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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 48, de 29/09/2020
cve: DSCD-14-PL-48
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 48
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 45
celebrada el martes,
29 de septiembre de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página4)

- Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón Ramos), sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero). (Número de expediente 172/000054) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Orgánica) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 28-1, de 17 de enero de 2020. (Número de expediente 122/000003) ... (Página4)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, para habilitar a los ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 83-1, de 24 de abril de 2020. (Número de expediente 122/000052) ... (Página21)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la «okupación». «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 147, de 25 de septiembre de 2020. (Número de expediente 162/000386) ... (Página33)


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- Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre salario mínimo interprofesional y derogación de reformas laborales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 23, de 31 de enero de 2020. (Número de expediente 162/000067) ... (Página44)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página4)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Mazón), sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero), lo que se acuerda por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Orgánica) ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno en contra interviene el señor Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Errejón Galván, y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Plural; y la señora Carvalho Dantas, del Grupo Parlamentario Republicano.

Hace uso de la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX.

Continúan con el turno de fijación de posiciones la señora Carvalho Dantas, y el señor Cortés Gómez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Hace uso de la palabra la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención del señor Fernández-Lomana Gutiérrez, del Grupo Parlamentario VOX.

Hace uso de la palabra el señor Legarda Uriarte.

Concluye el turno de fijación de posiciones con la intervención del señor Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Del Grupo Parlamentario Mixto, para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 ... (Página21)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano; Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX, y Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página33)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la «okupación» ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley el señor Bal Francés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Esteban Calonje, del Grupo Parlamentario VOX, y Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mazón Ramos y García Adanero, y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Baldoví Roda, Errejón Galván y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Bal Francés.

Del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre salario mínimo interprofesional y derogación de reformas laborales ... (Página44)

Defiende la proposición no de ley el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, así como la enmienda presentada su grupo parlamentario.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Utrilla Cano, del Grupo Parlamentario VOX.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor García Adanero y la señora Vehí Cantenys, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Saavedra Muñoz, del Grupo Parlamentario


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Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; el señor Romero Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Matute García de Jalón.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Orgánica), se aprueba por 70 votos a favor más 133 votos telemáticos, 203; 42 en contra más 99 votos telemáticos, 141, y 6 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19, se rechaza por 42 votos a favor más 109 votos telemáticos, 151; 70 en contra más 106 votos telemáticos, 176, y 23 abstenciones con voto telemático.

Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MAZÓN RAMOS), SOBRE LAS SOLUCIONES QUE EL GOBIERNO PIENSA APORTAR PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO DE LA BAHÍA DE SANTANDER (SANTANDER, SANTA CRUZ DE BEZANA, CAMARGO Y ASTILLERO). (Número de expediente 172/000054).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 26, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Mazón Ramos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día. Muchísimas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000003).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica). Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Vasco presenta de nuevo, como en legislaturas anteriores, una propuesta de reforma de la Ley de seguridad ciudadana que en la XII Legislatura no pudo culminarse por disolución prematura de la Cámara, no obstante se habían conseguido sustanciales avances en la ponencia


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correspondiente de la Comisión de Interior, con acuerdos hasta el artículo 36 y básicamente entre Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones políticas; acuerdos alcanzados -tengo que recordarlo- en un clima de sosiego, sin que ello opacara la postura de cada cual, a pesar de haberse augurado que sería meta complicada a tenor de las disputas públicas que en aquel momento se producían y que también hoy continúan. Tengo que manifestar que estoy esperando -y escucharé atentamente- la posición en contra del Grupo Parlamentario Popular, que trabajó activamente en esa XII Legislatura y que tomó en consideración esta misma proposición de ley que hoy presento.

Señorías, como ustedes recordarán, la Ley de seguridad ciudadana fue tramitada y aprobada en medio de una fuerte controversia política y social que no ha amainado con el paso del tiempo. Por eso creemos que interpretamos bien la realidad social si describimos esta ley como una ley controvertida, polémica, impopular, con una baja aceptación ciudadana y, si bien algunas fuerzas políticas de esta Cámara han calificado esas valoraciones como sobreactuaciones y como un debate manipulado con el objetivo de desgastar a quien fue su promotor -el Partido Popular-, tenemos que recordarles que cuando coinciden en esa valoración negativa no solo determinadas fuerzas políticas, entre las que se incluye el Partido Nacionalista Vasco, sino también organizaciones internacionales de defensa de derechos y libertades, la abogacía española, alguna asociación judicial, medios de comunicación social de relevancia internacional, la misma Defensoría del Pueblo y un sinfín de voces de referencia, cabe considerar seriamente que lo que circula en la dirección equivocada es la Ley de seguridad ciudadana. Por eso socialmente ha sido motejada como la Ley mordaza, por considerarla una ley contra la discrepancia, una ley de control social, una ley cercenadora de los derechos civiles y de las libertades. Valoración negativa a la que no fue ajeno el contexto político, económico y social en que fue gestada y aprobada, un tiempo, como recordarán, transido por una profunda crisis en todos los ámbitos y generadora de un profundo malestar social, con expresión variada en ámbitos públicos. Así, la ley fue percibida en este contexto como una respuesta autoritaria y de control a las expresiones colectivas de aquel malestar social en forma de manifestaciones y concentraciones, huelgas, derecho a la información y otros derechos y libertades civiles.

A esta visión autoritaria de la Ley de seguridad ciudadana tampoco les son ajenos los cambios ocurridos en esas fechas en el derecho punitivo del Estado en que se vio inmersa en la misma Ley de seguridad ciudadana, ya que con ella se administrativizaba una parte de lo que hasta ese momento era materia penal, lo que ha tenido, como luego veremos, gravosas consecuencias para la ciudadanía y, a la par, como les decía, el mismo Código Penal se reformaba para gravar otras conductas, tanto la penalidad de los delitos de opinión y expresión, y que ha recibido el reproche del Tribunal Europeo de Derechos Humanos enmendando a tribunales españoles, cosa que creo que también sucederá con la inhabilitación del president de la Generalitat, señor Torra, así como la participación de sindicalistas en huelga a través de los llamados piquetes, situando estas reformas del Código Penal en el llamado derecho penal de la peligrosidad, aquel en el que la seguridad se convierte en una categoría prioritaria de la política criminal como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance intensificando para ello la acción preventiva contra el delito, tipificando conductas que pudieran conducir a cometerlas o que pudieran presumirlas, intensificando también e incrementando las conductas infractoras y las sanciones, lo que se ha llamado el incrementalismo punitivo y, en efecto, generando un conflicto con el principio de proporcionalidad en cuanto a manifestación jurídica más relevante de la idea de equilibrio justo entre libertad y seguridad.

Además, señorías, como ya les adelantaba, la mutación operada en el año 2014 de las faltas penales en infracciones administrativas de la Ley de seguridad ciudadana supuso importantes consecuencias negativas para la ciudadanía, y lo siguen suponiendo, tales como que la sanción ya no se impone por un juez penal sino por la Administración y que en el procedimiento sancionador administrativo las declaraciones de los agentes gozan de valor probatorio mientras que en el procedimiento penal tienen un valor de meras declaraciones testificales. La multa penal toma en cuenta la capacidad económica del condenado mientras que esta capacidad económica se toma en mucha menor relevancia en el derecho administrativo sancionador en la Ley de Seguridad Ciudadana. La sanción administrativa firme es inscrita en un registro, cosa que no pasaba con las faltas penales y, por último, señorías, el solve et repete, primero paga y luego recurre. Esta valoración negativa muy generalizada de la Ley de seguridad ciudadana, considerada como una ley de control, autoritaria, tiene confirmación, cierto que obiter dicta, a través de lo manifestado en la Comisión de investigación sobre la policía patriótica, cuando el señor don Álvaro Pino, a la sazón director adjunto operativo, declaró, cuando se le preguntó por la razones de su nombramiento por parte del que fuera ministro del


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Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, que quizá pudo deberse a su experiencia como jefe de las unidades policiales antidisturbios de la Policía Nacional en años precedentes y que quizá se estimó que podría ser útil ante el clima de profundo malestar social que se respiraba como consecuencia de la crisis económica, social y del mismo Estado de bienestar. Tiempos aquellos que por cierto, como recordarán, impulsaron a fuerzas políticas que también fueron objeto de la actuación espuria de aquella llamada policía patriótica, junto a ciertas fuerzas del nacionalismo catalán y al mismo Partido Socialista, policía patriótica a cuya creación y posterior dirección ayudó el señor Pino, como concluyó aquélla comisión de investigación.

En fin, señorías, todo este contexto que rodeó la génesis de la Ley de seguridad ciudadana justifica la impresión generalizada en su contra como expresión del derecho punitivo de la peligrosidad y que se manifiesta en perjuicio de los derechos y libertades en su relación con la seguridad, impresión negativa que se ve confirmada cuando la Ley de seguridad ciudadana es examinada en sus contenidos concretos, cosa que yo no haré este momento por falta de tiempo, sin perjuicio de que apunte sus mimbres más polémicos y controvertidos. Ya señalábamos en otro debate que una sociedad democrática avanzada reclama que la seguridad se ponga al servicio de la garantía de los derechos, no siendo su condicionante. El mismo Tribunal Constitucional lo expresa cuando consagra la primacía de la libertad sobre la eficacia policial, al señalar que el deber legítimo estatal de perseguir el delito u otros ilícitos no puede imponerse a costa de los derechos y libertades. A igual consideración llegó el Consejo General del Poder Judicial cuando señala la función y finalidad remotriz a la que ha de orientarse la seguridad ciudadana respecto a los obstáculos que impidan el libre ejercicio y disfrute de los derechos y libertades.

Pues bien, a juicio del Partido Nacionalista Vasco, la Ley de seguridad ciudadana no pone en la debida relación la seguridad con las libertades fundamentales. A modo de ejemplo esbozaré algunos de sus pasajes o algunas de sus regulaciones. En el derecho de huelga, por ejemplo, con ocasión de la expresión ?en las inmediaciones de las instalaciones de servicios básicos?, y en el derecho de manifestación y reunión haciendo responsables a sus organizadores de las alteraciones de la seguridad ciudadana por conductas ajenas; o también responsabilizando a los organizadores de las manifestaciones espontáneas y pacíficas, no comunicadas, con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admite demora a costa de quedar obsoleta; o también por cómo se aborda la libertad de expresión e información, con una prohibición general preventiva esa libertad, con reserva de autorización, a lo que se añade la potestad de los agentes de la autoridad para la aprehensión preventiva de las cámaras fotográficas y otros efectos; o como se regulan las potestades generales de la policía de seguridad, tales como los controles policiales y registros corporales en la vía y lugares públicos o los traslados, por citar algunas manifestaciones, a dependencias policiales para identificaciones; o los derechos de las personas en busca de asilo y refugio reconocidos internacionalmente y ratificados por España. Por último, el desequilibrio de este binomio entre seguridad y libertad también se produce en el régimen sancionador contenido en esta ley, pues a lo ya dicho con anterioridad ha de añadirse que se percibe un solapamiento entre infracciones penales y administrativas, además de una relación desequilibrada entre la gravedad de ciertos hechos y su respuesta punitiva o hasta incluso la misma necesidad de esa respuesta; o el tratamiento inadecuado, a nuestro juicio claro está, entre el delito y la infracción administrativa y sus consecuencias, o la deficiente consideración de la exclusión de la antijuridicidad de las causas modificativas de la culpabilidad y de las circunstancias económicas del infractor.

Voy finalizando, presidenta, como lo hice en el pasado con ocasión de la toma en consideración de esta misma iniciativa, exhortándoles a reformar esta ley de seguridad ciudadana con más apoyos parlamentarios y sociales con los que contó en su día la ley actualmente vigente, porque una democracia avanzada se funda en la legalidad, pero esta requiere necesariamente el consentimiento ciudadano, rogándoles también que no convirtamos el debate sobre la ley de seguridad ciudadana en un debate sobre la policía misma. Esto sería confundir el dedo con la luna, y es sectario e irresponsable calificarles per se bien de santos o bien de demonios. Son como somos el resto de la ciudadanía, y lo sé porque he dirigido a un cuerpo de Policía durante más de diez años y en circunstancias bien difíciles, donde sale lo mejor y, a veces, también lo peor. Cosa bien distinta es en una sociedad democrática avanzada que se caracteriza por los balances y contrapesos, cuales disponemos respecto de aquellos funcionarios a los que entregamos el uso legítimo de la fuerza.

Por último, y finalizo, como nos reclamaba este fin de semana don Antonio Muñoz Molina en un artículo en El país: que nos guiemos por los criterios con los que casi todo el mundo se guía en la vida diaria, con pragmatismo y ánimo de conformidad.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Mateu Istúriz.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Buenas tardes, señora presidenta.

Con la venia, señorías. ¿Ven ustedes esta fotografía de un policía apaleado en el suelo por unos energúmenos? (Muestra una fotografía). Pues precisamente para evitar estas conductas, para proteger la integridad física de la Policía, mejorar su función, garantizar la libertad de los ciudadanos, sostener el equilibrio entre el binomio libertad y seguridad, es por lo que tenemos que seguir manteniendo la actual ley vigente de seguridad ciudadana. Nuevamente, señorías, -y reproduciendo lo que ya se dijo en el Pleno del día 21 de marzo de 2017-, el señor Legarda ha contado cuál ha sido la historia de la tramitación parlamentaria de su iniciativa para modificar la ley. Esta proposición de modificación de la Ley de seguridad ciudadana se tramitó conjuntamente con una del Partido Socialista, que ya pretendía derogar la Ley de seguridad ciudadana sustituyéndola por la ley del año 1992, la denominada Ley Corcuera, la denominada Ley de la patada en la puerta, que luego fue corregida por el Tribunal Constitucional al anular el dicho y citado artículo 21. La ley de 1992 fue una ley positiva su momento, pero, señorías, se quedó obsoleta por los avances, tanto sociales como tecnológicos, que tuvieron lugar durante su vigencia.

Señorías, un lustro de vigencia de la Ley 4/2015 nos contempla. Su aplicación ha sido un valladar para la protección de la libertad y de la seguridad. Los ataques por parte de la mayoría de los grupos de esta Cámara -hoy siguen sentados algunos y otros ya no están- culminaron en un recurso de inconstitucionalidad, que se planteó y se presentó el día 9 de junio del año 2015, basado únicamente en tratar de desgastar al Gobierno de entonces, del Partido Popular. Los argumentos que se esgrimían eran muy sencillos y respondían al típico argumentario de partido, sin tener ninguna certeza o realidad basándose en los hechos. Fíjense ustedes en cómo intentaban confundir a la población, hasta el punto que denominaron a esta ley la Ley mordaza, porque ustedes -engañando a los que la criticaban, por supuesto, a los ciudadanos- decían que se iba a suspender o a afectar el derecho de manifestación. No era cierto. Por primera vez en una ley se protege expresamente -en el artículo 23- dicho derecho de manifestación, y se perseguía precisamente a los que perturbaban el orden o el desarrollo de una manifestación lícita, cuando no constituyera una infracción penal. Eran, pues, rotundamente falsos los ataques, pues el derecho de manifestación quedaba plenamente garantizado en esta ley, de acuerdo con los parámetros de la Constitución española y de la Ley del derecho de reunión del año 1983.

En definitiva, señorías, lo que se pretendía penalizar eran las acciones violentas y agresivas que impidieran el ejercicio de ese derecho de manifestación. Señorías, ¿no han visto ustedes manifestaciones a lo largo de los años en los que ha estado vigente esta ley? Evidentemente, las comunicadas no son objeto de reproche penal, a diferencia de las que no han sido comunicadas y se generan de manera espontánea.

En esa escalada de no decir la verdad también decían que frente a las puertas del Congreso o de las asambleas legislativas no podría haber manifestaciones ni encuentros. Otra mentira que ustedes también manifestaron. Siempre que se haya comunicado a la delegación del Gobierno esa concentración, no hay ninguna repercusión de tipo jurídico. Señorías, ¿no vemos continuamente a las puertas de este Congreso concentraciones y manifestaciones? Siguieron mintiendo, señorías, y llegaron a decir que se practicarían identificaciones masivas en la calle. Eso no fue así. Se estableció con rango de ley el principio de no discriminación en el ejercicio de las identificaciones, fijando claramente aquellos supuestos en los cuales se pueden realizar: cuando haya indicios de que se ha podido participar en la comisión de una infracción o se realicen para la prevención de un delito. Alarmaron a la población diciendo que se producirían cacheos de manera indiscriminada y que luego los cacheados serían conducidos a las comisarías. Otra falsedad absoluta. La ley lo reguló con pleno respeto a la intimidad y además introdujo una novedad, que los cacheos deberían ser practicados por un agente del mismo sexo, cosa que hasta la fecha no se había producido; y, desde luego, únicamente se realizarían para el ejercicio de funciones de indagación y de prevención. Señorías, les recuerdo que identificaciones, cacheos y registros públicos son fundamentales para la lucha contra las amenazas a la seguridad ciudadana, en concreto, contra el terrorismo yihadista y contra el crimen organizado. Señorías, otra mentira que se expresó. ¿Cuántas imágenes vemos en las televisiones de la acción policial en manifestaciones u otras actuaciones policiales? Generaron el bulo de que se castigaría la difusión de esas imágenes. Tampoco es cierto. Lo único que se pretendía era proteger


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del uso malévolo de esas imágenes para perturbar a los agentes actuantes y la repercusión en sus familias y, fundamentalmente, para que no se desvelaran muchos aspectos de instalaciones protegidas o que pusieran en riesgo el éxito de una operación. Señorías, todo ello, como no puede ser de otra manera, dentro del respeto absoluto al derecho a la libertad de información. ¿Que contenía sanciones desproporcionadas y que tenía afán recaudatorio? Otra falacia, otra cosa que no es cierta, porque la cuantía de las sanciones se mantenía invariable prácticamente desde la Ley 1/1992, con el único incremento de la cuantía máxima de las sanciones leves y, por ende, de la mínima de las graves.

Después ya se rizó el rizo con lo que ustedes llaman devoluciones en caliente y la disposición adicional segunda de la ley llama rechazo en frontera. ¡Cuánta demagogia se expresó a este respecto! Ahora, señorías del Gobierno, están todos ustedes muy callados desde que conocimos la sentencia de 13 de febrero de este año corriente de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos ni tampoco el artículo 13 sobre el derecho a un refuerzo efectivo con ocasión de pronunciarse sobre el caso de dos subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en el año 2014. A partir de ahí, no tenemos ninguna información acerca de cuántos rechazos en frontera está practicando actualmente el Gobierno social-comunista. Aprovecho también para recordar las precarias condiciones en las que están trabajando nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el tratamiento de la inmigración. Exigimos más PCR, más seguridad y más afecto en el sentido de generarles la posibilidad de tener confort y que no tengan tantas angustias en su trabajo. Señorías, he de recordarles que ningún Estado soberano puede admitir impasible que se vulnere el perímetro fronterizo por puestos no habilitados, como sucede en Ceuta y Melilla.

El Partido Popular elaboró una ley profundamente garantista que protegía las libertades públicas estableciendo una regulación más precisa de la intervención policial en el ámbito de la seguridad. Como decía antes, esta ley no restringe ningún derecho ni modifica en modo alguno la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. Señorías, esta ley vigente es el instrumento fundamental que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desarrollar y cumplir sus obligaciones legales y es extremadamente relevante para la seguridad de todos. Es la herramienta clave para prevenir las amenazas más graves que puedan afectar hoy día la seguridad ciudadana. Para disipar cualquier tipo de dudas al respecto de su legalidad, quiero recordarles lo que dijo el Consejo de Estado en el dictamen que emitió durante la tramitación del proyecto de ley. Decía: Guarda una prudente ponderación y contrapeso entre los valores de la libertad y de la seguridad. Señorías, eso es exactamente lo que tenemos que pedir a una ley de seguridad ciudadana.

La reforma que pretende el PNV ha sido muy bien expuesta, como siempre, por el señor Legarda. Señor Legarda, usted siempre es un hombre muy preciso, siempre está preocupado por la seguridad jurídica. Su trayectoria le avala, pero ahora le voy a recriminar echándole en falta una actitud más contundente, lo ha mismo que a su partido, que ha sido socio del Gobierno de la moción para descabezar al Partido Popular. No castigan de manera contundente o no reprueban las declaraciones del vicepresidente del Gobierno y de otra gente que actualmente también incitan a la ocupación, y eso sí genera un problema, primero, de seguridad ciudadana, de seguridad jurídica, porque vulnera absolutamente el derecho sagrado de la propiedad privada recogido en la Constitución. Nosotros le dijimos en su momento que nuestra ley era susceptible de mejoras, evidentemente, y lo demostramos aportando diecisiete enmiendas a la propuesta que ustedes habían elaborado. Eran puramente técnicas, en la idea de considerarlo como un punto de partida para hacer algún tipo de modificaciones en la dirección que en el momento decía el ministro del Interior, el señor Zoido.

Señorías, los tiempos han cambiado enormemente y estamos viviendo unos temas que no se habían producido ni habíamos pensado que se fueran a producir nunca, el COVID-19, y no es el momento adecuado para proceder a la reforma de esta Ley. Su vigencia actual es, en definitiva, necesaria para luchar contra la pandemia en los términos en que está redactada. La existencia de una ley clara y que mantenga el equilibrio entre libertad y seguridad es necesaria para hacer cumplir las exigencias derivadas de esta crisis sanitaria y establecidas legalmente en los múltiples decretos que ha elaborado el Gobierno social-comunista. Ahora mismo es más necesaria que nunca para garantizar también el cumplimiento de las medidas para combatir la crisis sanitaria que están estableciendo las comunidades autónomas ante el abandono absoluto del Gobierno de España, fundamentalmente en las que no disponen de Policía propia. Señorías de la izquierda, les digo que los cinco años que ha tenido de vigencia esta ley han sido fructuosos. ¿Por qué? Porque realmente ha habido tres Gobiernos que la han aplicado: Gobierno socialista, Gobierno


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del Partido Popular y Gobierno social-comunista, y desde luego nadie en su sentido común ha dicho que esta ley había que derogarla en ese momento en la que la estaban utilizando. Claro, se han dado cuenta y no citan con tanta desvergüenza esta ley porque les es muy útil, señorías. Ahora callan y dejan que sea un partido nacionalista el que lleve la voz cantante y ustedes van al rebufo. ¿Seguirá el ministro Marlaska calificando esta ley como fallida, como afirmó tres semanas antes de conocer el gran fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Por cierto, no quiero olvidar que, ante la imposibilidad de derogar esta ley, el propio ministro Marlaska dictó en su momento una orden, la 13/2018, de 17 de octubre, para su aplicación, lo cual demuestra que la ley era positiva y era buena. Y no quiero olvidarme tampoco del batiburrillo que organizó con la interpretación del artículo 36.8, referido a la desobediencia y resistencia a la autoridad, considerado nuclear en el mantenimiento de las medidas que había adoptado el Gobierno en la lucha contra la pandemia. Tuvo que intervenir la Abogacía del Estado, como siempre, dictando, primero, qué norma era la aplicable entre el abanico que había y, segundo, disipando cuál era el criterio interpretativo aplicable. Evidentemente, señorías y Gobierno de España, tampoco debía ser tan mala la ley, porque ustedes la han aplicado con ganas, con muchas ganas. Más de un millón de sanciones se han propuesto y más de 8500 detenciones se han realizado desde que se declaró el estado de alarma. Ustedes son los campeones de los países occidentales en aplicar sanciones en la crisis sanitaria; incluso, Gobierno actual, les ha originado críticas de sus socios de gobierno. De acuerdo con los datos del portal de criminalidad, se han propuesto más sanciones que en todo el periodo de vigencia de la propia ley y triplica el número de las últimas que conocemos del portal de criminalidad del ministerio, que ha sido cerrado en el año 2018.

Señora presidenta, voy terminando. Lanzo un mensaje con firmeza y con pura convicción. Pueden estar los españoles tranquilos en orden a la salvaguarda de sus derechos y libertades con la existencia de esta ley elaborada y aprobada por el Partido Popular. Y gracias también a que disponemos de las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una carrera fiscal y judicial, a los que siempre me refiero como soldados en la justicia garantes de su aplicación. Lástima que no tenga el mismo concepto con respecto a esa exministra fiscal y algunas de las personas que colaboran con ella. No puedo olvidar tampoco, señorías, que tenemos el peor Gobierno y el más sectario de toda la democracia española, con comunistas sentados en la mesa del Consejo de Ministros, defensores de la tiranía venezolana, nostálgicos de la barbarie comunista y aliados de los albaceas del terrorismo, cuyo único afán es derrocar la monarquía parlamentaria y establecer una república a su modo y conveniencia. Y desde luego lo más grave es que lo hacen desde el interior del Gobierno, con la anuencia del presidente del Gobierno.

Para tratar de frenar estos desmanes -y voy terminando, señora presidenta- está el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular aquí magníficamente representado, que hará respetar la figura del rey, don Felipe VI, seguirá trabajando para todos los españoles y actuará con firmeza contra la subversión del orden constitucional. Termino recordando una frase creo que prácticamente por todos ustedes conocida, cuyo autor fue un gran santo español, fundador con otros de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Decía: En tiempos de desolación nunca hacer mudanzas. Y yo añado con mi modesta humildad: Y menos con un Gobierno como el que tenemos.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mateu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En marzo de 2015 tuve la ocasión de intervenir en el Pleno del Senado para apoyar los vetos presentados al proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, una ley muy controvertida, como recordó el señor Legarda, que taché de impopular y feudalista, a la par que pronostiqué su inconstitucionalidad -aún está por ver-. Hoy, la proposición del Grupo Vasco nos devuelve a aquellos debates intensos en los que se tramitó la ley, sin buscar el refuerzo de la oposición y utilizando el rodillo de la mayoría absoluta. Baste recordar que, contrariamente a la costumbre, el entonces ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, declinó su defensa en la Cámara Alta, pese a tratarse de una ley de carácter orgánico y de una temática de muy especial interés para la sociedad, porque alrededor de ella giran el ejercicio de derechos fundamentales y de libertades públicas.


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En coherencia con mi posición contraria, la toma en consideración de esta ley debería ser una oportunidad para reconsiderar aquellos aspectos críticos en relación con la protección de la seguridad ciudadana, pero resulta que el grupo proponente extiende su radio de reforma a otras leyes, caso de la Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, para lo que se invoca una amplia demanda social, cuando la realidad es que el artículo 21 de la Constitución, que dio cobertura a la elaboración de la ley en 1983, con el Gobierno del Partido Socialista, es diáfano, tanto en el reconocimiento de hacerlo pacíficamente y sin armas, como en la restricción de reuniones en el caso de lugares de tránsito público y manifestaciones. También se pretende reformar otra Ley orgánica, la de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que tiene veinte años de vigencia y que fue considerada en su momento la ley más progresista de la Unión Europea en materia de inmigración, mérito del Gobierno del Partido Popular. Hoy no cabe reincidir en la línea que se plantea sobre una materia en la que España ya ha realizado variopintos cambios legislativos y regulatorios, sin afrontar el quid del asunto, que es el control de los flujos migratorios conforme al pacto sobre la inmigración y asilo, firmado e incumplido por los Estados miembros de la Unión Europea.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidenta.

La Ley de seguridad ciudadana o Ley mordaza, como ya se ha dicho, se aprobó en 2015 junto a la reforma del Código Penal más conservadora en años, en un clima de contestación ciudadana por el Gobierno del PP, lo que algunos expertos llaman excepcionalidad penal. La verdad es que fue promesa de este Gobierno derogarla, pero nos encontramos hoy con una ley vigente y también con que este ha sido el Gobierno que más ha utilizado la Ley mordaza, mucho más que el Gobierno del PP anterior. Y esta ley, desde una lógica democrática, es un problema, fundamentalmente porque confunde el orden público con el orden político. Es decir, confunde mantener el orden público en la calle con mantener el statu quo. Hace un uso preconstitucional del concepto de orden público, tal como lo hace también el delito de sedición. El delito de sedición se incorpora al Código Penal en el XIX, vinculado a temas de orden público, durante el franquismo sirve para perseguir las huelgas obreras y después, con la Constitución del 1978, se modifica pero no se retira. El orden público tiene que respetar los derechos fundamentales, tales como el de manifestación, el de reunión y el de información; lo que no puede ser el orden público es persecución de la disidencia y del derecho a la protesta. Lo decimos nosotros, lo ha dicho antes el PNV y lo dijo en su momento Amnistía Internacional, que elaboró un informe específico solo para hablar de la Ley mordaza. Muchísimos catedráticos de Derecho Penal de más de treinta y tres universidades españolas firmaron un manifiesto alertando también de los peligros en contra de los derechos fundamentales que suponía la Ley mordaza y la reforma del Código Penal y hasta cinco relatores de las Naciones Unidas se preocuparon por el tema.

Nosotros hoy nos vamos a abstener porque pensamos que no se tiene que reformar una ley que va en contra de los derechos fundamentales y por eso hoy hemos presentado una proposición de ley para derogar la Ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal de 2015 en relación con los tipos de orden público y el mismo delito de sedición. Estos tres instrumentos son la bestia del régimen contra los derechos de manifestación, reunión y protesta. Son derechos fundamentales en los sistemas democráticos, en primer lugar, porque suponen límites al poder político; en segundo lugar, porque obligan al poder político a la rendición de cuentas, y en tercer lugar, porque entienden que la ciudadanía es un activo político más allá de votar cada cuatro años. En Cataluña hay más de 2800 personas represaliadas, la mayoría por sedición y por motivos de orden público, ya sea por la Ley mordaza o por la reforma del Código Penal de 2015, y ayer asistimos a uno de los últimos juicios por persecución de la disidencia a una chica que había mandado un wasap convocando una manifestación y que tuvo que estar un año sin salir de su pueblo. Y hablando de represión, no podemos no hablar del presidente de la Generalitat inhabilitado, del señor Torra. Nos parece una aberración democrática y estamos seguras de que no somos las únicas. El PSOE y Podemos hablan de golpismo judicial y nosotras estamos de acuerdo. Hay una situación de golpismo judicial, pero lo que también hay es cierta responsabilidad política de este Gobierno. ¿Qué pasa ahora con la mesa de diálogo? ¿Cómo se sientan los partidos catalanes y el Gobierno catalán en una mesa de diálogo cuando inhabilitan al presidente por no descolgar una pancarta? Una mesa de diálogo


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que hasta ahora ha dado una foto y un presidente inhabilitado, no ha tenido más resultados. ¿Qué mensaje envían ustedes a las catalanas, que su voto no vale, que los presidentes los ponen las altas instancias judiciales en el Estado español, instancias judiciales que ustedes reconocen que están haciendo golpismo jurídico? Estos diez años de procés han demostrado que al independentismo no se le borra ni con porras ni con multas ni con golpes ni con cárceles. Amnistía y autodeterminación y paren de perseguir políticamente a la gente que defiende derechos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vehí. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Arratsalde on. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.

Señorías, ¿por qué ante una movilización en Vallecas los vallecanos cobran y por qué ante una movilización de ?cayetanos? los ?cayetanos? no cobran? ¿Por qué una pelea de bar entre agentes en Altsasu es tildada de terrorismo y por qué una pelea más grave con agentes involucrados en Gijón o en Sevilla es otro delito? ¿Por qué una movilización aquí, frente al Congreso, de jubilados y jubiladas, de trabajadores y trabajadoras, acaba como el rosario de la aurora y por qué cuando policías ultras manifestándose rompen el cordón policial no pasa nada? ¿Por qué comentarios en redes sociales de mal gusto mofándose de un agente supone la detención de una persona y denunciarla por delito de odio y por qué los comentarios del agente tácito o de otro agente policial con insultos más graves a representantes políticos y a ciudadanos y ciudadanas catalanas no suponen nada? Ustedes dirán que la Policía y la Guardia Civil actúan sobre la base de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, pero yo les he comentado algunos ejemplos de arbitrariedad, desproporción, discrecionalidad y en algunos casos de contenido político, de actuación sobre la base de un criterio político, y claro, esto es grave si tenemos en cuenta -y lo mencionaba antes la señora Vehí- que España cuenta con uno de los sistemas penales más severos y que ello se traduce en una población penitenciaria de las más altas de Europa teniendo a la vez una de las tasas más bajas de criminalidad. Si a esto le añadimos una norma como la Ley de seguridad ciudadana, la Ley mordaza, en la cual se otorgan poderes discrecionales ambiguos, poco claros -otorgando en muchos casos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unas capacidades propias de un juez o de una jueza-, nos encontramos con que España tiene uno de los récords de desproporción en las actuaciones policiales. Reformando -como solicita la proposición de ley que presentan hoy- la Ley mordaza, ¿se acaba con el problema que tiene España respecto a su sistema penal o punitivo? No, pero yo creo que cuanto antes se haga, mejor. Y, ¿por qué? Porque cuando un Gobierno que en teoría está en contra de esta ley y lleva tiempo anunciando que la va a derogar, que la va a reformar, la ha aplicado más en tres meses que el Partido Popular en cuatro años, hay un problema. Díganme ustedes, si no, por qué la han aplicado más en tres meses que en cuatro años, por qué se han puesto más sanciones durante el estado de alarma en España que en el resto de Estados del entorno europeo en su conjunto en el Estado más progresista de la historia -en este asunto déjenme que lo dude-, sanciones interpretando la desobediencia a contrario, sobre la base del artículo 36.6, que es uno de los que obviamente habría que derogar ipso facto. Pero, señorías, otro motivo -por si no les es suficiente- es -antes se mencionaba- la policía patriótica. Los autores intelectuales, los responsables de esta norma represiva son precisamente esas personas que están siendo investigadas en este momento por haber utilizado las cloacas del Estado para sus guerras internas y externas utilizando para ello funcionarios públicos y fondos reservados. ¿Qué pueden esperar de esta norma aprobada por el Partido Popular en solitario en ese Gobierno -decía antes el portavoz del Partido Popular Gobierno socialcomunista- ultrafraguista en solitario? Después de los recortes sociales más drásticos que ha habido en la historia de este Estado y ante las lógicas protestas ciudadanas, los aplicaron para que nadie protestara de manera quirúrgica, vía sanción, intentando acallar, estigmatizar y reprimir a aquellos que hablaban. Se ha llegado no solamente a sancionar a periodistas, a trabajadores, a fotógrafos, a cámaras, sino que antes de venir al Congreso leía que incluso una chica había sido sancionada por tener un bolso en el que ponía «all cats are beautiful», o su acrónimo -me da igual-, haciendo interpretación política de lo que puede ser o no puede ser sancionado. Esta norma de recortes de derechos, de libertades, no puede ser ningún modelo y, por ello -ya lo comentábamos antes-, Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el mismo Defensor del Pueblo han dicho que había que reformar -desde nuestro punto de vista, derogar- las partes más lesivas. Mencionaba antes también el señor del Partido Popular que, claro, ya después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nadie hablaba de los


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rechazos en frontera. Yo sí hablo. Hoy mismo hablaba con Acnur y me recordaba que el 80 % de las personas que están frente a las vallas de Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de asilo. ¿Ustedes tratan igual a esas personas que están pidiendo ayuda como lo hacía el Partido Popular? A mí me daría vergüenza. Ustedes sabrán.

Por último, no es únicamente tiempo de derogar esta norma represiva y de control social, es también momento de crear aquellos mecanismos que sirvan para prevenir y garantizar que ante posibles abusos policiales se sepa identificar a los responsables y sancionarlos de la manera oportuna. Hay mecanismos en otros Estados miembros de la Unión Europea para que se pueda llevar a cabo. Es por ello que nosotros y nosotras apoyamos la derogación entera de esta ley, pero si presentan una propuesta de reforma la validaremos, la apoyaremos y votaremos a favor para debatirla enmienda a enmienda y punto por punto.

Y acabo como no podía ser de otra manera. Ante la vergüenza que vivimos ayer, que es la inhabilitación de un president democráticamente elegido, el tercero de esta última década -se ve que a algunos miembros del Estado no les gusta lo que eligen los catalanes y las catalanas-, quiero mostrar toda la solidaridad con todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, con sus instituciones y con el president Torra. ¡Visca Catalunya! ¡Gora Euskal Herria askatuta! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Iñarritu. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

Señorías, volvemos, diría que afortunadamente, a tomar en consideración la modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. El ejercicio finalmente estéril de la legislatura anterior nos dejó un amargo sabor de boca a los que fuimos ponentes de la modificación de esta ley. Estuvimos muy cerca de obtener un texto que mejoraba significativamente la actual Ley 4/2015 y que hoy nos vuelve a proponer modificar el Partido Nacionalista Vasco. En aquella ocasión, si recuerdan sus señorías, se presentó por el mismo grupo proponente de hoy una proposición de ley exactamente igual a la actual con la singularidad de que tratamos además simultáneamente otra del Grupo Socialista que nos pedía derogar este texto orgánico para pasar nada menos que a la antigua ley de la patada en la puerta. Sí, aquella del ministro Corcuera, señorías. Aquello sirvió para descubrir que era posible llegar a acuerdos y que la gran mayoría de los grupos era consciente de la necesidad de reformar una ley que es básica en el ordenamiento de nuestra convivencia y uso de los espacios públicos, porque hasta el Partido Popular fue entonces capaz de dejar de lado sus viejos prejuicios que le llevaron a aprobar con el rodillo de su mayoría una ley que el Defensor del Pueblo denunció y que presenta aún hoy en día dudas constitucionales que hasta el más Alto Tribunal tiene que considerar todavía sobre ellas.

Señorías, oiremos a lo largo de la tarde -ya lo hemos oído en varias ocasiones- que esto trata de un binomio o una disquisición entre seguridad y libertad. No se confundan, no hay binomio alguno; esto solo va de libertad, de libertades individuales, porque la libertad, señorías, es seguridad. Son dos caras de la misma moneda. Una libertad amenazada no es libertad. La libertad, si no está protegida, no puede ser garantizada, y quien es libre sí y a veces no, pues no es verdaderamente libre. Solo donde hay garantías está la verdadera libertad, y donde no hay seguridad, señorías, solo hay arbitrariedad y ley de la selva. Y es que la ley y solo la ley es la que nos hace a todos iguales y permite que tengamos derechos. No hay derechos ni por tanto libertades sin la ley. Aquellos que piensan que hay una ley para el resto de los ciudadanos y no para ellos, aquellos que se la saltan y la incumplen queriendo ampararse en privilegios, en ensoñaciones identitarias, en mandatos históricos no tienen cabida en esta democracia. Ayer mismo veíamos cómo alguien como el señor Torra, que se ha caracterizado por su supremacismo, por creerse impune, se topaba con la ley y con el Estado de derecho. Se reía de la denuncia que le puso Ciudadanos, se proclamó culpable de desobediencia con mucha gallardía y ahora le vemos patalear por una sentencia que le declara culpable. Pero es cierto que las leyes hay que adaptarlas y, sobre todo, como es el caso de esta ley, de la 4/2015, modificarlas si observamos que no están a la altura de lo que esta sociedad demanda en el uso de nuestros espacios públicos y la convivencia ciudadana. Y es que esta ley nació trufada por una mayoría, en este caso del Partido Popular, como hemos dicho, que renunció al consenso necesario para legislar sobre algo que es de todos: la forma en la que los ciudadanos se relacionan entre sí y el uso compartido de los espacios públicos; algo que, por cierto, también hizo el Partido Socialista en tiempos del ministro Corcuera. Los viejos partidos, señorías, siempre usaron sus mayorías para hurtar al resto la posibilidad de acordar y consensuar. Afortunadamente, ese tiempo ya pasó.


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Hoy volveremos a escuchar palabras gruesas -ya lo hemos hecho- de algún portavoz sobre esta ley. Creo que es injusto, porque seguro que se centrarán, sobre todo, en el trabajo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ya lo han hecho. Volverán a atacarlas e injuriarlas; hablarán de la libertad de escrachar, salvo que sean ellos los objetivos del acoso; de violencia policial, salvo que sean ellos los que la ejercen contra funcionarios públicos y sus familias; de brutalidad, salvo que sean las bombas y los tiros en la nuca de una abyecta banda terrorista que señores como los de Bildu se niegan a condenar. Injusto, porque si algo desean también los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una ley clara; clara, señorías, que proteja a todos: a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades y a los profesionales que velan por el cumplimiento de la ley y que garantizan que los espacios públicos son de todos y para todos. Creo que debe ser ese el debate que realicemos. Parece mentira que tenga que volver a ser otro grupo parlamentario y no el Gobierno el que traiga a esta Cámara la posibilidad de ejercer de verdad un consenso sobre algo tan fundamental como la ley que gestiona y restringe los derechos propios de los ciudadanos. Señores del Partido Socialista, han perdido ustedes una estupenda ocasión de haber presentado un proyecto de ley del Gobierno con el consenso que ya se alcanzó en la legislatura pasada, con los informes pertinentes del Consejo de Estado para hacer de verdad borrón y cuenta nueva de esta ley.

Nuestro grupo votará a favor, ya lo hicimos en la toma en consideración en la legislatura anterior. Pero, señorías, apostemos por una ley mejor, seamos capaces de hacer una ley más respetuosa con los derechos y las libertades fundamentales de nuestra carta magna y que garantice la seguridad de nuestros ciudadanos. Y, sobre todo, señorías, dialoguemos con cordura y con serenidad, sin demagogias, esforzándonos para alcanzar un acuerdo sensato que pueda constituir un punto de partida de verdad para una mejor Ley de seguridad ciudadana; una ley para todos, una verdadera ley de libertades, que no obligue a los ciudadanos a elegir entre libertad y seguridad, como algunos quieren traer hoy.

Muchísimas gracias, señoría. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.

La Ley de seguridad ciudadana de 2015, a pesar de lo que diga el portavoz del Partido Popular, no en vano es conocida como la Ley mordaza, porque es una norma claramente regresiva y antidemocrática impulsada por el PP con el objetivo de frenar por la vía represiva el descontento social generado por la crisis social y económica, por sus medidas de recortes y también para tener un mayor control en una situación de crisis política del régimen de 1978, especialmente por la creciente reivindicación de los derechos colectivos de las naciones sin Estado. Y por si no quedaba claro, lo escuchamos hoy aquí en boca de los portavoces de la derecha en relación con el presidente de Cataluña. Vaya por delante mi solidaridad y la del BNG con Quim Torra y con el pueblo catalán. (Aplausos).

Antidemocrática porque en vez de concebir la norma y las fuerzas policiales como instrumentos para garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos en libertad y sin injerencia se utilicen en muchos casos para menoscabarlos e incluso para impedirlos. Esta norma habilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a realizar acciones que chocan frontalmente contra el derecho a la intimidad de las personas sin el adecuado control judicial; entorpece y limita el derecho de manifestación y de reunión, con especial afectación al de huelga y también a la libertad de información y de expresión. Por cierto, señores del PP, manifestaciones delante del Congreso si eres españolista, sí; si eres fascista, sí; si eres la Jusapol, sí; para todos los demás, porrazo y sanción. Por todo ello, el BNG, como amplios sectores sociales y políticos democráticos de todos los pueblos del Estado, se opuso a esta ley y reclama desde entonces su derogación, una medida que figura también en el acuerdo de investidura suscrito en enero entre el PSOE y el BNG. A pesar de ello, el Gobierno actual del PSOE y de Podemos no solo no la ha derogado sino que ha sido el Gobierno que más la ha aplicado.

Finalizo. Avanzar en democracia significa eliminar normas antidemocráticas e injustas como esta o, por cierto, como el decreto de la mordaza digital. Por eso el BNG, a pesar de optar por la derogación, va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del PNV, porque va en la dirección correcta y esperamos poder colaborar en su mejora durante su tramitación.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Por ponernos en antecedentes, el Partido Popular empieza a tramitar la Ley de seguridad ciudadana, o Ley mordaza, en medio de una inmensa crisis, agravada por una política de recortes y devaluación salarial interna. La crisis no la provocó el pueblo español pero sí la pagamos, y en medio de esos años florecen muchas protestas. El Gobierno de entonces, del Partido Popular, puede elegir si combatir la pobreza o combatir a los empobrecidos, y elige lo segundo. Para muestra un botón. En el año 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy recorta hasta en 10 000 millones de euros la sanidad y la educación públicas, al mismo tiempo -para eso sí que hay dinero- que multiplica por dieciocho el gasto en material antidisturbios. Esta ley no garantizó la seguridad de nadie, aumentó la inseguridad de la gente que quería salir a la calle a exigir una política justa. Acumula hoy hasta 765 000 sanciones; llegó a multiplicarse de 87 000 sanciones en el año 2015 a 250 000 en 2018 habiendo, sin embargo, menos protestas. Pidieron su retirada colegios profesionales, Amnistía Internacional, cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas. Y hoy, que estamos viviendo una etapa de nueva crisis y de nuevo empobrecimiento, es fundamental que la gente que está desesperada y que no puede más tenga la garantía de que le puede pedir cuentas a los poderes públicos en la calle, si así lo decide, sin tener que pasar miedo; que las demandas ciudadanas reciben como respuesta políticas públicas y soluciones y no porras. Porque, miren ustedes, además las porras -no sé si por la Ley mordaza o por la ley de la gravedad- tienen una extraña propiedad física que es que siempre caen hacia abajo. El Gobierno nacional todavía nos debe una explicación de por qué las mismas concentraciones que reciben sonrisas en Núñez de Balboa reciben detenciones y cargas arbitrarias en el barrio de Vallecas. Y siempre que señalo una desigualdad de estas alguien de la bancada de la derecha sale a decir que esto es dividir a los españoles. Es exactamente lo contrario: es exigir que haya una sola ley, con independencia de en qué barrio vivas, y que quien tenga la voluntad de salir a manifestarse en Vallecas tenga la plena garantía de que va a ser tratado con el mismo trato exquisito que los que salen a manifestarse en pleno corazón del barrio Salamanca.

Señores del Gobierno, cumplan sus compromisos de investidura por los que les votamos y deroguen en su totalidad la Ley mordaza.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Plural también, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Moltes gràcies, presidenta.

El Estado español en sí ya es una mordaza para Cataluña, con o sin Ley mordaza. Evidentemente, vamos a votar a favor de esta propuesta, pero creo que vale la pena puntualizar que ni Podemos ni los socialistas son los autores de esta propuesta de reforma. La meva solitaritat amb tu, Gerard, devant el racisme i el feixisme de VOX (aplausos), pero en España los que están en prisión son el Govern de la Generalitat de Catalunya per posar urnas, cuando en una democracia plena y europea del siglo XXI las que deberían estar encerradas son las togas que pudren su país cada vez que actúan. (Rumores).

Han evidenciado que a ustedes no les interesa para nada resolver el conflicto político con Cataluña, porque así pueden seguir utilizando Cataluña como excusa para tapar su inutilidad. Han decidido también que la unidad de España y que la represión son mucho más importantes que el bienestar de los ciudadanos de Catalunya. Su silencio, su conformismo, mirar siempre hacia otro lado confirman que el odio a Cataluña, que ustedes se han ocupado de sembrar durante muchísimos años, es la única campaña electoral que contemplan, básicamente porque no tienen ningún proyecto de futuro para España.

En cualquier democracia europea sería impensable que se inhabilitara a un president por colgar una pancarta, y menos viniendo de una entidad administrativa politizada y pervertida. Y me preocupa que ustedes no sean conscientes de ello, que no sean conscientes del ridículo internacional que están haciendo.

Frente a esta escandalosa inhabilitación, la respuesta de algunos es elecciones, cuando saben perfectamente que los votos de los ciudadanos de Cataluña no valen nada aquí en España; no valen nada. En Cataluña no deciden los ciudadanos de Cataluña; en Cataluña deciden las instituciones franquistas que


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ustedes llevan muchos años avalando y apuntalando. La ley que hoy debatimos se hizo ad hoc para la contestación del pueblo catalán en las calles. Y este Gobierno progresista lleva dos años utilizándola. Todo esto que ustedes están permitiendo que se le haga a una minoría territorial es un insulto a todo principio democrático. Nos quieren asustados y paralizados, pero el president Torra, la Tamara, el Jordi Pesarrodona, los más de 2850 represaliados por España, que no han hecho otra cosa que defender la democracia y nuestro futuro, tienen mucha más dignidad que todos ustedes juntos, y ninguno de ellos ni ninguno de nosotros quiere que la policía y la justicia patriótica hagan política por nosotros. Pero parece que a algunos de ustedes ya les va bien que así sea. Dejen de ponernos como excusa para tapar su incapacidad de resolver los problemas de su país, que son muchos. Estoy convencida de que los ciudadanos españoles son los primeros que están hartos; hartos de que ustedes nos pongan a nosotros como excusa siempre, a los catalanes, a los independentistas, mientras este país se va hundiendo poco a poco cada día.

Termino. La solución para que España deje de poner y sacar presidents de la Generalitat de Catalunya, para que dejen de arrancarnos 16 000 millones de euros que son de los habitantes de Catalunya y que ustedes malgastan cada año, para dejar de perjudicar a las empresas, a los trabajadores y a los autónomos catalanes, la solución es la independència. (Continúa su intervención en catalán). No seremos libres en España mientras sigamos formando parte de ella. ¡Llibertat presos polítics i exiliats i visca Catalunya lliure! (Rumores).

¡Salut!

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nogueras. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Carvalho Dantas.

La señora CARVALHO DANTAS: Moltes gràcies, presidenta.

En primer lloc, toda mi solidaridad sudaca, con esta camiseta maravillosa de los mapuches, al ?compa? Gerard Pisarello. (Aplausos). Solidaridad sudaca antifascista y decolonial; contra el fascismo, porque no pasarán. Con una víctima del fascismo latinoamericano, sudamericano, toda mi solidaridad. (Aplausos).

Derogar la Ley mordaza es uno de los muchos compromisos incumplidos por este Gobierno. Recuerdo que, desde su aprobación, este grupo parlamentario, Esquerra Republicana, el Grupo Republicano, estuvo años presentando iniciativas parlamentarias para su derogación. Me gustaría empezar hablando, resaltando uno de los peores ejemplos de las miserias de la Ley mordaza -y las compañeras de Unidas Podemos seguro que estarán de acuerdo conmigo-, y es que convirtió en delincuentes a los vendedores ambulantes y a los ?compas? manteros. Antes de la modificación del Código Penal, la venta al por menor de artículos de imitación se consideraba una falta con sanción administrativa, y es que desde que se aprobó la Ley mordaza del Partido Popular, en diciembre de 2014, los manteros, los ?compas? vendedores ambulantes, la mayoría de la gente que podría incluso solicitar asilo, pasaron a ser delincuentes que se enfrentaban y se enfrentan a penas de cárcel y a contar de por vida con antecedentes penales en sus historiales policiales. Dejo aquí la frase de que sobrevivir no es delito.

Ustedes llegaron al poder, primero, con una moción de censura y, luego, con una investidura sustentada en un programa de profundas reformas que tenían por objetivo desmantelar y revertir ocho años de retrocesos legislativos en derechos y libertades que nos había dejado en herencia el PP.

La Ley mordaza, mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, fue una de esas reformas legislativas retrógradas impulsadas por la derecha para perseguir la disidencia política y restringir derechos básicos como el de la protesta y manifestación, en un momento de estallido social por los estragos de la crisis/estafa financiera. También perseguía blindar las políticas migratorias racistas y criminales que se estaban llevando a cabo en la frontera sur, en Ceuta y Melilla. Pero, como suele pasar, la derecha fue demasiado lejos y tuvo que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sentenciar la ilegalidad y la vulneración de los derechos humanos que suponen las vergonzosas y criminales devoluciones en caliente, todavía hoy?

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señora presidenta, pido la palabra por el artículo 72?

La señora PRESIDENTA: Perdone un segundo, señora Carvalho.

Señor Espinosa de los Monteros. (Rumores y protestas.-El señor Mayoral Perales: Es una vergüenza, no se puede interrumpir al orador.-Una señora diputada: ¡Callaos la boca. La presidenta está dando la palabra!).

¡Pido silencio, por favor!


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El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señora presidenta, le ruego que mande a la que está hablando ahora que quite ese cartel donde pone «FORAVOX» y que se atenga a las normas de decoro que presiden esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros.

Señora Carballo, sí tengo que recordarle que en el turno del uso de la palabra lo que tenemos los diputados y diputadas es nuestra palabra. Creo que no es bueno que haya manifestaciones, y menos referidas a otros grupos de la Cámara, mediante pancartas o mediante carteles. He hecho referencia a ello en otras ocasiones. Yo le pediría, por favor, que quite el cartel de la tribuna y que siga haciendo uso de su palabra, que es lo realmente importante en el Parlamento.

Gracias.

La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Mi pregunta es: ¿puedo acogerme a mi libertad de expresión? Escucho muchas veces aquí: «váyase usted, señor ministro», «váyase usted, señora ministra». Yo creo que esto es lo mismo.

La señora PRESIDENTA: Señora Carvalho, no vamos a entrar en una discusión, porque creo que no es bueno que se debata con la Presidencia. La libertad de expresión precisamente se manifiesta mediante la palabra, y usted está precisamente en uso de la palabra en esta tribuna. Por eso le pido que las pancartas las dejemos fuera del hemiciclo.

Muchas gracias.

La señora CARVALHO DANTAS: Muchas gracias, señora presidenta. Es un adhesivo, no es una pancarta, es de la Unitat contra el feixisme i el racisme de Catalunya, de la Red Unitaria contra el Fascismo y el Racismo del Estado español. (La señora Carvalho Dantas lo retira).

Como decía, tuvo que venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sentenciar la ilegalidad y la vulneración de los derechos humanos que suponen las vergonzosas y criminales devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, una figura que el Ejecutivo de Rajoy había legalizado precisamente con la inclusión de una disposición adicional a la Ley mordaza. Ya en 2015 todos teníamos claro lo que se estaba aprobando y lo que suponía esta ley para la devaluación de los estándares de calidad democrática. Todas sabíamos para qué y contra quién sería utilizada esta medida. Personas migrantes sin papeles, activistas, sindicalistas, artistas han sido la diana de la Ley mordaza y también, por supuesto, del aparato policial y judicial que ha instaurado la arbitrariedad absoluta, una arbitrariedad que te puede llevar a sanciones de 600 euros por llevar una camiseta con eslóganes contestatarios, dirigirte en catalán a un policía -sí, esto pasó con una amiga mía, no es una leyenda-, dar like a una publicación de Facebook y tantos otros atropellos jurídicos que nos sitúan en una posición de absoluta indefensión a todos aquellos que cuestionamos el statu quo.

Pues bien, ha pasado ya el tiempo más que suficiente para que este Gobierno desmantele una legislación que es una vergüenza en términos humanitarios y una inmundicia en términos democráticos. No solo no se ha derogado esta ley de la vergüenza, sino que durante el estado de alarma se ha batido el récord de sanciones con más de un millón, señorías. Esto, pese a que el ministro Grande-Marlaska anunciara en abril la intención de sustituir la normativa. Este es el balance del Gobierno más progresista de la historia. Y me duele bastante decirlo, que conste.

Señorías del PSOE y de Unidas Podemos, si su Gobierno no es capaz de transformar la realidad de aquellos y aquellas que los auparon al Gobierno y no consiguen que entre la ciudadanía cale la idea de que existe una alternativa realmente progresista para mejorar sus vidas, vamos a ver más pronto que tarde cómo se impone la agenda reaccionaría en España. Dejo a Brasil, mi segundo país, de espejo. Esto pasó en Brasil, ha pasado ya en muchos países de nuestro entorno y pasará aquí, porque el autoritarismo, el fascismo, la derecha populista se alimentan del combustible de la decepción de la izquierda. Vamos a votar a favor de la propuesta de modificación y vamos a continuar peleando para que se derogue cuanto antes una de las leyes más nefastas de las últimas décadas.

Acabo, señora presidenta. Damos la bienvenida a las compañeras de las CUP por su proposición de ley, algo que ha pedido el Partido Republicano todos estos años. Ahora sí, acabo con una frase del bisbe Casaldàliga, mig català mig brasiler, que básicamente dice lo siguiente: sin libertad no hay justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Carvalho. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Cortés Gómez.

El señor CORTÉS GÓMEZ: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con el compañero Gerad, un referente político, y quiero decirle al Grupo Parlamentario VOX que van a necesitar mucho más que un mero tuit para amedrentar al compañero Gerard. Toda mi solidaridad, compañero. (Aplausos).

Dicho esto, la ley cuya reforma hoy debatimos, comúnmente conocida como Ley mordaza, no podría entenderse sin la irrupción del 15-M y su amenaza, su jaque a un sistema corrupto, un sistema que mostraba síntomas innegables de un proceso irreversible de descomposición institucional. Los debates que tuvieron lugar en las plazas dieron lugar al florecimiento de una primavera -como se ha indicado aquí- de la que brotó una de las mayores movilizaciones sociales que haya conocido el siglo XXI, conocida mundialmente como Spanish Revolution, movilizaciones en las que reivindicábamos en las plazas tanto los derechos sociales y económicos, como los derechos civiles y políticos. Fue en reacción a ese ciclo de movilización social por lo que los líderes del PP idearon la conocida como Ley mordaza, la joya de la corona de su estrategia represiva. Esta ley estuvo liderada por un exministro del Partido Popular y se aprobó en este Pleno con los únicos votos a favor del PP y todos los votos en contra del resto de partidos del hemiciclo. Una ley que se aprobó para cercenar -como aquí se ha dicho- la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de reunión y el derecho de huelga, y es por ello que en las calles se bautizó como Ley mordaza.

En relación con el respeto de los derechos y las libertades, dentro de la reforma del Código Penal, mi grupo parlamentario está impulsando -y esto ya es público- la reforma del delito de sedición, que criminaliza el derecho a la protesta, y la derogación del artículo 315, para que se respete de manera integral el derecho de huelga. También nos comprometemos a impulsar la derogación del artículo 490 del Código Penal, para derogar el delito de injurias a la Corona. Quiero recordar que hoy hay artistas que se encuentran en el exilio o en prisión por el mero hecho de poner en verso lo que dicen en prosa los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. Y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. (Aplausos). Hablando de medios internacionales y de la Ley mordaza, quiero recordar que The New York Times afirmó que esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco. Y, a pesar del aluvión de críticas nacionales e internacionales en las que vio la luz la Ley mordaza, al Partido Popular no le tembló la mano a la hora de desplegar una serie de medidas represivas que nos retrotraen a los tiempos más grises de nuestra historia. Pero debemos preguntarnos quién es el gris exministro que impulsó esta ley reaccionaria. Pues nada más y nada menos que Jorge Fernández Díaz, el jefe de la guardia pretoriana de M. Rajoy, un exministro que actualmente está imputado por valerse de fondos públicos y de instituciones públicas -en particular, la conocida como policía patriótica- para espiar y difamar a sus rivales políticos, entre los cuales se encontraba el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Hoy vivimos de nuevo en tiempos convulsos y, de nuevo, la gente ha vuelto a tomar las calles. El jueves de la semana pasada pudimos ver cómo ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid se movilizó de manera espontánea y pacífica el barrio de Vallecas. Y pudimos ver también cómo, amparados por la Ley mordaza, hubo un despliegue de fuerzas injustificado, ya que no estuvo fundamentado en los principios de idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad, porque repito que fueron unas manifestaciones y movilizaciones pacíficas. Pero hemos de reconocer que la Ley mordaza no garantiza la seguridad ciudadana, sino que penaliza la movilización cívica y pacífica.

En el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común estamos firmemente convencidos de que un Estado democrático de derecho debe contar con mecanismos adecuados de rendición de cuentas de todos sus funcionarios, incluyendo también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el fin de asegurar que nadie actúe de manera discrecional, arbitraria o discriminatoria, lo cual ha quedado bastante cuestionado con el diferente tratamiento que han tenido, por un lado, como ya se ha dicho, las manifestaciones de los barrios ricos de Madrid, los ?cayetanos?, y, por otro lado, las manifestaciones de los barrios más humildes del sur, los vallecanos. Quiero poner de relieve que en mi grupo parlamentario consideramos que la reforma de la Ley mordaza es un paso necesario en el camino hacia su total derogación y sustitución por una nueva ley de protección de las libertades ciudadanas. Por ello, votaremos hoy a favor de la reforma que propone el Partido Nacionalista Vasco.


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Presidenta, quiero acabar con una cita del escritor libertario George Orwell, un escritor que se burló de los totalitarismos del siglo XX y que en su novela satírica Rebelión en la granja escribió estas palabras: Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle al poder aquello que no quiere oír.

Gracias, presidenta, y muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Cortés. (La señora Fernández Castañón pide la palabra). Sí, señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Perdone, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario queríamos formularle dos preguntas. Una de las preguntas es si se puede interrumpir a la persona que está en uso de la palabra en la tribuna, y la otra?

La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Castañón, este turno de palabra no está previsto en el Reglamento. Muchas gracias. (Una señora diputada: ¿Y la otra pregunta?-El señor Mayoral Perales: El de otros sí, ese sí estaba previsto.-Protestas).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández-Lomana Gutiérrez. (Aplausos).

El señor FERNÁNDEZ-LOMANA GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidente.

Señorías, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo garantizar la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos. Partiendo de esta premisa, en el Grupo Parlamentario VOX entendemos que esta ley está garantizando la protección de personas y bienes, a la vez que protege a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones ofreciéndoles un marco de actuación de seguridad y certidumbre, y que no limita ni restringe derechos fundamentales. En VOX consideramos que hay que llevar a cabo una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero siempre con el fin de proteger los intereses fundamentales de todos y no solo de unos pocos. (Aplausos).

Aquí hay un equilibrio entre la seguridad y la libertad. La libertad es un principio democrático fundamental, pero sin la seguridad que debe garantizar el Estado a sus ciudadanos no hay libertad. Esta ley que el PNV quiere modificar es la misma que ha servido para garantizar el orden público y el cumplimiento de la prohibición de libertad de movimientos que nos impuso este Gobierno durante setenta y cinco días para contener la pandemia. Se han tramitado durante el estado de alarma más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, un 42 % más que en los tres primeros años de la norma. Señorías, ¿ha servido o no ha servido la ley? ¿Corresponde ahora modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando en breve posiblemente tengamos que volver a utilizarla?

Desde mi Grupo Parlamentario, VOX, rechazamos la iniciativa planteada por el PNV. Es el colmo de la desfachatez, de una hipocresía supina y de incoherencia que sea el PNV el que quiera dar lecciones de seguridad ciudadana. (Aplausos). Hace treinta años, su entonces presidente, Xabier Arzalluz, dijo textualmente en una reunión con la cúpula de Herri Batasuna: unos sacuden el árbol pero sin romperlo para que caigan las nueces y otros las recogen para repartirlas, refiriéndose así a la coincidencia de intereses entre su partido, la izquierda abertzale y la organización terrorista ETA para alcanzar un objetivo común, que no era otro que la independencia y que no era otro que romper España. (Aplausos).

Ustedes, durante cinco décadas, han recogido las nueces del terrorismo de la organización ETA, y por si les cuesta hacer memoria, nosotros se lo recordamos: 854 muertos, miles de heridos y miles de amenazados, más de 500 atentados en su comunidad autónoma, y de estos precisamente 486 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas cifras nos avalan para hablar de memoria y de seguridad. ¡Y se atreven a venir a hablarnos al Parlamento español de seguridad ciudadana y derechos fundamentales cercenados!

El PNV pone encima de la mesa este tipo de iniciativas aprovechando la debilidad de este Gobierno socialcomunista, que necesita su apoyo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado; oportunismo político. Porque el objetivo que ustedes pretenden con las modificaciones y supresiones introducidas no es más que una clara ruptura del equilibrio entre el Estado de derecho, la libertad y la seguridad recogido en la ley en pro del primero. Pero una cosa es la libertad y su defensa y otra muy distinta acabar con nuestro derecho a la seguridad pública. Ustedes, con las modificaciones que plantean, pretenden legitimar los desórdenes y obstaculización en las vías, espacios y establecimientos públicos, muy propio de la kale borroka y de los CDR, artículo 36.3 de su propuesta. No castigan la perturbación de la seguridad ciudadana en oficios religiosos y sí el resto de actos públicos y reuniones con numerosas personas; artículo 36.1. Se fomenta la plantación y cultivo ilícito de drogas, estupefacientes o sustancias


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psicotrópicas en lugares visibles al público, y de esta manera se atenta contra la salud pública; artículo 36.18. Ustedes legitiman los grafitis y pintadas en bienes muebles o inmuebles tanto públicos como privados. Un ejemplo son las pintadas que se hacen a favor de ETA y perduran en el tiempo. En lo que va de año, casi un centenar de pintadas han sido denunciadas por los colectivos de víctimas del terrorismo. Sin embargo, cuando se trata de proteger los derechos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ahí no, ahí no se cercenan derechos fundamentales. Ahí ustedes sí permiten el uso de imágenes o datos personales o profesionales de nuestros agentes, aunque ello pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar o, si acaso, el éxito de una operación policial. Pues miren, no (aplausos), para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos se debe permitir a nuestros agentes desarrollar sus funciones en un marco de estabilidad y de certeza. Hablan de una ley que convierte a España en un Estado policial y nos traen otra que la convierte en una auténtica jungla.

Su proyecto alienta también la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Les recuerdo que la disposición final primera de la ley que quieren suprimir, en la que se rechaza en frontera a los inmigrantes ilegales, está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que dicha devolución no es algo ilegal y que tampoco supone una vulneración de los derechos humanos.

Señores del PNV, no nos traigan un proyecto de ley en el que se suprime cualquier referencia a las competencias de la Administración General del Estado para sustituirlas por las administraciones públicas autonómicas. Les digo una cosa, a pesar de sus avances en la cada vez mayor descentralización competencial en materia de seguridad a favor de las policías autonómicas, llegará el día -escuche bien- en el que el Grupo Parlamentario VOX, primero, termine con la multiplicidad competencial en seguridad ciudadana y, segundo, acabe con los reinos de taifas en los que se ha convertido cada comunidad autónoma, y llegará un momento en el que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependerán, en última instancia, del Gobierno central, con una recuperación plena de competencias en materia de seguridad ciudadana. No le quepa duda de que así va a ser.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX rechaza que esta iniciativa se tome en consideración. Y les voy a decir algo más. A ustedes no les gustan ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni los funcionarios de prisiones, ni el Ejército, los cuales sí les han ayudado y apoyado en muchos momentos de necesidad, cuando ustedes se lo han requerido a este Gobierno.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.-El señor Legarda Uriarte pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández-Lomana. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Sí, señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Presidenta, en atención al artículo 71, para reclamar que se reparen ciertas afirmaciones que se han hecho contra nuestro grupo, que afectan a la dignidad del mismo, porque se ha puesto como intención de nuestro grupo que con esta reforma lo que pretendíamos era que determinados ilícitos quedaran impunes, sin conocer, porque está en la reforma y en la exposición de motivos, que no es que pretendiéramos que quedaran impunes, sino que consideramos que ya están sancionados en el Código Penal.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.

El señor SERRADA PARIENTE: ¡Qué sorpresa, señorías! Hoy, que repetimos debate, que repetimos iniciativa, resulta que el grupo que aprobó esta ley con mayoría absoluta, señor Istúriz, hace una enmienda a la plana, niega la mayor, la postura que su grupo mantuvo en la legislatura pasada, donde en una Comisión creo que llegamos a un acuerdo importante para sacar aspectos de esta ley; además, utilizando los mismos argumentos que utilizó el anterior portavoz del Partido Popular para asegurar y apoyar la propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Creo, señoría, que el ejercicio de funambulismo que ha hecho hoy ha sido muy notable y que aporta bien poco al contexto político, a no ser, señoría, que usted lo que pretenda sea hacer seguidismo de VOX, que creo que es en lo que están ahora. (Aplausos).

Hoy, la responsabilidad que tenemos en esta Cámara es la de lanzar un mensaje a los ciudadanos, un mensaje en un momento de incertidumbre, un mensaje que creo que debería ser claro y conciso, y es que


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en este país el ejercicio de las libertades y la garantía de derechos tienen que ser un avance más de nuestra sociedad, y esta ley es un retroceso claro sobre esa libertad de avance. Mi partido mantiene la misma posición ahora que antes. Mi partido tiene ciento cuarenta años de historia, señor Mateu. En materia de garantía de derechos y de avances sociales, hay muy pocos partidos políticos que puedan darnos lecciones. Por eso, quiero decirle que hoy no se debe, no se puede esperar otra posición de un partido político como el nuestro que no sea la de continuar con el ejercicio que hemos venido haciendo en esta Cámara, un ejercicio de responsabilidad que nos llevó también a plantear recursos de inconstitucionalidad. Por cierto, señora Dantas, Esquerra Republicana no firmó esos recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, vuelvo a repetir que lecciones, las justas al Partido Socialista.

Qué ironía hoy, ¿verdad? Qué ironía. Ustedes han dicho que hace mucho tiempo que abordamos este debate. Fíjense, hace tres años -casi exactamente tres años-, el 21 de septiembre del año 2017, hablábamos aquí sobre la tramitación de una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Bildu. Ese día también se debatía en esta Cámara sobre la Comisión de investigación del uso partidista del Ministerio del Interior por parte del Partido Popular. Ironías del destino -decía-, hoy también hablamos de Ley de seguridad para tramitarla y el jueves hablamos de la creación de una Comisión de investigación sobre el Partido Popular y sobre qué hizo en el Ministerio del Interior.

No voy a decir nada nuevo, creo que ya han dicho bastantes de sus señorías cuál era el objetivo real de esta ley. El Partido Popular se enfrentaba cuando aprobó esta ley a una situación complicada en la calle, a una situación que necesitaba amordazar, a una situación política que también necesitaba amordazar y a una situación en la opinión pública que asimismo tenía que amordazar con sus múltiples casos de corrupción. Para conseguirlo no les tembló la mano. No les tembló la mano para cambiar el Código Penal ni para aprobar esta ley; no les tembló la mano para acotar derechos fundamentales de los ciudadanos, para acotar el derecho de expresión, de manifestación, de huelga o de tránsito. Y lo que es peor, ustedes ampararon y dieron cobijo a todo esto desde el Ministerio del Interior. Ustedes crearon -y cito literalmente las conclusiones de la Comisión de investigación- una estructura destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. Todo esto, señorías, lo hacían con la anuencia, con el apoyo y con el aplauso de un diputado por Ávila que estaba sentado ahí (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y que sigue sentado ahí, pero hoy ya no es diputado por Ávila, sino que resulta que es diputado por Madrid, resulta que es presidente del Partido Popular y resulta que dice no saber nada. Pero fíjense qué cosas, qué ironías tiene el destino. En el viaje de Ávila a Madrid no dudó en contar con una persona a su lado de máxima confianza, el señor Cosidó, primero, como padrino político en las primarias del Partido Popular; después, como portavoz en el Senado, y ahora permitiendo que cobre un sueldo público asesorando al presidente de la Junta de Castilla y León no sabemos en qué. Tampoco dudó el diputado por Madrid y presidente del Partido Popular nada más llegar a la presidencia de su partido en colocar al reprobado ministro Fernández Díaz en su dirección nacional al frente del área de Interior. No sé si sería para agradecerle la gestión que hizo en el Ministerio del Interior.

Voy finalizando. Señor Gutiérrez, usted hablaba del binomio entre seguridad y libertad. Para mi partido existe ese binomio, pero le voy a decir una cosa más. Hay que meter otra variable en juego y es la igualdad, igualdad que ustedes no comparten. Sin igualdad no hay libertad, pero sin un espacio igualitario y libre no hay capacidad si no hay seguridad para ejercerlo.

Señorías, para nuestro partido es una prioridad colaborar con la justicia para erradicar policías políticas del Ministerio del Interior. Esto sí es defender la honorabilidad de la Policía y de la Guardia Civil. Necesitamos realizar cambios profundos en la Ley de seguridad y estos cambios profundos tienen que afectar a otros ámbitos que tienen que ver con el Ministerio del Interior.

Citaba antes esa sesión que se celebró el 21 de septiembre del año 2017. Pues bien, para cerrar mi intervención, quiero hacer una cita que creo que es bastante clarificadora no solo de lo que pasaba antes, sino de lo que pasa ahora en su partido y del lío que tienen ustedes con respecto a esas tramas de corrupción y esa policía política. Decía el orador del Partido Popular, finalizando su intervención, lo siguiente: «? una persona extraordinaria, que ha servido a su país de la mejor manera que sabía hacerlo, el señor Fernández Díaz, con honor, con dignidad y con honradez. Este grupo» -el suyo- «siempre se lo va a reconocer. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular.-¡Muy bien!)». Esto, señorías, es en lo que ha convertido y en lo que convirtió el Partido Popular el Ministerio del Interior y la seguridad pública de nuestro país. Hoy hubiera sido un


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buen día si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para intentar sacar adelante un texto normativo que no es más que un avance en derechos y libertades de los ciudadanos de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Serrada. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA HABILITAR A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE, DE MANERA POTESTATIVA, PUEDAN ESTABLECER BONIFICACIONES DEL IBI A EMPRESAS, PYMES, AUTÓNOMOS, COMERCIO, SECTOR PRIMARIO Y EMPRENDEDORES QUE HAYAN VISTO SUSPENDIDAS, RESTRINGIDAS Y AFECTADAS SUS ACTIVIDADES POR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. (Número de expediente 122/000052).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para habilitar a los ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Permítame que comience manifestando mi alegría por tener la oportunidad de defender ante el Congreso una iniciativa propia dentro del restringido cupo que las sesiones plenarias dedican a las tomas en consideración de proposiciones de ley. Pese a mi veteranía en las Cortes Generales, es la primera vez que lo hago tras casi un cuarto de siglo de haber jurado por vez primera la Constitución en el antiguo salón de sesiones del Senado y dieciséis años de intermitente ejercicio parlamentario. Quisiera también tener unas palabras de sincera gratitud hacia quienes en Asturias colaboran conmigo para hacer posibles iniciativas como esta proposición de ley, compañeros que hace un año me respaldaron en el seno de Foro para que yo optase a recuperar el escaño a costa de verse inmersos en una cacería política que les ha costado militancia y no pocos disgustos.

Señorías, la colosal crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia que está golpeando con fuerza a los españoles a lo largo del año 2020 no tiene precedentes. La paralización de la actividad durante los meses de confinamiento y los inmediatamente posteriores ha lastrado a todos los sectores públicos y privados, generando una coyuntura angustiosa para el conjunto de la sociedad. Las restricciones a la actividad económica que arrancaron con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que se prorrogaron hasta el comienzo del pasado verano, han detenido prácticamente la economía española, con las consabidas secuelas en términos de bienestar social. La parálisis prosigue para muchas actividades y a todos nos preocupa enormemente esta segunda oleada de coronavirus que ya estamos sufriendo y que puede acabar agudizando más aún la peliaguda situación que atenaza nuestro presente y amenaza nuestro futuro. Es obvio, aunque aún sea pronto para hablar de las consecuencias que todo ello ha supuesto en el tejido productivo, que serán de una magnitud hasta ahora desconocida en nuestra historia contemporánea. De ahí que algunos hayamos pensado que ha llegado el momento de adoptar con urgencia normas concretas que incluyan medidas proactivas que faciliten la recuperación de la actividad económica, generando confianza para la reactivación y la generación de empleo y consiguiendo, en fin, que se pueda ir contribuyendo a crear un escenario de recuperación progresiva de la normalidad con la mayor rapidez y agilidad posible, manteniendo un grado de seguridad sanitaria lo más elevado posible.

Señoras y señores diputados, son numerosas las entidades locales que han venido manifestando su intención de desarrollar iniciativas de carácter fiscal para atenuar los graves efectos de la parálisis de la actividad en las empresas, pymes, autónomos, comercios, sector primario y emprendedores radicados en sus respectivos términos municipales y que, sin embargo, no pueden hacerlo porque la legislación básica del Estado lo impide. Este es precisamente el motivo por el que se gestó esta proposición de ley, el de remover dichos obstáculos sin menoscabar la autonomía municipal consagrada constitucionalmente, haciendo descansar en cada Administración local y sus órganos competentes la aplicación de aquellas medidas que faciliten las cosas a las empresas asentadas en su territorio mediante el articulado de la presente modificación legislativa. Lo que se promueve con esta propuesta es que las bonificaciones


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fiscales previstas puedan aplicarse en el presente ejercicio impositivo 2020 para dar respuesta ágil a las medidas fiscales que cada municipio estime en lo referente al impuesto sobre bienes inmuebles, posibilidad que ha sido admitida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, cabe recordar que su Sala tercera ha declarado en reiteradas ocasiones que cabe la posibilidad de aplicar retroactivamente las ordenanzas fiscales cuando así lo autorice expresamente una ley, en este caso la legislación básica en materia de haciendas locales, ya que la decisión de dotar de irretroactividad a unas concretas prestaciones patrimoniales como las tributarias únicamente corresponde al legislador.

Como bien conocen ustedes, sobre todo aquellos que atesoran el enorme privilegio de haber sido alcaldes o concejales de sus pueblos y ciudades, los ayuntamientos no ostentan una libertad omnímoda para gravar hechos imponibles tanto al propio ejercicio impositivo como a los de años anteriores. Por ello, la posibilidad que aquí se trae de bonificar potestativamente el IBI para el presente ejercicio 2020 solo podrá aplicarse en la medida en que una norma con rango de ley permita para supuestos determinados la aplicación anticipada de una figura tributaria respecto a la fecha de publicación de la ordenanza regulatoria. Únicamente entonces podrá la corporación local habilitada por esa norma legal singular acordarlo y hacerlo constar, como se reconoce también en varias sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo. En definitiva, solo la ley puede alterar el principio de legalidad ordinaria de que la ordenanza precediera al devengo, es decir, solo en la medida en que así se hubiera establecido o permitido por la ley.

Como sus señorías han podido advertir en el único artículo de esta proposición, de lo que se trata aquí es de adicionar un párrafo con el número siete al artículo 74 del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativo al IBI; un párrafo que establezca que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad económica que se haya visto suspendida, restringida o afectada por las consecuencias del Real Decreto 463/2020, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre y cuando ese tributo sea abonado por la persona física o jurídica que ejerza dicha actividad. Las características singulares y ámbito de la bonificación, su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal. Igualmente, se incluye una disposición final primera, conforme a la cual, con carácter excepcional y atendiendo a las circunstancias que fundamentan la presente ley, lo dispuesto en la misma podrá aplicarse en el presente ejercicio 2020 y extenderse hasta el ejercicio impositivo de 2023, entrando esta ley que proponemos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Señoras y señores diputados, conforme al artículo 31.1 de la Constitución española, el artículo 3 de la Ley General Tributaria, en relación con los artículos 105 a 116 de la Ley de Bases de Régimen Local, recuerda los principios de justicia, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad, estableciendo su punto segundo que el sistema se asegurará del respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios. Pues bien, ninguno de estos mandatos puede darse por cumplido en el caso de aquellas actividades económicas en cuyos inmuebles no han podido desarrollarse sus tareas habituales durante la vigencia del estado de alarma y que por ese mismo motivo no pueden en justicia ser gravados por el tributo, al menos en el tiempo en que por las restricciones impuestas por el coronavirus han debido dejar su quehacer habitual. Lo que se pide, además, no constituye discriminación alguna ni ventaja selectiva patente en algunos otros sujetos tributarios, toda vez que no hace más que corregir una desventaja a los afectados por el impuesto, pese a no desarrollar en sus inmuebles actividad alguna durante meses. No hay, por consiguiente, ninguna ayuda de Estado camuflada, sino que encaja a la perfección en lo que permite el artículo 107.1 del Tratado de la Unión Europea, sin que podamos hablar de exención fiscal ilegal, sino de un impecable ejercicio de justicia tributaria.

Una consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de varias sentencias ha recalcado que solo pueden admitirse actuaciones como la propuesta si están justificadas por razones imperiosas de interés general. En el caso que nos ocupa resulta patente la justificación objetiva sobre el interés público que está detrás de esta modificación legal, no existiendo, por ello, infracción alguna del precepto comunitario citado. No pueden considerarse ayudas ilegales, por consiguiente, aquellas intervenciones fiscales, como esta, que tengan la finalidad de aliviar las cargas que normalmente recaen sobre todas las empresas o actividades económicas y no sobre unas u otras determinadas, aparte de las poderosas razones de interés general esgrimidas para ello. Unido a todo, conviene resaltar que, como es conocido, la seguridad jurídica obliga a las administraciones a generar un marco normativo estable, predecible e integrado.


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Ninguna actividad económica podría prever un ejercicio como el actual de la pandemia, con una paralización de la actividad tan acusada durante tanto tiempo. De ahí que también razones de seguridad jurídica aconsejen atemperar en este ejercicio el impuesto sobre bienes inmuebles a esta imprevisible situación surgida con la llegada del COVID-19. También los principios de buena fe y confianza legítima previstos en el articulado de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son perfectamente aplicables a las relaciones entre administraciones públicas y administrados, ya se trate de relaciones de supremacía general o especial, y existe una presunción de actuación de buena fe de la que gozan las administraciones, así declarada jurisprudencialmente desde antiguo por el Supremo, pero que cederá con prueba en contrario. Ha dicho el Alto Tribunal que la confianza legítima surge cuando la relación entre Administración y administrado se basa en signos externos suficientemente concluyentes, unidos a unos perjuicios que razonablemente se cree que no se iban a producir. En suma, debe existir -y lo cito literalmente- un umbral de confianza en la estabilidad del orden jurídico y las situaciones de mercado que justifiquen razones de interés público.

Por todo esto, los cambios que se produzcan en el statu quo jurídico siempre deben intentar hacer compatibles los intereses públicos y privados en juego mediante la previsibilidad, como quiera que si una conducta de los poderes públicos es sorpresiva y no esperada ni ajustada a las condiciones vigentes, resulta entonces exigible la reparación del perjuicio económico justificado que pueda producirse.

Concluyo, señora presidenta, resumiendo que de cuanto he expuesto se deriva que, como consecuencia de esas relaciones entre sujetos públicos y privados presididas por la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza recíproca, debe permitirse a los ayuntamientos que potestativamente bonifiquen el recibo del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles, a aquellos inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas en su término municipal y que no han podido abrir sus puertas durante la pandemia, porque esto redundará en beneficio no solo del tejido productivo, sino del empleo y del bienestar social de su territorio. Si no lo aprobamos aquí, en las Cortes Generales, sepan sus señorías que a buen seguro serán los tribunales los que ajustarán semejante injusticia en la ley, lo que, sin duda, contribuirá poco al crédito de esta Cámara ante los ciudadanos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.

La iniciativa presentada por Foro tiene como objetivo la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir que las ordenanzas fiscales incluyan una bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que se hayan visto suspendidas, restringidas o afectadas por el estado de alarma, y todo ello, entendemos, para intentar minimizar el impacto ocasionado por la pandemia debido a esa paralización de la actividad económica. Una iniciativa, en definitiva, como otras tantas que lo que busca es ayudar a la supervivencia de empresas y comercios. Por otro lado, también parece que reivindica parte de la autonomía de los ayuntamientos para que estos puedan tener la posibilidad, si así lo consideran, de adoptar aquellas medidas más adecuadas a las necesidades de su ciudadanía a través de las tasas.

Dicho esto, si a pesar de lo que debatimos aquí es la toma en consideración y no el contenido, sí entendemos que este, el contenido, debería ser matizado, siempre teniendo en cuenta lo que manifiesten los propios ayuntamientos. Insisto, esta propuesta requiere una mayor matización y, además, hay que tener en cuenta que esta cuestión está estrechamente unida, o indisolublemente unida, desde luego a la financiación municipal. Si bien pudiera ser que a primera vista podría ser una buena medida para paliar las consecuencias del COVID en la actividad económica, no es menos cierto también que la misma implicaría la necesidad de otras medidas a nivel de los ayuntamientos para paliar ese descenso de recaudación municipal, en el caso de optar por dicha bonificación, porque lo que se quita de un lado requiere de un aumento del otro; de lo contrario, significaría recortes en otras áreas debido a esa menor recaudación. Además, y por ahondar un poco más, estas medidas, ¿a quién se aplicarían? ¿A todos los establecimientos que han tenido que cerrar, a aquellos que han estado abiertos pero que han tenido menos recaudación, a los propietarios de los inmuebles o solo a aquellos propietarios que son titulares de establecimientos y los regentan? Si, además, de lo que se trata es de que los ayuntamientos puedan tener


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mayor autonomía y decidir de manera más amplia en cuanto a sus tributos o tasas, se debería haber tratado con ellos esta iniciativa por ser una materia que les afecta de lleno. Por ello me pregunto si esta iniciativa proviene de los propios ayuntamientos y si la misma se ha tratado y consensuado, por ejemplo, en la FEMP, como órgano de representación de los municipios de régimen común. Porque resulta paradójico a veces que se reivindique este papel de la FEMP en tantas cuestiones y a lo mejor ahora ni se ha llevado este tema a este órgano.

Esta iniciativa versa sobre un impuesto en el que los territorios forales tienen competencia y, como ustedes ya conocen, este grupo no suele interferir en aquellos debates que afecten a cuestiones fiscales si las mismas conciernen a impuestos o a tributos concertados de normativa autónoma en los que los territorios históricos tienen capacidad normativa plena para regular los distintos conceptos tributarios, como es este caso. Asimismo, y en caso de que hubiera que adoptar una decisión al respecto para Euskadi, serían las Juntas Generales correspondientes a cada territorio histórico las que debieran acordarla, siempre desde luego con el consenso de los ayuntamientos, como he dicho, como entidades responsables de gestionar dicho impuesto en nuestro marco, en el marco de la Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, su órgano de representación. No siendo, por tanto, de aplicación lo previsto en esta propuesta a los territorios forales y al objeto de no condicionar el resultado de ese debate por ser, como he dicho, una cuestión fiscal ajena, este grupo se abstendrá en la votación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.

Señorías, hoy debatimos una proposición de ley de estas que nos gustan en Ciudadanos; una iniciativa de las que nosotros llamamos de política útil porque trata sobre los problemas de los españoles y no sobre los problemas de los políticos. Una propuesta con mucho contenido y con poca ideología, donde es más importante lo que votas que con quién votas. Por tanto, ya les adelanto que mi grupo parlamentario apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley, si bien introduciremos algunas enmiendas que pretenden mejorar el texto y hacer extensibles las ayudas a un sector más amplio de los negocios afectados por la pandemia.

Plantean los señores de Foro bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles a las empresas y negocios que hayan visto mermada su actividad por el COVID. En mi grupo, como no podía ser de otra manera, vemos con buenos ojos esta propuesta, sobre todo porque esta modificación legislativa ya la presentamos desde Ciudadanos como enmienda a los decretos sobre el COVID que se aprobaron en esta Cámara. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, donde gobernamos en coalición con el Partido Popular, fue el primero en proponer rebajas fiscales tanto en el IBI como en el impuesto sobre actividades económicas y otros impuestos de ámbito municipal. En concreto, en Madrid lleva tiempo aprobada la bonificación del 25 % en ambos impuestos para, por ejemplo, el ocio o la hostelería. En definitiva, señorías, saludamos esta iniciativa que pretende ayudar a las pymes, a los autónomos, a los trabajadores y a todos aquellos que crean riqueza y empleo en nuestro país y que tan mal lo están pasando. Ninguna iniciativa sobra en la doble labor de salvar vidas y salvar empleos. Bienvenidas sean todas las fuerzas políticas que quieran sumar en esta tregua política, dejando a un lado las cuestiones ideológicas o de partido y remando todos juntos en la dirección correcta.

Hablamos en esta iniciativa de los ayuntamientos, la primera línea institucional contra el COVID y contra la crisis económica derivada de la pandemia. Nuestros ayuntamientos son el primer lugar al que acuden los ciudadanos y las pymes cuando tienen problemas para que se les pueda ayudar. Es decir, exactamente todo lo contrario de lo que estamos viendo con el decretazo del Gobierno sobre el remanente de los ayuntamientos, que fue felizmente rechazado en esta Cámara, pero que mantiene en la incertidumbre y sin medios a miles de consistorios en toda España. En este sentido, señorías, cabe destacar la decepción que nos sigue produciendo la actitud de este Gobierno, que sigue actuando en solitario, de manera unilateral y sin atender ni a los planes ni a las reformas ni a los acuerdos aprobados en la Comisión para la Reconstrucción. Señorías, Ciudadanos gobierna en cuatrocientos ayuntamientos de nuestro país y ¿saben lo que nos dicen nuestros alcaldes? Que necesitan ayuda, pero no para ellos, sino para sus vecinos. No hay ni un solo alcalde en toda España que no esté pidiendo ayuda.


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Como sabrán, señorías, el IBI es un impuesto cedido pero de carácter estatal. Esto supone que los ayuntamientos no tienen competencias para bonificarlo, sino que necesitan una habilitación estatal que les permita introducir las bonificaciones que desean. Esta iniciativa, señorías, pretende modificar la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales en su artículo 74, que establece el listado de bonificaciones a aplicar en el IBI, para recoger un supuesto más relativo a la posible bonificación de hasta el 90 % de la cuota en el caso de los inmuebles en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad económica que se haya visto suspendida, restringida o afectada por la declaración del estado de alarma y el confinamiento desde el año 2020 hasta 2023. Es cierto, como comentaba anteriormente, que algunos ayuntamientos, como el de Madrid, ya han regulado bonificaciones del IBI para estos inmuebles afectados, subsumiendo esta bonificación en otras bonificaciones ya existentes. Porque no hay tiempo que perder y todas las ayudas son pocas, tenemos que hacer frente a esto y apoyar iniciativas como esta. Debemos llevarlas a cabo en aras de una mayor igualdad y seguridad jurídica de todos los consistorios, para que tengan la posibilidad con esta modificación legislativa de hacer esas bonificaciones. Sabemos que esta bonificación en el IBI de los locales de aquellos negocios que se han visto gravemente afectados no es suficiente, pero, sin duda, es un paso en la dirección correcta.

Por eso, en Ciudadanos estamos trabajando en enmiendas para mejorar esta modificación y hacer más eficaz la ayuda a pymes y autónomos. Por ejemplo, proponemos extender estas bonificaciones municipales también al impuesto sobre actividades económicas. Señorías, con tantísimos trabajadores afectados por un ERTE, la mayoría pertenecientes al sector turístico y hostelero -en concreto, en las agencias de viajes solo un 11 % de los empleados con ERTE han regresado a sus puestos de trabajo-; con barómetros como el de ATA, que indica que la actividad de los autónomos no llega ni al 50 % y que existe la posibilidad de que se pierdan más de 300 000 negocios durante lo que queda de año; con un sector turístico dando por perdida la temporada de verano por la mala gestión y la mala imagen de nuestro país en la gestión de la crisis sanitaria; con un 25 % de nuestras empresas -una de cada cuatro- en situación de quiebra técnica según el Banco de España -casi el 40 % si hablamos del sector hostelero-; con todo esto encima de la mesa cualquier ayuda es poca.

Con todos estos datos, señorías, ¿cómo no vamos a poner todas las medidas sobre la mesa? ¿Cómo no vamos a votar a favor de las ayudas solo porque las propone alguien que no está en nuestra sintonía ideológica? ¿Cómo vamos a explicar a un autónomo o a una pyme que se acerque al ayuntamiento en busca de ayuda que esto es estatal o autonómico? ¿Y, por qué no, que decidan los ayuntamientos? Los problemas de los españoles, señorías, deben estar por encima de los problemas de las administraciones o de los territorios. Hagámoslo posible porque está en nuestras manos y para eso nos pagan.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.

Hoy debo empezar esta intervención lamentando una situación que se produjo ayer en Catalunya, y es que el president de la Generalitat, elegido democráticamente por el Parlament de Catalunya, fue inhabilitado de forma absolutamente injusta y antidemocrática, a través de una sentencia judicial que algún día los tribunales europeos van a hacer reconsiderar. A algunos de ustedes les puede causar alguna inquietud que yo diga esto desde aquí, desde la tribuna; lo que les debería causar inquietud es que la actual democracia española inhabilite a un presidente por colgar una pancarta, cuando desobediencias similares por parte de otras formaciones políticas o de otros presidentes de Gobierno a la Junta Electoral Central han sido sancionadas con una mera multa.

Dicho esto, vamos a la cuestión que nos ocupa, señor Martínez Oblanca. Yo le debo agradecer la presentación de esta iniciativa, aunque a nosotros nos genera dudas porque, de hecho, la presión que tuvimos todos durante los meses de abril, mayo, junio, de muchos alcaldes, de muchos concejales que querían reaccionar ante una situación de absoluta excepcionalidad -y no es ningún reproche, por supuesto-, nos puede llevar a legislar en caliente y legislar en caliente comporta dar una posibilidad a través de la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de incluir una nueva -la séptima- bonificación potestativa en el impuesto sobre bienes inmuebles. Y uno se pregunta, ¿solo en el impuesto sobre bienes inmuebles? ¿Ante una situación de excepcionalidad, no se debería poder actuar en el impuesto sobre actividades económicas? ¿No se podría actuar incluso en el impuesto sobre vehículos de tracción


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mecánica? ¿Cuántos vehículos de autónomos y de pequeñas y medianas empresas han quedado inmovilizados por imposición del estado de alarma, no han podido circular y han continuado pagando el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica? Por tanto, las dudas que nos asaltan son muchas y entendemos que, efectivamente, hace falta una modificación de la Ley de Haciendas Locales, pero a nivel más global y desde hace años. Hace falta específicamente para que los ayuntamientos también tengan capacidad de respuesta ante situaciones de absoluta excepcionalidad como la que hemos vivido.

Ustedes en su propuesta legislativa hacen referencia a que se podrán bonificar aquellas actividades afectadas por el decreto del estado de alarma que se acabó aprobando en el mes de marzo y que está bonificación se podrá aplicar entre los años 2020 y 2023, pero es que tampoco sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos si habrá otros futuros decretos de estado de alarma por situaciones similares. Por tanto, nuestra reflexión es que la modificación legislativa que se debería plantear tendría que ser de mayor profundidad y no entrar en la situación concreta del IBI de determinados locales. ¿Usted sabe cuántos propietarios han tenido que reducir su renta, cuando no condonar la renta de aquellos negocios que se han tenido que cerrar por el estado de alarma? ¿No sería también quizá razonable plantear una bonificación para estos casos y no solo para aquellos en que coincida la titularidad del local con la titularidad de la actividad? Esto es un ejemplo no para menoscabar la propuesta, que en ningún caso, sino para intentar ilustrarles acerca de que la problemática que viven los ayuntamientos es muy diferente y muy diversa y que, a la hora de legislar, tendríamos que hacerlo con esta visión amplia, aplicando al máximo el principio de subsidiariedad. Si por mí fuera, seguramente la lista de bonificaciones posibles potestativas, no solo del IBI, sino del resto de impuestos locales, sería mucho mayor para que cada ayuntamiento pudiese decidir en función de lo que quisiera priorizar. No obstante, también usted es consciente de aquella lucha cortoplacista que en el ámbito municipal, como en el ámbito de esta Cámara, se plantea a veces por parte de los partidos políticos. Uno cuando gobierna quiere que se apliquen pocas bonificaciones y, cuando no gobierna, quiere que se apliquen todas las bonificaciones del mundo y algunas más.

Por ello, valorando su iniciativa, no vamos a votar en contra, pero tampoco la vamos a apoyar; nos vamos a abstener. Hago un llamamiento a toda la Cámara para hacer esta reflexión de que la Ley de Haciendas Locales se debe modificar, también para que los ayuntamientos tengan la agilidad y la capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas en una emergencia como la generada por el COVID o cualquier otra.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.

Bona tarda, diputades i diputats. Debatimos esta proposición de ley para habilitar a los ayuntamientos y que puedan establecer bonificaciones en el IBI. Y hablando de ayuntamientos, me gustaría empezar diciendo que ayer, a las siete de la tarde, miles de personas en Cataluña nos concentramos delante de los ayuntamientos de todo el país, respetando la distancia de seguridad y con mascarilla, para protestar contra la inhabilitación del president, Quim Torra, a través de una sentencia injusta, antidemocrática, por colgar una pancarta que ponía: Llibertat presos polítics i exiliats. Ya ven, para la justicia española colgar una pancarta que pide la libertad de personas inocentes tiene que ser castigado, y es que la justicia española, controlada por la ultraderecha, no imparte justicia, sino que imparte venganza. Por tanto, desde aquí total solidaritat, suport i escalf al president, Quim Torra. (Aplausos).

El cierre de comercios, locales y de tantos negocios durante el estado de alarma ha provocado una situación dramática. Mientras los ingresos se reducen a literalmente cero, las facturas y los recibos no paran de llegar. Es evidente que en este contexto de emergencia, las administraciones públicas debemos actuar y contribuir a paliar esta situación, porque nosotros sí creemos en un Estado fuerte, al contrario de todos aquellos que han apostado sistemáticamente durante años por reducir el Estado, pero que ahora, en momentos difíciles, son los primeros en acudir a su rescate. Lo dijimos desde el primer momento: inyección de recursos para evitar que la cadena de pagos se rompa, medidas como la suspensión de la cuota de los trabajadores autónomos o ayudas directas a trabajadores autónomos que han visto reducidos drásticamente sus ingresos, como ya hizo la Generalitat de Cataluña. En definitiva, políticas expansivas para no volver a cometer los errores del pasado.


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Esta proposición de ley se centra en la actuación de los ayuntamientos, concretamente en la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan bonificar hasta un 90 % del IBI a empresas afectadas por el cierre económico. Y debemos actuar, sin duda, pero, señor Martínez Oblanca, no creemos que esta sea la medida más adecuada para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia, y lo voy a intentar explicar. El IBI es la figura más importante del ámbito municipal y, por ende, cualquier modificación en esta figura puede tener un impacto muy importante que debe calibrarse muy bien. Por otro lado, no es una figura vinculada a un servicio específico ni al desarrollo de una actividad económica, sino un impuesto vinculado a la propiedad. Asimismo, esta modificación favorecería principalmente a las personas titulares de inmuebles donde se efectúa esa actividad económica, quedando excluidos todos aquellos comercios en régimen de alquiler. Y por ello, vuelvo a lo expuesto anteriormente, creemos que las soluciones deben darse vía ayudas puntuales directas a los sectores más afectados. Por tanto, no es nuestro modelo óptimo de intervención el que usted propone.

No puedo finalizar sin insistir una vez más -hoy lo he hecho en la Comisión de Hacienda de esta mañana- en las herramientas que deben ser puestas en manos de los ayuntamientos para afrontar esta crisis social, sanitaria y económica. Urge modificar la Ley de estabilidad presupuestaria, acabar con el marco actual que prioriza el pago de la deuda. Debemos permitir que los ayuntamientos hagan uso libre de todo su superávit acumulado durante años y años de buena gestión. Debemos permitir que incurran en déficit en un contexto en el que hay consenso acerca de que la receta debe ser vía políticas expansivas. Por último, también debemos permitir que los ayuntamientos participen en la gestión de los fondos europeos. Por todo esto, vamos a votar en contra.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, señor Margall. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.

Buenas tardes a todos y a todas. Esta proposición nos abre dos debates que son interesantes y que, además, esta Cámara tiene la obligación de abordar: el primero, cómo asistimos a trabajadores, trabajadoras y también a autónomos debido a las consecuencias de la reducción de la actividad en esta crisis, que ya es una crisis social y económica; y en segundo lugar, la financiación de nuestros ayuntamientos. Son dos reflexiones que van ligadas.

El primer punto es esencial en su proposición de ley porque pretende establecer mecanismos que consigan reducir el impacto a empresas, pymes, autónomos, comercios, sector primario y también a emprendedores que hayan visto reducida su actividad como consecuencia de la COVID19. Señor Martínez Oblanca, ese mecanismo tiene un nombre, se llama escudo social y es lo que ha puesto en marcha este Gobierno de coalición, sorprendentemente muchas veces con el voto en contra o con un discurso profundamente contrario de la formación a la que usted representa. Como usted sabe, el objeto de este escudo social que ha aprobado el Gobierno de coalición ha sido precisamente evitar que este Gobierno haga lo mismo que hizo el del Partido Popular ante la crisis de 2008, cuando se impusieron medidas de austeridad, recortes en los servicios públicos, cesiones al capital privado y también restricciones a las familias más vulnerables. Aquella crisis nos dejó sin las herramientas básicas para dar respuesta a las necesidades de hoy. Hoy echamos en falta esos recursos públicos que el Partido Popular se llevó o en forma de recortes o en forma de corrupción. El Gobierno de coalición se ha hecho cargo con este escudo social de decenas de miles de salarios de los trabajadores a través de los ERTE. Precisamente hoy tenemos una muy buena noticia, y es cómo el Gobierno de coalición y la ministra, Yolanda Díaz, han conseguido llegar a un acuerdo para prolongar estos ERTE y que las familias puedan llegar también a final de mes. No teniendo suficiente, este Gobierno de coalición negoció en Europa como nunca antes se había negociado -también con la deslealtad del Partido Popular y de VOX, que son los primeros en sacar la bandera, pero luego negocian en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de este país- y en aquella negociación consiguió 750 000 millones de euros para toda Europa, de los cuales 140 000 millones vendrán a España.

Respecto al segundo tema, el de la financiación del mundo local, se trata de un elemento de calado que no se puede abordar con parches, y usted sabe que nuestro grupo parlamentario está también


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dispuesto a abordarlo. Es más, lo hemos hecho recientemente en esta Cámara con el debate del superávit de los ayuntamientos en un decreto que no contó con el apoyo de la mayoría de esta Cámara. Estamos trabajando para poder cerrar un acuerdo y construir un nuevo consenso en relación con la financiación local. Hay que hacerlo en el marco de las instituciones que representan al mundo municipal y, evidentemente, hay que escuchar a los ayuntamientos y contar con ellos, porque usted ni ha escuchado al mundo municipal ni ha contado con las organizaciones representativas del mundo local para traer a esta Cámara la propuesta que nos presenta hoy. Esos acuerdos deben ser las bases sobre las que se sustenten las nuevas medidas de financiación y suficiencia local y tienen que garantizar algo importante sobre lo que sí tenemos consenso en todos los ayuntamientos, que es un fondo incondicionado equivalente al fondo de 16 000 millones de euros que se ha destinado a las comunidades autónomas. Ese fondo local de impulso económico debe ser excepcional y con el objeto de dotar de financiación a todos los entes locales, independientemente de si estos cuentan o no cuentan con superávit. Este fondo debe dar respuesta a la incidencia presupuestaria y también a la caída de ingresos motivada por la COVID19, que es la reflexión que ustedes plantean para traer esta proposición de ley. Hay también un acuerdo amplio entre el mundo municipal para constituir ese fondo local COVID-19 de 5000 millones de euros y así lo expresan algunos documentos de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Acabo, señor Martínez Oblanca, con dos reflexiones que nos hacen profundizar en nuestro voto en contra de esta proposición de ley. La primera es que si se aprobase este cambio legal tal y como ustedes lo plantean, se podría dar la situación incomprensible de que, por ejemplo, los bajos comerciales de un edificio propiedad de una empresa -pongamos de Zara- estuviesen bonificados en el IBI y, en cambio, el trabajador que vive en el tercero del mismo edificio, que ha sido condenado al paro por esa misma empresa, no estuviese bonificado a la hora de pagar el IBI. Esa es una incongruencia que va en contra de la esencia básica de la redistribución de la riqueza que debe tener cualquier figura impositiva. La segunda es que la modificación que usted propone ya se podría aplicar actualmente con fundamento en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Yo quiero recordar que se modificó precisamente para dar respuesta ad hoc a la necesidad -y usted recordará el debate de aquellos momentos- de ver cómo regalábamos beneficios fiscales a la empresa que quería instalar Eurovegas en España, y en nuestro grupo parlamentario creemos que no es una buena manera de abordar el debate de la fiscalidad con medidas que no son estructurales.

Para concluir, señor Martínez Oblanca, ustedes parten de una reflexión inicial que en Unidas Podemos-En Comú Podem compartimos; la reflexión tiene que ver con la situación que ha provocado la COVID-19 de incremento inesperado y abrupto del gasto público, necesitamos ingresos adicionales. Esa misma reflexión ha justificado el escudo social y esas medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición. Esta tiene que ser también la solución extraordinaria para las necesidades de incremento de los ingresos para el mundo local por tres motivos: primero, no hay consenso en lo que ustedes plantean; segundo, supone además reducir ingresos para los ayuntamientos en un momento en el que los ingresos son indispensables; y tercero -y acabo, señora presidenta-, cerraríamos la solidaridad entre administraciones. El Estado recibe 140 000 millones de euros de la Unión Europea, las comunidades autónomas recibirán 16 000 millones de euros del Estado y los ayuntamientos de momento no solo no reciben nada, sino que, además, con esta propuesta usted los condena a que recauden menos. Por tanto, unamos fuerzas para garantizar ese fondo incondicionado, que es lo que podría dar respuesta a las necesidades de nuestros ayuntamientos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).

El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, nos presenta el señor Martínez Oblanca una proposición de ley que permitirá a los ayuntamientos reducir las cargas fiscales y ayudar a las empresas en su continuidad. Hablamos, por tanto, de crisis y de impuestos. Hoy hablamos del IBI, un impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 1990 con la Presidencia del Gobierno de Felipe González. Desde luego, en crear nuevos impuestos y en subir los existentes en el Partido Socialista Obrero Español son unos verdaderos especialistas. (Aplausos). También lo son en poner en práctica medidas tan sociales como las llevadas a cabo en el año 2011 congelando las pensiones o recortando el sueldo de los funcionarios. Esta propuesta tiene


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carácter potestativo en su aplicación, visto lo cual yo, que soy de números, he analizado los datos reales en las provincias en las cuales los ciudadanos soportan una mayor presión fiscal. Para ello hemos calculado el cociente entre la cuota líquida y la base liquidable. No sorprende ver que son los ciudadanos de Cataluña, especialmente los de Lérida y Tarragona, los que soportan una mayor presión fiscal por este impuesto. Y luego vienen los ciudadanos que viven en ciudades con alcaldes socialistas, como Huelva, Huesca o Lugo. Un inciso; en VOX proponemos una reducción mínima del 50 % del IBI y una exención total para familias numerosas, 50 % en las familias con hijos y exención total para familias numerosas. (Aplausos). Una medida de sentido común sabiendo que España, junto con Holanda, es el país que menos ayuda dedica a familias e hijos.

Señorías, para salir de la crisis económica se necesita lo siguiente. Uno, confianza. Suspende el Gobierno a la vista de los datos del índice de confianza empresarial, actualmente en 95,5 puntos, el valor más bajo de la serie histórica. Nadie puede confiar en el peor Gobierno de la zona euro gestionando la crisis económica. No es una opinión, son datos. La caída del PIB de la economía española en el segundo trimestre del año 2020 ha sido de un 17,8 %, frente a una media de los países de la zona euro de un 12,1 %.

Dos, credibilidad. Suspende el Gobierno a la vista del déficit del 2,83 % de las cuentas públicas en el año 2019, muy por encima del presupuesto inicial del 1,3 %, que luego el Gobierno subió al 2 %; la diferencia entre el 2,83 % y el 1,3 % es la nada despreciable cifra de 19 000 millones de euros.

Tres, seguridad jurídica. Suspende el Gobierno al mantener la incertidumbre sobre el marco laboral existente y por querer volver a políticas rígidas que dificultan la creación de empleo.

Cuatro, sentido de Estado. Suspende el Gobierno al no tener un plan para acometer las necesarias reformas estructurales que necesita la economía española. La propia Comisión Europea estima que el déficit estructural de la economía española en 2019 ascendía al 4 %, muy por encima del 1,1 % de media de los países de la zona euro, y que terminaremos el año 2021 en un 5,2 % de déficit frente a un déficit del 2,1 % de media de los países de la zona euro.

Cinco, visión a medio y largo plazo. España tiene que ser un país atractivo para la inversión, un país que apueste por la reindustrialización, la formación, la innovación y la digitalización. ¿Y qué nos encontramos? Un desempleo juvenil del 41,7 % frente a un 17 % de media de los países de la zona euro, y que tan solo nos gastamos un 34 % de las ayudas recibidas de la zona euro.

Señorías, para salir de la crisis económica se necesita iniciativa, no ir detrás de los acontecimientos. El Grupo Parlamentario VOX es quien más iniciativas ha presentado en el Congreso. Hemos presentado veinte proposiciones de ley, entre ellas la presentada para la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, una medida básica para incentivar la continuidad de la empresa familiar en España; no olvidemos que la empresa familiar representa, según los datos de su propio instituto, más del 88 % del número de empresas, el 60 % del valor añadido bruto y el 70 % del empleo en España. (Aplausos). Es una iniciativa que el Gobierno nos ha vetado ilegalmente. Lo vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional. También hemos presentado -datos a 2 de septiembre- 489 proposiciones no de ley; por cierto, más del doble que el PSOE y Unidas Podemos juntos, estos últimos parece que están más interesados en atacar a su majestad el rey que en trabajar. (Aplausos). Entre ellas, quiero destacar la presentada el 18 de marzo relativa a la adopción de medidas fiscales para amortiguar el impacto de la COVID-19 sobre la economía española. Hemos propuesto numerosas iniciativas para ayudar a empresas, pymes, autónomos, comercios, sector primario y emprendedores. Entre ellas, en primer lugar, planes de contingencia fiscal proponiendo importantes reducciones de impuestos, como el de sociedades y el impuesto sobre la electricidad; también, planes de incentivos fiscales para el retorno de la producción de empresas nacionales a España; asimismo, la aplicación de tipos reducidos y superreducidos de IVA para ayudar a sectores en dificultades. En segundo lugar, planes de contingencia económico-financiera proponiendo medidas de incremento de liquidez, mejoras en el acceso a los mercados de financiación para pymes y autónomos, el pago de las facturas pendientes por parte de las administraciones públicas y la adopción general del criterio de caja para liquidar el IVA. En tercer lugar, propuestas específicas para el sector de la automoción, el pequeño comercio, la hostelería, el sector primario, el turismo, las peluquerías y las empresas deportivas, entre otras muchas. Hemos trabajado con nuestros concejales y propuesto en los municipios medidas de reducción de impuestos y tasas, como el IBI, la tasa de basuras o la tasa de ocupación de dominio público. Hemos presentado 320 solicitudes de comparecencia en Comisión y miles de preguntas que nos han trasladado los numerosos sectores económicos con los que nos hemos reunido. VOX escucha a los ciudadanos y por eso planteamos una moción de censura, demandada por una gran mayoría de los españoles.


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La señora PRESIDENTA: Señor Sáez, tiene que terminar, por favor.

El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Señorías, el sentido común debería guiar la acción política siempre, y más en una situación de recesión económica. Sentido común es darse cuenta de que mantener y crear empleo es la mejor política para favorecer la recuperación del consumo privado, que supone un 60 % en la determinación del producto interior bruto. Es la mejor manera de recuperar los niveles de recaudación y así amortiguar el impacto de la crisis sobre las cuentas públicas, tan deterioradas por los sucesivos Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular.

Para concluir, reitero que la recuperación económica solo va a ser posible si recuperamos la demanda y la confianza del consumidor y apoyamos a las empresas. Esta propuesta va en esa dirección y el Grupo Parlamentario VOX votará a favor.

Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Vox, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sáez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Píriz Maya.

El señor PÍRIZ MAYA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Debatimos hoy la toma en consideración de una proposición de ley de Foro Asturias relativa a habilitar a los ayuntamientos para poder establecer bonificaciones del IBI a empresas que hayan sufrido durante la crisis del coronavirus. Es una propuesta conveniente y oportuna que pone sobre la mesa el problema que tienen los ayuntamientos de este país cuando quieren establecer algún tipo de bonificación fiscal, algo para lo que no están habilitados. Señorías, vivimos en un país cuyo Gobierno tiene únicamente una factoría de eslóganes. Nos dijeron que saldríamos más fuertes, que habíamos vencido al virus o que no íbamos a dejar a nadie atrás, eslóganes aderezados con bochornosas e interminables apariciones televisivas que no eran más que cortinas de humo, porque, lejos de salir más fuertes, la izquierda y la extrema izquierda de este país, ese Gobierno de coalición que por la mañana insulta al rey y por la noche miente a los ciudadanos, han dejado atrás a millones de españoles durante estos meses. Sí, señorías, la izquierda y la extrema izquierda de este país, los del escudo social, los de los eslóganes, están dejando atrás a más de 56 000 fallecidos en esta pandemia y a sus familias, están dejando atrás a los más de 52 000 sanitarios contagiados o a los más de 150 000 españoles acogidos a un ERTE que a finales de agosto seguían sin cobrar su prestación. Señores de la izquierda y de la extrema izquierda, ¿serían ustedes capaces de sobrevivir sin cobrar nada desde marzo, como esas 150 000 personas a las que me he referido? ¿Consideran que las han dejado atrás? También ha dejado atrás a cientos de miles de empresas y autónomos, que han cerrado, que están cerrando y que cerrarán por no poder aguantar las drásticas medidas de confinamiento e hibernación de la economía decretadas por el Gobierno. Dejan atrás también a los 750 000 españoles a los que generaron expectativas y solicitaron el ingreso mínimo vital, a cuya solicitud a fecha de hoy aún no se les ha respondido. O a los casi 3 millones de trabajadores del sector turístico, que también quedaron atrás. Primero los insultó este Gobierno y ahora los abandona al no pedir a Europa las ayudas que la UE ha creado para este sector.

Señorías, dijeron no iban a dejar a nadie atrás, pero creo que todos los que he citado sienten que lo han hecho. Igual que dijeron que saldríamos más fuertes mientras vemos cómo el PIB nacional se hunde casi un 18 % en el segundo trimestre de 2020, o cómo según las previsiones actualizadas del Banco de España el PIB se reducirá a final de año un 13 %, o cómo la tasa de desempleo se situará en el 18 % en 2020 y en el 22 % en 2021. Señorías, hablamos de superar de nuevo los 5 millones de parados en este país -más fuertes, dicen-, o hablamos de la deuda, que según el Banco de España puede llegar al 128 % del PIB en 2022.

Y con estos datos encima la mesa el Gobierno ha optado por la desinformación, por la confrontación con algunos territorios y sobre todo por dejar abandonadas a esas administraciones que sí han dado la cara durante estos meses y sí han estado cerca de los ciudadanos. Han dejado abandonados a los ayuntamientos, a esos más de 8000 ayuntamientos de nuestro país, esos ayuntamientos a los que el Gobierno no ha dado ni un solo euro -ni uno- durante la pandemia, pero a los que intentaron robar todos sus ahorros con ese real decreto que establecía un corralito sobre estas administraciones, ese decreto que no era lo que necesitaban los ayuntamientos, que excluía al mundo rural y a los que hubieran cerrado 2019 con remanente de tesorería negativo y que destruía la autonomía local reconocida en el


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artículo 137 de la Constitución española. Era un auténtico chantaje a los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país y fue rechazado de forma contundente por esta Cámara sin la presencia de la ministra en la votación, que demostró no saber perder y no entender la realidad de las entidades locales, para lo cual hay que ser como mínimo concejal.

Pero de nuevo el Gobierno anuncia un real decreto-ley que llega tarde y es insuficiente. Es insuficiente porque no incluye el fondo de 5000 millones para todas las entidades locales incondicionados, para todos los ayuntamientos, tengan ahorros o no. Los ciudadanos no tienen culpa de la incompetencia de sus representantes y no deben pagar por ella, por eso que han generado durante esta pandemia. Y además de ser un fondo incondicionado debe ir acompañado de un fondo de 1000 millones para paliar el déficit del transporte público urbano generado durante esta pandemia. Este decreto que anuncia el Gobierno sigue, además, sin garantizar la participación de los ayuntamientos en los fondos que recibirá España de la Unión Europea y sin implementar un mecanismo para que las entidades locales con remanente de tesorería positivo puedan utilizar dicho remanente en su totalidad.

Ya saben, señores socialistas, que este nuevo decreto ha suscitado la opinión en contra de todos los portavoces en la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias porque lo consideran insuficiente, también la opinión en contra del representante de Podemos; de todos menos del suyo. De nuevo solos, señores socialistas, de nuevo de espaldas al resto de partidos, de nuevo aislados del resto de alcaldes de este país, de nuevo defendiendo lo indefendible, pero el Partido Popular va a estar ahí durante esta crisis ante la dejación de funciones del Gobierno. Ante la desaparición de los ministros, ante el fracaso de gestión y las mentiras que, una tras otra, nos han ido expresando ha sido a las entidades locales a las que los ciudadanos se han dirigido para solucionar sus problemas, para recibir ayudas sociales, para poder subsistir en muchos casos. Han sido los alcaldes y alcaldesas de este país los que han pasado noches en vela preocupados por su ciudadanos mientras otros se dedicaban a aplaudir en Moncloa, a filtrar wasap, logos, emblemas, eslóganes, a irse de vacaciones, a manejar medios de comunicación o tratar de manipular a la opinión pública. La política verdadera es la de nuestros alcaldes y alcaldesas, que cada día dan una lección a este Gobierno sacando de donde pueden ayudas de todo tipo para sus empresas y autónomos, para sus ciudadanos, para sus familias o sus mayores. Ellos han sido el verdadero escudo social y de esto va esta propuesta de ley, de permitir a estos ayuntamientos seguir siendo el escudo social de sus ciudadanos, de permitir a las entidades locales bonificar a sus empresas y autónomos, a esos que hacen España y a esos que generan empleo de verdad, para ayudarles a superar la crisis. Ese es el camino, bajar impuestos para dinamizar la actividad de nuestras empresas y autónomos, justo lo contrario de lo que nos espera con este Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.

Los españoles saben que no cuentan con su Gobierno, que la izquierda y la extrema izquierda de este país no son solución para sus problemas, que cuando los sacas del marketing, de manipular el CIS y de controlar la televisión pública no saben gestionar; ni saben ni se les espera. Ya lo dijo Churchill: La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de la miseria. Los españoles saben que de quienes han hecho de la mentira su forma de hacer política no pueden esperar nada, que de quienes dejaron a España en la ruina en 2011, de quienes veían brotes verdes, como ahora, poco pueden esperar. En cambio -acabo, señora presidenta-, si los españoles buscan gestión, buscan seriedad, buscan soluciones a sus problemas, si los españoles buscan un partido que defienda la Constitución, el empleo, el bienestar y que siempre que gobernó arregló los desbarajustes de la izquierda, ese es única y exclusivamente el Partido Popular. Aquí estamos y aquí seguiremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Píriz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.

La señora SUMELZO JORDÁN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras diputadas y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación por la situación de las empresas, de las pymes y de los autónomos creada por la crisis sanitaria y económica sin precedentes generada por la pandemia. El Grupo Socialista puede compartir la intención de la iniciativa, pero la vía elegida, la exención del impuesto sobre bienes inmuebles, no parece la más adecuada para solucionar los problemas. Tenemos tres argumentos importantes, diría que rotundos, para oponernos a la iniciativa: primero, la Ley de haciendas locales ya contempla la posibilidad de bonificar


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el IBI; segundo, muchas actividades económicas se ejercen en locales de alquiler y el sujeto pasivo del impuesto sobre bienes inmuebles es el propietario del inmueble, no el arrendatario. Esta circunstancia es trascendental puesto que determina la ineficacia de la medida propuesta. Y, tercero y muy importante para nosotros, para el Grupo Socialista, esta iniciativa, esta proposición de ley propone minorar los ingresos de los ayuntamientos agravando todavía más la situación económica de asfixia que arrastran desde el Gobierno del Partido Popular.

Empezaré esgrimiendo el primer argumento. Las entidades locales ya cuentan con un instrumento normativo que puede aplicarse en el sentido apuntado en la proposición de ley que debatimos. El artículo 74.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que las entidades locales pueden aprobar una bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto -leo literalmente- «a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración». Este beneficio fiscal que persigue la proposición de ley puede ser utilizado en la situación actual basándose en circunstancias sociales y de fomento del empleo. Además, señor Martínez Oblanca, los ayuntamientos disponen de otros mecanismos para ayudar a los autónomos o a las pequeñas y medianas empresas quizás mucho más coherentes y eficaces: pueden conceder ayudas, pueden conceder subvenciones, y muchos ayuntamientos ya lo están haciendo. Estas dificultades económicas y financieras de las actividades afectadas pueden ser alegadas en el caso de ser sujetos pasivos para aplazar el recibo hasta que se disponga de la suficiente liquidez. Además, la iniciativa puede suponer un verdadero descontrol porque hace alusión a actividades afectadas, por lo que la aplicación sin duda va a ser generalizada. Casi todas, por no decir todas, las actividades han sido afectadas por la pandemia.

Segundo argumento de peso. La proposición de ley introduce una gran inseguridad jurídica respecto a los inmuebles que pueden acceder o no a la bonificación y además podría vulnerar los principios de justicia tributaria que fija la Constitución española: generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. ¿Por qué? Porque muchas actividades económicas, como les decíamos, se ejercen en locales de alquiler y el sujeto pasivo del impuesto sobre bienes inmuebles es el propietario del inmueble, no es el arrendatario. Por tanto, de aprobarse esta bonificación por parte de algún ayuntamiento podría favorecerse a los propietarios de los inmuebles en los que se ejerce la actividad, podría ser que sin problemas económicos asociados a la COVID-19, y sin que la medida tuviese ninguna repercusión sobre el titular de la actividad que ejerce en el local bonificado y que sí podría darse que tuviese problemas económicos. Además, como la bonificación se realiza sobre un recibo concreto de un inmueble determinado, puede que en 2020, a la hora de aplicar esta bonificación esté ocupado por una actividad que se pretende apoyar, pero que unos meses más tarde se quede vacío o sea ocupado por otra sin ningún tipo de problema financiero relacionado con la COVID-19. En conclusión, generaría injusticias de trato y haría que la medida fuese ineficaz.

Tercer argumento importante, la medida que propone agravaría todavía más la situación financiera de los ayuntamientos españoles. ¿Es consciente, señor Martínez Oblanca, de la situación de asfixia económica que viven los ayuntamientos desde que el Gobierno del Partido Popular aprobó unilateralmente en el año 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o en diciembre de 2013 la Larsal? ¿Ha consultado a la Federación Española de Municipios y Provincias? No hemos escuchado a la institución que representa al 95 % de los Gobiernos locales españoles reivindicar lo que usted trae a este debate. El IBI supone para los ayuntamientos casi el 27,8 % de los ingresos ordinarios, casi el 40 % en los municipios turísticos, y esta bonificación podría ejercer unos efectos perversos sobre las cuentas públicas para esos ayuntamientos porque la acumulación de reducciones de ingresos limitaría su capacidad a la hora de hacer frente a otras necesidades esencialmente sociales que deben abordar en su día a día. Los ayuntamientos ya bonificaron la basura comercial, la entrada de vehículos, el suministro de aguas, el saneamiento, tasas por licencia de obra y actividad y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en un 25 %, lo que ya supone un buen bocado para los ingresos. Y esta bonificación, aunque es potestativa, al estar prevista en la norma abriría un debate político tremendo. Lo hemos visto aquí. Estamos hablando de exención de impuestos apoyada mayoritariamente por el bloque de derechas y, enfrente, la prestación de servicios públicos de calidad.

Señoras y señores diputados, los gastos en los ayuntamientos -algunos de ustedes son alcaldes- se han incrementado sustancialmente en este tiempo de pandemia en servicios esenciales como son Policía local, Protección Civil, bomberos, servicios sociales, cuidado de personas vulnerables, limpieza y


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desinfección de plazas y calles, gestión de colegios y centros cívicos? Esta situación que estoy describiendo hace inviable la sostenibilidad de los servicios esenciales si se restan ingresos. Así que si esta proposición saliera adelante puede que los ayuntamientos, por falta de recursos económicos, tuviesen que dejar de prestar servicios básicos a sus vecinos.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Socialista no puede apoyar esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sumelzo. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE MEDIDAS ENCAMINADAS A PREVENIR Y ATAJAR EL FENÓMENO DE LA «OKUPACIÓN». (Número de expediente 162/000386).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la okupación.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Bal Francés.

El señor BAL FRANCÉS: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señorías del Partido Socialista, señorías de Podemos, señorías de la izquierda, el problema de la okupación es que ustedes no están viendo el elefante en la habitación, pero es que en realidad, más que un elefante, lo que no están viendo es un dinosaurio, un dinosaurio que es una lacra tremenda que está amargando la vida a decenas de miles de familias españolas, que son familias que han cumplido toda la vida con la ley, que han pagado sus obligaciones tributarias, que han trabajado mucho para conseguir una vivienda y a las que la ley les da la espalda. Tenemos una ley que defiende a los delincuentes y deja por completo desamparadas a las víctimas de los delitos. (El señor vicepresidente Rodríguez Gómez de Celis ocupa la Presidencia).

Lamentablemente, en esta Cámara vemos a menudo debates estériles, debates partidistas, debates que tratan de fomentar el enfrentamiento entre los españoles, y les digo que con este tema de la okupación tenemos la posibilidad de ofrecer a los españoles soluciones comunes, soluciones de consenso respecto a problemas generales. Dice Podemos que estamos en presencia de un problema sobredimensionado. Mire, sobredimensionada es la frustración, es la impotencia, es la inseguridad, son los problemas de convivencia que tienen muchas comunidades de propietarios que se encuentran precisamente con el problema de la okupación. La ley es un instrumento que protege a los más débiles, que protege a los más vulnerables frente a los más poderosos; la ley es un instrumento que protege a los ciudadanos frente a la arbitrariedad de quien quiere realizar por sí mismo su derecho sin sujetarse a esa ley. Y nos encontramos con unos señores que okupan una casa y le dicen a su legítimo propietario: métete en pleitos, paga a un abogado, paga a un procurador y ya veremos el día de mañana cuando me eche el juez, y mientras tanto además me tienes que pagar los suministros porque si no tú estarás incurriendo en un delito. Esto es lo mejor que le puede pasar a quien es víctima de la okupación, porque se puede encontrar con mafias organizadas que utilicen su casa como un nido para cometer delitos, mafias que se lucran subarrendando la casa de otro a terceras personas o encontrarse en situaciones de extorsión, como ha ocurrido, por ejemplo, recientemente -según nos hemos enterado por las noticias- en la urbanización Eurovillas, donde las mafias estaban amenazando a los legítimos propietarios con quemarles las casas si no les pagaban dinero. Y nosotros, los legisladores, ¿no nos vamos a preocupar por estas personas? ¿No vamos a entender que estas son familias vulnerables? ¿O preferimos seguir hablando de la Guerra Civil, de Franco, de Largo Caballero? O como hoy, que tenemos que hablar necesariamente de cómo un delincuente confeso, que ha confesado desobedecer los mandatos de la Junta Electoral Central, ha sido condenado en firme y resulta que no podía ser condenado porque fue elegido como presidente de una comunidad autónoma. Es algo verdaderamente preocupante.

Existe un vacío enorme en la legislación en esta materia de okupación y además el Gobierno mira para otro lado. Los dos socios del Gobierno se ríen de las víctimas de este delito, lo cual no hace más que aumentar el problema. Y no se confundan, no es solamente un problema de propiedad privada, es un problema de seguridad cuando en las comunidades de propietarios nos encontramos con que se cometen delitos y se rompe la paz y la convivencia en esa comunidad de propietarios y es un problema de


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convivencia cuando los ciudadanos, hartos de que no hagamos nada para defenderles, se toman la justicia por su mano y vemos en la televisión cómo hay grescas, hay puñetazos y hay violencia, porque los ciudadanos pacíficos están ya hartos de que no hagamos nada. No confundan este problema con el de los colectivos vulnerables que se encuentran en situación de riesgo habitacional, que no nos engañe la izquierda con respecto a este problema porque este no es el problema. Por eso, en la proposición no de ley establecemos un conjunto de amplias medidas sociales de protección precisamente respecto a los colectivos vulnerables, como, por ejemplo, la posibilidad de dación en pago de la vivienda por las deudas, el estudio de las personas en una situación de riesgo habitacional, el fomento de los servicios municipales de atención a estos colectivos, la posibilidad de que el Fondo Social de la Vivienda tenga carácter definitivo, etcétera. No es este el problema y desde luego no pueden justificar con este problema que se legitime la okupación ilegal, que es delito, que es el robo de la posesión a su legítimo propietario. Se trata de mafias, se trata de organizaciones criminales, se trata de grupos antisistema que hacen lo que he dicho antes: extorsionar, lucrarse con una actividad ilícita. No podemos mirar para otro lado, son personas que han trabajado mucho para conseguir tener una vivienda en propiedad o en arrendamiento.

Nuestro ordenamiento tiene importantes lagunas que pensamos cubrir con la proposición de ley que ha registrado Ciudadanos cuando toque tramitarla: reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil para poder recuperar la posesión rápidamente y legitimación de las comunidades de propietarios; medidas administrativas que incentiven las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se pueda desocupar la vivienda cuando se aprecie que se están cometiendo delitos flagrantes dentro de ella; aumento de las competencias municipales para luchar contra esta lacra; las medidas sociales que también he señalado y el reforzamiento del Código Penal, tanto en las penas como en el enjuiciamiento rápido de estos delitos, precisamente para disuadir, para que este problema no se enquiste, para que este problema no aumente en nuestra sociedad. Ya lo dije la semana pasada desde esta tribuna, el Ministerio del Interior anuncia que en el año 2020 en un semestre ha habido 8000 okupaciones, 40 okupaciones al día, una de cada cuatro en Cataluña con el plácet y la simpatía de la alcaldesa de Barcelona. Y esto no es un problema ideológico, no es un problema de derechas y de izquierdas, por mucho que las izquierdas traten de hacerlo pasar por un problema de este tipo. Tenemos que ponerle remedio, debemos ser útiles y responsables y no seguir perdiendo el tiempo y no hacer que los ciudadanos pierdan su posesión y su tiempo, que nunca recuperarán. Me refiero a las familias vulnerables, los propietarios, los vecinos a los que les da miedo soltar a sus hijos al descansillo de la escalera o les da miedo cuando vienen por la noche y entran solos en el portal porque una parte del edificio está okupado por delincuentes. Estamos acabando con la paciencia de nuestros ciudadanos con este problema y estamos defraudando su confianza; no pongamos más excusas para no resolver el problema. Digamos hoy a nuestros ciudadanos que sus representantes políticos quieren garantizar sus derechos, resolver sus problemas y hacerles la vida más fácil, porque para eso nos pagan.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Nos presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a la adopción de una serie de medidas encaminadas a prevenir y atajar las okupaciones ilegales de viviendas, inmuebles y edificios. Lo peculiar de esta iniciativa es que en breve debatiremos y también a iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, las mismas medidas que ahora se insta a adoptar al Gobierno pero en formato de proposición de ley, lo cual supondrá que si la tomamos ahora en consideración empezaremos su debate en ponencia legislativa en la Comisión de Justicia ya que está involucrada, entre otras normas, la reforma del Código Penal y otras siete más con naturaleza orgánica o no.

Como ven, señorías, se propone ahora instar al Ejecutivo a que adopte una serie medidas y, al mismo tiempo, estaremos debatiendo a través de una proposición de ley sobre las mismas medidas para transformarlas en leyes, pero ya no contando con el Gobierno ni instando su actuación. Esto sería tanto como activar dos mecanismos parlamentarios para lo mismo que consideramos ni pueden ni deben simultanearse, ni desde un punto de vista parlamentario ni desde un punto de vista político. Parlamentariamente porque las proposiciones no de ley son de impulso y dirección de la acción del


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Gobierno mientras que las proposiciones de ley versan sobre la capacidad de los grupos parlamentarios para iniciar la actividad legislativa en la Cámara. Tampoco consideramos que se puedan ni se deban tramitar esas dos iniciativas con el mismo contenido y en el orden que se nos presentan, primero la de impulso de la acción del Gobierno y después la de activar la potestad legislativa de la Cámara, porque reclamar el apoyo respecto de la primera a parte los grupos de la Cámara supone la no acción directa a la que se tramite en segundo lugar, y no solo en cuanto a su tramitación misma -lo cual no tendría problema alguno-, sino también en cuanto a su contenido, haciendo superfluo de esta manera el debate vía enmiendas sobre ese último proyecto, circunstancia que va absolutamente en contra de la lógica de las tramitaciones de iniciativas que aspiran a convertirse en leyes.

Por ello y a fin de cohonestar en sus lógicas parlamentarias y políticas ambas iniciativas de Ciudadanos y siendo plenamente conscientes de la gravedad de los perjuicios ocasionados por las okupaciones ilegales de inmuebles para con sus propietarios y poseedores legítimos y, a su vez también, para asegurar la protección social, económica y jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional, hemos propuesto una enmienda a fin de que el debate futuro en ponencia sobre la reforma de un amplio abanico de leyes con incidencia en las okupaciones no quede maniatado ni impida las transacciones precisas entre puntos de vista que pudieran ser parcialmente no coincidentes.

Esta misma enmienda se dirigiría respecto de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, mientras intervenía el portavoz del grupo proponente, Ciudadanos, nos han pasado una transaccional que así, a uña de caballo, veo que es una transaccional, digamos, con la enmienda planteada por el Grupo Popular básicamente, con lo cual tengo que entender que se rechaza la nuestra y, en definitiva, eso condicionará, inevitablemente nuestro voto a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Esteban Calonje. (Aplausos).

La señora ESTEBAN CALONJE: Gracias, señor presidente.

Señorías, les voy a hablar de leyendas urbanas. Luis y Juani, un matrimonio que se jubila y se va a vivir al pueblo, descubren por la llamada de una vecina que ese modesto pisito que tanto sacrificio les costó, donde criaron a sus hijos, donde tienen todos sus recuerdos, ese pisito ha sido okupado. Francisco, que acompañó a Macarena, su mujer, a dar a luz durante el confinamiento, a su vuelta se encontró con su casa okupada, se quedaron en la calle, con un bebé recién nacido y sin tener dónde ir. Paola, una joven boliviana que perdió su trabajo, alquiló una habitación en su casa, salió a hacer un recado con su bebé de dos años y al volver el arrendatario se había quedado con toda la casa. Y así, hasta las 12 000 okupaciones que llevamos en lo que va de año, 12 000 dramas que no solamente afectan a los propietarios sino también a los vecinos que lo sufren. No son solo doce mil sino cientos de miles de españoles los afectados por este problema.

La imagen de España se hunde. La inseguridad hace que se invierta en otros lugares como Portugal, Grecia, Croacia o Turquía. Más leyendas urbanas: las viviendas vacías. Señorías, el 70 % de las viviendas vacías, de las que ustedes siempre hablan, se encuentra en la España rural, y estos son datos del INE. Decía la semana pasada la diputada socialista que llegábamos tarde a estas medidas que había propuesto mi compañero Víctor Sánchez del Real, pero que llegábamos tarde porque el Gobierno ya había puesto en marcha medidas a través de una instrucción de la Fiscalía General del Estado. Señorías, el Gobierno no es la fiscalía, por mucho que ustedes lo confundan. (Aplausos). Una mera instrucción de actuación interna de la fiscalía no vincula al juez ni a la Policía judicial. ¡Qué manera torticera de utilizar una mera instrucción interna de la fiscalía para hacer ver que el problema está resuelto! Y es que ustedes están siempre solo en el relato.

Nuestro grupo parlamentario presentó el pasado mes de junio dos iniciativas con el fin de modificar la ley. Si de verdad quieren cambiar las cosas, cambien la ley. Por cierto, señora Lastra, el Código Penal del año 1995, no el de hace doscientos años. (Aplausos) ¡Porque anda que...!

Decía el Grupo Socialista que para combatir esta lacra hay que construir más viviendas de protección oficial, algo que aplaudimos y nos sorprende, pero nos sorprende porque hace hoy una semana, en la Comisión de Vivienda, tanto PSOE como Podemos rechazaron una iniciativa nuestra para construir vivienda social. Nos reprochaban que buscábamos el enriquecimiento de promotores. ¡Bájense ya del relato, señorías! De veinte mil viviendas que anunció el señor Ábalos en 2018 tan solo hay 3200 en


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ejecución, apenas un 16 %. Una vergüenza, vamos. (Aplausos). Claro que hay que ayudar a las familias vulnerables y a nuestros jóvenes. No me canso de repetirles Comisión tras Comisión que estamos a la cola de Europa en cuanto a vivienda social. Hagan una propuesta seria para construir vivienda social, den acceso a nuestros jóvenes y nuestras familias, pero hagan criba, no vaya a pasar como con el señor Espinar, senador de Podemos, que accede no sé cómo a una vivienda social, le da el pase y se embolsa la pasta. Es increíble. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!). Nosotros no pasteleamos con nuestros votos. Ante medidas que reviertan en el beneficio de la ciudadanía encontrarán siempre el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Señorías, dejen de servirse de los españoles y empiecen a servir a los españoles. Pónganse a construir.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo Romero.

La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidente.

Señorías, hablamos de nuevo hoy de okupación ilegal, y sí, señor Legarda, le anuncio que lo seguiremos haciendo, porque la okupación ilegal se ha convertido en un problema social que preocupa, y mucho, a los españoles y contra el que nosotros exigimos tolerancia cero. Desde luego el Partido Popular no va a mirar para otro lado mientras cada día se okupan en este país cuarenta viviendas quitándoselas a sus legítimos propietarios. Por eso seguiremos trabajando y sumando donde haga falta para acabar con la impunidad de quienes hacen del delito la forma de acceso a la vivienda y sobre todo un negocio a costa del esfuerzo de los trabajadores, aprovechándose de los más vulnerables. Porque de eso y solo de eso hablamos cuando rechazamos la ocupación ilegal, de proteger el derecho a la propiedad de los trabajadores, de las clases medias y humildes, de los inquilinos honrados. No vamos a caer en el falso conflicto en el que las izquierdas, ya todas extremas, convierten este debate para intencionadamente ahondar en el enfrentamiento, atacando cada día un derecho, cercenando libertades, ahora enfrentando derecho a la propiedad y derecho a la vivienda, como si fueran cosas incompatibles. No, señorías, derecho a la propiedad sí, obligación de los poderes públicos, del Gobierno, de facilitar el derecho a la vivienda, también. (Aplausos). No caeremos en el dirigido -patrocinado, que diría el señor Rufián- argumentario de quienes quieren hacer de la okupación su política de vivienda, eso sí, a costa del esfuerzo de los trabajadores, pretendiendo además así ocultar el absoluto fracaso del vicepresidente de Asuntos Sociales, que está dejando atrás en esta crisis a miles de familias vulnerables, instalado en su hipócrita política de ?Hay que vivir okupando?, mientras él disfruta de su impresionante mansión blindada con los impuestos de los más vulnerables.

Lecciones, ninguna, porque fue el Partido Popular el que por primera vez legisló para proteger a los deudores y a los inquilinos vulnerables que el Partido Socialista había dejado sin trabajo y en la calle. Y si ahora hay que seguir insistiendo en estas políticas, háganlo, hagámoslo, pero no manipulen. Luchar contra la ocupación ilegal no es ir contra quienes no pueden pagar una vivienda o alquiler, es proteger a las familias más humildes de los abusos de las mafias que les exigen alquileres por casas que no son suyas, a quienes viven con miedo a ver arrebatado el esfuerzo de años por quienes hacen de reventar cerraduras un negocio; es acabar con la desesperación de quienes no pueden defenderse de los que convierten en un infierno sus bloques, sus barrios, y utilizan el conflicto social como método de extorsión para echarlos de sus casas.

Ustedes, desde sus mansiones blindadas, restaurantes de lujo y portadas de revistas están cada día más alejados de lo que quiere el español medio. La gente no quiere tener una casa quitándosela a su vecino, no, señorías. ¿Cómo se atreven ustedes a negar el problema a esa familia a la que le han adjudicado una vivienda pública o está en una lista de espera y no puede acceder porque las mafias de la okupación las tienen okupadas por cientos? ¿O al trabajador que lleva viviendo en alquiler y ha conseguido comprar una casa, que ahora le han okupado y angustiado tiene que pagar alquiler, hipoteca, luz y agua de dos casas, mientras un okupa vive gratis en la suya? ¿O a los vecinos que comparten edificio con los narcopisos y que viven con miedo en sus barrios convertidos en focos de delincuencia? Por eso, no se puede distinguir la forma jurídica del propietario, porque a los ciudadanos no les afecta de quién es la casa, lo que les afecta es que los okupas desde ella les están haciendo la vida imposible.


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Y mire, las instrucciones del Gobierno no sirven para atajar este problema, casi se diría que son para no molestar mucho a esas organizaciones de la okupación. Nosotros creemos que es necesaria una legislación que no deje resquicios y, por eso, presentamos el Plan antiokupación del Partido Popular, para definir la okupación como delito en sí mismo, y que las autoridades puedan desalojar como máximo en doce horas tras la denuncia, endurecer las penas elevándolas de uno a tres años de prisión, prohibir empadronarse en la vivienda okupada y atajar el problema de la convivencia vecinal, que acusa a la okupación ilegal, permitiendo que las personas jurídicas y las comunidades de vecinos puedan solicitar el desalojo de quienes cometen delitos o alteran la convivencia. Por eso hemos llegado a un acuerdo, porque los españoles necesitan saber que la ley está de su lado, porque la okupación, señores del PSOE, no es cuestión de ideologías, es una cuestión de justicia. Pónganse ustedes del lado de los ciudadanos y de la ley y no siempre de quienes las incumplen: los golpistas, los batasunos, ahora los okupas. Vuelvan ustedes a la senda de la convivencia y del respeto a la Constitución y a nuestras instituciones y no contribuyan a la destrucción de nuestro Estado de derecho, que sus socios de extrema izquierda tienen como objetivo. Porque, miren, millones de españoles, y desde luego con ellos el Partido Popular, no se lo van a permitir.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señora Angulo, debe terminar, por favor.

La señora ANGULO ROMERO: Termino. Hablamos de okupación, y contra las mafias de la okupación y los partidos o las organizaciones que las ampara o promueven, tolerancia cero. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor MAZÓN RAMOS: El otro día un portavoz aquí decía que la okupación ilegal no era un gran problema, porque solo afectaba a 8000 viviendas, el 0,056 % de las viviendas de España. Otro portavoz decía que el problema no era ese, sino que era la falta de vivienda asequible, y es ahí donde había que actuar. Con este razonamiento, uno nos dirá que las muertes por violencia de género, cincuenta y cinco en 2019, afectan solo al 0,0002 % de las mujeres de España, y no es gran problema. (Rumores). El otro nos dirá que hay que actuar en la sociedad, que hay que actuar en la educación y que hay que actuar en la base. Claro, naturalmente, hay que actuar en las causas, pero también hay que prevenir, hay que proteger a las víctimas y hay que perseguir a los delincuentes y los delitos, sea cual sea el porcentaje que tengan. Y estos mismos que están viendo el negocio de las armas, parece que no ven el negocio de los okupapisos, de esas mafias organizadas, que hay que estar ahí para verlas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que sí vemos es que España se está llenando de negacionismos y negacionistas de todo tipo. Yo lo que digo no lo digo por lo que veo la televisión, sino porque son casos que he vivido personalmente y, por tanto, los conozco de primera mano.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Mazón, debe finalizar, por favor.

El señor MAZÓN RAMOS: Termino. Por eso, reitero que hay que actuar con firmeza y, como mínimo, hay que evitar que este fenómeno vaya a más. Por tanto, votaremos a favor de cualquier iniciativa que vaya en esta dirección.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Señor García Adanero.

El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Ha sido brillante la intervención, señor Bal, pero creo que le va a valer de poco, porque para el Gobierno, aparte de no estar hoy tampoco aquí como todas las tardes en que tenemos Pleno -no le interesa nada lo que se habla-, este tema no existe. Lo vimos en las intervenciones de la semana pasada, ya que tanto en Comisión como en el propio Pleno se habló de esto y para el Gobierno no existe. Todo lo que vemos en la tele, lo que leemos en los periódicos y lo que oímos cuando hablamos con gente o en la radio no es real. Es gente que está pagada por las empresas de seguridad para que compren elementos de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar nada? Si no existe el


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problema? Vaya usted a ese al que le han quitado la casa y que duerme en el coche y dígale: Usted no está durmiendo en el coche, está durmiendo en su casa. ¿No se ha enterado? Pues, eso es lo que van a decir luego Podemos y el Partido Socialista, que no existe el problema. ¿Cómo van a solucionar un problema si no existe? Viven en otro mundo. ¿Tanto se han alejado de la calle? ¿Tan lejos se han ido de la calle? ¿Tan grande es el búnker de la Moncloa y de los despachos que ya no saben lo que pasa la calle? La gente en la calle con la okupación está indignada. No se dan cuenta. Se piensan que son unas élites o no sé qué. Que no, que es gente -como han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- que han comprado o que han alquilado pisos donde están viviendo y que se los han okupado para hacer negocio con ellos. A otros casos muchos ayuntamientos ya les están dando salida con sus competencias y ya están haciendo ese trabajo, pero ustedes están protegiendo a delincuentes. Vuelvan otra vez a la calle para ver lo que está pasando, porque está visto que el Gobierno les ha cegado del todo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Señora Vehí Cantenys.

La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.

Ciudadanos nos trae hoy una proposición no de ley contra la okupación de viviendas y nos dicen que están preocupados por las familias vulnerables e incluso por el derecho a la vivienda. Claro, hablan del peligro de que las familias se vayan de vacaciones y que vuelvan y se encuentren la casa okupada. Esto lo dicen literalmente en el texto de la proposición no de ley. Señor Bal, la primera cosa -y usted lo sabe perfectamente- es que hay una diferencia clarísima entre allanamiento de morada y okupación, y yo diría que el vicepresidente la dejó bastante clara la semana pasada.

La segunda cosa es que la okupación se da en pisos vacíos. Nosotros hemos estado mirando datos de la Generalitat. De las 29 596 viviendas vacías que hay en Cataluña, ¿sabe de quién son 27 558? De fondos de inversión y grandes propietarios. Ustedes legislan para los ricos y legislan, en este caso, para los fondos de inversión y los grandes propietarios, que son los mismos que especulan con las viviendas y dejan morir los barrios. Esto no va de narcopisos ni de familias. No engañe a la gente. Esto va de legislar para los ricos y para los fondos de inversión. ¿Quiere saber qué necesitan las familias? Médicos y viviendas. ¿Sabe qué dice el Consejo General del Poder Judicial? En 2019 hubo 59 671 desahucios en el Estado español, 12 446 en Cataluña, y solo en el primer trimestre de 2020, 3955 en los països catalans. ¿Sabe de qué son la mayoría de estos desahucios? De alquiler -de hecho, el 68 %- y recuerdo que ustedes hace dos semanas votaron en contra de la Ley de Regulación de Alquiler del Parlament de Catalunya. ¿Quieren hablar de familias vulnerables? Legislen contra las mafias, garanticen el derecho a la vivienda y legislen contra los grandes propietarios y los fondos de inversión, pero no engañe a la ciudadanía, señor Bal.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Creo que ya podemos decir que hay debates que pasan de los platós a los hemiciclos y si en los platós -en lo que hemos visto por lo menos durante este verano- parecía evidente que la máxima era que ninguna verdad te estropee un buen titular, viendo la sarta de mentiras que han dicho, aquí podríamos decir que ninguno de los datos reales ni veraces te estropeen ninguna obsesión -sí, pese a los gestos, que además ya me dijo que los iba a seguir haciendo cuando quisiera-. Yo no voy a dar más datos que los que ya di el otro día, si quiere remarcaré algunos de los que di, pero sí voy a señalar una cuestión, porque me parece que es la que subyace, es la que está en el fondo, porque hoy estamos hablando de okupación, otros días hablamos de inmigración y otros días hablaremos de si las mujeres denuncian maltratos falsos o no. Estamos hablando de la imposición de una agenda de la extrema derecha, y lo triste, lo lamentable es que en esta Cámara quienes hasta ahora se contenían en la derecha, han abrazado los postulados de la extrema derecha. Porque es muy fácil, es una secuencia lógica muy fácil, y van a ver cómo aquí también se cumple. La primera es encontrar un fenómeno, una tipología o


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incluso un problema, porque puede existir un problema en torno a la okupación que nadie ha negado, pero que desde luego no dimensionamos como ustedes. Y la segunda concatenación de la definición de ese fenómeno o problema, del señalamiento de ese fenómeno o problema, es la de magnificarlo; magnificarlo con una cierta pretensión, tapar otras realidades que puedan ser paralelas a esa pero que resultan mucho más incómodas para los intereses de las élites. La tercera sucesión de esta lógica, una vez definido el problema o el fenómeno y señalada la magnificación para tapar otras realidades, es inocular todo el miedo que podamos a la población con todas las mentiras posibles, con todas las fake news posibles, para que así se genere un cierto estado de pánico. Y ante ese estado de pánico, como cuarta sucesión y, por tanto, colofón de esta secuencia, lo que hacemos es generar leyes más autoritarias, leyes más regresivas en un Estado cada vez más autoritario y más controlador de derechos y libertades. Eso se está cumpliendo a pies juntillas también en este tema, porque tenemos ya el fenómeno, la okupación. Yo ya no voy a hablar de lo que significa el allanamiento de morada con respecto y diferencia a la usurpación, lo hicimos en el debate anterior, esto no es Barrio Sésamo, cualquiera lo puede ver en ese debate. Pero ya aclarado eso, aclarado creo que para todas las señorías que la usurpación y el allanamiento de moradas son dos cosas diferentes, tendríamos que hablar entonces aquí de qué mecanismos legales nos incorporan como novedad para algo que ya tiene sus propios mecanismos legales, como se ha señalado con anterioridad, en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el propio Código Penal, ya sea para un caso -el de la usurpación-, ya sea para otro -el del allanamiento de morada-.

Como eso les importa poco, pasamos a la segunda fase, que es la de la magnificación o la de aumentar la dimensión del fenómeno o el problema para así darle mayor sonoridad. Se lo dije el otro día, 87 000 familias en pisos okupados. Hay millones de familias en el Estado español. Habría que ver que esas 87 000 familias en muchos casos son familias en situación de vulnerabilidad. Hay que ver encuestas como las del Instituto Cerdà -también se lo indique el otro día- que señalan que muchas son mujeres con hijos a su cargo. Señor Mazón, seguramente usted también cree que aquí no hay que hacer solo educación y pedagogía, sino no echarlas de su casa a patadas para que puedan tener un hogar digno donde vivir con sus hijos e hijas. Pero le diré más, de las viviendas okupadas en 2019, eran de los bancos 11 000 y hubo en torno a 17 000 desahucios que se procedió a la vez, es decir, 11 000 okupaciones y 17 000 desahucios; pero el problema es la okupación, nunca los desahucios. Además, según el Consejo General del Poder Judicial -que yo no soy muy afecto a él pero que seguramente estos datos los podemos coger y no tendrían que disgustarles a ustedes-, 33 desahucios al día por okupación, y algunos ni siquiera se sustancian porque obedecen a veces a contratos irregulares que no han sido tasados por ley sino que eran bajo mano, frente a 160 desahucios. Repito, 160 desahucios frente a 33 okupaciones. ¡Y el problema es la okupación, no son los desahucios! Ahí es donde ustedes completan a la perfección la segunda fase, la de magnificar el problema para tapar otros. Y pasamos a la tercera, que es inocular miedo para llegar con más mentiras, y aquí no siguen una lógica diferente a la que siguieron con los inmigrantes. Nos decían que los inmigrantes nos quitaban las ayudas, pero, luego, el Ministerio del Interior, a través del INE, nos dice que el 74,6 % de los perceptores de ayudas son españoles y el 25,4 extranjeros. Pero, sin embargo, son los inmigrantes los que se quedan con las ayudas. También lo podríamos utilizar con las mujeres maltratadas. Se nos dice -lo dijo un exdiputado de esta Cámara, el señor Toni Cantó- que la mayoría de las denuncias por violencia de género eran falsas y, sin embargo, vemos que en el año 2020, según datos de la Fiscalía del Estado, el número de denuncias falsas es cero, es decir, 0,0000. Pero, sin embargo, para ustedes esto era un problema.

Podría seguir con más datos, pero quiero terminar con el cuarto. Lo que quieren ustedes es propagar leyes más autoritarias para que cuando se sigan produciendo más desahucios -porque con la crisis más desahucios habrá- más fácil sea desahuciar; para que entonces haya ciudadanos, como un tal José María, un ciudadano al que, probablemente, alguien okupe su casa, que no nos diga que tiene más de cien mil viviendas okupadas porque es el gerente de un fondo que se llama Cerberus y sus apellidos son Aznar Botella. Probablemente, así, no hablaremos de esas cosas. Lo que hay que dejar claro, y creo que con esto poco más puedo decir, es que el problema no es la okupación. Esto no es un paraíso para la okupación, esto es, por desgracia, un paraíso para la especulación. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Baldo, ¿qué hacemos con el problema de los okupas?, pregunta un votante de izquierdas; siempre ha votado al PC o al PSOE. Pregunto yo: ¿Tienes okupada tu casa? No. ¿Hay alguna casa okupada en Riola -el pueblo donde estábamos-? No. Entonces tú, ¿de qué te preocupas?

La estrategia de la derecha cala. Nos crean el problema. Vienen al Congreso a que aprobemos medidas contra la okupación. Usarán estas medidas para tirar a la calle a los que no pueden pagar principalmente su hipoteca y el alquiler. Y sí, hay un problema de okupas en este país, el de los diputados que ocupan sus escaños para defender a los bancos y a los fondos buitre y no a las personas para que puedan tener una vivienda digna.

Ocupo veinte segundos de los cincuenta y nueve que le han sobrado a la portavoz de VOX. Para mafias, aquellos que dejan un banco en la ruina, nos cuesta 22 000 millones a todos los españoles y salen de rositas a la calle. ¡Mafias! (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, presidente.

Yo lamento si le molestan los datos, pero sin datos no sabemos exactamente sobre qué estamos discutiendo. Viviendas ocupadas, el 0,056 %, datos del Ministerio del Interior, y de ellas, el 80 % propiedad de entidades financieras, que en muchos casos las dejan vacías para especular con ellas y eso genera después problemas de convivencia. Claro que existe un problema, pero los problemas tienen una raíz, y eso no es negar que existan. Es decir, existe una raíz, y esa raíz es la dificultad creciente para el acceso a la vivienda, que en España, a pesar de ser un derecho constitucional, se queda en papel mojado por la fuerza que tienen las oligarquías inmobiliarias. Si a ustedes les preocupara el derecho a la vivienda, nos habrían traído aquí, por ejemplo, una propuesta como la que nos hace llegar la PAH: la construcción de un ambicioso parque de vivienda pública, que además presione los precios a la baja. No puede ser que España tenga un 4 % y Francia tenga un 17 %. O si les preocupara, nos traerían una propuesta, la de traslación al Congreso los Diputados de la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña para regular los alquileres. Porque no puede ser que en siete años los alquileres casi hayan subido un 96 %, mientras que los sueldos no hayan subido. Es insostenible.

La semana pasada, aquí al lado, aquí detrás, en la calle Olmo, en Lavapiés, intentaron desahuciar a un vecino. Se llamaba Paco. Nunca había dejado de pagar el alquiler, ni un solo mes, pero le quisieron echar a la calle con ochenta y cinco años. Digo yo que esto también será inseguridad, ¿no?, ¿o ese señor tiene seguridad jurídica? No le echaron gracias al sindicato de inquilinos y a la solidaridad de los vecinos, pero, si le hubieran echado, ¿qué habría hecho ese señor? Pues buscar un techo y más si hay techos vacíos. Ustedes saben perfectamente cuál es la raíz del problema, que hay muchas casas sin gente y mucha gente sin casa, pero no tienen la honestidad política de traer una propuesta que vaya a la raíz del problema porque implicaría regular el sacrosanto mercado. En lugar de eso, nos traen una racioncita más de miedo, a ver si dividen a los trabajadores por el miedo y la desconfianza entre ellos. Contarán con el voto en contra de Más País.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Errejón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Como cada vez que suba a esta tribuna a lo largo de esta sesión, les voy a recordar la anormalidad democrática que supone que el presidente de la Generalitat haya estado inhabilitado por una pancarta, una pancarta que pide una cosa que a algunos de ustedes les provoca urticaria: la libertad de los presos políticos. (Aplausos).

El fenómeno de la okupación existe. Ni se puede magnificar, como hacen algunos, ni se puede obviar o minimizar, como hacen otros. Ni todos los que okupan las viviendas son mafias ni todos los que las okupan son personas vulnerables. Ni todas las viviendas okupadas son de fondos buitre ni todas las viviendas okupadas son de familias humildes. El problema existe y se debe resolver. El problema no es


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nuevo, no es un problema que haya aparecido esta semana ni la semana pasada ni hace dos semanas. De hecho, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario del Partit Demòcrata, hace dos legislaturas, a través de su diputada Lourdes Ciuró, propuso -y se acabó aprobando- una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que seguramente no ha sido suficiente, que pretendía proteger a los pequeños y medianos propietarios, no a los fondos buitre. Por tanto, se deberá legislar.

Coincido casi al cien por cien con la argumentación del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Esta PNL, cuando hay una proposición de ley en marcha, parece simplemente que tiene el objetivo de poner el dedo en el ojo al Grupo Socialista o al Gobierno de turno. Tendremos una proposición de ley. Ya les avanzo que algunos de los aspectos no los compartimos, pero otros sí. Cuando tengamos la proposición de ley, vamos a ser proactivos, porque el problema existe y no se puede negar. No se puede magnificar, pero no se puede negar. En relación con esta PNL, nos vamos a abstener.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Buenas tardes a todas y a todos.

Una reflexión previa obligada. Miren a estos dos señores. (Muestra dos fotografías, una del señor De Rato y Figaredo y otra del señor Torra i Pla). Uno ayudó -de hecho, ideó- una estafa de 22 000 millones de euros a toda la ciudadanía, el otro puso una pancarta. Adivinen quién ha sido condenado y quién ha sido absuelto en las últimas veinticuatro horas; adivínenlo. La justicia española es un todos contra todos en la que la Bankia siempre gana. Sempre amb tu, president Torra. (Aplausos).

VOX es Ciudadanos a las cuatro de la mañana. No es la primera vez que lo decimos, pero creo que hoy conviene recordarlo porque realmente hoy Ciudadanos nos vuelve a traer no una PNL sino propaganda neoliberal de empresas de seguridad y alarmas. Es más fina -un poquito más fina- que la de la semana pasada, pero no deja de ser propaganda; es exactamente lo mismo. Ustedes se vanaglorian -sobre todo usted, señor Bal, que sabe que lo respeto- de ser un partido serio, tecnócrata, de datos, y ustedes en esta propuesta proponen nada menos que cambiar el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de seguridad ciudadana bajo un solo pretexto, sin datos -bajo un solo pretexto-, bajo una frase: Por el elevado crecimiento de casos de okupaciones. ¡Chimpún! ¡Ya está!

Como algunos de mis predecesores, les recuerdo que hay 26 millones de viviendas en España -26-, solamente el 0,056 % son okupadas o allanadas -solo-; la diferencia es importante. Por cierto, señor Mazón, por respeto a usted y a su partido no voy a entrar en la comparación miserable que ha hecho con la violencia machista en este tema; no voy a entrar. (Aplausos). Así que, de utilidad, de partido serio, tecnócrata y de datos, más bien poco. Ustedes simplemente son, quizá, la parte más cool del bloque de la derecha; no se lo niego.

Nosotros sí que queremos derogar -o como mínimo, cambiar- la Ley de seguridad ciudadana, la denominada Ley mordaza, pero porque vulnera derechos fundamentales; simplemente porque somos demócratas, no para echar a la gente a patadas de las casas. Hubo una pintada en las calles de Barcelona durante unos años -Ciudadanos lleva once años haciendo política en Cataluña, los conocemos perfectamente- que decía: Ciudadanos no existe; son los bancos. Muy gráfica. El 90 % de los pisos vacíos en España son de bancos o de fondos buitre, que casi casi es lo mismo. En el año 2019 hubo entre 200 y 250 desahucios al día; blanco y en botella.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero solicitarle formalmente al señor Mazón que retire la comparación que ha hecho entre el fenómeno de la okupación y la violencia machista; creo que es absolutamente inadmisible en una sociedad democrática.


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En segundo lugar, creo que deberíamos intentar hablar del verdadero problema. Se habla mucho de la okupación, pero el principal problema es el fracaso absoluto de la gestión privada del patrimonio inmobiliario resultante de la crisis y la entrega a precio de saldo a los fondos buitre. ¿Quieren ustedes que les demos el nombre de algunas organizaciones mafiosas que amenazan a la gente con echarla a la calle? Goldman Sachs, Blackstone, Cerberus. Esas son las principales organizaciones criminales que amenazan a la gente con ponerla de patitas en la calle, que no han tenido el decoro ni tan siquiera de parar en sus intenciones durante el estado de alarma y amenazaban a los inquilinos con desahuciarlos en una situación de emergencia como la que estamos viviendo en estos momentos. Esas son las verdaderas organizaciones criminales que detraen del mercado bienes de primera necesidad para alterar artificialmente el precio de las cosas, un delito tipificado entre uno y cinco años. Eso no les importa. Y yo les quiero decir a los señores de Ciudadanos, del PP y hasta de VOX, que son los que sostienen el Gobierno de la Comunidad de Madrid: ¿Van a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo para que devuelvan las 3000 viviendas sociales entregadas y malvendidas a los fondos buitre? ¿Sí o no? Respondan a esa pregunta. (Aplausos). Porque hay 3000 familias en Madrid pendientes de que ustedes cumplan una sentencia del Tribunal Supremo. Y esos fondos buitre son los que están amenazando a la gente con echarla de su casa, los que le suben los alquileres más de un cien por cien en muchos casos para ponerla de patitas en la calle.

En estos momentos el principal problema que tiene este país es la especulación; si no, ¿cómo me explican que una empresa como Idealista se haya convertido en un unicornio? ¿Por qué son buenos en el negocio? Pregúntenles hasta a los de la CNMC, que les investigan precisamente por la alteración de precios. Nos están imponiendo una agenda, y yo me quiero dirigir al conjunto de los grupos políticos democráticos de esta Cámara: tenemos un problema en el cumplimiento de las observaciones generales del Comité DESC de Naciones Unidas, tenemos un problema con el control de precios de los alquileres, que deberían estar bajando por la bajada de renta disponible, y las acciones monopolísticas de los fondos buitre están manteniendo los precios artificialmente, impidiendo el acceso al derecho a la vivienda. De eso es de lo que tenemos que hablar. Las organizaciones sociales se dirigen a los grupos parlamentarios para plantearnos que hagamos un intergrupo para el cumplimiento DESC, para que seamos capaces de que se cumplan las sentencias del Comité DESC de Naciones Unidas que nuestro Estado todavía no cumple. De eso podemos hablar. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de los millones de viviendas vacías que están en este momento abandonadas?

Hay quien nos hablaba de que esto es un delito que viene de hace mucho y la verdad es que de derecho penal van flojos, señorías. Este delito entró en nuestro Código Penal en el año 1995 precisamente para facilitar el despegue de la burbuja inmobiliaria y no se puede encontrar en nuestro ordenamiento jurídico el delito de usurpación hasta la dictadura de Primo de Rivera. No lo hay ni tan siquiera en el franquismo porque era un ilícito civil, porque hay una cosa que deben ustedes conocer que viene del derecho romano, que es la res derelictae, la cosa abandonada, que es el consentimiento tácito a la utilización de la cosa si está abandonada. El problema es la cosa abandonada, el problema es que tenemos 1,7 % de las viviendas en parque público de alquiler. Ese es el problema que tiene este país, que si queremos ponernos al nivel de Europa el 17 % debería ser vivienda social. Les pido a los grupos políticos democráticos de esta Cámara un compromiso en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y un no a aquellos que, frente a la esperanza de poder construir el derecho a la vivienda, infunden el miedo porque lo que quieren es llenarnos de mafiosos y de gorilas los barrios precisamente para saltarse la ley y pisotear el derecho a la vivienda de las mayorías sociales en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.

El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidente.

A veces vemos que los ciudadanos tienen la sensación de que aquí, en el Parlamento, vivimos en un micromundo y, escuchando las intervenciones que se hacen aquí, viendo que hemos debatido sobre el mismo tema tres veces en dos semanas, viendo que nos pasamos el día hablando del rey, de la bandera -incluso algunos hablan aquí de unicornios, de elefantes en la habitación, de gorilas, de buitres-, creo sinceramente que tienen parte de razón. (Aplausos). Creo que tenemos prioridades distintas los que


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estamos aquí que los ciudadanos. Es cierto que hay cosas que les preocupan y nosotros tenemos que poner el foco en ello. ¿Qué es lo que les preocupa a día de hoy? Les preocupa la pandemia y la crisis económica derivada de ella. Por eso me pregunto qué hacemos aquí debatiendo de lo mismo por tercera vez en una semana. Nosotros, los socialistas, defendemos el derecho a la propiedad, claro que sí, sobre todo de esas familias, de esos autónomos, de esos trabajadores que consiguieron tener una o dos viviendas con los ahorros de su vida, esos que consiguieron los ahorros porque Gobiernos socialistas permitieron que fueran iguales que el resto, porque los Gobiernos socialistas durante la etapa democrática fueron los que permitieron que no solo los ricos tuvieran vivienda. Por eso los defendemos y vamos a defender su propiedad. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Reconozco que no tengo la misma empatía por esos fondos que se hicieron con muchas propiedades a precio de saldo que por esas familias que tienen su vivienda y que quieren seguir manteniéndola.

Fíjense, aquí hemos escuchado decir al Partido Popular que defienden a la familia, que defienden a los vulnerables, y yo me pregunto: ¿y por qué durante la crisis económica anterior rescataron a los bancos y abandonaron a las familias? (Aplausos). Señores del Partido Popular, nunca nos pueden dar lecciones de igualdad, nunca nos pueden dar lecciones de cómo se tiene que garantizar que la gente tenga los mismos derechos. Pero lo más curioso de todo es escuchar al Partido Popular decir que tenemos que cumplir la ley. ¿El Partido Popular de la corrupción nos dice que tenemos que cumplir la ley? Claro, si nosotros la cumplimos, y le pedimos a ellos que la cumplan, que la respeten y que defiendan las cosas cuando son legales.

Señores de Ciudadanos, del PP y de VOX, hoy se han juntado otra vez por una sencilla razón y debo reconocerles un mérito. Se han juntado y han conseguido crear la percepción de que hay un problema de okupación, de que hay un problema en este país de allanamiento de morada. Yo no voy a entrar más en las cifras porque ya se han puesto encima de la mesa. No hay un problema en este país a día de hoy por el que la gente que tiene su primera o segunda vivienda se encuentre un okupa en su casa. No ocurre, no digan eso, señores del Partido Popular, de VOX y de Ciudadanos, porque no ocurre. ¿Saben cuándo ocurrió en mayor medida que ahora? Durante el Gobierno del Partido Popular. ¿Saben que las cifras durante el Gobierno del Partido Popular en allanamiento de morada eran mayores que ahora? Y me pregunto: ¿por qué Ciudadanos no trajo la iniciativa aquí entonces? ¿Por qué no defendían lo mismo que defienden ahora? Porque nosotros sí defendemos a todos, a todos, porque creemos que es imprescindible para que este país siga funcionando. Han creado una alarma -y hay que reconocerles el mérito de ello-, pero los ciudadanos tienen que estar tranquilos. Nosotros seguiremos trabajando para que los ciudadanos tengan la seguridad de que su casa no va a ser okupada. La mayoría de viviendas deshabitadas de este país, como se ha dicho aquí, son de grandes fondos, son de bancos, y esas son las que normalmente se okupan. ¿En el Partido Socialista defendemos que se okupen? No, no defendemos que se okupen, pero también creemos que la gente debe tener la seguridad y la certeza de que este Gobierno los va a seguir defendiendo. En este país Ciudadanos, el PP y VOX deberían defender el derecho a la vivienda con la misma firmeza con que defienden aquí las medidas contra la okupación. ¿Por qué no se ve que hayan traído tres iniciativas seguidas para luchar por el derecho a la vivienda de los ciudadanos? ¿Por qué no se ve que lo pongan en la misma escala de valores? (Aplausos). ¿Por qué no se ve que lo defiendan de la misma forma?

Creemos que existe un problema de percepción en los ciudadanos sobre un problema que hay que atajar, que hay que solucionar y por eso el Gobierno ha actuado. El Gobierno ha actuado y el Ministerio del Interior ha sacado un protocolo que ayuda a que los ciudadanos tengan la seguridad de que, si en algún momento hay allanamiento de morada, se va a actuar y se va a hacer de forma urgente y rápida. Este Gobierno es un Gobierno serio; es un Gobierno que defiende siempre la legalidad, le afecte a quien le afecte, y seguiremos trabajando por ella. Creemos que lo importante es que a partir de ahora defendamos la medida de 20 000 viviendas, a la que se comprometió el Gobierno de España y que vamos a poner en marcha; que sigamos poniendo en marcha las medidas que en este tiempo se han puesto para proteger a los vulnerables, para tener un escudo social que proteja a todo el mundo. Creo que eso es lo que tenemos que debatir en esta Cámara, muchas más veces, todas las veces que consideren oportunas; menos debates de cara al espectáculo y más debates de cara a los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Señor Bal Francés, ¿admite alguna de las enmiendas presentadas?


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El señor BAL FRANCÉS: En los términos de la transaccional que hemos firmado con el Grupo Parlamentario Popular y con VOX.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muy bien.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, SOBRE SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y DEROGACIÓN DE REFORMAS LABORALES. (Número de expediente 162/000067).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu sobre salario mínimo interprofesional y derogación de reformas laborales.

Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, presidente.

Señorías, traemos hoy esta iniciativa, la derogación de la reforma laboral, la de la elevación del salario mínimo interprofesional, la de la posibilidad de que las comunidades autónomas dispongan de capacidad para poder elevar el salario mínimo interprofesional a las necesidades reales de su población y al coste de la vida real de su población no por un capricho y no para tensionar las relaciones entre nadie, ni tan siquiera para buscar las costuras a las contradicciones a nadie, ni para constatar las enormes diferencias entre nosotros y otras fuerzas políticas de la derecha. Lo traemos por una cosa muy sencilla que para nosotros en política, para las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu, es básica: para cumplir nuestra palabra. Traemos esta proposición no de ley aquí para cumplir la palabra más sagrada que tenemos, que es la que dimos a nuestro pueblo, al pueblo de Euskal Herria y a sus clases populares. Y se la dimos porque queremos acompañar sus cientos de miles de pasos en las calles durante una década en forma de ocho huelgas generales con pies en las instituciones que ayuden a conseguir sus objetivos, porque nosotros no olvidamos que nuestro país, que Euskal Herria, ha vivido ocho huelgas generales, tres con la anterior reforma laboral, la de 2010, cinco con la reforma laboral del Partido Popular. Ocho huelgas generales y decenas de conflictos en empresas y en sectores, como la huelga del metal de Bizkaia, como la huelga de educación, como la huelga de sanidad, todas reclamando que se derogara la reforma laboral, todas reclamando condiciones de vida más dignas para los y las trabajadoras. Y lo hacemos por eso, para cumplir nuestra palabra y también lo hacemos para cumplir otra palabra que dimos en este hemiciclo, la de que íbamos a ser solidarios con las clases populares del Estado español, íbamos a ser solidarios contra aquellas medidas que también a ellos les dificultan la vida, que también a ellos les hacen vivir en umbrales de dignidad que no son los adecuados.

Esa es, en definitiva, nuestra memoria y por eso traemos esta iniciativa, porque si perdemos la memoria perdemos la dignidad en la rebeldía; y no vamos a perder jamás nuestra dignidad en la rebeldía por olvidarnos de dónde venimos y, sobre todo, por olvidar a dónde queremos ir. Y lo hacemos porque toda la gente que salió a las calles durante una década y que seguirá saliendo cuantas veces haga falta, como lo hizo el 30 de enero de este 2020 también para pedir nuevamente la derogación de la reforma laboral, nos dice a gritos y con su experiencia vital cosas que son muy claras, que la reforma laboral del Partido Popular ha generado un mercado -será el de Rato, el de «es el mercado, amigo»- que lo único que hace es precarizar, que lo único que hace es cronificar la pobreza y empujar a la exclusión social a cada vez más personas en nuestra sociedad. Porque abaratar el despido solo es una bicoca para los empresarios; porque estatalizar la negociación colectiva solo es un as en la manga para los empresarios y nunca para los sindicatos, para las organizaciones de los trabajadores; porque poner fin a la ultraactividad solo es una medida de presión más, un chantaje más de los empresarios para no abordar negociaciones efectivas para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras; porque la reforma laboral de 2012, la que hoy pedimos derogar aquí, deja sin contenido y hace inaplicable medidas en defensa de la igualdad.

En esta Cámara se habla mucho, y los fondos europeos que van a llegar nos comprometen y nos interpelan a todos para que cumplamos con medidas que generen un mercado laboral que no excluya a las mujeres, pues la reforma laboral de 2012 no es otra cosa que dejar para mañana o para nunca la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, porque las cronifica en la pobreza, porque las cronifica en la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, porque las cronifica en la discriminación laboral y porque, en definitiva, las condena a hacer imposible la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar.


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Eso es más precariedad y eso es la reforma laboral de 2012. Es curioso, en estos días en los que todo es la pandemia y en lo que todo son noticias sobre el COVID, oír hablar a médicos y enfermeras o a médicas y enfermeros diciendo que se han tenido que ir de este Estado porque aquí no encontraban recursos ni apoyo para tener sueldos dignos para poder desempeñar su trabajo. Y te lo dicen desde lugares de Europa y no te lo dicen desde aquí, desde donde les llaman para que sean voluntarios. Por tanto, creemos que lo primero es dignificar las condiciones laborales y el empleo de calidad, que ese es el primer paso -yo diría que ese es el paso ineludible- que tendríamos que dar en esta Cámara para empezar a hacer frente a lo que se nos viene encima, una vez que todavía no hemos superado lo que en lo sanitario tiene que ver con el COVID. Porque, ¿acaso no estábamos de acuerdo todos y todas en esta Cámara en que las personas de los servicios esenciales -los médicos o las médicas, los enfermeros o enfermeras, sanitarios de toda condición, los trabajadores esenciales- eran los héroes de la sociedad, eran los que habían mantenido el hilo de vida de la sociedad? ¿Por qué, entonces, les condenamos a vivir bajo un mercado laboral que les condena a condiciones de semi o cuasiesclavitud? ¿Por qué miramos para otro lado cuando eso sucede? Probablemente, porque algunos obedezcan a intereses que nada tienen que ver con la dignidad de la clase trabajadora y sí con el sostenimiento de los beneficios empresariales a costa de los de siempre o a costa de las espaldas de los de siempre.

Como digo, ese es nuestro objetivo y, por eso, hemos presentado esta iniciativa y nos hemos autoenmendado, y lo hemos hecho para mejorar la redacción pero, sobre todo y fundamentalmente, para facilitar el apoyo a esta iniciativa a otras formaciones políticas, a formaciones políticas de eso que se dice la mayoría que sostiene al Gobierno, que seguramente no tendrán ningún problema en decir que hay que derogar la reforma laboral de 2012 en sus aspectos más lesivos. ¿Quién de la mayoría progresista de esta Cámara está en desacuerdo con esa afirmación? ¿Quién de la mayoría progresista de esta Cámara está en desacuerdo con que el salario mínimo interprofesional se equipare al 60 % del salario medio, según lo que dice la Carta Social Europea? ¿Hay alguien que considere que no hay que hacerlo? Porque si hay alguien, probablemente, ni siquiera se ha leído el acuerdo de gobierno que suscribieron las dos formaciones políticas. Porque lo que estamos planteando es que se suba el 60 % en una legislatura. ¿Hay alguien en esta mayoría parlamentaria alternativa a la de la extrema derecha que considere que estableciendo un techo mínimo para todos que sea del 60 % del salario mínimo las comunidades, en ese ejemplo de cogobernanza y plurinacionalidad, no puedan adaptar ese salario mínimo a su propia realidad, elevándolo, si fuera preciso, pero nunca rebajándolo y, desde luego, no dañando a otras comunidades autónomas? Supongo que nadie, porque a nadie he oído yo, dentro de esa mayoría progresista en esta Cámara, señalar que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital se tuviera que llevar por delante la renta garantizada de ingresos o la renta garantizada navarra. No estamos hablando de otra cosa, sino de eso.

Por tanto, en definitiva, es un ejercicio de responsabilidad el que hemos hecho para toda esa gente que nos dice que hagamos algo útil en política, que nos pongamos de acuerdo, que defendamos sus derechos. Y lo hemos hecho realizando un esfuerzo, y hemos tendido una mano. En su decisión está si nos cogen la mano o si deciden escorarla y arrinconarla. Tengan muy clara una cosa: si deciden no aceptar nuestra mano, no están rechazando la posición de Euskal Herria Bildu, están rechazando la posición de millones de trabajadores y trabajadoras del Estado español que han salido a las calles -también en el Estado español como en Euskal Herria- para pedir que se derogara la reforma laboral y para pedir condiciones de vida más dignas, para pedir empleos dignos y de calidad y para que nadie les vuelva a engañar diciendo aquello de que ha creado no sé cuántos millones de puestos de trabajo, sin decir a continuación que son trabajos de un día, de unas horas o de una semana, donde antes había trabajos fijos y con derechos.

En definitiva, como les decía al principio, es una cuestión de memoria, y si hay algo a lo que jamás vamos a renunciar es a nuestra memoria. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos palamentarios interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, señorías, señor Matute, no se ponga estupendo. Aceptar o rechazar sus propuestas no supone ni dar al traste ni aceptar lo que digan millones ni cientos ni miles de personas; simplemente es una cuestión de representatividad. Esta Cámara y cualquier Cámara parlamentaria sirven para eso, no para ser aglutinador de voluntades únicas.


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Con respecto a su PNL -la de Bildu, perdón-, tres cuestiones diferentes. La primera, la del salario mínimo. La segunda, que la posibilidad de hacerlo sea también por comunidades autónomas y, en el caso de Euskadi, en Euskadi. Y la tercera, la reforma laboral. Lo que ocurre es que todo ese planteamiento, que en principio parece coherente -y no es una cuestión suya, creo que es una cuestión de Reglamento-, de repente se enreda con que se hacen una autoenmienda que parece que confunde o altera por completo los términos de ese debate.

Yo no puedo decir que esté en desacuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho ni con las que aquí se han formulado -bueno, en alguna sí-, tanto en la proposición no de ley como en las autoenmiendas que han hecho. Pero déjeme que le haga un pequeño análisis de la misma. Hace ya varios años, en el año 2016, se plantearon también dos iniciativas. Primero, una PNL a iniciativa del Grupo Catalán, y luego otra proposición de ley, a iniciativa del Grupo Podemos, en las que se trataba también esta cuestión. Por cierto, me quiero acordar en estos momentos de quien fue defensora de la proposición de ley en nombre Podemos, que era Aina Vidal, entonces diputada y ahora amiga; quiero recordarla y decirle que la espero cuanto antes aquí, en esta tribuna. (Aplausos).

Aquel debate giró sobre la referencia de si tenía que ir el salario mínimo referenciador, valga la redundancia, al 60 % del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, y si aquello era constitutivo de lo que el artículo 4.1 de la propia Carta Social Europea señalaba como derecho a una remuneración suficiente que garantice una vida decorosa al trabajador y a su familia. Pues bien, ha pasado tiempo, pero también han pasado muchas cosas porque sucede que con el artículo 27 del estatuto en la mano, como es prerrogativa del Gobierno fijar el salario mínimo, el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, actualiza otro de 21 de diciembre de 2018, el 1462/2018, y dispone que la cuantía del salario mínimo para este año sea de 950 euros en catorce pagas o con 1108 en doce pagas, es decir, la misma cuantía que estaba prevista en aquella proposición no de ley y que está ya, por lo tanto, materializada en una buena parte.

Contribuir a promover un crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo debe suponer, como contemplan las metas 1.2, 8.3 y 10.4 de la Agenda 2030, dirigir la actividad de los poderes precisamente a conseguir esos puestos retribuidos de forma digna. Pero yo creo que eso hay que hacerlo de forma efectiva, no con este tipo de planteamientos retóricos. Se dictan respuestas concretas. Por eso, permítanme que les diga que este tipo de proposiciones no de ley no sirve para eso porque. Porque si además abundamos ya en su propuesta relativa a que sean las comunidades autónomas quienes lo hagan? Voy a olvidar la primera propuesta porque tampoco la otra me ha gustado. ¿Recuerdan ustedes el artículo 12.2 del estatuto de autonomía, aquel que contempla que entre las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentra la de ejecución de legislación laboral? ¿Recuerdan aquello que algunos llevamos ya décadas defendiendo, que es el marco vasco de relaciones laborales? Entonces, ¿cómo se entiende que insten al Gobierno de España a la implantación de un salario mínimo en Euskadi? ¿Dentro del ámbito vasco de relaciones laborales? ¿Y cómo se entiende que olviden que la ejecución de la legislación laboral a que se refiere el artículo 12.2 del estatuto de autonomía es una prerrogativa que puede ejercer también el Gobierno vasco con el artículo 27 del estatuto? Es verdad que en la autoenmienda parece que corrigen eso, pero no lo hacen.

Creemos que esos mecanismos no han sido adecuados en su formulación. Pero ya luego, para rizar el rizo, terminan con la derogación de la reforma laboral. Primero de una, de dos, luego de una y al final no sabemos si nos han copiado también una parte de nuestro texto. Pero vamos a ver, ¿no son ustedes los que habían llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado para precisamente efectuar esa reforma laboral? Entonces, ¿para qué traen aquí este texto y no hacen consumación de aquel acuerdo al que se supone que ustedes habían llegado?

Algo está fallando en este discurso, señor Matute, hay algo en lo que realmente ustedes no están aportando nada a este debate, están simplemente confundiéndolo. Permítame que reitere que no puedo discrepar de muchas de las cosas que está diciendo, pero esta no es la forma, y mucho menos a través de una autoenmienda. Efectivamente, yo no me voy a oponer a ella, pero ¿así?, ¿de verdad que funcionan de esta manera? No les podemos apoyar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Utrilla Cano. (Aplausos).


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El señor UTRILLA CANO: Muchas gracias, presidente.

Fermín, taxista; María, ama de casa; Manuel, camarero; Ángel, ingeniero; Francisca, maestra; María Jesús, oficinista; Julián, mecánico; Agapito, peluquero. Señores de Bildu, ¿saben ustedes quiénes son estas personas? Son trabajadores de los más de ochocientos asesinatos vilmente por la banda terrorista ETA (un señor diputado: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie), los mismos que ustedes consideran héroes y llama gudaris cuando salen de la cárcel. Ahora vienen aquí a convencernos de que van a defender los derechos de estos trabajadores, cuando hasta hace dos días eran aniquilados por la espalda por sus amigos.

No nos engañan. Ustedes han venido aquí a reventar nuestra democracia, a atacar a España, a hacer esa política de mercaderes que tanto criticaban cuando estaban en el Parlamento vasco. ¡Cómo ha cambiado el cuento, señor Matute, cuando usted criticaba el intercambio de votos por transferencias! ¿Verdad? Ahora cambia votos por el blanqueo que les está brindando este Gobierno social-comunista. Además, ustedes quieren arrebatar los derechos de los españoles, que son libres e iguales ante la ley, y gestionarlos desde esa república hipotética que han creado que llaman Euskal Herria, donde, por cierto, solo caben ustedes, los nacionalistas. Desde VOX no se lo vamos a permitir. (Aplausos).

Ustedes son los herederos de ETA, no hay duda. El señor presidente se lo dijo claramente dándoles el pésame hace unos días, pero es que ustedes no han condenado la violencia todavía, siguen teniendo a condenados en sus listas y entre sus cargos electos por pertenencia a banda armada, continúan haciendo homenajes a los asesinos con el beneplácito de este Gobierno, incluso alguno de ustedes ha sido condenado por apología del terrorismo. Lo que les ocurre es que odian profundamente a España y sueñan con verla destruida. En cambio, ¿vienen aquí, a la sede de la soberanía nacional, a dictar el futuro laboral de 47 millones de personas? Mire, desde VOX no se lo vamos a permitir. (Aplausos).

La iniciativa que traen ustedes hoy aquí a debate insta al Gobierno a transferir la capacidad y las competencias para fijar el salario mínimo interprofesional en la Comunidad Autónoma vasca y en la Foral de Navarra. Hablemos claro: el articulado de esta iniciativa no solo rompe el principio de igualdad de los españoles, sino que además supondría un gasto innecesario, superfluo y hasta yo diría que obsceno por la duplicidad y la burocracia que acarrearía. Pero es que además es inconstitucional, es que vulnera los artículos 14, 139 y 149 de la Constitución española, que recogen que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación de nuestro origen, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin importarnos dónde hayan nacido o dónde estén viviendo. Además, como recoge el Real Decreto 231/2020, la propia esencia del salario mínimo interprofesional es avanzar progresivamente hacia cuotas de igualdad mayores, todo lo contrario de lo que ustedes proponen, que plantean dos categorías de trabajadores, una de primera y otra de segunda. Desde VOX no se lo vamos a permitir. (Aplausos).

VOX siempre defenderá los derechos de los trabajadores, de esos que se levantan por la mañana y luchan por España. Pero también hay que cuidar ese tejido empresarial, porque es esencial para los trabajadores. Las empresas son como ese andamio en las obras que sustenta a los operarios. Si ustedes lo derriban harán que caigan los trabajadores hasta el abismo del desempleo. Pero es que no se enteran, porque ustedes visualizan la imagen del empresario español como un empoderado fumando un puro que explota a los trabajadores. No se enteran. Más de dos tercios de los trabajadores españoles están contratados por pequeñas empresas, por microempresas, por pequeños negocios de autónomos, y realmente son los primeros que se levantan, los que trabajan todo el día para levantar España. Mientras que no entiendan esto, jamás podrán poner una solución a este problema encima de la mesa.

Concluyo ya. La aprobación de esta iniciativa traerá más desigualdad, más desempleo y ahondará en la crisis ya agravada por la gestión nefasta de este Gobierno. Es ruin y miserable traer aquí los problemas de los españoles para exponer sus delirios soberanistas e insolidarios. No utilicen a los trabajadores para romper España, señores de Bildu. Y si quieren de verdad ayudar a los españoles, empiecen por condenar la violencia, por pedir perdón, por exigir a sus colegas que están en la cárcel que esclarezcan los más de trescientos asesinatos que todavía quedan por resolver en España y, desde luego, acaten la Constitución, e incluso les invitamos a que, si quieren, juren la bandera. Y si no hacen nada de esto, por favor, saquen sus sucias manos de España.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

El señor GARCÍA ADANERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Señor Matute, Euskal Herria es una entelequia. Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Autónoma vasca. Dicho lo cual, yo también pensaba que ustedes esto ya lo tenían pactado; pero si lo vimos todos, si esto lo habían pactado. Qué pasa, ¿que no cumplen? ¿Con ustedes tampoco cumplen? Es que sí han cumplido con ustedes, porque a ustedes la derogación de la reforma laboral les daba igual. ¿Ustedes qué querían? La etiqueta de partido plenamente democrático, como los demás, y ahí sí ha cumplido el Partido Socialista, ¡pero con creces! ¡Los ha blanqueado, pero con creces! Ahí queda mayo -no este mayo, el anterior-, cuando se dijo: con Bildu, no; veinte veces no. ¿Cuántas veces quiere que le diga: con Bildu, no? Sánchez, presidente del Gobierno. Y a la vez, decía la vicepresidenta Calvo: Bildu es una línea roja, los socialistas somos de fiar. ¡Pues con creces han cumplido en el blanqueamiento!, ¡con muchas creces! Y no hay más que verlo en esta Cámara y con todo lo que está ocurriendo.

Pero eso sí, ¿ustedes han condenado a ETA? No, no les ha hecho falta. ¿Ustedes siguen recibiendo a los presos cuando salen de la cárcel? Sí, sin ningún problema. ¿Ustedes patrocinan el Osteguna? Sin ningún problema. ¿Y qué pasa con el Gudari Eguna, donde se dice que los etarras son unos héroes? Pues que se puede hacer sin ningún problema. Es que a ustedes les han blanqueado. Les han blanqueado tanto que, cuando hay un socialista que se atreve a decir que ustedes representan lo que representan, lo apartan, le callan la boca, le dicen que no hable. Es que hemos llegado a ese punto. (Aplausos). Y esto, desde luego, para el sistema democrático es una tristeza, porque ustedes saben que mientras ustedes ganen -y están ganando, y se lo reconozco-, la libertad está perdiendo. (Aplausos). Y eso está pasando hoy en España, que España es un país menos libre. Y además les han comprado hasta el relato, les compran hasta el lenguaje. Hemos visto estos días que el jefe del Estado no puede ir a Cataluña porque provoca, que es lo mismo que nos decían a nosotros en nuestra tierra, que no podíamos ir a unas calles, a unos pueblos y a unos bares porque provocábamos. ¡Es que les han comprado hasta el relato!

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Bravo!-Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios VOX y Ciudadanos, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra la señora Vehí Cantenys. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

La señora VEHÍ CANTENYS: Gracias, presidente.

Lo que me faltaba por oír en este Congreso era a un diputado de VOX parafraseando a Jon Idígoras. No sé qué le van a decir en su partido, si va a tener represalias o no. Déu n?hi do! Era lo que me faltaba por oír.

Nosotras estamos muy a favor de la derogación de la reforma laboral. Podemos la llevaba en campaña, fue promesa de este acuerdo de Gobierno, luego se pactó derogarla con Bildu y hoy Bildu la vuelve a traer como una PNL. Es la reforma laboral que se ha intentado derogar más veces en toda la historia. Nosotras nos preguntamos para quién gobiernan ustedes, es decir, de qué les viene la etiqueta de Gobierno de progreso si una cosa que han prometido como mínimo cuatro veces todavía no se ha hecho. Además, ustedes hoy han excluido el pago de suministros del escudo social.

La verdad es que la situación es complicada. Hay miles de ERTE que hoy han alargado. Los despidos suben, la tasa de paro es increíble. Hay un 41 % de paro juvenil y un 15,8 % en términos totales. Entiendo que ustedes no van a derogar la reforma laboral por mucho que quiera la gente de Podemos, aunque tampoco aprietan dentro del Consejo de Ministros. Por lo tanto, lo único que le queda a la gente de los pueblos de este Estado es sindicarse. Y a eso hemos venido hoy nosotras a la tribuna, a decir a la gente que se sindique en los sindicatos combativos; que tampoco se equivoquen de sindicato, porque los otros no están llamando a ninguna huelga general porque tengamos vigente la reforma laboral. Que se sindique. El Estado español es una cárcel de pueblos y de pobres, y el nombrado Gobierno de progreso no está dispuesto a defender los derechos de los trabajadores. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.


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La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidente.

Señorías, ya sabemos que ninguna iniciativa que parta del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu puede ser buena para España, pero es que esta, además de no ser buena, es especialmente inoportuna. Vienen ustedes hoy aquí, con la economía hundiéndose -las peores previsiones de la eurozona las tiene España-, con un paro que podría llegar el año próximo al 22 % y con más de 600 000 trabajadores todavía afectados por los ERTE, a hablarnos de la reforma laboral que permite precisamente esta fórmula de los ERTE como un dique de contención a los despidos masivos. Señores de Bildu, yo diría que ustedes no saben lo que están proponiendo si no supiera perfectamente que ustedes saben muy bien lo que están proponiendo. Todos en esta Cámara sabemos lo que Bildu propone, que no es otra cosa que la aniquilación del mercado laboral, la misma aniquilación que quieren ustedes de España.

Señor Matute, ha dicho usted que viene aquí a cumplir con su responsabilidad y con esta derogación lo que pretende es generar más incertidumbre que la que ya hay en el mercado de trabajo. Le recuerdo que es la peor crisis de nuestra historia reciente. Pero ya que nos hace perder el tiempo una vez más hablando de una reforma laboral y ya que tenemos que hablar de ella, hablemos. En Ciudadanos hemos planteado en reiteradas ocasiones desde esta tribuna una reforma realista y ambiciosa de nuestra ley laboral, una reforma profunda que ponga a nuestro mercado de trabajo en el siglo XXI y permita a España dejar de ser el farolillo rojo de los países desarrollados en materia de empleo. Sin duda, hay que avanzar en la materia laboral tras décadas de bipartidismo arrastrando los pies con las reformas, pero sin duda también hay que hacerlo con un debate sosegado, escuchando a expertos, escuchando a sindicatos, escuchando a patronales y no así, registrando una iniciativa parlamentaria para presionar a este Gobierno que ustedes sostienen con el fin de que se retrate después de aquel bochornoso episodio de un papel firmado por la portavoz del PSOE, Podemos y ustedes tras apoyar la prórroga de un estado de alarma.

Señorías, la regulación del mercado de trabajo es un asunto muy serio como para andar jugando con el intercambio de cromos. Y les digo que, frente a quienes quieren volver al modelo laboral de los cinco millones de parados de Zapatero, aquí siempre ha estado nuestra propuesta, la propuesta de Ciudadanos, acabar con la dualidad laboral, que todos los contratos sean indefinidos desde el primer día para acabar con la precariedad y mejorar las cotizaciones sociales que mantengan unas pensiones dignas.

Miren, aceptar en este tiempo de pandemia y de crisis que se derogue la Ley laboral, como pide Bildu -les recuerdo que es una Ley laboral que ha protegido y ha servido de red a más de cuatro millones de trabajadores con la fórmula de los ERTE- es como poner en manos de Bildu el Ministerio del Interior. Porque ellos no proponen la derogación de esta reforma o de esta ley desde una evidencia empírica, sino que lo proponen desde sus tripas, desde su trinchera ideológica, porque no reconocen una realidad, y es que las reformas del PSOE y del PP han tenido un impacto positivo en la creación de empleo durante la pasada crisis. Y esto no lo digo yo, señor Matute, lo asegura el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España y otros organismos internacionales que sé que a usted no le gustan pero que así lo reconocen. Por cierto, hablando de organismos internacionales, sabrán sus señorías que Bruselas ha advertido de que los fondos de recuperación, ese maná europeo de 140 000 millones de euros, vienen con condiciones, y que esa letra pequeña dice expresamente que para tener acceso a los fondos europeos se tienen que preservar los logros de las reformas laborales anteriores. Así que, menos mal que está Bruselas para los por si acaso.

Pero ustedes no se quedan solo ahí, quieren también subir el salario mínimo interprofesional en el País Vasco y en Navarra a 1200 euros. Y le pregunto yo, señor Matute, ¿por qué no a 2000 o a 3500? ¿Y por qué solo en País Vasco y en Navarra? ¿Y el resto de españoles? ¡Ah!, sí, que dicen ustedes que las comunidades autónomas puedan subir libremente el salario mínimo interprofesional, de forma que yo interpreto que las regiones ricas tendrán un salario mínimo interprofesional mucho más alto que las regiones pobres, creando ustedes así nuevas desigualdades entre los españoles y entre los territorios. Por cierto, señorías de VOX, hablando de salario mínimo interprofesional, esto también va por ustedes, porque se dicen antagónicos a los pensamientos populistas y el sindicato al que ustedes han dado a luz pide exactamente lo mismo. Curiosas coincidencias.

Acabo ya, presidente. Señorías del Gobierno, ya ven los socios que les sostienen, unos socios que no quieren lo mejor para España ni para los españoles. Piensen muy bien la vía que quieren escoger, la de la aniquilación o la de la moderación, la de Frankenstein o la de Ciudadanos. Están en juego miles de puestos de trabajo, nuestra credibilidad y nuestra recuperación. Seamos responsables, porque el tiempo


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juzgará lo que hicimos por España. No es momento de ideologías, tenemos que trabajar para estar a la altura de lo que los españoles se merecen, porque para ello nos pagan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.

Vamos a votar a favor de la proposición no de ley de Bildu porque coincidimos en sus objetivos. Las reformas laborales de 2010 y de 2012 sirvieron -y eso es muy evidente- para sustraer derechos a los trabajadores y trabajadoras y para precarizar las condiciones laborales y de vida de amplios sectores de la población. Recuperar derechos, también poder adquisitivo y mejorar salarios pasa por derogar en su totalidad la reforma laboral y la negociación colectiva. También el artículo 315.3 del Código Penal, que limita gravemente el derecho de huelga. Todas ellas, conviene recordarlo, son medidas recogidas en el acuerdo de investidura firmado entre el BNG y el PSOE, que el Gobierno debe cumplir. En todo caso, podrían ir avanzando. En el mes de mayo el BNG presentó una PNL para modificar con urgencia un aspecto concreto e importante de la reforma laboral, como es el de recuperar la autorización administrativa en los despidos colectivos. El Gobierno, a pesar de que tuvo tiempo suficiente, no lo hizo. Pues bien, hoy sería un elemento de presión fundamental frente a una empresa como Alcoa, que pretende despedir a más de quinientos trabajadores y que puede hacerlo por su cuenta. Por cierto, en la situación actual, reclamamos, una vez más, una posición decidida por parte del Gobierno español, también del gallego, para la intervención pública y la nacionalización de la planta de aluminio, como única forma de garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo. Es absolutamente necesario.

Obrigado.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.

Tiene la palabra, a continuación, el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Votaremos a favor de la PNL, tal y como está planteada en la enmienda de sustitución. Estamos de acuerdo con todos los puntos. Con el punto uno estamos tan de acuerdo que Compromís lo plasmó en su acuerdo de investidura con el Partido Socialista. En concreto, el punto ocho dice que el Gobierno se compromete a ratificar la Carta Social Europea, lo que puede suponer incrementar el salario medio interprofesional en un 60 %. Con el punto dos estamos de acuerdo en que las comunidades autónomas puedan incrementar el salario establecido para adaptarlo a cada realidad económica, pero, como valenciano, sigo reivindicando un esfuerzo para acercar las diferentes realidades económicas de las diferentes comunidades autónomas. Y, respecto al punto tres, no es que Compromís esté de acuerdo con la derogación de la reforma laboral, es que nos preguntamos por qué no está derogada ya. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En 2014, el aspirante a presidente ya anunció que lo primero que haría si llegaba al Gobierno sería derogar la reforma laboral. Ya ha llegado; de hecho, hace dos años que llegó. Tiene un socio que también está de acuerdo en derogarla. Hay una mayoría parlamentaria que está de acuerdo. ¿A qué están esperando?

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Tiene la palabra, en último lugar, por el Grupo Parlamentario Plural, el señor Boadella Esteve.

El señor BOADELLA ESTEVE: Buenas tardes.

En su intervención del día de hoy, el señor Utrilla hacía una lista. Yo también le voy hacer una, para que conste en el Diario de Sesiones del Congreso: Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch, Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont y president Quim Torra; diez de los doce últimos presidentes de la Generalitat han sido represaliados por el Estado español y hoy este Estado tiene la triste medalla de haber inhabilitado a un presidente por haber colgado una pancarta en el balcón de la Generalitat. (Aplausos).


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En relación con la proposición que se nos plantea, en términos generales estamos de acuerdo -subir el salario mínimo, alcanzando progresivamente el 60 %, de acuerdo con la Carta Social Europea, y buscar mecanismos para que las comunidades autónomas puedan reforzar y subir este salario mínimo fijado por el Estado-, pero no con la última cuestión. Ustedes planteaban una proposición que luego han corregido. Hablaba de la derogación de la reforma laboral y hoy en su exposición de motivos nos cuentan que, en el fondo, lo que pretenden es esta cuestión. Ahora, la redacción consiste en derogar aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral que hizo el Partido Popular. La cuestión de la reforma laboral hay que afrontarla desde el rigor. Derogar algunos aspectos más lesivos, sí, pero primero tenemos que determinar cuáles son y la manera de determinarlos seguro que es trabajando con diálogo social y buscando los datos objetivos de los ocho años que han pasado ya desde esta reforma laboral. Hay camino para hacer una modificación importante de la legislación laboral: reducir la temporalidad, dinamizar los contratos relevo, revisar las causas ETOP y primar el convenio social por encima del convenio de empresa. Hay diferentes elementos que, por supuesto, pueden mejorar la legislación laboral que tenemos, pero entendemos que hacer la proclama de una derogación de la reforma laboral vacía, sin rigor y sin contenido no puede sustentarse. Por ese motivo, nos abstendremos en la proposición que se presenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda a tothom. Creo que lo ha entendido todo el mundo.

Alguien de la derecha ha dicho que hablar del SMI es perder el tiempo. También he visto a gente de la derecha que se ha dedicado durante el debate de la proposición de ley a hablar de muchas cosas y no del salario mínimo interprofesional. Yo también haré una previa. Podéis meter en prisión a nuestros presidentes de la Generalitat, los podéis fusilar, los podéis mandar al exilio, podéis incautar sus bienes, pero, como diría mi amigo y portavoz Gabriel Rufián, esta es vuestra derrota. No tenéis nada más que ofrecer, absolutamente nada más que ofrecer que la represión; nada más que ofrecer que la represión y esta es nuestra victoria. Los demócratas y republicanos españoles, que los hay, gente de buena fe, han inhabilitado a un president de la Generalitat por poner una pancarta que posa: llibertat presos polítics. Mientras, hay un partido heredero de los franquistas que en cualquier país democrático estaría ilegalizado. Y mientras, hay un partido al que se le llena la boca hablando de delincuencia y de delitos que, más que un partido político, parece una organización criminal y una banda de malhechores. Visca Catalunya lliure! Record al molt honorable president Quim Torra. (Aplausos).

Ahora sí, lo que no importaba -de hecho, veo que las bancadas populares están muy vacías- y que Ciudadanos decía a la compañera que era perder el tiempo hablar del SMI, no es perder el tiempo, amigos; no es perder el tiempo. Vamos a votar a favor de la subida del SMI con respecto a la Carta Social Europea porque es de justicia y es de ley; no puede ser de otra manera. Como partido de izquierdas, republicano y fraternal con otros pueblos y con todas las clases trabajadoras de este Estado y de más allá, vamos a votar a favor y vamos a pedir la derogación de la reforma laboral, porque luché contra ella como sindicalista y porque hemos luchado contra ella también como partido fiel a los intereses de los trabajadores desde esta Cámara; nosotros no la votamos. Hay un porcentaje de pobreza entre gente que trabaja y sigue siendo pobre que es inaceptable en una democracia, no se puede permitir, y, en cambio, dicen que esto es perder el tiempo.

Pues bien, la subida del salario mínimo interprofesional es una medida económica útil y justa, y su implantación es urgente. Es una herramienta útil contra la desigualdad, y le voy a decir por qué. Incrementar los salarios, en este caso -de lo contrario, quedarían por debajo-, aumenta el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras, incluso desde una lógica capitalista aumenta el poder de consumo -si tienes más dinero puedes consumir más-, tiene un efecto dominó -consigues un dumping al alza-. Seguramente, la mayoría de la Cámara está de acuerdo con esto, pero lo cierto es que seguimos sin tener resultados aceptables en materia de distribución salarial.

Según la directiva y recomendaciones del Parlamento Europeo y del Comité Europeo de las Regiones, para para que un salario mínimo sea de referencia útil debe alcanzar el 60 % de lo establecido en la Carta Social Europea, y les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo y creo que muy claro. Si yo vivo en Portbou -Alt Empordà, Catalunya- mi salario mínimo es de 1050; si paso la frontera -nada, 10 kilómetros más allá- y voy a Colliure, el salario mínimo es de exactamente 1521 euros. Las empresas de más allá del


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Pirineo no se hunden; al contrario, mucha gente se va a trabajar allí, y eso es lo que provoca la subida del salario mínimo interprofesional, crea un dumping al alza -la verdad es que no entiendo cómo se puede ir en contra- y además se desterritorializa el salario mínimo, es decir, cada parlamento o incluso cada ayuntamiento -fíjese lo que le digo- puede fijar su salario mínimo, lo cual también es bueno. Y lo hacen países tan poco sospechosos como Canadá y Japón -este último, por cierto, con un territorio mucho más pequeño-, donde la gente puede perfectamente decir: como aquí el nivel de vida es más alto, se sube más. Esto crea un efecto que nunca va para abajo, siempre va para arriba. Es así de fácil.

Pero los mismos que se van a oponer hoy y van a votar en contra de la subida del salario mínimo interprofesional son los mismos que se hubieran opuesto hace cien años a la jornada de trabajo de ocho horas, o los mismos que cuando votamos a favor de la subida del salario mínimo interprofesional decían que iba a ser un caos para la economía. Pues no, esto no es un caos para la economía; un caos para la economía son otras cosas y en otros lugares.

Como decía antes, como Esquerra Republicana, vamos a votar a favor de la proposición de Bildu, como no puede ser de otra manera, y espero que los compañeros republicanos españoles y de otros pueblos del Estado sean consecuentes con lo que dijeron en campaña, porque hoy hemos visto claro que la derecha sí va unida. Esperemos que la izquierda vaya unida en temas laborales, en temas de derechos civiles y en todo tipo de temas que nos unen como progresistas y como demócratas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz.

La señora SAAVEDRA MUÑOZ: Bona vesprada; gràcies, presidenta.

En esta proposición no de ley hay dos aspectos esenciales que nuestro grupo parlamentario, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, compartimos: la subida del salario mínimo interprofesional a 1200 euros y la propuesta de recuperar los derechos que fueron lesionados por la reforma laboral de 2012 del PP. Propone también una transferencia a las comunidades autónomas en cuanto a la posibilidad de modular el salario mínimo en cada territorio y, claro, en esto no podemos coincidir. Entendemos que jurídicamente hoy no es viable, dado que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución en órganos de comunidades autónomas. Sería necesaria una reforma constitucional para este traspaso de competencias. Ahora bien, la ministra de Trabajo ha expresado en esta Cámara, y en respuesta a ustedes en alguna ocasión, su sensibilidad para avanzar en el marco de la regulación propia de las comunidades autónomas, y desde Unidas Podemos estamos absolutamente en esta línea de impulsar el avance en este sentido y en un planteamiento federal, pero por los cauces normativos adecuados. Esta discrepancia nos impide apoyar su PNL que, por otra parte, tiene elementos sustanciales con los que sí coincidimos.

Somos muy conscientes de las reformas laborales y del perjuicio que han supuesto para la clase trabajadora en nuestro país. En España se siguió el mandato de la troika austericida, reduciendo derechos básicos a trabajadores y trabajadoras, la negociación colectiva y su nivel de protección. La respuesta fueron huelgas generales que seguimos muchas de las que estamos aquí. Se culpabilizó a las familias acusándolas de vivir por encima de sus posibilidades, se recortó el salario del sector público, se recortaron pensiones, se recortó en educación, en servicios sociales y en sanidad, con los resultados que hoy estamos sufriendo. La respuesta a la anterior crisis se basó fundamentalmente en transferir recursos de los bolsillos de quienes menos tenían a las cuentas corrientes de los ricos. Hubo amnistías fiscales y se rescataron bancos, autopistas y se rebajaron impuestos a los ricos. Como ya denunciábamos y reconoció el propio FMI en 2013, las políticas de austeridad solamente generaron precariedad en nuestro país y llegamos a ser campeones en el ranking de desigualdad en Europa.

Nosotras, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, estamos en política, en la calle y en las instituciones para defender y recuperar los derechos arrebatados; con este Gobierno de coalición, estamos para proteger a las mayorías sociales con los ERTE, con las ayudas a los autónomos, el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional o fortaleciendo los servicios públicos. En este momento excepcional, grave, de pandemia y de crisis continúa siendo una prioridad para el Gobierno de coalición el objetivo recogido en el acuerdo de Gobierno de alcanzar un salario mínimo interprofesional que suponga el 60 % del salario medio, como exige la Carta Social Europea, para mejorar las condiciones de vida de


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muchas personas que realizan trabajos esenciales, y lo haremos lo antes posible. Estamos aquí para recuperar derechos y para ello hay que cambiar la legislación laboral.

En lo que se refiere a la derogación de la reforma laboral, coincidimos con la portavoz de su grupo, la señora Aizpurua, que en una entrevista en estos días lo expresaba de esta manera: Hablamos de una cuestión terminológica. A mí, si me derogan los aspectos lesivos para los trabajadores, me sirve, porque, obviamente, no se puede cambiar de la noche a la mañana todo un articulado legal. Eliminemos eso y llamémoslo como queramos, me da igual. Eran sus palabras y coincidimos completamente. Desde Unidas Podemos, desde el Gobierno de coalición, tenemos un compromiso con la ciudadanía y trabajamos para que eso sea una realidad lo antes posible, y ya hemos empezado prohibiendo, por ejemplo, la infamia del despido a trabajadores y trabajadoras por faltas justificadas. Y, como ya ha anunciado el Ministerio de Trabajo, estamos empeñadas en superar la precariedad laboral instalada en nuestro mercado de trabajo en estos años con los falsos autónomos, que genera inseguridad y pobreza, y se están regulando las nuevas situaciones laborales, como el teletrabajo, para que respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras. Justo por todo esto, hay quienes dedican muchos esfuerzos y recursos a acabar con este Gobierno de coalición. Desde la derecha cuestionan su legitimidad con sus medios de manipulación, con actuaciones ilegítimas y bloqueos de órganos judiciales inconstitucionales, enfrentando hasta las recomendaciones sanitarias para sacar rédito político. Sin embargo, aquí estamos con la representatividad que nos dan los votos y la población, y en este país y en esta Cámara consideramos que hay una mayoría que está de acuerdo en la recuperación de derechos y la reducción de la desigualdad. No podemos apoyar su PNL, pero sí reiteramos nuestro compromiso con la recuperación de derechos laborales y sociales, y la voluntad de entendimiento con las fuerzas políticas que en esta Cámara defiendan lo mismo.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saavedra. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Romero Hernández.

El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, pretende Bildu con esta proposición no de ley que el salario mínimo interprofesional establecido y vigente para toda España se rompa y sea distinto en el País Vasco y en Navarra atendiendo a la realidad socioeconómica y productiva de sus territorios, y pretende, además, que se fije en al menos 1200 euros mensuales netos por catorce pagas. Pide, finalmente, que se derogue la reforma laboral del año 2010 -que el señor Matute no ha nombrado para nada- y también la reforma laboral del año 2012.

Señor Matute, la función que tiene el salario mínimo interprofesional es la de garantizar unos ingresos mínimos, una remuneración mínima para el desarrollo de una prestación laboral y corresponde fijarlo al Gobierno de la nación. Así está establecido en la Constitución española. Es competencia del Gobierno de la nación, después de haber consultado con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. Se fija anualmente. En los últimos años el salario mínimo interprofesional ha subido casi el 28 %. Ya en el año 2017 el Gobierno del Partido Popular pactó con los representantes sociales una subida paulatina del salario mínimo interprofesional. Pero es necesario, es conveniente siempre -repito, es necesario, es conveniente siempre- que estas subidas estén vinculadas al crecimiento económico y a la creación de empleo. Si no es así, los trabajadores -que somos todos-, al final, sufriremos las consecuencias de no hacerse de esa manera.

Señoras y señores diputados, no procede territorializar el salario mínimo interprofesional; repito, no procede territorializar el salario mínimo interprofesional. ¿Dónde se quedaría el principio de solidaridad con el que a la izquierda tanto se le llena la boca? ¿Dónde quedaría el principio de solidaridad entre esos trabajadores? Trocear el salario mínimo interprofesional en función de la realidad socioeconómica y productiva de cada territorio no es solidario. Dentro de una comunidad autónoma, de una región, del País Vasco o de Andalucía, hay diferentes realidades. Voy a poner el ejemplo de Andalucía; allí hay distintas provincias, por ejemplo, Huelva, Almería, Cádiz, Málaga?, y todas esas provincias tienen una realidad socioeconómica y productiva distinta, como no es la misma en el País Vasco y en Andalucía. Y también, dentro de la propia provincia, la realidad socioeconómica y productiva no es la misma en una comarca que en otra; no es la misma en un pueblo que en otro. Mire, le voy a poner el ejemplo de mi pueblo, Palos de la Frontera, que tiene una realidad socioeconómica y productiva distinta a la de Paymogo, que es un


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pueblo del Andévalo, o que Aroche, que es un pueblo de la Sierra de Huelva; de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para ser más exactos. Por lo tanto, ¿habría que tener salarios mínimos interprofesionales distintos en cada una de estas comarcas, en cada uno de estos pueblos o en cada una de estas provincias? No se sostiene lo que usted propone en esta proposición no de ley.

Señor Matute, mete usted en el mismo saco la reforma laboral del año 2010 y la reforma laboral del año 2012 y no debe ser así, no debe hacerlo así. La reforma laboral del año 2010 la hizo el Gobierno Socialista y fue más un amago de reforma laboral, fue más una seudorreforma laboral, que además fue torpe, ineficaz e incapaz de frenar la destrucción de empleo y mucho menos de crear empleo. Nada tiene que ver con la reforma laboral del año 2012, la que hizo el Gobierno Popular; fue una reforma laboral distinta. Fátima Báñez, que era ministra de Empleo en aquel entonces, hizo una reforma laboral para el empleo. Gracias a esta reforma laboral, primero, se frenó la sangría del paro en la época de Zapatero y, después, se comenzó a crear empleo. Gracias a la reforma laboral del año 2012 se crearon más de tres millones de empleos, y ¡ojo! en esta pandemia ha evitado el desempleo masivo, el despido masivo y ha logrado mantener más de cuatro millones de empleos con esos ERTE. Señor Baldoví, si hubieran derogado la reforma laboral, estos ERTE hubieran desaparecido y esos cuatro millones ahora mismo habrían sido parados. Incorporó en esa reforma laboral el teletrabajo, al que ahora tanta importancia se da y del que tanto se presume por muchos. Descendió en 20 puntos el desempleo juvenil, que ahora está en el 41 y subiendo.

La señora PRESIDENTA: Señor Romero, tendría que terminar, por favor.

El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino rápidamente.

Y se produjo una significativa reducción del coeficiente Gini de desigualdad. Permitió el récord de mujeres trabajando en este país, más de nueve millones. Y, además, dinamizó la negociación colectiva, adaptándola a la realidad y a las necesidades de la empresa. De esto y de otras muchas cosas se beneficiaron todos los trabajadores de España y también los del País Vasco. Concretamente, desde el año 2018 cuando usted apoyó el Gobierno que ahora mismo tenemos, en el País Vasco la contratación indefinida aumentaba proporcionalmente más que la contratación temporal, y eso hay que agradecerlo.

La señora PRESIDENTA: Señor Romero, tiene que finalizar.

El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Finalizo, señora presidenta.

Nosotros creemos que esta reforma laboral que pretende hacer usted en compañía de los grupos comunistas al estilo bolivariano de Venezuela, de Bolivia y de Cuba sería perjudicial para España.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Romero. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.

La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías.

La verdad es que, tras escuchar al portavoz del Partido Popular la narración del mundo de Oz, creo que debo puntualizar algunas cosas. Fue su reforma laboral la que propició el fraude y permitió que jornadas y contratos a tiempo parcial se convirtieran en jornadas reales a tiempo completo, convirtiendo contratos de dos horas en jornadas reales de ocho. Fue su reforma laboral la que permitió que se crearan cada semana 10 millones de horas extras ilegales y que el 55 % de ellas, además, no se cobraran. Son sus tejemanejes laborales, los que les siguen persiguiendo porque hoy también les ha condenado la justicia, en este caso en el ámbito laboral, porque han querido recortar ilegalmente la indemnización de sus propios trabajadores (aplausos) calificando de eventuales a personas que llevan 33 y 34 años de antigüedad trabajando con ustedes. Me sorprende su orgullo, ese orgullo con el que habla de un modelo que provocó cinco huelgas, que fue censurado por la Comisión Europea, que fue criticado incluso por el Banco de España porque ha dicho que solo sirvió para devaluar los salarios. Un modelo que es una absoluta ruina para quienes nunca -nunca-aceptaremos un contrato de tres días o de tres horas como un empleo justo y razonable, para los que nunca consideraremos los dos euros y medio por habitación hecha como un salario justo y aceptable. Claro que no y, por cierto, quiero recordarle también que la Ley 35/2010, que permite los ERTE, la hizo un Gobierno socialista. (Aplausos).


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Centrándonos ya en la PNL hoy sometida a debate, la verdad es que nos da la oportunidad de hablar de las relaciones laborales que han mutado, y lo decía Neruda: Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Desde enero, el mundo del trabajo se ha dado la vuelta como un calcetín, hoy legislamos de urgencia para que los repartidores tengan derechos, regulamos el teletrabajo y afrontamos la situación de las mujeres para que las nuevas formas de trabajo no supongan que se nos sepulte entre cuidados y usos del tiempo no corresponsables. Tenemos que poner al día la norma marco que regula el mercado laboral y el sistema de protección social, dejando atrás -claro que sí- la reforma laboral del Partido Popular, terminando con un sistema macabro que solamente el año pasado generó 21 millones de contratos temporales, 12 millones duraron menos de seis meses y 6 millones menos de siete días.

Este Gobierno tiene voluntad de hacerlo y ese compromiso, además, tiene calendario y hoja de ruta marcada. Tras la derogación en los pasados meses del despido por absentismo, continuamos para devolver a los convenios sectoriales su prioridad frente a los de empresa. Un plan normativo para los próximos meses donde sí se recuperará la ultraactividad, se limitará la subcontratación y sus convenios y se revisará el mecanismo de descuelgue de los convenios colectivos. Y esta es solo la primera etapa, no olvidemos que los españoles con sus votos decidieron que desmontáramos esta reforma laboral atacando al corazón de la precariedad y la temporalidad, no con una voladura que dejara al día siguiente el boletín oficial y el marco laboral en blanco y sin derechos, sino ladrillo a ladrillo, acuerdo a acuerdo, avance tras avance. Nada se puede ni se debe modificar sin el diálogo social ni el diálogo político, creemos en ello y ha demostrado que ha funcionado bien en estos meses; de hecho, esta misma mañana hemos visto sus últimos frutos.

Este calendario del Gobierno tiene ya marcada también esa subida del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60 % del salario medio de España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, pero solo comentaré dos cuestiones. Más allá de que la fijación del salario sea competencia del Estado por el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de que esté protegida su excepcionalidad en el artículo 35 y la igualdad de los españoles en el 149 de la Constitución española, no podemos estar de acuerdo con que un trabajador del polígono de Bayas en Miranda de Ebro tenga menos salario mínimo que otro en las mismas condiciones en el polígono Arasur en Rivabellosa, cuando solo les separan cinco kilómetros aunque sean dos comunidades distintas, Euskadi y Castilla y León. No. Y no podemos aceptar esta resolución del grupo proponente, no compartimos esa manera selectiva de luchar por los derechos de los trabajadores. Lo que sí hacemos es apostar con rotundidad por una política de aumento salarial, así lo ha hecho nuestro presidente, Pedro Sánchez, con el mayor aumento de la democracia, el 22 % en 2019 llegando este año hasta los 950 euros.

Para finalizar y como resumen de todo esto, diré que en el Grupo Parlamentario Socialista nos encontramos con muchas ganas de crear una nueva ordenación normativa del mundo del trabajo, donde poner en valor los cuidados y los servicios esenciales, que es donde hemos visto que reside nuestro bienestar; para afrontar la brecha digital entre las pequeñas y las grandes empresas; porque todo ha dado la vuelta, desde el primero al último de los artículos del Estatuto de los Trabajadores. Hay que pensar que esto ya no es aplicable ni para lo que estamos viviendo ni para lo que viene. Así que, señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista les esperamos para construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI porque, como dijo Stefan Zweig, ya hemos dejado el mundo de ayer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peña. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

Señor Matute, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas?

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Únicamente la autoenmienda presentada.

La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchísimas gracias, señor Matute. Se votará en sus términos con la incorporación de la autoenmienda.

Votamos en cinco minutos. Aprovecho, señorías, para recordarles que solamente pueden votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla y, asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño.

Muchas gracias. (Pausa).


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000003).

La señora PRESIDENTA: Señorías, votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Orgánica).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 112 más 238 votos telemáticos, 350; a favor, 70 más 133 votos telemáticos, 203; en contra, 42 más 99 votos telemáticos, 141; abstenciones, 6 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA HABILITAR A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE, DE MANERA POTESTATIVA, PUEDAN ESTABLECER BONIFICACIONES DEL IBI A EMPRESAS, PYMES, AUTÓNOMOS, COMERCIO, SECTOR PRIMARIO Y EMPRENDEDORES QUE HAYAN VISTO SUSPENDIDAS, RESTRINGIDAS Y AFECTADAS SUS ACTIVIDADES POR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. (Número de expediente 122/000052).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para habilitar a los ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 112 más 238 votos telemáticos, 350; a favor, 42 más 109 votos telemáticos, 151; en contra, 70 más 106 votos telemáticos, 176; abstenciones, 23 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve. Buenas noches.

Eran las ocho y quince minutos de la noche.

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