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DS. Senado, Pleno, núm. 18, de 14/07/2020
 




ACTAS

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la sesión celebrada el día 30 de junio de 2020, y de la sesión extraordinaria del día 1 de julio de 2020.


PREGUNTAS

Pregunta sobre si el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 cree que el Gobierno aplica internamente todos los objetivos de la Agenda 2030. 680/000188 desarrollo sostenible; cooperación internacional; ONU; política social MARÍA SALOM COLL (GPP)


Pregunta sobre la política de comunicación que va a seguir el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la Agenda 2030. 680/000189 cooperación internacional; ONU; desarrollo sostenible; política social; política de comunicación JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)


Pregunta sobre la formación médica especializada proporcionada por la Cooperación Española a los países socios como parte de su apoyo en la respuesta a la COVID-19. 680/000180 epidemia; enfermedad infecciosa; cooperación internacional; servicio nacional de sanidad MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)


Pregunta sobre la opinión que le merece al Ministro de Justicia la actuación de los fiscales en el "caso Dina-Iglesias". 680/000190 moralidad de la clase política; ministerio fiscal; vicepresidente del Gobierno; independencia de la justicia FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)


Pregunta sobre el balance que hace el Ministerio del Interior del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y las medidas que se van a adoptar a corto y medio plazo. 680/000177 Cádiz (Provincia); política interior; seguridad pública; tráfico de estupefacientes MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ BERMÚDEZ (GPS)


Pregunta sobre la solución prevista por el Gobierno al problema existente en las escuelas particulares de conductores de Gipuzkoa, en relación con la falta de examinadores. 680/000182 examen; enseñanza de la conducción; personal docente; escasez de mano de obra; Gipuzkoa (Provincia) ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)


Pregunta sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para poner fin a los continuos retrasos en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria-Gasteiz. 680/000181 transporte ferroviario; Burgos (Provincia); Araba/Álava (Provincia); transporte rápido; obras públicas MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)


Pregunta sobre la previsión del Gobierno de un plan de electrificación de los puertos para que los barcos estacionados puedan funcionar sin emitir elementos contaminantes procedentes de la combustión. 680/000183 desarrollo sostenible; contaminación; instalación portuaria; suministro de energía eléctrica LAURA CASTEL FORT (GPERB)


Pregunta sobre las desigualdades educativas surgidas tras el COVID-19. 680/000178 epidemia; enfermedad infecciosa; igualdad de trato; calidad de la enseñanza LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)


Pregunta sobre el número de españoles en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que permanecen sin cobrar la prestación que les corresponde. 680/000187 epidemia; enfermedad infecciosa; estado de emergencia; cese de empleo; seguro de desempleo MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL (GPP)


Pregunta sobre la evolución de pandemia de COVID-19 en la comarca de El Segrià, en la provincia de Lleida. 680/000192 SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)


Pregunta sobre el momento en que el Ministro de Sanidad fue consciente de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, incluso el confinamiento, por los efectos del COVID-19. 680/000186 epidemia; enfermedad infecciosa; estado de emergencia; riesgo sanitario; servicio nacional de sanidad JUAN JOSÉ SANZ VITORIO (GPP)


Pregunta sobre si el Ministerio de Igualdad considera que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una persona sin su consentimiento es una forma de violencia. 680/000191 violencia; imagen fotográfica; delito sexual SOFÍA ACEDO REYES (GPP)


Pregunta sobre la previsión del Gobierno de hacer ya una regularización de los ciudadanos en situación administrativa irregular. 680/000184 migración ilegal; derecho de residencia ANA MARIA SURRA SPADEA (GPERB)


Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para dar cumplimiento al mandato del Senado de abonar de forma inmediata el IVA pendiente del mes de diciembre de 2017 a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos. 680/000175 IVA; deuda pública; devolución fiscal; relación Estado-entidades territoriales; situación financiera JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)


Pregunta sobre las partidas nominativas que contempla el Gobierno para Cantabria en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 680/000176 presupuesto del Estado; relación Estado-entidades territoriales; Cantabria JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VIADERO (GPMX)


Pregunta sobre si el Gobierno garantiza el cumplimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía en su disposición adicional tercera en los próximos Presupuestos Generales del Estado. 680/000179 presupuesto del Estado; relación Estado-entidades territoriales; Andalucía; autonomía MARÍA PILAR GONZÁLEZ MODINO (GPIC)


INTERPELACIONES

Interpelación sobre los impuestos que el Gobierno está planeando subir a todos los españoles y en qué cuantía. 670/000033 recaudación de impuestos; reforma fiscal ELENA MUÑOZ FONTERIZ (GPP)


Interpelación sobre las razones del Gobierno para dejar fuera de las ayudas públicas por el COVID-19 a la escuela concertada, así como los criterios de financiación que tiene previsto aplicar durante el próximo curso para todos los centros sostenidos con fondos públicos. 670/000034 epidemia; enfermedad infecciosa; ayuda económica; enseñanza concertada; financiación JESÚS VÁZQUEZ ABAD (GPP)


Interpelación sobre las medidas económicas concretas de apoyo a los municipios y a las entidades locales para hacer frente a los efectos de la depresión aislada en niveles altos (DANA) y las borrascas Cecilia en otoño de 2019 y Gloria en enero de 2020. 670/000032 ayuda económica; administración local; desastre natural JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000001 modificación de la ley; procedimiento penal Justicia

Se abre la sesión a las dieciséis horas.



MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19.

MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 550/000041

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.



ACTAS

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020, Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020.

Se aprueban las actas.



PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE SI EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 CREE QUE EL GOBIERNO APLICA INTERNAMENTE TODOS LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030. 680/000188 MARÍA SALOM COLL (GPP)

La señora Salom Coll formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Salom Coll. En turno de dúplica lo hace el señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión).



PREGUNTA SOBRE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN QUE VA A SEGUIR EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 CON LA AGENDA 2030. 680/000189 JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

El señor Maroto Aranzábal formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Maroto Aranzábal. En turno de dúplica lo hace el señor vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Iglesias Turrión).



PREGUNTA SOBRE LA FORMACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PROPORCIONADA POR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA A LOS PAÍSES SOCIOS COMO PARTE DE SU APOYO EN LA RESPUESTA A LA COVID-19. 680/000180 MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

La señora Diego Castellanos formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (González Laya).



PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE AL MINISTRO DE JUSTICIA LA ACTUACIÓN DE LOS FISCALES EN EL "CASO DINA-IGLESIAS". 680/000190 FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

El señor Bernabé Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Campo Moreno). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Bernabé Pérez. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Justicia (Campo Moreno).



PREGUNTA SOBRE EL BALANCE QUE HACE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y LAS MEDIDAS QUE SE VAN A ADOPTAR A CORTO Y MEDIO PLAZO. 680/000177 MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ BERMÚDEZ (GPS)

El señor Vázquez Bermúdez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).



PREGUNTA SOBRE LA SOLUCIÓN PREVISTA POR EL GOBIERNO AL PROBLEMA EXISTENTE EN LAS ESCUELAS PARTICULARES DE CONDUCTORES DE GIPUZKOA, EN RELACIÓN CON LA FALTA DE EXAMINADORES. 680/000182 ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)

La señora Otaola Urquijo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Otaola Urquijo. En turno de dúplica lo hace el señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez).



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PONER FIN A LOS CONTINUOS RETRASOS EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE BURGOS Y VITORIA-GASTEIZ. 680/000181 MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

La señora Vaquero Montero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ábalos Meco). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Vaquero Montero. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ábalos Meco).



PREGUNTA SOBRE LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE UN PLAN DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS PUERTOS PARA QUE LOS BARCOS ESTACIONADOS PUEDAN FUNCIONAR SIN EMITIR ELEMENTOS CONTAMINANTES PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN. 680/000183 LAURA CASTEL FORT (GPERB)

La señora Castel Fort formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Ábalos Meco).



PREGUNTA SOBRE LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS SURGIDAS TRAS EL COVID-19. 680/000178 LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

El señor Marcos Arias formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Marcos Arias. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez).



PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE ESPAÑOLES EN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) QUE PERMANECEN SIN COBRAR LA PRESTACIÓN QUE LES CORRESPONDE. 680/000187 MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL (GPP)

La señora Heredia de Miguel formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Heredia de Miguel. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez).



PREGUNTA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE PANDEMIA DE COVID-19 EN LA COMARCA DE EL SEGRIÀ, EN LA PROVINCIA DE LLEIDA. 680/000192 SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)

La señora Bailac Ardanuy formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Sanidad (Illa Roca). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Bailac Ardanuy. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Sanidad (Illa Roca).



PREGUNTA SOBRE EL MOMENTO EN QUE EL MINISTRO DE SANIDAD FUE CONSCIENTE DE LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, INCLUSO EL CONFINAMIENTO, POR LOS EFECTOS DEL COVID-19. 680/000186 JUAN JOSÉ SANZ VITORIO (GPP)

El señor Sanz Vitorio da por formulada su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Sanidad (Illa Roca). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Sanz Vitorio. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Sanidad (Illa Roca).



PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTERIO DE IGUALDAD CONSIDERA QUE VISIONAR Y CUSTODIAR IMÁGENES E INFORMACIÓN ÍNTIMA DE UNA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO ES UNA FORMA DE VIOLENCIA. 680/000191 SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

La señora Acedo Reyes formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Igualdad (Montero Gil). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Acedo Reyes. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Igualdad (Montero Gil).



PREGUNTA SOBRE LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE HACER YA UNA REGULARIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR. 680/000184 ANA MARIA SURRA SPADEA (GPERB)

La señora Surra Spadea formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Surra Spadea. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Escrivá Belmonte).



PREGUNTA SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO DEL SENADO DE ABONAR DE FORMA INMEDIATA EL IVA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS. 680/000175 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

El señor Cleries i Gonzàlez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Cleries i Gonzàlez. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



PREGUNTA SOBRE LAS PARTIDAS NOMINATIVAS QUE CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA CANTABRIA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. 680/000176 JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VIADERO (GPMX)

El señor Fernández Viadero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Fernández Viadero. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA EN SU DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 680/000179 MARÍA PILAR GONZÁLEZ MODINO (GPIC)

La señora González Modino formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado). En turno de réplica interviene de nuevo la señora González Modino. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS QUE EL GOBIERNO ESTÁ PLANEANDO SUBIR A TODOS LOS ESPAÑOLES Y EN QUÉ CUANTÍA. 670/000033 ELENA MUÑOZ FONTERIZ (GPP)

La señora Muñoz Fonteriz expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado). Vuelve a intervenir la señora Muñoz Fonteriz. Cierra el debate la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



INTERPELACIÓN SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA DEJAR FUERA DE LAS AYUDAS PÚBLICAS POR EL COVID-19 A LA ESCUELA CONCERTADA, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE FINANCIACIÓN QUE TIENE PREVISTO APLICAR DURANTE EL PRÓXIMO CURSO PARA TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. 670/000034 JESÚS VÁZQUEZ ABAD (GPP)

El señor Vázquez Abad expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez). Vuelve a intervenir el señor Vázquez Abad. Cierra el debate la señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado).



INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS CONCRETAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS ENTIDADES LOCALES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA) Y LAS BORRASCAS CECILIA EN OTOÑO DE 2019 Y GLORIA EN ENERO DE 2020. 670/000032 JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

El señor Martí Deulofeu expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Darias San Sebastián). Vuelve a intervenir el señor Martí Deulofeu. Cierra el debate la señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Darias San Sebastián).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 324 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000001 Justicia

El señor Lerma Blasco, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor De Rosa Torner defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fajardo Palarea, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Catalán Higueras y el señor Sánchez-Garnica Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor De Rosa Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y el señor Oleaga Zalvidea, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor González-Robatto Perote defiende las enmiendas 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa del propio señor González-Robatto Perote, de la señora Merelo Palomares y del señor Marín Gascón.

El señor De Rosa Torner defiende las enmiendas 3 y 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fajardo Palarea, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor González-Robatto Perote y el señor Sánchez-Garnica Gómez, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario; el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem); el señor Sánchez López, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Landa Jáuregui, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; el señor De Rosa Torner, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y el señor Oleaga Zalvidea, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.

Se abre la sesión a las dieciséis horas.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, se abre la sesión.



MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19.

MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 000550/41

La señora PRESIDENTA: Señorías, con la celebración de este Pleno cerramos el actual periodo de sesiones. Han sido meses muy duros. En cada sesión plenaria hemos lamentado y recordado la pérdida de vidas ocasionada por una emergencia sanitaria sin precedentes que, sin duda, va a marcar un antes y un después en nuestra historia y también en la historia del parlamentarismo español. Desgraciadamente, la pandemia no ha finalizado; vemos cómo afloran nuevos casos y focos de contagio en distintos puntos de la geografía española, que nos recuerdan la gravedad de la situación. Y nos conviene actuar con prudencia, responsabilidad y precaución. Es una obligación cívica que cada uno y cada una de nosotros debemos asumir y exigir para poder superar definitivamente esta emergencia.

Con este anhelo, y en nombre del Senado, trasladamos a los familiares de las víctimas nuestras condolencias, nuestro pésame, nuestro respeto, nuestro más sentido pésame. Les solicito a sus señorías, en consecuencia, que se pongan en pie para que guardemos un minuto de silencio en su memoria.

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Antes de pasar a los asuntos del orden del día, les comunico que, al amparo de la norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre la utilización del voto telemático, de 9 de junio de este año, se realizarán de manera telemática todas las votaciones correspondientes a los asuntos que se debatan durante el día de hoy y el día de mañana y durante los plazos que serán fijados por esta presidenta. Por acuerdo de la Junta de Portavoces de 7 de julio de 2020, el plazo de dos horas para la votación telemática de la Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se abrirá mañana, desde las 9 hasta las 11 horas de la mañana. Las primeras siete mociones que figuran en el orden del día serán todas ellas sometidas a votación telemática durante el plazo que esta Presidencia abrirá al finalizar el debate de la última de ellas y el plazo de votación telemática para la tres últimas mociones se abrirá antes de finalizar la sesión plenaria; los resultados serán comunicados a sus señorías, publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de la primera sesión plenaria del siguiente periodo de sesiones.



ACTAS

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020, Y DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020.

La señora presidenta lee los puntos 1. y 1.1.

La señora PRESIDENTA: ¿Hay alguna observación? (Denegaciones).

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada.



PREGUNTAS

PREGUNTA SOBRE SI EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 CREE QUE EL GOBIERNO APLICA INTERNAMENTE TODOS LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030. 680/000188 MARÍA SALOM COLL (GPP)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pregunta de la senadora María Salom Coll, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría.

La señora SALOM COLL: Gracias.

¿Cree usted que el Gobierno actúa inspirado en los objetivos de la Agenda 2030?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría,

Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, senadora.

Efectivamente, el Gobierno de España asume los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 como una política de Estado. Como seguramente usted sabrá, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado el informe de progreso de la Agenda 2030, que será presentado mañana en las Naciones Unidas, dejando a España en una posición muy interesante, como uno de los países que más importancia ha dado a la Agenda 2030 como política de Estado.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Senadora Salom, tiene la palabra.

La señora SALOM COLL: Gracias.

Yo creo que no, y le pondré tres ejemplos. El primer objetivo de la Agenda es el fin de la pobreza para todos, no solo para usted, y usted se ha encargado de asegurarse para usted, y no para todos, unos ingresos mensuales de 12 000 euros, olvidando los límites salariales de los cargos de Podemos. El tercer objetivo habla de bienestar y usted renunció al bienestar de Vallecas para comprarse un casoplón en Galapagar. Esto sí que es progreso. (Rumores).

Especial importancia tiene el punto quinto de la Agenda 2030, la igualdad de género, y ahí usted va un poco descarriado, señor vicepresidente, y me preocupa su visión paternalista del asunto y, sobre todo, sus actitudes machistas. Usted, cual macho alfa de la manada, es quien toma las decisiones en nombre de sus colaboradoras. Por eso, cuando en enero de 2016 un medio de comunicación le entrega una tarjeta robada de una excolaboradora suya, Dina Bousselham, usted decide lo que para ella es mejor: mantenerla en la ignorancia sobre el paradero de la tarjeta; pero no solo eso, usted se queda la tarjeta, accede a su contenido violando la intimidad de la señora Bousselham y finalmente se la devuelve, pero se la devuelve después de meses e inservible, asegurándose de que no queda contenido alguno que pueda dañarle a usted, no a ella. Usted, hombre, decide por ella, mujer, en clara muestra de su actitud machista, que probablemente también sea constitutiva de un delito. Y la pregunta es obligada: ¿Qué información sobre usted contenía esa tarjeta que le llevó a actuar de una forma tan desleal con su colaboradora? Nadie en su sano juicio aceptará que usted se deshiciera del contenido para protegerla a ella. Usted se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Y de qué? ¿De qué? Todo eso representa violencia de género, y esto es machismo puro y duro. (Aplausos). Y quién lo iba a decir, señorías, el señor Iglesias convertido ahora en un recalcitrante machista.

En fin, señorías, otros incumplimientos hemos visto de la Agenda 2030. Lo que debería hacer usted es pedir perdón aquí por tanta mentira. Pero, claro, su teoría es que en política uno no tiene que pedir perdón, en política uno tiene que dimitir. Por lo tanto, señor Iglesias, aplíquese su medicina y dimita. ¿O esa será otra de sus mentiras? El tiempo lo dirá. Y ahora le toca a usted, conteste a mi grupo, contésteme, sea valiente, no sea cobarde y se esconda detrás de la mentira y del insulto hacia mí o hacia mi grupo. Si utiliza esa cortina de humo falsa será porque no tiene argumentos para defender lo indefendible. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente segundo del Gobierno, tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Señora senadora, gracias por su intervención; en particular por el tono constructivo, prudente y moderado que ha empleado. (Risas). Fíjese bien, si de lo que usted está hablando es del caso Villarejo, reconocerá que se investigan delitos graves que, básicamente, tienen que ver con la construcción de una trama parapolicial con la que su Gobierno trató de espiar a partidos de la oposición y trató de protegerse de la corrupción. Como usted sabrá, ni a mí ni a doña Dina Bousselham ni a Podemos se nos acusa de ningún delito. Usted aquí me ha acusado de varios delitos; entonces, creo que lo razonable es que vaya a un tribunal para ver si esta vez consiguen encontrarlo.

Hay algo en lo que usted seguro que está de acuerdo conmigo. A pocas formaciones políticas en España se les ha investigado tanto para encontrar algo turbio, algún delito o algo sucio como a nosotros. Y fíjese, después de que le robaran el teléfono móvil a Dina Bousselham, ¿sabe qué encontraron para hacernos daño? Dos cosas: un vídeo de Pablo Echenique cantando una jota y unos comentarios soeces y desagradables por mi parte en un chat por los que pedí disculpas. ¿Se imagina usted qué hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la misma intensidad que a nosotros? Quizá muchos de los que están ahí estarían en la cárcel. (Rumores). Sin embargo, permítame, señora senadora, que le diga algo: yo creo en la justicia de este país y, aunque ustedes vayan a mover Roma con Santiago para que Villarejo, para que Fuentes Gago, para que Eugenio Pino se vayan de rositas, estoy convencido de que en España no habrá impunidad para los delincuentes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidente segundo.



PREGUNTA SOBRE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN QUE VA A SEGUIR EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 CON LA AGENDA 2030. 680/000189 JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZÁBAL (GPP)

La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador don Javier Ignacio Maroto Aranzábal, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Gracias, señora presidenta.

No ha contestado a la pregunta, como era obvio. Lo que es obvio es que usted disfruta hablando de cloacas cada vez que puede, pero también, después de todo lo que vamos descubriendo, señor Iglesias, lo que parece claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en el agua. (Aplausos).

¿No siente bochorno, señor vicepresidente, por utilizar la naturalización del insulto para amedrentar a los periodistas que le sacan los trapos sucios por el caso Dina-Iglesias?

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que la pregunta es la que consta en el orden del día.

Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias por la pregunta, señor Maroto.

¿De verdad viene usted aquí a hablar de libertad de prensa y de amedrentar a periodistas? ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? Amedrentar a periodistas es lo que hacía Soraya Sáenz de Santamaría cuando maniobraba para que algunos perdieran su trabajo. (Rumores). Atacar la libertad de prensa es untar con dinero público a medios afines; atacar la libertad de prensa es hacer ruedas de prensa por plasma en Moncloa sin contestar preguntas. ¿Sabe lo que es atacar la libertad de prensa, después del peor atentado que se ha producido en España? Convocar a los principales directores de periódicos de España a Moncloa para mentirles sobre la autoría porque tenían miedo de perder las elecciones. Eso son ustedes, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Senador Maroto Aranzábal, tiene la palabra.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Gracias, presidenta.

Los insultos a los periodistas son injustificables, sean en las redes sociales o en cualquier otro formato. Esta frase no es mía, esta frase es de una compañera de su Gobierno, Margarita Robles, ministra de Defensa, y esto es lo que pensamos todos los que le hemos visto señalar a periodistas como a Vicente Valles, Esteban Urreiztieta o Eduardo Inda en la sala de prensa de Moncloa, simplemente, porque no comulgan con lo que usted ha dicho o, lo que es peor, con lo que usted ha hecho. Eso se llama señalamiento de periodistas. Por favor, no venga con ocurrencias como las que ha contado de algunos de mis compañeros o como la que tuvo el otro día, cuando incluso me aludió a mí diciendo que había señalado a no sé qué periodista por una pregunta incómoda. ¿Pero a usted nadie le cuenta que esa entrevista, por ejemplo, era de cuando yo era portavoz en la oposición en un ayuntamiento y que el programa y el periodista siguieron en antena durante más de dos años? Mire, si usted necesita taparse las vergüenzas con bulos, al menos búsquese bulos creíbles.

A usted, señor Iglesias, lo que le gusta es ser el que controla, no ser el controlado, e ir por la vida haciéndose la víctima de complots que solo existen en su imaginación. En nuestro país, la prensa es necesaria porque con ella se garantiza la pluralidad de ideas y el debate; a veces te critican y a veces no, pero tienen que ejercer su trabajo con libertad.

Decía Dürrenmatt que son tiempos tristes aquellos en los que hay que luchar por defender lo obvio. Pues aquí estamos con usted, señor Iglesias, en mitad del año 2020 enseñándole al vicepresidente del Gobierno de España lo que es la libertad de expresión, lo que es el derecho a la información. Así que mire: uno, naturalizar el insulto no se ajusta a la democracia; dos, atacar a periodistas que no le gustan no se ajusta a la democracia; y tres, ocultar un caso como el Dina-Iglesias no se ajusta a la democracia, por mucho que a usted le encantaría cambiarles las mascarillas a los periodistas por mordazas, que, por cierto, eso lo lleva usted bien dentro porque usted considera que en la España de Sánchez se puede señalar a los periodistas como en la Venezuela de Maduro. Pero ni usted es tan poderoso para poder señalar a los periodistas ni este país, España, tiene una democracia tan débil como a usted le gustaría. Por eso, vamos a defender a todos los periodistas y le aseguro que ni ellos ni nosotros vamos a ser callados por alguien como usted.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno, tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (Iglesias Turrión): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Maroto.

Fíjese, a mí los insultos no me gustan. Estará usted de acuerdo conmigo en que pocas figuras políticas hay en este país que reciban tantos insultos como yo. Y precisamente como recibo muchos —algunos vienen de sus filas—, no solo los recibo yo, sino que los recibe mi padre simplemente por ser mi padre, al que su portavoz parlamentaria llamó terrorista, simplemente por ser mi padre. (Protestas).

Aun así, señorías, entiendo que los insultos, que son muy desagradables y que ojalá no existieran, forman parte de esta realidad. Cada uno podemos tener los instrumentos jurídicos para intervenir si pensamos que los insultos se han pasado de madre y la crítica también. Le voy a leer una cita —yo no tengo que mirar el nombre del autor para leérsela—: La libertad de expresión es un valor fundamental y, cuando un periodista critica a un político que ejerce la libertad de expresión, también se puede ejercer a la inversa. Es un derecho que podemos ejercer todos los ciudadanos al margen de nuestra condición. ¿Sabe de quién es esta frase? De la Clara Zetkin de la política española, Cayetana Álvarez de Toledo. Usted tiene que estar de acuerdo con esto, lo que pasa es que da la impresión de que usted está de acuerdo si lo dice la señora Álvarez de Toledo, pero si lo digo yo, no. Y eso le quita a usted muchísima credibilidad. Nadie como ustedes en este país ha atacado de manera tan vil y tan desvergonzada la libertad de prensa y ha amenazado a periodistas. Creo que deberían ser ustedes un poco más prudentes y tener una pizquita de decencia, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, vicepresidente segundo del Gobierno.



PREGUNTA SOBRE LA FORMACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PROPORCIONADA POR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA A LOS PAÍSES SOCIOS COMO PARTE DE SU APOYO EN LA RESPUESTA A LA COVID-19. 680/000180 MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Pregunta de la senadora María Elena de Diego Castellano, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, presidenta. No tengo ningún marquesado, lo digo con todo el cariño.

Señora ministra, le doy la bienvenida por estar hoy aquí en su condición de ministra de Cooperación para el Desarrollo y también le felicito por el trabajo que se ha venido haciendo durante toda la pandemia en relación con su ministerio y, en concreto, con las políticas que se han llevado a cabo en estos meses para reforzar la estrategia de cooperación de nuestro Gobierno, del Gobierno de España.

Después de la primera intervención de la senadora del Partido Popular, que trae aquí una pregunta tan interesante sobre la Agenda 2030 y hay que escucharla hablar de cuestiones tan graves como acusar al vicepresidente del Gobierno de que lleva a cabo acciones de violencia de género o que la Agenda 2030 realmente no se está cumpliendo porque en este país no se está luchando contra la pobreza, tengo que decir que tenemos aquí una ministra que desde el minuto uno tiene muy claro que la Agenda 2030, junto con la Vicepresidencia, es clave para este Gobierno, como lo es para este presidente del Gobierno. (Aplausos).

Tenía la preocupación de que pudiera ocurrir algo así al hablar de un asunto como la cooperación para el desarrollo, y lo temía, señores y señoras del Partido Popular, porque llevamos años manteniendo un consenso muy importante en esta materia, pero hoy, desgraciadamente, ha sido terrible que en su intervención la señora senadora hable de la Agenda 2030 en esos términos. Solamente pone de manifiesto una cosa, ¿sabe cuál? Yo le invito a que escuche la intervención de su portavoz en el Congreso en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de hace unas semanas. Creí que quien hablaba era Vox. Casi tuve que pensar que el senador de Vox les daba una lección, una lección real de que la cooperación para el desarrollo es una política de Estado, pero si también la van a meter en el bolso contra la violencia de género, contra las feministas y contra todo lo que ustedes están desmantelando por apoyar única y exclusivamente cuestiones populistas, eso de los pobres de dentro y los pobres de fuera, es que también se les ha pegado. Estoy absolutamente segura y lo digo con mucha tristeza.

Señora ministra, nosotros no creemos que haya pobres de fuera y pobres de dentro. Nosotros creemos que esta crisis global es una crisis donde sobre todo hay que trabajar y luchar por los pobres de fuera. Frente al populismo, frente a aquellos que cogen todo lo que el populismo está poniendo encima de la mesa, queremos que nos cuente qué medidas y qué trabajo se ha llevado a cabo por los médicos y médicas españoles en relación con la cooperación, con los sistemas sanitarios de aquellos países más vulnerables; trabajo que se ha llevado a cabo por esos médicos y médicas que hemos llamado héroes, aunque ellos dicen que no lo son, y que hoy se manifiestan y están en huelga en la Comunidad de Madrid por el trato que se está dando a estos médicos y médicas. (Aplausos). Por lo tanto...

La señora PRESIDENTA: Señoría, su tiempo ha terminado. Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (González Laya): Gracias, señora presidenta.

Señorías, finalmente voy a poder hablar de la Agenda 2030, que se suponía que eran los dos primeros puntos la agenda del día. (Aplausos). Y voy a hacerlo con la cabeza muy alta porque así tiene que tenerla este país en lo que respecta a la cooperación al desarrollo.

La Aecid, junto con profesionales sanitarios de este país, a la vez que luchaban contra la COVID en España no ha dejado de apoyar a otros países en su lucha contra la COVID. En países como Mozambique, Jordania, Etiopía, Níger, Bolivia o Mauritania, nuestros epidemiólogos, radiólogos, internistas y especialistas de las UCI han trabajado con todos ellos para acompañarles en su lucha contra la COVID. Pero, además, como sabemos que en muchos países esta presencia física era difícil, hemos arbitrado mecanismos de cooperación, de colaboración técnica a distancia. Más de 50 profesionales españoles del Ramón y Cajal, del Gregorio Marañón, de la Fundación Jiménez Díaz, del Hospital Clínico de San Carlos, todas estas personas, que también se manifiestan por sus derechos en España, han tenido un poquito de tiempo para ocuparse no solo de los enfermos en España, sino también de los enfermos en países terceros. Ellos en foros interactivos, a través de videoconferencias y herramientas en línea, han acompañado a más de 1000 profesionales en países terceros, y también a través de la red de formación de centros españoles en lugares como Montevideo o como Antigua; lo han hecho también identificando puntos frágiles en los hospitales de cada país y ayudando a contener la enfermedad, educando a la población, haciendo un seguimiento epidemiológico, ayudando a la detección rápida, al aislamiento de los casos positivos y al manejo clínico, y han hecho todo lo posible para que hubiese una respuesta clínica apropiada. El último ejemplo de esto lo tenemos en los cinco médicos que se desplazaron hace apenas dos semanas a Mauritania, donde durante una semana han podido trabajar con los especialistas en este país, un país en el que —quiero recordarlo— no existen más de dos camas de UCI; país al que, por cierto, España acaba de hacer una gran donación de respiradores, entendiendo, como entendemos en España, que no se trata solo de decir, sino que se trata de hacer. Se trata de luchar contra la COVID aquí en España y en los países terceros, orgullosos de la cooperación española y poniendo la Agenda 2030 al servicio de que nadie se quede atrás.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE AL MINISTRO DE JUSTICIA LA ACTUACIÓN DE LOS FISCALES EN EL "CASO DINA-IGLESIAS". 680/000190 FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia.

Pregunta del senador Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría.

El señor BERNABÉ PÉREZ: Gracias.

Señor ministro, ¿qué opinión le merece la actuación de los fiscales en el caso Dina-Iglesias?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Señor Bernabé, le invito a que lea conmigo la pregunta, y después reflexionaremos sobre ella. Me pide la opinión sobre la actuación de los fiscales en el caso Dina-Iglesias. Como me la formuló la señora Pradas igual, no he tenido tiempo ni de leerla.

Me está pidiendo mi opinión sobre la actuación de unos fiscales en un caso que usted se ha permitido denominarlo así. El párrafo segundo del artículo 66 de la Constitución establece que las Cámaras controlan la acción del Gobierno. Y ahora me pregunto, señor Bernabé: ¿qué interpretación hace de lo que es el control de la acción del Gobierno para que pueda entender que yo tengo que mostrar mi opinión sobre la actuación de unos fiscales en unas actuaciones judiciales concretas? (Aplausos). Mire usted, no tengo opinión. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senador don Francisco Martín Bernabé Pérez, tiene la palabra.

El señor BERNABÉ PÉREZ: Señor ministro de Justicia, ¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues ya está. Semejante disparate no lo ha dicho el dictadorzuelo de turno de ninguna república bananera, sino que lo anunció públicamente el presidente del Gobierno de nuestra nación hace unos meses, vulnerando con ello de forma flagrante el principio de separación de poderes consagrados en nuestra Constitución, que establece que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial y, por tanto, es independiente del Ejecutivo. (Aplausos).

Cierto es que fueron ustedes, los socialistas, los que proclamaron hace unos años aquello de que Montesquieu había muerto, pero lo que no podíamos llegar a imaginar es que el certificado de defunción lo iba a firmar en persona el doctor Sánchez en la España del siglo XXI. Pero no pensemos que esto es una anécdota, porque recientemente su jefe volvió a la carga nombrando como fiscal general del Estado nada menos que a su antecesora en el cargo, doña Dolores Delgado, la de las amistades peligrosas con el prevaricador Garzón o el encarcelado Villarejo, además de candidata socialista, diputada socialista, ministra socialista. En suma, un compendio de la objetividad, imparcialidad, neutralidad y autonomía que debe poseer quien ostente tan alta institución del Estado. ¿No cree usted que es así?

Y es en este escenario donde surge de repente el escándalo Dina-Iglesias, que vincula directamente a la Fiscalía con el vicepresidente segundo del Gobierno, y vaya por delante nuestro más absoluto respeto a la ejemplar labor que realizan a diario los más de 2500 fiscales que hay en nuestro país, pero, como en todas las cestas, en esta también parece que hay manzanas podridas. Porque, según vamos conociendo detalles de este caso, aquí todo apesta de forma cada vez más nauseabunda, señor ministro; aquí todo es pestilente, hedor a cloaca para favorecer y proteger a Pablo Iglesias, el político que retuvo ilegalmente en su poder durante casi un año la tarjeta del teléfono móvil de su secretaría, con datos muy comprometidos para él y para Unidas Podemos; el político que nos ocultó a todos esa circunstancia, incluida su propietaria, para no poner más presión sobre una mujer de veintipocos años. Sí y de este, del de los azotes, es de quien depende la igualdad en nuestro país. ¡Arreglados vamos! Y lo más grave de todo, es el político que destruyó esa tarjeta y la información que contenía para, a continuación, montar una falsa denuncia, en la que llegó a dar hasta dos números distintos como pertenecientes al teléfono supuestamente sustraído, para presentarse ante la opinión pública española como víctima de un Estado que nada le había hecho. Absolutamente despreciable.

Y ahora, a modo de epílogo de estas maniobras orquestales en la oscuridad, al estilo del caso Delcy de su compañero Ábalos, descubrimos que el señor Iglesias tenía su propio caballero negro, de nombre Stampa y de profesión fiscal anticorrupción, cuyos líos con la abogada de su socio podemita han propiciado que sepamos de los oscuros tejemanejes y filtraciones entre esa Fiscalía y el Gobierno que usted representa, lo que ya ha motivado que por parte de la Fiscalía de Madrid se hayan abierto diligencias de investigación para esclarecer lo ocurrido. Frente a su Fiscalía patriótica, señor ministro, la Fiscalía de toda la vida, que de esa sí nos fiamos.

Y concluyo con una recomendación: mucho ojo porque el señor Iglesias puede terminar, muy posiblemente, en el banquillo por haber cometido seis delitos. ¡Ojo!, que el caso Dina va a resultar pura dinamita para hacer saltar por los aires su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Campo Moreno): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Bernabé.

Ahora sí le voy a contestar, porque ahora he entendido su pregunta. (Rumores). Usted quiere que yo le dé mi opinión sobre lo que ha dicho usted, y se lo voy a decir. Usted no cree en la presunción de inocencia de nadie. Usted no cree en la actuación y la autonomía de funcionamiento del ministerio fiscal, figura con acogimiento constitucional que promueve la acción de la justicia. Usted no cree en la justicia. Usted acaba de hacer un juicio de intenciones —y por eso estoy opinando sobre él— que desmerece la actuación de nuestros tribunales de justicia. Ha dado por hecho elementos que son propios de un juicio anticipado o un juicio paralelo, y no me voy a permitir calificarlo, pero usted sabe lo que estoy pensando.

Le digo: valore a la justicia, valore a los operadores, valore al ministerio fiscal que promueve la acción de la justicia, la suya y la mía, y la de todos los ciudadanos.

Y mire, me encantaría que alguna vez me preguntaran sobre el papel de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el papel de la extensión del fortalecimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; me gustaría que alguna vez arrimaran el hombro para la renovación de los órganos constitucionales; me gustaría que cumplieran esa Constitución, que se les llena la boca, pero es solo de boquilla, porque son incapaces de creerse los principios y valores que consagra nuestro texto constitucional.

Y le diré, este ministro defenderá al ministerio fiscal hoy y siempre, porque está muy por encima incluso de sus opiniones. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro de Justicia.



PREGUNTA SOBRE EL BALANCE QUE HACE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y LAS MEDIDAS QUE SE VAN A ADOPTAR A CORTO Y MEDIO PLAZO. 680/000177 MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ BERMÚDEZ (GPS)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.

Pregunta del senador Vázquez Bermúdez del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor VÁZQUEZ BERMÚDEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, señor ministro.

Antes quiero recordar que el Campo de Gibraltar es mucho más que narcotráfico e inmigración. Es una tierra que tiene un enorme potencial y ese potencial lo tenemos que convertir en alternativas, en educación y en empleo, en empleo y en educación; o dicho de otra manera, en seguir desarrollando el Plan integral que aprobó el Gobierno socialista en el año 2018.

Señor ministro, la puesta en marcha del Plan de seguridad para el Campo de Gibraltar ha significado un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Se ha intensificado la presión policial y a nadie se le escapa el importante número de operaciones que se vienen produciendo con éxito. Un dato muy elocuente: en pleno estado de alarma, desde el 14 de marzo a principio del mes de junio, se registraron 25 operaciones contra el narcotráfico, pero se ha seguido trabajando en este tiempo; hoy mismo, una nueva operación, un nuevo golpe. Y eso es fruto de la voluntad política, la voluntad política de un Gobierno socialista.

Y lo que hace este Gobierno contrasta con lo que hacía el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, en los seis años anteriores. El paso del Partido Popular por Interior se resume en cosas como intrigas patrióticas, el barco del Piolín o recortes, muchos recortes. Recortando todo; recortando en sanidad; recortando en educación; recortando en dependencia, en servicios sociales y también en seguridad: 12 000 efectivos menos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, casi 2000 menos en Andalucía. También le pasó lo mismo al Partido Popular cuando gobernaba Aznar. Con lo cual, muchos golpes de pecho del Partido Popular, pero, luego, la realidad de su gestión dice justo lo contrario.

Señorías, señor ministro, creo que hay que felicitar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y también al Servicio de Vigilancia Aduanera; son los protagonistas del éxito de este plan. Creo que es de justicia reconocer que su llegada al ministerio ha supuesto un impulso en la lucha contra el narcotráfico en la comarca. Los de la bancada de la crispación, los de la bancada de la bronca, los de la bancada del fango tendrían que tener un gesto de altura y reconocer su trabajo, porque nunca como hasta ahora se ha actuado con tanta contundencia y con tanto éxito en la lucha contra el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar.

Señor ministro, por todo esto, el Grupo Socialista le pregunta por el balance del Plan de seguridad para el Campo de Gibraltar y qué medidas piensa adoptar su ministerio a corto y medio plazo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El señor ministro del Interior tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora presidenta.

Senador Vázquez, muchas gracias por su pregunta. Quiero referirle que no todo es seguridad lo que necesita el Campo de Gibraltar. El Campo de Gibraltar necesita una inversión fuerte, transversal y en todos los ámbitos: educativo, social, económico, financiero. Y, como usted ha recordado, en eso está el Gobierno, que ya, en noviembre de 2018, aprobó un plan con más de 1000 millones de euros. En esos términos, evidentemente, dependemos de los presupuestos, esos presupuestos tan ansiados que espero que las Cámaras próximamente se dignen en aprobar por el bien de toda la ciudadanía española. No obstante, también en ese ámbito se ha trabajado; se ha trabajado desde Transportes en la vía férrea a Boadilla; se ha trabajado desde Hacienda también —y quiero reconocerlo— en la zona franca de Los Barrios. Pero el plan de seguridad, como usted ha dicho, fue uno de nuestros primeros retos, porque veíamos que el principio de autoridad había fracasado en esa zona.

En julio de 2018 ya acordamos y adoptamos las medidas. Incrementamos las plantillas de Policía y de Guardia Civil en más de un 12 %. Hemos mantenido el catálogo cuatro puntos por encima del resto de España. Hemos hecho incautaciones superiores a 268 toneladas de droga, de hachís, de cocaína. Pero lo que es más importante también, hemos atacado el elemento patrimonial económico de las organizaciones criminales a través de información e inteligencia, incrementando los grupos de trabajo, los grupos de inteligencia y los operativos, tanto los de las zonas como las unidades centrales. En esos términos, hemos colaborado con los jueces y con los fiscales; con el Ministerio de Justicia se crearon juzgados en la zona del Campo de Gibraltar, en La Línea, en San Roque. Seguimos trabajando. Hemos aprobado un plan para el próximo año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2021, con una inversión —porque para nosotros esto es inversión, no es gasto— de más de 48 000 000 de euros en ese año y medio. En eso seguimos y seguiremos trabajando y, como usted ha dicho, con una incautación de drogas de más de 13 000 kilos al mes. Hoy mismo ha habido una operación. Quiero que mis últimas palabras en este sentido sean de reconocimiento, como usted ha dicho, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a Vigilancia Aduanera dependiente de Hacienda, que han trabajado de una forma intensa, importante y relevante para luchar contra esa lacra. Seguiremos en ello y seguiremos haciendo frente. Hemos ampliado la zona no solo al Campo de Gibraltar, porque no hay que estigmatizarlo, sino también a otras zonas de Cádiz, de Málaga, de Huelva; y estamos trabajando en ello, evidentemente.

Termino diciéndole que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas las instituciones trabajamos porque hay gente que nos incita a trabajar, que es la sociedad civil. Déjeme que hable de todas las coordinadoras de la zona, como la Coordinadora Alternativas, con Paco Mena...

La señora PRESIDENTA: Señor ministro...

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): ... y mucha más gente trabajando y con una persona recientemente fallecida, una de esas madres que lucharon desde los ochenta contra la droga, Isabel Rodríguez Martos. (Aplausos).



PREGUNTA SOBRE LA SOLUCIÓN PREVISTA POR EL GOBIERNO AL PROBLEMA EXISTENTE EN LAS ESCUELAS PARTICULARES DE CONDUCTORES DE GIPUZKOA, EN RELACIÓN CON LA FALTA DE EXAMINADORES. 680/000182 ALMUDENA OTAOLA URQUIJO (GPV)

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora Otaola Urquijo del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

La señora OTAOLA URGUIJO: Señor ministro, el problema de la falta de examinadores en Guipúzcoa está siendo evidente. Muchos aspirantes llevan varios meses sin poder obtener la pertinente licencia de conducir. Hay que tener en cuenta que entre estas personas se encuentran profesionales que requieren permisos de conducir, como de autobús, camión, taxi, con las consecuencias laborales que ello puede acarrear. Esta situación no es nueva; desde hace al menos diez años las plazas de examinadores no se cubren en este territorio; de una plantilla estimada de unos 10 examinadores, en la actualidad hay solamente 4. A esto hay que añadir que la ratio del número de aspirantes por examinador al día se ha visto disminuida como consecuencia de las medidas adoptadas por la COVID-19, pues ha bajado de 12 a 10 aspirantes por día y por examinador. En la actualidad, hay casi 5000 aspirantes en Guipúzcoa esperando a realizar su examen y esto significa que, a diferencia de Vizcaya y Álava donde todas las autoescuelas pueden presentar semanalmente un número de aspirantes, en Guipúzcoa este periodo se alarga. Estamos ante una situación que se ha ido cronificando a lo largo del tiempo y se han ido buscando soluciones temporales a este problema, como trasladar examinadores de Álava a Vizcaya o de otros territorios, durante periodos críticos como el actual, al territorio histórico de Guipúzcoa, pero no nos parece que esta sea la solución adecuada.

Las plazas en Guipúzcoa no se cubren, y cuando se cubren, pasado el tiempo mínimo exigido, los funcionarios piden los traslados principalmente por falta de arraigo. Ante esta situación, le preguntamos: ¿Cómo prevé el Gobierno solucionar el problema existente en las escuelas particulares de conductores de Guipúzcoa en relación con la falta de examinadores?

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señora presidenta.

Senadora Otaola, gracias por la pregunta. Le referiré cómo estamos trabajando desde el minuto cero de llegar al Gobierno: reforzando las medidas destinadas a suplir la falta de examinadores, tanto en Guipúzcoa, como ha dicho, como en el resto de provincias, donde se ha objetivado dicha problemática.

En ese sentido, estamos habilitando convocatorias de exámenes en sábado; estamos trasladando también examinadores itinerantes que apoyen la carencia de determinadas provincias, como es el caso de Guipúzcoa; y sobre todo, señoría, estamos reforzando la provisión de puestos mediante procesos selectivos del Cuerpo General Administrativo en la especialidad de Tráfico. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senadora Otaola, tiene la palabra.

La señora OTAOLA URQUIJO: Entenderá, señor ministro, que todos los días tenemos manifestaciones en Guipúzcoa que no comparten lo que usted está exponiendo. Lo que necesitamos es un calendario concreto, necesitamos fechas concretas y que estos 5000 aspirantes que están esperando a sacar la pertinente licencia de conducir sepan cuándo se pueden examinar. Consideramos que llevan ustedes diez años en punto muerto en esta cuestión y que es hora de que se pongan en marcha y adopten soluciones concretas para resolver este problema.

El Gobierno vasco está dispuesto a desarrollar, a través de fórmulas jurídicas, el ejercicio material de esta competencia. Nos consta la preocupación del director general de la DGT en este asunto, pero entendemos que esta cuestión no se puede seguir demorando y que necesitamos una solución inmediata.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora Otaola.

Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Usted ha hablado de diez años y en esos diez años —nosotros llevamos dos— le voy a refrescar quién estaba gobernando. En el desarrollo de estos dos años, por ejemplo, en la Función Pública, que para nosotros es importante, tenemos ya en fuerzas y cuerpos de seguridad 5000 efectivos más de los 12 000 que se perdieron; en instituciones penitenciarias tenemos 2100 funcionarios más, pero también la Dirección General de Tráfico, por supuesto, es importante. Dentro de nuestro concepto de seguridad humana, la seguridad vial es relevante y trascendente, y aprovecho este momento para decir que no confundamos libertad con velocidad en la campaña de verano. Déjenme que aproveche para concienciar, porque en este país, como decimos, no nos podemos permitir más muertos.

En lo referido a tráfico, la Dirección General de Tráfico, como usted ha dicho, también ha sido víctima de recortes durante todos estos años y de la insensibilidad social de los gobiernos del Partido Popular durante los siete años anteriores. En este sentido, le recordaré que desde el año 2018 se han convocado, estando nosotros, 7 puestos con destino en Guipúzcoa y 41 plazas por acceso libre, fruto del compromiso del director de tráfico y el nuestro con la recuperación y fortalecimiento de todos los servicios públicos. A este respecto seguiremos trabajando y seguiremos haciendo todo lo humanamente y presupuestariamente posible para que esas 5000 personas que usted dice puedan examinarse a la mayor brevedad posible. Es un compromiso también de este ministro y de este Gobierno. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PONER FIN A LOS CONTINUOS RETRASOS EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE BURGOS Y VITORIA-GASTEIZ. 680/000181 MARÍA ISABEL VAQUERO MONTERO (GPV)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pregunta de la senadora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker, presidenta andrea, arratsalde on guztioi. Buenas tardes.

Señor ministro, el 3 de marzo le pedíamos una previsión para la conexión en alta velocidad del tramo Burgos y Vitoria-Gasteiz. Hoy le volvemos a preguntar por lo mismo, y es que llevan ustedes más de dos años para tramitar la declaración de impacto ambiental, no el proyecto de construcción ni la licitación de la obra; seguimos en estudios previos y queremos más implicación. Le pedimos al Gobierno que se comprometa con esta infraestructura y no alargue su tramitación sine die. Estamos preocupados, y más cuando leemos las contestaciones que recibe nuestro grupo en el Congreso.

Hagamos un repaso a lo que ustedes han dicho. A finales del 2018 el Ministerio de Fomento, promotor de la obra, remite el estudio informativo para su evaluación por el Ministerio de Transición Ecológica. Con la entrada en vigor de la Ley 9/2018, y para dar cumplimiento a la reforma legal, el ministerio tuvo que elaborar un documento adicional y someterla nuevamente a audiencia. Esta documentación adicional fue remitida nuevamente al Ministerio de Transición Ecológica en julio de 2019. Seis meses más tarde, el Ministerio de Transición Ecológica considera que la documentación técnica es insuficiente para evaluar las alternativas planteadas y nuevamente se solicitan estudios complementarios. Nos preguntamos cómo es posible tanta descoordinación, pareciera que son ministerios de gobiernos diferentes y de partidos políticos diferentes. Y por si tanta descoordinación fuera poco, el 9 de junio el Ministerio de Transportes solicita la suspensión de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, alegando la imposibilidad de completar en plazo el expediente por el estado de alarma y acuerda, el 17 de ese mes, la suspensión durante el tiempo que sea necesario.

Esta es la contestación que recibe mi grupo en el Congreso y que, tras aparecer publicada en prensa, es ampliada por el ministerio, en la cual se hace un relato cronológico de los pasos dados por el Gobierno en la tramitación, que más parece un cuento para intentar justificar un retraso injustificable que demuestra la no apuesta del Gobierno por este corredor.

El retraso acumulado, señor ministro, supone que Euskadi, y también todas aquellas comunidades autónomas a las que abarca el corredor atlántico, pierda oportunidades sociales y económicas y que, debido a los repetidos retrasos de este proyecto, se pierda financiación europea; bastante, por cierto, si hacemos caso a los datos facilitados por su ministerio.

Por ello, le reformulamos la pregunta. ¿Qué medidas va adoptar el Gobierno para poner fin a los continuos retrasos en la línea de alta velocidad del tramo Burgos-Vitoria/Gasteiz?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Muchas gracias, presidenta.

Señora senadora, efectivamente, usted me hizo una pregunta a principios de marzo y, efectivamente, ya le planteé cuál era la tramitación que teníamos. A lo que usted se refiere ahora que apareció en prensa es consecuencia de una respuesta parlamentaria por escrito de fecha 29 de junio, que fue la que, como digo, trascendió a la prensa y que solo contenía la información correspondiente al actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No se preguntó al Ministerio de Fomento. Por lo tanto, la respuesta se limitó estrictamente a los antecedentes que tenía.

En efecto, en enero nos pidieron requerimientos adicionales, como ya le dije también en marzo y, en consecuencia, en junio nos vimos obligados a pedir una suspensión del procedimiento de evaluación ambiental, como trascendió a la prensa, pero para poder dar respuesta a esos requerimientos, es decir, no para frenar el procedimiento, sino para que este no decayera, porque en los meses de la pandemia fue imposible completar esos trabajos de campo y, por lo tanto, para que no decayera precisamente la evaluación y no tuviéramos que volver a empezar de cero, pedimos esa suspensión. De no haberla pedido, se hubiera perdido todo el trabajo que se había hecho y tendríamos que volver a empezar.

Al detectar que eso se publicó así y se interpretó equivocadamente, el día 8 de julio, un día antes de que se registrara esta misma pregunta que usted me hace ahora, el Gobierno remitió una ampliación a dicha respuesta que no fue recogida ya por la prensa, no tuvo ya el mismo impacto. ¡Claro!, aclarar las cosas cuesta más que denunciarlas.

Y en este periodo sí que le quiero avanzar, para que vea que vamos consiguiendo algo, que hemos completado el estudio hidrogeológico, que no es poca cosa. Sin embargo, lo que no hemos podido concluir todavía son otras tareas relacionadas con el censo de aves rapaces y esteparias, la estimación de la población del visón europeo en la zona y las prospecciones de campo de ciertas especies vegetales. Esto ha sido debido, como le decía antes, a que para realizar los estudios hay que adaptarse a los ciclos biológicos y era necesario realizar estos trabajos de campo que, como le he dicho, se vieron afectados por la crisis del coronavirus y fue imposible la movilidad en ese tiempo.

Por lo tanto, lo que quiero, una vez más, es ratificar también la voluntad de que en el tramo de línea de alta velocidad Burgos-Vitoria continuamos con los trámites necesarios para la aprobación de la DIA y, por ello, seguimos avanzando en esos trabajos. Espero que la demora se refiera estrictamente a esos tres meses que tuvimos de estado de alarma.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senadora Vaquero Montero, tiene la palabra.

La señora VAQUERO MONTERO: Con ustedes tenemos que hacer un acto de fe en relación con este tramo y con el corredor atlántico. Lo podemos hacer nuevamente.

El dictamen de mayo del Consejo de Europa sobre el Programa de estabilidad 2020 recomienda a España que haya políticas presupuestarias que fomenten la inversión. Y, en concreto, la tercera recomendación habla de anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en fase avanzada de desarrollo y, entre ellos, cita los proyectos de transporte sostenible. La Y vasca y este corredor son parte de esos proyectos.

Por lo tanto, nos alegramos de que ustedes estén tan implicados. Volveremos a hacer un acto de fe, pero seguiremos insistiendo en que esta obra acabe culminándose.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿El señor ministro desea intervenir?

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Muchas gracias.

Nuestra intención, en la medida en que esto entra dentro de los requerimientos y las directrices de la Comisión, es trabajar intensamente en ello.

Como le digo, espero que solamente se vea afectada por la demora de estos tres meses. Espero que sea así. Yo creo que lo vamos a conseguir.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE UN PLAN DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS PUERTOS PARA QUE LOS BARCOS ESTACIONADOS PUEDAN FUNCIONAR SIN EMITIR ELEMENTOS CONTAMINANTES PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN. 680/000183 LAURA CASTEL FORT (GPERB)

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora Castel Fort del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

La señora CASTEL FORT: Buenas tardes, señor ministro.

¿Tiene este Gobierno algún plan de electrificación de puertos para que los barcos amarrados puedan funcionar sin emitir contaminantes? Sabemos que el puerto de Tarragona presentó el pasado jueves un plan de sostenibilidad muy interesante, donde se compromete a reducir un 96 % las huellas de carbono en sus instalaciones. Pero es en el transporte marítimo donde hay que intensificar los esfuerzos, pues este tipo de transporte emite 940 millones de toneladas de CO2 anualmente y el 2,5 % de los gases de efecto invernadero. Barcelona lidera un ranking de los 50 puertos con mayor nivel de contaminación de Europa y la costa española es la más expuesta a la polución de los barcos, con 14 500 toneladas de óxido de azufre. Eso significa 50 veces más que 23 millones de vehículos. Repito, 50 veces más que 23 millones de vehículos.

Sería interesante la creación de áreas de control de emisiones, como las establecidas en el mar Báltico, en el del Norte y en el Canal de La Mancha, así como promover una normativa de 0 emisiones en los muelles que incluya los cruceros. Una solución parcial es la electrificación de los puertos para que los grandes cruceros se conecten a la red y se reduzcan al mínimo las emisiones. También es factible que se acelere la transición hacia el uso de combustibles limpios, ya sea hidrógeno, baterías o biodiésel. Un crucero consume como 12 000 coches de fueloil, que es cien veces más tóxico que el diésel de automóviles, un combustible que está prohibido en tierra y que, sin embargo, se permite en el transporte marítimo.

El Harmony of the Seas, que alberga a 10 800 pasajeros, consume 2,5 millones de litros de fueloil al día. Insisto, 2,5 millones de litros de fueloil al día. Estas emisiones afectan directamente a la salud de las poblaciones y ecosistemas y se agrava cuando atracan en un puerto. El establecimiento de impuestos sobre emisiones de óxidos de nitrógeno reduciría las emisiones hasta un 70 %. También entendemos que ahora es el momento de paralizar las ampliaciones proyectadas de este tipo de infraestructuras. Muchos puertos no son viables y es necesario un plan de redimensionamiento para enfrentarse a los retos económico, climático y de calidad del aire, como también replantearnos qué tipo de modelo económico asociado queremos. Hasta este momento hemos soportado un modelo económico expansivo a costa de la contaminación de ciudades, con barrios muy expuestos. Pero ha llegado el momento de reducir los puntos críticos de emisión. La ciudad de Oslo está cerrando tres de las cuatro terminales de cruceros. Y el Parlament Balear ha decidido paralizar la ampliación del aeropuerto.

Sabemos que la electrificación de los puertos solventa solamente una parte del problema, pero la contaminación durante las maniobras de entrada y salida sigue generando una emisión intolerable para la salud de la población. Señor ministro, ¿qué va a hacer su Gobierno al respecto?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (Ábalos Meco): Gracias, presidenta.

Muchas gracias, señora Castel.

Respondiendo a la pregunta, sí que está previsto. El Marco estratégico del sistema portuario de interés general contempla la sostenibilidad ambiental de los puertos como una de las líneas de dirección y planificación importantes. Este objetivo incluye una apuesta firme del sistema portuario por la electrificación de los puertos, incluidos sus muelles. Esta apuesta del Gobierno por la ecoeficiencia tiene como soporte la autogeneración y el autoconsumo de energía con origen en renovables, supeditado al objetivo de huella de carbono neutral.

Con este plan estamos ejecutando, con ayuda comunitaria, el proyecto OPS Master Plan para los puertos españoles, con el fin de elaborar un plan marco de suministro de energía eléctrica a buques en atraque, con un presupuesto total en torno a 5 millones de euros, lo que facilitará la implantación de esta tecnología alternativa a quemar combustibles fósiles en el entorno de las ciudades. Dicho plan se fundamenta en los proyectos piloto en Tenerife, Baleares y Las Palmas. Con este proyecto varios fast ferry y ferris convencionales, así como buques atracados durante largas estancias, podrán ser conectados a la red general eléctrica y apagar también así sus motores auxiliares. Además, el Master Plan incluye varias medidas administrativas identificadas como barreras que impiden su desarrollo. Ahora le comentaré alguna.

De las siete medidas incluidas, ya tenemos implementadas seis de ellas. Aún quedan retos pendientes. Nuestro compromiso, de todas formas, es firme en este sentido, y dentro de nuestro ámbito estamos trabajando para solventar algunos problemas que tenemos. Es cierto que solo una parte de la flota está preparada o que no siempre hay disponibilidad de potencia, por lo que estamos trabajando en adoptar medidas que nos ayuden a superar estos inconvenientes. No es inmediato obligar a los buques a conectarse, porque hay una importante componente global y es en el seno de la comunidad internacional donde tenemos que superar este inconveniente y debatirlo.

También hay que llegar a un equilibrio entre las inversiones a acometer, para las que estudiaremos todas las fuentes de financiación viables y la garantía de que las nuevas instalaciones se utilicen. Y en el caso particular de la Autoridad Portuaria de Barcelona, tenemos en marcha un proyecto piloto que prevé llegar a sus muelles más de 60 megavatios de potencia.

En caso de confirmarse la modificación de la Directiva 94/2014 reguladora de esta materia, lo recogeremos en nuestro plan. Puertos del Estado ya tiene planificado un paquete de diez nuevas instalaciones de suministro eléctrico en atraque para los próximos ejercicios 2021 a 2025, por un importe de 25 millones de euros, que, incluso, podría ser objeto de una solicitud de subvención a la Unión Europea.

El objetivo del Gobierno es lograr que en 2030 el 100 % de los puertos se encuentren electrificados, al menos, en lo que respecta a sus operaciones más relevantes con energías renovables.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS SURGIDAS TRAS EL COVID-19. 680/000178 LORENA ROLDÁN SUÁREZ (GPCs)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional, de la senadora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, que será formulada por el senador Marcos Arias.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.

Le preguntamos sobre las desigualdades educativas surgidas tras la COVID-19. Señora Celaá, si el virus ha afectado por igual a todos los centros educativos y a todas las familias, lleven a sus hijos a la escuela pública o a la concertada, ¿por qué se empeñan en dejar a la escuela concertada fuera de las ayudas para la reconstrucción?

Miren, señorías, todo empezó en 2017 con este titular que apareció en el diario El Mundo: «Podemos exige suprimir la concertada». Y después nos desayunamos con otros titulares como estos: La Ley Celaá crispa a la concertada. Celaá declara la guerra a la concertada. Celaá irrita a la concertada al decir que la Constitución no avala la libre elección del colegio. Estos titulares aparecieron en La Vanguardia, en El Mundo y en el diario El País. Efectivamente, son informaciones anteriores a la pandemia. Pero, señora Celaá, aprovecharse de la pandemia, de la COVID-19, para imponer sus prejuicios es una irresponsabilidad y un grave ataque a la igualdad de todos los alumnos.

En estos momentos es vital garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y las niñas, evitando cualquier discriminación y corrigiendo cualquier desventaja que pueda producirse por razón de centro, condiciones personales, familiares, socioculturales, económicas o del territorio de residencia. Dígame por qué nos plantea este falso dilema en la educación. Si ayudamos a la pública y a la concertada no perjudicamos a la pública, sino que reforzamos la pública, que es muy diferente. Porque la red pública, como bien sabe, está formada por la escuela pública y la concertada.

Todos los alumnos de España se han visto perjudicados por la pandemia, por la brecha digital o por el tiempo dispuesto de sus familias. No importaba la titularidad de la escuela: pública o concertada, o su modalidad: ordinaria, específica o especial.

No copien, señorías, los peores vicios y usos de Podemos. Cada vez que hay un problema, toman el camino fácil. Buscan algo a lo que enfrentarse. No afrontan la crisis de la COVID. Y no se afronta la crisis de la COVID enfrentando a la sanidad pública con la concertada o de titularidad público-privada, a la escuela pública con la escuela concertada, a los centros de educación especial con los centros ordinarios. Enfrentar no aborda el derecho a la educación. Enfrentar no impulsa la igualdad de oportunidades. Enfrentar, señora ministra, profundiza en la discriminación.

Señoría, usted sabe que hemos acordado documentos de reconstrucción económica, sanitaria y de la Unión Europea en la Comisión para la Reconstrucción, pero el documento social sigue pendiente. ¿Votará su grupo parlamentario en el Congreso a favor del voto particular que ha presentado Ciudadanos en favor de las ayudas a la escuela concertada?

Señorías, abandonen el camino de Podemos, abandonen el sectarismo. Recapacite y rectifique, señoría. ¿Sabe por qué? Porque hay dos millones de alumnos y alumnas que necesitan su ayuda y que tienen derecho a ser ayudados.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor Marcos. Todo lo que usted ha mencionado aquí es prejuicio. Todo lo que usted ha expuesto aquí son titulares de periódicos. Todo es crítica gratuita. Todo son fake news. La verdadera preocupación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, como no podría ser otra, es atender a los alumnos más vulnerables que hay en el sistema, al margen de la titularidad de los centros educativos. Y he de decirle que, durante siete años, la escuela pública ha estado innominada en este país, nadie la ha mencionado, y los resultados han sido una reducción del gasto por alumno del 13,5 en la educación pública y del 0,5 en la educación concertada.

Pero no es eso lo que tenemos que confrontar, no es eso lo que preocupa al Ministerio de Educación. Lo que al ministerio le preocupa es precisamente atender las necesidades de las personas más vulnerables al margen de la titularidad del centro, y por ello miraremos a todos los alumnos, estén en el centro que estén, para atender sus necesidades. Para ello hemos puesto más inversión encima de la mesa, hemos contestado a la crisis con más inversión educativa, no con más recortes y, desde luego, con más modificaciones en el proyecto de ley que vienen a atender precisamente aquellas cuestiones que usted ha pretendido poner encima de la mesa y que no son preocupación ni inquietud de este ministerio, sencillamente porque no nos reconocemos en ello. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio, porque en esta sala cualquier rumor se oye muchísimo más que en el hemiciclo. Si desean hablar, pueden salir de la sala cuando lo consideren oportuno para no molestar al orador o a la oradora que esté en el uso de la palabra.

Le restan cuatro segundos, senador Marcos. ¿Desea hacer uso de ese tiempo?

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidenta.

Solo quiero decirle a la ministra que fake, no. Soy un senador más y de un grupo parlamentario como es Ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Senador Marcos, son 2000 millones de euros contemplados en un real decreto ley, destinados a la educación, que se distribuirán a las comunidades autónomas en septiembre para su administración; 624 millones; 1900 millones en becas; 386 millones de euros más para becas, que irán, obviamente, a aquellos alumnos que lo necesitan; y 500 000 dispositivos electrónicos, con solo una condición: que vayan a los más vulnerables. De nada servirá dar un segundo dispositivo electrónico a quien ya tiene uno porque entonces tendrá dos, mientras que quien no lo tenga de esa manera podrá conectarse a la educación.

Señor senador, estos son los temas que nos preocupan. Nos preocupa la pobreza infantil, nos preocupa la vulnerabilidad, nos preocupan aquellos alumnos que han permanecido desconectados durante la pandemia, nos preocupa precisamente que aquellos que son más vulnerables hayan sufrido más estando desconectados de la escuela. Esta es nuestra preocupación.

Convirtamos esta crisis en oportunidad. Y le invito a trabajar conjuntamente para poder poner fórmulas encima de la mesa, respuestas encima de la mesa en términos de mayor inversión y de mayor innovación para la educación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE EL NÚMERO DE ESPAÑOLES EN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) QUE PERMANECEN SIN COBRAR LA PRESTACIÓN QUE LES CORRESPONDE. 680/000187 MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL (GPP)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo y Economía Social.

Pregunta de la senadora Heredia de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Buenas tardes, señora ministra.

¿Cuántos trabajadores incluidos en ERTE quedan sin cobrar la prestación que les corresponde?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Trabajo.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenas tardes, presidenta.

Muchas gracias, señora Heredia. Se han resuelto y se han abonado todos los expedientes que correctamente han entrado en el Servicio Público de Empleo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Senadora Heredia, tiene la palabra.

La señora HEREDIA DE MIGUEL: Muchas gracias por su respuesta.

Mire, nosotros confiábamos en sus declaraciones cuando afirmó, en el mes de mayo, que todos los expedientes pendientes estarían pagados en dicho mes. En junio, los medios de comunicación han venido publicando que miles de personas todavía permanecían sin cobrar, y las cifraban en 200 000. Ahora, en julio, un informe interno del Ministerio de Hacienda cuestiona la credibilidad de los datos de paro de su ministerio. Y el otro día, el 11 de julio, nos desayunábamos en un medio de comunicación con una entrevista en la que el Gobierno catalán les acusa de falta de transparencia por no querer facilitar los datos de las personas que todavía no han cobrado. Son sus socios, no nosotros, los que en esa entrevista dicen que todavía hay miles de personas que no han cobrado. Nosotros no hemos dicho nada.

Lo cierto es que el baile de cifras ha sido una constante en su caótica gestión de los ERTE, una gestión caótica por los retrasos en los pagos; por no haber sabido rentabilizar el refuerzo de los 1000 interinos ni del famoso contrato de Tragsatec; por causar problemas a todos los implicados: empresarios, trabajadores, empleados, gestorías y hasta los bancos; por la falta de sensibilidad con los más necesitados, compensando deudas en un programa informático en un momento en que eso no procedía y permitiendo que se aprobaran prestaciones ridículas por importe de 1 euro o de 14 euros —eso se podía haber evitado—; y porque ha conseguido colapsar todo el Servicio Público de Empleo Estatal.

Ahora que los ERTE se han prorrogado, medida que a nosotros nos parece muy bien —lo pedimos en esta Cámara y también nosotros lo incluimos en nuestro proyecto de Activemos España—, el SEPE está totalmente colapsado, porque, como usted sabe, miles de trabajadores, sobre todo del sector del turismo, se están incorporando a tiempo parcial y eso dificulta enormemente la gestión; por la gestión en la tramitación de las devoluciones, porque muchos trabajadores recibieron la prestación cuando ya se habían incorporado a su trabajo; y por la gran cantidad de recursos presentados, porque todo eso hay que tramitarlo ahora, cuando además se ha retomado la atención al público.

Me imagino que me contestará como usted acostumbra, diciendo que no nos enteramos de nada, que no sabemos nada, pero que nos lo va a volver a explicar. Pero lo que aquí está en duda es su capacidad de gestión y no nuestra capacidad para entenderla a usted. Nosotros entendemos perfectamente a usted y sus políticas. La entendemos tan bien, que incluso entendimos a la primera lo que eran los ERTE en aquella rueda de prensa tan surrealista en la que usted no lo sabía explicar. (Aplausos). Quizá si lo entendimos tan bien, aunque usted lo explicara tan mal, es porque esos ERTE eran los de nuestra reforma, por mucho que usted la niegue y se vaya otra vez a la Ley de 2010. De 2010 sí que es el famoso Real Decreto Ley 8, de 20 de mayo, del Partido Socialista, el de los mayores recortes que nunca se han dado en la Administración: paralizaron las ofertas de empleo, prohibieron las contrataciones y rebajaron un 5 % el sueldo de todos los empleados.

La señora PRESIDENTA: Señoría...

La señora HEREDIA DE MIGUEL: A mí me emociona y me enternece ver ahora cómo ustedes sienten todo aquello y se acuerdan de todos sus empleados públicos. Se lo digo, por si usted lo quiere tener en cuenta de cara a los próximos presupuestos. No hablo de...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Trabajo y Economía Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Gracias, presidenta.

Señora Heredia, tengo entendido que usted es una técnica superior de la Administración del Estado, exactamente de la Seguridad Social (Rumores), y me preocupa muchísimo que una funcionaria como usted haga afirmaciones de esas características en esta Cámara. (Rumores.— Aplausos). Y me preocupa muchísimo, porque es la línea que viene siguiendo el Partido Popular.

Los medios de comunicación, cuando ustedes dan esas cifras, les preguntan de dónde salen sus fuentes de información. ¿Y sabe qué responden el Partido Popular y el señor Casado? No responden. ¿Sabe por qué no responden, señora Heredia? Porque usted conoce perfectamente, como técnica superior del Estado, que esos datos no son ciertos. Pero sigan alimentando la bola. (Rumores).

Señora Heredia, le voy a decir lo que ha pasado hasta el 30 de junio en nuestro país. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): El 30 de junio, en nuestro país, hemos reconocido y pagado —usted es funcionaria superior del Estado— 5 129 620 prestaciones públicas, de las cuales 2 840 735, señora Heredia, por si tiene interés, son prestaciones COVID. Le voy a dar un dato positivo que seguro que le va a alegrar a usted y al Partido Popular: de esas personas en ERTE, se han incorporado ya a su actividad laboral 1 700 000, lo que demuestra que el sistema funciona. Por esa razón, este mes de junio hemos pagado una nómina de 4115 millones de euros, 1392 millones menos. Seguro que se alegra de este dato.

Señora Heredia, le voy a contar la verdad de los hechos. ¿Sabe cuáles son los únicos ERTE que no se han pagado en nuestro país? Los del Partido Popular del 2012, los del Partido Popular del 2013, los del Partido Popular del 2014. (Rumores.— Aplausos). ¿Sabe por qué, señora Heredia? Sencillamente porque no existieron. Y si por su partido fuera, tampoco se pagarían los del 2020. ¿Sabe por qué? Porque han votado en contra sistemáticamente de las políticas de este Gobierno. (La señora Pradas Ten: ¡Mentira!). Han votado en contra de las políticas de este Gobierno. (Aplausos), salvo el último real decreto ley, el primer acuerdo social por el empleo, al que se han visto abocados, obviamente, porque había dos grandes acuerdos sociales de este Gobierno. Por esa razón. Pero, en cuanto a los restantes decretos, si por usted y su partido fuera, los españoles y las españolas no cobrarían nada porque sencillamente no los han apoyado. (Protestas.— Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE PANDEMIA DE COVID-19 EN LA COMARCA DE EL SEGRIÀ, EN LA PROVINCIA DE LLEIDA. 680/000192 SARA BAILAC ARDANUY (GPERB)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad.

Pregunta de la senadora Bailac Ardanuy, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, hace meses que la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos trabajan intensamente para garantizar la salud de las personas en la comarca de El Segrià. Durante meses se ha trabajado para asegurar la campaña agraria atendiendo a las medidas de protección de la salud. Se han fijado protocolos de actuación, se ha reforzado el control en las residencias y los cribajes en las empresas, y todo ello en coordinación con los ayuntamientos. Pero, pese a todos los esfuerzos, el número de casos positivos de COVID-19 en Lleida ha ido aumentando de forma preocupante. Este incremento ha llevado a la Generalitat a adoptar nuevas medidas para el control de la pandemia en Lleida y en la comarca de El Segrià, primero, con medidas perimetrales y, posteriormente, con medidas de contención reforzadas para proteger la salud de las personas.

¿Sabe su Gobierno con qué criterio de salud pública la Fiscalía de Lleida propuso suspender una resolución del Govern dictada para proteger la salud de la ciudadanía? ¿Cómo valoran que haya fiscales jugando a epidemiólogos? Mientras algunos intentan hacer una batalla jurídica con la gestión, nos permitirán que nosotros trabajemos para reducir la transmisión del virus e intentar ayudar tanto como sea posible a la gente de Lleida. Somos muy críticos con la judicialización de la gestión de la pandemia. Cuando se trate de la vida y de la salud de las personas, desde Catalunya actuaremos como haga falta y cuando haga falta. Y no nos cansamos de recordar que la sanidad pública catalana espera que se revierta la infrafinanciación endémica que padece.

Por todo ello, le preguntamos sobre la evolución de la pandemia en la comarca de El Segrià.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, en la provincia de Lleida tenemos un incremento de unos 200 casos diarios en los últimos días. Un 63 % de estos casos son asintomáticos, lo que indica que hay una labor de cribado, de realización de pruebas diagnósticas, alta. La incidencia acumulada de esta provincia es la más alta de España. Hay unos 20 brotes activos en estos momentos, según nos ha comunicado la comunidad autónoma, y es evidente que hay transmisión comunitaria en la comarca de El Segrià y en Lleida. Por tanto, valoramos con preocupación la situación de los brotes que tenemos en Lleida y en El Segrià.

Estamos en un escenario de control, después de que el 21 de junio consiguiéramos controlar la epidemia en nuestro país, y en este escenario el papel preponderante corresponde, como es conocido de todos ustedes, a las comunidades autónomas. Y el Gobierno de España está ahí, en una relación muy fluida con todas las comunidades, en particular con la de Cataluña, ayudando y dispuesto a ayudar en todo lo que haga falta.

Hay un conjunto de medidas e instrumentos disponibles en la legislación vigente que permite controlar los brotes. Algunas de esas medidas se tienen que tomar, evidentemente, siempre con respeto al marco legal vigente, y en algunos casos ciertas medidas tienen que estar sometidas al control de autorización judicial. Hubo una resolución contraria a esas medidas. Me consta que hoy se ha presentado una nueva resolución que va a ser sometida a control jurisdiccional. Aquello que afecte a una restricción de derechos fundamentales o es controlado por el Congreso de los Diputados o es controlado por la autoridad judicial. Por tanto, lo valoro con preocupación, pero insisto en que hay una relación muy fluida, constante y permanente con las comunidades autónomas, en este caso con la de Cataluña, que tiene todo nuestro apoyo y lo va a tener en todo lo que pida para controlar este brote lo antes posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Bailac.

La señora BAILAC ARDANUY: Señor ministro, compartimos entonces la preocupación por la situación en El Segrià. La ciudadanía está cumpliendo con su parte y sabe que no podemos bajar la guardia, pero ni jueces ni fiscales ni partidismos ni electoralismos nos van a desviar del camino. Nos guía proteger la salud de la población. Apelamos a la colaboración, a la cooperación entre administraciones. Que nadie juegue a hacer un debate competencial con la salud de las personas.

El mejor apoyo a los ayuntamientos de El Segrià en estos momentos es permitir que movilicen sus superávits. Quienes trabajan en la Conca d’Òdena y en El Segrià esperan ver reconocida la baja por IT. Los agricultores que están tirando hacia adelante con la campaña en una situación excepcional esperan una rebaja en los módulos del IRPF. Muchas personas esperan que sus derechos sean reconocidos con una regularización. Y muchos trabajadores y trabajadoras en Lleida siguen esperando el pago de los ERTE. Y todo ello, señor ministro, está en sus manos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): La atención, el enfoque tiene que ir dirigido a controlar el brote. En eso está el Gobierno de España, y me consta que también está la comunidad autónoma de Cataluña. Todo lo demás: debates competenciales, discusiones jurídicas, nosotros lo dejamos al margen. El enfoque —insisto— tiene que ser controlar el brote, y hay instrumentos para hacerlo respetando la legalidad vigente. En este escenario de control es clave detectar precozmente los brotes y actuar con muchísimo contundencia con los instrumentos que hay disponibles. Todo lo demás no me interesa, se lo aseguro. Estoy en eso. El Gobierno de España está en eso: apoyando a quien le corresponde tomar la iniciativa en esta fase, en este escenario de control en el que estamos, que son las comunidades autónomas. Y le puedo garantizar la absoluta lealtad del Gobierno de España en este y en todos los momentos futuros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE EL MOMENTO EN QUE EL MINISTRO DE SANIDAD FUE CONSCIENTE DE LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, INCLUSO EL CONFINAMIENTO, POR LOS EFECTOS DEL COVID-19. 680/000186 JUAN JOSÉ SANZ VITORIO (GPP)

La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador Sanz Vitorio, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría

El señor SANZ VITORIO: Gracias, señora presidenta.

La doy por formulada en sus propios términos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señoría. Desde el primer momento, el Gobierno de España fue consciente de que nos enfrentábamos a un virus y a una enfermedad desconocida que podía requerir la adopción de medidas extraordinarias. Le quiero recordar que el 7 de enero, cuando tuvimos comunicación oficial de este virus, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias alertó al conjunto de las comunidades autónomas de la existencia de este nuevo virus, de esta nueva enfermedad. A partir de ahí, hemos ido adoptando medidas extraordinarias en función de cuatro criterios. En primer lugar, adaptándolas a la evolución de la epidemia en nuestro país, con un seguimiento que se hizo, al menos desde que yo me incorporé al ministerio, diariamente. En segundo lugar, apoyándonos siempre en las recomendaciones de la ciencia y de los expertos. En tercer lugar, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas. Y, en cuarto lugar, siguiendo siempre las recomendaciones de los organismos internacionales y en particular la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Senador Sanz, tiene la palabra.

El señor SANZ VITORIO: Muchas gracias.

Señor ministro, como usted dice, vamos a tratar de eludir lo que son las profecías del pasado y vamos a los hechos, como a usted le gusta.

El día 3 de marzo el ministro de Sanidad firma y remite un documento a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, un escrito de medidas extraordinarias en las que se contempla, entre otras, la supresión de congresos, la supresión de seminarios, e incluso la supresión de cursos de formación para los sanitarios, con dos objetivos fundamentalmente: uno, que no se contagien, y dos, impedir que pudieran contagiar a los más vulnerables; y ello porque se les iba a necesitar en las próximas semanas. Son medidas absolutamente excepcionales, absolutamente extraordinarias. Son medidas sin precedentes, señor ministro. ¿Y por qué lo hizo? Solamente hay dos razones por las que podía hacerlo: la primera, por una oculta animadversión hacia el sector sanitario, cosa que dudo y que le inhabilitaría para seguir siendo ministro; y la segunda, porque era usted absolutamente consciente de la gravedad de la situación.

¿Qué es lo que ocurre, señor ministro? Que en esos mismos momentos miembros de su Gobierno llamaban a acudir a manifestaciones masivas. Porque nos va la vida en ello. ¿Lo recuerda? Carmen Calvo dixit; ella solita, sin Pixie ni nada. O aportaciones a la ciencia como la de la ministra de Igualdad: Al virus se le vence con más feminismo. No sé qué pensaron los que estaban trabajando en la búsqueda de una vacuna, pero sería interesante saber qué pensó usted. Tal vez lo mismo que yo, tal vez pensó en Einstein cuando decía: Solamente hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy seguro. He aquí dos claros ejemplos de lo segundo.

Pero mire, señor ministro, dijo usted recientemente: Tal vez fuimos arrogantes con el virus. Arrogantes, soberbios e incapaces, una incapacidad que les llevó a negligencia, siendo suave, con causa de muerte. Y digo siendo suave, porque esa firma en ese documento se puede convertir en un incómodo testigo de cargo contra el ministro en un proceso judicial. Pero esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad aquí, en sede parlamentaria, es exigirle las responsabilidades que conlleva la mala gestión de esta pandemia, y eso solamente se salda de una manera: dimitiendo. Le ayudaré con otra posibilidad más para que tenga en cuenta. A fecha de hoy, después de casi un mes de supresión del estado de alarma, aunque parezca increíble, y lo vemos con enorme preocupación, no existe un marco normativo, probablemente con rango de ley orgánica, que disipe la inseguridad jurídica en la que se encuentra en estos momentos el conjunto de las comunidades autónomas. Suena a broma, pero es cierto. Es así.

Señor ministro, si le queda un mínimo de dignidad política... —fíjese lo que le digo: política, no personal, que estoy seguro de que aún es íntegra—. Es más, apelo a su dignidad personal para que se dirija a su dignidad política y le invite a dimitir, que es lo que procede en estos momentos. (Rumores). Y es que tarde o temprano el señor Illa tendrá que mirarse al espejo y tendrá que hacerlo con las gafas de ver, no con las de mirar; y lo que va a ver le aseguro que no le va a gustar absolutamente nada. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Señoría, déjeme empezar agradeciéndole su ayuda con mucha sinceridad. Le voy a dar alguna idea para que sea útil. ¿Por qué no nos concentramos en combatir los brotes que hay en nuestro país ahora? Hoy hemos sacado una actualización, y en nuestro país hay en estos momentos 123 brotes activos. ¿Por qué no nos concentramos en concienciar a la ciudadanía de que el virus sigue ahí; de que hemos conseguido controlar la pandemia con mucho esfuerzo, pero el virus sigue ahí y está entre nosotros; de que no hay que celebrar con aglomeraciones multitudinarias ascensos a primera división; de que hay que ir con mucho cuidado con los brotes en comidas y celebraciones en el ámbito familiar, porque de ahí viene el 45 % de los 123 brotes activos? En cualquier país del mundo, en cualquiera —escoja usted el que quiera—, puede encontrar una medida del Gobierno similar a la que usted ha mencionado. Nosotros desde el principio hemos tenido una actitud de humildad; de reconocer que no sabíamos todo lo que ocurría con este virus; de ir aprendiendo de él sobre la base de lo que nos decían los científicos. Las decisiones que usted me saca a colación fueron tomadas con el acuerdo de las comunidades autónomas, y me parece que no hace falta que le recuerde que su partido gobierna en cinco de ellas. (Aplausos). Ellas también apoyaron estas decisiones. Es más, algunas fueron acertadamente sugeridas por algunos de sus colegas que gobiernan esas comunidades autónomas.

Por tanto, muchas gracias por su ayuda. A ver si conseguimos que esa ayuda, además de ser proclamada, sea un poco útil.

Gracias, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro de Sanidad.



PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTERIO DE IGUALDAD CONSIDERA QUE VISIONAR Y CUSTODIAR IMÁGENES E INFORMACIÓN ÍNTIMA DE UNA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO ES UNA FORMA DE VIOLENCIA. 680/000191 SOFÍA ACEDO REYES (GPP)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad.

Pregunta de la senadora Acedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría.

La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, ¿considera el Ministerio de Igualdad que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una tercera persona constituye una forma de violencia?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Gracias, señora presidenta.

Gracias, señora senadora. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si ustedes están ubicados ni si lo está usted. Esta es una de las sedes del Poder Legislativo, y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo. Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a los tribunales. (Rumores).

Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno, y en concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de responderle.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la señora Acedo.

La señora ACEDO REYES: Lamentablemente, la que debe ubicarse es usted.

Veamos. El señor Iglesias afirmó: Cuando yo examino el contenido —él— tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, que el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora, y sin el consentimiento ni conocimiento de ella, de su asesora, él decide que, para protegerla, va custodiar esa tarjeta de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra: devolver la tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado, ¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la señora Dina, ¿verdad? Es decir, que el señor Iglesias decide por todas porque unidas podemos, verdad, señora Montero? (Aplausos).

Mire, su compañera Elizo afirmó en el Congreso de los Diputados lo siguiente: No sé si es una actitud machista o paternalista. Se lo digo yo: ni machitos ni padres en política que nos protejan a las mujeres, señora Montero. Entérese de una vez. (Aplausos). Como política me indigna muchísimo el silencio atronador de todas las feministas que permanentemente nos dicen a las demás cómo hay que defender a las mujeres, pero permítame que le diga cómo me sienta como mujer: me resulta degradante, además de tremendamente indigesto, tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas, y menos aún por nuestros jefes.

La pregunta es muy sencilla: ¿el control a través del móvil es violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero? Su departamento. Es lamentable que usted dé la callada por respuesta, pero más lamentable aún es que el Partido Socialista sea corresponsable mirando hacia otro lado. Aquí se produce una paradoja, y es que usted es ministra de Igualdad de un Gobierno que se autoproclama y define feminista por los cuatro costados, pero sostienen a un vicepresidente, al señor Iglesias, con actitudes y comportamientos absolutamente machistas y por los cuatro costados. A mí esto me recuerda a la película Durmiendo con su enemigo. Nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. (Aplausos).

Mientras la sociedad española avanza permanentemente, día a día, en la consecución de la igualdad real, usted permanece instalada en un feminismo ideológico, sectario y, además, absolutamente vacío, con eslóganes como el de: Sola y borracha quiero llegar a casa. Muy bien, llegue a su casa como quiera, pero hágalo con su teléfono móvil y con su tarjeta de memoria. Que su intimidad esté en sus manos y no en manos de nadie, tampoco en las del señor Iglesias. Siento decirle, señora Montero, que si el príncipe azul no existe, en versión morada tampoco lo va a encontrar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Igualdad.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Muchísimas gracias, presidenta.

Señoría, se lo digo honestamente: yo pensé que ustedes se habrían puesto a trabajar llegado el mes de julio y que vendrían con alguna propuesta (Fuertes rumores); que vendrían incluso a mostrar cierto arrepentimiento por no haber apoyado las medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para defender a las víctimas de la violencia de género en los peores momentos de la pandemia. (Rumores.— Aplausos). Pero me doy cuenta de que no: ni una sola propuesta ni una sola muestra de arrepentimiento por aquellas cosas que objetivamente ustedes han hecho mal en estos meses, como es no apoyar esas medidas. Y la cuestión es que a ustedes el feminismo les importa bien poco, por eso gobiernan con la extrema derecha, que niega la violencia machista. (Protestas). Por eso tienen ustedes una portavoz parlamentaria como Cayetana Álvarez de Toledo, que niega abierta y públicamente que solo sí sea sí. Por eso ustedes llevan meses intentando criminalizar a todas las mujeres y también a los hombres que salieron a movilizarse el día 8 de marzo.

Pero como ustedes tienen la costumbre de utilizar el Poder Legislativo para su propio beneficio y de convertir también el Poder Legislativo en una cloaca, le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer la conclusiones de la comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado, y se las voy a leer, porque me queda justo el minutito que voy a tardar en hacerlo. (Protestas). Despacito, para que lo escuchen. (Varios senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¿Sí o no, señora Montero, sí o no?— Fuertes protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo (Rumores), se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez —de su partido también—, por orden del director adjunto operativo Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, señor Fernández Díaz, del Partido Popular (Protestas), destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que afectaba al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos (Protestas). A modo de ejemplo: Podemos, informe PISA. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del Departamento del Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de derecho. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Por favor, no interrumpan a la oradora. Les ruego respeto a la oradora.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil): Señorías, su forma de hacer oposición es tan sucia como las cloacas que se dedicaron a construir mientras gobernaban. (Fuertes protestas.— Aplausos)

Pidan perdón y hagan un favor a la democracia (Aplausos). Y pónganse a trabajar, que es lo que corresponde en estos momentos tan importantes para el país. Pónganse a trabajar, por favor. (Aplausos.— Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO DE HACER YA UNA REGULARIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR. 680/000184 ANA MARIA SURRA SPADEA (GPERB)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pregunta de la senadora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu. Tiene la palabra su señoría.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno hacer una regularización ya de los ciudadanos en situación administrativa irregular?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.

Gracias, senadora Surra. (En el momento en que la señora ministra de Igualdad, Montero Gil, va a abandonar la sala un senador del Grupo Parlamentario Popular dice: ¡Enhorabuena por los resultados!— Rumores.— Protestas).

La señora PRESIDENTA: Senador Erguido, por favor... Senador Erguido, estamos en un debate, se oye absolutamente todo lo que se dice en la sala. (Protestas). Les ruego, por favor, que tengan en cuenta que estamos en un debate, y no me interrumpan tampoco en la otra bancada. (El señor Erguido Cano: Yo no he sido, yo no he sido.— Rumores).

Les ruego respeto porque se oye absolutamente todo. (Denegaciones del señor Erguido Cano.— Rumores). Tenemos esta dificultad y esta singularidad el día de hoy. Vamos a ver si podemos llevarlo de la mejor manera posible. Ojalá podamos volver al Pleno cuanto antes.

Señor ministro, discúlpeme; tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Estaba indicando, a la pregunta de la señora Surra, que el Gobierno considera que cualquier planteamiento que tenga que ver con la migración hay que encuadrarlo en un doble nivel. Por un lado, un pacto de Estado, porque tenemos una Ley Orgánica, que es la Ley de Extranjería del año 2001, y yo en comisión, tanto aquí en el Senado como el Congreso, he invitado a todos los grupos políticos a que intentemos conformar un pacto de Estado que permita generar un nuevo marco mucho más moderno y activo.

Por otro lado, en un plano igualmente importante, incluso diría que tan importante o más, es el marco europeo. Es decir, la migración tiene que resolverse en el marco europeo. Hay un pacto europeo sobre migración del año 2008 y en este momento, justamente en este semestre, tanto la Comisión Europea como la Presidencia alemana han abierto un debate, que creo que se sustanciará en el otoño, sobre repensarse y rediseñar la política de inmigración y de asilo a nivel europeo. Es en ese doble marco en el que tenemos que encajar cualquier iniciativa que queramos empujar.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias señor ministro.

Senadora Surra, tiene la palabra.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, presidenta.

Primero que nada, quisiera que se separara lo que es inmigración, futuros programas para inmigración, etcétera, de la gente ciudadana que está viviendo aquí hace más de diez años y que no ha podido regularizar su situación administrativa, que no son más emigrantes, son ciudadanos de este país, trabajan para desarrollar este país y hay que buscarles una solución ya. Ese es el tema, separemos la otra discusión, si no, se mezclan las cosas y no vamos a llegar nunca a que esto se solucione.

Con respecto a Europa, le pido por favor, ya se lo pedí en comisión, que nos dé el texto de la Unión Europea al que usted se refiere, porque nosotros no hemos encontrado nada que diga que los países no tienen la prioridad para decidir su propia política con respecto a la gente que está dentro del país, así que esperamos esa comunicación. (Aplausos).

Igualmente, le quería decir con respecto a Europa, que una cosa es lo que va a discutir sobre el futuro y otra es el desarrollo. Todos los países de Europa tienen un desarrollo desigual y combinado con la inmigración. Por ejemplo, los países del Este de Europa, a pesar de que se están fundiendo económicamente, no quieren que entre inmigración, no dejan entrar a nadie y se van a fundir por culpa de esa política tan reaccionaria y racista con respecto a la inmigración. Tenemos otros países, los países del norte, que no tienen ciudadanos sin papeles, todos los ciudadanos que trabajan ahí, vengan de donde vengan, tienen su situación regularizada; por lo tanto, tampoco nos podemos comparar a ellos. Y existen otros países, por ejemplo, que no tienen la misma ley de extranjería que tenemos nosotros, ni siquiera tienen CIE en donde llevar presa a la gente por estar en situación administrativa irregular.

Entonces, no nos podemos comparar al conjunto de Europa con estas diferencias. Tenemos que buscar una solución aquí para los temas de aquí. Nosotros estamos con mucha ciudadanía, mucha, 800 000 más o menos, ciudadanos sin papeles y esta situación se produce porque ha habido una reforma laboral; ese es el tema que impide que la gente tenga papeles, porque no pueden presentar una promesa de trabajo, un contrato-promesa de trabajo que no sirve para nada, que sirve solamente para impedir que la gente pueda tener papeles y la situación laboral luego se va a ir regularizando con las reformas de las diferentes tarjetas.

Por lo tanto, nosotros le pedimos que ponga remedio a esa situación. Tenemos que lograr que no se pida más esa promesa de trabajo para la primera solicitud de papeles, y usted verá que vamos a solucionar el problema a miles y miles de personas. No le pedimos que cambie nada más y este es un tema del reglamento de aplicación que lo puede cambiar el Gobierno sin ningún problema.

Con respecto a por qué hemos llegado a esta situación...

La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando.

La señora SURRA SPADEA: Y usted hablaba del pacto de Estado. El pacto de Estado está muy bonito, ¿pero cómo vamos a llegar a un pacto de Estado con gente que provocó que estuviéramos en esta situación?

La señora PRESIDENTA: Debe ir terminando.

La señora SURRA SPADEA: Termino.

Porque la provocación de que estemos en esta situación ha sido dada justamente por la reforma laboral del Partido Popular y las políticas de inmigración del Partido Popular. Con ellos no vamos a llegar a ningún lado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración.

El señor MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Escrivá Belmonte): Gracias, presidenta.

Señoría, agradezco que me haya preguntado por el marco europeo porque es muy importante que todos interioricemos la dimensión europea que marca toda la política migratoria. El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, también conocido como el Acuerdo de Dublín y que ahora está repensándose y discutiéndolo en Europa en este momento, tiene un título dos que se denomina: «Combatir la inmigración irregular, en particular garantizando el retorno a su país de origen o a un país de tránsito de los extranjeros en situación irregular». Y concretamente su apartado a) dice: «El Consejo Europeo conviene en lo siguiente: A) Limitarse a regularizaciones caso por caso y no generales en el marco de legislaciones nacionales por motivos humanitarios o económicos». Este es el marco en el que nos movemos, caso por caso, a nivel individual, y exactamente así está reflejado igualmente en la Directiva de retorno europea. Nosotros tenemos una normativa consistente con este modelo, caso por caso, y tampoco lo estamos publicitando continuamente, pero la Secretaría de Estado de Migraciones, caso por caso, por razones humanitarias, regulariza personas en España todos los meses. Ese es el modelo que tenemos, que es el modelo en que se enmarca el marco europeo. Tenemos que esperar a ver cómo se resuelve el debate europeo y en qué dirección nos movemos, y ese será el momento en que nosotros podamos articular una modificación.

Y respecto a lo que ha planteado usted del reglamento de la Ley de Extranjería, que tiene que ver fundamentalmente por los procedimientos de arraigo y lo que viene a continuación, es algo que, como he explicado anteriormente en esta Cámara o quizá el Congreso, estamos explorando y estudiando en el ministerio. Cuando tengamos una visión sobre ello lo pondremos encima de la mesa.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.



PREGUNTA SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO DEL SENADO DE ABONAR DE FORMA INMEDIATA EL IVA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AYUNTAMIENTOS. 680/000175 JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPN)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda.

Pregunta del senador Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado. Tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, el Senado insta al Gobierno del Estado a abonar de forma inmediata a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales el IVA que debe de la liquidación del ejercicio 2017. Este mandato se aprobó el 26 de febrero de 2020 en el Pleno del Senado: 2500 millones son de las comunidades autónomas y unos 750 millones de las corporaciones locales. No son del Estado, son de las administraciones territoriales.

El Senado lo decidió, igual que el Congreso decidió hace unos días que los ayuntamientos puedan hacer uso de los remanentes de tesorería para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19.

¿Cumplirá y respetará la democracia el Gobierno que se llama progresista y de izquierdas? ¿Cumplirá los mandatos del Congreso y del Senado?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señor Cleries —buenas tardes a todas sus señorías—, creo que es evidente que la pregunta que usted ha planteado omite una parte fundamental en la introducción y me llama la atención. Usted omite que ese efecto se produce en un Gobierno del señor Rajoy, en el año 2017, además, en un ejercicio en el que con alevosía y nocturnidad se cambia el sistema de información del IVA sin comunicarlo a ninguna comunidad autónoma. Que siendo yo consejera de Hacienda denuncié la situación que se estaba produciendo y no recuerdo, señor Cleries, el clamor del Gobierno catalán en ese momento —se lo digo por refrescar la memoria de todo lo que ha ocurrido— y que además en el año 2019 este Gobierno presenta un proyecto de presupuestos donde corrige esa situación y pretende, a través de ese vínculo legal, mandar la corrección del IVA a comunidades autónomas y a ayuntamientos, y ustedes, señoría —se lo quiero recordar—, votaron en contra. Por tanto, creo que esa parte de la introducción es fundamental a la hora de contextualizar dónde nos encontramos.

En segundo lugar, ¿le parece a usted, señor Cleries, que poner a disposición de las comunidades autónomas 16 000 millones de euros exige un reproche por parte de su grupo parlamentario respecto a que se debe o no una liquidación? ¿No cree usted que está compensado con creces el efecto del IVA, que no provoca este Gobierno, pero que soluciona este Gobierno mandando recursos a las comunidades autónomas para que la pandemia no tenga efectos en términos de deuda o en términos de déficit? Creo que este Gobierno ha dado sentida cuenta de que, efectivamente, le importa y mucho lo que ocurre en las comunidades autónomas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra de Hacienda.

Tiene la palabra el senador Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ¿Cuál es la calidad democrática de este Gobierno? Porque, por lo que usted dice, no piensa cumplir el mandato del Senado, que es de este año, del 26 de febrero de este año. Su democracia incumple los mandatos del Parlamento. Su democracia impide la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de la Casa Real. Su democracia impide la comisión de investigación sobre presuntos vínculos de los Gobiernos de Felipe González con los GAL. Su democracia impide que se conozca la verdad de los atentados del 17 de agosto de 2017, en Cataluña. Su democracia, en cambio, sí que permite espiar los móviles de cargos institucionales de Cataluña con el programa Pegasus, que solo puede comprar un Gobierno. Su democracia tiene presos políticos —algunos ya llevan más de mil días en prisión— y exiliados. Su democracia quiere reeducar y cambiar la ideología de los presos políticos. Su democracia persigue la libertad de expresión. Su democracia bloquea, incluso, protegernos de la COVID-19, como hemos visto en Lleida. Fiscalía siempre lo afina, señora ministra. ¿De quién depende la Fiscalía?

Ayer supimos que el Gobierno prepara un documento para definir las capacidades de respuesta de las comunidades. ¿El mando único sigue vigente? Nosotros no necesitamos que nos digan qué podemos hacer, ya lo sabemos: poner la salud por delante de todo, y es lo que está haciendo el president Torra.

Señora Montero, no queremos ni podemos perder más tiempo en este Estado. Exigimos el derecho a decidir de Cataluña y la libertad de los presos políticos y exiliados, porque realmente ustedes tendrán que repetir mucho y mucho que son progresistas y de izquierdas. Lo difícil es creérselo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

Creo, señor Cleries, que nos acaba usted de anunciar que va a haber elecciones en Cataluña y que van a ser pronto. (Aplausos). Porque el tono de su intervención solo se puede explicar si es que está usted ya en una clave electoral, en la que le dijera yo lo que dijera respecto a la misma pregunta —reconózcalo, señor Cleries— ya traía usted toda una serie de cuestiones que quería lanzar, probablemente a su electorado.

Señor Cleries, este Gobierno lo que ha hecho desde el principio de su legislatura es mostrar voluntad de diálogo. ¿Quieren ustedes dialogar, señor Cleries? Porque el Gobierno ha mostrado su disponibilidad a convocar la mesa de diálogo y estamos esperando a que el Govern diga, o no diga, si quiere o no quiere dialogar. ¿Quieren ustedes seguir trabajando, aportando al crecimiento de Cataluña, al crecimiento del conjunto de España? Es fácil: apoyen ustedes el proyecto de presupuestos para que podamos darles también la inversión necesaria para que Cataluña se pueda recupera.

En definitiva, señor Cleries, me parece una deslealtad —se lo tengo que decir— que usted diga que este Gobierno ha puesto algún tipo de impedimento a las actuaciones sanitarias del señor Torra, porque el propio ministro de Sanidad ha estado trabajando, apoyando y coordinándose con el Govern de la Generalitat desde el primer minuto. Se nos podrá reprochar cualquier cuestión, lo que nunca se nos podrá reprochar es que este Gobierno no ha respetado, no ha trabajado y no ha apoyado... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, ministra.



PREGUNTA SOBRE LAS PARTIDAS NOMINATIVAS QUE CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA CANTABRIA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. 680/000176 JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ VIADERO (GPMX)

La señora PRESIDENTA: Pregunta del senador Fernández Viadero, del Grupo Parlamentario Mixto en el Senado.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señora ministra, en mi tierra, en Cantabria, un apretón de manos era suficiente para cumplir un compromiso. Ustedes tienen no solo dada la palabra, sino un documento firmado, un documento público, entre el señor Ábalos, del PSOE, y el señor Mazón, por el Partido Regionalista de Cantabria. Esperamos que dichos acuerdos aparezcan reflejados en los presupuestos para 2011, porque los cántabros no se merecen ser maltratados por el Gobierno del Estado. No se merecen ser la comunidad autónoma que menos recibe de los fondos de los 16 000 millones de euros; no nos dan ni lo que representamos en tanto por ciento a nivel poblacional de España. Nos recurren el pago de los 2 millones de euros relativos al año 2016 que se debe a los cántabros por la financiación del Hospital Marqués de Valdecilla. No nos dan, como ahora se ha visto, la devolución del dinero del IVA.

Y seguimos teniendo una necesidad en infraestructuras que servirían para reactivar la economía de una comunidad autónoma eminentemente rural, porque se nos llena la boca de que hay que hacer muchas cosas frente a la despoblación, y aquellas comunidades como la mía, que más dispersión de población tienen, peor orografía y peores comunicaciones, necesitan esos compromisos. No pedimos nada que otros no tengan. Somos leales, somos cántabros y españoles. Todo lo que he mencionado son datos objetivos. Ha llegado el momento de que en ese documento, en ese borrador, se reflejen los compromisos que tiene el Gobierno de España con Cantabria. ¿Va a ser esto así?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Señora ministra de Hacienda, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Fernández, ha comenzado usted su intervención trasladando un escenario que todavía no se ha producido, que es el de la presentación y elaboración de los presupuestos, pero de alguna forma poniendo en cuestión que el Gobierno vaya a cumplir con los supuestos o con las cuestiones que estableció en los acuerdos a los que llegó con las diferentes fuerzas políticas para hacer posible el arranque de la legislatura y, por tanto, la investidura. Y ¿por qué, señor Fernández? El año anterior presentamos un proyecto de presupuestos donde los compromisos que se habían adquirido se cumplían. El problema es que el proyecto de presupuesto no vio la luz y, evidentemente, no podemos subsanar todo aquello que el proyecto de presupuestos lleva consigo, porque para eso existe una ley que permite rehacer el conjunto de las cuentas. Por tanto, no entiendo por qué usted tiene algún tipo de duda en relación con que se va a cumplir con la subvención nominativa que se comprometió con su formación política para hacer posible un elemento que ya este Gobierno había reconocido durante la legislatura anterior, no el Gobierno este exactamente, sino el que presidía también el señor Sánchez. Por tanto, la respuesta es muy sencilla, señor Fernández, no tenga duda: el proyecto de presupuestos contemplará los acuerdos con los que se firmó la posibilidad de investidura con su grupo parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Senador Fernández Viadero, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Gracias.

Señora ministra, no quiero poner en cuestión absolutamente nada, pero si usted revisa el documento de los presupuestos que no fueron aprobados, Cantabria no salía muy favorecida. Le invito a que lo revise y verá que nada tiene que ver el acuerdo que ustedes firmaron con mi grupo político con lo que en ese documento aparecía. Espero que el nuevo documento, como bien ha dicho usted, sí refleje esas inversiones para la Comunidad Autónoma de Cantabria, inversiones que van desde la necesidad de la conexión por vía férrea del AVE Madrid-Santander; compromisos con las cercanías; compromisos con la conexión de Bilbao a Santander; compromisos con el Centro Logístico de La Pasiega; compromisos con la deuda de Valdecilla; compromisos que su ministro Pedro Duque hizo aquí, en comisión, con la financiación del Instituto de Hidráulica Ambiental, dependiente de la Universidad de Cantabria; compromisos con carreteras del Estado, como el desfiladero de La Hermida, tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, tercer carril de Laredo-Bilbao, variante de Lanestosa, carretera del puerto de Los Tornos, carretera del puerto de San Glorio, enlace de Quintanilla de las Torres a la A-67, tramo de Aguilar de Campoo-Báscones de Valdivia de la A-73...

La señora PRESIDENTA: Señoría, debe ir terminando.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: ... resto de los tramos de la A-73, Aguilar-Burgos.

Como ve, es amplio el compromiso, veremos. Y le he leído el acuerdo, si quiere le paso una copia.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta.

Yo tengo poco más que añadir, señoría, ya he comprometido lo que le he dicho. Creo que no hay duda de que este Gobierno cumple con aquello que firma. Le he comentado que para las próximas cuentas públicas, y ojalá sea pronto, tengan ustedes la posibilidad de poder comprobar esa cuestión.

Y aprovechando la oportunidad de su pregunta, como siempre hago, animo a todas formaciones políticas a que apoyen unos presupuestos imprescindibles para la reconstrucción económica, para el refuerzo del sistema sanitario, para la reconstrucción social de nuestro país. No estamos en momento de estar en las cosas que nos diferencian; tenemos que encontrarnos en aquello que nos une, es lo que nos piden los ciudadanos. Este Gobierno está empeñado en que se haga contando con todos aquellos que no se autoexcluyen e, incluso, a aquellos que se autoexcluyen invitándolos a que vuelvan también a esa situación de consenso.

Por tanto, ese es mi compromiso, señor Fernández, y espero no solo que lo pueda cumplir presentando esas cuentas públicas, sino que espero que en el año 2021 podamos hacer efectivo ese pago porque esta Cámara haya aprobado unos Presupuestos Generales del Estado.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA EN SU DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 680/000179 MARÍA PILAR GONZÁLEZ MODINO (GPIC)

La señora PRESIDENTA: Pregunta de la senadora González Modino, del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. Tiene la palabra su señoría.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias presidenta.

Buenas tardes, ministra. Seguimos hablando de presupuestos y en Andalucía no hay elecciones cerca —previsiblemente, digo— (Risas), con lo cual no tengo la menor estrategia electoral ni ningún interés en confrontar con usted. Persigo un compromiso, señora ministra, un compromiso del Gobierno central con Andalucía.

Usted conoce sobradamente la fortaleza y las potencialidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Permítame señalar entre las debilidades estructurales una de las más importantes: un paro estructural siempre muy por encima de la media del Estado, que la debilita absolutamente. Según el dato de la EPA del último trimestre, Andalucía estaba en un 21,2 % y la media del Estado en un 14,4 %. Esto produce situaciones muy duras: en Andalucía los municipios con mayor índice de paro, los municipios más pobres del Estado, los que tienen menor esperanza de vida. En fin, a esta realidad, que es estructural, se le suma la crisis socioeconómica que viene aparejada a la crisis sanitaria. Por eso, necesitamos los esfuerzos de todas las administraciones para conseguir hasta el último euro que le corresponda a Andalucía. Usted misma, cuando era responsable de Hacienda del Gobierno andaluz, reclamó con insistencia al Gobierno central. Yo reconocí y aplaudí entonces —y lo aplaudo hoy— que fijara el criterio de la población real para presupuestar las inversiones del Estado en Andalucía.

Creo que usted y yo compartimos la certeza de que Andalucía ha estado infrafinanciada durante mucho tiempo. Por eso le pedimos un compromiso, señora ministra, en el corto plazo, en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Garantiza el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado que su Gobierno está preparando para el próximo año?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora González Modino.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias presidenta.

Encantada, señora González, de responder a su pregunta y en su mismo tono. Yo creo que es absolutamente de justicia que se pueda reflejar en las cuentas públicas, el trato que merecen, por supuesto, todas las comunidades autónomas y, en ese sentido, como ministra del Gobierno de España intentaré que las cuentas públicas reflejen los compromisos que se tienen con todas las comunidades autónomas, algunos como el que usted acaba de comentar, recogido los estatutos de autonomía para cada una de ellas. Y quiero también señalarle, señora González, que en los Presupuestos Generales del Estado fallidos, que se presentaron el año pasado, constaba justamente la inversión para Andalucía en el porcentaje que establece su estatuto de autonomía en torno a su 18 % de población. Es evidente que una filosofía que inspira la elaboración de los presupuestos, es tener la capacidad de acompañar con ese respeto a las disposiciones que tienen cada uno de los estatutos. Por tanto, esa es la voluntad también, señora González, para este año, pero no depende solamente de mí, ojalá dependiera solo de poder culminar un proyecto de presupuestos. Le digo lo mismo que le decía al senador anterior. Ojalá no solamente sea una voluntad que yo exprese en alto, sino que sea un reflejo y podamos el año que viene empezar alguna obra tan importante como la de Algeciras-Bobadilla, que usted conoce, que es fundamental para nuestra tierra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

Senadora González Modino, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ MODINO: Gracias, presidenta.

Lo tomo como un sí ministra, es un compromiso y espero que, si tengo que recordárselo, sea para celebrarlo.

Pero ya que estoy, dos compromisos más en los pocos minutos que me quedan, porque todos tienen que ver con una situación de infrafinanciación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que probablemente —estaba mirando algunos de sus compañeros— la ministra de Hacienda conoce mejor que nadie en esta sala y que, además, eso se convierta en tendencia, o sea, que se cumpla anualmente la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque, como usted sabe, el haber dejado de hacerlo durante mucho tiempo ha generado un déficit de inversión, una deuda del Estado con Andalucía. El siguiente compromiso que queríamos pedirle es que en la medida de lo posible, cuanto antes, se cuantifique y se liquide esa deuda del déficit inversor del Estado con Andalucía. Y el último compromiso, señora ministra, no es en el corto ni en el medio plazo, sino en el largo, el sistema de financiación autonómica. Usted fue partícipe muy importante de un acuerdo que se produjo en el Parlamento de Andalucía sobre la modificación o sobre en qué criterios debería pivotar o bascular el nuevo sistema de financiación autonómica. Ese es el largo plazo. Esa es la posibilidad de cambiar la economía y la necesidad de convergencia de Andalucía con el resto de las comunidades autónomas del Estado. Permítame que se lo recuerde y que insista en que se comprometa con ello.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, señora presidenta.

Señora González, coincido en que, por una parte, tenemos que ser capaces de dotar a las comunidades autónomas, incluida Andalucía, de un sistema de financiación justo. Si hemos aprendido algunas lecciones en esta pandemia, una de ellas es, sin duda, la obligatoriedad, ya no la necesidad, la obligatoriedad de contar con unos servicios públicos de calidad que sean capaces de responder en tiempo y en forma, que reconozca a sus profesionales, que tenga capacidad de ampliarse en aquellos momentos donde la enfermedad o donde las situaciones así lo requieran. Por tanto, un buen sistema de financiación y una vertebración del territorio que permita que todas las regiones sean atractivas para la inversión y que permitan también ser competitivos en términos productivos por que se disponga de infraestructura de redes viarias que realmente permitan que las empresas, las que producen en Andalucía o en cualquier parte de la periferia de España, tengan la capacidad de colocar sus productos al mismo tiempo, con el mismo ritmo que el resto de comunidades que tienen ya unas radiales mucho más avanzadas.

Por tanto, ese es mi compromiso, señoría, que se hará realidad en la medida en que podamos, y que ojalá que sea muy pronto. Pero lo que sí deseo y espero es que la actitud de los grupos políticos presentes en la Cámara permita hacer un debate tranquilo, sosegado, que nos conduzca a un buen final. Así lo espero. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



INTERPELACIONES

INTERPELACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS QUE EL GOBIERNO ESTÁ PLANEANDO SUBIR A TODOS LOS ESPAÑOLES Y EN QUÉ CUANTÍA. 670/000033 ELENA MUÑOZ FONTERIZ (GPP)

La señora presidenta lee los puntos 3. y 3.1.

La señora PRESIDENTA: Para exponer la interpelación, tiene la palabra la senadora interpelante por tiempo máximo de diez minutos. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

El pasado 2 de julio, el presidente Sánchez anunciaba, en una entrevista en un medio de comunicación, una reforma fiscal que va a realizar el Gobierno de España, una reforma fiscal que, al parecer, supone una subida de impuestos a todos los españoles, una subida de impuestos que, en palabras del presidente del Gobierno, es inevitable. Debe de parecerle que los españoles pagamos pocos impuestos. Este anuncio ha producido, como es evidente, una profunda preocupación en todos los españoles, en las familias, en los autónomos, en las pequeñas y medianas empresas, en los trabajadores, y, en definitiva, también en todo nuestro sector productivo. A pesar de insistir, una y otra vez, en que esa subida solamente va a afectar a las rentas más altas —por cierto, una afirmación recurrente de este Gobierno—, esa afirmación ni deja tranquilo ni se la cree nadie, señora ministra. No dio más datos el presidente del Gobierno, no dijo nada más, y este es el motivo por el que hoy traemos aquí esta interpelación. A ver, señora ministra, si usted en su intervención nos aclara y detalla el alcance de esa subida de impuestos. No es que realmente fuera una sorpresa, puesto que la subida de impuestos ya estaba pactada con sus socios de gobierno, esa hoja de ruta que tienen para que todos los españoles paguemos más impuestos; no, no ha sido ninguna sorpresa, aunque sí lo ha sido el momento que han elegido para hacerlo: la crisis que estamos encarando en este momento. Pero digo que no ha sido una sorpresa, y que tienen una hoja de ruta, porque ya a principios de año aprobaron dos nuevos impuestos, y el pasado mes de junio los llevaron al Congreso para el inicio de su tramitación: el impuesto sobre determinados servicios digitales, o la denominada tasa Google, y el impuesto de transacciones financieras, la tasa Tobin. Ya empezamos con esto antes de que ocurriera nada e, incluso, se han llevado al Congreso en pleno estado de alarma dos impuestos sin esperar, por cierto, al consenso que se había pactado que iban a tener todos los países, por lo menos europeos, para sacar adelante estas medidas. Estos impuestos, por cierto, nos están trayendo represalias y anuncios de represalias de algún país y, además, tienen cuestionada su eficacia recaudatoria —es el propio Gobierno el que ha modificado, como no puede ser de otra manera, sus propias previsiones de ingresos de esos dos impuestos—, ya que, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno para convencernos de que, una vez más, lo pagarán los ricos, son impuestos que ya se ha probado que se van a trasladar al consumidor, a todas las familias españolas, y, por tanto, los van a pagar los de siempre, la clase media, a la que ustedes parece que tienen tanta manía, y que está soportando, día sí y día también, su afán de recaudación. Es curioso el concepto de justicia fiscal que tienen ustedes, es curioso cuando vemos, al final, quiénes son los perjudicados por sus decisiones de subida de impuestos, por no hablar de que esos impuestos provocarán deslocalización, pérdida de competitividad en empresas, distorsiones en la economía... Y no lo dice el Partido Popular, sino que lo dicen el propio Banco Central Europeo e, incluso, la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Pero a ustedes les da igual, siguen con su hoja de ruta, siguen queriendo subirnos los impuestos a todos los españoles. Por eso, le decía que no sorprendía el anuncio del presidente del Gobierno, pero sí el momento. Sorprende que, cuando estamos en una crisis económica sin precedentes, provocada por una pandemia también sin precedentes, ustedes insistan en subir los impuestos, cuando lo que necesita este país son medidas de reactivación económica, que fomenten la competitividad, que reactiven el consumo, y que se realicen reformas estructurales, pero ustedes siguen con esa hoja de ruta, insisto, cuando lo que necesita este país es todo lo contrario: más inversión, generar estabilidad y, desde luego, menos impuestos. Porque sí, señora ministra, necesitamos menos impuestos para salir de esta crisis. ¿Le parecen a usted pocos los impuestos que pagan las familias españolas? Me gustaría que les preguntaran a ellos o que preguntaran a las empresas o a los autónomos, que están asfixiados para llegar a fin de mes.

Su argumentario recurrente en materia de impuestos ya lo conocemos, se basa en dos pilares: uno, que pagamos poco y, dos, que cuando nos los suben es por justicia social y los van a pagar solamente los más ricos. Los dos son falsos, los dos parten de un concepto erróneo porque no pagamos pocos impuestos, porque ustedes sacan la bandera de la presión fiscal y la presión fiscal mide los ingresos sobre el PIB nominal, pero no tiene en cuenta cuáles son las rentas que se perciben y quiénes perciben esas rentas. No se puede comparar y no se puede decir que en España se pagan menos impuestos que nuestros socios europeos cuando nuestros socios europeos tienen menos paro que nosotros, tienen menos economía sumergida que nosotros y, por tanto, nosotros tenemos menos personas que soportan una carga fiscal superior. Por tanto, no se pagan pocos impuestos en España, señora ministra, se pagan muchos y ustedes quieren hacernos pagar más. Tampoco los van a pagar solo los ricos, los van a pagar todos los españoles, los van a pagar la clase media y para saberlo basta con echar un vistazo a la estructura de renta de nuestro país, porque al hacerlo se puede ver que con su afán recaudatorio y lo que pretenden recaudar, desde luego, si solo pagan los que más renta tienen no van a llegar a esos importes.

Por consiguiente, necesitamos otra política, no estamos de acuerdo con esa subida de impuestos. Queremos escucharla, queremos que nos dé detalles sobre las razones, la cuantía y qué impuestos van a tocar porque la política que el Partido Popular cree que hay que aplicar en este momento es exactamente la contraria. Nuestros sectores productivos necesitan pagar menos impuestos; nuestros sectores productivos necesitan que se les apoye; tenemos que aligerar la carga fiscal que soportan las familias y, por tanto, tenemos que utilizar la política fiscal como medida de política económica. A ustedes solo les importa la política fiscal para ingresar y financiar su exceso de gasto sin control. Pero la política fiscal se puede utilizar como medida de política económica para incentivar la economía y es, exactamente, lo que hay que hacer.

Mire, le voy a poner solo dos ejemplos, uno que afecta a la economía y otro que afecta a las familias. El primero es una bajada fiscal que es absolutamente imprescindible hacer en este momento: bajar el IVA al turismo. El sector turístico es esencial en nuestro país. No puede ser que no activemos medidas concretas y reales y, además, pedidas por el sector —no lo dice el Partido Popular—, para incentivar y apoyar al sector turístico. Solo hay que mirar a otros países de Europa, como el Reino Unido, que acaba de tomar la decisión de bajar, temporalmente, el IVA del turismo y de la hostelería para potenciarlo. Nuestro sector turístico, que es uno de los pilares de nuestra economía —aunque compañeros suyos de gobierno parece que no lo entienden así—, es absolutamente clave: 2,7 millones de españoles trabajan en el sector turístico, que genera el 13,6 % de todo el empleo de nuestro país. Yo creo que bien merece tomar esta decisión para apoyar el turismo y para incentivar un sector al que tanto le debe este país y en el que también ha basado su desarrollo. Por tanto, quiero pedirle que reconsideren su negativa en el Congreso a tomar esta decisión, como también quiero pedirle que reconsideren su negativa a bajar el IVA de las mascarillas. Hablaba de sectores productivos y ahora hablo de economía de las familias. El IVA de las mascarillas no puede seguir en el 21 %, hay que bajarlo, no lo dice solo el Partido Popular —a ustedes les molestan las propuestas del Partido Popular—, sino que lo dice el defensor del pueblo que, recientemente, pedía una reducción porque las mascarillas se han convertido en un bien de primera necesidad. Mire, ministra, según los datos de la OCU, cada familia española con dos niños gasta 110 euros al mes de media solo en mascarillas y, si hablamos de personas más vulnerables, si hablamos de los pensionistas, por ejemplo, que tienen que comprar mascarillas FPP2, el gasto se eleva a 266 euros al mes. ¿Sabe cuál es la pensión media en nuestro país? Es de 1000 euros. Si tienen que dedicar 266 euros al mes a la compra de mascarillas para proteger su salud, ¿qué le estamos provocando a los pensionistas, señora ministra? A ustedes se les llena la boca de hablar de la revalorización de las pensiones, y se ponen muchas medallas y critican mucho al Partido Popular. ¿Pero qué es lo que les estamos haciendo a las familias y a los que más lo necesitan? Por lo tanto, es imprescindible tomar una medida de reducción de impuestos, en concreto, de reducción del IVA del 21 % al, como mínimo, 4 %. No tenga usted miedo a Bruselas, y no me diga que la Unión Europea no nos va a dejar, porque Portugal ya lo ha hecho y no ha tenido ningún problema, y porque en Europa van a entender perfectamente que estamos en una situación absolutamente excepcional.

También hay que exonerar del pago de impuestos a las empresas que vuelvan a abrir o a reabrir y que hayan cerrado por la COVID. También hay que hacer una política fiscal para hacer atractiva España y atraer inversiones. En definitiva, el camino que apoya el Partido Popular es otro, pero queremos saber cuál es el suyo, queremos que nos explique en esta interpelación exactamente qué impuestos quieren subir y cuánto. Queremos que nos diga la verdad, señora ministra. Los españoles se merecen que les digan la verdad y que les digan a las familias, a las empresas o a los autónomos exactamente qué impuestos les van a subir. Se merecen saber a qué atenerse, se merecen saberlo, se merecen la verdad. No nos venga con eufemismos, se lo pido por favor, no nos empiece a hablar con grandes palabras y con demagogia, no nos hable de justicia, no utilice palabras vacías, porque lo que importan son los hechos, ministra. No haga tampoco oposición de la oposición. Lo que queremos es que nos responda a una pregunta clara y directa, constructiva. Queremos que nos diga qué es lo que están planeando, qué es lo que quieren hacer, qué impuestos y en qué cuantía nos van a subir a todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.

Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta.

Señora Muñoz, yo podría contestarle con una sola frase, pero voy a hacerlo con una pregunta que, de alguna manera, pondría en cuestión todo lo que usted ha dicho durante su intervención. ¿Cuándo subió los impuestos el señor Montoro, señora Muñoz? ¿No subió los impuestos el señor Montoro y dijo textualmente que en una época donde el PIB estaba cayendo era necesario subir los impuestos, si queríamos mantener unos servicios públicos al servicio de los ciudadanos? El Partido Popular en la anterior crisis económica subió hasta cuarenta veces los impuestos. (Aplausos). Y entiendo que usted no pensaría entonces que ese tipo de actuaciones —no sé si lo hizo— supondrían deslocalización, o que se iban a trasladar al consumo, o que iban a arrasar el país o a agotar la economía, porque lo que digo forma parte de su recetario, practicado por el propio señor Montoro durante los gobiernos del señor Rajoy.

Le decía que, para contestar, podría limitarme a hacer esa pregunta, y ponerla en evidencia, porque así el resto de su intervención caería sola, pero voy a hacer el esfuerzo de contextualizar. Hace ya bastantes semanas estuve en esta misma Cámara explicando cuál era la hoja de ruta que sigue este Gobierno, en concreto el pasado 28 de mayo, hace aproximadamente un mes o mes y pico, y tuve la ocasión de explicar en la comisión cuáles eran las intenciones del Gobierno en todas las materias, incluida la fiscal. Yo entonces, señoría, les anuncié tres objetivos prioritarios, que usted pretende vaciar de contenido. No lo entiendo, porque creo que todos compartimos que una fiscalidad tiene que ser progresiva, que tiene que ser justa, y que tiene que atender al principio de redistribución, que es, en definitiva, la función social que la fiscalidad tiene asociada y que establece el artículo 31 de la Constitución. Yo le puedo asegurar, señora Muñoz, que para mí eso no son palabras vacías. Imagino que para su grupo tampoco, pero cuando usted ha dicho que yo iba a apelar a la justicia fiscal, ha añadido que eran palabras sin contenido. Imagino que no se estaba refiriendo a la voluntad de cualquier persona y de cualquier hacendista de intentar al menos contribuir a que la fiscalidad sea lo más justa posible.

Y es evidente, señoría, que este Gobierno pelea por un Estado del bienestar fuerte, que se sustente en unos servicios públicos de calidad y que permitan reducir la brecha que se generó a partir del año 2008, desde la anterior crisis económica. Por cierto, señora Muñoz, una crisis económica que tuvo como resultado —no lo dice este Gobierno, sino los analistas expertos internacionales y el propio relator de la ONU— una clarísima desigualdad. Este Gobierno no va a seguir esas recomendaciones, ese recetario, ese austericidio que el Gobierno del Partido Popular practicó durante la anterior crisis económica. No hay Estado de bienestar sin una fiscalidad adecuada, señora Muñoz. Y usted, por algunas tareas que ha desarrollado anteriormente, lo debe conocer. Creo que es importante hacer y ejercer una función pedagógica con los impuestos y la fiscalidad. Considero particularmente una enorme irresponsabilidad que se intente transmitir que da igual que los ciudadanos contribuyan o no en función de su capacidad, en función de su renta, porque eso es, por una parte, ponerse un velo ante una realidad que es manifiesta, señoría y, por otra, negar que el Estado tiene que construir unos servicios públicos que permitan que todos, en la educación, la sanidad o la vulnerabilidad social, al menos en eso, podamos ser iguales.

Como hacía usted referencia a la comparativa internacional, le diré que cuando uno se pregunta si lo que hace es mucho o es poco, se tiene que comparar con los países de su entorno y en esa comparativa ver qué posición relativa tiene respecto al conjunto de países. Usted acaba de cargarse de un plumazo cualquier comparación internacional en materia de fiscalidad, que es de lo que hablamos hoy, pero daría igual si hablásemos de gasto público, porque quiero recordarle que nuestro país se sitúa seis puntos por debajo de lo que gasta el promedio del resto de países de nuestro entorno y que la brecha es mucho más amplia con países como Francia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, países que son reconocidos y reconocibles por tener estados del bienestar fuertes, potentes y que atienden al conjunto de los ciudadanos.

Yo considero, señora Muñoz, que es legítimo que su grupo defienda en materia fiscal lo que considere que tiene que defender. ¡Faltaría más! Pero lo que no podemos hacer es engañar a los ciudadanos sobre las consecuencias que tiene el hecho de que un Gobierno, un país, cuando está sometido a una bajada de ingresos, como la que tiene en este momento, fruto de la pandemia sanitaria, se vea también con una bajada añadida, voluntaria según su planteamiento, que haga que los niveles de ingresos que se recauden no permitan siquiera cubrir las necesidades mínimas del Estado del bienestar. Es lo que llevó al señor Montoro a subir los impuestos, justo cuando la crisis económica estalló. Se lo he querido recordar, aunque usted dice que no. Es un hecho objetivo, evidenciable, y que está ahí, en las actas del Congreso de los Diputados y de este Senado, y usted no me puede decir que no porque lo puede usted comprobar en cualquier momento y, además, el señor Montoro lo justificaba diciendo que en un momento de caída de ingresos era imprescindible subir la recaudación para que todos los ciudadanos pudieran tener derecho a un Estado del bienestar. Subió cinco veces el IRPF, cuatro veces el Impuesto de Sociedades, cuatro veces los impuestos especiales, dos veces el IVA, otras dos el IBI, y una vez el impuesto de patrimonio. Además, establecieron copago sanitario para los pensionistas y elevaron las tasas universitarias. Todos conocemos lo que hizo el Partido Popular en la anterior crisis económica. Lo que sí les puedo decir, señorías, señores de esta Cámara, es que el Partido Socialista no va a seguir la estela del Partido Popular y va a salir de la situación económica de una forma absolutamente distinta. (Aplausos).

Claro que el país tiene margen fiscal, señoría, si nos atenemos a los datos de comparativa internacional. No lo dice este Gobierno, debe ser que solo lee usted la estadística desde un prisma muy personal, porque el resto de los organismos, incluido el FMI, la Comisión Europea y todos los organismos que hacen el informe-país sobre España aconsejan que se eleve la presión fiscal y concretamente algunas figuras tributarias además de las que el Gobierno tiene previsto modificar. Le comenté en la Comisión de Hacienda, y se lo vuelvo a decir hoy, que este Gobierno ha sido absolutamente transparente con su hoja de ruta fiscal. La tienen ustedes en el proyecto de presupuestos para el año 2019, y la tienen ustedes reconfirmada en el acuerdo programático que se firmó con Unidas Podemos para la investidura y para la formación de este Gobierno de coalición; una hoja de ruta, como digo, con una seña de identidad clara: que en ningún caso se va a subir la fiscalidad ni a la clase media ni a la clase trabajadora.

Yo puedo comprender que al Partido Popular le guste confundir con esta cuestión. Ustedes siempre que han hecho una reforma fiscal han favorecido a los de siempre, señora Muñoz, a los que más tienen, a los que más capacidades tienen, a los que más posibilidades de defensa tienen ante la vulnerabilidad. Le puedo asegurar que a la reforma fiscal que promueva este Gobierno contribuirán más aquellos que más tienen, que será una reforma que protegerá a las clases medias y a las clases trabajadoras no solamente manteniendo la actual presión fiscal, sino, además, señoría, redoblando unos servicios públicos de calidad que permitan ser el colchón de seguridad que necesitamos en nuestro país para que, llegadas las circunstancias, tengamos que hacer uso de la sanidad pública, de una residencia de mayores o de cualquier otra prestación, de las que en este momento provee el Estado del bienestar.

Por tanto, señoría, creo que hay que ser serios en esta cuestión. Ustedes han apoyado todas las partidas de gasto que este Gobierno ha desarrollado durante esta pandemia sanitaria; y no solamente las han apoyado, sino que ustedes han dicho —déjeme utilizar la expresión coloquial—: Y también dos huevos duros al referirse a esas partidas de gasto. Por tanto, no parece que sea sospechoso el nivel de gasto público que este Gobierno ha tenido durante la pandemia. Y la pregunta es, ¿con qué recursos entiende su señoría que hay que pagar ese incremento del gasto para que los trabajadores estén en los ERTE, para dar las prestaciones a los autónomos o para dotar un fondo de 16 000 millones para las comunidades autónomas? (Aplausos). Estos que le doy son argumentos suficientes, señoría, para zanjar esta cuestión, que yo sé que nos diferencia, pero, no obstante, para que este país tenga futuro, para que pueda seguir avanzando y construyéndose, ojalá que las formaciones políticas presentes en esta Cámara seamos capaces de construir unas cuentas públicas con un común denominador que nos permita seguir avanzando; ojalá que demos una señal de unidad, que todos arrimemos el hombro en un momento complicado para nuestro país, que todos demos una señal inequívoca ante Europa, que Gobierno y oposición caminen de la mano, porque este país nos espera, este país nos necesita, señora Muñoz. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la senadora interpelante.

La señora MUÑOZ FONTERIZ: Muchas gracias, presidenta.

Mire, ministra, que le he pedido que no hiciera oposición de la oposición y que hablara de las cosas que van a hacer y de los impuestos que piensan subir (Aplausos), y usted ha venido aquí y lo primero que ha hecho es oposición de la oposición. Pero es que es usted ya tan previsible que, mire, le voy a dar algunos datos que le van a interesar muchísimo y que le van a refrescar la memoria, porque nada más y nada menos que son los de la herencia del Gobierno socialista: 25 000 millones de déficit oculto, un 9 %, nada más y nada menos; 20 730 millones de deuda en infraestructuras ferroviarias; 56 000 millones de deuda en empresas públicas; 16 000 millones de deuda en el ámbito sanitario; un déficit estructural de la Seguridad Social de 7000 millones; el Fondo de reserva comprometido; 5 000 000 de parados. Esa es la herencia del Gobierno Socialista y esa es la razón por la que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a subir impuestos, no porque bajaran los ingresos, sino para tapar los agujeros que nos dejó el Gobierno Socialista, que nos dejó su gestión. (Aplausos). Esa es la realidad, miles de millones de facturas en el cajón y deuda y déficit oculto. Esa es la realidad, señora ministra. Así que le pediría un poquito más de humildad, es necesario tener un poquito más de humildad.

Igual que necesita usted un poquito más de humildad con los datos tan estremecedores que tenemos de la actividad económica en nuestro país. La Airef acaba de empeorar todas sus previsiones económicas; prevé una caída del PIB del 12 % o más; y un déficit de hasta el 14 %. Dice, además, que la Seguridad Social incrementa el déficit igualmente, que hay récord de deuda pública y una pérdida de empleo por encima del 10 %. A la vista de esto, ¿pero exactamente de qué hay que estar tranquilos? ¿Exactamente de qué quieren ustedes darnos lecciones? Lecciones, ninguna, porque siempre que gobierna el Partido Socialista, siempre, tenemos exactamente la misma foto.

Insisto, no nos ha concretado ni uno solo de los impuestos que piensan ustedes subirnos a los españoles. No ha contestado nada sobre mi petición de bajada de impuestos para las familias, del IVA de las mascarillas, del 21 al 4 %, o para el sector turístico, y tampoco ha dicho nada sobre lo de potenciar que vengan turistas a España.

Desgraciadamente, señora ministra, le tengo que decir que, como decía el presidente Sánchez, hay muchas cosas inevitables: inevitable es la tendencia al despilfarro de recursos públicos del Partido Socialista; solamente le pongo un ejemplo, el incremento del 46 % de asesores. Inevitable es su tendencia a ocultar datos y maquillar las cuentas públicas. Inevitable también es que hagan predicciones erróneas, que tienen constantemente que rectificar. Inevitable es que con sus decisiones erróneas, en vez de solucionar los problemas de los españoles, lo que hacen es crear un nuevo problema más a los españoles, y es muy grande. Inevitable también será, señora ministra, que ustedes, con sus medidas, agraven la crisis económica, y finalmente tendrá que venir un Gobierno del Partido Popular, que inevitablemente volverá a aplicar políticas que generen empleo, que ocasionan la reactivación económica y que, en definitiva, le den a los españoles más inversión, menos impuestos y más empleo, porque empleo es lo que necesitan los españoles; por el empleo es por lo que hay que trabajar. Y, desde luego, subiendo los impuestos a los sectores productivos lo que van a conseguir solamente es incrementar el paro e incrementar la crisis económica en la que desgraciadamente... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría. El tiempo se termina. Muchas gracias.

Tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

¿Esta es la regeneración del Partido Popular? La señora Muñoz se remonta a hace la friolera de diez años para intentar justificar lo injustificable. (Aplausos). Esta es la regeneración del Partido Popular, que sigue con ese mantra de paro —a ver si lo recuerdo y, si no, ustedes me lo van a recordar—, despilfarro, corrupción. (Rumores). ¿No era ese? Sí: paro, despilfarro, corrupción. No han cambiado el lema desde hace... (Rumores). Yo he respetado la intervención de la señora Muñoz, señorías, yo la he respetado; y a lo mejor no me han gustado determinadas cuestiones que ha comentado, pero, desde luego, la he respetado y he intentado escucharla. Repito: ese el lema que siempre ha acompañado al Partido Popular; un mantra falso, mentira, que repiten permanentemente a ver si algo de ello queda.

Me puede decir, señora Muñoz, ¿qué partida de gasto hemos aprobado que no sea el presupuesto del señor Montoro? Es que yo sigo con las cuentas del señor Montoro, un presupuesto prorrogado, con unas partidas de gasto extraordinarias, aprobadas este año con el voto favorable del Partido Popular, pidiendo el doble de lo que se planteaba en esas políticas de gastos. ¿Dónde está el despilfarro? Señorías, ustedes quieren o han querido que incluso ese gasto fuera superior durante este año 2020.

Ustedes hablan también de un mantra, que repiten permanentemente, respecto al paro. ¿Saben ustedes que presidente del Gobierno alcanzó la cifra de paro más importante que hemos tenido nuestra democracia reciente? El señor Rajoy. Sí, el señor Rajoy, pero ustedes hablan permanentemente de que son los grandes hacedores de la construcción del empleo.

El resumen de su intervención lo hizo el señor Montoro también hace unos años: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Esa es la actitud del Partido Popular, lo que lleva predicando todo este tiempo, que no contribuye para nada al bienestar de nuestro país, que no permite arrimar el hombro: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, que es lo que usted ha hecho, en definitiva, en su intervención.

Señoría, usted sabe que el IVA de las mascarillas no se puede cambiar, y por eso ha aludido al reglamento europeo; es que ustedes lo saben, que no se puede cambiar, porque España efectuó la consulta, y así se ha comunicado, y así se trasladó.

¿Usted cree realmente, señoría, que el problema del sector turístico es el IVA? España es el segundo país en recibir turistas del mundo. El problema del sector turístico, señoría, se llama COVID-19, se llama pandemia mundial, se llama...y hay muchas personas que han decidido... (Rumores). Ustedes dicen que no, ustedes niegan la pandemia sanitaria y niegan que haya un problema con el turismo en todo el mundo, no solamente en España, por la situación de confinamiento en la que nos hemos visto involucrados.

Termino, señoría, diciéndole lo que le he dicho en mi anterior intervención: este Gobierno impulsará una reforma fiscal progresiva, justa, equitativa, que haga que aquellos que más tienen puedan contribuir a que todos tengamos unos servicios públicos de calidad que sean el orgullo de la clase media y que permitan seguir avanzando en cotas de bienestar. Y le digo, señoría, que evidentemente no vamos a compartir la política que ustedes plantean porque cuando ustedes han tenido que gestionar una crisis económica lo que nos han dejado ha sido desigualdad, injusticia, beneficios para unos pocos y malestar para la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, ministra.



INTERPELACIÓN SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA DEJAR FUERA DE LAS AYUDAS PÚBLICAS POR EL COVID-19 A LA ESCUELA CONCERTADA, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE FINANCIACIÓN QUE TIENE PREVISTO APLICAR DURANTE EL PRÓXIMO CURSO PARA TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. 670/000034 JESÚS VÁZQUEZ ABAD (GPP)

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 3.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Vázquez Abad por tiempo de diez minutos.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, ministra.

Hoy hemos sacado esta interpelación debido precisamente a la honda preocupación que hemos detectado entre una importante parte de los padres y de la comunidad educativa ante la incerteza respecto a la asignación de recursos correspondientes al Fondo COVID-19, principalmente a causa de sus contradicciones o de lo que usted llama matizaciones. Esperemos que entre todos seamos capaces de llegar a acuerdos, especialmente en el ámbito educativo, porque este partido que le interpela quiere llegar a acuerdos, aunque su presidente Sánchez se empeñe en bloquear todo acuerdo con el Partido Popular.

En estas últimas semanas se ha venido hablando de los 2000 millones del Fondo COVID-19 que serán entregados a las comunidades, dirigidos a educación, para paliar los déficits detectados en el propio sistema educativo durante dicha pandemia, así como para solventar los perjuicios derivados de esta en nuestros alumnos. Hasta ahí perfecto, todo bien. El problema viene cuando vuelven ustedes a lanzar su mensaje político de que ese fondo iría dirigido únicamente a la escuela pública dejando fuera de esa ayuda al 25 % de los alumnos españoles de todas condiciones y con todo tipo de necesidades. Hecho peligroso si lo que pretenden ustedes es bifurcar el sistema, creando dos sendas con diferente nivel de calidad, que nos lleve a un sistema educativo deficiente e injusto basado en los recursos aportados por la Administración Pública. No creo que haga falta recordarle que el sistema de concertación en la enseñanza se estableció en el año 1985 gobernando el Partido Socialista, precisamente con Felipe González al frente, mediante la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. Se creó así una única red de educación sostenida por el Estado cuyo fundamento teórico era universalizar la educación básica en un periodo en el que las necesidades de crecimiento del sistema educativo superaban con creces las capacidades presupuestarias del Estado, incorporando por este mecanismo a muchos de los que hasta ese momento eran centros privados pero que dejaron de serlo.

Hoy en día, del 100 % de los alumnos que estudian en centros sostenidos con fondos públicos, un 25 % lo hacen en centros concertados, uno de cada cuatro, que en el caso del País Vasco, que usted conoce muy bien, podemos decir que es prácticamente uno de cada dos, es decir, el 50 %, del cual, por cierto, ha sido usted defensora al igual que otros socialistas ilustres como Rubalcaba, quien defendió siempre que el modelo de concierto garantizaba la gratuidad de la educación y quien en su momento ya manifestó que no era un tema tranquilo para la izquierda.

Teniendo en cuenta estos datos, hay una cosa que está clara: la libertad de los padres a la hora de escoger la educación de sus hijos es sagrada. Independientemente de los recursos económicos de los que dispongan y sea cual sea la opción elegida, deben contar con todas las garantías para lo más importante y lo que nunca debemos olvidar, los niños y las niñas españoles. Es más, jamás me atrevería a criticar que un cargo militante político elija una opción u otra pues lo que debe ser incuestionable es esa libertad a la que acabo de hacer referencia. Lo que ya no comparto bajo ningún concepto es la doble vara de medir muchas veces de alguna parte de la izquierda.

Me gustaría, ministra, que dijera claramente aquí, ante esta Cámara, evitando sus contradicciones o matizaciones, que los fondos serán dirigidos al cien por cien de nuestros niños en función de sus necesidades, evitando discriminarlos por el mero hecho de que sus padres hayan elegido un centro u otro, derecho que además la Constitución reconoce sin fisuras, hecho que también me gustaría que defendiese con mayor énfasis y que su propio presidente y sus propios socios de gobierno no coartasen la libertad para ello.

Qué bonita es la libertad, señora ministra, en todos los sentidos, pero también la libertad de los padres para elegir centro. Los españoles pagamos nuestros impuestos para, entre otras cosas, financiar la educación sostenida con fondos públicos. Por lo tanto, la educación es un derecho y su gratuidad también. Así pues, evitemos la confrontación, evitemos el enfado y el malestar de los padres y evitemos un sistema educativo que vaya hacia la inequidad. Recientemente manifestó que aquello que funciona, también puede ser cambiado, y yo le pido que aquello que funciona no lo cambie, mejórelo, pues corremos el riesgo, en este caso el peligro, de atentar contra el derecho que todos los niños tienen a recibir una educación de calidad. Estamos a tiempo de paralizar ese malestar y de que usted diga alto y claro que los fondos que destina el Ministerio de Educación, presentes y futuros, serán destinados al cien por cien de los niños y niñas, atendiendo a sus necesidades y procurando así un sistema educativo financiado con fondos públicos que sea equitativo y de calidad.

Por favor, en su caso no lo deje como una recomendación, diga claramente a todas las comunidades que, con carácter obligatorio, evitemos recomendaciones —recomendaciones a las que, además, nos tiene usted tan acostumbrados, al igual que el ministro de Universidades— para que en este caso no se provoquen diferencias entre comunidades, como hemos visto durante este curso con otros temas —me refiero en concreto a las pruebas EBAU o a la promoción de nuestros estudiantes— que hacen que después el sistema haga injusticias que son difíciles de corregir.

Por eso, me parece pernicioso que deje usted la distribución de los fondos COVID-19 en una mera recomendación. Si me permite una expresión, eso es lanzar la piedra y esconder la mano, dejando el campo abierto a una confrontación política que pasaría a determinadas comunidades autónomas. Yo le pido que no convierta esos fondos en un regalo envenenado porque desde el momento en que esa recomendación sea foco de desigualdad deja de lado su filosofía cohesionadora y se convierte en todo lo contrario, en un conflicto incipiente.

Me gustaría, señora ministra, que usted se basara en criterios objetivos, y no dudo que lo quiera hacer. Lo que sí sospecho es que su presidente y sus socios de gobierno, como antes dije, lo quieran. ¿Tiene usted las manos atadas? Tiene en su mano el poder de evitar diferencias muy peligrosas para la educación en mayúscula, pero dígalo sin temor, diga que los recursos serán distribuidos en función de las necesidades de los niños y jamás en función del colegio en el que estén matriculados. Porque estamos hablando del bien más preciado de nuestra sociedad, es decir, de los niños y las niñas de este país y, por tanto, del futuro de nuestro país; diga claramente que usted no va a discriminar al 25 % del alumnado español y yo la creeré. Zanje ya este debate que les preocupa a miles de familias. Tiene hoy una gran oportunidad. Cortemos de raíz esa crispación y construyamos en positivo. Dé tranquilidad a la familia y sume esfuerzos. Sumando nos tendrá de su lado, dividiendo no cuente con nosotros.

Ministra, ¿usted se imagina que una parte de nuestro sistema educativo desaparezca? Yo no quiero pensarlo, y por un doble motivo: primero, porque estaríamos eliminando el derecho a que los padres puedan elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y, segundo, y no es baladí, ¿cómo sería capaz en un momento de dificultades económicas en un país como España de garantizar la educación de calidad al cien por cien de nuestros alumnos? ¡Sabe usted perfectamente lo que costaría para las arcas públicas que todos los alumnos pasasen a estudiar en centros públicos! Usted sabe que eso sería imposible, lo sabe perfectamente y lo sabemos bien todos aquellos que hemos tenido responsabilidades en el ámbito de la administración educativa, y usted, en este caso, lo sabe perfectamente con un 50 % de esos alumnos en el País Vasco. Por lo tanto, dejemos de lanzar mensajes políticos. Todos nuestros colegios en España luchan día a día por el bien de sus alumnos, todos, por una educación inclusiva, apostando por la innovación, por la formación en cuanto a competencias, trabajando por proyectos, aprendizaje cooperativo, competencia emocional, buscando acercarse a metodologías activas centradas en la comunicación, tratando de buscar la participación y la cooperación de la comunidad, permitiendo integrar los elementos del currículum mediante el desarrollo de tareas y actividades relacionadas con la resolución de problemas de la vida real. Pero todos, todos los centros sin excepción precisan de la ayuda económica y el aliento que les permita seguir en ese trabajo.

Le pongo ejemplos que son la realidad de nuestro sistema educativo: Centro Educativo Cisneros, en Ourense, tiene el 53 % de alumnos que proviene del extranjero con 15 nacionalidades, el 33 % del alumnado sometido a medidas de protección y tutela y 15,58 % tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %. El Centro Educativo Plurilingüe Ventín tiene el 23 % con necesidades educativas especiales, un alumnado de más de 13 países. El Centro Plurilingüe La Grande Obra de Atocha tiene un alumnado de más de 19 nacionalidades, 279 alumnos con necesidades educativas especiales y un 25 % del total, de los cuales 19 son de educación combinada. El Centro Educativo Paradai tiene el 60 % de alumnos extranjeros, con una gran población de la etnia gitana, el 4 % de los niños con necesidades educativas especiales y un 40 % de esos alumnos en riesgo de exclusión. Todos ellos, públicos y concertados, con un porcentaje muy elevado, como antes le decía, de niños en riesgo de exclusión. Conforman un pequeño ejemplo de Galicia, pero es extrapolable a cualquier rincón de nuestro país.

¿Cuál es la diferencia entre estos centros públicos o concertados que le he dicho? Ninguna, ministra, ninguna. Todos nuestros centros luchan por dar lo mejor a sus alumnos; centros, maestros y maestras entregados en la búsqueda de un futuro para nuestros alumnos, que, en muchos casos, provienen de familias en situaciones de riesgo de exclusión, marginalidad, migración, violencia de género, familias desestructuradas, etcétera.

Por eso le digo, ministra, que debemos dejar de buscar la confrontación y la división. No hay buenos ni malos, hay centros educativos que quieren sacar adelante a los más jóvenes de la sociedad española, por lo que la financiación para la gratuidad de los centros sostenidos con fondos públicos se debe basar precisamente en el principio de igualdad. Y por eso le pido que lo diga aquí claramente —tiene hoy una gran oportunidad— y zanjemos este tema: que esos fondos, los de hoy y los que van a venir dentro de esos planes, serán para el 100 % de los alumnos, que serán sostenidos con fondos públicos y que estarán especialmente centrados en aquellos que tienen una mayor necesidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Educación y Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señor Vázquez, por su amable interpelación.

Creo que no sería muy difícil llegar a ponernos de acuerdo. Coincidimos en la bancada de consejeros. Y, desde luego, si hablamos de los más vulnerables, podemos coincidir en cinco minutos, porque, efectivamente, usted estará de acuerdo conmigo en que el derecho fundamental de la persona a ser educada —que no es el derecho del Estado, que no es el derecho de las entidades privadas, que no es el derecho de las entidades públicas— tiene que corresponderse con la obligación de los poderes públicos de prestarlo —esta es una cuestión importante—, porque el mismo derecho fundamental de esa persona, de ese ciudadano, de ese alumno, está vigente tanto en el centro de la ciudad como en el pico del monte, como en el ámbito rural. Y sabemos que ese servicio constará de manera diferente en un sitio o en otro, pero el mismo derecho rige para el alumno, para la persona. Una facultad específica del poder público es justamente prestar esa obligación; una facultad, una función, que no vive igual el que lo hace por libertad, por iniciativa legítima. Por tanto, la red pública tiene la obligación de atender el derecho a la educación de todos. Sin embargo, la educación, el sistema educativo de iniciativa privada o concertada, es decir, de iniciativa social, tiene la libertad de prestarlo, porque ha tenido la libertad de creación de centros.

Pero, con toda seguridad, estará usted también de acuerdo conmigo, señor Vázquez, porque creo que nos conocemos un poco. Usted ha mencionado aquí el término equidad, y esta es precisamente la cuestión. Equidad, como bien decía Aristóteles en la Ética a Nicómaco —y seguro que usted también lo sabe—, es justo la aplicación individualizada del principio de justicia. Es decir, es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿En función de qué? En función de sus necesidades. Por tanto, más que de titularidad de los centros, debiéramos hablar de las necesidades de los alumnos, de la vulnerabilidad de los alumnos, siendo este precisamente el principio que ha de regir lo que es la distribución —una facultad también de los poderes públicos— de los recursos públicos, la función redistributiva de esos recursos públicos que por naturaleza son escasos. Esta es una cuestión importante.

Y, dado el preámbulo que ha hecho usted, mire usted las obras de este ministerio. Son justamente aplicar las políticas educativas que están en las antípodas de lo que ustedes hicieron. Y le voy a decir con mucho afecto por qué, señor Vázquez. En primer lugar, tenemos un proyecto de ley que reconoce, acredita y respeta tanto la red pública como la red concertada, que, como usted bien ha dicho, se creó por la LODE en 1985 y que siempre se ha respetado. Se ha respetado tanto que el 68 % de incremento de estudiantes —131 000— se produjo en los centros concertados durante la década de 2009 a 2018 con la LOE, antes del 2013. Y, sin embargo, vino una ley, la LOMCE, que ustedes introdujeron ahí, a romper esos principios de acuerdo de una ley, de la LOE, que estaba respaldada por todas las fuerzas políticas con excepción de la suya, y que ha traído desfase en el sistema educativo, ha traído un 15 % más de repeticiones, ha traído menos recursos y menos posibilidades para la titulación. Esto es lo que se hizo. Aquí nunca ha habido un prejuicio ni un deslinde ideológico. Lo que hay es una herencia abandonada de determinados centros, y no solo de titularidad pública, también hay algunos vulnerables de titularidad no pública. Y fíjese usted la herencia que nos han dejado. Ustedes entraron y la primera medida del Gobierno en diciembre de 2011 fue la no disposición de 487 millones de euros en educación. Es decir, el recorte fue para la educación, de manera lineal, socavando uno de los cimientos más importantes del Estado del bienestar cual es la educación, junto a la sanidad.

Pero no contentos con esto, aprobaron el Real Decreto Ley 14/2012 —que nosotros a principios de 2019 logramos derogar—, que, por las medidas urgentes de racionalización del gasto público, aumentaba las ratios, sobrecargaba a los docentes y, además, recortaba el gasto público en una cantidad de 3439 millones de euros, también para la educación en su conjunto. Pero, asimismo, en 2012 recortaron 647 millones de euros para la educación en su conjunto. Total, 5868 millones en 2012 y 2013. Es decir, ante una crisis, el Gobierno del Partido Popular restó recursos a la educación. Y esta es una cuestión acreditada y que todo el mundo conoce, o sea, está verificada, es verificable. Y, obviamente, supone socavar, como le digo, una de las principales columnas del Estado de bienestar. Y mientras tanto, ¿qué ocurría? Pues que los alumnos de enseñanzas de régimen general se incrementaron en 600 000 estudiantes.

¿Cuál es el resultado de esta política que ustedes tienen? Pues que ustedes nos han dejado una herencia en la cual, por un lado, tenemos un gasto educativo o una inversión por alumno, que en la pública es de -13,8 con respecto a lo que había en 2009, y en la concertada o en la no pública es de -1,5. Es decir, ustedes recortaron en educación, castigaron a toda la educación, pero, en el castigo, precisamente aquellos que tienen que tratar los temas que requieren más esfuerzo por parte de la educación y del profesorado fueron más castigados que los otros.

¿Y qué ocurrió en inversiones, señor Vázquez? Pues que las inversiones para la construcción de centros públicos se fueron del 100 al 50, es decir, bajaron un 50 %. Mientras tanto —y esto lo hemos sabido recientemente a través de una respuesta dada por el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid— había cesión de centros públicos a algunos centros. A algunos no, a toda la concertada, a 45 o 50 centros de la educación concertada en esta comunidad. Esto ocurría mientras se recortaba la inversión en educación pública y se iba al 50 %.

Entonces, no es que se discrimine ahora, no, no. No queremos discriminar nada. Lo que queremos es aplicar lo que usted nos ha dicho, señor Vázquez, es decir, aplicar la equidad, tratar de compensar las desigualdades. Uno de los grandes problemas de la pandemia ha sido que al cerrar la escuela y no cerrar la educación, obviamente gracias a la digitalización, la vulnerabilidad de los alumnos se ha exacerbado, porque la desigualdad social existe y la escuela lo que hace es compensar esa desigualdad social.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es compensarla; esa es la equidad de la que usted habla y con la que yo estoy de acuerdo. Hay que actuar, aplicar la equidad y pensar en los alumnos vulnerables. Y ahí nos vamos a encontrar, señor Vázquez, ahí nos vamos a encontrar. Esto es importante y esto es lo que estamos haciendo. ¿Con qué políticas? Con la política de la ley, porque la ley reconoce la educación pública y la educación no pública. ¿Con qué política? Obviamente, con el ejercicio de la libertad, que es constitucional. ¿Con qué políticas más? Con la política de convenios para la digitalización, que dice: usted trabaje con la vulnerabilidad como principio, trabaje con ello, porque ¿de qué sirve dar una tablet más a quien ya tiene una? ¿Para que tenga dos tablets? No; vamos a pensar en aquel que no la tiene para conectarlo a la educación. ¿Con qué más? Con los 2000 millones que ustedes tienen en el real decreto ley que van a debatir los grupos parlamentarios, que han sido detraídos de los 16 000 millones y que serán distribuidos por las comunidades autónomas. ¿Y con qué más? Con las becas; las becas van al alumno que lo necesita, y se han aumentado las becas en un 22 %. ¿Y con qué más? Pues con la inversión que vamos a hacer en FP. ¿Y con qué más? También con el Plan Reactiva, de FP, y con el Plan PROA plus, que también irá a los más desfavorecidos.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Señora ministra, vaya terminando.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Por lo tanto, si su principio es la equidad, si su principio es la vulnerabilidad de los alumnos, ahí nos vamos a encontrar, señor Vázquez, y yo se lo agradezco.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, ministra.

Tiene la palabra el senador interpelante por tiempo de tres minutos.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señora ministra.

Entonces estamos de acuerdo con que presentaremos una moción en defensa de todos los niños que pertenecen al sistema financiado con fondos públicos y en que, evidentemente, aquellos que más lo necesiten tendrán garantías de que el Gobierno del Partido Socialista los apoyará. Eso es lo que quiero oír de usted claramente. Estamos hablando de algo muy importante que es el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, y no podemos discriminarlos por el mero hecho de que los padres elijan un centro u otro. Y se lo dice una persona educada en un colegio público y que es profesor público, pero creo en la libertad de elección de las familias y creo que es vital que el Estado mantenga ese derecho que, además, la Constitución establece. Veo que estamos de acuerdo en el fondo y me ratifico en que probablemente sean su presidente y sus socios de Gobierno los que obligan a esos titulares, no dichos por usted probablemente, de que la concertada se quedará fuera, titulares que generaron esta polémica.

Aquí tenemos una oportunidad. El Partido Popular quiere ese pacto por la educación, quiere ese pacto defendiendo la libertad de elección por parte de las familias, y creo que usted lo comparte, porque, como bien dijo antes, nos conocemos desde hace muchos años, y creo que buscamos que aquellos niños y niñas que más lo necesitan tengan recursos, sean de un colegio o de otro. Antes le he puesto ejemplos. Es que no me valen esos mantras de que unos van a uno y otros van a otro. Quien diga eso desconoce la realidad de esta sociedad española. Le leo muy brevemente, porque no tengo tiempo, lo que me dice una madre y además profesora de un centro: «Creo que la libertad de los padres no se debe coartar a la hora de decidir dónde y cómo quieren educar a sus hijos. No hay educaciones mejores o peores, no hay escuelas de ricos o de pobres, de derechas o de izquierdas. La escuela es una y su finalidad es desarrollar todas las capacidades que los alumnos tienen. Invirtamos más en formación y actualización del profesorado, en infraestructuras docentes para desarrollar esas competencias dando la misma igualdad a todos y ganaremos en una sociedad formada por unos buenos y preparados ciudadanos en un futuro».

Ministra, esta petición que le he hecho en nombre del Partido Popular demuestra nuestra intención de dejar de lado cualquier tipo de interés partidista, porque lo que le estamos pidiendo con esas recomendaciones o matizaciones, por favor, es que todas las comunidades, en ese reparto redirijan sus recursos no a los centros en función de la titularidad, sino a los alumnos en función de sus necesidades. Y de herencias no me hable, ministra. Quiero que sepa que cuando yo tuve responsabilidades en el ámbito de la Administración, nos encontramos con un 26 %, que fue la herencia de las leyes anteriores a la LOMCE, y en este momento Galicia está por debajo del 13 %. Y precisamente eso es lo que ha valorado el pueblo gallego a la hora de elegir en las urnas masivamente al Partido Popular este domingo. (Aplausos). Si usted me va a hablar de ajustes, de recortes, yo le digo que Galicia es la comunidad que tiene las tasas públicas más bajas de universidad y también la primera que ha dado el paso para que en los másteres se iguale el precio del crédito al del grado.

Por eso le digo, ministra: por favor, pongámonos de acuerdo. Y es así de fácil: hablemos a partir de este momento de centros financiados con fondos públicos; dejemos ese mantra de la izquierda de que un colegio es para unos y otro colegio es para otros.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Vaya concluyendo, señoría.

El señor VÁZQUEZ ABAD: Sí, señora presidenta.

Centrémonos en los niños, que es lo importante. Y con eso me gustaría, repito, señora ministra —se lo pido por favor y mirándola a los ojos—, que su final sea que sí va a aceptar esa moción y que vamos a trabajar por el bien del cien por cien de los niños y de las niñas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Gracias, señoría.

Tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Sí, señor Vázquez, pero no se salte la línea. ¡No se salte la línea! Estamos hablando de más vulnerables. Es que usted ya, de pronto, se ha saltado la línea. ¿Sabe usted que hay centros de titularidad no pública que no atienden a los más vulnerables, verdad? ¿Lo sabe? (El señor Vázquez Abad: Y públicos). Bueno, pues vamos a ello. ¿Sabe usted que la tasa de pobreza infantil en España es más del 20 %? ¿Sabe usted dónde han estado la mayor cantidad de alumnos que no han estado conectados al sistema? ¿Sabe usted dónde se concentra el 72 % de los niños y niñas más vulnerables? ¿Sabe usted dónde se concentra el 75 % de los niños y niñas con padres o madre extranjera? ¿Sabe usted lo que dice el estudio de Xavier Bonal, que interrelaciona precisamente los estudios de la madre con el resultado académico de los hijos?

Por tanto, no se salte la línea de repente. Estábamos en la equidad, estábamos en la vulnerabilidad, estábamos en los alumnos, pero de pronto usted ha hecho titití y por arte de birlibirloque se lo ha llevado ya a todos los centros. No, mire, aquí vamos a hilar fino: los recursos son escasos, pero usted y yo tenemos elementos para poder acordar esto, y yo, desde luego, le invito a hacerlo, porque sería estupendo acordar realmente una buena política educativa para el sistema español, que tanta modernización y tanto afecto requiere en términos de innovación.

Yo le digo: vamos a trabajar, pero precisamente teniendo muy en cuenta dónde tenemos la necesidad, no, de pronto, llevando la necesidad a donde no está. Y, desde luego, la necesidad se ha concentrado en centros públicos y en algunos centros de titularidad no pública que atienden al alumnado vulnerable, y en algunas cooperativas también. Vamos primero a atender eso, porque los recursos públicos son escasos y tenemos que proporcionarlos y tenemos que atribuirlos con justicia, precisamente por equidad. Y en eso, bienvenido. Pero estando de acuerdo en que no hay ningún prejuicio ideológico, sino que lo que hay es justicia redistributiva que este grupo parlamentario ha venido aplicando históricamente —y otros también—, estando de acuerdo con eso, vamos a aplicarlo. Dejemos de decir que lo que vamos a hacer es matar a la concertada, porque eso es ir a la discriminación, eso es ir al enfrentamiento por el enfrentamiento, y esa política hoy ya no vale, está desfasada, no sirve, no hace avanzar. Por lo tanto, invitémonos conjuntamente a hacer una buena política educativa que sirva a los más vulnerables.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas gracias, ministra.



INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS CONCRETAS DE APOYO A LOS MUNICIPIOS Y A LAS ENTIDADES LOCALES PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA DEPRESIÓN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA) Y LAS BORRASCAS CECILIA EN OTOÑO DE 2019 Y GLORIA EN ENERO DE 2020. 670/000032 JORDI MARTÍ DEULOFEU (GPERB)

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el punto 3.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Martí Deulofeu.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, vicepresidenta.

Señora ministra, aunque si bien es cierto que en circunstancias actuales debemos centrar la mayoría de nuestros esfuerzos de gestión y cooperación entre administraciones y gobiernos para dar respuesta a la crisis sanitaria, no lo es menos que los municipios deben hacer frente a multitud de problemáticas, y que los ayuntamientos y las entidades locales requieren todo el apoyo necesario para prestar servicios públicos básicos dada su proximidad con la ciudadanía y el principio de subsidiariedad. En este sentido, para muchos ayuntamientos el año 2020 ha sido especialmente duro. En el mes de enero la borrasca Gloria provocó todo tipo de daños como consecuencia de fuertes vientos, inundaciones, nevadas, temporal de levante, etcétera, con un balance de 14 víctimas mortales, 83 heridos y 2 personas desaparecidas. Por si fuera poco, en octubre de 2019 una nueva depresión aislada en niveles altos, DANA, en el Mediterráneo, afectó a la Península siguiendo al episodio de gota fría, con lluvias torrenciales, que en septiembre dejó 6 muertos y obligó a la evacuación de más de 4000 personas. En noviembre, la borrasca Cecilia puso en alerta a 39 provincias y a Ceuta como consecuencia de un temporal de lluvias fuertes, abundantes y persistentes, rachas de viento huracanado de 163 kilómetros/hora en Vizcaya y olas de hasta cinco y seis metros. Son solo algunos ejemplos de los fenómenos meteorológicos que desde el 1 de abril de 2019 vienen causando situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, produciendo graves daños personales y materiales tanto en bienes privados como en bienes, instalaciones y servicios públicos, así como en explotaciones agrarias y en infraestructuras municipales. Este fragmento, señora ministra, es del Real Decreto Ley 11/2019, de 20 de septiembre, que precisamente adoptó medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Según la ministra portavoz, María Jesús Montero, en comparecencia pública del 28 de enero después del Consejo de Ministros, el Consorcio de Compensación de Seguros empezaría a pagar a los afectados por el temporal Gloria a partir del 7 de febrero pasado, calculando que en el plazo de cuatro meses se habrían desembolsado las compensaciones de un 85 % de los siniestros, abonando el resto a la mayor brevedad. Las estimaciones globales del Consorcio de Compensación de Seguros a fecha de 29 de enero, basadas en los informes periciales de urgencia, fueron las siguientes: 11 630 solicitudes de indemnización, con un coste total de 76 millones de euros. Si nos fijamos en la estimación por zonas, Catalunya, con 5100 siniestros y 51,1 millones de euros, y el País Valencià, con 4100 siniestros y 15,3 millones de euros, fueron de largo las más afectadas, destacando las localidades de Malgrat de Mar, Castelldefels y Blanes, y Denia, Peñíscola y Daimús, respectivamente.

Hasta aquel momento se habían recibido 5011 solicitudes de indemnización: 1 por daños personales, 2950 por viviendas, 1225 por automóviles, 761 por comercios, oficinas y establecimientos no industriales, 64 por industrias y 10 por obras civiles. Los efectos de las lluvias y aguaceros del DANA en las comarcas de Lleida significaron 119 solicitudes de subvención en el marco del Real Decreto 307/2015.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu considera que para un buen ejercicio de transparencia y fiscalización sería necesario disponer de datos actualizados sobre el pago de las indemnizaciones por siniestro y de las subvenciones. Sin embargo, desde el punto de vista municipal y de las entidades locales, muchos ayuntamientos siguen a día de hoy sin certezas acerca de las medidas económicas concretas del Gobierno para hacer frente a los efectos de los temporales ocurridos en otoño de 2019 y enero de 2020, entre muchos otros. Debemos tener en cuenta que los gastos imprevistos de inversión y mantenimiento derivados de los daños pueden alterar notablemente el equilibrio económico-financiero, el equilibrio presupuestario de los ayuntamientos. Si a esto le sumamos que la conocida regla de gasto de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2012 no permite hacer un uso libre del superávit y de los remanentes de tesorería acumulados, del ahorro, para llevar a cabo las actuaciones necesarias sin incumplir el principio de estabilidad presupuestaria son imprescindibles medidas extraordinarias en forma de ayudas económicas.

Así pues, en primer lugar, nos gustaría saber si, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 del citado Real Decreto Ley 11/2019, el Gobierno ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil —lo que antes se conocía como zonas catastróficas— a las provincias y comunidades autónomas afectadas por el temporal Gloria. A tales efectos, la aplicación de las medidas necesarias previstas en el real decreto ley las podría acordar el Gobierno, con una nueva delimitación de las zonas afectadas a otros sucesos de características similares que pudieran acaecer hasta el 31 de marzo de 2020, mediante un nuevo real decreto a propuesta de la persona titular del ministerio competente. La borrasca Gloria, ocurrida en enero de 2020, cumpliría con esta limitación temporal. Señora ministra, ¿ha acordado el Gobierno un nuevo real decreto ley de adopción de medidas urgentes para paliar los daños causados por el temporal Gloria?

En segundo lugar, el Fondo de solidaridad de la Unión Europea permite a esta última prestar ayuda financiera a un Estado miembro, un país en vías de adhesión o una región en caso de catástrofe natural grave. La presentación de la solicitud debe hacerse a más tardar en un plazo de doce semanas a partir de los primeros daños causados por la catástrofe. El Estado afectado presentará a la comisión una solicitud de contribución financiera del Fondo social de la Unión Europea para prestar asistencia en caso de catástrofe natural grave con repercusiones importantes en las condiciones de vida, el medio natural o la economía de una o varias regiones de un Estado miembro. Además, existe la posibilidad de que los Estados miembros soliciten el pago de un anticipo. El importe no excederá del 10 % del importe total previsto y no podrá ser superior a 30 millones de euros. Sin ir más lejos, en el caso de Catalunya las valoraciones de los daños, a priori superarían con creces el umbral para acogerse al Fondo social de la Unión Europea al producirse daños directos superiores al 1,5 % del producto interior bruto —PIB— de la región.

Señora ministra, la pregunta es muy clara y creemos que es importante que nos dé información al respecto. ¿Ha presentado el Gobierno la solicitud a la Comisión Europea de contribución financiera del Fondo social de la Unión Europea por catástrofe natural grave? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la respuesta?

En tercer lugar, nos gustaría averiguar si existe el compromiso firme y la voluntad política por parte del Gobierno de establecer algún tipo de fondo económico específico a fondo perdido, a modo de transferencia directa a las comunidades autónomas, o para complementar las ayudas económicas de estas. ¿Qué pasos se han dado en esta dirección y cómo piensan formalizar la cooperación y colaboración económica entre administraciones, pensando sobre todo en los plazos, los porcentajes de ayuda y las cantidades máximas que se podrán percibir? A modo de ejemplo, la Generalitat de Catalunya aprobó el 9 de junio una partida de 14 millones de euros para paliar los efectos de los temporales Gloria y DANA y destinar ayudas a las infraestructuras y equipamientos de titularidad municipal que quedaron dañados por los temporales. Los aguaceros y las lluvias torrenciales del DANA tuvieron un gran impacto en comarcas como Les Garrigues y la Conca de Barberà; en total, 400 municipios, de los cuales 266 con afectaciones graves en infraestructuras municipales. Los municipios y las entidades locales agradecerán sobremanera un poco de luz y concreción, señora ministra.

En la gestión municipal es indispensable saber con qué recursos se cuenta. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocado ayudas destinadas a las explotaciones agrarias afectadas por las lluvias de octubre de 2019 o por el temporal Gloria de enero de 2020 para la restitución del potencial productivo, con una dotación presupuestaria de 4,1 millones de euros, que próximamente se ampliarán con 7 millones de euros más, llegando a los 11,1 millones de euros. Más aún, la Diputaciò de Girona ha acordado 2 500 000 euros en subvenciones a los ayuntamientos para mantenimiento y otros 2 500 000 euros para inversiones en carreteras de titularidad de la propia Diputaciò de Girona y Vías Verdes. Pongo como caso concreto la inversión en el puente entre los municipios de Anglès y La Cellera, con una inversión de 600 000 euros. En las comarcas de Girona la suma de los daños asciende a más de 25 millones de euros, si hablamos únicamente de inversión y de competencias estrictamente municipales. Destaca la afectación en la comarca de La Selva, con más de 6 millones de inversión y más de 4 millones de mantenimiento. Aquí deberíamos añadir todas aquellas actuaciones que son competencia de otras administraciones, como, por ejemplo, las que se dan en el dominio público marítimo-terrestre o en el dominio público hidráulico.

Los efectos del temporal Gloria en municipios como Cadaqués, Castell-Platja d’Aro y Calonge i Sant Antoni han sido muy visibles. No todos los trabajos de reparación de los desperfectos se han realizado antes de empezar la temporada turística.

Por todo ello, señora ministra, nos gustaría conocer su respuesta a nuestra interpelación.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Política Territorial y Función Pública por tiempo de diez minutos.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Martí, buenas tardes y saludos cordiales.

Como bien saben, el Sistema Nacional de Protección Civil definido en la Ley 17/2015 tiene como objetivo reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil de la ciudadanía ante situaciones de emergencia y catástrofes, como es el objeto de la interpelación en el día de hoy. Sobre la base de esa previsión legal, el Gobierno de España aprobó, como ha citado su señoría, el Real Decreto Ley 11/2019, de 20 de septiembre, en virtud del cual se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, atribuyendo en este caso al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la gestión del régimen de ayudas a las entidades locales para la recuperación de la zona siniestrada. Entidades locales a las que pueden acceder en este caso nuestras subvenciones del ministerio y que acogerían hasta el 50 % del coste de dicha inversión.

En ese sentido en el ministerio estamos atendiendo las demandas que han ido planteando distintas entidades locales como consecuencia de los daños por diversas catástrofes que han acaecido entre los años 2019 y 2020, por referirme a las últimas dos, que creo que es el objeto de la interpelación que el señor Martí presenta.

Yo me voy a referir a lo que tiene que ver con entidades locales. Usted ha hecho referencia aquí a cuestiones de bienes personales del Consorcio de Compensación de Seguros, que no es competencia de mi ministerio y, por tanto, entenderá que lo obvie.

Los acontecimientos a los que usted se refiere, señor Martí, se produjeron en el año 2019. Fueron varias DANA: Cecilia, en noviembre de 2019, y Gloria, a comienzos de 2020. Por aclarar las acciones que hemos realizado, y por hacerlo de manera metodológica, para que sea más comprensible, voy a describir la situación catastrófica con la ayuda correspondiente: Respecto a las DANA de 2019, a lo largo del año 2019 sucedieron diferentes depresiones aisladas en niveles altos en nuestro país. La primera de ellas, que recorrió la Península y Baleares de oeste a este, tuvo lugar los días 25 a 27 de agosto y afectó a zonas importantes, como Madrid, Zaragoza, Cáceres, La Rioja, Segovia, Valladolid, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Castellón, Valencia, Lleida, Sevilla, Málaga, Murcia y Baleares. La segunda DANA sucedió entre los días 12, 13 y 14 de septiembre, afectando también gravemente a zonas de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. La respuesta del Gobierno a los daños causados por estos dos episodios catastróficos tiene lugar en el Real Decreto Ley 11/2019, de modo que me voy a centrar en esta norma.

Para atender a estas situaciones catastróficas, el Consejo de Ministros acordó el 5 de mayo de 2020 autorizar la aplicación del Fondo de contingencia por importe de 151 millones de euros y la concesión de un crédito extraordinario al Ministerio de Política Territorial, conforme a este real decreto ley. Como digo, 151 millones de euros que van de la anualidad 2020 al 2022, correspondiendo a la anualidad de 2020, 129,1 millones de euros. Pues bien, con este importe, mediante resolución de 25 de mayo de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, hemos aprobado las convocatorias de las subvenciones previstas —Boletín Oficial del Estado de 2 de junio del año 2020—.

Señorías, el número de solicitudes y el importe de daños es, de forma somera, el siguiente: Andalucía 17,8 millones, con 201 solicitudes; Madrid, 526, siendo la más numerosa; Aragón, 1, e islas Baleares, 25. Y me estoy refiriendo a las dos DANA, para hacerlo de manera metodológica. En total —si lo quieren de forma pormenorizada, por supuesto, lo daré— han sido 1129 solicitudes de entidades locales por importe de 113,9 millones de euros. Esto quiere decir, señorías, que si 151 millones eran para las anualidades 2020, 2021 y 2022 y se han presentado importes por 113,9 millones, tenemos un sobrante de más de 90 millones. Es decir, las entidades locales no han presentado proyectos por el valor total por el que podían hacerlo. Pero no creo que sea un inconveniente, porque la idea del ministerio es que lo podamos incorporar a la ampliación del real decreto que estamos preparando y al que ahora me voy a referir.

Además, señoría, como usted bien sabe, en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional 87/2016, hay un convenio específico que ya ha preparado nuestro ministerio y está a la espera de que la comunidad autónoma lo quiera firmar. Pero, como digo, por nuestra parte, el trabajo está hecho en lo que se refiere a estas dos DANA de 2019.

Borrasca Cecilia. En esta borrasca la actuación del Gobierno ha sido similar. Es la tercera de la temporada del año 2019, también con importantes afecciones a las que usted se ha referido; precisamente fue el día de santa Cecilia cuando se produjo, de ahí su nombre.

Temporal Gloria. Recién llegada al ministerio se produce ese temporal en los primeros días de enero, también con importantes afecciones en la zona que usted señalaba, y me voy a remitir a lo que usted ha dicho para no reiterarme.

Para atender las necesidades de estas dos borrascas que no contemplaba el Real Decreto Ley 11/2019, el Ministerio de Política Territorial, haciendo uso de la previsión que hace el propio real decreto ley, está tramitando actualmente un real decreto ley —creo que eso responde a la petición que su señoría ha hecho— que extienda, que prolongue las medidas previstas en el Real Decreto Ley 11/2019, y por tanto, tengan cabida las situaciones catastróficas ocasionadas tanto por Cecilia como por Gloria, y ya estamos trabajando, señoría, en esta situación, hasta tal punto que ya tenemos la última versión del proyecto del real decreto, que contempla aplicar las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2019. Creo que con esto respondo a gran parte de su preocupación.

También le anticipo, señoría, que mientras estamos tramitando este real decreto estamos recabando las delegaciones de Gobierno y subdelegaciones la información necesaria para proceder a la valoración correcta, y a tal fin, darle la máxima celeridad. Porque tengo que ser absolutamente franca y decir que es un sistema bastante engorroso y complicado que tenemos que intentar mejorar procedimentalmente para llegar más rápidamente, pues estoy de acuerdo con usted en que las entidades locales necesitan esa ayuda, el 50 % por nuestra parte. Y en la situación actual también ayudaría a la generación de empleo, que también creo que viene muy bien, porque, aunque tengamos COVID, y es verdad que las administraciones están volcadas en ello, tenemos que atender estas demandas. Y ese es el compromiso del Gobierno de España, tal y como le estoy refiriendo.

En estos seis meses transcurridos desde que tomé posesión como ministra el 13 de enero, y teniendo en cuenta los casi tres meses y medio que hemos estado paralizados, hemos realizado dos convocatorias, que creo que, por lo menos, intentan dar respuesta, es verdad que no la que nosotros hubiéramos querido, porque que se hayan dejado sin aplicar más de 90 millones en las anteriores indica que tenemos que mejorar el sistema, y no solo nosotros, sino especialmente las entidades locales. Por tanto, ahí tenemos un trabajo que realizar que creo es tremendamente constructivo. El espíritu de esta ministra y de este Gobierno es intentar que cuando se produzca una emergencia la ayuda llegue cuanto antes. Pero para que eso tenga lugar, señor Martí, tenemos que precisar todo el camino. Nosotros estamos simplificando los procedimientos, porque creo que es importante hacerlo, y sacando las convocatorias entre el mes de mayo y junio, pienso que el interés del ministerio ha sido importante. Es verdad que ahora tenemos la parte de Cecilia y Gloria, que es muy importante, y vamos a añadir algo más de 90 millones, que es lo que estamos negociando con Hacienda.

La petición que usted ha mencionado del Fondo de solidaridad no la hemos hecho, pero teniendo en cuenta esta situación, que ya digo que no es menor, de que tenemos 90 000 000 de más para añadirle y teniendo en cuenta que nosotros abonamos el 50 %, y el resto de las entidades el otro 50 %. No obstante, tendríamos que ir viendo cómo evoluciona, y el fondo siempre estaría ahí para, en caso de que fuera necesario, acudir a él.

En cualquier caso, culmino mi intervención. Tenemos que mejorar, hemos hecho un trabajo, pero, desde luego, la visión y ambición de esta ministra es, de la mano de las entidades locales y de las comunidades autónomas, mejorarlo y poder firmar el convenio específico que pueda dar lugar a estas emergencias que cubran las DANA que se produjeron en el año 2019, y especialmente volcarnos, como estamos haciendo con este real decreto para dar respuesta a Cecilia y también en este caso a la borrasca Gloria. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Espero haber contestado a la solicitud de interpelación que usted me ha hecho, señor Martí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.

A continuación, tiene la palabra el interpelante, señor Martí Deulofeu, por tiempo máximo de tres minutos.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidenta,

Señora ministra, usted se ha referido al convenio específico con Cataluña. Si es posible, nos gustaría tener más detalles al respecto, sobre todo en lo que se refiere a las cantidades totales, si la aportación del Estado español va a ser al 50 %, y la aportación que va a hacer en este caso el Govern de la Generalitat, que ha dotado esta convocatoria con 14 millones de euros. Y, por tanto, para dar respuesta precisamente a los municipios, a los ayuntamientos que están en primera línea de las demandas de los vecinos y vecinas, nos gustaría saber con un poco más de precisión el contenido de este convenio que, según he entendido, ya está en manos de la Generalitat de Cataluña, y entiendo que solo es cuestión de buena voluntad política desencallarlo y que vea la luz.

Lo que voy a hacer ahora es bastante sencillo. Voy a leer una serie de municipios afectados para que sirva de ilustración de la magnitud del impacto. En la demarcación de Barcelona, Arenys de Mar, Tiana, Canet de Mar y Palafolls. En la demarcación de Girona, Cadaqués, Sant Pere Pescador, Calonge i Sant Antoni, Torroella de Montgrí, Verges, Das, Besalù, la Vall d’en Bas, Girona, Salt, Crespià, Blanes, Lloret, Susqueda, Arbúcies, Riells i Viabrea, Hostalric, Fogars de la Selva y Vallfogona de Ripollès. En la demarcación de Lleida, Les Borges Blanques, Vinaixa, Juneda y Arbeca. En la demarcación de Tarragona, L’Espluga de Francolí, Montblanc, EMD de Campredó (Tortosa) y Tivenys (en les Terres de l’Ebre). Y aquí paro un momento para hacer referencia a dos enmiendas que presentamos el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña-Euskal Herria Bildu a una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que pedíamos elaborar a la máxima brevedad una estrategia de actuación para hacer frente a la regresión del litoral y a los efectos del cambio climático y llevar a cabo un estudio integral de la dinámica del litoral para identificar su estado y comportamiento, que nos parece muy importante para hacer frente a uno de los retos más importantes que están sufriendo las Terres de l’Ebre. Continúo, en el País Valencià, Vilafranca Beniarrés, Peñíscola, Sueca, Cullera, Almenara, la Vila Joiosa, Dènia, Xàbia, Bellreguard, Gandía, València, Sagunt, Borriana, Orpesa, Benicarló, Vinaròs, Mareny de Barraquetes, Xaló, Alberic, Ontinyent, Crevillent, Almussafes, Benifaió y Sollana, Puçol y Alcoi.

El mundo local, señora ministra, reclama respuestas rápidas, claras y precisas, con compromisos firmes e inequívocos y no visitas oficiales simbólicas, como las del presidente Sánchez a les Illes Balears. Es el momento de ponerse manos a la obra sin más dilaciones.

Muchas gracias, señora ministra.

La señora PRESIDENTA: Gracias señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Política Territorial y Función Pública.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Muchas gracias, presidenta.

Señor Martí, si el Gobierno de España no hubiera visitado las zonas catastróficas, ¿qué hubiese dicho usted aquí en esta tribuna? ¿Qué hubiese dicho? Le he manifestado cuál ha sido la determinación del Gobierno y de esta ministra en el tiempo que llevo y descontando los tres meses y medio de pandemia, sacando dos convocatorias. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Le he dicho que tenemos que mejorar.

Respecto al litoral, yo sí estoy de acuerdo —y ahí está el Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto— con que tenemos que plantearnos qué hacer, porque es verdad que muchos litorales están siendo golpeados una y otra vez por catástrofes naturales que cada vez se suceden con mayor frecuencia, lo que, evidentemente, debería llevarnos a una reflexión sobre cómo seguir creciendo y sobre si tenemos que seguir actuando en la mismas zona o no, porque la naturaleza está golpeando de la manera que lo está haciendo, señor Martí.

Pero quiero volver a incidir en que en la relación de los municipios que usted ha leído entiendo que se debe referir a Cecilia y a Gloria, no a las DANA, que ya han presentado las convocatorias y que ha sido una cantidad pequeña. Usted me pide el convenio específico, y yo le voy a dar cuenta. Está pendiente de si la Generalitat lo quiere firmar o no y responde a actuaciones en las provincias de Tarragona y de Lleida referidas a las DANA de agosto, que es lo que estamos valorando en este caso.

Por tanto, señor Martí, le digo una vez más que en este asunto tiene que haber una cooperación territorial importante, cooperación territorial para alcanzar una cohesión social, que es el objetivo fundamental de cualquier política territorial; cooperación territorial y cohesión social para llegar, desde el ámbito competencial que sea, al máximo nivel de eficacia y eficiencia en la actuación de las administraciones públicas, y la cooperación tiene que ser de ida y vuelta, evidentemente. Desde luego, en el Gobierno de España lo va a encontrar, y de hecho, el balance de gestión que he hecho aquí siempre es mejorable, pero sacando dos convocatorias en el tiempo que lo hemos hecho creo que da muestra de la determinación, del compromiso y de la voluntad del Gobierno de España liderado por el presidente Pedro Sánchez.

Por tanto, visitas sí; acciones, también. Este Gobierno hará las dos cosas, estará cerca de la gente cuando haya catástrofes y también actuando con contundencia y con la mayor rapidez que sea posible, mejorando los procedimientos cuando haya que hacerlo y estando en coordinación con las entidades locales para que también presenten proyectos y que seamos capaces, teniendo dinero y crédito, de que puedan llegar a destino.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 324 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000001 Justicia

La señora presidenta lee los puntos 4. 4.1. y 4.1.1.

La señora PRESIDENTA: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Lerma Blasco, por tiempo máximo de cinco minutos.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo para presentar la Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La presente proposición de ley tiene por objeto modificar el plazo máximo de la investigación judicial establecido por la Ley 41/2015 en seis meses prorrogables en determinadas condiciones a doce meses también prorrogables. Todo ello para garantizar la eficacia del proceso penal y las garantías de los procesales.

La proposición de ley tuvo entrada en el Senado el 1 de julio, procedente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, actuando con competencia legislativa plena. Declarado urgente, la Mesa del Senado acordó la habilitación del mes de julio para su tramitación, así como que el plazo improrrogable para la presentación de enmiendas finalizara el 7 de julio de 2020.

A la proposición de ley se han presentado una propuesta de veto y ocho enmiendas. La propuesta de veto es del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: dos del Grupo Parlamentario Mixto, tres del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-EH Bildu y tres del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Por otro lado, la Presidencia del Senado no admitió la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Popular, por no guardar congruencia con el objetivo y la finalidad de la proposición de ley.

El 9 de julio se reunió la Comisión de Justicia y acordó por dieciocho votos favorables, cuatro en contra y ninguna abstención aprobar el informe de la Ponencia, que mantiene sin modificaciones el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares el Grupo Mixto y el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Vamos a iniciar el debate de la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En el turno a favor y por tiempo máximo de quince minutos, tiene la palabra el senador don Fernando de Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora presidenta.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a presentar la propuesta de veto a esta reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mi grupo parlamentario considera que faltan tres elementos para poder determinar que se trata de una reforma de carácter congruente. Así, estimamos que es una reforma que tiene una falta de oportunidad jurídica, falta de técnica jurídica y que es meramente de carácter político. En cualquier caso, y previamente a entrar en esta tres cuestiones de falta de oportunidad, de técnica jurídica y de carácter político, quiero decir que, como muy bien ha descrito el presidente de la comisión, el señor Lerma, se trata de una reforma que ha entrado con urgencia —casi con fórceps— al Senado. Llegó el 1 de julio, el 7 de julio se presentaron unas serie de enmiendas —que tuvimos escasamente 48 horas para poder estudiar— y en una hora en la Comisión de Justicia se ventiló esta cuestión. En este sentido, en el Grupo Popular no apreciamos esta urgencia porque se trata realmente de la modificación de un artículo, de meramente un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este grupo ha pedido en muchas ocasiones a la Mesa que se habilitara el mes de julio con el fin de tramitar, estudiar y hacer propuestas para facilitar y beneficiar a la justicia. Repito, hemos pedido que se habilite el mes de julio y se nos ha denegado; en cambio, el Grupo Socialista y sus socios sí que han considerado que había tiempo suficiente para debatir urgentemente la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo les puedo decir que los operadores jurídicos, jueces y fiscales, no entienden que estemos debatiendo la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando los problemas están en otro lado. Por ejemplo, existe hoy en día —hoy mismo— un debate en Cataluña, en Lleida, sobre si existe o no confrontación entre el Poder Ejecutivo, en este caso de la Generalitat, con el Poder Judicial. Deberíamos entre todos debatir la posibilidad de llevar a cabo un confinamiento y qué medidas judiciales se tendrían que utilizar. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo hoy y no un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También, por ejemplo, ayer en las Corts Valencianes se reunió la Mesa de Reconstrucción de la Justicia —que es lo que deberíamos estar debatiendo en este Pleno y en la comisión— y, como pueden ver en el documento que les muestro, los juristas auguraban una hecatombe tras el verano por los procesos aplazados; la fiscal encargada de violencia de género habla de que se ha dejado a muchas mujeres solas durante el confinamiento; además, los abogados dicen que la Administración reaccionó tarde y no ha estado a la altura; y los jueces dicen que a la mala situación endémica se ha sumado la pandemia. Esto es lo que deberíamos estar debatiendo en este momento en el Pleno del Senado y en la Comisión de Justicia. (Aplausos).

¿Qué es lo que consideran tan urgente para tener que realizar la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Evidentemente, consideramos que la bancada socialista ha desautorizado por dos veces al ministro de Justicia: en primer lugar, porque han propiciado la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a pesar de que el ministro de Justicia ha anunciado que a final de año habrá una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva; por tanto, ¿se trata de un nuevo parche? ¿Algo que se va a modificar a final de año? ¿No se fía el Grupo Socialista de que el ministro de Justicia vaya a cumplir su palabra? Nosotros, desde luego, sí qué consideramos que va a haber una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a debatir los plazos, así como otras muchísimas cuestiones. Por tanto, ¿qué premura hay para reformar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Y, en segundo lugar, creo que hoy ha vuelto a quedar desautorizado el ministro de Justicia. En este sentido, en contestación a unas preguntas de mis compañeros, senadores del Grupo Popular, ha manifestado que aquí lo que deberíamos debatir son cuestiones que afectan y que interesan a la Administración de Justicia. Nosotros hemos pedido que se reúna la comisión porque es necesario realizar propuestas que mejoren la Administración de Justicia. También es una falta de oportunidad. ¿Por qué ahora? Ya saben que va a haber una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo que respecta a la falta de técnica jurídica, eliminan absolutamente una figura del proceso: la complejidad. Saben ustedes que es una técnica jurídica importante en los órganos judiciales que exista la declaración de urgencia, como es una causa con preso, como es la determinación de la prisión provisional o las causas por violencia de género, que se especifican en las carpetas de los procedimientos y que no sean objeto de problema a la hora de su tramitación. Eliminan la declaración de complejidad. ¿Por qué eliminan ese concepto de complejidad? Y la falta de prorrogabilidad tampoco se entiende en la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, consideramos que, en esta reforma, esta falta de oportunidad jurídica y falta de técnica jurídica van contribuyendo a la idea de un procedimiento sin la seguridad jurídica, sin la tutela judicial efectiva.

La dilación de los procedimientos siempre va en contra de aquellos que son considerados inocentes y beneficia a aquellos que quieren realizar una tramitación diferente, para poder obtener una absolución, a pesar de tener a lo mejor algún tipo de responsabilidad. Por eso, consideramos que la reforma de este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es meramente una cortina de humo para quizá esconder otras cuestiones.

Quiero también poner de manifiesto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las reformas ad hominem; es decir, todas aquellas reformas que tienen por objeto únicamente algunos casos concretos o a algunas personas concretas. El Tribunal Constitucional dijo que vulneran el artículo 9 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 45 también establece que no se pueden realizar investigaciones ad hominem, como parece que se pretende con esta reforma.

¿Esto va a suponer una justicia más ágil? ¿Va a suponer una justicia más eficaz? ¿Corresponde o va a responder realmente a esa justicia 2030 que nos ha anunciado el ministro? ¿Saben ustedes que en la anterior reforma de 2015 se tuvieron que analizar 300 000 procedimientos para determinar su aplicación? ¿Va a aplicarse a otros 300 000 asuntos? ¿Saben ustedes cómo está la Administración de Justicia? Pues eso es lo que deberíamos debatir en este momento, cómo se encuentra la Administración de Justicia y las medidas para mejorar su agilización.

Ustedes saben que probablemente se aprobara esta reforma y que será publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días pero, evidentemente, en el mes de agosto no se van a poner los juzgados a realizar todo el estudio y el análisis de los procedimientos en los cuales se va a aplicar. Ese proceso comenzará en septiembre; es decir, que vamos a estar tres meses con 300 000 asuntos que se han quedado colapsados con motivo de la pandemia, más los 700 000 asuntos que llevamos arrastrados desde el año pasado. ¿Un millón de asuntos? ¿Vamos a provocar que se tengan que revisar 300 000 más? ¿Todo por unos meses? Va a haber una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los próximos meses, así que ¿qué gana la justicia con esta reforma ahora, en ese momento, del artículo 324? Evidentemente, en el Grupo Popular pensamos que no se debe a motivos de oportunidad, de mejora de la Administración de Justicia ni a mejoras de técnica jurídica.

Va en contra de la dirección de la propia reforma de la LECRIM. El actual artículo 324, el que quieren ustedes reformar, viene a establecer un peso mayor del fiscal en la investigación, pero tal y como han anunciado ustedes —ya lo ha anunciado el ministro— va a realizarse la reforma de la LECRIM con una investigación por parte del ministerio fiscal. Ese es el principio acusatorio y ustedes ahora desentierran el principio inquisitivo, dándole toda la facultad al juez, sí, aunque en la comisión parece que confundieron el principio inquisitivo con algo inquisitorio. Ustedes manifestaron esa diferencia. El principio inquisitivo quiere decir que es el propio juez quién dirige la investigación, es un principio del proceso penal y la reforma del artículo 324 así lo encaminaba, pero ustedes ahora retroceden al darle otra vez ese ámbito, que es otra técnica, y que evidentemente, al final, cuando se establezca la propia reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo esto tendrá que renovarse, se reformará de nuevo porque la investigación la llevará el ministerio fiscal. Realmente, pensamos que estamos ante una motivación de carácter político. Por eso, queremos mantener el veto a esta reforma. Además, ustedes anunciaron en campaña electoral que iban a derogar el artículo 324, que era el culmen de la maldad del Partido Popular, de la maquinación para obtener cualquier rédito político, pero ustedes han contribuido y han acabado diciendo que es verdad, que tenía razón el Partido Popular y que no había que derogar el artículo sino que había que reformarlo exclusivamente porque es bueno establecer límites a la instrucción, como se estableció en la reforma del artículo 324. Ustedes anunciaron la derogación, que lo iban a eliminar, pero a la hora de la verdad, no han eliminado el artículo 324. Es otro mantra de la izquierda, el ir acusando al Partido Popular pero luego aceptar las reformas porque son lógicas; es lógico que haya una limitación en los tiempos de tramitación del procedimiento penal, porque así lo viene a establecer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque así lo establece el artículo 9 de la Constitución, para garantizar la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva del principio de presunción de inocencia. Esa es la base de la reforma de 2015 del Partido Popular del artículo 324, que ustedes ahora aceptan y consideran que es adecuado, que es correcto, porque había que establecer las limitaciones y no la derogación. Por tanto, aquí no traen ustedes la derogación, sino que traen meramente la reforma. Por eso, estamos viendo que se trata de un motivo meramente político.

Nosotros nos preguntamos para qué, ¿para qué viene esta reforma del artículo 324? ¿Por qué se realiza la reforma del artículo 324? Consideramos que puede existir algún motivo concreto y esperamos que ustedes, al final, nos digan el porqué, por qué lo justifican y, sobre todo, queremos que justifiquen por qué la disposición transitoria tiene efectos retroactivos. ¿Por qué tiene efectos retroactivos, cuando el principio del derecho penal es la irretroactividad cuando perjudica al investigado? ¿Por qué ustedes establecen esa retroactividad? Es verdad que en el proceso penal, en las normas de carácter procesal, se permite la retroactividad, pero con justificación. Y, ustedes, en la reforma no justifican el porqué de la retroactividad. ¿Saben lo que va a pasar? Que si en cada procedimiento no se justifica el porqué de la retroactividad van a provocar la nulidad del procedimiento porque saben ustedes que se aplica la teoría del fruto del árbol envenenado, que es una teoría del proceso penal: toda investigación derivada de un acto nulo trae la nulidad de todo el procedimiento. Y eso es lo que va a ocurrir, que va a provocar que esos cientos de miles de asuntos, cientos de miles de investigados puedan aprovecharse de esa disposición transitoria para provocar la nulidad. A lo mejor es lo que ustedes pretenden, y eso que acusaron al Partido Popular de que lo que quería era tapar la corrupción con la reforma del artículo 324. Pues nosotros podemos pensar que ustedes están poniendo en marcha la disposición transitoria porque lo que quieren es provocar la nulidad de muchos procedimientos que afectan a su corrupción. Por tanto, podemos pensar también, desde un punto de vista meramente político, que eso es lo que se busca con esa retroactividad. Lo tienen que justificar. Yo lo pedí así en la comisión, pero no se puso de manifiesto. ¿Por qué proponen la retroactividad de esta norma? Jurídicamente no encuentro el motivo por el que ustedes están llevando a cabo esta anomalía procesal porque el Tribunal Constitucional ha venido a establecer que para que se determine la retroactividad y se pueda afectar es necesario que se justifique y ustedes no lo han justificado de ninguna manera.

Por eso, nosotros consideramos que en vez de reformar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberíamos estar trabajando en las reformas que nos piden los juristas o, como he dicho, lo que pide la fiscal de violencia de género.

El Partido Popular ha presentado una proposición que está en la comisión y que ustedes no han atendido. Por ejemplo no han querido que debatamos la normativa del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia de género, en lugar de la reforma de un artículo, el artículo 324. Hemos pedido medidas para proteger la salud de los trabajadores de la justicia, de abogados, de procuradores, de fiscales, de jueces, pero no se nos ha atendido tampoco.

Por tanto, sigo reiterando que mantenemos el veto porque no consideramos que se haya justificado de forma adecuada la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando va a haber una reforma de la LECRIM a final de año.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, en turno en contra de la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Fajardo Palarea, del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo máximo de 15 minutos.

El señor FAJARDO PALAREA: Gracias. Buenas noches, señorías.

Quiero que las primeras palabras que pronuncie en mi primera intervención en una sesión plenaria sean de agradecimiento y de reconocimiento a todos los trabajadores del Senado, al personal funcionario, personal laboral, personal eventual, de grupos y también al personal que trabaja para empresas externas, como la cafetería o el comedor, por el estricto cumplimiento de sus labores, que ha coadyuvado a que el Senado haya permanecido abierto a toda la ciudadanía y que también nos ha mantenido informados de su funcionamiento y de cuál era la afectación que ha tenido la enfermedad, tanto respecto a senadores como a trabajadores, teniendo que resaltar y un motivo de satisfacción el que no hayamos tenido que lamentar ninguna pérdida de vidas y que todas las personas que han sufrido esta enfermedad estén totalmente recuperadas. Creo que era de justicia y, por eso, lo digo, para que conste en el acta.

Dicho esto, señor De Rosa Torner, aquí, en el Senado, se discuten aquellas proposiciones que los grupos tienen a bien, que la Mesa califica y que la Junta de Portavoces entiende que deben ir a una sesión, no lo que al Partido Popular le interesa, aunque sea para reformar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho esto, me centraré en el debate, en lo que nos trae aquí, que en definitiva es la contraposición de dos modelos: el modelo del artículo 324, cuya modificación fue operada por ustedes en su día, a través del Proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que dio lugar a la Ley 41/2015, y el modelo que nosotros estamos proponiendo y que contrapongo al veto que usted ha expuesto brillantemente y que viene consensuado desde el Congreso con un amplio consenso, a diferencia de cuando ustedes lo aprobaron, que lo hicieron por mor de la mayoría absoluta que tenían, pero sin el apoyo de un solo grupo parlamentario de todo el arco representado en el Congreso de los Diputados o en el Senado, en su día.

He de decir que este debate sobre las dilaciones indebidas, que conoce el señor De Rosa Torner, es muy viejo porque es un tema que influye en la justicia. Ya Séneca hablaba de que no hay cosa que más se asemeje a la injusticia que la justicia tardía. Alfonso X el Sabio dictó una ley dentro de Las siete partidas en la que hablaba de que el proceso criminal no podía durar más de dos años y, si en ese tiempo no se llegaba a conocer la verdad, había que sacar de prisión al preso y dejarlo quito, es decir, libre. Nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 también hablaba de sustituir la lenta y perezosa marcha del procedimiento por un sistema en el que además de dar amplitud a la defensa y asegurar la certeza del fallo, se asegurase igualmente la diligencia en el procedimiento. También existen leyes que tanto usted como yo conocemos, como la Ley 3/1967, la Ley 7/1988, la Ley 10/1992, la Ley 2/1998 o la Ley 28/2002, todas ellas de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en las que se abordaba este asunto. Asimismo, se han hecho referencias al artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, que establece el derecho a un proceso dentro de un tiempo razonable, y al artículo 24.2 de la Constitución española, omnicomprensivo del derecho de todos los españoles a un procedimiento sin dilaciones indebidas.

Sin embargo, nos encontramos con dos modelos que se pueden contraponer, como les explicaba con anterioridad. ¿Qué se pensaba con respecto a la técnica legislativa, como usted dice, del artículo 324? Pues bien, la reacción a su artículo 324 fue demoledora: consiguió la total oposición de todas las asociaciones de jueces. Así, la Asociación de Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente firmaron un documento en el que tildaron su artículo 324 como una ley de punto final. La Asociación Profesional de la Magistratura no lo firmó, pero, efectivamente, también abogó por la modificación. Hubo una total oposición de todas las asociaciones de fiscales: la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales. Esta última llegó a afirmar, con respecto a la redacción dada al artículo 324, que introducía una nueva fórmula de extinción de la responsabilidad criminal y de prescripción del delito. Contó también la oposición total del Consejo Fiscal, que llegó a tildar de absurda la redacción del artículo 324 aprobada por ustedes y pedía su derogación. Asimismo, tuvo la oposición frontal de la fiscal general del Estado, doña Consuelo Madrigal, nada sospechosa de ser socialista, que se vio en la obligación de dictar, como usted bien sabe, la Instrucción 5/2015, de 13 de noviembre, en cuanto a los plazos, en la que se decía que la dictaba porque la norma aprobada por ustedes —por sus compañeros en el Congreso— establecía una zona de penumbras con respecto a su interpretación. Y también obtuvo el rechazo total y absoluto del Consejo General de la Abogacía. Hasta tal punto llegó el follón que ustedes armaron con la redacción del artículo 324 que —tire de hemeroteca— el día 2 de septiembre de 2018, se reunieron el señor Casado y el señor Catalá con las asociaciones de jueces y fiscales, a los que prometieron que iban a derogar el artículo 324 y luego incumplieron su palabra. Esos son hechos indubitados.

Además, se produjeron más cosas, a lo mejor, cosas no queridas por ustedes porque yo suelo dar siempre el beneficio de la duda, pero usted ha hablado de modificaciones ad hominem. Bien, bueno. Aparte de que se produjeron carreras en los juzgados y en la fiscalía —y usted lo conoce igual que yo— para revisar todos esos procedimientos de los que usted ha hablado, también se produjo una avalancha de solicitudes y de resoluciones que acordaban prórrogas para evitar los efectos perniciosos del artículo 324, porque lo hacían a través de modelos totalmente estereotipados. Y, después, se produjo algo muy importante y muy grave, y es que muchas personas que estaban imputadas en temas de corrupción quedaron libres como consecuencia de la aplicación del artículo 324. Le voy a poner un ejemplo: sentencia de 28 de mayo de 2019, en la que el Tribunal Superior de Murcia, que fue el que la dictó, habla de los múltiples problemas interpretativos por la confusa redacción dada al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que generaba un gran problema de inseguridad jurídica. Usted sabe perfectamente que esa sentencia fue confirmatoria —es verdad, daba la razón a la que estaba apelada— de una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, en la que decía que los plazos eran preclusivos y se absolvía a don Pedro Antonio Sánchez, que era miembro del Partido Popular y expresidente de la comunidad de Murcia. ¿Podríamos decir que fue una casualidad? Pues fue una casualidad. ¿Ustedes legislaron ad hominem? Pues no, yo creo que no, que fue una casualidad, voy a darles el beneficio de la duda, pero lo cierto es que eso fue muy mala suerte para la justicia y su credibilidad, muy mala suerte para la Judicatura y su credibilidad, muy mala suerte para la Fiscalía y su credibilidad y muy buena suerte para don Pedro Antonio Sánchez y muy buena suerte también para el Partido Popular. Esos son datos objetivos, indubitados, que nadie puede negar.

Por cierto, usted ha hablado de técnica legislativa, y después de todo lo que le acabo de narrar me gustaría saber quién es el crack en técnica legislativa que dio lugar a la redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Aplausos). Es más, frente a ese modelo, que es el del artículo 324 redactado por ustedes, está el que nosotros defendemos, el que yo defiendo, que es un modelo, en primer lugar, que está ampliamente consensuado por la mayoría de las fuerzas políticas. Es verdad que fue mutado, que fue cambiado porque el texto primigenio era diferente, pero fue mejorado y cuenta con un amplio consenso; solo quedan, junto con ustedes, dos o tres partidos fuera de este consenso. Es un consenso que nace de que hay fuerzas que, aunque tengamos ideologías diferentes, encontramos lugares comunes para el acuerdo en asuntos tan importantes como son los temas de la justicia y de las dilaciones indebidas. Eso es todo lo contrario a lo que ustedes hicieron en su día con el artículo 324, aprobado por mayoría absoluta, pero en absoluta soledad. Esa es la gran diferencia entre esta propuesta y la que tenían ustedes.

En segundo lugar, esta propuesta también incorpora al juez de instrucción y a las demás partes personadas en el procedimiento para que puedan hacer uso de la solicitud de prórroga, cuestión que no ocurría en el artículo 324. Además, la prórroga debe ser debidamente razonada y fundamentada mediante auto y se conservan todos los resultados de todas las pruebas que se practiquen si la prueba fuera aceptada antes incluso de la finalización del pacto. Además, usted se queja, pero yo creo que una ventaja de esta proposición de ley es que hace desaparecer la dicotomía entre juicios complejos y juicios sencillos, tal como establecía el artículo 324. La propuesta que nosotros defendemos tiene otras virtudes que creo que son necesarias destacar. Aparte de las tres que le acabo de decir, lo cierto es que también articula un mejor sistema y, con él, la eficacia del proceso penal con derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, y asegura un marco donde todos los intereses que están en juego dentro del proceso quedan perfectamente delimitados.

Además, un dato importante es que expulsa de su redacción una barbaridad que ustedes habían cometido. Cuando ustedes aprobaron el artículo 324 en ese proyecto de ley, redactaron una disposición adicional única que, siguiendo su mantra de reformas coste cero, prohibían incrementos de personal o de gastos como consecuencia de la aplicación de la modificación de ese proyecto de ley aprobado por ustedes. Este texto expulsa de su cuerpo esa limitación porque una de las cosas que más les fue criticada a ustedes, señor De Rosa, fue que partían de un grave error, y es que decían que la instrucción, prácticamente, dependía de la voluntad del instructor, y no es verdad. Usted tiene esa profesión y sabe perfectamente, igual que yo, que no depende del juez instructor, sino que depende de todos los operadores jurídicos que intervienen durante el proceso.

Y este tipo de reformas no se pueden hacer si no llevan aparejadas unas reformas de calado que tengan que ver con una mayor dotación de personal y un mayor número de medios materiales, porque si no, no se pueden hacer las reformas tal y como ustedes las quieren hacer. A esas reformas es a las que ustedes presentan este veto. Este veto, señor De Rosa, en definitiva, es una copia de la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentaron con anterioridad.

Además, usted decía que es un artículo. Ha dicho un artículo por lo menos diez veces, enfatizando lo de un artículo. ¿Usted sabe lo que le hicieron a Unidas Podemos en el Congreso en el año 2017, cuando presentaron una proposición de ley —usted no, sus compañeros en el Congreso— de derogación del artículo 324? Pues lo abocaron a que esa proposición caducara porque pidieron 64 prórrogas para la presentación de enmiendas, dos años de retraso para modificar un artículo. Se lo vuelvo a repetir, un artículo. ¡Mire que ustedes necesitan tiempo para estudiar un artículo! Pues eso es lo que le hicieron ustedes a Unidas Podemos y de paso al resto de fuerzas parlamentarias. (Aplausos).

Señor De Rosa, yo sé que esta reforma no es la panacea que va a resolver todos los problemas del proceso penal en España. Soy consciente, igual que son conscientes usted y todos los que están en esta sala. Pero puede ser la primera piedra para poder modificar de una vez por todas lo que es nuestra decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, y además, soy más optimista. Dado el consenso alcanzado por la mayoría de las Cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, creo que va a ser la primera piedra para poder conseguir un gran pacto de Estado por la justicia, que ya va siendo hora. Llevamos muchísimos años detrás de ese gran pacto por la justicia que creo que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país; un pacto en el que colaboren todas las fuerzas políticas, todos los operadores jurídicos, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en justicia y la sociedad civil; un pacto que se base fundamentalmente en hacer realidad, ya que hablamos de dilaciones indebidas, la concreción empírica del derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas sobre un criterio conceptual de la justicia como un servicio público de calidad que merecen los ciudadanos y ciudadanas de España. Eso es lo que yo pienso.

Señor De Rosa, existen documentos, hay trabajo, cojan el ejemplo. En el año 2001 hicimos un pacto por la justicia, y el Partido Socialista estaba en la oposición; también hicimos uno por las pensiones, y estábamos en la oposición; y otro antiterrorista, y estábamos en la oposición. Cojan ese ejemplo y hagan una oposición responsable. Podemos hacerlo, lo único que hace falta es voluntad y decisión. Hagámoslo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrán los senadores Catalán Higueras y Sánchez-Garnica, por tiempo máximo de doce minutos.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, permítanme que esta oportunidad que tengo de intervenir en el día de hoy sea, fundamentalmente hablando también de justicia, para rendir homenaje y un recuerdo a una persona que tal día como hoy, el 14 de julio del año 2001, fue asesinado por la banda terrorista ETA, José Javier Múgica Astibia (Aplausos), concejal de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Leiza. Hoy, aunque no lo hemos podido hacer físicamente por la cuestión de la pandemia, queremos mostrar una vez más nuestra solidaridad y nuestro cariño a Reyes Zubeldia, su viuda, a sus hijos, a sus amigos, a sus compañeros de partido. A José Javier Múgica lo asesinaron por defender la libertad, la democracia, el Estado de derecho del que disfrutamos todos los españoles. A José Javier Múgica, como a otros cientos y cientos de españoles, lo asesinó la banda terrorista ETA, en este caso concreto por ser concejal de Unión del Pueblo Navarro, por defender que Navarra es una comunidad diferenciada, con instituciones propias e integrada en la nación española. A José Javier Múgica lo asesinaron por plantar cara, como miles de navarros y miles de españoles de diferentes ideologías, por plantar cara al terrorismo, a la imposición y al sectarismo del independentismo radical vasco. Hoy, junto a José Javier, queremos tener un recuerdo especial con los 14 guardias civiles asesinados también en unos atentados cometidos un 14 de julio de 1986 y de 1987; el primero de ellos con doce asesinados, doce guardias civiles, en la masacre de la plaza de la República Dominicana de Madrid, y otros dos guardias civiles el 14 de julio del año 1987 en la localidad guipuzcoana de Oñate. Junto a ello, también un 14 de julio del año 2001 fue tiroteado un ertzaina en Leaburu, también en Guipúzcoa.

Hoy, señorías, estos atentados, como todos los de la banda terrorista ETA, siguen sin ser condenados por los mismos. Los únicos que no condenan estos atentados son la izquierda radical vasca. (Aplausos). Bildu, ellos son los únicos que no lo condenan. Lamentablemente, no se les puede pedir que hoy lo condenen, no se les puede pedir porque no lo van a hacer y porque sabemos cuál va a ser su respuesta, que desgraciadamente va a ser el silencio cómplice. Sinceramente, señorías, creemos que no se puede tener ningún tipo de connivencia con aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA y hoy para José Javier, para los 14 guardias civiles, para el ertzaina, para todas y cada una de las víctimas del terrorismo de ETA y también de otros tipos de terrorismo solamente pedimos cuatro cosas, cuatro principios fundamentales en los que estoy seguro que todos coincidimos: verdad, memoria, dignidad y justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el senador Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es, desde el punto de vista del Partido Aragonés, adecuada al fin que persigue. ¿Y cuál es el fin que persigue? Evitar los efectos de una regulación que no ha conseguido el objetivo de agilización, tal y como se pretendía, sino, por el contrario, el de facilitar la impunidad en determinados procesos penales. La modificación, además, cuenta con un amplio consenso parlamentario al que se suma el Partido Aragonés. De la misma manera, cuenta con el apoyo de casi todas las asociaciones de jueces y fiscales y también del Consejo General de la Abogacía y de otros muchos colectivos.

El Partido Aragonés, francamente, no entiende la oportunidad del veto planteado, ni lo entiende ni lo comparte, entre otras razones porque la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es oportuna y es necesaria. Es oportuna y es necesaria porque el legislador del 2015 obvió o se olvidó o no tuvo en cuenta la infradotación de medios personales y materiales en la inmensa mayoría de los juzgados encargados de la instrucción en todo el territorio nacional. El desconocimiento de esa realidad no solo ha hecho ineficaz la limitación temporal de la instrucción judicial, ya que en la práctica nunca se ha respetado, sino que ha conducido a una mayor inseguridad jurídica y ha abierto un indeseable espacio de impunidad. No entendemos por ello, sinceramente, la objetividad del veto planteado. Creemos que debe debatirse sobre la necesidad de una modificación de un precepto que es necesario modificar. Es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad, y por ello votaremos en contra del veto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, tiene la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta.

Intervengo desde el escaño solo para decir que nosotros entendemos que esta es una modificación jurídico-técnica y expresar nuestro sentido del voto, que será negativo a la petición de veto del Grupo Popular.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cervera.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Preguntaba el señor De Rosa por qué llega esto ahora, qué urgencia hay. Hay que tener un poquito de vergüenza para recordar que, desde el 2017, ustedes, durante sesenta veces, han estado paralizando esta reforma. Por tanto, qué pregunta, ¿qué le extraña? Obviamente sí que es importante para acabar con esa impunidad que ustedes impusieron con esta reforma, y viene aquí precisamente porque ha pasado el trámite y porque, en el Congreso la mayoría de grupos han votado a favor de esta reforma que, al fin y al cabo, lo que hace es intentar poner un poco de sentido común al despropósito que fue su chapuza de reforma unilateral que impusieron a la fuerza en 2015. Porque ustedes, no es casualidad, saben perfectamente que lo impusieron en plena eclosión del Caso Gürtel, cuando se estaba recusando, reitero y repito, a jueces de la Audiencia Nacional por su cercanía al Partido Popular; cuando hasta la prensa más conservadora publicaba titulares a toda página calificándoles de organización criminal —y lo decía la prensa conservadora, no lo decía yo—; cuando hasta la corrupción se les comía por todos lados, ¿ustedes qué plan presentan?: ¿piden perdón?, ¿devuelven lo que se ha robado?, ¿se disuelven? No. Ustedes lo que presentan es, de manera unilateral, una reforma impuesta del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Y qué más, qué hacen ustedes? Dejan sin recursos a la Administración de Justicia. Y luego se quejan aquí de que la justicia está saturada y no puede hacer frente a toda la cantidad de casos que tiene por resolver después del estado de alarma que hemos sufrido. Pero si son ustedes los primeros responsables al estar durante sus gobiernos recortando en justicia y ahogando económicamente a aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en justicia; administraciones que tienen que hacer frente también a sus casos más sangrantes de corrupción.

Por tanto, ¿cuál fue su respuesta? Su respuesta fue eso, politizar la justicia; tener presidentes del Tribunal Constitucional con carné de militante; controlar la Sala Segunda del Supremo por detrás; esperar a que la Fiscalía se lo afinase; presentar denuncias falsas, como esas que se van archivando continuamente; entorpecer a la justicia con la interposición de recursos; destruir pruebas a martillazos; usar la policía para fines ilícitos, como la operación Kitchen. Pero es que aun así, a pesar de todo ello, ustedes no tenían bastante dique de contención para hacer frente a la justicia. Y por eso ustedes imponen en 2015, cuando no había ninguna prisa ni ningún tipo de consenso —ahora sí que lo hay—, unos plazos restrictivos con esa reforma a la carta, ad hominem si quieren, y así conseguir la prescripción de los delitos por falta de tiempo en los grandes casos, que ya no son ni causas complejas, son tramas profesionales de delitos. Y el tiempo lo ha demostrado, esa reforma no era para acelerar la justicia, porque ya hemos visto que la justicia cuando quiere es rápida; cuando se trata de una persona que roba una gallina es rápida, pero cuando hablamos de tramas corruptas, aquellas de las que ustedes tanto saben, pues se dedican a interponer recursos y obstáculos y no es precisamente rápida.

En casos de organizaciones criminales se necesitan mucho tiempo y muchos recursos. Por tanto, ¿cómo se reacciona? Se reacciona limitando la fase de instrucción de los procesos penales, que ya de por sí era insuficiente. Obviamente era algo premeditado dejar a la justicia sin recursos, sin personal, sin medios y ahora también sin tiempo. Y ustedes de eso saben bastante, son los más profesionales. En una trama tan estupenda como las que ustedes se han dedicado a montar, ni declarándolas complejas muchas veces se llega, porque hay que felicitarles, en esto son ustedes verdaderamente profesionales.

Esta derogación que se presentó en el Congreso es un paso adelante, pero obviamente no es ni el último ni el definitivo para asegurar un correcto funcionamiento de la justicia. Vetándola aquí presentando esa propuesta de veto —bueno, sabiendo que no va a prosperar—



es continuar apostando por esa impunidad, esa impunidad que permitió archivar el caso Pasarela, en Murcia, salvando de la condena al presidente de la Región de Murcia. Si la Fiscalía solicita fuera de plazo, como en Murcia, la declaración de una causa compleja, saben perfectamente que no da lugar a seguir y se archiva.

Por tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo en perpetuar su modelo. Estamos en contra de su propuesta de veto, así que votaremos en contra de ella y también de sus enmiendas, y votaremos a favor de rectificar esta reforma tal y como viene del Congreso.

Decíamos que era un paso pequeño, positivo, pero insuficiente, porque los jueces y las juezas no pueden investigar en seis o doce meses los grandes casos de corrupción, porque no tienen personal, medios ni recursos —ustedes ya se encargaron de conseguirlo—; porque los juzgados están saturados, como usted también reconoce; estamos muy lejos de las medias europeas en cuanto a fiscales y jueces y estamos muy por delante en una clase política especialmente corrupta en este Estado. Y en casos como el Bárcenas no solamente se necesita tiempo, se necesitan recursos.

Ya se lo dijimos la semana pasada, esto es un paso importante, pero hace falta avanzar más; hace falta avanzar más para luchar contra organizaciones criminales que se las saben todas y no escatiman. Y es más grave en este caso de delitos como los que he citado porque estamos hablando de saqueo de dinero público que va a parar a los bolsillos de unos partidos políticos y no a la justicia, que justamente necesita recursos públicos.

Por tanto, urge dotarnos de instrumentos para evitar sobreseimientos como los que hemos visto. También tocará abordar con más tiempo, como ya se ha dicho, alguna reforma en profundidad, una reforma seria de esta ley que arrastramos de 1882. Desde 1882 hasta la fecha la sociedad española ha cambiado bastante —entonces también teníamos un Borbón corrupto gobernando— y las formas de delinquir han cambiado muchísimo, sin duda, ahora son más complejas. Sabemos que la corrupción no se ha inventado este siglo, pero tenemos aquí partidos políticos que son vanguardistas y hay que felicitarles por esta capacidad de iniciativa.

Por eso retiramos que nosotros apostamos por aprobar esta modificación y esperamos encontrar el consenso suficiente para en un corto plazo abordar una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el senador Sánchez López por tiempo máximo de diez minutos.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Sí, señora presidenta.

Señorías, hablamos del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¡quién me lo iba a decir a mí! Lo que hemos debatido y lo que hemos discutido en Murcia y las veces que yo he tenido en la boca este dichoso artículo, y ahora vengo al Senado y a las primeras de cambio tenemos un debate sobre él. Sí, yo soy murciano, provengo de la zona cero del 324, allí eclosionó. Todo lo que comentan ustedes de sus consecuencias se refieren al presidente de Murcia, zona cero absoluta de las perniciosas consecuencias de este nefasto 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Aquí prácticamente nadie me conoce, salvo los compañeros del grupo y algún senador de Murcia, pero yo fui el que firmó el acuerdo de gobierno con Pedro Antonio Sánchez; yo era el portavoz de Ciudadanos en Murcia y firmamos un pacto por la regeneración democrática en el que hablábamos de modificar la ley electoral, que se modificó, y de eliminar impuestos y los aforamientos, que a ver cuándo se terminan de tramitar de una vez por todas en las Cortes Generales porque allí están más que aprobados y eliminados. Y el apartado 1.1 de aquel documento que firmamos el presidente y yo recogía que él o cualquier miembro de su Gobierno tenía que dimitir si era imputado por cualquier causa de corrupción política. Bueno, pues no fue imputado por una, fue imputado hasta por tres causas de corrupción, y recordarán ustedes lo que nos costó que saliera. (El señor Bernabé Pérez: Están archivadas). Buenas tardes, señor Bernabé, murciano y paisano, como ustedes saben. Claro que están archivadas, por el 324. ¡Si se han archivado por el 324! ¡Claro que están archivadas! (El señor Bernabé Pérez: ¡No, señor; eso no es así!). Si el caso Pasarelas se archivó precisamente por el artículo 324, y menos mal que estamos aquí en disposición de reformar o de modificar, que ya iba siendo hora.

Miren, a finales de la X Legislatura, señorías, como ustedes sabrán, en concreto en 2005 con la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de esta de la que estamos hablando, en concreto de este famoso artículo 324, reforma que suponía limitar los plazos de instrucción a seis meses. Todos los que son juristas y más los que son jueces y fiscales saben que en determinadas causas, y causas con mucha enjundia, es prácticamente imposible, con los medios que tienen la Administración de Justicia, hacer una instrucción en condiciones con estos plazos de seis meses. Aunque aparentemente esta reforma pretendía agilizar la justicia, o así se vendía, en realidad venía a amparar, proteger y cobijar la corrupción política. Ese era el objeto de la reforma, seguramente ad hominem, como se ha dicho aquí, venía a amparar, proteger y cobijar la corrupción política en la medida en la que dificultaba su investigación. Era un artículo que venía a dificultar la investigación, sobre todo de la corrupción política, y abría la puerta para que diversas causas penales fueran sobreseídas o archivadas sin tan siquiera ser juzgadas. Efectivamente, en el caso Pasarelas el que era presidente de mi Región tiene un auto de sobreseimiento, pero nunca sabremos si es culpable o no porque nunca se le ha juzgado porque a los seis meses se archivó, y eso lo que venimos a cambiar aquí.

El pasado mes de diciembre Ciudadanos presentó su nueva proposición de ley de medidas contra la corrupción en nuestra dinámica de regeneración en la que, por supuesto, se contemplaba la reforma de los plazos máximos para la instrucción penal. Yo creo que esta es una cuestión en la que prácticamente estamos todos de acuerdo, o la mayoría lo estamos, de hecho va a salir por amplio consenso. Señorías, es preciso tener en cuenta que el problema de la corrupción se ha de abordar de manera integral y esto es una cuestión que tenemos que tener todos clara, es preciso introducir todas aquellas medidas que resultan urgentes para combatir definitivamente el fenómeno de la corrupción y así lo hacíamos y así lo hacemos en nuestra ley, que pretendemos y aspiramos a que vea la luz a lo largo de esta legislatura. Hablábamos de un estatuto del denunciante que lo proteja y lo ampare, de la creación de una autoridad independiente de integridad pública, de la creación de un registro de lobistas, de la reforma de la Ley de transparencia, de la regulación del delito de enriquecimiento ilícito, de la regulación de la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos. Porque vale que los partidos políticos deban derivar la responsabilidad civil subsidiaria por los delitos que comentan sus gestores y representantes públicos, pero estamos hablando de responsabilidad civil subsidiaria, fundamental; es una cuestión que se ha planteado en pocos foros y es momento de ponerlo ya de una vez por todas encima de la mesa. O por ejemplo, abordamos una cuestión absolutamente clara, meridiana y transparente como la prohibición de conceder indultos por corrupción, ni siquiera por razones de oportunidad política.

Pero también, señorías, no olvidemos que en el ámbito de la justicia, y esto es más que importante, es más fácil legislar que otorgar los medios materiales y humanos a nuestra justicia. Todas estas normas legislativas están muy bien, pero si no dotamos de medios humanos y materiales a nuestra Administración de Justicia no habrá servido absolutamente para nada. Y hay que garantizar, señorías, y esto es también importante, que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial estén al margen de influencias políticas, antes del bipartidismo y ahora de la nueva fuerza influyente o con ánimo de influir como es Unidas Podemos. Curioso lo que decían antes los señores de Unidas Podemos y lo que hacen ahora cuando están cogobernando. Por eso, tenemos que conseguir que todos estos operadores, dicho sea con todo el respeto, saquen sus manazas de la Administración de Justicia.

Por todo lo anterior, votaremos a favor de esta iniciativa dado el gran consenso alcanzado, si no todo, ya que la gran mayoría de la Cámara está de acuerdo y además viene consensuado del Congreso de los Diputados. Ha habido una ponencia, cuyo texto es el que se ha traído hoy a debate. Se formularon enmiendas, que se rechazaron en la sesión de comisión y hoy se vuelven a traer al Pleno e imagino que se volverán a rechazar. En definitiva, esta iniciativa cuenta con un amplio consenso. Nosotros hemos participado, hemos trabajado, hemos enmendado y, por supuesto, la vamos a apoyar.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Landa Jáuregui por tiempo máximo de diez minutos.

El señor LANDA JÁUREGUI: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on danori.

Abordamos de nuevo el debate suscitado en la Comisión de Justicia celebrada la semana pasada sobre el vigente artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la necesidad, a mi entender, apremiante de su reforma. Estamos, en efecto, como se ha señalado aquí previamente, ante un precepto introducido mediante la aprobación, en el año 2015, de la Ley 41, de 5 de octubre, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Un controvertido precepto que suscitó, como se ha señalado también aquí, el rechazo inicial, antes incluso de su entrada en vigor, de asociaciones de jueces y fiscales y apelaciones al diálogo de diversos operadores jurídicos, todos ellos temerosos de las consecuencias y efectos jurídicos y materiales que ya intuían y denunciaban podían derivarse de su aplicación.

Lo cierto es que la citada ley se aprobó con la mayoría absoluta del Partido Popular en lo que supuso un nuevo remiendo a la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 bajo la promesa incumplida de un nuevo código procesal penal, todavía hoy en ciernes, que respondiera a las necesidades de la jurisdicción en este siglo XXI y se adaptara a la vigente realidad constitucional. Como tal remiendo, el vigente artículo 324 ha supuesto en su aplicación disfunciones importantes entre los diversos órganos que intervienen en el proceso, en tanto su regulación no se decanta plenamente por un modelo de instrucción concreto y atribuye a la Fiscalía unas funciones que no se armonizan adecuadamente con el derivado de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que continúa asignado al juez la dirección de la instrucción.

A mayor abundamiento, y conforme señalé en la Comisión de Justicia, nos encontramos ante un precepto que ha ocasionado importantes problemas interpretativos por su redacción deficiente y sus lagunas. Problemas que han derivado en una contradictoria jurisprudencia menor sobre el carácter impropio o no de sus plazos, etcétera. Pero, sobre todo, nos encontramos ante una regulación que choca directamente con la realidad del colapso de los juzgados, en tanto su implementación no ha sido acompañada de los recursos materiales y personales necesarios para hacer realidad el objetivo de acortar los tiempos de instrucción. Recursos negados expresamente —no lo olvidemos— en la disposición adicional única de la citada Ley 41, de 5 de octubre.

Todo ello ha contribuido no solo al cuestionamiento de la consecución de sus objetivos, sino a situaciones y consecuencias claramente contrarias al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Situaciones como el archivo prematuro de causas, fundamentalmente las calificadas como complejas, con la generación, en ocasiones, de espacios de impunidad; la declaración de causas como complejas sin serlo realmente; acusaciones poco fundadas y vulneración de derechos fundamentales para las partes, como la falta de tutela para las víctimas, entre otras, que han sido objeto de denuncia por los operadores jurídicos directamente concernidos en su aplicación.

Por si esta realidad no fuera suficiente, y según ha denunciado recientemente una asociación de fiscales, esta situación ha venido a agravarse aún más con la hibernación de la justicia decretada en marzo para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. En tanto, la posterior reactivación de los plazos procesales y el colapso crónico de los juzgados, al que se suman las causas acumuladas por la crisis sanitaria, han venido a dificultar aún más el control de los plazos de instrucción asignado a la Fiscalía, con los citados efectos perniciosos que se pueden derivar de esta nueva coyuntura.

Señorías, la necesidad apremiante de la reforma de este precepto resulta, por tanto, y a nuestro entender, incuestionable. Una reforma que —hay que recordarlo— se ha abordado previamente y sin éxito hasta ahora en diversas ocasiones. La última, en la decimosegunda legislatura, en la que, tras ser tomada en consideración en el Congreso de los Diputados, fue objeto de una sistemática obstrucción parlamentaria por algunos grupos parlamentarios, entre ellos, el Grupo Popular, hasta que finalmente decayó la legislatura por el adelanto de las elecciones.

Podría tal vez defenderse que lo deseable sería resolver la nueva regulación de la fase de instrucción en el contexto del abordaje y aprobación de una nueva ley procesal penal. Pero esta reflexión era igualmente aplicable en 2015 cuando se introdujo el artículo 324 y, de hecho, así se anunció. Y, sin embargo, hoy es el día en el que, a la espera de la confirmación definitiva durante esta legislatura, esta asignatura sigue pendiente de aprobación.

Lo cierto e incuestionable, señorías, es que hoy nos encontramos ante una nueva redacción del reiterado precepto que a modo de proposición de ley viene remitida por el Congreso de los Diputados y es fruto de un amplio acuerdo entre diversos grupos parlamentarios, entre los que se encuentra el Grupo Vasco. A nuestro entender, este acuerdo supone una mejora sustancial del texto inicial objeto de tramitación en el Congreso, que abogaba por la derogación pura y dura del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una derogación que nos abocaba a espacios de inseguridad jurídica no deseables y a escenarios temporales que, si finalmente se hubieran concretado en instrucciones y en plazos preclusivos, hubieran conllevado una pena de banquillo sine die y, con ello, la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, cuando no la quiebra del derecho a un proceso equitativo establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En definitiva, las instrucciones no pueden ser ilimitadas en el tiempo, porque, de ser así, estaríamos abriendo las puertas a un auténtico Estado policial. Y, desde luego, mi grupo no está dispuesto a ello.

Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Vasco, tanto en el Congreso como en el Senado, ha abogado siempre por encontrar el punto de equilibrio necesario entre unos plazos de instrucción que nos alejen de las instrucciones ilimitadas y aquellos que nos acerquen a tiempos realistas y razonables para su correcta tramitación y desarrollo. Todo ello con el fin de evitar los efectos perniciosos previamente señalados.

Con esta voluntad y este objetivo, hemos trabajado activamente por un acuerdo que finalmente ha sido posible y que recoge una nueva redacción sencilla y clara del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, además de imbricarse armónicamente en la ley, estimamos razonable y satisfactoria a los efectos señalados. Un acuerdo que, sin duda, hay que poner en valor por su amplitud, por su trascendencia y, sobre todo, por el mensaje en clave positiva y constructiva que se traslada a una ciudadanía harta de crispación y de enfrentamientos estériles. Una ciudadanía que nos reclama acuerdos y trabajo conjunto en defensa del interés general.

Nuestro voto será, por tanto, contrario al veto presentado por el Grupo Popular y también a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Mixto, fundamentalmente, porque éstas no se avienen con la reflexión o filosofía de fondo subyacente en la modificación propugnada y que apoyamos.

Mila Esker. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidenta.

Como es bien sabido, en el año 2015 la derecha introdujo el bochornoso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ponía topes a las investigaciones judiciales. Establecía un límite temporal de seis meses para practicar las diligencias de instrucción desde el auto de incoación. Entonces, el pretexto fue agilizar la Administración de Justicia. Sin embargo, cualquier conocedor del derecho y, en realidad, cualquier persona de buena fe con ganas de entenderlo, es consciente de que esta no es la mejor forma de mejorar el funcionamiento de una administración que se encuentra absolutamente colapsada.

Para acelerar las investigaciones es preciso dotar a los juzgados y tribunales de los recursos económicos y humanos necesarios. No basta con poner una fecha límite. Hay que dar posibilidades materiales para hacer posible un mejor funcionamiento. De todas maneras, ustedes ya lo saben, señorías del Grupo Popular, lo que pasa es que quizás les interesa que la justicia tenga un limitado margen de actuación. Al fin y al cabo, si las cosas salen bien, puertas giratorias, y si las cosas salen mal, el juez tiene una buena excusa para dejar de investigar.

Anunciamos, pues, nuestro voto en contra del veto planteado, porque aunque la propuesta de reforma no sea perfecta, para mi grupo es inaplazable.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De Rosa Torner, por tiempo máximo de diez minutos.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora presidenta.

Realmente, mi grupo sigue sin saber el motivo de la reforma del artículo 324, porque no lo han sabido explicar. Si consideran que este artículo introducido en el año 2015 fue el prototipo para tapar la corrupción y el prototipo de las maldades más absolutas, ¿por qué no lo derogan? ¿Por qué únicamente lo reforman? Esa es la pregunta que se están haciendo todos los operadores jurídicos. Y saben ustedes que el ministro ha recibido una carta de jueces y juezas para la democracia diciéndole que están absolutamente en contra de esa posición del Partido Socialista, que no entienden esa modificación.

Por lo tanto, seguimos sin saber por qué, si ustedes consideran que el 324 era absolutamente contrario, que buscaba la impunidad, un artículo buscado ad hominem para buscar, incluso, la absolución de la corrupción, mantienen dicho artículo. Ustedes mantienen la limitación de la investigación. Por consiguiente, no entiendo que, desde un punto de vista jurídico, ustedes estén utilizando esta reforma. Solo se entiende desde un punto de vista absolutamente político.

Es verdad, señor senador, que se han planteado dos modelos: el de la reforma y el de la derogación. Y está claro que el modelo de la derogación que ustedes defendían cuando estaban en la oposición, y otros grupos aquí, en el Pleno, ha quedado totalmente desvirtuado. Consideran que su posición anterior era equivocada, falsa o, por lo menos, era partidaria u oportunista, porque ustedes prometieron una derogación a todos los operadores jurídicos y no lo han cumplido. Por tanto, ese oportunismo que ustedes manifestaron en la oposición, ahora ha quedado perfectamente acreditado, porque ustedes han reformado el artículo 324. Han seguido manteniendo los límites de la investigación, así que no me vengan diciendo que el Partido Popular hizo una reforma absolutamente enloquecida, porque esta reforma es la que se mantiene en la actualidad. Y no lo digo por usted, sino por lo que se ha oído hoy aquí. Porque, incluso, se ha confundido la limitación de plazo con la prescripción. Mayor burrada jurídica no se ha oído en esta sala. Pero, en fin, sigamos así, cuando alguien habla sin saber, es lo que se merece. (Aplausos).

Aquí hablan de una panacea, hablan del caso Murcia, del caso Pasarelas, que yo no voy a defender, en el que no hubo una petición de prórroga por parte del ministerio fiscal, lo cual provocó que se aplicara la ley. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Es que ustedes ya consideran, como se ha manifestado, que era culpable una determinada persona. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Por qué van contra la presunción de inocencia? (Aplausos). También podríamos considerar, cuando otros partidos son investigados por falsedad en las primarias, que se está apoyando esta reforma para realizar una ocultación de su propia actuación (Aplausos), algo que este senador no va a decir en ningún momento porque, teniendo en cuenta mi procedencia profesional, voy a defender siempre la presunción de inocencia.

Por tanto, vamos a hablar de qué supone para la justicia la reforma, no la derogación, del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se lo vuelvo a decir: va a haber una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que seguro vamos a estar de acuerdo, en la que seguro vamos a pactar, porque los modelos de la reforma de la LECRIM, el que propuso el ministro Caamaño y el que propuso el ministro Ruiz-Gallardón, son muy parecidos. A lo mejor encontramos ese punto de conexión en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que este artículo 324, del cual se ha dicho que es reformado porque es una muestra de técnica jurídica, y lo digo modestamente, desaparecerá del articulado de la LECRIM, porque la instrucción la va a llevar el fiscal, no va a haber la posibilidad de que el juez instructor instruya, va a desaparecer. Este artículo que reformamos ahora va a desaparecer. Así que lo que se ha llamado el culmen y la pieza jurídica —se ha escuchado en este Pleno— que se va a recordar en el ámbito jurídico va a tener tres meses de vida. Por tanto, es un debate absolutamente político. Podemos estar aquí porque ustedes consideran que había que ajustar cuentas con el Partido Popular con la reforma del artículo 324. Y es meramente esa situación.

Propuesta de pacto: el Partido Popular está abierto a cualquier pacto en materia de justicia. Y se han recordado aquí las ofertas que hubo cuando estaba en la oposición el Partido Socialista, es verdad. Ha habido momentos de acuerdo en la mejora de la justicia. Vayamos por esa senda. ¿Por qué no han aceptado lo que yo les he pedido, que se habilite el mes de julio o el mes de agosto para trabajar en la Comisión de Justicia para acordar medidas de potenciación y mejora de la Administración de Justicia? ¿Por qué no lo hacemos? Yo lo he propuesto, he tendido la mano. Nadie ha recogido esa mano tendida. El Partido Popular está dispuesto a trabajar, a trabajar y a trabajar cuando sea, donde sea, durante el tiempo que sea y el tiempo necesario para adoptar medidas para mejorar la Administración de Justicia, para hablar de creación de juzgados, para hablar de creación de plazas, para hablar de medidas tecnológicas. Nosotros hemos presentado siete mociones en comisión sobre planes de riesgos laborales para fiscales, para letrados, para los letrados de oficio; hemos presentado una proposición de ley para sancionar el intrusismo profesional en materia sanitaria derivado de la COVID, porque hemos visto abusos y bulos en materia sanitaria que han costado vidas o lesiones a muchas personas; hemos pedido la modificación del artículo 403 del Código Penal. Y se nos contesta con la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hemos tendido la mano. Hemos solicitado comparecencias del ministro de Justicia, del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y del secretario de Estado para hablar de mejoras de la Administración de Justicia, y no se nos ha atendido, no han querido, han preferido reformar un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero ¿esa es la respuesta que vamos a dar a los operadores jurídicos? ¿Eso es lo que les vamos a decir mañana a los abogados, a los jueces, a los fiscales?, ¿que hemos estado discutiendo dos o tres horas, las que sean, una reforma de un artículo, cuando lo que quieren ellos son medios, juzgados, tecnología, acuerdos aquí entre todos nosotros? Hemos hecho hasta nueve preguntas en comisión que no se nos han contestado ni las han tramitado. Esa es la propuesta del Partido Popular. Tendemos la mano para alcanzar acuerdos. No es tener el retrovisor siempre mirando atrás, que si la corrupción del Partido Popular. Si quiere, señor Mulet, le puedo leer toda la corrupción que tiene Compromís en la Comunidad Valenciana. ¿Quiere que se lo lea? (Aplausos). El robo de 2 millones de euros de la EMT por su concejal en el Ayuntamiento de Valencia, el señor Fuset; el caso de la señora Rosa Pérez —el pitufeo en la diputación—, vicepresidenta del Consell de la Generalitat; la prostitución de menores, que ha querido esconder el Gobierno de la Generalitat, de consellerias de su partido (Aplausos); el caso Trenzano, de su partido, 400 000 euros robados que está investigando el ministerio fiscal. ¿Quiere que entremos en ese debate? (Rumores). Pues entramos en ese debate, porque ustedes están gobernando en la Comunidad Valenciana y tienen casos de corrupción y robo que está investigando la Fiscalía. Por tanto, no me venga a dar lecciones, que no admito ni una lección de usted ni de su partido. (Aplausos.— ¡Bravo!).

Y dicho eso, sigo diciendo al Partido Socialista, que es un partido de gobierno igual que el resto de partidos —Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, los demás partidos—: sentémonos a pactar medidas para la justicia. No estemos todo el rato mirando por el retrovisor qué ocurrió en el 2015, que si la corrupción, que si ese lo quiere tapar, que no lo quiere tapar. Vamos a trabajar, porque lo que nos piden los ciudadanos ahora —y se lo digo de corazón— es que empecemos a hablar del colapso que tiene la justicia. ¿Sabe que la empresa de investigación Metroscopia ha hecho un informe que dice que se van a interponer más de 700 000 denuncias por la COVID que van a colapsar la Administración de Justicia? ¿Qué solución vamos a dar a estos ciudadanos que van a reclamar? ¿Que estamos discutiendo sobre el 324? ¿O vamos a discutir medidas que beneficien a los ciudadanos? Y esa es la mano tendida que ofrece el Partido Popular. A partir de este momento, por favor, convóquennos en la Comisión de Justicia para trabajar verdaderamente por lo que les interesa a los ciudadanos. Y se lo digo de verdad, de corazón: habilite la Comisión de Justicia, vamos a trabajar por cosas importantes para los ciudadanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidenta andrea. Arratsalde on guztioi.

Señorías, la reforma que hoy estamos debatiendo está en el corazón del sistema democrático porque lo que los senadores y las senadoras tienen hoy que elegir, por lo que tienen que optar es, o por la defensa del Estado de derecho o por la impunidad, especialmente en el caso de la corrupción. (Aplausos). Y lo que queremos es enviar un mensaje nítido, alto y claro, a todos aquellos que quieren aprovecharse del sistema en beneficio propio, a todos aquellos que consideran que pueden practicar casos de corrupción y que no les va a pasar nada, es decir, a todos aquellos que sueñan con la impunidad. Eso es lo que hoy debatimos aquí.

Ya lo dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: la necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos la antesala de la impunidad.

El portavoz del Grupo Popular ha preguntado reiteradamente que cuál era la intención, que por qué la oportunidad de esto. Antes de responder a esta pregunta habría que saber cuál era la intención que tuvo en su día el Partido Popular para reformar este artículo. (Aplausos). ¿Cuál fue la reforma? Una reforma que se hizo, como ya explicó mi compañero Manuel Fajardo perfectamente, en contra del criterio de todos los operadores jurídicos, asociaciones de jueces y juezas, asociaciones de la Fiscalía, de la abogacía, en contra del todo el mundo, y se llevó a la práctica. Se hizo una reforma que limitaba el tiempo de investigación de los delitos y que no llevaba aparejado que la Administración de Justicia iba a disponer de medios adicionales para combatir la corrupción y la impunidad. Esto es lo que pasó. Y el resultado ¿cuál fue? Hay un caso muy concreto que parece que levanta ampollas, el del expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que fue precisamente efecto de esta reforma; intencionadamente o no, ad hominem o no, fue efecto de esta reforma.

Lo realmente relevante no es cuál fuera la intención que tuviese el Partido Popular en su día para reformar esto, lo relevante es que ahora, vistos los efectos perniciosos que ha tenido este artículo, ahora que la inmensa mayoría de los grupos nos ponemos de acuerdo para dotarnos de un instrumento contra la impunidad, para combatir la corrupción, voten en contra. Es lo verdaderamente relevante, porque no olvidemos que el Partido Popular ya ha sido condenado por corrupción por la justicia. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡No, no, no!). Debe quedar claro. (Aplausos.— Rumores). Por tanto, la pregunta que hacía el senador Fernando de Rosa: ¿cuál es la oportunidad de reformar esto?, se responde con otra pregunta: ¿hay algún momento malo para combatir la corrupción? Esa es la respuesta a su pregunta. (Aplausos).

Dicen que hay problemas de técnica jurídica. No voy a entrar en esta cuestión en este momento porque todos los grupos nos hemos puesto de acuerdo y no creo que seamos todos legos en derecho, como ha parecido reflejarse de las expresiones del portavoz Fernando de Rosa. Probablemente, sea esta la primera ley que aprueban las Cortes Generales, ya que hasta ahora se han aprobado decretos ley, muchos de ellos debido a la pandemia y sus consecuencias, pero ley como tal probablemente sea esta la primera. Simbólicamente, es muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque es una reforma que concita el acuerdo de la inmensa mayoría de los grupos políticos que tenemos opiniones contrapuestas, visiones diferentes, incluso en algunos casos hay hasta programas incompatibles entre sí, pero hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y poner por delante de todo el interés general. En segundo lugar, porque que enviemos a la ciudadanía el mensaje claro y nítido de que la primera ley que aprueba el Parlamento, las Cortes Generales, es una ley para combatir la corrupción, es un mensaje absolutamente extraordinario. (Aplausos). Es una lástima que el Grupo Popular no se sume a este acuerdo general contra la corrupción y permanezca en una postura inflexible defendiendo una modificación que se hizo en su día que ha propiciado la impunidad.

Es importante destacar el esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamentarios. Quiero agradecérselo, tanto en el Congreso como en el Senado, a todos los miembros de la Comisión de Justicia. Particularmente, si me permiten, voy a mencionar a uno, mi querido compañero Tontxu Rodríguez, que me ha acompañado en la ponencia y que sé que ha trabajado muchísimo en este tema y en las intervenciones. Debemos felicitarnos todos por el acuerdo, por lo menos la inmensa mayoría. (Aplausos). Con este acuerdo, lo que decimos es que se acabó el indeseable espacio a la impunidad. También decimos otra cosa: se acabó el tiempo de la bronca, del insulto, de la descalificación. Ha empezado el tiempo del debate sano, de contrastar las ideas, de buscar un acuerdo. Por tanto, anuncia la posibilidad de una legislatura larga y espero que fructífera. Una legislatura que comenzó, no debemos olvidarlo, acusando al Gobierno poco menos que de ser ilegítimo y con unos niveles de confrontación verbal inusitados, incluso se ha acusado de cometer delitos a los miembros del Gobierno en el ámbito parlamentario, que, como todos sabemos, permite a veces ciertas licencias. Lo cierto es que ahora, con este acuerdo, decimos que es posible otra manera de enfocar una legislatura, otra manera de enfrentar los problemas políticos. Sé que puede ser inútil, pero el Grupo Popular, sinceramente, debería sumarse a este acuerdo, ya que demostraría que tiene verdadera voluntad de diálogo, de acuerdo, que es de lo que se trata. No soy quién para dar consejos a nadie, y mucho menos a personas tan respetables como las que forman parte del Grupo Parlamentario Popular, pero sí quiero recordarles que la democracia es el debate, la confrontación, pero también es el acuerdo y el entendimiento, que es lo que pide la gente. Por eso creo que deberían sumarse a este acuerdo. En cualquier caso, la mayoría de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, nos hemos puesto de acuerdo contra la corrupción, no nos olvidemos de esto. Sinceramente, es un acuerdo excelente, un entendimiento que va a propiciar futuros entendimientos. Por tanto, debemos felicitarnos, como he dicho anteriormente.

Es cierto que es un proyecto político, no puede ser de otra manera porque esta es una Cámara política. A ver si ahora un político dice que está mal hacer política. El argumento del Grupo Popular me parece absolutamente increíble. ¡Claro que es político! Político es todo aquello que redunda en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas, que es lo que defiende el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).

Concluyo. Con esta iniciativa —por lo menos en lo que al Grupo Parlamentario Socialista respecta, porque no puedo hablar en nombre de los demás, aunque estoy seguro de que también lo ven así otros grupos—, no solamente mejoramos la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas; no solamente mejoramos el sistema democrático, sino que, además, enviamos el mensaje claro a la sociedad de que es posible entenderse y, sobre todo, es posible entenderse en asuntos tan importantes como este.

Eskerrik asko. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

A continuación, procede el debate de enmiendas y votos particulares. En primer lugar, de los senadores González-Robatto Perote, Merelo Palomares y Marín Gascón, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 1 y 2.

Para el turno a favor, hablarán desde el escaño y compartirán su tiempo.

Tiene la palabra el senador González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en las enmiendas que presenta Vox apostamos por la independencia judicial y que sean los propios jueces, que son los que mejor conocen la actividad, cuando se entienda conseguida su finalidad, sin limitarse a un plazo máximo, lejos de la intromisión política que tristemente acaba empañando las normas que deben regir para todos y han de ser impermeables a los intereses políticos del Gobierno de turno. Nuestra enmienda solo busca poner trabas a aquellos que intentan llegar a la puerta de atrás de la justicia antes de poder sentarse en el banquillo. No tiene ningún tipo de interés político, solo la rendición de cuentas a los ciudadanos. Por eso pedimos insistentemente que sean aceptadas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el senador Marín Gascón. (Denegaciones).

¿Va a intervenir la senadora Merelo? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y para el debate de las enmiendas 3 y 4, en el turno a favor, tiene la palabra el senador don Fernando de Rosa por tiempo de tres minutos.

El señor DE ROSA TORNER: Si no le importa, intervendré desde aquí. Muchísimas gracias, señora presidenta.

Ya que se ha acusado al Partido Popular de que no tiene una postura positiva, aunque hemos presentado un veto, también hemos presentado dos enmiendas al articulado, enmiendas de mejora, que espero que el resto de los grupos de la Cámara acepten, pues tienen la intención de llevar a cabo una aproximación, un intento de consenso con el resto de los grupos.

Nosotros consideramos que es importante que se mantenga el concepto de complejidad, el concepto de prorrogabilidad del procedimiento, porque en la propia técnica jurídica o judicial la necesidad de determinar y delimitar cuándo es una causa compleja, una causa con preso o una causa de violencia de género es una práctica constante en el ámbito judicial. Por tanto, solicitamos que se realice, al igual que la posibilidad de que, cuando vaya a finalizar el plazo, en aquellas peticiones de diligencias previas no se determine la imposibilidad de su práctica cuando sean de carácter complejo.

Pero, sobre todo, queremos incidir en la disposición transitoria. Consideramos que el principio jurídico tempus regit actum es un principio procesal. No puede haber de ninguna manera una retroactividad en las normas procesales; no, porque va a determinar la impunidad. Eso es lo que ustedes no quieren reconocer: la impunidad. Va a causar motivos de nulidad, y entonces aquí volveremos a discutir y veremos que la aplicación de esa retroactividad en muchos casos, si no está debidamente justificada, va a conllevar la nulidad, como ha dicho el Tribunal Supremo en el auto del ponente don Antonio del Moral, como ha dicho el Tribunal Constitucional, en su artículo 9, y como establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 45. Va a provocar muchas nulidades de procedimientos, y a lo mejor va a causar lo que ustedes dicen que no quieren o que perseguía el Partido Popular: esa impunidad.



Les advertimos con honestidad y respeto; no insistan en mantener la retroactividad de la norma, porque va a provocar —repito— mucha problemática, como indica muy bien el artículo de Actualidad Jurídica, que dice que va a traer consigo mucho debate y muchas causas de nulidad.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Algún grupo parlamentario hará uso del turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Fajardo Palarea, en turno acumulado, por tiempo máximo de seis minutos.

El señor FAJARDO PALAREA: Gracias, presidenta. Buenas noches, nuevamente.

Señorías, con respecto a las enmiendas de Vox, rechazamos la primera por las mismas razones expuestas cuando hemos defendido la posición contraria al veto del Grupo Popular, señor González-Robatto. La propia explicación del porqué del actual texto de la proposición, modificando el texto primigenio del artículo 324, que fue llevado a las Cortes, mutando al actual, al que traemos hoy a la Cámara, fundamenta el rechazo, aparte de que lo que propone, dicho sea con el debido respeto, creemos que es superfluo.

Con respecto a la segunda enmienda que usted presenta, la he analizado con detenimiento y lo cierto es que tampoco aporta nada por la sencilla razón de que utilizan las mismas veintisiete palabras del texto enmendado. Lo único que ustedes hacen es cambiar el orden de esas palabras. Y, desde luego, no tiene ningún tipo de incidencia porque el texto de la enmienda, en la referencia al título competencial, no modifica nada. La competencia es exclusiva y dimana del mismo artículo, apartado y epígrafe numérico, que están encuadrados en la misma Constitución, que es la española.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, quisiera decirle, señor De Rosa, que podría alegar las mismas razones que di para el veto, pero voy a recordar algunas más. Cuando en su día ustedes anunciaron la modificación del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal, lo hicieron en el frontispicio de la exposición de motivos del proyecto de ley que nombré con anterioridad. Y en el apartado segundo hablaban ustedes de que pretendían evitar dilaciones innecesarias e introducían los nuevos plazos máximos de instrucción. Nosotros denunciábamos que eso lo hacían ustedes de forma enmascarada, en una especie de trampa. ¿Por qué? Porque lo hacían ustedes con mucho bombo y platillo; lo hacían amparándose en algo en lo que todos los españoles y españolas creemos, que es en una justicia ágil, rápida y eficaz. Pero creo sinceramente que ustedes no pretendían eso. No les voy a acusar de otra cosa, pero ustedes no querían eso precisamente.

En segundo lugar, también les recriminamos en su día que partían ustedes de un grave error, que era residenciar en el Ministerio Público la posibilidad en exclusiva de la solicitud de las prórrogas. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente, igual que yo, que el Ministerio Público en muchas ocasiones tenía conocimiento de los asuntos penales después de pasados los primeros seis meses, que fue lo que pasó en Murcia. Usted mismo ha explicado muy bien que el Ministerio Público no tenía comunicación directa entre los juzgados, que no había un sistema de aviso y, por tanto, que podíamos encontrarnos ante una situación en la que el mantenimiento o no de la acusación por parte del ministerio fiscal con respecto a una persona dependiera de una especie de criterio de oportunidad que no está reglado, que no le es competencial sin los consiguientes contrapesos y medidas de control. Y también le decíamos que el 324 era tan peligroso, que por la mera inacción de un juzgado, la mera inacción de un fiscal o el mero transcurso de un tiempo podía finalizar una instrucción abocada a una sentencia absolutoria o dar lugar a que no se pudiera formalizar un escrito de acusación porque no se habían recabado las pruebas suficientes para poder formalizarlo. O también podía dar lugar —y esto sí que es peligroso— a mantener acusaciones sin fundamento alguno, dando lugar a impunidad a la carta, con lo que ello suponía de descrédito, señor De Rosa —usted conoce este tema—, para la Administración de Justicia, que es una pieza fundamental en la defensa de un Estado social y democrático de derecho. Y también le reprochábamos —sí, lo hacíamos— que parecía un proyecto de ley que estaba destinado de alguna manera a proteger a algunos cargos públicos del Partido Popular que estaban en esos momentos sometidos a procedimientos penales como consecuencia de la presunta comisión de hechos que podrían encuadrarse en delitos de corrupción.

Por todos esos motivos, muchos de los cuales se han cumplido. Porque usted sabe perfectamente, al igual que yo, que hay muchas causas penales que quedaron en nada por el transcurso de los seis meses de plazo. Usted ha hablado del inmenso trabajo realizado, y es verdad; por eso hablaba yo de las carreras en las fiscalías y en los tribunales para poder controlar todo tipo de procedimientos. Y le digo más: curiosamente, la norma del 324 aprobada por ustedes, ¿sabe a qué dio lugar? A que la complejidad se convirtiera en normalidad y lo normal se convirtiera en complejo, porque ustedes provocaron un cacao en todos los juzgados y todas las fiscalías de España cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo. Por eso no podemos admitir la enmienda número 3.

Y con respecto a la enmienda número 4, usted tiene una formación jurídica muy sólida, pero creo —y lo digo con el máximo respeto hacia su señoría— que cuando dice que hay una vulneración del artículo 2.2 del Código Penal —por cierto, debe corregirlo, porque creo que en el texto de la enmienda habla usted de que se podía producir una vulneración del derecho de los perjudicados; en todo caso, el 2.2 va destinado al reo, no al perjudicado, y, en este caso, al investigado—, cuando lo dice, repito, usted confunde el derecho sustantivo material con el derecho —que es lo que realmente modifica la proposición de ley— adjetivo formal o procesal. Por lo cual entiendo que no va a producirse esa especie de hecatombe que usted está anunciando cual Nostradamus en la noche de hoy.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador González-Robatto Perote, por tiempo máximo de seis minutos.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hablamos hoy de lucha contra la corrupción y de los que atentan contra el Estado de derecho y de evitar, en la medida de lo posible, su impunidad, de modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ampliando el plazo de instrucción a doce meses con prórrogas sucesivas.

Nuestras enmiendas querían cerrar la puerta a los corruptos de cualquier partido que intenten evitar la acción de la justicia mediante triquiñuelas sin pasar por el banquillo. Un plazo máximo de investigación es la puerta de salida a los corruptos que se acogen a ello para salir por peteneras y que esto se convierta en una nueva causa de extinción de responsabilidades y prescripción encubierta de los delitos más complejos, como son los relacionados con la corrupción, los económicos, e incluso de terrorismo. A esto añadimos que, a fin de dotar de recursos a la justicia, no podemos pasar por alto la consideración de la dedicación exclusiva de los jueces para delitos complejos que requieren, como he mencionado antes, una mayor dedicación y una mayor tiempo de investigación. O dotar de los tan necesarios medios humanos y materiales a la Administración de Justicia para poder concluir con éxito las instrucciones judiciales, así como la protección eficaz de los denunciantes de corrupción, como ya hizo el Grupo Parlamentario Vox cuando registró una iniciativa legislativa en tal sentido. Intentar modificar leyes por conveniencias oscuras dilatando el tiempo para evitar el paso ante el juez, como, desgraciadamente, hemos visto con políticos de absolutamente todos los colores, es un abuso intolerable a la potestad legislativa, cuando lo único que debe primar a la hora de abordar estas cuestiones es el interés general y no los partidistas en función de la identidad de los sujetos pasivos inmersos en este tipo de procedimientos.

La ley no está para ocultar sus infames procesos de corrupción, que tanto dinamitan nuestro sistema. Todos somos iguales ante la ley, y esta no puede ser modificada a su antojo con fines puramente individualistas y partidistas. Todos los que firmaron en el Congreso la enmienda transaccional lo hacían para proteger a los corruptos. ERE, señores socialistas; más de 680 millones robados, de momento, a los trabajadores. Gürtel, señores del PP. Caso Dina, señores de Podemos. Caso UGT-Andalucía, Invercaria. Caso tres per cent. Y un tristísimo y largo etcétera. Todos, absolutamente todos, han de pagar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el senador Sánchez-Garnica.

El señor SÁNCHEZ-GARNICA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Partido Aragonés va a apoyar la modificación del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque la fijación de unos plazos máximos de instrucción de las causas penales ha demostrado en la práctica su ineficacia, básicamente por la falta de medios económicos, materiales y personales; y, en segundo lugar, porque esa ineficacia ha sido una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción. La vigencia de un plazo máximo de investigación acrecienta los espacios de impunidad y, en consecuencia, socava fuertemente los cimientos de nuestra justicia penal.

Tenemos, por lo tanto, que detener el desatino procesal que pone en grave riesgo esa justicia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Cervera Pinart, por tiempo máximo de cinco minutos.

El señor CERVERA PINART: Gracias, presidenta.

Señorías, el redactado que nos ha llegado a esta Cámara es el resultado del trabajo previo realizado en el Congreso de los Diputados, donde, como se ha dicho y todos saben, partiendo de una proposición derogatoria, se llegó al redactado actual sobre la base de una enmienda transaccional en la que, entre otros, participó activamente el diputado de Junts per Catalunya y catedrático de Derecho Procesal, Jaume Alonso-Cuevillas. Una enmienda transaccional que obtuvo un amplio consenso y el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, el mismo que obtuvo en la ponencia y en la Comisión de Justicia de la semana pasada, y el que se percibe que recibirá hoy.

Esto reafirma que se trata de una modificación técnico-jurídica y no de una modificación ideológica, como algunos quieren hacer ver. Para nosotros resulta evidente que el redactado actual consigue el equilibrio deseado, evitando la impunidad, al tiempo que garantiza el derecho de defensa, impidiendo dilaciones indebidas, limitando así el arbitrio judicial a que daba pie el redactado de la reforma de 2015, por lo que reiteramos el apoyo de nuestro grupo al texto de la modificación de ley y, consecuentemente, nuestro voto contrario al veto y a todas las enmiendas.

Y déjenme terminar reiterando la observación que ya realicé en la Comisión de Justicia respecto a la preocupación del Grupo Popular por si se declara la nulidad y la correspondiente absolución en algún caso concreto por la vulneración de los derechos fundamentales. Quiero decirles que en un Estado de derecho no debería ser esta la preocupación; la preocupación debería ser que se vulneren los derechos básicos y fundamentales. Se preguntaba el Grupo Popular en la Comisión de Justicia qué pasará si realmente se declara en algún caso la nulidad por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el mismo señor De Rosa respondía que la aplicación de nulidad por la vulneración de estos derechos provocará que muchos temas queden en la más absoluta impunidad. En Junts per Catalunya somos conscientes de que vamos tarde, pero queremos pensar que probablemente para lo que servirá es para empezar a hacer justicia.

Moltes gràcies. Llibertat presos polítics i retorn dels exiliats.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cervera.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Bien, yo entiendo que cuando alguien ha formado parte de gobiernos corruptos, sentado al lado de gente como Cotino, como Blasco, que está en la cárcel, o como Camps, que está imputado, al final la pituitaria pierde todo el olfato y piensa que todos somos iguales. Y no, todos no somos iguales. (Fuertes rumores). Todos no somos iguales, porque el único partido político condenado por corrupción es el Partido Popular, condenado por corrupción por la Audiencia. Es el único partido político español condenado por corrupción, se pongan como se pongan. Y luego piensan que todos somos iguales. (Fuertes protestas.— Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: No, no somos iguales). ¡Mentira! Ustedes, los de la Gürtel, los de Brugal, los de Fabra, los de Bankia, los de Campeón, se atreven a decir que quieren hablar con nosotros cara a cara de corrupción. Usted, que ha formado parte de un Gobierno corrupto, como el de Camps, cuando quiera y donde quiera. Vamos a hablar, porque usted aquí ha calumniado a una persona, ha acusado a un concejal de Valencia de robar 2 millones de euros, y eso es una calumnia. No está imputado nadie de Compromís. Fue Compromís el que denunció ese caso. Usted acaba de calumniar a una persona, y espero que rectifique por el bien de esta Cámara. (Rumores.— Fuertes protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Y no entren en debate.

El señor MULET GARCÍA: Porque hay que recordarlo: ¿cuántas denuncias ha habido contra Compromís? Quince denuncias, que impuso Luis Salom contra Compromís, quince. La persona que explicaba por wasap cómo blanquear billetes de quinientos. Quince denuncias contra Compromís, archivadas una tras otra. Usted ha hablado de Rubén Trenzano, y hoy el fiscal pide el archivo de esa causa, abierta por una denuncia falsa, imagino, como todas las que ha puesto el Partido Popular. ¿Cuántas denuncias abiertas hay contra Joan Baldoví puestas por el Partido Popular? Todas archivadas. ¿Cuántas quedan de las que han presentado ustedes contra Mónica Oltra? Todas archivadas. ¿Cuántas quedan de las que han presentado ustedes contra Joan Ribó? Todas archivadas. Incluso a mí me ha caído alguna. ¿Cuántas hay abiertas? Todas archivadas. ¿Qué están haciendo ustedes? Están utilizando la justicia para perseguir a sus adversarios políticos, y eso, según el artículo 456 del Código Penal, son falsas denuncias. Ustedes continúan con la máxima de: escampa, que todos somos iguales. Pero no somos iguales, afortunadamente. (Rumores). No somos iguales. (Fuertes rumores). Los condenados por corrupción son de vuestro partido; el resto, no. Obviamente, habrá casos de corrupción en cualquier partido. Cuanto más grande es un partido más fácil es que haya una manzana podrida. El problema es que ustedes no tienen una manzana podrida, tienen podrido todo el cesto, incluso los mimbres del cesto. (Fuertes protestas). Por tanto, ¿qué quieren hablar sobre corrupción? ¡Qué poca vergüenza que vengan aquí a hablar de corrupción! Y qué nerviosos se ponen, ¿eh? Qué nerviosos se ponen cuando se lo recuerdan y aquí venimos a modificar un solo artículo. Porque han estado desde 2017 interponiendo ampliaciones para que no se tratara, porque les pica mucho, obviamente. Obviamente, les preocupa mucho. Han sido sesenta o sesenta y cuatro veces, no sé cuántas. Qué poca vergüenza tienen, ¿no? (Rumores).

Espero aquí una rectificación, porque han calumniado gravemente a un concejal del Ayuntamiento de Valencia. Y les da igual. Les da igual, porque ustedes piensan que todos somos iguales. Pero no somos iguales. (Varios senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: No, no.— Fuertes rumores). No somos iguales. El único partido político condenado por corrupción es el Partido Popular. El partido de Bárcenas, es el Partido Popular; el partido de Ópera, es el Partido Popular; el partido de Brugal, es el Partido Popular; el partido de Campeón, es el Partido Popular; el partido del caso Fabra, es el Partido Popular; el partido de Cooperación, con Blasco en la cárcel, es el Partido Popular; el partido de Imelsa, es el Partido Popular; el partido del caso Taula, donde están todos los concejales de la anterior legislatura de Valencia imputados, es el Partido Popular; el caso Erial, con el señor Zaplana, es el Partido Popular; el caso Púnica. Podríamos seguir; me queda un minuto, pero en un minuto no me da tiempo a enumerar los casos. (Fuertes rumores). Por tanto, pocas lecciones del partido condenado por corrupción en este Estado.

Y si no tienen nada que temer, no sé por qué se oponen a esta modificación. Si están diciendo que en tres meses esta reforma del artículo no tendrá sentido, no pasa nada. ¿Ustedes creen realmente que en tres meses vamos a reformar la LECRIM? Si con un artículo estuvieron desde 2017 poniendo todas las cortapisas posibles, me imagino con esto. Es muy triste ser un partido condenado por corrupción, y encima tener que venir aquí a dar la cara por él. Pero, bueno, cada uno en esta vida tiene un destino. Lo siento mucho. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.

Gracias, señoría.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos... (Rumores). Silencio, por favor. Va a intervenir el próximo orador.

Tiene la palabra el senador Sánchez López. (Rumores).

Por favor, no dialoguen aquí. Muchas gracias.

Puede comenzar.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Voy a intentar, en la medida de mis modestas y humildes posibilidades, bajar un poquito el tono para que terminemos bien lo que es un debate jurídico, porque este es un debate jurídico. Vamos a tener claro que estamos hablando de un debate jurídico.

Nosotros vamos a apoyar la modificación, el texto tal cual viene de la ponencia, tal cual viene del Congreso de los Diputados, y tal cual pasó y salió por la Comisión de Justicia del Senado. Además, hay un acuerdo, como he dicho antes, bastante mayoritario —no llega a ser unánime—. En consecuencia, vamos a votar en contra de todas y cada una de las enmiendas. Y no tengo dudas, señorías, de que todas y cada una de las enmiendas se han hecho con la mejor intención para mejorar el texto jurídico, dentro de un debate jurídico, como legisladores que somos.

El Partido Popular habla de que puede haber nulidades —cuestión de la que el otro día hablamos, y lo entiendo— como consecuencia de la retroactividad de la disposición transitoria. Bien, estamos hablando de un debate jurídico. Nosotros lo estudiamos, lo vimos, lo analizamos, y entendemos que no es el caso, pero comprendemos su postura. Empatizamos, nos ponemos en su lugar, y nos parece que es una enmienda que está hecha con rigor, con la intención de mejorar el texto. Pero nosotros, desde otro punto de vista, entendemos que no procede, por lo que, dicho sea con todo respeto, vamos a votar en contra. Por eso, señor De Rosa, con todo el respeto que le tengo, que es mucho, porque, además, es usted muy buen jurista y las veces que hemos tenido oportunidad —pocas, espero que sean más en esa legislatura— de charlar con usted he visto que es una persona con cintura, con mano izquierda, me sabe mal que se haya enfadado y también el tono que ha utilizado en la tribuna refiriéndose a este humilde senador. Pero, señor De Rosa, bajando el tono: no se puede faltar a la verdad, y menos en sede parlamentaria.

Usted se ha dirigido a mí, y además enfadado —no he entendido por qué—, y ha manifestado expresiones como la de que habíamos condenado al expresidente de Murcia. Yo he hablado de Murcia porque me tocaba muy de cerca y porque aquel acuerdo y documento lo firmó conmigo, pero en ningún momento he manifestado en esta tribuna, y me remito al Diario de Sesiones, que hubiéramos condenado al expresidente del Murcia o que estábamos conculcando el sacrosanto —esto lo digo yo— principio de presunción de inocencia. Ni hemos condenado a nadie ni hemos conculcado el principio de presunción de inocencia. Repito que me remito al Diario de Sesiones. Lo que yo he dicho, más o menos —no se lo puedo repetir literalmente— es que nunca se le llegó a juzgar —creo que es lo que he dicho— y que nunca sabremos qué hubiera pasado si se le hubiera juzgado. He empleado más o menos esos términos. Ni he puesto en duda la presunción de inocencia ni lo he condenado de antemano, ni a priori ni a posteriori, porque, además, no me corresponde.

Espero haber contribuido sinceramente a bajar el tono y a volver a lo que es un debate jurídico en el que vamos a apoyar el texto de la ponencia. Y, sintiéndolo mucho, no vamos a apoyar sus enmiendas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracia, senador Sánchez López.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, intervendrá el senador Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Con su permiso, señora presidenta. Arratzalde on denoi berriz.

Voy a trasladar brevemente nuestro posicionamiento sobre las cuatro enmiendas presentadas: las dos del Grupo Mixto y las dos del Grupo Popular.

Comenzando por las del Grupo Mixto, en la primera de ellas se propone una formulación del precepto en la que no se determina el plazo de finalización de la instrucción. Conforme he expresado en mi primera intervención, entendemos que las instrucciones no pueden ser ilimitadas y que, de ser así, contravienen el derecho a un proceso equitativo desarrollado en un plazo razonable y, por tanto, el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Así pues, no podemos apoyar esta primera enmienda.

En relación con la segunda, transmito mi desazón porque no acabo de entenderla. La disposición final primera establece clara y acertadamente, a mi entender, el título competencial habilitante del texto legal. Por tanto, también vamos a votar en contra.

En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular, respecto de la primera, aunque con algunas modificaciones sobre el texto en vigor, curiosamente en alguna de las propuestas de esta primera enmienda se traslada de nuevo de alguna manera la supervisión en el cumplimiento de los plazos de instrucción al juez, lo cual incurre en una cierta contradicción con la crítica que se ha trasladado a la propuesta de modificación del 324, que está siendo objeto de examen. En todo caso, la enmienda postula una redacción que mantiene la concepción y estructura del precepto vigente, además de los plazos de instrucción. Por tanto, no podemos apoyarla.

Y sobre la supuesta vulneración del principio establecido en el artículo 2.2 del Código Penal, entendemos que no cabe deducir de la disposición transitoria que la propuesta vulnere seguridad jurídica alguna desde la realidad de la regulación más flexible y equilibrada establecida respecto a los plazos de instrucción en la propuesta de modificación que está siendo objeto de análisis. Así pues, también votaremos en contra de esta enmienda.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Landa.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gracias.

Señorías, la primera función de cualquier parlamentario es intentar ser útil en la defensa de sus ideales al conjunto de la ciudadanía en general, y a los desfavorecidos en particular. Pudiera parecer que la cuestión que nos ocupa no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero es justamente lo que nos lleva a apoyar la modificación del artículo 324. Esta propuesta de modificación del precepto no es la que nuestro grupo habría deseado, no recoge todas nuestras inquietudes. Sin embargo, se trata de un cambio útil, de un cambio necesario y un cambio inaplazable. Por esto, anunciamos nuestro voto favorable a la proposición de ley.

¿Qué habría hecho distinto Esquerra Republicana? En primer lugar, evitar la impunidad, especificar que ninguna instrucción puede finalizar sin que se hayan resuelto todas las peticiones de diligencias, de instrucción presentadas por cualquiera de las partes. La aspiración de agilidad procesal no puede servir de pretexto para torpedear la investigación. Hay que acercar la verdad procesal a la verdad material.

En segundo lugar, blindar la iniciativa de las partes a la hora de proponer diligencias de investigación. Las diligencias de instrucción acordadas durante una prórroga no pueden quedar a merced de la impugnación de dicha prórroga, o dicho de otro modo: si la prórroga es válida cuando se acuerda una diligencia, esta debe seguir siendo válida incluso si la prórroga fuera impugnada y decayera. Hay que limitar la instrucción judicial con argucias procesales.

Y, en tercer lugar, fijar plazos condicionales que puedan colaborar a agilizar la administración. Cuando en el plazo de seis meses ni se lleve a cabo ni se solicite diligencia de instigación alguna debe finalizar la instrucción. El indicio más claro que debe concluir una instrucción es la ausencia de actividad. Esto podría contribuir a evitar dilaciones indebidas, en general, y no generar impunidad.

Sin embargo, más allá de los detalles no podemos olvidarnos del trasfondo del asunto: que el objetivo es mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Los juzgados están saturados, lo hemos dicho todos, y esto supone un reto para cualquier demócrata, porque sin agilidad judicial no se puede dar cumplimiento al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El problema aquí es que la Administración de Justicia para mejorar su funcionamiento necesita recursos. Nosotros entendemos que ninguna administración debería adoptar dinámicas que vulneren derechos fundamentales, y dejar a nuestros juzgados y tribunales ante el colapso es vulnerar derechos por pasiva, por dejación de funciones. ¿Qué cree que va a pasar con los juzgados cuando empiecen a llegar todas las reclamaciones derivadas de la ingente legislación derivada del Estado de alarma?

Señorías, lo que está claro es que la primera de las lecciones que deberíamos aprender de la crisis sanitaria es que nuestros servicios públicos son los únicos que nos protegen, lo público garantiza derechos, lo público nos iguala a todos, lo público es Estado social. Señorías del partido que apoya al Gobierno, más allá del artículo 324 de la Lecrim, más allá de los juzgados de instrucción, créanse la importancia de los servicios públicos, entre los que se encuentra también la Administración de Justicia, e inviertan desde el Gobierno allí donde sirva para proteger derechos, porque eso significa invertirlo en favor de todas y todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora presidenta.

Realmente, después del debate que hemos tenido, han manifestado también el rechazado a las enmiendas de mejora del Grupo Popular. Y sí que quiero poner de manifiesto que es un error, desde nuestro punto de vista, que eliminen o que no atiendan la enmienda relativa a la declaración de complejidad o de causa prorrogable, porque eso es muy importante en los juzgados, esa determinación de por qué un procedimiento ha de tener una especial atención dentro de un juzgado atendiendo al colapso que existe. Por tanto, creemos que la eliminación del concepto de complejidad de causa prorrogable es un error y estoy convencido de que en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atendiendo al propio texto del ministro Caamaño, también habría de terminar cuando el fiscal establezca dicha complejidad atendiendo a la futura figura del juez de garantías para determinar la complejidad. Y en esa línea iba la reforma de la LECRIM del ministro Caamaño. Por tanto, no entiendo esa posición de absoluta cerrazón del Grupo Socialista.

Hablan ustedes del caos que se produjo en la Administración de Justicia con el artículo 324. ¿Sabe usted la estadística que existe hoy en día, que dice que la jurisdicción penal es la menos colapsada de todas las jurisdicciones? Es la menos colapsada, entre otros motivos, por el gran esfuerzo de jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y, a los mejor también del artículo 324 de la LECRIM. Es la menos colapsada; no ocurre con la jurisdicción mercantil, la jurisdicción social, la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción civil. Es la menos colapsada y son estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, ese caos tremendo que ustedes consideran que se produjo en el año 2015 no es la realidad.

También ha dicho el portavoz socialista —se lo digo con todo el respeto— que es la primera piedra contra la corrupción. ¿Pero ustedes lo dicen de verdad? ¿Es que corrupción solamente ha habido en el Partido Popular? ¿Es que ustedes creen que el artículo 324 se hizo para tapar la corrupción del Partido Popular? ¿Y el Partido Socialista con todos los ERE?



¿Usted viene aquí a decir realmente que esa es la pieza fundamental de la democracia, la primera reforma que va a haber de la corrupción? Evidentemente, no entiendo ese posicionamiento cuando ustedes llevan la mochila muy cargada también de casos de corrupción. (Aplausos.— Protestas). Por tanto, no vengamos aquí diciendo..., vayamos a la técnica jurídica y no vayamos acusando a todo el mundo de corrupción. Y ese mantra que ustedes utilizan de que el Partido Popular es el partido condenado... No es cierto. (Fuertes protestas.— Rumores). No ha sido condenado el Partido Popular por corrupción por ninguna sentencia, ninguna. Y si no, pongan aquí la sentencia que lo diga. (Protestas). No es así, porque el único partido que fue expresamente denominado como corrupto fue el PSOE con el caso Filesa. ¿Ustedes se acuerdan del caso Filesa? (Fuertes protestas.— Fuertes aplausos). Vamos a recordar el caso Filesa, sí, el caso Filesa, por el que fue condenado el Partido Socialista...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor DE ROSA TORNER: ... y porque el Código Penal no recogía la figura de la responsabilidad de personas jurídicas...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

Senador Rodríguez, por favor.

El señor DE ROSA TORNER: ... que fue introducida por el Partido Popular, si no, hubiera afectado al Partido Socialista. (Aplausos). Por tanto, lecciones al Partido Popular, pocas. (Rumores).

Con todo respeto, se lo digo de verdad, ustedes dicen que este portavoz de justicia no conoce la diferencia entre las normas sustantivas, las normas procesales y la irretroactividad. Lo siento mucho, pero respecto a las normas sustantivas, la ley dice que no son en ningún momento retroactivas, y respecto a las normas procesales, aquí tengo el auto del Tribunal Supremo —se lo paso, si quiere—, de don Antonio del Moral, de fecha 31 de octubre de 2019, última jurisprudencia, recoge que para establecer la retroactividad de las normas procesales deben justificarse caso por caso, y aquí, en esta ley, no se hace. Por lo tanto, hay ese riesgo de nulidad.

Para acabar, señora presidenta, quiero leerles el artículo de Actualidad jurídica, de fecha 6 de julio de 2020, Actualidad Jurídica Penal: «Tal como se desprende de la redacción, la disposición transitoria primera establece que el cambio en los plazos afectará también a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. Este precepto se presenta problemático, tal como se han expresado multitud de juristas, ya que puede chocar con el principio de irretroactividad de la ley penal. A los reos y acusados no se les deben aplicar leyes que les perjudiquen y que en el momento de cometer el supuesto delito no estuvieran en vigor». Opinión de Actualidad Jurídica, una revista muy prestigiosa que expresamente recoge la queja de los juristas con lo que ustedes están realizando hoy. Y se lo recordaremos en el futuro, cuando ocurra lo que, por desgracia y querámoslo o no, se va a producir.

Muchísimas gracias. (Fuertes aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Oleaga Zalvidea.

El señor OLEAGA ZALVIDEA: Eskerrik asko, presidenta andrea.

A la senadora Laura Castel, de Esquerra Republicana, le quiero decir que, efectivamente, nosotros concebimos la Administración de Justicia como un servicio público, y como también usted lo concibe y está de acuerdo, estoy seguro de que los presupuestos generales, que van a recoger importantes apoyos a la Administración de Justicia, contarán con su beneplácito en esta ocasión. (Aplausos.— Risas).

Antes de empezar con el tema de la corrupción, también le quiero decir al señor De Rosa que parece que se deduce de sus palabras que usted, con eso del debate del principio acusatorio y el principio inquisitivo, está de acuerdo con la filosofía de la reforma que plantea el Partido Socialista y que va a intentar concitar el mismo acuerdo que esta para que las investigaciones las lleven los fiscales, que es lo propio de nuestro entorno europeo. Por tanto, me agrada que estén ustedes también ya en esta posición y vayan cambiando las tradicionales del Partido Popular, que se han demostrado absolutamente ineficaces.

Entro en el tema que nos ocupa. Mire, el debate que tenemos aquí es el que hemos planteado desde el principio. No quiero repetir argumentos, pero estamos debatiendo entre defender el Estado de derecho, combatir la corrupción o la impunidad, la impunidad especialmente en materia de corrupción. Señor De Rosa, yo no vengo aquí al y tú más, que es a lo que ha venido a hacer usted: le ha dicho a otro senador los casos de corrupción, ahora intenta usted que hablemos de los casos de corrupción de otro grupo... No es ese el tema, aquí no estamos en el y tú más, aquí estamos ante una pregunta que le he hecho y que no ha querido responder, y es: habiéndose demostrado que la reforma que hizo el Partido Popular, sea cual sea la intención que tuviera —no quiero entrar en eso—, repito, habiéndose demostrado que la reforma que el Partido Popular hizo ha generado indeseables espacios de impunidad, que se cierren en falso causas contra personas corruptas y que, en definitiva, se perturbe el sistema de funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, habiéndose demostrado eso, ¿por qué insisten ustedes en mantenerlo y no se unen a toda la mayoría que lo que pretendemos es mejorar la justicia y acabar con la impunidad? (Aplausos). Ese es el fondo del asunto.

Por tanto, no voy a entrar con usted en el y tú más. Si a usted le parece bonito que se mantengan sus casos de corrupción, allá usted. Yo solamente quiero decir, como ya he explicado anteriormente, que lo que anima al Grupo Parlamentario Socialista en el caso concreto de esta ley es mejorar la vida, la salud democrática de los ciudadanos y de las ciudadanas, propiciar el acuerdo y, en definitiva, reforzar nuestro sistema democrático. Esto es lo que se consigue con este acuerdo, que no olvidemos que es un acuerdo que concita el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos políticos. Y este es un elemento muy importante y muy relevante: es muy relevante que ante la corrupción nos pongamos todos de acuerdo. Lamento que el Partido Popular se quede al margen unido a la ultraderecha.

Por tanto, como sus enmiendas van en contra del espíritu del acuerdo, del espíritu del entendimiento, en el que todos nos hemos dejado pelos en la gatera —doña Laura Castel lo ha expuesto aquí en este caso concreto—, todos lo hemos hecho. ¿Por qué ustedes no son capaces de ceder un poco? ¿Qué es lo que tanto les preocupa?

En definitiva, hoy —en realidad la votación será mañana, y ya que estamos aquí todos les digo que mañana es mi cumpleaños (Risas).— se va a aprobar esta ley y, por tanto, espero que comience un tiempo nuevo en un doble sentido: en acabar con la impunidad, pero también en la búsqueda del entendimiento y de los acuerdos entre diferentes. Esto hace más grande a la democracia y esto nos hace mejores a todos nosotros.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que el plazo de dos horas para la votación del veto, de las enmiendas y del resto de la proposición de ley se abrirá mañana desde las nueve horas hasta las once horas de la mañana.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.


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