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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 35, de 15/07/2020
cve: DSCD-14-PL-35
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 35
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA
Sesión plenaria núm. 34 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
15 de julio de 2020


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. ("BOE" núm. 169, de 17 de junio de 2020). (Número de expediente 130/000023) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. ("BOE" núm. 175, de 24 de junio de 2020). (Número de expediente 130/000024) ... (Página25)

- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. ("BOE" núm. 178, de 27 de junio de 2020). (Número de expediente 130/000025) ... (Página42)

- Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. ("BOE" núm. 185, de 6 de julio de 2020). (Número de expediente 130/000026) ... (Página59)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Votación de conjunto ... (Página77)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página77)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página80)


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SUMARIO

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento ... (Página5)

La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación interviene el señor González Coello de Portugal, del Grupo Parlamentario VOX.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Mazón Ramos y García Adanero, del Grupo Parlamentario Mixto; y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; Margall Sastre, del Grupo Parlamentario Republicano, y Asens Llodrà, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y las señoras Rodríguez Herrer, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica ... (Página25)

La señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ribera Rodríguez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Guitarte Gimeno y Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Rego Candamil, la señora Sabanés Nadal y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Plural; el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Contreras Peláez, del Grupo Parlamentario VOX; Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Renau Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial ... (Página42)

La señora ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Sayas López, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Muñoz Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Rego Candamil y Boadella Esteve, del Grupo Parlamentario Plural; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, y Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Narváez Bandera, del Grupo Parlamentario Socialista.

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo ... (Página59)

La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Plural; y Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX; Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Alfonso Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página77)

Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, se aprueba por 157 votos a favor más 168 votos telemáticos, 325; 1 en contra, y 2 abstenciones más 17 votos telemáticos, 19.

Votación de conjunto ... (Página77)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 157 votos a favor más 168 votos telemáticos, 325; 1 en contra más 1 voto telemático, 2; y 2 abstenciones más 17 votos telemáticos, 19.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página77)

Sometido a votación el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho "ad referendum" en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019, se aprueba por 81 votos a favor más 105 votos telemáticos, 186; 76 en contra más 66 votos telemáticos, 142; y 2 abstenciones más 15 votos telemáticos, 17.


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Sometido a votación el Protocolo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para la donación irrevocable de la propiedad del Gran Teatro Cervantes de Tánger, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019, se aprueba por 157 votos a favor más 160 votos telemáticos, 317; 10 votos telemáticos en contra, y 2 abstenciones más 16 votos telemáticos, 18.

Sometidas a votación conjunta la Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010, y la Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010, se aprueban por 156 votos a favor más 151 votos telemáticos, 307; y 2 abstenciones más 35 votos telemáticos, 37.

Sometido a votación el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra, hecho en Tokio el 17 de julio de 2018, se aprueba por 138 votos a favor más 152 votos telemáticos, 290; y 21 abstenciones más 34 votos telemáticos, 55.

Sometidos a votación conjunta del resto de dictámenes que figuran en el orden del día, se aprueban por 157 votos a favor más 171 votos telemáticos, 328; y 2 abstenciones más 14 votos telemáticos, 16.

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página80)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, se aprueba por 124 votos a favor más 151 votos telemáticos, 275; 36 en contra más 34 votos telemáticos, 70; y 2 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 36 votos a favor más 37 votos telemáticos, 73; 123 en contra más 139 votos telemáticos, 262; y 1 abstención más 11 votos telemáticos, 12.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, se aprueba por 82 votos a favor más 106 votos telemáticos, 188; 1 en contra; y 77 abstenciones más 81 votos telemáticos, 158.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 77 votos a favor más 73 votos telemáticos, 150; 83 en contra más 102 votos telemáticos, 185; y 12 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, se aprueba por 129 votos a favor más 159 votos telemáticos, 288; y 31 abstenciones más 28 votos telemáticos, 59.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 160 votos a favor más 183 votos telemáticos, 343; 1 voto telemático en contra; y 2 abstenciones con voto telemático.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, se aprueba por 84 votos a favor más 117 votos telemáticos, 201; 1 voto telemático en contra, y 76 abstenciones más 69 votos telemáticos, 145.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 160 votos a favor más 184 votos telemáticos, 344; 1 voto telemático en contra y 1 abstenciones con voto telemático.

Se levanta la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.

La presente sesión plenaria incluye la votación del dictamen del proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. Por tener carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esa disposición, anuncio que la votación no se producirá antes de las catorce horas.

CONVALIDACIO´N O DEROGACIO´N DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 22/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CREACIO´N DEL FONDO COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS RELATIVAS A SU DISTRIBUCIO´N Y LIBRAMIENTO. (Número de expediente 130/000023).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen la reglas relativas a su distribución y libramiento. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señora presidenta, señorías, muy buenos días a todos y a todas.

Efectivamente, comparezco en esta Cámara para solicitar la convalidación de este Real Decreto-ley, el 22/2020, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 16 de junio y por el que se creó el Fondo COVID-19, estableciendo las reglas para su distribución y libramiento.

Como saben sus señorías -porque hemos tenido ocasión de comentarlo a lo largo de las últimas semanas-, se trata de un fondo de 16 000 millones de euros que será transferido a las comunidades autónomas y a ciudades con estatuto de autonomía para que hagan frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Yo diría, señorías, que es una arquitectura diferente en relación a cómo hay que distribuir los esfuerzos y las cargas de acuerdo con los objetivos de consolidación fiscal a lo largo de este año 2020, desde la concepción de que son las comunidades autónomas las que tienen que prestar los servicios básicos más importantes que se dirigen a los ciudadanos en un momento de pandemia, como lo es, por ejemplo, el propio servicio sanitario. Por tanto, se trata justamente de que se transfiera el cálculo de los fondos que se entiende que van a ser un sobrecoste sobre los presupuestos previstos por las comunidades autónomas, al objeto de que el déficit que se va a generar este año quede en manos del Estado y no venga a malograr el esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas que las comunidades autónomas han desarrollado a lo largo de los últimos años. De hecho, es la mayor transferencia de recursos que se ha aprobado por el Gobierno central, al margen del sistema de financiación autonómica y también de los fondos extraordinarios de liquidez que, como recordarán sus señorías, son préstamos, no son directamente transferencias o recursos nuevos; ambos mecanismos, como sus señorías conocen, siguen plenamente vigentes. El fondo es extraordinario y el objetivo es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a tener unos servicios públicos de calidad, vivan donde vivan e independientemente del color político de los partidos que gobiernan dichas comunidades. Un fondo que las comunidades autónomas -y es importante recordarlo- no tienen que devolver. Por tanto, no se trata de ningún tipo de préstamo, no genera intereses, no hay que pagar ningún gasto añadido por la recepción del fondo y, como decía, no incrementará la deuda ni tampoco el déficit.

Con este fondo el Gobierno pone de manifiesto que se cumple con el compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria y, en definitiva, que el Gobierno cree firmemente en el Estado de las autonomías. Los criterios para el reparto, señorías -siempre conflictivos a la hora de distribuir recursos entre comunidades autónomas asimétricas que tienen cada una características peculiares y la ambición legítima de poder tener el máximo volumen de recursos disponibles-, han sido establecidos tras un proceso de diálogo con las propias comunidades autónomas y con los grupos políticos representados en esta Cámara. Yo misma he celebrado varias reuniones telemáticas con los consejeros de Hacienda, de carácter bilateral y también multilateral, donde se han trasladado los criterios que cada uno manejaba para el reparto del fondo; sugerencias que el Gobierno ha ido incorporando, como demuestran algunas de ellas


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en relación con los borradores del primer texto normativo. Por ejemplo, hemos sustituido el criterio de población ajustada por el de población protegida equivalente, una petición que demandaban diferentes comunidades autónomas; no tiene grandes impactos en relación con la distribución, pero así se me pidió. Es un criterio, digamos, más ecuánime, más justo a la hora de repartir; es solamente un criterio sanitario y, por tanto, se ha aplicado en los tramos sanitarios. O, por ejemplo, se ha modificado el criterio de PCR positivas por PCR totales para poner en valor también el trabajo de rastreo que vienen realizando las comunidades autónomas, con independencia de que los pacientes sean asintomáticos o sean positivos en el diagnóstico de la enfermedad.

Sé que a algunas comunidades autónomas no les parecen recursos suficientes, entiendo -como decía- que cada Administración reclame más recursos de los que van a tener asignados y puedo entender también que cada comunidad haga una defensa de lo propio, pero yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que perseguir el interés general y tenemos que responder a todas esas demandas sin que se produzca ningún tipo de exclusión de ninguna comunidad autónoma o criterios francamente perjudiciales para alguna parte del territorio. Y no me pidan que esté de acuerdo, aunque nos enfrentemos a una crisis sanitaria de enormes proporciones, con que los fondos son insuficientes para atender estas necesidades. Creo que el diálogo con las comunidades ha ido demostrando de forma progresiva que lo que les conviene a unas no les viene bien a otras, y por eso sabemos que la unanimidad resulta imposible en relación con la aceptación de esos criterios, o más bien con los que cada comunidad pintaría si se tratara de que los fondos solo fueran dirigidos a su ciudadanía. Por tanto, lo que hemos hecho desde el Gobierno es poner por encima los intereses generales, los intereses de la nación, que es lo que plasman las cifras que en el día de hoy estamos debatiendo. El hecho de que nadie se identifique al cien por cien con el modelo de reparto demuestra que el Gobierno se ha guiado exclusivamente por los principios de equidad y de justicia social.

La aplicación de estos parámetros exige que aquellas comunidades que más se han visto afectadas por la pandemia y que han tenido que hacer frente en mayor medida a un incremento del gasto sanitario, sean las que han movilizado más recursos y, por tanto, a las que les corresponden también mayores ayudas en relación con esta partida presupuestaria. Creo que es lo que corresponde y lo que el Gobierno tenía que hacer. Eso puede despertar diferentes sensibilidades, sobre todo en aquellos territorios menos castigados por la pandemia, pero todavía nos queda por recorrer todo este año, señorías, hasta que tengamos una vacuna segura y, por tanto, puede ocurrir, incluso, que lo que a algunas comunidades hoy les parece sobredimensionado en relación con el gasto sanitario, dentro de unos meses -¡ojalá que no!-, si tuvieran una afectación de la pandemia, lo vieran justamente al revés, porque se ha buscado un equilibrio para que podamos responder al exceso de gasto que se ha producido con motivo de esta circunstancia tan dramática que ha vivido nuestro país.

Todas las comunidades autónomas -y creo que es importante que tengan esto en cuenta, señorías-, todas, ganan; todas van a verse beneficiadas del incremento de recursos y van a disponer de mejores posibilidades para atender sus necesidades y, por tanto, para atender los efectos de esta crisis. Con la aprobación de este fondo el Estado asume, como decía, esa parte y cubre el coste completo de los gastos que se hayan producido con motivo de la caída de ingresos, del incremento del coste sanitario o del incremento del coste educativo, como verán ustedes en la distribución del propio fondo.

Entrando en detalle, en cómo se compone, tiene cuatro tramos y lo voy a intentar explicar de forma simplificada para no complicar el debate. Dos primeros tramos, que suman un total de 9000 millones de euros, están directamente asociados al gasto sanitario. El tercer tramo se dota con 2000 millones y se destina a gasto en educación. Y el cuarto tramo, 5000 millones, tiene como objetivo compensar esta disminución de ingresos, como efecto o consecuencia del descenso de esta actividad económica.

En el reparto del primer tramo, 6000 millones, se pondera con un 35 % la población protegida por el Sistema Nacional de Salud, dividida a su vez en siete tramos de edad. Esto es un clásico en la distribución de los recursos de las comunidades autónomas. El criterio población protegida equivalente presenta siete tramos porque las necesidades de atención que tiene la población varían si nos encontramos con una persona que tiene cero años o tres años, con una persona que tiene cuarenta años o con una persona que tiene noventa años. Creo que es fácilmente comprensible que la presión que ejerce sobre el sistema sanitario es radicalmente distinta y, por tanto, el sistema, el modelo pondera los costes con los tramos que cada una de esas cohortes de población tiene dentro de la pirámide global que la comunidad autónoma contempla.


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Hay otro 30 % de este primer tramo que viene definido por el número de ingresos que han tenido las unidades de cuidados intensivos, un 25 % por el número de hospitalizaciones y el 10 % restante por las pruebas PCR que se han realizado en cada comunidad. Lo que se hace es ponderar todos estos datos a fecha 30 de abril, y verán ustedes que se estima en mayor medida las unidades UCI porque tienen un coste superior a las camas de hospitalización y estas un coste superior al del desarrollo de las pruebas diagnósticas PCR, que habitualmente se han hecho en atención primaria, al menos el proceso de extracción, aunque posteriormente se hayan procesado en el nivel hospitalario.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla van a recibir un fondo fijo de 12 millones de euros, a pesar de que no tienen las competencias transferidas, como ustedes recordarán, en sanidad y en educación, que se proporcionan directamente por el Estado. Este primer tramo será abonado en este mismo mes de julio. Es imprescindible y necesario; las comunidades autónomas necesitan esta liquidez añadida y también incorporar presupuestariamente esa previsión de ingresos. El segundo tramo, que se dota con 3000 millones, se transfiere en el mes de noviembre y, aunque tiene las mismas variables que acabo de señalar, la ponderación en este segundo tramo es ligeramente diferente. En esta ocasión, el 45 % del total del tramo -insisto, 3000 millones- se distribuye por las comunidades autónomas en relación con la población. Por tanto, hemos pasado del 35 al 45 % en este segundo tramo, otro 25 % se distribuye por el número de personas en UCI, un 20 % por el número de personas en hospitalización y el restante 10 % por las pruebas PCR que se hayan realizado. La fecha que tomamos como referencia será la del próximo 31 de octubre. Por eso decía antes que alguna comunidad, si tiene un rebrote o alguna alteración en sus datos sanitarios, puede ver, posteriormente, alterada la proyección que ha realizado. De este segundo tramo, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 6 millones de euros cada una, como suelo fijo.

Hasta aquí el reparto de los 9000 millones que se destinan a gasto sanitario. Quiero subrayar, señorías, que las estimaciones que manejamos es que el fondo venga a sufragar el 100 % del gasto de las comunidades autónomas, gasto sobreañadido al que ya tenían presupuestado para hacer frente a esta pandemia y, por tanto, ante los posibles rebrotes que se puedan producir.

A continuación, voy a explicarles brevemente el reparto del tercer tramo, dotado con 2000 millones, que se reparten siguiendo el criterio de gasto en educación que, como saben, también es una de las prioridades de este Gobierno y una de las tareas importantes para que, después del verano, los niños y las niñas puedan comenzar el curso escolar con todas las garantías de seguridad que se han dictado por parte de las autoridades sanitarias. En el caso de estos 2000 millones, un 80 % se distribuye en función de la población comprendida entre los cero y dieciséis años en 2019, es decir, población en edad escolar. El 20 % restante se destina a la educación universitaria, teniendo en cuenta la población de diecisiete a veinticuatro años, también en la cohorte del año 2019. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, se asignan a cada una 7 millones de euros, como parte de suelo fijo. La transferencia de estos fondos se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, para que se pueda producir la separación de los alumnos, el refuerzo del personal docente en caso necesario, la habilitación de las distancias entre los pupitres o los programas de teletrabajo y teleeducación que tengamos que llevar a cabo si la docencia no es cien por cien presencial o si los sistemas de tutoría tienen que realizarse a distancia.

Por último, el cuarto tramo, 5000 millones, se destina a compensar la caída de la recaudación en las comunidades autónomas, repartido en dos bloques. Un bloque de 4200 millones, que tendrá en cuenta el peso de la recaudación tributaria tres años atrás -es decir, ejercicios 2017, 2018 y 2019- y, como siempre, con un ajuste de población que suele producirse en todos los modelos de equiparación de los ingresos. Y otro bloque de 800 millones exclusivamente para compensar el funcionamiento de las líneas de transporte público que se han tenido que mantener a pesar del confinamiento y a pesar de que estaban circulando sin que hubiera usuarios que las utilizaran, con el coste añadido para las administraciones autonómicas, debido a la dificultad de tener una recaudación de tarifa como la que se venía teniendo en ejercicios anteriores. Un 4 % de este bloque se reserva a la Comunidad Autónoma de Canarias por los servicios regulares de transporte de viajeros.

Hasta aquí, señorías, la explicación respecto a cómo se van a distribuir los parámetros. Como ven ustedes, es fácilmente constatable, reproducible y objetivo para que no haya ningún tipo de discrecionalidad a la hora de producir el reparto de los fondos. Solo quiero insistir en que no hay ninguna condicionalidad en relación con esta cuestión. Esto significa que no vamos a requerir justificación o factura acreditativa del gasto que se haya producido en cada uno de esos tramos, porque el decreto-ley apela a la responsabilidad


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de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía para que puedan destinar los recursos del fondo prioritariamente hacia esas finalidades, aunque en el ejercicio de su autonomía pueden incorporarlos como ingresos sobrevenidos a su presupuesto para cubrir el agujero presupuestario que, en principio, se podría haber producido. El decreto-ley también contempla que el superávit que hayan tenido las comunidades autónomas en años anteriores se pueda utilizar este año para financiar el déficit y la dificultad presupuestaria que puedan registrar durante el año 2020.

Señorías, creo humildemente que con la composición del decreto-ley se cumple con el compromiso que tiene este Gobierno con las comunidades autónomas y con las necesidades de los ciudadanos, y se hace realidad esa afirmación que a veces hago desde esta tribuna de que a este Gobierno le importan los problemas de los ciudadanos, independientemente de cual sea la Administración que tiene que resolverlos, entidades locales o comunidades autónomas. Por tanto, si hay algún tipo de dificultad, el Gobierno, en la medida de sus posibilidades, va a intentar auxiliar, socorrer y contribuir con los recursos de los que en ese momento pueda disponer. Hasta ahora nunca se había producido un abordaje de la infrafinanciación que pudieran tener las comunidades autónomas por una crisis sobrevenida a través de este tipo de transferencias de recursos, que hay que sumarlos al incremento de 7900 millones que ya se produjo a comienzos de año por actualización de las entregas a cuenta. Como recuerdan sus señorías, esta actualización en puridad no se tenía que haber producido, puesto que la evolución del PIB en el año 2020 cae en torno al 9 %, 9,2 % según la previsión del Gobierno. Sin embargo, se han entregado recursos a las comunidades autónomas a través del sistema de financiación, con una perspectiva de crecimiento del 1,6 %; es decir, están recibiendo la recaudación como si no hubiera habido una crisis sanitaria y como si esta no hubiera implicado una crisis económica. Es un 7,3 % más que en 2019, por lo que en 2020 las comunidades autónomas tienen la mayor dotación de recursos del sistema de financiación que han tenido en su historia.

También hemos aprobado, como recuerdan, partidas adicionales a las que esta Cámara ha dado el visto bueno: 300 millones, al principio de la crisis, para acciones urgentes en sanidad; otros 300 millones para refuerzo de políticas sociales, y 25 millones para garantizar los comedores de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad durante este periodo de cierre de los centros educativos. En total, han sido 24 500 millones de euros adicionales los que se han entregado a las comunidades autónomas respecto al presupuesto de 2019. El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo sin precedentes, señorías, con endeudamiento, incluso con déficit propio, para hacer llegar estos recursos al conjunto del territorio. Por eso, señorías, me gustaría que vieran este decreto-ley con amplitud de miras, porque supone ese esfuerzo pero, sobre todo, supone un alivio para todas las comunidades autónomas al no tener que hacer ningún tipo de ajuste en sus plantillas ni en la provisión de los servicios públicos al inicio del curso escolar. Lo iniciarán con absoluta tranquilidad, sabiendo que la disciplina y el buen control del dinero público tienen que ser intrínsecos al manejo de las propias finanzas. Es un hecho objetivo que todas las comunidades se van a beneficiar y que esto no admite una lectura interesada. Hemos escuchado las sugerencias de los grupos parlamentarios y hemos tomado entre todos la decisión que hemos entendido que era más justa. Yo entiendo que alguna parte del territorio tenga expectativas de tener algún parámetro que le beneficie en mayor medida, pero créanme si les digo que está todo ponderado, que están todos los parámetros equilibrados para que el conjunto de la nación pueda recibir los recursos en términos de equidad.

Concluyo mi intervención reiterando la petición de apoyo a la convalidación de este real decreto-ley. Creo, honestamente, que no hay argumentos de fondo que justifiquen la oposición a este reparto, a esta distribución de recursos que sirve para solventar necesidades reales que tienen las comunidades autónomas, sin pedir ninguna contraprestación a cambio. Si preguntan ustedes al conjunto de los presidentes o de los consejeros, verán que los necesitan con urgencia. Por tanto, tenemos que ser capaces de dar una respuesta adecuada. Les pido también que no conviertan este decreto-ley en un motivo de confrontación entre los distintos territorios -creo que sus señorías no lo harán-. Esto beneficia a la gran mayoría de los españoles, que quieren que seamos un ejemplo de responsabilidad y que atendamos aquello que nos iguala, aquello que nos permita tener un colchón de seguridad, al menos en cuestiones de sanidad y de educación, para ser todos iguales ante esta adversidad. La manera de hacerlo es garantizando estos servicios públicos de calidad, que son tan importantes, como decía, para esa igualdad, sin importar dónde vivamos cada uno, a quién votemos o cuáles sean nuestras características sociales a la hora de enfrentarnos a esta crisis sin precedentes, con las consecuencias económicas que de ella se derivan. Este esfuerzo estará bien empleado, señorías, si, finalmente, las personas, nuestros ciudadanos, reciben unos servicios sanitarios de calidad que permitan detectar a tiempo los brotes y que


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permitan aislar los casos que en este momento puedan surgir. También estará bien empleado si se garantiza que los magníficos profesionales sanitarios continúan realizando su trabajo y los profesores y las profesoras se incorporan a su curso escolar con todas las garantías para que nuestros niños y nuestras niñas puedan vivir un curso escolar con las máximas condiciones de normalidad que las circunstancias actuales les puedan permitir.

Les agradezco anticipadamente su voto favorable. Consideren que este decreto-ley está pensado para todas las personas, para todos los territorios. Es un decreto necesario y, por tanto, pido el voto favorable para su convalidación.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Hacienda. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor González Coello de Portugal. (Aplausos.)

El señor GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL: Señora presidenta, buenos días.

Permítanme que mis primeras palabras sean para pedir perdón a los españoles por la noticia que ha aparecido hoy de otro caso más de corrupción, en este caso, del Ministerio de Transportes, amañando la adjudicación de unas obras de carretera. Es una vergüenza y eso no es ni normal ni nuevo.

El real decreto-ley por el que se crea un Fondo COVID-19, con una dotación de 16 000 millones de euros, se enmarca en la política de discrecionalidad e improvisación que ha mostrado este Gobierno desde la crisis sanitario-económica desencadenada por la pandemia. Toda ella se define por la ausencia de un plan coherente para hacer frente a las exigencias inmediatas de la crisis y a las medidas necesarias para salir de la misma.

El gabinete socialpodemita está mostrando una pertinaz contumacia en el error. El esfuerzo hecho por el Gobierno en el preámbulo del real decreto-ley para justificar la legalidad y constitucionalidad de esta figura para implementar las medidas que somete al Parlamento, es una excusatio non petita, accusatio manifesta de su hábito de sustraer al procedimiento parlamentario normal el estudio y aprobación de sus políticas. Esto no se limita al campo de la economía, sino al de otros muchos terrenos en los que la excepcionalidad quiere convertirse en regla. Esta es la nueva normalidad que constituye una verdadera anormalidad en el fundamento de una democracia parlamentaria.

Dicho esto, el real decreto-ley parte de una descripción errónea, por no decir falsa, de la realidad. Afirma que las comunidades autónomas estaban inmersas en una política de estabilización de sus cuentas públicas antes del COVID-19. De acuerdo con este enfoque, esta idílica situación se quebró ante la emergencia de la pandemia. Sin embargo, este diagnóstico es falso. Las autonomías, en el último año de la expansión económica, en 2019, incurrieron en un déficit del 0,35 % del PIB, cuando el objetivo era el 0,1; por lo tanto, muy por encima. Esto es realizar una aportación negativa a las finanzas públicas, del mismo modo en que lo hizo la Administración central. El aumento del desequilibrio financiero de las autonomías en 2019 no se debió, pues, a la incidencia de una pandemia que no existía en ese momento, sino al retraso del Estado en transferirles los recursos que tenían comprometidos, pero también a un aumento muy considerable de sus gastos discrecionales; en concreto, de la remuneración de los asalariados de sus sectores públicos, de los consumos intermedios y de las transferencias sociales.

Como usted sabe, señoría, las comunidades autónomas no aprovecharon la fase expansiva del ciclo para poner orden en sus finanzas públicas, sino para elevar sus gastos, introduciéndose, de nuevo, en la senda del incumplimiento de los objetivos de estabilidad, como hizo el Gobierno. Ahora, nos proponen no solo aumentar la dotación financiera de las comunidades autónomas, sino hacerlo sin condicionalidad -y lo ha dicho hoy en su exposición, sin condicionalidad-, responsabilizándolas de que las transferencias que se realicen se empleen en los fines que usted dibuja en el preámbulo del real decreto-ley.

Miren, nosotros entendemos que a las comunidades autónomas que tuvieron superávit -las forales y la canaria- o a las que cumplieron el déficit -Madrid, Andalucía y Galicia- se les dejase sin condicionalidad, puesto que han demostrado ortodoxia en la gestión de los fondos públicos, pero no al resto, mayoritariamente socialistas, por cierto; a lo mejor esa es la razón. Esta dejación de responsabilidad del Gobierno central impide tener un mínimo y elemental control de que el uso de esos recursos se realice de forma transparente y eficiente. Concede de facto y de iure un margen de discrecionalidad que resulta inaceptable en la dinámica de agudo deterioro de las cuentas públicas que registrará la economía en el


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año 2020 y que persistirá, gracias a sus políticas, en los años venideros; en esto sí son coherentes, renuncian a cualquier plan de estabilidad fiscal y no condicionan el uso de los recursos que transfieren, que es exactamente lo mismo que han intentado hacer a escala europea. Claro, tenemos socios europeos que durante las fases de expansión del ciclo económico hicieron sus deberes, y nosotros no. La falta de rigor y de responsabilidad financiera que refleja este real decreto-ley es una pieza más del caótico puzle de su política fiscal y presupuestaria, sujeta a una discrecionalidad sin rumbo, marcada por la ideología, al margen absoluto de la realidad económica de España.

Mi grupo parlamentario lleva insistiendo de manera constante e imperiosa en la necesidad de integrar las acciones de política económica, fiscal y presupuestaria dentro de un marco global que permita saber y controlar desde el Parlamento la acción del Gobierno, la coherencia de los medios que emplea con los fines que pretende conseguir. Esta exigencia, recomendación o ruego -si prefiere- no se la planteamos solo nosotros, sino que lo hizo patente, entre otros, el gobernador del Banco de España en su comparecencia en el Parlamento hace unas semanas. España necesita un plan de consolidación fiscal que permita ofrecer confianza a los agentes económicos para que estos sean capaces de tener expectativas claras sobre las intenciones del Gobierno. Esto es un principio básico de política económica y una condición necesaria para superar la crisis. Restaurar la confianza exige credibilidad, y ustedes -y me duele decírselo, señora ministra- carecen de ella. Primero fue Podemos, después usted y finalmente el presidente del Gobierno quienes han dicho con una claridad meridiana cuáles son sus objetivos: subir los impuestos para reducir el binomio déficit/deuda pública. De momento no han explicado en esta Cámara el contenido preciso de sus medidas tributarias, pero todos han explicitado que se trata de equiparar la presión fiscal española a la existente en la media de la Unión Europea. Nosotros le estamos preguntando reincidentemente qué impuestos quieren subir y no nos responden. La equiparación que ustedes buscan, señoría, supone -usted lo sabe bien- un incremento de la tributación del 5 % del PIB, en números redondos unos 63 000 millones de euros largos de nueva recaudación, y yo querría que dijese aquí y ahora si esto es cierto y, si lo es, en cuánto tiempo quiere instrumentar esa iniciativa y cuáles serían las figuras tributarias que pretende elevar.

Dicho esto, no hay ningún economista serio en el mundo que recomiende aumentos de los impuestos en una fase recesiva. Existe una experiencia abrumadora, indiscutida, de que las alzas tributarias agudizan los efectos depresivos de una economía en recesión, prolongan su duración y tienen efectos permanentes y negativos sobre el crecimiento y, por tanto, sobre la creación de empleo. En una economía que experimentará este año una caída de entre el 10 y el 15 % del PIB, que verá elevarse de una manera dramática sus niveles de endeudamiento público, subir los impuestos sencillamente es un disparate. ¿De dónde van a sacar ustedes los 63 000 millones de euros, de unas familias que van a incrementar su reducción de renta y de riqueza con motivo de las crisis, de las pequeñas empresas, de las medianas o de las grandes, que aún no hayan fenecido como consecuencia de la crisis, o recurrirán como siempre a los ricos, ese colectivo que se amplía cada vez más a medida que ustedes necesitan más ingresos? Este fin de semana un pastor en Castronuño me decía que se había enterado de que era rico con la presentación de la declaración de la renta. (Aplausos.) Desde luego, algo tendrán que hacer si persisten en su política no solo de no reducir el gasto público, sino de elevarlo. La economía española no tiene margen para subir impuestos. La economía, igual que la física, tiene sus leyes; incumplirlas todas nos lleva al desastre. Si ustedes persisten en el error de subir la fiscalidad para financiar sus planes de gasto y sus deseos de reducir el déficit y la deuda pública, lograrán el objetivo contrario. El impacto negativo sobre el consumo y la inversión, producido por los incrementos tributarios, hará caer más los ingresos fiscales y, en consecuencia, las ratios de déficit y deuda sobre el PIB se incrementarán. Ustedes creen que basta subir los impuestos para ingresar más; sin embargo, ignoran o desprecian los efectos sobre los incentivos de las familias, de las empresas y de los inversores al adoptar tales medidas. Si estos siempre son negativos, son muchísimo más acusados en una recesión. Dígame usted, señoría, en qué economía desarrollada ha logrado alguna vez tener éxito una política fiscal presupuestaria como la de su Gobierno; póngame, por favor, un ejemplo. Me da igual que elija una fase de expansión que una de recesión, porque la respuesta es una: nunca en ningún sitio y lugar la mezcla simultánea de aumentos de gasto y de impuestos ha servido para impulsar la economía y corregir los desequilibrios financieros del sector público. La política de su Gobierno conduce no solo a mantener una presión fiscal elevada, sino a aumentarla por una sencilla razón: los componentes estructurales del gasto público, que ustedes están aumentando con iniciativas como la del ingreso mínimo vital, que tiene un crecimiento automático, con lo que será necesario subirlos aún más en el futuro, incrementando, por lo tanto, los gastos. Ni siquiera desde la visión keynesiana


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clásica que ustedes defienden sus propuestas son coherentes. Con sus acciones ustedes agudizan la crisis, prolongan su duración y conducen a España a una crisis fiscal que solo se ve ya pospuesta por el Banco Central Europeo, que de momento compra toda su deuda. Ante este panorama, señoría, entenderá lo difícil que pone avalar que aprobemos su fondo COVID. Ustedes apelan al sentido de Estado para solicitar el apoyo de las fuerzas parlamentarias a sus iniciativas económicas, fiscales y presupuestarias. Ha dicho aquí que han hablado con todas las formaciones políticas; nosotros, señora ministra, somos la tercera formación política de este Hemiciclo y a nosotros no nos ha llamado nadie. (Aplausos.) Nos hubiese gustado participar, porque nos preocupa España tanto o más que a usted, no menos, se lo puedo garantizar. No solo eso, es que no dan ni un solo ejemplo. Cuando hay que gastar, estamos de acuerdo en que hay que gastar, pero yo creo que este real decreto no gusta a nadie, nadie está contento. Hay que dar lo que haga falta para salvar esta situación, no estos tramos y estos criterios que ustedes han fijado, que no nos convencen y nos hubiese gustado discutir con usted. Pero además hay que dar ejemplo. Gastemos en lo necesario, que esto puede que sea lo necesario, no se lo discuto, pero reduzcamos gasto. El señor Rajoy tenía catorce ministros; ustedes, veintitrés. Ustedes tienen ochenta y un cargos más que el señor Rajoy: el señor Rajoy tenía sesenta y cinco asesores y ustedes ciento veintiséis. (Aplausos.) Entre 2019 y 2020 han incrementado un 18 % más el personal eventual, un 10 % más los altos cargos. ¿No cree que hay que eliminar el gasto político innecesario para atender las necesidades reales de los españoles? (Aplausos.) No negocia con nosotros, no nos pregunta nuestra opinión, no dan ejemplo y apelan a la solidaridad. Es precisamente el tener sentido de Estado lo que nos impide sancionar con un voto favorable una política que es incapaz de abordar la crisis económica más grave experimentada por España desde la Guerra Civil y que sienta las bases para una lenta y muy incierta recuperación. Ustedes no están a la altura del grave momento económico que vive España y su política, vestida de sentimentalismo barato, grandes frases y apelaciones a un consenso que jamás ejercen, es un camino seguro hacia la consolidación de un escenario muy negativo, por no decir miserable, para los españoles.

Permítame terminar leyéndole una frase del Diario de Sesiones de 30 de abril en la Comisión de Hacienda: "en una situación de alarma tiene que haber un mando único. Me da igual que sea un incendio, que sea una pandemia sanitaria o que sea una crisis de pánico ante una amenaza de bomba. Está definido en la literatura, en los manuales y en la evidencia. Cuando se produce una situación de emergencia, lo primero que dicen todos los manuales de catástrofes es que se tiene que determinar un mando único porque, si no, se puede producir una situación no solo de desconcierto, sino de descoordinación". Esas fueron sus palabras y yo las comparto. Estamos en un estado de alarma sanitaria y económica y hace falta un mando único.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora ministra de Hacienda.

En esta primera convalidación de la última hornada legislativa aprobada por el Consejo de Ministros a lo largo del estado de alarma se regula mediante real decreto-ley la creación del Fondo COVID-19 y, tal y como ha explicado la señora Montero, se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Subrayó usted que se habían aplicado criterios de ponderación, y permítame decirle desde Foro que no estamos de acuerdo. Los 16 000 millones de euros para compensar los esfuerzos en la atención de las necesidades esenciales surgidas en las diferentes comunidades autónomas para atajar la crisis sanitaria derivada de la pandemia se reparten con criterios que en el caso de Asturias resultan claramente insuficientes. Las consecuencias sobre las cuentas públicas para corregir este injusto reparto se tendrán que equilibrar por la vía de la fiscalidad y Foro no comparte que el elocuente seguidismo de los socialistas de la FSA hacia la política de Pedro Sánchez acabe repercutiendo en más y más impuestos sobre los ciudadanos, sobre los asturianos, una comunidad penalizada y asfixiada por la tributación.

Señorías, el coronavirus desvela la desigualdad en el trato que el Gobierno dispensa a los españoles en función de su lugar de residencia, y el reparto de este Fondo COVID-19 llegará muy mermado a Asturias. Se calcula que de esos 16 000 millones solamente 280 serán para Asturias, una merma al alimón


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tanto por los criterios elegidos por el Gobierno, que son un remedo del perjudicial sistema de financiación autonómica, como por el resultado de servilismo que hace el Gobierno del Principado a las políticas de Pedro Sánchez. Y así nos luce el pelo, con una sucesión de varapalos a los que ahora se añade la asignación de este fondo, lo que, señora Montero, lejos de certificar su apoyo al Estado de las autonomías, acredita una vez más que para el Gobierno hay españoles de primera y de segunda. Este discriminatorio reparto es un pésimo precedente de cara a la urgente reforma del sistema de financiación aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2009 y pendiente de reforma desde hace seis años.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Tiene la palabra el señor Mazón Ramos.

El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.

Yo entiendo que cuando se trata de repartir un pastel entre varios y a partes desiguales es difícil contentar a todo el mundo. En el caso de este fondo se pueden discutir los criterios elegidos y el peso que se asigna a cada uno, pero entendemos que prima la solidaridad. Nosotros, desde Cantabria, siempre hemos defendido que el criterio que debe primar es la igualdad entre los españoles y, por lo tanto, la financiación del coste efectivo de los servicios públicos básicos. Y en este caso también. No el criterio del número de habitantes, sino la satisfacción de las necesidades de todos, vivan donde vivan. Esto lo han asumido todos los grupos de esta Cámara. Pues bien, para Cantabria en este fondo no se ha cumplido este criterio. No puedo aquí entrar en detalles, solo voy a poner un ejemplo. El reparto de la parte del fondo destinada a educación se hace exclusivamente según la población escolar, sin tener en cuenta ningún otro factor, ni dispersión de la población ni orografía ni nada más, como en el sistema general. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el coste del transporte escolar en Cantabria es prácticamente igual que en Madrid, que tiene diez veces más población? Esto es muy mal presagio para otros sectores fundamentales.

Nuestras expectativas con este fondo han ido bajando a cada paso que se iba conociendo. Dejando de lado que es insuficiente, la primera estimación con los tres bloques -el sanitario, el social y la caída de la recaudación- nos suponía, aproximadamente, 192 millones. Luego, al separar educación y transporte, vamos ya a 181, que son 11 millones menos, esto ya es muchísimo para una comunidad pequeña como Cantabria. Pero falta aún por calcular la segunda fase y la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ya conocemos cuál es la correlación de fuerzas políticas hoy en día. Pinta mal para ahora y nos hace temer mucho para el futuro de Cantabria. Por eso, nosotros no podemos sino votar en contra.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor García Adanero.

El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora, presidenta. Señorías, buenos días.

La verdad es que la autocomplacencia de los miembros del Gobierno yo pensaba que estaba limitada a unos cuantos, pero parece que es algo extensible a los miembros del conjunto del Gobierno con los que uno se va topando. Salen aquí a decir lo bien que se han hecho todas las cosas y que el conjunto de los españoles tienen que estar encantados de que -fíjense ustedes- en el día de hoy les vamos a regalar 16 000 millones de euros para que puedan atender sus necesidades. Los 16 000 millones de euros son dinero del conjunto de los españoles que se va a repartir para el conjunto de los españoles. ¡Pues claro! Pero es que no es así, es que a una parte de esos españoles, porque la Comunidad Foral de Navarra todavía sigue siendo española y nos sentimos españoles -no sé si es que en esas conversaciones que tienen con algunos independentistas tan a menudo ya les van convenciendo de que no lo somos; pero sí, seguimos siendo españoles-, nos dejan fuera de una parte del fondo. Por lo tanto, ya no estamos repartiendo 16 000 millones de euros entre el conjunto de todos los españoles, ya estamos dejando fuera a una parte, en concreto fuera de 5000 millones de euros a la Comunidad Foral de Navarra. Sí, no me cabecee ministra, sí porque se deja fuera. Se dice: no, ya se endeudarán, ya les dejaremos que se endeuden. Estamos hablando de dinero del conjunto para repartir al conjunto. Por lo tanto, yo creo que menos autocomplacencia, más entender lo que está ocurriendo y,


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sobre todo, tener en cuenta que ese dinero -insisto- es de todos, no es del Gobierno. Es dinero que va a unas cosas, a la sanidad, a la educación, que nos afectan a todos. Se ha comentado por diferentes comunidades cómo afecta a cada una y el Gobierno está orgulloso del reparto, pero, evidentemente, no se está repartiendo de una forma equitativa. En ese sentido, parece ser que hemos pasado de ser una comunidad privilegiada para algunos, incluida la ministra, por tener un régimen foral a ser unos desahuciados de una parte del reparto que se hace.

Además, yo creo que tenían que haber aprovechado este decreto para algo muy importante: para dar satisfacción a todos los ayuntamientos de España. No es normal que se haga este reparto, que muchísimos ayuntamientos de España tengan el dinero de los ciudadanos en el banco y no puedan atender las necesidades de esos ciudadanos porque el Gobierno no les deja. Y no se está aprovechando hoy. Eso no puede ser. Se está atendiendo a familias en todos los municipios de España, los ayuntamientos se están endeudando cuando tienen en el banco dinero y el Gobierno no les deja. Aproveche hoy este decreto para que los ciudadanos de toda España puedan beneficiarse del dinero que han ido ahorrando a través de sus ayuntamientos a lo largo de los años. Muchos ayuntamientos, ayuntamientos pequeños, ayuntamientos grandes, de todo tipo, están atendiendo en primera línea a muchísimas personas y el Gobierno les está cerrando la puerta y no les deja que gasten ese dinero, porque el Gobierno prefiere hacer publicidad, venir aquí a decirnos que nos está regalando al conjunto de los españoles 16 000 millones, que, evidentemente, son aportaciones del conjunto de los españoles y no dinero que saca el Gobierno no sabemos de dónde.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor García. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, nos pedía usted en su intervención amplitud de miras. No voy a dejar de reconocerle que me siento como un lapón en el Parlamento de Italia con el tema que usted ha traído y con el formato que ha elegido para la distribución de estos recursos.

Le haré dos consideraciones de carácter general y luego entraré en materia y le explicaré por qué me siento tan ajeno a este debate que se está planteando o por qué Euskal Herria Bildu se siente de ese modo. La primera consideración de carácter general: es indudable que 16 000 millones de euros del erario público es un esfuerzo importante, nadie lo niega, pero también es indudable -y esto no es desdeñable o desde luego no es algo que haya que obviar- que es insuficiente porque la dimensión de la crisis es mucho mayor que esos 16 000 millones de euros, es de tal calibre que este fondo no llega sino a ser un parche para el primer golpe, y lo que nos preocupa es que no vemos la continuidad.

La segunda cuestión, asociada a esta, es que este tipo de medidas no tienen ningún sentido o pueden tener un sentido muy pernicioso y nada positivo, más allá del de ser un ligero parche, si no van acompañadas de medidas fiscales. Se las hemos expuesto desde esta tribuna en más de una ocasión, les hemos expresado la necesidad de generar una nueva fiscalidad en el Estado español que fuera más equidistributiva, que buscara más justicia fiscal y que, por tanto, no solo persiguiera la evasión y la elusión fiscal, sino también que gravara más a las rentas más altas. Y aquí permítame que haga un inciso. Hoy hemos escuchado un caso inaudito, el de un pastor de Castronuño que, según su declaración, es rico; no sabe muy bien gestionar su dinero, pero debe de ser rico porque tiene un buen rebaño de ovejas. Es difícil entender que si no sabe gestionar su dinero pueda tener siquiera alguna oveja. Pero, en cualquier caso, seguimos insistiendo en que quien más tiene, más tiene que pagar.

A partir de aquí le diré cuáles son las consideraciones particulares que hace nuestro grupo. Nos crea muchas dudas cómo se van a repartir esos 16 000 millones de euros y no venimos aquí -como han hecho otros, con carácter legítimo- a plantear si nos parece mucho o poco lo que otorga a nuestra comunidad autónoma, porque no los vemos. Nos parece que nos plantea un intangible, no nos plantea ningún horizonte al que poder señalar si es suficiente o insuficiente, sino que nos plantea una especie de cuestión de fe, de dogma de fe, es decir, ya se negociará, ya se verá. Y eso lo hace con la Comunidad Autónoma Vasca y con la Comunidad Foral de Navarra. Conclusión para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma Vasca: que, de momento, no van a ver ni un duro y que luego ya se verá. Esa es la lectura que se puede hacer y no otra. Lamento no poder hacer otra lectura, pero no la vemos. Porque en cualquier caso no van a ver un duro para minorar el impacto que la crisis sanitaria también ha originado en la ciudadanía en términos sociales y económicos, ni van a ver un


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duro para compensar la caída de la recaudación que obviamente se va a producir. Usted ha señalado que todas las comunidades autónomas se iban a beneficiar, pero aquí, como se ha señalado ya, no están ni la Comunidad Foral de Nafarroa ni la Comunidad Autónoma del País Vasco más allá de ese: Ya se negociará. Porque además así lo dice: La participación de la CAV y Nafarroa se establecerá en las comisiones mixtas del concierto y del convenio económico. Esa es la lectura. En términos futbolísticos, un patadón para adelante y ganar tiempo. No se establece nada, salvo que queda la negociación, una negociación que además sabemos que siempre, desde nuestro punto de vista, acaba saldando cuentas a favor del Estado y nunca a favor de las comunidades autónomas. Eso no es la realidad, porque ese porcentaje fijo que se nos hace pagar no atiende a la evolución de nuestras sociedades, no atiende, por ejemplo, a la evolución o a la caída del peso del PIB de nuestra comunidad, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, con respecto al peso del Estado, ni por supuesto tampoco atiende a la evolución demográfica de nuestra sociedad que, como bien sabrá, no es una evolución diferente a la de la pirámide invertida. Siendo esto así y como ustedes mantienen fijo el porcentaje de aportación que las comunidades autónomas -tanto la vasca como la navarra- tienen que hacer, al final resulta que pagamos más de lo que nos tocaría pagar si estuviéramos dentro de ese régimen común.

También creo que es de justicia señalar que esta iniciativa poco o nada tiene que ver -y ahí me gustaría poder decirle que así es al señor de UPN-con que acepten la soberanía nacional de nuestro país. Ojalá fuera así. Yo subiría a esta tribuna a decir que estamos dispuestos a asumir el coste de la pandemia porque somos soberanos y estamos dispuestos a sacarnos las castañas del fuego y a levantarnos, como ha hecho nuestro pueblo una y mil veces y como lo seguirá haciendo. Pero me temo que no, me temo que lo que nos plantearán es que sigamos aportando y nos plantearán como única herramienta posible la del déficit y la deuda, nunca la de aminorar y nunca la de compensar, vía las herramientas que nos otorgaron el Concierto Económico y el Convenio navarro. Como le decía, si siempre salimos perdiendo, poco nos puede satisfacer esta medida, máxime -y esta también es una vieja reclamación que desde Euskal Herria venimos señalando- si se nos hace aportar con carácter finalista a destinos que poco o nada pueden gustarle a la sociedad vasca. No hablaré de la monarquía, no hablaré de la defensa, no hablaré de Interior, pero es que nosotros también aportamos a esas casillas de los Presupuestos Generales del Estado, cuando la realidad es que nuestros deseos y nuestras inclinaciones -incluso me atrevería a decir que las de la mayoría de la sociedad vasca- poco o nada tienen que ver. Se lo resumiré muy fácil, ustedes, de momento, nos plantean que vascos y navarros no recibamos ni un duro, que luego ya se verá qué y cómo se negocia en las comisiones mixtas, pero que no se nos olvide pagar ni el cupo ni lo relativo al convenio de Navarra cuanto antes y como el Estado español diga. Nos resulta increíble. También se lo puedo decir más claro: ustedes nos plantean que tenemos que sacarnos las castañas del fuego y arreglárnoslas solos y que no vamos a recibir ni un duro y que luego ya, si eso, veremos. Si esto es así, lo justo sería que tampoco el Estado español recibiera ni un duro de las aportaciones que nos obligan a hacer, y así sí estaríamos hablando de cosoberanía, de cogobernanza, incluso de soberanías compartidas; pero me temo, como decía, que no es el caso, para nuestra pena y seguro que para la alegría de algún otro grupo.

Pero nosotros no somos insolidarios con las clases populares del Estado español, nos parece bien que se establezcan mecanismos, por eso le he hablado antes de la necesidad de que se hagan iniciativas de carácter público como estas, asociadas a iniciativas de carácter fiscal o de reforma fiscal, como las que le he planteado, pero es que nada de eso vemos; a día de hoy vemos algo muy diferente a esto y que poco tiene que ver con una fórmula justa. Si quieren que participemos, hablemos; y si quieren que participemos, negociemos una fórmula justa que permita dar respuesta a las necesidades de las clases populares del Estado español sin agigantar la brecha entre ricos y pobres, que bastante grande se está haciendo cada día que pasa, pero no nos obliguen a votar con los ojos cerrados iniciativas que no sabemos a dónde nos van a llevar. En cualquier caso, según lo que digan los grupos que sostienen al Gobierno veremos el sentido de nuestro voto.

Para finalizar, como siempre dicen que soy un poco abrupto al terminar las intervenciones porque casi no me despido, les doy las gracias a todos ustedes por su atención, también al otrora jurado de La Voz, hoy ávido lector; no sé qué libro estará leyendo, pero si acaso fuera algo relativo a las elecciones autonómicas de la Comunidad autónoma vasca, le haré un spoiler: el resultado fue más o menos que Euskal Herria Bildu sacó cuatro veces y media más representantes que el Partido Popular. (Rumores.)

Mila esker.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute.

Silencio, por favor. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on.

Hoy se trae para su convalidación el Real Decreto-ley 22/2020, por el que se regula la creación del Fondo COVID, dotado de 16 000 millones, en el que se establecen las reglas relativas de su distribución y libramiento. Un real decreto, ministra, que no respeta el sistema de Concierto Económico ni de Convenio navarro, no los tiene en cuenta y, desde luego, no da solución a la participación de las comunidades forales en los cuatro tramos del fondo. Se impone la distribución de tres tramos del fondo de forma unilateral y se nos excluye del cuarto sin atender a la particular relación financiera de las comunidades forales con el Estado, una relación bilateral entre Gobiernos. Se debería haber abordado este tema, por tanto, de forma bilateral, la participación de la Comunidad autónoma vasca y Navarra en el fondo, y esto se lo han saltado, ministra. Si tal y como expresamente señala la exposición de motivos se trata de unos recursos adicionales e independientes del sistema de financiación autonómica y de los fondos extraordinarios de liquidez, las comunidades autónomas no integradas en el régimen común de financiación autonómico, esto es las forales, deberían quedar incluidas en el fondo en sus cuatro tramos, y su participación y la distribución del mismo deberían ajustarse, como he dicho, a su particular fórmula de relación financiera con el Estado, y esto no ha ocurrido. Por un lado, nos dejan fuera del tramo 4 -al que luego me referiré-, y con respecto a los tramos 1, 2 y 3, a pesar de que la disposición adicional primera del real decreto recoge que la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en estos tres tramos se establecerá respectivamente en la Comisión Mixta del Concierto Económico y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, lo cierto es que no ha habido comisión alguna ni para establecer los criterios de participación en el fondo ni para fijar su cuantía. Es más, imponen de forma unilateral su distribución y cuantificación, ya que es en el propio artículo 2.2 del decreto en el que se establece, y cito literalmente: que el importe del tramo a distribuir entre las comunidades autónomas de régimen común será el resultado de minorar del importe del mismo los recursos asignados a las ciudades con estatuto de autonomía y la participación de las comunidades de régimen foral, que se determinará de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores, que hablan de población, número de pruebas, ingresos hospitalarios. ¿Esto qué significa? Que la remisión que hacen a la Comisión mixta lo es solamente a efectos meramente formales, para cubrir el expediente, porque, vuelvo a repetir, no se ha producido esa reunión, no ha habido comisión para valorar esos criterios y, en su caso, su discusión y posible adopción, con lo cual desde luego se ha desvirtuado la función que la Ley del Concierto atribuye a la Comisión mixta, cuya seña de identidad es la adopción bilateral de los acuerdos. Han obviado ustedes, por tanto, el modo paccionado que debiera haberse utilizado para fijar la participación vasca y navarra en dicho fondo.

Asimismo, hay que añadir que sorpresivamente a las comunidades forales de Euskadi y Navarra nos dejan fuera del Tramo 4, un tramo basado en la reducción de ingresos por la caída de la actividad económica, cuando según la exposición de motivos, por un lado, se supone que los recursos de este fondo, como he dicho anteriormente, son adicionales e independientes del sistema de financiación, y por otro, lo hacen bajo la excusa de que los sistemas fiscales forales son poco homologables al resto. Ciertamente, resulta una motivación un tanto falaz, ya que ni los criterios de reparto, donde hay transferencias hasta para el descenso de ingresos de transporte, ni los destinos del fondo, resultan diferenciables según sistemas fiscales. Una exclusión del Tramo 4, recogida en el segundo párrafo de la disposición adicional primera, que además de contrariar la lógica financiera y los propios principios contenidos en la exposición de motivos, se adopta sin la mínima motivación específica en este real decreto-ley. Además, nos remiten a la asunción de déficit presupuestario y emisión de deuda pública para compensar esa no financiación y la caída de recaudación, cuestiones ambas que nuevamente hay que acordar para el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y que tampoco, ministra, quieren replantear, a pesar de que Europa ha activado la cláusula de escape y de la existencia de un compromiso para la celebración de la comisión en el primer semestre del año.


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Resulta paradójico, ministra, que nos ofrezcan una solución para compensar la no financiación y la caída de recaudación a través de deuda y déficit y, a su vez, nos niegue dicha solución, ya que no se convoca la comisión para discutir y acordar que esa nueva senda se ajuste y sea realista con esa caída de recaudación. Le recuerdo, además, que las comunidades forales, desde luego, han hecho todos sus deberes, han cumplido con todas las reglas y también le recuerdo que tanto la AIReF como el Banco de España no están de acuerdo con la previsión de la caída de ingresos que han realizado ustedes.

En otro orden de cosas, esta decisión impuesta por la disposición adicional primera del decreto de reconducir el Tramo 4, esto es, la resolución de ingresos tributarios y transporte público de viajeros a términos de déficit de deuda pública, además de condenar a ambas comunidades, tanto a la vasca como a la navarra, a soportar una dificultad añadida para el correcto cumplimiento de la regla de gasto, obvia otra carga que es la que se le impone a Euskadi. Si atendemos a la regulación del artículo 52.2 del Concierto Económico y al artículo 4.3 de la metodología del cupo, así como a la previsión de financiación de este fondo COVID mediante deuda pública a través del artículo 3 de este real decreto, a la Comunidad de Euskadi además le corresponderá de forma concreta y específica contribuir a afrontar el pago de las cuotas de amortización de intereses de la deuda correspondientes al importe de 5000 millones de euros del Tramo 4, del que hemos sido excluidos de forma injusta e incomprensible, debiendo asumir, además, de forma añadida su propia deuda destinada a este mismo fin. Nos excluyen del fondo, pero, a su vez, nos dicen que asumamos parte de su pago. Oiga, si no participamos, por lo menos debieran eximirnos del pago de los intereses y de esa amortización. Después algunos vendrán y nos dirán que somos insolidarios.

Por último, ministra, este fondo trata de dar un balón de oxígeno de forma puntual, una medida coyuntural, pero entendemos que es pan para hoy y hambre para mañana, porque los verdaderos problemas para las comunidades autónomas de régimen común y entidades locales vendrán en el 2021 y en el 2022, cuando no exista este fondo extraordinario y tengan una bajada de recaudación debido a las entregas a cuenta, que entonces sí se ajustarán a la caída real de ingresos. Por tanto, atendiendo a estos factores y teniendo en cuenta también que la recaudación ha caído y que todas las administraciones van a tener que replantearse sus cuentas, sus presupuestos, y van a necesitar endeudarse para aumentar el gasto y afrontar las consecuencias del COVID, es necesario que se replanteen unos nuevos objetivos de déficit y deuda y que se asuma la necesidad de una flexibilización de las reglas fiscales y, en particular, de la regla de gasto.

Tenemos unos objetivos fiscales para 2020 que han sido superados, no hay objetivos reales para 2020 y desconocemos los del 2021. Desde luego, es necesario activar la cláusula de escape para todas aquellas comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos que están ampliamente saneados en relación con la estabilidad financiera. Le estamos pidiendo una relajación temporal de las políticas de estabilidad presupuestaria para generar recursos para la salida de la crisis derivada del COVID, para permitir a las entidades locales el uso del superávit o remanente de tesorería, para poder realizar aquellas inversiones necesarias para paliar los efectos de la crisis económica, para permitir que las entidades locales y comunidades autónomas puedan quedar exentas del cumplimiento de la regla de gasto durante los ejercicios 2020 y 2021. Hay que permitir a las comunidades autónomas un mayor margen de flexibilidad en materia de déficit y endeudamiento y en el medio plazo se debe modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en materia de regla de gasto, que tantas veces su grupo y también el Grupo de Podemos han reivindicado, pero que ahora parece que han olvidado. Esto sí que sería un verdadero balón de oxígeno.

Desde luego, nuestro grupo no puede apoyar este decreto en este sentido. ¿Por qué? Porque atenta de forma grave contra la correcta relación bilateral entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado que exige el sistema del Concierto Económico vasco, así por como por la injusta y doblemente incorrecta e injustificada exclusión de la Comunidad Autónoma de Euskadi de su participación en la distribución del Tramo 4, de ese fondo extraordinario relativo a la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, tanto en su aspecto de recaudación tributaria...

La señora PRESIDENTA: Señora Sagastizabal, tendría que terminar, por favor.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy acabando.

... como de financiación de transporte público de viajeros, y por tener que asumir la carga añadida de tener que pagar los intereses de amortización de la emisión de deuda para financiar un fondo del que en parte se nos excluye.


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Ministra, ustedes adoptaron el mantra de acordar y dialogar, pues aplíquenlo. La unilateralidad empleada en este real decreto no es el camino. Desde luego, si esta va ser su conducta, con nosotros no cuente. Ha dicho que este fondo da solución a las comunidades autónomas, pero, desde luego, a las comunidades forales no. Ha dicho que no hay argumentos de peso para no apoyarlo, pero creo que, tanto en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi como de la Comunidad Foral de Navarra, los argumentos que hemos dado hoy son de peso y de calado.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.

Señorías, antes de esta gravísima crisis del COVID19 este Gobierno ya falló a las comunidades autónomas al dejar de realizar el ingreso de una partida de cuyo nombre hoy no quiero acordarme. Y que no me quiera acordar hoy no significa que en Ciudadanos nos olvidemos, porque seguiremos recordándole al Gobierno que nos falló y que nos dejó de ingresar una partida muy importante, y aquí todos sabemos a lo que me refiero.

Nos encontramos saliendo de una crisis sanitaria sin precedentes con unas repercusiones económicas para trabajadores, emprendedores y empresas que todavía no han mostrado su verdadera cara. Desgraciadamente, todavía seguimos luchando contra el COVID19 y, tras muchos meses, vemos que sigue habiendo rebrotes y que sigue agravándose la situación económica de muchísimos españoles. Muchos han recibido la ayuda de este Gobierno, pero no todos, porque todavía hay muchos ciudadanos que no tienen medidas de apoyo para retomar su día a día y la actividad que desarrollaban antes del primer estado de alarma. Hoy llega la convalidación de este real decreto, que es un balón de oxígeno para las comunidades autónomas que tanto han sufrido por el impacto económico de los gastos extraordinarios en materia de sanidad y la paralización prácticamente total de sus economías. El pasado 16 de junio el Consejo de Ministros aprobó este real decreto que regula la creación de un fondo COVID19 no reembolsable por importe de 16 000 millones de euros, que el Estado transferirá -no dará, no regalará, porque es dinero de todos los españoles- a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos asociados a esta crisis. Este real decreto no ha estado exento de cambios de criterio y de decisión -algunos más que añadir a esa larga lista de rectificaciones-, pero finalmente ve la luz y se acerca en su gran mayoría a las necesidades de las diferentes comunidades autónomas que tuvieron que quejarse para que el Gobierno lo replanteara; sin duda, ahora es bienvenido.

En términos generales, creemos que es una buena noticia la creación de este fondo no reembolsable para ayudar a las comunidades autónomas a paliar los gastos asociados al COVID. Además, pensamos que los criterios de reparto son razonables, aunque nunca se puede contentar a todos. Creemos que es una buena idea haber metido la partida concreta de gastos educativos, que no estaba planteada en su primer borrador, para que pueda servir para contratar a más personas y más docentes y para habilitar nuevos espacios que permitan volver a las aulas en septiembre a nuestros hijos con todas las garantías. Pero, señora ministra, ¿en septiembre? En septiembre quizás sea demasiado tarde. Necesitamos planificar. Las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante para garantizar la continuidad de la enseñanza durante todos estos meses, que se verá aliviado con esta partida presupuestaria extraordinaria. Ahora bien, habrá que ver cómo se utiliza este dinero, puesto que son partidas no condicionadas. Habrá que estar vigilantes al destino de estos fondos. ¿Los estudiantes de la concertada se quedarán fuera de estas ayudas? Está claro que este esfuerzo económico para la educación en estos momentos es muy importante, pero estamos realmente preocupados por la no planificación de la ministra Celaá para la vuelta al cole de nuestros hijos.

Todavía hoy, a dos meses vista, no hay ningún plan seguro para la vuelta a las aulas en septiembre. Además, durante estos meses de incertidumbre sobre el futuro cercano de la educación de nuestros hijos, hemos asistido a los bandazos de este Gobierno en este asunto. No hay un plan sensato ni serio que sirva para toda España y dé tranquilidad a padres y docentes. Podemos resumir diciendo que la gestión de la crisis en materia educativa ha estado definida por el caos, y con la decisión de retrasar hasta septiembre esta ayuda lo confirmamos; la educación digital no ha funcionado, porque sigue existiendo una importante brecha digital que provoca desigualdad; la persecución de la educación especial ha provocado enormes críticas entre los sectores y las personas afectadas; hay falta de financiación para planes de refuerzo y


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falta un plan para el caso de rebrote; existe un sectarismo ideológico que lleva a dejar fuera de las ayudas públicas a la concertada, y un sinfín de despropósitos que solo ponen de manifiesto que serán nuestros hijos quienes los paguen. Para lo que sí ha tenido tiempo el Ministerio de Educación en medio de toda esta situación ha sido para continuar adelante con su ley de educación, que además carece del consenso de la comunidad educativa y de los diferentes grupos parlamentarios.

Esperemos que la transferencia de esta partida para educación sea un primer paso para avanzar en medidas sensatas para la vuelta al colegio de los alumnos de nuestro país. Además, se han dotado 4800 millones para impulsar la economía en las comunidades autónomas y compensar las pérdidas por la falta de recaudación. Creemos que para paliar esa falta de recaudación hay que poner en marcha, de forma paralela a este fondo, más medidas que ayuden decididamente a la recuperación de nuestra economía. Ciudadanos propuso en la Comisión de Reconstrucción un documento muy completo con 108 medidas concretas para apostar por la recuperación de la forma más rápida posible y un gran listado de enmiendas para mejorar el borrador del Gobierno. Desafortunadamente, el borrador de conclusiones de esta Comisión, al menos en lo que atañe a la parte económica, es enormemente impreciso, poco concreto: no aborda soluciones reales a los problemas planteados y carece de concreción. Creemos que es fundamental aprobar medidas que ayuden al impulso de nuestra industria, a la dinamización de nuestro sector empresarial, eliminando trabas al crecimiento, a la productividad y al fomento del emprendimiento, al I+D. Necesitamos planes para que nuestro turismo se consolide y pueda seguir creciendo. Necesitamos que no se suban los impuestos, sino que se creen muchísimas más empresas. ¿Y los fondos de Europa? ¿Tenemos la seguridad de que llegarán los fondos que realmente necesitamos?

En definitiva, debemos alegrarnos con la dotación de este fondo, pero el Gobierno no debe perder de vista lo gravemente afectada que ha quedado nuestra economía y lo difícil que será reconstruirla si no se toman medidas ambiciosas que solucionen las devastadoras consecuencias económicas que hemos sufrido. Este es un primer paso, pero necesitamos hacer que nuestra economía siga funcionando para que nuestras comunidades autónomas sigan teniendo subidas de ingresos no comprometidas.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señora presidenta.

Más allá de considerar que este fondo es insuficiente para atender la magnitud de esta crisis, quiero recordar que, aun cuando el Gobierno anunciaba el estado de alarma, el BNG reclamaba que se fijase un criterio de reparto justo que atendiese a las características y necesidades de Galiza. No fue así. En este decreto, el Gobierno vuelve una vez más a ignorar la realidad diversa y plurinacional del Estado y el hecho de que naciones como Galiza tengan unas características propias y diferenciadas. En nuestro caso, elementos como la dispersión poblacional, el envejecimiento y los índices de dependencia suponen un encarecimiento, y por tanto dificultades añadidas, a la hora de atender y dotar de servicios básicos a la población, especialmente en el ámbito sanitario y asistencial, o en el educativo, que son, precisamente, los más afectados por esta crisis.

Por eso siempre hemos defendido que estos eran unos criterios que, necesariamente, tenían que haberse tenido en cuenta de forma específica y con un peso relevante. Sin embargo, los criterios de reparto finalmente adoptados por el Gobierno son decepcionantes y, una vez más, suponen un agravio y un trato injusto para Galiza. Curiosamente, aquellas comunidades autónomas que han tenido un mayor número de casos son las que reciben mayor proporción de recursos -dos, un 40 %-, sin atender el coste real que supone la atención a los pacientes en uno y otro caso.

Por tanto, entenderán que de ninguna manera podamos votar a favor de este decreto, porque de nuevo no se toma en consideración las características y necesidades de Galiza, y además perjudica gravemente a nuestro país, como viene sucediendo, por cierto, con el modelo de financiación vigente, que necesariamente habría que cambiar y de forma inmediata.

Obrigado.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchísimas gracias.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


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El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, presidenta.

Señora ministra, a pesar de los últimos escarceos que hemos tenido, le digo que vamos a apoyar su decreto. (La señora Lastra Fernández: ¡Bien!). En definitiva, lo vamos a apoyar porque ha habido un cambio de criterio en la línea de lo que nosotros defendíamos: que tuviera un mayor peso la población. Probablemente, nos podríamos haber evitado algún que otro no, si hubiéramos tenido mayor capacidad de negociación. También votaremos a favor porque entendemos que es bueno que haya una dotación educativa de la manera que se ha repartido.

Pero tenemos algunos 'peros', que ahora expondremos, aunque insistimos en que votaremos a favor. Nuestro 'pero' es que no es lo mismo la situación de partida en gasto sanitario de unas comunidades autónomas a otras, aunque no hayamos tenido tantos afectados. Hay comunidades autónomas que pueden celebrar que van a poder gastar su superávit, como ha dicho usted. Ya nos gustaría a otros poder gastar nuestro superávit, o incluso ya nos gustaría poder estar discutiendo también de un sistema fiscal como el concierto vasco o el convenio navarro.

En cuanto al transporte, usted ha hablado de los intereses de la nación. Desde Compromís vemos que el reparto que se ha hecho en el transporte para nosotros no es justo. Es decir, Madrid y Cataluña, que representan el 30 % de la población, van a repartirse el 62 % de los recursos. Esos no son, yo creo, los intereses de toda la nación, porque todos viajamos y tenemos transporte público. Por ejemplo, en el caso valenciano, el 10,6 % de la población solo va a tener el 5 % de los recursos, cuando se necesita el mismo transporte en Madrid, en Barcelona o en Valencia.

Por último, quiero insistir en que celebramos que se autorice a gastar el superávit, aunque a algunos nos gustaría tener un superávit para poder gastar. Esperamos que en noviembre -como dijo el presidente- usted presente ese esqueleto del nuevo sistema de financiación, y celebremos que el año que viene podamos tener un sistema de financiación que nos permita, como mínimo, acercarnos a poder gastar ese superávit que algunos podrán gastar ahora, y que otros, evidentemente, no podemos gastar.

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Baldoví. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

También por el Grupo Parlamentario Plural, y en último lugar, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Señora ministra, nos pedía responsabilidad y nuestro grupo va a ser responsable. Hemos sido responsables a lo largo de muchísimos de estos reales decretos-ley, porque aunque en algunos discrepemos, los hemos apoyado igualmente. Les vamos a apoyar este real decreto-ley porque es necesario aunque no es suficiente, y usted es consciente.

Usted ha subido aquí, a la tribuna, y ha dicho que con estos 16 000 millones se van a cubrir los costes que están asumiendo las comunidades autónomas, y usted sabe que eso no es verdad; no van a cubrir los costes. Los 9000 millones no van a cubrir el sobrecoste de la sanidad, ni van a cubrir la infrafinanciación de la sanidad previa a esta pandemia, y tampoco van a cubrir los 5000 millones la reducción de los ingresos de las comunidades autónomas, al igual que de estos 5000 millones, los 800 millones dedicados al transporte público tampoco no van a cubrir los ingresos que han dejado de recaudar las entidades metropolitanas de transporte o las empresas del transporte público urbano e interurbano, y usted es consciente.

Nosotros aquí no vamos a discutirle si los criterios de reparto son unos o son otros. A Cataluña le van a corresponder más de 3000 de esos 16 000 millones, pero esto no va a solventar el problema financiero de Cataluña generado solo por la pandemia. Usted sabe que en la entidad metropolitana del transporte de Barcelona el déficit que se ha generado es de cerca de 800 millones de euros, por tanto, los 200 y pico que nos podrán tocar de estos 800 serán absolutamente insuficientes. Por tanto, aquí está nuestra primera pregunta. Señora ministra, cuando quede acreditado que las comunidades autónomas van a tener un gasto sanitario superior a estos 9000 millones de euros, que van a tener una pérdida de recaudación superior a estos 5000 millones de euros, ¿el Gobierno va a actuar? Porque, señora ministra, no es de recibo que en estos momentos diga que con estos 16 000 millones las comunidades autónomas tendrán que cubrir su objetivo de déficit previo, porque eso no es realista. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí y lo saben todos nuestros conciudadanos. Por tanto, señora ministra, modifiquen los objetivos de déficit y sean realistas, porque no los va a cumplir ninguna comunidad autónoma y van a generarle un problema de financiación, de tesorería, a cada una de las comunidades autónomas. Usted decía que


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son 29 000 millones lo que han anticipado o generado a las comunidades autónomas. Estos 16 000 millones sí que son a fondo perdido, pero las entregas a cuenta significa que hoy nos los dan, pero mañana no nos los darán, y por tanto, los recursos son exactamente los mismos. En consecuencia, votaremos a favor pero denunciamos clarísimamente la insuficiencia de estos recursos.

Y voy a dedicar los últimos treinta segundos de esta intervención, señora ministra, a hacerle una reflexión en relación con las corporaciones locales. Hoy hablamos de comunidades autónomas, pero en la trinchera de toda esta lucha contra la pandemia están los concejales, están los alcaldes, están las corporaciones locales, y a estas hoy por hoy no se les ha solucionado nada. Les vamos a hacer una petición, y cuando digo esto utilizo un plural global. El conjunto de la Cámara la semana que viene -excepto el Partido Socialista si no reflexiona y se une a la votación- va a votar a favor de que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes de tesorería y de la aplicación de los superávits, sin que eso condicione su estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto para 2020 y 2021. Que la Cámara vaya a votar por unanimidad que la regla de gasto no se aplique a las corporaciones locales en 2020 y 2021, les tendría que hacer pensar. Señora ministra, respeten -es lo mismo que está pidiendo la FEMP- la voluntad de la Cámara.

La señora PRESIDENTA: Señor Bel, tiene que terminar, por favor.

El señor BEL ACCENSI: Voy terminando, señora presidenta.

Respeten la voluntad de las corporaciones locales porque no les están pidiendo mayor déficit, les están pidiendo poder aplicar los ahorros generados durante los últimos años para la lucha contra la pandemia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bon día.

Debatimos el real decreto por el que se crea un fondo COVID-19 destinado a la lucha contra la pandemia y la crisis derivada de ella. Celebramos, ministra, que estos fondos sean una transferencia directa y no supongan un mayor endeudamiento, como no podía ser de otro modo, y así se lo hicimos llegar en Comisión parlamentaria. No obstante, para el conjunto de los països catalans creemos que el reparto se podría haber hecho mejor, de un modo más eficiente y ajustado a la realidad. En el caso de Cataluña hay ciertos cambios en el volumen y en los criterios de reparto del tramo relativo a sanidad, entre lo que se anunció en un primer momento y lo que se ha acabado materializando, con los que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no por capricho, sino porque si el objeto de estos fondos es paliar los efectos de la pandemia, los indicadores que hacían referencia directa al impacto de esta, tales como el número de PCR, hospitalizaciones e ingresos en UCI, no deberían ver reducido su porcentaje sobre el total de fondos.

En líneas generales, entendemos que los criterios de distribución de estos fondos no son beneficiosos para Cataluña. Nuestra propuesta es que estos fondos deberían haber ido acorde con el impacto de la pandemia, que ha sido muy diversa en todo el territorio, y no utilizando algunos criterios como la población. En lo que se refiere a las Illes Balears -ya lo enmendamos en el primer real decreto-, creemos que deberían establecerse a efectos del cómputo de población como datos de referencia las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de este año, o en su defecto, las más actualizadas posibles, porque, como ya comentábamos, son datos que no se ajustan suficientemente a la realidad.

Para los fondos correspondientes al País Valencià queremos objetar que en el reparto del tramo correspondiente a la pérdida de ingresos debería incluirse el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya que hay que recordar que es uno de los impuestos que provoca más competencia desleal por parte de comunidades como Madrid. Esto ayudaría a aumentar los ingresos en aquellas comunidades que sí los recaudan, en detrimento de las que ejercen dumping fiscal y así contribuir en un reparto más justo y eficiente de los recursos.

Por otro lado, ministra, debemos eliminar de una vez por todas los asfixiantes y centrifugadores objetivos de déficit y normas austericidas como el techo de gasto. No tenían ningún sentido hasta ahora y


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no lo tienen ahora, y más aún en el actual contexto, cuando el consenso, y a nivel de toda Europa, se sitúa en que es más necesario que nunca realizar políticas económicas expansivas.

Sin embargo, este debate acaba desvelando inevitablemente la necesidad de incrementar la cantidad de recursos públicos para paliar el incremento del gasto público, porque están muy bien estos fondos no condicionados, pero sabemos que no serán suficientes. Usted ha dicho que sí lo serán en su intervención, pero no lo serán porque solo son parches de un modelo caduco e ineficiente que nosotros ya hace tiempo denunciamos. En el momento actual, apelamos al Gobierno progresista a impulsar políticas de izquierda, a realizar una reforma fiscal progresiva en la que paguen los que más tienen: impuestos a las grandes fortunas, impuesto a la banca, impuesto a las transacciones que graven los contratos derivados de las operaciones de alta frecuencia, más recursos para la lucha contra el fraude fiscal y la elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas. Ayer mismo conocimos que Inditex pagó el 70 % de sus impuestos fuera de España en 2019. Esto no es patriotismo. Cabe también explorar fórmulas para racionalizar el gasto público, por ejemplo, reducir el presupuesto destinado al Ejército y a la compra de armamento. Propusimos en la Comisión para la Reconstrucción rebajar un 40 % en tres años el presupuesto del Ministerio de Defensa, y hace pocos días, a través de una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta del compañero diputado Joan Josep Nuet y mía, supimos que el Estado español había financiado durante los últimos años con 12 710 millones de euros a empresas españolas de fabricación de armamento, un dinero que aún está pendiente de devolver, y que en este momento, a día de hoy, se están financiando trece proyectos de empresas de fabricación de armamento por valor de 17 600 millones. Nos parece un auténtico escándalo y una vergüenza que a día de hoy se destinen miles de millones de euros a fabricar armamento en un Estado que está sufriendo la peor crisis de las últimas décadas y donde las administraciones públicas están sufriendo para intentar dar los servicios básicos de sanidad y educación a sus ciudadanos. Y podríamos hablar también de los centenares de millones de euros públicos destinados a la monarquía española en estos últimos años, una institución anacrónica, manchada y salpicada por casos de corrupción, de transferencias por amor a paraísos fiscales, con maletas llenas de billetes y máquinas de contar efectivo en la Zarzuela. Cabría, pues, también recortar en las aportaciones públicas a la monarquía. De hecho, nosotros como republicanos e independentistas no destinaríamos ni un euro público.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Margall. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemo-En Común Podem-Galicia En Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà.

El señor ASENS LLODRÀ: Gracias, presidenta.

Permítanme que mis primeras palabras sean para expresar nuestra solidaridad hacia los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, de la CUP y de Junts per Catalunya. Ayer supimos que miembros de sus partidos e incluso el presidente del Parlament fueron espiados por las mismas cloacas que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo. Creo que es una buena noticia que ayer nos pusiéramos de acuerdo ocho formaciones, que supimos poner por delante aquello que nos unía, y no aquello que nos separaba, para denunciar esas prácticas delictivas que atentan contra la democracia (aplausos), porque, como decía el presidente Azaña, ninguna política se puede fundar en la voluntad de eliminar o neutralizar al adversario político.

En segundo lugar y entrando ya en el debate de hoy, lo que está en juego con este decreto no son las diferencias entre territorios, como han dicho algunos portavoces territoriales en su pelea por el trozo del pastel; lo que está en juego es el Estado del bienestar y el Estado autonómico. Como los antiguos triángulos ferroviarios, este decreto fija la dirección histórica por la que este Gobierno quiere transitar en la salida a la crisis en clave social y en consonancia con los consensos transversales de la sociedad. Los 16 000 millones de euros que aprobamos hoy son la mayor transferencia directa de dinero hacia los territorios que se ha hecho nunca. No hay precedentes en la historia de España, y son fondos no condicionados, sin intereses, y equivalen a más del triple del presupuesto de ministerios como el de Educación o el de Sanidad. Eso es cumplir con el mandato constitucional de defensa del interés general y de desarrollo del Estado autonómico en un país plurinacional como el nuestro. Y a diferencia de la anterior crisis, cuando el Partido Popular recentralizó y drenó los recursos de las comunidades, que, como saben, son las que tienen esas competencias, ahora no hay recortes ni privatizaciones. Con este decreto se apuntala a la sanidad pública y a sus profesionales en la lucha contra la pandemia y, por tanto, se


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apuntala al Estado autonómico y al Estado del bienestar. Se puede hacer más, sin duda, pero nunca se había hecho tanto. Como apunta en su último libro Xavier Domènech, el historiador y antes diputado de esta Cámara, las políticas de recortes durante la época de Rajoy iban de arriba abajo, de la troika o el Banco Central hacia los Estados y del centro a las periferias, del Estado central a las comunidades autónomas, desde una visión centralista y neoliberal. Eso fue tan evidente que hasta The Financial Times lo reconoció en 2012, e incluso acusó al Partido Popular de utilizar la crisis como excusa para reventar un sistema autonómico que su partido -y cito textualmente-, ideológicamente, detesta. Y es que ustedes se apuntaron a regañadientes al pacto del 78, pero nunca creyeron en la modernización y en la descentralización del Estado. Por ello, llevan en su programa electoral la paralización de la cesión de nuevas transferencias a los territorios o ahora exigen quitarles competencias como la educación. En verdad, ustedes declararon la guerra al Estado del bienestar y al Estado autonómico al mismo tiempo. Por eso, señorías, se puede hacer más, evidentemente, pero nunca se había hecho tanto.

Señora ministra, a pesar de eso creo que no nos podemos quedar ahí. En primer lugar, hay que ponerse a trabajar en un nuevo modelo autonómico de financiación que refuerce el autogobierno autonómico y sea solidario entre los diferentes territorios. Porque, señora ministra, el problema territorial de España no se llama Cataluña, el problema territorial de España se llama Madrid y dumping fiscal. Ese es el auténtico problema territorial de España, la insolidaridad de la Comunidad de Madrid. (Aplausos.) En segundo lugar, señora ministra, necesitamos una segunda ola de descentralización, y eso pasa por comprometerse con la voluntad de esta Cámara, con la mayoría política de esta Cámara, que, como saben, aprobó en la Comisión para la Reconstrucción una enmienda para romper el candado financiero que el señor Montoro había instalado contra los ayuntamientos para que no pudieran acceder a su superávit, a sus ahorros. Creo que hay que cumplir con ese mandato, con el mandato de esta Cámara, y permitir a los ayuntamientos acceder a sus ahorros, e incluso poderse endeudar a aquellos que, como el Ayuntamiento de Barcelona, tienen las arcas saneadas. Eso es lo que reclaman sus alcaldes, los alcaldes socialistas, como la mayoría de alcaldes de las grandes ciudades, como Sevilla o la propia Barcelona. Si en la Unión Europea se plantean flexibilizar el déficit, transferencias directas y la suspensión del Pacto de Estabilidad, eso también debe poderse plantear para los ayuntamientos. Lo que vale para Europa debe valer también para las administraciones más cercanas. Hoy precisamente se ha publicado una información donde aparece que usted propone a la Federación de Municipios gastar parte del superávit. Eso, evidentemente, es un paso, es un paso que alivia las finanzas de los ayuntamientos, pero es un paso insuficiente, porque, en el fondo, lo que están proponiendo es un préstamo de los ayuntamientos al Estado, que los ayuntamientos hagan de banco del Estado. Ustedes plantean devolverles un 35 % en 2020 y 2021 y el resto en diez años, y además de forma condicionada. Eso no es lo que necesitan los ayuntamientos. Y no es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia y eficacia. Ministra, quienes venimos del mundo local y hemos tenido responsabilidades de Gobierno sabemos lo indispensable que es en momentos muy difíciles dar respuesta inmediata a la ciudadanía y cómo esa respuesta siempre en primera instancia proviene de los servicios sociales de los municipios. La nueva normalidad no ha de ser que los ayuntamientos vuelvan a financiarse con la venta de suelo público o con pelotazos urbanísticos, como ya anunció el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. La nueva normalidad exige reforzar la financiación local con fondos estatales pero también con fondos europeos. Los ayuntamientos -y acabo, presidenta- son la punta de lanza del progreso social, del progreso medioambiental y cultural de la sociedad; la primera trinchera, el primer dique de contención en esta crisis, la principal palanca de cambio democrático. Por eso, cuando se ahoga financieramente a los ayuntamientos, se ahoga también a la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Asens. (Pausa.-Se procede a desinfectar la tribuna por una trabajadora del servicio de limpieza.) Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Rodríguez Herrer.

La señora RODRÍGUEZ HERRER: Gracias, presidenta.

Ministra, señorías, subo a la tribuna para fijar nuestra posición en la convalidación del real decreto-ley, que hace el número veintidós de este año. Detrás de esta convalidación hay otras tres -ya van ustedes por el número veinticinco-, casi salimos a uno por semana.

En relación con su contenido, para comenzar mi intervención voy a hacer dos reflexiones. La primera es que nos parece una oportunidad desaprovechada el hecho de que no aceptara la posibilidad de


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trasladar una parte de los fondos al ejercicio 2021, al menos los relativos a Educación. Por cierto, en el Ministerio de Educación están diciéndoles a los consejeros del ramo que son para todo el curso, para los dos ejercicios, y esto no será posible legalmente. En fin, de aquí a fin de año tiene tiempo de arreglarlo, porque tiene toda la lógica.

La segunda reflexión es la relativa a la incondicionalidad de los fondos que se van a hacer llegar a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Esta es una cuestión que se recoge de forma clara en el texto -usted lo ha dicho, ministra-, el texto que convalidamos hoy, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 16 de junio y que, sorprendentemente, ha sido objeto de polémica en la Comisión de Reconstrucción. La verdad es que la posición de su partido en esa Comisión, a escasos días de aprobar lo que aprobaron, resulta difícil de entender.

Esta mañana hemos oído unas cuantas cosas respecto a la materia de este real decreto-ley, y también otras cosas que no tenían nada que ver, pero lo cierto es que con él dan cumplimiento a una obligación; un poco tarde, pero se cumple. Cuando hay una catástrofe -y la pandemia lo ha sido- el Gobierno debe atenderla. Tenemos otros ejemplos territorialmente localizados en España en otros años, y eso es lo que se está haciendo con este real decreto-ley. Eso es, por otra parte, lo que estamos demandando de Europa en estos días, que el fondo de reconstrucción europeo favorezca más a los países más afectados; aunque se financie con endeudamiento de todos los países miembros, en última instancia, por su financiación, se vincula al presupuesto comunitario.

Señora ministra, usted ha cumplido con su obligación y por eso vamos a apoyarla, pero sus deberes no han acabado. Usted, que cuando sale a la ruedas de prensa del Consejo de Ministros como portavoz es especialista en ponernos obligaciones a los demás, especialmente a nosotros, tiene bastantes cosas por hacer. En primer lugar, antes de pedir acuerdos para aprobar los presupuestos, debe confeccionarlos. Lo que aprobaron ayer no basta. Debe ponerse a trabajar con el Ministerio de Economía y presentar sus fundamentos, de acuerdo con las prescripciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento suscrito en Europa. Ya sabemos que en 2021 todavía estará activa la cláusula de escape, pero 2022 está ahí mismo y los cálculos deben ser creíbles. Si no cumplimos con nuestras obligaciones, ¿cómo vamos a demandar apoyos? Fíjese en lo que dijo Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, el lunes: que deberíamos empezar por resolver nuestros problemas internamente, y no poner todas nuestras esperanzas en que nos los resuelvan los demás.

España, señora ministra, necesita transparencia en sus cuentas públicas, y de eso andamos un poco escasos. Luego no se extrañe de lo que dicen algunos. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos no ha comparecido ante la Comisión para informar sobre la evolución presupuestaria en todo lo que llevamos de legislatura, y tampoco en la otra, aunque fuera especial. Y la recomendación que hicimos en la Comisión para la Reconstrucción respecto a la presentación lo antes posible de una senda de consolidación fiscal en línea con lo solicitado por el gobernador del Banco de España se tildó de ideológica y se rechazó. Bueno, se rechazó, como todo lo demás en el área de reactivación económica, sin el más mínimo atisbo de acercamiento. La verdad, señora ministra, no sé cómo no se sonroja cuando martes tras martes y algunas veces también los viernes nos reclama lo que nos reclama, para que luego su jefe, el presidente del Gobierno, diga todo lo contrario en un diario italiano: que con nosotros ni se acuerda ni se tiene la intención de acordar. En fin.

La AIReF ha sido el último organismo en revisar a la baja la estimación de crecimiento para este año, y antes el Banco de España, la Comisión Europea, la OCDE. Para salir de esta, España necesita crecer, cambiar la tendencia de verdad. Nos dicen que no alcanzaremos los niveles precrisis hasta finales de 2022, y del empleo ni se sabe, y para eso es imprescindible que ustedes acierten con la política fiscal, que se la tomen en serio, que utilicen esta potente herramienta de política económica en sus dos vertientes de ingresos y gastos para generar crecimiento y crear empleo, para restablecer la confianza y la credibilidad española, para no generar suspicacias en muchos de nuestros socios de la Unión Europea, para que no se dé esa recuperación asimétrica, no la de nuestra V, sino en relación con los vecinos, respecto a otros países, de la que se habla en estos días, que nos volverá a separar de ellos. Así, se resolverá una parte de esos problemas, podrá cuadrar las cuentas -ya se ha hecho con anterioridad-, pero también se resolverán los problemas de muchos españoles, favoreciendo su autonomía -no apesebrándolos con subvenciones-, permitiendo que miren con esperanza su futuro, asegurando el cobro de suspensiones.

En este sentido, ¿cuándo piensa convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Lo ideal hubiera sido que en este órgano se discutiera, al menos algo, el reparto del fondo objeto de este real decreto-ley, como ha dicho otro compareciente antes. A lo mejor también se hubiera hablado de la


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liquidación del IVA, ¿le suena? No ha sido así. Sin embargo, su convocatoria es urgente, pues las comunidades autónomas necesitan las previsiones del Gobierno para cumplir con sus obligaciones presupuestarias, para planificar 2021, que no va a ser un año fácil; necesitan sus escenarios de déficit, incluyendo su propia cláusula de escape; ir tomando medidas, preparándose para seguir prestando los servicios básicos: sanidad, educación, asistencia social a todos sus ciudadanos. Esto también es urgente y está en su ámbito de competencias. Y, cómo no, la convocatoria del Consejo es también urgente porque debe acometerse la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, que tantas diferencias produce entre españoles. Nació desequilibrado y se ha desequilibrado aún más con el paso del tiempo. El propio reparto de este fondo ha hecho que esas diferencias vuelvan a reivindicarse -se han reivindicado aquí esta mañana- en regiones, por ejemplo, como la de Murcia, que adolecen de un claro déficit de financiación.

Concluyo. Esto lo ha hecho, aunque nos podíamos haber ahorrado parte del debate, por los cambios en los criterios de reparto, que no han dejado satisfechos a muchos. Sin embargo, como le decía, estamos esperando para ver si lo que le queda por hacer, y en un plazo relativamente breve, lo hace razonablemente; si no, no cuente con nosotros, ministra, para que le firmemos contratos de adhesión. Los acuerdos no son buenos por ser acuerdos, sino por lo que se acuerda, por su contenido. Téngalo, por favor, en cuenta para el futuro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.

Señorías, nuestro país está enfrentando la mayor crisis sanitaria conocida. La pandemia COVID-19 continúa acechándonos. El impacto del virus es desigual, pero el desafío que supone es global y compartido. La complejidad del momento es indiscutible, y las respuestas ante esta situación más que nunca necesitan ser también compartidas. Y eso es lo que consigue el Gobierno con el real decreto-ley que hoy trae a su convalidación, logra dar una respuesta conjunta y decidida a la difícil situación financiera sobrevenida que están padeciendo las comunidades y ciudades autónomas, sobre las que recaen los peores efectos de la pandemia. Y esto es porque les recuerdo que son las comunidades autónomas las competentes en materia de sanidad, educación y servicios sociales, servicios que constituyen la mayor parte del Estado del bienestar y que están siendo claramente afectados por los efectos de esta crisis. Tienen que hacer frente a mayores gastos sanitarios y de salud pública y disponen de menores ingresos ante la caída de la actividad económica provocada por las medidas de confinamiento.

Se trata de una respuesta conjunta, porque es fruto de la interlocución del Gobierno central con los distintos Gobiernos autonómicos. Muestra de ello son las distintas conferencias de presidentes realizadas, en las que se anunció por primera vez este fondo, y también es resultado de las conversaciones mantenidas por la ministra con los consejeros autonómicos. No se ha querido dejar a nadie al margen ni hay intención de dejar a nadie al margen. Ha sido una respuesta decidida, que se concreta en la creación de un fondo excepcional, justo y apropiado al Estado autonómico en el que vivimos y compartimos, con el que fortalecer y reforzar los servicios públicos fundamentales, que están siendo esenciales ante la crisis sanitaria para que la ciudadanía pueda ser atendida con garantías en cualquier parte del Estado; un fondo que, sin duda, constituye un hito histórico en nuestro país, un hecho trascendental y crucial, no solo por la cuantía de 16 000 millones de euros, sino también por las propias características del mismo, ya que, en primer lugar, es la mayor transferencia de recursos aprobada para el conjunto de las comunidades y ciudades autónomas al margen del sistema de financiación, que las dota de mayor liquidez. En segundo lugar, son transferencias no reembolsables, en lugar de préstamos, por lo que no tienen que devolver estas cantidades, no les generará ni más deuda ni más intereses, otorgándoles con ello mayor solvencia. Y, en tercer lugar, son recursos de carácter no condicionado que se ponen a disposición de las comunidades para otorgarlas estabilidad y capacidad de decisión, de adaptación y respuesta ante las adversidades sobrevenidas.

Ante esto no nos extraña que VOX se desmarque y pida el voto en contra, pues este fondo, sin duda, es una apuesta decidida por nuestro modelo de Estado compartido en la Constitución española y difiere radicalmente del modelo de VOX. Para ustedes -ya hemos oído-, ¿mando único? Nosotros defendemos un modelo compartido. Mientras que con este fondo pretendemos fortalecer el Estado autonómico y


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asegurar que la atención a la ciudadanía no queda resentida, el Grupo de VOX pretende debilitarlo para hacerlo desaparecer, suprimiendo toda la capacidad normativa y de gestión de las propias comunidades, objetivo que recoge su propio programa electoral y que es reflejo de su defensa del voto en contra de este real decreto-ley. Señorías de VOX, su actitud descalificante les delata como único método de oposición que tienen, y su posición en contra les aleja todavía más de las soluciones factibles para la ciudadanía.

Por tanto, señorías, ustedes han hablado de muchas cosas, pero lo que está claro es que el Gobierno lo que está defendiendo es el interés de todos y de todas, porque este real decreto-ley es la consecuencia de un gran trabajo, un trabajo intenso presidido por el interés común por conseguir soluciones compartidas. Nuestra más sincera felicitación a todas y a todos los que han contribuido a hacer posible dar una respuesta inmediata a los efectos perniciosos de la crisis por el COVID sobre las cuentas públicas autonómicas, porque, sin duda, ante situaciones sin precedentes y sobrevenidas, debemos apoyar medidas extraordinarias e inéditas, y este fondo lo es.

Todos, absolutamente todos perdemos con la pandemia, y con este fondo se pretende apoyar a todas las comunidades sobre la base de criterios realistas y transparentes. Siempre pueden ser cuestionados los criterios, nunca son a gusto de todos, pero ello no puede ser nunca la causa para el voto contrario a la convalidación de este real decreto-ley que permite a las comunidades la transferencia de fondos extraordinarios. Son nuevos recursos distribuidos en cuatro tramos: dos, como explicaba muy bien la ministra, alcanzan los 9000 millones de euros sobre la base del criterio asociado al gasto sanitario y pretenden cubrir el impacto de la pandemia en distintos periodos temporales; un tercer tramo son 2000 millones de euros sobre la base de la población en edad escolar, poniendo en valor la importancia de la educación. La pandemia ha puesto al descubierto la desigual capacidad de adaptación a la transformación digital, y distintas comunidades han tenido y tendrán que afrontar importantes gastos e inversiones en educación para paliar estas debilidades y reducir la desigual capacidad de respuesta ante la adversidad, siendo imprescindible atender a los niños más vulnerables. Y, finalmente, la incorporación de un último tramo dotado de 5000 millones de euros para hacer frente a la menor recaudación por impuestos autonómicos derivados de la actividad económica. Tampoco se olvida el real decreto-ley de dos cuestiones importantes: primera, permitir de manera excepcional que las comunidades con superávit en años anteriores y pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia y, segunda, una reserva de 800 millones para hacer frente al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público. Es cierto que las medidas nunca nos parecen suficientes. Las necesidades son muchas y los recursos limitados, pero, sin duda, con este real decreto-ley todas las comunidades salen beneficiadas al poder disponer de unos recursos con los que no contaban a priori, y esto, señorías, no se puede votar en contra. (Aplausos.)

En definitiva, estamos aprobando la creación de un fondo que es de todos y para todas las comunidades y ciudades autónomas y en el que prima el interés general. Nuestra prioridad es la atención a las personas ante la necesidad, y por ello los socialistas votaremos sí, convencidos de que es una buena medida, necesaria, transparente y con criterios de reparto objetivos, razonables y razonados, porque ante situaciones extraordinariamente adversas, y esta lo es, es responsabilidad de todos y todas alcanzar soluciones compartidas, excepcionales y urgentes. Por tanto, señorías, por responsabilidad y por lealtad a la ciudadanía, hagamos lo posible y votemos todos juntos sí. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Blanquer. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

- REAL DECRETO-LEY 23/2020, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS EN MATERIA DE ENERGÍA Y EN OTROS ÁMBITOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000024).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


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La señora VICEPRESIDENTA CUARTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (Ribera Rodríguez): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Vengo esta mañana a esta Cámara a solicitar la convalidación del Real Decreto-ley 23/2020 y a proponerles que aquellas medidas que ustedes estimen conveniente que sean modificadas, observaciones o mejoras, las tramiten como enmiendas al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, dado que la gran mayoría de los contenidos de este real decreto-ley, a cuya convalidación les invito hoy, coinciden con propuestas incluidas por el Gobierno en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética remitido el pasado mes de mayo a esta Cámara. La pregunta evidente que muy probablemente ustedes se harán es por qué adoptar un real decreto-ley como este si la gran mayoría de sus contenidos se habían incluido en el proyecto de ley de cambio climático. La respuesta es sencilla: porque, siendo asuntos incluidos y propuestas maduras, urgentes e imprescindibles, la incertidumbre de la crisis y la necesidad de posicionarnos de cara a la recuperación obligaban a actuar con rapidez y a generar y a facilitar un marco previsible de actuaciones que asegure un contexto atractivo y confiable para la inversión, activando una de las palancas más productivas para el empleo y la recuperación; cuanto antes, cuanto mejor estructuradas y cuanto mejor orientadas, mejor. Y es que es urgente reactivar la economía y promover la generación de empleo con medidas que maximicen el efecto tractor de algunos de los sectores clave de nuestra economía, aquellos que tienen, como pocos, en el ámbito de la transición energética, un retorno en empleo y valor añadido por cada euro invertido; aquellos que permiten acelerar una recuperación sostenida en el tiempo, resiliente ante los desafíos a los que se enfrenta nuestro país y nuestra economía en los próximos años y décadas.

Ayer, desde esta misma tribuna, señalaba que existe un consenso generalizado, tanto a nivel nacional como internacional, en el que las medidas de inversión en transición ecológica, digitalización y, en particular, en el sector energético, en la innovación energética, son y deben ser la base de la recuperación. Si estamos comprometidos con la reactivación de la economía, con la generación de empleo, con la capacidad de ofrecer propuestas que resulten atractivas para inversores y empresas sostenidas en el tiempo, de calidad, que no queden amenazadas por nuevas demandas, que preparen a nuestro país para mantener la competitividad de los próximos años, es imprescindible alinear el estímulo de nuestra economía con los compromisos y las tendencias de medio y largo plazo. Afortunadamente, los sectores económicos e industriales de nuestro país están muy bien preparados para este reto. Por ejemplo, en energías renovables España fabrica el 90 % de los componentes necesarios para aerogeneradores y más del 60 % de los componentes necesarios en la operación de proyectos de energía solar. En electrificación y en eficiencia, hasta el 90 % de los bienes de equipo y de electrónica de potencia son de fabricación nacional, lo cual nos hace especialmente competitivos en infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico o en digitalización de redes. Es decir, no se trata solo de electrones verdes, sino que hablamos de industria, de empleo, de cadena de valor clave en sectores fundamentales para el conjunto de la economía mundial. Algo parecido ocurre con el sector de la construcción, capaz de reorientarse hacia la rehabilitación energética de edificios y barrios enteros, con efectos beneficiosos para vecinos y para la economía del país; o con la movilidad, vehículos y componentes o infraestructuras para una movilidad sostenible y conectada, que España debe liderar.

Estos mismos son los sectores que se incluyen como protagonistas en la propuesta de recuperación que la Comisión hace con respecto a los fondos que eventualmente podrían ayudarnos a nivel europeo. Y otra buena noticia: afortunadamente, España no parte de cero ante este reto, sino que cuenta con un Marco Estratégico de Energía y Clima que aúna creación de empleo, modernización de la economía y oportunidad para liderar cadenas de valor industrial, como en el sector de las renovables, tal y como acabo de explicitar. Es un marco imprescindible no solo para cumplir con los objetivos europeos de energía y clima, también para marcar un camino claro que permita al sector privado orientar sus inversiones y anticiparse a los retos financieros y empresariales que tiene por delante. El Marco Estratégico de Energía y Clima y, en particular, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son, en gran medida, una guía orientadora de las decisiones de inversión, que ofrece solvencia y credibilidad, confianza e interés, una herramienta clave de apoyo a la decisión.

Lejos de cuestionar los objetivos o posponerlos, la situación actual nos exige identificar aquellas líneas con mayor potencial sobre el empleo y la economía y anticipar o adelantar su puesta en marcha de cara a la estrategia de reconstrucción. Esto nos obliga a actuar en, al menos, dos grandes direcciones. Por una parte, activar con urgencia el marco normativo que estimule la inversión privada, genere


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demanda industrial e impulse la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio que nos permita seguir siendo punteros en sectores con futuro. Este es el principal objetivo del real decreto-ley que presento y que supone un salto significativo en la hoja de ruta hacia los objetivos de modernización de nuestra economía y nuestra industria. Pero adicionalmente debemos reforzar el apoyo a las inversiones imprescindibles en eficiencia energética, en energías renovables, en movilidad sostenible e innovación para activar estos sectores de forma inmediata y preparar la economía productiva para los retos venideros. Este es el contexto en el que cabe situar el acompañamiento a la transformación industrial que propone el Plan Moves, de movilidad eficiente eléctrica y sostenible, dotado con 100 millones de euros, las convocatorias dirigidas a energías renovables en territorios insulares, la línea de ayuda a la rehabilitación energética en edificios, dotada inicialmente con 300 millones de euros, o el nuevo programa de ayudas a las renovables innovadoras, dotado con otros 300 millones de euros. Y es que, señorías, es especialmente urgente activar y orientar la actividad económica para permitirnos absorber, de forma eficaz, los eventuales fondos europeos de reactivación, pensados y diseñados para facilitar la transición ecológica y la transformación digital. Así que, déjenme que subraye la trascendencia de este decreto-ley, que pretende ser la casilla de salida de inversiones significativas en renovables, en electrificación y en eficiencia energética.

Quiero presentarles brevemente, desde esta tribuna, su contenido, estructurado en cuatro grandes bloques, acompañados de algunas medidas adicionales que también introduciré. El primero de estos bloques está destinado a potenciar un desarrollo rápido y ordenado de las energías renovables. El segundo, el impulso de nuevas figuras y modelos de negocio, que permitan adaptar nuestra normativa al marco europeo y a las nuevas posibilidades del sector. El tercero, el fomento de la eficiencia energética, flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y, el cuarto, el mantenimiento de la actividad económica de las empresas garantizando su liquidez. Además, el real decreto-ley incluye una serie de medidas de reactivación sectorial, lideradas por los Ministerios de Hacienda, Transportes, Función Pública, Asuntos Económicos y Ciencia e Innovación, alineados con el necesario cambio de rumbo.

En el ámbito energético, el primero de los cuatro bloques, busca el desarrollo rápido y ordenado de las energías renovables, tal y como señalaba. Este bloque da respuesta a múltiples peticiones y preocupaciones que venían reclamando estas medidas, para asegurar un adecuado despliegue, un despliegue ordenado, de las renovables en nuestro país. Estamos en la década del despegue; una nueva revolución industrial que España está en disposición de liderar, sacando partido a todos sus beneficios en el conjunto de las actividades económicas y balanza comercial. El Gobierno ha propuesto una hoja de ruta para este despliegue en la próxima década, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que estimamos que, entre 2021 y 2030, se instalarán unos 60 000 megavatios renovables, que suponen inversiones por más de 90 000 millones de euros y generan entre 107 000 y 135 000 empleos netos durante la década. En 2030, nos marcamos el objetivo de que tres cuartas partes de la energía eléctrica que consumamos sean de origen limpio; y antes de llegar a 2050, nuestro sistema eléctrico debe ser 100 % renovable. Es un sector en disposición de crecer y liderar el impulso protagonista en la recuperación verde, y para eso necesita certidumbre y estabilidad. Una medida imprescindible consistía en poner freno a los movimientos especulativos en el sistema, que dificultan que los proyectos reales puedan culminarse y añaden sobrecostes injustificados que, a la larga, acabarían trasladados al consumidor cuando, ante la ausencia de una regulación específica, adecuada y modernizada sobre el acceso y conexión a las redes para la evacuación, nos hemos encontrado con una avalancha en los permisos de conexión a las redes eléctricas; una avalancha considerada ya una burbuja por muchos, que nos obliga a establecer un calendario de cinco hitos que todo promotor ha de cumplir para poder completar el conjunto del ciclo sin que la especulación acabe cargando la factura del consumidor. Se pretende resolver un crecimiento exponencial de solicitudes y actualizar el régimen de autorizaciones de acceso y conexión, ante la ausencia -como decía- de una regulación adecuada. El retraso en la toma de estas disposiciones hubiera implicado un aumento de costes y la paralización de proyectos de generación en avanzado estado de tramitación que, por indisponibilidad de un punto de acceso, no hubieran podido llevarse a cabo. Por otro lado, el crecimiento de los permisos especulativos hubiera acarreado incertidumbres sobre la evolución real de la inversión de la innovación con respecto a la capacidad de contar con un respaldo industrial real; un incremento artificial y evitable que hubiera inducido a costes en la construcción de las nuevas centrales que, en último término -como señalaba-, hubieran acabado pagando los consumidores de electricidad. Por ello, el decreto-ley sienta las bases de una reforma estructural en los criterios de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, acorde con los nuevos tiempos en los que ya no son pocas grandes


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empresas las que solicitan este tipo de permisos, sino una infinitud de actores que tienen capacidad para desarrollar proyectos. En segundo lugar, el real decreto-ley activa un nuevo sistema de subastas. El modelo vigente, del año 2013, se pensó, se concibió, en un momento en el que generar 1 kilovatio/hora renovable costaba más que el precio al que luego se vendía en el mercado, pero la situación actual es justo la contraria y esto es una excelente noticia. Es urgente que contemos con un sistema que sustituya el marco anterior de primas por un nuevo sistema que ofrezca al promotor un precio de la energía a largo plazo que, de hecho, será más barato que el mercado en el caso de las tecnologías más consolidadas, como son la eólica y la fotovoltaica. Este sistema permitirá trasladar al consumidor de forma inmediata, de forma directa, los ahorros que supone producir energía renovable y, además, estas nuevas subastas renovables garantizan la previsibilidad y estabilidad de ingresos que necesitan los inversores, favoreciendo por esta vía que promotores de todos los tamaños puedan participar en el despliegue en igualdad de condiciones y, con ello, impulsar empleo y actividad económica, así como la demanda industrial de los bienes de equipo necesarios para poder construir estas plantas.

El segundo bloque de este decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen desde este momento oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Decía: necesitamos estar preparados para nuevas demandas y nuevas oportunidades. Así, se introducen en la Ley del Sector Eléctrico algunas figuras novedosas. Por ejemplo, el almacenamiento, que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables y disminuir aquello que tradicionalmente se llamaba potencia de respaldo. La hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías en una misma instalación. Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa comunitaria se incorpora la figura del agregador independiente, introduciendo mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Y para favorecer la participación de los ciudadanos y la transición energética, se regulan las comunidades de energías renovables, permitiendo a ciudadanos y a autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades. Queremos también acoger y aprender de iniciativas innovadoras, liderar sin riesgos propuestas novedosas y disruptivas. Por ello, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i en este campo, y se hace posible establecer bancos de pruebas regulatorios, sandboxes, para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico, algo clave, fundamental, para atraer nuevas inversiones de calidad, punteras, a nuestro país. En definitiva, este segundo bloque busca que el sistema eléctrico español sea más dinámico, más ágil, más innovador, más atractivo, para que empresas nacionales e internacionales inviertan en innovación, en nuevas soluciones y modelos de negocio que generen actividad y empleo de alto valor añadido y largo recorrido. En suma, las modificaciones de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, buscan eliminar las barreras normativas que impiden u obstaculizan el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la innovación tecnológica y el despliegue masivo de renovables, minimizando el coste económico y ambiental.

El tercer gran bloque de este decreto-ley es el relativo al impulso de la eficiencia energética. Se prorroga el Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y se mejora el procedimiento de cálculo de las obligaciones. Así, garantizamos la continuidad de una herramienta fundamental para facilitar las inversiones en eficiencia a lo largo de la próxima década y para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Finalmente, en el último bloque, relativo al sector energético, y en atención a los efectos que la COVID-19 ha generado, se incluyen algunas medidas para garantizar la liquidez del sistema eléctrico -al que se inyectará el superávit que se logró el año pasado- y para acompañar a algunos agentes del sector, como pueden ser pymes comercializadoras. Estas medidas permiten que nuestro sistema eléctrico no quede desfasado en el momento en el que se reactive la demanda, a la vez que mantener una actividad intensiva en empleo y tractora de la industria de los bienes de equipo y electrónica de potencia con una elevada proporción de suministro de fabricación nacional.

El decreto-ley recoge también otras medidas adicionales urgentes ligadas al cambio del modelo energético. Por ejemplo, facilita que la industria electrointensiva pueda beneficiarse de los ahorros que suponen las energías renovables mejorando así su competitividad. En concreto, se crea un fondo a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, que ofrecerá cobertura pública a los contratos a largo plazo que la industria electrointensiva firme con plantas de generación renovable. Además, se dan nuevos pasos para garantizar que los proyectos renovables lleguen a zonas en las que se están produciendo cierres de centrales de carbón, que ya no son sostenibles económicamente, pero


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que requieren poder ofrecer alternativas a su población y comarcas y asegurar transición justa de este proceso energético. O bien una medida específica para acompañar el proyecto Islas 100 % renovables, autorizándose en este caso al IDAE para convocar ayudas destinadas a energía solar fotovoltaica en Canarias, la convocatoria SolCan, dotada este año con 20 millones de euros. Además, se dan nuevos pasos para garantizar que los proyectos renovables puedan ser también una de las realidades que impulsen o que acompañen a la promoción de la movilidad eléctrica. Se trata de una novedad importante, la promoción de la movilidad eléctrica, que requerirá el impulso de infraestructuras necesarias para crear estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas. Por ello, el decreto-ley introduce la declaración de utilidad pública de este tipo de infraestructuras asociadas a este nuevo tipo de suministros. O bien el incremento de la deducción en el impuesto sobre sociedades por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción, fomentando la inversión en innovación en este tipo de procesos en este sector industrial. O la autorización para destinar parte del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 para la renovación de flotas con vehículos de bajas emisiones y puntos de recarga en sus vías públicas.

Además, en el decreto-ley se incluye la prórroga del periodo transitorio de adaptación a las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios; la liquidación del canon ferroviario y la flexibilización de los arrendatarios de los locales comerciales sitos en las estaciones de ferrocarril; la liberación de la banda de frecuencia 694-790 megahercios, es decir, el llamado segundo dividendo digital; la ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la oferta de empleo público y de los procesos de estabilización de empleo temporal tras la crisis; la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para facilitar la cofinanciación pública de programas internacionales de I+D+i, y algunas medidas relativas al control sanitario de pasajeros internacionales en puertos y aeropuertos. Medidas todas ellas que, como se justifica, son necesarias y urgentes para continuar ahondando en el proceso de reactivación económica que nuestro país exige y que este Gobierno está abordando e impulsando.

Por todo ello, solicito a la Cámara la convalidación de este real decreto-ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, confiando en que los grupos parlamentarios la apoyen ante la trascendencia de las actuaciones que comprende, sabiendo que, especialmente en el ámbito de la transición energética, se trata de un paso importante en un camino largo, complejo, pero lleno de oportunidades y que merece la pena recorrer para ofrecer y asegurarnos un mejor futuro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

En turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días señora vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Durante el debate de totalidad del proyecto de ley de cambio climático y transición energética celebrado en la sesión de ayer, y en su presencia, desgrané algunos argumentos que doy por reproducidos para rechazar hoy la convalidación de este real decreto-ley que consolida la nefasta política energética que comenzó a desarrollarse en junio de 2018, tras la investidura de Pedro Sánchez vía moción de censura.

Señorías, como curiosidad cabe resaltar de este real decreto-ley que, cómo no, prima la propaganda; nada menos que veintiuna de las cuarenta y nueve páginas del texto que acaba de defender la señora Ribera se dedican al autobombo, es decir, a justificar lo requetebién de las medidas que el Gobierno viene aplicando en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Felicidades a los autores del publirreportaje, pero no cuela. De palanca impulsora y de transición justa, nada de nada. Como diputado por Asturias soy testigo de primera mano de los efectos que la frenética política energética del Gobierno del progreso desconocido ha tenido en las cuencas condenadas a desertización tras el cierre de los pozos mineros; en la industria metalúrgica y siderúrgica, que el pasado año, antes del coronavirus, perdió 5000 empleos; en las consecuencias socioeconómicas de los irresponsables cierres sin alternativa de las centrales térmicas de generación eléctrica -por cierto, hoy se anuncia otra más, el cierre de la central térmica de Soto de Ribera-; en el cumplimiento de sus propios compromisos para homologar los costes energéticos de la industria a la de sus competidores europeos, etcétera. Así las cosas, votaré en contra de la convalidación de este real decreto-ley que es más de lo mismo y profundiza en las medidas que tanto perjuicio están causando al empleo, a la economía y al futuro inmediato de los españoles, que


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hoy, como hace dos años, continúan pagando el precio más alto de la luz de la Unión Europea. Cada día encontramos una muestra palmaria de las consecuencias de una política radical y atropellada que está desmantelando una parte sustancial de nuestro tejido productivo. Hoy las medidas energéticas destruyen empleo en España en nombre de la descarbonización y lo promueven en Francia, en Alemania, en Marruecos o en China. El Gobierno contribuye un 0 % al cambio climático del planeta y un 100 % a la ruina de España. No cuente jamás con el voto de Foro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno.

El señor GUITARTE GIMENO: Gracias, presidenta.

Señorías, el pasado 30 de junio, es decir, hace quince días, cerró definitivamente la central térmica de Andorra, en Teruel, sin que se haya podido llevar a cabo todavía -espero que todavía- un convenio de transición justa o una transición justa que recupere el empleo perdido; que recupere el PIB perdido para la provincia de cerca de un 10 %; que recupere toda una comarca que espera un futuro nuevo y alentador en la transición energética. Nosotros valoramos positivamente el paso dado con este real decreto. Entendemos, como bien ha dicho la ministra, que es un adelanto de las medidas más urgentes que luego podría contemplar la ley de cambio climático y valoramos que se aceleren los plazos, que haya una transformación energética como una herramienta para salir de la crisis, que se legisle para que España pueda avanzar en el sector de las energías renovables y alcanzar un lugar puntero. Sin embargo, echamos en falta una serie de aspectos que olvida y que para nosotros son muy trascendentales.

En primer lugar, creemos que la transición en lo que más nos afecta a nosotros, que es la transición de los sectores tradicionales a los nuevos energéticos, a las energías renovables, debe impedir el carácter extractivo de estas tecnologías. No podemos consentir que en el territorio se siga viendo la implantación de la solar o de la eólica como un elemento extractivo, igual que sucedió con el carbón, con el hierro, con otros materiales u otras materias primas. Para ello, entendemos que debe procederse a una serie de medidas que hagan equivaler o asimilar esta nueva actividad a otras actividades que generan economía en el mercado. Para nosotros, por ejemplo, no basta con que una compañía o un inversor se ponga de acuerdo con el dueño del suelo para poder generar un proyecto eólico o solar. Ahí no solo estamos hablando del valor del suelo, hay una serie de valores sociales, públicos, como son la insolación, el viento, el patrimonio natural que son patrimonio de todos y eso se debe valorar. Creemos que se está actuando con demasiada ligereza, buscando un simple canon, un simple canon que, por cierto, fue recurrido por las compañías, aunque el Tribunal Supremo ha dado la razón y ha verificado que se puede ubicar un canon que repercuta a estas actividades en beneficio del desarrollo territorial de los pueblos en los que se ubican. Creemos que debemos ir a un concepto muy similar al que se practica en urbanismo, un concepto técnico-jurídico que recuerde cuáles son los aprovechamientos objetivos y cuáles son los aprovechamientos subjetivos, los que puede apropiarse el inversor y los que deben quedar para el territorio. En otros países estamos hablando de porcentajes infinitamente mayores de los que hablamos aquí de repercusión sobre el territorio; estamos hablando de países en los que el 25 % del beneficio va al territorio o países en los que el 33 % del beneficio va al territorio. Creemos que se debe caminar en ese sentido y regular, de una vez por todas, para que este, de verdad, sea un procedimiento de transformación energética que dé oportunidades de desarrollo al terreno en el que se implanta. Porque si no, estaremos repitiendo el mismo vicio que ha sucedido hasta ahora, estaremos implantando en el medio rural actividades que no quieren las ciudades y destinadas únicamente a suministrarles energía. Eso no puede ser así, hemos de aprovechar esta ocasión para generar desarrollo competitivo en todo el territorio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guitarte. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

En último lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.

El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días otra vez. Muchas gracias, señora presidenta.

Este decreto-ley es lo que se puede llamar una oportunidad perdida y no será porque no se le haya dicho a este Gobierno desde esta Cámara. El 16 de junio se aprobó aquí mismo una proposición no de ley sobre energía que no se ve reflejada en este decreto. Podemos entender que no les dio tiempo a incluirlo


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en este texto, pero el tema ya venía de antiguo. Tampoco han aprovechado ustedes los numerosos decretos-leyes que han venido aprobando, el último la misma semana pasada. En fin, aunque hay cosas positivas en este decreto-ley, sin embargo han dejado insatisfechos a los pequeños eólicos y han dejado totalmente insatisfecha a la industria electrointensiva. El tema es grave y verdaderamente urgente, más que muchos otros asuntos que se han aprobado en estos meses. Sin la interrumpibilidad -que siguen sin convocarse las subastas para el segundo semestre del año 2020 mientras continúa vigente en Francia, en Alemania y en Portugal-, sin la compensación de CO2, el diferencial de energía en España con respecto a los países de nuestro entorno en estos momentos va a resultar insalvable y tiene un gravísimo riesgo de deslocalización de la industria básica española. Siguen sin aprobar el estatuto de las electrointensivas y no sabemos si van a atender las alegaciones de Cantabria, de Asturias y de Galicia. Si la industria ya estaba sufriendo una grave crisis con cierres como Sniace, Alcoa, Nissan, etcétera, hemos tenido que añadir la catástrofe de la pandemia. En este sector las consecuencias son para siempre. Aquí sí se cumple lo de la excepcional urgencia y necesidad de los decretos-leyes. Además, en este decreto-ley ustedes han incluido un artículo sobre el superávit de las entidades locales que va contra la opinión de la mayoría de esta Cámara. En el Real Decreto-ley 11 incluyeron una cláusula sobre el uso del superávit totalmente insuficiente, con la protesta de todos los ayuntamientos de España. El 20 de mayo yo mismo le interpelé nuevamente sobre el asunto y ahora incluyen únicamente un 7 % del superávit de 2017 para comprar coches eléctricos, que la mayoría de los ayuntamientos no necesitan para nada. Le digo lo mismo que en la materia de energía, han tenido quince decretos-leyes más en los que se ha visto su nula voluntad. Siguen desoyendo a todos sin ninguna explicación convincente. No sé si van a poder comprometerse hoy a algo concreto que pueda hacer que votemos a favor de la convalidación, porque ya hemos visto que este Gobierno hace un caso escaso de esta Cámara, incluso cuando lo aprueba con el apoyo de sus grupos parlamentarios.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Le adelanto, ministra, que nosotros votaremos a favor del Real Decreto-ley 23/2020 que hoy se debate aquí. Un decreto que, además, entendemos que ha aprobado un gran porcentaje de los contenidos de la Ley de cambio climático y transición energética, cuyo debate de totalidad tuvo lugar ayer en esta Cámara; un decreto que para nosotros es positivo y del que destacamos los siguientes aspectos: trata de resolver la burbuja de solicitudes de acceso, reducir la especulación en la tramitación de nuevos puntos de conexión y, además, establecer plazos más concretos y restrictivos para la tramitación de permisos de acceso. Se contemplan subastas por tecnología con criterios de localización, y para nosotros esto es importante, por ejemplo, para proyectos de generación con biomasa. Se modifica también el Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica para agilizar las tramitaciones, ya que se fijan plazos máximos de respuesta de las administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general. Se crean nuevos sujetos dentro del sector eléctrico: titulares de instalaciones de almacenamiento, agregadores independientes y comunidades de energías renovables, con lo cual entendemos que desde luego se va a favorecer un nuevo mercado eléctrico. Se integra regulatoriamente la actividad de almacenamiento y vertido de energía previamente almacenada, una medida que entendemos que va a ayudar a esa casación entre oferta y demanda. El decreto favorece la implantación de puntos de recarga ultrarrápida y, además, prevé establecer bancos de pruebas regulatorios en los que se desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación y la innovación en el ámbito del sector eléctrico, una medida que desde luego entendemos que puede ser buena sobre todo para dar cobertura a proyectos como el Iremel. En cuanto a la retribución de la cogeneración, residuos y biomasa, con el fin de mitigar el impacto del COVID en la industria cogeneradora, se aprueba una revisión extraordinaria de los parámetros retributivos de la cogeneración, residuos y biomasa para reflejar el valor real del precio de mercado y el precio del CO2 durante el estado de alarma. Una medida que es positiva, pero aquí sí queremos volver a incidir en la necesaria revisión de la cogeneración, para que se establezca un nuevo marco regulatorio como medida de eficiencia y de competitividad industrial.


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Hay algunas otras medidas que nos pueden generar alguna duda. Por ejemplo, se fija como competencia de la Administración central la autorización de infraestructuras eléctricas asociadas a estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kilovatios, que excedan el ámbito territorial de las comunidades autónomas, y en este sentido nos cuesta pensar un poco cuáles son estas infraestructuras de recarga que puedan exceder ese ámbito territorial. Entendemos también que, a lo mejor, se da demasiado margen al Consejo de Ministros, que podría proceder a la modificación de aspectos puntuales de los planes de desarrollo de la red de transporte, cuando la construcción de determinadas instalaciones resulte crítica para la transición energética y la electrificación de la economía y estas no estuvieran contempladas en el instrumento de planificación vigente. Además, se equiparan a nivel de autorizaciones necesarias las instalaciones de recarga de más de 250 kilovatios con las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, y nos parece excesivo, aunque deja la puerta abierta a que la Administración pública competente establezca que no queden sometidas a las autorizaciones administrativas previas.

Por otro lado, a pesar de que el real decreto ha incrementado el límite de inversión de la distribución del 0,13 % al 0,14 % del PIB, este incremento fijado quizá no ha sido el esperado. El Pniec indica que se requieren 22 500 millones de inversión en redes de distribución y, con los límites establecidos, solo se llega a 14 500 millones, por lo que habrá que incrementar la inversión en un porcentaje mayor, y es que el límite fijado creemos que no va a permitir poner las redes en el Estado al nivel requerido por el pniec para el nuevo sistema eléctrico renovable, distribuido y digital. Este límite quizá debiera repensarse, modificarlo e incrementarlo en un porcentaje mayor. Y luego sin tener nada que ver con el tema energético, hay otra serie de medidas, como son los arrendamientos para uso distinto de vivienda, los OPE, procesos de estabilización de empleo temporal, que desde luego nos parecen correctas.

A pesar de todas estas matizaciones, como he dicho al principio, vamos a votar a favor del real decreto-ley y consideramos que no es necesaria su tramitación como proyecto de ley, ya que las enmiendas que se puedan suscitar podrán ser incluidas en la Ley de cambio climático, cuyo plazo está abierto hasta septiembre, con el fin de no duplicar trámites y no solapar este real decreto con la ley.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Cepeda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.

La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.

Buenos días de nuevo. Ayer en este mismo Pleno debatimos la enmienda presentada por VOX de devolución de la Ley de cambio climático. La inmensa mayoría de las fuerzas políticas defendimos desde esta tribuna la necesidad de tener un marco jurídico en este ámbito de actuación, dado que es importante que exista seguridad jurídica para los sectores más afectados, como la industria y la energía, que quizá son los que más la necesitan. Como dije ayer en representación de Ciudadanos, esta ley que trae el Gobierno a esta Cámara necesita muchísimas mejoras, además de consenso en su tramitación, dada la envergadura de la materia. Paralelamente, el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 23/2020, que llega hoy al Congreso para su convalidación, y desde aquí quiero hacerle una pregunta, señora vicepresidenta: ¿cree realmente que la materia que hoy debatimos por su importancia, por el efecto que tendrá sobre la industria y el necesario consenso para su aprobación merece llegar por la vía del real decreto-ley?

En este texto encontramos esencialmente una serie de cambios legales en distintas leyes, que habilitan al Gobierno a realizar diversas actuaciones en el marco de la transición energética. Paradójicamente, el texto fundamenta su razón de ser en establecer un marco atractivo y cierto para las inversiones que se requieren para esta transición, lo cual no es compatible con el cambio de rango de ley a través del instrumento del real decreto-ley frente a un proyecto de ley ordinaria. De este modo, el real decreto-ley establece algunas modificaciones sobre La Ley del Sector Eléctrico de 2013, una de las piezas fundamentales, si no la más importante, de la actual regulación energética de España y uno de los textos más amplios y profundos del ámbito legislativo español. La primera de estas modificaciones busca regular la problemática existente con los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica, que ha dado lugar a una burbuja especulativa con estos elementos en el sector eléctrico, lo que a su vez ha conducido a un entorno de inseguridad y falta de progresos en el ámbito de la instalación de nuevas infraestructuras renovables. El Gobierno, a partir de este real decreto-ley, crea cuatro tratamientos distintos para los sujetos titulares de estos activos, lo cual da cuenta del importante cambio regulatorio que tiene lugar.


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La siguiente modificación afecta al método de introducción de las energías renovables con el apoyo del régimen especial a través de los métodos de concurrencia competitiva, es decir, las subastas de renovables. El texto habilita al Gobierno a establecer nuevas subastas para la introducción de estas energías en el mix energético permitiendo que operen más variables que las establecidas por la ley de 2013 en relación con la tecnología, la variable a subastar o el apoyo económico. El real decreto también introduce nuevas figuras sobre el texto de 2013 para incluir nuevos elementos fruto de la mejora tecnológica. Con el objeto de fomentar la movilidad eléctrica también se establece que a aquellas estaciones de recarga con potencia superior a 250 kilovatios les será otorgada la declaración de utilidad pública. Otro de los elementos destacables es la reforma del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que fue constituido en virtud de una norma con rango de ley, la Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta reforma permite ampliar su límite temporal, próximo a finalizar, y la adaptación al procedimiento de cálculo de los sujetos obligados. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.)

Tampoco hay que obviar elementos como la disposición adicional primera, que se refiere esencialmente a la planificación del sistema, dado que opera sobre las capacidades de los nudos de conexión de aquellas centrales que dejan de operar. Cabe destacar también la transformación y adaptación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, creado con la Ley 66/1997. Finalmente, el texto permite hacer uso del superávit acumulado del sector eléctrico en ejercicios pasados para compensar el déficit, si bien es cierto que no está claro que esta cuantía sea suficiente para compensar el desequilibrio que se produzca este mismo año.

En realidad el texto no plantea grandes elementos de conflicto, aunque sí arroja algunas dudas fundamentalmente en lo referido al modelo de subastas, que se detalla a través de real decreto sin tramitación parlamentaria. Sin embargo, sí es un elemento reprochable el uso excesivo y no justificado de los decretazos, que se utiliza en esta ocasión y que privan al Parlamento de algunas de sus funciones de control y legislación y a los propios agentes del sector de una sólida y deseable seguridad jurídica. Nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación para la convalidación de este real decreto por los motivos que he comentado, y lo hace solo y exclusivamente pensando en la industria porque así nos lo han trasladado y lo han comunicado los profesionales a todos los que les han querido escuchar. Se necesitan cambios que mejoren todo lo relacionado con la energía porque actualmente la industria y los consumidores soportan unos costes energéticos muy elevados. Para la industria prácticamente son inasumibles. Y no solicitaremos que se tramite como proyecto de ley porque entendemos que los diferentes consumidores no se verán beneficiados por la tramitación en paralelo de este real decreto como proyecto de ley y de la Ley de cambio climático que podría coincidir en el tiempo.

Quiero terminar volviendo a pedir al Gobierno y a los partidos que lo sustentan que trabajen con los partidos de la oposición con la intención real de buscar consensos en la tramitación de la Ley de cambio climático, porque desde Ciudadanos presentaremos enmiendas para todas las materias que se pretenden regular, incluidas las contenidas en este real decreto. Dejen de patrimonializar la lucha contra el cambio climático porque es un reto de todos en el que no sobra nadie. Flaco favor hacen respecto a la concienciación y actuación contra este grave problema para las futuras generaciones apropiándoselo y no permitiendo que el resto de partidos podamos sumar y mejorarlo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Gracias, señor presidente.

Una vez más el Gobierno vuelve a olvidarse en este decreto de incluir medidas necesarias, imprescindibles y realmente urgentes para Galiza. El BNG ha planteado distintas iniciativas al respecto, pero siguen sin atender la situación de las zonas que llevan ya tiempo sufriendo las consecuencias del proceso de descarbonización y de una transición energética que, por ahora, no podemos decir que sea justa. Así, a nuestro juicio, sería necesario modificar la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Aguas para que, cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón y para promover un proceso de transición justa, se establezcan requisitos para el acceso al punto de evacuación y otorgamiento de nuevas concesiones favoreciendo la instalación de proyectos en los territorios afectados en los que se ponderen los beneficios medioambientales, sociales, los proyectos de desarrollo económico y planes


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industriales asociados. También sería necesario apostar por compromisos adicionales de participación pública en el capital social del proyecto de nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energías renovables.

No se hace mención a una convocatoria específica de concurrencia competitiva para la asignación de potencia instalada, energía eléctrica o combinación de ambas en la que se priorice a aquellos que apuesten por la protección medioambiental y contenido social y contemplen proyectos de desarrollo económico o planes industriales asociados. Se desaprovecha la oportunidad para regular cambios profundos, importantes y necesarios, como la reversión a favor del sector público de las concesiones hidráulicas -muchas en Galiza- cuando estas terminen, mientras se pierde el tiempo en modificaciones gestuales como la propuesta para el superávit de las entidades locales sobre la base de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que solo contaría con el apoyo del BNG si se tratase de su derogación y, desgraciadamente, no es así. Entenderán que por estas y algunas otras razones no vamos a apoyar el real decreto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra la señora Sabanés Nadal.

La señora SABANÉS NADAL: Gracias.

Señorías, en Más PaísEquo tenemos una visión conjunta de lo que hoy estamos debatiendo, de lo que debatimos ayer, de lo que tenemos que hacer hoy y una perspectiva estratégica con el horizonte 2030. Es difícil disociar una cosa de las otras y, por tanto, queremos tener esta visión. Nos parece que es un paso adelante, es urgente, necesario y preciso hacerlo en este momento porque es muy importante modificar la regulación de las energías renovables de forma competitiva para la transición energética, ya que introduce figuras como las comunidades ciudadanas de energía y elementos que mejoran la planificación con el horizonte 2030 y, además, cambia y mejora el sistema de subastas, y me parece muy importante -por cuestión de tiempo no puedo atender a todo- la regulación de los puntos de acceso y conexión. Evitar la acumulación, la especulación, la saturación y, consecuentemente, las burbujas, es fundamental para la transición energética. Ese es un punto fundamental.

¿Qué echamos de menos? Pues creo que, a medio plazo, tendremos que abordar el tema de las políticas fiscales porque es fundamental también para la transición energética. Quizá se podrían haber fijado objetivos más concretos en el número de viviendas en cuanto a la rehabilitación con criterios de eficiencia energética. Haremos aportaciones en el marco combinado que he explicado entre el real decreto y la Ley de cambio climático. En términos generales creo que vienen unos procesos enormemente complejos y complicados y, por lo que a veces escuchamos a unos y a otras, quizá deberíamos abordar en algún momento y regular la transparencia de las agendas o los registros de lobbies. Me parece que, con lo que tenemos entre manos en este momento, es bastante importante hacer la distinción entre los discursos reivindicativos y los discursos lobistas. Para eso, nada mejor que la transparencia en nuestras agendas y registros de lobbies para saber en qué está cada cual y qué defendemos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.

Señorías ministra, le avanzo que vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley y que no vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley para evitar disfunciones con otras iniciativas legislativas, que justamente se discutieron ayer en esta Cámara y que creemos que deben ser el centro del debate. Por tanto, vamos a pedir que se centre todo el debate en el marco de la Ley de cambio climático y transición energética y no solicitaremos tramitar este real decreto como proyecto de ley.

A pesar de nuestro apoyo, tenemos algunas reservas sobre este texto. Creemos que no convence del todo al sector ni tampoco a nosotros, pero impulsa unas medidas que son ciertamente necesarias. Le avanzo que tenemos dos reservas que vamos a intentar proteger y matizar en el marco competencial de la Ley de cambio climático y transición energética. Una es una cuestión competencial y no le va a


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sorprender porque, de hecho, ya se ha comentado esta mañana aquí. Creemos que no es necesario que la Administración General del Estado y el Gobierno se reserven el derecho, por ejemplo, de autorizar infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con potencia superior a 250 kilovatios. No es necesario que sea el Gobierno el que lo gestione. Podemos entender su voluntad de ordenar y controlar, pero creemos que sería añadir más problemas y más burocracia. Existen alternativas como pasar la gestión a las comunidades autónomas. No es necesario que sea el Gobierno central el que haga este trabajo. En segundo lugar, nos preocupa que haya cuestiones que dilaten o entorpezcan los procesos. Tenemos la experiencia, señora ministra, de que su ministerio llega tarde a la hora de redactar reglamentos, como le he comentado algunas veces. Eso nos preocupa. Como usted sabe y le hemos dicho en varias ocasiones, en la redacción del reglamento sobre redes de distribución cerradas van con retraso. Ustedes apuntan en este real decreto que prevén redactar un nuevo reglamento para establecer un marco retributivo de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, y nos preocupa que la redacción de ese reglamento pueda entorpecer un proceso que debería ser rápido porque el sector lo necesita y nosotros consideramos que es absolutamente necesario.

A pesar de esas reservas que he apuntado, vamos a apoyar este texto y, como le decía, vamos a centrar nuestras fuerzas en enmendar y trabajar en el marco de la nueva ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, señor presidente.

Bon dia, diputats i diputades. Buenos días, señora vicepresidenta. Debatimos esta mañana de julio, un poco con sabor a ritornelo por la discusión de ayer, un real decreto-ley de medidas en materia de energía que, en términos generales, ha sido bien recibido por el sector, a pesar de los comentarios oídos en otro sentido. Sus virtudes y salvedades competenciales ya han sido destacadas por la señora Sagastizabal y el señor Miquel, y las compartimos. Consideramos que, llegados a este punto del debate, está bastante superado entender que el futuro será renovable o simplemente no será. A nadie se le escapa que el proyecto de Ley de cambio climático y transición energética tiene un largo camino parlamentario por recorrer y que no estará exento de obstáculos. Por ello, creemos que es un acierto avanzar algunas de las cuestiones por vía de este real decreto. No obstante, y aunque le prometo, señora ministra, que lo hemos recibido con el aprecio de quien recibe un anticipo, no podemos disimular nuestra sorpresa al no encontrar reflejados ciertos aspectos que consideramos esenciales, y nos parece que es una nueva oportunidad perdida a la hora de afrontar medidas de mayor calado y profundidad, más aún en el contexto de crisis profunda en el que nos encontramos.

Nuestra primera conclusión es que se trata de un documento claramente electrocéntrico. Queremos recordar que actualmente la electricidad supone, desgraciadamente, solo el 30 % del consumo final de energía. Vicepresidenta, hemos repetido en diversos momentos y así se lo hemos trasladado cuando hemos tenido la ocasión que, sin una fiscalidad alineada con la transición energética, esta será muy difícil. Por ello, echamos de menos en este real decreto cualquier acción relativa a la fiscalidad energética. Supongo que ya nos lo encontraremos en el proyecto de ley. También echamos de menos que no se alcance el ámbito de la movilidad de personas y mercaderías, así como la ausencia de medidas relativas a la transición justa, que nuestro grupo parlamentario considera prioritarias. Y volvemos a remarcar -a fuerza de hacernos pesados- que creemos que hay ciertas ideas que debemos interiorizar de manera inmediata; y una de ellas es el concepto kilómetro cero -kilómetro cero en todos los niveles- para la producción de bienes y servicios, sí, pero también para la generación de electricidad, una generación cerca de los lugares de consumo. En definitiva, se trata de apostar por un cambio en la concepción del modelo y pasar de una visión centralizada a una descentralizada y de proximidad como elemento base de la transición energética.

En otro orden de cosas, este real decreto-ley también incluye en su artículo 6 la posibilidad de que los ayuntamientos puedan destinar el 7 % del superávit correspondiente al año 2019, para financiar gastos de inversión en vehículos puros o de etiqueta ambiental cero. Nos parece que esta ligera modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es claramente insuficiente. Esto forma parte de otros debates que nuestros portavoces han tenido, pero, desde aquí, debemos insistir en la necesidad de que, en un momento como el actual, el Gobierno central libere la totalidad de los superávits


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acumulados a lo largo de estos últimos años y se permita a los ayuntamientos realizar inversión pública. Hay muchos otros proyectos que requieren estos recursos, tales como la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética o el autoconsumo, sin salir de los ámbitos de su competencia. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión y creemos, como ya le he comentado anteriormente, que esta dinamización de recursos se debe ejercer principalmente desde los ayuntamientos y desde el territorio, porque es el territorio el que mejor conoce sus necesidades y puede adaptar los proyectos que así lo requieran.

En definitiva, señora vicepresidenta, nuestra posición es favorable; no le daremos la espalda a medidas que son necesarias -y mucho-, pero también la insto a subsanar todos aquellos temas que he ido apuntando y que no se incluyen de una manera suficientemente ambiciosa. Somos plenamente conscientes de que, en paralelo, nos iremos encontrando en la tramitación del proyecto de Ley de cambio climático y, aquí sí, esperamos que sean ambiciosos en sus objetivos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Franco Carmona.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.

Gracias, vicepresidenta. Señorías, antes de empezar, quería recordar que ayer fue 14 de julio y, por tanto, quería hacer un recordatorio, una conmemoración desde esta tribuna de los valores de la República francesa: Liberté, égalité, fraternité. (Aplausos.)

La pandemia del COVID-19 nos ha enseñado de forma extraordinariamente dura cuál es el precio de subestimar el efecto devastador de los brutales recortes que han sufrido nuestra sanidad y la investigación en las décadas anteriores. Unidas Podemos ha tenido siempre claro que había que invertir en ello y esperamos que ahora todos y todas también lo hayamos aprendido. Pese a los terraplanistas y los negacionistas de la ultraderecha del cambio climático, el cambio climático es otro peligro global sobre el que la ciencia lleva décadas alertando. O mantenemos el calentamiento del planeta por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales o nos enfrentamos a una crisis de civilización. Si bien durante muchos años estos avisos han sido ignorados por la política, la situación parece que ha cambiado y, afortunadamente, este Gobierno y la ciudadanía somos ya muy conscientes de su importancia, y es algo que se ve especialmente claro en la ley de cambio climático.

Esta pandemia -decía- ha supuesto una paralización casi total de la actividad económica, algo que era imprescindible para controlar la COVID-19 y salvar vidas, pero que ha dañado gravemente nuestro tejido laboral, productivo y social. Lo que España sea en un futuro va a depender en buena medida de lo que hagamos hoy, y esto lo sabemos y lo sabe también el Gobierno de coalición, que tiene muy claro, no solamente ahora sino antes de la pandemia, que las políticas climáticas y de transición energética debían ser uno de los grandes pilares para la definición de un nuevo modelo económico y productivo en nuestro país. Con más razón, pues, deberá ser uno de los ejes clave para este gran plan de inversión.

Nos parece muy positivo e importante que este real decreto establezca un nuevo esquema para las subastas de renovables, en el que por fin, como dicta el sentido común y tantas veces ha sido pedido por los grupos sociales, el producto subastado sea la energía eléctrica y la variable sobre el que se oferta sea el precio de retribución de dicha energía. Estas subastas de renovables deberán tener un desarrollo reglamentario posterior y desde Unidas Podemos esperamos que el Gobierno incluya en el reglamento medidas que contribuyan a la democratización del proceso de transición energética. Estamos hablando, por ejemplo, de que las instalaciones que estén por encima de un cierto tamaño y se presenten a la subasta estén obligadas a abrir una parte del capital a pequeños inversores legales, entre los que se puede incluir a particulares, municipios o cooperativas.

Además, los fondos europeos para la reconstrucción que se están negociando tendrán que estar orientados prioritariamente a la transformación digital y a la transición energética. Así lo creemos desde Unidas Podemos y sabemos que también así lo tiene presente este Gobierno. Pero cuando los fondos estén disponibles, España deberá estar preparada para presentar unos buenos proyectos, como los tejados solares. La instalación de paneles solares en tejados implica una mayor generación de empleo por unidad de potencia instalada de todo el sector energético. Según el informe Low carbon jobs, por cada megavatio instalado se estima que se crean 21,6 empleos en la fase de instalación. Además, con el Real Decreto 244/2019, que regula el autoconsumo, el marco regulatorio está listo para permitir esas


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instalaciones. En tercer lugar, el borrador actualizado del Plan nacional de energía y clima, el Pniec, que el Gobierno envió a Bruselas la semana pasada, incluye la instalación de 39 gigavatios antes de 2030; actualmente estamos en 6. Por ello, creemos que el músculo financiero del Estado debe apoyar en gran parte, en gran medida que esta potencia sea instalada en tejados, posibilitando una mayor generación de empleo y también la democratización del sistema eléctrico a través de la generación distribuida.

Un segundo plan podría ser la rehabilitación de viviendas. Cada euro invertido en un plan de rehabilitación de viviendas siguiendo objetivos de eficiencia energética, sociales y medioambientales, contribuye a la consecución de tres objetivos que son fundamentales para España. Objetivo uno, la reactivación del empleo, especialmente en el sector de la construcción y en las pequeñas empresas de reformas y climatización. Objetivo dos, la contribución al objetivo de la eficiencia que ya el Pniec citaba respecto de la rehabilitación de viviendas. Hay que tener en cuenta que más de un 85 % de los edificios existentes tienen una calificación energética E, F o G, que son las más bajas en emisiones, por lo que aquí hay un gran potencial de mejora. Objetivo tres, la reducción de la desigualdad. Este plan está o puede estar especialmente orientado a los sectores sociales más vulnerables al existir una correlación clara entre calificación energética y nivel de renta de sus habitantes.

Por último, el tercer proyecto es el relativo al vehículo eléctrico y la movilidad sostenible. El sector del transporte representó más de la cuarta parte de las emisiones en 2017. El Pniec establece objetivos muy ambiciosos, como la reducción de las emisiones en un 35 % y que haya cinco millones de coches eléctricos en 2030. Debemos buscar la modernización del parque automovilístico nacional a través de la electrificación, de la reducción del consumo medio del vehículo y de un cambio en la movilidad que reduzca considerablemente el uso del vehículo privado en favor del transporte público. Por todo ello, como he dicho anteriormente, votaremos a favor esperanzadas en que la reconstrucción para España se base en un modelo económico más industrializado, más fuerte, pero también más social y medioambientalmente sostenible porque, como ya he dicho en otras ocasiones en esta tribuna, la economía no debe ser contraria a los derechos sociales, sino que, por el contrario, la economía y los derechos sociales han de caminar de la mano, si bien añado aquí que han de caminar de la mano también de los derechos medioambientales.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-Aplausos.)

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Contreras Peláez. (Aplausos.)

El señor CONTRERAS PELÁEZ: Nuestro grupo ha optado, finalmente, por la abstención frente a este decreto que desarrolla en gran medida una ley a la que hemos opuesto una enmienda a la totalidad. Esto quizás requiera una cierta explicación. Nos hemos abstenido y no hemos votado en contra porque el decreto incluye algunas medidas concretas que no podíamos sino apoyar. Me refiero a medidas como las contempladas en la disposición final segunda, dirigidas a minimizar los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de los territorios afectados por la transición energética. Nótese que esto es poner un parche antes de que salga el grano, es decir, ya la ley está reconociendo que su aplicación generará daños en algunos territorios y sectores. O bien la medida contemplada por la disposición adicional cuarta, un régimen retributivo específico para actividades cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Pero, como se ve, se trata de medidas paliativas, medidas mitigadoras de daños previos generados por la ley. Por cierto, la medicina paliativa está muy bien cuando ya está instalada la enfermedad, pero hay algo mucho mejor, y es que no llegue a producirse la enfermedad, que es lo que busca la medicina preventiva. Por lo tanto, nosotros preferiríamos que estas medidas resultasen innecesarias simplemente porque no llegue a producirse el daño estructural, el daño traumático, el shock traumático que implicarán para la sociedad y la economía española la imposición coactiva, acelerada y antieconómica de las energías renovables, que es en lo que consiste básicamente la ley de cambio climático y transición energética.

Este decreto que nos convoca hoy, en gran parte, como han dicho oradores anteriores, trata sobre energías renovables, su conexión a la red, etcétera. En VOX -lo explicó ayer Mireia Borrás- no tenemos nada contra las energías renovables. Nos parecen energías limpias, energías probablemente llamadas -y enfatizo lo de probablemente, porque no tenemos una bola de cristal para ver el futuro energético; el Gobierno parece tenerla o considera que la tiene- a jugar un protagonismo creciente en nuestro mix energético. Ahora bien, nosotros querríamos que las energías renovables desplazasen a las energías


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fósiles de la misma forma que el petróleo desplazó al aceite de ballena, o de la misma forma que el automóvil desplazó al coche de caballos. No hizo falta que se reuniera el Gobierno de don Antonio Maura para decretar: cesen los coches de caballos, empiecen los automóviles. (Aplausos.) Es decir, queremos que esa transición tenga lugar en virtud de la rentabilidad, de la utilidad intrínseca de esas nuevas tecnologías y en virtud de decisiones libres de los usuarios y no mediante un diktat político. En eso consiste, precisamente, la ley de cambio climático y transición energética, en un diktat político que ordena que para el año 2030 las renovables deben representar un 75 % de nuestro mix energético y para el año 2050, el 100 %.

Asistimos aquí a una autentica planificación vertical, planificación centralizada de sectores completos de nuestra economía que realmente recuerdan a los planes quinquenales soviéticos, una evocación histórica que supongo no resultará desagradable para algunos miembros de este Gobierno. (Aplausos.) Por otra parte, ocurre que esta película ya la hemos visto en el pasado. Ya hace diez años el Gobierno de Rodríguez Zapatero, también obsesionado con ponerse la medalla de gobernante más ecológico del planeta, sometió a la economía española a una introducción prematura, acelerada, coactiva de las energías renovables y el resultado fue un encarecimiento del 70 % de la factura eléctrica española. Por cierto, no ha ocurrido solo en España, ha ocurrido también en países como Alemania. Alemania, tras su Energiewende, su giro energético posterior al incidente nuclear de Fukushima -digo incidente porque no produjo una sola víctima mortal-, decidió cerrar muchas de sus nucleares e intentar sustituirlas por renovables. Lo que se ha comprobado es que no se puede, las renovables no están maduras para llenar el hueco dejado por la energía nuclear. En Alemania no solo se ha encarecido un 50 % la factura eléctrica, sino que, además, han tenido que volver, en cierta medida, a las centrales de carbón, que, por supuesto, son las más contaminantes y las más emisoras de CO2. Una cifra muy reveladora: Alemania en este momento está emitiendo 560 gramos de CO2 por megavatio/hora mientras que Francia, por ejemplo, emite 58, la décima parte, y Suecia 13, la cuarentava parte. Es decir, ¿qué rasgo comparten Francia y Suecia? Son países muy nuclearizados, países con un parque nuclear importante en el que la energía nuclear ocupa una parte muy importante del mix energético.

En definitiva, yo creo que esta es una cuestión en la que se hace muy patente el abismo ideológico que separa a VOX de la izquierda. VOX cree en el libre mercado, VOX cree en la libertad económica y en la neutralidad tecnológica del Estado. En cambio, la izquierda cree en el intervencionismo económico, social y tecnológico; la esencia de la izquierda es el crecimiento constante del poder del Estado sobre la sociedad. Me gustaría traer a colación una afirmación, un aforismo del gran Nicolás Gómez Dávila: Cuando el Estado crece, el individuo disminuye. (Aplausos). La esencia de la izquierda es la ingeniería social y ahora la supuesta emergencia climática les proporciona una excusa perfecta para someternos a esta bacanal de intervencionismo, en la cual se nos va a decir los alimentos que debemos consumir, los medios de transporte que debemos utilizar, las energías que debemos usar y, en definitiva, cómo debemos vivir. Se trata prácticamente de una nueva religión o pseudorreligión, cuyo mandamiento sería: arrepentíos, moveos en coche eléctrico y plantad huertos solares. (Aplausos.) Todo esto en un momento en el que, como ya indicaban también Mireia Borrás y otros parlamentarios, se hace ya patente la cercanía, desgraciadamente, del tsunami económico que ha generado la crisis del COVID y su pésima gestión por parte de este Gobierno. Recientemente se hacía público que la Universidad de Cambridge nos había distinguido con el dudoso honor de ser el país que peor había gestionado la crisis. Pues bien, creemos que esa crisis económica se va a ver agravada por estas medidas antieconómicas que, al final, se adoptan por puro capricho ideológico...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Contreras, debe ir terminando, por favor.

El señor CONTRERAS PELÁEZ: Sí, le pido treinta segundos más en atención a que es mi primera intervención, por favor. (Risas.)

De lo que se trata al final es de ponerse la medalla de los más ecologistas. He citado antes a Gómez Dávila, citaré otro aforismo suyo: la madurez del espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos encargados del mundo. Yo le sugeriría a la señora ministra que deje de sentirse encargada del mundo; no es responsable, España no es responsable del supuesto problema de calentamiento por CO2. (Aplausos.) Como usted sabe...


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Contreras, he atendido a su requerimiento y han pasado los treinta segundos. Por favor, finalice.

El señor CONTRERAS PELÁEZ: ... nuestras emisiones representan el 0,7 % del total mundial y, si devastando nuestra economía conseguimos reducir las emisiones en un tercio -que es lo que propone la ley-, habremos contribuido un 0,2 % a la descarbonización mundial.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Requena Ruiz.

El señor REQUENA RUIZ: Gracias.

Señora ministra, le agradezco el tono y las formas en su exposición. Despertó tarde, no sabíamos dónde estaba, pero despertó sin ningún tipo de sorpresas, al más puro estilo intervencionista, ideologizada y con menor precisión y rigor en materia energética que cuando usted enarbola su discurso ecológico. (La señora España Reina: ¡Muy bien!--Aplausos.) Le cuesta ejercer de ministra de Energía, no se siente tan cómoda legislando en materia energética como cómoda se siente amenazando el futuro de la potente industria del automóvil en España, o cerrando centrales de producción eléctrica y mandando a gente al paro, o despreciando a Alcoa y a la industria electrointensiva, o desconfiando y mirando para otro lado con respecto a nuestras centrales nucleares -en esa descarbonización infectada de cinismo que usted pregona-, o amenazando la supervivencia de la industria conservera en el litoral español, especialmente el gallego. Por cierto, los gallegos sí han sabido reconocer quién protege los intereses de Galicia y quién no protege los intereses de Galicia. (Aplausos.) Pero a usted no le gusta la legislación energética, por eso abusa del real decreto-ley y lo utiliza para cambiar la Ley del Sector Eléctrico, para el desarrollo de energías renovables o para cambiar la Ley de Evaluación Ambiental.

No se siente cómoda en materia energética y por eso ficha como asesores en el ministerio y pone a sueldo a socios de grandes lobbies en materia energética. Señora Sabanés, ¿eso no lo censura usted? ¿Le parece bien que la señora ministra ponga sueldo a un lobby para trabajar para ella? Además, es un real decreto-ley que no tiene ese principio de uniformidad que debería tener y nos trae medidas tan variopintas como la liberalización de frecuencias de TDT, el arrendamiento de locales de ADIF o esa medida tan importante -que estoy seguro de que todos los ayuntamientos españoles han pedido con extrema urgencia-, que les permita el Gobierno de España destinar el 7 % de sus ahorros a la adquisición de un vehículo eléctrico; seguro que es lo primero.

Sabe que el Grupo Popular ambiciona una transición ecológica justa y una transición energética que sea generadora de riqueza y de oportunidades de empleo, que sea transformadora de la sociedad hacia una sociedad más justa y respetuosa, una transición energética competitiva. Creemos en la potencialidad que tiene nuestro país como motor industrial. Por eso, creemos que cuando se producen cambios tan importantes en nuestra sociedad, tenemos que ganar todos y no perder ninguno. Pero usted es sectaria, hace una transición energética en la que favorece directamente unas tecnologías -incluido el gas natural- y todo lo demás le sobra. Y usted sabe -y si no lo sabe se lo digo yo- que la transición que defiende ni es la económicamente más rentable, ni es la socialmente más justa, ni es la medioambientalmente más limpia. ¿Cómo vamos a asegurar la competitividad como país? ¿Cómo se garantiza la seguridad de suministro?

Permítame que me centre hoy en el real decreto-ley y en algunas cuestiones concretas que en él se desarrollan y que nos parecen sumamente importantes. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que el mundo rural tiene que jugar un papel importante en el desarrollo de instalación de energías renovables. Por eso es bueno saber la capacidad de acceso de los nudos de transición justa y qué va a pasar con las centrales que se han cerrado y con la gente que usted ha mandado al paro, pero también es fundamental para el resto del mundo rural saber cuál es la capacidad de acceso individualizada en todos y cada uno de los nudos de la red de transporte de España. Yo vivo en la provincia de Jaén, pero igual que pasa en mi provincia pasa en otras provincias de España y del interior, que para saber siquiera si podemos soñar con el desarrollo de energías renovables tenemos que saber cuál es la capacidad de evacuación por territorios.


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Por otro lado, presentan una modificación normativa que habilita al Gobierno para establecer un marco retributivo alternativo al actual, para establecer un sistema de subasta. No es más que un sistema encubierto de PPA entre promotores y Gobierno, es decir, más intervencionismo. Pues avancen un paso más y regulen de forma clara y precisa la negociación y firma de PPA entre productores y consumidores dotándola de certidumbre, distingan entre lo público y lo privado, y permitan también el desarrollo libre y privado. Además, este mecanismo de subasta que proponen está abocado a generar incertidumbre en el mercado mayorista y a distorsionarlo porque van a generar precios de referencia artificiales, y tampoco se va a poder controlar la volatilidad de los precios en el mercado. En cambio, nosotros creemos que es bueno tener varios métodos para la financiación y desarrollo de proyectos de energía renovable. Este real decreto presenta un diseño de subastas, pero no dice nada de los PPA; sin embargo, sabemos que son necesarios no solo por los que ya están firmados y por el peligro en el que se puede poner la competitividad de las empresas que lo tienen, sino también por los que se podrían firmar.

Por otro lado, utilizan este real decreto-ley para hacer modificaciones a la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y en su exposición de motivos se dice que se hace para dotar al procedimiento de evaluación ambiental de una mayor agilidad y seguridad jurídica. Eso es mentira, lo que en realidad hacen es enmendar sus propios errores; cambiaron la ley en 2018, cuando llegaron, y ahora deshacen los cambios que hicieron; es decir, lo contrario a la seguridad jurídica. Es más, usted abre la puerta hacia la discrecionalidad. Si a usted no le gusta un proyecto, no le gusta un promotor o si le genera algunas dudas, simplemente deja morir los plazos para paralizar un proyecto y tirar a la basura años de trabajo. Establecen que el silencio administrativo es desestimar un proyecto y eso es algo tremendamente injusto, señora ministra. El problema en la gestión de proyectos no está en los promotores, no los demonicen, está en la propia Administración General del Estado, que demora setenta meses el desarrollo de proyectos de energía eólica y cuarenta y cinco los de fotovoltaica. Si de verdad queremos agilizar la tramitación en el desarrollo de energías renovables, propongamos una modificación del artículo 3.13 de la Ley del Sector Eléctrico, cambiemos al alza los umbrales competenciales y demos mayor protagonismo a las comunidades autónomas, que han demostrado que gestionan con mayor agilidad y tramitan proyectos en la mitad de tiempo.

Señora ministra, quiere usted utilizar este real decreto para redimirse de sus ataques a la industria del automóvil, pero estas medidas son tan tímidas, son tan insuficientes que en eso no se queda, huye más rápido y encima presiona a los ayuntamientos para ver si cuela. Yo le quiero preguntar, ya que tantas consultas recibió: ¿cuántas veces le ha pedido de la Federación Española de Municipios y Provincias utilizar el superávit para la compra o adquisición de vehículos eléctricos? Se lo digo yo: ninguna. ¿Usted cree que los alcaldes y alcaldesas, sobre todo en los municipios rurales, quieren disponer de su remanente de tesorería para convocar subvenciones para ayudar a las empresas afectadas por la COVID, para planes de empleo, para hacer inversiones que mejoren sus municipios, o cree que quieren destinarlo para la adquisición de un coche eléctrico? La movilidad eléctrica es una política de Estado, no les cargue la responsabilidad a los ayuntamientos. Lo que pasa es que sus políticas de Estado hacen que las empresas automovilísticas se vayan y que las empresas cierren.

Y termino, señor presidente. Señora ministra, este real decreto-ley no es urgente por las medidas que en él se traen, es urgente para solucionar los errores de su Gobierno, sus errores, porque quieren utilizar el superávit que se generó en el sistema eléctrico con las reformas del Partido Popular para pagar su torpeza en la gestión del sistema eléctrico de 2019 y de 2020. Es urgente porque quieren solucionar sus propios problemas de especulación dialéctica, que han hecho que se reciban solicitudes de desarrollo de energías renovables cuatro y cinco veces superiores a las que necesita España. Usted hace que los especuladores se froten las manos y, lo que es peor, no ha resuelto ni un solo megavatio de energías renovables en los dos años que usted lleva siendo ministra.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señor Requena, debe terminar, por favor.

El señor REQUENA RUIZ: Termino, termino.

Especulación y torpeza en la gestión, dos componentes que son ya la marca de la casa de este Gobierno socialcomunista. No sigamos cometiendo errores, permitan que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley, trabajemos juntos en la transición energética de este país, que tanta falta hace. Mi grupo se abstendrá.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Renau Martínez.

El señor RENAU MARTÍNEZ: Buenos días, señorías.

Impulsar la agenda de la descarbonización, poner orden en los permisos de acceso y conexión a red, regular nuevos modelos de negocio en el ámbito de la energía, fomentar la eficiencia energética y la innovación, acelerar la transición energética y, en definitiva, potenciar la inversión para afrontar la reactivación económica, de eso va este real decreto que debatimos hoy para su convalidación.

Miren, hay dos hechos que me parecen innegables en la actualidad. El primero es que nos encontramos en una encrucijada económica que requiere de una rápida reacción por nuestra parte para amortiguar los impactos que aún se van a producir. El segundo es que, aunque no nos hayamos acordado de ella, la emergencia climática no ha ido a ningún sitio, no ha desaparecido, si acaso se ha agravado por el compás de espera, sigue ahí y seguimos teniendo que poner medidas para paliar sus efectos. Hay dos formas diferentes de afrontar estos hechos: se puede sucumbir al miedo, actuar y verlos como una amenaza o se puede ser audaz y enfocarlos como una auténtica oportunidad; una oportunidad para ser mejores, para hacer las cosas bien; una oportunidad para acelerar la transición energética; una oportunidad para impulsar las inversiones en energías renovables; una oportunidad, en definitiva, para aprovechar la situación como una palanca verde para la reactivación económica de nuestro país, y el Gobierno lo sabe y lo ha entendido perfectamente. Como decía al principio, de eso va precisamente este real decreto, de establecer los mecanismos necesarios para acelerar las inversiones que nos coloquen en la senda del crecimiento sostenible.

Ayer mismo debatíamos la enmienda a la totalidad presentada por VOX al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, y, salvo la excepción que parece confirmar la regla, escuchando sus intervenciones, señorías, me quedó claro que una abrumadora mayoría compartimos una visión de cómo debe afrontar nuestro país el futuro en materia de cambio climático. Pues bien, este real decreto es el prólogo, en él se empieza a pavimentar el camino que deberemos transitar para la consecución de los fines que persigue esa ley, con cuyos objetivos creo que estamos mayoritariamente de acuerdo. Así que supongo que puedo adelantarles sin miedo a hacer spoilers o desvelarles el final, que el Grupo Socialista votará a favor de la convalidación de este real decreto. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oooh!). Claro.

Pero, mire, señor Contreras, señorías de Vox, hacen ustedes unas analogías muy curiosas: coches de caballos, combustibles fósiles. ¿Saben cuál es la diferencia entre la transición de los coches de caballos a los coches, y del combustible fósil a la energía renovable? Muy sencillo: que los coches de caballos no estaban destruyendo el planeta y los combustibles fósiles sí lo están haciendo. (Aplausos.) Señorías, todos sabemos hacia dónde se dirige el futuro; ya lo han dicho antes aquí, el futuro será renovable o no será, solo hay una vía posible y es la vía renovable. Entendemos perfectamente que las energías renovables, por su propia naturaleza, no son gestionables, solo están disponibles cuando el recurso renovable lo está, solo están disponibles cuando está soplando el viento o cuando está brillando el sol, por eso es tan importante regular el almacenamiento, como se hace en este real decreto, que nos permite optimizar y gestionar la energía generada por las plantas renovables.

Además del almacenamiento, también se regulan una serie de figuras que van a resultar tremendamente relevantes en la transición energética que tenemos por delante, como es la hibridación, como son los agregadores independientes y como son las comunidades de energías renovables, porque permiten optimizar la red y porque permiten la participación en los mercados de la ciudadanía y de las autoridades locales. Pero para eso es muy urgente poner orden ya en la situación actual de los permisos de acceso y conexión a red con el objetivo de poner fin a los movimientos especulativos y dar paso a proyectos reales, a proyectos tangibles y respaldados por inversiones firmes. Por eso, también es necesario establecer un nuevo mecanismo para las subastas renovables que esté centrado en el precio, que sirva para impulsar la inversión, para continuar la descarbonización de nuestra economía y para reducir los costes de la energía. Y además lo hace fomentando la innovación en energías renovables y facilitando la participación de pequeños inversores porque permite que los proyectos piloto innovadores o las instalaciones de pequeño tamaño no tengan que acudir a estas subastas para acceder a la retribución, y también impulsa la investigación con bancos de pruebas regulatorios, con mecanismos específicos para las instalaciones


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dedicadas a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Señorías, hay mucho trabajo por hacer en este ámbito: investigación en energías alternativas, solar, eólica, generación de hidrógeno verde.

Por supuesto, también es una ley que nos prepara para el nuevo paradigma de movilidad eléctrica, declarando de utilidad pública los puntos de recarga de alta capacidad, ayudando así a eliminar una de las principales barreras que encuentra la adopción del vehículo eléctrico en nuestro país. Y el texto aborda también muchísimas otras cuestiones urgentes destinadas a dar seguridad, liquidez y equilibrio al sistema para garantizar la actividad y las nuevas inversiones, medidas que ya ha desgranado perfectamente la vicepresidenta durante su intervención inicial, como el aumento de los límites de inversión en redes de transporte y distribución o medidas dirigidas a instalaciones que dependen principalmente del precio del combustible, como son, por ejemplo, las instalaciones de cogeneración, que son las que se han visto más afectadas durante la pandemia y que verán revisada al alza su retribución en este periodo.

Señorías, he querido dejar para el final una reflexión que considero muy importante, sobre todo por el impacto social que supone. Siempre que hablamos de transición energética debemos hablar de transición justa, porque son dos cuestiones que siempre deben ir de la mano. El cierre de las plantas térmicas del carbón, lo que es una magnífica noticia para el clima y para el medio ambiente, se convierte en un auténtico desafío para el empleo allí donde estaban localizadas. Durante muchos años, durante muchísimos años, estas centrales fueron la fuente de energía que movía el motor económico de nuestro país. Todos -todos sin excepción- nos beneficiamos de su existencia y ahora debemos responsabilizarnos, debemos ofrecer una alternativa de empleo a todas las personas que se ven afectadas por sus cierres y por ello los nudos de transición justa reciben un tratamiento específico y por ello se crea y se adapta el Instituto para la Transición Justa, porque debemos ofrecer una alternativa industrial sostenible a estas comarcas y debemos hacerlo ya, es algo que no puede esperar.

Señorías, y con esto voy terminando, antes les he adelantado el final de esta intervención, tampoco era ningún secreto: el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Y solicitamos también el voto favorable del resto de los grupos, porque contiene medidas urgentes, medidas que no pueden esperar porque este es el impulso que necesita nuestro país ahora mismo, el impulso para una transición energética sostenible, el impulso para una transición energética justa. Esto no puede esperar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

- REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL. (Número de expediente 130/000025).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al siguiente punto, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo y Economía Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días.

Comparezco hoy ante ustedes para exponer el contenido y el alcance del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. La presente norma tiene tres ejes: trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia e industria. A ello se añaden una serie de disposiciones que permiten las adaptaciones necesarias para que se pueda trasponer la Directiva 2017/159, sobre el trabajo en la pesca, garantizando la repatriación a su residencia de las personas trabajadoras del mar.

La primera parte contiene el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que da continuidad a los ERTE como mecanismo de protección del empleo y del tejido productivo. La palabra ERTE en la actualidad trasciende sus siglas y significa mucho más que expediente para la regulación temporal de empleo. Los ERTE han sido un instrumento de solidaridad colectiva, constituyéndose en fiel reflejo del compromiso del Estado con el mantenimiento de los proyectos empresariales y del empleo a través de una inversión pública sin precedentes. El sistema español del ERTE durante la pandemia ha invertido el modo en que


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hasta hoy se había reaccionado frente a otras crisis y ha mostrado que se puede actuar eficazmente contra situaciones de enorme repercusión económica, asegurando la estabilidad en el empleo y poniendo a las personas en el centro. El Real Decreto-ley 24/2020 constituye un sistema que refleja la implicación pública en la recuperación y que establece los principios básicos para una transición hacia la normalidad de la actividad económica y del empleo en nuestro país, un modelo administrado por el diálogo social mediante la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral que, como saben, continúa su andadura.

Desde el punto de vista de su contenido, el Real Decreto-ley 24/2020 se adapta a las peculiaridades de la fase de la nueva normalidad. El Real Decreto-ley 24/2020 sigue restringiendo progresivamente la aplicación de los ERTE por fuerza mayor específica de la pandemia y procurando el tránsito a los ERTE productivos, que gozan ahora por vez primera -es importante destacarlo- de exoneraciones a la Seguridad Social. Como saben, nunca antes había pasado esto en nuestro país. La desaparición de los ERTE por fuerza mayor no podía, sin embargo, ser total en este momento, porque existe la posibilidad -que lamentablemente estamos viviendo- de rebrotes de la pandemia. Por esta razón, y de modo consecuente con la transición hacia la normalidad, el Real Decreto-ley 24/2020 ha adaptado el ERTE por fuerza mayor ordinario para los casos de rebrote. Para estos casos de ERTE de rebrote, el Real Decreto-ley 24/2020 establece un sistema de exoneraciones más intenso del previsto generalmente que, como sus señorías saben, se orienta hacia la reactivación de la actividad y que ya está dando sus frutos. El Real Decreto-ley 24/2020 mantiene las garantías del buen uso de los ERTE, impidiendo que se acojan a ellos aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales y excluyendo en las grandes compañías el reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente al ERTE. Este mismo sentido tiene también la prohibición de realización de horas extraordinarias, de externalización o de nueva contratación que establece el Real Decreto-ley 24/2020 cuando la empresa está en ERTE, salvo en el caso de excepciones justificadas que taxativamente se establecen en la norma. Era también imprescindible que el real decreto-ley estableciera una cláusula específica de salvaguarda del empleo. Todas las medidas de fomento del empleo con aportación de fondos públicos deben establecerla y el Real Decreto-ley 24/2020 no podía ser una excepción. Para ello, se establece la misma cláusula de mantenimiento del empleo de seis meses que ya se establecía en los anteriores decretos. De no cumplirse, como saben, la empresa deberá reintegrar el importe de los recursos públicos percibidos. El real decreto-ley prevé también la prórroga hasta el 30 de septiembre de este año de lo establecido en los artículos 2 y 5 del Real Decretoley 9/2020. Ello implica, de un lado, que se interrumpe el cómputo de los contratos temporales durante el tiempo del ERTE. Esto es muy importante en nuestro país. De otro lado, también implica que resulta injustificado el despido por cualquier causa ETOP, por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción, cuando fuera posible la suspensión prevista en el propio Real Decreto-ley 24/2020. Son dos medidas que se configuraron en plena crisis sanitaria y cuya importancia para el mantenimiento del empleo queda fuera de toda duda. Ello es así porque impide que se extingan los contratos temporales durante los ERTE y que se produzcan despidos por situaciones vinculadas a la pandemia, cuando el ERTE hubiera sido la figura adecuada. Son instrumentos, por tanto, que no solo sirven para garantizar el empleo de las personas contratadas, sino que además buscan el compromiso de las empresas con el empleo estable, con mayúsculas, en esta fase clave de la recuperación pos-COVID, que será clave también cuando la recuperación concluya. En definitiva, el sistema diseñado en el título I del presente real decreto-ley da continuidad razonable, equilibrada y justificada a los ERTE, otorga cobertura a las personas trabajadoras y a las empresas contribuyendo al mantenimiento del empleo, establece incentivos para una transición pautada hacia la recuperación de la pospandemia y atiende de modo adecuado las nuevas situaciones que pudieran generarse como consecuencia de eventuales rebrotes.

La segunda parte del real decreto-ley se centra en las personas trabajadoras autónomas. El trabajo autónomo es fundamental en la economía española y consecuentemente ha sido objeto de especial atención por parte del Gobierno en los momentos más duros de la pandemia, en los que se han aprobado medidas de apoyo sin precedentes para este colectivo, medidas que se han centrado fundamentalmente en la prestación por cese de actividad y en las exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social, pero que han tenido muchas otras manifestaciones. La norma que ahora se presenta mantiene el mismo compromiso con las personas trabajadoras autónomas que el Gobierno ha tenido hasta ahora. Es una norma de acompañamiento hacia la normalidad que prolonga el apoyo estatal al trabajo autónomo. Es particularmente importante destacar que estas medidas han sido consensuadas con las asociaciones de autónomos, con ATA, UPTA y Uatae.


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Las medidas que establece el Real Decreto-ley 24/2020 para apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas en los momentos de recuperación pospandemia son de tres tipos. En primer lugar, las señaladas en el artículo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, que establece una exención en la cotización a la Seguridad Social aplicable a partir del día 1 de julio de 2020 para aquellas personas autónomas que estuvieran recuperando la actividad, lo que supondrá un ahorro de al menos 500 euros para la mayor parte de los autónomos durante los próximos meses. En segundo lugar, en el artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020 se establece la posibilidad excepcional de acceso a la prestación, en este caso ordinaria, de cese de actividad en aquellos casos que hubiera existido una caída de la facturación de al menos el 75 % en el tercer trimestre del año en curso respecto al tercer trimestre del ejercicio anterior. A efectos de garantizar la cobertura, esta prestación será percibida con carácter inmediato, aunque será objeto de verificación posterior a partir de los consiguientes datos tributarios. Debe resaltarse que el disfrute de la prestación de cese de actividad que se establece en la presente norma es en parte compatible con el mantenimiento de la actividad, una posibilidad absolutamente novedosa en la regulación de la prestación del cese de actividad ordinario que ha sido diseñada para ser una efectiva medida de apoyo a la recuperación económica. En tercer lugar, el artículo 10 del Real Decreto-ley 24/2020 establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada. Se trata de una ayuda específica al colectivo conocido popularmente como autónomos de temporada, aquellos que desarrollan actividades vinculadas al periodo estival y que se han visto muy perjudicados por la pandemia. Se les reconoce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria del 70 % de la base reguladora, más la exoneración de las cotizaciones sociales, con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre. En definitiva, por lo que a los autónomos se refiere, se trata de un sistema diseñado de modo coordinado y coherente con el sistema de los ERTE, porque comparte sus objetivos y sus herramientas e incluso comparte también su carácter consensuado, lo que refuerza su legitimidad social y, por supuesto, su eficacia. La presente norma, señorías, asegura que las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia puedan reactivar sus actividades en unas condiciones adecuadas para la estabilidad presente y futura de sus empleos, así como de sus profesiones.

Por último, y con esto concluyo, la norma que el Gobierno presenta a su consideración en esta Cámara es una norma de reactivación económica y sobre todo de compromiso con las personas y las empresas. Surge en un momento crítico en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, consolidar profesiones, consolidar empresas y consolidar industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y constituir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido durante la pandemia, en alianza, como saben, con los interlocutores sociales, a los que, una vez más, agradezco todas sus contribuciones. Esta Cámara debe recoger su testigo y, además de apoyar el real decreto que sucintamente les acabo de presentar -si así lo estima conveniente-, debe alentar grandes acuerdos que permitan que la reactivación siga su curso y que nuestro país salga fortalecido de la pandemia. No es para mí una esperanza vana, es el convencimiento de quien ha sido y es diputada de este Congreso y asume la importante misión que en las circunstancias actuales tienen aquellas que -como ustedes- desde sus escaños representan a nuestro pueblo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señora ministra. (Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).

En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señora ministra de Trabajo y Economía Social. Voy a respaldar con mi voto favorable la convalidación de este real decreto-ley que profundiza en las medidas para proporcionar respaldo a anteriores iniciativas legislativas que se convalidaron aquí, en el Congreso, y que contaron a su vez con mi apoyo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

Una vez superado el grueso de la emergencia sanitaria, considero imprescindible que el Gobierno -y en concreto el ministerio que usted dirige- reciba instrumentos legales con los que operar en la crisis laboral que tenemos encima y que desgraciadamente está arrastrando a cientos de miles de trabajadores tanto por cuenta ajena como autónomos. No obstante, quiero referirme brevemente al título III de este real decreto-ley en el aspecto relativo al Fondo español de reserva para garantías de entidades electrointensivas, Fergei, que llega muy tarde, es insuficiente y solo sirve de coartada al Gobierno de Sánchez para eludir la


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solución a los grandes problemas de la industria electrointensiva. El Fergei no homologa los altos precios de electricidad que se pagan en España a los de países industriales como Alemania o Francia y, por lo tanto, la industria española seguirá discriminada y pagando precios energéticos muy por encima de sus competidores -en concreto, del orden del 40 % más caros-, y eso afecta a la competitividad y afecta también gravemente al empleo. Lo saben en Galicia -y usted, que es de allí, lo conoce perfectamente-, como lo sabemos en Asturias y como nos recuerdan cada día centenares de trabajadores que hoy tienen comprometido su puesto de trabajo. Son bienvenidas todas las medidas de apoyo como el Fergei, pero reitero en esta tribuna que el Gobierno debe cumplir su compromiso con la industria electrointensiva, que lleva varios años sometida a un gran zarandeo a cuenta de los altos precios de la electricidad que se pagan en España y cuyas consecuencias se miden en cierre de empresas. Basta ya de parches, pero en todo caso me apunto a su última llamada a la esperanza para aunar esfuerzos en pos de la gran prioridad española, que no es otra que la creación de empleo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Sayas López.

El señor SAYAS LÓPEZ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

Nosotros vamos a apoyar este decreto, pero sí que es verdad que también le vamos a decir, señora ministra, que es hora de dejar los parches para hacer un plan duradero en el tiempo y consensuado. Creemos que estamos hablando de un nuevo parche porque es verdad que este decreto se plantea como una transición hacia la normalidad, pero nadie cree que el día 30 de septiembre estemos en la normalidad.

Evidentemente, estamos alarmados con los rebrotes del virus que estamos viendo en muchas provincias de España. Estamos tremendamente alarmados cuando conocemos los datos que se están dando de caída de la economía española, que parece ser que va a ser por encima del 12 %, y ya le digo yo que probablemente bastante por encima del 12 %. La recuperación económica no se vislumbra en forma de uve ni de uve asimétrica ni de u, más bien parece una ele larga, prolongada, dura y duradera. Con todo eso, los ERTE tienen que ser prolongados, al menos hasta final de año -al menos hasta final de año-, y además hay que seguir poniendo sobre la mesa otras medidas para incentivar la economía, para ayudar a los agricultores y a los ganaderos, para ayudar a las empresas, para ayudar a los autónomos y para ayudar a los trabajadores, y desde luego lo que hay que hacer es aparcar la insensatez, porque subir impuestos en un momento como este es una insensatez, porque lastrar a las empresas en un momento como este es una insensatez y porque plantear una derogación de la reforma laboral, además de ser una insensatez, es también una enorme temeridad. Así que, aparquen las políticas trasnochadas de la izquierda radical y hagan el favor de poner un poco de liderazgo encima de la mesa.

Yo creo que todos los españoles nos piden a quienes estamos en esta Cámara, independientemente del color político que defendamos, unidad, y tenemos que ser capaces de demostrar esa unidad en un momento especialmente complicado como el que vive nuestro país en este momento. Pero si todos los que estamos aquí tenemos la obligación de buscar esa unidad, el Gobierno tiene la obligación de liderarla y de acertar, y no puede escatimar en esa responsabilidad. Así que nuestra mano está tendida si cambian los impuestos por impulsos, si cambian los lastres a las empresas por las oportunidades y si cambian las imposiciones por el diálogo.

No quisiera acabar esta intervención en la que hablamos sobre empleo, sin hablar de un drama que está sufriendo en este momento la Comunidad Foral de Navarra. La empresa Gamesa, en Aoiz, ha anunciado el cierre de la planta y 239 familias se irán a la calle. Eso es algo que nuestra comunidad, que esa zona y que esas familias no se pueden permitir. Necesitamos, imploramos y demandamos el compromiso y el trabajo del Gobierno de España para que esta planta no se cierre.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sayas. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


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El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, buenos días. Señalaba usted que este real decreto es útil y equilibrado. Yo no le voy a negar la utilidad del mismo, en tanto en cuanto garantiza unos mínimos recursos a una buena parte de trabajadores y trabajadoras, pero tengo más dudas de que sea beneficioso el que sea equilibrado, porque creo que seguimos sin tomar una opción clara en torno a qué caminos se deben seguir para esto que se llama reactivación económica; no digo ya siquiera la nueva normalidad sino la reactivación económica. Me parece que este Gobierno está buscando un equilibrio inestable, y frágil por tanto, entre las demandas tradicionales de la izquierda y las demandas que puedan plantearle sus nuevos aliados en estas últimas fases del estado de alarma, los señores de Ciudadanos. Yo creo que esto no es bueno, y por eso le digo que en todos los casos y en todas las circunstancias el equilibrio no es ponderativamente positivo.

Ustedes en el decreto hablan de cuestiones con las que estamos de acuerdo, como que no puedan acogerse a estas medidas quienes tributan en paraísos fiscales o quienes arrojan dividendos por beneficios durante este periodo. Pero no es menos cierto que, además de la cuestión de los paraísos fiscales, les faltaría también perseguir la elusión que se hace a través de las filiales; es decir, no solo hay una elusión fiscal a través de la empresa matriz, sino que a veces hay empresas pantalla que son las que perpetran la elusión fiscal en diferentes formas, y eso seguimos sin verlo desarrollado como creemos que es necesario.

Usted nos habla de los ERTE, y hay una parte que es positiva: que los trabajadores y las trabajadoras puedan seguir percibiéndolos. Pero no es menos cierto -usted lo ha señalado, y estamos de acuerdo- que son 8000 millones de euros mensuales, si no recuerdo mal, es decir, un gasto ingente para el Estado español y para las arcas públicas. Y como no tienen la máquina de fabricar dinero, porque parece que el Banco de España tiene una capacidad o una soberanía limitada, pues en estos tiempos de soberanías compartidas él la tiene limitada por instituciones supranacionales, y como no vale con conformarse con la máquina de contar billetes que hay en la Zarzuela, porque esa solo cuenta, no crea ni aporta, estos gastos que hay y que usted señala a nosotros nos generan una cierta inquietud. Está bien que los trabajadores perciban un ingreso mínimo que les permita mantener una cierta dignidad vital, pero no tenemos muy claro si no hay muchos empresarios que están acogiéndose de manera gratuita a estos ERTE para abaratar sus propios costes y sus propias cotizaciones. Y eso en el fondo va en detrimento de las arcas públicas, porque ellos estarán ahorrando un dinero por mantener plantilla sin saber -ese es un temor que usted y yo, cuando nos ha tocado hacer campaña electoral, seguramente habremos vivido y sentido- si los ERTE no van a pasar a ser una secuencia peligrosa, por no decir tenebrosa, que es pasar del ERTE al ERE, y del ERE al desempleo. Ese es el drama que mucha gente alberga en su cabeza y nos hubiera parecido importante que se hubiera señalado. De la misma manera también habría que decirle a la gente que estar en ERTE es un mal menor porque probablemente en la declaración de la renta del año 2021 no van a tener la benevolencia, si es que la obtenían antes, a través de las cotizaciones de su empleo directo, dado que las percepciones de ERTE no están sujetas del mismo modo, y por tanto, puede que Hacienda en 2021 les dé un susto y les agüe un poco la tranquilidad a la que ahora mismo les someten.

Ha hablado también de los autónomos. Yo no voy a insistir mucho más porque lo he dicho en más de una ocasión desde esta tribuna: seguimos sin entender por qué un autónomo -creo que esto ni siquiera va por colores políticos sino que es algo compartido- tiene que perder el 75 % del volumen de su negocio para poder acogerse a ciertas medidas. Yo le podría poner miles de ejemplos, aunque no quisiera convertir esto en un patio. Por ejemplo, por qué un taxista que esté pagando una licencia -usted sabe que las licencias son altas, no así las de Uber y Cabify- tiene que optar entre mantenerse sin trabajar para poder percibir la ayuda que hay para autónomos o trabajar corriendo con el riesgo de que su facturación se eleve por encima del 25 %, hacía el 30 %, con lo que no podría hacerse cargo de muchos de los gastos que tiene, y por tanto, su situación sería incluso peor que si no estuviera trabajando. Creemos que ahí tendrían que darle una vuelta.

En cuanto al tema de la competitividad, nos ha hablado del sector electrointensivo. Estaría muy bien que de alguna manera les metieran mano y les obligaran a hacer algo mucho más de lo que hacen a Iberdrola -para hablar de una empresa vasca- y a otras empresas, porque ellas sí siguen ganando dinero, y a espuertas, también en periodo de pandemia. Pero, en cualquier caso, como al final de lo que se trata es de tener dinero, y como no lo pueden fabricar, como le decía antes, ni tampoco contar con el de la máquina de la Zarzuela porque no vale, pues igual lo que habría que hacer es hablar también, cuando se habla de estas cosas, de fiscalidad.


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Por eso, nosotros mantenemos una posición distante con estas medidas, porque dicen cosas que parecen positivas, pero no dicen a quiénes les van a cargar el peso del gasto de lo que van a realizar. Es decir, cuando se habla de mantener los ERTE, o las ayudas a los autónomos, o cualquier otro tipo de ayudas como el ingreso mínimo vital, nadie nos dice de dónde se va a sacar el dinero. Nosotros ya se lo hemos dicho con claridad. Alguien aquí acaba de señalar que son las medidas de la izquierda radical. No lo sé, yo creo que radical es ir a la raíz de los problemas, y ahora más que nunca hace falta claridad y determinación para atajar el gran problema que tenemos, o sea, que sí, que seremos radicales. Por ejemplo, habría que instalar una tasa COVID, habría que instalar un impuesto a las grandes fortunas y a la riqueza. Nosotros en Euskadi planteamos una tasa de un 1 %, y no creo que fuera negativo proponerlo aquí. Habría que perseguir con mayor decisión el fraude fiscal, empezando por el primero de los españoles, que parece que cada día tiene más pasta fuera del Estado español, aunque cada día luzca también más patriotismo. También seguimos preocupados -se lo señalo- con la realidad de las trabajadoras del hogar. Sé que también ustedes lo están, no es un reproche sino es una preocupación que traslado aquí para que no se olvide de ello, porque muchas trabajadoras del hogar ya venían trabajando antes de la pandemia en una situación de economía sumergida y ahora se han quedado absolutamente desprovistas de todo. Alguien decía aquí que lo que reclaman los españoles es unidad. Yo no me siento español, pero seguramente quien ha dicho eso me incluye como español, así que le diré que yo y los que están ahí fuera manifestándose y que me han dado esta camiseta (muestra su camiseta, que lleva impreso el hashtag #FuturoParaNissanYA) no me han reclamado unidad, me han reclamado el fin de la reforma laboral. Por eso, seguiremos insistiendo desde esta tribuna y desde donde haga falta para que alguna vez alguien cumpla la palabra en el Estado español y cumpla lo firmado. Así pues, pediremos una y otra vez la derogación de la reforma laboral porque creemos que eso sí es consolidar empleo, y empleo de calidad. Está muy bien hablar -como usted ha dicho- de consolidar empresas, pero estaría bien consolidar empresas que no se vayan después de haberse llevado un montón de dinero en ayudas públicas, como ha hecho Nissan o como ha hecho Siemens Gamesa en Aoiz, en Nafarroa y en otros lugares.

Esa es la reflexión que venimos a hacerle hoy aquí, seguramente no será muy diferente a la que hagamos en el siguiente punto porque creemos que las medidas propuestas en la Comisión de Reactivación Económica siguen adoleciendo de una línea clara, siguen siendo una especie de café para todos malentendido. Lo mismo nos hablan de la mochila austriaca, que de tirar para abajo la reforma laboral, que luego nos hablan de que en esta crisis nadie va a salir tocado, o que todos vamos a salir de esta, cuando por desgracia la realidad es bien distinta y como he señalado antes lo hemos podido comprobar cuando cada vez hay más gente que ya se siente fuera de esta realidad.

Mila esker.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Matute. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días a todos, egun on.

Señora presidenta, señorías, son tres títulos, once disposiciones adicionales, una transitoria y siete finales las que componen este real decreto-ley, que materializa el segundo Acuerdo Social en Defensa del Empleo, suscrito entre la representación social y el Gobierno, y que tiene por objeto la prórroga incluso no solo de medidas anteriores, sino también de la adaptación de otro acuerdo anterior de fecha 8 de mayo entre los mismos agentes sociales y que dio lugar al Real Decreto-ley 18/2020. Dijimos en aquella ocasión que la virtud de estas medidas consistía en acompañar el proceso de reactivación económica y laboral y que permitía a las empresas, que tuvieron que parar su actividad, intentar revertir esa situación de crisis y también a los trabajadores -trabajadores dependientes o autónomos- transitar por esta situación con cierto grado de desahogo, que a su vez, se traslada a la situación económica por los ingresos y al consumo que produce como efecto indirecto. Eran medidas que, en su momento, suponían flexibilización de determinadas situaciones laborales, pero también suponían unas ayudas a situaciones de carencias y que se han traducido en diferentes medidas que la señora ministra ha descrito de forma mucho más amplia.

De forma más resumida les diré que son las prórrogas de ERTE por fuerza mayor y ERTE por fuerza mayor parcial hasta el 30 de septiembre, con la aplicación de nuevas exoneraciones decrecientes; la transición -importante cuestión- de los ERTE de fuerza mayor a ERTE ETOP -los ERTE económicos, técnicos, organizativos o productivos-, con la novedad de que se les aplican


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exoneraciones de cuotas también en este caso o determinadas restricciones a la hora de externalizar actividades, hacer horas extraordinarias o contratar personal durante los ERTE; un nuevo ERTE, también importante para casos de fuerza mayor en casos de rebrotes, que contempla nuevas exenciones; la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos -es una cuestión esta que no solo es relevante, sino que seguramente va a marcar el futuro de muchas de las actividades comerciales y de otro tipo que sostienen los autónomos- y las exoneraciones o beneficios en cotización que ello supone; las nuevas exoneraciones en las cuotas para estos autónomos que venían cobrando la prestación extraordinaria: el 100 % en julio, el 50 % en agosto y el 25 % en septiembre; la prestación por cese de actividad cuyos destinatarios sean los trabajadores de temporada -también es otra cuestión que se venía reclamando y a la que este decreto atiende-, y otras como determinada regulación de la Inspección de Trabajo u otra relativa a la adaptación de un Convenio internacional en materia pesquera, lo cual va a permitir su adaptación.

Pues bien, es claro que vamos a apoyar este real decreto-ley y no vamos a añadir demasiado a este planteamiento. Sin embargo, nos gustaría, al hilo de algunas reflexiones que ya hicimos con el Real Decreto-ley 18/2020, añadir o reiterar algunas consideraciones. Decía -y repito hoy- que la principal virtud de esta iniciativa consiste en elevar al marco normativo las consecuencias del diálogo social y eso es oportuno recordarlo, porque también sirve como antecedente de cualquier modificación en el ámbito laboral, ajena a este marco, que también debe venir sostenida en dicho ámbito por un acuerdo en la Mesa del diálogo social. Sin perjuicio de estar justificada la imputación en el presupuesto de la Seguridad Social del coste de las exenciones que se contemplan como ayudas, no debe afectar al sistema de pensiones, señora ministra. Creo que es algo que debemos tener muy en cuenta y que cuando nos toque hablar en el Pacto de Toledo deberemos reivindicarlo. ¿Por qué? Pues porque debe estar sustentado en el principio de separación de fuentes y en este caso no es clara esa distinción. Aun cuando -se ha dicho antes además por el señor Sayas- el horizonte temporal de las medidas es hasta el 30 de septiembre, creo que todos somos conscientes de la incertidumbre en la que nos encontramos y esto nos hace pensar que vamos a superar ese límite. Al hilo de esa reflexión, de que quizás no vaya a ser suficiente el 30 de septiembre y ni siquiera el 1 de enero, este puede ser el momento para plantear en el horizonte que algunas de estas medidas, que ya hayan dejado de ser temporales, puedan convertirse en estructurales. Quizás algunas de las medidas propuestas se deban contemplar desde otro punto de vista y le voy a poner algún ejemplo. Quizás haya que anudar algunas de estas medidas a la restructuración de sectores concretos, y me estoy acordando de la hostelería, del comercio y de otros, porque su futuro creemos que no va a ser igual o en las mismas condiciones que han existido hasta ahora.

Hay una cuestión que le quiero señalar de una forma quizá novedosa. Las medidas de reactivación económica y defensa del empleo creemos que tienen sentido, pero no lo tienen de forma completa si no se anuda ese propósito con la formación en cualquiera de sus facetas. Creemos que es un error de perspectiva contemplar las ayudas y el propósito de mantenimiento del empleo sin la perspectiva de la formación. La clave es la formación, a nuestro modo de ver. Ninguna actuación debiera obviar que el futuro se diseña con formación y que ni los empleos del futuro ni la economía del futuro serán estables, y menos aún competitivos, sin una adecuada preparación. No tiene sentido alimentar la supervivencia de sectores frágiles para que mantengan las mismas características y, por el contrario, creemos que la formación en digitalización y nuevas formas de trabajo debe formar parte de la estructura de esfuerzo colectivo que suponen estas ayudas.

Hay otra cuestión más con la que voy a terminar. Con estas ayudas, quizá se ha podido perder la perspectiva de la vulnerabilidad. Jóvenes, mujeres o mayores de 50 años -por citar los más tópicos- son colectivos que han vuelto a quedar nuevamente más desamparados y no están contemplados en las medidas de reactivación económica y garantía de empleo de forma específica, y deben hacerlo en un futuro. Y, repito, creo que la clave respecto de las ayudas que se están planteando es la sostenibilidad social, pero también la sostenibilidad con otro propósito, que es el de futuro. La clave es la formación e insistimos en ello, porque creemos que el empleo de futuro debe ser un empleo preparado y la economía también debe estar preparada.

En ese sentido, no puedo dejar de hacerme eco de una situación concreta, al igual que lo ha hecho con anterioridad el señor Sayas, que es la situación de Gamesa en Aoiz, precisamente porque a pesar de que se ha hecho un esfuerzo colectivo en la preparación, en la tecnificación y en la formación en determinados ámbitos industriales y de empleo, no podemos consentir que ese esfuerzo colectivo vaya a redundar en beneficios mal considerados o malentendidos cuando se traducen en deslocalización. Lo que


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está pasando en Aoiz no tiene nada que ver con esta situación de crisis, pero sí tiene que ver con otro fenómeno que puede que repunte como consecuencia de esta situación de pandemia del COVID-19. Me gustaría que prestaran atención a este tema desde el Ministerio de Trabajo y desde el Gobierno. Las deslocalizaciones son intolerables...

La señora PRESIDENTA: Señor Barandiaran, tiene que terminar, por favor.

El señor BARANDIARAN BENITO: Termino, presidenta.

Las deslocalizaciones son intolerables, no podemos dejar que suceda lo que está ocurriendo en estos momentos en Gamesa en Aoiz.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barandiaran. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Muñoz Vidal.

La señora MUÑOZ VIDAL: Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías. Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, un real decreto que recoge, entre otras cosas, una extensión de los ERTE y también de la prestación extraordinaria de los autónomos hasta el 30 de septiembre. Me es grato el enorme consenso que ha suscitado esta prórroga en toda la sociedad, porque con esta extensión de la protección de trabajadores y empresas prorrogamos la certidumbre, apostamos por la confianza y aliviamos el drama de millones de familias que miran al futuro con miedo; con miedo, señorías, porque no hay organismo internacional o doméstico que no se haya visto obligado a empeorar los datos sobre el impacto económico que la crisis del coronavirus tiene y dejará en España. Hoy mismo la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, avisa de un desplome superior al 12 % de nuestro PIB; en resumen, un futuro económico desolador que nos obliga a prepararnos.

Desde el minuto uno en Ciudadanos propusimos al Gobierno el recurso a los ERTE como alternativa a los despidos masivos, para no repetir el aluvión de ERE con que nuestro país afrontó la crisis de 2008. Ahora el Grupo Socialista vende como un logro esta red de protección a los trabajadores y a las empresas, al tiempo que el Gobierno de coalición -su Gobierno, señora ministra- y sus socios proclaman que quieren derogar la reforma laboral que justamente posibilita estos ERTE. Acabamos de escuchar decir a su señoría el diputado de EH Bildu que no se siente español, pero que desde aquí pide la derogación de una ley laboral española.

También quiero llamar la atención a sus señorías del Partido Popular y a otros grupos parlamentarios, que repetidamente estuvieron dispuestos a hacer caer el estado de alarma por puro cálculo partidista y con él los ERTE y las prestaciones a los autónomos que protegen a millones de familias en estos momentos difíciles, que en opinión de mi grupo es una gran irresponsabilidad. Señorías, creemos humildemente que la flexibilización y la extensión de los ERTE está funcionando y que, además, cuanto más flexibles sean esos ERTE y cuanto más tiempo duren para determinados sectores como hostelería y turismo más eficaces serán.

Ministra, el duro confinamiento decretado por su Gobierno ha sido de los más estrictos y largos de Europa para paliar la negligente respuesta inicial al virus. Paralizar por completo la actividad económica, más todas las contradicciones e incertidumbres generadas en un sector tan importante para nuestra economía como el turístico, por ejemplo, sabemos que tendrá un efecto desolador en la ansiada recuperación, que ya les puedo decir que será larga y dura. Por eso no tenía sentido vincular la duración de los ERTE y las prestaciones de los autónomos al confinamiento. La intensidad del impacto que ha sufrido nuestra economía y también el riesgo cada vez mayor que estamos viendo en nuestro país con esos temidos rebrotes en los últimos días, así como los posibles efectos de una segunda ola que vienen importados desde el extranjero, seguirán haciendo mella sin duda en nuestra economía y en nuestro mercado laboral.

Señorías del Gobierno, no pueden ustedes repetir los errores del pasado, deben aprender de ellos. Para eso lo primero que hay que hacer es aparcar la ideología y reconocer dónde se ha errado. La crisis ha embestido a España sorprendiéndola con deberes sin hacer, con la reformas estructurales pendientes y sin una adaptación de nuestras leyes laborales a la economía del siglo XXI, mientras nos encomendamos a Bruselas ante la palmaria incapacidad que este Gobierno encuentra para abordar la recesión que se nos


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avecina. España no tiene por qué estar condenada a tener que lamentarse en el futuro y por ello en Ciudadanos no nos cansaremos de exigir que se rectifique y que se actúe con contundencia y con celeridad. Pese a todo, ministra, celebramos que el Gobierno haya cumplido de nuevo con muchas de las exigencias de mi grupo parlamentario en materia económica, tanto en relación con los ERTE como de manera más novedosa con las medidas extraordinarias de apoyo a los autónomos. Sin embargo, no las celebramos porque hayan sido ideas o propuestas de Ciudadanos, sino porque son medidas buenas para los españoles, como buenas son también las otras medidas que recoge este real decreto que Ciudadanos negoció con el Gobierno para el apoyo de las prórrogas y la exoneración de las cuotas a los autónomos de la Seguridad Social, que llegará también hasta el mes de septiembre y que, a su vez, será compatible con la prestación extraordinaria de los autónomos y también con la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, así como el reconocimiento de una protección específica para todos aquellos autónomos que desarrollan actividades estacionales de temporada, los llamados temporeros, del mismo modo que se había hecho con los trabajadores fijos discontinuos.

Sinceramente, nos alegramos de que el Gobierno haya vuelto al fin a la senda del acuerdo con los agentes sociales y que estos acuerdos con patronal y sindicatos se plasmen en este decreto. La negociación y el diálogo son algo que debería ser absolutamente natural, pero tal y como demuestran las continuas polémicas de PSOE-Podemos y los nacionalistas sobre la reforma laboral o el teletrabajo no deja de ser hoy algo extraordinario.

Sin embargo, me gustaría destacar que el Gobierno no ha modificado ni una sola coma en relación con la flexibilización de las condiciones para las empresas que pueden acogerse a los ERTE, pese a las reclamaciones de varios agentes sociales y también de varios grupos políticos. Esto es muy preocupante, aunque usted ha hablado del buen uso de los ERTE, porque si tiene en realidad el objetivo de salvar empleos, o al menos así lo creemos desde mi grupo, el Gobierno no puede poner condiciones difíciles o imposibles de cumplir, o cuyo cumplimiento acabaría por quebrar la empresa o destruir puestos de trabajo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que las empresas acogidas a estas medidas no puedan repartir dividendos con cargo a 2020, o la cláusula de salvaguarda del empleo. Nos gustaría, ministra, que el Gobierno recapacitara y modulara estas condiciones que son injustas a nuestro entender para la prórroga de los ERTE porque, de no hacerlo, tememos que muchos de los ERTE de hoy se conviertan en los ERE de mañana. Por eso, ministra, y pese a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, solicitaremos su tramitación como proyecto de ley para poder rebatirlo y mejorarlo, incluyendo condiciones más flexibles y menos gravosas para las empresas beneficiadas de los ERTE.

Acabo ya, presidenta. Les pedimos, señores del Gobierno, responsabilidad, autocrítica para aprender de los errores y trabajo incansable para aunar esfuerzos y alcanzar acuerdos para que no se repitan estos errores.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Plural, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.

Señora ministra, presenta usted este Real Decretoley 24/2020 como el resultado del diálogo social, pero la verdad es que ese diálogo y, por tanto, las medidas aquí recogidas están condicionadas de manera decisiva por el hecho de que ustedes mantengan plenamente vigentes la reforma laboral, la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva o los recortes en las prestaciones por desempleo y los servicios públicos, a pesar de su compromiso para su derogación, todo lo cual supone un enorme perjuicio para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. En la situación de crisis actual, el hecho de que el Gobierno siga manteniendo la reforma laboral supone facilitar por parte de la propia Administración que los actuales ERTE acaben convirtiéndose en despidos. Resulta necesario y urgente derogar íntegramente la reforma laboral, pero especialmente los artículos que posibilitan que sean las empresas, unilateralmente y sin control por parte de la Administración, las que decidan sobre los despidos colectivos. Esto es lo que permite a empresas como Alcoa o BorgWagner ejecutar sus planes de cierre y deslocalización libremente, sin tener en cuenta los problemas sociales que la desaparición de estos puestos de trabajo supondrá para la economía de Galiza. (Continúa su intervención en gallego.) Creo que sería conveniente que fuesen claros al respecto, porque es lo que esperan los trabajadores y trabajadoras. Debe recordarse también que a partir del día 181 en el paro, la prestación que se percibe baja del 70 al 50 % de la base de


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reguladora, lo que supone un grave recorte en los ingresos de muchas familias. Esta es una de las consecuencias de las reformas en las prestaciones que impuso el Partido Popular en 2012 y que a día de hoy PSOE y Unidas Podemos mantienen en vigor. Es más, el Gobierno sigue utilizando los fondos que aportan los trabajadores a la Seguridad Social, al SEPE o al Fogasa para financiar la exoneración de las cuotas empresariales pactadas y, al mismo tiempo, se incrementa el gasto público sin dar alternativas fiscales que apuesten por la progresividad como una tasa a las grandes fortunas, por ejemplo, o sin utilizar partidas verdaderamente prescindibles como son las destinadas al gasto militar o suntuario, como el sostenimiento de la Casa Real. Así, todo apunta a que, una vez más, serán las clases populares, los trabajadores y las trabajadoras, los que asumirán el coste de la crisis.

Por estas y algunas otras razones, entenderá que no podemos votar a favor de este decreto. No nos vamos a oponer, pero tampoco vamos a votar a favor.

Moito obrigado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Boadella Esteve.

El señor BOADELLA ESTEVE: Bon dia. Muchas gracias, presidenta.

Señora ministra, ya le adelanto que nosotros estamos de acuerdo con el contenido del real decreto porque viene avalado por el diálogo social, pero le voy a reiterar también lo que le hemos dicho en situaciones anteriores. Nos gustaría que, aparte del diálogo social, usted apelara al diálogo con los otros grupos políticos. Por este motivo, le pediremos también que accedan a tramitarlo como proyecto de ley, porque creemos que con la participación de los partidos políticos se pueden introducir muchas mejoras -algunas ahora le comentaré- desde la perspectiva de los autónomos y desde la perspectiva de las exoneraciones a la Seguridad Social.

Pero entrando en el fondo del real decreto, es cierto que este real decreto se produce porque el 30 de junio acababan los ERTE por fuerza mayor. Yo le quiero hacer notar una cosa que también le he planteado al Gobierno muchas veces. El real decreto se aprueba el 26 de junio e incluso sale publicado un sábado, el sábado 27 de junio.

Toda la planificación que puedan hacer las empresas, toda la información que puedan tener los trabajadores sobre si tienen que ir a trabajar o no, toda la conciliación -como le decía antes- de gestores, administrativos, graduados sociales, abogados y economistas, todo esto parece que ustedes no lo tienen en cuenta. Priorizando que es necesario el diálogo social, generan una incertidumbre y una jugada de último minuto que entendemos que es totalmente desproporcionada. Y en este ámbito tengo que reclamar desde ahora que estos ERTE se van acabar el 30 de septiembre. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar, hasta al 24 de septiembre, el 25 de septiembre, el 26 de septiembre, el 29 de septiembre por la noche? Le pedimos encarecidamente que no vuelva a suceder este espectáculo con el fin de los ERTE de fuerza mayor, que ahora mismo ya sabemos que acaban el 30 de septiembre.

En cuando a las mejoras concretas, por apuntar un par de ideas, en el ámbito de los autónomos, ustedes abren la puerta a que las empresas puedan acceder a la fuerza mayor por causas objetivas, pero, en cambio, condenan a los autónomos a acreditar unas pérdidas del 75 % de los ingresos, enviándolos prácticamente a la ruina. Es decir, aquel que no esté por debajo del 75 % de los ingresos no podrá beneficiarse de las ayudas, de las exoneraciones. Por tanto, entendemos que existe aquí un doble rasero, altamente perjudicial para los autónomos.

Finalmente, decía usted que ha trascendido el concepto de ERTE. Efectivamente, ya ha trascendido, por una parte -y usted tiene razón-, por la protección que se ha dado en esta situación sobrevenida del COVID, pero también por las situaciones que ha dejado pendientes. Hay miles de personas que estaban en el paro antes de haber sobrevenido el COVID y que difícilmente han podido encontrar trabajo durante este periodo de coronavirus y confinamiento cuyas prestaciones de paro no se han visto por el momento corregidas ni alargadas, cuando es evidente que había mucha gente que no han podido realizar esa búsqueda activa de empleo y que las circunstancias tampoco han sido las ideales para poder realizarla. Alguna solución hay que dar a esas personas que ya estaban paradas, y no por el ERTE, sino por causas anteriores. Alguna solución hay que dar, ministra, porque usted continua diciendo que los ERTE se pagan, que el paro se paga, que se paga el desempleo, pero el mismo día en que usted dice esto sale el CSIF diciendo que hay miles de ERTE sin cobrar y salen los colegios de gestores diciendo que hay alrededor de doscientas mil personas sin cobrar. Le recomiendo el programa de radio de RAC1 al que una vez a la


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semana llama la gente para contar sus historias con el SEPE, lo desgastados que están por intentar interactuar con él, por los ajustes pendientes o porque incluso algunos aún están sin cobrar.

Por eso, para defender a todas esas personas, entendemos que todo esto se tiene que hacer con el diálogo social, pero también con el diálogo con los partidos políticos, porque, como digo siempre, nosotros vamos a estar aquí para ayudar a toda esta gente, para continuar haciendo una política activa que mejore la vida de esta gente; sin renunciar a querer un Estado para Cataluña, pero sabiendo que todavía es necesario que este Estado pase con mejor nota las asignaturas que tiene pendientes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Boadella. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes. Gracias, presidenta.

Señora ministra, hoy venimos de la manifestación de Nissan a las puertas de este hemiciclo. Esta es su camiseta, nuestra camiseta, és la nostra gent. (Muestra su camiseta, que lleva impreso el hashtag #FuturoParaNissanYA.) Señora ministra, nos dirigimos especialmente a usted, a una parte del Gobierno, a Unidas Podemos. El PSOE, como dice mi compañero Rufián, no hace, se le obliga. Usted tiene el instrumento más importante para poder solucionar este tema y muchos más, que es el BOE, el Consejo de Ministros. Igual que usted trajo el real decreto-ley para derogar el artículo 52.c) -muy bien traído, por cierto, y la felicitamos-, traiga también la derogación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Y estoy seguro que lo va a hacer. Con esto solo ya solucionamos el problema de Nissan y muchos más, entre otras cosas. (Aplausos.)

Vayamos al grano. Tenemos discrepancias, algunas importantes, que vamos a manifestar en forma de enmiendas, porque damos por supuesto que se va a tramitar como proyecto de ley este real decreto ley. De momento, tres cuestiones: una de presente, otra de futuro y otra urgente, muy urgente.

Primero, una cuestión de presente. Los ERTE han funcionado relativamente bien. Pese a nuestras discrepancias de gestión, sobre todo en errores y retrasos de pago, es justo decir -y dar las gracias por parte de los trabajadores y trabajadoras- que es importante lo que se ha hecho en referencia a los ERTE, que son un gran instrumento. Pero le pedimos que se amplíe el plazo de estos ERTE, porque eran y son necesarios, sobre todo para algunos sectores. Por eso, anunciamos que vamos a votar favorablemente a su real decreto-ley.

Dicho esto, tenemos discrepancias seriamente en algunos puntos. El principal es sobre quién paga la factura en el tema de los ERTE, en el tema de la Seguridad Social. El tema de exoneraciones, el tema de excepciones en la Seguridad Social no deja de ser que paguemos la factura los trabajadores y trabajadoras, que somos los que cotizamos a la Seguridad Social, no el resto de la sociedad. Claro, si seguimos pagando la factura a través del dinero de la Seguridad Social, seguimos descapitalizando a la Seguridad Social, que es la joya de la corona de protección de los trabajadores. Y luego se va a endeudar falsamente la Seguridad Social, y aquí empezará todo el show.

También lamentamos otro tema al que ustedes se comprometieron, el de establecer una prestación para padres y madres que no pudieran acudir al trabajo por causa directa del coronavirus. Esto sigue pendiente y esperamos que siga adelante.

En segundo lugar, una cuestión de futuro inmediato que ya le he reiterado algunas veces. Hace tiempo que venimos avisando acerca de que lo que se necesita es acabar con la legislación antisocial que implementaron Rajoy y Zapatero entre 2008 y 2013, que sigue vigente, se sigue sin hacer nada y se seguirá aplicando tan pronto como desaparezca el escudo social del que tanto presumen. No puede haber escudo social sin desmontar las dos reformas laborales. Como mínimo, cumplan la parte que dicen que constituye las fases más perjudiciales. Lo estamos esperando, y ya empieza a ser una cuestión de urgencia. No se puede tener un escudo social con las dos reformas laborales, con la reforma de pensiones de 2013 y con las leyes represivas, como la Ley mordaza para combatir la disidencia política y sindical, para combatir los derechos de los trabajadores y los derechos de los pueblos, que es la razón de ser de nuestro partido. La no derogación de estas normas, que ustedes desde la oposición siempre criticaron, es la peor y la más peligrosa de las políticas sociales, y no es lo que esperan nuestros votantes ni los suyos.

En tercer lugar, una cuestión urgente, tan urgente que llegamos tarde. En Lleida, en Alcarrás, Soses, Serós, Aitona, Le Granja de Escarpe, Masalcorreig, Torres del Segre, todos los ciudadanos de estos municipios están sufriendo. No son los únicos, es cierto, lo sabemos, pero los citamos para que toda esta


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Cámara recuerde que existen. Creemos, ministra, que usted seguro que empatiza con estos pequeños pueblos poco poblados, que no hacen ganar elecciones, pero en los que hay ciudadanos que tienen los mismos derechos que en las grandes ciudades. Por favor, no abandonen a estos municipios de El Segrià ni a los demás de cualquier parte del Estado que puedan venir y que nos tememos que pueden venir.

Voy acabando. Viendo cómo están las cosas, viendo cómo está sufriendo la gente, no solo por las enfermedades y los fallecimientos, sino también por no poder trabajar, por no poder llegar a fin de mes, por no saber si van a ser despedidos, si van a tener derecho al paro, si van a poder mantener su pequeña empresa, solo para empezar -el resto vendrá, como le decía, en forma de enmiendas-, le hago tres propuestas muy concretas, que seguro que usted, señora ministra, conociéndola, ya debe tener en mente, por su sensibilidad. Una, que ningún trabajador pueda ser sancionado por falta de asistencia al trabajo en zonas afectadas por rebrotes y con recomendaciones públicas de confinamiento. Dos, que nadie sufra por haberse quedado en situación de desempleo desde febrero, porque siguen sufriendo y viendo cómo se acerca cada vez más el fin de su prestación por desempleo sin tener posibilidad real de encontrar trabajo. Tres, algo de lo que nadie habla -bueno, se ha hablado un poco, pero pienso que será motivo para tratarlo en las próximas semanas y meses-, que no se reduzca el importe del paro pasados los seis meses desde el inicio de su percepción. A mediados de septiembre los trabajadores que entraron en ERTE justo al principio del estado de alarma cumplirán medio año en el paro y usted sabe que, si ahora cobran el 70 % de su sueldo, a partir del séptimo mes pasarán a cobrar la mitad. Hay que poner remedio con urgencia, señora Díaz, pues se trata de una emergencia social, sin ninguna justificación y sin ninguna responsabilidad por parte de los trabajadores y trabajadoras, como tampoco por parte de los pequeños y medianos empresarios. Es muchísima la gente que no puede vivir con la mitad de un sueldo, que ya es precario por sí mismo; téngalo en cuenta.

En cuanto a los autónomos, simplemente quiero señalar lo que ya habían dicho mis compañeros, también mi compañero Rufián hace unos días aquí: que se amplíen las protecciones en el trabajo de externalización hasta el 31 de diciembre y que se revise el límite de las pérdidas en el 70 %, en vez de en el 50 %. Pienso que es más justo y que debe ser así.

Señorías del Gobierno, ustedes son los competentes. Estamos hablando de Trabajo y Seguridad Social, esto no lo puede arreglar un conseller desde la Generalitat -ya nos gustaría, y por eso queremos ser independientes y combatimos para serlo-, ni mucho menos un alcalde, que está sufriendo como el que más. Les corresponde a ustedes hacer este urgente trabajo, y por todo ello esperamos que admitan nuestras propuestas.

No quisiera acabar sin mencionar el ingreso mínimo vital, otra de las joyas de la corona que ustedes han logrado y por la que les felicitamos, porque hacía falta. Hay gente que no puede vivir y que necesita urgentemente esta medida, pero en estos momentos, según datos oficiales, hay 75 000 personas que lo han recibido, y la promesa era llegar a 850 000 familias y a 2,3 millones de personas. Es un ingreso mínimo y vital -recalco la palabra-, porque para la gente que necesita este dinero es imprescindible.

Muchísimas gracias y perdón por haberme pasado veinte segundos. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra.

Lo primero que quiere hacer nuestro grupo es poner en valor el diálogo social. Somos conscientes de que no siempre se va a poder llegar a acuerdos, de que a veces no será posible, pero solo el hecho de la existencia del diálogo social, solo el hecho de que se debatan propuestas tan importantes entre trabajadores, empresarios y Gobierno es algo a lo que, tristemente, no estábamos acostumbrados, porque Gobiernos anteriores solo debatían, solo discutían con el espejo en su casa mientras tenían a millones de trabajadores en las calles exigiéndoles que rectificaran, y, tristemente, nunca lo hacían. Afortunadamente, fruto de este diálogo social existe ahora este acuerdo social de defensa del empleo, y desde nuestro grupo parlamentario le felicitamos a usted y a todo su equipo por haberlo conseguido, porque hay cosas que parecen muy fáciles pero llevan mucho trabajo invisible por detrás y son muy complicadas de conseguir. Creo que es justo darles la enhorabuena cuando las cosas se hacen bien.

Este acuerdo que se refleja en el real decreto que hoy debatimos y convalidamos está siendo clave para evitar millones de despidos, para evitar impagos masivos de salarios y para evitar el cierre en cascada


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de muchísimas empresas en este país. Permite a la gente trabajadora y a las empresas que se vayan incorporando poco a poco a la actividad, con flexibilidad, garantizando la viabilidad económica de los negocios y, por tanto, el mantenimiento del empleo. Y no estoy hablando de deseos ni de promesas; es una cuestión de hechos, hablo de hechos. Este mecanismo durante los meses de mayo y junio ha dado importantísimos resultados. De los cerca de 3,5 millones de personas que entraron en ERTE, ya han recuperado la actividad -tanto trabajadores como empresas- más de 2 millones. Y, por supuesto, un mecanismo como este, el de los ERTE, que moviliza una cantidad brutal, ingente de recursos públicos, como ya han dicho muchos intervinientes, debe contar, como no puede ser de otra manera, con un control efectivo para evitar el fraude y la picaresca de determinados empresarios sin escrúpulos que se dediquen a vivir de dinero público.

En esta línea, este real decreto recoge aspectos que creemos que son de sentido común, por ejemplo, la exclusión de que puedan beneficiarse de estas medidas empresas que tienen el domicilio fiscal en paraísos fiscales. Si usted no paga impuestos aquí, no pretenderá beneficiarse de las medidas sufragadas con estos impuestos; parece lógico. Asimismo, la imposibilidad del reparto de dividendos en el ejercicio para las empresas que estén disfrutando de estas ayudas o de estas medidas, que también parece de puro sentido común. Igualmente, que no puedan realizarse horas extraordinarias ni nuevas externalizaciones en la actividad ni concertarse nuevas contrataciones durante la aplicación de los ERTE, es decir, si usted tiene gente en ERTE y necesita todo eso, lo que tiene que hacer es sacar a la gente de los ERTE; evidentemente, si no, estaríamos en una situación de fraude. También que se mantenga la prohibición de despedir por causas que justifican ese mismo ERTE, porque para eso está la medida, así como que se mantenga el compromiso del mantenimiento del empleo durante los seis meses a partir de la existencia de esta herramienta.

Todo esto es fundamental y es evidente, como dije antes, que está evitando sufrimientos a millones de personas. Pero no cabe duda que es una red de protección que no tiene carácter estructural ni lo puede tener, porque básicamente las cotizaciones y los recursos públicos no son infinitos. Por lo tanto, es clave legislar para que abandonemos la precariedad como un modelo impuesto que provoca, aparte del sufrimiento de la gente trabajadora, una fragilidad tremenda en nuestro mercado de trabajo; y esto, desgraciadamente, no es una opinión, ahí están los datos. La destrucción de empleo en la pandemia se produjo mayoritariamente, y usted lo sabe y así lo ha expuesto, en los contratos temporales, afectando especialmente a la gente joven. Tenemos que acabar con esa fragilidad en el mercado laboral, y eso solo se puede hacer legislando y, evidentemente, cambiando el modelo productivo.

Es clave impulsar con firmeza la ley que ya prepara su ministerio, junto con la sociedad civil, para acabar con el drama de los falsos autónomos, que están tan de moda en la mal llamada nueva economía a pesar de los reveses judiciales. Es clave impulsar también la ley para regular el trabajo a distancia e impedir los abusos, y sé, sabemos que su ministerio está trabajando en este sentido. Y, por supuesto, es igual de importante o más no dar ni un paso atrás en la derogación de la reforma laboral y en la generación de un nuevo marco de relaciones laborales en nuestro país. (Aplausos.) Cuestiones como, por ejemplo, la recuperación de la operatividad de los convenios, la prevalencia de los convenios del sector sobre los convenios de empresa y el fortalecimiento de la negociación colectiva son asuntos urgentes para muchísima gente trabajadora del país y para la propia economía del país.

Sabemos, somos perfectamente conscientes, porque lo vivimos todos los días, que llegan presiones por todos lados y de gente muy poderosa tanto de fuera de nuestras fronteras como de dentro; es más, fuera de nuestras fronteras hay quien tiene ayuda de gente de dentro. En estos días estamos viendo cómo el primer ministro holandés, que a veces tiene delirios de ser el amo del mundo, cree que para que nosotros, como país miembro de la Unión Europea, podamos acceder a los fondos tenemos que cambiar y apretar aún más las clavijas a nuestros pensionistas y a la gente trabajadora. Yo creo, creemos firmemente que las únicas presiones a las que debemos atender de verdad son las que tiene la gente trabajadora para llegar a fin de mes, las presiones que tiene la gente para firmar un convenio colectivo de empresa con un sindicato amarillo puesto por los jefes, las que tiene la gente con un contrato temporal cuando se acerca el día en que se va acabar y no sabe si se lo van a renovar o no. Nosotros creemos firmemente que esas son las únicas presiones a las que tenemos que atender, porque para eso nos votaron y para eso estamos aquí.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos.)

El señor AIZCORBE TORRA: Gracias, señora presidenta.

Real Decreto-ley 24/2020. No podemos votar a favor de dicha convalidación porque es una nueva muestra de la inseguridad jurídica que permanentemente provoca este Gobierno, que es lo que menos necesita cualquier recuperación económica. Y me voy a centrar única y exclusivamente en relación con lo establecido sobre el acuerdo social para el empleo del Título I. Es curioso que dicho acuerdo entre los llamados agentes sociales y el Gobierno sobre el desarrollo de los ERTE y las medidas de la mal llamada salvaguarda del empleo se formalizara tan solo unos días, unas horas antes del 30 de junio, fecha prevista para la finalización de los mismos, ante la lógica intranquilidad de todos los afectados, prorrogándolos hasta el 30 de septiembre. Ya auguramos que en muchas empresas -más de las previstas en la norma- deberán ampliarse, habida cuenta de las limitaciones existentes, unas de carácter sanitario y otras frente a la imposibilidad de reactivación de muchas empresas por las trabas que desde el Gobierno se están poniendo. Quédense vuestras señorías con la fecha del 1 octubre -otra vez el 1 octubre-, cuando empezará el goteo o avalancha de concursos en los juzgados mercantiles; acuerdos que vienen a rectificar errores reconocidos incluso expresamente en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 15/2020; acuerdos que se suscriben con una confederación empresarial en muchas ocasiones acongojada ante los abusos y exabruptos del Gobierno y unos concretos sindicatos de clase trasnochados, ineficaces, ineficientes, subvencionados, sirvientes y silentes, simples correas de transmisión de soflamas ideológicas, apenas representativos, lo que, sin duda, hace imprescindible la irrupción de un sindicato en España solidario que represente a los trabajadores sin distinciones, sin intereses partidistas, consciente de la defensa de sus derechos y que abogue por la supervivencia y crecimiento de las empresas como fuente de trabajo digno. (Aplausos.)

Decíamos que estamos ante el Gobierno de la inseguridad jurídica que provoca permanentemente este Ejecutivo y a la que coadyuva parte de la Cámara legislativa, una especie del qué dirán ajeno al lamento de asesores, empresas, abogados, trabajadores, gestores, funcionarios, todos ellos desesperados ante tanta incertidumbre procedimental que vemos de nuevo plasmado en este real decreto-ley. Y sirvan como brochazos los siguientes. En primer lugar, inseguridad jurídica en cuanto al artículo tercero, porque en caso de rebrote las empresas que hayan renunciado a un ERTE por causa de fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 -pecado original de los posteriores- han de ir a un ERTE en base al artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, con todos los trámites y complejidad que ello representa. Señora ministra, ¿son conscientes de lo que significa? ¿Son conscientes de que para cuando se presente y se resuelva posiblemente la empresa ya habrá cerrado? ¿Son conscientes de lo que supone dicho trámite y la complicación para las pequeñas y medianas empresas? Es evidente que no; les da absolutamente igual, me temo. En vez de ayudar para la reconstrucción, aprovechamos para hundir proyectos empresariales que dan y sostienen empleo, para someterlos a un laberinto de vericuetos administrativos sin sentido.

En segundo lugar, inseguridad jurídica en relación con los ERTE Cetop del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020. ¿Por qué no se ha autorizado el pase de un ERTE por causas de fuerza mayor a un ERTE Cetop si al final podemos decir que las causas de casi todos los ERTE Cetop presentados en estos días son por causas productivas? Es incomprensible la exposición que supone para las pequeñas empresas tener que reiniciar un periodo de consultas, cuando tanto los trabajadores como los empresarios no han cobrado todavía del SEPE y no saben qué va a pasar con su puesto de trabajo. ¿Había necesidad de exponer tanto a dichos trabajadores y empresarios a este calvario? Esto ya se lo planteamos, señora ministra, expresamente en comparecencia del 21 de abril como futuro problema, pero ni caso.

Asimismo, inseguridad jurídica porque la norma prohíbe hacer horas extras si la empresa está en ERTE en administración y hay una punta productiva. ¿Se puede entender que se prohíba aprovecharla? Solo salen perjudicados los trabajadores, el empleo en sí. ¿No se dan cuenta de que es absurdo? Esta es una pregunta constante de muchos pequeños empresarios, pero ustedes están en otra cosa. Corrección de errores que acaban de darnos hace unos minutos, señora ministra, según la cual, efectivamente, han de aceptar que se puedan reanudar externalizaciones que ya existían.

Inseguridad jurídica a raíz del artículo 6, de salvaguarda del empleo, de la disposición adicional sexta del famoso 8/2020; insistimos, pecado original. A día de hoy, dos meses después de la


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publicación del Real Decreto 18/2020, de 12 de mayo, sigue sin aclararse ni vía real decreto-ley ni oficio en la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo ni de la Tesorería General de la Seguridad Social si en caso de incumplimiento hay que devolver las cuotas de la Seguridad Social más recargo, más intereses de demora del trabajador despedido o de todo el ERTE. Esto tiene paralizadas a miles de empresas que necesitan ajustar personal pero no pueden por miedo a que se sancione con la devolución de todo el ERTE.

Inseguridad jurídica del artículo 7, en referencia a los artículos 2 y 5 del Real Decreto 9/2020. Se extiende hasta el 30 de septiembre lo que se conoce como prohibición de despedir, que no es tal, sino un encarecimiento por improcedencia directa. ¿Por qué se miente así? Señora ministra, ¿dónde están los combativos sindicatos de clase? No se permite -vía encarecerlos ostensiblemente- hacer despidos objetivos individuales de los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores ni ERE, despidos colectivos del 51 del Estatuto de los Trabajadores, cuando hay miles de empresas que necesitan ajustar sus plantillas. Todo ello atenta, sin duda, contra el artículo 38 de la Constitución, a la libertad de empresa en una economía de mercado como en la que nos encontramos. El Real Decreto 9, artículo 5, supone un alargamiento falso e irreal de los contratos temporales para evitar la inevitable imagen de las cifras reales. Sabemos que en muchas ocasiones -y lo saben ustedes- será irreal, puesto que ya no existirá la obra o el servicio determinado o porque ya no se necesite al trabajador en eventual, por ejemplo, en Semana Santa. Es alargar durante meses y meses para encubrir la trágica realidad del empleo.

En definitiva, antes mi compañero Víctor González ha expuesto parte de las soluciones, pero el Gobierno de la intervención, de la subvención, del paro, de las colas del hambre, el Gobierno de la ineficacia, del control y, por supuesto, de la inseguridad jurídica es el que nos está llevando a la ruina. Señora ministra, por supuesto, sigue sin llamar a VOX. Atienda los problemas de la España real, deje de pensar en las elecciones gallegas, ya han pasado, al igual que los tiempos de sus políticas trasnochadas.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aizcorbe. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidenta.

Señorías, hoy se cumplen veinte años del vil asesinato de mi compañero y concejal de Málaga José María Martín Carpena por la banda terrorista ETA delante de su mujer y de su hija. Sirva hoy su recuerdo para remover conciencias de quienes quieren blanquear la historia del terrorismo y de quienes lo ampararon y aún hoy siguen amparándolo. Va por ti, querido José María Martín Carpena. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y VOX, puestos en pie.)

Entrando en el tema, señorías, el Partido Popular va a apoyar este real decreto precisamente porque está pactado en el diálogo social con la patronal y los sindicatos. Señora ministra, bienvenida al diálogo social, ese que ustedes rompieron estrepitosamente cuando firmaron con Bildu la derogación de la reforma laboral. Pero vamos a hablar de ERTE, ¿qué va a pasar después del 30 de septiembre? Usted sabe que la evolución de los ERTE después del 30 de septiembre es clave para la recuperación del mercado laboral. Decía usted que hasta los niños iban a saber lo que era un ERTE. ¡Y tanto que lo han sabido! ¡Como que los padres y las madres han estado meses y meses sin cobrar! ¿De qué se ríen ustedes tanto cuando dan las dramáticas cifras de paro? Vamos a hablar del paro del mes de junio. Por primera vez sube el paro en junio desde el año 2008, hay un 28 % más de parados en el último año. La Seguridad Social ha perdido casi 900 000 afiliados en el último año. El paro juvenil duplica la media europea. La contratación indefinida no llega ni al 10 % y ha caído en junio un 35 %. Aumenta el paro femenino; señora ministra, las empleadas de hogar -que son fundamentalmente mujeres- llevan sin cobrar la ayuda y hace ya más de cuatro meses que se aprobó. A mí se me caería la cara de vergüenza. Hay 422 000 mujeres menos trabajando que hace un año. Ese es el feminismo de propaganda de su Gobierno. Hay 700 000 parados más que cuando Sánchez llegó al Gobierno. Tenemos el peor Gobierno en el peor momento y, mire, en enero, antes del coronavirus, se destruyeron 244 000 empleos, repito, 244 000, la peor cifra. Es decir, que antes del coronavirus ya estaba subiendo el paro y ahora se está disparando. Eso es lo que nos ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez: más paro, más pobreza, menos empleo, menos empresas y menos autónomos. Decía Pedro Sánchez que no dormiría, con Podemos en el Gobierno. Ya


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sabemos que mintió a toda España. Yo le pregunto: ¿duerme usted tranquila, señora ministra? Eso es lo que le preguntó a la ministra del Partido Popular cuando España era el país que más empleo creaba de toda la Unión Europea: 600 000 empleos de media al año. Ahora que el desempleo crece diez veces más que la media europea y el triple que Alemania yo le pregunto: ¿duerme usted tranquila, señora ministra? Yo creo que quien no duerme muy tranquilo es su jefe, el señor Iglesias, quedándose con la tarjeta de los móviles, amenazando a los periodistas... Esto huele mal, esto huele a cloaca y huele a machismo.

Pero, en fin, sigamos con el empleo. Hay que estar al lado de los trabajadores, por eso nosotros proponemos prolongar los ERTE hasta finales de año o incluso hasta finales del primer trimestre del año siguiente. Porque no se puede dejar a los trabajadores a la intemperie. ¿Le suena eso, verdad, ministra? Serán ustedes los responsables de que esos ERTE se conviertan en ERE; por cierto, ERE que han permitido capear la crisis gracias a la modificación introducida por el Partido Popular. Somos los campeones en Europa de la temporalidad, el desempleo y la pobreza laboral. Sí, Yolanda Díaz, año 2018. ¿Qué ha hecho usted para mejorar esto? Nada, nada. (La señora ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez: Nada, nada...). Vuelve la izquierda y vuelven las cifras históricas del desempleo. Por cierto, pagar más de 5 millones en prestaciones por desempleo y sacar pecho de eso, yo que usted me lo haría mirar. (Aplausos.) Hágaselo mirar. Si no hay empleo peligran las pensiones, vuelve el fantasma de la congelación con la izquierda. Un dato curioso, en junio la afiliación crece en Galicia el triple que en España. ¿Sabe usted por qué? No porque usted sea gallega sino porque allí gobierna el Partido Popular y gobierna Feijóo. Que, por cierto, aprovecho para felicitarle (aplausos), cosa que no puedo hacer con usted porque Podemos se ha hundido, ha desaparecido del mapa gallego. (Aplausos.) ¿Y sabe usted por qué? Ha desaparecido Podemos porque no se fían de ustedes, ni dentro ni fuera de España. Y si no que se lo pregunten a la ministra Calviño, que vaya bofetada se ha llevado en plena negociación del fondo europeo, que es clave para salvar nuestra economía. No los quieren ni en Galicia, ni en España, ni en Europa. Háganselo mirar, señorías.

Electrointensivas. ¡Qué pena, las empresas agonizando por sus promesas incumplidas! Señorías de Ciudadanos -que son ahora los nuevos palmeros del PSOE-, dejen de regañarnos y arreglen su casa, que van camino también de desaparecer. ¿Pero usted sabe cuál es el problema real? Que ustedes no tienen un plan para España, ni ahora ni a partir del 30 de septiembre. No saldremos más fuertes, la caída del PIB va a ser del 15 %, el déficit superará el 10 %. Vamos a liderar el desplome económico mundial y es que ustedes son especialistas en crear incertidumbre. Y el pacto con Bildu para la derogación de la reforma laboral ha sembrado el pánico, señorías. Ahuyentan a los inversores. ¿Y sabe usted cuál es su solución a todo esto? Subida masiva de impuestos, lo contrario que hacen los países de la Unión Europea. Cuando la izquierda habla de justicia social, llévense las manos a la cartera porque nos van a freír a impuestos. Por cierto, a los trabajadores de Nissan, nuestro apoyo, pero quiero recordarles que fue el señor Sánchez el que dijo en Davos que estaba garantizado el empleo. (Aplausos.) En cuanto a los autónomos, llevan meses padeciendo la desidia y el abandono de su Gobierno; 20 000 autónomos han desaparecido en la crisis sanitaria, pero no es nuevo, es que en el último año más de 41 000 han tenido que cerrar su negocio.

Termino como empecé: bienvenida al diálogo social, hace bien en reconducir su postura; le recuerdo que usted -usted- fue la que boicoteó el acuerdo en el Pacto de Toledo sobre las pensiones en la anterior legislatura. Es un decreto que se queda corto porque octubre está a la vuelta de la esquina, porque tenemos ya las peores cifras de paro oficiales de toda la Unión Europea, y yo les pido que no hagan más destrozos en la economía y en el empleo porque lo acabarán pagando millones de españoles, aunque ya cada vez son más los que saben que con ustedes, con la izquierda y con la extrema izquierda, España siempre vuelve a las colas del paro y del hambre. Esa es la nueva normalidad pero, desde luego, le digo ya que nosotros, el Grupo Popular lo hemos cambiado dos veces y lo volveremos a hacer de la mano de Pablo Casado y del Partido Popular.

Muchas gracias. (El señor Requena Ruiz: ¡Muy bien!-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora España. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narváez Bandera.

La señora NARVÁEZ BANDERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Subo a esta tribuna para manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará la toma en consideración de este real decreto-ley. Se trata de una norma que nuevamente refleja la preocupación de


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un Gobierno por proteger el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y sostener el tejido productivo; en consecuencia, amplía la protección de las personas trabajadoras tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena.

En los primeros momentos de esta pandemia ya se tomaron medidas para preservar el empleo y proteger a los más vulnerables. Recordamos que era y es el objetivo prioritario de este Gobierno y del presidente no dejar a nadie atrás y ayudar a los que más lo necesitan. Así se reguló en el Real Decreto-ley 8/2020. Este, del que hoy se solicita la convalidación en esta Cámara, incide nuevamente en esta necesidad de protección. Y coincidirán conmigo en que desde que estalló la pandemia -no sé si la señora España es consciente de que estamos en una pandemia que no nos deja tregua- (la señora España Reina: Antes, antes), este Gobierno no ha escatimado en recursos en ese objetivo de proteger a las personas, medidas que se han adoptado en paralelo a otras dirigidas a poner las bases para una recuperación económica más justa. Esta pandemia nos ha colocado en una situación de incertidumbre inusitada, en la que no es fácil vislumbrar la efectividad de las medidas adoptadas. Sus efectos siguen afectando a las empresas, que aún, es cierto, no han recuperado su plena actividad, y a los trabajadores, a quienes se ha de proveer de los recursos necesarios para la sustitución de las rentas dejadas de percibir. Por eso este real decreto-ley tiene como objetivo continuar con las medidas necesarias para la protección del empleo y la recuperación gradual de la actividad económica, medidas tomadas, como ya se ha dicho aquí, a partir del necesario diálogo social, diálogo con sindicatos -para el que el diputado de VOX no ha escatimado en calificativos- y la patronal. Hay que recordarle que el diálogo social se establece con los sindicatos y la patronal, y somos conscientes de que solo estas decisiones compartidas son garantía de eficacia. Estamos ante un Gobierno que sabe escuchar y que ha actuado con responsabilidad, adoptando las medidas conforme ha ido evolucionando la situación provocada por el COVID. Fruto de ese diálogo para la defensa del empleo es lo que ha permitido que los ERTE puedan ser prorrogados hasta el 30 de septiembre, pudiendo las empresas ir reincorporando a los trabajadores y a las trabajadoras en la medida en que los ha necesitado para el desarrollo de su actividad, y esto ha dado seguridad y tranquilidad a las empresas y a los trabajadores.

Para finales de septiembre, más de 3,4 millones de personas habrán estado en un ERTE. Los ERTE han supuesto, aunque diga la señora España que se avergonzaría de ello, una inversión de 5400 millones de euros hasta junio. Como dato les diré que en mi provincia, en Málaga, se han acogido a un ERTE más de 120 000 trabajadores, lo cual ha supuesto un montante de 222 millones de euros. Esto es proteger a las personas y a sus familias, proteger a más de 400 000 trabajadores de la hostelería y la restauración, a más de 250 000 trabajadores del sector del comercio, a los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en empresas del sector de la educación, a los trabajadores de la construcción y a un largo etcétera. Se protege, además, permitiendo que las prestaciones por desempleo se prorroguen también hasta el 30 de septiembre y, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, hasta el 31 de diciembre. Se protege permitiendo que cobren esas prestaciones por desempleo trabajadores que, aunque no hubiesen cotizado el tiempo suficiente para ello, las están cobrando. Así es como se mantiene el escudo social y la economía de nuestro país. (Aplausos.) Se protege también a las empresas permitiendo que no abonen las cotizaciones sociales de los trabajadores en unos determinados porcentajes que van desde el 70 % al 35 % durante los meses de julio, agosto y septiembre. Y se protege a los autónomos también, un colectivo que preocupa a todos los grupos de esta Cámara. Preguntémosle a esos autónomos si prefieren acogerse a las ayudas que se dieron en el año 2012, de las que yo no recuerdo ninguna, o prefieren acogerse al cese de actividad del 2020 y a las exenciones en la cotización, medidas que este real decreto-ley amplía hasta el 30 de septiembre, el 100 % de las cotizaciones correspondientes al mes de julio, el 50 % de la cotización de agosto y el 25 % de septiembre. Se protege también en este real decreto-ley por primera vez a los autónomos de temporada, aquellos que están solo de alta en los periodos desde marzo hasta octubre y que en algunos casos ni siquiera se habían dado de alta cuando se decretó el estado de alarma. Pues por primera vez tendrán derecho al cese de actividad durante un periodo de cuatro meses con efecto retroactivo, como ha dicho la ministra, desde el 1 de junio y sin la obligación de cotizar. (Aplausos.)

Miren, señorías, este Gobierno sabe escuchar y se intenta llegar a todos los colectivos de personas trabajadoras. Este Gobierno está intentando, de verdad, que nadie se quede atrás y podríamos comparar las ayudas que este colectivo de autónomos ha recibido desde que comenzó la pandemia, cobrando una media de 670 euros al mes, que es lo que han estado cobrando, más la exención de la cotización a la Seguridad Social, y las ayudas que se han prestado en algunas comunidades


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autónomas como, por ejemplo, en Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno presupuestó y publicitó unas ayudas que apenas han llegado a un 4 % de los autónomos andaluces. Da la impresión de que hicieron esta medida para no gastarse ni un duro porque apenas se ha ejecutado un 10 % de lo presupuestado. Frente a eso, este Gobierno ha apoyado a más de 236 000 autónomos andaluces. Solo en Málaga han cobrado el cese de actividad 61 000 autónomos. Con ayudas directas como esta es como se protege a este sector y no con un publirreportaje en medios de comunicación. Han hecho más muchos ayuntamientos andaluces dentro de sus posibilidades que el Gobierno de la Junta de Andalucía.

¿Se puede hacer más, señorías? Sin duda que sí, pero de manera responsable yo creo que este Gobierno ha hecho lo que debe, facilitando con todas estas medidas la recuperación de la actividad empresarial y la protección del empleo. Yo, que llevo algunos años en política municipal en mi pueblo, El BurgoSierra de las Nieves, he procurado siempre hacer y apoyar propuestas viables y sensatas, tanto si hemos estado gobernando como si estamos en la oposición, porque es lo que los ciudadanos y las ciudadanas esperan de nosotros. Señorías, la recuperación es cosa de todas y todos y este decreto, sin duda, ayudará a seguir por esa senda. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista lo apoyará.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Narváez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

- REAL DECRETO-LEY 25/2020, DE 3 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000026).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, comparezco ante esta Cámara para defender por sexta vez desde que comenzó la pandemia la convalidación de un real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica y social. Por fortuna, las circunstancias en las que nos encontramos en este momento son muy diferentes a las existentes en semanas anteriores, cuando me dirigí a sus señorías para pedir su apoyo a medidas que han permitido preservar el tejido productivo y el empleo de nuestro país y evitar mucho sufrimiento adicional para todos los ciudadanos. En este sentido, dentro del dolor, tenemos que sentirnos orgullosos por estar prestando un buen servicio a nuestro país de manera conjunta, unidos; porque, aunque ha sido el Gobierno el que ha ido proponiendo los diferentes paquetes de actuación conforme evolucionaba la situación, el mérito de los resultados obtenidos es del país en su conjunto. Como he señalado anteriormente en esta Cámara, la reconstrucción económica no empieza ahora, sino que empezó con el primer paquete de medidas adoptado y todos los que le han seguido. Gracias a esta respuesta decidida, hoy España se encuentra en una situación diferente y los indicadores coyunturales disponibles muestran un cambio de tendencia con la progresiva recuperación de la actividad económica y el empleo.

Sin embargo, esto no oculta que las medidas de distanciamiento físico y las limitaciones a la movilidad, imprescindibles para controlar la transmisión del virus, han tenido y siguen teniendo un impacto enorme en la actividad productiva y en el bienestar de los ciudadanos. Estos efectos se han dejado notar tanto en la oferta, con dificultades para las cadenas de suministros y el cierre temporal de negocios, como en la demanda doméstica y externa, con una importante repercusión en algunos sectores esenciales para nuestra economía, como el turismo. La magnitud de esta situación no tiene precedentes y, por eso, no hemos escatimado en esfuerzos para atender a las dificultades transitorias de empresas y ciudadanos, comenzando el pasado mes de marzo y mirando hacia el futuro. Las líneas de avales, la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo -de los que se acaba de hablar-, la prestación extraordinaria para autónomos -también se acaba de hablar de este tema- y el casi centenar de medidas adicionales que hemos ido poniendo en marcha entre todos para sostener las rentas empresariales


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y familiares están cumpliendo de manera eficaz su objetivo. En conjunto, para hacer frente al impacto del confinamiento en la actividad económica se han adoptado medidas con un impacto presupuestario de casi un 4 % del PIB y medidas de apoyo a la liquidez equivalentes al 11 % del PIB.

Superada esa primera fase en la que lo básico era resistir, ahora estamos inmersos en una segunda fase, en la que la prioridad es reactivar nuestra economía y apoyar la creación de empleo y la inversión, centrando nuestros esfuerzos en el segundo semestre del año, clave para conseguir recuperar un crecimiento robusto y sostenible en el periodo 20212022. Para ello, hay que ir adaptando, completando y ampliando los distintos instrumentos puestos en marcha durante los últimos cuatro meses para consolidar lo logrado en términos de protección del tejido productivo y del empleo. Es lo que hemos venido haciendo con la legislación que hemos venido aprobando en las últimas semanas y que hoy se ha traído a convalidación, centrada en diferentes objetivos. Por una parte, en reactivar el mercado de las energías renovables, aprovechando todo su potencial en términos de generación de empleo. También en reforzar el apoyo a los grandes consumidores de energía, creando un fondo español de reserva para garantías electrointensivas, que servirá para apoyar la suscripción de contratos bilaterales de largo plazo. También hemos prorrogado los ERTE hasta finales de septiembre, adaptándolos para incentivar la reincorporación de los trabajadores, cumpliendo así con lo suscrito con los interlocutores sociales en el acuerdo en defensa del empleo firmado hace unos días. Y hemos extendido también el régimen de protección especial para los autónomos, entre otras muchas medidas de protección social para los más vulnerables. Y eso sin olvidar los planes específicos que hemos puesto en marcha para el sector del turismo, el sector de la automoción y el sector del transporte, muy afectados por la pandemia, lo que supondrá también un importante revulsivo, una contribución importante gracias a los más de 8000 millones de inversión que llevan asociados. En este sentido, me gustaría también mencionar el plan de choque para la ciencia que se presentó hace escasos días.

En definitiva, son muchas las medidas y las iniciativas que hemos venido impulsando para acelerar la reactivación, que ya se ha iniciado en nuestra economía, y dar soporte a miles de puestos de trabajo. Esto es también lo que persigue el real decreto-ley que hoy traigo para su convalidación. Para ello, se incluyen medidas que se pueden resumir en cuatro grandes bloques. Un primer grupo de medidas persigue reforzar la solvencia empresarial e impulsar la inversión necesaria para la reactivación de la economía. Si durante el confinamiento la prioridad fue atajar los problemas de liquidez derivados de la falta de actividad económica, que habría podido acabar generando efectos en cadena y una caída muy profunda de nuestra economía, ahora, que las empresas pueden empezar a cubrir sus necesidades de liquidez por sus propios medios, hay que impulsar la actividad inversora para conseguir que la economía crezca. Es decir, resulta imprescindible evitar que los problemas de liquidez provocados por el confinamiento se transformen en problemas de solvencia y que compañías perfectamente viables y estratégicas para el país se vean abocadas a la quiebra. Y hay que hacerlo garantizando que los recursos públicos se destinen a optimizar el retorno para el conjunto de la sociedad, protegiendo el interés general. Para ello, este real decreto-ley incluye, en primer lugar, una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial por importe de 40 000 millones de euros, que irán dirigidos a fomentar la financiación concedida por empresas financieras supervisadas a empresas y autónomos para la realización de nuevas inversiones generadoras de valor añadido, particularmente orientándose a la transformación necesaria para la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Porque para luchar contra la crisis, potenciar la reactivación económica y social y fomentar el crecimiento futuro no basta con conservar el tejido productivo, sino que hay que adaptarlo a los cambios estructurales que se van a acelerar y que se están acelerando como consecuencia de la crisis sanitaria. Por eso, hay que facilitar las inversiones que puedan proporcionar ese crecimiento potencial, la productividad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestra economía. A la vista del excelente funcionamiento de las líneas de avales a la liquidez por importe de 100 000 millones de euros que hemos habilitado en estos meses, de los que hasta el pasado domingo ya se han dispuesto de más de 67 400 millones de euros en 704 155 operaciones, el 97 % de las cuales con pymes y autónomos, que han permitido movilizar casi 88 700 millones de euros para el tejido productivo, hemos optado por una operativa similar, cuyas condiciones concretas se irán definiendo en sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros, conforme se vayan liberando los tramos.

En segundo lugar, el real decreto-ley establece la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que estará dotado inicialmente con 10 000 millones de euros que gestionará un consejo gestor dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI. Su funcionamiento consistirá en ayudas para la toma de instrumentos financieros, incluyendo, por ejemplo, deuda subordinada, instrumentos híbridos, acciones o participaciones sociales en el capital de las empresas no financieras


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solventes que puedan necesitar un refuerzo ante la caída extraordinaria de actividad y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo en términos de impacto social o económico o relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructura, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Se trata de un instrumento temporal que cumple la normativa de ayudas de Estado europea, y que está muy alineado con un nuevo mecanismo propuesto a nivel comunitario, el mecanismo de apoyo a la solvencia, solvency support mechanism, propuesto por la Comisión Europea. Se trata de un instrumento que servirá de palanca de último recurso para aquellos casos en los que las medidas de crédito o liquidez no sean suficientes para asegurar el mantenimiento de la actividad de empresas, que -como decía- atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia. Por eso, las condiciones de la aplicación de este fondo son estrictas. Las operaciones deberán ser solicitadas por los beneficiarios, autorizadas por el Consejo de Ministros, y las ayudas estarán sujetas a planes de desinversión de la participación estatal que, en todo caso, será remunerada en línea con lo dispuesto en el ya citado marco temporal de ayudas de Estado de la Unión Europea.

En tercer lugar, con este real decreto-ley se amplía a las empresas cotizadas la posibilidad de acceder a la línea extraordinaria de cobertura de crédito circulante, gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce, inicialmente pensada únicamente para pymes y empresas no cotizadas. Hemos considerado conveniente ampliar el ámbito de aplicación, porque inicialmente se pensó que las empresas cotizadas tenían un mejor acceso a la financiación, pero sin embargo el impacto de esta crisis se está dejando sentir de igual manera en todos los segmentos empresariales, y el sector de actividad está siendo más determinante que el tamaño de la empresa, en última instancia, para acceder a la financiación pública, por lo que algunas empresas cotizadas están encontrando dificultades para financiarse.

En cuarto lugar, se refuerza la dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior, el FIEX, que pasará de 10 a 100 millones de euros, con el objetivo de apoyar la internacionalización de nuestras empresas, uno de los vectores, una de las palancas clave de nuestra recuperación económica.

Este es un primer bloque, pero, más allá de las medidas de apoyo a la liquidez y refuerzo de la solvencia, un segundo bloque de este real decreto-ley se centra en la reactivación de sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria, desarrollando y poniendo en marcha, de este modo, algunos de los elementos que se contienen en los acuerdos sectoriales firmados recientemente con el sector turístico y el de la automoción.

Con respecto al sector turístico, al que se ha venido prestando una atención prioritaria desde el inicio de esta crisis, con más de 12 000 millones de euros dedicados a este ámbito, solo contando las líneas ICO desplegadas hasta ahora y los ERTE, se prevén en este real decreto-ley cuatro medidas. En primer lugar, una moratoria en el pago del principal de préstamos hipotecarios para inmuebles afectos a la actividad sectorial, como hoteles, alojamientos turísticos y agencias de viajes. Esto supone que se suspende el pago del principal de los préstamos durante el plazo solicitado por el deudor, con un máximo de doce meses, cuando existan dificultades financieras derivadas de una caída de los ingresos o de la facturación de al menos el 40 % entre marzo y mayo respecto a los mismos meses de 2019. Esta moratoria podrá ser solicitada también a instancias del arrendatario del inmueble, incluso cuando el deudor no tenga dificultades económicas, siempre y cuando las cuotas y la modificación correspondiente se redistribuya y beneficie también al arrendatario. Para poder acogerse a esta medida habrá que cumplir ciertas condiciones, como no haber incurrido en mora o haberse declarado en concurso de acreedores, no distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias, o retribuir el capital en forma alguna hasta haber terminado la moratoria; o, en el caso de inmuebles alquilados, hay que conceder a los arrendatarios una moratoria de al menos el 70 % de la cuantía de la mora hipotecaria. La moratoria viene acompañada, además, de una bonificación del 50 % de los aranceles notariales y del registro de la propiedad que sea necesario pagar, así como de cualquier otro impuesto o gravamen. Según datos del Banco de España, se estima que esta medida alcanzará al principal de préstamos hipotecarios por un total de 904 millones de euros.

En segundo lugar, se regula el programa de planes de sostenibilidad turística en destinos, que permitirá apoyar la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos maduros y rurales del interior de España. En total el presupuesto de este programa asciende a 23 millones de euros este año y 30 millones adicionales hasta 2022, con los que se ayudará al sector a contar con programas y protocolos de seguridad y de higiene para atender correctamente y transmitir confianza a los turistas. En tercer lugar, se articula una línea de préstamos reembolsables por importe de 216 millones de euros para atender a las necesidades de inversión de los destinos y empresas turísticos afectados por el COVID-19


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en ámbitos como la transformación digital o la I+D+i en el sector. Y, en cuarto lugar, se amplían a los meses de julio a octubre las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio vinculados al turismo, en las mismas condiciones en las que ha estado en vigor entre febrero y junio, un tema muy importante para algunos de los territorios de nuestro país.

Por lo que respecta al sector de la automoción, el real decreto-ley regula el Programa de renovación del parque circulante español, el conocido como Plan RENOVE, con una dotación de 250 millones de euros para fomentar la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y seguros, incorporando criterios medioambientales, pero respetando la neutralidad tecnológica. Las ayudas se concederán de forma directa e irán desde los 300 hasta los 4000 euros, con cuantías adicionales por achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, para beneficiarios con movilidad reducida o para aquellos que pertenezcan a hogares con bajos ingresos. El impacto económico esperado de este programa se estima en más de 1100 millones de euros y 7400 empleos a lo largo de toda la cadena de valor y de los servicios asociados al ecosistema de la automoción.

Finalmente, el real decreto-ley incluye tres medidas adicionales de otra naturaleza. Por una parte, se extiende hasta el 31 de diciembre de este año el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios en el supuesto de separación por falta de dividendos. De esta forma se permite a las empresas la retención del dividendo para que puedan tener una mayor solvencia y poder afrontar la recuperación económica con un refuerzo. También se arbitran mecanismos de colaboración público-privada en el ámbito de la financiación pública de proyectos de I+D+i para conseguir tratamientos contra el COVID-19. El objeto de esta medida es superar eventuales dificultades en la escalada y producción de estos medicamentos o productos sanitarios, que puedan desembocar en situaciones de escasez de existencias para satisfacer la demanda interna. Y, por último, se incluyen unas modificaciones en el Real Decreto-ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, para dar la cobertura legal necesaria al Instituto Nacional de la Seguridad Social para intercambiar información con comunidades autónomas y ayuntamientos en aras del reconocimiento y control de la prestación.

En conjunto, con las medidas contenidas en este real decreto-ley se movilizarán unos 51 500 millones de euros de recursos públicos entre avales, subvenciones, fondos, préstamos y bonificaciones fiscales. Me gusta siempre señalar este elemento para que todos seamos conscientes del esfuerzo colectivo que están realizando los ciudadanos españoles para apoyar el tejido productivo y el empleo en esta situación extraordinaria. Esto significa que, teniendo en cuenta la ampliación de los ERTE y de la prestación para autónomos -que se ha traído hoy también para convalidación-, el Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas -que se ha traído para convalidación hoy-, los planes de automoción y turismo, el programa Educa en Digital, el Fondo de apoyo a la solvencia y los nuevos avales del ICO para inversiones, el impacto presupuestario asumido alcanza ya el 5 % del PIB en 2020 y las medidas de liquidez equivalen a más del 15 % del producto interior bruto de nuestro país. Un esfuerzo, como decía, de todos los españoles para conseguir reactivar nuestra economía de modo que podamos volver cuanto antes a la senda de crecimiento sólido, inclusivo y sostenible en la que estábamos hasta que comenzó esta situación extraordinaria. Y de este modo, lo que pretendemos es estar también en las mejores condiciones posibles para afrontar la tercera fase de la recuperación, que pasa por relanzar nuestra actividad con un plan de inversiones y reformas en el que estamos trabajando y que nos permitirá proyectar la economía española hacia las próximas décadas, aprovechando la movilización de recursos públicos y privados para modernizar nuestro tejido productivo. De hecho, tal y como les acabo de describir, muchas de las medidas contenidas en este real decreto-ley están ya pensadas para comenzar ese camino de reorientación, de adaptación, de modernización de nuestro tejido productivo hacia sectores con mayor crecimiento potencial, lo que permitirá que el impacto potencial de estas ayudas se deje sentir no solo en las empresas beneficiarias, sino en el conjunto de la actividad económica de nuestro país.

Concluyo ya, señorías. A ninguno se le escapa que este es un real decreto-ley con medidas importantísimas para respaldar a nuestras empresas y acompañarlas en este momento de la reactivación. Por eso esperamos contar con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, que sabrán ver su importancia. Las circunstancias actuales requieren de una política pública destinada a cumplir unos objetivos bien definidos por el Gobierno y cuya materialización exige una extraordinaria y urgente implementación. La situación que viene enfrentando nuestro país desde la declaración del estado de alarma, que acaba de concluir, genera una concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar estas medidas y de este real decreto-ley, que espero que hoy podamos convalidar porque igual


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que la unidad ha salvado vidas, la unidad puede salvar empresas y empleos. Este es el espíritu con el que vengo hoy y este es el espíritu con el que espero que terminemos la jornada.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Guille.

En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señora vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Votaré a favor de la convalidación de este Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que usted acaba de presentar. Y aprovecho para lamentar que España no haya podido lograr en su persona la Presidencia del Eurogrupo; con independencia de colores políticos es indudablemente bueno para los españoles el tener presencia en lo más alto de las instituciones que marcan el ritmo de la economía y más aún en tiempos de tormenta con importantes derivadas sociales. Así que todos perdemos sin la señora Calviño al frente de la coordinación entre las políticas económicas de los Estados miembros de la zona euro. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia.)

En relación con esta iniciativa legislativa quiero destacar algunos aspectos que me sorprende que no se hayan tenido en cuenta en los meses de la crisis sanitaria, aunque al fin aparecen en las prioridades del Gobierno para la reactivación económica y, por lo tanto, para avanzar en la consolidación del tejido productivo y en el empleo. En este sentido, considero que se han demorado mucho las medidas contempladas para impulsar la cadena de valor en la industria de la automoción y, asimismo, las relativas al impulso para el sector turístico, que usted ha afirmado que ha recibido la prioridad del Gobierno, pero me temo que no lo sienten así sus protagonistas. Incluso cabe recordar que ambos sectores, que son capitales para nuestra economía y para el empleo, han sido objeto de algunos desafortunados y perjudiciales comentarios de miembros del Gobierno.

También resultan claramente insuficientes las medidas en torno a la energía. Ya lo he dicho varias veces en esta tribuna a lo largo de este mismo Pleno porque el Gobierno se ha especializado en parchear las graves consecuencias del alto precio de la electricidad para la competitividad de grandes y pequeñas empresas y también del conjunto de la industria. La producción legislativa para reforzar presuntamente al sector industrial intensivo en el uso de la energía eléctrica es un remiendo para capear un temporal generado por el propio Gobierno con sus propios compromisos incumplidos. Mejor que yo lo cuentan las principales víctimas de una situación que ha arrastrado a los españoles a pagar el precio de la electricidad más alto de la Unión Europea y, singularmente, a los trabajadores de empresas como Alcoa o ArcelorMittal, entre otras, que ven amenazados unos puestos de trabajo que históricamente eran cualificados, estables y, además, pilares de la economía para grandes áreas de población. Sin medidas imprescindibles, como un estatuto del consumidor electrointensivo que homologue los altos costes energéticos de nuestra industria a los de nuestros competidores europeos, no vamos a ninguna parte o, dicho de otra forma, vamos al garete. Por lo tanto, continúo emplazando al Gobierno a la adopción de medidas urgentes para frenar el cierre de empresas vinculadas a la producción con un alto coste energético. Algunos de ustedes llevan más de dos años en el Gobierno y ya no sirven los pretextos para dejar de acometer estos asuntos, que han dejado de ser prioritarios para convertirse en una cuestión de emergencia.

En este real decreto-ley hay un toque que acomoda las medidas a lo que es el devenir económico en el conjunto de la Unión Europea, aunque echamos de menos una mayor agilidad en la aplicación de las medidas que proporcionan apoyo a los grandes sectores que sostienen una parte sustancial del producto interior bruto nacional. Un país como España, que tiene en el turismo uno de sus pilares económicos fundamentales, necesita que sus máximos responsables políticos sean también líderes mundiales a la hora de plantear medidas que proporcionen oxígeno a la situación de asfixia que atraviesan los subsectores que dan vida a la industria turística. Sin embargo, vamos a rebufo de lo que hacen otros países competidores, caso de Francia o Italia, con todo lo que ello supone cuando estamos inmersos en la campaña veraniega. Caso similar es el de la automoción, que tiene en el Gobierno a una de sus principales detractoras. Cuánto daño han hecho, señora Calviño, las declaraciones de su colega del banco azul, la ministra Ribera, al sector del automóvil, incluido no solo el de la fabricación de vehículos, sino también el de componentes y concesionarios. Esta mañana a primera hora hemos visto en las proximidades del


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Congreso a algunos trabajadores de Nissan y lamento que el Gobierno haya llegado tarde. También aquí vamos a rebufo de lo que hacen otros países, pero tenemos que dar la bienvenida -y yo lo hago- al programa de renovación de vehículos Renove 2020.

En todo caso, la movilización de recursos que usted detallaba mediante este real decreto-ley supone una cuestión pertinente, oportuna y necesaria, por lo cual tendrá mi voto favorable. Estaremos atentos a ese plan de inversiones y reformas, en el que usted ya está trabajando para acometer la tercera fase que se avecina para el conjunto de nuestro sector productivo. Votaré, como digo, a favor.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Gracias.

Intervendré brevemente. Usted ha presentado, señora vicepresidenta, una línea de medidas que es vastísima, que incluye muchísimas cuantías y muchísimos sectores y es imposible no estar de acuerdo con algunas -incluso con bastantes- de estas iniciativas, pero no es menos cierto que tampoco es imposible -de hecho, es muy factible y lo va a ver- estar en desacuerdo con algunas de las que ha planteado. Yo creo que lo que mejor resume esta posición de balanza es su definición sobre cuál es el horizonte al que tenemos que ir; se lo digo sin paños calientes, estamos bastante en desacuerdo. Es decir, si usted lo que plantea es que el esfuerzo que todos los españoles y las españolas están haciendo tiene que servir para reactivar la economía en parámetros de inclusividad y sostenibilidad como los que teníamos antes de la crisis, ya le decimos que con nosotros no cuente. Para nosotros no era un mercado inclusivo, no estábamos en una realidad económica inclusiva cuando veíamos que la feminización de la pobreza se cronificaba; cuando veíamos que la brecha salarial era una constante; cuando veíamos que los jóvenes se tenían que buscar fuera lo que aquí no encontraban; cuando veíamos cómo -y se lo dice también el secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del Estado español- la temporalidad había aumentado, incluso con la reforma laboral de 2012. Si esa es la inclusividad de la que nos habla, desde luego nosotros no vamos a participar de ella. Por eso se lo decimos; nosotros echamos en falta determinación. Hay quien dirá que nuestras propuestas son radicales; pierdo poco tiempo en pensar si tienen razón o no porque realmente no me preocupa que digan que mis propuestas son radicales. Pero es que lo que no se puede hacer es intentar contentar a tirios y troyanos. Usted no puede plantear unas medidas en una dirección con otras medidas que sirvan como paños calientes para apaciguar a los que quisieran otra dirección porque tampoco es sostenible. Podemos hablar de planes Renove y de todo lo que queramos, de reactivación económica con neutralidad ecológica, como se ha dicho, pero dentro de seis meses -ojalá seis meses y no un año- estaremos hablando de los deberes ingentes que tenemos para cumplir con la Agenda 2030 y de los deberes enormes que tenemos como sociedad para cumplir con la agenda para frenar el cambio climático. En el fondo, lo que están planteando ahora son medidas que tienen un puro carácter desarrollista y poco tienen que ver con esa búsqueda de la reducción de emisiones de gases contaminantes, con la ecologización del modelo económico.

Por tanto, no encontramos demasiados motivos para estar contentos con eso, más allá de que nos puedan parecer bien determinadas líneas de ayudas a las pequeñas y medianas empresas; más allá de que podamos entender que hay que reactivar sectores económicos o, incluso, más allá de que podamos compartir con usted la definición -que por fin parece que se puede hacer y ya no es un elemento que sirva para tildar a nadie de prosoviético, que tampoco sería nada malo- de sectores estratégicos en la economía de una sociedad. Pero es que usted habla del carácter estratégico de determinadas empresas y, por eso, plantea que hay que ayudarlas y señala que hay que ser capaz de traccionar dinero público para entrar en ellas, pero, a continuación, señala que hay que salir también cuanto antes porque, si no, la Unión Europea nos castigará. Yo no sé -siempre lo hemos debatido en esta Cámara- por qué el Estado español es más timorato o pacato a la hora de temer sanciones europeas de lo que lo son los franceses o los alemanes, que son capaces de intervenir de manera mucho más arriesgada con dinero público en empresas estratégicas. Sin embargo, aquí lo que vemos siempre es que se intervienen empresas estratégicas cuando están muy mal -francamente mal, casi diría que en la UVI- y, cuando se reflotan con dinero público, pasan a manos privadas y, además, con unos precios de saldo, de auténtico chollo, para que alguien siga haciendo más dinero con el dinero que ya todos han invertido. Eso simplemente es escandaloso. Hay ejemplos, no hace falta señalar muchos, nosotros lo hemos vivido con Euskaltel.


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Euskaltel era una empresa pública de telecomunicaciones que se ha decidido privatizar y el dinero que todos los vascos y vascas hemos aportado a esa empresa ahora lo disfrutarán sus inversores privados, pero desde luego no la sociedad vasca que tenía a gala tener una empresa pública de ese carácter. Por tanto, no estamos nada de acuerdo con eso.

Simplemente señalaré dos cuestiones para ser fiel a lo que he dicho sobre la brevedad. Primero, nosotros creemos que frente a deslocalizaciones como las que estamos viviendo -porque se menciona al sector del automóvil y los de Nissan están ahí fuera, pero cuando se habla de los sectores tecnológicos los de Siemens Gamesa están en la calle en Aoiz y en Nafarroa-, hay que hablar de relocalizaciones. Hace falta una apuesta decidida por el poder público y por la intervención pública, y lo decimos así. La otra es que, frente a las donaciones y ayudas, frente a la voluntad del Estado de ser generoso con las empresas para que se mantengan en suelo patrio, lo que hay que hacer es plantearles obligaciones y también, por qué no, la intervención estatal en sectores estratégicos sin pensar en horizontes de saneamiento para que luego pasen nuevamente a manos privadas.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.

Hoy debatimos aquí acerca de la convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, un decreto en línea con los anteriores que se han ido aprobando durante la crisis del COVID-19 y con los que se han ido adoptando -hoy también lo hace este decreto- una serie de medidas de carácter económico para apoyar a empresas afectadas por la crisis, al sector productivo, el empleo y las rentas. En este sentido, entendemos que hay que utilizar todos los medios disponibles para tratar de paliar los efectos negativos del COVID y evitar, por lo tanto, la destrucción del tejido económico productivo. Para nosotros en el corto plazo es prioritario fortalecer este tejido y luego, a posteriori, modernizarlo para asegurar el crecimiento. Es un decreto para apoyar la reactivación económica y el empleo que contiene, entre otras, varias medidas enfocadas al sector del turismo, uno de los más afectados por el COVID y que supone un importante porcentaje del PIB. Por ello se establecen moratorias hipotecarias, sistemas extraordinarios de financiación de proyectos para transformación digital e innovación, planes de sostenibilidad turística y medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Esta última medida ya fue aprobada en otro real decreto-ley anterior y también contó con el voto favorable de este grupo. Por lo tanto, hoy haremos lo propio.

Por otro lado, el decreto establece una nueva línea de avales para empresas y autónomos y, a diferencia de la anterior línea regulada por el Real Decreto-ley 8/2020 para hacer frente a las necesidades de liquidez, esta tiene como fin fomentar la financiación dirigida a la inversión, cuestión que este grupo parlamentario ya venía solicitando en alguna propuesta de resolución respecto al primer decreto de alarma, que no fue atendida, pero que hoy se adopta en este real decreto. Además, incluye un Plan Renove que consideramos necesario porque el parque automovilístico tiene una edad media muy alta y, por tanto, con una fuerte presencia de vehículos que cumplen normas de emisiones Euro 4 o anteriores. Creemos que estos vehículos antiguos deben sustituirse cuanto antes por vehículos mucho más eficientes y destinarse al achatarramiento logrando con ello dos objetivos: reducir las emisiones tanto de gases contaminantes como de gases de efecto invernadero y reactivar los sectores de fabricación y distribución de vehículos.

Asimismo, se crea un fondo para tomar participaciones en empresas, entrar en el capital de las empresas que se encuentren en apuros que lo soliciten a través de la SEPI. Para ello han de contar con un plan de viabilidad y los problemas han debido surgir desde la crisis del coronavirus. Además, se trata de una entrada en el capital que no interferirá en la gestión de las empresas, una entrada del Estado en el capital de las empresas que puede ayudar a su supervivencia. Desde luego nosotros estamos de acuerdo porque en Euskadi tenemos un fondo -mucho menor- que se llama Finkatuz para la toma de participaciones en una empresa, y entendemos que tiene que ser una herramienta de financiación con un modelo de intervención, eso sí, razonado y eficiente. No vale tampoco cualquier intervención.

Por último, se incluye una modificación del Real Decreto-ley 20/2020 regulador del ingreso mínimo vital, que añade un nuevo apartado para dar cobertura legal al Instituto Nacional de la Seguridad Social y facilitar a las comunidades autónomas y entidades locales toda la información necesaria para el


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reconocimiento y control de las prestaciones que son de su competencia. En este sentido, en los territorios forales también habilita para esa transmisión de información entre el INSS y las haciendas forales. Por todo ello, como entendemos que son medidas positivas para atender a las consecuencias derivadas del COVID, votaremos a favor de este real decreto-ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, señorías, buenas tardes a todos. En primer lugar, ministra, quiero decirle que no sabe cuánto lamentamos en este grupo parlamentario -sabe que tenía todo nuestro apoyo- que finalmente no haya sido elegida como presidenta del Eurogrupo. Lo lamentamos porque creemos que, para la salida de esta crisis, hubiera sido muy importante y beneficioso para este país que usted hubiera conseguido esa posición. Lo lamentamos de verdad y seguiremos apoyando siempre su labor, como no puede ser de otra manera, dentro de las altas instituciones europeas porque creemos que es la obligación de cualquier partido que realmente quiera anteponer los intereses de España a los suyos.

Entrando en la cuestión, señora ministra, nos trae usted un real decreto-ley, hoy hemos visto cuatro reales decretos-leyes y son cuatro parches, y no se lo dice solamente este grupo parlamentario, se lo han dicho a su Gobierno a lo largo de la mañana muchos grupos parlamentarios desde ópticas muy distintas. Voy a intentar explicarle por qué entendemos que este es un nuevo parche. Hablan ustedes de la aprobación de una línea de financiación para el turismo, un plan de financiación de 216 millones que se ha conseguido en buena parte gracias a la negociación que mantuvimos con ustedes sobre este tema en concreto para proyectos de innovación, digitalización, de empresas y autónomos del sector del turismo, y que se puede destinar a proyectos de mejora de gestión domótica, digitalización, datos, mejoras en el comercio electrónico, marketing digital y realidad virtual. Nosotros creemos que este fondo debe ser solo el primer paso para un plan más ambicioso en materia de turismo que apueste por el presente del sector, que asegure su supervivencia para que podamos empezar a hablar de futuro de verdad. Es cierto que todas las medidas encaminadas a mejorar la competitividad del sector turístico, modernización, digitalización, respeto por el medio ambiente, son cruciales para asegurar el futuro del sector, pero debemos ser conscientes de la delicada situación de las empresas que trabajan en toda la cadena de valor del sector turístico y que necesitan medidas para sobrevivir ahora. (Rumores).Estamos asistiendo a los primeros concursos de acreedores de teleoperadores turísticos, a la complicadísima situación de las aerolíneas...

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Silencio, por favor.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: ... a una situación de verdadera desesperación... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un segundo, por favor. Ruego silencio, por favor, para escuchar al interviniente.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.

... de verdadera desesperación, le decía señora ministra, para pequeñas agencias de viajes, hoteles, establecimientos de hostelería que, si no reaccionamos pronto, no van a tener futuro. Sin caer en el pesimismo, pero siendo perfectamente conscientes de estos retos, nosotros le pedimos a este Gobierno ambición y diálogo y adoptar las medidas necesarias para que esto se desarrolle.

Respecto al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, creo que esta sería una de las medidas más relevantes de este real decreto, si no fuera porque únicamente conocemos su importe inicial. Los detalles de acceso a este fondo, las condiciones de salida del estado del capital de las empresas, los importes de aprobación y sus límites, en el caso de que los hubiera, se dejan al albur del Consejo de Ministros que va a tener la última palabra en todas las operaciones que proponga. Este punto nos genera muchísimas dudas, ya que la concesión de fondos procedentes de este mecanismo debe seguir criterios puramente técnicos y no políticos, por lo que esperamos que el Consejo de Ministros solo se limite a la convalidación de decisiones razonadas y sujetas a parámetros concretos y medibles


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previamente definidos. Le voy a explicar potenciales problemas del diseño del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aquellos que nosotros vamos a querer enmendar en la tramitación como proyecto de ley de este decreto. Usted nos habla de empresas estratégicas y sensible impacto social y económico; en ningún punto del real decreto se define qué son empresas estratégicas y qué condiciones deben cumplir en términos de empleo o sector en el que participen. No se prevén mecanismos de incentivos para impulsar una salida temprana sea de capital o de los instrumentos de deuda utilizados por las empresas en caso de que haya intereses en el mercado. Entendemos que cada caso y cada empresa tendrá un mecanismo de salida diferente y determinado, pero echamos de menos una referencia a este punto en el real decreto, ya que esto se debe entender como una ayuda transitoria y muy limitada en el tiempo. Creo que ningún Gobierno, sea del color que sea, debe verse tentado a utilizar este fondo más allá de unos límites razonables.

En los supuestos de participación del capital social de la empresa se establece que se asumirán derechos políticos derivados de la incorporación al consejo de administración si la cuota es suficiente, pero no se dice nada sobre si se tendrá un papel activo en los consejos de administración, si se ejercerá derecho de veto en las decisiones empresariales. Yo creo que este mecanismo, que muchos Estados miembros de la Unión Europea se han dado para tomar una posición intervencionista en estas empresas, podría resultar más que un rescate una nacionalización efectiva de la compañía en caso de que la participación fuera muy elevada en el capital de la compañía o en el porcentaje, y se pueden incluso vetar o influir decisiones empresariales con criterios de no mercado. En el marco temporal, la Unión Europea establece requisitos de transparencia y reporting de las ayudas otorgadas a las empresas, pero en el real decreto no hay una sola referencia que obligue al Gobierno a informar a nadie. Nosotros pensamos que la Comisión de Hacienda o de Asuntos Económicos puede conocer las actuaciones específicas del fondo, de modo que el Congreso sea capaz de tener una medida de control sobre lo que el Gobierno piensa hacer.

En cuanto al Plan RENOVE solamente quería decir una cosa; estamos totalmente de acuerdo, pero es otro parche porque simplemente palía una situación absolutamente urgente. Falta una cosa y es que fijan ustedes como fecha definitiva el 31 de diciembre de 2020, pero deberían concretar que esa fecha no sea la de la entrega del vehículo sino la fecha de la firma porque, si no, estaremos dando solamente ayudas a aquellos vehículos que se compren durante los meses de septiembre y octubre porque los plazos de entrega están siendo de dos o tres meses. Esto deben ustedes precisarlo. Creemos que hace falta un plan nacional de industria, y nosotros les tendemos la mano para esto.

Señora ministra, va a haber la necesidad de establecer unos presupuestos de emergencia nacional. Esta crisis ha cambiado todo. Nosotros le tendemos la mano como se la hemos tendido durante este tiempo al Gobierno para aprobar los reales decretos de emergencia, pero no le vamos a tender la mano para metérsela en los bolsillos a los ciudadanos, señora ministra; no se la vamos a tender para eso. Deben ustedes definir cuál es el marco de crecimiento, el marco de crecimiento de las empresas; deben ustedes huir del aquelarre en que se convirtió aquella reunión del Partido Socialista, Bildu y Podemos -y que yo creo que, gracias a su intervención, consiguió frenarse- para derogar la reforma laboral.

Señores del Gobierno, sus presupuestos son la crónica de un mundo que ya no existe. Si el coronavirus lo ha cambiado todo, ¿cómo no van a cambiar las cuentas de Sánchez y de Podemos? Las tendrán que cambiar obligatoriamente. Sabemos que la forma preferida del bipartidismo para hacer las cosas es mediante parches, como este nuevo parche, cuarto parche que nos traen aquí. Son cómodos, requieren poco esfuerzo, con ellos parece como que haces algo, pero al final muchas veces dejas la patata caliente al Gobierno que venga después. Yo creo que esta vez no les van a valer los parches de siempre, señora ministra. Nos enfrentamos a la pandemia sanitaria más grave del último siglo y está por ver la dimensión de esta crisis que se está generando. Necesitamos unos presupuestos de emergencia nacional -lo repito-, pensados, calculados y cuadrados para hacer frente a los problemas del mundo de hoy y no a la propaganda del mundo de ayer. No pueden intentar hacer pasar la realidad -acabo, presidente- por el ojo estrecho de sus cuentas podemizadas. Si están dispuestos a dejar de lado esta ideología, calcular unos presupuestos de verdad, de salvación nacional, buenos para los españoles, que sirvan de red de protección ante la crisis, aquí está la mano tendida de Ciudadanos. Si piensan ustedes seguir en el politiqueo, el regate corto, los prejuicios y pensando solo en los votos antes que en las personas, no podrán contar con nosotros.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)


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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.

El señor REGO CANDAMIL: Señor presidente, señora vicepresidenta, consideramos que, aunque las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 25/2020 responden a necesidades reales que es preciso atender con carácter general, son insuficientes o se quedan cortas, para empezar porque, una vez más, fundamentalmente se opta por los préstamos, los avales al crédito y las moratorias frente a las ayudas directas y las condonaciones, como vino proponiendo el BNG. Significativa es la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, pero no compartimos que el Gobierno piense exclusivamente en un mecanismo temporal, ya que, en vez de dar como resultado nacionalizaciones, puede servir fácilmente para socializar las pérdidas de esas empresas en la línea de nefastas experiencias anteriores.

En segundo lugar, nos preocupa que una interpretación estricta del contenido del decreto excluya a empresas que, siendo estratégicas, es necesario intervenir. En Galiza venimos sufriendo una grave crisis industrial antes de la emergencia sanitaria, que sin duda se agravará, con empresas que cerraron y otras que están en riesgo o a punto de hacerlo; es el caso de Alcoa A Coruña -antigua Alcoa A Coruña, ahora Alu Ibérica- y especialmente Alcoa San Cibrao. Estamos hablando en ambos casos de alrededor de 1500 trabajadores y trabajadoras, y de una actividad estratégica que, además, si cierra, supondrá un impacto muy negativo especialmente en la comarca de A Mariña. Por eso, nuestra posición es clara. A pesar de los déficits que observamos, estamos en disposición de votar a favor de este decreto, pero, eso sí, con la condición de que los partidos del Gobierno se comprometan aquí, en firme, a una intervención pública para nacionalizar la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao y Alu Ibérica en A Coruña. A estas alturas sabemos que es la única solución y es lo que esperan de este Gobierno los trabajadores y trabajadoras, y toda la comarca de A Mariña.

Moitas grazas.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señor Rego. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Hoy también votaremos a favor de este decreto, como hemos hecho con todos los decretos hasta ahora, aunque los consideráramos incompletos y aunque los consideráramos mejorables, porque entendemos que siempre suponen un avance y nosotros siempre pensamos en los trabajadores o en las empresas.

Para nosotros es fundamental mantener las empresas porque entendemos que es la mejor manera de mantener el empleo. Y, hablando de empleo, un recuerdo para expresar mi solidaridad, la solidaridad de Compromís con los trabajadores de Nissan que perderán, probablemente, su empleo como consecuencia, primero, de la cerrazón de una empresa que ha recibido dinero público y, segundo, de que no se ha derogado aún la reforma laboral de 2012, como denuncian muchos sindicatos. Bueno, seguro que este sindicato de la señorita Pepis que se va a inventar VOX no lo denunciará, pero, en fin, muchos sindicatos sí que lo denuncian.

Entendemos que son necesarios esos avales ICO y, además, en la manera que están previstos, para nuevas inversiones tanto en digitalización como en sostenibilidad ambiental. Y, en ese sentido, le pediría al Gobierno que fuera vigilante con los bancos para que pudieran llegar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, porque ya manifestaron en casos anteriores quejas a la hora de la concesión de esos préstamos.

En segundo lugar, la ayuda al turismo es absolutamente fundamental, lo es en el caso de mi territorio, porque es un sector absolutamente necesario y estratégico en nuestro PIB.

Nos parece también muy bien esa transitoria del ingreso mínimo vital, que se comunique tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas porque son, en definitiva, los que van a estar controlando y gestionando esta ayuda.

Y, por último, un pero para que lo piensen. Se ha dejado fuera de las ayudas del Plan RENOVE el achatarramiento de un vehículo si el titular es un familiar de primer grado y creo que hay algunas quejas en este sentido. Solo se puede achatarrar si es el titular del vehículo y no si es un familiar de primer grado. En fin, piénsenlo porque creo que podría llegar a muchísima más gente.


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Insistimos en que votaremos a favor.

Moltes gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

A continuación, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señora vicepresidenta, señorías, nuestro grupo va a votar a favor de este real decreto-ley, como hemos hecho con la mayoría de los reales decretos-leyes de contenido económico que se han traído a esta Cámara a lo largo de los últimos meses para intentar combatir la crisis social y económica que se generó en torno a la lucha contra la pandemia del COVID.

No obstante, en esta ocasión vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley. Entendemos que algunos aspectos son sensiblemente mejorables -algunos de mis compañeros que han intervenido anteriormente han apuntado falta de concreción y falta de definición- y también entendemos, señora vicepresidenta, que algunas medidas son insuficientes. Algunas son muy acertadas y las veníamos reclamando desde prácticamente el principio de la pandemia, pero medidas fundamentales como las ayudas al sector turístico, que es uno de los sectores más afectados por esta crisis, pensamos que son insuficientes. También lo cree, obviamente, el mismo sector. Por lo tanto, vamos hacer aportaciones; algunas en relación con las ayudas al sector del automóvil, porque pensamos que a veces no se trata solo de más recursos, sino de mejoras.

En todo caso, señora vicepresidenta, quisiera aprovechar esta intervención para referirme a dos cuestiones. A lo largo de estos últimos días hemos visto cómo, desgraciadamente, en algunas partes del territorio español y también de Cataluña hay rebrotes de la pandemia, rebrotes que generan situaciones de confinamiento y de cierre de algunos negocios que se habían abierto hace muy poco tiempo. Cuando hablas con estos pequeños y medianos empresarios, te plantean cuestiones tan difíciles de responder como la siguiente: si yo tenía un ERTE en unas condiciones en el mes de abril, cuando me tocó cerrar, ¿por qué no tengo un ERTE con las mismas condiciones que en el mes de abril, cuando me hacéis volver a cerrar? Por tanto, pedimos una reflexión al respecto.

Señora vicepresidenta, esta mañana he tenido ocasión de pedirle a la ministra de Hacienda que haga caso a la posición unánime de esta Cámara, excepto del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a los remanentes de tesorería. La verdad es que cuando he intervenido no había leído esta propuesta que parece que han hecho ustedes a la FEMP en relación con la aplicación de los remanentes. Señora vicepresidenta, usted es la responsable de toda el área económica. Con todo el respeto pero con toda la contundencia parlamentaria le digo que basta de trilerismos políticos y financieros con los remanentes de tesorería de los ayuntamientos. No es de recibo que ustedes planteen como solución que los ayuntamientos les hagan a ustedes un préstamo con los 14 000 millones de todos los remanentes para que ustedes les devuelvan este préstamo en cómodos plazos en los próximos diez años. ¿De verdad creen que esto es lo que le están pidiendo a esta Cámara los alcaldes y los concejales? ¿De verdad creen que esto va a solucionar el problema de los ciudadanos y de los pequeños negocios de cada uno de estos municipios?

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.

El señor BEL ACCENSI: Voy terminando, señor presidente.

Seamos serios, señora vicepresidenta. Seamos serios y no jueguen más con los ayuntamientos, porque esta solución no se atrevió a plantearla ni el señor Montoro. El señor Montoro y el Partido Popular dieron facilidades muy restringidas para la aplicación de estos remanentes, pero mucho mayores que las que están dando ustedes en plena crisis de la pandemia. (El señor Echániz Salgado: Pero mucho mayores.) Por tanto, rectifiquen.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señora vicepresidenta.

Me ha parecido entender que dispone usted de indicadores de recuperación. ¿O era un desiderátum? Le agradecería que me indicase alguno. ¿Sabe usted cuál sería un buen indicador? Algunos de sus compañeros de grupo estaban presentes y seguramente tienen este papel (muestra un folio), que propone algunas soluciones para Nissan; si no, luego se lo doy.

Respecto al fondo, hay una multiplicidad de cosas. Como otras veces hemos tenido esta conversación usted y yo, le ahorro la queja de que le hayan puesto a usted a defender cosas que no le corresponden, aunque supongo que usted las repartirá, según el ministerio que corresponda. Un montón de dudas sobre el fondo de apoyo a la solvencia. Al final, nos parece un plan para inyectar 10 000 millones a las grandes cotizadas, un plan donde la pyme ni está ni se le espera. A veces uno piensa que en el esquema mental de quienes redactan el real decreto solo entran las muy big y no las pymes. La pyme, una vez más, queda al margen de su visión de la economía, no de sus discursos, eso nunca. También un lamento hacia el Legislativo, que tampoco va dirigido a usted. Votaremos por que se tramite como proyecto de ley, como votaremos afirmativamente este real decreto. Pero se produce una paradoja: si se discuten y se aprueban enmiendas para que se dirija a las pymes parte de estos 10 000 millones -Esquerra, modestamente, enmendará en ese sentido-, esto ocurrirá cuando todo ese parné ya esté en los balances de estas empresas del IBEX.

Turismo. Tarde y mal. Tarde, porque, como hemos repetido varias veces, empezaron a dimensionar el problema pensando que una tirita más grande que la que usamos con Thomas Cook detendría la hemorragia que se ha producido, cuando la magnitud de la tragedia es de difícil descripción. Y mal, porque olvidan ustedes a ciertos CNAE en la lista de perceptores de ayudas: los de los campings; todo el grupo del 553, por ejemplo, y el sangrante olvido del sector de transporte discrecional de pasajeros -4939- y sus actividades anexas -5221-, los que transportan a los turistas de los aeropuertos a los hoteles o van de visita a monumentos, que también son otros olvidados; y los que transportan o transportaban a la gente mayor del programa Imserso. ¿De verdad creen ustedes que no forman parte del turismo o simplemente se han olvidado de ellos? Corran, por favor, a parchearlo en el próximo real decreto-ley, porque el sistema del que me quejaba va a ser lento por vía de enmienda, y esta gente lo está pasando muy mal.

En cuanto a las medidas urgentes reflejadas en el real decreto respecto a los planes de sostenibilidad turística y transformación digital, bienvenidas sean. Consideramos que estas medidas deberían impulsar las competencias territoriales descentralizadas, pues no olvidemos que existen administraciones preparadas y dotadas de los instrumentos necesarios, las cuales únicamente necesitan más recursos a su disposición. A mayor descentralización, mayor eficiencia. Las administraciones territoriales conocen sus realidades mejor que ningún plan vinculado al Estado español. Al final, la pregunta es qué modelo de Estado tiene en mente el Gobierno, cómo es de federalista. Algún día le contaré el chiste del federalista de la curva.

Artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Los que ya somos un poco mayores hemos entrado en pánico. Han hecho ustedes un truco Montoro, que generó muchos efectos secundarios. Creo que es muy importante que estén preparados para su reversión en cuanto sea necesario, y no estoy criticando su aplicación.

En cuanto al Plan Renove 2020, no podemos negar que es necesario; era y es, ciertamente, una ocasión para brindar apoyo a los combustibles renovables. Teniendo presente el objetivo de la futura descarbonización, debe priorizarse toda ayuda dirigida a la transición limpia. Si dirigimos el foco al sector, podrían haber sido ustedes un poco más quirúrgicos, porque, al final, no importa tanto desballestar un diésel viejo que solo sale los fines de semana, como un diésel que, aunque sea menos viejo, esté repartiendo paquetes de última milla en el centro de nuestras ciudades. En ese sentido, nos hubiese gustado que fuesen ustedes un poquito más quirúrgicos.

Solo treinta segundos para decir que las inversiones en el sector industrial deberían de ser una puerta a la reindustrialización, con la finalidad última de conseguir un avance cualitativo, más allá de dar oxígeno al business as usual, como en el caso de Nissan que le venía comentando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)


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Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente; gracias, vicepresidenta. Buenas tardes.

En septiembre de 2019, Bibiana Medialdea reflexionaba sobre la falta de capacidad de la economía para predecir el futuro, porque esto no va de sortilegios, evidentemente; igual que también decía que debíamos tener en cuenta, ante un futuro que no puede ser sino incierto, la única certeza, que es nuestra gran vulnerabilidad, especialmente en aquellos grupos más golpeados por la crisis de 2008.

Como somos conscientes de la desigualdad existente y como una crisis sanitaria impacta de manera también desigual, este Gobierno ha tomado medidas de contingencia, como el escudo social, el ingreso mínimo vital, el fomento de ERTE a los que se han acogido tres millones de trabajadoras y trabajadores y medio millón de empresas, y líneas de avales para solventar la liquidez, de las cuales un 98 % han sido para pymes y para personas autónomas.

Así que, en esta clave, saludamos este real decreto, que viene a continuar la tarea de ayuda a nuestro tejido productivo para afrontar ahora la fase de reconstrucción. Reconstrucción es un término que tiene dos acepciones, que podríamos definir como construir con las manos o construir con la memoria; es decir, reconstruir una estructura o reconstruir el escenario de los hechos. La profesora feminista Begoña Marugán, hace unas semanas, en esta misma Cámara, decía que debemos reconstruir siendo conscientes del pasado y mirando hacia el futuro. Y, eso, inevitablemente, nos lleva a decir que los cimientos no pueden ser los mismos.

Este real decreto va en la buena dirección, como un paso aún corto en este largo camino. Y en esta nueva normalidad son más necesarios que nunca los horizontes. Este texto se centra en la sostenibilidad medioambiental y en la digitalización, con una importante movilización de recursos, 51 000 millones de euros. Pensamos que un Gobierno que no deje a nadie atrás ha de tener presente en su desarrollo que sostenibilidad implica -además de esto de la flora y fauna que escuchábamos ayer y que a mí me recordaba a lo de vida y color, por parte de un grupo que no tiene una posición sobre cuestiones climáticas, pero que nos puede hacer perder un montón de tiempo con una enmienda a la totalidad de una ley que trata, precisamente, de las consecuencias de la crisis climática- la sostenibilidad de la vida.

Cuando hablamos de modelo productivo, entendamos que el trabajo de los cuidados ha de estar ahí, que ha de estar con plenos derechos y como parte de aquello que no solamente lo es por una cuestión de justicia, sino también de nuestro producto interior bruto. Y no se puede hablar de digitalización sin tener presentes las brechas territoriales, generacionales, de género y otros estragos laborales que también causa, porque podemos hablar del crunch o directamente preguntarles a los desarrolladores de videojuegos cuáles son los estragos que les causa en su salud ese tipo de problemas laborales derivados de ese trabajo en la digitalización y de lo que deberíamos estar tomando nota. Incluso le diría, señora vicepresidenta, que podemos empezar a hablar hoy, si quiere, de soberanía digital.

Hay que asumir que lo público tiene responsabilidad en llevar a cabo otro modelo de desarrollo, pero lo público no es omnipotente: corresponsabilidad es un término que tiene que estar dentro del campo semántico del sector privado. Los millonarios de muchos países lo tienen claro -lo veíamos esta semana-, quieren pagar más impuestos; saben que con individualismo no se sale de esta. Eso que decían en Perdidos, 'vivir juntos, morir solos', quienes se autodenominan "millonarios por la humanidad" lo han entendido. Y aquí, sin embargo, mientras el Estado habilita los ERTE para aliviar los costes fijos de las empresas, la CEOE, en cónclave, pide rebajas de impuestos y más ajuste laboral. Mientras el Estado pone a disposición del sector privado miles de millones de euros para aliviar los problemas de liquidez y fomentar inversiones, vemos las tensiones centrífugas de muchas empresas que quieren llevarse la producción a otros países, y nos lo han dicho con muchísima claridad esta misma mañana los trabajadores de la Nissan. (Aplausos.) Mientras el Estado implementa el ingreso mínimo vital, grandes empresas de este país pagan el 70 % de sus impuestos fuera de España. ¿Les digo cuál? Salió ayer en las noticias: Inditex. Por cierto, el Partido Popular se apunta al ingreso mínimo vital cuando el clamor social los obliga y ahora exigen gestionarlo en las comunidades autónomas que gobiernan para apuntarse tantos, pero a las asturianas no nos engañan porque no hace ni medio año que estaban torpedeando nuestro salario social. No nos van a engañar tampoco ahora.

Hay dos cuestiones más que en el tiempo que me queda me gustaría señalar sobre este real decreto. Vuelvo a Medialdea, cuando señala que la dimensión del destrozo no solo se mide por la fuerza del impacto sino por la solidez del cuerpo que lo recibe. ¿Saben qué agrava el destrozo en nuestro tejido


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industrial? Lo mismo que está acabando con el empleo en mi país, en Asturies, las deslocalizaciones. Por eso es tan importante el apartado del fondo de apoyo a la solvencia empresarial, entendiendo que si entra capital público, lo público tiene que estar también participando de la toma de decisiones. Pienso en Alcoa, pero, le digo más como asturiana: pensemos también en Arcelor e incluso en lo que podríamos estar haciendo y cómo podríamos estar evitando otro cierre de empresas, como hemos visto con Vesuvius, si estamos participando en la toma de decisiones. Y voy a una cosa que decía un compañeru de Ciañu. (Continúa su intervención en bable.) Así que, reconstruyamos desde otros cimientos.

Hablan de planes de turismo, de Plan Renove, pero pensemos también en otro sector que tiene que ser estratégico para nuestra economía, el de la cultura. ¿Cuánto invierte el Estado? Menos de un 0,06 % del producto interior bruto en la cultura. Y, sin embargo, ¿cuánto genera la cultura en nuestra economía? Un 3,2 % del producto interior bruto. Seamos también pioneras en eso e invirtamos -como también hacen en otros países vecinos- en nuestro tejido cultural, en creadores y creadoras pero también en técnicos y técnicas. Y hoy, que es miércoles, tengamos también presente que sin ciencia no hay futuro y que esto también tiene que estar en nuestros planes de reconstrucción que tenemos que llevar a cabo.

Acabo con esto. Lo podemos hacer. Cito ahora a Naomi Klein, que esta misma semana decía: Siento que tenemos una oportunidad. No me describiría como optimista, porque hablamos de un futuro por el que tenemos que pelear, pero si miramos en dirección a los momentos de la historia en los que se han producido grandes cambios, son momentos como el actual. Es el momento, vamos bien encaminadas; determinación y valentía se vuelven ahora un deber democrático.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros. (Aplausos.)

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS: Muchas gracias.

Señora ministra, los que nos preocupamos de viajar por España tenemos la extraordinaria oportunidad de conocer a gente increíble, es un auténtico privilegio; gente que tiene historias de superación que conviene conocer, historias inspiradoras para aquellos que creemos en el esfuerzo y en la capacidad de las personas de sacar adelante sus propios proyectos. Son historias muy reveladoras también de lo alejados que están los gobernantes, en sus oficinas enmoquetadas, de la realidad de estas personas; historias reales de la España que madruga, que pelea por resistir y que no quiere que el Gobierno le resuelva sus problemas, pero que a la vez se indigna cuando ve que ese mismo Gobierno es su mayor estorbo. Ahí están trabajadores como Miguel Ángel y sus compañeros de Meirama, en La Coruña, que como consecuencia de una mala política energética hoy, tras muchos años de servicio, se ven en la calle sin ninguna alternativa de empleo. O como Sergio y su mujer, Diana, también trabajadores -y por cierto sindicalistas- de esa Galicia que madruga, que ven cómo enfrentan el cierre de Alcoa, en el que este Gobierno tiene tanta responsabilidad. O pescadores como Manuel Ángel o Antonio, a los que hemos conocido, que salían a faenar a las tres de la madrugada, a echar sus redes al agua, o como Marcos, que dedica sus horas al mejillón en la preciosa ría de Pontevedra y que padece la incomprensión frente a los laberintos y trabas burocráticas, o como Aurora, como Alfonso, como José María. Ministra, es gente real que tiene problemas reales muy concretos y que observa con perplejidad cómo en medio de esta crisis sus problemas quedan relegados, quizá porque algunos no los escuchan. Trabajan en sectores muy diversos, pero comparten dos cosas. Quieren ganarse la vida con su trabajo y perciben que la agenda del Gobierno, esa agenda progre, tiene poco o nada que ver con sus problemas reales y sienten la asfixia de las cargas y las trabas burocráticas, viven ahogados por impuestos y se desviven por mantener lo que con tanto esfuerzo han logrado. Todo esto se lo digo porque creo que debería usted pisar más la calle y escucharlos antes de volver a ese discurso tan autocomplaciente, sin una sola autocrítica y sobre todo sin ninguna intención de rectificar, porque es una falta de consideración hacia todos ellos y sobre todo porque es una desconexión de la realidad. (Aplausos.) Parece que a este Gobierno la realidad le resulte irrelevante o sencillamente les da igual; les da igual que por su mala gestión España se sitúe ya a la cabeza el desplome económico mundial, les da igual que destruyamos más empleo y más intensamente de lo que lo hacen todos los países de nuestro entorno, unas diez veces más que la media europea. Y como todo les parece que va tan bien, en lugar de impulsar un ambicioso plan de reformas para la productividad, anuncian políticas que en el pasado nos han llevado al paro.


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Señora ministra, tenemos una prioridad clara y lo hemos dicho aquí ya muchas veces: garantizar la liquidez del tejido productivo y así defender el empleo en el mayor número posible de empresas para el mayor número posible de trabajadores. Pero el resultado de las políticas que llevamos implementadas hasta ahora está siendo lo contrario: una destrucción del tejido productivo sin precedentes, un fracaso sin paliativos del que deberíamos haber extraído ya algunas lecciones valiosas para no volver a cometer los mismos errores. Pero escuchando lo que usted ha dicho aquí y leyendo la exposición de motivos de esta iniciativa, no veo el más mínimo síntoma de autocrítica o de deseo de cambiar de políticas ante el fracaso evidente de las que se han puesto en práctica hasta ahora. Era necesaria una respuesta contundente y ágil para mantener vivas nuestras empresas y mantener vivos nuestros empleos, pero, por el contrario, el Gobierno ha ofrecido una respuesta insuficiente, de las más bajas en porcentaje sobre el producto interior bruto comparado con países de nuestro entorno, y además tremendamente ineficaz en su diseño, con unos créditos que no llegaban y unos ERTE que no se terminan de cobrar.

Con el real decreto que traen hoy a esta Cámara -que, por cierto, se ha aprobado al margen de la Comisión para la Reconstrucción, pero de eso hablaremos otro día- volvemos a tropezar en la misma piedra. Muchas empresas y muchos trabajadores continúan padeciendo las consecuencias económicas del coronavirus y el tejido productivo que queda, porque va quedando cada vez menos, está muy dañado y necesita más que nunca medidas contundentes para seguir vivo, pero para el Gobierno de Pedro Sánchez la única contundencia relevante es la del relato, la de estar contando las cosas en los medios. Por eso, una vez más, las respuestas que nos traen en este real decreto-ley para los sectores del automóvil y del turismo resultan adecuadas para hacer actos de propaganda, pero claramente tardías y claramente insuficientes para mantener vivos esos sectores, que, como usted bien sabe, son claves en nuestra economía; desde luego son tardías.

El Grupo Parlamentario VOX hemos presentado PNL solicitando medidas para el sector del automóvil y para el sector del turismo en marzo y abril respectivamente -por supuesto, no se nos escuchó- y las medidas que traen hoy son insuficientes, muy inferiores a las observadas en los países de nuestro entorno. Por un lado, el plan del motor queda muy lejos de los 8000 millones o de los 11 700 millones de los que han dispuesto Francia y Alemania respectivamente. No olvidemos que España no solo es una potencia en el sector del automóvil, sino que es la potencia número uno dentro del sector del diésel. (Aplausos.) Y lo mismo ha puesto en evidencia el sector turismo. Los 4300 millones de los que se ha dotado son insignificantes frente a los 83 000 millones de euros de pérdidas previstas. Francia va a movilizar cuatro veces más que España para el sector turístico.

También eligen ustedes vías menos ágiles para garantizar la liquidez en un momento crucial. Mientras los grandes países europeos están bajando impuestos, justamente para no perjudicar la recuperación, el Gobierno de España -después de cuatro intentos, por cierto, con la ministra de Hacienda- ya ha admitido que se está pensando en subir los impuestos, más allá de algunos que ya han sido anunciados. Se trata de salir en las mejores condiciones posibles para garantizar una vuelta a la actividad con el menor daño posible y, por desgracia, parece que no va a ser así. Como ha puesto de manifiesto el sector, la prolongación de los ERTE no es suficiente. En la práctica lo que supone es una subida progresiva de las cuotas a la Seguridad Social, lo cual va a generar un riesgo de quiebra y de despidos si no logramos garantizar la liquidez suficiente.

Pero es que este real decreto-ley va más allá y, además de esas medidas insuficientes y tardías, introduce una medida que me atrevo a calificar como peligrosa, sobre todo si se pone en malas manos. Señora ministra, hace unas semanas yo le preguntaba por las intenciones de este Gobierno de entrar en empresas privadas y usted me contestó literalmente: la solución no creo que sea que un sector público mastodóntico remplace el funcionamiento del sector privado. En ese momento yo pensé: menos mal, hay al menos una palanca de freno a tanta insensatez en este Gobierno. Pero es que usted lo que nos trae hoy es la creación de un fondo de 10 000 millones de euros, precisamente gestionado por la SEPI, para entrar discrecionalmente en empresas en problemas que concede a este Gobierno un poder sin precedentes. Instalan nuestra economía en un dirigismo alarmante, muy propio de esa izquierda totalitaria a la que ustedes son tan aficionados. Nosotros, por el contrario, creemos, como ha dicho esta mañana nuestro compañero Contreras, que la esencia de la izquierda es el crecimiento constante del poder del Estado sobre la sociedad, pero que el individuo y la iniciativa privada son los que generan más crecimiento. Usted me dijo una vez, cuando yo le hablé de la idea de crear una comisión de reconstrucción liderada por ejecutivos, como se ha hecho en Italia, ejecutivos con conocimientos sobre la economía, sobre la creación de empleo, que creía más en la gestión del sector público. Ustedes ya han demostrado con la gestión de las cajas de ahorro, con la gestión de Correos, que manipula nuestras


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papeletas, en qué creen cuando dicen que creen en la gestión pública de empresas como las que ahora quieren empezar a controlar con ese fondo de 10 000 millones. (Aplausos.)

Concluyo. Precisamente por ejemplos como estos hay que proteger la independencia de las empresas. Tramitemos este real decreto-ley como proyecto de ley -nosotros nos abstendremos en lo otro- y hagamos posible que las empresas solventes que quedan lo sigan siendo.

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar ya.

El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.

El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.

Señora vic epresidenta, señorías, volvemos con otro real decreto-ley, el 25/2020, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Aparte de que todos se llaman parecido -casi no hay manera de distinguirlos-, sobre todos los reales decretos planean un poco las mismas valoraciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) En primer lugar, que llegamos tarde; las medidas llegan con retraso, no se ha estimado correctamente la desaceleración y el efecto negativo de esta crisis. Y, en segundo lugar, la escasez de las medidas, escasez que se va consolidando con el tiempo, con cada nueva previsión del PIB. Cada vez son peores las previsiones y seguramente tenga que ver con el retraso y la escasez de las medidas. Y cuanto peor son las previsiones más escasas se quedan las medidas. En vez de crear un círculo virtuoso, tenemos un círculo vicioso. Lo vimos en la anterior crisis: cuando se plantean medidas suficientes y contundentes todo cambia, porque la confianza es fundamental en la economía y más en épocas de crisis, y cuando se racanea las consecuencias son mucho más negativas de lo previsto.

Paso a detallar las medidas más importantes que contiene este real decreto-ley. Se aprueba una línea de avales ICO de 40 000 millones orientada a financiar inversiones productivas. No entendemos por qué no se iniciaron las líneas extraordinarias de liquidez e inversiones a la vez, por qué este retraso. La movilización del 20 % del PIB que anunció el señor Sánchez ha sido otra de sus mentiras, aparte de que 200 000 millones es el 16 % del PIB y a 30 de junio el apalancamiento de los créditos realmente concedidos no es del cien por cien, sino del 31 %. Sobre lo que le comentaba anteriormente del círculo vicioso, si inicialmente se necesitaban 200 000 millones con el deterioro previsto, actualmente debería necesitarse más, ¿no? Pues ni siquiera alcanzamos la mitad de lo previsto inicialmente; algo no se está haciendo bien, señora vicepresidenta.

Además del importe, está el problema de la gestión por parte de las entidades financieras: compensaciones excesivas para cerrar operaciones, dejar atrás a microempresas y a pequeños autónomos, algunas entidades financieras aprovechando las líneas ICO para mejorar sus riesgos. Dicen en la exposición de motivos -y lo ha repetido usted aquí en su presentación- que quieren replicar la misma operativa que la línea de liquidez en la medida en que el funcionamiento de esta ha sido satisfactorio. Pues espero que no, espero que aprendan de los errores, aunque, la verdad, no los veo en disposición de ello. Se crea un fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, de 10 000 millones iniciales para dar apoyo financiero a las empresas no financieras estratégicas, solventes, que se han visto especialmente afectadas por el COVID-19. Aplaudimos la medida; no aplaudimos la tardanza, que parece que es norma de la casa, pero sí la medida, y le hacemos algunas peticiones porque tenemos algunas dudas sobre su utilización. Queremos absoluta transparencia, absoluto control y absoluta claridad, y que se cumplan escrupulosamente las características determinadas en el real decreto. La tentación de nacionalizar empresas o de jugar al Monopoly con el señor Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno es una realidad que debe preocuparnos. Por eso nuestra vicesecretaria, Elvira Rodríguez, les ha pedido formar parte del consejo gestor. No sé si llegarán a tanto viendo los antecedentes de acuerdos con nuestro grupo, pero al menos cuenten con nosotros, somos un partido de Gobierno y creo que sería positiva nuestra aportación y nuestro conocimiento.

Valoramos positivamente las medidas para apoyar la internacionalización de las empresas, pero les sigo recordando -como lo hice en el Real Decreto 15- que Cesce sigue dejando fuera de sus coberturas de crédito a los pequeños. Textualmente -abro comillas- dicen: Debido a esto y hasta nueva orden, hemos suspendido de manera indefinida la otorgación de riesgos de pequeña envergadura por interés


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comercial, las balas de plata que permitían clasificar a empresas con datos financieros negativos o sin información objetiva necesaria para clasificar. Cierro comillas. Los pequeños. Se lo traigo de nuevo porque cuando se lo dije el otro día me miró raro, aunque al final vi que lo apuntaba; no sé si ha hecho alguna gestión porque la situación está actualmente aún peor que hace unas semanas.

En cuanto a las medidas de apoyo al sector turístico, el plan es absolutamente insuficiente. La movilización de 4262 millones no va a servir para frenar la pérdida de empleo de un sector cuyo impacto se estima en una pérdida de unos 60 000 millones de euros, por lo que las medidas incluidas en este real decreto son solamente pequeños parches, y siento decírselo. Pero es que aún nos resulta más contradictorio que este plan sea insuficiente al leer la exposición de motivos y el desastre previsto en la actividad turística que nos anuncia la exposición. Aunque la renovación de planes de sostenibilidad turística en destino nos parece una excelente idea, la línea de crédito de 216 millones para la transformación digital de las empresas turísticas que se hayan visto afectadas por esta crisis sanitaria no permite hacer frente ni a la transformación digital ni a las inversiones necesarias siquiera para garantizar la seguridad de los establecimientos turísticos, y quedan muchos subsectores fuera, como bien ha dicho el señor Capdevila.

Apoyamos el programa Renove y, por último, se establecen reglas para arbitrar los mecanismos de colaboración público-privada de los proyectos sanitarios relacionados con el coronavirus. España se ha quedado fuera de algunos proyectos europeos e intentan evitar que no sucede igual con algunos proyectos nacionales que están investigando medicamentos y vacunas contra el coronavirus. Una buena medida y nos alegramos de que se curen de esa fobia de la colaboración público-privada. Deben ser conscientes de que es el futuro de nuestro país, igual que así lo entienden el resto de países desarrollados.

Por tanto, nos vamos a abstener, ya que no afecta a su aprobación, porque algunas medidas son realmente escasas, especialmente en lo que afecta al turismo -un sector vital para nuestro país-, y otras deben modificarse, por las dudas que tenemos sobre la utilización de los fondos a través de la SEPI y porque seguimos esperando que cuenten con nosotros. Son quejas absolutamente razonables y razonadas, nada que ver con crispación ni con tumbar un Gobierno ni mensajes parecidos que salen desde esa bancada, incluso a veces desde la bancada azul.

Termino, presidente. Estos días estamos viendo dudas en algunos países de la Unión Europea sobre España; señora vicepresidenta, ¿por qué cree que algunos países europeos no se fían de nosotros? La última vez que recibimos fondos mediante préstamo para la reestructuración del sector financiero el informe del jefe de la misión en España, de los llamados hombres de negro, fue muy positivo sobre nuestro país y sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas: Europa no debería tener dudas sobre España, que es un país cumplidor con sus compromisos. Entonces ¿qué dudas pueden tener? ¿Quizá los incumplimientos de estos dos últimos años? ¿Quizá los mensajes de nuestro presidente? ¿Quizá los mensajes de nuestro vicepresidente? ¿No cree usted que un acuerdo con nuestro grupo, con el Grupo Popular, ayudaría a recabar la confianza de esos países? El presidente Sánchez cree que no debe hacerlo no porque sea malo para España -ya estamos viendo que no-, sino porque cree que sería malo para el PSOE, no quiere que le ocurra lo mismo que al Partido Socialista griego, y creemos que se equivoca. En primer lugar, porque pone al PSOE por encima de España, algo imperdonable en un presidente del Gobierno, y, en segundo lugar, porque si fracasa por su empecinamiento no estoy tan seguro de que los españoles perdonen al PSOE un segundo fracaso tras el de Zapatero en la anterior crisis; dos fracasos socialistas seguidos y con consecuencias muy negativas para la ciudadanía. Nosotros seguimos aquí, dispuestos a ayudar, recapaciten o hagan recapacitar al presidente por el bien de España y, humildemente, creo que también por el bien del PSOE.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.) Muchas gracias, señora Guille.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.

El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean de reconocimiento para la vicepresidenta Nadia Calviño por haber presentado una candidatura solvente, sensata y necesaria a la Presidencia del Eurogrupo. (Aplausos.-La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño Santamaría, hace gestos de agradecimiento.) Creo que todos en esta Cámara y fuera de ella sabemos que reúne la preparación, la dedicación y las cualidades


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que tanto necesitamos para reconstruir España y Europa con justicia social y con equidad. Gracias por su trabajo y por su dedicación, vicepresidenta.

La elegancia, la solvencia y el liderazgo con que la vicepresidenta Calviño felicitó a Paschal Donohoe contrastan con lo que escuchamos al Grupo Popular. Aunque hoy me han sorprendido, los he visto moderados; se nota que esta misma mañana les ha visitado el señor Feijóo, incluso que ustedes -en la intimidad, eso sí-, algunos, empiezan a falar galego. Esperamos que dure. (Aplausos.)

Cuando el señor Casado perdió las primeras elecciones generales a las que se presentó, en su partido le pidieron moderación y él prometió moderación. Pocos días después, se dedicó a llamar traidor a la patria al presidente del Gobierno. Cuando perdió las europeas, las autonómicas y las municipales volvió a recibir críticas internas y prometió a su propio partido moderación y centralidad. (Protestas.) Poco después estaban diciendo que este era el peor Gobierno de la historia y que el presidente era un felón. (Aplausos.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor ALFONSO CENDÓN: Prometió moderación de nuevo cuando volvió a perder las elecciones generales, y desde entonces han aprovechado la peor crisis sanitaria de la historia de nuestro país para desatar una lucha sin cuartel contra el Gobierno; una lucha sin cuartel y una bronca permanente donde sea y como sea, en España y en Europa. Han pedido a sus socios que sean más duros con España. Han enviado informes a la Unión Europea criticando nuestro Estado de derecho y no han sido capaces de sumarse a los demás partidos en el plan de reconstrucción, ni siquiera en los aspectos relacionados con Europa.

Señorías, el amor a una patria y el respeto por su gente no se demuestran con palabras que, ya lo vemos, acaba llevándose el viento. Hoy tienen una nueva oportunidad -y espero que, como dicen, la aprovechen- de demostrar su patriotismo con hechos. Abandonen la política de la bronca y de la confrontación radical, abandonen ese extremismo en el que se han instalado; se lo acaban de decir los ciudadanos hace unas horas: no se corresponde con el sentimiento mayoritario de los electores, tampoco con el de los electores de su partido. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor ALFONSO CENDÓN: Hoy tienen una nueva oportunidad de demostrar que su preocupación por España va más allá de soflamas convalidando este real decreto, un real decreto para seguir reforzando y acelerando la recuperación de nuestra economía; un real decreto, como ha argumentado la vicepresidenta, para ayudar a los españoles y españolas que hoy lo pasan mal y esperan de todos nosotros respuestas y soluciones, no bronca y griterío; un real decreto para estimular la inversión, con una nueva línea de avales canalizada a través del ICO por importe de 40 000 millones de euros y dirigida a impulsar la realización de nuevos proyectos; un real decreto para apoyar a nuestras empresas, con la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas dotado con 10 000 millones: sectores como el de la automoción, con un peso muy importante en nuestra economía, que se ha visto especialmente castigado y que se verá beneficiado con el Plan Renove 2020, dotado con 250 millones de euros; sectores como el del turismo, con una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, con la puesta en marcha de un sistema de financiación para la digitalización y la innovación para hacer de nuestro sector turístico un sector todavía más competitivo, impulsando el desarrollo también de los destinos ubicados en áreas rurales y de interior. Quienes vivimos en la provincia de León, igual que en muchas otras provincias de España, sabemos bien la importancia de este tipo de acciones para reactivar la vida de nuestro medio rural que tanto ha dado y da al desarrollo de nuestro país. Es un real decreto, en definitiva, para estimular la inversión, para reforzar la solvencia de las empresas, para mantener y crear empleo.

Señorías, la actuación del Gobierno ha estado basada en un principio claro, en el que, pese a las diferencias que tengamos, estoy seguro de que podemos entendernos: que nadie se quede atrás. Y para que nadie se quede atrás hemos levantado un escudo social hecho de responsabilidad y de solidaridad que a día de hoy sigue protegiendo a quienes lo necesitan. Señorías, para que nadie se quede atrás tenemos que poner en marcha nuestra economía, modernizar nuestro tejido productivo avanzando hacia una economía más verde, más digital, más innovadora, más inclusiva, más igualitaria. Es difícil exagerar la trascendencia del momento que vivimos, de lo que tratamos, y no nos cansamos de repetir desde el Grupo Parlamentario Socialista que este no es un proyecto del partido, este es un proyecto del país. De


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lo que nosotros hagamos en estos momentos decisivos dependerá el futuro de millones de españoles. Por eso, necesitamos dos cosas: armonización de inversiones y reformas a nivel europeo, y necesitamos sobre todo y por encima de todo unidad y consenso, la misma unidad que han demostrado los agentes sociales firmando el Pacto para la Reactivación Económica y el Empleo, la misma unidad que ha demostrado la sociedad española con su responsabilidad durante esta pandemia, esa unidad, esa responsabilidad ejemplar que debe reflejar también con su votación esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alfonso.

Votamos en tres minutos. (Pausa).

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE NOMBRES DE PASAJEROS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS GRAVES. (Número de expediente 121/000006).

La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que ya han emitido el voto mediante el procedimiento telemático no pueden volver a hacerlo desde su escaño.

Comenzamos con las votaciones. Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 185 votos telemáticos, 345; a favor, 157 más 168 votos telemáticos, 325; en contra, 1; abstenciones, 2 más 17 votos telemáticos, 19.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.

- VOTACIÓN DE CONJUNTO.

La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves por tener la misma carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 186 votos telemáticos, 346; a favor, 157 más 168 votos telemáticos, 325; en contra, 1 más 1 voto telemático, 2; abstenciones, 2 más 17 votos telemáticos, 19.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- ACUERDO INTERNACIONAL EN MATERIA DE FISCALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN RELACIÓN CON GIBRALTAR, HECHO "AD REFERÉNDUM" EN MADRID Y LONDRES EL 4 DE MARZO DE 2019. (Número de expediente 110/000003).

La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.

Votación del dictamen relativo al acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, hecho ad referéndum en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más 186 votos telemáticos, 345; a favor, 81 más 105 votos telemáticos, 186; en contra, 76 más 66 votos telemáticos, 142; abstenciones, 2 más 15 votos telemáticos, 17.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.

- PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS PARA LA DONACIÓN IRREVOCABLE DE LA PROPIEDAD DEL GRAN TEATRO CERVANTES DE TÁNGER, HECHO EN RABAT EL 13 DE FEBRERO DE 2019. (Número de expediente 110/000005).

La señora PRESIDENTA: Votación del dictamen relativo al Protocolo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para la donación irrevocable de la propiedad del Gran Teatro Cervantes de Tánger, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más 186 votos telemáticos, 345; a favor, 157 más 160 votos telemáticos, 317; en contra, 10 votos telemáticos; abstenciones, 2 más 16 votos telemáticos, 18.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.

- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000010).

- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000011).

La señora PRESIDENTA: Votación conjunta de los dictámenes relativos a la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010, y a la denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 158 más 186 votos telemáticos, 344; a favor, 156 más 151 votos telemáticos, 307; abstenciones, 2 más 35 votos telemáticos, 37.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y JAPÓN, POR OTRA, HECHO EN TOKIO EL 17 DE JULIO DE 2018. (Número de expediente 110/000017).

La señora PRESIDENTA: Votación del dictamen relativo al Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Japón, por otra, hecho en Tokio el 17 de julio de 2018.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más 186 votos telemáticos, 345; a favor, 138 más 152 votos telemáticos, 290; abstenciones, 21 más 34 votos telemáticos, 55.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.

- RENOVACIÓN DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPAÑA AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 110/000001).

- INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL 24 DE JUNIO DE 1986. (Número de expediente 110/000004).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000006).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000007).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000008).

- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000009).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BAKÚ EL 23 DE ABRIL DE 2014. (Número de expediente 110/000012).

- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS, HECHO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL 25 DE MARZO DE 2015. (Número de expediente 110/000013).

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000014).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000015).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017. (Número de expediente 110/000016).

- PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, HECHO EN ESTRASBURGO EL 10 DE OCTUBRE DE 2018, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000018).


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- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN MONTREAL EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (Número de expediente 110/000019).

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COREA, HECHO EN MADRID EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000020).

La señora PRESIDENTA: Votación conjunta del resto de los dictámenes.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 159 más 185 votos telemáticos, 344; a favor, 157 más 171 votos telemáticos, 328; abstenciones, 2 más 14 votos telemáticos, 16.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 22/2020, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CREACIÓN DEL FONDO COVID-19 Y SE ESTABLECEN LAS REGLAS RELATIVAS A SU DISTRIBUCIÓN Y LIBRAMIENTO. (Número de expediente 130/000023).

La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretosleyes. Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 124 más 151 votos telemáticos, 275; en contra, 36 más 34 votos telemáticos, 70; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 36 más 37 votos telemáticos, 73; en contra, 123 más 139 votos telemáticos, 262; abstenciones, 1 más 11 votos telemáticos, 12.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 23/2020, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS EN MATERIA DE ENERGÍA Y EN OTROS ÁMBITOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000024).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 82 más 106 votos telemáticos, 188; en contra, 1; abstenciones, 77 más 81 votos telemáticos, 158.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 77 más 73 votos telemáticos, 150; en contra, 83 más 102 votos telemáticos, 185; abstenciones, 12 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL. (Número de expediente 130/000025).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 129 más 159 votos telemáticos, 288; abstenciones, 31 más 28 votos telemáticos, 59.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 186 votos telemáticos, 346; a favor, 160 más 183 votos telemáticos, 343; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 2 votos telemáticos.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

- REAL DECRETO-LEY 25/2020, DE 3 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000026).

La señora PRESIDENTA: Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 187 votos telemáticos, 347; a favor, 84 más 117 votos telemáticos, 201; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 76 más 69 votos telemáticos, 145.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 160 más 186 votos telemáticos, 346; a favor, 160 más 184 votos telemáticos, 344; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Buenos tardes, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.

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