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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 499, de 18/05/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1995 V Legislatura Núm. 499 JUSTICIA E INTERIOR PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA Sesión núm. 60 celebrada el jueves, 18 de mayo de 1995

ORDEN DEL DIA: Comparecencia del señor Fiscal General del Estado (Granados Pérez), para informar: --Sobre los criterios seguidos en la Fiscalía General del Estado en materia de custodia de documentación procedente de las distintas Audiencias Provinciales y, en su caso, de la atinente a la procedente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa desde el año 1986. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. (Número de expediente 212/001480.) --Sobre los criterios seguidos en la Fiscalía General del Estado en materia de custodia de documentación procedente de las distintas Audiencias Provinciales y, en su caso, de la atinente a la procedente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa desde el año 1986. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/001481.)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Quiero dar la bienvenida al excelentísimo señor Fiscal General del Estado que comparece, estoy seguro de que con sumo gusto, ante la Comisión de Justicia e Interior para informar sobre los criterios seguidos en la Fiscalía General del Estado en materia de custodia de documentación procedente de las distintas audiencias provinciales y, en su caso, de la atinente a la procedente de la Audiencia Provincia de Guipúzcoa, desde el año 1986. Esta petición de comparecencia fue formulada por el Grupo Vasco (PNV).
Acumulada a esta comparecencia se celebra la segunda, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por el señor Albistur Marín, con idénticos objetivos.
Seguiremos el trámite normal de este tipo de comparecencias, dando en primer lugar la palabra al señor Fiscal General del Estado y después a los diferentes grupos parlamentarios, comenzando por aquellos que han solicitado la comparecencia y continuando después de mayor a menor, cerrando el Grupo Parlamentario Socialista. Todo ello siguiendo las prácticas habituales.
Sin más preámbulos, doy la palabra al señor Fiscal General del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Granados Pérez): Muchas gracias, señor Presidente.
Excelentísimo señor Presidente de la Comisión de Justicia e Interior, excelentísimas señoras y señores Diputados, como en las dos ocasiones anteriores, es para mí motivo de especial satisfacción y un indudable honor comparecer ante SS. SS., representantes del pueblo, que en legítimo uso y ejercicio de sus facultades y deberes parlamentarios han recabado mi presencia hoy aquí para solicitar información sobre determinados extremos. Como siempre, quiero reiterar mi inmejorable disposición para colaborar con esta Cámara legislativa en cuanto estimen de interés desde el profundo convencimiento de la necesaria coordinación entre las distintas instituciones del Estado.
La cuestión que según la convocatoria oficial determina la presencia del Fiscal General del Estado ante esta Comisión reza así literalmente: Información sobre los criterios seguidos en la Fiscalía General del Estado en materia de custodia de documentos procedentes de las distintas audiencias provinciales y, en su caso, de la atinente a la procedente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, desde el año 1986. De ella he de partir necesariamente en esta exposición inicial.
Sé que se trata de un tema, como todos los puramente burocráticos, excesivamente tedioso y por eso he creído que resultaba preferible obviar en esta intervención una exposición detallada de los mecanismos de registro, control, archivo y custodia de documentos que se reciben en la Fiscalía General del Estado, sustituyéndolo por la entrega de las correspondientes certificaciones, que quedan a disposición de SS. SS., donde se exponen concretamente los datos al respecto que puedan resultar de interés.
En esa intervención, por tanto, me limitaré a dar unas informaciones generales sobre tales extremos para centrarme a continuación en el asunto concreto que sin duda ha despertado el interés de esta Comisión; sin perjuicio, lógicamente, de que tras los posteriores turnos de intervenciones pueda referirme a aquellos otros extremos o aspectos sobre los que SS. SS. quieran recabar mayor información.
Archivo y registro de documentos. La única normativa existente sobre archivo y registro de documentos en la fiscalía viene fijada por el Reglamento del Ministerio Fiscal de 1969, cuyos artículos 112 y 113 recogen la necesidad de que existan libros en las fiscalías donde se efectúen los asientos necesarios conforme a las disposiciones reglamentarias y las instrucciones de los fiscales jefes. El catálogo de los libros viene regulado de forma exhaustiva, especificándose hasta 16 libros distintos. Esa regulación está pensando no en la Fiscalía General, sino en el resto de las fiscalías; pero, evidentemente, también en la Fiscalía General se llevan los correspondientes libros de registro.
En síntesis, existe un registro general y varios registros particulares que corresponden a los diferentes órganos u organismos que componen la Fiscalía General: inspección, secretaría técnica, distintas secciones que integran la Fiscalía del Tribunal Supremo, Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, así como la secretaría particular del Fiscal General del Estado. Tras su despacho, y agotada su eficacia, los distintos documentos son archivados y custodiados en el archivo general o en los archivos correspondientes a cada una de las dependencias. Como es lógico, no existe ninguna peculiaridad especial respecto a la documentación recibida desde a Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián.
Se preguntarán SS. SS. si todos, absolutamente todos los documentos y papeles que se reciben en la Fiscalía General son objeto de registro. En la Fiscalía General del Estado, como SS. SS. supondrán, se reciben a diario cientos de documentos, correspondencia, informes, cartas. No todo lo que se recibe debe anotarse en esos registros ni existe obligación de archivo y custodia. Sí son objeto de registro, evidentemente, las denuncias y quejas que a diario se remiten a la Fiscalía General del Estado; los informes periódicos que remiten las fiscalías en cumplimiento de diversas funciones, como son los informes sobre visitas a centros penitenciarios, actas de junta de fiscalía, información sobre atención de menores, etcétera; pero existe también otro tipo de documentación o informes de carácter estrictamente interno entre fiscales que sirven para canalizar los principios constitucionales de unidad y dependencia jerárquica que sustituyen, en ocasiones, al simple cambio de impresiones verbal o telefónico sobre un asunto y que no necesariamente tienen reflejo en esos libros a que antes me refería.
Esto merece una mayor explicación que puede venir facilitada a través de ejemplificaciones. Es obligación del Fiscal General del Estado mantenerse informado de la marcha de los asuntos penales o de otra naturaleza, estén ya o no en sede judicial y que pueden tener, por un motivo u otro, relevancia o trascendencia. A tales fines, el artículo

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26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite que el Fiscal General del Estado llame a su presencia a algún fiscal en concreto para recibir directamente esos informes y darle las instrucciones que estime oportunas.
En la práctica se opera, según los casos, de muy diversa forma. A veces basta la información telefónica. En otras ocasiones la información verbal, por la complejidad del asunto, va acompañada de una nota explicativa o de la entrega de copia del dictamen concreto del Fiscal, ya evacuado o que se piensa evacuar, o de copia de las resoluciones judiciales recaídas. Así, el Fiscal General del Estado tiene en su poder copia de la querella que el fiscal va a presentar o copia del recurso de casación interpuesto o de la acusación que se ha efectuado o explicación del estado de un proceso concreto, acompañado de las valoraciones que realice el fiscal que suscribe el informe. Este tipo de notas o copias de documentos no se suele registrar la mayoría de las ocasiones por su naturaleza de documento interno de utilidad informativa para el Fiscal General del Estado. Son documentos sin relevancia extrema alguna o que constituyen mera copia de los originales que obran oficialmente en los distintos procedimientos judiciales o en las correspondientes fiscalías.
Al lado de la iniciativa del Fiscal General del Estado para recabar información y, en su caso, poder dar instrucciones particulares, regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la obligación de los miembros que componen dicho Ministerio Fiscal de poner en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su función que por su importancia o trascendencia deba conocer. Es obvio que lo importante es cumplir con el mandato estatutario y que resulta intrascendente que la forma utilizada sea la oral --quizá la más frecuente por la necesidad de agilizar en muchos temas-- o escrita. En determinadas ocasiones se impone la forma escrita. Así lo exige, por ejemplo, el Estatuto del Ministerio Fiscal cuando surja una discrepancia, en cuyo caso, aunque previamente las comunicaciones hayan sido orales, las divergencias han de formalizarse por escrito y la eventual reiteración de la orden igualmente ha de documentarse una vez resuelta la discrepancia a través de los mecanismos estatutarios previstos.
Para esas previas comunicaciones, verbales o escritas, en cumplimiento de esa exigencia estatutaria de información, surge la pregunta: ¿Es necesario el registro oficial en todo caso? No lo es en términos generales y así se ha entendido tradicionalmente en la Fiscalía General del Estado. En muchos casos la aportación personal, a efectos informativos de un proyecto de dictamen del fiscal o de una resolución recaída en determinado asunto judicial, no se refleja en los correspondientes libros.
Aunque mi conocimiento de todo lo relativo al informe entregado por el Fiscal Jefe de San Sebastián, en mayo de 1989, al entonces Fiscal General del Estado no es directo, creo ser fiel a la realidad al suponer que ésas son las razones que explican que la entrega de ese informe no aparezca anotada en los libros de registro de la Fiscalía General. El fiscal informante lo entregó en mano al entonces Fiscal General después de comunicarle oralmente el contenido de la investigación. El informe escrito no es más que la plasmación documentada de lo relatado en cumplimiento del citado precepto estatutario.
Con estas indicaciones creo haber descendido ya al asunto más concreto, que sin duda motiva mi presencia ante esta Comisión, y sobre el que manifiesto mi más inequívoco propósito de explicar, aclarar y esclarecer todo lo que SS. SS. consideren necesario.
Para enmarcar adecuadamente ya desde el pórtico esta aproximación a ese asunto específico, quisiera comenzar por sentar dos afirmaciones que considero absolutamente básicas.
En primer lugar, que del referido informe entregado en mano por el Fiscal Jefe de San Sebastián al Fiscal General del Estado, el 12 de mayo de 1989, aunque no era necesaria su custodia, se conserva copia.
En segundo lugar, que las supuestas actividades ilícitas sobre las que existían sospechas que justificaron la incoación de diligencias informativas en la Fiscalía de San Sebastián y que determinaron ese informe, fueron objeto de una investigación judicial en el seno de un procedimiento que se siguió ante el Juzgado número 1 de San Sebastián, que finalizaría con un auto de sobreseimiento provisional.
Desde esta inicial plataforma se puede entrar ya a detallar algunas de las vicisitudes de ese asunto particular.
Incoación de las diligencias de investigación 1/1989, de la Fiscalía de San Sebastián. En varias entrevistas mantenidas entre el Fiscal de la Audiencia de San Sebastián con miembros de la Guardia Civil, en los meses de diciembre de 1988 y enero de 1989, se abordó el tema de la existencia de redes de contrabando y narcotráfico que operaban en Guipúzcoa y de la posible implicación en esas actividades ilícitas de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Fiscal de la audiencia provincial, en cumplimiento estricto de su deber, a raíz de estas informaciones, todavía vagas y sin confirmación, acordó la apertura de diligencias informativas o de investigación número 1/1989. Su incoación, que queda datada el 8 de febrero de 1989, tenía como soporte legal el artículo 5.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el seno de tal expediente se iniciaron indagaciones con el puro carácter todavía de investigación y no de acopio de pruebas, para el esclarecimiento de los hechos. Tales indagaciones consistieron básicamente en entrevistas, que fueron documentadas, con algunos implicados en esas redes de contrabando que se sospechaba podían aportar datos para encauzar la investigación.
A la vista de la trascendencia que los hechos pudieran tener, el Fiscal Jefe de San Sebastián, en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, decidió informar al Fiscal General del Estado, en mayo de 1989, produciéndose una entrevista personal en el curso de la cual le hizo entrega de un informe escrito en el que se sintetizan los hechos objeto de investigación, datos indiciarios con que podía contarse y líneas por las que podría discurrir la investigación ulterior. Ese informe escrito ha tenido para la Fiscalía General del Estado en sus sucesivos titulares la consideración de informe interno entre fiscales, no destinado a incorporarse a procedimiento judicial y por tanto de carácter estrictamente reservado.


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Así es preciso aclarar que una cosa son las diligencias de investigación 1/1989, sujetas al régimen del artículo 5.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y otra cosa distinta es ese informe. Creo que la confusión entre esas dos realidades es la que ha podido provocar algunos equívocos y malentendidos. Las diligencias informativas, también denominadas de investigación, son las que inició el Fiscal Jefe, al amparo del artículo 5.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en ellas se recogen las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Jefe de San Sebastián. Otra cosa es el informe puramente interno que realizó el Fiscal Jefe para transmitir al entonces Fiscal General del Estado, el contenido en esencia de esas diligencias.
El citado informe se proponía, como forma de proseguir la investigación, la intervención de ciertos teléfonos, lo que exigía evidentemente la decisión de un juez, y la indagación sobre la situación patrimonial de determinadas personas mencionadas en las diligencias informativas.
Posteriormente debieron practicarse indagaciones por la unidad de servicios especiales de la Dirección General de la Guardia Civil. El entonces Fiscal General del Estado recabó la puesta a disposición de miembros de la Guardia Civil para esas investigaciones y en enero de 1991 el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián contactó con agentes de tal Cuerpo, que fueron específicamente asignados para llevarlas a cabo.
Dada la conveniencia, tal y como se sugería en el informe antes aludido, de intervenir para los buenos fines de la investigación algunos teléfonos, se solicitaron tales medidas del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, originándose así las diligencias previas 491/1991, incoadas el 14 de marzo de ese año, y que constituyen la prolongación en sede judicial de la investigación iniciada por el Fiscal de la Audiencia de San Sebastián.
Las personas y los hechos objeto de investigación en ese procedimiento judicial coinciden con el objeto de las diligencias e investigación abiertas en 1989. Así lo evidencia el informe que con fecha 19 de abril de 1991 se incorpora a las actuaciones judiciales realizados por el Servicio Central de Información de la Guardia Civil intitulado precisamente «Informe sobre las investigaciones que se están efectuando en la provincia de Guipúzcoa sobre posibles actividades de contrabando y tráfico de drogas», refiriendo en sus prolegómenos las investigaciones abiertas en la fiscalía y los datos que podían extraerse de las mismas.
Una vez iniciado el procedimiento judicial, toda la investigación de los hechos fue ya dirigida por el correspondiente magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1, aunque lógicamente con la intervención del Fiscal. El procedimiento judicial consta de cinco tomos y 1.272 folios, y concluyó el 25 de noviembre de 1993 con un auto de sobreseimiento provisional al no aparecer debidamente justificada la perpetración de los supuestos delitos que motivaron su incoación, a excepción de hechos imputados a un sargento de la Guardia Civil y a otra persona, que determinó la incoación de un procedimiento abreviado que culminó con sentencia condenatoria por delito de cohecho.
Constancia documental en la Fiscalía General del Estado. El informe entregado por el Fiscal Jefe de San Sebastián, como ya he indicado anteriormente, no fue registrado en ningún libro de la Fiscalía, como podrán constatar examinando el certificado correspondiente al año 1989.
El original del informe no ha sido hallado y sí que se ha encontrado, sin embargo, en los archivos de la secretaría particular de la Fiscalía General del Estado, una copia del mismo. En cuanto a las diligencias informativas 1/1989, de las que dimana tal informe, los originales han permanecido siempre en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián.
A raíz de las noticias aparecidas sobre ese tema, reclamé personalmente del Fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián la entrega de una copia de tales diligencias, lo que efectuó el 19 de abril de 1995, junto con un testimonio del procedimiento judicial seguido en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, al que antes he hecho referencia.
De esa forma he podido recabar los datos que he expuesto y he podido constatar que los hechos que aparecían en las diligencias informativas fueron investigados en el procedimiento judicial que, ya sobreseído, constituyó la prolongación natural de aquellas diligencias de investigación del Fiscal.
Hecha esta exposición, me ofrezco a SS. SS. para dar las explicaciones o aclaraciones que estimen pertinentes.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fiscal General del Estado.
Comenzamos el turno de intervención de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de Txabarri, por tiempo aproximado de diez minutos.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, intentaré acomodarme al tiempo.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Fiscal General del Estado haber sido tan diligente para comparecer ante esta Comisión y habernos ofrecido explicaciones sobre un asunto concreto. Hemos tenido que salvar algunas dificultades reglamentarias para poder llegar al tema que nos ocupa y que, de alguna forma, tiene actualidad en este empeño de que el Congreso de los Diputados sea la sede en que se residencien las aclaraciones sobre este tipo de temas. Esa es nuestra voluntad, una voluntad de transparencia en todo tipo de instituciones, en las judiciales, en las fiscales y, evidentemente también en las parlamentarias. Con esa voluntad hacemos nuestra intervención, señor Fiscal General del Estado.
Quisiera comenzar diciendo que este tema no es burocrático, es un tema político, es un tema con mucha trascendencia; es un tema institucional y no es un tema de puros registros o archivos. Usted ha dado una serie de datos que constarán en el «Diario de Sesiones», los estudiaremos con detalle y los iremos contrastando. Sí queremos indicar que, por encima de esos temas burocráticos, existe la realidad objetiva de una serie de actuaciones fiscales, judiciales e institucionales que son las que nos preocupan como Grupo Vasco y como partido mayoritario en el País Vasco.
Estamos

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hablando, nada más y nada menos, que de un informe que tiene como título: sobre una organización de narcotraficantes que opera en el País Vasco y a la que estarían dando cobertura miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. De eso estamos hablando, y cuando han pasado seis años largos --en este momento estamos hablando de un informe de mayo de 1989--, nos encontramos en una situación concreta.
Tengo que discrepar de algunas de las afirmaciones que el señor Fiscal General del Estado ha realizado aquí esta mañana. Usted ha querido dar a entender que este informe en vía judicial está sobreseído en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, no ha citado cuál es el expediente y sí quisiera que pudiera matizar en cuál de ellos dado que el expediente 896/1990 de este juzgado de instrucción no se refiere a este tema. Este tema se refiere, en exclusividad, a la investigación sobre la desaparición de 150 kilogramos de cocaína, del alijo de una tonelada intervenido por la policía en Irún, y que hace referencia a la Policía Nacional establecida en ese momento en la frontera. Por ello quisiera que en su siguiente intervención pudiera manifestar a qué otro expediente se debe o si se refiere al expediente 491/1991, también del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián que se refiere al contrainforme que realiza la Guardia Civil a consecuencia de la investigación y las diligencias que se realizan en San Sebastián. Le puedo decir que una persona institucional que estuvo siguiendo este tema me dijo textualmente que eran ocho centímetros del metro que contenía el informe Navajas. Ni en el expediente 896/1990 ni en el expediente 491/1991, ambos del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, se ha sobreseído el informe Navajas, ni en esa distinción que usted ha realizado en lo que son diligencias informativas y lo que son contenidos judiciales.
Por la información que este Diputado posee (y algunas horas hemos dedicado a investigar este tema, siguiendo y leyendo muchos papeles), este informe, estas diligencias informativas 1/1989 ni la parte de contenido que usted ha querido distinguir, jamás se han incorporado a ningún expediente judicial, no están sobreseídas y en ningún sumario de la Audiencia Provincial de San Sebastián se han investigado estos temas en instancia judicial.
En lo que se refiere a la instancia fiscal, a la investigación fiscal, tras la publicación en «Diario 16» del informe Navajas --por hablar en lenguaje coloquial y no perdernos--, la Fiscalía General emite el 15 de noviembre de 1990 una nota oficial en la que el entonces Fiscal General del Estado anunciaba que la Fiscalía del Estado había abierto dos cauces de investigación. Por una parte, en la Fiscalía Especial Antidroga las diligencias 10/1990, a las que usted no ha hecho mención y, por otra parte, en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, este expediente 896/1990, al que ha hecho referencia, que no se refiere al conjunto de contenidos que están recogidos en el informe Navajas. En la nota de la Fiscalía General del Estado, de 15 de noviembre de 1990, se insiste en que se investiga por dichos cauces y, además, se destaca el celo de tales investigaciones --y entre comillas-- «bajo la responsabilidad del Fiscal General del Estado y el pleno respaldo del mismo con todos los medios a su disposición». Sin embargo, señor Fiscal General del Estado, cinco años después nos encontramos con que los contenidos básicos de este tema --graves contenidos, por otra parte-- no están sobreseídos ni archivados y, en nuestra opinión, ni siquiera investigados.
Consta, además --y para ello basta leer la prensa--, que este informe está publicado. Llama la atención la respuesta institucional que se recibe cada vez que se mienta este tema. Nos encontramos con que pedir parlamentariamente y por los cauces reglamentarios este informe levanta muchas ampollas, no sabemos dónde; sin embargo, consta que este informe está circulando entre periodistas de investigación de relieve del país, está en los medios de comunicación más importantes, existen libros y literatura al respecto donde todo está muy expuesto y recogido. Es lamentable que un informe, unas diligencias informativas, cuyos contenidos están prácticamente publicados en la prensa y en libros publicados en el Estado, a nivel institucional levante las pasiones y recelos que uno encuentra.
Desde los datos que el Grupo Vasco posee, señor Fiscal General del Estado, estamos en condiciones de afirmar que en relación a este tema ha existido complicidad estructural en las distintas instituciones, en instancia gubernamental, en el Ministerio del Interior, que nos consta posee copia de estas diligencias informativas y de los contenidos judiciales a los que usted ha hecho referencia. Usted mismo ha reconocido --y me alegro de que en la Fiscalía General del Estado exista copia de toda esta documentación-- que en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián existía el conjunto de informaciones a que nos estamos refiriendo, documentación que se ha solicitado por el Grupo Vasco ahora en relación a las últimas informaciones que se han venido publicando y con anterioridad en relación a otra serie de actuaciones que se habían establecido sin respuesta positiva, por parte de la Fiscalía General del Estado (nos consta que la Mesa del Congreso de los Diputados todavía no ha hecho llegar esta solicitud), ni tampoco por parte del Ministerio del Interior.
Sí quería dejar claras dos cosas. Primero, por la información que poseemos en el Grupo Vasco, una información muy contrastada en medios judiciales, fiscales y periodísticos, el conjunto de contenidos --no ocho centímetros de un metro-- que recogía el informe Navajas jamás ha sido sobreseído; y no quisiera ser más duro en la segunda intervención, señor Fiscal General del Estado, jamás ha sido sobreseído, jamás ha sido archivado. Otra cosa es que, a resultas de estas diligencias 1/1989 la Guardia Civil realizó otra serie de actuaciones, otra serie de informaciones internas dentro del Cuerpo, que fueron remitidas a instancia judicial y estos contrainformes de la Guardia Civil fueron sobreseídos y archivados tres años después de que esta cuestión saliera a conocimiento público. Este es un tema que quisiera dejar bien claro.
En segundo lugar, quisiera dejar bien claro que los contenidos principales y básicos recogidos en las diligencias informativas 1/1989 son de conocimiento público, y las instituciones judiciales, las instituciones fiscales y las instituciones parlamentarias damos muy mal ejemplo a la ciudadanía

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al negar aquello que es evidente, negar aquello que es de conocimiento público. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Qué complicidades estructurales e institucionales existen en este país para que un informe de la gravedad del que nos ocupa, en el que de oficio, como usted ha manifestado, un fiscal de una audiencia provincial realiza una serie de diligencias informativas y seis años después nos encontramos con que no han sido investigadas, no han sido archivadas, no han sido sobreseídas? Ese es el tema capital de su comparecencia hoy aquí, señor Fiscal del Estado.
No sé si usted hace suyas las afirmaciones de los anteriores fiscales del Estado, tampoco está obligado, pero es bien cierto que el 17 de abril de 1991 se indica aquí que en la Fiscalía Antidroga se abren las diligencias 10/1990. No sabemos qué ha pasado con esas diligencias, y sobre lo que se habla del pleno respaldo de la fiscalía a las mismas, no sabemos qué ha pasado en esa Fiscalía Antidroga. Sabemos muy bien lo que ha pasado con el contrainforme de la Guardia Civil, que ha sido sobreseído; conocemos ese contrainforme, hay gente que se ocupa constantemente de remitírnoslo al casillero, a casa, a la sede del partido para que estemos bien informados. Uno tiene la impresión, señor Fiscal General del Estado, de que se están intentando abrir muchas puertas para ver si en ese laberinto institucional alguno se pierde, pero, evidentemente, un poco de trabajo y un poco de sentido común son suficientes para ubicar todo este laberinto en su sitio y delimitar las coordenadas básicas de trabajo que nos ocupan en relación con este tema.
Ha citado usted la fecha del 9 de enero de 1991. Después de haber solicitado el diputado Azcárraga la comparecencia, ante esta misma Comisión, del Fiscal General del Estado y haberse aprobado una solicitud similar que en aquel momento realizó el Partido Socialista, tras 20 meses desde la entrega del informe Navajas al Fiscal General del Estado, dos meses después de la publicación del informe en «Diario 16» y dos meses después de la nota de la Fiscalía General del Estado en la que se decía que se estaba investigando por dos procedimientos, uno judicial y otro fiscal, que se habían abierto estos dos cauces de investigación, es en ese momento, como usted bien dice, cuando el Fiscal General del Estado pone a disposición del Fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián los medios humanos y técnicos solicitados. La pregunta sería, a partir del 9 de enero de 1991, ¿cuáles han sido las investigaciones, las diligencias que se han practicado en relación con este tema, y cuál es la situación que encontró el Fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián en relación con el tema que le ocupaba, una vez que disponía de los medios humanos y técnicos establecidos? El Fiscal General del Estado anunció aquí, en abril de 1991, que en las siguientes semanas se iban a producir importantes resultados en relación con la materia que nos ocupaba y han pasado nada más y nada menos que cuatro años. El Fiscal Navajas, en una entrevista concedida a «Diario 16» en diciembre de 1992, afirmaba: las personas implicadas han enterrado los indicios de culpabilidad. Por eso estamos hablando, señor Fiscal del Estado, de complicidad institucional. ¿Cómo es posible que un informe fiscal esté circulando libremente en algunos medios de comunicación, esté circulando libremente en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de la Guardia Civil, de forma que pueda redactar un contrainforme de un informe que es secreto, que no se conoce, e incluso que en algunos momentos no existe? Se habla de una operación «arca de Noé» en la Guardia Civil; algunos dicen que es porque diluviaba mucho, y otros porque había muchos animales en el arca, no lo sé; lo que está claro es que cinco años después de estas actuaciones fiscales nos encontramos, señor Fiscal General del Estado, con que se trata, por una parte y por otra, de enterrar un tema muy grave.
Le voy a decir más, usted es ahora el Fiscal General del Estado y entiendo que puede ser bastante desagradable tener que referirse a situaciones que en el tiempo están bastante lejanas. Como diputado por Guipúzcoa en esta Comisión, le voy a hacer una afirmación, y es que otra vez tenemos convicciones razonables para creer y entender que, en este momento, al día de hoy, siguen existiendo básicamente las mismas complicidades; estas mismas complicidades entre gente del contrabando, entre gente de la droga, entre gente de las Fuerzas de Seguridad de Estado. Eso es lo que más nos preocupa. Nos preocupa muy mucho que un tema de la gravedad del que nos ocupa haya conocido una estética y una ética como la que aquí se está manifestando. Un equipo de trabajo del Partido Nacionalista Vasco ha estado trabajando con rigor durante muchas horas buscando la veracidad y la transparencia en este tema, y nos hemos encontrado con una estética institucional que raya el surrealismo dadaísta (yo creo que hasta los surrealistas dadaístas quedan bien ante los vericuetos que encuentra uno en estas complicidades institucionales); y una ética, señor Fiscal General de Estado, que no hay por dónde agarrarla. Pero con ser esto grave, no es lo que más nos preocupa, lo que más preocupa al Partido Nacionalista Vasco en este momento es que las instituciones democráticas, de las que somos partícipes y no nos quedamos fuera de ese sujeto colectivo, seamos incapaces de poner veto a estas actuaciones paralegales que se llevan a cabo en la costa guipuzcoana, en la frontera guipuzcoana. Ese es el tema que más nos preocupa, y es ahí donde usted, como Fiscal General del Estado, y la Fiscalía de San Sebastián tienen también ahora una gran responsabilidad. De alguna forma, tenemos la gran responsabilidad de establecer y poner en su sitio las situaciones que en el pasado se han venido dando, ahí hay un nivel, pero existe también un segundo nivel por lo menos de la misma gravedad y cuya responsabilidad no podemos obviar, que son las sospechas razonadas y los indicios claros de que estos temas no han concluido. Es verdad que en todas las épocas han existido piratas; lo que a uno le preocupa, señor Fiscal General del Estado, es que, a finales del siglo XX, los piratas tradicionales sigan amparados por otra serie de agentes públicos que, subrepticiamente y aprovechando otra serie de actuaciones, como la lucha antiterrorista, encuentran un caldo de cultivo importante en esta serie de actuaciones.


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El señor PRESIDENTE: En su condición de miembro del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Fiscal General del Estado, por comparecer, a solicitud tanto mía como del Grupo Vasco, y haberlo hecho precisamente en unas fechas todavía cercanas al 7 de abril cuando fue presentada en registro nuestra solicitud, sobre todo porque en este caso, y no como le sucedió a nuestro ex-compañero parlamentario señor Azcárraga, no se han producido interferencias de ningún grupo político para que usted, como institución, compareciera, lo cual yo creo que significa un avance importante en las relaciones parlamentarias de esta Cámara, y sobre todo significa que a lo mejor se está abriendo una puerta para cambiar las comparecencias de anteriores fiscales sobre esta misma materia.
Me voy a centrar en temas que prácticamente ya ha tocado mi compañero González de Txabarri y voy a abundar en sus ideas. Inicialmente haré un comentario general, y después le voy a plantear una serie de preguntas porque creo que su comparecencia y sus explicaciones nos han devuelto a un guión que ya conocíamos, que hemos leído hasta en los medios de comunicación y que, de alguna manera, forma parte de las conclusiones del Fiscal del Supremo en su informe de hace muy pocos días, que también es público, que hemos conocido a través de los medios de comunicación y que va a marcar los criterios oficiales, como hemos podido comprobar esta mañana.
En el primer punto, sobre el que quiero incidir y para mí supone el nudo de la cuestión, se refiere a las razones que existen para que en seis años no se haya tomado ninguna iniciativa y el ministerio fiscal haya desconocido oficialmente --y no quiero utilizar la palabra ocultado-- el informe reservado del Fiscal Jefe de la Audiencia de San Sebastián.
El tiempo lo saca todo, es como el mar y los ríos, que al final devuelven los cadáveres y los ponen de manifiesto ante quienes los están buscando y ante la sociedad.
Hoy, tras una actuación no explicada, el ministerio fiscal y el Fiscal General del Estado están en entredicho, y eso es lo que creo que, como demócratas, debemos lamentar, sobre todo como respetuosos con las instituciones, ya que sóolo han reaccionado ante una denuncia periodística realizada en el año 1990 por un periódico de tirada nacional y una querella presentada recientemente. No ha existido, sin embargo, ninguna iniciativa en pro de confirmar las informaciones proporcionadas por el Fiscal Jefe de San Sebastián y de proporcionar medios al Fiscal Jefe para que continuara la investigación en forma adecuada (volveré a referirme al final de este comentario a este mismo hecho). Por el contrario, se ocultó, el informe desapareció, incluso oficialmente.
Además, se informó al Director General de la Guardia Civil, cuyas características hoy las conocemos todos estupendamente, y a los presupuestos investigados, y no se atendieron las solicitudes del Fiscal Jefe.
El tema de fondo es por qué, qué razones existen para que en seis años no se haya tomado ninguna iniciativa.
Quiero, además, cortar rotundamente todo intento de manipular las actuaciones en pro de la clarificación del porqué no se ha actuado a partir del «informe Navajas», por qué no se facilitó la investigación y por qué el ministerio fiscal, cuatro fiscales generales, han estado manifestando ignorar su existencia. No le incluyo a usted en este hecho, aunque sea el cuarto.
Quiero acabar con todo intento de maniqueísmo que pretenda achacar a las actuaciones nuestras --digo nuestras refiriéndome a los que estamos de alguna forma planteando estas comparecencias-- objetivos malignos contra las instituciones y las Fuerzas de Seguridad del Estado. He repetido a dos Ministros de Interior este mismo hecho y quiero dejar constancia de ello, porque se manipula, porque se utiliza y porque, de alguna forma, en todo esto siempre se habla de un contubernio contra las instituciones y las Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha en materia antiterrorista. No; estamos exigiendo profesionalidad, claridad política y, sobre todo, una clara y limpia actuación en materia antiterrorista.
La iniciativa no parte solamente del parlamento; la iniciativa parte de los funcionarios de la Guardia Civil --de funcionarios a los que se ha calificado como «funcionarios sanos» y profesionalmente intachables-- y la iniciativa parte de un Fiscal Jefe cuya profesionalidad nadie ha puesto en duda.
Nuestra acción resulta de apoyo a esas iniciativas. Yo no creo que tengamos que estar haciendo cada vez un acto de fe en la democracia.
Nosotros, no, desde luego. Quien tendrá que hacer un acto de fe en la democracia será la Fiscalía General del Estado o, por lo menos, la que ha sido Fiscalía General del Estado hasta ahora.
Yo creo que éste es el mejor lazo azul que hoy se puede llevar, y ese lazo azul sería el compromiso de atender las demandas del Fiscal Jefe de San Sebastián. Nosotros no hemos hecho importante este informe reservado.
Este informe reservado lo ha hecho importante las actuaciones de la Fiscalía General del Estado hasta el momento.
De su intervención a mí me queda un tema preocupante. Usted ha pretendido ligar, unir prácticamente, las diligencias informativas 1/89, las conclusiones de esas diligencias informativas, que forman parte del todo, como es el informe del Fiscal Jefe, con una actuación de «motu proprio», dos años más tarde, del Fiscal General del Estado, lo cual no es así.
Pero, además, esta actuación ha terminado, según parece, en una instrucción, en unas diligencias y en un archivo, y todo ello dentro de las diligencias previas 491/91.
Yo, en las preguntas que voy a hacer a continuación, quiero decir que la historia no ha sido así. El informe del Fiscal Jefe se recibe en la Fiscalía General del Estado y se desconoce. El año 1991, como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por un periódico de tirada nacional, actúa la Guardia Civil de «motu proprio», presenta inicialmente en el Juzgado de Guardia de San Sebastián un documento que es retirado por el juez del Juzgado de Instrucción número 1 y se le exige un informe de mayor contenido para poder atender a las exigencias o demandas que había en ese documento introducido en el Juzgado de

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Guardia. Se inician las diligencias previas 491/91, que, como ha dicho mi compañero José Juan González de Txábarri, solamente tocan el 20 por ciento de las diligencias informativas del 1/89 y del informe reservado del Fiscal Jefe de San Sebastián. Sólo el 20 por ciento. En esas diligencias informativas se investigaba al señor Rodríguez Galindo, cosa que no se hace en las diligencias previas. Si las diligencias del informe implicaban al señor Rodríguez Galindo y las diligencias previas no investigan a Rodríguez Galindo, ¿cómo puede afirmarse que informe y diligencias previas versan sobre los mismos hechos, sobre todo cuando las diligencias previas no están basadas en el «informe Navajas», están basadas en un informe que creo que se llama «Arca de Noé», elaborado por la Guardia Civil? Con ello quiero salir al paso de un tema preocupante y pretender desmontar, por lo menos, una tesis que se va convirtiendo en oficial.
Entrando ya en las cuestiones, el fiscal del supremo, en el subapartado c), del apartado d) de su informe, manifiesta que los hechos objetos de investigación en las diligencias previas 491/91, del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, eran los mismos que habían determinado la incoación de las diligencias de investigación 1/89 de la Fiscalía y que, por lo tanto, éstas quedaron archivadas a raíz de la incoación de las citadas diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 1. Usted ha repetido esta tesis.
De acuerdo con la circular de 8 de marzo del año 1989 de la Fiscalía General del Estado, al cesar el Fiscal las diligencias de investigación, por tener conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial, presentará dichas actuaciones de investigación en el Juzgado competente.
Tengo aquí el documento que acredita estos hechos.
Lo mismo resulta de la función que desempeña y misión que tiene atribuida el ministerio fiscal en relación con los Tribunales de Justicia. En su virtud, el cese de las diligencias de investigación de Fiscalía, por apertura de un procedimiento judicial, obliga a la Fiscalía a remitir lo actuado al Juzgado para que disponga éste, a los efectos de la investigación que ha de realizar y decisiones que haya de adoptar, de todo el material y elementos relativos al caso.
Mi pregunta es: ¿por qué la Fiscalía o el ministerio fiscal no presentó al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián las diligencias informativas 1/89 al cesar las mismas, por tener conocimiento de la apertura de las diligencias previas 491/91, si, según afirma el Fiscal del Tribunal Supremo --en este caso usted mismo--, versaban sobre los mismos hechos? Esa misma circular a la cual acabo de referirme, de 8 de marzo de 1989, de la Fiscalía General del Estado, previene que las diligencias de investigación concluirán con una resolución en forma de decreto, que se adoptará cuando se den cualesquiera de estas tres decisiones: primero, archivo por no haberse confirmado las apariencias del delito; segundo, presentación al juez de Instrucción para que incoe las diligencias previas para continuar la investigación judicialmente, y tercero, cesación de las diligencias por tener conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. Vuelvo a decir que todo esto figura en la copia del boletín que tengo aquí a mi lado.
Como ha dicho mi compañero Joxe Joan González de Txabarri, hemos tenido acceso confidencial a las diligencias 1/189 y resulta que no concluyen con ninguna de las tres resoluciones o decretos que señala la circular referida. Las diligencias realmente se encuentran inconclusas o paralizadas. Se abren por acuerdo del Fiscal Jefe de San Sebastián el 8 de febrero del año 1989, y la última diligencia practicada es del 23 de febrero de ese mismo año, consistente en la transcripción de la grabación de un interrogatorio o conversación y no contiene ningún otro acuerdo o resolución, aparte del de apertura. Es más, las diligencias previas 491/1991 del Juzgado de Instrucción de San Sebastián se inician el 14 de marzo de 1991, dos años y un mes más tarde que las diligencias 1/1989.
Desde la paralización de las diligencias informativas de la Fiscalía hasta la apertura de las diligencias previas 491/1991 del Juzgado de Instrucción transcurren más de dos años, como ya he reiterado. Mi pregunta es: ¿por qué durante el transcurso de esos dos años la Fiscalía no remite las diligencias informativas a ningún juzgado de instrucción ni, en su caso, acuerda el archivo, como previene el artículo 785 bis, 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿No cree el excelentísimo señor Fiscal que dos años es mucho tiempo para que la Fiscalía mantenga abiertas unas diligencias de información, documentalmente paralizadas, como he dicho anteriormente, sin remitirlas al juzgado ni, en su defecto y por no revestir caracteres de delito, archivarlas? ¿Cuál es motivo por el que dichas diligencias informativas de la Fiscalía permanecieron documentalmente paralizadas desde el 23 del 2 de 1989? Continuando con el informe del Fiscal del Supremo, en su apartado d), subapartado f)...


El señor PRESIDENTE: Procure ir terminando, señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, yo creo que en este caso me permitirá usted que pueda ejercer...


El señor PRESIDENTE: Le voy a dar un margen de flexibilidad, pero lleva quince minutos hablando.


El señor ALBISTUR MARIN: Se lo agradeceré. El tema lleva seis años, y quince minutos ¿qué son? Es como lo de San Agustín: una gota de agua en el mar, ¿no? ¿Qué son quince minutos para seis años?

El señor PRESIDENTE: Ese argumento nos llevaría a no terminar nunca. Hay multitud de asuntos pendientes.


El señor ALBISTUR MARIN: Ya lo sé, señor Presidente. Le aseguro que voy a terminar.


El señor PRESIDENTE: Seré flexible, pero procure terminar.


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El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Espero. (El señor González de Txabarri Miranda: Es riojano.) En este caso estamos entre navarros y riojanos.
Siguiendo, como le decía, con el informe del Fiscal del Supremo, en su apartado d) y subapartado f) se indica que a raíz de la querella formulada se procedió a buscar entre la documentación obrante en los archivos de la Fiscalía General del Estado tal informe; se refiere al original. Aunque el original no ha aparecido, sí se ha encontrado un fax remitido unos meses más tarde desde la Fiscalía de San Sebastián que constituye una copia de tal informe, etcétera. Mi pregunta es: ¿por qué el señor Luis Navajas, Fiscal de la Audiencia de San Sebastián, manda por fax meses más tarde una copia de su informe reservado? ¿Qué ha sucedido con el original para que el Fiscal de la Audiencia debiera enviar una copia nueva por fax? ¿A instancias de quién se solicitó la copia? No lo hemos sabido. ¿Qué causas motivaron la demanda y posterior envío de una nueva copia? ¿Qué significa, en período de tiempo concreto, unos meses más tarde? ¿Cuál es la fecha de referencia? ¿Podemos hablar todavía del año 1989 o del año 1991, o podemos hablar de la comparecencia anterior del Fiscal Torres en esta misma Comisión? El informe del Fiscal del Supremo, en su apartado d), subapartado g) dice exactamente que el día 19 de abril de 1995, y a requerimiento del Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe de San Sebastián entrega en la Fiscalía General del Estado personalmente copia tanto de las diligencias 1/1989 como del procedimiento seguido por los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián. El examen de ambos expedientes revela que ambos se solapan --usted ha defendido esa tesis-- por coincidencia completa de la materia y las personas. Después diré que no, pero ya se lo he dicho anteriormente y volveré a insistir en ello.
Sin embargo, ante esta afirmación del Fiscal del Supremo quiero hacer notar que el 7 de abril fue solicitada la comparecencia del Fiscal General del Estado, comparecencia que ahora estamos celebrando. ¿Por qué hasta el 19 de abril de 1995 la Fiscalía General del Estado no requiere, según parece desprenderse del informe del Fiscal del Supremo, al Fiscal Jefe de San Sebastián la entrega de las diligencias 1/1989? ¿Por qué no se requirieron, tras la entrega del informe reservado en marzo de 1989 al Fiscal Jefe de San Sebastián, las diligencias previas 1/1989 por la Fiscalía General del Estado si ahora parece que hay que requerirlas, como se ha hecho el 19 de abril pasado? ¿Y qué razones han hecho cambiar de criterio a la Fiscalía General del Estado para reclamar las diligencias 1/1989 y reconocer la existencia y custodia del informe reservado que se deriva de dichas diligencias previas? Es más: ¿se funciona a golpe de querellas o actuaciones en la prensa, en vez de asegurar el funcionamiento de los jurados? Porque, en ese caso, ¿por qué no se requirió atendiendo las solicitudes de diversos jueces que pidieron tanto las diligencias previas 1/1989 y el informe reservado, máxime cuando disponían de una copia de este último que había sido enviado por fax? ¿Cómo explica en este caso el Fiscal General del Estado la evidente contradicción que durante prácticamente cuatro años se produce entre los comunicados que dirigen por una parte el Fiscal Jefe de San Sebastián y, por la otra, el Fiscal General del Estado a los distintos juzgados de primera instancia y audiencias provinciales que les requieren para que remitan testimonios de las diligencias informativas 1/1989 de la Fiscalía de San Sebastián? Más aún: ¿cómo explica dicha contradicción, dados los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica bajo los que ejerce su función el Ministerio Fiscal, según expresa, además, el artículo 142.2 de la Constitución? La paralización de las diligencias informativas 1/1989 de la Fiscalía de San Sebastián a partir del momento en que fueron elevadas por el Fiscal Jefe de San Sebastián a la Fiscalía General del Estado motivó la interpelación del Diputado Azcárraga en la comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del 17 de abril de 1991. Por su parte, la prensa periódicamente ha hecho referencia a la falta de seguimiento de las diligencias informativas en cuestión. Creemos que existe en la sociedad preocupación e inquietud por el tema. ¿Es consciente la Fiscalía General de la gravedad que concurre en el hecho de la desaparición u ocultamiento de las diligencias informativas de la Fiscalía de San Sebastián a los distintos órganos de la Administración de Justicia? ¿Qué actuaciones va a emprender el Ministerio Fiscal a la vista de los hechos referidos? ¿Cuáles son los interese que han tratado de proteger con la desaparición de las diligencias informativas 1/1989 que finalmente han aparecido? Voy terminando, señor Presidente. El demostrar que las diligencias previas 491/1991 del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián no contienen las diligencias informativas 1/1989 de la Fiscalía de San Sebastián lo puedo acreditar con los comunicados del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, que así lo afirman --tengo aquí el documento--, con el autor de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 4 de mayo de este mismo año --que también tengo el documento-- y con el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián de 9 de noviembre de 1993 --cuyo documento tengo aquí--, y también con la manifestación del Fiscal General del Estado en la sesión 27 de la Comisión de Justicia e Interior celebrada, como he dicho anteriormente, el 17 de abril de 1991, donde se deduce que según dicho Fiscal General y en el mejor de los supuestos, lo que figuraría incorporado a las diligencias previas 491/1991 del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián sería el llamado contrainforme elaborado por los servicios internos de la Guardia Civil.
Hay muchas más preguntas que hacer sobre el archivo, hay muchas más preguntas que hacer realmente sobre toda la inhibición que se ha producido precisamente por parte de la Fiscalía General del Estado. Puedo seguir preguntando y tengo un documento tercero para seguir añadiendo preguntas a este tema. No lo voy a hacer en este caso. Concluyo.
La Fiscalía General del Estado --lo ha dicho usted y lo ha dicho el Fiscal del Supremo-- dispone en estos momentos de las diligencias informativas 1/1989 y del informe reservado que, como he dicho anteriormente, forma

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una parte del todo, y dispone de las diligencias previas 491/1991.
Creo que corresponde --y la pelota está en esa parte del campo, y creo que corresponde, además informar, sobre todo, y tratar de explicar, por no decir demostrar a este Parlamento, que somos los que estamos pidiendo que se nos aclare esta situación, hasta ahora, por lo menos, confusa-- explicar que son intrascendentes los contenidos de las diligencias y del informe reservado; que no hay connivencias entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y bandas de contrabandistas y narcotráfico; demostrar que deben ser sobreseídas si ésta es la tesis oficial. Para nosotros, esta comparecencia no termina aquí.
Apelando a su responsabilidad y, desde luego, a las facultades que como parlamentario me corresponden, y creo que también nos corresponden, yo esta comparecencia la tengo que considerar abierta. Disponen ustedes ahora, y lo han manifestado públicamente, de las diligencias informativas 1/89, del informe reservado y de las diligencias previas 491/91.
Creo que en la investigación disponen de todos los datos para continuar con las demandas realizadas por el Fiscal Navajas; que disponen de medios para terminar una investigación que fue considerada por un profesional del Ministerio Fiscal, profesional sin tacha, como un tema suficientemente grave, tema que consideramos también debe ser aclarado.
Volveremos a pedir su comparecencia; volveremos a solicitar las explicaciones que dejen este asunto aclarado. Repito: es el mejor lazo azul que se puede proporcionar a la democracia en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: El señor Trillo tiene la palabra.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente... (El señor Mohedano Fuertes pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, perdón. Parece que solicitan la palabra. Entiendo que será para alguna cuestión de orden.
El señor Mohedano tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, es para una cuestión de orden.
No sé cuál será la decisión de los otros Grupos que no han solicitado la comparecencia, pero por parte del Grupo Socialista preferiríamos hacer nuestra fijación de posición después de la contestación a las preguntas que han sido formuladas por los Grupos que han solicitado la comparecencia.


El señor PRESIDENTE: No veo ningún inconveniente, porque suele haber dos turnos de intervención. Su señoría puede perfectamente reservarse para el momento que considere oportuno. No necesita de la tutela de la Presidencia.


El señor MOHEDANO FUERTES: No, señor Presidente, solamente para decirle que pediremos la palabra para fijar posición después de las contestaciones que el compareciente dé a las preguntas que se le han solicitado, e incluso después de la siguiente intervención de los Grupos que han pedido la comparecencia.


El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente.
El señor Trillo tiene la palabra.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, si por el Grupo Parlamentario Socialista lo que se aconseja o se propone es que el Fiscal General del Estado tenga oportunidad de contestar a las preguntas que le han formulado los Grupos que han solicitado la comparecencia y darnos así una mayor información para la fijación de posiciones de los Grupos, no tengo ningún inconveniente en que, en efecto, sea el Fiscal General del Estado el que preceda en el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Naturalmente, señorías, accedo con mucho gusto a esta pretensión que me parece razonable, pero la Presidencia se preocupará de velar por los derechos de expresión de aquellos Grupos que en este momento no ejercitan su turno y, por tanto, discriminaré positivamente a quienes en esta primera parte no han intervenido.
Tiene la palabra el señor Fiscal General del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Granados Pérez): Señor Presidente, en primer lugar, quiero contestar al excelentísimo señor don José Juan González de Etxabarri, que hace, primero, alusión a la transparencia con que se tiene que desarrollar no solamente la labor del Ministerio Fiscal, sino, imagino, todas las instituciones, y precisamente ésa es la razón de que muy gratamente hago esta comparecencia y la hago cuando me ha sido requerida; es decir, que, una vez que he sido invitado, con mucho gusto he comparecido ante SS. SS. Yo creo que todos perseguimos alcanzar esa transparencia que exigimos.
Cuando me refería a burocrático, no me estaba refiriendo al fondo del asunto; me estaba refiriendo a la explicación sobre cómo funcionan, más o menos, los registros que obran tanto en las fiscalías como en la Fiscalía General del Estado.
Me decía S. S. que discrepaba en cuanto que no había concretado qué diligencias habían continuado --podemos decirlo así-- esa investigación inicial de las diligencias informativas 1/89. A lo mejor lo he dicho excesivamente deprisa. Disculpe, señoría, pero sí lo había comentado. Las diligencias que coincidían con estas diligencias informativas eran las previas 491/91.
A continuación hace una alusión a los ocho centímetros --creo recordar-- de que obra, y hace alusión, a su vez, de que jamás --ha sido muy terminante, señoría-- se han incorporado esas diligencias informativas a las diligencias previas de las que conoció un Juzgado de Instrucción. Ahí sí que discrepo de S. S.; quien discrepa, en este caso, soy yo. Sí se han incorporado a esas diligencias 491/91. Y se habla de dos informes: un primer informe, que lo comenta como contrainforme, que creo que tiene fecha de enero de

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1991; y un segundo informe incorporado a esas diligencias previas, que es un informe de 19 de abril de 1991, que recoge no unos centímetros, sino casi literalmente el informe que se hizo por el Fiscal Jefe de San Sebastián; es decir que está incorporado y obra a partir del folio 60 de esas diligencias previas 491/91, donde aparecen mencionados no solamente los civiles o paisanos que pudieran estar implicados en estas operaciones de contrabando, sino que aparecen también mencionados los jefes y mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que podían estar implicados en estas mismas operaciones de contrabando. Incluso diré más: se recoge literalmente lo que se dice en el propio informe elaborado y, sobre todo, lo que se decía en las diligencias informativas, porque una cosa es consecuencia de lo otro.
Hace, a su vez, alusión, señoría, a que el 15 de noviembre de 1990, por el Fiscal General del Estado, se dio una nota en la que se decía que había dos cauces de investigación abiertos: uno, las diligencias 10/90, de la Fiscalía Especial de la Lucha contra la Droga, es decir, de prevención y represión del tráfico ilícito de drogas; y otra, la 896/90.
Estas diligencias están más relacionadas, es decir, las diligencias de investigación de la Fiscalía Especial de la Lucha contra la Droga están más directamente relacionadas con las 896/90, que se refería a otro asunto distinto; concretamente se refería a la desaparición posible de unas cantidades de cocaína que habían sido intervenidas. Pero insisto en que en donde se desarrolla o tiene su continuación las diligencias informativas es en la 491/91.
Habla de una complicidad estructural del Ministerio del Interior. Yo aquí no voy a hablar en nombre del Ministerio del Interior, indudablemente, sino de lo que conozco que se ha hecho por parte de la Fiscalía de San Sebastián y lo que se ha hecho por la Fiscalía General del Estado con los datos que yo pueda aportar.
Coincido con S. S. y también con la señoría que ha continuado en el uso de la palabra, en que el Fiscal de San Sebastián es un magnífico profesional, muy preocupado por todos los temas que afectan a la labor que debe realizar el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, muy preocupado por cualquier investigación que pudiera ser constitutiva de delito.
Tiene la sospecha S. S. de que estos temas no han concluido. En consecuencia, yo aprovecho para decir (y voy a contestar también, porque se pueden solapar mis contestaciones, a las preguntas que me ha dirigido el señor Albistur Marín, aunque luego me referiré a ellas con más detenimiento) que las diligencias informativas son como un embrión de lo que se va a investigar en sede judicial. No hay que olvidar que tenemos en el Ministerio Fiscal la posibilidad de una investigación prejudicial, preprocesal, pero cuando hay que tomar determinadas medidas, que implican restricción de derechos fundamentales, como pudiera ser una intervención telefónica, ello exige la intervención de una autoridad judicial. Se practican estas diligencias de investigación, como consecuencia, como he explicado antes, de unas entrevistas que tiene el Fiscal Jefe de San Sebastián con unas personas implicadas en hechos también de tráfico de drogas, donde se menciona a unas posibles redes de narcotraficantes o contrabandistas en las que podían estar implicados miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como consecuencia de ello, el Fiscal de San Sebastián --y creo que es muy correcto--, preocupado por estas informaciones, se las transmite al Fiscal General del Estado. Esa transmisión la hace personalmente y realiza este informe interno, al cual me he referido antes, entregándole el original del informe, comunicándole cuáles son las diligencias que se están practicando y cuáles son las posibles vías de investigación que se pueden seguir. Ahí se apunta, como posible vía de investigación, que se amplíe esta investigación y que se traduzca también la posibilidad de solicitar unas intervenciones telefónicas y de investigar sobre determinados patrimonios de personas que aparecían relacionadas en las diligencias informativas. Como consecuencia de esto (así se manifestó por el Fiscal General del Estado, hace unos años, en una intervención que tuvo también preguntas muy parecidas a las que me han hecho en el día de hoy) se realizaron una serie de investigaciones por grupos especiales de la Guardia Civil y, posteriormente, transcurridos una serie de meses, en eso todos coincidimos, pero no por iniciativa sólo y exclusiva de ese grupo de investigación, sino que se pusieron en contacto, por los datos que yo tengo, con el Fiscal de San Sebastián, ello determinó que, a su vez, la investigación se orientara a la solicitud de una serie de intervenciones telefónicas. Eso determinó la incoación de estas diligencias previas, ya en sede judicial, 491/91, donde insisto --y en eso mi discrepancia con S.
S.-- que hay dos informes. No solamente el informe que llama contrainforme sino que lo que S. S. llama contrainforme es un informe que se había practicado, donde se refería al valor que pudieran tener estas diligencias informativas, las personas que había depuesto en él y determinados patrimonios de ciertas personas. Junto a ello existe también un informe posterior de abril, es decir, de pocos meses después, donde se vienen a incorporar precisamente los datos o los elementos esenciales de las diligencias informativas que está incorporando. En el Juzgado de Instrucción se desarrollan una serie de diligencias de investigación, fundamentalmente a través de intervenciones telefónicas, referidas a estos hechos.
Discúlpeme señor Albistur que no le haga un apartado a usted, pero aprovecho para contestar a temas en los cuales han coincidido.
Las diligencias informativas se inician por personas que quieren preservar su anonimato, hasta el extremo de que, cuando se recogen sus declaraciones, no se pone el nombre, sino que se pone una letra, una inicial para preservar ese anonimato. Como consecuencia de esto --y es importante recogerlo-- las personas que hacen estas implicaciones de posible intervención de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo hacen cuando se encuentran presas. Concretamente, la que se inicia con estas diligencias informativas es una persona privada de libertad por haber sido detenida como consecuencia de una operación de tráfico de estupefacientes de cierta importancia. Quiero recordar que eran unos 10 kilos de hachís. Pues bien, lo datos que aporta son que los conoce por haberlos

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oído en el centro penitenciario; es decir que, por haberlos oído en el centro penitenciario en el cual estaba ingresado, quiero recordar, hace unos diez meses, aporta estos datos que pudieran implicar a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto es lo que también se recoge en el informe, que es distinto de estas diligencias informativas, que se elabora por el Fiscal Jefe de San Sebastián, que hace entrega al Fiscal General del Estado.
Voy a ir contestando más específicamente a las preguntas que me ha hecho el señor Albistur Marín.
En primer lugar, S. S. me da las gracias por haber comparecido y haberlo hecho relativamente pronto. Como he dicho antes, lo hago cuando he sido invitado y, además, lo hago encantado.
Dice que sigo el guión que ya conocíamos, es decir, que es el guión que se hace por la Fiscalía del Tribunal Supremo y parece ser que el guión que se ha hecho por fiscales que me han precedido en intervenciones parlamentarias. Yo lo único que digo es que sigo el guión que tengo. No tengo otro guión. ¿Por qué el Fiscal del Tribunal Supremo también coincide con mi guión? Porque ha examinado las diligencias informativas y las diligencias previas 491/91 que están unidas en el informe que se ha hecho por el Fiscal del Tribunal Supremo y ha podido comprobar esa coincidencia en lo que ha sido objeto de investigación en esas diligencias informativas y previas en sede judicial. Razones por las cuales no se han tomado iniciativas. Hay, como hemos comentado, una investigación en la Fiscalía de San Sebastián. Después de esta investigación de la Fiscalía de San Sebastián se dice por el Fiscal Jefe cuáles podían ser las líneas de actuación y en ellas se recoge esa intervención de grupos de la Guardia Civil distintos, indudablemente, a aquellos que pudieran estar implicados, con vistas a solicitar unas intervenciones telefónicas o una serie de medidas de investigación de los datos que se tenían.
Se dijo por el Fiscal General del Estado en una comparecencia anterior que se habían practicado diligencias de investigación por estos grupos de la Guardia Civil. Yo eso no lo puedo poner en duda. Me imagino que así se ha hecho. Y transcurren meses hasta que se ponen a disposición del Fiscal de San Sebastián un grupo de especialistas de la Guardia Civil para investigar estos hechos. Es decir que no es que acudan directamente al Juzgado, sino que se ponen en contacto con el Fiscal de San Sebastián y entonces, como consecuencia de esta entrevista, se acuerda que la investigación que pueda ser más útil es proceder a una serie de intervenciones de teléfonos de personas que aparecían en esas diligencias informativas en el informe que elevó al Fiscal General del Estado. Una vez que se inician unas diligencias --y me lo ha recordado S. S.-- en un juzgado de instrucción, el Ministerio Fiscal no puede llevar una investigación paralela; es decir, que tiene que cesar en esa investigación y entonce es en sede judicial donde se lleva a cabo. De manera que es el Magistrado Juez Instructor el que, a la vista de los datos incorporados --que, insisto, está casi literalmente recogido lo que estaba en esas diligencias informativas y sobre todo lo que estaba en el informe elevado por el Fiscal de San Sebastián--, acuerda las medidas que estima pertinentes y se hace una investigación o una instrucción en sede judicial. Cuando se inicia esa investigación en sede judicial, la Fiscalía de San Sebastián cesa en su investigación. Tiene que considerarse como archivada esa investigación porque se está llevando a cabo donde corresponde, sobre todo cuando lo que se solicita son medidas como las intervenciones telefónicas que únicamente puede acordarlas una autoridad judicial.
Se pregunta S. S. por qué razón no se incorporaron estas diligencias informativas al Juzgado de Instrucción una vez que se incoaron las mismas. Como he comentado antes, estas diligencias informativas son declaraciones de unas personas (es el embrión de una investigación futura) que quieren preservar su anonimato, me imagino, por temor a su integridad física. No sé si viene al caso comentarlo, pero ese temor creo que no era descabellado porque dos de las personas que aparecían mencionadas en las diligencias informativas fueron asesinadas posteriormente por la banda terrorista ETA. Lo cierto es que quieren preservar el anonimato y me imagino que ésa es la razón, sobre todo cuando se incorpora al Juzgado de Instrucción, como he dicho antes, un informe en el que se recoge lo sustancial de estas diligencias informativas.
Hace mención S. S. al señor Rodríguez Galindo. El señor Rodríguez Galindo aparece mencionado en las diligencias informativas, aparece mencionado en el informe que eleva el Fiscal Jefe de San Sebastián al Fiscal General del Estado --que le entrega en mano el original-- y también aparece mencionado en las diligencias previas 491/91 que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián. Pero es más. La mención que se hace del señor Rodríguez Galindo en las diligencias previas, en este informe que incorpora la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil y que lleva fecha de abril de 1991, es literal de lo que hay en el informe del Fiscal Jefe de San Sebastián y literal de lo que aparecía en las diligencias informativas que se tramitaron en la Fiscalía de San Sebastián. Pues bien, tanto en uno como en otro, y con el deseo por parte de este Fiscal General del Estado de facilitar la máxima información y no dejar nada que pueda considerarse como ocultamiento o falta de transparencia, diré a S. S. que en el informe que eleva el Fiscal Jefe de San Sebastián se dice que el teniente coronel Rodríguez Galindo aparece directamente conectado con el grupo que forman Santamaría, Carballo y Ezcurdia, con los que al parecer periódicamente ha tenido reuniones en un chalet propiedad de Ezcurdia situado en algún punto de La Rioja. Posee, al parecer, importantes bienes inmobiliarios distribuidos por diversos puntos de la geografía nacional y registrados a nombre de sus hijos. Como dato interesante se recalca que a pesar de haber residido en los últimos nueve años en Guipúzcoa no figuran datos suyos como contribuyente y la investigación habría de hacerse con sumo cuidado siendo un elemento destacado en la lucha antiterrorista. Esto es lo que se dice literal y exclusivamente en el informe que eleva el Fiscal Jefe de San Sebastián al Fiscal General del Estado; y esto lo saca literalmente de la declaración de una persona, ingresada en prisión por haber sido sorprendida en una operación de tráfico, que acude al Ministerio Fiscal y a ciertos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

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para solicitar ayuda en su situación penitenciaria y, sobre todo, para que se dejase sin efecto el precinto de un barco que había utilizado en una operación de contrabando o de tráfico de sustancias estupefacientes.
Esto, que literalmente se recoge de lo que manifiesta esta persona, lo dice antes de hacer esta manifestación en los siguientes términos: «Sobre noticias oídas en la cárcel manifiesta que...» Es decir, que todos los datos que tenemos que pudieran implicar al señor Rodríguez Galindo son una información que aporta una persona implicada en un hecho delictivo, relacionado precisamente con estos temas, y que sobre noticias oídas en la cárcel manifiesta... Eso es lo que manifiesta literalmente; ha sido recogido literalmente por el Fiscal Jefe de San Sebastián, y está recogido literalmente en las diligencias 491/91. Todo lo que hay es lo que he mencionado. Hay otras preguntas que hace a otras personas implicadas. Sobre la posible relación de este jefe de la Guardia Civil dice que no saben nada y en otras manifestaciones que lo desconocen. Con esto se lleva a cabo después una investigación. Se intervienen no uno sino muchísimos teléfonos en las diligencias previas en sede judicial y son las que concluyen --se dice que no se han concluido pero sí se concluyen-- con un auto de sobreseimiento tras practicar una serie de investigaciones y de haber recibido algunas declaraciones y operando fundamentalmente con intervenciones telefónicas, como digo, concluyen con un auto de sobreseimiento, en el año 1993, en los términos a los que hice alusión en mi primera intervención.
Me pregunta S. S. por qué razón si aparece este fax de la copia del informe elevado por el Fiscal Jefe de San Sebastián al Fiscal General del Estado no se ha puesto inmediatamente a disposición de los Juzgados, si esas diligencias informativas que habían solicitado los juzgados estaban en la Fiscalía General del Estado. Como he hecho hincapié antes, esas diligencias no han estado nunca en la Fiscalía General del Estado hasta el mes de abril de este año, en que he suscitado su incorporación al Fiscal Jefe de San Sebastián, como he suscitado también un testimonio de las diligencias previas 491/91.
Leí en los medios de comunicación (que tienen la ventaja de que también proporcionan datos o elementos al Ministerio Fiscal) que por fiscales generales anteriores se había manifestado que ese informe no había desaparecido y que tenía que estar en la Fiscalía. Buscamos en todos los expedientes que podía haber en la Secretaría porque no había nada específico relativo a estas diligencias informativas 1/89 y apareció un fax, del que también han preguntado SS. SS. por su fecha. No lo he traído pero creo recordar que apareció varios meses después. Inmediatamente después de la aparición de ese fax se libró oficio al juzgado que había interesado la remisión de las informativas, que insisto en que no han tenido nunca entrada en la Fiscalía General del Estado, haciéndole ver a ese juzgado que había aparecido este fax, que se trataba de un informe interno, como he dicho desde el primer momento, y que lo comunicaba a los efectos oportunos. Así se hizo y se puso en conocimiento del juzgado que lo había interesado.
Pregunta S. S. qué interés podemos tener en la desaparición de las diligencias informativas 1/89. Tengo que insistir, una vez más, en que las diligencias informativas 1/89 nunca han desaparecido, han estado donde tenían que estar --es decir, en la Fiscalía de San Sebastián-- y de lo que se hizo entrega al Fiscal General del Estado fue de ese informe interno, como resumen, a los únicos efectos de que el Fiscal General del Estado tuviera conocimiento de lo que se había investigado y de lo que se podía hacer en esas diligencias informativas 1/89.
Pregunta S. S. que si es cierto que el Fiscal General del Estado tiene no solamente las diligencias informativas, de las cuales tengo copia, sino también el informe elevado por el Fiscal Jefe de San Sebastián y las diligencias previas 491, por qué no se investiga; es decir, que se termine con esa investigación. Como he dicho antes, ha habido una investigación judicial. Esa investigación se hace donde legalmente se puede hacer. Es decir, una vez que está en sede judicial, es un juez instructor el que lleva la dirección de esa investigación. Yo no voy a valorar aquí --sería una osadía por mi parte-- cómo se hizo o dejó de hacer esa investigación. Lo que sí es cierto es que se ha hecho y que culmina con un auto de sobreseimiento. Ello no es óbice para que si se aportan nuevos elementos que exijan la reapertura de esas diligencias que están sobreseídas desde hace año y pico así se procediera. Aquí no se trata de ocultar absolutamente nada, sino, por el contrario, se pretende, con la máxima transparencia, investigar, eso sí, siempre que existan elementos fundamentados que justifiquen esa reapertura, que justifiquen esa investigación.
No sé si me he dejado en el tintero --discúlpenme SS. SS. si es así-- alguna de las preguntas que me han formulado. Mi deseo es dar la máxima transparencia y la máxima información dentro de las posibilidades y de los datos que tengo.


El señor PRESIDENTE: Abrimos un segundo turno que en el caso del Grupo Vasco (PNV) y Grupo Mixto será de réplica; por tanto, más breve que la primera intervención.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Agradezco al señor Fiscal General del Estado su ánimo de transparencia y de colaboración con esta Comisión, aunque voy a seguir discrepando de aquellos datos que me parecen los más relevantes. Lamento que en relación a los aspectos nucleares, y sin perdernos en estos vericuetos burocráticos institucionales, no exista por parte de la Fiscalía General del Estado la actitud que nos parecería correcta. Voy a intentar centrar cuáles son, desde nuestra perspectiva, los datos nucleares.
Primero, hágase una cronología de hechos y analícense. En mayo de 1989 se entregan estas diligencias previas 1/89. Hágase el esquema cronológico de lo que pasa desde esa fecha hasta la actualidad, cuando se han cumplido seis años. Si a eso se le llama celo, si a eso se le llama transparencia, si a eso se le llama de alguna forma querer investigar, señor Fiscal General del Estado, me pasa como cuando estás los sábados intentando preparar algo especial en la cocina en casa y te enfrentas con una cebolla: cuantas

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más capas de esa cebolla quitas, más ganas de llorar tienes. Yo le reconozco, como parlamentario, como persona que se considera demócrata, que a uno le dan ganas de llorar, que cuantas más capas de cebolla quitas más ganas de llorar te entran, en ese convencimiento de que en este país existen dos leyes: una ley para los cuerpos de seguridad del Estado y una ley para el común de los ciudadanos. Esa es la constatación a que uno llega. Si a partir de los datos cronológicos el Fiscal General del Estado no es capaz, en el Congreso de los Diputados, de hacer otra reflexión, le aseguro, señor Fiscal General del Estado, que a uno le dan ganas de borrarse. Un aspecto nuclear: hágase la cronología.
Segundo aspecto. Le puedo asegurar que lo nuclear del contenido de las diligencias informativas 1/89 --porque nos podemos perder por las ramas--, que se resumían en el título --uno aprende en literatura la importancia de los títulos en las novelas-- «Sobre una organización de narcotraficantes que opera en el País Vasco y a la que estarían dando cobertura miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado» --que es el título nuclear--, no está recogido en las diligencias 491/91. Le destaco un dato nada más. El Fiscal General del Estado, cuando comparece en esta Comisión en abril de 1991, ni siquiera hace referencia a estas diligencias 491/91, ni como existentes ya ni como previsión de cauces de investigación que va a abrir. Usted ha dicho que estas diligencias 491/91 lo recogen casi literalmente. Ha dicho usted «casi». Mi pregunta es: ese adverbio de reducción ¿a qué hace referencia? ¿Qué sesgo se produce de las diligencias informativas 1/89, que usted cita, intentando ser coherente con lo que nos ha manifestado, en las número 491/91? ¿Cuáles son las razones de ese sesgo para poder focalizar ese adverbio de reducción que indica usted con el «casi»? Tengo aquí dos documentos: uno, de 23 de noviembre de 1990, en que un juez desmiente al Fiscal General. He procurado no citar ningún nombre propio en mi intervención ante la gravedad de los hechos que nos ocupan.
Tampoco lo voy a hacer en este caso, pero el titular del Juzgado de San Sebastián, al que la Fiscalía del Estado, en la nota a que hemos hecho referencia tanto usted como yo, había atribuido la investigación sobre esta red de narcotraficantes, afirma que eso no es cierto. Lo hace el 23 de noviembre de 1990. Por testimonios directos que tiene este Diputado de la Audiencia Provincial de San Sebastián le puedo reiterar que según el Juez --no voy a citar nombres, tengo testimonios directos-- lo que usted ha afirmado aquí no es exacto, no es riguroso. Quizá ese adverbio «casi» es el que encierra el secreto de este caso maldito que parece el monstruo del lago Ness: todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto ni sabe dónde anda. Quizá el fantasma se encierra bajo esta sábana del «casi».
Tengo también aquí un auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya. El señor Albistur le ha sacado aquí todos los documentos. No vamos a abusar de la paciencia del señor Presidente, que no es muy propicio a ello; intentamos ser correctos con los dictados de la Presidencia y ceñirnos en forma a lo que él nos dice. Por citarle uno, la Audiencia Provincial de Vizcaya, ante una solicitud que se le hace expresamente de indicar si están recogidas en estas diligencias previas 491 las número 1/89 --es un auto firmado el 4 de mayo de 1995, es decir, anteayer, que pongo a su disposición--, indica exactamente que no están recogidas. El juez titular del juzgado de San Sebastián en noviembre de 1990 y el actual de este Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián no son la misma persona.
Tengo recogido en prensa el testimonio directo del titular anterior y del titular actual. De toda esta maraña judicial que se ha tejido en relación a estas diligencias informativas 1/89 le puedo asegurar que tenemos documentos diversos. Le cito uno porque expresamente en el último párrafo señala que no están recogidos de esa manera. Si no, nos tendrá que describir exactamente cuál es el expediente 1/89 de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián. Quizá estemos hablando de cosas distintas. No los tendrá que describir en contenidos, en extensión, en referentes. Pero hay una pregunta ciertamente nuclear también: si casi se incluyen y casi literalmente se recogen en estas diligencias 491/91, ¿cómo es posible, dado que usted ha afirmado que las diligencias informativas 1/89 están en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de San Sebastián todos estos años, que ni el fiscal ni el juez titular recojan toda esa documentación? ¿Por qué se produce ese sesgo? Por otro lado, ¿cómo es posible que unas diligencias informativas, las 1/89, que están en la Audiencia Provincial de San Sebastián depositadas, tal y como usted ha indicado, y están abiertas, con medios técnicos, con medios humanos puestos a disposición a partir de 1991, estén en manos del Ministerio del Interior? ¿Cómo es posible que esté en manos de la Dirección de la Guardia Civil? Porque no solamente las tienen los servicios secretos de un país. No, no; es que hacen contrainformes basándose en una documentación que obra secreta y vigiladamente, bajo muchas llaves, dicen, y con un hostiario particular, en la Fiscalía General del Estado.
¿Cómo es posible, señor Fiscal General del Estado, que en un Estado de derecho sea posible esta situación? Por ello hablo yo de complicidad institucional y por ello me reafirmo en estas posturas.
Ha hablado usted de temor por la integridad física. Es evidente que hay dos personas asesinadas. Usted ha puesto también el ablativo agente. Yo pondría interrogantes, a no ser que usted tenga datos desde la investigación judicial para indicar cuáles son los agentes de esos asesinatos. Yo le puedo decir que tengo serias dudas, tengo serias dudas de muchas cosas y estamos hablando de cosas serias. En la calle «31 de agosto» de San Sebastián han sido asesinadas tres personas. También Gregorio Ordóñez. Yo le puedo dar un testimonio. El día en que asesinaron a Gregorio Ordóñez estuve yo con él, por la mañana, en un debate en la COPE en San Sebastián. Cuando terminamos el debate --en el que no estábamos de acuerdo en nada, por supuesto-- fuimos paseando desde el barrio de Gross, donde está la COPE de San Sebastián, él al Ayuntamiento donostiarra y yo a la sede del Partido Nacionalista Vasco. En el viaje fue sólo hablando él, todo el rato, de este tema. ¿Sabe lo que me dijo? «He llegado a algo muy gordo en este tema, muy gordo; se me han caído todos los esquemas.» Es mi testimonio contra el de los demás, pero es de una persona que esa misma tarde fue asesinada; esa misma

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tarde fue asesinada, señor Fiscal General del Estado. Es el testimonio personal de la última conversación, el mismo día que asesinaron a Gregorio Ordóñez en San Sebastián.
Estamos hablando de temas muy serios. El señor Albistur y yo somos Diputados por Guipúzcoa. Es muy fácil ponerse lazos azules en Madrid. Hay que estar allí y ver la gravedad de todos estos temas. Ayer, en el Pleno del Congreso, un Diputado del Grupo Popular interpelaba al Ministro de Justicia e Interior sobre un indulto en relación a torturas que se habían producido en el cuartel de Intxaurrondo. Se nos dice a veces que hay que probar las cosas. Ahí tiene un dato concreto. Del contenido de su intervención está bien claro que algunos agentes de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo han sido condenados en esas mismas diligencias 491/91. Usted lo ha afirmado, no lo digo yo. Consta en los propios textos.
Temor a la integridad física, complicidad institucional. Son temas muy graves, señor Fiscal General del Estado. Esperamos, como demócratas, que estas tramas en las que se mezcla terrorismo con droga, con torturas, con lucha antiterrorista, por el bien de todos se vayan esclareciendo rápidamente. El señor Albistur le ha solicitado una comparecencia abierta. Yo creo que es muy razonable. Por el bien de todos este tema no puede quedar en la duda permanente. Usted ha citado un casi: «están recogidas casi literalmente». Lo que habría de ver es por qué se produce ese sesgo y dónde se produce.
De la lectura de ese resumen que se lleva a la Fiscalía General del Estado, como conclusión final se dice: Existe corrupción policial. No dice presunta. Dice que existe. El Fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián afirma como conclusión final de esos ocho folios --porque a veces por los medios de comunicación da la impresión de que estamos hablando yo no sé de qué-- en esos ocho folios conocidos como informe Navajas se afirma, como conclusión final, que existe corrupción policial y civil para el tráfico de drogas y contrabando de tabaco, en las que estarían presuntamente... Afirma la corrupción. La presunción la limita al mundo de las personas. Convendrá conmigo, señor Fiscal General del Estado, en que hemos sido muy prudentes en eliminar los nombres propios en esta comparecencia, pero el tema está en la afirmación que hace el Fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián de que existe corrupción policial y civil para el tráfico de drogas --insisto en lo de policial y civil-- y contrabando de tabaco, en las que estarían presuntamente implicadas importantes personas de la vida pública vasca, nacional y relevantes cargos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Habla de importantes personas de la vida pública vasca, nacional y relevantes cargos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.
No estamos hablando, evidentemente, sólo del actual coronel Rodríguez Galindo. ¿Ese es el sesgo, señor Fiscal General del Estado?

El señor PRESIDENTE: Señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Fiscal General del Estado, al menos por el talante que ha demostrado con su disposición a dar transparencia.
Entiendo que su papel --y además intento ponerme en su posición-- no es agradable, sobre todo porque ésta es una historia de seis años durante los que han pasado cuatro fiscales generales, que la Fiscalía General del Estado ha sido muy controvertida desde sus implicaciones propiamente políticas, a veces partidistas, y que además éste es un tema que está relacionado con algo que todos debemos cuidar, que es la lucha antiterrorista. Realmente es un tema grave, las cosas no están claras y lo que intentamos es aclarar.
En su contestación no me ha respondido a todas las preguntas. Había preguntas importantes y graves --ya le diré cuáles son las que me parecen importantes-- a las que no me ha respondido. Pero usted insiste en volver a relacionar las diligencias previas 491/91 con las diligencias informativas 1/89. Tenemos cuatro testimonios por lo menos, cuatro testimonios documentales como el que acaba de leer el señor González de Txabarri, pertenecientes a juzgados correspondiente, que dicen que no existe relación alguna y que no están incluidas en las diligencias previas las diligencias informativas 1/89. No voy a aburrir. Son cuatro documentos, por lo menos, que están a disposición de quien quiera para su conocimiento.
Me alegra que haya dicho que el Fiscal del Supremo coincide con usted. Yo creo que ésta es la tesis oficial que se está empezando a crear y a consolidar. Me va a permitir que como consecuencia de ello entre a hacer un juicio, por supuesto de valor --yo no soy jurista pero voy a hacer un juicio de valor-- en relación al informe del Fiscal del Supremo, ya que me ha dado usted pie para ello diciendo que de alguna forma, al marcar el guión, coincide con usted el Fiscal del Supremo. Del informe del Fiscal del Supremo yo deduzco que el Fiscal General del Estado tiene ahora, como he dicho anteriormente, las diligencias 1/89 --diligencias que no he dicho que desaparecieran, sino que no estaban en la Fiscalía y estaban en San Sebastián--, tiene el informe reservado, tiene las diligencias 491/91, y que debe tomar alguna decisión o iniciar algún tipo de procedimiento o archivarlo todo, pero tiene que hacer algo. Se reconoce implícitamente, a partir de este informe, que ha habido ocultamiento, que se ha tapado la situación y que durante un número grande de años no se ha actuado. Es un informe exculpatorio y que va sólo al problema de forma, no al problema de fondo de la querella, sino al problema de forma. Es decir, a tratar de montar cómo han ido entrando en la Fiscalía los documentos y cómo el propio Fiscal del Supremo se ha ido encontrando los diferentes documentos que prueban de alguna forma o deberían probar el ocultamiento; a montar cómo han ido entrando o desapareciendo, cómo se han ido pidiendo, etcétera, hasta decirnos al final que a partir del 19 de abril de este año están allí, están ya definitivamente. ¿Pero en seis años sólo ha pasado eso? Yo sigo preguntando y usted no me ha contestado a esta pregunta.
¿Por qué desapareció el original y hubo que volver a mandar un fax? ¿Por qué? Es una pregunta que a mí me parece muy importante y le voy a decir por qué. Usted ha dicho anteriormente que no tienen por qué registrarse todos los documentos. Si entran documentos en la Fiscalía y no se anotan o se registran, ¿cómo se localizan posteriormente?

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Usted nos ha dado un ejemplo gráfico de que verdaderamente han tenido que levantar hasta las alfombras, los muebles y todo para encontrar por fin el fax ese. No ha ha dicho lo de levantar las alfombras pero yo se lo aporto. Si se admite la práctica de no anotar ni registrar la entrada y depósito de documentos en la Fiscalía General, ¿no supone dicha práctica, primero, una vulneración de la legalidad o reglamento, que usted ha citado, y además la imposibilidad, dado el movimiento de la Fiscalía --cuatro en estos seis años-- y el cambio de titulares, de localizar posteriormente la documentación en cuestión? ¿No cree, señor Fiscal General del Estado, que tener en la Fiscalía General una documentación sin que se anote su entrada o existencia en los libros y registros preceptivos equivale a ocultarla, entre comillas, dadas las circunstancias referidas de cambio de titulares en los cargos, trasiego abundante de documentación, etcétera? Esta es la pregunta que le hago a usted y le hago también al Fiscal del Supremo.
Creo --y termino respecto del Fiscal del Supremo-- que se deduce responsabilidad por omisión pero, además, parece que ha habido un intento manifiesto de ignorar. ¿Por qué no se ha actuado? Usted nos vuelve a contar lo que yo antes le he dicho que era la trama: el informe del Fiscal, la actuación del Fiscal General del Estado y la Guardia Civil con el Fiscal Jefe de San Sebastián, finalmente todo se introduce en las diligencias 491/91 y ahí se termina todo. Yo sigo insistiendo en que no.
Que las diligencias 491/91 se inician con la entrada de un documento en el juzgado de guardia de San Sebastián del propio servicio de información interno de la Guardia Civil, en el que se pide, entre otras cosas, empezar a pinchar algunos teléfonos determinados; no se dice pinchar directamente, sino externamente, para que no se pueda inducir a la sospecha de que están siendo investigados determinados señores. El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián declara que ese documento que ha entrado en el juzgado de guardia no es suficientemente serio o riguroso como para empezar unas diligencias y pide un informe; informe que hace la Guardia Civil y en el que se determina lo que se ha de investigar. Es el famoso contrainforme Arca de Noé. En ese informe de la Guardia Civil se determina lo que hay que investigar, que es --insisto-- el 20 por ciento del informe del Fiscal Jefe de San Sebastián. Palabras no inventadas por nosotros sino dichas por personas de gran responsabilidad implicadas en las diligencias previas 491/91. Ese informe de la Guardia Civil dice lo que hay que investigar, el patrimonio de determinadas personas, y dice a las personas que hay que investigar y a las que no hay que investigar. Después de todo esto la investigación termina de un modo absolutamente zarzuelero --luego me referiré a ello--, de zarzuela cómica, no de las zarzuelas que se pueden acercar a la ópera.
Se lo diré después.
Usted hace referencia al tema de la confidencialidad. Yo creo que es un tema muy serio --también lo ha dicho el señor González de Txabarri--, pero a partir de esta situación se han empezado a producir secuelas que creemos que son muy graves. De repente aparece implicado el comando electrónico y se afirma --y esto conecta con el caso Lasa y Zabala-- que allí se recogieron unas pistolas determinadas. Al comando electrónico no se le encontró más que un rifle de repetición de caza. Nada más. Nunca unas pistolas. ¿Y esas que aparecen ahí? El comando electrónico tuvo un montaje espectacular en su detención y quince días más tarde, cuando se detiene en el «Pico del Loro» de San Sebastián --hoy día «Peine de los Vientos»-- a un comando de ETA militar completo, no se dice nada, no hay rueda de prensa y todo queda callado. ¿Qué pasa allí? Porque después aparecen, en las muertes de las personas vinculadas a estas diligencias, precisamente las pistolas del famoso comando electrónico. Hay investigaciones que por derivación no pueden quedar cerradas.
Usted nos dice que Rodríguez Galindo solamente aparece implicado por comentarios de cárcel. Por favor, esto es como leer el credo hasta un determinado momento. Lea usted todas las diligencias. A Rodríguez Galindo se le implica por un señor determinado como socio de uno de los que usted ha citado y no por comentarios de cárcel, sino como socio. No voy a insistir más en ello porque creo que no debemos insistir.
Como le he dicho antes no me ha respondido al tema del fax. ¿Por qué desapareció el original? Creo que usted tiene el mérito de haber descubierto ese informe reservado y hoy podemos decir que existe y que gracias a usted está en la Fiscalía como un documento importante.
Usted nos ha afirmado que se terminó con una investigación y que se produjo un sobreseimiento. Yo sigo diciendo que ésta es una afirmación muy grave. Y aquí viene el aspecto zarzuelero. Los únicos guardias expulsados finalmente del Cuerpo, con los que termina esta investigación, lo son por haberles encontrado la guardia municipal de Irún robando en una tienda de Irún; no por lo que se pueda derivar solamente de las diligencias previas 491/91. Yo sigo insistiendo en lo de la comparecencia abierta. Y le voy a contar una anécdota porque me parece importante, sobre todo en relación con el papel que, a mi modo de entender, debe cumplir la...


El señor PRESIDENTE: Lamento interrumpirle pero debe terminar, señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor Presidente, para dejar buen sabor de boca y un cierto humor en este tema, porque creo que hay que seguir abordándolo con humor, con valentía y con generosidad, y así nos lo agradecerá toda la democracia.
Un señor militar, importantísimo, lleno de medallas, siendo yo alcalde de San Sebastián, me dijo un día que en el Gobierno militar de San Sebastián la bandera española nunca dejaría de ondear, nunca dejaría de ondear en el puerto de San Sebastián. El Gobierno militar se ha vendido a cambio de 86 chalés, habiendo recalificado una zona rural como zona urbana, hoy promocionable. Es decir, que la bandera se ha cambiado por 86 chalés.
(Rumores.) Lamento que a algunos no les guste este asunto, pero ahí están los 86 chalés que, además, los ha dado un alcalde socialista. Yo no los pude hacer, gracias a Dios. Lamento este hecho, pero este tipo de actitudes, cuando estamos defendiendo no sabemos qué --vuelvo a poner la anécdota del

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río y del mar--, al final sacan los cadáveres y se ponen de manifiesto ante la sociedad.
Yo creo, señor Fiscal, que usted ha demostrado en esta comparecencia un talante distinto. Sigo manteniendo la comparecencia abierta y espero que precisamente usted nos lleve a la solución de este tema y dignifique la Fiscalía General del Estado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, permítame hacer una consideración previa. Ni mi Grupo Parlamentario ni yo compartimos lo que usted llama sentido del humor, señor Albistur. Será humor negro. Hacer determinado tipo de afirmaciones delante del Fiscal General del Estado y en una Comisión del Congreso implica probarlas o denunciarlas y, si no, retirarlas de inmediato.
Señor Fiscal General del Estado, su comparecencia de hoy es una comparecencia singular en un doble sentido. Singular porque mi Grupo Parlamentario deseaba, desde hace meses, que se produjera alguna comparecencia de quien ostenta la Fiscalía General del Estado para analizar los muchos y variados problemas que tiene que afrontar el órgano que dirige. Singular porque al fin comparece no precisamente por las cuatro solicitudes de mi Grupo Parlamentario --ya sé que el señor Fiscal es ajeno a la negativa del Grupo de la mayoría a su comparecencia--, sino para desarrollar hoy ante esta Comisión una comparecencia que, en primer lugar, combina al tiempo el examen general de las obligaciones registrales, de archivo y documentación de la Fiscalía y de las fiscalías que dependen de la Fiscalía General y, en segundo lugar --aunque de una manera mistificada--, para dar cuenta de la actuación de la Fiscalía General no sólo ni principalmente en el tiempo de su gestión, sino de lo que la Fiscalía General, que usted ostenta ahora, desarrolló cuando usted no era Fiscal. Además de esa singularidad, que se produce naturalmente por sucesión en el ejercicio de las funciones públicas, nos encontramos con que en el caso concreto ha habido, en alguno de los aspectos que aquí se han tratado, un auto de archivo de un órgano jurisdiccional y en otros aspectos se está tramitando --si no me equivoco-- una querella ante el Tribunal Supremo. Por tanto, es muy difícil moverse en lo que son los parámetros habituales de control de la función del Fiscal General, en cuanto colaborador principal de la política criminal del Gobierno y de intercambio de información con la Comisión de Justicia; es muy difícil.
Yo quisiera, señorías, no dejar pasar el primer aspecto, el que con carácter general nos convoca, porque la existencia de registros y archivos en la Fiscalía General y en las fiscalías dependientes del Fiscal General, en los organismos públicos de toda índole, efectivamente, no es sólo una obligación burocrática. No se trata sólo ni principalmente, aunque quizá sí prioritariamente en el día a día, de llevar un orden en el trabajo de los órganos del Estado. Se trata fundamentalmente, como saben los comisionados de Justicia e Interior del Congreso, y desde luego el señor Fiscal, de garantizar la seguridad jurídica, de garantizar la legalidad del funcionamiento de los órganos del Estado para poder así reconstruir la historia del funcionamiento de esos órganos del Estado.
El señor Fiscal General, en su análisis de esa obligación atinente a la Fiscalía, ha dicho que existen, según el Reglamento de 1969, 16 libros reglamentados, uno de carácter general y otros 15 más, supongo. Yo tendría interés en conocer, al hilo de esta comparecencia, si existe un registro general de visitas, si nos puede confirmar, por ejemplo, que el señor Amedo visitó a su antecesor en el cargo y si algún otro delincuente condenado ha visitado a los fiscales generales para interesarse por su indulto, acompañado de relevantes ex-cargos de la Administración. También me gustaría saber si en ese archivo o libros de registro existe constancia de los telegramas que, de manera certificada, han aparecido en los medios de comunicación dirigidos a su antecesor, Eligio Hernández, por Amedo. Porque, ¿qué ocurre? Que son pruebas palmarias de que la llevanza de registros y de archivos, en efecto, permite reconstruir la verdad ante los tribunales de justicia y debiera permitir que la jurisdicción se ejerciera en toda su plenitud como, por lo demás, es el primer cometido a garantizar por el Ministerio Fiscal, de acuerdo con su Estatuto.
Yo tengo la impresión, señor Fiscal General, de que existe una mala organización de esos registros y archivos. Quiero y prefiero pensar que existe una mala organización a pensar que, como consecuencia de no se sabe qué --como ha señalado, al no tener otra explicación, el señor González de Txabarri--, exista una «complicidad institucional». Porque, naturalmente, si no se tiene constancia de la entrada y salida de documentos tan esenciales como el famoso informe Navajas, o el telegrama de principal condenado por el asunto del GAL, o la visita de este mismo, acompañado del Director General de la Seguridad del Estado, a solicitar su indulto en la Fiscalía General del Estado, que es quien ha de velar por la plenitud jurisdiccional, naturalmente se desata cualquier tipo de especulación que luego no puede llamarse injustificada si no se presenta como contrapartida la justificación real de lo que ha ocurrido.
Resulta que ésta no es la primera de las omisiones y de las quiebras de ese principio de seguridad jurídica que inspira la llevanza de los libros de registro y los correspondientes archivos, porque el Fiscal General del Estado está asistiendo, como todos los demás, aunque debiera concernirle de manera particular, a la destrucción de documentación por parte de responsables del Gobierno cuando comparecen ante tribunales de justicia, y eso es muy grave cuando pueden ser pruebas --no determino en qué sentido-- en juicio criminal. Esas cosas hay que aclararlas, porque, si no, se puede pensar que reserva del informe Navajas, secreto profesional de la Policía, secreto sumarial, secreto legal de los fondos reservados...; al final son todos secretos de Estado, en los que impera la razón de Estado. Yo no deseo, señor Fiscal General, que ésa sea la conclusión que saque ningún comisionado, como estoy seguro que no es el deseo de quien hoy dirige la Fiscalía General del Estado. Por eso le animo, como han hecho los portavoces

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que habían requerido en nombre de su Grupo su presencia, a que clarifique no sólo lo que hoy le ha traído aquí, y a lo que luego me referiré, sino también todas esas situaciones de penumbra en las que se mueve recientemente cierta actuación gubernativa ante los tribunales de justicia, porque su misión principal, señor Fiscal General, es garantizar la eficacia de la jurisdicción, y no se puede permanecer impasible ante la no aportación de documentos, el extravío de documentos, o la negativa a declarar por un presunto secreto profesional. No se puede permanecer impasible. Y menos aún --y con ello entro en la segunda parte de la materia que motiva su comparecencia-- cuando el extravío, pérdida o duda se ha operado en la propia Fiscalía, ya sea en la Fiscalía General, ya sea en la Fiscalía de la Audiencia de San Sebastián.
Al entrar en ese espinoso asunto, se mire por donde se mire, complejo cual laberinto de la más rancia antigüedad, yo querría distinguir, para de alguna manera iluminar el debate ya largo --no en esta Comisión sino, muy especialmente, fuera de ella-- y complejo sobre el llamado informe Navajas, el aspecto de fondo y el aspecto de procedimiento. El aspecto de contenido de lo que se está debatiendo aquí y fuera de aquí, y el aspecto de forma, que es sustancial, tan sustancial que es el único en el que nosotros, como comisionados en el Congreso de los Diputados, podemos y debemos detenernos. Porque algunas veces no sabe uno si lo que se está buscando es un informe o un coronel. Yo ya no sé, después de leer algunas cosas y de escuchar la última intervención, si lo que se tiene interés en encontrar es el informe Navajas o, a través de ese informe, a un coronel responsable de la lucha contraterrorista. Naturalmente, quiero dejar una cosa clara en este aspecto de fondo y de contenido. En efecto, señor González de Txabarri, hay que atenerse a lo probado. Un compañero de mi Grupo Parlamentario formuló ayer al Ministro de Justicia e Interior preguntas de control sobre miembros de la Guardia Civil condenados por torturas, a los que el Gobierno ha decidido indultar; ésos son hechos probados, los que figuran en una sentencia como resolución firme, y el ejercicio de la potestad de gracia como discrecional del Gobierno, una función fiscalizable en el control parlamentario. Pero hay que tener por probados los autos que decretan los archivos y también hay que aceptar las resoluciones definitivas en los procedimientos. Si lo que se está mencionando aquí, en el tema de fondo, insisto, es que ha habido un auto que no ha encontrado responsabilidades criminales en las personas que aquí se han mencionado y en las demás que estuvieran presuntamente implicadas, hay que respetar también esa presunción de verdad. No se pueden hacer --yo sé que el señor González de Txabarri no lo hace--imputaciones maliciosas o infamantes contra quienes están al servicio público luchando contra el terrorismo. No se pueden hacer cuando hay un auto que, por el momento, deja establecida la verdad legal. (El señor Albistur Marín: Eso sí que es maniqueísmo y manipulación.) En segundo lugar, el problema de forma. Coincido, señor Albistur --a pesar de sus comentarios en semialta voz--, con lo que ha dicho S. S. al referirse al tema de forma, porque todos tenemos interés, sin ningún maniqueísmo, señor Albistur, en esclarecer la verdad. Todos, absolutamente todos. No se pueden hacer presunciones de confabulación con nadie en esta Comisión.
Señor Fiscal General, ¿quién perdió el informe? ¿Quién lo destruyó? Eso tiene que quedar claro porque si ya se ha decidido a comparecer ante el Congreso, en un tema que está siendo jurisdiccionalmente investigado por el Tribunal Supremo, de seguro que a estas alturas, y después de haber conseguido una copia, podrá tener un juicio personal formado sobre en qué momento, por qué y por quién se rompió ese informe y por qué desapareció.
En el orden de la fiscalización que a nosotros nos compete tengo que decirle que coincido con que, efectivamente, hubo un retardo en la tramitación de las responsabilidades indiciarias que aparecían en ese informe. Creo que, además de retardo, hubo inactividad de la Fiscalía General del Estado. Además, en la custodia de ese documento hubo negligencia, porque la pérdida con o sin registro, en archivo o no, es una seria negligencia. En razón al principio de seguridad jurídica, en razón al sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que consagra la Constitución, no se puede decir que se ha perdido un informe de esa magnitud, no sólo por quien lo firma y por quien lo recibe, sino por el contenido grave que, al parecer, tenía ese informe y tiene en la fotocopia. Tengo que añadir que también creo que en este asunto, en el problema de forma, ha habido falta de claridad, falta de información. Y hora es de recordar, puesto que los medios de comunicación asisten a las comparecencias en esta Comisión, que la obligación de informar a la opinión pública reside justa y legalmente en el Fiscal General del Estado. Eso es lo que establece formalmente el artículo 4, punto 5, del Estatuto del Ministerio Fiscal: informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario.
Insisto, señor Fiscal General, yo dejo aparte cuál es el contenido jurisdiccional de este asunto, que sólo a los tribunales compete enjuiciar y que nosotros no vamos a hacerlo de forma alguna, ni presuntiva ni de ninguna otra manera; pero es un hecho que todo este retardo, la pérdida maliciosa o negligente, su reconstrucción, etcétera, necesitaban, necesitan y necesitarán una información clara a la opinión pública. Esa es, además, la única vía para que, en efecto, las instituciones, todas las que en este asunto están de una u otra manera envueltas, dejen absolutamente establecida su credibilidad.
En consecuencia, señor Presidente, señorías, yo le animo a ello, señor Granados. Llegue también en eso hasta el final, esclarezca cualquier detalle de la procelosa vida del informe Navajas para que nadie pueda, con base en su desaparición, montar historias de fantasmas.


El señor PRESIDENTE: El señor Mohedano, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.


El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, Presidente.
Quizá sean las únicas y últimas gracias que dé en esta sesión porque en estos usos versallescos que solemos tener

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los parlamentarios al principio de nuestras intervenciones y que luego van difuminándose con usos ya no tan versallescos a lo largo de algunas intervenciones, en realidad lo que estamos solapando es agradecer lo que es una obligación, tanto del compareciente como de quienes piden la comparecencia y de quienes estamos aquí presentes. En definitiva, es una obligación del ministerio público acceder a esta comparecencia y también es una obligación de los grupos parlamentarios el solicitarla. Otra cosa es decir --y ya lo digo en nombre de mi Grupo-- que me parecen bien el contenido y las aclaraciones que ha hecho el Fiscal General del Estado.
Me parece más que bien la actitud y el tono que ha tenido, no de distanciamiento pero sí de una cierta frialdad, en exponer su información sin ningún apasionamiento, sin identificación con ninguna situación, al margen de la que le corresponde en función de las obligaciones que le señala el Estatuto del Ministerio Fiscal.
También me parece bien, señor Presidente, que haya habido grupos parlamentarios --concretamente, dos-- que hayan solicitado esta comparecencia. Otra cosa es que estemos de acuerdo con el contenido de alguna de las afirmaciones, valoraciones o consideraciones que se hayan hecho. Me parece bien porque estamos ante un tema de la máxima importancia en una democracia. Cualquier duda fundamentada y razonable que pueda haber sobre la lealtad de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la función que tienen asignada, que no la transformen en una contraria a la que tienen asignada y el debido funcionamiento, el funcionamiento correcto, transparente y limpio de los mecanismos institucionales para corregir cualquier desviación que pueda haber en este sentido, es algo que nos compete fundamentalmente a los parlamentarios, a los grupos parlamentarios, al Parlamento. Por eso, ninguna insinuación, ninguna duda, ningún interrogante sobre las motivaciones que a los dos grupos parlamentarios les ha llevado a pedir esta comparecencia. De la misma manera que pediría a esos grupos parlamentarios y le pido a usted, señor Presidente, que tampoco se hagan insinuaciones sobre otros temas a los que no voy a contestar, porque lo rechazo. Si lo rechazo y entro en esa misma dialéctica, en esa misma contestación, incurriría en esa pobreza moral e intelectual que rechazo en insinuaciones e incluso en algo más que insinuaciones en afirmaciones.
Como lo rechazo, no voy --y lo digo desde el principio-- a dejarme arrastrar por algunas afirmaciones no voy a decir categóricas, sino anecdóticas que, en determinado tono y pasión-- un punto de pasión, y de soberbia a veces, que nubla la inteligencia de personas que son realmente muy inteligentes--, nos podían llevar aquí por otros derroteros totalmente diferentes.
Está claro, señor Presidente, cuál es la exposición, los hechos, en el ámbito de las actuaciones del ministerio público, de la Guardia Civil y de los jueces que, con potestad jurisdiccional, intervinieron en este caso. Lo que ha ocurrido es que, en el año 1989 o finales de 1988, el Fiscal Jefe de San Sebastián, señor Navajas, incoa y concluye unas diligencias informativas en el ámbito del ministerio público. El hecho de que haya diligencias informativas y no informativas del Ministerio Fiscal y de varios juzgados no nos puede hacer enredar una maraña de hechos que creo que están verdaderamente claros. Y el primer hecho claro es que se abren estas diligencias informativas sobre la posible implicación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Guipúzcoa, relacionadas con redes de narcotráfico o de contrabando.
Una de las piezas básicas de la iniciación de ese informe son unas declaraciones de algún confidente o persona que está encarcelada, pero, sobre todo, de algunos funcionarios e incluso mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que también figuran en esas diligencias, y ahora diré por qué, ya que aunque no conozco el informe, esa afirmación la hago con un cierto fundamento.
Después de concluidas esas diligencias informativas, el Fiscal Jefe de Audiencia Provincial de San Sebastián remite un informe o nota interna, mejor dicho, le entrega en mano al entonces Fiscal General del Estado, señor Moscoso, una nota interna o informe, que es el que se denomina por los que han solicitado la comparecencia y lo que se llama ahora en los medios de comunicación informe Navajas, que es el resumen de esas diligencias informativas; se le entrega en mano, repito, al Fiscal General del Estado, señor Moscoso. El Fiscal General del Estado, señor Moscoso, le solicita al Director General de la Guardia Civil que en aquel año, en 1989, haga un informe. Por tanto, no me extraña, en principio, que el Director General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior tengan esa nota interna y ese informe porque, lógicamente, para hacer esa investigación reservada o interna tendrían que contar con el contenido del informe. Y el resultado de esa información reservada es lo que se llama el contrainforme.
Siguiendo las cosas que hasta ahora tenemos claras en nuestro Grupo, ya el siguiente Fiscal General del Estado, don Leopoldo Torres, se entrevista en aquella época con el señor Navajas en varias ocasiones.
Además, el Fiscal, señor Navajas, entrega ese informe al Jefe de la Fiscalía antidroga en aquel momento que, a su vez, abre unas diligencias informativas. Posteriormente, el Fiscal General del Estado pone a disposición del señor Navajas medios materiales y personales, tal y como solicitaba el señor Navajas, para que se investiguen en el ámbito de la Fiscalía los hechos del informe, y entonces es cuando ya se ve que hay que hacer determinadas intervenciones telefónicas o que hay que investigar algunos patrimonios, cuando se presenta la correspondiente denuncia ante los juzgados de San Sebastián y se inician las diligencias previas 491/1991, aunque hay algunas antes, que acaban en el sobreseimiento del año 1993.
Estos hechos, que están bastante claros --ahora diré por qué--, no han sido contestados y, por tanto, me parece una desmesura, señor Presidente, hablar de complicidad estructural o institucional, hablar de que se ocultan unos informes o que se entierran unos hechos no investigándolos, que se ha desconocido todo el informe del señor Navajas o que todo se ha quedado reducido a denuncias periodísticas.
Me parece una desmesura, señor Presidente, porque todo lo que he afirmado no sólo lo he recogido de la comparecencia del Fiscal General del Estado, sino que lo recojo

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del «Diario de Sesiones». Efectivamente, en el año 1991 el Diputado, señor Azcárraga, pidió una comparecencia del Fiscal General del Estado para este caso concreto que se rechazó por la Mesa de la Comisión, pero se subsumió en una comparecencia del Fiscal General del Estado para que informara sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal en relación con la persecución del tráfico de drogas. Todo esto lo explicó el Fiscal General del Estado en aquel momento. Por cierto, señor Presidente, interviniendo todos los grupos después del señor Azcárraga y después de las exposiciones del Fiscal General del Estado, ninguno puso en cuestión lo que éste dijo y habían pasado ya dos años. Se dice: Han pasado seis años y no se ha mostrado preocupación. Habían pasado menos, dos años, y el interés, que yo considero legítimo y que no voy a poner en duda, de los grupos que han pedido la comparecencia, y de todos los grupos que estamos aquí, no se manifestó en aquella comparecencia. Nadie puso en cuestión lo que dijo el Fiscal General del Estado. Expuso una línea de investigación a partir de aquel momento y nadie la puso en cuestión, absolutamente nadie excepto el señor Azcárraga, quien al final aceptó las conclusiones que le dio el ministerio público. ¿Cómo podemos hablar de que se ha perdido o que se ha enterrado un informe cuando el Fiscal General --y voy a leer el «Diario de Sesiones», señor Presidente, porque es muy importante la labor que el Parlamento tiene que hacer y la ha hecho, porque en este asunto no se ha dimitido de la función que corresponde a la política y a los políticos, no se ha renunciado a esa práctica moral y a esa práctica de control para que otros ocupen el terreno que legítima y obligatoriamente le corresponde a la función política le contestó al señor Azcárraga que don Luis Navajas elaboró un informe sobre actividades de narcotráfico e implicaciones varias en términos genéricos y, ciertamente, poco concretos, a efectos de tomar una decisión, añadiendo, además, lo recibido de otras fuentes de dudosa credibilidad? Esto dice el Fiscal General. Informe que se entregó en mano a mi antecesor. Y va explicando todo lo que yo he señalado y, en parte, lo que también ha explicado el Fiscal General del Estado, aunque hoy lo ha ampliado con nuevos datos desde aquella época. ¿Cómo se va a ocultar cuando el Fiscal General del Estado ha comparecido aquí y ha dicho que se lo ha entregado en mano al Fiscal Jefe de San Sebastián? Además, dice que el Fiscal se lo ha entregado a la Guardia Civil para que haga la información reservada, que se han abierto unas diligencias, y dice muchas más cosas. Ocultar ¿el qué? ¿Enterrar el qué si todas las diligencias judiciales y diligencias informativas de la Fiscalía de las que se están hablando aquí ya constan en el «Diario de Sesiones» informadas por el Ministerio Público? Además, se habla de Rodríguez Galindo, por su puesto, y de otras personas también en esta comparecencia. Ocultar y enterrar ¿el qué? ¿Qué se ha perdido? ¡Si ya estaba diciendo el Fiscal General del Estado, hace cuatro años, que eso lo había recibido y que estaba en trance de investigación! Me gustaría que no incurriéramos en esas desmesuras, en esas desproporciones que no concuerdan con la realidad, señor Presidente. No es la Memoria de la Fiscalía ni ningún informe de la Fiscalía. Es el propio «Diario de Sesiones», señor Presidente.
Uno de los puntos en cuestión que se señala es que en las diligencias judiciales del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, las 491/1991, que han acabado en sobreseimiento el año 1993, se dice que no están las diligencias informativas del Ministerio Público en ese Juzgado de San Sebastián. Se contesta por el Fiscal General del Estado que sí que está el informe, el llamado informe Navajas, el informe del Fiscal, y el llamado contrainforme de la Guardia Civil, que no es nada más que el resultado de esa información reservada, pero que el informe Navajas, el informe del Ministerio Público de San Sebastián, recoge el contenido de esas diligencias informativas. ¿Qué razón hay para que no haya ese informe si, en definitiva, el que dirige e impulsa la investigación en nombre del Ministerio Público en esas diligencias previas es el señor Navajas? La primera pregunta que le tengo que hacer al Fiscal General del Estado es si ha habido instrucciones al señor Navajas para que él dejara de aportar algún documento en estas diligencias previas. Resulta que en ese procedimiento judicial el que impulsa y dirige la investigación desde el Ministerio Público es el propio señor Navajas. En consecuencia, si algún documento no se ha aportado es porque el Ministerio Público en San Sebastián no lo ha aportado. No lo ha aportado ¿por qué? ¿Porque no lo ha considerado necesario, porque no ha querido, o porque ha recibido instrucciones de la Fiscalía General del Estado? Mi pregunta es muy clara. Si ese documento no se ha aportado, que no es trascendental porque su contenido ya está en las diligencias, ¿es porque el señor Navajas no lo ha aportado o porque ha recibido instrucciones para que no lo aportara? Señor Presidente, creo que el asunto es bastante claro. Cualquiera que conozca el funcionamiento de una investigación judicial, siendo el autor de ese informe, el señor Navajas, el más interesado en que se aportara al juzgado y siendo él quien dirige la investigación desde el punto de vista del Ministerio Público y el que ha comparecido como Fiscal y ha evacuado los trámites correspondientes cuando se le ha dado traslado bien mediante el «visé», diciendo visto, o bien pidiendo diligencias, considera que ya el contenido de ese informe está suficientemente aportado en las diligencias previas.
Para que esto de los papeles o del informe Navajas no se convierta en una especie de vodevil como los papeles de Laos, con toda seriedad debemos dejar constancia de lo que ha ocurrido y de que nadie ha puesto en duda los informes y documentos que ya en esta propia Comisión se explicaron hace cuatro años sin que nadie pestañeara, señor Presidente, sin que nadie los pusiera en duda, sin que nadie pidiera más investigaciones, sin que nadie los pusiera en contradicción. Desde luego, después de hablar el señor Azcárraga y después de hablar el señor Torres, Fiscal General del Estado, intervinieron todos los representantes de los grupos aquí presentes (lógicamente, menos el señor Albistur) y nadie pestañeó, ni nadie puso algo en duda. No se ha ocultado ni parece --digamos-- que estos hechos, tal y como se plantean, fueran tan contradictorios para el resto de los grupos parlamentarios. Por tanto, nada

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de que han pasado seis años, porque a los dos años, en una comparecencia del Fiscal General del Estado, este Parlamento estaba discutiendo todos estos hechos.
Efectivamente, al final, a veces los hechos se resumen en un nombre; un nombre que, en este caso, es el de un Coronel de la Guardia Civil, Jefe --no sé exactamente la denominación-- de servicios antiterroristas en Guipúzcoa. No conozco de nada, señor Presidente, al señor Rodríguez Galindo, pero sí quiero decir que, de la misma manera que es muy importante (y en eso, el Fiscal General del Estado por parte de nuestro grupo parlamentario no sólo no tendrá ninguna insinuación de que exista limitación en las investigaciones que tenga que hacer) que en cualquier investigación sobre hechos que afectan a la salud democrática de España, nunca puede limitarse su investigación; no diremos ninguna palabra ni pondremos ningún obstáculo para que se investiguen hechos que afecten a nuestra salud democrática, y si éstos o aquella primera denuncia fueran ciertos, se debía haber hecho la investigación y se canalizó por una serie de diligencias judiciales. De la misma manera, señor Presidente, ni siquiera en campaña electoral nosotros queremos poner en duda no la honorabilidad de una persona, sino el adecuado comportamiento profesional de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, por otra parte, aquí se han hecho muchas conjeturas, pero no se han dado datos concretos, excepto alguno y en relación con una persona concreta.
Se ha nombrado el señor Rodríguez Galindo, pero sin ningún soporte y pensamos que con cierta alegría, no fruto de ninguna duda que tengamos sobre los grupos comparecientes en su interés por este asunto, sino que, a veces, por cierto apasionamiento, en algún momento se pueden decir palabras que quizás en otros momentos no se querrían decir, y menos para poner en duda la honorabilidad genérica de miembros de los Cuerpos de Seguridad, o la concreta de personas que nominativamente se habla de ellas, cuando han cumplido una labor muy importante en la lucha contra el terrorismo, una labor fundamental en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco. Si nos acordamos de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando asesinan a uno de sus miembros o cuando asesinan a cualquier otro ciudadano, sea responsable político o no, también nos debemos acordar de ellos en campaña electoral y no poner en duda gratuitamente, como no se puso además en duda en su momento, hace cuatro años, cuando se hizo esta comparecencia, después de unas diligencias judiciales que han sido archivadas, en las que ha comparecido el señor Navajas como Fiscal (y está la nota-informe famosa), la honorabilidad de ninguna persona.
Investíguese --y se ha investigado-- lo que haya que investigar; que no quede ninguna duda, señor Fiscal General del Estado; pero tampoco nosotros seremos los que pongamos en duda la honorabilidad del señor Rodríguez Galindo ni de nadie, y menos de quienes han contribuido decisivamente y además en circunstancias que es bien difícil actuar contra el terrorismo, como en Guipúzcoa y en San Sebastián, donde estas personas, los miembros de la Guardia Civil, prácticamente no podían salir de su acuartelamiento, donde tenían que recibir clases sus hijos, vivir ellos y no desarrollar vida alguna fuera del acuartelamiento.
Una segunda pregunta, señor Fiscal General del Estado. Cuando su antecesor compareció en esta Cámara, dijo que la pieza básica de esas diligencias, una de las piezas básicas de esas diligencias informativas era la declaración de un funcionario de Policía que se llamaba Emilio Prado González. Dijo don Leopoldo Torres, Fiscal General del Estado, que el señor Prado González --una de las bases de esas diligencias informativas--, funcionario de Policía, que es el que hacía imputaciones a algunos miembros de la Guardia Civil del Cuartel de Intxaurrondo y al señor Rodríguez Galindo concretamente, este funcionario, que fue una de las piezas básicas de las diligencias informativas, el señor Prado González, ha comparecido ya tanto ante la Fiscalía Especial Antidroga como ante el Juzgado número 1 de Irún, para manifestar que todo el contenido de su denuncia había sido un montaje y que se retractaba de la misma, lo que motivó el archivo de las diligencias. Por los medios de comunicación hemos conocido que, efectivamente, este funcionario de Policía, bajo precio, hizo unas declaraciones, que luego se ha retractado de esas declaraciones en la fiscalía y en el juzgado, y la declaración de ese policía, según dijo el entonces Fiscal General del Estado, y dio además los nombres de otras personas, era una de las piezas básicas en las que se asentaba la denuncia. Luego, por otra parte, este policía se ha retractado, ha dicho que eran mentira; que las hizo porque estaba mal económicamente, que cobraba de unas personas que le habían sugerido esto para que luego se publicara, y que se retractaba de las mismas. Por tanto, la segunda pregunta que hago al Fiscal General del Estado es si este funcionario de Policía, señor Prado González, según decía entonces el Fiscal General del Estado, era una de las piezas básicas de esta denuncia y si él se ha retractado posteriormente. (El señor Albistur Marín pronuncia palabras que no se perciben.) Me refiero a lo que dijo el Fiscal General del Estado en aquella comparecencia y, por supuesto, me he enterado, señor Albistur, porque por lo visto he leído el «Diario de Sesiones», cosa que noto usted no ha debido leer muy bien o, por lo menos, después de haberlo leído, no lo ha reflejado.
Acabo, señor Presidente, diciendo lo que decía al principio. Me parece importantísima la clarificación sobre estos hechos; estamos de acuerdo con el contenido y la actitud clarificadora del Fiscal General del Estado; estamos de acuerdo también con que, por parte de los grupos parlamentarios, se pida información y aclaración de estos hechos, sin insinuaciones y sin afirmaciones, que no es que puedan molestar a otros grupos, sino que también perturban a veces la propia clarificación de los hechos, y diciéndole, señor Presidente, que a mí no me cabe ninguna duda de que fue ETA la que mató al señor Santamaría y la que mató al señor Ordóñez. Desde luego, hacer afirmaciones en el Parlamento es no sólo una obligación sino fácil de realizar en una política democrática; que lo difícil, en Madrid o en San Sebastián, es luchar contra ETA y que es obligación de todos llevar ese lazo azul, para pedir y exigir la libertad de Aldaya. Decir también, señor Presidente, que

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el mejor servicio que podemos hacer a este lazo azul es hoy, ayer y mañana, hasta que no esté en libertad, pedir la libertad, que ETA ponga en libertad al señor Aldaya; ése es el sentido del lazo azul, que no se pierde por esta comparecencia y por otras, y eso es, señor Presidente, lo importante, no otra cosa. El lazo azul no lo mezclemos con otras cosas, porque lo importante y lo que exigimos es que ETA libere al señor Aldaya, nadie podrá ocultar ni oscurecer eso, y ese lazo azul es y será siempre, hasta que pongan en libertad al señor Aldaya, para eso.


El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra al señor Fiscal General del Estado para que, con brevedad, pueda cerrar esta comparecencia, no sin antes recordarle que en sus respuestas debe ceñirse a las cuestiones objeto de la comparecencia solicitada y que, en consecuencia, aquellas cuestiones o temas que directa o indirectamente no tengan relación con la solicitud de su comparecencia, no deben ser objeto de comentario.
Tiene la palabra el señor Fiscal General del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Granados Pérez): Señor Presidente, en primer lugar, quiero intentar dar respuesta, sin dejarme nada, a lo que don José Juan González de Txabarri me ha preguntado.
Primeramente, hace mención a lo nuclear y a la cronología de los hechos.
Creo que lo he dicho antes con bastante claridad: habían transcurrido unos meses desde que se inician estas diligencias de investigación, desde que se hace ese informe por el Fiscal de San Sebastián, que entrega en mano el Fiscal General del Estado; después se siguen las diligencias de investigación hasta que se inician las diligencias judiciales, concretamente la 491/1991, en un juzgado de instrucción, es decir, en sede judicial, para continuar en la práctica de esa investigación, que realmente es cuando se lleve a cabo lo que constituye la verdadera instrucción e investigación.
Hace alusión, hace mucho hincapié S. S. en que yo he dicho el «casi», en cuanto a las incorporadas al 491; concretamente un informe que hace el Servicio Especial de la Guardia Civil, y no lo que llamaba S. S. el contrainforme; hay otro informe posterior donde recoge, como he dicho antes, los datos esenciales de las diligencias informativas, que es lo que hay que recalcar, las diligencias informativas, e indica que he dicho «casi». A lo mejor me estoy equivocando y no fue S. S. Lo que pasa es que soy una persona prudente. Si digo ahora que es literalmente el mismo, se me puede decir el día de mañana que fui Fiscal General del Estado, cuando era Fiscal General del Estado dije que coincidía literalmente, y hemos encontrado estas frases, estas personas o esta denominación que no coinciden.
Sí quiero tranquilizar a S. S. que lo importante, lo trascendental, sobre todo lo que afecta a las personas que podemos llamar activas, tanto en cuanto a las redes constituidas con los nombres de los jefes de la Guardia Civil, como los nombres de los posibles traficantes están incorporados al 491/1991. Esta tranquilidad la puede tener S. S.
¿Por qué no están recogidas (incluso dice que un juez desmiente al Fiscal General del Estado) y por qué no están incorporadas esas diligencias informativas al juzgado de instrucción? Es cierto que hubo un juez que vino a decir que no estaban incorporadas no solamente las diligencias informativas, y por consiguiente el informe, sino ni siquiera el informe que he dicho de la Guardia Civil. Esas declaraciones las he leído respecto a otro juez que llevaba las diligencias 896/1989 que se referían a otro hecho distinto, concretamente a la presunta sustracción de unas cantidades de cocaína. Sí le digo que el Fiscal General del Estado, en su momento, imagino que no mentiría, y lo que vino a decir es que nunca se ha dicho que esas diligencias informativas se hubieran incorporado a las diligencias previas. Creo que yo he dicho que lo que se incorporó, recogiendo sustancialmente su contenido, fue este informe, como consecuencia de los contactos previos que habían existido entre el Fiscal Jefe de San Sebastián y los miembros de la Guardia Civil que estaban realizando esta investigación.
¿Cómo es posible que se haya hecho ese contrainforme? Su señoría deduce que eso es como consecuencia de que han llegado una serie de datos al Ministerio del Interior en esas fechas. Indudablemente debió haber una entrevista entre el Fiscal General del Estado y seguramente el Director General de la Guardia Civil porque el tema tenía importancia en cuanto a la presunta implicación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Eso es lo que tenía que ser objeto de una investigación judicial y, como consecuencia de la investigación, se aportó un informe.
En ese informe --S. S. lo llama contrainforme-- se vino a decir lo que ya tenía el Fiscal de San Sebastián, señor Navajas, y es que los datos que se habían incorporado respecto a esa implicación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, proceden de personas que estaban presas y de cosas, elementos y también noticias que habían escuchado en un centro penitenciario en el cual se encontraban recluidas.
Coincido con S. S. en que el tema es grave. Todo aquello que implique que algún miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueda estar implicado en un presunto hecho delictivo, creo que para todos implica una enorme gravedad, y para el Fiscal General del Estado indudablemente también. Es decir, jamás he pensado que los hechos no fueran procedentes, sobre todo en cuanto que podían inferirse o deducirse, como después recogeré, hechos que sí estuvieron acreditados.
Su señoría, señor Albistur, relaciona el 491/1991 con el 1/1989. Es cierto que existe esa relación; es evidente. No existe con otras diligencias, pero con la 491/1991 sí que existe.
Viene a decir que hay testimonios que indican lo contrario. Me imagino que se está refiriendo a los datos que ha hecho algún juez en el sentido de decir que no están incorporadas. Por eso no hay que confundir. Ha habido otras diligencias distintas. Ha habido varias diligencias respecto a otros hechos, también iniciadas a instancias de la Fiscalía de San Sebastián, pero la que hoy nos concierne, lo que es objeto del informe al cual ha hecho antes referencia en varias ocasiones, se está refiriendo a la 491/1991.


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En cuanto a que coincide la tesis oficial, vuelvo a decir lo mismo. Yo aquí no trato de defender ninguna tesis oficial. Trato simplemente de recoger lo que he visto, lo que he examinado, lo que he contrastado. Aquí no trato de ocultar absolutamente nada, sino al revés: aportar transparencia, aportar lo que es realidad que yo he visto y leído y lo que he visto y leído es el origen de esas noticias y cómo esas noticias se incorporan a unas diligencias judiciales donde se lleva a cabo una investigación, investigación que termina en un acto de sobreseimiento.
¿Por qué desapareció el original y hubo que mandar un fax? Vuelvo a insistir, otra vez, que se trataba de una nota, de un informe interno, que se hace del fiscal jefe al Fiscal General del Estado. Yo he recibido muchos informes de éstos y tengo que reconocer que no se registran. Se dice: Hazme un resumen de esto y dámelo. Eso es algo que te lo pueden dar hoy, te lo pueden entregar pasado mañana o dentro de un mes, porque lo importante --y ahí es donde sí existe el deber de custodia--, son las diligencias informativas. Las diligencias informativas 1/1989 están ahí; están donde tienen que estar que es en la Fiscalía de San Sebastián y ésas siempre han estado en su sitio. En consecuencia, cualquier nota, comentario, sugerencia sobre esas diligencias es algo que se recibe por el Fiscal General del Estado y se guarda o no se guarda, pues en absoluto se pone nada en riesgo, porque lo importante es lo que se custodia y lo que se custodia son las diligencias informativas de las cuales se hace un comentario, un resumen, unas diligencias a seguir por parte del Fiscal Jefe de San Sebastián, como he dicho antes, recogiendo los datos o elementos que he comentado. En consecuencia se trata de un informe interno.
No entro en que se inicia por un documento. A S. S. le comentan que esa investigación hecha en un juzgado ha sido poco seria. Yo ya he dicho antes que no puedo entrar a valorarla. Lo que sí digo es que ha habido muchas diligencias, que ha habido una investigación, y que esa investigación ha terminado, como ha terminado.
También se hace otra vez hincapié en el señor Rodríguez Galindo y en que hubo una persona que le implicaba como socio de otras personas.
Simplemente recojo lo que he leído: que esa misma persona dice que cree está relacionado o es socio de estas personas pero, al mismo tiempo, añade o precede en esa manifestación, diciendo que eso lo ha escuchado en el centro penitenciario. Yo soy sincero. Es lo único que tengo y por eso lo he leído en los términos que está recogido.
Que los únicos guardias condenados ha sido por haber robado en una tienda de Irún. Tengo aquí la sentencia que se refiere precisamente a hechos directamente relacionados... (El señor Albistur Marín: No sólo.) Perdón, yo lo había cogido así. Sí le puedo decir y es cierto que una de las personas también había sido condenada anteriormente por haber sustraído, pero la condena es por un delito de cohecho precisamente por haber intentado comprar a otro guardia civil para que no cumpliera sus obligaciones en el tema del tráfico de drogas y de contrabando; es decir, no directamente, directísimamente relacionado con las diligencias que se siguieron en el 491/1991 de las cuales se dedujo testimonio mientras se seguía la investigación, para agilizar el seguimiento de esto que terminó en una sentencia condenatoria contra un sargento de la Guardia Civil.
Por último me pide S. S. que dignifique a la Fiscalía General del Estado.
Yo creo que la Fiscalía General del Estado está dignificada por sus miembros; no por el Fiscal General del Estado, que es uno más, sino que está perfectamente dignificada por los magníficos profesionales que están trabajando en la Fiscalía General del Estado, y cuando hablo de ello no me estoy refiriendo a los que tienen su sede en la Fiscalía General del Estado, sino en todas las fiscalías de España. La única línea de actuación que marca el trabajo de todos los fiscales de España es el principio de legalidad e imparcialidad. En eso estamos y eso vamos a seguir haciéndolo.
Su señoría, don Federico Trillo, hace alusión a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, el principio de legalidad; al interés en que se lleven mejor esos registros, esos libros. Incluso me ha puesto un ejemplo de las visitas que se reciben. Tuve el honor de recibir a S.
S. en mi despacho, y le soy sincero, no lo registré en ningún libro.
Donde sí estaría es en la agenda de mi secretaria particular. Tuve el honor de recibir anteayer a la Diputada señora Aguilar, que no me había señalado antes la visita, es decir no me había avisado que iba a visitarme, pero estaba en la sede de la fiscalía y dijo que quería verme (yo, encantado, tengo siempre mi puerta abierta a SS. SS.) y en ese caso, ni en el libro, ni en la agenda. Puede que sea mejor que cada vez que reciba una visita lo apunte en un libro, pero reconozco que no lo hago.
Seguramente hay que mejorar los registros de la secretaría. Respecto a si se han registrado otros temas, no le puedo contestar.
En cuanto a la destrucción de documentos, vuelvo a decir lo mismo. No se ha destruido ningún documento que tenga que ser guardado. Una cosa es la nota interna que entrega el fiscal jefe para exclusivo uso de información del Fiscal General del Estado que, insisto, yo recibo muchas y no las guardo, es decir, que se me puede perder; y otra cuestión muy importante es lo esencial que determina ese informe o esa nota, que son las diligencias informativas, y esas nunca se han perdido; se han custodiado y se conservan donde tienen que estar guardadas y custodiadas.
¿Quién perdió el informe y quién lo destruyó? Le vuelvo a decir lo mismo.
Lo cierto es que hay una fotocopia. El hecho de que se haya perdido ese informe o nota interna, discúlpeme S. S., eso siempre se puede recomponer porque se mantiene lo que la determina y son esas diligencias informativas. Puede haberse perdido porque, vuelvo a decir, no existía obligación de conservarlo ni de mantenerlo.
Me recuerda el deber que tengo de informar a la sociedad. Se lo agradezco y ésa es mi intención. Puede que salga menos de lo que debiera para informar. Puede ser debido a mi carácter, ya que no soy muy dado a intervenciones públicas; pero haré un esfuerzo para salir más veces.
Agradezco lo que me ha dicho S. S. al final, de que en este asunto por el Ministerio Fiscal se esclarezca todo lo que se tenga que esclarecer.
Garantizo a S. S. que el Ministerio Fiscal,

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en este y en todos los asuntos, cuando existan elementos fundamentado o que justifiquen la intervención del Ministerio Fiscal, lo va a hacer --y no me canso de decirlo--, afecte a quien afecte. En consecuencia, le agradezco ese recordatorio que me hace, pero sí le digo que no por parte del Fiscal General del Estado, sino por todos los fiscales de España ésa es la línea de actuación y lo que vamos a seguir haciendo.
El señor Mohedano me pregunta si ha habido instrucciones al señor Navajas para que deje de aportar documentos a las diligencias previas. Puedo garantizarle que por parte de este Fiscal General del Estado no las ha habido. Sí me consta la profesionalidad del señor Navajas, que es un magnífico funcionario. También le puedo decir que, como he manifestado en intervenciones anteriores, el contenido esencial de esas diligencias informativas se incorporó a un juzgado, y en ese juzgado se llevó a cabo una investigación por quien se tiene que llevar a cabo, es decir, por un juez de instrucción.
Respecto a si hubo declaraciones por parte de un funcionario de policía que después se retractó, es cierto, pero más que dirigidas a estas diligencias informativas, están dirigidas a otro asunto que es la posible o presunta sustracción de una cantidad de cocaína.
También digo a S. S. que no sólo no va a haber ningún tipo de obstáculo a la labor del Ministerio Fiscal, sino que yo partía de esa premisa sin ponerlo en duda. Sabe S. S. que el Ministerio Fiscal, como he dicho antes, va a actuar cuando tenga que actuar y con rigor, pero sujeto a lo que debe ser siempre: a los principios de legalidad y a los principios de imparcialidad. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: Pido la palabra para una aclaración.)

El señor PRESIDENTE: Si es para una aclaración, tiene la palabra.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Es «extra ordinem».
Efectivamente, he visitado al Fiscal General del Estado para presentar una denuncia, en nombre de 70 Diputados. Quedó debidamente registrada, y de la visita que hice para entregársela personalmente hubo debido reflejo en los medios de comunicación. No es lo mismo que la otra visita, como sabe muy bien el señor Fiscal.
Gracias, señor Presidente. (El señor Albistur Marín pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: No se abre nuevo turno, señor Albistur. El señor Trillo ha hecho una referencia de carácter personal que estimo justificada y que ha solventado en diez segundos. Las reglas de juego en esta Comisión se aplican con amplitud, como han podido comprobar SS. SS., pero no estoy dispuesto a ignorarlas.


El señor ALBISTUR MARIN: Y cuando existe la descalificación de un diputado por otro diputado ¿se podrá contestar?

El señor PRESIDENTE: Han debatido ustedes con largueza y no procede abrir nuevo turno.


El señor ALBISTUR MARIN: A excepción, señor Presidente, de la descalificación realizada por el representante del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Los debates entre ustedes ya han sido ventilados de manera correcta y amplia.
Quiero dejar constancia expresa de mi agradecimiento, y estoy seguro que de todos los miembros de la Comisión, por la comparecencia del excelentísimo señor Fiscal General del Estado.
Se levanta la sesión.


Era la una de la tarde.

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