constitucional o contra derechos y garantías fundamentales de la persona. Precisamente por ello se ha hecho una nueva sistemática en este proyecto de ley, una nueva filosofía. Lo hemos visto ya en otros apartados, por ejemplo, cuando discutimos el Título V, los delitos contra la libertad. Hay una filosofía que es que se sanciona, en el Título: delitos contra la libertad, y en el capítulo I referido a las detenciones ilegales y secuestros, todas las agresiones a la libertad realizadas por particulares. Y se añade un artículo 163 que establece un tipo agravado, que es cuando esas conductas las cometen autoridades o funcionarios públicos fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito; en esos supuestos las penas serán las respectivamente previstas en los artículos anteriores en su mitad superior, aparte de la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años, por referirme a los delitos contra la libertad o a otras figuras delictivas. Ocurre en otros artículos donde se establece también esta misma línea de actuación, que es la consistente en agravar las conductas a título particular y realizadas, no en el marco de una persecución de un delito, por funcionario público o autoridad.
Si el funcionario público no actúa en el ejercicio de sus funciones la filosofía del proyecto es castigarle o sancionarle en sus conductas atentatorias contra los derechos fundamentales como un ciudadano normal.
En el proyecto se hace en este sentido una triple diferenciación en el tratamiento de los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Si es delito de propia mano, es decir, que sólo puede realizar un funcionario público, se regula específicamente, agrupándolos en función del bien jurídico protegido. Por ejemplo, este título que comentamos,

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el Título XVIII, capítulo V, cuando regula los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Se habla de la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare o practicare o prolongare la incomunicación de un detenido o preso. Sólo un funcionario público en la investigación de un hecho delictivo --decía-- puede cometer este delito o el previsto en el artículo 514 cuando mediando causa por delito entra en un domicilio sin consentimiento del morador. Aquí lo característico es que se produce la actuación mediando causa por delito, en el curso de una investigación por delito.
En segundo lugar, si el hecho es cometido por funcionario público, pero no en el normal ejercicio de sus funciones propias, la conducta se castiga en la parte especial junto a los delitos cometidos por particulares, pero con pena agravada, como he indicado anteriormente.
Citaba el ejemplo del artículo 163, pero también el artículo 196: la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito, cometiera cualquiera de los hechos descritos en los artículos anteriores, 194 y 195, que eran sobre allanamiento de morada, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos en su mitad superior e inhabilitación absoluta por tiempo de cuatro a ocho años.
Un tercer bloque es si el autor es funcionario público pero actúa fuera del ejercicio de sus funciones y sin relación alguna con su profesión. Se le tratará entonces penalmente como a un particular. Evidentemente, si es un auxiliar administrativo de un ayuntamiento y allana la morada de un vecino, se le aplicaría el artículo 194 del proyecto, a pesar de que es funcionario público.
Por lo tanto, y ya resumo, se distingue en la filosofía de este proyecto cuatro supuestos.
Uno, que sin ser funcionario comete un hecho delictivo; se le aplica el tipo base. Dos, el funcionario público que comete ese mismo hecho delictivo pero nada tiene que ver en el ejercicio de sus funciones y no hay abuso de las mismas; se le aplica el mismo tipo básico que al particular. Tres, el funcionario público que comete el mismo hecho delictivo prevaliéndose de sus funciones pero sin actuar en el curso de una investigación penal en la que participa; se le aplica entonces el tipo agravado regulado en la parte especial junto al tipo básico. Y cuatro, el funcionario público que en el curso de una investigación delictiva en la que participa comete alguno de los tipos específicos previstos en la parte especial y que sólo pueden ser cometidos por quienes se hallen en esa situación, por ejemplo, un policía que investigando un robo allana la morada dolosamente en busca de su autor.
Estos son los cuatro supuestos distintos que contempla la filosofía de este proyecto de Código Penal. Eso es lo que explica que pudiera a simple vista parecer que hay un tratamiento privilegiado pero que no existe tal tratamiento en el funcionario que cometiere o atentare a través de la vía delictiva contra la libertad individual cuando opera en el marco de sus actividades y mediando causa por delito; cuando opera sin mediar causa por delito y en los supuestos que también el propio Código contempla, su sanción penal va incardinada dentro de los tipos agravados y, por lo tanto, llevan incluso pena en grado superior.
Esta es la filosofía, si perjuicio de ello y, aunque me opongo en este trámite de las enmiendas, nosotros todavía tenemos abierta la reflexión para ponderar si el sistema penal que se diseña en este capítulo V es el más adecuado o debe merecer alguna corrección, aunque no en la cuantía o en la intensidad que proponen las enmiendas del Grupo Popular; entendemos que esa reflexión tiene que ser positiva y la vamos a clarificar antes del Pleno.


El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, ¿desea replicar?

El señor BUESO ZAERA: Simplemente quiero decir que esa reflexión se mantenga viva hasta el Pleno con el fin de que se busque esa postura intermedia a la que ha hecho referencia el señor Cuesta.
Dada la hora, creo que es de justicia agradecer al señor Presidente su benevolencia, así como agradecer a los portavoces, al resto de los comisionados y a los servicios de la Cámara su colaboración, dado lo avanzado de la hora.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Quiero insistir también en ese reconocimiento y agradecimiento a los servicios de la Cámara, en primer lugar, al Presidente y a los miembros de la Comisión y finalizamos --y en este caso con realidad-- como decíamos ayer, que fue cuando empezamos.


El señor PRESIDENTE: La benevolencia ha sido de ustedes.
Mañana comenzaremos la sesión a las diez y media. Hoy ya damos por debatido el Título XVIII y mañana abordaremos el siguiente.
En nombre de los miembros de la Comisión expreso a los servicios de la Cámara nuestro agradecimiento por su fiel dedicación, que en este caso es, además, una dedicación penosa dada la hora.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta minutos de la noche.

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