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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 53, de 15/10/2020
cve: DSCD-14-PL-53
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 53
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 50
celebrada el jueves,
15 de octubre de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio:

- Comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. ("BOE" núm. 268, de 9 de octubre de 2020). (Número de expediente 91/000002) ... (Página6)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. ("BOE" núm. 253, de 23 de septiembre de 2020). (Número de expediente 130/000029) ... (Página50)

- Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ("BOE" núm. 259, de 30 de septiembre de 2020). (Número de expediente 130/000030) ... (Página68)

- Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. ("BOE" núm. 259, de 30 de septiembre de 2020). (Número de expediente 130/000031) ... (Página85)

- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. ("BOE" núm. 259, de 30 de septiembre de 2020). (Número de expediente 130/000032) ... (Página101)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 67-1, de 6 de marzo de 2020. (Número de expediente 124/000001) ... (Página116)


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página124)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página125)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página126)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página127)

Votación de conjunto ... (Página128)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La Presidencia informa de que las votaciones no se realizarán antes de las dieciocho horas.

Actos en relación con los estados de alarma, excepción y sitio ... (Página6)

Comunicación del Gobierno que acompaña al Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 ... (Página6)

El señor ministro de Sanidad (Illa Roca) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gamarra Ruiz-Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Steegmann Olmedillas, del Grupo Parlamentario VOX; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Plural; Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Oramas González-Moro y los señores Sayas López y Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

Contesta el señor ministro de Sanidad.

Replican la señora Gamarra Ruiz-Clavijo; los señores Steegmann Olmedillas, Mayoral Perales, Errejón Galván y Bal Francés; y la señora Lastra Fernández.

Cierra el debate el señor ministro de Sanidad.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página50)

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia ... (Página50)

La señora ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno y Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y Rodríguez Rodríguez, del Grupo


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Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; la señora Borrás Pabón, del Grupo Parlamentario VOX; el señor Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Narváez Bandera, del Grupo Parlamentario Socialista.

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ... (Página68)

La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Darias San Sebastián) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación interviene la señora Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guitarte Gimeno, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Valluguera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Ruiz Navarro, del Grupo Parlamentario VOX, y Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Cierra el debate la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo ... (Página85)

La señora ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria... (Página101)

La señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación interviene el señor Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Gorospe Elezcano, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; la señora Bassa Coll, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Trías Gil, del Grupo Parlamentario VOX, y Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página116)

Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente ... (Página116)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Giménez Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; las señoras Saavedra Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX, y González Guinda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y el señor Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página124)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), se aprueba por 31 votos a favor y 134 votos telemáticos, 165; y 69 abstenciones más 113 votos telemáticos, 182.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con la convivencia democrática y el rechazo del odio y el fanatismo, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 68 votos a favor más 99 votos telemáticos, 167; 31 en contra más 59 votos telemáticos, 90; y 1 abstención más 91 votos telemáticos, 91.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página125)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la grave crisis abierta en el seno de la Guardia Civil por las últimas destituciones ocurridas en el citado Cuerpo, por la política general de destituciones y nombramientos llevadas a cabo por el Ministro del Interior y, en general, por las órdenes emanadas del Gobierno hacia los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante esta crisis sanitaria, se rechaza por 31 votos a favor más 121 votos telemáticos, 152; 68 en contra más 101 votos telemáticos, 169; y 1 abstención más 26 votos telemáticos, 27

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión política del Gobierno, la defensa del Estado de Derecho y del orden constitucional, con la incorporación de la enmienda número 1, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 31 votos a favor más 123 votos telemáticos, 154; 69 en contra más 119 votos telemáticos, 188; y 6 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para valorar la ausencia de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España, se rechaza por 31 votos a favor más 125 votos telemáticos, 156; 68 en contra más 98, 166; y 1 abstención más 25 votos telemáticos, 26.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página126)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, se aprueba por 100 votos a favor más 193, 293; 1 voto telemático en contra, y 54 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 100 votos a favor más 239, 339; 7 votos telemáticos en contra y 1 abstención con voto telemático.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se aprueba por 69 votos a favor más 127 votos telemáticos, 196; 31 en contra más 110 votos telemáticos, 141, y 10 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 31 votos a favor más 127 votos telemáticos, 158; y 69 en contra más 121 votos telemáticos, 190.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se aprueba por 100 votos a favor más 245 votos telemáticos, 345; 1 voto telemático en contra y 2 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 31 votos a favor más 136 votos telemáticos, 167; 69 en contra más 111 votos telemáticos, 180, y 1 abstención con voto telemático.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, se aprueba por 69 votos a favor más 118 votos telemáticos, 187; 30 en contra más 124 votos telemáticos, 154, y 1 abstención más 6 votos telemáticos, 7.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 31 votos a favor más 126 votos telemáticos, 157; 68 en contra más 108 votos telemáticos, 176; y 1 abstención más 14 votos telemáticos, 15.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página127)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

En primer lugar, sometida a votación la disposición final tercera (nueva), se aprueba por 69 votos a favor más 135 votos telemáticos, 204; 54 votos telemáticos en contra y 31 abstenciones más 59 votos telemáticos, 90.

En segundo lugar, sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 100 votos a favor más 246 votos telemáticos, 346, y 2 abstenciones con voto telemático.

Votación de conjunto ... (Página128)

Sometida a votación de conjunto la iniciativa, por tener carácter orgánico, se aprueba por 100 votos a favor y 248 votos telemáticos, 348.

Se levanta la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Por tener carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las dieciocho horas.

ACTOS EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO:

- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO QUE ACOMPAÑA AL REAL DECRETO 900/2020, DE 9 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE ESPECIAL RIESGO POR TRANSMISIÓN NO CONTROLADA DE INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV-2. (Número de expediente 91/000002).

La señora PRESIDENTA: El pasado 9 de octubre el Gobierno comunicó al Congreso de los Diputados la aprobación del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2. De dicho real decreto, que se dictó en aplicación de lo previsto en el artículo 116.2 de la Constitución, se dio traslado a la Comisión Constitucional. Por su parte, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento y a los efectos de lo previsto en el mismo, se somete el presente punto al Pleno del Congreso.

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad. (Aplausos).

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días.

Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo a todas las personas que han fallecido por el COVID-19 y para transmitir todo nuestro afecto y apoyo a sus familias y personas cercanas. Me gustaría también trasladar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por la enfermedad en estos momentos y a quienes se están recuperando de sus efectos. A todas ellas les deseo una pronta recuperación. Asimismo, quiero agradecer el comportamiento ejemplar y el compromiso cívico que sigue demostrando la ciudadanía española, tanto en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias como de manera particular en el cumplimiento de las cuarentenas y aislamientos para proteger su salud y la de todos. Por último, quiero trasladar un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que siguen dejándose la piel trabajando en circunstancias muy difíciles con una dedicación plena y comprometida; un reconocimiento que hago extensivo a todas las personas que desde sus distintas actividades y responsabilidades han trabajado y trabajan para afrontar esta pandemia.

Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para informar de la declaración de estado de alarma aprobada por el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria el pasado viernes 9 de octubre. Un estado de alarma que afecta a nueve municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid por un periodo de quince días, limitando la movilidad en dichos territorios y dando cobertura jurídica a la acción coordinada en salud pública que adoptó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el día 30 de septiembre y que no fue ratificada en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razones de índole formal. El estado de alarma, como saben, fue decretado en virtud del artículo 4, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que habilita al Gobierno de España, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, para declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.

Señorías, el pasado 21 de junio terminó el estado de alarma iniciado en el mes de marzo y prorrogado sucesivas veces por esta Cámara. No es por tanto la primera vez que una medida de este calado es tratada en sede parlamentaria. Aquel día 21 de junio la incidencia acumulada en nuestro país era de 8,51 casos por cada 100 000 habitantes. En paralelo, desde el 9 de junio, el Gobierno abordaba la fase posterior de aquel estado de alarma con la promulgación del Real Decreto-ley 21/2020, que conocemos informalmente como de nueva normalidad y que esta Cámara está tratando ya como proyecto de ley. El 16 de julio el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el Plan de respuesta


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temprana en un escenario de control por la pandemia por COVID-19. Como saben, en esta nueva etapa el Ministerio de Sanidad tiene un papel relevante en el ámbito de la coordinación, pero son las comunidades autónomas las competentes para adoptar las medidas de contención y control. El contexto epidemiológico nos dice que en los distintos territorios conviven escenarios de transmisión diferentes que pueden requerir diferentes medidas. En este contexto, el Ministerio de Sanidad viene trabajando en colaboración con las comunidades autónomas con un seguimiento diario de la evolución de la pandemia y de las capacidades para respuesta tanto a nivel bilateral como en el conjunto del sistema. Así, hemos propuesto y se ha aprobado la adopción de actuaciones coordinadas en salud pública. Desde entonces se han aprobado ya tres paquetes de medidas en este sentido. El primero de estos paquetes de actuaciones coordinadas se acordó por unanimidad en el Pleno del Consejo interterritorial del día 14 de agosto. El segundo paquete de actuaciones coordinadas se aprobó, de cara al inicio del curso escolar, el pasado 27 de agosto, tras la reunión conjunta del Consejo interterritorial y la Conferencia Sectorial de Educación. El tercer paquete de actuaciones coordinadas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se acordó el pasado 9 de septiembre en relación con cuatro áreas: vacunación COVID, cribados, coordinación con las entidades locales y puesta en marcha de nuevas rondas del Estudio Nacional de Seroprevalencia. El 30 de septiembre, como ya he comentado, se adoptaron nuevas actuaciones coordinadas en materia de salud pública con medidas destinadas a los municipios de más de 100 000 habitantes.

La situación epidemiológica es muy dinámica y cambiante y todos debemos estar preparados para activar y desactivar los distintos escenarios en un periodo muy corto de tiempo. La experiencia a nivel nacional e internacional en la pandemia sugiere que cuanto antes y más contundentemente se tomen medidas más impacto tendrán en reducir la transmisión del virus y antes permitirán recuperar la situación previa.

Señorías, es importante subrayar que esta segunda oleada es, afortunadamente, muy distinta de la primera. No obstante, la movilidad sigue siendo un mecanismo de contagio muy importante y a veces hay que llegar a controlarla, sin llegar, afortunadamente, a los confinamientos domiciliarios. Las restricciones de movilidad han sido un instrumento común de control de la transmisión que han empleado territorios de todos los tamaños a lo largo de estos meses. Como recordarán ustedes, Cataluña fue la primera en utilizarlo a principios del verano en Lérida y en la comarca de El Segriá; también en Galicia en julio, en varias localidades de A Mariña, en Lugo. En Murcia, ciudades como Lorca, Jumilla y Totana también han sufrido restricciones de movilidad en julio y agosto y hasta la semana pasada también se aplicaron en estas mismas localidades restricciones de movilidad. Asimismo, las dos Castillas han aplicado en varios municipios de distinto tamaño restricciones de movilidad, permaneciendo en la actualidad confinadas perimetralmente localidades que incluyen, por ejemplo, la ciudad de León. La Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Aragón, Cantabria, Extremadura y Baleares también han tenido que tomar medidas de restricción de la movilidad en diferentes municipios y recientemente Andalucía, en la ciudad de Linares, en Jaén. En definitiva, señorías, las comunidades autónomas están tomando decisiones rápidas y están anticipándose para prevenir mayores incrementos. Permítanme referirme a dos casos bien recientes: el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que anunció ayer medidas más restrictivas para los próximos quince días, como, por ejemplo, el cierre de bares y restaurantes, con el objetivo de reducir lo máximo posible la interacción social para evitar medidas aun más estrictas en un futuro; y el de la Comunidad Autónoma de Asturias, el Principado de Asturias, una de las comunidades autónomas donde en los últimos meses se ha registrado una de las incidencias más bajas de todo el país, pero que, ante los incrementos que está registrando en los últimos días, ve necesario aplicar medidas restrictivas para prevenir males mayores. Por tanto, las comunidades autónomas están actuando con determinación y contundencia, anticipándose para prevenir. Quiero agradecerlo desde esta tribuna, como también quiero agradecer el trabajo de las entidades municipales, cuya colaboración está resultando clave en la lucha contra la pandemia.

Señorías, a continuación, permítanme detallarles la cronología de los hechos en relación con la evolución de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid durante las últimas tres semanas. El pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Ignacio Aguado, pidió ayuda al Gobierno de España porque la situación de la Comunidad de Madrid, dijo literalmente -abro comillas-, "no va bien" -cierro comillas-. Ese mismo día el presidente del Gobierno remitió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, para solicitar una reunión en la que pudieran analizar la situación sanitaria y estudiar conjuntamente el modo de reforzar los medios para superar cuanto antes los momentos críticos, siempre en beneficio de la ciudadanía. La reunión entre el


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presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se celebró en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, cuatro días después, en concreto, el lunes 21 de septiembre. En esta reunión se acordó constituir un espacio de cooperación reforzada bilateral entre las dos administraciones y establecer un calendario con el objetivo de atajar el repunte de casos registrados en este territorio. Ese mismo lunes por la tarde se constituyó el Grupo COVID-19, del que formamos parte la ministra de Política Territorial y Función Pública y yo mismo, como ministro de Sanidad, así como el consejero de Sanidad y el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este grupo cuenta también con el asesoramiento y participación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad y de responsables y técnicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También dan apoyo a este grupo dos estructuras -una unidad territorial y una unidad técnica- que se han ido reuniendo. El viernes, día 25, ante la evolución de los datos en la Comunidad Autónoma de Madrid, yo mismo trasladé públicamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que consistían en adoptar restricciones más amplias, limitaciones más estrictas que las que pretendía adoptar la Comunidad Autónoma de Madrid. Estas recomendaciones fueron trasladadas también en el conjunto de las reuniones que celebramos los días previos. El lunes, día 28, tuve ocasión de reunirme de nuevo con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como encuentro previo a la reunión del Grupo COVID-19 que se celebró el martes, día 29 de septiembre. En esta reunión el Gobierno regional aceptó los criterios de confinamiento y las medidas que planteaba el Ministerio de Sanidad, como trasladó públicamente en un comunicado, expresando la satisfacción por este entendimiento. El Ministerio de Sanidad propuso entonces ese paquete de medidas para su aprobación en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día siguiente, 30 de septiembre.

Señorías, como he dicho anteriormente, el Ministerio de Sanidad viene trabajando en colaboración con las comunidades autónomas con un seguimiento diario de la evolución de la pandemia y de las capacidades para la respuesta. En este aspecto, es esencial el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y los órganos dependientes del mismo, como órgano de gobierno y garante de la equidad y cohesión del sistema. Es en este contexto en el que, desde el mes de agosto, el ministerio y las comunidades autónomas venimos acordando la adopción de actuaciones coordinadas en materia de salud pública, como antes he podido detallar.

El cuarto y por el momento último paquete de actuaciones coordinadas en materia de salud pública se aprobó el pasado miércoles, 30 de septiembre, por una amplia mayoría, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con un objetivo muy específico: doblegar la curva de contagios en los territorios más afectados por la pandemia para lograr un mayor beneficio en salud pública y minimizar el impacto social y económico para la población. Las medidas acordadas son medidas de mínimos, de aplicación en aquellos municipios de más de 100 000 habitantes con, en primer lugar, una incidencia acumulada de 500 o más casos por 100 000 habitantes en los últimos catorce días; en segundo lugar, un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 superior al 10 %, y en tercer lugar, que ese municipio forme parte de una comunidad autónoma con una ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos superior al 35 %. En aquellas localidades que cumplan estos requisitos se deben aplicar, al menos, las once medidas de control y respuesta y las dos recomendaciones recogidas en el documento aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas incluyen, entre otras, restricciones de entrada y salida de municipios, con excepciones por causa de fuerza mayor y otras, como las visitas por motivos sanitarios, educativos o laborales y por actividades financieras o de retorno al municipio de residencia, entre otras; limitación a seis en el número de agrupación de personas que se pueden reunir; limitación de aforo en lugares de culto a un tercio, con una distancia mínima de 1,5 metros; restricciones en los velatorios a quince personas al aire libre y diez personas en espacios cerrados; el aforo en superficies comerciales limitado al 50 %, con cierre del establecimiento a las veintidós horas; en la hostelería, una limitación de aforo al 50 %, prohibición de consumo en barra, la capacidad de las mesas no puede superar las seis personas, los clientes no pueden ser admitidos más tarde de las veintidós horas y la hora de cierre no puede superar las veintitrés horas, y limitaciones de aforo en instalaciones deportivas. Además, las comunidades autónomas con municipios en los que se den los indicadores acordados deberán reforzar sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención primaria, de acuerdo a lo establecido en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19. Esto es lo que se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre. También se recomendaba evitar en estos municipios movimientos o desplazamientos innecesarios y se consideraba


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conveniente que las comunidades autónomas aprobasen planes especiales en municipios menores de 100 000 habitantes con una elevada incidencia acumulada de nuevos casos. Sin embargo, como saben, en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebró el miércoles 30 de septiembre, la Comunidad Autónoma de Madrid votó en contra de la adopción de esta medida acordada que había aceptado el día anterior.

Como decisión colegiada del Consejo interterritorial, esta cuarta declaración de actuaciones coordinadas es de obligado cumplimiento y establece una serie de criterios mínimos. Entró en vigor el viernes 2 de octubre por la noche. Como he señalado anteriormente, la gran mayoría de comunidades autónomas han ido tomando en los últimos meses decisiones en esta misma línea para controlar la transmisión, prácticamente en todos los casos con unos indicadores más bajos que los acordados hace dos semanas. Volviendo a la exposición cronológica, en el caso de la Comunidad de Madrid el Gobierno regional publicó la orden el viernes 2 de octubre por la que se aplican las medidas acordadas en el Consejo interterritorial. Finalmente, el pasado jueves 8 de octubre conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no ratificar la orden de la comunidad autónoma respecto a la medida que limita derechos fundamentales, es decir, la medida que hace referencia al confinamiento perimetral de los municipios afectados por los criterios epidemiológicos acordados. Quiero subrayar que las razones esgrimidas por el tribunal no son de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas.

Señorías, el pasado jueves 8, tras regresar de su viaje a Argelia, el presidente del Gobierno de España llamó a la presidenta de la Comunidad de Madrid para abordar las alternativas legales existentes y poder mantener las medidas previstas en la orden revocada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En esa conversación, el presidente le propuso a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid tres escenarios. En primer lugar, que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dictara una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, algo que previamente no había hecho al publicar la orden acordada en la interterritorial y que fue revocada en parte por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El segundo escenario consistía en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitara la declaración de estado de alarma para que el Gobierno de España, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, declarase y ratificase las medidas en cuestión y, de esta manera, les diera cobertura jurídica a todas ellas. Y, en tercer lugar, que el Gobierno de España fuera quien declarase el estado de alarma, previa aprobación en el Consejo de Ministros, sin necesidad de que se formulara previamente una solicitud por parte de la presidenta de la Comunidad Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid pidió más tiempo el mismo viernes por la mañana y decidió, a continuación, seguir aplicando unas medidas que, a la vista de los datos, eran insuficientes ya no solo para proteger la salud de la ciudadanía de Madrid, sino del resto de España.

Señorías, desde el final del estado de alarma hasta hoy han fallecido a causa del COVID-19 en la Comunidad en Madrid 1415 personas. El viernes pasado había 3361 personas hospitalizadas y 498 personas en unidades de cuidados intensivos en la Comunidad Autónoma de Madrid. La obligación del Gobierno, de cualquier Gobierno, de cualquier Administración es frenar el virus, doblegando la curva de contagios y protegiendo la salud de los ciudadanos, los que viven en el mismo territorio y los que viven en territorios vecinos. Ante esta situación, era muy importante que el nivel de contagio alto de Madrid no se extendiera por el resto de España. Las medidas que adoptamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre iban claramente en esta dirección: proteger al máximo a las poblaciones afectadas, preservar la capacidad asistencial y minimizar el riesgo de exportación de una situación epidemiológica grave de un territorio a otro, reduciendo en definitiva las tasas de transmisión por debajo de los niveles de riesgo establecidos por los organismos internacionales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había expresado que la fórmula jurídica adoptada era insuficiente para limitar derechos fundamentales como el de circulación, alegando razones no de fondo sino de forma. Por tanto, ante la evolución de los datos epidemiológicos y teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid era la única comunidad con municipios afectados por la declaración de actuaciones coordinadas del 30 de septiembre que no había visto ratificada judicialmente la medida referida a la restricción de movimientos, el Gobierno tomó la decisión de adoptar el estado de alarma en esta comunidad autónoma para dar cobertura jurídica a las decisiones adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las medidas son las mismas que las que he hecho referencia antes, ya que el decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros regula específicamente la restricción de entrada y salida de los municipios afectados, que son nueve; a saber: Alcobendas, Alcorcón,


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Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles y Parla. Todos ellos cumplían, en el momento de la aprobación en el Consejo de Ministros, los tres requisitos anteriormente señalados.

Señorías, quiero subrayar que el objetivo del Gobierno siempre ha sido la protección de la salud de toda la población. La protección de la salud también era nuestra prioridad el pasado viernes 9 de octubre, en el inicio de un puente, y el objetivo urgente era dar cobertura jurídica a las medidas adoptadas y evitar la difusión sin control del virus. Permítanme tan solo ofrecerles los datos de movilidad en la Comunidad de Madrid durante este pasado puente del 12 de octubre en comparación con el puente del 1 de noviembre de 2019; esta comparativa es más representativa puesto que es un puente que duró también tres días, mientras que el 12 de octubre del año pasado cayó en sábado. Los datos comparados, por tanto, con los del año pasado nos dicen que, de acuerdo con la Dirección General de Tráfico, se produjo un descenso en el número de movimientos de salida de vehículos en Madrid de un 46 %; en el transporte ferroviario, los datos registran un descenso del número de viajeros de un 79 %; en transporte aéreo, los datos que nos facilita AENA evidencian un descenso del 84 % en el número de pasajeros de salida y entrada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La situación, señorías, es preocupante, muy inestable, muy frágil y no podemos bajar la guardia, porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para propagarse y extenderse entre la población; insisto, la situación es preocupante, muy preocupante. Como saben, la duración del estado de alarma es de quince días, que sumados a los días previos en los que la orden de la Comunidad de Madrid estuvo en vigor totalizan veintitrés días con medidas restrictivas, confiamos que suficientes para estabilizar la situación. Es necesario vigilar cómo evoluciona la pandemia en esos municipios y trabajar duramente para doblegar la curva.

Señorías, el objetivo de Gobierno es ante todo salir de la situación de emergencia, no solo del estado de alarma. Según los datos de ayer, el promedio nacional de la incidencia acumulada a catorce días en nuestro país se sitúa en 265 casos por 100 000 habitantes, pero sabemos que los promedios arrojan importantes diferencias territoriales, de forma que oscilan las incidencias acumuladas entre los 82 casos por 100 000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias o los 101 casos por 100 000 habitantes de la Comunidad Valenciana, hasta incidencias mucho más elevadas como en Navarra, en Melilla o en Madrid, más del doble del promedio nacional. En ningún caso, repito, en ningún caso podemos normalizar cifras tan elevadas de incidencia acumulada, que siguen indicando una situación de alto riesgo que debería ser la excepción y no la norma. Para hacernos una idea de la dimensión de la situación en la que nos encontramos, nuestro promedio nacional cuadruplica el umbral considerado de alto riesgo por el ECDC, por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que considera preocupantes incidencias superiores a 60 casos por 100 000 habitantes en catorce días o una positividad en las pruebas PCR superiores al 3 %. Es más, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades establece dos puntos de corte por encima de esa incidencia de 60 casos por 100 000 habitantes que los considera de alto riesgo: 120 casos por 100 000 habitantes y 240 casos por 100 000 habitantes. Es decir, por encima de 120 casos por 100 000 habitantes el ECDC clasifica a las zonas en una situación de muy alto riesgo y a partir de 240 casos por 100 000 habitantes las sitúa en un escalón extremo de nivel de riesgo máximo. La perspectiva real de la situación que atraviesa España es que no solo el promedio nacional se sitúa en ese nivel máximo, sino que, además, algunos territorios se encuentran en una situación completamente excepcional de duplicar ese nivel de alerta máxima. Por tanto, la perspectiva que debemos tener todos, insisto, todos, es bajar la incidencia acumulada no de 500 casos positivos por 100 000 habitantes, sino muchísimo más, alrededor o por debajo de los 100 casos positivos, porque solo así podremos hablar de doblegar la curva. Es cierto que la incidencia del COVID-19 en un territorio no es el único indicador para valorar el riesgo poblacional y que las propuestas de actuación deben considerar también otros criterios de transmisión o de capacidad de detección precoz y de sistema asistencial, pero también es cierto que la incidencia acumulada, medida en casos por 100 000 habitantes, es un indicador prioritario, reconocido y recomendado por organismos internacionales que permite valorar la efectividad de las medidas de control implementadas. Por tanto, aunque hasta ahora esta segunda ola está siendo en toda Europa, afortunadamente, diferente de la primera, no podemos normalizar cifras de incidencia que están muy por encima de las zonas consideradas en Europa como seguras.

Señorías, eso es lo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno. Europa se encuentra en estos momentos en una situación de incrementos importantes de casos diarios y de incidencias acumuladas en varios países y están adoptando medidas drásticas para controlar la pandemia. París y otras ciudades francesas, como Marsella, Lyon, Toulouse y Montpelier se encuentran en estado de máxima alerta desde


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el 5 de octubre tras haber superado, atención, los 200 casos por 100 000 habitantes y tener 100 casos entre las personas mayores y más del 30 % de las camas de críticos ocupadas. El estado de alerta máxima que se aplica durante quince días incluye medidas restrictivas, como el cierre total de cafés y bares y la prohibición de las fiestas de estudiantes, y el Gobierno francés acaba de anunciar que volverá desde este sábado al estado de emergencia sanitaria, del que salió en julio, e impondrá un toque de queda en París y otras grandes ciudades entre las nueve de la noche y las seis de la mañana en las próximas cuatro semanas. El Reino Unido también tiene un contexto marcado por las restricciones adoptadas en los distintos territorios desde el cierre de colegios y bares en Irlanda del Norte a las restricciones a los desplazamientos en Gales. Asimismo, el Consejo de Ministros italiano ha adoptado medidas restrictivas hace dos días, el 13 de octubre, con una incidencia acumulada inferior a 100 casos a nivel nacional. Las medidas, que durarán un mes, incluyen límites horarios de bares y restaurantes, cierre de discotecas y salas de baile, suspensión de fiestas tanto al aire libre como en espacios cerrados y la recomendación de no celebrar fiestas o relacionarse con más de seis personas no convivientes. En Alemania, ciudades como Berlín, Frankfurt o Colonia, que han superado el umbral de 50 casos por 100 000 habitantes, han adoptado medidas como la limitación de reuniones privadas de los horarios de bares y restaurantes, entre otras, y el Gobierno alemán ya ha anunciado que se propone ampliar las restricciones y rebajar el umbral a 35 contagios por 100 000 habitantes ante el claro aumento de los contagios en Alemania. Y Bélgica, Países Bajos y República Checa han anunciado también medidas importantes ante el aumento de casos. Bélgica cerró bares y cafeterías y prohibió las reuniones de más de cuatro personas durante un mes a partir del 9 de octubre. Países Bajos llevará a cabo un mes de confinamiento parcial de sus ciudadanos, con cafés y restaurantes cerrados durante cuatro semanas, desde ayer. En la República Checa han anunciado también cierres de los colegios, los bares y los restaurantes durante varias semanas. Finalmente, Portugal, que hasta ese momento tenía una situación favorable, ha declarado también ayer el estado de calamidad, aplicando medidas y nuevas restricciones ante el aumento de casos registrados en los últimos días.

Señorías, las medidas de prevención y control en el ámbito comunitario son solo una parte de la gestión de la pandemia. Como recoge el Plan de Respuesta Temprana que he mencionado anteriormente, gestionar incluye varios aspectos esenciales, que me gustaría volver a recordar porque siguen estando muy vigentes en esta segunda ola. En primer lugar, el plan destaca acciones para garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios de salud pública dedicados a dar respuesta al COVID-19 y que aseguren la aplicación de los protocolos de vigilancia. Ello requiere, sin duda, asegurar la capacidad suficiente de recursos humanos dedicados al ámbito de salud pública. Para reforzar este punto, el Gobierno ha apoyado la gestión de las comunidades autónomas con dos mil rastreadores militares y una herramienta digital de apoyo a la identificación y seguimiento de contactos, así como la aplicación Radar COVID-19.

En segundo lugar, el plan recoge otro aspecto esencial de gestión, que es garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de vigilancia y alerta precoz y respuesta rápida. Sabemos que en las zonas de mayor incidencia es más complicado mantener los sistemas de vigilancia en tiempo y forma, pero es crucial no escatimar esfuerzos para evitar retrasos en la notificación, con el fin de que nos permita valorar la situación en tiempo real.

En tercer lugar, el Plan de Respuesta Temprana también recoge una serie de medidas concretas de los planes de contingencia en atención primaria y hospitalaria, incluyendo la capacidad suficiente de recursos humanos para dar respuesta a la actividad extra asociada a un incremento de transmisión por COVID-19. Tenemos que tener presente que una sola patología, como es la producida por el COVID-19, está ocupando casi el 10 % de los recursos de camas hospitalarias y casi un 20 % de los recursos de UCI, en promedio nacional, con algunos territorios duplicando estas ocupaciones.

En cuarto lugar, el Plan de Respuesta Temprana recoge otro elemento esencial para la gestión eficaz de la pandemia, que me gustaría destacar, en esta segunda ola, que es disponer de lugares habilitados para el aislamiento de los casos y para la cuarentena que garanticen que estas medidas se implementan de forma eficiente en aquellas situaciones en las que no se pueden llevar a cabo de forma adecuada en los domicilios o lugares de residencia. Son documentos vivos -el Plan de Reforma Temprana- que vamos actualizando. En este sentido, desde el ámbito de la Comisión de Salud Pública se está trabajando en guías que concreten su aplicación de acuerdo a la nueva realidad epidemiológica.

Señorías, lo he dicho en numerosas ocasiones, y no me cansaré de repetirlo. La salud pública es lo único que nos importa, como a la inmensa mayoría de ciudadanos, por eso hay que actuar en clave sanitaria, actuar antes, de forma preventiva y de manera contundente, al igual que hacen los países de


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nuestro entorno. Estamos ante un problema de salud pública y debemos continuar adoptando aquellas medidas que sean necesarias para evitar contagios y reducir la transmisión y, con ello, salvar vidas; medidas para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y para seguir reforzando el Sistema Nacional de Salud; medidas, en definitiva, para controlar la pandemia, volver a doblegar la curva y, después, mantenerla baja.

Nuestro primer objetivo, señorías, es volver a doblegar la curva del virus, y estoy seguro de que todos los aquí presentes, todos los grupos políticos lo compartimos. Debemos hacer frente al virus con responsabilidad individual y colectiva, con contundencia y con toda la fuerza y los recursos de nuestro sistema público de salud. Tenemos que mantener el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad, porque aún queda un tiempo largo de convivencia con el virus, una etapa larga en la que todos deberemos continuar cumpliendo con las recomendaciones sanitarias que sabemos que funcionan: la distancia interpersonal, la higiene de manos y el uso de la mascarilla; una etapa larga en la que todos nos veremos obligados a adaptarnos a las nuevas circunstancias, tanto en la escuela como en las actividades culturales, y también en la forma de hacer negocios o cómo nos relacionamos con nuestros familiares y amigos. Por tanto, señorías, no bajemos la guardia, mantengamos la alerta y extrememos la prudencia.

Termino insistiendo en algo que he repetido a lo largo de todos estos meses, que es en la necesidad de que trabajemos juntos y con la mayor unidad posible. El adversario común a todos nosotros es el virus y la unidad es lo que nos hace fuertes frente a él. No es tiempo de provocaciones ni divisiones; no es tiempo de distraernos en disputas o discusiones estériles, sino de seguir arrimando el hombro todos juntos y disponer de todos los medios necesarios para hacer frente al virus. Si queremos seguir siendo eficaces frente al virus, debemos continuar reforzando los instrumentos de coordinación y cooperación en materia de salud pública. Eso es lo que nos reclama la ciudadanía y lo que le debemos a quienes se están enfrentando a diario a la enfermedad en los centros sanitarios, en los servicios de urgencias, en las plantas de los hospitales y en las UCI de todo el país.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

A continuación, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Presidenta, señorías, el estado de alarma forma parte de lo que se conoce como derecho de excepción y es una responsabilidad del Gobierno. Por primera vez en la democracia un presidente no comparece ante el Pleno para comunicar al Congreso que el Consejo de Ministros ha hecho uso de las previsiones del artículo 116 de la Constitución. (Aplausos.-La señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Calvo Poyato, hace gestos negativos). Si a usted, señor Illa, le hubieran nombrado autoridad del estado de alarma, aunque lo es sanitaria, tendría algún sentido su presencia en esta sesión, pero, al no haberlo hecho y ser el Gobierno el responsable, quien debería de haber hecho este acto de presencia es el presidente. Así lo hizo el presidente Zapatero en el año 2010, con ocasión de la crisis de los controladores, una crisis que afectaba a muchos menos ciudadanos; en lugar de parapetarse en el señor Blanco, vino él. También lo hizo el propio señor Sánchez cuando, el 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el primer estado de alarma. Esta degradación institucional, esta falta de respeto a los ciudadanos, que es a quienes representamos aquí, es un paso más de un Gobierno que ha decidido acabar con cualquier vestigio de normalidad democrática. Ya sucedió durante el anterior estado de alarma, con el que aprovecharon para situar al vicepresidente Iglesias en la Comisión del CNI, cerrar el portal de transparencia y rehuir cualquier control parlamentario.

Su deriva autoritaria se inició con el nombramiento de una diputada socialista como fiscal general del Estado. El último capítulo, a día de hoy y a esta hora, es la proposición de ley que registraron el pasado martes en la Cámara para perpetrar su asalto al órgano de gobierno de los jueces. ¡Hay que ver cuáles son sus prioridades! El tiempo que no han tenido para legislar en materia sanitaria, como les recrimina el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que nos hubiera evitado estar hoy aquí, sí que lo tienen para intervenir la separación de poderes y controlarlos. (Aplausos).

Hay que irse muy al oriente de Europa para contemplar algo así. En mitad de un proceso de renovación de órganos constitucionales, cambian la normativa vulnerando la propia Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional; y pretenden replicar su mayoría parlamentaria en todo aquello que haya de


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aprobarse para controlarlo. Todo ello mientras dos presidentes del PSOE están pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo, el vicepresidente puede ser investigado por ese mismo tribunal, y Podemos imputado por un juez por delitos de financiación ilegal. Esto tiene mucho que ver con la pandemia y con la crisis que esta ha provocado. No olviden que la recepción de los fondos de los programas de reconstrucción está condicionada al respeto del Estado de derecho, como dejan claro las instituciones europeas. Y ante este último atropello, ya les aseguro que el Partido Popular va a activar todos los resortes en España y en Europa para evitarlo.

Señoría, la ausencia del presidente del Gobierno y que no intervenga la vicepresidenta, que es quien estampó su firma en el ruinoso decreto de estado de alarma, le convierte a usted, señor Illa, en una suerte de Fernando Simón; le convierte en un escudo humano para venir a esta Cámara y hacernos comulgar con ruedas de molino con unas medidas que usted ha leído sin ninguna convicción. Señor Illa, es usted el ministro de Sanidad en el país con mayores tasas de fallecidos, cerca de 60 000 compatriotas -reconózcanlos hoy aquí-, a lo que ha contribuido su incompetencia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar los españoles para escuchar de usted y del señor Sánchez con humildad una palabra de disculpa por este desastre? Se niega a pedir perdón, se niega a dimitir y nos presenta hoy una decisión arbitraria, autoritaria y abusiva, y usted lo sabe.

Señor Illa, estará de acuerdo conmigo en que una pandemia no conoce de fronteras; estará de acuerdo conmigo en que cualquier frontera que pongamos va a ser artificial; estará de acuerdo conmigo en que cualquier criterio que adoptemos para establecerla deberá poder explicarse científicamente; estará de acuerdo conmigo en que las medidas derivadas del mismo deben ser exigibles en todo el territorio bajo su responsabilidad. Pues bien, las medidas que usted ha tomado en Madrid carecen de fundamento científico. ¿Dónde están los informes técnicos que las avalan? ¿Por qué usted cambia los criterios constantemente? ¿Es usted el técnico en esta materia? Son, por tanto, arbitrarias. No se exige lo mismo en todo el territorio bajo su responsabilidad, cuando la pandemia es en toda España; por lo tanto, son discriminatorias. Se aplican a una zona perimetral donde se mezclan áreas con distinta incidencia; por lo tanto, está facilitando quizá que disminuya en algunas zonas menos controladas, lo que ya se estaba consiguiendo con las mismas medidas, pero muy probablemente aumente donde sí estaba controlada. No son, por tanto, idóneas.

Comparece por un confinamiento indiscriminado de la ciudad de Madrid y de otras poblaciones, imponiendo un estado de alarma con unos datos falsos, ya que no correspondían a la situación del viernes, cuando el Consejo de Ministros público esta improcedente medida; usted mismo lo ha reconocido públicamente. Datos basados en unos indicadores improvisados exclusivamente con la intención de cerrar Madrid a cal y canto y ya, de paso, arruinar a miles de madrileños. Indicadores sin ningún aval científico que fueron rechazados por las comunidades más pobladas en el consejo interterritorial y con los que solo buscaba socavar las competencias de la Comunidad de Madrid.

Señor Illa, no ha presentado un solo informe científico que avale el estado de alarma. Le pido que los entregué hoy aquí, que los haga públicos, si es que existen (aplausos), porque el estado de alarma ha sido una imposición contra los madrileños, perpetrada sin ningún tipo de dialogo y pisoteando los límites del Estado autonómico, una decisión desleal que no toman pensando en la salud de los madrileños o del resto de los españoles; han dejado en un segundo plano la salud de todos nosotros. Autonomías gobernadas por su partido han visto disparados el número de casos que debían haber obligado al confinamiento de la población si al Consejo de Ministros le hubiera importado la salud y actuase con un mínimo de equidad. ¿Por qué no se atreve hoy aquí a dar los datos de Navarra, por ejemplo? ¿O es que los navarros son de una condición diferente a los madrileños? ¿O es que en Navarra no tienen derecho a que el Gobierno les proteja cuando sobrepasan ampliamente el umbral de los 500 casos por 100 000 habitantes, el que usted mismo fijó?

Señor Illa, la salud ha sido una coartada para el Gobierno, porque todos los datos epidemiológicos estaban mejorando con las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid, y lo siguen haciendo a día de hoy. No podían aceptar que era la propia comunidad la que doblaba la curva, porque se estaban tomando medidas, una autonomía -la de los madrileños- cuya única culpa es que no quiso ser coartada de su ineficacia, una autonomía que en la primera ola de la pandemia le exigió que actuase cuando para usted no iba a haber más de uno o dos casos. Una autonomía que cerró los colegios cuando ustedes decían que era un error hacerlo, que repartió mascarillas a la población cuando ustedes decían que no servían para nada y eran contraproducentes, que hizo test cuando ustedes no los hacían, que mientras ustedes aburrían a los españoles con interminables y banales ruedas de prensa, para monopolizar el


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consumo informativo, montó un hospital en Ifema, que es el ejemplo de capacidad logística en una situación de crisis. Una comunidad que tuvo que afrontar las consecuencias de la invasión de un virus que entró por Barajas, competencia suya, por cierto, y ni entonces ni ahora la asumió, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional le advertía del grave riesgo de no hacer nada. (Aplausos). Pero ustedes, rabiosos por la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia, que resolvía y declaraba no una cuestión formal, sino su injerencia en los derechos fundamentales de los madrileños, sin habilitación legal para hacerlo, debían someter a la ciudadanía madrileña al yugo de su despotismo, camino que ya habían iniciado días antes organizando una confrontación política y de declaraciones ante la opinión pública, para desconcierto de los madrileños, que no entendían ni entienden absolutamente nada, y a continuación con un consejo interterritorial que aprobase una normativa que debería haber estado lista desde el día 21 de junio y que a día de hoy todavía no lo está. Señoría, la sentencia dice expresamente: Resulta llamativo que, ante el escenario sanitario descrito, no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del COVID-19, y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país. Señor Illa, ni forma ni fondo. ¿Por qué no lo han hecho? Era y es su responsabilidad. Aquí no puede mirar a otro lado, culpar a las comunidades autónomas, a los ciudadanos o a otros países; solo cabe asumir responsabilidades. ¿Las va a asumir usted?

Rechazaron las propuestas que les hicimos. El presidente del Partido Popular se lo advirtió desde el mes de mayo y mostró a Sánchez su disponibilidad para ir de la mano en el Congreso en las reformas de las leyes orgánicas. Confío en que casi seis meses después el PSOE ahora apoyará las mejoras en el marco legal que presentaremos en la proposición de ley orgánica que Pablo Casado anunció a finales de julio, que registramos en agosto, que durante casi dos meses ha retenido usted en su despacho y que, pese a sus maniobras dilatorias, está en disposición de ser debatida en esta Cámara el próximo 27 de octubre, y aquí la traeremos. (Aplausos). Lo que ustedes no han hecho sí lo vamos a hacer desde el Partido Popular, como alternativa que somos, pero hasta entonces, por culpa de su soberbia, nos encontramos hoy en el Congreso escuchando las justificaciones de su arbitraria imposición de la excepcionalidad constitucional, una cortina de humo para ocultar su nefasta e irresponsable gestión de la pandemia. A ustedes nunca les han preocupado las estadísticas ni de fallecidos ni de contagios ni de enfermos, porque, como han denunciado The Lancet, The Economist, Financial Times, Cambridge y John Hopkins, todas las publicaciones e instituciones internacionales que han hecho estudios sobre la gestión de la pandemia concluyen que la gestión del Gobierno de España es la peor. En todos los datos, en todas las estadísticas, en todas las valoraciones se señala que el Gobierno de Sánchez fracasó estrepitosamente en la primera oleada y está fracasando en la segunda. Cualquier político con un mínimo de decoro hubiera asumido alguna responsabilidad en esta crisis y hubiera dimitido.

Señor Illa, su negacionismo sobre el peligro del virus provocó las cifras de fallecidos y de sanitarios contagiados más altas de Europa y el confinamiento más dañino para la economía de toda la OCDE. (Aplausos). Han muerto más ciudadanos que en ningún otro país. Salimos más pobres que el resto de Europa, y a Sánchez no se le ocurrió otra cosa que decir que salimos más fuertes. En julio, pocos días después del fin del estado de alarma presumía de haber derrotado al virus y, en lugar de preocuparse por la llegada de la segunda ola del virus y legislar, optó por marcharse a veranear. (Rumores). Su estrategia fue no hacer nada. Tanto recomendaron lavarse las manos que ustedes lo hicieron con su responsabilidad. Incumpliendo la Ley de Salud Pública, que otorga la competencia exclusiva al Gobierno en caso de pandemias, trasladaron toda la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas. La descoordinación ha sido mayúscula; que se lo pregunten a las comunidades autónomas de todo color político, porque usted y Sánchez han sido y son los responsables de que el nuevo incremento sea desproporcionado en contagios y en fallecidos. Como en su engaño habían derrotado al virus, no se establecieron criterios homogéneos para el conjunto de España en caso de rebrotes. Por cierto, los criterios para saber si una pandemia está controlada o no los estableció la OMS en su documento Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19. ¿Sabe en qué fecha, señor Illa? El 12 de mayo, y usted todavía sigue debatiendo. ¿En qué país desarrollado se ha visto que el Gobierno de la nación convierta a una autonomía en responsable de una pandemia? Solo ustedes en España, la maniobra de unos escapistas. Su estrategia ha fracasado. Ocho de las regiones con más coronavirus en Europa son españolas. El problema no es el Gobierno de cada autonomía, es el Gobierno de España, que son ustedes. (Aplausos).


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Usted, señor Illa, no ha protegido a los españoles y ahora pretende protegerse usted mismo, refugiándose en el estado de alarma, que no tiene más eficacia que una injusta y desproporcionada restricción de derechos y libertades de millones de madrileños. Acaben ya con esta injusticia discriminatoria. No mientan ni engañen ni disimulen más. Señor Illa, no se daban las condiciones el pasado viernes para decretar el estado de alarma que nos trae hoy aquí y, con la mejoría que continúa desde entonces, todavía se justifica menos que lo mantenga a día de hoy. Madrid mantiene su capacidad diagnóstica al doblar los test de antígenos en una semana, aunque usted no los publique. Madrid llegará a la próxima semana con una incidencia de 300. Está a solo diecisiete camas de UCI de bajar el umbral que usted inventó. Todas las ciudades, salvo Parla, están ya por debajo de 500 casos. Con los datos que la Comunidad de Madrid diariamente le aporta le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, como predica pero no aplica, y después váyase. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gamarra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos).

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Muchas gracias.

Con la venia, señora presidenta. Buenos días, señorías. Mire, señor ministro, así se guarda la mascarilla: se mete en un sobre o se envuelve en un papel, y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este Gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? (Aplausos.-Rumores).

El Grupo Parlamentario VOX se opone a esta iniciativa. Acaba de amenazar usted no con un estado de alarma a Madrid, acaba de amenazar usted con un estado de alarma a toda la nación. Eso es lo que acaba de hacer usted. Estamos aquí para discutir el tratamiento preferido del señor ministro del Gobierno socialista y comunista, que es el de encerrarnos a los españoles para que no salgamos. Por cierto, señor Marlaska, se adelantó usted en tres horas a declarar un estado policial. El BOE se publicó a las 16:52. Típico de los comunistas: el muro para no salir. (Risas.-Rumores y protestas).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Faltan los perros, falta el muro, falta el alambre de espino. (Rumores). Sí, señorías, oigo sus insultos por los pupitres de la siniestra. Me llamarán fascista, pero me da igual, no lo soy, ni lo es VOX. (Aplausos). VOX tiene una misión, que es la de conservar unida la patria que nos dejaron nuestros ancestros, mantenerla unida, mejorarla y dejarla en herencia a nuestros hijos y a nuestros descendientes. (Aplausos). Todo lo contrario que ustedes, que han puesto a un mono a deshacer el mosaico y se está comiendo las teselas. Miren, conozco muy bien a los marxistas, porque yo lo he sido (risas), como compañero de viaje del Partido Comunista de España a mis veinte años. Y escuchen atentamente, en la Facultad de Medicina de la Complutense jamás conocí a uno del PSOE. El único del PSOE que creíamos que era del PSOE resultó ser de la Brigada Político-Social. (Risas.-Aplausos). No presuman pues de ser luchadores por la libertad; ustedes en la época de Franco se tomaron vacaciones, cuarenta años, sí, señor. (Protestas.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Hay excepciones notables, sin duda, hay excepciones notables, pocas, muy pocas. De los comunistas ni hablo. Desde Jrushchov ser comunista solo puede requerir una de estas dos condiciones: o la ignorancia o la bellaquería. (Aplausos). Ahora, otra fundamental: ser cursi. (Risas).

Don Salvador, su nombre es un oxímoron, es una contradicción con sus obras; una contradicción que ya anticipé el 27 de febrero, cuando le dije que iba a ser el ministro del coronavirus. ¿Lo recuerda? Se ha convertido en el ministro plenipotenciario. Usted, señor ministro, y sus cómplices, son una plaga para la vida y la economía; cincuenta y seis muertos no reconocidos y suma y sigue, la nación occidental con más muertos por número de habitantes, la mayor en números absolutos de sanitarios contagiados. En economía España se está quedando tan atrás que mira atrás y no hay nadie, y solo está al lado Macao; señorías, Macao. Viene a este Congreso a hacer lo que mejor sabe hacer; y qué digo mejor, lo único que sabe, que


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es encerrarnos. (Rumores.-Aplausos). Gracias. La única medida que han tomado frente al virus de Wuhan ha sido confinar a los españoles silenciándolos e impidiendo que pudieran trabajar, e insisten.

La moral del resentimiento que impera en las filas de la izquierda y en este Gobierno les hace encerrar de nuevo a millones de personas, solo por soberbia. Quieren parar Madrid, que crea una de cada cuatro empresas, uno de cada cinco empleos, que atrae el 85 % de la inversión extranjera, y para ello se inventan unas medidas a medida, arbitrarias, que dan vergüenza. ¿Qué es eso de calcular, señorías, la ratio de las UCI por el número de las UCI que había antes de la pandemia? ¿Por qué no en 1978, para hacerlo más injusto, y así nos pueden encerrar más? (Risas). O sea, que una región se esfuerza por tener más camas de UCI para que no se mueran los pacientes, ¿y no se tiene en cuenta el esfuerzo? Pero, además, señor ministro, esos humos en Despeñaperros. Pero, ¿qué méritos le avalan a usted para tanta arrogancia, señor ministro? Ha mostrado tanta incompetencia y se han equivocado tanto ustedes y sus palmeros, que tendría que pasar aquí tres horas enumerando todos los errores que han cometido, y eso que en Comisión de Sanidad tras Comisión de Sanidad le hemos intentado ayudar -usted lo ha reconocido-, pero por ayudar a los españoles, no a usted. Se han equivocado al no cerrar las fronteras con China e Italia, con las mascarillas, con la protección a los sanitarios, con los test serológicos -les tuvimos que decir que tenían que discriminar entre IgG e IgM, ¿recuerda?-, con las PCR, con el manejo de los cuadros leves, con el manejo de los contactos estrechos, pero sobre todo, se equivocaron al no suspender y prohibir los actos del 8-M, todos los actos. Ustedes debían pedir perdón, y no de pie, de rodillas. Deberían empezar a pedir perdón a la señora Calvo, a la que deseo lo mejor, y seguir con todas las españolas que se infectaron en ese 'infectódromo' feminista y luego contagiaron a sus padres. (Protestas). Cálmense. Porque, señor ministro, según el ministro de Ciencia, el 8-M fue la fecha disparo, eso lo dice el Instituto de Salud Carlos III. Fue la fecha disparo, el cañonazo que ha derrumbado los muros de nuestra patria. Le dijimos antes del verano que España estaría perdida si no se daba una de estas dos condiciones: la primera, que el virus mutase a más benigno, y la segunda, que ustedes se fueran, y en particular usted. Pues bien, ninguna de las condiciones se ha cumplido, señorías. El virus sigue igual de maligno y usted le mira cómo se reproduce con cara de tristeza y aburrimiento desde la Moncloa.

Vendieron ustedes la burra ciega a las autonomías, señorías, y les traspasaron parte de su poder; no todo, solo el suficiente para poder culparlas si las cosas iban mal -señorías del Partido Popular- y para apuntarse la medalla si las cosas iban bien. Y cayeron en la trampa, menos VOX, que se opuso al Real Decreto 21/2020, como usted ha recordado. Como tuve el honor de exponer en esta tribuna era una trampa; una trampa en la que cayeron también los españoles cuando el presidente les dijo que esto se había terminado, que había que disfrutar. ¡Qué estupidez, qué negligencia, qué irresponsabilidad! (Aplausos). Pues bien, resulta que el virus empezó a disfrutar también de su verano rojo y ha venido la ola y para colmo tenemos que aguantar a su celebrity celebrándolo en globo. Pero usted, que ni monta en globo ni surfea y que es estudioso -según dicen sus hagiógrafos-, ¿qué ha aprendido en el verano, qué ha hecho? ¿Acaso ha variado su política diagnóstica de casos estrechos? No. ¿Exige una PCR en origen a los aeropuertos? No. (Rumores). ¿Ha implantado test antigénicos rápidos en aeropuertos, estaciones de tren? No, padre. ¿Han dictado ustedes alguna orden por la cual el paciente debe tener los resultados de PCR en menos de cuenta y ocho horas? No. ¿Han analizado la capacidad filtrante de las mascarillas que lleva los pobres españoles, incautos? No. ¿Han dado alguna orden para que se hagan PCR de grupo, test antigénicos en residencias, escuelas u hospitales? No.

La Comunidad de Madrid se ha atrevido a poner una millonada de test antigénicos en manos de los madrileños. ¿Y usted con qué ha innovado? En nada. ¿Han analizado cepas del virus para saber si tenemos en estos momentos cepas más contagiosas? ¿Hay cepas procedentes del extranjero? ¿Son distintas en contagiosidad o en virulencia? Esos inmigrantes ilegales que reciben ustedes, ¿tienen distintas cepas? Los españoles se han gastado 1148 millones de euros en mascarillas y en este Parlamento la siniestra socialcomunista ha votado en contra de nuestra proposición no de ley -PNL a la que se unió el Partido Popular-, en la que proponíamos que el Estado financiase las mascarillas.

Pase por los barrios obreros, vea a los trabajadores, vea a los pensionistas y mire cómo tienen las mascarillas de gastadas. No como ustedes, flamantes, ¿eh? (Aplausos). Porque el gasto en mascarilla es un gasto inasumible para muchas familias de la clase trabajadora que tienen que elegir entre mascarilla y alimentos; entre mascarillas y recibo de la luz, como ha dicho la OCU. Por eso, y también por la enseñanza tan mala que les da usted, se están infectando. No le quepa la menor duda. Sin embargo, no dejan de sorprendernos por su falta de precaución. Ahora mismo en las recomendaciones para la gripe tampoco recomiendan las mascarillas y eso que en el hemisferio austral -o sea, lo que


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está al sur (risas)- la virulencia de la gripe ha sido mucho menor este año, pero sabe usted que una de las hipótesis es que ha sido así por el uso de mascarillas. No quiero pensar que lo hacen también por ahorrar, aunque puede ser.

¿Acaso ha promovido usted alguna modificación de la ley para habilitar las medidas legales pertinentes sin necesidad de recurrir al estado de alarma? ¿Ha aplicado la Ley 33/2011, que lo permite, o la Ley Orgánica 3/1986 o la Ley 16/2003, que dicen que la prestación de sanidad pública incluirá todas las actuaciones singulares que resulten precisas en situaciones sanitarias extraordinarias o de especial urgencia o necesidad?

Señor ministro, le recomiendo una cosa: váyase, pero váyase lejos. Por ejemplo, váyase a Taiwán (risas), que el embajador le ha dicho que está a su disposición. O váyase a Corea del Sur, o a Singapur, o a Japón, los países que han hecho bien las cosas sin tener encerrados a sus connacionales. (Aplausos). O váyase a Alemania. Copie de los mejores: haga test masivos y aislamientos selectivos; proteja a los colectivos más débiles y más vulnerables; escuche a científicos de verdad, aunque le duela. Los cierres generalizados que proponen usted y todos los comunistas de todos los partidos -como dijo Hayek- no son el método, son el signo de un fracaso, lo aplique quien lo aplique. Señor Illa, la ruina de Madrid es la ruina de España. El enfermo no necesita una amputación, necesita cirugía vascular selectiva; necesita medidas del siglo XXI, no del siglo XVI. (Aplausos).

Señor ministro, después de todos los fallos que ha cometido, ¿cómo se atreve a promover una medida como esta que trae aquí? Permítame adivinarlo. Usted está asustado porque no se cree lo que está pasando, porque no sabe lo que hay que hacer y porque le han dicho que no sabe hacerlo, y por algo más, porque ha probado la ambrosía de los dictadores, que se compone a partes iguales de arbitrariedad y de retroactividad. ¿Se va a convertir, acaso, en un dictador usted, señor ministro? No caiga en esa tentación, señor Illa. Recuerde su formación, deje de asesorar al tirano y dimita. Aplíquese la medicina de la humildad que nos recomienda todos los días a los demás, coja el petate y váyase a la bella Barcelona. Invite a todos sus amigos del banco azul, váyanse todos y no se olvide del señor del globo, por favor. Usted saldrá ganando y España saldrá de la UCI. Ya la cuidaremos nosotros; pierda cuidado, va a mejorar.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Steegmann. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias señora, presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero trasladar un abrazo fraterno a todas las personas que durante todo este tiempo han sufrido los efectos de la pandemia, la COVID-19. En segundo lugar, debemos un reconocimiento a todas las personas que en las peores circunstancias han dado todo porque hoy podamos estar aquí, porque la población pueda seguir viviendo y, fundamentalmente, porque tengamos una sociedad más justa, más solidaria, donde la dignidad de las personas y el derecho a la vida y a la integridad sean un elemento fundamental a la hora de construir una sociedad justa. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Desgraciadamente, estamos en un debate en el que tenemos que discutir sobre la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Ninguno de los que estamos aquí tenemos ningún ánimo de que esto hubiera tenido que llegar a ocurrir, pero es cierto que arrastramos problemas estructurales en la sanidad pública. Sobre este tema, comparto lo que dice la señora Ayuso. Se ha dicho que la señora Ayuso es la responsable de todos los males de la sanidad pública de Madrid y es injusto; es injusto porque es el resultado de la implementación de los recortes y del desmantelamiento de la sanidad pública que responde a un proyecto neoliberal, donde se ponen en el centro los intereses económicos de las grandes multinacionales que han aterrizado como buitres en la sanidad de nuestro país. (Aplausos). Nosotros y nosotras queremos decir que estamos de acuerdo en que sí hay problemas estructurales. Primer problema estructural: la precariedad del personal sanitario. Necesitamos un compromiso del conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara y del conjunto de las comunidades autónomas para acabar, de una vez por todas, con la precariedad estructural del sistema sanitario; no nos lo podemos seguir permitiendo. (Aplausos).


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Lo hemos dicho durante estos meses y hemos intentado hacer aportaciones para buscar fórmulas que ayuden a cuidar a la población de este país. Partiendo de que es cierto que ahora es difícil hacer cambios estructurales, sí era posible empezar a marcar la tendencia. Así lo planteamos en las diferentes sesiones de la Comisiones de Sanidad y además tendimos la mano al conjunto de las fuerzas políticas, muchas de ellas con responsabilidades en ejecutivos autonómicos. Les decíamos que si ahora tiene que haber refuerzos -que es evidente que tiene que haberlos-, ¿por qué los refuerzos en el sistema sanitario son con contratos de una semana, de un mes o de tres meses, cuando existe una previsión de que la pandemia va a durar como mínimo hasta junio del año que viene? ¿Cómo puede ser que nos echemos las manos a la cabeza diciendo que no hay personal sanitario para venir a la Comunidad de Madrid, cuando los contratos que se ofrecen no sirven ni para poder alquilar una vivienda? ¿Es que no entendemos que es un elemento esencial cuidar a quien nos cuida y que hay que poner en el centro que una de las debilidades que ha tenido este sistema sanitario no se deriva de la gestión concreta que se ha dado ahora, sino de cuestiones estructurales, como ha sido precisamente el maltrato sistemático al personal sanitario en sus condiciones laborales y, en primer lugar, en la estabilidad en el empleo? ¿O acaso creemos que nuestros médicos, nuestros enfermeros y enfermeras, nuestros auxiliares y nuestros celadores no preferirían estar aquí antes que tenerse que ir a otros países? Para que eso ocurra hay que ofrecerles unas mínimas condiciones, hay que darles la oportunidad de que se puedan quedar aquí y puedan tener una vida profesional que les permita realizarse, precisamente después de ser unos de los mejores profesionales de Europa.

Eso también tiene que ver con esas medidas de estabilización en el empleo, con propuestas sencillas. Hay a quien le gusta dar medallas, a nosotros no es algo que nos guste especialmente. Sin embargo, creemos que ahora es cuando tienen que existir procesos de estabilización de las plantillas. Todos los profesionales del sistema sanitario que han estado dándolo todo durante estos meses, y que van a tener que seguir dando mucho, deberían tener un reconocimiento por parte de las administraciones públicas. Cuando uno va a hacer una oposición, si ha estado en primera línea dándolo todo por nuestra gente, tiene que tener ese reconocimiento, hay que aumentar su puntuación en todos los concursos y en todas las oposiciones para que puedan acceder al sistema sanitario. Sin embargo, eso no lo vamos a poder decidir aquí. Tenemos que conseguir establecer dinámicas de cooperación, tenemos que ser capaces de que en ese Consejo Interterritorial se hable también de estas cosas y tiene que haber compromisos políticos desde el ejercicio del autogobierno -repito, desde el ejercicio del autogobierno-, pero al mismo tiempo, teniendo muy claro que tienen que existir criterios compartidos para poder conseguir, precisamente, los mejores objetivos y poner en valor las buenas prácticas, que se dan en todos los lugares y que necesitaríamos que se compartiesen.

Pero no estamos en esas, señorías, desgraciadamente, estamos en otras. La Comunidad de Madrid, desgraciadamente, lejos de asumir su responsabilidad -la responsabilidad del cuidado de la población- se ha asumido como la trinchera de oposición al Gobierno elegido por esta Cámara, en un desconocimiento del reconocimiento de lo básico: la soberanía popular, que es de donde emanan todos los poderes del Estado. Yo lo recalco porque, últimamente, oigo mucho recitar artículos de la Constitución y, casualmente, siempre se les olvida esta parte, siempre se olvida de esta parte. Sinceramente, ¿cuál ha sido la actitud que ha habido desde la Comunidad de Madrid? Pues lo hemos visto en el debate del estado de la región. ¿Cuál es la propuesta estrella que tiene la Comunidad de Madrid para afrontar esta situación? Básicamente bajar los impuestos a los ricos, medio punto en todos los tramos -todo el mundo sabe que no es lo mismo cobrar 100 000 euros que 25 000 euros y que bajar un 0,5 de IRPF en todos los tramos beneficia más al tramo de arriba porque los pilla todos-. Han propuesto políticas de bajadas de impuestos a los que más tienen. También han planteado políticas a nivel sanitario, pero ¿destinadas a qué? Al hormigón, a hacer cuanto antes un gran hospital, cuando lo que hace falta no son ladrillos sino manos; no hace falta hormigón, hacen falta manos. Y ahí es donde se tienen que centrar todos los esfuerzos, en fortalecer todos los mecanismos de salud pública.

Sinceramente, no sé cómo se pueden convertir en victorias o pretender vender como victorias los sonoros fracasos, y la crónica del fracaso que fue el Hospital del Ifema. (Rumores). Si ustedes viven un asedio, cuando se asedia al castillo -entendamos que el virus es el que asedia al castillo y que el castillo es nuestra comunidad-, la muralla, la primera línea, es la atención primaria. Cuando se organizó el Hospital del Ifema, lo primero que se hizo fue dar el grito a aquellos que estaban en primera línea, a los de la atención primaria, para que fueran al baluarte porque las murallas estaban sobrepasadas. Ustedes tienen un problema, aquellos que conciben la salud como negocio, y el problema es que ustedes pensaron


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que la salud tenía que ver única y exclusivamente con la atención individualizada al paciente para que pudiera terminar siendo externalizada a empresas privadas y se pudieran obtener beneficios como hacen las empresas parasitarias en este país, que es pescando peces en un cubo. Se deriva y externalizan los servicios que son más caros y más ineficientes, y eso debilita el sistema público de salud. Eso debería hacernos reflexionar.

Se dice aquello de que hay que acabar con los mantras ideológicos, pues sí, puede ser que haya que acabar con los dogmas. Pero el dogma con el que hemos estado viviendo los últimos veinticinco años no lo han puesto aquellos que son mencionados por algunos partidos de esta Cámara, precisamente los dogmas con los que hemos vivido, el proceso de destrucción y desmantelamiento de los servicios públicos en este país, se llaman Milton Friedman y Von Hayek. Ya es hora de que guarden sus manuales y de que empiecen a mirar a la sociedad, de que empiecen a darse cuenta de que una pandemia nos pone nuevamente enfrente del problema: que esto es una enfermedad de carácter social, que no nos podemos curar individualmente, que tenemos que cuidar al conjunto de la población y que ese es el elemento central de salud pública. Ahí es donde tenemos que centrar todos los esfuerzos.

Se necesitan rastreadores para poder saber cuáles son los contactos y poder establecer esos mecanismos de salud pública determinados en una lógica comunitaria, pero para la presidenta de la Comunidad de Madrid son 'turquetes'. ¿'Turquete' es el hecho de que se busquen cuáles son los contactos de las personas y se les pueda comunicar que han estado expuestas al riesgo para que puedan establecer medidas de prevención? ¿'Turquetes'? No, son medidas de salud pública. Pero es que ustedes tienen un problema fundamental con el concepto de salud pública, ese es el problema fundamental que tienen y tienen que revisárselo, porque si algo ha caído en esta pandemia ha sido precisamente ese concepto del darwinismo social de que los fuertes pueden sobrevivir frente a los débiles. Lo que hace esta pandemia es ponernos en frente de una cuestión que se había puesto encima de la mesa desde hacía tiempo por el propio movimiento feminista -que tampoco les gusta a las fuerzas reaccionarias-, que es que la vida es vulnerable e interdependiente; que se necesita la construcción de mecanismos sociales para poder cuidarnos los unos a los otros; que eso no puede caer sobre las espaldas de lo privado porque al final acaba sobre las espaldas de las mujeres, sino que es necesario articular mecanismos públicos, con un reforzamiento de la salud pública y el fomento de la articulación de lo comunitario. (Aplausos).

Nosotros y nosotras estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestro pueblo, y lo estamos porque todos los días nos da lecciones e intentamos aprender de él con prácticas que nos demuestran realmente qué es lo que significa la fraternidad y la sororidad en los momentos difíciles. Cuando las cosas estaban difíciles y todo el mundo se tuvo que confinar -no con una limitación de movimientos, sino confinarse en casa-, en esos momentos, había gente que tenía serias dificultades. En los barrios populares -aquellos a los que a ustedes les gusta segregar, confinar y dificultar el acceso a las ayudas sociales-, en esos barrios, la gente empezó a constituir redes de apoyo mutuo para cuidarse, para demostrar precisamente cómo había que salir de esta situación. De esta situación había que salir dándose la mano y entendiendo que teníamos que salir todos juntos y todas juntas sin que quedara nadie atrás. Yo le quiero dar las gracias a toda esa gente que ha dado lecciones a todas las administraciones públicas, quiero agradecérselo porque ellos y ellas están construyendo la nueva institucionalidad que nos hace falta. Una institucionalidad que ponga en el centro la vida y que entienda que no es suficiente con que las administraciones públicas tengan que hacer políticas públicas -es cierto que ellos y ellas han suplido en muchos casos las deficiencias de la Administración pública-, sino que esto es un reto de país, que es un reto como pueblo y que entre todos y todas tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder salir de esta situación.

Cuando hay una situación como esta, una de las cuestiones clave como elemento fundamental de salud pública es proteger a la población, y aquí aprobamos una medida que era el ingreso mínimo vital. ¿Y cuál fue el mecanismo de cooperación para poder garantizar la protección social a la población más vulnerable de Madrid articulada desde la Comunidad de Madrid? Se lo voy a decir con una palabra: sabotaje; sabotaje con cartas de terror a la gente que no puede llenar la nevera diciéndoles que iban a retirarles la renta mínima de inserción, hubieran o no hubieran cobrado la renta mínima vital. (Rumores). ¡Eso es inaceptable desde el punto de vista democrático! ¡Eso es inaceptable! (Aplausos). Igual que les digo que es inaceptable que desde la Comunidad de Madrid se excluyera a los perceptores del ingreso mínimo vital para poder acceder a los comedores escolares. ¡Es impresentable, impresentable! (Aplausos).


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Ataquen al Gobierno, ataquen al Gobierno sin decoro y no le den tregua al Gobierno, pero respeten a nuestro pueblo y respeten a la sanidad pública.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie, y de los miembros del Gobierno).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra señor Errejón Galván. (Rumores). ¡Silencio, por favor!

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.

Ayer hubo otra sesión de control de esas que hacen que en general la gente que mira la política con distancia la mire todavía con más distancia y con más desazón porque está produciéndose un divorcio. La vida cotidiana de la gente se está haciendo cada día más insegura, más llena de amenazas y de temores: si podré salir de mi barrio... (Rumores). Con lo que pagan sus padres en un colegio privado, ¿no les enseñan a callarse cuando otra persona está hablando? (Aplausos).

Mientras la gente piensa si podrá salir de su barrio o su municipio, si tendrá trabajo a final de mes o podrá pagar el alquiler, si mañana volverán a cambiar las normas o cómo estaremos de aquí a Navidad, la política oficial se ha ido separando cada vez más de la vida cotidiana, como si se hubiera convertido en una especie de deporte privado y chillón entre políticos, periodistas y asesores, un diálogo cada vez más sordo a las necesidades de la gente. Ayer lo volvimos a ver, sobra mucho esperpento y faltan muchos recursos para la sanidad pública. Así que la gente está cansada, cunde el rechazo a la política, el qué mal todo y todos, en abstracto, y también la confusión. El problema es que de esta no vamos a salir sin que la gente tome partido e imponga una política que vuelva a ocuparse de la vida cotidiana más que de los problemas de los políticos. Para eso es importante recapitular y ver cómo hemos llegado hasta aquí, a una situación que no se tendría que haber producido.

¿Qué ha pasado en Madrid? Antes de hacer una cronología lo resumiría muy rápidamente: se ha juntado la irresponsabilidad fanática de la señora Díaz Ayuso y sus socios de Gobierno con un exceso de cálculo político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez; un Gobierno fallido en Madrid y un Gobierno tímido en España.

Les hago una cronología. En mayo Díaz Ayuso insistía en hacer pasar a Madrid a la fase 1, a pesar de que no tenía refuerzos sanitarios suficientes, no tenía capacidad suficiente de hacer PCR ni tenía suficientes plazas libres en las UCI. El 7 de mayo dimite la directora de Salud Pública de Madrid por no estar de acuerdo con la decisión de Ayuso de pedir el cambio de fase. El 15 de mayo la señora Díaz Ayuso acusa al Gobierno de un ataque político por no aceptar el cambio a la fase 1, y lo enmarca ya en una campaña inaceptable contra su Gobierno. El 25 de mayo Madrid entra en la fase 1 de forma prematura, a pesar de que su Gobierno no ha hecho los deberes. La señora Ayuso en mayo decía que iba a contratar mil rastreadores, pero estamos en octubre y tenemos la mitad. Prometió que iba a hacer 850 000 test aleatorios, pero un mes después tenemos 5400. Prometió que contrataría a 10 300 profesores, pero aún faltan 1600 y a los que se ha contratado se les ha hecho de forma interina hasta diciembre. En un Pleno celebrado el 11 de junio justificó el drama humano y la vergüenza de las residencias de mayores -entregadas al mejor postor durante muchos años- diciendo, a pesar de que eran de sus competencias, que no estaba recibiendo ayuda. Mientras Alemania tenía un rastreador por cada 4000 habitantes, Madrid afrontó julio con un rastreador por cada 30 000 habitantes. Además, el 23 de julio el Gobierno de España le transfirió a la Comunidad de Madrid 1500 millones de euros para hacer frente a la pandemia. Estamos a 15 de octubre y todavía no tenemos claro adonde han ido a parar esos 1500 millones de euros transferidos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. A ver si en la réplica el Partido Popular nos lo puede aclarar. Podría eternizarme con la lista. El Gobierno de Madrid propuso la cartilla COVID, para después retractarse. Tiene obsesión con el aeropuerto de Barajas, mientras en Madrid los madrileños siguen viajando en metros abarrotados todos los días para ir a trabajar.

¿Qué resultados tiene esta gestión desastrosa? Pues que el 21 de agosto la Comunidad Madrid ya concentraba un tercio de los nuevos positivos que se estaban dando en España, así que el Gobierno de Madrid se inventa un truco de magia, que es muy sencillo. Hoy nos dicen que han disminuido los contagios. ¿Saben ustedes por qué han disminuido los positivos? Pues muy sencillo, porque se hacen menos pruebas. En Madrid hoy se hacen 100 000 PCR menos que hace catorce días -¡ojo!, la fuente es la


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Consejería de Sanidad del propio Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad Madrid-, y así, cualquiera, porque resulta que salen menos positivos. Miren ustedes, esto tiene consecuencias en la vida cotidiana de todos los madrileños. El inicio del curso no le podía pillar a ningún Gobierno por sorpresa, porque empieza todos los años en los mismos días. La comunidad educativa, los sindicatos de profesores y las asociaciones de padres y madres estaban diciendo hace mucho tiempo que hacía falta tomar medidas, y el inicio de curso fue un compendio de colas y de ansiedad para los padres. Muy a pesar de lo que se prometió, hoy es imposible informar de los positivos en los colegios de Madrid, porque ustedes han dejado la gestión de esa línea telefónica de salud pública sobre las espaldas de tres trabajadores, que, evidentemente, no dan abasto. Es una realidad que toda la comunidad educativa y los padres saben. Ustedes la han llamado el Teléfono de la esperanza. Para los chavales de 3.º y 4.º de la ESO y de 1.º bachillerato se estableció en Madrid la semipresencialidad a través de unas cámaras que iban a permitir que los chavales se conectaran cuando les tocaran clases semipresenciales. Si alguien tiene una cámara en casa, ya tiene más que todas las que ha mandado la Comunidad Madrid a todos los lugares.

En la sanidad, todos los madrileños sabemos que a uno no le cogen el teléfono cuando llama a su centro de atención primaria y que tiene extremas dificultades para conseguir hacerse un test. ¿Saben, entonces, qué sucede? Pues que el madrileño que puede pagárselo acude a un centro privado y abona 140 o 150 euros por un test privado. Que a las embarazadas en Madrid les hacen tres ecografías y el resto del seguimiento con citas telefónicas. Que el resto de los enfermos que no son de COVID y que están esperando tienen sus operaciones o sus intervenciones sin fecha. Solo entre marzo y abril se han pospuesto 50 000 operaciones. ¿Por qué sucede todo esto? Todo esto sucede porque a Madrid el virus le coge especialmente débil. En Madrid llevamos casi un cuarto de siglo con una política deliberada contra la sanidad pública. Madrid es la región más rica de España, no porque ustedes les regalen los impuestos a los ricos y les hagan no pagarlos, es que se benefician de la medida del efecto capitalidad. Es la región más rica de España, pero es, a la vez, la más desigual. ¡Ojo con el dato!, porque es de Administraciones Públicas. En Madrid la diferencia de vida si has nacido en un barrio del municipio del sur o si has nacido en un barrio de un municipio del norte es de hasta diez años. Háblenme ustedes ahora de la meritocracia, de la igualdad de oportunidades y de lo que hay que esforzarse en la vida. Diez años de diferencia de vida, según si has nacido al sur o al norte de la Comunidad de Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en gasto sanitario público, la tercera que peor paga a sus profesionales -luego dicen que es que no hay gente que quiera ser médico- y la que menos destina a la atención primaria. ¿A quién le sorprende, entonces, que sea la más golpeada por los efectos del virus? Ustedes tienen un problema con el enfrentamiento de la pandemia, y es que son enemigos ideológicos declarados, hasta el fanatismo, de la sanidad pública. Yo al principio creía que era, fundamentalmente, para que sus amigos hicieran negocio con la sanidad pública -privatizan, externalizan y se lo regalan a los amigos-, pero creo que hay algo más. Tienen una obsesión enfermiza, porque la sanidad pública es una demostración de que lo público funciona, es eficaz, cuida, educa, produce ciudadanía, produce comunidad, todo el mundo aporta según sus capacidades y recibe según sus necesidades, y a ustedes eso les pone extraordinariamente nerviosos.

Acaba de decir la portavoz del Partido Popular que las medidas que se han impuesto eran medidas discriminatorias y que al virus no se le puede poner fronteras. ¿Y cuando ustedes ponían chekpoint entre los barrios populares de Madrid y los otros barrios? ¿Eso no era discriminatorio? ¿Eso no eran fronteras? Ustedes dividían a los madrileños, según si eran de un barrio de más renta o de menos. Decía el señor de VOX que usted no es fascista que a usted lo que les gusta es la unidad nacional. ¿Y por qué no dijo nada cuando el Gobierno que ustedes apoyan en Madrid segregó a los madrileños entre madrileños de primera y de segunda, haciendo que aquellos que ya tenían la vida más difícil la tuvieran todavía más difícil, añadiéndoles una segunda dificultad. (Aplausos).

Ustedes, los señores del Partido Popular, de VOX y de Ciudadanos, les impusieron a los madrileños medidas que no quieren para ustedes mismos y, cuando el estado de alarma generalizó alguna de esas medidas, dijeron que era una dictadura. ¿Y antes? Antes no, ¿verdad? Claro, porque no era su barrio; y hay madrileños que son de segunda y se les puede tratar sistemáticamente de segunda. A este fanatismo ideológico se le suma un poco de incompetencia.

En estos momentos, los ciudadanos esperan que un gobernante aporte algo de tranquilidad. En su lugar, la señora Ayuso ha dicho cosas como las siguientes: Tengo claro que se llama COVID-19 porque es un coronavirus de diciembre de 2019. Ifema ha demostrado que en los hospitales que tienen techos altos los pacientes sanan muy bien. Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España; ¿qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. En Oceanía están viendo que Madrid es un lugar


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donde no hay que acercarse. Si cerramos los restaurantes y los bares la gente, al no poder fumar, se va a su casa y se llevan el virus a las viviendas. (Risas). Ayer mismo, sobre Andalucía: En Madrid la gente no quiere estar subvencionada, por eso aquí viene lo mejor de España; lo dice una señora a la que regalaron 400 000 euros en el préstamo de Avalmadrid. (Aplausos).

He oído críticas extraordinariamente duras contra el Gobierno de España, y yo creo que se ha actuado tarde y que hacen falta actuaciones más importantes, ¡pero es que ustedes gobiernan en Madrid! O, por lo menos, están en el Gobierno de Madrid; no sé si gobiernan, pero estar, están en el Gobierno de Madrid, y resulta que ustedes, durante los meses más difíciles, no han hecho nada de lo que era fundamental. Estaban ocupados construyendo un hospital de pandemias, cuando deberían haberse ocupado en contratar rastreadores. Estaban ocupados contratando curas, cuando deberían haber estado contratando sanitarios y sanitarias. Estaban ocupados contratando menús a Telepizza, cuando los niños más vulnerables necesitaban una alimentación sana. Estaban ocupados pidiendo el cambio de fase, cuando deberían estar anticipando la vuelta al cole. Estaban ocupados segregando a los barrios del sur, cuando deberían haber estado fortaleciendo las UCI. Estaban ocupados mandando refuerzos en Policía, cuando deberían haber mandado refuerzos en atención primaria. Estaban ocupados inaugurando dispensadores de gel en el metro -creo que ya no funcionan-, cuando deberían haber estado mejorando las frecuencias de los trenes. Y siguen tan ocupados intentando hacer oposición al Gobierno de España, que no han encontrado tiempo para gobernar Madrid.

El Gobierno de España -en nuestra opinión- ha reaccionado tarde. El viernes 18 de septiembre, Ayuso tomaba la irresponsable y anticientífica decisión de confinar Madrid segregando por barrios. El 22 de septiembre vimos una rueda de prensa histórica -ya todo es histórico; cada día tenemos tres cosas históricas-; una rueda de prensa con veinticuatro banderas y flases, en la que Sánchez y Ayuso decían que iban a empezar a trabajar. Ese día se constituyó un grupo de coordinación, el más descoordinado que hemos visto jamás. Emilio Bouza, el recién designado portavoz del grupo dimitía cuarenta y ocho horas después de ser nombrado. El 30 de septiembre se convocó un consejo interterritorial, en el que se asumían los requisitos que pedía Ayuso -en nuestra opinión, arbitrarios- para confinar territorios, para que, finalmente, se acabara sin acuerdo y con la Comunidad de Madrid en la misma actitud de desobediencia.

El mismo día, Ayuso anuncia que recurrirá la decisión del consejo interterritorial, mientras el 1 de octubre se desmarca de esos recursos y el 2 dimite el consejero de Políticas Sociales. Finalmente, el 9 de octubre y a las puertas de un puente vacacional, el Gobierno tiene que decretar el estado de alarma. Lo dijimos el día 22 de septiembre, que iba a hacer falta intervenir Madrid; han pasado dieciocho días de ansiedad, de confusión para los madrileños y dieciocho días perdidos; y, además, dieciocho días en los que no se han contratado nuevos rastreadores, no se ha reforzado la atención primaria, no se ha doblado la frecuencia del transporte público.

Miren, en 1914, Kafka escribió en su diario: Alemania ha declarado la guerra a Rusia y, por la tarde, me he ido a nadar. Si lo extrapoláramos a nuestros días, podríamos decir que el Gobierno de España ha decretado el estado alarma y, por la tarde, todo seguía igual. Algunos lo han vendido como si fuera a ser un acontecimiento catastrófico o un meteorito y, en realidad, la situación es muy parecida a la que estamos.

En nuestra opinión, las medidas adoptadas son medidas que llegan tarde, pero llegan y eran necesarias, aunque son tibias. Hacen falta más y, en opinión de Más Madrid y Más País, hay que limitar al máximo la actividad en interiores; hay que garantizar que se cumple el teletrabajo garantizando la conciliación; y hay que reforzar el sistema sanitario público, porque ustedes no le están dedicando ni un segundo a fortalecer la sanidad pública.

¿Quieren una demostración empírica? En la rueda de prensa del pasado martes, la señora Díaz Ayuso -lo hemos visto hoy también en las intervenciones aquí- pronunció siete veces la palabra libertad, once veces la palabra España; y afirmó que el problema de los madrileños son los regímenes totalitarios. Pronunció cero veces la palabra sanitarios, cero veces la palabra rastreadores, cero veces la palabra atención primaria. Ese es el problema.

Desde Más Madrid y Más País, hemos ido dando todos los pasos necesarios para alertar de la situación que venía, para proponer soluciones y para ofrecer una alternativa. Creemos que es necesaria una moción de censura en la Comunidad de Madrid, pero todo el mundo tiene que saber que para que prospere hacen falta sus votos. Señores de Ciudadanos, ustedes tienen la llave, y cada vez que se lo decimos suelen responder con improperios, suelen decirnos cosas muy recargadas ideológicamente, pero yo tengo la sensación de que ustedes, al igual que muchos de sus votantes, empiezan a preguntarse qué están haciendo ustedes en el Gobierno de Madrid. Desde aquel apotegma del pensamiento


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contemporáneo del señor Aguado, ese de que los madrileños tienen que elegir si quieren ser virus o vacuna, creo que ustedes se han ido dando cuenta de que la señora Ayuso les trata muy mal, de que no les consulta, de que les ningunea, de que les menosprecia, y tanto es así que ustedes ya ni siquiera comparten el criterio sobre el estado de alarma. Yo les pregunto, entonces: ¿Ustedes están cómodos? ¿De verdad vale la pena sostener al peligro público que es la señora Ayuso? ¿A cambio de qué, qué ganan ustedes? Creo que ustedes están haciendo una reflexión sobre su posición en la política española, que yo respeto mucho, pero les pido también que trasladen esa posición, esa reflexión, a la política madrileña, porque no creo que ustedes tengan ganas de ser recordados como los cómplices de la señora Ayuso y de VOX.

Cierro, señor presidente. Tengo la sensación, señor Illa, de que usted está de acuerdo con lo que he estado diciendo. Es más, yo creo honestamente que usted hubiera preferido que las decisiones se hubieran tomado mirando más a las UCI que a los telediarios o a las encuestas, y creo que usted comparte conmigo que sería desastroso repetir la misma indecisión y los mismos titubeos frente al esperpento del Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid. Han tomado medidas tarde; tomen medidas antes de que sea demasiado tarde.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Hace siete meses celebrábamos aquí presencialmente una sesión como esta, de la que salió la primera comunicación del estado de alarma a nivel nacional, un estado de alarma que impuso al conjunto de los españoles a un confinamiento durísimo en el que no podíamos pensar, no podíamos preverlo, y se hizo tarde -se hizo muy tarde-, se hizo a regañadientes.

Ciudadanos trató de impulsar que se declarara esta medida, se legisló de forma unilateral a través de reales decretos-leyes, no se buscó el consenso, pero al final a través de la actuación responsable de partidos, de grupos parlamentarios como el mío, se consiguió salvar vidas, se consiguió frenar los contagios, se consiguió frenar la enfermedad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de enero del año 2020, cuando aquí se discutía a la derecha, a la izquierda, todo el mundo tirándose puñales de un lado a otro y no nos podíamos imaginar lo que se nos venía encima? Tampoco nos podíamos imaginar, desde luego, que en julio, después de la declaración oficial de victoria al virus, realizada por el presidente Sánchez, fuéramos a encontrarnos con otro estado de alarma, fuéramos a encontrarnos con estos rebrotes, con esta segunda ola.

No quiero hablar de culpas -no quiero hablar de culpas, como he escuchado antes aquí, en esta tribuna-, quiero recordar, en primer lugar, a los más de 50 000 fallecidos, quiero recordar a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, que tienen miedo, que no saben cómo va a ser su vida económica, su vida social en el futuro inmediato; quiero recordar a todos esos españoles que han hecho cosas difíciles -muy difíciles-, que no se han podido despedir de sus familiares fallecidos, pero lo han hecho -lo hemos hecho-, porque España es un país serio, porque somos personas valientes No hemos estado a la altura en esta Cámara, no hemos estado a la altura. El Congreso de los Diputados no ha comprendido ni ha compartido el dolor de tantos españoles, el miedo de tantos trabajadores. Yo ya no sé bien qué esperan los ciudadanos de nosotros, no sé siquiera si habrá alguien ahí fuera mirando este debate, no sé si alguien nos estará escuchando, no sé siquiera si esto le interesa a alguien, pero les pido a todos ustedes, señorías, que hagamos una reflexión sobre cómo nos hemos comportado, que hagamos autocrítica y que en esta segunda ola lleguemos de verdad al acuerdo, lleguemos a la utilidad y nos comportemos todos con responsabilidad, porque hasta ahora la política ha fracasado. Ha fracasado porque ha puesto por delante las siglas, porque ha puesto por delante el rédito electoral, porque ha puesto por delante la lucha partidista y solo en último lugar ha puesto a los españoles, que son las personas a las que todos nosotros nos debemos. Ahora bien, esto no impide hacer una legítima crítica desde la oposición. Esto no impide decirles que, efectivamente, se llegó tarde a la primera ola, que se han desentendido ustedes, señores del Gobierno, de la segunda ola, que suena hoy realmente ridículo ese canto a la victoria del virus que hizo el presidente del Gobierno, que se veía venir desde finales de julio, que ya lo dijo Ciudadanos. El 16 de agosto teníamos 6000 contagiados. El presidente del Gobierno tardó diez días en reaccionar y ya estábamos en 7000 contagiados al día. Y cuando


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reaccionó, en una rueda de prensa dijo: Bueno, pídanme las comunidades autónomas el estado de alarma. Allá ustedes, apáñenselas.

Señor Illa, Ciudadanos apoyó la sexta prórroga del estado de alarma con 300 contagios al día. ¿Puede usted explicar cómo con 7000 contagios al día dicen ustedes que la competencia es de las comunidades autónomas y miran para otro lado? ¿Me puede usted explicar esto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista técnico? No tiene explicación. No tiene otra explicación más que quitarse de en medio, que dejar de asumir la responsabilidad política que tiene el Gobierno de España.

Cuando preparaba ayer este discurso, quizá de una forma ingenua esperaba que el Gobierno se portara con lealtad, con la misma lealtad que Ciudadanos demostró en las prórrogas del estado de alarma, que no se ocuparan ustedes tan solo de acusar a un Gobierno de una comunidad autónoma cuando este es un problema nacional, cuando nueve de las diez regiones más infectadas de Europa son españolas y de todo color político. Me esperaba esa lealtad, esa amplitud de miras, esa responsabilidad de cara a los españoles, pero fíjese, me ha defraudado, señor Illa, se lo tengo que decir.

Le pregunto: ¿Ha pronunciado usted la palabra acuerdo en su discurso o la palabra consenso? No, ninguna vez. Nos ha dado un montón de datos y nos ha dicho que las medidas eran necesarias. Claro que eran necesarias, pero no ha pronunciado la palabra acuerdo ni la palabra consenso, que es lo que los españoles necesitan.

Ahora, en fin, espero que la señora Lastra, como jefa de la oposición en Madrid, salga aquí a echarle la culpa también al Gobierno de Madrid y a la oposición de lo que ha pasado con el virus. Eso se llama política fácil y yo no he venido aquí a hacer política fácil. Hacer una lista de reproches es muy fácil. Algunos de los que han intervenido antes que yo han hecho su lista de reproches contra la Comunidad de Madrid. Yo podría decir que se llegó tarde, que se ignoraron las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que se debieron prohibir las concentraciones masivas del mes de marzo, que, efectivamente, no iba a haber uno o dos contagios, como decía el señor Simón, que hacía falta un comité de expertos y conocer sus nombres, que hacían falta las mascarillas y, sin embargo, el señor Simón decía que no, que esto iba a ser no más que una gripe, que había test que no detectaban el virus, respiradores que no funcionaban y que se daban a los funcionarios de prisiones. En fin, esto es muy fácil hacerlo, está chupado, pero ¿vale de algo?, ¿esto vale para algo?, ¿esto salva vidas?, ¿esto salva empleos?, ¿vale para algo hacer esto mismo pero imputándoselo a la Comunidad de Madrid?, ¿salvamos la vida de alguien con esta actitud? Necesitamos el acuerdo. Eso sí que salva vidas, eso sí que salva empleos. Hay que ponerse de acuerdo. No quiero ni pensar qué hubiera pasado en España si esta pandemia nos hubiera pillado con ustedes en la oposición.

Nosotros no somos así. Nosotros somos gente responsable que habla a los españoles como personas mayores y no como niños pequeños. Es verdad que no había un manual de instrucciones para afrontar la pandemia. Se han cometido errores por todos los Gobiernos: por el Gobierno de España, por los Gobiernos autonómicos y -se lo digo, no me importa- por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, claro. Ese es el principio para hacer autocrítica y para no volver a caer en esos mismos errores, pero ustedes se niegan a la autocrítica en una actitud francamente irresponsable. Se encuentran sujetos a la olla a presión de su mala gestión y su válvula de escape somos los madrileños.

Por ejemplo, se olvidan de que el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid se decretó el 9 de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma. Pues reconozcan que fue un acierto; no pasa nada; y reconozcamos también los errores. Se lo debemos a las familias que han perdido a sus seres queridos, a lo mejor, por haber llegado tarde. Le he pedido que creemos ese comité de expertos, el de verdad, el de los expertos de verdad, y ustedes persisten en repetir sus errores antes que reconocerlos. No pasa nada por hacerlo. Obviaron la autocrítica y cayeron en el autobombo -se acuerda, ¿no?; perdóneme la ironía- cuando el presidente Sánchez vino a decir algo así como que 'cautivo y desarmado' el coronavirus se ha rendido. No, no era así. Salgan a los bares, vayan a los restaurantes, subamos la economía, váyanse de vacaciones. Vaya si se fueron de vacaciones cuando nosotros les pedíamos reuniones, que había que estar al pie del cañón, que ya en julio se sabía que iba a haber rebrotes. Bueno, pues, reconózcanlo, que no pasa nada. Fueron errores.

Señor Illa, nosotros seguiremos buscando el acuerdo. Nosotros seguiremos siendo responsables. Nosotros seguiremos siendo útiles. Yo estoy convencido de que usted no comparte cosas que ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, cuando el delegado del Gobierno en Madrid llamaba a manifestarse en ciertos barrios, cuando el señor Simancas decía que en España había muchos casos porque Madrid está en España o cuando desde las cuentas oficiales de la redes sociales del PSOE se criticaba al Gobierno


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de Madrid. ¿Sabe lo que hacía Ciudadanos cuando en Aragón o en Castilla-La Mancha estaban en una situación delicada? Arrimar el hombro, apoyar a los Gobiernos socialistas de esas comunidades autónomas. Y el señor Lambán y el señor García-Page, con mucha caballerosidad, salieron a reconocer el papel de Ciudadanos; por cierto, también criticaban algo el papel de Podemos en estos Gobiernos, por nosotros arrimábamos el hombro. Pues, eso es lo que le pedimos en Madrid, señor Illa. Eso es lo que le ha pedido mi compañero Nacho Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, porque usted ha reconocido que efectivamente le llamó. Eso es lo que le estamos pidiendo al Estado. Eso les o que le pedimos al Gobierno, que se deje de luchas partidistas, que nos sentemos a hablar, que lleguemos a un acuerdo. El estado de alarma era evitable y usted lo sabe. Ustedes, por el contrario, lo que han hecho ha sido utilizar las medidas sanitarias como un arma política. Ustedes nos han convertido a los madrileños en rehenes. Ustedes han actuado con criterios puramente políticos. Han colaborado en el caos para luego querer aparecer como salvadores, 'don Salvador'. Esto se llama populismo, simplemente se llama así.

Nosotros hemos sido responsables, somos responsables y vamos a seguir siendo responsables. Seguimos teniendo la mano tendida, pero exigente. Sentémonos, por lo tanto, a solucionar el problema de la Comunidad de Madrid, porque estamos de acuerdo en muchas cosas, en la mayor parte. Estamos de acuerdo en salvar vidas y en salvar empleos. Estamos de acuerdo en que hace falta adoptar medidas de restricción de la movilidad, unas o las otras; nos ponemos a hablar, más estrictas o menos estrictas. Estamos de acuerdo en que no podemos permitirnos una tercera ola. Estamos de acuerdo en que hay que salvar la economía. Tenemos que llegar a Navidad con el semáforo en verde para que esta España nuestra no se hunda. Estamos de acuerdo de verdad en el fondo. ¿Y vamos a discutir por la forma, por el instrumento? ¿De verdad es importante que un presidente del Gobierno publique en el Boletín Oficial del Estado una declaración para así dar la sensación de que ha doblegado a la Comunidad de Madrid? ¿Esto salva vidas? No, son las medidas, fijémonos en esas medidas. Se lo pidió mi compañero, Nacho Aguado, se lo pidió la presidenta de la Comunidad de Madrid, le dijo que la situación en Madrid era preocupante, que hacían falta medidas. Se pudo evitar el estado de alarma. Se lo pedimos en Cataluña con la declaración de actuaciones coordinadas. El presidente del Gobierno dijo: bueno, pídanme el estado de alarma que yo ya se lo gestiono. En Cataluña se estaba hablando de abrir el ocio nocturno y, de repente, se han cerrado todos los bares y restaurantes. ¿Van a salir también ustedes a criticar, a echarle la culpa al Gobierno de la Generalitat porque ha adoptado esta decisión igual que están haciendo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid? No, adopten criterios uniformes para toda España. Es evidente que hace falta un plan nacional, nos hacen falta esos criterios. No serán perfectos, pero los perfeccionaremos con buena voluntad, con sentido común, en beneficio de todos los españoles. Nos hacen falta criterios técnicos, criterios sanitarios, criterios que no huelan a política, porque si usted sale cada día cambiando los criterios, parece, parece, que es política; no parece que se esté usted fundando en razones técnicas. Y debe haber criterios iguales para toda España.

Me cita usted los casos del extranjero, Alemania, Portugal y Francia, y le voy a decir una cosa que me duele decir, me duele decirlo: qué envidia me dan Alemania y Francia, qué envidia. ¿Sabe por qué? Porque la señora Merkel ha llegado a un acuerdo con 11 ciudades alemanas, un acuerdo con 11 ciudades alemanas, con un índice de incidencia menor al que tiene España y adoptando medidas; y, en Francia, con esas medidas que me ha contado usted, igualmente se ha llegado a acuerdos con la oposición. Hay consenso; ningún francés ni ningún alemán entiende que el Gobierno de su nación está utilizando el virus como un arma política contra el adversario. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia con esos países que usted me cita. Por lo tanto, le vuelvo a pedir el acuerdo, porque no sé cómo puedo explicar esto a los españoles a los que represento. Además, la Unión Europea ha llegado a unos criterios, a unas recomendaciones. Aceptemos esas recomendaciones, necesitamos llegar con el semáforo en verde a Navidad para reactivar la economía. Deje ya de utilizar Madrid como rehén, como arma política, sea ambicioso, ahorremos la bronca a los españoles, ahorrémonos la batalla política, adoptemos las medidas que sean necesarias; eso es lo que hace falta.

Para ir terminando, señoría, no utilicen esta situación para reformar el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). Yo sé que usted no puede estar de acuerdo con eso, ¡no puede estar usted de acuerdo con eso! Nos la estamos jugando.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celís): Señoría, debe finalizar, por favor.

El señor BAL FRANCÉS: Voy terminando, señor presidente, gracias.

Nos la estamos jugando, y ayer Polonia se preguntaba si la Comisión iba a sancionar a España. ¿Sabe usted lo que es la condicionalidad democrática? No les dé armas a los países frugales para que


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puedan retirarnos la ayuda, dependemos de esa ayuda. No hagan estas cosas, por favor, porque lo hacen en perjuicio de España. Tenemos que aprender de esto. Dejemos al lado las siglas, pensemos en los españoles, usemos la cabeza para pensar y no para investirnos, salgámonos del cuadro de Goya, Duelo a garrotazos, en que los españoles resuelven sus problemas a golpes; que gane la palabra, que gane la negociación, que gane el acuerdo, dejemos a un lado los aspavientos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celís): Señoría, por favor, termine.

El señor BAL FRANCÉS: Termino.

Prométame, señor Illa, que esta segunda ola va a ser una segunda oportunidad para la política. Se lo digo yo, de verdad, tener la conciencia tranquila, dormir bien, es más importante que tener razón.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celís): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor vicepresidente, no es mi intención enredarme en un debate de pelea partidista. Creo que, en primer lugar, tenemos que hablar de cuál es el contexto en el que nos encontramos y es un contexto indudablemente de incertidumbre, incertidumbre a la hora de tomar decisiones por parte de todos y no solo en el Estado español, también en otros lugares. Un trabajo, un desarrollo de prueba-error porque incluso también el punto de vista científico está envuelto todavía hoy en incertidumbres y en dudas. Así que, es normal que en una situación como esta en la que hay tanto desconocimiento -insisto, también el ámbito científico- haya un ambiente tensionado, haya un sistema de salud estresado, haya planificaciones que deban ser rehechas ante nuevos datos o casos inesperados. Eso ha ocurrido hasta ahora y va a volver a ocurrir. La base debe ser la ciencia, eso es indudable, pero no podemos pretender que esto signifique no tomar decisiones desde la política, evidentemente hay que hacerlo. Y ante una situación como esta, ¿cómo debemos actuar? A nuestro modo de ver, los parámetros deben ser colaboración, colaboración interinstitucional, no utilización espuria del debate político y -algo que creo que es importante- humildad ante las manifestaciones que a veces se me antojan muy rotundas por parte de unos y de otros.

La verdad es que es una vergüenza que la situación de pandemia se use una y otra vez -no solo en este caso-, una y otra vez como arma arrojadiza para un combate político que nada tiene que ver en realidad con la pandemia ni con la toma de decisiones en esta. Hablaba de humildad porque parecía que la gestión en el Estado español era la peor y estamos viendo lo que está ocurriendo toda Europa. Francia, toque de queda en París más ocho ciudades, situación de emergencia sanitaria en todo el país; Italia, más contagios que en cualquier día de la primera ola; Portugal, estado de calamidad y límite de reuniones a cinco personas; Chequia, colegios cerrados, el mayor índice de contagio en Europa en estos momentos; Cataluña cierra bares y restaurantes, restricciones en comercios; Asturias vuelta a una fase 2. Humildad, humildad porque cualquiera podemos vernos en esta situación y eso no debe ser motivo de aislamiento, de señalamiento. Pero lo que hay que hacer, lo que debemos hacer todos desde nuestra responsabilidad es afrontar la situación, no hacer como que no sucede nada. Cada institución tiene unas competencias, unas competencias que debe utilizar. Solo así podemos protegernos para además proteger a los demás. Y fíjense, hablaba de humildad porque hasta la poderosa Alemania, que parecía una fortaleza en este tema y durante la pandemia, la propia canciller ha señalado que está en una fase exponencial, literalmente lo ha dicho así. Y han aflorado -y en esto quisiera hacer una comparativa también con el Estado español- tensiones entre los Länder, tensiones muy importantes, tensiones sobre las medidas que adoptaban unos y otros, sobre el movimiento también entre unos Länder y otros. Ayer hubo una reunión de todos los jefes de Länder y de la canciller, una reunión en la que se adoptaron unos parámetros que sirvieran como referencia para todos y que al rebasarse debe entrar por parte de los competentes -que son los Länder- restricciones, restricciones que se han acordado y que se han comentado. Por tanto, cada uno en sus competencias, tensiones hay en todas partes en Estados complejos pero las tensiones son solucionables. Cada uno en sus competencias y en esta situación colaboración mutua. Acuñamos el concepto cogobernanza en la última prolongación del Estado de alarma. Creo que en eso se basa el diálogo. Si alguno de nosotros no hace frente a su responsabilidad concreta, a sus competencias, y no ejercita la transparencia por una parte ante la ciudadanía y por otra parte ante las demás instituciones, vamos a


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tener un problema, pero vamos a tener un problema todos, todos. Insisto: competencias, diálogo, hacer frente a nuestras responsabilidades, ejercicio de transparencia ante la ciudadanía y ante las demás instituciones. Y transparencia es también no dar datos que no son ciertos, como hizo, por ejemplo, el otro día el señor Casado refiriéndose a la Comunidad autónoma vasca en cuanto al dato de contagios.

El día 30 de septiembre hubo un consejo interterritorial, pero este venía precedido de algo que, ciertamente, a nuestro modo de ver, resulta inusual. Se había alcanzado anteriormente un pacto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español sobre cuáles tendrían que ser las medidas que se deberían adoptar, y esas medidas se llevaban al consejo interterritorial. No es habitual, desde luego, ni parece muy normal que se pacten, y se hagan públicas además, unas medidas con una comunidad autónoma y se lleven al Consejo interterritorial para, en principio, imponérselas al resto. Y a la hora de debatirse al día siguiente, el día 30 de septiembre, resulta que Madrid se desdice y vota que no. Me limito a describir los hechos, no digo nada más. Se pactan unas medidas, que además se pretenden imponer a los demás, y el día que hay que discutirlas y votarlas, una de las partes se desdice de lo que había llevado a la mesa del consejo interterritorial. Bueno, aun así, se acuerdan una serie de parámetros y de condiciones para poblaciones de más de 100 000 habitantes, de forma que, si esos parámetros objetivamente son rebasados, las autoridades competentes tomarán determinadas medidas. ¿Qué es lo que ocurre después -y creo que es importante señalarlo para las consecuencias que luego puedan venir en el futuro-? Hay una orden de la Consejería de Sanidad, a regañadientes, pero hay una orden por la que se aplican esas medidas. Pero ¿adónde van a sustentarla? La cuelgan de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, en vez de hacerlo de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud, de 1986, que era la que habían utilizado todas las comunidades autónomas que habían necesitado confinar poblaciones anteriormente, y poblaciones importantes en algunos casos. Y todas esas órdenes de las comunidades autónomas fundamentadas en la ley de 1986, en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud, han sido ratificadas por los tribunales de justicia. Por lo tanto, había base y hay base para hacerlo. En este caso no ha sido así porque se ha sustentado sobre la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el partido que está al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid es el que recurre su propia norma. Se produce una situación que, en realidad, se podría haber evitado más que probablemente. Desde nuestro punto de vista, hay unas cuantas conclusiones que quisiéramos dejar muy claras -y yo solo me limito a los datos y a los hechos; no voy a entrar en su discusión partidista-. Conclusión: la legislación sanitaria es suficiente para proceder al confinamiento de zonas o ciudades sin recurrir al estado de alarma. Así lo han avalado los tribunales. Por tanto, tenemos una legislación suficiente. Por cierto, me ha sorprendido un poco oír a la señora Gamarra hablar de que defienden una modificación de la legislación sanitaria ahora, de manera urgente, cuando yo le he oído aquí al señor Casado manifestar en los debates sobre la extensión del estado de alarma que había suficientes leyes, que no hacía falta. Lo dijo, por ejemplo, en el debate del 6 de mayo, pero el 16 de mayo el Partido Popular también señala que hay alternativa a la excepcionalidad constitucional que supone el estado de alarma, dice: En la legislación en vigor, para mantener las medidas de protección de la salud de todos con transparencia y rigor. Estoy de acuerdo con eso, hay base en la legislación sanitaria actual. El estado de alarma está ahí, es otra medida, pero debe ser el último recurso. Es más, le diría que afrontando todos, todas las instituciones, su responsabilidad, lo lógico sería que las autoridades de la propia comunidad autónoma -podría haber otro caso, pero normalmente será la comunidad autónoma- sean las que soliciten el estado de alarma, si entienden que necesitan el instrumento legal, dejando en manos de la Presidencia de la comunidad autónoma correspondiente el mando de las medidas que se deban adoptar. Así es como nosotros lo entendemos, actuando desde la responsabilidad y, como un ejercicio extraordinario -aunque pensamos y se ha demostrado y ratificado por parte de los tribunales de justicia en unas comunidades y otras que es suficiente la legislación sanitaria actual-, si fuera necesario por alguna circunstancia, la propia comunidad autónoma podría tirar de ese instrumento, pero manteniendo sus competencias. Que aprovechando como excusa el conflicto artificial -el conflicto artificial- provocado en Madrid se pretendan recentralizar competencias es algo injustificado y, desde luego, nosotros en ningún caso lo vamos a apoyar.

Esta es nuestra posición. Contamos con los medios legales necesarios, si se actúa con responsabilidad en el ejercicio de las competencias propias, y la base tiene que ser colaboración y transparencia, no utilización de la pandemia para el debate de política general -es inaceptable que se haga esto- y humildad ante una situación de imprevisibilidad en la evolución de la pandemia y ante situaciones a las que todos podemos vernos abocados. Cualquier institución, cualquier localidad,


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cualquier comunidad autónoma puede verse en una situación comprometida, que ahora ni siquiera puede prever.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este punto su turno de réplica, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Antes, cuando me subía en un taxi y me preguntaban si era diputada, decía: sí, y contestaba como orgullosa, ¿no? Ahora, cuando coges un taxi en Madrid y te preguntan: ¿Usted es diputada? Contestas: sí, y entonces el taxista no saca una metralleta porque no la tiene, pero empieza a meternos a todos en el mismo saco. Es horrible. Lo que ha pasado en las dos últimas semanas es lamentable. Hay un dicho que dice: el infierno está empedrado de buenas intenciones. Nadie puede dudar de que el ministerio y el Gobierno de Madrid tienen buenas intenciones y que nadie quiere que la gente se contagie y que esto vaya mal, pero el espectáculo ha sido absolutamente lamentable. Cuando se nos encerró a todos los ciudadanos de este país, en islas como La Graciosa -que Carolina Darias y yo conocemos y donde nunca ha habido un caso-, donde hay casitas terreras y están separadas, los ciudadanos no podían salir de su casita y no paseaban. No hubo ningún caso, pero aguantaron los dos meses como campeones. Lo mismo ha ocurrido en El Hierro, en los Altos de Vilaflor o en las aldeas de Galicia, porque estábamos todos unidos y la gente creía que estábamos haciendo lo posible. Y todos admitimos que, ante un hecho desconocido, se pudieran cometer errores. Pero ahora no podemos volver a cometer los mismos errores y, sobre todo, angustiar a la gente y no buscar soluciones.

Mi fuerza política y yo hemos sido responsables, les digo más, en Canarias nos echaron y gobierna el PSOE con Podemos y nosotros hemos cerrado filas allí. Ayer defendí yo al ministro Illa porque me cogió una persona de aquí y me dijo no, es que un filósofo no puede llevar la sanidad. En Canarias Blas Trujillo, el consejero, es abogado, lo que pasa es que el político tiene que rodearse de expertos y de gente buena. Y en Canarias hicimos una cosa que no ha hecho el ministerio ni otras comunidades, que es que se creó un comité de expertos con nombres y apellidos que lo conocemos todos -Antonio Sierra, Amós García, Cabrera- que firman y dan la cara. Y los canarios sabemos cuándo se toman las decisiones.

Están pasando cosas, señor ministro, que no son lógicas. Le cuento varias de ellas porque aprovecho esto. Ustedes dicen que toman la decisión porque Madrid no había actuado y dijeron que no puede salir nadie de Madrid a no ser que esté justificado ni puede entrar nadie en Madrid que no esté justificado. Pues yo llevo cuatro viajes en avión y, como soy tan cumplidora, voy con mi papel de convocatoria del Congreso y mi certificado de residencia canario, pero nadie me ha preguntado por qué salía de Madrid ni por qué entraba en Madrid. Es absurdo. Te hacen guardar cola de dos metros para entrar en el avión, en el avión vamos petados -como dije el otro día- y llevo un mes hablando con el Ministerio de Fomento -y se lo dije a usted- y no se ha sacado una orden para que se prohíba comer en el avión. Voy en el avión durante dos horas y media con la gente que saca el bocata, lo pone encima, sin mascarilla, rodeada de ocho personas sin mascarilla durante dos horas y media y la gente entrando con mascarillas de válvula. Hablo con los comandantes del avión y me dicen: En la orden no está prohibido comer y no dejar entrar en el avión corresponde a AENA. Miren, los canarios estuvimos durante tres meses -no lo sabe el resto de diputados- sin poder viajar entre islas, teníamos que justificar incluso si íbamos de una isla a otra, y en Canarias teníamos que entrar y salir con un papel que lo justificara también; durante tres meses, como campeones, cosa que no sucedió en ninguna comunidad autónoma. Desde hace dos semanas -y se le digo por mi entorno directo y por el del Grupo Mixto- tanto en Cataluña como en Madrid no se están haciendo las PCR a contactos directos, ya no, a no ser que tengan síntomas. ¿Sabe lo que se le dice a la gente, señor ministro? Que guarden cuarentena diez días. ¿Y sabe lo que pasa? Que con la cuarentena no te dan la baja laboral. ¿Y sabe lo que pasa? Que la gente no guarda la cuarentena porque tiene que comer. O resolvemos también el tema social en Madrid, en Cataluña y en Canarias o la gente que es asintomática y que no le han hecho PCR va a ir a trabajar, porque tú no puedes llamar a tu jefe y decirle: Es que tengo que guardar cuarentena pero no me han hecho la PCR ni me han dado un papelito. Hagamos eso.

Más cosas. Criterios. Ustedes dicen 500, pero no han explicado a los españoles por qué 500. Por ejemplo, en Canarias estamos horrorizados con tener 86, que nos ha puesto de ejemplo. En Canarias


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tenemos que tener 40 para poder abrir los mercados. Alemania se ha escandalizado porque tiene 70 por cada 100 000 habitantes. Entonces, ¿por qué, 500, 450, 200...? Estamos liando a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen una capacidad de sacrificio increíble, pero tengamos conocimientos científicos y técnicos y partamos de ello y, si hay broncas, tengámosla dentro del despacho, y cuando salgamos nos limitamos a decir: No estoy de acuerdo, pero al final se ha tomado esta decisión. Pero no, como al final dejamos la comunicación en manos de estrategas electorales, Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez son los que están fijando la guerra en este país, las tensiones. Desde luego, no podemos seguir con esta dinámica, vienen tiempos muy difíciles en los próximos meses.

Sigo con más cosas. Marcos Lechet, sabe quién es, un chico canario defendiendo las mascarillas no para los sordos, sino para la gente que atiende a los sordos. Tenemos un problema en el sistema educativo, señora ministra de Educación, y en el sistema sanitario. Dicen: Estamos en eso, a ver cómo homologamos las mascarillas trasparentes... Eso es una prioridad, son miles y miles de niños sordos, son miles y miles de ciudadanos sordos que van a los centros de salud y los que tienen que tener esas mascarillas son los médicos, los sanitarios y los maestros. Pongámonos y hagámoslas. El señor Garzón, el de Consumo; usted, ministro de Sanidad, la ministra de Educación; ¡resuelvan eso! Yo estoy intentando hacerles aportaciones.

Y termino con una cosa que, de verdad, la ministra Carolina Darias sabe lo importante que es. Estamos en Canarias pidiendo los PCR en origen y en destino. Es facilísimo montarlo; el coste no es problema porque estamos hablando de perder miles de millones, pero no solo eso, el empresariado canario está dispuesto a financiarlo. Ustedes alegan que es Bruselas, por acuerdos con países. Eso es mentira: en Sicilia está desde agosto, en Cerdeña está, en Madeira está, y resulta que puede venir alguien de Madrid o Barcelona, que hay 1000 contaminados por cada 100 000 habitantes, y no viene el Finlandia ni el de Noruega. Nos dedicamos a decirles a los países que vengan los turistas a Canarias que son jubilados, los ingleses y los alemanes, pero decimos que los del Imserso no pueden ir a Canarias cuando las empresas adjudicatarias -termino ya, señor presidente- habían dicho que resolvían hoteles solo, y está más seguro un jubilado de Madrid en Tenerife o en La Gomera que en otro sitio. ¿Y qué pasa? Que el jubilado de Madrid o Barcelona que tiene dinero puede ir a Canarias, pero el del Imserso no puede ir.

Lo que quiero decir es: pongamos cabeza, rodeémonos de equipos, establezcamos las prioridades, y van a tenernos con ustedes, no solo a las fuerzas políticas sino a los ciudadanos de este país, en las materias económicas, en los tiempos que vienen, que van a ser horrorosos. Y, sobre todo, transparencia de las comunidades autónomas, no solo buena voluntad, buenas formas, porque...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Oramas, por favor.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino ya.

... si uno de los dos no quiere pelear, no hay pelea.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra el señor Sayas López.

El señor SAYAS LÓPEZ: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Quiero empezar esta intervención mostrando nuestra solidaridad y nuestro respeto a las víctimas, a todas las personas que en este momento están padeciendo la enfermedad, a sus familiares, a quienes han perdido a seres queridos en el camino de este lamentable virus, y también a todas las personas que están sufriendo una situación económica devastadora, que son muchas en nuestro país. Quiero empezar así porque creo que estamos deshumanizando todo esto. Creo que estamos entrando en unas discrepancias políticas, en unos debates de politiqueo barato, en unas regatinas que ya no entiende nadie y es momento de poner en el centro lo que importa. Lo que importa es a dónde estamos llevando el país, lo que está pasando mucha gente y lo que han sufrido y están sufriendo muchos ciudadanos en España, y eso debe estar en el centro.

Mire, señoría, a un gestor o a cualquier dirigente de una empresa o de una corporación que se le analice su gestión, se le mide por los resultados, y si analizamos la suya nos damos cuenta de que son unos resultados de récord. Usted tiene el récord de contagios, usted tiene el récord de ser el país con más fallecidos por cada millón de habitantes; somos el país con más sanitarios contagiados, y somos el país


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que peor ha gestionado una pandemia no solo una vez sino dos. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de compartir muchos debates en las comisiones y no le he oído asumir ninguna responsabilidad, y yo no sé si usted empieza a entender que el ministro de Sanidad en España es usted, señor Illa, y que es a usted al que le toca tomar decisiones y orientar la política sanitaria en un momento como este. Y hasta ahora solo he visto buscar responsables en órbitas distintas al Gobierno y en órbitas ideológicas distintas al Partido Socialista. Y a mí me gustaría oír por su parte un análisis de por qué cree que hemos llegado hasta aquí, porque no lo he oído todavía y llevamos meses compartiendo debates. Le voy a decir por qué creo que hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí porque tenemos un ministro de Sanidad que se ha demostrado incompetente, que ha antepuesto la agenda política a la salud pública, que ha ocultado informes y que se ha inventado expertos. Eso es lo que tenemos. Y, cuando le ha sobrepasado toda esta situación, se ha puesto un disfraz de autonomista para enmascarar su incompetencia, ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas y no ha asumido ni una sola responsabilidad de la gestión. En mi opinión, esto explica que España no solo tenga el dudoso honor de haber sido el peor país en gestionar una pandemia en la primera ola, sino que nos hemos empeñado en demostrar al mundo que una segunda vez era posible. Y ahora hablamos de Madrid para no hablar de España porque usted es el responsable de la sanidad en toda España. Pero, claro, yo vengo de Navarra y bastante tenemos los navarros con hablar de nosotros mismos, que tenemos unos datos catastróficos y, sobre todo, absolutamente injustificables. Y es verdad que hay partidos que le piden a usted que tome medidas en Navarra, yo le pido lo contrario y le doy tres razones por las que creo que usted no tiene que tomar medidas en Navarra. En primer lugar, porque yo comparto que la situación de Navarra no es comparable porque nuestra densidad de población y porque nuestra forma de comunicarnos es muy distinta a la de una comunidad grande como puede ser Madrid, como puede ser Cataluña o como puede ser Andalucía. No tienen nada que ver esas cifras comparativamente.

En segundo lugar, porque yo creo que no es momento de estados de alarma en ningún sitio, que es momento de gestión responsable y de asumir cada uno su responsabilidad, pero ¿sabe cómo se hace eso? Coordinando con criterios claros y no levantándose cada mañana e improvisando criterios, de la mano de los expertos, los que ustedes primero se inventan y luego desoyen. Porque han salido cincuenta y cinco sociedades científicas a decir que no se sienten escuchadas por el Gobierno.

En tercer lugar, la razón por la que creo que ustedes no tienen que actuar en Navarra es porque bastante tenemos con la mala gestión que está haciendo la señora Chivite como para que ahora nos venga usted. ¡Ya lo que nos faltaba es que ahora nos venga usted! Y, claro, es verdad que yo creo que no tienen que actuar en Navarra, pero sí que me gustaría escucharle una reflexión de por qué cree que en Navarra hemos llegado a estas cifras porque se nos antoja absolutamente inexplicable. Nuestra densidad de población no lo justifica, nuestro sistema de comunicaciones tampoco lo justifica. A veces se dice que este virus ataca más a las rentas bajas y, evidentemente, nuestra comunidad no es una comunidad de rentas bajas. ¿Cómo puede explicarse que hoy Navarra sea una de las comunidades con peores datos de toda España? Solo lo puedo entender desde una nefasta gestión del Gobierno, del Gobierno de Navarra hablo en este caso. La señora Chivite ha actuado tarde, ha tomado todas las medidas a destiempo, ha improvisado, ha ido de la mano en solitario también sin escuchar a los expertos, sin buscar el diálogo con las fuerzas de la oposición y sin escucharlas. Eso hace que tengamos cuestiones tan injustificables como que la incidencia acumulada, y doy datos de anteayer, sea de 625 en los últimos siete días, que en nuestra comunidad hayan aumentado los contagios el 45 % en solo siete días, que la hospitalización haya aumentado en un 43 % en tan solo siete días y que la tasa de positividad haya estado incluso en casi un 18 %, hoy está en el 12,5 %. Es que son datos injustificables para una comunidad como Navarra, una comunidad que tiene un potente sistema sanitario que, para empezar, es herencia de Gobiernos de UPN, un potente sistema sectario. ¿Qué ha fallado aquí? Pues ha fallado el Gobierno. Una gestión caótica por parte de una presidente socialista a la que usted no le dice nada porque es de su partido. Pero a mí me gustaría escuchar un análisis por su parte de esta comunidad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando empezó el curso escolar, la señora Chivite se empeñó en que tenía que empezar en la primera semana y prácticamente todos a la vez. ¿Qué pasó? Se desbordó tanto la situación que incumplieron sus propios protocolos. Tardaron cuatro días en realizar las PCR, tardaron tres días en los resultados de PCR y confinaron colegios erróneamente, lo que hizo que hubiera colegios que se quedaran sin confinar, teniéndose que haber confinado. Esa es la gestión del Partido Socialista en nuestra comunidad.

Acabo, señor ministro. Le decía que no es momento de estados de alarma, que es momento de un Gobierno que gestione de manera competente y que haga el favor de frenar este virus desde la unidad,


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porque por este camino no solo estamos siendo los campeones de contagios, sino que vamos a ser los campeones de la miseria, y solo hay que escuchar al Fondo Monetario Internacional decir cómo la economía española va a ser la que peor se va a comportar de todo el mundo o que en dos años no habremos recuperado ni tan solo una décima de la tasa de desempleo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro de Sanidad.

Retorna el Gobierno, erre que erre, a plantear medidas que nos devuelven una y otra vez al mismo aciago bucle que se comenzó a perpetrar hace siete meses, pero en esta ocasión acentuado por la discriminación entre comunidades autónomas y cebándose sobre la de Madrid. Más de cincuenta mil muertos después y camino del millón de infectados, ¿cómo puede discutir los datos de la Comunidad de Madrid quien el 31 de enero vaticinó que España no tendría más allá de algún caso diagnosticado?

Tal y como defendí en esta misma tribuna con ocasión de los debates sobre los sucesivos decretos de alarma, reitero que existe un plan B, y es el que viene fijado en la legislación ordinaria para que el Estado y comunidades autónomas actúen coordinadamente, sin necesidad de recurrir a estos estados excepcionales, y mucho menos cuando se hace ahora, como reacción caprichosa, con aromas totalitarios, frente a decisiones judiciales contundentes que han puesto en evidencia el intolerable sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas medidas tomadas en contra de Madrid persisten en abordar este asunto de una forma desenfocada y errónea, peligrosa en términos económicos, sociales y sanitarios, empleando las leyes torticeramente para hacer política de pésimo nivel, perjudicando a unos o beneficiando a otros, dependiendo de su filiación política.

¿Qué credibilidad tienen las medidas que avalan hoy un ministro y un experto cuyas decisiones ha constatado el mundo entero que llevaron a España a ser líder mundial de contagios de COVID-19 y vuelve a serlo ahora? Señorías, en la Moncloa el aparato de manipulación y propaganda continúa situando falsamente en el 11 de marzo de 2020 el comienzo de la respuesta del Gobierno a la pandemia, cuando es notorio que la OMS alertó semanas antes de su propagación por España, fechas en las que el Ejecutivo no solo no desplegó actuación alguna, sino que alentó desde el banco azul marchas y actividades multitudinarias de todos conocidas, orillando la peligrosidad del contagio, para el que la Comunidad de Madrid, sin embargo, ya había tomado medidas preventivas cerrando los colegios.

En plena nueva normalidad y cuando comenzaban a vislumbrarse los negros nubarrones de la segunda ola del coronavirus, el Gobierno decidió disfrutar del verano dejando en manos autonómicas una responsabilidad que la Ley Orgánica de salud pública de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011 le otorgan de forma principal cuando se trata de crisis sanitarias tan graves como esta aunque pudiera contar con la colaboración autonómica.

Y ahora que se han confirmado los oscuros vaticinios, el Gobierno decide retomar las riendas del problema, pero discriminando, porque es público y notorio que las cifras de contagios en Madrid han sido similares a las de otras regiones, cuando no inferiores.

¿Qué clase de retrasos atribuye el ministro de Sanidad a Madrid, después de tomarse el Gobierno, con su presidente a la cabeza, un mes de vacaciones y después de proclamar a troche y moche que superamos la pandemia y que los españoles salimos más fuertes? Es el Gobierno el que ha malgastado un tiempo precioso para contar con herramientas legales precisas que ayuden en el combate contra la COVID-19. En lugar de eso, nos ha ocupado con cerca de 250 normas fragmentarias, coyunturales y erráticas, incluidas políticas de estado de alarma con genuino contenido de excepción, que han provocado la perplejidad de los operadores jurídicos y los ciudadanos, cuando deberíamos de haber concentrado todos los esfuerzos en paliar la enfermedad.

Concluyo, señor presidente, porque, sin embargo, el Gobierno ha optado por la política irresponsable de más madera contra la Comunidad de Madrid y quiero manifestar mi rechazo y mi desacuerdo con esta actitud.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.


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La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, buenos días, tardes casi ya.

La verdad es que no hay dos personas que lean el mismo libro ni que vean el mismo cuadro o escuchen las mismas palabras. Aquí sabemos muy bien que cada vez que cada palabra que escuchamos, cada frase que oímos está filtrada por el tamiz de nuestra situación individual o familiar de nuestra experiencia personal. Por eso cuando subimos a esta tribuna todos tenemos en mente a las personas con vidas y trayectorias diferentes a las que queremos dirigir nuestras palabras. Y yo escuchaba a la señora Gamarra y me preguntaba para quién estaba hablando, a quién dirigía ese discurso. También me lo pregunto muchas veces cuando escucho al señor Casado, porque ¿quién cree que en el peor momento de España y cuanta más unidad hace falta se sentirá satisfecho con esa cascada de palabras llenas de división, odio, hipérboles a las que tanto nos tiene acostumbrados? Desde luego, no creo que sea al personal sanitario, señora Gamarra, que se está dejando la piel para alejar de todos nosotros la sombra del mes de marzo y esperan de todos, pero sobre todo el Partido Popular, algo más que este ejercicio de radicalismo al que parece que ya se han acostumbrado. Tampoco creo que contente a la inmensa mayoría de los españoles, que están muy lejos de esas posiciones ideológicas, cada día más extremas, en las que el Partido Popular ha decidido situarse. Por cierto, el presidente no está hoy aquí porque, como saben, está en el Consejo. Me gustaría saber dónde está el señor Casado, que no tiene otra cosa que hacer, nada más que estar aquí. (Aplausos).

Yo creo que a estas alturas ya es para todos evidente que el Partido Popular solamente habla para un público, para el extremismo que quiere volver a atraer hacia su partido, aunque sea al precio de arrastrar a su partido al extremismo. Por eso hoy de nuevo, y lo digo con profundo penar, hemos asistido a otro rosario de excesos, descalificaciones y manipulaciones, que solo sirven para contentar a ese público al que el Partido Popular está buscando con tanto ahínco, un ejercicio de antipolítica que el Partido Popular está dispuesto a convertir en el único legado. Se ha convertido el Partido Popular en el partido más extremista, y Pablo casado se ha convertido en el dirigente más extremista de la historia del Partido Popular, y no era fácil. (Rumores.-Aplausos).

Hoy, en este mismo momento, mientras el Partido Popular agota todo su tiempo en insultos y enfrentamientos, hay miles de alcaldes, concejales, consejeros y presidentes autonómicos que en toda España están trabajando por ayudar a sus vecinos y hacer frente a esta pandemia; alcaldes y concejales de unos y otros partidos, de todos los partidos políticos, que no tienen tiempo para estos juegos de mala política en la que el Partido Popular y la señora Ayuso se han embarcado y a la que quieren arrastrarnos a todos; alcaldes, concejales, consejeros y presidentes que llevan meses trabajando día y noche para frenar esta pandemia y que se merecen el reconocimiento y el agradecimiento de todos nosotros, y desde esta casa de la soberanía nacional quiero transmitírselo en nombre del Partido Socialista. (Aplausos).

La política en España no se corresponde con la imagen que el Partido Popular y la señora Ayuso, bajo sus órdenes, quieren presentar. La imagen de confrontación y división que algunos se empeñan en cultivar y lograr no se corresponde con un país como el nuestro, en el que las instituciones funcionan, en el que el ministro de Sanidad, señor Illa, habla con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas casi a diario y con total normalidad, en el que el presidente del Gobierno se ha reunido con los presidentes de las comunidades autónomas más veces que ningún otro presidente en nuestra historia. La realidad de la política en España es la de la lealtad institucional. La realidad de la política en España es la de la responsabilidad. Esa es la buena política, que no da titulares, pero sabe hacer frente a los problemas. Las instituciones funcionan, pero eso es algo que creo que sabemos todos, aunque el Partido Popular se empeñe en que parezca otra cosa. Por eso Ayuso convierte la política en un barrizal de confrontación y división que solo el Partido Popular -bueno, y la extrema derecha- quiere atizar, porque no se escucha a nadie más. Hay diecisiete comunidades autónomas y más de 8000 alcaldías en España, pero solo se les escucha crispar a la señora Ayuso y al Partido Popular. (Aplausos).

El problema es que ustedes, señorías del Partido Popular, dirigen un partido que ha gobernado España y sus palabras tienen consecuencias mucho más allá de las paredes de esta sala, porque cuando el insulto y la descalificación ocupan esta tribuna o los escaños mientras otros intervenimos las instituciones democráticas se resienten, la ciudadanía se aleja y el extremismo se agranda, y el daño que en estos meses tan duros para el país está haciendo el Partido Popular a las instituciones es inmenso. El Partido Popular en Madrid debería tener como prioridad combatir el virus. Sin embargo, su prioridad es atacar al Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora también, por cierto -y lo recordaba el señor Errejón-, atacar a los andaluces, de quienes dice que viven subvencionados, y ya es de festival del humor que la señora Ayuso


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diga de un pueblo como el andaluz que vive subvencionado. Ella, la del Room Mate, la de los 400 000 euros de Avalmadrid (aplausos); al pueblo andaluz, que es un pueblo trabajador y honrado. Miren, dejen ya de enfrentar a los españoles. (Aplausos.-Protestas.-El señor Gutiérrez Díaz de Otazu pronuncia palabras que no se perciben).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Gutiérrez, le llamo al orden. Señorías, guarden silencio, como todos los demás portavoces han sido respetados en su intervención, así que, por favor, sigamos como íbamos en la sesión y respeten al interviniente.

La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Dejen la confrontación y empiecen a trabajar por los madrileños, que ya va siendo hora, porque, por más vueltas que ustedes den a las palabras, la realidad es tozuda y hay preguntas que les dejan en evidencia. ¿Dónde están los rastreadores? ¿Dónde están aquellos rastreadores que la señora Ayuso prometió? ¿Dónde están los médicos y el personal sanitario que dijo que iba a contratar? ¿Dónde están? ¿Por qué no ha reforzado la atención primaria, que es la primera barrera contra la pandemia? ¿Por qué siguen cerrados los centros de salud? ¿Por qué han tardado meses en poner en marcha la aplicación Radar Covid? Y, si no ha contratado rastreadores ni médicos ni personal sanitario y mantiene cerrados los centros de salud, me gustaría saber qué ha pasado con los 1500 millones de euros que el Gobierno de España le entregó para hacer frente a la pandemia. (Aplausos).

En toda España y en toda Europa cientos de ciudades están adoptando restricciones para frenar al virus. En el mismo momento en el que la señora Ayuso decía que restringir movimientos en Madrid era poco menos que totalitarismo, se aplicaban medidas en León, Palencia, Zaragoza, Orense y Huesca. En París se empezaron a adoptar medidas con una incidencia muchísimo menor, en Berlín con tan solo cincuenta casos por cien mil habitantes, en Londres con algo más de cuarenta casos. Pero en Madrid, con hasta diez y quince veces más, el Partido Popular y la señora Ayuso se empeñan en decir que todo va bien y que no hay que hacer nada.

Miren, es que llueve sobre mojado. Cuando Madrid necesitaba médicos, ustedes contrataron curas; cuando necesitaba atención primaria, ustedes se pusieron a construir un hospital; cuando Madrid necesitaba luchar juntos contra el virus, ustedes segregaron la ciudad por barrios: medidas no solamente injustas, sino también inútiles. Ciudades de toda España están adoptando restricciones, están luchando cada día, están tomando decisiones difíciles que los alcaldes y los presidentes se esfuerzan en explicar a sus ciudadanos, mientras que el alcalde de Madrid en la víspera de un puente dice que la gente vaya donde quiera, como hizo la semana pasada. ¿Es esa la solución del Partido Popular a la pandemia, el allá cada cual y el sálvese quien pueda?

Y cuando el Gobierno de España dice que hay que hacer algo en Madrid, que hay que frenar la pandemia, del mismo modo que lo están haciendo otras ciudades en todo el país, en toda Europa, el Partido Popular y la señora Ayuso ponen el grito en el cielo y dicen que es una operación de acoso y derribo. Vamos a ver, ¿de verdad cree usted, señora Ayuso (un señor diputado: ¡No está!), y miembros del Partido Popular, que toda Europa -Francia, Alemania, Inglaterra-, también Estados Unidos y todas las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular, están conspirando contra la señora Ayuso y la Comunidad de Madrid? ¿Es que todos esos Gobiernos, incluso los del PP, en las demás comunidades autónomas que están tomando medidas han decidido convertirse, según ustedes, en dictaduras? ¿Es que el señor Feijóo, el señor Fernández Mañueco o el señor Moreno Bonilla son bolivarianos del Partido Popular por adoptar medidas más duras que las que la señora Ayuso y ustedes defendían para Madrid? ¿También la canciller Merkel y el presidente Macron son unos peligrosos dictadores liberticidas para el Partido Popular? ¿O es que más bien ustedes no saben lo que deben hacer, lo que está haciendo todo el mundo y muchas ciudades de nuestro país para proteger a los ciudadanos de Madrid ante la pandemia? ¿Es que los ciudadanos de esta ciudad no tienen el mismo derecho que los de otras comunidades autónomas a que se proteja su salud por encima de cualquier otra cosa? ¿Es que para ustedes los madrileños valen menos que los ciudadanos de Galicia, Castilla y León o Andalucía? (Aplausos).

Ustedes hacen oposición con mentiras de piernas tan cortas que no hace falta ni correr. Dicen que el Gobierno de España busca acorralar al Gobierno de Madrid. Miren, el Gobierno de España solo busca acorralar al virus en una ciudad en la que hay transmisión comunitaria del virus (un señor diputado: ¡Y en Navarra!), con un porcentaje de positividad en torno al 18 % en PCR y al 15 % en test de antígenos, muy por encima del límite, como saben, del 10 %, y una ocupación de las UCI del 40 %.


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Y, por cierto, un consejero que lleva más de cuatro meses sin aparecer por la Comisión de Sanidad. Eso es lo que hay en Madrid. (Aplausos). Por eso era necesario tomar medidas. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo que había que hacer. Mejor dicho, el Gobierno de España ha hecho lo que no ha querido hacer el Gobierno de Madrid, el Gobierno de Ayuso. (Aplausos).

Por eso, lo que les pido es que dejen de utilizar a los madrileños como peones en su estrategia contra el Gobierno y empiecen a tratarlos como ciudadanos con derechos; el primero y por encima de todos, el derecho a la salud. El Gobierno de España ha tenido que intervenir porque ustedes no lo han hecho. (Un señor diputado: ¡Mentira!). ¿En qué situación estaría Madrid ahora si ustedes hubieran reforzado la atención primaria el pasado verano? ¿En qué situación estaría ahora Madrid si hubieran contratado rastreadores? Además de su nefasta gestión, el impacto no es solo sanitario, sino también económico. Miles de negocios se han adaptado en estos meses a la nueva situación y han hecho sus deberes para abrir con seguridad para sus clientes, pero ustedes no han hecho su parte reforzando la sanidad pública y las consecuencias las pagamos todos. El Gobierno de España ha tenido que intervenir porque el Partido Popular y la señora Ayuso se han negado a tomar las medidas necesarias para frenar la pandemia, las mismas que están adoptando otras ciudades en España y en toda Europa.

Señorías, hay una frase que casi todos nosotros hemos dicho en algún momento a lo largo de estos duros meses de pandemia, que es esa de que hay que dejar la política aparte, una frase que se escucha casi cada día y que me niego a asumir resignadamente. (Rumores). El único sentido de la política es resolver los problemas que enfrentamos como sociedad, y, si nos resignamos a ver la política como parte del problema -y, sobre todo, si algunos se empeñan en convertir la política en parte del problema-, no solo estaremos más lejos de dar una respuesta a la pandemia, sino que estaremos más lejos de los ciudadanos, que esperan de nosotros respuestas.

Yo sí creo en la política como compromiso, como palanca de cambio, como solución y como respuesta. Creo en la política que practican esos miles de concejales, consejeros, presidentes y alcaldes que se desvelan por responder a los problemas de sus vecinos. Creo que este país ha hecho grandes cosas, que generaciones anteriores apenas se atrevieron a soñar con la España en la que hoy vivimos y que hemos levantado entre todos. Creo que la crispación, el desaliento, la división y el cinismo no han construido ningún hospital, no han levantado ninguna escuela y no nos van ayudar tampoco contra la pandemia. (Aplausos). Creo que la sanidad pública, a la que tanto debemos, es el fruto de valores como el compromiso, la justicia y la responsabilidad colectiva. Creo que en este momento se necesita más comunidad, no menos; se necesita más responsabilidad, no menos. Creo que este tiempo difícil no necesita menos política, sino mejor política, una política que eleve y dé ejemplo a los ciudadanos, no que ataque a las instituciones con la crispación y el extremismo. Es nuestra obligación, la de cada uno de nosotros, estar a la altura del tiempo que vivimos, y el ministro de Sanidad y el Gobierno de España lo están.

Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señor vicepresidente.

Señorías, muchas gracias por todas sus intervenciones, que voy a comentar dirigiéndome a cada uno de los portavoces de los distintos grupos que han tomado la palabra.

Señora Gamarra, cuando la escucho dice tanto de todo y tan poco de lo sanitario que no sé si habla usted o el señor Casado. Se equivoca de persona -quiero pensar que el señor Casado-, por lo que a lo más grueso de su discurso, por cortesía parlamentaria con usted, que siempre la he tenido y usted lo sabe, y por economía de palabras, ni siquiera voy a entrar. Deje que le diga, eso sí, que ya ve lo que están provocando alimentando a VOX. En su tono, insisto, supongo que habla el señor Casado. Debo decirle una cosa: si habla como VOX, piensa como VOX, se explica como VOX y tiene su mismo estilo, señora Gamarra, no se extrañe de que todos los españoles pensemos que el PP es como VOX. (Rumores.-Aplausos).

Entiendo que es el señor Casado el que habla por usted, y debo decirle, para que se lo transmita, que tengo una mala noticia que darle: no vamos a entrar en sus provocaciones, en sus retahílas ni en sus


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ditirambos imaginarios. (Rumores). Frente a las proclamas contra la izquierda democrática escucho muchos argumentos de derechas, pero ni un solo argumento sanitario de las derechas. Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan VOX y ustedes, el bloque de los negacionistas. Lo digo bien, señoría, por este orden: VOX y ustedes, porque tan solo es escucharla y darnos todos cuenta de que no son más que los teloneros de la moción de censura de VOX. Recuerden mis palabras, señores del Partido Popular, intentarán confundir a los españoles -lo estamos viendo no solo en lo sanitario-, pero no lo lograrán. No convencerán y no ganarán, esta vez no. (Aplausos).

Entrando en lo estrictamente sanitario, señoría, el decreto de alarma que adoptó el Consejo de Ministros tenía un único objetivo, como he explicado: dar cobertura jurídica a un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dar cobertura jurídica a unas medidas que fueron acordadas por amplia mayoría en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -eso es lo que hicimos-; unas medidas que no tienen nada de arbitrario porque son las mismas para el conjunto de todo el país, unas medidas que no tienen nada de autoritario porque son adoptadas ejerciendo las tareas de coordinación y cohesión que competen al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; unas medidas que no tienen nada de abusivo.

Basta con contemplar y hacer un repaso, que he intentado hacer yo y que han hecho en algún caso con mayor precisión algunos portavoces, de las medidas que se están adoptando en nuestro país, algunas por parte de correligionarios de su propio partido en Orense, Andalucía, Murcia, y otras en Cataluña, otras en el Principado de Asturias, o, simplemente, las medidas que se están adoptando en Europa; en Francia, donde parece que la libertad no está en peligro; en Portugal, donde parece que la libertad tampoco está en peligro; en Italia, donde parece que tampoco la libertad está en peligro; o en Alemania, donde parece que tampoco está en peligro la libertad. (Aplausos). Pero puedo citarle también los Países Bajos, Bélgica, la República Checa y muchos países del Este. Eso es lo que está haciendo todo el mundo, combatir una segunda oleada de un virus muy contagioso, del que todavía estamos aprendiendo cosas, porque, es verdad, hay cosas que no sabemos de este virus, y arrimando todos el hombro.

He echado en falta en sus planteamientos un cierto tono de humildad y prudencia. Esta segunda ola sabemos que no es igual que la primera. Detectamos muchos más casos, hay un perfil de personas mucho más jóvenes, tiene una letalidad mucho más baja por el momento -del 1 %, versus el 12 % en la primera oleada-, la presión sobre el sistema hospitalario, afortunadamente, está siendo más baja. Pero es una segunda oleada que hay que tomarse muy en serio, porque no sabemos lo que va a pasar en dos, tres, cuatro o cinco semanas. El portavoz del PNV decía que nos movemos en un contexto de incertidumbre, y es así. Y los ciudadanos son adultos y merecen que les digamos las cosas por su nombre. Y lo que no sería perdonable es que no actuáramos y no tomáramos unas decisiones tan acertadas como podríamos tomarlas en función de los criterios que nos proporciona la ciencia, y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que está haciendo el conjunto de las comunidades autónomas.

Más de doscientas medidas se han tomado desde el 21 de junio por parte de las comunidades autónomas -en su inmensa mayoría, por no decir la totalidad-, ratificadas por los tribunales de justicia. Se ha actuado, y se ha conseguido en muchos casos controlar el virus; en muchos casos, con mucho esfuerzo. Me he referido antes a los episodios de temporeros en Aragón y en Lérida, en Cataluña, después a los episodios de ocio nocturno. Hemos ido tomando acciones coordinadas en salud pública para ir haciendo frente a estas medidas, siempre de la mano de las comunidades autónomas. La situación de Madrid devino preocupante y lo que no es aceptable es que no actuemos. Por eso, el Gobierno de España ha tenido que tomar las medidas que ha tenido que tomar. Es un poco desconcertante para mí que a veces se nos pida -a mí como ministro de Sanidad y al Gobierno de España- que respetemos las competencias de las comunidades autónomas, que hagamos el favor de no ser mando único, que dejemos que actúen, y cuando lo hacemos se nos dice que nos vamos de vacaciones y que no actuamos; y cuando actuamos, que por qué actuamos y vamos en contra y acosamos a una comunidad autónoma. Es desconcertante, señoría, este planteamiento que hacen ustedes. Le voy a pedir que pongamos todos el empeño en derrotar al virus. Claro que habrá que evaluar la gestión de todos los Gobiernos, también del Gobierno; claro que habrá que evaluar la gestión del Ministerio de Sanidad; claro que tienen toda la legitimidad ustedes para hacer cuantos comentarios les parezca, pero pongamos ahora -en un momento delicado para nuestro país- el empeño, el máximo empeño no en derribar al Gobierno sino en derrotar al virus. Sabe usted -creo que lo sabe usted y si no aprovecho para comunicárselo- que adoptamos también en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la semana pasada crear un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas para encargar una evaluación independiente


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y objetiva de cómo ha funcionado nuestro país respecto a la pandemia. Un grupo de trabajo con representantes de todas las comunidades autónomas, de las sociedades científicas, de expertos en bioética y en ética, que va hacer una propuesta en un mes de un proceso de evaluación, cuándo tiene que hacerse, cómo tiene que hacerse y quién lo tiene que hacer. Me gustaría que fuera constructivo para que en lugar de reprocharnos cosas -no tengo ningún interés en hacerlo yo- pudiéramos sacar lecciones de cara al futuro. Sepa usted que esto lo vamos a hacer, pero le pido encarecidamente que ahora pongamos todo el empeño en derrotar esta segunda ola del virus en nuestro país, que la cosa no está nada fácil.

Señor Steegmann, no estamos en una batalla contra el comunismo, estamos en una batalla contra el virus del COVID-19. (Aplausos). Por favor, usted que es médico no se confunda. Usted sabe los peligros reales de este virus, usted lo sabe como profesional sanitario que es, he constatado sus conocimientos médicos en multitud de comisiones. No estamos combatiendo el comunismo, estamos combatiendo un virus, un virus peligroso, que se ha llevado la vida de muchos compatriotas -es verdad-, que tiene a muchos compatriotas hospitalizados, algunos de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Haríamos todos bien en ir juntos contra este virus y dejarnos de politizar esto, ni aprovechar el virus para cargar contra el Gobierno, que usted tiene toda la legitimidad de intentar criticar pero, por favor, no nos descentremos.

Voy a comentar muy pocas cosas respecto a su intervención, solo le voy a decir dos o tres cosas. En primer lugar, le pido y, si me permite, le exijo respeto para los servidores públicos, en particular para quien está coordinando el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que, por cierto, usted sabe perfectamente que no nombré yo y felicito a quien lo nombró. Le exijo un respeto, el doctor Simón y todos los responsables de salud pública de todas las comunidades autónomas y todos sus equipos son personas que llevan trabajando horas, horas y horas desde el mes de enero (aplausos), y lo hacen con criterios de independencia, de profesionalidad, tomando o recomendando tomar decisiones muy difíciles, muy difíciles, pero haciendo frente a sus responsabilidades, haciendo frente a sus responsabilidades. Le pido y exijo un respeto; puede usted discrepar de lo que deciden, pero como mínimo un respeto. La segunda cosa que le quiero decir es que la diferencia principal entre usted y lo que usted representa y yo y lo que yo represento es que usted quiere que yo me vaya muy lejos y yo en cambio quiero construir un país en el que incluso usted tenga un lugar. (Aplausos).

En cuanto al señor Mayoral, del Grupo Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común, comparto y celebro todas sus consideraciones, sus palabras expresadas, con la vehemencia, si me lo permite, que a usted le caracteriza -porque se cree lo que dice y esto es muy respetable-, respecto de la sanidad pública. Es verdad que una pandemia de estas características, como no podía ser de otra manera, pone a prueba al conjunto del sistema y pone al descubierto también aquellas cosas que no hemos hecho suficientemente bien en los últimos años. A mí me sería muy fácil, incluso cómodo, explayarme en esto; no quiero hacerlo, entiéndalo. Mi papel creo que es otro, mi papel creo que es el de mirar hacia delante, tocando los pies el suelo y combatiendo ahora la segunda ola, pero habrá que hacerlo, tiene usted razón. Habrá que ver qué políticas en los últimos años a nivel sanitario han sido más efectivas y cuáles tienen que ser perfeccionadas. Habrá que revisar por qué en algunos sitios donde la atención primaria tuvo especial refuerzo ha funcionado, con los datos en la mano, mejor que en otros sitios. Habrá que ver si no hace falta reforzar mucho más algunos sistemas sanitarios, efectivamente. La pandemia ha puesto al descubierto esas cosas y yo creo que tenemos que convocarnos todos a hacer un análisis objetivo, frío para tomar decisiones de futuro -a mí me importa más esto-, no tanto para reprochar qué hemos hecho mal en el pasado como para corregir las cosas que tengamos que corregir en el futuro. Porque pandemias las hay y muy probablemente las seguirá habiendo, y no sería perdonable que no tomáramos las medidas correctas para corregir esta situación.

Ha hecho usted un repaso a la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid. En fin, yo tampoco voy a entrar en esto, pero sí he retenido una frase de esas que usted acostumbra a pronunciar que son bastante lapidarias y que me ha gustado y he anotado porque resume muy bien la cuestión. Y no lo digo como un reproche a la Comunidad de Madrid, lo digo como reflexión general aplicable a todos: menos ladrillos y más manos. Lo ha dicho usted y es verdad. Hay un problema en estos momentos de capacidad de recursos humanos, que no vamos a resolver en una semana ni en un mes, porque usted sabe que formar profesionales con las debidas garantías y con el altísimo nivel que tienen los profesionales sanitarios en nuestro país requiere un cierto tiempo, pero es una buena expresión, síntesis de lo que hemos de hacer en los próximos años: más manos y seguramente no tantos ladrillos. Haremos una evaluación, como he dicho antes, de cómo han ido las cosas. A mí me gustaría que fuera en clave constructiva, pero


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ya le puedo anticipar que en esta evaluación -lo está diciendo todo el mundo; incluso con posiciones políticas tan distintas todos coincidimos en esto- la salud pública tendrá que reforzarse, efectivamente. La salud pública ha ocupado un peso presupuestario escaso hasta ahora en el ámbito de la sanidad, alrededor del 1 % o algo más del 1 % en los mejores años, y hemos aprendido todos que es muy importante la salud pública porque es tan importante prevenir como curar y para prevenir hemos de reforzar los servicios de salud pública. Quiero también subrayar su consideración, que comparto, sobre el aspecto solidario, al menos -déjemelo decir así-, de solidaridad forzada que comporta una pandemia. Para los que pudieran no creer en la necesaria solidaridad en toda sociedad madura y democrática como la nuestra, una pandemia es un ejercicio forzado de solidaridad porque o salimos todos juntos o no sale nadie. Por eso ha sido tan importante el esfuerzo que ha hecho el Gobierno -que han liderado colegas míos de Gobierno, algunos presentes en esta sala- en materia de protección social, de despliegue de medidas sociales para que nadie quedara atrás. Creo que eso es fundamental también como un arma de lucha contra la pandemia.

Señor Errejón, su principal consideración ha sido que el Gobierno de España ha actuado tarde y ha sido tibio. Creo que no y voy a intentar argumentárselo. Creo que no porque, desde un punto de vista epidemiológico -fíjese, le argumento desde el ámbito epidemiológico, no entro en otras consideraciones de política general que creo que también ayudarían a mi argumentación-, estrictamente desde un punto de vista de combate contra la pandemia, es muy importante que vayamos todos juntos, es muy importante que no haya discrepancias entre líderes políticos, nos gusten más o menos los distintos liderazgos políticos, estemos más o menos de acuerdo con sus posiciones políticas. A mí me hubiera gustado que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid estuvieran juntos con el Gobierno de España o el Gobierno de España junto con ellos. Y, efectivamente, tiene usted razón, pasaron dieciocho días desde que el presidente del Gobierno se desplazó a la sede del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para ofrecer un apoyo reforzado, pero le aseguro que fueron dieciocho días -quizás hayamos podido cometer algún error, yo esto no lo puedo excluir- de un intenso esfuerzo por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo para ir todos juntos, y no fue posible, es verdad. Yo he explicado antes los hechos, he explicado cómo se reconoció que había un acuerdo que luego no se pudo plasmar, pero desde un punto de vista epidemiológico es muy importante ir todos juntos, y seguiremos en este empeño, seguiremos ofreciendo lealtad institucional, seguiremos ofreciendo colaboración, seguiremos atendiendo a las recomendaciones o posicionamientos de los equipos técnicos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que son equipos muy profesionales. A nosotros nos parecía -y nos vimos en la obligación de explicarlo públicamente- que había que ir a más. Yo no quiero tener razón en nada, quiero derrotar al virus. Creo que los hechos avalan que se tenían que tomar medidas de esta índole, no a partir de 500 por 100 000, esto es un caso extremo, mucho antes, como están haciendo muchas comunidades autónomas, y hoy han salido varios ejemplos en el debate que estamos teniendo. Por tanto, el esfuerzo que hizo y que seguirá haciendo el Gobierno de España por llegar a un acuerdo, por ir todos juntos, por recuperar esta unidad en la lucha contra el virus yo creo que ha merecido la pena y, al final, lamentablemente, tuvimos que actuar; actuar simplemente con un instrumento, el decreto de estado de alarma, para dar cobertura jurídica a una medida que adoptó -no olvidemos esto- por mayoría amplia, muy amplia, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es un organismo de coordinación que, cuando toma un acuerdo, obliga a todos aquellos que formamos parte del mismo.

Ha hecho usted un repaso de la situación de la Comunidad Autónoma de Madrid, aludiendo a algunas posiciones de su máxima representante y a algunas medidas que han tomado. Le digo lo mismo que le he dicho al señor Mayoral. Sería relativamente fácil, y alguien podría pensar que cómodo, recrearme en ello, pero no lo voy a hacer; quiero mantener mi foco exclusivamente en la derrota del virus y todo aquello que no ayude a esto intento obviarlo. Por tanto, no se lo tome a mal si no comento estas medidas. Dice usted que hay que tomar más medidas. Las medidas que se han adoptado son, insisto, para una situación extrema, pero claro que hay que tomar muchas más medidas, y están contenidas muchas de ellas en el Plan de respuesta temprana, documento vivo que estamos actualizando. Y es verdad que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses de julio, agosto y septiembre cómo ir corrigiendo algunas de las actuaciones que han llevado a cabo algunas comunidades autónomas. Por eso, nos reunimos semanalmente todos los consejeros de Salud, para intercambiar experiencias; por eso nos hemos reunido con los consejeros de Educación. Por cierto, solo un 1,3 % de aulas en España -328 000 aulas hay en nuestro país, si no me corrige mi querida colega la ministra de Educación-, 4500, están en estos momentos confinadas. Esto creo que lo hemos hecho todos juntos, todos juntos, y creo que lo hemos


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hecho razonablemente bien; toquemos madera, porque no hay que bajar la guardia. Por ejemplo, también en el ámbito de la cultura, donde vamos a tener una reunión este viernes para poner de relieve el enorme esfuerzo que ha hecho el ámbito de la cultura para ser un espacio seguro -que lo es y lo digo aquí delante de todas sus señorías- donde poder realizar actividades y poder seguir dando placer y entretenimiento a la ciudadanía española. Por tanto, más medidas, claro que hay que tomarlas, pero, insisto, el índice de 500 por cada 100 000 habitantes es un índice extremo sobre el que hay que actuar. También ha hecho un repaso con una serie de argumentos que, si me lo permite, hago míos, a la hora de valorar lo que aquí algunos entienden como una limitación a la libertad y como una acción dictatorial y, en cambio, en otras partes, cuando se adoptan por correligionarios de su propio Gobierno o en otros países de Europa, se ve como una actuación sabia y correcta. Intentemos no caer en este tipo de contradicciones que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía.

Señor Bal, quiero agradecerle no solo el tono de su intervención, sino que su partido político haya dado siempre apoyo a las medidas del estado de alarma que el Gobierno ha planteado aquí. Esta es una cosa que, al menos yo, no olvido, porque es relevante saber compaginar la crítica política, legítima, con saber estar donde hay que estar en momentos críticos. A otros les debería hacer reflexionar la actitud de su partido, para cambiarla, claro. Usted me dice que hagamos el máximo esfuerzo para acordar, para ir todos juntos. Le aseguro que esa es la actitud que tenemos, por muchas razones, de talante del Gobierno -empezando por el presidente del Gobierno, que se desplazó a la Comunidad de Madrid-, pero también, y lo he dicho antes, por razones estrictamente epidemiológicas. El primer elemento clave para combatir un virus es ir todos juntos, que la gente nos vea unidos. Y aunque solo sea por esta razón -si me permite egoísta- de combate de estrategia epidemiológica, hemos intentado y seguiremos intentando llegar a un acuerdo. Yo lamento que no haya sido posible, pero usted apelaba a la responsabilidad de cada quien, nosotros hemos tenido que asumir la responsabilidad que nos correspondía como Gobierno de España, y cuando hemos visto que no ha sido posible, hemos tenido que actuar. Fíjese usted cómo están actuando otras comunidades autónomas y fíjese usted cómo están actuando otros países europeos. A mi modo de ver -puede haber opiniones distintas- con lo que yo he experimentado y he vivido en estos meses, actuar así, en el marco de un Estado compuesto que yo defiendo, a día de hoy -aunque estamos todavía en el combate de la pandemia- ha funcionado razonablemente bien. Claro que hemos visto que había mecanismos de coordinación que probablemente hay que reforzar, reforzar. Claro que sí, claro que no habíamos adoptado hasta ahora en cuarenta años ninguna acción coordinada en salud pública y ya hemos adoptado cuatro. Claro que el Consejo interterritorial se reunía dos o tres veces al año y ya se ha reunido más de cincuenta veces, se reúne semanalmente como mínimo una vez. Claro que no había reuniones con otros colegas de Educación, Cultura y Agricultura, y ahora las hay con frecuencia. Claro que hemos visto cosas que hay que ir perfeccionado, pero ha funcionado razonablemente bien. Y solo un dato para clarificarlo, no con ningún otro ánimo: adoptamos una prórroga del estado del alarma con 300 casos de incidencia acumulada y usted me dice que ahora con 7000. Una de las diferencias que hay entre esta segunda ola y la primera es que sabemos con precisión -y déjeme sacar un poco de orgullo de país; somos el único país que lo puede afirmar con contundencia y categóricamente- que en España en la primera ola se detectaba un poco menos del 10 % de los casos. ¿Por qué? Porque hicimos un estudio de seroprevalencia de tres oleadas con representación provincial. Ahora estimamos que detectamos entre un 60 y un 80 % de los casos, lo sabremos con precisión cuando hagamos la cuarta, quinta y sexta ola del estudio de seroprevalencia, que la vamos a empezar hacer -la cuarta ola- en las próximas semanas. No nos dará el alcance de la pandemia, sabremos si estamos detectando, efectivamente, un 60 o un 70 %. Por tanto, los 300 casos que usted mencionaba eran un 10 % de los que había en aquel momento y los 7000 que usted menciona ahora son entre 60 y un 80 % de los que hay ahora. Esto aquí y presumimos que en todas partes. No quiero entrar en ningún tipo de reproche con la Comunidad Autónoma de Madrid (rumores), sí que tengo -o tenemos- la obligación de explicar las cosas tal y como han ido... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): ... con transparencia. Hemos reconocido errores, los hemos reconocido. Yo creo que todo el mundo ha cometido errores en el combate contra esta pandemia, probablemente los sigamos cometiendo, pero hay uno que no vamos a cometer, señor Bal, que es el de no actuar, el de no tomar medidas, el de no hacer frente a nuestras responsabilidades, porque este sí que sería imperdonable; cueste lo que cueste, hay que tener coraje a veces, porque, es verdad, no estamos en un entorno predeterminado y no sabemos lo que va a pasar en tres o cuatro semanas. Pero lo que


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hemos de hacer es, con los datos que tenemos y escuchando a la ciencia, tomar aquellas decisiones mejores para todos y, si es posible, con consenso y lealtad entre todos. Quiero acabar reiterando que el Gobierno de España está en un pulso contra el virus, contra nadie más, contra el virus. (Rumores). Y en eso estamos y en eso seguiremos estando, con criterios de coordinación, de cooperación y de lealtad institucional. Usted mencionaba que le daba envidia Alemania y Francia donde llegan a acuerdos, pues déjeme decirle que aquí hemos llegado a muchos acuerdos, hemos llegado a cuatro acciones coordinadas en salud pública, todas menos una aprobadas por unanimidad, con muchas medidas, más de cincuenta medidas en su conjunto. Hemos tenido un diálogo muy fructífero con la Federación Española de Municipios y Provincias y con muchos alcaldes. Hemos trabajado conjuntamente también en el ámbito de la agricultura con los consejeros de Agricultura para acordar protocolos. Hemos acordado multitud de protocolos técnicos en el seno de las ponencias de alertas existentes. Ha habido muchos acuerdos y una discrepancia, que hemos tenido que contar y que ha obligado al Gobierno de España a tomar unas decisiones para dar cobertura jurídica a un acuerdo, insisto, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En todo caso, ahí estamos. Respecto a las consideraciones que ha hecho de otras cuestiones no estrictamente sanitarias, no se moleste pero no debo entrar en ellas y no voy a hacerlo.

El señor Esteban me ha comentado que tenía que ausentarse, pero quiero agradecerle su intervención -por favor se lo trasladan-, en primer lugar, por situar las decisiones que hay que tomar en un contexto de incertidumbre. Es así; es así no porque España sea diferente, no porque el Gobierno de España no tenga expertos ni científicos, no porque no leamos; es así porque es así en todo el mundo. Hay un escenario de incertidumbre, efectivamente, y vamos aprendiendo conforme vamos actuando y de lo que hacemos nosotros mismos y de lo que hacen otros socios europeos y otros países con los que estamos en permanente contacto. Y también tiene incertidumbre la ciencia, es verdad; ha progresado mucho, ha ido descubriendo aspectos que no conocíamos del virus, pero todavía hay muchos otros que no conocemos. Si no se entiende este contexto de incertidumbre, como decía su señoría, no se puede entender este esfuerzo de evaluación continua de lo que estamos haciendo y de replanificación y actualización de documentos y protocolos. Pasó con las mascarillas, está pasando con los aerosoles y va a pasar con bastantes más cosas; es así, y lo mejor que podemos hacer es contarlo tal cual a la ciudadanía española, que es una ciudadanía, afortunadamente, adulta.

Decía el señor Esteban que no es posible no tomar decisiones, coincido; y mencionaba tres criterios que, a su juicio, las tienen que guiar y que también comparto: el de la colaboración entre los distintos actores, básicamente comunidades autónomas, que tienen un papel muy relevante en estos momentos con el Gobierno y también con los entes municipales; el de no utilizar la pandemia como un argumento espurio en el debate político, también coincido, y creo que estamos haciendo un esfuerzo, al menos por la parte que nos corresponde, en que sea así, y sobre todo el de la humildad, que también comparto. De todos, de todos, porque hay cosas que no conocemos, porque las vamos aprendiendo, porque nos podemos equivocar, como nos hemos equivocado ya alguna vez, y porque en un escenario inestable pueden pasar muchas cosas. Yo ya he recibido, gratis y sin pedirlas, lecciones de: tal país mira qué bien lo hace para, a los dos meses, ver que este país estaba funcionando mal. Ya he visto a algunos representantes -¡nunca del ámbito sanitario!- regocijarse de que tal comunidad autónoma lo está haciendo muy mal o muy bien para, al mes y medio, intentar borrar los tuits que se habían hecho, porque es un escenario inestable en el que hoy podemos estar bien y mañana no tan bien, y sacar pecho es poco aconsejable. Y vamos a ver cómo transcurren las cosas, porque nos quedan meses por delante, esto no es una cuestión de semanas. Por tanto, mucha humildad. Hay que afrontar la situación. Repasando la prensa esta mañana a mí también me ha chocado la expresión de la canciller Merkel, que es una persona que viene del mundo de la ciencia, como el señor Echenique, que yo también alguna vez he dicho en público que es gente que viene del mundo de la ciencia, y ha dicho: estamos en un crecimiento exponencial. En Alemania, no en España, en Alemania. Por tanto, prudencia.

No hay ninguna pretensión de modificar el marco de Estado compuesto que tenemos ni de recentralizar nada. Ahora bien, es necesario e imprescindible en un Estado compuesto tener mecanismos de cohesión y tienen que ejercerse con mucha prudencia, y por eso las decisiones que hemos ido tomando han sido siempre debatidas. El señor Esteban ha hecho un relato de los hechos y yo tengo que decir -lo he dicho ya públicamente en alguna ocasión- que el fin de semana previo al acuerdo interterritorial del 30 de septiembre hablé con todos los consejeros de Sanidad y pulsé su opinión sobre la posibilidad de un acuerdo de este tipo, la pulsé e intente ser -y si no es así me excuso- máximamente respetuoso con el conjunto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es un órgano de un Estado


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compuesto; con todos hablé varias veces. Nunca anticipé un acuerdo antes de que se tomara allí, dije lo que había percibido: que había una propensión favorable a tomar un acuerdo como el que finalmente acabamos adoptando. Por tanto, no hay ningún interés en recentralizar, sí en ejercer los mecanismos de coordinación que corresponden a un Estado compuesto y a un sistema sanitario compuesto como este sistema, y la cogobernanza a mí me gusta.

Tampoco quiero terminar de referirme a la intervención del señor Esteban sin mostrar mi conformidad con las dos conclusiones que él sacaba. Decía él: la legislación sanitaria es suficiente para tomar medidas sin recurrir al estado de alarma. Es así, más de doscientas medidas han tomado las comunidades autónomas; la propia Comunidad de Madrid confinó a 800 000 ciudadanos la semana anterior y tuvo una ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La legislación sanitaria es verdad que está recorriendo caminos que hasta ahora no había tenido que recorrer, porque nunca habíamos tenido confrontaciones de este tipo, y está funcionando en lo general bien. ¿Es perfectible? Sí. ¿Se pueden mejorar cosas? Sí. Ya algunas las hemos mejorado, modificando la Ley de lo contencioso-administrativo y haciendo que en aquellas limitaciones de derechos fundamentales que afecten a una colectividad tengan que entender de estas medidas los tribunales superiores de justicia y no los juzgados ordinarios. Ya hemos hecho algunos cambios y estamos abiertos a hacer más que se puedan precisar, pero es una legislación que -y sirva esto de homenaje, a pocos días de su triste asesinato, a Ernest Lluch, que las abanderó- (aplausos) en general tuvo bastante previsión y funciona razonablemente bien. También estoy de acuerdo con la segunda conclusión que él sacaba de que el estado de alarma tiene que ser el último recurso, el último recurso. Creo que una lectura objetiva, desapasionada y, si me permite, fría del decreto del estado de alarma que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el viernes pasado demuestra que el Gobierno quiere esto, que sea el ultimísimo recurso. Ahora bien, si hay que ejercerlo, hay que ejercerlo.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas, creo que la política tiene un papel muy importante y muy relevante. La ejercemos de forma distinta según las convicciones de cada uno -yo no voy a estar nunca en el papel de la antipolítica ni me voy a abonar esto-, nos equivocamos seguramente, pero la política tiene un papel muy importante y, a mi juicio, noble, al menos tal como yo la entiendo.

Usted, que es usuaria de transporte aéreo, de aeropuertos, ha hecho unas consideraciones al respecto de las que tomo nota. Simplemente quiero decirle que desde el 11 de mayo ha habido 2864 casos detectados por el conjunto del sistema en España, casos positivos detectados importados de otros países y en la última semana 129. Es un dato objetivo. Y en cuanto a los contagios en transporte aéreo, en transporte por tren de alta velocidad, de momento hay detectados muy pocos. Muy pocos, son muy pocos, no llegan al centenar. Pero tomo nota de sus recomendaciones y de sus consideraciones.

Quiero hacer dos o tres comentarios más a su intervención. Es verdad que lo más importante, y también lo más difícil, es la aplicación de las medidas que se deciden, en particular el aislamiento y la cuarentena de aquellas personas que, conforme a los protocolos sanitarios, tienen que aislarse en cuarentenas. Esto a veces presenta muchas dificultades. Por eso es tan importante la colaboración con los entes locales, con los ayuntamientos y las diputaciones, porque ellos tienen una granularidad, un conocimiento del terreno que facilita mucho la vigilancia de que estas cuarentenas y aislamientos se produzcan y se ejecuten bien. La Comunidad Autónoma de Canarias ha hecho un buen trabajo hasta el momento. No hay que bajar la guardia. Es la comunidad autónoma con una incidencia acumulada más baja, y esto se ha hecho porque se ha abordado el problema donde lo había, en las zonas y en las ciudades donde lo había, tomando medidas contundentes, y es la mejor carta de presentación para salvar la temporada turística en la comunidad autónoma, tener una incidencia acumulada baja, aparte de otras medidas que, como usted sabe, se están trabajando por parte del Gobierno con el apoyo del Ministerio de Sanidad y liderándolas el Ministerio de Turismo y que pronto se van ya a poner en marcha.

Señor Sayas, le quiero agradecer su consideración inicial sobre el riesgo de deshumanización que puede provocar el apasionamiento y el debate político que hay. Ahora, no sé si usted contribuye a esto suficientemente, a no deshumanizar, porque quizás las críticas más aceradas que he oído hacia la época de mando único provinieron de usted, pero igual que las escucho ahora cuando no somos mando único, porque no estamos ejerciendo, entonces yo le pido también un ejercicio, si es posible, de coherencia. Estamos en un estado compuesto, que nosotros respetamos y consideramos que está haciendo las cosas razonablemente bien. Cuando ha habido que aplicar medidas drásticas en la primera oleada se aplicaron con los mecanismos que correspondieron. Cuando hay que dar el papel que les corresponde a las comunidades autónomas y apoyarlas en el ejercicio de cohesión y coordinación lo estamos haciendo; con


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medios materiales -usted lo sabe-, hemos dado 16 000 millones a fondo perdido a las comunidades autónomas; con medios humanos, los rastreadores, 2000 que hemos puesto a disposición de ellas; con medios tecnológicos, la aplicación Radar COVID que está desplegada en prácticamente todo el territorio nacional, y con medios legales, como la modificación a la que me he referido antes o incluso el ofrecimiento de que cuando una comunidad autónoma, si lo considera oportuno, solicita el estado de alarma, tiene comprometidos los votos de aquellos partidos que integran o que dan apoyo al Gobierno. Por tanto, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer.

Respecto a la Comunidad Autónoma de Navarra, le voy a dar una noticia. Yo tengo -y no es exclusivo de Navarra, sino de todas las comunidades autónomas, aunque haya habido un incidente, como hemos mencionado hoy, con la Comunidad Autónoma de Madrid? una excelente relación con todas las comunidades, también con la de Navarra, y un contacto muy fluido, prácticamente de comunicación diaria, y están tomando medidas, a mi juicio, acertadas, aunque no hay que descartar que tengan que endurecerse. Sabe usted, seguro que mejor que yo, que Navarra es la comunidad foral que hace más test: más de 3300 por cada 1000 habitantes. Creo que está a la cabeza de Europa; no de España, de Europa. Ha hecho un trabajo muy bueno, muchos test, el doble que la media nacional. Y sabe usted, y es un factor muy importante -no sé si lo ha mencionado en su intervención; si no es así, disculpe, pero si lo ha mencionado, lo quiero resaltar-, que, al menos con los datos recientes que yo tengo, casi el 70 % de los casos de Navarra están trazados, saben de dónde vienen. Ese es un factor muy importante: saber dónde se ha contagiado un contacto. Lo tienen identificado. Usted pregunta: ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Pues en los contactos sociales y familiares, en las no fiestas. Ahí es donde se ha contagiado la gente en la Comunidad Foral de Navarra, como en el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Por eso es tan importante -y le pido que se sume a este empeño- lanzar un mensaje de prudencia a la gente, sobre todo a aquellas franjas de la población que por su edad tienen más propensión a manifestar el afecto. Estamos viendo ahora brotes, por ejemplo, en colegios mayores. Esto hay que atajarlo. Quizás no sustituyendo la educación universitaria, pero sí haciendo un llamamiento a la gente para que tenga responsabilidad al respecto.

Señor Martínez Oblanca, por un momento he dudado si usted hablaba en nombre de la Comunidad Autónoma de Madrid en vez de la del Principado de Asturias. No comparto su defensa de la posición de la Comunidad Autónoma de Madrid. Comparto lo que ha dicho usted, es decir, que aquí había que actuar con más contundencia. Por eso el consejo interterritorial adoptó unas medidas a las que el Gobierno ha dado cobertura jurídica. Le daré simplemente tres fechas que creo que es importante que retengamos todos y a partir de las cuales podremos hacer las valoraciones que estimemos oportunas. Son tres fechas objetivas, que no me invento yo, señoría. ¿Cuándo declaró la OMS una pandemia mundial? El 11 de marzo. ¿Cuándo declaró el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades que había transmisión comunitaria en Europa que ponía en riesgo al sistema sanitario? El 12 de marzo. ¿Cuándo anunció el Gobierno un estado de alarma? El 13 de marzo. ¿Y cuándo la aplicó? El 14 de marzo. Menos de veinticuatro horas entre las cuatro decisiones.

Finalmente, señora Lastra, del Grupo Socialista, quiero agradecerle su intervención y su apoyo, sinceramente. Es muy reconfortante en estos momentos. Y quiero compartir, para manifestar mi completa concordancia con sus posiciones, sus reflexiones respecto a la antipolítica. Es el peor servicio que nos podemos hacer. La política es el gobierno de lo común y de lo colectivo y se puede ejercer de muchas maneras. Hay quien la ejerce mal, pero porque haya alguien que la ejerza mal, me niego a desacreditar una actividad que, en su inmensa mayoría, es noble. Lo digo, además, enlazando con el segundo comentario que ha hecho usted, sumando mi reconocimiento a la multitud de concejales que, anónima y desinteresadamente, trabajan día a día para mejorar la situación de la pandemia en sus municipios. Esa es la política, esa es la política de la que algunos provenimos y que nos inspira día a día y hora a hora. También quiero sumarme a este reconocimiento. Nos hemos reunido, con la ministra de Política Territorial y Función Pública, ya en dos ocasiones con la Federación Española de Municipios y Provincias y lo vamos volver a hacer en breve, para recibir sus inquietudes y para reconocer, sobre todo, el muy buen trabajo que están haciendo. ¡Qué distinto es cuando un alcalde se pone al frente en la lucha contra el COVID, como está haciendo la inmensa mayoría de ellos! ¡Qué distinto es en las ciudades en las que los alcaldes se ponen delante, apoyan las medidas, hablan con las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma, se ponen frente a sus vecinos y les piden que, por favor, cumplan con las medidas de seguridad! ¡Qué distinto es cuando ponen todos los medios sociales para la lucha contra el COVID, facilitando espacios de aislamiento y de cuarentena a sus vecinos!


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Estoy completamente de acuerdo con usted en la necesaria lealtad institucional, que usted sabe que el Gobierno de España ha tenido siempre y va a seguir teniendo en cualquier circunstancia con el único objetivo de combatir el virus sin enfrentamientos.

Ha hecho también usted un repaso a la situación de otras comunidades autónomas y de Europa. Yo creo que es uno de los mejores argumentos para ver qué hay que hacer y, sobre todo, para que no nos confundamos. En Madrid, el objetivo no es bajar de 500 por 100 000 de incidencia acumulada; en Madrid, el objetivo es doblar la curva y mantenerla baja, en parámetros homologables a Europa. Antes, en mi intervención, he mencionado los tres cortes que daba el ECDC, 60 por 100 000 para empezar a actuar -vemos que Alemania se plantea bajarlo a 35-, 120 por 100 000 y 260 por 100 000. Bueno, pues hay que bajar a la franja de los 100. Esto va a requerir esfuerzo, va a requerir cooperación, va a requerir la lealtad institucional de todos. A este ejercicio, quiero que nos convoquemos todos.

Muchísimas gracias a todos ustedes por sus consideraciones y quedo a la espera por si quieren alguna otra aclaración más que les pueda facilitar. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Celis): Muchas gracias, señor ministro. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

A continuación, intervendrán los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz-Clavijo. (Aplausos).

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Gracias, presidente.

Señoría, señor Illa, usted y yo hemos debatido en muchísimas ocasiones durante los últimos meses. Creo que, además, lo hemos hecho siempre con absoluto respeto, el que usted dice que me tiene a mí y el que, no le quepa ninguna duda, yo le tengo a usted. Pero hay algo en sus palabras en el inicio que me va a permitir que le corrija, porque en este país las mujeres hace muchísimo tiempo que tenemos voz propia, y esta que le habla, desde que nació, y a mí ningún hombre me dice ni me escribe lo que yo tengo que decir. (Aplausos).

Dicho esto, señor Illa, usted comparece hoy aquí para informar sobre un real decreto por el que se declara el estado de alarma. Me pide a mí los criterios sanitarios; es usted el que tiene que venir a informar a esta Cámara de los criterios sanitarios. En su réplica tampoco nos ha informado de cuáles son los informes científicos, cuál es la evidencia en la que se sustenta el estado de alarma que usted ha acordado. La excepcionalidad constitucional a la que ustedes se han acogido precisa que haya la suficiente evidencia científica para avalar la proporcionalidad de la medida que ustedes han adoptado y de la que usted informa, no de la que tenga que informar la oposición. Lo que ha dejado claro usted es que no hay informes que avalen la medida que ha adoptado. Y, si no, señor Illa, corríjame y díganos si el comité de alertas avaló, el 30 de septiembre y el 9 de octubre, las medidas que usted adoptó y si lo hizo también la Comisión de Salud Pública. Es importante que esto se sepa y que usted lo aclare. ¿O es que, de nuevo, no hay comité de expertos y no hay evidencia científica que avale sus decisiones? Porque habla usted mucho de Europa, de lo que están haciendo el resto de los países europeos, pero es que el resto de los países europeos adoptan las medidas siempre avalados por la evidencia científica y, por tanto, con proporcionalidad, máxime cuando se trata de limitar derechos y libertades públicas, que es de lo que estamos hablando aquí y de lo que usted tiene que dar cuenta ante esta Cámara y no hace.

Por otro lado, señoría, ha hablado usted de incertidumbre, tomando las palabras del señor Esteban, y la pregunta a la que hay que responderse es: El Gobierno, ante esta incertidumbre, ¿está generando certidumbre o más incertidumbre y zozobra? Más incertidumbre y zozobra, hasta el caos. Esto es lo que usted ha llevado a cabo con estas últimas medidas, cuando decidieron apartarse de la voluntad de acuerdo, la lealtad y la colaboración entre administraciones. Usted lo sabe perfectamente. Ustedes estaban trabajando hasta que recibe usted esa llamada del presidente Sánchez para que rompa esa colaboración y esa lealtad con el Gobierno de Madrid. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa, porque, si no, nada justifica sus propias palabras. (Aplausos).

¿Qué pasó del 22 de septiembre al 30 de septiembre o al 9 de octubre para que usted dijera que las medidas importantes dictadas por Madrid generaban la posibilidad de entrar en una situación controlada? ¿Qué paso para que dijera que daba su permanente apoyo a las medidas que consideraba la Comunidad de Madrid, diciendo además que el Gobierno estaba dispuesto a ayudar en lo que se requiriera, cuando no lo hacía? ¿Por qué usted se aparta de lo que dice el propio doctor Simón: que las medidas de Madrid


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pueden ser efectivas, que Madrid hace el doble de PCR y que la evolución indicaba que las cosas podían estar estabilizándose? Estas eran sus propias declaraciones. Ustedes se apartan de esto, de la colaboración y de la lealtad, y se van a un marco de excepcionalidad por la soberbia de ver cómo un tribunal superior de justicia no avala sus decisiones; no las avala porque ustedes no se han adaptado a un marco normativo cuando han tenido tiempo para hacerlo. (Aplausos).

Señor Illa, en el real decreto recogen ustedes unos criterios científicos, y estos son los que avalan la toma de decisiones y la excepcionalidad; está en la exposición de motivos. Usted sabe perfectamente que ni entonces, el 9 de octubre, ni hoy la Comunidad de Madrid supera estos indicadores. Está por debajo y, por lo tanto, está fuera del estado de alarma y usted tiene la obligación y la responsabilidad, como demócrata, de levantar ese estado de alarma y volver a la normalidad y volver a la legislación ordinaria. (Aplausos). Eso es lo que le estamos pidiendo.

Señor Illa, bienvenido a la legislación ordinaria, a la Ley 3/1986, de la que usted ha hablado hoy por primera vez aquí. Tiene ahí suficiente legislación, pero si no la tiene, va a tener aquí una proposición de ley para que se amplíe y se pueda amparar en ella. No cabe la excepcionalidad, no cabe la restricción de las libertades y de los derechos ni de los madrileños ni de ningún otro español. Usted sabe perfectamente que esta medida no es proporcional y, por tanto, no es idónea ni es la necesaria, y tiene usted la responsabilidad de levantar ese estado de alarma de manera inmediata. Porque usted sabe perfectamente...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Gamarra, debe finalizar, por favor.

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Voy terminando.

Usted sabe perfectamente que no lo va a prorrogar. ¿Sabe usted por qué no lo va a prorrogar? Porque no tiene apoyos suficientes de esta Cámara para poder llevar a cabo esa prórroga. Mi pregunta es: ¿La volverá a acordar posteriormente? ¿Cambiará los indicadores y volverá a adoptar decisiones excepcionales con los derechos y las libertades de los españoles? Usted tiene una responsabilidad con todos los españoles y no puede manejar la legislación a su antojo, como le parezca.

Y señora Lastra...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, por favor, debe terminar. (Rumores).

La señora GAMARRA RUIZ-CLAVIJO: Voy terminando.

Señora Lastra, para radicalismo el que sufren este partido y la presidenta de Madrid. ¿Qué le parece a usted que una diputada de Más Madrid señale y simule un disparo dentro de la Asamblea de Madrid dirigiéndose a la presidenta de Madrid y a la bancada? (Aplausos). ¿Sabe lo que ocurre? Que el Partido Popular lleva veinticinco años gobernando en la Comunidad de Madrid y eso es lo único que ustedes no soportan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Steegmann Olmedillas. (Aplausos.-Rumores). Ruego silencio, por favor.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Con la venia, señor presidente.

Muchas gracias, señor Illa, por las contestaciones. Ha hecho usted un ejercicio de boxeo de sombra. Así es fácil ganar, pero, bueno, tampoco ha ganado. Además, aquí no se trata de ganar, ¿verdad? Se trata de persuadir a los que nos escuchan y se trata de convencer.

Me preocupa un poquito su capacidad auditiva, señor Illa, porque yo creo que el halago que ha vertido sobre la señora Gamarra es completamente inmerecido. No se parece a VOX. Y, oiga, yo le he recomendado dos viajes, uno con gastos pagados, para aprender, a los países asiáticos y otro a Barcelona, que es tan bonita. Y cuando usted dimita o le destituyan, si una vez cesado usted se quiere quedar en Madrid, esta es su patria. Encantados, de mil amores.

Mire, la mejor medida sanitaria que han tenido los países comunistas ha sido la desaparición del comunismo. (Aplausos). Estamos en contra del comunismo porque es la mejor medida sanitaria, y ustedes están haciendo el camino inverso.


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Respeto a los servidores públicos, faltaría más, pero no respeto sus fallos ni sus negligencias. A un cirujano o a un médico, si se equivoca y es negligente -y es negligente-, se le puede perseguir por lo civil y por lo penal. No se respeta. Se respeta a las personas, por supuesto, pero no sus ideas si son nefastas o sus actuaciones si son negligentes con resultado de muerte. (Aplausos). En este caso, señorías, más de cincuenta mil.

Paso a unas pequeñas propuestas, porque a nosotros no nos preocupa su puesto, nos preocupan los españoles. Y mire, una salvedad. Las normativas de la OMS son mundiales, son recomendaciones, son para todos y no tienen en cuenta ni las variables socioeconómicas ni sanitarias individuales. Ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad, señora Carcedo? Luego, es poder de los Gobiernos aplicarlas con sabiduría, lo que ustedes no han hecho. Son una especie de café para todos, y las del ECDC también. Usted sabe lo que duran las reuniones del ECDC: que tengo la tarjeta de embarque y me tengo que ir. Si lo sabe usted, si lo ha experimentado. Son un café para todos, con leche desnatada, descafeinado, que no alimenta y que encima enferma.

Señor Illa -voy terminando porque no me queda mucho tiempo-, solo le voy a decir una cosa. Si quiere, luego le paso todas estas sugerencias. Ya se las he comentado en todas las comisiones y si quiere las estudia, las aplica o lo que usted quiera. Solamente le digo una cosa. Dicen que quieren el bien de los españoles. Demuéstrenlo ahora mismo, señorías de la izquierda. Financien las mascarillas, que los españoles no tengan que gastarse un solo euro en ellas. ¡Qué silencio, eh! ¡Qué silencio! (Aplausos).

Tres cosas. Invertir de forma masiva en sanidad, cortando todo tipo de subvenciones inútiles: AIReF, 14 000 millones. Invertir en personal sanitario. Prémienles, pero con dinero. Aumenten las plantillas, prémienles con tiempo. Hagan un sistema de información único y transparente, no como el que tenemos ahora, que es: palito, palito, palito, palito cruzado. Además, utilizando PDF; ni Excel. Ya han sido criticados en Inglaterra por utilizar un excel; cuando sepan que utilizan un PDF, ya verán. (Risas). Tests masivos. Y algo muy importante: no sirve ningún rastreo, no sirve detectar a mil contactos si no se detectan a tiempo. Solamente se detectan a tiempo cuando el resultado de la PCR lo tiene el paciente en su móvil en menos de cuarenta y ocho horas.

Concluyo, señor presidente. Miren, con ustedes aquí ya ha venido la segunda ola. Vendrá la tercera, vendrá la cuarta y, cuando acabe la cuarta, ¿saben lo que va a pasar?

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Perdone, señor presidente. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, le perdono, pero debe terminar.

El señor STEEGMANN OLMEDILLAS: Me ha cortado el clímax. (Risas).

Digo que vendrá una cuarta. ¿Y sabe cuál va ser la cuarta? El nuevo coronavirus que nos va a enviar China, porque, señorías, las epidemias están por venir y tenemos que estar preparados.

He concluido. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, la verdad es que este final de la última intervención ha sido apoteósico. Plantear que esto es un problema de un contubernio judeomasónico y del comunismo es un poco... No sé qué es lo que puede llegar a pensar quien lo haya estado escuchando. Además, seguidamente se habla, como hemos oído decir a alguna fuerza de la derecha, de que es necesario invertir en sanidad. Está bien, porque han dejado claro que es en sanidad y no han dicho la frase completa. No han dicho la frase completa: en sanidad... ¡pública! En sanidad ¡pública!, que es el elemento central de articulación democrática (aplausos), que es lo que garantiza precisamente el derecho a la vida del conjunto de la población. Yo no voy a plantear a las fuerzas reaccionarias de esta sala tan siquiera que abracen los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque parece que no hay voluntad de hacerlo, pero, desgraciadamente, también se ha invocado aquí en varias ocasiones desde


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esos grupos la necesidad de abrazar por parte de todos los valores cristianos. Bueno, pues a todos aquellos que piensan que se puede discriminar por diferentes razones en el acceso a la sanidad pública, les digo: Fratelli tutti, todos somos hermanos y hermanas. Ese es un elemento fundamental para poder construir la dignidad de las personas. Y les digo más, si no son capaces de asumir esos principios, por lo menos hagan el favor de escuchar al papa y lean lo que dice acerca de la necesidad de poder afrontar el futuro. Les dice a los cristianos en la última encíclica: la fidelidad a Dios es proporcional al amor a los hermanos y a las hermanas. Es decir, que aquellos que levantan la bandera del odio, desgraciadamente, que abandonen cuanto antes la bandera de Dios.

Les digo el porqué de que no se replanteen su posición: básicamente es porque sería reconocer que están equivocados en sus planteamientos y que la sociedad que ustedes nos plantean, que es una sociedad de la ley de la selva, del darwinismo social, el modelo pinochetista 2.0, obviamente está en crisis y no es capaz de abordar esta situación, porque para poder afrontar la situación que tenemos en este momento es necesario el reforzamiento de los servicios públicos como un elemento fundamental, el reforzamiento de la sanidad pública, el reforzamiento de la educación pública, el reforzamiento del transporte público. Es necesario reforzar lo público, porque lo privado es incapaz de poder garantizar los derechos de todos y de todas.

Al mismo tiempo, creo que debemos ser honestos. Es cierto que tenemos muchos retos por delante y muy complejos y creo que es importante que frente a los retos que tiene el pueblo de Madrid no se generen falsas expectativas. Creo que es muy importante que eso lo tengamos claro todas las fuerzas políticas. Este no es un problema de Ayuso; este es un problema que tenemos, como pueblo, en Madrid, un problema sobre el que tenemos que reflexionar entre todas las fuerzas democráticas y populares para poder afrontarlo y construir una alternativa al modelo que entrega la sanidad a aquellos que han venido a enriquecerse a su costa desde los paraísos fiscales. Creo que es una reflexión de fondo y que ahora lo que toca, en primer lugar, es reclamar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todas las administraciones públicas, el despliegue de derechos sociales, el despliegue de políticas sociales para proteger al conjunto de la población y, al mismo tiempo, reforzar y apoyar las organizaciones sociales y las organizaciones populares, apoyar a las asociaciones de madres y padres que están dando la batalla en defensa de la educación pública, apoyar a las organizaciones sindicales, apoyar a las asociaciones vecinales en la construcción de una lógica de fraternidad que nos permita poner encima de la mesa que de esto tenemos que salir juntos y juntas y que, además, este no es solo un reto de las administraciones públicas, sino un reto que tenemos como pueblo y que la obligación de los que estamos en las administraciones públicas es ponerlas al servicio de las mayorías sociales para garantizar los derechos de todos y de todas. Miren, de aquí saldremos dándonos la mano, pero de aquí saldremos echando a un lado a aquellos que levantan el odio y el miedo, porque tengan muy claro las fuerzas reaccionarias que más tarde o más temprano, no les quepa duda, la esperanza vencerá al miedo. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor presidente.

Señores del Partido Popular, no veo a su portavoz, pero a ver si se lo pueden transmitir y si pueden hacer ustedes la reflexión. Ustedes tienen que retirar del Diario de Sesiones la barbaridad que han dicho. Ustedes han dicho una cosa extraordinariamente grave y que, además, es falsa. Han dicho que la señora Mónica García, médica de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en la némesis de Ayuso, ha señalado como con una pistola amenazando a alguien del Partido Popular. Eso es muy grave, de hecho es tan grave que el presidente de la Asamblea de Madrid un minuto antes acababa de reprobar a su portavoz del Grupo Popular por señalar a alguien y por crear ese clima. Ustedes saben que es grave y están en lo de siempre, en una política de gestos que tiene que conseguir que se hable de cualquier cosa menos del inmenso desastre que el Gobierno fallido de la señora Ayuso está perpetrando contra el conjunto de los madrileños. Yo sé que en esto no vamos a estar de acuerdo, pero, señores del Partido Popular, yo no sé si hay alguien a los mandos. No todo vale; llevan demasiadas semanas instalados en que todo vale, y no todo vale. (Aplausos).

Señor ministro, le agradezco la respuesta y entiendo su tono. Además, me parece que usted se está ganando el cielo con la paciencia que tiene. Le agradezco su tono. Sé que hay cosas que usted no puede decir, por el cargo en el que está; ya se las digo yo. Le querría advertir, en todo caso, que no le van a


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recompensar ese tono, le van a seguir tratando igual que si usted no tuviera ese tono. Ha dicho una cosa que es relevante y que yo comparto: que es importante, por encima de las discrepancias, trabajar juntos, por criterios políticos, pero sobre todo se ha centrado usted en los epidemiológicos. Ya ve, al final han tenido ustedes que tomar medidas en Madrid no juntos. Si usted me hubiera dicho: por haber esperado dieciocho días se han perdido cosas, que en muchos casos ha empeorado la situación, que los madrileños han vivido con más ansiedad, pero que, a cambio, hemos conseguido una demostración de cogobernanza y avanzar con la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo le diría que a lo mejor uno puede entrar en el cálculo de si han estado bien esperados o mal esperados, pero ya ve usted, nosotros el 22 de septiembre decíamos que tenían que tomar cartas en el asunto de Madrid pronto, y las han acabado tomando sin la colaboración de la Comunidad de Madrid. Así que de lo que estamos dudando en realidad no es de si con o sin, sino de si pronto o tarde, porque 'sin' va a ser. Hay veces que mejor solo que mal acompañado, porque ustedes enfrente no tienen un socio leal, no tienen una Administración dispuesta a colaborar; tienen una Administración que toma los ciudadanos de Madrid como rehenes para hacerle oposición al Gobierno nacional. Eso es en realidad lo que le importa, y si no, ¿por qué hace ruedas de prensa en las que habla de la libertad y de España, pero no habla de rastreadores ni de sanitarios? Porque están a otra cosa. Así que en realidad ustedes no tienen que decidir si juntos o solos -entiendo que les parezca deseable, a mí también me lo parecería-, sino que tienen que decidir si pronto o si tarde, y no han faltado señales. El Gobierno fallido de la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo dando señales de que no iba a tomar cartas en el asunto. Lleva mucho tiempo dando señales de deslealtad, y lleva mucho tiempo dando señales de que la salud pública de los madrileños le importaba relativamente poco; desde luego no era la primera de sus preocupaciones.

Ha hablado usted de un criterio epidemiológico. Si hubiera sido con un criterio epidemiológico, ustedes se hubieran decidido a tomar medidas en Madrid a partir de los 250 positivos, como señala la OMS o a partir de los 100, como ha ocurrido en Berlín, o de los 125, como ha hecho Londres. Usted mismo ha señalado que 500 es un umbral ya extremo. Eso significa que esos días perdidos no han servido para mayor colaboración, y solo han servido para llegar un poco más tarde. A mí no me parece que este sea, sin embargo, el debate fundamental. Me parece que la cuestión fundamental es qué va a pasar en adelante. Y sobre el qué va a pasar en adelante, yo no necesito que usted me diga si considera que enfrente, en el Gobierno de la Comunidad Madrid, tiene un Estado fallido. Usted no me puede decir eso; tampoco es necesario; estoy plenamente convencido. Pero sí necesito que me dé garantías de que, si las cosas siguen igual, ustedes van a actuar; que si el Gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a pedir recursos, esos recursos van a ser finalistas, porque se tienen que ir directamente a contratar más sanitarios, a reforzar la atención primaria y a contratar rastreadores, no a cualquier cosa; que, si sigue sin tomar medidas, ustedes van a tomar medidas no solo de restricción de la movilidad -si la restricción de la movilidad, por desgracia, no basta; parece mentira que en este Congreso de los Diputados sigamos teniendo que repetir lo obvio-, sino en lo fundamental para enfrentarse al virus, que es la sanidad pública. Más allá de las discusiones sobre el pasado, de lo que se pudo hacer, lo que quiero de usted es una cosa no para mí tranquilidad como madrileño, sino para la tranquilidad del conjunto de los madrileños y del conjunto de los españoles. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue instalado en el fanatismo y en la irresponsabilidad, ¿ustedes van a tomar las medidas necesarias para garantizar la salud pública de todos los madrileños y del conjunto de los españoles? Esa es la respuesta que puede generar tranquilidad en los madrileños, toda vez que la señora Ayuso es una fábrica de intranquilidad.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Bal.

El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes otra vez. Hemos asistido a un debate, ahora que ya hemos escuchado las réplicas de todo el mundo, que podríamos titular así: ¿De quién es la culpa? Este debate consiste en ver quién lo ha hecho peor o quién tiene más culpa en todo. Este debía haber sido un debate que se titulara: ¿Qué pasa con España, qué pasa con los españoles? ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, la mayor parte de esta Cámara parece que está instalada en el primer debate y no quiere celebrar el segundo debate, todos a cuestas con las culpas de los unos, de los otros, con los dedos cruzados. Lo que yo decía en mi discurso inicial: la política fácil, la política de siempre, la retahíla de agravios.


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Yo, señora Lastra, qué quiere que le diga. Me gustaría decirle que me alegra que me dé usted la razón, pero la verdad es que no me alegro, no. No me alegro de que diga usted cosas, como que solo crispan la señora Ayuso y el Partido Popular. No me alegro de que usted se pregunte dónde están los médicos en Madrid o dónde están los rastreadores o que vaya bazofia fue aquello del hospital de Ifema. No me alegro, porque usted trata de provocarme para que yo le diga toda la retahíla de agravios que los españoles, razonablemente, pueden tener contra el Gobierno de la nación por haber llegado tarde a esta crisis, y no voy a caer en esta provocación. No lo voy a hacer, porque no es una cuestión de culpas. Pero, de nuevo, usted sigue perdiendo la oportunidad de que esta segunda ola sea una nueva cara de la política para los españoles.

En segundo lugar, aunque veo que no está el señor Mayoral, como forma parte del Gobierno, me gustaría preguntarle qué piensa del estado de alarma en Madrid, porque no he escuchado nada sobre eso. He escuchado un incendiario alegato sobre la sanidad, pero la opinión sobre eso por una parte del Gobierno parece que no es importante. Dentro de este programa de agravios recíprocos, les diría a sus señorías que hablemos de estos agravios fuera, tomando una cerveza en un bar, y que no perdamos un segundo aquí arriba, en la tribuna, para hablar de esas cosas, para hablar de los agravios, para ver quién lo ha hecho peor. Desde luego, lo que no puedo admitir, lo que me choca, lo que me chirría es que alguien empiece a hablar en su discurso de la desafección de los ciudadanos por la política, y termine diciendo que Ciudadanos tiene que apoyar una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Es para volverse loco. No quiero hacer ya parangones con otras mociones de censura que tenemos pendientes la semana que viene.

Efectivamente, como dice la señora Oramas, pongamos cabeza; eso he dicho yo también en mi discurso. Y también me ha gustado mucho esa frase que ha dicho: si uno no quiere pelear, no hay pelea. Eso significa que, si hay pelea, la culpa es de los dos. Por tanto, evitemos la pelea, evitemos la bronca. Y quiero sobre todo hacer mención a dos silencios. ¿Quiénes no han intervenido en este debate? Ni Esquerra ni Bildu, porque les da igual lo que pase en Madrid, les da igual lo que pase en España. (Aplausos). Si el estado de alarma se hubiera decretado en Euskadi, en Navarra o en Cataluña, imagínense las voces que hubiéramos oído aquí. ¿Y quieren de verdad cerrar unos presupuestos con estos señores, por Dios, con quienes ni siquiera participan en el debate de las medidas que hay que tomar en Madrid?

Por último, señor Illa, no haga de oposición al Gobierno de Madrid, déjeselo al señor Gabilondo. Sinceramente, esperaba que usted nos dijera cuál es el pronóstico -porque es usted el responsable-, y esperaba que nos dijera -como dice el vicepresidente de la Comunidad de Madrid que usted le ha dicho en la reunión COVID que ha mantenido con la Comunidad de Madrid- que no va a pedir la prórroga del estado de alarma, porque no es necesaria, porque nos podemos sentar a hablar de otros instrumentos jurídicos que establezcan otras medidas y pactar esas medidas, siempre que sean eficaces. Porque, fíjese, es que hoy el principal periódico alemán titula: España pierde el control. ¿Qué supone eso para la imagen de nuestro país? Tenemos que llegar a acuerdos para evitar estos titulares de la prensa internacional, y desde luego el estado de alarma no ayuda, y el estado de alarma es evitable. Fijémonos en esos criterios técnicos, en esos criterios sanitarios, adoptemos los criterios que resultan de las recomendaciones comunes de la Unión Europea, lleguemos a Navidad con el semáforo en verde y no con el semáforo en rojo.

Me dice usted -y me alegro, de verdad, muchísimo- que hay que reforzar la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas, pero, ¡si lo llevo pidiendo desde que negociamos la quinta prórroga del estado de alarma! Pero, ¡si no hay una sola ocasión en que me reúna con la señora Calvo y no le diga que tenemos que reforzar la cooperación y la coordinación con las competencias de las comunidades autónomas! Por favor, pongámonos a ello ya, porque ya ha pasado mucho tiempo sin hacer todo esto.

Por último, quiero decirle, de verdad, de corazón, que de su réplica lo que saco es que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, que estaremos seguramente más de acuerdo en que hay que adoptar medidas que en publicar una declaración en el Boletín Oficial del Estado, intentando hacer que parezca que el presidente del Gobierno ha doblegado la autonomía de los madrileños. Estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo. ¿Sabe por qué le tiendo la mano?

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.

El señor BAL FRANCÉS: Termino.

Porque quiero que usted lo haga bien. Como le dice mi compañero Guillermo Díaz en todas las comisiones de Sanidad -y se lo digo de corazón-, le deseo suerte y le deseo acierto, porque será el de todos.

Gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lastra Fernández.

La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, empiezo con una previa, como diría el señor Rufián. Señor Bal, no me he dirigido a ustedes en ningún momento, ni lo tenía pensado. Ya es una constante que ustedes me interpelen cada vez que suben a esta tribuna, pero entiendo que ustedes estén incómodos, porque se han convertido en irrelevantes incluso en la Comunidad de Madrid, en rehenes de Ayuso y de todas las decisiones que toma, incluso decisiones con las que ustedes no están de acuerdo. Por lo tanto, entiendo su incomodidad.

En todo caso y empezando ya con la réplica, hace años alguien con mucha experiencia política me dijo que hay dos tipos de políticos: los que dicen lo que piensan y los que piensan lo que más les conviene. Se distinguen, además, porque los primeros suelen ser dueños de sus palabras, mientras que los segundos acaban por convertirse en sus rehenes. Y eso es lo que le está pasando al Partido Popular, que es rehén de sus palabras inflamadas y de los excesos que vimos en esta Cámara día tras día. Fue tan lejos en esos excesos que ahora tiene que hacer auténticas cabriolas para criticar un estado de alarma que el Partido Popular dijo en marzo que llegaba tarde y que, después, se dedicó a comparar con el despotismo y la dictadura. Pero todos sabemos que ese estado de alarma salvó y salva vidas. En su obsesión por confrontar con el Gobierno, aunque sea a costa de los madrileños y de la salud de los madrileños, ha llegado a maniobrar legalmente hasta el absurdo para frenar la decisión del consejo interterritorial de restringir movimientos, para luego pedir a los ciudadanos que, por favor, restrinjan sus movimientos. Porque eso fue lo que hicieron: maniobrar para tumbar esa orden que ustedes mismos aprobaron. Por cierto, ustedes mismos aprobaron.

Hemos tenido que escuchar aquí que no hubo ninguna negociación, que esto ha sido una imposición unilateral del Gobierno de la nación. El Gobierno ha intentado negociar y dialogar de todas las formas posibles. El Gobierno quiso negociar incluso cuando quedó claro que el Partido Popular no tenía intención de hacer nada, porque la presidenta de la comunidad decía que todo iba muy bien, todo era maravilloso y perfecto, mientras el vicepresidente de su Gobierno, el señor Aguado, pedía al Gobierno ayuda urgente. Han llegado al absurdo dentro de la Comunidad de Madrid. El Gobierno pidió diálogo y acuerdo incluso cuando la señora Ayuso maniobró, como decía antes, deslealmente, con todas las comunidades autónomas para impedir la aplicación de una decisión tomada en el consejo interterritorial por amplísima mayoría de trece comunidades autónomas; por cierto, gobernadas por cuatro partidos políticos distintos, incluida una comunidad del Partido Popular. El Gobierno ha pedido diálogo incluso cuando la señora Ayuso ni siquiera se ponía al teléfono, recuérdenlo; es que llegó a no ponerse al teléfono. El Gobierno ha buscado el acuerdo incluso cuando Ayuso alcanzaba acuerdos que rompía a las veinticuatro horas. En eso tengo que decir que en el Partido Popular son ustedes expertos: llegar a acuerdos y luego romperlos. Primero lo hizo el señor Casado hasta en dos ocasiones con el Consejo General del Poder Judicial. ¡Vaya palabra que tienen ustedes, señores del Partido Popular! ¡Vaya palabra que tienen! (Aplausos). Miren, lo único que el Gobierno no podía hacer era cruzarse de brazos ante esta amenaza, y esa fue la opción, por cierto, que ustedes eligieron: cruzarse de brazos, no hacer nada.

Les decía antes que hay capitales europeas que están restringiendo movimientos por tasas de 50 entre 100 000 habitantes -también lo relataba el señor ministro-. La señora Merkel acaba de decidir restricciones en ciudades con menos de 50 casos. El propio vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que ni 400 ni 200, que hay que llegar a los 25 casos de incidencia. Pero el Partido Popular y la señora Ayuso no ven razones para reaccionar en zonas con 500 o 700 casos.

Decía el PP no hace mucho que la gestión de la señora Ayuso es un modelo para España, que lo que hace Ayuso en Madrid es lo que ustedes harían en toda España contra la pandemia. ¡Dios nos coja confesados! Y yo le pregunto al Grupo Popular, ¿la propuesta del PP es abandonar a su suerte a 67 000 madrileños, como dice la señora Ayuso? Porque eso es el 1 % de los habitantes de esta comunidad. (Aplausos). ¿Su propuesta es que casi medio millón de españoles, el 1 % de toda la población, se las apañe como pueda?

Miren, doblegaremos esta nueva ola, ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo y volveremos a hacerlo. La verdad es que preferiríamos contar con ustedes, pero, señores del Partido Popular, si ustedes se


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empeñan en ser los únicos en España que siguen dividiendo y confrontando, lo haremos sin ustedes. España saldrá adelante, señorías.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie, y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD (Illa Roca): Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Voy a hacer, con su permiso, una reflexión final. En Europa estamos en una segunda oleada, con transmisión comunitaria en la mayoría de países de Europa, también en España. Estamos en un contexto de incertidumbre, hay todavía muchas cosas que no sabemos, pero sí que sabemos que esta segunda oleada no es igual, afortunadamente, que la primera, porque detectamos más casos, porque el perfil de los casos es de personas más jóvenes, porque la letalidad hasta el momento es mucho más baja y porque también hemos tomado medidas que nos ayudan a prevenir esta segunda oleada. Sabemos, además, que la forma de combatirla es con una detección precoz, con muchas PCR, con muchos test, como está haciendo nuestro país, a la cabeza de Europa en esta materia, y con un aislamiento y vigilancia de aquellas personas que han dado positivo. Y sabemos, además, por la experiencia acumulada de julio, agosto y septiembre, así como por lo que vemos que hacen nuestros socios europeos, que hay que actuar rápido, sin demora, y con una contundencia proporcional a la realidad y a la situación epidemiológica de cada territorio; si me lo permiten, actuar preventivamente incluso, anticipándonos cuando vemos que empiezan a crecer las incidencias acumuladas. Esto es lo que están haciendo las comunidades autónomas en nuestro país y nuestros socios europeos en Europa.

La inquietud que provoca la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es muy preocupante, la inquietud que genera no viene del instrumento jurídico que hemos usado para dar cobertura jurídica a una decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; la inquietud proviene -por favor, centrémonos en esto- de la situación epidemiológica, de una incidencia acumulada muy alta, de un porcentaje de ocupación de camas hospitalarias alto, en torno al 20 %, un poco por debajo estos últimos días, y de una ocupación de las UCI -habiéndolas aumentado, y esto es así, lo reconozco- cercana al 40 %, con un nivel de positividad de las PCR de alrededor del 20 %. Esto es lo que genera inquietud, no el instrumento jurídico que hemos usado para dar cobertura a una medida que ya era muy necesaria, por extrema.

Pido prudencia a la hora de valorar los datos, y no precipitarse. Hay retrasos de notificación no debidos a negligencias de ningún tipo, lógicos cuando hay tantos casos; hay retrasos de notificación que hay que valorar con prudencia, con calma y escuchando a quienes lo saben interpretar adecuadamente, que son los expertos y los técnicos, provocados quizá también por el impulso a los test de antígenos que algunas comunidades autónomas están dando. Por tanto, prudencia y no precipitación, prudencia y no precipitación en valorar los datos. Y pido que no se preocupen, evaluaremos la actuación del Gobierno y tendrán ocasión, ya la tienen a menudo, de decir si lo hemos hecho bien, mal o peor o mejorable. Ya evaluaremos, si les parece, con calma conjuntamente qué hemos hecho bien, qué hay que mejorar y cómo hay que preparar mejor a nuestro país para futuras pandemias. Esto lo vamos a decidir conjuntamente y lo haremos, pero ahora yo les pido que nos centremos en combatir esta segunda ola, y se lo pido de corazón y encarecidamente.

No espero ninguna recompensa de nada ni de nadie, espero que nuestro país, con todos juntos, pueda vencer también, como hizo ya con la primera, esta segunda ola. Ahí puedo comprometer y pedir -también creo que estoy en la posición, puesto que lo comprometo- lealtad institucional, coordinación entre administraciones y respeto al marco que tenemos en nuestro país, que es el de un Estado compuesto que, a mi juicio -puedo estar equivocado, puede haber opiniones discrepantes- está funcionando razonablemente bien. Creo que si lo hacemos así iremos mucho mejor. Y ahí me van a permitir que afirme una vez más que el pulso que tiene el Gobierno no es con nadie, no es con ninguna Administración, no es con ningún alcalde, no es con ninguna ciudad y no es con ningún territorio, es un pulso únicamente contra el virus, y pido que todos nos sumemos a este pulso contra el virus. Por cierto, sin dejar a nadie atrás. Me han pedido antes que no me olvide de esas personas que necesitan mascarillas transparentes, porque


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tienen una discapacidad, y no nos olvidamos de ellos. Estamos trabajando para que las que haya disponibles en el mercado puedan ser homologadas.

Así que, señorías, todos juntos, por favor, venzamos a este virus.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor ministro.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA. (Número de expediente 130/000029).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.

En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo y Economía Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenas tardes.

Comparezco hoy ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto-ley 28/2020, que regula el trabajo a distancia. Esta norma dispone una forma de trabajo que, sin ser nueva, ha adquirido una relevancia y un peso específico desconocido hasta el momento en nuestro país. Para reforzar sus ventajas, para garantizar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras y para que todo ello consolide mejores dinámicas laborales y empresariales se ha alumbrado justamente el presente real decreto-ley, una norma, como saben, que es fruto del diálogo social, del debate y de la puesta en común, y para la que hoy pido el apoyo en su ratificación parlamentaria.

Convendrán conmigo que el acuerdo en el marco del diálogo social lanza un interrogante a todas nosotras, representantes de la ciudadanía, muy especialmente en estos días, y nos interpela directamente, nos apabulla, diría yo. El interrogante es el que sigue. ¿No es acaso esta la vía de actuación que corresponde a las instituciones, de forma principal, a los partidos políticos y a los políticos, en particular? Porque les aseguro que intereses contradictorios y posiciones diferentes entre empresarios y trabajadores en las posturas iniciales del Gobierno las había, pero, eso sí, supieron los agentes sociales, también el Gobierno, preservar sobre todas las cosas una cuestión fundamental: el interés general frente al interés de parte. Déjenme que les diga que les honra, que son todo un ejemplo, y como ministra del Gobierno y como Gobierno nos sentimos legítimamente orgullosas. La pregunta es: ¿Hay alguna conclusión política que se pueda sacar de un hecho así? Sinceramente, yo creo que sí, porque este país, su ciudadanía, no se equivoquen, está necesitado de diálogo y abomina la crispación. Sí, señorías, sobra crispación en esta Cámara y falta mucho diálogo. Con la crispación corremos el peligro de que las instituciones se resientan definitivamente. Con el diálogo, los intereses legítimos encuentran un único cauce, el democrático, el único al que nos debemos. Sigamos, pues, esa senda. Créanme, es un clamor ciudadano. En este momento histórico del país en el que tanto nos jugamos, el diálogo no es un camino, es el único camino.

En relación con el diálogo, con este real decreto-ley estamos ante una norma que va a marcar, sin duda, el futuro de una parte esencial de las relaciones laborales del presente siglo, del siglo XXI, y será una referencia obligada del legislador en los tiempos venideros, por el nivel de las aportaciones de orden teórico y práctico de la Mesa de Diálogo Social que, como les he dicho, han quedado recogidas en este real decreto-ley. Sintamos legítimo orgullo de país. España es hoy una referencia entre los países de nuestro entorno en esta materia, y así nos lo han hecho ver, por su explícito interés, en particular, nuestros socios europeos. En tercer lugar, el diálogo social avala el decreto que hoy ratificamos y que hoy defendemos. Todo el esfuerzo, todas las transacciones, todas las horas empleadas han recibido su justa compensación. Y, en cuarto lugar, este real decreto inaugura una serie de avances legislativos en los próximos meses que situarán el paradigma de las relaciones laborales a la altura de la España del siglo XXI, y lo haremos como hemos hecho el presente real decreto-ley que les presento, siempre con diálogo social, y tengo la esperanza y la confianza de que se abrirá camino. Por ello, quiero ante el Parlamento, sede de la soberanía nacional, solemnizar el agradecimiento del Gobierno y el mío propio a


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los agentes sociales, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones patronales, que tanto han contribuido a hacerlo posible.

El Real Decreto-ley del Trabajo a Distancia es una norma que atiende a una necesidad perentoria en este momento. El desarrollo de las tecnologías de la información han facilitado las formas de trabajo alternativas a las estrictamente presenciales. Ello se ha reflejado en una clara tendencia al incremento del trabajo a distancia los últimos años, particularmente en la forma de teletrabajo. Este auge explica las numerosas normas, acuerdos y documentos que ha abordado el trabajo a distancia: el Convenio 177 de la OIT de Trabajo a Domicilio fue uno de los primeros, en el ya lejano año 96; el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo del año 2002, reformulado en el 2009, que fue un acuerdo, como saben, de gran trascendencia. Este acuerdo ha inspirado la norma española y también buena parte de las legislaciones que, recientemente, van a ser aprobadas por países de nuestro entorno. La crisis sanitaria ha acelerado la evolución del trabajo a distancia. Se estima que durante la pandemia la incidencia del trabajo remoto ha pasado del 5 al 34 %, mostrándose como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad y para garantizar la prevención frente al contagio. Su uso, además, ha permitido advertir y explorar en un breve espacio de tiempo sus posibilidades, pero también sus riesgos. Las posibilidades que abre el trabajo a distancia son evidentes. El trabajo a distancia permite una mejor organización del propio tiempo, lo que tiene una indudable dimensión personal y también una dimensión que redunda en la propia empresa, promoviendo una mayor calidad del trabajo y el incremento de la productividad.

La regulación que hoy sometemos a esta Cámara tiene, además, una dimensión que trasciende la estrictamente productiva o laboral. De un lado, el trabajo a distancia es afín a la economía verde, porque disminuye los desplazamientos y procura una mayor sostenibilidad y eficiencia en el consumo de la energía; y, de otro, puede favorecer la repoblación de las zonas rurales y promueve la cohesión territorial, permitiendo que el lugar de residencia no se vea exclusivamente determinado por el lugar donde se encuentra la sede de nuestras empresas. Se trata de un incentivo importante en la mejora de la calidad de vida en el ámbito local, ya sea este rural o urbano. En todo caso, es un avance en la línea del reto demográfico que afronta nuestro país.

Sin embargo, el trabajo a distancia también conlleva riesgos, como son los derivados del aislamiento con sus consiguientes consecuencias en el ámbito de los riesgos psicosociales o incluso de formas específicas de violencia, como es el ciberacoso. Además, el aislamiento -y no es esta una cuestión menor- puede limitar la acción sindical. El uso de herramientas informáticas plantea a su vez retos importantes en materia preventiva. Puede desencadenar estrés tecnológico y requiere especial atención hacia los riesgos específicos vinculados al sedentarismo o al uso intensivo de pantallas. Asimismo, la empresa se enfrenta a nuevos retos en el ámbito de la organización como, por ejemplo, las posibles deficiencias en el intercambio de información entre personas trabajadoras o la necesidad de establecer mecanismos específicos de control. Sin embargo, el principal riesgo del trabajo a distancia es la inseguridad que ha generado hasta ahora la falta de una regulación adecuada. La reforma laboral del PP, que en esta materia se circunscribió al artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, no sirvió ni para establecer garantías ni para dar seguridad ni para que el trabajo a distancia pudiera desplegar, para ambas partes, sus plenas posibilidades; un cambio frustrante, como ocurrió por doquier con aquella reforma.

El presente real decreto-ley surge para cubrir este importante vacío y configura, para ello, un marco normativo sistemático y global que establece un completo suelo de garantías, confiando al mismo tiempo la capacidad de ajuste y adaptación a los interlocutores sociales. Uno de los principales rasgos de la regulación del trabajo a distancia contenidos en este Real Decreto-ley 28/2020 es que establece los pilares para el desarrollo de formas sanas de trabajo a distancia. Es consciente de las potencialidades y de los problemas que suscita la presencialidad completa, el trabajo a distancia completo, y por ello, promueve formas mixtas de organización del trabajo, en las cuales, la presencialidad y la distancia se alternan y potencian con total naturalidad. Esta dimensión mixta se refleja en la propia definición del trabajo a distancia, que es aquel que se desarrolla con carácter regular en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar que libremente elija la persona trabajadora.

El real decreto-ley concreta el alcance de este carácter regular, que concurre -como saben- cuando se supera el porcentaje del 30 % del trabajo a distancia, evitando así el efecto día, propio de algunas empresas y sectores productivos. Este porcentaje incorpora un factor de seguridad jurídica y es consecuente con las dinámicas de alternancia entre trabajo a distancia y presencial que el real decreto-ley promueve.


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La presente norma también asegura una adecuada utilización del trabajo a distancia por medio del establecimiento de límites en su utilización, tanto por menores como por personas trabajadores en formación. En el caso de las personas menores de edad, la concurrencia de riesgos específicos del trabajo a distancia, como los derivados de la fatiga física y mental, el aislamiento o la falta de seguridad, aconsejan el establecimiento de limitaciones, tal y como admite y requiere la propia normativa española y de la Unión Europea de prevención de riesgos laborales. Algo similar sucede en el caso de los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje que por su propia naturaleza requieren de cierto contacto presencial, a efectos de que la formación o la práctica profesional sean efectivas bajo una adecuada y suficiente supervisión de la empresa.

Por ello, el real decreto-ley de trabajo a distancia requiere que, en el caso de los contratos con personas menores o los contratos en prácticas para la formación o bien el aprendizaje, el porcentaje mínimo de presencialidad sea del 50 %. No obstante, el rasgo fundamental que caracteriza la regulación del trabajo a distancia es el de su carácter voluntario, tal y como señala el Acuerdo marco europeo del año 2002. Solo en el marco de la voluntariedad se configura el trabajo a distancia, y solo en él se puede modificar con la colaboración ineludible de la negociación colectiva. En este contexto de plena voluntariedad, el acuerdo de trabajo a distancia adquiere una importancia fundamental, porque contempla con fidelidad la voluntad de las partes y otorga la necesaria seguridad en el caso de eventuales conflictos. Por ello, en el texto del real decreto-ley se configura su regulación de forma detallada.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el trabajo a distancia es el relacionado con los tiempos de trabajo y descanso. La propia naturaleza de este trabajo hace que los límites entre la vida profesional y la vida personal a veces se desdibujen, lo que requiere que una norma como la presente le dedique especial atención. El principal presupuesto de la presente norma es el respeto al derecho al tiempo personal y vital de las personas, no solo porque es la principal finalidad de la norma laboral desde que existe sino también porque nos lo exige nuestra Constitución, la normativa internacional y la normativa de la Unión Europea.

Las características del trabajo a distancia, sumadas al uso de las tecnologías de la información, requieren que la norma preste una especial atención al derecho a la desconexión. Por ello, este real decreto-ley no solo reconoce y aplica al trabajo a distancia el derecho a la desconexión, que es un derecho vinculado a prerrogativas tan decisivas como la salud o la intimidad, sino que configura el marco necesario para que esta desconexión sea efectiva. Establece, por ello, la obligación de que el horario concreto conste en el acuerdo del trabajo a distancia configurando en torno a ese horario un sistema de jornada flexible en beneficio de la persona trabajadora.

La flexibilidad en la gestión del tiempo por parte de la persona trabajadora abre muchas otras posibilidades de interés como, por ejemplo, la mejora en la formación. Por ello, también el real decreto-ley modifica el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores que, como conocen, regula los derechos de formación de los trabajadores y establece que aquellas personas que estén cursando con regularidad estudios tienen derecho a acceder al trabajo a distancia. Esta previsión resulta consecuente con el papel fundamental que debe tener la formación continua en nuestro sistema de relaciones laborales como parte de una política de empleo efectiva que facilite en todo momento dotar a las personas trabajadoras de las herramientas necesarias para mejorar su situación en el mercado de trabajo.

La flexibilidad horaria que proporciona el trabajo a distancia tiene también una dimensión relacionada con la conciliación de responsabilidades que el real decreto-ley acomete con las garantías necesarias para evitar la perpetuación de roles de cuidados en las mujeres. El trabajo a distancia no es una forma de trabajo especial diseñada para conciliar, y de este presupuesto parte justamente la filosofía del real decreto: no es una forma de conciliación. La pandemia nos ha enseñado que el trabajo no puede ser simultáneo en lugar y tiempo a los cuidados, ni cuando se trabaja en la oficina ni cuando se trabaja en casa. Esta regulación del trabajo a distancia busca desterrar definitivamente la imagen de mujeres u hombres tratando de cuidar a sus hijos, mientras atienden la pantalla de su ordenador. Reforzar este principio de separación y establecer con rotundidad que el trabajo a distancia no neutraliza los derechos de conciliación es otra de las bases fundamentales de este real decreto. Así, una persona trabajando a distancia tendrá el mismo derecho a la adaptación de su jornada laboral, que una persona que trabaja presencialmente. Evitar la perpetuación de roles de cuidado en las mujeres a través del trabajo distancia es uno de los hilos transversales de este real decreto. En este sentido, la negociación colectiva, que es destinataria de un amplio espectro de competencias a lo largo de todo el texto, debe promover la corresponsabilidad e impedir la perpetuación de los estereotipos de género. Asimismo, se aplica el


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principio de transversalidad de género a lo largo de todo el articulado, como exige la propia Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, del año 2007, incorporando el trabajo a distancia como una herramienta para la protección también de las víctimas de violencia de género.

Un aspecto de particular relevancia en el ámbito del trabajo a distancia es el de los costes y los gastos. Esta norma establece los mecanismos de garantía necesarios para que la situación de las personas trabajadoras a distancia sea igual a la de las personas trabajadoras presenciales, de modo que sea la empresa la que deba adoptar y mantener los medios necesarios para la actividad, así como compensar los gastos relacionados con el trabajo o la atención en caso de dificultades técnicas. Los ámbitos naturales para la determinación concreta de estos costes y gastos que la presente norma reconoce y promueve son, sin duda, la negociación colectiva y el acuerdo de trabajo a distancia. Ambos cumplen la función de garantizar a la persona trabajadora una adecuada compensación y a la vez aportar seguridad a la propia organización empresarial. Ha habido en esta redacción una cuidadosa tarea de traslación y aplicación de los derechos fundamentales y también de los derechos ordinarios de los trabajadores a las peculiaridades del trabajo a distancia. Se garantiza así la igualdad de trato a todos los niveles con las personas trabajadoras presenciales, lo que abarca la comunicación con los representantes, el ejercicio de los derechos colectivos, la retribución, la promoción o la propia formación. Adicionalmente, se establecen intensas garantías relacionadas con el ejercicio de los derechos fundamentales en la empresa, relacionadas con el derecho a la intimidad o a la protección de datos. El trabajo a distancia requiere mecanismos de control esencialmente diferentes de los que se utilizan en el trabajo presencial, pero en todo caso deben respetar el derecho a la intimidad. Resultaba necesario, además, incorporar al texto el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, como saben, requerido por el propio Tribunal Constitucional, para considerar que un determinado sistema de control, sea digital o no, se acomode al texto constitucional. Todo ello se ha trasladado al real decreto-ley en relación con el trabajo distancia de modo consecuente con la normativa y la jurisprudencia española, así como con la normativa de la Unión Europea.

Asimismo, el real decreto-ley establece una intensa protección en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, adaptada a las particularidades del trabajo a distancia, lo que requiere una especial atención en la evaluación y la actividad preventiva y a sus peculiaridades, por ejemplo en el ámbito de los riesgos psicosociales. Por ello, se establece la posibilidad de acceso al lugar de prestación de servicios a efectos de llevar a cabo la correspondiente evaluación de riesgos, que estará condicionada, como saben, en todo caso, a la autorización expresa de la persona trabajadora. El ámbito de la efectividad ha sido objeto de especial atención en esta norma, lo que se ha traducido en las correspondientes modificaciones en la normativa sancionadora, la Lisos, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y en la propia normativa procesal, la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Se han establecido en este sentido infracciones y sanciones específicas para los casos en los que no se cumpla adecuadamente la obligación de formalización del acuerdo del trabajo a distancia. También se ha articulado un procedimiento judicial específico, rápido y preferente para que se resuelvan con la máxima celeridad las reclamaciones relacionadas con el derecho de acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia.

Otro de los rasgos fundamentales que caracterizan al Real Decreto de Trabajo a Distancia es que sitúa en un lugar central a la propia negociación colectiva. El diálogo social es de hecho la columna vertebral de este real decreto-ley, cuyo contenido es fruto del acuerdo de los interlocutores sociales, una dimensión negociadora que refuerza la legitimidad de las normas y que además garantiza su eficacia. Esta naturaleza negociada es, por tanto, un elemento fundamental a resaltar y a valorar especialmente. La salida con fuerza y coordinación de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia debe también sustentar las bases de los nuevos retos de estabilidad a los que se enfrentarán las empresas y las personas trabajadoras en el futuro inmediato. Esta dimensión imbricada en la negociación colectiva se traslada a todo el articulado del real decreto, con llamadas expresas al convenio colectivo en aspectos tan relevantes como el establecimiento de preferencias o la propia definición del trabajo a distancia, que pueden estipularse en convenio colectivo por medio de porcentajes diferentes a los propios fijados en la norma. De este modo, la presente norma de trabajo a distancia incorpora la negociación a la dinámica normal y ordinaria del trabajo a distancia con una perspectiva totalmente diferente a la que ha regido en las normas laborales durante los últimos años.

La normativa de trabajo a distancia regulada en este real decreto establece finalmente una serie de normas transitorias que configuran un detallado marco de previsiones específicas en atención a las circunstancias del desempeño del trabajo. Por ello, se prevén diferentes tratamientos, dependiendo de la existencia o no de un convenio o de un acuerdo previo conforme al cual se estuviera desarrollando el


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trabajo a distancia, y se contempla expresamente la situación del trabajo a distancia derivado de la pandemia. En definitiva, el Real Decretoley de Trabajo a Distancia es una norma global, integral y transversal que garantiza derechos fundamentales y traslada al ámbito del trabajo a distancia los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, del trabajo presencial. Es una norma detallada y completa que otorga seguridad jurídica y que establece los mecanismos adecuados para su plena efectividad. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).

Además de la norma que regula el trabajo a distancia, hay más contenidos en este real decretoley. En primer lugar, el real decretoley establece la prórroga del Plan Me Cuida, que se extenderá hasta el día 31 de enero del año 2021. El Plan Me Cuida, como conocen, permite la adaptación de jornadas y horarios con una flexibilidad hasta ahora desconocida, facilitando reducciones de jornadas de incluso el cien por cien de las mismas.

En segundo lugar, se establecen una serie de medidas necesarias en atención a las circunstancias en las que está evolucionando la pandemia relacionadas con el sector sanitario y también con el sector ferroviario.

En tercer lugar, en materia fiscal el presente real decretoley regula el régimen fiscal específico aplicable a la final de la Liga de Campeones femenina de la UEFA 2020 en Bilbao y en San Sebastián.

En cuarto lugar, establece una serie de modificaciones en el Real Decretoley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, orientadas a agilizar el proceso de tramitación con el objetivo de dar respuesta cuanto antes a la gran cantidad de solicitudes que han llegado. También se atribuyen competencias al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para determinar el modo de acreditar la identidad para obtener certificados electrónicos. Se pospone, asimismo, mediante el real decretoley la entrada en vigor de determinadas normas administrativas sobre registros y archivos electrónicos. Se clarifica la distribución de competencias en materia de juego entre el Ministerio de Hacienda y el de Consumo y, finalmente, se establecen algunas precisiones relacionadas con la aplicación y la gestión de las subvenciones previstas en el Plan Renove. Como saben, es preceptivo que haga referencia a la concurrencia tanto en la normativa sobre trabajo a distancia como en las disposiciones adicionales y finales de este articulado de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de nuestro texto constitucional para la aprobación por parte del Gobierno de un real decretoley. En primer lugar, esta regulación atiende a la situación actual de la crisis sanitaria y a la necesidad de aportar certidumbres. Desde el principio de la pandemia el trabajo a distancia ha sido una herramienta que ha servido tanto para mantener la actividad de las empresas y los trabajos como para evitar los contagios. Es un modo de organización que se adecua a la situación sanitaria actual y que debe estar correctamente regulado, atendiendo al cumplimiento de su finalidad durante la crisis, pero también a la evidencia de su auge como un nuevo modelo laboral.

En segundo lugar, desde la perspectiva de la organización empresarial, el trabajo a distancia es una fórmula que puede posibilitar una organización más racional y eficiente del tiempo de trabajo. En un momento en el que las empresas están afrontando procesos de recuperación, renovación o readaptación de gran trascendencia de cara al futuro, es responsabilidad de los poderes públicos poner a su disposición todos los instrumentos que puedan ayudar a que los proyectos empresariales se consoliden con carácter estable en un escenario necesitado de certidumbres como es el actual.

En tercer lugar, la solución que propone este real decreto parte de un diagnóstico compartido con los interlocutores sociales, dirigido a dar inmediata satisfacción a las necesidades de empresas y trabajadoras, lo que también el diálogo social ha entendido que era una tarea impostergable. El texto que hoy proponemos convalidar es una oportunidad para que las empresas dispongan de las herramientas necesarias dirigidas a la consolidación de sus proyectos y una mejora decisiva también en las condiciones laborales y de vida de la ciudadanía. Es lo que empresas y personas trabajadoras han acordado con este Gobierno en la mesa de diálogo social y es lo que se sustancia hoy en el debate de este real decreto-ley, pero, sobre todo, lo que les pido que convaliden hoy es el compromiso de todas las instituciones públicas, también del Poder Legislativo, con las empresas y con las personas trabajadoras en un momento en que necesitan que las normas ofrezcan soluciones adecuadas a la realidad. Esa realidad contempla desde luego a las personas más vulnerables, y este real decreto expresa también la firme voluntad de este Gobierno de hacer fructificar un nuevo derecho social que nació como una de las medidas con más apoyo de la historia para todas las personas y familias que se encuentran en situación de necesidad y que ahora más que nunca necesitan que las políticas públicas las protejan.


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Acabo ya. La pandemia nos ha revelado la importancia del trabajo a distancia. La aprobación de esta norma abre la puerta a la legislación laboral del siglo XXI, un nuevo tiempo en las relaciones laborales de nuestro país. Lo haremos, como siempre, con el compromiso de empleo decente, estable y de calidad que está presente en todas las medidas que tomamos y con la conciencia de que cualquier nuevo tiempo en las relaciones laborales o en los modos de organización vendrá necesariamente de la mano de los derechos y de las condiciones dignas de trabajo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, he de reconocer que tengo un cierto conflicto intelectual al tener que hablar de un trabajo encomiable, como es este real decreto, pero que por otras cuestiones sé que va a ser inaplicable en amplios territorios de Teruel, del Aragón despoblado o de la España vaciada; va a ser inaplicable porque aún no tenemos la suficiente cobertura por ser territorios todavía incomunicados. Pero en el fondo apoyamos este real decreto sobre la regulación del teletrabajo, dado que para nosotros es un paso muy importante para regular una modalidad laboral que en España entendemos debe extenderse más allá de los núcleos urbanos, más allá de las grandes empresas, y llegar también a pequeñas y medianas localidades, como ya sucede en los países más digitalizados de Europa, por cierto, países con modelos de densidad de población y de poblamiento mucho más equilibrados que el español, como pueden ser Finlandia o los Países Bajos.

La implantación del teletrabajo no es solo una herramienta social imprescindible para afrontar la pandemia, que también, sino que es determinante para avanzar en la economía del conocimiento. Esta nueva frontera de la evolución de la economía está basada en dos pilares fundamentales: el capital humano y las tecnologías de la información y el conocimiento. Nos preocupa y mucho que a medida que la economía avanza, o sea, con la economía del conocimiento que se impone en la sociedad, la importancia de la brecha digital va a adquirir mucha más trascendencia. Una brecha digital que tiene, como bien saben, tres dimensiones: la social, la demográfica y la territorial. La dimensión social por el nivel económico y por formación de los que la reciben, la demográfica por el grupo de edad en la que se aplica y la territorial por el alcance que la limita, ya que las redes de banda ancha todavía no están extendidas en todo el país. Es decir, las tres dimensiones de la brecha digital convergen de manera acentuada en la España vaciada: hay menor nivel de renta y formación, hay población más envejecida y hay carencias muy importantes en la red de banda ancha. Hay que actuar en consecuencia ya para reducir esa brecha, porque si no la ley será papel mojado para al menos una gran parte de los españoles. Para ofrecer nuevas posibilidades económicas a la España rural y a las pequeñas ciudades, necesitamos red de banda ancha, programas intensivos de formación digital para la población. Necesitamos convencernos de que es el momento para evolucionar y acercarnos a los datos de los países pioneros en digitalización, que también lo son a su vez en teletrabajo, una modalidad que se ha demostrado en aquellos países que es productiva y que, además, facilita la conciliación en el seno de las familias y puede otorgar oportunidades de desarrollo a amplios ámbitos territoriales.

Hemos venido diciendo muchas veces que la España vaciada es también en buena medida, por ello, la España desconectada, y hemos de acabar con esta desconexión; una desconexión provocada por la falta de cobertura y de banda ancha que, como he dicho, se tiene que solucionar de forma urgente. Si las grandes compañías o el mercado libre no son capaces de aportar esta extensión de banda ancha en todo el territorio, el Estado, de oficio o mediante empresas públicas, debe actuar. Estamos ante un caso similar a cuando se dotó a todo nuestro territorio de agua potable o de electricidad, ya que es un bien universal reconocido como tal por Naciones Unidas y debe extenderse bien con la Ley del mercado, bien con la acción directa del Estado. El teletrabajo para nosotros debe ser una oportunidad para reequilibrio demográfico, para la cohesión territorial y para reducir los problemas de la despoblación. No podemos dejar que una oportunidad como esta vuelva a olvidarnos, no podemos dejar pasar este tren. Porque cada año que pase sin la cobertura total del territorio serán multitud de oportunidades perdidas para decisiones personales de residencia o de ubicación, exigimos que previa o paralelamente a esta ley se desarrolla la cobertura total de la digitalización de la fibra óptica en España.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.

A continuación, por el mismo grupo tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señora ministra de Trabajo y Economía Social. Como le trasladé antes personalmente y tras leer los malos augurios del FMI para los próximos dos años, quiero desearle a usted el mayor de los éxitos ante los grandes desafíos laborales que tiene su ministerio por delante, que se suman a los que ya prácticamente desde el minuto uno ha tenido usted que asumir en esta legislatura.

Dicho esto, señora Díaz Pérez, en su equipo tienen que afinar más, porque la confección de esta norma por el cauce previsto para las cuestiones urgentes ha conducido a un texto muy defectuoso en estrictos términos jurídicos, que anticipa litigios innumerables en los juzgados del orden social, que es exactamente lo contrario de lo que debe propiciar una ley. En la transversalidad a la que usted aludía se cuelan asuntos variopintos, con lo que el Gobierno hurta del conocimiento del Congreso el debate sobre algunas materias, lo que constituye asimismo una irregularidad rayana en la ilegalidad constitucional, toda vez que no resulta posible analizar en su profundidad esas cuestiones al socaire de una discusión sobre un decreto-ley que se titula de trabajo a distancia, pero que incorpora de tapadillo temas completamente diferentes, y que conste que no tengo nada en contra de que en Bilbao puedan ver el mejor fútbol europeo.

Lo que nos ocupa, lo más destacado, refiere a la voluntariedad del trabajo a distancia, pero no aclara si puede dar lugar a una negativa al respecto por el empleador. Si el teletrabajo es voluntario para el trabajador y para su empleador, como establece el artículo 5.1, y si no existe derecho a tal efecto reconocido en la negociación colectiva, ni qué decir tiene que ese concurso de voluntariedades rara vez podrá llegar a buen puerto, porque una decisión en tal sentido del empleador lo impedirá. A diferencia de lo que señala la norma respecto a la negativa del trabajador a teletrabajar, no existe paralela previsión para el caso del empleador, lo que abona la tesis de que solo se podrá teletrabajar si se decide voluntariamente por ambas partes. Con todo, este extremo no es pacífico y cabe vaticinar que los jueces del orden social tendrán que ocuparse de este extremo con frecuencia.

Otra cuestión polémica viene dada por la dotación económica para que el empleado pueda trabajar a distancia. De la redacción de los artículos 11 y 12, parece derivarse que deberá ser a cargo del empleador los gastos de los equipos informáticos y su mantenimiento técnico, así como de sus consumibles y de otros medios para que pueda llevar a cabo el trabajo desde su domicilio, lo que no es descartable que alcance al consumo eléctrico de acceso a la red telefónica, de calefacción, climatización o incluso de alquileres o cuotas hipotecarias. Ni que decir tiene que exigir al empleador en estos tiempos pasar por tales costes, disuade la contratación, porque puede convertirse en una prestación que va mucho más allá de lo laboral. La flexibilidad horaria también está prevista como derecho del trabajador, con similar capacidad del empleador a su negativa; lo cual, además de constituir una desequilibrada solución en términos de empleo, puede constituir un agravio comparativo para los trabajadores presenciales, que no disfrutarán de tal posibilidad.

Señorías, entre otras materias que se cuelan de rondón en el decreto-ley, cabe hacer especial referencia a la enésima prórroga de la entrada en vigor de la legislación de 2015, sobre Administración electrónica. No es razonable que se demore el mes de abril de 2021 lo que tendría que estar implementado hace ya cinco años. Concluyo, señora presidenta, señalando que por elementales razones no es posible prever el teletrabajo del personal laboral de las administraciones públicas, como establece el real decreto-ley, y no es posible, sin que tengamos puesta a disposición de sus usuarios, la Administración electrónica propia -como usted apuntaba- del siglo XXI. Ese debe ser el objetivo prioritario del Ejecutivo, del Gobierno y, por tanto, nunca producir leyes sin la necesaria calidad, que es lo que aquí, lamentablemente, vuelve a suceder.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Azpirua Arzallus

La señora AZPIRUA ARZALLUS: Gracias, presidenta.

Una previa al representante de Ciudadanos que ha hablado anteriormente en el debate del estado de alarma y que ha dicho que Euskal Herria Bildu no ha intervenido hoy en este debate del estado de alarma


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en Madrid, porque el tema no nos interesa en absoluto. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia). No está aquí el señor Bal, pero si estuviera le diría que, si no hemos intervenido, ha sido por respeto a la población de Madrid, a los barrios obreros confinados a los que no solo les pisotean sus derechos, sino que además tienen que aguantar que les utilicen desde esta tribuna.

Dicho esto, voy al punto que nos ocupa, que es el real decreto del teletrabajo. Empiezo por lo más evidente. Tramitar una ley de teletrabajo era una, efectivamente, una urgencia, una responsabilidad y una obligación, una realidad que ya existía, en unos niveles todavía minoritarios, pero que se han acelerado de manera exponencial con la pandemia. Por tanto, es lógico que se regule este fenómeno que cada vez va a estar más presente en nuestras vidas. Es una urgencia regularlo y entendemos que esa urgencia es la que ha hecho que esta ley, en nuestra opinión, pueda presentar algunos flecos sueltos y algunas lagunas. Hay muchas normas que consideramos positivas en este decreto -en este y en el que se va a debatir posteriormente-, también su concepción, y sobre todo que ya desde el arranque mismo la concepción sea la del establecimiento de que el teletrabajo tiene que ser algo voluntario y que tenga carácter reversible.

Por tanto, en su generalidad, valoramos positivamente este decreto-ley, porque contiene medidas y concepciones necesarias, pero me voy a detener un poco en aquello que hemos echado en falta, por ejemplo, el hecho de que esta ley no sea de aplicación efectiva desde ya mismo, porque el teletrabajo forzado por la irrupción de la COVID-19 ya está instalado en las vidas de mucha gente. También nos hubiera gustado que no se relegara a la negociación colectiva cuestiones que afectan a la forma en cómo se teletrabaja. En este sentido, la ley deja sin cerrar cuestiones como quién paga los gastos derivados de la actividad del teletrabajo, es decir, quién paga la luz, quién paga los equipos informáticos y todos los elementos necesarios para teletrabajar. Esto debería estar regulado en esta ley porque, les voy a dar un solo dato que se refiere al teletrabajo en estos meses en el Estado español, el 70 % de las personas con sueldos superiores a 4000 euros ha podido desarrollar la modalidad telemática durante la pandemia y solo el 13 % de personas con sueldos mileuristas ha tenido esta opción. Por eso es también importante que los costes del teletrabajo los asuman las empresas, y habría sido realmente positivo que esto se hubiera estipulado ya. De estas indefiniciones adolece este real decreto, indefiniciones que tienen riesgos, como lo tiene todo aquello que no está regulado y que abre puertas a que se agrande la brecha de género, la de la desigualdad o la de la explotación incluso. Hay muchas cuestiones que quedan en el aire al dar por supuesto que la situación es igual para todos, y no lo es, no todos los colectivos tienen el mismo acceso y las mismas posibilidades, no todas las casas están preparadas para el trabajo a distancia, y la brecha digital en realidad es una brecha socioeconómica porque son las clases socioeconómicas más bajas las que no tienen el mismo acceso a las herramientas.

Hay otro aspecto central, entre las cuestiones que no quedan claras en el decreto, que se refiere a la conciliación. Usted, ministra, ha hablado del tema y ha sido más clara que este decreto. De la misma forma que sucedió con el cierre de las escuelas, cuando el peso de los cuidados cayó más en las mujeres -esto ha ocurrido, ha sido así-, creemos que hay que afinar más para que las mujeres no vuelvan a quedarse emparedadas entre la conciliación y el trabajo. En ese confinamiento eterno y continuo en el hogar entre trabajo y cuidados, el teletrabajo puede llegar a ser una trampa insalvable para las mujeres. A este respecto hay un apunte clarificador que ofrecen datos recientes respecto a la actividad científica de hombres y mujeres durante la pandemia: los hombres han producido y enviado a revistas especializadas muchísimos más artículos científicos que las mujeres. Esto puede extrapolarse a cualquier campo laboral. Esa falta de conciliación derivada del teletrabajo puede tener estas consecuencias, y consecuencias futuras para el desarrollo profesional y personal de las mujeres. El teletrabajo, si no se toman medidas respecto a la conciliación, puede volver a colocarnos bajo un nuevo techo de cristal.

Estas eran las cuestiones que quería comentar y, finalmente, una más que quizás se sale un poco de este decreto, va más allá de él, pero creo que es importante señalarla. Como en tiempos de grandes cambios sobrevenidos conviene aprovechar las oportunidades, no estaría nada mal mirar un poco más allá y enfocar el futuro hacia algo que en otros países europeos ya se está instalando como una buena opción. Hablo de recorrer el camino que va desde el teletrabajo al concepto de trabajo flexible. Un paso adelante para repensar el futuro y plantear un cambio a una concepción flexible del trabajo, que permita un equilibrio real entre la vida profesional y personal y que podría materializarse en la jornada semanal de treinta y cinco horas en cinco días o treinta y dos horas en una semana laboral de cuatro días, tal y como ha propuesto, por cierto, la primera ministra de Nueva Zelanda. Esto, además, tiene una doble vertiente positiva, ya que reactivaría el turismo interno del país e impulsaría la economía.


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Quiero decir con esto que las posibilidades para todo lo que sea necesario hacer están más abiertas ahora que nunca. Un último dato o comentario sobre el diálogo social, señora ministra, claro que es positivo y necesario el diálogo social, pero creo que no debemos olvidar que si el diálogo social se convierte en derecho a veto para avanzar en derechos no es tan positivo.

Apoyaremos con nuestro voto los dos decretos porque es urgente y necesario regular el teletrabajo, a pesar de estas lagunas que he comentado.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos no sé si días o tardes casi ya, señora presidenta. Señorías.

Este real decreto-ley que hoy nos presenta el Gobierno o que aprobó el Gobierno y que está ya incorporado al ordenamiento, incorpora al derecho positivo lo que no es más que la elaboración de los principios del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo suscrito, el 16 de julio de 2002, que posteriormente fue actualizado el año 2009. A ese fin lo que hace es desarrollar el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que se dedica precisamente al trabajo a distancia, e incorpora a esta modalidad de prestación la regulación de los aspectos básicos del teletrabajo como una realidad en pleno auge y desarrollo, basado en el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Entiende además por tal teletrabajo, aquella modalidad regular que se preste por un mínimo del 30 % de la jornada durante un periodo de referencia de tres meses o el porcentaje equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, y además limita su aplicación respecto de los celebrados con menores y los contratos en prácticas para la formación y el aprendizaje. Se sostiene en la elaboración de unos determinados principios que luego se concretan en el derecho positivo que hacen referencia a la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación, a la voluntariedad y reversibilidad -fundamental entendemos-, a la obligatoriedad de la forma escrita, derecho a la formación y promoción profesional, a la dotación y mantenimiento de medios y equipos, al abono y compensación de gastos -al que luego me referiré-, que se determinará mediante convenio; derecho al horario flexible y registro horario; derecho a la prevención y evaluación de riesgos laborales; derecho a la intimidad y protección de datos; derecho a la desconexión digital como elemento sustantivo fundamental, además, de otros derechos, y derecho al ejercicio de los derechos colectivos. Como decía, son derechos y obligaciones ya reconocidos en la propia legislación laboral, y hace una referencia explícita además a la Ley de Protección de Datos respecto al derecho a la desconexión digital; ese es un elemento sustantivo que entendemos que está correctamente desarrollado.

Como crítica técnica, vemos que este texto está elaborado en sustitución del artículo 13 aun cuando podía haber sido elaborado en modificación del artículo 13, es decir, que el propio Estatuto de los Trabajadores podía haber servido como soporte para la elaboración de este elemento de derecho positivo, sin perjuicio de que sustentado como está en el ámbito no de la negociación colectiva, sino del acuerdo social, parece que salva esta inconveniencia técnica del aspecto regulatorio precisamente por la legitimación que le conceden no solo por los elementos formales, sino los elementos sustantivos a los que hace alusión, y le confieren una solidez indiscutible. No obstante, y también como crítica, podemos decir que la utilización del mecanismo del real decreto-ley, precisamente cuando está basado en el acuerdo social, revela cierta contradicción, de la que simplemente queremos hacer advertencia, pero sin poner ningún énfasis en ello.

Dicho esto, en su conjunto se ha sostenido la existencia de un ámbito material suficiente para el teletrabajo; creemos además que son fundamentalmente dos elementos: el derecho a la desconexión, que sustenta la legitimación, y luego también la remisión a la negociación colectiva, para que se puedan materializar aquellos aspectos regulatorios que el propio texto va a dejar abiertos, y en ese sentido creemos que es un elemento positivo la remisión a la negociación colectiva respecto de la que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cuestión. En ese sentido, por tanto, tenemos una valoración positiva del real decretoley y no vamos a incidir en más elementos de precisión respecto de su contenido, puesto que la ministra ha sido prolija, como siempre, en su desarrollo y simplemente le anunciamos que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.

La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.

Antes de comenzar mi intervención, me gustaría dirigirme a la portavoz de Bildu, pero como en este caso no está, me dirijo a los señores de Bildu que hay en esta Cámara: Dejen su cinismo aparte, dejen su cinismo aparte. Si quieren ustedes demostrar respeto a los madrileños, pidan perdón por los treinta y nueve coches bomba y pidan perdón por las 121 personas asesinadas por ETA en la capital de España. Ustedes son una falta de respeto, no hablen ustedes de respeto en esta Cámara. (Aplausos).

Señorías, ministra, qué triste y qué pena tan grande haber tenido que sufrir esta pandemia mundial para que nos demos cuenta de las grandes carencias y las necesidades de nuestra economía y de nuestro mercado laboral, deficiencias estructurales que la crisis económica y social que nos asola ha dejado al descubierto porque, como en la fábula El traje nuevo del emperador, resulta que el rey iba desnudo, mientras todo el mundo miraba hacia otro lado.

Debatimos hoy, siete meses después de que estallara la pandemia, un texto muy necesario para salvar vidas y para salvar empleos; casi ocho meses después, no es tarde si la dicha es buena. Este real decreto, señorías, es un paso más hacia la modernización de nuestra economía porque es inconcebible en una sociedad en la que puedes llenar la nevera haciendo la compra a través de Internet o puedes estudiar a distancia o incluso presentar impuestos con una firma digital, que tengas que estar de forma presencial, sentado en tu puesto de trabajo, en tu empresa o en tu oficina, realizando tareas que fácilmente podrían realizarse desde cualquier lugar diferente al puesto de trabajo.

Seguramente, ministra, recordará que allá por enero, cuando compareció en Comisión, recién estrenada la legislatura, esta diputada le preguntó por el teletrabajo. Entonces no llevábamos mascarilla y no teníamos que mantener la distancia de seguridad, pero ya era un clamor en la sociedad actual la necesidad de avanzar y equipararnos a otras economías europeas en este aspecto. En Ciudadanos llevábamos años reclamando la necesidad de regular esta nueva forma de trabajo porque, como usted muy bien ha explicado antes, el teletrabajo mejora la productividad de las empresas españolas, facilita la conciliación de la vida familiar y laboral, es un arma contra la despoblación, contribuye también a cuidar el medio ambiente y, por último, me gustaría añadir a esta lista de puntos positivos, que también usted ha mencionado, algo que Ciudadanos defiende en Europa, defiende aquí a nivel nacional y está defendido en cada una de las comunidades autónomas -también se lo conté al ministro Escrivá la semana pasada-, y es que el teletrabajo puede ser una palanca de impulso para relanzar la imagen exterior de España como un destino preferente para los teletrabajadores de todo el mundo. Quien viene aquí a veranear a España con la calidad de vida que tenemos, ¿por qué no va querer decidir trasladar aquí su residencia para teletrabajar?

Como decía al principio, la pandemia ha puesto de manifiesto que el teletrabajo estaba poco arraigado en nuestro país. Unos pequeños datos: En 2019 solo el 4,3 % de los trabajadores españoles realizaba trabajos en remoto, trabajos a distancia; muy lejos de la media de la Unión Europea que era casi del 10 % y más lejos todavía de casi el 18 % y del 17 % de lo que teletrabajan en Países Bajos y en Francia. Pero entonces llegó la pandemia y nos encontramos con una laguna legal que tuvimos que cubrir y, como en otras muchas cosas, los ciudadanos nos han dado un ejemplo de convertir lo extraordinario en algo habitual, pasando el teletrabajo de ser testimonial en España a tener una tasa del 35 % del teletrabajo.

Celebramos, como no puede ser de otra manera, ministra, el texto que traen hoy aquí para su convalidación y celebramos también que haya sido negociado y consensuado con los agentes sociales porque, en mi partido, en mi grupo parlamentario, en Ciudadanos, es inconcebible otro camino. Normas de este calado deben llevar siempre el aval de los agentes sociales, de la patronal y de los sindicatos. Y digo siempre, porque cualquier iniciativa para aprobar o derogar leyes laborales debe llevar este sello de garantía para que tenga éxito.

En cuanto al contenido del real decreto que regula exclusivamente el trabajo a distancia prestado de forma regular, incorpora algunas novedades, como la voluntariedad de realizar este trabajo a distancia. Reconoce también que pueda revertirse, si el trabajo fuera inicialmente prestado en la modalidad presencial. Por supuesto, garantiza, como no podría ser de otra manera, la igualdad de los trabajadores, tanto de los que prestan servicio a distancia como de los presenciales, en igualdad de condiciones retributivas, de formación, de promoción y de ejercicio de los derechos colectivos. Destaca, y es importante


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también, la concreción de un derecho de desconexión digital, y esa mención especial al reparto equilibrado de los costes asociados a esta modalidad de trabajo.

Ministra, nos alegra mucho, y me alegra a mí personalmente, que este texto final haya corregido los excesos contenidos en las versiones iniciales y proporcione la suficiente flexibilidad, a través de la negociación colectiva, para que se adapte a las circunstancias particulares de trabajadores y empresas en cada actividad y en cada sector.

Esos son algunos de los puntos que compartimos y valoramos positivamente, por lo que le adelanto que votaremos a favor de su convalidación, pero ya nos conocemos y sabe que en Ciudadanos somos muy exigentes: creemos que hay que mejorar determinados aspectos de esta ley, de este real decreto, así que solicitaremos que esta iniciativa se tramite como proyecto de ley, para que todos los grupos podamos aportar y participar en un debate que es necesario. Este es el camino, ministra, este es el camino, señorías, dar respuesta a los problemas de los españoles, porque para eso nos pagan.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, coincidimos en la necesidad de regular el teletrabajo; es una evidencia que era absolutamente necesario en este contexto, pero al mismo tiempo entendemos que lo previsto en el real decreto no resuelve adecuadamente algunas cuestiones en una situación que es verdad que es compleja, algunas incluso afectan directamente al ejercicio de derechos, como el derecho a la igualdad, al de no discriminación por razón de género, al de la desconexión digital o al de la libertad sindical. Entendemos que deja un amplio margen de fraude al definirse como trabajo a distancia aquel que se desarrolla de forma regular y que ocupa al menos un 30 % de la jornada laboral durante tres meses, dejando fuera los contratos de prácticas, de formación o los de menores. Al marcar el límite del 30 % se da pie, a nuestro juicio, a que muchas empresas se beneficien de sistemas híbridos de trabajo presencial y a distancia, sin necesidad de que se cumplan las medidas de protección que contempla la ley, como la desconexión digital, la protección de datos, la prevención de riesgos laborales, etcétera. Asimismo, deja abierta la puerta a que se pueda defraudar la norma, al acudir a la figura del falso autónomo. Coincidimos en que el acuerdo para realizar el teletrabajo debe ser voluntario, pero debería regularse la necesidad de favorecer, en caso de solicitud por el trabajador o trabajadora, la conciliación y regularse medidas que impidan el bullying y despidos como consecuencia de la negativa del trabajador al teletrabajo, por cierto, despido que consideren improcedente y no nulo. Efectivamente, el acuerdo debe ser reversible, pero dejan la regulación de cómo se produce la reincorporación de la persona trabajadora a la negociación colectiva, por lo que mientras no se vaya adaptando habrá cierto vacío legal.

Nos preocupa -voy finalizando- la referencia a la forma de control del teletrabajo que puede invadir áreas de intimidad personal y familiar. Asimismo, nos preocupan las garantías de los derechos laborales y sindicales, como decía. Sí se reconocen los mismos derechos que los trabajadores presenciales, pero la forma en que se harán efectivos esos derechos siguen siendo una incógnita, pues el Gobierno ha considerado necesario atender las dificultades específicas para el control de la legalidad y de la acción sindical, que implica la organización laboral distribuida a nivel domiciliario.

Como decía, son muchos los aspectos que entendemos que no quedan convenientemente resueltos, por lo que nos vamos a abstener.

Obrigado.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señoras ministras, señorías, el 15 de octubre de hace ochenta años, el president Companys, de forma injusta, indigna y vergonzante fue fusilado de acuerdo con una sentencia anulada por el Parlament de Catalunya, pero todavía no por este Parlamento. Desde aquí, desde esta tribuna, mi recuerdo y mi reconocimiento al president Companys. (Aplausos).


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Dicho esto, señora ministra, sé que no estará acostumbrada, pero desde un grupo de la oposición queremos felicitarla -ya sé que no son tiempos de felicitaciones-, porque siempre que hay un acuerdo en el marco del diálogo social creo que nos debemos felicitar todos, también al Gobierno que lo ha propiciado y, por lo tanto, desde aquí nuestras felicitaciones no exentas de algunos comentarios y matizaciones.

El diálogo social es básico, pero también los grupos parlamentarios tenemos que hacer nuestras aportaciones. Por tanto, sobre este real decreto-ley que de hecho es un real decreto-ley que el Gobierno -usted misma lo ha manifestado en Comisión- tenía intención de introducir como proyecto de ley y que se pudiera debatir como tal, vamos a solicitar que se pueda debatir como proyecto de ley, entre otras cosas porque introduce hasta veinticinco disposiciones adicionales transitorias y finales que después comentaré.

En cuanto al contenido del real decreto, en la parte esencialmente del teletrabajo, estamos de acuerdo en los principios que lo basan: la voluntariedad de las partes y el acuerdo y la no discriminación entre los trabajadores que puedan acogerse y no se puedan acoger. Dicho esto, nosotros entendemos que sí que hay mejoras a realizar. Nos gustaría que se hubiese podido vincular esta reforma -reforma importante- con otra reforma que tenemos pendiente, que es la reforma horaria -que en Cataluña sabe que lo estamos trabajando- y que entendíamos que podría ser una oportunidad. En todo caso, es una gran oportunidad. Hay mucho campo para recorrer; en las zonas más despobladas, tal y como se ha dicho, en la medida en que la brecha digital y la fibra óptica acabe llegando a todos será más fácil. En Cataluña estamos trabajando también, y actualmente casi todas las capitales de comarca ya disponen de esta fibra óptica.

Dicho esto, quiero hacer algunos comentarios respecto a las disposiciones adicionales, finales y transitorias, algunas de las cuales habían estado incorporadas en el Real Decreto-ley 27, que no fue convalidado por esta Cámara. Y ya sé que no es su competencia, pero recuérdele a la ministra de Hacienda que se ha dejado unos aspectos del Real Decreto-ley 27/2020 que están pendientes y que es necesario resolver, y la ministra -que también nos acompaña aquí- de Política Territorial lo conocerá perfectamente. El fondo para el transporte público está pendiente, así como la actualización de la participación en las entregas a cuenta de la participación de los tributos del Estado, y también está pendiente, señora ministra, el fondo de los 5000 millones que de alguna forma se va a distribuir. En todo caso, recuérdeselo hoy a ver si antes de final de año, porque los alcaldes lo necesitan, se puede resolver.

Con relación a todas las disposiciones adicionales, me gustaría hacer dos comentarios; podría hacer mucho más, pero no tengo tiempo. La disposición adicional séptima, la del IVA cero en el ámbito sanitario, la prorrogan hasta el 31 de octubre. Señora ministra, el 31 de octubre está aquí, tendrán que hacer una nueva prórroga, y se lo pedí a la ministra de Hacienda, se lo pedí a la ministra de Economía; no tuve éxito. A ver si usted, que entiendo que es más sensible a todo lo que conlleva la economía circular, puede ayudarme. El suministro de determinados bienes para hospitales y otras instituciones sanitarias tributa a tipo cero gracias a esta norma. Fíjese, si una bata quirúrgica la compran y es desechable tributa al 0 %; en cambio, si es reutilizable, como es una prestación de servicios, continúa tributando al 21 %, por tanto, este tema se debe resolver, y voy terminando, señora presidenta. La disposición final décima finalmente -es final, pero es finalmente- resuelve, aunque sea parcialmente, el problema de las situaciones de aquellos trabajadores que no pueden salir de su municipio o no pueden entrar a su municipio de trabajo por estar confinados. Esto, que es una demanda de nuestro grupo desde -no sé si recuerda- el mes de marzo, porque afectó a los trabajadores de la Conca d'Òdena, no se resuelve hasta hoy, seis meses después. De esto, respecto a la diligencia, tendremos ocasión de hablar en los próximos decretos.

En todo caso, muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes.

Yo querría hacer una reflexión previa contestando a dos reflexiones del Grupo Ciudadanos, que tiene una especie de fijación. Nosotros no hemos intervenido en el tema de la Comunidad de Madrid por respeto a la Asamblea de Madrid, una cosa que ustedes no tienen por los demás Parlamentos -tenemos un gran respeto-; en cambio, por su gente ahora sí vamos a intervenir definiendo los derechos de todas las clases trabajadoras de cualquier pueblo del Estado, hablen el idioma que hablen. Esto se lo respondía al


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señor Bal, que no está -imagínense lo que le importa el trabajo- y a la portavoz de Trabajo, que tampoco está ni cuando escucha a los demás. Y por si acaso fuera poco, también ha dicho el señor Bal: Por favor, aprueben los presupuestos, ¡por Dios!, no con ellos sino con nosotros. No, no va a ser por Dios. El Partido Socialista y el Partido de Unidas Podemos van a escoger o a un partido de izquierdas o a uno de derechas o de derecha extrema. Y la última respuesta a sus intervenciones es que no representamos a la gente de Madrid porque no nos presentamos a sus elecciones, por suerte para ustedes, porque nosotros solo presentándonos en Cataluña tenemos trece diputados y ustedes en toda España tienen diez. Así que agradézcannos que no les quitemos más votos. (Aplausos).

Dicho esto, y antes de hablar de teletrabajo -enhorabuena a la ministra por haber sacado esta ley-, mis primeras palabras de esta intervención, hablen la lengua que hablen, sean del pueblo que sean -se lo recuerdo a Ciudadanos a ver si lo entiende de una vez-, quisiera dedicarlas a los cientos de miles de personas para las cuales el teletrabajo nunca ha sido una elección porque o no pueden escoger, o no pueden trabajar con un ordenador, o no pueden ni trabajar, por lo que también quiero dejarles este recuerdo. Quiero recordar a esos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han sido esenciales durante la pandemia, y siguen siéndolo, haciendo ver a quien nunca quiso ver -me refiero otra vez a la derecha- que los trabajos importantes y esenciales no siempre son los mejor pagados. Por eso no quiero olvidarlos en este tema. Por eso estas primeras palabras son un tributo a quienes necesitando, como todo el mundo, preservarse del virus, por la importancia de sus trabajos no pueden teletrabajar. Me refiero a los trabajadores y trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria -sean de donde sean, señores de Ciudadanos, sean de donde sean-, a los trabajadores y trabajadoras, a los paletas, camareros, cajeras, actores, cerrajeros, vendedoras ambulantes, médicas, enfermeros, operarios de fábrica. Quiero dirigirme a todos ellos, a todos los que durante los debates del teletrabajo es probable que se sientan ignorados. No son ignorados. Los tenemos siempre presentes y no los olvidamos; al contrario, vamos a defender sus intereses como partido fraternal, internacionalista y de clase que somos.

Dicho esto, nadie niega la importancia del teletrabajo y por eso agradecemos esta ley. Había una necesidad urgente de hacerla. El trabajo a distancia en general es una forma de prestar servicios que, debido a los avances tecnológicos, hace años que poco a poco se va abriendo camino. Sin embargo, no descubro nada nuevo si digo que tras la llegada del COVID esto se ha acentuado. Señorías, es justo decir que, a la vista de los grandes cambios en las formas de trabajo de centenares de miles de personas durante los últimos meses, se debe legislar el trabajo a distancia. Queremos ser honestos y reconocer que el texto propuesto por el Gobierno avanza en la buena dirección, ministra -enhorabuena-, y por eso votaremos favorablemente la convalidación del real decreto-ley. Valoramos el intento de proporcionar una regulación suficiente que dé respuesta a las diversas necesidades de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y a las ventajas que suponen en un marco de derechos suficientes y bien regulados. Nos gusta que se remarque el carácter voluntario e irreversible y también que se remarque el principio de igualdad de trato en las condiciones entre los profesionales que están teletrabajando y los que no. Asimismo, nos gusta que haya incluido la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de los derechos colectivos, el tiempo máximo de trabajo, el tiempo mínimo de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos, relacionados básicamente con la fatiga física y mental y con el uso de pantallas de visualización de datos o riesgos de aislamiento. Ustedes los tocan, así que enhorabuena también por ello. Nos gusta que también se busque garantizar los nuevos derechos digitales relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral, como son, entre otros, el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral o el derecho a la desconexión digital, pero no se equivoque porque también una vez más hay una parte de la forma que se puede mejorar. Está muy bien que se llegue a un consenso con la patronal y con los grandes sindicatos. Es muy importante, pero también lo es tener previas más fluidas, que lo son, pero un poco más fluidas a la hora de presentar los reales decretos-leyes, porque igual podemos aportar alguna cosa más si se dedicara más tiempo a este tema.

En segundo lugar, cuando uno se sienta a establecer la primera legislación específica, echamos de menos alguna cosa que esperamos mejorar en el proyecto de ley sobre el que entraremos en diálogo con las demás fuerzas políticas. Echamos de menos en su texto una concreción: qué consecuencias habrá para las empresas que vulneren los derechos de desconexión digital, por ejemplo, o una exigencia por escrito de los métodos de fichaje que utilizará el trabajador a distancia, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, que el real decreto-ley se pudiera aplicar realmente a todos los trabajadores que presten servicios a distancia y no solo a los que hagan más de un 30 % de la jornada en el plazo de tres meses. No tiene


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ningún sentido que un trabajador que teletrabaja un día completo cada semana no se pueda beneficiar de las medidas que contempla esta norma. Estamos seguros de que esto se podrá corregir en su tramitación como proyecto de ley.

Por todo ello, vamos a votar que sí a su tramitación como proyecto de ley y a la convalidación.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señoras diputadas y diputados, en los últimos años, mientras normalizaban la ley de la selva, mientras devaluaban los salarios a millones de personas y facilitaban el despido de la gente trabajadora, mientras todo esto ocurría nos intentaban convencer de que era moderno, de que el siglo XXI consistía en diluir derechos en razón de aplicaciones, a tener Internet en el móvil y a algoritmos -entre comillas- supuestamente neutrales. Afortunadamente, la gente no es boba y muchas voces de diferentes ámbitos denunciaron y siguen denunciando a día de hoy que encubrir una relación laboral como si fuera trabajo autónomo, que no tener un salario fijo ni medidas de seguridad ni posibilidad de sindicarse y que extender las jornadas laborales a las veinticuatro horas del día mediante el uso de esta tecnología no tiene absolutamente nada de moderno. Tampoco tiene nada de nuevo; es más, es explotación pura y dura de toda la vida que se parece mucho más al siglo XIX que al siglo XXI. Afortunadamente también, y -repito? como la gente no es boba, votó masivamente en las urnas para que pudiéramos tener un Gobierno de coalición progresista que ayude a conquistar nuevos derechos y este real decretoley es un ejemplo de ello. En pleno 2020, con el trabajo a distancia cada vez más extendido y normalizado, era una barbaridad que no tuviéramos una regulación decente al respecto. Adaptar la ley a las nuevas realidades laborales, acordándolo además con una parte importante de la representación sindical y con la patronal, sí que es modernizar. Eso sí que es meternos de lleno, por fin, en el siglo XXI en lo que a materia laboral se refiere.

¿Y en qué consiste esta nueva regulación? Pues, a partir de ahora la gente trabajadora podrá pactar de manera voluntaria con la parte empresarial la prestación de trabajo a distancia, ya sea en su casa o en cualquier otro lugar que reúna las condiciones para ello. De dicho acuerdo deberá quedar constancia por escrito, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Las personas que trabajen a distancia tendrán derecho al abono y compensación de los gastos y también tendrán derecho a la dotación y mantenimiento de medios, equipos y herramientas. Es una locura pensar que es justo que una persona que va a trabajar a distancia tenga que pagar la máquina de coser o el ordenador. Esto es una barbaridad y con esta ley esto va a quedar subsanado. Tendrán derecho a un horario flexible y al registro de jornada y también -esto es muy importante- derecho a la desconexión digital. Se acabó eso de recibir correos electrónicos o wasaps a las diez de la noche. Si nos pagan cuatro horas trabajamos cuatro horas, si nos pagan ocho horas trabajamos ocho horas, pero no las veinticuatro horas del día. También tendrán derecho a la formación, a la promoción profesional y a la prevención de riesgos laborales. Trabajar a distancia no puede significar jugarte el físico, no puede significar que no puedas desarrollar tu carrera profesional o que no puedas tener mayor responsabilidad en la empresa. También, por supuesto, tendrán derecho a la representación colectiva. Trabajar a distancia no puede significar que te quedas sin representación sindical. Eso sería incumplir flagrantemente la Constitución, que es lo que ocurría en muchos casos. Y, por supuesto -y no por último menos importante-, tendrán derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo. En ningún caso, repito, en ningún caso, la negativa a trabajar a distancia será causa justificativa de extinción de la relación laboral. Esto es importante remarcarlo.

Hay voces que critican esta nueva ley diciendo que no blinda el derecho de manera efectiva y que la voluntariedad implica estar a merced del empresario de turno. Es verdad, las correlaciones de fuerzas existen y las conocemos bien en lo laboral. La crítica es real e incluso la compartimos, pero creo que hay una parte que la enfoca de manera equivocada; hasta cómoda, diría yo. Desgraciadamente, esto es un Gobierno de coalición, no es la virgen de Lourdes ni la de Candelaria ni la del Pino ni ninguna otra de las vírgenes que han inspirado legislación laboral en este país, y no se dedica a hacer milagros; se dedica a hacer cosas que benefician mucho más a la gente trabajadora: leyes. Ahora bien, hemos dicho mil veces y no me voy a cansar de repetir que la única vía para garantizar de verdad derechos es organizarse y luchar. Votar cada cuatro años es importante, nadie lo duda, pero no basta, ni mucho menos. Sin gente


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organizada que invierte su tiempo, sus energías y que muchas veces pone en riesgo su puesto de trabajo por plantar cara, los derechos quedarían en papel mojado. Por eso digo que es cómoda la crítica, porque, bueno, no todo se puede hacer con el BOE, muchas de estas cosas se tendrán que pelear en los puestos de trabajo, uno se tendrá que organizar y tendrá que sindicarse. Sin personas trabajadoras, organizadas y valientes hubiese sido imposible la sentencia histórica del Tribunal Supremo reconociendo que la gente que trabaja para Glovo lo hace por cuenta ajena, que hay una relación laboral como una catedral y que son, por lo tanto, falsos autónomos. Hubiera sido también imposible la noticia que hemos conocido esta semana, la condena vía Inspección de Trabajo a la multinacional norteamericana Amazon, que le obliga a dar de alta a nada más y nada menos que a tres mil trabajadores y trabajadoras que mantenía como falsos autónomos. (Aplausos). Seguiremos legislando para que sea más fácil conquistar derechos, esa es nuestra misión en las instituciones, no cabe duda, pero no olvidaremos nunca y queremos que la gente no olvide nunca que lo que hace falta es organizarse y luchar para que lo que pone en el BOE se haga realidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Borrás. (Aplausos).

La señora BORRÁS PABÓN: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. En este preciso momento hay millones de españoles en sus casas y no precisamente porque estén teletrabajando, sino porque la inacción de este Gobierno les ha condenado a un ERTE que, por cierto, muchos de ellos ni siquiera cobran o, en el peor de los casos, se han visto abocados al cierre de sus negocios. En medio de este huracán de destrucción masiva de empresas y empleos el teletrabajo ha sido el salvavidas de nuestra economía. Potenciar de una manera ordenada, flexible y con seguridad jurídica el uso del trabajo a distancia es importante para España, especialmente en estos momentos. Sin embargo, este real decreto se ha preocupado más de limitar y atar de manos a los empresarios que realmente de impulsar el trabajo a distancia como una oportunidad para nuestras empresas y para trabajadores de todo el mundo.

Ha hablado usted de soluciones que contemplen la realidad de este país, y eso es lo que me habría gustado que usted hubiera incluido en este real decreto, la realidad empresarial de nuestro país. Porque la realidad de España es que casi todas las empresas, prácticamente el 95 % del tejido empresarial, está construido por pequeñas y medianas empresas, por pymes de menos de diez empleados, y, sobre la base de esta realidad, convendría analizar cada punto de este real decreto y entender realmente cómo les van a afectar estas medidas a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Vamos a ilustrar esta realidad con un sencillo ejemplo. Digamos que un empresario español de una pyme común ha sufrido un deterioro importante, si no la detención completa de su activo circulante, debido a la pandemia y ha visto en el teletrabajo una oportunidad para digitalizar su negocio, para continuar con su actividad con menos costes fijos asociados y para evitar despidos provocados por las limitaciones impuestas por este Gobierno. Este empresario valora la opción del trabajo a distancia porque ve en ello una oportunidad para viabilizar su negocio y no destruir empleo. Pues bien, ¿conseguimos con este real decreto ofrecer al empresario certidumbre sobre lo que le va a costar el teletrabajo? No, señorías, no lo conseguimos, porque este real decreto habla de que el empresario debe sufragar los gastos del trabajo a distancia, pero ni siquiera específica qué gastos concretos debe costear el pequeño y mediano empresario, lo que, como comprenderán, genera una enorme incertidumbre a la hora de planificar sus costes. ¿Conseguimos con este real decreto ofrecer al trabajador certidumbre sobre la carga impositiva adherida al teletrabajo? Pues no, señorías, tampoco lo conseguimos, porque este real decreto no ofrece certidumbre sobre el aumento del IRPF que tendrán que pagar los trabajadores como concepto de retribuciones en especies que, como saben, queda sometido a la arbitrariedad del criterio de Hacienda. Hubiera sido deseable, señora ministra, que ustedes fijaran estas partidas como conceptos retributivos exentos de tributación y cotización, pero tampoco lo han hecho.

¿Conseguimos con este real decreto asegurar que el empresario pueda gestionar libremente sus recursos y activos con libertad, de manera que le permita tomar las mejores decisiones para el mantenimiento de su actividad y del empleo? Pues no, tampoco lo conseguimos porque este real decreto, en su artículo 5.1, elimina la capacidad del empresario de gestionar sus factores de producción, de manera que ni siquiera puede implementar el teletrabajo por la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que, como sabe,


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señora ministra, contempla todo tipo de modificaciones en las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sin embargo, el empresario no puede aplicarlo para el trabajo a distancia, es decir, que con este real decreto se compromete aún más la viabilidad de una empresa que requiera modificar las condiciones de trabajo para, por ejemplo, mantener el nivel de empleo o evitar la quiebra. ¿Conseguimos con este real decreto aplicar, como hasta ahora, la prioridad aplicativa del convenio de empresa? No, señorías, claro que no. No lo conseguimos porque este real decreto elimina dicha prioridad aplicativa en favor de los agentes sociales. ¿Conseguimos, por lo menos, con este real decreto certificar que el teletrabajo no implicará mayores riesgos para el empresario? Efectivamente, no. No lo conseguimos porque este real decreto no solo no detalla cómo deben proceder las empresas para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores, que se les exige, sino que además se les plantea la reversibilidad justificada o no del trabajo a distancia, lo que significa que de nuevo el empresario corre el riesgo de no poder gestionar sus factores de producción como mejor considere. Es decir, la empresa planifica sus costes en base a una decisión tomada de mutuo acuerdo con el trabajador, para que luego el trabajador pueda revertir su acuerdo cuando desee, incluso sin justificación alguna.

Todas estas lagunas o inconcreciones no pueden justificarse por la urgencia a la hora de aprobar este real decreto, señorías, porque para incluir píldoras ideológicas y sectarias como la guerra de géneros sí que han tenido tiempo. Y yo me pregunto, ¿son ustedes conscientes de la realidad de nuestro tejido empresarial? ¿Han emprendido alguna vez en su vida, señores del Gobierno? ¿Saben ustedes cómo se gestiona una empresa? ¿Son conscientes de cómo afecta esta regulación a las empresas y de que si no paramos de ponerles trabas y cargas burocráticas a los empresarios, la única fábrica que va a quedar en este país es la fábrica de la miseria que ustedes representan? (Aplausos).

Podríamos seguir así sobre muchas otras oportunidades perdidas en este real decreto, como aquella sobre la repoblación rural, que ni siquiera se han tomado la molestia de mencionar, pero no se preocupen porque sobre esta y otras cuestiones nos ocuparemos en nuestro grupo parlamentario de presentarlas como enmiendas para su tramitación durante el debate como proyecto de ley porque nosotros, diferencia de ustedes, sí que somos conscientes de lo que necesitan los empresarios y, desde luego, no son rigideces ni impedimentos para continuar desarrollando su actividad, sino libertad y flexibilidad para poder crecer, generar empleo y salir adelante. Así que, de nuevo, perdemos el tren de la oportunidad para ayudar a que nuestras pymes puedan convertirse en empresas más eficientes y rentables, para que puedan crecer y generar empleo adecuando sus factores de producción como mejor consideren en razón de los rendimientos de su negocio. Tanta expectación con esta norma para quedarse en un triste concepto: pérdida de oportunidad. Pero, bueno, ya sabemos, señores del Gobierno que ustedes jamás pierden una buena oportunidad para destruir empleo.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Movellán Lombilla.

El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, señorías, estar en esta tribuna, formar parte del Congreso de los Diputados es un gran honor, pero también es una faena, porque todo lo que decimos desde esta tribuna queda registrado para siempre en el Diario de Sesiones y en el boletín oficial, y es esa parte de la historia la que, por mucho que se empeñen algunos de ustedes, no van a poder cambiar nunca. Y no se lo va a creer, señora ministra, pero antes de que existiera el coronavirus los españoles ya teletrabajábamos. En 2012 el trabajo redujo la emisión de CO2 en dos mil toneladas al día. Es verdad que eran otros tiempos: la activista Greta tenía por aquel entonces 9 años; su líder, Pablo Iglesias, vivía en Vallecas, y el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez todavía estaba manejándose en el canal de YouTube viendo los vídeos de Kennedy. Mientras tanto, el Partido Popular ya trabajaba para abrir la vía por la que llega hasta nosotros esta regulación que hoy debatimos, la misma vía, señora ministra -qué faena-, por la que llegó hasta nosotros también la figura de los ERTE, que tantos millones de empleos ha salvado, a la que usted tanto debe y que tan poco reconoce, la vía por la que llegaron los presupuestos generales de Cristóbal Montoro, que no les veo yo a ustedes capaces de dejar atrás. Señorías, señora ministra, ¿sabe cuál es esa vía? Es la vía de las soluciones a los problemas reales, es la vía del Partido Popular. (Aplausos).


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Ya ve que estoy hablando bajito y despacio, y lo hago porque últimamente, cada vez que toma la palabra cualquier orador del Partido Popular para hablar de la nefasta gestión de su Gobierno, nos acusan de crispar. Y hay que decirles que nadie está crispado en el Partido Popular, señorías. Para que nos crean, si quieren, la próxima vez traemos aquí a Mari Cruz Soriano y que nos toque al piano esa famosa canción de La abeja Maya para que ustedes recreen ese país multicolor que tanto les gusta -solo a ustedes- ver. Y ni siquiera nos ha crispado leerla a usted esta semana en los medios de comunicación afirmando que en los últimos años llevamos más de cincuenta reformas laborales que han sido siempre en una misma dirección: temporalidad y precariedad. Y no nos crispa, señora ministra, porque son cosas que seguramente tendrá usted que decir ahora y así hacer méritos para suceder al señor Iglesias, por eso de si se le ponen mal las cosas con la justicia y queda vacante la secretaría general de su partido. Y además, no nos crispa porque no es verdad, porque la verdad está en el Boletín Oficial del Estado, que recoge la modificación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores en 2012. El Partido Popular ya legisló para asegurar los mismos derechos, las mismas garantías tanto para aquellos que trabajaban a distancia como para aquellos que lo hacían desde el centro de trabajo. Pero cuando algo así lo firma el Partido Popular, a usted le suena como un contubernio capitalista en favor de la temporalidad y precariedad; cuando quien lo firma es su Gobierno, resulta que es una forma de construir ese país multicolor del que hablan, ese país que deben querer levantar a base de enfrentar tanto a los españoles, como hemos visto la mañana de hoy, que ya hasta enfrentan a comunidades autónomas a ver quién tiene más y menos contagios por COVID. Eso sí que es crispar, señora ministra, eso es crispar a un país entero.

Que mi partido cree firmemente en el teletrabajo no es algo que yo tenga que demostrar hoy aquí -por algo fuimos los primeros en regularlo- y, por eso, creemos que su regulación debe tramitarse hoy como proyecto de ley. En lo que no creemos es en ustedes, ni en el fondo ni en la forma de la regulación que hoy proponen a golpe de real decreto-ley. Están ustedes tan enganchados a esta fórmula legislativa que ya hasta regulan en este decreto el régimen fiscal que se va a aplicar a la final de la UEFA Women's Champions League de este año. También lo utilizan para modificar nuevamente los procedimientos de reconocimiento del ingreso mínimo vital, su gran medida estrella, que ya ha nacido estrellada, porque de esos 5 millones de españoles a los que iba dirigida, al final solo se han aprobado 91 000 solicitudes y el 50 % de los beneficiarios ya saben que no van a poder cobrarlo este año. Y el tiempo de descuento lo utilizan para prorrogar el Plan Mecuida, que vencía ese mismo día en el que ustedes aprobaban el real decreto-ley, pero lo hacen nuevamente dejando en la cuneta a más de 3 millones de autónomos, que no van a poder acogerse a este plan, al igual que el resto de trabajadores asalariados, y no van a poder acogerse cuando necesiten flexibilizar su jornada laboral para la atención de sus hijos o sus dependientes. Así que le digo que tengan cuidado con correr, cuidado con saltarse los trámites, porque dañan ustedes a los españoles y también dañan a las instituciones. Hasta el propio Consejo Económico y Social se les ha quejado porque ustedes les han hecho dictaminar sobre un anteproyecto de borrador del trabajo a distancia que ha sido modificado con posterioridad en dos ocasiones. No dañen también la forma de relación laboral -lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra-, que ha sido muy útil, ha salvado muchos empleos y mucha actividad durante la pandemia, como es la regulación que existía ya del teletrabajo. No impongan ustedes al 99 % de nuestro tejido productivo, que está compuesto por autónomos y pequeñas y medianas empresas, elevados gastos y complejos requisitos que no tienen en cuenta su realidad. No desincentiven con una mala regulación del trabajo a distancia o van a incentivar la deslocalización de puestos de trabajo fuera de España. Y no se conformen con aprobar un texto como el que traen, ambiguo, confuso, que añade excesivo peso administrativo y costes sobre las empresas y los empleadores. No dejen pasar la oportunidad de dotar a España de la normativa flexible y moderna que necesita. Y no apuesten, señora ministra, como suele hacer su partido, por una regulación que va en sentido contrario a las normas europeas y también en sentido contrario a las agujas del reloj.

Finalizo, señora presidenta. La incompetencia, la negligencia y el sectarismo en sus políticas están convirtiendo la acción de este Gobierno en un bumerán que cuando lo lanzan va lleno de propaganda y marketing político, pero cuando nos vuelve nos muestra los verdaderos efectos de la gestión de su Gobierno, nos devuelve a esa triste realidad. ¿Recuerda, señora ministra, ese grandilocuente anuncio que hacía usted por el mes de marzo? En España a partir de ahora está prohibido despedir. Pues menos mal que estaba prohibido, porque ya llevamos 700 000 parados más en el último año. (Aplausos). ¿Y qué decir del leitmotiv de su Gobierno, el de que nadie quede atrás? Yo le pregunto, señora ministra: ¿Dónde han quedado los más de 3 800 000 parados que tenemos a día de hoy? ¿Dónde han quedado los 700 000 trabajadores que continúan en ERTE y no saben si van a poder incorporarse algún día a su puesto de


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trabajo? ¿No han quedado atrás los más de 370 000 autónomos que continúan con la persiana cerrada, 1 600 000 trabajadores que han visto perder su facturación en más de un 60 %?

Señora ministra, lo único que puede salvar el futuro del trabajo y el teletrabajo en nuestro país es que ustedes pierdan el suyo, porque si continúan ustedes un solo minuto más al frente del Gobierno no va a ver ni empresas ni puestos de trabajo desde donde teletrabajar.

Muchas gracias. (Aplausos-.Una señora diputada: ¡Muy bien, bravo!).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Narváez Bandera.

La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

La pandemia nos ha traído numerosos cambios en nuestra vida cotidiana: cambios en la educación de nuestros hijos, cambios en la percepción de nuestras prioridades, cambios en nuestro modelo laboral y en la nueva forma de desarrollar el trabajo. Hemos visto cómo los Gobiernos, para proteger la vida y la salud de las personas, se vieron obligados a parar la actividad económica, y esto, es evidente, ha tenido un impacto especialmente acusado en el empleo. Nuestro Gobierno, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras crisis, ha puesto como prioridad la protección a las personas y a los trabajadores, y se ha protegido poniendo en marcha todos los mecanismos que había a su alcance: los ERTE, que han evitado la destrucción de miles de puestos de trabajo; las ayudas, sin precedentes, a los autónomos; la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para proteger a los más vulnerables, y el real decreto-ley agiliza los procedimientos para el reconocimiento de esta prestación no contributiva, así como el carácter retroactivo de las solicitudes; la prórroga del Plan MeCuida, y, como algo novedoso también, la regulación de la prestación de la relación laboral a distancia, es decir, fuera de los establecimientos y de los centros habituales de la empresa, sirviéndose para ello de la utilización de las nuevas tecnologías.

El confinamiento por el coronavirus ha significado para muchos trabajadores la primera experiencia de teletrabajo en España y se ha extendido hasta alcanzar el 30 %, siendo su uso antes de la pandemia residual y carente de regulación específica. Hay que agradecer a esos trabajadores y trabajadoras que hayan puesto sus medios personales para que las empresas no pararan. Hay que agradecer -y esto no les preocupa a los señores de VOX- que fueran esos trabajadores y esas trabajadoras los que en un principio pusieran todos los medios que tenían a su alcance para no parar de trabajar. Por eso, este Gobierno toma las medidas precisas para regular el teletrabajo, una regulación fruto del diálogo social y desde el marco de las relaciones laborales ya iniciado en la Unión Europea. Se trata de una norma necesaria y básica en la medida en que contempla los elementos imprescindibles para garantizar la igualdad en la prestación laboral dentro y fuera del centro de trabajo, dejando a la negociación colectiva su papel de equilibrio de la relación laboral.

Señorías del PP, el artículo 13 se había quedado obsoleto. Las nuevas tecnologías permiten una nueva organización del trabajo. En esta norma se han adoptado las medidas que han perseguido, de un lado, atender a las personas trabajadoras y, de otro, facilitar la continuidad de la actividad empresarial o su reactivación inmediata tras el estado de alarma. Con esta finalidad ya se aprobó el artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2020, que establecía el carácter preferente del trabajo a distancia y se ha demostrado como una buena herramienta para contener la movilidad, restringir los contactos y luchar contra la pandemia y también para aumentar la eficiencia en nuestros trabajos. Tenemos que ser conscientes de que el teletrabajo ha llegado para quedarse y puede tener un impacto positivo en la economía: facilita la accesibilidad al trabajo, permite la flexibilidad horaria, permite la conciliación de la vida familiar y laboral, ayuda a la motivación de los trabajadores e incrementa la productividad, reduce los costes laborales, evita los desplazamientos y -me gustaría resaltarlo entre todo- supone la posibilidad de que se considere uno de los principales impulsores del desarrollo económico en las zonas rurales. Espero y deseo que el teletrabajo sea esa oportunidad que esperamos en los pueblos pequeños para nuestro desarrollo económico y asentar así la población al territorio. Para ello, eso sí, señora ministra, debemos garantizar una buena conexión digital. Es fundamental; si no, seguirá habiendo desigualdad, y yo creo firmemente en el compromiso de este Gobierno de no dejar a nadie atrás, y a los hombres y a las mujeres que vivimos en los pueblos tampoco. En especial, hoy no podemos dejar atrás a las mujeres rurales. Hoy, Día internacional de las Mujeres Rurales, debemos seguir desarrollando políticas de igualdad en el mundo rural (aplausos), políticas que en algunas comunidades, como Andalucía, están sufriendo un grave e importante recorte, que no podemos consentir.


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Este real decreto-ley es fruto del diálogo social y nos sitúa en el marco europeo del trabajo a distancia, como hemos dicho. Era un reto necesario y de profundo calado, que se desarrolla en tres aspectos; en primer lugar, estos trabajadores se beneficiarán de los mismos derechos reconocidos en la legislación y en los convenios colectivos que los que trabajen en los locales de las empresas, y por eso se recogen aspectos básicos, como la dotación de medios, los equipos, las herramientas y consumibles, el abono y la compensación de los gastos, el derecho a la formación y a la promoción profesional, el derecho a la prevención de riesgos laborales, a la intimidad y a la protección de datos; en segundo lugar -ya se ha dicho-, se reconoce el carácter voluntario y reversible para la persona trabajadora y para el empresario, debiendo recogerse en un acuerdo escrito -señores de VOX, no son imposibles los acuerdos, se puede llegar a un acuerdo-, y, en tercer lugar, se ha de proveer a esta forma de trabajo de mayor protección, garantizando la flexibilidad en su uso.

Estas nuevas formas de empleo presentan también nuevos desafíos y exigen el desarrollo de un marco normativo laboral, en concertación siempre con los agentes sociales -ya se ha dicho aquí-, que compagine el reconocimiento de los nuevos derechos con la seguridad jurídica en la prestación de la relación laboral tanto para los trabajadores como para los empresarios. Entre los desafíos de este desarrollo normativo debemos tener en cuenta la garantía de preservar la salud laboral como un derecho básico del trabajador, garantizar el derecho a la desconexión -esto es fundamental- y el impacto de género, cuestión que debe ocuparnos para evitar que esta modalidad de prestación laboral no se convierta en algo habitual para las mujeres, que sean las trabajadoras las que más soliciten el trabajo en las empresas. Aunque, como hemos dicho, el teletrabajo facilita la conciliación, entraña el riesgo de que sean las mujeres las que en mayor medida se acojan a él, lo que supondría en muchos casos asumir más responsabilidades familiares, perpetuando así el rol de género tradicional. Lo hemos visto y lo hemos sufrido durante el confinamiento, señorías. Cuando las escuelas estaban cerradas, el teletrabajo penalizó doblemente a las mujeres, porque seguimos siendo quienes asumimos los cuidados dentro del hogar. Por eso se hace tan necesario adelantarse y regularlo, y, si es fruto del consenso, mejor. Queremos agradecer la capacidad que ha tenido el ministerio y la ministra de llegar a acuerdos con los sindicatos y con la patronal. Y ya podrían aprender algunos partidos políticos, en lugar de estar en el enfrentamiento perpetuo.

Señorías, construyamos el futuro con ayuda de la tecnología, pero en condiciones de justicia, defendiendo el empleo digno y de calidad, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como el Partido Socialista ha hecho siempre desde hace ciento cuarenta y un años, y creando nuevos derechos de futuro. El sentido de nuestro voto será favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias.

- REAL DECRETO-LEY 29/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19. (Número de expediente 130/000030).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Continuamos el orden del día con la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludos cordiales.

Acudo a este Pleno del Congreso para solicitar el voto favorable a la convalidación... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Un momento, señora ministra. Si abandonan el hemiciclo, háganlo en silencio, por favor. Adelante, ministra.

La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Muchas gracias, presidenta.


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Decía que acudía a este Pleno del Congreso para solicitar de sus señorías el voto favorable para la convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que hemos aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre. Por tanto, voy a dividir mi intervención en dos partes: la primera será relativa al teletrabajo en las administraciones públicas y la segunda respecto de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

Comienzo, pues, con el teletrabajo y quiero compartir con sus señorías las condiciones en las que se ha elaborado este real decreto. Comienzo con mi agradecimiento a todas las personas y a todas las instituciones que han formado parte de este gran trabajo que han realizado los equipos técnicos de las diferentes administraciones públicas y también de las organizaciones sindicales, a la vez que a cada uno de los responsables por la voluntad de comunicación y de entendimiento que han demostrado. También quiero expresar -me lo van a permitir y creo que es compartido- el reconocimiento al trabajo de todos los empleados y empleadas públicas, que han hecho posible que la prestación de los servicios públicos sea una realidad, a pesar de las dificultades que en muchas ocasiones hemos tenido que superar. (Aplausos). Gracias, señorías. Mi reconocimiento a todos ellos y a todas ellas.

Me han oído decir muchas veces desde esta tribuna y en las intervenciones públicas que he tenido ocasión de realizar que es absolutamente imprescindible que seamos capaces de construir entre todos y alcanzar un mínimo común de entendimiento, un mínimo común de entendimiento que este país necesita hoy más que nunca, señorías, para seguir avanzando y progresando. Pues bien, este real decreto-ley, en la parte de teletrabajo, es un buen ejemplo de lo que a mi juicio significa hacer política de buena manera, hacer buena política. Creo que todos aceptamos que la necesidad de regular esta modalidad organizativa era imperiosa, especialmente en los tiempos que vivimos, porque hasta ahora de alguna manera la realidad digamos que se había adelantado a la propia consideración o regulación jurídica, a pesar de que teníamos algunos acuerdos a nivel internacional, otros acuerdos a nivel europeo, alguna norma, pero ninguna con el cancele y la incardinación que ha de tener esta en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es verdad que antes de la pandemia, durante la pandemia y al final el ministerio que tengo el honor de presidir ha dictado resoluciones que han permitido que fuéramos pasando todo este tiempo y que la regulación del trabajo a distancia en las administraciones públicas haya sido posible, pero era absolutamente imperioso que pudiera regularse y recogerse en el Estatuto Básico del Empleado Público y, por tanto, que sea aplicable a todas las administraciones públicas.

Esta normativa, señorías, es fruto del consenso, fruto del diálogo y del trabajo intenso entre las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España, y también fruto de un gran acuerdo en la mesa general de los sindicatos que la conforman, la Mesa General de Negociación. Todo este proceso para regular el teletrabajo en las administraciones públicas comienza el 11 de junio, cuando tiene lugar una conferencia de administraciones públicas tras encuentros bilaterales que había mantenido quien les habla con todos y cada uno de los responsables de las administraciones públicas autonómicas de este país. En dicha conferencia acordamos quienes intervinimos, es decir, Gobierno de España, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios, regular el teletrabajo, y, además, acordamos hacerlo de manera conjunta. Para ello, señorías, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público creamos un grupo de trabajo, de tal manera que ese grupo, que se ha reunido en torno a tres ocasiones antes de la aprobación definitiva, fuera el que redactara conjuntamente -digo bien, redacción junta de comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Gobierno de España- una modificación de esta índole, es decir, de arriba debajo de forma participada y compartida. Por tanto, mi reconocimiento también a quienes han hecho posible esta redacción. Reitero, señorías, que es fruto del acuerdo y del diálogo, desde abajo, porque creo que lo otorga una legitimidad importante, no solo de derecho, sino también una legitimidad de hecho en los términos expresados por el profesor Jürgen Habermas. Creo que es muy importante: legitimidad de derecho y también legitimidad de hecho. Por eso he comenzado mi intervención agradeciendo la colaboración de todas las partes, en particular de los sindicatos que han firmado este acuerdo en la mesa general, esto es, Comisiones, CSIF y UGT, a quienes quiero reconocer su permanente disposición para el diálogo y para llegar a acuerdos. Y también, señorías, me van a permitir que agradezca el trabajo a mi colega, la ministra de Hacienda, y a todo su equipo -nuestra colaboración es estrecha, pero en esta normativa especialmente- y, por tanto, lo haga público desde esta tribuna.


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Algunas consideraciones, a modo de flash, si me lo permiten, de qué significa el teletrabajo en las administraciones públicas. En primer lugar, es una norma pionera, señorías, que introduce una regulación integral de una nueva modalidad de prestación del servicio, que es el teletrabajo. Este real decreto-ley supone una modificación del EBEP, añadiendo un nuevo artículo, el 47 bis, que va a ser aplicable, dado su carácter básico, a dos millones y medio de empleadas y empleados públicos en todo el país, por tanto en todas las administraciones públicas de este país. El fin que justifica la legislación de urgencia está delimitado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por la situación de pandemia en la que nos encontramos y también por regular a la par, como hemos hecho, con el teletrabajo en el sector privado. Nos parecía muy importante que sector público y sector privado también fueran de la mano en esta regulación. Por tanto, señorías, norma básica, norma aplicable a todas las administraciones públicas, norma aplicable tanto a personal funcionario como a personal laboral y, por tanto, un marco común compartido entre todas las administraciones públicas. Eso sí, cada administración pública dispondrá de un plazo de seis meses, si así lo desea, para adaptar esta regulación del EBEP a su propio ámbito autonómico o territorial correspondiente.

Características y singularidades que paso a comentarles para solicitar su convalidación. Primero, esta regulación es una nueva forma de organización del trabajo en las administraciones públicas. En segundo lugar, esta modalidad de prestación del trabajo se podrá desarrollar siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan y, por tanto, se haga, obviamente, fuera de las dependencias de la Administración mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, esta modalidad de trabajo no es ordinaria ni absoluta. La modalidad ordinaria sigue siendo la modalidad presencial y, además, cada Administración determinará en qué manera se podrá combinar la presencialidad con el teletrabajo, garantizando siempre, señorías, la atención directa o presencial a la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos. Además, el teletrabajo está definido en esta regulación con carácter voluntario y reversible. Por tanto, voluntariedad y reversibilidad son dos vectores claves de esta regulación que hemos acordado y que hoy les presentamos. Por supuesto, las tareas que sean susceptibles de teletrabajar tienen que poder serlo y, además, obviamente, el empleado o empleada pública debe tener las competencias digitales necesarias para su desempeño. Además, señorías, evidentemente, cualquier empleado o empleada pública, sea cual sea la modalidad de trabajo que realice, tiene los mismos derechos y deberes en cualquiera de ellas. Además, señorías, las administraciones públicas hemos de dotar a los empleados y empleadas públicos de los medios tecnológicos adecuados para poder llevar a cabo esta modalidad. Ahora bien, cada administración pública, dado que estamos hablando de una regulación básica, es decir, una regulación de mínimos para que cada Administración autonómica o municipal lo pueda desarrollar, incluso la Administración General del Estado, será la que deba concretar cuáles son los medios tecnológicos para este desempeño. Además, señorías, esta modalidad debe ser expresamente autorizada por la unidad administrativa de la Administración correspondiente y, además, debe hacerse con arreglo a criterios objetivos para el acceso y, como he dicho, compatible con la modalidad presencial, y en ningún caso, por supuesto, puede suponer incumplimiento de la jornada de trabajo ni del horario de la misma.

Señorías, sin perjuicio de la voluntariedad que garantiza esta prestación, ha de asegurarse, por supuesto, el cumplimiento de las necesidades del servicio en cada momento y en cada lugar. Quiero compartir con todos ustedes que el valor de esta medida significa abrir un camino por este Gobierno de progreso hacia una Administración del siglo XXI, una Administración pública del siglo XXI que, como ya anunció el presidente Sánchez en la presentación del espacio del Plan España puede, forma parte de una las diez políticas palanca. Señorías, por primera vez la Administración pública va a formar parte de una de las políticas palanca que van a permitir que nuestro país aborde ese plan de reformas, inversiones, transformaciones y resiliencia para, sin duda alguna, llegar a un punto de inflexión, un punto de inflexión en este aspecto que les estoy comentando, que también esperamos y deseamos -y esa es la determinación de este Gobierno del que formo parte- que sea un punto de no retorno, para recuperar y ponderar adecuadamente el valor de lo público. Siempre pero especialmente en estas circunstancias de dificultad hemos constatado el valor de lo público. Sin lo público, sin las instituciones públicas y sin los empleados y empleadas públicos la respuesta a esta pandemia no hubiese sido la misma. Por eso agradezco el reconocimiento que ha hecho esta Cámara cuando hablé de los empleados y empleadas públicos. Y, además, para contribuir, señorías, a las grandes transformaciones que tenemos por delante en este país, donde el teletrabajo va ser un hito fundamental, y ya lo es en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


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Dicho esto, paso a comentar la segunda parte o la otra gran cuestión que regula este real decreto-ley, que son las medidas sanitarias que por razón de urgente necesidad el Ministerio de Sanidad ha incorporado a este real decreto-ley. Quiero señalarles, señorías, que se trata de medidas absolutamente excepcionales, cuyo único objetivo es reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. Por tanto, medidas excepcionales y transitorias, como establece el propio real decreto-ley, en materia de recursos humanos de nuestro Sistema Nacional de Salud que reproducen -escuchen bien- las medidas que ya se adoptaron durante el estado de alarma. Por tanto, no se trata de medidas nuevas, se trata de medidas que ya tuvieron lugar en España como consecuencia del estado de alarma en todo el país y que posibilitan -no mandatan- que las comunidades autónomas, si así lo desean, puedan contratar profesionales sanitarios ante la sobrecarga del sistema y la presión asistencial.

Quiero mencionar y compartir -y lo hago, si me lo permiten, de manera preventiva, entiendan bien- que esta medida ha sido incluida a petición de las comunidades autónomas. Es una petición que este Gobierno de España entiende bien y se pone al lado de las comunidades autónomas y que se ha hecho de manera absolutamente urgente, porque urgente era la situación de muchas comunidades autónomas, y, especialmente, la de una de ellas, que así lo ha pedido. Por tanto, quiero compartir con ustedes, señorías, que un día antes de la aprobación de este real decreto-ley, cuando se estaba incluyendo, se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para abordar esta situación y proponer medidas, y así fue. Quiero decir también que hay constancia documental de lo que les estoy diciendo, para que nadie tenga duda de la intención, de la buena intención de este Gobierno y del ministro, mi colega Illa, acerca de por qué hemos introducido en este real decreto estas medidas sobre recursos humanos del Sistema Nacional de Salud: porque ha sido a petición expresa de las comunidades autónomas, y este Gobierno, entendiendo que podía haber otras vías, ha comprendido la excepcionalidad y la urgencia de las comunidades autónomas, y, como tal, lo hemos expresado y recogido; a petición de las comunidades autónomas, señorías, con constancia documental, y, si no disponen de ella, aquí tengo la documentación que lo acredita.

Por tanto, señorías, damos respuesta urgente, inmediata. Se nos solicitó en la reunión del grupo COVID y se nos solicitó por escrito, porque había falta de personal sanitario y entendíamos las razones de urgencia y perentoriedad que nos hacían llegar las comunidades autónomas. Dimos respuesta y posibilitamos que las comunidades autónomas o bien Ingesa puedan contratar a aquellos profesionales sanitarios que, habiendo realizado pruebas selectivas de formación sanitaria especializada, no hubieran obtenido una plaza en la convocatoria 2019-2020 del MIR. En este sentido, señorías, el Ministerio de Sanidad ya ha trasladado a las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de salud, la lista de los 13 880 profesionales sanitarios y no sanitarios que pueden estar a disposición por si durante este tiempo transitorio y como medida excepcional las comunidades autónomas lo tienen a bien. Por otro lado, señorías, se posibilita que aquellos médicos especialistas que no son comunitarios -por tanto, de fuera del ámbito de la Unión Europea y siempre y cuando el comité de evaluación haya emitido el informe de propuesta, es decir, esté en la primera fase del expediente de tramitación- puedan ser contratados si las razones son de urgencia y la comunidad autónoma así lo decide.

También, señorías, este real decreto incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de salud, puedan disponer tanto del personal médico como de enfermería para atender a las unidades en los centros hospitalarios u otras áreas distintas y atención primaria si hubiera déficit. Señorías, somos conscientes de que esta medida, igual que tiene sus pros, tiene sus contras, pero en cualquier caso quiero reiterar que ha sido atendiendo a la petición realizada y dada la evolución de la propia pandemia y la situación de rebrote en esta segunda ola. Muchas comunidades autónomas así lo han manifestado y eso es lo que ha pretendido este Gobierno al acudir a la llamada de las comunidades autónomas, porque creemos profundamente en la cogobernanza, porque creemos en la corresponsabilidad y porque queremos estar al lado de las comunidades autónomas en el desempeño de sus competencias de la mejor manera posible. Lo hemos hecho con el Fondo COVID: 16 000 millones de euros por primera vez, sin precedentes, no reembolsables, para las comunidades autónomas; 9000 millones solo para gasto sanitario, entendiendo que las comunidades autónomas han sido las que han llevado el peso de este gasto. Por tanto, el Gobierno de España ha sido el que ha asumido el déficit como consecuencia de este importe extra añadido a las comunidades autónomas: 9000 para gasto sanitario, 5000 para gasto en el caso de merma de ingresos y 2000 para gasto educativo.

Señorías, creemos que son medidas importantes para ayudar, insisto, a las comunidades autónomas, junto a una tramitación que además era imprescindible para no dejar ninguna duda, para modificar la Ley


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de ordenación de profesiones sanitarias para que algunas pruebas se puedan hacer de manera telemática, por medios electrónicos, lo cual también facilita mucho el ámbito de actuación de las mismas.

Por mi parte, señorías, nada más. Quedo a su disposición. Les agradezco su atención y solicito una posición favorable a la aprobación de esta norma en la medida que ustedes estimen oportuno y conveniente.

Muchas gracias señoría. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra en representación de dicho grupo la señora Velasco Morillo. (Aplausos).

La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.

Lamento que sea usted la ministra de Política Territorial y Función Pública y no el ministro de Sanidad quien presente este real decreto, un artículo frente a más de tres que hace referencia a los profesionales sanitarios. Una vez más demuestra la espalda del ministro de Sanidad hacia los profesionales sanitarios. (Aplausos).

Señorías, mis primeras palabras han de ser de recuerdo a las víctimas de esta pandemia y de reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y servidores públicos y, muy especialmente, a los más de 65 000 sanitarios contagiados por la COVID que, desde que comenzó esta terrible pandemia, han sufrido los desatinos y la falta de preocupación por ellos de este Gobierno y que, además, nos está llevando a contar con los efectos más demoledores para la salud y la economía que ha vivido nuestro país en los últimos años. Los profesionales sanitarios son el principal activo del Sistema Nacional de Salud, unos profesionales que merecen el apoyo no solo de todos los españoles, como se lo hemos demostrado, sino de su Gobierno. ¿Y con qué se han encontrado? Fracaso rotundo a la hora de adquirir y dotarles de material, de EPI, y no reconocimiento de la enfermedad profesional. Y ahora se encuentran publicado en el Boletín Oficial del Estado un real decreto-ley que, en lugar de reforzarlos, lo que hace es poner en peligro el excelente nivel de nuestros profesionales, el altísimo nivel de formación que se ha logrado. Un decreto-ley que nace sin acuerdo, señora ministra, por mucho que usted quiera hoy trasladarnos esa realidad, porque no ha existido ningún tipo de diálogo ni de participación de los profesionales sanitarios, que son los que están luchando contra la COVID en hospitales y centros de salud y, por tanto, se aprueba a espaldas de quienes están poniendo realmente freno a esta pandemia. Han ignorado y despreciado al Foro de la Profesión Médica, al Foro de las Profesiones Sanitarias y al Foro Marco para el Diálogo Social. Han ignorado a la Comisión Nacional de Recursos Humanos. Usted ha hecho alusión aquí a que se llegó a un debate y que tiene documentación. Si la documentación es reflejar en el acta que ha pasado por esa comisión sin ningún debate, eso no es tener en cuenta a las comunidades autónomas.

Nuevamente nos sirven en bandeja lo que les parece de una forma arbitraria. Imponen una vez más una norma saltándose los órganos de participación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Señora ministra, no sé si usted la tiene en cuenta. No tienen límites en su forma arbitraria de actuar, atacando nuestro sistema de formación especializada que, hasta la fecha, ha representado el mejor modelo sanitario español desde su creación por iniciativa de don José María Segovia de Arana, que se consolidó con el Real Decreto 127/1984 y se impulsó en el Real Decreto 183/2008 de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud, que se pudo desarrollar gracias a la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Un sistema de formación de nuestros médicos por el que ha sido elogiado nuestro sistema sanitario por la inmensa mayoría de países del mundo, al igual que se ha hecho con respecto a la organización nacional de trasplantes, y lo están echando por tierra con un real decreto-ley como el que hoy nos traen a esta Cámara afectando a las titulaciones oficiales que se requieren, a los planes de estudio y a las condiciones de ejercicio de un sistema avanzado de calidad asistencial sanitario por el que tanto se ha luchado durante tantos años. Todo lo ponen patas arriba. Utilizan la figura prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, lo que conocemos como el sistema MIR, para la contratación de personal para el que no se va a seguir ningún programa formativo y que puede convertirse en la puerta de entrada de la precariedad laboral del sistema público de salud. Además, menosprecian la situación de los MIR que han obtenido plaza. Esto es lo que se recoge en este real decreto-ley. Y por si esto no fuera suficiente, este real decreto concede las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido la especialidad, lo que va en detrimento de la calidad asistencial y de la seguridad de los pacientes, situándonos, a mi juicio, fuera de la normativa europea y


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especialmente de las recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36, recogidas en la comunicación de la Comisión como orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19.

Otro elemento sin duda preocupante para todos los profesionales sanitarios y para mi grupo parlamentario es el que hace referencia a la movilidad del personal. Como todos saben, en los momentos más duros de la pandemia los sanitarios se organizaron de forma voluntaria para dar cobertura a la presión asistencial generada por la COVID-19; voluntariedad que hoy intentan imponer con este real decreto-ley sin ni tan siquiera consultar a los profesionales, demostrando un desconocimiento sobre el trabajo que desempeñan los médicos especialistas o incluso el que llevan a cabo los diferentes profesionales sanitarios. Con ello demuestran que no saben cuáles son las funciones de un médico o de una enfermera, a la que fomentan además con el intrusismo profesional. Les pondré un ejemplo, señora ministra. ¿Qué le parecería a usted que, por ejemplo, un médico anatomopatólogo trabajara en atención primaria, en un puesto de médico de familia y comunitaria, o que una enfermera sustituyera a un médico de familia y comunitaria o viceversa, que un médico de familia y comunitaria sustituyera a una enfermera de atención primaria? ¿Cómo se garantizaría esa seguridad del paciente? Todo esto no lo digo yo, lo trasladan las organizaciones de profesionales. Señoría, le han pedido una rectificación, y ¿sabe cuál ha sido su respuesta? Enviarles una nota aclaratoria sobre uno de los artículos que recoge la movilidad profesional (muestra un documento), nada que ver con lo que han publicado y sí especificando cuáles son las funciones que tiene que hacer una enfermera. No sé, pero, que yo sepa, una nota aclaratoria no puede modificar lo publicado en el "BOE", lo que demuestra una vez más la tomadura de pelo a los profesionales sanitarios. Es un ejemplo más de abandono de este Gobierno para con los profesionales, imponiendo lo que fue la colaboración voluntaria de los sanitarios durante los peores meses de la pandemia por real decreto-ley.

Ya sabemos que estamos ante el Gobierno que peor ha gestionado la pandemia de toda Europa, y usted forma parte de él. Quiero recordar lo que han dicho la Universidad de Cambridge, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y la prensa internacional: Y es así porque no actuó a tiempo y porque durante la desescalada trasladó la imagen de que todo había terminado y tampoco era real. Todos recordaremos toda nuestra vida eso de "hemos derrotado al virus y controlado la pandemia" que dijo el presidente del Gobierno. Y, en lugar de adelantarse a los rebrotes y de poner medidas sobre el tema, lo que hizo fue irse de vacaciones. Llegaron tarde para la protección de los profesionales, sin criterios, sin indicadores claros, sin expertos, y ahora pretenden enmascarar su nefasta antipolítica de recursos humanos, pero lo que hacen es generar aún más problemas, más precariedad laboral y más decepción entre los profesionales sanitarios. Es difícil equivocarse más. Es el resultado de su autoritarismo y su autosuficiencia.

Esta pandemia no le puede servir al Gobierno como coartada para ir en contra de lo que representa la clave del éxito de nuestro sistema sanitario, que son los profesionales. Ustedes, en lugar de este lamentable real decretoley, tenían que haber traído el acuerdo de la Comisión para la reconstrucción respecto a los profesionales. No sé si usted ha podido ver las recomendaciones de ese acuerdo (asentimiento por parte de la señora ministra de Política Territorial y Función Pública, Darias San Sebastián), que recogía un plan de recursos humanos cuya prioridad fuera la estabilidad en el empleo, así como desarrollar una política retributiva que mejorara los niveles actuales dentro del marco del diálogo normativamente establecido, que estableciera los mecanismos e incentivos necesarios para recuperar a muchos profesionales sanitarios que emigraron a otros países, que aumentara el número de plazas de formación sanitaria especializada y planes estratégicos de gestión de personal. Ustedes no son de fiar. En poco más de dos meses no han presentado ni una sola medida y, sin embargo, presentan un real decretoley que ha logrado poner de acuerdo a todos los profesionales sanitarios, eso sí en contra: Organización Médica Colegial, Consejo General de Enfermería, Foro de la Profesión Médica, Federación de Asociaciones Científico Médicas, sindicatos profesionales... Incluso Comisiones Obreras les dice a ustedes que se están saltando el diálogo social. Ustedes han pulverizado el diálogo social y hay indignación entre los profesionales, que les piden que retiren cuanto antes el Real Decretoley 29/2020 y rechazan la confusión y la inseguridad que ustedes saben fabricar como nadie.

Voy terminando, presidenta. Yo también les digo que nunca cuenten con el Partido Popular para ir contra los profesionales. No nos van a encontrar. Lo mejor que puede hacer, señora ministra, es retirar este real decreto. Lo que nos ha quedado claro hoy nuevamente es que el ministro de Sanidad no da la


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cara ante los profesionales. Una vez más predican una cosa y aplican otra. Los sanitarios y los españoles no nos merecemos un ministro de Sanidad como el que tenemos ahora.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Presidenta, señora ministra, señorías, nosotros valoramos los objetivos de este real decretoley de medidas urgentes como una reacción puntual y necesaria del Gobierno y de las administraciones públicas para abordar los desafíos que la COVID19 ha planteado, tanto por la necesidad de fomentar, aprovechar y regular el trabajo de los funcionarios de la propia Administración como por la necesidad de dotarse de personal sanitario para suplir las carencias de las recortadas plantillas de la sanidad pública, que no se llegan a cubrir, o el maltrato del personal sanitario en forma de contratos precarios que ha esquilmado el capital humano de la sanidad en España, tan necesario -como vemos ahora- en la actualidad. Estos dos objetivos que plantea el real decreto-ley en nuestro caso habría que multiplicarlos por dos en la España vaciada, tanto por la limitación de redes de telecomunicaciones, que van a impedir el teletrabajo incluso en los propios funcionarios de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, como por lo que respecta a la sanidad en los centros de atención primaria, que en muchos casos están cerrados o carecen de personal necesario para atender las necesidades de la población de riesgo por la edad frente a este COVID-19. Por ello, con un cierto tono de sorna pero con su fundamento, señora ministra, le vamos a proponer dos decretos que vayan sobre esa misma cuestión pero con dos enfoques diferentes. Haría falta un real decreto urgente o una normativa que permita la dotación urgentísima de redes de telecomunicaciones de alta capacidad con Internet de al menos 100 megas simétricas en todos los núcleos rurales de España. Si las empresas privadas no son capaces de cubrir esa necesidad, los poderes públicos deben atenderla. En ese momento, cuando las redes de fibra de banda ancha y la telefonía móvil lo permitan, este real decreto que se convalida ahora también será realidad en la España vaciada. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Un segundo real decreto o normativa estaría centrado en sanidad. En concreto, garantizar la dotación de personal profesionalmente cualificado, modernizar el equipamiento y las telecomunicaciones y garantizar las horas de atención presencial al público en todos los centros de atención primaria de España, incluidos los ubicados en las provincias de interior y en el medio rural; todo ello conforme al contenido del dictamen de la Mesa de Sanidad de la Comisión de reconstrucción.

Por otro lado, no queremos dejar pasar la oportunidad y aprovechar para señalar los problemas -con el objeto obviamente de que se subsanen, no solo de evidenciarlos- de la Administración digital en España hasta la actualidad, que va íntimamente relacionada con el teletrabajo de los funcionarios públicos; un problema que sufren ciudadanos, empresas y también gestorías profesionales, que se ven sometidos a plazos administrativos no siempre accesibles por las carencias digitales de nuestro territorio. Es decir, los plazos que se fijan para la Administración telemática no tienen en cuenta la carencia o las dificultades telemáticas que hay en el territorio. En este sentido, podemos señalar como necesidades de mejora las limitaciones que tienen los certificados digitales y la identidad digital, así como la diversificación innecesaria que hay de diferentes certificados entre las distintas administraciones públicas. También los problemas de compatibilidad que se dan entre los navegadores con los certificados digitales o con las firmas digitales. A su vez, las plataformas de las administraciones públicas están obsoletas, dan lugar a lentitud e incluso al bloqueo de los portales web de muchas administraciones; los problemas que surgen en general al realizar los trámites administrativos a través de los servicios en línea de las administraciones públicas, y también la necesidad de diseñar una Administración electrónica que esté centrada en el usuario, en los ciudadanos y en las empresas. Todo ello creemos que es consecuencia de la falta de personal especializado en digitalización para impulsar una Administración electrónica de verdad, y la necesidad también por nuestra parte de formar a la ciudadanía o de formarnos como ciudadanía en la competencia digital.

Simplemente es eso. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Debatimos la convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, por el que, en primer lugar, se regula el teletrabajo en el ámbito de las administraciones públicas, del personal a su servicio, tanto funcionarios como personal laboral, una vez que este último personal, el laboral, quedó excluido del ámbito del Real Decreto-ley 28/2020. Este decreto-ley que ahora debatimos introduce en su artículo primero un nuevo artículo 47 bis en el Estatuto Básico del Empleado Público, que, a nuestro juicio, respeta de manera fiel los acuerdos previos alcanzados con las comunidades autónomas, sin perjuicio de introducir un aspecto novedoso tras su negociación con la representación sindical en lo relativo a que la Administración habrá de propiciar y mantener los medios tecnológicos necesarios para las personas que trabajen en esta modalidad; obligación sobre la que, por otra parte, no tenemos objeción alguna, ya que nos parece razonable desde cualquier punto de vista.

En cuanto al contenido del nuevo precepto del EBEP, desde nuestro punto de vista también, limita su alcance de manera correcta a lo que debe ser una regulación de las notas básicas de esta modalidad de teletrabajo, tales como el mismo concepto de teletrabajo, su idoneidad con el contenido del puesto de trabajo, el principio de necesidad, su compatibilidad con el trabajo presencial, su voluntariedad y reversibilidad, salvo supuestos excepcionales, y la igualdad de derechos y deberes respecto del trabajo presencial. Fuera de estos aspectos nucleares, que son comunes a cualquier Administración, la prestación concreta del teletrabajo habrá de adaptarse, como ya se ha indicado, a las condiciones y características propias de cada Administración, previa concertación con la representación de los trabajadores, tal y como también señala el apartado segundo de este artículo 47 bis, cuando establece que la prestación del servicio se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este estatuto básico, que será objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplará criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicios, respondiéndose de esta manera cabalmente, también a nuestro juicio, al alcance y concepto de lo que debe ser una normativa básica y en concreto de lo que debe alcanzar en el cumplimiento de las bases del régimen jurídico estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas y que debe permitir un margen razonable de desarrollo para que cada Administración lo desarrolle y ejecute, en el sentido precisamente establecido por el alto tribunal respecto a en lo que debe consistir esta competencia estatal del apartado 1.18.ª del artículo 149 de la Constitución. En definitiva, en fijar el común denominador normativo necesario de aplicación en todo el territorio a partir del cual pueda cada comunidad autónoma, en defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro del marco competencial que en la materia correspondiente le asigne su estatuto.

A su vez, por otro lado -también se ha señalado, señorías-, el decreto-ley que debatimos, el 29/2020, contiene una segunda parte respecto a otras regulaciones atinentes a los recursos humanos del sistema de salud por un plazo inicial de doce meses, prorrogable por períodos de tres y en función de las necesidades de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Así, se posibilita a las comunidades autónomas y también al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria nuevos tipos y modalidades de contratación para que dispongan, si así lo precisan, de un mayor número de profesionales que alivie la presión a la que pueda encontrarse sometido el sistema de salud y con el fin, como se dice en la exposición de motivos, de garantizar un adecuado servicio a la ciudadanía a la que atienden. Asimismo, se posibilita a esos mismos gestores del Sistema Nacional de Salud, también con carácter transitorio y excepcional, para que puedan adscribir personal médico y de enfermería a puestos de trabajo y dispositivos asistenciales distintos a los suyos en el mismo centro de trabajo o en otros, y también con el mismo fin de disponer de un mayor número de profesionales sanitarios allí donde más se necesiten. En definitiva, señorías, se trata de medidas para hacer frente a la falta de profesionales sanitarios en el momento presente; medidas que ya estuvieron vigentes, como se ha dicho, durante el estado de alarma pero que decayeron a su finalización; medidas que, en su momento, ayudaron, pero no olvidemos el recelo que también suscitaron entre los profesionales del sistema sanitario al posibilitar, si no se actuaba con la cautela precisa, una repercusión negativa en la salud pública, bien por poner a personal contratado sin la titulación de especialista en cometidos que superasen su formación o bien por trasladar a personal sanitario del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión, a puestos cuyo contenido no fuera congruente con sus conocimientos o con su experiencia. Como todos hemos tenido ocasión de leer en la prensa o escuchar en los medios de comunicación, estos recelos han vuelto a aparecer al dar nuevo curso a estas medidas con este Decreto-ley 29/2020, medidas que consideramos debieran haber sido objeto de un mayor debate y deliberación con los profesionales del sistema sanitario para, precisamente, enervar sus recelos. También consideramos


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que deberían haber sido objeto de un mayor debate y deliberación con las comunidades autónomas, pues las necesidades concretas fueron puestas en conocimiento de estas justamente el día anterior a que el Consejo de Ministros las aprobara. Como nos ha indicado la ministra, es cierto que fue a petición de algunas comunidades autónomas que lo necesitaban o creen que lo necesitan, pero tampoco se puede desconocer que hubiera sido conveniente un análisis de qué efectos tuvieron estas medidas mientras estuvieron vigentes y si habían causado alguna distorsión que justificara los recelos que en su momento se manifestaron y que hoy también se han manifestado. Estos recelos -también tenemos que señalarlo- coinciden en el tiempo presente con el movimiento y malestar del colectivo MIR respecto a las malas condiciones contractuales y laborales en las que consideran que se encuentran sometidos en su actividad laboral y formativa para la adquisición de su titulación sanitaria especializada.

Voy finalizando. En definitiva, señorías, consideramos que son unas medidas que, para no repercutir negativamente en la salud pública, han de reclamar un uso no desmedido y con las cautelas debidas, entre las que cabe citar la conveniente y necesaria negociación colectiva, singularmente en el caso de adscripciones del personal sanitario a puestos de trabajo distintos a los suyos propios. Señorías, sin prejuicio de las cautelas señaladas, votaremos favorablemente al contenido del decreto-ley debatido votando a favor de su convalidación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Esto es prodigioso. Ha habido un diputado de Esquerra, el señor Salvador, que en su fobia obsesiva con Ciudadanos ha hecho trampas y, a sabiendas de que solo podemos estar la mitad del grupo parlamentario, ha criticado que un compañero mío haya salido para no superar el número acordado. Lo prodigioso del asunto es que salgo aquí y el guardián de la asistencia no está. ¡Es increíble! ¡Esquerra es prodigiosa! Hace cuatro años se iban en dieciocho meses; dicen que son de izquierdas, pero son nacionalistas; abroncan por no estar, y ellos se van. El esqueleto de Lobezno está hecho con el material de los diputados de Esquerra. (Risas.-Aplausos).

El decreto que hoy nos presenta el Gobierno tiene dos partes bien diferenciadas. Empezaré por la primera, con la que estamos más de acuerdo, señora ministra, que es la que plantea la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en lo que se refiere al teletrabajo. En las mayores crisis es cuando se producen también grandes cambios en la sociedad. Sí en la Guerra de Crimea, por ejemplo, hubo momentos dramáticos, como la carga de la Brigada Ligera, pero Florence Nightingale inventó y aprendimos la enfermería moderna, de todo esto tan malo que nos está pasando podemos sacar algunas enseñanzas. Además, ese es el mejor tributo que podemos rendir a tanto dolor y sufrimiento, que no sea todo en vano. De esta crisis debemos salir con una sanidad más fuerte, con un Estado más preparado, con un ministerio mejor pertrechado y con una mayor conciencia de la necesidad de la ciencia y del peligro de los charlatanes y magufos. Pero también podemos sacar enseñanzas para la vida cotidiana, la principal: valorar que éramos felices antes de todo esto y no lo sabíamos y, en el aspecto más pragmático, que se puede trabajar mucho desde casa y regular, por tanto, el teletrabajo.

En el sector privado las personas que teletrabajan no llegan al 5 % de los ocupados, la mitad que en la Unión Europea y tres veces menos que en otros países de nuestro entorno como los Países Bajos o Francia. Del sector público mejor no hablar, porque el teletrabajo era una cosa residual antes de todo esto que hemos vivido, y esto no es culpa ni de este Gobierno ni de los anteriores, sino sencillamente, me atrevería a decir, que es una idiosincrasia nuestra el hecho de que estar signifique trabajar y no estar no trabajar, cuando muchas veces puede ser incluso al contrario. Ahora todo ha cambiado, en Europa cerca de la mitad de los trabajadores se han puesto a teletrabajar y lo mismo ha sucedido en España, donde, según los datos de Eurofound, en torno al 45 % de los ocupados han estado teletrabajando durante la pandemia, unas cifras que en el caso del sector público ha aumentado a dos de cada tres empleados -y usted lo sabe mejor que yo- y han estado teletrabajando.

Toda esta situación hace necesaria una cobertura jurídica para el teletrabajo en todos los aspectos que afectan desde cotizaciones hasta modelos o hasta prevención de riesgos laborales, si me quieren apretar. Y así se ha hecho en el real decreto anterior y así se hace en esta primera parte de este real decreto. Somos conscientes de que el teletrabajo ni es aplicable a todos los casos ni tampoco es la respuesta a todas las necesidades que puedan tener los trabajadores y las empresas ni tampoco está


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libre de controversia, pero creemos que sí debería fomentarse en aquellos casos en donde sea técnica y funcionalmente viable, casos para promover además la productividad de nuestras empresas, para facilitar la conciliación e incluso revertir la despoblación. Este es un aspecto muy interesante que permitiría el desarrollo del teletrabajo, en pandemia y, por supuesto, después de ella. Saquemos esta enseñanza.

Ahora vamos a la segunda parte del real decreto, que es la que nos lleva a la abstención y a no votarlo favorablemente. Aquí está la mayor de las controversias a nuestro juicio, la que contempla medidas excepcionales en materia de recursos humanos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, unas medidas que, aunque podamos entender las dificultades por las que se está pasando, creemos que no se han valorado con la reflexión debida ni se han sometido a las consultas con los profesionales sanitarios que creemos indispensables, teniendo en cuenta la materia tan delicada de la que se trata. Ninguna medida debe tomarse de espaldas y en abierta confrontación con las personas a las que les afecta. Lo han hecho mal. Sirva este ejemplo: plantean ustedes que los servicios públicos de salud destinen al personal de enfermería y médico facultativo especialista de área de cualquier especialidad a unidades asistenciales de otra especialidad distinta a la suya, eso sí, dentro del mismo centro hospitalario. O que este mismo personal que presta servicios en centros hospitalarios pase a prestar servicios en los centros de atención primaria de su área de influencia para realizar las funciones propias del personal médico de atención primaria. O que pueda mover a este personal para prestar servicios en hospitales de referencia o en hospitales de campaña. En pocas palabras, lo que han aprobado ustedes es la movilidad forzosa del personal sanitario, habilitando a los servicios públicos de salud para que hagan con el personal médico y de enfermería básicamente lo que por su cuenta y riesgo, y de manera unilateral, estimen conveniente.

No podemos compartir estas medidas que nos plantean, señores del Gobierno, porque lo que ustedes nos traen aquí es una propuesta que busca dar carta de naturaleza a unas actuaciones que de poder llevarse a cabo no serían más que una huida hacia adelante. Somos conscientes de que esto es necesario; de hecho, se lo hemos dicho desde Gobiernos autonómicos, pero es la forma lo que ha fallado y la situación en la que quedan algunas especialidades de las que pueden detraer personal. Tenga en cuenta que la pandemia ha empeorado bastante la situación de enfermos crónicos también, que necesitan de sus especialistas, y que podemos estar quitando recursos de un sitio para otro y dejando sin atender cuestiones muy importantes, especialmente en pandemia. Por ejemplo, los enfermos cardiovasculares, está visto que con el confinamiento han empeorado de manera sensible. Además, los partidos que forman el Gobierno votaron en contra en la Mesa de Reconstrucción de un refuerzo urgente de efectivos que nosotros planteamos, similar al de Francia, y que era una buena solución para esta situación.

Como digo, nos abstendremos y votaremos a favor de su tramitación como proyecto de ley. Hemos demostrado, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que somos responsables. No quiero pensar si hubiese pillado a otros partidos en la oposición: estarían haciendo el pino puente, rodeando el Congreso disfrazados de virus por la calle. Miren la que liaron con un pobre perro cuando el ébola. En fin, rectifiquen. Nos abstendremos y votaremos a favor de la tramitación como proyecto de ley y ahí podremos arreglar algunos de estos defectos.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.

Señora ministra, el Real Decreto-ley 29/2020 vuelve a traernos varias medidas de respuesta a la situación de pandemia provocada por la COVID-19. La primera de ellas se refiere al teletrabajo en las administraciones públicas, no regulado en el decreto anterior, e introduce un nuevo artículo que define el teletrabajo, pero deja toda su regulación al desarrollo legislativo o reglamentario posterior, así como a la negociación colectiva, lo que supone que quede totalmente vacío de contenido, pues mientras esa regulación no se produzca difícilmente se podrá poner en funcionamiento.

En cuanto a las previsiones en materia de personal sanitario, la primera, referida a la posibilidad de contratar profesionales sin especialización, la consideramos un tanto cuestionable. Entendemos que esa contratación de profesionales sin la formación idónea puede suponer una devaluación de la atención médica, negando a los pacientes una asistencia adecuada. En todo caso, creemos que no puede equipararse a la falta de homologación, pues el o la profesional en este caso cuenta con la formación, aunque falte el trámite administrativo para darle validez en el Estado español. Lo mismo sucede con la


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previsión referida a la posibilidad de movilizar a profesionales sanitarios dentro del ámbito de la provincia, lo que no garantiza ni los derechos laborales de las y los trabajadores ni los derechos de los pacientes a una asistencia digna. Se deberían establecer criterios claros, movilizar recursos humanos de la sanidad privada antes de recurrir a profesionales sin la titulación adecuada o de otras áreas sanitarias, sobre todo aportar recursos que permitan a las comunidades autónomas fortalecer la atención primaria y la función de rastreo de contactos, porque además sabemos que son estos los déficits que pueden explicar la preocupante evolución actual de la pandemia, por lo que, como entenderá, nos vamos a abstener.

Obrigado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

En días como ayer algunos comparan el Congreso con el patio de una escuela. Efectivamente, en el patio de una escuela hay griterío, hay barullo, como ayer aquí y hoy en algún momento. Pero en el patio de una escuela encontramos alegría, aquí ayer encontrábamos odio, rencor, inquina. Había ayer otra cosa que diferencia el patio de una escuela del Congreso de los Diputados: el patio de una escuela puede ser un espacio de aprendizaje. Yo creo que no podríamos decir lo mismo de este Congreso ayer.

Ayer sentí vergüenza y tristeza, y sinceramente vi que algunos están más por destruir, aquellos que no aceptan el resultado que los ciudadanos votaron libremente y que no han entendido aún que no tienen mayoría. Probablemente su actitud obstruccionista nos refuerza a algunos en la convicción de que hay que mantener esta mayoría progresista. Y al PSOE: hay que cuidar esta mayoría progresista. Señorías, probablemente como en infantil, debamos pasar un rato en el rincón de pensar, sobre todo para la semana que viene.

Votaremos a favor de este decreto y de todos los demás. Hemos votado ya. En concreto, la intervención de la portavoz del PP respecto de este decreto nos ha acabado de convencer. Que el Partido Popular hable de precariedad cuando fue el que hizo la reforma laboral o el que se ha intentado cargar siempre que ha podido la sanidad pública, en fin, es un sarcasmo. (Rumores).

Hay cosas del decreto que en circunstancias normales no nos gustarían nada, en concreto, los artículos 2 y 3 -estoy acabando, presidenta- relativos a la contratación y asignación de personal médico y enfermero, pero estamos en una situación excepcional y entendemos que requiere de respuestas excepcionales, como dicen ambos artículos. Garantizar la salud de las personas debe estar por encima de cualquier otra consideración y como además se respetan las competencias de las comunidades autónomas, votaremos convencidos a favor, señora ministra.

Moltes gràcies, senyora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, señorías, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley esencialmente por dos motivos. En cuanto a la regulación del teletrabajo en las administraciones públicas, se introduce un nuevo artículo en el EBEP. Nos parece razonable y lo más importante es que cada una de las administraciones regulará de acuerdo con sus circunstancias el ámbito del teletrabajo, obviamente respetando el principio de la voluntariedad y la racionalidad. Es importante que cada comunidad autónoma, incluso cada uno de los ayuntamientos, pueda establecer una regulación fruto, obviamente, de la negociación colectiva en su ámbito, pero nos parece necesario. Se establece un plazo razonable de seis meses para que cada una de las administraciones lo pueda hacer porque, evidentemente, una comunidad autónoma seguramente será más ágil y determinados ayuntamientos necesitarán incluso el asesoramiento de diputaciones o de otros entes de carácter supramunicipal.

En cuanto a los artículos 2 y 3, que responden esencialmente a una situación de extrema necesidad en una situación que también es desigual en el conjunto del Estado español, se les da un marco amplio que seguramente sería difícil de comprender y aceptar en otras circunstancias, pero no así en las circunstancias de una urgencia sanitaria como la que tenemos, como la que se nos está viniendo encima


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con los continuos rebrotes, lo que nos parece razonable; al igual que nos parece razonable que al final se deje margen para que cada una de las comunidades autónomas con competencias en su ámbito pueda ejercerlo o no. ¿Por qué? Porque, seguramente, habrá algunas comunidades autónomas en las que por sus circunstancias, por el trabajo que han hecho o por la realidad sanitaria de aquel momento no se haga necesario y otras sí, y estas tendrán, o tendremos, que explicar por qué se está utilizando esta medida. Si algún pero nos correspondería poner en esto es que establece un plazo de doce meses y después se le da al ministro de Sanidad de turno la potestad de ir prorrogándolo cada tres meses. En todo caso, confiemos en que un año sea suficiente tiempo para que no se tenga que continuar aplicando esta medida. En todo caso, repito, nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bell. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.

La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Presidenta, había pedido la intervención desde el escaño -lo he cambiado esta mañana- porque, en atención a que llevamos toda la mañana con la COVID, que es muy tarde, que nos quedan otros reales decretos y que nuestra posición es positiva, había pensado que no haría uso del turno de los siete minutos que me corresponden, básicamente porque además es un real decreto de tres artículos que luego pasaré a comentar porque la intervención de la ministra me ha generado algún elemento.

Pero es que después, durante este plenario, se me ha acumulado trabajo y, por tanto, tengo que contestar. Lo siento, he pensado: venga, no le digo nada, que total para lo que hay que oír... Pero pienso que no. Vamos a ver, no se queje usted, que como garante de su asistencia ya estoy yo. Soy de letras, pero son tan poquitos que contar si están o no están todavía me sale. Esto, por una parte. Por otra parte, lo que le ha dicho mi compañero, y es importante, es que no nos hemos posicionado por respeto al Gobierno, al Parlamento y a los ciudadanos de Madrid, porque no nos presentamos a las elecciones en ese lugar en concreto. En cambio, usted, que patea Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona continuamente desde Málaga, se permite el lujo de decir cómo están las cosas en Cataluña continuamente. Por tanto, el problema no es que nosotros callemos cuando nos toca, sino que ustedes hablen cuando no les toca. (Protestas.-Rumores).

Respecto al espíritu de Lobezno, me han pasado una nota. (Rumores). Cállense, por favor, todo el día igual. Me han pasado una nota, y dicen: mola, porque es irrompible, porque es duro, porque no nos van a torcer. ¡Pero ese espíritu, señores, es el de los fantasmas! Están muertos, son de humo y ni siquiera saben que ustedes no pintan nada, tanto que se pasan el día suplicando para pactar el color de las cortinas de la sala donde van a negociar los presupuestos. ¡Hombre, por Dios! Hay cosas que francamente en este plenario son ridículas. Sí, espíritu de los fantasmas, inexistente, pero que da mucho miedo, contra espíritu de Lobezno. Es lo que hay. (Risas). ¿A que sí? Pues entonces, cuando no toque opinar de las actuaciones de otros compañeros, se callan ustedes.

Señora ministra, su decreto. En cuanto al primer artículo, lo mejor que tiene es lo que calla, es decir, lo que no tiene. Como mínimo, esta vez no ha habido una invasión de competencias arbitraria y, por tanto, se limita a una legislación básica respecto del teletrabajo que afecta tanto a los funcionarios como a los laborales. En ese sentido estamos de acuerdo, aunque debo repetir cuál es la posición que tenemos respeto al Estatuto Básico del Empleado Público, y es que se amplía con mucho lo que debería ser una regulación básica.

Respecto a los otros dos artículos, es cierto que algunas comunidades pedimos este tipo de homologación porque hay necesidad de profesionales tanto en el ámbito sanitario como en el de enfermería. Por tanto, se da la traslación a lo que se ha comentado además muchas veces en la Comisión de Sanidad, y en este aspecto lo consideramos relativamente positivo, aunque hemos hablado también muchas veces de la regularización de personas que ayudarían asimismo en el ámbito sanitario, y en ese sentido todavía no se han dado pasos. Los estamos esperando porque creemos que son importantes e imprescindibles.

Por lo que se refiere al último artículo, que es la movilidad, como tiene una remisión a un espacio temporal -lo han comentado hace un momento-, de momento lo vamos a aceptar. Tampoco vamos a votar a favor de la tramitación como proyecto de ley por la necesaria celeridad de su aplicación. Creo que, estando posicionada en todos los ámbitos, nuestra posición ya se ha hecho evidente.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.

En estos momentos tan duros, este Gobierno de coalición progresista es consciente de la necesidad de defender y reforzar con más fuerza lo público frente a las privatizaciones de los Gobiernos de la derecha. En cuanto al teletrabajo, después de que en 2007 se generalizase la Administración electrónica, nos alegramos de que este Gobierno también siente las bases para permitir el derecho al teletrabajo y su ejercicio en la Función Pública y que establezca la prioridad de la atención presencial a la ciudadanía. El teletrabajo ya se ha regulado en algún ámbito del sector público, pero ha tenido un uso muy testimonial. La pandemia nos ha enseñado que este modelo de trabajo es, además de válido, muy necesario y ha sido muy necesario para proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración pública.

Les voy a poner un ejemplo de ese uso testimonial, un ejemplo que, además, me pilla muy cerca. Muchas funcionarias de Justicia han estado durante cuarenta y seis días solicitando el teletrabajo en Andalucía al Gobierno de Moreno Bonilla, cuarenta y seis días para algo tan sencillo como que se les habilitaran los dispositivos personales para teletrabajar o se les permitiera, como en otros sectores, recoger sus dispositivos de sus puestos de trabajo. Pues bien, a día de hoy, solo se han puesto en funcionamiento algunos proyectos piloto que están demostrando ser muy útiles, eficaces y factibles, pero para los que en Andalucía solo están autorizados, en el ámbito concreto de la justicia, los jueces, magistrados, fiscales y letrados, pero no las funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia, produciéndose, posiblemente, una discriminación. Simplemente, les impiden el acceso a teletrabajar. Queda claro que hacía falta que esta figura se recogiese en el Estatuto Básico del Empleado Público. Con este real decreto, fruto del consenso además, hoy sí podemos decir que el teletrabajo ha llegado para quedarse también en la Administración pública.

Si en las últimas décadas se ha degradado el sector público en general, en el ámbito sanitario se ha hecho de una manera muy sangrante, como consecuencia de una estrategia privatizadora que pretendía debilitar la sanidad pública para dar la sensación de que la sanidad privada funciona mejor. Era el plan perfecto: dotar de menos recursos a la sanidad pública y destinar más presupuestos a la privada. ¿Y por qué? Porque así la atención primaria, los servicios de urgencia y los centros especializados se irían deteriorando, les faltaría material, la maquinaria se quedaría obsoleta, cada vez habría menos profesionales sanitarios y de servicio y, por tanto, habría más listas de espera. Eso es lo que intenta el Gobierno de Moreno Bonilla en mi comunidad autónoma, en Andalucía, haciendo lo siguiente. Cierra urgencias en Matalascañas, El Rocío, Almonte, Mazagón, San Bartolomé, Moguer, Gibraleón o El Almendro; da más servicios a clínicas privadas como las de Pascual en provincias como la de Cádiz con la excusa de que la sanidad pública está funcionando mal y, además, aumenta, por tanto, el presupuesto para las clínicas privadas y deriva a pacientes a ellas. Llevamos meses así. ¿Se han reducido las listas de espera? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque ese caos sanitario solamente tenía un fin, favorecer a ciertas empresas de la sanidad privada. Pero llegó la pandemia y nos dio con esta realidad de frente. Con los servicios de atención saturados; los profesionales exhaustos, haciendo pruebas PCR, atendiendo consultas, urgencias y haciendo hasta de rastreadores, si la sanidad pública está aguantando en nuestro país, pese a algunos Gobiernos, está siendo -y ha sido- a costa de la salud y del esfuerzo de los profesionales de la sanidad pública.

Por cierto, mientras en Madrid faltan rastreadores, PCR y se falsean los datos de contagio y de fallecimiento por COVID, su presidenta Ayuso arremete contra Andalucía llamándonos subvencionados y diciendo que los mejores están en Madrid; ella, que nunca ha cobrado un salario que no viniese del erario público y que se llevó 400 000 euros de Avalmadrid. Le quiero decir cuatro cosas. Primera, tener la capitalidad no es éxito de ningún Gobierno de Madrid, y mucho menos del suyo (rumores), sino que lo es de Felipe III. Segunda, el dumping fiscal para atraer empresas es competencia desleal y es lo que vacía a las comunidades autónomas. Tercera, si es al PER a lo que se refiere con las subvenciones, he de decirle que ese discurso de odio de clases ya está muy manido, pero ustedes, señorías del Partido Popular, son especialistas en regar de dinero público sus propios bolsillos, sus empresas amigas o su caja B con la Gürtel. Y cuarta, el Gobierno de Ayuso y Aguado ha pedido rastreadores voluntarios y, cuando fracasa ese llamamiento, cosa que era absolutamente previsible, adjudican el servicio al grupo Quirón, que ya estaba contratando rastreadores previamente al contrato sin que hubiese ninguna competencia.


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¿A esto cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos, señorías? (Rumores). Le voy a dar un consejo a Ayuso y a Aguado, sobre todo a Ayuso (una señora diputada: Los consejos para tu casa): tenga cuidado con sus palabras porque se le pueden volver en contra. Cuando se descalifica a mi tierra, Andalucía, como ha hecho, no está arremetiendo contra las personas que sacan mi tierra adelante, no está arremetiendo contra ellas, sino que está arremetiendo contra la pésima gestión del Gobierno de Bonilla y de Marín, Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por la ultraderecha de VOX, que prometía traer por fin el cambio a Andalucía y que no ha traído más que caos sanitario y educativo, amiguismo, desempleo y cargarse la industria. (Protestas). Dejen de jugar con la salud pública, respeten a la ciudadanía, respeten a los profesionales sanitarios y dejen también en paz a Andalucía. (Aplausos).

Voy a centrarme de nuevo en el tema para terminar. (Protestas). La posibilidad de contratar de manera... (Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, yo sé que les pica... (El señor Guijarro García: ¡Que te calles, que dejes hablar!).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

Señor Guijarro, por favor. Señor Guijarro, le llamo al orden por primera vez. (El señor Guijarro García: Siempre igual, siempre igual.-Protestas). Señor Guijarro, ¡silencio, por favor! (El señor Guijarro García: Ya está bien).

Continúe, señora Franco.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias.

La señora PRESIDENTA: Se le ha acabado el tiempo.

La señora FRANCO CARMONA: Pero estaba corriendo el tiempo.

La señora PRESIDENTA: Tiene treinta segundos.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias.

Yo sé que el que una diputada de clase obrera defienda a su tierra duele, pero es la realidad. (Aplausos).

Decía -para terminar- que la posibilidad de contratar de manera excepcional para reforzar la sanidad pública ante esta segunda ola de contagio en ningún caso supone una consolidación del empleo, sino cubrir una situación excepcional con garantías de profesionalidad, algo que pedían muchas de las comunidades autónomas y que este Gobierno ha escuchado. Pero necesitamos también partidas finalistas para reforzarla estructuralmente; reforzar la sanidad pública es clave, es una cuestión de derecho y es cuestión de salud pública. Este Gobierno está fortaleciendo los servicios públicos porque son -y sabe que son- la mayor garantía de la democracia y porque además en estos tiempos que corren, más allá de la garantía de democracia, son también la mayor garantía para salvar vidas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Franco. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ruiz Navarro. (Aplausos).

El señor RUIZ NAVARRO: Muchas gracias, señora presidente.

Señorías, con carácter previo, señora diputada de Esquerra Republicana, quiero decirle que yo soy diputado por Alicante y cuando subo a esa tribuna hablo en nombre de todos los españoles, como también el diputado de Ciudadanos por Málaga y como también usted, aunque le moleste, que también es española y tiene pasaporte español y DNI español y lo tendrá toda su vida, señora mía. (Aplausos.-La señora Valluguera Balañà hace gestos negativos).

El Gobierno nos presenta hoy para convalidación este real decreto, que es una verdadera chapuza y por eso vamos a explicar, comentando sus tres artículos uno por uno, los motivos por los cuales vamos a votar en contra del mismo. Por partes.

Artículo 1, materia de teletrabajo. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de VOX hay tres aspectos que generan dudas en cuanto a la validez formal de este artículo. Uno, al quedar condicionada en gran parte la eficacia del nuevo artículo 47 bis del EBEP a la existencia de las normas que se dicten en su desarrollo y a la previa negociación colectiva, se pone en entredicho que concurran los requisitos del artículo 86.1 de la Constitución y que hacen referencia a la extraordinaria y urgente necesidad. Dos, se


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asegura que se va a pagar la instalación y mantenimiento de los medios tecnológicos a todos los funcionarios públicos que teletrabajen en sus domicilios y esto, claro, genera preguntas como, por ejemplo, qué se va a pagar exactamente, si es toda la instalación o parte de ella; si hay alguna partida presupuestaria prevista para realizar este gasto y a cuánto ascendería, y cómo se pagaría este gasto, ¿con más déficit público o con más impuestos a costa de los ciudadanos? Tres, no se garantiza que la atención al público sea de calidad. Actualmente la atención telefónica no funciona porque está ya colapsada y no hablemos del desastre que supone aplicar el teletrabajo en los centros de salud. Señora ministra, ¿de verdad cree que los médicos pueden despachar a sus pacientes manteniendo conversaciones telefónicas? Los médicos necesitan el contacto personal con sus pacientes para realizar un diagnóstico correcto y necesitan hacerlo con seguridad para ellos y para sus pacientes, con lo que le ruego que se dejen -usted y su Gobierno- de excusas y pongan los medios necesarios para que puedan hacerlo o, por lo menos, hagan que los demás los pongan.

Por lo que respecta al artículo 2, en materia de contratación sanitaria, por una parte, se autoriza la contratación temporal de sanitarios -de profesionales de la sanidad- que carecen de título de especialista para realizar las funciones propias de una especialidad sanitaria, lo cual ya de por sí supone un riesgo para el paciente, que recibe atención de un profesional sin la cualificación requerida, y, por otra parte, también se autoriza a profesionales extranjeros con títulos extranjeros de especialista para que puedan trabajar en España como tales, previa validación por el Ministerio de Sanidad, lo cual sería una solución interesante si no fuera porque la realidad demuestra que cinco de cada siete de estos profesionales que reciben esta acreditación automáticamente se marchan a trabajar al extranjero porque reciben mejores retribuciones. En definitiva, el Gobierno nos propone regular la contratación de profesionales que están fuera del sistema sanitario, pero se olvida de quienes sí están ya trabajando dentro del sistema y jugándose la vida por todos nosotros. (Aplausos).

Señores del Gobierno, ¿se han enterado de que el día 27 de octubre hay convocada una huelga de médicos en toda España en contra de este real decreto-ley? ¿Tampoco se han enterado de que en media España tienen ustedes a los MIR en huelga porque no les reconocen condiciones laborales dignas? ¿Qué tienen ustedes contra los médicos residentes españoles?

Miren, señorías, era muy sencillo arreglar este problema. Bastaba, por ejemplo, con modificar el actual Real Decreto-ley 1146/2006 para que cuando, por necesidades del servicio, los sanitarios residentes españoles realicen funciones de especialista, se les pague por lo que hacen realmente. Si exigimos a un residente que haga el trabajo de un especialista, tratémosle como tal. (Aplausos). ¿Pero no venían ustedes a acabar con el trabajo basura y con los empleos indignos? Pues dígannos cómo se explica, primero, que se olviden de dignificar el trabajo de los residentes cuando ante situaciones de emergencia son explotados por el sistema como mano de obra barata y, segundo, que propongan ustedes contratar a nuevos profesionales sanitarios aplicándoles el mismo régimen de explotación. Esto no lo dice VOX, sino su real decreto-ley, en el apartado 1. a) del artículo 2. Por cierto, de poner los medios para que los miles de profesionales sanitarios españoles que han emigrado puedan volver a España, de eso no hablamos, ¿verdad?

Y ya puestos a buscar recursos sanitarios contra la pandemia, ¿dónde está nuestro comité de expertos? ¿Dónde? Ustedes reconocieron públicamente que nunca había existido. Y pregunto yo: ¿Y esto no era urgente? ¿Esto no es urgente, señora ministra? ¿Cuántos miles de vidas de españoles podríamos haber salvado si hubiéramos contado con una dirección experta y no política? Señora ministra, ¿quién va a asumir la responsabilidad por tanta gente a la que su Gobierno ya ha dejado atrás? ¿Usted? ¿El ministro de Sanidad?

Pero la medalla de oro de esta galería de los horrores se la lleva sin duda el artículo 3. Parece ser que para el Gobierno los especialistas son como los cromos de fútbol, intercambiables. Según el texto propuesto, cada autonomía es libre para poner a los analistas a realizar endoscopias y a los nefrólogos a colocar marcapasos, y no contentos con ello, disponen además en el apartado segundo que los enfermeros puedan hacer de médicos de atención primaria. ¿Pero qué broma es esta? (Aplausos). ¿Está el Gobierno legalizando el intrusismo profesional, señora ministra?

Señorías, aquí no acaba todo. Resulta que con este real decreto-ley cualquier funcionario con una titulación sanitaria puede ser obligado a cambiar su puesto de trabajo por otro en un centro hospitalario. Sin embargo, al Gobierno se le ha olvidado obligar a los liberados sindicales del ámbito sanitario a que se pongan a trabajar. (Aplausos). Cómo se nota, señora ministra, la mano de los sindicatos amigos cuando se negocia, ¿verdad? Como diría George Orwell, para este Gobierno todos somos iguales, pero algunos


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son más iguales que otros. Y no cabe duda, desde luego, de que el actual modelo sindical está llegando a su fin porque se ha deslegitimado por sí solo. Por todo ello, mi grupo parlamentario votará no a la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aceves Galindo.

El señor ACEVES GALINDO: Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, señoras ministras -están las dos-, bienvenidas a esta Cámara. Como creo que me entenderán todos, quiero empezar mi intervención agradeciendo el trabajo que han hecho, con diálogo social, con acuerdo, con consenso, y que hayan traído a esta Cámara medidas importantes para nuestro país. Y a sus equipos quiero decirles que el Grupo Parlamentario Socialista -no ahora, que es más necesario que nunca, sino siempre- les brinda su apoyo y da un aplauso a las empleadas y a los empleados públicos de este país. Lamentablemente, a muchos grupos se les olvida y utilizan estos debates, como siempre, para hacerlos inocuos o intentar desgastar al Gobierno. En nombre del Grupo Socialista, gracias a las empleadas y a los empleados públicos. (Aplausos).

Y como cuestiones previas antes de entrar al debate, porque, señorías, son dos temas diferenciados, quería centrar la atención en dos aspectos. Primero, vaya papelón el que he escuchado de algunos portavoces esta mañana aquí. Vaya papelón durante esta sesión ya de tarde para defender lo indefendible. Cuando a esta Cámara se traen con diálogo social y con consenso materias como el teletrabajo, algunos grupos, como el Grupo Parlamentario Popular, ni lo mencionan y encima se atreven a decir que las medidas del Gobierno van en contra del diálogo social. Señora Velasco, usted y yo somos de la misma tierra, de Castilla y León. Pregunte en Castilla y León dónde está el diálogo social gracias al Gobierno de PP y Ciudadanos. Está a punto de desaparecer en Castilla y León. (Aplausos).

Segundo aspecto importante que quería destacar. Resulta que se trata en exclusiva una medida que es importante para nuestro país porque supone regular de forma básica una práctica que es verdad que funcionaba de forma colateral en algunos momentos, pero que era necesario implementar por la pandemia, el teletrabajo, y ni lo mencionan. Se trae, dando la oportunidad de alcanzar un acuerdo en la intersectorial con la Federación de Municipios y Provincias y con las comunidades autónomas, y ustedes ni lo mencionan, ni les gusta. Creen tan poco en la cogobernanza y en el diálogo, porque están permanentemente en la bronca, que ni siquiera destacan eso. La verdad es que es lamentable.

Última cuestión previa que quería mencionar. Fíjense en lo perverso del debate de esta tarde. Resulta que las comunidades autónomas piden, exigen algo al Gobierno y ahora se ponen en contra. Lo tengo aquí, señora Velasco, pero no lo voy a sacar. El señor Feijóo, lo conoce, ¿verdad? Bueno, Fernández Mañueco no, porque él se esconde debajo del vicepresidente y no lo dice; lo dicen el vicepresidente y la señora Casado. Ya sabe, no el señor Casado, sino la consejera en Castilla y León; él no lo dice porque ni está ni se le espera. Pero resulta que el señor Aguado y la señora Ayuso lo exigen al Gobierno y ustedes ahora se ponen en contra. Explíquennos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Vetar desde Génova que las consejerías puedan aplicar esta fórmula o les va a dejar hacerlo? Explíquenlo, porque lo piden ustedes, el Gobierno, en un ejercicio importante de responsabilidad, lo trae a esta Cámara con la mayor rapidez, mediante un real decretoley, ustedes lo critican ¿y mañana lo van a aplicar? Señora Velasco, con todo el cariño que le tengo le digo que no puede ser que los reyes de los recortes en lo público en este país ahora sean los príncipes de la incongruencia y de la irresponsabilidad. No puede ser jamás. (Aplausos).

Una cuestión más que creo que es importante en este sentido. Cuando estaba preparando la intervención en el debate pensaba que habíamos tenido bastante sensatez en la sanidad de nuestro país con el ministro Illa y encima algunos grupos querían mezclarlo todo y mencionar aquí cuestiones que no se aplicaban. Hoy el ministro de Sanidad ha demostrado la solvencia, la cercanía y la manera de afrontar los problemas en nuestro país. Por tanto, señorías, qué suerte tenemos de tener un ministro de Sanidad como el señor Illa. (Aplausos).

Una pregunta más les hago, señorías. Se lo digo con tranquilidad: ¿no va a aplicar ninguna comunidad autónoma de nuestro país las medidas sanitarias? ¿Van a decir a los ciudadanos que, después de exigir al Gobierno que modificara la norma para permitir que en el ámbito sanitario se pudiera aplicar, no van a


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utilizar ahora esa medida? ¿Y qué van a responder a la ciudadanía? Dicen que no había médicos, pero dice el SEPE que hay un 40 % más en las listas que hace un año, por ejemplo en Madrid. Y resulta que ahora no van a aplicar esta medida. Señorías, se les ha caído el discurso porque han buscado una mínima rendija para votar en contra de una medida con la que, estoy convencido, la amplia mayoría de las empleadas y los empleados públicos está de acuerdo.

Finalmente, qué poquito cariño y qué mal trato tienen ustedes con las comunidades autónomas en las que gobiernan. ¿Usted viene aquí a esta tribuna y dice que no ha habido diálogo? ¿Usted sabe el diálogo que hay en nuestra tierra, Castilla y León, con el Colegio de Médicos? ¿Se lo explico? Se querella contra el propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿Ese es el diálogo que tienen en el territorio? Aplíquenlo, que ahora tienen la oportunidad. El Gobierno ha puesto las cartas. Señorías, aquí tienen ustedes la manera de contratar médicos extracomunitarios si es necesario y de poder utilizar el estado de alarma. Porque ya se ha utilizado en este país el estado de alarma. Ahora se pone la posibilidad y resulta que llegan ustedes y lo ignoran, porque estaban buscando la mínima rendija para intentar posicionarse en contra. Así que, lamento, de verdad, que utilicen este tipo de cuestiones. ¡Y qué voy a decir de Andalucía, señorías! En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el apoyo y el cariño a los andaluces después de haber escuchado lo que hemos escuchado, la barbaridad que se ha dicho esta mañana, claro que sí. (Aplausos).

Y dos cuestiones que oía también durante el debate y que me llaman poderosamente la atención. Tenía varios titulares, pero no voy a utilizar nada más que uno, porque me parece llamativo, en cuanto a lo que ha significado la utilización de este tipo de profesionales no ahora durante la pandemia, durante el estado de alarma, sino anteriormente. Titular de 24 de enero de 2019: La Sociedad castellana y leonesa de medicina de familia y comunitaria pide al Sacyl, a la Junta de Castilla y León, que cese la contratación de médicos sin MIR. Eso es su gestión, señorías, y es de hace más de un año. Por lo tanto, que vengan ahora a dar lecciones realmente no deja de ser chocante.

Termino, señorías. A pesar de todo, con todo el cariño, la verdad es que al portavoz de la ultraderecha simplemente decirle que lo tiene muy fácil. Ustedes son capaces de bloquear los presupuestos de comunidades como Andalucía o como Madrid. Háganlo y díganles que si no se aplica la fórmula que han utilizado, no se aplicarán los presupuestos en esa comunidad. Ya lo tienen solucionado, porque lo demás es demagogia. Por cierto, señorías, ustedes que tienen tanto cariño, mentir en esta tribuna es pecado. Sí, es pecado y lo ha hecho el interviniente. (Rumores). Sí, ustedes, se lo tienen que mirar.

La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, tiene que terminar.

El señor ACEVES GALINDO: Termino, señora presidenta.

¿Por qué? Porque realmente aquí lo que han dicho es que el Gobierno tiene que contratar. ¿Es que todavía están en parvulitos en política, que no saben que quien contrata son las comunidades autónomas? (Aplausos). ¿Es que todavía no se dan cuenta de quién es la gestión de la sanidad en nuestro país? ¿Hasta ese nivel llegamos? A estudiar un poquito, señorías.

Termino con un ofrecimiento. Señorías del Partido Popular, dejen de acunar a la ultraderecha, que solo quiere destruirles y dañar a la mayoría de los españoles. No piensen así, vengan al consenso, sean un partido con el que nos sentemos y, entre todos, porque siempre se ha hecho así, mejoremos la vida de los españoles con acuerdos, también en sanidad. El ministro lo ha hecho, el propio presidente también, y en nuestro grupo parlamentario lo hacemos. Vengan al acuerdo, mejoremos la sanidad de nuestro país con el acuerdo de las comunidades autónomas.

La señora PRESIDENTA: Señor Aceves, tiene que terminar.

El señor ACEVES GALINDO: Dejen la antipolítica porque si no les va a fagocitar del todo.

Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias. (La señora ministra de Política Territorial y Función Pública, Darias San Sebastián, pide la palabra.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Política Territorial y Función Pública.

Silencio, por favor.


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La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Darias San Sebastián): Simplemente quería hacer un reconocimiento, un agradecimiento y una aclaración. Un reconocimiento una vez más a todo el trabajo de los empleados públicos, también a los de esta casa, lo quiero decir públicamente por el trabajo y la atención que siempre nos prestan. Señora presidenta, señorías, un agradecimiento a la intervención de todos los grupos, incluso los que nos han criticado, porque entiendo que la crítica es sana y necesaria. Y simplemente decir que este Gobierno atenderá todas las peticiones de las comunidades autónomas, las tengo por escrito, de todas y cada una de ellas, aunque vayan en contra de algunos intereses, y el Gobierno asume el coste, incluso con la Comunidad de Madrid; este Gobierno asume el coste de la medida que hemos tomado para estar al lado de las comunidades autónomas, de todas y cada una de las de este país. Este Gobierno es sensible con ellas y lo va a seguir siendo aunque tenga un coste para este Gobierno.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.

- REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO. (Número de expediente 130/000031).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Trabajo y Economía Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenas tardes de nuevo.

Vuelvo a subir a esta tribuna para solicitar de sus señorías la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, que es fruto del III Acuerdo en defensa del empleo entre agentes sociales y el Gobierno. No es un acuerdo más pese a ser ya el sexto alcanzado por este Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social. El III Acuerdo en defensa del empleo es el resultado de muchas jornadas de reflexión conjunta, de percepciones compartidas -también de disensiones- y es sobre todo, como he resaltado anteriormente, el emblema de un clima de diálogo y cooperación entre el Gobierno y los agentes sociales que nos muestra un camino contrario al de la crispación y que se ubica más allá del ruido y del no por el no.

Efectivamente, señorías, acuerdos como el que sustenta este real decreto-ley no solo nos fortalecen como país, sino que aportan certidumbre en un contexto difícil y en constante mutación como aquel en el que nos ha situado la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia. El III Acuerdo social en defensa del empleo, que es base, alma y materia de este real decreto-ley que hoy traemos a su consideración, se alcanzó tras muchas jornadas de reflexión conjunta sobre una evidencia felizmente contrastada, que los expedientes de regulación temporal de empleo, los denominados ERTE, han cumplido su objetivo en fondo y en forma. Han frenado la caída del empleo, han salvado de la extinción a gran parte de nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas, a nuestros autónomos y han protegido a las personas más vulnerables. El pilar fundamental de esta norma está constituido de nuevo por las medidas de flexibilidad interna en las empresas, que tienen como objetivo estabilizar el empleo, así como evitar la destrucción de puestos de trabajo y de la capacidad productiva del tejido empresarial ante una situación, esta vez, de evolución de la crisis sanitaria. Por otro lado, este acuerdo busca continuar en la apuesta por la protección integral de las personas trabajadoras afectadas por la pandemia, tanto en su entorno laboral como en sus vidas. Nuestra voluntad es y será siempre no dejar a nadie atrás, y ese objetivo obliga a una adaptación constante de las medidas diseñadas, de las que este real decreto-ley es un ejemplo claro.

El título I del Real Decreto-ley 30/2020, de 30 de septiembre, de Medidas Sociales en Defensa del Empleo, refleja fielmente el acuerdo alcanzado en el seno de la comisión tripartita, la Mesa de diálogo social que ha encabezado, a través del diálogo y la negociación, las soluciones que nuestro país ha ido necesitando a lo largo de estos duros meses para nuestra economía y también para la ciudadanía. El acuerdo, en primer lugar, decide la prórroga automática de todos los ERTE que se autorizaron cuando fue declarado el estado de alarma, repito, de todos. De esta manera las empresas seguirán teniendo a su disposición una medida que, aunque autorizada para circunstancias diferentes de las actuales, sigue demostrando su vigencia. Además, para responder a las nuevas limitaciones y medidas de contención necesarias ante los rebrotes de la crisis sanitaria en España y en el mundo, el Real Decreto-ley 30/2020 ha creado dos nuevas modalidades de ERTE: los denominados ERTE por impedimento, que podrán


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solicitar aquellas empresas cuyos centros de trabajo, por nuevas medidas y decisiones adoptadas por autoridades españolas o extranjeras, no puedan desarrollar su actividad por el tiempo que dicha imposibilidad se mantenga, y los denominados ERTE por limitaciones, que serán autorizados a aquellas empresas cuya actividad esté limitada en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las medidas que hayan sido implantadas por autoridades españolas. Ambos expedientes se apoyan de forma decisiva en exoneraciones muy importantes en las cuotas de la Seguridad Social. Para aquellas empresas cuya actividad se vea suspendida por la decisión sanitaria -lo que hemos llamado un ERTE de impedimento-, las empresas de menos de 50 trabajadores verán exonerado en los próximos cuatro meses y mientras se mantenga esta situación el 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social. En las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores de plantilla la exoneración alcanzará el 90 %. Para todas aquellas empresas que tengan una actividad imitada por decisiones sanitarias -lo que hemos llamado ERTE de limitación- la protección es ciertamente muy elevada. La exoneración para empresas de menos de 50 trabajadores será en el mes de octubre del 100 %, en el mes de noviembre del 90 %, en el mes de diciembre del 85 % y en el mes de enero del 80 %. En las empresas que tienen cincuenta o más trabajadores la exoneración será de entre el 70 % y el 90 % durante este periodo. El texto reproduce el esquema de coeficientes decrecientes, pero elevados, que se han mantenido durante los meses anteriores y que ha funcionado de una forma muy adecuada a la hora de generar incentivos para la activación del empleo. La idea es clara: debemos continuar brindando a nuestro tejido productivo, tras meses de esfuerzos compartidos, la protección que precisa en el momento actual. Y no me importa reiterarlo una vez más, la inversión pública en el mecanismo de ERTE es en sí misma un compromiso firme de permanencia, un esfuerzo colectivo, una tarea de todas y de todos y no los vamos a dejar caer. Resultarán aplicables a estos nuevos expedientes las garantías y límites que hasta ahora han acompañado a los ERTE, los límites relacionados con el reparto de dividendos y la transparencia fiscal, así como el compromiso de salvaguarda del empleo durante seis meses. En el caso de empresas que hubieran asumido el compromiso de seis meses fijados, como saben, por el Real Decreto 8/2020, el cómputo del nuevo periodo de salvaguarda se iniciará una vez aquel haya terminado.

Junto a este régimen general, el real decreto-ley se hace cargo de la situación de los sectores más golpeados por la crisis. La disposición adicional primera establece una serie de exoneraciones para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y, a la par, una reducida tasa de recuperación de actividad. El acuerdo alcanzado en la comisión tripartita estableció objetivamente las empresas a las cuales deberíamos beneficiar considerando que debían integrar esta categoría aquellas que pertenecen a sectores o actividades que desde el principio de la crisis sanitaria hasta la fecha no han llegado a recuperar a las personas trabajadoras reguladas en porcentajes significativos y que además pertenecen a sectores que no han recuperado globalmente una actividad normal. Además, las empresas que acrediten ante la autoridad laboral competente que pertenecen a la cadena de valor o que dependan indirectamente de la actividad desarrollada por las CNAE glosadas en el anexo de este real decreto también accederán a las exoneraciones reconocidas. En este caso, las empresas de menos de cincuenta trabajadores van a tener una exoneración del 85 % de las cuotas de manera constante durante los próximos 4 meses y del 75 % en el caso de las empresas de mayor tamaño. Esta es una relación que se extenderá tanto a los trabajadores inactivos como a los que ya hayan sido activados en este momento. En el caso de que haya una transición de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE por causas económicas, la norma permite que se mantengan estos porcentajes. En línea con esta protección reforzada, este real decreto-ley establece un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo para las empresas que accedan a estas categorías, que se sumarán, igual que para las solicitantes del nuevo ERTE, al periodo de seis meses ya comprometido en virtud del ERTE que se prorroga. En relación con todos los ERTE prorrogados y nuevos, vinculados o no a exoneraciones en cuotas a la Seguridad Social, este texto mantiene la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, así como la prohibición de despido y de la realización de horas extraordinarias, así como las limitaciones para el establecimiento de nuevas externalizaciones de la actividad y de nuevas contrataciones directas o indirectas.

En el capítulo de protección de las personas trabajadoras, al igual que en el apartado de las empresas, este real decreto-ley es el más ambicioso de los aprobados hasta este momento. Se mantiene el denominado contador a cero, vinculado a la protección de las personas más vulnerables y afectadas por la crisis. Esta medida de protección extraordinaria seguirá vigente para todas las personas que sean despedidas o cuyo contrato temporal se extinga a lo largo del año 2021. Se garantiza de nuevo la exención


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de carencia previa, de modo que todas las personas afectadas por ERTE cobrarán prestación por desempleo aun cuando no tengan las cotizaciones previas que lo permitieran. Se garantiza la aplicación del porcentaje del 70 % sobre la base reguladora a efectos de cálculo de la cuantía de la prestación, trascurridos los 180 días de prestación, derogando con carácter urgente y coyuntural uno de los apartados más nefastos de la reforma laboral impulsada en el año 2012 por el Partido Popular. Todas las personas trabajadoras conservarán las rentas que venían percibiendo, que se hubieran reducido de no adoptarse esta medida que, como saben, sería el 50 % de su salario. Se crea, además, una nueva prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen también por primera vez trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, y se extenderán hasta el 31 de enero de 2021. El texto contempla la compensación económica a las personas beneficiarias de la prestación extraordinaria por desempleo en los casos en que su cuantía se haya visto reducida en proporción al tiempo trabajado, al concurrir una o varias relaciones laborales a tiempo parcial. Por último, y en línea con lo que serán los ERTE del futuro, en respuesta a las necesidades de desarrollo de las personas trabajadoras y a la realidad cada vez más exigente de un mercado globalizado y digitalizado, se da un primer paso en la vinculación de las relaciones laborales de nuestro país con una formación que deberá acompañar a las personas durante su vida laboral y profesional. En este caso, en la disposición adicional tercera de este real decreto se establecen medidas dirigidas a la formación de las personas afectadas por ERTE, que serán consideradas un colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo y para las cuales, además, se programarán acciones específicas.

Igualmente, y en el marco del diálogo que mantenemos con las asociaciones de autónomos y la buena compresión que ha habido para abordar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia, hemos acordado reajustar y extender aspectos concretos en sus modalidades de prestación. En el título II de este real decreto-ley, con extensión también hasta el mes de enero, se mantiene la prestación existente para aquellos autónomos que mantengan en este cuarto trimestre una facturación por debajo del 75 %. El objetivo es priorizar a aquellos que tienen rentas más bajas y, por lo tanto, unos rendimientos netos por debajo de 1,75 veces el salario mínimo interprofesional. En segundo lugar, se extiende también la prestación para trabajadores de temporada, ajustando mejor su diseño para cubrir mejor los periodos de cómputo de ingresos en el periodo de referencia. Y, finalmente, se han atendido dos necesidades de protección surgidas del diálogo con las asociaciones de autónomos. Por un lado, aquellos autónomos que presenten un cese de actividad en el periodo que va desde octubre hasta enero pero que no cumplieron las condiciones anteriores, sobre todo en lo referido al salario mínimo interprofesional para la prestación ordinaria, también podrán disfrutar de una prestación y, en este caso, será de 50 % de su base reguladora. Por otro lado, aquellos autónomos que, bien por tener periodos cortos de computo o bien por tener lo que se conoce como tarifa plana no entraban dentro de los autónomos elegibles, optarán también a una prestación similar. En consecuencia, ponemos en marcha instrumentos acordados y eficaces para permitir una transición que posibilite la recuperación gradual de la actividad empresarial y el empleo.

Paso a reseñar también algunos de los elementos que completan esta norma. El Real Decreto-ley 30/2020 incorpora una nueva batería de medidas de mejora en el ingreso mínimo vital, en este caso orientadas a que nuevos colectivos puedan beneficiarse de esta prestación. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia). En primer lugar, se incluye a las personas mayores de sesenta y cinco años que no cobren ninguna prestación, ni contributiva ni no contributiva, entre las posibles beneficiarias del ingreso mínimo vital. En segundo lugar, se amplía la definición de familia monoparental para que una mayor cantidad de ellas puedan cobrar el complemento del 22 % al que tienen derecho. En tercer lugar, se facilita la posibilidad de que puedan solicitar el ingreso mínimo vital personas que comparten el domicilio con otras porque tengan, por ejemplo, alquilada una habitación; un recurso muy habitual al que tienen que recurrir muchas de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión.

Este real decreto-ley contempla, por otra parte, la extensión hasta el 31 de enero de las medidas extraordinarias de protección del alquiler de vivienda de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, expresión del compromiso de este Gobierno con el escudo social diseñado durante la pandemia. Se incluye la ampliación del plazo de suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio en casos de vulnerabilidad de arrendatarios sin alternativa habitacional, favoreciendo la acción de los servicios sociales. Además, se amplía la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. Asimismo, se extiende la posibilidad de prorrogar seis meses los alquileres de vivienda que finalicen hasta el 31 de enero del año 2020 en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Voy finalizando, no sin antes recordarles la


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concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86.1 del texto constitucional para la aprobación por parte del Gobierno de este real decreto y de sus disposiciones adicionales y finales. Las circunstancias que han motivado esta legislación obligan, desde un punto de vista coyuntural y estructural, a una respuesta rápida, urgente y coordinada en el marco del diálogo social, tal y como hemos hecho.

Concluyo. Consolidar los ERTE, como hacemos con este real decreto-ley para el que hoy solicito su convalidación, es impugnar la respuesta dada a las mismas cuestiones en anteriores crisis económicas, y es hacerlo aplicando por primera vez políticas europeas con flexibilidad interna -resalto, interna-, con adaptación; un modelo encarnado en nuestro presente que soslaya expresamente la legislación laboral del Partido Popular y las deficiencias de su protección social por desempleo. Estamos sorteando esa legislación. Estamos evitando los despidos masivos. Estamos recuperando el horizonte de ocupación que nos habían negado con todas las herramientas a nuestro alcance, reformulando, como haremos, las políticas activas de empleo para garantizar trabajo decente y estable, en especial para las mujeres, pero muy especialmente para las personas más jóvenes; priorizando las vías formativas, como no se había hecho hasta ahora, para las personas que estén en un ERTE; manteniendo el 70 % de la base reguladora, el contador a cero, en las prestaciones y el compromiso de mantenimiento del empleo. Porque estamos convencidas de que la temporalidad y la precariedad son una respuesta anómala e intolerable que nos ha impedido afrontar los problemas de hoy con más solidez y fortaleza.

Prorrogar los ERTE es rechazar un modelo de desigualdad que en esta inesperada contracción económica provocada por la pandemia ha revelado sus débiles e imperfectas costuras. Prorrogar los ERTE en un contexto de diálogo y acuerdo como el que hemos alcanzado es mirar a nuestro alrededor, detenernos a escuchar -les invito a que lo hagan- y comprender que la desigualdad, la precariedad y la temporalidad no pueden tener cabida en nuestras relaciones laborales. No somos nada si no somos iguales y esa realidad nunca puede desaparecer de nuestra percepción.

Como señala el filósofo francés Didier Eribon con relación al tiempo que nos ha tocado vivir, lo que está en juego son las realidades más concretas de las existencias individuales; entre ellas, por ejemplo, la salud y el bienestar, señorías. No habrá reactivación de la economía y del empleo sin protección de la salud. Quien olvide esto olvida la enseñanza fundamental de una pandemia que nos ha recordado la importancia capital de la sanidad pública y del escudo social habilitado gracias a medidas como el ingreso mínimo vital, reforzado por este mismo real decreto-ley.

El modelo de los ERTE que este texto legislativo consagra y amplía ha salvado empleos, ha salvado derechos y ha salvado empresas. Este Gobierno y este ministerio seguirán, mientras sea necesario, en este camino, en el camino de la protección de la salud, de la economía y del empleo; un camino que ha permitido que el 80 % de afectados por un ERTE, más de dos millones de personas trabajadoras, se hayan incorporado ya a sus puestos de trabajo, recuperando todos y cada uno de sus derechos. Contamos con una Europa que también ha puesto en el centro de su proyecto la protección de las personas; contamos con financiación y con el aval de los organismos internacionales; contamos con un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos permitirá afrontar como país los retos de modernización de la economía española en sus ejes de digitalización, sostenibilidad, innovación y transición ecológica; contamos con un techo de gasto que fortalecerá la inversión, otorgará solidez a lo público y permitirá unos presupuestos generales expansivos y ambiciosos, acordes con nuestro proyecto de recuperación, y contamos, sobre todo, con la firme voluntad de no dejar caer ni a las personas trabajadoras ni a las empresas. La convalidación de este real decreto-ley aportará seguridad y certeza a las familias, a las personas trabajadoras y a las empresas en el tránsito de estos meses tan decisivos para el futuro de la economía y del empleo.

Les pido por ello que voten afirmativamente esta convalidación y que continuemos siempre, en aras del diálogo, en la senda de la recuperación, de la reconstrucción de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Euskal Herria Bildu, el señor Matute García de Jalón.


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El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, arrancaré con el sentido del voto. Nosotros vamos a votar a favor de este real decreto como hemos hecho con todos los anteriores que han tenido que ver con los ERTE. Y lo hacemos porque siempre hemos dicho desde esta tribuna que los poderes públicos están para garantizar condiciones de vida dignas, sobre todo para aquellos y aquellas que tienen más difícil acceder a condiciones de vida dignas. Por eso creemos que los recursos, los ingentes recursos -muchas veces se han citado aquí, en esta tribuna, los 9000 millones de euros mensuales que cuestan los ERTE- son necesarios para mantener a mucha gente en una malla de protección social que no les haga caer por el camino de la exclusión. Hasta ahí estamos de acuerdo y por eso votamos a favor. También porque vemos el esfuerzo -y lo valoramos positivamente- de hacer que la política mande sobre la economía y no al revés, no que la economía determine lo que tiene que ser la política. Creemos que eso es imprescindible para frenar, como digo, la exclusión social y el empobrecimiento masivo. Hasta ahí estamos de acuerdo -se lo hemos dicho en más de una ocasión y se lo volvemos a decir hoy- y estaremos siempre a favor de medidas que dignifiquen las condiciones de vida de la gente.

Usted señalaba la necesidad de escucharnos y de escuchar, y yo estoy de acuerdo. Cuando le escucho a usted y veo todas las exigencias y todos los requerimientos y cláusulas que se les ponen a los grandes empresarios, quiero creer que eso sucede realmente, pero la realidad en la que yo vivo me dice que eso no pasa del todo así. Quizá porque faltan inspectores de trabajo, quizá porque hay muchos grandes empresarios que, bien asesorados, son capaces de esquivar todas esas realidades, pero la realidad que yo vivo no es esa realidad; la realidad que yo vivo es la realidad de mis vecinos, que tienen que trabajar las mismas horas extras que antes o más, que siguen sin ser remuneradas y a cambio de días festivos, que además elige el empresario, lo que no es ninguna novedad en el cainita mercado laboral español. En la realidad en la que yo vivo, la gente ha tenido que agarrarse a un concepto como el de la flexibilidad, que le ha impuesto el empresario, pero que lo que determina es que trabaja cuando quiere, donde quiere y como quiere el empresario, incluso rotándole en puestos de trabajo. Y eso está pasando aquí, está pasando en octubre de 2020 y está pasando, por lo menos en lo que yo conozco, en una zona muy concreta de Vizcaya, que es la margen izquierda, pero que seguro que es extensible al conjunto de Euskal Herria y, por ende, seguramente también del Estado español por las similitudes del mercado de trabajo. Esa es la realidad que nosotros vivimos y por eso apoyamos todos estos decretos, pero vemos -y también se lo hemos dicho en más de una ocasión- una descompensación enorme. Vemos que ustedes están trabajando mucho, y lo valoramos, pero vemos que los trabajadores y trabajadoras han perdido poder adquisitivo porque la percepción o la cuantía de lo que cobran de los ERTE es menor de lo que cobraban en sus puestos de trabajo y vemos que la incertidumbre y el miedo a perder su puesto de trabajo no ha desaparecido. Y no ha desaparecido porque el empresario no da las garantías o, para que se me entienda mejor, los grandes empresarios no dan las garantías, porque ellos han aportado bastante poco a este esfuerzo colectivo. Desde esta tribuna se habla de arrimar el hombro y está bien -al final todos tenemos que hacer algo-, pero los grandes empresarios están guardándose sus beneficios de años anteriores y están obteniendo todo lo que pueden del Estado para seguir manteniendo su estatus. Esa es la realidad que, como digo, nosotros vivimos. Sus beneficios son intocables y el coste de toda esta realidad a ellos les está saliendo por muy poquito, por no decir nada.

No se trata solo de percepciones particulares porque, si no, alguien que venga después de mí podría decir que no son sino eso, percepciones subjetivas e incluso alejadas de la verdad, sino que yo le voy a hablar de realidades concretas, de datos, porque seguramente así quien pueda ver este debate sabrá si estamos mintiendo o no, sobre todo si está afectado por alguna de las que voy a señalar. También se está diciendo ya -este es un dato que veremos en los próximos meses- que el número de solicitudes de empresas que se acojan a los ERTE está bajando porque las nuevas condiciones que les están poniendo ya no les resultan tan interesantes a los empresarios, a los que hablan de la marca España, a los que dicen que hay que arrimar el hombro y que cuando se les pide un porcentaje más de compromiso resulta que ya no les parece tan rentable y van a la puerta del despido.

Como decía, les voy a poner algunos ejemplos. Tubacex es una empresa que tiene factorías en Laudio y en Amurrio. Decretó un ERTE en abril de 2020 para seis meses, son 600 trabajadores, y ha anunciado en el conjunto del grupo -porque tiene más factorías en el Estado español y en Europa- 500 despidos sobre un total de 2553. Raro sería que aplicando ese 20 % no signifique que 125 trabajadores de Tubacex en Laudio o en Amurrio no se vayan a la calle por despidos. Podríamos hablar de Aernnova, que está en Berantevilla. Es una empresa que hizo entrar en ERTE a 289 de sus 450 trabajadores y que


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ha anunciado ya un 20 % de despidos en su plantilla. Podría hablarle de Gestamp, que tiene una plantilla de 230 trabajadores -ha tenido beneficios, por ejemplo, de 258 millones de euros en 2018 o de 212 en 2019, aunque es cierto que ha tenido 120 millones de pérdidas en el primer semestre de 2020- y que ha decidido que va a cerrar la factoría; 230 trabajadores, todos a la calle. Alestis, otra empresa del sector aeronáutico, hizo un ERTE para 146 trabajadores de un total de 178 que tenía en su factoría de Gasteiz, de Vitoria, y ya ha decidido que va a despedir al 50 % de su plantilla, a 88 trabajadores. Podría hablarle de Trenasa, en Castejón, Nafarroa, que hizo un ERTE para toda la plantilla y ha decidido que la va a despedir a toda, 118 trabajadores. Podríamos hablar de otro buque insignia de la economía vasca -supongo que para algunos también de la economía española-, como Iberdrola, que anuncia unos beneficios en el primer semestre de 2020 -ya con los efectos de la pandemia en vigor, si sirve la expresión- de 1845 millones de euros y que ya ha anunciado también que va a despedir al 15 % de su plantilla, a 1500 personas. Así ha salido en todos los medios. Veo que alguno cabecea diciendo que no. Hablen con los medios de comunicación y díganles que se equivocan.

Podríamos hablar de todas las empresas que se han acogido a ERTE para abaratar sus costes, aun cuando tenían beneficios pingües en años anteriores, y que también están amenazando con despidos o reducciones de plantilla. Por ejemplo, la del gran empresario español Amancio Ortega, Zara, que también ha anunciado el cierre de no sé cuántas tiendas en el Estado español, incluidas algunas tiendas vascas. Podíamos hablar de Indra, de Ikea, de Decathlon y de El Corte Inglés. Son solo ejemplos de la larga lista de empresas que se han acogido a ERTE y de la larga lista de grandes empresas -y remarco siempre lo de grandes empresas- que están planteándose políticas que poco tienen que ver con lo que se señalaba.

Finalizo ya. Cuando nosotros pedíamos derogar la reforma laboral y cuando seguimos insistiendo en derogarla no es por capricho, sino porque vemos que el camino del despido se está dando con mucha facilidad y se está recorriendo con mucha facilidad para trabajadores y trabajadoras, y el despido es muy barato para los empresarios. Por eso queremos derogar la reforma laboral. En definitiva, señora ministra -sé que de esto no le tengo que convencer a usted, porque la conozco-, sé que estamos en una lucha de modelos, y creo que el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno puede quedar en nada si no combatimos el modelo real. Antes se decía -yo todavía lo sigo diciendo porque para esto soy un clásico- que ni paz entre clases ni guerra entre pueblos. Ahora podemos hablar de confrontación de modelos, que queda más moderno y probablemente menos belicoso, pero en cualquier caso el verdadero enemigo no son siquiera los que braman desde esta tribuna en ocasiones para decir auténticas barbaridades, desde mi punto de vista; el objetivo y nuestro adversario real siguen siendo las grandes oligarquías, las grandes empresas, que quieren perpetuar este modelo que hace de los trabajadores mano de obra barata y a veces casi esclava.

Usted ha citado a un filósofo francés. Pues yo hoy quiero citar a uno africano, que más que filósofo era un revolucionario, Thomas Sankara. Decía que había que atrevernos a inventar el futuro, porque de eso se trata también en este momento.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, nuevamente, señorías.

No sé si esto es producto de paces, guerras o confrontaciones, sino más bien del acuerdo porque, como refleja la exposición de motivos del real decreto-ley, es producto del III Acuerdo social en defensa del empleo entre agentes sociales y Gobierno, y tenía como objeto impulsar medidas para amortiguar algunos de los efectos socioeconómicos causados por la pandemia y, en especial, salvaguardar el empleo y su calidad, y la protección de quienes se vean privados de dicho derecho. El real decreto-ley, a ese efecto, extiende una pluralidad de medidas en las que, nuevamente, no me voy a extender. Simplemente voy a enunciarlas porque ya han sido objeto de un desarrollo exhaustivo por la señora ministra: que se prorrogarán automáticamente los ERTE en vigor motivados por fuerza mayor; que se mantienen los ERTE por impedimento del desarrollo de la actividad -creo que ya estaban creados, señora ministra; ha dicho usted que se creaban, pero yo creo que se mantienen porque se crearon con el Real Decreto-Ley 24/2020-; se instaura un nuevo cauce para los ERTE por limitación de actividad; a todos los ERTE ordinarios vinculados a la COVID les seguirá siendo de aplicación el artículo 23 de las causas ETOP -económicas, técnicas, de organización y producción-; continúan en vigor las normas sobre prohibición de reparto de dividendos y las que vinculan las exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social con el mantenimiento


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del nivel de empleo; se prorrogan las medidas de protección por desempleo hasta el 31 de enero; se mejoran las prestaciones para trabajadores en ERTE a quienes se extingan sus contratos, no computándose las prestaciones consumidas cuando accedan a un nuevo derecho antes del 31 de enero de 2021, etcétera. Es decir, una pluralidad de medidas que, al fin y al cabo, no hacen sino enriquecer el ámbito de protección hacia el cual ya nos hemos abocado desde el principio de la pandemia y respeto del que, con todo respeto, tenemos que decir que es continuista en relación a anteriores actuaciones, pero también hay que hacer una pequeña reflexión.

A nuestro parecer, por mucho que esté asentado en el diálogo social, se ha utilizado un mecanismo, que es el mecanismo de la prórroga de efectos anteriores al real decreto-ley que utilizan esta iniciativa legislativa, que, sin perjuicio de las novedades que incorpora, creemos que también genera cierta inseguridad a cuantos operadores jurídicos son destinatarios de estas medidas: empresas, trabajadores, asesores, etcétera. Si bien no sabemos hasta cuándo van a persistir los efectos de la pandemia, lo que sí sabemos es que no van a ser ni a corto plazo ni a 31 de enero. Es más, nada impide, salvo los presupuestos, claro está, prever plazos más extensos de los previstos en el real decreto-ley. ¿Para qué? Como fecha de efectos de todas las medidas que se han contemplado. Debe ser posible, señora ministra, que en tanto no quepa precisar el término de los efectos de la pandemia, las medidas, tanto en orden al mantenimiento del empleo como en orden al apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo o también las de refuerzo empresarial, deben ser previstas a más largo plazo, en un término medio o largo. Hay que añadir que dicha previsión no solo dotaría de seguridad jurídica a sus destinatarios, sino que permitiría que estos puedan contemplar medidas empresariales y laborables de contención de los efectos de la COVID no solo de más largo alcance, sino también desde otra perspectiva diferente.

Dicho esto, entendemos que las medidas son continuistas y han sido aceptadas a lo largo de anteriores proposiciones y, en este caso, las vamos a volver a apoyar.

Muchas gracias, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.

La señora MUÑOZ VIDAL: Señorías, atentos. Es mala hora, estamos cansados, pero corremos el riesgo de volvernos insensibles a los datos dramáticos. Estas son las previsiones para el desempleo en España: según la Comisión Europea, tasa del 19 % en 2020 y del 17 % en 2021; Banco de España, tasa del 19 % en 2020 y hasta del 22 % en 2021; OCDE, hasta el 20 % en 2020 y hasta el 22 % en 2021. Las previsiones del Gobierno son más optimistas, del 17 % en 2020 y del 17 % también en 2021. ¿Y saben qué? Que viendo este panorama desolador, no puedo estar más satisfecha de nuestro apoyo, el de todo nuestro Grupo Parlamentario, los diez diputados de Ciudadanos, a la prórroga del estado de alarma, para que estuviera condicionada la desvinculación de los ERTE a ese estado de excepcionalidad jurídica. ¿Se imaginan cuál sería el escenario hoy si Ciudadanos hubiera sido tan irresponsable como PP, VOX y Esquerra Republicana? Yo no lo quiero ni imaginar.

Señorías, las cifras que les he dado certifican no solo que somos el país que más empleo ha destruido de todas las economías avanzadas, sino que seremos el que más tiempo tarde en recuperarse. Anteayer mismo el Fondo Monetario Internacional anunciaba que en España nos quedamos descolgados de la recuperación y tardaremos nada menos -nada menos- que seis años en recuperar los niveles previos de paro a esta crisis; es decir, que hasta el año 2026 no volveremos a una tasa de desempleo del 14 %, no siendo esta tasa de desempleo como para tirar cohetes, porque supone el doble del paro que el de la Unión Europea. Vuelvo a hacerles la pregunta: ¿se imaginan que Ciudadanos hubiera sido tan irresponsable como ustedes y los ERTE hubieran decaído junto al estado de alarma? Repasemos: más de tres millones de trabajadores han llegado a estar en los ERTE desde el inicio del estado de alarma; de esos, todavía hoy quedan 730 000 trabajadores concentrados cada vez en menos sectores, y de esos, como mínimo, la mitad tendrán serias dificultades en volver a reincorporarse a su actividad. Estos son los datos, señorías, valoren ahora ustedes a quién hacemos caso, si a los datos o al Gobierno de coalición y a sus asesores, porque las perspectivas son cero halagüeñas. Y mientras la portavoz del Gobierno y otros ministros se atreven -se atreven- a ver brotes verdes y a decir que lo peor ya ha pasado, lo cierto es que el virus avanza, la economía se para y las empresas y los comercios cierran. Así que vuelvo a apelar, otra vez más y desde esta tribuna, a la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí para dejar los


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sectarismos a un lado y concentrarnos y centrarnos en lo importante: contener, responder y vencer a esta pandemia y al drama social que deja a su paso.

Ya les he recordado que fuimos los diputados de Ciudadanos los que conseguimos que los ERTE se desvincularan del estado de alarma a cambio de nuestro apoyo a la situación excepcional; también fuimos nosotros los que exigimos, negociamos y conseguimos posteriores prórrogas, y hoy con este real decreto-ley los ERTE se prorrogan hasta el 31 de enero del próximo año. Puede, ministra -lo sabemos porque lo hemos comentado-, que haga falta extenderlos, a lo mejor, durante algún tiempo más, especialmente en los sectores más afectados de nuestra economía como el turismo y la hostelería. Nosotros seguiremos luchando por ellos.Y lucharemos también por que el Gobierno no espere hasta el último minuto o el último día para prorrogarlos, sumiendo en la incertidumbre y el miedo a cientos de miles de familias.

Además, Ciudadanos también negoció y consiguió medidas para los autónomos -un colectivo olvidado por el Gobierno en los primeros compases de esta crisis, que los dejó excluidos-, que nosotros consideramos que eran y son vitales para nuestra economía. Deberíamos tener todos claro que si los autónomos no sobreviven a esta crisis no habrá prosperidad en España. Por tanto, también celebramos las ayudas que pusieron en marcha para ellos, que también fueron desvinculadas del estado de alarma y que fueron posteriormente prorrogadas.

Teniendo todo esto en cuenta, señorías, ministra, le adelanto que votaremos a favor del real decreto-ley, que viene avalado, por supuesto, como el anterior, por los agentes sociales. Votaremos a favor porque es un acierto que haya atendido a las peticiones de patronal y sindicatos, de los agentes sociales, para introducir dos nuevas modalidades de ERTE: el ERTE de impedimento y el ERTE de eliminación. Pero le pediremos su tramitación como proyecto de ley porque hay determinados aspectos que nos producen reparos, como sucede con ciertas condiciones que ustedes en cada prórroga se empeñan en mantener y cuya inclusión mucho nos tememos que responde al deseo de satisfacer ideológicamente a los suyos más que a perseguir un objetivo real. Por ello, le avanzo que trabajaremos para corregir sus excesos durante la tramitación de este decreto como ley.

Concluyo y les digo que hoy, cuando miro atrás y pienso en los millones de familias que han conservado sus puestos de trabajo gracias a esa negociación, a ese apoyo favorable a la prórroga del estado de alarma desvinculando los ERTE de dicha excepcionalidad, sé que mereció la pena el esfuerzo y el trabajo de los diez diputados de Ciudadanos.

Señorías de PP, VOX y Esquerra Republicana, hay cabreos que salen muy caros. Se queda uno muy a gusto votando en contra de un gobierno que no le gusta, pero el problema es que ese desahogo lo pagan los españoles. Miren, ejercer un cargo con responsabilidad no tiene muchas veces recompensa a corto plazo, pero sí a largo plazo, como estamos viendo ahora. Pensar en millones de familias que han conservado sus puestos de trabajo gracias a los ERTE supera con creces el gustazo de darle al botón rojo. Hacer política útil compensa, y no olviden que para eso nos pagan.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, una vez iniciado el camino de los ERTE con el objetivo declarado de proteger el empleo y los salarios -y es conocido que el BNG defendía una opción diferente que creemos mucho más justa para los trabajadores, como prohibir de verdad el despido y garantizar los salarios con esos recursos públicos-, es lógico que ahora se traiga una prórroga. No solo es lógico, sino imprescindible, pero vemos que se hace sin corregir los aspectos más injustos de la medida que venimos denunciando desde que se puso en práctica. Sigue sin haber garantías en el mantenimiento de los puestos de trabajo; se entrega toda la capacidad de decisión a las empresas, y sigue sin contemplarse una solución para los trabajadores temporales que perdieron su empleo desde el 14 de marzo. Este real decreto-ley mantiene, en ese sentido, elementos de desprotección de la clase trabajadora e impide, a nuestro juicio, una salida social y justa de la crisis en el ámbito laboral que solo puede producirse si se derogan las reformas laborales de las prestaciones por desempleo acometidas en 2010 y 2012. La derogación de las reformas laborales permitiría, por ejemplo, la negociación de un ERTE o de un ERE que no dependiese de forma unilateral de la empresa y obligaría a llegar a un acuerdo con la representación sindical y a la intervención y control


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por parte de la autoridad laboral. Para minimizar el impacto de los ERTE es necesario, además, prohibir que estos puedan aplicarse al mismo tiempo que se realizan descuelgues salariales o si se aplican los convenios colectivos, aparte de garantizar a toda la clase trabajadora que todo el tiempo de regulación se considere como tiempo de paro no consumido, lo que coloquialmente se denomina contador a cero.

Otra medida imprescindible que no se contempla es la necesidad de que las empresas completen hasta el cien por cien de los salarios o que se exija la reincorporación de forma progresiva de todo el personal temporal de la empresa que fue despedido antes de que terminase la vigencia de los ERE. Y seguimos insistiendo en que la financiación del enorme gasto público no puede recaer sobre las clases populares. Así, siguen manteniéndose exoneraciones abusivas de las cuotas empresariales mientras se desvían los fondos de la Seguridad Social, del Fogasa y del SEPE.

Finalizo. Se prevén también ayudas a los autónomos que, a nuestro juicio, siguen siendo insuficientes. En todo caso, en coherencia con lo que decimos y con lo que hicimos en anteriores decretos, nos vamos a abstener.

Obrigado.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta. Ministras, señorías.

Ministra, le avanzo que vamos a votar favorablemente este real decreto-ley. También le avanzo que vamos a pedir la tramitación parlamentaria como proyecto de ley y le digo que tenemos pocas esperanzas respecto de la utilidad de la tramitación como proyecto de ley. No hace falta que le recuerde -no es responsabilidad suya, sino de la Cámara- que hay reales decretos-leyes que se aprobaron en el mes de marzo y que todavía ni se ha iniciado el trámite de ponencia, con lo cual intuimos que hay mejoras que realizar, pero también estoy seguro de que antes va a llegar el nuevo real decreto-ley de prórroga de los ERTE... (La señora ministra de Trabajo, Díaz Pérez, hace gestos negativos). Sí, sí, lo va a ver, señora ministra, no me diga que no.

Le voy a recordar una anécdota. Día 15 de julio. ¿Sabe qué estábamos haciendo el 15 de julio en esta Cámara? Estábamos convalidando el Real Decreto-ley 24/2020, aprobado el 26 de junio, que prorrogaba los ERTE que finalizaban el 30 de junio. Desde esta tribuna, mi compañero Genís Boadella le dijo: Señora ministra, ¿sabe la inseguridad jurídica que genera que los ERTE se prorroguen cuatro días antes de que finalicen? Y le dijo: Hombre, la próxima vez que prorroguen -usted decía que no los iban a prorrogar- no lo hagan cuatro días antes. Y es verdad, han cumplido, pero han cumplido en la dirección contraria. Esta vez los han prorrogado un día antes; un día antes se publicaron en el BOE. Ya sé que usted va a decir que ha sido porque los agentes sociales no se ponían de acuerdo. Señora ministra, su trabajo es ponerlos de acuerdo. Igual que la he felicitado antes, se lo digo ahora. Si hoy su mentalidad es: No me preocupo porque el 31 de enero esto no se va a prorrogar, ¿sabe qué va a pasar? Que van a publicar la prórroga de los ERTE el 30 de enero. Y aquí lo dejo, que constará en el Diario de Sesiones.

Vayamos un poco más al grano, señora ministra. Nosotros estamos de acuerdo con el contenido. Hoy yo también se lo debo recordar, porque todavía tenemos llamadas y correos electrónicos de gente que está con los ERTE y que tardan mucho en cobrar. Señora ministra, este es un defecto que debemos subsanar, porque la gente que está en los ERTE tiene mayoritariamente una situación personal y familiar muy complicada. Por tanto, deberíamos hacer un esfuerzo y deberían hacer un esfuerzo desde el Gobierno para agilizar la tramitación de estos ERTE. Quizá para algunos de nosotros dos días, cinco días, diez días, un mes o dos meses de retraso no sean mucho, pero para muchas de las familias afectadas por los ERTE es una inmensidad y aquí nuestra obligación es continuar haciendo estas denuncias.

Evidentemente, los ERTE son necesarios; evidentemente, las ayudas a los autónomos son necesarias; evidentemente, no son suficientes. No son suficientes las que estrictamente se pueden establecer desde el ámbito laboral o desde el ámbito de la Seguridad Social. Se deberían complementar, pero no vemos ánimo de complementar estas ayudas desde otros ministerios. Hemos pedido y hemos reiterado que de cara a las pequeñas y medianas empresas, y especialmente a los autónomos, se debería flexibilizar la normativa para poder aplazar los pagos a la Hacienda pública, incrementar la flexibilidad en cuanto a los avales disponibles o necesarios y también facilitar el pago de las deudas tributarias mucho más de lo que se ha hecho. En todo caso, señora ministra, desgraciadamente, tendremos tiempo de continuar hablando y nosotros seguiremos proponiendo medidas. Esta noche -no sabemos si esta noche o no; depende de


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la situación de la autoridad judicial- en Cataluña se pretende -o se pretendía- cerrar bares y restaurantes. Detrás de este cierre hay miles de personas afectadas, miles de personas y familias a las cuales no podemos dejar en la estacada. Esto es responsabilidad de todos y es una medida que nos beneficiará, en teoría, a todos. Por tanto, no se puede repercutir el coste de esta medida solo en unos cuantos.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom.

Hay grupos que cada vez que salen hacen una previa sobre Esquerra Republicana. Es su fijación. Me recuerdan un poco a UPyD y al señor Toni Cantó, que luego se pasaron a Ciudadanos y algunos están haciendo puntos para pasarse a VOX inmediatamente. Dicho esto, alguien me ha acusado de que era porque no estaba, pero llevo desde las nueve clavado en ese escaño. He estado en todos los debates en los que me tocaba intervenir y he salido quince minutos en otra intervención a tomarme un bocadillo. No es por gallardía, señor Guillermo. En gallardía ibérica me gana usted siempre y no voy a competir ni contra la gente de VOX ni contra ustedes. En cuanto a la utilidad de la que hablaba su compañera, no sé si serán ustedes muy útiles. En Cataluña tienen ustedes cero alcaldes habiendo nacido allí, me parece que han sacado dos diputados y les quedan diez aquí. (Rumores). Imagínense ustedes si la gente los considera útiles. Pero prepárense el cambio a VOX, que son los únicos que les aplauden.

Más cosas. Al señor Edmundo Bal, que antes tampoco estaba -para que luego no diga que le replico cuando usted no está-, le diré que nosotros a la Comunidad de Madrid le tenemos un respeto institucional tan grande que no entramos en el tema del Parlamento de Madrid. Ya sé que eso no lo entiende, porque la plurinacionalidad y las autonomías no van con ustedes, pero ahora se lo digo y espero que lo haya entendido. En cambio, cuando son temas que afectan a todos los trabajadores, ahí sí que entramos, me parece bastante claro.

Y luego ha dicho otra cosa: ¡Por Dios, no pacten con estos! Ha utilizado literalmente esa expresión: ¡por Dios! Y yo les he contestado -ahora que está usted aquí- que por Dios no será; en todo caso, ellos podrán optar por hacer los presupuestos con la derecha, la ultraderecha o la derecha extrema, o con la izquierda. ¿Entiende por qué se lo puedo decir ahora a la cara? No es cuestión de gallardía; simplemente he ido a tomar un bocadillo durante quince minutos. Guillermo, creo que usted queda respondido claramente. Si quiere ampliación de la información, se la puedo dar. Yo no hago ataques personales, voy con datos y voy con hechos (aplausos), datos y hechos objetivos, muy objetivos.

Gracias, presidenta. Señorías, nuestro grupo va a facilitar también la convalidación de este real decreto-ley por dos razones principales que tienen que ver con el deseo de ser útiles a quienes más están sufriendo la situación de crisis social y económica derivada del COVID-19. Primero, no vamos a votar evidentemente para cargarnos los ERTE, no lleva a ninguna parte. Nosotros somos un partido fiel a los intereses de la clase trabajadora, sea de donde sea y hable la lengua que hable -hable la lengua que hable-, porque nosotros somos un partido fiel a la clase trabajadora, sea de Sevilla, sea de Madrid, sea de París o de cualquier parte. Otros no pueden decir lo mismo.

Este es el real decreto-ley número 30 en lo que llevamos de año -más de veinte son relativos al COVID-, y muchos de ellos derivarán en proyectos de ley, ponencias, enmiendas y, en definitiva, en un largo camino parlamentario. Mal que nos pese, hay que ser prácticos, por esto no vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley. Creemos que este real decreto-ley es muy claro y urgente, mal que nos pese, como decía, y hay que permitir que la gente que está en ERTE no vea peligrar su situación, hay que darles confianza y que por lo menos no sea por un acto de irresponsabilidad de Esquerra Republicana porque votáramos en contra. Sin embargo, esto no significa que avalemos aún su insuficiente legislación laboral, de la cual esperamos mucho y de la que muy posiblemente la pandemia ha cambiado su calendario, que esperábamos muy ambicioso en materia de recuperación de derechos de trabajadoras y trabajadores en los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero entendemos que también el calendario de la pandemia hace que no haya podido ir más rápido.

Sí tenemos una queja, y aprovechamos estos momentos para hacérsela llegar pues me parece de recibo, y también es para toda la gente, viva donde viva y hable la lengua que hable. Se trata del tema de la gestión del SEPE. Señora ministra, quiero aprovechar la ocasión para recordar una vez más -lo hemos


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dicho ya unas cuantas veces en sede parlamentaria y muchas más fuera de cámara- que han incumplido su promesa de garantizar una prestación a los padres que no podían acudir a su trabajo por tener un menor a cargo preventivamente confinado. Esto es importante, porque si hay gente que no puede ir por obligación, tiene que haber una respuesta, y todavía la estamos esperando. Aún están a tiempo de corregir este incumplimiento flagrante, pero cada vez queda menos tiempo. Pero, como le decía, seguimos sin aceptar la caótica gestión por parte del SEPE. Durante las primeras semanas del estado de alarma se podía entender que la complejidad y la carga de trabajo eran muy elevadas y era posible un ejercicio de empatía con los desajustes del sistema, nosotros lo entendíamos bien. Pero esos desajustes se convirtieron en auténticas barbaridades. Nos plantamos en pleno julio superando ya el estado de alarma, que, por cierto, no supuso el fin de los ERTE, y los errores en el pago no solo no se habían solucionado, sino que empeoraron todavía más: faltas de pago, errores en el procedimiento, pagos parciales, retrasos inaceptables de más de dos y tres semanas... Han seguido pasando los días -ya llevamos siete meses- y siguen sin poder garantizar a los trabajadores afectados por ERTE que van a percibir de forma mínimamente puntual y adecuada el cobro de las prestaciones a las que tienen derecho. A mí esto no me parece normal, no es de recibo que un Estado que se autodenomina social tenga estos errores. Hay administraciones que no atienden visitas, según nos cuenta la gente, no les descuelgan el teléfono y hay que enviar las solicitudes por escrito. ¿Y qué tienen que hacer los ciudadanos que no están cobrando el ERTE y lo necesitan para llegar a final de mes? Les puedo asegurar que entre ellos hay auténticos dramas. Lo que le pedimos, aprovechando esta ocasión, es que pongan remedio, porque todo tiene un límite y hay gente que no se lo puede permitir.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.

Gracias, señora ministra, por este real decreto. Lo celebramos por su urgencia y por el consenso, por la reedición del consenso. Es el sexto acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Antes estuvieron el del salario mínimo interprofesional; el I, II y III Acuerdo social en defensa del empleo; el del trabajo a distancia y teletrabajo en la Administración pública, y el acuerdo por la reactivación económica y el empleo. Lo agradecemos porque durante el confinamiento, cuando salíamos a aplaudir a los balcones, además de agradecer a quienes sostenían con su cuerpo y su trabajo el estado de alarma, a todas esas personas que hacían trabajos esenciales, ¿recuerdan de qué hablábamos? Pues, mire, ministra, yo hablaba con mi vecina, que trabaja en una sidrería, de su trabajo, al que obviamente en aquel momento no podía acudir. ¿De qué hablábamos con nuestras amigas, con nuestra familia durante las videollamadas? De la incertidumbre; esa no ha pasado, esa es la que sigue necesitando respuesta.

Este real decreto-ley pone por escrito lo que hace el Ministerio de Trabajo y lo que hace este Gobierno en su conjunto, que es seguir dando la cara y respondiendo, en este caso prorrogando los ERTE, cubriendo a quienes se habían quedado fuera. Y responde haciendo política, responde logrando puntos de encuentro con los agentes sociales, porque se puede, se debe hacer así.

Nosotras defendemos un modo de hacer democrático y garante de derechos. Otras formas -y miro directamente a la bancada popular, que quizá, aunque no me escuchen, se sientan aludidos; es para que se sientan aludidos- nos llevaron a la devastación, con autoritarismo, con recortes, sin llegar a acuerdos ni con sindicatos ni con empresarios. Nosotras nos reunimos con colectivos de trabajadoras y trabajadores, con la sociedad civil, con representantes de trabajadores y de empresas. Ustedes antes decían que habían regulado el teletrabajo. Ustedes lo que hicieron de 2012 a 2015 fue mandar a su casa a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras, pero no los mandaron a teletrabajar; los mandaron con despidos, los mandaron con despidos porque se dedicaron a abaratar y facilitar el despido gracias a su reforma laboral. Así que no, no regularon el teletrabajo. No se líen; lo que hicieron fue empobrecer muchísimo a la clase trabajadora de este país.

Se trata de gobernar de manera democrática -decimos- dando cumplimiento a la Constitución, a sus artículos sociales, los más sensibles, donde nos van los derechos y la vida. Quienes se dicen constitucionalistas, únanse. No dejar a nadie atrás; lo ha dicho este Gobierno y se ha volcado. Y conscientes también de algunas cuestiones específicas, este real decreto-ley cubre un sector de trabajadoras y


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trabajadores que no había encontrado encaje en otros reales decretos anteriores durante esta pandemia. Las técnicas y técnicos, quienes trabajan en eventos y en cultura, no estaban incluidos dentro del régimen de artistas y no encontraban una respuesta. Este real decreto-ley hace efectiva la ayuda del Estado sin tener que estar en el CNAE, sino acreditando la condición de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor de un sector con una reducida tasa de recuperación de actividad, como es el caso de los eventos y espectáculos.

Queda camino, claro, para un sector que sigue en alerta roja y un ámbito laboral, el de la cultura, cuyos problemas son endémicos, pero yo me siento muy orgullosa de saber que este Gobierno es consciente de quiénes hacen los eventos y la cultura posible y que forman parte del tejido productivo y laboral de nuestra sociedad. A quienes trabajan en los eventos y en los espectáculos quiero decirles... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Silencio. Un momento, señoría.

Señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Quiero decirles a quienes trabajan en los espectáculos y los eventos que queda camino, pero que somos conscientes de la tarea y que seguimos.

Por último, quiero compartir una reflexión. La ciudadanía tiene la sensación de que esta Cámara no es muy eficiente. Reales decretos-leyes como este son la prueba de que no es cierto, es la prueba de que el Gobierno trabaja sin pausa en un momento muy difícil. A sus señorías les pregunto: ¿a que venimos a esta Cámara? ¿A perder soberanamente el tiempo o a trabajar? ¿A bloquear todo, a hacer el mayor filibusterismo parlamentario que se puedan imaginar o a dar respuesta a la ciudadanía? Porque no todos somos iguales, y quienes lo dicen en realidad no tienen un problema con los políticos; tienen un problema con la política. Son peligrosos los discursos de trazado grueso y generalistas, porque si todo es malo, nada lo es, y entonces empieza el cuanto peor, mejor. Y quienes piensen que este real decreto no vale, lo que no quieren es política, porque así a algunos, a muy pocos, les va muy bien.

Les voy a hacer otra recomendación -como hice en mi intervención anterior en la tribuna hace unas semanas- para que vayan al teatro, porque la cultura es segura y, en este caso, para que vean la premiada obra Sueños y visiones de Rodrigo Rato, dirigida por Raquel Alcorcón, protagonizada por Pablo Remón y por Roberto Martín Maiztegui. Esta obra cuenta un momento en el que en este país hubo una gran fiesta para muy pocos, con un crecimiento desproporcionado, pero luego los efectos de la resaca, así como el importe de la fiesta, tuvimos que pagarlos todas y todos. Quienes piensan que la fiesta de unos pocos les merece la pena a esos pocos y, desde luego, no les importa el resto de la ciudadanía, se equivocan; se equivocan porque la desigualdad es mala para todas y todos sin excepción, incluso para aquellos que son tan despreciables que son capaces, en mitad de una pandemia, de seguir pensando únicamente en su propio beneficio. Resulta que para esa gente también la desigualdad es peor. Y lo pienso, porque pienso que la fraternidad y la sororidad siguen siendo mayoritarias, y además lo compruebo, porque una puede ver cómo se tejen redes vecinales, cómo la gente se cuida porque es mayoritaria esa tendencia, por duras que vengan las situaciones. Y para quienes no practican la fraternidad ni la sororidad, confío en que al menos no caigan en la idiotez en su sentido más grecorromano, el de estar totalmente al margen de la política, y entiendan que combatir la desigualdad, que combatir la precariedad y combatir la injusticia es lo mejor absolutamente para todas y para todos, para el conjunto de la ciudadanía. Así que hagan el favor de votar a favor de este real decreto-ley.

Muchas gracias aplausos. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Aplausos.-Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

No quisiera empezar esta tarde mi alocución sin mandar un enorme abrazo a Amaya Martínez, nuestra valiente diputada en el País Vasco, que hoy ha presentado su primera iniciativa parlamentaria, que era para evitar homenajes a etarras, homenajes públicos a terroristas, a los que son tan dados algunos. El PNV y el Partido Socialista han decidido no intervenir cuando VOX presenta iniciativas; no cuando intervenga Bildu, no, cuando intervenga VOX. Es decir, que ustedes están más cerca de los terroristas que de los constitucionalistas. Mi enhorabuena al Partido Socialista. (Aplausos).


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En lo relativo al Real Decreto-ley 30/2020, señora ministra, me produce una profunda tristeza el tono autocomplaciente, autoindulgente, incluso diría triunfalista de este Gobierno, e incluso el suyo cuando la oigo hablar de documentos como el real decreto-ley que hoy trae a esta Cámara. Definitivamente, ustedes se están creyendo su propia propaganda. Prorrogar los ERTE es necesario, claro, pero no es un éxito, es un fracaso; es el fracaso rotundo de un Gobierno que, más preocupado por imponer su agenda dogmática que por la vida de los españoles, vuelve a tropezar una vez más en la misma piedra y sitúa a España una vez más a la cabeza de contagios y de muertes en esta segunda ola. Es un despropósito presumir de la venda que van a poner ustedes después de haber causado la herida. Que hoy traigan a esta Cámara la prórroga de los ERTE certifica la ineficacia de las medidas para impulsar una pronta recuperación. Ustedes llegaron a decir que la recuperación sería en V. Claro que no va a ser en V, va a ser en K: unos pocos saldrán adelante reforzados -precisamente gente cercana a ustedes- y la mayoría saldrá seriamente deteriorada de esta crisis. Esto instala indefinidamente a miles de empresas y a trabajadores en la incertidumbre y engorda una factura que lastra nuestra capacidad de recuperación.

Si hoy se hace necesario aprobar unos nuevos ERTE es por una sola razón, es porque ustedes, con una auténticamente negligente gestión de la crisis -por cierto, la peor gestión del mundo, según la Universidad de Cambridge-, han fracasado a la hora de activar una pronta y sólida recuperación. Y en lugar de pedir perdón a los españoles, vienen ustedes a alardear de escudo social y de no dejar a nadie atrás, que ya lo único que evidencia es una auténtica desconexión con la realidad. ¿No dejan a nadie atrás? ¿Además de los 53 000 muertos? ¿Además de los cientos de miles de contagiados? ¿No dejan a nadie atrás? ¿Le parece poco ese millón de personas que se han visto sin empleo, que han visto destruido su puesto de trabajo? Porque somos el país que más empleo ha destruido en Europa. ¿Les parecen pocas las más de 100 000 empresas que han cerrado sus puertas en el último año? Porque es una cifra mayor incluso que la del conjunto de Estados Unidos. ¿Les parece poco que la tasa de paro juvenil haya subido más de diez puntos, situándose ya en el 44 %? Porque es la más alta del mundo entre los países desarrollados. Ministra, simple y llanamente es una afrenta a muchos españoles decirles que no dejamos a nadie atrás.

Pero, lo que es peor; es un auténtico despropósito la ausencia de una política económica ambiciosa que permita acelerar una pronta y fuerte recuperación. Hace casi siete meses, durante el debate de convalidación de los primeros reales decretos-leyes de medidas en materia de empleo, insistimos en la necesidad de mantener vivo el tejido productivo porque son ellos los que crean empleo. Les dijimos que se trataba de hacer lo posible para que cuando llegara el momento de reiniciar la actividad -que espero sea pronto-, no hubiera ni una empresa de menos ni un parado de más. Ese era un primer objetivo. Y en ese momento apoyamos las medidas propuestas por el Gobierno, pero entendimos -y así se lo dijimos- que eran medidas insuficientes además de lentas y tardías. Insistimos entonces en la necesidad de articular mecanismos que dotaran de mayor liquidez y garantizaran todo el empleo de aquellos a los que se les había prohibido trabajar. Recuerdo que dijimos aquí que no tenía sentido quitar el agua a una planta para venir a regarla una vez seca; lo que había que intentar era evitar que se secaran las plantas. Pero, desgraciadamente, una parte muy importante de nuestro tejido productivo no ha sobrevivido, se ha secado; muchas empresas se encuentran en una situación de asfixia financiera apuntalada por el incremento de la morosidad, que ya está advirtiendo el Banco de España; y ya sabemos o, mejor dicho, todavía no sabemos cuántos de esos 730 000 trabajadores en ERTE podrán escapar del paro, pero sabemos que no serán muchos.

Pero existía entonces ya un segundo objetivo que era impulsar con urgencia una agenda de reformas que hiciera posible esa recuperación. Y yo me pregunto siete meses después de ese debate, hoy, tras treinta reales decretos-leyes aprobados en los que hemos visto que mucha gente se ha quedado atrás: ¿estamos más o menos preparados para una recuperación? ¿Nuestras cuentas públicas generan más o menos credibilidad? ¿Las administraciones públicas han incrementado o disminuido el gasto improductivo? ¿Las empresas soportan más o menos impuestos? ¿El marco de relaciones laborales tiene más o menos cargas? ¿Los españoles han visto mejorar o empeorar los sistemas de educación y formación? En definitiva, ¿hay un solo español que esté mejor que cuando ustedes llegaron al poder hace dos años o incluso mejor que hace solo ocho meses? Porque no hemos conocido ninguno.

Ministra, ustedes pueden seguir encantados de haberse conocido y actuar como si los ERTE pudieran alargarse indefinidamente, pero la realidad es que más pronto que tarde las medidas extraordinarias decaerán y entonces, en ese momento, los españoles se volverán hacia ustedes y les preguntaran: ¿y ahora qué? En siete meses han llevado a cabo un sistemático deterioro de los pilares sobre los que se


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asienta una recuperación, y de nada nos sirve ahora atemperar con intervenciones públicas las consecuencias de la crisis si, por otro lado, no impulsamos una política económica que haga posible una fuerte y franca recuperación. Cuando la inversión extranjera se desploma es necesario apuntalar nuestra credibilidad internacional, planear a medio plazo un proceso de consolidación fiscal de equilibrio de las cuentas públicas, y generar certidumbre que es el único entorno en el que la inversión vuelve; certidumbre sobre la salud de nuestras cuentas públicas; certidumbre sobre el futuro de España; certidumbre sobre la capacidad de este Gobierno de entender quiénes son los que crean empleo. Pero han evitado cualquier atisbo de generar un plan a medio plazo, y mientras, los autónomos, los comerciantes, las empresas, las pymes, los emprendedores estudian su futura viabilidad sin saber qué tipo de cargas tendrán que afrontar en el futuro, y en su lugar el Gobierno anuncia una cada vez más voraz agenda de subidas impositivas que ya hemos denunciado aquí. Mientras, las familias estudian dónde apretarse el cinturón para afrontar la crisis; mientras, este Gobierno continúa despilfarrando sin freno. Siete meses después seguimos con el Gobierno más mastodóntico de la historia. Ni un solo anuncio, ni uno solo de eliminación de gasto político innecesario; ni un solo detalle, ni uno solo siquiera de cara a la galería, con españoles que están haciendo sacrificios en todos los ámbitos, de intentar reducir al menos cosméticamente el tamaño de este Gobierno. Mientras, nos jugamos 140 000 millones de euros de fondos europeos vinculados a nuestra capacidad de diseñar e implementar un programa ambicioso de reformas que no viene por ningún lado. Y mientras, este Gobierno presenta un programa de recuperación y resiliencia con mucho feminismo, con mucho ecologismo, pero con una total ausencia de reformas.

Concluyo. Señora ministra, este Gobierno siempre incrementa las cargas ideológicas; con las que impusieron en su último Consejo de Ministros, por ejemplo, van a crear un registro de igualdad, y no sé en qué ayuda esto a las empresas, a los trabajadores para mantener el empleo. Ministra, nosotros no vamos a votar en contra de estas medidas; son necesarias para dar respuesta a corto plazo a miles de trabajadores y empresas, pero no podemos permitir que no hagan nada más porque simplemente sería suicida. Mucha gente ya se ha quedado atrás, señora ministra, demasiada.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.

La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, ustedes tienen un serio problema con la gestión del tiempo y con el orden de prioridades. Sí que tuvo tiempo para hacer una campaña entera en Galicia -por cierto, con pésimos resultados para usted y con excelentes resultados para los gallegos-; sí que tuvo tiempo para tomarse unas largas vacaciones; sí que tiene tiempo para defender al señor Iglesias de sus problemas judiciales y también tiene tiempo de atacar a la Comunidad de Madrid; pero sorprendentemente no tiene tiempo ni para facilitar la creación de empleo ni para tomar medidas de estímulo para la actividad productiva; ni tiene tiempo de planificar y anticiparse a una prórroga de los ERTE que todos -por lo visto, menos usted- sabíamos que era necesaria. Señora ministra, más altura de miras.

El Gobierno va prorrogando los ERTE por fascículos, como si fuera un coleccionable; pero, señora ministra, esto no es ninguna broma. Ya se lo dijo UGT: la gente no come con carácter retroactivo. Le pido una mayor altura de miras por esto y por cuestiones como su intención de dejar fuera a sectores tan importantes para nuestra economía como son la hostelería y el comercio, que tan afectados están por esta crisis económica. Pretendían dejar en la cuneta a más de medio millón de trabajadores. Usted se pensaba que el diálogo social era como dialogar con los diputados de Podemos en Galicia o como dialogar con los expertos del Gobierno, es decir, con nadie, pero no es así. Se han encontrado con una presión social y con la presión de sindicatos y empresarios que, desde luego, les han hecho una rectificación forzosa, y eso que llegaron autoproclamándose como el partido de la gente, pero ¿qué es realmente el cambio? A ustedes, desde que han llegado a pisar la moqueta, solo se les encuentra en tres sitios: en los ministerios, se les encuentra en los coches oficiales -esos a los que pensaban renunciar- y se les encuentra últimamente también y bastante en los juzgados. Están muy alejados de la realidad, y le voy a decir cuál es la realidad de la gente. Hay muchísimas personas todavía sin cobrar los ERTE; muchas personas que han tirado hasta ahora de sus ahorros, pero ya no les quedan ahorros; muchas personas


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que no tenían ahorros y que han tenido que pedir ayuda a sus familiares y a sus amigos; y muchas personas que nunca habían estado en una cola para que les dieran comida y ahora sí están mientras ustedes crean caos y confusión.

Desde luego su gestión es totalmente caótica: formularios que cambian, insuficiencia de medios, incluso encontramos que el SEPE y la Inspección de Trabajo, ambos dependientes de su ministerio, a veces tienen criterios distintos. Y a todo ese caos -a los meses de impago, a los errores en la tramitación y al colapso en las oficinas- ahora se suma que desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se dan de baja todas las prestaciones del COVID. Por tanto, se tendrá que tramitar una nueva avalancha de solicitudes por parte del SEPE. ¿Esto qué significa? Significa un nuevo retraso que tendrá como consecuencia que los trabajadores cobren todavía más tarde, tendrá como consecuencia un nuevo colapso que ya están vaticinando incluso los propios funcionarios de su ministerio. Además, se está creando una tremenda inseguridad jurídica, y es que dejar para los penaltis una cuestión tan importante como la prórroga de los ERTE, desde luego conlleva consecuencias lamentables no solo para los afectados sino para toda nuestra economía. Se lo han dicho ya: ¿qué les vamos a decir a los inversores extranjeros? ¿Que nosotros decidimos lo que va a pasar con nuestros trabajadores el día antes? ¿Qué seguridad jurídica van a creer que tiene España, qué seguridad jurídica van a creer que tiene nuestro país? Por todo ello, mi grupo parlamentario le lleva pidiendo desde hace mucho tiempo que tengan más altura de miras, que no sean tan cortoplacistas y desde luego que prorroguen los ERTE hasta que pase el momento crítico de esta pandemia.

España necesita medidas a medio y largo plazo, señora ministra, que generen certidumbre y ofrezcan estabilidad para que las empresas y los trabajadores sepan a qué atenerse y puedan reaccionar en consecuencia. Sin embargo, ¿qué han hecho ustedes? Sus principales estímulos en marzo fueron aplazamientos de impuestos, que ya se están pagando, los ERTE de nuestra reforma laboral, que teóricamente tanto denostaban, y los créditos ICO, por los que, por cierto, cobran una cantidad a los bancos por prestar el aval que ellos repercuten a las empresas por vía de interés. Estamos en octubre, y con este real decreto se prorrogan los ERTE hasta el 31 de enero, pero, ¿qué va a pasar el 1 de febrero? ¿Lo van a decidir la noche del 30 de enero? Pónganse a pensar en el próximo 1 de febrero, pónganse a pensar en la próxima campaña turística del próximo verano y, en definitiva, pónganse a trabajar. El éxito de esta medida no está en que usted salga cada tres meses como si fuera la salvadora de los empleos, el éxito de esta medida es que no se quede nadie atrás y, desde luego, que no se pierda ni un solo empleo.

He de darle una cifra, ustedes han generado 700 000 desempleados más desde hace un año, de los cuales la mitad eran mujeres. Y hablando de mujeres, usted esta semana afirmaba: A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestras empresas puedan recibir retribuciones diferentes. Hoy erradicamos una aberración jurídica y democrática. No sé si será cinismo o ignorancia, señora ministra, pero desde luego la igualdad salarial no la ha descubierto usted; está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace décadas. (Aplausos). No sé si hace esto porque su escudo social ha demostrado ser de juguete porque, lamentablemente, se ha quedado y se sigue quedando mucha gente atrás. Verá, señora ministra, yo no sé si los niños habrán aprendido lo que son los ERTE con su explicación, la verdad es que lo dudo mucho, pero los niños sí conocen el cuento de Blancanieves. A usted, que le gusta mucho actuar, le diré que desde luego no es la que se dedica a ayudar a los demás en ese cuento, es la que deja a los demás una manzana podrida, una manzana envenenada con datos de desempleo lamentables. Usted es la que se mira al espejo todos los días preguntando: espejito, espejito mágico, ¿quién es la mejor ministra de todo el banco azul? (Risas). Y desde luego no sé qué le contestará porque el listón en el banco azul está bastante bajo, pero lo que sí le aseguro es que usted es la peor ministra de toda la democracia en materia laboral. (Aplausos).

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.

La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenas tardes. Gracias, presidenta.

Señorías del Partido Popular, la verdad es que ya les vale, porque uno ya no sabe de qué hablan. Es la novena vez que les escucho decir que la Ley 35/2010, del año 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que procuró la existencia de los ERTE, es suya. ¿De qué están hablando, señores del Partido Popular? (Aplausos). Año 2010. Es que ni siquiera es falta de rigor, ni siquiera es que no se


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den cuenta de lo que pasa en la calle, que les da igual; es que no se miran las cosas, ni siquiera las que hacen ustedes mismos. Alguna fecha: 9 de abril de este año, votación del Real Decreto-ley número 9 con mejoras en los ERTE; ustedes votan en contra. 9 de abril, votación del Real Decreto-Ley número 11 con mejoras en las prestaciones por cese de actividad para los autónomos; ustedes tampoco lo apoyan. 9 de abril, votación del real decreto para proteger a los trabajadores y que no sean despedidos; el Partido Popular votó en contra. Es que, si fuera por el Partido Popular, ninguna empresa ni ningún trabajador estarían acogidos a los ERTE, seis millones de trabajadores españoles en este país estarían en la calle con una mano delante y otra detrás. (Aplausos). Si fuera por su estrategia de desgaste, no de este Gobierno, sino de los españoles, un millón y medio de autónomos no habrían podido dejar de pagar la cuota mensual y acceder a una prestación extraordinaria inédita; inédita, digo bien, porque ustedes cuando pudieron nunca, nunca, ayudaron a los autónomos de este país. (Aplausos).

Por cierto, ante su visión catastrofista de la situación, que es difícil y dramática, lo es, el 80 % de los trabajadores acogidos a ERTE ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo, cuatro de cada cinco. En definitiva, estas buenas noticias les dan igual porque a ustedes no les gusta nada. No les gusta que se opte por medidas de flexibilidad interna para poder así mantener a las plantillas preparadas para la salida de la crisis, para dar oxígeno a las empresas y autónomos afectados por el COVID. No les gusta que, una vez han estallado las costuras del sistema de protección para los trabajadores que tuvimos que heredar de su gestión, hayamos puesto encima de la mesa nuevas prestaciones para proteger a los fijos discontinuos, a los trabajadores temporales o a las trabajadoras del hogar. Claro que no les gusta. No les gusta que todos los agentes de este país trabajen a fondo con este Gobierno pensando únicamente en dar certezas a los españoles que hoy se sienten inseguros y con miedos, claro que sí. Diálogo social se llama, ese que no les gusta; claro que no les gusta porque ni creen ni confían en él. Todas las medidas que ustedes han desarrollado en el Gobierno en materia de empleo se toman de manera unilateral, ustedes solos y sin contar con nadie en 2012 y ahora también. En mi tierra, Castilla y León, su Gobierno ha dinamitado el diálogo social, ha dejado tirados en la mesa a empresarios y trabajadores, y tras cinco meses de anuncios grandiosos ni un trabajador ni un autónomo ni una empresa ha cobrado ni un solo euro por parte de la Junta de Castilla y León. (Aplausos). Y lo peor de todo es que no se han enterado de qué va esto, no se han enterado de lo que les piden en la calle, no se han enterado de que este país les está esperando, que los españoles les están esperando, que este Gobierno les está esperando, que no pueden seguir huyendo de su responsabilidad y dejar de dar respuesta a la altura de las circunstancias, que no se puede disfrutar reventándolo todo como hacen ustedes.

Frente a esa posición y ante la persistencia de los efectos negativos del COVID sobre empresas y empleo, hoy el Grupo Parlamentario Socialista por supuesto que apoya este tercer acuerdo con nuevas medidas; con la ampliación de los ERTE hasta el 31 de enero, con la prórroga para trabajadores fijos discontinuos, con esa opción para no computar el tiempo en el que se perciba la prestación, donde se crean los ERTE de impedimento y limitación para sectores con dificultades, que los tenemos y los tiene este ministerio controlados, con porcentajes de exoneración de hasta el cien por cien, o la prestación extraordinaria para trabajadores de temporada.

Escuchándole creo que ya he descubierto lo que no les gusta, porque este decreto, entre otras cosas, lo que hace es rectificar su reforma laboral. Les dije hace poco que este Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, va a actuar de manera firme para dejar atrás esa reforma laboral porque fueron ustedes solos en 2012, ustedes solos, los que decidieron que la base de cálculo de las personas que cobraran una prestación, al sexto mes de cobro, descendería del 70 % al 50 % de la base reguladora, porque ustedes ¿qué es lo que hacen? Pues recortar a los que más lo necesitan, a los trabajadores que quieren trabajar pero no pueden hacerlo. Gracias a este Gobierno, hoy con este decreto las personas que lo necesiten, que cobran una prestación en un ERTE mantendrán el poder adquisitivo frente a sus decisiones.

También en mi intervención quería poner en valor este decreto porque más que negociación colectiva, ministra, lo que están teniendo todos en este país, menos ustedes, es valentía colectiva, dejando de lado las legítimas diferencias, todos cediendo y todos sumando para que gane nuestro tejido empresarial, nuestros trabajadores, para proteger, pero también para generar oportunidades en cuanto se pueda, y esto es a lo que estamos los socialistas.

Somos conscientes de que hay que seguir apoyando y ayudando, de que hay que continuar escuchando en la calle y empatizando para introducir mejoras de las condiciones de los trabajadores con la legislación laboral. Eso hicimos con la creación de los ERTE en 2010 y también con otros logros que en los últimos días quieren embarrar, incluso a martillazos, como hemos visto esta mañana.


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Ya para terminar, hace cien años en este país hubo un ministro de Trabajo que puso en marcha el seguro de maternidad para las trabajadoras, el seguro de accidente obligatorio, la jornada de ocho horas y el derecho a huelga. Hoy viene al pelo recordarle, en el momento en el que aprobamos este acuerdo del diálogo social, porque fue ese ministro el que puso en marcha en la Ley de Contratos de Trabajo la regulación de los convenios colectivos y la negociación por los representantes de las patronales y de los sindicatos. Con orgullo, con mucho orgullo, por su labor en defensa de los trabajadores, pese a su ruido, sus insultos y su malquerer a los españoles, les recuerdo que ese buen ministro se llamaba don Francisco Largo Caballero.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

? REAL DECRETO-LEY 31/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 130/000032).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Continuamos con el orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y Formación Profesional.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Buenas tardes, señorías. Me dirijo a ustedes para solicitar la convalidación del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Se trata de una norma que contiene un conjunto de medidas que han sido debatidas y tratadas en profundidad con las comunidades autónomas, como administraciones competentes en materia educativa, a lo largo de varias reuniones de los diversos órganos de la Conferencia Sectorial de Educación, y más concretamente de la celebrada el pasado 24 de septiembre de 2020. Medidas que vienen, sin duda, a dar respuesta a las preocupaciones que allí se fueron manifestando. La pandemia ha tenido una especial incidencia en el sistema educativo que, a pesar de las dificultades surgidas, se ha adaptado a los cambios con rapidez, determinación y eficacia. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las administraciones autonómicas han apoyado ese esfuerzo realizado por la comunidad educativa mediante la adopción de los necesarios acuerdos para permitir la continuidad de la actividad lectiva, el ajuste de las programaciones y la adaptación de los mecanismos de evaluación, promoción y titulación. Todas estas medidas se convirtieron en acuerdos vinculantes para las comunidades autónomas, que las adoptaron en las conferencias celebradas el 15 de abril y el 11 de junio, sin que, en ningún momento, vieran modificadas sus competencias en materia de educación.

Como continuación de este trabajo colaborativo, este real decreto da soporte a varias cuestiones que posibilitan un mejor desarrollo del curso 2020-2021 en la actual situación de pandemia. Como antes decía, el Gobierno da así respuesta a una serie de inquietudes que las comunidades autónomas han venido exponiendo en las sucesivas reuniones que desde el mes de mayo se han sucedido para organizar el curso escolar 2020-2021. La educación y el funcionamiento seguro de los centros educativos se han convertido en preocupaciones sociales prioritarias que merecen también una atención prioritaria por parte de los poderes públicos. Debemos dar respuesta a esta situación con rigor, mesura, responsabilidad y compromiso, para lo que resulta preciso poner en marcha nuevas iniciativas excepcionales y de carácter temporal.

Con este objetivo, el real decreto-ley establece cuatro bloques de medidas que dan respuesta a las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia y van a permitir que el curso se desarrolle de una manera segura y adecuada, garantizando una atención apropiada a todo el alumnado. El primer bloque de medidas se dirige al personal docente no universitario con el objetivo de garantizar un desarrollo adecuado y seguro de la docencia. En la situación actual, los protocolos diseñados por el Gobierno y las administraciones educativas para la vuelta segura a la actividad académica obligan a reforzar las plantillas de manera urgente; ello puede implicar en algunos casos -ciertamente pocos pero no desdeñables- que no se disponga de suficientes candidatos idóneos. No resulta aceptable que haya grupos de estudiantes que no dispongan de docentes, por ello el real decreto permite, de manera excepcional y


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temporal y con unas cautelas que aseguren que los estudiantes cuentan con los mejores docentes, la contratación de profesorado que cumpla todos los requisitos exigibles aunque todavía no hayan cursado el máster específico. El objetivo es garantizar la cobertura de aquellas plazas que resulten necesarias para atender debidamente a todo el alumnado, plazas que en este caso específico se amortizarán al finalizar el curso en el que desaparezcan los motivos de urgente necesidad que originaron su creación. Así que, únicamente en el caso de que se agotaran las listas de aspirantes al desempeño de puestos en régimen de interinidad y, además, las de demandantes de empleo que estén en posesión del título oficial de posgrado que acredite su formación pedagógica y didáctica o equivalente, las administraciones educativas podrán nombrar con carácter excepcional como funcionarios interinos a aquellos aspirantes a las especialidades demandadas que no cumplan en ese momento con el requisito de estar en posesión del título oficial de formación pedagógica y didáctica de posgrado o equivalente. Así cumplimos con lo establecido en el artículo 100.2 y la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, y la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre. De este modo, y tal y como habían solicitado reiteradamente las comunidades autónomas, podrán realizar el refuerzo de las plantillas necesario para garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad durante el curso 2020-2021. Se incluye en esta disposición a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, técnicos de formación profesional, profesores de música, artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas. El real decreto establece también que la continuidad en el ejercicio de la docencia de estos aspirantes, así como su eventual ingreso posterior en la Función pública exigirá estar en posesión del máster de posgrado.

Las medidas en materia de profesorado también incluyen el compromiso con la continuidad de los procesos de disminución de la tasa de temporalidad en el empleo en el ámbito docente, a través de la convocatoria de las plazas ofertadas dentro del Plan de estabilización de empleo temporal, objetivo que fue apoyado por las administraciones educativas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 15 de abril de 2020. Con esta finalidad se asegura que las previsiones de la disposición transitoria tercera del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se apliquen también a los procedimientos selectivos de ingreso que se realicen en ejecución de las ofertas públicas de empleo que, al amparo de lo dispuesto en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, sean aprobadas por las distintas administraciones educativas hasta 2021 para garantizar la uniformidad y coherencia de ese proceso de estabilización orientado a la disminución decidida de las tasas de interinidad.

El segundo bloque introduce medidas para llevar a cabo la adaptación del currículo y de las programaciones didácticas, así como la adecuación de los criterios de evaluación, promoción y titulación. El objetivo de todas ellas no es otro que dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia durante el curso pasado y el actual, permitiendo a los estudiantes continuar su proceso de aprendizaje con las mayores garantías, dando la posibilidad a las administraciones educativas de planificar su actuación con tiempo suficiente, dotando de seguridad a los distintos componentes de la comunidad educativa y garantizando la calidad de los títulos académicos. Por eso, con el objetivo de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas del curso pasado y del actual, se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. De ese modo, las comunidades autónomas y los propios centros podrán adaptar sus programaciones didácticas a la situación real de su alumnado y a las modalidades de actividad lectivas derivadas de la pandemia. Igualmente, se autoriza a las administraciones educativas a que puedan adaptar los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y las titulaciones correspondientes a la formación profesional, con el fin de adecuarlos mejor a la situación provocada por la pandemia.

Los equipos docentes, a partir de su competencia profesional, en ejercicio de su profesionalidad, valorarán de manera colegiada, no aislada -y esto es lo relevante, señorías, por su valor añadido en términos de más garantía y mejor criterio-, y global si se han alcanzado los objetivos de cada etapa y tomarán las decisiones que les correspondan en ese proceso. ¿Quién mejor que esos equipos docentes para conocer la evolución académica del alumno y si merece progresar o no? Así, la decisión de titulación se adoptará tras garantizar la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que el alumno o alumna pueda continuar su itinerario académico. Se titulará, por consiguiente, tras adquirir los objetivos


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generales de la etapa. Por tanto, afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso. (Aplausos). Al adoptar estas medidas no se hace sino aplicar los acuerdos mayoritarios de la Conferencia Sectorial del pasado 15 de abril de 2020, que doce comunidades autónomas suscribieron y que todas, señorías, acabaron aplicando -con buenos resultados, por cierto- más allá de su pronunciamiento inicial al respecto. No es, por tanto, una medida novedosa, sino continuidad de lo acordado y aplicado en el curso 2019-2020 que logramos sustanciar con éxito. Así que, señorías, lo que impulsamos es mayor esfuerzo, más esfuerzo y no menos, más esfuerzo de nuestros alumnos y más esfuerzo del conjunto del sistema educativo.

Las evaluaciones de final de etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, por otro lado, que a partir del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre han perdido todo efecto académico, teniendo exclusivamente una finalidad diagnóstica, quedan suprimidas. En cuanto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado sea de forma presencial o a distancia. Las medidas contenidas en este real decreto se extienden también a las enseñanzas artísticas, deportivas y escuelas oficiales de idiomas; específicamente para estas últimas se prevé la modificación de los criterios de evaluación, promoción y permanencia, así como la adecuación de los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia.

El tercer bloque especifica que también los centros privados no universitarios, que pueden encontrarse con dificultades similares a las de los centros públicos a la hora de completar sus plantillas pueden hacerlo, excepcionalmente y solo durante el tiempo de duración de la pandemia provocada por la COVID-19, con personas que cuenten con todos los requisitos exigidos, excepto el de formación pedagógica y didáctica establecido en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o equivalente.

Finalmente, el cuarto bloque establece medidas para ordenar y organizar las enseñanzas en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo, que serán de aplicación en aquellos casos en que resulte imposible su desarrollo con arreglo a lo previsto en la normativa básica del Estado. Tras reconocer y subrayar la importancia de la práctica en empresas de los estudiantes y su carácter irreemplazable, las actuales circunstancias podrían hacer inviable el desarrollo de este tipo de prácticas en determinados sectores y en determinados territorios. Corresponde por ello permitir desde la normativa básica una flexibilización que solo en aquellos casos imprescindibles permita finalizar sus estudios a los estudiantes. Así, se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo, respetándose en todo caso el mínimo de horas establecidas en los reales decretos que establecen cada título y sus enseñanzas mínimas. Asimismo, las administraciones educativas competentes podrán, cuando no exista alternativa viable, sustituir la estancia en empresas propia de la formación en centros de trabajo por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral. En el caso de la Formación Profesional de grado superior, este módulo de formación en centros de trabajo se puede integrar en el módulo de proyecto, y en el caso de la Formación Profesional básica y de grado medio, se podrá crear un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo. Se podrá, señorías. Esta medida se hace extensible también a las enseñanzas artísticas y a las enseñanzas deportivas, con las adaptaciones adecuadas a sus respectivas características. Fuera de las enseñanzas del sistema educativo y por lo que se refiere a los certificados de profesionalidad de la Formación Profesional para el empleo, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, también se establecen medidas excepcionales durante el curso escolar 2020-2021 para la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo cuando no sea posible la realización efectiva en un ámbito empresarial con criterio similar al utilizado en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

Señorías, creo que el principio de necesidad ha quedado plenamente justificado. La Unesco lleva meses advirtiéndonos de los efectos dramáticos de la pandemia para la educación. Profesorado, equipos directivos, familias, alumnado, todos han sabido adaptarse de manera rápida a un cambio radical en el modo de educar. Hemos cumplido el objetivo de reabrir las escuelas, pero mientras dure la emergencia sanitaria debemos asegurar una base normativa consistente para que el curso pueda seguir desarrollándose de la mejor manera, garantizando los aprendizajes y sobre todo evitando que alguien se quede atrás.

Por todo lo expuesto, señorías, pido su apoyo para convalidar esta norma, ya que es esencial para dar soporte a las medidas que se requieren para el buen desarrollo del curso escolar, con respuestas adecuadas y proporcionadas a lo que la situación sanitaria vaya demandando; porque facilita las actuaciones que las comunidades autónomas necesariamente están teniendo que llevar a cabo para


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completar sus plantillas docentes; porque establece medidas académicas para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo con eficacia, y porque contribuye a la coordinación de todas las administraciones educativas. Como ven, señorías, se trata de un conjunto de medidas necesarias, mesuradas y que han sido elaboradas contando con la participación y las aportaciones de las comunidades autónomas y que, por tanto, tienen un alto grado de consenso. Espero que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este real decretoley de manera que las administraciones educativas y el conjunto de la comunidad educativa podamos contar con los instrumentos necesarios para poder seguir trabajando en el funcionamiento del sistema educativo español. Señorías, confío en que pueda ser así y podamos continuar trabajando por la mejora de nuestra educación.

Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Clavell López.

El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Señora ministra, muy buenas tardes.

Señorías, quisiera iniciar mi intervención mostrando el reconocimiento del Partido Popular a la labor encomiable y al compromiso del profesorado y de los centros educativos que siguen trabajando para atender a los alumnos. (Aplausos).

La educación, sin lugar a dudas, es la llave del futuro para una generación que ojalá pueda decir que superó esta crisis y que las medidas del Gobierno no truncaron su futuro. Para ello, es necesario que el Ministerio de Educación y Formación Profesional lidere la política educativa y que esta forme parte esencial de la agenda política del Gobierno. Pero desde el inicio de la pandemia del COVID19 el Gobierno de España ha ido dando tumbos de un lado a otro, ofreciendo a los españoles contradicciones un día sí y otro también, fruto de las improvisaciones. Y el Ministerio de Educación no podía ser menos. Nos surge una cantidad elevadísima de dudas muy preocupantes, no solo a nosotros, sino también a toda la sociedad y a toda la comunidad educativa. Pero quizás no sea tanta la improvisación que quieren dar a entender al resto de los españoles. Esa falta de previsión que quieren vender es la tapadera para la imposición de su modelo educativo, incluso sin haber aprobado todavía la nueva ley de educación.

Este real decretoley, señora ministra, agrava lo ocurrido durante el tercer trimestre del curso pasado. Cada comunidad hará lo que quiera, rompiendo la igualdad entre estudiantes y el principio de equidad. El real decretoley -que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas, como usted dice, porque no se les dio a conocer el texto en la última conferencia sectorial de 24 de septiembre- ni siquiera se acordó con los sindicatos, que lo denunciaron públicamente. El ministerio hace dejación de funciones y aprovecha la ocasión para bajar el nivel, adelantando así su ley de educación.

Señora Celaá, CSIF le pide la dimisión. ANPE pide que el Congreso derogue los artículos más polémicos, que son la mayoría. STEs le acusa de falta de liderazgo. Los inspectores de Educación de USIE le dicen literalmente: todo se ha organizado no tarde, ni tardísimo, sino extremadamente tarde. Siguen diciendo: decepcionante la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de liderazgo del Ministerio de Educación. Y siguen también los inspectores: la educación en España no es considerada un asunto de Estado. Pero es que Concapa le tacha de falta de coordinación y liderazgo en la toma de decisiones y en la elaboración de protocolos válidos para todo el territorio nacional. El Defensor del Pueblo -ya se lo dije en su día, que no tenemos que sospechar de su pasado ideológico- le exige pautas comunes. Alejandro Tiana, su secretario de Estado, el número dos del ministerio, reconoció en El Mundo el día 25 de agosto que quizás deberíamos coordinar más las cosas para que fuera todo más semejante; repito, su número dos, señora Celaá. Pero es que, además, su falta de liderazgo ha sido incluso recogida en el informe Panorama de la Educación 2020 de la OCDE, lo que nos demuestra que también en materia educativa estamos en la cola mundial de las medidas anticovid.

Esta situación no es de antes de ayer, señora ministra, llevamos desde marzo, llevamos ya siete meses y a usted siempre se la pilla con las manos en los bolsillos y mirando hacia el infinito. Este Gobierno se ha convertido en la antítesis del esfuerzo, del trabajo y la constancia y pretende implantar esta voluntad en nuestros jóvenes, que son el futuro de España. A ustedes no les interesan ni los alumnos, ni los docentes, ni las familias, ustedes están interesados en imponer una ley educativa ideológica y sectaria. No se conforman con controlar los órganos del Estado, como la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el CIS, el CNI o Radiotelevisión Española; no se conforman con


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querer cambiar el régimen constitucional de 1978, sino que quieren crear una masa social cómoda para los intereses del Gobierno, dócil, acrítica, que no valore ni analice y que les deje hacer, y la educación o, mejor dicho, una pésima educación es la mejor herramienta para conseguirlo.

Qué mejor ejemplo de lo que estoy expresando que lo que va a pasar hoy mismo, hoy mismo, esta misma tarde, al finalizar el Pleno, en la Comisión de Educación de esta casa, de esta Cámara: los partidos del Gobierno y sus socios votarán en contra; votarán que las plataformas, asociaciones, sindicatos, colectivos vinculados con la educación no puedan darnos a conocer sus opiniones y reflexiones sobre la ley de educación tramitada en pleno estado de alarma y que, por cierto, tampoco ha pasado por el Consejo de Estado. Se van a negar a que comparezcan simplemente por no oír lo que no les gusta, lo que no les interesa, como muestra de una opacidad absoluta. ¿Dónde ha quedado aquello de la transparencia, señora ministra, dónde ha quedado?

Tienen a la comunidad educativa en contra; alumnos, docentes, inspectores, directores, padres, sindicatos, decanos de la educación han mostrado ya su parecer y disconformidad con las actuaciones de este Gobierno. ¿Hasta dónde piensan llegar, señora ministra? ¿Cuál es su límite en la devaluación de la educación española? ¿Sobre la base de qué autoridades o comités de expertos inexistentes, fantasmas, decidirá el fin de las medidas excepcionales y temporales que recoge este real decreto-ley? ¿Piensa seguir el camino de su compañero, el ministro de Sanidad? ¿Van a hacer lo que consideren de manera autoritaria, simplemente porque yo lo valgo?

Mire, señora ministra, usted en mayo afirmó: si no hay vacuna, solo la mitad de los alumnos podrán volver al colegio en septiembre. Pero afortunadamente tenemos un presidente del Gobierno que nos ha caído del cielo y que el 10 de junio anunció que habíamos vencido el virus. Unos días después de esta afirmación del presidente del Gobierno, usted, en su línea de brazos caídos y dejación de funciones, dijo: arreglémonos como podamos. Qué afirmación con tanto calado técnico. El 4 de julio, el mismo presidente seguía insistiendo: Hemos doblegado la curva, hemos mantenido a raya el virus; hoy tenemos bajo control la pandemia. Excusa perfecta para irse de vacaciones y desaparecer, mientras el número de contagios crecía vertiginosamente durante el verano. El 25 de agosto, su compañero y superior, el incoherente Pablo Iglesias, le acusaba de falta de liderazgo -por cierto, lo comparto-. Y ante todo esto, usted descubre la pólvora, la penicilina y América en un segundo y propone la brillante solución de que los padres lleven al colegio a sus hijos en bicicleta. Ya estamos todos salvados, señora ministra.

Con este real decreto-ley lo que usted pretende es, primero, suprimir las evaluaciones finales de etapa, instrumento eficaz para adoptar las medidas correctoras necesarias en un curso extraordinario como este, y ya fijan ustedes que a partir del presente curso y con vigencia indefinida, independientemente de la pandemia, no se realizarán. Es que están enseñando ya sus cartas, señora ministra.

Segundo, reducir las horas prácticas de formación profesional en los centros de trabajo.

Tercero, fijar como orientativos los estándares de aprendizaje evaluables, es decir, cada uno evaluará conforme considere.

Cuarto, títulos a la carta, según cada comunidad autónoma. Según este documento, se podrán modificar los criterios de promoción, pero ¿basándose en qué? Y la repetición, aunque sea merecida, quedará como algo de museo, como algo del pasado. Volvemos al aprobado general; café para todos, señora ministra. Usted quiere igualar el nivel, pero por abajo. Intente igualarlo por arriba, señora ministra; ahí sería una gran ministra de Educación, pero usted hace todo lo contrario. ¿Se ha planteado usted lo que supone anunciar a principio de curso el aprobado general? Ya se pueden esforzar los profesores dentro del aula para luchar contra la actitud negativa que puede provocar en los alumnos. ¿Se acuerda usted de aquello de guardar y hacer guardar la Constitución que prometió ante el jefe del Estado? Pues cúmplalo y guarde y haga guardar el artículo 149 de nuestra carta magna. Sus medidas no fijan unos criterios comunes, con independencia del lugar en el que residan los alumnos, que garanticen la igualdad entre españoles en el derecho a la educación, ni siquiera en cuanto a la titulación. Los inspectores de Educación dicen que se propicia la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como que se fractura el sistema educativo; hecho que ya vimos con sus órdenes ministeriales en pleno confinamiento, que hicieron que en once comunidades autónomas fuera posible presentarse a la selectividad con asignaturas suspensas. ¿Le parece justo y equitativo que el 53 % de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria pasen de curso con criterios dispares y el 36 de los de Bachillerato? ¿Cree que estamos vertebrando este país por esa vía? Esto es una clara demostración del castigo al trabajo y al esfuerzo ¿Qué implicará esto en el acceso a la universidad y en el nivel de los estudios universitarios?


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Quinto, profesores sin máster, en contra de sindicatos y expertos, como la Conferencia de Decanos de la Educación, que lo califican como una agresión directa a la profesión docente y una injusticia para quienes estén cursando esta formación. La CRUE, es decir los rectores universitarios, consideran que ninguna iniciativa que suponga una merma en la calidad de la educación debe ser aplicada. El profesorado cree que la decisión desprestigia la formación y la profesión docente. Comisiones Obreras asegura que estamos ante una falta de reconocimiento social y atractivo de la formación docente. ANPE indica que esta medida podría significar un retroceso importante en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. CSIF dice que provocará un deterioro de la calidad de la enseñanza. La Universidad Complutense de Madrid reconoce que devalúa la formación que diferentes universidades imparten para preparar a los docentes y la Universitat Oberta de Catalunya afirma que la calidad de la atención educativa se verá afectada.

Finalizo ya, señora presidenta. Señora ministra, ¿entraría usted en un quirófano para ser intervenida por alguien que no ha completado su formación? Entonces, ¿por qué pretende desprestigiar de ese modo a la profesión docente? Como docente, lo mínimo que le pido es que respete esta profesión, que es una vocación. Y le digo más, señora ministra, a veces nos empeñamos en hacer historia, pero lo importante no es hacer historia, sino el motivo por el que se pasa a la historia, y usted pasará a la historia, señora ministra, por ser la demoledora de la educación española. Para finalizar, señora Celaá, es usted digna de visitar el rincón de pensar.

Muchas gracias. (Risas y aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sayas López. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de la limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes señorías.

Reconozco, señora ministra, que hay días que pienso que no sé si ha venido usted a mejorar la educación o directamente a terminar de destrozarla, porque es imposible cometer más desatinos en menos tiempo. Empezamos con el inicio de curso, totalmente desorganizado, sin criterios, reuniendo a las comunidades autónomas cuando apenas quedaban dos semanas para el inicio; tuvo en vilo a las familias, a los profesionales, a los profesores y a los centros educativos. Además, por si esto fuera poco, nos trae después a esta Cámara una ley educativa absolutamente sectaria, que es un ataque a la libertad de educación y que además quiere aprobar por rodillo, porque no nos va a dejar ni escuchar al sector de la educación en esta Cámara. Yo no sé qué prisas tienen. Desde luego, hacer una ley de educación con consenso les queda muy bien para el eslogan, pero la realidad es que ustedes pisotean cualquier iniciativa para que podamos escuchar a nadie en esta Cámara. Y por si fuera poco todo esto, ahora nos trae el decreto del aprobado general, que es nada más y nada menos que una patada a la cultura del esfuerzo, que lo único que puede pretender es devaluar los títulos y empobrecer la educación. Yo sí le voy a reconocer un valor, señora ministra, la capacidad que tiene usted para alcanzar acuerdos, para poner de acuerdo a todo el sector educativo en contra de sus políticas, porque hoy están en contra de sus políticas los sindicatos, los profesores, los alumnos y las familias; es que no hay nadie que entienda lo que está haciendo en materia educativa.

El decreto que tenemos esta tarde aquí es absolutamente contrario a lo que necesita España. Es que España tiene una tasa de fracaso escolar elevadísima, y en lugar de trabajar en la calidad de la educación, lo que hacemos es empobrecerla. Esto solo se puede entender desde el punto de vista de alguien que ha sido incapaz de preparar el sistema educativo para iniciar el curso con calidad en septiembre, que ha desaprovechado todos los meses que ha tenido desde que se inició la pandemia y que, como no tiene ninguna solución que ofrecer, no se le ocurre otra cosa que devaluar los títulos. Señora ministra, cuando se produjo la pandemia todo el mundo entendió que el curso pasado era un curso extremadamente especial, pero lo que no puede entender nadie es que no hayan aprovechado el tiempo para prepararse para este curso. Eso es lo que resulta absolutamente incomprensible.

En segundo lugar, este decreto que nos trae es una barra libre. Se puede resumir en que cada comunidad haga lo que le dé la gana. Pero si cada comunidad hace lo que le da la gana, ¿para qué necesitamos una ministra como usted? Porque, al final, si cada comunidad es la que va a valorar los títulos, la que va a decidir cómo se pasa de curso, entonces, ¿para qué necesitamos el criterio unificador del Ministerio de Educación? El problema es que la validez de esos títulos es en toda España igual y,


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como es igual la validez de los títulos, atacamos la igualdad oportunidades, porque no todos los estudiantes, dependiendo del territorio de nuestro país en el que vivan, van a competir con las mismas características y, sin embargo, la validez del título será la misma.

Por otro lado, está claro que esto es un ataque a la calidad educativa, señora ministra. Creo que hablamos mucho ahora, cuando hablamos de los fondos europeos, de la necesidad de la transición digital, de la transición ecológica. Yo estoy completamente de acuerdo con estas necesidades, pero creo que este país, si de verdad quiere ganar en competitividad, tiene una tarea que dar, que es la calidad de la educación. Y creo que estamos haciendo exactamente lo contrario, porque estamos convirtiendo la educación cada vez en algo más mediocre en lugar de tratar de hacerlo cada vez más excelente. De verdad, creo que los datos de España nos indican que el camino tiene que ser el contrario; que tenemos que fomentar la cultura del esfuerzo, no la cultura del aprobado general. Por tanto, nuestro grupo no puede estar más en contra de este decreto y, por supuesto, votaremos que no.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Gorospe Elezcano.

La señora GOROSPE ELEZCANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, ministra.

Intervengo en este punto, en representación del Grupo Vasco, en el debate en el que se expone el Real Decreto-ley 31/2020, de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para su convalidación. Desde nuestro grupo parlamentario hemos hecho un análisis, una reflexión, para fijar nuestra posición desde una doble perspectiva: desde el fondo y desde la forma. En cuanto al fondo, usted ministra ha dado cumplida cuenta y todo lujo de detalles de lo que es el contenido del real decreto-ley. Presenta unas medidas eminentemente temporales toda vez que se vinculan a la finalización de aquel curso académico en que se determine la finalización de la pandemia generada por la COVID19, que esperamos que sea este mismo curso -¡ojalá sea así!-, salvo dos de los preceptos que tienen carácter temporal, el recogido en el artículo 3, en relación con la estabilización del empleo temporal, y el recogido en el artículo 7, en relación con la supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación.

Las medidas de carácter temporal, fundamentalmente, están articuladas en tres bloques. El primero de ellos, las que afectan a la función pública docente, que eliminan requisitos formativos o específicos para el profesorado que sea nombrado funcionario interino para atención a docencia derivado de la pandemia. El segundo, las de carácter sustantivamente educativo: adaptación curricular; evaluaciones; consecución de la titulaciones ESO, Bachillerato; calendario escolar; una serie de medidas que usted ha expuesto. Y, en tercer lugar, las medidas en materia de formación profesional para el empleo que se situarían a caballo entre la materia de enseñanza y la materia laboral, como una cuestión que a nosotros nos preocupaba mucho que es la dificultad que el alumnado de Formación Profesional ha tenido en los momentos más duros de la crisis sanitaria para poder realizar esas prácticas en el sistema de formación profesional dual, por ejemplo. En ninguno de los bloques advertimos ninguna extralimitación en el ejercicio de las competencias básicas del Estado. Entendemos que pueden ser herramientas o instrumentos que en situaciones críticas se pueden utilizar para poder agilizar la gestión, y dependerá de alguna manera también de cuál sea el uso y de qué manera se puedan aplicar por parte de las administraciones educativas y las y los gestores en cada caso.

Dicho esto, pasamos a la forma. Usted, que es una hábil parlamentaria, que tiene oficio en el parlamentarismo, articula muy bien sus discursos y domina bien la entonación, el ritmo, el tono y el énfasis que debe poner en cada cosa. En su intervención, ha puesto en reiteradas ocasiones especial énfasis en decir, en cuanto al procedimiento de elaboración, que han sido especialmente sensibles o que han escuchado a las comunidades autónomas y que ha trabajado con ellas de forma colaborativa. A mi juicio -tal vez me confunda-, usted era consciente de que ese aspecto, el de la forma, el aspecto de cómo se ha realizado este real decreto-ley, podía estar sujeto a una crítica política por parte de los grupos parlamentarios que íbamos a intervenir aquí. Si efectivamente en todo lo que ustedes han planteado se ha trabajado continuamente y de una forma concienzuda con las comunidades autónomas, no tendríamos nada que decir, pero nos da la sensación de que no ha sido así y, según las informaciones que tenemos, hay comunidades autónomas -en nuestro caso también- que, a pesar de que usted dice que el 24 de


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septiembre en la conferencia sectorial en concreto se trabajó este tema y que han tenido en cuenta muchas de las apreciaciones que se le han hecho, tienen la sensación de que se les informa de algunas cuestiones que se tendrían que trabajar de forma más concienzuda. Nuestra duda es si estamos interpretando de la misma forma el concepto de cogobernanza: qué es lo que ustedes entienden por cogobernanza y qué es lo que nosotros, en el caso de Euskadi, entendemos por cogobernanza.

Esta misma tarde se ha presentado también para su convalidación otro real decreto-ley, el 29/2020, en el que se incluían medidas sanitarias, y también la ministra del área, la señora Darias, ha puesto mucho énfasis -y, de hecho, venía con documentación que pudiera acreditarlo- en que se había trabajado con las comunidades autónomas. Ha dicho que hubo una reunión el 28 de septiembre cuando el 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó ese real decreto legislativo. Usted ha mencionado una reunión el 24 septiembre cuando se aprobó en Consejo de Ministros el 29 de septiembre: es un periodo de tiempo muy corto. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos en una situación muy especial, en la que todo el sistema está muy tensionado, donde hay mucha tensión, y es muy importante trabajar la confianza, trabajar la colaboración, eliminar la crispación, y para eso hay que hacer que no surjan susceptibilidades, que no se hieran sensibilidades para poder trabajar realmente de forma colaborativa y afianzar la cogobernanza. Si eso se ha hecho, perfecto, sigan por ahí; si eso no se ha hecho, sirva nuestra intervención como sanción política, en el sentido de crítica política, por no trabajar de esa forma, porque sabemos que en la pandemia más que nunca el tiempo es oro, pero las relaciones y la confianza también, y esa es la única forma de trabajar juntos.

Nuestro voto será favorable a la convalidación y votaremos en contra de que se tramite como proyecto de ley.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, ministra, el Gobierno trae hoy aquí un real decreto-ley para adoptar medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Con la que está cayendo, segunda ola de la pandemia, ocho meses después de haber cerrado los colegios y en plena tramitación de una ley educativa que nos han impuesto, el PSOE y Podemos nos piden hoy que avalemos que lo urgente del sistema educativo en este momento es rebajar el nivel de todo y generar más desigualdades, como si no hubiera ya pocas desigualdades y como si no fueran ya estas desigualdades fuentes de enormes problemas. Hoy nos dicen que lo urgente es permitir que se pueda promocionar con diferente número de suspensos y que se pueda contratar a personal con distinta capacitación a la carta. Pues, mire, desde mi grupo parlamentario, va a ser que no, porque en una cosa tienen razón, hay una cosa en la que tienen razón... (Rumores). No se pongan nerviosos. Y es que efectivamente este decreto plantea medidas urgentes, pero urgentes para ustedes, no urgentes para los niños ni urgentes para los profesores. Son urgentes porque ustedes no han hecho los deberes, no los han hecho, y necesitan para los fondos de la reconstrucción plantear una serie de cuestiones que no han llevado a cabo. Miren, esta propuesta es la propuesta del cangrejo, hacia atrás, porque en lugar de aliviar los problemas estructurales que nos ha señalado la OCDE, que tienen que ver con falta de personal docente preparado, con falta de profesores con máster, que tiene que ver con un déficit tecnológico y un déficit en infraestructuras que inciden en el rendimiento escolar, en lugar de solventar estos problemas, ustedes van por la vía fácil. Ustedes no lo quieren entender, no quieren entender que el sistema educativo español necesita una reforma profunda y seria, necesita una reforma pactada y que la solución no es meternos con un embudo una ley que sinceramente no puede ser más chapuza ni ser más sectaria y, además, ahora traernos un decreto para rebajar el nivel de exigencia de alumnado y profesorado.

Hay muchísimas razones que justifican el porqué vamos a votar que no, pero voy a ceñirme a tres y voy a mencionárselas. En primer lugar, este decreto -ya se lo ha dicho alguna portavoz anteriormente- está colado por el procedimiento del rodillo, que es el que le gusta a este Gobierno últimamente. En segundo lugar, este decreto, efectivamente, es un decreto mal hecho, es un decreto chapuza que plantea grandes deficiencias jurídicas. Y en tercer lugar, es una norma hecha, como le he dicho, para trampear.

Voy a empezar por el procedimiento rodillo. Ya hemos visto que ustedes no quieren hablar con nadie, no han tenido ni un ápice de vergüenza en tramitar su ley durante el estado de la pandemia, pero es que además esta tarde se va a confirmar la infamia de que -que se sepa bien- se va a vetar por primera vez


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en la historia a la comunidad educativa en la tramitación de un proyecto de ley. Todo muy democrático, todo muy democrático, y los que lo presentan van en la misma línea. Ustedes se han escudado en la urgencia no ya para no hablar con el Consejo escolar, no ya para no hablar con algunos consejeros y pactarlo, sino que no han hablado con los afectados, no han hablado con la conferencia sectorial y no han hablado con los sindicatos. Ustedes, que son el Gobierno de: yo no tengo autoridad para plantear la vuelta a las aulas después de la pandemia, sí que tienen la autoridad para tramitar normas sectarias y sin hablar con la comunidad educativa. Pues, miren, esto no es autoridad, esto es autoritarismo con procedimientos de dudosa calidad democrática; y no se lo digo yo, lo dicen algunos consejeros y lo dicen algunos sindicatos, que ya les han mencionado. CSIF ha pedido su dimisión por ocultar las medidas contempladas en este real decreto-ley. ANPE nos ha pedido a todas las fuerzas parlamentarias que votemos que no porque este decreto genera desigualdad y otros sindicatos lo han tildado de inadmisible, pero a ustedes esto les da igual, la comunidad educativa les da igual, total.

Pero es que el procedimiento, además de ser de rodillo, está mal hecho, pero es lo que se lleva ahora; ya sabemos que lo de los decretos chapuzas es lo que se lleva ahora, como el decreto de alarma, con el que había que hacer un análisis filológico para poder interpretarlo o como con la Lomloe, con la técnica del incrustado. Y vuelven ustedes con esta normativa a generar una profunda incertidumbre, y esto tampoco se lo digo yo, no es nada personal es que se lo dice el STEPV. Le leo: lo único que genera este real decreto-ley es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme. Yo podría admitir que con motivo de la pandemia se flexibilizaran los criterios que tienen que ver con la evaluación, con la promoción y con la obtención de títulos, podría admitir algunas de las cuestiones, pero lo que no puedo admitir es que una medida tremendamente polémica se deje de nuevo en manos de las comunidades autónomas y de órganos colegiados cuando las competencias y la responsabilidad la tienen ustedes en el ministerio.

En tercer lugar, la cuestión es el trampeo. Llevan una semana que están ustedes muy nerviosos y los nervios no son buenos. Yo sé que en las recomendaciones de país Europa nos ha tirado de las orejas y nos ha dicho que tenemos que reducir el abandono escolar prematuro y que tenemos que reducir el fracaso escolar y la repetición, pero también nos ha dicho otra cosa, nos ha dicho que tenemos que mejorar las competencias de nuestros alumnos y que tenemos que reducir las desigualdades entre comunidades. Y a ustedes con las prisas no se les ha ocurrido otra cosa que, en lugar de proponer una reforma de calidad, eliminar por ejemplo las evaluaciones de fin de etapa y las evaluaciones diagnósticas, que son esenciales en momentos como estos para saber cómo tenemos que intervenir. Eso es trampear ante Europa, y miren que ya les han pillado esta semana con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Especialmente gravísimo, insisto, me parece que eliminen las evaluaciones, me parece lo más grave de todo, porque necesitamos diagnósticos para poder intervenir.

Nosotros nos hemos cansado de esperar el milagro de la sensatez democrática en ustedes en materia educativa. Por eso le anuncio que vamos a animar a todos los colectivos afectados a que presenten a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y a todas las instituciones comunitarias posibles la exigencia de que se investigue también lo que está pasando en este país, lo que está haciendo el Gobierno de este país con la educación. Ya tienen una petición aceptada en el Parlamento Europeo de Concapa, ha sido admitida, y me malicio que no va a ser la única. Ante sus procedimientos de rodillo, queremos procedimientos democráticos. España es una democracia seria y los niños se lo merecen. Ante la improvisación, los españoles nos merecemos calma y respeto escrupuloso al Estado de derecho, y finalmente, ante las trampas queremos eficiencia y seriedad. Ustedes se creen que Europa es tonta y Europa no es tonta.

Acabo citando una reflexión que no es mía, sino de un sindicato que está estudiando ya impugnar este real decreto-ley que hoy se aprueba. Esta norma culmina con una gestión marcada por la incapacidad de la ministra como gestora, su desconocimiento de la negociación colectiva y la alarma constante que siembra con sus declaraciones, difundiendo inquietud entre toda la comunidad educativa y la sociedad. Pues eso. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señora Martín Llaguno. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías. Ministra, gracias.


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Quería empezar esta intervención en el aniversario del fusilamiento del president Companys teniendo un recuerdo para un presidente que fue fusilado, lo que debería ser una vergüenza no solo para catalanes, sino para cualquier demócrata de este país.

Ministra, le avanzo que vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto, así como en contra de su tramitación como proyecto de ley.

En Cataluña tenemos solo un centro cerrado y alrededor del 2 % de los grupos confinados, lo cual es una buena noticia, puesto que había un riesgo de que esto no fuese así, pero podemos celebrar, por así decirlo, que solo haya un centro cerrado y un 2 % de grupos confinados. Esto es gracias sobre todo al trabajo de docentes, de familias y de alumnos, que respetan, que conocen las normas y que se entregan para que el buen funcionamiento de los centros y del sistema educativo sea una realidad.

Este real decreto, tal y como lo entendemos, viene a poner las cosas fáciles a alumnos, a docentes y a familias, al sistema educativo en general. No viene a hacer una reflexión sobre el modelo educativo, como se planteaba hoy aquí, puesto que la tenemos en otros espacios que están para eso, como la reforma de la Ley educativa. ¿Nos hubiese gustado que este real decreto hubiese llegado hace unas semanas? Evidentemente. ¿Este real decreto dibuja el modelo que nosotros defendemos para un sistema educativo en este país? No, en absoluto. ¿Responde a una necesidad concreta y específica en una situación de emergencia? Sí. Por eso vamos a votar a favor.

En la memoria abreviada de este real decreto -cuando lo leía, ministra, pensaba que habían sido ustedes demasiado explícitos- en el apartado propuestas alternativas pone textualmente: ninguna; no contemplamos la posibilidad de no hacer nada que no sea esto. Yo pensaba: hombre, alguna posibilidad habrá, alguna alternativa habrá. Pero la verdad es que, escuchando a los grupos que han intervenido y que se han posicionado en contra de este real decreto, uno se da cuenta de que igual es verdad que no había alternativa. Porque hemos escuchado básicamente dos cosas: en primer lugar, crítica; crítica al real decreto porque les parece mal y, en segundo lugar, como no podía faltar, una dosis de atacar a las comunidades autónomas y a las competencias que están transferidas en este país. Con lo cual, solo podía reconfirmar el sentido de mi voto favorable a este real decreto, ministra. Como le digo, para nosotros esto no es un planteamiento de modelo educativo, no queremos tener este debate hoy aquí, sino que es una solución concreta, casi quirúrgica, a un problema al que, es verdad, llegamos tarde para encontrarle solución, pero que necesita una solución rápida y eficiente, y creemos que esta puede responder a ello.

Muchas gracias, ministra. Gracias, señorías. Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bassa Coll.

La señora BASSA COLL: Gràcies presidenta. Ministra, bona tarda.

En Cataluña la vuelta al colegio en medio de la pandemia se ha producido con éxito y ahora mismo los protocolos permiten un funcionamiento ordinario razonable que es clave para encarar con las mayores garantías esta segunda ola a la que nos enfrentamos.

Hoy la escuela es un pilar imprescindible en la lucha contra la pandemia y actúa, más que nunca, como servicio público y referente comunitario de apoyo a las familias y de socialización de niños y jóvenes. Gracias al sacrificio de los profesionales docentes y del conjunto de la comunidad educativa, nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando a una situación de altísima complejidad con las mejores garantías. Reconocemos el trabajo y los esfuerzos de todos, pero no podemos quedarnos solo con el reconocimiento. En consecuencia, es necesario implementar medidas para continuar en esta línea. En Catalunya en el 85 % de las escuelas no hay ningún grupo confinado. La previsión es que continúe así, y lo más importante es que no vayamos a peor. No podemos bajar la guardia porque, aun cumpliendo con las medidas de prevención, sabemos que, aunque nuestras hijas y nuestros hijos sean jóvenes, eso no significa que sean inmunes. Las instituciones deben estar a la altura en un momento como el actual, y hoy nos toca recordar de nuevo que no se ha hecho todo lo que se debía hacer en el ámbito de la cobertura de las familias con hijas a cargo, y seguimos reclamando el permiso de los cuidados para padres con niños confinados.

Hoy apoyaremos este real decreto porque no nos queda otra que ser flexibles y tener la capacidad de adaptarnos a la situación en que estamos condenados a vivir. Sobre todo, lo apoyamos porque deja claro que serán las administraciones educativas quienes decidirán los procedimientos. Las programaciones tendrán un carácter orientativo según los centros, y también serán las administraciones educativas, como


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no podía ser de otro modo, las que adaptarán los criterios de evaluación y promoción de primaria y secundaria. Se potencia la autonomía de los centros educativos, y me alegra que se supriman las evaluaciones finales de etapa, es una medida de justicia; como lo es también la revisión del calendario escolar o la adaptación de los criterios en titulaciones. Resumiendo, la salud debe estar por delante de cualquier otra decisión política; la prioridad en estos momentos es limitar los contagios de la COVID, esforzándonos en no reducir la calidad de la enseñanza. Por ello se han reducido las ratios, reforzando las plantillas.

En Cataluña el tema de contrataciones extraordinarias y provisionales sin el posgrado de formación pedagógica ya se está realizando desde el curso 2018-2019. Y por lo que se refiere a las medidas extraordinarias de formación profesional, está a punto de publicarse una resolución que va en la misma línea que el real decreto que hoy estamos analizando, y creemos que será justo la próxima semana.

Pero la reflexión importante, la idea de fondo para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña es otra. Esta cobertura debería extenderse a todas las situaciones que excepcionalmente lo requieran mucho más allá de la pandemia, porque el derecho a la educación y a disponer de profesorado necesario debería ser siempre la prioridad, y todas estas medidas no pueden ser viables sin los fondos imprescindibles para ser llevadas a cabo. Que haya de ser la pandemia -y me dirijo principalmente a los grupos de la derecha- la que les enseñe la necesidad de dar autonomía a las comunidades autónomas y por extensión también a los centros, sabiendo que tenemos competencia plena en materia educativa, realmente es una vergüenza. De la misma manera que no deberían ustedes imponernos unas enseñanzas mínimas; cada comunidad autónoma conoce su realidad.

¿Conocen ustedes el barrio de la Font de la Pólvora de Girona? En este barrio viven las familias con menor renta de la ciudad, sufren cortes de luz, algunos pasan la noche con anorak puesto, e incluso los niños o niñas más aplicados hacen los deberes a la luz de una vela. ¿Por qué les digo esto? ¿Ustedes creen que aprende igual una niña o un niño del barrio de la Font de la Pólvora que un niño que vive en Sarrià o en Pedralbes en Barcelona o los alumnos que estudian en los centros rurales? ¿Pero no ven ustedes que la diversidad es de tal magnitud que no pueden decidir desde Madrid las realidades que no conocen desde la distancia? Y no hablamos de nacionalismos, señores, señoras, no hablamos de nacionalismo, hablamos solamente, y muy importante, de sentido común. Una buena pedagogía también se basa en el sentido común y las decisiones deben tomarse desde el conocimiento de la realidad, y esto no se hace desde Madrid.

Termino pidiendo que aprovechemos la situación de la pandemia para hacer frente a los problemas estructurales de la educación. De ahí que las políticas educativas son prioritarias, pero no olvidemos el papel importante de la conciliación, y es que la educación no puede desligarse de la realidad que viven la mayoría de las familias con momentos económicos, laborales y de conciliación más que difíciles.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.

Gracias ministra. Hoy, que hablamos nuevamente de educación, creo que es imperativo empezar con una reflexión: Si algo ha dejado claro esta pandemia es que en España hay instituciones de parte y otras que son de todos y de todas. El grito de vivan la sanidad y la educación públicas es hoy un consenso social mientras que esa proclama de viva el rey parece más un alarido de ultratumba, como hemos escuchado recientemente. Así es que la monarquía divide, la educación protege y la sanidad pública salva. Esos son los aprendizajes que hemos sacado de esta pandemia. (Aplausos).

Miren, cuando me estaba preparando esta intervención de hoy, señorías, he caído en la cuenta, ministra, de que hemos hablado más sobre educación y sobre la necesidad de mejorar nuestro sistema educativo en estos meses de pandemia que en los cuatro años que llevo yo de diputado en este Congreso. Y la pregunta sería: ¿Por qué? ¿Por qué hemos permitido que el corazón de nuestra sociedad, que es siempre la educación, llegue hasta el límite? ¿Por qué se ha estado maltratando durante años al profesorado, al alumnado y a los centros educativos con recortes si cuando vienen mal dadas es a la institución a la que todos recurrimos? Como profesor, y ahora como representante público, creo


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sinceramente que el problema ha sido la incapacidad de abordar el debate educativo más allá de la lucha partidista y de los prejuicios ideológicos.

Miren, ustedes lo saben, yo he subido muchas veces a esta tribuna y la mayoría ha sido para defender al profesorado, especialmente al catalán, de la crispación del PP y de Ciudadanos. Por cierto, señorías de Ciudadanos, hablando de crispar, ¿recuerdan ustedes este cartel? (Muestra un cartel: L'Espanya subsidiada viu a costa de la Catalunya productiva). Fue una campaña xenófoba en la que Convergència hablaba de los pueblos del sur como la España subsidiada. Se acordarán porque precisamente fue su portavoz, la señora Arrimadas, quien lo denunció en el Parlament de Catalunya. Ayer fue la señora Ayuso quien dijo exactamente lo mismo y con las mismas palabras y ustedes, que son los socios de ese Gobierno, están hoy todavía callados. (Aplausos). No sé si la señora Arrimadas piensa condenar también las declaraciones de la señora Ayuso y piensa romper con ese Gobierno a la deriva de la Comunidad de Madrid. Háganlo, señores de Ciudadanos, o serán ustedes cómplices hoy de la xenofobia que en su día denunciaron. Porque esta crispación es la que ha provocado que, mientras que aquí discutíamos sobre la agenda de la derecha, sobre la agenda imaginaria de la derecha, no se estuviera blindando la educación para lo que nos tenía que venir, aunque quizá esta era la auténtica estrategia de ustedes, porque los silencios de ayer son las prisas de hoy y los recortes que no se revirtieron entonces se cuentan en nuestros días no solamente en menos oportunidades, sino que probablemente también, por desgracia, en centenares de contagios.

Ayer yo escuchaba al señor Espinosa de los Monteros en Televisión Española -hoy lo ha vuelto a repetir aquí-, que decía que la vida de los españoles había empeorado desde que tenemos un Gobierno de coalición. ¡Hombre, señor Espinosa de los Monteros, se le olvida a usted un detallito, y es que ha venido una pandemia mundial para todos los países que hay en el mundo! (Aplausos). Probablemente es lo que tiene el negacionismo, que son ustedes ciegos ante la violencia machista, son ustedes ciegos ante la crisis climática y son también ciegos ante la virulencia de este virus. En todo caso, los españoles sí tienen claro lo que hace este Gobierno: un escudo social histórico, más de 720 000 ERTE, que ni ustedes se atreven a votar en contra, que a día de hoy mantienen a flote a miles de familias de nuestro país y otras muchas propuestas que van a ver ustedes en los próximos presupuestos, como el blindaje de la sanidad pública.

Señorías de la derechita quejica, señor Espinosa de los Monteros, decía usted que ha empeorado la vida de los españoles. Dígame usted, señor Espinosa de los Monteros, una sola medida que hayan aprobado ustedes en este Congreso de los Diputados que haya mejorado la vida de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Dígame una sola medida, porque no han sido ustedes capaces de aprobar ni una sola medida en beneficio de la clase trabajadora de este país. Sinceramente, ustedes se excitan mucho con los símbolos y las banderas, pero les importa un comino el pueblo que hay detrás. Eso es lo que le pasa a esta derecha. Y el mejor ejemplo del abandono de la educación lo hemos vivido con los Gobiernos del Partido Popular. Hemos eliminado, señora ministra -eso hay que reconocerlo-, los decretos que infrafinanciaban la educación pública del PP, se ha aprobado una partida de 2000 millones de euros para las comunidades autónomas para rescatar la educación pública en un momento complicado y hemos presentado diferentes decretos en materia educativa, entre ellos el de hoy.

Y a mí también me gustaría mayor rigurosidad por parte de todo el mundo, señora Martín Llaguno. Decir que un Gobierno que tiene 155 diputados pasa el rodillo... (Aplausos). Es que nos faltan veintiuno. Nos faltan veintiuno para pasar el rodillo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que este Gobierno y esta ministra han dialogado. Son ustedes, Ciudadanos, quienes no quieren estar en el diálogo porque prefieren estar echados al monte con sus socios de la ultraderecha. (Aplausos.-La señora Martín Llaguno hace gestos negativos). Este decreto levanta el requisito de formación pedagógica, sinceramente, con carácter excepcional y quiero aprovechar nuevamente, señora ministra, para reclamarle que demos una solución ya a tantos interinos en fraude de ley que hay en el Estado español porque se lo merecen, porque cumplen como todo el profesorado cuando saben que tienen peores condiciones laborales que el resto del equipo docente. El decreto también adapta los criterios de evaluación y también el currículum de las programaciones didácticas y, por último, ordena el cómputo del calendario escolar. Nosotros, señora ministra, le pediríamos un último esfuerzo, que es ver cómo regulamos la rebaja de ratios no solo para hacer frente a esta pandemia, sino porque también ayuda pedagógicamente a todo el profesorado en nuestras aulas.

Acabo, señora presidenta y señora ministra. Creo -lo creo sinceramente- que a pesar de los errores que hemos cometido todos, porque esta pandemia no se la esperaba nadie, a pesar de los errores del Gobierno central, a pesar de los errores de las comunidades autónomas, hoy podemos decir que se ha


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logrado que las aulas sean en nuestros centros un lugar seguro, sin triunfalismos, sin bajar la guardia, pero siempre conscientes de que esto se ha conseguido gracias al sobreesfuerzo del profesorado y gracias a la responsabilidad de las familias, para quienes hoy desde aquí pido un agradecimiento de todos los diputados y las diputadas de esta Cámara. (Aplausos). Y acabo con un ruego a todos ustedes, señorías. Les haría una petición, sobre todo en torno a lo que estamos viviendo en muchas sesiones de este Congreso durante estos días. Por favor, les pido menos gritar, menos crispar y más trabajar para blindar la educación pública en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra la señora Trías Gil. (Aplausos).

La señora TRÍAS GIL: Señora ministra, espero que esté recuperada de salud y quiero decirle que lamento el acto de vandalismo de los que han hecho las pintadas en su casa. Desde esta tribuna reitero que VOX condena todo tipo de escraches. (Aplausos).

Señora ministra, 'vivimos tiempos recios'. Usted misma, en su primera comparecencia de esta legislatura, el pasado 20 de febrero, citó estas palabras de Santa Teresa de Jesús para describir el momento histórico que vivimos.Teresa de Cepeda y Ahumada, nacida en la provincia de Ávila, a la que tengo el honor de representar en este Congreso, cuya fiesta celebramos precisamente hoy, 15 de octubre, ha abierto caminos del espíritu para millones de almas a lo largo de la historia. Su personalidad firme, recia y decidida hizo que fundara hace casi quinientos años diecinueve conventos en tan solo veinte años. Su vida entera es un alarde de valentía y de innovación. Teresa de Jesús entendía la reciedumbre como fidelidad a lo que Dios dictaba en su corazón y ella ejecutaba con prontitud. Su vida constituye un ejemplo para todos nosotros en el sentido de obediencia a la verdad y al bien. Por analogía, podríamos decir que los tiempos recios que vivimos nos obligan a ejercer nuestros cargos con extremada responsabilidad, buscando en todo momento y en el caso que nos ocupa el bien de los alumnos españoles.

Ya entrando en materia, el real decreto objeto de debate es una vez más la plasmación en papel legislativo del hecho de que el Gobierno siempre llega tarde y mal en lo que a educación se refiere. Acabamos el curso pasado, en junio, con un gran agravio comparativo en lo que se refiere a la promoción de curso entre los alumnos de las distintas comunidades autónomas. Muchísimos representantes de partidos políticos, de padres, de docentes y de asociaciones representativas de la comunidad educativa alzamos la voz exigiendo al Gobierno un criterio unificado que asegure la equidad entre españoles. ¿Y qué nos encontramos hoy aquí? Un real decreto que no solo incide en el mismo tema, sino que, para evitar el conflicto y reconociendo ya de manera tácita la falta de autoridad del Gobierno en materia de educación, deja definitivamente en manos de las administraciones educativas -es decir, de cada comunidad autónoma e incluso de cada centro- la decisión sobre la promoción de los alumnos. Nos vamos a encontrar con un puzle desigual, imposible de encajar, en el que quizá en Aragón se pueda pasar de curso con dos suspensos mientras que en Madrid no sea posible; un nuevo agravio comparativo entre españoles que no merecemos. Vivimos una situación difícil, nadie lo duda, pero aprovecharla para desmembrar más la educación en España resulta del todo irresponsable. Cada vez hay menos equidad y mayor diferencia entre distintas comunidades, con la consecuente injusticia que supone esto en los cursos superiores dada la existencia de un distrito universitario único.

Pero es que se va más lejos en este real decreto. Es un ataque a la meritocracia y a la excelencia, porque lo que también se indica es que prácticamente todo el mundo aprobará, y por real decreto. No es pedagógico y no va a ayudar ni la docencia ni a los propios alumnos, que reciben el mensaje de que el esfuerzo no es necesario para pasar de curso. Al cabo, quien sufre las nefastas e irreversibles consecuencias de esta medida de mínimos son los propios estudiantes, sus familias y la sociedad española en general. (Aplausos). Es de nuevo una igualación a la baja muy en consonancia con su ansiado proyecto de ley ya en tramitación. A este respecto les recuerdo que si ustedes y sus aliados de Gobierno -tanto comunistas como separatistas- no cambian de opinión, la ponencia de la nueva ley de educación va a comenzar sin comparecencias de expertos y esto los españoles lo deben saber. Este decreto solo se entiende, como hemos dicho, en el contexto de igualación a la baja que tiene su Gobierno para hacernos a todos cada día más débiles de carácter, ignorantes y más manipulables; incapaces, entonces, para vivir adecuadamente estos tiempos recios. (La señora vicepresidenta Elizo Serrano ocupa la Presidencia).


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Por otro lado, lo que queda poco claro en general en todo el decreto es cómo y cuándo se puede considerar una situación de aprendizaje excepcional. La intensidad de grados para llegar a la excepcionalidad, ¿cómo se arbitra? Y nos hacemos otras preguntas. Ya que se aprueba un real decreto de educación, ¿por qué no se menciona el tema de las ratios en las aulas? ¿Obligaría acaso a demasiado compromiso, a ese compromiso tan necesario como ausente por parte de su ministerio? Necesitamos un compromiso real y efectivo con la salud y el bien de los alumnos españoles. El tema de las ratios, del número de alumnos por aula, ese tema tan importante, sigue en manos de cada comunidad autónoma y lo que está pasando en la realidad -la realidad, esa que ustedes ven siempre de lejos- es que cada centro maneja como puede la situación, llegándose a casos de veinticinco, treinta y hasta treinta y cinco alumnos por aula. ¿Por qué no se aborda el tema de las PCR en centros educativos o de los protocolos a seguir respecto de esas PCR, en caso de positivos en el aula, por todos los centros de España? A día de hoy nos siguen llamando padres preocupados porque cuando hay un positivo en un aula no se hace PCR a sus compañeros. ¿Qué hay de un sistema de pruebas periódicas en todos los centros de enseñanza? ¿Y de la innovación que han traído los test antigénicos y las PCR grupales? Por no entrar en el muy deficiente o inexistente sistema de rastreos, confirmado por cientos de particulares que nos cuentan que desde que han dado positivo nadie del Sistema Nacional de Salud les ha llamado.

Sinceramente, señorías, hay muchos temas urgentes de verdad directamente relacionados con la salud de los alumnos y de sus familias que todavía están en el aire y que no se abordan en este real decreto, por eso vamos a votar en contra. Este decreto es una nueva muestra de la irresponsabilidad de un Gobierno que no es capaz de asumir el liderazgo en materia de educación más que para pasar el rodillo ideológico y para asumir cada vez menos responsabilidades convirtiéndose en ministerio florero o Gobierno autoritario según convenga. Es asombroso, por un lado, se delega todo en las comunidades autónomas convirtiéndose en ministerio florero, pero cuando se trata de restringir libertades entonces rápidamente llega el Gobierno autoritario. Las irregularidades en cuanto al uso de la vara de medir se repiten continuamente, pura dictadura del relativismo.

Señorías, abran los ojos a la realidad, abandonen su comodidad y luchen por los alumnos españoles para que todos reciban una educación que verdaderamente sea un ascensor social. Luchemos por dar las mismas oportunidades a todos y no compliquemos más la ya de por sí complejísima y descontrolada maraña autonómica del sistema educativo español. Señorías, abran los ojos, hay una verdad en las cosas, abandonen ese mundo paralelo en el que viven, pónganse al servicio de la verdad y luchen por el bien. Por una vez sean valientes y en estos tiempos recios demos a cada alumno en su pupitre lo que necesita para ser libre y auténticamente verdadero.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Buenas tardes, señorías, señora ministra.

Después de haber escuchado las intervenciones de esta tarde o por lo menos algunas intervenciones, parece que algunos no se han dado cuenta de que estamos en una pandemia y que lo que hoy se viene a tratar aquí y a debatir no es más que un real decreto que viene a dar respuesta a muchas necesidades que hay en el sistema educativo, a dar seguridad jurídica y a facilitar la vida de docentes y de equipos directivos, nada más y nada menos. Es decir, se viene con este real decreto a facilitar a más de 8,5 millones de alumnos y alumnas que tengan una seguridad para finalizar el curso y a sus más de 750 000 docentes que tengan certidumbre ante una serie de problemas que se pueden presentar en este curso.

Miren, nos tienen ya muy acostumbrados a ese tono catastrofista. En el último debate que tuvimos aquí se trató del inicio de curso, y recuerdo que las bancadas de la derecha y de la ultraderecha venían con el mismo mensaje alarmista, mensaje del miedo, mensaje catastrofista, de que los centros educativos eran lugares para temer y que las comunidades autónomas eran tan irresponsables que iban a someter a los 8,5 millones de alumnos de este país a una situación de absoluta temeridad. Señorías, un mes después de haber comenzado el curso el 99 % de las aulas de este país están abiertas y se ha demostrado que el sistema educativo es un dique de contención ante el virus.

Esa es la realidad y yo creo que lo tienen que asumir. Porque hoy han venido con el mismo tono, con ese tono y ese discurso de no aportar nada, de buscar problemas donde no los hay, de hablar de cuestiones


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que no vienen al caso. De lo que estamos hablando hoy aquí es de cuestiones muy importantes que afectan a una parte importantísima del alumnado español.

Por otro lado, también le diría, señor Clavell, que aprenda a leer un poquito más y que no lea simplemente los medios de la derecha o lo que una minoría de la comunidad educativa dice, porque se ha olvidado del 70 % de la comunidad educativa, que está a favor de una nueva ley educativa, que está en contra de la Lomce, que está en contra de esas medidas impositivas que trajeron al sistema educativo, que está en contra de la política de los recortes, que está en contra de ese modelo de las reválidas, que está en contra de ese modelo educativo que solo ustedes defienden; un modelo arcaico, señorías. (Aplausos). Ese modelo arcaico que parece que lo único que pretende es que se castigue a los alumnos, ese modelo rancio de cuantos más deberes mejor, ese modelo de no facilitar la igualdad de oportunidades. Por cierto, me ha sorprendido que haya un grupo de la derecha que haya hablado hoy de igualdad de oportunidades en el sistema educativo. ¡Bienvenidos sean! Sin embargo, las medidas que ustedes están proponiendo van precisamente a la contra, van a cerrar oportunidades en el sistema educativo, y eso es lo que nosotros queremos combatir hoy con este decreto. Pero estaba hablando de su modelo educativo, ese de una gran carga de deberes, ese de no vamos a ayudar a promocionar a nuestros alumnos, ese de vamos a poner barreras para que avancen, ese sistema de evaluación que lo único que hace es el castigo permanente. Eso es lo que la derecha aporta a la educación española, es el sistema del retroceso a tiempos pasados, el de las reválidas que tanto les gustan. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Hablaban también aquí de que las evaluaciones diagnóstico se habían eliminado. Señora Martín, ¿es que no se ha enterado ya de que las evaluaciones PISA este año ya se han suspendido por el mismo criterio que las evaluaciones diagnóstico, esas evaluaciones en competencias que tanto les gusta a ustedes mencionar? Creo que hay que ser un poco coherentes; si el informe internacional de la OCDE ha eliminado las evaluaciones internacionales, lo lógico es que también en España se cancelen las evaluaciones diagnóstico. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Si sí, usted está diciendo que pase todo el mundo. Antes hablaba de que hay que leer un poquito mejor y desde luego aquí lo ratifico. Hay que mejorar la competencia lectora, señorías, porque me temo que ustedes no han leído el real decreto ley o, si lo han leído, lo han interpretado mal o se lo han dado interpretado, porque en ningún sitio de ese real decreto dice la barbaridad de que se tenga que regalar el aprobado; en ningún sitio de ese real decreto se dice que los profesores tengan la obligación de aprobar a alumnos cuando han suspendido; en ningún sitio de ese real decreto-ley se pretende que a un alumno le regalen el curso simplemente por ser alumno. No, señorías, los profesores tienen criterios objetivos y, además, debo recordarles que esto tampoco es una novedad. La ley actual, su ley, la ley Wert, la Lomce, contempla que los alumnos puedan promocionar de curso con asignaturas suspensas y puedan titular con asignaturas suspensas. (Aplausos). Es que con la ley Wert, señorías, se ha conseguido que más del 30 % de los alumnos en educación secundaria repitan, es que con la ley Wert más del 24 % del alumnado pasa de curso con asignaturas suspensas. Y eso luego lo vienen a criticar ustedes, pero, claro, es que lo único que hacen es buscar pegas absolutamente a todo, pero no se acuerdan de aquello que han introducido y que tan duramente ha sido criticado por la comunidad educativa.

Sigamos analizando el real decreto-ley. Ustedes presumen del esfuerzo, de la excelencia, pero me gustaría que utilizasen el mismo rasero con todo el mundo, porque yo me imagino que también utilizarán ese mismo rasero de la excelencia y de la cultura del esfuerzo con su señor Casado y con su máster, digo yo. (Protestas.-Aplausos). ¿O no se acuerdan de la necesidad de la cultura del esfuerzo para las titulaciones superiores? (Aplausos). Hablan de la cultura del esfuerzo, pero no proponen ningún tipo de medida alternativa al respecto, ninguna, señorías, simplemente que a los alumnos, en una situación de pandemia, cuando se les ha tenido que adaptar el currículo y flexibilizarlo, se les suspenda, que repitan, que no tengan más oportunidades. Pues mire, nosotros estamos a favor de que nadie se quede atrás, absolutamente nadie. Y lo que tampoco puedo entender es que ustedes vengan aquí a votar en contra de medidas para el profesorado, porque es lo que hacen. ¿Son conscientes de que con este real decreto se prevé y se posibilita la ampliación de ese acuerdo de estabilización de los docentes, ese acuerdo que va a favorecer a los interinos, que pretende la reducción de la tasa de interinidad al 8 %, ese acuerdo que, por cierto, ustedes impulsaron y que gracias a este real decreto se puede permitir y extender para el curso que viene? También les pediría que fuesen consecuentes, porque ¿también están en contra de que en los casos excepcionales, cuando ya no hay profesorado con un máster para poder ejercer, se les pueda contratar? Sean consecuentes, en sus comunidades autónomas lo están reclamando. Yo soy de Castilla y León y la semana pasada estaban todos los medios de comunicación reclamando profesores con o sin


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máster, porque no los había en algunas especialidades. Están votando en contra hasta de lo que sus propias comunidades autónomas necesitan.

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Por no decir también que están votando en contra del alumnado de formación profesional y de que puedan realizar la formación en un centro de trabajo. También votan en contra de aquellas medidas extraordinarias en las enseñanzas artísticas, en las enseñanzas de idiomas y en las enseñanzas deportivas. Ustedes votan en contra de todo por sistema.

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar, por favor.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo, presidenta.

Les pido que se centren, que vuelvan un poco a la normalidad, que aporten algo al sistema educativo y, por favor, que apoyen este decreto, porque además son tan inconsecuentes que hasta votan en contra de lo mismo que ustedes defienden permanentemente. Por lo demás, este real decreto saldrá adelante a pesar de ustedes.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS JUDICIALMENTE. (Número de expediente: 124/000001).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto relativo a dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legistas y, en concreto, al relativo a la proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Intervengo muy brevemente. Debatimos el dictamen de Comisión sobre la proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para eliminar de este la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas discapaces, tal y como contempla el párrafo segundo de su artículo 156. Señorías, nuestro voto, el del Grupo Parlamentario Vasco, será favorable a esta modificación y no solo para ser de este modo congruentes con lo que ya votamos en ponencia y en Comisión legislativa, sino -y esto sí es realmente importante- para promover la dignidad de la persona en sí misma considerada, al margen de su condición, situación o circunstancias personales. Porque, señorías, como todas y todos ustedes compartirán, la dignidad de la persona es el derecho fundamental más relevante, pues de él derivan todos los demás. También votaremos a favor de esta modificación del Código Penal, porque de esta manera se promueve la igualdad real de las personas con discapacidad respecto al resto y, por ello, su mejor inclusión social.

En otro orden de valores, también votaremos a favor de la modificación de este artículo 156 del Código Penal para adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales suscritos, para cumplir los compromisos adquiridos y las recomendaciones de los organismos que los tutelan, como son, en el caso que nos ocupa, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y CERMI, como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención de Nueva York en España.

Finalizo, señora presidenta, instándonos a todos a seguir dando pasos en la dirección correcta, cuyo hito inmediato lo tendremos con el debate sobre el proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y confiando en que sabremos alcanzar el más amplio consenso, igual al menos al que hemos logrado en la modificación del que hoy culminamos.

Muchas gracias, señorías.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Giménez Giménez.

La señora GIMÉNEZ GIMÉNEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, hoy es un día de los que cambian España a mejor. Desde Ciudadanos propusimos una iniciativa que en medio del dolor de la pandemia, de la preocupación, nos aporta un rayo de esperanza. Señorías, la reforma del Código Penal en lo que se refiere a no continuar permitiendo la esterilización forzosa, creemos que es un gran avance en igualdad. Seguro que a muchas personas les puedes parecer impensable que en el siglo XXI en nuestro país se lleven a cabo esterilizaciones forzadas, parece que es un tema del pasado, de la parte oscura de nuestro pasado que hemos dejado atrás, pero no es así. Proponemos esta reforma porque nuestro artículo 156.2 permite la esterilización forzosa de personas con discapacidad o incapacitadas judicialmente, una excepción que afecta a mujeres con discapacidad, a quienes se les impide ser madres por la fuerza; y no por cualquier fuerza, señorías, por la fuerza de la ley. En una democracia avanzada como la nuestra es sorprendente que se haya hecho caso omiso al derecho de las personas con discapacidad a formar una familia sin discriminación alguna.

La esterilización forzosa o no consentida en los supuestos en que se sigue permitiendo es una anomalía de nuestro sistema de protección de los derechos humanos. Vulnera la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, ratificada por nuestro Estado en el año 2008; el Convenio de Estambul; la protección a la integridad personal y, desde el punto de vista de género, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por ello, nos sorprende que se haya permitido esta anomalía en nuestro sistema hasta este momento, porque no tiene justificación. Por eso, desde Ciudadanos tuvimos claro que no podía pasar ni un solo minuto más sin ajustar nuestro marco legal al marco europeo, al marco internacional y a las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia, concretamente la del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2016 y nuevamente en el año 2019.

Creo firmemente en la igualdad de todas las personas y por ello me siento orgullosa de haber promovido una modificación en nuestro Código Penal para eliminar para siempre de nuestra legislación esa excepción que permite la esterilización forzosa de personas con discapacidad, iniciativa que desde hace años viene defendiendo Cermi, y específicamente Cermi Mujeres, a quienes agradezco su labor. Además, estamos orgullosos de haber logrado que esta reforma salga adelante con amplio consenso, algo a lo que deberíamos estar muchísimo más acostumbrados en esta Cámara; un consenso al que debemos llegar los grupos parlamentarios, dando talla política. ¿Por qué? Por cuestiones de igualdad, por cuestiones de inclusión, por cuestiones que mejoran nuestra sociedad, sobre todo en estos momentos. En estos momentos de COVID es el espíritu que desde Ciudadanos queremos impulsar, construir una mejor sociedad y llegar a acuerdos. Eso es política útil. Además, nos encontramos ante una reforma que va a tener una traducción en la vida de muchas mujeres, de mujeres discapacitadas que van a tener su derecho garantizado a ser madres.

Con motivo de mi labor parlamentaria he escuchado distintos testimonios de mujeres a las que les han quitado algo tan básico y tan profundo como la capacidad de crear vida. Como madre, me revuelve el estómago; como persona, me indigna. Porque a esas mujeres se les arrebata su posibilidad de ser madres por su discapacidad, como si solo por esa condición se les pudiese negar el derecho a formar una familia. Además, lo peor de todo al escuchar estos testimonios es que vemos que hay mujeres que creen en ello. Desoladas, resignadas, aceptan que no merecen ser madres. Por lo tanto, creo que es una reforma que va a mejorar la salud física, emocional y motivacional de muchísimas mujeres. Además, somos conscientes de que esta es una primera piedra en este camino porque hay muchísimo trabajo que hacer por la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad, y en ese camino va a estar nuestro grupo parlamentario.

Hoy podemos agarrarnos a estos consensos, a esa voluntad política de entendimiento para empezar a construir grandes pactos de Estado que nos lleven a abordar juntos lo más importante: las reformas que nuestra ciudadanía, que nuestro Estado necesita para mejorar la vida de los españoles. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que la ciudadanía nos está pidiendo a gritos, señorías: que lleguemos a acuerdos. Dejemos los tonos de bronca que, repetidamente, no cesan en esta Cámara. Demos altura política. Creo que hoy la damos. Agradezco muchísimo el trabajo de los distintos parlamentarios que han abordado esta iniciativa. A todos nos ha unido el consenso y creo que es un buen ejemplo para que sigamos adelante en este clima de acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Giménez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.

Distintos organismos e instituciones internacionales -entre ellos, la ONU- han reconocido que la esterilización forzada de personas con discapacidad puede considerarse una forma de tortura y supone una violación de los derechos humanos. Prácticas como esta parten de prejuicios procedentes del paternalismo y de la infantilización de las personas con discapacidad a las que no se reconoce suficiente discernimiento para tomar decisiones sobre su propia sexualidad y reproducción, negando de esta forma la dignidad e integridad de las personas discapacitadas. A pesar de los avances, la legislación de muchos países, incluido el Estado español, hasta el momento actual siguen permitiendo que jueces, profesionales sanitarios, familiares o tutores puedan suplir válidamente la voluntad y el consentimiento de la persona discapacitada para ser esterilizado o esterilizada por su interés superior. Hablamos de personas discapacitadas, pero debe recordarse que en su gran mayoría se trata de niñas y de mujeres jóvenes, sumándose así varios factores que agravan la discriminación, como son la juventud, la discapacidad y el género, y es que el derecho español apenas acaba de reconocer la capacidad de las mujeres en general a decidir sobre su propio cuerpo. La esterilización realizada en nombre de ese supuesto interés superior no las protege de la violencia sexual ni de ser objeto de abusos y agresiones.

Esta reforma legislativa es, por tanto, necesaria y urgente. Evitaremos así que niñas y jóvenes con discapacidad sean sometidas sin su consentimiento a procedimientos de esterilización y hacerlo bajo la general suposición de su incapacidad de gestionar adecuadamente decisiones sobre su vida sexual, su reproducción y una posible maternidad. Para estas, al igual que para toda la población en general, la clave, además de esta reforma legislativa, es sin duda una educación sexual plena y sin tabúes. Además, es necesario educar y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, y eliminar toda forma de violencia contra ellas. Por eso, vamos a votar a favor.

Grazas.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, presidenta. Buenas noches, señorías.

Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo celebra la presentación de esta modificación legislativa que corrige una anomalía clarísima, de la que seguramente podemos estar prácticamente todos de acuerdo en que llega tarde, y que ha llevado al extremo una cierta infantilización de seres humanos. Decía que corrige una anomalía porque la esterilización forzosa de personas no debería ser normal y, de hecho, combatiéndola y modificando la ley como lo hacemos, esta noche hacemos una sociedad mejor, mucho más libre, más democrática, más digna, más igualitaria y mucho más justa. Por eso, desde nuestro grupo queríamos proclamar este voto a favor y celebrar que combatamos estas anomalías, así como agradecérselo a plataformas como Cermi o Dincat, que llevan trabajando muchos años para que esto sea una realidad. Como decía, celebramos que esta iniciativa sea presentada hoy aquí y que así hagamos una sociedad un poco mejor entre todos y todas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Miquel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.

La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Bona nit. Gràcies, presidenta.

Esta proposición de ley, que esperamos aprobar hoy, supone un gran logro en lo que respecta a los derechos de todas las personas con discapacidad, pero especialmente para las mujeres. Hoy, con la derogación del artículo 156 del Código Penal, se elimina la posibilidad de la esterilización forzosa, una vulneración grave de los derechos humanos fundamentales que aún existía en nuestro ordenamiento jurídico. Esta medida estaba pendiente desde la ratificación por el Estado español de la Convención


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internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificado en 2008. Es un paso más en el abandono de ese marco paternalista que considera a las personas con discapacidad únicamente como objeto de protección y de cuidado, para avanzar hacia un plano de igualdad, de garantía de derechos fundamentales y el reconocimiento de que todas las personas, cada una con nuestra diversidad funcional, debemos tener la capacidad de decidir sobre nuestra propia vida.

La relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad afirmaba en 2017 que las mujeres con discapacidad tienen muchos problemas para decidir por sí mismas sobre su salud sexual y reproductiva, y sistemáticamente se ven expuestas a violencias, abusos y prácticas nocivas como la esterilización, el aborto o la anticoncepción forzadas. En febrero de 2018, el Cermi Mujeres y el Foro Europeo de la Discapacidad, junto a otras entidades, exigían acabar con esta práctica no consentida en mujeres y niñas en nuestro país. El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, en 2019 expresó de nuevo su preocupación por el hecho de que las mujeres sigan siendo sometidas a esterilizaciones y abortos forzados e instó al Estado español a derogar el artículo 156. Es lo que haremos hoy, afrontando un problema que no es residual. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en estos últimos diez años alrededor de mil mujeres han sido esterilizadas en nuestro país.

Desde Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común entendemos que dar respuesta a las demandas de este colectivo es una cuestión de derechos, es una exigencia democrática y no puede depender de la buena voluntad o de la disponibilidad presupuestaria. Este Gobierno de coalición y este grupo parlamentario con esta y otras iniciativas estamos desandando el camino emprendido por Gobiernos del Partido Popular que castigaron con sus políticas neoliberales de austeridad a las personas con discapacidad. Prácticamente demolieron la Ley de dependencia y de autonomía personal, recortaron ayudas y prestaciones, impusieron copagos, recortaron los recursos de apoyo a la autonomía, a la inclusión educativa y a la inserción laboral y social.

Este Gobierno de coalición está trabajando en un contexto tan difícil como el actual, como el que estamos viviendo, para que todas las personas, independientemente de su diversidad funcional, alcancen la igualdad total, y estaba recogido en el acuerdo de Gobierno. En este momento se encuentran en diversos estados de tramitación en esta Cámara: una proposición de ley para regular la accesibilidad cognitiva; otra importante reforma de la legislación sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que acaba con la incapacitación, sustituyéndola por un sistema de apoyos para la toma de decisiones libre; la ley educativa, que supondrá un avance en la inclusión educativa; la ley de protección de la infancia y la adolescencia, que promueve la atención temprana, entre otras cosas, y además el Gobierno de coalición está trabajando en un plan de choque para la mejora del sistema de atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal, que tendrá reflejo en los presupuestos del Estado. Con todo ello cumplimos con los convenios internacionales suscritos, pero además atendemos las justas exigencias de colectivos de la discapacidad, de la diversidad funcional y de mujeres que, con un trabajo incansable, que desde aquí queremos agradecer y valorar, han estado durante tiempo denunciando las discriminaciones, luchando por sus derechos, reivindicando igualdad y proponiendo alternativas. No podemos ignorar estas demandas.

La norma que hoy aprobaremos no solamente impide la esterilización forzada, sino que además se compromete a reforzar la Ley de 2002, de autonomía del paciente, y la de 2010, de salud sexual y reproductiva, con dos objetivos. Primero, que las personas que, en su calidad de pacientes, deban tomar decisiones y precisen apoyos cuenten con la información y documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que su decisión sea libre e informada. Segundo, se refuerza la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Entendemos que es fundamental avanzar en esta garantía de accesibilidad a la información y de apoyos, y en la formación de la salud sexual y reproductiva. Esto es básico para toda la población, pero especialmente para las personas con diversidad funcional, para ejercer sus derechos y evitar abusos. Sabemos que la derecha a menudo considera la formación en salud sexual y reproductiva como adoctrinamiento si no coincide con su ideología, pero las organizaciones internacionales lo exigen así, la consideran imprescindible, y vamos a avanzar en este sentido.

Este Gobierno de coalición y nuestro grupo parlamentario tenemos el firme compromiso de acabar con las discriminaciones de todo tipo, de avanzar en fomentar la autonomía de toda persona en la educación afectivo-sexual, de evitar abusos, de apoyar la maternidad libremente asumida y paliar situaciones socioeconómicas difíciles que imposibiliten los proyectos de vida y de futuro de las personas. Hoy, señorías, es un día importante, hoy continuamos construyendo un país más digno, justo e inclusivo.

Moltes gràcies. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).

La señora DE MEER MÉNDEZ: Buenas noches, señorías.

Lo que hoy debatimos en esta Cámara es un asunto realmente grave porque es algo que jamás debió ser aprobado. La esterilización forzosa de personas con discapacidad por sentencia judicial o por el motivo que sea es una forma de mutilación forzada a personas con discapacidad sin su consentimiento, que, en cualquier caso, constituye un ataque a su integridad física, a sus derechos personalísimos y, en última instancia, a su dignidad humana. Es gravísimo que nuestro ordenamiento jurídico se permita algo así, pero, ¿por qué se permite en nuestro ordenamiento jurídico? Yo se lo voy a explicar.

Señorías de la izquierda, les veo muy encendidos y complacientes con las asociaciones cuando hoy les está pareciendo mal, porque quedan bien, algo que en el año 1989 les parecía muy bien porque si no quedaban muy mal. Y hasta ahí llega toda su moral. (Aplausos). Porque la realidad, señorías, es que este precepto que hoy venimos a derogar tiene un origen, y ese origen es el Partido Socialista Obrero Español. El señor Rego hablaba de la esterilización forzosa como una tortura. Pues, señor Rego, es el PSOE quien introdujo la tortura a personas con discapacidad sin su consentimiento en nuestro ordenamiento jurídico. El 1 de junio de 1989 fue el debate de esta reforma del Código Penal que introdujo el Partido Socialista Obrero Español. El resultado de la votación fue el siguiente -y aquí tengo el acta-: 254 votos emitidos, 205 votos a favor de todas sus señorías del Partido Socialista, de CDS, de Minoría Catalana, del PNV también -por cierto-, de los miembros del Gobierno y de los miembros de la Mesa presentes en la Cámara.

Señorías, el 22 de junio de 1989 se publicó en el BOE el precepto que hoy venimos gustosamente a derogar. Este precepto ha ido tomando forma y ha pasado a ser el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal de 1995, Código Penal que tiene un poquito menos de doscientos años. ¿Saben qué decía el socialista Luis Jiménez de Asúa sobre este tema, que seguramente conocerán y que fue presidente también de esta Cámara? Para mis amigos de La Sexta, que luego querrán manipularme, voy a citar literalmente al señor Jiménez de Asúa, parlamentario socialista: Los imbéciles, los idiotas, los epilépticos esenciales y todos aquellos enfermos sin remedio que han de engendrar estos tristes despojos tarados, candidatos a la desgracia y al manicomio, deben ser objeto de esterilización cuando su enfermedad incurable sea, a juicio de médicos especialistas, transmisible a sus descendientes. Señorías, esto es vomitivo, esto es aberrante, esto es inmoral. Las palabras de este parlamentario socialista y la introducción de este precepto por el Partido Socialista en el año 1989, con la abstención -cómo no- del Grupo Popular, de la derechita, son el precedente de este injustísimo precepto por el que se permite la mutilación forzosa de personas con discapacidad. (Rumores). Yo no sé si este señor tendrá una calle o una estatua, pero, puestos a jugar al juego de la izquierda de la memoria democrática, habrá que ir pensando en retirarla. (Aplausos). Y si ahora ustedes, señorías de la izquierda, quieren quedar bien porque este tema está de moda, porque era algo muy antiguo que se hizo muy mal y ahora hay que dar un paso histórico, tienen ustedes los escaños, la poca vergüenza y los medios de comunicación, tienen el poder en definitiva, pero hay algo que jamás van a tener, y es la razón en este sentido.

Decía Santa Teresa, como recordaba hoy mi compañera Georgina -y, además, es su día?, que la verdad padece, pero no perece. Y vendan lo que vendan, seguirá siendo cierto que fue el Partido Socialista Obrero Español quien introdujo esta aberración en el ordenamiento jurídico español con la complaciente derechita. Eso sí, con tres votos en conciencia, dos del Grupo Popular, que esperemos sean muchísimos más la semana que viene en la moción de censura. (Risas).

No obstante, sería injusto pasar por alto que no hubiera voces en aquellos años que sí defendían la dignidad humana de las personas con discapacidad, porque las había. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también se pronunció favorablemente a este precepto. No obstante, hubo votos en contra y hubo votos particulares como el del señor Gabaldón, que a ustedes les parecería hoy un peligroso reaccionario y que, sin embargo, fue el único que defendió la dignidad humana de las personas con discapacidad en aquellos años. No puede ser suplida -decía él en su voto particular- la incapacidad para permitir la lesión de un derecho esencial de la personalidad como es el de integridad corporal, considerado como irrenunciable y no susceptible de disposición, dada su naturaleza. El señor Gabaldón, además, afirmaba que la finalidad de este precepto es la eugenesia. Es decir, que el Partido Socialista, con la abstención del Partido Popular, introdujo en el Código Penal un precepto con finalidad eugenésica.


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Yo reconozco que la única duda que se me suscita ahora mismo en este debate es coincidir en el voto con el resto de sus señorías. Me gustaría que fuera porque en el fondo no estamos tan lejos en nuestra cosmovisión, pero me temo que no es la respuesta a mi deseo, porque si ustedes verdaderamente estuvieran abordando este debate desde el punto de vista de la dignidad humana, lo aplicarían al resto de los debates. Si ustedes creyeran verdaderamente en la dignidad de la persona, quizás ni siquiera sería necesario que VOX existiera y estuviera hoy aquí, en este Parlamento, pero me temo que VOX es más necesario que nunca porque observo en este debate una enorme incoherencia y una lamentable hipocresía. Me encantaría que en esta Cámara debatiéramos verdaderamente sobre la dignidad de la persona, que lo hiciéramos sinceramente, que lo hiciéramos de corazón, porque la dignidad de las personas con discapacidad es la misma que la de las que no tienen ninguna discapacidad, porque la dignidad humana, señorías, es exactamente igual para todos los individuos de este planeta, independientemente de su tamaño, de sus cualidades, de su sexo, de su condición; la dignidad humana pertenece a todos los individuos sin excepción, como portadores de valores eternos. (Aplausos).

Pero ustedes, señorías -y ya acabo, señora presidenta-, no creen en la dignidad humana desde el momento en que también están a favor de triturar bebés en el vientre de sus madres, o lo que es peor, infinitamente peor, de hacerlo por motivos de discapacidad. No creen en ello porque también apoyan algo que es contrario a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero reconozco que hay algo en todo este asunto que me hace reflexionar, y es que los partidos Popular y Socialista permiten que este precepto entre en el Código Penal en el año 1989 y, sin embargo, en 2020 deciden dignamente que hay que retirarlo. Me encantaría que esta situación se repitiera dentro de muchísimos menos años...

La señora PRESIDENTA: Señora De Meer, tiene que finalizar, por favor.

La señora DE MEER MÉNDEZ: Voy terminando, señora presidenta.

..., después de tantos y tantos delirios legislativos que nos hacen vivir en esta Cámara. Decía Saint-Exupéry que es fácil de colmar aquel que no tiene espacio en el corazón. Si ustedes se colman hoy con este paso y siguen pensando que la vida de una persona con discapacidad vale menos que la de una persona que no tenga discapacidad, es que en el corazón no les queda nada.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Meer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora González Guinda.

La señora GONZÁLEZ GUINDA: Quiero que mis primeras palabras aquí, en esta tribuna, sean para las personas con discapacidad y para sus familias, para las que esta pandemia, para todos tan dura, lo está siendo más, y nos consta que están encontrando muchos silencios, demasiadas puertas cerradas y muy pocos recursos.

También quiero mandar un cordial saludo al movimiento asociativo de la discapacidad, en especial a Cermi, que, como saben, aglutina a 8000 asociaciones y entidades que representan a casi 4 millones de personas con discapacidad en España y a sus familias; a Luis Cayo Pérez, su incansable presidente; a Jesús Martín Blanco, plenamente comprometido por dar un enfoque de derechos humanos a las políticas de discapacidad, y a Ana Peláez, luchadora incansable en la defensa de las mujeres y niñas con discapacidad. Sé que hoy es un gran día para ellos y lamento que las restricciones sanitarias les hayan impedido estar hoy aquí como era su deseo. Gracias a todos ellos por su gran trabajo y por acercarnos fielmente a la realidad y a las necesidades del día a día de las personas con discapacidad. (Aplausos).

Hoy aquí debatimos la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. La Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 23, relativo al respeto al hogar y a la familia, apartado 1, establece que los Estados parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, e instan a los países miembros a garantizar que se mantenga su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Dicho tratado fue ratificado por España en 2007 y entró en vigor en 2008, una ratificación que, como saben, señorías, implica una


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aceptación de las obligaciones jurídicas que le corresponden en función del tratado y que nos obliga, por tanto, a adecuar nuestra legislación y a establecer políticas públicas para hacer cumplir las obligaciones adquiridas.

El Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España en marzo del 2014, en su artículo 39 tipifica como un acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado. Asimismo, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, organismo de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento del convenio, en su último informe, redactado desde un enfoque de derechos humanos, en lo que se refiere a las mejoras que debe afrontar España, la primera que plantea es la de acabar con las esterilizaciones forzosas. Hoy nos encontramos aquí, para legislar a favor de esta medida, con la modificación del artículo 156 del Código Penal con el fin de erradicar la esterilización forzada de las personas con discapacidad de nuestro ordenamiento jurídico, y lo hacemos no solo como una obligación de cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, sino, lo que es más importante, lo hacemos entendiendo que con este paso legislativo damos un gran paso como sociedad, un gran paso para garantizar la igualdad y la vida en dignidad de las personas con discapacidad.

La esterilización forzada afecta a hombres y mujeres, aunque en muchísimo más grado a mujeres y niñas y, por tanto, es normal que nos centremos en ellas dado que sufren una doble discriminación: por su discapacidad y por su condición de mujeres. Los testimonios de las que lo han sufrido son estremecedores porque esta práctica, señorías, supone una negación de su estatus como persona y un atentado a su integridad corporal que, en casos de discapacidad psicosocial, traumatiza a la víctima y puede acarrear consecuencias en su salud mental para toda la vida y, lo que es gravísimo, puede aumentar la vulnerabilidad ante abusos sexuales. Pues bien, hoy aquí debatimos sobre un texto que cuenta con el beneplácito de Cermi, que -no olvidemos- es el organismo independiente encargado del seguimiento de la aplicación de la convención aquí en España, un texto que viene, después de su tramitación en el Senado, con un amplio consenso.

Los temas relacionados con la discapacidad tratados aquí en el Congreso también han gozado siempre de un gran consenso, como -les recuerdo- el conseguido en la XII Legislatura con un Gobierno del Partido Popular, en la que con la modificación de la Ley Electoral se reconoció el derecho a más de 100 000 personas con discapacidad intelectual a votar como ciudadanos de pleno derecho, y fue aprobada por unanimidad. Pues bien, en aras de ese consenso, el Partido Popular, en su tramitación aquí en la Cámara Baja, no hizo ninguna enmienda al texto inicial. Sin embargo, el Partido Socialista introdujo en la ponencia dos enmiendas que nosotros entendíamos desde el primer momento que no tenían otro fin que romper dicho consenso, unas enmiendas dirigidas a la modificación de dos leyes: la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y la Ley de salud sexual y reproductiva, sin especificar qué artículos y en qué términos van a hacerse dichas modificaciones, enmiendas -repito- encaminadas a romper el consenso que entendemos estaba garantizado desde el primer momento con solo mantener el texto inicial. Los esfuerzos del PSOE no solo no han ido en el sentido de buscar dicho consenso, sino todo lo contrario: entendemos que se han hecho esfuerzos para romperlo.

Así, pues, en la ponencia de esta proposición de ley el Partido Popular propuso un voto particular de vuelta al texto anterior a la incorporación de las enmiendas del PSOE que no prosperó. En todo caso, quiero dejar claro que el Partido Popular está a favor de la modificación del Código Penal para que la esterilización forzada de personas con discapacidad quede erradicada del mismo. Y, a pesar del esfuerzo que el PSOE ha hecho por romper ese consenso, nosotros manifestamos nuestro compromiso claro con Cermi, con el texto por ellos refrendado y con las mujeres con discapacidad y no vamos a romper dicho consenso. Eso sí, lamento profundamente que a este debate no haya asistido ni el vicepresidente de Derechos Sociales, con competencias en discapacidad, que con el Gobierno con más cargos y ministerios de la democracia ha hecho desaparecer la comisión específica para las políticas integrales de la discapacidad (aplausos), que era permanente y a la que el Gobierno del Partido Popular dotó de carácter legislativo -por cierto, tampoco ha impulsado esta medida que aquí tomamos-, ni la ministra de Igualdad, la señora Montero, en un tema tan trascendente para todas las mujeres, para todas las mujeres y niñas con discapacidad. Parecen estar más preocupados él por modificar el procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial tras las acusaciones que recaen sobre él y ella por supuestos machismos de los algoritmos y por la defensa de un hipotético horizonte republicano.


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Pues bien, señorías, señor vicepresidente de Derechos Sociales y Discapacidad, señora ministra de Igualdad, allá donde estén, hoy es un gran día para las personas con discapacidad y para sus familias. Hoy es un gran día para todos, pues al aprobar esta proposición damos -repito- un gran paso hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más digna; en definitiva, hacia una sociedad mejor. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo García.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señorías, hace aproximadamente dos años este Parlamento aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral relativa al derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Entonces, en esta tribuna de invitados -ahora vacía por el maldito virus- se veía eufóricos a los representantes de las asociaciones de la discapacidad organizada, Cermi, para los que conjuntamente con la Fundación Cermi Mujeres quiero que sean mis primeras palabras de felicitación y enhorabuena por lo que vamos a aprobar. (Aplausos).

Hoy no pueden estar físicamente en el hemiciclo, pero estoy convencido de que su alma y su corazón sí lo están. Y si en ese momento aquel acuerdo legislativo provocó entusiasmo, estoy persuadido de que se volverá a repetir por la incidencia que en el colectivo va a tener la modificación del artículo 156 del Código Penal, el cual actualmente admite la posibilidad de esterilizar a personas incapacitadas judicialmente sin su consentimiento. Tanto entonces como ahora quiero agradecerles que hagan evidentes muchas situaciones de injusticia o desventajas que padecen en nuestro país y en todo el mundo. Gracias por ello.

Recuerdo aquel Pleno. Me vienen a la mente las palabras que ese día expresó en esta tribuna mi compañero Joan Ruiz i Carbonell. Decía: Defender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad forma parte de nuestra razón de ser, de nuestra razón de existir, de nuestro ADN, como lo demuestra la Ley General de Sanidad, la Ley de dependencia o el contenido de los acuerdos de los consejos de Ministros de este Gobierno. Y sí, señorías, estas personas con derechos gozan de la total complicidad del Grupo Parlamentario Socialista. Trabajamos por cambiar nuestra legislación, nuestro ordenamiento jurídico para adecuarlo a lo mandatado por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, como entonces, estamos dando un paso más para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y, concretamente, los de muchas mujeres. Por consiguiente, como conocen ustedes, el objeto de esta modificación de la ley es suprimir de nuestro ordenamiento jurídico la esterilización de personas incapacitadas judicialmente sin su consentimiento pleno, aunque fuese acordada por un órgano judicial. Las razones son de peso. Primera, porque resuelve una cuestión que afecta directamente a los derechos humanos de las personas y a su integridad física, especialmente, de las mujeres. Segunda, porque sobre esta cuestión nos lleva alertando como país el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas desde hace ya unos años. Y, tercera, porque da respuesta a una importante demanda de las mujeres con discapacidad, del movimiento asociativo y de sus familias.

Todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en la necesidad de reformar el artículo 156 del Código Penal y así se ha expresado unánimemente. Nuestro objetivo desde que empezamos a trabajar en ponencia siempre fue mejorar la proposición de ley y enmarcarla en la reforma de dos leyes necesarias para que las personas con discapacidad adopten sus decisiones de manera libre y bien informada, señora González. Me refiero a la Ley de autonomía del paciente y a la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Entendemos que para garantizar el acceso a la información y a la educación sobre planificación familiar y reproducción no solo sirve con derogar el apartado 2 del artículo 156 del Código Penal, sino que ha de incardinarse dentro de las disposiciones de la citada ley, donde encuentran acomodo los aspectos más relevantes de la misma desde los ámbitos sanitarios y educativos. Por esto planteamos en su momento una enmienda al texto. Eso es trabajar, señora González, no es romper consensos. Es trabajar, cosa que ustedes no hicieron. Y en el seno de la ponencia acordamos y consensuamos, escuchamos a los grupos políticos y atendimos sus demandas; también las suyas, señora González, y seré prudente, honesto y respetuoso con usted, porque hablamos y tuvimos conversaciones. Elaboramos para ello una enmienda transaccional en la Comisión de Justicia, ahora convertida en el texto como disposición final tercera, para la que ha pedido el Grupo Parlamentario VOX votación separada. Con esto ha quedado claramente reflejado que a las derechas del arco parlamentario les da urticaria solo con oír hablar de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (Aplausos). Aquí, lamentablemente, sí hemos discrepado, a pesar del consenso para que


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esta modificación legislativa salga adelante. Se vuelve a reproducir la animadversión que tiene la derecha española a la Ley de salud sexual y reproductiva. No tengan tanto miedo a que las personas actúen con libertad e información en lo que se refiere a su sexualidad, también las personas con discapacidad. Si de verdad creen que esta de ley debe derogarse o modificarse, tengan coraje político y propóngalo aquí en el Parlamento. ¿No será que saben que este problema solo lo tienen ustedes, que no responde a la realidad social y que se volverían a dar de bruces con todas las mujeres de este país?

Los derechos sexuales y reproductivos garantizados en esta ley dan libertad y seguridad a las mujeres en este país. Ese es el camino que los socialistas queremos seguir recorriendo. Este grupo parlamentario aspira a que las personas con discapacidad puedan elegir con autonomía, con los apoyos necesarios y accesibles, también en lo que se refiere a su sexualidad, y sean independientes en todos los aspectos de su vida, pero sin dejarles solos. ¿Qué dice esa disposición final tercera que tanto sarpullido le da al Grupo Parlamentario Popular y a VOX? Les leo: El Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de reforzar que las personas con discapacidad que precisen apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, cuenten con la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. ¿Esto ustedes no lo pueden apoyar, señorías del Grupo Parlamentario Popular? Estamos hablando de legislación existente. De VOX, después de escuchar a su portavoz y el tono que tenía, lo entiendo perfectamente. Solo le ha faltado decirnos: un aviso.

En fin, gracias, no obstante, por el talante que hemos tenido en la ponencia y en la Comisión. Ojalá fuera igual o parecido en todos los ámbitos de las discusiones que se producen en esta casa. Me sumo a lo que decía mi compañera de Ciudadanos Sara Giménez. Quiero agradecerles a todos -a todos- su trabajo, y en especial a mis compañeros ponentes, a José Luis Ramos, a Sonia Guerra, a nuestro portavoz en la Comisión de Justicia, Paco Aranda, y, cómo no, a los letrados, por su eficaz trabajo.

Termino, presidenta. Con esta iniciativa y con esta medida se avanza un poco más en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como sujetos de pleno derecho en nuestro país. Resolvemos una cuestión que afecta directamente a los derechos humanos de las personas con discapacidad, a su integridad física y que a todos nos dignifica como sociedad democrática. Damos hoy un paso más por los derechos de todas y de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sahuquillo.

Señorías, votaremos en dos minutos. Les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que hayan emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño. (Pausa).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

? DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MARTÍNEZ OBLANCA), RELATIVA A LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA Y DE SUS PUESTOS DE TRABAJO COMO SECUELA DEL PROLONGADO RETRASO DEL GOBIERNO EN LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR ELECTROINTENSIVO. (Número de expediente 162/000394).

La señora PRESIDENTA: Señorías, damos inicio a las votaciones.

Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca), relativa a la preocupante situación de la industria básica y de sus puestos de trabajo como secuela del prolongado retraso del Gobierno en la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 telemáticos, 347; a favor, 31 más 134 telemáticos, 165; abstenciones, 69 más 113 votos telemáticos, 182.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL COMPROMISO CON LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y EL RECHAZO DEL ODIO Y EL FANATISMO. (Número de expediente 162/000322).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con la convivencia democrática y el rechazo del odio y el fanatismo. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 68 más 99 votos telemáticos, 167; en contra, 31 más 59 votos telemáticos, 90; abstenciones, 1 más 90 votos telemáticos, 91.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA GRAVE CRISIS ABIERTA EN EL SENO DE LA GUARDIA CIVIL POR LAS ÚLTIMAS DESTITUCIONES OCURRIDAS EN EL CITADO CUERPO, POR LA POLÍTICA GENERAL DE DESTITUCIONES Y NOMBRAMIENTOS LLEVADAS A CABO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR Y, EN GENERAL, POR LAS ÓRDENES EMANADAS DEL GOBIERNO HACIA LOS ALTOS MANDOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DURANTE ESTA CRISIS SANITARIA. (Número de expediente 173/000009).

La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la crisis abierta en el seno de la Guardia Civil por las últimas destituciones ocurridas en el citado cuerpo, por la política general de destituciones y nombramientos llevadas a cabo por el ministro del Interior y en general por las órdenes emanadas del Gobierno hacia los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante esta crisis sanitaria. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación día siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 31 más 121 votos telemáticos, 152; en contra, 68 más 101 votos telemáticos, 169; abstenciones, 1 más 26 votos telemáticos, 27.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA GESTIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO, LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 173/000026).

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión política del Gobierno, la defensa del Estado derecho y del orden constitucional. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda número 1, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 31 más 123 votos telemáticos, 154; en contra, 69 más 119 votos telemáticos, 188; abstenciones, 6 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, PARA VALORAR LA AUSENCIA DE MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR PARTE DEL GOBIERNO PARA ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA DE LOS NEGOCIOS Y EMPLEOS EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y OTROS SECTORES RELACIONADOS CON EL TURISMO EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000027).


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La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para valorar la ausencia de medidas puestas en marcha por parte del Gobierno para asegurar la supervivencia de los negocios y empleos en el sector de la hostelería y otros sectores relacionados con el turismo en España. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 31 más 125 votos telemáticos, 156; en contra, 68 más 98 votos telemáticos, 166; abstenciones, 1 más 25 votos telemáticos, 26.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA. (Número de expediente 130/000029).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos leyes. Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de setiembre, de trabajo a distancia.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 100 más 193 votos telemáticos, 293; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 54 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 100 más 239 votos telemáticos, 339; en contra, 7 votos telemáticos; abstenciones, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: Se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Aplausos).

- REAL DECRETO-LEY 29/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19. (Número de expediente 130/000030).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 247 votos telemáticos, 347; a favor, 69 más 127 votos telemáticos, 196; en contra, 31 más 110 votos telemáticos, 141; abstenciones, 10 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 31 más 127 votos telemáticos, 158; en contra, 69 más 121 votos telemáticos, 190.


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La señora PRESIDENTA: No se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO. (Número de expediente 130/000031).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 100 más 245 votos telemáticos, 345; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 31 más 136 votos telemáticos, 167; en contra, 69 más 111 votos telemáticos, 180; abstenciones, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: No se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 31/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 130/000032).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 69 más 118 votos telemáticos, 187; en contra, 30 más 124 votos telemáticos, 154; abstenciones, 1 más 6 votos telemáticos, 7.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley. (Aplausos).

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 31 más 126 votos telemáticos, 157; en contra, 68 más 108 votos telemáticos, 176; abstenciones, 1 más 14 votos telemáticos, 15.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. (Aplausos).

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN FORZADA O NO CONSENTIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCAPACITADAS JUDICIALMENTE. (Número de expediente 124/000001).

La señora PRESIDENTA: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Votamos, en primer lugar, el dictamen de la Comisión. Votación de la disposición final tercera nueva.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 69 más 135 votos telemáticos, 204; en contra, 54 votos telemáticos; abstenciones, 31 más 59 votos telemáticos, 90.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la disposición.

Votación del resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 100 más 246 votos telemáticos, 346; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobado el dictamen.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, por tener la misma carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 100 más 248 votos telemáticos, 348; a favor, 100 más 248 votos telemáticos, 348.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición de ley orgánica por unanimidad. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

Muchas gracias y buenas noches. Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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